T-288-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-288/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Reiteración de jurisprudencia
El momento, en conjunto con otros factores, juega un
papel determinante, toda vez que puede romperse la congruencia entre el medio
de protección y la finalidad que se busca, esto, por ejemplo, en aquellos casos
en los cuales por no haberse ejercido la tutela dentro de un plazo razonable,
podría ya no haber un perjuicio inminente o vulnerarse derechos de terceros. Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad
entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. Conforme con
lo anterior, el juez es quien debe determinar si la tutela se interpuso dentro
de un tiempo prudencial y adecuado, si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte derechos fundamentales, o que
desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción. Dicho razonamiento conlleva necesariamente a la conclusión de que
no existe una definición de antemano, con vocación general, de la razonabilidad
y proporcionalidad para el tiempo de presentación de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Así, es deber del juez constitucional analizar, en
cada caso particular, si la solicitud de amparo fue presentada dentro de un
término que revista dichas características.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Reiteración de jurisprudencia
La Corte ha considerado que cuando se trata de tutelas
contra actuaciones judiciales surtidas en el curso de procesos ejecutivos,
antes de analizar la cuestión de fondo es preciso verificar la concurrencia de
dos elementos en cada caso, i) la vigencia del proceso ejecutivo, esto es, que
el proceso ejecutivo se encuentre en curso; ii) que el accionante hubiese
ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de forma tal que la
acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir términos u
oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes. En el caso de procesos ejecutivos la Corte ha admitido
recientemente que es procedente la tutela contra providencias judiciales
proferidas en los mismos, a pesar de mediar entre estas y la interposición de
la tutela un extenso período de tiempo, siempre que el ejecutado haya acudido
sin éxito a los mecanismos procesales ordinarios.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos específicos de procedibilidad
La acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las
cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la
acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio de
validez y no como un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo
que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia.
DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
La labor del juez de tutela en relación con el defecto
fáctico se encuentra estrictamente limitada a aquellos eventos en que, en su
actividad probatoria, el funcionario judicial incurre en errores de tal
magnitud que, por su evidencia, tornan la decisión judicial en arbitraria e
irrazonable. Esto supone que la acción de tutela carece de alcance para
realizar un juicio de corrección sobre la valoración probatoria; en cambio,
como lo expone la doctrina nacional, es un juicio de evidencia, en el que el
juez ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto o apreciación de
la prueba. Este error debe guardar una relación intrínseca con el sentido de la
decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la
sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Según la línea jurisprudencial
trazada por la Corte, este defecto se produce cuando el juez toma una decisión
sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la
determina, como consecuencia de i) una omisión en el decreto o valoración de
las pruebas, ii) de una valoración irrazonable de las mismas, iii) de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contra evidente a
los medios probatorios.
DEFECTO SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
El defecto sustantivo
como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las
providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad
judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada. En
otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i)
cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador , (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo
que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación
final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.
DEFECTO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Reiteración de jurisprudencia
El sistema jurídico ha previsto la figura del
precedente, bajo el supuesto de que la independencia interpretativa es un
principio relevante pero que se encuentra vinculado por el respeto del derecho
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales que fijan criterios para la interpretación del derecho. El precedente debe ser anterior a la decisión donde se
pretende su apli cación y debe existir una semejanza de problemas jurídicos,
cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de
derecho. En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la
aplicación de un precedente. Ahora bien, para garantizar la confianza en las
decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y confianza legítima, el desconocimiento del precedente es
una causal especial de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
En suma, prima facie, los funcionarios judiciales están obligados a aplicar el
precedente sentado por los órganos encargados de unificar jurisprudencia – en
la jurisdicción ordinaria o en la constitucional. Si pretenden apartarse del
precedente, en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los ellos una
carga de argumentación más estricta, pues deben demostrar de manera adecuada y
suficiente las razones por las cuales se apartan, de lo contrario se presenta
un defecto por desconocimiento del precedente, que hace procedente la acción de
tutela.
PRUEBA PERICIAL-Características
conforme al Código de Procedimiento Civil /PRUEBA
PERICIAL-Valor probatorio
La reiterada jurisprudencia de esta Corporación, ha
señalado que nuestra legislación siempre ha reconocido la prueba pericial como
una prueba calificada. En efecto, el artículo 233 del Código de Procedimiento
Civil se refiere a la prueba pericial como un medio para verificar hechos que
interesan al proceso y que requieran conocimientos científicos, técnicos o
artísticos. Así, entonces, la prueba pericial busca aportar al proceso
elementos de juicio ajenos al saber jurídico que se requieren para resolver la
controversia jurídica sometida a decisión del juez. Conforme con el Código de
Procedimiento Civil, la prueba pericial se caracteriza por: i) expresar
conceptos cualificados de expertos en materias científicas, técnicas o
artísticas, pero bajo ningún punto sobre aspectos jurídicos (artículo 236,
numeral 1º), pues es evidente que el juez no requiere apoyo en la disciplina
que le es propia; ii) quién lo emite no expresa hechos, sino conceptos técnicos
relevantes en el proceso. Efectivamente, a los peritos no les consta la situación
fáctica que origina la intervención judicial, puesto que, a pesar de que pueden
pedir información sobre los hechos sometidos a controversia, su intervención
tiene como objetivo emitir juicios especializados que ilustran al juez sobre
aspectos que son ajenos a su saber. iii) es un concepto especializado
imparcial, puesto que el hecho de que los peritos están sometidos a las mismas
causales de impedimentos y recusaciones que los jueces muestra que debe ser un
tercero ajeno a la contienda (artículo 235); iv) se practica por encargo
judicial previo, de ahí que claramente se deduce que no es una manifestación de
conocimientos espontánea ni su contenido puede corresponder a la voluntad de
una de las partes (artículo 236, numeral 2º); v) el dictamen pericial debe ser
motivado en forma clara, oportuna, detallada y suficientemente (artículo 237)
y, vi) para que pueda ser valorado judicialmente, esto es, para que pueda
atribuírsele eficacia probatoria requiere haberse sometido a las condiciones y
al procedimiento establecido en la ley y, en especial, a la contradicción por
la contraparte. En todo caso, el dictamen pericial debe someterse al
procedimiento establecido en la ley para que la contraparte ejerza su derecho
de defensa mediante la contradicción del mismo, la cual puede consistir en la
objeción por error grave o en la solicitud de aclaración, complementación o
adición. La prueba pericial tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá
ser apreciada por el juez solamente si corresponde a un acto procesal que fue
sometido al principio de contradicción y fue regular y legalmente practicado en
el proceso, conforme a las reglas previstas en la ley para el efecto.
CREDITO HIPOTECARIO-Improcedencia de reliquidación por no haberse vulnerado el debido
proceso por parte de Davivienda
Referencia.: expediente T- 2.741.623
Acción de Tutela instaurada por María Clara León Rojas
contra la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá y otro
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  catorce (14) de abril de dos mil once (2011)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio
Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 9 de junio de 2010, en el cual se confirmó el
pronunciamiento emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 28 de abril de 2010, que negó el amparo invocado por la señora María
Clara León Rojas, en acción de tutela promovida contra la Sala Civil de
Decisión del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Bogotá.
1. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del
Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Nueve de la Corte
Constitucional, mediante Auto del veintidós (22) de septiembre de dos mil diez
(2010) escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
1.1.
SOLICITUD
María Clara León Rojas demanda ante el juez de tutela la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho a la
vivienda y a la igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados por las
entidades demandadas, por la vía de hecho en que incurrieron en las
sentencias proferidas dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que
se tramita con el número 2005-0544. En consecuencia pretende, se anule
las mencionadas sentencias y se ordene retrotraer la actuación al momento
inmediatamente anterior al de ser dictada para que se profiera nueva sentencia
respetuosa del contenido constitucional. (sic)
1.2.
HECHOS EN QUE SUSTENTA LA
DEMANDA
1.2.1. Señala la accionante que el Banco Davivienda S.A.,
promovió en su contra demanda ejecutiva con título hipotecario el 4 de
noviembre de 2005, para obtener el recaudo de la obligación No.5700321000071052
suscrita el 15 de enero de 2001, garantizada por hipoteca otorgada el 7 de
abril de 1994. Por reparto correspondió su conocimiento al Juzgado Trece Civil
del Circuito de Bogotá.
1.2.2. Indica que en tiempo, su apoderado formuló objeciones
a la reliquidación presentada por la entidad, y propuso excepciones previas y
de mérito, señalando cómo y de qué manera no se ajustaba a las previsiones de la
Ley 546 de 1999, ni a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-955 de 2000. Para probar las excepciones, solicitó prueba pericial
consistente en verificar si el crédito había sido reliquidado desde su inicio
acatando las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999.
1.2.3. Afirma que en el proceso se probó, mediante
exhibición de documentos, que originalmente la obligación fue suscrita el 12 de
mayo de 1994 por valor de $21.820.000 a la tasa del 16% E.A. Por lo tanto
considera que, el valor de la obligación No.5700321000071052 corresponde a una
reestructuración efectuada sin cumplir con las reglas del régimen de transición
prevenidas por la sentencia C-955 de 2000, para la ejecutabilidad de los
artículos 38 y 39 de  la Ley 546 de 1999.
1.2.4. Advierte igualmente que, a solicitud de su
apoderado, el Banco Davivienda presentó la reliquidación del crédito desde
1994, efectuada con el único propósito de devolver los puntos de DTF incluidos
en el cálculo de la UPAC, como lo ordenó el artículo 41 de la Ley 546 de 1999,
bajo las instrucciones de la circular 007 de 2000 de la Superintendencia
Bancaria.
1.2.5.
Manifiesta que en sentencia
del 4 de septiembre de 2007, el Juez declaró no probadas las excepciones, i)
omitiendo hacer referencia a la cosa juzgada constitucional de la sentencia
C-955 de 2000 erga omnes (sic) sobre el precedente constitucional
vinculado por el numeral 21 de la parte resolutiva, que fijó el alcance de los
artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, ii) omitiendo el procedimiento fijado
en el artículo 187 del CPC., para valorar la prueba, y iii) ignorando los
artículos 39 y 40 de la Ley 546 de 1999.  Contra esta decisión interpuso el
recurso de apelación.
1.2.6.
La Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, desató el recurso de apelación interpuesto,
confirmando la sentencia de primera instancia. Para la accionante, el juez en
su análisis pasó por alto errores protuberantes que constituyen una vía de
hecho, porque de manera inexcusable i) desconoce los artículos 39 y 40 de la
Ley 546/99, ii) confunde la autonomía judicial con la arbitrariedad judicial,
vulnerando los artículos 4 y 187 del C.P.C., y 2, 4, 13, 29 y 228 de la Carta,
y iii) omite hacer referencia a los efectos y alcances del precedente y cosa
juzgada constitucional vinculados por el numeral 4° de la parte resolutiva de
la sentencia C-1140 de 2000 a las condiciones de exequibilidad del artículo 43
de la ley 546 de 1999). (sic)
1.2.7.
Inconforme con las anteriores
decisiones, el 23 de febrero de 2009, solicitó la nulidad de todo lo actuado en
el proceso a partir del mandamiento de pago inclusive, y en su lugar, ordenar
su trámite bajo la normatividad aplicable al caso, prevista en los artículos
17, 38, 39 y 43 de la Ley 546 de 1999 bajo las reglas de exequibilidad
condicionada ordenadas por las sentencias C-955 y C-1140 de 2000. El 4 de mayo
de 2009, el Juzgado Trece Civil del Circuito, rechazó de plano la nulidad
invocada al estimar que no hay nulidad por fuera de las causales previstas por
el legislador y que los fundamentos fácticos en que se soportó no encajan en la
premisa alegada. Frente a ésta decisión interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, resueltos en septiembre 1° de 2009 y el 12 de marzo de
2010, respectivamente, confirmando el auto recurrido.
1.2.8.
Finalmente alega que las
decisiones de instancia contravienen el derecho al debido proceso sustantivo,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, como garantía de
efectividad y protección de su derecho a la vivienda.
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACION DE LA
DEMANDA
Admitida el 16 de abril de 2010 la solicitud de
tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corrió
traslado de la misma a las partes, para que se pronunciaran sobre los hechos allí
expuestos. Igualmente, ordenó enterar por telegrama u oficio, a los intervinientes
del proceso ejecutivo hipotecario.
1.3.1.
Juzgado Trece Civil del
Circuito de Bogotá
Notificado en debida forma de la admisión de la acción
de tutela, el Juez Trece Civil del Circuito, respondió a la demanda de la
referencia indicando mediante oficio del 19 de abril de 2010, lo siguiente:
Cursa en éste Juzgado el proceso EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO adelantado por BANCO DAVIVIENDA en contra de MARIA CLARA LEON
ROJAS.
Rituado el trámite pertinente en tal proceso de
ejecución mediante proveído de septiembre 4/07, se profirió la correspondiente
sentencia en la que se ordenó la venta en pública subasta del bien objeto de
hipoteca, entre otras decisiones. La demanda contó con las oportunidades
propias para ejercer la defensa respecto de las imputaciones que se le hicieron
en el proceso de ejecución, derecho al que acudió a través de apoderado
judicial quien en su oportunidad propuso los medios defensivos que consideró pertinentes.
Por ello considera que éste estrado  judicial, ha
actuado conforme a derecho, obrando en conducta legítima, por lo que no se
vulnera derecho alguno de la tutelante, más cuando entre la supuesta violación
de sus derechos y los fallos proferidos han transcurrido casi dos años, no
cobijándose el amparo pretendido bajo el principio de la inmediatez.
1.3.2.
La Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Bogotá
En atención a la notificación recibida, la Sala Civil
de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de uno de sus
Magistrados, se opone a la prosperidad del amparo invocado por considerarlo
improcedente, en el escrito de contestación sostuvo:
Me permito poner en conocimiento que a este Tribunal
le correspondió resolver en segunda instancia sobre la apelación de la
sentencia en la que se dispuso la venta en pública subasta del inmueble objeto
de la hipoteca, la que fue confirmada mediante decisión del 24 de octubre de
2008, y en forma posterior conoció del auto que rechazó de plano la nulidad
propuesta por la parte ejecutada, providencia que fue confirmada el 12 de marzo
de 2010.
Frente al escrito de tutela, se indica que la
providencia fue resuelta de forma oportuna y conforme a derecho.
1.3.3.
Banco Davivienda S.A.
La apoderada judicial de Davivienda concurre a la
acción de tutela en tiempo, para dar respuesta en los siguientes términos:
Inicia el escrito precisando que la accionante cuenta
con otros mecanismos de defensa, razón por la que considera que se debe
desestimar la petición de tutela, toda vez que no es procedente.
En cuanto a las pretensiones de la peticionaria, dice
oponerse por cuanto la misma, ha contado con todas las oportunidades procesales
dentro del proceso ejecutivo para hacer valer sus derechos, tan así es que
ha presentado en el transcurso del trámite procesal excepciones, cuya
resolución ha sido adversa a sus intereses.
Una vez resueltas las excepciones previas y agotada la
etapa probatoria y el trámite procesal correspondiente sin que se vislumbrara
causal de nulidad y vulneración al debido proceso, el juzgado de conocimiento
dictó sentencia de primera instancia la cual fue recurrida por el ejecutado y
confirmada en segunda instancia, situación que no legitima a la accionante para
pretender una tercera instancia, cuando el proceso ha estado enmarcado dentro
de los parámetros legales establecidos por la ley y no se ha vulnerado ningún
derecho fundamental.
1.4.    DECISIÓNES  JUDICIALES
1.4.1. Primera Instancia. Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia proferida el veintiocho (28) de abril de dos mil
diez (2010), negó el amparo solicitado.
A juicio del juzgador, la revisión del proceso
allegado permite determinar que en el contexto expuesto, resulta improcedente
el amparo constitucional, habida cuenta que ha trascurrido un considerable lapso
de tiempo, desde cuando se profirieron las sentencias atacadas, esto es,  septiembre
de 2007 y octubre de 2008, primera y segunda instancia respectivamente, hasta
el momento de la interposición de amparo, abril de 2010. Así que, no se
cumple el requisito de inmediatez exigido para la procedencia de la decisión
constitucional, pues pese a que no existe término de caducidad para
interponerla, se impone ejercerla dentro de un plazo prudencial a efectos de
que no se desnaturalice su razón de ser, que no es otra que la protección
urgente de los derechos fundamentales del afectado.
Como la inconformidad del accionante se encamina también
a lo decidido en el incidente en el que requirió la nulidad de todo lo actuado
a partir del auto que libró mandamiento ejecutivo, con fundamento en el
artículo 29 de la Constitución  Política y la causal 3ª del artículo 140 del
CPC. Estimó el fallador que las determinaciones judiciales no fueron contrarias
a la normatividad aplicable, ni mucho menos violatorias de derechos
fundamentales, pues la nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución
Política, se contrae a lo que expresamente se señala en la norma, es decir,
a la licitud de la prueba, y la causal 3ª del artículo 140 del CPC, tampoco
se estructuró porque aunque las sentencias a las que alude la parte
demandada fueron proferidas por la Corte Constitucional, dichos
pronunciamientos, como bien lo reconoce el apelante, materializa un juicio de
constitucionalidad y no constituye la decisión que en segunda instancia hubiera
proferido en el proceso el superior funcional del juez de conocimiento, de allí
que la vulneración o desconocimiento de sus fallos, si es que eso se produce,
no da lugar a la invalidación de lo actuado en un proceso al abrigo de la
causal prevista en el mencionado numeral.
1.4.2. Impugnación
Considera la accionante que sí se incurrió en una vía
de hecho y que la afirmación efectuada en la providencia en relación con la
inmediatez, no corresponde con los hechos, pues la Corte Constitucional ha
reiterado con insistencia como condición de procedibilidad de estas acciones,
el previo agotamiento de los recursos ordinarios. La Sala reconoce y examina la
última actuación referente al incidente de nulidad que concluyó con la decisión
del 12 de marzo de 2010 proferida por el Tribunal.
La segunda afirmación y como consecuencia de ella la
denegación del amparo es contraria a la doctrina CONSTITUCIONAL vigente y
obligatoria. Tanto el Juez como el Tribunal desconocieron el debido proceso
sustantivo al soslayar la normatividad aplicable y la sentencia de
constitucionalidad C-955 de 2000 que condicionó su ejecutoria, lo cual les
permitió validar la prueba presentada por el Banco y desconocer la prueba
pericial que demuestra lo contrario.
Por último enfatiza en que ningún crédito pactado
en UPAC o en pesos puede ser expresado en UVR si su reliquidación no acata con
exactitud las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, de manera tal que los
pagos por los conceptos declarados inconstitucionales deben ser devueltos o
abonados a los deudores. Se ignoró el experticio (sic) que demostraba
que el Banco no ha devuelto o compensado esos dineros y se demostró el monto de
los valores no devueltos.
1.4.3. Segunda instancia. Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en fallo del nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), resolvió
confirmar la sentencia impugnada.
Del examen y análisis de la solicitud de amparo
constitucional, el ad-quem advierte la improcedencia de la acción, pues
coincide con la primera instancia respecto de la extemporaneidad del mismo,
máxime cuando sin justificación alguna, no se ejercita dentro de un plazo
razonable, dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental
es inminente y realmente produce un daño palpable, al punto de exigir medidas
de conjura inmediatas e impostergables.
Indica que en el presente caso,  no puede afirmarse la
configuración de
una vía de hecho, ni que se estructure cualquiera de
las causales que la jurisprudencia constitucional ha redenominado como “causales
genéricas de procedibilidad de la tutela”, pues de las constancias
allegadas se infiere que el Juzgado de primer grado, mediante auto de 4 de
mayo de 2009, se limitó a proveer su rechazo de plano, habida consideración de
no adecuarse la solicitud de nulidad a ninguna de las causales que al efecto
prevé la codificación ritual civil. Tal decisión fue debidamente impugnada por
vía horizontal y vertical; y es así como, mediante auto del 12 de marzo de
2010, el Superior confirmó lo resuelto en primer grado.
Consecuente con lo señalado, concluye que la
argumentación de las providencias objetadas no aparecen caprichosas, ni
carentes de bases jurídicas o fácticas, por lo que resultan razonables, sin que
sea dable al juez constitucional entrar a controvertir lo decidido, salvo que
se presenten desviaciones protuberantes, las cuales en este caso no advierte.
2. PRUEBAS DOCUMENTALES
En el trámite de la acción de amparo la demandante aportó
como pruebas:
2.1.
Copia de las excepciones de mérito interpuestas por el
apoderado, con fecha del 16 de enero de 2006, donde además solicita la práctica
de pruebas documentales, pruebas periciales para que se emita un concepto de la
reliquidación del crédito e interrogatorio de parte al representante legal de
la entidad demandante.[1]
2.2.   Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Trece
Civil del Circuito, el 4 de septiembre de 2007, en el proceso 2005-0544
ejecutivo hipotecario del Banco Davivienda contra María Clara León Rojas, en el
que se resuelve disponer la venta en pública subasta del inmueble objeto de
garantía hipotecaria.[2]
2.3.
Copia del fallo de la Sala
Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, del 24 de octubre de 2008,
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
por el Juzgado Trece Civil del Circuito, confirmando la decisión.[3]
2.4.   Copia de incidente de nulidad propuesto por el
apoderado de la señora León Rojas, con fecha del 23 de febrero de 2009,
solicitando la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago
inclusive.[4]
2.5.   Copia del auto emitido por el Juzgado Trece Civil
del Circuito, del 7 de mayo de 2009, rechazando de plano la nulidad invocada.[5]
2.6.   Copia del recurso de reposición y en subsidio de
apelación, interpuesto el 12 de mayo de 2009, por el apoderado de la
peticionaria contra el auto notificado el 7 de mayo de 2009.[6]
2.7.   Copia de la decisión del Juzgado Trece Civil del
Circuito, con fecha 1° de septiembre de 2009, en que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el apoderado de la demandada en el proceso
hipotecario, en el cual decidió dejar incólume el auto objetado.[7]
2.8.
Copia de la decisión de la
Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, del 12 de marzo de
2010, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido
el 4 de mayo de 2009, en el que lo confirma.[8]
2.9.
ACTUACION SURTIDA ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Debido a la necesidad de contar con
mayores elementos de juicio para resolver el presente asunto, la Sala Séptima de
Revisión, por medio de providencia adiada el 15 de diciembre de 2010, solicitó
al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá el envío del expediente
contentivo del proceso ejecutivo hipotecario.
De igual modo, solicitó a la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bogotá, remitir a esta Corporación copia del
certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No.50N-767659. Lo anterior con el fin de verificar las actuales
condiciones del inmueble y la titularidad del mismo.
Dentro de la documentación allegada, se aportó como
pruebas:
2.10.
Copia de la escritura No.1729
con fecha del 7 de abril de 1994, en la que se protocolizó la compraventa que
hiciera el señor Pedro Antonio Pulido a María Clara León Rojas del inmueble
ubicado en la transversal 28 # 147-32 apartamento 102 Int.5, identificado con
matricula inmobiliaria N.50N-767659. En este mismo documento, la señora León
Rojas constituyó hipoteca abierta de primer grado en favor de Davivienda, como
garantía del crédito otorgado por la mencionada corporación para la compra de
la vivienda descrita, obligación suscrita en UPAC[9].
2.11.
Copia del certificado de
tradición y libertad, en el que se realiza la respectiva anotación en el
numeral 11, del acto de constitución de hipoteca, con fecha abril 22 de 1994[10].
2.12.
Copia de la demanda instaurada
el 3 de noviembre de 2005, por la apoderada de Davivienda promoviendo proceso
ejecutivo hipotecario de mayor cuantía, contra María Clara León Rojas,
solicitando librar mandamiento de pago por los siguientes conceptos: i) por
concepto de capital acelerado, por la suma de dinero a que equivalgan en el
momento del pago 465,832.1249 UVR, las cuales a la fecha equivalen a
$70.988.157.51 pesos mcte.; ii) por concepto de intereses de mora sobre el
capital anterior, liquidados a la tasa máxima legalmente autorizada, esto es
19.6% efectivo anual, desde la fecha de presentación de la demanda y hasta la
fecha en que se efectúe su pago.; iii) por concepto de capital vencido, la
cantidad de 3,022.9563 UVR, correspondiente a las cuotas causadas y no pagadas,
que a la fecha equivalen a la suma de $460,668.31 pesos, discriminados de la
siguiente manera:
Fecha de vencimiento
Valor UVR
Valor en pesos
15 de marzo de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de abril de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de mayo de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de junio de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de julio de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de agosto de 2005
431.8509
$65,809.76
15 de septiembre de 2005
431.8509
$65,809.76
iv) por concepto de intereses de mora sobre
las cuotas vencidas, liquidados a la tasa máxima legalmente autorizada, esto
es, 19.6% efectivo anual, desde la fecha de presentación de la demanda y hasta
la fecha en que se efectúe su pago.
La apoderada como fundamento de la
demanda señaló que, el 15 de enero de 2001 la señora María Clara León Rojas,
suscribió el pagaré  No.5700321000071052 en la cuantía de 490.015.7753 UVR, que
en su momento equivalían a la cantidad de $55.228.600, al 13.91% efectivo
anual, por concepto de intereses corrientes pagaderos durante el plazo
concedido (239 meses). La mencionada deudora, dejó de pagar las cuotas
correspondientes desde el 15 de marzo de 2005, de manera que a la fecha de
interposición de la demanda, se encontraba en mora de siete (7) meses, motivo
por el cual la corporación aplicó la cláusula aceleratoria e interpuso el
respectivo proceso[11].
2.13.
Copia de la reliquidación
realizada por el Banco Davivienda, de créditos en UPAC y pesos con UVR, desde
mayo de 1994 hasta diciembre de 1999, realizada al crédito de María Clara León
Rojas, cuyo valor por concepto de alivio fue $14.057.593.16[12].
2.14.
Copia de la certificación con
fecha de septiembre de 2005, suscrita por el Banco Davivienda, en la cual se
lee: Que en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 546 de 1999, DAVIVIENDA
aplicó con fecha FEBRERO 14 DE 2000, la reliquidación del crédito
No.30612881 por valor de $14.057.876.54, y cuyo saldo a diciembre 31 de
1999 ascendía a la suma de $58.266.072.18.  Es de aclarar que el número
actual del crédito es No.5700321000071052, su titular sigue siendo MARIA
CLARA LEÓN ROJAS, lo anterior en virtud de una reestructuración de la
obligación[13].
(transcripción literal)
2.15.
Copia del histórico de pago desde
mayo de 1994 hasta enero 15 de 2001, relacionando los abonos realizados al
crédito de María Clara León Rojas[14].
2.16.
Copia del escrito dirigido al
Banco Davivienda por María Clara León Rojas, con fecha noviembre 23 de 2000,
donde indicó:  manifiesto a ustedes mi deseo de acogerme a la reliquidación
de la obligación hipotecaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42
de la Ley 546 de diciembre 23 de 1999 y demás legislación vigente y
concordante.  De igual manera muy atentamente solicito a ustedes reestructurar
el citado crédito con ampliación del plazo hasta el máximo permitido por la
Ley, como una forma de racionalizar las cuotas[15].
2.17.
Copia NOVEDAD PRODUCTOS DE
CRÉDITO, con fecha noviembre 24 de 2000, con membrete de Davivienda, en el
cual se describen además de los datos personales de la solicitante María Clara
León Rojas, los cambios de condiciones del crédito hipotecario, NUEVO PLAZO
239 meses, TASA DE INTERES 13%, firmado por la titular del crédito y la
funcionaria de Davivienda[16].
2.18.
Copia del pagaré para crédito
hipotecario No.05700321000071052, con fecha del 15 de enero de 2001, firmado
por María Clara León Rojas, suscrito por 490.015.7753 UVRs, las cuales
representan a la fecha de la firma del documento $55.228.600, pagaderos a un
plazo de 239 meses, con una tasa de interés remuneratorio del 13.91% efectivo
anual[17].
2.19.
Copia de la resolución externa
No.14 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, por
la cual se señaló la tasa máxima de interés remuneratorio de los créditos
destinados para financiación de vivienda a largo plazo, estipulada en un 13.1
tanto para UVRs como para créditos en moneda legal[18].
2.20.
Copia del histórico de pagos
realizados a Davivienda por María Clara León Rojas, del 15 de enero de 2001 al
15 de septiembre de 2005[19]
2.21.
Copia del auto en el que el
Juzgado Trece Civil del Circuito, resolvió librar mandamiento de pago a favor
de Davivienda y en contra de María Clara León Rojas, con fecha del 5 de
noviembre de 2005, por los siguientes conceptos: i) Por el valor de
468.855.0772 UVRs equivalentes a $71.488.825.83, por concepto de SALDO INSOLUTO
del título fuente de recaudo (capital acelerado más cuotas en mora), ii) por
los intereses moratorios a la tasa del 19.6% efectivo anual, sobre el capital
de cada una de las cuotas mencionadas en la demanda, liquidadas desde la fecha
de vencimiento de cada una y hasta un día antes de la fecha de presentación de
la demanda, iii) por los intereses moratorios a la tasa del 19.5% efectivo
anual, liquidados desde la fecha de presentación de la demanda y hasta que se
verifique el pago total de la obligación, sobre el saldo insoluto de capital
mencionado en el numeral primero. Además, concedió a la demandada cinco
días para cancelar o excepcionar y por último, decretó el embargo del bien
inmueble hipotecado y perseguido en el proceso en curso[20].
2.22.
Copia de recurso de reposición
interpuesto por la apoderada de María Clara León Rojas, en contra del auto que
libró mandamiento de pago, al considerar INEPTA DEMANDA POR FALTA DE
REQUISITOS FORMALES. Alegó que el mandamiento de pago fue librado en
UVR, lo cual es equivocado y contrarió a la norma, pues según lo establecido en
el art. 17 de la Ley 546 de 1999, a solicitud del deudor, las obligaciones
establecidas en UPAC por los establecimientos de crédito podrán redenominarse
en moneda legal colombiana, por lo tanto el crédito debe ser redenominado en
pesos, en los términos del citado artículo. En el mismo escrito, la
apoderada indicó que su representada interpuso demanda contra la entidad
demandante (en acción de grupo) por lo que solicitó revocar el auto que libró
mandamiento de pago y declarar probada la excepción de pleito pendiente[21].
2.23.
Copia del escrito presentado
por la apoderada de Davivienda, descorriendo traslado del recurso de reposición.
Señaló que las pretensiones de la demanda, se fundamentan en una obligación
liquidada en UVR, porque el pagaré 5700321000071052 se pactó en tal
denominación el 15 de enero de 2001, por ser ésta la única unidad autorizada
para pactar créditos de vivienda a largo plazo, a partir de enero de 2000.
Respecto de la excepción de pleito pendiente, consideró que no debe ser
admitida por cuanto son procesos distintos, pues mientras en éste asunto se
intenta la ejecución de una obligación, en la acción de grupo se trata de
establecer la existencia de un perjuicio a una pluralidad de personas[22].
2.24.
Copia del auto del 13 de julio
de 2006, proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito, en el que resolvió
negar el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, al estimar
que no le asiste razón al recurrente, dado que la obligación en ningún
momento fue redenominada como lo afirma, puesto que el pagaré se pactó en UVRs
y no en UPAC. Para ello solo basta observar el titulo fuente de recaudo el cual
se suscribió en enero 15 de 2001. En relación con la excepción por pleito
pendiente, advirtió que no se configuran los requisitos para su estructuración,
lo cual la torna improcedente[23].
2.25.
Copia de las excepciones de
mérito interpuestas por la apoderada de María Clara León Rojas, dentro de las
cuales alegó: i) excepción de inconstitucionalidad de la obligación incoada;
ii) excepción de cobro de lo no debido; iii) excepción de pago o pago parcial;
iv) compensación; v) excepción de contrato no cumplido; vi) excepción de abuso
del derecho y abuso de la posición dominante;  vii) excepción de dolo y mala
fe; viii) excepción de falta de prueba de la existencia y vigencia de la parte
de obligación incoada como pago de primas de seguros; ix) excepción por el
cambio fundamental de las circunstancias como fundamento de la imprevisión en
la ejecución del contrato; x) falsedad ideológica y/o abuso de confianza; xi)
prejudicialidad. Finalmente,  solicitó fijar fecha y hora para llevar a cabo
interrogatorio de parte al representante legal de la entidad demandante y
nombrar perito experto en finanzas y contabilidad para que emitiera concepto de
la reliquidación del crédito aplicando debidamente las sentencias de la Corte
Constitucional[24].
2.26.
Copia del escrito presentado
por la apoderada de Davivienda, descorriendo el traslado de las excepciones
propuestas por la defensa de la demandada.
2.27.
Copia del auto con fecha 2 de
noviembre de 2006, en el que el Juzgado Trece Civil del Circuito decretó la
práctica de pruebas solicitadas por las partes; interrogatorio de parte y
dictamen pericial[25].
2.28.
Copia del interrogatorio de
parte con exhibición de documentos, realizado el 5 de febrero de 2007, al
representante de Davivienda.
2.29.
Copia del informe pericial
presentado por el Contador  Julio Abraham Garzón Melo, auxiliar de la justicia,
designado por el Juzgado Trece Civil del Circuito, en el cual expuso los
resultados determinados en el ejercicio[26].
2.30.
Copia de la reliquidación del
crédito, desde junio de 1994 hasta marzo de 2007, realizado por el perito
asignado para ello, sin firmas, sin membrete, relacionando Total Saldo a
favor del demandado $169.484.958.59[27].
2.31.
Del anterior documento se corrió
traslado por término de tres días, el cual venció sin que se solicitara fuera
complementado, aclarado u objetado por error grave[28].
2.32.
Copia del escrito presentado
por el apoderado de la demandada dentro del proceso ejecutivo, fundamentando
los alegatos de conclusión[29].
2.33.
Copia de los alegatos de
conclusión, presentado por la apoderada de Davivienda[30].
2.34.
Copia de la sentencia
proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito el 4 de septiembre de 2007,  en
la que una vez declaró no probadas las excepciones, resolvió disponer la venta
en pública subasta del inmueble objeto de garantía, para que con su producto se
cancele el crédito ordenado en el mandamiento de pago[31].
2.35.
Copia de la apelación
interpuesta por el apoderado de María Clara León Rojas, alegando que en este
asunto se solicitó, decretó y se  obtuvo dictamen pericial, en el que se
atendieron la totalidad de los puntos a que se contrae la contestación de la
demanda y se concluyó conceptuando que Davivienda incurrió en incremento en el
saldo por capitalización, que existía un saldo a favor del cliente y aunque ese
dictamen no fue objetado ni se produjo otra prueba en contra del concepto, el
Juzgado decidió apartarse porque no lo encontró ajustado a los artículos 39 a 43 de la Ley 546 de 1999, y porque no le ofrecía credibilidad alguna tomando en cuenta para ello
la reliquidación allegada al despacho como proforma certificada por la
Superintendencia Financiera.
2.36.
Copia de la sentencia emitida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Civil de
Decisión-, el 24 de octubre de 2008, resolviendo la apelación interpuesta por
la parte demandada, en la cual resolvió confirmar el fallo objetado[32].
3.   CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA
Esta Corte es competente, de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y con el Decreto 2591 de
1991, para revisar el presente fallo de tutela.
3.2.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
3.2.1.
El problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes planteados,
corresponde a esta Sala Séptima de Revisión determinar si las entidades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad
con el derecho a la vivienda y a la igualdad ante la ley, de María Clara León
Rojas, por la presunta vía de hecho en que incurrieron en las sentencias
proferidas dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario, que se tramita
en su contra.
Para resolver esta cuestión la Sala reiterará su
jurisprudencia sobre (i)  los requisitos generales y específicos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo
especial énfasis en el criterio general de la inmediatez; (ii) la
interpretación y alcance de las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 y C-955
de 2000 respecto de la Ley 546 de 1999; (iii) se aplicarán dichas
consideraciones al caso concreto.
3.2.2.
Reiteración de
jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales es un tema que ha sido abordado por esta
Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la Sala repasará las premisas en
que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen
de  procedibilidad en un caso concreto.
Mediante sentencia C-543 de 1992[33], la Corte declaró
inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, los cuales
regulaban la procedencia de la tutela contra sentencias, por considerar que
esas disposiciones desconocían los principios de separación de jurisdicciones y
de seguridad jurídica que consagra la Constitución.  No obstante, esa misma
providencia determinó que ésta acción constitucional procede contra decisiones
judiciales de forma excepcional, cuando constituyen vías de hecho[34] y, por ende,
resultan contrarias a la Constitución.
La tesis anterior surgió de la aplicación directa de
los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones
principalmente: La primera, porque en el Estado Social de Derecho la
salvaguarda de los derechos fundamentales es prevalente y obliga a todas las
autoridades públicas -incluidos los jueces-, toda vez que uno de los pilares
fundantes de esta forma de Estado es la eficacia de los derechos y deberes
fundamentales. La segunda, porque los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada no justifican la violación de la Constitución ni pueden amparar
decisiones que resulten contrarias a esos mismos principios.
Es evidente que una vía de hecho constituye una clara
amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del derecho, por lo que, la
defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento del mismo en el
caso concreto. La tercera, porque la autonomía judicial no puede
confundirse con la arbitrariedad judicial, es decir, el juez al adoptar sus
decisiones debe hacerlo dentro de los parámetros legales y constitucionales; la
autonomía judicial no lo autoriza para violar la Constitución. La cuarta,
porque el principio de separación de jurisdicciones no implica el
distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad.  Por el contrario, el
artículo 4º de la Carta es claro en señalar que la Constitución es norma de
normas y, por consiguiente, ésta debe informar todo el ordenamiento jurídico;
en especial, es exigible en la aplicación e interpretación de la ley.
De acuerdo con lo anterior, esta Corporación
desarrolló el concepto de vía de hecho. En principio, fue entendido como la
decisión arbitraria y caprichosa[35]
del juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen
el caso concreto. La Corte en la sentencia T-231 de 1994[36] delineó cuatro defectos
que, analizado el caso concreto, permitirían estimar que en una providencia
judicial se configuró una vía de hecho, a saber: i) defecto sustantivo,
cuando la decisión se adopta en consideración a una norma indiscutiblemente
inaplicable; ii) defecto fáctico, cuando el juez falla sin el sustento
probatorio suficiente para aplicar las normas en que funda su decisión; iii)
defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con total
incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que se presenta en
aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento o el
proceso debido para cada actuación.
Por un amplio periodo de tiempo la Corte
Constitucional decantó de tal manera el concepto de vía de hecho. No obstante, se
dio una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones
que hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. Este
desarrollo  llevó a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas
mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que,
dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente
una decisión arbitraria y caprichosa del juez, era más adecuado
utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción
que el de vía de hecho. Con el fin de orientar a los jueces
constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran
establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de
2005[37]
y SU-913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las
razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente
no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y
burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los
que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando
su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad)[38].
De esta manera, la Corte distinguió, en primer lugar,
los requisitos de carácter general[39]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico[40], centrados
en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas consideradas -requisitos
de procedibilidad-.
3.2.3.
Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
Los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005[41], son: (i)
que la cuestión planteada al juez constitucional sea de relevancia
constitucional[42];
(ii) que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial,
previstos en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un perjuicio
irremediable[43];
(iii) que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez[44]; (iv)
que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se indique que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[45]; (v) que la
vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido alegada en el
proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible[46] y (vi)
que no se trate de tutela contra tutela.
3.2.3.1 Requisito de inmediatez de
la acción de tutela. Reiteración de     jurisprudencia.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política, y como lo sostuvo la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de
los arts. 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 (sentencia C-543 de 1992[47]), la acción
de tutela se puede interponer en cualquier tiempo, y sería inconstitucional
pretender darle un término de caducidad. En consecuencia, el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del
tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo[48]. No
obstante, todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede
ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción.
En el contexto anterior, el momento, en conjunto con
otros factores,  juega un papel determinante, toda vez que puede romperse
la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca, esto, por
ejemplo, en aquellos casos en los cuales por no haberse ejercido la tutela dentro
de un plazo razonable, podría ya no haber un perjuicio inminente o vulnerarse derechos
de terceros. Teniendo en cuenta este
sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto[49].
Conforme con lo anterior, el juez es quien debe determinar si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no
se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte derechos fundamentales, o que
desnaturalice la acción[50].
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción.
Dicho razonamiento conlleva necesariamente a la
conclusión de que no existe una definición de antemano, con vocación general,
de la razonabilidad y proporcionalidad para el tiempo de presentación de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Así, es deber del juez
constitucional analizar, en cada caso particular, si la solicitud de amparo fue
presentada dentro de un término que revista dichas características. Entretanto,
y con el fin de facilitar dicha tarea, la jurisprudencia de esta Corporación ha
exigido evaluar los siguientes criterios:
(i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.[51]
La Corte ha dicho que en algunos casos, seis (6) meses
podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en
otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer
la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso.[52]
3.2.3.2. La inmediatez en relación
con los procesos ejecutivos. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte ha considerado que cuando se trata de tutelas
contra actuaciones judiciales surtidas en el curso de procesos ejecutivos,
antes de analizar la cuestión de fondo es preciso verificar la concurrencia de
dos elementos en cada caso, i) la vigencia del proceso
ejecutivo, esto es, que el proceso ejecutivo se encuentre en curso; ii) que
el accionante hubiese ejercido los recursos legales disponibles oportunamente,
de forma tal que la acción de tutela no se convierta en un mecanismo para
revivir términos u oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de
las partes.[53]
En el caso de procesos ejecutivos la Corte ha admitido
recientemente que es procedente la tutela contra providencias judiciales
proferidas en los mismos, a pesar de mediar entre estas y la interposición de
la tutela un extenso período de tiempo, siempre que el ejecutado haya acudido
sin éxito a los mecanismos procesales ordinarios.
Al respecto, en sentencia T-282 de 2005[54], se precisó
que frente a cada caso en concreto,
resulta indispensable analizar si el peticionario ejerció en debida forma los
medios procesales establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de
los derechos fundamentales cuyo amparo solicita a través de la acción de
tutela, caso en el cual la prosperidad de
la acción de tutela no riñe con el principio de inmediatez que rige este
mecanismo de amparo constitucional.
3.2.4.
Reiteración de
jurisprudencia. Requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra
sentencia judicial.
De otro lado, los requisitos específicos de
procedibilidad aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en
virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos
constitucionales.  En el evento de presentarse al menos uno de ellos en el caso
en examen, la solicitud de amparo debe considerarse procedente. Según lo
previsto en la sentencia C-590 de 2005, estos defectos son los siguientes:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello[55].
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido[56].
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales,[57] o
en que se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales[58].
f. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento del deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional[59].
g. Desconocimiento del precedente[60].
h.  Violación directa de la Constitución[61].
En resumen, como ha sido señalado en reciente
jurisprudencia la acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales
tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción
de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio de validez y
no como un juicio de corrección[62]del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia.
3.2.4.1.
El defecto fáctico en la
jurisprudencia constitucional.
Esta causal se erige en uno de los supuestos más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en el
proceso es uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio
de la autonomía e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que
antecede al fallo es una labor que implica, no solo la consideración de las
consecuencias jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento
jurídico positivo, sino también la valoración de los hechos del caso, a partir
de la propia experiencia del funcionario judicial y de su conocimiento sobre el
área del Derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto
de la sana crítica.
En esta medida, la labor del juez de tutela en
relación con el defecto fáctico se encuentra estrictamente limitada a aquellos
eventos en que, en su actividad probatoria, el funcionario judicial incurre en
errores de tal magnitud que, por su evidencia, tornan la decisión judicial en
arbitraria e irrazonable. Esto supone que la acción de tutela carece de alcance
para realizar un juicio de corrección sobre la valoración probatoria; en
cambio, como lo expone la doctrina nacional, es un juicio de evidencia, en
el que el juez ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto o
apreciación de la prueba.[63]
Este error debe guardar una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido distinto.
Según la línea jurisprudencial trazada por la Corte,[64] este defecto
se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente
comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia
de i) una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, ii) de una
valoración irrazonable de las mismas, iii) de la suposición de una prueba, o
del otorgamiento de un alcance contra evidente a los medios probatorios[65].
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse en una
dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por
completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no
apta para ello[66],
así como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la
valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter
esencial. [67]
En relación con la posible ocurrencia de un defecto
fáctico, los criterios sentados por la Corte con respecto a los fundamentos y
el marco de intervención que compete al juez de tutela, radican principalmente
en la actuación surtida por el juez, quien debe actuar de acuerdo a los
principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos
y racionales, al respecto, en la sentencia T-442 de 1994[68], se indicó:
La negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se
aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba,
cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite
la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios
de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia
que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la
aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.
De igual manera y como ya se ha indicado, la
intervención del juez de tutela en relación con el margen de apreciación dado
por el juez de conocimiento debe ser extremadamente reducido. Primero,
por respeto al principio de autonomía judicial y al principio del juez natural,
los cuales impiden al juez de tutela realizar un examen exhaustivo del material
probatorio.[69]
Segundo, por cuanto se ha destacado que las simples diferencias de
valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. El
juez de conocimiento, frente a interpretaciones diversas y razonables, debe
determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. En su labor, el
juez no solo es autónomo[70],
sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, el juez de
tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural.[71]
Finalmente, para que la tutela resulte procedente ante
un error fáctico, el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto.[72]
3.2.4.2.
Defecto material o
sustantivo en la jurisprudencia constitucional.
El defecto sustantivo como una circunstancia que
determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales,
aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce
las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave
en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de
un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador , (ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva[73].
3.2.4.3.
El defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Reiteración de jurisprudencia.
El sistema jurídico ha previsto la figura del
precedente, bajo el supuesto de que la independencia interpretativa es un
principio relevante pero que se encuentra vinculado por el respeto del derecho
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales
que fijan criterios para la interpretación del derecho[74].
Para la Corte, la figura del precedente se ha
entendido de la siguiente manera:
… el precedente, es aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia
para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un
juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia[75].
Lo anterior significa que el precedente debe ser
anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y debe existir una
semejanza de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso,
normas juzgadas o puntos de derecho.  En ausencia de uno de estos
elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente.
Ahora bien, para garantizar la confianza en las
decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y confianza legítima, el desconocimiento del precedente es
una causal especial de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Las decisiones tomadas por la Corte pueden ser
desconocidas de las siguientes cuatro formas: (i) aplicando disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la
ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela.[76]
En suma, prima facie, los funcionarios
judiciales están obligados a aplicar el precedente sentado por los órganos
encargados de unificar jurisprudencia – en la jurisdicción ordinaria o en la
constitucional. Si pretenden apartarse del precedente, en ejercicio de la
autonomía judicial, pesa sobre los ellos una carga de argumentación más
estricta, pues deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por
las cuales se apartan, de lo contrario se presenta un defecto por
desconocimiento del precedente, que hace procedente la acción de tutela.
Conforme a lo anterior, precisa la Sala, entrar a
analizar el alcance interpretativo de las sentencias de la Corte Constitucional
C-383, C-700, C-747 de 1999 y C-955 de 2000, para luego entrar a examinar si en
el caso concreto, las autoridades judiciales demandadas, omitieron aplicar en
sus decisiones el precedente sentado en aquellas, y si se estructuró una causal
especial de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.2.5.
Interpretación y alcance de
las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 y C-955 de 2000 respecto de la Ley
546 de 1999. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional mediante las sentencias C-383
de 1999[77],
C-700 de 1999[78]
y C-747 de 1999[79]
señaló, que el sistema de financiación de
vivienda, debía procurar la realización efectiva del derecho a la vivienda
digna.
En la sentencia C-383 de 1999, la Corte sometió
a juicio si la expresión contenida en el literal f) del artículo 16 de la
Ley 31 de 1992, en lo relacionado con la metodología que habría de fijar la
Junta Directiva del Banco de la República para la determinación del valor en
pesos de la UPAC[80],
resultaba violatoria de la autonomía de esa institución, establecida por el
artículo 372 de la Constitución,  por una parte. Por otra, si la fijación
del valor en pesos de la UPAC con sujeción a lo dispuesto en la norma acusada,
quebrantaba el derecho a adquirir y conservar una vivienda digna, conforme a lo
preceptuado por el artículo 51 de la Constitución Política.
Una vez analizados los antecedentes legislativos de la
Ley 31 de 1992,  específicamente, en lo referente al artículo 16, literal f) de
la misma, surgió como conclusión obligada que al Congreso le estaba vedado
ordenar a la Junta Directiva del Banco de la República que al ejercer la
función de fijar la metodología para la determinación de los valores en
moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-,  lo
hiciera procurando que ésta también reflejara los movimientos de la tasa de
interés en la economía, pues de esa manera resultaba invadida por el
legislador la órbita de las funciones que de manera autónoma y para velar por
la estabilidad de la moneda le asigna a la Junta Directiva del Banco de la República
la Constitución Nacional (Artículo 372),  como autoridad monetaria y
crediticia.
Así mismo, se
observó que al incluir la variación de las tasas de interés en la economía para
la determinación del valor en pesos de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante, por un lado, distorsionaba por completo el justo mantenimiento del
valor de la obligación, y por otro,  rompía el equilibrio de las prestaciones, lo
cual aparejaba como consecuencia un aumento patrimonial en beneficio de la
entidad crediticia prestamista y en desmedro directo y proporcional del deudor.
Semejante sistema para la financiación de vivienda, no
resultaba a juicio de la Corte adecuado para permitir la adquisición y
conservación de la misma, como de manera expresa lo ordena el artículo 51 de la
Constitución en su inciso segundo, pues ello desbordaba, como es lógico la
capacidad de pago de los adquirentes de vivienda sobre todo al tener en cuenta
que los reajustes periódicos de los ingresos de los trabajadores y de las capas
medias de la población no se realizaban conforme a la variación de las tasas de
interés en la economía, sino bajo otros criterios. Por estos motivos, la
expresión acusada del artículo 16 literal f) de la Ley 31 de 1992 fue declarada
inexequible por ser contraria materialmente a la Constitución.
En la Sentencia C-700 de 1999, por su parte, se declararon inexequibles las
disposiciones demandadas del decreto 663 de 1.993 (artículo 134 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero) y se precisó que los efectos de esta
sentencia en relación con la inejecución de las normas declaradas
inconstitucionales, se difieren hasta el 20 de junio de año 2000, para que, en
un lapso razonable pueda expedirse por el Congreso de la República la Ley Marco
que dicte las normas generales sobre el sistema de financiación adecuada para
la adquisición de vivienda a largo plazo, pero sin perjuicio de que en
forma inmediata, se dé estricto, completo e inmediato cumplimiento  a lo
ordenado por esta Corte en sentencia  C- 383 del 27 de mayo de 1.999,
sobre fijación y liquidación de los factores que inciden en el cálculo y cobro
de las unidades de poder adquisitivo constante UPAC.
A partir de ésta sentencia, dictada en septiembre 16
de 1999, el sistema UPAC desapareció jurídicamente para todos los implicados en
dicho sistema: personas naturales o jurídicas, ahorradores, deudores por
créditos en UPAC sin distinción, bien sea por vivienda, por adquisición de
lotes, por adquisición de oficinas, bodegas, por préstamos de libre inversión. Igualmente,
se ordenó la reliquidación de los créditos en UPAC según lo previsto en la
sentencia C-383 de 1999, así como la devolución o aplicación de los excesos
pagados en su totalidad, para todos los que tuvieron créditos por este sistema
y que se vieron perjudicados por el mismo.
En la sentencia C-747 de 1999, se declaró la inexequibilidad del numeral tercero
del artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, así como la de la expresión que
contemplen la capitalización de intereses contenida en el numeral primero
de la norma en mención, únicamente en cuanto a los créditos para la
financiación de vivienda a largo plazo, inexequibilidad cuyos efectos fueron
diferidos hasta el 20 de junio del año 2000, como fecha límite para que el
Congreso expidiera la ley marco correspondiente.
Lo resuelto por la Corte en esta sentencia, implicó entonces
que el Congreso de la República, conforme a la atribución conferida en el artículo
150, numeral 19 literal d) de la Constitución Política, regulara mediante la
expedición de una ley marco todo lo atinente al sistema adecuado para la
financiación de vivienda a largo plazo según lo establecido en el artículo 51
de la Constitución.
Se debe resaltar, además, que para la reliquidación de
intereses ordenada, se debía incluir el recálculo de la Corrección Monetaria
atada al Indice de Precios al Consumidor -IPC- teniendo en cuenta la Sentencia
del Consejo de Estado, Expediente Nº 9280, de mayo 21 de 1999; y eliminar la
capitalización de intereses o interés compuesto involucrado en el monto acumulado
de las deudas en UPAC, sustituyéndolo por interés simple desde el inicio del
préstamo.
De ésta manera, en tales sentencias, se  declaró la inexequibilidad
de una serie de normas contrarias a los preceptos constitucionales y se puso
fin al sistema de financiación de vivienda denominado UPAC, dando paso a un
sistema respetuoso de los lineamientos de la Constitución Política y la doctrina
constitucional  promulgado a través de la Ley 546 de 1999.
La Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 “por la cual se dictan normas en materia de
vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su
financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos
vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras
disposiciones”, fue creada por el legislador como solución a la crisis
social, económica y financiera provocada por el incremento desbordado de los
créditos hipotecarios obtenidos para la financiación de vivienda a largo plazo
y la imposibilidad de muchos deudores de pagar las cuotas correspondientes al
superar su capacidad de pago.
Dentro de ese contexto, el objetivo de la ley,
señalado expresamente en su artículo 2°, fue el de fijar las condiciones
necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna; el
cual desarrolló con la creación de un nuevo sistema especializado de
financiación de vivienda a largo plazo (UVR[81])
y mediante la adopción de estrategias dirigidas a: (i) salvaguardar el
patrimonio de las familias representado en su vivienda, (ii) vigilar y fomentar
el ahorro destinado a la construcción y financiación de vivienda, buscando
mantener la confianza pública en los instrumentos de captación y en los
establecimientos de crédito, (iii) proteger a los usuarios de los créditos de
vivienda, (iv) propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de
financiación de vivienda a largo plazo, (v) velar porque el otorgamiento de los
créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores, (vi)
hacer viable el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia,
(vii) promover e impulsar la construcción de vivienda en condiciones
financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias, y
(viii) privilegiar los programas y soluciones de vivienda de las zonas del
territorio afectadas por desastres naturales y actos terroristas.
En aras de cumplir tal propósito, el
legislador advirtió que, bajo el anterior sistema de vivienda (UPAC), el monto
de las deudas hipotecarias no sólo superó abiertamente la capacidad de pago de
los deudores, sino también, el valor original de las viviendas, hasta el punto
que éstos tuvieron que cancelar cuantiosas sumas de dinero que la propia
jurisprudencia constitucional calificó de inequitativas y desproporcionadas
frente al costo real del bien inmueble y de los prestamos inicialmente
otorgados.  El Congreso igualmente consideró, la forma en la que se venía
manejando el sistema UPAC, pues al sujeto pasivo de la obligación hipotecaria
no le era posible proyectar el pago de sus obligaciones -en tanto desconocía el
monto real de la acreencia-, y tampoco le era posible reestructurar el crédito
en procura de adecuarlo a sus condiciones económicas de pago.
La Ley 546 de 1999 incluyó expresamente normas
relativas al período de transición para el paso del antiguo sistema de
financiación en UPAC al nuevo  sistema de UVR. Ciertamente, con esta
normatividad, no sólo se permite la adquisición de vivienda a nuevas personas,
sino que, además, se pretende que quienes vieron afectado su patrimonio por el
inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de
financiación -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla.
De
conformidad con lo anterior, como estrategia inmediata, se dispuso el
reconocimiento por cuenta del Estado de unas sumas de dinero o alivios (art. 40
y ss), bien para abonar a los créditos hipotecarios vigentes a la fecha de
expedición de la ley y que hubieren sido adquiridos para la financiación de
vivienda individual a largo plazo, o bien para crear un fondo de ahorro a favor
de los deudores que hubieren entregado en dación de pago sus viviendas,
dirigido a constituir la cuota inicial de una nueva.  La aplicación del
mencionado alivio se hizo extensiva no sólo a los créditos que se encontraran
al día, sino también  a los que se encontraran en mora a 31 de diciembre
de 1999, como una forma de contrarrestar la crisis generada por el aumento
desproporcionado de los procesos ejecutivos, iniciados por las entidades
crediticias.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-955
del 26 de julio de 2000, adelantó el correspondiente juicio de constitucionalidad
de la Ley 546 de 1999.
Específicamente, respecto de los artículos 38 y 39 de
la mencionada norma, la Corte expresó:
El artículo 38 es exequible, salvo las expresiones
"según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional",
contenidas en el primer inciso, e "igualmente a elección del deudor, se
podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos, en UVR o en
pesos".
La exequibilidad surge, además de lo expuesto, del
hecho de que la norma se limita a ordenar una conversión de las obligaciones
expresadas en términos de un sistema desaparecido (el UPAC) al que en la nueva
Ley se establece (el UVR), lo que no es contrario a los preceptos superiores,
siempre que se entienda -claro está- que las reliquidaciones debían acatar con
exactitud lo previsto en las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, de manera
tal que los pagos efectuados por conceptos inconstitucionales (DTF o
capitalización de intereses) debían ser devueltos o abonados a los deudores.
Sin embargo, no siendo este estrado el competente para
calificar cómo haya sido efectuada cada reliquidación, la Corte se circunscribe
a declarar, en los términos dichos, la exequibilidad de las normas objeto de
ataque, y quienes algo tengan que reclamar por los aludidos conceptos tienen
expedito el camino para solicitar a las instituciones financieras la revisión
correspondiente, a la Superintendencia Bancaria la vigilancia respectiva, y a
los competentes jueces de la República las soluciones que en justicia
correspondan.
-El artículo 39, es exequible con excepción de las expresiones "dentro de los
tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, y", del
parágrafo 2, que se declaran inexequibles.
El artículo consagra la obligación de los
establecimientos de crédito de ajustar los documentos contentivos de las condiciones
de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con
anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley a las disposiciones previstas en
la misma, como una consecuencia del cambio de sistema, el cual repercute
forzosamente en los contratos que se venían ejecutando.
No se viola la Constitución con el aludido mandato,
toda vez que éste, por su carácter general e imperativo, ajusta al nuevo orden
las relaciones jurídicas establecidas con anterioridad, y ello se encuentra
incluido en la órbita de atribuciones del legislador.
También resulta constitucional que, por ministerio de
la ley, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las
garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se
entiendan por su equivalencia en UVR, previa -desde luego- la reliquidación en
los términos precedentes.
El parágrafo primero dispone que la reliquidación de
los créditos no constituye una novación de la obligación y, por lo tanto, no
causará impuesto de timbre. Al respecto, entiende la Corte que se desarrolla
por parte del legislador la atribución de precisar cuál es el alcance jurídico
de las operaciones que regula, introduciendo las precisiones y modificaciones
necesarias al orden jurídico a cuyo amparo las obligaciones fueron contraidas
(art. 150, numeral 1, C.P.), para estructurar el sistema y asegurar la
transición eficiente entre una y otra modalidad de crédito.
Que tal hecho se haga explícito es legítimo y bajo esa
perspectiva la norma es exequible.
Como quedo expuesto, la Corte, una vez realizado el
estudio de constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, consideró ajustada la
normatividad allí prevista a las previsiones constitucionales y
jurisprudenciales que propenden por la vigencia de un orden justo, la
prevalencia de la sustancia sobre la forma y el acceso a la administración de
justicia.
Con base en las consideraciones generales expuestas en
precedencia, la  Sala debe determinar ahora si en el asunto sometido a
revisión, efectivamente, se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, al debido proceso en conexidad con el derecho a la vivienda y a
la igualdad ante la ley.
3.3.
PRESENTACION DEL CASO
CONCRETO
Señala la accionante en su escrito de
tutela que el Banco Davivienda S.A., promovió en su contra demanda ejecutiva
con título hipotecario el 4 de noviembre de 2005, para obtener el recaudo de la
obligación No.5700321000071052 suscrita el 15 de enero de 2001, garantizada por
hipoteca otorgada el 7 de abril de 1994.
Indica que en tiempo, su apoderado
formuló objeciones a la reliquidación presentada por la entidad, y propuso
excepciones previas y de mérito, señalando cómo y de qué manera no se ajustaba
a las previsiones de la Ley 546 de 1999, ni a lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-955 de 2000. Para probar las excepciones,
solicitó prueba pericial consistente en verificar si el crédito había sido
reliquidado desde su inicio acatando las sentencias C-383, C-700 y C-747 de
1999.
Afirma que en el proceso se probó mediante exhibición
de documentos, que originalmente la obligación fue suscrita el 12 de mayo de
1994 por valor de $21.820.000 a la tasa del 16% E.A. Por lo tanto considera
que, el valor de la obligación No.5700321000071052 corresponde a una reestructuración
efectuada sin cumplir con las reglas del régimen de transición prevenidas por
la sentencia C-955 de 2000, para la ejecutabilidad de los artículos 38 y 39 de
la Ley 546 de 1999.
Advierte igualmente que, a solicitud de su apoderado,
el Banco Davivienda presentó la reliquidación del crédito desde 1994, efectuada
con el único propósito de devolver los puntos de DTF incluidos en el cálculo de
la UPAC, como lo ordenó el artículo 41 de la Ley 546 de 1999, bajo las
instrucciones de la circular 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria.
Manifiesta que en sentencia del 4 de septiembre de
2007, el Juez declaró no probadas las excepciones y resolvió disponer la venta
en pública subasta del bien inmueble objeto de garantía, i) omitiendo hacer
referencia a la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-955 de 2000 erga
omnes (sic) sobre el precedente constitucional vinculado por el numeral
21 de la parte resolutiva, que fijó el alcance de los artículos 38 y 39 de la
Ley 546 de 1999, ii) omitiendo el procedimiento fijado en el artículo 187 del
CPC., para valorar la prueba, y iii) ignorando los artículos 39 y 40 de la Ley
546 de 1999.  Contra esta decisión interpuso el recurso de apelación.
La Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, desató el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de
primera instancia. Para la accionante, el juez en su análisis pasó por alto
errores protuberantes que constituyen una vía de hecho, porque de manera
inexcusable i) desconoce los artículos 39 y 40 de la Ley 546/99, ii)
confunde la autonomía judicial con la arbitrariedad judicial, vulnerando los
artículos 4 y 187 del C.P.C., y 2, 4, 13, 29 y 228 de la Carta, y iii) omite
hacer referencia a los efectos y alcances del precedente y cosa juzgada
constitucional vinculados por el numeral 4° de la parte resolutiva de la
sentencia C-1140 de 2000 a las condiciones de exequibilidad del artículo 43 de
la ley 546 de 1999). (sic)
Inconforme con las anteriores decisiones, el 23 de
febrero de 2009, solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir
del mandamiento de pago inclusive, y en su lugar, ordenó su trámite bajo la
normatividad aplicable al caso, prevista en los artículos 17, 38, 39 y 43 de la
Ley 546 de 1999 bajo las reglas de exequibilidad condicionada ordenadas por las
sentencias C-955 y C-1140 de 2000. El 4 de mayo de 2009, el Juzgado Trece Civil
del Circuito, rechazó de plano la nulidad invocada al estimar que no hay
nulidad por fuera de las previstas por el legislador y que los fundamentos
fácticos en que se soportó no encajan en la premisa alegada. Frente a ésta
decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, resueltos
en septiembre 1° de 2009 y el 12 de marzo de 2010, respectivamente, confirmando
el auto recurrido.
Finalmente alega que las decisiones de instancia
contravienen el derecho al debido proceso sustantivo, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, como garantía de efectividad y protección de su
derecho a la vivienda.
Por su parte, las entidades demandadas coinciden en
oponerse a las pretensiones de la peticionaria, por cuanto la misma, ha contado con todas las oportunidades
procesales dentro del proceso ejecutivo para hacer valer sus derechos.
En este orden de ideas, a partir de la
lectura del expediente, es posible concluir que la actora circunscribe su
tutela a dos presuntos defectos, que en su criterio conducen a que los fallos
atacados sean incompatibles con el derecho fundamental al debido proceso:
(i)
la configuración de un defecto
fáctico, al estimar que las instancias judiciales demandadas  omitieron
valorar el dictamen pericial decretado dentro del proceso;
(ii)
un defecto sustantivo por el presunto desconocimiento del precedente
constitucional establecido por esta Corte sobre la normatividad aplicable a los
créditos de vivienda.
Esta Sala entonces, verificará si en el presente caso,
se configuran los criterios de procedencia -generales y especiales- de la
acción de tutela contra providencias judiciales y si en los fallos de los
jueces de instancia, se presentaron los defectos alegados.
3.3.1.
Requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
(i)
El primer requisito exigido
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
En el presente caso, lo que se pretende es hacer valer el derecho fundamental al debido
proceso en conexidad con el derecho a la vivienda digna. Se trata entonces,
como lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades[82], de la defensa de
derechos constitucionales fundamentales, por lo que este primer requisito, se
entiende satisfecho.
ii) Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable.
La Sala advierte que la sentencia atacada resolvió en
segunda instancia el proceso ejecutivo adelantado por el Banco Davivienda,
razón por la cual no es posible presentar nuevos recursos ordinarios contra esa
decisión. Aunque la decisión cuestionada es susceptible del recurso
extraordinario de revisión, contemplado por el artículo 379 del Código de
Procedimiento Civil, este trámite no se muestra idóneo para resolver la
controversia planteada y materia de la presente decisión. En efecto, las
causales para la revisión de las sentencias ejecutoriadas, previstas en el
artículo 380 del CPC[83],
no permiten que esas decisiones sean atacadas por la violación de normas
constitucionales, fundada en defectos fácticos o sustantivos como los
argumentados en el presente caso.  Por ende, habida consideración del
carácter taxativo y estricto de esas causales de revisión, el mecanismo se
muestra del todo insuficiente para dar respuesta a los asuntos planteados por
la institución financiera accionante.
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
Esta Sala de Revisión encuentra que en el presente
proceso de tutela, la demandante interpuso la acción el 14 de abril de 2010,
esto es, alrededor de un mes después de proferida la decisión de la Sala Civil
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de
marzo del 2010, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra el auto proferido el día 4 de mayo del 2009 por el Juzgado Trece Civil
del Circuito de Bogotá[84].
Por lo tanto, se cumple el requisito de inmediatez.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
El defecto planteado por la accionante es relevante
para la decisión del caso. A este respecto, el apoderado del accionante
sostiene que de no haber ocurrido el defecto sustantivo consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, como garantía de efectividad y
protección del derecho a la vivienda, el sentido del fallo hubiera sido otro.
Finalmente, respecto al último requisito, se verificó
de manera clara que la decisión atacada no es un fallo de tutela.
Una vez acreditados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias, la Sala asumirá el
análisis de los requisitos especiales de procedibilidad exigidos por la
jurisprudencia constitucional.
3.3.2.
Análisis de los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
A continuación procede la Sala a examinar cada uno de
los cargos formulados por la demandante, a la luz de las precisas reglas que ha
establecido la jurisprudencia para el efecto.
3.3.2.1.
El cargo por estructuración
de un error fáctico.
En relación con el defecto fáctico, es preciso
recordar que la jurisprudencia constitucional ha advertido que la omisión de la
valoración probatoria debe ser de tal entidad que interfiera de forma decisiva
en el sentido de la providencia. Esto, comoquiera que la autoridad judicial
está amparada por la autonomía y competencia propia de las funciones que
desempeña, para valorar en el ámbito de la sana crítica la realidad probatoria
existente en el proceso.
El defecto fáctico alegado, se apoya en el desconociendo
de los artículos 39 a 43  de la Ley 546 de 1999, y las reglas ordenadas en los
precedentes constitucionales de las sentencias C-955 y C-1140 de 2000, como
normatividad aplicable a los créditos de vivienda. Para el apoderado de la
accionante, i) la entidad bancaria pretende exceder lo autorizado por
la Corte Constitucional para estos créditos que en su sentencia 1140 de 2000,
dispuso que la tasa máxima de interés que se puede cobrar en un crédito sobre
la vivienda tiene que ser una tasa inferior a la más baja del mercado. Esta
tasa está actualmente en el 7% anual por lo cual la tasa del crédito que se le
puede facturar al demandado debe ser máximo del 6% anual. De igual manera
considera que estos créditos por sustracción de materia serán de orden civil
y no comercial.  ii) el art. 39, no obliga ni faculta redenominar
en UVR las obligaciones pactadas en UPAC, dicha norma se refiere a los pagarés
que se otorguen con posterioridad a la vigencia de la ley, pues no se puede
desconocer el acuerdo de las partes sobre los alcances del derecho incorporado
en el título valor, y si el mismo iba a sufrir variación en sus condiciones,
debió hacerse de común acuerdo entre las partes, por lo tanto la entidad
ejecutante no podía modificar unilateralmente las cláusulas del pagaré que
sirve de base a esta acción. iii) en la aparente omisión del Juzgado
Trece Civil del Circuito en la valoración del dictamen pericial decretado
dentro del proceso.
En el presente caso se advierte, que el Juzgado Trece
Civil del Circuito[85],
dentro del trámite procesal desvirtuó las apreciaciones del apoderado, al
considerar que en lo que a la tasa de interés cobrada respecta, es inadmisible
la hipótesis del excepcionante según la cual, ésta debería corresponder a la
establecida en materia civil, esto es, el 6% anual, pues contrario a lo anotado,
la que dio origen a este proceso es una relación mercantil, aunque
especialmente regulada, no sólo por la naturaleza de una de las
partes como lo es la entidad financiera, sino por el vínculo mismo establecido
a través de un bien eminentemente comercial como lo es un título valor pagaré.
En este punto, esa regulación corresponde a la Junta Directiva del Banco de la
República quien estableció como interés remuneratorio máximo para estos
créditos el 13.1% nominal, el que equivale al 13.95% efectivo anual y por tanto
el interés moratorio es una y media veces este último porcentaje, esto es, el
20.88% efectivo anual, encontrando que el auto de mandamiento de pago se
encuentra acorde con las disposiciones establecidas por la autoridad
competente. (subrayado fuera de texto)
Ahora bien, en cuanto a que la ejecución no se puede
adelantar en términos de UVR, teniendo en cuenta que la obligación original
nunca fue pactada en tales unidades, debiéndose atener el acreedor a la
literalidad del título, el despacho indicó, como quiera que el UPAC perdió
su vigencia dentro del ordenamiento jurídico, una de las tareas que debían ser
emprendidas por el legislador, era la de establecer un sistema que lo
reemplazara, adoptando las directrices indicadas por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, mediante las decisiones que le dieron fin a aquella
primera unidad, y fue lo que aquel hizo con la creación de uno nuevo basado en
la unidad de valor real UVR, permitiendo como tal la subsistencia de los
créditos pactados en UPAC, preservando así los derechos previamente adquiridos
por las partes contratantes, pero redenominados en UVR, afectando directamente
los títulos en que constaban aquellas primigenias obligaciones, tal como quedó
consignado en el inciso 2° del artículo 39 de la Ley 546/99: “los pagarés
mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las
mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su
equivalencia, en UVR, por ministerio de la ley”. (subrayado fuera de
texto)
Finalmente, la accionante alega que no se valoró en
debida forma el dictamen pericial en donde supuestamente se demostraba el pago
en exceso de la deuda. Sin embargo, dentro del proceso se demuestra que el
Juez, dentro de su competencia valoró la referida prueba y concluyo: i)
que el dictamen pericial había sido calculado con un interés civil y no
comercial, y ii) que el dictamen pericial realizado está relacionado no
con el pagaré aportado con la demanda como base de recaudo, sino con la inicial
obligación contraída por la demandada, que no cuenta para el presente caso
teniendo en cuenta la reestructuración de la deuda y el cambio de modalidad en
el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las partes, en una nueva
obligación.
En efecto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá -Sala Civil de Decisión-, al resolver la apelación interpuesta contra
la providencia del Juzgado Trece Civil del Circuito consideró que, el juez
se apartó del dictamen pericial porque está relacionado no con el pagaré
aportado con la demanda como base de recaudo, sino a las cuestiones
relacionadas con la inicial obligación contraída por la demandada, que como ya
quedó establecido no cuenta para esta situación, en virtud de la
reestructuración de la deuda y cambio de modalidad en el cumplimiento de las
obligaciones convenidas por las partes[86].
De igual manera reiteró que el dictamen pericial es
medio probatorio que sirve al juez para verificar cuestiones inherentes al
litigio que requieren de especial conocimiento, pero ello no significa que las
conclusiones o conceptos que emitan los peritos se deban atender o aplicar
obligatoria o íntegramente por el juez, pues por el contrario el juzgador tiene
absoluta libertad para apreciar y darle el valor que considere a ese medio de
prueba como facultad inherente a la autonomía que le es propia. Es decir, la
ley no obliga a que el juzgador tenga que someterse a las conclusiones o
conceptos del experticio, su valoración y acatamiento es amplio como
corresponde a la función judicial. Con este marco, no puede ser admisible que
exista obligatoriedad de atender el dictamen pericial y la imposibilidad que se
le endilga al juzgador para atender los términos, valores y conceptos
expresados por el perito, porque ello implicaría un cercenamiento de la libre
apreciación de la prueba por parte del sentenciador, como lo consagra la ley
procesal civil.
Al respecto, la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación[87],
ha señalado que nuestra legislación siempre ha reconocido la prueba pericial
como una prueba calificada. En efecto, el artículo 233 del Código de Procedimiento
Civil se refiere a la prueba pericial como un medio para verificar
hechos que interesan al proceso y que requieran conocimientos científicos,
técnicos o artísticos. Así, entonces, la prueba pericial busca aportar al
proceso elementos de juicio ajenos al saber jurídico que se requieren para
resolver la controversia jurídica sometida a decisión del juez.
Conforme con el Código de Procedimiento Civil, la
prueba pericial se caracteriza por: i) expresar conceptos cualificados
de expertos en materias científicas, técnicas o artísticas, pero bajo ningún
punto sobre aspectos jurídicos (artículo 236, numeral 1º), pues es evidente que
el juez no requiere apoyo en la disciplina que le es propia; ii) quién
lo emite no expresa hechos, sino conceptos técnicos relevantes en el proceso.
Efectivamente, a los peritos no les consta la situación fáctica que origina la
intervención judicial, puesto que, a pesar de que pueden pedir información
sobre los hechos sometidos a controversia, su intervención tiene como objetivo
emitir juicios especializados que ilustran al juez sobre aspectos que son
ajenos a su saber. iii) es un concepto especializado imparcial, puesto
que el hecho de que los peritos están sometidos a las mismas causales de
impedimentos y recusaciones que los jueces muestra que debe ser un tercero
ajeno a la contienda (artículo 235); iv) se practica por encargo
judicial previo, de ahí que claramente se deduce que no es una manifestación de
conocimientos espontánea ni su contenido puede corresponder a la voluntad de
una de las partes (artículo 236, numeral 2º); v) el dictamen pericial
debe ser motivado en forma clara, oportuna, detallada y suficientemente
(artículo 237) y, vi) para que pueda ser valorado judicialmente, esto
es, para que pueda atribuírsele eficacia probatoria requiere haberse sometido a
las condiciones y al procedimiento establecido en la ley y, en especial, a la
contradicción por la contraparte.
En todo caso, el dictamen pericial debe someterse al
procedimiento establecido en la ley para que la contraparte ejerza su derecho
de defensa mediante la contradicción del mismo, la cual puede consistir en la
objeción por error grave o en la solicitud de aclaración, complementación o
adición (artículo 238 del Código de Procedimiento Civil).
Así las cosas, se concluye que la prueba pericial
tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser apreciada por el juez
solamente si corresponde a un acto procesal que fue sometido al principio de
contradicción y fue regular y legalmente practicado en el proceso, conforme a
las reglas previstas en la ley para el efecto.
Conclusión
En este caso concreto, no se estructuró el defecto
fáctico en las providencias atacadas comoquiera que se encuentra probado:
i)
que la relación que dio origen
al proceso ejecutivo hipotecario es una relación de origen mercantil
especialmente regulada, y no una de origen civil como lo alegó el apoderado, no
sólo por la naturaleza de una de las partes como lo es la entidad financiera,
sino por el vínculo mismo establecido a través de un bien eminentemente
comercial como lo es un título valor pagaré. Por lo cual, la regulación de
intereses no podía ser la estipulada en el código civil (6%) sino que esa
regulación corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República quien
estableció como interés remuneratorio máximo para estos créditos el 13.1%
nominal, el que equivale al 13.95% efectivo anual y por tanto el interés
moratorio es una y media veces este último porcentaje, esto es, el 20.88%
efectivo anual, esto, según las disposiciones establecidas por la autoridad
competente.
ii)
que no se desconoció el
acuerdo de las partes frente a las condiciones de la obligación, por cuanto el
cambio de la denominación de UPAC a UVRs se dio por Ministerio de la Ley, según
estipulación expresa del inciso segundo del artículo 39 de la Ley 546/99 y no
de manera unilateral como lo manifestó el apoderado de la accionante.
iii)
que la actuación de los jueces
de instancia no fue caprichosa ni arbitraria, y valoró la realidad probatoria
que obraba en el expediente al evidenciar  que el dictamen pericial
realizado  está relacionado no con el pagaré aportado con la demanda como base
de recaudo, sino a las cuestiones relacionadas con la inicial obligación
contraída por la demandada, que como ya quedó establecido no cuenta para esta
situación, en virtud de la reestructuración de la deuda y cambio de modalidad
en el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las partes[88].
Además, al observar el informe pericial se evidencia que la liquidación
realizada por el auxiliar de la justicia,  se llevó a cabo teniendo en cuenta
el interés del 6%  y 7.5% anual, porcentajes que a todas luces contravienen los
intereses establecidos por la Junta Directiva del Banco de la República, como
autoridad competente para ello, en virtud de la especial regulación que
envuelve los créditos para compra de vivienda. Igualmente, la fecha a la que se
circunscribe el informe, va de junio de 1994 a marzo de 2007, margen de tiempo que no corresponde a la reliquidación objetada.
iv) que del informe pericial allegado por el auxiliar de
la justicia designado por el Juzgado Trece Civil del Circuito, se corrió
traslado por término de tres (3) días, el cual venció sin que se solicitara por
alguna de las partes fuera complementado, aclarado u objetado por error grave[89].
3.3.2.2.
El cargo por estructuración
de un error sustantivo.
Como ya se mencionó, el defecto sustantivo como una
circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias
judiciales, aparece cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea
por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
El defecto sustantivo invocado por la demandante, se
circunscribe a la omisión en que incurrieron en sus decisiones el Juzgado Trece
Civil del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, respecto a la normativa
aplicable a los créditos de vivienda. Concretamente, considera que en las
decisiones i) se omite  hacer referencia a la cosa juzgada constitucional de
la sentencia C-955 de 2000 erga omnes (sic) sobre el precedente
constitucional vinculado por el numeral 21 de la parte resolutiva, que fijó el
alcance de los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, ii) omite hacer
referencia a los efectos y alcances del precedente y cosa juzgada
constitucional vinculados por el numeral 4° de la parte resolutiva de la
sentencia C-1140 de 2000 a las condiciones de exequibilidad del artículo 43 de
la ley 546 de 1999), iii) al confirmar el fallo de primera instancia, el
Tribunal le concedió los efectos de la novación a la reestructuración del
crédito desconociendo los artículos 39 y 40 de la Ley 546 de 1999 y la
sentencia C-955 de 2000 erga omnes (sic).
En este punto, cabe recordar que como consecuencia de
la expedición por parte de la Corte Constitucional de las sentencias C-383 de
1999[90],
C-700 de 1999[91]
y C-747 de 1999[92],
en las que expuso la necesidad de que existiera una regulación del sistema
de financiación de vivienda, que respetara los lineamientos de la doctrina
constitucional, fue promulgada la Ley 546 de 1999, cuyo control de
constitucional se surtió a través de la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000,
esta Ley fue expedida con el fin de solucionar una crisis social y económica de
grandes proporciones, motivada en su mayoría,  por el excesivo número de
procesos ejecutivos en curso para esa época, en la que además se otorgó una
serie de alivios financieros que debían ser aplicados a quienes tuvieran un
proceso ejecutivo pendiente.
Entre los alivios financieros dispuestos en la Ley 546
de 1999, que debían ser aplicados a los créditos de vivienda individual a largo
plazo, se encontraban, el cambio en las condiciones que debía surtirse en todas
las obligaciones que hasta ese momento se encontraban expresadas en UPAC, las
cuales deberían ser expresadas en UVR, se ordenó la reliquidación de los
créditos en UPAC, así como la devolución o aplicación de los excesos pagados en
su totalidad, para todos los que tuvieron créditos por este sistema y que se
vieron perjudicados por el mismo[93].
En ese orden de ideas, para esta Sala, tampoco se
estructura el defecto sustantivo alegado, toda vez que:
i)
el Banco Davivienda procedió a
efectuar la reliquidación del crédito No. 30612881 de la señora María Clara
León Rojas, de UPAC a UVRs, desde mayo de 1994 hasta diciembre de 1999, cuyo
valor por concepto del alivio fue por $14.057.593.16[94], y lo aplicó el 14 de
febrero de 2000 al saldo que a 31 de diciembre de 1999 ascendía a la suma de
$58.266.072.18[95].
Sin que esta actuación fuera objetada por la deudora, en su momento.
ii) que la
señora María Clara León Rojas en escrito presentado al Banco Davivienda el 23
de noviembre de 2000, manifestó su deseo de acogerse a la reliquidación
dispuesta en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y solicitó la
reestructuración del crédito con ampliación del plazo hasta el máximo permitido
por la ley, como una forma de racionalizar las cuotas[96]. Requerimiento
que fue atendido y aprobado por la entidad bancaria una vez realizó el estudio
del crédito[97].
iii) que una
vez pactadas las condiciones de la reliquidación, el Banco Davivienda suscribió
el pagaré No.05700321000071052, con fecha 15 de enero de 2001, por 490.015.7753
UVRs, las cuales a la fecha de firma del documento representaban la suma de
$55.228.600, pagaderos a un plazo de 239 meses, con una tasa de interés
remuneratorio del 13.91% efectivo anual, según resolución No.14 de 2000
expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, por la cual se
señaló la tasa máxima de interés remuneratorio permitida para financiación de
vivienda a largo plazo[98].
Esta nueva obligación, suscrita en el pagaré 05700321000071052, fue firmada
por la señora María Clara León Rojas con cédula y huella dactilar, según se
advierte en copia del pagaré allegada al proceso como prueba.
iv)
que en efecto, las condiciones
del crédito primigenio fueron modificadas por las partes, teniendo en cuenta la
solicitud de reliquidación de la deuda realizada por escrito por la aquí
demandante, que según las pruebas aportadas al expediente, fue evaluada y
avalada por la entidad financiera, constituyendo un nuevo pagaré suscrito en
enero de 2001, en UVR, a una tasa del 13.91% efectivo anual, a 239 meses.
v)
que el pagaré que se adjuntó a
la demanda ejecutiva y por el cual se ordenó librar mandamiento de pago,
corresponde a la nueva obligación suscrita por la señora María Clara León
Rojas,  No.05700321000071052, en enero de 2001. Proceso que se inició en
noviembre de 2005 por la entidad financiera Davivienda, una vez aplicó la
cláusula aceleratoria, por el incumplimiento de la deudora en el pago de siete
(7) cuotas del crédito hipotecario mencionado.
Conclusión
El análisis precedente permite concluir que las
decisiones de instancia en la acción de tutela presentada por la señora María
Clara León Rojas deben ser confirmadas al no advertir vulneración alguna del derecho al debido proceso de la
peticionaria y por lo tanto, no se ha incurrido en ninguna causal especifica de
procedibilidad.
En estas condiciones, la Sala confirmará las
decisiones de instancia proferidas dentro del trámite de tutela por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
4.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. – LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el asunto de la
referencia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010),
que a la vez confirmó la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010) por
medio de la cual se denegó la protección invocada por María Clara León Rojas, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO.-
LÍBRESE la comunicación de que trata
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folios 21 a 28, cuaderno 2.
[2] Folios 29 a 35, cuaderno 2.
[3] Folios 62 al 75, cuaderno 2.
[4] Folios 36 a 43, cuaderno 2.
[5] Folios 32 al 34, con fecha de expedición 31 de agosto de 2010.
[6] Folios 45 a 49, cuaderno 2.
[7] Folios 50 a 52, cuaderno 2.
[8] Folios 55 a 61, cuaderno 2.
[9] Folios 12 a 37, cuaderno de anexo 1.
[10] Folios 45 a 48, cuaderno de anexo 1.
[11] Folios 49 a 51, cuaderno anexo 1.
[12] Folios 112 a 116, cuaderno anexo 1.
[13] Folio 117, cuaderno anexo 1.
[14] Folios 118 a 121, cuaderno anexo 1.
[15] Folio 123, cuaderno anexo 1.
[16] Folio 134, cuaderno anexo 1.
[17] Folios 8 y 9, cuaderno anexo 1.
[18] Folios 16 y 17, cuaderno anexo 1.
[19] Folio 95, cuaderno anexo 1.
[20] Folio 53, cuaderno de anexo 1.
[21] Folios 64 a 68, cuaderno de anexo 1.
[22] Folios 70 y 71, cuaderno de anexo 1.
[23] Folios 91 a 93, cuaderno de anexo 1.
[24] Folios 72 a 82, cuaderno de anexo 1.
[25] Folios 100 y 101, cuaderno de anexo 1.
[26] Folios 160 a 171, cuaderno de anexo 1.
[27] Folios155 a 159, cuaderno de anexo 1.
[28] Auto del 30 de abril de 2007, folio 172, cuaderno de anexo 1.
[29] Folios 177 al 185, cuaderno de anexo 1.
[30] Folios 186  y 187, cuaderno de anexo 1.
[31] Folios 188 a 194, cuaderno de anexo 1. Para proceder al
fallo, el despacho realizó un estudio de las excepciones propuestas por la
parte demandada, así: i) DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD. Se torna absolutamente improcedente teniendo en cuenta
que no se aportó ninguna prueba que sustentara la existencia de un trámite de
acción de grupo, igualmente, la acción de grupo no aparece enunciada en el
art.170 del CPC, como uno de aquellos casos, que tiene la virtud de determinar
la suspensión de un proceso civil; ii) INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OBLIGACION INCOADA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTS. 4 Y 243 DE LA C.P., COBRO DE LO NO DEBIDO, PAGO PARCIAL, COMPENSACION, EXCEPCION DE CAMBIO DE LAS
CIRCUNSTANCIAS COMO FUNDAMENTO DE LA IMPREVISION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES. En el presente caso se observa que
conforme el documento visible a fl. 117 la entidad demandante en cumplimiento a
lo ordenado por la Ley 546 de 1999, aplicó con fecha FEBRERO 14 DE 2000 la
reliquidación al crédito No.30612881 por un valor de $14.057.876.54 y cuyo
saldo a diciembre 31 de 1999 ascendía a la suma de $58.266.972.18, y en el
mismo documento se aclara que el número actual del crédito es 5700321000071052,
en virtud de su reestructuración, con lo cual fue coherente también al momento
de interponer la demanda, cuyas pretensiones se expresan igualmente en UVR.
Por otra parte y en lo que a la tasa de interés cobrada respecta, es
inadmisible la hipótesis del excepcionante según la cual, esta debería
corresponder con la establecida como regla en materia civil, esto es del 6%
anual, pues contrario a lo anotado por el excepcionante, la que dio origen a
este proceso es una relación mercantil, aunque especialmente regulada, no solo
por la naturaleza de una de las partes, como lo es una entidad financiera, sino
por el vínculo mismo establecido a través de un bien eminentemente comercial
como lo es un título valor pagaré.  Regulación que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República quien estableció como interés remuneratorio máximo
para estos créditos el 13.1% nominal, el que equivale al 13.95% efectivo anual
y por tanto el interés moratorio es una y media veces este último porcentaje,
esto es el 20.88% efectivo anual, encontrándose que el auto de mandamiento de
pago se encuentra acorde las disposiciones en cuanto intereses moratorios se
refiere, toda vez que la tasa allí ordenada es inferior a la establecida por la J.D.B.R.  Conforme a lo expuesto, las excepciones no prosperan. iii) CONTRATO NO
CUMPLIDO, DOLO Y MALA FE. En el caso en estudio no se ha demostrado la
existencia de la MALA FE alegada, ni que la conducta del actor hubiese sido
dolosa al momento de la concesión del crédito, más cuando este se ajusta a los
parámetros legales, siendo aceptado el pacto tanto por el demandante, como por
el demandado, en los términos esbozados en el contrato. iv) ABUSO
DEL DERECHO Y ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE. Basta
con decir que en Colombia se aplica la Ley nacional, en la cual existe una
específica reglamentación sobre tasa de interés que es la que se está aplicando
en este caso, por lo que la excepción no prospera.  v)
FALSEDAD IDEOLOGICA Y/O ABUSO DE CONFIANZA. No está llamada a prosperar,
por el simple hecho de que no se probó que el pagaré haya sido llenado con
espacios en blanco o carta de instrucciones, sino que fue suscrito por el
demandado con conocimiento de la suma que se le había dado en préstamo, esto es
por $55.228.600. vi) PETICION ESPECIAL DE PERDIDA DE INTERESES. Como
se desprende del título valor fuente de recaudo el interés corriente cobrado es
del 13.91% efectivo anula y en la demanda se depreca un interés moratorio de
19.6% anual. Solicitud que debe denegarse por cuanto no existe material
probatorio en el expediente que permita establecer concretamente que intereses
habrían sido cobrados demás, a que tasa, durante cuales periodos, cuando se
pagaron, por qué monto, y así ninguna de las circunstancias cuya carga probatoria
corría completamente en el demandado.  Es de anotar en cuanto a la SUSPENSION AUTOMATICA pretendida por el excepcionante, que no es aplicable el parágrafo 3°
del art. 42 de la Ley 546 de 1999, dado que al momento de su entrada en
vigencia no existía proceso en curso, nótese que la presente acción se presentó
en noviembre 4 de 2005.
[32] Para el juzgador, resulta claro e incuestionable del
contenido del plenario que en principio la parte demandada obtuvo del banco
demandante un crédito a largo plazo destinado para vivienda, para ser cancelado
bajo el sistema UPAC, pero como este medio de amortización desapareció al ser
declarada inexequible la legislación que lo patrocinaba y en su reemplazo
surgió el nuevo sistema de unidad de valor real ahora vigente, a petición y
voluntad de la deudora (folio 123) se reliquidó el crédito y se reestructuró la
deuda con ampliación del plazo, razón por la que se creó un nuevo título o
pagaré que es el que contiene las obligaciones, en el que la demandada se
comprometió a cancelar bajo el nuevo sistema creado por la Ley 546 de 1999 en cuya vigencia se extendió el documento y que es la base del recaudo por la
vía ejecutiva.
Ahora, en cuanto a lo que es
el fundamento básico del recurso de apelación, es claro que está sustentado en
el dictamen pericial que dentro del proceso se practicó, respecto del cual, en
el concepto del recurrente, el juzgado de conocimiento se apartó no obstante
que no fue objetado y al que ni siquiera se le solicitó que fuera adicionado,
aclarado o complementado, es decir, que esa prueba por haberse cumplido en tal
forma en el proceso, debió ser acogida plenamente en cuanto al concepto emitido
por el auxiliar de la justicia.  Como es bien sabido, el dictamen pericial es
medio probatorio que sirve al juez para verificar cuestiones inherentes al
litigio que requieren de especial conocimiento, pero ello no significa que las
conclusiones o conceptos que emitan los peritos se deban atender o aplicar
obligatoria o íntegramente por el juez, pues por el contrario el juzgador tiene
absoluta libertad para apreciar y darle el valor que considere a ese medio de
prueba como facultad inherente a la autonomía que le es propia. En este caso
concreto, el juez se apartó del dictamen pericial porque está relacionado no
con el pagaré aportado con la demanda como base de recaudo, sino a las
cuestiones relacionadas con la inicial obligación contraída por la demandada,
que como ya quedó establecido no cuenta para esta situación, en virtud de la
reestructuración de la deuda y cambio de modalidad en el cumplimiento de las
obligaciones convenidas por las partes. (subrayado fuera de texto)
[33] Sentencia del 1 de octubre de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[34] Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual
sí  está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede
hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados,
sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
[35]  Sentencia T-079 del 26 de febrero de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de
hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la
conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o
capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
de la persona. En el mismo sentido, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] Sentencia del 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37] Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[38] Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales
de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a
garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de
un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer
valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón
detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[40] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos
o defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión
judicial cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar
los derechos fundamentales del reclamante.
[41] Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[42] El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes
(C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[43] De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última” (C-590 de 2005).
[44] Es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos” (C-590 de 2005).
[45] Si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio” (C-590 de 2005).
[46] Si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio” (C-590 de 2005).
[47] M.P. José Gregorio Hernández.
[48] sentencia SU-961 de 1999.
[49] La sentencia T-033 de 2010 señaló lo siguiente: Así las
cosas, no es que la tutela, interponiéndose fuera de un término razonable, deba
ser necesariamente concedida. Por el contrario, lo que la disposición en cita y
la jurisprudencia constitucional indican es que toda persona tiene derecho a
poner en actividad el aparato jurisdiccional para obtener una decisión de fondo
que, dependiendo del carácter oportuno de su ejercicio y del cumplimiento de
los demás requisitos para su procedencia en cada caso concreto, podrá llegar a
ser favorable o no.
[50] Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[51] Sentencia T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.
[52] Sentencia T-033 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.
[53] Sentencia T-294 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda. Es dentro del proceso ordinario correspondiente en el cual se estudia la controversia
jurídica en el cual las partes pueden ejercer su derecho de contradicción
manifestando, dentro de los términos establecidos, sus argumentos y contra
argumentos frente al asunto de la litis. Como en reiteradas ocasiones se ha
manifestado, la acción de tutela no está contemplada para subsanar las eventuales
negligencias de las partes dentro del proceso. De lo contrario se estaría
atentando con el derecho de defensa de la contraparte en el proceso quien no
pudo conocer dentro del escenario natural los argumentos de su contrario y en
esa medida no los controvirtió (subrayado fuera de texto)
[54] M.P. Rodrigo Escobar Gil, en ésta providencia se señaló:
Por último cabe señalar que en el presente caso la
prosperidad de la acción de tutela no riñe con el principio de inmediatez que
rige este mecanismo de amparo constitucional, a pesar de que las providencias
judiciales controvertidas datan del 2 de octubre de 2001 y del 9 de septiembre
de 2002, puesto que el proceso ejecutivo sigue en curso y desde entonces la
parte demandada ha intentado defender sus derechos fundamentales a través de
los mecanismos procesales ordinarios, sin ningún éxito, no es de recibo este argumento
que sirvió de base para que el juez de primera instancia en sede de tutela
denegara el amparo solicitado.
[55] Sentencia
T-324 del 24 de julio de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:. … sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la
competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, -bien por la notoria y
evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su
contenido sea abiertamente antijurídico-, el juez constitucional puede
trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de
la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el
juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[56] Sentencia
T-996 del 24 de octubre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández: …el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la
ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y
caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto
procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido
proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su
competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por
ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según
la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales.
[57] Sentencia T-522 del 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda.
[58] Sentencia SU-014 del 17 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por
parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar
armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la
plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía
de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los
medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta
actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de
derechos constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de
hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no
atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar,
como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.
[59] Idem. Esta causal se estructura a
partir de la divergencia entre la motivación de la sentencia y su parte
resolutiva. Una exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es
que exprese los argumentos que hacen deducir la decisión correspondiente.
Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia
contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental
al debido proceso.
[60] Hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Al Respecto ver entre muchas sentencias: T-462 del 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, SU-1184 del 13 de noviembre de 2001,  M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, T-1625 del 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica, y  T-1031 del 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[61] El estudio jurisprudencial permite advertir que el
asunto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales se muestra
complejo, puesto que la adecuada protección de los principios y valores
constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la
mencionada acción -presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho-, y
la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
[62] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P.Luis Ernesto Vargas.
[63] BOTERO, Catalina.
(2007). “La acción de tutela contra providencias judiciales”. En: Teoría
Constitucional y Políticas Públicas.  Bases críticas para una discusión.
Manuel José Cepeda. Eduardo Montealegre (Directores del proyecto). Universidad
Externado de Colombia, p. 240.
[64] Ver, entre otras, las
sentencias T-231 del 31 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-442 del 11 de octubre de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-567 del 7 de octubre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-008 del 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz, SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-025 del 18 de enero de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-109 del 10 de febrero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-639  del 4 de agosto de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[65] En la sentencia T-902 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy, se hizo un amplio estudio de dichas categorías.
[66] Sentencias SU-159 del 6
de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-538 del 29 de noviembre
de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-061 del
1 de febrero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[67] Ver sentencias T-442 del
11 de octubre de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-567
del 7 de octubre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
SU–159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-244 del 30 de marzo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[68] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[69]
En la sentencia T-055 del 6 de febrero de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  La Corte determinó que, en tratándose del análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[70] “En el plano de lo que constituye la valoración de una
prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción
de buena fe” Sentencia T-336 del 31 de julio de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, reiterada por la T-008 del 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[71]
Sobre el particular, ha señalado la Corte:“(…) al paso que el juez ordinario
debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe
hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no
obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor
jerarquía rodeada de plenas garantías”. Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada en la sentencia T-633 del 3 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72] Ibid.
[73] Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[74] Al respecto, ver sentencia T-683 de agosto
17 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La actividad judicial
supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que
implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará
al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones
diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella,
por esta razón, efectos distintos.
[75] Sentencia T-014 de enero 22 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Asímismo, la jurisprudencia ha
distinguido entre precedente horizontal, que es aquel que debe observarse por
el mismo juez o corporación que lo generó o por otro(a) de igual jerarquía
funcional, y precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o
corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno
de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como órganos límite.
[76] Sentencia T-1092 de diciembre 14 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
[77] M.P. Alfredo Beltrán Sierra, mayo 27 de 1999.
[78] M.P. José Gregorio Hernández, septiembre 16 de 1999.
[79] M.P. Alfredo Beltrán Sierra, octubre 6 de 1999.
[80] El Sistema UPAC, fue originalmente concebido para captar ahorros
del público y otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo destinados a la
adquisición de vivienda.
[81] La Unidad de Valor Real (UVR), está definida en el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, como una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda con
base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor
certificada por el DANE. La UVR no es una moneda, pues no tiene existencia
física ni jurídica como tal, y carece en sí misma de poder liberatorio: no
sustituye al peso como unidad monetaria ni es medio de pago. Mediante ella
solamente se actualiza el valor de los pesos prestados, según evolucione la
inflación.
[82] En la Sentencia SU-813
de 2007, la Corte  sostuvo enfáticamente lo siguiente: Finalmente, no
sobra indicar que el requisito que se estudia [relevancia constitucional] no
se entiende satisfecho cuando se trata de un proceso ejecutivo que persigue el
cobro de una obligación no hipotecaria que no ha sido suscrita para la
satisfacción del derecho a la vivienda. En efecto, en estos casos los
procesos no reúnen las condiciones que la Ley 546 de 1999 exigía para su terminación, en consecuencia no se entiende que la decisión de continuarlos
vulnere el derecho al debido proceso. Adicionalmente, procesos que persigan el
pago de obligaciones distintas a las obligaciones hipotecarias en los términos
de la Ley 546 de 1999 tampoco están, al menos en principio, directa y
necesariamente asociados al derecho constitucional a una vivienda digna. Por
estas razones, no procederá la tutela cuando se trate de procesos iniciados
por el eventual incumplimiento de obligaciones no hipotecarias que no hubieren
sido suscritas para la financiación de la vivienda. (Subrayado fuera de
texto)
En consecuencia, en estos
específicos casos constituye un requisito indispensable para la procedencia de
la acción de tutela que la controversia gire en torno a créditos destinados a
la financiación de vivienda, porque es en aquellos en donde la falta de
aplicación de la Ley 546 de 1999 puede comprometer intereses de rango
constitucional de los peticionarios.
[83] El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil
establece como causales del recurso de revisión las siguientes:
1. Haberse encontrado después
de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión
contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse declarado falsos
por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento
de la sentencia recurrida.
3. Haberse basado la sentencia
en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en
razón de ellas.
4. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en la producción de dicha prueba.
5. Haberse dictado sentencia
penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia recurrida.
6. Haber existido colusión u
otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la
sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya
causado perjuicios al recurrente.
7. Estar el recurrente en
alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento contemplados en el artículo 152 del C. de P.C., siempre que no
haya saneado la nulidad.
8. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.
9. Ser la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la
excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y
haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.
[84] Mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad de
todo lo actuado a partir del mandamiento de pago inclusive, propuesta por el
apoderado de María Clara Léon. (folio 44, cuaderno 2)
[85] Sentencia de primera instancia del proceso ejecutivo hipotecario,
septiembre 4 de 2007.
[86] Copia de la solicitud de reestructuración del crédito realizada
por María Clara Léon Rojas a Davivienda, en noviembre 23 de 2000 (folio 123,
cuaderno anexo 1). Copia del pagaré aportado con la demanda (folios 8 y 9,
cuaderno anexo 1).  Copia del informe pericial (folios 72 a 82, cuaderno anexo 1). Copia de la reliquidación realizada por el auxiliar de la justicia
asignado, en ella se verifica que las fechas que tuvo en cuenta para su
análisis se circunscriben de junio de 1994 hasta marzo de 2007 (folios 155 a 159, cuaderno de anexo 1).
[87] Ver Sentencia T-417/08 MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[88] Copia de la solicitud de reestructuración del crédito realizada
por María Clara Léon Rojas a Davivienda, en noviembre 23 de 2000 (folio 123,
cuaderno anexo 1). Copia del pagaré aportado con la demanda (folios 8 y 9,
cuaderno anexo 1). Copia del informe pericial (folios 72 a 82, cuaderno anexo 1). Copia de la reliquidación realizada por el auxiliar de la justicia
asignado, en ella se verifica que las fechas que tuvo en cuenta para su
análisis se circunscriben de junio de 1994 hasta marzo de 2007 (folios 155 a 159, cuaderno de anexo 1).
[89] Auto del 30 de abril de 2007, folio 172, cuaderno de anexo
1.
[90] M.P.: Alfredo Beltrán Sierra. S.V.: Eduardo Cifuentes, Vladimiro
Naranjo.
[91] M.P.: José Gregorio Hernández Galindo. S.V.: Eduardo Cifuentes,
Vladimiro Naranjo.
[92] M.P.: Alfredo Beltrán Sierra. S.V.  Eduardo Cifuentes,
Vladimiro Naranjo.
[93] ARTICULO 38.
DENOMINACION DE OBLIGACIONES EN UVR. Dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas
las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR. Vencido
este término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales
obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, por ministerio de la
presente ley.
PARAGRAFO.  Las entidades
financieras quedan facultadas para redimir en forma anticipada los títulos
valores denominados en UPAC.
ARTICULO 39. ADECUACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS CONTENTIVOS DE LAS CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS. Los
establecimientos de crédito deberán ajustar los documentos contentivos de las
condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados
con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley a las disposiciones
previstas en la misma. Para ello contarán con un plazo hasta de ciento ochenta
(180) días contados a partir de la vigencia de la presente ley.
No obstante
lo anterior, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas
así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en
pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente
ley.
PARAGRAFO
1o. La reliquidación de los créditos en los términos de que trata el
presente capítulo y los correspondientes documentos en los que consten las
condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, no
constituirá una novación de la obligación y por lo tanto, no causará impuesto de timbre.
PARAGRAFO
2o. a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar que se
encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra persona
natural o jurídica, podrá requerir a las entidades financieras para que
actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y
cuando demuestre tener la capacidad de pago adecuada. Obtenida la subrogación,
dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en este artículo.
ARTICULO 40. INVERSION SOCIAL
PARA VIVIENDA. Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho
constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los
artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido
contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación
de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación del
ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan entregado
en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en el artículo 46.
PARAGRAFO
1o. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un
crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a
largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará
el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los
cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la
misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el
crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se
efectuará teniendo en cuenta la fecha del crédito originalmente pactado.
PARAGRAFO
2o. Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral,
deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera
recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la
desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas
para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas
por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora,
calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley.
ARTICULO
41. ABONOS A LOS CREDITOS QUE SE
ENCUENTREN AL DIA. Los abonos a que se refiere el artículo anterior se
harán sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos
otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda
individual a largo plazo así:
1. Cada
establecimiento de crédito tomará el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1999,
de cada uno de los préstamos.
Para
efectos de determinar el saldo total de cada obligación, se adicionará el valor
que en la misma fecha tuviere el crédito otorgado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, Fogafín, en virtud de lo dispuesto por los artículos
11  y 12 del Decreto Extraordinario 2331 de 1998, cuando fuere del caso.
2. El
establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los créditos,
para cuyo efecto utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos
entre el 1o. de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la metodología establecida
en el Decreto 856 de 1999.
3. El
Gobierno Nacional abonará a las obligaciones el monto total de la diferencia
que arroje la reliquidación indicada en el numeral anterior, mediante la entrega de los títulos a que se refiere el parágrafo
4o. del presente artículo
PARAGRAFO
1o. Para la reliquidación de los saldos de los créditos destinados a la
financiación de vivienda individual de largo plazo, otorgados por los
establecimientos de crédito en moneda legal, se establecerá una equivalencia
entre la DTF y la UPAC,  con el fin de comparar el comportamiento de la UPAC con el de la UVR, a efectos de que tengan la misma rebaja que la correspondiente a los créditos
pactados en UPAC. (subrayado y negrilla fuera
de texto)
[94] Folios 112 a 116, cuaderno anexo 1.
[95] Certificación suscrita por Banco Davivienda en septiembre
de 2005, allegada como documento de prueba (folio 117, cuaderno anexo 1)
[96] Folio 123, cuaderno anexo 1.
[97] Folio 134, cuaderno anexo 1.
[98] Copia de pagaré folios 8 y 9 y de la resolución, folios 16
y 17, cuaderno anexo 1.