T-639-17
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 546 de
fecha 22 de agosto de 2018, el cual se anexa en la parte final, se declara la
nulidad de la presente providencia por violar el debido proceso, ante la
configuración de una indebida integración sobreviniente del contradictorio.
Sentencia T-639/17
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CONDICIONES DIGNAS Y
JUSTAS DE LAS MADRES COMUNITARIAS-Evolución normativa
del programa hogares comunitarios de bienestar implementado por el ICBF
PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR-Línea jurisprudencial
MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR-Evolución jurisprudencial
La jurisprudencia constitucional ha
evolucionado, de cara al desarrollo legislativo: En un principio, la Corte
consideraba que se trataba de un vínculo contractual de índole civil entre las
madres y el operador y que no se trata de trabajo subordinado ante el ICBF
(T-269/1995, SU-224/1998, T-668/2000, T-978/2000 T-990/2000 y T-1173/2000). Luego, determinó que se trataba de un contrato intermedio entre
el subordinado y el independiente, “que no genera relación laboral” (T-628
/2012); para finalmente ir acorde al avance legislativo de formalizar la
vinculación laboral a partir de febrero de 2014, regulada con la Ley 1607 de
2012 y Decreto 289 de 2014 (T-130/2015 y T-508/2015).
MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES
COMUNITARIOS DE BIENESTAR-Alcance de la
sentencia T-480/16 y de su declaratoria de nulidad parcial y de las medidas
adoptadas en el Auto 186/17
En la Sentencia T-480 de 2016 la Sala encontró que entre el ICBF y
las 106 madres comunitarias sí se cumplieron los elementos del contrato de
trabajo realidad, demostrando que: (i) las actoras sí prestaron personalmente
sus servicios como madres comunitarias; (ii) sí recibieron por parte del ICBF
el pago de una suma de dinero periódica, fija y constante como retribución (sin
importar su denominación); y (iii) el ICBF siempre tuvo poder de dirección para
condicionar el servicio personal que prestaron las demandantes (lugar de trabajo,
jornada y horario, medidas y sanciones). Bajo el postulado de que el pago de
los aportes a pensión es una obligación inherente a una relación laboral, la
Sala Octava de Revisión observó que el ICBF había vulnerado
sistemáticamente los derechos fundamentales de las 106 madres comunitarias,
ante la negativa de pagar los aportes pensionales, resultando en un trato
discriminatorio de género teniendo connotaciones particulares por ser de
índole público, compuesto, continuado, sistemático y de relevancia constitucional.
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR-Orden al ICBF reconocer y
pagar aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad
Social, a efecto de que demandantes obtengan su pensión
Expedientes acumulados:
EXPEDIENTES         DEMANDANTES
T-6.190.251
t-6.193.730
T-6.196.094
T-6.201.064
T-6.203.162
T-6.208.901
Gloria Solano
Neris Aponte Ariza y otros
Flor Vargas Salas y otros
Claribel Munera Pereañez
María Edilma González y otros
Ángela Parra Gamboa y otros
Demandado: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
siguientes fallos proferidos:
Expediente
Primera
instancia
segunda
instancia
T-6.190.251
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Barrancabermeja
4 de enero de 2017
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017
t-6.193.730
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Valledupar
3 de febrero de 2017
Sin impugnación
T-6.196.094
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja
25 de enero de 2017
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja - Sala Laboral;
3 de marzo de 2017
T-6.201.064
Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con
funciones de conocimiento
31 de enero de 2017
AUTO INTERLOCUTORIO del 15 de marzo de
2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la causa
pasiva
T-6.203.162
Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Tunja
24 de enero de 2017
Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión
No. 5;
1º de marzo de 2017
T-6.208.901
Juzgado Civil del Circuito de Los Patios
(Norte de Santander)
13 de febrero de 2017
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia;
29 de marzo de 2017
Estos procesos fueron escogidos para
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte
Constitucional, mediante auto de treinta de junio de 2017 y repartidos a la
Sala Cuarta de Revisión.
Por presentar unidad de materia, se
ordenó su acumulación, para que fueran decididos en una misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y pretensiones comunes en
los expedientes acumulados
1.1. Las 88 ciudadanas anteriormente
referidas formularon acciones de tutela contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad
humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad, con
fundamento en los siguientes hechos comunes a los expedientes acumulados:
Mediante Ley 89 de 1988, el Gobierno
Nacional implementó los Hogares Comunitarios de Bienestar, cuya sostenibilidad
económica se surte a través de becas del ICBF “a las familias con miras a
que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de
recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud,
protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos
sociales pobres”.
Las accionantes indicaron que las
labores que desempeñaban como madres comunitarias son: (i) cuidar a los 15 o
más niños y niñas asignados al hogar comunitario, (ii) alimentarlos, (iii)
organizar y realizar actividades pedagógicas con ellos, y (iv) estar al tanto
de su salud e higiene personal de los infantes.
Explicaron que su jornada laboral
diaria iniciaba a las 5:00 a.m. con el alistamiento de la casa y la preparación
de los alimentos para las niñas y niños beneficiarios. A partir de las 8:00
a.m. los reciben para dar inicio con las actividades lúdicas, las cuales
supuestamente deberían culminar a las 4:00 p.m. pero realmente finalizan horas
más tarde, hasta que el último padre de familia recoge a su hijo.
Manifestaron que han desempeñado su
trabajo de manera personal, permanente, y con carácter de subordinación ante el
ICBF, puesto que sus funciones (ya referidas) son asignadas y supervisadas por
dicha entidad, conforme a los estándares establecidos por la misma. Algunas agregaron
que, como prueba de ello, continuamente se han clausurado hogares comunitarios
por incumplir las exigencias para su funcionamiento.
Afirmaron que, desde la fecha de su
vinculación al Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, por sus servicios
prestados como madres comunitarias han recibido el pago mensual de una suma de
dinero denominada “beca”, la cual, por su continuidad y características se
constituye en salario. Situación particular toda vez que sólo a partir del 1º de
febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal vigente. Sostuvieron
que con la asignación y pago de la “beca” como salario, quedaba en evidencia la
vulneración del derecho a la igualdad, toda vez que, desde la fecha de su
vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar hasta el 31 de enero
de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a
dicho programa, su jornada laboral diaria superó las 8 horas legales,
negándoles el pago de un salario mínimo mensual legal vigente, desconociéndoles
sus derechos laborales y sometiéndolas a una desigualdad económica por todos
esos años.
Alegaron que su vínculo con el ICBF
constituía contrato realidad, por cuanto se encontraban reunidos los elementos
esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo:
(i) la prestación personal del servicio; (ii) la continua subordinación o
dependencia; y (iii) un salario como retribución del servicio, el cual, según
ellas, sería la denominada “beca” que recibían como pago de la labor
desempeñada.
Adujeron que, desde la creación de
los hogares comunitarios, el ICBF se ha preocupado por crear diferentes
estrategias jurídicas para desvirtuar la relación laboral existente entre las
madres comunitarias y ese instituto. En esa medida, indicaron que ese instituto
ha omitido pagar a su favor los aportes parafiscales al sistema de seguridad
social en materia pensional.
Señalaron que la omisión del deber
legal del ICBF de realizar los correspondientes aportes a seguridad social
lleva consigo al incumplimiento de las semanas cotizadas requeridas para que en
el futuro puedan acceder a una pensión de vejez. Aunado a ello, manifestaron
que lo que recibían por el pago de la beca no alcanzaba para sufragar los
costos de sus necesidades básicas, menos para asumir el aporte a pensión.
Advirtieron que sólo a partir del 1º
de febrero de 2014 el ICBF, a través de las Entidades Administradoras del
Servicio, empezó a pagar los correspondientes aportes a seguridad social.
1.2. Con base en esos hechos, solicitaron
que: (i) sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de
la realidad; (ii) sea declarada la existencia de contrato
realidad entre las accionantes y el ICBF, en aplicación del precedente
constitucional de la sentencia T-480 de 2016; (iii) se ordene al
ICBF pagar los aportes pensionales no pagados, junto con los intereses
moratorios causados desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la
fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa; y (iv)
se ordene al ICBF reconocer y pagar las acreencias laborales correspondientes
(salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios,
vacaciones, subsidio, dotación, subsidio de transporte, sanciones moratorias,
indemnizaciones, etc.).
2. Pruebas pertinentes y relevantes
2.1. Expediente T-6.190.251
Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 12 al 16 del cuaderno 1 del expediente:
·
Documento
de identidad.
·
Certificaciones
de capacitaciones como madre comunitaria.
·
Constancia
por parte de la Coordinadora del Centro Preventivo Yariguies del ICBF en
Barrancabermeja, acreditando su tiempo en ejercicio de la labor como madre
comunitaria, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
Gloria Solano
24. Jul. 1987
04. May. 2004
2.2. Expediente t-6.193.730
Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 40 al 109 del cuaderno 1 del expediente:
·
Poderes
y documentos de identidad de las 19 peticionarias.
·
Certificaciones
del HOGAR respectivo sobre el tiempo en ejercicio de labores como madres
comunitarias de las 19 peticionarias. A continuación se relacionan las 4 no
reportadas por el ICBF[1],
así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
1
Neris del Carmen Aponte Ariza
1995
1999
2
Mariely Julio Orozco
1991
Oct. 1995
3
Liseth Cecilia Noya de la Hoz
Jun.
2006
Jun. 2007
4
Marlys Zeira Aguilar Barona
01. Abr. 1997
18. Jun. 2005
·
Según
pruebas decretadas mediante auto del 2 de febrero de 2017 (visibles a folios 152
al 166 del cuaderno 1 del expediente), el ICBF certificó el tiempo en ejercicio
de labores como madres comunitarias de 15 peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
1
Nohora Alba Ramos Rosado
01.Abr.1997
Julio. 2012
2
Levith del Socorro Márquez de Mejía
Feb. 1995
Diciembre. 2006
3
Yadis Mercedes Guerra Ustariz
Noviembre. 1988
Junio. 1992
4
Yenitza María Ramos Torres
Enero. 1998
Marzo. 2006
5
Adis María Murgas Murgas
09. Nov. 1984
15.Dic.2004
6
Miriam Rosa Blanquicet Coneo
Febrero. 1995
Junio. 2009
7
Delvis Leonor Rosado Amaya
02. Sep. 2002
14. Nov. 2007
8
Aura María Padilla Padilla
01. Mar. 1997
09. Dic. 2011
9
Digna Rosa Banquez Torres
11. Ene. 1993
02. May. 2000
10
Margarita Rosa Murgas Guerrero
Octubre. 1997
Marzo. 2012
11
Fanny María Becerra Arzuaga
Diciembre. 1988
Enero. 2001
12
Caridad Meza Martínez
08. Nov. 1997
02. Sep. 2002
13
Maricela Muñoz Oñate
Abr. 2004
Jun. 2009
14
Rosalba Padilla Zapata
Octubre. 1982
Diciembre. 2000
15
Yomaira Ustariz Liñan
Jul. 2003
Abr. 2010
2.3. Expediente T-6.196.094
2.3.1. Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 1 al 268 (TOMO 1) del cuaderno 1 del expediente:
·
Poderes,
documentos de identidad e historia Laboral emitida por Colpensiones de las 11
peticionarias.
·
Certificaciones
de la Junta Administradora de Hogares Comunitarios del tiempo en ejercicio de
labores como madres comunitarias de 2 peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
Flor Elisa Vargas Salas
Ene. 1997
25. Ago. 2015
Miriam Ocación Gallo
01. Jun.1997
activa
·
Certificaciones
de ASOPADRES DE FAMILIA del tiempo en ejercicio de labores como madres
comunitarias de 5 peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
Susana Patarroyo de Cuervo
08. Feb. 1988
15. Feb. 2012
María Alejandrina Cuchivague
Camargo
18. Sep. 1988
01. Ago. 2014
Elsa María Reyes Reyes
02. Jun. 1987
Activa
Yolanda Moreno Mariño
02. Ago. 1985
Activa
María Elicenia Guzmán Rodríguez
02. Oct. 1987
Activa
·
Informe
de reporte de semanas cotizadas en pensiones de:
NOMBRE
DESDE
HASTA
María Preselia Higuera Rodríguez
01.Feb.1997
31.May.2009
·
Declaración
de personas naturales sobre el tiempo en ejercicio de labor como madre
comunitaria en el Hogar Comunitario de Sote Panelas (Motavita, Boyacá) de:
NOMBRE
DESDE
HASTA
Amanda Suarez Vanegas
Enero 1980
Febrero 1996
·
Certificación
del ICBF, de ASOPADRES DE FAMILIA y declaración de personas naturales que
coinciden en el tiempo en ejercicio de labor como madre comunitaria de:
NOMBRE
DESDE
HASTA
María Elizabeth González de Barón
01. Jul. 1989
31. Ago. 2010
2.3.2. Caso especial MARIA IRENE
TENZA DE DESALVADOR. Fueron
aportadas al trámite de tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en
copias simples, visibles a folios 269 a 300 (TOMO 1) y a folios 301 al 360
(TOMO 2) del cuaderno 1 del expediente:
·
Certificaciones
de capacitaciones como madre comunitaria.
·
Historia
Laboral emitida por Colpensiones.
·
Solicitud
de Indemnización Sustitutiva elevada ante el ISS.
·
Resolución
00708 del 26 de agosto de 2002, emitida por el ISS.
·
Resolución
0210 del 8 de noviembre de 2007, proferida por el Concejo Municipal de Tunja,
“Por la cual se hace un reconocimiento a una Madre Comunitaria de la ciudad de
Tunja”, mediante la cual se exalta la labor desempeñada por María Irene Tenza
De Desalvador como madre comunitaria por casi 22 años.
·
Peticiones
suscritas por María Irene Tenza De Desalvador, de fecha abril de 2012,
dirigidas al ISS solicitando el desarchive del expediente y reconocimiento de
la indemnización sustitutiva por pensión de vejez.
·
Oficio
del ISS, de fecha 27 de abril de 2012, en el que le informa que habiendo
prescrito el tiempo para el cobro de la prestación reconocida en el 2002,
deberá presentar una solicitud para la “realización de un nuevo estudio de
indemnización sustitutiva por pensión de vejez”.
·
Certificación
de la Asociación de Padres de Familia del sector Cooservicios, Hunza y Jordán,
y carta de renuncia voluntaria, del que se determina los extremos de tiempo en
ejercicio de labores como madre comunitaria, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
María Irene Tenza De Desalvador
16.ago.1988
01.Junio.2010
2.4. Expediente T-6.201.064
Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 19 al 63 del cuaderno 1 del expediente:
·
Poder
y documento de identidad.
·
Historia
laboral emitida por Colpensiones.
·
Contrato
de trabajo a término fijo de 2014 con la Asociación de Padres de
hogares de Bienestar el Futuro de Colombia y
comprobantes de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.
·
Constancia
por parte de la Asociación de Padres de hogares de Bienestar el
Futuro de Colombia, acreditando su tiempo en ejercicio de labor como
madre comunitaria, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
Claribel Munera Pereañez
15. Sep. 2003
30. Ene. 2015
2.5. Expediente T-6.203.162
Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 1 al 415 del cuaderno 1 del expediente:
·
Poderes
y documentos de identidad de las 13 peticionarias.
·
Certificaciones
de ASOPADRES del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de 10
peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
1
María Edilma González Rodríguez
2. Ago. 1991
31. Dic. 2015
2
Agueda García Rodríguez
1992[2]
Activa
3
María Ernestina Martínez de Pinzón
10. abr. 1988
31. Ene. 2004
4
Rogelia Panche Suesca
04. Feb. 1989
04. Feb. 2011
5
María Rita Nope Cuchivaguen
04. Feb. 1989
04. Feb. 2011
6
Rosa María Aguilar de Molina
25. Sep. 1989
27. Oct. 2000
7
Blanca Elvira Aguirre de Aguirre
18. Sep. 1989
30. Jun. 1998
8
María Inés Ríos Bernal
15 años: No registra
extremos
9
Miriam Estela Suarez Cárdenas
02. Ago. 1992
30. Sep. 2010
10
Flor Nelly Yanquen Valentín
11. Mar. 1997
11. Ago. 2011
·
Declaraciones
de personas naturales sobre el tiempo en cumplimiento de labores como madres
comunitarias de 3 peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
1
Ana Silde Suarez de Quintero
08. Ago. 1989
Diciembre. 2003
2
María Carmenza Viasus Molina
Sept.1988
Enero. 2004
3
Flor Avicena Sepúlveda
Mar.1989
Enero. 2004
2.6.
Expediente
T-6.208.901
Fueron aportadas al trámite de
tutela, las siguientes pruebas de origen documental, en copias simples,
visibles a folios 1 al 265 del cuaderno 1 del expediente:
·
Poderes,
documentos de identidad e historias laborales emitidas por Colpensiones de las 43
peticionarias.
·
Certificaciones
de ASOPADRES del tiempo en ejercicio de labores como madres comunitarias de las
43 peticionarias, así:
NOMBRE
DESDE
HASTA
1
Ángela Parra Gamboa (2 periodos)
07. Feb. 1997  Julio
2008
Diciembre. 2006
Diciembre. 2010
2
Adriana Laudice Rodríguez Vega
05. Mar. 2004
Activa
3
Gema Socorro Hernández Aparicio
02. Feb. 2001
Activa
4
Liliana Correa
02. Feb. 2009
Activa
5
María Stela Jaimes Miranda
16. Mar. 1998
Activa
6
Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez
18. May. 1995
Activa
7
Zoraida Mojica Jaimes
05. Mar. 2012
Activa
8
Norys Sánchez Galván
15. Mar. 2011
Activa
9
Edilia Flórez Villamizar
Septiembre. 1993
31. Dic. 2003
10
Feglei Abril Otálora
10. Ago. 2009
31. Dic. 2015
11
Ana Liduvina Villamizar Ramírez
Febrero. 1994
Diciembre. 1994
12
Rosa Elena Carrero Cala[3]
01. Mar. 1990
28. Feb. 2003
13
Belcy Parada Pérez
02. Ago. 1995  01. Ene.
2016
Diciembre. 2015  31.
Oct. 2016
14
Luz Yaneth Páez Sánchez
22. Sep. 1989  01. Ene.
2016
Diciembre. 2015  31.
Oct. 2016
15
Ericilda Lizcano
05. Feb. 1995
05. May. 2008
16
Adela Amaríz Santos
"durante el año
2001"
17
Carmen Aleyda Leal Suarez
Febrero. 1996
Junio. 1997
18
Marta Leal Suarez
Julio. 1997
Noviembre. 1999
19
Eleonora María Villasmil Bernal
01. Nov. 1999
01. Ago. 2003
20
Myriam Hernández Vera
23. Feb. 2005
18. Ago. 2011
21
María Regina Santos Prada
11. Abr. 1987
Diciembre. 1992
22
Blanca Cecilia Bohórquez Herrán
01. Oct. 1987
Diciembre. 2001
23
Gloria Melsa Quintero Jaimes
02. Feb. 1992
10. Mar. 2013
24
Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez
22. May. 1995
24. Nov. 2006
25
Olga Vargas Rojas
1987
1992
26
Gladys Flórez González (2 periodos)
22. May. 1995  18. Ago.
2006
Marzo. 2004  Febrero
2009
27
Marcelina Carvajal de Peña
Abril. 1988
Abril. 2003
28
Noraima Ortiz Zambrano
01. Abr. 1997
Activa
29
Omaira Ortiz Zambrano
19. feb. 2001
Activa
30
July Mayerly León Arias
03. Jul. 2012
Activa
31
Martha Laura Velasco Pita
12. Feb. 1996
10. Feb. 2010
32
Rosalba Briceño Hernández
(3 periodos)
01. Nov. 1999   15 Sep.
2008     01 Abr. 2011
15. Abr. 2001    31 Mar.
2011    01 Feb. 2012
33
Carmen Elena Carvajal Quintero
2010
2016
34
Erika María Rodríguez
Collantes
(2 periodos)
02. Feb. 2012   01. Ene.
2016
Diciembre. 2015   31.
oct. 2016
35
Norida Yasmin Suarez Ortiz
17. Jul. 2007
Activa
36
Alba Luz Contreras Contreras
01. Oct. 1995   30. Nov.
2004
01. Ene. 2006  31. Dic.
2005
37
Nancy Sepúlveda Contreras
2004
2007
38
Velkys Vianney Díaz Cruz
Enero. 1989
Agosto. 2004
39
Sandra Milena Villamizar
Lamus          (2 periodos)
01. Nov. 2000   01. ago.
2012
15. Ene. 2009   05. Ago.
2015
40
Omaira Molina Rodríguez
09. Mar. 2012
Activa
41
María Elena Villamizar Ruiz
01. Sep. 1993
Activa
42
Blanca Elena Dávila Montañez
05. Feb. 2003
2004
43
Emilce Riveros Torrado
01. Ago. 2010
Activa
3. Respuesta a la acción de tutela
3.1. En los expedientes  T-6.190.251[4],
t-6.193.730[5], T-6.196.094[6],
T-6.201.064[7], T-6.203.162[8]
y T-6.208.901[9], los juzgados respectivos admitieron las acciones de tutela y
ordenaron ponerla en conocimiento de las entidades demandadas y vinculadas para
que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteadas en
ella.
3.2. En los expedientes T-6.190.251[10],
t-6.193.730[11], T-6.196.094[12],
T-6.203.162[13] y T-6.208.901[14],
la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICBF dio respuesta a las respectivas acciones de
tutela, en los siguientes términos comunes para los expedientes relacionados:
·
Precisó
que en virtud del desarrollo legal y jurisprudencial en torno a los Hogares
Comunitarios de Bienestar, la labor de las Madres Comunitarias no ha
involucrado ninguna vinculación laboral con el ICBF, siendo las EAS (Entidades
Administradoras del Servicio) quienes tienen la condición de único empleador,
erigiéndose como trabajadoras dependientes de las mismas.
·
Por
otra parte, advirtió que “las madres comunitarias no son funcionarias o
empleadas del Instituto y ni siquiera contratistas, son nombradas y dependen de
la Asociación de Padres de Familia de la cual hace parte su Hogar de Bienestar.
Las Asociaciones de Padres de Familia que administran los hogares de bienestar
tampoco hacen parte de la estructura administrativa del Instituto”. Seguidamente,
señaló que “la madre comunitaria jamás podría tener la condición de empleado
público o de trabajador oficial del Estado, al haber sido definida por la Ley
una relación contractual entre dichas madres y la persona jurídica Asociación”.
·
Adicionalmente,
realizó un recuento de la jurisprudencia constitucional consolidada respecto
del reconocimiento de la existencia de un régimen jurídico especial aplicable a
las madres comunitarias alrededor de la relación (surgida entre la Entidad sin
ánimo de lucro de beneficio social y la madre) contractual de carácter civil,
conmutativo, remunerado, no laboral -donde el ICBF no es parte-.
Por lo argumentado, la entidad
solicitó la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela acumuladas.
3.3. En el expediente
T-6.201.064, el ICBF
guardó silencio.
3.4. En el expediente
T-6.201.064, la
entidad vinculada Asociación
de Padres de hogares de Bienestar el Futuro de Colombia, solicitó que se le desvinculara
del proceso, en razón a que: (i) seguían “órdenes y lineamientos del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”; (ii) la asociación no se
encuentra en funcionamiento, ya que el contrato con el ICBF terminó el 31 de
octubre de 2016 y (iii) en la actualidad, “es otro operador quien trabaja de
la mano con el ICBF”.
4. Decisiones judiciales que se
revisan en los expedientes acumulados
Expediente
Primera
instancia
segunda
instancia
T-6.190.251
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Barrancabermeja; 4 de enero de 2017: Declara la improcedencia.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017: Revoca,
tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de
trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a
seguridad social en pensiones.
t-6.193.730
Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Valledupar; 3 de febrero de 2017: Tutela los
derechos fundamentales de las 19 accionantes, declara la existencia de
contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los
aportes a seguridad social en pensiones.
Sin impugnación.
T-6.196.094
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja; 25 de enero de 2017: Declara la improcedencia de la acción de
tutela presentada por las 11 accionantes.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja - Sala Laboral; 3 de marzo de 2017: Revoca, tutela los
derechos fundamentales de 10 accionantes[15], declara la existencia de contrato
de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes
a seguridad social en pensiones.
T-6.201.064
Juzgado Doce Penal del Circuito de
Medellín con funciones de conocimiento; 31 de enero de 2017: Tutela
los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo,
ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad
social en pensiones.
AUTO INTERLOCUTORIO del 15 de marzo de
2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la causa por
pasiva[16].
T-6.203.162
Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Tunja; 24 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales, declara
la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los
salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 13
accionantes.
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
de Decisión No. 5; 1º de marzo de 2017: Modifica la sentencia,
amparando a seis[17]
(deja por fuera una[18])
y declara improcedente a seis (por edad)[19].
T-6.208.901
Juzgado Civil del Circuito de los Patios
(Norte de Santander); 13 de febrero de 2017: Tutela los derechos
fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el
reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en
pensiones a las 43 accionantes.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia; 29 de marzo de 2017:
Confirma.
5. Escritos allegados en sede de
revisión
5.1. ICBF
En el expediente T-6.201.064, la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del ICBF, mediante escrito recibido el 31 de agosto de 2017,
solicitó la adopción de medidas provisionales a efectos de suspender las
órdenes impartidas en el fallo del 31 de enero de 2017 proferido por el
Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento,
quien -con fundamento en la sentencia T-480 de 2016- declaró la existencia de
una relación laboral entre la madre comunitaria Claribel Munera Pereañez y el ICBF.
Informó que luego del
trámite del incidente de desacato, el 16 de agosto de 2017, el juzgado sancionó
a la Directora de la Regional Antioquia con tres días de arresto y una multa de
dos (2) S.M.L.M.V.
Manifestó que, de cumplir
y acatar el fallo señalado, se desconocería el precedente y los parámetros
establecidos en el Auto 186 de 2017 y, además, afectaría gravemente el erario
público, así como la seguridad jurídica y la igualdad.
5.2. Apoderado Luis Carlos España
Gómez
Mediante oficio recibido el 11 de
septiembre de 2017, el apoderado Luis Carlos España Gómez -en los expedientes
T-6.196.094 y T-6.203.162- solicitó lo siguiente:
·
Que
se decreten las pruebas solicitadas en sede de instancia y que se comisione a
los juzgados de instancias respectivos, a fin de realizar la inspección
judicial a los Centros Zonales del ICBF para verificar “los datos
pertinentes en cuanto a los extremos de la relación laboral, jornada de trabajo
y demás aspectos contentivos en la Base de Datos de las Madres Comunitarias de
Boyacá”.
·
Que
se declare la existencia de un contrato realidad entre sus poderdantes y el
ICBF.
En subsidio a lo anterior
y en aplicación del Auto 186 de 2017 (que declaró la nulidad parcial de la
sentencia T-480 de 2016) solicitó que se ordene al ICBF el pago de los aportes
en seguridad social para pensión de todas las accionantes.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SALA
1. Competencia
La Corte Constitucional es
competente, a través de esta Sala, para revisar las sentencias que decidieron
las controversias dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el auto del 30 de junio de 2017 proferido por la Sala de
Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional que ordenó la
selección y acumulación respectiva.
2. Verificación, en conjunto, del
cumplimiento de los requisitos de procedencia de las acciones de tutela
acumuladas que se revisan
La Corte Constitucional ha
establecido que la acción de tutela es una herramienta procesal preferente,
informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos
fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de una autoridad pública o particular. Sin embargo, estas
características no relevan el cumplimiento de unos requisitos mínimos para que
la acción de tutela proceda, a saber: (i) legitimación en la causa por activa;
(ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental
del asunto; (iv) inmediatez; y (v) subsidiariedad.
En consecuencia, de manera
preliminar, la Sala analizará, de manera conjunta para los seis asuntos
acumulados, si ¿Resultan procedentes las acciones de tutela instauradas por Gloria Solano (T-6.190.251); Neris Aponte
Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Munera Pereañez (T-6.201.064); María Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, con las cuales solicitan,
principalmente, se ordene el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que realizaron desde la fecha
de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta
el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas a dicho programa?
Para ello, se reiterará
las reglas jurisprudenciales que determinan los requisitos que se deben acreditar para la procedibilidad
del amparo pedido por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre
comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y, luego,
se
verificará, de forma conjunta, si en este caso acumulado se cumplen cada uno de
esos presupuestos de procedibilidad.
2.1. Legitimación en la causa por activa
2.1.1. Según lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa
judicial preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona, cuando
sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en los
casos específicamente previstos por el Legislador, y no exista otro mecanismo de
defensa judicial que permita su protección efectiva. En este sentido, el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela, determina
que:
“La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales”.
En este orden de ideas,
la legitimación en la causa por activa para presentar la tutela se acredita:
(i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de los representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos
y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial o (iv) mediante
agente oficioso.
2.1.2. Por un lado, la Sala observa que, (i)
de las 88 accionantes, sólo la señora Gloria Solano (T-6.190.251) presentó la acción de tutela de manera directa y
(ii) en los escritos de
tutela se indica que los abogados Madelaine Zabaleta Daza y Edwin Alberto
Montoya Montes, actúan como apoderados judiciales en los expedientes t-6.193.730
y T-6.201.064, respectivamente; que el abogado Luis Carlos España Gómez,
actúa como apoderado judicial en los expedientes          T-6.196.094
y T-6.203.162; y que los abogados Andrés Fernando
Silva Vergel, José Vladimir Silva Vergel y Isidoro Velasco Cobos de la sociedad
Colectivo de Abogados Velasco Tarazona SAS, actúan como apoderados judiciales
en el expediente T-6.208.901. Y, por otro, las poderdantes son las presuntas víctimas de la
alegada vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.
También se advierte que, para cada
caso, se anexaron los poderes especiales suscritos por las accionantes y los
mencionados abogados[20].
En esa medida, es claro que tales circunstancias se enmarcan en una de las
reglas fijadas por esta Corte para acreditar la legitimación por activa, esto
es, cuando la acción de tutela es promovida por un tercero (apoderado judicial)
en representación del titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado.
En consecuencia, se constata el cumplimiento de este requisito de
procedibilidad.
2.1.3. Respecto del expediente T-6.196.094,
la Sala advierte que a folios 362, 366 y 367  del cuaderno 2, se enuncian como
accionantes a las señoras LUCILA OCASIÓN GALLO (CC 40.018.331) y a MARÍA ELSA
DESALVADOR TENZA (CC 40.013.122).
Sin embargo, una vez
revisados los anexos aportados, la Sala encuentra
que no obra poder conferido al abogado Luis Carlos España
López, ni las pruebas documentales señaladas en el escrito de la tutela o
prueba documental alguna que respalde sus pretensiones; por lo tanto, la Sala
Cuarta de Revisión se abstendrá de pronunciarse de fondo respecto de las
ciudadanas señaladas.
No obstante, se instará a
que, en caso de acudir a la administración de justicia, a futuro, el operador
judicial competente deberá aplicar las reglas jurídicas determinadas en esta
providencia, condicionado al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela y de que las accionantes logren acreditar los supuestos
de hecho y de derecho que respaldan sus pretensiones.
2.2. Legitimación en la causa por
pasiva
2.2.1. La legitimación pasiva en sede de
tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada; la cual procede contra
cualquier autoridad pública y contra particulares, según el artículo 86
superior.
Inicialmente, se debe poner de presente lo
siguiente: (i) todas las acciones de tutela están dirigidas contra el ICBF, y
(ii) en algunos de los trámites
de los asuntos acumulados de la referencia se vinculó a las siguientes
entidades: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[21];
a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones[22]; a la Asociación de
Padres de Hogares de Bienestar el Futuro de Colombia[23]; a las Asociaciones de
Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar Once de Noviembre, La Sabana, Patio
Centro, La Cordialidad, Tierra Linda, Doce de Octubre, La Esperanza, Las
Cumbres y El Progreso[24]. De esta manera, se tiene una entidad
pública como accionada y dos de esa misma naturaleza pero en calidad de
vinculadas y varias personas jurídicas de carácter privado como vinculadas (Asociaciones
de Padres de Hogares Comunitarios de Bienestar).
2.2.2.  La Sala advierte que en el marco normativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado se establece
taxativamente las funciones atribuidas a dicha entidad, entre las cuales, no se
encuentra la de pagar los aportes en pensión a favor de las personas que hayan
desempeñado la labor de madre o padre comunitario en desarrollo del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. En
términos generales, la función de este ente público consiste en “el diseño
de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas
de Defensa Jurídica de la Nación y del Estado; formular, evaluar y difundir las
políticas de prevención de las conductas antijurídicas, del daño antijurídico y
la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren una
adecuada defensa de los intereses litigiosos de la Nación”[25]. En esa medida, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado carecería de aptitud legal para responder por el
presunto desconocimiento iusfundamental alegado en esta oportunidad, por lo que
se dispondrá la improcedencia de la acción de tutela T-6.193.730 frente a la misma.
2.2.3.  La Sala observa que Colpensiones
(anteriormente ISS), también vinculada en el trámite de la acción de tutela T-6.193.730, no tenía a su cargo el
contenido obligacional de haber efectuado el pago de los aportes parafiscales,
pues sólo se trata de uno de los fondos de pensiones al que supuestamente se
debieron haber consignado las aludidas contribuciones, si ello hubiese sido del
caso. Por tanto, igualmente se declarará improcedente la solicitud de amparo T-6.193.730
en lo que respecta a la mencionada entidad.
2.2.4.  En cuanto a las Asociaciones de Padres de
Hogares Comunitarios de Bienestar, vinculadas en el trámite de las acciones de tutela T-6.201.064 y        T-6.208.901, la Sala tampoco las
encuentra con aptitud
legal de ser efectivamente la llamada a responder por el amparo reclamado, por
cuanto estas organizaciones se
conforman por “los padres de los menores beneficiarios del programa o las
personas que los tengan bajo su responsabilidad y las madres comunitarias”[26]
y, así mismo, las Madres Comunitarias “podrán ser elegidas como
delegadas a la Asamblea de Delegados y en consecuencia como miembros de las
Juntas Directivas”[27];
lo cual podría implicar que se compartiría la calidad de demandante y demandado.
Por ende, la
Sala dispondrá la improcedencia de las acciones de tutela T-6.201.064 y T-6.208.901, en relación con las referidas asociaciones
de padres.
2.2.5. Frente al ICBF, cabe señalar que el
numeral 5 del artículo 1.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015 establece que dicho
instituto es un establecimiento público descentralizado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (creado por la Ley 75 de
1968, reorganizado por la Ley 7 de 1979  y mediante Decreto No. 4156 de 2011
fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); por lo
tanto, de acuerdo con el artículo 5º y el  numeral 2° del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, lo cual, lo hace sujeto por pasiva tutelar si con su
accionar (positivo o negativo) vulnera o amenaza cualquier derecho fundamental.
Ahora bien, por un lado, el parágrafo
2 del artículo 1º de la Ley 89 de 1988 señala que: “(…) Se entiende por
Hogares Comunitarios de Bienestar, aquellos que se constituyen a través de
becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- a las familias con
miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto
contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición,
salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos
sociales pobres del país” y, por otro, el artículo 8º de ese cuerpo
normativo dispone que el mismo “rige a partir de la fecha de su
promulgación”, esto es, el 29 de diciembre de 1988[28]. De la lectura de esas
normas legales, resulta válido afirmar que: (i) la labor de madre comunitaria
que desempeñaron las accionantes se desarrolló de conformidad con la
implementación del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar que efectuó el
ICBF con base en lo previsto en la Ley 89 de 1988; y (ii) la implementación
legal de dicho programa tuvo lugar el 29 de diciembre de 1988, es decir, a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 89 de 1988.
Estas circunstancias son suficientes
para inferir que, dadas las particularidades verificadas en el presente caso
acumulado, el ICBF podría haber tenido la obligación de realizar el pago de los aportes parafiscales en
pensión que reclaman las accionantes. Por consiguiente, la Sala encuentra que
esa entidad sí cuenta con aptitud legal de ser el posiblemente llamado a responder por
el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados.
2.2.6. En conclusión, la Sala constata el cumplimiento del
requisito de legitimación en la causa por pasiva, pero únicamente respecto del
ICBF, de conformidad con lo verificado anteriormente.
2.3. Trascendencia iusfundamental
del asunto
2.3.1. Esta Corporación ha
señalado en la sentencia SU-617 de 2014 que este presupuesto de procedibilidad
se cumple cuando se demuestra que el caso involucra algún debate jurídico que gira en torno al
contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental. En cuanto a este aspecto, la Sala encuentra que el debate
jurídico del presente asunto acumulado radica en que 88 ciudadanas solicitan,
en común, la protección constitucional frente a la supuesta negativa del ICBF
de pagar, durante un lapso prolongado, los aportes al sistema de seguridad
social en pensión, en razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron
desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con posterioridad se
hayan vinculado al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 de
enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas
a dicho programa.
2.3.2. Así las cosas, resulta evidente
que el asunto en discusión se encuentra inmerso en una controversia iusfundamental que
gira en torno al presunto desconocimiento sistemático por parte de una
autoridad pública frente a los derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de
personas que pertenecen a uno de los sectores más deprimidos económica y socialmente del país. Lo anterior sin duda
alguna amerita un análisis detallado por parte del juez de tutela en cuanto al
contenido, alcance y goce de dichos derechos.
Dada esa importancia
constitucional, para la Sala es claro que el proceso objeto de revisión de la
referencia también se ajusta a lo establecido por esta Corporación respecto a
la exigencia de procedencia en cuestión.
2.4. Principio de inmediatez
2.4.1. La Corte también ha considerado que
para
constatar el cumplimiento de este requisito, el juez de tutela debe comprobar
cualquiera de estas situaciones:
·
si
resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se
conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de algún derecho
fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció mediante la
formulación de la acción de tutela; y/o
·
si
resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron los efectos
de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus derechos
presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo tutelar.
Además de las dos pautas
referidas en precedencia, tratándose de asuntos en donde se reclama el
reconocimiento y pago de prestaciones periódicas relacionadas con derechos pensionales, como es el
caso de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social, esta
Corporación ha sido enfática al precisar lo siguiente:
“en virtud de su
naturaleza, los derechos prestacionales, como las pensiones de vejez, invalidez
y sobrevivientes, son imprescriptibles[29]. Es decir, pueden
ser reclamados en cualquier tiempo, por lo que se descarta la posibilidad
de que un juez se abstenga de reconocerlos bajo el argumento de que la acción
de tutela resulta improcedente por razones de inmediatez, al no haber sido
instaurada en un término razonable, pues tales derechos siempre serán
actuales.”[30]
(Negrilla fuera del texto original).
2.4.2. Como se dijo anteriormente, en
esencia, las demandantes reclaman el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en
el Sistema General de Seguridad Social a cargo del ICBF, prestaciones
periódicas que no fueron asumidas por dicha entidad durante un tiempo
prolongado, lo cual, según ellas, trunca sus posibilidades de cumplir todos los
requisitos necesarios para adquirir una pensión de vejez a futuro.
Esta Sala observa que el
presente caso se enmarca sin dificultad alguna en la referida regla
constitucional y, bajo tal pauta jurisprudencial, la Sala considera que por ser un asunto acumulado
donde se solicita el reconocimiento y pago de los aportes a pensión en el
Sistema General de Seguridad Social, dicho reclamo puede efectuarse en
cualquier tiempo, debido al carácter imprescriptible del derecho pensional
involucrado (pensión de vejez) y por tratarse de una presunta afectación actual y
continua de los derechos invocados por las 88 madres comunitarias,
especialmente frente al derecho fundamental a la seguridad social.
En vista de lo anterior y
al igual que los tres requisitos analizados en precedencia, la Sala también
halla satisfecha la exigencia de inmediatez.
2.5. Subsidiariedad
2.5.1. En cuanto a esta
exigencia, la Corte ha reafirmado que, conforme al artículo 86 de la Carta
Política, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y
subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo
invocado, o existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[31].
En desarrollo de ello, este Tribunal ha precisado que la subsidiaridad implica
agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto[32],
pues la acción tutelar no puede desplazar los mecanismos judiciales específicos
previstos en la correspondiente regulación común[33].
2.5.2. Respecto a las acciones de
tutela promovidas por personas que han desempeñado o cumplen la labor de madre
comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, en
múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha encontrado procedentes dichas
solicitudes de amparo, por cuanto ha considerado a las accionantes como sujetos
de especial protección constitucional, al verificar cualquiera de las siguientes
condiciones particulares:
·
Encontrarse
en una situación
económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el
simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal
vigente[34];
·
ser
parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los
sectores más deprimidos económica y socialmente[35];
·
hallarse
en el estatus personal de la tercera edad[36];
·
afrontar
un mal estado de salud[37];
·
ser
madre cabeza de familia y/o víctima del desplazamiento forzado[38].
La sala precisa que tan sólo
una de las anteriores circunstancias impone al juez de tutela el deber de
implementar un examen flexible de procedibilidad de la acción de tutela
instaurada por aquellas personas que han cumplido o realizan la labor de madre
comunitaria en el ICBF, estudio que se debe ajustar a las condiciones físicas, sociales, culturales o económicas que han puesto en
estado de debilidad manifiesta a ese grupo de personas por un tiempo
considerablemente prolongado.
2.5.3. Ahora bien, la Sala advierte
que si bien las accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de sus derechos, lo cierto es que esta Sala de Revisión,
siguiendo la postura adoptada por la Corte, considera que ese medio ordinario
resulta ineficaz para resolver el reclamo iusfundamental que emerge de un
contexto donde las demandantes, por sus condiciones físicas, sociales, culturales o económicas, se han encontrado en
estado de debilidad manifiesta por un tiempo considerablemente prolongado. Así,
someterlas bajo esas circunstancias a un trámite común resultaría riesgosamente
tardío y desproporcionado para ellas.
Tal determinación se debe a que no hay duda que las 88 madres
comunitarias son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto se
verifica que todas ellas cumplen con las siguientes dos condiciones especiales:
(i) Encontrarse en una situación económica precaria que
afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el simple hecho de devengar un
ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. En efecto, desde la fecha de su
vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, por sus
servicios prestados como madres comunitarias, las 88 accionantes recibieron el
pago mensual de una suma de dinero denominada “beca”, la cual, únicamente a
partir del 1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo
mensual legal vigente para quienes continuaban vinculadas. Es decir, recibieron
un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, lo cual
claramente constituyó una afectación a su mínimo vital que se perpetuó por
todos esos años.
(ii) Ser parte de un segmento situado en
posición de desventaja, como por ejemplo, los sectores más deprimidos económica
y socialmente. No
existe dificultad alguna para demostrar que todas las madres comunitarias
tienen esta condición especial, por cuanto, en los siguientes términos, así lo
establece el artículo 2º del Acuerdo 21 de 1996[39]: “(…) Los Hogares
Comunitarios de Bienestar deberán funcionar prioritariamente en los sectores
más deprimidos económica y socialmente y definidos dentro del SISBEN como
estratos 1 y 2 en el área urbana y en sectores rurales concentrados”.
Esta segunda condición especial es
quizá la razón principal que sustenta el válido reclamo iusfundamental que -en
esta oportunidad- solicitan las madres comunitarias ante el juez de tutela, en
aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el
Auto 186 de 2017.
(iii) Adicionalmente, algunas de las
peticionarias se hallan en el estatus personal de la tercera edad. Como se evidenció en la
tabla visible en la página 2 de la presente sentencia, algunas de las
accionantes se hallan en el estatus personal de la tercera edad o adulto mayor,
de conformidad con lo establecido y definido en los artículos 1 y 7 (literal b)
de la Ley 1276 de 2009[40],
toda vez que según las respectivas cédulas de ciudadanía obrantes en los
expedientes acumulados, de las 88 demandantes en total, 19 cuentan con 60 años
de edad o más. Incluso, de esas 19 madres comunitarias, 5 de ellas cuentan con
70 años o más.
2.5.4. En conclusión, dado el
cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa,
legitimación en la causa por pasiva (únicamente respecto del ICBF),
trascendencia iusfundamental, inmediatez y subsidiariedad, la Sala
Cuarta de Revisión encuentra procedentes las seis solicitudes de amparo, por lo
que, de forma conjunta para los casos acumulados, procederá con el análisis de
los problemas jurídicos formulados en el siguiente acápite.
3. Problemas jurídicos a
resolver y metodología de resolución
De encontrar procedentes las acciones
de tutela, la Sala de Revisión procederá con el estudio de los siguientes
problemas jurídicos que a continuación se plantean:
·
¿Es
aplicable la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016 como
precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes?
Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el
ICBF y las 88 demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el
Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde
la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa,
hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan
estado vinculadas a dicho programa?
·
¿Vulnera
el ICBF los
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad
humana y al mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251); Neris
Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel Munera
Pereañez (T-6.201.064); María Edilma
González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); al
negarse a pagar durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de
seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madres
comunitarias desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios
de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014[41],
o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho
programa?
Para resolverlos, la Sala
abordará los siguientes ejes temáticos: (i) el derecho fundamental a la
seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres comunitarias:
evolución normativa y jurisprudencial del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar,
implementado por el ICBF; y (ii)
el alcance de la sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y del Auto 186
del 17 de abril de 2017 que declaró su nulidad parcial.
Con base en lo anterior, se
solucionará el caso concreto de forma conjunta para los asuntos acumulados.
4. El derecho fundamental
a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres
comunitarias: evolución normativa del Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar implementado por el ICBF
4.1. El derecho
fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas
El alcance y contenido del
derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas se han
definido, de manera progresiva, con cada uno de los pronunciamientos (tutela y
constitucionalidad) que esta Corte ha proferido al interpretar y aplicar
sistemáticamente el preámbulo[42]
y los artículos 1º[43]
y 48 (seguridad social)[44]
de la Constitución.
La Corte Constitucional
ha sido enfática al afirmar que la seguridad social es aquel derecho de todas
las personas que se concreta en virtud del vínculo establecido con arreglo a la
ley[45],
el cual tiene una relación directa con el derecho fundamental al trabajo[46], por cuanto ella
constituye una garantía a favor de quienes contraen o han mantenido una
relación laboral[47].
De igual manera, este
Tribunal ha indicado que el derecho fundamental a la seguridad social ampara a
las personas que se encuentran en imposibilidad física o mental para obtener
los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de
contingencias como la vejez, el desempleo, la enfermedad, la incapacidad
laboral y/o la muerte[48];
aclarando que, si bien
el derecho a la seguridad social tiene un carácter prestacional o económico,
ello no da lugar para excluirlo de su reconocimiento como fundamental, ya que
todo derecho que esté consagrado en la Constitución, sin distinción alguna,
ostenta esa calidad[49].
4.2. Evolución normativa del Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF
El origen data del año 1972
cuando fueron creados los denominados centros comunitarios para la infancia CCI. Durante
los años 1979 a 1981 fue responsabilidad de padres y vecinos y, mediante
el CONPES (1986) se aprobó el proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar.
Mediante la Ley 89 de 1988
se asignaban recursos a los hogares comunitarios a través de Becas.
Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2019 de 1989 dispuso que el programa “Hogares de
Bienestar” se fundamenta en el trabajo solidario de la comunidad encaminado a
garantizar a los niños, la atención de sus necesidades básicas, especialmente
en los aspectos de nutrición, protección y desarrollo individual.
En efecto, el Decreto 1471 de 1990,
estableció que los programas que adelante el ICBF, en cumplimiento del servicio
público de Bienestar Familiar, se fundamentarán en: a) responsabilidad de los
padres en la formación y cuidado de sus hijos[50];
b) participación de la comunidad[51];
y c) determinación de la población prioritaria[52].
El
Decreto 1340 de 1995 estableció que la vinculación de las
madres comunitarias (así como la de las demás personas y organismos de la
comunidad, que participen en el programa de "Hogares de Bienestar"),
mediante su trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto
la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de
la sociedad y la familia; por consiguiente, dicha vinculación no implica
relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias
administradoras del mismo, ni con las entidades públicas que participen.
Ahora bien, la Ley
100 de 1993 creó el fondo de solidaridad pensional “como una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por
las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las
sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras
de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, las cuales
quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley.”[53]
El objeto de ese fondo es “subsidiar los aportes al régimen general de
pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y
urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del
aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus
subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las
cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.”[54] (Subraya fuera de texto original).
En
consonancia con las anteriores disposiciones legales se expidió la Ley 509
de 1999[55] y las madres comunitarias fueron vinculadas al SGSS en salud a
través del régimen subsidiado, a partir del 3 de agosto de 1999.
Posteriormente, la Ley 1023 de 2006[56]
modificó la afiliación y dispuso que las madres comunitarias del programa de
Hogares Comunitarios del ICBF se afiliarán con su grupo familiar al régimen
contributivo, adquiriendo las mismas prestaciones asistenciales y económicas y
obligadas al pago de una cotización mensual. De esta forma, se establecieron beneficios en materia de
Seguridad Social en favor de las madres comunitarias. Entre tales prerrogativas
se destacan las siguientes:
·
Las madres comunitarias serán titulares de las
prestaciones asistenciales y económicas de que gozan los afiliados del régimen
contributivo establecido por la Ley 100 de 1993.
·
El Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes
al régimen general de pensiones de las madres comunitarias, sin importar su
edad y siempre que se acredite un (1) año de servicio como tales.
·
El valor del subsidio equivaldrá al ochenta por ciento
(80%) del total de la cotización para pensión y su permanencia se mantendrá por
el lapso en que la madre comunitaria realice esta actividad.
·
El Fondo de Solidaridad Pensional administrará los
recursos que cubren el subsidio a los aportes de las madres comunitarias.
Posteriormente,
el artículo 2º de la Ley 1187 de 2008[57] dispuso que el Fondo de
Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al Régimen General de Pensiones de
las madres comunitarias, sin importar su edad y tiempo de servicio. Adicionalmente,
el referido precepto legal prevé: “El Gobierno Nacional garantizará la
priorización al acceso de las Madres Comunitarias al subsidio de la Subcuenta
de Subsistencia de que trata la Ley 797 de 2003, cuando no cumplan con los
requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de
Solidaridad, o cuando habiendo cumplido la edad en los términos de la ley no
alcancen a completar el requisito de semanas de cotización exigido”. En su
artículo 4º estableció que la bonificación mensual de las madres comunitarias se
incrementaría al 70% del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1°
de enero de 2008, sin perjuicio de los posteriores incrementos que se realicen.
Tres años después, se
sancionó la Ley 1450 de 2011[58]
con la cual el legislador dispuso: (i) las personas que dejen de ser madres
comunitarias y no cumplan los requisitos para acceder a la pensión, ni sean
beneficiarias del programa de asignación de beneficios económicos periódicos
del régimen subsidiado en pensiones y por tanto reúnan las condiciones para
acceder a la misma, tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia
del fondo de solidaridad pensional; (ii) el ICBF efectuará la identificación de
las posibles beneficiarias a este subsidio; y (iii) las madres comunitarias que
tuvieron esta condición entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y
no accedieron al fondo de solidaridad pensional durante este período, podrán
beneficiarse del pago del valor actuarial de las cotizaciones para el citado
período.
Luego, con el Decreto
Reglamentario 605 de 2013, el Ejecutivo estableció las “condiciones para el acceso al subsidio de
la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de las personas
que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los requisitos para obtener
una pensión, ni sean beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos
Periódicos (BEPS); y definir las reglas para la determinación del cálculo
actuarial establecido en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011”.
Finalmente, a través de la Ley
1607 de 2012[59]
se otorgó a las
Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente. Allí se estipuló que -de manera progresiva- (en el 2013) se
diseñarían y adoptarían diferentes modalidades de vinculación, en procura de
garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual
vigente, sin que ello implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas.
La
segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres
comunitarias inició en el 2014, el Gobierno atendió el compromiso en cuanto a
que todas las madres comunitarias estarían formalizadas laboralmente y, a través del Decreto 289 del 12 de
febrero de 2014[60], el Presidente de la República reglamentó que la
vinculación laboral de las madres y padres comunitarios se llevaría a cabo
mediante contrato de trabajo, el cual comprendería “todos los derechos y
garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la
modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección
Social”.
5. Línea jurisprudencial
del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por el ICBF
5.1. Sentencia SU-224 de 1998
En esta providencia, la Sala Plena de
la Corte constitucional reiteró
lo dicho en la tutela T-269 de 1995, específicamente que “el vínculo existente entre las madres
comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios
de Bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil”.
El problema jurídico
sometido a revisión en esa ocasión versaba sobre la eventual vulneración de los
derechos fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso de la demandante,
quien venía desempeñándose como madre comunitaria dentro del Programa de
Hogares Comunitarios de Bienestar, del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, en relación con la orden de cierre del hogar que dirigía, por parte
de la asociación comunitaria de familias de su barrio.
Ante lo cual, la Sala
examinó si las decisiones proferidas por los jueces de instancia, al negar la
primera el derecho al trabajo y conceder el amparo respecto del derecho a la
igualdad y al revocar la segunda esta decisión y, en su lugar, tutelar el
derecho fundamental al debido proceso, se ajustan al material probatorio que
aparece en el expediente y a la doctrina constitucional expedida sobre los
mismos.
En el análisis del caso concreto de
la sentencia SU-224 de 1998, la Corte manifestó que los requisitos esenciales
del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, subordinación y salario)
no se encontraban reunidos, lo cual descarta la existencia de “una vinculación
contractual de carácter laboral”. Por consiguiente, con respecto al posible
desconocimiento del derecho al trabajo, invocado por la peticionaria, por la
terminación de la relación vigente y la suspensión de la actividad del hogar
comunitario a su cargo, es pertinente concluir que, si de la relación existente
entre la demandante y la accionada no se desprende una vinculación de carácter
laboral, no es posible deducir la amenaza o violación de dicho derecho, razón
por la cual no prospera la tutela para los efectos de la protección del mismo.
De la posición de Sala Plena -que
constituye precedente constitucional- se extracta lo siguiente:
Dentro del marco de gestión de dicho
Instituto, se debe propender y fortalecer la integración y el desarrollo
armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos
(D. 1471/90, art. 124), fundamentando los programas que adelanta en la
responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de sus hijos, la
participación de la comunidad y la determinación de la población prioritaria
(art. 125 ibídem), todo lo cual debe guardar estrecha relación para la
salvaguarda de los derechos fundamentales de los niños (C.P., art. 44).
De esta manera, en la reglamentación
expedida respecto del “Programa Hogares Comunitarios de Bienestar” (D.
1340/95), a su Junta Directiva se le atribuyeron las funciones de establecer
los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrativos que
permitan su organización y funcionamiento, con implementación gradual, según
las condiciones sociales, económicas, geográficas y de participación
comunitaria de cada región y con apoyo en la familia y la sociedad, para
asistir y proteger al niño garantizando su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos.
Por dicha razón, el programa debe ser
ejecutado directamente por la comunidad, a través de las asociaciones de padres
de familia de los menores beneficiarios del mismo o de otras organizaciones
comunitarias, como las madres comunitarias, con una vinculación de trabajo
solidario y de contribución voluntaria, puesto que se deriva de la obligación
de asistir y proteger a los niños, la cual corresponde a toda la sociedad y la
familia.
Al entrar al análisis de las
consideraciones para la solución del caso concreto se reiteró lo dicho en la
sentencia T-269 de 1995 de esta Corporación, que determinó que el
vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de
familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es “de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se
obligaron recíprocamente”, así:
Sin duda, alrededor de la relación
surgida entre ambas partes -una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio
social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular
que nunca ostentó la calidad de empleado-, se puede decir que fue de orden
civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron
recíprocamente: la madre, a la satisfacción del interés de su contraparte, o
sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usuarios y a
sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada
por el I.C.B.F.; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad;
onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente
parte de la beca mencionada.
(…)
Como es sabido, para que exista una
vinculación contractual de carácter laboral se requiere la prestación personal
del servicio por parte del trabajador, la subordinación y el salario, este
último como retribución del servicio; y si se trata de un empleado vinculado a
través de una relación legal y reglamentaria, el respectivo nombramiento de la
autoridad oficial nominadora, con la prestación personal del servicio con
posterioridad a la posesión, unido a la subordinación y el respectivo salario,
cuyos presupuestos no aparecen configurados en el asunto sub-examine.
No sobra agregar que los anteriores
razonamientos son obligatorios y por tanto vinculantes, por cuanto forman parte
de la ratio de la sentencia, en la medida en que sujetan  y constituyen
la base de la decisión, adoptada en el fallo de Sala Plena SU-224 de 1998. En
ese sentido, esta Corte ha señalado el carácter vinculante de la ratio, pues,
al tener un nexo causal con la parte resolutiva, es obligatoria, debe ser
observada por las distintas autoridades y corrige la jurisprudencia[61].
En efecto, se puede concluir que el
legislador en el ejercicio de sus competencias puede cambiar el régimen
jurídico de las madres comunitarias, tal como se explicó en el acápite anterior.
Sin embargo, la realidad fáctica y jurídica antes de la vigencia de esa ley
resulta muy diferente. En atención a lo dispuesto en la sentencia SU-224 de 1998, en
íntima conexidad con la sentencia T-269 de 1995, a la cual expresamente remite,
al verificar los elementos del contrato realidad[62] se determinó que los
presupuestos no se configuraban en los vínculos entre madres comunitarias y la asociación de padres de familia
de los hogares comunitarios de Bienestar.
5.2. Jurisprudencia en vigor
5.2.1. jurisprudencia contenida en la
sentencias T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117
de 2000,  T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159
de 2001, T-1029 de 2001. En
la citada línea jurisprudencial, la Corte Constitucional ha sostenido que no
existe contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las
asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil.
5.2.2. Jurisprudencia acorde al avance
legislativo, contenido en las sentencias T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de
2015 y T-508 de 2015. A
partir de la providencia T-628 de 2012, esta Corporación empieza a
señalar las transformaciones que se han presentado en cuanto a la naturaleza de
la relación entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones que
hacen parte del mencionado programa, en los siguientes términos:
Podría
argumentarse que la diferencia que se acusa de discriminatoria tiene una
justificación debido a que las madres comunitarias no tienen, por regla
general, una relación laboral con el ICBF ni con las instituciones que participan
en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y por esta razón el Estado
no está obligado a tratarlas de la misma forma que a los trabajadores
subordinados.
Sin
embargo, el anterior argumento no es de recibo al tener en cuenta que, como se
vio, el régimen jurídico de las madres comunitarias no es el de las personas
que trabajan por contrato de prestación de servicios, sino uno intermedio
entre el trabajo subordinado y el independiente, el cual fue configurado
autónomamente por el ICBF. Al hacerlo, esta entidad escogió dotarlo de una
jornada máxima igual a la de los trabajadores subordinados y al hacerlo no
podía, al mismo tiempo, excluir el salario mínimo mensual, sin incurrir en
discriminación sexual en el sentido ya indicado.
(…)
Las  características dadas a esta
actividad por las normas legales y reglamentarias vigentes denotan que es una
forma de trabajo que, aunque en principio no es subordinado y no genera
relación laboral, sí permite a las personas que la ejercen dignificarse a
través del desarrollo de un oficio y darse a sí mismas y a sus familias acceso
a condiciones materiales de vida digna al percibir una retribución económica y
acceso a la seguridad social a cambio de la prestación de sus servicios
personales
Explicó
la Corte que el análisis del régimen jurídico actual de las madres comunitarias
revela, de un lado, características propias del trabajo subordinado tales como
la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias y, de otro,
divergencias importantes con los trabajadores independientes en lo que toca con
la seguridad social pues no están obligadas a asumir la totalidad de los
aportes al sistema de salud y de pensiones sino que el Estado asume una parte
de los mismos, lo cual obedece a la lógica misma del Programa, cual es la
responsabilidad conjunta entre el Estado, la familia y la sociedad en la
asistencia y protección de los niños y niñas. De modo tal que, hoy en día, las
madres comunitarias tienen un régimen jurídico intermedio entre el trabajo
subordinado e independiente.
Lo
dicho no contradice la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza
jurídica de la relación de las madres comunitarias con las entidades y
asociaciones que participan del Programa ya que las sentencias expedidas sobre
el asunto se han limitado a indicar que no se trata de trabajo subordinado[63], lo que se reitera en esa decisión.
En la sentencia T-478 de 2013, esta Corporación revisó
los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de tutela formulada por una
madre comunitaria que exigía el restablecimiento de sus derechos que estimaba
vulnerados, porque se le dejó de pagar el subsidio a los aportes a pensión. En
ese caso, la Corte analizó el régimen legal aplicable a las madres comunitarias
y encontró que el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 había establecido medidas
progresivas tendientes a mejorar la situación de quienes realizan actividades
como madres comunitarias, entre otras, la asignación gradual de una
remuneración que llegue a equivaler al valor del salario mínimo legal vigente y
finalmente, la formalización laboral.
La Sala de Revisión
encontró que el régimen jurídico de las madres comunitarias se encontraba en un
período de transición, ya que en el año 2014 debe pasar de ser un régimen
jurídico especial, a una relación laboral por la que devengarán un salario
mínimo legal vigente. Finalmente, debe destacarse que durante 2013, la beca o
bonificación que reciben las madres comunitarias debe ser equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente.
Con la expedición de  la Ley 1607 del
26 de diciembre de 2012 y el Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 que
reglamentó el artículo 36 de la mencionada ley, se contrajo que las madres
comunitarias serían vinculadas mediante contrato de trabajo, que no tendrían la
calidad de servidoras públicas, que prestarían sus servicios a las entidades
administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y que no se
podía predicar solidaridad patronal con el ICBF. Así lo explico la Corte en la
sentencia T-130/2015:
Dentro de esta secuencia,
la Corte encuentra que entre los años 2013 y 2015 y particularmente, a
partir del año 2014, el régimen jurídico de las madres comunitarias pasó de ser
un régimen jurídico especial a convertirse en un régimen laboral con ciertas
especificidades. El primer paso estuvo en la citada Ley 1607 de 2012 que
dispuso que durante el año 2013 la beca o bonificación que
recibían las madres comunitarias debía equivaler al valor de un salario mínimo
legal mensual vigente; además, se mantuvo el subsidio especial otorgado a las
madres comunitarias para sus aportes al Sistema General de Pensiones por medio
del Fondo de Solidaridad Pensional. El segundo avance se produjo con la
expedición del Decreto 289 de 2014 reglamentó la vinculación laboral de las
madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de
Hogares Comunitarios de Bienestar[64], de manera que cuenten con todos los
derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo
con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección
Social[65].
5.3. Conclusiones
De lo expuesto, la Sala concluye
-reiterando lo precisado por esta Corporación en la sentencia T-508/2015- que:
i)
si
bien, inicialmente, se aceptó la exclusión de las madres comunitarias de la
relación laboral por mandato legal, desde las primeras medidas diferenciadas se
advertía la intención legislativa de conceder a esa actividad prerrogativas
particulares,
ii)
la
actividad de madre comunitaria ha sufrido una transformación progresiva en su
tratamiento legal, en procura de acercarla a la relación laboral,
iii)
en
el escenario actual, la actividad de las madres comunitarias se formalizó
laboralmente y tienen asegurado un ingreso correspondiente a un salario mínimo
legal vigente.
En efecto la jurisprudencia constitucional
ha evolucionado, de cara al desarrollo legislativo: En un principio, la Corte
consideraba que se trataba de un vínculo contractual de índole civil entre las madres
y el operador y que no se trata de trabajo subordinado ante el ICBF
(T-269/1995, SU-224/1998, T-668/2000, T-978/2000 T-990/2000 y T-1173/2000).
Luego, determinó que se trataba de un
contrato intermedio entre el subordinado y el independiente, “que no genera
relación laboral” (T-628 /2012); para finalmente ir acorde al avance
legislativo de formalizar la vinculación laboral a partir de febrero de 2014,
regulada con la Ley 1607 de 2012 y Decreto 289 de 2014 (T-130/2015 y T-508/2015).
6.
Alcance de la sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y de su declaratoria
de nulidad parcial y de las medidas adoptadas en el Auto 186 de 2017
6.1. Sentencia T-480 de 2016
En la providencia T-480 de 2016, la Sala Octava de Revisión estudió el asunto
acumulado de 106 madres comunitarias que instauraron acción de tutela contra el ICBF, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al
mínimo vital y al trabajo, ante la negativa del pago de los aportes
pensionales, con ocasión de la labor de madre comunitaria que desempeñaron
desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares Comunitarios de
Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad estuvieron vinculadas a dicho programa.
Para resolverlo, la Sala
abordó varios ejes temáticos, a saber: (i) el alcance y contenido de los
derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social en condiciones dignas
y justas; (ii)
los elementos
esenciales del contrato de trabajo y la primacía de la realidad sobre las
formalidades como uno de los principios constitucionales más relevantes en
materia laboral; (iii) la prohibición de discriminación de género en el trabajo
como garantía constitucional de los derechos laborales de las mujeres
trabajadoras; (iv)
los aspectos generales del Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar implementado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF; (v) el marco normativo y jurisprudencial de la labor de madre
comunitaria en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar implementado por
el ICBF; (vi)
los desarrollos legales y
jurisprudenciales que dan cuenta del avance progresivo en materia de seguridad
social de las personas que desempeñan la labor de madre o padre comunitario del
ICBF; (vii) la prohibición de invocar
la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir
su alcance o negar su protección efectiva, como una de las garantías
constitucionales que erigen el modelo de Estado Social de Derecho; y (viii) el
alcance del principio de progresividad en el derecho fundamental a la seguridad
social.
En
la Sentencia
T-480 de 2016 la Sala encontró que entre el ICBF y las 106 madres comunitarias
sí se cumplieron los elementos del contrato de trabajo realidad, demostrando
que: (i) las actoras sí prestaron personalmente sus servicios como madres
comunitarias; (ii) sí recibieron por parte del ICBF el pago de una suma de
dinero periódica, fija y constante como retribución (sin importar su
denominación); y (iii) el ICBF siempre tuvo poder de dirección para condicionar
el servicio personal que prestaron las demandantes (lugar de trabajo, jornada y
horario, medidas y sanciones). Bajo el postulado de que el pago de los aportes
a pensión es una obligación inherente a una relación laboral, la Sala Octava de Revisión observó que el
ICBF había vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de las 106
madres comunitarias, ante la negativa de pagar los aportes pensionales,
resultando en un trato discriminatorio de género teniendo connotaciones
particulares por ser de índole público, compuesto, continuado, sistemático y de
relevancia constitucional.
De conformidad con lo
evidenciado, la Sala Octava de Revisión dispuso revocar los fallos de única instancia proferidos en
los procesos de tutela acumulados, para en su lugar, otorgar el amparo de los
derechos fundamentales invocados. Con la finalidad de materializar la
efectividad de los derechos de las 106 madres comunitarias, se adoptaron varias
medidas protectoras sintetizadas a continuación:
(i)
Se
declaró la existencia de contrato realidad entre el ICBF y las
106 accionantes;
(ii)
se
ordenó al ICBF
adelantar
el respectivo trámite administrativo para que reconociera y pagara a favor de
cada una de las demandantes los salarios y prestaciones sociales
causados y dejados de percibir durante un tiempo determinado, en
cuanto no estuvieren prescritos;
(iii)
se
ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite administrativo
para que reconociera y pagara a nombre de cada una de las accionantes los
aportes pensionales causados y dejados de pagar en un lapso específico;
(iv)
se
exhortó al ICBF promover e implementar
medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtuviera, bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios
constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de las personas
que
desempeñaron la labor de madre o padre comunitario durante un tiempo
determinado; y
(v)
se
remitió copia
de
la sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo,
para que brindaran la asesoría jurídica y el acompañamiento legal adecuado que
llegaren a requerir las demandantes, para el cumplimiento de ese fallo, a efecto
de materializar la eficacia de los derechos fundamentales.
6.2.
Auto 186 de 2017, proferido por la Sala Plena
Inconforme con
la decisión contenida en la Sentencia T-480 de 2016, el 30 de noviembre de 2016, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF
solicitó se declarara su nulidad[66].
Mediante
Auto 186 de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió la solicitud
de nulidad presentada, declarando la nulidad parcial de la T-480 de 2016, por
configurarse la violación al derecho al debido proceso, bajo la causal denominada cambio
de jurisprudencia, por desconocimiento de la sentencia de unificación 224
de 1998, en
relación con la inexistencia de un contrato de trabajo entre las madres
comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el
Programa Hogares Comunitarios de Bienestar; así como de la jurisprudencia en vigor (línea
jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica sobre el tema[67]); sin
haber observado los requisitos que le permiten apartarse del precedente.
Esto es, la Sala Plena concluyó que tal circunstancia
conduce a la declaratoria de nulidad de la providencia T-480 de 2016, decisión
con alcance parcial, toda vez que la Corte consideró que era necesario mantener
el amparo del derecho de las 106 madres comunitarias a que se realicen los
aportes faltantes al sistema de seguridad social, con el propósito de
permitirles acceder a pensión, de conformidad con los términos de la
legislación aplicable, en los siguientes términos:
14. En virtud de la
anterior normatividad [Ley 100 de 1993, Ley 509 de 1999 y Ley 1187 de 2008],
es claro entonces que a las 106 accionantes les asiste el derecho a la
seguridad social en materia pensional con las especificaciones previstas en ese
régimen jurídico especial. Al respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte
Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre
comunitaria y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones,
fondo al cual estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema
de Seguridad Social causados en un tiempo determinado.
15. Descendiendo al
asunto sub examine, el Tribunal advierte que las 106 demandantes son sujetos
de especial protección constitucional, por cuanto se verifican las siguientes condiciones especiales:
15.1. Ser
parte de un segmento situado en posición de desventaja, como por ejemplo, los
sectores más deprimidos económica y socialmente. (…)
15.2. Hallarse en el estatus personal de la tercera
edad. (…)
15.3. Afrontar un mal estado de salud. (…)
En
consecuencia, dada la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se
encuentran todas las 106 demandantes y ante la ausencia del pago de los aportes
pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988[68]
y el 12 de febrero de 2014[69],
para la Sala Plena resultó imperativo mantener la protección
concedida a las 106 accionantes en el fallo T-480 de 2016, pero sólo en
relación con los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad
social, a la igualdad y al mínimo vital. Explicó la Corte que “dicho amparo
no puede extenderse respecto del derecho al trabajo invocado por las
demandantes, en
la medida que como se ha dicho no se acreditó la existencia de una relación laboral entre las madres
comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar”[70].
En
virtud de la protección iusfundamental mantenida en la decisión del Auto
186 de 2017, la Sala Plena ordenó al ICBF adelantar el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las
ciento seis (106) demandantes relacionadas en la providencia T-480 de 2016, los
aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a
efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley
509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, desde la fecha en que se hayan vinculado
como madres comunitarias al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y
hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan
estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su petición por vía
ordinaria.
A
la luz del precedente constitucional expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
analizará los casos concretos acumulados a la presente acción de tutela a fin
de resolver los problemas jurídicos planteados.
7. Análisis de
los casos concretos acumulados
7.1. Primer
problema jurídico:
¿Es
aplicable la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016 como
precedente constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88
demandantes que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa
Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la
fecha en que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta
el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas a dicho programa?
En primera medida, la Sala
advierte que las accionantes solicitaron a esta Corporación que al amparar sus
derechos fundamentales, declare la existencia de un contrato-realidad de
trabajo entre ellas y el ICBF y, en consecuencia, ordene el reconocimiento y
pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones, en
aplicación del precedente determinado en la sentencia T-480 de 2016.
Al respecto, la Sala
precisa que el precedente constitucional vinculante en esa materia, ha de ser
comprendido y aplicado acorde con la posición sentada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en el Auto 186 del 17 de abril de 2017, que declaró la
nulidad parcial de la sentencia T-480 de 2016. Así lo explicó la Corte:
9.3. De conformidad con las reglas
establecidas en el presente Auto relacionadas con los presupuestos que deben
acreditarse para que se configure un cambio de jurisprudencia, es claro que los
fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de
2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de
2001 y T-1029 de 2001 sí constituían precedente aplicable al asunto resuelto en
la sentencia T-480 de 2016.
(i) En efecto, los referidos
pronunciamientos realmente componen una línea jurisprudencial en vigor sobre un determinado tema, esto
es, la inexistencia de contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el
ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual de
origen civil.
(ii) En oposición a lo anterior, en la
sentencia T-480 de 2016 se determinó
que entre el ICBF y las accionantes sí existió contrato de trabajo realidad durante un lapso específico, toda vez que, con
ocasión de la observancia y aplicación del principio constitucional de primacía
de la realidad sobre las formalidades, se encontraban reunidos los tres
elementos esenciales del contrato realidad. Aunado a ello, en la providencia
censurada tampoco se expuso razón alguna que diera cuenta del apartamiento de
la mencionada línea jurisprudencial sostenida, uniforme y pacífica
en la materia.
(iii) En suma, este Tribunal encuentra
que la Sala Octava de Revisión de esta Corporación vulneró el derecho al debido proceso,
toda vez que al proferir la tutela T-480 de 2016 también desconoció la jurisprudencia en vigor
contenida en los fallos T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de
2000, T-1117 de 2000,          T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000,
T-158 de 2001, T-159 de 2001 y   T-1029 de 2001. (Negrilla fuera de texto original)
Como ya se
explicó, pese a que la realidad jurídica ha cambiado drásticamente desde el 12
de febrero de 2014, con la formalización del vínculo laboral entre las madres
comunitarias, la Sala no
puede aplicar
la solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016, en razón a la
declaratoria parcial de nulidad contenida en el Auto 186 de 2017. En otras
palabras, la Sala Cuarta de Revisión concluye que no resulta procedente extender
la protección respecto del derecho al trabajo invocado por las demandantes, en la medida en que las accionantes
-entre el 29 de
diciembre de 1988 y el 12 de febrero de 2014- no  lograron acreditar el
elemento de subordinación (relación de
dependencia o subordinación) como uno de los requisitos sine qua non
que permite configurar la
existencia de una
relación laboral (contrato realidad) entre las madres comunitarias y el ICBF.
No obstante lo anterior,
en aplicación del
precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017
y en procura de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la administración de
justicia, la Sala advierte que en eventuales y futuras resoluciones de casos
que involucren circunstancias fácticas y probatorias distintas a las que ahora
son objeto de decisión en los asuntos acumulados, y en virtud de los efectos inter
partes de esta providencia, los operadores judiciales podrán valorar la
eventual existencia de contrato realidad entre el ICBF y las demás ciudadanas y
ciudadanos que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario antes del 12 de febrero de 2014, con la
estricta observancia de los elementos materiales de prueba a que haya lugar.
Ahora bien, en lo que
respecta a la protección de las 88 accionantes, en relación con los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la
igualdad y al mínimo vital, la
Sala Cuarta de Revisión encuentra que la vulneración
iusfundamental alegada por las demandantes específicamente se enmarca en la
falta de pago de contribuciones pensionales causadas en un tiempo específico (desde el 29 de diciembre de 1988, o
desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres
comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de
febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas
a dicho programa), por lo que resulta apropiado e imperativo la
observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de
seguridad social en pensiones de las madres comunitarias, lo cual será
estudiado a continuación.
7.2.
Segundo problema jurídico:
¿Vulnera el
ICBF los derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al
mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251);
Neris Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor
Vargas Salas y otros (T-6.196.094); Claribel
Munera Pereañez (T-6.201.064); María
Edilma González y otros (T-6.203.162) y
Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901); ante la negativa de pagar, durante
un tiempo prolongado, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en
razón a la labor de madre comunitaria que desempeñaron desde la fecha de su
vinculación al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, hasta el 12
de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas a dicho programa?
7.2.1. A partir de la reseña
fáctica expuesta y de las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala Cuarta
de Revisión encuentra acreditado lo siguiente:
En el expediente T-6.190.251
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO POR
Gloria Solano
37.934.508
24. Jul. 1987
04. May. 2004
ICBF
En el expediente t-6.193.730
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO POR
1
Nohora Alba Ramos Rosado
42.403.505
01.Abr.1997
Julio. 2012
ICBF
2
Levith del Socorro Marquez de Mejía
26.877.461
Feb. 1995
Diciembre. 2006
ICBF
3
Yadis Mercedes Guerra Ustariz
26.877.854
Noviembre.1988
Junio. 1992
ICBF
4
Yenitza María Ramos Torres
26.877.769
Enero. 1998
Marzo. 2006
ICBF
5
Adis María Murgas Murgas
42.403.512
09. Nov. 1984
15.Dic.2004
ICBF
6
Miriam Rosa Blanquicet Coneo
49.749.730
Febrero. 1995
Junio. 2009
ICBF
7
Delvis Leonor Rosado Amaya
49.742.226
02. Sep. 2002
14. Nov. 2007
ICBF
8
Aura María Padilla Padilla
26.877.812
01. Mar. 1997
09. Dic. 2011
ICBF
9
Digna Rosa Banquez Torres
36.516.185
11. Ene. 1993
02. May. 2000
ICBF
10
Margarita Rosa Murgas Guerrero
42.404.498
Octubre. 1997
Marzo. 2012
ICBF
11
Fanny María Becerra Arzuaga
42.403.628
Diciembre.1988
Enero. 2001
ICBF
12
Caridad Meza Martinez
41.789.534
08. Nov. 1997
02. Sep. 2002
ICBF
13
Maricela Muñoz Oñate
42.404.177
Abr. 2004
Jun. 2009
ICBF
14
Rosalba Padilla Zapata
42.496.587
Octubre.1982
Diciembre.2000
ICBF
15
Yomaira Ustariz Liñan
36.516.148
Jul. 2003
Abr. 2010
ICBF
16
Neris del Carmen Aponte Ariza
49.691.027
1995
1999
Hogar
17
Mariely Julio Orozco
49.749.712
1991
Oct. 1995
Hogar
18
Liseth Cecilia Noya de la Hoz
22.590.133
Jun.
2006
Jun. 2007
Hogar
19
Marlys Zeira Aguilar Barona
49.737.305
01. Abr. 1997
18. Jun. 2005
Hogar
En el expediente T-6.196.094
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO POR
1
Flor Elisa Vargas Salas
23.781.254
Ene. 1997
25. Ago. 2015
Hogar
2
Miriam Ocación Gallo
40.017.925
01. Jun.1997
Ago. 2015
Hogar
3
Susana Patarroyo de Cuervo
23.271.965
08. Feb. 1988
15. Feb. 2012
Hogar
4
María Alejandrina Cuchivague
Camargo
40.023.942
18. Sep. 1988
01. Ago. 2014
Asopadres
5
Elsa María Reyes
24.078.440
02. Jun. 1987
Enero. 2014
Asopadres
6
Yolanda Moreno Mariño
40.013.943
02. Ago. 1985
No Registra
Asopadres
7
María Preselia Higuera Rodríguez
40.021.388
01.Feb.1997
31.May.2009
Colpensiones
8
María Elicenia Guzmán Rodríguez
21.200.436
02. Oct. 1987
Activa
Asopadres
9
Amanda Suarez Vanegas
40.014.782
Enero 1980
Febrero 1996
Declaración
10
María Elizabeth González de Barón
23.272.482
01. Jul. 1989
31. Ago. 2010
ICBF
11
María Irene Tenza de DeSalvador
24.068.209
16. Ago. 1988
1. Jun. 2010
Asopadres
En el expediente T-6.201.064
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO POR
Claribel Munera Pereañez
39.208.514
15. Sep. 2003
30. Ene. 2015
Hogar
En el expediente T-6.203.162
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO POR
1
María Edilma González Rodríguez
40.025.746
2. Ago. 1991
31. Dic. 2015
Asopadres
2
Agueda García Rodríguez
40.023.480
1992[71]
Activa
Asopadres
3
María Ernestina Martínez de Pinzón
23.267.340
10. abr. 1988
31. Ene. 2004
Asopadres
4
Rogelia Panche Suesca
24.069.244
04. Feb. 1989
04. Feb. 2011
Asopadres
5
María Rita Nope Cuchivaguen
23.544.417
04. Feb. 1989
04. Feb. 2011
Asopadres
6
Ana Silde Suarez de Quintero
40.010.214
08. Ago. 1989
Dic. 2003
Declaración
7
Rosa María Aguilar de Molina
23.262.903
25. Sep. 1989
27. Oct. 2000
Asopadres
8
Blanca Elvira Aguirre de Aguirre
23.399.349
18. Sep. 1989
30. Jun. 1998
Asopadres
9
María Inés Ríos Bernal
24.201.652
15 años: No registra extremos
Asopadres
10
Miriam Estela Suarez Cárdenas
40.022.878
02. Ago. 1992
30. Sep. 2010
Asopadres
11
María Carmenza Viasus Molina
40.014.590
1988
Enero. 2004
Declaración
12
Flor Nelly Yanquen Valentín
51.624.451
11. Mar. 1997
11. Ago. 2011
Asopadres
13
Flor Avicena Sepúlveda
40.008.629
1989
Enero. 2004
Declaración
En el expediente T-6.208.901
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
DESDE
HASTA
CERTIFICADO
POR
1
Ángela Parra Gamboa (2 periodos)
60.317.036
07. Feb. 1997  Julio
2008
Dic. 2006
Dic. 2010
Asopadres
2
Adriana Laudice Rodríguez Vega
60.442.353
05. Mar. 2004
Activa
Asopadres
3
Gema Socorro Hernández Aparicio
60.400.179
02. Feb. 2001
Activa
Asopadres
4
Liliana Correa
60.443.898
02. Feb. 2009
Activa
Asopadres
5
María Stela Jaimes Miranda
60.318.708
16. Mar. 1998
Activa
Asopadres
6
Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez
60.369.983
18. May. 1995
Activa
Asopadres
7
Zoraida Mojica Jaimes
27.897.484
05. Mar. 2012
Activa
Asopadres
8
Norys Sánchez Galván
60.441.815
15. Mar. 2011
Activa
Asopadres
9
Edilia Flórez Villamizar
60.250.169
Septiembre.1993
31. Dic. 2003
Asopadres
10
Feglei Abril Otálora
60.378.740
10. Ago. 2009
31. Dic. 2015
Asopadres
11
Ana Liduvina Villamizar Ramírez
60.422.188
Febrero. 1994
Diciembre. 1994
Asopadres
12
Rosa Elena Carrero Cala
60.321.290
01. Mar. 1990
28. Feb. 2003
Junta MC
13
Belcy Parada Pérez
27.673.304
02. Ago. 1995  01. Ene.
2016
Diciembre. 2015  31.
Oct. 2016
Asopadres
14
Luz Yaneth Páez Sánchez
27.897.796
22. Sep. 1989  01. Ene.
2016
Dic. 2015  31.Oct.2016
Asopadres
15
Ericilda Lizcano
63.321.180
05. Feb. 1995
05.May. 2008
Asopadres
16
Adela Amaríz Santos
60.422.498
"durante el año
2001"
Asopadres
17
Carmen Aleyda Leal Suarez
60.440.671
Febrero. 1996
Junio. 1997
Asopadres
18
Marta Leal Suarez
60.252.670
Julio. 1997
Noviembre. 1999
Asopadres
19
Eleonora María Villasmil Bernal
60.303.171
01. Nov. 1999
01. Ago. 2003
Asopadres
20
Myriam Hernández Vera
60.385.400
23. Feb. 2005
18. Ago. 2011
Asopadres
21
María Regina Santos Prada
28.677.803
11. Abr. 1987
Diciembre. 1992
Asopadres
22
Blanca Cecilia Bohórquez Herrán
37.234.216
01. Oct. 1987
Diciembre. 2001
Asopadres
23
Gloria Melsa Quintero Jaimes
60.275.018
02. Feb. 1992
10. Mar. 2013
Asopadres
24
Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez
37.243.836
22. May. 1995
24. Nov. 2006
Asopadres
25
Olga Vargas Rojas
60.285.396
1987
1992
Asopadres
26
Gladys Flórez González (2 periodos)
27.847.614
22. May. 1995  18. Ago.
2006
Marzo. 2004  Febrero
2009
Asopadres
27
Marcelina Carvajal de Peña
60.250.790
Abril. 1988
Abril. 2003
Asopadres
28
Noraima Ortiz Zambrano
60.365.348
01. Abr. 1997
Activa
Asopadres
29
Omaira Ortiz Zambrano
60.400.263
19. feb. 2001
Activa
Asopadres
30
July Mayerly León Arias
1.093.753.159
03. Jul. 2012
Activa
Asopadres
31
Martha Laura Velasco Pita
60.404.125
12. Feb. 1996
10. Feb. 2010
Asopadres
32
Rosalba Briceño
Hernández                  (3 periodos)
60.382.812
01. Nov. 1999   15 Sep.
2008     01 Abr. 2011
15. Abr. 2001    31 Mar.
2011    01 Feb. 2012
Asopadres
33
Carmen Elena Carvajal Quintero
31.915.849
2010
2016
Asopadres
34
Erika María Rodríguez
Collantes
(2 periodos)
60.440.727
02. Feb. 2012   01. Ene.
2016
Diciembre. 2015   31.
oct. 2016
Asopadres
35
Norida Yasmin Suarez Ortiz
1.093.736.612
17. Jul. 2007
Activa
Asopadres
36
Alba Luz Contreras Contreras
60.422.762
01. Oct. 1995   30. Nov.
2004
01. Ene. 2006  31. Dic.
2005
Asopadres
37
Nancy Sepúlveda Contreras
1.093.734.128
2004
2007
Asopadres
38
Velkys Vianney Díaz Cruz
60.421.539
Enero. 1989
Agosto. 2004
Asopadres
39
Sandra Milena Villamizar
Lamus          (2 periodos)
60.441.048
01. Nov. 2000   01. ago.
2012
15. Ene. 2009   05. Ago.
2015
Asopadres
40
Omaira Molina Rodríguez
60.385.237
09. Mar. 2012
Activa
Asopadres
41
María Elena Villamizar Ruiz
60.349.666
01. Sep. 1993
Activa
Asopadres
42
Blanca Elena Dávila Montañez
60.344.474
05. Feb. 2003
2004
Asopadres
43
Emilce Riveros Torrado
60.379.174
01. Ago. 2010
Activa
Asopadres
7.2.2. La
Sala encuentra que la vulneración iusfundamental alegada por las 88 demandantes
específicamente se enmarca en la falta de pago de contribuciones pensionales
causadas en un tiempo específico, por lo que resulta apropiado e imperativo la
observancia del marco normativo que para esa época regulaba el sistema de
seguridad social en pensiones de las madres comunitarias. Si bien para el lapso
comprendido entre el 29
de diciembre de 1988[72]
y el 12 de febrero de 2014[73]
tanto la ley como la jurisprudencia no establecieron una relación laboral entre
las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, lo cierto es que el ordenamiento
jurídico sí prevé el derecho a la seguridad social de las madres comunitarias
bajo unas particularidades especiales, tal como se explicó en el fundamento
jurídico N° 4 de esta providencia.
En
virtud de la anterior normatividad, en aplicación del derecho a la igualdad, es
claro entonces que a las 88 accionantes se les podría extender excepcionalmente
las especificaciones previstas en dicho régimen jurídico especial con el fin de
garantizarles su derecho a la seguridad social en materia pensional. Al
respecto, en providencia T-130 de 2015 la Corte Constitucional concedió el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social de una madre comunitaria
y, en consecuencia, ordenó al ICBF que realizara
los trámites necesarios para cancelar a Colpensiones, fondo al cual
estaba afiliada la accionante, los aportes faltantes al Sistema de Seguridad
Social causados en un tiempo determinado.
7.2.3. Descendiendo
al asunto sub examine, la Sala observa que las 88 demandantes son sujetos de especial protección constitucional y se
encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección ante la ausencia
del pago de los aportes pensionales que se hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988[74] y el 12 de
febrero de 2014[75].
En consecuencia, para la Sala Cuarta
de Revisión resulta imperativo conceder la protección a las
88 accionantes, pero sólo en relación con los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, tal
como se explicó al resolver el primer problema jurídico.
7.2.4.
En virtud de la protección iusfundamental contenida en esta decisión, se ordenará
al ICBF que adelante el
correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre
de cada una de las ochenta y ocho (88) demandantes relacionadas en esta
providencia, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a
efecto de que
obtengan su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y
la Ley 1187 de 2008, desde
la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de
Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la
fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin menoscabo de su
petición por vía ordinaria.
Para efectuar lo
anterior, sin más condiciones que las verificadas en esta providencia y en aplicación del precedente sentado
por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017, el ICBF deberá
gestionar los trámites necesarios para que:
·
Las ochenta y ocho (88) accionantes sean reconocidas como beneficiarias del
subsidio pensional previsto en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008. Dicha
afiliación tendrá cobertura para el período comprendido desde la
fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en
que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.
·
El Fondo de Solidaridad Pensional, en ejercicio de su
deber legal, transfiera a la respectiva Administradora de Fondos
de Pensiones -AFP- en la que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada una
de las ochenta y ocho (88) demandantes según la legislación aplicable, los aportes pensionales faltantes al
Sistema de Seguridad Social causados en el período comprendido desde
la
fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en
que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa.
Para tal efecto, se deberán observar las siguientes precisiones:
(i) Dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las ochenta y ocho (88) accionantes, aunado al propósito de evitar
cargas económicas desproporcionadas que generen mayores traumatismos y que
obstaculicen la obtención de su pensión, y con la finalidad de que efectivamente se materialice plenamente la
protección iusfundamental contenida en el presente pronunciamiento, para la
Sala Cuarta de Revisión resulta razonable que el monto del subsidio pensional a
reconocer y transferir no sea equivalente al 80% sino al 100% del total de las
cotizaciones pensionales faltantes y causadas en ejercicio efectivo y
comprobado de su labor de madre comunitaria, en el período comprendido entre la fecha en que se hayan vinculado
como tales al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de
febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas al mencionado programa.
(ii) Esas cotizaciones pensionales faltantes deberán realizarse tomando
como referencia el salario mínimo legal mensual vigente con la respectiva indexación en
los casos en que hubiere lugar.
(iii) En atención a las excepcionales y especiales circunstancias que
rodean el presente asunto, se advierte que la transferencia de los recursos
correspondientes al subsidio pensional que se realizará a las respectivas
administradoras de pensiones con ocasión de esta decisión no causará intereses
moratorios de ninguna índole.
Dicho
trámite administrativo (Esquema de financiamiento del subsidio pensional) fue
ilustrado por la Sala Plena de esta Corporación, en el ya citado Auto 186 de
2017, de la siguiente manera:
Una
vez se efectúe lo anterior, cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes podrán
adelantar ante la correspondiente administradora de pensiones las gestiones
pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos para ello.
En la eventualidad en que alguna o algunas de ellas no reúnan las exigencias
para acceder al referido derecho pensional, y si así lo llegaren a considerar,
deberán seguir cotizando al sistema de seguridad social hasta que las cumplan a
cabalidad, para lo cual, serán beneficiarias de todas las prerrogativas habidas
en el ordenamiento jurídico para tal efecto, en especial, las establecidas en
las Leyes 509 de 1999, 1187 de 2008 y 1450 de 2011.
13. Conclusiones
La Sala concluye que el
ICBF sí vulneró
los derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al
mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251); Neris
Aponte Ariza y otros (t-6.193.730); Flor Vargas Salas
y otros (T-6.196.094); Claribel Munera Pereañez (T-6.201.064); María
Edilma González y otros (T-6.203.162) y Ángela Parra
Gamboa y otros (T-6.208.901); al negarse a pagar los aportes al sistema de seguridad
social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madre comunitaria
que desempeñaron desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con
posterioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en
que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa.
En consecuencia, la Sala
Cuarta de Revisión (i) En el Expediente T-6.190.251: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia, de fecha 14 de febrero de 2017
que revocó el fallo del 4 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, que declaró improcedente la acción de tutela; en cuanto a que
se amparan los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de
la accionante Gloria Solano, revocando lo
concerniente al amparo al derecho al trabajo.
(ii) En el Expediente T-6.193.730: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 3 de febrero
de 2017; en cuanto a que
se amparan los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente
al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Neris del Carmen Aponte Ariza
49.691.027
26. May.1964
2
Nohora Alba Ramos Rosado
42.403.505
08. Mar.1963
3
Levith del Socorro Márquez de Mejía
26.877.461
01. Nov.1953
4
Yadis Mercedes Guerra Ustariz
26.877.854
03. Jun.1964
5
Yenitza María Ramos Torres
26.877.769
28. Oct. 1961
6
Adis María Murgas Murgas
42.403.512
31. Jul.1955
7
Mariely Julio Orozco
49.749.712
30. Oct.1966
8
Miriam Rosa Blanquicet Coneo
49.749.730
13. Dic. 1972
9
Delvis Leonor Rosado Amaya
49.742.226
28. Jul. 1968
10
Aura María Padilla Padilla
26.877.812
20. Jun. 1962
11
Digna Rosa Banquez Torres
36.516.185
23. Nov. 1966
12
Margarita Rosa Murgas Guerrero
42.404.498
29. Nov. 1978
13
Fanny María Becerra Arzuaga
42.403.628
04. Jun. 1968
14
Caridad Meza Martínez
41.789.534
12. Jun. 1959
15
Maricela Muñoz Oñate
42.404.177
17. May. 1971
16
Rosalba Padilla Zapata
42.496.587
31. Mar. 1952
17
Liseth Cecilia Noya de la Hoz
22.590.133
03. Nov. 1978
18
Yomaira Ustariz Liñan
36.516.148
11. Jun. 1969
19
Marlys Zeira Aguilar Barona
49.737.305
26. Jun. 1962
(iii) en el expediente T-6.196.094: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, de fecha 3 de marzo de 2017, que
revocó el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja; de fecha 25 de enero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad
social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente al amparo
al derecho al trabajo, decisión
que cobija a las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Flor Elisa Vargas Salas
23.781.254
04. Ene. 1967
2
Miriam Ocación Gallo
40.017.925
01. May. 1957
3
Susana Patarroyo de Cuervo
23.271.965
No Registra
4
María Alejandrina Cuchivague
Camargo
40.023.942
No Registra
5
Elsa María Reyes Reyes
24.078.440
21. Ago. 1958
6
Yolanda Moreno Mariño
40.013.943
08. Dic. 1956
7
María Preselia Higuera Rodríguez
40.021.388
01. Ene. 1964
8
María Elicenia Guzmán Rodríguez
21.200.436
26. Ago. 1953
9
Amanda Suarez Vanegas
40.014.782
04. Sep. 1960
10
María Elizabeth González de Barón
23.272.482
19. Mar. 1950
11
María Irene Tenza de DeSalvador
24.068.209
28. May. 1935
En cuanto a
la señora
María Irene Tenza de DeSalvador, la Sala advierte que su eventual derecho a recibir la
pensión de vejez por los casi 22 años en ejercicio de labores como madre
comunitaria deberá prevalecer sobre el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva a la que podría tener derecho. Así las cosas, en caso de que haya
iniciado el trámite para su reconocimiento, Colpensiones deberá suspenderlo. En
caso de que la señora Tenza de DeSalvador haya recibido la suma consistente al
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, Colpensiones no podrá exigirle
la devolución de la suma recibida y, en su lugar, deberá descontarlo
periódicamente, en procura de la garantía a su mínimo vital.
(iv) En el
expediente T-6.201.064: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, de fecha 31 de enero de
2017, en cuanto a que se
amparan los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de
la accionante Claribel
Munera Pereañez, revocando lo concerniente al amparo a su  derecho al trabajo.
(v) En el expediente T-6.203.162: confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el
fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de
enero de 2017, en cuanto
a que se amparan los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente
al amparo al derecho al trabajo, decisión que cobija a las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
María Ernestina Martínez de Pinzón
23.267.340
20. Nov. 1945
2
Rogelia Panche Suesca
24.069.244
06. Sep. 1950
3
María Rita Nope Cuchivaguen
23.544.417
19. Ago. 1946
4
Ana Silde Suarez de Quintero[76]
40.010.214
17. Ene. 1954
5
Rosa María Aguilar de Molina
23.262.903
18. May. 1944
6
Blanca Elvira Aguirre de Aguirre
23.399.349
03. abr. 1953
7
María Inés Ríos Bernal
24.201.652
08. Oct. 1954
De otra parte, revocará
parcialmente la
sentencia proferida por
el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017,
que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Tunja, de 24 de enero de 2017,
en cuanto a que declaró improcedente la acción de tutela; para, en su lugar,
amparar los derechos
fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, decisión que cobija a las siguientes
accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
María Edilma González Rodríguez
40.025.746
15. Feb. 1966
2
Agueda García Rodríguez
40.023.480
6. Ene. 1963
3
Miriam Estela Suarez Cárdenas
40.022.878
10. Jul. 1963
4
María Carmenza Viasus Molina
40.014.590
No Registra
5
Flor Nelly Yanquen Valentín
51.624.451
08. May. 1961
6
Flor Avicena Sepúlveda
40.008.629
27. Mar. 1957
(vi) En el expediente T-6.208.901:
confirmará
parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia, de fecha 29 de marzo de
2017, que confirmó el fallo pronunciado por el Juzgado Civil del Circuito de
los Patios (Norte de Santander), de fecha 13 de febrero de 2017, en cuanto a que se amparan los derechos
fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, revocando lo concerniente
al amparo al derecho al trabajo, decisión
que cobija a las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Ángela Parra Gamboa
60.317.036
06. Dic. 1966
2
Adriana Laudice Rodríguez Vega
60.442.353
19. Feb. 1977
3
Gema Socorro Hernández Aparicio
60.400.179
20. Jun. 1963
4
Liliana Correa
60.443.898
08. Abr. 1983
5
María Stela Jaimes Miranda
60.318.708
31. Dic. 1964
6
Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez
60.369.983
18. Ago. 1973
7
Zoraida Mojica Jaimes
27.897.484
11. Feb. 1970
8
Norys Sánchez Galván
60.441.815
19. Ago. 1979
9
Edilia Flórez Villamizar
60.250.169
26. Oct. 1958
10
Feglei Abril Otálora
60.378.740
08. Ago. 1976
11
Ana Liduvina Villamizar Ramírez
60.422.188
26. Jun. 1972
12
Rosa Elena Carrero Cala
60.321.290
18. Oct. 1965
13
Belcy Parada Pérez
27.673.304
25. Ago. 1964
14
Luz Yaneth Páez Sánchez
27.897.796
25. Mar. 1971
15
Ericilda Lizcano
63.321.180
05. May. 1964
16
Adela Amaríz Santos
60.422.498
28. Mar. 1974
17
Carmen Aleyda Leal Suarez
60.440.671
05. Jul. 1976
18
Marta Leal Suarez
60.252.670
29. May. 1961
19
Eleonora María Villasmil Bernal
60.303.171
26. Ago. 1964
20
Myriam Hernández Vera
60.385.400
05. Feb. 1978
21
María Regina Santos Prada
28.677.803
07. Sep. 1943
22
Blanca Cecilia Bohórquez Herrán
37.234.216
11. Nov. 1950
23
Gloria Melsa Quintero Jaimes
60.275.018
12. Dic. 1959
24
Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez
37.243.836
22. Nov. 1957
25
Olga Vargas Rojas
60.285.396
10. Oct. 1959
26
Gladys Flórez González
27.847.614
13. Dic. 1967
27
Marcelina Carvajal de Peña
60.250.790
14. Jul. 1958
28
Noraima Ortiz Zambrano
60.365.348
17. Jul. 1974
29
Omaira Ortiz Zambrano
60.400.263
19. Feb. 1965
30
July Mayerly León Arias
1.093.753.159
02. Abr. 1990
31
Martha Laura Velasco Pita
60.404.125
12. Oct. 1970
32
Rosalba Briceño Hernández
60.382.812
15. Oct. 1977
33
Carmen Elena Carvajal Quintero
31.915.849
16. Jul. 1964
34
Erika María Rodríguez Collantes
60.440.727
06. Dic. 1976
35
Norida Yasmin Suarez Ortiz
1.093.736.612
13. Jun. 1986
36
Alba Luz Contreras Contreras
60.422.762
28. Ago. 1975
37
Nancy Sepúlveda Contreras
1.093.734.128
30. Ago. 1985
38
Velkys Vianney Díaz Cruz
60.421.539
17. May. 1971
39
Sandra Milena Villamizar Lamus
60.441.048
27. Abr. 1977
40
Omaira Molina Rodríguez
60.385.237
01. Feb. 1978
41
María Elena Villamizar Ruiz
60.349.666
10. Jul. 1972
42
Blanca Elena Dávila Montañez
60.344.474
10. Feb. 1970
43
Emilce Riveros Torrado
60.379.174
10. Feb. 1977
Consecuentemente,
se ordenará al ICBF que, por medio de su
representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el
término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta providencia, adelante
el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a
nombre de cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes relacionadas en este
proveído, los aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo
efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de
conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este
pronunciamiento, desde
el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como
madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12
de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas al referido programa. Esos
aportes
deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o
desee afiliarse cada madre comunitaria.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia, de fecha 14 de febrero de 2017
que revocó el fallo del 4 de enero de 2017 proferido por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, que declaró improcedente la acción de tutela (expediente T-6.190.251), en cuanto a que se AMPARAN los derechos
fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital -desde
el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se haya
vinculado como madre comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar,
hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya
estado vinculada a dicho programa, en los términos expuestos en este fallo- de la accionante:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
Gloria Solano
37.934.508
05. Ene. 1964
SEGUNDO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar
Familia -ICBF- que,
por medio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha
hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la notificación de esta
providencia, adelante el correspondiente trámite administrativo para que se
reconozcan y paguen a nombre de Gloria Solano (expediente T-6.190.251) los aportes parafiscales en pensiones
faltantes al Sistema de
Seguridad Social
por el tiempo efectivamente acreditado como madre comunitaria, a efecto de que obtenga su pensión,
de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de este proveído;
desde el 29 de diciembre
de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se haya vinculado como madre
comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de
febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya estado vinculada
a dicho programa.
Tales
aportes deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre
afiliada o desee afiliarse la referida accionante.
TERCERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 3 de febrero
de 2017 (expediente
T-6.193.730), en cuanto a que se AMPARAN los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad
social, a la igualdad y al mínimo vital -desde el 29 de diciembre de 1988, o
desde la fecha en que con posterioridad se hayan vinculado como madres
comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 12 de
febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas a dicho programa- decisión que cobija a las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Neris del Carmen Aponte Ariza
49.691.027
26. May.1964
2
Nohora Alba Ramos Rosado
42.403.505
08. Mar.1963
3
Levith del Socorro Márquez de Mejía
26.877.461
01. Nov.1953
4
Yadis Mercedes Guerra Ustariz
26.877.854
03. Jun.1964
5
Yenitza María Ramos Torres
26.877.769
28. Oct. 1961
6
Adis María Murgas Murgas
42.403.512
31. Jul.1955
7
Mariely Julio Orozco
49.749.712
30. Oct.1966
8
Miriam Rosa Blanquicet Coneo
49.749.730
13. Dic. 1972
9
Delvis Leonor Rosado Amaya
49.742.226
28. Jul. 1968
10
Aura María Padilla Padilla
26.877.812
20. Jun. 1962
11
Digna Rosa Banquez Torres
36.516.185
23. Nov. 1966
12
Margarita Rosa Murgas Guerrero
42.404.498
29. Nov. 1978
13
Fanny María Becerra Arzuaga
42.403.628
04. Jun. 1968
14
Caridad Meza Martínez
41.789.534
12. Jun. 1959
15
Maricela Muñoz Oñate
42.404.177
17. May. 1971
16
Rosalba Padilla Zapata
42.496.587
31. Mar. 1952
17
Liseth Cecilia Noya de la Hoz
22.590.133
03. Nov. 1978
18
Yomaira Ustariz Liñan
36.516.148
11. Jun. 1969
19
Marlys Zeira Aguilar Barona
49.737.305
26. Jun. 1962
CUARTO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF- que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces,
si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la
notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las diecinueve
(19) accionantes relacionadas en este proveído (expediente T-6.193.730), los aportes
parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente
acreditado como madres comunitarias, a efecto de que obtengan su pensión, de conformidad con la
legislación aplicable y en los términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o
desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa
Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la
fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al
fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre
comunitaria.
QUINTO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, de fecha 3 de marzo de 2017, que
revocó el fallo pronunciado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja; de fecha 25 de enero de 2017 (expediente T-6.196.094), en cuanto a que se AMPARAN
los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital
-desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se
hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa- decisión que cobija a
las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Flor Elisa Vargas Salas
23.781.254
04. Ene. 1967
2
Miriam Ocación Gallo
40.017.925
01. May. 1957
3
Susana Patarroyo de Cuervo
23.271.965
No Registra
4
María Alejandrina Cuchivague
Camargo
40.023.942
No Registra
5
Elsa María Reyes Reyes
24.078.440
21. Ago. 1958
6
Yolanda Moreno Mariño
40.013.943
08. Dic. 1956
7
María Preselia Higuera Rodríguez
40.021.388
01. Ene. 1964
8
María Elicenia Guzmán Rodríguez
21.200.436
26. Ago. 1953
9
Amanda Suarez Vanegas
40.014.782
04. Sep. 1960
10
María Elizabeth González de Barón
23.272.482
19. Mar. 1950
11
María Irene Tenza de DeSalvador
24.068.209
28. May. 1935
Parágrafo. En cuanto la señora María Irene Tenza de
DeSalvador, Colpensiones
deberá tener en cuenta que su eventual derecho a recibir la pensión de vejez prevalecerá
sobre el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la que podría tener
derecho. En consecuencia, en caso de que haya iniciado el trámite para su
reconocimiento, deberá suspenderlo. De haber recibido la suma consistente al
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, Colpensiones no podrá exigirle
la devolución de la suma recibida y, en su lugar, deberá descontarlo
periódicamente, en procura de la garantía a su mínimo vital.
SEXTO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF- que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces,
si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la
notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las once
(11) accionantes relacionadas en este proveído (expediente T-6.196.094), los aportes parafiscales en
pensiones faltantes al
Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres
comunitarias, a efecto
de que obtengan
su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de
este pronunciamiento, desde
el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se hayan vinculado como
madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12
de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado
vinculadas al referido programa. Esos
aportes
deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o
desee afiliarse cada madre comunitaria.
SÉPTIMO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, de fecha 31 de enero de
2017 (expediente T-6.201.064), en cuanto a que se AMPARAN
los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital
-desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se
hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa- de la accionante:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
Claribel Munera Pereañez
39.208.514
20. Abr. 1969
OCTAVO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces,
si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la
notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de Claribel Munera Pereañez (expediente             T-6.201.064), los aportes parafiscales en
pensiones faltantes al
Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madre
comunitaria, a efecto de
que obtengan
su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los términos de
este pronunciamiento, desde
el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se haya vinculado como
madre comunitaria al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12
de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con anterioridad haya estado
vinculadas al referido programa. Esos
aportes
deberán ser consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o
desee afiliarse la referida accionante.
NOVENO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017, que modificó el
fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, de 24 de
enero de 2017 (expediente
T-6.203.162), en cuanto a que se AMPARAN los derechos
fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital -desde
el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se hayan
vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa- decisión que cobija a
las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
María Ernestina Martínez de Pinzón
23.267.340
20. Nov. 1945
2
Rogelia Panche Suesca
24.069.244
06. Sep. 1950
3
María Rita Nope Cuchivaguen
23.544.417
19. Ago. 1946
4
Ana Silde Suarez de Quintero[77]
40.010.214
17. Ene. 1954
5
Rosa María Aguilar de Molina
23.262.903
18. May. 1944
6
Blanca Elvira Aguirre de Aguirre
23.399.349
03. abr. 1953
7
María Inés Ríos Bernal
24.201.652
08. Oct. 1954
Así mismo, REVOCAR
PARCIALMENTE la
sentencia proferida por
el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, de fecha 1º de marzo de 2017,
que modificó el fallo pronunciado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Tunja, de 24 de enero de 2017,
en cuanto a que declaró improcedente la acción de tutela; para, en su lugar, AMPARAR
los derechos
fundamentales a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, decisión que cobija a las siguientes
accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
María Edilma González Rodríguez
40.025.746
15. Feb. 1966
2
Agueda García Rodríguez
40.023.480
6. Ene. 1963
3
Miriam Estela Suarez Cárdenas
40.022.878
10. Jul. 1963
4
María Carmenza Viasus Molina
40.014.590
No Registra
5
Flor Nelly Yanquen Valentín
51.624.451
08. May. 1961
6
Flor Avicena Sepúlveda
40.008.629
27. Mar. 1957
DÉCIMO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces,
si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la
notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las
trece (13) accionantes relacionadas en este proveído (expediente T-6.203.162), los aportes parafiscales en
pensiones faltantes al
Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres
comunitarias, a efecto
de que
obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los
términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se
hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al
fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre
comunitaria.
DÉCIMO PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia, de fecha 29 de
marzo de 2017, que confirmo el fallo pronunciado por el Juzgado Civil del
Circuito de los Patios (Norte de Santander), de fecha 13 de febrero de 2017 (expediente T-6.208.901), en cuanto a que se AMPARAN
los
derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital
-desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que con posterioridad se
hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa- decisión que cobija a
las siguientes accionantes:
NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA
FECHA NACIMIENTO
1
Ángela Parra Gamboa
60.317.036
06. Dic. 1966
2
Adriana Laudice Rodríguez Vega
60.442.353
19. Feb. 1977
3
Gema Socorro Hernández Aparicio
60.400.179
20. Jun. 1963
4
Liliana Correa
60.443.898
08. Abr. 1983
5
María Stela Jaimes Miranda
60.318.708
31. Dic. 1964
6
Ana Cecilia Guarnizo Gutiérrez
60.369.983
18. Ago. 1973
7
Zoraida Mojica Jaimes
27.897.484
11. Feb. 1970
8
Norys Sánchez Galván
60.441.815
19. Ago. 1979
9
Edilia Flórez Villamizar
60.250.169
26. Oct. 1958
10
Feglei Abril Otálora
60.378.740
08. Ago. 1976
11
Ana Liduvina Villamizar Ramírez
60.422.188
26. Jun. 1972
12
Rosa Elena Carrero Cala
60.321.290
18. Oct. 1965
13
Belcy Parada Pérez
27.673.304
25. Ago. 1964
14
Luz Yaneth Páez Sánchez
27.897.796
25. Mar. 1971
15
Ericilda Lizcano
63.321.180
05. May. 1964
16
Adela Amaríz Santos
60.422.498
28. Mar. 1974
17
Carmen Aleyda Leal Suarez
60.440.671
05. Jul. 1976
18
Marta Leal Suarez
60.252.670
29. May. 1961
19
Eleonora María Villasmil Bernal
60.303.171
26. Ago. 1964
20
Myriam Hernández Vera
60.385.400
05. Feb. 1978
21
María Regina Santos Prada
28.677.803
07. Sep. 1943
22
Blanca Cecilia Bohórquez Herrán
37.234.216
11. Nov. 1950
23
Gloria Melsa Quintero Jaimes
60.275.018
12. Dic. 1959
24
Blanca Cecilia Bautista Gutiérrez
37.243.836
22. Nov. 1957
25
Olga Vargas Rojas
60.285.396
10. Oct. 1959
26
Gladys Flórez González
27.847.614
13. Dic. 1967
27
Marcelina Carvajal de Peña
60.250.790
14. Jul. 1958
28
Noraima Ortiz Zambrano
60.365.348
17. Jul. 1974
29
Omaira Ortiz Zambrano
60.400.263
19. Feb. 1965
30
July Mayerly León Arias
1.093.753.159
02. Abr. 1990
31
Martha Laura Velasco Pita
60.404.125
12. Oct. 1970
32
Rosalba Briceño Hernández
60.382.812
15. Oct. 1977
33
Carmen Elena Carvajal Quintero
31.915.849
16. Jul. 1964
34
Erika María Rodríguez Collantes
60.440.727
06. Dic. 1976
35
Norida Yasmin Suarez Ortiz
1.093.736.612
13. Jun. 1986
36
Alba Luz Contreras Contreras
60.422.762
28. Ago. 1975
37
Nancy Sepúlveda Contreras
1.093.734.128
30. Ago. 1985
38
Velkys Vianney Díaz Cruz
60.421.539
17. May. 1971
39
Sandra Milena Villamizar Lamus
60.441.048
27. Abr. 1977
40
Omaira Molina Rodríguez
60.385.237
01. Feb. 1978
41
María Elena Villamizar Ruiz
60.349.666
10. Jul. 1972
42
Blanca Elena Dávila Montañez
60.344.474
10. Feb. 1970
43
Emilce Riveros Torrado
60.379.174
10. Feb. 1977
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF- que, por medio de su representante legal o quien haga sus veces,
si aún no lo ha hecho, en el término de tres (3) meses siguiente a la
notificación de esta providencia, adelante el correspondiente trámite
administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de las cuarenta
y tres (43) accionantes relacionadas en este proveído (expediente        T-6.208.901), los aportes parafiscales en
pensiones faltantes al
Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres
comunitarias, a efecto
de que
obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en los
términos de este pronunciamiento, desde el 29 de diciembre de 1988, o desde la fecha en que se
hayan vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Esos aportes deberán ser consignados al
fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee afiliarse cada madre
comunitaria.
DÉCIMO TERCERO.- SE INSTA a que, en caso de que las señoras Lucila Ocasión Gallo (CC 40.018.331)
y a María Elsa Desalvador Tenza (CC 40.013.122) acudan a la administración de
justicia, a futuro, el operador judicial competente deberá aplicar las reglas jurídicas
determinadas en esta providencia, condicionado al cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y de que las accionantes
logren acreditar los supuestos de hecho y de derecho que respaldan sus
pretensiones.
DÉCIMO CUARTO.- Por Secretaría General de esta Corte, REMITIR
copia de esta providencia a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que brinden la asesoría jurídica
y el acompañamiento legal adecuado que requieran las ochenta y ocho (88)
accionantes identificadas en este auto, para el cumplimiento de este fallo, a efecto de
materializar la eficacia de los derechos fundamentales reclamados.
DÉCIMO QUINTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo solicitado por las accionantes en la tutela T-6.193.730, en relación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, o
quien hiciere sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este fallo.
DÉCIMO SEXTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo solicitado por las accionantes en las tutelas T-6.201.064 y T-6.208.901, en relación con las Asociaciones de Padres de Hogares
Comunitarios de Bienestar
en ellas vinculadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
fallo.
DÉCIMO SÉPTIMO.- LÍBRENSE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
Auto
546/18
Referencia: Solicitud de nulidad de
la Sentencia T-639 de 2017, proferida por la Sala Cuarta de Revisión en el
proceso de revisión del fallo de tutela dentro del expediente T-6.190.251 AC
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, veintidós (22) de agosto
de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Acuerdo 02 de 2015, procede a decidir sobre las solicitudes de nulidad
presentadas por el Ministerio de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor, contra la sentencia T-639 de 2017,
con fundamento en los siguientes
I. ANTECEDENTES
1. Hechos que motivaron la acción de
tutela
1.1. Los expedientes T-6.190.251,
T-6.193.730, T-6.196.094, T-6.201.064,              T-6.203.162 y T-6.208.901
fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis
de la Corte Constitucional, mediante auto de 30 de junio de 2017 y repartidos a
la Sala Cuarta de Revisión, hoy Sala Quinta de Revisión. Así mismo, por
presentar unidad de materia, ordenó su acumulación para que fueran decididos en
una misma sentencia.
Las ochenta y ocho (88) accionantes
formularon acciones de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, en adelante ICBF, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al
mínimo vital, al trabajo y al principio de primacía de la realidad, con
fundamento en los siguientes hechos comunes a los expedientes acumulados:
Mediante la Ley 89 de 1988, el
Gobierno Nacional implementó los Hogares Comunitarios de Bienestar, cuya
sostenibilidad económica se surte a través de becas del ICBF “a las familias
con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto
contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición,
salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos
sociales pobres”.
Las accionantes[78] indicaron que las
labores que desempeñaban como madres comunitarias son: (i) cuidar a los 15 o
más niños y niñas asignados al hogar comunitario, (ii) alimentarlos, (iii)
organizar y realizar actividades pedagógicas con ellos, y (iv) estar al tanto
de la salud e higiene personal de los infantes.
Explicaron que su jornada laboral
diaria iniciaba a las 5:00 a.m. con el alistamiento de la casa y la preparación
de los alimentos para las niñas y niños beneficiarios. A partir de las 8:00
a.m. los recibían para dar inicio con las actividades lúdicas, las cuales
supuestamente deberían culminar a las 4:00 p.m. pero realmente finalizaban
horas más tarde, hasta que el último padre de familia recogía a su hijo.
Manifestaron que han desempeñado su
trabajo de manera personal, permanente, y con carácter de subordinación ante el
ICBF, puesto que sus funciones (ya referidas) son asignadas y supervisadas por
dicha entidad, conforme a los estándares establecidos por la misma. Algunas
agregaron que, como prueba de ello, continuamente se han clausurado hogares
comunitarios por incumplir las exigencias para su funcionamiento.
Afirmaron que, desde la fecha de su
vinculación al Programa de Hogares Comunitarios del ICBF, por sus servicios
prestados como madres comunitarias han recibido el pago mensual de una suma de
dinero denominada “beca”, la cual, por su continuidad y características
se constituye en salario. Situación particular toda vez que sólo a partir del
1º de febrero de 2014 se igualó al monto de un salario mínimo mensual legal
vigente. Sostuvieron que con la asignación y pago de la “beca” como
salario, quedaba en evidencia la vulneración del derecho a la igualdad, toda
vez que, desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa, su jornada laboral
diaria superó las 8 horas legales, negándoles el pago de un salario mínimo
mensual legal vigente, desconociéndoles sus derechos laborales y sometiéndolas
a una desigualdad económica por todos esos años.
Alegaron que su vínculo con el ICBF
constituía contrato realidad, por cuanto se encontraban reunidos los elementos
esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo:
(i) la prestación personal del servicio; (ii) la continua subordinación o
dependencia; y (iii) un salario como retribución del servicio, el cual, según
ellas, sería la denominada “beca” que recibían como pago de la labor
desempeñada.
Adujeron que, desde la creación de
los hogares comunitarios, el ICBF se ha preocupado por crear diferentes
estrategias jurídicas para desvirtuar la relación laboral existente entre las
madres comunitarias y ese instituto. En esa medida, indicaron que ese instituto
ha omitido pagar a su favor los aportes parafiscales al sistema de seguridad
social en materia pensional.
Señalaron que la omisión del deber
legal del ICBF de realizar los correspondientes aportes a seguridad social
lleva consigo al incumplimiento de las semanas cotizadas requeridas para que en
el futuro puedan acceder a una pensión de vejez. Aunado a ello, manifestaron
que lo que recibían por el pago de la beca no alcanzaba para sufragar los
costos de sus necesidades básicas, menos para asumir el aporte a pensión.
Advirtieron que sólo a partir del 1º
de febrero de 2014 el ICBF, a través de las Entidades Administradoras del
Servicio, empezó a pagar los correspondientes aportes a seguridad social.
1.2. Con base en esa reseña fáctica
solicitaron que: (i) sean amparados sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al
trabajo y al principio de primacía de la realidad; (ii) sea
declarada la existencia de contrato realidad entre las accionantes y el ICBF,
en aplicación del precedente constitucional de la Sentencia T-480 de 2016; (iii)
se ordene al ICBF pagar los aportes pensionales, junto con los intereses
moratorios causados, desde la fecha de su vinculación al Programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar del ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la
fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa; y (iv)
se ordene al ICBF reconocer y pagar las acreencias laborales correspondientes
(salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios,
vacaciones, subsidio, dotación, subsidio de transporte, sanciones moratorias,
indemnizaciones, etc.).
2. Decisiones judiciales objeto de
revisión
EXPEDIENTE
PRIMERA
INSTANCIA
SEGUNDA
INSTANCIA
T-6.190.251
Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Barrancabermeja; 4 de enero de 2017: Declara la
improcedencia.
Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga - Sala Civil Familia; 14 de febrero de 2017:
Revoca, tutela los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato
de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes
a seguridad social en pensiones.
T-6.193.730
Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Valledupar; 3 de febrero de 2017: Tutela los
derechos fundamentales de las 19 accionantes, declara la existencia de
contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los
aportes a seguridad social en pensiones.
Sin impugnación.
T-6.196.094
Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Tunja; 25 de enero de 2017: Declara la improcedencia de la
acción de tutela presentada por las 11 accionantes.
Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja - Sala Laboral; 3 de marzo de 2017: Revoca, tutela
los derechos fundamentales de 10 accionantes, declara la existencia de
contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los
aportes a seguridad social en pensiones.
T-6.201.064
Juzgado Doce Penal del Circuito de
Medellín con funciones de conocimiento; 31 de enero de 2017: Tutela
los derechos fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo,
ordena el reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad
social en pensiones.
AUTO INTERLOCUTORIO del 15 de
marzo de 2017: Rechaza impugnación por no acreditar legitimación en la
causa por pasiva.
T-6.203.162
Juzgado Quinto Administrativo Oral
de Tunja; 24 de enero de 2017: Tutela los derechos fundamentales,
declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el reconocimiento y pago
de los salarios y de los aportes a seguridad social en pensiones a las 13
accionantes.
Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala de Decisión No. 5; 1º de marzo de 2017: Modifica la sentencia,
amparando a seis (deja por fuera una) y declara improcedente a seis (por
edad).
T-6.208.901
Juzgado Civil del Circuito de los Patios
(Norte de Santander); 13 de febrero de 2017: Tutela los derechos
fundamentales, declara la existencia de contrato de trabajo, ordena el
reconocimiento y pago de los salarios y de los aportes a seguridad social en
pensiones a las 43 accionantes.
Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Civil Familia; 29 de marzo de 2017:
Confirma.
3.- Contenido de la Sentencia T-639
de 2017
3.1. Problemas jurídicos y esquema de
solución
La sentencia T-639 de 2017
cuestionada, al encontrar procedentes las acciones de tutela, estudió los
problemas jurídicos que a continuación se plantean:
●
¿Es aplicable la
solución jurídica resuelta en la sentencia T-480 de 2016 como precedente
constitucional, tal como lo solicitan las accionantes? Particularmente en
cuanto a que si ¿existió relación laboral entre el ICBF y las 88 demandantes
que desempeñaron la labor de madre comunitaria en el Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar, desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en
que con posterioridad se hayan vinculado al referido programa, hasta el 31 de
enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas
a dicho programa?
●
¿Vulnera el ICBF
los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana
y al mínimo vital de Gloria Solano (T-6.190.251);
Neris Aponte Ariza y otros (T-6.193.730);
Flor Vargas Salas y otros (T-6.196.094);
Claribel Munera Pereañez (T-6.201.064);
María Edilma González y otros (T-6.203.162)
y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901);
al negarse a pagar durante un tiempo prolongado, los aportes al sistema de
seguridad social en pensión, a favor de quienes adelantaron la labor de madres
comunitarias desde la fecha de su vinculación al Programa Hogares Comunitarios
de Bienestar del ICBF, hasta el 12 de febrero de 2014[79], o hasta la fecha en que
con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa?
Para resolverlos, la Sala de Revisión
abordó los siguientes ejes temáticos: (i) el derecho fundamental
a la seguridad social en condiciones dignas y justas de las madres
comunitarias: evolución normativa y jurisprudencial del Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar, implementado por el ICBF; y (ii) el
alcance de la sentencia T-480 del 1º de septiembre de 2016 y del Auto 186 del
17 de abril de 2017 que declaró su nulidad parcial.
3.2. Consideraciones
Mediante sentencia del 17
de octubre de 2017, la Sala Cuarta de Revisión encontró que la vulneración iusfundamental
alegada por las 88 demandantes se enmarca en la falta de pago de contribuciones
pensionales causadas en un tiempo específico, por lo que resultaba apropiado e
imperativo la observancia del marco normativo que para esa época regulaba el
sistema de seguridad social en pensiones de las madres comunitarias. Si bien
para el lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 1988[80] y el 12 de
febrero de 2014[81]
tanto la ley como la jurisprudencia no establecieron una relación laboral entre
las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan
en el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, lo cierto es que el
ordenamiento jurídico sí prevé el derecho a la seguridad social de las madres
comunitarias bajo unas particularidades especiales.
La Sala consideró que, en aplicación
del derecho a la igualdad, resultaba claro que a las accionantes se les podría
extender excepcionalmente las características previstas en dicho régimen
jurídico especial con el fin de garantizarles su derecho a la seguridad social
en materia pensional.
Al descender al caso concreto, la
Sala observó que las 88 demandantes debían recibir una especial protección
constitucional y se encontraban en una situación de vulnerabilidad y
desprotección ante la ausencia del pago de los aportes pensionales que se
hubieren causado entre el 29 de diciembre de 1988 y el 12 de febrero de 2014.
En consecuencia, en aplicación del
precedente constitucional fijado por el Auto 186 de 2017, la Sentencia T-639 de
2017 concedió la protección a las 88 accionantes, pero sólo en relación con los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social, a la
igualdad y al mínimo vital.
3.3. Órdenes
En virtud de la protección iusfundamental
concedida, la Sala de Revisión ordenó al ICBF que adelantase el correspondiente
trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada una de
las ochenta y ocho (88) demandantes, los aportes parafiscales en pensiones
faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan su pensión,
de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008,
desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa
de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta
la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa,
sin menoscabo de su petición por vía ordinaria. Esos aportes deberán ser
consignados al fondo de pensiones en que se encuentre afiliada o desee
afiliarse cada madre comunitaria.
Para efectuar lo anterior, en
aplicación del precedente sentado por la Sala Plena de esta Corporación en el
Auto 186 de 2017, el Tribunal indicó que el ICBF debía gestionar los trámites
necesarios para que:
●
Las accionantes
sean reconocidas como beneficiarias del subsidio pensional previsto en la Ley
509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008.
●
El Fondo de
Solidaridad Pensional, en ejercicio de su deber legal, transfiera a la
respectiva Administradora de Fondos de Pensiones -en la que se encuentre
afiliada o desee afiliarse cada una de las demandantes- los aportes pensionales
faltantes al Sistema de Seguridad Social causados en el período comprendido
desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa
de Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta
la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa.
Para tal efecto, la Sala de Revisión advirtió que se debía observar lo
siguiente:
(i)
Dadas las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las accionantes, aunado
al propósito de evitar cargas económicas desproporcionadas que generen mayores
traumatismos y que obstaculicen la obtención de su pensión, y con la finalidad
de que efectivamente se materialice plenamente la protección iusfundamental
contenida en el presente pronunciamiento, resulta razonable que el monto del
subsidio pensional a reconocer y transferir no sea equivalente al 80% sino al
100% del total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en
ejercicio efectivo y comprobado de su labor de madre comunitaria, en el período
comprendido entre la fecha en que se hayan vinculado como tales al Programa de
Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el 12 de febrero de 2014, o hasta la
fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al mencionado programa.
(ii)
Esas
cotizaciones pensionales faltantes deberán realizarse tomando como referencia
el salario mínimo legal mensual vigente con la respectiva indexación en los
casos en que hubiere lugar.
(iii)
En
atención a las excepcionales y especiales circunstancias que rodeaban el asunto
bajo estudio, se advirtió que la transferencia de los recursos correspondientes
al subsidio pensional no causaría intereses moratorios de ninguna índole.
II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE
NULIDAD
1.
Solicitud de nulidad presentada por el Ministerio de Trabajo
Mediante escrito radicado el 14 de diciembre de 2017,
la asesora de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo solicitó que se declare la nulidad de la Sentencia
T-639 de 2017, por
considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de esta entidad,
ante la indebida integración del contradictorio.
Inicialmente, manifestó que la
omisión de vincular al Ministerio de Trabajo vicia de nulidad el trámite de las
tutelas que conllevaron a proferir la Sentencia T-639 de 2017 (y el Auto 186 de
2016), por cuanto no se otorgó la oportunidad procesal para conocer el asunto y
ejercer el derecho de contradicción y defensa, más aun cuando en el referido
fallo se dispuso que con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional se
financien cotizaciones pensionales, sin que haya sido vinculado como parte el
Ministerio de Trabajo, entidad a la cual se encuentra adscrito dicho fondo.
En cuanto a la indebida
integración del contradictorio como causal de nulidad, sostuvo que resulta
indispensable la vinculación del Ministerio de Trabajo al trámite de tutela, en
la medida en que el Fondo de Solidaridad Pensional se encuentra adscrito a ese
Ministerio, por lo que el omitir su participación desconoce el derecho
fundamental al debido proceso.
Tras citar apartes de la jurisprudencia
constitucional relacionada con la materia, agrega que no sólo es imperativo
para el Juez efectuar la notificación de las providencias que se dicten en el
proceso de tutela, sino realizar la adecuada integración del contradictorio,
para que los terceros que eventualmente resulten afectados con la decisión
puedan ejercer su derecho de defensa.
2.
Solicitud de nulidad presentada por Consorcio Colombia Mayor 2013
Mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2018, el
apoderado judicial del Consorcio Colombia Mayor 2013 -en calidad de
administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional- solicitó que se declare la nulidad de la sentencia
T-639 de 2017,  “teniendo en cuenta que en la parte resolutiva de la citada
providencia se impusieron cargas al Fondo de Solidaridad Pensional que afectan
directamente al Consorcio Colombia Mayor 2013 como su administrador fiduciario”.
Consideró vulnerado el derecho al
debido proceso, concretamente, el principio de contradicción y defensa, toda
vez que el Consorcio no fue notificado y tampoco vinculado al trámite de tutela
que en sede de revisión concluyó en la providencia T-639 de 2017, cuyo
principal fundamento resulta ser la aplicación del precedente constitucional
fijado en el Auto 186 de 2017, el cual estableció un esquema de financiación de
los aportes a pensión de las madres comunitarias y emitió orden de pagar al
Fondo de Solidaridad Pensional, sin haber vinculado al Consorcio Colombia Mayor 2013 y al
Ministerio de Trabajo.
Así las cosas, planteó la nulidad por
indebida conformación del contradictorio, lo cual genera el deber de
retrotraer todas las actuaciones hasta los autos admisorios de las diferentes
acciones de tutela que fueron revisadas por la Sala Cuarta de Revisión, toda
vez que el Consorcio no fue notificado de las mismas y, por consiguiente, no se
le corrió traslado alguno, situación que a su juicio resulta inconstitucional e
ilegal por cuanto vulnera el principio de contradicción y defensa que se
enmarca dentro del derecho fundamental del debido proceso (artículo 29
Superior).
Adicionalmente, informó que presentó
un incidente de nulidad contra el Auto 186 de 2017 por afectar directamente los
intereses del Consorcio Colombia Mayor en calidad de administrador del Fondo de
Solidaridad Pensional.
III. ACTUACIONES SURTIDAS DURANTE EL
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Traslado a las partes
En cumplimiento del artículo 106 del
Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte-, por Autos[82] del 12 de marzo y 5 de
abril de 2018, el Magistrado Sustanciador dispuso requerir a las
secretarías de los jueces constitucionales que conocieron en primera instancia
de los expedientes de tutela[83],
para que comuniquen a las partes accionantes y a los demás interesados en la Sentencia T-639 de 2017, la solicitud de
nulidad presentada contra dicha sentencia por el Ministerio de Trabajo y el
Consorcio Colombia Mayor 2013. Lo anterior para que los destinatarios de la
comunicación ordenada, si bien lo consideran, alleguen su respectiva
intervención. Se
recibieron las siguientes intervenciones:
1.1. En comunicación[84] enviada el 23 de marzo
de 2018 al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, reenviado a esta
Corporación el 5 de abril de 2018, el apoderado judicial de las actoras en la
tutela T-6.203.162 solicitó que se niegue la solicitud de nulidad de la
Sentencia T-639 de 2017, presentada por el Ministerio de Trabajo, dadas las
siguientes razones que brevemente señalan:
(i)
No existen “circunstancias
excepcionales o especiales que ameriten anular la Sentencia de Revisión, ni
tampoco se refiere a un cambio de jurisprudencia”.
(ii)
La solicitud
de nulidad es extemporánea, toda vez que no se formuló dentro del término de
ejecutoria del Auto acusado.
(iii)      La solicitud de nulidad no proviene
de ninguna de las partes.
(iv)       No debe perderse de vista la
circunstancia de debilidad manifiesta de las madres comunitarias, demandantes
en los trámites de tutela.
1.2. En comunicación[85] enviada el 2 de abril de
2018 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, recibido en
esta Corporación el 10 de abril de 2018, la accionante Gloria Solano en el
proceso de tutela                      T-6.190.251 solicitó que se mantenga en
firme la Sentencia T-639 de 2017, al manifestar que no asiste razón al Ministerio
de Trabajo. Su posición la sustentó así:
(i)
La nulidad no
está llamada a prosperar, toda vez que en su escrito de tutela y en el fallo
referido no se vinculó al Fondo de Solidaridad Pensional. Si bien en el cuerpo
de la sentencia censurada se efectúa un recuento normativo del sustento de
dicho Fondo, “en ninguna parte de la parte resolutiva de la sentencia se
hace alusión a la responsabilidad que tiene dicho fondo con mi persona, ya que
mi relación laboral fue con el ICBF”.
(ii)
Todas las
acciones de tutela están dirigidas contra el ICBF.
(iii)      En algunos trámites tutelares se
vinculó a Colpensiones, a asociaciones de padres de Hogares de Bienestar, a
asociaciones de padres de Hogares Comunitarios de Bienestar.
(iv)       Se evidencia que el Fondo de
Solidaridad Pensional carece de legitimación en la causa por pasiva y no tiene
aptitud legal para ser llamado a controvertir, “no va a ser notificado
porque el fallo claramente no lo vincula como responsable de la vulneración del
derecho impetrado”.
2. Escrito enviado por Consorcio
Colombia Mayor 2013
Mediante escrito radicado el 3 de mayo de 2018, el
apoderado judicial del Consorcio Colombia Mayor 2013 -en calidad de
administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional- dio alcance a la
solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia T-639 de 2017, “teniendo
en cuenta que el precedente contundente por el que se resolvió reconocer y
pagar a favor de las 88 accionantes los aportes parafiscales en pensión
faltante al Sistema de Seguridad Social, por el tiempo efectivamente acreditado
como madres comunitarias, a saber: AUTO 186 de 2017, fue DECLARADO
NULO PARCIALMENTE por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
Auto Nº. 217 del 11 de abril de 2018”[86].
Expuso que en consideración a que el
Auto 186 de 2017 fue el precedente constitucional para amparar los derechos de
las 88 accionantes, consecuentemente, su declaratoria de nulidad parcial
resulta vinculante por tener efectos directos en el caso concreto. En
consecuencia, reiteró su petición de declaratoria de nulidad de todo lo actuado
desde la notificación de los autos admisorios de la totalidad de las acciones
de tutela revisadas por la Sala Cuarta de Revisión al proferir la Sentencia
T-639 de 2017.
3. Escritos enviados por el ICBF
Previo al trámite del incidente de
nulidad bajo estudio, el 17 de noviembre de 2017, la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF solicitó
aclaración de la parte resolutiva de la sentencia T-639 de 2017.
Adicionalmente, mediante escrito
radicado el 6
de julio de 2018[87],
la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF se adhirió a la solicitud de
nulidad presentada contra la sentencia T-639 de 2017.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo
previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la
Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que
se promueven contra las sentencias proferidas por esta Corporación.
2. La nulidad de las sentencias de la
Corte Constitucional es de carácter excepcional
El artículo 243 de la Constitución
establece que los fallos expedidos por esta Corte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, es decir, se
encuentran resguardados por el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto,
una vez proferidos se tornan definitivos, intangibles e inmodificables, lo que
implica, “como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales
conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[88].
En concordancia, el inciso primero
del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que “contra las
sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”, medida
que en criterio de esta Corporación resulta razonable, dado que mediante tales
providencias se resuelven, de manera definitiva, los asuntos que ante ella se
plantean, ya sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en
procesos relativos a la revisión de fallos de tutela[89]. El inciso segundo de la
norma antes citada dispone que “la nulidad de los procesos ante la Corte
Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” y agrega
que “sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso
podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.
De este mandato se desprenden varias
consecuencias, la primera de las cuales consiste en que, excepcionalmente, es
factible proponer la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional,
siempre y cuando quien la alega demuestre “de manera indudable y
cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales,
que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han
sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso”[90].
En vista de que las sentencias de
constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional adquiriendo
carácter definitivo y obligatorio tanto para las autoridades como para los
particulares,  la nulidad procedería únicamente cuando se presenten
circunstancias especiales o extraordinarias[91].
Son razones de seguridad jurídica y de prevalencia de los principios
consagrados en la Constitución Política, las que justifican que tales
decisiones gocen de “estabilidad superlativa”[92]. En efecto, de manera
reiterada la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las decisiones
judiciales que adopta la Corte Constitucional, al ser expresiones del poder de
administrar justicia y, de manera más amplia, de la actividad del Estado, deben
contar con mecanismos judiciales de control en los casos excepcionales en que
contradigan los postulados propios del derecho al debido proceso.
Ha precisado esta Corporación[93] que el
libelo en el que se solicita la nulidad del fallo debe atender las siguientes
exigencias, que se recuerdan, en lo pertinente:
“c) Quien invoca la nulidad está
obligado a ofrecer parámetros de análisis ante la Corte y deberá demostrar,
mediante una carga argumentativa seria y coherente, el desconocimiento del
debido proceso[94].
No son suficientes razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que
obedezcan al disgusto e inconformismo del solicitante.
d) Los criterios de forma, tanto de
redacción como de argumentación que utilice una sala de revisión, no pueden
configurar violación al debido proceso. Así, como lo dijo la Corte, ‛[E]l estilo de las sentencias en
cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no
incide en nada para una presunta nulidad. Además, en la tutela, la
confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y
nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda
de carácter civil’[95].
e) Si la competencia del juez de
tutela es restringida para la valoración probatoria (cuando se controvierten
decisiones judiciales), ante la solicitud de nulidad la Sala Plena de la Corte
está aún más restringida frente a las consideraciones que al respecto hizo la
Sala de Revisión. Lo anterior se explica claramente porque la nulidad no puede
reabrir debates concluidos ni servir como instancia o recurso contra la
sentencia de revisión en sede de tutela.
f) Como ya se explicó, solamente
opera cuando surgen irregularidades que afectan el debido proceso.  Esa
afectación debe ser ostensible, probada, significativa
y trascendental, es decir, que tenga repercusiones
sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la
Corte). (…)
(…)
En conclusión, únicamente si quien
alega la nulidad demuestra los requisitos para su procedencia, y si el caso
efectivamente se ajusta a una de las hipótesis previstas por la Corte, la
solicitud está llamada a prosperar. De lo contrario, el carácter excepcional y
restrictivo obliga a denegarla.”  (Negrillas fuera de texto).
Es así como la Corte Constitucional
ha admitido en ciertas hipótesis excepcionalísimas la procedencia de la nulidad
contra sentencias dictadas por la Sala Plena o de las Salas de Revisión. Y, al
tiempo, ha sido enfática en indicar que la nulidad no abre “una instancia
adicional para ventilar o revivir las inconformidades que se tengan, ya sea con
una sentencia de la Sala Plena o de una Sala de Revisión”[96].  La nulidad no es,
entonces, “un recurso contra las providencias de esta Corporación. Por ende,
al tramitar una solicitud de nulidad, la Corte no puede entrar a estudiar la
corrección jurídica de la decisión sino que su examen se limita a determinar si
en el trámite del proceso o en la sentencia misma ocurrieron violaciones al
debido proceso”[97].
En ese sentido, no es admisible que
una persona inconforme con una decisión, busque anularla por circunstancias que
ya fueron enjuiciadas en dos o tres momentos distintos. Ciertamente, “[t]oda
sentencia desfavorable disgusta y molesta a quien no fue beneficiado por la decisión
que contiene, pero de esa molestia o disgusto no puede deducirse
irresponsablemente una vulneración del debido proceso por el sólo hecho de que
se trata de una providencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso”[98]. Por lo
demás, es necesario señalar que “cuando se acude a la nulidad de manera
desesperada, se desfigura su sentido y se quebranta la seguridad jurídica”[99].
Así pues, resulta suficientemente
claro que corresponde al solicitante de la nulidad demostrar que el asunto
sometido a discusión se ajusta a las causales establecidas por la
jurisprudencia, pues la consecuencia de no cumplir esta condición no es otra
que el rechazo de lo pedido. Bien se ha sentado que “(…) este tipo de
incidente no constituye una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar
controversias que ya han sido definidas (…) el incidente de nulidad no
constituye una posibilidad adicional para que se adelante un debate jurídico ya
finalizado. (…)”[100].
Esta precisión es necesaria para
evitar que el peticionario de la nulidad intente por la vía de esta figura
transformar el incidente en una instancia de reapertura del debate sustantivo,
convirtiendo a la Sala Plena en el juzgador de instancia y órgano revisor de
todo lo considerado y decidido por la Sala Plena y por las Salas de Revisión.
3. Requisitos procedimentales o
formales para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional
En lo concerniente a las exigencias
formales que debe atender quien demanda la nulidad, se han establecido por
parte de la jurisprudencia las siguientes[101]:
a)  El incidente debe proponerse
oportunamente, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la
notificación del fallo. Si la nulidad se origina en un vicio anterior a este “sólo podrá ser alegada antes de
proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes
hayan intervenido durante el trámite perderán toda legitimidad para invocarla[102].
Vencido en silencio el término de ejecutoria de la decisión, la eventual
nulidad queda saneada[103].
b)  Quien solicite la nulidad debe contar
con la legitimación para tal efecto.
c)   El demandante de la nulidad debe
satisfacer una exigente carga argumentativa, por ello debe explicar, de forma
clara y expresa, tanto el presunto quebrantamiento, como su incidencia en el
fallo atacado, por tanto, no basta con proponer interpretaciones diferentes a
las hechas por la respectiva Sala, ni plantear otra valoración probatoria
diversa de la vertida en el fallo. En suma, no basta la disconformidad con el
ejercicio argumentativo desarrollado por la Sala de Revisión en la providencia,
para justificar el pedimento de nulidad. Los desacuerdos interpretativos del
actor con las motivaciones de la providencia, no son razón suficiente para
declarar la procedencia de la nulidad solicitada. El debate en sede de nulidad,
no es una suerte de segunda instancia de la decisión tomada en el fallo de
revisión.
En efecto, en razón del principio de
cosa juzgada y de la necesaria salvaguarda de la seguridad jurídica, la Corte
Constitucional ha entendido que la solicitud de nulidad de alguna de sus
sentencias de revisión debe ser presentada por quien esté legitimado para
hacerlo, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y con una
exigente carga argumentativa[104].
4. Requisitos materiales para la
procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional
4.1. Por lo que atañe a los presupuestos
materiales que dan lugar a la configuración de causales de nulidad, resulta
oportuno recordar que ha sido la jurisprudencia la que los ha ido precisando.
En efecto, la posibilidad excepcional de la declaratoria de nulidad de las
providencias, adicional a las condiciones formales, exige que se demuestre una
afectación ostensible, probada, significativa y trascendental del derecho
fundamental al debido proceso, que se presenta cuando las Salas de Revisión o
Plena incurren en alguna de estas causales materiales:
(i)
Cambio
de jurisprudencia: cuando una sentencia se aparta de la jurisprudencia en vigor
de las Salas de Revisión de Tutela, o de la jurisprudencia sentada por la Sala
Plena de la Corte Constitucional[105], con lo cual se contraviene
directamente el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 que dispone: “[l]os
cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte
(…).
(ii)
Cuando
una decisión de la Corte es tomada sin observancia de las mayorías establecidas
legalmente (Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la
Ley 270 de 1996).
(iii)      Incongruencia entre la parte motiva y
la resolutiva del fallo, que hace anfibológica o ininteligible la decisión
adoptada, o también cuando la sentencia se contradice abiertamente o cuando la
decisión adoptada carece totalmente de fundamentación.
(iv)       Cuando en la parte resolutiva de la
sentencia se dan órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados
del proceso y que no tuvieron oportunidad de defenderse dentro del mismo.
(v)
Cuando
la Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional.
(vi)       Cuando de manera arbitraria se dejan
de analizar asuntos de relevancia constitucional que tengan efectos
trascendentales en el sentido de la decisión[106].
(vii)    Cuando en sede revisión se vincula
algún tercero excluyente sin haberse acreditado los supuestos fácticos que
demuestren la situación de indefensión o vulnerabilidad del accionante[107].
Las providencias de tutela proferidas
por las Salas de Revisión o Plena no son objeto de recurso alguno, de
conformidad con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Empero, de
manera excepcional, esas decisiones pueden ser cuestionadas mediante solicitud
de nulidad, siempre y cuando se vea vulnerado el derecho al debido proceso, lo
cual se concreta en yerros compilados en las causales taxativas referidas en
precedencia.
4.2. En relación con la causal de indebida
integración del contradictorio, señalada en el numeral (iv), la Corte
Constitucional ha reiterado que los derechos de contradicción y defensa hacen
parte de las garantías esenciales que componen el debido proceso (artículo 29
Superior), las cuales comprenden, entre otras cosas, la facultad de presentar
pruebas, controvertirlas e impugnar las providencias judiciales, sin perjuicio
de los pronunciamientos adoptados en única instancia, cuando así lo establezca
la ley y en el marco de criterios de razonabilidad y proporcionalidad con los
cuales se garantice de manera adecuada el derecho de defensa[108].
Esta Corporación ha señalado que el
derecho de contradicción es un mecanismo directo de defensa, el cual alude a
que las razones propias sean presentadas y consideradas en el proceso y a la
facultad que tiene la persona para participar efectivamente en la prueba
exponiendo sus argumentos sobre el objeto de esa prueba[109].
La jurisprudencia constitucional ha
sostenido que el derecho de defensa es un componente del debido proceso, por
ejemplo, en la Sentencia C-401 de 2013, se dijo que: “Una de las principales
garantías del debido proceso, es el derecho a la defensa, entendido como la
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o
actuación judicial o administrativa, ‘de ser oíd[a], de hacer valer las
propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las
pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman
favorables, así como de ejercitar los recursos que la Ley otorga’[110]. Esta
Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto
de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca ‘impedir
la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante
la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado’. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de
defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal,
que ‘constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como
valor superior del ordenamiento jurídico’[111].”
Este Tribunal ha enfatizado que la
integración del contradictorio es un presupuesto esencial para la garantía del
derecho al debido proceso y, en consecuencia, de la defensa y contradicción. Se
ha indicado que pretermitir que una parte o un tercero con interés legítimo
intervenga en el marco de un proceso, conlleva al desconocimiento de dichos
derechos.
Al respecto, la Sala Plena de esta
Corte ha establecido que “es deber del juez, desde la primera instancia,
integrar el contradictorio, de manera que garantice el pleno ejercicio de sus
derechos de defensa y contradicción desde el inicio del proceso; si no lo hace,
corresponde al de segunda instancia adoptar el remedio procesal y, si la
falencia persiste, necesariamente deberá procederse a ello en sede de revisión,
evento éste que es excepcional y responde a criterios específicos, que buscan
ponderar la satisfacción de los derechos fundamentales del afectado en el caso
concreto y la protección del debido proceso de la parte vinculada”[112].
En los Autos A-055 de 1997 y A-025 de
2002, entre otros, esta Corporación desarrolló varias reglas que deben observar
los jueces de tutela a efectos de declarar la nulidad de las providencias
judiciales por indebida integración del contradictorio. Tales parámetros fueron
recogidos en los Autos A-536 de 2015, A-583 de 2015 y A-217 de 2018, cuyos
términos se pasan a reiterar a continuación:
·
La integración
del contradictorio en virtud del principio de oficiosidad. Ello en tanto que “si
bien la demanda de tutela debe dirigirse contra el sujeto a quien se puede
imputar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, puede ocurrir que
se entable contra un sujeto distinto y entonces mal podría prosperar la tutela,
aunque, si en el caso concreto el término lo permite, una vez se ha percatado
de la situación, bien puede el juez de oficio, antes de resolver, vincular al
proceso a la persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante,
otorgándole suficientes elementos de defensa dentro del mismo, con arreglo a la
garantía constitucional. Sólo en ese evento podría otorgarse el amparo contra
ella (Sentencia T-578 del 10 de noviembre de 1997)”.
·
La integración
del contradictorio no sólo se aplica en el caso en que el accionante haya
omitido vincular a quien esté real o aparentemente involucrado en los hechos,
sino también en el caso que “aparezca demandado otro ente que, por su
actividad, su función o sus actos, ha debido serlo, en otros términos, cuando
no se ha integrado debidamente el contradictorio, el juez de tutela, según el
análisis de los hechos y de la relación entre las funciones que se cumplen o
las actividades que se desarrollan y la invocada vulneración o amenaza de
derechos fundamentales (nexo causal), está en la obligación de conformar el
legítimo contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad
que rigen la acción de tutela”.
·
En el derecho
común la indebida integración del contradictorio lleva a la adopción de fallos
inhibitorios, empero, ello es inconcebible en materia de tutela, dado que el
parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 lo prohíbe
expresamente. El juez de amparo debe ejercer sus poderes oficiosos con el fin
de garantizar que los sujetos afectados por la decisión o que tengan interés
directo en la misma puedan ejercer el derecho “a que se resuelvan las
pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita
como legítimo contradictor de tales pretensiones”.
·
Si en el trámite
de la acción de tutela se deduce razonablemente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y, no obstante ello, el juez de primera instancia
omitió integrar adecuadamente el contradictorio, tal integración podrá
efectuarse por el de segunda instancia o, inclusive, por la Corte en sede de
revisión. Una decisión de esa naturaleza involucra “revocar la decisión o
decisiones sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la
integración del contradictorio para configurar la legitimación en la causa de
la parte demandada. La adopción de esta conducta se adecua y armoniza con el
postulado legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos
inhibitorios, pero cabría señalar que mientras no se vincule debidamente a la
parte demandada no es posible proferir sentencia de mérito, estimatoria o
desestimatoria de las pretensiones de la demanda”.
4.3. Este Tribunal ha concluido que la
jurisprudencia constitucional establece la posibilidad de que durante el
trámite de revisión se decida acerca de la nulidad por indebida integración del
contradictorio. Se ha manifestado que con el objeto de sanear esa nulidad
existen dos alternativas: (i) una de carácter general, la cual consiste en
retrotraer la actuación judicial a su inicio, a fin que la acción de tutela se
tramite en su integridad con la concurrencia de la parte y/o tercero que no fue
llamado; y (ii) una de carácter excepcional, que opta por la vinculación en
sede de revisión, para que la parte y/o tercero se pronuncie ante la Corte
sobre el amparo reclamado y los pronunciamientos de instancias[113].
Ha advertido esta Corporación que la
segunda alternativa está reservada a aquellos asuntos donde se demuestre
fehacientemente que el demandante “es un sujeto de especial protección
constitucional en razón de su situación de vulnerabilidad, lo que haría
desproporcionado extender en el tiempo la exigibilidad judicial de sus derechos
fundamentales. Este deber de motivación resulta agravado en los casos en que el
tercero que se vincula tiene una potencial naturaleza excluyente, puesto que
esta persona sería, en caso que se conceda el amparo, responsable pleno de la
protección de dichos derechos. Por lo tanto, la privación de la posibilidad de
recurrir los fallos y de participar en el debate jurídico y probatorio a lo
largo del trámite de la acción, debe responder a razones constitucionales de
primer orden, debidamente identificadas por la Sala de Revisión correspondiente”[114].
Ahora bien, es sabido que la
jurisprudencia constitucional ha acogido la regla según la cual no es necesario
vincular al proceso de tutela, ni al de revisión de los fallos pronunciados en
sede de amparo constitucional, a las autoridades de orden nacional, regional
y/o local que dentro de su deber legal y constitucional tienen la obligación de
cumplir lo que se disponga en el marco de dichos trámites. Ante la concurrencia
de esas precisas particularidades, no es de recibo que esas autoridades aleguen
el desconocimiento del debido proceso por indebida integración del
contradictorio, dado que su vinculación deviene innecesaria en el entendido que
de su deber legal y constitucional emerge el carácter vinculante que les ha
sido impuesto para cumplir precisamente con lo que se les ordene en virtud de
dicho deber.
No obstante lo anterior, es de
advertir que si el juez de amparo imparte órdenes a alguna autoridad de
carácter nacional, regional y/o local, desbordando el deber legal y
constitucional impuesto a esa autoridad para el cumplimiento de lo ordenado,
sin haberla vinculado al proceso de tutela y/o al trámite de revisión, ello sí
constituye un desconocimiento del debido proceso por indebida integración
sobreviniente del contradictorio. Bajo ese escenario, la autoridad involucrada
está habilitada para solicitar la nulidad de la respectiva providencia o de las
actuaciones a que haya lugar, por cuanto se vulnera la garantía del debido
proceso y, en consecuencia, la defensa y contradicción, al no ser vinculada a
dichos trámites y teniendo en cuenta que lo dispuesto en su contra excede su
deber legal y constitucional.
Con tales presupuestos la Sala
abordará, en conjunto, el estudio de las solicitudes presentadas.
5. Examen de la solicitud de nulidad
de la sentencia T-639 de 2017
La revisión del pedimento específico
de nulidad comprende dos aspectos, de un lado, el examen de las exigencias
formales y, de otro, el análisis sustantivo de la solicitud, si ello procede.
5.1. Estudio de los requisitos
formales
5.1.1. Oportunidad. Inicialmente, la Sala toma en
consideración que los
solicitantes no fueron notificados de los autos admisorios de las acciones de
tutela que originaron la Sentencia T-639 de 2017, circunstancia que deviene en
un hecho notorio y que la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que la notificación “es
el acto material de comunicación, mediante el cual se vincula a una determinada
actuación judicial o administrativa, a los sujetos que puedan tener interés en
ella, poniéndolos en conocimiento de las decisiones que allí se profieran”[115], la
Sala Plena advierte que dicho acto constituye un requisito esencial del debido
proceso que permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes, de los
terceros y de todos aquellos legitimados para intervenir, en la medida en que
puedan verse afectados por algún aspecto del proceso[116]. Por otra parte, la
notificación es la manera como se garantiza la legalidad del proceso desde un
punto de vista objetivo, pues permite que el juez tenga en cuenta todos los
elementos de juicio pertinentes, tanto desde el punto de vista fáctico, como
jurídico.
Advertida tal
necesidad, la Sala considera que se debe acudir a la denominada notificación
por conducta concluyente que ya ha sido usada por esta Corporación para
determinar, en ausencia de notificación personal, la satisfacción del requisito
de oportunidad en las solicitudes de nulidad presentadas contras las sentencias
dictadas por la Sala Plena y las Salas de Revisión de esta Corte[117].
Ahora bien, en la
medida en que el Ministerio
de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor
2013, a través de los escritos del 14 de
diciembre de 2017 y  15 de marzo de 2018, respectivamente, manifestaron ante
esta Corporación darse por enterados de la existencia de la
sentencia T-639 de 2017. Al respecto, la Corte concluye que -en este caso-
se cumplen las condiciones previstas en el artículo 301 del Código General del
Proceso[118], para considerar
que las entidades peticionarias se notificaron de la citada sentencia por
conducta concluyente,
a cuyo tenor literal:
“ARTÍCULO 301.
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. La notificación por conducta
concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte
o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en
escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia,
si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la
manifestación verbal.
Quien constituya apoderado
judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las
providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto
admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el
auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido
con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido personería antes de admitirse la
demanda o de librarse el mandamiento ejecutivo, la parte será notificada por
estado de tales providencias.
Cuando se decrete la
nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá surtida
por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero los términos de
ejecutoria o traslado, según fuere el caso, sólo empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la ejecutoria del auto que la decretó o de la
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.
(Negrillas fuera de texto
original)
Por ello, la Sala plena estima
pertinente
dar por cumplida esta exigencia formal y entiende notificados de la sentencia
T-639 de 2017 al Ministerio de
Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor, el 14 de
diciembre de 2017 y el 15 de marzo de
2018, respectivamente, fechas en las que solicitaron la nulidad de la
misma.
5.1.2. Legitimación en la causa. La Sala considera que el Ministerio
de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013 están legitimados en la causa
para solicitar la nulidad de la Sentencia T-639 de 2017, en calidad de terceros
con interés, por cuanto acreditaron tal condición al ofrecer elementos de
juicio a partir de los cuales podría concebirse que sus intereses resultaron
afectados como consecuencia de lo ordenado al Fondo de Solidaridad Pensional en
la providencia censurada, dado que, por una parte, dicho Fondo es una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica y adscrita al mencionado
Ministerio y, por otra, el Consorcio solicitante es el administrador fiduciario
del Fondo en comentario, como a continuación se pone de presente.
En efecto, en los ordinales segundo,
cuarto, sexto, octavo, décimo y décimo segundo resolutivos de la Sentencia
T-639 de 2017, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional dispuso
que el ICBF debía adelantar los correspondientes trámites administrativos para
que se reconocieran y pagaran a nombre de cada una de las 88 accionantes “los
aportes parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social por
el tiempo efectivamente acreditado como madres comunitarias, a efecto de que
obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable y en
los términos de este pronunciamiento, desde la fecha en que se hayan
vinculado como madres comunitarias al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar
y hasta el doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), o hasta la fecha en
que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa”. (Negrilla
fuera del texto original). Para el estricto cumplimiento de lo decidido por la
Corte en los citados ordinales resolutivos, era necesario observar lo expuesto
en la parte motiva de la misma providencia, en tanto allí se establecieron los
parámetros a seguir. Entre esas directrices se encuentra el deber legal del
Fondo de Solidaridad Pensional de trasferir los correspondientes aportes
pensionales faltantes al Sistema de Seguridad Social.
El artículo 25 de la Ley 100 de 1993
creó el Fondo de Solidaridad Pensional como una cuenta especial de la
Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección
Social, hoy Ministerio de Trabajo, cuyo objeto es subsidiar las cotizaciones
para pensiones de los grupos de población que por sus características y
condiciones socioeconómicas no tengan acceso al sistema de seguridad social y
que carezcan de recursos para efectuar la totalidad del aporte pensional. Tal
precepto legal prevé que los recursos de ese Fondo son administrados en fiducia
por sociedades fiduciarias de naturaleza pública.
En virtud de lo anterior, el
Ministerio de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013 suscribieron Contrato
de Encargo Fiduciario No. 216 de 2013, en el cual se determinó que, con la
observancia de las instrucciones impartidas por el referido Ministerio, dicho
Consorcio sería el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional,
para el manejo de los recursos de las Subcuentas (i) de Solidaridad, que
financia el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión -PSAP- (donde las madres
comunitarias figuran como potenciales beneficiarias), y (ii) de
Subsistencia, con la cual se financia el Programa Colombia Mayor.
Nótese cómo lo ordenado en la
Sentencia T-639 de 2017 atañe al Ministerio de Trabajo y al Consorcio Colombia
Mayor 2013, toda vez que sus intereses podrían verse afectados con lo dispuesto
en la parte resolutiva de la aludida providencia, en relación con el Fondo de
Solidaridad Pensional.
5.1.3. Deber de argumentación / Carga
argumentativa. La
Sala Plena observa que las solicitudes de nulidad formuladas por el Ministerio
de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013 cumplen la exigencia de carga
argumentativa, toda vez que exponen de manera clara, expresa, estructurada y
suficiente el contenido constitucional que se estima vulnerado, esto es, el
derecho al debido proceso (artículo 29 Superior), así como la incidencia de la
afectación del mismo en el auto acusado.
5.2. Estudio de los presupuestos materiales
Procede la Sala a verificar, en
conjunto, si el yerro alegado en las peticiones de nulidad elevadas por el
Ministerio de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013 contra la Sentencia
T-639 de 2017, se enmarca en alguna de las causales materiales de procedencia.
Según los peticionarios, la Sala
Cuarta de Revisión, hoy, Sala Quinta, vulneró el derecho fundamental al debido
proceso al proferir la Sentencia T-639 de 2017, por estimar que incurrió en
indebida integración del contradictorio.
5.2.1. Indebida integración del
contradictorio. Los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que terceros con
interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en calidad de coadyuvantes del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien va dirigida la tutela,
ordenando por demás, que el juez les notifique las providencias que se emitan
en el trámite de este proceso constitucional. Puede sostenerse, entonces,
que la no vinculación de terceros que resultan directamente afectados, en
calidad de partes procesales, con un fallo de decisión y quienes, en
consecuencia, no tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y
contradicción, constituye una grave violación del derecho al debido proceso que
no puede ser ignorada por el pleno de esta Corporación.
Esa hipótesis se encuentra invocada como causal de nulidad por los
peticionarios, toda vez que el Ministerio de Trabajo y el Consorcio Colombia
Mayor 2013, en su condición de terceros excluyente y potenciales obligados a
dar cumplimiento a las órdenes de protección de derechos fundamentales, deben
contar con la posibilidad de controvertir las diferentes actuaciones, así como
presentar elementos de prueba y ejercer las demás competencias asignadas a las
partes.
En efecto, la Sala encuentra que la parte resolutiva de la
sentencia T-639 de 2017, pese a que se dirige directamente al ICBF para que adelante el
correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre
de cada una de las ochenta y ocho (88) accionantes, los aportes parafiscales en
pensiones faltantes al
Sistema de Seguridad Social por el tiempo efectivamente acreditado como madres
comunitarias, a efecto
de que
obtengan su pensión, de conformidad con la legislación aplicable, contiene pautas y criterios respecto del Fondo de Solidaridad Pensional
ya que se precisó que deberá transferir a la respectiva Administradora de
Fondos de Pensiones los aportes pensionales faltantes al Sistema de Seguridad
Social causados en el período comprendido desde la fecha en que se hayan
vinculado como madres comunitarias.
La sentencia cuestionada dispuso que,
dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las
accionantes, aunado al propósito de evitar cargas económicas desproporcionadas
que generaran mayores traumatismos y que obstaculizaran la obtención de su
pensión, y con la finalidad de que efectivamente se materializara la protección
iusfundamental mantenida en ese pronunciamiento, era razonable que el
monto del subsidio pensional a reconocer y transferir no era equivalente al 80%
sino al 100% del total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en
ejercicio efectivo y comprobado de su labor como madres comunitarias.
De esta manera, se ven afectados los intereses del  Ministerio de
Trabajo y del Consorcio Colombia Mayor 2013, toda vez que, por una parte, dicho Fondo es
una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y adscrita al
mencionado Ministerio y, por otra, el Consorcio solicitante es el administrador
fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.
Cabe resaltar que, indudablemente, el
precedente constitucional contundente bajo el cual se resolvió reconocer y
pagar a favor de las accionantes los aportes parafiscales en pensión faltante
al Sistema de Seguridad Social, por el tiempo efectivamente acreditado como
madres comunitarias, fue el Auto 186 de 2017[119],
expresa y ampliamente citado en la Sentencia T-639 de 2017.
Por ello, era necesario que durante el trámite de tutela se
conociera la respectiva posición del Ministerio de Trabajo y del Consorcio
Colombia Mayor 2013 frente a las acciones de tutela incoadas por Gloria Solano (T-6.190.251), Neris Aponte Ariza y otros
(T-6.193.730), Flor Vargas Salas y
otros (T-6.196.094), Claribel
Munera Pereañez (T-6.201.064),
María Edilma González y otros          (T-6.203.162)
y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901).
Ahora bien, mediante Auto
217 del 11 de abril de 2018, la Sala Plena declaró la nulidad parcial del Auto
186 de 2017[120],
en los siguientes términos:
Declarar la NULIDAD PARCIAL del
enunciado “y, en consecuencia, en su lugar, tomar las decisiones que se
enuncian en esta providencia” contenido en el primer ordinal resolutivo del
Auto 186 del 17 de abril de 2017, así como las órdenes de reemplazo
comprendidas en los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo
y octavo dictadas en ese mismo proveído, conforme a lo establecido en la
presente decisión.
Para mejor proveer, se transcribirán
apartes pertinentes contenidos en el citado Auto 217 de 2018, así:
“46.6. La Corte explica que para
el cumplimiento de lo decidido en los ordinales tercero, quinto y séptimo, en
la parte motiva del Auto cuestionado se señaló que el ICBF debía gestionar los
trámites necesarios para que: (i) las 106 accionantes fueren reconocidas como
beneficiarias del subsidio pensional previsto en las Leyes 509 de 1999 y 1187
de 2008; y (ii) el Fondo de Solidaridad Pensional, en ejercicio de su deber
legal dispuesto en los artículos 6 de la Ley 509 de 1999 y 2 de la Ley 1187 de
2008, transfiriera a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones –AFP-
en la que se encontrara afiliada o deseara afiliarse cada una de las
demandantes, los aportes pensionales faltantes al Sistema de Seguridad Social.
Se estableció que, dadas las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las accionantes, aunado
al propósito de evitar cargas económicas desproporcionadas que generaran
mayores traumatismos y que obstaculizaran la obtención de su pensión, y con la
finalidad de que efectivamente se materializara la protección iusfundamental
mantenida en ese pronunciamiento, era razonable que el monto del subsidio
pensional a reconocer y transferir no sea equivalente al 80% sino al 100% del
total de las cotizaciones pensionales faltantes y causadas en ejercicio
efectivo y comprobado de su labor de madre comunitaria.
46.7. El Pleno considera que si bien
esta Corporación ha establecido la regla según la cual no es necesario vincular
al proceso de tutela, ni al de revisión de los fallos pronunciados en sede de
amparo constitucional, a las autoridades de orden nacional, regional y/o local
que dentro de su deber legal y constitucional tienen la obligación de cumplir
lo que se disponga en el marco de dichos trámites, lo cierto es que en el caso
en comentario sí debió vincularse al Consorcio Colombia Mayor 2013 y al
Ministerio del Trabajo, dado que lo ordenado al Fondo de Solidaridad Pensional
en el Auto 186 de 2017 desbordó el deber legal que le ha sido impuesto al
referido Fondo, en relación con el valor a asumir como subsidio de los aportes
al régimen general de pensiones de las 106 madres comunitarias, al haberse
determinado que el mismo equivaldría al 100% del total de la cotización para pensión
y no al 80% como lo establecen las Leyes 509 de 1999 y 1187 de 2008.
Vistas así las cosas, esa
declaratoria de nulidad parcial del Auto 186 del 17 de abril de 2017 resulta
vinculante para resolver el asunto bajo estudio, toda vez que -tal como lo alegó
el solicitante Consorcio Colombia Mayor 2013- las “ordenes de reemplazo”
comprendidas en los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo
y octavo del referido proveído hacen parte del precedente constitucional citado
como fundamento en la Sentencia T-639 de 2017 para amparar los derechos de las
88 accionantes.
Así, la Sala Plena verifica que el Ministerio de Trabajo y el
Consorcio Colombia Mayor 2013 no fueron vinculados como parte en el proceso de
la referencia, lo cual representa una afectación a sus derechos al debido
proceso y a la defensa porque no han tenido un conjunto de oportunidades para
exponer sus argumentos frente a la pretensión de amparo, impugnar decisiones y
solicitar pruebas, entre otras facultades procesales.
En efecto, Sala
Plena considera que si bien esta Corporación ha establecido la regla según la
cual no es necesario vincular al proceso de tutela, ni al de revisión de los
fallos pronunciados en sede de amparo constitucional, a las autoridades de
orden nacional, regional y/o local que dentro de su deber legal y
constitucional tienen la obligación de cumplir lo que se disponga en el marco
de dichos trámites, lo cierto es que en el caso en comentario sí debió
vincularse al Ministerio de Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor 2013, dado
que lo ordenado al Fondo de Solidaridad Pensional en la Sentencia T-639 de 2017
-en aplicación del Auto 186 de 2017- desbordó el deber legal que le ha sido
impuesto al referido Fondo, en relación con el valor a asumir como subsidio de
los aportes al régimen general de pensiones de las 88 madres comunitarias, al
haberse determinado que el mismo equivaldría al 100% del total de la cotización
para pensión y no al 80% como lo establecen las Leyes 509 de 1999 y 1187 de
2008.
De conformidad con lo expuesto en la
presente providencia, la Corte observa que le asiste razón al Ministerio de
Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor 2013, dado que al proferirse la
providencia censurada T-639 de 2017, bajo la aplicación directa del Auto 186 de
2017, se desconoció la garantía del debido proceso y, por ende, sus derechos de
defensa y contradicción, ante la configuración de una indebida integración
sobreviniente del contradictorio, esto es, se encuentra acreditada la causal de
nulidad generada “cuando en la parte resolutiva de la sentencia se dan
órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso y que
no tuvieron oportunidad de defenderse dentro del proceso” y así lo
declarará.
5.2.2. Escrito de adhesión a las
solicitudes de nulidad.
En cuanto que el ICBF radicó escrito de adhesión a las solicitudes de
nulidad presentadas por el Ministerio del Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor
2013, la Sala Plena advierte que aquel fue allegado a la Corte Constitucional el 6 de julio de 2018, de manera extemporánea.
En efecto, la notificación de la sentencia T-639 de 2017 al
ICBF fue efectuada entre el 10 de noviembre de 2017 al 23 de enero de 2018[121] y las solicitudes de
nulidad fueron presentadas ante esta Corporación el 14 de diciembre de 2017 y el
15 de marzo de 2018. En esta medida, resulta claro que dicho escrito fue
presentado por fuera de término, por lo cual sus argumentos no serán valorados.
5.3. Órdenes
a impartir en la presente decisión
5.3.1. Declaratoria de nulidad. La Sala Plena de la Corte
Constitucional declarará la nulidad de la Sentencia T-639 de 2017 por indebida
integración sobreviniente del contradictorio.
5.3.2. Aplicación
excepcional de la vinculación en sede de revisión. Con el objeto de sanear la nulidad
constatada en esta ocasión, se vinculará al Ministerio de Trabajo y al
Consorcio Colombia Mayor 2013 al proceso de revisión de los fallos pronunciados
en el marco de las acciones de tutela que en su momento formularon Gloria Solano (T-6.190.251), Neris Aponte Ariza y otros
(T-6.193.730), Flor Vargas Salas y
otros (T-6.196.094), Claribel
Munera Pereañez (T-6.201.064),
María Edilma González y otros (T-6.203.162)
y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901),
contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-, que dio lugar a la Sentencia T-369 de 2017.
La Sala opta por esa alternativa
excepcional para que el Consorcio Colombia Mayor 2013 y el Ministerio de
Trabajo se pronuncien ante la Corte sobre el amparo reclamado y los
pronunciamientos de instancias proferidos en los referidos procesos de tutela
acumulados. Ello, en atención a que dichos asuntos involucran a 88 ciudadanas
que son sujetos de especial protección constitucional, en razón de la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentran, por lo que sería desproporcionado e
irrazonable prolongar más la exigibilidad judicial de sus derechos
fundamentales. En efecto, de conformidad con lo entonces evidenciado en la
sentencia T-639 de 2017, las 88 accionantes tienen las siguientes condiciones
particulares:
(i)
Encontrarse
en una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se
configura por el simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario
mínimo mensual legal vigente;
(ii)
Ser parte
de uno de los sectores más deprimidos económica y socialmente;
(iii)      Además, de esas 88 accionantes: 19 se
hallan en el estatus personal de la tercera edad, al contar con 60 años de edad
o más. Incluso, de esas 19 madres comunitarias, 5 de ellas cuentan con 70 años
o más.
Todo lo anterior da lugar a la
vinculación en sede de revisión del Ministerio de Trabajo y del Consorcio Colombia Mayor 2013, en los términos de este proveído.
5.3.3. La Sala Quinta de la Corte
Constitucional proferirá la decisión de reemplazo. Una vez integrado el contradictorio
con el Ministerio de Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor 2013, con arreglo al
debido proceso, se proferirá en Sala Quinta de Revisión la decisión que
corresponda en el marco de las garantías a los derechos fundamentales.
5.3.4. A continuación procede este Tribunal
a pronunciarse sobre la solicitud presentada por el ICBF -el 17 de noviembre de
2017- que, en todo caso, requiere respuesta de la Corporación, ya que se
refiere a una aclaración de la parte resolutiva de la Sentencia T-639 de 2017.
V. CUESTIÓN ADICIONAL:
SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA T-639 DE 2017
1. Contenido de la solicitud de
aclaración presentada por el ICBF
El 17 de noviembre de 2017, la
Secretaría General de esta Corporación recibió la solicitud presentada por la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF, a través del cual solicitó:
“(…) se aclare la parte resolutiva
de la Sentencia T-639 de 2017 proferida por la Sala Cuarta de Revisión con
ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, en el sentido de
determinar si en virtud de la frase ‛a efecto de que obtenga su pensión,
de conformidad con la legislación aplicable’ contenida en el resuelve de la
sentencia, la orden aplicaría o no a aquellas madres comunitarias que no hayan
cumplido con su obligación de afiliarse al Sistema General de Pensiones, así
como de realizar la cotización correspondiente al porcentaje que no cubría el
Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional -FSP”.
Particularmente, explicó que -del
marco constitucional, legal y reglamentario- se evidencia que las madres
comunitarias eran consideradas trabajadoras independientes, situación que, a su
juicio, implica que estaban obligadas a afiliarse al Sistema General de
Pensiones, así como de realizar la cotización correspondiente al porcentaje que
no cubría el Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional -FSP.
2. Posibilidad excepcional de aclarar
o adicionar las sentencias de la Corte Constitucional
Tratándose de aclaraciones de fallos
proferidos por esta Corporación en sede de revisión, se ha dicho que estos no
son susceptibles de ser aclarados. Sin embargo, la Corte ha admitido, de manera
excepcional, la procedencia de solicitudes de aclaración, de acuerdo con lo
expresado en el artículo 285 del Código General del Proceso[122], el cual contempla
dicha posibilidad si la petición se formula dentro del término de la ejecutoria
de la sentencia y a petición de parte o de oficio, “cuando contenga
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.
En
efecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, excepcionalmente, es
posible que la Corte Constitucional acceda a este tipo de solicitudes. En tal
virtud, este Tribunal ha establecido tres requisitos que deben cumplirse,
concomitantemente, para que la solicitud de aclaración o adición se torne
procedente, a saber: i) que la solicitud se presente por alguna
de las partes de proceso; ii) que la solicitud se presente dentro
del término de la ejecutoria, es decir, dentro de los tres días siguientes a la
notificación del fallo; y iii) “que cuando se verifique
que efectivamente existe una expresión imprecisa en la parte resolutiva de la
decisión o si está en la parte motiva, que dicha expresión tenga incidencia en
la parte resolutiva del fallo”[123].
3. Caso concreto. Sustracción de
materia de la solicitud de aclaración de la sentencia T-639 de 2017
3.1. Antes de determinar si la solicitud
del ICBF cumple con los requisitos de procedibilidad, para que la Corte, en
ejercicio de una facultad excepcional, aclare o adicione una sentencia de
tutela, resulta evidente la sustracción de materia de la referida solicitud,
dado que, ante la alteración o nulidad sobreviniente de la providencia sobre la
que recae la petición, la solicitud de aclaración pierde su objeto o sustento.
En efecto, la Sala Plena advierte que al desaparecer el objeto jurídico sobre
el que recaería la eventual aclaración de juez constitucional, cualquier
determinación que se pueda tomar se tornaría inocua.
En primera medida, cabe precisar que,
encontrándose en término para resolver, el 7 de diciembre de 2017, el
magistrado sustanciador informó a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
ICBF lo siguiente: (i) la sentencia T-639 de 2017 proferida por la Sala Cuarta
de Revisión tuvo como fundamento el precedente constitucional fijado por la
Sala Plena de esta Corporación en el Auto 186 de 2017, el cual declaró la
nulidad parcial de la Sentencia T-480 de 2016; (ii) se encuentra en curso en esta
Corporación el incidente de nulidad contra el Auto 186/2017, promovido por el
apoderado del Consorcio Colombia Mayor y (iii) se evidencia que la decisión que
ha de tomar la Sala Plena incidirá directamente en la resolución de su
solicitud de aclaración[124].
En efecto, la Sala Plena observa que
el peticionario solicita aclarar la frase “a efecto de que obtenga su
pensión, de conformidad con la legislación aplicable” que se encuentra
contenida en
los ordinales segundo,
cuarto, sexto, octavo, décimo y décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-639 de
2017.
Sin embargo, la referida providencia será declarada nula por
este proveído. En
consecuencia, al ser declarada su nulidad se configura el acaecimiento de una situación
sobreviniente
respecto del objeto de
la solicitud de aclaración de presentada por el ICBF.
Por ello, la Corte Constitucional se
abstendrá de verificar el cumplimiento de los requisitos enunciados y rechazará
la solicitud de aclaración presentada, ante la imposibilidad de proferir un
pronunciamiento de fondo, por haberse configurado una sustracción de materia
por nulidad sobreviniente de la sentencia T-639 de 2017 -objeto de la solicitud
de aclaración- y así lo declarará.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la sentencia T-639 de
2017, conforme a lo
establecido en la presente decisión.
SEGUNDO.- VINCULAR, por Secretaría General de
esta Corporación,
al Ministerio
de Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor 2013 al proceso de revisión de los
fallos pronunciados en el marco de las acciones de tutela contra el ICBF que en su momento
formularon Gloria Solano
(T-6.190.251), Neris Aponte Ariza
y otros (T-6.193.730), Flor Vargas
Salas y otros (T-6.196.094),
Claribel Munera Pereañez (T-6.201.064),
María Edilma González y otros       (T-6.203.162)
y Ángela Parra Gamboa y otros (T-6.208.901),
que dieron
lugar a la Sentencia
T-639 de 2017.
TERCERO.- Una vez integrado el contradictorio
con el Consorcio Colombia Mayor 2013 y el Ministerio de Trabajo, con arreglo al
debido proceso, PROFERIR en Sala Quinta de Revisión la decisión que
corresponda en el marco de las garantías a los derechos fundamentales.
CUARTO.- Por Secretaría General de
esta Corte, OFÍCIESE a los jueces constitucionales: Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Barrancabermeja (T-6.190.251),
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar (t-6.193.730), Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Tunja      (T-6.196.094),
Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento (T-6.201.064), Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Tunja  (T-6.203.162)
y Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander (T-6.208.901), para que LÍBREN las comunicaciones a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con la advertencia que contra esta
providencia no procede ningún recurso.
QUINTO.- RECHAZAR, por configurarse sustracción de
materia, la solicitud
de aclaración de la Sentencia T-639 de 2017 presentada por el ICBF.
SEXTO.- ADVERTIR a los solicitantes que contra esta decisión no procede
recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Obra a folio 152 del cuaderno 1 del expediente, Oficio del 3 de febrero de
2017, mediante el cual el ICBF manifestó que no se encontró información en la
base de datos del instituto.
[2]
Según declaración de personas naturales que obra a folio 21 del cuaderno 1 del
expediente.
[3]
Certificación expedida por la Junta de Madres Comunitarias.
[4]
Mediante auto del 23 de diciembre de 2016, obra a folio 19 del cuaderno 1 del
expediente.
[5]
Mediante auto del 26 de enero de 2017, obra a folio 111 del cuaderno 1 del
expediente.
[6]
Mediante auto del 13 de enero de 2017, obra a folio 374 del cuaderno 1 del
expediente.
[7]
Mediante auto del 18 de enero de 2017, obra a folio 64 del cuaderno 1 del
expediente.
[8]
Mediante auto del 12 de enero de 2017, obra a folio 418 del cuaderno 1 del
expediente.
[9]
Mediante auto del 30 de enero de 2017, obra a folio 22 del cuaderno 1 del
expediente. Mediante auto del 31 de enero de 2017, el juez acumula 2 acciones
de tutela a la principal, obra a folio 267 (tomo 2)  del cuaderno 1 del
expediente.
[10] Obra a folios 21 al 44 del cuaderno 1 del expediente.
[11] Obra a folios 117 al 134 del cuaderno 1 del expediente.
[12] Obra a folios 382 al 392 del cuaderno 1 del expediente.
[13] Obra a folios 425 al 435 del cuaderno 1 del expediente.
[14] Obra a folios 299 al 320 del cuaderno 1 del expediente.
[15] Excluye de protección a María Elizabeth González de
Barón, por no estar incluida en el texto de la demanda y por no haberse
formulado pretensión alguna en su nombre, pese a haber concedido el poder al
abogado. Sin embargo, la Sala pudo constatar que, si bien no se encuentra
incluida en el listado inicial de accionantes, sí obra poder en el expediente y
sí quedó incluida en la demanda en la relación del acervo probatorio.
[16] Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala Constitucional del Decisión;
mediante AUTO del 15 de marzo de 2017, rechazó la impugnación presentada
por la Oficina asesora jurídica -ICBF y por el Coordinador del Grupo Jurídico
de la Regional Antioquia -ICBF, por no acreditar su legitimación para actuar en
representación del ICBF.
[17] Ampara los derechos de María Ernestina Martínez de
Pinzón, Rogelia Panche Suesca, María Rita Nope Cuchivaguen, Rosa María Aguilar
de Molina, Blanca Elvira Aguirre de Aguirre y María Inés Ríos Bernal.
[18] Ana Silde Suarez de Quintero fue
amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.
[19] Declara improcedente la acción de
tutela de María
Edilma González Rodríguez, Agueda García Rodríguez, Miriam Estela Suarez
Cárdenas, María Carmenza Viasus Molina, Flor Nelly Yanquen Valentín y Flor
Avicena Sepúlveda.
[20] El
Magistrado Sustanciador verificó que los poderes especiales obran al interior
de los respectivos expedientes.
[21] Vinculada en el expediente T-6.193.730.
[22] Vinculada en el expediente T-6.193.730.
[23] Vinculada en el expediente T-6.201.064.
[24] Vinculadas en el expediente T-6.208.901.
[25] Ley 1444 de 2011, reglamentada por el Decreto 4085 de 2011.
[26] ACUERDO 21 DE 1989, “Por el cual se dictan
procedimientos para el desarrollo del programa hogares comunitarios de
bienestar”; ARTÍCULO QUINTO (parágrafo), modificado por el Acuerdo 43 de
1993.
[27] ACUERDO 21 DE 1989, “Por el cual se dictan
procedimientos para el desarrollo del programa hogares comunitarios de
bienestar”; ARTICULO SÉPTIMO, modificado por el Acuerdo 17 de 25 de 1999.
[28] Según consta en el Diario Oficial No. 38.635 del 29 de
Diciembre de 1988.
[29] “Al respecto ver T-681 de 2011, T-037 de 2014, T-292 de
2014 y T-324 de 2014, entre otras.”
[30] Consultar T-262 de 2014, T-292 de 2014 y T-350 de 2015.
[31] Ver las sentencias T-1085 de 2003,
T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015,            T-379
de 2015 y T-291 de 2016, entre otras.
[32] Ver, entre otros, los Fallos T-742 de
2002 y T-441 de 2003, reiterados en T-291 de 2016.
[33] Cfr. SU-622 de 2001, reiterada
recientemente en las Sentencias T-135 de 2015 y T-291 de 2016.
[34] Ver
Providencias T-978 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1605 de 2000,
T-1674 de 2000, T-158 de 2001 y T-159 de 2001, reiterada en la T-480 de 2016.
[35] Ver
los Fallos T-018 de 2016 y T-480 de 2016 y consultar Auto
186 de 2017.
[36]
Consultar Auto 186 de 2017.
[37]
Consultar Auto 186 de 2017.
[38] Ver
la Sentencia T-628 de 2012.
[39] “Por el cual se dictan lineamientos y procedimientos
técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del Programa
Hogares Comunitarios de Bienestar”.
[40] “A través de la cual se modifica
la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida”.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la
protección a las personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles
I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como instituciones que
contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su
calidad de vida.
(…)
Artículo 7°. Definiciones. Para fines de la presente ley, se
adoptan las siguientes definiciones: (…)
b). Adulto Mayor. Es aquella persona
que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas
de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango,
siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste
físico, vital y psicológico así lo determinen; (…).”
[41] A partir del 12 de febrero de 2014, la vinculación laboral
de las madres comunitarias fue reglamentada con el Decreto 289 de 2014, cuyo
artículo 2º establece: “Las Madres Comunitarias serán vinculadas
laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades
administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán
con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de
Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el
Sistema de Protección Social.”
[42] El preámbulo de la Carta Política
consagra, como uno de los fines del Pueblo de Colombia, el de asegurar el
trabajo a todos sus integrantes bajo un contexto específico, esto es, dentro de
un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo.
[43] El artículo 1º Superior instituye
al trabajo en uno de los cuatro pilares fundantes del Estado Colombiano como un
Estado Social de Derecho, el cual se encuentra organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista.
[44] El artículo 48 de la Carta Política
dispone que la seguridad social puede ser concebida desde dos posturas
diferentes: la que la define como un servicio público de carácter obligatorio y
la que la cataloga como un derecho irrenunciable.
[45] Providencia T-352 de 1996.
[46] El artículo 25 de la Constitución
establece que el “trabajo es un derecho” (derecho fundamental) “y una
obligación social” (deber) “y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado” (garantía).
[47] Ibídem.
[48] Fallo T-730 de 2012.
[49] Sentencia SU-769 de 2014.
[50] Las acciones del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar no sustituirán la responsabilidad de la
familia. Sólo cuando los padres o demás personas legalmente obligadas al
cuidado del menor, no estén en capacidad probada de hacerlo, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar asumirá la responsabilidad dentro de su
competencia, con criterio de subsidiariedad.
[51] El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar asesorará y promoverá la forma organizativa requerida para
lograr la participación mediante el trabajo solidario y contribución voluntaria
de la comunidad. Dicha participación en ningún caso implica relación laboral
con los organismos o entidades responsables por la ejecución de los programas.
[52] Los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar estarán dirigidos prioritariamente a la población
que se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica
nutricional, psicoafectiva, moral y en las situaciones irregulares previstas en
el Código del Menor.
[53] Artículo 25.
[54] Artículo 26.
[55] “Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las
Madres Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio
Pensional”.
[56] “Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres
comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones”.
[57] “Por la cual se adiciona un
parágrafo 2° al artículo 2° de la Ley 1023 de 2006 y se dictan otras
disposiciones”.
[58] “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014”.
[59] Artículo 36 - “Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones”. Cfr. el Decreto reglamentario 289 de 2014.
[60] “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 la
Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones”,
publicado en el Diario Oficial No. 49.062 de 12 de febrero de 2014.
[61] Mención especial de la sentencia
C-1516/2000 que si bien resolvió declararse inhibida para decidir de fondo, en
su parte considerativa explicó: La circunstancia de que cierto porcentaje de
los recursos asignados al programa de hogares comunitarios, pueden ser
utilizados por las asociaciones de padres de familia u otros organismos
sociales para retribuir en parte la actividad desarrollada por las madres
comunitarias no significa, en manera alguna, que la norma acusada tenga por
finalidad determinar la clase de relación que surge entre estas últimas y el
Estado. Como se indicó en el parágrafo anterior, a través suyo sólo se persigue
incrementar los aportes del ICBF con destino a la atención y cuidado de los
menores en extrema pobreza, razón por la cual hay que entender que la expresión
“becas” hace referencia específica a esos recursos, con total
independencia  de la manera como puedan distribuirse las diferentes partidas y
sin hacer referencia o fijar directrices en torno al presunto vínculo laboral
que se crea entre las personas que trabajan para el programa y las
instituciones públicas o privadas que lo patrocinan.
[62] Corolario de lo anterior, la evolución de la jurisprudencia
colombiana observa una directriz clara frente a los elementos que configuran un
contrato realidad (C-614/2009), a manera de ejemplo se encuentra la T-014/2015
(sector privado) y T-426/2015 (sector público).
[63] SU-224 de 1998, T-269 de
1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000 y T-1173 de 2000
[64] Artículo 3º y 4º
[65] Artículo 2º, 5º y 6º
[66] El 02 de diciembre de 2016, la
Directora General del ICBF presentó escrito con el cual (i) pidió se estudiara
la solicitud de nulidad referida en precedencia y (ii) dio alcance a la misma.
El 07 de diciembre de 2016, la Directora General de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado presentó escrito con el fin de coadyuvar al ICBF en
su solicitud de nulidad del fallo T-480 de 2016.
[67] Jurisprudencia en vigor, contenida en la
línea jurisprudencial T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de
2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de
2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001, T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de
2015 y T-508 de 2015.
[68] Se reitera que a partir de esa fecha se implementó el
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de
1988.
[69] Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que
reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades
administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
[70] Sala Plena, Auto 186 de 2017.
[71] Según declaración de personas naturales que obra a folio 21
del cuaderno 1 del expediente.
[72] Fecha en la cual se implementó el Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de 1988.
[73] Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que
reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades
administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
[74] Se reitera que a partir de esa fecha se implementó el
Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de
1988.
[75] Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de 2014 que
reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades
administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
[76] Ana Silde Suarez de Quintero fue
amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.
[77] Ana Silde Suarez de Quintero fue
amparada en la parte motiva, pero excluida en la parte resolutiva.
[78] Las 88 accionantes son:
[79] A partir del 12 de febrero de 2014, la vinculación
laboral de las madres comunitarias fue reglamentada con el Decreto 289 de 2014,
cuyo artículo 2º establece: “Las Madres Comunitarias serán vinculadas
laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades
administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán
con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de
Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el
Sistema de Protección Social.”
[80] Fecha en la cual se implementó el Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar con la expedición de la Ley 89 de 1988.
[81] Data en la cual entró en vigencia el Decreto 289 de
2014 que reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las
entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
[82] Folios 76 y 15 de los cuadernos de las solicitudes de
nulidad respectivas.
[83] Relacionados a continuación: Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Barrancabermeja (Expediente T-6.190.251),
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar
(Expediente T-6.193.730), Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Tunja (Expediente T-6.196.094), Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín
con funciones de conocimiento (Expediente T-6.201.064),
Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja (Expediente T-6.203.162) y Juzgado Civil del Circuito de Los Patios,
Norte de Santander (Expediente T-6.208.901).
[84] Visibles a folio 89-90 y 92-93 del cuaderno de la
solicitud de nulidad respectiva.
[85] Folios 95 al 97 del cuaderno de la solicitud de
nulidad respectiva.
[86] Folios 35 al 41 del cuaderno de la solicitud de
nulidad respectiva.
[87] Consta de 23 folios.
[88] Ver sentencias C-774 de 2001 y C-220 de 2011,
reiteradas en C-228 de 2015 y C-327 de 2016, entre otras.
[89] Ver Autos A-218 de 2009, A-073 de 2011, A-045 de 2014
y A-265 de 2015, entre otros.
[90]  Cfr. Auto A-033 de 1995, reiterado en A-277 de 2009.
[91]
Cfr., ente otros, los autos A-016 de 2000 y A-146 de 2008.
[92] Auto A-013 de 1997.
[93] Ver, entre otros, los Autos A-031A de 2002, A-063 de
2004, A-303 de 2007 y A-309 de 2013.
[94] “Cfr. Auto del 1º de
agosto de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett”.
[95] Auto A-003A de 2000.
[96] Cfr. Autos A-094 de 2007, A062 de 2008, A-335 de 2010,
A-162 de 2011 y A-010 de 2014, entre otros.
[97] Ver Autos A-031A de 2002, A-099 de 2008 y A-252 de
2014.
[98] Auto A-033 de 1995.
[99] Ibidem.
[100] Auto A-245 de 2012. Cfr. A-155 de 2013 y A309 de 2016.
[101]Autos
A-059 y A-074 de 2010; A-050 y A-107 de 2013; A-010, A-229 y A-396 de 2014.
[102]
Autos A-059 de 2010, A-063 de 2010, A-396 de 2014.
[103]
Ver Autos 217 de 2006, A-063 de 2010, A-396 de 2014.
[104] Ver, entre otros, A-060 de 2006, A-147 de 2008 y A-162
de 2011.
[105] Sobre esas dos situaciones ver, de una parte, los
Autos A-013 de 1997, A-052 de 1997, A-053 de 2001, A-031A de 2002, A-162 de
2003, A-330 de 2006 y A-025 de 2007, entre otros; y de la otra, los Autos 105
de 2008, 149 de 2008 y 144 de 2012, entre otros.
[106]Autos 048 de 2013 y 132 de 2015.
[107] Auto 536 de 2015.
[108] Autos A-536 de 2015 y A-583 de 2015.
[109] Sentencia T-461 de 2003 y Auto 583 de 2015.
[110] Providencia C-617 de 1996.
[111] Fallo C-799 de 2005.
[112] Auto A-583 de 2015.
[113] Autos A-536 de 2015 y A-583 de 2015.
[114] Auto A-536 de 2015, reiterado en el A-583 de 2015.
[115] Auto A-025A de 2012.
[116] Cfr. Autos A-248 de 2016 y A-002 de 2017, entre otros.
[117]
SOLICITUD DE NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - Notificación por conducta concluyente.
Cfr. Los siguientes Autos de Sala Plena: A-053
de 2006, A-061 de 2006, A-141 de 2006, A-299 de 2006,       A-026 de 2007,
A-069 de 2007, A-007 de 2008, A-219 de 2008, A-292 de 2008, A-372 de 2008,
A-007 de 2008, A-195 de 2009, A-213 de 2009, A-038 de 2012 y A-050 de 2014,
entre otros
[118] Legislación anterior: artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil.
[119]
El Auto 186 de 2017 es la providencia con la cual la Corte declaró la nulidad
parcial y complementó la Sentencia T-480 de 2016, en el marco de la petición de
nulidad que había elevado el ICBF contra dicha tutela.
[120]
En el Auto 186 de 2017 la Corporación resolvió la declaratoria de
nulidad de la Sentencia T-480 de 2016. Sin embargo, advirtió que esa decisión
tendría alcance parcial dado que era preciso mantener el amparo del derecho de
106 madres comunitarias a que se realizaran los aportes faltantes al sistema de
seguridad social, con el propósito de permitirles acceder a una pensión, de
conformidad con un marco jurídico y jurisprudencial que se incorporó en el Auto
en comentario, cuyo objeto fue el de complementar la tutela anulada
parcialmente y sustentar la protección mantenida con la declaratoria de nulidad
parcial de la misma.
Es de aclarar que en el Auto 217 de 2018, la Sala Plena se ocupó de examinar las
solicitudes nulidad presentadas por el Consorcio Colombia Mayor 2013 y el Ministerio del
Trabajo contra el Auto 186 de 2017, pero únicamente en lo concerniente a las decisiones reemplazantes de
la sentencia T-480 de 2016 que se dispusieron en los ordinales resolutivos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y
octavo dictadas en ese mismo proveído.
[121] Ibídem.
[122] Legislación anterior: artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1°, numeral 141, del Decreto
2282 de 1989.
[123] Auto 290 de 2015.
[124]
Folio 11 del cuaderno de la solicitud de aclaración respectiva.