C-364-00
Sentencia C-364/00
Sentencia C-364/00
PRESUNTA UNIDAD
NORMATIVA-Necesidad de
proferir auto invitando a la participación ciudadana
INTERES LEGAL
CIVIL-Validez y
aplicabilidad
NORMA LEGAL-No es inconstitucional de suyo la
inconveniencia, el anacrocismo y aparente inequidad
INTERES LEGAL CIVIL-No es inconstitucional de
suyo la inconveniencia, el anacrocismo y aparente inequidad
NORMA SUPLETIVA
DE INTERES LEGAL CIVIL-No
pacto del monto de intereses convenidos
AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA-Tasa
estimada conveniente en materia de intereses dentro de convención limitada a la
ley
NORMA SUPLETIVA-Derechos contractuales en caso de silencio
de las partes
NORMA LEGAL-Lecturas estructurales
ANATOCISMO Y
CAPITALIZACION DE INTERESES-Contenido
NORMA LEGAL-Modificación de criterios que plasmó antes
acerca de asuntos objeto de legislación
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Alcance
El principio de
igualdad no impone la obligación constitucional de establecer un trato igual a
todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas de una manera
matemática e irrestricta, sino que reconoce la existencia de situaciones
disímiles frente a las cuales, el legislador puede válidamente establecer
consecuencias jurídicas diferentes, dentro del ejercicio de su competencia. La
jurisprudencia constitucional ha dejado en claro, que el principio de igualdad
así entendido, exige un trato idéntico para supuestos iguales o análogos y
permite una regulación distinta frente a circunstancias que presentan
características diferentes, pues  pretende establecer la identidad entre los
iguales y la diferencia entre los desiguales. Puede existir un trato diferente
siempre y cuando sea razonable y justo; si la diferenciación no es razonable o
es injusta, se convierte en una forma de discriminación, efectivamente
proscrita por la Constitución Al respecto es claro que,  las discriminaciones
que se establecen frente a  hipótesis análogas o iguales quiebran el principio
constitucional a la igualdad, cuando carecen de  justificación. La Corte ha
reconocido así mismo, que "el trato diferente para fenómenos también
diversos tiene que fundarse igualmente en motivos razonables que justifiquen la
diferencia, con el objeto de no eliminar de plano la igualdad,  por una
apreciación exagerada de características distintas. En otras palabras las
divergencias de trato para fenómenos desiguales tienen que ser proporcionales
a la desigualdad misma sobre la cual recaen".
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Aparente
diferenciación en el régimen de intereses de la legislación civil y la
comercial
CODIGO DE
COMERCIO Y CODIGO CIVIL-Actos
jurídicos que regulan presentan naturaleza diversa pero también homólogos
LEGISLACION
MERCANTIL FRENTE  A LA LEGISLACION CIVIL-Especialidad
LEGISLACION
COMERCIAL Y LEGISLACION CIVIL-Específico
campo de aplicación en actividades afines con las materias que regulan
ESTATUTO
MERCANTIL-Régimen mixto
CODIGO DE
COMERCIO Y CODIGO CIVIL-Régimen
de intereses
INTERES
CONVENCIONAL EN CODIGO COMERCIAL Y CODIGO CIVIL-Expresión de voluntad debe respetar topes máximos
señalados por legislador
INTERES
REMUNERATORIO CONVENCIONAL EN CODIGO COMERCIAL Y CODIGO CIVIL-Expresión de voluntad debe respetar topes
máximos señalados por legislador
INTERES MORATORIO
CONVENCIONAL EN CODIGO DE COMERCIO Y CODIGO CIVIL-Alcance
INTERES LEGAL EN
CODIGO DE COMERCIO Y CODIGO CIVIL-No vulneración de igualdad
Referencia: expediente D-2470
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2232 parcial y 2235 del Código
Civil.
Actor: Luis Alfonso Acevedo Prada
Temas:
Principio de
Igualdad.
Diferencias en
materia de intereses entre la legislación civil y  la legislación  comercial.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,  veintinueve (29) de
marzo de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Alfonso Acevedo Prada presentó demanda
contra los artículos 1617, 2232 y 2235 del Código Civil. Para darle fundamento
a sus acusaciones, el actor partió de un extenso análisis sobre la
constitucionalidad del artículo 1617 del Código Civil, y solicitó que por
unidad de materia se tuvieran en cuenta los artículos 2232 y el artículo 2235
del Código Civil. Teniendo en cuenta que los cargos del actor fueron
estructurados sobre la crítica al interés del 6% anual en materia civil, y que
la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre ese específico tema, la
demanda fue inicialmente rechazada, por auto del 6 de agosto de 1999. Sin
embargo, luego de haberse presentado recurso de súplica por el accionante, la
demanda es admitida finalmente  por decisión de Sala Plena del 25 de agosto de
1999, exclusivamente en relación con los artículos 2232 parcial y 2235 del
Código Civil, desvirtuándose el estudio de los artículos 1617 y del inciso 2º
del artículo 2232, por existir sobre ellos cosa juzgada constitucional. Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de estos  procesos, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se transcribe el texto de
las disposiciones enunciadas, y acusadas por el demandante:
CÓDIGO CIVIL
"ART.
2232. - Si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota,
se entenderán fijados los intereses legales (...)".
"ART.
2235.- Se prohibe estipular intereses de  intereses".
III. LA DEMANDA.
Para el actor, las anteriores disposiciones
violan los artículos 13, 49, 53, 58  y 60 de la Carta. Para precisar esas
consideraciones, inicia su exposición señalando, que en materia de regulación
de intereses o frutos civiles existen dos legislaciones: la mercantil, que es
una regulación legal, moderna y actual en materia de intereses,  y la
legislación del Código Civil, que es anacrónica y data de fines del siglo
pasado. Para el demandante, una sana hermenéutica jurídica exigiría tener
presente para todos los efectos, la regulación más acorde a la época moderna o
contemporánea, que no es otra, - a su juicio -, que la ley posterior, es decir
la legislación mercantil. De no tener presente esa ley y preferir las
disposiciones civiles en materia de intereses, se estaría avalando una
discriminación en razón de la persona, que iría en contra del principio de
igualdad.
En palabras del actor, existen entonces dos
formas diferentes de regulación de los intereses, "observándose  que una
de ellas es burda y groseramente discriminatoria respecto de la otra, teniendo
en cuenta para la diferencia que crean tales disposiciones, una simple y llana
razón personal, o calidad personal de cada individuo, cual es la de que ejerza
o no el comercio, de que sea o no comerciante." Por este motivo considera
que la remisión del artículo 2232 del Código Civil al interés legal definido en
el artículo 1617 de ese mismo estatuto es contraria a la Carta,  por ser
desproporcionadamente menor al interés comercial.
Así las cosas, para el demandante, cuando
"la persona es comerciante y realiza un contrato, operación, etc., en el
cual no se especifique la clase de interés que sea en el término o en mora,
genera, ... un interés bancario corriente  en el término, y el doble (2) para
la mora, como lo ordena el artículo 884 del Código de Comercio vigente desde
1971. ... En cambio cuando la persona no es comerciante y realiza un contrato,
acto, operación, etc.,  en el cual no se especifique la clase de interés  que
tal operación o contrato ha de generar en el término o en la mora, entonces
únicamente  produce unos intereses o frutos civiles correspondientes al llamado
interés general."  Esta situación para el actor, implica una clara
discriminación entre personas, porque si el individuo es comerciante, recibe un
interés acorde con la realidad,   y si es un ciudadano común, recibe en virtud
de la legislación civil, un  porcentaje absolutamente irrisorio, del seis por
ciento anual, en todos los casos, o sea el 0,5% mensual. Considera entonces que
es patente la ausencia de equidad natural en esa comparación.
Considera así mismo el actor, que los
intereses tasados en esa segunda forma, comprometen el derecho al trabajo de
todo ciudadano colombiano, teniendo en cuenta que  tanto el salario, como las
prestaciones sociales generales, especiales, vacaciones, horas extra,
dominicales y festivos, cesantías, primas, pensiones y compensatorios, que no
son canceladas de forma inmediata, generan ese interés irrisorio, "y
entonces el humilde-honesto trabajador, se ve abocado a iniciar un larguísimo
y a veces interminable proceso ordinario laboral con ese gravísimo ítem en su
contra". Igual suerte, a su juicio, corren los cánones, rentas y demás
emolumentos del ciudadano común. Por ende, en su opinión se esfuma el derecho
al trabajo consagrado en la Carta  y simplemente queda como una  buena
intención de la Constitución, ya que se promueve y patrocina el empobrecimiento
del trabajador y el enriquecimiento injusto e ilegítimo del patrono moroso, con
esa diferencia en materia de intereses. Lo mismo ocurre desde esa perspectiva,
con  las pensiones o las entradas periódicas, ya que se desconoce la mínima
compensación a la que realmente tendrían derecho ante la demora en el pago,
perturbando el aspecto compensatorio que forma parte del  derecho al trabajo.
Ahora bien, para el peticionario las normas
acusadas  atentan igualmente  contra el derecho a la propiedad privada, porque
cuando se establece en materia de intereses que "un capital que se adeude
a un ciudadano no comerciante, solo podrá devengar una tasa irrisoria del 0,5
mensual, en tanto que los porcentajes de devaluación lo superan con creces en muchos
puntos (20%-25% anual), llega el momento en que este último es absorbido
completamente, de manera tal que el derecho a la propiedad  al final, habrá
desaparecido". Por esa razón, considera que las normas acusadas también
lesionan  el derecho al libre acceso a la propiedad.
Por último,  y con respecto a la
posibilidad de cobrar intereses sobre intereses y la expresa prohibición del
anatocismo en el Código Civil, señala el demandante  que el artículo 886 sí  le
permite a los comerciantes cobrar  intereses sobre intereses, motivo por el
cual reitera su apreciación sobre la discriminación que le imponen las normas
civiles al ciudadano común,  y solicita que las normas acusadas sean declaradas
entonces, inconstitucionales, precisamente porque al ser comparadas con las
normas del Código de Comercio resultan claramente discriminatorias, al
privilegiar indebidamente al comerciante frente al ciudadano que no ostenta
dicha calidad.
IV- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
El ciudadano  Manuel Avila Olarte, actuando
como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interviene en el
proceso para defender la constitucionalidad de la norma demandada. En efecto,
en lo concerniente al artículo 2232 acusado, el Ministerio considera que esa
norma remite al interés legal definido por el artículo 1617 de Código Civil;  y
que,  en la medida en que este interés legal fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante la sentencia C-485 de 1995, el fragmento restante
del artículo 2232, no puede sino resultar ajustado a la Carta, pues no posee un
contenido jurídico independiente del declarado  exequible por la Corte en la
citada sentencia. Además,  advierte el interviniente,  que tal y como lo ha
reconocido la Corte Constitucional, el interés legal definido en el Código
Civil se predica exclusivamente de las relaciones civiles, sin que tenga
aplicación en el ámbito salarial, prestacional o pensional.
Así mismo, en relación con el artículo 2235
del estatuto civil, que proscribe en lo que se refiere al mutuo o préstamo de
consumo estipular intereses sobre intereses, considera el interviniente que tal
prohibición ha sido avalada por la Corte Constitucional de conformidad con la
sentencia  C-367 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En ese sentido,
y teniendo en cuenta que en la demanda se hace referencia al artículo 886 del
Código de Comercio para compararlo con el artículo 2235 del Código Civil, el
interviniente sugiere que de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-298 de 1998, la Corte Constitucional realice una unidad normativa con el
artículo 886, si decide pronunciarse de fondo,  y conceda un término adicional
dentro del proceso para que los intervinientes y los ciudadanos puedan
presentar sus comentarios acerca de la constitucionalidad del artículo 886 del
estatuto mercantil.
2. Intervención de la Superintendencia
Bancaria de Colombia.
El
ciudadano Javier Arias Toro, actuando como apoderado de la Superintendencia
Bancaria, presenta un escrito mediante el cual solicita  la constitucionalidad
de las normas demandadas. Así, según su parecer, la Corte tuvo la ocasión de
pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 1617 del Código Civil en la
sentencia C-367 de 1995, oportunidad en la que se concluyó que  el artículo
1617 del Código Civil no era aplicable, ni siquiera por analogía, en la
definición del monto de los intereses moratorios en el cubrimiento de
pensiones. Por ende, considera que no es de recibo la opinión del demandante en
ese aspecto, porque la Corte ha señalado que la obligación de pagar
oportunamente las pensiones y de asumir unos intereses de mora que consulten la
real situación de la economía, se derivan directamente  de la Constitución y
deben cumplirse automáticamente por los entes responsables, sin necesidad de
requerimiento judicial.  Por lo tanto, el derecho al trabajo no puede ser
vulnerado por tales disposiciones como lo alega el actor.
Por otra parte manifiesta el ciudadano, que
la obsolescencia de  las normas no supone de suyo inconstitucionalidad, como
expresamente lo dijo la sentencia C-367 de 1995. Además, la primera norma
acusada es una mera regla supletiva, que fija intereses legales a falta de los
convencionales, sin perjuicio de que las partes, en ejercicio de la autonomía
de la voluntad, y dentro de los límites legales, estipulen  la tasa de interés
aplicable en cada caso concreto.
En cuanto al supuesto rompimiento del
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta, el
interviniente sostiene que conforme a la jurisprudencia constitucional,  existe
una justificación "objetiva y razonable" para que existan dos
regulaciones  diferentes en materia de intereses legales, la civil y la
comercial.  En efecto, la dedicación ordinaria de una persona a la realización
de actos y operaciones mercantiles cuando son su ocupación principal o la
fuente mas importante de sus recursos económicos, amerita su distinción frente
a otras personas y que se le agrupe con las que ejecutan la misma actividad, a
fin de regular de manera concreta los derechos y obligaciones que resultan
comunes al grupo. A ello agrega, que los actos mercantiles son habituales, lo
que exige su profesionalidad  y tienen una finalidad de lucro, características
que no se desprenden necesariamente  de los civiles.  Es precisamente esa
característica de derecho "profesional", la que distingue al derecho
comercial de otras ramas del derecho, y justifica el tratamiento diferencial
entre ellas. Por ende, considera que no le asiste  razón al demandante cuando
afirma que no  se justifica el trato diferencial que existe en materia de
intereses entre estatutos, pues tanto desde el punto de vista subjetivo, - el
carácter  profesional - , como desde el punto de vista objetivo, - la naturaleza
misma de los actos y operaciones mercantiles -, se está en supuestos distintos
frente a la legislación civil. De no ser así, tampoco se justificaría que los
comerciantes estén obligados a llevar contabilidad o a inscribirse en el
registro mercantil, para citar sólo algunos de los ejemplos de los deberes que
se les imponen por su condición de tales. En tal sentido, no puede olvidarse
que la legislación mercantil no sólo se aplica a quienes tienen la calidad de
comerciantes, sino a toda persona que realice un acto u operación mercantil.
Así, por ejemplo, si una persona es parte en un título valor, se le aplicará la
legislación mercantil en cuanto a dicha operación, independientemente de que
tenga o no la calidad de comerciante. Por el contrario, si una persona, aún
siendo comerciante, realiza actos que no son mercantiles, verbigracia, si
celebra un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, éste acto está sujeto
a la legislación civil, particularmente a la Ley 56 de 1985.
Finalmente, según su parecer, no sobra
anotar que de conformidad con los principios que se deducen de los artículos 2º
y 3º de la Ley 153 de 1887, "La ley posterior  deroga la ley anterior
cuando ambas tienen la misma generalidad o la misma especialidad". En este
sentido, no puede aducirse derogatoria del artículo 1617 del Código Civil por
el artículo 884 del Código de Comercio, dado que el ámbito de aplicación de
éste son los actos y operaciones mercantiles, a los cuales se refiere la norma
al utilizar la expresión los negocios mercantiles.
En lo concerniente a la supuesta violación
de los artículos 53, 58 y 60 de la Carta, el interviniente agrega que en
relación con las disposiciones laborales, existe un régimen especial que regula
este tipo de relaciones. En ese sentido, considera pertinente anotar, cómo el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consagra como  indemnización por
retardo en los pagos, "una suma igual al último salario diario por cada
día de retardo ", si a la terminación del contrato el patrono no paga al
trabajador los salarios y prestaciones debidos. Así mismo, la ley 100 de 1993
consagra  que " a partir del 1º  de enero de 1994 en caso de mora en el
pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente
reconocerá y pagará al pensionado, además de las obligaciones a su cargo y
sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectúe el pago".
Ahora bien, con respecto a los derechos a
la propiedad privada y el acceso a la misma, para el interviniente que es claro
que frente a la regulación civil y comercial estamos ante supuestos  de hecho
diferentes, cada uno de los cuales al aplicarse a la materia que regulan,
garantizan en si mismos la propiedad y el acceso a ella.
En lo relacionado con el artículo 2235 del
Código Civil, el  interviniente señala que no es cierto que en la legislación
mercantil se puedan pactar intereses sobre intereses. Así, sostiene que en
materia civil, los intereses atrasados no producen intereses por expresa
prohibición del numeral 3º del artículo 1617 y conforme al artículo 2235 del
Código Civil, al paso que en las relaciones comerciales los intereses
pendientes sólo  pueden producir intereses de manera excepcional, esto es, si se
dan los supuestos señalados en el artículo 886 del Código de Comercio, a saber:
Que se deban con un año de anterioridad por lo menos; y que el acreedor haya
presentado demanda judicial y desde la fecha de presentación de la misma, o
haya habido acuerdo entre las partes posterior al vencimiento. Así las cosas,
el cobro de intereses sobre intereses, conocido como anatocismo, se encuentra
prohibido en nuestra  legislación, por ser una conducta lesiva para el deudor.
Por ende, mal puede pretenderse que una disposición especial y restrictiva,
como la del artículo 886 del C. Comercio, se convierta en regla general,
atentando contra el orden público económico.
3. Intervención del Ministerio de Justicia
y del Derecho
El Ministerio de Justicia, actuando por intermedio
de la ciudadana Mónica Fonseca Jaramillo, intervino en el presente proceso,  en
defensa de los artículos acusados.
Señala la interviniente, que  dentro del
marco del ordenamiento civil,  la autonomía de la voluntad permite  que sean
las personas quienes dictaminen  el curso y desarrollo de sus negocios.  Por lo
tanto, entre la variedad de contratos a través de los cuáles los particulares
satisfacen sus necesidades,  se encuentra el contrato de mutuo, en virtud del
cual se entrega una cierta cantidad de cosas para que se restituyan otras del
mismo género y calidad en un determinado lapso de tiempo, por su naturaleza
fungible. Una manifestación de dicho contrato es el préstamo de  dinero con
interés, que por su naturaleza en materia civil es gratuito, y pasa a
convertirse en oneroso,  por la obligación que se impone al mutuario de pagar
un interés por el capital obtenido.
En ese orden de ideas se habla de intereses
corrientes, legales o convencionales. Los primeros, deben ser entendidos como
aquellos que son usuales en el mercado, y la ley expresamente los autoriza para
casos determinados; los segundos, son los establecidos por el  legislador en un
6% en materia civil y, los últimos, los que las partes acuerdan para el
desarrollo de sus transacciones.
De conformidad con lo anterior, el
ordenamiento ha previsto que el artículo 2232 del Código Civil sea una norma
supletiva, - cita la sentencia C-485 de 1995 sobre el particular -, en virtud
de la cual se deja al arbitrio de las partes la regulación de la tasa de
interés, con una limitación consistente en no exceder "de una mitad al que
se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención" (art.
2231 C.C). Siendo así, no se entiende que la norma acusada transgreda alguno de
los preceptos constitucionales, más aún cuando se está otorgando a las partes
la posibilidad de que sean  ellas mismas las que  pacten el interés que va a
regir la convención.
Ahora bien, en relación con el artículo
2235, su desaparición del ordenamiento equivaldría a legalizar una práctica que
de suyo se encuentra ajena a los propósitos consagrados en la Constitución,
generando de contera un desequilibrio económico en las relaciones contractuales
que se lleven a cabo.
Por otra parte, no pueden compararse las
disposiciones     que regulan la materia civil con la comercial, para concluir
que una de ellas es más conveniente, por cuanto se trata de regulaciones de
diverso carácter y propósitos. La actividad comercial es netamente económica y
empresarial, es profesional, se desarrolla en forma habitual y permanente, y se
convierte en la fuente de ingresos de quien la desempeña. La  regulación civil
es diferente,  tiene ideales distintos, y responde a los intereses de quienes
acuden a ella en desarrollo de sus pretensiones. La legislación comercial
regula en forma específica la actividad del comerciante. Es mas el artículo 2º
del Código de Comercio manifiesta que en caso de que las cuestiones comerciales
no pudieran regularse por la ley mercantil se aplicarán las disposiciones de la
legislación civil, circunstancia que refleja aún mas la  especialidad que quiso
otorgarle el legislador.
Por consiguiente debido a la especialidad
de unas y otras legislaciones, no existe una razón a su juicio, que  determine
que las disposiciones acusadas sean retiradas del ordenamiento jurídico, motivo
por el cual solicita que sean declaradas exequibles.
V. INTERVENCIONES EN TORNO A UNA PRESUNTA
UNIDAD NORMATIVA.
Teniendo en cuenta que en los cargos
presentados por el ciudadano, se hace referencia de manera permanente a la
aparente contradicción entre las disposiciones del Código de Comercio y las del
Código Civil en materia de intereses, - lo que a juicio del actor constituye
una violación del derecho a la igualdad en razón de la persona - , esta
Corporación  llegó a la conclusión de que era necesario proferir un auto
invitando a la participación ciudadana, ante la  posibilidad de verse obligada
a proferir un pronunciamiento por unidad normativa, que llevara a la Corte a
tener eventualmente que estudiar la constitucionalidad de los artículos 884,
885 y 886 del Código de Comercio, ya que esos artículos regulan el tema de los
intereses comerciales. Varias entidades participaron en la reflexión.
1. Intervención del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
El ciudadano Jorge Luis Trujillo Alfaro,
actuando en calidad de apoderado  judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, inició su intervención, citando los cargos del demandante y las
sentencias de la Corte Constitucional que a su juicio han hecho alusión al tema
de los intereses en materia civil.  (C-367/95 y C-485 de 1995). En lo
concerniente a la supuesta violación del principio de igualdad entre un
estatuto y otro, opina el interviniente que esa aparente violación no tiene
ningún asidero, pues precisamente se trata de materias diversas y situaciones
diferentes, reguladas de manera distinta por el legislador. En ese orden de
ideas, el principio de igualdad no puede entenderse  como la exactitud
matemática de las normas que se apliquen a unas y otras personas, tal y como lo
ha expresado esta Corporación. Por consiguiente, no se vulnera el principio de
igualdad, pues el Código Civil tiene su campo de aplicación en los negocios
jurídicos civiles, independientemente de la persona que los realice, - sea o no
comerciante - , mientras que los intereses de que trata el Código de Comercio
se predican así mismo de los negocios mercantiles, bien sea porque quien los
realiza tiene la calidad de comerciante o porque el acto realizado es de naturaleza
mercantil.
En cuanto a la posible violación del
artículo 53 de la Carta, precisa el ciudadano que la misma Corte Constitucional
ha reconocido que el interés legal definido en el Código Civil se predica
exclusivamente de la relaciones civiles, sin que tenga aplicación en el ámbito
salarial, prestacional o pensional. Por ende, si no se vulnera el artículo 13 y
53 de la Carta con el tratamiento diferente de intereses que existe en la
legislación civil y comercial, tampoco es posible que se predique la vulneración
de los artículos 58 y 60 de la Carta.
En lo concerniente a la constitucionalidad
de los artículos 884 y 885 del Código de Comercio, se observa que los mismos
obedecen a eventos en los cuales el legislador ha fijado una regla supletiva
que fija unos intereses, con el propósito de prevenir conflictos entre las
partes. Esta atribución de la ley se ajusta al ordenamiento superior, tal y
como lo afirma la sentencia C-367/95.
Así mismo, el artículo 886 del Código de
Comercio, tampoco resulta contrario a la Carta, porque en opinión del
interviniente los " intereses pendientes no producirán intereses sino
desde la fecha de la demanda judicial del  acreedor, o por acuerdo posterior al
vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con
un año de anterioridad por lo menos". En ese orden de ideas, el legislador
por excepción, y siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley, permite una
capitalización de intereses, que no puede confundirse con el anatocismo. Así,
el anatocismo constituye un cobro de intereses sobre intereses por un mismo
capital adeudado, durante el mismo plazo. El caso típico del anatocismo es
aquel en donde el deudor paga por anticipado el valor de los intereses del
capital por el periodo pactado y sobre el saldo entregado se le cobran unos
nuevos intereses,  o,  cuando existe el cobro de intereses sobre intereses
exigibles, es decir, aquellos no cancelados a tiempo.
Por
su parte, en la capitalización de intereses, los intereses debidos durante un
lapso de tiempo se llevan como un mayor valor al capital adeudado, para que se
constituyan como un nuevo capital a deber, el cual, por supuesto, es objeto de
una nueva tasa de interés. En esta operación los intereses ya causados por el
simple transcurso del tiempo harán parte del capital inicialmente adeudado y
sobre el cual será lícito cobrar nuevos intereses, si así lo estiman los
contratantes. Para sustentar esa precisión, el interviniente  pone de presente
la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 27 de marzo de
1992 sobre el particular y la sentencia C-747/99 de esta Corporación que  hace
una consideración sobre la capitalización de intereses.  En consecuencia,
considera que la capitalización de intereses concede el acceso al crédito de
personas, que  bajo otra modalidad lo tendrían restringido, ya que permite la
asunción de cuotas bajas para el deudor que adquiere un crédito a mediano o
largo plazo,  y asegura el pago de los intereses que se difieren y el pago de
capital a un mismo tiempo, sin que ello implique una evasión de los límites que
la propia legislación ha impuesto al cobro de intereses.
Por todo lo anterior se solicita que se
declare la constitucionalidad de los artículos en mención.
2. Intervención del Banco de la República.
El ciudadano Ernesto López Villegas,
actuando como apoderado del Banco de la República, interviene en el proceso
para solicitar que se declare la constitucionalidad  de las normas objeto de
análisis. Para el interviniente,  el  punto central de la demanda el de
determinar si, como lo afirma el actor, las normas del Código Civil favorecen
una discriminación entre el ciudadano común y quienes ostentan la calidad de
comerciantes, en materia de intereses. Para ello, pone de presente
jurisprudencia constitucional en materia de criterios de igualdad, y
posteriormente  estudia la distinción básica entre el derecho civil y el
derecho comercial, partiendo de criterios históricos.
Ahora bien, en lo concerniente a la
distinción actual, el interviniente señala que el Código de Comercio consagra
un régimen especial del comerciante como persona dedicada profesionalmente a
las actividades así calificadas, lo que constituye su carácter subjetivo. A la
vez, está la consagración legal del acto de comercio, que implica una regulación
objetiva. Es así como la doctrina nacional reconoce  que el Código de Comercio
contiene una modalidad mixta de regulación comercial: el comerciante y el acto
de comercio.
En cuanto al sujeto - el comerciante- se le
imponen obligaciones  especiales tales como la inscripción en las Cámaras de
Comercio, el pago del impuesto de industria y comercio, el llevar libros de
contabilidad, etc.,  todas ellas exclusivas del  sujeto comerciante. De otro
lado, con base  en el acto de comercio la legislación comercial se aplica a
todas las personas  que realicen dichos actos, sean o no comerciantes.
Es en armonía con estos dos principios que
subsisten dos códigos diferentes con regulaciones en algunos casos similares, y
en otras completamente diversas. Un ejemplo de esta situación es el contrato de
mutuo o préstamo de dinero, que se halla regulado en los dos cuerpos jurídicos.
En el Código Civil, es gratuito salvo disposición en contrario, mientras que en
el Código de Comercio se rige por el principio de onerosidad. Esta distinción,
que permea ambas codificaciones, encuentra su justificación en el principio
según el cual la actividad civil es gratuita, mientras que la operación
comercial es onerosa por tratarse de una ocupación profesional con ánimo de
lucro. Por consiguiente, opina que la asimilación que hace el actor entre los
dos regímenes carece de fundamento jurídico en razón a que se trata de dos
situaciones de hecho completamente diferentes, por lo que no puede validamente
afirmarse que se viola con ello el principio de igualdad. Lo único que tienen
en común los artículos 2232 del C.C. y el 884 del C.Co es que son normas
supletivas.
Según el ciudadano, tampoco se da la
violación al artículo 53 de la Carta, porque en la sentencia C-367 de 1995 la
Corte Constitucional aclaró el alcance del artículo 1617 y señaló que no se
aplica a la mora  en pensiones. Tampoco se afecta el artículo 58, 59 y 60 pues
la determinación de los intereses en materia civil o comercial es asunto
privativo de la  autonomía de la voluntad de las partes, quienes sólo tienen
como límite máximo la usura.
En lo concerniente al artículo 885 del
Código de Comercio, el supuesto fáctico consiste en que todo comerciante podrá
exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga al
fiado, es decir, a crédito, en los que no se haya estipulado el plazo para el
pago, y la solución legislativa consiste en fijar el plazo para la exigibilidad
de tales intereses en un mes después de la venta. Aquí también el legislador
suple la voluntad de las partes y fija el plazo a partir del cual se deben los
intereses y su modalidad. Teniendo en cuenta que esta decisión se sustenta en
el carácter oneroso de las actividades comerciales, el artículo es
constitucional.
Por otra parte, el ciudadano considera
importante diferenciar entre anatocismo y capitalización de intereses.  El
artículo 2235 del Código Civil prohibe estipular  y, por ende, exigir el pago
de intereses sobre intereses. Esa figura  quedó proscrita en la legislación
colombiana desde 1886. Ese principio fue también incorporado en la legislación
mercantil en el artículo 886 del Código de Comercio, el cual además consagra
una excepción que considera ajustada a la Constitución, pues toma como  base la
naturaleza profesional del comerciante (carácter subjetivo) y el carácter
objetivo del acto de comercio. Dicha excepción señala que el anatocismo deja de
tener aplicación "desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o
por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno u otro caso se trate
de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos". En este
punto a su juicio, lo que se prohibe tanto en la legislación mercantil como
civil, es el cobro de intereses sobre intereses vencidos y no pagados.
Contrario sensu, las mismas disposiciones hacen jurídicamente viable el cobro
de intereses sobre intereses, aún no exigibles, esto es, la capitalización de
intereses. En este sentido, precisa el ciudadano, se pronunció el Consejo de
Estado al negar una demanda de nulidad contra el Decreto No 1454 de 1989, que
reglamentaba el numeral tercero del artículo 1617 C.C, el artículo 2235 del C.C
y el artículo 886, en Sentencia de Marzo 27 de 1992.
Por su parte la Corte, en sentencia C-367
de 1995, también estableció una diferencia entre el cobro de intereses sobre
intereses ya exigibles de una obligación (anatocismo) y el cobro de intereses
sobre sumas que aún no son exigibles (capitalización de intereses). En su
opinión,  para la Corte el "anatocismo" rompe el equilibrio contractual
porque el incumplimiento en el pago de la obligación sólo puede conllevar al
pago de intereses moratorios, los cuales resarcen  el daño causado al acreedor
sin necesidad de sumas adicionales. Se trata en este caso de sumas cuyo pago se
ha incumplido. Por el contrario, si una porción de los intereses no es exigible
porque así lo acuerdan las partes - como ocurre con los intereses
capitalizados- el deudor no incurre en incumplimiento alguno, pero resulta
justo que remunere al acreedor por el uso del dinero. Sobre la capitalización
de intereses sostiene que la Corte se pronunció  mediante sentencia C-747 de
1999. Por consiguiente, considera ajustado a la constitución los artículos
anteriormente señalados.
3. Intervención de la Asociación Bancaria.
La ciudadana Ximena Chaves Echeverry,
actuando  en nombre de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia, presentó un escrito mediante el cual solicita que se declaren
constitucionales los artículos 2232 y 2235 del C.C,  así como los  884, 885 y
886 del Código de Comercio.
Para fundamentar esas consideraciones, la
interviniente precisa que  el derecho mercantil surgió como instrumento para
proteger el intercambio económico, pues las disposiciones del derecho común  no
resultaban acordes con la dinámica del comercio y el nuevo tráfico impuesto por
el mismo. A partir de sus orígenes, el ordenamiento mercantil  ha sufrido
grandes y profundas transformaciones. Por ende resulta clara la naturaleza
especial del ordenamiento comercial, frente al derecho civil. Se tiene pues,
que las normas del derecho comercial tienen entre sus finalidades tanto regular
la profesión de quienes se dedican a la celebración de actos de comercio, como
la de regular la actividad mercantil en general, bajo criterios de agilidad, dinamismo
y seriedad. Por tal razón se justifica la existencia de un régimen normativo
especial que se aplique al ámbito mercantil y a las situaciones que del mismo
se deriven.
Una de las diferencias entre la legislación
civil y comercial es entonces, el régimen de intereses. Así, el artículo 2232
del C.C. dispone que si en los negocios de esa naturaleza se estipulan
intereses sin expresarse la cuota, ésta corresponderá al interés legal del 6%
anual. Por su parte, el artículo 884 del Estatuto Mercantil establece como
tasa, el interés  bancario corriente para los negocios mercantiles en los que
la misma no los pacte. A su turno, el artículo 885 del mismo Código, señala que
todo comerciante podrá exigir dichos intereses legales comerciales de los
suministros o ventas al fiado, sin estipulación de plazo para el pago, un mes
después de pasada la cuenta. Como puede verse, la legislación civil señala una
tasa de interés fija e inflexible, mientras que los intereses en el régimen
comercial se estructuran sobre la base de una tasa flotante, es decir el
interés bancario corriente, el cual se  certifica de forma periódica por la
Superintendencia Bancaria, de acuerdo con las condiciones del mercado que se
van presentando periodo a periodo. Dentro de la economía colombiana, no pueden
desconocerse entonces, las necesidades del mundo mercantil, que requieren de
una legislación especializada y profesional que se ajusten al cambiante mundo
de los negocios. En consecuencia como ambos regímenes son diferentes, se
justifica el diverso sistema de intereses.
Ahora bien,  en relación con la tasa del 6%
anual que establece el artículo 2232 del C.C,  y su aparente inequidad al no
tener en cuenta la pérdida del valor de dinero en el tiempo como consecuencia
de la inflación, es claro que la Corte Constitucional se pronunció sobre ese
punto en la sentencia C-367/95, que se refiere a dicho  interés y a su carácter
eminentemente supletivo, y en la sentencia C-485/95 que establece que el mero
hecho del 6% no hace a la norma inconstitucional.
En lo concerniente al artículo 2235 del
C.C. en relación con el artículo 886 del Código de Comercio, reconoce la
interviniente que el anatocismo se encuentra proscrito en la legislación civil
y permitido solamente bajo ciertas circunstancias en la legislación mercantil.
En efecto, en primer lugar es necesario detenerse en la noción de intereses
pendientes contenida en el artículo 886 mencionado, que según el art. 1º del
Decreto 1454 de 1989, implica “aquellos que sean exigibles, es decir, los
que no han sido pagados oportunamente". Así mismo, en el fallo del
Consejo de Estado del 27 de marzo de 1992 se declaró que tales intereses eran
los que " no fueron cubiertos en el tiempo u oportunidad señalado para
ello en el respectivo negocio jurídico". De acuerdo con lo anterior,
es claro que cuando el artículo 886 del Código de Comercio se refiere a
intereses pendientes, se hace alusión a los intereses remuneratorios que han
pactado las partes y no han sido cancelados oportunamente dentro del plazo
correspondiente  por parte del deudor. Al respecto  pone de presente la
sentencia del Consejo de Estado del 27 de marzo del 1992, que precia la
reflexión sobre ese tipo de intereses.   Conforme a lo anteriormente anotado,
se observa que la previsión del artículo 886 del Código de Comercio en
contraposición con el artículo 2235 del C.Civil, no viola el derecho
fundamental a la igualdad, al tratarse de una norma  especial y aplicable a un
ámbito específico.
4. Intervención de la Federación Nacional
de Comerciantes.
El ciudadano Sabas Pretelt de la Vega,
Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, intervino en el proceso
de la referencia, para solicitar igualmente la constitucionalidad de los
artículos objeto de estudio.
En su escrito, resalta los pronunciamientos
previos de esta Corporación sobre el tema de intereses, precisados en otras
intervenciones. Así mismo, frente al artículo 2232 del Código Civil, señala que
esa disposición no es imperativa sino supletiva, por lo que las partes pueden
acordar contenidos  que consideren  apropiados dentro del marco legal y en tal
medida  no se configura violación de mandato alguno de la Carta, como ya lo
señaló la Corte en la sentencia C-367/95. Por ende, concluye que ese artículo debe
considerarse ajustado a la Carta.
Frente a los cargos relativos a la presunta
discriminación entre una normatividad y otra en materia de intereses, considera
que la existencia de un campo de aplicación definido por el legislador para
cada disciplina jurídica, esto es civil y comercial,  no comporta de por sí una
violación del derecho constitucional a la igualdad, sino un desarrollo del
mismo. En efecto, para el interviniente,  la existencia de ramas jurídicas
diversas encuentra su justificación en  la necesidad de  aportar soluciones
normativas a los múltiples campos de desarrollo del hombre.  En el caso
concreto de la actividad privada, el surgimiento del derecho comercial como
disciplina paralela al derecho civil, encuentra  su razón de ser en su propio
desarrollo  histórico y en el hecho de que la regulación legal del Código de
Comercio evidencie la clara intención del legislador de dar otras soluciones y
de apartarse del Código Civil en varios aspectos, incluyendo el tema de los
intereses. La circunstancia de que el legislador  haya disciplinado de manera
concreta la actividad mercantil separándose  de los contenidos prescritos en el
Código Civil, no comporta una violación a la igualdad, toda vez que dentro de
su cláusula general de competencia se encuentra legitimado para establecer
supuestos de hecho y consecuencias jurídicas a situaciones puntuales.
Ahora bien, el legislador no ha
circunscrito la aplicación de las soluciones normativas mercantiles de manera
exclusiva y excluyente a los "comerciantes" como lo pretende colegir
el demandante, sino también a quien no teniendo tal calidad, realice actos
considerados como mercantiles o tendientes a asegurar el cumplimiento de las
obligaciones comerciales (art. 6 del C.Co), lo que es natural  si se considera
que el fin teleológico de esta disciplina jurídica es el desarrollo de la
actividad económica de intercambio de bienes y servicios.
Así mismo, encuentra el interviniente que
tiene plena justificación constitucional que el derecho mercantil se aplique  a
quienes se ocupan de manera profesional al comercio, ya que la dedicación
ordinaria a estos  actividades, cuando constituyen la ocupación principal  o la
fuente mas importante de recursos de una persona, justifica distinguirla de
otras. En todo caso, para que un individuo que no tenga la calidad de
comerciante se le aplique la ley mercantil, debe necesariamente encontrarse en
alguno de los supuestos que establece el legislador al efecto ( art. 1, 11, 20,
21 C.Co) es decir, que  realice operaciones consideradas como actos de
comercio, que entrabe la relación con un comerciante, o que ejecute actos para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. De no encontrarse
bajo tales supuestos no surgirá la consecuencia jurídica de la aplicación de la
norma mercantil.
Luego de presentar las diferencias que
entre uno u otro estatuto existen en materia de intereses, tomando en
consideración aquellos denominados convencionales, legales,  remuneratorios y
moratorios, el interviniente llega a las siguientes conclusiones: a) La
regulación de la tasa de interés legal superior que debe pagarse en las
obligaciones mercantiles, se explica por la especial connotación lucrativa de
la actividad comercial. b) En lo que respecta a la fijación del 6% anual como tasa
de interés civil, la posible disparidad entre la realidad actual y tal cuantía,
no convierte en inconstitucional a la norma tal y como lo reconoció la Corte
Constitucional. c) Esa diversa regulación,  no comporta discriminación alguna
para los sujetos a quienes se aplica la regulación civil, porque se trata de un
interés  legal que en ningún modo es coercitivo. El carácter imperativo que el
actor quiere darle a la norma no se compadece  con los señalamientos
normativos. d) Teniendo en cuenta los límites de la autonomía de la voluntad,
la norma civil puede llegar a ser mas ventajosa que la comercial, al permitirle
al particular establecer una tasa remuneratoria equivalente al interés
corriente o usual en una plaza y momento determinado, más un 50% del mismo
(artículo 2231 C. Civil), mientras que la norma comercial señala como máximo,
el bancario corriente  (art. 884 C.Co).  Además, en lo concerniente a las
sanciones,  si en materia civil se pierden sólo los intereses estipulados en
exceso, en materia comercial se pierden la totalidad de los intereses pactados.
e) La ausencia de estipulación en la cuantía del interés, lejos de  constituir
un argumento para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la norma,
corresponde a la inobservancia de la diligencia  propia, teniendo en cuenta las
posibilidades que el legislador ofrece en atención de la autonomía de la
voluntad.
En lo concerniente al artículo 2235 y su
relación con el artículo 886 del Código de Comercio, el interviniente
considera que existe justificación acorde con la Carta para que en el
ordenamiento mercantil se posibilite la figura restrictivamente. Así haciendo
un análisis histórico de la situación y su aplicación en las diferentes
legislaciones comparadas actuales, rescata la naturaleza especial y restrictiva
del artículo para resaltar que la Corte en sentencia C-747 de 1999 autorizó la
posibilidad de la capitalización de intereses, limitándola estrictamente a los
intereses relacionados con los créditos de vivienda a largo plazo. Por lo tanto,
el interviniente solicita que se declaren constitucionales las disposiciones
objeto de su intervención.
5. Intervención de la Superintendencia
Bancaria.
El ciudadano, Javier Arias Toro, actuando
como apoderado de la Superintendencia Bancaria, pide igualmente que se declare
la constitucionalidad de las normas del Código de Comercio evaluadas en
atención a una posible unidad normativa, especificando nuevamente la diferencia
y especialidad de cada uno de los estatutos. Sostiene que a su juicio lo que persigue
el demandante es la unificación del derecho comercial y del derecho civil en
materia de intereses, desconociendo que  la existencia de esas dos regulaciones
obedece a razones históricas y materiales distintas.  Así mismo, reitera el
interviniente de manera general los argumentos anteriormente presentados
respecto al carácter supletivo de las normas, las características propias del
derecho comercial  y la excepciones consagradas para la aplicación del artículo
886 del Código de Comercio. Por consiguiente, solicita que se declare la
constitucionalidad de los preceptos anteriormente enunciados.
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, Jaime
Bernal Cuéllar, en su concepto de rigor, defiende la constitucionalidad de las
normas acusadas. Al respecto, señala en su intervención, que  el artículo 2232
del Código Civil es una disposición de carácter supletivo, es decir, que a
falta de estipulación  de la tasa de interés  en cualquier convención o
contrato, se entenderán fijados los intereses legales cuyo monto asciende al 6%
anual, rata porcentual que fue declarada exequible  por la Corte
Constitucional. De esta manera, opina que la ley reconoce, acepta y respeta el
principio de autonomía de la voluntad privada, pero señala límites, a fin de
evitar arbitrariedades o abusos en la fijación  de la tasa de interés; por
ello, el  artículo 2231 del Estatuto Civil, autoriza al juez para que previa
solicitud del deudor, reduzca el  interés convencional que "exceda  de una
mitad al que se probare  haber sido interés corriente al tiempo de la
convención". En efecto, observa la Vista Fiscal que si bien con el paso
del tiempo, la fijación de un porcentaje determinado, puede resultar irrisoria,
anacrónica y desproporcionada en  consideración a la inflación, tal
circunstancia en todo caso no es obice para los contratantes busquen  una
fijación de intereses acorde con el momento histórico, de conformidad con el
reconocimiento que la legislación le ha concedido a la autonomía de la voluntad
y a las estipulaciones convencionales. En efecto, de una parte se reconoce la
libertad de pactar los intereses o no, lo mismo que señalar su cuantía, siempre
y cuando no se excedan los topes máximos previstos por la ley; de otra, la
legislación prevé los mecanismos de protección a favor de los deudores, en los
cuales se establecen diferencias: en materia mercantil, se pierden todos los
intereses (art. 884); en materia civil, por el contrario, el deudor está
facultado para solicitar al juez su reducción (art. 2231).
En ese orden de ideas, considera la Vista
Fiscal que no le asiste razón al demandante al afirmar que la norma impugnada
transgrede el artículo 13 de la Carta, pues el establecimiento de diferentes
tasas de interés, entre ellas el interés legal, demuestra  que en el mundo
práctico de los negocios jurídicos, existen distintas situaciones  que permiten
y exigen una regulación diversa. Así, de conformidad con la sentencia C- 485 de
1995. M.P. Jorge Arango Mejía,  la existencia de diversas tasas de interés  no
viola el principio de igualdad, sencillamente porque su aplicación depende de
múltiples factores, que nada tienen que ver con la discriminaciones prohibidas
en el artículo 13 de la Constitución. En consecuencia,  para la Vista Fiscal tampoco
se transgrede el artículo 58 de la Carta, ya que el acreedor puede disponer  de
su riqueza y entregarla en mutuo,  bien sea a título oneroso o gratuito y al
interés que considere justo, conveniente o competitivo acorde con los
lineamientos legales.
Así mismo, opina la Vista Fiscal que las
disposiciones mercantiles son de naturaleza especial frente a las civiles, de
tal suerte que no es procedente acoger los  planteamientos del impugnante  al
considerar que por ser el Código de Comercio posterior, deberá aplicarse en
preferencia del Código Civil, pues se repite, uno y otro regulan materias
distintas y específicas, por lo que no regulan idénticos supuestos de hecho.
Adicionalmente, en materia laboral y en lo
concerniente a las pensiones, no resulta aplicable el interés legal, tal y como
lo  reconoció la Corte Constitucional en fallos anteriores. Como consecuencia
de ello, no le asiste razón al actor al afirmar que con la norma impugnada se
vulnera el artículo 53 de la Carta, habida consideración de que el Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
y en caso de retraso en su cancelación, deberá reconocerse un interés que nunca
podrá ser el legal. En cuanto a la mora en las prestaciones sociales a la
terminación del contrato de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo ha
consagrado una indemnización  equivalente a "una suma igual al último
salario por cada día de  retardo" (art. 65), o sea, que en estas
circunstancias no se causan intereses moratorios.
Por último, respecto del artículo 2235,
considera la Agencia Fiscal que  esa norma fue objeto de control constitucional
en la sentencia C-367 de 1995, motivo por el cual se considera que existe cosa
juzgada material con respecto a la disposición acusada (C.C. art. 2235) ya que
coincide en su contenido material con el numeral  3º del artículo 1617 del
Código de Comercio, disposición esta última sobre la cual recayó el estudio de
constitucionalidad. Por esta razón, considera que los fundamentos jurídicos que
se decidieron en esa sentencia, son aplicables en su totalidad al caso in
examine y en consecuencia solicita que se declaren constitucionales los
artículos objeto de estudio .
VI- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1.
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad
de las normas acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4º, de la Constitución, pues las normas que integran el estatuto civil
fueron adoptadas mediante una ley de la República, la 57 de 1887.
Los problemas jurídicos planteados y las
sentencias previas de constitucionalidad,  sobre el tema que se debate.
2. Las normas acusadas, a juicio del
demandante, establecen una discriminación entre las personas que son
consideradas comerciantes y las personas que no lo son,  en materia de fijación
de intereses, motivo por el cual, atentan contra el derecho a la igualdad de
quienes al no ostentar la calidad de comerciantes deben percibir un irrisorio
6% en sus transacciones pecuniarias, en comparación con lo que ocurre con los
comerciantes quienes pueden claramente percibir un interés muy superior  en sus
operaciones. Para el actor, no existe razón para esa diversidad de tratamiento,
motivo por el cual ello sólo conduce a una diferenciación injusta en virtud de
la persona, circunstancia que está proscrita por la Constitución.  Esta
situación, en su opinión, afecta a las personas que reciben cánones o sumas
periódicas y vulnera los derechos de los trabajadores en la medida en que
pensiones y otras prestaciones en caso de mora también reciben como frutos
comparativos,  un irrisorio 6%.
Además,  considera que es también evidente
la discriminación entre el estatuto civil y comercial cuando se analiza el
artículo 2235 del Código Civil, ya que se establece en él la prohibición de
fijar intereses sobre intereses, mientras que en el Código de Comercio, en el
artículo 886, si se autoriza tal posibilidad. Por consiguiente, solicita la
inexequibilidad de los artículos en mención.
3. Para quienes intervienen en el proceso y
para la Vista Fiscal,  estas consideraciones del actor son contrarias a la
realidad, por las siguientes razones: i) Existe una diferencia clara entre las
obligaciones civiles y las mercantiles, en donde las segundas, se rigen por un
régimen jurídico especial cuyo fundamento es la profesionalización de la
actividad, motivo por el cual, los comerciantes cuentan con una disposiciones
específicas y necesarias,  que regulan sus múltiples actividades. Además, el
estatuto mercantil también regula los actos de comercio realizados por personas
no comerciantes, quienes se deben ceñir  también a éstas disposiciones
especiales,  en virtud de la naturaleza de la operación. De ahí que la
especialidad no sea solo en razón de la profesión sino en virtud del acto de
comercio que se realice. Por consiguiente,  no puede entenderse de esa
diferencia entre estatutos, una simple discriminación en razón de la persona.
ii) Tampoco  puede entenderse que  las normas comerciales deben prevalecer
sobre las civiles, por ser posteriores en materia de intereses, ya que son
estatutos, de naturaleza diversa y especial. iii) Igualmente, los
intervinientes rechazan la tesis de que con los intereses que se generan en
materia civil se perjudique a las personas, precisamente  porque el artículo
2232 es sólo una norma supletoria, es decir, que la autonomía de la voluntad de
la persona le permite libremente optar por otro tipo de régimen de intereses,
sin que ello implique lesión de sus derechos. Si no opta por otro tipo de
regulación, la legislación consagra un 6% anual, que es una suma que si bien no
es cuantiosa si ofrece una retribución, en especial teniendo en cuenta que el
mutuo en el derecho civil, por su naturaleza, es en principio gratuito. iv)
Algunos consideran que aplicando el principio de la autonomía de la voluntad,
incluso la legislación civil puede ser más favorable que la comercial en
materia de intereses,  en relación con los topes máximos que el legislador
permite estipular y la determinación de las sanciones a una determinación de
intereses superior a la permitida. vi) Ahora bien,  con respecto al régimen
pensional, los intervinientes sostienen que la Corte Constitucional claramente
definió esa situación señalando que ni siquiera por analogía se puede aplicar
este tipo de intereses a las moras en el pago de esas obligaciones pecuniarias.
Lo mismos señala el Código Sustantivo del trabajo en razón a la mora en el pago
de prestaciones sociales.  vii) En lo que concierne con el Artículo 2235 no
comparten los intervinientes la tesis de que el anatocismo sí  se permite en el
Código de Comercio. Ellos indican que esa situación solo puede ser aplicada
específicamente en los casos señalados por la ley respecto de moras superiores
a un año, y que corresponde al régimen especial de las transacciones de tipo
comercial, en unas condiciones especificas. Consideran que separar esta norma
del ordenamiento jurídico atenta directamente  con todo el régimen de los
negocios, ya que iría en contra del deudor de buena fe, quien podría verse
afectado por personas inescrupulosas en sus estados de necesidad.
4. Ahora bien, para entrar a definir si el
inciso primero del artículo 2232 del Código Civil y el artículo 2235 del mismo
estatuto resultan contrarios a la Carta, - tal y como lo pretende el actor -,
es necesario recordar que varios de los cargos que pone de presente el
demandante para controvertir la constitucionalidad de las normas acusadas, ya
han sido resueltos por la Corte Constitucional, en  sentencias previas sobre la
materia.
5. En efecto, en la sentencia C-367 de 1995[1], la Corte estudió la
constitucionalidad del artículo 1617 del Código Civil, el cual fue acusado por
inequitativo y  aparentemente contrario a los artículos 5, 13 y 53 de la Carta,
al permitir la aplicación del interés legal del 6% anual a las situaciones que
comprometían el pago de obligaciones pensionales. Teniendo en cuenta tales
apreciaciones, la Corte Constitucional en su oportunidad, puso de presente la
imposibilidad de aplicación de ese interés del 6% en lo concerniente a las
obligaciones pensionales atrasadas,  ni siquiera por analogía, y en
consecuencia, declaró “en los términos de esa sentencia”,  la
exequibilidad de ese artículo.
Así mismo, en una providencia posterior, la
C-485 de 1995[2],
esta Corporación  tuvo la oportunidad de estudiar la constitucionalidad de la
expresión “ el interés legal se fija en un seis por ciento anual",
de los artículos 1617 y 2232 inciso segundo del Código Civil, los cuales fueron
acusados en esa oportunidad porque aparentemente desconocían  no sólo las
prescripciones del artículo 373 de la Constitución, - que obliga al Estado a
velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda -, sino
también el artículo 13 de la Carta, al favorecer una aplicación inequitativa de
estas disposiciones por parte de algunos jueces y no reconocer la pérdida del
valor adquisitivo del dinero,  para efectos de determinar la tasa de interés,
como si lo hacen otras ramas del derecho, por ejemplo la mercantil.  En esa
oportunidad, la crítica del demandante estaba estructurada sobre aspectos como
la obsolescencia de esa tasa de interés del 6 por ciento anual, y el
desconocimiento de la pérdida del valor adquisitivo del dinero, en la
determinación de la  misma.
En esa ocasión, la Corte Constitucional,
luego de estudiar varios aspectos relacionados con  la razón de ser de los
intereses legales, la naturaleza de las normas supletorias y la imposibilidad
de la Corte de “fijar” el monto de las tasas de interés,  determinó que la
expresión acusada, contenida en  ambos artículos,  era exequible, de manera tal
que se desvirtuaron los cargos relativos a la obsolescencia e inequidad del
interés legal de la legislación civil, que son en esta oportunidad,  algunos de
los que subyacen a  la queja del actor.
En
efecto, de estas determinaciones constitucionales es posible concluir, que el
interés legal civil del 6% anual, así estipulado, resulta  válido y plenamente
aplicable en los eventos que determine la ley civil, con las precisiones
anteriormente expuestas. Así mismo, es claro que varios de los cargos
presentados por el demandante, en esta oportunidad, en relación con los
artículos 2232 y 2235 del estatuto civil que nos ocupan, han sido en gran parte
analizados por esta Corporación,  en virtud de las sentencias anteriormente
citadas.
6. Así, es evidente que una de las críticas
del actor respecto del artículo 2232 acusado,  se fundamenta,  en el
anacronismo y obsolescencia del mismo, al remitir al interés legal del 6%
anual. Al respecto, la sentencia C-367 de 1995 señaló, que el hecho de que las circunstancias
económicas o sociales en medio de las cuales debe aplicarse un precepto
acusado, cambien radicalmente hasta llevarlo a la obsolescencia, o que las
autoridades públicas o los particulares, a falta de normas específicas, se
funden en su contenido para adoptar decisiones que puedan ser consideradas
injustas o inequitativas, son aspectos que no inciden en el examen
constitucional de la norma mirada objetivamente. Tales elementos pueden dar
lugar a decisiones judiciales proferidas en procesos concretos, o provocar la
actuación del legislador para poner en vigencia normas actualizadas, pero no se
pueden erigir en motivos válidos para deducir la inconstitucionalidad de la
norma. Por consiguiente, una disposición acusada por tales razones, podría tildarse
eventualmente de inconveniente o de ajena a la realidad que hoy ofrece la
progresiva pérdida del poder adquisitivo de la moneda en una economía
inflacionaria, pero no por ello resultar inconstitucional.
En ese orden de
ideas, la inconveniencia, el anacronismo y la aparente inequidad del interés
legal del 6% anual fijado en el Código Civil, no son razones que hagan de suyo
inconstitucional el monto de tal interés. Por ende, tampoco son cargos que
determinen la inconstitucionalidad del artículo 2232 inciso primero del
estatuto civil, precisamente porque en sí misma y de manera objetiva,  la
norma  no adolece de vicios que la presenten como contraria a las normas
constitucionales y porque la remisión que hace esa disposición al artículo 1617
no resulta contraria a la Carta, teniendo en cuenta que el interés allí
definido está avalado constitucionalmente.
7. Ahora bien,
es importante anotar que el inciso acusado del artículo 2232, es una norma
supletiva, que no tiene sentido ni aplicación sino bajo el supuesto de que
las partes no hayan pactado el monto de los intereses convenidos. Por ende, es
una disposición que reconoce que si se estipulan intereses entre las partes, y
no se determina cual es el valor de los mismos, se entenderán fijados los
intereses legales civiles, que son del 6% anual.
En ese orden de
ideas, y atendiendo lo señalado en la sentencia C-367 de 1995, una disposición
como la anterior no puede ser entendida desde una óptica restrictiva,  como una
camisa de fuerza para los asociados, - tal y como  pretende hacerla ver el
demandante -, sino como  una norma que entra a operar sólo en el evento de que
las partes omitan un aspecto fundamental en el alcance de sus obligaciones como
es el monto de los intereses pactados. Por ende,  la autonomía de la voluntad
privada en este punto es esencial, teniendo en cuenta que permite que los
particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas
emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones
imperativas de la ley, es decir, normas de orden público. En este caso, los
particulares sometidos a la legislación civil, pueden fijar libremente la tasa
que estimen conveniente en materia de intereses dentro de su convención, con
los límites así mismos señalados en la ley, y en atención a su autonomía
contractual.  Sólo cuando la estipulación de la tasa no sea determinada, entra
a operar el artículo 2232 en mención, precisamente porque le corresponde al
legislador, precaver los conflictos que se puedan presentar entre los
asociados, disponiendo con antelación y por vía general y supletoria una forma
de solucionarlos, con el fin de asegurar a los asociados la necesaria
certidumbre sobre el los derechos que rige sus relaciones.
Al
respecto es importante tener en cuenta que tal y como lo reconoció la sentencia
C-367 de 1995,  existen dos tipos de disposiciones en materia contractual:
aquellas de orden público, - que son preceptos de obligatorio e ineludible
cumplimiento, en los cuales no cabe la libre decisión ni el convenio o acuerdo
entre las partes, porque el interés comprometido es público -, y aquellas
normas que tienen repercusión sólo entre los contratantes, y que en subsidio de
la voluntad de los mismos, que por alguna razón no quedó expresa, determinan
consecuencias frente ciertas situaciones jurídicas. Estas últimas normas, a las
que pertenece el inciso primero del artículo 2232 acusado, no vulneran en
consecuencia “ninguna norma de la Carta Política con motivo de la aludida
previsión”, tal y como expresamente lo señaló la sentencia en mención.  Tal
posición es compartida por la sentencia C-485 de 1995, mediante la cual, la
Corte sostuvo que la  regulación legal está constituida  principalmente por
normas supletivas en lo que tiene que ver con las obligaciones que tienen su
origen en el contrato. Por consiguiente, si la ley no puede prohibir que se
pacte el mutuo sin intereses, es decir, gratuito, tampoco resulta contraria a
la Constitución que una norma prevea, que si no se han pactado intereses, se
deban los legales, pues, en últimas, corresponde al acreedor y al deudor la
decisión de pactarlos, y a aquél la de cobrar el interés  legal cuando no hubo
convención.
En consecuencia, la previsión fijada por el
legislador mediante el artículo 2232 inciso primero, no es en modo alguno
inconstitucional como lo ponen de presente las sentencias en mención,
precisamente porque al ser una norma supletiva, consagra  una previsión
razonable del legislador en lo concerniente a la necesidad de determinación de
los derechos de los contratantes en caso de silencio de las partes, y no
constituye  tampoco una camisa de fuerza para los asociados, quienes en aras de
la autonomía de la voluntad pueden sustraerse de la aplicación de dicho artículo
en la medida que estipulen los intereses y fijen el monto de los mismos como
deseen, teniendo como único límite, el consagrado como legal de usura.
8.Ahora
bien, en lo concerniente a la presunta violación del artículo 53, de la Carta
por la aplicación del interés legal del 6% a las obligaciones  laborales, vale
la pena resaltar que ese es un cargo del actor expresamente dirigido a atacar
el artículo 1617 del Código Civil, - sobre el cual hay cosa juzgada
constitucional -, en la medida en que hace alusión a las pensiones periódicas.
En efecto, el artículo 2232 inciso primero acusado, es una norma expresamente
consagrada para regular el mutuo en materia civil, y por consiguiente las
obligaciones que de ese artículo se desprenden, hacen énfasis específicamente
en ese contrato y no en obligación laboral alguna. Sin embargo, es importante
precisar en todo caso, que en la sentencia C-367 de 1995 se señaló que el
interés determinado por el artículo  1617 del Código Civil “no es aplicable, ni
siquiera por analogía, para definir cuál es el monto de los intereses
moratorios que están obligadas a pagar las entidades responsables del
cubrimiento de pensiones en materia laboral cuando no las cancelan
oportunamente a sus beneficiarios.” En efecto, indicó la  sentencia en
mención,  que los pensionados, son titulares de un derecho de rango
constitucional a recibir puntualmente las mesadas que les correspondan y a que
el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en el
costo de la vida (artículo 53 C.P.). En ese orden de ideas, no es posible que
las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con
el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales, o
que el interés aplicable en tales eventos pueda ser tan irrisorio como el
contemplado en el artículo demandado (1617), que, se repite, únicamente rige,
de manera subsidiaria, en relaciones de carácter civil entre particulares. Por
lo tanto, las obligaciones de pagar oportunamente las pensiones y de asumir, en
caso de no hacerlo, unos intereses de mora que consulten la real situación de
la economía se derivan directamente de la Constitución y deben cumplirse
automáticamente por los entes responsables, sin necesidad de requerimiento
judicial, aunque hay lugar a obtener el pago coercitivamente si se da la
renuencia del obligado. En tales eventos, se debe tener en cuenta la doctrina
constitucional plasmada por la Corte, que fija el alcance del artículo 53 de la
Carta Política en la parte concerniente a pensiones legales, en concordancia
con el 25 de la Carta, que contempla protección especial para el trabajo.
Así mismo, en cuanto a la mora en las
prestaciones sociales, comparte la Corte las apreciaciones de los
intervinientes en el sentido de recordar que en materia de prestaciones
sociales, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra una
indemnización  equivalente a "una suma igual al último salario por cada
día de  retardo" a favor del trabajador, si a la terminación del contrato el
patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, motivo por
el cual en ese específico aspecto, la regulación especial compete a la
legislación laboral.
De lo anterior se desprende, que si bien el
cargo no tiene una relación directa con el inciso acusado del artículo 2232 del
Código Civil, y por ende no puede comprometer su constitucionalidad,  en todo
caso existen pronunciamientos de  esta Corporación con ocasión al  interés
aplicable a la mora en materia pensional, que desvirtúan las apreciaciones del
actor sobre las implicaciones constitucionales de la norma,  en materia
laboral.
9.
De otro modo, en lo concerniente al artículo 2235 del Código Civil que consagra
la prohibición de estipular intereses sobre intereses, es claro que la
tradición jurídica colombiana ha asociado la norma en mención con el
anatocismo, término que según ha indicado esta Corporación, implica “una medida
de orden público, obligatoria para los contratantes, en defensa del deudor, a
fin de evitar que sea víctima de una exacción, entendida como cobro injusto y
violento”[3].
Sin embargo, desde el punto de vista del debate legal, otros han pretendido
extender a las consideraciones que consagra esta norma, también una prohibición
respecto de la capitalización de intereses[4],
lo que ha despertado diferentes posiciones  a la luz del debate jurídico
actual.
En
ese orden de ideas, una primera posición, dirigida a limitar el alcance de la
prohibición solamente al anatocismo, es una reflexión que comparten algunos
tratadistas, quienes han considerado que el  artículo 2235 de la legislación
civil puede ser  asociado con el inciso tercero del artículo 1617, en la medida
en que éste último señala a su vez, que los intereses atrasados, “no producen
interés”. Al respecto, es evidente que el Legislador consideró que en la
estipulación de intereses sobre intereses del artículo 2235, “había un objeto
ilícito, que implica un abuso cometido contra individuos que se hallan en
circunstancias difíciles, y que sólo obligados por éstas, y no libremente,
convienen aceptar las obligaciones que se les imponen” [5]. De ahí, que tales
consideraciones en favor de los deudores y en contra del abuso del derecho de
los acreedores, permitan que el anatocismo resulte proscrito en nuestra
legislación.
Sobre
el particular, Fernando Velez sostiene que la prohibición consagrada en el
artículo 2235 del Código Civil “se halla tácita en la regla 3ª del artículo
1617”[6]
del mismo estatuto;  y que de igual forma, “la regla tercera, según la cual los
intereses atrasados no producen intereses, (1617)  la reproduce el artículo
2235”[7]
del mismo código, lo que nos llevaría a la conclusión de que ambas
disposiciones comparten un mismo contenido material, en lo concerniente al
anatocismo. Tal identidad material entre los artículos enunciados, exige  que
se  tomen en consideración, las apreciaciones contenidas en la sentencia C-367
de 1995, - sobre la regla tercera del artículo 1617 -, cuyas observaciones son
materialmente aplicables al artículo 2235 del Código Civil y por consiguiente,
hacen de esa disposición acusada,  una norma constitucional bajo los criterios
enunciados en esa sentencia, ya que se indicó que tal consagración legal
respecto del anatocismo, en nada vulneraba la Constitución.
Así
mismo, esa identidad material de los dos artículos señalados, ha sido  avalada
igualmente por una sentencia del Consejo de Estado sobre el tema[8], en la que se concluyó
que en virtud de la llamada “armonía legis”, el artículo 2235 de la legislación
civil, en cuanto prohibe cobrar intereses de intereses, debía entenderse y
aplicarse teniendo en cuenta el criterio sentado por esa sentencia en lo
concerniente a  la regla tercera del artículo 1617,  respectiva.
Ahora bien,  reconociendo los anteriores
supuestos, es claro que desde el punto de vista del debate legal hay quienes
consideran que tales artículos, incluyendo el 2235, incorporan en su
prohibición no sólo el anatocismo, sino también la capitalización de intereses[9]. Otros juristas, por el
contrario[10],
estiman que los artículos mencionados al ser debidamente interpretados, sólo
prohiben el anatocismo,  y no la capitalización de intereses. Sobre el
particular, también Fernando Velez reconoce la dificultad de delimitar en la
práctica, el alcance de la prohibición consagrada en el artículo 2235.  Sin
embargo, al respecto es importante precisar que en la actualidad, un
pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la legalidad del Decreto 1464 de
1989, que reglamentó  la tercera regla del artículo 1617 en materia de
capitalización de intereses, delimitó desde el punto de vista doctrinal y legal,
los artículo 1617, 2235 y 886 C. Co. con respecto a lo que debe  entenderse por
anatocismo en materia civil y comercial,  y lo que debe considerarse como
capitalización de intereses. Así, en virtud de esa decisión, el anatocismo
implica un cobro de intereses,  sobre intereses “atrasados”, es decir, aquellos
que no fueron cubiertos en el tiempo u oportunidad señalados para ello,  en el
respectivo negocio jurídico. En efecto, “son los intereses colocados en
condiciones moratorias los que no permiten, de conformidad con las normas
reglamentadas en el Código Civil el cobro de nuevos intereses”.  Sin embargo,
los intereses no “atrasados” si pueden llegar a “producir intereses” y es
respecto de aquellos “causados” pero no exigibles, que resulta válido el negocio
jurídico de la capitalización de intereses.
Para la Corte, en consecuencia, las
diferentes posiciones jurídicas en lo concerniente al alcance del artículo
2235, corresponden preferentemente a un debate de índole legal. En todo caso,
la norma acusada  y sus diferentes lecturas estructurales,  no resultan en modo
alguno inconstitucionales, teniendo en cuenta que tal y como lo ha reconocido
la Corte en otras oportunidades, de ellas no se desprende prima facie
vulneración alguna de las disposiciones de la Carta,  y  su control, en este
sentido, resulta  menos estricto. Así, reconoce esta Corporación que no
contradice en modo alguno los preceptos constitucionales, que el legislador, en
virtud de su competencia, decida prohibir el anatocismo, - tal y como lo reconoció
la sentencia C-367 de 1995 -, o que incluso reconozca la capitalización de
intereses, - avalada en todo caso por esta Corporación [11] y por el Consejo de
Estado -, siempre y cuando no se perturben los  intereses constitucionales. En
efecto, es claro que la sentencia C-747 de 1999 de esta Corporación, señaló que
la capitalización de intereses per se, no podía considerarse inconstitucional,
y que en consecuencia, la evaluación correspondiente debía adelantarse en cada
caso concreto, como ocurrió en esa ocasión con los créditos de vivienda. En ese
orden de ideas,  sostuvo esa providencia que:
"(...) se
encuentra por esta Corporación que la "capitalización de intereses"
en créditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no resulta violatoria
de la Constitución, por lo que no puede declararse su inexequibilidad  de
manera general y definitiva para cualquier clase de crédito de esa especie.
4.3.  Sin
embargo, cuando se trate de créditos para la adquisición de vivienda, es
evidente que la "capitalización de intereses", sí resulta violatoria
del artículo 51 de la Constitución (...)"[12]
En mérito de lo anterior, la Corte reconoce
entonces, que cualquiera de las dos interpretaciones puede resultar
constitucional, teniendo en cuenta que el debate es de índole legal  y que
compete su definición al legislador o a las autoridades correspondientes en
materia de interpretación jurídica de la misma. En efecto, desde el punto de
vista constitucional y en lo concerniente ”al  aspecto material, no pugna
con la Carta que una ley... modifique  los criterios que ella había plasmado
antes acerca de los asuntos objeto de legislación”[13] o consagre nuevos
criterios, precisamente porque desde el punto de vista de la consagración legal
y de la definición de ámbitos jurídicos, las competencias son claramente del
legislador, en los términos que precisa  la Carta. Ahora bien, en todo caso,
parece ser que la jurisprudencia y la  doctrina parecen haber tomado un rumbo
en favor de la prohibición del anatocismo y  de la autorización de la
capitalización de intereses, en los términos definidos por la jurisprudencia
contencioso administrativa.
10.
Por todo lo anterior, esta Corporación debe necesariamente concluir,  que el
inciso primero del artículo 2232, y el artículo 2235 del Código Civil, son
materialmente exequibles, en virtud del análisis anterior. Sin embargo, aún
restan por definir  tres cargos presentados por el actor en relación con las
normas en comento. Uno de ellos,  es el de la violación del principio a la igualdad
en razón de la diferencia normativa entre el Código Civil y el Código de
Comercio;  otro,  la aparente vulneración del derecho a la propiedad y del
acceso a ella en virtud de dicha diferencia, y el último,  la aplicación
preferente de la ley posterior, es decir la comercial, frente a la legislación
civil.
La diferencia normativa en materia de
intereses entre el Código Civil y el Código de Comercio, no  es contraria al
artículo 13 de la Carta.
11- Tal y como lo ha precisado la Corte
Constitucional en un sin numero de oportunidades[14],  y como lo reconocen
gran parte de los intervinientes y la Vista Fiscal, el principio de igualdad
contenido en el artículo 13 de la Carta, no impone la obligación constitucional
de establecer un trato igual a todos los sujetos de derecho o destinatarios de
las normas  de  una manera matemática e irrestricta, sino que reconoce la
existencia de situaciones disímiles[15]
frente a las cuales, el legislador  puede válidamente establecer consecuencias
jurídicas diferentes, dentro del ejercicio de su competencia.
En efecto, la jurisprudencia constitucional
ha dejado en claro, que el principio de igualdad así entendido, exige un trato
idéntico para supuestos iguales o análogos y permite una regulación distinta
frente a circunstancias que presentan características diferentes, pues
pretende establecer la identidad entre los iguales y la diferencia entre los
desiguales.
Por ende ,  para determinar si frente a una
situación específica se puede presentar un trato discriminatorio como lo alega
el demandante en relación con los dos estatutos legales que confronta, es
necesario determinar primero si nos entramos frente  a situaciones virtualmente
idénticas que ameriten efectivamente el  tratamiento igual que se pretende de
ellas; si el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación
objetiva y razonable, acorde con la finalidad y los efectos que se deriven de
él;  si la diferencia establecida es  proporcional y racional,  en la medida en
que no sólo cuente con un sustento legal sino que al ser aplicada, no afecte
desmedidamente los intereses jurídicos de otros grupos; y si responde
finalmente,  a los propósitos legítimos que pretende lograr el legislador al
determinar ese tratamiento especial. En conclusión, puede existir un trato
diferente siempre y cuando sea razonable y justo; si la diferenciación no es
razonable o es injusta, se convierte en una forma de discriminación,
efectivamente proscrita por la Constitución[16]
Al respecto es claro que,  las discriminaciones que se establecen frente a
hipótesis análogas o iguales quiebran el principio constitucional a la
igualdad, cuando carecen de  justificación.
En efecto, la igualdad se rompe, cuando el
Estado  otorga preferencias o establece discriminaciones entre los asociados,
si éstos se encuentran en igualdad de circunstancias  o en un nivel equiparable
desde el punto de vista fáctico. [17]
Ahora bien, la Corte ha reconocido así
mismo, que "el trato diferente para fenómenos también diversos tiene que
fundarse igualmente en motivos razonables que justifiquen la diferencia, con el
objeto de no eliminar de plano la igualdad,  por una apreciación exagerada de
características distintas. (...) En otras palabras las divergencias de trato
para fenómenos desiguales tienen que ser proporcionales  a la desigualdad misma
sobre la cual recaen"[18]
.
En el caso que nos ocupa, el demandante ha
insistido en la aparente vulneración al artículo 13 de la Carta, en virtud de
la diferenciación existente en el régimen de intereses de la legislación civil
y la legislación comercial. Por ende, procederá la Corte, bajo los criterios
anteriormente enunciados a determinar si tal diferenciación implica
efectivamente una vulneración del derecho constitucional invocado.
12- Así, la Corte reconoce claramente que
los actos jurídicos que regulan tanto el Código de Comercio como la legislación
civil, presentan una naturaleza diversa entre ellos, - independientemente de si
se ubica el estudio de uno y otro régimen dentro del específico ámbito del
derecho privado -, no sólo por identidad de las esferas de aplicación de cada
estatuto, sino por la diversidad de aspectos que deben regular.  Sin embargo,
también reconoce que hay temas homólogos en ambas legislaciones, "cuyas
fronteras no pueden hoy definirse con precisión, dadas las modernas
tendencias del Derecho y la veloz evolución de los fenómenos objeto de él, de
donde resulta que es la ley la llamada, finalmente, a resolver cuál es el campo
normativo ocupado por cada uno.(...)". [19]
Ahora
bien, para esta Corporación es claro, que esa diversidad inicial que se
desprende de  ambos sistemas normativos, ha sido entendida y reconocida de
tiempo atrás por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de procesos históricos
paulatinos, que han exigido normas mucho más ágiles y expeditas específicamente
para las actividades mercantiles, a fin de asegurar no solo la seguridad
jurídica requerida para el efectivo cumplimientos de sus propósitos, sino la
rapidez y la agilidad de las transacciones  mercantiles, propias de las
exigencias derivadas del mundo de los negocios.  Esa especialidad de la
legislación mercantil frente a la civil  se concreta entonces, específicamente
i) en el régimen propio y autónomo que regula las relaciones mercantiles, ii)
en la especificidad con que el legislador determinó la conveniencia de
incorporar la legislación civil sólo ante los vacíos derivados de la
imposibilidad de aplicar  la legislación mercantil, (artículo 1º y 2º  del
Código de Comercio),  y iii) de las circunstancias propias y especiales de cada
régimen, por ejemplo, de la naturaleza de los contratos mercantiles, o de las
disposiciones que en materia comercial permiten acudir a la costumbre
internacional para ir al compás del vertiginoso desarrollo tecnológico que se
exige.
13-Así mismo, es importante precisar que
tanto el estatuto civil como el estatuto comercial, tienen su específico campo
de aplicación en las actividades afines con las materias que regulan. Por ende
si un comerciante debe realizar una actividad de carácter civil, se tendrá que
regir por la legislación civil correspondiente. Igualmente, si un ciudadano no
comerciante, (art. 11 C.Co), debe realizar algún tipo de acto de comercio (art.
20 C. Co.), esa específica actividad lo habilita para sujetarse a las normas
que sobre el particular fije el estatuto mercantil, circunstancia que desvirtúa
la aparente discriminación en razón de la persona que señala el demandante, en
lo concerniente a la aplicación del Código de Comercio. Igualmente, así como se
consagran en favor del comerciante unos beneficios propios de su actividad
habitual, permanente y profesional, precisamente por el ánimo de lucro que
subyace a su labor, también se le imponen al mismo tiempo obligaciones mercantiles
(artículo 19 C.Co), necesarias para asegurar la publicidad e idoneidad de los
negocios. En ese orden de ideas, el estatuto mercantil, desde el punto de vista
del comerciante o de la regulación de los  actos de comercio, - es decir, desde
su aspecto subjetivo u objetivo respectivamente -,  debe ser entendido como un
régimen mixto, que no privilegia en función de las personas, sino que establece
derechos y obligaciones derivados exclusivamente de las relaciones de tipo
mercantil que regula. Claro está, que los actos mercantiles se distinguen  por
su  habitualidad, lo que exige necesariamente el carácter “profesional” de
quien los realiza, carácter,  que no es predicable de los actos civiles. En el
mismo sentido, es de la naturaleza de los actos de comercio su finalidad de
lucro, mientras que los civiles, si bien normalmente pueden pretender dicha
finalidad, la ausencia de ella o la gratuidad,  no los desnaturaliza.
14-
Ahora bien, desde el punto de vista específico del régimen de intereses que fija
uno y otro estatuto, es claro que en lo concerniente  a los intereses
convencionales, la  expresión de voluntad debe respetar los topes máximos
que el legislador  señala como protección de los abusos, en ambas
legislaciones. Así, en relación con i) los intereses remuneratorios
convencionales, el código civil permite acordar libremente  entre  las
partes la cuantía del interés, circunscribiéndose a señalar como  límite de tal
autodeterminación, que no se  pueda superar en una mitad el interés corriente
(el que se cobra en una plaza determinada),  vigente al momento del convenio,
so pena de perder el exceso, mediante  solicitud al juez de reducirlo. (art.
2230). En el  Código de Comercio se permite a las partes establecer intereses
remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y cuando no excedan del
interés bancario corriente certificado por la Superbancaria, so pena de perder
la totalidad de los intereses cuando se presente el exceso (art. 884). ii)
Respecto de los intereses moratorios convencionales, el Código Civil
fija el mismo criterio que se señaló en el caso de los intereses remuneratorios
y su regulación, por cuanto el Código Civil hace alusión a los intereses
convencionales,  sin discriminar si son remuneratorios o compensatorios. Por su
parte,  el tope máximo al cual circunscribe la legislación comercial la
voluntad de las partes para fijarlos, es de una y media veces el interés
bancario corriente, con idéntica sanción de pérdida de la totalidad de los
intereses en caso de exceso.
De
otro modo, los intereses legales,  son aquellos cuya tasa
determina el legislador. No operan cuando los particulares han fijado
convencionalmente los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión
de voluntad a fin de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo
puede ser gratuito u oneroso, a instancia de las partes,  pero en ausencia de
manifestación alguna en cuanto a los iii)  intereses remuneratorios, se
presume que el mutuo es gratuito. En  el evento en que las partes hayan
estipulado la causación de intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía,
el interés legal fijado,  es el 6% anual. En el Código de comercio, por el
carácter oneroso de la actividad mercantil se presume  el interés lucrativo,
por ende se excluye el carácter gratuito del mutuo,  salvo pacto expreso en
contrario, de tal forma que el interés legal equivale al bancario corriente,
salvo estipulación en contrario. Cuando se trata de,  iv) intereses
moratorios, en el Código Civil,  se dispone que en ausencia de estipulación
contractual sobre intereses moratorios, se siguen debiendo los intereses
convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal, o en ausencia
de tal supuesto  empieza a deberse el interés legal del 6%; sin perjuicio de
los eventos legales en que se autoriza  la causación de intereses corrientes
(art. 1617). En el caso  comercial, la inexistencia de previsión convencional
sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario
corriente.
15- En ese sentido, no se vulnera en
materia de intereses, el principio de igualdad entre estas dos legislaciones,
como lo pretende el actor,  precisamente,  porque el Código Civil tiene en ese
aspecto su campo de aplicación para los negocios jurídicos civiles, mientras
que los intereses de que trata el Código de Comercio se predican de los
negocios mercantiles. En ese orden de ideas, es claro que desde el punto de
vista del test de igualdad presentado en la primera parte de esta reflexión, es
evidente que nos encontramos frente a situaciones virtualmente diferentes,  que
en consecuencia,  pueden gozar de un tratamiento diverso, más aún si como se ha
visto, el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación objetiva
y razonable. En efecto, la finalidad del legislador en este caso, era la de
contar con dos regímenes legales, cada uno estructurado acorde con su
especialidad, tal y como lo expresan las normas particulares, que permitiera
asegurar una regulación expedita del las áreas de su competencia. Por
consiguiente, no resulta contrario a la Carta ni al principio a la igualdad,
que el legislador haya procedido a definir el ámbito de cada estatuto jurídico,
ni que en materia de intereses haya consagrado unas normas específicas en cada
caso, acorde con la especialidad de regímenes jurídicos.
Así  las cosas, tal y como lo señaló la
sentencia C-485 de 1995, la Corte no encuentra razón valedera para sostener que
la existencia de diversas tasas de interés, consagradas incluso en diferentes
regímenes, violen el principio de igualdad establecido por el artículo 13 de la
Constitución. En efecto, “la vida de los negocios implica una variedad muy
amplia de situaciones en las cuales pueden encontrarse un acreedor y un deudor.
Por ende, la existencia de diversas tasas de interés, no viola el principio de
igualdad, sencillamente porque su aplicación depende de múltiples factores”,  -
más aún cuando se trata de dos sistemas normativos diversos -, “que nada tienen
que ver con las discriminaciones prohibidas por el artículo 13 de la
Constitución”.[20]
De todo lo anterior se desprende que las
diferencias establecidas por el legislador, en materia civil y comercial, son
objetivas y razonables, motivo por el cual no se contradicen en modo alguno los
postulados constitucionales que hacen posible y regulan el principio de
igualdad en la Carta.
16- En mérito de lo expuesto, es claro que
no resultan procedentes tampoco, los cargos del actor dirigidos a considerar
que la diferencia en materia de intereses entre el código civil y el comercial,
lesiona el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a ella de los
asociados,  no sólo porque cada régimen es diverso y no puede haber lugar a su
comparación, sino porque de todas maneras, en cada caso, las normas de cada uno
de los regímenes están orientadas precisamente a tratar de garantizar tales derechos
en  favor de quienes tienen obligaciones civiles o comerciales,
respectivamente.
Así mismo, tampoco puede aducir el actor
que se produjo la derogatoria del artículo 1617 del estatuto civil en virtud de
la expedición del artículo 884 del Código de Comercio,  precisamente porque el
ámbito de aplicación del artículo 884 es especial en relación con del Código
Civil , y en consecuencia, no opera ninguno de los presupuestos consagrados en
el artículos 3º de la ley 153 de 1887.
La presunta posibilidad de una unidad
normativa y la participación ciudadana en el control constitucional de las
leyes.
17- Según el actor, las normas acusadas son
inconstitucionales en la medida en que resultan contrarias al derecho a la
igualdad consagrado en la Carta, cuando  se confrontan con las disposiciones
mercantiles, precisamente porque la diferencia de regímenes favorece a los
comerciantes y discrimina al ciudadano que no ostenta dicha calidad. Esto
significa que para el actor, el fundamento de su apreciación y su queja, es
precisamente la comparación  entre dos tipos de legislaciones, lo que exigió
inicialmente un pronunciamiento por parte de la Corte, tendiente a poner de
presente a los ciudadanos,  la eventual necesidad de realizar unidad normativa
con los artículos 884, 885 y 886 del Código de Comercio que regulan el régimen
de los intereses,  en materia mercantil. Esta probabilidad de que fuera
necesario el examen constitucional de normas no demandadas por el actor planteó
una tensión entre la defensa de la supremacía de la Carta, que corresponde a
esta Corte (CP art. 241), y la naturaleza participativa del control
constitucional en Colombia, motivo por el cual se invitó a las entidades
públicas y privadas, y a la ciudadanía en general, para que, si lo deseaban,
intervinieran como impugnadores o defensores de los artículos en mención.
Con todo, la Corte considera que en esta
oportunidad, no se dan los presupuestos necesarios para que proceda la unidad
normativa, en la medida en que la comparación entre las normas civiles y
mercantiles que exigía el actor se ha realizado, sin que resulte necesario un
pronunciamiento de fondo y material sobre las disposiciones comerciales que no
fueron efectivamente acusadas. Por consiguiente, si hay aspectos que en sí
mismos se consideren incompatibles con la Constitución en el caso de los
artículos que en materia de intereses contempla la legislación comercial, será
necesario  acusarlos en debida forma ante este Tribunal.
Así mismo, la Corte aclara que las
invitaciones dirigidas a los ciudadanos intervinientes, y que son procedentes
en algunos casos para potenciar la participación ciudadana,  en modo alguno
deben ser entendidas como una forma de prejuzgamiento sobre la
constitucionalidad de las normas impugnadas, ya que el pronunciamiento de fondo
de esta Corporación sólo se efectúa en la sentencia. En este caso, el
pronunciamiento de fondo, en consecuencia, sólo ha tenido lugar respecto de los
artículos civiles acusados por el actor, precisamente porque no se cumplen en
su total dimensión,  los presupuestos necesarios para que se de la unidad
normativa[21]
y se justifique por esta vía, entrar a conocer constitucionalmente,
disposiciones que en sí mismas no han sido demandadas.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el  inciso primero del
artículo 2232 y el artículo 2235 del Código Civil.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-364/00
CAPITALIZACION DE
INTERESES-Alcance respecto
al orden justo (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-2470
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2232 parcial y 2235 del Código Civil.
Actor:  Luis Alfonso
Acevedo Prada
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
En punto a la capitalización de intereses,
me permito reiterar las consideraciones expuestas en el salvamento de voto
presentado por el suscrito a propósito de la sentencia C-747 de 1999:
"¿La
capitalización de intereses atenta contra el orden justo?
7. Como entra a
explicarse, las razones hasta ahora expuestas son suficientes para despachar,
por inaceptable, el argumento según el cual la capitalización de intereses
genera un beneficio inconstitucional -  contrario al orden justo -, para las
entidades prestamistas. La obtención de lucro no es contraria al modelo de
justicia ínsito en la Carta. Por otra parte, no se ha demostrado que la
capitalización de intereses genere el mencionado lucro. Para ello habría que
probar que el interés mismo supone un aprovechamiento indebido. Se advierte en
la sentencia, a este respecto, un temor irracional frente a las instituciones
del mercado, lo que no sería preocupante si no significara un retroceso a un
tipo de mentalidad pre-moderna, que traducida en hechos de Estado podría
generar una pérdida neta de bienestar para los habitantes del país y,
consecuentemente, un rezago adaptativo frente a las condiciones de
funcionamiento de la economía contemporánea.
8. La sentencia de
la Corte - acogiendo en este punto la tesis sostenida en la sala Plena por el
magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz -, señala que “la capitalización de
intereses en créditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no
resulta violatoria de la Constitución, por lo que no puede declararse su
inexequibilidad de manera general y definitiva para cualquier clase de crédito
de esa especie”. Sin embargo, a renglón seguido, incurre en una manifiesta
contradicción constitucional, al declarar - sin aducir ningún argumento de peso
-, que dicha capitalización de intereses sí quebranta el artículo 51 de
la Constitución cuando se trate de créditos para la adquisición de vivienda.
Si el sistema de
capitalización de intereses no es inconstitucional per se, no se
entiende cómo deviene inconstitucional cuando se aplica a los créditos de largo
plazo destinados a adquirir vivienda. Precisamente, esta modalidad financiera
se justifica en economías inflacionarias y en relación con créditos de mediano
y largo plazo. De ahí que para financiar proyectos de larga maduración o la
compra de unidades habitacionales, en las condiciones propias del país, el
sistema de pago de los créditos mediante cuotas fijas sin capitalización de
intereses, se presente en la práctica demasiado exigente para el deudor. De la
misma manera que el crédito sin capitalización de intereses dirigido a
financiar proyectos de larga maduración, no es adecuado en razón de que resulta
más oneroso al principio - cuando ni siquiera se producen rendimientos que
sirvan de fuente de pago -, tampoco en los créditos de vivienda de largo plazo
este mecanismo de financiación sería el más idóneo, por lo menos en lo que
respecta a las personas de menores ingresos que aspiran a incrementarlos
durante el plazo del mutuo, y en tanto el inmueble se valoriza.
Si la financiación
de mediano y de largo plazo, puede desarrollarse a través de cualquiera de los
dos sistemas de pago, no existe ninguna razón atendible para que la financiación
de vivienda de largo plazo, pese a producirse en el mismo escenario
señaladamente inflacionario y de precario desarrollo del mercado de capitales,
sólo pueda articularse mediante el método de cuotas fijas sin capitalización de
intereses. Se asiste a una penosa involución en el desarrollo económico del
país y de las técnicas financieras, que no reclama la Constitución Política,
sino que se origina en su equivocada interpretación. En últimas, por causa de
un mal entendido paternalismo estatal, se sacrifica a las personas de menores
ingresos. No se alcanza a comprender cómo se declara inconstitucional por
“inadecuado” un sistema de pago de los créditos, que puede ser “adecuado” para
financiar a los sectores de bajos ingresos, cuando no, en muchos casos, el más
apropiado para hacerlo. Se quiere proteger al deudor, pero en la realidad se
lleva a cabo su mutilación financiera."
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
[1] Corte
Constitucional. Sentencia C-367 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] Corte
Constitucional. Sentencia C-485 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
[3] Corte
Constitucional.  Sentencia C-367 de 1995.
[4] Salvamento de Voto.
Sentencia Consejo de estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992. M.P. Miguel
González Rodríguez.
[5] Fernando Velez. Estudio
sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Octavo. París, Francia .
[6] Fernando Velez.
Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Octavo. París, Francia.257.
[7] Ibídem .
[8] Sentencia Consejo
de estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992. M.P. Miguel González Rodríguez.
[9] Salvamento de Voto.
Sentencia Consejo de estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992. M.P. Miguel
González Rodríguez.
[10] Sentencia Consejo
de estado. Sección Primera. Marzo 27 de 1992. M.P. Miguel González Rodríguez.
[11] Corte
Constitucional. Sentencia C-747 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[12] Corte
Constitucional. Sentencia C-747 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[13]Sentencia C-485 de
1996, con ponencia de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo y
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Al respecto
confrontar entre otras las sentencias C-094/93 y C-005/96. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-330 de 1993 y C-345/93. M.P Alejandro Martínez Caballero;
T- 394/93 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[15] Sentencia T-422 de
1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Sentencia C-345 de
1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[17] Sentencia C-384/97.
M.P José Gregorio Hernández Galindo
[18] Sentencia C-005
/96. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[19]Sentencia C-485 de
1996, con ponencia de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo y
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[20] Sentencia C-485/95.
Arango.
[21] Ver sentencia C.320
de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero.