T-252-17
Sentencia
T-252/17
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Procedencia
excepcional de la tutela cuando se ponen en riesgo derechos fundamentales
ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección
constitucional
Los adultos mayores son un grupo vulnerable,
por ello han sido catalogados como sujetos de especial protección
constitucional en múltiples sentencias de esta Corporación. Desde el punto de
vista teórico, esto puede obedecer a los tipos de opresión, maltrato o abandono
a los que puede llegar a estar sometida la población mayor, dadas las
condiciones, físicas, económicas o sociológicas, que la diferencian de los
otros tipos de colectivos o sujetos.
PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Responsabilidad
del Estado, la sociedad y la familia
Respecto de los adultos mayores
existe una carga específica en cabeza del Estado, la sociedad y la familia para
que colaboren en la protección de sus derechos, ya que éstos se encuentran en
una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con otras personas. Sin
embargo, el Estado es el principal responsable de la construcción y dirección
de este trabajo mancomunado, que debe tener como fin último el avance
progresivo de los derechos de la población mayor.
PROTECCION DEL ADULTO MAYOR-Deberes prestacionales y
asistenciales
SUBSIDIO ECONOMICO PARA ADULTO MAYOR-Procedencia excepcional de la acción
de tutela para proteger derechos fundamentales de ancianos en extrema
pobreza
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA Y
A LA INTEGRIDAD FISICA DE ADULTO MAYOR-Vulneración por parte de Hospital
Geriátrico al haber incurrido en una irregular prestación del servicio hacia
los adultos mayores que residen en la institución
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA Y
A LA INTEGRIDAD FISICA DE ADULTO MAYOR-Orden a Hospital
Geriátrico y Ancianato brindar asistencia terapéutica a la accionante y atender con amabilidad y prudencia las solicitudes de sus
residentes
Referencia: Expediente T-5.925.309
Acción
de tutela interpuesta por María Griselia Sánchez Ibarra contra Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel. Fueron vinculados el Municipio de Santiago
de Cali y el Departamento del Valle del Cauca.
Magistrado
Ponente (e.):
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Aquiles Ignacio Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos e Iván
Humberto Escrucería Mayolo (e), quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado en única instancia por el Juzgado 12
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, en la acción de
tutela instaurada por María Griselia Sánchez Ibarra en contra del Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel.
I. ANTECEDENTES
La señora María Griselia Sánchez promovió acción de tutela,
en contra del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel de Cali, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física y
psicológica, y la dignidad humana, ya que la entidad ha venido realizando acciones
que amenazan sus derechos así como los de otros residentes del Hospital.
Para sustentar la solicitud de amparo relata los siguientes:
1.   Hechos
1.1.     Manifiesta
la accionante que tiene 72 años y que ante la constante vulneración de sus
derechos decidió interponer esta acción con apoyo de la Casa de Justicia de
Siloé.
1.2.     Indica
que su derecho al subsidio de vejez ha sido desconocido, ya que el exgerente
del Hospital demandado ha realizado medidas inescrupulosas que han redirigido
tales dineros a las cuentas de la institución. Asimismo, resalta que ello no ha
sucedido únicamente con lo correspondiente a su subsidio, sino que viene
ocurriendo con los dineros de otros 9 adultos mayores.
1.3.     Cuenta
la accionante que por haber denunciado estos hechos se le hicieron imputaciones
deshonrosas, amenazaron con cambiarla de hogar y quitarle sus bienes, y la
sometieron a tratos humillantes, al punto que el gerontólogo del Hospital la
cambió a una habitación de peores condiciones.
1.4.     Este
último hecho la ha alterado particularmente, porque sufre de unas alergias que
se han visto empeoradas por el frío, haciendo que su situación de salud se vea
aún más deteriorada.
1.5.     También
relata que a cada adulto le corresponde un kit de limpieza que incluye un papel
higiénico, un desodorante, una loción, crema y cepillo de dientes, y champú.
Sin embargo, es frecuente que les entreguen estos kits incompletos y que el
Hospital les venda, por aparte, los productos faltantes.
1.6.     Por
lo anterior, la accionante solicita que: (i) se detengan las conductas
dirigidas a apropiarse de los subsidios de los adultos mayores; (ii) la cambien
de habitación a una que se encuentre en condiciones que no afecten su salud;
(iii) paren los malos tratos, injurias y humillaciones contra los adultos
mayores; (iv) les entreguen a todos el kit de limpieza completo; (v) se tomen
medidas disciplinarias en contra de los servidores públicos; (vi) cesen las
amenazas de que la van a sacar del hogar geriátrico.
2.
Trámite procesal a partir de la acción de tutela.
2.1.
El Juzgado 12 Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Cali, por auto del 9 de junio de 2016, avocó conocimiento y corrió
traslado al demandado para pronunciarse sobre los hechos referidos en la acción
instaurada por parte de la Señora María Griselia Sánchez Ibarra. Igualmente
procedió a vincular al Municipio de Santiago de Cali y al Departamento del
Valle del Cauca.
2.2.
Respuesta de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel
2.2.1.   Afirma
Ricardo Posada Montes, representante legal del Hospital, que la Ley 100 creó un
programa de auxilio para ancianos indigentes. Los Decretos 3771 de 2007 y 3550
de 2008, establecieron que la subcuenta de subsistencia del Fondo de
Solidaridad Pensional sería administrada para otorgar subsidios económicos
directos e indirectos.
2.2.2.   Sin
embargo, indica que con el paso del tiempo y por la imposibilidad física de
algunos beneficiarios para acudir a reclamar dicha ayuda directa en la
Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Cali, se cambió el subsidio a
la modalidad de indirecto. Este último, se percibe ahora a través del
otorgamiento de servicios sociales básicos.
2.2.3.   Resalta
la entidad que no existen quejas sobre amenazas, apropiación de bienes o abusos
por los empleados. Por el contrario, es la accionante quien no se ha ajustado
al contexto institucional y, por ello, se viene analizando su situación en el
Hospital con el fin de adoptar las medidas que corresponde.
2.2.4.   Finalmente,
alega que el control sobre los bienes que hacen parte del kit de limpieza está
justificado en que, en ocasiones, dichos elementos se venden por los mismos
usuarios de la institución.
2.2.5.   Anexa
a su respuesta copia del listado de beneficiaros de los subsidios del Consorcio
Colombia Mayor, así como el convenio con este último.
2.3.
Respuesta del Municipio de Santiago de Cali
2.3.1.   Diana
Lorena Mira Leal, abogada del grupo jurídico de la Secretaria de Salud Pública
Municipal, relata que la accionante se encuentra debidamente vinculada al
sistema de salud, a través del mecanismo subsidiado.
2.3.2.   En
este sentido, explica que de existir algún inconveniente debe acudir a la IPS asignada
que deberá ordenar los servicios incluidos en el POS a través de la autorización
de médico tratante o citar a un comité técnico científico en caso que la señora
Sánchez requiera un servicio NO POS.
2.3.3.   El
Municipio cumple con un rol de vigilancia que en este caso no se ha visto
desconocido. No existen denuncias previas sobre el incumplimiento de los
lineamientos de salubridad por parte de la entidad demandada.
2.4.
Sentencia de única instancia.
2.4.1.   El
Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali,
mediante sentencia del 21 de junio de 2016, negó la acción de tutela
solicitada.
2.4.2.   Entre
las razones expuestas por el juez de instancia en su fallo están que se
advierte que la acción no supera los requisitos necesarios para ser procedente
en contra de particulares. Lo anterior, porque no se observan las
características excepcionalísimas que permiten acudir al mecanismo residual y
transitorio, ya que en principio deben instaurarse los medios judiciales
ordinarios.
2.4.3.   Así,
muchas de las situaciones relatadas por la accionante son competencia de la
justicia penal y del régimen disciplinario de los servidores públicos.
2.4.4.   En
ese sentido, los únicos hechos que podría conocer el juez de tutela serían los
relacionados con el derecho a la salud. Sin embargo, no se observa prueba que
permita establecer que este último ha sido vulnerado.
3.
Pruebas decretadas en Sala de Revisión.
3.1.
Mediante auto del 15 de febrero de 2016,
el Magistrado Sustanciador encontró necesario decretar la práctica de algunas
pruebas. Esto, con el objeto de contar con mayores elementos de juicio, para lo
que resolvió:
“PRIMERO. SOLICITAR la Defensoría del Pueblo Regional del
Valle del Cauca, que en el término de diez (10) días rinda informe de una
visita que deberá realizar a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel, que sea acompañada por un trabajador social y un psicólogo, y en la que
se: (i) verifiquen las condiciones de vida de los adultos mayores que habitan
en la institución; (ii) precisen y observen las fallas en la prestación del
servicio alegadas por la accionante, María Griselia Sánchez, especialmente lo
relativo a la entrega de kits de limpieza y de los subsidios, directos e
indirectos, que le corresponden a los adultos mayores que viven en el Hospital;
(iii) entreviste a la señora María Griselia Sánchez y verifique su condición de
salud psíquica, física y anímica; (iv) brinde su opinión, como ente protector
de los derechos fundamentales, respecto a los hechos narrados por la
accionante.
SEGUNDO. ORDENAR a la Alcaldía de Cali que, en el término de
cinco (5) días, indique como se lleva a cabo la vigilancia y control de las
instituciones que, como la demandada, prestan servicios de vivienda,
alimentación y subsistencia a la población adulta mayor. Asimismo, que indique
el régimen legal que cobija a estos centros y cuáles son las funciones de los
entes territoriales con respecto a ellos.
TERCERO. ORDENAR a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato
San Miguel que, en el término de cinco (5) días, indique: (i) que exámenes y
verificaciones llevó a cabo para establecer que sus beneficiarios estaban
imposibilitados físicamente para reclamar el subsidio directo del que son
acreedores; (ii) cuáles son los beneficiarios, con nombre e identificación, que
están imposibilitados físicamente para reclamar su subsidio directo; (iii) que
envíe el reglamento de comportamiento, manual de convivencia o compendio de
directrices que deben seguir los usuarios que habitan en el Hospital; (iv) que
envíe la carta de derechos de los usuarios de la institución; (v) que indique
las razones por las cuales la señora María Griselia Sánchez no se ha ajustado
al contexto institucional y cuáles son las medidas que piensa tomar la
institución para solventar la situación; (vi) que envíe copia de la historia
clínica de la accionante”.
3.2.
Ricardo Posada Montes, Gerente del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel, indica que la Ley 100 de 1993 creó un
programa de auxilios para adultos mayores en situación de indigencia, dicha
norma fue reglamentada mediante el Decreto 3771 de 2007[1]. Este
último estableció que tales ayudas serían financiadas a través de los recursos
de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional y determinó,
en el artículo 30º[2],
los requisitos que tendrían que ser cumplidos por quienes pretendieran acceder
a dicho auxilio.
Asimismo,
el decreto en cuestión consagra, en el artículo 31º, que los subsidios podrán
ser entregados de forma directa, en dinero, o indirecta, en servicios. Estos
últimos son los que el Hospital brinda a sus residentes por medio de
alimentación, alojamiento y medicamentos, como prueba de esto se anexa el
último informe del Consorcio Colombia Mayor, que concluye: “En la visita se
evaluaron varios aspectos, el primero la existencia de los beneficiarios
afiliados al programa de dependientes del proyecto, segundo que los recursos si
se están ejecutando en los rubros establecidos dentro del convenio en mayor
proporción en alimentación y elementos de higiene y salubridad, por otro lado
se logra evidenciar en la revisión de la documentación que llevan una
contabilidad organizada y desagregada del Convenio #-188-8. En la visita no se
efectuaron requerimientos adicionales porque el CBA[3] o CD[4]
se encuentra al día, no existen pendiente a la fecha de este informe” [5].
Explica
el gerente del Hospital que los subsidios dejaron de entregarse de forma
directa después de 2008, motivados por: (i) el Decreto 3550 de 2008 que reformó
el 3771 de 2007, incluyendo la modalidad del subsidio indirecto; y (ii) las
dificultades físicas que experimentaban los adultos mayores para ir a reclamar
el beneficio, especialmente quienes no contaban con alguien que los acompañara
a realizar esta diligencia. Tal circunstancia, acepta la entidad, no quedó
registrada, pero “era evidente por las condiciones en que se encontraban los
adultos mayores”[6].
Ahora bien, el Hospital aclara que no tiene incidencia en el otorgamiento
del subsidio directo, en la medida que esta es una competencia de la entidad
territorial correspondiente.
Por
lo anterior, la institución decidió realizar un convenio con el Consorcio
Colombia Mayor, que busca garantizar los servicios sociales básicos a los
beneficiarios del subsidio, pero de forma indirecta. Sin embargo, algunos
residentes son beneficiarios del subsidio directo, como se observa en listado
que se anexa[7],
pero la accionante no hace parte de este grupo porque no ha agotado el trámite
respectivo con el Municipio de Cali, a pesar de que ello “se le ha hecho
saber a la interesada”.
También
manifiesta el gerente del Hospital San Miguel que la accionante viene
presentando problemas de conducta, con lo que ha desconocido las reglas de la
institución que se encuentran en un compendio que se anexa y que se denomina: “Normas
para la convivencia en San Miguel para todos los residentes de San Miguel y
personas asistentes al programa Centro Día”[8]. Tales
disposiciones regulan aspectos de imagen institucional, higiene general,
relaciones interpersonales y de convivencia, permisos y visitas, atención en
salud, ocupación del tiempo libre y sanciones. Asimismo, la entidad hace llegar
la carta de deberes y derechos del adulto mayor.
Además,
por parte del Hospital se precisa que:
“La
conducta de la usuaria atenta contra la integridad física y mental de las
residentes de la sala santa luisa [sic] en la medida que de forma permanente
las agrede verbalmente. En lo referente al tema de la higiene general la
residente en mención no ha podido aceptar que de acuerdo al numeral 7
contemplado en las normas de convivencia que plantea: “Los armarios son
únicamente para guardar los implementos de aseo personal y ropa necesaria, no
se deberá guardar en ellos ningún tipo de alimentos ni tampoco platos. Cada
residente tendrá solo los objetos personales que quepan cómodamente en su
armario”. En lo referente al numeral 8 del mismo documento la institución
establece: “No se permitirá la utilización de chuspas, cajas, costales, etc
bajo la cama. Tampoco se permitirá tener vasos, platos u otros utensilios sobre
el armario”. Como se puede apreciar en las fotografías adjuntas[9] la
residente no cumple con este requerimiento y pone en riesgo la salud de las
otras usuarias que comparten con ella el espacio, pues acumula ropa, alimentos,
agua en diferentes recipientes lo que genera riesgo de plagas como roedores,
cucarachas, mosquitos y demás. A pesar de las múltiples intervenciones con ella
al respecto no acepta lo normatizado y frente al requerimiento de cumplir con
lo establecido su comportamiento se torna hostil para con el personal de la
institución”[10].
Esta
situación, indica la institución, puede también observarse en una queja presentada
por otra de las usuarias de la Sala Santa Luisa[11] y en la
historia clínica de la accionante que también se anexa a lo enviado por el
Hospital San Miguel.
3.3.
Historia Clínica de la accionante[12], en
esta última, entre otras cosas, es posible apreciar que la accionante es una
mujer de 72 años con un buen estado físico, aunque padece algunas molestias
respiratorias y gastrointestinales. También, se puede observar que entre marzo
de 2016 y febrero de 2017 tuvo más de 40 controles médicos, así como también odontológicos.
En
los planes terapéuticos y de diagnóstico se pueden observar diferentes
apreciaciones de los profesionales que le brindaron atención. Algunos de estos
indican que la accionante tiene problemas de comportamiento, entre los que
destacan su intolerancia a seguir reglas, sus constantes discusiones con los
miembros del personal del Hospital y demás residentes, y algunos problemas de
higiene, que conjuntamente han llevado a que sea cambiada de habitación en 4
ocasiones.
Sin
embargo, la mayoría de los médicos refieren la buena disposición de la señora
María Griselia, su colaboración a la hora de realizar las terapias y
tratamientos que se le sugieren, así como su reconocimiento al error y la
intención de enmendar los percances sucedidos.
3.4.
Diana Lorena Leal, Abogada de la Secretaría de Salud Pública
Municipal de Cali, manifiesta que el municipio realiza apoyo y control en tres
aspectos relacionados con los Centros de Población del Adulto Mayor.
El
primero de estos es la inspección, vigilancia y control sanitario, que se
refiere al cumplimiento de normas de uso de suelo, intensidad auditiva,
horario, ubicación y destinación, cámara de comercio vigente, documentación de
planeación al día y condiciones sanitarias acordes con la Ley 9 de 1979. Lo anterior,
en atención a que a la Secretaría le corresponde “proteger la salud
individual y colectiva, mediante la minimización de riesgos, daños e impactos
negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes y servicios, en
establecimientos de interés en salud pública”[13].
En
segundo lugar, debe el municipio revisar los listados censales en atención a la
prestación de salud que requiere la población adulta mayor. Un listado censal “(e)s
la herramienta que permite focalizar a la población especial y contiene los
datos de identificación mínimos necesarios para realizar el proceso de
afiliación ante la entidad promotora de salud-EPS”. De tales registros
hacen parte las personas que por su condición de vulnerabilidad, marginación,
debilidad manifiesta o situación de discriminación, deben estar inscritos en el
régimen subsidiado, sin necesidad de contar con la encuesta del Sisben. Tal
lista, en el caso de adultos mayores, le corresponde elaborarla a los
ancianatos o centros de atención al adulto mayor, y debe ser enviada a la
Secretaría Distrital de Salud para que sea incluida en la base de datos que
sirve de soporte para atender a personas no afiliadas, o para lograr su
posterior afiliación en el subsidiado.
Finalmente,
le corresponde a la entidad territorial realizar la vigilancia y control de las
instituciones que “prestan servicios de vivienda, alimentación y
subsistencia a la población adulta mayor”. Dicha función la realizan a
través de visitas en las que se verifican las condiciones de calidad y los
lineamientos de enfoque diferencial que demarca la política pública nacional
para un envejecimiento activo y saludable, que se encuentra en el marco de la
Ley 1251 de 2008[14],
cuyo objeto es: “proteger, promover, restablecer y defender los derechos de
los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la
familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios
de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad
con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos
Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea
Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios internacionales suscritos
por Colombia”[15].
Asimismo,
la Alcaldía de Cali envía copia de la historia clínica de la señora María
Griselia y un informe[16]
elaborado por Claudia Marcela Trujillo, líder del Centro de Atención al
Adulto Mayor, y Lorena Álvarez Aristizábal, Psicóloga del Equipo Psicosocial
del Centro de Atención al Adulto Mayor, que incluye sus apreciaciones sobre
la accionante, una vez realizada una visita y entrevista a esta última. Del
documento se observa que el día 3 de marzo de 2017 dos profesionales se
dirigieron al Hospital San Miguel, allí establecieron que la demandante cursó
estudios de primaria y no percibe ningún ingreso.
En
el marco de la visita realizaron a la adulta mayor una prueba para establecer
su estado cognitivo, en la cual obtuvo un máximo puntaje en orientación
espacio-tiempo, memoria a corto plazo, atención, concentración y capacidad
ejecutiva, así como en la calificación de lenguaje, siendo el único elemento de
la prueba en el que no obtuvo el máximo puntaje el atinente a la memoria a
largo plazo. En consecuencia, la señora María Griselia alcanzó 34 de 35 puntos
posibles, lo que muestra que tiene “una adecuada capacidad en lo que se
refiere a procesos de pensamiento y conducta (capacidad cognitiva) y sin
evidenciar alteración alguna”[17].
Indica
el informe que por su bajo nivel de escolaridad la accionante no logró
independencia económica, razón por la que debió acudir a la Secretaría de
Bienestar Social e ingresar al Hospital Geriátrico. Sin embargo, expresan que la
señora Sánchez se encuentra inconforme por no percibir un subsidio directo. De
acuerdo con las funcionarias, para la obtención de tal beneficio es necesario
ser calificado por el Sisben, pero estas evaluaciones no se llevan a cabo
dentro de los centros que brindan atención a los adultos mayores en situación
de pobreza.
Con
base en lo anterior y una caracterización del
Destinatario-Usuario-Beneficiario, se recomienda “realizar intervención
psicosocial, que le permitan a la adulta mayor el manejo de la ansiedad y las
posibles somatizaciones que estas generan en momentos de estrés, además de una
valoración por psiquiatría que permita descartar patologías de este orden ||
Así mismo, fomentar actividades que le permitan a la adulta mayor el desarrollo
de sus habilidades, ocupar de manera adecuada su tiempo libre, además de
instaurar en los adultos mayores nuevos conocimientos que redundarán en su
salud física y emocional”[18].
3.5.
Lorena Ivette Mendoza Marmolejo, Defensora del Pueblo
Regional Valle del Cauca, allega informe de visita, entrevista,
fotografías y copia de la caracterización del
Destinatario-Usuario-Beneficiario, así como unas recomendaciones finales[19].
En
estos documentos se puede apreciar que los funcionarios de la Defensoría fueron
atendidos, en primer lugar, por el Gerontólogo Carlos García, quien manifestó
las dificultades de convivencia que se han presentado con la accionante, lo que
ha llevado a múltiples traslados de habitación por los constantes conflictos
que se dan con las demás compañeras. Sin embargo, indica que las dificultades
ya no persisten.
Asimismo,
se le interroga por el problema de los kits de aseo, situación manifestada por
la accionante en el escrito de tutela, a lo que responde que este año se han
entregado jabones, champú y papel higiénico, que les han sido donados por una
fundación mientras se renuevan los contratos con la Alcaldía.
Posteriormente,
se realizó una visita a la Sala Santa Luisa, donde reside la señora María
Griselia. Allí se pueden observar 6 camas, tendidas al momento de la
inspección, y un baño con su respectiva ducha, así como una ventana y varios
armarios. En relación con el espacio particular de la demandante se observó
que: “(s)e advirtió sobre su cama una montaña de ropa, en la pared ganchos
colgados con ropa y un cuadro, en el piso al pie de su cama tarros, bolsas,
tres palo [sic], un asiento con otra cantidad de ropa. Encima del armario se
pudo ver vasos con jugo del día anterior, cascaras [sic] de limón exprimidas
con mosquitos, frascos, botellas y dentro del armario un desorden total”[20].
En
la entrevista con la señora María Griselia se precisó que lleva 6 años viviendo
en el ancianato y tiene 3 hermanos que viven en Armenia. Indica que agradece
tener un sitio en el cual vivir, pero que reclama tranquilidad y buen trato.
Aunque mantiene la calma en la extensa conversación, también llora por
momentos, canta y ríe, lo que muestra un temperamento inquieto. Se le pregunta
por lo afirmado en la tutela, sobre los kits de aseo, a lo que responde que
tiene jabón y champú, pero que les dan muy poco papel higiénico. En cuanto a su
situación económica, informa que recibe ayuda de un amigo y gana dinero lavando
la ropa de sus compañeras.
Dice
que ha tenido muchos problemas con el gerontólogo, Carlos García, ya que la ha
cambiado de habitación y discuten con frecuencia, lo que a su juicio es
maltrato por parte del profesional. En ese momento la Defensora le ofrece la
oportunidad de comunicar sus sugerencias al Director del Hospital, a lo que la
accionante responde que ella ha conversado con este último y que confía en él.
Indica que quisiera tener una habitación sola, porque desea trabajar en sus
proyectos.
Posteriormente,
se promueve por parte de la Defensoría una reunión entre la señora María
Griselia y el Director del Hospital, en la que se permite que esta manifieste
su deseo de recibir un subsidio directo, kits de aseo más completos y contar
con una habitación individual, asimismo se refiere a los problemas con el
médico gerontólogo. El Dr. Ricardo Posada contesta que va a revisar la
posibilidad de la habitación individual, aunque le parece difícil. También
manifiesta que apoyará a la accionante en todos sus proyectos, que va a
trabajar en los kits de aseo y que creará un comité de convivencia. Finalmente,
toma la determinación de cambiar de función al gerontólogo, en relación con la
demandante.
Por
lo anterior, la Defensoría realiza unas recomendaciones finales:
“-
La Defensoría recomienda hacer una mayor intervención con la señora GRISELIA, y
remisión a valoración por médico psiquiatra.
-
Hacerle entrega de la normatividad (Manual de Convivencia), que tiene la
Institución, a fin de que se entere sobre las disposiciones establecidas, para
su acatamiento. Esta recomendación fue aceptada por la señora Griselia, quien
manifestó que le gustaría leerlas.
-
Se recomienda visita a la ESE HISPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL [sic] de
la Secretaría de salud municipal departamento. de Vigilancia y control.
-
Se recomendó a la doctora Claudia Trujillo, Líder del grupo Adulto Mayor de la
Secretaría de Gobierno municipal, remitir información escrita a la Dirección
del Hospital para que se socialice con los residentes, quienes presentaron esa
inquietud del subsidio.
-
La Psicóloga del Equipo psicosocial Centro de Atención al Adulto Mayor,
presentó informe, en el cual recomiendo que se hace necesario realizar
intervención psicosocial, que le permita a la adulta mayor el manejo de
ansiedad y las posibles somatizaciones que estas generan en momentos de estrés,
además de una valoración por psiquiatría que permita descartar patologías de
ese orden. Así mismo, fomentar actividades que le permitan a la adulta mayor el
desarrollo de sus habilidades, ocupar de manera adecuada su tiempo libre,
además de instaurar en los adultos mayores nuevos conocimientos que redundarán
en su salud física y emocional”[21].
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para examinar el fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86º y 241º-9 de la
Constitución Política y 31º a 36º del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico.
La accionante, María Griselia Sánchez, es una mujer de 72
años que por la ausencia de recursos económicos y apoyo familiar, así como en
razón de su especial condición, vive en un hogar geriátrico en la ciudad de
Cali desde hace más de 6 años. En el escrito de tutela relata que la
institución en la que reside, Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel, ha
incurrido en actuaciones que vulneran sus derechos fundamentales, entre las cuales
están: (i) la realización de medidas inapropiadas que le han impedido acceder a
los dineros de los subsidios; (ii) amenazas y tratos humillantes; (iii) cambios
de habitación a lugares más fríos que empeoran su salud (alergias); y (iv) la
entrega incompleta del kit de aseo.
En vista de lo anterior, la señora María Griselia Sánchez
considera afectados sus derechos a la dignidad, salud e integridad física y
psicológica, por lo que solicita que: (i) se detengan las conductas dirigidas a
apropiarse de los subsidios de los adultos mayores; (ii) la cambien de
habitación a una que se encuentre en condiciones que no afecten su salud; (iii)
no continúen los malos tratos y humillaciones contra los adultos mayores; (iv)
les entreguen los kits de limpieza completos; (v) se adopten medidas
disciplinarias en contra de los servidores públicos; (vi) cesen las amenazas de
que la van a sacar del hogar geriátrico.
En consecuencia, el problema jurídico a responder en esta decisión
está dado en determinar si ¿por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel se
desconocieron los derechos fundamentales a la vida digna, salud e integridad
física y psicológica de la señora María Griselia Sánchez, por la supuesta
incursión en irregularidades y mala prestación del servicio hacia los adultos
mayores?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte
considera necesario referirse a tres temas que se encuentran
relacionados: i) la procedencia de la acción de tutela para
amparar derechos de sujetos de especial protección constitucional; ii) la
especial protección constitucional de los adultos mayores; y iii) los
deberes del Estado en relación con los adultos mayores. Posteriormente se
pasará a resolver el caso concreto.
3.   Procedencia
de la acción de tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección
constitucional[22].
3.1.
El artículo 86º superior consagra que cuando se encuentre
amenazado un derecho fundamental, la acción de tutela procede como medio de
defensa judicial para su protección inmediata, respecto de cualquier acción u
omisión que provenga ya sea de una autoridad pública o de un particular[23].
No obstante, de manera previa el juez de tutela tiene la tarea de evaluar si es
procedente el amparo. Así, en caso de no disponer de un medio de defensa idóneo
la tutela será viable de manera definitiva, y en caso de que se busque prevenir
un perjuicio irremediable la acción procederá como mecanismo transitorio[24].
3.2.
Asimismo, este tribunal ha considerado que la acción de
tutela es procedente aún ante la presencia de un mecanismo ordinario de
defensa, cuando:
“(i)
Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) aún cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales; y (iii) el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por
parte del juez de tutela”[25]
(Subrayado fuera del texto original).
3.3.
En el primero de estos eventos debe observarse a la hora de
evaluarse los medios idóneos o eficaces que el requisito de subsidiariedad está
encaminado a restringir el uso de la acción de tutela como mecanismo principal,
en la medida que el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de
1991 dispone la improcedencia cuando existan otros medios de defensa
judiciales, salvo se advierta la falta de eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante. De igual modo, el artículo 9º
establece que el agotamiento de la vía gubernativa no impide la posibilidad de
acudir de manera directa.
En desarrollo de la norma citada, esta Corporación decantó en
la sentencia SU-377 de 2014 que la sola existencia de otro
mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la
improcedencia, sino que el juez debe evaluar la posible eficacia de
protección del instrumento ordinario en las circunstancias específicas del caso
examinado[26].
3.4.
En segundo lugar, conviene precisar que la configuración de un
perjuicio irremediable debe ser analizada dependiendo de las circunstancias de
cada caso concreto, de manera análoga a como ocurre cuando existen otros
mecanismos judiciales de defensa. Se trata de una regla general que se explica
en sí misma, por cuanto, como fue señalado, no todo daño se convierte
autónomamente en irreparable.
Sin embargo, algunos grupos con características particulares
pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de
la sociedad no constituyen perjuicio irremediable sí lo son para ellos, puesto
que por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad pueden
tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento
diferencial positivo”[27],
y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de
protección por vía de tutela.
Al respecto, esta Corporación en la Tutela T-1316 de 2001
señaló que:
“(…)
tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio
irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble
perspectiva.  De un lado, es preciso tomar en consideración las características
globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de
esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las
particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso
concreto. Consecuencialmente, para determinar la procedencia del amparo, cuando
se trata de sujetos de especial protección, el juez deberá analizar cada uno de
estos aspectos.”
De cualquier manera, los criterios que definen si un
perjuicio es irremediable o no deben guardar estrecha relación con los aspectos
sustanciales por los cuales se les concede genéricamente esa especial
protección. En otras palabras, no todos los daños constituyen un perjuicio
irremediable por el simple hecho de tratarse de sujetos de trato preferencial.
3.5.
En lo referido a que el accionante sea un sujeto de especial
protección, la Corte ha estimado que en virtud de la necesidad de garantizar el
amparo constitucional reforzado de que gozan dichos sujetos, y con el objeto de
admitir la viabilidad y prosperidad de la acción, “el juez de tutela
debe considerar con particular atención las circunstancias de debilidad
manifiesta e indefensión en las que se encuentra el titular de los derechos
invocados”[28].
3.6.
Ahora bien, conforme a la Constitución y la jurisprudencia de
esta Corporación los adultos mayores hacen parte de la categoría de sujetos
especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, en
razón a su edad y las debilidades que el avance de esta última genera en la
realización de ciertas funciones y actividades. Estas características pueden
motivar situaciones de exclusión social que repercuten negativamente en el
acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural, lo que justifica
una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la
igualdad material y enfrentar las causas que la generan. La supresión de dichas
barreras no se limita al derecho sustancial, sino que también se aprecia en los
mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar la protección
de los derechos de los adultos mayores.
En ese sentido, para establecer en mejor forma la procedencia
de la presente acción será necesario revisar la relación de los adultos mayores
con algunos de sus derechos constitucionales.
4.   Especial
protección constitucional de los adultos mayores. Reiteración de Jurisprudencia[29].
4.1.
Los adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han
sido catalogados como sujetos de especial protección constitucional en
múltiples sentencias de esta Corporación[30]. Desde el punto de vista
teórico, esto puede obedecer a los tipos de opresión, maltrato o abandono a los
que puede llegar a estar sometida la población mayor, dadas las condiciones,
físicas, económicas o sociológicas, que la diferencian de los otros tipos de
colectivos o sujetos.
4.2.
En el texto “La Justicia y la Política de la Diferencia”,
de Iris Marion Young, se establece que “la gente oprimida sufre en sus facultades
para desarrollar y ejercer sus capacidades y expresar sus necesidades,
pensamientos y sentimientos”[31].
Es decir, que la opresión tiene un significado estructural, que puede
observarse en impedimentos sistemáticos que soporta un determinado grupo[32]. Lo anterior
implica que las desventajas e injusticias que sufren algunas personas, se deben
a “las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal”[33].
Dicha sistematicidad trae como consecuencia que las
instituciones contribuyan diariamente a mantener y reproducir estas estructuras[34],
pero lo más grave es que este fenómeno puede tornarse inconsciente, ya que las
causas de la opresión “están insertas en normas, hábitos y símbolos que no
se cuestionan, en los presupuestos que subyacen a las reglas institucionales y
en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas”[35]. Es por
esto que los derechos de ciertas personas y grupos se ven constantemente
vulnerados, no sólo por agentes estatales sino por los sujetos sociales, y es
por ello también que las políticas encaminadas a su protección deben: (i) ser
estructurales; (ii) atravesar múltiples ámbitos y (iii) buscar no sólo  la
atención a las personas oprimidas, sino también la concientización al resto de
la sociedad, para así asegurar que en un Estado Social y Democrático de Derecho
todos tengan una vida digna.
4.3.
En el texto indicado, Young trae cinco formas en las que un
grupo puede ser oprimido, estas son: la explotación, la marginación, la
carencia de poder, la violencia y el imperialismo cultural. En el caso de la
marginación, la autora plantea que “las personas marginales son aquéllas a
las que el sistema de trabajo no puede o no quiere usar”[36]. Un claro
ejemplo de lo anterior son los adultos mayores, esto porque al llegar a cierta
edad ven la imposibilidad de conseguir un empleo digno y estable, de forma tal
que deben contar con una pensión o recurrir al apoyo familiar, o asistencia
social y del Estado, para suplir sus necesidades. Sin embargo, estos soportes
no siempre se dan, haciendo que muchos miembros de este grupo se encuentren en
situación de miseria[37].
En relación con la carencia de poder, esta se refiere a la no
participación en la toma de decisiones que afectan las condiciones de vida de
los sujetos y sus acciones mismas, así como en la dificultad para acceder a los
beneficios que el ordenamiento jurídico prevé, como los referidos al derecho a
la salud. En el caso de las personas mayores, estas carecen de poder en varios
sentidos debido a que necesitan de: (i) poder económico, porque ya no
pertenecen al sistema de producción; (ii) independencia, ya que entran a
depender de sus familiares; y (iii) autonomía, reflejada en que el destino de
sus vidas no requiere de su exclusiva decisión, sino que deben acudir y esperar
la voluntad de otros para poder alcanzar ciertos objetivos.
4.4.
Ahora bien, al observar el ordenamiento jurídico, la Constitución
en sus artículos 13º y 46º, contempla la especial protección del Estado y la
sociedad a las personas mayores, de acuerdo con el principio de solidaridad y
los preceptos del Estado Social de Derecho que inspiran el ordenamiento
superior. En especial, el artículo 46º pone en cabeza de las familias, la
sociedad y el Estado mismo unos deberes de protección y asistencia en favor de
los adultos mayores, que conlleven su integración en la vida comunitaria. Dicho
precepto constitucional indica que:
“Artículo 46. El
Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad[38]
y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. || El Estado les
garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia” (Negrillas fuera de texto original).
En razón de tal disposición constitucional este Tribunal
indicó en la sentencia C-503 de 2014 que “el Estado debe propender por el
cuidado de la vejez como parte del cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales. Ello por cuanto a pesar de existir un especial deber de
solidaridad en cabeza de la familia, el artículo 46 habla de una
responsabilidad concurrente, y por tanto, el Estado no sólo puede sino que debe
contar con una política pública de cuidado, protección e integración del adulto
mayor, y adoptar las respectivas medidas para implementarlas”.
4.5.
La Corte ha valorado la edad como factor de vulneración para
establecer la procedencia de la acción de tutela en materia pensional, por
cuanto ha estimado que los adultos mayores se encuentran en una posición de
debilidad e indefensión, en tanto se encuentran limitadas para obtener ingresos
económicos que les permitan disfrutar de una vida digna. Asimismo, tal estado
de vida se ve acrecentado por otros factores que esta Corte ha resaltado:
“Empero,
es claro que esa protección deriva del deterioro natural de las funciones
básicas del ser humano, que sobrevienen con el paso de los años, y que se hacen
notorias en unas personas, más que en otras. Ello, trae como consecuencia
inexorable que, conforme avance el tiempo, será cada vez más difícil para ellas
acceder al mercado laboral, o desarrollar alguna actividad de la cual puedan
derivar su sustento. Por eso, la especial protección del Estado hacia esa
población no debe abordarse tomando como factor exclusivo la edad a partir de
la cual, constitucionalmente, se habla de adulto mayor, sino que debe hacerse a
partir del análisis holístico del conjunto de elementos que definen su contexto
real, pues, “la omisión de proporcionar especial amparo a las personas
colocadas en situación de indefensión bien sea por razones económicas, físicas
o mentales puede incluso equipararse a una medida discriminatoria”[39]”[40].
Así las cosas, es indispensable otorgar a los adultos mayores
un trato preferente para evitar la posible vulneración de sus derechos
fundamentales. Acorde con lo expuesto por este Tribunal, cuando estas personas
sobrepasan el índice de promedio de vida de los colombianos y no tienen  otro
medio distinto eficaz, es la acción de tutela la idónea para obtener la
efectividad de sus derechos, como se explicó en el acápite anterior.
4.6.
Lo anterior, en razón a que no se puede desconocer los
constantes inconvenientes que tienen que afrontar las personas de edad avanzada
cuyas condiciones físicas: (i) les impiden trabajar, (ii) les ocasiona
restricciones originadas en las prohibiciones legales que hacen obligatorio el
retiro forzoso de su trabajo al arribar a cierta edad, y en consecuencia, (iii)
los inhabilita para poder proveerse sus propios gastos.
4.7.
En consecuencia, si bien uno de los mayores logros de la
humanidad ha sido ampliar la esperanza de vida, esto no se ve reflejado en la
calidad de vida de las personas mayores. Por el contrario, se evidencia una
mayor exclusión del tejido social, debido en gran parte a prejuicios derivados
de su edad y su presunta incapacidad para realizar diferentes tareas. En este
sentido, la Corte ha manifestado:
“Desde
luego, así como no puede confundirse vejez con enfermedad o con pérdida de las
capacidades para aportar a la sociedad elementos valiosos de convivencia,
tampoco puede perderse de vista que muchas de las personas adultas mayores se
enfrentan con el correr de los años a circunstancias de debilidad por causa del
deterioro de su salud, motivo por el cual merecen estas personas una protección
especial de parte del Estado, de la sociedad y de la familia, tal como lo
establece el artículo 46 de la Constitución Nacional.”[41]
4.8.
Por este motivo, es fundamental que se otorgue un trato
preferencial a las personas mayores, con el fin de evitar posibles
vulneraciones a sus derechos fundamentales y para garantizar la igualdad
efectiva. Por ello, resulta indispensable que el Estado asuma las medidas
necesarias para proteger a este grupo frente a las omisiones o acciones que
puedan generar violación de sus derechos, obrando incluso sobre consideraciones
meramente formales[42].
En el mismo sentido, es importante que se generen espacios de participación en
los que las personas mayores puedan sentirse incluidas dentro de la sociedad y
puedan valorarse sus contribuciones a la misma. Es así como la jurisprudencia
de esta Corporación ha indicado que:
“Reconoce
la misma jurisprudencia que “la tercera edad apareja ciertos riesgos de
carácter especial que se ciernen sobre la salud de las personas y que deben ser
considerados por el Estado Social de Derecho con el fin de brindar una
protección integral del derecho a la salud, que en tal contexto constituye un
derecho fundamental autónomo”. Y si bien, “no puede confundirse vejez
con enfermedad o con pérdida de las capacidades para aportar a la sociedad
elementos valiosos de convivencia, tampoco puede perderse de vista que muchas
de las personas adultas mayores se enfrentan con el correr de los años a
circunstancias de debilidad por causa del deterioro de su salud, motivo por el
cual merecen estas personas una protección especial de parte del Estado, de la
sociedad y de la familia, tal como lo establece el artículo 46 de la
Constitución Nacional”.
Por
tales razones, la Corte itera que los adultos mayores no pueden ser
discriminados ni marginados en razón de su edad, pues además de transgredir sus
derechos fundamentales, se priva a la sociedad de contar con su experiencia de
manera enriquecedora”[43].
4.9.
En desarrollo de estas disposiciones, el Estado ha expedido
un gran número de leyes que consagran derechos a favor de los adultos mayores,
como por ejemplo las leyes 1091 de 2006[44], 1171 de 2007[45]
y 1251 de 2008[46].
Adicionalmente, estas regulaciones buscan ayudar a las personas mayores a
afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste
natural del organismo, así como el advenimiento de diversos efectos propios de
la vejez.
4.10.
También, esta Corporación ha resaltado los instrumentos de
derecho internacional que consagran garantías en favor de los adultos mayores.
Sin perjuicio de que estas no se encuentran circunscritas en un instrumento
único y especial que se refiera a esta población, pueden observarse en otros
convenios y resoluciones de carácter general que realizan importantes menciones
a los derechos de los adultos mayores. Esta precisó en la sentencia T-239 de 2016
que:
“Dentro
de las normas que conforman el derecho internacional, no existe un instrumento
de tipo convencional específico sobre los derechos de los adultos mayores y la
forma en que deben ser garantizados por parte de los Estados, como si ocurre
con otros grupos, como las mujeres, los niños, o las personas en condición de
discapacidad. Sin embargo, algunos instrumentos incorporan provisiones
específicas sobre este asunto o, pese a no tener carácter vinculante, contienen
estándares encaminados a orientar a los Estados sobre la manera de garantizar
los derechos humanos de este grupo poblacional[47].
Para
empezar, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, establece en sus artículos
1.1. y 7 una prohibición de discriminación con base en la edad en relación con
los derechos contemplados en el tratado. El artículo 11.1 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
garantiza el derecho a la seguridad social de las mujeres, entre otros, en caso
de vejez. También la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, incorpora en sus artículos 25 b. y 28 b. provisiones encaminadas
a garantizar los derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado y a la
protección social de este grupo poblacional, incluyendo en relación con su edad[48].
En
cuanto a instrumentos regionales, el Protocolo Facultativo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) establece medidas
para la protección de las personas de edad avanzada y el deber de los Estado
de “(a). proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; (b).
ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos
la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o deseos; (c). estimular la formación de organizaciones
sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.”[49].
De
manera adicional, mediante Resolución A46/91, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las
Personas de Edad. Este documento conmina a los Estados a incluir dentro de sus
políticas internas los principios de independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad para este grupo poblacional. Específicamente, se
incorpora el derecho de los adultos mayores a tener acceso a bienes y servicios
básicos como “[…] alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de
salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y
su propia autosuficiencia.”[50].
4.11.
Dichas regulaciones, nacionales e internacionales, buscan
brindar a los adultos mayores condiciones de dignidad que les permitan acceder
a las prestaciones que requieren para llegar al final de su vida con el pleno
de sus derechos garantizados. Sin embargo, según un estudio de la Organización
Panamericana para la Salud en Colombia, las cinco principales quejas de las
personas mayores en Colombia son: abandono, desprotección estatal,
desatención en salud, falta de centros de atención y maltrato familiar[51].
4.12.
En conclusión, las autoridades y el juez constitucional deben
obrar con especial diligencia cuando se trate de adultos mayores, dadas sus
condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance de sus propias
funciones con un criterio eminentemente protectivo, de forma que se materialice
la intención del Constituyente y se garantice el goce de los derechos
constitucionales[52].
Corresponde a ellas detener la reproducción de prácticas cotidianas que
producen opresión, haciendo especial control a los comportamientos institucionales
que puedan traer consigo consecuencias colectivas a un grupo especialmente
protegido, como los adultos mayores.
Lo anterior hará posible
que estos dejen de experimentar situaciones de marginación y carencia de poder
en los espacios que los afectan. Ello debe verse como un resultado de la
materialización del artículo 46º de la Constitución y de los deberes de
solidaridad que se encuentran en cabeza del Estado, las familias y los
ciudadanos, responsables de suplir las necesidades que adquieren los adultos
mayores por el paso natural de los años. Las instituciones, entonces, deben
buscar maximizar la calidad de vida de estas personas, incluyéndolas en el
tejido social y otorgándoles un trato preferencial en todos los frentes.
Conforme a lo expuesto, el ordenamiento jurídico interno e internacional se han
venido adaptando para dar mayor participación a los miembros de este grupo
especial y crear medidas de discriminación positiva en su beneficio.
En ese sentido, veremos los deberes más importantes que pone
el ordenamiento constitucional y legal en cabeza de las autoridades, con el fin
de establecer cuáles son las condiciones mínimas que estas deben brindar para
garantizar una vida digna a los adultos mayores.
5.   Deberes
del Estado en relación con los adultos mayores.
5.1.
Deber de protección[53].
5.1.1. En el contexto de la especial protección que requieren
los adultos mayores, resultan de especial importancia los principios de
solidaridad y de dignidad humana consagrados en el artículo 1º de la Constitución.
En efecto, en la sentencia C-503 de 2014 esta Corporación resaltó que:
“(E)l
Constituyente de 1991 erigió el principio de solidaridad como elemento esencial
del Estado Social de Derecho, tal como se expresa en el artículo 1 de la Carta.
En este sentido, la Corte ha definido el principio de solidaridad como: “un
deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al
conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y
actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La
dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la
obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de
éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta,
en razón a su condición económica, física o mental”[54].
Igualmente,
la jurisprudencia constitucional ha manifestado que este principio de
solidaridad se concreta en una serie de obligaciones exigidas a los distintos
componentes de la sociedad, orientados hacia la consecución de los fines
esenciales de la organización política consagrados en el artículo 2
constitucional. Además, ha establecido que “este principio se traduce en la
exigencia dirigida especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más
desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos.
Tal es el caso de las personas que se encuentran en situación de indigencia”[55].
5.1.2. Respecto de los adultos mayores existe una carga
específica en cabeza del Estado, la sociedad y la familia para que colaboren en
la protección de sus derechos, ya que éstos se encuentran en una situación de
vulnerabilidad mayor en comparación con otras personas. Sin embargo, el Estado
es el principal responsable de la construcción y dirección de este trabajo
mancomunado, que debe tener como fin último el avance progresivo de los
derechos de la población mayor[56].
5.1.3. La importancia de
brindar protección y condiciones especiales a las personas mayores se ha visto
reflejada desde el derecho nacional e internacional[57]. Como se
indicó en el acápite 4 de esta providencia, existen algunos instrumentos que
sin ser especializados en la materia, desarrollan obligaciones a cargo de los
Estados a favor de las poblaciones especialmente vulnerables, entre las cuales
pueden encontrarse los adultos mayores. Entre estos, en el sistema universal la
Carta de las Naciones Unidas de 1945 en su artículo 55º exalta el deber de los
Estados de promover estándares de vida más elevados para todas las personas. También,
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 resalta la importancia de
otorgar condiciones especiales a las personas de edad avanzada, en especial en
su artículo 25º, en el que establece que: “Todas las personas tienen derecho
a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su
familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales
necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad,
discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias
ajenas a su voluntad”.
5.1.4. En el mismo sentido, la Convención sobre el Estatuto
de Refugiados de 1951 dispone en el artículo 24º que “los Estados han de
tratar a los refugiados legalmente acogidos en su territorio con el mismo
respeto hacia sus derechos que a sus propios ciudadanos, incluyendo seguridad
social para los refugiados en caso de enfermedad, discapacidad o edad avanzada.
Puesto que los refugiados de edad avanzada pueden enfrentarse a problemas muy
específicos con respecto a los demás refugiados”. Igualmente, el Pacto
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reafirma a
lo largo de sus disposiciones la importancia de garantizar el derecho a la
seguridad social y en la Observación General Nº 14 proferida por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reitera que en lo concerniente a
la salud de los adultos mayores los Estados tienen la obligación de prestar el
servicio de forma integral.
5.1.5. Por otro lado, la Recomendación Nº 162 de la OIT sobre
los trabajadores de edad (1980) dispone que “los trabajadores de más edad
deben disfrutar de las mismas oportunidades y tratamiento que otros
trabajadores sin discriminación de edad, lo que incluye el derecho a la vivienda,
servicios sociales e instituciones sanitarias, particularmente cuando este
acceso está relacionado con su actividad ocupacional o empleo”.
5.1.6. En el marco del sistema regional de derechos humanos, en
la Organización de Estados Americanos (OEA) de la cual hace parte Colombia, se
promueve la protección especial de los derechos de los adultos mayores, lo que
puede observarse en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el
Protocolo de San Salvador de 1988. Este último, reconoce que las personas de
edad avanzada gozan de unos derechos exclusivos y en el artículo 17º señala
que: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su
ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de
manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la
práctica y en particular a: i) proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada, a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismas; ii) ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a
los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus
capacidades respetando su vocación o deseos; iii) estimular la formación de
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos”.
5.1.7. Además de estos instrumentos internacionales existen a
nivel global una gran cantidad de documentos, convenciones y tratados cuyo
propósito es garantizar la calidad de vida digna y adecuada de las personas
mayores. A modo de ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, con base en el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento aprobado por la
Asamblea Mundial sobre en 1982, estableció mediante Resolución 45/106 del 14 de
diciembre de 1990 que el 1º de octubre seria el día Internacional de la
Personas de Edad, tiempo después por medio de la Resolución 46 del 16 de diciembre
1991 estableció los Principios de la Naciones Unidas a Favor de las Personas de
Edad. Así también, en el año 2002 la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional Madrid que busca atender
los retos del envejecimiento en el Siglo XXI.
5.1.8. Muchos de los instrumentos internacionales mencionados
hacen parte del bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 93º de la Carta
Política[58].
Por ello, se deriva para el Estado una obligación constitucional de protección,
que deriva en un trato preferencial a los adultos mayores. Dicho trato consiste
en garantizar, efectivizar y vigilar el cumplimiento de sus derechos, brindando
las condiciones necesarias para que lo que reste de sus vidas se viva en
condiciones dignas y sin tratos humillantes.
5.1.9. Ahora bien, el ordenamiento interno ha venido también
desarrollando una serie de normas que consagran los derechos de los adultos
mayores, así como políticas nacionales que benefician a este grupo de sujetos
de especial protección, y en general concientizan sobre una etapa que todo ser
humano tendrá que afrontar, por lo que la protección de hoy es la protección
futura.
En efecto, a través de la Ley 687 de 2001 se
comienza a hablar de los Centros de Vida, destinados a proteger y brindar
servicios a los adultos mayores, y se autoriza a las asambleas departamentales
y concejos distritales y municipales “para señalar el empleo, la tarifa
discriminatoria y demás asuntos inherentes al uso de la estampilla pro-dotación
y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, centros de la vida
para la tercera edad en todas las operaciones que se realicen en sus entidades
territoriales”[59].
Igualmente, para aquellos centros en los que los ancianos indigentes no
pernocten, se impone la obligación de garantizar “el soporte
nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales”[60].
Posteriormente, la Ley 700 de 2001 desarrolla el
artículo 46º de la Constitución y está dirigida especialmente a aquellos
adultos mayores pensionados. A través de ésta el Estado se obliga a consignar
la mesada correspondiente en la entidad financiera que el adulto mayor elija, a
hacerles el pago de las mesadas cualquier día del mes una vez ya se haya
consignado, y brinda la posibilidad de reclamar su mesada en cualquier
ventanilla de la entidad financiera sin excepción, todo esto bajo la vigilancia
de la Superintendencia Financiera.
Por otro lado, la Ley 1091 de 2006 advierte que todo
ciudadano mayor de 65 años, residente en Colombia, es considerado “Colombiano
de Oro” y, en consecuencia, es acreedor a una credencial que lo identifica como
tal. Esta credencial le otorga un gran número de beneficios y de garantías muy
positivas para el proceso de protección de los adultos mayores; estos están
enunciados en el artículo 3º de la ley en comento, que dice lo siguiente: “Todo
Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el cual le confiere derecho a
atención preferencial, ágil y oportuna así como el servicio de salud brindado
por el Sistema General en Seguridad Social Integral, y también gozará de
descuentos en programas especiales de turismo ofrecidos por las Cajas de
Compensación Familiar, para los no afiliados y afiliados”.
Esta ley, también brinda la oportunidad al Estado de realizar
convenios con el sector privado para obtener descuentos y trato preferencial al
Ciudadano de Oro; establece el 24 de noviembre como el día del Colombiano de
Oro; y dispone de la creación de unas ventanillas especiales en las entidades
estatales y privadas para atender a los ciudadanos de oro. Sin embargo, su
texto nunca ha sido llevado a la realidad, ya que el Gobierno Nacional no ha
expedido la reglamentación necesaria para que la mencionada credencial empiece
a expedirse.
Igualmente, los adultos mayores cuentan con la Ley 1171 de
2007 que tiene por objeto “conceder a las personas mayores de 62 años
beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la
salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida”.
Esta norma permite a las personas mayores de 62 años, indistintamente de si son
nacionales o extranjeros, acceder a toda esta clase de beneficios con sólo
presentar su cédula de ciudadanía, o un documento de identificación que
acredite su edad, en el caso de los extranjeros.
Por medio de esta ley, se otorgan descuentos en espectáculos,
en instituciones educativas, tarifas diferenciales en el transporte público, en
hotelería y turismo; adicionalmente, concede ciertos beneficios, estableciendo
entrada gratuita a museos, bienes de interés cultural de la Nación, ventanillas
preferenciales, asientos preferenciales, prelación en la atención en
consultorios jurídicos, en consultas médicas y la entrega de medicamentos del
POS en el domicilio del beneficiario en caso de no habérsele suministrado de
manera inmediata los insumos. Por último, determina que la edad no debe ser
tenida en cuenta para ser aceptado en instituciones educativas.
Es importante referir también a la Ley 1251 de 2008, cuyo
objeto es “proteger, promover, restablecer y defender los derechos de
los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la
familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios
de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez”.
Esta norma define algunos conceptos importantes en materia de
protección y garantía de derechos de las personas mayores (art. 3), plantea una
serie de principios rectores para su aplicación (art.4), y enuncia los derechos
de los ancianos y los deberes de la sociedad para con ellos (art. 5 y 6). En su
Título II define los lineamientos principales para trazar la Política Nacional
de Envejecimiento y Vejez. En su Título III, los requisitos para el
funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios de atención y
protección integral al adulto mayor. Para terminar, el Título IV se refiere al
Consejo Nacional del Adulto Mayor.
También se puede observar la Ley 1276 de 2009, la cual
reforma la Ley 687 de 2001 y autoriza a las “Asambleas departamentales y a
los concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se
llamará Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de
obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación,
dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de
los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en
cada una de sus respectivas entidades territoriales”.
Indica la norma que son beneficiarios de dichos centros de vida
los adultos mayores de niveles I y II del Sisbén o quienes requieran este
servicio. Estos centros son entendidos como el “conjunto de proyectos,
procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa
orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los Adultos
Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y
bienestar”. En estas instituciones deberá ofrecerse alimentación,
orientación psicosocial, atención primaria en salud, aseguramiento en salud,
deporte, recreación, auxilio exequial, entre otros. Estos centros se financian
principalmente en un 70% con la estampilla municipal y departamental comentada
anteriormente.
Por último, también es necesario traer a colación la Ley
1315 de 2009, en la que se establecen las condiciones mínimas que
dignifican la estadía de los adultos mayores en los centros de protección
social para el adulto mayor, centros de día e instituciones de atención.
Entendidos los primeros como “Instituciones de Protección destinadas al
ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar social y cuidado integral
de manera permanente o temporal a adultos mayores”, las segundas como “Instituciones
destinadas al cuidado, bienestar integral y asistencia social de los adultos
mayores que prestan sus servicios en horas diurnas”, y las últimas como “Instituciones
públicas, privadas o mixtas que cuentan con infraestructura físicas (propias o
ajenas) en donde se prestan servicios de salud o asistencia social y, en
general, las dedicadas a la prestación de servicios de toda índole que
beneficien al adulto mayor en las diversas esferas de su promoción personal
como sujetos con derechos plenos”.
5.1.10. Ahora bien, las mencionadas normas nacionales y
extranjeras establecen unos deberes de protección en cabeza del Estado, a quien
le corresponderá en última instancia responder por las determinaciones
establecidas en el ordenamiento jurídico a favor de los adultos mayores. Estas
disposiciones ponen en cabeza de instituciones específicas, nacionales o
descentralizadas, obligaciones que buscan garantizar los derechos de los
adultos mayores, especialmente los de aquellos que tienen una condición de
vulnerabilidad asociada a su situación económica o familiar. Así lo ha
establecido esta Corporación que en sentencia T-544 de 2014 determinó que:
“Bajo ese entendido, el Estado adquiere el deber de implementar
medidas que impliquen una verdadera materialización de los derechos radicados
en cabeza de las personas de la tercera edad, para que puedan llevar una vida
digna al estar reconocidos como sujetos de especial protección constitucional.
De igual manera, conforme con el artículo 46 precitado, el principio de
solidaridad respecto de este grupo de personas es de mayor exigencia, haciendo
un llamado en primera medida a la familia y, en subsidio, a la sociedad y a los
entes estatales, a hacer efectivo el amparo reforzado del cual deben ser
beneficiarios[61].
Se ha señalado entonces, que cuando por situaciones naturales de
la edad la persona se ve disminuida en sus capacidades físicas y mentales, es
en principio la familia quien debe entrar a proteger al adulto mayor y procurar
que pueda llevar una vida digna. Sin embargo, este deber de solidaridad de los
familiares no es absoluto pues, en ocasiones, los integrantes de su núcleo se
encuentran en imposibilidad de proveer este auxilio por factores económicos, de
salud o incluso de edad, motivo por el cual, el Estado debe intervenir para
evitar la desprotección de las personas de la tercera edad”.
5.1.11. Ahora bien, cuando el Estado central o las entidades
territoriales no son quienes se hacen cargo de la protección de los adultos
mayores de forma directa, bien sea porque las familias o instituciones
particulares, o descentralizadas por servicios, asumen tal labor, ello no es óbice
para que no mantenga una estricta vigilancia. Lo anterior, con el fin de
garantizar que estos escenarios también brinden condiciones de vida digna a los
adultos mayores, libres de tratos humillantes y donde puedan desarrollarse con
tranquilidad y libertad.
5.1.12. Dicho lo anterior, le corresponde al Estado
supervisar constantemente a las instituciones que prestan servicios
asistenciales a los adultos mayores, sin otra finalidad que crear márgenes de
protección adecuados para las personas mayores. En consecuencia, debe (i) estar
atento a realizar visitas programadas, o no, a estos lugares, y (ii) responder
con diligencia y agilidad a las quejas que se puedan presentar, especialmente
si provienen de quienes habitan o dependen de estas instituciones.
En particular, el marco normativo interno, descrito
previamente, es claro a la hora de determinar estos deberes de control y
vigilancia en cabeza del Estado. En ese sentido, la Ley 1251 de 2008 en el
literal e) del artículo 6º y en parágrafo del artículo 24º indica que le
corresponde al Estado la inspección, vigilancia y control de las entidades
públicas o privadas que presten servicios a los adultos mayores, especialmente
al Ministerio de Protección Social y las entidades territoriales:
“Artículo 6°. Deberes. El
Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de
comunicación deberán para con los adultos mayores:
1. Del Estado
(…)
e. Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y
control de las distintas entidades públicas y privadas que prestan servicios
asistenciales al adulto mayor;
(…)
Artículo 24. Inspección y vigilancia. El
Ministerio de la Protección Social, tendrá la responsabilidad de hacer
seguimiento al estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente ley.
Parágrafo. Para ejercer la
vigilancia y el control pertinente, el Ministerio de la Protección Social, en
coordinación con los organismos de control competentes, establecerán los
parámetros y mecanismos aplicables a los entes territoriales competentes para
la efectividad del proceso” (Subrayado fuera del
texto original).
Asimismo, el artículo 8º de la Ley 1276 de 2009 precisa que
el control de los recursos de los centros vida se hará por parte de las
entidades territoriales:
“Artículo  8°. Modifícase el artículo 5° de la Ley 687 de 2001, el cual
quedará así: Responsabilidad. El Alcalde municipal o distrital será el
responsable del desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de
los recursos de la estampilla y delegará en la dependencia afín con el manejo
de los mismos, la ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y
creará todos los sistemas de información que permitan un seguimiento completo a
la gestión por estos realizada.
Parágrafo. Los distritos y municipios podrán suscribir convenios
con entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante,
estos deberán prever dentro de su estructura administrativa la unidad encargada
de su seguimiento y control como estrategia de una política pública orientada a
mejorar las condiciones de vida de las personas de tercera edad” (Subrayado
fuera de texto).
Finalmente, el artículo 14º de la Ley 1315 de 2009 determina
que la vigilancia de las instituciones de atención a adultos mayores le corresponde
a las Secretarías de Salud de los niveles Departamental, Distrital y Municipal,
precisando que:
“Artículo
14. El seguimiento de vigilancia y control a los centros de
protección social, de día e instituciones de atención para adultos mayores y/o
de personas en situación de discapacidad corresponde a las Secretarías de Salud
de los niveles Departamental, Distrital y Municipal. Por
lo menos una vez cada año se efectuará una visita de seguimiento y control a
estos sitios; no obstante la respectiva entidad de conformidad con la
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social,
entregará informes de gestión”.
5.1.13. En suma, frente a situaciones que alteren la debida
prestación de servicios dirigidos a los adultos mayores, le corresponde al
Estado ejercer actividades de vigilancia y control, tendientes a proteger a
este grupo de especial importancia constitucional.
5.1.14. Dicha protección debe ser aún mayor frente a
situaciones de maltrato, violencia o tratos humillantes, que puedan ocasionarse
en estos espacios exclusivamente destinados a generar condiciones de vida digna
a las personas mayores. En relación con la definición de maltrato hacia los
adultos mayores, la doctrina[62]
ha indicado que esta se puede manifestar en diferentes formas, generando graves
afectaciones en estos sujetos protegidos, especialmente en su autoestima y
autonomía:
“El maltrato al geronte es una conducta destructiva dirigida
hacia una persona mayor, se produce cuando hay un daño afectivo para la salud o
bienestar de dicha persona y está provocado por el desconocimiento sobre el
tema, lo cual demuestra la poca preparación para enfrentar la vejez[63].
|| Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre abuso o
maltrato al adulto mayor, puede ser definido como una situación no accidental,
en la cual este sufre un trauma físico, deprivación de necesidades físicas
básicas, injuria mental o acoso, como resultado de un acto u omisión por parte
de familiares o de otras personas, que causa daño a su salud o bienestar
psicológico y social, o ambos[64]. || El maltrato
se puede presentar en sus diferentes modalidades: Abuso físico, psicológico,
sexual o financiero; negligencia que puede ser física, psicológica o
financiera. Se toman en cuenta: Maltrato en la familia, maltrato en las
instituciones (Residencias, Hospitales, Centros de salud, Asilos), maltrato en
otros lugares como Reparticiones del Estado, Comunidad, y el maltrato por parte
de la pareja (Otro anciano)[65]. || La violencia financiera
es otra de las formas de abuso contra los ancianos, esta se da cuando se usan
los recursos del senescente en beneficio del cuidador, cuando es víctima de
chantaje financiero, de destrucción, de pérdida o extracción discriminada de
propiedades físicas (objetos, dinero, entre otros), no darle la ayuda económica
que necesitan (quedar estos dependiendo de familiares, amigos allegados o de la
propia sociedad), o la coerción para firmar documentos legales como testamentos
y propiedades[66]. || La
negligencia y el maltrato psicológico siguen en frecuencia al abuso económico.
La negligencia es el fallo de la persona que está al cuidado del anciano para
proveerle las necesidades básicas de la vida diaria, y esa negligencia puede
ser física, emocional o financiera. La física puede ser el fallo para proveerle
de los espejuelos, la dentadura, las medidas de seguridad y la higiene; la
emocional incluye aquellos fallos para proveer al anciano de estimulación social,
como por ejemplo, dejarlo solo por largos períodos; y la negligencia financiera
se produce con los fallos para usar los recursos disponibles para restaurar o
mantener el bienestar del anciano. Bajo la negligencia también se enmarcan
ciertas conductas como proporcionar dosis inadecuadas de medicación, ya sea por
exceso o por defecto, o administrar una medicación errónea[67]. ||
El maltrato psicológico se refiere a las amenazas de abandono, de acusaciones,
acoso, intimidación con gestos, palabras, infantilización, desprecio verbal,
uso de palabras obscenas, limitación del derecho de privacidad, de decisión, de
información, voto y de comunicación[68]”.
5.1.15. Asimismo, las investigaciones empíricas han mostrado
que esta situación de maltrato se hace más frecuente cada vez, especialmente en
los países latinoamericanos. Sobre esto se ha indicado que:
En el mundo actual hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor índice son: Colombia, Brasil
y Panamá, en ese orden, donde se registran anualmente más de 102 mil casos de
extrema violencia, de los cuales 37,15 % son en ancianos. Por su parte, en
Argentina y Chile este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de
tres décadas[69]. || Según
estimados, para el 2020 existirán, por primera vez, más ancianos que niños. Por
ello, en los próximos años habrá que seguir de cerca el trato a este grupo
poblacional. Es de esperar que se incremente el abuso contra el anciano, y el
impacto de este abuso sobre la salud debe ser considerado. Garantizarles
condiciones de vida que les ofrezcan independencia, protegerlos jurídicamente,
crearles espacios adonde acudir para reclamar por las violaciones que pudieran
sufrir y brindarles información a ellos y a la sociedad sobre las formas en que
se puede manifestar el maltrato, son acciones que deben cumplirse con exactitud
y que contribuirían a la prevención de la violencia[70].
5.1.16. En conclusión, la labor de vigilancia del Estado
sobre las actividades dirigidas a proteger a los adultos mayores no se reduce a
meras prestezas administrativas, sino que incluye controles ciertos y precisos
que brinden una efectiva independencia y protección jurídica, así como física,
económica y psicológica a los adultos mayores.
Dicha obligación, como se expuso, deviene del deber de
solidaridad que, por disposición constitucional, se tiene con los adultos
mayores, y que se puede ver manifestado en numerosos instrumentos
internacionales y normas de derecho interno, como los destacados en esta
sentencia. Ahora bien, esta solidaridad debe acrecentarse cuando se esté frente
a adultos mayores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad especial
por su condición económica o familiar. Por ello, el deber de vigilancia y
protección del Estado debe tender a ser más riguroso frente a las instituciones
que tengan a su cargo el cuidado de personas mayores que se encuentren
abandonadas o en condición de pobreza, sin olvidar que dicha función de cuidado
es responsabilidad, principalmente, de las entidades territoriales.
Asimismo, el Estado tiene otros deberes prestacionales y
asistenciales, principalmente dirigidos a adultos mayores en situación de
pobreza.
5.2.
Deberes prestacionales y asistenciales[71].
5.2.1. En concordancia con la protección del adulto mayor, el
Estado ha implementado políticas públicas encaminadas a brindar subsidios y
prestaciones que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida. Entre
estas se incluyen ayudas que se otorgan a nivel nacional, departamental y
municipal, así como asistencias que son garantizadas a todas las personas
mayores en condiciones de igualdad.
5.2.2. Sin embargo, existen también ciertas obligaciones que
deben ser llevadas a cabo con mayor suficiencia y dedicación en favor de
poblaciones especialmente protegidas, entre las cuales están los adultos
mayores. Por ejemplo, este Tribunal ha reconocido que en materia de pensiones y
salud las garantías de acceso tienen que ser más amplias para ellas[72]. Así, en
materia de salud se ha precisado que:
“La Corte Constitucional ha estudiado en
varias oportunidades y con ocasión de distintos temas la especial protección
que tienen las personas de la tercera edad. Por ejemplo, en un caso en el que
se pretendía el amparo del derecho a la salud de un adulto mayor, esta Corte
sostuvo:
“Los adultos mayores necesitan una
protección preferente en vista de las especiales condiciones en que se
encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de garantizar los
servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra
la atención en salud.
La atención en salud de personas de la
tercera edad se hace relevante en el entendido en que es precisamente a
ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en razón de las
dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se encuentran”[73]”[74].
5.2.3. Asimismo, en temas pensionales la Corte ha recalcado
que esta prestación está directamente ligada al mínimo vital, pero que en
personas mayores adquiere una especial importancia en la medida en que puede
afectar su vida en condiciones dignas y que es difícil que estas recurran a
otras opciones para asegurar un ingreso que les permita vivir con suficiencia[75]. Por ello,
esta Corporación ha permitido que vía acción de tutela muchos adultos mayores
reclamen su mesada pensional, sin tener que acudir al mecanismo ordinario. En
sentencia T-567 de 2014, esta Sala indicó que:
“Por
otro lado, la Corte ha señalado que someter a una persona de la tercera edad a
un litigio laboral con las tardanzas y complejidades propias de los procesos
ordinarios, cuando tiene la calidad de sujeto de especial protección
constitucional, resulta gravoso más aún cuando se trata de derechos
fundamentales que de no ser reconocidos repercuten directamente en detrimento
del derecho a la vida en condiciones dignas.
En
conclusión, si bien la tutela en principio no es procedente para reclamar un
derecho pensional, puede serlo excepcionalmente cuando se trate de un sujeto de
especial protección, que ante  la falta del reconocimiento del pago de la
pensión de sobrevivientes ve vulnerado su mínimo vital y dignidad humana,
trascendiendo el rango del conflicto meramente legal para adquirir relevancia
ius-fundamental”.
5.2.4. Ahora bien, aun cuando la sociedad y la familia tienen
un papel activo en la protección y cuidado de los adultos mayores, como
población especialmente protegida, dichas prestaciones a cargo del Estado
tienen un carácter asistencial parcial. Esto, porque dentro del grupo de
adultos mayores hay quienes se encuentran en un mayor riesgo o en situaciones
más apremiantes. En consecuencia, para estos se derivan unas prestaciones de
carácter asistencial y subsidiado que deben ser brindadas por el Estado,
especialmente si la familia no está presente para hacerse cargo.
5.2.5. Muchos de los programas de atención a los adultos
mayores que actualmente funcionan en Colombia se originan en los artículos 257º[76] y 258º[77] de la Ley
100 de 1993. En virtud de ellos, se creó el programa de auxilios para personas
mayores en condición de indigencia, con el objeto de apoyarlos económicamente
hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, siempre que
cumplieran con las exigencias establecidas en la ley[78] [79].
Especial atención merecen los adultos
mayores en situación de pobreza extrema que, como explicó esta Sala en la
sentencia T-207 de 2013, por su edad avanzada y no contar con ingresos
suficientes requieren de una mayor protección. Así,
partiendo de la aplicación del principio de solidaridad y de la protección a la
dignidad humana (arts. 1 y 13 superiores), el ordenamiento jurídico le reconoce
una protección especial a los adultos mayores en situación de pobreza extrema,
a la hora de proteger sus derechos individuales, lo cual se ve reflejado en
disposiciones de rango constitucional, de derecho internacional y en el orden
legal, tal y como se observó en el acápite anterior.
5.2.6. Ahora bien, en ejercicio de las facultades conferidas
al Gobierno Nacional por la Ley 100 de 1993 de
reglamentar todo lo concerniente al Fondo de Solidaridad Pensional (arts.
13, 20, 25, 26, 27, 28, 29) y de hacer lo propio respecto de
los programas de protección al adulto mayor (art. 258), fue expedido el Decreto 3771 de 2007 “por el cual se reglamenta la administración y el
funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional”[80]. Específicamente, el artículo 1° de la norma lo define de la
siguiente manera:
“Naturaleza y objeto del Fondo de Solidaridad Pensional. El
Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin
personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, destinado
a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones
de los grupos de población que por sus características y condiciones
socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así
como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas
en estado de indigencia o de pobreza extrema.
El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas que
se manejarán de manera separada así:
-Subcuenta de Solidaridad destinada a subsidiar los aportes
al Sistema General de Pensiones de los trabajadores asalariados o
independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos
para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas,
músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las
madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los
miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de
producción.
-Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las
personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio
económico que se otorgará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del
presente Decreto.”(Negrilla fuera de texto).
5.2.7. A partir de esta
norma quedaron modificadas las competencias y características de los programas
de atención al adulto mayor en situación de pobreza que habían sido consagradas
en el aparte de “servicios complementarios” de la Ley 100 de 1993. Las
principales particularidades que trata la nueva reglamentación son:
i)
La financiación se da con los recursos que alimentan la
Subcuenta de Subsistencia (art. 29[81]),
los cuales provienen de los rubros descritos en el numeral 2° del artículo 6º[82].
ii)      Estos recursos son administrados por sociedades fiduciarias,
a las cuales les corresponde hacer el respectivo giro a los beneficiarios del
programa a través de las entidades bancarias con las cuales celebren convenios
(arts. 2[83]
y 36[84]).
iii)   El administrador fiduciario debe realizar permanentemente la
evaluación, seguimiento y control de los beneficiarios y de los recursos de la
Subcuenta. Para ello deberá, entre otros, crear una base de datos con la
información suministrada por las entidades territoriales. (art. 3, numeral 2.3
del acápite de “Obligaciones respecto de la Subcuenta de Subsistencia”[85]).
iv)    Según lo establece el artículo 30º, los
requisitos para ser beneficiario son: “1. Ser colombiano. 2. Tener como
mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la
pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 3. Estar
clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos
suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de
estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario
mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o
viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario
mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del Adulto
Mayor; o asisten como usuarios a un Centro Diurno. 4. Haber residido durante
los últimos diez (10) años en el territorio nacional.”
v)
La entidad territorial verifica cada seis meses el
cumplimiento de los requisitos y selecciona a los beneficiarios (parágrafo 2°[86]
del artículo 30º), los cuales son priorizados para detectar a los más
necesitados (art. 33º[87]).
vi)    Existen
dos tipos de subsidios: directo e indirecto. El primero se gira en dinero
directamente a los beneficiarios. El segundo se otorga en servicios sociales
básicos y se entrega a través de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor,
Centros Diurnos, Resguardos Indígenas o a través del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- (art. 31º[88]).
vii)      El
número de cupos es asignado directamente por el Ministerio de
Salud y Protección Social, según la disponibilidad
presupuestal y las metas fijadas por el CONPES (art. 31º[89]).
viii)    Según
el artículo 37º de la norma, el derecho al subsidio se pierde cuando se dejen
de cumplir los requisitos para ingresar y en los siguientes casos: “1. Muerte del beneficiario. 2. Comprobación de falsedad en la
información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.
3. Percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio. 4. Mendicidad
comprobada como actividad productiva. 5. Comprobación de realización de
actividades ilícitas, mientras subsista la condena. 6. Traslado a otro
municipio o distrito. 7. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos
giros. 8. Ser propietario de más de un bien inmueble”.
ix)
El reporte de la novedad de retiro lo hace el ente
territorial y deberá regirse a lo establecido Manual Operativo del Programa de
Protección Social al Adulto Mayor elaborado por el Ministerio
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), el cual deberá garantizar el debido proceso (art. 37º).
Sobre esto último es necesario traer a colación el artículo 29º superior en el
sentido de que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”. Ahora bien, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que en
principio se encuentran las personas que pertenecen a este tipo de programas,
el respeto al debido proceso en estos casos no puede constituirse en el
agotamiento meramente formal de etapas procesales. Por el contrario, en virtud
de la especial protección constitucional que merecen las personas mayores en
situación de pobreza, las autoridades competentes de llevar a cabo dichos
trámites tienen la obligación de verificar las condiciones reales de los
beneficiarios antes de proceder a iniciar el trámite, evitando la arbitrariedad
y el incremento de la situación de indefensión en la que se encuentran. No
hacerlo desconoce los principios de solidaridad y de respeto por la dignidad
humana y deriva en una violación de los derechos fundamentales al mínimo vital
y al debido proceso de sujetos de especial protección constitucional.
5.2.8. Teniendo en cuenta las anteriores características, debe
resaltarse que esta clase de subsidios no deben ser entendidos como una simple
asistencia social, sino que se constituyen en la forma de garantizar el mínimo
vital de un sector de la población que se encuentra en alto grado de
vulnerabilidad, como son adultos mayores en estado de pobreza. Por ello, la
Corte ha precisado que el Estado debe desarrollar ciertos deberes en relación
con las personas mayores:
“(i) Los adultos mayores en situación de pobreza extrema o
habitabilidad en calle gozan de una especial protección constitucional debido a
sus condiciones económicas de vulnerabilidad y marginación, así como a la
potencial disminución de sus capacidades por el aumento de la edad; (ii) es
deber del Estado garantizar la materialización de los derechos de estas
personas a la salud, seguridad social, a recibir un subsidio alimentario y a
los demás contemplados en la Constitución Política y la ley, a través de
acciones directas e indirectas, la implementación de políticas públicas y
acciones afirmativas; (iii) los deberes sociales en cabeza del Estado, la
sociedad y la familia en relación con los adultos mayores han de convertirse en
obligaciones de carácter legal y han de ser justiciables con el fin de evitar
afectaciones a los derechos fundamentales de estas personas, en especial al
mínimo vital”.
5.2.9. Por esto, en cumplimiento del artículo 366º de la
Carta y de los principios de solidaridad y dignidad humana, el Estado debe
destinar prioritariamente parte de su presupuesto al gasto público social, a
través de la creación de programas como el aquí descrito. Lo anterior, por la
importancia de proteger los derechos de los adultos mayores en condición de
pobreza, tal y como se señaló en sentencia T-833 de 2010:
“Esta
corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones
sobre el principio de solidaridad, para significar que el mismo le asigna al
Estado unos deberes de ineludible cumplimiento con el único propósito de
alcanzar la realización material de los derechos individuales y de aquellos que
responden a una connotación social y económica, cuya satisfacción en el Estado
social de derecho se convierte en una condición indispensable para garantizar
el bienestar general de los habitantes del territorio nacional.
Tratándose
de los derechos de las personas de la tercera edad, los deberes que se imponen
al Estado resultan imperiosos para procurar verdaderas condiciones materiales
de existencia digna[90].
De esa manera, las personas que se encuentran en la mencionada categoría son
acreedoras de una especial protección, proveniente no sólo del Estado sino de
los miembros de la sociedad.”
5.2.10. En conclusión, es
en virtud de los principios de solidaridad y de respeto a la dignidad humana
que las personas en estado de pobreza extrema son sujetos de especial
protección por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esta
situación adopta una mayor relevancia constitucional y una doble necesidad de
protección en aquellos casos en donde el individuo es además una persona mayor
que padece complicaciones de salud. En estos casos, “los programas de
protección al adulto mayor en riesgo de indefensión, refrendan las aspiraciones
constitucionales de protección y garantía de los derechos y libertades de ese
grupo poblacional. El papel preponderante que desempeña el diseño e
implementación de estos programas en el territorio nacional, debe ser entendido
en toda su dimensión, para materializar intereses superiores como el mínimo
vital, la igualdad, la vida digna, entre otros, a quienes por sus condiciones
físicas, de abandono e indigencia, el auxilio económico constituye la única
expectativa real para la satisfacción de las necesidades mínimas”[91].
Asimismo, estos deberes
asistenciales deben observarse en diversas dimensiones de especial importancia
para la población mayor, como los de salud y pensiones. Sin perjuicio de que,
como se indicó, deben priorizarse los beneficios dirigidos a los adultos
mayores en condición de pobreza o abandono, garantizando a estos últimos el
acceso efectivo a tales ayudas, una vez se verifique el cumplimientos de los
requisitos enunciados en esta sentencia por parte de la autoridad competente.
6.
Caso concreto.
6.1. Presentación
del caso.
Conforme a los antecedentes
descritos, en este asunto la acción de tutela se presenta con el fin de que el
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel: (i) detenga las conductas
dirigidas a apropiarse de los subsidios de los adultos mayores; (ii) cambie de
habitación a la accionante, a una que se encuentre en condiciones que no
afecten su salud; (iii) no continúe los malos tratos, injurias y humillaciones
contra los adultos mayores, especialmente contra la accionante; (iv) les
entreguen a todos su kit de limpieza completo; (v) se tomen medidas
disciplinarias en contra de los servidores públicos mencionados; y (vi) cesen
las amenazas de que van a sacar a la demandante del hogar geriátrico.
Lo anterior, porque la señora María Griselia Sánchez
considera que el Hospital ha incurrido en acciones dirigidas a afectarla y
vulnerarle sus derechos a la dignidad, salud e integridad física y psicológica,
tales como: (i) la realización de medidas inescrupulosas que han impedido que
la accionante acceda a los dineros de los subsidios a los que tiene derecho;
(ii) amenazas y tratos humillantes; (iii) un cambio de habitación a un sitio
más frío, que ha producido un empeoramiento de las alergias de la demandante; y
(iv) la entrega incompleta del kit de aseo al que tiene derecho como residente
del hospital.
Sobre esto, el Hospital
respondió a cada una de las denuncias hechas por la accionante, manifestando,
entre otras, que con el paso del tiempo y por la imposibilidad física de
algunos beneficiarios para acudir a reclamar dicho beneficio directo en la
Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Cali, se cambió el subsidio a
la modalidad de indirecto. Este último, se percibe ahora a través del
otorgamiento de servicios sociales básicos. Asimismo, resaltó que en la entidad
que no existen quejas sobre amenazas, apropiación de bienes o abusos por los
empleados. También, alega que el control sobre los bienes que hacen parte del
kit de limpieza está justificado en que, en ocasiones, dichos elementos se
venden por los mismos usuarios de la institución. Finalmente, precisa que es la
accionante quien no se ha apegado a la dinámica institucional, y por ello han
tenido que acudir a las medidas propias de su reglamento interno para
garantizar el cumplimiento de su manual interno.
Por su parte la Secretaría
de Salud Pública Municipal de Cali, relató que la accionante se encuentra
debidamente vinculada al sistema de salud, a través del sistema subsidiado. Asimismo,
que el Municipio ha cumplido con su rol de vigilancia.
El Juzgado 12 Penal
Municipal con funciones de control de garantías de Cali, mediante sentencia del
21 de junio de 2016, negó la acción de tutela solicitada porque la acción no
supera los requisitos de procedencia de la tutela contra particulares. Asimismo,
muchas de las situaciones relatadas por la accionante son competencia de la
justicia penal y del régimen disciplinario de los servidores públicos.
6.2. Legitimación por activa.
La presenta acción de tutela fue
presentada por María Griselia Sánchez, mujer de 72 años que vive en el Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel. No tiene ingresos económicos permanentes, así como tampoco una
familia que se haga a cargo de ella. Presenta algunas dificultades en materia
de salud, sin perjuicio de que tiene condiciones físicas apropiadas, conforme a
su historia clínica[92] y el
informe realizado por la Defensoría del Pueblo[93].
6.3.    Legitimación por pasiva.
En la acción fue demandado el
Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel. Asimismo, el juez de instancia decidió vincular de oficio[94] al Municipio de Santiago de Cali y el
Departamento del Valle del Cauca.
Las anteriores entidades pueden ser
sujeto de esta acción, en la medida en que en el caso del Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel
se trata de una Empresa Social del Estado, mientras que el Municipio de
Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca son entidades públicas
descentralizadas con personería jurídica propia. También, debe atenderse a la
relación de subordinación que tiene la accionante con las mencionadas
entidades, al estar vinculada a los servicios del Hospital en cuestión.
6.4.    Estudio de la procedencia de la
acción de tutela
De conformidad con la jurisprudencia
es necesario revisar que la presente acción cumpla con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez. De
los antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso concreto la
acción de tutela es la herramienta idónea para perseguir la salvaguarda de los
derechos alegados por la accionante, como se pasa a exponer:
6.4.1.  Subsidiariedad.
La acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, por tanto solo es procedente en los casos en los que no exista
otro medio de defensa. Sin embargo, dicho requisito se aminora cuando el
sujeto, o sujetos, cuyos derechos se buscan defender pertenece a un grupo de
especial protección constitucional, tal y como se ha establecido en la
jurisprudencia de esta Corporación y como se describió en los acápites 3 y 4 de
esta sentencia.
En el presente caso, estamos ante una
persona que tiene el carácter de sujeto de especial protección constitucional
por ser adulta mayor, tal y como se resaltó en la legitimación por activa, y
como está debidamente probado en el expediente, tanto en la acción de tutela[95],
como en la contestación del Hospital[96] y las
pruebas allegadas en sede de revisión.
Sin perjuicio de lo anterior, también
debe observarse que en el presente caso se está buscando la protección de derechos
de rango fundamental, como dignidad, salud e integridad física y psicológica,
especialmente cuando están en cabeza de un adulto mayor. En consecuencia, los hechos
alegados por la accionante requieren de un mecanismo expedito y efectivo que dé
solución a la problemática, en razón a que las situaciones afirmadas enuncian
actos de posible humillación y falta de acceso a prestaciones sociales que son
de vital importancia por su especial condición.
6.4.2.   Principio de inmediatez.
Encuentra la Sala
que los hechos narrados por la accionante son de carácter continuado y se han
seguido presentando, especialmente aquellos relacionados con la no entrega de
insumos y del subsidio directo, así como con el sometimiento a tratos que la
señora María Griselia Sánchez define como humillantes y vulneradores de su
dignidad humana. Ahora bien, conforme a lo indicado por la demandante un hecho
novedoso que seguramente la llevó a presentar la acción fue el reciente cambio
de habitación, a una que ella relaciona con el empeoramiento de su condición de
salud, sin embargo no se tiene fecha precisa de cuando se dio el traslado.
Frente a lo
anterior, la accionante cumplió con presentar la acción, a través de la Casa de
Justicia de Siloé, conforme al principio de inmediatez, ya que este se analiza
de forma matizada frente actos que son de tipo continuado y no se fija desde
una fecha específica.
6.5.    Vulneración de los Derechos a la integridad
física y psicológica, salud y dignidad.
6.5.1. Derecho a la integridad física
y psicológica.
La
señora María Griselia Sánchez afirma que ha sufrido tratos humillantes e
injurias por parte de algunos funcionarios del Hospital demandado. Entre estas
se encuentran imputaciones deshonrosas, el cambio de habitación y el decomiso
de sus bienes.
Sin
embargo, el Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel precisó que no se habían dado tales hechos, sino que son
señalamientos falsos de la accionante basadas en la malinterpretación de las
medidas que la institución tomaba contra la señora Sánchez en razón de su
constante desobedecimiento de las reglas del manual interno de la entidad. En
la prueba enviada en sede de revisión la entidad demandada indicó que:
“La conducta de la usuaria atenta contra la integridad física
y mental de las residentes de la sala santa luisa [sic] en la medida que de
forma permanente las agrede verbalmente. En lo referente al tema de la higiene
general la residente en mención no ha podido aceptar que de acuerdo al numeral
7 contemplado en las normas de convivencia que plantea: “Los armarios son
únicamente para guardar los implementos de aseo personal y ropa necesaria, no
se deberá guardar en ellos ningún tipo de alimentos ni tampoco platos. Cada
residente tendrá solo los objetos personales que quepan cómodamente en su
armario”. En lo referente al numeral 8 del mismo documento la institución
establece: “No se permitirá la utilización de chuspas, cajas, costales, etc
bajo la cama. Tampoco se permitirá tener vasos, platos u otros utensilios sobre
el armario”. Como se puede apreciar en las fotografías adjuntas[97]
la residente no cumple con este requerimiento y pone en riesgo la salud de las
otras usuarias que comparten con ella el espacio, pues acumula ropa, alimentos,
agua en diferentes recipientes lo que genera riesgo de plagas como roedores,
cucarachas, mosquitos y demás. A pesar de las múltiples intervenciones con ella
al respecto no acepta lo normatizado y frente al requerimiento de cumplir con
lo establecido su comportamiento se torna hostil para con el personal de la
institución”[98].
De
acuerdo con el informe allegado por la Alcaldía de Cali[99], la
accionante no presenta signos de maltrato. Sin embargo, si se observan en ella
algunas actitudes de ansiedad, principalmente asociadas a que no cuenta con un
acompañamiento permanente de tipo terapéutico, así como tampoco actividades constantes
que le permitan distraerse y desarrollar habilidades.
En
cuanto a la inspección realizada por la Regional del Valle del Cauca, de la
Defensoría del Pueblo[100],
esta permite concluir que la señora María Griselia Sánchez tiene un
temperamento inquieto y que asume como actos de maltrato las discusiones que
tiene con el gerontólogo de la institución en la que reside. Sin embargo,
tampoco encuentran hechos de violencia física o psicológica de carácter grave.
Sin
perjuicio de lo anterior, estas instituciones también identificaron que
efectivamente la accionante presenta un cuadro de ansiedad que requiere
tratamiento y atención. Por ello, realizaron una serie de recomendaciones al
Hospital para que asista a la Señora María Griselia.
Esta
Corporación, con base en lo expuesto en el acápite 4, ha establecido que los
adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior,
conlleva unos deberes especiales de vigilancia en cabeza del Estado, tal como
se determinó en el punto 5.2 de la parte dogmática. Ahora bien, en el presente
caso se observa que las actuaciones de las entidades responsables de controlar
y vigilar al Hospital San Miguel solo se vinieron a cumplir hasta el momento en
que este Tribunal les solicitó acudir al mismo, en razón del auto de pruebas
del 16 de febrero de este año.
Ello
muestra una falta de diligencia de los implicados. Por un lado, el Hospital ha
ignorado los sentimientos de ansiedad e inquietud de la accionante, poniéndola
en una situación poco digna a nivel emocional, llevándola a tener una sensación
permanente de maltrato por parte de las personas que deben brindarle cuidado y
asistencia. Asimismo, la Alcaldía debió atender con mayor prontitud las
denuncias de la señora Sánchez, que conoce desde el momento de la interposición
de la acción de tutela[101];
a pesar de ello, solo asistió al Hogar Geriátrico hasta que esta Corte se lo
exigió. Tal como se expuso en las consideraciones de esta providencia, las
entidades territoriales son especialmente responsables de la vigilancia de los
centros que brindan prestaciones y asistencia a los adultos mayores.
En
razón de lo expuesto, si bien no hay pruebas de conductas claras de maltrato
físico y psicológico, sí existen elementos de juicio que permiten determinar
que la accionante se encuentra en una situación emocionalmente débil, frente a
la cual no ha tenido la asistencia del Hospital en el que reside, así como tampoco
de las entidades responsables de asegurar la debida prestación de los servicios
de los que es sujeto por su especial condición de adulto mayor en situación de
pobreza.
Por
lo anterior, las autoridades competentes ignoraron su deber de obrar con
especial diligencia cuando se trata de adultos mayores, brindando una efectiva
protección conforme al artículo 46º de la Carta Política y garantizando el goce
de los derechos constitucionales de la accionante. En ese sentido, no cumplieron
con detener las prácticas cotidianas desarrolladas por el Hospital que a juicio
de la accionante producen opresión y la colocan en una situación de
marginación.
A
tal conclusión se llega al observar: (i) la historia clínica de la accionante,
que prueba las múltiples ocasiones en las que es remitida a evaluarse con un
profesional de la salud, por el hecho de tener mal comportamiento. En la misma
es posible notar que los médicos que la han atendido, destacan que la
problemática general de la señora Sánchez se relaciona con situaciones
asociadas a discusiones con las directivas y el personal del Hospital; y (ii) las
entrevistas y conclusiones allegadas en los informes de la Defensoría y la
Alcaldía, de los cuales se desprende el estado de ansiedad de la accionante, y
la incomodidad que siente por las acciones que desarrollan los dirigentes de su
lugar de residencia en relación con ella.
Tanto el Hogar Geriatrico, como la Alcaldía, tienen la
responsabilidad de maximizar la calidad de vida de la accionante, incluyéndola en
las dinámicas propicias para su atención y dándole el trato especial al que
tiene derecho, conforme al ordenamiento jurídico interno e internacional expuesto
en los acápites 5.1.3 al 5.1.9. Al no hacerlo desconocen las condiciones
mínimas que se deben brindar a la señora María Griselia Sánchez para garantizarle
una vida libre de humillaciones y digna.
Asimismo, los Hospitales Geriátricos deben estar constituidos
por personal capacitado que cuente con la experticia suficiente para brindar un
adecuado entendimiento, comprensión y respeto a la población adulta mayor. Esto
implica que el personal administrativo, medico, terapéutico y de enfermería,
debe ser especialmente deferente y tolerante con los residentes de estos
centros asistenciales, brindándoles especial atención en su proceso de
adaptación al envejecimiento.
En
consecuencia, se ordenará al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel que, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, brinde asistencia terapéutica permanente
a la accionante, si ella así lo acepta. Asimismo, se le advertirá a la
institución que debe atender con amabilidad y prudencia las solicitudes de sus residentes,
brindando siempre respuestas respetuosas, sencillas, de fácil comprensión y de
fondo a las quejas, peticiones o reclamos de estos.
6.5.2.
Derecho a la salud.
La
accionante expone que el cambio de habitación ha afectado su salud, debido a
que fue trasladada a una habitación fría que empeora sus alergias. Por ello,
solicita que se le cambie a una habitación más alta que le permita vivir en
mejores condiciones.
Ahora
bien, sobre este punto el Hospital indica que de haber notado situaciones que afecten
la salud del adulto mayor habría adoptado las medidas del caso[102]. Asimismo,
también se precisó a través de las pruebas que en el Hogar ha cambiado a la
demandante en 4 ocasiones de habitación[103],
por motivos asociados a conductas de la accionante que están en contra de las
normas para la convivencia en San Miguel[104].
En
relación con lo anterior, la Defensoría del Pueblo manifestó que se había
realizado una reunión entre el Director del Hospital y la señora Sánchez, a
través de la cual se logró acordar que la institución haría lo posible para
acomodar a la accionante en una habitación más cómoda, sin embargo, esta última
desea estar en un espacio individual, pero la entidad alega que no cuenta con
un espacio disponible en este momento.
Esta situación nuevamente pone en entredicho la labor de
vigilancia de la Alcaldía sobre las decisiones que se toman en relación con los
adultos mayores que viven en el Hospital San Miguel. Lo anterior porque no se
observan controles ciertos y precisos que permitan concluir que se han
supervisado decisiones de carácter disciplinario del Hogar Geriátrico que
pueden tener efectos en la situación física, económica y psicológica a los
adultos mayores que allí habitan, en consecuencia no ha existido cumplimiento
de la labor de seguimiento que exige el ordenamiento jurídico.
Ello porque es posible concluir del acervo probatorio[105] que el
Hospital demandado cambió de cuarto a la accionante como castigo por su “mal
comportamiento”, y que ella es enviada constantemente al médico por no
adaptarse a las normas internas de esta institución. En este último es
constantemente evaluada su disposición y actitud con respecto a su sitio de
residencia, pero no se le brinda un tratamiento para resolver sus inquietudes,
quejas y motivos de ansiedad constante, tal como se estableció en el punto
6.5.1.
Esto
desconoce los deberes de protección y solidaridad que, por disposición
constitucional se tienen con los adultos mayores, debido a que este Hogar
Geriátrico constituye el único espacio donde la accionante puede desarrollarse
dignamente, por su precaria condición económica y la ausencia de una familia
que se haga cargo de ella. Ese espacio debería dignificarla, apoyarla y
brindarle una alta calidad de vida, sin embargo la ignoran y la castigan cambiándola
de habitación y compañeras de espacio por incumplir unas supuestas normas de
convivencia, que al parecer nunca han sido vigiladas por la Alcaldía de Cali, y
que implican sanciones que pueden llegar a amenazar o vulnerar su derecho a la
salud, como ella lo indicó en el escrito tutelar. Adicionalmente, no se observa
en el expediente ni en lo dicho por el Hospital, el cumplimiento de las mínimas
garantías a las que obliga el debido proceso constitucional en cualquier
procedimiento sancionatorio, en el caso particular de la señora Sánchez
pareciera que nunca se le dio la oportunidad de defenderse, presentar o
controvertir pruebas y conocer de la sanción misma.
Tal
y como se manifestó en el acápite 5.1.16 de esta providencia, el deber de
vigilancia y protección del Estado debe tender a ser más riguroso frente a las
instituciones que tengan a su cargo el cuidado de personas mayores que se
encuentren abandonadas o en condición de pobreza, actuaciones que en este caso
no han sido desplegadas por las entidades responsables.
Adicionalmente,
resulta preocupante para esta Corporación que el conflicto que se ha suscitado
entre la institución demandada y la accionante esté relacionado con las quejas
que la señora Sánchez manifiesta en contra de la prestación de servicios del
Hospital. El ordenamiento constitucional protege el derecho a disentir y opinar
sobre aquellas situaciones con las que no se está de acuerdo. El disenso no
puede callarse, mucho menos cuando este proviene de sujetos de especial
protección constitucional. La rebeldía, desacuerdos, protestas e
inconformidades no pueden ser resueltas con medidas retaliativas, especialmente
si estas se manifiestan en las condiciones de prestación del servicio a los
mayores adultos.
Estos
centros asistenciales y de atención a los adultos mayores deben, en primer
lugar, ser más deferentes en el trato con sus residentes, precisamente por la
condición de los sujetos que se atienden y protegen. No pueden pretender estos
establecimientos hospitalarios callar las voces de protesta contra sus
políticas internas, al contrario, por su área de trabajo y objetivo legal
tienen estas instituciones una carga soportable, cual es la de resolver los
conflictos que puedan suscitarse con comprensión y tolerancia. En ese sentido,
no es aceptable que se tomen medidas disciplinarias frente a las quejas de los
mayores residentes de un hogar geriátrico, puesto que esto significa una re
victimización, porque además del desgaste natural propio del avance de los años
y de las condiciones de pobreza y abandono, se somete a estos sujetos
especiales a soportar malos tratos por el hecho de no estar de acuerdo con una
medida institucional.
En
el caso concreto, no logró demostrarse que los constantes cambios de habitación
que fueron ordenados a la accionante se dieran por una causa diferente al
desacuerdo con la directiva, a la cual le correspondía ser comprensiva y
mostrar un apoyo institucional más amplio frente a las quejas presentadas por
la señora María Griselia. Lo anterior, porque estas encuentran sustento
jurídico en el derecho a disentir, que no puede llevar a una reacción
correctiva por parte de la entidad a la que se le plantea el disenso, menos si
esta última tiene una función de atención y protección de la población adulta
mayor en situación de pobreza y abandono. En la medida que este grupo de
especial protección requiere de una mayor comprensión que facilite su
adaptación a la vejez, deben asumir las instituciones responsables estos
desacuerdos como una carga soportable que puede ser atendida con mesura y
tolerancia.
Ahora
bien, esta Corporación al observar la historia clínica[106] de la
accionante no encuentra una afectación relacionada con sus alergias. Sin
embargo, si considera importante prevenir a la entidad demandada sobre la
necesidad de mantener a la demandante en adecuadas condiciones de salud, esto
requiere que en caso de presentarse cualquier afectación directa en la señora
María Griselia Sánchez, asociada a la habitación que ocupa, debe el Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel cambiarla del sitio en el que pernocta de inmediato.
Asimismo,
se ordenará a la Alcaldía de Cali que revise las “Normas para la convivencia
en San Miguel para todos los residentes de San Miguel y personas asistentes al
programa Centro Día”, vigilando que no existan allí disposiciones que
vulneren los derechos humanos de la población mayor que recibe servicios en el
Hospital San Miguel. En caso de encontrar alguna norma que desconozca la parte
considerativa de esta providencia o las normas de derecho interno, o
internacional, que protegen a los adultos mayores, deberá procurar su inmediata
eliminación a través de las facultades que la ley le otorga como entidad
encargada del control de este tipo de instituciones.
6.5.3.
Dignidad Humana.
La
señora María Griselia Sánchez resalta varias conductas que considera vulneran
su dignidad, entre las que se encuentran la falta de acceso al subsidio directo
que se otorga a los adultos mayores, así como los tratos humillantes a los que
se ve sometida por parte del Hospital demandado. Finalmente, destaca que en el
kit de aseo que le entregan para su cuidado personal hacen falta insumos que
requiere para su higiene.
6.5.3.1.
En relación con la falta del subsidio directo, la accionante afirma que el
Hospital ha estado recibiendo estos dineros, pero no los ha trasladado a los
adultos mayores, reteniéndolos y sacando provecho de ellos de forma ilegal.
Frente a esto, la entidad demandada precisa que el Consorcio Colombia Mayor
entrega dos tipos de subsidios, los directos y los indirectos, pero que los
directos son otorgados por las entidades territoriales, mientras que el Hogar Geriátrico
solo es responsable de entregar subsidios indirectos a través de bienes y
servicios que brinda a las personas mayores que residen en la institución.
Ahora
bien, como se expuso en el acápite 5, particularmente en el punto 5.2.7.,
efectivamente los subsidios directos requieren de unos requisitos especiales
que deben ser avalados por la entidad territorial, en este caso el Municipio de
Cali. Por ello, corresponde a la accionante agotar los procedimientos
necesarios para obtenerlo frente a la alcaldía correspondiente.
Dicho
lo anterior, no puede esta Corporación ignorar las graves denuncias expuestas
por la accionante en el escrito de tutela. Tal y como se dijo en la parte
motiva de esta providencia, los recursos de inversión social asignados a los
programas asistencias en favor de los adultos mayores tienen una especial
importancia, debido a que son fundamentales para la garantía de una vida digna
a una población de especial protección constitucional. No es de recibo que el
juez de instancia de esta acción y las entidades que han tenido conocimiento de
la misma no hayan iniciado los trámites tendientes a confirmar, o desmentir, lo
dicho por la demandante.
En
consecuencia, se ordenará a la Contraloría Regional del Valle del Cauca que
realice una visita al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel que permita
verificar que se esté dando un uso correcto a los recursos asignados para
brindar subsidios indirectos a quienes habitan en esta última institución.
Asimismo, que vigile que no existan usos indebidos de ningún recurso, así como
apropiaciones indebidas de los subsidios por parte del Hogar Geriátrico.
Sin
perjuicio de lo anterior, por la situación particular de la señora María
Griselia Sánchez, esta Corporación ordenará también a la Alcaldía de Cali que
asista a la accionante en los trámites para la obtención del subsidio directo y
que, en caso de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiaria del subsidio, empiece a entregarlo, brindándole a la demandante la
opción más sencilla y efectiva para reclamarlo.
6.5.3.2.
En cuanto a los tratos humillantes que denuncia la accionante por parte de los
funcionarios del Hospital demandado, conforme se dijo en el acápite 5.1.10 y
5.1.11., el Estado debe vigilar con cuidado estas denuncias, para efectos de
tomar las medidas protectoras que hagan cesar las conductas que se presumen
maltratadoras y vulneradores de la dignidad humana de la adulta mayor en
cuestión.
Sin
perjuicio de que estos tratos no hayan sido demostrados por la demandante, y
que las entidades que inspeccionaron el Hospital tampoco hayan podido precisar
la existencia de estas, en este tipo de escenarios debe primar la prevención.
En ese sentido, las instituciones responsables deben vigilar y controlar que
estas no se produzcan a través de la asistencia al Hogar Geriátrico,
responsable del cuidado de los adultos mayores, así como a la accionante, en
caso que requiera denunciar un hecho vulnerador de su dignidad humana.
Ahora
bien, como se indicó en los puntos 5.1.14 y 5.1.15, existen prácticas que
pueden ser constitutivas de maltrato al adulto mayor, sin ser actos de
violencia física o psicológica. Entre estos se encuentran la infantilización,
las amenazas de abandono y la negligencia financiera. En el caso concreto es
posible observar conductas relacionadas con estos tres supuestos.
En
primer lugar, el Hospital parece creer que es necesario mostrarle a sus
residentes un efecto negativo cuando desobedecen una regla, olvidando que se
encuentran frente a personas completamente desarrolladas que han tenido toda
una vida de experiencias y aprendizajes, con los que se puede mantener un
diálogo constructivo que permita establecer medidas restaurativas que surjan
del consenso. Con lo anterior no se busca que el Hogar Geriátrico no tenga
reglas, pero es deseable que la forma de hacerlas cumplir sea más pedagógica
que sancionatoria.
En
segundo lugar, se debe enfatizar que el Hospital San Miguel no puede buscar el
cumplimiento de sus reglas de convivencia a través de la advertencia de
expulsión del sitio de residencia, porque esto implica una amenaza de abandono.
Es necesario recordar que la accionante no cuenta con los medios económicos o
familiares para solventar una vida digna por fuera de la institución demandada,
por lo que ser expulsada del Hogar Geriátrico significaría ponerla en una
situación de indigencia.
Por
último, en lo atinente a la negligencia financiera, ya se indicó en esta
providencia que los recursos que recibe el Hospital Geriátrico y Ancianato San
Miguel deben ser vigiladas con especial cuidado, por ser de vital importancia
para la garantía de los derechos la población mayor que habita en tal institución.
Si
bien se insiste en que no se demostraron condiciones de maltrato físico o
psicológico, las respuestas de las entidades demandadas no manifiestan la
comprensión que deberían tener hacia la especial población que se atiende en el
Hospital. Todo lo contrario, estas son respuestas que avalan las medidas
correctivas, cuando debe primar el entendimiento, el acompañamiento y la
dirección con tolerancia, promoviendo una fácil adaptación hacia el
envejecimiento para el grupo protegido que atienden. Efectivamente no hay
maltrato, pero la Corte si puede observar en el acervo probatorio que se entra
en una contradicción cuando se cercena la libertad de expresión y se impide a
los residentes del Hogar Geriátrico disentir en contra de las medidas con las que
no están de acuerdo. En cierta medida, lo anterior, se asemeja al sindicalista
que se queja ante su empleador y, antes de obtener entendimiento y paciencia
frente a su disenso, obtiene una retaliación. Las reglas de conducta deben ser
comprensivas y tolerantes, y no constituirse en un principio absoluto, en ese
sentido conviene que sean flexibles en atención a las condiciones de la
población a la que se le brinda el servicio. En consecuencia, las medidas
correctivas y disciplinarias pueden llegar a constituir conductas de maltrato
al desconocer estos postulados de buen trato y apoyo.
Por
lo anterior, este Tribunal solicitará a la Defensoría del Pueblo que en
búsqueda de la garantía de no repetición, en el término de un (1) mes, realice
una jornada de formación dirigida a los funcionarios del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel en la que les enseñe sobre medidas de prevención al
maltrato contra adultos mayores. Asimismo, deberá reunirse con los residentes
de este Hogar, con el fin de conocer posibles denuncias y hacer pedagogía de
los derechos de los adultos mayores.
También,
se ordenará al Ministerio de Salud que con apoyo del Ministerio de Educación,
en el término de un (1) año, realice una campaña educativa que incluya la
impresión de una cartilla dirigida a los centros que brindan servicios a los
adultos mayores. Esta debe: (i) hacer especial énfasis en el buen trato y la
comprensión que se debe tener con las personas mayores, promoviendo acciones
tendientes a facilitar la adaptación al envejecimiento; (ii) sugerir medidas de
tolerancia y atención frente a los disensos que puedan presentar los residentes
de estos centros, así como las personas que reciban atención en estos; (iii)
prevenir y prohibir las amenazas de carácter disciplinario en contra de los
adultos mayores en estas instituciones, especialmente aquellas que se generen
con motivo de las quejas presentadas por estas personas; y (iv) promover
mecanismos de detección temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento
a casos de maltrato contra los adultos mayores.
Finalmente,
se prevendrá al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel sobre el uso de
amenazas de carácter disciplinario en contra de sus residentes, las cuales
deben ser remplazadas por medidas conductuales de carácter preventivo, que
incluyan acompañamiento y consejo, y que resulten apropiadas para el estado de
los adultos mayores que residen en la institución. Igualmente, se le ordenará
crear, en el término de un (1) mes, el comité de convivencia, al que ya se
comprometió con la Defensoría del Pueblo, brindando un escenario que propicie
el diálogo frente a conflictos de cualquier carácter. Finalmente, se le
ordenará cesar toda amenaza de abandono o expulsión en contra de la señora
María Griselia Sánchez.
6.5.3.3.
Frente a los hechos relacionados con la ausencia de elementos en el kit de
aseo, el Hospital indica[107]
que se ejerce un control sobre estos en razón a que los usuarios los venden al
interior del Hogar Geriátrico, y es necesario prevenir estos comportamientos.
Sin
embargo, el Gerontólogo del Hospital en la entrevista que le hizo la Defensoría
del Pueblo[108]
indicó que ante la ausencia de renovación del contrato con la Alcaldía, que
permite la llegada de los recursos para comprar los elementos del kit de aseo,
se han repartido únicamente aquellos con los que se cuenta en razón de
donaciones que les hace una fundación particular.
Esta
Corporación precisó, en el acápite 5.2., que el Estado tiene unos deberes
prestacionales y asistenciales a favor de los adultos mayores, entre los que
están los de garantizar ciertos subsidios, de carácter indirecto, a favor de
las personas mayores que tengan una condición vulnerable en razón de su
pobreza. Si bien, en el caso particular de la señora María Griselia no están
claros los requisitos para exigir el otorgamiento del subsidio directo, si
están dadas las condiciones para que se le brinde un apoyo en bienes y
servicios, tal como el alojamientos y alimentación que recibe en el Hospital
demandado.
En
consecuencia, se ordenará a la Alcaldía de Cali que, en el plazo de tres (3)
meses, realice todas las actividades tendientes a garantizar el
perfeccionamiento del contrato que se requiere para que el Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel reciba los recursos necesarios para entregar de forma
completa el kit de aseo de los adultos mayores que residen en este último. Sin
perjuicio de lo anterior, el Hospital deberá garantizar la entrega óptima del
kit de aseo mientras se suple la necesidad por parte de la entidad territorial.
7.
Conclusión.
En razón de lo expuesto la Sala concluye que el Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel desconoció los derechos fundamentales a la
vida digna, salud e integridad física y psicológica de la señora María Griselia
Sánchez, al haber incurrido en una irregular prestación del servicio hacia los
adultos mayores que residen en la institución.
III.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el 21 de junio de 2016 por el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la dignidad, salud e integridad física y psicológica
de la señora María Griselia Sánchez.
Segundo.- ORDENAR al Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel que:
(i)   En
el término de cuarenta y ocho (48) horas, brinde asistencia terapéutica a la
accionante, si ella así lo acepta.
(ii) Atienda con
amabilidad y prudencia las solicitudes de sus residentes, brindando siempre
respuestas respetuosas, sencillas, de fácil comprensión y de fondo.
(iii)
Mantenga a la demandante en adecuadas condiciones de salud,
por lo que en caso de presentarse cualquier afectación directa en la señora
María Griselia Sánchez, asociada a la habitación que ocupa, debe el Hospital
cambiarla de habitación de inmediato.
(iv)
No haga uso de amenazas de carácter disciplinario en contra
de sus residentes. Estas deben ser remplazadas por medidas conductuales de
carácter preventivo, que incluyan acompañamiento y consejo, y que resulten
apropiadas para el estado de los adultos mayores que residen en la institución.
(v) En el término de
un (1) mes cree un Comité de Convivencia que incluya a residentes y
funcionarios, brindando un escenario que propicie el diálogo frente a
conflictos de cualquier carácter.
(vi)
Cese toda amenaza de abandono o expulsión en contra de la
señora María Griselia Sánchez.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía de Cali que:
(i)   En
el término de un (1) mes revise las “Normas para la convivencia en San
Miguel para todos los residentes de San Miguel y personas asistentes al
programa Centro Día”, vigilando que no existan allí disposiciones que
vulneren los derechos humanos de la población mayor que recibe servicios en el
Hospital San Miguel. En caso de encontrar alguna norma que desconozca la parte
considerativa de esta providencia o las normas de derecho interno, o
internacional, que protegen a los adultos mayores, deberá procurar su inmediata
eliminación a través de las facultades que la ley le otorga como entidad
encargada del control de este tipo de instituciones.
(ii) En el término de un
(1) mes asista a la accionante en los trámites para la obtención del subsidio
directo y que, en caso de verificar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ser beneficiaria del subsidio, empiece a entregarlo,
brindándole a la demandante la opción más sencilla y efectiva para reclamarlo.
(iii)
En el plazo de tres (3) meses, realice todas las actividades
tendientes a garantizar el perfeccionamiento del contrato que se requiere para
que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel reciba los recursos
necesarios para entregar de forma completa el kit de aseo de los adultos mayores
que residen en este último. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital deberá
garantizar la entrega óptima del kit de aseo mientras se suple la necesidad por
parte de la entidad territorial.
Cuarto.-
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que en búsqueda de la garantía de
no repetición, en el término de un (1) mes, realice una jornada de formación
dirigida a los funcionarios del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel en
la que les enseñe sobre medidas de prevención al maltrato contra adultos
mayores. Asimismo, deberá reunirse con los residentes de este Hogar, con el fin
de conocer posibles denuncias y hacer pedagogía de los derechos de los adultos
mayores.
Quinto.-
ORDENAR a la Contraloría Regional del Valle del Cauca que, en el
término de un (1) mes, realice una visita al Hospital Geriátrico y Ancianato
San Miguel que permita verificar que se esté dando un uso correcto a los
recursos asignados para brindar subsidios indirectos a quienes habitan en esta
última institución. Asimismo, que vigile que no existan usos indebidos de
ningún recurso, así como apropiaciones indebidas de los subsidios por parte del
Hogar Geriátrico.
Sexto.- ORDENAR al Ministerio de Salud
que con apoyo del Ministerio de Educación, en el término de un (1) año, realice
una campaña educativa que incluya la impresión de una cartilla dirigida a los
centros que brindan servicios a los adultos mayores. Esta debe: (i) hacer
especial énfasis en el buen trato y la comprensión que se debe tener con las
personas mayores, promoviendo acciones tendientes a facilitar la adaptación al
envejecimiento; (ii) sugerir medidas de tolerancia y atención frente a los
disensos que puedan presentar los residentes de estos centros, así como las
personas que reciban atención en estos; (iii) prevenir y prohibir las amenazas
de carácter disciplinario en contra de los adultos mayores en estas
instituciones, especialmente aquellas que se generen con motivo de las quejas
presentadas por estas personas; y (iv) promover mecanismos de detección
temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento a casos de maltrato
contra los adultos mayores.
Séptimo.- LÍBRENSE por la Secretaría
General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36º del
Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e.)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
ROCIO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-252/17
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA Y
A LA INTEGRIDAD FISICA DE ADULTO MAYOR-Orden de entregar kit de aseo a los adultos mayores, con efectos
inter comunis, carece de motivación y justificación teórica que exige la
jurisprudencia constitucional (Aclaración de voto)
DERECHO
DE DEFENSA Y CONTRADICCION-Vulneración por
indebida integración del contradictorio, al dar órdenes al Ministerio de Educación,
quien no fue debidamente integrado al proceso (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-5.925.309
Acción de tutela
instaurada por María Griselia Sánchez Ibarra en contra del Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel, con vinculación oficiosa al Municipio de Santiago de
Cali y al Departamento del Valle del Cauca.
Magistrado
Ponente:
Iván Humberto
Escrucería Mayolo (e)
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones tomadas por la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, se
exponen las razones por las cuales este Despacho decidió aclarar el voto en el
proceso de la referencia.
Si
bien estamos de acuerdo con el sentido del fallo, esto es, conceder el amparo
de los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud en favor de la
ciudadana María Sánchez Ibarra, se advierten dos aspectos problemáticos en la
fundamentación teórica de la decisión, que se precisarán a continuación.
1.-
El primero tiene que ver con la orden general (ordinal tercero) que se da en la
providencia sub examine al Hospital Geriátrico y Ancianato “San Miguel”
de entregar un kit de aseo a todas las personas de la tercera edad que residen
allí. Como es sabido, por regla general, las providencias de tutela proferidas por
la Corte Constitucional en sede de revisión tienen efectos inter partes,
es decir, amparan exclusivamente los derechos fundamentales de la persona o
personas que interponen la acción constitucional. No obstante, en eventos
excepcionales las decisiones adoptadas pueden tener efectos inter pares[109]
o inter comunis[110], que se presentan cuando los
límites de la vulneración se fijan considerando no solo el derecho fundamental
del accionante, sino también los derechos de aquellas personas que no acudieron
a la acción de tutela, esto, cuando se evidencia que el amparo de los derechos
en un caso concreto puede terminar afectando otros derechos de terceros que se
encuentren en similitud de condiciones fácticas y jurídicas.
Así
las cosas, se echa de menos que en ninguna parte de la ponencia -a pesar de la
jurisprudencia constitucional que permite a la Corte modular los efectos de sus
providencias- se haya explicado ni fundamentado que ésta tendría efectos inter
comunis, pues solo limitó al estudio concreto de la situación fáctica de la
accionante, sin hacer mención de la de los demás adultos mayores que también
residen en las instalaciones de la entidad demandada, quienes se encuentran en
condiciones similares y necesitan de la misma la protección de sus derechos
fundamentales. Por lo tanto, la orden para que el Hospital Geriátrico y
Ancianato “San Miguel” entregue kits de aseo a los adultos mayores residentes,
carece de la motivación y justificación teórica que exige la jurisprudencia
constitucional para esta clase de casos.
2.-
El segundo está relacionado con la vulneración del derecho fundamental de
defensa y contradicción. En efecto, en el numeral sexto de la parte resolutiva
de la providencia, la Sala ordenó al Ministerio de Salud y de la Protección
Social y al Ministerio de Educación que en el término de un (1) año realice “una
campaña educativa que incluya la impresión de una cartilla dirigida a los
centros que brindan servicios a los adultos mayores”, sin embargo, para
dictar esta clase de órdenes con repercusiones económicas no fue debidamente
integrado el contradictorio en tanto dichas dependencias ministeriales no
fueron vinculadas al proceso de la referencia.
En
síntesis, al evidenciarse las referidas irregularidades de carácter
técnico-procesal (como la indebida integración del contradictorio) que podrían
afectar el derecho fundamental al debido proceso de entidades públicas y ponen
en entredicho los efectos ampliados de la decisión, es que suscribimos la
presente aclaración de voto.
Fecha
ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] “Por
el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de
Solidaridad Pensional”.
[2] “Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la
subcuenta de subsistencia. <Artículo modificado por el
artículo 1 del Decreto 4943 de 2009. El
nuevo texto es el siguiente:> Los requisitos para ser beneficiarios de los
subsidios de la Subcuenta de Subsistencia son: || 1. Ser colombiano. || 2.
Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho
a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. || 3.
Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén y carecer de rentas o
ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en
una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio
salario mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad
pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al
salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del
Adulto Mayor; o asisten como usuarios a un Centro Diurno. || 4. Haber residido
durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional”.
[3]
Centro de Bienestar al Adulto Mayor.
[4]
Centro Diurno.
[5]
Folio 30, Cuaderno 2.
[6]
Folio 27, Cuaderno 2.
[7]
Folios 31-32, Cuaderno 2.
[8]
Folios 33-40, Cuaderno 2.
[9]
Folios 58-64, Cuaderno 2.
[10]
Folio 29, Cuaderno 2.
[11]
Folio 41, Cuaderno 2.
[12]
Folios 42-57, Cuaderno 2.
[13]
Folio 84, Cuaderno 2.
[14] "Por
la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y
defensa de los derechos de los adultos mayores".
[15]
Artículo 1.
[16]
Folios 115-121, Cuaderno 2.
[17]
Folio 115, Cuaderno 2.
[18]
Folio 22, Cuaderno 2.
[19]
Folios 90-97; 99-100; 102-111, Cuaderno 2.
[20]
Folio 91, Cuaderno 2.
[21]
Folios 93-94, Cuaderno 2.
[22]
Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-603 de 2013, C-359 de
2013, T-177 de 2015, T-656 de 2016 y T-680 de 2016.
[23]
Sentencia T-262 de 2012.
[24]
Ibídem.
[25]
Sentencia T-282 de 2008.
[26]
En la misma línea, la Sala Sexta de Revisión insistió en la sentencia T-417 de
2016, que “le corresponde al juez constitucional determinar si en el
caso concreto la utilización del recurso de amparo, más allá de buscar la
salvaguarda de derechos fundamentales vulnerados al interior de una actuación
administrativa, pretende enmendar la falta de agotamiento de la vía gubernativa
y con ello habilitar el estudio de la controversia en un escenario judicial.
Evento en el cual, la acción de tutela se torna improcedente.// En lo
ateniente a los mecanismos judiciales ordinarios, la jurisprudencia
constitucional ha admitido que bajo algunas circunstancias no se erigen como un
medio eficaz o idóneo para garantizar el goce del derecho fundamental invocado,
cuando existe evidencia de un perjuicio irremediable o cuando la mora judicial
de la jurisdicción implica un agravio desproporcionado para el
solicitante”. . En relación con el estudio que corresponde al juez
constitucional, la Sentencia T-669 de 2013 expresa que “Para determinar
la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los
planteamientos fácticos de cada caso, estudiando aspectos tales como si la
utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; el
tiempo que tarda en resolverse la controversia en la jurisdicción ordinaria; el
agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el
trámite, la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan
exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos
fundamentales; las circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado
no haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su
alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional del
peticionario, que exige una especial consideración de su situación, entre
otras.”
[27]
Sentencia T-177 de 2015.
[28]
Sentencia T-282 de 2008.
[29]Se
reseñan algunas consideraciones de la sentencia T-567 de 2014.
[30]
Sentencias T-239 de 2016, T-019 de 2016, T-383 de 2015, T-707 de 2014, T-564 de
2014, T-342 de 2014, T-011 de 2014, T-799 de 2013, T-1069 de 2012, T-935 de
2012, T-522 de 2012, T-329 de 2012, T-134 de 2012, T-315 de 2011, T-1032 de
2008, T-970 de 2008, T-634 de 2008, T-1097 de 2007, T-1039 de 2007, T-261 de
2007, T-464 de 2005, T-736 de 2004, T-004 de 2002, T-1081 de 2001, T-277 de
1999, SU-480 de1997, T-670 de 1997, SU-043 de 1995 y T -456 de 1994.
[31]
Young, I. M. (2000). La Justicia y la Política de la Diferencia. Madrid:
Ediciones Cátedra. Universitat de València. Pág. 73.
[32] Puede observarse un análisis sobre
este asunto en el libro “Litigio Estratégico en Colombia”, que incluye un
capítulo denominado “Construyendo una ciudadanía de oro”. Londoño Toro,
Beatriz. Litigio Estratégico en Colombia, 2013. Ed. Universidad del Rosario.
[33]
Ibíd. Pág. 75.
[34]
Ibíd.
[35]
Ibíd.
[36]
Ibíd. Pág. 94.
[37]
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional en Bogotá 28.707
adultos mayores viven en la miseria absoluta.
[38] A partir de la Constitución de
1991 el lenguaje jurídico ha venido cambiando, fortaleciendo un enfoque de
derechos humanos y eliminando expresiones que pueden tornarse discriminadoras.
Por ello ahora se usa la denominación de “adultos mayores”.
[39] Sentencia T-378 de 1997.
[40]
Sentencia T-799 de 2013.
[41]
Sentencia T-655 de 2008.
[42]
Ibídem.
[43]
Sentencia T-935 de 2012.
[44]
“Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”.
[45]
“Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas
mayores”.
[46]
"Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores".
[47] Sentencia
T-025 de 2016.
[48] Ibídem.
[49] Ibídem
[50] Ibídem
[51]
Organización Panamericana para la Salud en Colombia. Derechos Humanos y Vejez.
Consulta en http://www.col.ops-oms.org/Promocion/vejez/Derechos.htm
[52]
Lo anterior, entre otras porque “no armoniza con las finalidades de un
Estado social de derecho, ni con la exigencia de equidad, justicia y
solidaridad contenidas en la Constitución Nacional así como con lo dispuesto en
los artículos 46, 47 y 13 superiores, que las personas adultas mayores sean
discriminadas o marginadas por razón de su edad. La discriminación o
marginación de las personas mayores adultas por motivo de la edad no sólo
significa desconocer la dignidad y los derechos de que son titulares estas
personas sino que priva a la sociedad misma de poder contar con ellas de manera
activa y enriquecedora” (Sentencia T-1178 de 2008).
[53] Se reseñaran algunas de las consideraciones de la
C-503 de 2014.
[54] Sentencia
T-413 de 2013.
[55] Sentencia
T-225 de 2005.
[56] Así lo destacó esta Corporación al indicar que: “(e)strechamente
relacionado con el principio de la solidaridad se encuentra el tema de la
definición y distribución equitativa de las cargas públicas en una sociedad
democrática, aspecto éste a su vez ligado al tema de los deberes sociales del
Estado y de los particulares. La familia, la comunidad y el Estado concurren,
en muchos casos, para el cumplimiento de los deberes sociales de apoyo,
atención, protección y promoción de las personas que no están en capacidad de
valerse por sí mismas. Para ello el Estado Social de Derecho se responsabiliza
de la existencia de una red social amplia, sostenible, eficiente y efectiva,
con vocación de avanzar progresivamente hasta la universalidad de su cobertura
que garantice a dichas personas el goce de sus derechos fundamentales, estando
de cualquier forma garantizado el derecho fundamental al mínimo vital. La red
social desarrolla los deberes sociales del Estado y de los particulares
mediante los cuales los constituyentes definieron unos compromisos éticos. Por
eso, su funcionamiento efectivo no recae solo en la familia, como sucedía con
anterioridad al siglo XIX ni exclusivamente en el Estado” (Sentencia T-225
de 2005).
[57] Puede observarse un análisis sobre
este asunto en el libro “Litigio Estratégico en Colombia”, que incluye un
capítulo denominado “Construyendo una ciudadanía de oro”. Londoño Toro,
Beatriz. Litigio Estratégico en Colombia, 2013. Ed. Universidad del Rosario.
[58]Sentencia C-327 de 2016: “Este Tribunal ha identificado dos
dimensiones del bloque de constitucionalidad, uno en sentido estricto que
se refiere a las normas integradas a la Constitución por diversas vías y por
mandato expreso de la Carta y  otro en sentido lato como “aquellas
disposiciones que tienen un rango normativo superior al de las leyes ordinarias,
aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y
orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y
para el control constitucional”.
[59] Artículo 3.
[60] Artículo 6.
[61] Al respecto, ver sentencia T-352 de 2010.
[62] Guevara
De León, Tamara; Valdes Rodriguez, Eleida. Violence in elderly adult. Medicentro
Electrónica,  Santa Clara,  v. 17, n. 4, p.
161-163, Dec. 2013. Available from
<http://scielo.sld.cu.ez.urosario.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432013000400005&lng=en&nrm=iso>.
access on  08  Apr.  2017
[63] Griñan Peralta I, Cremé Lobaina E, Matos Lobaina C.
Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud. MEDISAN
[internet]. 2012 ago. [citado 30 sep. 2013];16(8):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol_16_8_12/san08812.htm
[64] Despaigne Vinent M, Jiménez Betancourt E, Martínez
Despaigne B. Intervención educativa sobre violencia a integrantes de la
Universidad del Adulto Mayor 24 de febrero MEDISAN [internet] 2011 ene [citado
30 sep. 2013]; 15(1):[aprox. 8 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol_15_1_11/san15111.htm
[65] Johnson TF. Elder mistreatment: Ethical
Issues, Dilemmas and Decisions., New York: Haworth Press; 1986.
[66] Ibid. Despaigne Vinent M, Jiménez Betancourt E,
Martínez Despaigne B.
[67] Ibid. Johnson TF.
[68] Cordero Jiménez JR, García Cordero
S, Rodríguez Sánchez I, Santana Castellón D, Fragoso O, Fernández López O.
Consideraciones generales sobre la atención al anciano víctima de maltrato.
Medisur [internet]. 2010 [citado 3 oct. 2013];8(4):[aprox. 12 p.]. Disponible
en: http://medisur.sld.cu.ez.urosario.edu.co/index.php/medisur/article/view/920/167
[69] Enamorado Pina GV, Pérez Rodríguez J, Domínguez
Cancino A, Rodríguez Enamorado JE. Violencia intrafamiliar contra el adulto
mayor en una comunidad de Guinea Bissau. MEDISAN [internet]. 2013 jul. [citado
30 sep. 2013];17(7):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol17_7_13/san04177.htm
[70] Urrusuno Carvajal F, Rodríguez Fernández R, Vázquez
Abreu RL. Violencia doméstica en la tercera edad. Rev Cubana Salud Pública
[internet]. 2010 mayo-jun. [citado 12 mar. 2011];36(2):[aprox. 5 p.].
Disponible en: http://scielo.sld.cu.ez.urosario.edu.co/scielo.php?pid=S0864-34662010000200016&script=sci_arttext&tlng=es
[71]
Se reseñaran algunas consideraciones de las sentencias T-1032 de 2008, T-207 de
2013 y T-707 de 2014.
[72] Así lo ha reconocido la Corte Constitucional
en múltiples decisiones, recientemente en las sentencias T-606 de 2016, T-383
de 2015, T-728 de 2014, T-266 de 2014 y T-025 de 2014.
[73]
Sentencia T-540 de 2002.
[74]
Sentencia T-342 de 2014.
[75] La Corte ha protegido y señalado el
fundamento constitucional de la prevalencia del derecho al mínimo vital de las
personas de la tercera edad al mínimo vital en numerosas sentencias, entre las
cuales se pueden citar, a título de ejemplo, las siguientes: T-484 de 1997,
T-107 de 1998, T-120A de 1998, T-169 de 1998, T-221 de 1998, T-364 de 1998,
T-020 de 1999, T-126 de 2000, T-264 de 2000, T-282 de 2000, T-542 de 2000,
T-588 de 2000, T-719 de 2000, T-018 de 2001, T-1101 de 2002, T-027 de 2003,
T-744 de 2003, T-391 de 2004 y T-249 de 2005.
[76] “Programa y requisitos. Establécese un programa de
auxilios para los ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Ser colombiano;
b)  Llegar a una edad de sesenta y cinco o
más años;
c)  Residir durante los últimos diez años en
el territorio nacional;
d)  Carecer de rentas o de ingresos
suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema
pobreza o indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida
el Consejo Nacional de Política Social, y
e)  Residir en una institución sin ánimo de
lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y
que no dependan económicamente de persona alguna. En estos casos el monto se
podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades presupuéstales y el nivel de
cobertura. En este evento parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva
institución.
PARAGRAFO. 1º- El Gobierno Nacional reglamentará el pago de los
auxilios para aquellas personas que no residan en una institución sin ánimo de
lucro y que cumplan los demás requisitos establecidos en este artículo.
PARAGRAFO. 2º-Cuando se trate de ancianos indígenas que residan en
sus propias comunidades, la edad que se exige es de cincuenta (50) años o más.
Esta misma edad se aplicará para dementes y minusválidos.
PARAGRAFO. 3º-Las entidades territoriales que establezcan este
beneficio con cargo a su propios recursos, podrán modificar los requisitos
anteriormente definidos”.
[77] “Objeto del programa. El programa para los ancianos
tendrá por objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo
legal mensual vigente, a las personas que cumplan las condicione señaladas en
el artículo anterior y de conformidad con las metas que el Conpes establezca
para tal programa.
Derogado por el art. 44, Ley 344 de 1996. El programa se financiará con los
recursos del presupuesto general de la nación que el Conpes destine para ello
anualmente, y con los recursos que para tal efecto puedan destinar los
departamentos, distritos y municipios.
PARAGRAFO.-El
Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos y procedimientos para hacer
efectivo el programa de que trata el presente artículo, contemplando mecanismos
para la cofinanciación por parte de los departamentos, distritos y municipios.
El programa podrá ser administrado y ejecutado de manera descentralizada. Así
mismo, el gobierno podrá modificar los requisitos dependiendo de la evolución
demográfica y la evolución de la población beneficiaria del programa”.
[78]
Para precisar acerca del desarrollo normativo que ha tenido el programa
de apoyo al adulto mayor, véanse, entre otras, las Sentencias T-523 de 2006,
T-696 de 2012, y T-207 de 2013. Así como la Ley 797 de 2003, el Decreto
3771 de 2007, los documentos CONPES SOCIAL 70 de 2007, 105 de 2007 y 117 de
2008, y el Manual Operativo del Programa Colombia Mayor.
[79]
Sentencia T-707 de 2014.
[80] El artículo 39 del Decreto establece que este rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga los Decretos 1127
de 1994,
1858
de 1995,
569
de 2004,
que hasta la fecha habían reglamentado el funcionamiento del Fondo de
Solidaridad Pensional, así como las demás normas que le sean contrarias.
[81] “Subcuenta de Subsistencia. Los recursos de la Subcuenta de
Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, financiarán el programa de
auxilios para ancianos indigentes previsto en el Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993.
El subsidio que se otorga es intransferible y la orientación de sus recursos se
desarrolla bajo los principios de integralidad, solidaridad y participación. El
Ministerio de la Protección Social elaborará el Manual Operativo para fijar los
lineamientos de selección de beneficiarios, los componentes de los subsidios y
demás aspectos procedimentales de los programas financiados con los recursos de
esta Subcuenta, dentro de los parámetros establecidos en la normatividad
aplicable.”
[82] “Recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional tienen el
siguiente origen: 2. Subcuenta de Subsistencia: a) El cincuenta (50%) de
la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los
cotizantes al Sistema General de Pensiones cuya base de cotización sea igual o
superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes; b) Los
cotizantes con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos legales mensuales
vigentes tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de cotización, así:
De 16 hasta 17 smlmv de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 smlmv de un 0.4%, de más
de 18 hasta 19 smlmv, de un 0.6%, de más de 19 hasta 20 smlmv, de un 0.8% y
superiores a 20 smlmv de 1%; c) Los aportes del Presupuesto Nacional, los
cuales no podrán ser inferiores a los recaudados anualmente por los conceptos
enumerados en los literales a) y b) de este numeral y se liquidarán con base en
lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior,
actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor,
certificado por el DANE; d) Los pensionados que devenguen una mesada superior a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20)
contribuirán con el 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos
contribuirán con el 2%. (…).”
[83] “Administradora de los recursos del Fondo de Solidaridad
Pensional. De conformidad con lo establecido en
el artículo 25 de la Ley 100 de 1993,
los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional sólo podrán ser administrados
por sociedades fiduciarias de naturaleza pública y preferencialmente por las
sociedades fiduciarias del sector social solidario o por las administradoras de
fondos de pensiones y/o cesantías del sector social solidario. En todo caso, el
Ministerio de la Protección Social podrá elegir una o varias de las entidades
autorizadas que le presenten propuestas mediante el proceso de contratación
autorizado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.”
[84] “Entrega de recursos. Los
recursos serán entregados por el Administrador Fiduciario, de acuerdo con la
modalidad de subsidio así: 1. Subsidio económico directo en municipios donde
existen entidades bancarias o entidades autorizadas para prestar el servicio de
giros postales. La parte del subsidio económico, representada en dinero se
girará directamente al beneficiario, por intermedio de la entidad bancaria o la
entidad autorizada para prestar el servicio de giros postales, con la cual el
Administrador Fiduciario suscriba el convenio respectivo. (…)”
[85] “(…) Obligaciones respecto de la Subcuenta de Subsistencia:
(…) 2.3. Crear y mantener una base de datos de potenciales beneficiarios, con
la estructura y características que defina el Ministerio de la Protección
Social en el Manual Operativo del Programa, en la que se indique el número de
documento de identidad y lugar de residencia. Dicha información deberán
suministrarla las entidades territoriales, al Administrador Fiduciario del
Fondo de Solidaridad Pensional.”
[86] “La
entidad territorial o el resguardo, seleccionarán los beneficiarios previa
verificación del cumplimiento de los requisitos. Con el fin de garantizar un
mayor acceso, el Ministerio de la Protección Social seleccionará los
beneficiarios que residan en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, previa
convocatoria y verificación de requisitos.”
[87] “Criterios de priorización
de beneficiarios. En el proceso de
selección de beneficiarios que adelante la entidad territorial, se deberán
aplicar los siguientes criterios de priorización: 1. La edad del aspirante. 2.
Los niveles 1 y 2 del Sisbén. 3. La minusvalía o discapacidad física o mental
del aspirante. 4. Personas a cargo del aspirante. 5. Ser adulto mayor que vive
sólo y no depende económicamente de ninguna persona. 6. Haber perdido el
subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad de 65 años y no contar con
capacidad económica para continuar efectuando aportes a dicho sistema. En este
evento, el beneficiario deberá informar que con este subsidio realizará el
aporte a pensión con el fin de cumplir los requisitos. Este criterio se
utilizará cuando al beneficiario le hagan falta máximo 100 semanas de
cotización. 7. Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio. 8. Fecha de
solicitud de inscripción al programa en el municipio. Parágrafo 1°. Las bases
de ponderación de cada uno de los criterios, serán las que se establezcan en el
Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor. Las
Entidades Territoriales deberán entregar la información de priorizados, cada
seis (6) meses.”
[88]
“Artículo 31. Modificado por el Decreto 3550 de 2008,
artículo 1º. Modalidades de beneficios. Los
beneficios de la subcuenta de subsistencia, serán otorgados en las modalidades
de subsidio económico directo y subsidio económico indirecto. El subsidio
económico directo se otorga en dinero, el cual se gira directamente a los
beneficiarios. El subsidio económico indirecto se otorga en Servicios Sociales
Básicos y se entrega a través de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor,
Centros Diurnos, Resguardos Indígenas o a través del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF–. (…)”
[89] “(…)
La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que
se financien serán definidos por el Ministerio de la Protección Social de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de conformidad con las metas de
cobertura señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
Conpes. En todo caso, el valor del subsidio no podrá superar el (50%) del
salario mínimo legal mensual vigente. (…)”
[90] Sentencia T-801 de 1998.
[91] Sentencia T-413 de 2013.
[92] Folios 42-75, Cuaderno 2.
[93] Folios 91-93, Cuaderno 2.
[94] Folios 7-8, Cuaderno 1.
[95] Folios 1-6, Cuaderno 1.
[96] Folios 13-27, Cuaderno 1.
[97]
Folios 58-64, Cuaderno 2.
[98]
Folio 29, Cuaderno 2.
[99] Folios 115-121, Cuaderno 2.
[100] Folios 90-97, Cuaderno 2.
[101] 8 de junio de 2016.
[102] Folio 15, Cuaderno 1.
[103] Folio 104, Cuaderno 2.
[104] Folios 33-40, Cuaderno 2.
[105] La historia clínica, la contestación del Hospital y
los informes de la Alcaldía y Defensoría.
[106] Folios 122-176, Cuaderno 2.
[107] Folio 15, Cuaderno 1.
[108] Folios 91-92, Cuaderno 2.
[109] Corte Constitucional, Sentencia
T-025 de 2015.
[110] Corte Constitucional, Sentencias
SU-1023 de 2001, T-203 de 2002, T-843 de 2009, T-622 de 2016 y T-080 de 2017,
entre otras.