T-450-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-450/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DISCIPLINARIO-Caso en el que
se impone sanción disciplinaria a un juez por declarar ilegal el procedimiento
de captura de unas personas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
FUNCION JUDICIAL-Naturaleza/FUNCION JUDICIAL-Independencia y autonomía de quienes
la cumplen
Se puede
afirmar que la autonomía e independencia judicial comporta tres atributos
básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya
connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la
posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto
internas como externas; ii) Un segundo atributo que
lo erige en presupuesto y condición del principio
de separación de poderes, del derecho al debido proceso y de la materialización
del derecho de acceso, a la administración de justicia de la ciudadanía; y,
finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio
estructural de la Carta Política de 1991
CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE FUNCIONARIOS JUDICIALES-Alcance/RESPETO A LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL
JUEZ-Garantía
Esta Corte
ha afianzado una dogmática con alcance general que se mantiene inmutable en la
jurisprudencia y que tiene que ver con el hecho de que, en materia de autonomía
e independencia judicial, los jueces no son susceptibles de control
disciplinario por las opciones hermenéuticas que asuman en el marco de su
ámbito funcional, regla que aunque no es absoluta, sí propugna por un máximo de
protección a la autonomía y un mínimo de injerencia disciplinaria en materia
interpretativa. Esto último, implica que la falta disciplinaria solo puede
originarse por incumplimiento de deberes legales o constitucionales
incompatibles con los principios de la administración de justicia
CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE FUNCIONARIOS JUDICIALES-Extensión al ámbito funcional de manera excepcional
cuando hay desviación en el ejercicio de la función pública
Los operadores
jurídicos se encuentran sometidos a control disciplinario, sin que esa relación
especial de sujeción pueda extenderse a su ámbito funcional, es
decir, al contenido de las decisiones y providencias que profieran en ejercicio
de sus atribuciones. Esta regla general, sin embargo, admite una posibilidad
excepcional de control disciplinario: la existencia de escenarios de auténtica
desviación en el ejercicio de la función pública
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Características
JUEZ DE
CONTROL DE GARANTIAS-Funciones legales y
constitucionales
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Características de la diligencia de legalización de la
captura
La diligencia
de legalización de la captura tiene como único objetivo que el juez de
control de garantías analice la legalidad, constitucionalidad y correcta
ejecución del procedimiento a través del cual se dispone la privación de la
libertad que i) ha sido ordenada previamente por un juez -cuando la
autoridad judicial competente ejecuta una orden de captura; ii) fue
realizada de manera excepcional por parte de la Fiscalía General de la Nación;
u iii) obedeció a una situación de flagrancia en la que se encontró
al capturado
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Funciones frente a la diligencia de legalización de
captura en flagrancia
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Rol funcional
El juez de
control de garantías es, en realidad, un juez constitucional
por excelencia, en el entendido de que su rol funcional no se circunscribe
meramente a una interpretación exegética de las normas sustantivas y adjetivas
del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, sino que su actividad
está sometida a la amplitud que definen los principios y normas contenidas
en la propia Carta Política, lo que supone, prima
facie, un margen de interpretación mucho más extenso que el que puede esperarse
del juez penal   de conocimiento
FALTA DISCIPLINARIA DE FUNCIONARIO JUDICIAL-Naturaleza
La falta
disciplinaria solo se origina por incumplimiento de los deberes legales o
constitucionales incompatibles con los principios de la administración de
justicia. Infracción que debe causar un daño, conforme al principio de antijuridicidad,
y ser culposa o dolosa. Por esa razón, aunque   el título de
imputación por culpa es más flexible en el derecho disciplinario que en el
derecho penal -por la vinculación del funcionario al ejercicio de funciones
previamente definidas en la ley-, también es un mandato constitucional la
proscripción de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Procedencia por defecto sustantivo,
por cuanto se desconoció que decisión de juez estaba dentro de la autonomía e
independencia judicial
Referencia:
Expediente T-6.388.862
Demandante:
Baldomero Ramón Rojas
Demandados:
Consejo Seccional de la Judicatura            de
Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86       y 241 Num. 9º de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- que, a su turno,
revocó el dictado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, a propósito del recurso de amparo constitucional
formulado    por Baldomero Ramón Rojas contra las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del
Consejo Superior de la Judicatura.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Según se ilustra en la demanda, el 15 de noviembre de
2016, el señor Baldomero Ramón Rojas, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia,        a la autonomía e independencia judicial, a la defensa y a la
igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados por las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del
Consejo Superior         de la Judicatura, al haberle impuesto, en el marco de
un proceso disciplinario adelantado en su contra como Juez Veinte Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, sanción de
destitución del cargo            e inhabilidad general para el ejercicio de
funciones públicas por el término de 10 años, producto de su decisión de
declarar ilegal el procedimiento de captura de tres ciudadanos, al no encontrarlo
ajustado a las hipótesis normativas consagradas en el artículo 301 de la Ley
906 de 2004 que regulan la situación de flagrancia.
Los hechos y consideraciones que respaldan dicha
solicitud, son los que seguidamente se exponen:
2.      Hechos relevantes[1]
2.1. El 21 de junio de 2011, personal adscrito a la
Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga,
en cumplimiento de orden judicial emitida por la Fiscalía Quinta de la Unidad
de Estructura y Apoyo de la misma ciudad, se sirvió practicar diligencias de registro
y allanamiento a 37 locales ubicados en el Centro Comercial “San
Bazar”, toda vez que en ellos venía reproduciéndose y comercializándose
fonogramas, videogramas y obras cinematográficas no originales[2].
Entre los pormenores de ese operativo, además de haberse incautado un número
considerable               de discos compactos[3],
se dispuso la captura en flagrancia de tres personas    que, al parecer, vendían,
exhibían u ofrecían tales reproducciones[4].
2.2. Recibidos los correspondientes informes de policía
judicial dentro de las 24 horas siguientes, la Fiscalía Quinta de la Unidad de
Estructura y Apoyo     de Bucaramanga solicitó poner a disposición del Juez de
Control de Garantías tanto los objetos recolectados como a los propios detenidos
bajo el Código Único de Investigación No. 68001-6000-159-2010-02747[5],
correspondiendo  tal cometido al Juzgado Veinte Penal Municipal de Bucaramanga,
a cargo en ese entonces del señor Baldomero Ramón Rojas[6].
2.2.1. Así pues, en audiencia preliminar llevada a
cabo el 22 de junio de 2011,    dicho funcionario judicial, luego de valorar
cada pieza probatoria y evidencia física aportada en contraste con la
argumentación expuesta por las partes e intervinientes, resolvió impartir legalidad
formal y material a las diligencias  de registro y allanamiento que
terminaron con el reseñado decomiso de los dispositivos falseados[7].
No así frente a las aprehensiones efectuadas, por cuanto advirtió que ninguno de
los supuestos fácticos relacionados se adecuaba           a las causales de
flagrancia descritas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”[8].
2.2.2. En efecto, apenas culminó la audiencia de legalidad respecto de las
diligencias de registro y allanamiento, el Juez Veinte Penal Municipal             de
Bucaramanga dio paso a la revisión del procedimiento de captura de las tres
personas que se hallaban en el Centro Comercial “San Bazar”. En ese
orden,  la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga
empezó por exponer que en el caso del primer indiciado, “este
se encontró cerrando uno de los locales con discos compactos de distintos
géneros y títulos sin autorización legal y luego intentó huir siendo detenido
por atribuírsele     la venta y exhibición de dicho material”. En relación
con el segundo, indicó que “estaba en otro de los locales
tratando de vender material similar a un sujeto”, ajustándose su conducta a
los numerales 1º y 3º del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, al tenor de los
cuales la persona es sorprendida cometiendo  el delito y capturada con objetos,
instrumentos o huellas que sugieran           que momentos antes, o bien lo ejecutó
o bien tuvo incidencia en aquel. Entre tanto, por lo que hace a la tercera
persona capturada, señaló que “se trataba de una empleada de uno de
los locales que atendía y vendía los objetos        que fueron incautados”,
imputándosele también haber sido hallada con material que daba cuenta de su intervención
directa o indirecta en la conducta delictiva[9].
2.2.3. De esta suerte, tomando en consideración el
hecho de que la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de
Bucaramanga les atribuyó          a los indiciados la comisión del punible
denominado defraudación a los derechos patrimoniales de autor[10],
tipificado en el artículo 271 del Código Penal bajo verbos rectores como vender,
ofrecer y exhibir, el Juez Veinte Penal Municipal de Bucaramanga llegó a la
conclusión según la cual no bastaba con la simple descripción de las
circunstancias en que se produjeron las capturas            dentro del informe de
la autoridad policiva para que se configurase la situación de flagrancia, dado que
también era necesario, y aún con mayor razón             en vigencia del
sistema penal oral acusatorio, acreditar la responsabilidad en la producción del
delito[11].
2.2.4. Por ende, tras
desarrollar una breve exposición sobre algunas especificidades procesales
vinculadas con la situación de flagrancia prevista   en el artículo 301 de la
Ley 906 de 2004 y enfatizar en el deber que             tiene la Fiscalía
General de la Nación de comprobar realmente la autoría o participación de
quienes aprehende en un determinado comportamiento delictuoso, el Juez Veinte
Penal Municipal de Bucaramanga adoptó                las siguientes
determinaciones: Frente al indiciado que se encontró tratando de cerrar
un local y fue capturado mientras huía del centro comercial          no
observó que se haya estructurado ningún verbo rector aducido por la Fiscalía. A
su modo de ver, “tal vez, como vio que todos los locales se estaban cerrando
o allanando, le pareció fácil ir a cerrar el que tenía a su cargo, sin que en
la diligencia propiamente dicha le hubiesen encontrado vendiendo, ofreciendo o
exhibiendo discos compactos”. Por manera que el numeral 3º del artículo 301
ya citado no encaja en la descripción fáctica relatada, ya que si bien es
cierto que alguien falsificó los discos, no por ello podía suponerse que había
sido el acusado y, mucho menos, en situación de flagrancia para poderlo
capturar. De otra parte, en cuanto toca con el indiciado que estaba
tratando   de vender material a otro sujeto, recalcó que “en el
informe no existía constancia alguna o declaración que respaldara lo sucedido,
con lo cual        ni la compra ni la venta lograban darse por acreditadas”,
subrayando, además, que el funcionario de policía judicial dejó escapar toda la
evidencia, comoquiera “que no hizo entrevista o interrogatorio ni adelantó ningún
otro mecanismo previsto en el ordenamiento procesal penal para obtener certeza
respecto de la comisión de un delito, como es el caso del seguimiento de
personas o la utilización de agentes encubiertos”. Incluso, en su concepto,
de ningún modo cabría inferirse que momentos antes perpetró el ilícito, pues
aunque emerge evidencia de sobra para afirmar que en los locales del referido
centro comercial se distribuye clandestinamente material fonográfico,
videográfico y cinematográfico, “esa información no estructura, por sí
misma, la flagrancia en su actuar, constituyéndose otra falencia en el
ejercicio de acreditación”. Finalmente, en relación con la empleada
de uno de los locales, el juez expuso que en el informe de policía tan
solo se había dejado constancia por escrito de que mantenía en su poder más de
2000 discos compactos y      que los comercializaba de forma ilegal “sin ningún
tipo de acreditación,         en la medida en que no aparecía información sobre
quién estaba comprando, ni entrevistas ni otros formatos en los que aparezca
debidamente fundado que los haya reproducido o falsificado, vendido, ofrecido o
exhibido, por lo que no quedaba otro camino jurídico que decretar la ilegalidad
de la captura”[12].
2.2.5. En razón de todo lo anterior, no sin antes
anunciar la procedencia de los recursos ordinarios estipulados en el artículo
176 del Código de Procedimiento Penal[13],
optó por declarar la ilegalidad del procedimiento de captura              de
los sujetos aprehendidos y, consecuencialmente, ordenó el restablecimiento
inmediato de su derecho a la libertad. Decisión que no fue recurrida en
estrados por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de
Bucaramanga    ni por el Ministerio Público, quedando, a la postre, en firme[14].
2.3. El 4 de agosto de 2011, el Jefe del Área de
Delitos contra el Patrimonio Económico de la Policía Nacional y de la
Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- envió al Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura una recopilación de informes preliminares
remitidos por los diferentes jefes    de las seccionales de investigación
criminal a nivel nacional, en los que se da cuenta de algunas presuntas irregularidades
cometidas por parte de funcionarios adscritos a la Rama Judicial[15].
Entre las novedades destacadas en la matriz de
información aparece enlistado el caso del juez de control de garantías Baldomero
Ramón Rojas por haber “decretado ilegal las capturas y ordenado la entrega
inmediata de los elementos incautados, aduciendo que a los artistas (autores)
no les interesaba si en el centro comercial objeto de la diligencia
comercializaban este tipo de material”[16].
2.4. Tramitada la queja de oficio ante el Consejo
Seccional de la Judicatura    de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-[17],
mediante Auto del 31 de octubre de 2011 se avocó conocimiento del asunto,
notificándosele personalmente del inicio de la etapa de indagación preliminar
al funcionario investigado con la advertencia de los derechos y facultades que
le asistían al tenor de los artículos 90 y 92 de la Ley 734 de 2002 “por la
cual se expide      el Código Disciplinario Único”[18].
2.5. Con posterioridad, esto es, el 19 de diciembre de
2013, dicha autoridad judicial resolvió abrir investigación disciplinaria en
contra del señor Baldomero Ramón Rojas, en su condición de Juez Veinte Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, al evidenciar
de manera objetiva      la presunta comisión de una falta a raíz de la decisión
que adoptó en audiencia preliminar el 22 de junio de 2011, consistente en declarar
la ilegalidad de las capturas realizadas por no haberse configurado la situación
de flagrancia          a la luz de los presupuestos del artículo 301 de la Ley
906 de 2004, “cuando del audio se desprende lo contrario”[19].
2.6. Una vez cerrada formalmente la investigación el
17 de febrero de 2014[20],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, en Sala de Decisión Trial[21],
procedió a través de Auto del 8 de octubre de 2014[22]
a formular pliego de cargos en contra del investigado           por infracción
al deber contemplado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[23],
en concordancia con la falta disciplinaria gravísima según        lo dispuesto en
el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002[24],
por incursión en el delito consagrado en el artículo 413 del Código Penal[25]
e infracción a lo establecido en el artículo 301, numerales 1º y 3º del Código
de Procedimiento Penal, cometida a título de dolo, lo que es constitutivo de
falta disciplinaria al tenor del artículo 196 de la Ley 734 de 2002[26].
Para justificar la anterior decisión, la autoridad
disciplinaria reparó puntualmente en la circunstancia de que el disco compacto
de audio de la audiencia preliminar celebrada el 22 de junio de 2011
demostraba, en realidad, que el funcionario judicial investigado había
declarado ilegal el procedimiento de captura por ausencia de situación de
flagrancia, bajo la premisa de que “se desconocían los derechos de autor que
se estaban protegiendo” y que “era vox populi que en dichos
establecimientos se distribuía este tipo de material, aunado a que estos 3
detenidos eran personas de bien que estaban desarrollando una actividad lícita
como era la comercialización de un producto y que esa era su forma de vida,
explicando la piratería como           un problema al que la sociedad se
acomodó culturalmente y que las autoridades no han podido controlar, no
teniendo por qué el derecho penal abordar esta clase de comportamientos y
resquebrajar la libertad de locomoción de las personas dedicadas a este oficio”[27].
Es así como del recuento procesal descrito dedujo que la
orden de libertad    que condujo a la excarcelación de los implicados resultaba
abiertamente ilegal, habida cuenta de que la causal de flagrancia que se
cumplía en el asunto analizado era la comprendida en el numeral 3º del artículo
301 del Código de Procedimiento Penal, visto que “fueron capturados con
objetos e instrumentos de los cuales aparecía fundadamente que momentos antes habían
incurrido, por lo menos, en violación a los derechos morales y patrimoniales de
autor, contenidos en los artículos 270 y 271 del Código Penal, al dedicarse a
la reproducción y comercialización indebida de los mismos”[28].
De ahí que, a su juicio, la conducta del disciplinado coincida
con el elemento objetivo del tipo “prevaricato por acción”, toda vez que,
dada su calidad de servidor público y en ejercicio de sus funciones
constitucionales, profirió resolución -orden de libertad-
manifiestamente contraria a la ley[29].
2.7. Vencido el término de traslado para la
presentación de alegatos de conclusión[30]
y recaudadas algunas pruebas testimoniales y documentales[31],
el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
en sentencia de primera instancia del 10 de marzo de 2016, resolvió sancionar a
Baldomero Ramón Rojas, en su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Bucaramanga,     por haber incurrido en la
infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de
1996, constitutivo a su vez de falta disciplinaria gravísima al tenor de lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, dada la incursión
en el delito consagrado en el artículo 413        del Código Penal e infracción
a lo estipulado en el artículo 301, numerales 1º   y 3º del Código de
Procedimiento Penal, cometida a título doloso, con “DESTITUCIÓN E
INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS”[32].
A tal determinación arribó luego de colegir que, de la
simple lectura del informe que suscitó la puesta en marcha de la presente actuación,
lograba apreciarse que el comportamiento del funcionario judicial “traspasó
el límite de lo meramente objetivo para acceder a los terrenos de la
culpabilidad disciplinaria”, en atención a que los aprehendidos sí se
encontraban en situación de flagrancia, tal y como viene expresado desde el
Auto de Apertura de Investigación Formal, “sin que tal consideración haya
variado hasta el momento, por lo que no hay duda acerca de que la orden de
libertad dictada sobrevenía absolutamente ilegal”[33].
De cualquier forma, en concepto de la colegiatura, los
medios de prueba aportados no brindan mayores elementos de juicio exculpativos
en favor del dicho del disciplinado, por cuanto más allá de la autonomía
judicial en la que pretende escudarse, lo cierto es que, como se desprende de la
grabación          de la aludida audiencia, “la situación de flagrancia que
cobra vigencia en el asunto es la contenida en el numeral 3º del artículo 301
del C.P.P.”[34],
pues, según insiste, los capturados fueron descubiertos con gran cantidad
de mecanismos videográficos y fonográficos no originales, siendo fundado,  por
tanto, suponer que habían incurrido en las conductas censuradas en los
artículos 270 y 271 de la legislación penal sustantiva.
En ese orden de ideas, el actuar desplegado que es materia
de examen, por un lado, desde el punto de vista objetivo del tipo de
prevaricato por acción, “afectó injustificadamente la prestación del
servicio a que estaba obligado     el funcionario, al haber expedido la orden
de libertad en detrimento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153
de la Ley 270 de 1996”[35]
y, por otro lado, teniendo en cuenta el componente subjetivo de la conducta que
se le endilga, es doloso, ya que “era con base en las pesquisas que se daban
cuenta en los informes de policía judicial que tenía que elaborar el juicio de
valor sobre la legalidad de la captura”[36],
sin que ello implicara entrar a valorar aquellos como evidencia de la
responsabilidad penal de las personas implicadas o aconsejar su respaldo con
otros medios de acreditación para otorgarles plena validez, “desbordándose
su competencia al efectuar un análisis de tipicidad    y antijuridicidad propio
del juez de conocimiento”[37].
2.8. El fallo esbozado en precedencia fue recurrido oportunamente
por el señor Baldomero Ramón Rojas, sobre la base de conjeturar que la falta
disciplinaria atribuida se cimentó en la conducta punible de prevaricato por
acción, cuya expresión dolosa no fue debidamente acreditada en el proceso, en
la medida   en que se inobservó el criterio doctrinal y jurisprudencial en
vigor que apunta a “la emisión consciente y voluntaria de una providencia
ostensiblemente contraria a la ley con el propósito de realizar, permitir o
facilitar un acto de corrupción”[38].
Pero no siendo suficiente con ello, arguyó que la
Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga no solo no
interpuso ningún recurso contra su decisión de declarar ilegal el procedimiento
de captura, sino           que retiró la solicitud para que se celebrase la
audiencia de formulación de la imputación e imposición de la medida de
aseguramiento por carecer                de las pruebas indispensables que
permitieran la vinculación procesal de los indiciados, llevando, en estrados, a
que se dispusiera su libertad inmediata[39].
De hecho, para el apelante, el magistrado sustanciador
incurrió en una falencia de acreditación derivada de la particularidad de
que los informes de policía utilizados para llevar a cabo la audiencia de
legalización de captura no obran como respaldo justificante del procedimiento
disciplinario surtido en su contra[40].
2.9. El Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, al asumir el estudio de la apelación[41],
mediante providencia del 31 de mayo de 2016[42],
dispuso confirmar la sentencia de primera instancia tras haber reparado en que
el funcionario disciplinable, “al pronunciarse sobre la legalidad         de
la captura, emitió conceptos que no se ajustaban a la realidad de los hechos”[43],
ya que este asumió que ninguna de las causales de flagrancia previstas en el
artículo 301 del Código de Procedimiento Penal se adecuaba     al caso de los
indiciados, cuando lo cierto era que de las pruebas recaudadas se evidenciaba “la
comercialización, almacenamiento y venta de cds y dvds piratas”, lo cual
está tipificado en el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor
y derechos conexos.
Igualmente, precisó que, en materia disciplinaria,
para que se pueda calificar una falta como gravísima, de acuerdo con las voces
del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, no es necesario entrar a
comprobar si existieron actos de corrupción, “toda vez que lo que debe
realizarse objetivamente es una descripción típica consagrada en la ley como
delito sancionable a título de dolo”[44].
Esto significa, de un lado, que la tipificación de una conducta como falta
disciplinaria no exige, previamente, que haya un resultado específico dentro de
un proceso penal y, por otro lado, que la labor del juez disciplinario se
contrae a verificar en la normatividad penal si el actuar que dio lugar al
proceso aparece anunciado de manera objetiva o se halla tipificado para,       con
posterioridad, determinar si su realización fue a título de culpa o dolo.
Por lo demás, adujo que el pretexto de que los sujetos
procesales no hayan entablado ningún tipo de recurso contra la declaratoria de
ilegalidad de la captura, no es razón suficiente que justifique el proceder
irregular del juez sancionado, porque aparte de que la posibilidad de recurrir es
facultativa,        lo que en realidad se le reprocha “es no atender lo
expresamente señalado en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal
frente a la aprehensión        en flagrancia de tres personas”[45].
En tal sentido, finalizó el cuerpo colegiado
manifestando que, comoquiera que en el derecho disciplinario no resulta
imprescindible describir en forma detallada los elementos que conforman el
tipo, correspondía al Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga verificar las condiciones legales de la flagrancia
invocadas, sin entrar a efectuar valoraciones relacionadas con la licitud o no
de la supuesta actividad comercial y con la piratería como un “modo de
trabajar”[46].
Ello, sin desconocer          que quienes administran justicia están amparados
por el principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el cual,
en todo caso, no es absoluto ni tiene la virtualidad de hacerse extensivo a
juicios hermenéuticos distantes de la razonabilidad y la ponderación debida al
momento de concederle sentido a las formas jurídicas[47].
3.          Fundamentos de la acción de tutela
Contra la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, el señor Baldomero Ramón Rojas,
a través de apoderado judicial, formuló la presente acción de tutela, no ya
solamente por considerar que en ella concurren los defectos procedimental,
fáctico y sustantivo, sino también por desconocer el precedente judicial fijado
en la materia y, dicho sea de paso, vulnerar directamente la Constitución.
3.1. Defecto procedimental: Para el demandante, la estructuración de esta causal
se explica en la indebida notificación del fallo proferido en segunda
instancia dentro del proceso disciplinario surtido en su contra, puesto que       en
la parte resolutiva del mismo se comisionó dicho acto procesal al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, lo que implicaba, a primera vista, “una
delegación de funciones en virtud de la cual el Consejo Superior de la
Judicatura perdía competencia para intervenir en la realización                     de
la diligencia encargada”[48].
Empero, teniendo en cuenta que el ad-quem procedió directamente a
notificar su sentencia, sin haber revocado previamente la aludida comisión, el
actor sostiene que “se configuró un defecto procedimental absoluto violatorio
del debido proceso y del principio de publicidad de las actuaciones judiciales”[49],
agravado por la transcripción literal de la providencia de primera instancia
sin atender puntualmente             a los argumentos de la apelación[50]
y la interrupción injustificada del término de prescripción de la acción
disciplinaria[51].
De allí que su interpelación estribe en que se rehaga
el trámite de notificación personal con arreglo a la comisión decretada, previo
pronunciamiento       sobre la prescripción de la acción y la competencia de
carácter temporal para llevar a cabo tal diligencia.
3.2. Defecto fáctico: Según arguye el tutelante, la referida deficiencia
surge, básicamente, por dos motivos: el primero de ellos, hace relación a la
ausencia total de pruebas para emitir una providencia sancionatoria en su
contra y,        el segundo, tiene que ver con el hecho de no haber sido escuchado
en versión libre durante el curso del proceso disciplinario.
A propósito de la primera de las irregularidades alegadas,
subraya que            en el procedimiento que se le siguió no obraron como
elementos materiales probatorios los documentos a partir de los cuales la
Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga respaldó la solicitud
de legalización de captura de las tres personas indiciadas, en especial los
informes de policía judicial contentivos del relato de sus aprehensiones. De
hecho, agrega, lo único que se allegó a la actuación disciplinaria fue el acta                 y
la grabación de la audiencia, pero “nunca los soportes utilizados aquel día por
la Fiscalía”[52],
debido a que no fueron trasladados al proceso ni mucho menos sometidos a
contradicción para obtener certeza sobre la existencia       de la falta y de
la responsabilidad del investigado[53].
En consecuencia, no entiende cómo pudo el juez disciplinario acusar de errónea
una valoración probatoria cuando ni siquiera tuvo conocimiento del acervo original
exhibido en la audiencia de legalización de captura.
En lo atinente a la segunda irregularidad, menciona que,
aun a pesar de su calidad de investigado y, por ende, de sujeto procesal, nunca
fue llamado       en ninguna de las etapas de la actuación disciplinaria para
ser oído en versión libre, lo que, en su sentir, comporta una ostensible
infracción de su derecho fundamental a la defensa, toda vez que “se le
impidió revelar de viva voz      los motivos de su veredicto como juez de
control de garantías y absolver todas y cada una de las inquietudes vinculadas con
la figura de la flagrancia”[54].
3.3. Defecto sustantivo: La invocación de este defecto, en criterio del
accionante, obedece, en estricto sentido, a que en el proceso disciplinario
no se acreditó que su decisión de declarar la ilegalidad del procedimiento de
captura fuese arbitraria o contraria a derecho, sugiriéndose allí simplemente que
sí se encontraban acreditados los elementos que configuran la situación   de
flagrancia para terminar sancionado a título de falta disciplinaria gravísima al
haber realizado objetivamente el tipo penal de prevaricato por acción.
Sin embargo, a su modo de ver, para avalar una
conducta que esté descrita objetivamente como delito en los términos del
numeral 1º del artículo 48      del Código Disciplinario Único, debe satisfacerse
el supuesto de hecho previsto en el tipo penal de que se trate. Así, por
ejemplo, en el caso concreto tendría que cumplirse el componente normativo
referente a la manifiesta ilegalidad que exige el artículo 413 del
Código Penal, la cual solo acaece       en aquellos eventos en que la
contradicción entre lo demandado por la ley y lo resuelto sea notoria, grosera
o de tal grado ostensible que se muestre de bulto con la sola comparación de la
norma que habría de aplicarse[55].
Esto quiere decir “que aquellas providencias que admitan discusión no
encuadran necesariamente en el delito de prevaricato por acción”[56].
En resumidas cuentas, discurre el gestor del recurso
de amparo constitucional, resultaba imposible hablar de una manifiesta
ilegalidad si se reconocía         que ni la Fiscalía ni la Procuraduría
presentaron recursos contra la declaratoria de ilegalidad del procedimiento de
captura, a la vez que al interior del proceso disciplinario ningún reproche
mereció por las partes lo acontecido en la audiencia preliminar, “en donde se
efectuó un concienzudo y extenso examen de lo descrito en cada uno de los
informes y en las normas aplicables, justificándose la determinación adoptada
en la necesidad de que se acreditara la ejecución de los verbos rectores que
fueron enrostrados”[57].
Por manera   que así se originó el defecto sustantivo por indebida aplicación
de los artículos 48-1 del C.D.U. y 413 del C.P., en tanto “la sanción
disciplinaria se fundó    en la realización objetiva de una conducta típica que
jamás se presentó, pues como quedó visto, la evidente ilegalidad de la decisión
no fue demostrada y ni siquiera planteada en el fallo disciplinario de segunda
instancia”[58].
3.4. Desconocimiento del precedente judicial horizontal
fijado en la materia: Al decir
del actor, el Consejo Superior de la Judicatura inobservó sus propios precedentes
jurisprudenciales en los que ha venido asentando distintas reglas hermenéuticas
de acuerdo con las cuales, por una parte, “frente a aquellas decisiones que
afecten el derecho a la libertad debe darse plena aplicación    al principio
pro homine, de tal manera que entre dos o más posibles interpretaciones
razonables siempre se prefiera la que más garantice el cabal ejercicio de ese
derecho” [59] y, por
otra, que, en tratándose de casos en que se cuestione el alcance y sentido de
las leyes, “las providencias judiciales jamás serán objeto de reproche
disciplinario conforme con la invulnerabilidad        de la autonomía judicial
consagrada en los artículos 228 y 230 de la Carta Política”[60].
En tal escenario, aduce también como quebrantados los
derechos a la igualdad y a la confianza legítima, pues existen múltiples
pronunciamientos de esa Corporación sobre cuestiones similares en los que ha
terminado por imponer sanciones disciplinarias mucho más benignas para castigar
decisiones abiertamente ilegales adoptadas por jueces y fiscales en el trámite
de procedimientos de carácter penal[61].
3.5. Violación directa de la Constitución por
vulneración de la autonomía judicial: En este punto, el tutelante pone en evidencia que tanto la sentencia  de
primera como de segunda instancia, ambas proferidas como colofón de la
investigación disciplinaria adelantada en su contra, incurren en un vicio de
este tipo, dado que no advirtieron la autonomía funcional de que estaba
investido como operador jurídico para resolver, a partir de una interpretación
razonable del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y de la aplicación
imperativa del principio de afirmación de la libertad consagrado en el artículo
295 del mismo estatuto normativo, sobre una situación de flagrancia “que
exigía mucho más que hallarse al interior de un centro comercial en el que se
incautaron discos compactos falsificados”[62].
Y es que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional trazada en la materia, por regla general no es posible procesar
ni sancionar disciplinariamente           a jueces y Magistrados que en
ejercicio de su autonomía interpreten las normas jurídicas y adopten una
determinada postura con base en dicha labor hermenéutica. Por eso, explica que “todas
aquellas decisiones en las que so pretexto de ejercer la función disciplinaria se
cuestionen los criterios a partir de los cuales los jueces dictan sus
providencias, o el contenido de estas, violan el derecho al debido proceso de
los funcionarios involucrados y constituyen una extralimitación en el ejercicio
de la susodicha potestad disciplinaria”[63].
Inclusive, si en gracia de discusión aceptara que existen
errores en su determinación de decretar la ilegalidad del procedimiento de
captura,              el actor descifra que ello, per se, tampoco es motivo
suficiente para provocar un fallo sancionatorio desde el punto de vista
disciplinario, comoquiera que así   se invade el campo de la autonomía que le
está constitucionalmente reservado por virtud de su calidad de juez, máxime,
cuando la base decisoria del asunto concreto contó con razones justificativas
admisibles dentro del marco legal y jurisprudencial vigente[64].
4.          Pretensiones de la demanda
En orden a que se amparen las prerrogativas iusfundamentales
que estima han sido conculcadas, el actor insta al juez de tutela para que deje
sin efectos         la Sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida en segunda
instancia por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, dentro  del proceso disciplinario surtido en su contra, así
como para que se le ordene    a dicha autoridad judicial dictar una nueva
providencia en la que se sirva reconocer el ejercicio de su autonomía
funcional para interpretar normas jurídicas, de conformidad con el
precedente reiterado en la jurisprudencia constitucional[65].
5.          Pruebas que obran en el expediente
Entre las pruebas relevantes que fueron aportadas al
trámite de tutela, en su mayoría de origen
documental, vale destacar las siguientes:
- Copia
simple de la totalidad del expediente contentivo de la investigación
disciplinaria surtida de oficio en contra del señor Baldomero Ramón Rojas
radicado con el Número 68001110200020110106101 (Cuadernos Nos. 1, 2 y 3 del Expediente).
- Copia
simple de disco compacto que contiene el audio de las audiencias preliminares
de allanamiento y registro y de legalización de captura llevadas a cabo el 22
de junio de 2011 por parte del Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga   (Folio 300 del Cuaderno No. 1 del
Expediente).
6.          Oposición a la demanda de tutela
El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
-Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces-[66],
mediante proveído del 13 de diciembre de 2016[67],
admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma            a
los Magistrados integrantes de las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del
Consejo Superior         de la Judicatura, a fin de que “se pronunciaran sobre
las manifestaciones efectuadas por el accionante y aportaran las pruebas que pretendieran
hacer valer en su defensa”[68].
6.1.       Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander                             -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-
6.1.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, intervino en el trámite de la
presente demanda por intermedio del magistrado que actuó como ponente en la
sentencia de primera instancia dictada dentro del proceso disciplinario contra
el cual se deprecó la protección constitucional. Dicho servidor, en memorial
dirigido al juez de tutela de primera instancia, propuso la declaratoria de improcedencia
de la solicitud      de amparo.
6.1.2. Sostuvo, al respecto, que los razonamientos traídos
a colación por el apoderado del tutelante en su escrito demandatorio, antes que
ser indicativos  de una vía de hecho, dejan entrever su intención vana de
ocultar la realidad, esto es, “que acudió al mecanismo de protección constitucional
cinco meses    y medio después de que su prohijado se enteró del hecho
presuntamente vulnerador de derechos fundamentales a saber: el proferimiento de
la sentencia de segunda instancia que confirmó el fallo disciplinario en el que
se dispuso su destitución e inhabilidad general por el término de 10 años”[69].
6.1.3. De esa manera, concluyó que la demanda no
satisfizo el presupuesto     de inmediatez exigido por la jurisprudencia
constitucional para dar paso a un análisis de fondo en relación con el proceso
disciplinario, “del cual no cabe señalar arbitrariedad de ninguna índole y
frente al que no se arrimaron más elementos de prueba por evidente desidia y
despreocupación del actor en su defensa durante buen trecho de la actuación,
quien incluso decidió no rendir versión libre, a pesar de que se le brindaron
todas las oportunidades para ello, contrariamente a lo afirmado de manera falaz
por su apoderado”[70].
6.1.4. Finalmente, puso de manifiesto que
el disciplinado resultó destituido    de la función pública a causa de su obrar
contrario a derecho, debido a que en su calidad de juez de la república
prevaricó afirmando en una audiencia penal que en Colombia no constituía delito
la violación de derechos de autor.
6.2.       Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-
Al contestar el requerimiento judicial, el aludido
cuerpo colegiado, representado por la Magistrada que tuvo a su cargo la
sustanciación del fallo disciplinario en segunda instancia, se limitó a pedir
que se desestimara             la acción de tutela por inexistencia de
infracción alguna a derechos de raigambre fundamental, en tanto aseguró que en ese
estadio procesal se habían valorado todas las pruebas allegadas a la
investigación[71].
II.          DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1.          Primera instancia
En providencia del 19 de diciembre de
2016, el Consejo Seccional                  de la Judicatura de Santander -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces- resolvió denegar la protección
tutelar solicitada por falta               de inmediatez, habida cuenta
de que el actor no cumplió con la carga que le asistía de promover el recurso
de amparo constitucional dentro de un término razonable y prudencial, pues
acudió a dicho mecanismo después de más         de cinco meses y medio de
ejecutoriada la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-[72].
2.          Impugnación
La impugnación fue radicada oportunamente por el actor,
quien se ratificó      en todo lo apuntado en la demanda y, además, agregó, como
respuesta a la argumentación desplegada por el a-quo para desestimar la
salvaguarda            de sus prerrogativas fundamentales, que incurría en una
evidente equivocación si para evaluar el requisito de inmediatez contabilizaba los
términos a partir    de la fecha de expedición de la sentencia y no de su
efectiva notificación.
Desde esa perspectiva, adujo que el término que debía
tenerse en cuenta en el caso bajo estudio era el de la notificación del fallo,
esto es, el 17 de junio        de 2016, “por lo que para la fecha en que fue
activado el recurso de amparo tan solo habían transcurrido 4 meses y 28 días”,
siendo aquel un plazo apenas razonable si se atendía al hecho de que la Corte
Constitucional ha considerado plausible, en el ámbito de acciones de tutela
contra providencias judiciales,  que su interposición se realice en un lapso de
seis meses[73].
3.          Segunda instancia
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-[74],
mediante sentencia del 19 de julio de 2017, revocó el pronunciamiento del a-quo
para, en su lugar, declarar la improcedencia         del recurso de amparo
constitucional, no ya solamente debido a que “ningún vicio podía endilgársele
a la decisión censurada por tratar de interpretar y aplicar el ordenamiento
jurídico”, sino también porque era indiscutible que    el actor había
contado “con las garantías propias de una persona procesada   y, por lo
mismo, de tal situación no era dable concluir ni la existencia de una vía de
hecho ni la transgresión de sus derechos e intereses”, sobre todo cuando lo
que pretende es la reapertura del debate probatorio que fue debidamente zanjado
por el juez natural, “a instancias del cual la efectividad de sus derechos
fundamentales no se vio menoscabada”[75].
III.        ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Efectuado un examen general de la demanda y
verificado el hecho de que en ella el accionante alega que las sentencias
cuestionadas dentro del proceso disciplinario incurrieron en múltiples defectos
específicos de procedibilidad   de la acción de tutela contra providencias
judiciales, entre los que se destaca un defecto procedimental por
indebida notificación del fallo de segunda instancia y un defecto fáctico
producto de no haber sido escuchado en versión libre       en ninguna etapa de
la actuación disciplinaria, la Sala Tercera de Revisión,   por obra de Auto del
21 de febrero de 2018[76],
previno sobre la necesidad de solicitar que las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional    de la Judicatura de Santander y del
Consejo Superior de la Judicatura certificaran, en cuanto les correspondiera y
por el medio más expedito, las fechas en que fueron notificadas al señor
Baldomero Ramón Rojas las referidas providencias de primera y segunda instancia
dictadas en el marco del proceso disciplinario surtido en su contra cuando
fungía como Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, a raíz de  la situación acaecida en la Audiencia de Legalización de
Captura que se llevó  a cabo el 22 de junio de 2011.
2. Igualmente, la Sala encontró necesario requerir al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
merced a su calidad de juez disciplinario de primera instancia, para que precisara
si en alguna            de las fases procesales de la actuación a su cargo, anteriores
a la sentencia del 10 de marzo de 2016, el investigado fue oído o no en versión
libre, adjuntando para el efecto las pruebas documentales que estimara pertinentes[77].
3. Vencido el término probatorio, la Secretaría
General de esta Corporación, en comunicación del 2 de abril de 2018, remitió al
despacho del Magistrado Sustanciador varios oficios, entre los que cabe
resaltar el suscrito el 7 de marzo de 2018 por Juan Pablo Silva Prada,
Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, en el que dejó en claro que “la notificación del
fallo de primera instancia al disciplinado se produjo el 1º de abril de 2016,
quien presentó memorial de apelación el 6 de abril siguiente, corriéndose los
traslados de rigor y concediéndose la alzada  el 19 de abril de ese mismo año,
en plena concordancia con las disposiciones de la Ley 734 de 2002 y
garantizándosele el derecho a la doble instancia”[78].
Así mismo, el mencionado funcionario judicial
certificó que, al interior del procedimiento disciplinario objeto de censura, “el
señor Baldomero Ramón Rojas no fue escuchado en versión libre, a pesar de que
el despacho que preside fijó en dos oportunidades fecha y hora -los días 29 de
octubre              y 10 de diciembre de 2015- para materializar esa
diligencia”[79].
No obstante lo anterior, en cuanto a la primera citación, el investigado urgió
un aplazamiento y, frente a la segunda, simplemente no compareció, sin
justificación aparente[80].
Entre tanto, en sendos oficios del 28 de febrero y 15
de marzo de 2018, Julia Emma Garzón de Gómez, Magistrada del Consejo Superior
de la Judicatura      -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, se sirvió comunicar
que la providencia disciplinaria dictada en segunda instancia fue notificada al
accionante mediante edicto emplazatorio del 16 de junio de 2016, “no sin
antes haber enviado      los telegramas Nos. 20950 y 20952 el 3 de junio de ese
mismo año a su dirección de residencia”[81].
IV.        CONSIDERACIONES
1.          Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad         con lo establecido en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 13 de octubre
de 2017, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de esta
Corporación[82].
2.          Delimitación del asunto por resolver y
planteamiento del problema jurídico
2.1. Al hilo de lo revelado en el acápite de
antecedentes, se le atribuye a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura    de Santander y del Consejo Superior de la
Judicatura, la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad ante la
ley del señor Baldomero Ramón Rojas, por haberle impuesto, en el trámite de un
proceso disciplinario adelantado en su contra como Juez Veinte Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, sanción de destitución del
cargo            e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas durante
un término de 10 años, como consecuencia de su decisión de declarar ilegal el
procedimiento de captura de tres personas, por no hallarlo ajustado a las
condiciones legales que estructuran la situación de flagrancia.
2.2. Tal y como se advierte del anterior
planteamiento, la problemática de índole jurídica por resolver, en sede de
revisión, asigna a esta Sala, prima facie, el deber de pronunciarse
sobre la tensión constitucional que se produce cuando la facultad de controlar
el adecuado ejercicio de una función esencial del Estado constitucional de
derecho, como es la administración de justicia, incide   en la independencia y autonomía
funcional que la Carta Política reconoce         a los operadores jurídicos para
adoptar las decisiones que les corresponda. Bajo ese entendido, la
caracterización del rol funcional del juez de control de garantías en el
marco de la audiencia preliminar de legalización de la captura prevista en el ordenamiento
procesal penal colombiano será un elemento central de análisis que permitirá
establecer si, en la presente causa,                   el juez disciplinario
invadió los contornos de interpretación normativa y valoración probatoria
propios del juez natural o si, por el contrario, su actuar resultó proporcionado
en relación con su resorte competencial, orientado principalmente a garantizar
el cabal ejercicio de la función judicial y a sancionar cualesquiera desviación
de los mandatos que la gobiernan[83].
2.3. Con ese objetivo, entonces, habrá de repasarse i)
la doctrina de la Corte Constitucional en torno a la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, ii) la naturaleza de la
función judicial y las condiciones de independencia y autonomía dentro de las
cuales debe cumplirse, iii) las situaciones en que los jueces pueden ser
objeto de control disciplinario,            y iv) el rol funcional del
juez de control de garantías en el marco de la audiencia preliminar de
legalización de la captura prevista en el ordenamiento procesal penal colombiano,
para luego, finalmente, identificadas las sub-reglas y puestas en contraste con
los hechos materiales del caso que se revisa,            v) determinar si
se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad.
3.          Doctrina constitucional en torno a la procedencia
de la acción     de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
jurisprudencial[84]
3.1. La posibilidad de controvertir decisiones
judiciales mediante el ejercicio de la acción de tutela ha sido objeto de un
cuidadoso y esmerado proceso            de construcción jurisprudencial por
parte de esta Corporación, tanto por vía del control concreto, como a través
del control abstracto de constitucionalidad[85]. Es en tales escenarios, precisamente, donde ha
llegado a declararse que dicho recurso resulta viable para introducir el
paradigma de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y
definidos, actualizar      el derecho y nutrirlo de valores y principios propios
del Estado Social y Democrático de Derecho[86].
3.2. Sin embargo, tal panorama no es absoluto. La
propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de dejar por sentado que la
impugnación de sentencias judiciales en sede del mecanismo tutelar es, en todo caso, de alcance excepcional y
restrictivo, en la medida en que se encuentran de por medio      los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de independencia y
autonomía de los jueces, y el sometimiento general de los conflictos a las
competencias ordinarias de estos[87].
No
en vano, el artículo 86 Superior le adjudica a la acción de tutela un carácter
residual y subsidiario, lo cual revela que solo es procedente supletivamente,
esto es, cuando no existan otros medios de defensa judiciales a los que se
pueda acudir, o aun existiendo estos, se compruebe su ineficacia en relación
con el caso concreto o se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Esa
particular nota distintiva, ha dicho la Corte, permite entender, además,   que
el recurso de amparo no puede ser utilizado como un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de
los derechos, pues con aquel no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos  en
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten[88].
3.3. Y es que como suficientemente lo ha explicado esta
Corporación, los jueces, como las demás autoridades del Estado, han sido
instituidos para garantizar a todas las personas sus derechos y garantías
constitucionales,   razón que lleva a entender que sus actuaciones “constituyan
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales”[89],
sometidos al principio de legalidad, es decir, al imperio de la Constitución y
la ley. En   ese sentido, las decisiones de las autoridades judiciales son
autónomas e independientes, libres de cualquier injerencia por parte de otra
autoridad,          y se encuentran amparadas por el alcance de la cosa
juzgada, que implica      que una vez agotado el trámite procesal, las mismas
adquieran firmeza, no pudiendo ser nuevamente revisadas, generando de este modo
seguridad jurídica al ordenamiento.
Así pues, el sometimiento de la función
judicial al principio de legalidad, si bien le reconoce legitimidad a la misma
y la rodea de garantías institucionales para su desarrollo, también le impone a
sus protagonistas, los jueces, el deber de proceder razonablemente y con apego
a la Constitución y a la ley. En ese contexto, el principio de legalidad actúa
como un límite a la discrecionalidad del juez, quien en el ejercicio de sus
funciones no puede interpretar y aplicar la ley de forma arbitraria,
apartándose del ámbito del derecho, e incurriendo en actuaciones abusivas
contrarias al sistema jurídico.
3.4.
De esa manera, la procedencia excepcional y restrictiva de la acción de tutela
para debatir providencias judiciales se circunscribe a aquellos casos      en
los que logre comprobarse que la actuación del funcionario judicial fue “manifiestamente
contraria al orden jurídico, o al precedente judicial aplicable, y violatoria
de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia”[90].
Eventos que, sin duda alguna, constituyen, en realidad, una desfiguración de la
actividad judicial que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez                para
administrar justicia y que, por consiguiente, debe ser declarada desde       la
perspectiva constitucional para dar primacía al derecho sustancial y
salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados[91].
3.5.
De ahí que esta Corte se diera a la tarea de elaborar una serie de parámetros a
partir de los cuales el operador jurídico pudiera identificar aquellos
escenarios en los que la acción de tutela resultara procedente para
controvertir los posibles defectos de que puedan adolecer las decisiones
judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección
excepcional de los derechos fundamentales por vía del recurso de amparo
constitucional[92].
En efecto, partiendo de la necesidad de armonizar intereses constitucionales
tales como   la autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la
seguridad jurídica, junto con la efectiva protección de los derechos
fundamentales, logró consolidarse una doctrina en torno a los eventos y
condiciones conforme           a los cuales es procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales[93].
3.6.
Por eso, como resultado de un ejercicio de categorización sobre la materia, en
la Sentencia C-590 de 2005, la Corte distinguió entre dos tipos de requisitos,
siendo unos generales, referidos a la procedibilidad de la acción de
tutela,        y otros específicos, atinentes a la tipificación de las
situaciones que conducen  al desconocimiento de derechos fundamentales,
especialmente el derecho al debido proceso.
3.6.1.
En cuanto a los primeros, también denominados requisitos formales, debe decirse
que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilitan al juez de tutela
para entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causal
específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una decisión
judicial. En otras palabras, son condiciones sin las cuales no sería posible
abordar el estudio de fondo del fallo objeto de censura[94]. Ellas son:
“a. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante[95].
Ello significa que el asunto a debatir en sede de tutela debe trascender el
ámbito de la mera legalidad, pues el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en temas que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En cumplimiento del tal presupuesto, el juez de tutela tiene la
carga de explicar     por qué el asunto sometido a su conocimiento es
genuinamente una cuestión      de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de alguna de las partes.
b. Que previamente se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[96]. Atendiendo al carácter subsidiario y
residual que identifica la acción de tutela, es deber del actor agotar
previamente todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos. De no entenderse así, esto es, “de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,        se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento    de las funciones de esta última”. Solo en caso que se demuestre
la existencia de un perjuicio irremediable, es posible darle trámite a la
tutela, aun a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial. En
estos casos, además de tener que concurrir los elementos de la irremediabilidad
fijados por la jurisprudencia, la medida de protección que se adopte tiene un
carácter a penas transitorio,      en espera a que la autoridad competente
profiera la decisión definitiva.
c. Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez[97]. Esto es, que la tutela sea interpuesta
en un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho que
originó la vulneración. Considerando que la tutela persigue la protección inmediata
de los derechos fundamentales, es absolutamente necesario, para     que se
logre ese objetivo específico, que la misma se promueva dentro del marco de
ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos, esto es, en forma
consecutiva o próxima al suceso ilegítimo. De no ser así, de aceptar que              el
amparo constitucional pueda promoverse meses o aún años después de proferida la
decisión cuestionada, se desvirtuaría el alcance reconocido por el
Constituyente del 91 a la acción de tutela, y se sacrificarían también                  los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos. En todo caso, frente al cumplimiento de este requisito, la
jurisprudencia constitucional   ha estimado que, al momento de determinar si se presenta el fenómeno de
la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales,            es
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario; (ii) si se está en
presencia de un sujeto de especial protección o de persona que se encontraba en
una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.
d. Que tratándose de una irregularidad
procesal, la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecte los derechos fundamentales[98]. Cuando se trata de una irregularidad
procesal,         es necesario que el vicio alegado incida de tal forma en la
decisión final, que de no haberse presentado o de haberse corregido a tiempo,
habría variado sustancialmente el alcance de tal decisión. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad comporta     una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad,     la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos transgredidos y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[99]. Por oposición a la informalidad que
caracteriza la tutela, cuando está se invoca contra providencias judiciales, es
necesario que quien reclama la protección señale los derechos afectados e
identifique con cierto nivel de detalle en que consiste la violación alegada,
debiendo haber planteado el punto previamente en el respectivo proceso. Esta
exigencia es razonable, pues, sin buscar imprimirle a la tutela formalidades
que la desnaturalicen, sí se requiere que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que la tutela no se dirija contra
sentencias de tutela ni contra decisiones      de constitucionalidad abstracta
proferidas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado[100]. No es posible demandar por tutela una
sentencia de tutela, por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales,         no pueden prolongarse indefinidamente, máxime cuando
todas las sentencias proferidas en dicha sede son remitidas a la Corte y
sometidas a un riguroso proceso de selección, en virtud del cual las que no son
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas. Tampoco         es factible la procedencia de la acción de amparo contra
decisiones de constitucionalidad abstracta de la Corte o de nulidad por
inconstitucionalidad  del Consejo de Estado, pues lo contrario alteraría
ostensiblemente el diseño del control constitucional al punto de llegar a
admitirse que existe tan solo una tipología que permite a todos los jueces
pronunciarse acerca del cumplimiento  de la Constitución en casos concretos o
en casos de control abstracto”.
3.6.2. Superada la observancia de los presupuestos
antedichos, el juez         debe comprobar que se configura por lo menos uno de
los requisitos específicos de procedibilidad, o defectos materiales,
identificados jurisprudencialmente y decantados como el aspecto nuclear de los
cargos elevados contra la providencia judicial censurada o fuentes de vulneración
de derechos fundamentales. En la jurisprudencia constitucional se ha
abordado su estudio de la manera que a continuación se cita:
“a. En un defecto orgánico[101]. El
cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico
jurídicamente incompetente.
b. En un defecto procedimental absoluto[102]. Que se origina cuando el juez ha actuado
completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se
aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que
era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que
al ignorar completamente el procedimiento
determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia contraria a
derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No obstante, también
la jurisprudencia ha precisado que para configurar el defecto, el
desconocimiento del procedimiento debe atender    a los siguientes requisitos:
(ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que afecte de manera grave el
derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia directa en la
decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia    no resulte
atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se
configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja
de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde
arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si
la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se
deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real, lo cual puede ocurrir porque  el afectado tuvo oportunidad de conocer
el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una
dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando     la autoridad judicial
pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente
había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión
condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara
deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico[103]. Este surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez
de tutela por deficiencias probatorias  en el proceso, radica en que, no
obstante las amplias facultades
discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material
probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado
que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de
práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una
insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser
la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración
de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al
caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación
errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención
que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto
fáctico, la Corte ha fijado     los siguientes criterios de aplicación:
- La intervención del juez de tutela, frente al manejo
dado por el juez natural es,  y debe ser, de carácter extremadamente reducido.
El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del
material probatorio.
- Las diferencias de valoración que puedan surgir en
la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores
fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es
autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable  y legítima.
- Para que la acción de tutela pueda proceder por
error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues    el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”.
d. En un defecto sustantivo o material[104]. Se presenta cuando la decisión judicial
adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley    le
reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso
concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una
decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada,
que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a
ser una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos,
para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma
inexistente; (ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que
estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el
funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad;
(iv) o que estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible
con la materia objeto de definición judicial.
f. En error inducido o por consecuencia[105]. Tiene lugar, en los casos en que el juez
o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo
conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En
estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en
cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la
administración     de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo
irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los
derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación[106]. Se configura frente al incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación
reposa    la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las
providencias que les competen proferir.
h. En desconocimiento del precedente judicial[107]. Se
presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus
pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta
aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica
que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece   el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se
presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley,
fijado por la Corte Constitucional           con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la
Constitución[108]. La misma tiene lugar, entre otros
eventos, cuando,
amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”.
3.7. Corolario
imperativo de las consideraciones hasta aquí expuestas, es que  la acción de
tutela, como instrumento jurídico de protección de los derechos fundamentales,
a más de encontrar soporte y entidad propia directamente        en la
Constitución Política de 1991, procede de forma excepcionalísima para
controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad,
(ii) se observe que la decisión cuestionada haya incurrido en uno o
varios de los defectos o vicios específicos y, finalmente, (iii) se
determine que el defecto sea de tal magnitud que implique una amenaza o
vulneración de derechos fundamentales[109].
4.          Sobre la naturaleza de la
función judicial y las condiciones de independencia y autonomía en que debe
cumplirse. Reiteración
jurisprudencial[110]
4.1.
La singular importancia que se le atribuye a la función de administración de
justicia en un Estado de derecho, ha de explicarse, lógicamente, en la
trascendental tarea que se le ha encomendado, que no es otra que la pacífica
resolución de los conflictos que surjan en el seno de la sociedad.
4.2.
Ello, hace necesario que para quienes tienen a cargo dicha labor, esto es, los
operadores jurídicos, la Constitución Política haya adoptado un modelo   que
recubre de amplias garantías su desempeño. De ahí que uno de los ejes axiales
de la Carta Política sea precisamente el principio de autonomía e independencia,
en tanto presupuesto de la función jurisdiccional y condición esencial e
indispensable para el correcto cumplimiento de su misión.
4.3.
En efecto, la propia Constitución de 1991 prevé un amplio catálogo de preceptos
que, o reconocen expresamente la independencia en el ejercicio       de la
función jurisdiccional, o consagran modelos procesales e institucionales que
aseguran este principio. Desde su preámbulo y los primeros artículos, define la
justicia como una de las finalidades del Estado y alude a la intención de
alcanzar y asegurar la vigencia de un orden justo, que propicie la convivencia
pacífica. Más adelante, su Título VIII determina el diseño institucional de la
Rama Judicial y establece las funciones de los distintos órganos que la
integran. Dentro de este, se destacan el artículo 228,               que
prescribe que las decisiones de la administración de justicia son
independientes, y el artículo 230 de la Carta, el cual establece que “los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” Asimismo,
el ordenamiento jurídico prevé esquemas procesales y un modelo
institucional orientado a asegurar la independencia de los jueces y magistrados
tanto frente a los demás poderes del Estado como frente a las demás instancias del
Poder Judicial.
4.4.
A su turno, el artículo 5° de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la
Administración de Justicia” incluyó como uno de los principios                      de
la administración de justicia la autonomía e independencia de la Rama Judicial,
precisando, además, que en desarrollo del mismo, ningún superior jerárquico en
el orden administrativo o jurisdiccional “podrá insinuar, exigir, determinar
o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios
que deba adoptar en sus providencias”[111].
4.5.
Es pues, el principio de autonomía e independencia judicial, uno de los
elementos estructurales y definitorios del modelo diseñado por el Constituyente
de 1991. Así lo ha reconocido esta Corporación al señalar que las reformas      al
mismo no podrían suprimirlo o sustituirlo. Tal pronunciamiento tuvo lugar en la
sentencia C-288 de 2012[112],
con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 03
de 2011 y contra la Ley 1473 de 2011, que introdujeron el criterio de
sostenibilidad fiscal y, en particular,    el incidente de impacto fiscal[113].
El
referido fallo argumentó que el principio de autonomía e independencia judicial
constituía una expresión directa e inmediata del principio de separación de
poderes, principio que a su vez constituye un componente esencial del
Ordenamiento Superior. Pero también sostuvo que ambos principios son garantía
de imparcialidad, que a su vez es el fundamento de la administración de
justicia, y que en razón de ello, eran componentes esenciales del texto
constitucional: “el principio de autonomía y de independencia del poder
judicial es una de las expresiones de la separación de poderes. Se ha señalado
que este aspecto definitorio de la Constitución implica que los órganos          del
poder público deben ejercer sus funciones de manera autónoma y dentro de los
márgenes que la misma Carta Política determina (…) para el caso de los jueces,
la autonomía y la independencia se reconoce a partir del papel que desempeñan
en el Estado, esto es, garantizar los derechos de los ciudadanos y servir de
vía pacífica e institucionalizada para la resolución de controversias. Por
tanto, la separación de poderes respecto de la rama judicial se expresa     a
través del cumplimiento estricto de la cláusula contenida en el artículo 230
C.P., según la cual los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos          al
imperio de la ley (…) El segundo pilar de la administración de justicia es la
imparcialidad de los jueces (…) el propósito fundamental de la función judicial
dentro de un Estado social de Derecho, es el de impartir justicia (…) para
ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios
básicos: la independencia y la imparcialidad de los jueces (…) en conclusión, la
independencia y la autonomía son expresiones del principio de separación de
poderes. Los jueces, en cuanto ejercen función jurisdiccional, están
supeditados exclusivamente a la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y
al análisis imparcial de los hechos materia de debate judicial”.
4.6.
Ahora bien, como correlato necesario de la independencia y autonomía    de los
jueces, surge el deber de estos últimos de materializar el derecho al debido
proceso de los administrados, mediante la motivación de sus decisiones y la
garantía de que las mismas sean el resultado exclusivo de la aplicación     de
la ley al caso particular. Esto significa que la validez y la legitimidad de
las providencias judiciales está mediada, entre otras cosas, por la garantía
de que las mismas obedecen únicamente a la aplicación del derecho
positivo al caso concreto que se somete a consideración del operador, y de que,
por consiguiente, este será ajeno a cualquier interés de las partes
involucradas       en la controversia de que se trate, a las demás instancias
internas dentro de la propia organización judicial y, en general, frente a todo
sistema de poderes. Ello, sin duda alguna, deviene en una garantía vital para
la materialización      de la objetividad, neutralidad, imparcialidad y
justicia material que debe revestir las decisiones judiciales[114].
4.7.
Con todo, importa destacar que desde sus inicios, la Corte Constitucional ha adoptado
una serie de decisiones que poco a poco han ido configurando una sólida línea
jurisprudencial en torno al concepto de función judicial, en tanto vehículo de
materialización del derecho de acceso a la administración de justicia previsto
en el artículo 229 Superior. En esa medida, la jurisprudencia ha establecido
que el ejercicio de la función jurisdiccional debe estar rodeado de garantías
especiales que permitan que cumpla su fin último de canalizador      de las
situaciones conflictivas presentes en la sociedad para propiciar una
convivencia pacífica. Y no solo eso. Recuérdese que es a través de la labor de
los jueces que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
se ve realizado y ello permite elevar el reclamo de protección de los otros
derechos. Dado su carácter de derecho fundamental, esta Corporación             ha
insistido en que la protección del derecho de acceso a la administración de justicia
puede impetrarse por vía de la acción de tutela[115].
4.8.
Así pues, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues
solo de esta manera, los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos
de forma imparcial, en aplicación de la normatividad aplicable,        de suerte
que se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia
objetiva, neutral, imparcial y materialmente justa, características todas estas
que deben revestir las providencias judiciales.
4.9.
Realizadas las anteriores precisiones, se puede afirmar que la autonomía e
independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento
superior: i) Un primer atributo, cuya connotación es esencialmente
negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de aplicar el
derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un
segundo atributo que      lo erige en presupuesto y condición del principio de
separación de poderes, del derecho al debido proceso y de la materialización del
derecho de acceso,           a la administración de justicia de la ciudadanía; y,
finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural
de la Carta Política de 1991.
5.          El alcance del control disciplinario sobre los funcionarios
judiciales. Situaciones en que los jueces pueden ser objeto de control
disciplinario. Reiteración jurisprudencial[116]
5.1.
El numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política prevé como una de las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura, la de “examinar la conducta
y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial”, regla reiterada
en el artículo 75 de la ya citada Ley 270 de 1996 que, prima facie,
supone    que los funcionarios judiciales, en su calidad de servidores
públicos, son susceptibles de control disciplinario.
5.2.
De igual manera, las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, según el caso, ejercen esta función[117],
quedando exceptuados de esta regla competencial los magistrados de las altas
cortes,      en razón del fuero especial que los cobija y por virtud del cual su
eventual investigación y juzgamiento solo habría de adelantarse por parte del
Congreso de la República y por la Corte Suprema de Justicia[118].
5.3.
De otra parte, conviene señalar que no existe norma especial que contenga el
régimen disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales, por lo que,      en
principio, es el mismo que rige frente a todos los demás servidores del Estado,
esto es, el Código Disciplinario Único, actualmente contenido en la Ley
734 de 2002, cuyo Título XII se refiere de manera expresa al régimen
disciplinario de los funcionarios de la Rama Judicial.
5.4.
Siendo ello así, claro es que los operadores jurídicos se encuentran sometidos a
la referida potestad disciplinaria. Sin embargo, esa relación especial de
sujeción surgida por la atribución de la función pública, no tiene la
virtualidad de extenderse al contenido de las decisiones y providencias que
profieran en ejercicio de sus atribuciones, dentro de la probidad, transparencia,
objetividad, imparcialidad, autonomía e independencia que, tal y como ya tuvo
la oportunidad de explicarse brevemente, caracterizan la labor judicial.
5.5.
El planteamiento de esta última premisa, en todo caso, no impide reconocer que,
bajo ciertas y determinadas circunstancias, las decisiones de las autoridades
judiciales pueden antojarse arbitrarias, excesivas o irrazonables. Justamente, en
ese contexto, es que la autoridad disciplinaria puede intervenir  y adelantar
las indagaciones a que haya lugar con el fin de hacer efectivo el sistema de
control de tales servidores públicos y asegurar que la administración de
justicia se ciña a los principios de eficiencia, diligencia, celeridad y
debido proceso sin dilaciones injustificadas[119].
5.6.
Sobre este particular, la Corte Constitucional ha sostenido en su
jurisprudencia, de manera reiterada y unívoca, que
las providencias judiciales   y su contenido se sustraen, por regla general, a
la función disciplinaria, precisamente por cuenta de los recién referidos fines
y principios constitucionales. De esta suerte, el derecho disciplinario no
puede cuestionar   el proceso decisional de un funcionario judicial en cuanto
que su motivación y contenido sea exclusivamente el resultado de la
interpretación y aplicación razonable de la ley a un caso concreto.
Esta línea argumental así definida tuvo inicio en la Sentencia
C-417 de 1993[120],
en la que, a propósito de cuestionamientos que entonces se hicieron frente a la
exequibilidad de una norma disciplinaria vigente desde antes de la Constitución
de 1991, la Corte consideró que “[l]a responsabilidad
disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto
es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación              del
derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de
proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar
justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno. Si se
comprueba         la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la
competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos
constitucionales            y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la
autonomía garantizada       en los artículos 228 y 230 de la Constitución” (Negrillas
no originales).
Teniendo como principal referente el anterior derrotero, la Corte
Constitucional se ha pronunciado a través de acciones de tutela directamente relacionadas
con situaciones en las que operadores jurídicos de diferentes niveles y
especialidades han sido sancionados por la respectiva autoridad disciplinaria, en
pleno reconocimiento de la tensión que ocasiona el ejercicio del ius puniendi frente al contenido de decisiones judiciales adoptadas en el cabal
desempeño  de sus cargos. Así las cosas, ha resuelto conceder el amparo
constitucional solicitado en aquellos casos en los que la determinación
adoptada se advierte como un legítimo desarrollo de la independencia y
autonomía judicial consagrada en la Carta Política[121].
5.6.1. Una primera aproximación válida desde la cual puede
ilustrarse lo anterior se encuentra en la Sentencia T-249 de 1995[122], en donde la Sala Sexta de Revisión
dejó sin efectos una sanción disciplinaria de suspensión adoptada por la
respectiva Sala del Consejo Superior de la Judicatura contra dos magistrados de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja. Tal correctivo obedeció, en
estricto sentido, a una decisión tomada en relación con el reconocimiento de un
heredero dentro de un proceso de sucesión, a partir        de las pruebas
incorporadas al expediente.
De entrada, la referida Sala expresó que un fallo de tal índole, que
comporta    el debate sobre el ejercicio interpretativo de normas jurídicas y
la valoración probatoria, asumidas dentro del ámbito de válida autonomía que la
Constitución reconoce a los jueces, no es susceptible de sanción disciplinaria
alguna.
5.6.2. Con posterioridad, en la Sentencia T-625 de 1997[123], la Sala Quinta de Revisión abordó
el caso de una sanción de destitución impuesta a un funcionario judicial por
haber dictado algunas decisiones relacionadas          con la admisión de una
demanda y la aplicación de una medida precautelativa al interior de un proceso
de pertenencia. La parte inconforme con las providencias emitidas formuló una
queja disciplinaria, respaldada en algunas consideraciones jurídicas plasmadas
en estas.
En dicha oportunidad, la Sala en mención insistió en la postura
fundada en la precitada Sentencia C-417 de 1993 y coligió que, por tratarse de
asuntos       que debían ser definidos en desarrollo de la autonomía judicial, no
procedía ningún tipo de sanción como la aplicada por la autoridad
disciplinaria. En consecuencia, se dejó sin efectos la sentencia censurada, no
solo por haberse ignorado allí el mandato constitucional sobre la autonomía
funcional de los jueces, sino también por entender aplicables las sanciones
disciplinarias            a la tarea judicial de interpretar los alcances de la
normatividad legal que rige  la controversia sometida a su conocimiento.
5.6.3. Tal criterio fue
prácticamente reproducido por la Sala Sexta de Revisión en la Sentencia T-056 de 2004[124], a propósito de un caso en el que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
sancionó   con multa a una fiscal por haber dictado resolución de preclusión
dentro de una investigación penal, actuación que, al encontrarse ajustada al
marco del ejercicio autónomo de la autoridad judicial, no era susceptible de
ningún      tipo de cuestionamiento desde el punto de vista disciplinario. Por
eso, para dirimir la cuestión debatida, se dejó en claro que “[l]a
valoración de las pruebas no le compete al juez disciplinario sino al juez de
la causa quien, como director del proceso, es el llamado a fijar la utilidad,
pertinencia             y procedencia del material probatorio, a través de
criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento
y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana crítica. Así,
cuando el juez disciplinario realiza apreciaciones subjetivas sobre la
valoración de las pruebas, vulnera la autonomía de los jueces y fiscales”
(Negrillas no originales).
En consecuencia, al adentrarse en el
análisis del caso sometido a examen,       la Sala constató la ausencia de “protuberante
[o] evidente infracción a la Constitución y las leyes, omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones en el actuar de la
Fiscal que hiciera sometible a la jurisdicción disciplinaria sus actos
procesales, verificándose por el contrario que             su decisión es
producto de una interpretación razonable del acervo probatorio y de las normas
aplicables al caso”. En otras palabras, no hay lugar                 a que
prospere una sanción de carácter disciplinario cuando el motivo de
investigación está constituido por un cuestionamiento de la acción de las
autoridades, sobre todo cuando estas han definido previamente el derecho      en
el marco de sus competencias constitucionales y legales.
5.6.4. Idéntico parecer interpretativo mantuvo la Sala Segunda de
Revisión     en la Sentencia T-910 de 2008[125], por obra de la cual dejó sin
efectos una sanción de suspensión emitida contra una Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad, que al conocer de una solicitud de suspensión de la
pena no se percató de que esta se encontraba prescrita, hecho que se evidenció
días más tarde.
En esa ocasión, al efectuar un examen sobre las condiciones bajo
las cuales resulta procedente una sanción disciplinaria contra un juez, la Sala
advirtió   que la responsabilidad disciplinaria no podía fundarse en la simple
defraudación de expectativas que no estaban expresamente previstas en la ley,
por lo que al no existir para la servidora cuestionada una exigencia normativa
específica de declarar oficiosamente la prescripción de la pena, no cabía que
de ella se predicara una falta disciplinaria, pues su esencia radicaba en la
infracción de un deber legal.
5.6.5. Incluso, aun varios años después, la Corte ha mantenido
invariables      las pautas antes esbozadas en orden a garantizar el principio de
autonomía e independencia judicial. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-238
de 2011[126],
la Sala Sexta de Revisión avocó el conocimiento de una acción de tutela
promovida por dos magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Bogotá contra una sentencia adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se les
impuso una sanción de suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo, como
consecuencia de la actuación por aquellos
cumplida durante una audiencia      en la que resolvieron un recurso de
apelación interpuesto por un representante del Ministerio Público.
Apoyándose en el precedente jurisprudencial atrás
perfilado, la Sala terminó por subrayar, una vez más, que, en líneas generales,
no es posible procesar ni sancionar disciplinariamente a los jueces y
Magistrados que, en ejercicio        de su autonomía funcional descifren el
sentido de las normas jurídicas y adopten decisiones con base en tales
interpretaciones. De ahí que, analizados los fundamentos de la determinación
discutida, haya concluido que ella “efectivamente invade el campo constitucionalmente
reservado a la autonomía de los jueces, puesto que si bien la resolución que
dio lugar a ella pudo envolver error conceptual o imprecisión de parte de los
Magistrados que la pronunciaron, no existía en este caso una única decisión
constitucionalmente posible. Y al haberse deducido así, se lesiona entonces la
independencia que por mandato constitucional (art. 228) debe acompañar las
decisiones judiciales, lo que ciertamente resulta contrario al debido proceso
de los aquí actores”.
5.6.6. Finalmente, resulta pertinente hacer notar la Sentencia
T-120 de 2014[127],
proferida por la Sala Primera de Revisión al resolver una solicitud de amparo
constitucional entablada por una Jueza de Familia contra las decisiones
disciplinarias que la declararon responsable disciplinariamente y le impusieron
una sanción consistente en suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo, al considerarse que había incurrido en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y
conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia y en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002,
en relación con normas de derecho civil y procesal civil relativas a la
facultad para recibir, la terminación del proceso por pago y el levantamiento
de medidas cautelares por el pago de la obligación. La falta endilgada habría
sido cometida durante el proceso ejecutivo adelantado para el cobro de las
costas ordenadas en trámite previo de regulación de cuota alimentaria.
En aquel fallo, la Sala recalcó que el poder
disciplinario escapa a la interpretación y aplicación de la ley, así como a la
valoración de las pruebas   de un caso determinado. En ese sentido, arguyó que
solo cuando existe una desviación abierta del ordenamiento jurídico en el contenido
de la decisión judicial, se atenta contra los derechos de las personas, pues se
produce un daño antijurídico que puede ser objeto de sanción disciplinaria. Y
aun cuando          la frontera entre la interpretación y
la valoración de las pruebas y la conducta reprochable puede no ser clara en
todos los casos, lo cierto es que, “en atención a los bienes jurídicos que
pueden entrar en tensión, debe asumirse que las opciones hermenéuticas del juez
natural son válidas, y que una controversia sobre el sentido de una disposición
jurídica entre el juez natural y el juez disciplinario no puede dar lugar a una
sanción disciplinaria”.
Desde ese punto de vista,
la Sala puntualizó que si un juez podía                     ser sancionado por
la elección de una de las distintas alternativas razonables, o por la
definición de la premisa fáctica del caso con base en las reglas de la sana
crítica, no era autónomo ni independiente, sino que estaba sujeto a las elecciones
interpretativas que prefería el juez disciplinario, a pesar de que      las
normas de competencia daban primacía a la actividad hermenéutica del primero.
Siguiendo, entonces,
tales planteamientos, arribó a la conclusión conforme       a la cual devenía
plausible dejar sin efectos las sentencias dictadas por los jueces
disciplinarios, al no poder demostrar que la funcionaria investigada  haya
interpretado la ley de manera irrazonable, pues, por el contrario, en su
actuación ejerció su autonomía funcional, asumió un papel activo como directora
del proceso y procuró que su entendimiento de la ley redundara        en el
goce efectivo de derechos constitucionales.
5.7. Ahora bien, en desarrollo de ese mismo paradigma conceptual, contrario
sensu, la Corte Constitucional igualmente ha expresado que, de
manera excepcional, cuando se profieren decisiones judiciales por completo
incompatibles con los principios de la interpretación razonable, suscitándose
con ello una grave afectación a los principios de la administración de justicia,
es posible que la potestad disciplinaria pueda ocuparse de su contenido por
infringir la Constitución y las leyes, incluso si se trata de una
extralimitación  en el ejercicio de la función pública asignada al operador
jurídico[128].
Con ese enfoque, la Corte ha denegado aquellas acciones de tutela
en las que se pretende la aplicación extensiva del principio de autonomía e
independencia judicial a situaciones de hecho en las que se ha producido una
conducta            o actuación material con incidencia dentro del respectivo
proceso que, sin embargo, no constituye un acto válido de interpretación de una
norma jurídica, evidenciándose un apartamiento indiscutible del derecho, en los
marcos que lógica y objetivamente guían su aplicación.
5.7.1. A título explicativo de lo anterior, bien puede señalarse
la Sentencia     T-423 de 2008[129],
mediante la cual la Sala Séptima de Revisión confirmó        la negativa de una
solicitud de amparo constitucional radicada por una magistrada del Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena a quien le fue impuesta sanción de
destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un
término de 10 años, a raíz de una situación de mora generalizada en el trámite
de los procesos disciplinarios que le fueron repartidos.
En esa providencia, la mencionada Sala consideró que una situación
de este tipo no cabía dentro del concepto de autonomía judicial, ya que
constituía,      en realidad, un palmario incumplimiento de claros deberes del
servidor público, razón por la que ni el procedimiento disciplinario adelantado
en contra de la actora ni la sanción que le fue impuesta, generaban vulneración
de la garantía consagrada en el artículo 29 Superior o de otra prerrogativa
iusfundamental,    ni mucho menos lesionaban su autonomía funcional.
5.7.2. Bajo esa línea de orientación, también incumbe relievar la Sentencia
T-958 de 2010[130],
ya que allí la Sala Octava de Revisión se abstuvo de amparar el derecho fundamental
al debido proceso invocado por un Juez de Ejecución de Penas que fue suspendido
en el ejercicio de su cargo por haber concedido una rebaja de pena a un
condenado sin que ello fuera legalmente procedente.
A juicio de la aludida Sala, además de que el fallo disciplinario
contó con     una estructura argumentativa idónea, en la medida en que aplicó normas
vigentes, demostró la existencia de la falta y analizó rigurosamente la
conducta del sancionado, el Consejo Superior de la Judicatura logró descartar
con contundencia los argumentos jurídicos con soporte en los cuales el
funcionario disciplinado se negó a corregir el otorgamiento de la rebaja basado
en un error de aplicación de la norma. Esto, sin duda, acreditó objetivamente                   una
equivocación y un comportamiento impropio frente a los deberes de los
funcionarios judiciales, toda vez que la renuencia a enmendar la forma de
aplicar una norma jurídica, implica “una conducta que se aparta de la
obligación que tienen todos los jueces en relación con la aplicación de la Ley,
situación que refiere la omisión del deber que tuvo el operador judicial
frente  a la claridad de la norma que le obligaba a tener en cuenta como
requisito  sine qua non que el condenado estuviera cumpliendo la pena en el
momento   de la promulgación de la norma en cuestión”. Criterio que dista
de ser opuesto a la Constitución y que indica que el dicho del juez no fue
suficiente para justificar su conducta consistente, no en haberse equivocado,
sino en no haber corregido la equivocación, una vez tuvo conocimiento de ella.
Por lo explicado, procedió a dejar en firme la sanción
disciplinaria, en la medida en que su adopción no implicó el quebrantamiento
del principio          de autonomía judicial expresamente previsto en la Carta
Política.
5.8. Ha sido pues, sobre la base de las consideraciones traídas a
colación que esta Corte ha afianzado una dogmática con alcance general que se
mantiene inmutable en la jurisprudencia y que tiene que ver con el hecho de
que, en materia de autonomía e independencia judicial, los jueces no son
susceptibles de control disciplinario por las opciones hermenéuticas que asuman
en el marco de su ámbito funcional, regla que aunque no es absoluta, sí
propugna por un máximo de protección a la autonomía y un mínimo de injerencia
disciplinaria en materia interpretativa.
Esto último, implica que la falta disciplinaria solo puede
originarse                por incumplimiento de deberes legales o
constitucionales incompatibles con los principios de la administración de
justicia. Es decir, “la abierta separación de los deberes del cargo,
eventualmente encubierta bajo decisiones de apariencia jurídica, pero
materialmente lejanas del imperio del derecho y la justicia”[131].
6.      La figura del juez de control de garantías en
el sistema penal acusatorio. A propósito de su rol funcional en la
audiencia preliminar de legalización de la captura.
6.1. El artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002 “Por
el cual se reforma la Constitución Nacional”, modificó sustancialmente el
artículo 250 Superior    en cuanto al ejercicio de la acción penal y las
principales atribuciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación, con la
finalidad de que se implementaran las medidas necesarias para adaptar el
aparato judicial a los requerimientos del nuevo modelo adversativo que
orientaría el sistema penal acusatorio en el ordenamiento jurídico colombiano.
6.2. Particular mención merece una de las figuras más
importantes que          fue introducida con dicho cambio de paradigma: la del juez
de control de garantías, concebido como aquel funcionario encargado de
revisar la legalidad de las medidas limitativas de los derechos dentro del
eficientismo                  que representa el proceso penal[132].
6.3. Sobre tal aspecto, inicialmente esta Corporación
reconoció que la institución del juez de control de garantías en el nuevo
esquema procesal penal resultaba trascendental, comoquiera que a su cargo
estaba examinar “si las facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se
adecuaban o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su
despliegue había respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos”[133].
Ciertamente,               en ejercicio de esa competencia, si encuentra que “la
Fiscalía ha vulnerado  los derechos fundamentales y las garantías constitucionales,
el juez a cargo del control no legítima su actuación y, lo que es más
importante, los elementos    de prueba recaudados se reputan inexistentes y no
podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal”[134].
En consecuencia,        no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo
la promoción de una investigación penal, así como tampoco podrá ser llevada
ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento.
Por contraste, si el juez de control de garantías llega
a advertir que las facultades adelantadas por la Fiscalía no desconocieron los
límites superiores de su actuación, “convalida esa gestión y el ente
investigador podrá, entonces, continuar con su labor, formular una imputación,
plantear una acusación y pretender la condena del procesado”[135].
6.4. Ello es así porque el mencionado Acto Legislativo
03 de 2002, al crear la figura del juez de control de garantías, le asignó
competencia para i) ejercer   un control respecto de la aplicación del principio
de oportunidad por         parte de la Fiscalía General de la Nación; ii)
adelantar un control posterior dentro del término de las 36
horas siguientes sobre las capturas que realice excepcionalmente la Fiscalía
General de la Nación; iii) ejercer un control previo para
la adopción de medidas restrictivas de la libertad individual;         iv)
llevar a cabo un control posterior sobre las medidas de registro,
allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones; v) decretar
medidas cautelares sobre bienes; y vi) autorizar cualquier
medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y
que no tenga una autorización expresa en la Carta Política[136].
De ahí que, para este Tribunal, desde la perspectiva
estrictamente constitucional, la principal tarea asignada a este funcionario
judicial, al efectuar cada uno de estos controles, indistintamente de si se
trata de uno previo o posterior, estriba “en ponderar entre el interés legítimo
del Estado                    y la sociedad por investigar comportamientos que
atentan gravemente contra bienes jurídicos garantizados por la Constitución
Política, y en tal sentido, acordarle a las autoridades competentes los medios
efectivos para verificar  las sospechas, buscar la verdad de los hechos y
acopiar el material probatorio necesario para encausar a un ciudadano; los derechos
y garantías constitucionales consagrados a favor de la persona procesada; al igual
que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”[137].
Examen que no solo debe recaer sobre la simple adecuación a la ley de las
medidas      de intervención en el ejercicio de prerrogativas iusfundamentales
(aspecto formal), sino que ha de proyectarse en torno a su proporcionalidad
(aspecto material), lo que es tanto como establecer, i) si la respectiva
medida es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente
legítimo; ii) si es necesaria por ser la más benigna o menos lesiva entre
otras posibles para alcanzar el fin; y iii) si el objetivo perseguido
con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los
titulares del derecho y la sociedad[138].
6.5. Ese papel de garante de los derechos
fundamentales que cumple el juez    de control de garantías en el sistema de
investigación penal vigente, según      se ha precisado en la jurisprudencia
constitucional, responde al principio de necesidad efectiva de protección
judicial, en función de que muchas de las medidas procesales que se adoptan
en el curso de la investigación colisionan con el principio de inviolabilidad
de determinados derechos fundamentales,   los cuales, únicamente, pueden ser
afectados en sede jurisdiccional.
Se trata, pues, de una clara vinculación de la
investigación a la garantía y eficacia irradiante de los derechos fundamentales
tanto del investigado como  de la víctima, que fungen, a su turno, como límites
propios de la investigación. Particularmente, en la Sentencia C-979 de 2005[139],
se dijo al respecto,                 lo siguiente:
“Una formulación coherente con la estructura
de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906
de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los
derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional.
La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función
prioritaria adscrita al juez de control  de garantías. Así, toda actuación que
involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o
convalidación[140]
el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario
equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la
administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y
de la víctima”.
6.6. Ahora bien, por interesar específicamente a esta
causa, la diligencia de legalización de la captura tiene como
único objetivo que el juez de control    de garantías analice la legalidad, constitucionalidad
y correcta ejecución del procedimiento a través del cual se dispone la privación
de la libertad que          i) ha sido ordenada previamente por un juez -cuando
la autoridad judicial competente ejecuta una orden de captura-[141];
ii) fue realizada de manera excepcional por parte de la Fiscalía General
de la Nación[142];
u iii) obedeció      a una situación de flagrancia en la que se encontró
al capturado[143].
En cada una de las tres situaciones descritas, se
busca formalizar la restricción legítima de dicho derecho fundamental. Por esa
razón, los artículos 297 a 303 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal” disponen que, en la respectiva audiencia preliminar
de legalización de la captura, el juez de control de garantías no solo está
encargado de evaluar          y revisar las circunstancias sustanciales en que
se produjo la restricción de la libertad, sino también el cumplimiento formal de
los requisitos señalados       en la ley para hacer efectivos los derechos del
capturado, toda vez que en ese escenario puede decretarse la invalidez de la
aprehensión y, en general, tomar las medidas pertinentes para la protección de
los derechos del capturado[144].
Concretamente, cuando se trata de una captura en situación
de flagrancia     por parte de la autoridad policiva, aquella deberá poner
a la persona directamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación y
presentar el respectivo informe. Solo a partir de la información allí suministrada,
dicha entidad dispondrá acerca de la libertad del aprehendido -bien porque no exista
la flagrancia o porque resulte desproporcionada la captura- o lo presentará,
de inmediato o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes,
ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia
preliminar sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión y
las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y el Ministerio Público[145].
En definitiva, corresponde a este funcionario judicial
analizar i) si se configura o no alguno de los supuestos fácticos
descritos en el artículo 301 de la Ley   906 de 2004[146]
y, de configurarse, ii) si es procedente o no una medida de
aseguramiento que justifique la privación de la libertad, teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, el escrutinio sobre si se estaba en presencia de una
conducta punible (lo que implica una subsunción de los hechos en la norma
penal, para lo cual debe haber claridad en los supuestos fácticos, las
calidades de los involucrados y las consecuencias de la conducta que se
investiga),         la existencia de un nexo de causalidad entre la afectación
al bien jurídico tutelado y el comportamiento realizado por el capturado (a partir
de un juicio estricto de proporcionalidad de la medida de intervención y la
precisión sobre la evidencia y calidad de autor o partícipe del aprehendido en
la conducta)        y la determinación de la naturaleza del delito (en cuanto a
si es querellable o investigable de oficio)[147].
6.7. Como puede apreciarse, el juez de control de
garantías, siendo parte esencial del andamiaje básico de investigación, acusación
y juzgamiento  dentro del proceso penal, constituye un verdadero límite al
ejercicio del poder punitivo del Estado[148],
por cuanto, de un lado, vela por el irrestricto respeto        de las garantías
constitucionales y legales que les asisten a los destinatarios de la
persecución penal o ius puniendi y, por otro, examina la validez formal
y material de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación que
afectan       o limitan de manera intensa prerrogativas de raigambre superior[149].
Por esa razón, el juez de control de garantías es, en realidad, un juez
constitucional   por excelencia, en el entendido de que su rol funcional no
se circunscribe meramente a una interpretación exegética de las normas
sustantivas y adjetivas del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, sino
que su actividad está sometida a la amplitud que definen los principios y
normas contenidas     en la propia Carta Política, lo que supone, prima
facie, un margen de interpretación mucho más extenso que el que puede
esperarse del juez penal   de conocimiento, “al punto que tiene la
obligación de intervenir y corregir aquellas actuaciones que se aparten de
forma grosera del ordenamiento          o en las que se afecten ostensiblemente
los derechos fundamentales de alguna de las partes”[150].
Con todo, ello no implica que el juez de control de
garantías no cumpla una función reglada: su marco de competencia y sus actos están
supeditados a los presupuestos y límites señalados directamente por los
artículos 28 y 250 constitucionales, así como por lo dispuesto por el
legislador en la Ley 906      de 2004.
6.8. Habiéndose dejado en claro esto, pasa la Sala de
Revisión a verificar si   los hechos que se alegan en el presente asunto, se
enmarcan en el test de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y hacen factible,     por consiguiente, la adopción de medidas de
protección de los derechos fundamentales invocados.
7.          Resolución del caso concreto
7.1.       Estudio sobre el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad
De acuerdo con las consideraciones
plasmadas en acápites precedentes, encuentra la Corte que en el caso bajo
estudio pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de procedencia
establecidos por la jurisprudencia constitucional.
7.1.1. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante. La cuestión que se debate en el juicio que ocupa la atención de la Sala
posee indiscutible relevancia constitucional, en la medida en que se persigue             la
efectiva protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad frente a una presunta actuación arbitraria del juez
disciplinario en procura de asegurar la adecuada prestación del servicio          de
justicia, que ha adquirido firmeza y que supone el desconocimiento del
principio de autonomía e independencia judicial consagrado en la Carta Política
de 1991. Por lo demás, su trascendencia
también se refleja en la tensión que se evidencia entre los dos conjuntos de
principios superiores recién mencionados: la autonomía e independencia
judicial, de una parte, y la necesidad de un control disciplinario adecuado
para los operadores de justicia, por otra.
7.1.2. Que previamente se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada,        a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Es
claro que dentro del proceso suscitado se agotaron los medios ordinarios    de
defensa para procurar la salvaguarda de las prerrogativas iusfundamentales
que el demandante estima vulneradas, ya que el sujeto disciplinable promovió en
su momento recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, el cual fue tramitado y resuelto mediante
sentencia por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, siendo esta última providencia la que reprocha en sede de
tutela.
7.1.3. Que la acción de tutela cumpla con
el requisito de la inmediatez. En esta oportunidad, se encuentra la Sala frente a un recurso de amparo
entablado contra una providencia judicial de carácter disciplinario en relación
con el cual el juez de primera instancia en sede de tutela planteó un problema
de procedibilidad por falta de inmediatez, dado que el fallo censurado quedó
ejecutoriado con anterioridad mayor a cinco meses a la fecha en la que se
acudió al mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales.
Con relación a este presupuesto de procedibilidad de
la acción de tutela,       esta Corporación ha puesto de presente que el mismo exige que la acción sea presentada de manera
oportuna, esto es, dentro de un término razonable     luego de la ocurrencia de
los hechos que motivan la afectación o amenaza      de los derechos[151].
Esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el supuesto
vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, ha dicho  la Corte,
en cada caso concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad    y
proporcionalidad[152].
También
ha señalado este Tribunal que esta condición está contemplada en el artículo 86
de la Carta Política como una de las características de la tutela,  cuyo objeto
es precisamente la protección de los derechos constitucionales fundamentales de
toda persona, cuando quiera que éstos resulten amenazados   o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, y que, con
tal exigencia “… se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial
se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de
los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.”[153]
De
este modo, la oportunidad en la interposición de la acción de tutela se
encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que la
Constitución             le atribuye de brindar una protección inmediata, de
manera que, cuando ello   ya no sea posible por inactividad injustificada del
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso
acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa
inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y
sumario de la tutela.
Justamente, cuando se trata de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de la
inmediatez es una exigencia ineludible, toda vez que de no ser oportuna la
solicitud de amparo constitucional, no sólo quedaría en entredicho la necesidad
de la protección por vía de tutela, sino que, además, permitiría que la
reclamación constitucional invocada después de un tiempo excesivo desde el
momento en el que se produce el acto lesivo, afecte significativamente la
seguridad jurídica[154].
Pues bien, las anteriores reflexiones bastan para comprender
que el criterio empleado por el juez de primera instancia en tutela, a efectos
de aplicar el principio de inmediatez al caso concreto, es por completo desatinado,
toda vez que, además de tener como referente para ello la fecha de ejecutoria de
la sentencia y no la de su efectiva notificación, supuso que el lapso de cinco meses
no era prudencial para ejercer la acción de amparo en contra de una providencia
judicial, cuando, en realidad, a juicio de esta Sala de Revisión, dicho término
sí resultaba razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho que
presuntamente originó la vulneración, dado que el mecanismo protectivo se interpuso, como ya se dijo,
con cinco meses de diferencia luego de habérsele notificado al sujeto
disciplinado la sentencia de segunda instancia -la tutela se presentó el 15 de
noviembre de 2016 y la providencia disciplinaria de segunda instancia se
profirió el 31 de mayo de ese mismo año y fue notificada por edicto
emplazatorio el 14 de junio siguiente, según pudo corroborarse en los
documentos aportados a la causa en sede de revisión-.
7.1.4. Que tratándose de una irregularidad procesal,
la misma deba tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta derechos fundamentales de la parte actora. Con excepción del cargo propuesto por el apoderado
del señor Baldomero Ramón Rojas sobre               la existencia de un defecto
procedimental por indebida notificación del fallo proferido en segunda
instancia dentro del proceso disciplinario surtido en su contra, que, en todo
caso, no tiene la entidad suficiente para variar el alcance de lo resuelto por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior          de la
Judicatura, los demás alegatos referidos en el escrito demandatorio son de
índole sustantivo y, por ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún
tipo de irregularidad desde el punto de vista procesal.
7.1.5. Que la parte identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
fuere posible. Tanto el apoderado
judicial como el propio actor señalaron, de manera constante, durante el
trámite de la actuación disciplinaria reprochada, las razones por las que estimaban
transgredidos derechos de raigambre fundamental a raíz de la decisión sancionatoria
adoptada en contra del segundo.
Ello, sobre la base de reputar que la medida que
profirió en calidad de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga, consistente en invalidar la captura de varias personas
por parte de la Policía Nacional, al no hallar acreditada ninguna de
las situaciones de flagrancia descritas en la ley procesal penal, se encontraba
acorde con el ordenamiento jurídico y, en esa medida, cobijada por el principio
de autonomía e independencia judicial.
7.1.6. Que la tutela no se dirija contra sentencias de
tutela ni contra decisiones de constitucionalidad abstracta proferidas por la
Corte Constitucional o por el Consejo de Estado. Finalmente, debe puntualizarse que, de los hechos
expuestos en la demanda, no se trata de una solicitud de amparo promovida
contra una sentencia de tutela ni contra una decisión          de
constitucionalidad abstracta dictada por esta Corporación o de nulidad por
inconstitucionalidad proferida por el Consejo de Estado.
7.2.       Verificación de la existencia
de las causales específicas de procedibilidad atribuidas en la acción de tutela
contra la providencia disciplinaria acusada en el caso concreto.
7.2.1. Tal y como quedó anotado en el acápite de antecedentes
de esta providencia, el señor Baldomero Ramón Rojas, obrando mediante apoderado
judicial, formuló acción de tutela en contra de las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del
Consejo Superior de la Judicatura por haberle impuesto, en el marco de un
proceso disciplinario adelantado en su contra como Juez Veinte Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, sanción   de destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de
funciones públicas por el término de 10 años, a raíz de su decisión de decretar
la ilicitud del procedimiento de aprehensión de tres ciudadanos, al no
encontrarlo ajustado a las hipótesis normativas consagradas en el artículo 301
de la Ley 906 de 2004 que regulan la situación de flagrancia.
7.2.2. Revela que tal escenario tuvo ocurrencia merced
a que el juez disciplinario gestionó de oficio una queja proveniente del Área
de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Policía Nacional, a partir de
la cual       se cuestionó lo resuelto en el trámite de la audiencia preliminar
de legalización de la captura que presidió el 2 de junio de 2011 y que terminó desconociendo
el ejercicio de la autonomía funcional de que estaba investido para determinar     la
existencia o no de flagrancia en el asunto sometido a su control y, con base en
ello, resolver sobre su legalidad o ilegalidad. En ese contexto general, aduce
el accionante que las autoridades judiciales censuradas, a través de los fallos
sancionatorios que expidieron, quebrantaron sus derechos fundamentales         al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la
igualdad ante la ley, debido a que en ellos concurren los defectos
procedimental, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.
7.2.3. Tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander como la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sostuvieron en sus
respectivos pronunciamientos que, del audio de la audiencia preliminar y de la
simple lectura del informe policivo presentado con la captura, lograba entreverse
que la conducta del funcionario investigado traspasó el límite de lo meramente objetivo
al asumir que ninguna de las causales de flagrancia previstas en el artículo
301 del Código de Procedimiento Penal se adecuaba al caso de los indiciados,
cuando lo cierto  era que estos habían sido sorprendidos con gran cantidad de
material videográfico y fonográfico no original y, en ese sentido, resultaba
legítimo conjeturar su participación en la comisión del punible tipificado en
el artículo 271 del Código Penal por violación a los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos.
También aludieron, por igual, a que en el caso
concreto concurrían los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal de
prevaricato por acción, pues mientras el primero se manifiesta en la orden de
libertad de los aprehendidos    -resolución en contravía de lo previsto en la
ley-, el segundo, en cambio, aparece de bulto en el actuar doloso del sujeto
disciplinable, toda vez que omitió hacer el respectivo juicio de valor con base
en las pesquisas contenidas en los informes de policía judicial que se le pusieron
de presente en la audiencia preliminar de legalización de la captura, sin que
fuese necesario entrar a comprobar si se trataba o no de un acto de corrupción.
7.2.4. En la sentencia de tutela de primera instancia,
el Consejo Seccional       de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, Sala de Conjueces- denegó la protección constitucional deprecada
por incumplimiento del presupuesto de inmediatez, comoquiera que el actor
acudió al mecanismo de amparo después de más de cinco meses y medio de proferida
la sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario surtido en
su contra. Decisión que, en segunda
instancia, fue revocada por el Consejo Superior       de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- para, en su lugar, declarar  su improcedencia,
tras arribar a la conclusión de que ningún yerro podía atribuírsele a la
providencia disciplinaria censurada, en cuanto el demandante había contado con
todas las garantías propias de una persona procesada y lo que buscaba, en la
práctica, era reabrir el debate probatorio que ya se había solventado a
instancias del juez natural.
7.2.5. Delimitado el objeto de la controversia, le
corresponde a la Sala de Revisión establecer si las decisiones judiciales
dictadas dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del señor
Baldomero Ramón Rojas, en su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales, al sancionarlo con destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años     al haber incurrido en infracción al deber
previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, constitutivo
a su vez de falta disciplinaria gravísima según lo anunciado en el numeral 1º
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, dada la incursión en el delito
consagrado en el artículo 413 del Código Penal    e infracción a lo dispuesto
en los numerales 1º y 3º del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal.
Pero para tal cometido, según ya se dejó por sentado
con anticipación, se hace necesario solucionar, en primer lugar, la tensión
constitucional existente entre la facultad de controlar el adecuado ejercicio
de la administración de justicia como función pública y su directa incidencia
sobre la realización del principio de autonomía e independencia judicial que la
propia Constitución les reconoce a los operadores jurídicos para adoptar las
decisiones de su resorte competencial. De esta suerte, en caso de que aquella se
resuelva de manera favorable al gestor del amparo, no será indispensable
estudiar por separado cada una de las causales específicas de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales estructuradas en la demanda,
entre otras razones, por la elemental consideración de que algunas de ellas se
asocian y conjugan en torno a esa misma tensión.
Con la adopción de este enfoque, entonces, la Sala
examinará el caso concreto tomando en consideración los límites que la Carta
Política le impone al juez disciplinario al momento de controlar la
interpretación de la ley que asume      el juez ordinario, amparado por el
margen de autonomía interpretativa y de valoración probatoria que debe
reconocerse a este último en virtud                  de las garantías de
autonomía e independencia judicial.
7.2.6. Pues bien, con arreglo a las sub-reglas
vertidas en las consideraciones jurídicas de esta providencia, cabe resaltar
que los operadores jurídicos se encuentran sometidos a control disciplinario,
sin que esa relación especial      de sujeción pueda extenderse a su ámbito funcional,
es decir, al contenido de las decisiones y providencias que profieran en
ejercicio de sus atribuciones. Esta regla general, sin embargo, admite una
posibilidad excepcional de control disciplinario: la existencia de escenarios
de auténtica desviación en el ejercicio de la función pública.
Esto significa que la falta disciplinaria solo se
origina por incumplimiento      de los deberes legales o constitucionales incompatibles
con los principios de la administración de justicia. Infracción que debe causar
un daño, conforme al principio de antijuridicidad, y ser culposa o
dolosa[155].
Por esa razón, aunque   el título de imputación por culpa es más flexible en el
derecho disciplinario que en el derecho penal -por la vinculación del
funcionario al ejercicio de funciones previamente definidas en la ley-, también
es un mandato constitucional            la proscripción de la responsabilidad
objetiva en materia disciplinaria.
Por lo que hace al juez de control de garantías, su rol
funcional le exige,         en términos generales, examinar si las
facultades jurisdiccionales ejercidas por la Fiscalía General de la Nación se
adecuan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su
despliegue respeta o no los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora
bien, tratándose de la audiencia preliminar de legalización de la captura, este
funcionario judicial ha de analizar la legalidad, constitucionalidad y correcta
ejecución del procedimiento por medio del cual se dispone la privación de la
libertad. Específicamente, cuando esta restricción obedece a una situación de
flagrancia, quien dirige la respectiva audiencia preliminar debe pronunciarse
sobre la legalidad o ilegalidad de la medida con base en el análisis sobre la
eventual configuración de alguno de los supuestos fácticos señalados en el
artículo 301 de la Ley 906 de 2004               y la procedencia de una medida
de aseguramiento que justifique la privación de la libertad.
7.2.7. Una vez repasado lo anterior, la Sala advierte
que las autoridades judiciales accionadas, efectivamente, sí incurrieron en un
evidente defecto sustantivo con violación del debido proceso del actor
por violación directa      de la Constitución al generar una intensa afectación
al principio de autonomía e independencia judicial. Ello, en atención a
que la decisión que adoptó el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga, investigado y sancionado
disciplinariamente, fue razonable, acorde con las circunstancias de
hecho y de derecho valoradas en la audiencia preliminar de legalización de la
captura celebrada el 22 de junio de 2011. Pero además, porque ambos fallos
disciplinarios desconocieron su ámbito funcional como operador jurídico encargado
no solamente de verificar las acciones          u omisiones del ente
investigador, sino de adoptar las medidas que estime pertinentes y necesarias
para proteger los derechos fundamentales de las personas investigadas. A
continuación, se explican estos razonamientos.
7.2.7.1. La
decisión adoptada por el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bucaramanga, en el trámite                 de la audiencia
preliminar de legalización de la captura llevada a cabo el     22 de junio de
2011, fue razonable, acorde con las circunstancias de hecho      y de derecho
allí valoradas.
En primer término, sea esta la oportunidad, sin
embargo, para advertir que,   aun cuando la conducta por virtud de la cual se
investigó disciplinariamente     y terminó sancionándose al señor Baldomero
Ramón Rojas fue la relacionada puntualmente con su decisión de haber decretado,
en su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga,       la ilegalidad del procedimiento de aprehensión
de tres personas que, al parecer, fueron sorprendidas con gran cantidad de material
fonográfico, videográfico y cinematográfico en el Centro Comercial “San
Bazar”, lo cierto es que tanto         el informe del Jefe del Área de
Delitos contra el Patrimonio Económico          de la Policía Nacional, que dio
lugar al trámite de oficio de la queja y que,    por esa vía, suscitó la
investigación que en esta oportunidad se censura, como las providencias
disciplinarias de primera y segunda instancia, contienen supuestos fácticos que
no se corresponden con la realidad sustancial, en la medida en que allí se da
por descontado que en la audiencia preliminar de registro y allanamiento de los
dispositivos decomisados, el funcionario disciplinado “ordenó la devolución
inmediata del material incautado, bajo la premisa de que a los artistas no les
interesaba si en el centro comercial objeto de la diligencia se comercializaba
este tipo de material”.
Desde luego, como bien puede extraerse del acápite de
antecedentes, se trata  de una información falsa que agravó la situación
contextual objeto de la queja formulada en contra del señor Baldomero Ramón
Rojas y que no fue  advertida, en su momento, por los jueces disciplinarios,
quienes asumieron      la correspondiente investigación y adelantaron las
diligencias procesales pertinentes sin contrastar esa actuación temerariamente
reprochada con lo verdaderamente acontecido en el trámite de la audiencia
preliminar de control de legalidad posterior de los referidos procedimientos.
Hecha esa claridad, conviene ahora pasar a explicar el
primer planteamiento. Para ello, es de mérito recordar que el 21 de junio de
2011, personal adscrito    a la Policía Nacional, en cumplimiento de orden
judicial dictada por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de
la misma ciudad, practicó diligencias de registro y allanamiento a 37 locales
del Centro Comercial       “San Bazar” por reproducirse y
comercializarse allí fonogramas, videogramas y obras cinematográficas no
originales. En el marco de dicho operativo, no solo se incautó un número
considerable de discos compactos, sino que se dispuso   la captura en
flagrancia de tres personas que, presuntamente, vendían, ofrecían o exhibían
tales reproducciones.
Presentados los respectivos informes de policía
judicial dentro del término  legal de rigor, la Fiscalía Quinta de la Unidad de
Estructura y Apoyo de Bucaramanga solicitó poner a disposición del juez de
control de garantías   tanto los objetos recolectados como a los aprehendidos,
correspondiendo         el adelantamiento de sendas audiencias preliminares al
Juzgado Veinte Penal Municipal de Bucaramanga, presidido en ese entonces por el
señor Baldomero Ramón Rojas.
Así las cosas, en audiencia celebrada el 22 de junio
de 2011, dicho funcionario judicial, luego de valorar la evidencia física
aportada (informes de policía y declaraciones juradas de testigos sometidos a
reserva que establecieron         con verosimilitud la vinculación de los
lugares registrados con el delito investigado), resolvió declarar la legalidad
formal y material de los procedimientos de registro y allanamiento mediante los
cuales se decomisó gran cantidad de dispositivos no autorizados, al cumplirse
con las formalidades previstas en los artículos 220, 221, 222, 224 y 225 del
ordenamiento procesal penal[156].
Posteriormente, dio paso a la revisión del
procedimiento de captura de las tres personas que se hallaban en el Centro
Comercial “San Bazar”. De esa manera, la Fiscalía Quinta de la Unidad de
Estructura y Apoyo de Bucaramanga     inició la lectura de los informes de
policía judicial describiendo que, en el caso del primer aprehendido,
este se encontró cerrando uno de los locales con películas y discos compactos
de distintos géneros y títulos sin autorización legal y luego intentó huir
siendo detenido al atribuírsele la venta y exhibición del material (adjuntándose
acta de derechos del capturado, constancia de buen trato y tarjeta decadactilar).
Frente al segundo, indicó que estaba en otro de los locales
tratando de vender material similar a un sujeto, acusándosele de ser
sorprendida al momento de cometer el delito y capturada con instrumentos
indicativos de su participación en aquel (se adjuntaron acta de
derechos         del capturado, constancia de buen trato y tarjeta decadactilar).
Finalmente,      en cuanto hace a la tercera persona capturada, especificó
que se trataba de una empleada del local en el que atendía y vendía los objetos
incautados, inculpándosele también por haber sido hallada con material falseado
que daba cuenta de su mediación en la realización de la conducta punible (se
acompañó acta de derechos del capturado, constancia de buen trato y tarjeta
decadactilar).
Verificado, entonces, el contenido del artículo 302 de
la Ley 906 de 2004, referente al procedimiento que debe adelantarse en caso de
que se suscite una captura en flagrancia, y habiéndosele dado traslado de los
informes de registro   y allanamiento a las partes procesales, la Fiscalía
culminó su intervención explicando que el delito cometido se encontraba inserto
en el artículo 271      del Código Penal, alusivo a la violación de los
derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, cuyos verbos rectores
corresponden a vender, ofrecer y exhibir.
Luego de escuchar a los abogados defensores de cada
uno de los implicados, quienes no plantearon mayores objeciones, el Juez Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga intervino
para advertir   que “en el sistema penal acusatorio existían dos formas de
restringir el derecho de locomoción: de un lado, la captura por orden escrita
de que trata el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal y, por otro, la
aprehensión en situación de flagrancia en los casos estipulados en el artículo
301 ejusdem, siendo esta última una figura con especiales exigencias, como la
de que haya lugar a medida de aseguramiento, que
exista convicción plena de un comportamiento criminal que pueda originar la
captura y que los verbos rectores atribuidos sean ejecutados al momento de
realización del registro y allanamiento”.
Por manera que, “después de efectuar la lectura del
artículo 271 y de todos sus numerales[157],
llama la atención sobre la complejidad y multiplicidad de verbos rectores,
indagándose acerca de qué es lo que configura el delito y estableciéndose la
cuestión sobre los derechos de qué autor se están protegiendo. Es más, es de
tan amplio espectro el citado derecho que se dejan escapar elementos de
relevancia jurídica. Para todas las personas es vox populi que en “San Bazar” y
todo el centro de la ciudad de Bucaramanga hay personas que venden esta clase
de películas sin tributarle al Estado colombiano ni a los autores respectivos.
Concretamente, en ese centro comercial se acentúa la distribución y comercialización
de estos elementos, pero no por eso debe dejarse pasar la rigurosidad del
sistema penal acusatorio, pues si se restringe la locomoción ha de ser por la
comisión de un delito”.
“Cuando una persona que se encuentra en una situación
socio económica compleja se dedica a esta labor y la exigencia de la Ley 906 de
2004, que es un sistema fino, no tiene en cuenta los indicios como yugos de
acreditación       que regían en otras legislaciones, se trata de un problema
social y cultural que se ha salido de las manos de las autoridades, ya que
resulta más llamativo adquirir una de esas obras por precios más favorables
desde el punto de vista económico. Ese problema se le asigna al derecho penal
sin que se sepa manejar”[158].
En las anotadas condiciones, el funcionario judicial,
previa lectura del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 sobre la figura de la
flagrancia, en contraste con los informes de policía judicial de la diligencia
y teniendo en cuenta los verbos rectores imputados, concluyó que: en relación
con el indiciado que se encontró tratando de cerrar un local y fue
aprehendido por la Policía mientras huía del centro comercial no se advertía
la estructuración de ningún verbo rector aducido por la Fiscalía, pues, en su
criterio, tal vez, como vio que todos los locales se estaban cerrando o
allanando, le pareció fácil ir a cerrar el que tenía  a su cargo, sin que en la
propia diligencia le hubiesen encontrado vendiendo, ofreciendo o exhibiendo
discos compactos. En ese sentido, el numeral 3º del artículo 301 no encaja en
la descripción fáctica relatada, ya que es claro que alguien falsificó los
discos, pero no se puede suponer que haya sido el acusado y mucho menos en
situación de flagrancia para poderlo capturar.
En el caso del indiciado
que estaba tratando de vender material a otro sujeto, señaló que el solo informe de la captura no bastaba, pues
allí no había constancia alguna o declaración del tercero que respaldara ese
hecho,            con lo cual ni la venta ni la compra podían darse por
acreditadas, observándose, por lo demás, que el funcionario de policía judicial
dejó escapar esa evidencia, ya que no hizo entrevista ni interrogatorio y
tampoco adelantó los mecanismos prescritos en el ordenamiento procesal
penal para tener certeza sobre la comisión de un punible, como es el caso del seguimiento
de personas               o la utilización de agentes encubiertos. Y es que no puede
endilgársele que momentos antes participó en el delito de la forma en que lo
establecen los numerales 1º y 3º del artículo 301, pues si bien hay evidencia
de sobra para afirmar que en los locales de “San Bazar” se comercializa
ilegalmente material fonográfico, videográfico y cinematográfico, no por ello
puede decirse          que se estructura la flagrancia en su actuar,
constituyéndose otra falencia de acreditación.
Por último, en lo que tiene que ver con la indiciada
que atendía uno de los locales, el juez reparó en el hecho de que en el
informe de policía judicial simplemente se señaló que se trataba de una
empleada de un punto comercial con más de 2000 discos compactos no originales
que eran comercializados      al público de forma ilegal, sin ningún tipo de
acreditación, debido a que no aparece información sobre quién los estaba
comprando o a quién se ofrecían,  ni entrevistas ni otros formatos en los que
aparezca debidamente fundado que los haya reproducido o falsificado, vendido,
ofrecido o exhibido.
Por lo hasta aquí consignado, el Juez Veinte Penal Municipal
con Funciones  de Control de Garantías de Bucaramanga subrayó que no era
suficiente         con la simple descripción de las circunstancias en que se
produjeron las capturas dentro del respectivo informe de la autoridad policiva
para que se configurase la situación de flagrancia, pues cierto era que lo
absolutamente indispensable consistía en acreditar, al menos sumariamente, la
responsabilidad en la comisión del delito o su participación en él. De ahí que,
por virtud de esa postura, anunciara a las partes la posibilidad que les
asistía de interponer los recursos ordinarios estipulados en el artículo 176
del Código de Procedimiento Penal[159],
declarando, consecuencialmente, la ilegalidad del procedimiento de captura de
los sujetos aprehendidos y restableciendo su derecho a la libertad.
Como puede apreciarse de la narración tomada
contextualmente del disco compacto que contiene el audio de la audiencia
preliminar de legalización de la captura realizada el 22 de junio de 2011, la
decisión a la que arribó el juez de control de garantías deviene por entero
razonable en el marco de un conjunto de aspectos fácticos, jurídicos y
probatorios que lo llevaron a considerar legítimamente que no cabía validar la medida
restrictiva del derecho fundamental a la libertad de los sujetos aprehendidos
por resultar abiertamente ilegal e inconstitucional.
Lo anterior, porque a pesar de que tenía la carga
argumentativa y el deber de acompañar al control posterior de legalidad, la
evidencia e información suficiente que sustentara los motivos de la captura en
flagrancia, la Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga
simplemente se apoyó en los mismos informes de policía judicial con base en los
cuales          se efectuaron las diligencias de registro y allanamiento en los
locales del centro comercial “San Bazar”, sin que en ellos obrara constancia
detallada y concreta de hechos jurídicamente relevantes -relacionados con las
causales que identifican la situación de flagrancia- o de elementos de prueba
adicionales  que no ofrecieran duda respecto de la autoría o participación en
la comisión    de la conducta punible investigada, más allá de una referencia tangencial
indicadora del momento y lugar en que se realizaron las aprehensiones.
Incluso, ha de destacarse que el tipo penal endilgado
a las personas capturadas, orientado a la protección de los derechos patrimoniales
de autor y derechos conexos (artículo 271 del C.P.P.), se caracteriza por ser complejo
o pluri-ofensivo, lo que significa que adolece de
la falta de una descripción objetivo-formal que dificulta la adecuada subsunción
de diversas conductas humanas en la normativa, razón por la que debe existir
absoluta claridad         en cuanto a los supuestos fácticos que rodearon los
hechos, las calidades de los involucrados y las consecuencias del comportamiento
investigado para así definir, en caso de que se trate de una aprehensión en
flagrancia, la existencia  o no del nexo de causalidad entre la afectación al
bien jurídico tutelado y el actuar censurado penalmente.
Ello conlleva la aplicación del principio de
proporcionalidad para determinar   si el sentido y alcance de la medida restrictiva
del derecho fundamental a la libertad resulta abiertamente improcedente en
función del grado de afectación del derecho frente al beneficio obtenido,
comoquiera que bien puede tratarse de un hecho punible que no tiene prevista
pena privativa de la libertad o de actos claramente insignificantes que exigen
un análisis mucho más intenso acerca   de la necesidad de la aprehensión.
7.2.7.2.
Las providencias disciplinarias desconocieron
el ámbito funcional    del Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bucaramanga como operador jurídico encargado no solamente de
verificar  las acciones u omisiones del ente investigador, sino de adoptar las
medidas que estime pertinentes y necesarias para proteger los derechos
fundamentales de las personas investigadas.
Como ya ha sido apuntado, al señor Baldomero Ramón
Rojas, en su calidad   de Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bucaramanga, le correspondió realizar, el 22 de junio de 2011, audiencia
preliminar de legalización de la captura en situación de flagrancia de tres
personas que, aparentemente, se encontraban en el Centro Comercial “San
Bazar” vendiendo, ofreciendo y exhibiendo fonogramas, videogramas y obras
cinematográficas no originales.
Así, tras cederle la palabra a la representante de la
Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga para que
sustentara la medida restrictiva del derecho a la libertad impuesta
provisionalmente, individualizara a los indiciados, describiera los supuestos
factuales que dieron lugar a las capturas y expusiera las razones
justificativas que, en su criterio, demostraban la existencia de la figura de
la flagrancia descrita en los numerales 1º y 3º del artículo 301 del Código de
Procedimiento Penal, el funcionario judicial de control de garantías procedió a
preguntar a las partes e intervinientes                si se oponían o no a la
legalidad de la captura, luego de lo cual analizó, en un sentido amplio,
algunos elementos valorativos relacionados con el delito de violación a los
derechos patrimoniales de autor, su incidencia social y algunas de las
complejidades más comunes del modelo procesal colombiano para determinar la
relevancia jurídico-penal de ciertas conductas subsumidas en ese tipo. Fue así
como remató puntualizando que no era suficiente con la mera descripción de las
circunstancias en que se habían producido las aprehensiones en los informes de
policía judicial para dar por verificada la situación de flagrancia, en la
medida en que resultaba indispensable acreditar la posible responsabilidad en
la comisión del delito.
Por consiguiente, resolvió decretar la ilegalidad
del procedimiento de captura que le fue puesto a su consideración y, en ese sentido,
dispuso el restablecimiento inmediato del derecho a la libertad de los sujetos
aprehendidos, previo anuncio sobre la procedencia de los recursos ordinarios  de
reposición y/o apelación de que trata el artículo 176 del Código de
Procedimiento Penal.
Considerado el anterior recuento del trámite surtido
en la audiencia preliminar de legalización de la captura llevada a cabo el 22
de junio de 2011, queda claro para la Sala de Revisión que la actuación allí desplegada
por el señor Baldomero Ramón Rojas, fungiendo como Juez Veinte Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, hace parte integral          de
su ámbito competencial y no es ajena a su rol funcional de verificar
la conformidad legal y constitucional de las decisiones jurisdiccionales que
adopte la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, por un lado, está visto que, como resultado
de su proceso decisional, el juez de control de garantías no se encontraba ante
una única respuesta constitucionalmente posible: sus alternativas, tratándose
de una solicitud de legalización del procedimiento de captura en situación de
flagrancia, proceden del análisis sobre la configuración o no de alguno de los
supuestos fácticos descritos en el artículo 301 del Código de Procedimiento
Penal. Esto último lleva, o bien a que se admita la legalidad de la medida
limitativa del derecho    a la libertad o bien a que se decrete su ilegalidad.
De otra parte, el hecho de que el Juez Veinte Penal
Municipal con Funciones  de Control de Garantías de Bucaramanga haya expuesto
en sede de la audiencia preliminar diferentes juicios de valor sobre la
trascendencia jurídica de los informes de policía judicial para legitimar una
captura en flagrancia y así obtener evidencia de responsabilidad penal, no puede
tener ningún tipo de repercusión sustancial o procesal negativa, comoquiera que,
en dicho escenario, es viable que se desarrolle una controversia en torno a los
elementos probatorios, con características, finalidades y contenidos
significativamente diversos a las que tiene ocurrencia en el juicio oral.
En ese orden de ideas, no se presenta ningún
desbordamiento de la competencia del juez de control de garantías al promover,
en desarrollo de una audiencia preliminar de legalización de la captura, una
controversia probatoria,             por cuanto la misma debe ser garantizada
siempre que se advierta la posible afectación de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa.
Por último, es menester traer a colación que, en
calidad de garante de la reserva judicial de la limitación de derechos
fundamentales, el juez de control de garantías, en ejercicio de la revisión de
la legalidad y constitucionalidad de una investigación penal, no está vinculado
exclusivamente a las pretensiones que haga la Fiscalía o cualquiera otro de los
intervinientes, ni mucho menos sometido a la toma automática e irreflexiva de
decisiones, sino que está autorizado para adoptar las medidas que, dentro de los
márgenes razonables que definen los principios y normas contenidas en la propia
Carta Política        y en atención a las específicas circunstancias del caso
concreto, garanticen de la mejor manera la efectividad de los derechos, bienes
e intereses involucrados.
7.2.8. Finalizado así el segundo planteamiento, la Sala concluye que el funcionario
judicial asumió a cabalidad su rol funcional de control de garantías durante el
desarrollo de la audiencia preliminar de legalización de la captura    y ante los
hechos concretos de cada uno de los casos y las especificidades ofrecidas en
ellos, en contraste con las normas jurídicas aplicables, resolvió decretar la
ilegalidad del procedimiento de captura realizado por la policía judicial,
atendiendo propósitos constitucionalmente relevantes: privilegiar los
derechos fundamentales de las partes involucradas en la causa, en este caso
la libertad de los aprehendidos por no acreditarse debidamente la situación
de flagrancia en los procedimientos de captura mediante los medios de prueba
pertinentes.
7.2.9. Ciertamente, las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y del Consejo Superior de la Judicatura invadieron el ámbito
funcional del juez natural, anteponiendo su criterio interpretativo en la
valoración que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga realizó de las situaciones de flagrancia alegadas en la
audiencia preliminar de legalización de la captura celebrada el 22 de junio de
2011. Con ello, indiscutiblemente, violaron el derecho fundamental al debido
proceso del actor, por incurrir en un defecto sustantivo en la aplicación de
las normas disciplinarias e imponerle sanción    de destitución e inhabilidad
por adoptar una decisión judicial cobijada por la protección que los principios
de autonomía e independencia judicial confieren al ámbito funcional de los
operadores jurídicos.
La decisión judicial disciplinaria también
vulneró directamente la Constitución al castigar la escogencia de una opción
hermenéutica válida por parte del juez natural y su ejercicio activo dirigido
al cumplimiento de su rol funcional         de protección de los derechos
fundamentales de las personas investigadas.
7.2.10. Por todo lo precedentemente
analizado, la Sala de Revisión habrá de revocar la sentencia del 19 de julio de
2017, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en la que se revocó el fallo de primera instancia proferido el
19 de diciembre de 2016 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces-, en el que a su vez se denegó
el amparo solicitado y, en su lugar, concederá la protección invocada de los
derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley del señor
Baldomero Ramón Rojas.
En tal virtud, dejará sin efecto ni valor
alguno la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por el Consejo Superior
de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la que se confirmó el
fallo disciplinario de primera instancia proferido 10 de marzo de 2016 por el
Consejo Seccional de la Judicatura        de Santander -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en el que a su vez se sancionó al señor Baldomero Ramón Rojas, en su calidad de Juez Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, por haber
incurrido en la infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153
de la Ley 270 de 1996, constitutivo a su vez de falta disciplinaria gravísima
al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de
2002,                 dada la incursión en el delito consagrado en el artículo
413 del Código Penal    e infracción a lo estipulado en el artículo 301,
numerales 1º y 3º del Código       de Procedimiento Penal, cometida a título
doloso, con “DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
AÑOS”. Por lo tanto, en su reemplazo, se ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- que, en un plazo perentorio,
proceda a emitir de nuevo el correspondiente fallo de segunda instancia dentro
del proceso disciplinario surtido en contra del señor Baldomero Ramón Rojas, con
el fin de dar cabal aplicación al precedente constitucional en la materia y las
directrices que sobre los principios de autonomía e independencia judicial
frente a sanciones de tipo disciplinario ha expuesto esta Corporación, tal y
como se dejó consignado en la parte considerativa de esta providencia.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO-. REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la
que se revocó el fallo de primera instancia proferido el 19 de diciembre de
2016  por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces-, en el que a su vez se denegó
el amparo solicitado y, en su lugar, CONCEDER la protección invocada de
los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley del
señor Baldomero Ramón Rojas.
SEGUNDO-. DEJAR
SIN EFECTO la sentencia del 31 de mayo de 2016,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, en la que se confirmó el fallo disciplinario de primera
instancia proferido 10 de marzo de 2016 por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en el que a su vez
se sancionó    al señor Baldomero Ramón Rojas, en su calidad de Juez
Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, por
haber incurrido en la infracción al deber previsto en el numeral 1º del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996, constitutivo a su vez de falta disciplinaria
gravísima al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, dada la incursión en el delito consagrado en el artículo 413 del
Código Penal    e infracción a lo estipulado en el artículo 301, numerales 1º y
3º del Código de Procedimiento Penal, cometida a título doloso, con “DESTITUCIÓN
E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS”.
TERCERO-. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria- que, en el término improrrogable de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a
emitir de nuevo el correspondiente fallo de segunda instancia    dentro del
proceso disciplinario surtido en contra del señor Baldomero Ramón Rojas, para
dar cabal aplicación al precedente constitucional en la materia        y las
directrices que sobre los principios de autonomía e independencia judicial
frente a sanciones de tipo disciplinario ha expuesto esta Corporación, tal y
como se dejó consignado en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí indicados.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La
relación de hechos que aquí se despliega envuelve no solamente el contenido
específico del escrito demandatorio, sino también algunos aspectos objeto de
reseña en el trámite de la audiencia preliminar instruida el 22 de junio de
2011 por parte del tutelante en su calidad de Juez Veinte Penal Municipal con
Función          de Control de Garantías, así como también en el proceso
disciplinario promovido en su contra a raíz del informe realizado por el Jefe
Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga,
en el que reprocha la declaratoria de ilegalidad en la captura de tres personas
que incurrían en el supuesto delito de violación a los derechos patrimoniales
de autor y derechos conexos.
[2] En
relación con la procedencia y alcance de la orden de registro y allanamiento, consultar
los artículos 219 a 229 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”.
[3]
Según se hizo constar en la audiencia de control de legalidad posterior
prevista en el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo
68 de la Ley 1453 de 2011), se incautaron cerca de 5.000 discos compactos de
diferentes formatos, géneros e intérpretes. Información recabada del disco
compacto que contiene   el audio de la audiencia preliminar llevada a cabo el
22 de junio de 2011. Ver folio 300 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[4]
Consultar comunicación del 6 de julio de 2011, elaborada por el Jefe Seccional
de Investigación Criminal              de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga, Mayor Nelson Enrique Cely Guerrero, en la que da cuenta al
Coordinador Regional de Investigación Criminal, Teniente Coronel Luis Humberto
Poveda Zapata, sobre      los procedimientos de allanamiento, registro y
captura realizados como consecuencia del mandato dictado por la Fiscalía Quinta
de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga. Ver folios 34 y 35 del
Cuaderno No. 1 del Expediente.
[5] Ver
Acta de Audiencia del 22 de junio de 2011 en folio 50 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[6] Según
certificación de tiempo de servicios expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga el 16 de enero de 2012, el
señor Baldomero Ramón Rojas se vinculó a la Rama desde el 1º de noviembre de
1997 y se desempeñó como Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
entre el 1º de octubre de 2007 y el 31 de diciembre de 2012. Ver folios 46 y 47
del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[7] Para
arribar a esa conclusión, el Juez Veinte Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bucaramanga sostuvo que se había cumplido con las formalidades
contenidas en los artículos 220, 221, 222, 224 y 225 del ordenamiento procesal
penal, referidos, principalmente, a la existencia de: i) motivos
razonablemente fundados para colegir la ocurrencia del delito investigado; ii)
respaldo probatorio en informes de policía judicial y declaraciones juradas de
testigos sometidos a reserva que establezcan con verosimilitud    la
vinculación de los lugares registrados con el delito investigado y iii)
precisión en la identificación de los lugares que fueron objeto de registro y
allanamiento. Información recabada del disco compacto que contiene   el audio
de la audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de junio de 2011. Ver folio 300
del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[8] El
mencionado precepto, antes de ser objeto de modificación por el artículo 57 de
la Ley 1453 de 2011, entendía que había flagrancia cuando: “(…) 1. La
persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito//2. La
persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y
aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien
presencie el hecho//3. La persona es sorprendida y capturada con objetos,
instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes
ha cometido un delito o participado en él”.
[9]
Narración tomada contextualmente del disco compacto que contiene el audio de la
audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de junio de 2011. Ver folio 300 del
Cuaderno No. 1 del Expediente.
[10] Artículo modificado por el artículo 2 de
la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: “Artículo 271.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Incurrirá          en prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las
excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular
de los derechos correspondientes:
1. Por cualquier medio o
procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico
o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de
ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda,
ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título
dichas reproducciones.
2. Represente, ejecute o exhiba
públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras
cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico.
3. Alquile o, de cualquier otro
modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador            o
soportes lógicos u obras cinematográficas.
4. Fije, reproduzca o comercialice
las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.
5. Disponga, realice o utilice,
por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución,
exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una
obra de las protegidas en este título.
6. Retransmita, fije, reproduzca
o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los
organismos de radiodifusión.
7. Recepcione, difunda o
distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción”.
[11] Información recabada del disco compacto que contiene el
audio de la audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de junio de 2011. Ver
folio 300 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[12] Narración tomada contextualmente del disco compacto que
contiene el audio de la audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de junio de
2011. Ver folio 300 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[13] “Artículo 176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos
ordinarios la reposición y la apelación. Salvo la sentencia la reposición procede
para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata
en la respectiva audiencia. La apelación procede, salvo los casos previstos en
este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las
audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria”.
[14] Los abogados defensores de cada uno de los capturados no
presentaron objeciones frente a lo decidido por el Juez Veinte Penal Municipal
en la audiencia preliminar del 22 de junio de 2011. Es más, ni siquiera se
adelantó en su contra la audiencia preliminar de formulación de la imputación
prevista en los artículos 286 a 294 de la Ley 906 de 2004 por solicitud de la
propia Fiscalía Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de Bucaramanga.
Consultar documento de observaciones sobre lo acontecido en el curso de la
audiencia en folio 51 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[15] Ver oficio remisorio No. S-2011-055979 ADEPE-DIJIN en
folio 31 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[16] Ver síntesis contenida en la matriz de información
remitida por las Seccionales de Investigación Criminal   en folios 32 y 33 del
Cuaderno No. 1 del Expediente.
[17]
Consultar oficio No. SJ-ABH-56289 del 24 de agosto de 2011 suscrito por la
Secretaria Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en el que remite al
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander     -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- el escrito enviado por el Mayor Freddy Bautista
García, Jefe del Área de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Policía
Nacional, para que se investigue disciplinariamente la conducta del doctor
Baldomero Ramón Rojas. Lo anterior, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
1285  de 2009 y a partir de la sesión de sala ordinaria No. 081 celebrada en
esa misma fecha. Ver folio 29 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[18]
En la aludida providencia se resolvió lo siguiente: i) oficiar a la
Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que remita copia de los actos administrativos y certificación del
tiempo de servicios del señor Baldomero Ramón Rojas; ii) Solicitar al
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio que envíe fotocopia
íntegra y legible de la investigación criminal objeto de reproche, incluyendo
los discos compactos de audio de las diferentes audiencias que se hubieren realizado; y iii) Comunicar al señor Procurador
Judicial Delegado en lo Penal la existencia de la queja formulada para lo de su
competencia. Ver folios 37 y 39 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[19] Ver folios 71 y 72 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[20] Ver Auto en folio 82 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[21] Ver folios 87 y 88 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[22]
En Auto del 25 de junio de 2015, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- varió el pliego de cargos
inicialmente formulado “por no haber quedado perfeccionada la tipicidad en
relación con las normas penales cuyo desconocimiento erigen la conducta
disciplinaria irrogada”. Ver folios 134 a 145 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[23] “Artículo 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios
y empleados, según corresponda, los siguientes:    1. Respetar, cumplir y,
dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes
y los reglamentos (…)”.
[24] “Artículo 48. Faltas gravísimas, Son faltas gravísimas
las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en
la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.
[25] “Artículo
413. Prevaricato por
acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8)
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos    y
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
[26] “Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a
acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los
deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen
faltas gravísimas las contempladas en este código”.
[27]
Consultar acápite sobre “descripción de la conducta y análisis probatorio”
del auto de formulación de pliego de cargos dentro de la investigación
adelantada contra Baldomero Ramón Rojas en folios 137 a 143 del Cuaderno No. 1
del Expediente.
[28]
Ibídem. Entre otros argumentos planteados en el mencionado proveído, han de
mencionarse los siguientes:   i) el investigado no podía simple y
llanamente decretar la libertad de los encartados aduciendo que no se reunían
los requisitos del artículo 301 del C.P.P., ya que de los elementos materiales
probatorios recaudados “se certificó que los locales que fueron allanados no
estaban registrados como productores fonográficos de la Asociación para la
Protección de los derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas
Musicales, ni estaban autorizados para reproducir, transportar, almacenar,
conservar, importar, vender, adquirir para la venta o suministrar a cualquier
título fonogramas del catálogo de sus asociados”; ii) de los
informes rendidos por los investigadores de laboratorio pudo determinarse que
el material incautado “no presentaba las características físicas propias que
identificaban a los discos compactos y carátulas utilizadas en reproducción de
obras cinematográficas, videográficas y fonográficas por parte de las empresas
dedicadas y autorizadas para la fabricación de esta clase de soportes,
tratándose por tanto de copias producidas en formatos que no corresponden a los
empleados por las casas legalmente constituidas, medida que entonces se
justificaba para evitar la continuidad de la actividad delictiva y la
obstrucción de la justicia”; y iii) los encartados fueron puestos a
disposición de la autoridad competente dentro del término que da cuenta el
artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, “se le respetaron sus derechos
y en cada una de las actas de derechos del capturado existe constancia de buen trato
físico, psicológico y moral recibido por parte del personal que adelantó           el
procedimiento de captura”.
[29]
En la descripción sobre “la naturaleza de la falta”, la Sala de Decisión
Trial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander añadió que el señor Baldomero Ramón Rojas había
incumplido un mandato legal imperativo en calidad de titular del Juzgado Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, puesto
que no obstante “su experiencia, formación profesional, conocimiento de la
normatividad relativa al caso y las funciones constitucionales y legales de que
está investido y por ende, la comprensión de la ilicitud de su comportamiento,
contó con la posibilidad real de ajustarse al precepto normativo por cuya
transgresión se le investiga y no obstante ello, voluntariamente optó por
realizar la conducta prohibida, prefiriendo encaminarse a adoptar determinación
contraria al orden jurídico, disponiendo la libertad de los aprehendidos ya
referidos, pese a que los delitos por los cuales se produjo su captura en
flagrancia comportaban detención preventiva y existían medios de prueba que
demostraban que la misma no había sido ilegal”. Ver Auto de formulación de
pliego de cargos dentro            de la investigación adelantada contra
Baldomero Ramón Rojas en folios 137 a 143 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
Adicionalmente, es de destacarse que el Magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano
salvó parcialmente el voto frente a la decisión adoptada al no compartir la
calificación que se hizo de la conducta atribuida al señor Baldomero Ramón
Rojas en calidad de Juez Veinte Penal Municipal de Bucaramanga como falta
disciplinaria “gravísima”, pues de las piezas probatorias allegadas a la
investigación no existía claridad sobre que su comportamiento haya sido “doloso”,
por lo que, en principio, no podía invocarse una responsabilidad disciplinaria
bajo la óptica del delito de prevaricato por acción. Ver folios 147 y 148 del
Cuaderno No. 1 del Expediente.
[30]
En memorial del 25 de marzo de 2015, el señor Baldomero Ramón Rojas presentó
sus alegatos de conclusión, poniendo de manifiesto, entre otros argumentos, los
siguientes: i) las manifestaciones del quejoso son amañadas, falaces y
distantes de la realidad, en cuanto nunca se ordenó la entrega del material
incautado a los sujetos aprehendidos; ii) no tiene animadversión por los
miembros de la fuerza pública que realizaron el procedimiento de registro y
allanamiento, ni con la Fiscal Quinta de la Unidad de Estructura y Apoyo de
Bucaramanga ni mucho menos le atan lazos de amistad o enemistad con los
ciudadanos capturados ni con sus abogados defensores; iii) la declaratoria
de ilegalidad de las capturas podía haber sido recurrida por vía de los
recursos ordinarios de reposición y apelación, dispuestos en el ordenamiento
procesal penal; iv) la solicitud de legalización de la captura se
respaldaba, prácticamente, en los mismos informes de policía judicial que
fueron adelantados frente a las diligencias de registro y allanamiento, sin
gozar de otro tipo de acreditación; v) la medida de aseguramiento no fue
solicitada por la Fiscalía, pues dejó en claro que no iba a realizar la
audiencia de formulación de la imputación. Por su parte, el Agente del
Ministerio Público también intervino mediante escrito radicado en la misma
fecha y con base en el cual señaló que: i) el juez disciplinado actuó
abiertamente           en contra del derecho, ya que existía el material
necesario allegado por la Fiscalía a la audiencia de legalización para
determinar que, en efecto, las tres personas capturadas con material
videográfico actuaban en contravía   de lo dispuesto en el artículo 271 del
Código Penal; ii) el funcionario investigado excedió su competencia al
abordar el análisis de circunstancias que no se correspondían con el estadio
procesal, pues no analizó a profundidad el artículo 301 del cuerpo procesal
penal, sino que se dedicó a debatir la tipicidad, sin que ello estuviese
permitido. Ver folios 118 a 129 del Cuaderno No. 1 del Expediente y 28 del
Cuaderno No. 2 del Expediente.
[31]
Previa solicitud presentada por el señor Baldomero Ramón Rojas, el Magistrado
sustanciador a cargo del proceso accedió a practicar pruebas testimoniales,
diligencias de versión libre y documentales en auto del 11  de septiembre de
2015 para allegar información que le permitiera decidir sobre la investigación
disciplinaria   en curso. Ver folios 152 a 203 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[32]
Ver fallo en folios 33 a 59 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[33]
Ver folios 48 y 49 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[34]
Ver folios 50 y 51 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[35]
Ver folio 53 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[36]
Ver folio 54 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[37]
Ibídem. Respecto de esta decisión, el Magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano
salvó parcialmente el voto al enfatizar en el hecho de que no compartía la
calificación de la conducta del disciplinado como “falta gravísima dolosa”,
en tanto “examinado su comportamiento a la luz de la función disciplinaria,
no parece que su voluntad haya sido el querer proferir una resolución
manifiestamente contraria a la ley, recorriendo de manera dolosa la descripción
típica del delito de prevaricato por acción”, sobre todo
cuando                        “la jurisprudencia penal nacional ha precisado
que la estructuración del delito de prevaricato implica faltar maliciosamente a
los deberes que impone un cargo público al desviarse intencionalmente de la
línea recta que debe seguir todo servidor público, debiéndose establecer esa
intención a través de los motivos que impulsaron al funcionario a contrariar la
ley, de manera que aparezca comprobado un comportamiento realizado por simpatía
o por animadversión”. Ver folios 61 y 62 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[38]
El apelante destaca, principalmente, el Auto Interlocutorio No. 45138 y la
Sentencia No. 39538, ambas providencias proferidas por la Corte Suprema de
Justicia (M.P. Eugenio Fernández Carlier). Ver folios 70 a 72 del Cuaderno No.
2 del Expediente.
[39]
Ver folios 73 a 75 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[40]
Ver folios 77 a 80 del Cuaderno No. 2 del Expediente. Cabe anotar que el
recurso de apelación fue concedido en el efecto suspensivo ante el Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante auto
del 19 de abril de 2016 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-. Ver folio 85 del Cuaderno No. 2
del Expediente.
[41]
Ver Auto del 28 de abril de 2016 en folio 93 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[42]
Ver texto completo de la providencia en folios 102 a 140 del Cuaderno No. 2 del
Expediente.
[43]
Ver folios 123 a 126 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[44]
Ver folio 127 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[45]
Ver folio 130 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[46]
Ver folio 134 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[47]
Ver texto completo de la providencia en folios 102 a 140 del Cuaderno No. 2 del
Expediente. Adicionalmente, interesa anotar que por vía del numeral tercero de
la parte resolutiva del citado fallo               se comisionó al Magistrado
Sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander para que, en el término de diez días hábiles,
notificara a las partes.
[48]
Ver folio 7 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[49]
Ver folio 8 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[50]
El actor sitúa este reclamo como parte del defecto específico de violación
directa de la Constitución “por desconocimiento del derecho a la segunda
instancia”, en atención a que el plazo prescriptivo vencía el 21 de junio
de 2016 y la decisión disciplinaria en primera instancia fue remitida al
Consejo Superior de la Judicatura para que asumiera la apelación el 27 de abril
de ese mismo año. Ver folio 19 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[51]
El demandante sostiene que a la fecha de presentación de la acción de tutela,
aun no se habían generado     los efectos jurídicos de la sentencia
disciplinaria expedida el 31 de mayo de 2016, en razón a que la misma no ha
cobrado ejecutoria por no haber sido notificada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander. Ver folio 20 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[52]
Ver folio 9 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[53]
En este punto, el accionante aduce que la Ley 734 de 2002 “Por la cual se
expide el Código Disciplinario Único”, en su artículo 128, dispone que “el
fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas
al proceso, cuya carga, en todo caso, le corresponde al Estado”; en el
artículo 135 prevé que podrá trasladarse a la actuación disciplinaria “las
pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa”;
y en el artículo 142 se advierte que “no habrá fallo sancionatorio sin que
obre        en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia
de la falta y de la responsabilidad del disciplinado”. Todo lo anterior,
para significar que la calificación que se hizo de su actuar “solo podría
explicarse a partir de una nueva valoración que sobre los mismos elementos de
prueba efectúe el juez disciplinario en el respectivo proceso a su cargo, pues
solo así puede crear un parámetro de apreciación probatoria que colocada frente
a la valoración inicial evidencie los errores del sujeto disciplinado”. Ver
folio 10 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[54]
Ver folio 11 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[55]
El abogado del señor Baldomero Ramón Rojas cita como fundamento de este aparte
la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el 27 de septiembre de 2002, Rad. 17680.
[56]
Ver folio 14 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[57]
Ver folio 15 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[58]
Ibídem.
[59]
Ver folio 11 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[60]
Ver folio 12 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[61]
El demandante trajo a colación, en primer lugar, el caso de un fiscal de
Riohacha que liberó a dos sujetos que habían sido aprehendidos por conducir un
vehículo cargado de estupefacientes y, en cambio, optó por presentar como
capturado en flagrancia a una tercera persona que instantes después llegó al
sitio y se identificó como propietario del automotor. El Consejo Superior de la
Judicatura reconoció que la decisión del investigado      fue descabellada y, a
todas luces, contrarió el contenido previsto en los artículos 301 y 302 del
Código de Procedimiento Penal, por lo que resolvió sancionarlo con suspensión
en el cargo por el término de dos meses  al encontrarlo responsable de
incumplir el deber funcional contenido en el numeral 1º del artículo 153 de la
Ley 270 de 1996 (Sentencia del 28 de mayo de 2014, M.P. Wilson Ruiz Orejuela);
En segundo término, recordó    el caso de un juez penal municipal que decretó
ilegal el procedimiento de captura de una persona sobre la base de argumentar
que el respectivo formato iba dirigido exclusivamente al Cuerpo Técnico de
Investigación de    la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el
Consejo Superior de la Judicatura estimó que la interpretación del funcionario
disciplinado resultaba alejada de lo expresamente contemplado para el trámite
de la orden de captura del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal,
imponiéndole una sanción de suspensión en el cargo por el término de un
mes al hallarlo responsable de la falta anunciada en el numeral   1º
del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 a título de culpa (Sentencia del 10 de
diciembre de 2015, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago); En tercer y último
lugar, repasó el caso de dos Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que
dentro de un proceso penal decretaron la nulidad de todo lo actuado a partir de
la diligencia de imputación, omitiendo ordenar la libertad inmediata del
procesado, quien se encontraba detenido con ocasión de la medida de
aseguramiento adoptada con posterioridad a la imputación. El Consejo Superior
de la Judicatura, luego de evaluar la compulsa de copias remitida por la propia
Corte Suprema de Justicia, sostuvo que se trató de una equivocación
injustificable que llevaba a que se les sancionara con suspensión en el
cargo por el término de dos meses al considerarlos autores responsables
de la falta consistente en el incumplimiento del deber descrito en el numeral
2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 (Sentencia del 10 de marzo de 2010,
M.P. Jorge Armando Otálora Gómez). Ver folios 12 y 13 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[62]
En efecto, el actor asevera en el escrito contentivo de la demanda que nunca
negó que se hubiere incautado gran cantidad de discos piratas, dejando por
sentado que, “además del sorprendimiento al interior de los locales, la
flagrancia exigía demostrar la ejecución de los verbos rectores atribuidos por
la Fiscalía                a los indiciados”. No obstante, “el juez
disciplinario no explicó por qué razón mi poderdante se equivocó cuando hizo
esta exigencia y tampoco mencionó aquellas normas que imponían dar absoluta
credibilidad a los informes de policía judicial y no exigir respaldo en otros
medios de acreditación”. Ver folios 15 y 16 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[63]
Ídem. Aparte textual extraído de la Sentencia T-238 de 2011, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[64]
Ídem. Se relacionan distintos tratados internacionales de derechos humanos que
califican a la autonomía judicial como elemento constitutivo del derecho al
debido proceso, condición del derecho de acceso a la administración de justicia
y vehículo para la concreción de derechos y libertades individuales. Ver folios
17      a 19 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[65]
La pretensión ha sido delimitada por el juez constitucional con motivo del supuesto
fáctico recién expuesto   y para efectos de salvaguardar los derechos
fundamentales presuntamente quebrantados. Esta facultad,          que se desprende
del propio carácter informal que distingue a la acción de tutela, obliga a que
sean atendidas las diversas cuestiones sustanciales que surjan de la solicitud.
Consultar, entre otras, las Sentencias T-501 de 1992, T-464A de 2006, T-137 de
2008, C-483 de 2008 y T-317 de 2009.
[66]
El 6 de diciembre de 2016, el Presidente de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional          de la Judicatura de Santander
realizó un sorteo entre los conjueces que al momento se encontraban debidamente
posesionados con el fin de integrar la Sala de Decisión que habría de asumir la
acción de tutela radicada por el señor Baldomero Ramón Rojas. Los elegidos
fueron Patricia Hoyos Salazar y Luis Ernesto Mejía Serrano. Ver Acta de sorteo
de Conjueces No. 016 en folio 49 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[67]
Ver folios 56 y 57 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[68]
La acción de tutela fue enviada, “por factor de competencia territorial”
(previsión normativa contemplada en el inciso 2º numeral 2º del artículo 1º del
Decreto 1382 de 2000), a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, mediante Auto del 25 de noviembre de
2016 proferido        por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura (M.P. Magda Victoria Acosta Walteros). Ver folios 35
a 39 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[69]
Ver folio 64 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[70]
Ver folio 65 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[71]
Ver folios 81 a 118 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[72]
Ver folios 69 a 77 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[73]
Ver folios 120 a 122 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[74]
Previa aceptación de impedimentos presentados por los Magistrados Magda
Victoria Acosta Walteros, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Julia Emma Garzón de
Gómez, María Lourdes Hernández Mindiola y José Ovidio Claros Polanco para
conocer y decidir sobre el trámite de la impugnación del fallo de tutela del 19
de diciembre de 2016. Ver folios 25 a 29 del Cuaderno No. 4 del Expediente.
[75]
Ver folios 30 a 47 del Cuaderno No. 4 del Expediente.
[76]
Ver folios 22 a 24 del Cuaderno No. 5 del Expediente.
[77]
Consultar el numeral 3º del artículo 92 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual
se expide el Código Disciplinario Único”.
[78]
Ver folio 31 del Cuaderno No. 5 del Expediente.
[79]
Ver folio 30 del Cuaderno No. 5 del Expediente.
[80]
El Magistrado adjunta copia simple del oficio 12202 del 17 de noviembre de 2015
que reposa en los archivos de la Secretaría de esa Corporación y mediante el
cual se citó a rendir versión libre al señor Baldomero Ramón Rojas para el 10
de diciembre de esa misma anualidad, con firma de recibido en el despacho
judicial que por ese entonces se encontraba a su cargo (Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de Bucaramanga). Ver folios 32 a 36 del Cuaderno No. 5 del
Expediente.
[81]
Ver folios 91 a 116 del Cuaderno No. 5 del Expediente.
[82]
Ver folios 3 a 13 del Cuaderno No. 5 del Expediente.
[83] Según lo
dispone el artículo 86 de la Constitución Política, la revisión que le
corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los fallos de tutela tiene
carácter eventual y cumple con el fin primordial de delimitar el alcance de los
derechos fundamentales. En tal virtud, se ha dejado en claro que es posible que
la misma Corte limite o circunscriba el estudio de las sentencias objeto de
revisión, a determinados temas planteados por las partes, con miras a unificar
la jurisprudencia constitucional en torno al alcance de los derechos
fundamentales, sin que ello implique dejar de lado el deber de protección de
tales derechos en el caso concreto. Al respecto, consultar, entre otras, las
Sentencias SU-1010 de 2008, SU-130 de 2013, SU-712 de 2013 y SU-395 de 2017,
así como los Autos 031A de 2002 y 194 de 2008.
[84]
Acápite elaborado tomando como principal referencia la base argumentativa
contenida en las Sentencias     T-285 de 2010, SU-917 de 2010, SU-195 de 2012,
SU-515 de 2013, SU-556 de 2014, T-677 de 2015 y SU-210 de 2017.
[85]
Sobre el tema consultar, entre otras sentencias, las siguientes: C-543 de 1992,
T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-705 de 2002, T-949
de 2003, T-774 de 2004, C-590 de 2005,                     T-363 de 2006, T-565
de 2006, T-661 de 2007, T-213 de 2008, T-249 de 2008, T-027 de 2008, T-066 de
2009, T-162 de 2009, T-267 de 2009, T-425 de 2009, T-167 de 2010, T-214 de
2010, T-217 de 2010, T-285 de 2010, T-351 de 2011, T-269 de 2012, T-152 de
2013, T-791A de 2013, T-880 de 2013, T-399 de 2014, T-490 de 2014, T-645 de
2014, T-677 de 2015,
[86]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005 y T-285 de
2010.
[87]
Sentencia T-233 de 2007.
[88]
Al respecto, consultar, entre otras, la
Sentencia SU-037 de 2009.
[89] Sentencia
C-590 de 2005.
[90]
Sentencia T-1066 de 2007. Consultar, además, las Sentencias T-233
de 2007, T-012 de 2008 y T-1275 de 2008.
[91]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010.
[92]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[93]
Al respecto, consultar, entre otras, la
Sentencia T-1275 de 2008.
[94]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-012 de 2008 y T-789 de
2008.
[95]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-061 de 2007, T-586 de
2012, T-136 de 2015 y SU-041 de 2018.
[96]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-297 de 2015, T-238 de
2016 y T-001 de 2017.
[97]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999, T-322 de
2008, T-031 de 2016, T-323    de 2017 y T-427 de 2017.
[98]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-267 de 2000, T-319A de
2012, T-586 de 2012 y T-079  de 2014.
[99]
Al respecto, consultar, entre otras, la Sentencia SU-770 de 2014.
[100]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-104 de 2007, T-951 de
2013, T-272 de 2014 y SU-391 de 2016.
[101]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-198 de 2013, SU-173 de
2015 y SU-431 de 2015.
[102]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-674 de 2013, SU-406 de
2016, T-474 de 2017 y           T-111 de 2018.
[103]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-590 de 2009, T-803 de
2012, T-429 de 2013, SU-842 de 2013, SU-172 de 2015 y T-145 de 2017.
[104]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-1029 de 2010, T-120 de
2014, T-454 de 2015 y T-123 de 2016.
[105]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-145 de 2014, T-012 de
2016, T-031 de 2016 y T-273   de 2017.
[106]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-302 de 2008, T-709 de
2010 y T-671 de 2017.
[107]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-567 de 2015, T-677 de
2015, SU-542 de 2016 y      SU-354 de 2017.
[108]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-415 de 2015, T-574 de
2016 y SU-395 de 2017.
[109] Por ejemplo, en la Sentencia T-152 de 2013 se
caracterizó la labor del juez constitucional a la hora de abordar el estudio de
una acción de tutela contra una sentencia judicial, en los siguientes
términos:                “la intervención del juez constitucional en asuntos
decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede
adelantar únicamente con el fin de proteger los derechos fundamentales
vulnerados, pues no puede suplantarse o desplazarse al juez ordinario en el
estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Su misión,
entonces, es la de vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los
derechos constitucionales del tutelante, en especial, el derecho al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia. De allí se infiere que la
tutela no es un mecanismo que permita al juez constitucional anular decisiones
que no comparte o remplazar al juez ordinario en su tarea de interpretar las
normas conforme al material probatorio del caso, sino que le permite determinar
si la actividad judicial estuvo conforme o no al ordenamiento constitucional”.
[110]
Acápite elaborado tomando como principal referencia la base argumentativa
contenida en las Sentencias     T-238 de 2011, SU-399 de 2012, T-936 de 2013 y
C-285 de 2016.
[111]
Consultar la Sentencia C-037 de 1996.
[112]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[113] El Procurador General de la Nación o alguno de los
ministros puede solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal ante
las altas corporaciones judiciales, para que estas sean informadas sobre las
consecuencias  de sus fallos en las finanzas públicas y sobre el plan para su
ejecución y cumplimiento, y con el objeto de que esa misma corporación module,
modifique o difiera los efectos de la providencia, para evitar impactos
negativos en la sostenibilidad, pero sin que en ningún caso se afecte el núcleo
esencial de los derechos. En este contexto, el demandante sostuvo que esta
posibilidad de que se desconocieran las decisiones judiciales implicaba, entre
otras cosas, la eliminación de la independencia de los operadores jurídicos, en
manos de las instancias gubernamentales o de la Procuraduría General de la
Nación. La Corte evaluó la normatividad demandada a la luz de los referidos
principios, en el entendido de que constituyen ejes definitorios                 del
ordenamiento superior. Encontró, con todo, que con la reforma, tales principios
no se veían sustituidos y declaró la exequibilidad de las normas demandas.
[114]
Sobre la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función
jurisdiccional, cfr. Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Ed.
Trotta, 1989, p. 580.
[115]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-006 de 1992, C-1195 de
2001, C-1027 de 2002, T-114 de 2007 y T-117 de 2009.
[116]
Acápite elaborado tomando como principal referencia la base argumentativa
contenida en las Sentencias     T-238 de 2011 y T-319A de 2012.
[117]
Al respecto, consultar los artículos 193 y 194 de la Ley 734 de 2002.
[118]
Al respecto, consultar los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política
de 1991.
[119]
Cfr. López Molano, Mario Alberto y Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. La
relación de especial sujeción. Estudios. Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2007.
[120]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[121]
Sin pretensión alguna de exhaustividad, vale mencionar que la Corte
Constitucional ha aplicado esta línea jurisprudencial en las Sentencias T-249
de 1995, T-625 de 1997, T-001 de 1999, T-056 de 2004, T-751 de 2005, T-800 de
2006, T-678 de 2007, T-489 de 2008 y T-910 de 2008, T-747 de 2009, T-238 de
2011, T-803 de 2012 y T-120 de 2014.
[122]
M.P. Hernando Herrera Vergara.
[123]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[124]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[125]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[126]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[127]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[128]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-249 de 1995, T-625 de 1997, T-342 de
2008, T-423 de 2008, T-958 de 2010 y T-319A de 2012.
[129]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[130]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[131]
Sentencia T-120 de 2014.
[132] El Acto
Legislativo 03 de 2002 fue presentado el 26 de abril de 2002 al Congreso de la
República por el Gobierno e inició su trámite en la Cámara de Representantes
con el número 237 de 2002. El citado proyecto   se publicó en la Gaceta del Congreso 134 de
2002 y entre las principales razones que se adujeron para poner a consideración
de las Cámaras esta reforma constitucional, diseñada para adoptar un sistema
judicial penal de clara tendencia acusatoria, estaba la necesidad de despojar a
la Fiscalía General de la Nación de las funciones judiciales que le imponía el
sistema previo, a fin de permitirle centrar todos sus esfuerzos en la labor
investigativa del delito.
[133]
Sentencia C-1092 de 2003.
[134]
Ídem.
[135]
Ídem.
[136]
Consultar, entre otras, las Sentencias C-873 de 2003 y C-730 de 2005.
[137]
Sentencia C-591 de 2005. En el mismo sentido, consultar las Sentencias C-718 de
2006 y C-127 de 2011.
[138]
Consultar, entre otras, la Sentencia C-822 de 2005.
[139]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. Consultar, en el mismo sentido, la Sentencia C-336
de 2007.
[140]
En casos excepcionales autorizados por la propia Constitución. Se parte del
principio de la necesidad         de autorización previa para la adopción de
aquellas medidas que impliquen afectación de derechos fundamentales, sólo
excepcionalmente las medidas pueden ser convalidadas en sede judicial, en los
eventos en que así lo autorice expresamente la Constitución.
[141]
Artículo 28 de la Carta Política.
[142]
Artículo 250 de la Carta Política.
[143]
Artículo 32 de la Carta Política.
[144] Consultar la Sentencia C-425 de 2008.
[145] El artículo 302 de la Ley 906 de 2004
establece sobre el procedimiento en caso de flagrancia lo siguiente: “Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en
flagrancia. Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá
conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la
distancia, ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando sea un
particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al aprehendido en el
término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará
al aprehendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se
produjo la captura,  y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición
de la Fiscalía General de la Nación. Si de la información suministrada o
recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención
preventiva,           el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía,
imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea
necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.
La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la
autoridad policiva o del particular          que realizó la aprehensión, o con
base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados,
presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta
y seis (36) horas siguientes, ante el juez de
control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre
la legalidad     de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la
defensa y del Ministerio Público” (Negrillas y subrayas no
originales).
[146]
El mencionado precepto, antes de ser objeto de modificación por el artículo 57
de la Ley 1453 de 2011, entendía que había flagrancia cuando: “(…) 1. La
persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito//2. La
persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y
aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien
presencie el hecho//3. La persona es sorprendida y capturada con objetos,
instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes
ha cometido un delito o participado en él”.
[147]
Consultar, entre otras, la Sentencia C-237 de 2005.
[148] Luigi Ferrajoli, “Justicia Penal y democracia. El
contexto extra-procesal”, en Jueces para la democracia No. 4, septiembre de
1988, pp 37.
[149]
Consultar, entre otras, las Sentencias C-740 de 2003, C-334 de 2010 y C-591 de
2014.
[150]
Sentencia T-643 de 2016.
[151] Consultar, entre otras, las Sentencias T-495 de 2005,
T-575 de 2002, T-900 de 2004 y T-403 de 2005.
[152] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-606 de 2004.
[153]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-132 de 2004.
[154]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-086 de 2007 y T-055 de 2008.
[155]
Artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
[156] Disposiciones legales que regulan los fundamentos para la
orden de registro y allanamiento, el respaldo probatorio para los motivos
fundados, el alcance de la orden de registro y allanamiento, su plazo de
diligenciamiento y las reglas particulares que deberá tener en cuenta la
policía judicial.
[157] “ARTÍCULO 271. VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. <Artículo modificado por el
artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y
multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin
autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: 1. Por cualquier medio o
procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico
o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador,
o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca,
adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas
reproducciones. //2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales,
musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra
obra de carácter literario o artístico. //3. Alquile o,    de cualquier otro
modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes
lógicos u obras cinematográficas. //4. Fije, reproduzca o comercialice las
representaciones públicas de obras teatrales  o musicales. //5. Disponga,
realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación,
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y
representación de una obra de las protegidas en este título. //6. Retransmita,
fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las
emisiones de los organismos de radiodifusión. //7. Recepcione, difunda o
distribuya por cualquier medio       las emisiones de la televisión por
suscripción”.
[158] Narración tomada contextualmente del disco compacto que
contiene el audio de la audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de junio de
2011. Ver folio 300 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[159] “Artículo 176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos
ordinarios la reposición y la apelación. Salvo la sentencia la reposición procede
para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata
en la respectiva audiencia. La apelación procede, salvo los casos previstos en
este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las
audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria”.