T-482-14
Sentencia T-482/14
POBLACION JOVEN EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Protección
constitucional especial
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL-Caso
en que se solicita internado en el ICBF a joven con discapacidad mental
absoluta
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL-Orden
a ICBF informe a la familia sobre el plan de restablecimiento de derechos y
derechos y deberes en el proceso de rehabilitación de joven con discapacidad
mental absoluta
Las
personas que padecen vulnerabilidad física o mental, y su familia no cuenta con
un plan adecuado de asistencia y cuidado, tienen derecho a acceder a los planes
sociales y de salud, que para ellos disponga el Estado. Como parte integrante
de la ejecución del plan de asistencia, la entidad responsable deberá informar
al interesado y a su familia (i) el contenido básico del programa; (ii) los
derechos y deberes que asiste a la familia para la adecuada participación en el
restablecimiento de la salud física y mental del afectado; y, (iii) el tiempo
razonable en el cual la medida de protección se hará efectiva.
Referencia: expediente T-4256478
Acción de tutela presentada por Blanca
Rocío Gallego Marín en representación de Kely Tatiana Gallego, contra la Comisaría
de Familia de Fresno, Tolima, y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar,
Centro Zonal Honda, Tolima.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, el veinte (20) de noviembre de dos
mil trece (2013), y en segunda instancia, por el Juzgado Civil del Circuito de
Fresno, el veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014), en el proceso de
tutela de Blanca Rocío Gallego Marín en representación de Kely Tatiana Gallego,
contra la Comisaría de Familia de Fresno y el Instituto Colombiano de Bienestar
familiar, Centro Zonal Honda.
El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Tres (3), mediante auto proferido el dieciocho (18) de marzo
de dos mil catorce (2014).
I.
ANTECEDENTES
La
señora Blanca Rocío Gallego presentó acción de tutela contra la Comisaría de Familia
de Fresno y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal
Honda, por considerar que esas entidades vulneraron los derechos fundamentales
a la salud y a la integridad de su hija Kely Tatiana Gallego, quien sufre de discapacidad
mental absoluta de tipo cognitivo, por no ingresarla al programa especializado
de mayores de dieciocho (18) años con discapacidad, para recibir asistencia
social y en salud, con la finalidad de tratar diversos problemas de
comportamiento que afectan la relación de la joven con su familia y terceros. Enseguida
la Sala de Revisión pasa a mostrar los fundamentos fácticos del caso concreto.
1.
Hechos
1.1.
Kely Tatiana Gallego, de veinticinco (25) años de edad, sufre de discapacidad
mental absoluta de tipo cognitivo. Relató su madre, la señora Blanca Rocío
Gallego, quien actúa en su representación en el presente proceso de tutela, que
la joven tiene comportamientos agresivos contra sí misma, familiares y personas
cercanas. Expuso que en varias oportunidades ha solicitado la intervención en
su residencia de la Policía de Fresno, debido a episodios en los que Kely
Tatiana ha puesto en riesgo su integridad y la de otras personas[1].
1.2.
Mediante comunicación del cinco (5) de febrero el dos mil trece (2013), el
Personero Municipal de Fresno solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Centro Zonal Honda, “atención para el restablecimiento de los
derechos de la joven Kely Tatiana Gallego” a través de una autorización de
su ingreso al programa de asistencia de personas mayores de dieciocho (18)
años con discapacidad.
En
respuesta del dieciocho (18) de febrero de mismo año, el Defensor de Familia del
ICBF Centro Zonal Honda le manifestó al Personero Municipal de Fresno que la
entidad dispone de medidas de atención para restablecer los derechos de Kely
Tatiana, las cuales se componen de las siguientes modalidades: (i) medidas
de apoyo y fortalecimiento a la familia, que incluyen: (a) externado para
discapacidad, (b) seminternado para discapacidad, y, (b) hogar gestor; y, (ii) medidas
de vulneración o adoptabilidad, que se integran de: (1) hogar sustituto
para discapacidad, (2) internado para discapacidad, y (3) internado para
discapacidad mental psicosocial. Además, explicó que la Comisaría de Familia de
Fresno es la autoridad competente para autorizar las medidas de
restablecimiento de los derechos de la joven, y que en caso de que exista
interés en la medida de internado, esa autoridad: “deberá realizar la
petición con los respectivos formatos diligenciados y soportes adjuntos, dando
cumplimiento a la ruta que a nivel Regional se ha dispuesto para el trámite de
dichas solicitudes y que se ha socializado con la mentada autoridad”.
1.3.
Mediante derecho de petición del diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
la tutelante se dirigió a la Comisaría de Familia de Fresno solicitando que se incluya
a su hija  en el plan especializado de atención a mayores de dieciocho (18)
años con discapacidad, con base en los lineamientos establecidos por el
ICBF en el oficio dirigido al Personero Municipal de Fresno.[2]
A la fecha de presentación de la acción de tutela, cinco (5) de noviembre de dos
mil trece (2013), la peticionaria no había recibido respuesta a su
requerimiento.
1.4.
Con base en los anteriores hechos, la peticionaria solicita al juez de tutela
proteger los derechos fundamentales de su hija, y ordenar (i) a la Comisaría de
Familia de Fresno, que dé respuesta pronta al derecho de petición elevado el diecisiete
(17) de octubre de dos mil trece (2013), y (ii) al ICBF, que autorice la inclusión
de su hija en un centro especializado en el cual se le brinde asistencia adecuada
para evitar que siga atentando contra su vida e integridad, y la de familiares
y vecinos.
2.
Respuesta de la entidad accionada, y vinculados al proceso
2.1.
Personería Municipal de Fresno
El
Personero afirmó: “[l]a Comisaría de Familia de Fresno y la Personería
Municipal, han realizado diversas actuaciones frente a la problemática esbozada
por la accionante, pero entre ellas la más relevante es la solicitud que en
fecha del 24 de octubre de 2013, elevara la Comisaría por remisión del suscrito
al Centro Zonal Honda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
solicitando establecimiento especializado para Kely Tatiana Gallego.” Y concluyó:
“no existe incumplimiento de los lineamientos técnicos para el programa
especializado de mayores de 18 años con discapacidad, como tampoco que no se le
haya dado respuesta prioritaria a la accionante y su niña, lo que ocurre es que
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su centro zonal de Honda, es
excesivamente lento en sus trámites, no solamente en el caso de Kely Tatiana,
sino en la totalidad de las necesidades que se presentan frente a actividades
que son competencia de esa entidad.”
2.2.
Comisaría de Familia de Fresno
La
Comisaria de Familia de Fresno, Lady Lorena Girón Molina, contestó la acción de
tutela. Explicó la funcionaria, que no es cierto que la entidad no actuó de
forma diligente en el caso de la joven Kely Tatiana, atendiendo cada uno de los
requerimientos de su madre. Afirmó, sin embargo, que la planta de personal de
la Comisaría la componen tres (3) personas, a saber, una trabajadora social,
una psicóloga y ella, y que no se cuenta con el apoyo de un auxiliar
administrativo para la atención del público y otras labores; por tanto, que los
procedimientos que se surten ante esa instancia no se realizan con la celeridad
que los usuarios esperarían, lo cual no quiere decir que no se dé trámite a
todas las solicitudes de las cuales se encarga esa entidad.
Agregó
“en el caso específico que nos ocupa, es decir, la consecución de cupo en
internado para discapacidad mental ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para Kely Tatiana Gallego, se debe seguir un procedimiento. Una vez
radicada la solicitud ante este despacho, debe ser analizada por el grupo
interdisciplinario a fin de definir qué clase de institución se debe solicitar,
establecido esto, cada área debe cumplir unas funciones específicas, el área de
trabajo social define las condiciones familiares y sociales que rodean a la
joven. Psicología debe hacer las respectivas valoraciones para establecer el
estado psicológico de la joven y su familia y la Comisaría de Familia realiza
la respectiva verificación de derechos, finalmente el grupo interdisciplinario
se reúne con toda la información para la evaluación de lo encontrado y
diligenciar las solicitudes y actas según los requisitos exigidos por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”
Además,
que a partir del análisis de la información suministrada por la madre de Kely
Tatiana, incluyendo su historia clínica, y el informe del trabajo de campo
donde se interactuó con su familia y vecinos, se pudo establecer que la joven requiere
un cupo en un internado para discapacidad mental. Y que si bien, es la Comisaría
de Familia la encargada de impetrar la solicitud de cupo para internado ante el
ICBF, es el Instituto el que decide sobre su aprobación.
Al
escrito de contestación de la acción de tutela, la Comisaria anexó copia de la
solicitud elevada por esa funcionaria a la Coordinadora del ICBF del Centro
Zonal de Honda, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), en la
que se lee  “comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle
otorgar cupo en internado para discapacidad mental psicológica para la joven
Kely Tatiana Gallego de veinticinco (25) años de edad con la cédula de
ciudadanía (…)”.
Adicionalmente
se encuentra adjunto el documento “ficha individual solicitud de cupo” del
veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013), elaborado por la psicóloga Gladys
Forero, la Trabajadora Social Adriana López y la Comisaria de Familia ya
referida, en el cual se resume la situación personal de Kely Tatiana.[3]
La ficha contiene, entre otras consideraciones, las siguientes: “(…) se
puede evidenciar que [Kely Tatiana] presenta relaciones interpersonales difusas
con su entorno social y familiar, debido a su discapacidad denominada retraso
mental grave con deterioro significativo en el comportamiento, que ha
conllevado a que la joven presente continuas manifestaciones de agresividad
física y verbal hacia las personas que le rodean, de allí la necesidad de que
la joven pueda estar en una entidad especializada bajo la supervisión
permanente de profesionales que puedan intervenir para mejorar su estado de
salud y de esta manera contribuir a su desarrollo integral y al mejoramiento de
su calidad de vida”.
Agregaron
las funcionarias, que la joven “no tiene respeto por los adultos, ni
capacidad de adaptación al entorno social, se evidencia alta peligrosidad para
su propia vida ya que no cuenta con las herramientas psíquicas para su propio
cuidado; presenta dificultades en su desarrollo afectivo y emocional,  presentando
episodios agresivos por su dificultad de acatar las normas por lo que representa
un factor de riesgo social. Razón por la cual, es necesario ubicarla en una
institución especializada encaminado a proveerle las condiciones necesarias
para su bienestar a través de la supervisión permanente de personas
responsables que le brinden cuidados básicos, su adecuado tratamiento
farmacológico y psicoterapéutico.”, y que su familia no cuenta con los
recursos económicos y habitacionales para asumir los cuidados especiales
que ella demanda.[4]
Finalmente concluyeron: “(…) de allí la necesidad evidente de que la joven
Kely Tatiana pueda estar bajo el cuidado especial y supervisión de un equipo
idóneo que le brinde las garantías necesarias para mejorar su calidad de vida y
contribuir en su desarrollo integral”[5].
2.3.
Instituto Colombiano de Bienestar Familia, Centro Zonal Honda
El
Defensor de Familia del ICBF, Centro Zonal Honda, solicitó que se declare que la
Comisaría de Familia de Fresno es la entidad encargada de establecer si a Kely Tatiana
Gallego le es aplicable el lineamiento técnico administrativo dispuesto por el
ICBF para la atención de mayores de dieciocho (18) años con discapacidad, y de
ser afirmativo, iniciar un proceso de restablecimiento de sus derechos
fundamentales.
3.
Decisiones que se revisan
3.1.
Mediante sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013), el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno advirtió que la acción de tutela
que se discute versa sobre la afectación del derecho de petición a la
accionante, quien se queja de que la Comisaría de Familia de Fresno no contestó
la comunicación por ella radicada el diecisiete (17) de octubre de dos mil
trece (2013), en la cual solicitó que se incluya a su hija en el plan
especializado de atención a mayores de dieciocho (18) años con discapacidad.
El juzgado, decidió negar la petición de amparo comoquiera que la Comisaría
respondió la solicitud, mediante escrito del seis (6) de noviembre de dos mil
doce (2012), informándole a la tutelante que el veinticuatro (24) de octubre de
dos mil trece (2013), esa entidad solicitó al Centro Zonal Honda del ICBF, un
cupo para internar a Kely Tatiana en un centro especializado.
Finalmente,
el Juzgado advirtió que el documento dirigido por la Comisaría de Familia de
Fresno, con fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), y sus
anexos, en el cual se solicita cupo de internamiento para Kely Tatiana, no fue
conocido por el Centro Zonal de Honda del ICBF, en la medida en que fue enviado
a una dirección que no corresponde a la de esa entidad. Por tanto, en el
numeral segundo de la parte resolutiva del fallo, ordenó la remisión de los
documentos pertinentes “para que de manera coordinada, ambas autoridades,
gestionen la consecución y aprobación del cupo requerido, si se cumplen los
requisitos para ello”.
3.2.
La accionante recurrió la providencia señalando: “manifiesto que no estoy de
acuerdo con el fallo y lo apelo conforme a lo expresado en mi acción de tutela”.
3.3.
En sentencia del veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014), el Juzgado
Civil del Circuito de Fresno confirmó el fallo impugnado.
4.
Pruebas solicitadas en sede de revisión
4.1.
A través de auto del diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), la
magistrada ponente solicitó al ICBF Centro Zonal Honda, y a la Comisaría de
Familia de Fresno, ampliación de los hechos que se debaten en esta acción,
especificando en qué consiste la medida de internado a que se ha hecho
referencia.
4.2.
En comunicación del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), la Comisaría
de Familia de Fresno afirmó: “(…) aun cuando existe red familiar en la vida
de la joven Kely Tatiana Gallego, con la única persona con la que cuenta es con
la señora Blanca Rocío Gallego, en calidad de madre, a quien por su edad y
estado de salud le es cada vez más difícil asumir todo lo que implica transformo
afectivo bipolar, episodio mixto con síntomas psicóticos, retraso mental,
epilepsia, diagnóstico que fue emitido el 23 de abril de 2014 por el psiquiatra
Álvaro Enrique Núñez”. Y concluyó sobre este respecto “(…) como se puede
ver en la historia de Kely Tatiana, que presenta conductas de agresividad donde
se ve afectada directamente la madre de la joven (…) quien por lo
complejo y aun cuando tenga la mejor voluntad no le es posible controlar a su
hija y acude a todas las entidades municipales a solicitar una
institucionalización de su hija, donde le puedan brindar los cuidados y
tratamientos que requiere su diagnóstico”.
Sobre
el requerimiento de la Sala para conocer si existen medidas alternativas de
restablecimiento de los derechos de Kely Tatiana, considerando además la
necesidad de que su familia reciba asistencia en el cuidado de la joven, para
proteger su salud y evitar episodios en los cuales haya afectación de su
integridad y la integridad de personas cercanas, la Comisaría reiteró que es
necesario ofrecerle asistencia estatal, en procura de ayudar a la joven a
superar las situaciones de riesgo en que se encuentra actualmente, y para que su
madre pueda también contar con el apoyo especializado en la labor de cuidado
diario, a través de la intervención de profesionales idóneos.
4.3.
Por su parte, el Director Regional Tolima del ICBF, en oficio del dieciocho (18)
de junio de dos mil catorce (2014), dio respuesta al auto de pruebas. De la
contestación, resulta relevante la siguiente información: “[E]l diagnóstico
de la joven Kely Tatiana gallego (…) y el comportamiento reportado por la madre
sobre episodios de agresividad hacia otro miembro de la familia, a quien llegó
a amenazar con cuchillo, poniendo en riesgo su vida, determinó que la comisaría
de familia, solicitara internado especializado. Además teniendo en cuenta que
para el caso en comento, la medida que se requiere es un internamiento
psiquiátrico, el cual debe ser en una institución del área de la salud,
adecuada a las necesidades médicas de la joven, y que cuente con los medios
para la atención y terapia del paciente, según la entidad de la enfermedad, de
acuerdo a los establecido en el artículo 22 de la Ley 1306 de 2009”.
Además, que “(…) la medida de restablecimiento de derechos debe ser
proporcional e idónea para restablecer los derechos de la misma, es decir, la
Autoridad Administrativa competente, en este caso, la comisaría de familia,
debe realizar un análisis respecto de las instituciones que efectivamente
trabajan en la atención de la problemática específica de la joven, toda vez que
le ICBF no cuenta con las instituciones que cubran atención 100% de los
diagnósticos clínicos de las personas que se encuentran bajo protección”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro
del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y problema jurídico
2.1.
La señora Blanca Rocío Gallego Marín presentó acción de tutela contra la Comisaría
de Familia de Fresno y el Centro Zonal Honda del ICBF, porque presuntamente esa
entidad no le contestó un derecho de petición radicado el diecisiete (17) de
octubre de dos mil trece (2013), en el cual solicitó que se autorizara a su
hija Kely Tatiana Gallego, de veinticinco (25) años de edad, el ingreso a una
institución en la que pueda recibir asistencia en la discapacidad mental
absoluta que padece, por la cual actualmente ha afrontado diversos episodios de
agresividad contra sí misma, contra sus familiares y vecinos. No obstante, el
derecho de petición fue respondido por la entidad el seis (6) de noviembre del
mismo año, un día después de la interposición de esta acción.[6]
2.2.
En dicha comunicación, la Comisaría de Familia informó a la peticionaria que, el
veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), envió petición formal al
Centro Zonal Honda del ICBF, solicitando un cupo en una institución
especializada que le preste a Kely Tatiana la atención en salud que requiere. La
solicitud se fundamentó en un estudio psicológico y de trabajo social que se
realizó a la joven en su entorno familiar y vecinal, con la finalidad de determinar
las condiciones en que ella sobrelleva su enfermedad. Del estudio se concluyó que
para mejorar su bienestar, Kely Tatiana debe estar al cuidado de personal
médico capacitado, quienes le brinden tratamiento adecuado y permanente. No
obstante, en las pruebas allegadas al procedo en sede de revisión, la Comisaría
de Familia de Fresno señaló que el ICBF aún no ha autorizado el cupo de Kely
Tatiana en una institución especializada.
2.3.
Con base en los hechos expuestos, el problema jurídico que la Sala debe
resolver en esta oportunidad es ¿vulnera una entidad encargada de proteger los
derechos fundamentales de la población joven (ICBF Centro Zonal Honda) el
derecho a la salud y a la integridad de una mujer que padece disminución
cognitiva permanente (Kely Tatiana Gallego), al iniciar un proceso para
garantizar su ingreso a un programa de atención especializada para personas
discapacitadas mayores de dieciocho (18) años, pero sin definir (i) las
características específicas del programa a que tiene derecho a acceder, (ii)
los medios de participación de su familia en el proceso, y (iii) el momento
concreto en el que los beneficios del programa se harán efectivos?. Para
responder este interrogante, la Sala reiterará sobre la asistencia especial a
que tienen derecho las personas jóvenes que se encuentran en condición de
discapacidad, y luego, advertirá que el derecho a acceder a un programa de
asistencia especial del Estado, no incluye sólo el ingreso, sino también el
derecho del interesado a conocer de antemano los servicios que se ofrecen en el
programa, los derechos y deberes de la familia dentro del programa (para su
adecuada participación, y capacitación en la atención de su familiar), y
finalmente, el tiempo razonable en que la medida de protección se hará
efectiva.
3.
La señora Blanca Rocío Gallego, quien actúa en representación de su hija Kely Tatiana
Gallego, tiene derecho a que el ICBF le informe (i) el plan asistencial que se ofrecerá
a la joven, como respuesta a la medida de internado solicitada por la Comisaría
de Familia de Fresno; (ii) los derechos y deberes que la asisten a ella y demás
familiares, para participar en el proceso de restablecimiento de la salud
física y mental de su hija; y, (iii) el tiempo en que la medida de protección
se hará efectiva
3.1.
El artículo 13 de la Constitución señala que las personas que por su condición física
o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tienen
derecho a ser especialmente protegidas por el Estado. Esto implica la  existencia
de un deber general de las instituciones, la sociedad, y la familia, de evitar cualquier
situación que amenace o ponga en riesgo sus derechos fundamentales, ya
afectados por la situación de vulnerabilidad que los aqueja. En ese orden de
ideas, el deber de protección no sólo incluye abstenerse de incurrir en
acciones que desconozcan sus garantías superiores, sino también, trabajar
armónicamente por ofrecer condiciones para que, en la medida de lo que es
posible, estas personas puedan sobrellevar dignamente su vida, y disfrutar de
sus derechos como lo hacen las demás personas (igualdad real y efectiva).
3.2.
A su turno, el artículo 45 de la Constitución dispuso que las personas jóvenes tienen
derecho a la protección y a la formación integral. Sobre el término “joven”, esta
Corporación ha sostenido que vulnera la norma superior fijar una edad límite
para establecer sí una persona hace parte de la población joven. Por lo tanto, ha
protegido de igual forma los derechos de personas entre los dieciocho (18) y
los veintiséis (26) años, y sin ser este rango de edades restrictivo, considerando
que a la luz de los instrumentos internacionales de protección de la juventud,[7]
esta etapa de la vida se determina, mayormente, por la transición que hay entre
el momento en que, por regla general, una persona está terminando sus estudios
superiores, y es aun económicamente dependiente, y el momento en que empieza a
hacer parte del mercado laboral, y a proyectar un plan de vida autónomo.[8]
Lo que es especialmente relevante de estos pronunciamientos es que la Corte
considera que las personas que por una situación de salud, mental o física, no
tienen una expectativa legitima de ser independiente y proveerse por sí solas
de un sustento, en la edad en la cual las demás personas empiezan a ser
económicamente productivas, tienen derecho a que el Estado les garantice la
satisfacción de sus necesidades básicas, y el acceso a la especial asistencia
médica y social que les permita desenvolverse en la sociedad con adecuado aprovechamiento
de sus capacidades.
El
concepto de edad límite como criterio diferenciador que puede desconocer
garantías fundamentales de la población joven mayor de dieciocho (18) años, ha
sido analizado por esta Corporación, por ejemplo, en materia de acceso al
sistema educativo.
Así
por ejemplo, en la sentencia T-487 de 2007[9]
la Sala Séptima de Revisión afirmó que la edad no puede convenirse en una barrera que impida garantizar a la población
con discapacidad, el goce efectivo del derecho a la educación. En esa
oportunidad la Sala conoció el caso de un joven que padecía discapacidad mental
permanente, y se encontraba en un centro educativo para niños, niñas y
adolescentes con discapacidad mental. Cuando cumplió dieciocho (18) años le
informaron a la familia que no podía continuar recibiendo el servicio
educativo, precisamente, por el cumplimiento de la mayoría de edad, y porque se
terminaba, en ese momento, el convenio suscrito por la institución con el Departamento de Policía del Meta (el joven
era beneficiario de su padre, un agente retirado de la Policía Nacional).
Después
de reiterar los instrumentos internaciones que desarrollan los derechos mínimos
de las personas con discapacidad, y las normas constitucionales y legales que
hacen lo mismo en el derecho interno, la  Sala afirmó que de una lectura
armónica de todas las disposiciones se puede concluir que la especial
protección de las personas con discapacidad, en el ámbito educativo, no admite
restricciones basadas en la edad. Afirmó la Sala: “(…) esta Corporación
ha considerado que derechos fundamentales de la población con discapacidad como
la educación o la salud no pueden verse restringidos por el factor edad. En
efecto, se trata de sujetos de especial protección constitucional frente a
quienes se tienen deberes particulares y a quienes se les prestará la atención
que requieran a fin de cumplir los mandatos constitucionales de “previsión, rehabilitación
e integración social”, proveer un ámbito laboral acorde con las condiciones de
salud de esta población, “la formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran”, así como la educación adecuada.”
Y
con base en dichas consideraciones, la Sala ordenó continuar con la prestación
del servicio educativo especial al joven.
3.3.
Finalmente, en consonancia con los artículos anteriores, el artículo 47 de la
norma superior depone “el Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
3.4.
De igual forma, en desarrollo de las normas constitucionales señaladas, esta
Corporación ha sostenido que la
asistencia adecuada de la salud de las personas con disminuciones físicas o
mentales, es fundamento previo de su adecuada inclusión en la vida social.
En
la sentencia T-297 de 2013[10]
la Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela presentada para
proteger el derecho a la igualdad de tres (3) personas que padecían de síndrome
de Down, dos (2) mayores de edad, y un menor de diecisiete (17) años. La Liga
Vallecaucana de Natación negó la inscripción en los cursos de formación de dos
(2) de ellos, y ordenó al entrenador de un club deportivo que ofrece
entrenamiento para deportistas convencionales, el retiro del tercero de ese
club. La anterior decisión se fundamentó en que debido a la discapacidad que
presentan, ningún club deportivo convencional puede recibirlos “porque ellos
no pueden nadar con deportistas normales”.
Sobre el derecho de las personas con discapacidad a
que se les garantice la participación en igualdad de condición en la vida
social, a partir del ofrecimiento de asistencia para el adecuado
aprovechamiento de sus capacidades, la Sala afirmó: “(…) en relación con las
personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la
vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un
derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en
inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.”
Sobre el caso concreto, la Sala de Revisión concluyó
que la medida adoptada por la Liga Vallecaucana de Natación no superaba el test
de razonabilidad, comoquiera que: “(i)
sin bien se trata de personas con condiciones cognitivas diferentes, la
igualdad entre las partes radica en que cuentan con la misma capacidad física
para entrenar y competir en el mismo escenario deportivo (esto se prueba, con
la relación que los demandantes hacen de las competencias que han tenido y los
logros alcanzados en ellas); (ii) lo que constitucionalmente se busca es la
inclusión social de estas personas; (iii) así que la medida adoptada por la
Liga, no es la adecuada para conseguir dicho fin; en cambio sí (iv) impone una
carga desproporcionada a las personas con limitaciones, al prohibirles
participar en eventos deportivos, con personas sin limitaciones.”
3.5.
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala de Revisión pasa a resolver
el caso puesto a su consideración.
3.6.
Del caso concreto
En
aplicación de las normas constitucionales señaladas, y del artículo 79 de Código
de la Infancia y de la Adolescencia,[11]
la Sala Primera de Revisión considera que el ICBF tiene el deber de restablecer
los derechos fundamentales  de Kely Tatiana Gallego[12],
a través de su inclusión en un plan de asistencia médica y social, conforme a
los lineamientos establecidos por la Comisaría de Familia de Fresno, en la “ficha
individual de solicitud de cupo” suscrita el veintitrés (23) de octubre de dos
mil trece (2013).
3.6.1.
En la respuesta al derecho de petición elevado por el Personero de Fresno el cinco
(5) de febrero de dos mil trece (2013), y en la contestación a la acción de
tutela, el ICBF afirmó que le corresponde a esa entidad –el ICBF- disponer de
un cupo especializado para atender a Kely Tatiana, pero que tal proceder
estaría supeditado a que la Comisaría de Familia de Fresno realizara una
evaluación profesional de las condiciones de salud, familiares y del entorno
cercano de la joven, y con base en los resultados obtenidos, establecer si a
Kely Tatiana le es aplicable el lineamiento técnico administrativo dispuesto
por el ICBF, para la atención de personas mayores de dieciocho (18) años con
discapacidad, y así, iniciar formalmente el proceso de restablecimiento de sus
derechos.
De
la evaluación que se le realizó a Kely Tatiana el veintitrés (23) de octubre de
dos mil trece (2013), a cargo de tres (3) profesionales (una psicóloga, una
trabajadora social y la Comisaria de Familia), la Comisaría de Familia de
Fresno estableció como diagnóstico de su situación: “la joven amerita
internado para discapacidad mental psicosocial en atención a las
certificaciones médicas, donde se describen una discapacidad mental absoluta de
tipo cognitivo que le genera vulnerabilidad y amenaza de los derechos”.[13]
El diagnóstico se estableció sobre la base de tres (3) razones fundamentales: (i)
que Kely Tatiana presenta relaciones interpersonales difusas con su entorno
social y familiar, por falta de desarrollo de las habilidades afectivas y
emocionales; (ii) que incurre en manifestaciones constantes de agresividad
contra sí misma y su familia, y que esto se debe, en parte, a que no acepta los
parámetros de autoridad; (iii) que su madre no está capacitada para asistirla
adecuadamente, y es necesario que profesionales médicos intervengan para
mejorar su estado de salud y “contribuir a su desarrollo integral y al
mejoramiento de su calidad de vida”. Con base en ese dictamen, el veinticuatro
(24) de octubre de dos mil trece (2013), la Comisaría de Familia de Fresno
presentó al ICBF solicitud formal de cupo de internado para Kely Tatiana, de
forma que pueda “estar bajo cuidado especial y supervisión de un equipo
idóneo que le brinde las garantías necesarias para mejorar su calidad de vida y
contribuir en su desarrollo integral”.
De
la evaluación y de la solicitud de cupo de internado para Kely Tatiana, el ICBF
tuvo conocimiento en el trámite de esta acción, cuando el juez de primera
instancia ordenó que se le remitieran dichos documentos, dado que la Comisaría
de Familia de Fresno, previo al trámite de tutela, los envió a una dirección
errada.
3.6.2.
No obstante, las manifestaciones iniciales del ICBF en torno a que se requería
que la Comisaría de Familia de Fresno autorizara la medida de restablecimiento
de derechos a favor de Kely Tatiana, en la contestación al auto de pruebas
suscrito por el despacho ponente, el ICBF se pronunció en otro sentido. Afirmó,
que con base en la evaluación de las condiciones de salud y familiares de la
joven elaboradas por la Comisaria de Familia de Fresno, debe ser una
institución del Sistema de Salud quien asuma la prestación de la asistencia
médica y social que ella requiere, porque la entidad “no cuenta con las instituciones
que cubran atención 100% de los diagnósticos clínicos de las personas que se
encuentran bajo protección”.
3.6.3.
Para la Sala, como advirtió, corresponde al ICBF el deber constitucional de
velar por la garantía efectiva de los derechos de Kely Tatiana, así como de
realizar las gestiones administrativas tendientes a que le sea asignado un cupo
en una institución que atienda sus necesidades médicas y sociales, y se capacite
a su familia, a través de los profesionales idóneos, en las mejores formas de
aprovechar sus capacidades, y garantizarle herramientas de autocontrol que le
permitan una inclusión real tanto en su núcleo familiar, como en su entorno
social.
Resulta
desproporcionado exigir a una persona en situación de vulnerabilidad acudir a múltiples
autoridades para la defensa de sus garantías fundamentales. En relación con ese
punto, la Constitución en su artículo 2° dispone que  las entidades del Estado
deben actuar armónicamente en el cumplimiento de la función pública general,
reconociendo que el fin último de la misma es la de proteger el goce efectivo
de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, no es de recibo que el ICBF
trasfiera a otra entidad la obligación en relación con la medida de internado
para Kely Tatiana, y la realización de las demás gestiones, como el
acompañamiento a su familia en el proceso señalado. En el marco de sus
competencias, el ICBF puede requerir a las entidades que considere que deben
participar en el restablecimiento de los derechos de Kely Tatiana, pero radica
en ella la responsabilidad de tramitar la asignación del cupo en una
institución adecuada para asistirla tanto en su integridad física, como mental,
con fundamento en la autorización que para tales fines allegó la Comisaría de
Familia.
3.6.4.
Ahora bien, el inicio del trámite para la asignación efectiva del cupo que
requiere Kely Tatiana en una institución especializada, impone un deber
adicional al ICBF. La entidad debe informar a la familia de la joven:
(i)
el programa concreto de asistencia a través del cual el Estado atenderá los
requerimientos en salud de la joven, en relación estrecha con su incapacidad
cognitiva.
La
señora Blanca Rocío se ha visto forzada a solicitar ayuda a las instituciones
que velan por los derechos de los jóvenes, porque no puede cuidar adecuadamente
a su hija, quien padece de discapacidad mental absoluta de tipo cognitivo.[14]
Además, cuando se presentan los episodios de agresividad, no sabe cómo ayudarla
y garantizarle a través de la mejor atención, la seguridad de su salud mental y
física; tampoco ha sido capacitada en la atención concreta de las enfermedades
que padece Kely Tatiana, y no conoce cómo evitar situaciones de angustia para
la joven, como resultado de no sentirse adaptada a los distintos entornos que
componen su vida.
Por
lo tanto, la medida de restablecimiento de los derechos de Kely Tatiana, se
fundamenta en la incapacidad verificable de su familia para asistirla, conforme
a la demanda de atención especial que requiere, dado el diagnóstico de
discapacidad mental absoluta que afronta.
(ii)
teniendo en cuenta las mismas consideraciones expuestas en el párrafo anterior,
al asumir el Estado el cuidado y asistencia de Kely Tatiana por el tiempo que
los profesionales lo señalen, no desaparece para la familia el deber de
continuar participando, en las formas en que determinen esos mismos
profesionales, en el restablecimiento de su salud física y mental, y de sus
capacidades de relación. La atención de la joven ha de ser desarrollada
armónicamente entre las instituciones del Estado y su  familia.
Para
tal efecto, la Sala de Revisión estima que el ICBF le debe dar a conocer los
derechos y deberes concretos que los asisten en el programa en que se inscriba
a la joven, y hacer un seguimiento periódico de su cumplimiento. En relación
con ellos, la Sala considera que es de suma importancia que al menos un
familiar de Kely Tatiana, que con base en los hechos expuestos se presume que
es la madre, reciba capacitación profesional para mejorar la atención de la
joven; así como recibir capacitación (1) en la forma de actuar frente a
problemas concretos que puedan aquejarla de acuerdo con el diagnóstico que
padece; (2) conocer todas las situaciones de riesgo para la integridad de sí
misma y de quienes la rodean; y (3) ayudarla a explotar mejor sus capacidades.
Tercero,
la medida que el ICBF decida ejecutar, debe llevarse a cabo en un tiempo
proporcional, que no agrave la circunstancia de vulnerabilidad de Kely Tatiana.
La Sala de Revisión comprende que la asignación de los cupos se hace de acuerdo
a la valoración de las circunstancia de urgencias que padecen las personas
interesadas en ingresar a un programa de asistencia, y que sólo son conocidas por
las entidades responsables. Por tanto es respetuosa de la lista de cupos, para no
afectar los derechos de terceros, introduciendo una modificación impertinente
por vía de tutela. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la situación de la
joven Kely Tatiana requiere la intervención inmediata de las instituciones del
Estado. Esta afirmación no es una consideración de la Sala; por el contrario,
es la conclusión a la que llegó la Comisaría de Familia de Fresno, entidad que
sigue de cerca la situación de Kely Tatiana y su familia.
El
ICBF debe tener en cuenta que un tiempo indeterminado para asignar el cupo
solicitado, afecta los derechos de la joven, especialmente su salud e
integridad, y pone en riesgo la estabilidad de la Familia.
Por
tanto, con base en la afectación actual de los derechos de Kely Tatiana, así
como en la disponibilidad de cupos y, las condiciones concretas que las
entidades con las cuales el ICBF acuerde la prestación de los servicios de
salud para Kely Tatiana,  se debe proyectar un tiempo razonable para la asignación
del cupo discutido a través de la acción de tutela. El tiempo debe ser
informado a la familia, y mientras se inicia el trámite efectivo, la entidad
deberá garantizar el acompañamiento permanente a la joven y su familia, con
participación de los profesionales que considere pertinentes, y pudiendo
coordinar también el cumplimiento de esta última orden, con la entidad pública
o privada que considere conducente.
3.6.5.
Kely Tatiana Gallego tiene derecho a que el ICBF se encargue de realizar las
gestiones tendientes a garantizar su ingreso efectivo en una institución
especializada que le preste la atención en salud que requiere, para restablecer
su condición de vulnerabilidad y garantizar su inclusión social y el adecuado
aprovechamiento de sus capacidades. De igual forma, la familia de Kely Tatiana,
especialmente su madre, tiene derecho a conocer (1) el plan concreto de
restablecimiento de los derechos de su hija; (2) los derechos y deberes que
asisten a la familia en el proceso que se inicie, y (3) el tiempo en que la
medida adoptada por el ICBF, en coordinación con las entidades que decida
llamar a participar del proceso, se efectuará.
3.6.6.
En consecuencia, la Sala Primera de Revisión confirmará parcialmente las sentencias
del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno y del Juzgado Civil del
Circuito de Fresno, en cuanto negaron por hecho superado el derecho de
petición, declarando que la Comisaría de Fresno, sí contestó el derecho de
petición elevado por la accionante el diecisiete (17) de octubre de dos mil
trece (2013). Pero protegerá los derechos fundamentales a la salud, a la
integridad y a la vida digna de Kely Tatiana Gallego, ordenando al ICBF
garantizarle un cupo en una institución especializada, y que informe a su
familia en qué consiste el plan de asistencia, sus derechos y deberes para
participar en el mismo, y el tiempo en el cual se iniciará el procedimiento, con
estricta sujeción a las consideraciones expuestas en el punto [3.6.4.] de esta
sentencia. Finalmente, la Sala verificará directamente el cumplimiento de estas
órdenes, a través del envío, por parte del ICBF, de la información sobre las
gestiones realizadas.
4.
Conclusión
Las
personas que padecen vulnerabilidad física o mental, y su familia no cuenta con
un plan adecuado de asistencia y cuidado, tienen derecho a acceder a los planes
sociales y de salud, que para ellos disponga el Estado. Como parte integrante
de la ejecución del plan de asistencia, la entidad responsable deberá informar
al interesado y a su familia (i) el contenido básico del programa; (ii) los
derechos y deberes que asiste a la familia para la adecuada participación en el
restablecimiento de la salud física y mental del afectado; y, (iii) el tiempo
razonable en el cual la medida de protección se hará efectiva.
II.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Fresno, el veintidós (22) de
enero de dos mil catorce (2014), que a su vez confirmó el fallo proferido por
el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, el veinte (20) de noviembre
de dos mil trece (2013), en cuanto negó la protección al derecho fundamental de
petición por hecho superado, porque la Comisaría de Fresno contestó la solicitud
elevada. Pero adicionará la sentencia para AMPARAR los derechos
fundamentales a la salud, la integridad y la vida digna de Kely Tatiana
Gallego, en el proceso de tutela iniciado por su madre, la señora Blanca Rocío
Gallego Marín, contra la Comisaría de Familia de Fresno y el Centro Zonal de
Honda del ICBF.
Segundo.-
ORDENAR al ICBF Centro Zonal de Honda
que en el término de quince (15) días hábiles a partir de la notificación de
esta sentencia, informe a la señora Blanca Rocío Gallego (1) el plan concreto
de restablecimiento de los derechos de su hija; (2) los derechos y deberes que le
asisten a la familia en el proceso que se inicie, y (3) el tiempo en que la
medida adoptada por el ICBF se efectuará.
Tercero.- Sobre las actuaciones llevadas a cabo, la entidad
deberá informar a esta Sala, en un término no mayor a un (1) mes a partir del
momento en que se comunique a la familia de Kely Tatiana sobre el proceso de
restablecimiento de los derechos de la joven y la asignación de un cupo en una
entidad especializada. Mientras se materializa esta orden, el ICBF dispondrá de
lo pertinente para ofrecer acompañamiento constante a Kely Tatiana y su
familia. Y del cumplimiento de esta orden también informará a esta Sala en el
término ya señalado.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el expediente hay copia de una certificación expedida
por el Comandante de la Estación de Policía de Fresno, en la cual el
funcionario señala “que la señora (…) en repetidas oportunidades ha
acudido a las instalaciones de esta Unidad Policial con el fin que sea
intervenida su residencia ya que si hija la señorita (…) presenta
conductas agresivas que atentan contra la integridad física de su progenitora y
demás miembros de su familia.” (folio 6. En adelante siempre que se cite un
folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a no ser que se diga expresamente
otra cosa).
[2] La señora Blanca Rocío adjuntó a esa comunicación un
concepto del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012), emitido
por la psiquiatra Liliana Cruz Tovar, adscrita al Hospital Especializado Granja
Integral de Iguacitos, en el cual la especialista explica que Kely Tatiana es
una paciente con diagnóstico de retraso mental grave, lo cual significa que
sufre de “deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención
o tratamiento”. Además, que “el retraso mental afecta de manera
importante la capacidad de la paciente para adaptarse al entorno y para el
desempeño en las áreas de comunicación, cuidado personal, vida doméstica,
habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios y el cuidado de sí
misma”, y por tratarse de una situación de salud incurable, ella “puede
beneficiarse de apoyo por terapia ocupacional y psicológica, y requiere la
supervisión permanente de adultos responsables que le brinden los cuidados
básicos.” (folio 7). De igual forma, anexó certificación del diecinueve (19)
de septiembre de dos mil trece (2013), expedida por el médico general Guillermo
Alfonso García Hernández, también adscrito al Hospital Especializado Granja
Integral de Iguacitos, en la cual el profesional se dirigió al ICBF en los
siguientes términos: “respetados señores, por solicitud de la madre se
certifica que la paciente Kely Tatiana Gallego presenta discapacidad mental
absoluta de tipo cognitivo, requiriendo de una institución no hospitalaria que
le brinde el cuidado y protección para sí mismo y su entorno de manera
permanente para los fines que se consideren pertinentes” (folio 10).
[3] La ficha individual de solicitud de cupo se
encuentra soportada en un acta de equipo técnico firmada a su vez por
las tres (3) profesionales descritas, que describe las circunstancias de salud
y familiares de la joven, como fueron desarrolladas en la ficha individual
de solicitud de cupo y concluye “la urgencia de la consecución del cupo
con el fin de lograr un cupo en internado para discapacidad mental psicosocial,
con fin el garantizar la integridad física de la joven y su familia” (folio
25).
[4] La
accionante se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social a través de
Cafesalud EPS-S, desde el diez (10) de enero de mil novecientos noventa y seis
(1996).
[5] Folios 22 a 24.
[6] Folio
39.
[7] Existen pronunciamientos de organismos especializados
de derecho internacional que hacen referencia a las personas que integran la
población joven, como aquellas que tienen entre quince (15) a veinticuatro (24)
años de edad (esto fue tomado de Organización Mundial de la Salud,
Ginebra 1986: La Salud de los Jóvenes: un desafío para la sociedad; Informe
de un Grupo de Estudios para la OMG acerca de los jóvenes y la “salud para
todos en el año 2000”: para los fines del Año Internacional de la Juventud,
las Naciones Unidas ha definido “juventud” como el periodo entre 15 y 24 años
de edad […].). En la Resolución 50/81 del 13 de marzo de 1996, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha el Programa
de Acción Mundial para Jóvenes hasta el año 2000 y Subsiguientes. La
finalidad de este proyecto es la de elaborar el marco de protección integral
para los jóvenes; para ello, se identifican las deficiencias de las políticas
que han adoptado los Estados partes frente a diez materias concretas,
denominadas como las diez esferas prioritarias, luego de ser
identificadas se emiten recomendaciones y se trazan nuevas metas para mejorar
el nivel de protección. En materia de salud, la Asamblea General ha llamado la
atención sobre el deber de los Estados Partes de asegurar a los jóvenes que
sufren alguna debilidad física o mental, el disfrute de todas las garantías a
que tienen derecho en la legislación interna, en igualdad de condiciones que
otros jóvenes. De la misma forma, en la Resolución 54/120, la Asamblea General
estimó que los programas nacionales sobre el desarrollo de los jóvenes, deben
tener en cuenta las necesidades especiales de aquellos que se encuentra en
circunstancias especialmente difíciles, que por sus condiciones físicas,
de raza u origen social, han sido tradicionalmente discriminados. Se pueden ver
en el mismo sentido: (i) la Resolución 54/120 del veinte (20) de enero de dos
mil (2000) de la Asamblea General de la ONU, que declaró el doce (12) de agosto
como el Día Internacional de Juventud. Además, pide a los Estados, los
órganos, organismos especializados y comisiones regionales de las Naciones
Unidas, y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que
intercambien sus conocimientos y experiencia en las cuestiones relacionadas con
la juventud, y establezcan los medios adecuados para hacerlo; y (ii) las
Resolución 60/2 del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005) de la
Asamblea General y la Resolución 2007/27 Consejo Económico y Social, de la
Organización de las Naciones Unidas.
[8] Esto lo ha dicho la Corte, especialmente, tratándose
del derecho a acceder a la pensión de invalidez con fundamento en el parágrafo
1° del artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Así lo afirmó la Sala Novena de Revisión en la
sentencia T-777 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). En esa oportunidad
la Corporación conoció el caso de una mujer
de veintitrés (23) años de edad, quien tras haber sido atropellada por un bus
de servicio público, fue dictaminada con una pérdida de la capacidad laboral
del setenta y seis punto cuarenta y cinco por ciento (76.45%) y el fondo de
pensiones al cual se encentraba afiliada le negó el derecho a la pensión de
invalidez, por no haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la invalidez, además de
sobrepasar la edad de veinte (20) años, ante lo cual no se podía dar aplicación
al parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 860 de 2003. La Sala aplicó excepción
de inconstitucionalidad, y decidió extender el beneficio en ella contemplado
(acceder a la pensión con menos semanas cotizadas que las que deben acreditar
los demás personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones) a
personas jóvenes incluso mayores a veinte (20) años, que estuvieran iniciando
su vida laboral al momento en que se presentó la situación que generó su estado
de invalidez. Ver también la sentencia T-839 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-930 de 2012 (M.P.
María Victoria Calle Correa), y T-1011 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), entre otras.
[9] Corte Constitucional, sentencia T-487 de 2007 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto). En el mismo sentido se puede ver la sentencia
T-647 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[10] Corte Constitucional, sentencia T-297 de 2013 (MP.
Mauricio González Cuervo).
[11] El artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual
se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” dispone que el ICBF,
a través de las Defensorías de Familia, es responsable de “prevenir,
garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
[12] Sobre
el concepto de restablecimiento de los derechos de los niñas, las niñas y
adolescentes, es importante retomar el pronunciamiento de la Sala Sexta de
Revisión en la sentencia T-075 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), al
analizar el caso de una niña de nueve (9) años que gozaba de ayuda del Estado a
través del programa hogar gestor, por el cual su familia recibía ayuda
económica para suplir sus necesidades de servicios médicos (como pañales desechables, pediasure, leche deslactosada,
elementos de aseo, ropa, alimentos y transporte); el programa fue suspendido
por la Defensoría de Familia, centro zonal de Kennedy, argumentando cese del
estado de vulnerabilidad de la beneficiaria y vencimiento del término de
permanencia más la respectiva prórroga. Explicó la Sala de Revisión que la finalidad
de las medidas de restablecimiento es restaurar la dignidad de los niños, las
niñas y los adolescentes, como sujetos de derechos, así como recuperar la
capacidad para realizar un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido
vulnerados, y continuó señalando: “[a]sí las cosas, el artículo 51 de la Ley
1098 de 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, prevé que “es
responsabilidad del Estado, a través de sus autoridades, informar, oficiar o
conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia
o en su defecto, ante los inspectores de policía o las personerías municipales
o distritales, a todos los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en
condiciones de riesgo o vulnerabilidad”. Según el artículo 96 de la referida
ley, las autoridades administrativas competentes para adelantar dicho trámite,
son las defensorías y comisarías de familia, quienes se encargan de prevenir,
garantizar y restablecer los derechos reconocidos en los tratados
internacionales, en la Constitución y en el Código de la Infancia y la
Adolescencia. Sin embargo, para el cumplimiento de las anteriores funciones,
éstos cuentan con un equipo técnico e interdisciplinario, cuyos conceptos
tienen carácter de dictamen pericial.” Y finalizó advirtiendo que “ (…) es
preciso señalar que conforme a la verificación de la garantía y protección del
interés superior del niño, la niña o el adolescente, el defensor y el comisario
de familia, como ejecutores del trámite de restablecimiento de los derechos y
en cumplimiento de la función que debe ejercer el Estado para la protección de
los derechos de los menores de edad, deben ir más allá del simple cumplimiento
de los requisitos y las exigencias del trámite administrativo, para realizar
una revisión de los requisitos sustanciales del asunto y establecer si la
decisión viola derechos fundamentales de los niños involucrados, determinando
si la medida adoptada es oportuna, conducente y conveniente, según las
circunstancias que rodean al niño, niña o adolescente.”
[13] Folio
25.
[14] Folio
10, certificación de la enfermedad que padece la joven, expedida por el médico general Guillermo Alfonso García
Hernández, adscrito al Hospital Especializado Granja Integral de Iguacitos, el diecinueve
(19) de septiembre de dos mil trece (2013).