C-795-14
Sentencia C-795/14
DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS COMO
COMPONENTE DE REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Autonomía e independencia
de los derechos reconocidos a terceros de buena fe exentos de culpa
El derecho a la restitución de tierras como componente
de la reparación integral de las víctimas reconocidas en el marco de la Ley
1448 de 2011, es autónomo e independiente de los derechos reconocidos a los
terceros de buena fe exenta de culpa. El aparte demandado resulta contrario a
la Constitución y al orden internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, al resultar excesivamente gravoso y lesivo para los
intereses y derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral.
Todo lo cual comporta una restricción particularmente significativa e intensa
en las garantías constitucionales de las víctimas, que impide la plena certeza
de la satisfacción de su derecho a la restitución, como principal fuente de
estabilidad social, laboral, económica y familiar. La carga adicional impuesta
sobre las víctimas del despojo o abandono forzado se hace aún más latente
tratándose de víctimas que tienen un mayor trato preferencial por su situación
de vulnerabilidad e indefensión.
MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Proceso de entrega de
predio objeto de restitución a favor del despojado
ENTREGA DE PREDIO OBJETO DE RESTITUCION A
FAVOR DEL DESPOJADO-Garantías a opositores u ocupantes secundarios
JUSTICIA TRANSICIONAL-Definición
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Instrumentos
internacionales/DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Estándares internacionales
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Marco
constitucional/DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Subreglas jurisprudenciales
DERECHO A LA VERDAD-Definición
DERECHO A LA JUSTICIA-Contenido y
alcance
DERECHO A LA REPARACION-Contenido/JUSTICIA
RESTAURATIVA O REPARADORA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS
VICTIMAS-Elementos/DERECHO A LA REPARACION DE LAS VICTIMAS-Reglas
jurisprudenciales
Las sentencias SU.254 de 2013
y C-912 de 2013 sintetizaron los elementos que incorpora el derecho de las
víctimas a obtener una reparación, pudiendo resaltarse: (1) El derecho a
obtener una reparación integral implica el deber de adoptar distintas medidas
orientadas a la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los
derechos fundamentales de las víctimas. Tales medidas
han de incluir cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, hace
referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho
de la violación, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o
despojadas. De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la
compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño
causado. La reparación integral incluye otras medidas como (3) la
rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica,
así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines;
(4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la
reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que (5)
garantías de no repetición, para asegurar que las organizaciones que
perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que
permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que
las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan. (2)
La reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos tiene una dimensión individual y una colectiva. En su primera faceta la
reparación incluye medidas como: la restitución, la indemnización y la
readaptación o rehabilitación; en su dimensión colectiva la reparación se
obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de
medidas que se proyecten a la comunidad. (3) El ordenamiento ha previsto
dos vías principales – judicial y administrativa - para hacer efectivo el
derecho a la reparación de las víctimas individuales y colectivas de delitos en
general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y del
desplazamiento forzado en particular. (4) La reparación integral a las víctimas
debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda
humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que no pueden confundirse
en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad. Finalmente,
la sentencia C-180 de 2014 señaló que las víctimas en materia de reparación
tienen en términos generales dos derechos: i) la disponibilidad
de un recurso efectivo, impone al Estado distintas obligaciones de
procedimiento frente al ejercicio del derecho a la reparación como el respeto a
la dignidad de las víctimas, la garantía de medios que les permita participar
en el diseño y ejecución de los programas de reparaciones, y el deber de
garantizar mecanismos efectivos, adecuados y de fácil acceso, a través de los
cuales, sin discriminación alguna, puedan obtener una reparación que atienda la
gravedad del daño e incluya restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y medidas para evitar la repetición; y ii) el derecho a ser
reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos, impone al Estado la
obligación de reparar a las víctimas teniendo en cuenta las distintas formas
que se han mencionado de reparación; el deber de reparar sin perjuicio de que
luego repita contra el autor de la violación; proceder a efectuarla sin
establecer distinciones injustificadas entre las víctimas; y garantizar la
ejecución de las decisiones judiciales que impongan medidas de reparación
GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y
alcance
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Imponen deberes
correlativos en las autoridades públicas
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Resarcimiento
integral del perjuicio causado bajo postulados mínimos
DERECHO A LA RESTITUCION PARA LA REPARACION
INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA
RESTITUCION-Definición
DERECHO A LA RESTITUCION PARA LA REPARACION
INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Principios que deben orientar la política pública
Entre los principios que deben
orientar la política pública en materia de restitución a las víctimas, se ha
identificado: “(i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y
principal para la reparación de las víctimas al constituir un elemento esencial
de la justicia restitutiva. (ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es
independiente de que las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado
forzadamente sus territorios, retornen o no de manera efectiva. (iii) El Estado
debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para
aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la
víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello. (iv) Las medidas de
restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe
quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias. (v) La
restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la
devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía de
derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen
las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de
los bienes. (vi) En caso de no ser posible la restitución plena, se deben
adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles
que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos
de indemnización como compensación por los daños ocasionados. (vii) El derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un
manejo integral en el marco del respecto y garantía de los derechos humanos,
constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo
claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo,
autónomo e independiente.
DERECHO A LA RESTITUCION-Fundamental/DERECHO
A LA RESTITUCION DE BIENES A PERSONAS DESPLAZADAS-Fundamental
JUSTICIA RETRIBUTIVA-Características
DERECHO A LA RESTITUCION DE BIENES A
PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO QUE HAN SIDO DESPOJADAS-Titulares
Los titulares de este derecho
son aquellos que antes del despojo o el abandono tenían una relación particular
con la tierra. Se trata de aquellos que eran titulares del derecho real de
dominio -por reunir título y modo- o que se comporten con ánimo de señor y
dueño como en el caso de los poseedores en vía de adquirir por prescripción
–derecho real provisional- o los explotadores de baldíos que a pesar de sus
actividades de explotación no pueden adquirir por prescripción atendiendo la
naturaleza de los bienes ocupados.
DERECHO A LA RESTITUCION DE BIENES A
PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO QUE HAN SIDO DESPOJADAS-Derechos de
los opositores/DERECHOS DE LOS OPOSITORES EN PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Jurisprudencia constitucional/PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Participación
de terceros de buena fe, que han celebrado negocios jurídicos sobre bienes/BUENA
FE SIMPLE Y BUENA FE CUALIFICADA-Distinción
PROTECCION
DE LA TIERRA RURAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO-Alcance
REGIMEN ESPECIAL DE RESTITUCION A FAVOR DE
LAS VICTIMAS-Oposiciones y compensaciones contenido en Ley 1448 de 2011
DERECHO A LA RESTITUCION-Principios
ACCION DE RESTITUCION-Naturaleza
DERECHO A LA RESTITUCION-Titulares
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Procedimiento
PROCESO DE RESTITUCION-Especial
protección para las mujeres
RESTITUCION DE LA TIERRA EN LA JUSTICIA
TRANSICIONAL-Elemento impulsor de la paz
DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LOS TERCEROS DE
BUENA FE EXENTOS DE CULPA-Tensión
VICTIMAS DE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Protección especial del Estado
VICTIMAS DE DESPOJO O ABANDONO FORZADO-Transgresión
al derecho a la tutela judicial efectiva al imponer carga adicional de
esperar que se cumpla con la obligación de pagar compensación a favor del
tercero de buena fe exenta de culpa
SENTENCIA A FAVOR DE TERCERO DE BUENA FE
EXENTO DE CULPA-Pago de compensación con inmediatez y eficacia
OPOSITORES DE BUENA FE EXENTOS DE CULPA-Protección
constitucional
Referencia: expediente D-10190.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 100, parcial,
de la Ley 1448 de 2011.
Asunto: los derechos de las víctimas a la entrega inmediata
y efectiva de los predios restituidos. La garantía de la compensación oportuna
a los terceros de buena fe exenta de culpa.
Actores: Rocío del Pilar Peña Huertas, Ricardo Álvarez y
Santiago Zuleta.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C.,  treinta (30) de octubre
de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez
cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto ley 2067 de
1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad los ciudadanos Rocío del Pilar Peña Huertas, Ricardo
Álvarez y Santiago Zuleta solicitan a la Corte Constitucional que declare la
inexequibilidad parcial del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011.
II.  TEXTO DE LA NORMA PARCIALMENTE
ACUSADA
A continuación se resalta el aparte
demandado:
“LEY 1448 DE 2011
(Junio 10)[1]
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO
100. ENTREGA DEL PREDIO RESTITUIDO. La entrega del predio objeto de restitución
se hará al despojado en forma directa cuando este sea el solicitante, o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
a favor del despojado, dentro de los tres días siguientes al pago de las
compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello,
o dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Para la
entrega del inmueble el Juez o Magistrado de conocimiento practicará la
respectiva diligencia de desalojo en un término perentorio de cinco (5) días y
para ello podrá comisionar al Juez Municipal, quien tendrá el mismo término
para cumplir con la comisión. Las autoridades de policía prestarán su concurso
inmediato para el desalojo del predio. De la diligencia se levantará un acta y
en ella no procederá oposición alguna.
Si en
el predio no se hallaran habitantes al momento de la diligencia de desalojo se
procederá a practicar el allanamiento, de conformidad con los artículos 113 y
114 del Código de Procedimiento Civil. En este caso se realizará un inventario
de los bienes, dejándolos al cuidado de un depositario.”
III.    LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Para los accionantes el segmento
demandado viola los artículos 1º, 2º, 5º, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 42, 44, 48,
51, 58 y 229 de la Constitución, así como el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Empiezan por señalar que en su estructura la
norma acusada establece un mandato y una condición, dado que (i) dispone la
orden de entregar el predio objeto de restitución al solicitante o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en
adelante Unidad Administrativa Especial GRTD) a favor del despojado y (ii) prevé
que para la verificación de la entrega del predio es necesario que acontezca
previamente el pago de las compensaciones a favor de los opositores a la
restitución.
Encuentran que la efectividad de la
restitución, que constituye el eje central del proceso, se impide hasta cuando
el Estado no satisfaga su carga económica, con lo cual la víctima no podrá
acceder de forma plena y directa a la entrega del predio  al quedar suspendido
a la eventualidad que el Estado pague la compensación, imponiendo así una nueva
carga. Explican que “a la carga del despojo y a la carga del desplazamiento
forzado, el artículo 100 de la Ley 1448 impone otra a la parte vulnerable de la
restitución, como es tener que esperar la actuación del Estado para
perfeccionar el derecho que supuestamente le fue restituido. Así la víctima
tiene que esperar indefinidamente ahora la actuación del Estado, que estuvo
ausente cuando ocurrió el despojo y el desplazamiento.”
Identifican tres (3) cargos independientes
de inconstitucionalidad:
a) Vulneración del derecho a la
igualdad. Atendiendo los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la
Constitución, indican que las víctimas son sujetos de especial protección
constitucional, por lo que se les debe brindar un trato favorable al constituir
un grupo marginado y en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición
de pobreza. Estiman que son merecedores de acciones afirmativas (ej. niñ@s,
mujeres cabeza de familia, discapacitados y personas de la tercera edad). El
legislador no estableció un trato favorable al despojado o desplazado en
materia de entrega del bien restituido, cuando la Constitución le impone
otorgar dicha protección preferente.
En esta medida, la afectación del
derecho a la igualdad la hacen consistir en: i) no establecer un trato preponderante
a un grupo vulnerable e ii) imponer una carga desproporcionada que las víctimas
por su condición no tienen la obligación de soportar. Sobre el primer aspecto
exponen que las víctimas (despojo y abandono forzado) no constituyen un simple
sujeto procesal dentro del proceso civil ordinario, sino que atendiendo el
procedimiento especial de restitución (Ley 1448/11) y motivado por un acto usualmente
violento y ejecutado por grupos armados, busca favorecerse con un trato preferente
por ser la parte débil de la relación procesal. Aseveran que la compensación,
que nace como una nueva relación jurídica patrimonial, está circunscrita al
titular de la misma respecto del Estado, pero no incumbe a la víctima.
En el segundo tópico expresan que las
víctimas han tenido que sobrellevar varias cargas como el abandono del Estado
(art. 2º superior); la persecución, el empobrecimiento y la afectación de
derechos fundamentales (amenaza de la vida y de su familia, riesgo de no poder
sobrevivir, libertad de circulación, planes de vida propio y familiar, derecho
a la propiedad, educación de sus hijos, etc.); y tras haber obtenido la
restitución el Estado ahora le informa que debe tolerar otra carga que no tiene
el deber jurídico de soportar. Así estiman desproporcionada la medida adoptada,
ya que la víctima no está en la obligación de sobrellevar más barreras como
tener que esperar a que el Estado pague la compensación para volver al predio
objeto de restitución. Aclara que con la sentencia nace una nueva relación jurídica
entre el tercero y el Estado, y si éste no paga contará el opositor con todos
los mecanismos judiciales para hacer efectivo su derecho patrimonial (proceso
ejecutivo).
b) Desconocimiento del derecho a la
tutela judicial efectiva (arts. 29 y 229 superiores, y 25 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Luego de referir a la tutela judicial efectiva de
los derechos que ha sido vinculada con la garantía del recurso judicial
efectivo (debe producir el resultado para el cual ha sido concebido), sostienen
que no basta con la existencia formal del recurso (proceso de restitución),
sino que estos deben producir resultados reales (sentencia debe hacer entrega
inmediata y efectiva del bien a las víctimas), sin quedar sometido a condiciones
cuyo cumplimiento depende del Estado (compensación económica de terceros). Anotan
que se parte de la obligación de realizar plenamente el derecho a la
restitución. Impedir, entonces, la entrega material del bien hasta que se
realice el pago de la compensación por el Estado a los terceros, prolonga el
sufrimiento de las víctimas, despojados y desplazados.
c) Violación de los derechos
fundamentales de las víctimas (despojo y abandono forzoso). Evidencian la
existencia de varias decisiones sobre los derechos de las víctimas[2], la existencia de otras
providencias relacionadas con los despojados y primordialmente la sentencia
T-025 de 2004 en materia de desplazamiento forzado, procediendo a referir los
derechos que resultan infringidos, inscritos genéricamente como de justicia,
verdad, reparación integral (particularmente este derecho) y garantías de no
repetición:
-Vida en condiciones dignas (arts. 1º y
11 superiores). Con la condición impuesta se impide la entrega efectiva del
bien del cual fueron despojados, continuando las víctimas en situación de
indigencia o desplazamiento hasta que se cumpla realmente la sentencia de
restitución. También se instrumentaliza a las víctimas (dignidad humana) al ser
utilizadas como mecanismo de garantía para el pago de las compensaciones que
corresponde asumir al Estado.
-Goce efectivo de los derechos (art. 2º
superior). Con la imposición de la condición a cargo del Estado se obstruye la
efectividad del derecho a la restitución, a la propiedad y a la tutela judicial
efectiva del derecho reconocido mediante sentencia judicial.
-Primacía de los derechos inalienables
del ser humano (art. 5º superior). El establecimiento de la condición implica
de plano la afectación de tales derechos al privilegiar los patrimoniales del
compensado a cargo del Estado.
-Derecho al libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 superior). La victimización de las personas ha comportado
una ruptura en su plan de vida, por lo que con la medida legislativa adoptada
se perpetúa esta violación.
-Derechos a escoger un domicilio y a
permanecer en el lugar seleccionado para vivir (art. 24 superior). Al impedirse
la restitución efectiva del bien por la imposición de condiciones para la
entrega, se mantiene sobre el titular del derecho y su familia la violación del
derecho a la libertad de circulación y de residencia.
-Derecho al trabajo (art. 25 superior).
Se mantiene su afectación en tanto la falta de entrega efectiva del inmueble
les impide trabajar y obtener el mínimo vital para su subsistencia, toda vez
que de la tierra o de la parcela se deriva el sustento propio y de su familia.
-Derecho a escoger profesión u oficio
(art. 26 superior). Principalmente se ven truncadas las labores en el campo,
viéndose los agricultores forzados a migrar a las ciudades, abandonando sus
actividades habituales.
-Derecho a la unidad familiar y a la
protección integral de la familia (art. 42 superior). Impedir la entrega del
bien objeto de restitución implica mantener en desprotección a la familia,
obstaculizando el reencuentro familiar en el escenario de la propiedad de la cual
fueron despojados.
-Derecho a la vivienda digna (art. 51
superior). El derecho a la seguridad jurídica de la tenencia resulta afectado
por la barrera normativa que se demanda.
-Derecho a la propiedad (art. 58
superior). Se impide a los titulares el goce de sus derechos en virtud de una
condición legislativa que imposibilita la entrega del bien, además de imponer
una carga que las víctimas no están en la obligación constitucional de asumir.
En conclusión, consideran los
accionantes que con la condición normativa impuesta solo se cuenta con un
derecho formal, reconocido por una sentencia que dispone la restitución del
bien. Recalcan que hay vivienda en el papel pero no en la vida real, que solo
podrá materializarse mediante la transmisión inmediata e incondicionada del
predio. De esta manera, afirman que se termina manteniendo la violación de
derechos que existían antes de la sentencia de restitución.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Ministerio del Interior.
Solicita la inhibición o en su defecto la exequibilidad de la
disposición parcialmente impugnada. Señala que el concepto de la violación no
se expone adecuadamente, toda vez que la demanda se fundamenta en
jurisprudencia no pertinente, se parte de consideraciones subjetivas y no
existe una carga argumentativa suficiente. Ingresando al fondo del asunto,
considera que la norma acusada resulta válida constitucionalmente al formar
parte de un marco de protección a una población vulnerable, dentro del criterio
de igualdad material y la vocación de una pronta y cumplida justicia. Advierte
que la norma demandada debe ser interpretada sistemáticamente, guiada por los
principios rectores de la Ley 1448 de 2011 y aplicando el principio de
favorabilidad a las víctimas. Seguidamente observa que acoge la intervención
presentada en este asunto por la Unidad de Restitución de Tierras.
2.      Ministerio de Agricultura. Insta a la inhibición
respecto al cargo por violación del derecho a la igualdad y se declare exequible
el fragmento demandado. Informa que los accionantes no identifican los
grupos de personas, ni cuál es el tratamiento discriminatorio otorgado, aunque
entra a señalar que en ningún momento se pone en conflicto a las víctimas con
los poseedores de buena fe, dado que les da un trato por separado, resultando
acorde con el mecanismo de reparación integral para quienes se han visto
perjudicados por causa del conflicto armado interno. Observa que existiendo un
opositor que actuó de buena fe exento de culpa, lo que profiere el Magistrado
en este caso no es una condición para tomar una decisión sobre la restitución
del predio a favor de la víctima de despojo o abandono forzoso, ni tampoco es
un requisito previo para la entrega del bien restituido, dado que no fue
contemplado en la disposición demandada ni en el resto de las normas bajo la
cual debe ser interpretada.
Explica que existiendo un opositor en la fase
judicial, el Magistrado debe pronunciarse sobre la procedencia de la
compensación a favor de quien actúo exento de culpa. Considera inconstitucional
el evento en que se consagrara que la entrega del bien objeto de restitución se
efectuará después de transcurridos tres días desde que se hiciera el pago al
tercero de buena fe exenta de culpa. Esto no es lo que estipula la preceptiva
demandada, por lo que la restitución del predio debe cumplirse dentro de los
tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, siendo la interpretación
que se acompasa con la disposición demandada. La entrega del bien restituido a
la víctima es independiente del pago de la indemnización que se da al tercero
de buena fe exenta de culpa.
3.      Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Demanda la inhibición o en su defecto la exequibilidad del
aparte demandado. Asegura que los accionantes parten de apreciaciones
subjetivas y no pertinentes, que carecen de argumentos objetivos y
verificables, sin que se concreten los cargos formulados. No estima quebrantado
el derecho a la igualdad, porque además de adolecer la demanda de una clara
argumentación, la medida legislativa adoptada responde a la potestad de
configuración normativa.
4.      Ministerio de Defensa Nacional. Pretende
la exequibilidad de la norma parcialmente cuestionada. Luego de referir
a los tratados de derechos humanos y al derecho internacional humanitario
(bloque de constitucionalidad); a las obligaciones internacionales del Estado y
a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; a la
jurisprudencia constitucional sobre el concepto de víctimas; a la constitucionalidad
de las medidas especiales a favor de las víctimas del conflicto armado; y a la
concepción amplia del conflicto armado interno en Colombia; observa que la
demanda de inconstitucionalidad desconoce los principios orientadores de la ley
de víctimas (dignidad, buena fe, igualdad y trato diferencial, justicia
transicional y enfoque transformador), que no se limitan a la simple
restitución sino a tomar las reparaciones como una oportunidad para superar las
condiciones de exclusión de las víctimas, bajo el entendido que transformando
dichas condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases
para iniciar una verdadera reconciliación.
Esboza que la compensación a cargo del Estado es un
hecho constitutivo del derecho a la restitución. Se pregunta: ¿cómo pretender
que se haga la entrega jurídica y material a la víctima del bien restituido sin
haber hecho la compensación, cuando a ello hubiere lugar, al tercero poseedor
de buena fe? Afirma  que de hecho no habría entrega jurídica y el que no se
entregue el bien objeto de la restitución totalmente saneado, no permitiría a
la víctima el pleno goce (disfrute y explotación) del mismo. Estima que más que
representar un obstáculo, se está ante una garantía material y jurídica por
tratarse de derechos fundamentales de las víctimas (a la verdad, la justicia y
la reparación) del conflicto armado interno. Finalmente, resalta la importancia
de la interpretación sistemática de la Ley 1448 de 2011 en relación con la
Constitución.
5.      Departamento para la Prosperidad Social. Solicita
la exequibilidad de lo impugnado. Previa alusión al derecho a la
restitución de tierras, al pago de compensaciones y al cumplimiento de las
órdenes sobre estas materias, explica que las únicas compensaciones a las
cuales hace referencia la disposición impugnada son aquellas que eventualmente
se decreten a favor de los opositores de buena fe exentos de culpa, toda vez
que si el predio fue restituido al despojado a éste no le correspondería compensación
alguna. Así mismo, que la ley no determina un plazo cierto para el pago de las
compensaciones decretadas a favor de los opositores, ya que ello le corresponde
a la Unidad Administrativa Especial GRTD, con cargo al Fondo. Manifiesta que la
norma acusada no limita la aplicación del criterio anterior a casos
particulares, de manera que el plazo de tres días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia puede aplicarse en todos los casos, sin importar si se decretaron
o no compensaciones, o si las mismas se encuentran pendientes de pago.
Afirma que el derecho a la restitución de tierras,
como componente de la reparación integral de las víctimas, es autónomo e
independiente de los derechos reconocidos dentro del proceso judicial
correspondiente a los terceros de buena fe exenta de culpa. Por tanto,
corresponde al juez que dicte la sentencia o a la autoridad que deba cumplir la
orden judicial de entrega, dar aplicación al principio de favorabilidad a
efectos de que se materialice en el menor tiempo posible y bajo las condiciones
previstas en la ley. Colige que la ley prevé dos alternativas para el cómputo
del término de tres días fijado para la entrega del bien, sin que exista
prevalencia de una sobre la otra, por lo que no se configura una condición
necesaria para la entrega del predio restituido que pueda eventualmente
vulnerar los derechos del despojado.
6.      Unidad de Restitución de Tierras. Propugna
por la inhibición o en su defecto por la exequibilidad de la
norma demandada. Considera que los accionantes no realizaron una lectura
contextualizada, armónica e integral del artículo demandado, por lo que los
cuestionamientos obedecen a la falta de comprensión acerca de cómo opera la
medida de restitución, especialmente la etapa judicial del proceso a favor de
las víctimas del despojo y del abandono forzoso de tierras. Además, indica que
la demanda carece de razones suficientes que expongan los elementos de juicio
necesarios para emprender el estudio de constitucionalidad. Una vez referida la
finalidad de la Ley 1448 de 2011, los principios e instituciones del proceso de
restitución de tierras, el objetivo de las etapas administrativa y judicial, la
naturaleza y garantías a favor de las víctimas, los supuestos que se pueden
presentar en la etapa judicial de los procesos de restitución[3]
y las decisiones adoptadas por el juez o magistrado especializado,[4]
el interviniente entiende que los accionantes parten de una incorrecta y
aislada interpretación de la finalidad de la norma acusada.
Halla evidente que si en un caso existe opositor en
cuyo favor el magistrado dispuso una compensación por haber encontrado que obró
con buena fe exenta de culpa, dicha orden no se constituye en una condición
para decidir sobre la restitución del predio en favor de la víctima de despojo
o abandono forzoso, ni mucho menos se erige en prerrequisito para la
materializar la entrega del restituido, puesto que así no fue previsto en la
disposición demandada ni en el resto de la normatividad bajo la cual debe ser
interpretada. Bajo una lectura integral, arguye, es evidente que el
cuestionamiento de los accionantes no se desprende en grado alguno de la norma
acusada, más aún cuando el fallo, además de constituir título de propiedad
suficiente en favor de la víctima de despojo y abandono forzoso, lo que ordena
es restituirle. De este modo, la entrega del predio restituido a la víctima es
totalmente independiente del pago de la compensación que se da al tercero de
buena fe exenta de culpa, no conllevando una revictimización de las personas
despojadas.
Finalmente, expone que la entrega del predio
restituido es un asunto diferente e independiente del pago de la compensación
que ordena el magistrado especializado, por lo que el traspaso del bien solo se
sujeta al transcurrir de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del
fallo.
7.      Defensoría del Pueblo. Pide la inexequibilidad
del aparte demandado. Señala que la condición impuesta por la norma acusada
conlleva a la vulneración del derecho a la igualdad de las víctimas de despojo,
quienes por encontrarse en una situación de vulnerabilidad deben recibir un
tratamiento que permita la remoción de los obstáculos que les impiden el
ejercicio pleno de sus derechos. Sostiene que al imponer la carga de esperar a
que la Unidad Administrativa Especial GRTD pague la compensación ordenada en la
sentencia a favor del tercero, la disposición impugnada elude la obligación de
asignar un tratamiento preferente. De esta manera, estima que el legislador
incumplió su obligación a favor del despojado respecto del tercero de buena fe,
atendiendo que es la parte más débil y ha demostrado su calidad de propietario así
como los hechos del despojo.
También encuentra desconocido el debido proceso en su
componente del derecho a la tutela judicial efectiva, al establecer una
limitante que impide la ejecución de la sentencia, supeditándola a la
realización de acciones en cabeza de la administración. La efectividad de las
sentencias no puede depender de nuevas acciones que se impongan a las víctimas
para su cumplimiento. Con la norma acusada se convierte la protección judicial
a través de la sentencia, en una simple expectativa que depende del
cumplimiento de otra acción, respecto de la cual el despojado no tiene ningún
grado de injerencia, permitiendo que una decisión judicial final y obligatoria
permanezca ineficaz.
8.      Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Solicita la inexequibilidad
de la disposición parcialmente demandada. Aplicando el test de
proporcionalidad considera que existe un objetivo válido por cuanto se busca proteger
al opositor de buena fe exenta de culpa que fue privado de su relación jurídica
sustancial con el predio. Sin embargo, no encuentra necesaria la medida toda
vez que:
i) el proceso de restitución privilegia a la víctima y
traslada las consecuencias negativas al opositor, no obstante, si demuestra su
buena fe exenta de culpa la carga se traslada al Estado que responde exclusivamente;
ii) al condicionar la entrega a la compensación convierte a la víctima en garante
de una obligación que es exclusiva del Estado; iii) el mandato de la
compensación es garantía suficiente para el opositor; iv) existen otros
mecanismos que pueden ser adoptados con el fin de velar porque el proceso de
compensación no afecte al opositor (ej. reconocimiento de frutos o rendimientos
financieros sobre las sumas a compensar desde cuando se produzca la entrega del
inmueble a la víctima restituida); v) la decisión de compensar puede constituir
un título ejecutivo; vi) los mecanismos mencionados siendo efectivos para
preservar la integridad del derecho del opositor no afectarían el derecho de la
víctima a ser restituida. Finalmente, vii) no guarda proporcionalidad entre los
beneficios que se procuran y los perjuicios que se infringirían, toda vez que
el precio a pagar equivale a condicionar la materialización del derecho de
restitución a la acción (o inacción) del Estado. Concluye en el desconocimiento
del derecho a la igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 29
superior) y el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229
superior).
9.      Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Requiere la inexequibilidad
del aparte acusado. Considera desacertado disponer que la entrega del bien
inmueble a restituir al solicitante, luego de haber sido decretada
judicialmente, se someta a condición, pudiendo hacer ineficaz el reconocimiento
judicial efectuado de la calidad de víctima y su derecho a la restitución del
predio despojado. Considera que la norma demandada deja el derecho de la
víctima en suspenso, mientras se resuelve una situación de tipo económico en la
que no tiene legitimación o injerencia la víctima, toda vez que quienes hacen
parte de dicha obligación son el opositor y el Estado a través de la Unidad
Administrativa Especial GRTD y el Fondo que administra. Enfatiza en que se
establece una barrera que puede hacer nugatorio el derecho de las víctimas a la
restitución, al imponer la participación del Estado en una actividad de
protección a un tercero por encima del derecho de quien fue despojado de sus
bienes. Se coarta un recurso judicial efectivo como es la entrega inmediata de los
terrenos y los principios de protección a las víctimas que exigen una justicia
efectiva en la seguridad de sus derechos como consecuencia del conflicto armado
interno.
10.    Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. La
intervención se dio por dos magistradas. En la primera se reclama la exequibilidad
de la norma demandada, en la medida que propende por equilibrar el amparo
estatal a todos los participantes en el proceso de restitución de tierras,
verificando la tendencia real del despojo y partiendo de criterios de un Estado
eficaz. Destaca la importancia de los opositores en el proceso de restitución
de tierras (ej. campesinos), que de ser desalojados de manera intempestiva
quedarían en situación de vulnerabilidad, por lo que debe condicionarse la
entrega a soluciones expeditas tanto transitorias como definitivas por parte
del Estado.
En la segunda intervención se pide la inexequibilidad,
por cuanto si bien la medida adoptada persigue un fin constitucionalmente
relevante como es la protección de los derechos de los opositores de buena fe
exenta de culpa, a la luz del juicio de proporcionalidad no resulta clara su
constitucionalidad, puesto que se afectan los derechos de la víctimas
(restringe goce efectivo de múltiples derechos), especialmente por convertirla
en una especie de garantía de los derechos del opositor (obligación radica en
cabeza del Estado), máxime cuando pueden ser protegidos con otro tipo de
órdenes.
Con la condición impuesta (nuevos trámites) podría
generarse una revictimización, lo cual riñe con la finalidad del proceso de
restitución, pudiendo el Estado adoptar medidas temporales en favor de los
opositores (ej. periodos de transición que deben cumplirse en plazos
razonables) para posibilitar el cumplimiento oportuno de la entrega del predio
ordenada en la sentencia.
11.    Universidad Santo Tomás. Reclama la inexequibilidad
de lo demandado, al imponer la disposición impugnada una condición a la
víctima restituida consistente en el pago de la compensación por parte del
Estado. Los destinatarios de la restitución además de soportar la difícil
condición del desplazamiento, se ven obligados a una limitación adicional a la
hora de hacer efectivo su derecho al goce del bien restituido, como el
someterse a la voluntad del Estado para que cumpla con el pago de las
compensaciones, no existiendo una efectiva restitución del predio que es el
objeto central del proceso. Finalmente, la víctima no accede a su derecho plena
y directamente al tener que esperar indefinidamente a que el Estado cumpla su
obligación de pagar la compensación.
Explica que el Estado ha dejado en una doble situación
de indefensión a las víctimas. Por un lado, en el momento del despojo el Estado
se mostró indiferente, no actuó de manera eficaz para evitar que las víctimas
tuvieran que abandonar sus predios y desarraigarse de sus propias vidas, al
huir sin garantías y tener que optar por un proyecto de existencia diferente.
De otro parte, le impone una barrera que está sujeta a su voluntad de pagar la
compensación, mientras que el despojado tiene que seguir soportando condiciones
que conculcan su dignidad.
12.    Pontificia Universidad Javeriana. En su
opinión debe declararse la inexequibilidad de la frase acusada, al
desconocer la preeminencia del deber de reparación y el carácter fundamental
del derecho a la restitución, habida cuenta que condiciona el goce efectivo de
este derecho al pago de la compensación al opositor de buena fe exenta de
culpa. Las obligaciones del Estado de materializar la entrega del bien y la
compensación en debido tiempo son independientes al tener sujetos diferentes.
La norma demandada resulta irrazonable y desproporcionada al incorporar una
garantía procesal a los ocupantes secundarios que termina por menoscabar
derechos de los propietarios o poseedores legítimos beneficiarios de la
restitución, que lleva a la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva del titular de la restitución y al debido proceso judicial.
13.    Universidad del Rosario. Recomiendan la inexequibilidad
de los fragmentos cuestionados, al condicionar la restitución efectiva del
bien a las víctimas al pago de una compensación de un tercero de buena fe que
corresponde al Estado. Con ello se desprotege a la parte más débil y vulnerable
en el proceso de restitución como son los despojados, quienes gozan por Constitución
y ley de un trato preferente.
V.      CONCEPTO DE LA PROCURADORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Solicita que se
declare inexequible la expresión demandada. Empieza por advertir que por
ser la víctima quien tiene el derecho a recibir especial protección por el
Estado al encontrarse en condición de vulnerabilidad, no puede imponérsele
cargas adicionales. No resulta razonable que existiendo un trámite expedito
para declarar la restitución del predio, se imponga una talanquera a la víctima
que le impida gozar de manera efectiva del derecho que por causa de la
violencia le ha sido arrebatado. Hace notar que la norma acusada impone una
doble carga: “de una parte dispone que se debe declarar la compensación,
cuando a ello haya lugar, y de la otra, exige que dicha compensación sea
pagada, lo cual implica dos momentos diferentes y, en consecuencia, dilata en
el tiempo el goce efectivo de la propiedad.”
Estima que además
de convertirse en un obstáculo que no debe soportar la víctima, resulta ajena a
la naturaleza del proceso de restitución que contiene la ley, toda vez que debe
ser expedito para garantizar efectivamente la reparación integral. No obstante,
los condicionamientos accesorios a la sentencia no permiten a la víctima
ejercer su derecho de manera eficaz al suspenderse el goce efectivo del derecho
hasta que se cumpla la cláusula establecida. La restitución del predio queda
suspendida en el tiempo hasta tanto la jurisdicción ordene el pago de la
compensación y el Estado cumpla dicha orden, impidiendo la materialización de
los derechos de las víctimas, además que debe esperar que transcurran tres días
para poder hacer uso del derecho reconocido. Encuentra desproporcionada la
condición impuesta al no permitir el goce efectivo del derecho restablecido (mayoría
de desplazados provienen de territorios rurales que se constituyen en medio de
sustento).
VI.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer del presente asunto, por cuanto la norma parcialmente acusada hace
parte de una Ley -artículo 241.4 superior-.
2.      Aptitud sustantiva de la
demanda y determinación del problema jurídico
2.1. Las justificaciones que dan los ministerios
del Interior, de Agricultura y de Vivienda, y la Unidad de Restitución de
Tierras para respaldar una decisión inhibitoria pueden sintetizarse así: (i) se
parte de consideraciones subjetivas, no específicas, impertinentes e
insuficientes[5];
(ii) no se identifican los grupos de personas, ni cuál es el tratamiento discriminatorio
otorgado, careciendo de una clara argumentación[6];
y (iii) se omite una lectura contextualizada (Ley 1448 de 2011), obedeciendo
los cuestionamientos a la falta de comprensión de cómo opera la restitución
judicial[7].
2.2.   Al respecto, encuentra la Corte que no asiste
la razón a quienes proponen la inhibición, ya que la demanda
satisface los requerimientos mínimos para una decisión de fondo, al contar con
una estructura jurídica sólida que permite el advenimiento de un cargo de
inconstitucionalidad[8].
En términos del artículo 40.6 de la
Constitución, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para la efectividad de este derecho
puede interponer acciones públicas en defensa de la Constitución. Ello permite
caracterizar la acción de inconstitucionalidad como una herramienta de naturaleza
pública e informal, que abandona los excesivos formalismos técnicos
o rigorismos procesales para beneficiar a la ciudadanía y el interés general. Sin
embargo, la presentación de la acción no está exenta del cumplimiento de un
mínimo de requisitos (art. 2º Decreto ley 2067 de 1991), al exigirse expresar
las razones por las cuales se estima violado el texto constitucional[9].
El concepto de la violación debe ser expuesto de manera clara, cierta,
específica, pertinente y suficiente[10]:
“La acusación debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido
de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la
disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de
naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios
(pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma
completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicie realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
[suficiencia].”
2.3.   Al aplicar los presupuestos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para un pronunciamiento de fondo
en el asunto bajo exámen, esta Corporación encuentra claramente establecido
que:
a)      Los accionantes pretenden la
inexequibilidad de la expresión “dentro de los tres días siguientes al pago
de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiere lugar
a ello, o”, contenida en el inciso primero del artículo 100 de la Ley 1448
de 2011.
b)      La demanda precisa que de su
tenor literal puede extraerse un mandato consistente en la orden de entregar
el predio objeto de restitución al solicitante o a la Unidad Administrativa
Especial GRTD a favor del despojado y de una condición dada en que para
cumplir la entrega del predio debe primeramente acaecer el pago de las compensaciones
a favor de los opositor de buena fe exenta de culpa. Con ello, estiman los
ciudadanos, se impide la efectiva y oportuna restitución del predio hasta
cuando el Estado satisfaga su carga económica, acarreando una nueva obligación
a la parte más vulnerable del proceso.
c)
Identifican tres cargos de
inconstitucionalidad. El primero por desconocimiento del derecho a la igualdad
al no reconocer a las víctimas del despojo y abandono forzado un trato preferente
siendo la parte más vulnerable de la relación jurídica procesal. La víctima no puede
equipararse a una de las partes del proceso civil ordinario, sino que está
sujeta al procedimiento especial de restitución, motivado primordialmente por
un acto violento ejecutado por grupos armados. Consideran desproporcionada la
medida impuesta, porque además de la carga que han tenido que sobrellevar
(abandono, persecución, empobrecimiento y afectación de derechos), tienen ahora
que esperar a que el Estado pague una compensación, que nace como una nueva
obligación circunscrita al opositor de la misma respecto del Estado, donde el
tercero finalmente cuenta con el proceso ejecutivo.
El segundo cargo por violación del
derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de
justicia, por cuanto a pesar de contarse con una sentencia a su favor no puede
disponer del bien ya que la entrega no se materializa hasta que el Estado
cumpla con la obligación de pagar la compensación al tercero que ha logrado probar
la buena fe exenta de culpa. Por último, en el tercer cargo aluden a la
vulneración de múltiples derechos constitucionales reconocidos a la población
víctima del desplazamiento forzado desde la sentencia T-025 de 2004, que permite
mantener la condición de desprotección, al contar con una decisión que solo
podrá materializarse mediante la transmisión inmediata e incondicionada del
predio (vida digna, goce efectivo de derechos, primacía de derechos
inalienables, libre desarrollo de la personalidad, derechos a escoger un
domicilio y de permanecer en el lugar seleccionado, trabajo, derecho a escoger
profesión u oficio, unidad familiar y protección integral de la familia,
vivienda digna y derecho a la propiedad).
2.4.   Lo expuesto permite colegir a la
Corte la existencia de una exposición adecuada del concepto de la violación,
toda vez que se cuenta con la estructura argumentativa indispensable que
permite determinar un cargo apto de inconstitucionalidad a efectos de proferir
una decisión de fondo.
El primer alegato de la inhibición,
además de carecer de un desarrollo argumentativo, no resulta acertado, porque
la acusación formulada por los accionantes se ampara en razones claras,
al permitir comprender con facilidad la motivación de la demanda y lo pretendido;
ciertas, al atacar el contenido por lo menos literal o gramatical de la
norma parcialmente acusada bajo una interpretación que se encuentra razonable;
iii) específicas, al mostrar con precisión la manera como se confrontan
el aparte legal impugnado con cada una de las disposiciones constitucionales
consideradas infringidas; iv) pertinentes, porque los argumentos
expuestos son de naturaleza constitucional y comprometen las disposiciones en
conflicto; y v) suficientes, al generar una duda mínima en torno a la
exequibilidad de lo cuestionado, particularmente desde la óptica de las
víctimas.
En cuanto al segundo fundamento para
pedir la inhibición es notoria la claridad del razonamiento para reclamar la
transgresión del derecho a la igualdad. Los grupos involucrados están dados,
como se sostiene en el primer cargo de inconstitucionalidad, por las víctimas
del despojo o abandono forzado que reclaman la entrega del predio restituido y
los opositores de buena fe exenta de culpa que exigen el pago de las compensaciones
las cuales se han ordenado judicialmente, lo que además puede desprenderse del
contenido normativo demandado.
Echan de menos los accionantes el olvido
en que incurre el legislador de brindar un trato preferente a las víctimas del despojo
o abandono forzado (sujetos de especial protección constitucional) en el
proceso especial de restitución, como parte más vulnerable en la relación
jurídica respecto de los opositores, que las diferencia de los sujetos del
proceso civil ordinario. Nueva carga que encuentran desproporcionada al
permitir continuar la situación de desprotección de las víctimas, al establecer
como condición para la entrega del predio restituido el pago de la compensación
(terceros de buena fe exenta de culpa), de la cual tampoco son responsables de
su cancelación sino el Estado.
La demanda gira en torno a exigir del
Estado un mandato de intervención (acciones afirmativas) a favor de las
víctimas del despojo o abandono forzado. Se duelen los accionantes de no
haberse tenido en cuenta criterios de diferenciación para proveer un trato diferente
por su condición de vulnerabilidad, al supeditarse la entrega del predio
restituido por orden judicial al previo pago de las compensaciones de un
tercero de buena fe exenta de culpa, con lo cual se desconocería la condición
de sujeto de especial protección constitucional y, por esta vía, el derecho a
la igualdad.
Finalmente, el tercer argumento que soporta
la pretensión de inhibición tampoco está llamada a prosperar. La supuesta
omisión en que incurren los accionantes de una lectura contextualizada del
aparte acusado (Ley 1448 de 2011) que deriva en la falta de comprensión de la
forma como opera el proceso de restitución, constituye más bien un argumento
que debe despacharse por la Corte al adentrarse en el examen de
constitucionalidad. Incluso siendo de recibo lo afirmado por algunos
intervinientes, permite avizorar ab initio la habilitación de la Corte para
pronunciarse de fondo, toda vez que se han obligadas a desprenderse de la
lectura gramatical o lexical de la expresión demandada, que encontró respaldo
en la mayoría de las intervenciones presentadas en este asunto (mandato y
condición)[11],
lo cual al menos permite emprender el examen constitucional.
Esta Corporación ha advertido que
existen ocasiones en que la demanda presentada exige  un menor esfuerzo
argumentativo. Ello ocurre cuando de la simple lectura y comparación entre el
contenido de lo demandado y las disposiciones constitucionales es posible
observar, sin mayores lucubraciones, la existencia de una oposición objetiva y
verificable que nos lleve a la presencia de un cargo apto de
inconstitucionalidad, así no se participe de la argumentación expuesta por los
accionantes y se termine declarando la exequibilidad de lo impugnado[12].
2.5.   El cargo de inconstitucionalidad
formulado por los accionantes plantea efectivamente un problema jurídico de
relevancia constitucional que genera dudas suficientes sobre la
constitucionalidad de la expresión legal cuestionada, por lo que no se accederá
a las solicitudes de inhibición presentadas.
La Corte debe abordar esencialmente el
siguiente interrogante: ¿si como lo señalan los accionantes la expresión “dentro
de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez
o Magistrado, cuando hubiere lugar a ello, o”, prevista en el inciso
primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, desconoce los artículos   1º, 2º, 5º, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 42, 44, 48, 51, 58 y 229 de la
Constitución, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al estipular como condición para que se haga efectiva la entrega
material del bien restituido a las víctimas  del despojo y abandono forzado,
que previamente el Estado haya pagado la compensación a los opositores de buena
fe exenta de culpa, siendo además las víctimas ajenas a esta obligación que
recae sobre el Estado.
La mayoría de los intervinientes
propenden por la inexequibilidad, como lo fueron: la Defensoría del Pueblo; el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras[13];
la universidad Santo Tomás; la universidad Javeriana; la universidad del
Rosario; y el Procurador General. Por su parte, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Departamento para la
Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, sostienen la
exequibilidad, aunque parten de una interpretación sistemática y teleológica de
la ley de víctimas para llegar a este resultado[14]; en tanto que el
Ministerio de Defensa y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras[15] solicitan la exequibilidad
en defensa de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.
La Corte precisa que la temática que
compromete en esta oportunidad su decisión, tiene un amplio y profundo
desarrollo en el orden internacional de los derechos humanos como en la
jurisprudencia vertida por este Tribunal. De ahí que habrá de referir: i) a los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición en el orden internacional; ii) al marco
constitucional de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición; iii)
al derecho fundamental a la restitución; iv) al régimen especial de restitución previsto en la
Ley 1448 de 2011; para así entrar iv) a resolver el
asunto sub-judice.
3.      Los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el orden internacional.
Las garantías a los opositores u ocupantes secundarios
3.1.   Como lo ha recabado este Tribunal[16], la paz
constituye uno de los propósitos fundamentales del derecho internacional al
estar prevista en el preámbulo y varias disposiciones[17] de la
Carta de las Naciones Unidas (1945); en el preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948); en el preámbulo de la Carta constitutiva
de la Organización de Estados Americanos (1948); en los pactos internacionales
de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966). De ahí que pueda considerarse como la “ausencia de conflictos o enfrentamientos violentos (núcleo mínimo),
como efectiva armonía social proveniente del pleno cumplimiento de los mandatos
de optimización contenidos en las normas de Derechos Humanos (desarrollo máximo)
o como la atenuación de los rigores de la guerra y la “humanización” de las
situaciones de conflicto (Derecho Internacional Humanitario)[18].
A partir de la segunda mitad
del siglo XX, el derecho internacional avanzó en el respeto y promoción de los
derechos humanos como garantía de la convivencia pacífica de y entre los
pueblos[19].
La comunidad de naciones ha hecho énfasis sobre aquellos Estados que adelantan
procesos de transición hacia la democracia o de restablecimiento de la paz
interna y consolidación de los principios del Estado social de derecho. Se ha
entendido que la necesidad de acuerdos políticos de reconciliación con grupos
sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que
gobiernan el ejercicio de la función judicial, admitiendo una forma especial de
administración de justicia para situaciones de tránsito hacia la paz, sin ceder
en su exigencia de que las violaciones a los derechos humanos sean
investigadas, enjuiciadas y reparadas, los autores contribuyan a identificar la
verdad de los delitos y reciban algún tipo de sanción[20].
La
sentencia C-180 de 2014, que declaró inexequibles algunas expresiones de los
incisos cuarto[21]
y quinto[22]
del artículo 23 y el inciso segundo[23]
del artículo 24[24]
de la Ley 1592 de 2012[25],
definió la justicia transicional como el conjunto de herramientas jurídicas, políticas y sociales
que se establecen con carácter temporal para superar situaciones de
confrontación y violencia generalizada, siendo imprescindible condiciones que
permitan el reconocimiento de las víctimas (verdad justicia, reparación y no
repetición), el restablecimiento de la confianza
ciudadana y la obtención de la reconciliación, en el camino de
transición hacia la paz, el fortalecimiento del Estado de derecho y la
democracia[26].
Además
tal decisión concluye: “si bien en
procesos de transición democrática hacia la convivencia pacífica es posible
modular el deber estatal de juzgar y sancionar a los responsables de las
violaciones a los derechos, esta flexibilización debe sujetarse a ciertos
límites mínimos de protección de los derechos de las víctimas”[27]. El
ejercicio de ponderación para alcanzar la justicia en sociedades en transición,
hace imperativo cumplir los estándares internacionales en materia de verdad,
justicia, reparación y no repetición de las víctimas, derivados de tratados de
derechos humanos, del derecho internacional humanitario, decisiones de Tribunales
Internacionales, sistema interamericano de derechos humanos y comisión
interamericana de derechos humanos, declaraciones internacionales y lineamientos
sentados por otros organismos[28].
3.2.
De este modo, los derechos de las víctimas especialmente de graves violaciones
a los derechos humanos, tienen una clara relevancia constitucional de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución, toda vez que los tratados
ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, y los
derechos y deberes constitucionales se interpretarán atendiendo los convenios
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. De esta manera, los
instrumentos que se inscriban dentro de los supuestos indicados hacen parte del
bloque de constitucionalidad estricto sensu y la jurisprudencia de los
Tribunales Internacionales cuya competencia hubiera sido aceptada por el Estado,
constituye una pauta de interpretación relevante del alcance de tales tratados[29].
Debe
precisarse que tales convenios internacionales se enfocan principalmente en
reconocer que exista un recurso efectivo, los Estados garanticen el acceso a la
justicia, se investiguen las violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, los países cooperen en la prevención y sanción de
los delitos internacionales y las graves violaciones de derechos humanos, y se
prohíban los desplazamientos forzados. Por consiguiente, son los tribunales internacionales,
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones
internacionales y los órganos administrativos quienes han referido de manera
concreta al reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición. Entre los instrumentos más
significativos pueden mencionarse[30]:
- La Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948, art. 8º)[31].
- La Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre (1948, art. XVIII)[32].
- El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, art. 2, num.3, lit.
a)[33]. Conforme a la Observación General 31 de 2004 del Comité
de Derechos Humanos[34],
la Corte ha manifestado que los recursos a que se refiere este precepto: “(i)
estén a disposición de toda persona, y sean adecuados para que aun los sujetos
especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii) sean efectivos para
reivindicar los derechos fundamentales amparados por el Pacto, y (iii)
garanticen que las denuncias por violaciones de derechos sean investigadas de
un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e imparciales.
Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación
para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados,
reparación que implica “por lo general” la concesión de una indemnización
apropiada”[35].
- La
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969, arts. 1.1, 2º, 8º y 25)[36], alude a la obligación de
respetar los derechos, al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, a
las garantías judiciales y a la protección judicial. Prevé que toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal, en la
sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter. Adicionalmente, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales[37].
- El
Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y sus
protocolos adicionales)[38].
El Protocolo I reconoce el "derecho que asiste a las familias de
conocer la suerte de sus miembros"[39].
El Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra (1949, art. 17), alude a los  desplazamientos forzados. En primer lugar, establece que no se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. En segundo
lugar, señala que no se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su
propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.
- La
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes[40]
(1984) y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[41] (1985).[42]
- La
Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (1994)[43].
- La
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948)[44].
-
La Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951)[45] y su Protocolo adicional (1967)[46].
- El
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1988)[47]. Consagra los derechos
de las víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la
admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa de los
hechos en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a que se proteja
su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta sus opiniones y
observaciones, a ser reparadas materialmente y apelar ciertas decisiones que
afecten sus intereses[48].
3.3.   Las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos humanos también tienen un
papel preponderante por tratarse de la
garantía de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
tiene carácter vinculante y que constituyen la interpretación autorizada de los
derechos consagrados por ésta, esencialmente respecto de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, los cuales
en opinión de dicho Tribunal guardan una conexión intrínseca.
La
Corte Constitucional en las sentencias C-579 de 2013[49], C-715 de 2012[50] y C-370 de 2006[51] resaltó algunas decisiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para efectos del examen de
constitucionalidad que se adelanta resulta importante recoger: a) sentencia del
20 de enero de 1989[52], que alude a la obligación de los Estados de
prevenir, investigar, procesar y sancionar los atentados contra los derechos
humanos así como reparar a las víctimas de tales atrocidades; b) sentencia del 14 de marzo de 2001[53], alusiva a que
los Estados Partes tienen que tomar las providencias de toda
índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio
del derecho a un recurso sencillo y eficaz; c) sentencia de 25 de
noviembre de 2003[54],
que refirió al derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo y al concepto de “plazo razonable” para adoptar una decisión
judicial; d) sentencia del 15 de junio de 2005[55], la cual afirmó que al
producirse un hecho ilícito imputable al Estado surge de inmediato la
responsabilidad internacional y el consecuente deber de reparar y hacer cesar
las consecuencias de la violación. La reparación señaló que en la medida de lo
posible debía ser plena, debiendo consistir en el restablecimiento de la
situación anterior a la violación, que de no ser posible deben adoptarse otras
medidas de reparación como el pago de una indemnización compensatoria; y e) sentencia
del 22 de noviembre de 2000[56],
que consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho a la
reparación.
Jurisprudencia
interamericana, entre otras, que llevó a la Corte Constitucional a concluir que
los Estados están obligados a investigar los graves atropellos en contra
de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria, imparcial y efectiva.
Así mismo, que  las obligaciones de reparación conllevan si es posible la plena
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior a la violación, que de no ser
factible pueda acudirse a otra serie de medidas como la compensación. Por
último, el que un Estado atraviese por circunstancias que dificulten la
consecución de la paz, no lo liberan de los deberes en materia de verdad, justicia,
reparación y no repetición, que emanan de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos[57].
3.4.   Además
las declaraciones internacionales e interpretaciones de organismos
administrativos han tenido un papel relevante en materia de los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, como pautas
orientadoras para los Estados, pudiendo destacarse:
-
Conjunto de principios actualizados para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (2005)[58], de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[59]. Señala que el derecho
a la justicia refiere a que los Estados emprenderán investigaciones rápidas,
minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario (Principio 19). Prevé el derecho
a obtener reparación/garantías de que no se repitan las violaciones (IV). En
materia del procedimiento de reparación se señala que tanto por la vía penal
como civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la
posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz (Principio 32).
Además, establece que el derecho a obtener reparación debe abarcar todos los
daños y perjuicios sufridos por las víctimas, comprenderá medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción (Principio 34).
- Principios rectores de los
desplazamientos internos (1998), de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas[60].
En la sección V sobre principios relativos al regreso, el reasentamiento y la
reintegración, se señala que las autoridades competentes tienen la obligación y
responsabilidad primarias de “establecer las condiciones y proporcionar los
medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados
internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento
voluntario en otra parte del país” (Principio 28)[61].
- El acceso a la justicia como
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los
estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos SIDH (2007),
de la Organización de los Estados Americanos (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos). Respecto del debido proceso legal en los procedimientos
judiciales sobre derechos sociales se señala que los Estados tienen la
obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la
cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida
aplicación de dichos recursos por las autoridades judiciales (177). En torno a
los elementos que componen el debido proceso legal en sede judicial, se
contempla el derecho al plazo razonable del proceso, explicando que la
jurisprudencia del sistema interamericano ha establecido que “un elemento
esencial de la efectividad es la oportunidad. El derecho a la protección
judicial exige que los Tribunales dictaminen y decidan los casos con celeridad,
particularmente en casos urgentes” (214). Se informa que si las decisiones
judiciales se tornan inoperante por falta de un diseño adecuado de los
procedimientos judiciales, se constituye en un típico caso de carencia de
recurso judicial adecuado y efectivo para la tutela de un derecho (309).
- Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones[62] (Resolución
60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de3 diciembre de 2005).
El punto VII concierne al derecho de las víctimas a disponer de recursos,
precisando que figuran los derechos de acceso igual y efectivo a la justicia, y
la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. El acápite VIII
corresponde al acceso a la justicia, previendo que la víctima tendrá un acceso
igual a un recurso judicial efectivo. En materia de reparación de los daños
sufridos (IX), se explica que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene
por finalidad promover la justicia, remediando violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho
internacional humanitario (15). Los Estados ejecutarán las sentencias de sus
tribunales que impongan reparaciones, debiendo establecer en su derecho interno
mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obligan a reparar
daños (17). Se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas, de forma
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias
de cada caso, una reparación plena y efectiva en las formas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (18).
Se expresa que la restitución,
siempre que sea posible, “ha de devolver a la víctima a la situación
anterior a la violencia manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución
comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute
de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución
de sus bienes” (19). En cuanto a la indemnización ha de concederse
de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las
circunstancias de cada caso, por los perjuicios económicamente evaluables, como
el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades (empleo, educación y
prestaciones sociales), los daños materiales y la pérdida de ingresos, los
perjuicios morales y los gastos de asistencia jurídica o de expertos, entre
otros[63]
(20)
- Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dispone en el acápite sobre acceso
a la justicia y trato justo que las víctimas “tendrán derecho al acceso a
los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño que hayan
sufrido” (4). Igualmente se señala que se facilitará “la adecuación de
los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las
víctimas: evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la
ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las
víctimas” (6.e)[64].
- Principios sobre la
restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas (2005) de las Naciones Unidas[65].
Establecen que “los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de
restitución como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento
y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí
mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los
refugiados y desplazados a quienes les asista ese derecho” (2.2). Instituyen
que los Estados garantizarán los derechos al regreso voluntario en condiciones
de seguridad y dignidad, a la propiedad del patrimonio,  al acceso, uso y
control de las viviendas, las tierras y el patrimonio, y la seguridad jurídica
de la tenencia y (4.1). Estipulan que los Estados deben adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y judiciales apropiadas para apoyar y
facilitar el proceso de restitución (12.3), estableciendo directrices para “garantizar
la eficacia” de todos los procedimientos, las instituciones y los mecanismos
pertinentes de restitución (12.4).
Determinan
que los Estados deben velar por que los “ocupantes secundarios” estén
protegidos contra el desalojo forzoso arbitrario e ilegal, precisando que “en
los casos en que su desplazamiento se considere justificable e inevitable a los
efectos de la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio”, los
Estados garantizarán que el desalojo se lleve a acabo de una manera compatible
con las normas internacionales de derechos humanos, proporcionando las debidas
garantías procesales, incluida la posibilidad de recibir una notificación
previa, adecuada y razonable, el acceder a recursos jurídicos y de obtener una
reparación (17.1). Se consagra que “los Estados deben velar porque las
garantías procesales otorgadas a los ocupantes secundarios no menoscaben el
derecho de los propietarios legítimos, de los inquilinos o de otro titulares de
derechos a volver a tomar posesión de las viviendas, las tierras o el
patrimonio en cuestión de forma justa y oportuna” (17.2). Prevé que en los
casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e
inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a
aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada,
además deben esforzarse por encontrar y proporcionar viviendas o tierras
alternativas a dichos ocupantes, “no obstante, la falta de dichas
alternativas no debería retrasar innecesariamente la aplicación y el
cumplimiento de las decisiones que los órganos competentes adopten respecto de
la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio” (17.3). En lo
relativo a la ejecución de sentencias sobre restitución se contempla que “los
Estados deben adoptar medidas específicas para prevenir la obstrucción pública
de la ejecución de decisiones y sentencias relativas a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio” (20.3)[66].
3.5.   En suma, el orden internacional de los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las decisiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones internacionales y de
órganos administrativos han provocado unos estándares internacionales que
denotan la relevancia en la protección de los derechos de las víctimas a la
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y las consecuentes
obligaciones y responsabilidades de los Estados. Las condiciones de
vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas impone un tratamiento especial,
como se presenta con las que padecen el desplazamiento forzado.
En esa medida, para la Corte las denuncias
por violaciones de derechos deben ser investigadas de una manera rápida y
efectiva por órganos independientes e imparciales. El derecho a la tutela
judicial efectiva insta a los jueces a que dirijan el proceso evitando
dilaciones indebidas. Los procesos deben surtirse dentro de un plazo razonable
para evitar hacer inefectivos los derechos de las víctimas. Se prevé el derecho
a la reparación integral, que tratándose de las víctimas del desplazamiento
forzado conlleva el derecho a que se les restituyan sus viviendas, tierras y
patrimonio, o en su defecto se les indemnice, en aras de hacer cesar las
consecuencias de la violación de sus derechos. Además debe velarse porque las
garantías procesales de los ocupantes secundarios no menoscaben el derecho de
los propietarios legítimos a volver a tomar posesión de sus bienes de forma
justa y oportuna.
4.      Marco constitucional de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición
La paz en el orden interno es un valor
superior, un derecho (subjetivo - colectivo) y un deber jurídico que compromete
a los residentes en Colombia[67]. La
Corte Constitucional ha consolidado una amplia jurisprudencia y doctrina sobre
los derechos de las víctimas de graves delitos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición. Se ha fundamentado especialmente en las siguientes
disposiciones de la Constitución: 1[68], 2[69],  15[70], 21[71], 29[72], 90[73], 93[74], 228[75], 229[76], 250[77] y artículo
transitorios 66[78].
Principalmente las sentencias C-228 de
2002[79], C-370
de 2006, C-715 de 2012[80], C-099
de 2013[81], C-579
de 2013 y C-180 de 2014, han contribuido a la fijación de unos derroteros
constitucionales básicos, soportados en estándares del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. A
continuación, la Sala Plena expondrá brevemente las sub-reglas establecidas en
tales pronunciamientos -objeto de continua consolidación-, que se encuentran
más pertinentes al asunto que en esta oportunidad incumbe resolver a esta
Corporación.
4.1.   Derecho a la verdad. Ha
sido definido[82] como “la
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real[83]”. Exige revelar “de manera plena
y fidedigna” los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos[84]. Las
personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso, lo
cual se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana -al privar de
información vital-, a la memoria y a la imagen de la víctima[85]. Compromete
el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber[86]. Se
encuentra en cabeza de las víctimas, sus familiares y la
sociedad en su conjunto, acarreando dimensiones individual y colectiva. Está intrínsecamente
relacionado con los derechos a la justicia y a la reparación. En torno a la
justicia porque la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se
garantiza con investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y
sistemáticas por el Estado, el esclarecimiento de los hechos y la sanción. Respecto
a la reparación ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus
familiares constituye un medio de resarcimiento.
4.2.   Derecho a la justicia. La
Constitución reconoce al legislador un amplio margen de configuración en los
procedimientos y mecanismos que garanticen la protección judicial de los
derechos (art. 89); los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos
y recursos para su protección (art. 152);  el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia (art. 229); asegurar la vigencia de un
orden justo (preámbulo y art. 2º). Tiene estrecha relación con el derecho al
recurso judicial efectivo, toda vez que no es posible el cumplimiento de
los derechos sustanciales y las formas procesales sin la garantía adecuada y
plena del derecho de acceso a la administración de justicia. El derecho internacional impone a la legislación interna
para beneficio de los derechos de las víctimas “darles a conocer los
mecanismos disponibles para reclamar sus derechos, tomar medidas de protección
de tal forma que se garantice su seguridad y utilizar los medios jurídicos
adecuados para que las ellas puedan iniciar las acciones pertinentes y
presentar demandas de reparación [87].
El derecho a que no haya impunidad (art.
229 superior), también incorpora una serie de garantías como el deber de las
autoridades de investigar, juzgar y sancionar a los autores y participes de los
delitos, y el respetar el debido proceso (art. 29 superior)[88].
El principio de participación (arts. 1º y 2º superiores), fundamenta el derecho
de las víctimas y los perjudicados para lograr el restablecimiento de sus
derechos dentro del proceso respectivo. Compromete la
responsabilidad estatal de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno,
pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los
derechos de las víctimas de delitos; el cometido de instituir plazos
razonables para los procesos judiciales; y la legitimidad de las víctimas y
de la sociedad en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, para hacerse parte civil dentro del proceso
penal con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño[89].
4.3.   Derecho a la reparación. El
responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo adecuadamente. La petición de reparación del daño causado
tiene fundamento constitucional en: i) el principio de dignidad humana que
busca restablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito, y
en la solidaridad como fundamento del Estado social de derecho (art. 1º); ii) el
fin esencial del Estado de hacer efectivos los principios y derechos, como el
deber de las autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los
residentes, y de garantizar la plena efectividad de sus derechos (art. 2º); proteger
a quienes por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13); iii) el principio de
participación e intervención en las decisiones que los afectan (arts. 1º y 2º);
iv) el deber de la Fiscalía General de proteger, asistir, reparar integralmente
y restablecer los derechos de las víctimas (art. 250, nums. 6 y 7); y v) el
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229)[90],
además de la normatividad del derecho internacional de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario (art. 93).
La sentencia C-579 de 2013 expuso que: “la
justicia restaurativa o reparadora[91],
contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños remedios,
indemnizaciones, restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos[92].
Los programas de reparación a las víctimas por los perjuicios
sufridos pueden complementar eficaz y rápidamente las contribuciones de los
tribunales y las comisiones de la verdad, ofreciendo indemnizaciones,
fomentando la reconciliación y restableciendo la confianza de las víctimas en
el Estado. La reparación no siempre es monetaria, sino que puede consistir en
la restitución de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y
medidas simbólicas, como disculpas oficiales, monumentos y ceremonias
conmemorativas[93].”
También ha
explicado esta Corporación[94] que las medidas de reparación se rigen
por dos principios: “el de integralidad, supone que las víctimas sean
sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos
tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual implica que no son excluyentes
ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de reparación
distintos e insustituibles[95].
Por su parte, el de proporcionalidad, implica que la reparación a las
víctimas debe estar en consonancia con la altura del impacto de las violaciones
de los derechos humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el
restablecimiento de los derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones
de vida, asimismo, la investigación y juzgamiento de los autores de las
conductas punibles, de lo contrario dicha medida perdería su eficacia y
sentido.[96]”
Además, el derecho a la
reparación es un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una
relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la
justicia.
Las sentencias SU.254 de 2013[97]
y C-912 de 2013[98]
sintetizaron los elementos que incorpora el derecho de las víctimas a obtener
una reparación, pudiendo resaltarse:
(1) El derecho a obtener
una reparación integral implica el deber de adoptar distintas medidas
orientadas a la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los
derechos fundamentales de las víctimas. Tales medidas
han de incluir cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, hace
referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho
de la violación, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o
despojadas. De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación
a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. La
reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación
por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la
prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción,
a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y
de la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición,
para asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados
sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin
de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y
sistemáticas de derechos se repitan[99].
(2) La reparación
integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene una
dimensión individual y una colectiva. En su primera faceta la reparación
incluye medidas como: la restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas
de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la
comunidad[100].
(3) El ordenamiento ha previsto dos vías principales – judicial y
administrativa - para hacer efectivo el derecho a la reparación de las víctimas
individuales y colectivas de delitos en general, así como de graves violaciones
a los derechos humanos y del desplazamiento forzado en particular.
(4) La reparación integral
a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la
ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que no pueden
confundirse en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad.
Finalmente, la sentencia C-180 de 2014[101] señaló
que las víctimas en materia de reparación tienen en términos generales dos
derechos: i) la disponibilidad de un recurso efectivo, impone
al Estado distintas obligaciones de procedimiento frente al ejercicio del
derecho a la reparación como el respeto a la dignidad de las víctimas, la
garantía de medios que les permita participar en el diseño y ejecución de los
programas de reparaciones, y el deber de garantizar mecanismos efectivos,
adecuados y de fácil acceso, a través de los cuales, sin discriminación alguna,
puedan obtener una reparación que atienda la gravedad del daño e incluya
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas para evitar
la repetición; y ii) el derecho a ser reparadas adecuadamente por los
perjuicios sufridos, impone al Estado la obligación de reparar a las víctimas
teniendo en cuenta las distintas formas que se han mencionado de reparación; el
deber de reparar sin perjuicio de que luego repita contra el autor de la
violación[102];
proceder a efectuarla sin establecer distinciones injustificadas entre las
víctimas; y garantizar la ejecución de las decisiones judiciales que impongan
medidas de reparación[103].
4.4.   Garantía de no repetición. Esta
Corte ha precisado[104] que si bien
se ha asociado al derecho a la reparación, tiene una atención especial en
contextos de justicia transicional. La garantía de no repetición está compuesta
por “todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse
conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las cuales
deben ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la ofensa[105]”.
Se encuentra directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir
las graves violaciones de los derechos humanos, que comprende la
adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural[106].
Así se sostuvo en la sentencia C-579 de 2013, al señalar
que se han identificado los siguientes contenidos: “(i) reconocer a nivel
interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad[107]; (ii) diseñar y poner en
marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción[108]; (iv) introducir
programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las
denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con
funciones en la materia[109];
(v) destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención[110]; (vi) adoptar
medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e
implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación
de los factores y eventos de riesgo de violación[111]; (vii) tomar medidas de
prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas
está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados[112].”
5.      El derecho fundamental a la
restitución: principios, titulares (víctimas) y opositores (terceros de buena
fe exenta de culpa)
5.1.   Los derechos de las
víctimas imponen deberes correlativos en las autoridades públicas cuyas
actuaciones estarán orientadas al pleno restablecimiento de los derechos
violados[113].
La condición de víctima requiere la existencia de un daño real y específico,
derivado de la comisión de un hecho delictivo, que abarca a los familiares
siempre que de ellos sea predicable la existencia de un daño[114].
La Corte ha proferido varias decisiones en relación con el concepto de víctimas
que prevé el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011[115].
En la sentencia C-052 de 2012 declaró la exequibilidad de
las expresiones “en primer grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando
a esta (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”,
contenidas en el inciso 2[116]
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que también son
víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del
inciso primero de dicho artículo.
La C-253A de 2012 se pronunció sobre
algunas expresiones contenidas en los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011,
respecto al concepto de víctima y la limitación temporal del reconocimiento de
tal calidad para efectos de esa ley[117].
La Corte recurrió al concepto de víctima afirmando que con las limitaciones planteadas
no se está anulando su reconocimiento, cuyo concepto es universal y está
asociado a criterios objetivos de daño, sino que se está regulando y restringiendo
el acceso a los beneficios específicos que consagra la Ley 1448 de 2011[118].
En tanto que la sentencia C-781 de 2012 declaró exequible, en los términos de
esta providencia, la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno” del artículo 3[119]
de la Ley 1448 de 2011. Para la Corte dicha locución delimita el universo de
víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el
principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como
tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando
no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de
las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus
derechos. La frase “con ocasión del conflicto armado” tiene un sentido
amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A
esta conclusión se arriba siguiendo la ratio decidendi de la sentencia
C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de”
alude a “una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto
armado”[120].
De igual modo, la sentencia C-781
de 2012 nos recuerda que el conjunto más amplio de pronunciamiento de la Corte
Constitucional en materia de protección de los derechos de las víctimas de
hechos violentos ocurridos en el contexto del conflicto armado se encuentra en
el desplazamiento forzado interno, reconociendo como hechos acaecidos en
el marco del conflicto: “(i) los desplazamientos intraurbanos,[121]
(ii) el confinamiento de la población;[122]
(iii) la violencia sexual contra las mujeres;[123]
(iv) la violencia generalizada;[124]
(v) las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados;[125]
(vi) las acciones legítimas del Estado;[126]
(vi) las actuaciones atípicas del Estado;[127]
(viii) los hechos atribuibles a bandas criminales;[128]
(ix) los hechos atribuibles a grupos armados no identificados,[129]
y (x) por grupos de seguridad privados,[130]
entre otros ejemplos. Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir
sin relación alguna con el conflicto armado, para determinar quiénes son
víctimas por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, la
jurisprudencia ha señalado que es necesario examinar en cada caso concreto si
existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno.”
5.2.   En
materia del derecho a la restitución para la reparación integral de las víctimas,
resulta importante traer a colación la sentencia C-715 de 2012, toda vez que
examinó la constitucionalidad de varias disposiciones[131] de la Ley 1448 de 2011.
Dijo la Corte que el daño ocurrido por la violación grave de los derechos
humanos, crea a favor de las víctimas el derecho fundamental a la reparación
de los perjuicios ocasionados directamente con la transgresión, a través de la
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía
de no repetición. Además, la exigencia y satisfacción de este derecho se da con
independencia de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del
victimario, debido a que deriva de la condición de víctima, cuyos derechos debe
salvaguardar el Estado sin perjuicio de que pueda repetir contra el autor[132].
La Corte ha definido el derecho a
la restitución como “la facultad que tiene la
victima despojada o que se ha visto obligada a abandonar de manera forzada la
tierra, para exigir que el Estado le asegure, en la mayor medida posible y
considerando todos los intereses constitucionales relevantes, el disfrute de la
posición en la que se encontraba con anterioridad al abandono o al despojo”[133]. Entre
los principios que deben orientar la política pública en materia de restitución
a las víctimas, se ha identificado:
“(i) La restitución debe entenderse como el medio
preferente y principal para la reparación de las víctimas al constituir un
elemento esencial de la justicia restitutiva. (ii) La restitución es un derecho
en sí mismo y es independiente de que las víctimas despojadas, usurpadas o que
hayan abandonado forzadamente sus territorios, retornen o no de manera
efectiva. (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o
indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere
materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria
optare por ello. (iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de
terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a
medidas compensatorias. (v) La restitución debe propender por el
restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación anterior a
la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía
de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron
origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes. (vi) En caso de no ser
posible la restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que
tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino
también todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación
por los daños ocasionados. (vii) El derecho a la restitución
de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y
garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la
justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un
derecho en sí mismo, autónomo e independiente.”[134]
Ha advertido esta Corporación que
si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos es un derecho
fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de
los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido
despojadas, es también un derecho fundamental y, por tanto, de
aplicación inmediata, siendo deber del Estado proteger los derechos de las
víctimas de abandono, despojo o usurpación de bienes[135].
Como elemento fundamental de la
justicia retributiva, se le atribuye a la restitución las siguientes
características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) un derecho en sí
mismo, autónomo, con independencia de que se efectué el retorno, o la
reubicación de la víctima[136].
La jurisprudencia constitucional la ha definido como  “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía, es decir,
para el caso de las personas víctimas de la vulneración de los derechos
fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban
antes de la transgresión de sus derechos.[137].”
Los titulares de este
derecho son aquellos que antes del despojo o el abandono tenían una relación
particular con la tierra. Se trata de aquellos que eran titulares del derecho
real de dominio -por reunir título y modo- o que se comporten con ánimo de señor
y dueño como en el caso de los poseedores en vía de adquirir por prescripción
–derecho real provisional- o los explotadores de baldíos que a pesar de sus
actividades de explotación no pueden adquirir por prescripción atendiendo la
naturaleza de los bienes ocupados.
Esta Corte ha recordado que la
problemática del despojo envuelve la participación no solo de la víctima que
persigue la restitución de sus bienes, sino también la de terceros de buena fe,
que han celebrado negocios jurídicos sobre los predios a restituir y, además,
del Estado que en algunos casos pudo haber intervenido en la titulación de
predios baldíos[138].
En esa medida, existen unos
eventuales opositores a los que también debemos salvaguardarle sus
derechos. Desde esta perspectiva, para proceder a la compensación debe tratarse
de un tercero que haya conseguido probar la buena fe exenta de culpa,  la
cual “se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado
correctamente, sino también  la presencia de un comportamiento encaminada a
verificar la regularidad de la situación.”[139]
Esta Corporación en la sentencia C-740 de 2003 reiteró la distinción entre
la buena fe simple y la buena fe cualificada:
“La buena fe simple, que equivale a obrar
con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las
personas en todas sus actuaciones. El Código civil, al referirse a la
adquisición de la propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude
y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien
surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos  sólo consisten en cierta
protección que se otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe
adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero
propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no
alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el
caso del poseedor de buena fe condenado a la restitución del bien, quien no
será condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964
párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la
cosa poseída (C:C: arts. 2528 y 2529).
Además de la buena fe simple, existe una
buena fe con efectos superiores y por ello denominada cualificada, creadora de
derecho o exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, tiene la virtud de crear
una realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente
no existía.
La buena fe creadora o
buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por el antiguo
derecho al moderno: “Error communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en
nuestro país por la doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “Tal
máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación
comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en
una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o
situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con
lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no
resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que
cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por
tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible
descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la
llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa.”
Tal comprobación de la buena fe
exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensación,
como lo recoge la Ley 1448 de 2011[140].
Finalmente,
las víctimas restituidas son titulares de una garantía para decidir de
manera libre la destinación de los bienes a cuya restitución tienen derecho, a
la cual se adscribe un mandato de contar con su consentimiento para tomar las
decisiones relevantes respecto de los bienes restituidos[141].
5.3.   Tratándose de la población
desplazada, el deber del Estado de garantizar el derecho de acceso a la
tierra se evidencia en la revisión de las acciones de tutela por este Tribunal.
La sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en
materia de desplazamiento forzado, concluyó que: “por
las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la
población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una
protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades
encargadas de su atención, se han violado a la población desplazada en general,
sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de
petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al
mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad,
a la mujer cabeza de familia y a los niños. Esta violación ha venido ocurriendo
de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única
autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la
política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en
razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a
la precaria capacidad institucional para implementarla.”
Dicha decisión encontró la
violación múltiple de derechos reconocidos constitucionalmente, por el orden
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario[142].
Además, la sentencia T-821 de 2007 evidenció que la protección rural de las
personas en situación de desplazamiento se expresa en diversos planos, que
refieren a: “(i) proteger a las comunidades asentadas en la tierra rural a
que sean sujeto de desplazamiento forzado, especialmente cuando existe
evidencia del riesgo que esta conducta se lleve a cabo; y sucedido ese delito;
(ii) informar y ejercer las acciones administrativas y judiciales tendientes a
lograr en retorno en condiciones de seguridad, o de no ser ello posible, el
acceso a la tierra en condiciones razonables y bajo un enfoque de tratamiento
diferencial favorable a la población desplazada; y (iii) ejercer acciones
destinadas a la no repetición de los hechos que motivaron el desarraigo, las
cuales no solo se restringen a la seguridad del retorno, sino el acceso
efectivo a la tierra rural, conforme al enfoque de trato diferencial citado.”
La política integral dirigida a
la población desplazada debe tener un enfoque restitutivo[143]
que se distinga de la política de atención humanitaria y de la estabilización
socioeconómica. La sentencia T-085 de 2009 explica que “la consolidación y
estabilización socioeconómica constituye un elemento primordial dentro del
programa de atención a la población desplazada, toda vez que pretende el
establecimiento de condiciones de sostenibilidad económica y social en el marco
del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas, e
implica la ejecución de programas relacionados con “proyectos productivos,
fomento a la microempresa, atención social en salud, educación, vivienda urbana
y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, planes de empleo
urbano, entre otros.”
En materia de protección del
derecho de acceso a la tierra de la población desplazada, la sentencia T-076 de
2011[144]
refirió: “en lo que respecta a la relación entre el afectado y la propiedad
inmueble, son dos las dimensiones en que se manifiesta el perjuicio iusfundamental
de los desplazados internos, en especial respecto de los que integran la
población campesina: (i) la protección del mínimo vital; y (ii) el acceso a la
vivienda digna. En cuanto a lo primero, es evidente que el sustento de la
población campesina,  comprendido como la consecución de los elementos
materiales básicos para el ejercicio de los demás derechos fundamentales,
depende de la explotación económica de la tierra rural. El desplazamiento forzado
impide que la población campesina víctima del mismo garantice su derecho al
mínimo vital. Respecto de lo segundo, es claro que la tierra rural no solo es
un medio de producción para los campesinos, sino que también constituye el
espacio para el ejercicio del derecho a la vivienda. En ese orden de ideas, el
desplazamiento forzado de los campesinos afecta el núcleo esencial de ese
derecho que conforma un derecho fundamental autónomo y exigible. Las víctimas
de desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a la reparación
integral del daño generado por ese delito. Ello significa la existencia de una
obligación estatal de implementación de las acciones tendientes entre otros
aspectos a: (i) conservar la propiedad o posesión de la tierra, tanto en su perspectiva
jurídica como fáctica; (ii) facilitar el retorno al territorio usurpado por los
hechos que motivaron el desplazamiento forzado, en condiciones de seguridad;
(iii) garantizar que la población campesina propietaria, poseedora o tenedora
de la tierra rural, pueda llevar a cabo tanto su explotación económica, como su
uso para vivienda, en condiciones compatibles con los estándares
internacionales previstos para ello.”
6.      El régimen especial de restitución a favor de las
víctimas, las oposiciones y las compensaciones previsto en la Ley 1448 de 2011
El ordenamiento jurídico colombiano se ha
ocupado del derecho a la restitución en varios estatutos como la Ley 387 de
1997[145], Ley 975
de 2005[146], Decreto
reglamentario 250 de 2005[147], Ley 1152
de 2007[148], Decreto
ley 4633 de 2011[149], Decreto
ley 4634 de 2011[150],
Decreto ley 4635 de 2011[151], Ley
1592 de 2012[152], entre
otros. Particularmente, la Ley 1448 de 2011 se expidió con el objeto de
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, y
económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas[153], dentro
de un marco de justicia transicional que posibilite hacer efectivo el goce de
sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición,
además que se les dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales (art. 1º).
La sentencia C-715 de 2012 valoró como positiva la
expedición de la Ley 1448 de 2011, siempre que se logren superar las
dificultades identificadas por la Corte en términos de ausencia de racionalidad
y falta de conducencia del componente de restitución para asegurar el goce
efectivo de los derechos de la población desplazada en particular y de las
víctimas del conflicto en general. Posteriormente, la sentencia C-280 de 2013
señaló que a partir de sus objetivos y contenidos, la denominada “ley de
víctimas” ha de ser considerada como una legislación especial al
resultar aplicable solo a determinadas situaciones (arts. 1º, 2º y 3º).
Esta ley está conformada por ocho títulos
del siguiente tenor: el I, disposiciones generales; el II, derechos de las
víctimas dentro de los proceso judiciales; el III, ayuda humanitaria, atención
y asistencia; el IV, reparación de las víctimas; el V, institucionalidad para
la atención y reparación a las víctimas; el VI, protección integral a los
niños, niñas y adolescentes víctimas; el VII, participación de las víctimas; y
el VIII, disposiciones finales. A nivel de principios generales se dispone que las
víctimas “obtendrán la tutela judicial efectiva de sus derechos” (art.
4º). Prevé la garantía del debido proceso que debe ser “justo y eficaz” (art.
7º). El principio de enfoque diferencial reconoce que el Estado ofrecerá
especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor
riesgo como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, discapacitados,
campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores
de derechos humanos y “víctimas del desplazamiento forzado” (art. 13).
Se contempla el derecho a la reparación integral
anotando que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada,
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido.
Precisa que comprende las medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Reconoce
el efecto reparador de las medidas de asistencia, en cuanto consagren acciones
adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del Gobierno
para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, entre
otros (art. 25). Como derechos de las víctimas se prevé el ser beneficiario
de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado, a que la política
pública tenga enfoque diferencial y a la restitución de la tierra si
hubiere sido despojado de ella (art. 28).
En materia de atención a las víctimas del
desplazamiento forzado se sostiene que continúan vigentes las disposiciones
orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la
población desplazada (art. 60). Con el propósito de garantizar la atención
integral a las víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente
retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, estas
procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado
garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas
especiales de acompañamiento. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá adelantar las acciones
ante las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas para garantizar la efectiva atención integral a
la población retornada o reubicada, especialmente con los derechos mínimos de
identificación, salud, educación, alimentación y reunificación familiar,
vivienda digna urbana y rural, y orientación ocupacional (art. 66).
El Título IV (reparación de las
víctimas) expone que las víctimas tienen derecho a obtener las medidas de
reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica. El Estado a través del Plan
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar
un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a
su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes
inmuebles (arts. 69 y 70).  El capítulo II de dicho título define restitución
como la realización de medidas para el restablecimiento de la situación
anterior a las violaciones previstas en el artículo 3 (víctimas) de la presente
ley (art. 71).
Bajo el acápite “acciones de
restitución de los despojados” se indica que el Estado adoptará las medidas
requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los
despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para
determinar y reconocer la compensación correspondiente. Como acciones
de reparación de los despojados se señalan la restitución jurídica y
material del inmueble; en subsidio, procederá la restitución por
equivalente o el reconocimiento de una compensación. La restitución
jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de
los derechos de propiedad (registro en el folio de matrícula inmobiliaria) o
posesión (declaración de pertenencia). En los casos en que la restitución
jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado
no pueda retornar al mismo por riesgo para su vida e integridad personal, se le
ofrecerá alternativas de restitución por equivalente para acceder a
terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa
consulta con el afectado. La compensación en dinero solo procederá en el evento
en que no sea posible ninguna de las formas de restitución (art. 72).
Como principios de la restitución se
identifican los siguientes: 1) preferente[154], 2) independencia[155], 3) progresividad[156], 4)
estabilización[157], 5)
seguridad jurídica[158], 6)
prevención[159], 7)
participación[160] y 8)
prevalencia constitucional[161] (art.
73).   Seguidamente se define despojo como “la acción por
medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva
arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de
hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la
comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. Por abandono
forzado de tierras entiende “la situación temporal o permanente a la que
se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve
impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los
predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo
establecido en el artículo 75” (art. 74).
Sobre la titularidad del derecho a la
restitución se expresa que las personas que fueran propietarias o poseedora
de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por
adjudicación, que hayan sido despojadas de estas u obligadas a abandonarlas
como consecuencia de los hechos que configuren las violaciones del artículo 3º
de la presente ley, entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la
ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras
despojadas o abandonadas forzadamente (art. 75). Cumplidos los requerimientos
de la solicitud de restitución y una vez admitido por auto, el traslado
se surtirá a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido
el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la Unidad Administrativa
Especial GRTD cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención
(art. 87).
Las oposiciones se deberán
presentar ante el juez dentro de los quince días siguientes a la solicitud
(restitución o formalización). Las oposiciones a la solicitud efectuada por particulares
se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán si son
pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial GRTD,
cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención, deberá ser
valorada y tenida en cuenta por el juez o magistrado. La Unidad Administrativa
Especial GRTD, cuando no haya actuado como solicitante podrá presentar
oposición a la solicitud de restitución. Al escrito de oposición se acompañarán
los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad
de despojado del respectivo predio, de buena fe exenta de culpa, del
justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el
opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la
calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la
solicitud de restitución o formalización[162].
Cumplido el periodo probatorio (art.
90), la sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la
propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío y decretará las
compensaciones a que hubiere lugar, a favor de los opositores que
probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. La sentencia
constituye título de propiedad suficiente y deberá referirse a:
a) las pretensiones de los solicitantes,
excepciones de opositores y solicitudes de terceros; b) la identificación e
individualización de los bienes; c) las órdenes a la oficina de registro de
instrumentos públicos para que inscriba la sentencia; d) las órdenes a la
oficina de registro de instrumentos públicos para que cancele todo antecedente
registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, así como la cancelación
de los correspondientes asientos e inscripciones registrales; e) las órdenes
para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los términos de la Ley
387 de 1997, siempre que se exprese su acuerdo con la orden de protección; f) en
el caso de declaración de pertenencia se proceda a la inscripción; g) en el
caso de explotación de baldíos la realización de las adjudicaciones; h) las
órdenes para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia,
cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la providencia; i) las
órdenes para que se desengloben o parcelen los inmuebles; j) las órdenes
para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones de que trata la
ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en
relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución; k) las
órdenes necesarias para que la persona compensada transfiera al Fondo de la
Unidad Administrativa el bien que le fue despojado y que fue imposible
restituirle; l) la declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por
los efectos de la sentencia pierdan validez jurídica; m) la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos
individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y
concretas; n) la orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real
que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución, en virtud de
cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, administrativas o tributarias
contraídas de conformidad con lo debatido en el proceso; o) las órdenes
pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de
la entrega material de los bienes a restituir; p) las órdenes necesarias
para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien
inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de
las personas reparadas; q) las órdenes y condenas exigibles de quienes
hayan sido llamados en garantía dentro del proceso a favor de los demandantes
y/o demandados de buena fe derrotados en el proceso; r) las órdenes
necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas
en el proceso sean compensadas cuando fuere del caso; s) la condena en
costas a cargo de la parte vencida, cuando se acredite su dolo, temeridad o
mala fe; y t) la remisión de oficios a la Fiscalía General en caso de que como
resultado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho punible.
Una vez ejecutoriada la sentencia,
su cumplimiento se hará de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado
mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivos de los
derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del
mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia (art. 335, Código de
Procedimiento Civil). Dicha competencia se mantendrá hasta tanto estén
completamente eliminadas las causas de la amenazas sobre los derechos de los
reivindicados (art. 91). Contra la sentencia se podrá interponer el recurso de
revisión ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (arts.
379 y ss. C. de P.C.), art. 92, Ley 1448/11. El valor de las compensaciones
que decrete la sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe
exenta de culpa dentro del proceso, será pagado por el Fondo de la
Unidad Administrativa Especial GRTD (art. 98). Al igual se
prevé la celebración de contratos para el uso del predio restituido, pudiendo
destacarse que cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa el Magistrado
entregará el proyecto productivo a la Unidad
Administrativa Especial de GRTD para que lo explote a través de terceros y se
destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para
víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la
restitución (art. 99).
Después de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá su
competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que garanticen
el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a
quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para
sus vidas, su integridad personal y la de sus familias (art. 102).  La Unidad
Administrativa Especial GRTD, es una entidad especializada de carácter
temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene
como objetivo servir de órgano administrativo del Gobierno para la restitución
de tierras de los despojados (arts. 103 y 104). Entre sus funciones está: i)
diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente; ii) incluir en el registro las tierras despojadas y
abandonadas forzosamente; iii) tramitar ante las autoridades competentes los
procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de
predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos
previstos en la ley; iv) pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en
las sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena
fe exenta de culpa; v) pagar a los despojados y desplazados las
compensaciones a que haya lugar, cuando, en casos particulares, no sea posible
restituirles los predios (art. 105). De otra parte, se creó el Fondo de
la Unidad Administrativa Especial GRTD, adscrito a esta Unidad que tendrá
como objetivo servir de instrumento financiero para la restitución de tierras
de los despojados y el pago de compensaciones (art. 111).
Se contemplan normas para las mujeres en
los proceso de restitución, disponiendo que gozarán de especial protección
del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados con esta
ley (art. 114). También se dispone atención preferencial en favor de las
madres cabeza de familia y de las mujeres que pretendan la restitución de
tierras, siendo las solicitudes sustanciadas con prelación (art. 115).
Una vez la sentencia ordene la entrega de un predio a una mujer
despojada, la Unidad Administrativa Especial GRTD y las autoridades de policía
o militares deberán prestar su especial colaboración para velar por la
entrega oportuna del predio y para procurar mantener las condiciones de
seguridad que le permitan usufructuar su propiedad (art. 116).
Igualmente se consagra que las disposiciones de este capítulo reglamentan de
manera general la restitución de tierras y prevalecerán y servirán para
complementar e interpretar las normas especiales que se dicten. En caso de
conflicto con otras disposiciones se aplicarán de preferencia los artículos de
este capítulo, siempre que sean más favorables (art. 122). Se precisa que la
presente ley rige a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de diez
(10) años (art. 208).
En desarrollo de la Ley 1448 de 2011 se
expidieron los decretos 4800 de 2011[163], Decreto
4829 de 2011[164], Decreto
0790 de 2012[165], Decreto
3011 de 2013[166], más el
Documento CONPES 3712 de 2011. En conclusión, la denominada ley de
víctimas constituye un estatuto trascendental a través de la cual se procura
articular un conjunto de disposiciones especiales y adicionales a las
previamente contenidas en los principales códigos y en otras leyes de
carácter ordinario[167],
las cuales en orden a las materias de que se ocupan se aplicarán de manera
preferente o adicionalmente durante su vigencia[168].
7.      El asunto sub-júdice. Los accionantes pretenden la inexequibilidad de la expresión “dentro
de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez
o Magistrado, cuando hubiere lugar a ello, o”, contenida en el inciso
primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011. Precisan que de su tenor
literal puede extraerse el establecimiento de un mandato consistente en
la orden de entregar el predio objeto de restitución al solicitante o a la
Unidad Administrativa Especial GRTD a favor del despojado, y de una condición
dada en que para cumplir la entrega del predio debe primeramente acaecer el
pago de las compensaciones a favor de los opositor de buena fe exenta de culpa.
Con ello, estiman, se impide la oportuna y efectiva restitución del predio,
hasta cuando el Estado satisfaga su carga económica sobre la cual la víctima no
tiene ninguna responsabilidad.
La mayoría
de los intervinientes concuerdan en señalar que la disposición impugnada
condiciona la entrega del predio restituido a la previa cancelación de las
compensaciones a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa, por lo que
solicitan la inexequibilidad de la expresión cuestionada, como lo fueron: la Defensoría del Pueblo; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras; la universidad
Santo Tomás; la universidad Javeriana; la universidad del Rosario; y el
Procurador General de la Nación. Otros sostienen la exequibilidad de la frase acusada bajo la
consideración que los accionantes parten de una lectura descontextualizada de
la Ley 1448 de 2011 (ausencia de interpretación sistemática y teleológica), lo
que permite colegir a la Corte que de ser correcta la interpretación contenida
en la demanda les llevaría a participar de la inconstitucionalidad[169]. Por último,  dos
intervenciones son claras en sostener la exequibilidad de lo demandado en
defensa de los derechos de los opositores[170].
7.1.   La Corte coincide con lo afirmado
en la demanda de inconstitucionalidad y lo manifestado por la mayoría de los
intervinientes, además del Procurador General[171]. Es claro que el inciso
primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011 instituye dos momentos
diferentes que están dados por un mandato consistente en disponer la
entrega del predio objeto de restitución al solicitante o a la Unidad
Administrativa Especial GRTD a favor del despojado[172] y una condición al
subordinar que tal entrega se efectúe dentro de los tres días siguientes al
pago de las compensaciones ordenadas por la autoridad judicial cuando hay lugar
a ello. Ello termina siendo corroborado al poderse extraer de la alocución
final que de no haber lugar al pago de la compensación se procederá a la
entrega del predio[173]
“dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”[174].
Respecto de la disposición parcialmente acusada no existen
acercamientos hermenéuticos disímiles. El contenido normativo del texto
demandado no es dubitativo, sino por el contrario claro y único al establecer
un mandato que resulta postergado por una condición, de presentarse, sin que ello quiera decir que no sea
legítimo esclarecer el sentido de un texto legal cuando este sea oscuro, lo
cual no acontece en el presente caso.
No puede
pretenderse, como lo informan algunos intervinientes, entender la frase
impugnada con un significado que contraviene abiertamente el sentido gramatical
de la misma. Como disposición con significado autónomo no permite más que el
entendimiento que reflejan sus palabras. De ahí que quienes propugnaron por la
inhibición por una supuesta incorrecta interpretación del aparte cuestionado[175], tuvieron que
acudir a ingentes esfuerzos hermenéuticos para llevar a decir a la norma legal
lo que no dice y menos permite[176]. Adicionalmente,
por la función de garante de los derechos fundamentales que a este Tribunal se
le asigna constitucionalmente (art. 241, inc. 1), obliga a propender por su
vigencia efectiva retirando toda disposición legal, para mayor claridad y
seguridad en las reglas procesales, que en sí misma no permita al menos un
entendimiento constitucional.
Precisado por este Tribunal el alcance
del inciso primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, debe también anotarse
que la compensación prevista hace referencia a las que se deben pagar a los
terceros de buena fe exenta de culpa[177],
originado en el actuar adecuado y probo de los opositores con respecto a su
relación jurídica y material con el bien objeto de restitución, y como medida de
protección a los restituidos quienes no se ven obligados a asumir el pago de
suma alguna al corresponder su asunción al Estado (Fondo
de la Unidad Administrativa Especial GRTD)[178]. Además, corresponde
a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras, decidir en única instancia los procesos de restitución de tierras,
y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes
abandonaron en forma forzada sus predios, en aquellos casos en que se
reconozcan opositores dentro del proceso[179].
7.2.   Ingresando
al fondo del asunto, la Corte encuentra que la disposición parcialmente acusada
desconoce el Estatuto Superior como los tratados internacionales de derechos
humanos, según se ha expuesto en la parte dogmática de esta decisión[180].
La restitución de la tierra en la
justicia transicional es un elemento impulsor de la paz[181]. La sentencia C-820 de
2012 reiteró que la naturaleza especial de la acción de restitución constituye “una
forma de reparación, en tanto a través de un procedimiento diferenciado y con
efectos sustantivos no equivalentes a los propios del régimen del derecho
común, se fijan las reglas para la restitución de bienes a las víctimas
definidas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Esa especialidad, que
explica su condición de medio de reparación, se apoya no solo en las
características del proceso definido para tramitar las pretensiones de
restitución, sino también en las reglas sustantivas dirigidas a proteger
especialmente al despojado. Cabe destacar, por ejemplo, el régimen de
presunciones sobre la ausencia de consentimiento o causa ilícita, las reglas de
inversión de la carga de la prueba, la preferencia de los intereses de las
víctimas sobre otro tipo de sujetos, la protección de la propiedad a través del
establecimiento de restricciones a las operaciones que pueden realizarse
después de la restitución y el régimen de protección a terceros de buena fe -de
manera tal que los restituidos no se encuentren obligados a asumir el pago de
valor alguno por las mejoras realizadas en el predio, debiendo éste ser asumido
por el Estado-.”
Lo anterior implica una
obligación para el Estado de implementar las acciones tendientes a mantener la
propiedad o posesión de la tierra en su perspectiva jurídica y material,
proveer el retorno al territorio por los hechos que motivaron el desplazamiento
forzado en condiciones de seguridad y garantizar que la población campesina
propietaria, poseedora o tenedora de la tierra rural pueda llevar a cabo su
explotación económica y uso para vivienda, entre otros. Además de equiparar las
cargas a favor de las víctimas, la medida de restitución de tierras implica la
existencia de un proceso judicial idóneo, ágil y expedito, que a través de los
principios orientadores, las instituciones probatorias y los procedimientos
suscitados tienden a satisfacer, con la mayor celeridad y eficacia, los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición.
La restitución es expresión de un
interés jurídico protegido que supone para la victima despojada o que ha debido
abandonar de manera forzada su tierra, un poder amparado por el “derecho”,
para presentar ante las autoridades judiciales solicitudes de restitución
encaminadas a exigir la devolución de los inmuebles de su propiedad y, solo en
el caso de no ser ello posible, la restitución por equivalencia o las
compensaciones que fueren del caso. La comprensión de los mecanismos que la
hacen realidad debe partir del reconocimiento de un derecho subjetivo, adscrito
a los derechos constitucionales, de acceder a la administración de justicia
para obtener la reparación de los daños sufridos, y a contar con la protección
de las diversas manifestaciones de la propiedad[182].
Así mismo, las víctimas por su sola
condición son merecedores de acciones afirmativas, dadas la situación de
exclusión y marginalidad a que están expuestas, además del mayor trato
preferencial que deberá otorgarse a las mujeres, los menores de edad, etc.
según se ha explicado. Recuérdese que se está frente a un acto de despojo o
abandono forzado del bien y, por tanto, usualmente violento y ejecutado por
grupos armados al margen de la ley. En razón a la diversidad de derechos
conculcados a las víctimas de desplazamiento, la Corte ha resaltado la
obligación del Estado de otorgarles un trato preferente[183], el cual debe traducirse
en la adopción de acciones positivas en su favor (incs. 2 y 3, art. 13,
superior).
Si las víctimas de
la violencia son quienes realmente han sido despojados u obligados a abandonar
forzadamente sus predios o bienes, la preceptiva legal acusada debe
interpretarse en función de los principios de favorabilidad hacia el
entendimiento y restablecimiento de sus derechos, las circunstancias de
debilidad manifiesta y la prevalencia del derecho sustancial[184]. Tratándose de los
conceptos de abandono y despojo forzado es claro que ambos producen la
expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera una vulneración masiva de
sus derechos fundamentales. Por ende, es la víctima del desplazamiento forzado
que ha demostrado la calidad de propietario o poseedor legítimo beneficiario
del bien y los hechos del despojo y abandono forzado, quien por sus condiciones
de vulnerabilidad y multiplicidad de violación de derechos, se le debe brindar
un trato prioritario, beneficioso y con acciones afirmativas (enfoque
diferencial), que les permita resurgir en sus derechos que han sido en el
tiempo amenazados y conculcados.
7.3.   En esta medida, en la
resolución de la tensión que subyace entre los derechos de las víctimas y los
terceros de buena fe exenta de culpa, la Corte halla vulnerado el
derecho a la igualdad, porque el legislador debiendo propender por la adopción
de acciones afirmativas hacia las víctimas del desplazamiento forzado que
fortalecieran su derecho fundamental a la restitución efectiva del predio o
bienes, dispuso en su lugar tomar medidas restrictivas sobre el goce efectivo
de sus derechos al dejar de brindar un trato preferente y favorable a las
víctimas, dada su calidad de sujetos de especial protección constitucional y
como parte más vulnerable en la relación jurídica procesal respecto de los
opositores.
La Constitución consagra el derecho a la
igualdad desde una doble perspectiva: como mandato de abstención o de
interdicción de tratos discriminatorios y como mandato de intervención
sobre aquéllas situaciones de desigualdad material en orden a su superación.
Respecto al primero la Carta Política prohíbe la discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. En cuanto al mandato de optimización, el Constituyente promueve una
dimensión positiva de actuación pública -acciones afirmativas-, que exige del
Estado promover condiciones para que la igualdad  sea real y efectiva, adoptar
medidas a favor de grupos discriminados o marginados, proteger especialmente a
aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionar los abusos y maltratos en su contra. Bajo el presupuesto de que todas
las personas son iguales ante la ley, no se puede colegir que el legislador
tenga prohibido tener en cuenta criterios de diferenciación para proveer un
trato especial respecto de situaciones que en esencia no son iguales. Por
tanto, si ante diferencias relevantes los sujetos en comparación no son
iguales, son susceptibles de recibir un trato diferenciado siempre que exista
una justificación constitucional y la medida no resulte irrazonable ni
desproporcionada[185].
El Estado debe brindar especial
protección a las víctimas de desplazamiento forzado por razón: i) de la
violencia; ii) haberse efectuado contra ellas uno o varios delitos; iii) del
gravísimo daño ocasionado; iv) de sus precarias condiciones sociales, físicas,
psíquicas y económicas; y v) de la afectación sistemática y masiva de sus
derechos fundamentales.[186],
todo lo cual hace que se encuentren en estado de indefensión y debilidad
manifiesta, conllevando la obligación para el Estado de otorgar un tratamiento
particular y de acciones afirmativas para con este grupo poblacional[187]. La Corte
ha exigido otorgarles un enfoque diferenciado, que se refuerza aún más
tratándose de grupos sujetos a mayor riesgo como mujeres, jóvenes, niños y
niñas, adultos mayores, discapacitados, campesinos, líderes sociales, miembros
de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, entre otros[188],
el cual debe traducirse en la adopción de medidas positivas en su favor (incs.
segundo y tercero, art. 13 superior)[189].
De ahí que las víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño que han sufrido como población vulnerable que incluye
criterios de priorización. La obligación estatal de atender de forma
preponderante a los desplazados tiene fundamento último “en la inhabilidad
del Estado para cumplir con su deber básico de preservar las condiciones
mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de
personas y garantizar la seguridad personal de los asociados[190], porque
si no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares
de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de
colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones
extremas de existencia, la atención necesaria para reconstruir sus vidas”[191].
De esta manera, se les debe aplicar a las víctimas el precepto superior siendo
destinatarios de una especial y preferente protección por el Estado, que impone
a las autoridades públicas la obligación de atender las necesidades de este
grupo poblacional con un particular grado de diligencia y celeridad.
Para la Corte las víctimas del despojo o
abandono forzado no pueden equipararse a una de las partes propias del proceso
civil ordinario, ni tampoco a los terceros de buena fe exenta de culpa que
reciben un trato independiente en el procedimiento especial de restitución, todo
lo cual dificulta realizar el test de comparación. Se impide tomar en serio los
derechos de las víctimas del despojo o abandono forzado, cuando se obstaculiza
el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar, lo
cual acarrea la afectación del derecho a la vida en condiciones dignas; la
integridad física y mental; la salud; los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las
personas de tercera edad, entre otros; el libre desarrollo de la
personalidad; el derecho a escoger un domicilio y a permanecer en el lugar
seleccionado para vivir; la libertad de circulación por el territorio
nacional; la libertad de expresión y de asociación; el derecho al
trabajo; el derecho a escoger profesión u oficio; la unidad familiar y la
protección integral de la familia; el derecho a la vivienda digna; el derecho a
la propiedad; el derecho a una alimentación mínima; la educación; el derecho a
la paz; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a la igualdad; entre
otros.
Solo la transmisión inmediata e
incondicionada del bien, una vez se ha proferido la decisión judicial, supera para
este Tribunal la barrera de continuar la violación de los derechos de las
víctimas. Entonces, la entrega del predio objeto de restitución debe operar
inmediatamente, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria
de la sentencia, con independencia de la cancelación de la compensación a los
opositores de buena fe exenta de culpa. De lo contrario, solo contarían las
víctimas del desplazamiento forzado con un derecho formal reconocido por una
sentencia, que se traduciría en una simple hoja de papel o en una declaración
de solo buenas intenciones, al no poder materializar sus derechos reclamados. Para
evitar caer en la eficacia simbólica de las decisiones judiciales, se precisa
tomar en serio los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, y así
evitar ser prisioneros de la propia retórica.
De aplicarse el juicio de proporcionalidad[192]
podría sostenerse que existiría un fin válido al pretender proteger los
derechos del tercero de buena fe exenta de culpa, que fue privado de su
relación jurídica patrimonial y goza de garantías procesales para una justa
compensación. Así mismo, también podría indicarse que la medida adoptada resulta
adecuada al permitir este prerrequisito satisfacer de manera idónea, oportuna y
efectiva la consecución del objetivo como es el pago de la compensación.
No obstante, no resultaría necesaria la medida
dispuesta por el legislador, por cuanto existen mecanismos menos gravosos para
la obtención del resultado constitucional perseguido. El condicionar la entrega
del predio restituido por sentencia a la previa compensación del tercero de
buena fe exenta de culpa desprotege a quien es la víctima del conflicto armado
en su derecho a la reparación integral. La víctima del despojo o abandono
forzado es quien por su condición de vulnerabilidad generada por las transgresiones
masivas, continuas y sistemáticas tiene un trato preferencial en el proceso de
restitución de bienes.
La medida establecida por el legislador
resulta irrazonable y desproporcionada, porque además de la carga que han
tenido que sobrellevar las víctimas producto del abandono por el Estado, la
persecución, el empobrecimiento y la afectación de sus derechos, y tras haber
obtenido la restitución por decisión judicial, tienen ahora que esperar a que
el Estado cancele una compensación que nace como una nueva obligación
circunscrita al opositor de la misma respecto del Estado a través del fondo de
la Unidad Administrativa Especial GRTD[193],
que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar y donde finalmente el
tercero cuenta con el proceso ejecutivo. Ninguna relación jurídica existe entre
la víctima y los terceros de buena fe exenta de culpa, sino que se presenta
entre el Estado y éstos. Con ello se termina instrumentalizando a las víctimas
al ser utilizadas como mecanismo de garantía para el pago de las compensaciones
que le corresponde hacer al Estado. Además, se termina privilegiando los
derechos patrimoniales del compensado sobre los derechos de las víctimas. Por
tanto, no existe proporcionalidad entre los
beneficios que se procuran y los perjuicios que se ocasionarían, toda vez que
el valor a cancelar por la compensación equivale a condicionar la
materialización del derecho de restitución a la acción o inacción del Estado,
lo cual genera el desconocimiento del derecho a la igualdad.
7.4.   De igual
modo, la Corte encuentra que el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 29
y 229 superiores y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre
otros), resulta transgredido por la norma parcialmente demandada, al imponer a
las víctimas del despojo o abandono forzado la carga adicional de tener que
esperar a que el fondo de la Unidad Administrativa Especial GRTD cumpla con la
obligación de pagar la compensación a favor del tercero de buena fe exenta de
culpa. De esta manera, el mandato contenido en la sentencia de entrega del
predio restituido a la víctima, quien goza de tratamiento preferente y
favorable por su condición de indefensión y violación múltiple de derechos,
continuará sin cumplirse, seguirá siendo una expectativa que dependerá de otra acción
(Estado hasta cuando satisfaga su carga económica), respecto de la cual no
tiene ningún grado de injerencia ni responsabilidad, haciendo de la decisión
judicial una orden ineficaz y con ello prolongando la violación de sus derechos
fundamentales.
La restitución oportuna, plena, justa y
efectiva es aquella que habrá de devolver a las víctimas del desplazamiento
forzado en el conflicto armado interno, a la situación anterior a la violencia
(restitutio in integrum), permitiendo el restablecimiento de sus
derechos, el disfrute de la libertad, la identidad, la vida familiar, la
ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo,
la devolución de sus bienes, la consolidación y estabilización socioeconómica,
entre otros. Todo en la espera que no se vuelvan a repetir los hechos que la
motivaron, para así transformar las causas estructurales que dieron origen al
despojo o abandono forzado de los bienes.
No debe olvidarse que los terceros de
buena fe exenta de culpa han podido intervenir en el proceso de restitución
desde el traslado de la solicitud (art. 87, Ley 1448 de 2011), presentando la
correspondiente oposición (art. 88, Ley 1448 de 2011), solicitando las pruebas
pertinentes (art. 89, Ley 1448 de 2011), antes de que se profiera el fallo que
dispone la entrega del bien (art. 91, Ley 1448 de 2011), además del recurso de
revisión que se prevé contra la sentencia (art. 92, Ley 1448 de 2011).
La injustificada dilación que se
presenta termina convirtiendo la sentencia de restitución en un recurso
inadecuado para las víctimas e inefectivos para reivindicar sus derechos
fundamentales, al no obtener el resultado para el cual fue concebido. Para
evitar caer en la simbología decisional y con ello agotar la confianza pública
en las determinaciones judiciales por disposición del legislador, los derechos
a la justicia y a la reparación de las víctimas tienen que alcanzar una
realización efectiva (art. 2º superior), haciendo cesar la violación de sus
derechos y previniendo la obstrucción pública de la ejecución de las sentencia
de restitución de viviendas, tierra y patrimonio.
El derecho procesal no puede
constituirse en un impedimento para la efectividad del derecho sustancial (art.
228 superior), sino que debe propender por la realización de los derechos
materiales, al suministrar una vía para la solución oportuna y real de las
controversias. Finalmente, la medida legislativa adoptada lleva a la
revictimización al someterlas a nuevos trámites que prolongan la incertidumbre
y el sufrimiento.
7.5.   Lo anterior
no es óbice para dejar de señalar que los terceros de buena fe exenta de culpa
deben ser respetados y restablecidos en sus derechos de manera adecuada,
efectiva y rápida. En esa medida, el valor de las compensaciones que decrete la
sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa
dentro del proceso de restitución, debe ser pagado con la inmediatez y eficacia
requerida por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas.
Según se ha
explicado, los opositores de buena fe exenta de culpa también gozan de la
protección constitucional de sus derechos. En este sentido, disponen de las
garantías procesales que les ofrecen la Constitución y la ley en orden a la
obtención de una compensación justa y oportuna. Los operadores judiciales y el
Estado deben contar con los mecanismos necesarios para la cumplida ejecución de
la sentencia que obligue a compensar el daño sufrido, reparación que ha de
efectuarse de manera plena y efectiva.
Una vez decretada
la compensación, su ejecución por parte de la Unidad Administrativa Especial
GRTD ha de ser contigua o seguida, máxime cuando dentro de los terceros de
buena fe exenta de culpa puedan existir sujetos de especial protección constitucional,
que además puedan ameritar medidas de protección transitorias, sin que con ello
se trastoque la entrega oportuna y efectiva del predio restituido a las
víctimas.
La capacidad y
articulación interinstitucional constituyen un eje fundamental para la
restitución de los predios a las víctimas y a su vez para la compensación a los
terceros de buena fe exenta de culpa. Estos últimos también deben resultar
protegidos en sus derechos  por lo que las compensaciones establecidas deben
darse bajo soluciones rápidas, definitivas y con criterios de eficacia de la
función estatal (art. 209 superior). El Fondo debe contar con los recursos y la
operatividad suficientes para cancelar las compensaciones decretadas por la
autoridad judicial.
7.6.   Resta por
indicar que el artículo 91 (lit. r) de la Ley 1448 de 201, consagra que la
sentencia de restitución deberá contener las órdenes necesarias para garantizar
que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean
compensadas, por lo que al desaparecer del ordenamiento jurídico la frase
demandada para nada impide que la autoridad judicial resuelva y haga efectivo
este punto específico.
7.7.   En conclusión, el derecho a la
restitución de tierras como componente de la reparación integral de las
víctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, es autónomo e
independiente de los derechos reconocidos a los terceros de buena fe exenta de
culpa. El aparte demandado resulta contrario a la Constitución y al orden
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
al resultar excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y derechos
fundamentales de las víctimas a la reparación integral. Todo lo cual comporta
una restricción particularmente significativa e intensa en las garantías
constitucionales de las víctimas, que impide la plena certeza de la
satisfacción de su derecho a la restitución, como principal fuente de
estabilidad social, laboral, económica y familiar. La carga adicional impuesta
sobre las víctimas del despojo o abandono forzado se hace aún más latente
tratándose de víctimas que tienen un mayor trato preferencial por su situación
de vulnerabilidad e indefensión.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la expresión
“dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas
por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello, o”, del artículo 100
de la Ley 1448 de 2011.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
al Gobierno, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con permiso
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento de voto
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(E.)
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E.)
[1] Diario
oficial número 48.096 de 10 de junio de 2011.
[2] Sentencias
C-228 de 2002, C-370 de 2006 y C-579 de 2013.
[3] Existencia
de solicitante de restitución sin que se constituyan terceros en calidad de
opositores y existencia de solicitante de restitución y simultáneamente de
terceros opositores.
[4]
Tipos de órdenes a favor del solicitante de restitución y tipos de órdenes en
relación con el tercero que se haya constituido como opositor.
[5]
Ministerios del Interior y de Vivienda.
[6]
Ministerios de Agricultura y de Vivienda.
[7]
Unidad de Restitución de Tierras y Ministerio del Interior.
[8] Cfr. Sentencias C-595 de 2010, C-523 de 2009 y C-149
de 2009.
[9] En términos
generales la carga mínima de
argumentación en las demandas de inconstitucionalidad resulta indispensable por
cuanto de no atenderse dichos presupuestos procesales podría frustrarse la
expectativa de obtener una decisión de fondo. Su exigencia permite hacer un uso
adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana. No debe
olvidarse que conforme al artículo 241 superior, no corresponde a la Corte
revisar oficiosamente las leyes, sino examinar las que efectivamente hubieran sido
demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que sólo pueda adentrarse en el
estudio y resolución de un asunto una vez se presente la acusación en debida
forma. Cfr. Sentencias C-081 de 2014,
C-281 de 2013, C-610 de 2012, C-469 de 2011, C-595 de 2010, C-069 de 2009,
C-508 de 2008, C-451 de 2005, C-480 de 2003, C-1052 de 2001 y C-447 de 1997.
[10] Así
lo ha recogido la Corte desde la sentencia C-1052 de 2001, al indicar que las
exigencias del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 constituyen una carga mínima
de argumentación que debe cumplir todo ciudadano. Cfr. sentencias C-533 de
2012, C-456 de 2012, C-198 de 2012, C-101 de 2011, C-029 de 2011, C-028 de
2011, C-102 de 2010, C-025 de 2010, C-372 de 2009, C-1087 de 2008, C-293 de
2008, C-922 de 2007, C-370 de 2006, C-1197 de 2005, C-1123 de 2004, C-901 de
2003, C-889 de 2002, C-183 de 2002 y C-1256 de 2001.
[11] Ministerio
de Defensa Nacional; Defensoría del Pueblo; Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras;
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras; Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras; Universidad
Santo Tomás; Pontificia Universidad Javeriana; y Universidad del Rosario.
[12]
Cfr. sentencias C-359 de 2013, C-595 de 2010 y C-523 de 2009.
[13] Se
precisa que una de las magistradas de este Tribunal que intervinieron
sostuvo que la norma parcialmente acusada resulta exequible.
[14] Señalan
que la lectura realizada por los accionantes resulta inadecuada al no observar
el contexto en que fue expedida la ley demandada. De aceptarse tal
interpretación llevaría a la inconstitucionalidad de lo demandado.
[15] Una
de las magistradas de este Tribunal sostuvo que la disposición parcialmente
demandada resulta exequible.
[16] Sentencia
C-370 de 2006.
[17] Artículo 26.
[18] Sentencia C-370 de 2006. En la C-225 de 1995 se
sostuvo: “El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo que
busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para
proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de legitimar la
guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el
constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo II.”
[19] Numerosos
pactos y convenios de índole universal y regional demuestran este compromiso
común, además que se han fortalecido mecanismos judiciales para hacer efectivas
las obligaciones internacionales, evolucionando hacia el respeto de la dignidad
y los derechos humanos, aún en tiempos de guerra mediante la consolidación del
Derecho Internacional Humanitario (ius cogens).
[20] Sentencia C-370 de 2006. En el informe anual de 2004
(El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren
o han sufrido conflictos), el
Secretario General de las Naciones Unidas al
referirse a la noción de “justicia de transición” manifestó que: “abarca toda
la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a
fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y
lograr la reconciliación.” Tales mecanismos, agregó, “pueden ser
judiciales o extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación
internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el
enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la
reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo
o combinaciones de todos ellos.”
[21] “las
cuales en ningún caso serán tasadas”.
[22]  “y remitirá el expediente a la Unidad
Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de
las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera
preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras
de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.”
[23] “En concordancia con el artículo 23 de la presente
ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la
víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de
justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.”
[24]
Reparación integral.
[25] Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley
975 de 2005 y se dictan otras disposiciones.
[26] Cfr. sentencias C-579 de 2013 y C-370 de 2006.
[27] Sentencia
C-180 de 2014.
[28] Sentencias
C-180 de 2014, C-579 de 2013, C-715 de 2012 y C-370 de 2006.
[29] Sentencias
C-715 de 2012 y C-370 de 2006.
[30] Sentencias
C-180 de 2014, C-579 de 2013, C-715 de 2012, C-370 de 2006 y C-228 de 2002.
[31] Reconoce que toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o la ley (derecho a la justicia).
[32] Expresa que toda persona puede ocurrir a
los tribunales para hace valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente (derecho a la justicia).
[33] Contempla que cada uno de los Estados Partes se
compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Aprobado por la Ley 74 de 1968.
[34] “15.
Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la
vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños.
El Comité atribuye importancia a que los Estados parte establezcan en el
derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer
las quejas sobre violaciones de derechos. […] Se requieren en especial
mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar
las denuncias de violaciones de modo rápido, detallado y efectivo por
organismos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de
derechos humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a
tal fin. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de
violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto. La cesación de la
violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso
efectivo. “16. […] Si no se da reparación a las personas cuyos derechos
reconocidos en el pacto hayan sido infringidos, queda sin cumplir la obligación
de facilitar recursos efectivos, que es el elemento central para cumplir las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 2. Además de las reparaciones
explícitas indicadas en el párrafo 5 del artículo 9[34]
y el párrafo 6 del artículo 14[34], el Comité
considera que en el pacto se dispone por lo general la concesión de una
indemnización apropiada. El Comité toma nota de que, en los casos en que
proceda, la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y
la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la
presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de
garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas
aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos
humanos. 17. En general, los objetivos del Pacto se echarían por tierra sin la
obligación, básica según el artículo 2, de que se adopten  medidas que impidan la
repetición de una violación del Pacto”.
[35] Sentencias
C-579 de 2013 y C-370 de 2006.
[36] Aprobado por la Ley 16 de 1972. Artículo 1, obligación de respetar
los derechos. 1.
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social. Artículo 2, deber de adoptar
disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades. Artículo 8º, garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del
inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho
del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f)
derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que
puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar
contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es
válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto
por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario
para preservar los intereses de la justicia. Artículo 25, protección judicial.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados
Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.
[37] Atendiendo el informe presentado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en
Colombia (13 de diciembre de 2004), esta Corporación indicó que: “es
una obligación estatal, que compromete a todos los órganos del poder público,
establecer los mecanismos que permitan prevenir, investigar, juzgar y sancionar
la vulneración de los derechos humanos amparados por la Convención Americana.
Además, en lo que concierne al proceso judicial de investigación, juzgamiento y
sanción de dichos atropellos, la Comisión Interamericana entiende que el Estado
está obligado a impulsar de oficio las etapas procesales correspondientes, de
manera que el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares no resulte
ser solamente formal, sino que alcance una realización efectiva”. Sentencias
C-579 de 2013 y C-370 de 2006.
[38] Contiene normas que regulan las formas en que se pueden
librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de éstos.
Protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades y a
los que ya no pueden seguir interviniendo en éstas.
[39] Ver
artículo 32 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949.
[40] Aprobada
por la Ley 70 de 1986.
[41] Aprobada
por la Ley 409 de 1997, declarada exequible mediante sentencia C-351 de 1998.
[42] Dentro de las obligaciones que asumen los Estados
están la de garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura
y el derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Igualmente se
comprometen a investigar de oficio los casos de tortura de que tengan denuncia
o razón fundada para estimar que se han cometido abriendo el respetivo proceso
penal y a incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la
compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura. Ver artículos
4º, 5º y 6º de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, y los artículos 8º y 9º de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
[43]
Establece que los  Estados se comprometen a no practicar tal conducta ni
permitir que se practique, y a sancionar a los autores de este delito, sus
cómplices y encubridores. Además, obliga a tomar medidas legislativas para
tipificar el delito, cuya acción penal no estará sujeta a prescripción. Aprobada
por la Ley 707 de 2001, declarada exequible mediante sentencia C-580 de 2002.
[44] Determina que las personas acusadas por este hecho
serán juzgadas por un Tribunal competente del Estado en el cual fue cometido el
delito, o ante la Corte Penal Internacional cuando sea competente respecto a
aquellas de las Partes que hayan reconocido su jurisdicción. Aprobada por la
Ley 28 de 1959.
[45] Aprobada
por la Ley 35 de 1961.
[46] Aprobado
por la Ley 65 de 1979.
[47] La
competencia de Tribunal Internacional está establecida para el juzgamiento de
los más graves atentados contra los derechos fundamentales y el Derecho
Internacional Humanitario, y es de naturaleza complementaria a la de la
jurisdicción del Estado parte. Aprobado por la Ley 742 de 2002,
declarada exequible mediante sentencia C-578 de 2002.
[48] Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4.
[49] Declaró la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 1º del Acto legislativo 01 de 2012,en los términos señalados en esta sentencia.
[50] Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley
1448 de 2011, artículos 28 numeral 9 (parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2,
4, y 5 (parciales); 73 numeral 1 y 2 (parciales);  74 inciso 6 (parcial); 75
(parcial); 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales); 78
(parcial);  84 parágrafo 2 (parcial); 91 inciso 1 (parcial);  99, 120 inciso 3
y 207.
[51] Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69,
70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, y contra la ley en
su integridad.
[52] Corte IDH.Caso Godínez Cruz vs. Honduras.
[53] Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú.
[54] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala.
[55] Corte IDH. Caso comunidad Moiwana vs. Suriname.
[56] Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala.
[57] Sentencias C-715 de 2012 y C-370 de
2006.
[58] Actualización fue presentada el 8 de febrero de 2005
por la profesora Diane Orentlicher, experta independiente encargada de la
Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2005/102/Add.1. 8 de febrero de 2005.
[59] 61º
periodo de sesiones. Tema 17 del programa provisional.
[60] Informe
E/CN.4/1998/53/add.2, del 11 de febrero de 1998. Resolución 50 de la CDH del 17
de abril de 1998.
[61] Sentencia
T-821 de 2007.
[62] A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006.
[63] Sentencias
C-180 de 2014, C-579 de 2013 y C-715 de 2012.
[64] Sentencias
C-180 de 2014, C-579 de 2013 y C-228 de 2002.
[65] Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos 57º período de sesiones E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005.
[66] Cfr.
sentencia T-821 de 2007.
[67] La
Constitución Política lo garantiza: i) como valor
superior en su Preámbulo: “en ejercicio de su poder
soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la
paz”, en el artículo 2º que se concreta como fin
esencial del Estado en “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo”; y ii)  como derecho y deber en el artículo 22 al establecer
que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y en
el artículo 95 al enumerar los deberes de la persona y del ciudadano que
incluye: “6. Propender al logro y mantenimiento de la paz”. Finalmente,
las disposiciones constitucionales transitorias 66 y 67 (Acto Legislativo 01 de
2012), instituyen “el logro de la paz estable y duradera”.
[68] Estado
social de derecho y principios de solidaridad y dignidad humana.
[69] Garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes constitucionales, y el deber de
las autoridades de proteger los residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
[70] Todas
las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
[71] Se
garantiza el derecho a la honra.
[72] El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
[73] El
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En
el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
[74] Tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el
Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002, sentencia C-578 de 2002).
[75] La
administración de justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Sus actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
[76] Se
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia.
[77] La
Fiscalía General de la Nación, deberá: 6. Solicitar ante el juez de
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación
integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal,
la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
[78] Acto
Legislativo 01 de 2012. Los instrumentos de justicia transicional serán
excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del
conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantía de
no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el
mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
[79] Examinó
la constitucionalidad de los artículos 137, 30 y 47 de la Ley 600 de 2000.
[80] Declaró exequibles, entre otras, las expresiones “si
hubiere sido despojado de ella” y “de los despojados”, “despojado”
y “el despojado” contenidas en los artículos 28, numeral 9 y 72 incisos
2, 4 y 5, de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que estas expresiones
incluyen tanto a las víctimas de despojo como a las víctimas forzadas al
abandono de sus bienes.
[81] Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
79 (parcial), 88 (parcial) y 132 (parcial) de la Ley 1448 de 2011.
[82] Sentencia
C-228 de 2002.
[83]
Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), sSentencia
del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), sentencia de 14 de
marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde resalta
como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales
desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a
la verdad y a la justicia.
[84] Sentencia
C-370 de 2006.
[85] Sentencia
C-454 de 2006.
[86] Conjunto
de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad (2005).
[87] Sentencia
C-180 de 2014.
[88]
Sentencia C-228 de 2002.
[89]
Sentencia C-228 de 2002, que refirió a la protección amplia de los
derechos de las víctimas de delitos y la reconceptualización de la parte civil
a partir de la Constitución de 1991, concluyendo: “demostrada la calidad de
víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para
constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial.”
[90] Sentencias C-228 de 2002 y C-210 de
2007.
[91] Término preferido por De Greiff por las siguientes razones: i)
expresa la
idea de que, con el fin de responder a las diversas necesidades de las
víctimas, los victimarios y toda una sociedad conformada por sobrevivientes, se
necesita una variedad de
respuestas; (ii) no
buscaría respuestas uniformes para todos los países, sino que se esforzaría por
encontrar respuestas específicas según la situación nacional y con miras a que
el país afectado decida sobre ellas; (iii) se esforzaría por darle una
participación significativa a la población local.
[92] TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva
York, 2000, 119.
[93] ONU. Informe presentado por el Secretario General a solicitud del
Consejo de Seguridad. “El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en
las Sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. Párr. 22.
[94] Sentencias
C-579 de 2013 y C-454 de 2006.
[95] El
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Diálogos sobre la reparación,
Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos, Tomo 2, 2008),
indicó que  todas las medidas de reparación que se analizan de manera
individual poseen, sin embargo, una dimensión de integralidad, la cual se
compone de una integralidad interna, que supone que los criterios y la
ejecución de las medidas tienen coherencia con el sentido y naturaleza de esta.
Y una externa, entre las diferentes medidas, dado que el significado que
adquieren es  interdependiente de su relación.
[96] El
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Diálogos sobre la reparación,
Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos, Tomo 2, 2008),
respecto del principio de proporcionalidad manifestó: “no todas las medidas
de reparación tienen la misma importancia para las víctimas. Esta jerarquía se
hace evidente en el diseño de las medidas, dado que deberían responder a sus
expectativas o necesidades. Pero más que en una sentencia o un acuerdo de
solución amistosa, es en el cumplimiento donde dicha jerarquía se hace más
evidente.
[97]
Resolvió asuntos concernientes a reparación a las víctimas del desplazamiento
forzado e indemnización por vía administrativa.
[98] Declaró exequible, en relación con el cargo
examinado, el inciso final del
artículo 9 de la Ley 1448 de 2011, y los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y
131 de la misma ley, que consagran como medidas de reparación el acceso
preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y
empleo y a la carrera administrativa en casos de empate, en el entendido que
tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la
indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.
[99] Sentencias C-579 de 2013 y C-454 de 2006.
[100] Sentencia C-579 de 2013.
[101] En esta decisión se examinó
la constitucionalidad de los artículos 23 (incs. 4 y 5, parciales) y 24 de la
Ley 1592 de 2012 sobre reparación integral (adiciona el art. 23A a la Ley 975
de 2005), concluyendo: “en el contexto colombiano el derecho de las víctimas de
acceso a la administración de justicia, y especialmente a un recurso judicial
efectivo, se vincula constitucionalmente a la posibilidad de que mediante una
decisión del juez penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación
integral que demanda. A juicio
de la Corte, las expresiones “las cuales en ningún
caso serán tasadas”, del inciso cuarto y
el apartado normativo “y remitirá el expediente a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes
para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 y el inciso 2° del
artículo 24 de la Ley 1592 de 2012 son inconstitucionales porque impiden a la
Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial  adoptar las medidas de
reparación relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización,
satisfacción y garantías de no repetición, a favor de las víctimas, lo cual
desconoce que en virtud del artículo 2º de la Constitución Política,
corresponde a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos de las
víctimas y en concordancia con ello y por mandato de los numerales 6° y 7° del
artículo 250 de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento
adoptar de manera concreta las medidas de reparación integral dentro del
respectivo proceso. Considera la Corte que no cabe sustraer del proceso de
justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación
integral de las víctimas, pues ello implica desconocer el principio de juez
natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por
consiguiente, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe
adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a  la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011. Cabe precisar que la decisión de inexequibilidad adoptada se
refiere a la hipótesis en que la víctima decida solicitar la reparación dentro
del proceso penal, evento en el cual por virtud del principio de juez natural
corresponde al Tribunal de Justicia y Paz ordenar en cada caso en concreto las
medidas de reparación a favor de las víctimas, toda vez que las otras formas de
reparación que no surjan de un proceso penal seguirán a cargo de las Unidades
Administrativas Especiales de Atención y Reparación Integral a las víctimas y
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo con las competencias
señaladas en la Ley 1448 de 2011, pues cabe resaltar que esta decisión no
modifica las funciones atribuidas por otras disposiciones legales a la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
en lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de
las víctimas.”
[102]
Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (2005). Principio 31: “Toda
violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus
derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de
reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.”
[103]  El artículo 75 del Estatuto de Roma, en cuanto a la reparación de las
víctimas establece: “1. La Corte
establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la
indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus
causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en
circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la
magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus
causahabientes, indicando los principios en que se funda. 2. La Corte podrá dictar directamente
una decisión contra el condenado en la que indique la
reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte
podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por
conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79. 3. La Corte, antes de tomar una
decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones
formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan
un interés, o las que se formulen en su nombre. 4. Al ejercer sus atribuciones de
conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea
declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de
dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es
necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 5.  Los Estados Partes darán
efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones
del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 6.  Nada de lo dispuesto en el
presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las
víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.”
[104] Sentencia
C-579 de 2013.
[105] Sentencia
C-979 de 2005.
[106] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia del 29 de
julio de 1988. Párr. 175. De igual forma, el art. 4.f
de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1994)
dispone que los Estados deben: “elaborar, con carácter general,
enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra
toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de
prevención en distintos ámbitos de los derechos humanos, ver: arts. 7.d y 8 de
la Convención de Belem do Pará; Asamblea General de las
Naciones Unidas, A/RES/52/86: “Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe “Acceso a la justicia
para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007.
[107] Organización de las Naciones Unidas, “La violencia
contra la mujer en la familia”: Informe de la sra. Radhika Coomaraswamy,
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado de conformidad
con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc.
E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita tomada en Corte IDH, caso
González y otras (Campo Algodonero) Vs. México, sentencia del 16 de noviembre
de 2009.
[108] En el sistema universal de protección de los derechos humanos el art.
5.a de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979), CEDAW, dispone que los Estados deben adoptar medidas
para “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres”.
[109] Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[110] El artículo 4.h de la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la Mujer (1994) resalta la importancia de destinar suficientes recursos
para prevenir y eliminar esta clase de actos.
[111] ONU. Comité de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos del
Niño, Observación General 13 relativa al “Derecho del niño de no ser objeto de
ninguna forma de violencia” (18 de abril de 2011).
[112] Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[113] Sentencia
C-911 de 2013.
[114] Sentencia
C-370 de 2006. El artículo 16 del Decreto reglamentario 4800 de
2011 reconoce que “es una situación fáctica que no está supeditada al
reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro.”
[115] “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”.
[116] “También
son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo
grado de consanguinidad ascendente.”
[117] En esta demanda se acusa (i) la expresión “por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985” del artículo 3 de la ley 1448 de 2011; (ii) la
expresión “los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas
o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al
margen de la ley siendo menores de edad” del parágrafo 2º del artículo 3º, y la
expresión “directas por el daño sufrido en sus derechos, pero no como víctimas
indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos” del mismo
parágrafo 2º; (iii) la expresión “para los efectos de la definición contenida
en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan
sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia
común” del parágrafo 3º del artículo 3; (iv) la expresión “por hechos ocurridos
antes del 1º de enero de 1985, “simbólica” y “como parte del conglomerado
social y sin necesidad de que sean individualizados”; (v) y la expresión “1º de
enero de 1991” contenida en el artículo 75 de la ley 1448 de 2011, por
violación del derecho a la igualdad –art.13 CP-.
[118] Por consiguiente, las demás víctimas que quedan
excluidas, por (a) la limitación temporal del año 85 para la reparación
económica, como del año 1991 para la restitución de tierras; (b) la restricción
en cuanto a los miembros de los grupos armados organizados ilegales que puedan
ser víctimas de violaciones del DIH; (c) como por la limitación respecto de que
los menores de edad reclutados que deben desmovilizarse siendo todavía menores
para ser reconocidos como víctimas; (d) respecto de la limitación relativa a
que quedan excluidos los delitos de la delincuencia común;  no sufren un trato
discriminatorio, ni se les viola el derecho a la igualdad.
[119] Se consideran
víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
[120] También es armónica con la noción amplia de “conflicto
armado” que ha reconocido la Corte a lo largo de sus pronunciamientos en
materia de control abstracto, de tutela, y de seguimiento a la superación del
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual,
lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las
confrontaciones estrictamente militares o a un grupo específico de actores
armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que
incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto
armado interno colombiano.
[121]
T-268 de 2003.
[122]
Auto 093 de 2008 y T-402 de 2011.
[123]
Auto 092 de 2008 y T-611 de 2007.
[124]
T-821 de 2007.
[125]
T-895 de 2007.
[126]
Ver las sentencias T-630 y T-611 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-299 de 2009 (MP: Mauricio González Cuervo) y el Auto 218 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[127]
T-318 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[128]
T-129 de 2012 (MP. Jorge Pretelt Chaljub).
[129]
T-265 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) y T-188 de 2007 (MP. Álvaro Tafur
Galvis).
[130]
T-076 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[131] Demanda de inconstitucionalidad contra artículos 28 numeral 9
(parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2, 4, y 5 (parciales); 73 numeral 1 y 2
(parciales);  74 inciso 6 (parcial); 75 (parcial); 76 inciso 4 (parcial) e
inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales); 78  (parcial);  84 parágrafo 2
(parcial); 91 inciso 1 (parcial);  99, 120 inciso 3 y 207, de la Ley 1448 de
2011.
[132] Sentencias
T-367 de 2010 y T-085 de 2009.
[133] Sentencia C-820 de 2012, que declaró exequible, por
los cargos analizados, el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de
2011, bajo el entendido que la entrega del proyecto
productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el
consentimiento de la víctima restituida y los recursos destinados a la
reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto,
descontada la participación de la víctima. En esta decisión se sostuvo que las normas que protegen
los intereses de las víctimas restituidas no implican el reconocimiento de un
derecho fundamental absoluto no sólo porque se admite que en el evento de
resultar imposible la restitución del bien anteriormente ocupado se puede
prever la entrega de un bien equivalente u otorgar una compensación, sino
también porque su realización, desde la perspectiva de las posibilidades
jurídicas, depende del tipo de intereses constitucionales que se le oponen.
[134] Sentencia
C-715 de 2012.
[135]
Ibídem. Cfr. sentencias T-085 de 2009 y T-821 de 2007.
[136] Ibídem.
[137] Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007. La sentencia T-979 de 2005 explica
en que consiste la restitución: “restitución se realiza a través de acciones
orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación
que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, tiene un alcance que
trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos
sus derechos que le permitan continuar con una vida normal en su entorno
social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico.”
[138] Sentencia T-415 de 2013.
[139] Sentencia C-820 de 2012.
[140] Artículos 98 y 105.
[141] Sentencia
C-820 de 2012.
[142] Se señala: “1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas
(i) las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su
permanencia en el lugar provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos
que amenazan directamente su supervivencia. 2. Los derechos de los niños, de
las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera
edad, y de otros grupos especialmente protegidos “en razón de las precarias
condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse”. 3.
El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del
riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven
forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo. 4. Los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y
de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los
desplazamientos” y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la
materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente
deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento. 5. Quienes lo
sufren ven sus derechos económicos, sociales y culturales fuertemente
afectados. 6. Implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así
el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de
la familia. 7. El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no
sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de
salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento, sino porque las deplorables condiciones de
vida que se ven forzados a aceptar tienen un altísimo potencial para minar su
estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones preexistentes.
8. El derecho a la integridad personal, que resulta amenazado tanto por los
riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el
alto riesgo de ataques al que están expuestos por su condición misma de
desposeimiento. 9. El derecho a la seguridad personal, puesto que el
desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y
desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados. 10. La
libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en
el sitio escogido para vivir, puesto que la definición misma de desplazamiento
forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a otro punto
geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia. 11. El derecho al
trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso
de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en
consecuencia, abandonar sus actividades habituales. 12. El derecho a una alimentación
mínima, que resulta insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos
niveles de pobreza extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que
les impiden satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales y repercuten,
por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales.
13. El derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que
sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a
interrumpir su proceso de formación. 14. El derecho a una vivienda digna,
puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar
sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a
condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan,
cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. 15. El
derecho a la paz, cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no
sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el
conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional
humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la
población civil. 16. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el
hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su
registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la
identificación de los representantes legales, cuando se trata de menores de
edad que son separados de sus familias. 17. El derecho a la igualdad, dado que
(i) a pesar de que la única circunstancia que diferencia a la población
desplazada de los demás habitantes del territorio colombiano es precisamente su
situación de desplazamiento, en virtud de ésta condición se ven expuestos a
todas las violaciones de los derechos fundamentales, y también a discriminación
y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se produce por la
pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o comunidad a la
cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores en el conflicto
armado y por sus opiniones políticas, criterios todos proscritos como factores
de diferenciación por el artículo 13 de la Carta. Lo anterior no excluye la adopción
de medidas de acción afirmativa a favor de quienes se encuentren en condiciones
de desplazamiento, lo cual de hecho constituye una de las principales
obligaciones reconocidas por la jurisprudencia constitucional en cabeza del
Estado.[142] Los
alcances de este derecho han sido definidos por los Principios 1 a 4, 6, 9 y
22, que prohíben la discriminación a la población desplazada, recomiendan la
adopción de medidas afirmativas a favor de grupos especiales dentro de la
población desplazada y resaltan la importancia de que a los desplazados se les
garantice un trato igualitario. Ahora bien, el alcance de las medidas que las
autoridades están obligadas a adoptar se determina de acuerdo tres parámetros
principales, que fueron precisados en la sentencia T-268 de 2003, así: (i) el principio
de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la
población desplazada, (ii) los Principios rectores del desplazamiento forzado
interno, y (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial en el
contexto del Estado Social de Derecho.”
[143] El
artículo 2º del Decreto reglamentario 250 de 2005 (Plan nacional para la
atención integral a la población desplazada por la violencia) hace referencia
al enfoque restitutivo “como la reposición equitativa de las pérdidas o
daños materiales acaecidos por el desplazamiento, con el fin de que las
personas y los hogares puedan volver a disfrutar de la situación en que se
encontraban antes del mismo. Las medidas de restitución contribuyen al proceso
de reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el
desplazamiento.”
[144] Recogida
en la sentencia C-715 de 2012.
[145] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.
[146]Por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.
[147] Por el cual se expide el Plan Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras
disposiciones.
[148] Por la cual se dicta el
Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones.
[149] Por medio del
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de
restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas.
[150] Por el
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano.
[151] Por el
cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
[152] Por medio
de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios” y se dictan otras disposiciones.
[153] Artículo 3º, Ley 1448 de 2011. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno. Ver sentencias C-781 de 2012, C-250 de 2012 y C-253A de 2012
Apartes subrayados
CONDICIONADLMENTE exequibles. También son víctimas el cónyuge, compañero o
compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando
a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de
estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad
ascendente. Ver sentencia C-052 de 2012.
De la misma forma, se consideran
víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se
adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene
al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir
entre el autor y la víctima.
PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza
Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación
económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al
régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a
las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la
presente ley.
PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los
casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados
del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Ver
sentencia C-253A de 2012.
PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición
contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes
hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de
delincuencia común. Ver sentencia C-253A de 2012.
PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido
víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la
verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de
no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado
social y sin necesidad de que sean individualizadas. Ver sentencia -253A de
2012.
PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima
contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o
presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos
terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se
refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo
establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de
1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en
virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de
combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las
disposiciones contenidas en la presente ley.
[154] La
restitución de tierras acompañada de acciones de apoyo pos-restitución
constituye la medida preferente de reparación integra para las víctimas.
[155] La
restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que
se haga o no el efectivo retorno de las víctimas a quienes les asista ese
derecho.
[156] Medidas
de restitución deben propender de manera progresiva por el restablecimiento del
proyecto de vida de las víctimas.
[157] Las víctimas
del desplazamiento y del abandono forzado tienen derecho a un retorno o
reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad.
[158] Las
medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la
restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios.
[159] Las
medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del
desplazamiento forzado, protección a la vida e integridad y de protección
jurídica y física  de las propiedades y posesiones de los desplazados.
[160] La
planificación y gestión del retorno o reubicación, y de la reintegración a la
comunidad contará con la plena participación de la víctima.
[161] Corresponde
a las autoridades judiciales el garantizar la prevalencia de los derechos de
las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo
especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron
despojados. Por lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más
vulnerables y aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de
protección especial.
[162] La Corte en la sentencia C-438 de 2013
declaró exequible la expresión “Las oposiciones se deberán
presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la
solicitud”, contenida en el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, bajo el
entendido que el término para las oposiciones se empezará a contar a partir de
la notificación de la admisión de la solicitud.
[163] Por
el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
[164]
Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011
en relación con la restitución de tierras.
[165] Por el cual se trasladan las funciones del Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia-SNAIPD
al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-CNAIPD al
Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
[166] Por
el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012.
[167]
Entre ellas, el Código Civil, el Código Penal, los estatutos procesales y el
Contencioso Administrativo.
[168] Sentencia
C-280 de 2013.
[169]
Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Departamento
para la Prosperidad Social y Unidad de Restitución de Tierras.
[170] Ministerio
de Defensa y una de las magistradas del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.
[171] Los
antecedentes legislativos revisados no precisan los motivos que llevaron a la
redacción de la norma acusada. Esta disposición se contempla inicialmente en el
proyecto de ley 085 de 2010 Cámara, en el artículo 21 de la siguiente manera: “Entrega
del predio restituido. La entrega del predio objeto de restitución se hará a la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas a favor del
despojado, dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones
ordenadas por el juez, cuando hubiere lugar a ello, o dentro de los tres días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, con los cuidados respectivos. […]”.
Ver Gaceta del Congreso 617 del 9 de septiembre de 2010. En el
informe de ponencia para primer debate (contiene modificaciones al presentado
originalmente al Congreso) al proyecto de ley número 107 de 2010 Cámara,
acumulado al proyecto número 85 de 2010 Cámara, se registra como artículo 93
según puede apreciarse de la Gaceta del Congreso 865 del 4 de noviembre de
2010. Más adelante se identifica como artículo 96 en la Gaceta del Congreso
1004 del 1 de diciembre de 2010.
[172] Cuando
actúe a su nombre y a su favor. Art. 81, Ley 1448 de 2011.
[173] En
el inciso primero, después de la frase acusada, se registra la conjunción “o”. Decimosexta letra del alfabeto español y cuarta de sus vocales. Se usa
para unir dos elementos de un mismo nivel o función gramatical y expresa
alternativa o exclusión de uno de ellos. http://es.thefreedictionary.com/o
[174] Las
intervenciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras de Bogotá, Medellín y Cartagena,
partieron de esta interpretación (mandato y condición). Así mismo, el
Procurador General conceptúa que la expresión demandada impone una doble carga
ya que de una parte dispone que se debe declarar la compensación cuando a ello
hubiere lugar y, de otra, e3vite que sea pagada, todo lo cual implica dos
momentos diferentes que dilata en el tiempo el goce efectivo de la propiedad.
[175] Valiéndose
para ello de una interpretación sistemática y teleológica.
[176] Cfr.
sentencias C-739 de 2008, C-977 de 2002 y C-415 de 2002.
[177]
Toda vez que si el predio es restituido a las víctimas (despojo y
abandono forzado), no les correspondería compensación alguna.
[178] Art.
98, Ley 1448 de 2011.
[179] Artículo
79, Ley 1448 de 2011. Los jueces del circuito especializados en aquellos casos
en que se reconozca personería jurídica a opositores, tramitarán el proceso
hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal
Superior de Distrito Judicial.
[180] Artículos
1º, 2º, 5º, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 42, 44, 48, 51, 58 y 229, entre otros, de
la Constitución. En virtud del artículo 93 de la Constitución, los convenios
internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[181] Justicia
distributiva en sociedades en transición. Morten Bergsmo, César Rodríguez
Garavito, Pablo Kalmanovitz y María Paula Saffon (editores). Torkel Opsahl
Academic EPublisher. Oslo. 2012. La restitución de la tierra en la justicia
transicional: retos y experiencias. El caso de Colombia. Knut Andreas O. Lid.
Pág. 194.
[182] Sentencia
C-820 de 2012.
[183]
Sentencia T-025 de 2004.
[184] Sentencias
C-715 de 2012, T-328 de 2007 y T-025 de 2004.
[185]
Sentencia C-258 de 2008.
[186] Sentencias C-047
de 2001 y T-419 de 2003.
[187]
Sentencia T-025 de 2004. Cfr. sentencias T-702 de 2012, T-501 de 2009, T-358 de
2008, T-156 de 2008 y T-136 de 2007.
[188]
Cfr. Arts. 13, 115 y 181, Ley 1448 de 2011.
[189] Sentencia
T-702 de 2012.
[190]
Sentencia T-721 de 2003.
[191] Sentencia SU.
1150 de 2000. Cfr. sentencia T-702 de 2012.
[192] En la
sentencia C-820 de 2012 se sostuvo: “En opinión de
la Corte, la comprensión del derecho a la restitución en los términos
expresados, refleja las características que le han sido atribuidas en el
derecho internacional y en la jurisprudencia constitucional y, en particular,
toma nota de la posibilidad de que surjan tensiones con otros intereses
constitucionales relevantes que hagan necesario, en cada caso, esfuerzos de
armonización concreta. En todo caso, a pesar de admitir restricciones, su
identificación de acuerdo a las pautas descritas demanda una preferencia
especial por la restitución efectiva sometiendo sus restricciones al
cumplimiento de una exigente justificación cuyo cumplimiento puede ser
determinado con apoyo en el principio de proporcionalidad.”
[193] El
artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 no establece un término legal máximo para el
pago, sino que faculta a la Unidad Administrativa Especial GRTD para acordar la
cancelación de la compensación en especie u otras ordenadas en la sentencia,
con cargo a los recursos del fondo.