C-177-16
Sentencia C-177/16
NORMA
CONTRA CODIGO NACIONAL DE TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-No
configura discriminación de ancianos en su libertad de circulación toda vez que
no establece prohibición, ni sanción sino que desarrolla el deber de
solidaridad que constituye uno de los principios del estado social de derecho
CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO-Limitaciones a peatones especiales/LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES-Acompañamiento al cruzar vías públicas por pérdida de
facultades no genera discriminación al no existir diferenciación entre iguales
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-No
restringe derecho a la libre circulación de “los ancianos”/NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Deber de solidaridad frente a
personas que requieran acompañamiento para transitar vías públicas
La intención y el efecto de la norma no
es ni podría ser el de restringir el derecho de circulación o la autonomía de
estas personas cuando no cuenten con la compañía de un mayor de 16 años, sino
justamente por el contrario, el de reiterar el deber de solidaridad de la
sociedad frente a ellos, que es un principio constitucional propio del Estado
Social de Derecho.
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-No
atenta contra derecho a la libertad de circulación ni contra deber de
protección y asistencia a personas de la tercera edad
DEBER
DE SOLIDARIDAD-Principio del Estado Social de Derecho
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto y concepto de la violación/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DERECHO
A LA IGUALDAD-Simple hecho de establecer diferenciaciones no lleva
consigo su vulneración
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Reconocimiento del derecho a la
igualdad/IGUALDAD FORMAL-Deber de abstención de discriminación
IGUALDAD
REAL Y EFECTIVA-Alcance/DERECHO A LA IGUALDAD EN SENTIDO
MATERIAL-Acciones afirmativas a cargo del Estado
PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD-Protección constitucional/PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD-Integración a la vida activa y comunitaria/PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD-Vida en condiciones dignas
PROTECCION
DE ANCIANOS, ANCIANIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD-Jurisprudencia constitucional/ANCIANOS, ANCIANIDAD,
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Sujetos de especial
protección constitucional
PROTECCION
A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Principio de solidaridad
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Deberes/CONSTITUCION POLITICA-Deber de
solidaridad/DEBER DE SOLIDARIDAD-Protección de personas en situación de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta
PROTECCION
DE LA VEJEZ-Instrumentos internacionales/PROTECCION A
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Instrumentos internacionales
PROTECCION
DE LA VEJEZ-Marco legal
ANCIANOS, ADULTOS
MAYORES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Concepto
Se evidencia que el término “ancianos”
sí tiene un significado jurídico en la jurisprudencia constitucional
colombiana, y está ligado a aquellas personas que por su avanzada edad o por
estar en el último periodo de la vida, han perdido algunas de sus facultades y
ameritan por ello una especial protección constitucional. En ese sentido, en
general, los conceptos de “adulto mayor”, de la “tercera edad” o “ancianos”, pueden
ser usados indistintamente para hacer referencia a la vejez como un fenómeno
preponderantemente natural que trae implicaciones constitucionales. Pero en
algunas circunstancias, como sucede con la valoración de la inminencia de un
daño por el paso del tiempo, la Corte ha considerado que la ancianidad, por
tratarse de una avanzada edad, que supera el estándar de los criterios de
adulto mayor, requiere de una protección inmediata a través de la acción de
tutela. En general, no es posible determinar un criterio específico para
establecer el momento o la circunstancia que permita calificar a una persona
con la palabra “anciano”. Pero tampoco es posible adjudicarle un valor
peyorativo o discriminatorio, sino que al parecer, la expresión “ancianos” se
refiere a un concepto sociológico, más propio del lenguaje común y en general
referente a una persona que por su avanzada edad ha visto disminuidas algunas
de sus capacidades, por lo que en consecuencia requiere de la protección y el
apoyo de la sociedad y del Estado, en el marco del máximo respeto a su dignidad
humana.
DERECHO
A LA LIBRE CIRCULACION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A LA LIBRE CIRCULACION-Limites
La garantía de la que trata el artículo
24 Superior no es absoluta y por el contrario, puede ser sujeta a los límites
que el legislador considere necesarios para garantizar el orden público y el
respeto por derechos de carácter fundamental. De ahí que en algunas
oportunidades el operador judicial deba hacer uso del test de proporcionalidad
para determinar la constitucionalidad de las medidas adoptadas y que limitan la
circulación. Sin perjuicio de lo anterior, no se debe perder de vista que las
restricciones impuestas de ninguna manera pueden el núcleo esencial de la
libertad de locomoción.
LENGUAJE
JURIDICO-Control
constitucional
LENGUAJE
JURIDICO-Poder
instrumental y simbólico
LENGUAJE
LEGAL-Control
judicial
ESCRUTINIO
JUDICIAL DEL LENGUAJE LEGAL-Validez
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DEL LENGUAJE LEGAL-Examen de
expresiones contrarias a la Constitución aun cuando finalidad de la norma no lo
sea
Se encuentra que la Corte en el
escenario del control abstracto de constitucionalidad, tiene la obligación de
declarar inexequibles las expresiones contenidas en enunciados o normas legales
que luego de un análisis lingüístico, histórico y social, impliquen la
transmisión de mensajes paralelos o adicionales a la regla jurídica establecida
en el enunciado, las cuales resulten despectivas, discriminatorias y con una
carga valorativa claramente contraria a la dignidad humana y a la Constitución.
Asimismo, se concluye que si la Corte no encuentra dicha carga en el lenguaje,
no debe ser objeto de su competencia la exclusión de palabras por
consideraciones diferentes.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE EXPRESIONES CONSIDERADAS CONTRARIAS A LA CONSTITUCION-Reglas
DERECHO
A LA IGUALDAD-Manifestaciones/DERECHO A LA IGUALDAD-Trato
diferenciado
HIPOTESIS
DE DISCRIMINACION CONSTITUCIONALMENTE PROSCRITAS-Jurisprudencia
constitucional
DISCRIMINACION-Exclusión
de personas y negación de derechos fundamentales/DISCRIMINACION-Vulneración
del derecho a la igualdad al aplicar criterios de diferenciación irrazonables
DISCRIMINACION-Secuencia
de episodios legales que contienen negación de garantías básicas/DISCRIMINACION-Examen
de igualdad por aplicación de criterios proscritos
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD Y JUICIO DE IGUALDAD-Modalidades
JUICIO
ESTRICTO DE IGUALDAD-Procedencia
CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE-Derecho a circular libremente por
el territorio nacional
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Finalidad
de carácter preventivo/NORMA SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y
ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-No tiene carácter sancionatorio
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Inexistencia
de sanción no significa que no sea obligatoria/OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS-El
hecho de que no esté prevista una sanción no significa que pueda ser incumplida
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma
hipotética que establece conducta que debe ser ejecutada siempre que se
verifique cumplimiento de determinada condición/LIMITACIONES A PEATONES
ESPECIALES-Norma exige que “los ancianos” sean acompañados por mayores de
16 años
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES-Norma no tiene como finalidad generar
obligación jurídica de acompañar los ancianos a cruzar las vías y menos generar
en ellos la carga de contar con personas que los acompañen en el paso de las
calles
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Principio
de solidaridad/NORMA SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO
AL CRUZAR VIAS-Deber de solidaridad al suponer condición que debe ser
verificada
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Triple dimensión
RESTRICCION
DEL DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE SIN AYUDA DE TERCEROS-Indeterminación
e imprecisión de expresión “los ancianos” contenida en artículo 59 de la Ley
769 de 2002
La indeterminación de la expresión “los
ancianos”, resulta idónea para la finalidad perseguida por la ley, la cual no
es otra que crear conciencia en la ciudadanía sobre la prevención de accidentes
de tránsito, mediante la especial protección de los sujetos que por su edad,
condiciones físicas y sicológicas merecen mayor atención de la sociedad y el
Estado. En efecto, no se trata de imponer términos precisos de edad que
desconozcan aspectos relevantes como las condiciones físicas y sicológicas de
las personas, sino generar un criterio orientador para efectos educativos que
permita analizar en cada caso las circunstancias específicas de los
destinatarios de la norma.
LENGUAJE
DEL LEGISLADOR-Realidades fácticas cambiantes que se transforman
según vivencias y necesidades que implique permanente evolución
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Medida
adoptada busca prevenir la accidentalidad de personas de especial protección
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-No
restringe derechos de quienes no cuenten con posibilidad de tener acompañante
Referencia:
expediente
D-10913
Demanda
de inconstitucionalidad contra la expresión “los ancianos” contenida en
el último inciso del artículo 59 de la Ley 769 de 2002 “Por
la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones”.
Actor:
Gustavo Adolfo Roa Díaz y Julio Adel Álvarez Sáenz.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., trece
(13) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional conformada por los magistrados María
Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con
fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Gustavo
Adolfo Roa Díaz y Julio Adel Álvarez Sáenz, demandaron la constitucionalidad de
la expresión “los ancianos” contenida en el último inciso del artículo
59 de la Ley 769 de 2002, por considerarlo contrario a los artículos 13, 24 y
46 de la Constitución Política, y al primero de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Mediante
auto del dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015), el Despacho del
Magistrado Sustanciador admitió la demanda.
En
atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Ministerio de
Transporte, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Ministerio
de Salud y de Protección Social, e invitó a participar en el debate al Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Ciencias
Jurídicas, Sociales y de Educación de la Universidad del Sinú y al Departamento
de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda.
Finalmente
ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
1.1
NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se transcribe el texto de la disposición demandada. Se subraya el
aparte acusado[1]:
“LEY
769 DE 2002
(Agosto
6)
Por
la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones
(…)
Artículo
59. LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES. Los peatones que se enuncian a
continuación deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores
de dieciséis años:
Las
personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.
Las
personas que se encuentren bajo el influjo de alcohol, drogas alucinógenas y de
medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos.
Los
invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la
utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías
por sí mismos.
Los
menores de seis (6) años
Los
ancianos”.
1.2
LA DEMANDA
1.2.1    En criterio de
los ciudadanos, el artículo citado desconoce los artículos 13, 24 y 46 de la
Constitución, y el 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1.2.2    Para fundamentar
la petición los demandantes señalan que el uso de la expresión “los ancianos”,
sin estar limitada o definida, torna imposible la aplicación de la norma, pues
se trata, a su juicio, de una disposición altamente vaga e imprecisa. Además,
aseveran que el término en mención es peyorativo y resulta discriminatorio.
1.2.3    Así, la demanda
plantea dos cargos en contra de la constitucionalidad de la disposición
acusada, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente forma:
1.2.3.1.
Primer
cargo. La norma demandada es imprecisa, al no definir cómo debe ser entendida
la expresión “los ancianos”
Los
actores afirman que la norma demandada denota imprecisión y falta de técnica
legislativa, lo cual, para efectos prácticos, hace imposible la exigencia del
acompañante para que un adulto mayor cruce las vías. Ello por cuanto no existe
en términos legales ni jurisprudenciales un límite temporal concreto que
permita establecer con meridiana claridad cuándo una persona llega a la edad en
que se le puede considerar “anciano”.
Con
relación a ello, los demandantes se refirieron a la Ley 1276 de 2009, en la cual
se define expresamente y de manera concreta lo que debe entenderse como persona
“adulta mayor”[2],
al establecer los criterios de atención integral de las personas de la
tercera edad. Sin embargo, ponen de presente que lo definido en dicha
disposición sólo opera para los fines propios de la misma.
Del
mismo modo, hacen alusión a lo establecido en la jurisprudencia constitucional,
respecto de lo que se entiende por “persona de la tercera edad”. Así, citan lo
precisado al respecto en la Sentencia T-138 de 2010, en la cual se señaló que esas
personas son las que cumplen con el requisito de edad para pensionarse. No
obstante, aducen que dicho criterio tampoco sería el adecuado, pues “se
estaría incorporando la regla general a un conjunto de casos que tiene que ser
excepcional”.
De
esa manera, indican que se evidencia la colisión entre el artículo 59 de la Ley
796 de 2002 y la Constitución, pues la supuesta imprecisión hallada en dicha
disposición legal tiene, según afirman los demandantes, la virtualidad de,
eventualmente, privar a cualquier persona adulta de transitar libremente en
calidad de peatón a la hora de cruzar la calle, al no saber ubicarse en los
supuestos de hecho establecidos en la referida Ley, lo cual termina
contrariando igualmente el artículo 24 de la Constitución Política.
En
el mismo sentido, consideran que las normas de orden legal per se pretenden
una aplicación práctica y concreta, que se logra únicamente por medio de
contenidos exactos y técnicos, lo cual, aseguraron, no ocurre con el inciso
acusado, al ser “vago y excesivamente impreciso”.
En
ese orden, arguyen que la imprecisión del aparte demandado permite, a la larga,
exculpar de responsabilidad en casos de siniestros viales a investigados o
demandados que hayan embestido a personas de determinada edad que no hubieran
estado acompañados al cruzar las vías.
1.2.3.2.
Segundo
cargo. La norma demandada vulnera el derecho a la igualdad y discrimina a las
personas por su edad
De
otra parte, se refieren a que, además de lo anterior, el término “los ancianos”
es actualmente utilizado para referirse de manera despectiva o peyorativa a una
persona de avanzada edad. Por tal motivo, a su modo de ver, tal expresión
denota visos de segregación. Así, alegan que aun cuando la norma bajo estudio
se muestra como una garantía o medida de protección para las personas de
avanzada edad al buscar que por su condición especial deban ser acompañadas
cuando cruzan las vías, la disposición trasgrede, entre otros, el artículo 46,
el cual dispone que la sociedad, la familia y el Estado deben promover la
integración de las personas de la tercera edad.
En
ese sentido, sostiene que el aparte acusado no logra crear una medida
integradora, por el contrario, impone una limitación a los peatones adultos,
consistente en el deber de estar acompañados de otra persona, configurándose
así una presunción de “incapacidad” y discriminando a las personas que podrían
ser consideradas como “ancianos”.
Añaden
que en este caso no se trata de una discriminación positiva en favor de un
determinado grupo poblacional, pues la expresión demandada sugiere que un
adulto mayor, por el hecho de serlo, no puede valerse por sus propios medios
para tomar las precauciones a que haya lugar cuando se disponga a cruzar una
vía, y no tiene la suficiente capacidad sensorial o la lucidez que demanda una
actividad tan sencilla como movilizarse.
Finalmente,
subrayan que el adulto mayor no tendría, en virtud del artículo bajo análisis,
derecho a circular libremente por el territorio nacional, debiendo estar “en
todo momento” acompañado por alguien que le ayude, como si en todo cruce vial y
en cualquier instante se pudiese contar con esta posibilidad.
1.3
INTERVENCIONES
1.3.1    Ministerio
de Transporte
El
Ministerio de Transporte a través de representante legal intervino, en el
presente proceso de constitucionalidad para solicitar a la Corte Constitucional
que profiera un fallo inhibitorio, por cuanto la presente demanda no cumple con
los requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, pues “no contiene
argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes que permitan
evidenciar que la norma demandada vulnera la Constitución”.
Sin
perjuicio de lo anterior, presentó su opinión para defender la exequibilidad de
la norma acusada con base en los siguientes argumentos:
1.3.1.1.
Sostiene
que en un Estado Democrático de Derecho en el que se respeten las libertades
individuales, en principio no se puede restringir a ningún ciudadano su derecho
a desplazarse libremente. No obstante, la garantía de la libre locomoción, como
todas las garantías constitucionales, encuentra límites en la ley y en la
protección de la seguridad nacional, el orden público y en el respeto de los
derechos y libertades de terceros.
Es
por ello que el Legislador en la exposición de motivos que dio origen a la Ley
769 de 2002 expresó la necesidad de contar con un nuevo código de tránsito que
dotara al país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y de personas, con
el propósito fundamental de contrarrestar los altos índices de accidentalidad
que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de circular
libremente.
1.3.1.2.
En
el mismo sentido, alude a que también la propia Corte Constitucional ha reconocido
el carácter de derecho fundamental de la libertad de locomoción, en tanto
afecta a la libertad del individuo, cuyo sentido más elemental radica en la
posibilidad de transitar o desplazarse de forma segura de un lugar a otro.
Aunado
a lo anterior, manifiesta que en varias ocasiones la Corte Constitucional ha
justificado la regulación del legislador en materia de libertad de locomoción
por el hecho de necesitar una normatividad que garantice el orden y la
protección de los derechos de las personas, teniendo en cuenta lo importante
que es la movilidad para el desarrollo económico de país y lo riesgoso que es
su realización. Así, sostuvo que “el código de tránsito es el límite
razonable por excelencia del derecho a la libertad de locomoción, pues si bien
restringe la potestad de circular de manera absolutamente libre, protege
intereses generales superiores sin volver ineficaz el derecho de libre
locomoción”.
1.3.1.3.
Por
otra parte, asevera que la norma acusada no vulnera el artículo 13
Constitucional, por cuanto su finalidad es la de hacer prevalecer la seguridad
de los usuarios, pues precisamente la medida consiste en “garantizar a todas
las personas que se encuentren dentro de los parámetros de lo que se llama la
tercera edad o población de personas mayores, que  puedan movilizarse sin que
agentes internos ni externos les impidan lograr sus objetivos particulares, lo
que implica para las autoridades públicas, la adopción de medidas represivas y
preventivas”.
1.3.1.4.
En
cuanto a la presunta violación del artículo 46 Constitucional, precisa que no
comparte los argumentos de los libelistas, por cuanto a estas personas no se
les está impidiendo el tránsito en calidad de peatones, sino que, por el
contrario, debido al peligro que genera la actividad que realiza una persona “anciana”,
se le da primacía al principio de organización administrativa, consistente en
que el Estado regule los servicios públicos, dentro de los que se encuentra
precisamente el transporte.
1.3.2.
Ministerio de Salud y Protección Social
El
Ministerio de Salud y Protección Social a través de representante legal,
intervino en el presente proceso de constitucionalidad para solicitar a la
Corte Constitucional la declaración de exequibilidad del vocablo “ancianos”,
con fundamento en los siguientes argumentos:
1.3.2.1.
Señala
que con el fin de atender las necesidades de este grupo poblacional, cuyos
derechos por mandato constitucional gozan de un carácter prevalente, el Estado
colombiano ha implementado una serie de herramientas de tipo jurídico y técnico
tendientes a brindar la protección y asistencia que por su condición de
vulnerabilidad son de vital importancia a la hora de garantizar su integración
a la comunidad, sin desconocer el papel trascendental que en dicha función
desempeñan la sociedad y la familia.
1.3.2.2.
Frente
al carácter de sujetos de especial protección constitucional de la población
anciana, indica que ha sido la misma Corte Constitucional quien en varias
ocasiones[3] ha
empleado la palabra “ancianos” para referirse a las personas de la
tercera edad que debido a su condición física, psicológica o social particular,
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y
efectiva; razón por la que dicha expresión de ningún modo constituye un
calificativo peyorativo o discriminatorio, como quiera que su único objeto es
delimitar la población objeto de ciertas prerrogativas propias de una condición
específica.
1.3.2.3.
Aunado
a lo anterior, sostiene que la expresión “ancianos” contenida en el
artículo 59 de la Ley 769 de 2002, no afecta el derecho a la igualdad ni es
discriminatoria, y por el contrario, es equivalente e intercambiarle con la
expresión “persona de la tercera edad” establecida en el artículo 46
Constitucional y con la locución  “personas adultas mayores” contenida en
documentos internacionales como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ratificado por la Ley 319 de 1996.
1.3.3.
Defensoría del Pueblo
La
Defensoría del Pueblo a través de representante legal, intervino en el presente
proceso de constitucionalidad para solicitar a la Corte Constitucional que
declare la exequibilidad condicionada de la expresión “ancianos”
contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, bajo el entendido de que se
interprete que “ancianos”, son las personas de la tercera edad, quienes
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1276 de 2009 cuenten con sesenta (60)
años de edad o más, siempre que no tengan las facultades sensoriales o físicas
suficientes para cruzar las vías por sus propios medios. Para fundamentar su
petición de exequibilidad condicionada presenta sus argumentos en dos partes:
i) los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional; y
ii) la indeterminación del vocablo usado por la norma demandada resulta
discriminatoria y desproporcionada.
1.3.3.1.
Respecto
al primer punto, sustenta que la Corte Constitucional ha indicado que los
adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional, lo cual se
deriva de un lado, del deber del Estado de adoptar medidas a favor de grupos en
condición de vulnerabilidad, y de otro lado, de la obligación del Estado y de
la sociedad de proteger y ayudar a las personas de la tercera edad.
Ahora
bien, señala que esta especial protección de las personas de la tercera edad se
fundamenta en el mandato Constitucional de lograr una igualdad real y efectiva,
lo que implica la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o
marginados; así mismo, en el deber consagrado en el artículo 47 de la Carta
Política, según el cual es deber del Estado, de la sociedad y de la familia
proteger y ayudar a las personas de la tercera edad, y promover su integración
a la vida activa y comunitaria. Por último, indica que su fundamento también
proviene del principio de solidaridad, el cual tiene como propósito brindar
apoyo a los demás asociados, con el fin de promover la prosperidad y el
bienestar general.
De
acuerdo con lo anterior, precisa que en atención a su condición de sujetos de
especial protección constitucional, los adultos mayores deben recibir un
tratamiento diferenciado por parte del Estado, el cual tiene el deber de
adoptar medidas encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de este segmento
de la población.
1.3.3.2.
Respecto
al segundo punto, sostiene que si bien podría decirse que la norma demandada al
exigir que los “ancianos” deben estar acompañados al cruzar las vías,
pretende desarrollar el deber constitucional de protección especial a favor de
los adultos mayores, no obstante, tal norma resulta problemática por las
siguientes razones:
1.3.3.2.1.
En
primer lugar, la expresión “ancianos” es indeterminada, pues no
especifica quiénes se encuentran dentro de esta categoría y quiénes se ven
obligados a recibir un acompañamiento al momento de cruzar las vías. De un
lado, dicha expresión no establece un rango de edad para determinar las
personas que ostentan la naturaleza de “ancianos”, y de otro lado,
tampoco precisa en qué circunstancias aquellas requieren el citado
acompañamiento.
1.3.3.2.2.
En
segundo lugar, arguye que la norma acusada consagra de forma indiscriminada y
desproporcionada una restricción a la libertad de circulación respecto de un
segmento de la población, pues ésta establece que los “ancianos”
requieren estar acompañados por personas mayores de 16 años al momento de
cruzar las vías, lo cual supone una restricción de su derecho a circular
libremente por el territorio nacional, puesto que en tal evento no podrán transitar
si no cuentan con el respectivo acompañamiento.
Continúa
su relato diciendo que a pesar de que el artículo 24 de la Constitución dispone
que la ley podrá consagrar limitaciones a la libertad de circulación, la norma
acusada no encuentra una justificación y es desproporcionada, pues no distingue
claramente quiénes serían los destinatarios de la restricción, lo cual impone
una carga a todo un segmento de población que ostenta edad avanzada, sin hacer
ningún tipo de distinción en relación con las condiciones y necesidades de las
personas que hacen parte del colectivo.
En
esa medida, precisa que la norma supone que todo aquel que es “anciano”,
necesariamente sufre de alguna afectación física o sensorial en razón de su
edad, que lo hace incapaz de movilizarse por sus propios medios, y por tal
razón, necesita del acompañamiento de otra persona a la hora de cruzar las
vías. En efecto, “en esta presunción, para esta entidad, está el origen de
la discriminación, pues resulta claro que el hecho de que una persona ostente
edad avanzada no significa que no pueda desplazarse por sus propios medios ni
que padezca de una afectación o discapacidad que le impida su movilización, de
ahí que la restricción al derecho a la libre circulación contenida en la norma
resulte desproporcionada”.
1.3.4.
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del
Rosario
El
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, a través de su
coordinador y de algunos de sus miembros activos, intervino en el presente
proceso de constitucionalidad para solicitar a la Corte Constitucional que
declare la exequibilidad condicionada de la expresión “ancianos”, ya que
el término no es jurídicamente adecuado, toda vez que por su connotación puede
tornarse como discriminatorio. Para sustentar su petición, realiza un juicio
integrado de igualdad, con el fin de determinar si existe un patrón de igualdad
entre los adultos mayores y los demás peatones “especiales”, para
posteriormente pasar a desarrollar si existe un trato desigual en el plano
fáctico o jurídico entre las categorías de sujetos. Así las cosas, realiza la
siguiente presentación:
1.3.4.1.
Los
adultos mayores como sujetos de especial protección: respecto a este punto, el
interviniente parte del hecho de que los adultos mayores son considerados
constitucionalmente como sujetos de especial protección, razón por la que
existe una política pública de protección a la población que ha llegado a la
vejez, y que por su situación requiere de una atención especial y un
tratamiento jurídico diferenciado frente al del resto de la población, ello
debido a sus condiciones especiales y vulnerabilidad en razón de su edad.
Continúa
su relato manifestando que la disposición atacada establece un régimen especial
para los adultos mayores en lo que se refiere a su tránsito por las vías, y que
la limitación contenida en la norma tiene como objetivo la protección de este
grupo poblacional y no una restricción indiscriminada a su libre tránsito.
Concluye
aduciendo que la diferenciación establecida por el legislador tiene sustento en
la protección que merecen los adultos mayores por parte del Estado, pues éstos
no están en las mismas condiciones que el resto de la población, pues debido al
paso del tiempo sus condiciones físicas no son las mismas, y el grado de
vulnerabilidad al que están expuestos es mayor que el de una persona que cuenta
con el uso total de sus capacidades. Entonces, indica que “tener a los
adultos mayores como peatones especiales dentro del Código Nacional de
Tránsito, permite que éstos gocen de un estatus especial de protección, y a su
vez que la igualdad sea real y efectiva, tal como lo establece la Constitución
y lo ha reiterado constantemente la Corte Constitucional”.
1.3.4.2.
El
tratamiento diferenciado a los adultos mayores para conseguir la igualdad real
y efectiva: con relación a este punto manifiesta que el artículo 29 del Código
Nacional de Tránsito hace una diferenciación justificada entre los adultos
mayores y el resto de la población, en virtud de que éstos, dada la disminución
de sus capacidades físicas por el paso del tiempo, necesitan acompañamiento y
ayuda para realizar ciertas actividades, como lo es el cruzar por las vías del
territorio nacional. En ese orden de ideas, sostiene que lo que busca
finalmente la medida es la protección de la integridad física de ese grupo
poblacional, con el fin de garantizarles que su paso por las vías sea, en la
medida de lo posible, segura.
1.3.4.3.
El
tratamiento diferenciado a los adultos mayores está constitucionalmente
justificada: al respecto manifiesta el interviniente que la diferenciación de
trato se justifica constitucionalmente por su finalidad, la cual es garantizar
los derechos de estos sujetos en un marco de solidaridad, y propender porque
desde su experiencia aporten a la construcción y desarrollo de la sociedad,
partiendo del hecho que, debido al paso del tiempo y dada su avanzada edad, no
se encuentran en las mismas condiciones que el resto de la población, por lo
que requieren de una especial protección del Estado.
1.3.4.4.
Para
concluir, sostiene que “terminado el juicio de igualdad, se tiene que la
norma no es contraria al texto constitucional. No obstante, es necesario
analizar el uso del lenguaje por parte del legislador, debido a que la
utilización del término “anciano” puede ser considerado peyorativo”.
1.3.4.5.
Frente
al lenguaje del legislador, arguye que el léxico que toda lengua encarna
reproduce y afianza las construcciones sociales, económicas, políticas,
culturales e ideológicas dominantes, y que por lo tanto, los enunciados legales
podrán ser analizados y valorados no solo a la luz de los efectos jurídicos que
allí se establecen, sino también a la luz de los imaginarios que expresan.
En
ese sentido, sostiene que tal como lo ha precisado la Corte en sus análisis, la
diferencia entre algunos términos puede ser bastante influyente en el sentido
de las connotaciones ideológicas y sociales que estas conllevan.
En
este sentido, manifiesta que los signos lingüísticos cumplen no solo con una
función referencial o denotativa, sino también con una función connotativa y
muchas veces conllevan también una carga emotiva e ideológica. Es así como cita
la sentencia C-458 de 2015, en la que la Corte Constitucional expresó que:
“En definitiva, como los signos lingüísticos contenidos en un
enunciado legal no solo cumplen una función referencial, sino que también
tienen una connotación y una carga emotiva, su utilización dentro de las
prescripciones jurídicas podría implicar la transmisión de mensajes paralelos o
adicionales a la regla jurídica establecidas en el enunciado, y la emisión de
algunos de ellos por parte del legislador podría estar prohibida en virtud del
deber de neutralidad que el sistema constitucional le asigna al Congreso
Nacional. Por ello los cuestionamientos de los accionantes a las expresiones
demandadas sí son susceptibles de ser valorados en el escenario del control
abstracto de constitucionalidad, y la función de los tribunales
constitucionales consiste entonces en identificar estos enunciados implícitos
que se transmiten a través de signos lingüísticos con altas cargas emotivas e
ideológicas, y verificar si su emisión configura una violación a la Carta
Política”.
1.3.4.6.
Conforme
a lo anterior, propone a esta Corte reemplazar el término “ancianos” por
“adulto mayor”, en virtud de que este es más apropiado.
2.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación dentro del término legalmente previsto emitió
el concepto de su competencia, en el cual pide a la Corte declarar la
inexequibilidad de la expresión demandada por cuanto la norma restringe en
forma desproporcionada el derecho de locomoción. Como sustento de su
apreciación expone las siguientes razones:
2.1.
Comienza
diciendo que la disposición acusada resulta ser una limitación impuesta a
ciertos peatones, consistente en no poder transitar libremente por las calles
del territorio nacional, a menos que cuenten con la ayuda o acompañamiento de
mayores de 16 años. Aduce que la norma también tiene un carácter sancionatorio,
en el sentido en que castiga su incumplimiento con la imposición de
amonestaciones y la obligación de asistir a cursos obligatorios de educación,
según lo señala el artículo 123 y 133 del Código de Tránsito.
En
este aspecto, precisa que la disposición acusada posee tres fines: i) regular
la forma como ciertos peatones -“ancianos”- deben cruzar las calles, es
decir, acompañados por un tercero; ii) restringir el cruce de la calle a tales
personas si no se cumple con la condición impuesta; y iii) fungir como antecedente
de una disposición normativa sancionatoria en blanco. En otras palabras, para
el Ministerio Público la disposición acusada impone una limitación efectiva al
derecho de circulación, como es el deber de requerir compañía para atravesar
una calle, so pena de imponer una sanción como es la amonestación, logrando así
que efectivamente personas “ancianas” no puedan atravesar una vía
vehicular a menos que cuenten con la ayuda de un acompañante, o de que
circunstancialmente otras personas les presten ayuda en cada intersección.
2.2.
Posteriormente
el Procurador pasa a estudiar la vaguedad de la disposición como fuente de
restricción desproporcionada del derecho de transitar libremente. En ese
sentido, el Jefe del Ministerio Público procede a determinar si el
deber-limitación impuesto es admisible como armonizador del derecho a la
libertad de circulación, con otros valores superiores, o si por el contrario se
trata de una mera restricción de libertades.
2.3.
Al
respecto sostiene que lo consagrado en el artículo 24 de la Constitución, según
el cual todas las personas tienen derecho a circular libremente en el
territorio nacional sin más limitaciones que las que imponga la Constitución y
la Ley, evidencia que el Legislador tiene la competencia para ordenar la forma
como se ha de circular, con el fin de garantizar otros bienes superiores como
son la seguridad y la vida, y no solamente para limitar la autonomía personal;
por lo que, para evaluar si la disposición es proporcional o resulta
restrictiva del derecho a la libertad de circulación de las personas de
avanzada edad, considera que debe realizarse un escrutinio estricto de
proporcionalidad en el que se establezca si la disposición posee un fin
constitucionalmente imperioso, si la media es conducente, y si es necesaria
para conseguirlo.
2.3.1.
Respecto
al fin constitucionalmente imperioso, encuentra la Procuraduría que con la
medida se pretende proteger la integridad y la vida de las personas de la
tercera edad dado que son sujetos de especial protección constitucional.
2.3.2.
En
cuanto a si la medida es conducente para el fin propuesto, indica que la medida
sí logra efectivamente la finalidad pretendida, pues al obligar a las personas “ancianas”
a requerir de compañía para atravesar las vías vehiculares consigue que los
riesgos por las condiciones psicomotoras de las personas mayores se aminoren.
2.3.3.
Con
relación a la necesidad de la medida sostiene que la vaguedad del concepto “ancianos”
implica que se restrinja el derecho a la libertad de circulación de una forma
desproporcionada, toda vez que la limitación se efectuaría en razón a la edad y
no a la necesidad de mitigar los riesgos de la actividad de locomoción.
En
ese sentido, manifiesta que si bien es cierto que la circulación por las vías
públicas es una actividad cotidiana, no puede por ello perderse de vista que
ésta posee implícita una peligrosidad propia, la cual deviene de un factor
objetivo (como lo son los riesgos anexos a la actividad en sí misma) y de uno
subjetivo (concerniente a las capacidades de la persona que la realiza).
En
concreto, arguye que el acto de cruzar las calles supone una peligrosidad
intermedia, la cual se agrava en los casos en que los peatones tengan
condiciones físicas que le impidan desplegar la locomoción con agilidad y plena
percepción de las condiciones de tránsito, razón por la que medida es
necesaria.
No
obstante lo anterior, sostiene que el legislador al evaluar al sujeto
destinatario de la norma y al imponerle el término “ancianos” no precisó
el alcance del referido concepto, pues la Real Academia de la Lengua Española
define dicho vocablo como: “Dicho de una persona de mucha edad”, lo que
significa que las personas de mucha edad son destinatarias de la limitación y
la sanción consagrada en la norma demandada.
En
el mismo sentido, expresa que al evaluar también el ordenamiento jurídico
colombiano, se encuentra que no existe una disposición que pueda suplir la
definición de la palabra “ancianos”, ya que los demás conceptos
existentes en el ordenamiento jurídico como la “edad de pensión”, la “tercera
edad” o la “edad de expectativa de vida” no se refieren en forma directa al
concepto de ancianidad; además éstos tiene por objeto la concesión de derechos
antes que su limitación.
Así
las cosas, concluyó que a pesar de que existe un hecho de la experiencia que
indica que con el paso de los años las personas van perdiendo las facultades
psicológicas y motrices, tal situación no es un criterio objetivo según el cual
pueda medirse en forma homogénea y estandarizada la pérdida de las propias
capacidades, y por consiguiente, la elevación del riesgo para atravesar las
vías. Por tanto, “se evidencia que el legislador acudió a un criterio
sumamente vago y relacionado directamente con el paso objetivo de los años para
restringir el ejercicio de un derecho como es el de la libertad de locomoción”.
3.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente
para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4
C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra
una Ley de la República, que cuestiona su contenido material.
3.2.
CUESTIONES PRELIMINARES. ANÁLISIS DE
LA APTITUD DE LA DEMANDA
3.2.1.  Como
se expuso en precedencia, uno de los intervinientes estima que esta Corte debe
declararse inhibida para emitir un fallo de fondo, por considerar que los
cargos no contienen argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes ni
suficientes que demuestren que la norma demandada vulnera la Constitución.
3.2.2.  El
Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2, señala los elementos indispensables que
debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad[4].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el
objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la
cual la Corte es competente para conocer del asunto.
Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o
un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que lo expresado en ella
permita a la Corte Constitucional efectuar una verdadera confrontación entre la
norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la
disposición constitucional supuestamente vulnerada.
Bajo ese entendido, esta Corporación ha reiterado en numerosas
ocasiones que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis
que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que
los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la
Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001[5],
esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la
decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria[6].
3.2.3.
En otras palabras, la falta de formulación de una demanda en
debida forma, impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición
acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad oficiosa de
revisión del ordenamiento jurídico. En la referida providencia se explicó lo
que debe entenderse por cada uno de estos requisitos en los siguientes
términos:
“La claridad de la demanda
es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la
violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
(….)
[Que] las razones que
respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no
simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre
otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda. Así, el ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con
una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación
de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella
[otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido
suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad
de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.
Las razones son específicas
si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o
vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un
cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar
la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad.
La pertinencia también es un
elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de
inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado por el
peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que
se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
La suficiencia que se
predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación,
en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio
(argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución,
si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” (Subrayado
fuera del texto)
De
lo anterior, se concluye entonces, que la acusación “debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido
de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la
disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de
naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos
a situaciones puramente individuales (pertinencia).”[7]
Adicionalmente, la acusación no sólo debe estar enunciada en forma completa
sino ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada.
3.2.4.
Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido requerimientos
especiales cuando lo que se busca es la declaración de inconstitucionalidad de
una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, ha
dicho la Corporación que la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que
se consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la
identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de
personas que se encuentren en idénticas circunstancias”[8] o al menos muy similares.
De la misma manera, en la sentencia
C-264 de 2008,[9] se dijo que el simple hecho de
que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración
del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer
juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las
situaciones son idénticas o muy similares, y sustentar por qué el trato
diferenciado es arbitrario. Al respecto sostuvo la Corte:
“Esta Corporación ha
indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante,
cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del
principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la
existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas,
aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el
artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las
razones con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el
trato resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con argumentos
de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. No es,
el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley lo que
determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la arbitrariedad,
la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte realmente la
configuración de una situación de discriminación.”
3.2.5.   En este caso, la
Sala analizará el cumplimiento de los requisitos antes descritos en los cargos
admitidos, de manera individual.
3.2.5.1.   Con
relación a que el término demandado, contenido en el artículo 59 de la Ley 769
de 2002, es impreciso porque no define cuándo, ni bajo qué circunstancias a una
persona se le puede calificar como “anciana”, se considera que la
demanda reúne los elementos necesarios para suscitar un debate constitucional.
En primer lugar, como
se indicó previamente, el requisito de claridad exige que en los
argumentos de acusación a la norma
exista un hilo conductor que permita la adecuada comprensión del contenido de
la demanda y las justificaciones en las que basa su argumento.
En el presente caso, los
demandantes manifiestan con el cargo planteado, que la imprecisión del término “los
ancianos”, al no definir qué personas y bajo qué circunstancias debe
entenderse dicha expresión, hace imposible la aplicabilidad de la norma, por
cuanto en la práctica no se sabe con certeza cuándo se requiere de acompañante
para cruzar las vías.
En ese sentido, los demandantes
consideran que la aplicación de la norma queda supeditada a la valoración
discrecional de lo que el operador jurídico considere es un “anciano”,
lo cual se presta para arbitrariedades.
Asimismo, consideran que la
medida priva a cualquier persona del grupo poblacional “los ancianos”, de
transitar libremente por las calles sin la ayuda de terceros, pese a que existe
la posibilidad de que sujetos que hagan parte de ese grupo, cuenten con las
facultades físicas y sensoriales para realizar la actividad sin necesitar la
ayuda de otros, lo cual en su parecer viola el artículo 24 Constitucional, según
el cual, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional.
Finalmente, consideran que la
norma se presta para que se exculpe de responsabilidad a los investigados o
procesados por embestir a personas “ancianas”, por el simple hecho de
que la víctima circula libremente por las vías sin el acompañamiento de mayores
de 16 años, pese a que en dichos eventos también se debe tener en cuenta la
conducta del presunto victimario.
En ese contexto, advierte la
Corte que la inconformidad de los actores deviene de la imprecisión e
indeterminación del término “los ancianos”, lo que impediría una
aplicación práctica y concreta de la norma. La Corte puede verificar, prima
facie, que no existe una definición legal del concepto impugnado, con lo
cual, considera que es suficientemente claro el cargo presentado.
En
segundo lugar, en cuanto a la certeza, esta Corporación
exige que la
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una
deducida por el actor o implícita, o sobre otras normas que no son objeto de la
demanda.
En el presente caso, los accionantes plantean que la norma al
consagrar que “los ancianos” deberán ser acompañados por mayores
de 16 años para cruzar las vías del país, limita arbitrariamente el derecho a
la movilidad de este grupo poblacional, por cuanto no tiene en cuenta que
muchas personas “ancianas” cuentan con las facultades físicas y
sensoriales para realizar esta actividad sin la ayuda o acompañamiento de terceros.
Al respecto, manifiestan que el artículo 24 Constitucional
consagra que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley,
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional (…)”, por lo
que, una norma que restrinja arbitraria e injustificadamente los
derechos de los asociados, desconoce los fines esenciales del Estado, dentro de
los cuales se encuentra la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución[10].
Al examinar el contenido de la expresión acusada, la Corte
encuentra que los demandantes realizaron una interpretación razonable que logra
persuadir y crear una duda de orden constitucional que amerita un
pronunciamiento de fondo.
En ese orden de ideas, se enarbola en los argumentos
la existencia de una restricción al derecho a la libre circulación que surge del
supuesto según el cual toda persona que haga parte del grupo poblacional “los
ancianos” no estaría facultada para atravesar las vías del país sin el
acompañamiento de un tercero. Dicha interpretación se sostiene en
una lectura del texto del artículo 59 de la Ley 769 de 2002. En consecuencia,
los argumentos de la demanda cumplen con el requisito de certeza exigida por
esta Corporación.
En tercer lugar, en cuanto al
requisito de especificidad, la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha
precisado que en la demanda se debe definir con claridad
cómo la disposición demandada desconoce o vulnera la Carta Política a través
de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra
la norma demandada.
En efecto, observa esta Corporación que los argumentos según los
cuales, la indeterminación e imprecisión del término “los ancianos”
imposibilita el cumplimiento de la norma, y priva a cualquier persona “anciana”
de transitar libremente por las vías sin justificación alguna, generarían una
contradicción con las disposiciones de la Constitución, específicamente con el artículo
24 sobre la libre circulación y el artículo 2 respecto a los fines esenciales
del Estado.
En cuarto lugar, respecto al requisito de pertinencia, en
virtud del cual no se admiten argumentos formulados a partir de consideraciones
legales, doctrinarias o puntos de vista subjetivos, ni análisis de
conveniencia, observa esta Corporación que el cargo sometido a estudio se basa
en apreciaciones objetivas sobre la imprecisión del término “los ancianos”
y los efectos jurídicos derivados de ello, explicando en términos
constitucionales por qué se torna inoportuna la actuación del legislador y por
tanto, el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de
la Ley 769 de 2002, debería salir del ordenamiento jurídico.
En el escrito de demanda, folio
5, los demandantes aluden al marco normativo nacional sobre “adulto mayor” y
personas de la “tercera edad”, haciendo referencia a que son esos los términos
que, en el ordenamiento jurídico colombiano se han utilizado por el legislador
y por la jurisprudencia[11] constitucional para referirse a aquellas
personas, que en la norma impugnada se señalan como “ancianas”.
En efecto, con su exposición los
demandantes logran sustentar con argumentos idóneos por qué consideran que el
término “los ancianos” es arbitrario, desconoce el derecho fundamental
de las personas a circular libremente, e implica subjetividad y arbitrariedad de
parte de los operadores jurídicos a la hora determinar qué personas deben estar
acompañadas de terceros para cruzar las vías.
Así las cosas, se hace evidente
que el cargo propuesto cumple el requisito de pertinencia para que este
Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del término demandado.
En quinto lugar, en cuanto
al requisito de suficiencia, la jurisprudencia ha señalado que
corresponde al demandante presentar los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para el estudio constitucional y que permitan despertar
una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma acusada.
En esta oportunidad, el cargo
analizado cumple con este presupuesto, en tanto se advierten argumentos que
permiten determinar tanto la supuesta imposibilidad de cumplimiento del
artículo 59 de la Ley 769 de 2002, porque no se tiene certeza de quienes pueden
ser considerados “ancianos”, así como la aparente restricción
injustificada de transitar libremente a las personas que eventualmente se
puedan considerar incluidas en este grupo.
De manera que en el presente caso, se observan
elementos de juicio que indican que los argumentos presentados por los
demandantes despiertan una duda mínima sobre
la constitucionalidad del término demandado.
3.2.5.2.
Respecto
al cargo de violación del derecho a la igualdad y discriminación de las
personas por su edad, se considera que la demanda reúne los elementos
necesarios para suscitar un debate constitucional.
Este cargo se sustenta en
que el
término “los ancianos” es actualmente utilizado para referirse de manera
despectiva o peyorativa a una persona de avanzada edad. Por tal motivo, a su
modo de ver, tal expresión denota visos de segregación. Además, sostienen que
dicha limitación desconoce el derecho a la igualdad y discrimina a las personas
en razón de su edad, pues se parte del supuesto de que quien pertenece al grupo
poblacional “los ancianos”, no cuenta con las capacidades físicas
y sicológicas para movilizarse libremente sin el acompañamiento de otra
persona.
Asimismo, sostienen los demandantes que
el aparte acusado no logra crear una medida integradora, por el contrario,
impone una restricción a los peatones que hacen parte de este grupo poblacional,
consistente en el deber de estar acompañados de otra persona para atravesar las
vías, configurándose así una presunción de “incapacidad” y de
discriminación de las personas por el hecho de ser “ancianas”. Finalmente,
subrayan que las personas consideradas “ancianas” tienen restringido su
derecho a circular libremente por el territorio nacional.
En primer lugar,
en cuanto al requisito de claridad, se encuentra que los argumentos
presentados por los demandantes permiten comprender la inconformidad que tienen
con el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769
de 2002, la cual consiste en que la expresión actualmente es usada con un fin peyorativo;
también, en que permite que las personas consideradas “ancianas” sean
discriminadas en razón de su edad, impidiéndoseles movilizarse libremente por
las vías del país, sin tener en cuenta consideraciones adicionales como sus
capacidades físicas y sicológicas para realizar la actividad sin el
acompañamiento de un tercera persona.
En efecto, de la demanda se
advierte una coherencia argumentativa que le permite a la Corte comprender con
nitidez el contenido de la demanda y su justificación. En ese sentido, se
evidencia que los demandantes exponen algunos argumentos en contra de la norma
demandada, los cuales guardan un hilo conductor que permite entender con
suficiente claridad la razón por la que consideran que el término “los
ancianos” debe ser declarado inconstitucional.
En segundo lugar, respecto
a la certeza, se observa que los accionantes
plantean que la norma al consagrar que “los ancianos” deberán ser
acompañados por mayores de 16 años para cruzar las vías del país, discrimina a
las personas en razón de su edad, vulnerando el mandato del artículo 13
Constitucional, que consagra que todas las personas gozarán de los mismos
derechos sin ninguna discriminación.
En efecto, al estudiar el contenido de la expresión acusada, la
Corte encuentra que los demandantes realizaron una interpretación razonable de
la norma, logrando crear una duda razonable que amerita que el juez
constitucional resuelva de fondo la demanda planteada.
En tercer lugar, de
la demanda se desprende que puede existir realmente una oposición objetiva y
verificable entre la expresión “los ancianos” contenida en el artículo
59 de la Ley 769 de 2002 y el texto de la Constitución Política, esto es, se
presenta un cargo con carácter de especificidad. Los demandantes
presentan argumentos sobre la denotación peyorativa del término y sobre la
limitación injustificada y discriminatoria del derecho de libre circulación de
las personas “ancianas”.
Así mismo, se observa que los
demandantes establecen en qué medida la expresión demandada vulnera los
preceptos constitucionales por él mencionados (artículo 13 y 46 Constitucional).
En cuarto lugar, se
advierte que la demanda cumple con el requisito de pertinencia, por
cuanto el
cargo ahora estudiado, se basa en apreciaciones objetivas, fundadas en el marco
normativo y la interpretación jurisprudencial, sobre los rasgos peyorativos del
término “los ancianos”, y sobre la discriminación que envuelve, al
permitir que las personas pertenecientes al grupo poblacional “los ancianos”,
por el hecho de serlo, pese a que cuenten con las suficientes facultades
físicas y sicológicas para cruzar las vías sin ayuda de terceros, tengan
restricciones en su circulación.
En efecto, con la exposición de
sus argumentos, los demandantes logran sustentar su posición respecto a que el
término “los ancianos” es peyorativo y desconoce el derecho fundamental
de las personas a la igualdad y a circular libremente.
Así las cosas, se hace evidente
que el cargo propuesto cumple el requisito de pertinencia, para que este
Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del término demandado.
En quinto lugar,
en cuanto al requisito de suficiencia, se observa que el cargo cumple
con este presupuesto, en tanto se advierten argumentos que logran
prime
facie
despertar una duda razonable sobre la inconstitucionalidad de la expresión “los
ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002.
3.3.
PROBLEMA JURÍDICO Y METODOLOGÍA DE LA
DECISIÓN
Los ciudadanos Gustavo Adolfo Roa
Díaz y Julio Adel Álvarez Sáenz, consideran que el término “los ancianos”
contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, es
contrario a la Constitución, particularmente al principio de igualdad, al
derecho a la libre circulación, a la protección especial de las personas de la
tercera edad y a la obligación de respetar sus derechos, contenida en el
artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Advierten los demandantes que de esa norma se desprende una
expresión altamente vaga, imprecisa, peyorativa y discriminatoria, en el
sentido en que, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe, legal ni
jurisprudencialmente, un límite temporal ni circunstancial concreto que permita
establecer con meridiana claridad cuándo una persona llega a la edad en la que
puede ser considerada “anciana”, y por tanto, no tiene la suficiente
capacidad sicológica y motriz para realizar la actividad de movilizarse sin
ayuda ni acompañamiento de otra persona.
En sentir de los demandantes, la imprecisión de la norma
demandada permite que las personas de avanzada edad, por el hecho de serlo,
pese a que cuenten con la suficiente capacidad física y psicológica, tengan
restricciones en su circulación; y por el contrario, las personas que no
pertenezcan a este grupo poblacional, pero que tengan algún impedimento físico
y/o sicológico para cruzar las vías, puedan hacerlo libremente sin la ayuda de
terceros, lo cual es un factor de discriminación de las personas por su edad.
Algunos de los intervinientes apoyan la declaratoria de
exequibilidad de la norma demandada, por cuanto consideran que ésta crea un
límite razonable al derecho a la libertad de locomoción, protegiendo intereses
generales superiores, como lo son los derechos de “los ancianos”,
quienes son sujetos de especial protección constitucional. Agregan que el
término “los ancianos” no es peyorativo, por cuanto la Corte
Constitucional lo ha empleado para referirse a las personas de la “tercera
edad”, que debido a su condición física o sicológica merecen una acción
positiva de parte del Estado.
Otros intervinientes concluyeron que el término “los ancianos” es compatible
con la Constitución, si se condiciona a que “los ancianos” son
las personas de la “tercera edad” o “adultos mayores”, siempre que no cuenten
con las facultades físicas ni sicológicas suficientes para cruzar las vías por
sus propios medios.
Finalmente, el Ministerio Público apoya la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión demandada, por cuanto el legislador acudió a un
término vago, relacionado con el paso objetivo de los años, para restringir de
manera desproporcionada el ejercicio de un derecho.
De acuerdo con estos antecedentes, corresponde a la Corte
resolver el siguiente problema jurídico: ¿la posible vaguedad e
imprecisión del término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la
Ley 769 de 2002, constituiría una restricción indebida al derecho a la libertad
de circulación, que en consecuencia discrimina a las personas en razón de su
edad?
Para resolver esta controversia, la Sala adoptará la
siguiente metodología. En primer lugar y a manera de asunto preliminar, hará
referencia al abordaje jurídico de las personas “ancianas” en el Estado
Social de Derecho colombiano. En segundo lugar, hará mención del derecho
fundamental a la libertad de circulación. En tercer lugar se referirá al
control constitucional del lenguaje. En cuarto lugar, se hará referencia a la
igualdad de trato y al test de igualdad en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Finalmente, pasará a examinar la constitucionalidad del término
“los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002.
3.4.
EL ABORDAJE JURÍDICO DE LAS PERSONAS “ANCIANAS” EN
COLOMBIA.
3.4.1.
La consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho
en la Constitución de 1991, significó entre otras cosas, que uno de los pilares
del mismo es el reconocimiento de la igualdad de las personas (artículo 13
Constitucional); por lo tanto, todos deben gozar de los mismos derechos y la
misma protección “sin
importar su sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica”. Esto es lo que se conoce como igualdad
formal, o en sentido negativo, pues solo implica el deber de abstención de
discriminación en razón de los factores mencionados[12].
No obstante lo anterior, dada la desigualdad social que se
vive en nuestro país, el constituyente del 91 incluyó también un mandato para
lograr una “igualdad
real y efectiva”, lo que implica que el Estado debe adoptar medidas a favor de grupos
históricamente discriminados o marginados para la reivindicación de sus
derechos. Esto supone entonces una visión positiva de la igualdad, es decir en
sentido material, que implica acciones afirmativas por parte del Estado
dirigidas a aquellos grupos poblacionales que están en condición de
vulnerabilidad, y por lo tanto son los que más lo necesitan[13]. Dentro
de éstos, se encuentran, entre otros, los niños, las personas en situación de discapacidad y los adultos
mayores (artículos 13, 46 y 47 de la Constitución Política).
3.4.2.
El artículo 46 Constitucional crea una obligación al Estado,
a la sociedad y a la familia, consistente en la protección y asistencia de las
personas de la tercera edad, a través de la promoción de su “integración a la vida activa y
comunitaria”. Por lo tanto, las
autoridades tienen el deber de realizar acciones positivas en beneficio de este
grupo poblacional, a través
del incentivo del respeto de sus derechos y la asistencia para que vivan en
condiciones dignas, teniendo una especial consideración en razón de su avanzada
edad.
3.4.3.
Si bien no existe una definición legal o
constitucional del concepto “ancianos”, esta
Corporación sí se ha ocupado de darle un contenido al término, que si bien
carece de la precisión requerida en una norma sancionatoria, es lo
suficientemente claro para otra clase de fines jurídicos. Así por ejemplo, la
Corte ha destacado en varias oportunidades que las personas de la “tercera edad”, los “adultos mayores” o los
“ancianos” son titulares de una especial protección por parte del Estado,
cuando el perjuicio sufrido afecta la dignidad humana[14], la subsistencia en condiciones dignas[15], la salud[16], el mínimo vital[17], cuando surgen lazos de conexidad con
derechos fundamentales[18],
o cuando resulta excesivamente gravoso someterlas a los trámites de un proceso
judicial ordinario[19].
3.4.3.1.
Al respecto, cabe recordar la sentencia T-456 de 1994[20], en la que la Corte al estudiar el
caso de un reajuste pensional, hace alusión a la protección especial de la “ancianidad”.
En este fallo, el Alto Tribunal, específicamente en cuanto a las personas “ancianas”,
sostiene que:
“La
ancianidad, la cual definimos como "El último período de la vida de un
hombre" era en esas civilizaciones, presea de sabiduría en el manejo de
la justicia y del Estado. Los antiguos consideraban que si bien la ancianidad
es fuente de sabiduría, no ocurre lo mismo en cuanto a la virilidad (…). Pero la disminución de la capacidad física y mental va
aparejada con el respeto a la dignidad del anciano”. (Negrilla fuera del
texto).
Agregó la Corte en esta sentencia que la acción de tutela es
el medio idóneo para proteger los derechos no solo de la vejez sino también de
la ancianidad. En palabras del Alto Tribunal:
“Todo lo anterior nos lleva a postular
como imperativo en la acción de tutela, la protección no solo de la VEJEZ sino
especialmente de la ANCIANIDAD. No se puede ubicar en la misma situación a quien adquiere su
pensión de vejez por llegar a los sesenta años con quien habiéndola adquirido
ya entra en la respetabilisima etapa de la ancianidad donde cada día que pasa
es un inexorable y veloz alejamiento de la vida.
Lo anterior implica preguntar: qué garantías constitucionales
tiene quienes sobrepasan la edad de la vida probable?
Si un anciano afirma que no puede esperar más tiempo para reclamar
su derecho, (…)
la equidad permite que para igualar
las cargas de los ancianos frente a otros jubilados que no han superado la edad
de vida probable de los colombianos, se puede aplicar la tutela, como mecanismo
transitorio”.
3.4.3.2.      En la sentencia
T-463 de 2003[21],
la Corte, en el marco de la solicitud de una pensión de vejez, manifestó que
entre los sujetos de especial protección constitucional se encuentran los
“adultos mayores”. Respecto a la protección reforzada de este grupo
poblacional, se advierte que esta Corporación usa los términos “ancianos”,
“adulto mayor” y “persona de la tercera edad” para referirse a un grupo
poblacional que dado su estado de debilidad, merece mayor amparo de la sociedad
y del Estado. Al respecto sostuvo este Tribunal:
“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se
encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida
su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión
algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de - entre otras cosas-
la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan
percibir sea la pensión. Es por esto que resulta especialmente grave la no
cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello
puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el
derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las
personas ancianas.
Ha dicho esta Corporación al respecto: "Si una persona sobrepasa
el índice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 años), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio
en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente,
pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el
momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada,
entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que,
provisionalmente se ordene el respeto a su derecho”.
3.4.3.3.      En sentencia
T-138 de 2010[22], la Corte nuevamente en el marco
de una solicitud de pensión de vejez, aparte de la protección especial y
reforzada que les asiste a los “adultos mayores”, “ancianos” o “personas de la
tercera edad” en un Estado Social de Derechos regido por el mandado de la promoción de la integración a la vida activa y comunitaria de
este grupo poblacional, sostuvo:
“En aras
estos fines, el concepto de “tercera edad” no puede asimilarse al de “edad de
pensión”, pues se trastocaría totalmente la excepción en regla. Precisamente
debido a estas dificultades, algunas Salas de Revisión han adoptado un criterio
distinto a los dos aquí mencionados que parte, razonablemente, de distinguir el
concepto de “vejez” (que determina la posibilidad de acceder a una pensión),
del concepto de “ancianidad”, “adulto mayor” o “tercera edad”, que es el que
auténticamente amerita una especial protección constitucional, y por lo tanto
justificaría que, en concurrencia con otros requisitos, quienes se encuentren
en dicha categoría especial puedan, en principio, acudir a la acción de tutela
para reclamar su derecho a la pensión de vejez”.
3.4.4.
La especial protección para las personas de la
tercera edad, también tiene su fundamento en el principio de solidaridad
consagrado en el artículo primero de la Constitución de 1991. En este sentido, la Corte ha definido el principio de
solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al
conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y
actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La
dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la
obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de
éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta,
en razón a su condición económica, física o mental”[23].
El principio de
solidaridad impone entonces una serie de deberes fundamentales al poder público y a la sociedad para
la satisfacción plena de los derechos de los asociados, que dado su estado de
debilidad manifiesta, merecen una protección especial. Por lo
tanto, la Carta proyecta este deber de solidaridad de manera específica, a
partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de
especial protección para personas y grupos humanos en situación de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art.
43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y en
situación de discapacidad (art. 47) y los adultos mayores (art. 46), entre
otros[24].
En la misma línea de pensamiento,
esta Corte ha encontrado “estrechamente relacionado con el principio de la
solidaridad, el tema de la definición y distribución equitativa de las cargas
públicas en una sociedad democrática, aspecto éste a su vez ligado al tema de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”[25].
Es por ello que esta Corporación ha señalado que “La familia, la
comunidad y el Estado concurren, en muchos casos, para el cumplimiento de los
deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción de las personas que
no están en capacidad de valerse por sí mismas”[26].
En consecuencia, es posible afirmar que la Constitución
establece un régimen de protección para este grupo poblacional fundamentado en
el principio de solidaridad, orientado al logro de los fines esenciales de la
organización política (artículos 1 y 2 C.N.), el derecho fundamental a la
igualdad que se traduce en la protección de personas en condición de debilidad
manifiesta (artículo 13 C.N.) y la tutela jurídica específica frente a los
adultos mayores que cobija a los adultos mayores en estado de indigencia por
mandato expreso de la norma (artículo 46 C.N.)[27].
3.4.5.
El cuidado de la vejez también ha
sido consagrado por los instrumentos internacionales como una obligación propia
de los Estados constitucionales. En efecto, esta Corporación en sentencia C-503
de 2014[28], dio cuenta del amplio margen de protección
que dichos instrumentos le han otorgado a las personas de la tercera edad, dada
su condición de sujetos de especial protección. A continuación se citará in
extenso el aparte de la aludida providencia, en el que se hace un estudio
juicioso de los instrumentos que nutren el contenido de la obligación en cabeza
de los Estados, consistente en amparar los derechos de los adultos mayores en aras de propiciar las condiciones necesarias para hacer
efectivo el goce de sus derechos.
“Es así como el Protocolo Adicional
a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales - Protocolo de San Salvador, firmado en 1988 y ratificado
por Colombia a través de la Ley 319 de 1996, establece una obligación
progresiva de los Estados en favor de la población de la tercera edad, como lo
es la adopción de medidas médicas, alimentarias y laborales que les permitan
mejorar su calidad de vida.
La Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH) firmada en 1948, hace una
referencia indirecta a la especial protección que deben recibir ciertos grupos
poblacionales en el seno de esta organización, entre ellos los sujetos de la
tercera edad. En su artículo 25, se estipula el derecho que tiene toda persona
a un nivel de vida adecuado, el cual comprende, no solo las necesidades básicas
(alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica) sino también los seguros
en caso de vejez.
Otro referente normativo cuya mención es relevante es el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
firmado en 1966 y ratificado por Colombia a través de la ley 74 de 1968,
instrumento que si bien no alude de forma expresa a los derechos de los adultos
mayores, consagra en su artículo 9 “el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social”, cláusula que ha sido
interpretada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
expandiendo su alcance.
En efecto, “la protección limitada que proporcionan las
convenciones existentes a los derechos de las personas de edad se ha visto
reforzada parcialmente gracias a su interpretación progresiva, realizada por
los órganos encargados de su supervisión”.  Es el caso del Comité de
Derechos Humanos, que ha desarrollado el principio de no discriminación por la
edad, en ciertos casos que ha analizado dentro de su procedimiento contencioso.
Mención aparte merece la destacada labor del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, encargado de la interpretación del PIDESC
que en cumplimiento de sus funciones emitió la Observación General 6 de
1995 sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las
personas mayores. En este documento, el Comité especifica las obligaciones que
corresponden en el ámbito de los derechos de las personas de la tercera edad, a
los Estados que son parte de esta Convención.
En la Observación General 6, el Comité ha desarrollado el
contenido y alcance de los derechos de los adultos mayores mediante distintas
cuestiones abarcadas por el Pacto en varias disposiciones, sobre igualdad de
derechos de hombres y mujeres, derecho al trabajo, derecho a la seguridad
social, protección de la familia, nivel de vida adecuado, salud física y mental
y educación y cultura.
Existen además, otros instrumentos, convenios y declaraciones
internacionales que si bien no forman parte del bloque de constitucionalidad,
son parámetros útiles y guías de interpretación frente a estos derechos como ya
se ha establecido.
La Resolución 46 de 1991 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas adopta una serie de principios en materia de derechos
de las personas de avanzada edad, los cuales recomienda incluir en sus
programas nacionales. Tales principios son: independencia, participación,
cuidados, autorrealización y dignidad en favor de las personas mayores. Con
respecto a los cuidados, son concebidos a partir de una noción de integralidad
que abarca varias aristas de su desarrollo humano. Con relación a las
instituciones donde se les prestan cuidados, la Resolución 46 afirma:
“Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de
atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y
estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.
Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones
donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad,
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones
sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida”.
La Carta Andina para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos firmada en 2002 por los países de la Comunidad Andina
de Naciones, da cuenta de la voluntad conjunta de los Estados por “cumplir y
hacer cumplir los derechos y obligaciones que tienen como finalidad promover y
proteger los derechos humanos de los adultos mayores”. Esta declaración además
delimita algunas prioridades de acción de los gobiernos frente a los adultos
mayores.
También se destaca el Plan de Acción Internacional sobre
el Envejecimiento (Plan Madrid) aprobado en 2002 en desarrollo de la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid. Este
Plan, adoptado por 159 Estados, está dirigido a la promoción y protección de
los derechos humanos de los adultos mayores, así como incluir el envejecimiento
en las agendas globales. Se encuentra estructurado en torno a tres prioridades:
las Personas de Edad y el Desarrollo, el Fomento de la Salud y el Bienestar en
la Vejez y la Creación de un Entorno Propicio y Favorable.
La Declaración de Brasilia adoptada en el marco
de la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en
América Latina y el Caribe en 2007, organizada por la CEPAL, manifiesta el
compromiso de los países firmantes para la promoción, protección y garantía de
los derechos de las personas de la tercera edad, en diversos frentes tales como
salud, educación, trabajo, no discriminación, entre otros”.
3.4.6. Del ámbito de protección que
ofrece el ordenamiento jurídico colombiano a este grupo poblacional, se puede
destacar el siguiente marco legal[29], en el cual también se promueve el
cuidado de la vejez como parte del cumplimiento de las obligaciones
constitucionales que tiene el Estado, la sociedad y la familia.
3.4.6.1.
Es
así como el Congreso de la República profirió la Ley 29 de 1975, la cual
tenía como objetivo garantizar la protección a la “ancianidad”, para lo
cual creó el “Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida”. Igualmente, en
dicha norma se condicionó la prestación de los servicios garantizados por esta
ley a la admisión de la persona dentro del “ancianato”.
3.4.6.2.
Con
el Decreto Ley 2011 de 1976, se creó un “Consejo Nacional de
Protección al Anciano” y se establecieron otras regulaciones pertinentes a
la atención de los “adultos mayores”. Igualmente, se ordenó denominar a los
hogares y “ancianatos como Centros de Bienestar del Anciano (CBA)”.
3.4.6.3.
Por
su parte, la Ley 48 de 1986 autorizó a las asambleas
departamentales, concejos intendenciales, comisariales y del Distrito Capital,
para la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento
de los “Centros de Bienestar del Anciano”.
3.4.6.4.
Posteriormente,
en el Decreto 77 de 1987 se establece que los “Centros
de Bienestar del Anciano” quedan a cargo de los municipios y distritos.
3.4.6.5.
Luego,
a través de la Ley 687 de 2001, se reformó la antigua Ley 48 de 1986. En
la Ley 687 se definen algunos conceptos importantes en materia de protección y
garantía de derechos de personas de la “tercera edad”, y se enuncian los
derechos de los “ancianos” y los deberes de la sociedad para con ellos.
Es así como se
comienza a hablar de los “Centros de Vida” y se autoriza a las asambleas
departamentales y concejos distritales y municipales “para señalar el
empleo, la tarifa discriminatoria y demás asuntos inherentes al uso de la
estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del
Anciano, centros de la vida para la tercera edad en todas las operaciones que
se realicen en sus entidades territoriales”. Igualmente, para aquellos
centros en los que los ancianos indigentes no pernocten, se impone la
obligación de garantizar “el soporte nutricional, actividades educativas,
recreativas, culturales y ocupacionales”.
3.4.6.6.
La Ley 1251 de
2008, cuyo objeto es “proteger, promover, restablecer y defender los
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el
proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad
civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan
servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez”,
plantea una serie de principios rectores para su aplicación (art.4), y enuncia
los derechos de estas personas y los deberes de la sociedad para con ellos
(art. 5 y 6).
3.4.6.7.
Por
último, la Ley 1276 de 2009, que modificó la Ley 687 de 2001, acentúa la
protección de los derechos de los “adultos mayores” a través de los “Centros
Vida” “como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral
a sus necesidades y mejorar su calidad de vida”, lo cuales tendrán “la obligación
de prestar servicios de atención gratuita a los ancianos indigentes que no
pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza el
soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y
ocupacionales y los demás servicios mínimos establecidos en la ley”.
El literal b del
artículo 7 de dicha ley, define al adulto mayor como aquella persona con edad
superior a sesenta años. A saber, “Adulto Mayor. Es
aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de
los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro
de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones
de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen”. (Negrilla
fuera del texto).
3.4.6.8.
Del
anterior recuento se evidencia que el término “ancianos” sí tiene un
significado jurídico en la jurisprudencia constitucional colombiana, y está
ligado a aquellas personas que por su avanzada edad o por estar en el último
periodo de la vida, han perdido algunas de sus facultades y ameritan por ello
una especial protección constitucional.
En
ese sentido, en general, los conceptos de “adulto mayor”, de la “tercera edad”
o “ancianos”, pueden ser usados indistintamente para hacer referencia a
la vejez como un fenómeno preponderantemente natural que trae implicaciones
constitucionales. Pero en algunas circunstancias, como sucede con la valoración
de la inminencia de un daño por el paso del tiempo, la Corte ha considerado que
la ancianidad, por tratarse de una avanzada edad, que supera el estándar de los
criterios de adulto mayor, requiere de una protección inmediata a través de la
acción de tutela.
En
general, no es posible determinar un criterio específico para establecer el
momento o la circunstancia que permita calificar a una persona con la palabra “anciano”.
Pero tampoco es posible adjudicarle un valor peyorativo o discriminatorio, sino
que al parecer, la expresión “ancianos” se refiere a un concepto sociológico,
más propio del lenguaje común y en general referente a una persona que por su
avanzada edad ha visto disminuidas algunas de sus capacidades, por lo que en
consecuencia requiere de la protección y el apoyo de la sociedad y del Estado,
en el marco del máximo respeto a su dignidad humana.
3.5.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE CIRCULACIÓN.
3.5.1.
La Corte Constitucional ha desarrollado una línea respecto de la
libertad de circulación y específicamente sobre la restricción a esta garantía,
a saber:
3.5.2.
La sentencia SU-257 de 1997[30], la Sala Plena de esta Corporación conoció la acción de amparo
interpuesta por el Personero Municipal de Curillo (Caquetá) quien señaló que el
Comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional había bloqueado
las vías que comunicaban los municipios aledaños con la ciudad de Florencia.
Específicamente, respecto a los límites impuestos al derecho a la
libre circulación, la Sala Plena adujo que la libertad de locomoción no reviste
un carácter absoluto. Luego de realizar un análisis jurisprudencial sobre esta
garantía, concluyó que las restricciones impuestas a ese derecho no pueden
desconocer el núcleo esencial de este derecho, y que el legislador “no goza
de la discrecionalidad suficiente como para llegar al punto de hacer
impracticable, a través de las medidas que adopte, el ejercicio de tal libertad
en su sustrato mínimo e inviolable.”
Sumado a ello, manifestó que “Se
trata de la imposición de obligaciones o prohibiciones extraordinarias, pero
razonables, que el Estado exige a los particulares para sostener la estabilidad
institucional, la pacífica convivencia y la seguridad jurídica, no menos que la
eficacia de los demás derechos y libertades (Preámbulo y artículo 2 C.P.).”
3.5.3.
Mediante sentencia T-483 de 1999[31],
la Sala Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta contra el
Gobernador del Departamento del Norte de Santander, el Alcalde Municipal de
Cúcuta, el Comandante del Grupo Mecanizado Número 5 Maza del Ejército Nacional,
y del Comandante del Departamento de Policía del Norte de Santander. Según los
solicitantes, los accionados se encontraban impidiendo una marcha de once mil
campesinos desde La Alejandra ubicado en la zona
del Catatumbo, en jurisdicción del Municipio de El Zulia, hasta la Ciudad de
Cúcuta.
La Sala realizó un estudio del derecho de circulación para lo que
se remitió a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de
Costa Rica.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de imponer restricciones a
dicho derecho en los siguientes términos:
“el derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en
virtud de la ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una
sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales,
proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud
y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en
cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como
reiteradamente lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe
estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y
finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el
legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a
la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales.”
Para completar el análisis, se trajo a colación los estudios del
doctrinante Gustavo Zagrebelsky[32], quien señala que los derechos
orientados a la libertad, son intrínsecamente ilimitados. Sin embargo, no
descartó la posibilidad de establecer límites extrínsecos que harían posible el
ejercicio mismo de dichas garantías.
Teniendo en cuenta ese panorama y luego de analizar las medidas de
policía adoptadas por el gobernador del Departamento de Norte de Santander y el
alcalde de Cúcuta, la Sala Primera de Revisión sostuvo que todas las decisiones
estuvieron enmarcadas en el ejercicio de las competencias otorgadas a dichas
autoridades y tenían como objeto garantizar el orden público. Así pues,
confirmó la decisión de instancia que negó el amparo de los derechos.
3.5.4.
En la sentencia T-823 de 1999[33], se estudió una acción de tutela en la que el accionante solicitó
una autorización especial de circulación durante las horas que opera la medida
de restricción vehicular conocida como “pico y placa”, lo anterior debido a su
diagnóstico de cuadriplejia.
Dentro de la ponencia se indicó que el Decreto 626 de julio 15 de
1998, por medio del cual restringió la circulación de vehículos automotores
particulares o privados, tenía como fin disminuir los efectos negativos del
tránsito en la ciudad y que tal restricción, lo que en principio, no reñía
contra los postulados constitucionales pues la limitación no impedía que las
personas acudieran a otros medios alternativos de transporte. Sin embargo, la
Sala Tercera de Revisión consideró que tratándose de personas en situación de
discapacidad, dichas restricciones representan una vulneración a su derecho a
la libre circulación y a su autonomía.
Para llegar a tal
determinación, la Sala sostuvo que la restricción impuesta era una limitación
del uso de los vehículos, cosa que no impedía el uso otros medios de
transporte. Adicionalmente, que los comportamientos solidarios, es decir, la
posibilidad de acudir a amigos y vecinos “no constituyen deberes jurídicos sino imperativos morales
que, muchas veces, no pueden ser exigidos coactivamente.”
3.5.5.
Con posterioridad, la sentencia C-355 de 2003[34], realizó el análisis de la demanda de inconstitucionalidad
del artículo 98 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre-.
La norma objeto de censura contemplaba la erradicación de los vehículos de
tracción animal, para lo cual establecía un término de un año. A juicio del
demandante, la prohibición de circulación desconocía los artículos 16, 25, 26,
53 y 58 de la Constitución Política.
Dentro de sus consideraciones,
la sentencia hizo énfasis en la importancia de establecer una regulación de la
circulación de personas y de vehículos sobre las vías públicas para garantizar
que el interés colectivo y los derechos de los particulares no se vieran afectados.
Con el fin de establecer
la constitucionalidad de la medida adoptada, la Corte acudió al juicio de
proporcionalidad y llegó a las siguientes conclusiones: (i) el Código Nacional de Tránsito Terrestre tiene como
objetivo la realización de los principios constitucionales, lo anterior, en
atención al artículo 82 Superior que consagra el deber del Estado de velar por
la protección del espacio público; y (ii) aunque el legislador estimó
necesario que se debían habilitar las vías para circulación de los automotores en los municipios de categoría
especial y de primera categoría, un porcentaje de la malla vial exige menores
niveles de velocidad y debido a su congestión reducida permitiría la
circulación de los vehículos de tracción animal. De esta manera, entendió que
la medida desconocía la realidad de los municipios y las exigencias del tejido
vial, razón por la cual la medida debía atenuarse de manera que resultara
proporcional.
3.5.6.
Por su parte, mediante sentencia C-799 de 2003[35], esta Corporación estudió la demanda de inconstitucionalidad
parcial contra el artículo 140 de la Ley 769 de 2002. La norma en cuestión
establecía la procedencia de la inmovilización de vehículos o la retención de
la licencia de conducción cuando pasados 30 días de la imposición de una multa
de tránsito, la misma no hubiera sido cancelada.
A juicio del demandante, tal disposición violaba
el derecho al trabajo y el de escoger libremente profesión u oficio. En esa oportunidad,
la Corte manifestó que “en la adecuada regulación del derecho a la libre
circulación y en la efectividad de las normas correspondientes están implicados
el interés general y los derechos de terceros.”
Para resolver el problema jurídico planteado,
reconoció que algunas de las multas podrían representar el desembolso de altas
sumas de dinero por parte de los infractores que de cancelar los comparendos
verían afectado su mínimo vital. En palabras de la Sala Plena:
“Este
grupo de conductores se ve ante la siguiente disyuntiva: o pagar inmediatamente
la multa con afectación de su mínimo vital de subsistencia, o verse expuesto a
la limitación indefinida de su libertad de circulación y, en ciertos casos,
privado de su elemento de trabajo.”
Este Tribunal consideró que existen otras medidas para
solicitar el pago de las multas, que implican una afectación menor del derecho
a la libre circulación y al trabajo de los conductores. En este punto se
refirió a la jurisdicción coactiva entendida como un “privilegio exorbitante” de la
Administración. Finalmente, se resolvió declarar inexequible la expresión demandada.
3.5.7.  En conclusión, la garantía de la que trata el artículo 24
Superior no es absoluta y por el contrario, puede ser sujeta a los límites que
el legislador considere necesarios para garantizar el orden público y el
respeto por derechos de carácter fundamental. De ahí que en algunas
oportunidades el operador judicial deba hacer uso del test de proporcionalidad
para determinar la constitucionalidad de las medidas adoptadas y que limitan la
circulación.
Sin perjuicio de lo anterior, no se debe perder de vista que
las restricciones impuestas de ninguna manera pueden el núcleo esencial de la
libertad de locomoción.
3.5.8.  Finalmente, es importante señalar tal y como se hizo en la
sentencia T-823 de 1999, que a la hora de analizar las restricciones impuestas
a la circulación, no se puede aludir únicamente a los comportamientos
solidarios como razones para soportar dichas limitaciones, ello pues los mismos
no constituyen deberes jurídicos sino imperativos morales que no pueden ser
exigidos coactivamente.
3.6.
EL
CONTROL CONSTITUCIONAL DEL LENGUAJE JURÍDICO
3.6.1.  La
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones ha estudiado el lenguaje
usado por algunas normas legales, y ha reiterado que éste debe ajustarse a la
dignidad humana y a los principios y valores constitucionales.
3.6.2.  Asimismo,
ha resaltado el Alto Tribunal, que el lenguaje como instrumento de comunicación
no goza de la característica de neutralidad; por el contrario, tiene un enorme
poder instrumental y simbólico[36]. En ese
sentido, es instrumento, puesto que “constituye
el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio de
pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura”[37], y es símbolo, por cuanto “refleja las
ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado”[38]. Entonces, puede ser modelador de la
realidad o reflejo de la misma, constituyéndose así en un factor potencial de
inclusión o exclusión social.
3.6.3.  En
cuanto al control judicial del lenguaje legal, la Corte en la sentencia C-458
de 2015, reveló la complejidad de dicho control y las varias respuestas que
este Tribunal ha dado al interrogante sobre la viabilidad del escrutinio del
lenguaje legal, así como a las dudas sobre los criterios para valorar el léxico
del derecho positivo.
En
efecto, en esa sentencia se hizo alusión a una primera línea de pensamiento, en
la que se ha sostenido que el escrutinio judicial versa únicamente sobre el
contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología en
la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque en principio esta
dimensión lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa.
En este orden de ideas, se concluyó que cuando se demanda una palabra
aisladamente considerada, la tarea del juez constitucional consiste, de
ordinario, en evaluar su faceta regulativa, una vez integrada la expresión en
el enunciado del que hace parte, y determinando la compatibilidad de la
prescripción resultante con el ordenamiento superior. En este contexto,
entonces, no sería factible valorar los signos lingüísticos como tal.
De
acogerse esta línea interpretativa, concluye la Corte que “palabras como “sordo”, “limitado auditivo”, “personas con limitaciones físicas” o “minusválidas” no
podrían ser inconstitucionales en sí mismas, sino tan solo en la medida en que,
una vez insertadas en un texto legal específico, configuren una regla contraria
a la Carta Política. (…) asimismo, las palabras “limitados auditivos” y “población sorda”, previstas en el artículo 10 de la Ley
324 de 1996 sólo podrían cuestionarse en cuanto la regla resultante se oponga
al ordenamiento constitucional, es decir, en la medida en que el establecimiento
de cuotas laborales en las entidades estatales para este segmento social, o la
priorización de su inclusión en el régimen subsidiado de salud, vulnere la
Carta Política”.
En
contraste con esta tendencia, en la misma sentencia se llamó la atención respecto
a que en algunas oportunidades, el juicio de constitucionalidad se ha extendido
a la terminología legal como tal, sobre la base de que el léxico jurídico no
solo tiene una función instrumental, como mecanismo para la regulación de la
conducta humana, sino que también tiene una función simbólica, en tanto los
discursos jurídicos representan, reproducen, crean, definen y
perpetúan  concepciones
del mundo, valores, ideas, cosmovisiones, valores y  normas. En
este orden de ideas, se en esa providencia se afirmó que como el lenguaje
también puede encarnar esquemas ideológicos y conceptuales contrarios al
sistema de principios y valores de la Constitución, la Corte se encontraría
habilitada para ampliar el espectro del escrutinio judicial, independientemente
de los efectos jurídicos de los enunciados legales.
3.6.4.  Con
base en la segunda vertiente conceptual, la jurisprudencia constitucional no ha
sido extraña a los problemas constitucionales implicados en el uso del lenguaje
jurídico. Es así como a partir de la entrada en vigor de la Constitución de
1991, tras múltiples demandas de inconstitucionalidad contra expresiones
contenidas en el ordenamiento jurídico, por su no correspondencia con el
contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional, palabras y
expresiones con cargas valorativas
contrarias a la Constitución han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, por
cuanto en su momento no tenían un sentido negativo pero que, en el presente y
luego de proclamada la Constitución Política de 1991 se muestran arcaicas y con
una fuerte carga peyorativa y despectiva. Tal es el caso de las expresiones
“amo-sirviente” o “criado”[39], “si la locura fuere
furiosa” o “loco”[40], “furiosos locos”,
“mantecatos”, “imbecibilidad idiotismo y locura furiosa”, “casa de locos”[41], “tuviere suficiente inteligencia para la
administración de sus bienes”[42], hijo “legítimo”[43], “cómplice” de la mujer adúltera[44],
“minusvalía”, “persona con limitaciones”, “limitado”, “población minusválida”[45], entre otras.
3.6.5.  Desde
una perspectiva lógica, la Corte ha destacado entonces que la validez del
escrutinio judicial del lenguaje legal se predica de las prescripciones
jurídicas y no de las palabras individualmente consideradas, por lo que, se
requiere la intervención del juez constitucional en los casos en los que los
enunciados jurídicos o institucionales se constituyen en un acto
discriminatorio, o bien en una “conducta, actitud o trato que
pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una
persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o
prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus
derechos fundamentales”[46].
3.6.6.  También ha establecido la Corte que el juicio para determinar el
impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de ciertos textos legales
trasciende el análisis lingüístico y toma en consideración factores históricos,
sociológicos y el simple uso del idioma para examinar si determinadas
expresiones contravienen el marco axiológico de la Constitución, aun cuando la
finalidad buscada por la norma que las contiene no sea contraria a las
disposiciones superiores[47].
3.6.7.  El procedimiento para fundamentar la eventual inconstitucionalidad
de expresiones que se consideran contrarias a la Constitución, debe seguir los
siguientes lineamientos: “(i) La contextualización de las expresiones
demandadas en las normas; (ii) La realización de un análisis de las diferentes
acepciones de las palabras o expresiones acusadas, teniendo en cuenta la
evolución histórica en su utilización; (iii) Haciendo un examen sobre la
posible contradicción con la norma superior; (iv) considerando la necesidad de adecuar los efectos de la
declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada y la finalidad
constitucionalmente válida que pudiera tener la norma”[48].
3.6.8.  Con base en los
anteriores razonamientos, se encuentra que la Corte en el escenario del control
abstracto de constitucionalidad, tiene la obligación de declarar inexequibles las
expresiones contenidas en enunciados o normas legales que luego de un análisis
lingüístico, histórico y social,  impliquen la transmisión de mensajes
paralelos o adicionales a la regla jurídica establecida en el enunciado, las
cuales resulten despectivas, discriminatorias y con una carga
valorativa claramente contraria a la dignidad humana y a la Constitución. Asimismo,
se concluye que si la Corte no encuentra dicha carga en el lenguaje, no debe
ser objeto de su competencia la exclusión de palabras por consideraciones
diferentes.
3.7.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD
DE TRATO. EL JUICIO DE IGUALDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.7.1.
El derecho fundamental a la igualdad en sus múltiples
manifestaciones -igualdad ante la ley, de trato, de oportunidades- es condición
necesaria para la realización de principios básicos en un Estado Social y
Democrático de Derecho, tales como la dignidad y la autodeterminación personal.
En ese sentido, ante los beneficios o las cargas impuestas a un grupo
determinado y restringido de ciudadanos, opera el deber de dar cuenta de la
constitucionalidad del trato diferenciado, para evitar que, de manera
infundada, irrazonable e inadmisible, se restrinja el acceso a una o a un grupo
de personas al ejercicio efectivo de sus derechos y libertades[49].
3.7.2.
El constituyente al consagrar el derecho a la igualdad como
garantía fundamental, no proscribió de manera definitiva todo trato
diferenciado, estableció, por el contrario, una presunción en favor de las
condiciones igualitarias, dejando a salvo la posibilidad de justificar adecuada
y suficientemente la necesidad de incorporar una diferenciación, dadas ciertas
condiciones concretas. En el curso del desarrollo jurisprudencial de este
derecho, han sido establecidos algunos criterios para determinar en qué casos
las distinciones fundadas en ciertos parámetros resultan contrarias a los
valores constitucionales. Entre otros, son discriminatorios los términos de
comparación cuyo sustento sea el sexo, la raza, el origen social, familiar o
nacional, lengua, religión y opinión política o filosófica o, en términos
generales, cualquier motivo discriminante que se funde en prejuicios o
estereotipos sociales cuya única finalidad sea la exclusión de un grupo de
individuos de algunos beneficios[50]. En suma, para determinar
si un acto discriminatorio es admisible, debe comprobarse si tiene o no como
sostén al menos uno de los criterios proscritos por la jurisprudencia y la
doctrina constitucionales, y si resulta constitucionalmente válido el trato
diferenciado.
3.7.3.
En todo caso, frente a supuestos de diferenciación que no
estén enmarcados en la categoría “discriminación positiva”, debe realizarse un
examen tanto del término diferenciador, como de las consecuencias que se siguen
de la aplicación del mismo.
3.7.4.  Hipótesis de discriminación
constitucionalmente proscritas
3.7.4.1.
En atención a los mandatos
superiores, la Corte Constitucional ha desarrollado unas hipótesis de
discriminación que se encuentran proscritas constitucionalmente, las cuales han
sido presentadas en algunas providencias de esta Corporación, como lo son las
sentencias T-098 de 1994[51],
T-301 de 2004[52],
T-1326 de 2005[53] y
T-577 de 2005[54], y
que corresponden a:
I)
Las diferenciaciones cuya finalidad
sea la exclusión de grupos de personas tradicionalmente señalados, y la
negación del ejercicio de sus derechos fundamentales. Según esta Corporación,
la segregación está dada generalmente, por la carga valorativa y emotiva que
incorpora el lenguaje de las normas o las prácticas institucionales
recurrentes, que terminan por confundirse con la institucionalidad misma, y que
en última instancia, imponen cargas que los sujetos no tienen el deber de
soportar ni moral ni constitucionalmente.
Bajo esta hipótesis, la Corte ha dicho que la discriminación no
sólo se configura cuando frente a supuestos de hecho iguales, la ley deriva
consecuencias desiguales, sino también cuando las autoridades administrativas,
amparadas en sus facultades legales, aplican criterios de diferenciación
evidentemente irrazonables, resguardados en un supuesto manto de legalidad,
cuyo efecto es la vulneración del derecho fundamental a la igualdad[55].
II)
Secuencia de episodios aparentemente
legales, cuyo contenido tiene como correlato la negación de garantías básicas.
Según este Tribunal, en esta serie de actuaciones orientadas a la exclusión de
ciertos grupos poblacionales -históricamente ignorados-, la autoridad aplica
criterios constitucionalmente proscritos, aunque alega como justificación para
ello el peligro que entrañan para “la sociedad” y el daño que presuntamente
ocasionan a la misma. Por esta razón, dado que es difícil acreditar el móvil
ilegítimo que sustenta la actuación administrativa para el ciudadano, es a la
autoridad que aplica la disposición jurídica a quien corresponde la carga de
probar que no ha empleado razones discriminatorias para ello[56].
Entonces, al
juez constitucional compete, cuando el criterio diferenciador es precisamente
alguna de las características arriba reseñadas como “sospechosas”, ejecutar el
examen de igualdad en el caso concreto.
3.7.4.2.
Ahora bien, en su jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha sostenido[57] que
el control de constitucionalidad en general, y el juicio de igualdad en
particular, adoptan diversas modalidades – leve, intermedio o estricto – según
su grado de intensidad. En efecto, esta Corporación ha reiterado la tesis según
la cual la intensidad del control de constitucionalidad y del juicio de
igualdad varía dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus
implicaciones. En todo caso es necesario entonces, examinar las circunstancias
concretas que configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad
del juicio al que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de
constitucionalidad[58].
3.7.4.3.
De otra parte, es de tenerse en
cuenta que la jurisprudencia nacional, comparada e internacional desarrollan
generalmente el juicio en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado por la
medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la relación entre
el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas,
según se trate de un examen estricto, intermedio o leve[59].
3.7.4.4.
Así, por ejemplo, en la sentencia
C-227 de 2004, la Corte al hacer alusión al juicio leve de constitucionalidad,
dijo que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén
constitucionalmente prohibidos, y con que el medio escogido sea adecuado para
el fin propuesto. Esta intensidad del juicio es aplicada, en principio, para
examinar la constitucionalidad de medidas legislativas en materias económicas,
tributarias o de política internacional. También se utiliza regularmente para
aquellos casos en los que está de por medio una competencia específica que ha
sido asignada constitucionalmente a un órgano constitucional, cuando se trata
de analizar una norma preconstitucional que ha sido derogada pero aún surte
efectos en el presente, o cuando del contexto normativo del artículo demandado
no aparece prima facie una amenaza para el derecho en cuestión[60].
3.7.4.5.
Asimismo, sostuvo que el juicio
intermedio se ha aplicado por la Corte para analizar la razonabilidad de una
medida legislativa, cuando, por ejemplo, la medida puede afectar el goce de un
derecho constitucional no fundamental, o cuando existe un indicio de
arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia.
Agregó que el juicio intermedio entraña que el examen de la norma
sea más exigente, por cuanto, en estos casos se requiere no solamente que el
fin de la medida sea legítimo, sino que también sea importante, ya que promueve
intereses públicos reconocidos por la Constitución o responde a problemas
cuya magnitud exigen respuestas por parte del Estado. Además, expresó que
en este nivel del juicio de igualdad, es preciso que el medio no sea solamente
adecuado, sino que sea efectivamente conducente para alcanzar el fin que se
persigue con la norma que es objeto del análisis de constitucionalidad[61].
3.7.4.6.
Finalmente, precisó que cuando el
análisis de constitucionalidad de la medida se realiza aplicando un juicio de
igualdad estricto, el fin de la disposición, además de ser legítimo e
importante, debe ser imperioso. En este sentido, el medio escogido debe ser no
sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, es decir, no
puede ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente,
indicó que el juicio estricto es el único que incluye la aplicación de un
juicio de proporcionalidad en sentido estricto, y que este exige que los
beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones que ella
implica sobre otros principios y valores constitucionales[62].
3.7.4.7.
En conclusión, es de tenerse en
cuenta que la jurisprudencia ha precisado que el juicio estricto de igualdad
procede, en principio: 1) cuando está de por medio una clasificación
sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías
prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º
del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente
a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos
marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima
facie que  la medida que hace la diferenciación entre personas o
grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4)
cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio[63].
3.8.
EXAMEN
DE CONSTITUCIONALIDAD DEL TÉRMINO “LOS ANCIANOS” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE
LA LEY 769 DE 2002
Son dos los aspectos que los accionantes cuestionan de la
expresión demandada. En primer lugar, que el término es impreciso, pues
no establece un límite temporal ni circunstancial para saber cuándo una persona
es considerada “anciana”, y por tanto tiene restringido su derecho a
circular libremente sin ayuda de terceros (violación del artículo 24 y 46 de la
Constitución). En segundo lugar, que con dicha limitación se desconoce
el derecho a la igualdad y se discrimina a las personas en razón de su edad,
pues se parte del supuesto de que quien pertenece a la “tercera edad”, no
cuenta con las capacidades físicas y sicológicas para movilizarse libremente sin
el acompañamiento de otra persona (violación del artículo 13 y 46 de la
Constitución).
3.8.1.  Contextualización de la norma demandada
3.8.1.1.
El
estudio de constitucionalidad sobre el término “los ancianos”,
implica necesariamente para la Corte, adentrarse en el estudio del artículo y
aún de la Ley en que se inserta el término impugnado, pues solo si se determina
con claridad la finalidad y naturaleza de la disposición de que hace parte la
expresión, será posible determinar el nivel de precisión requerido y la
compatibilidad de la palabra con los postulados constitucionales.
3.8.1.2.
La
expresión demandada hace parte de la Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide
el Código Nacional de Tránsito Terrestre”, cuyo objetivo es, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la
Constitución Política, regular el derecho a circular libremente por el
territorio nacional, mediante la adopción de medidas para la preservación de un
ambiente sano, la protección del uso común del espacio público, y para la
garantía de la seguridad y bienestar de los habitantes del territorio nacional.
3.8.1.3.
En la sentencia C-355 de 2003[64], la Corte hizo un completo análisis de los
antecedentes de esta ley, del cual, por ser apropiado para el
análisis de los cargos presentados en la demanda de la referencia, se citarán
los apartes pertinentes.
3.8.1.4.
En primer lugar, en dicha sentencia
primordialmente se dijo que es claro que si no existiera una regulación
adecuada de la circulación de personas y vehículos sobre las vías públicas, los
derechos de los particulares, así como el interés colectivo, se verían
gravemente afectados, ya que la descoordinación de las fuerzas físicas que
actúan en el escenario del tránsito vehicular y peatonal provocaría la
accidentalidad constante de sus elementos.
3.8.1.5.
En este contexto, se reconoció que el
Estado es quien debe garantizar que esa coordinación exista y que los
diferentes factores que intervienen en el tráfico de vehículos y personas, sea
a tal punto armónica, que su dinamismo se refleje en la consecución de niveles
más altos de seguridad ciudadana. De allí que se precise que, en materia de
tránsito, no sólo los vehículos, sino también los individuos de a pie, deban
estar sometidos a regulaciones concretas que permitan su integración armónica
en la dinámica diaria de la circulación.
3.8.1.6.
También se sostuvo en dicha
sentencia, que el legislador estimó que las medidas incluidas en el Código de
Tránsito debían responder a las necesidades de los nuevos tiempos en materia de
circulación de tráfico de personas y de vehículos, y que esa tendencia fue la
que inspiró todo el esquema del nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal
como lo demuestra la exposición de motivos presentada ante la Cámara de
Representantes por el representante ponente, Gustavo López Cortés.
3.8.1.7.
Se precisa que en dicho documento el
representante expuso las razones por las cuales se requería que el Congreso
aprobara un nuevo código de tránsito que dotara al país de herramientas
jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y
de personas. Dijo que en sus consideraciones iniciales el representante sostuvo
que “actualmente el Estado colombiano cuenta con una legislación un
tanto obsoleta, poco ágil y además, alejada de la realidad de la problemática
especialmente la urbana y por consiguiente, sin herramientas para resolver o
iniciar la solución al caos existente, lo que está causando una altísima
inseguridad vial e influyendo negativamente en la eficiencia económica para el
sector”.
3.8.1.8.
Así mismo, en la citada sentencia se
hizo alusión a la intervención mediante la cual el representante ponente dio a
conocer los objetivos principales del código, al referirse a este como “un
conjunto armónico y coherente de normas” destinado a “la
organización del tránsito en el territorio nacional y la prevención de la accidentalidad
con consecuencias nocivas para la vida, la integridad personal y los bienes de
los ciudadanos” (...) “la propuesta que se presenta busca su aplicación, con
fines de prevención de accidentes y pretende tener consecuencias de tipo
sancionatorio administrativo”. (Subrayado fuera del texto).
3.8.1.9.
Adicional a las consideraciones
precedentes, es de tenerse en cuenta que en la exposición de motivos a que se
hace referencia, el representante ponente manifiesta que la Ley 769 de 2002
consagra un capítulo que regula el comportamiento del tránsito de los peatones,
otorgándoseles prelación siempre que usen las zonas y las vías demarcadas y
construidas para su circulación. Asimismo, hace alusión a que dicha ley crea un
régimen de sanciones en el Titulo IV de la Ley,  las cuales van desde las
actividades pedagógicas, hasta los servicios sociales de apoyo al tránsito y
las multas para aquellas personas que pongan en peligro sus vidas violando las
reglas  contenidas en dicha ley.
3.8.1.10.
En efecto, la razón que la Corte
deduce de la norma demandada, es que tiene como fin regular la circulación de
peatones, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito y
vehículos por las vías del país. Entonces, la justificación de la regulación
por parte del legislador, se debe a la necesidad de contar con una normativa
que garantice el orden y la protección de los derechos de las personas,
teniendo conocimiento de i) del carácter riesgoso de la actividad; ii) la
importancia de la libertad de locomoción para los asociados, y iii) la
importancia de la movilidad para el desarrollo económico del país.
3.8.1.11.
Por
lo tanto, al ser el tránsito
de vehículos y personas una actividad riesgosa, pues los accidentes de
tránsito representan una causa importante de mortalidad y de daños en las
sociedades modernas, el legislador advirtió la necesidad de regular la
circulación por las vías del país, de manera tal que se pueda garantizar, en la
medida de lo posible, un tránsito libre de peligros, que no genere riesgos para
la vida e integridad de las personas, y que prescriba sanciones ante
comportamientos que sin justificación incrementen el grado de riesgo natural de
la actividad[65].
3.8.1.12.
La
norma impugnada consta de 170 artículos distribuidos en cuatro (4) títulos: I.
Disposiciones Generales; II. Régimen Nacional de Tránsito; III. Normas de
Comportamiento; VI. Sanciones y Procedimientos. Cada uno de estos títulos
contiene normas de diferente naturaleza, que si bien gozan de la misma
jerarquía, tienen diferentes finalidades y características. Solo el Capítulo IV
tiene la connotación de una norma sancionatoria, pues en efecto en ella se
describen las conductas sancionables, se identifica al responsable y se
establece la sanción a aplicar, en cumplimiento del principio de legalidad
propio del régimen sancionatorio.
3.8.1.13.
En
ese sentido, el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, que contiene en su último
inciso la expresión impugnada, hace parte del Título III. Normas de
Comportamiento, Capitulo 2. Peatones, no tiene el carácter de norma
sancionatoria. Es claro de la redacción de la misma, que la disposición no
establece una conducta reprochable, ni especifica la sanción aplicable, ni
siquiera identifica a un responsable, sino que su intención es la de establecer
una regla de conducta formadora de cultura ciudadana y destinada a propender
por el ejercicio del deber de solidaridad frente a personas constitucionalmente
protegidas.
3.8.1.14.
Al verificar las conductas sancionadas por la Ley en su Título IV,
se confirma que, en efecto, no se trata de una norma cuya omisión sea
sancionable. Es en palabras de García Máynez, es una norma “imperfecta” en ese
sentido. Sin embargo, es claro para la Corte que la inexistencia de sanción no
significa que la norma no sea obligatoria. La obligatoriedad de las normas hace
parte de su esencia y el hecho de que no esté prevista una sanción, no
significa que pueda ser incumplida.
3.8.1.15.
Para Norberto Bobbio, según la función deóntica de la norma, ella
puede clasificarse como categórica o hipotética.[66] Las normas
hipotéticas son aquellas que establecen una cierta conducta que debe ser
ejecutada siempre que se verifique el cumplimiento de determinada condición.
Esa es justamente la situación de la norma estudiada. La conducta exigida por
la norma (que “los ancianos” sean acompañados por mayores de 16
años para cruzar las vías) requiere de la verificación de una condición previa:
que el anciano cuente, en ejercicio del principio de solidaridad, con el
acompañamiento de una persona mayor de 16 años para cruzar las calles. Solo si
se puede verificar dicha hipótesis la norma es exigible, pues de otra forma,
implicaría atribuirle a la disposición un alcance que el legislador no
pretendía darle y que no quedó tampoco consagrado en la norma.
3.8.1.16.
La disposición no tiene como finalidad generar en los transeúntes
la obligación jurídica de acompañar a los ancianos a cruzar las vías, y mucho
menos puede pretender generar en “los ancianos” la carga de contar con
personas que los acompañen en el paso de las calles. Como lo dijo esta
Corporación en un caso de asimilables características, “la posibilidad de
acudir a amigos y vecinos no constituyen deberes jurídicos sino imperativos
morales que, muchas veces, no pueden ser exigidos coactivamente”[67].
3.8.1.17.
La norma analizada no es de naturaleza categórica, no establece
una conducta que deba ser cumplida incondicionalmente, sino que ella misma
supone una condición que debe ser verificada y que depende únicamente del
principio de solidaridad.  En tal sentido, es claro que la intención y el
efecto de la norma no es ni podría ser el de restringir el derecho de
circulación o la autonomía de estas personas cuando no cuenten con la compañía
de un mayor de 16 años, sino justamente por el contrario, el de reiterar el
deber de solidaridad de la sociedad frente a ellos, que es un principio
constitucional propio del Estado Social de Derecho.
Sobre el principio de solidaridad, la Corte se ha pronunciado
indicando que es un valor constitucional que en cuanto fundamento de la
organización política presenta una triple dimensión, a saber:  (i) como una
pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en
determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis
de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los
derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios.
En el caso concreto, el principio de solidaridad desarrollado por
la norma en estudio, se establece en el segundo de los sentidos, como una
pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en
determinadas ocasiones, concretamente, como el deber de las personas
mayores de 16 años de acompañar a “los ancianos” en las vías.
No se trata de una norma sancionatoria, categórica[68] o perfecta[69],
en el sentido de la teoría del derecho, sino de una norma hipotética de cultura
ciudadana, de fortalecimiento de los valores cívicos y constitucionales,
dirigida al logro del bien común desde una visión humana y solidaria.
3.8.2.
Análisis
del cargo de
restricción
del derecho a circular libremente sin ayuda de terceros (violación del artículo
24 y 46 de la Constitución) como consecuencia de la indeterminación e
imprecisión de la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la
Ley 769 de 2002
Con fundamento en los anteriores presupuestos, procederá la
Corte a establecer si, como lo sostienen los actores, el término “los
ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, es vago e
impreciso, al no especificar quiénes se encuentran dentro de esta categoría, y
por tanto, necesitan de la ayuda y acompañamiento de un tercero para cruzar las
vías.
3.8.2.1.
Para
analizar el cargo propuesto por los demandantes, es necesario revisar la
palabra en su entorno normativo. En ese sentido, se parte de la idea de que,
contrario a lo expresado en la demanda y tal como se explicó en el acápite
anterior, la finalidad del artículo 59 es de carácter preventivo, y por lo
tanto no se trata de una norma de naturaleza sancionatoria.
3.8.2.2.
En
ese sentido, si bien es cierto que el ordenamiento jurídico debe excluir términos
discriminatorios, peyorativos y aún equívocos que puedan dar lugar a
interpretaciones que fortalezcan paradigmas de exclusión o restrinjan derechos,
tampoco es válido exigir al legislador limitar de forma estricta el lenguaje, cortando
la natural evolución del derecho, que a la luz del viviente[70], debe transformase
conforme la sociedad se transforma.
3.8.2.3.
El
lenguaje, al igual que el derecho y en general las ciencias sociales,
corresponden a realidades fácticas cambiantes, que se transforman según las
vivencias y necesidades que implique su permanente evolución. Exigir al
legislador o a los jueces una unificación estricta del lenguaje, que no permita
la adaptación paulatina del mismo, es desconocer la naturaleza cambiante de la
cultura[71] y del derecho. Por lo
tanto, y tal como se explicó anteriormente, el control de los términos no es sino
oportuno sino en tanto ellos tengan una connotación pertinente para el derecho
constitucional, que pueda implicar la creación de paradigmas discriminatorios,
o la petrificación de prácticas excluyentes o restrictivas de los derechos
fundamentales.
3.8.2.4.
El
artículo 59 de la Ley 769 de 2002, consagra unas “limitaciones a peatones
especiales”  entre los cuales se encuentran las personas: i) que padezcan
trastornos mentales permanentes; ii) quienes se encuentren bajo el influjo del
alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus
reflejos; iii) las personas invidentes y sordomudas, salvo que su capacitación
o la ayuda de herramientas ortopédicas las habiliten para cruzar la calle sin
ayuda de terceros; iv) los menores de 6 años; y v) “los ancianos”. Estas
personas deben estar acompañadas por mayores de 16 años para cruzar las vías.
3.8.2.5.
En
principio, se puede afirmar que la medida adoptada por el artículo 59 de la Ley
769 de 2002, busca prevenir la accidentalidad -con sus consecuencias nocivas
para la vida e integridad personal- a los habitantes del territorio nacional y
especialmente a las personas que integran los grupos poblacionales mencionados,
quienes por sus condiciones físicas y sicológicas deben ser especialmente
protegidos por el Estado.
Estas
medidas tienden fundamentalmente a proteger la integridad y la vida de estas
personas, aunque en consecuencia también redunden en la protección de todo el
conglomerado social. En consecuencia, presentan una finalidad
constitucionalmente legítima.
3.8.2.6.
Por
otro lado, es necesario tener en cuenta que la misma Ley en el Título IV
(Sanciones y procedimientos), artículo 122, modificado por el artículo 20 de la
Ley 1383 de 2010, establece una serie de sanciones a imponer a quienes
infrinjan los preceptos en ella contenidos. Dichas sanciones corresponden a:
amonestaciones, multas, retención preventiva de la licencia de conducción,
suspensión de la licencia de conducción, inmovilización de vehículos, retención
preventiva de vehículo y cancelación definitiva de licencias de conducción.
3.8.2.7.
Sin
embargo, es en el capítulo II del Título IV, entre los artículos 130 a 133 en
donde se regulan, específicamente las conductas y sanciones por incumplimiento
de las normas de tránsito. Del estudio de dichas disposiciones se puede
concluir que no existe una sanción puntual por el incumplimiento de las
conductas reguladas en el artículo 59 de la misma ley.
3.8.2.8.
Entonces,
una lectura detenida del precepto legal demandando, permite
establecer, sin la menor duda, que el artículo 59 de la Ley 769 de 2002 no es
una norma de tipo sancionatorio administrativo. Tampoco se puede interpretar la norma, pues ninguna de las
disposiciones de la Ley así lo indica, en un efecto prohibitivo, que restringa
los derechos de quienes no cuenten con la posibilidad de tener un acompañante.
3.8.2.9.
En ese sentido y
como bien se estableció en el estudio realizado sobre la naturaleza de la
norma, la disposición impugnada no está dirigida a restringir el derecho a la
libre circulación de “los ancianos”, sino por el contrario, busca
resaltar el deber de solidaridad de las demás personas frente aquellas que
requieran su acompañamiento para hacer más seguro su tránsito por las vías
públicas.
3.8.2.10.
Así,
si bien la expresión “los ancianos” no hace referencia a un grupo
poblacional suficientemente determinado, pues
está compuesto de ideas esencialmente valorativas y subjetivas -referentes al
aspecto etario y a las condiciones físicas y psicológicas de las personas-, la poca precisión y
determinación de la expresión “los ancianos”, es suficiente para la
finalidad perseguida por la ley, la cual no es otra que crear conciencia en la
ciudadanía sobre la prevención de accidentes de tránsito, mediante la especial
protección de los sujetos que por su edad, condiciones físicas y psicológicas
merecen mayor atención de la sociedad y el Estado.
3.8.2.11.
En realidad, resulta idónea para la medida, la
indeterminación de la expresión “los ancianos”, porque no se trata de imponer
términos precisos de edad que desconozcan aspectos relevantes como las condiciones
físicas y psicológicas de las personas, sino generar un criterio orientador
para efectos pedagógicos que permita analizar en cada caso las circunstancias
específicas de los destinatarios de la norma.
3.8.2.12.
Por otra parte, se observa que el concepto “los ancianos”
se encuadra perfectamente con los demás grupos poblacionales del mismo artículo
(quienes
padezcan trastornos mentales permanentes, quienes se encuentren bajo el influjo
del alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan
sus reflejos, las personas invidentes y sordomudas y los menores de 6 años) que generan igualmente criterios amplios para los mismos
efectos preventivos.
3.8.2.13.
Del estudio del primer cargo propuesto por los demandantes,
se concluye que la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59
de la Ley 769 de 2002, no atenta contra el derecho a la libertad de circulación
ni contra el deber de protección y asistencia a las personas de la tercera
edad, contenidos en los artículos 24 y 46 de la Carta.
3.8.3.
Análisis
del cargo por violación del derecho a la igualdad y discriminación de las
personas por su edad, artículo 13 de la Constitución.
Para
los accionantes, la indeterminación de la expresión demandada permite que los
individuos sean discriminados en razón de su edad, en el sentido en que,
permite que las personas de avanzada edad, por el hecho de serlo, pese a que
cuenten con la suficiente capacidad sicológica y física para cruzar las vías
por sí solas, tengan restricciones en su circulación; y por el contrario,
quienes no pertenezcan a este grupo poblacional, pero que ostenten algún
impedimento físico o psicológico para cruzar las calles, puedan hacerlo
libremente sin la ayuda de terceros, lo cual consideran un factor de
discriminación de las personas en razón de la edad.
3.8.3.1.
La
discriminación como violación al derecho a la igualdad, comporta la
diferenciación que se efectúa respecto de ciertos sujetos o grupos de personas
con base en un rasgo distintivo particular, gobernado por el prejuicio. Este
vocablo, en su acepción negativa, involucra el rechazo, la supresión, la
expulsión o la censura cotidiana, a través de diferentes estrategias, negando o
impidiendo ilegítimamente o a partir de un paradigma errado, la inclusión,
ejercicio o subsistencia de determinadas prácticas sociales[72].
El acto
discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o
inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de
personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o
personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos
fundamentales. El acto de discriminación no sólo se concreta en el trato
desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de
condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las
autoridades administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la
diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la
violación del derecho a la igualdad[73].
3.8.3.2.
En el caso que ocupa la atención de
esta Sala, se observa que la expresión demandada es un concepto amplio en el
que prima el criterio de reducción de capacidad. En ese sentido, la “ancianidad”,
si bien está relacionada con la edad, ésta no es la única característica que comprueba
dicha condición en una persona, pues también tiene inferencia las facultades y
capacidades con que se cuenten, de forma que son varios los criterios que
determinan que se pertenezca o no a este grupo poblacional.
3.8.3.3.
Ahora bien, para saber si el artículo
59 de la Ley 769 de 2002 discrimina a “los ancianos”, es
necesario, en primer lugar, precisar el criterio de comparación, valga decir, determinar si los
supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de
la misma naturaleza. Posteriormente, se debe definir si en el plano fáctico y
en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales; y finalmente, averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.
3.8.3.4.
Al respecto, se debe partir de que el
tertium comparationis se refiere a las reducción
de capacidad o facultades que tengan inferencia en la seguridad al transitar en
la vía pública, y por tanto, la comparación debe hacerse entre “los ancianos”,
“las personas que padezcan trastornos mentales”, “las personas que se
encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y medicamentos o
sustancias que disminuyan sus reflejos”, “los invidentes y los sordomudos” y
“los menores de 6 años”,  que, justamente son tratados de forma similar por
la norma legal.
3.8.3.5.
Como puede verse, la situación de hecho objeto de la comparación se enmarcan en
la hipótesis de igualdad de trato, esto es, se trata de situaciones de hecho
idénticas que tienen un elemento en común. Esta circunstancia, prima facie, llevan
a concluir que en este caso no existe discriminación alguna, por cuanto el
término de comparación (disminución de capacidad) es el mismo, y el trato dado
a las personas que se encentran en dicha circunstancia (“los ancianos”, “las personas
que padezcan trastornos mentales”, “las personas que se encuentren bajo el
influjo del alcohol, drogas alucinógenas y medicamentos o sustancias que
disminuyan sus reflejos”, “los invidentes y los sordomudos” y “los menores de 6
años) es idéntico, consistente en que tendrán que atravesar las
vías del país con acompañamiento de terceros mayores de 16 años.
3.8.3.6.
Por lo tanto, el criterio de
comparación, es decir la perdida de facultades que incidan en el riesgo de
tránsito en las vías públicas, da como resultado que la norma trata de igual
forma a los grupos de personas que, se encuentran en igual situación. Por lo
tanto, no existe una diferenciación entre iguales, y en consecuencia no podría
sostenerse que la norma establezca alguna forma de discriminación.
3.8.3.7.
En cuanto al supuesto trato
diferenciado que se hace de “los ancianos” frente a los demás
peatones que no se encuentran incluidos en el artículo 59, vale la pena decir, que
no se advierte ningún elemento de discriminación, pues como ya se ha sostenido
en esta decisión, (i) la norma no establece ninguna restricción a sus derechos,
pues no es sancionatoria ni prohibitiva, y (ii) la norma desarrolla el deber de
solidaridad que se encuentra inserto en la Carta constitucional y que
constituye uno de los principios del Estado Social de Derecho.
3.8.3.8.
Al
respecto, se observa que la medida busca que los sujetos en condición de
debilidad manifiesta, como lo son los enunciados en el artículo 59 de la Ley
769 de 2002, puedan circular por las vías del país sin arriesgar   su vida o su
integridad personal, como la de los demás habitantes del territorio nacional.
Entonces, la medida busca prevenir y sancionar los comportamientos que puedan
afectar o agravar la seguridad del tránsito nacional.
3.8.3.9.
En
efecto, es
por ello que el Legislador en la exposición de motivos que dio origen a la Ley
769 de 2002, expresó la necesidad de “contar con un nuevo código de tránsito
que dotara al país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y de personas, con
el propósito fundamental de contrarrestar los altos índices de accidentalidad
que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de circular
libremente”, lo cual es a todas luces un fin
legítimo e imperioso.
3.8.3.10.
En ese sentido, la Corte está de acuerdo con el Ministerio Público,
respecto al fin constitucionalmente legítimo e incluso imperioso de la medida,
el cual no es otro que proteger la integridad y la vida de los sujetos de
especial protección constitucional señalados en el artículo 59 de la Ley 769 de
2002.
3.8.3.11.
En
consecuencia, la Corte concluye que la disposición impugnada no es contraria al
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta.
3.9.
CONCLUSIÓN
3.9.1.  En
el presente caso, los accionantes cuestionan la expresión “los ancianos”
contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, por cuanto consideran que;
i) es imprecisa, ya que legal ni jurisprudencialmente existe un límite temporal
que permita establecer cuándo una persona puede ser considerada  “anciana”;
y ii) vulnera el derecho a la igualdad y discrimina a las personas en razón de
su edad, pues se parte del supuesto de que, quien tiene una edad avanzada, no
cuenta con las capacidades físicas ni psicológicas para movilizarse libremente
sin la ayuda de otra persona.
3.9.2.  La
Corte se planteó como problema jurídico a resolver el siguiente: ¿la posible
vaguedad e imprecisión del término “los ancianos” contenido en el
artículo 59 de la Ley 769 de 2002, constituiría una restricción indebida al
derecho a la libertad de circulación, que en consecuencia discrimina a las
personas en razón de su edad?
3.9.3.  El artículo 59
de la Ley 769 de 2002, que contiene en su último inciso la expresión impugnada,
no tiene el carácter de norma sancionatoria. Es claro de la redacción de la
misma, que la disposición no establece una conducta reprochable, ni especifica
la sanción aplicable, ni siquiera identifica a un responsable, sino que su
intención es la de establecer una regla de conducta formadora de cultura
ciudadana y destinada a propender por el ejercicio del deber de solidaridad
frente a personas constitucionalmente protegidas.
3.9.4.  En
tal sentido, se advierte que la intención y el efecto de la norma no es ni
podría ser el de restringir el derecho de circulación o la autonomía de estas
personas cuando no cuenten con la compañía de un mayor de 16 años, sino
justamente por el contrario, el de reiterar el deber de solidaridad de la
sociedad frente a ellos, que es un principio constitucional propio del Estado
Social de Derecho.
3.9.5.  La
indeterminación de la expresión “los ancianos”, resulta idónea para la finalidad perseguida
por la ley, la cual no es otra que crear conciencia en la ciudadanía sobre la
prevención de accidentes de tránsito, mediante la especial protección de los
sujetos que por su edad, condiciones físicas y sicológicas merecen mayor
atención de la sociedad y el Estado.
En efecto, no se trata
de imponer términos precisos de edad que desconozcan aspectos relevantes como
las condiciones físicas y sicológicas de las personas, sino generar un criterio
orientador para efectos educativos que permita analizar en cada caso las
circunstancias específicas de los destinatarios de la norma.
3.9.6.  El
artículo 59 de la Ley 769 de 2002 no genera discriminación. Al respecto se
observa que el criterio de comparación en ella
establecido, es decir la pérdida de facultades que incidan en el riesgo de
tránsito en las vías públicas, da como resultado que la norma trata de igual
forma a los grupos de personas que se encuentran en igual situación. Por lo
tanto no existe una diferenciación entre iguales.
3.9.7.  En
cuanto al supuesto trato diferenciado que se hace de “los ancianos”
frente a los demás peatones que no se encuentran incluidos en el artículo 59, no
se encontró tampoco ningún elemento de discriminación, por cuanto: (i) la norma
no establece ninguna restricción a sus derechos, pues no es sancionatoria ni
prohibitiva, y (ii) la norma desarrolla el deber de solidaridad que se
encuentra inserto en la Carta constitucional y que constituye uno de los
principios del Estado Social de Derecho.
Así las cosas, de conformidad con lo
expuesto, la Sala declarará la exequibilidad de la
expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de
2002, por cuanto se ajusta al Texto Superior.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “los ancianos”
contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, por cuanto se ajusta al
Texto Superior.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el
expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado                                                        Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO        GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
Con salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO            JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                        Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS               LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                     Magistrado
Con aclaración de voto                               Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS
MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-177/16
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Debió
declararse la inexequibilidad por cuanto disposición establece una
discriminación basada en la condición de “anciano” (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Si
bien la medida tiene un fin legítimo puede resultar innecesaria cuando se trate
de sujetos en edad avanzada en perfectas condiciones físicas y mentales
restringiendo la libertad de circulación (Salvamento de voto)
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma
no puede ser comprendida como un criterio orientador para brindar solidaridad a
los adultos mayores (Salvamento de voto)/NORMA SOBRE LIMITACIONES A PEATONES
ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Legislador impone un deber jurídico
específico que somete a que los “ancianos” estén acompañados (Salvamento de
voto)/LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma
impone una verdadera prohibición (Salvamento de voto)
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma
no identifica aspectos esenciales del derecho sancionador como es el sujeto
destinatario de la prohibición y las consecuencias de su infracción (Salvamento
de voto)/LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Falencias
refuerzan la inexequibilidad de la norma al demostrar la infracción del
principio de legalidad de las conductas y las sanciones (Salvamento de voto)/LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma impone una verdadera
prohibición (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Previsión
demandada hace parte del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Salvamento de
voto)/CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE-Hace parte del derecho
administrativo sancionador (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Precepto
acusado impone una restricción a manera de condición para la circulación de los
adultos mayores que denomina como “ancianos” (Salvamento de voto)/LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma es inexequible
al imponer una limitación injustificada al libre desarrollo de la personalidad
y a la libertad de locomoción (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Vaguedad
de la condición de “anciano” reitera la violación del principio de legalidad
(Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Carácter
protector de personas en situación de vulnerabilidad (Salvamento de voto)/NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Debe
evaluarse no la condición arbitraria e indefinida de “anciano” sino la
habilidad para conducirse autónomamente en las vías (Salvamento de voto)
JUICIO
DE PROPORCIONALIDAD DE NORMA SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y
ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Si bien el objetivo buscado puede
ser legítimo, la restricción propuesta no es idónea para cumplir con la
finalidad (Salvamento de voto)
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma
debió declararse inexequible al no cumplir el juicio de proporcionalidad
(Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado hacia las
decisiones de la Corte, salvamos nuestro voto en la sentencia C-177 del 13 de
abril de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), fallo en que la Corte
declaró a la exequibilidad del artículo 59 (parcial) de la Ley 769 de 2002 –
Código Nacional de Tránsito Terrestre, en cuanto determina que los “ancianos”
son una categoría de peatones que deben ser acompañados, al cruzar las vías,
por personas mayores de 16 años. Esto con base en los argumentos siguientes:
1. La mayoría consideró que el apartado
normativo es exequible, puesto que del texto de la disposición no se deriva una
previsión de índole sancionatoria, sino únicamente una “regla formadora de
cultura ciudadana y destinada a propender por el ejercicio del deber de solidaridad
frente a personas constitucionalmente protegidas”.  Por lo tanto, no era viable
concluir que el precepto estableciese una restricción del derecho a la libre
circulación. Por la misma razón, es aceptable la indeterminación del concepto
“ancianos”, en tanto solo está enfocado a una norma amplia dirigida a fomentar
la solidaridad con ese grupo poblacional.  En ese sentido, no es una previsión
de naturaleza restrictiva, sino apenas un “criterio orientador”.
Asimismo, a juicio de la mayoría la
norma no incorpora un tratamiento discriminatorio, puesto que confiere el mismo
trato jurídico a las personas integrantes del grupo poblacional acreedor de
especial protección constitucional. Además, no podía concluirse discriminación
alguna, cuando el precepto carece de consecuencias sancionatorias.
2. Los suscritos magistrados y
magistradas estimamos, en oposición, que la norma debió haberse declarado
inexequible. Esto debido a que esta disposición legal, contrario a como
lo concluye la ponencia ,establece una discriminación basada únicamente en la
condición de “anciano”, sin definir quién puede ser considerado como tal y sin
tener en cuenta las condiciones particulares de la persona adulta mayor que la
imposibilitarían o no para cruzar las vías públicas sin el acompañamiento de
otra persona y sin que haya un destinatario de la misma al cual pueda imponerse
la obligación de acompañamiento prevista en la norma.
A su vez, aunque podría considerarse que
la medida tiene un fin legítimo, en tanto pretende prevenir accidentes en la
circulación de vehículos y personas por las vías públicas, además de su
indeterminación, puede resultar innecesario el acompañamiento de una persona
mayor de 16 años para cruzar una vía pública, cuando se trate de sujetos en
edad avanzada que se encuentran en perfectas condiciones físicas y mentales y
que, por ende, cuentan con todas las habilidades para circular por las calles
sin depender de la asistencia de otras personas, restringiendo en esto eventos,
sin justificación, la libertad de circulación.
Para sustentar esta conclusión,
planteamos los siguientes argumentos:
1.  En primer lugar, discrepamos que la
norma acusada pueda ser comprendida como un criterio orientador para brindar
solidaridad a los adultos mayores. Esto debido tanto a un argumento textual
como a uno sistemático.  El texto de la norma acusada es claro en señalar una
prohibición jurídica, pues afirma que, entre otras personas, los “ancianos”
pertenecen a la clase de peatones que “deberán ser acompañados al cruzar las
vías por personas mayores de dieciséis años”.  Nótese que el precepto no
está construido de manera que  promueva el acompañamiento, ni tampoco que esté
formulado de manera condicional o a modo de sugerencia. En contrario, lo que se
evidencia es que el legislador impone un deber jurídico específico, que somete
el cruce de vías de los “ancianos”, a que estén acompañados.  Por ende, es
evidente que una interpretación textual de la norma acusada no arribe
necesariamente a la conclusión que plantea la ponencia, sino que sea
naturalmente comprendida por las personas, y en especial por las autoridades
encargadas de dirigir del tránsito, como una verdadera prohibición.
Asunto diferente es, como lo señala
acertadamente la sentencia, que la norma no identifique aspectos esenciales del
derecho sancionador, como es el sujeto destinatario de la prohibición y las
consecuencias de su infracción.  Sin embargo, consideramos que estas falencias
lo que hacen es reforzar la inexequibilidad de la norma acusada, en la medida
en que demuestran la infracción del principio de legalidad de las conductas y
las sanciones.  Si se parte de reconocer que la disposición impone una verdadera
prohibición, el efecto de la indefinición anotada será que quedará al simple
arbitrio de las autoridades tanto la definición del responsable de acatar la
prohibición (p.e. los familiares o cuidadores del adulto mayor), como la
consecuencia de infringirla la cual, ante dicha falta de precisión, puede ser
fácilmente comprendida como la restricción para la circulación, en particular
el cruce de vías.
En cuanto al argumento sistemático, no
puede perderse de vista que la previsión demandada hace parte del Código
Nacional de Tránsito Terrestre, el cual es una normatividad que por antonomasia
hace parte del derecho administrativo sancionador. En efecto, allí se fijan las
reglas para el adecuado tráfico por parte de vehículos y peatones, así como se
determinan las sanciones imponibles cuando se infringen dichas previsiones.
Este Código no tiene por objetivo promover políticas o medidas de protección
hacia grupos sociales vulnerables, sino servir de mecanismo coercitivo para la
eficiencia de los derechos fundamentales asociados al tráfico terrestre.  En
efecto, el artículo 1º del Código fija su alcance, al señalar que sus
disposiciones “regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros,
conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las
vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas,
que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de
las autoridades de tránsito.”
Ahora bien, la norma demandada pertenece
al capítulo II del título III del Código Nacional de Tránsito, que regula las normas
de comportamiento de los peatones, lo que lleva a la conclusión que se
trata, indudablemente, de una regulación propia del derecho administrativo
sancionador, solo que insuficientemente construida y, por ello, contraria al
principio de legalidad.
2.  Advertido el hecho que el precepto
acusado impone una restricción, a manera de condición, para la circulación de
los adultos mayores, quienes denomina como “ancianos”, entonces la misma es
inexequible al imponer una limitación injustificada al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de locomoción.
El problema esencial del precepto es la
abierta vaguedad de la condición de “anciano”, la cual no tiene un vínculo
verificable con determinada valoración de las habilidades físicas del
individuo, e incluso tampoco respecto de su edad cierta.  No es posible
verificar, a partir de los ingredientes normativos de la disposición, quién
debe ser considerado como “anciano”, razón por la cual se concluye que este es
otro asunto que queda al arbitrio de la autoridad de tránsito, reiterándose así
la violación del principio de legalidad antes explicada.
La ausencia de este parámetro llevaría,
en casos concretos, a que adultos mayores que están en plena capacidad física y
mental para circular como peatones, sean sometidos a cumplir con la condición
de acompañamiento que dispone el precepto demandado. Tal prohibición, al no
estar dotada de un vínculo con la evaluación sobre las condiciones psicomotoras
del peatón, impone una restricción injustificada a la libertad de locomoción.
En efecto si, como lo expone la mayoría, el propósito de la norma tiene un
carácter protector de personas en situación de vulnerabilidad, lo que debe
evaluarse no es la condición, en todo caso arbitraria e indefinida, de
“anciano”, sino la habilidad para conducirse autónomamente en las vías, la cual
no tiene un vínculo verificable con la apariencia de tener determinada edad.
Así, en términos de un juicio de proporcionalidad, si bien el objetivo buscado
puede ser legítimo, la restricción propuesta no es idónea para cumplir con esa
finalidad, puesto que el grado de autonomía se evalúa a partir de la mencionada
capacidad y no respecto de un asunto fundado en la mera apariencia del peatón.
Así por ejemplo, dentro del esquema
propuesta es aceptable que se obligue a los menores de seis años a transitar
acompañados, en tanto es un hecho objetivo que los niños y niñas de esas edad
carezcan de la madurez suficiente para tomar decisiones respecto del tráfico.
En cambio, respecto de la norma acusada surgen dos problemas esenciales: (i) no
existe ningún parámetro para definir en qué casos se esté ante un peatón clasificable
como “anciano” y en cuales no; y (ii) incluso en el caso que por la apariencia
de una persona se evidencie que es un adulto mayor, este solo dato nada informa
sobre su verdadera capacidad física y mental específica.
3.  Bajo esta misma perspectiva, suponer
que una persona que tiene la apariencia propia del adulto mayor requiere,
obligatoriamente y en virtud de un mandato jurídico, acompañamiento para
circular como peatón, incorpora un tratamiento discriminatorio y contrario a la
autonomía individual y a la dignidad humana.  Aunque reconocemos que con el
paso del tiempo las facultades físicas de las personas tienden a mermar, no por
ello es aceptable que el orden legal imponga presunciones acerca de la
incapacidad de los adultos mayores, sin que se ofrezcan criterios específicos
sobre la evaluación de sus competencias.  Lo contrario es suponer que los
adultos mayores, por ese solo hecho, dejan de tener las condiciones plenas de
los sujetos de derecho, por lo que deben estar sometidos a la tutela de los más
jóvenes sin que se haya verificado el carácter indispensable, y no solo
aceptable, de dicho acompañamiento.
En contrario, una postura respetuosa de
los derechos fundamentales debe partir de una presunción inversa, que proteja y
reconozca la autonomía e independencia del adulto mayor en las diferentes
facetas de la vida social, y que solo imponga restricciones o deberes jurídicos
de tutela hacia ellos, cuando sea estrictamente necesario en cada caso
concreto.  Suponer la incapacidad de los adultos mayores, incluso a partir de
la presunta bondad de la medida, no es nada diferente que negar su condición de
plenos sujetos de derecho, titulares del derecho irreductible a adoptar
decisiones autónomas y conformes a sus objetivos vitales, planes y proyectos.
4. En conclusión, la norma debió haberse
declarado inexequible puesto que (i) no cumple un juicio de proporcionalidad,
(ii) no contiene los elementos esenciales de las sanciones jurídicas, lo que la
hace incompatible con el principio de legalidad; y (iii) incorpora una
presunción de incapacidad basada en la simple condición o apariencia de adulto
mayor, vulnerándose la autonomía individual.  Como esta conclusión no fue
compartida por la mayoría, salvamos nuestro voto en la presente sentencia.
Estos son los motivos de mi disenso.
Fecha ut supra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-177/16
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Disposición
debió ser declarada inconstitucional por cuanto razonamientos de la posición
mayoritaria son errados (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Disposición
aunque tramitada como ley existen dudas acerca de su naturaleza jurídica
(Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Establece
una discriminación basada en la condición de anciano (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Si
bien la medida tiene un fin legítimo puede resultar innecesaria cuando se trate
de sujetos en edad avanzada en perfectas condiciones físicas y mentales
restringiendo la libertad de circulación (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-10913
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 59 (parcial) de la Ley 769 de 2002, "Por la cual
se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones”.
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, me permito manifestar mi disenso en relación con lo
decidido por la Sala en el asunto de la referencia.
La posición mayoritaria de la Corporación
avaló la exequibilidad de la expresión "los ancianos ", contenida en el
artículo 59 del Código Nacional de Tránsito. La norma estudiada por la Corte en
esa ocasión establece las limitaciones a peatones especiales, estableciendo la
obligación consistente en que sean acompañados por mayores de dieciséis años al
momento de cruzar las vías. En conclusión, el Tribunal considera constitucional
que a "los ancianos" se les imponga tal deber.
Para arribar a tal conclusión, la Sala
Plena consideró que el artículo 59 de la Ley 769 de 2002 no establece una
conducta reprochable, no especifica una sanción y ni siquiera identifica a un
responsable. Por ello -adujo- su intención es establecer una regla formadora de
cultura ciudadana y destinada a propender por el ejercicio del deber de
solidaridad en relación con las personas constitucionalmente protegidas. En tal
sentido, advirtió que la intención y el efecto de la norma no es restringir el
derecho de circulación o la autonomía de estas personas cuando no cuenten con
la compañía de un mayor de 16 años, sino justamente por el contrario, el de
reiterar el deber de solidaridad de la sociedad para con ellos, que es un
principio constitucional propio del Estado Social de Derecho.
La Corte precisó
que la indeterminación de la expresión "ancianos", resulta idónea
para la finalidad perseguida por la ley impugnada, la cual no es otra que crear
conciencia en la ciudadanía sobre la prevención de accidentes de tránsito,
mediante la especial protección de los sujetos que por su edad, condiciones
físicas y sicológicas merecen mayor atención de la sociedad y el Estado.
Agregó, que no se trata de imponer términos precisos de edad que desconozcan
aspectos relevantes como las condiciones físicas y sicológicas de las personas,
sino generar un criterio orientador para efectos educativos que permita
analizar en cada caso las circunstancias específicas de los destinatarios de la
norma. Adicionalmente, este Tribunal advirtió que el artículo 59 de la Ley 769
de 2002 no genera discriminación. Al respecto, precisó que el criterio de
comparación en ella establecido, es decir, la pérdida de facultades que incidan
en el riesgo de tránsito en las vías públicas, da como resultado que la norma
trata de igual forma a los grupos de personas que se encuentran en igual
situación. Por lo tanto no existe una diferenciación entre iguales. En cuanto
al supuesto trato diferenciado que se hace de los "ancianos" respecto
de los demás peatones que no están incluidos en el artículo 59, la Corte
tampoco halló probado ningún elemento de discriminación, ya que: (i) la norma
no establece ninguna restricción a sus derechos, ya que no es sancionatoria ni
prohibitiva, y (ii) la disposición desarrolla el deber de solidaridad inserto
en la Carta Constitucional y que constituye uno de los principios del Estado
Social de Derecho.
Es mi opinión que los razonamientos de la
posición mayoritaria son errados y que la disposición en comento debió ser
declarada inconstitucional.
Lo primero que tuvo que dilucidar la Sala
era si realmente estaba estudiando una norma de carácter estrictamente legal.
La conclusión a la que llegó la posición mayoritaria, en la medida en la que
adujo que el artículo demandado solamente establecía una "regla de
conducta formadora de cultura ciudadana" parece indicar que en estricto
sentido la Corte no estudiaba un disposición jurídica. Así, el Tribunal eludió un
aspecto del caso relacionado íntimamente con la teoría jurídica y que ameritaba
un estudio a conciencia, incluso en lo que tiene que ver con la competencia de
la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la validez de disposiciones
sobre las que, aunque tramitadas como ley, existen dudas acerca de su
naturaleza jurídica.
Pero adicionalmente, esta disposición
legal -el artículo 59 de la Ley 769 de 2002- establece una discriminación
basada únicamente en la condición de anciano, sin definir quién puede ser
considerado como tal y sin tener en cuenta las condiciones particulares del
adulto mayor que lo imposibilitaría o no para cruzar las vías públicas sin el
acompañamiento de alguien más y sin que haya un destinatario de la misma al
cual pueda imponerse la obligación de acompañamiento prevista en la norma.
Si bien podría considerarse que la medida
tiene un fin legítimo, en tanto pretende prevenir accidentes en la circulación
de vehículos y personas por las vías públicas, además de su indeterminación,
puede resultar innecesario el acompañamiento de un mayor de 16 años para cruzar
una vía pública, cuando se trate de sujetos en edad avanzada que se encuentran
en perfectas condiciones físicas y mentales y que cuentan con todas las
habilidades para circular por las calles sin depender de la asistencia de otras
personas, restringiendo en estos eventos, sin justificación, la libertad de
circulación.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
Salvamento de voto de la Magistrada
María Victoria Calle Correa
a la Sentencia C-177/16
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Debió
declararse inexequible la expresión “los ancianos” por ser discriminatoria en
el contexto normativo (Salvamento de voto)
EXPRESIONES
“ANCIANO” O “ANCIANA”-Legislador ha reemplazado dichas
expresiones por las expresiones de “adulto mayor” o “persona de la tercera
edad” (Salvamento de voto)
EXPRESIONES
“ANCIANO” O “ANCIANA”-Jurisprudencia Constitucional que
continúa empleando dichas expresiones (Salvamento de voto)
EXPRESIONES
“ANCIANO” O “ANCIANA”-No son sinónimas de las expresiones
“persona de la tercera edad” o “adulto mayor” (Salvamento de voto)
CORTE
CONSTITUCIONAL-Usos de la expresión “anciano” (Salvamento de voto)
PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD Y ADULTOS MAYORES-No se les debe
denominar como “ancianos” (Salvamento de voto)
LIMITACIONES
A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Usos
posibles del término “ancianos” implican la inconstitucionalidad de la norma
acusada (Salvamento de voto)/LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y
ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Norma discriminatoria en caso de usar el
término “ancianos” como sinónimo de personas de la tercera edad (Salvamento de
voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Sentencia
considera que en la medida que la norma acusada se funda en el deber de
solidaridad y no impone una obligación, no se restringe la libertad de
locomoción ni es una carga desproporcionada sobre los demás ciudadanos
(Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES Y ACOMPAÑAMIENTO AL CRUZAR VIAS-Amplia
competencia del legislador para dejar el criterio ‘ancianos’ que hace
referencia a una visión peyorativa y prejuiciosa de ciertas personas (Salvamento
de voto)
Referencia:
Expediente
D-10913
Acción
de inconstitucionalidad contra la expresión ‘los ancianos’ contenida en
el último inciso del artículo 59 de la Ley 769 de 2002 ‘Por la cual se
expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones’.
Magistrado
ponente
Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
Con
el acostumbrado respeto a las decisiones de la Corte Constitucional, me apartó
de la decisión que la mayoría de la Sala Plena adoptó en la sentencia C-177 de
2016,[74]
en la cual resolvió declarar exequible la regla legal según la cual ‘los
ancianos’ deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores
de dieciséis años. Esta expresión ha debido declararse inexequible por ser
discriminatoria en el contexto normativo que es empleada, como paso a explicar
a continuación.
1.
Las expresiones ‘anciano’ o ‘anciana’, consideradas en sí mismas, no son
discriminatorias o contrarias al derecho de forma abstracta, en cualquier caso.
De hecho, se trata de expresiones que son empleadas en textos internacionales
regionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.[75] Por
ello, manuales internacionales recientes sobre los derechos de personas de la
tercera edad siguen acudiendo a estas expresiones, precisamente para poder
describir el contenido esos documentos internacionales de derechos humanos
usando esas palabras.[76]
También es cierto que la ley en ciertas ocasiones ha hecho uso de las palabras
‘anciano’, ‘anciana’ o ‘ancianidad’. Pero en general, es preciso señalar, se
trata de normas anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Cuando el lenguaje en cuestión es empleado en normas posteriores a la Carta
Política vigente, el uso de las expresiones suele deberse a que se está
reformando instituciones anteriores a 1991 que ya las contemplaban.  Por
ejemplo, la Ley 687 de 2001, ‘por medio de la cual se modifica la Ley
48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y
funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros
de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras
disposiciones’ es uno de esos ejemplos de normas legales, posteriores a la
entrada en vigencia de la Constitución Política, que resuelven mantener el uso
de la expresión ‘anciano’ por razones de conveniencia. El legislador del 2001
optó por mantener el nombre de una institución regulada en la Ley 48 de 1986
como ‘Centros de Bienestar del Anciano’.
En la
Ley 1276 de 2009 recientemente se volvió a emplear la expresión, básicamente
por la misma razón, pues en esta oportunidad se estaba modificando normas de la
Ley 687 de 2001 citada, acerca de la autorización legal a entes territoriales
(Asambleas y Concejos) para crear una estampilla en favor de los Centros de
Bienestar del ‘Anciano’ y Centros de Vida para la Tercera Edad. La Ley 1276 de
2009 al modificar la Ley del 2001 usa la expresión seis veces. En cuatro
ocasiones lo hace para nombrar los Centros de Bienestar que llevan la palabra.
La quinta ocasión  que se usa la palabra es en el parágrafo del artículo 6° de
la Ley 1276 de 2009, para indicar que los Centros de Vida para la Tercera Edad
deben prestar servicios de atención gratuita a “los ancianos indigentes”.
La sexta vez que se usa la palabra ‘anciano’ es en el artículo 7°, literal e,
cuando se estipula una definición de ‘geriatría’ para efectos de aplicación de
la propia Ley.[77]
Se trata de un uso de la expresión que en estricto sentido es innecesario, por
cuanto el concepto preciso es ‘vejez’.[78]
La expresión que en realidad usa la Ley 1276 de 2009 para referirse a las
personas de la tercera edad es ‘adulto mayor’, la cual es definida en la misma
Ley.[79]
En efecto, el parágrafo del primer artículo se estableció que el recaudo de la
Estampilla de cada Administración Departamental se distribuirá en los distritos
y municipios de su Jurisdicción “en proporción directa al número de Adultos
Mayores de los niveles I y II del sisbén que se atiendan en los centros vida y
en los centros de bienestar del anciano en los entes Distritales o Municipales.”[80] Al
pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunas de las normas de esta Ley
en la sentencia C-503 de 2014,[81]
la Corte hizo énfasis en la noción de ‘ancianos indigentes’, que son a aquellas
personas, dentro del grupo de personas de la tercera edad más afectadas.[82] Se
habla también de la protección a la ‘ancianidad’, haciendo referencia a
los textos que expresamente hacen uso de la expresión y haciendo relación al
grupo más vulnerable de las personas de la tercera edad, pero no como una
protección genérica a quien sea considerado adulto mayor.
Sin
embargo, las expresiones ‘anciano’ y ‘anciana’ se han ido abandonando por parte
del legislador, que suele remplazar tales expresiones por las de ‘adulto mayor’
o ‘persona de la tercera edad’.
2. En
sentencias de tutela también se ha notado la misma tendencia a usar la
expresiones ‘anciano’ o ‘anciana’ cuando es estrictamente necesario, debido a
que una norma o institución pre-constitucional que se cita la usa para hacer
referencia a una persona adulta mayor de edad muy avanzada, con ciertas
afectaciones. Los precedentes citados en la sentencia de la cual me aparto
prueban esta tendencia a abandonar el uso de la expresión ‘ancianos’. De hecho,
la misma sentencia C-177 de 2016 comienza a usar la expresión anciano cuando
las normas o la misma jurisprudencia así lo demanda. El apartado 3.4 de las
consideraciones de la sentencia (C-177 de 2016), por ejemplo, se ocupa del “abordaje
jurídico de las personas ‘ancianas’ en Colombia”. En los primeros párrafos
(3.4.1 a 3.4.2) se usa la expresión ‘adultos mayores’. La expresión ancianos
aparece para hablar de sentencias de los años noventa (desde el apartado 3.4.3
en adelante).
La
sentencia C-177 de 2016 resalta en las consideraciones de forma especial la
sentencia T-456 de 1994 que, sin duda, es una de las que más ha empleado las
expresiones ‘anciano’ o ‘anciana’ y que lo ha hecho de forma análoga a la
expresión ‘tercera edad’. El asunto es que esa sentencia es un caso
excepcional,[83]
como los evidencian los precedentes constitucionales que cita la propia
sentencia C-177 de 2016. De hecho varias de las decisiones de tutela de los
años noventa que fueron citadas por la sentencia C-177 de 2016 no usan le expresión
anciano o anciana.[84]
Así las sentencias T-313 de 1998,[85]
SU-062 de 1999,[86]
T-099 de 1999,[87]
T-569 de 1999,[88]
T-753 de 1999[89]
y T-755 de 1999.[90]
Algunas de las sentencias la expresión de anciano o anciana se usa para hacer
referencia a las personas de la tercera edad más mayores dentro de su grupo,
con las consecuentes dificultades que tan avanzado paso del tiempo suele
implicar, no como un mero sinónimo de ‘personas de la tercera edad’. Así, las
sentencias T-351 de 1997 (en este caso se habla de ‘avanzado estado de
ancianidad’.[91]
En la sentencia T-801 de 1998 sí se usan las expresiones en cuestión, pero tan
sólo en tres (3) ocasiones, en contraste con ‘tercera edad’ que se usa en
treinta y dos (32) ocasiones.[92]
Algo similar ocurre en la sentencia T-753 de 1999, en la que se usa la
expresión anciano o anciana en seis (6) ocasiones y ‘tercera edad’ se usa trece
(13) veces. Ahora bien, algunas de las sentencias citadas son casos donde no
era un factor especial o determinante la edad avanzada de las personas, por lo
que las expresiones acusadas no son empleadas. Así, en las sentencias T-116 de
1993[93]
y T-738 de 1998.[94]
En los
precedentes posteriores al año 2000 citados por la propia sentencia C-177 de
2016 es más claro que la Corte Constitucional abandona con el uso de las
expresiones en cuestión. Tal es el caso de las sentencias T-101 de 2000,[95] T-481
de 2000,[96]
T-518 de 2000,[97]
T-827 de 2000,[98]
T-1752 de 2000,[99]
T-018 de 2001,[100]
T-042A de 2001,[101]
T-360 de 2001,[102]
T-443 de 2001,[103]
T-482 de 2001[104]
y T-458 de 2011.[105]
3.
Por tanto, no es cierto que las expresiones ‘anciano’ y ‘anciana’ sean
sinónimas de ‘persona de la tercera edad’ o ‘adulto mayor’. Las primeras han
sido abandonadas poco a poco por la legislación y por la jurisprudencia
constitucional o simplemente usadas para hacer referencia a adultos mayores de
muy avanzada edad y con graves impactos y deterioros en su salud.
4.
Para la mayoría de la Corte hay dos usos de la expresión anciano. El primero es
como sinónimo de “adulto mayor” o de la “tercera edad” (‘pueden ser usados
indistintamente’, dice la Corte), “para hacer referencia a la vejez como
un fenómeno preponderantemente natural que trae implicaciones constitucionales”.
El segundo uso es para hacer referencia a personas de “una avanzada edad, que supera el estándar de los
criterios de adulto mayor”.[106]
No obstante, como se mostró, el recuento jurisprudencial y legal lleva a una
conclusión diferente.
4.1.
La jurisprudencia constitucional y su recorrido muestra como hoy en día la
expresión ‘anciano’ ha dejado, deliberadamente, de ser sinónimo de las
expresiones adulto mayor y de la tercera edad. De hecho, tales expresiones
fueron acuñadas en el lenguaje de los derechos humanos para superar la carga
simbólica que acompaña la expresión ‘anciano’. Es cierto que la expresión se
usaba en muchos casos para hacer relación, sencillamente, a una ‘persona de
edad avanzada’. Pero lo cierto es que la expresión también mantiene la
fuerza de significado que surge de su origen latino en la expresión ante (antes).
Lo de antes. Cuando algo es anciano es porque no es actual. Porque es lo de
antes, lo que ya pasó. Por tal motivo, debe aceptarse que bajo el orden
constitucional vigente este uso no es adecuado. A las personas de la tercera
edad y a los adultos mayores no se les debe denominar como ancianos.
4.2.
Ahora bien. ¿Es correcto el segundo uso propuesto de la expresión, según el
cual una persona es anciana cuando tiene “una
avanzada edad, que supera el estándar de los criterios de adulto mayor”?
La respuesta debe ser negativa. El decirle a una persona que es anciana o
anciano según este segundo uso puede ser útil para justificar protecciones
constitucionales, pero tiene el problema de identificar a la persona con esa
determinada condición y convertirla en la categoría que la define e identifica.
Así, el ‘anciano’ o la ‘anciana’ son señaladas como personas de condiciones muy
precarias física o mentalmente, debido a su muy avanzada edad. Esa es la manera
como pasan a ser vistas las personas que se encuentran en tal condición. Al
menos la Corte debería pasar de hablar de ancianos y ancianas a hablar de
personas de la tercera edad o adultos mayores, en condiciones de ancianidad. Es
una situación análoga a las de las personas en situación de desplazamiento
forzado, las cuáles pueden comenzar a ser discriminadas e identificadas de
manera esencial con esa condición cuando se hace referencia a ellas como
‘desplazado’ o ‘desplazada’.  La Corte Constitucional no puede permitir que
este tipo de caracterización social que estigmatiza y rotula a las personas,
por su carga peyorativa, siga empleándose sin reproche alguno.
4.3.
Los dos usos posibles del término ‘ancianos’ implican por tanto la
inconstitucionalidad de la norma acusada. En caso de que se entendiera como
sinónimo de personas de la tercera edad, la norma claramente sería
discriminatoria por imponer una imagen peyorativa de las personas de este grupo
social y, además, por ser una norma inadecuada. Muchas de las personas de la
tercera edad están capacitadas para cruzar calles y avenidas con plena
habilidad. De hecho, su actuar y recomendación a niños, niñas o jóvenes adultos
puede evitar graves accidentes. Lejos de que los adultos mayores sean personas
incapaces para transitar en la vía pública, suelen ser un modelo y un ejemplo a
seguir. Por el contrario, muchos niños adolescentes (aquellos entre 16 y 18) o
jóvenes adultos pueden no ser responsables al cruzar una calle, poniendo en
riesgo su vida y las demás personas. Casos como estos evidencian que la
herramienta elegida por el legislador (crear el deber solidario de ayudar a
cruzar la calle) no es adecuada para alcanzar el fin propuesto (proteger a las
personas de la tercera edad en su vida e integridad). En caso de que se
entienda el segundo uso, para hacer referencia a personas de muy avanzada edad
y en condiciones de deterioro, se trataría de una expresión que claramente
estigmatiza y caracteriza a un ser humano en razón a su condición. Mientras que
la norma acusada hace referencia a ‘las personas que padezcan trastornos
mentales permanentes o transitorios’ o a las ‘personas que se encuentren bajo
el influjo del alcohol’ no se refiere a las personas en situación o condición
de ancianidad sino a ‘ancianos’, a personas que son definidas íntegramente en
todos sus aspectos, bajo esta condición.
Por
supuesto, algunas personas de la tercera edad requerirán ayuda para cruzar una
avenida, al igual que ocurre con cualquier otra persona cuando sufre de una
afección o una limitación. Pero esto no ocurre en todos los casos. Puede haber
personas que sean consideradas ‘ancianas’ por su muy avanzada edad y su
deterioro físico y, en todo caso, poder cruzar una calle autónomamente y con
precaución. Incluso en estos casos la medida puede revelarse inadecuada por las
razones mencionadas, es decir, tanto por el hecho de que algunos ‘ancianos’ no
requieren de tal ayuda, como por el hecho de que algunos jóvenes pueden no
representar la protección que se considera conveniente.
4.4.
La sentencia considera que en la medida que la norma acusada se funda en el
deber de solidaridad y no impone una obligación fuerte y estricta, cuyo incumplimiento
derive en sanciones, se ha de entender que no se está imponiendo una
restricción importante a la libertad de locomoción, por una parte, ni una carga
desproporcionada sobre los demás ciudadanos. Esta posición la considero
correcta y la comparto, pero por la misma razón, implicaba que la Corte debía
declarar la inconstitucionalidad de la misma. En efecto, si se acepta que la
norma no implica una restricción o limitación importante y que sólo hace
referencia a un deber de solidaridad genérico y eventual, debe concluirse que
la misma no conlleva una protección importante o significativa para las
personas de la tercera edad que no estén en condiciones de cruzar una calle
autónomamente. Por tanto, ni siquiera existían razones para declarar la
constitucionalidad condicionada de la norma, en pro de la defensa y permanencia
en el ordenamiento de una norma legal importante por sus efectos protectores.
Pero si la norma no tiene un efecto protector importante y su exclusión del
ordenamiento no representa un cambio significativo en el mismo, no se justifica
mantenerla, a pesar de su lenguaje excluyente. Tan tenue mandato de solidaridad
existe en el orden constitucional vigente, así el artículo acusado no
existiera.
5.
Ahora bien, independientemente a la decisión constitucional acá adoptada, es
claro que el legislador tiene amplia competencia para corregir la cuestión y
ajustar la norma, dejando de lado el criterio ‘ancianos’, que hace referencia a
una visión peyorativa y prejuiciosa de ciertas personas, y fijando un nuevo
criterio, no fundado en la persona, sino en condiciones objetivas. Así, por
ejemplo, criterios como ‘tener una condición física y mental que impida a la
persona cruzar la calle autónomamente’. Una clasificación adecuada, que
identifique claramente los casos que en realidad requieren ayuda y no aquellos
casos que, con base en prejuicios, se considere que la persona la requiere.
6. No
es aceptable, por lo tanto, que la Sala Plena de la Corte Constitucional
hubiese perdido esta oportunidad para avanzar en esta tendencia que ayuda a
superar los prejuicios sociales existentes en contra de los adultos mayores.
La jurisprudencia constitucional debe indicar a la sociedad el camino de
respeto a la Constitución señalándolo con sus decisiones y sus órdenes, pero
también con su ejemplo. El lenguaje que elija la Corte Constitucional en sus
sentencias debe ser una muestra para la sociedad de cómo redactar textos
respetuosos de toda persona y de su dignidad, en libertad e igualdad. Las
palabras anciano o anciana no pueden seguir usándose como
sinónimos de persona de la tercera edad bajo el orden constitucional vigente.
Tales
son, en esta oportunidad, las razones de mi disenso con la Sala Plena de la
Corporación.
Fecha
ut supra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-177/16
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-La expresión “los ancianos” debió ser declarada inexequible por
violación del derecho a la igualdad (Salvamento de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Discriminatoria porque usa un vocablo peyorativo, que tiene como
único criterio de distinción la edad avanzada de ciertas personas para sugerir
que se trata de peatones especiales, que necesitan protección de los demás,
aunque no la deseen o requieran (Salvamento de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-No existe precisión sobre quién es considerado anciano (Salvamento
de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Violación del artículo 13 de la constitución no se genera por la
indeterminación normativa en sí misma, sino por el carácter despectivo de la
expresión “los ancianos” usada por el legislador (Salvamento de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para estudiar ciertas
expresiones que integran disposiciones legales que tienen una carga emotiva
negativa y que, por ser parte del sistema jurídico, pueden vulnerar la Carta
Política (Salvamento de voto)
EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Elementos para su análisis (Salvamento
de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Las
palabras “los ancianos” reproducen la exclusión de una población
especialmente protegida sin ninguna razón distinta a su rango etario, atentan,
sin sustento alguno, contra la neutralidad del Legislador al generar un
lenguaje peyorativo (Salvamento
de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-La norma parte únicamente de la edad de una persona para
transmitir, de manera inmediata y sin ninguna otra consideración, una idea de
cierto nivel de disminución psicofísica, que convierte a “los ancianos” en
sujetos dependientes, necesitados de ayuda en toda circunstancia (Salvamento
de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Carácter indeterminado de la expresión “los ancianos” no
aporta nada significativo para efectos de una definición legal (Salvamento de
voto)
ANCIANO-Debe entenderse
según la materia de que se ocupa (Salvamento de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-El único criterio usado por el Legislador es la edad, estándar que
es insuficiente para definir a un “peatón especial” (Salvamento de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-La norma que contiene el vocablo denigrante solo es un enunciado
potestativo cuyo beneficio es inexistente o, al menos, dudoso (Salvamento de
voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-Expresión “los ancianos” viola el derecho a la igualdad porque si
el objetivo es otorgar apoyo y protección a una persona de avanzada edad, el
criterio realmente relevante no es su rango etario, sino su falta de
suficiencia para cruzar la calle (Salvamento de voto)
NORMA CONTRA CODIGO NACIONAL DE
TRANSITO SOBRE LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES-La expresión acusada no consolida una situación jurídica favorable
para los destinatarios, no busca la protección de “los ancianos” y
tampoco reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales (Salvamento
de voto)
Referencia:
Expediente D-10913
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad contra  la expresión “los ancianos”
contenida en el último inciso del artículo 59 de la Ley 769 de 2002 “Por la
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
1. Con el acostumbrado respeto, me
aparto de la posición mayoritaria de la Corte que declaró la exequibilidad de
la expresión “los ancianos” contenida en el último inciso del artículo
59 de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. Con esta decisión la
Corte consideró ajustado a la Constitución que el Legislador incluyera a “los
ancianos” como peatones especiales que deben cruzar las vías acompañados de
personas mayores de dieciséis años.
La sentencia fundamentó la
constitucionalidad del fragmento demandado en las siguientes razones: (i) la
expresión no viola el derecho a la libre circulación porque hace parte de una
norma preventiva que, por su finalidad, acudió a una expresión genérica que no
quiso determinar con absoluta precisión la edad ni el estado físico de los
destinatarios. En efecto, la norma pretende resguardar esta libertad y el
derecho de “los ancianos” a recibir una especial protección del Estado.
(ii) La disposición no viola el derecho a la igualdad de “los ancianos”
con respecto a las demás clasificaciones incluidas en la norma, ni frente al
resto de la sociedad. Según la tesis mayoritaria, la norma incluye a este grupo
en un listado que enuncia diversas clases de sujetos que tienen alguna
disminución de facultades psicofísicas. Esta mengua es un elemento común entre
todos los individuos incluidos por el precepto y sólo pretende salvaguardar la
vida e integridad de sujetos que merecen una especial protección
constitucional. De otro lado, la expresión “los ancianos” constituye un
criterio orientador educativo y no plantea discriminación de este grupo con
respecto al resto de la sociedad porque no restringe, sanciona ni prohíbe, sólo
desarrolla el deber de solidaridad con estos individuos, en concordancia con lo
establecido en la Carta Política.
2. En mi opinión, la expresión debió ser
declarada inexequible por violación del derecho a la igualdad. Considero que la
norma es discriminatoria porque usa un vocablo peyorativo, que tiene como único
criterio de distinción la edad avanzada de ciertas personas para sugerir que se
trata de peatones especiales, que necesitan protección de los demás, aunque no
la deseen o requieran.
A pesar de la supuesta función
protectora de la norma, esta no contiene una precisión sobre quién es
considerado “anciano”. Ante la vaguedad del texto es razonable asumir,
desde el lenguaje natural, que los destinatarios son personas de avanzada edad.
En efecto, la palabra “anciano” alude a un adulto de cierta edad, pero
ni de la disposición ni del resto del ordenamiento jurídico es posible
establecer el alcance de la expresión. Si se acudiera a una interpretación
sistemática o analógica que considerara otros preceptos del ordenamiento
jurídico para determinarlo, tampoco habría claridad, pues la edad como criterio
de identificación de un “anciano”, adulto mayor o persona en situación
de vejez, se ha fijado de acuerdo con la materia de que se trata y, en ciertos
casos con distinciones de género[107],
por lo tanto la consideración de un individuo como “anciano” es
variable.[108]
Con todo, la violación del artículo 13
constitucional no se genera por la indeterminación normativa en sí misma, sino
por el carácter despectivo de la expresión usada por el Legislador. Si bien es
cierto que la Corte ha establecido que, por regla general, no ejerce control
sobre el lenguaje de las normas, también lo es que se ha considerado competente
para estudiar ciertas expresiones que integran disposiciones legales que tienen
una carga emotiva negativa y que, por ser parte del sistema jurídico, pueden
vulnerar la Carta Política. De hecho, ha considerado que se ajustan al
ordenamiento superior las expresiones que, aunque parezcan desdeñosas a primera
vista, operan como formas de amparar a sujetos especialmente protegidos por la
Constitución[109].
El método para la determinación de ese objetivo jurídico que cumplen ciertos
enunciados lingüísticos deberá analizar elementos como el momento de expedición
de las normas, su rol en el sistema jurídico y su función tuitiva.
Estas pautas indican una metodología de
análisis que la posición mayoritaria ignoró al construir su argumentación y
declarar que la expresión “los ancianos” no viola el artículo 13
Superior. Si se hubieran seguido los criterios que la propia jurisprudencia
constitucional ya ha establecido, la única conclusión posible habría sido la
declaratoria de inexequibilidad.
3. Los elementos para este tipo de
análisis pueden verse en la sentencia C-485 de 2015[110],
decisión en la que fue estudiada una demanda contra múltiples normas que
contenían distintas expresiones que se referían a personas en situación de
discapacidad con vocablos que podrían aparecer como discriminatorios y
denigrantes. En aquella oportunidad la Corte estableció lo siguiente:
(i)
las
palabras usadas en las normas jurídicas pueden tener una carga emotiva y por
ello son susceptibles de ser valoradas en procesos de control abstracto de
constitucionalidad.
(ii)
La
función del tribunal en tales escenarios consiste en identificar los enunciados
implícitos que se transmiten por medio de signos lingüísticos con alta carga
emotiva, y verificar si su existencia como parte del sistema jurídico viola la
Carta Política.
(iii)
Aunque
el lenguaje sí puede tener implicaciones inconstitucionales, pues podría ser
entendido y utilizado con fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones
como parte de enunciados técnico jurídicos que pretenden definir una situación
legal, en general protectora del individuo, y no hacer una descalificación
subjetiva de ciertas personas, se ajusta a la Carta.
4. En este caso, la ley ha usado una
palabra con una carga negativa importante. Esta puede ser determinada según el
contexto social que da contenido al lenguaje natural y que es visible en la
transformación lingüística del mismo Legislador[111] que
hace varios años no usa la expresión “los ancianos”. El carácter
peyorativo de la expresión también resulta de lo que han evidenciado diversas
investigaciones académicas que se han referido a la discriminación de que son
víctimas los miembros de este grupo etario[112],
tratamiento que comienza desde el lenguaje bajo la presunción de que son seres
que no son autosuficientes, simplemente por su edad.
Los enunciados implícitos que puede
transmitir esta expresión y que tendrían rasgos discriminatorios son fácilmente
identificables dado su vínculo directo con la edad. Las palabras “los
ancianos” reproducen la exclusión de una población especialmente protegida
sin ninguna razón distinta a su rango etario, atentan, sin sustento alguno,
contra la neutralidad del Legislador al generar un lenguaje peyorativo. En
efecto, la norma parte únicamente de la edad de una persona para transmitir, de
manera inmediata y sin ninguna otra consideración, una idea de cierto nivel de
disminución psicofísica, que convierte a “los ancianos” en sujetos
dependientes, necesitados de ayuda en toda circunstancia. Por eso los denomina “peatones
especiales” a través de una fórmula que reproduce el estigma que asume un
paradigma del envejecimiento altamente cuestionable fundamentado únicamente en
la edad de un sujeto. Los individuos “ancianos” no pueden ser tratados
con “normalidad”, la disposición los ubica en una categoría de “anormalidad”
derivada de un rango etario que denomina “especialidad”.
De acuerdo con la metodología de
análisis sólo resta establecer si, a pesar de que se trata de un vocablo que
aparece en principio como discriminatorio, pretende hacer una definición legal
tuitiva. Considero que el aparte demandado no encuadra en este objetivo. En
efecto, el carácter indeterminado de la expresión no aporta nada significativo
para efectos de una definición legal. Difícilmente podría proteger a un
individuo dado su carácter vago, pues la expresión “anciano” debe
entenderse según la materia de que se ocupa, ya que su comprensión dependería
del tipo de protección que pretende otorgar la norma examinada (especial
protección constitucional, régimen pensional, entre otros temas).
Adicionalmente, la norma no es protectora porque no establece una obligación ni
una prohibición, tal como lo acepta la tesis mayoritaria, tan sólo fija una
permisión que, en palabras de la sentencia, desarrolla el deber constitucional
de solidaridad. Lógicamente no hay protección jurídica alguna cuando la
normativa se ubica en el terreno de las potestades, ya que el supuesto fáctico
se puede cumplir o no, sin que se genere ninguna consecuencia relevante para el
derecho.[113]
Sin embargo, es importante aclarar que
la ausencia de un efecto jurídico no es la causa de la inconstitucionalidad de
este apartado, sí lo es la utilización de una expresión peyorativa que
configura una violación del artículo 13 constitucional por dos razones: (i) el único
criterio usado por el Legislador es la edad –estándar que es insuficiente para
definir a un “peatón especial- y (ii) la norma que contiene el vocablo
denigrante solo es un enunciado potestativo cuyo beneficio es inexistente o, al
menos, dudoso.
En efecto, la expresión viola el derecho
a la igualdad porque si el objetivo es otorgar apoyo y protección a una persona
de avanzada edad, el criterio realmente relevante no es su rango etario, sino
su falta de suficiencia para cruzar la calle. La edad no puede ser un criterio
definitorio para lograr el objetivo protector de la disposición ya que puede
haber personas de avanzada edad que sean absolutamente autosuficientes y no
requieran ninguna ayuda para cruzar la calle y también puede haber individuos
que no sean “ancianos” pero que necesiten ese tipo de ayuda por tener
limitaciones para su movilidad en el espacio público. En síntesis, la
ancianidad no es un criterio suficiente para calificar a una persona como “peatón
especial” tal como lo hace la norma.
En segundo lugar, la expresión declarada
exequible por la mayoría es indefinida, no consolida una situación jurídica
favorable para los destinatarios, no busca la protección de “los ancianos”
y tampoco reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales. De hecho, la
disposición encasilla a estos individuos en el estigma de la necesidad de
cuidado –consentido o no- derivada del simple paso del tiempo y sin considerar
otros factores que sí podrían ser causas eficientes para generar la protección
que la norma pretende otorgar, por ejemplo los problemas físicos que afectan
gravemente la movilidad. De tal suerte, esta expresión agravia a los sujetos
descritos por la norma por medio del vocabulario utilizado, no desarrolla la
parte descriptiva de una prescripción jurídica porque no tiene una consecuencia
jurídica, es sólo una permisión. En efecto, no define un catálogo de derechos,
no determina las obligaciones del Estado y de los particulares en relación con
este colectivo, tampoco prescribe ninguna conducta que busque la protección
jurídica de los sujetos a los que hace referencial.
En suma, el lenguaje utilizado sí atenta
contra la igualdad, pues no se trata de palabras o frases que respondan a
criterios definitorios de técnica jurídica; son solamente formas escogidas para
referirse a ciertos sujetos, opciones para designar que no son sensibles a los
enfoques más respetuosos de la dignidad humana y acuden a un criterio
irrelevante –la edad- bajo una supuesta protección normativa que tampoco
existe.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Si bien los demandantes en su
escrito transcriben el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, subrayando el inciso
primero y el término “los ancianos”, expresamente señalan, como “norma
demandada”, “la expresión subrayada “los ancianos”, contenida en el
último inciso del artículo 59 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002”.
Aunado a lo anterior, los argumentos expuestos en el escrito de demanda, hacen
referencia únicamente a la inconstitucionalidad del término “los ancianos”,
por lo que será el objeto de estudio en esta oportunidad.
[2] “Artículo
7. Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las
siguientes definiciones: (…) b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de
60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y
psicológico así lo determinen (…)”.
[3] Al
respecto, hizo alusión a las sentencias T-719 de 2003, T-789 de 2003, T-456 de
2006, T-707 de 2009 y C-503 de 2014, entre otras.
[4] Dice la citada norma: “Artículo 2º.
Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán
por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio
o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de
las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda".
[5] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Sentencia
C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las sentencias C-1052 y
C-1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Sentencia
C-029 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sentencia
C-707-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[9] M.P.
Clara Inés Vargas Silva.
[10] Artículo 2
Constitucional.
[11] La demanda cita entre
otras las leyes 687 de 2001 y 1276 de 2009, así como la Sentencia de la Corte
Constitucional T-138 de 2010.
[12] Sentencia
T-342 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Ibídem.
[14] Sentencia T-738 de 1998. M.P. Antonio Barrera
Carbonell. Ver también la sentencia T-801 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[15] Ver entre otras las
sentencias T-116 de 1993. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-351 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz; T-099 de
1999. M.P. Alejandro Beltrán Sierra; T-481 de 2000. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-042ª de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; y T-458 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Ver
entre otras las sentencias T-518 de 2000. M.P.
Álvaro Tafur Galvis; T-443 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería; y T-360 de
2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[17] Ver
entre otras las sentencias T-351 de 1997. M.P.
Fabio Morón Díaz; T-018 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-827 de 2000.
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-313 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz; T-101
de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[18] Ver
entre otras las sentencias T-753 de 1999. M.P.
Alejandro Martínez caballero; T-569 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell; y
T-755 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[19]  Ver entre
otras las sentencias T-1752 de 2000.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-482 de 2001. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[20] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[21] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[22] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[23] Sentencia T-413 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24] Sentencia
T-025 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[25] Sentencia T-149 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[26]Ibídem.
[27] Sentencia
C-503 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[29]Este
recuento normativo se puede ver entre otras, en las siguientes sentencias C-503 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-685 de
2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[30] M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[31] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[32] “Zagrebelsky, Gustavo. El
Derecho dúctil. Editorial Trotta. P. 87”
[33] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[36] Sentencia C-253 de
2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[37] Sentencia C-804 de
2006. M.P. Humberto Antonio Sierra porto.
[38] Ibídem.
[39] Sentencia C-1235 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Demanda
contra la expresión contenida en el artículo 2349 del
Código Civil.
[40] C-1088 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de inconstitucionalidad contra la
expresión contenida en el artículo 548 del Código Civil.
[41] Sentencia C-478 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Demanda de inconstitucionalidad parcial de los artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código Civil.
[42] Sentencia C-983 de
2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil.
[43]Sentencia C-105 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; C-595 de 1996.
M.P. Jorge Arango Mejía; y C-800 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[44]Sentencia C-082 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Demanda contra la expresión contenida en el artículo 140 del Código Civil.
[45]Sentencia C-458 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46]Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47]Sentencia C-1235 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[48]Sentencia C-253 de 2013. M.P.
Mauricio González Cuervo.
[49] Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Ver entre otras las siguientes sentencias: C-430 de 1993. M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-230 de 19994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-445
de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria
Díaz; T-352 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-563 de 1997. M.P. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; y
T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[50] Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[51] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[53] Humberto
Antonio Sierra Porto.
[54] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Sentencia
T-1326 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver además las sentencias
T-577 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[56] Sentencia
T- 098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y
T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[57] Sentencias C-333 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz; C-265 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-613 de 1996.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-197 de 1997. M.P. Carmenza Isaza de Gómez (E.);
C-507 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-584 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; C-183 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-318 de 1998. M.P. Carlos
Gaviria Díaz; C-539 de
1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
y C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] Sentencias C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-505 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-048 de 2001. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett; C-579 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre; C-540 de 2001.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-199 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-673 de
2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] Sentencia
C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también la sentencia C-673
de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] Sentencia
C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] Ibídem.
[62] Sentencia
C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[63] Sentencia
C-355 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[64] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[65] Exposición
de motivos de la Ley 769 de 2002, presentada por el Representante Gustavo
Bustamante Moratto a la Cámara de Representantes. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8443
[66] “Norma
categórica es aquella que establece que una determina acción debe ser cumplida;
norma hipotética es la que establece que cierta acción debe ser ejecutada si se
verifica determinada condición.” Norberto Bobbio, Teoría General del
Derecho, Editorial  Temis, 2016, Pág. 130
[67] En
la Sentencia T-823 de 1999, la corte se refirió a un caso de tutela en que una
persona con cuadriplejia se veía afectada por la disposición de “pico y placa”
que le restringía el uso de su vehículo, adaptado para transportarla. La
Corte considero que dicha restricción representa una vulneración al derecho a
su libre circulación y a su autonomía.
[68] Bobbio
Norberto, Ibídem, Pág. 130
[69] Para
García Maynes “Inspirándose en doctrinas romanas el jurista ruso N.
Korkounov divide los preceptos del derecho en 4 grupos desde el punto de vista
de sus sanciones: leges perfectae; leges plus quam perfectae; leges minus quam
perfectae; leges imperfectae. (…) Las leyes imperfectas son las que no se
encuentran provistas de sanción. (…) Por otra parte, hay que tener en cuenta
que sería imposible sancionar todas las normas jurídicas. En efecto, cada norma
sancionadora tendría que hallarse garantizada por una nueva norma y esta por
otra, y así sucesivamente. Pero como el número de preceptos que pertenecen a un
sistema de derecho es siempre limitado, hay que admitir, a fortiori, la
existencia de normas jurídicas desprovistas de sanción.” Introducción al
Estudio del Derecho, Editorial Porrua, 2010, Págs. 90, 91.
[70]Ver
entre otras las sentencias C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-842 de
2010. M.P. Mauricio González Cuervo; y C-418 de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[71] La
relación entre el derecho y el lenguaje es un tema de estudio iusfilosófico
de gran envergadura. Mientras algunos autores sostienen la necesidad de limitar
a un lenguaje técnico la redacción de las normas jurídicas, desde una
perspectiva instrumentalista (S. Nino, 1980), se considera necesario hacer uso
del lenguaje “natural” no solo por la efectividad que implica para el
legislador utilizar el lenguaje que comprenden los ciudadanos, destinatarios de
la norma, sino porque el lenguaje natural permite una mejor adaptación del
discurso jurídico al entorno.  Robert Alexy, de cierta forma, también plantea
una concepción del derecho que le permite pensarlo como un discurso jurídico
que constituye un caso especial de discurso práctico. Así lo afirma en su libro
Teoría de la argumentación jurídica, en el sostiene que el derecho que se
desarrolla mediante la argumentación jurídica 'se concibe a tal efecto como una
actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por
ejemplo, el proceso y la discusión científico jurídica'. Sobre el tema: Javier
Aguirre, la relación lenguaje y derecho: Jûrgen Habermas y el debate
iusfilosófico, En: Revista Opinión Jurídica, Vol. 7 N°13, Medellín.
[72] Sentencia
T-131 de 2006. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[73] Sentencia T-590 de
1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[74] Corte Constitucional,
sentencia C-177 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas
Ríos;  SV María Victoria Calle Correa,  Luis Ernesto Vargas Silva).
[75] Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales (Protocolo de San Salvador - 1988).
[76] Ver por ejemplo: Huenchuan, Sandra (2013) Los derechos
de las personas mayores en el ámbito internacional. Materiales avanzados de
estudio y aprendizaje. Naciones Unidas – CEPAL. Santiago de Chile, 2013.
[77] Ver: Ley 1276 de
2009. Artículo 9.- Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes
definiciones:  ||  […]  ||  e) Geritatria. Especialidad médica que se
encarga del estudio terapéutico, clínico, social y preventivo de la salud y de
la enfermedad de los ancianos.
[78] La expresión
geriatría, por su etimología, habla en estricto sentido de ‘vejez’ y no de
‘ancianidad’. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española en línea, define ‘geriatría’ así:  “(Del gr. γῆρας
gêras 'vejez' y –iatría). 1. f. Rama de la medicina que se
ocupa de las enfermedades de la vejez y de su tratamiento.
[79] Ley 1276 de 2009.
Artículo 7°.- Definiciones.  […]  ||  b) Adulto mayor. Es aquella
persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los
especialistas de los centros de vida, una persona podrá ser clasificada dentro
de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de
desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen.
[80] Ley 687 de 2001,
Artículo 1°, parágrafo, como fue modificado por la Ley 1276 de 2009.
[81] Corte Constitucional,
sentencia C-503 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso la
Corte decidió, entre otras cosas, que “[…] contrario a lo señalado por el
ciudadano, el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009 no restringe sino que amplía la
protección a las personas de la tercera edad, y por tanto, no puede predicarse
su naturaleza regresiva. […].”
[82] La sentencia C-503 de
2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) habla de “ancianos en extrema pobreza,
en indigencia y sin lugar de habitación”, como las personas que busca proteger
la Ley que estaba siendo utilizada en aquella oportunidad [ver apartado 3.8.2
de las consideraciones].
[83] Corte Constitucional,
sentencia T-456 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero); en este caso se
tutelan los derechos a la seguridad social de tres personas de la tercera edad.
La sentencia usa en 22 ocasiones la expresión anciano o ancianidad a la vez que
usa la expresión persona de la tercera edad en 27 oportunidades.
[84] Ver apartado 3.4.3 de
las consideraciones de la sentencia C-177 de 2016.
[85] Corte Constitucional,
sentencia T-313 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz); en este caso se tutelaron los
derechos laborales a recibir el salario de una persona de la tercera edad.
[86] Corte Constitucional,
sentencia SU-062 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); en este caso se tuteló
los derechos laborales de una trabajadora doméstica de la tercera edad. La
expresión tercera edad se usa 15 veces.
[87] Corte Constitucional,
sentencia T-099 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra); en este caso se tuteló el
derecho a acceder a un servicio de salud (suministro de pañales) a una persona
de la tercera edad en precarias condiciones de salud (de 80 años). Se usa una
vez la expresión ‘tercera edad’.
[88] Corte Constitucional,
sentencia T-569 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz); en este caso se tuteló el
derecho a la seguridad social de una persona de la tercera edad. Se usa la
expresión ‘tercera edad’ 3 veces.
[89] Corte Constitucional,
sentencia T-753 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[90] Corte Constitucional,
sentencia T-755 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); en este caso se tutelaron
los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de una persona de la
tercera edad, expresión que se usa en 9 ocasiones.
[91] Corte Constitucional,
sentencia T-351 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz); en este caso se tutelaron los
derechos de una persona de avanzada edad que había sido sacerdote toda su vida
y de su compañera permanente (una mujer de 90 años con problemas de demencia),
por lo que se ordenó a la Diócesis
de Cúcuta restituir el dinero producto de un negocio civil que estaba en
pleito, con sus correspondientes intereses legales, en el término de 48 horas.
[92] Corte Constitucional,
sentencia T-801 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se tuteló el
derecho de dos mujeres de la tercera edad a acceder a la vía principal de
manera digna y con el debido respeto de sus derechos que son protegidos
especialmente.
[93] Corte Constitucional,
sentencia T-116 de 1993 (MP Hernando Herrera Vergara); en este caso se tuteló
el derecho de una persona a que se le practicara efectivamente una cirugía (de
oído) que había sido ordenada pero no practicada.
[94] Corte Constitucional,
sentencia T-738 de 2016 (MP Antonio Barrera Carbonell); en este caso se tuteló
el derecho de petición de una trabajadora frente a un particular, por cuanto se
estaba obstaculizando los derechos laborales, de igualdad y su dignidad, al no
haber atendido su solicitud de otorgar una certificación laboral, necesaria
para solicitar nuevos trabajos.
[95] Corte Constitucional,
sentencia T-101 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se
tutelaron los derechos laborales y a la dignidad de una trabajadora doméstica
de la tercera edad. Nunca se usan las expresiones acusadas y la expresión
‘tercera edad’ se emplea en una sola ocasión.
[96] Corte Constitucional,
sentencia T-481 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se
resolvieron tres procesos de tutela acumulados, en los cuales se reiteró la
jurisprudencia constitucional sobre “el
derecho a la vida y la especial protección que el Estado y la sociedad deben
brindar a las personas de la tercera edad” y sobre el “carácter absoluto e imperativo de
la prohibición constitucional de destinar a otros fines los recursos de la
seguridad social”.
Se usa seis (6) ocasiones la expresión tercera edad y nunca las expresiones
cuestionadas.
[97] Corte Constitucional,
sentencia T-518 de 2000 (MP Alvaro Tafur Galvis); en este caso se tuteló el
derecho a la salud de una persona de la tercera edad; nunca se usa la expresión
anciano.
[98] Corte Constitucional,
sentencia T-827 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero); en este caso se
tuteló el derecho pensional de una persona de la tercera edad. Se usa en una
vez la expresión ‘ancianos’ y 7 veces la expresión persona de la tercera edad.
[99] Corte Constitucional,
sentencia T-1752 de 2000 (MP Cristina Pardo Schlesinger); en este caso se
tuteló los derechos pensionales de un grupo de personas de la tercera edad. La
sentencia usa en 25 ocasiones la expresión ‘tercera edad’; sólo emplea una vez
la expresión ‘ancianidad’ al citar la sentencia T-351 de 1997 que, como se
dijo, usa la expresión para referirse a personas de muy avanzada edad y de
claro deterioro en su salud.
[100] Corte Constitucional,
sentencia T-018 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra); en este caso se tutelaron
los derechos pensionales de doce personas de la tercera edad, expresión que se
emplea 5 veces. Las expresiones anciano o anciana nunca fueron empleadas.
[101] Corte Constitucional,
sentencia T-042A de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett); en este caso se
tuteló el acceso a un servicio de salud de una persona de 67 años que había
perdido su trabajo. La expresión anciano se usa una vez y la expresión persona
de la tercera edad se emplea 2 veces.
[102] Corte Constitucional,
sentencia T-360 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra); en este caso se tuteló el
derecho a acceder a los servicios de salud requeridos a una persona de la tercera
edad hipertensa y diabética, ante la suspensión del servicio debido al no pago
de los aportes por parte del empleador. Nunca se usan las expresiones anciano o
anciana y la expresión persona de la tercera edad se emplea una vez.
[103] Corte Constitucional,
sentencia T-443 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería); en este caso se resolvió
confirmar las decisiones de instancia que habían negado el derecho al pago de
una deuda bancaria a una persona de la tercera edad, porque la persona tenía recursos
y tenía amparada su seguridad social, en especial su salud, con un servicio de
medicina prepagada. Nunca se usan las expresiones anciano o anciana y la
expresión persona de la tercera edad se emplea 7 veces.
[104] Corte Constitucional,
sentencia T-482 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett); en este caso se
resolvió no tutelar los derechos pensionales de una persona de la tercera edad,
por considerar que no estaban siendo afectados. En este caso se empleó en una
ocasión la expresión ‘ancianidad’ al citar una sentencia previa que la usaba,
mientras que la expresión ‘tercera edad’ se emplea 15 veces.
[105] Corte Constitucional,
sentencia T-458 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); en este caso se
resolvió el siguiente problema jurídico: “¿la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge – en cumplimiento de sus funciones de
autoridad ambiental – y la Alcaldía de Montería vulneraron el derecho al
trabajo de los miembros de ASOLAVAMOS al (i) ordenar la suspensión de sus
actividades de lavado de vehículos por estar contaminando el río Sinú y (ii)
ejecutar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la orden anterior?” Al ser una
sentencia que no contempla como aspecto central la edad de las personas, no usa
las expresiones cuestionadas.
[106] Dijo la sentencia
C-177 de 2016 al respecto: “Del
[recuento jurisprudencial y legal] se evidencia que el término “ancianos”
sí tiene un significado jurídico en la jurisprudencia constitucional
colombiana, y está ligado a aquellas personas que por su avanzada edad o por
estar en el último periodo de la vida, han perdido algunas de sus facultades y
ameritan por ello una especial protección constitucional.  ||  En ese sentido, en
general, los conceptos de “adulto mayor”, de la “tercera edad” o “ancianos”,
pueden ser usados indistintamente para hacer referencia a la vejez como un
fenómeno preponderantemente natural que trae implicaciones constitucionales.
Pero en algunas circunstancias, como sucede con la valoración de la inminencia
de un daño por el paso del tiempo, la Corte ha considerado que la ancianidad,
por tratarse de una avanzada edad, que supera el estándar de los criterios de
adulto mayor, requiere de una protección inmediata a través de la acción de
tutela.  ||  En general, no es
posible determinar un criterio específico para establecer el momento o la
circunstancia que permita calificar a una persona con la palabra “anciano”.
Pero tampoco es posible adjudicarle un valor peyorativo o discriminatorio, sino
que al parecer, la expresión “ancianos” se refiere a un concepto
sociológico, más propio del lenguaje común y en general referente a una persona
que por su avanzada edad ha visto disminuidas algunas de sus capacidades, por
lo que en consecuencia requiere de la protección y el apoyo de la sociedad y
del Estado, en el marco del máximo respeto a su dignidad humana.”
[107] El
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 no habla de ancianidad, pero sí de vejez y
establecía el requisito de edad para acceder a la pensión de vejez en cincuenta
y cinco (55) años de edad para las mujeres, o sesenta (60) años de edad para
los varones. Con la reforma de la Ley 797 de 2003, a partir del 1° de enero del
año 2014 la edad se incrementó a cincuenta y siete (57) años de edad para la
mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. La Ley 1251 de 2008 “Por la
cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa
de los derechos de los adultos mayores” dice en su artículo 3º que vejez es
el “Ciclo vital de la persona con ciertas características propias que se
produce por el paso del tiempo en el individuo” y define adulto mayor como “aquella
persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más”. Por su parte, la
Ley 1276 de 2009 “A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de
agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto
mayor en los centros vida” define adulto mayor en su artículo 7º en los
siguientes términos “b). Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de
60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y
psicológico así lo determinen”; el programa adulto mayor del Ministerio del
Trabajo fija, entre otros, un requisito de edad para acceder a los beneficios:
los hombres deben ser mayores de 59 años y las mujeres de 54 años. Además
prioriza la asignación de cupos por edad, lo que significa que ingresan primero
los adultos mayores que superen los 70 años. http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2014/3512-el-programa-qcolombia-mayorq-se-fortalece-en-el-pais-en-beneficio-de-los-adultos-mayores.html Fecha de acceso: 28 jul. 2016.
[108] Incluso
algunas investigaciones académicas proponen entre las etapas bio-psico-sociales
del desarrollo humano, una distinción ente los adultos mayores y los ancianos.
Lo primeros se encontrarían en la etapa laboral en el rango de 51 a 64 años,
los segundos en la etapa jubilar entre 75 y 84 años. MANSILLA A., María
Eugenia. Etapas del desarrollo humano. Revista de Investigación en Psicología,
[S.l.], v. 3, n. 2, p. 105-116, mar. 2014. ISSN 1609-7475. Disponible en:
<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/4999>.
Fecha de acceso: 21 jul. 2016
[109] Por
ejemplo las palabras inválido o invalidez.
[110] MP Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[111] Ver nota
1 supra.
[112] Algunos
expertos consideran que “la sociedad actual tiende más bien a ver a los
ancianos como una rémora y, con excesiva frecuencia, los abandona y los
rechaza. Los  ancianos hoy día pueden ser tenidos como paradigma de especial
discriminación tanto familiar como social” pg 6. De tal suerte los sujeto
mayores asumen la conciencia de ser un estorbo pg 20. GARCÍA FÉREZ, José
(2003). “Bioética y Personas Mayores”. Madrid, Portal Mayores, Informes
Portal Mayores, nº 4. [Fecha de publicación: 31-03-2003]
<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/garcia-bioetica-01.pdf> Fecha de acceso: 21 jul. 2016.
[113] Sobre el carácter de las permisiones como normas “imperfectas”
ver KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, México: Porrúa, 2003.