C-284-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-284/11
REGIMEN ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-Cargos
de carrera administrativa
CARGOS DE LIBRE NOBRAMIENTO Y REMOCION DE LA
CONTRALORIA GENERAL-Excepciones a la
Carrera Administrativa restablecida en el artículo 125 de la Constitución
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
CORTE CONSTITUCIONAL-Efectos de los fallos
ACTO JURIDICO DE LEGISLADOR ORDINARIO O
EXTRAORDINARIO-Elementos
para determinar si constituye una reproducción de un contenido normativo
contrario a la Carta
Según
lo establece el inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, que
señala los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, “Ninguna autoridad
podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible
por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la
Constitución”. De conformidad con la disposición constitucional citada, para
determinar si un acto jurídico del legislador, ordinario o extraordinario,
constituye la reproducción de un contenido normativo contrario a la Carta, es
preciso examinar tres elementos: (1) que se trate de un mismo sentido
normativo, esto es, que el contenido material del texto examinado sea similar a
aquel que fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el
contexto dentro del cual se ubica la norma examinada; (2) que el texto de
referencia con el cual se compara la “reproducción” haya sido declarado
inconstitucional por “razones de fondo”; y (3) que subsistan las disposiciones
constitucionales que sirvieron de referencia en el juicio previo de la Corte.
Cuando estos tres elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe
ser declarada inexequible, pues la cosa juzgada limita la competencia del
legislador para reproducir el contenido material de la norma contraria a la
Carta Fundamental. Cuando el legislador desconoce esta prohibición, vulnera el
mandato contenido en el artículo 243 de la Constitución Política.
CARRERA ADMINISTRATIVA COMO REGLA GENERAL FUNDADA EN
EL MERITO-Potestad de configuración
limitada de legislador para establecer excepciones razonables
CARRERA ADMINISTRATIVA COMO REGLA GENERAL PARA EL
INGRESO AL SERVICIO PUBLICO-Razón de
ser en un Estado Social de Derecho
La
Corte Constitucional ha explicado la razón de ser del mandato constitucional
según el cual la carrera administrativa es la regla general para el ingreso al
servicio público, en los términos siguientes: “La Constitución Política en su
artículo 125 consagró como regla general para la vinculación de los servidores
públicos a los empleos en los órganos y entidades del Estado el sistema de
carrera, cuya finalidad es la de preservar la eficiencia y eficacia de la
función pública, así como garantizar a los trabajadores del Estado la
estabilidad en sus cargos y la posibilidad de promoción y ascenso, previo el
lleno de las condiciones y requisitos que para el efecto exija la ley para determinar
los méritos y calidades de los aspirantes. En todo caso, el propósito
fundamental del sistema de carrera es garantizar el ingreso y ascenso en los
cargos públicos en condiciones de igualdad a fin de hacer efectivos los
principios en que se funda el Estado Social de Derecho”. En esa medida ha
señalado la Corte Constitucional que la regla general para el acceso a los
cargos públicos, es a través del sistema de méritos propio de la carrera
administrativa. Ese carácter de regla general, directamente derivado de las
previsiones constitucionales, ha sido reiterado en sucesivas sentencias de la
Corporación que siempre ha recordado cómo, desde el propio texto
constitucional, se justifica “la aplicación general de la carrera
administrativa como mecanismo por excelencia para el acceso al empleo público”,
lo cual se traduce en una “necesidad correlativa de interpretar
restrictivamente las disposiciones que permiten excluir ciertos cargos de dicho
régimen general”, para evitar así que, en contra de la Constitución, “la
carrera sea la excepción y los demás mecanismos de provisión de cargos la regla
general”. La posibilidad excepcional de sustraer ciertos cargos a la regla
general de la carrera administrativa. El propio constituyente dispuso, en el
texto del artículo 125 Superior, que pueden presentarse ciertas excepciones a
la regla general de la carrera administrativa, específicamente para cuatro
hipótesis: a) los empleos de elección popular; b) los de libre nombramiento y
remoción; c) los trabajadores oficiales; y d) los demás que determine la ley.
POTESTAD DE CONFIGURACION LIMITADA DEL LEGISLADOR PARA
DETERMINAR EXCEPCIONES AL REGIMEN DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Jurisprudencia constitucional en relación con el
contenido y alcance
REGLA GENERAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA-Excepciones
El propio constituyente dispuso, en el texto del artículo
125 Superior, que pueden presentarse ciertas excepciones a la regla general de
la carrera administrativa, específicamente para cuatro hipótesis: a) los
empleos de elección popular; b) los de libre nombramiento y remoción; c) los
trabajadores oficiales; y d) los demás que determine la ley.
LEGISLADOR-Competencia
para definir los cargos de libre nombramiento y remoción no supone una facultad
absoluta que pueda desvirtuar la propia regla general de la carrera
administrativa/LEGISLADOR-Está facultado constitucionalmente para
determinar las excepciones a la carrera administrativa, siempre y cuando no
altere la naturaleza de las cosas
CLASIFICACION DE DETERMINADOS CARGOS PUBLICOS COMO DE
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Condiciones
alternativas no copulativas/CARRERA ADMINISTRATIVA-Excepciones
introducidas por el Legislador a la regla general deben ser específicas,
concretas y unívocas
Son
dos las condiciones –alternativas, no copulativas- que habilitan al Legislador
para clasificar un determinado cargo público como de libre nombramiento y
remoción, ambas referidas a la naturaleza y funciones de cada cargo en
particular: (1) Que el cargo tenga asignadas funciones directivas, de manejo,
de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se definan o adopten
políticas públicas; o (2) Que el cargo tenga asignadas funciones y
responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza,
adicional al que se le puede exigir a todo servidor público. Esta línea
jurisprudencial fue inicialmente abierta con la sentencia C-195 de 1994 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), en la cual se explicaron los criterios de evaluación a
aplicar para definir cuándo un empleo público puede ser de libre nombramiento y
remoción: “En primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha
facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de
carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la
regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio
de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a
la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no
obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su
misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son
aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art.
125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una
confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el
cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias
discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y
evaluación”. La regla en cuestión fue precisada en la sentencia C-514 de 1994,
en los siguientes términos: “Siendo la regla general la de la pertenencia a la
carrera, según los mandatos constitucionales, las excepciones que la ley
consagre solamente encuentran sustento en la medida en que, por la naturaleza
misma de la función que se desempeña, se haga necesario dar al cargo respectivo
un trato en cuya virtud el nominador pueda disponer libremente de la plaza,
nombrando, confirmando o removiendo a su titular por fuera de las normas
propias del sistema de carrera. Estos cargos, de libre nombramiento y remoción,
no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de
funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de
manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan
políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria
confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades.”
Posteriormente, la misma ratio ha sido aplicada por la Corte en numerosos y
sucesivos pronunciamientos en sede de control abstracto de constitucionalidad.
En cuanto a las características del nivel de confianza especial exigido bajo el
requisito (2), la jurisprudencia constitucional ha precisado que se trata de
“aquella que por la naturaleza misma de las funciones a realizar demanda un
mayor grado de reserva por parte de la persona que las cumple”; es decir, “en
este último caso no se habla de la confianza inherente al cumplimiento de toda
función pública, que constituye precisamente uno de los objetivos de la carrera
pues el trabajador que es nombrado o ascendido por méritos va aquilatando el
grado de fe institucional en su gestión, sino de la confianza inherente al
manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado
que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se
toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata”. En
otras palabras, la Corte ha exigido que la persona que ocupe un cargo de esta
índole ofrezca “una garantía sobre el comportamiento reservado, prudente y
sigiloso en la administración de los asuntos que se tramitan en el despacho de
los referidos funcionarios a quienes prestan sus servicios directamente. // La
confianza que de esa forma se exige y con la finalidad señalada, debe ser
cualificada”. En cada caso en particular, el cargo público ha de ser exceptuado
de la carrera administrativa en forma específica y concreta por el Legislador;
no han sido admitidas por la Corte disposiciones generales aplicables en
abstracto a varios cargos públicos. La Corte ha exigido que las excepciones
introducidas por el Legislador a la regla general de la carrera administrativa
sean específicas, concretas y unívocas. Es de anotar que estas condiciones han
sido aplicadas por la Corte al examen de cargos públicos en distintas entidades
del Estado, incluyendo organismos de control como las Contralorías
Departamentales. También debe notarse que la Corte ha empleado estas dos
condiciones en forma alternativa, es decir, no ha exigido que estén presentes
ambas al mismo tiempo en relación con un cargo en particular, sino que ha
admitido que la presencia de una sola de ellas basta para justificar la
decisión legislativa de exceptuarlo de la carrera administrativa y catalogarlo
como de libre nombramiento y remoción.
CARGO DE GERENTE DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA-Nomenclatura y clasificación/CARGO DE GERENTE
DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA-Es constitucionalmente admisible la
exclusión del régimen de carrera administrativa
En
cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de Gerente Departamental, el
Decreto Ley 269 de 2000 establece que se trata de un cargo del nivel directivo,
nivel que “comprende los empleos a los cuales corresponde el desempeño de
funciones de dirección general, de formulación de políticas y adopción de
planes, programas y proyectos”. El Decreto Ley 267 de 2000 regula en sus
distintas disposiciones el objetivo de las Gerencias Departamentales de la
Contraloría. Los artículos 23 a 25 del Decreto citado,  precisan con mayor
detalle la posición y funciones de las Gerencias Departamentales, señalando que
a través de estas dependencias se ejerce la desconcentración administrativa, en
tanto base de la organización de la Contraloría General de la República, y son
ellas las que establecen la presencia de la  Entidad en todo el territorio
nacional. Las competencias y funciones específicas de las Gerencias
Departamentales son precisadas adicionalmente en el artículo 74 del Decreto Ley
267 de 2000. De esta descripción legal puede deducirse que es
constitucionalmente admisible la exclusión del cargo de Gerente Departamental
del régimen de carrera administrativa, en la medida en que en él concurren con
claridad los dos elementos alternativos exigidos por la jurisprudencia
constitucional: (i) Se trata de cargos directivos cuyas funciones específicas
incluyen las de conducir la política institucional de la Contraloría en su
respectiva jurisdicción, ejercer las competencias de dirección y orientación
institucional a dicho nivel, y concurrir a la formulación de políticas en
representación de la Contraloría (artículo 19 del D.L.267 de 2000).
Expresamente se les atribuye entre tales funciones la de “[p]articipar en la
definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal que deban
emprenderse por parte de las Contralorías Delegadas en el departamento en el
cual operan y velar por su cumplida ejecución en los términos que se aprueben”
(artículo 74.6  del D.L.267 de 2000). (ii)  Estos cargos tienen asignadas
funciones directivas en cuyo ejercicio se participa en la formación y
definición de las políticas públicas de la entidad. Pero además exigen un nivel
especial y cualificado de confianza, adicional a la que se reclama de todo
servidor público, por parte de quienes los desempeñen, en la medida en que las
Gerencias Departamentales son las agencias de representación inmediata del
nivel superior de dirección de la Contraloría en el ámbito territorial, y a
través de ellas se materializa el esquema de desconcentración diseñado por el
Legislador para el funcionamiento de la Contraloría General de la República. El
ejercicio de sus funciones, que incluyen la dirección administrativa y
financiera de la Contraloría en sus respectivas jurisdicciones, la
representación de los Contralores Delegados y de la persona que ejerza el cargo
de Contralor General “en los asuntos de enfoque, orientación y resultados de la
vigilancia fiscal”, y velar por el buen funcionamiento del sistema de control
interno dentro de la jurisdicción territorial correspondiente. Por las
anteriores razones, la Corte concluye que el Legislador no excedió sus
atribuciones constitucionales al excluir del régimen de carrera administrativa
de la Contraloría a las Gerencias Departamentales, ya que se trata de un cargo
cuya naturaleza y funciones son la propias de un empleo de libre nombramiento y
remoción y en esa medida no se opone a la regla general del artículo 125 de la
Constitución, en consecuencia, se declarará exequible el aparte correspondiente
del Decreto-Ley 268 de 2000.
CARGO DE DIRECTOR DE OFICINA-Nomenclatura y clasificación
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo
de Director de Oficina, el Decreto Ley 269 de 2000, lo clasifica como un empleo
del nivel directivo, nivel que “[c]omprende los empleos a los cuales
corresponde el desempeño de funciones de dirección general, de formulación de
políticas y adopción de planes, programas y proyectos”. Sobre la ubicación y
funciones de los Directores de Oficina en la Contraloría General, el Decreto
Ley 267 de 2000 dispone en su artículo 11 que existirán varias dependencias de
este tipo, todas en el Nivel Central y  Superior de Dirección, dependientes del
despacho del Contralor General. Dentro de tal categoría se encuentran los
Directores de (a) la Oficina Jurídica, (b) la Oficina de Control Interno, (c) la
Oficina de Control Disciplinario, y (d) la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones; y (2) dependientes del despacho del Vicecontralor, (e) la
Oficina de Planeación, (f) la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología
y Cooperación Técnica Internacional, y (g) la Oficina de Sistemas e
Informática.  En términos generales, el artículo 15 del Decreto Ley 267 de 2000
establece como objetivo de las oficinas: “(…) asesorar, contribuir a la
formulación de políticas, conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su
actividad y servir de instancia de coordinación en estos propósitos u otros
específicos. También podrán las oficinas elaborar o revisar proyectos de norma,
resoluciones o circulares relacionadas con su objeto cuando así lo indiquen las
disposiciones específicas a ellas aplicables. En todo caso, las oficinas son dependencias
de apoyo directo en la conducción y orientación institucional”. Se pasará
entonces a analizar las funciones específicas asignadas a los diferentes
empleos de Director de Oficina.
DIRECTOR DE OFICINA JURIDICA DE CONTRALORIA-Funciones
DIRECTOR DE OFICINA CONTROL INTERNO DE CONTRALORIA-Funciones
DIRECTOR DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE
CONTRALORIA-Funciones
DIRECTOR DE OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES-Funciones
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEACION DE CONTRALORIA-Funciones
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CAPACITACION, PRODUCCION DE
TECNOLOGIA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DE CONTRALORIA-Funciones
DIRECTOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE
CONTRALORIA-Funciones
ASESOR DE DESPACHO DE CONTRALORIA-Nomenclatura y clasificación
CARGO DE NIVEL DIRECTIVO DE CONTRALORIA-Nomenclatura y clasificación/CARGO DE NIVEL
DIRECTIVO DE LA CONTRALORIA-Naturaleza de las funciones asignadas
CARGOS DE GERENTE DEPARTAMENTAL, DIRECTOR DE OFICINA Y
ASESOR DE DESPACHO EN CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION-Corresponden a aquellos con respecto a los cuales es admisible
la exclusión del régimen de la carrera, dado el nivel jerárquico que ocupa la
naturaleza de las funciones asignadas
CARGO DE NIVEL DIRECTIVO DE CONTRALORIA-No existe razón suficiente para que la provisión de
estos cargos se haga de manera discrecional y no mediante concurso, propio de
la carrera administrativa
Referencia: expediente D-8249
Accionante: José Antonio Galán Gómez
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3
(parcial) del Decreto Ley 268 de 2000 “Por el cual se dictan las normas del
régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la
República”.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil once
(2011)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Constitución Política, el ciudadano José Antonio Galán Gómez, demandó las
expresiones “Gerente Departamental,” “Director,” “Director de
Oficina,” y “Asesor de Despacho” contenidas en el artículo 3 del
Decreto Ley 268 de 2000, “Por el cual se dictan las normas del régimen
especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la
República”, por considerar que tales apartes contrarían los artículos 113,
125 y 268, numeral 10 de la Constitución Política.
Mediante Auto del 22 de septiembre de 2010, la demanda
de la referencia fue admitida.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.  NORMAS DEMANDADAS
El
texto de las expresiones demandadas, tal como aparece publicado en el Diario Oficial
No. 43.905, del 22 de febrero de 2000, es el siguiente:
DECRETO 268 DE 2000
(febrero 22)
Diario Oficial No. 43.905, del 22 de febrero de 2000
“Por el cual se dictan las normas del régimen especial
de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República.
(…)
ARTICULO 3. CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Son cargos de carrera administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de
libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:
- Vicecontralor
- Contralor Delegado
- Secretario Privado
- Gerente
- Gerente Departamental
- Director
- Director de Oficina
- Asesor de Despacho
- Tesorero
(…)”.
(Negrilla y subrayas fuera del texto).
III.  LA DEMANDA
El
demandante considera que los apartes en negrilla y subrayados violan el
Preámbulo y los artículos 113, 125 y 268 numeral 10 de la Constitución
Política, por cuanto reproduce una disposición declarada inexequible mediante
sentencias C-514 de 1994 y C-405 de 1995.
Según el accionante, en la sentencia C-514 de 1994, la Corte consideró inexequible excluir
de los cargos de carrera, entre otros, a los siguientes cargos de la
Contraloría General: Director Seccional, Asesor, Director, Jefe de División,
Jefe de División Seccional, Rector, Vicerrector, Secretario general grado 12,
por considerar que se violaba el sistema de carrera administrativa consagrado
en la Constitución. Ahora el ciudadano expone que los cargos mencionados en el
Decreto Ley, tales como Gerente Departamental, Director, Director de Oficina y
Asesor de Despacho no deben ser excluidos de la carrera administrativa, porque
son de carácter esencialmente técnico y no hay una justificación suficiente
para sustraerlos del régimen de carrera de la Contraloría General, razón por la
cual en su concepto se violó la Constitución al considerarlos como de libre
nombramiento y remoción. Más específicamente dice:
“[n]uestra jurisprudencia constitucional ha
considerado que los cargos correspondientes a los agentes políticos en la
Administración Nacional y Local, por ser precisamente de carácter político y de
confianza, implican la permanente posibilidad de proveerlos libremente, sin las
limitaciones propias de la carrera administrativa o de otros sistemas de
provisión y retiro como sería el período. Que en los casos de nombramiento y
retiro de agentes políticos es preciso hablar de facultad discrecional del
nominador.
“Mientras que por el contrario, los empleados que
desempeñan funciones no de agentes políticos sino meramente administrativos,
son de carrera.
“[N]o se encuentra razón, enmarcada dentro del
espíritu mencionado, para extraer de la carrera los cargos de Gerente
Departamental, Director, Director de Oficina, Asesor de Despacho de la
Contraloría General de la República, que por su naturaleza no corresponden a
funciones de dirección, manejo o confianza, o de agentes políticos, habida
consideración de que la Contraloría General de la república, por definición que
trae la misma Carta Política en su artículo 267, es una entidad de carácter
técnico[.]
“[L]os empleos subrayados en la norma acusada
transcrita son compatibles con la carrera y no se observa aceptable excluirlos
de la carrera especial en ese ente de carácter técnico, menos cuando en la
sentencia antes mencionada (C405/95) el magistrado ponente establece claramente
que dichos cargos no comprenden responsabilidades que deban ubicarse en la
órbita de un funcionario cuyo ingreso, permanencia o retiro de los cuadros de
la entidad corresponda a la decisión discrecional del nominador, las funciones
de estos cargos no son de aquellas que conduzcan a la adopción de políticas de
la entidad, no implican confianza especial, ni responsabilidad de aquel tipo
que reclame el mecanismo de libre nombramiento y remoción.
“Estos cargos dan aplicación a conocimientos técnicos,
académicos y especializados, que cumplen una función de asesoría y gestión al
interior de la contraloría que son resultado de un ejercicio prolongado y
requieren entonces conocimientos especializados y técnicos, acordes con la
función constitucional asignada a la Contraloría.
“La norma acusada no está en armonía con lo dispuesto
por los artículos 120 y 121 de la Ley 106/93, que son desarrollo y aplicación
de lo señalado en los artículos 125 y 168-10 de la Carta. Normas que disponen
claramente la creación de la carrera administrativa, así como su objeto”.
En esa medida, en opinión del accionante, los apartes
demandados violan los artículos 113 de la Constitución Política, que establece
el principio de separación de poderes, y 125 Superior, que consagra la carrera
administrativa como la regla general para acceder a los cargos públicos, al
reintroducir al ordenamiento una norma expulsada del mismo por ser contraria a la
Constitución. Afirma que los empleos a los que hacen referencia los apartes
demandados son de carácter eminentemente técnico, no comprenden
responsabilidades que deban ubicarse en la órbita de un cargo directivo, sus
decisiones no conducen a la adopción de políticas de la entidad, ni entrañan
una especial confianza o responsabilidad de tal manera que sea necesario
considerarlos como cargos de libre nombramiento y remoción. Por ello, dado que
la regla general para acceder a cargos públicos es el sistema de carrera, y
solo excepcionalmente establece cargos de libre nombramiento y remoción, no
existe una razón constitucionalmente válida para que el legislador excepcional
haya excluido tales empleos del sistema de carrera.
Para ilustrar su afirmación, el demandante señala que
lo que hizo el legislador excepcional fue hacer un cambio de denominación de
los cargos, sin modificar las funciones que cumplían, y por esa misma razón fue
declarado inexequible el artículo 122 de la Ley 106 de 1993, por consagrar como
empleos de libre nombramiento y remoción varios cargos que debían ser de
carrera.
IV.  INTERVENCIONES
1.  Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República interviene,
mediante apoderado judicial, en el proceso de la referencia, para defender la
exequibilidad de las expresiones acusadas.
Resalta el apoderado de la Contraloría que el
demandante se limitó a afirmar que las expresiones demandadas son similares a
las declaradas inexequibles en la sentencia C-405 de 1995, pero que no se está
misma en realidad ante los mismos cargos, ya que la actual es una estructura
diferente y con funciones distintas, por lo que no pueden ser asimilados.
A continuación recuerda que tal como lo establece el
artículo 125 Superior, el legislador cuenta con un amplio margen de
configuración normativa para determinar cuáles cargos son de libre nombramiento
y remoción, margen que debe ejercer con estricta sujeción a los mandatos
constitucionales. En el caso de los cargos de Gerente Departamental, Director,
Director de Oficina y Asesor de Despacho, asegura que para poder determinar si
su naturaleza y funciones son las propias de cargos de libre nombramiento y
remoción es preciso indagar su ubicación dentro de la estructura administrativa
de la Contraloría, y sus responsabilidades. Cita la Resolución Orgánica No.
5044 de marzo 9 de 2000, “por la cual se establecen criterios generales para
los cargos de la planta general, las funciones y requisitos para el desempeño
de los mismos en cada una de las dependencias de la estructura organizacional
de la Contraloría General de la República,” y concluye que dado que las
expresiones demandadas se refieren a cargos que “tienen funciones de
dirección general, formulación de políticas, adopción de planes, programas y
proyectos, así como funciones de asesoría para la determinación de políticas
institucionales que requieren especial confianza, en esa medida haber sido
considerados cargos de libre nombramiento y remoción se adecua al precepto
constitucional.”
2.  Departamento Administrativo de la Función Pública
El
Departamento Administrativo de la Función Pública intervino en el proceso de la
referencia, mediante apoderado judicial, con el fin de defender la
constitucionalidad de las expresiones demandadas.
Señala
en primer lugar, que no existe posibilidad de asimilar las disposiciones que
regulaban la clasificación de empleos de la Contraloría General de la
República, a través de los artículos 120 y 121 de la Ley 106 de 1993, dado que
estas fueron derogadas expresamente por el Decreto Ley 268 de 2000. Para ello
muestra cómo la regulación antitécnica contenida en la Ley 106 de 1993, ubicaba
los empleos de director y de asesor de manera simultánea como cargo de nivel
directivo y de nivel profesional, por lo cual la Corte Constitucional declaró
su inexequibilidad mediante sentencias C-514 de 1994 y C-405 de 1995. Por lo
anterior, el interviniente solicita un fallo inhibitorio por ausencia material
de un cargo de constitucionalidad.
De
manera subsidiaria pide  que las expresiones demandadas sean declaradas
exequibles, como quiera que se refieren a empleos cuyo ejercicio implica
especial confianza y tienen asignadas funciones de dirección general, de
formulación de políticas o de asesoría para la determinación de políticas
institucionales, y por lo mismo pueden ser cargos de libre nombramiento y
remoción. Para sustentar su posición, cita las definiciones de objetivos,
responsabilidades y funciones expresamente asignadas a los cargos de Gerente
Departamental, Director, Director de Oficina y Asesor de Despacho.
3.  Academia Colombiana de Jurisprudencia
La
Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino a través de uno de sus miembros
para solicitar que las expresiones demandadas sean declaradas inexequibles.
En
opinión de la Academia, siguiendo la línea jurisprudencial fijada en las
sentencias C-514 de 1994 y 405 de 1995, los empleos de Gerente Departamental,
Director, Director de Oficina y Asesor de Despacho, no pueden ser sustraídos
del régimen de carrera, pues no cumple con los criterios fijados por la
jurisprudencia. “Si bien se pudiera aceptar que dentro de las funciones de
los distintos cargos analizados se puede convenir que todas ellas contribuyen
en la formulación de políticas y la determinación de planes y programas de
ciertas áreas de la institución, la ubicación de todos ellos dentro de la
estructura general del organismo no les permite trazar los derroteros
institucionales fundamentales ni formular directivas de forzoso acatamiento que
impliquen compromiso para la Contraloría en la integridad de su función, lo
cual se halla reservado a las instancias de dirección de la misma. Así las
cosas, los funcionarios vinculados a los cargos atacados por
inconstitucionales, constituyen un personal que no participa en la adopción de
la política de la entidad ni en la definición de situaciones en las que se
comprometa la orientación de la misma, por lo que su vinculación no requiere de
los niveles de confianza laboral necesaria para ser ubicados fuera del marco
general y prevalente de la carrera administrativa. En síntesis (…) debe haber
un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al
nominador no obedezca a una potestad infundada; se debe recordar que por su
propia naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son
aquellos que la Constitución establece y los que determine la ley, siempre y
cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y
total, o implique una decisión política.”[1]
4.  Intervenciones ciudadanas
Dos ciudadanas intervienen para coadyuvar la demanda
de inconstitucionalidad de la referencia, reiterando los argumentos presentados
por el demandante en relación con el supuesto desconocimiento de la sentencia
C-405 de 1995 al reproducir un texto declarado inexequible.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,
mediante concepto N° 5049 del 16 de noviembre de 2010 solicitó a la Corte
Constitucional declarar exequibles las expresiones “Gerente Departamental,
Director y Asesor de Despacho,” contenidas en el artículo 3º del Decreto
Ley 268 de 2002, por los aspectos analizados, y estarse a lo resuelto en la
sentencia C-514 de 1994 en relación con la expresión “Gerente de oficina”
del artículo 3º del Decreto Ley 268 de 2002. Las siguientes son las razones de
su solicitud.
Señala
el representante del Ministerio Público que para analizar si los cargos de
Gerente Departamental, Director, Director de Oficina y Asesor de Despacho,
pueden ser clasificados como de libre nombramiento y remoción, sin contravenir
con lo dispuesto en el Preámbulo y en los artículos 113, 125 y 268, numeral 10,
de la Constitución, “es necesario examinar las tareas que les son propias,
valga decir, si cumplen funciones de naturaleza directiva, de manejo, de
conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas
o directrices fundamentales, o que requieren la confianza necesaria para el
manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado
que necesitan cierto tipo de funciones, particularmente aquellas en cuya virtud
se toman las decisiones de mayor trascendencia para el organismo respectivo”.
En relación con el cargo de Director de Oficina indica el
Procurador que éste pertenece al nivel directivo según lo que establece el
Decreto Ley 269 de 2000, en su artículo 5º, el cual “agrupa los empleos cuyo ejercicio implica especial
confianza y tienen asignadas funciones de asesoría para la determinación de
políticas institucionales, y aquellos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar y asesorar en materia de gestión a las dependencias directivas de la
Entidad” (artículo 4, Decreto Ley 269 de 2000), y con base en ello
concluye que se trata de un cargo que reúne las
características propias de los cargos de libre nombramiento y remoción.
Para
el Procurador, tal conclusión se confirma al examinar las funciones de las
oficinas de la Contraloría General de la República, entre las cuales se
encuentran la Oficina Jurídica, la de Control Interno y la de Control
Disciplinario, y resalta que todas ellas forman parte del nivel superior de
dirección y su objetivo es asesorar, contribuir a la formulación de políticas,
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de
instancia de coordinación en estos propósitos u otros específicos, de
conformidad con lo que establece el artículo 15 del Decreto Ley 267 de 2000.
Agrega que todas las funciones asignadas a estas oficinas son de confianza y
manejo, según lo que establecen los artículos 42 a 50 del Decreto Ley citado. Recuerda el Ministerio Público que respecto del cargo de Director de
Oficina, existe cosa juzgada material, “pues en la Sentencia C-514 de 1994
se declara exequible una norma semejante a la ahora demandada, por razones se
siguen siendo válidas en la actualidad, y en especial porque este cargo cumple
funciones de manejo y confianza, propias de los cargos de libre nombramiento y
remoción.”
Agrega la Vista Fiscal que lo dicho sobre el cargo de Director de
Oficina puede también predicarse de las Direcciones, pues éstas forman parte de
las Contralorías Delegadas y su objetivo es, según lo establece el artículo 17
del Decreto 267 de 2000, orientar y dirigir el conjunto de labores y
actividades que demande el ejercicio de las funciones asignadas en el ámbito de
su competencia y responder por los resultados de la gestión misional o
administrativa, por la conducción institucional, y por la orientación de las
políticas y su formulación. Con base en lo anterior, concluye que el titular de
las Direcciones pertenece al nivel directivo, de confianza y manejo de la Contraloría
General de la República y, por lo tanto, se trata de un empleo de libre
nombramiento y remoción que cabe dentro de la excepción a la regla general
consagrada en el artículo 125 superior.
En
cuanto al cargo de Gerente Departamental, resalta el Procurador que se
trata también de un cargo directivo según lo que establece el artículo 18 del
Decreto Ley 267 de 2000, y por lo mismo puede ser de libre nombramiento y
remoción sin contradecir el artículo 125 Superior, dado que, de conformidad con
el artículo 17 del mismo Decreto, tiene por función primordial representar a la
Contraloría General de la República en el territorio de su jurisdicción y para
este efecto, conducen la política institucional de la Contraloría en el ámbito
territorial de que se trate, bajo la inmediata supervisión del Contralor
General y representan a las contralorías delegadas en las materias que se
consagran en el decreto mencionado o las que determine el Contralor General.
En
relación con el cargo de Asesor de Despacho, el Procurador señala que dado que
este empleo pertenece al nivel asesor (artículo 5, Decreto 269 de 2000), ejerce
funciones que implican una especial confianza, y se trata de un empleo de alto
nivel de dirección del órgano de control, el nominador debe gozar de libertad
para su nombramiento y remoción.
Por
lo expuesto, el Ministerio Público solicita lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Gerente Departamental,  Director… y Asesor de Despacho”,
contenidas en el artículo 3º del Decreto Ley 268 de 2002, por los
aspectos aquí analizados.
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-514 del 16 de
noviembre de 1994, en cuanto a la expresión “Gerente de Oficina” del artículo
3º del Decreto Ley 268 de 2002. En caso de que la Corte considere que no ha
operado la cosa juzgada material, el Ministerio Público le solicita declarar la
exequibilidad de la citada expresión, por las razones señaladas en este
concepto”.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4
Superior, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda que se estudia.
2.  El problema jurídico
De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte
Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
¿Resulta
contrario a los artículos 113, 125 y 268 numeral 10 de la Constitución Política,
el que el legislador extraordinario haya establecido en el decreto Ley 268 de
2000 “Por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera
administrativa de la Contraloría General de la República”, como cargos de libre
nombramiento y remoción de los empleos de Gerente Departamental, Director,
Director de Oficina y Asesor de Despacho?
Con el fin de examinar el anterior problema jurídico, la
Corte recordará la doctrina constitucional en relación con la potestad de
configuración limitada del legislador para determinar excepciones al régimen de
carrera administrativa, en particular para el caso de empleos de libre
nombramiento y remoción de la Contraloría General de la República; a este
respecto se reiterará la línea jurisprudencial desarrollada por esta
Corporación en relación con el contenido y alcance del artículo 125 de la Carta
Política. A continuación, se analizará la naturaleza, funciones y
responsabilidades de los distintos empleos demandados, para determinar si el
legislador extraordinario desconoció los preceptos constitucionales que regulan
el régimen de carrera.
Dado que el accionante ha resaltado expresamente que
las disposiciones demandadas reproducen un texto declarado inexequible, la
Corte Constitucional se ocupará de manera preliminar de analizar si se ha
producido el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
3.  Cuestión preliminar: inexistencia de cosa juzgada constitucional
Según
el accionante, los apartes demandados resultan contrarios a la Constitución
porque reproducen un texto declarado inexequible por la Corte Constitucional en
las sentencia C-514 de 1994 y C-405 de 1995.
En
la sentencia C-514 de 1994,[2] la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de varias expresiones del artículo 122 de la Ley 106
de 1993,[3]“Por la cual se dictan
normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y
funcionamiento de la Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar
Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la Carrera
Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones,” por considerar
que no existía razón suficiente para excluir del régimen de carrera empleos que
por su naturaleza, jerarquía y funciones no correspondían a cargos de libre nombramiento
y remoción. En ese entonces la Corte resolvió:
“Primero.- Decláranse INEXEQUIBLES las referencias que, en el artículo 122 de la
Ley 106 de 1993, se hacen a los siguientes empleos: Jefe de Unidad, Director,
Jefe de Unidad Seccional, Jefe de División Seccional, Profesional Universitario
grados 13 y 12 y Coordinador.
Segundo.- Declárase
EXEQUIBLE la referencia de la misma norma al cargo de Jefe de Oficina.
Tercero.- Decláranse INEXEQUIBLES, en el artículo 94 de la Ley 106 de 1993,
las expresiones "de libre nombramiento del Contralor".
A
su turno, en la sentencia C-405 de 1995,[4] la Corte declaró
inexequible la clasificación de los cargos de Secretario Administrativo, Director
Seccional, Asesor, Director, Jefe de División, Jefe de División Seccional,
Rector, Vicerrector y Secretario General Grado 12, como de libre nombramiento y
remoción, contenida en el artículo 122 de la Ley 106 de 1993, “Por la cual
se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría  General
de la República se establece su estructura orgánica se determina la
organización y funcionamiento dela Auditoría Externa, se organiza el Fondo de
Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera
Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones”. En esa misma
ocasión, la Corporación encontró ajustada a la Constitución la clasificación de
los cargos de Vicecontralor, Secretario General, Director General y Secretario
Privado como de libre nombramiento y remoción, y decidió estarse a lo resuelto
en la sentencia C-514 del 16 de noviembre de 1994, en cuanto  los cargos de
jefe de oficina, jefe de unidad, jefe de unidad seccional, profesional universitario
grados 13 y 12 y coordinador. La Corte resolvió en la Sentencia, expresamente
lo siguiente:
“Primero.  Estése a lo resuelto en la sentencia C-514 del 16 de noviembre de
1994, en cuanto a las expresiones que se subrayan del artículo 122 de la Ley
106 de 1993:
“Son cargos de Carrera Administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de
libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación, que fueron
declarados inexequibles, salvo la que se refiere al Jefe de Oficina que fue
declarada exequible.
Jefe de Oficina,
Jefe de Unidad,
Jefe de Unidad Seccional,
Profesional Universitario  grados 13  y 12, y
Coordinador".
Segundo.  Declarar que son exequibles las siguientes expresiones que se subrayan
del artículo 122 de la Ley 106 de 1993, salvo la que se refiere  al cargo de
Secretario Administrativo que se declara inexequible:
“Son cargos de Carrera Administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de
libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:
“Vicecontralor,
Secretario General,
Secretario Administrativo
Director General,
Secretario Privado
Tercero.-  Declarar que son inexequibles las expresiones que se subrayan del
artículo 122 de la Ley 106 de 1993:
"Son cargos de Carrera Administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de
libre nombramiento y remoción que se enumeran a continuación:
Director Seccional
Asesor,
Director,
Jefe de División
Jefe de División Seccional
Rector,
Vicerrector
Secretario General Grado 12".
Cuarto:
Declarar inexequible el inciso final del artículo 122 de la Ley 106 de 1993,
que dice así:
"El personal que dependa directamente de los
despachos del Contralor General, Vicecontralor, Secretario General, Secretario
Administrativo y el Auditor General".
Según
el accionante, las expresiones “Gerente Departamental,” “Director,”
“Director de Oficina,” y “asesor de despacho” contenidas en el
artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000 “Por el cual se dictan las normas del régimen
especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la
República”, reproducen los textos declarados inexequibles. Si bien existe
alguna similitud entre los contenidos ahora demandados y algunos de los cargos
declarados inexequibles, e incluso se emplea la misma expresión “Director”,
tanto en el artículo 122 de la Ley 106 de 1993 “Por la cual se dictan normas
sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República,
se establece su estructura orgánica, se determina la organización y
funcionamiento de la Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar
Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la Carrera
Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones”, como en el
artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000, de la simple denominación de los mismos
no es posible inferir, prima facie, que se trata de igual contenido
normativo.
Según
lo establece el inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, que
señala los efectos de los fallos de la Corte Constitucional,
“Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
De
conformidad con la disposición constitucional citada, para determinar si un acto
jurídico del legislador, ordinario o extraordinario, constituye la
reproducción de un contenido normativo contrario a la Carta, es preciso
examinar tres elementos: (1) que se trate de un mismo sentido normativo, esto
es, que el contenido material del texto examinado sea similar a aquel
que fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el
contexto dentro del cual se ubica la norma examinada;[5]
(2) que el texto de referencia con el cual se compara la “reproducción” haya
sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”;[6]
y (3) que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de
referencia en el juicio previo de la Corte.[7]
Cuando estos tres elementos se
presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, en
consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible,
pues la cosa juzgada limita la competencia del legislador para reproducir el contenido
material de la norma contraria a la Carta Fundamental. Cuando el legislador
desconoce esta prohibición, vulnera el mandato contenido en el artículo 243 de la
Constitución Política.
En
el asunto bajo estudio, aunque se cumplirían dos de los tres requisitos
señalados, esto es, que (i) la norma se refiere al mismo contenido material ‑
la regulación del régimen de carrera de la Contraloría General de la República ‑,
y (ii) que las disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia para
el juicio previo subsisten, sin embargo, no es posible determinar con la simple
lectura de los términos empleados por el legislador extraordinario para señalar
cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción, a pesar de su similitud con
algunos de los utilizados en el pasado, si éstos efectivamente reproducen un
texto declarado inexequible.
En
efecto, aunque el texto de ambas disposiciones contienen denominaciones
similares, en la medida en que, por ejemplo, tanto el Decreto Ley 268 de 2000
como la Ley 106 de 1993 se refieren al cargo de “Director” y con respecto al
cargo de “Asesor” incluido en la Ley 106 de 1993, en el Decreto Ley 268 de 2000
se establece la denominación de un cargo de “Asesor de Despacho”, esta
semejanza no implica que se trate de disposiciones con igual contenido
normativo, ya que el Decreto Ley 268 de 2000 se enmarca dentro de una
estructura institucional nueva y distinta para la Contraloría, y derogó
expresamente las disposiciones preexistentes de la Ley 106 de 1993.
Tal
y como lo señalan acertadamente ante la Corte los representantes de la
Contraloría General de la República y del Departamento Administrativo de la
Función Pública, las normas acusadas en la presente oportunidad fueron
expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió la Ley 573 de 2000 para “modificar la
estructura de la Contraloría General de la República; determinar el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la
República (…); dictar las normas sobre la carrera administrativa especial de
que trata el ordinal 10 del artículo 268 de la Constitución Política y
establecer todas las características que sean competencia de la ley referente a
su régimen de personal”; es decir, se trata de normas con rango de Decreto
Ley. En ejercicio de esta atribución legislativa, el Gobierno expidió un
sistema normativo constituido por tres Decretos Leyes, a saber, el Decreto Ley
267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y
funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su
estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones”; el Decreto Ley 268 de 2000, “Por el cual se dictan
las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría
General de la República”, demandado parcialmente en el presente proceso; y
el Decreto Ley 269 de 2000, “Por el cual se establece la nomenclatura y
clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República y se
dictan otras disposiciones”. Estos tres Decretos Leyes, al establecer la
nueva organización institucional de la Contraloría General de la República,
deben ser leídos e interpretados en su conjunto, como de hecho lo hará la Corte
a lo largo de la presente sentencia. Lo que resulta claro, para efectos de determinar
si existe cosa juzgada constitucional en el caso bajo estudio, es que el
Decreto Ley 268 de 2000, al regular el régimen de la carrera administrativa de la
Contraloría General de la República, se basa en una estructura institucional
que fue fijada en el Decreto Ley 267 de 2000, y que por lo mismo es nueva y
distinta a la que existía previamente, regulada bajo la Ley 106 de 1993, con
diferentes ubicaciones estructurales y diversas funciones para los cargos
públicos.
El
hecho de que se trata de una norma con un contenido distinto al de la Ley 106
de 1993 resulta confirmado por la circunstancia de que tanto el Decreto Ley 268
de 2000, como los otros dos Decretos Leyes que forman parte del mismo conjunto
normativo, derogaron, como ya se dijo, expresamente varias disposiciones de la
Ley 106/93, entre las cuales se cuentan las normas que fueron objeto de control
constitucional en las sentencias C-514/94 y C-405/95. Así, (a) el Decreto Ley
267 de 2000, en su artículo 87, derogó expresamente los Títulos I (“De la
organización, estructura orgánica y funciones”) y II (“Estructura interna y
funciones por dependencia de la Contraloría General de la República”), así como
el artículo 101 (“Del control fiscal”) de la Ley 106 de 1993; (b) el Decreto
Ley 268 de 2000, en su artículo 52, derogó expresamente los artículos 110 (“Del
movimiento de personal con ocasión de la nueva planta”), 111 (“De la
terminación de la vinculación”) y 112 (“De los empleados públicos que
desempeñen cargos de carrera y no han sido escalafonados y se les suprime el
cargo”), así como el Título VI (“Del Sistema de Carrera Administrativa para la
Contraloría General de la República”) de la Ley 106 de 1993, título éste en el
cual se encuentra inscrito el artículo 122 que fue objeto de control
constitucional en las sentencias C-514/94 y C-405/95; y (c) el Decreto Ley 269
de 2000, en su artículo 11, derogó expresamente los artículos 102 a 105 de la Ley 106 de 1993. Por lo tanto, no existe hoy la posibilidad de asimilar las
disposiciones que regulaban la clasificación de empleos de la Contraloría
General de la República en la Ley 106 de 1993 a las que regulan la estructura institucional y la clasificación de empleos en el Decreto 268 de 2000.
Desde una perspectiva más específica, se demanda en el
presente caso, por inconstitucional, por ejemplo, la clasificación en el
Decreto Ley 268 de 2000, del cargo de Director, como de  libre nombramiento y
remoción. En las sentencias C-514/94 y C-405/95, la Corte se pronunció sobre la
clasificación de un cargo con igual denominación, en el artículo 122 de la Ley
106 de 1993. Pese a ello, no se trata del mismo cargo público, puesto que no
sólo se inscribe dentro de una estructura institucional de la Contraloría
distinta, sino que tiene diferente nivel y funciones, según se ilustra en la
tabla siguiente:
Cargo
Nivel
Funciones
Cargo
Nivel
Funciones
Director
(Ley 106/93)  Sentencias
C-514/94 y
C-405/95
Directivo
Ejecutivo
“En lo que toca con el Director, el parágrafo
segundo del artículo 105 de la Ley 106 de 1993 establecía que la denominación
de director, en el nivel ejecutivo, pertenece a la planta de personal del
Centro de Estudios Especializados en Control Fiscal CECOF, que es una
dependencia de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Capacitación.
// (El artículo 105 fue derogado por el artículo 11 del Decreto Ley 269 de
2000).  El artículo 59 de la Ley 106 de 1993, difería al Contralor General la
asignación de las funciones que el Centro debía cumplir. Las que el aludido
Director desempeñaba se encontraban señaladas en el artículo 25 de la
Resolución 03398 de 1994, expedida por el Contralor, y, a grandes rasgos,
aluden a la dirección, coordinación y supervisión del desarrollo de
programas; a la programación de cursos de capacitación, especialización, o de
investigaciones, seminarios, conferencias, entre otros; a la asignación y
evaluación de trabajos y estudios. Compete al Director, además, las funciones
de colaborar con las restantes dependencias, presentar a la consideración del
Contralor los nombres del personal docente y algunas otras tareas de índole
académica. (Este artículo fue derogado por el artículo 87 del Decreto Ley 267
de 2000).
Director (Decreto-Ley 268/00)
Directivo
Bajo la nueva estructura institucional de la
Contraloría General de la República los cargos públicos de “Director”, fueron
Clasificados en el nivel directivo, cada dirección con sus propias
funciones,  establecidas en el Decreto-Ley 267/00 artículos 52, 53, 56, 57,
59, 60, 61, 63, 64, 66, 67 y 68.
En cuanto al cargo de “Asesor”, al que se refería la
Ley 106 de 1993, no conservan los Decretos Leyes 268 y 269 de 2000, una
denominación idéntica, ya que se refieren al “Asesor de Despacho”; y
corresponde este empleo a un nivel definido, con respecto al ambiguo que bajo
la vigencia de la Ley 106 de 1993, tenía el cargo de Asesor.
Cargo
Nivel
Funciones
Cargo
Nivel
Funciones
Asesor
(Ley 106/93)
Sentencias
C-514/94 y
C-405/95
Nivel Directivo – Asesor
En lo que respecta al cargo de asesor, el artículo
105 de la Ley 106 de 1993, establecía esa denominación en el nivel directivo
(El artículo 105 fue derogado por el artículo 11 del Decreto Ley 269 de
2009).
Asesor de Despacho
(Decreto-Ley 268/00 - Decreto-Ley 269/00
Asesor
Bajo la nueva estructura institucional de la
Contraloría los cargos públicos de asesor de Despacho pertenecen al nivel
asesor, vinculado a los despachos de la persona que se desempeñe como
contralor o vicecontralor. Conforme lo establece el Decreto Ley 269/00, el
nivel asesor “[a]grupa los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza y
tienen asignadas funciones de asesoría para la determinación de políticas
institucionales, y aquellos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y
asesorar en materia de gestión a las dependencias directivas de la Entidad”.
Al
no tratarse de normas con el mismo contenido normativo que aquellas que fueron
examinadas en las sentencias C-514/94 y C-405/95, por cuanto se refieren a dos
estructuras institucionales diferentes de la Contraloría General de la
República, la Corte considera que no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, y en consecuencia es competente para pronunciarse en la
presente sentencia sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas
del Decreto Ley 268 de 2000.
En
el caso concreto es preciso examinar frente a cada empleo cuestionado, si su
naturaleza, funciones y responsabilidades son en realidad incompatibles con el
sistema de carrera o si por el contrario se erigen como excepciones legítimas
al régimen de carrera. Ante esta circunstancia, pasa la Corte Constitucional a
analizar materialmente las disposiciones acusadas para determinar si resultan
contrarias al artículo 125 Superior.
4.  La carrera administrativa como regla general fundada en el mérito, y
la potestad de configuración limitada del legislador para establecer
excepciones razonables. Reiteración de
jurisprudencia
El
artículo 125, inciso 1, de la Constitución Política establece: “Los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley.”
Interpretando
el alcance de este mandato constitucional, la Corte ha desarrollado a lo largo
de numerosas sentencias una sólida línea jurisprudencial sobre la razón de ser
de la carrera administrativa en tanto regla general y  principio
constitucional que orienta “el ingreso, la permanencia, la promoción y el
retiro en los diferentes empleos del Estado”[8], así como sobre la
posibilidad que tiene el legislador de exceptuar cierto tipo de cargos de dicha
regla general, y específicamente sobre las condiciones que se deben llenar para
que un determinado cargo público pueda ser clasificado por la ley como de “libre
nombramiento y remoción”. Esta clara línea jurisprudencial será resumida y
reiterada en el presente proceso de constitucionalidad.
4.1.
La carrera administrativa como regla general para el ingreso al servicio
público: razón de ser en un Estado Social de Derecho.
La
Corte Constitucional ha explicado la razón de ser del mandato constitucional
según el cual la carrera administrativa es la regla general para el ingreso al
servicio público, en los términos siguientes:
“La Constitución Política en su artículo 125 consagró
como regla general para la vinculación de los servidores públicos a los empleos
en los órganos y entidades del Estado el sistema de carrera, cuya finalidad es
la de preservar la eficiencia y eficacia de la función pública, así como
garantizar a los trabajadores del Estado la estabilidad en sus cargos y la
posibilidad de promoción y ascenso, previo el lleno de las condiciones y
requisitos que para el efecto exija la ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes. En todo caso, el propósito fundamental del sistema
de carrera es garantizar el ingreso y ascenso en los cargos públicos en
condiciones de igualdad a fin de hacer efectivos los principios en que se funda
el Estado Social de Derecho”[9].
En
esa medida ha señalado la Corte Constitucional que la regla general para el
acceso a los cargos públicos, es a través del sistema de méritos propio de la
carrera administrativa. Ese carácter de regla general, directamente derivado de
las previsiones constitucionales, ha sido reiterado en sucesivas sentencias de la
Corporación que siempre ha recordado cómo, desde el propio texto
constitucional, se justifica “la aplicación general de la carrera
administrativa como mecanismo por excelencia para el acceso al empleo público”,
lo cual se traduce en una “necesidad correlativa de interpretar
restrictivamente las disposiciones que permiten excluir ciertos cargos de dicho
régimen general”,[10] para evitar así que, en
contra de la Constitución, “la carrera sea la excepción y los demás
mecanismos de provisión de cargos la regla general”.[11]
4.2.
La posibilidad excepcional de sustraer ciertos cargos a la regla general de la
carrera administrativa.
El
propio constituyente dispuso, en el texto del artículo 125 Superior, que pueden
presentarse ciertas excepciones a la regla general de la carrera
administrativa, específicamente para cuatro hipótesis: a) los empleos de
elección popular; b) los de libre nombramiento y remoción; c) los trabajadores
oficiales; y d) los demás que determine la ley.
4.3.
Las condiciones para clasificar determinados cargos como de libre nombramiento
y remoción.
En
numerosos pronunciamientos, la Corte ha explicado que la competencia del
Legislador para definir los cargos de libre nombramiento y remoción no es una
atribución de tipo absoluto, por medio de la cual se pueda hacer nugatoria la
regla general de la carrera administrativa. A este respecto la Corporación ha
sostenido que “la competencia legislativa para la definición de cargos de libre
nombramiento y remoción no supone una facultad absoluta que pueda desvirtuar la
propia regla general de la carrera administrativa”[12],
y que el Legislador está “facultado constitucionalmente para determinar las
excepciones a la carrera administrativa, siempre y cuando no altere las
naturaleza de las cosas, es decir, mientras no invierta el orden constitucional
que establece como regla general la carrera administrativa, ni afecte tampoco
la filosofía que inspira este sistema”.[13]
En
síntesis, son dos las condiciones –alternativas, no copulativas- que habilitan
al Legislador para clasificar un determinado cargo público como de libre
nombramiento y remoción, ambas referidas a la naturaleza y funciones de cada
cargo en particular:
(1)
Que el cargo tenga asignadas funciones directivas, de manejo, de conducción u
orientación institucional, en cuyo ejercicio se definan o adopten políticas
públicas; o
(2)
Que el cargo tenga asignadas funciones y responsabilidades que exijan un nivel
especial y cualificado de confianza, adicional al que se le puede exigir a todo
servidor público.
Esta
línea jurisprudencial fue inicialmente abierta con la sentencia C-195 de 1994
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), en la cual se explicaron los criterios de
evaluación a aplicar para definir cuándo un empleo público puede ser de libre
nombramiento y remoción:
“En primer término que tenga fundamento legal; pero
además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del
sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto
de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber
un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al
nominador no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que
olvidar que por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento
y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine
la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo
esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión política.
En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las
exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación”.
La
regla en cuestión fue precisada en la sentencia C-514 de 1994,[14]
en los siguientes términos:
“Siendo la regla
general la de la pertenencia a la carrera, según los mandatos constitucionales,
las excepciones que la ley consagre solamente encuentran sustento en la medida
en que, por la naturaleza misma de la función que se desempeña, se haga
necesario dar al cargo respectivo un trato en cuya virtud el nominador pueda
disponer libremente de la plaza, nombrando, confirmando o removiendo a su
titular por fuera de las normas propias del sistema de carrera. Estos cargos,
de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera
específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para
cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación
institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su
cargo dicho tipo de responsabilidades.”
Posteriormente,
la misma ratio ha sido aplicada por la Corte en numerosos y sucesivos
pronunciamientos en sede de control abstracto de constitucionalidad.[15]
En
cuanto a las características del nivel de confianza especial exigido bajo el
requisito (2), la jurisprudencia constitucional ha precisado que se trata de
“aquella que por la naturaleza misma de las funciones a realizar demanda un
mayor grado de reserva por parte de la persona que las cumple”[16];
es decir, “en este último caso no se habla de la confianza inherente al
cumplimiento de toda función pública, que constituye precisamente uno de los
objetivos de la carrera pues el trabajador que es nombrado o ascendido por
méritos va aquilatando el grado de fe institucional en su gestión, sino de la
confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de
la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial
aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el
ente de que se trata”.[17] En otras palabras, la
Corte ha exigido que la persona que ocupe un cargo de esta índole ofrezca “una
garantía sobre el comportamiento reservado, prudente y sigiloso en la
administración de los asuntos que se tramitan en el despacho de los referidos
funcionarios a quienes prestan sus servicios directamente. // La confianza que
de esa forma se exige y con la finalidad señalada, debe ser cualificada”.[18]
En
cada caso en particular, el cargo público ha de ser exceptuado de la carrera
administrativa en forma específica y concreta por el Legislador; no han sido
admitidas por la Corte disposiciones generales aplicables en abstracto a varios
cargos públicos. La Corte ha exigido que las excepciones introducidas por el
Legislador a la regla general de la carrera administrativa sean específicas,
concretas y unívocas.[19]
Es
de anotar que estas condiciones han sido aplicadas por la Corte al examen de
cargos públicos en distintas entidades del Estado, incluyendo organismos de
control como las Contralorías Departamentales.[20]
También
debe notarse que la Corte ha empleado estas dos condiciones en forma
alternativa, es decir, no ha exigido que estén presentes ambas al mismo tiempo
en relación con un cargo en particular, sino que ha admitido que la presencia
de una sola de ellas basta para justificar la decisión legislativa de
exceptuarlo de la carrera administrativa y catalogarlo como de libre
nombramiento y remoción.[21]
A
la luz de la jurisprudencia recién descrita, la Corte procederá a examinar cada
uno de los cargos públicos que se han demandado en la presente oportunidad,
para determinar si, con base en sus funciones y responsabilidades, están dadas
las condiciones para que el Legislador los clasifique como de libre
nombramiento y remoción.
5.  Los cargos de “Gerente Departamental,” “Director de Oficina,”
y “Asesor de Despacho” en la Contraloría General de la República
corresponden a aquellos con respecto a los cuales es admisible la exclusión del
régimen de la carrera, dado el nivel jerárquico que ocupa y la naturaleza de
las funciones asignadas. Es inexequible la clasificación del cargo de “Director”
como de libre nombramiento y remoción.
Con
el fin de determinar si los cargos de “Gerente Departamental,” “Director,”
“Director de Oficina,” y “Asesor de Despacho” son incompatibles
con el régimen de carrera es necesario examinar la definición de sus
responsabilidades y funciones. Para ello, se debe recurrir a lo dispuesto en
los otros dos Decretos Leyes que conforman el sistema normativo que organiza la
estructura institucional y los cargos públicos de la Contraloría General de la
República, a saber, los Decretos Leyes 267 y 269 de 2000, que operan en tanto
referente interpretativo necesario de las normas del Decreto Ley 268 de 2000
demandadas en el presente proceso; ello es así porque el artículo 3 del Decreto
Ley 268 de 2000 únicamente enuncia algunos cargos que se consideran de libre
nombramiento y remoción, sin especificar su ubicación institucional ni sus
funciones.
5.1.
“Gerente Departamental”.
En
cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de Gerente Departamental, el
Decreto Ley 269 de 2000 establece que se trata de un cargo del nivel directivo[22],
nivel que “[c]omprende los empleos a los cuales corresponde el desempeño de
funciones de dirección general, de formulación de políticas y adopción de
planes, programas y proyectos”.[23]
El
Decreto Ley 267 de 2000 regula en sus distintas disposiciones el objetivo de
las Gerencias Departamentales de la Contraloría.[24]
Los artículos 23 a 25 del Decreto citado,  precisan con mayor detalle la
posición y funciones de las Gerencias Departamentales, señalando que a través
de estas dependencias se ejerce la desconcentración administrativa, en tanto
base de la organización de la Contraloría General de la República, y son ellas
las que establecen la presencia de la  Entidad en todo el territorio nacional.[25]
Las competencias y funciones específicas de las Gerencias Departamentales son
precisadas adicionalmente en el artículo 74 del Decreto Ley 267 de 2000.[26]
De
esta descripción legal puede deducirse que es constitucionalmente admisible la
exclusión del cargo de Gerente Departamental del régimen de carrera
administrativa, en la medida en que en él concurren con claridad los dos
elementos alternativos exigidos por la jurisprudencia constitucional:
-
Se trata de cargos directivos cuyas funciones específicas incluyen las de
conducir la política institucional de la Contraloría en su respectiva
jurisdicción, ejercer las competencias de dirección y orientación institucional
a dicho nivel, y concurrir a la formulación de políticas en representación de la
Contraloría (artículo 19 del D.L.267 de 2000). Expresamente se les atribuye
entre tales funciones la de “[p]articipar en la definición de las políticas,
planes y programas de vigilancia fiscal que deban emprenderse por parte de las
Contralorías Delegadas en el departamento en el cual operan y velar por su
cumplida ejecución en los términos que se aprueben” (artículo 74.6  del D.L.267 de
2000).
-
Estos cargos tienen asignadas funciones directivas en cuyo ejercicio se
participa en la formación y definición de las políticas públicas de la entidad.
Pero además exigen un nivel especial y cualificado de confianza, adicional a la
que se reclama de todo servidor público, por parte de quienes los desempeñen,
en la medida en que las Gerencias Departamentales son las agencias de
representación inmediata del nivel superior de dirección de la Contraloría en
el ámbito territorial, y a través de ellas se materializa el esquema de
desconcentración diseñado por el Legislador para el funcionamiento de la
Contraloría General de la República. El ejercicio de sus funciones, que
incluyen la dirección administrativa y financiera de la Contraloría en sus
respectivas jurisdicciones, la representación de los Contralores Delegados y de
la persona que ejerza el cargo de Contralor General “en los asuntos de enfoque,
orientación y resultados de la vigilancia fiscal”, y velar por el buen
funcionamiento del sistema de control interno dentro de la jurisdicción
territorial correspondiente.
Por las anteriores razones, la Corte concluye que el
Legislador no excedió sus atribuciones constitucionales al excluir del régimen
de carrera administrativa de la Contraloría a las Gerencias Departamentales, ya
que se trata de un cargo cuya naturaleza y funciones son la propias de un
empleo de libre nombramiento y remoción y en esa medida no se opone a la regla
general del artículo 125 de la Constitución, en consecuencia, se declarará exequible
el aparte correspondiente del Decreto-Ley 268 de 2000.
5.2. “Director de Oficina”
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo
de Director de Oficina, el Decreto Ley 269 de 2000, lo clasifica como un empleo
del nivel directivo,[27] nivel que “[c]omprende
los empleos a los cuales corresponde el desempeño de funciones de dirección
general, de formulación de políticas y adopción de planes, programas y
proyectos”.[28]
Sobre la ubicación y funciones de los Directores de Oficina
en la Contraloría General, el Decreto Ley 267 de 2000 dispone en su artículo 11
que existirán varias dependencias de este tipo, todas en el Nivel Central y
Superior de Dirección, dependientes del despacho del Contralor General. Dentro
de tal categoría se encuentran los Directores de (a) la Oficina Jurídica, (b) la
Oficina de Control Interno, (c) la Oficina de Control Disciplinario, y (d) la
Oficina de Comunicaciones y Publicaciones; y (2) dependientes del despacho del
Vicecontralor, (e) la Oficina de Planeación, (f) la Oficina de Capacitación,
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, y (g) la Oficina
de Sistemas e Informática.
En términos generales, el artículo 15 del Decreto Ley
267 de 2000 establece como objetivo de las oficinas: “(…) asesorar, contribuir
a la formulación de políticas, conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con
su actividad y servir de instancia de coordinación en estos propósitos u otros
específicos. También podrán las oficinas elaborar o revisar proyectos de norma,
resoluciones o circulares relacionadas con su objeto cuando así lo indiquen las
disposiciones específicas a ellas aplicables. En todo caso, las oficinas son
dependencias de apoyo directo en la conducción y orientación institucional”.
Se pasará entonces a analizar las funciones
específicas asignadas a los diferentes empleos de Director de Oficina.
5.2.1. Director de la Oficina Jurídica
La Oficina Jurídica, dependiente del Despacho del
Contralor General, es un empleo del nivel directivo, que tiene a su cargo
la responsabilidad de “asesorar, contribuir a la formulación de políticas”, según
el objetivo general dispuesto para este tipo de oficinas. Entre sus
atribuciones específicas, se incluyen la de asesorar a la persona que ejerza el
cargo de Contralor General y a las dependencias internas de la Contraloría en
la elaboración de los proyectos de ley, decretos o resoluciones que hayan de
presentarse al Congreso, al Gobierno Nacional o expedirse, proyectos normativos
que bien pueden contener asuntos propios de la orientación general de la
política pública de control fiscal. Así mismo, el Director de la Oficina
Jurídica tiene incidencia directa sobre las posturas institucionales generales
de la Contraloría, en la medida en que también le corresponde la función de
coordinar con las distintas dependencias de la entidad “la adopción de una
doctrina e interpretación jurídica que comprometa la posición institucional de la
Contraloría General de la República en todas aquellas materias que por su
importancia ameriten dicho pronunciamiento o por implicar una nueva postura de
naturaleza jurídica de cualquier orden”.[29]
Es un empleo que a todas luces exige un nivel especial
y cualificado de confianza en la persona que lo ejerza, ya que de él depende el
sustento jurídico de todas las actuaciones desarrolladas por la Contraloría
General de la República, en esa medida puede afirmase que sus responsabilidades
son de apoyo directo. En efecto, el Director de la Oficina Jurídica, entre
otras, debe asistir a la persona que ejerza el cargo de Contralor y a las
dependencias de la Contraloría en el conocimiento y trámite, de los conceptos,
fallos y asesorías que deban adoptar en cumplimiento de sus funciones,
ejercer la representación judicial de la Contraloría cuando a ello haya lugar,
“y en general en todas las actuaciones que comprometan la posición
institucional jurídica de la entidad”.[30]
Por lo delicado de los diversos asuntos
que se someten al examen y análisis de la Oficina Jurídica de la Contraloría,
así como por el carácter confidencial de distintos tipos de actuaciones e
información bajo su órbita de competencia, en virtud de sus atribuciones,
considera la Corte que este es un típico caso, en el que para ejercer el cargo,
se exige un nivel especial de confianza adicional al que se pide a todo
servidor público.
Concluye la Corporación que en relación con el cargo
de Director de la Oficina Jurídica concurren los elementos que habilitan al
Legislador para exceptuarlo del régimen de carrera administrativa, en razón a
la relación de confianza o de intuitu personae que se reclama de quien
ejerce por la naturaleza misma de sus responsabilidades. No vulnera la
Constitución, por lo mismo, que este cargo en particular haya sido sustraído de
la regla general de carrera administrativa y catalogado como de libre
nombramiento y remoción.
5.2.2. Director de la Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno, dependiente del
Despacho del Contralor General, es un cargo del nivel directivo con funciones de
asesoría. conforme lo establece el artículo 44.8 del Decreto Ley 267 de 2000,
a la Oficina de Control Interno –y en esa medida, a su Director- le compete,
entre otras, “[v]elar por el adecuado desarrollo de las leyes, normas,
políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, metas, objetivos y
estrategias de la Contraloría General de la República y recomendar los ajustes
necesarios”.
Adicionalmente, las atribuciones del empleo incluyen
la de prestar asesoría a la persona que ejerza el cargo de Contralor General
sobre el diseño y funcionamiento del sistema de control interno de la
Contraloría, emitiendo recomendaciones sobre los ajustes y correctivos que sean
pertinentes. Se trata de una dirección que por la naturaleza de las funciones y
las responsabilidades asignadas,[31] exige también un nivel
especial y cualificado de confianza adicional al que puede requerirse de todo
servidor público. Tales funciones no están previstas simplemente para efectos
de dar aplicación a conocimientos profesionales de orden académico para
ejecutar actos del personal. Considera por ello la Corte que también están
dados los requisitos alternativos que permiten al Legislador clasificarlo como
de libre nombramiento y remoción.
5.2.3. Director de la Oficina de Control Disciplinario
La Oficina de Control Disciplinario, dependiente del
Despacho del Contralor General, es un cargo que entre sus funciones tiene
asignada la de proponer, de acuerdo con lo estipulado por la persona que se
desempeñe como Contralor General, las políticas de la entidad para la adecuada
aplicación del régimen disciplinario y en especial de la Ley 200 de 1995,[32]
así lo indica expresamente el artículo 45.1 del Decreto Ley 267 de 2000.
En tanto quien ocupe esta Dirección, propone
políticas, en torno a la aplicación del régimen disciplinario, en ejercicio de
sus funciones específicas,[33] que además incluyen
tareas tan delicadas y confidenciales, como las de asumir el conocimiento de
las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias que deban ser
desarrolladas contra los empleados de la Contraloría, ejercer la vigilancia de
la conducta de los servidores de la entidad, sustanciar los fallos de segunda
instancia de los procesos de responsabilidad disciplinaria, y reportar a la
Fiscalía General la información sobre posibles hechos punibles, entre otras;
también en relación con este cargo se cumplen las condiciones que la Corte
considera debe cumplir el Legislador para excluirlo del régimen de carrera
administrativa.
5.2.4. Director de la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones
La Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, depende
del Despacho del Contralor General. Las funciones atribuidas a dicha oficina
están establecidas  en el artículo 46 del D.L. 267 de 2000.[34]
Del examen objetivo de las atribuciones que el ejercicio del cargo de Director
de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones tiene asignadas, la Corte
deduce que por su naturaleza, se exige de parte de quien lo ocupe, un nivel
especial de confianza, puesto que es el servidor público responsable de
asesorar a quien ejerza el cargo de Contralor General en todos los asuntos
atinentes al manejo de los medios de comunicación por parte de la entidad,
ámbito que incluye aspectos tan delicados como la proyección y control de la
imagen institucional de la Contraloría, la determinación de la información que
ha de ser transmitida a la ciudadanía en general, y la gestión de las
relaciones con los periodistas y medios masivos en los ámbitos nacional y
regional. El presupuesto necesario para el cumplimiento de estas funciones es
que la persona llamada a ejercer el cargo presente un nivel cualificado de
confiabilidad y prudencia, suficiente para encomendarle responsabilidades tan
cruciales como la orientación de la imagen pública de la institución, y el
control de la información que puede ser transmitida por los medios. Esta labor
requiere de un colaborador de la más absoluta confianza para el logro de los
fines de la institución.
No se trata aquí de la confianza propia del
cumplimiento de toda función pública, que se constituye en uno de los objetivos
de la carrera administrativa, sino de la confianza inherente al manejo que
corresponden al exclusivo ámbito de la reserva de algunos asuntos, y al cuidado
que requiere la información que se difunde sobre la toma de decisiones de gran
trascendencia para el País.
Por lo anterior resulta compatible con lo establecido
en el artículo 125 de la Constitución que el cargo haya sido excluido del
régimen de carrera administrativa.
5.2.5. Director de la Oficina de Planeación
La Oficina de Planeación, depende del Despacho del
Vicecontralor General. El cargo pertenece al nivel directivo. En el numeral 1º
del artículo 48 del Decreto Ley 267 de 2000 se fija en cabeza de la Oficina de
Planeación, y en consecuencia de su Director, la función de “[a]sistir al
Contralor General y al Vicecontralor y por su conducto a la entidad, en la
formulación y determinación de las políticas, planes y programas que en materia
de vigilancia de la gestión fiscal, de recursos financieros, físicos, humanos y
de bienestar social se deban adoptar”, por la naturaleza misma de la función
asignada, se hace necesario dar al cargo respectivo un trato por fuera de las
normas propias del sistema de carrera. La Corte considera que se verificó el
presupuesto necesario para que el Legislador lo hubiese clasificado como un
cargo de libre nombramiento y remoción, según el catálogo de funciones
asignadas a dicho empleo.[35] Teniendo en cuenta que
el empleo fue creado para cumplir un papel de dirección, contribuyendo a la
determinación de las políticas, planes y programas que en materia de vigilancia
de la gestión fiscal, de recursos financieros, físicos humanos y de bienestar
social, que ha de adoptar la entidad.
5.2.6. Director de la Oficina de Capacitación,
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.
La Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y
Cooperación Técnica Internacional, dependiente del Despacho del Vicecontralor
General, tiene asignadas entre sus funciones
la de “[a]sistir al Contralor General y
por su conducto a la administración de la Contraloría General de la República,
en el diseño de la política de capacitación en el área misional” (artículo
49.1).[36]
La Corte considera que el ejercicio de las funciones
propias de este cargo, requiere un nivel especial de confianza en cabeza del
Director, puesto que está a cargo, además de asesor en el diseño de la política
de capacitación,  prestar asistencia al Contralor General sobre “la celebración
y seguimiento de convenios y en el manejo y coordinación de las relaciones
institucionales de la Contraloría General de la República en cooperación
internacional y en el desarrollo de tecnologías inherentes a las áreas
misionales de la entidad”, (artículo 49.6). Asesoría de alto nivel cuyas
implicaciones institucionales demandan un mayor grado de confiabilidad por
parte de quien suministre el apoyo correspondiente.
Es igualmente para la Corte que tal cargo, podía ser
excluido por el Congreso del régimen de carrera administrativa, en la medida en
que las funciones específicas asignadas al empleo, implican el diseño de la
política de la institución en materia de capacitación en el área misional.
5.2.7. Director de la Oficina de Sistemas e
Informática.
La Oficina de Sistemas e Informática, dependiente del
Despacho del Vicecontralor General, tiene asignadas las funciones señaladas en
el artículo 50 del Decreto Ley 267 de 2000.[37]
Para la Corte, las funciones adscritas al cargo de
Director de la Oficina de Sistemas e Informática requieren necesariamente una
especial confianza, prudencia y reserva en quien lo desempeñe, en la medida en
que está a cargo de dirigir y orientar uno de los aspectos críticos para el
ejercicio de las funciones de la Contraloría General de la República, como lo
es la infraestructura y soporte de sistemas. Las funciones de este cargo
incluyen, por ejemplo, las de elaborar los diseños de programas y la
codificación necesarios para la programación de reportes y el cómputo de la
información sobre la gestión fiscal; la determinación sobre cuáles son las
tecnologías que se habrán de aplicar y utilizar; el establecimiento de
controles sobre la utilización de equipos; velar por la seguridad del acceso a
las instalaciones donde se encuentren los equipos de computación; y el
establecimiento de controles para llevar un registro historial sobre las
modificaciones realizadas a los programas o aplicaciones. Por lo sensible de
estas funciones, es razonable que se exija a quien ocupe el cargo de Director
el nivel de confianza que torna proporcional el que el Legislador sustraiga
dicho empleo de la regla general de carrera administrativa.
En síntesis, para la Corporación no es contrario a la
Constitución Política que el Legislador hubiese determinado que el cargo de
“Director de Oficina” en la Contraloría General de la República es de libre
nombramiento y remoción. La disposición acusada será declarada, en
consecuencia, exequible por el cargo estudiado.
5.3. “Asesor de despacho”.
En
cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de Asesor de Despacho, el
Decreto Ley 269 de 2000, establece en su artículo que se trata de un cargo del
nivel asesor[38], nivel que “[a]grupa los
empleos cuyo ejercicio implica especial confianza y tienen asignadas funciones
de asesoría para la determinación de políticas institucionales, y aquellos
cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar en materia de
gestión a las dependencias directivas de la Entidad”. Y esa característica,
asociada al nombre del empleo, podría hacer pensar que la Corte debe estarse a
la regla fijada en la sentencia C-405 de 1995, en la cual la Corporación
declaró contrario a la Constitución que el cargo de ‘asesor’, en la
Contraloría General de la República, estuviera sustraído del régimen de
carrera. No obstante, la Corte Constitucional estima que entre el caso decidido
en esa ocasión y este hay significativas diferencias, que en esta ocasión
ameritan un pronunciamiento de exequibilidad.
Efectivamente,
en la sentencia C-405 de 1995, a esta Corporación le correspondió decidir la
acción pública de inconstitucionalidad dirigida por un ciudadano contra el
artículo 122 de la ley 106 de 1993, que contemplaba el empleo de ‘asesor’
como uno de los cargos de libre nombramiento y remoción ubicado en el nivel
Directivo - Asesor. Según el actor, esa norma violaba el derecho a la igualdad
de todas las personas en el acceso a la administración pública, materializado
en los artículos 1, 13, 69, 125 y 268-10 de la Carta. Y la Corte, luego de
examinar los argumentos, le dio la razón. Pues encontró con respecto a este cargo,
que: (i) entre sus funciones no estaban aquellas que conducían a la
adopción de políticas de la entidad; (ii) quienes lo desempeñaran no
requerían especiales niveles de confianza laboral; (iii) ni tampoco
exigían un particular nivel de responsabilidad; y en cambio (iv) demandaban
una labor de aplicación de conocimientos técnicos, de la ejecución de políticas
y de asesoramiento especializado. O, como lo dijo expresamente la Corporación:
“[i]gual consideración cabe para lo relacionado con
los cargos de Director Seccional, Asesor […] y Secretario General Grado 12, a que se refiere la disposición acusada, ya que aquellos destinos públicos no comprenden
responsabilidades que deban ubicarse en la órbita de un funcionario cuyo
ingreso, permanencia o retiro de los cuadros de la entidad corresponda a la
decisión discrecional del nominador; en efecto, sus funciones no son de
aquellas que conduzcan a la adopción de políticas de la entidad, ni implican confianza
especial, ni responsabilidad de aquel tipo que reclame este mecanismo de libre
nombramiento y remoción.
Estos cargos está previstos, dentro de la estructura
de la planta de la Contraloría para efectos de que se dé aplicación a
conocimientos profesionales de orden académico y especializado, para ejecutar
políticas y orientaciones y actos del personal del nivel directivo, y cumplen
más bien actividades de asesoría y gestión al interior de la entidad, mucho más
si se tiene en cuenta el desarrollo contemporáneo de las ciencias de la
administración y de la gestión pública, que reclaman conocimientos
especializados y técnicos y el conocimiento continuado de experiencias y
proceso que no se adquieren por fuera de un ejercicio prolongado y estable de
la función”.
En
cambio, el cargo de “Asesor de despacho”, cuya constitucionalidad ahora
se revisa, tiene una configuración diferente. Pertenece, según el Decreto ley
269 de 2000, al nivel asesor (art. 4), el ejercicio de las funciones exige “especial
confianza” (art. 4), y adicionalmente tales funciones comprenden la
asesoría, para la determinación de políticas de la entidad. En ese sentido, son
funciones  más que puramente ejecutivas, y comportan uno de los rasgos que le
permiten al legislador extraordinario sustraerlo del régimen de carrera. Por lo
demás, en tanto están vinculados a los despachos del Contralor y Vicecontralor
y son dependencias que tienen como función principal “prestar los apoyos
auxiliares y administrativos inmediatos que demande el Contralor General de la
República contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus atribuciones,
competencias y funciones constitucionales y legales”,[39]
coadyuvando al cumplimiento de estas, puede estar sometido al régimen de libre
nombramiento y remoción. Porque, por el nivel en el cual prestan su asesoría, y
el carácter instrumental que a este respecto se advierte en su descripción
legal, se trata de cargos en los que la relación de confianza, o intuitu
personae, autoriza su provisión discrecional, como cargo de libre
nombramiento y remoción. Existe por lo tanto, una razón suficiente para su exclusión
del régimen general de carrera, y por lo mismo no contraviene el artículo 125
Superior. Así, la Corte declarará exequible, por los cargos examinados, la
expresión “asesor del despacho” contenida en artículo 3 del Decreto 268
de 2000.
5.4.
“Director”.
En
cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de Director, el Decreto Ley
269 de 2000 establece que se trata de un cargo del nivel directivo.
Por su parte, el Decreto 267 de 2000 dispone en su
artículo 17 como objetivo de las Direcciones: “orientar y dirigir en forma
inmediata en el ámbito de la competencia a ellas asignadas, el conjunto de
labores y actividades que demande el ejercicio de sus funciones, responder, en
su respectivo nivel, por los resultados de la gestión misional o
administrativa, según el caso; por la conducción institucional; por la
orientación de las políticas y su formulación; por el apoyo inmediato de
naturaleza técnica que demande cada contraloría delegada, gerencia nacional o
los directivos de otras áreas”.
Conforme
a la formulación genérica de los objetivos de las Direcciones, observa la Corte
que existen numerosos cargos distintos en la Contraloría que se enmarcan bajo
esta categoría, cuyas funciones son diferentes y de notoria diversidad; estas
funciones no corresponden a responsabilidades que impliquen la adopción de
políticas públicas o que requieran un nivel cualificado de confianza.
En
efecto, el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000 establece que, a Nivel
Central, habrán varias Direcciones en la Contraloría General de la República,
todas al nivel de las Contralorías Delegadas: (1) en la Contraloría Delegada
para el Sector Agropecuario, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y (b) la
Dirección de Estudios Sectoriales; (2) en la Contraloría Delegada para el
Sector Minas y Energía, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y (b) la
Dirección de Estudios Sectoriales; (3) en la Contraloría Delegada para el
Sector Social, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y (b) la Dirección de
Estudios Sectoriales; (4) en la Contraloría Delegada para el Sector de
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y (b) la Dirección de Estudios
Sectoriales; (5) en la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y (b) la
Dirección de Estudios Sectoriales; (6) en la Contraloría Delegada para el
Sector Defensa, Justicia y Seguridad, (a) la Dirección de Vigilancia Fiscal, y
(b) la Dirección de Estudios Sectoriales; (7) en la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, (a) la Dirección de Atención Ciudadana, y (b) la
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano; (8) en la
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, (a) la Dirección de Vigilancia
Fiscal, y (b) la Dirección de Estudios Sectoriales; (9) en la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, (a) la
Dirección de Investigaciones Fiscales, (b) la Dirección de Juicios Fiscales, y
(c) la Dirección de Jurisdicción Coactiva; (10) en la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Públicas, (a) la Dirección de Estudios Macroeconómicos, y
(b) la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales; (11) en la Gerencia de
Gestión Administrativa y Financiera, (a) la Dirección de Recursos Físicos, (b) la
Dirección Financiera, y (c) la Dirección de Imprenta, Archivo y
Correspondencia; y (12) en la Gerencia del Talento Humano, (a) la Dirección de
Gestión del Talento Humano, y (b) la Dirección de Carrera Administrativa.
Bajo
la categoría “Director” se agrupan entonces no menos de veinticinco cargos
públicos distintos, cada uno de los cuales tiene sus propias funciones
asignadas. Para efectos del presente análisis, basta resaltar que estas
Direcciones no tienen materialmente, dentro de su rango de funciones y
responsabilidades, atribuciones que correspondan a la definición o adopción de
políticas públicas, o que exijan un nivel cualificado de confianza por parte
del servidor correspondiente. El término ‘Director’ se emplea en el Decreto Ley
267 de 2000, tanto para designar cargos que implican dirección y orientación
institucional, como cargos de nivel medio cuya capacidad de orientación
institucional es inexistente. En estos eventos sólo es posible determinar si se
está ante una de las excepciones que autorizan que dicho cargo se provea
mediante libre nombramiento y remoción, analizando las funciones asignadas a
los cargos ubicados en esta categoría.
Constata
la Corte que aun cuando el artículo 5 del Decreto 269 de 2000, clasifica el
cargo de Director como un empleo del nivel directivo,[40]
las funciones asignadas no corresponden a aquellas a través de las cuales sea
posible definir las políticas institucionales, sino que se reducen a ordenar el
ámbito de su competencia inmediata y dirigir el conjunto de labores que demanda
el ejercicio de las funciones asignadas al cargo, cumpliendo más bien
actividades de gestión misional o administrativa al interior de la entidad,
respondiendo por la conducción institucional, orientación de políticas y la
enunciación de las que habrán de ser defendidas, brindando un apoyo de
naturaleza técnica a cada contraloría delegada, gerencia nacional, o directivos
de otras áreas.
Las oficinas denominadas Direcciones
ejercen funciones típicamente administrativas, que no conducen a la adopción
políticas generales de la entidad, ni implican confianza especial ni responsabilidad de aquel tipo que reclame para su
provisión un mecanismo de libre nombramiento y remoción. En efecto, la
Contraloría General de la República cuenta con las siguientes direcciones:
De Vigilancia Fiscal, cuyas funciones están consagradas en el
artículo 52 del Decreto Ley 267 de 2000.[41] De Estudios
Sectoriales, artículo 53[42]; de Atención
Ciudadana,  artículo 56;[43] de Promoción
y Desarrollo del Control Ciudadano, artículo 57[44];
de Investigaciones Fiscales, artículo 59[45]; de Juicios
Fiscales, artículo 60[46]; de
Jurisdicción Coactiva, artículo 61[47]; de Estudios
Macroeconómicos,  artículo 63[48]; de Cuentas
y Estadísticas Fiscales, artículo 64[49]; de Recursos Físicos,
artículo 66[50]; Financiera,
artículo 67[51]; de
Imprenta, Archivo y Correspondencia, artículo 68[52];
de Gestión del Talento Humano, artículo 70;[53] de Carrera
Administrativa,  artículo 71.[54] (todos los
artículos citados, corresponden al Decreto Ley 267 de 2000).
Conforme a la naturaleza de las funciones asignadas a
cada dirección, no existe razón suficiente para que la provisión de estos
cargos se haga de manera discrecional y no mediante un concurso, propio de la
carrera administrativa, que asegure que ciudadanos calificados, con
conocimientos, capacidades y calidades adecuadas para el desempeño de tales
empleos accedan a estos cargos públicos dentro de la Contraloría General de la
República.
Al no estar justificada la clasificación de tales
cargos como de libre nombramiento y remoción por la naturaleza de las funciones
propias de estos empleos, la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad
de la expresión “Director” contenida en el artículo 3 del Decreto Ley
268 de 2000.
En
conclusión, la Corte Constitucional declarará inexequible la expresión “Director”
contenida en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000 y exequibles por los cargos examinados, las expresiones “Gerente Departamental,” “Director
de Oficina,” y “asesor de despacho” contenidas en el artículo 3 del
Decreto Ley 268 de 2000.
VII.  DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Declarar INexequible, la expresión “Director” contenida en el
artículo 3° del Decreto Ley 268 de 2000.
Segundo.- Declarar
EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones “Gerente Departamental,” “Director
de Oficina,” y “Asesor de despacho” contenidas en el artículo 3° del
Decreto Ley 268 de 2000.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Impedimento aceptado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA C-284/11
CARRERA ADMINISTRATIVA COMO REGLA GENERAL DE LOS
EMPLEOS DE ORGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO-Naturaleza y alcance (Aclaración de voto)
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE CARRERA
ADMINISTRATIVA-Alcance en materia de
excepciones al régimen general y de concursos públicos (Aclaración de voto)
Si
bien el artículo 125 de la Carta Política señala que por regla general los
empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera, a los cuales se
ingresa y asciende previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
establezca la ley, tendientes a determinar los méritos y las calidades de los
aspirantes  e indica los cargos que se exceptúan de la carrera, la Constitución
le otorga al Legislador un amplio margen de configuración en la materia,
pudiendo prever excepciones al régimen general de la carrera administrativa o
concursos públicos, siempre que se encuentren dentro de los parámetros
establecidos por el artículo 125 de la Constitución Política.
Referencia:
Expediente D- 8249
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 3 (parcial) del decreto ley 268 de
2000  “por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera
administrativa de la Contraloría General de la Nación.”
Actores:
José Antonio Galán Gómez.
Magistrado Ponente: MARIA VICTORIA CALLE CORREA.
Si
bien comparto el criterio adoptado en la Sala, que declaró la exequibilidad de
las expresiones “Gerente Departamental”, “Director de Oficina” y “Asesor del
Despacho” y la inexequibilidad de la expresión “Director”  del artículo 3 del
Decreto ley 268 de 2000, por la presunta vulneración del artículo 125 de la
Constitución Política, aclaro mi voto con relación a la naturaleza y alcance la
carrera administrativa.
El
artículo 125 de la Carta Política, señala que por regla general los empleos de
los órganos y entidades del Estado son de carrera, a los cuales se ingresa y
asciende previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca
la ley, tendientes a determinar los méritos y las calidades de los aspirantes
e indica que se exceptúan de la carrera los cargos de: (i) elección popular;
(ii) libre nombramiento y remoción; (iii) trabajadores oficiales y, (iv) los
demás que determine la ley.
La
Constitución otorga así un amplio margen de configuración al Legislador en la
materia,  permitiéndole adoptar decisiones sobre el alcance del régimen de carrera,
establecer los cargos que se exceptúan de ella, determinar las reglas de los
concursos públicos, así como regular la condiciones para las promociones y las
causales de retiro de ellos.
En
consecuencia, serán admisibles constitucionalmente, las decisiones legislativas
que prevean excepciones al régimen general de la carrera administrativa o
concursos públicos, siempre que se encuentren dentro de los parámetros
establecidos por el artículo 125 de la Constitución Política conforme al cual
por regla general –que por ello admite excepciones- los empleos deben ser de
carrera y el sistema de nombramiento debe ser el concurso público.
Cordialmente,
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
[1] Folios 61-62 del cuaderno principal. Escrito de intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[2] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] El texto original del Artículo 122 de la Ley 106 de 1993 decía lo siguiente: “Son cargos de carrera administrativa todos los
empleos de la Contraloría General de la República, con excepción de los de libre nombramiento y remoción, que enumeramos a continuación: ║ -
Vicecontralor ║ - Secretario General ║- Secretario Administrativo ║-
Director General ║- Jefe de Oficina ║- Director Seccional ║-
Secretario Privado ║- Asesor ║- Jefe de Unidad ║- Director ║-
Jefe de Unidad Seccional ║- Rector ║- Jefe de División ║- Jefe
de División Seccional ║- Profesional Universitario Grados 13 y 12 ║-
Vice-Rector ║- Coordinador ║- Secretario General Grado 12 ║- El
personal que dependa directamente de los Despachos del Contralor General,
Vicecontralor, Secretario General, Secretario Administrativo y Auditor general
[4] MP. Fabio Morón Díaz.
[5] Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996 (MP. Alejandro Martínez
Caballero, AV. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero,
Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. José Gregorio Hernández
Galindo). En este fallo la Corte sostuvo que el fenómeno de la cosa juzgada
material se da cuando se trata de contenidos normativos iguales; C-551 de 2001,
(MP. Álvaro Tafur Galvis, SPV. Jaime Araújo Rentería). En esta ocasión  la Corte declaró que había ausencia de cosa juzgada formal o material respecto de los artículos
16 numeral 1° y artículo 17 inciso 2° de la Ley 599 de 2000, pues no se trataba de contenidos normativos idénticos; C-1064 de 2001 (MPs. Manuel José Cepeda
Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, AV. Álvaro Tafur Galvis. SV. Clara Inés
Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo
Escobar Gil). La Corte examinó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en
relación con omisiones legislativas.
[6] Corte
Constitucional, C-774 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Manuel José
Cepeda Espinosa). La Corte analizó el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional y la idea de una “constitución viviente”.
[7] En la sentencia C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero),  la Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de
la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al
precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello
deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las
decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del
respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean
resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…). Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales
que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones.
Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional,
el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser
sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica,
puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que,
además, podría provocar inaceptables injusticias.”
[8] Corte Constitucional,
Sentencia C-671-2001 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra). En idéntico sentido, en la sentencia C-475 de 1999 (MP. (E). Martha
Victoria Sáchica de Moncaleano) la Corte explicó que “el acceso a los empleos
de los órganos y entidades del Estado, de conformidad con el artículo 125 de la Carta Política, exige, como regla general un sistema de carrera, que permite el desarrollo de
la función pública dentro de la vigencia de los principios de eficacia,
eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia con base en el mérito y la
capacidad profesional y moral de quienes aspiren a ingresar, mantenerse o
ascender dentro de ella, lo cual redunda en una clara salvaguarda de los
derechos de las personas a desenvolverse en igualdad de condiciones y
oportunidades para realizar la respectiva función y cargo público, el derecho
al trabajo y de estabilidad en el empleo en la medida de su desempeño (C.P. ,
arts. 13, 40, 25 y 53)”. Igualmente, en la sentencia C-479 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero) se explicó: “En este
sentido se busca que la carrera administrativa permita al Estado contar con
servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con
mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según
el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
excelencia en administración pública. // Ello conduce a la instauración de la
carrera administrativa como sistema propicio a la obtención de eficiencia y
eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines primordiales del
Estado Social de Derecho”. Ver también las sentencias C-380 de 1997 (M.P.
Hernando Herrera Vergara) y C-1177 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-195 de 1994 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa).
[12] Sentencia C-312 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[13] Sentencia C-195 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[14] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Así, en la sentencia C-405 de 1995 (MP. Fabio Morón Díaz), la Corte sostuvo que “la prevalencia de la regla general de la carrera administrativa (…) admite
que sólo por excepción es posible la exclusión legal de algunos funcionarios o
servidores públicos cuando se presente este tipo de relación de confianza o de
intuitu personae o de las responsabilidades de dirección”. En la sentencia
C-1177 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte reiteró que “el ejercicio de esta atribución exceptiva a efectos de señalar dentro de los cargos y
empleos estatales los que habrán de considerarse como de libre nombramiento y
remoción tiene que reunir, entonces, dos tipos de consideraciones. De una
parte, como ya se hizo mención, debe tratarse del cumplimiento de funciones
directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional y, de otra
parte, ha de referirse a aquellos cargos en los cuales es necesaria la
confianza de los servidores que tienen a su cargo esa clase de responsabilidades”.
Siguiendo esta línea, en la sentencia C-161 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), se explicó: “la Corte reiterando su línea jurisprudencial ha
establecido que el legislador en ejercicio de su atribución constitucional para
exceptuar del régimen general de carrera administrativa y señalar dentro de los
empleos del Estado los que habrán de clasificarse como de libre nombramiento y
remoción, debía acudir a dos tipos de consideraciones: i) que se debe tratar
del cumplimiento de funciones directivas, de manejo, de conducción u
orientación institucional; y, ii) que ha de referirse a los cargos o empleos en
los cuales sea necesaria la confianza de los servidores públicos que tienen a
su cargo esa clase de responsabilidades”. Igualmente, en la sentencia C-312
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se dijo que “la Corte ha establecido de manera reiterada que, para que el legislador, en ejercicio de su
atribución constitucional, pueda exceptuar determinados cargos del régimen
general de carrera administrativa y señalar los empleos que habrán de
clasificarse como de libre nombramiento y remoción, debe tener en cuenta dos
criterios alternativos: i) la naturaleza de las funciones que corresponden a cada
cargo y ii) el grado de confianza requerido para el ejercicio de sus
responsabilidades. Bajo el primer criterio, un cargo de libre nombramiento y
remoción debe referirse a funciones directivas, de manejo, de conducción u
orientación institucional. Bajo el segundo criterio, los cargos de libre
nombramiento y remoción deben implicar un alto grado de confianza”.
[16] Sentencia C-1177 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[17] Sentencia C-514 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[18] Sentencia C-1177 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[19] Sentencias C-506 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-161 de 2003 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra).
[20] La Corte ha aplicado esta ratio a cargos públicos creados por el
Legislador en el Servicio Exterior del Estado colombiano (sentencia C-312 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en las dependencias de inteligencia y comunicaciones de las
Fuerzas Militares y de Policía Nacional (sentencia C-161 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en la Contraloría y la Personería de Santafé de Bogotá (sentencia C-475 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano).
[21] Así, por ejemplo, en la sentencia C-312 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa) la Corte determinó que ciertos cargos en el Servicio Exterior
del Estado colombiano, si bien no implicaban el ejercicio de funciones de
dirección, conducción u orientación institucionales, sí exigían un nivel
especial de confianza para el cumplimiento de sus responsabilidades, por lo
cual podían ser exceptuados del régimen de carrera mediante su clasificación
como de libre nombramiento y remoción. En el mismo sentido, en la sentencia
C-1177 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), los cargos de asistencia o apoyo
directo a los despachos de los gobernadores y alcaldes se consideraron aptos
para ser clasificados como de libre nombramiento y remoción, porque “si bien es
cierto, que los funcionarios que prestan la labor de asistencia y apoyo, por
virtud de la misma no intervienen en la toma de decisiones en cuanto a las
políticas institucionales a desarrollar por el organismo y la dirección del
mismo al cual se encuentran vinculados, también lo es que su permanencia en el
lugar más cercano a aquel donde aquellas políticas se dictan, en permanente
contacto con el funcionario encargado de responder por la ejecución de las
mismas, hace que en el trámite administrativo de los asuntos que pasan por el
respectivo despacho y en la relación directa con el funcionario jefe, se torne
relevante una especial consideración acerca del nivel de confianza laboral y
personal a exigir al momento de proveer el cargo, lo que justifica que para
asegurar ese propósito, dichos cargos sean excluidos del régimen de carrera
administrativa y catalogados como de libre nombramiento y remoción”.
[22] Decreto Ley 269 de 2000,
Artículo 5o. Nomenclatura. Establécese la denominación y nomenclatura de los
empleos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3,
así: NIVEL DIRECTIVO (….) Gerente Departamental (Grado 01).
[23] Artículo 4 inciso 2° del
Decreto Ley 269 de 2000.
[24] El Decreto Ley 267 de 2000 dispone en su artículo 19, a propósito del objetivo de las gerencias departamentales, lo siguiente: “Es objetivo de las
gerencias departamentales representar a la Contraloría General de la República en el territorio de su jurisdicción, en calidad de
agencias de representación inmediata del nivel superior de dirección de la Contraloría. Para este efecto, conducen la política institucional de la Contraloría en el territorio asignado, bajo la inmediata supervisión del Contralor General y
representan a las contralorías delegadas en las materias que se establecen en
el presente decreto o las que determine el Contralor General. En todo caso,
tales gerencias ejercen competencias de dirección y orientación institucional
en el nivel territorial y concurren en la formulación de políticas, en la
representación de la Contraloría General en los términos dispuestos en el
presente decreto y en la coordinación y dirección administrativa del trabajo de
los grupos de vigilancia fiscal, de investigación, de juicios fiscales y de
jurisdicción coactiva y en los demás temas que se establezcan para el cabal
cumplimiento del objeto de la Contraloría General.”
[25] Específicamente el artículo 23 del Decreto Ley 267 de 2000 establece a
propósito de las gerencias departamentales: “GERENCIAS DEPARTAMENTALES. Para
los efectos del eficiente ejercicio de la función administrativa, la
desconcentración administrativa será la base de la organización de la Contraloría General de la República a través de gerencias departamentales y de grupos de
trabajo de las dependencias centrales con presencia en el territorio nacional.
Para la definición de la presencia de la Contraloría General de la República en el territorio nacional y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 24 del presente decreto, se tomará en cuenta la división
político-administrativa del país y en consecuencia podrá contarse con una
gerencia departamental por cada departamento del país, según lo determine el
Contralor General, previo concepto del Comité Directivo. // Para la definición
de gerencias departamentales deberá considerarse previamente la disponibilidad
presupuestal, de las instalaciones físicas, de personal y de equipos. // La
sede principal de cada gerencia departamental será la capital del departamento
respectivo con el fin de atender las necesidades y conveniencias locativas y
operativas del caso. El Contralor General de la República, mediante resolución y previo concepto del Comité Directivo, establecerá el número
y clase de grupos de trabajo que operarán en cada departamento”.
[26] El artículo 74 del Decreto Ley 267 de 2000 dispone a propósito de las
Gerencias Departamentales: “.Podrá organizarse una Gerencia por cada
departamento en los términos señalados en el presente Decreto, cuyas funciones
serán específicas y complementarias a la organización de la Contraloría General de la República. Sus competencias y funciones son las siguientes: 1.
Ejercer la dirección administrativa y financiera de la organización
administrativa desconcentrada de la Contraloría en los términos de la delegación que en esta materia les conceda el Contralor General. 2. Representar a los
Contralores Delegados y al Contralor General en su respectivo departamento en
los asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal. 3.
Supervisar los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su
respectivo Departamento.  4. Atender directamente los asuntos confiados a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en su respectivo departamento y
responder por ello ante el respectivo Contralor Delegado. 5. Velar por el buen
funcionamiento del sistema de control interno de la Contraloría General en su organización desconcentrada en el departamento que corresponda. 6.
Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia
fiscal que deban emprenderse por parte de las Contralorías Delegadas en el
departamento en el cual operan y velar por su cumplida ejecución en los
términos que se aprueben. 7. Las demás que le asigne la ley”.
[27] Decreto Ley 269 de 2000,
Artículo 5o. Nomenclatura. Establécese la denominación y nomenclatura de los
empleos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3,
así: NIVEL DIRECTIVO (….) Director de Oficina (Grado 04).
[28] Artículo 4° inciso 2° del Decreto Ley 269 de 2000.
[29] Numeral 16 del Decreto Ley 267 de 2000.
[30] El artículo 43 del Decreto 267 del 2000
establece las funciones de la oficina Jurídica así: 1. Asistir al Contralor
General y por su conducto a las dependencias de la Contraloría General de la República en el conocimiento y trámite de conceptos, fallos y
asesorías de los asuntos jurídicos que les corresponda resolver, bien por ser
de su directa competencia, o por delegación de funciones y en general en todas
las actuaciones que comprometan la posición institucional jurídica de la
entidad. // 2. Asesorar al Contralor General y a las dependencias internas de la Contraloría General de la República en la elaboración de los proyectos de ley, decretos o
resoluciones que se deban expedir o hayan de someterse al Congreso de la República o al Gobierno Nacional. // 3. Revisar los proyectos de actos administrativos que el
Contralor General deba firmar y conceptuar sobre su constitucionalidad y
legalidad. // 4. Absolver las consultas que sobre interpretación y aplicación
de las disposiciones legales relativas al campo de actuación de la Contraloría General, le formulen las dependencias internas, los empleados de las mismas y las
entidades vigiladas. // 5. Absolver las consultas que formulen las contralorías
del nivel departamental, distrital y municipal respecto de la vigilancia de la
gestión fiscal y las demás materias en que deban actuar en armonía con la Contraloría General. // 6. Revisar jurídicamente los proyectos de contratos de los que en
forma directa deba conocer el Contralor General o el Vicecontralor. // 7.
Proyectar las respuestas de los recursos que el Contralor General deba resolver
por la vía gubernativa. // 8. Compilar y concordar las normas legales
relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal y la gestión pública,
manteniendo actualizado el archivo de las mismas y prestando los apoyos de
consulta que requieran en el campo jurídico los funcionarios de la Contraloría General a través de los contralores delegados. // 9. Desarrollar los métodos,
procedimientos y gestión de la información jurídica, en coordinación con la
dependencia competente en materia de sistemas e informática. // 10. Asesorar
jurídicamente al Comité Directivo y los demás que se conformen. // 11. Orientar
a las dependencias de la Contraloría General de la República en la correcta aplicación de las normas que rigen para la vigilancia de la gestión
fiscal. // 12. Estudiar y conceptuar sobre las peticiones relacionadas con las
consultas de orden jurídico que le sean formuladas a la Contraloría General de la República. // 13. Notificar y comunicar los actos administrativos
que en sentido particular expida el Contralor General de la República. // 14. Asesorar jurídicamente a las entidades que ejercen el control fiscal en el
nivel territorial y a los sujetos pasivos de vigilancia cuando éstos lo
soliciten. // 15. Representar judicialmente a la Contraloría General de la República ante las autoridades competentes cuando fuere el caso. //
16. Coordinar con las dependencias la adopción de una doctrina e interpretación
jurídica que comprometa la posición institucional de la Contraloría General de la República en todas aquellas materias que por su importancia
ameriten dicho pronunciamiento o por implicar una nueva postura de naturaleza
jurídica de cualquier orden. // 17. Atender y vigilar las tutelas, acciones de
cumplimiento, conciliaciones y cumplimiento de sentencias en coordinación con
las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba
responder o sea parte la Contraloría General. // 18. Coordinar con cada área responsable la proyección de respuesta a los derechos de petición por los que
deba responder en forma directa el Contralor General de la República. // 19. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos de
responsabilidad fiscal y sancionatorios, así como la revocatoria o nulidades a
que haya lugar. // 20. Las demás que le asigne la ley.”
[31] El artículo 44 del Decreto Ley 267 de 2000,
consagra: “Son funciones de la Oficina de Control Interno: 1. Asesorar en el
diseño del sistema de control interno para la Contraloría General de la República y recomendar su adopción por parte del Contralor General
y su posterior desarrollo. // 2. Asesorar al Contralor General en la
administración del sistema de control interno, evaluándolo periódicamente y
proponiendo los ajustes pertinentes. // 3. Verificar el adecuado funcionamiento
del control interno en toda la entidad, para garantizar el acatamiento por
parte de la Contraloría General de la República de los principios de la función administrativa de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 87 de 1993. // 4. Asistir al Contralor General en el examen
objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras,
administrativas y de vigilancia de la gestión fiscal con el fin de evaluar y
verificar el ejercicio del control interno en las mismas y preparar el informe
correspondiente que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. //
5. Asesorar al Contralor General en el estudio del funcionamiento del sistema
de control interno en todos los niveles de la organización interna y establecer
las responsabilidades de su ejercicio mediante la presentación de informes de
los exámenes con análisis imparciales y reales de las operaciones; determinar
recomendaciones con el fin de que se adopten las acciones correctivas a que
hubiere lugar. // 6. Realizar la evaluación de la eficiencia y eficacia con que
las dependencias de la Contraloría General de la República cumplen sus funciones y objetivos, bien directamente o a través de terceros
habilitados legalmente para el efecto. // 7. Proporcionar información,
análisis, apreciaciones y recomendaciones sobre los procedimientos y
actividades de la administración. // 8. Velar por el adecuado desarrollo de las
leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, metas,
objetivos y estrategias de la Contraloría General de la República y recomendar los ajustes necesarios. // 9. Mantener permanentemente informado al Contralor
General de la República y a los directivos, acerca de los niveles de
realización del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las
debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento. Así mismo, velar por que se
implanten las recomendaciones formuladas. // 10. Las demás que le asigne la
ley.”
[32] La ley 200 de 1995, “por la cual  se adopta el Código Disciplinario
Único”, fue modificada por la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código
Disciplinario Único”.
[33] El artículo 45 del Decreto Ley 267 de 2000,
establece: “Son funciones de la Oficina de Control Disciplinario: 1. Proponer, dirigir y coordinar, de acuerdo con lo estipulado por el Contralor
General, las políticas de la Contraloría General para la adecuada aplicación del régimen disciplinario y en especial de la Ley 200 de 1995. // 2. Asumir el conocimiento de las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias
que deban adelantarse contra los empleados de la Contraloría General. // 3. Participar en la formulación de los programas de capacitación y
divulgación del régimen disciplinario, la jurisprudencia y la doctrina sobre la
materia. // 4. Fijar procedimientos operativos disciplinarios para que los
procesos se desarrollen con sujeción a los principios de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho de
defensa y el debido proceso. // 5. Ejercer vigilancia de la conducta de los
servidores de la Contraloría General y adelantar de oficio, por queja o
información de terceros, las indagaciones preliminares e investigaciones por
faltas disciplinarias. // 6. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los
procesos de responsabilidad disciplinaria, así como las revocatorias o
nulidades de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. // 7. Poner en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismos de seguridad del Estado y las demás autoridades judiciales o administrativas, la comisión de
hechos presumiblemente irregulares o ilegales que aparezcan en el proceso
disciplinario. // 8. Ordinar el archivo de las quejas e investigaciones
preliminares cuando aparezca que el hecho investigado no ha existido, que la
ley no lo considera como falta disciplinaria o que el funcionario investigado
no lo cometió. // 9. Rendir informes sobre el estado de los procesos
disciplinarios al Contralor General y a las dependencias competentes cuando así
lo requieran. 10. Asesorar y guiar permanentemente, hasta la culminación del
procedimiento, al jefe inmediato del disciplinado, cuando se trate de faltas
leves, para la aplicación del procedimiento abreviado de que trata el artículo
170 de la Ley 200 de 1995. // 11. Las demás que le asigne la ley.”
[34] El artículo 46 del Decreto Ley 267 de 2000,
establece: “Son funciones de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones: 1.
Asesorar al Contralor General en el manejo de los medios de comunicación. // 2.
Registrar visual y gráficamente las actuaciones de los servidores de la Contraloría General, con el objeto de promover y difundir la información relevante. // 3.
Asesorar las áreas relacionadas con la ejecución de eventos en los que se
requiera resaltar las acciones e imagen de la Contraloría General y propender a la adecuada utilización de la imagen corporativa de la
entidad. // 4. Dar a conocer los adelantos y proyectos de la entidad y preparar
informes especiales de acuerdo con el medio de comunicación. // 5. Canalizar la
información de la Contraloría General de la República hacia los medios de comunicación masivos en el ámbito nacional y regional, así como
ofrecer los elementos de soporte necesarios en los aspectos gráficos, visuales
e informativos. // 6. Atender las relaciones periodísticas y públicas con los
medios de comunicación. // 7. Redactar, conceptuar, diagramar y circular un
medio informativo escrito sobre la marcha de la Contraloría General y los aspectos relevantes de la misma. // 8. Producir y realizar los
programas que convengan a la imagen de la Contraloría General y a las necesidades de información de la opinión pública, de acuerdo con
las políticas establecidas por el Contralor General de la República sobre el particular. // 9. Asesorar y coordinar las publicaciones periódicas y en
general todo lo relacionado con el desarrollo de proyectos editoriales de la Contraloría General de la República. // 10. Planear, dirigir, supervisar y controlar el
proceso editorial y de artes gráficas. // 11. Supervisar y controlar la calidad
de todas las obras impresas de la Contraloría General de la República. // 12. Diseñar y llevar a cabo la diagramación de todo
trabajo incluyendo los formatos, tipos o fuentes de letra, la disposición de
textos, las fotografías, cuadros, las ilustraciones y la realización de todo
tipo de carátulas, sin perjuicio de contratar tales servicios si fuere
necesario. // 13. Calcular y controlar el costo de producción de las
publicaciones realizadas, bajo la orientación de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera. // 14. Las demás que le asigne la ley.”
[35] La Oficina de
Planeación tiene las siguientes funciones según el artículo 48 del Decreto Ley
267 de 2000: “1. Asistir al Contralor General y al Vicecontralor y por su
conducto a la entidad, en la formulación y determinación de las políticas,
planes y programas que en materia de vigilancia de la gestión fiscal, de
recursos financieros, físicos, humanos y de bienestar social se deban adoptar.
// 2. Proponer los planes que permitan orientar el desarrollo y modernización
integral de la Contraloría General de la República. // 3. Asistir a las dependencias competentes en la elaboración de los planes de desarrollo institucional
–con base en criterios de gerencia, planeación estratégica, calidad total- y el
desarrollo de metodologías que impliquen mayor tecnología y desarrollo
científico que permitan que la entidad se adapte fácilmente a los cambios en la Administración Pública. // 4. Asistir y asesorar al nivel superior de la Contraloría General y por su conducto a las dependencias competentes en la definición,
determinación y elaboración de los planes que en materia de vigilancia de la
gestión fiscal deban realizar y hacerles el seguimiento y evaluación a los
mismos. // 5. Proponer los indicadores de gestión, en coordinación con todas
las dependencias, tendientes a la ejecución de las políticas, planes y
programas, llevar el sistema de información de los mismos y diseñar el sistema
y las herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación de tales
indicadores y del desempeño general de la entidad. // 6. Elaborar los informes
de cumplimiento de las políticas, planes y programas en forma periódica y con
destino a las autoridades competentes que deban conocer de los mismos. // 7.
Realizar directamente –o promover la realización de los estudios e
investigaciones necesarias para su elaboración- los planes, programas y
proyectos específicos de desarrollo institucional y de vigilancia de la gestión
fiscal que deba realizar la Contraloría General de la República. // 8. Recopilar, tabular y procesar las estadísticas de la Contraloría General de la República que sirvan de base para la elaboración de políticas,
planes, programas y proyectos, así como el registro de los organismos y
personas sujetas a su vigilancia. // 9. Consolidar el sistema de registro del
costo de los recursos humanos, físicos y financieros involucrados en los
planes, programas y proyectos que desarrolle la Contraloría General de la República. // 10. Asesorar al a dependencia competente en los
asuntos administrativos y financieros en la elaboración del proyecto de
presupuesto de la Contraloría General de la República. // 11. Hacer evaluación y seguimiento del desarrollo organizacional de la Contraloría General de la República y proponer sus ajustes. // 12. Efectuar el diseño de los
sistemas de información útiles a la toma de decisiones y administrarlo,
definiendo y simplificando el manejo de los mismos, propendiendo a la
funcionalidad y pertinencia de la información, según la competencia en su
aprovechamiento y la toma de decisiones y coordinando, con la dependencia
competente, el desarrollo tecnológico de soporte que sea requerido. // 13. Las
demás que le asigne la ley.”
[36]
El artículo 49 del Decreto Ley 267 de 2000, establece las
funciones del cargo de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y
Cooperación Técnica Internacional así: 1. Asistir al Contralor General y por su
conducto a la administración de la Contraloría General de la República, en el diseño de la política de capacitación en el área
misional. // 2. Definir estrategias para la formación de técnicos,
profesionales y especialistas que permitan un alto desarrollo del sistema de
vigilancia de la gestión fiscal y un control fiscal moderno, dinámico y
altamente técnico que desarrolle una cultura organizacional de servicio con
calidad total. // 3. Promover y administrar en forma inmediata el desarrollo de
los programas de capacitación del personal de la Contraloría General de la República en el área misional y de los demás organismos de control
fiscal. // 4. Desarrollar y promover, en asocio con las dependencias
involucradas, la actualización e implementación de técnicas o metodologías que
en materia de vigilancia de la gestión fiscal y en el área misional deba
desarrollar la Contraloría General de la República. // 5. Gestionar la realización de estudios, asesorías, apoyos especializados y la prestación de cooperación
técnica para el diseño e implantación de modelos, métodos y procedimientos que
permitan armonizar los sistemas de control fiscal de las entidades públicas del
orden nacional y territorial, así como evaluar su aplicación y funcionalidad.
// 6. Asistir al Contralor General en la celebración y seguimiento de convenios
y en el manejo y coordinación de las relaciones institucionales de la Contraloría General de la República en cooperación internacional y en el desarrollo de
tecnologías inherentes a las áreas misionales de la entidad.”
[37]
El artículo 50 del Decreto Ley 267 de 2000  establece apropósito de las
funciones de la Oficina de Sistemas e Informática, lo siguiente: “Son funciones de la Oficina de sistemas e Informática: 1. Asistir
al Contralor General y por su conducto a la administración de la Contraloría General de la República, en el desarrollo de los sistemas, normas y
procedimientos de informática requeridos por las dependencias de la entidad. //
2. Elaborar los diseños de programas, la codificación y las otras tareas
requeridas para la programación de reportes y cómputo de información. // 3.
Determinar las tecnologías y técnicas requeridas para la recolección, el
procesamiento y la emisión de información. // 4. Establecer los controles sobre
utilización de equipos y verificar la calidad del trabajo que se realice sobre
los mismos. // 5. Asesorar en el procesamiento de la información que requieran
las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República. // 6. Realizar investigaciones para diseñar y sugerir la
utilización óptima de equipos electrónicos, de los sistemas y del software. //
7. Realizar estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y
económica de sistematizar las aplicaciones que requiera la Contraloría General de la República. // 8. Realizar o participar técnicamente en los procesos
de contratación tendientes al análisis, diseño y programación de las
aplicaciones que vayan a ser sistematizadas. // 9. Elaborar los diferentes
manuales de aplicación ajustados a las normas existentes. // 10. Realizar el
mantenimiento adecuado a los programas de computación para satisfacer los
cambios en las especificaciones de los sistemas. // 11. Establecer los
controles necesarios para llevar el historial de las modificaciones que se
efectúen en los programas o aplicaciones. // 12. Velar por la seguridad del
acceso a las instalaciones donde se encuentren los equipos electrónicos. // 13.
Definir las prioridades y prestar los servicios de cómputo que se requieran. //
14. Dictaminar sobre requerimientos de mantenimiento y conservación de los
equipos por las diferentes dependencias y garantizar las reparaciones correspondientes.
// 15. Las demás que le asigne la ley.”
[38] Decreto Ley 269 de 2000,
Artículo 5o. Nomenclatura. Establécese la denominación y nomenclatura de los
empleos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3,
así: (…) NIVEL ASESOR  (….) Asesor de Despacho (Grado 02).
[39] Decreto Ley 267 de 2000,
Artículo 12. Objetivo del despacho del contralor. Es objetivo del Despacho del
Contralor prestar los apoyos auxiliares y administrativos inmediatos que
demande el Contralor General de la República contribuyendo a facilitar el
ejercicio de sus atribuciones, competencias y funciones constitucionales y
legales. ║ Artículo 13. Objetivo del despacho del
Vicecontralor. Es objetivo del Despacho del Vicecontralor prestar los apoyos
auxiliares y administrativos inmediatos que demande el Vicecontralor
contribuyendo a facilitar el ejercicio de sus funciones.
[40] Decreto Ley 269 de 2000, Artículo 5o.
Nomenclatura. Establece la denominación y nomenclatura de los empleos de
la Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles
administrativos señalados en el artículo 3,
así: NIVEL DIRECTIVO (….) Director (Grado 03).
[41]
ARTICULO 52. DIRECCIONES DE VIGILANCIA FISCAL.
Son funciones de las direcciones de vigilancia fiscal, en lo que compete a su
respectivo sector y a la contraloría delegada de la cual forman parte, en
desarrollo de su misión:
1. Dirigir
en forma inmediata el proceso de vigilancia fiscal y garantizar el cumplimiento
de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la planeación
anual.
2. Evaluar
el cumplimiento de los principios de gestión y administración consagrados en la Ley 489 de 1998 y en especial de los planes y políticas de desarrollo administrativo.
3. Dirigir
en forma inmediata la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno
de las entidades del respectivo sector e imprimirle orientación técnica a la
misma.
4.
Proponer los convenios de desempeño resultantes de las auditorías
organizacionales con las entidades controladas y hacer el seguimiento de los
mismos de acuerdo con el reglamento que al respecto establezca el Contralor
General de la República.
5.
Dirigir, coordinar, controlar y disponer lo necesario para ejecutar las
auditorías y responder por la eficacia y articulación de las mismas con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia, bajo la
orientación del Contralor Delegado de su respectivo sector.
6.
Elaborar metodologías, sistemas técnicos y procedimientos que contribuyan a la
estandarización, a la eficacia y a la eficiencia de la vigilancia fiscal para
que sean adoptados por las autoridades competentes.
7.
Solicitar a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación
Técnica Internacional, el apoyo para el diseño de sistemas de vigilancia
fiscal.
8.
Responder ante el Contralor Delegado del respectivo sector por la dirección de
la ejecución de las auditorías, de la revisión de cuentas y de las indagaciones
del sector respectivo.
9.
Responder, en coordinación con la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, por las
indagaciones que deban adelantarse como resultado de las auditorías realizadas.
10.
Cooperar con la contraloría delegada en la orientación y conducción
institucional, en la coordinación interna con otras dependencias de la Contraloría General en los aspectos relativos al control fiscal y en la coordinación externa
con los entes vigilados.
11. Las demás que le asigne la ley.
[42]
ARTICULO 53. DIRECCIONES DE ESTUDIOS SECTORIALES.
Son funciones de las direcciones de estudios sectoriales en lo que compete a su
respectivo sector y a la contraloría delegada de la cual forman parte y en
desarrollo de su misión consagrada en el presente Decreto:
1. Dirigir
los estudios de seguimiento y evaluación del desempeño de la gestión fiscal con
respecto al Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental en lo pertinente a
su respectivo sector, bajo la orientación de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y del Contralor Delegado del sector
correspondiente.
2. Dirigir
los estudios sectoriales en materia organizacional, de gestión, fiscales y de
política pública, establecer las limitaciones propias del sector o sistema
administrativo respectivo y formular propuestas y recomendaciones de tipo
macrosectorial.
3. Dirigir
los estudios sobre el sistema nacional de control interno y la forma como éste
se desarrolla en el respectivo sector.
4.
Estudiar y conceptuar sobre la eficiencia en el cumplimiento de los principios
de la función administrativa de las reformas administrativas sectoriales.
5.
Proponer, en coordinación con la Oficina de Planeación, indicadores de tipo
sectorial que permitan evaluar el desempeño de las políticas públicas y la
intervención del Estado en el sector respectivo, evaluar los resultados de
estos indicadores y el cumplimiento de las metas respectivas.
6.
Elaborar estadísticas sectoriales útiles en la conceptualización del desempeño
fiscal, administrativo, institucional y de políticas públicas.
7.
Elaborar los mapas de riesgo correspondientes al sector para orientar las
acciones prioritarias de vigilancia fiscal.
8.
Orientar en una perspectiva sectorial la identificación de los problemas que
resulten de la gestión de las entidades públicas y su presencia en los niveles
administrativos, organizacionales, fiscales y financieros, de forma que la Contraloría Delegada, a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal, pueda elaborar un mapa
sectorial de riesgos que le permita priorizar sus intervenciones y
contextualizar con una visión integral el ejercicio de la vigilancia fiscal.
9. Aportar
la información sectorial necesaria para el desarrollo de las funciones de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, en particular para los temas macro de
naturaleza fiscal y de desempeño económico de los sectores.
10. Las demás que le asigne la ley.
[43]
ARTICULO 56. DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
Son funciones de la Dirección de Atención Ciudadana:
1.
Recepcionar, evaluar, hacer seguimiento e informar sobre todos los aspectos
relacionados con las denuncias ciudadanas relativas al ejercicio de la
vigilancia fiscal.
2.
Encauzar las consultas y denuncias ciudadanas de competencia de otros
organismos de control e investigación y velar por que éstos hagan lo mismo con
los asuntos propios de las atribuciones de la Contraloría General de la República.
3.
Administrar el sistema de recepción de consultas y denuncias ciudadanas
relacionadas con la vigilancia fiscal.
4.
Organizar, actualizar, difundir y administrar la red nacional de información
ciudadana para la vigilancia fiscal.
5. Apoyar,
en los temas de su competencia, a los demás niveles de vigilancia fiscal para
garantizar una eficaz acción ciudadana que contribuya a la vigilancia de la
gestión fiscal.
6.
Difundir a través de los canales idóneos, con orientación de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y con sujeción a lo que el Contralor
General de la República establezca al respecto, los resultados de las
investigaciones y juicios con origen en denuncias ciudadanas.
7. Las demás que le asigne la ley.
[44]
ARTICULO 57. DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO
DEL CONTROL CIUDADANO. Son funciones de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano:
1.
Organizar y desarrollar programas de promoción, sensibilización y divulgación,
que potencien la participación ciudadana y su contribución a la vigilancia fiscal.
2.
Promover y apoyar la organización de veedurías de la gestión pública, sin
perjuicio del apoyo que en esta materia consagren otras disposiciones legales.
3.
Promover investigaciones orientadas a identificar o generar políticas públicas
alrededor de la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia
fiscal.
4.
Organizar y desarrollar programas de formación de veedores para que contribuyan
en el ejercicio de la vigilancia fiscal.
5.
Gestionar programas de capacitación para los ciudadanos interesados en las
metodologías y en las técnicas de participación y vigilancia de la gestión
pública con consideración de los recursos que para el efecto destine la Contraloría General de la República y si es el caso, a través de programas conjuntos con
organizaciones públicas, privadas, nacionales o internacionales.
6.
Difundir los resultados del seguimiento al uso de los recursos estatales
destinados a la participación ciudadana y a los programas de emergencia y
desastres.
7.
Gestionar recursos internacionales para la formación y la participación
ciudadana en el apoyo a la vigilancia fiscal en coordinación con las
dependencias competentes en el tema de cooperación internacional.
8.
Promover espacios de deliberación pública alrededor de las experiencias de
participación ciudadana en el control fiscal y difundir las experiencias
exitosas desarrolladas en el país.
9. Las demás que le asigne la ley.
[45]
ARTICULO 59. DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCALES.
Son funciones de la Dirección de Investigaciones Fiscales:
1.
Diseñar, de acuerdo con el Despacho de la Contraloría Delegada a la que pertenece, los planes y programas que sobre investigaciones
fiscales deben adelantar la Dirección y los Grupos de Juicios Fiscales
Departamentales.
2.
Desarrollar planes y programas de seguimiento y evaluación a las
investigaciones adelantadas por la Dirección y los Grupos de Investigaciones.
3. Diseñar
y proyectar los convenios para la adopción de planes de investigación a ser
desarrollados con otros organismos de control del Estado que suscriba el
Contralor General de la República.
4.
Programar, dirigir y ejecutar las investigaciones fiscales que conforme a las
competencias establecidas deba desarrollar la Dirección.
5.
Coordinar, controlar y hacer seguimiento al uso de las facultades de policía
judicial por parte de los funcionarios investigadores de la Contraloría General de la República.
6. Las
demás que le asigne la ley.
[46]
ARTICULO 60. DIRECCION DE JUICIOS FISCALES.
Son funciones de la Dirección de Juicios Fiscales:
1.
Diseñar, de acuerdo con la Contraloría Delegada a la que pertenece, los planes y programas sobre juicios fiscales que deben adelantar la Dirección y los Grupos de Juicios Fiscales Departamentales.
2.
Desarrollar planes y programas de seguimiento a los procesos de responsabilidad
fiscal que adelanten la misma dirección y los Grupos de Juicios Fiscales
Departamentales.
3.
Adelantar, conforme a las competencias que se establezcan, los juicios fiscales
en primera instancia.
4.
Adelantar la segunda instancia de los juicios fiscales que desarrollen los
grupos de Juicios Fiscales Departamentales.
5. Remitir
a la Dirección de Jurisdicción Coactiva las providencias ejecutoriadas para dar
inicio a las acciones de cobro coactivo.
6.
Mantener actualizada una base de datos de la jurisprudencia en materia de
juicios administrativos de responsabilidad fiscal que permita unificar los
criterios al interior de la Contraloría General y coordinar su análisis con la Oficina Jurídica de la Contraloría General.
7. Evaluar
periódicamente las causas que originen fallos judiciales adversos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa para tomar los correctivos necesarios.
8. Las demás que le asigne la ley.
[47]
ARTICULO 61. DIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA.
Son funciones de la Dirección de Jurisdicción Coactiva:
1. Diseñar
los planes y programas que sobre cobro coactivo deban desarrollar la Dirección y los Grupos de Jurisdicción Coactiva Departamentales.
2.
Adelantar los procesos de cobro coactivo.
3.
Elaborar las listas de auxiliares de la justicia que puedan intervenir en los
procesos de jurisdicción coactiva adelantados por la Contraloría General de la República.
4. Conocer
en segunda instancia de los procesos de jurisdicción coactiva que conozcan los
Grupos de Jurisdicción Coactiva del nivel desconcentrado.
5. Las
demás que le asigne la ley.
[48]
ARTICULO 63. DIRECCION DE ESTUDIOS MACROECONOMICOS.
Son funciones de la Dirección de Estudios Macroeconómicos:
1.
Participar en la elaboración de la certificación sobre la situación de las
finanzas públicas.
2.
Participar en la elaboración de los informes mensuales y anuales sobre
presupuesto de la Nación y del sector público que le corresponden a la Contraloría General de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes, y en aquellos que determine el Contralor General o el Vicecontralor.
3.
Realizar estudios sobre el impacto macroeconómico y regional de las finanzas
públicas.
4. Evaluar
la coyuntura fiscal, monetaria y cambiaria y sus interacciones.
5. Evaluar
el efecto de la acción del Estado sobre la distribución del ingreso, la
asignación eficiente de los recursos, el crecimiento económico, el desarrollo
sostenible y la estabilidad.
6.
Efectuar el análisis sobre el comportamiento mensual de los ingresos y los
gastos del Gobierno Central y de manera trimestral los gastos e ingresos del
sector público consolidado.
7.
Analizar y medir el impacto de la política fiscal sobre las variables
económicas.
8.
Participar en la evaluación del impacto de la política fiscal en las economías
nacional y territorial.
9.
Analizar y evaluar la política económica en el contexto del Plan Nacional de
Desarrollo y de los Proyectos de Presupuesto Anual.
10.
Asesorar en los asuntos de su competencia al Contralor General y al
Vicecontralor.
11. Las demás que le asigne la ley.
[49]
ARTICULO 64. DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS
FISCALES. Son funciones de la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales las siguientes:
1.
Coordinar y desarrollar la contabilidad de la ejecución del Presupuesto General
de la Nación.
2.
Elaborar informes mensuales sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación.
3.
Elaborar la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.
4. Dirigir
la proyección de los certificados de registro de la deuda pública para la firma
del Contralor.
5.
Elaborar informes anuales y mensuales sobre la deuda pública.
6.
Participar en la elaboración del informe financiero, mensual y definitivo
relacionado con las finanzas públicas nacionales.
7.
Asesorar al Contralor General, en temas relacionados con la ejecución
presupuestal, la deuda pública y la cuenta del Tesoro.
8.
Programar, coordinar, dirigir y asignar los trabajos de auditoría al balance
general, al balance de la hacienda, al balance del tesoro y a los demás estados
financieros preparados por la Contaduría General y a las demás dependencias competentes.
9.
Elaborar con destino a la firma del Contralor General de la República, el informe de auditoría con dictamen u opinión sobre la razonabilidad de las
cifras que presentan los estados financieros preparados por el Contador General
y custodiar el archivo permanente de los papeles de trabajo que soportan el
informe y el dictamen.
10.
Designar para aprobación del Contralor Delegado de Economía y Finanzas Públicas
las comisiones que deben practicar auditoría a los responsables de la
información financiera y a los registros de ejecución presupuestaria en los
diferentes organismos y entidades ejecutoras del presupuesto nacional.
11.
Practicar la auditoría a las reservas presupuestales y a los certificados de
disponibilidad de los excedentes de rentas que van a servir de base para la
apertura de créditos adicionales al Presupuesto Nacional.
12.
Coordinar, proyectar, dirigir, diseñar y asignar los trabajos y estudios para
la elaboración y compilación de la Estadística Fiscal del Estado y su publicación y las técnicas y metodologías para el cálculo
de las diferentes clases de déficit o superávit del sector público consolidado
como elemento básico de la certificación de las finanzas públicas.
13.
Coordinar con las demás dependencias de la Contraloría General de la República el flujo de las diferentes estadísticas a fin de
constituirse en el banco de datos fiscales de la Contraloría General de la República.
14.
Asesorar, en calidad de banco de datos fiscales de la Contraloría General de la República, en el uso de su información y de sus estadísticas a la
persona que lo requiera.
15.
Coordinar el estudio sobre el cálculo del porcentaje promedio ponderado de la
remuneración de los servidores de la administración central que sirva de base
para determinar el reajuste anual de los miembros del Congreso.
16.
Asesorar al Contralor General de la República y al Vicecontralor en materia de estadística fiscal.
17. Las demás que le asigne la ley.
[50]
ARTICULO 66. DIRECCION DE RECURSOS FISICOS.
Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos:
1.
Diseñar, controlar y garantizar la ejecución de planes, programas y
procedimientos para la adquisición, contratación, almacenamiento, suministro,
registro, control y seguro de bienes y servicios de la Contraloría General de la República.
2.
Programar y hacer cumplir las labores encaminadas a seleccionar y suministrar
los elementos de consumo y devolutivos necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Contraloría General de la República.
3. Dirigir
y organizar las funciones correspondientes al almacén.
4.
Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Contraloría General de la República.
5. Manejar
y llevar el control de los inventarios y de los seguros de los bienes de la Contraloría General de la República.
6.
Realizar el estudio de las necesidades institucionales de elementos de consumo
y de equipos para las distintas dependencias de la Contraloría General de la República y elaborar el programa anual de compras bajo la
orientación del Gerente de Gestión Administrativa y Financiera.
7. Proveer
oportunamente a las distintas dependencias de la administración de la Contraloría General de la República, tanto en el ámbito nacional como departamental, con el
uso y la programación razonable, los equipos y los demás elementos de consumo
indispensables para su adecuado funcionamiento.
8.
Efectuar los estudios y trámites necesarios que permitan descargar
periódicamente de los inventarios los elementos innecesarios.
9.
Coordinar la administración, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de
los edificios sedes de la Contraloría General de la República.
10.
Coordinar la organización y prestación de los servicios de conmutador,
vigilancia, electricidad, aseo y de los demás servicios concernientes al
mantenimiento, conservación y seguridad de los edificios sedes de la
administración de la Contraloría General de la República.
11.
Garantizar la adecuada administración del registro de proveedores de la entidad
de acuerdo con las normas vigentes.
12. Las demás que le asigne la ley.
[51]
ARTICULO 67. DIRECCION FINANCIERA. Son
funciones de la Dirección Financiera:
1.
Coordinar la administración y desarrollo de políticas, planes y programas para
la provisión, utilización y control adecuado de los recursos financieros de la Contraloría General de la República.
2.
Coordinar la administración y el desarrollo de las actividades presupuestales,
contables y de tesorería de la Contraloría General de la República.
3.
Coordinar el seguimiento, evaluación y control de las actividades
presupuestales, contables y de tesorería de la Contraloría Ge neral de la República.
4. Dirigir
en forma inmediata, en coordinación con la Oficina de Planeación, el Despacho del Gerente de Gestión Administrativa y Financiera y las Gerencias
Departamentales, la elaboración del proyecto de presupuesto de la Contraloría General de la República.
5.
Coordinar los procesos de ejecución presupuestal y financiera de la Contraloría General de la República.
6.
Coordinar, dirigir y controlar la aplicación de normas y evaluar los
procedimientos de orden contable, presupuestal, de tesorería y en general del
sistema financiero adoptado para la Contraloría General de la República.
7.
Coordinar y dirigir las certificaciones sobre la disponibilidad y reserva
presupuestal necesarias para la adecuada ejecución del presupuesto de la Contraloría General de la República.
8.
Coordinar, vigilar y controlar los movimientos de las apropiaciones y en
general todos los gastos relacionados con la ejecución presupuestal de la Contraloría General de la República.
9.
Coordinar, vigilar y controlar el procedimiento de provisión de cesantías de
los funcionarios de la Contraloría General de la República, recursos que serán administrados financieramente para la respectiva vigencia por
el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
10.
Elaborar y presentar los estados financieros de la Contraloría General de la República.
11. Las demás que le asigne la ley.
[52]
ARTICULO 68. DIRECCION DE IMPRENTA, ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA. Son funciones de la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia:
1.
Mantener actualizado el sistema de archivo de la Contraloría General de la República.
2.
Organizar el sistema de correspondencia, en coordinación con la Secretaría Privada para lo que tiene que ver con la correspondencia dirigida al Contralor
General.
3. Expedir
y autenticar las copias de documentos que reposen en el archivo de la Contraloría General de la República cuando éstos hayan cumplido su trámite definitivo o
cuando cesen de hacer parte de procesos surtidos por las dependencias
competentes para ello y en todo caso con sujeción al reglamento que para el
efecto se adopte.
4. Llevar
el archivo general de los contratos celebrados por la Contraloría General de la República.
5. Remitir
oportunamente los actos administrativos de contenido general a las diferentes
dependencias de la Contraloría General de la República y solicitar su publicación en el Diario Oficial.
6.
Administrar y dirigir las operaciones relativas al eficiente funcionamiento de la Imprenta de la Contraloría General de la República.
7. Las demás que le asigne la ley.
[53]
ARTICULO 70. DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO
HUMANO. Son funciones de la Dirección de Gestión del Talento Humano:
1.
Proponer las políticas, planes y programas para la utilización y el control
adecuado de los recursos humanos de la Contraloría General de la República y programar su aplicación.
2.
Orientar la aplicación de las normas a que debe sujetarse la administración de
personal, la elaboración de las nóminas y la liquidación de las prestaciones
sociales y disponer lo requerido para implementar estos procesos.
3. Dirigir
en forma inmediata la actualización y conservación de los registros del
personal que labora en la Contraloría General de la República.
4. Atender
los requerimientos de las diferentes autoridades sobre aspectos de personal en
coordinación con la Dirección de Carrera Administrativa y la Oficina Jurídica.
5.
Orientar la organización del sistema de atención a los riesgos profesionales y
la salud ocupacional de conformidad con las disposiciones legales y las
técnicas aconsejables.
6.
Proyectar las resoluciones relacionadas con las novedades de personal.
7.
Coordinar el diligenciamiento de la posesión de los empleados de la Contraloría General de la República.
8.
Implantar y mantener un sistema de información veraz, confiable y oportuno
sobre las estadísticas y situaciones administrativas del personal.
9.
Realizar en coordinación con las distintas dependencias, los perfiles
ocupacionales exigidos para los cargos de carrera administrativa y para los
demás empleos y el análisis de puestos y cargas de trabajo.
10.
Diseñar y aplicar los programas de inducción y reinducción de quienes se
vinculen a la Contraloría General de la República.
11.
Diseñar y hacerle seguimiento, en coordinación con las dependencias
competentes, a los programas de entrenamiento en el cargo de los funcionarios
de la Contraloría General de la República con ocasión de su ingreso, promoción
y traslado.
12. Las demás que le asigne la ley.
[54]
ARTICULO 71. DIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
Son funciones de la Dirección de Carrera Administrativa:
1. Diseñar
los sistemas de selección y promoción del personal vinculado a la carrera
administrativa.
2. Diseñar
los sistemas de evaluación del desempeño, coordinación, supervisión y ejecución
de acuerdo con la ley.
3.
Organizar y dirigir en forma inmediata el diseño de pruebas para el proceso de
selección, supervisar la contratación de los entes autorizados al efecto y
ejercer la interventoría que corresponda.
4.
Prestarle el soporte técnico al Consejo Superior de Carrera Administrativa.
5.
Sustanciar y tramitar las peticiones, las solicitudes, las reclamaciones y los
demás aspectos relacionados con los asuntos de los que deberá conocer el
Consejo Superior de Carrera Administrativa.
6.
Proyectar, con la investigación de los hechos y la fundamentación jurídica
necesaria, los actos administrativos que adopte el máximo órgano de
administración de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República y someterlos a su consideración.
7.
Garantizar el funcionamiento de la carrera administrativa ejerciendo las
funciones que se requieran y que no estén asignadas a otras dependencias o
autoridades.
8. Llevar
la iniciativa en el estudio, análisis y discusión de la jurisprudencia,
doctrina y necesidades de adecuación de la carrera administrativa.
9. Llevar
el registro público de personal de carrera administrativa y certificar las
anotaciones en el mismo cuando ello fuere necesario.
10. Las demás que le asigne la ley.