SU573-17
Sentencia SU573/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Procedencia más restrictiva, en la medida
que solo tiene cabida cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se genera cuando las normas procedimentales se erigen como un obstáculo para la
protección del derecho sustancial y no en un medio para lograrlo. Puede
presentarse por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y la
renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos. Los
lineamientos de la ley no eximen la responsabilidad de valorar los elementos
probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo contrario
puede implicar fallos desproporcionados e incompatibles con los postulados
constitucionales e, incluso, legales.
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO EN MATERIA PROBATORIA Y SU
INTERRELACION CON DEFECTOS FACTICO Y SUSTANTIVO
A la vez que se incurre en un exceso ritual
manifiesto, se puede incurrir en un defecto sustantivo y fáctico cuando, por
ejemplo, por la imposición de requisitos adicionales a los señalados en la ley
o la sujeción arbitraria y caprichosa del juez al procedimiento, en contravía
del derecho sustancial, se desconocen los elementos probatorios aportados al
proceso, a pesar de que estos tengan la entidad suficiente para acreditar los
hechos objeto de controversia. Las reglas procesales no pueden leerse con tal
rigor que se sacrifique la garantía y protección de los derechos fundamentales.
DEFECTO
SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
El defecto sustantivo se configura cuando
el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución
o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”.
Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación
de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido
de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para
conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse.
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Las diferencias que resulten de la sana valoración
probatoria no comprenden un defecto fáctico, habida cuenta de que se parte del
respeto por la autonomía judicial. La intervención del juez constitucional es
excepcional. En consecuencia, esta intervención procede siempre y cuando (i) se
vislumbre un error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la
valoración probatoria,  que obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto;
(ii) debe tener la entidad suficiente para tener ‘incidencia directa’,
‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión.
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
ESTADO CIVIL Y RECONOCIMIENTO DE LA
PATERNIDAD ENTRE 1886 Y 1938-Marco
jurídico
ACCION DE PETICION DE HERENCIA-Naturaleza, marco jurídico y
características esenciales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
cuanto se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
sustantivo y fáctico en proceso ordinario de petición de herencia
Referencia: Expediente T-3.329.158
Demandante: Clovis Barrios de Chicó
Demandado: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá,
D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2011, mediante
el cual confirmó la providencia dictada por la Sala Laboral de esa Corporación
el 27 de septiembre de 2011, la cual negó  la tutela presentada por Clovis
Barrios de Chicó contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.
El mencionado expediente fue seleccionado para
revisión por la Sala Primera de Selección mediante Auto del 31 de enero de
2012, asignado a la Sala Tercera de Revisión, la cual se pronunció al respecto
mediante la Sentencia T-401 del 31 de mayo 2012. No obstante, esta providencia
judicial fue anulada por la Sala Plena de esta Corporación mediante Auto 090
del 23 de febrero de 2017. En consecuencia, se procede a proferir la sentencia
de reemplazo.
I. ANTECEDENTES
1.     Solicitud
La
accionante solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia al proferir la Sentencia de 17 de junio de 2011. Según adujo, en esta
providencia se incurrió en los defectos procedimental (por exceso ritual
manifiesto), sustantivo y fáctico, debido a que se “desconoció de manera
subjetiva, arbitraria y caprichosa y sin fundamento objetivo razonable, el
sistema de TARIFA LEGAL probatoria, previsto por el legislador para la
valoración de las pruebas del estado civil de los hijos naturales o
extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938”.
2. Hechos relevantes
2.1.
La señora Clovis Barrios de Chicó, por medio de demanda presentada el 31 de
julio de 1998, promovió proceso ordinario de petición de herencia contra Elzael
Barrios Páez y los herederos indeterminados de Reynal y Leila Barrios Páez,
para que se le declarara heredera de igual o mejor derecho en la sucesión del
señor Ramón Barrios Pérez[1].
Lo anterior debido al fallecimiento de sus antecesores y a que ella era hija
del señor José Barrios Díaz, quien, a su vez, había sido reconocido como hijo
por el señor Benito Barrios Espitia y este, a su turno, por el señor Ramón
Barrios Pérez[2].
Este último reconocimiento de acuerdo con el acta de bautismo inscrita en el
libro de bautismo No. 4, folio 66 de la Parroquia de la Bahía (Cartagena), dos
certificados eclesiásticos de la misma y las Escrituras Públicas No. 478 del
29 de noviembre de 1898 y 27 de del 10 de enero de 1928.
En
el referido proceso ordinario de petición de herencia, la señora Clovis Barrios
de Chicó alegó que los señores Elzael, Reynal y Leila Barrios Páez adelantaron
el proceso sucesorio del señor Ramón Barrios Pérez (bisabuelo de la actora)
ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, ocultando la existencia de
otros herederos de igual o mejor derecho y sin incluir la totalidad de los
bienes del haber sucesoral. De manera puntual, hizo referencia a los predios
denominados “La Isleta”, “Las Ánimas” y “La Ceiba”. En consecuencia, solicitó
ser reconocida como heredera de igual o mejor derecho, dejar sin efecto el
trabajo de partición y adjudicación aprobado en dicho juicio el 4 de agosto de
1988 y, por ende, rehacer la liquidación.
2.2. El
Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena accedió a las pretensiones
formuladas en el proceso de petición de herencia mediante Sentencia del 6 de
noviembre de 2001. Fundamentó su decisión en que la accionante era heredera de
igual derecho que los demandados, debido a que se encuentra probado que es hija
de José Barrios Díaz, de conformidad con el registro civil de nacimiento
460109; José Barrios Díaz fue reconocido como hijo por Benito Barrios Espitia
mediante Escritura Pública No. 1146 del 22 de diciembre de 1969, registrada en
la Notaría 3ª de Cartagena, y el Registro Civil de Nacimiento No. 2318445; y
Benito Barrios Espitia fue reconocido como hijo de Ramón Barrios Pérez según:
(i)
la Escritura Pública
No. 478 del 29 de Noviembre de 1898 otorgada por el señor Ramón Barrios Pérez
ante la Notaría Primera de Cartagena, por medio de la cual reconoció como su
hijo al señor Benito Barrios Espitia, así como a Guillermina y José Candelario
Barrios Espitia;
(ii)
la Escritura Pública
No. 27 del 10 de enero de 1928, testamento del señor Ramón Barrios Pérez
realizado ante la Notaría Primera de Cartagena, en la que reconoce como su hijo
a Benito Barrios Espitia como heredero universal en conjunto con su hija
Guillermina Barrios Espitia y menciona la Escritura Pública No. 478 del 29 de
Noviembre de 1898; y
(iii)
el Certificado
de la partida eclesiástica de bautismo de Benito Barrios Espitia, libro 4,
folio 66 No. 528, el cual “con la correspondiente nota marginal da cuenta
del reconocimiento expedido por el presbítero Alejandro Pimentel S. adscrito a
la Parroquia de la Bahía, del Arzobispado de Cartagena de Indias”.
Respecto
a los demandados, señaló que también se encontraba demostrado que tienen
vocación hereditaria. Al efecto, explicó que Ramón Barrios Pérez, por medio de
la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1998, reconoció como hijos a
Guillermina, Benito (abuelo de la demandante) y José Candelario Barrios
Espitia. La primera de estas no tuvo hijos, el segundo tuvo a José Barrios
Díaz, (padre de la demandante) y, el último, es el padre de los demandados,
Elzael Reynal y Leyla Barrios Páez. En consecuencia, concluyó que de manera
concurrente son herederos de igual derecho Clovis Barrios de Chicó, en
representación de su abuelo Benito Barrios Espitia, y Elzael Barrios Páez y sus
hermanos, de su padre José Candelario Barrios Espitia.
En
cuanto al haber sucesoral constató que hacían parte de este los bienes
inmuebles “La Isleta”, “La Ceiba” y “Las Ánimas”, según se
desprende de los certificados de libertad y tradición[3], las
escrituras públicas y el dictamen pericial realizado. Igualmente, se dejó
constancia de que “existe prueba de que los demandantes, aunque hayan
efectuado algunas ventas respecto de bienes inmuebles que recibieron con
ocasión a la sucesión (…) todavía tienen bajo su dominio una parte”.
Así
las cosas, se reconoció a la accionante como heredera de igual derecho que los
demandados, se declararon ineficaces los actos de partición y adjudicación
realizados dentro del juicio sucesorio sin tener en cuenta herederos de igual
derecho y bienes pertenecientes al haber sucesoral, se ordenó rehacer este
proceso incluyendo a la demandante en la cuota parte del 50% del haber
sucesoral, en representación de su abuelo Benito Barrios Espitia, se señaló que
el haber sucesoral estaba compuesto por “La Isleta”, “La Ceiba” y
“Las Ánimas” y se condenó a restituir el 50% de estos inmuebles que
estuvieren ocupados por los demandados. Finalmente, se declaró improcedente
la pretensión consistente en que se dejen sin efecto los actos dispositivos que
sobre los bienes sucesorales se hubieren efectuado, por cuanto los
terceros afectados no fueron vinculados al proceso.
2.3.
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por medio de
sentencia del 18 de abril de 2008, revocó la providencia mencionada y, en su
lugar, denegó las pretensiones. Explicó que la prosperidad de la acción de
petición de herencia requiere que el demandante alegue y demuestre, primero, su
derecho a la herencia y, segundo, que la herencia está ocupada por otra persona
en calidad de heredero. Sin embargo, el estudio de este último requisito es
consecuencial del primero.
Bajo
estos lineamientos adujo que si bien están probados los vínculos filiales entre
Clovis Barrios de Chicó, la accionante, y José Barrios Díaz[4], así como
entre este y el señor Benito Barrios Espitia[5],
no sucede lo propio respecto de Benito Barrios Espitia y Ramón Barrios Pérez.
Al efecto, explicó que el nacimiento de Benito Barrios Espitia se produjo antes
de 1938 (el 21 de marzo de 1894), por lo que debió acreditarse la paternidad
con la partida eclesiástica de bautismo en la cual se diera cuenta del acta de
bautismo firmada por el padre que realizó el reconocimiento, requisito que no
se cumplía.
Posteriormente,
la autoridad judicial analizó la copia del libro de bautismo anexado a la
demanda, en la que se evidencia una nota marginal sobre el reconocimiento
realizado mediante la Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898 de
la Notaría 1ª de Cartagena[6].
En su consideración este documento no tiene entidad probatoria para demostrar
el vínculo filial, pues “si el presunto padre hubiese hecho dicho
reconocimiento en el acto de bautismo, no tendría razón alguna de colocarle una
nota marginal contentiva de dicho reconocimiento y mucho menos con fundamento
en una escritura”[7]
(negrillas fuera de texto) y, adicionalmente, “no es de los que
taxativamente establece la ley para demostrar [el] parentesco, rompiendo de
inmediato y sin entrar a estudiar las demás, el enlace que debe existir para
heredar en representación”[8].
Esta
decisión no fue unánime. El Magistrado disidente adujo que no era posible
exigir que en la partida eclesiástica de bautismo constara la firma del señor
Ramón Barrios Pérez para acreditar el estado civil de su hijo Benito Barrios
Espitia, pues en el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 no figura dicha exigencia[9].
Adicionalmente, hizo referencia a las Escrituras Públicas No. 27 del 10 de
enero de 1928 y 478 del 29 de noviembre de 1898. La primera de ellas contentiva
del testamento del señor Ramón Barrios Pérez, y en la cual se hizo referencia a
la segunda, por medio de la cual se reconoció como hijo natural a Benito
Barrios Espitia. Dicho esto, el Magistrado disidente enfatizó en que “(…)
desde el punto de vista del derecho sustancial o material, hoy sobre todo en
vigor [en] el estado social y democrático de derecho, no es dable ignorar la
fuerza probatoria de las citadas escrituras de su reconocimiento como hijo y
del testamento de 1898 (…)”.
2.4.
La señora Clovis Barrios de Chicó, a través de apoderado judicial, interpuso
recurso extraordinario de casación contra la decisión adoptada por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, el cual fue resuelto por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011 de
manera desfavorable a sus intereses[10].
Se
explicó en la providencia que el 21 de marzo de 1894 nació el señor Benito
Barrios Espitia, referente temporal que determina las normas que rigen la
constitución y demostración de su estado civil. Así entonces, advirtió que el
artículo 22 de la Ley 57 de 1887 vigente para entonces “tenía y admitía como
prueba principal del estado civil -respecto de nacimientos (…) las
certificaciones expedidas por los sacerdotes párrocos con sujeción a las
formalidades legales e insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales”. Lo que en su lectura implicaba que, en el caso de la
filiación natural, el cura párroco en las certificaciones eclesiásticas debía
insertar las actas o partidas eclesiásticas existentes en los libros
parroquiales y tomar nota del acto de reconocimiento voluntario[11].
En
este sentido, se advirtió que “es incontrastable que tratándose de la
filiación paterna natural -como aquí acontece-, el acta parroquial
inserta en la respectiva certificación ha de recoger el acto declarativo de
paternidad, porque la mera mención de ella realizada por la autoridad
eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece del carácter constitutivo
del estado civil en mención”. En este sentido, consideró que las únicas
fuentes del reconocimiento del hijo natural eran las que se realizaran
voluntariamente “por testamento o instrumento público o
firmando el acta de registro civil de nacimiento, porque así lo imponía el
ordenamiento entonces en vigor  (Ley 153 de 1887 y 368 del C.C.)”.
Preceptos
bajo los cuales aseveró que carecía de valor probatorio la Escritura Pública
No. 478 del 29 de noviembre de 1898, inserta en la certificación eclesiástica,
porque este acto de reconocimiento voluntario no se había realizado en la fecha
en que fue asentada el acta de bautismo, es decir el 26 de marzo de 1895, en
este sentido se señaló:
“el
certificado expedido por el párroco de la Parroquia de la Bahía  -perteneciente
a la Arquidiócesis de Cartagena-, obrante a folio 5 del cuaderno No.1 del
expediente, de cuya indebida apreciación se duele el recurrente, pues aunque
dicho documento indica que Benito es “hijo de Ramón Barrio”  (sic)  no
contiene nota alguna sobre el acto declarativo de esa paternidad, y es
evidente que no podía referirlo, porque para la fecha en que fue asentada  -26
de marzo de 1895-, consignando el nombre del presunto padre,  éste no había
efectuado el reconocimiento posteriormente recogido en la escritura pública
No.478 de 29 de noviembre de 1898, instrumento del que tampoco se había tomado
nota marginal en el folio del libro parroquial para el 22 de mayo de 1998, día
en que fue expedida la citada certificación eclesiástica (…) Dicha partida
eclesiástica a lo sumo acredita el hecho del bautismo, mas no la filiación
natural respecto del padre” (Negrillas fuera de texto).
En
concordancia con lo anterior, la Sala de Casación Civil reconoció que el
artículo 22 de la Ley 57 de 1887 “asimiló las partidas eclesiásticas a las
actas de registro civil”. Sin embargo, indicó que “ello no comporta que
en virtud de esa presunción puedan acreditar hechos del estado civil de los que
su contenido no da cuenta, como aquí acontece, pues el documento cuestionado no
recoge el acto constitutivo del estado civil de hijo natural que con él se
pretende probar. En otras palabras, la partida en cuestión aunque está
revestida de autenticidad -no fue tachada ni redargüida de falsa-,
carece de eficacia demostrativa para establecer la filiación discutida, por la
razón ya señalada” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto
a la prueba del acta de bautismo inserta en el libro parroquial, cuya copia se
anexó a la demanda[12],
adujo que no se trata de la certificación eclesiástica exigida en el régimen de
tarifa legal anteriormente relacionada y, en consecuencia, carece de idoneidad
para demostrar el estado civil. Se indicó además que en algunas partes el
documento es borroso e ilegible y, eventualmente, podría corresponder a la mera
reproducción literal o mecánica de la inscripción allí asentada sobre el acta o
partida inserta en la misma, más no por ello le asiste valor probatorio.
En
cuanto a la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, en la
sentencia de casación se consideró que “es prueba del hecho mismo del
reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas no del estado civil de
hijo natural, en virtud de que éste se acredita mediante los
documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento
jurídico, siendo en este caso la certificación eclesiástica a que alude el
precitado artículo 22 de la Ley 57 de 1887” (Resaltado y subrayado propio).
No
obstante lo anterior, aclaró que el Tribunal Superior de Cartagena incurrió en
un error al considerar que se requería la firma del presunto padre en el acta
eclesiástica: “es del caso aclarar que el tribunal desconoció que para
esa época el reconocimiento voluntario de dicho status podía efectuarse por
instrumento público entre vivos o por acto testamento o  firmando el acta pero
la de carácter civil, más no la eclesiástica; ciertamente, dicho juzgador
consideró que los aludidos documentos no demostraban el estado reclamado porque
no existía constancia de que el presunto padre hubiese firmado el acta
respectiva ni que tal paternidad hubiese sido declarada judicialmente, cuando
lo cierto es que la condición de hijo  “natural” se adquiriría en los términos
ya reseñados”.
En
cuanto al reconocimiento testamentario, el Alto Tribunal afirmó que si
bien es cierto que la calidad de heredero puede emanar de la ley o del
llamamiento testamentario, lo cierto es que la actora no lo alegó así: “el
reconocimiento reclamado por la actora como heredera preferente y,
subsidiariamente, concurrente, no fue sustentado de manera puntual y
concreta en la condición de heredero testamentario del extinto Benito Barrios Espitia
-abuelo de aquella-, respecto del causante Ramón Barrios Pérez, de ahí que esa
situación no fue materia de estudio en el fallo censurado y, por contera,
tampoco objeto de las acusaciones formuladas en casación” (Negrillas de la
Corte).
3. De la acción de tutela y las sentencias de
instancia
3.1.
Inconforme con lo anterior, la señora Clovis Barrios de Chicó a través de
apoderado judicial instauró acción de tutela contra la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que en la providencia previamente
referida se infringieron sus derechos al debido proceso y al acceso efectivo a
la administración de justicia. Alegó que se incurrió en las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente
en un defecto procedimental (por exceso ritual manifiesto), sustantivo y
fáctico, debido a que se “desconoció
de manera subjetiva, arbitraria y caprichosa y sin fundamento objetivo
razonable, el sistema de TARIFGA LEGAL probatoria, prevista por el legislador
para la valoración de las pruebas del estado civil de los hijos naturales o
extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938”.
Lo anterior debido a que “con las partidas
eclesiásticas que expedían los respectivos curas párrocos de las iglesias se
acreditaba el estado civil de los hijos extramatrimoniales nacidos antes de
entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, la que fue aportada al trámite pero no
fue debidamente valorada” y se desconoció el valor probatorio que el marco jurídico
aplicable, Ley 57 y 153 de 1887, reconocían sobre los instrumentos públicos
entre vivos y a los actos testamentarios para el reconocimiento filial de
paternidad y, por consiguiente, se desestimaron las Escrituras Públicas 478 del
29 de noviembre de 1898 y 27 del 10 de enero de 1928, en las cuales se dejó
constancia del reconocimiento que Ramón Barrios Pérez hizo respecto de Benito
Barrios Espitia.
3.2.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por conducto del Magistrado
Ponente, intervino en el trámite de la acción de tutela para oponerse a las
pretensiones de la señora Barrios, pues, en su criterio, la decisión se adoptó
siguiendo los lineamientos del sistema de tarifa legal y dándole el valor de
convicción que le correspondía a cada uno de los documentos aportados.
Puntualmente, indicó que la decisión adoptada dentro del proceso ordinario de
petición de herencia no trasgredió derecho fundamental alguno y se sustentó en
las prescripciones del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, vigente para la época
en que nació el señor Benito Barrios Espitia.
3.3.
Durante el trámite de la acción de tutela, ambas instancias judiciales, la Sala
de Casación Penal y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, denegaron el amparo solicitado. Para ello, en general, expusieron que
no se materializó ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión en sede de
casación no fue caprichosa ni arbitraria, pues se sustentó en la normatividad
vigente para esa época. Así mismo, apuntaron que el juez constitucional no
podía convertirse en una instancia revisora de la valoración probatoria
desplegada por el juez natural, máxime cuando la Sala Civil había expuesto los
móviles por los cuales no casaba la sentencia del Tribunal de Cartagena.
3.4. Aspectos relevantes relacionados con el asunto de
la referencia
En
sede de revisión el apoderado de la accionante allegó copia de las Sentencias
del 23 de mayo de 2007 dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Cartagena, y del 4 de marzo de 2008 por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, primera y segunda instancia, por medio de las
cuales se condenó al señor Elzael Barrios Páez por el delito de fraude procesal
al haber adelantado proceso de prescripción agraria sobre el bien inmueble “La
Isleta”, ocultando la existencia de herederos de igual o mejor derecho y,
por consiguiente, se dejaron sin efecto los actos de enajenación que este
realizó sobre este bien inmueble a la empresa Prodetur SAC[13].
Sin
embargo, a pesar de que se mantuvo la orden de dejar sin efectos los actos de
enajenación, lo cierto es que la sanción penal se declaró prescrita (según lo
manifestado por la accionante, en una acción de tutela previa, allegada al
expediente, y presentada para el cumplimiento de las órdenes dadas en este
proceso penal).
II. TRÁMITE EN SEDE DE REVISIÓN DE TUTELA
1. Mediante
Auto del 31 de enero de 2012, el expediente T-3.329.158 fue asignado por
reparto a la Sala Tercera de Revisión, Sala que se pronunció al respecto
mediante la Sentencia T-401 del 31 de mayo de 2012, en la cual se
planteó el siguiente problema jurídico: “¿vulnera la Corte Suprema de
Justicia el derecho al debido proceso, incurriendo en defecto fáctico y
sustantivo, al considerar que la partida de bautismo que no haya sido firmada
por el padre del hijo extramatrimonial no constituye plena prueba de la
paternidad?”. La respuesta fue negativa debido a que en la providencia
atacada fueron analizadas de forma extensa las normas aplicables al caso
concreto y se motivó con suficiencia el valor probatorio otorgado a las piezas
procesales allegadas. Se recordaron los planteamientos de la Corte Suprema de
Justicia en relación con el estado civil, la normatividad aplicable al caso
concreto y la importancia de la declaración expresa de la voluntad para el
reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, entre otros. Considerandos
después de los cuales decidió “CONFIRMAR la providencia del 29 de
noviembre de 2011 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
por medio de la cual se negó el amparo incoado”.
La decisión adoptada en esta sentencia no fue unánime.
El Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio salvó su voto al considerar que “(l)a
argumentación de la Sala de Casación Civil, que resta sistemáticamente valor a
la partida de bautismo, a las certificaciones expedidas por los curas párrocos
donde reposan tales partidas e incluso la escritura pública mediante la cual,
ante el Notario 1º de Cartagena, el señor Ramón Barrio Pérez reconoce como hijo
suyo al señor Benito Barrios, se apoya en concepciones puramente formales del
derecho para negar, en últimas, lo que resulta verdadero. De esta manera va en
contra de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución y da prevalencia a
la forma sobre lo sustancial”.
2. Contra esta providencia judicial se presentaron dos
solicitudes de nulidad resueltas por la Sala Plena de esta Corporación a través
del Auto 090 del 23 de febrero de 2017.
2.1. La primera fue presentada por Prodetur SAC, a través
de su apoderado judicial, Otoniel Zabala Caraballo, aduciendo ser un tercero
interesado en el proceso por haber adquirido el bien inmueble la Isleta, de
manos de Elzael Barrios Páez. En su escrito solicitó la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela, emitido el 16 de
septiembre de 2011, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional advirtió que
Prodetur SAC carecía de legitimación en la causa, por cuanto la tutela estaba
relacionada con la Sentencia de Casación dictada por la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011 en el proceso de petición de
herencia, y no con el proceso reivindicatorio en el cual esta empresa
eventualmente estaría llamada a actuar. En este sentido se dijo en el Auto 090
de 2017 que “la decisión de tutela sólo afectaría el proceso ordinario de
petición de herencia adelantado por la señora Clovis Barrios de Chico, quien
alega la condición de heredera. Eventualmente, habría podido incidir en los
derechos de terceros, siempre y cuando hubiesen sido llamados al proceso o la
acción reivindicatoria se hubiese instaurado simultáneamente (…)”.
2.2. La segunda petición de nulidad fue presentada por la
señora Clovis Barrios de Chicó, quien alegó que en la Sentencia de Casación
dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011
se incurrió en un exceso ritual manifiesto por el desconocimiento que, de
acuerdo con el marco jurídico aplicable, se hizo de las piezas procesales
allegadas al proceso para demostrar el estado civil de Benito Barrios Espitia.
En virtud de esta petición se declaró la nulidad de la Sentencia T-401 de 2012.
2.3. La Sala Plena constató en el Auto 090 de 2017
la violación del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia por “omisión del análisis sobre aspectos de relevancia
constitucional que tenían efectos trascendentales en el sentido de la decisión
adoptada” e  indicó que se incurrió en un exceso ritual manifiesto, bajo
los siguientes argumentos:
El
señor Benito Barrios Espitia nació el 21 de marzo de 1894. Según la
Constitución de 1886, vigente para la época, el estado civil de las personas se
regulaba por la ley[14].
En desarrollo de este precepto se expidió la Ley 57 de 1887, “(s)obre
adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, la cual, en
su artículo 22[15],
estableció como pruebas principales del nacimiento “las certificaciones que
con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos,
insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales”.
Igualmente, en virtud
del artículo 368 del Código Civil, “cuando el padre reconociera a un hijo
natural en el acta de nacimiento, bastaba con su firma en el acta de
registro respectivo, en prueba del reconocimiento” (Negrillas fuera de
texto).  Así mismo, se encontraba vigente la Ley 153 de 1887, “(p)or la cual se adiciona y reforma los códigos
nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, en la cual se precisó que
los hijos extramatrimoniales, como era el caso del señor Benito Barrios
Espitia, podían ser reconocidos a través de un acto libre y voluntario que
debía manifestarse mediante “instrumento público entre vivos,
o por acto testamentario” (resaltado propio)[16].
En
la partida eclesiástica de bautismo del señor Benito Barrios Espitia, expedida
el 26 de marzo de 1895, el Cura Párroco de la Parroquia de la Bahía,
perteneciente a la Arquidiócesis de Cartagena, registró como su padre al señor
Ramón Barrios Pérez. Este documento fue emitido antes de la expedición de la
Ley 92 de 1938, por consiguiente, tiene valor probatorio para demostrar el
estado civil del señor Benito Barrios Espitia. Con la Ley 57 de 1887, una
persona podía acreditar su estado civil a mediante la partida eclesiástica de
bautismo, otorgada por el Párroco de la Curia, quien la expedía con calidades
similares a las que hoy se atribuyen a los Notarios.
Adicionalmente,
sostuvo el auto que la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, como
instrumento público que es, comporta una prueba suficiente, idónea y
conducente, para demostrar el reconocimiento de la paternidad respecto del
señor Benito Barrios Espitia, puesto que cumple con los presupuestos exigidos
por la Ley 153 de 1887 para el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Se
reitera que, en virtud de los artículos 54 al 56 de esa norma, un hijo nacido
por fuera del vínculo matrimonial podía ser reconocido por su padre o madre como
un hijo natural, mediante una declaración libre y voluntaria, la
cual debía hacerse a través de un instrumento público entre vivos o
mediante acto testamentario.
Así
entonces, se señaló que debieron valorarse idónea y adecuadamente no solo las
pruebas que obraban dentro del expediente de conformidad con los requisitos
exigidos por la normatividad vigente en su momento, sino también bajo los
parámetros de la Constitución de 1991, tales como la prevalencia de lo
sustancial sobre lo procedimental, la garantía de los derechos fundamentales, y
la supremacía de la Constitución.
Y, en concordancia, se resolvió:
“PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia T-401
de 2012, en virtud de la solicitud presentada por Clovis Barrios de Chico, por
medio de su apoderado judicial Víctor Velázquez Reyes.
SEGUNDO.- RECHAZAR por improcedente el incidente de
nulidad instaurado por el señor Otoniel Zabala Caraballo, apoderado de PRODETUR
SAC, contra la sentencia T-401 de 2012.
TERCERO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el
expediente al despacho del Magistrado Sustanciador del presente asunto para que
proyecte la nueva sentencia, que deberá ser adoptada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional.
CUARTO.- COMUNÍQUESE la presente providencia al peticionario,
con la advertencia que contra esta decisión no procede ningún recurso”.
2.4. Con
posterioridad al Auto 090 de 2017 y en el interregno de elaboración de la
sentencia de reemplazo, el ciudadano Manlio Aristio Barrios Buelvas se presentó
ante esta Corporación el 3 de mayo de 2017 solicitando la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto admisorio de la tutela. Manifestó que es hijo de
Elzael Barrios Páez y, sin embargo, no fue notificado del proceso de tutela a
pesar de que fue favorecido, primero, con la Sentencia del 17 de junio de 2011
dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, con posterioridad,
en sede de revisión, por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-401 de
2012. No obstante, indicó que una vez proferido el Auto 090 de 2017, avizora
una decisión desfavorable en su contra, por lo cual solicita la nulidad de
todo lo actuado por falta de notificación. A su solicitud adjuntó el
certificado de defunción de su padre, Elzael Barrios Páez, demandado en el
proceso de petición de herencia, conforme con el cual este falleció el 30 de
octubre de 2008.
La
pretensión del incidentante fue despachada desfavorablemente en atención a que:
(i) el envío de las notificaciones del auto admisorio de la tutela y de las
actuaciones subsiguientes se hizo a un inmueble de su propiedad, cuya dirección
de hecho aparece en la base de datos de la Fiscalía General de la Nación a su
nombre; (ii) porque los telegramas nunca fueron devueltos y, de acuerdo con lo
verificado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, (juez de
primera instancia en el proceso de tutela), la notificación así surtida se
entendió efectivamente realizada; (iii) porque el solicitante es abogado y
tiene los conocimientos técnicos y especializados para hacer seguimiento al
fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que le era favorable; y
(iv) se hizo parte del proceso constitucional una vez avizoró una
decisión desfavorable en su contra, como él mismo lo indicó, y sólo ahora, en
esta etapa, puso en conocimiento de la Corte Constitucional que su padre había
fallecido el 30 de octubre de 2008, hace aproximadamente 9 años.
Estos,
entre otros elementos fácticos y probatorios, permitieron concluir a esta
Corporación que el incidentante fue notificado en debida forma a la dirección
que aparecía registrada en el expediente y, sin embargo, no se hizo parte del
mismo oportunamente. En consecuencia, debe soportar la carga de su negligencia,
no siéndole dable alegar a favor su propia culpa. Por consiguiente, su
solicitud de nulidad fue despachada desfavorablemente.
2.5. En
el transcurso del proceso de revisión, esta Corporación tuvo conocimiento de
que el expediente contentivo del proceso ordinario de petición de herencia en
comento se encuentra extraviado, presuntamente, desde el 2012. En consecuencia,
por medio del Auto 471 del 6 de septiembre de 2017, se compulsaron copias al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que
se adelanten las investigaciones pertinentes y se impongan las sanciones a que
hubiere lugar.
3. Pruebas relevantes
-
Certificado
eclesiástico de bautismo del señor Benito Barrios Espitia,  expedido por el
Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual
en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528 su padre es Ramón
Barrios. El documento contiene la siguiente referencia: “Em (sic) la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario de Bocachica, parroquia de la Bahía, em (sic)
Cartagena, a 26 de marzo de 1895, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que
nació el 21 de marzo de 1894, a quien puse el nombre de Benito, hijo de Ramón
Barrio (sic) y Cleotilde Espitia, Vecinos de Bocachica (…) Dada en
pasacaballos a los 22 días del mes de mayo de 1998”[17].
-
Certificado
eclesiástico de bautismo del señor Benito Barrios Espitia expedido el  por el
Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual
en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528 se señala como padre de
este a Ramón Barrios. En este se incluyó, además, una nota marginal “Por
Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898 de la Notaría Primera de
Cartagena, Ramón Barrios Reconoció a su hijo Benito Barrios Espitia que es el
nombre correcto (…)”. Septiembre 20 de 2000. “Es fiel copia del original. Dadda
(sic) en Pasacaballos a los 21 días del mes de septiembre del 2000”[18].
-
Copia del libro de
bautismo en el que consta el acta de bautismo del señor Benito Barrios Espitia
y el nombre de su padre, Ramón Barrios Pérez, entre otros, En el manuscrito se
observa también una nota marginal que hace referencia a la Escritura Pública
478 de 29 de noviembre de 1898. Documento en el que se lee que “Ramón
Barrios reconoció a su hijo Benito Espitia, que es el nombre correcto (…)”[19].
-
Copia de la Escritura
Pública 478 del 29 de noviembre de 1898 registrada en la Notaría Primera del
Círculo de Cartagena, en cuyo encabezado se lee “reconocimiento de hijo
natural (…) otorgado por Ramón Barrios, a favor de Guillermina Barrios Espitia
y otros”, entre los cuales se señala a Benito Barrios Espitia[20].
-
Copia de la Escritura
Pública 27 del 10 de enero de 1928 expedida en la Notaría Primera del Círculo
de Cartagena, correspondiente al Testamento otorgado por Ramón Barrios, en el
cual reconoció como herederos universales a Guillermina y Benito Barrios
Espitia y se hace mención a la escritura pública 478 de 1898[21].
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9º de la Constitución Política; 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991;
y en cumplimiento del numeral 3º de la parte resolutiva del Auto 090 de 2017.
2.
Problema jurídico
En
virtud de los antecedentes referidos, el debate constitucional que le
corresponde decidir a la Sala Plena se concentra en determinar si la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, vulneró el derecho fundamental
al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la accionante,
al proferir la Sentencia del 17 de junio de 2011, incurriendo en los defectos
procedimental (por exceso ritual manifiesto), sustantivo y fáctico, por
considerar no probado el vínculo filial entre Benito Barrios Espitia y Ramón
Barrios Pérez, (i)  al exigir que en el acta y en la certificación eclesiástica
de bautismo constara el reconocimiento voluntario de la paternidad, y (ii) no
otorgar validez probatoria a las Escrituras Públicas 478 del 29 de noviembre de
1898 y 27 del 10 de enero de 1928 realizadas ante la Notaría 1ª de Cartagena,
que dan cuenta del reconocimiento de la paternidad.
Con
el fin de resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán a continuación
los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia; (ii) requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela; (iii) Requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iv) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto; (v) defecto sustantivo; (vi)
defecto fáctico; (vii) marco jurídico sobre el estado civil y el reconocimiento
de la paternidad entre 1886 y 1938; (viii) acción de petición de herencia,
naturaleza, marco jurídico y características esenciales y, finalmente, se
resolverá el (ix) caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
De
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial, preferente y sumario, al que puede acudir
cualquier persona cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier
autoridad pública o un particular, en los casos específicamente previstos por
el Legislador, y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su
protección efectiva.
Por
regla general, la tutela no procede contra providencias judiciales en virtud de
los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, esta
Corporación ha delimitado algunas causales en virtud de las cuales,
excepcionalmente, resulta procedente, las cuales fueron sistematizados en la
Sentencia C-590 de 2005, providencia judicial en la cual se diferenció entre
requisitos generales y especiales. Los primeros habilitan el estudio
constitucional y deben cumplirse en su totalidad; los segundos implican la
procedibilidad del amparo y sólo se requiere la configuración de uno de ellos.
Los
requisitos generales son “a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los
medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable; c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; f. Que no se trate de
sentencias de tutela”[22].
La
Sala Plena de la Corte Constitucional ha señalado, recientemente, que la acción
de tutela resulta improcedente no solo para cuestionar providencias judiciales
que resuelven acciones de tutela, sino también providencias que resuelven
acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad[23]. Motivo por el cual,
en principio, tampoco resulta procedente las acciones de tutela contra
sentencias que resuelven este tipo de acciones.
Los
requisitos especiales de procedencia[24],
por su parte, son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto; (iii) defecto
fáctico; (iv)  defecto material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii)
violación directa de la Constitución (negrillas fuera de texto).
Además
de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela contra
providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que “dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia
en sus respectivas jurisdicciones”[25].
En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017,
determinó que:
“la
tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión”.
Así
las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos
especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales
4.1. Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada: sugiere que el
asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia
exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe
justificar clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de
examen es “una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”[26].
4.2. Agotar todos los medios de defensa judicial
posibles: este presupuesto
se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela,
acorde con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos”.[27]
En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable[28].
4.3. Requisito de inmediatez: en virtud de este requisito la
acción de amparo debe presentarse en un término proporcional y razonable a
partir del hecho que originó la supuesta vulneración. Presupuesto exigido en
procura del respeto de la seguridad jurídica y la cosa juzgada pues, de lo
contrario, las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una
eventual evaluación constitucional.
4.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la
providencia atacada: con
fundamento en esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades
violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser
alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no
alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado[29].
4.5. Identificación razonable de los hechos que
generan la vulneración de los derechos fundamentales: en acatamiento de este requisito, en la
acción de tutela se deben identificar clara y razonablemente las actuaciones u
omisiones que comportan la vulneración alegada. Estos argumentos deben haberse
planteado dentro del proceso judicial, de haber sido posible[30].
4.6. Que, en principio, no se trate de sentencias de
tutela ni de providencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad o de
nulidad por inconstitucionalidad[31]: a través de esta exigencia se busca evitar que los
procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con
mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto
de estudio para su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite
después del cual se tornan definitivas[32].
5. Requisitos especiales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales
Constatado
el cumplimiento de los requisitos generales se habilita el estudio de los
especiales. De conformidad con lo mencionado, los requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) Defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actua completamente al margen del procedimiento establecido o con exceso ritual
manifiesto; (iii) defecto fáctico; (iv)  defecto material o sustantivo; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente; (viii) violación directa de la Constitución (negrillas fuera de
texto).
Debido
a que los argumentos de la demanda fueron desarrollados en consideración a un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y fáctico, como
consecuencia de los cuales se realizó una indebida interpretación normativa y
probatoria, se pone de presente a continuación los lineamientos
jurisprudenciales respecto de estos defectos.
6. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
El
defecto procedimental se configura cuando resultan desconocidos los artículos
29 y 228 de la Constitución. El primero se relaciona intrínsecamente con el “defecto
procedimental absoluto” por vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento
del principio de legalidad. El segundo refiere en esencia al acceso a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal; se presenta porque el funcionario judicial incurre en un “exceso
ritual manifiesto”. Estos dos escenarios se complementan pues las normas
procedimentales son “un medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos, y no fines en sí mismas”[33].
La
importancia de salvaguardar el derecho sustancial es fundamental para la
protección efectiva de los derechos fundamentales y, por consiguiente, el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ha sido objeto de extensos
desarrollos jurisprudenciales. Este defecto se puede generar por la imposición
de barreras procedimentales excesivas en contra del derecho material, pero
también por la interpretación, aplicación y valoración normativa y probatoria,
motivo por lo cual, esta faceta del defecto procedimental se ha estudiado en
concordancia con el defecto fáctico y sustantivo:
En
la Sentencia T-1306 de 2001[34],
la Corte Constitucional sentó las bases de la línea jurisprudencial
sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En esta
providencia se estudió el caso de un ciudadano que había acudido a la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar su pensión de vejez. La Corte
Suprema de Justicia no casó la sentencia de segunda instancia que había negado
el derecho, bajo el argumento de que existían fallas técnicas del recurso,
no obstante reconocer que el demandante cumplía los requisitos para acceder al
derecho con base en la Ley 100 de 1993 y el régimen de transición.
La
Corte Constitucional, en sede de revisión, puso de presente que las normas
propias del procedimiento judicial constituyen una vía para zanjar las
controversias en torno al derecho sustancial, no un impedimento para lograrlo.
Lo contrario desnaturaliza las normas procesales y, en consecuencia, constituye
“exceso ritual manifiesto”, figura jurídica que se definió como una “vía
de hecho”, consistente en “una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia
material”[35]
(Negrilla fuera de texto).
Con
base en estos lineamientos, en la Sentencia T-1123 de 2002, esta
Corporación estudió un caso en el cual el apoderado de 500 personas que
reclamaban su derecho a pensión, por error, dirigió la demanda y los
correspondientes poderes al juez civil y no al juez laboral como correspondía.
La demanda fue trasladada a este último por competencia y al conocer el libelo
demandatorio ordenó corregir los poderes en el término de 5 días y, al no
hacerlo, rechazó la demanda. En esta oportunidad se señaló que “la actividad
de administrar justicia por parte de los jueces, (…) exige fijar el alcance a
la norma que se aplica de conformidad con los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que debiendo elegir entre dos o más
interpretaciones posibles, debe acogerse aquella que se ajuste más a la
Constitución Política” (Resaltado propio).
Seguidamente,
en la Sentencia T-974 de 2003 la Corte amparó el derecho de acceso a la
administración de  justicia en un caso en el cual la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la perención del proceso
ordinario de responsabilidad contractual con fundamento en la inasistencia del
suplente del representante legal del accionante a la audiencia de conciliación
y trámite prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, sin
tener en cuenta que al suplente se le había revocado el mandato 3 años antes, documento
que fue aportado al proceso pero no tenido en cuenta por no existir constancia
de ello en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad.
La
Corte consideró constatada la vulneración de los derechos de la entidad
accionante, primero, por haber ignorado manifiesta y ostensiblemente una prueba
que tenía la capacidad de modificar la decisión y, segundo, por haber incurrido
en una “interpretación judicial” incorrecta y desproporcionada de las
normas aplicables al caso, por otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto
sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal.
En
consecuencia, se advirtió que los jueces son libres, autónomos e independientes
para interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico a cada caso concreto y
valorar el acervo probatorio, sin embargo, están sujetos a las disposiciones
constitucionales y legales. Es decir, se encuentran sujetos a valores
superiores de “forzosa aplicación, tales como, la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas y los principios de necesidad y valoración uniforme
y en conjunto de la prueba[36]”.
Así, “aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando
de dicho material emerge clara y objetivamente su existencia”. Por
consiguiente, “la sujeción a la libre apreciación no puede conducir a una
interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos
sustantivos en litigio (…)”.
Preceptos
tras los cuales se puso de presente que el juez debe velar por:
“(1°) Que en la aplicación del sistema
probatorio de libre apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual
manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la
obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia,
(a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración, o (c) no
dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge
clara y objetivamente.  (2°) Que en el desarrollo de la sana
crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios
constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (art. 228 Superior)”[37](Negrillas y subrayado fuera del texto).
Aunado
a lo anterior, se advirtió que la interpretación y aplicación de la ley
por parte de los operadores judiciales resulta legítima en el marco de un
Estado Social de Derecho cuando permite “el logro eficaz de los fines
propios de la organización estatal, entre los cuales se destacan, la
efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la
vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana (artículo
2° C.P).
Posteriormente,
en la Sentencia T-091 de 2008 la Corte conoció un proceso ordinario de
simulación en el cual se demandó la supuesta realización de un contrato
celebrado en detrimento de los derechos de un menor de edad por su padre. El
juzgado de instancia encontró probada la simulación relativa, sin embargo no
concedió el derecho porque en la demanda se alegó la simulación absoluta. La
Corte sentenció el exceso ritual manifiesto y la “omisión consciente de
los derechos fundamentales” del menor de edad, debido a que se renunció
a la verdad probada por el exegético apego a las formas. En punto a lo cual se
advirtió que “La Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de
las reglas de carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal,
que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales[38](…)”.
Más
adelante, esta Corporación profirió la Sentencia T-264 de 2009 en la
cual se estudió un proceso de responsabilidad civil extracontractual iniciado
por una mujer en nombre propio y de sus dos hijos, a quienes les fue despachada
desfavorablemente la demanda, bajo el argumento de que no se encontraba probada
la legitimación por activa debido a que solo se aportó como material probatorio
copia simple de la sentencia penal en la que se había condenado por homicidio
culposo a la persona que causó el accidente de su esposo. En esta oportunidad
se cuestionó la Corte acerca de si el juez dentro de un proceso ordinario había
incurrido en un defecto procedimental o fáctico por no haberse decretado de
oficio las pruebas que, conforme al material aportado por las partes,
resultaban imprescindibles para adoptar la decisión.
Al
resolver este cuestionamiento, se advirtió que el defecto procedimental
comprende una denegación de justicia. En este escenario, el juez por un
rigorismo excesivo en la aplicación de las formas, desconoce la verdad real, “se
aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se
basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real,
garantizar la efectividad de los derechos constitucionales (…)[39]”
(resaltado de la Corte). En concordancia, se puso de presente que el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se encuentra en
interrelación con el defecto fáctico y sustantivo, puesto que por el apego
excesivo a las formas se puede realizar una valoración probatoria que
desconozca el derecho sustantivo por la interpretación y aplicación rigorista
de la ley:
“el
tema probatorio es, de un lado, una parte del derecho procesal así que su
manejo se relaciona con el respeto por los procedimientos legales y con la
vigencia del debido proceso; pero, de otro lado, cuando la ley establece el
valor de un medio probatorio, proscribe la utilización de otro, establece
presunciones, consagra principios y reglas para la valoración de las pruebas,
su recaudo, etc., tal regulación le transmite un carácter legal al manejo de
la prueba, al punto que, en sistemas cerrados de tarifa legal, los problemas
probatorios son en realidad problemas de interpretación y aplicación del
derecho”[40]
(negrillas fuera de texto).
En
concordancia con lo anterior se especificó que el exceso ritual manifiesto
puede presentarse cuando el juez (i) aplica disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii)
exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque ello
pueda ser una carga imposible de cumplir para las partes; o (iii) incurre en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.
A
continuación, con la Sentencia T-268 de 2010, la Corte se cuestionó
acerca de si existe un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un
defecto sustantivo si la autoridad judicial considera que no es auténtico un memorial
que carece de firma, sin tener en cuenta los demás elementos anexos al
expediente que permiten dar certeza acerca de su autor. Para responder
este interrogante se reiteró la obligación del juez de abstenerse de un apego
extremo y aplicación mecánica de las formas y su sujeción a las disposiciones y
principios constitucionales o legales[41].
En este entendido, se explicó que un documento se presume auténtico a pesar
de no estar firmado cuando existe certeza de la persona que lo ha elaborado,
por ende, se le reconoce pleno valor probatorio al memorial presentado a la luz
del entonces vigente artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Lo
anterior bajo los siguientes planteamientos:
“(…) aun cuando la firma es uno de los medios o formas
que conducen al reconocimiento de la certeza sobre la autoría de un documento e
incluso a la presunción de su autenticidad, no es el único, pues existen otros
que también dan lugar a la certeza de su autenticidad cuando se trata de
documentos elaborados o manuscritos, como las marcas, las improntas, o
cualquier señal física y/o electrónica. Así lo ha reconocido, por ejemplo, la
propia Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal: (…) si bien
es cierto la reseñada demanda carece de signatura y por ello pudiera
cuestionarse su autenticidad, no menos lo es que en presencia de otros
elementos es posible establecerse que su elaboración sólo corresponde a quien
se reconoció como defensor del encausado (…)” [42]
(Negrillas fuera de texto).
En
la misma línea, la Sala de casación Penal de la Corte también ha precisado que:
“(…) si bien es cardinal aconsejable y acostumbrada, no es la firma la única
manera de acreditar la participación de alguien, que bien puede establecerse
por lo que, coetáneamente o posteriormente, acepten, reconozcan o indiquen los
otros intervinientes, preponderantemente el director del proceso, o por otros
medios no firmados, ni aún escritos, como una grabación de video o de audio (…).
Fundamentos
después de los cuales se señaló que cuando una autoridad judicial determina que
un memorial no resulta auténtico por carecer de firma sin tener en cuenta que
existe certeza de quien lo elaboró por razón de otros elementos probatorios, se
desconoce de manera consciente la verdad jurídica objetiva evidente en los
hechos y, por consiguiente, se incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y, a la vez, en un defecto sustantivo:
“(i) En un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto” al aplicar una formalidad eminentemente procesal renunciando de
manera consciente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, en
detrimento de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso (…).
(ii) En un defecto sustantivo por darle al artículo
252 del Código de Procedimiento Civil una lectura y un alcance que no tiene,
pues dicha norma no establece que un documento o un memorial presentado para
que forme parte de un expediente únicamente es auténtico cuando ha sido
firmado, sino que también señala que es auténtico cuando existe certeza sobre
la persona que lo ha elaborado o manuscrito”.
En
la Sentencia T-386 de 2010, se estudió un proceso de reparación directa
en el que los jueces de instancia desconocieron el valor probatorio de los
registros civiles de nacimiento aportados en copia simple al proceso
inicialmente y, posteriormente, autenticados pero de manera extemporánea, lo
que condujo a denegar las pretensiones bajo el argumento de que no estaba
constatada la legitimación material por activa. La Corte puso de presente que “(a)
pesar de que durante el proceso la parte actora allegó en varias oportunidades
los registros civiles y, de manera extemporánea, aportó fotocopias auténticas
de éstos con los alegatos de conclusión en instancia de alzada, el despacho
respectivo no adelantó ningún tipo de comparación o evaluación sobre la
realidad documental existente en el expediente, que ponía de manifiesto
elementos definitorios de la verdad requerida, de aquello que se estimó
formalmente insuficiente, por lo que la sentencia así proferida se tradujo en
una vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia de la peticionaria, y en un desconocimiento de la
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial con el fin de evitar fallos
inocuos” (Negrillas fuera de texto).
En
esa misma línea, en la Sentencia T-429 de 2011, la Corte Constitucional
conoció un caso en el cual no había congruencia entre la parte motiva del fallo
y la decisión, puesto que a pesar de que se reconoció en el texto de la
providencia que este debía ser indemnizado dentro de un proceso de reparación
directa, lo cierto es que en la parte resolutiva se cometió un error al no
incluir su nombre y, a pesar de eso la Sección Tercera del Consejo de Estado se
rehusó a corregir el error. en dicha oportunidad la Corte Constitucional
advirtió que se había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. En desarrollo de su pronunciamiento, sistematizó las causales por
las cuales se puede configurar un exceso ritual manifiesto, explicando que este
defecto se configura cuando el juez: “(i) no tiene presente que el derecho
procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos,[43]
(ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del
derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento
de derechos fundamentales”[44].
Posteriormente,
por medio de la Sentencia T-893 de 2011, se estudió un caso en el que,
nuevamente, la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación por
errores técnicos, prescindiendo de la protección de los derechos fundamentales
de la accionante. Esta Corporación determinó que resolver el recurso de
casación “juega un importante papel en la vigencia del orden jurídico,
especialmente en lo relacionado con ‘(i) la unificación de la jurisprudencia,
(ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, (iii) acompañada
de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el principio de
la prevalencia del derecho sustancial’”[45]. E,
igualmente, se rememoró que la casación “se concibe con el propósito de
garantizar la justicia material y con ello hacer efectivo el principio de
prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 Superior. Desde
esta perspectiva, la casación ‘es una institución jurídica destinada a hacer
efectivo del derecho material y las garantías fundamentales de las personas que
intervinieron en un proceso”[46]
(resaltado fuera de texto).
En
el 2012 la Sentencia T-213, la Corte manifestó que “si bien los
jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la
sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual
probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso
se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la
prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el
cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas
excesivas o imposibles de cumplir para las partes” (Negrillas de la Corte).
Lineamiento con base en el cual se señaló al resolver el caso concreto que se
encontraban probados los defectos procedimentales “por exceso ritual
manifiesto probatorio y por inaplicación de reglas probatorias” en atención
a que:
“el
Tribunal exigió a la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., que al momento de
aportar la copia autenticada de la copia autenticada del documento de fecha 6
de junio de 2001, debió afirmar expresamente y casi que con un nivel
sacramental, que el original del mismo había sido suscrito o firmado por la
representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, persona
contra quien se oponía tal copia autenticada, lo que en efecto configura
una carga ritual adicional que el accionante no está obligado a soportar
desde el punto de vista procesal, máxime cuando el artículo 252-3 del CPC
señala claramente que un documento privado es auténtico “si habiéndose
aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la
parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente…”,
es decir, se exige la mera manifestación de que se indique quién lo suscribió, pero
no un ritualismo excesivo en cuanto a la forma cómo se debe afirmar que la
contraparte lo signó. Sobre éste último punto, al momento de adosar la
copia del documento de fecha 6 de junio de 2001, la parte ejecutante expresó
su certeza de que el escrito fue firmado por la representante de la sociedad
ejecutada, (…)”, de allí que pueda adquirirse lógicamente la certeza y en
convencimiento judicial de que la demandante estaba afirmando que el documento
original fue suscrito o que provenía de su contraparte. Nótese entonces que la
regla probatoria no impone frases sacramentales para que opere la afirmación a
la cual hace referencia el artículo 252-3 ibídem, sino que la
manifestación del actor de que el documento original proviene de la señora
Margarita Toro, resultaba suficiente para pronunciarse sobre si operaba o no el
reconocimiento tácito del documento, lo cual omitió hacer el Tribunal”
(Negrilla fuera de texto).
Mediante
la Sentencia T-926 de 2014, se estudió un proceso de reparación directa
en el cual el juez de segunda instancia desestimó el reconocimiento de las
pretensiones, entre otros particulares, porque los  registros civiles anexos
para demostrar legitimación en la causa, se aportaron en copia simple. La Corte
Constitucional reiteró que se genera un exceso ritual manifiesto cuando se
usan rigurosamente las normas procesales y con ello se anulan derechos
fundamentales, evento en el cual le corresponde al “juez constitucional,
inaplicar la regla procesal en beneficio de las garantías constitucionales”.
Igualmente, se reiteró que este defecto puede presentarse en conjunto con el
defecto fáctico y sustantivo, debido a que los errores en la valoración
probatoria o las omisiones en su decreto inciden en la eficacia de las normas
sustanciales, a pesar de que “no existen requisitos sacramentales
inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el juez debe valorar si
procede desechar la prueba o decretarla de oficio, según se protejan de mejor
manera los derechos fundamentales, de acuerdo con las particularidades de cada
caso concreto”.
Finalmente,
se destaca la Sentencia SU-454 de 2016, en la que se analizó el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y su interrelación con el defecto
fáctico y sustantivo. Lo anterior dentro de un proceso de reparación directa en
el cual se alegó la ocupación de hecho de un predio del accionante por parte
del Estado sin que su valor le fuese pagado o indemnizado. Las pretensiones se
despacharon desfavorablemente porque el demandante no logró acreditar el “título
y el modo” sobre la propiedad. En contraste, este alegó que con las pruebas
obrantes en el expediente se evidenciaba su condición de propietario. La Corte
Constitucional advirtió que resulta “innegable la intrínseca relación
entre el exceso ritual manifiesto y los defectos fáctico y sustantivo, cuando
se trata de errores en la valoración de elementos probatorios. De tal
suerte que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es el
resultado de la aplicación rigorista de las normas procesales”.
En cuanto al defecto fáctico consideró la Corte que el
exceso ritual manifiesto tiene incidencia en la “interpretación del acervo
probatorio contenido en el expediente”, por lo que puede “provocar una
visión distorsionada de la realidad procesal, que a su vez, afecta gravemente
los derechos fundamentales, por lo que su configuración hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales”. Lo anterior, “no
afecta la amplia libertad para valorar el acervo probatorio que tienen los
jueces”, sin embargo impone la obligación de que “esta potestad sea
ejercida en consideración a la justicia material y a la prevalencia del derecho
sustancial, en consideración a la implicación de esta determinación en la
decisión y “la vigencia de los derechos fundamentales”.
Respecto del defecto sustantivo, se explicó que
procede “cuando los jueces no aplican los principios que rigen los
procedimientos, puesto que se tratan de garantías sustanciales que se deben
observar en los procesos”, siendo un ejemplo claro de ello, “el
principio de equidad exigido en los casos de reparación directa de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 pues en el sentido de flexibilizar de
los estándares probatorios y ejercer las potestades judiciales en la materia a
fin de lograr justicia material”. Al resolver el caso concreto, la Corte
consideró que se incurrió en la vulneración de los derechos invocados por el
actor en atención a que, por un lado, en el proceso adelantado no se encontraba
en discusión el derecho de propiedad del accionante y, por otro, debido a que
se puso en duda el derecho de propiedad a pesar de que “el accionante
acreditó el título y el modo a través del certificado de tradición y libertad
expedido por la oficina de Registro correspondiente, el cual fue aportado
oportunamente al proceso”.
En
consecuencia, “tal apego al ritualismo propio de las formas derivada de la
jurisprudencia tradicional en vigor, tuvo un efecto directo en la decisión
objeto de censura, pues se impuso como una rémora injustificada y excesiva para
el derecho sustancial evidentemente acreditado en el expediente y devino en la
configuración de obstáculos al derecho de acceso a la administración de
justicia que le impidieron al accionante obtener una sentencia de fondo que
resolviera sus pretensiones (…). En este caso, el operador judicial se
apartó de manera consciente de la verdad objetiva y evidente contenida en el
expediente de la referencia, que daba cuenta de la calidad de propietario o
eventualmente de poseedor del demandante. Tal situación incidió de manera
directa en la decisión objeto de censura, puesto que negó las pretensiones de
la demanda e impidió que se profiriera una sentencia que consultara la justicia
material”.
Así
las cosas, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se genera
cuando las normas procedimentales se erigen como un obstáculo para la
protección del derecho sustancial y no en un medio para lograrlo. Puede
presentarse por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y la
renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos. Los
lineamientos de la ley no eximen la responsabilidad de valorar los elementos
probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo contrario
puede implicar fallos desproporcionados e incompatibles con los postulados
constitucionales e, incluso, legales.
A
la vez que se incurre en un exceso ritual manifiesto, se puede incurrir en un
defecto sustantivo y fáctico cuando, por ejemplo, por la imposición de
requisitos adicionales a los señalados en la ley o la sujeción arbitraria y
caprichosa del juez al procedimiento, en contravía del derecho sustancial, se
desconocen los elementos probatorios aportados al proceso, a pesar de que estos
tengan la entidad suficiente para acreditar los hechos objeto de controversia.
Las reglas procesales no pueden leerse con tal rigor que se sacrifique la
garantía y protección de los derechos fundamentales.
7. Defecto sustantivo
La Constitución Política impone el marco jurídico al
cual debe circunscribirse la actividad judicial. En consecuencia, los
principios, derechos y deberes superiores constituyen el límite de la
independencia y la autonomía de los operadores jurídicos. Por ende, las
sentencias y demás providencias judiciales deben sujetarse “al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la
administración de justicia[47]
(artículo 228 C.P.)”[48].
Si, en contravía de lo anterior, un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo
procedente la acción de tutela para que se corrija el error judicial. La
independencia y autonomía de los jueces “es para aplicar las normas, no para
dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un juez no puede
invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para
no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución (…)”[49].
Por consiguiente, el ejercicio del poder judicial es
legítimo en la medida en que permita “el logro eficaz de los fines
propios de la organización estatal, entre los cuales se destacan, la
efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la
vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana (artículo
2° C.P)”. Incluso, en este escenario se ha llegado a determinar de manera
expresa la obligación del funcionario judicial de inaplicar la ley en las
circunstancias en que estas resulten contradictorias a las garantías
fundamentales[50].
El
defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: “(i) Fundamenta
su decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no está vigente
en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a
la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional,
resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”[51];
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia
fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es
manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación
desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que
constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en
cuenta otras disposiciones normativas aplicables[52];
(vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de
la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera
errónea”[53]
(Resaltado fuera de texto).
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación
de una norma, recientemente, en  la Sentencia T-344 de 2015, reiterada en la
SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado cuando: (a) la
interpretación o aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del
margen de razonabilidad o proporcionalidad[54];
(b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra legem;
(c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a
pesar de la legitimidad de que estos gocen[55];
(d) es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad y
aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva[56] o contraria
a la Constitución[57];
o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes.
Según
la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación puede considerarse
un defecto sustantivo. El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y
caprichoso, en desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes.
Lo anterior debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la
forma en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles
[y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos
procesales”[58].
Así las cosas, el defecto sustantivo se configura
cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la
Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes
superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo,
cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las
exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que
debían aplicarse.
8. Defecto fáctico
La autonomía e independencia judicial implican el
reconocimiento de amplias facultades para el análisis probatorio. Sin embargo,
estas facultades no son ilimitadas. Cuando el operador judicial “pretermite
u omite la práctica o valoración de pruebas indiscutiblemente relevantes para
resolver el respectivo asunto”[59]
provoca una visión distorsionada de la realidad, que, a su vez, afecta los
derechos fundamentales, motivo por el cual se configura un defecto fáctico que
habilita al juez constitucional para subsanar el error. En consecuencia, el
fundamento del defecto fáctico obedece a la “necesidad de propiciar la
adopción de sentencias ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los
propósitos de lealtad y eficiencia en la administración de justicia, se
requiere de providencias judiciales que se ajusten a las pruebas aportadas por
los sujetos procesales y a las que se practicaron en el curso del proceso (…)”[60].
En consecuencia, en la valoración probatoria no puede
imponerse un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del
derecho sustancial. Así que, es una obligación imperativa declarar probado un
hecho cuando este se deduce clara y objetivamente del material probatorio
obrante en el expediente.
Para ejercer una valoración probatoria respetuosa de
nuestro ordenamiento jurídico el operador jurídico debe: “(i) estar
inspirado en el axioma de la sana crítica; (ii) atender necesariamente a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad, motivación, entre otros; así como
(iii) respetar la Constitución y la ley, pues “de lo contrario, la
discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la
cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada”[61].
En contraste, no se puede realizar una valoración probatoria “desconociendo
la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi
gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o
(c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio
emerge clara y objetivamente”.
En
la Sentencia SU-195 de 2012, reiterada en la SU-566 de 2015, se sistematizaron
los anteriores supuestos en los siguientes escenarios:
“1. Defecto fáctico por la omisión
en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando
el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual
tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos
hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido.
2. Defecto fáctico por la no valoración
del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar
de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.
3. Defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Acorde
con lo anterior, el defecto fáctico comporta dos dimensiones, una positiva y
una negativa. La primera sucede cuando: (i) el juez valora y decide con base en
pruebas ilícitas, por ser inconstitucionales o ilegales; (ii) fundamenta la decisión
en una norma cuyos elementos fácticos no se encuentran probados, o (iii) decide
con base en un elemento de juicio no conducente ni pertinente de acuerdo con el
marco jurídico.
La
segunda parte de la omisión del juez se presenta cuando, por ejemplo: (i) omite
decretar y practicar pruebas pertinentes y conducentes, a pesar de estar
constitucional y legalmente obligado a hacerlo[62];
(ii) deja de considerar elementos probatorios que constan en el proceso, porque
los ignora o no los valora injustificadamente, desatendiendo una realidad
probatoria determinante en la decisión[63],
como consecuencia de lo cual se da por no probado el hecho que emerge
claramente de ellos[64],
y (iii) no valora el material probatorio por imponer cargas procedimentales
excesivas imposibles de cumplir. Ahora bien, el juez, en su condición de
director del proceso debe decidir si, conforme al marco jurídico aplicable, el
material probatorio allegado por las partes y recaudado en el proceso resulta
suficiente para adoptar una decisión de fondo, pues tampoco le es dado decretar
pruebas que no sean pertinentes y conducentes, en detrimento de la economía y
la celeridad procesal.
En
suma, las diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no
comprenden un defecto fáctico, habida cuenta de que se parte del respeto por la
autonomía judicial. La intervención del juez constitucional es excepcional. En
consecuencia, esta intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un
error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración
probatoria,  que obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto[65]; (ii) debe
tener la entidad suficiente para tener ‘incidencia directa’, ‘trascendencia
fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión[66].
9. Marco jurídico sobre el estado civil y el
reconocimiento de la paternidad entre 1886 y 1938
El
estado civil es uno de los atributos de la personalidad, este determina la
situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan
derechos y obligaciones. La Constitución de 1886 estableció en su artículo 50
que el estado civil se regularía por la ley. Precepto en desarrollo del cual la
Ley 57 de 1887, “(s)obre adopción de Códigos y unificación de la legislación
Nacional”, estableció en su artículo 22[67]
que eran pruebas del estado civil respecto del nacimiento “las
certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos
sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas
y suplidas en los mismo casos y términos que aquellas a que se contrae este
título a las cuales se las asimilo (…)” (negrillas fuera de texto). Es
decir, el certificado eclesiástico de bautismo era un documento idóneo
para demostrar el estado civil de una persona.
En
este sentido, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-584 de 1992
explicó que en esa época y hasta antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938[68],
a los Curas Párrocos se les atribuían funciones similares a las que hoy asumen
los Notarios. En consecuencia, “prestaban un servicio de fe pública
respecto de circunstancias de la vida de una persona”[69] (Negrillas
de la Sala). Entre sus funciones especiales y principales estaba la de dar fe
de la celebración de bautismos. En esta misma providencia se señaló que “(e)l
acto de sentar la partida de bautismo en los libros correspondientes de las
parroquias era, antes de 1938, un acto administrativo realizado por autoridades
eclesiásticas pero originado en la actividad de personas privadas que
desempeñan funciones públicas por ministerio de la ley.”.
La
Corte Suprema de Justicia también ha reconocido el valor probatorio de las
partidas eclesiásticas de bautismo, así por ejemplo, en la Sentencia del 17  de
mayo de 1991, el Magistrado Héctor Marín Naranjo precisó que:
“(S)egún
lo establecido en el inciso 1º del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, se tendrán
y admitirán como pruebas principales del estado civil respecto de nacimientos o
matrimonios o defunciones de personas bautizadas o casadas o muertas en el seno
de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales
expidan los respectivos sacerdotes, párrocos, insertando las actas o partidas
existentes en los libros parroquiales (…). Se ha manifestado y se reitera,
que la partida eclesiástica de bautismo, es prueba principal del estado civil,
según lo determina el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, en armonía con el
artículo 18 de la Ley 92 de 1938, entendido este a contrario sensu”
(Negrillas de la Sala).
Esa
posición fue reiterada por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 23
de noviembre de 2004, Magistrado Ponente César Julio Valencia Copete, quien
señaló que “las partidas eclesiásticas emanadas de la religión católica
per se son suficientes para probar el estado civil relativo a hechos que, como
el […] nacimiento, hayan acaecido antes del 15 de junio de 1938”
(Resalta la Corte). Pronunciamiento en el cual se recordó que:
“[E]n materia de pruebas del estado civil de las
personas, corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la
época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin
perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (art. 39
decreto ley 153 de 1887). Por consiguiente, los estados civiles generados antes
de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del
registro civil, y las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de
1970, lo pueden ser con el registro civil y, en subsidio, con las actas
eclesiásticas; y a partir de esa fecha, solo con copia del registro civil (ley
92 de 1938 y decreto 1260 de 1970)"(G.J., t. CCLII, pag.683)” (Resaltado y subrayado fuera de texto).
Ahora
bien, según lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, una cosa es el estado
civil y otra la prueba que lo constituye -trátese de hechos o actos-, como el
reconocimiento de la paternidad o el fallo judicial que lo declara. Para ésa
época el reconocimiento de la paternidad podía realizarse por medio de
instrumento público o acto testamentario. En este sentido, el artículo 7º de la
Ley 57 de 1887 estableció que los hijos naturales eran aquellos “habidos
fuera de matrimonio, de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la
concepción, cuyos hijos han obtenido el reconocimiento de su padre, mate
(sic) o ambos, otorgado por escritura pública,  por acto testamentario,
o de conformidad con el artículo 368 del mismo Código” (negrilla fuera de
texto) y, según el artículo 368 del Código Civil, “cuando el padre
reconociera a un hijo natural en el acta de nacimiento, bastará con su
firma en el acta de registro respectivo, en prueba del reconocimiento”
(resaltado propio).
En
este mismo sentido, la Ley 153 de 1887, “(p)or la cual se adiciona y reforma
los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, estableció en
sus artículos 54 al 56 los medios probatorios para el reconocimiento paternal
de quien hubiere nacido por fuera del vínculo matrimonial, en el siguiente
sentido:
“Parte
segunda. Legislación civil. I. De las personas (…) 4. Hijos naturales.
Artículo 54. Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no
siendo de dañado ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres ó por uno
de ellos, y tendrán la calidad legal de hijos naturales respecto del padre ó de
la madre que los haya reconocido.
Artículo 55. El reconocimiento es un acto libre y
voluntario del padre ó de la madre que reconoce.
Artículo 56. El reconocimiento deberá hacerse por
instrumento público entre vivos, o por acto testamentario.
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será
obligado a expresar la persona en quién hubo el hijo natural”.
Así
las cosas, entre 1886 y hasta antes de 1938, conforme al artículo 22 de la Ley
57 de 1887, el estado civil de un hijo extramatrimonial podía demostrarse por
medio de las certificaciones eclesiásticas de bautismo expedidas por los curas
párrocos con las formalidades de ley. Ahora bien, según la Corte Suprema de
Justicia, una cosa es el estado civil otra las pruebas que lo constituyen, bien
sean hechos o actos que lo demuestran, como el reconocimiento de la paternidad.
De acuerdo con los artículos 7 y 368 de la Ley 57 de 1887 y 54 al 56 de la Ley
153 de 1887, constituye prueba del reconocimiento de la paternidad un instrumento
público, un acto testamentario o el acta de nacimiento firmada por
el padre en el acta de registro.
10. Acción de petición de herencia, naturaleza, marco
jurídico y características esenciales
La
acción de petición de herencia se encuentra ligada a la protección del derecho
real de herencia[70].
Está regulada en el Código Civil, Título VII, Capítulo IV, “De la Petición
de herencia, y de otras acciones del heredero”. Conforme con el artículo
1321 inserto en esta norma, “el que probare su derecho a una herencia,
ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le
adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto
corporales como incorporales (…)” (negrillas fuera de texto).
Una
decisión favorable en este proceso comprende el reconocimiento de la calidad de
heredero de igual o mejor derecho y, en caso de que se haya realizado la
partición de la masa hereditaria, esta quedaría sin efectos, en atención a que
el proceso sucesoral adelantado “resulta inoponible al heredero que la
ejerce. (D)icho laborío pierde sus efectos jurídicos y debe, por lo tanto,
rehacerse en frente de este último, quien tiene derecho a intervenir en todo el
trámite que se siga para su confección y aprobación, lo cual, sin duda, es
manifestación del debido proceso”[71].
En
el evento de que los bienes estén ocupados por los herederos es posible lograr
la recuperación, la cual se dirige tanto a los bienes como a los aumentos que
haya tenido la herencia, conforme al artículo 1322 del Código Civil. Ahora, si
quien ocupó la herencia lo hizo de buena fe, no es responsable de las
enajenaciones ni de los deterioros “sino en cuanto le hayan hecho más rico”,
pero si la ocupación fue de mala fe, el responsable responderá por “todo el
importe de las enajenaciones o deterioros”.
Ahora
bien, en caso de que los bienes hayan pasado a manos de terceros, el heredero
debe ejercer la acción reivindicatoria o de dominio contra el poseedor del
bien. Conforme al artículo 1325 del Código Civil el “heredero podrá también
hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias
reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por
ellos”. En este escenario, el accionante conserva su derecho “para que
el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra
terceros poseedores no hubiere podido obtener y le deje enteramente indemne; y
tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia, en cuanto por
el artículo precedente se hallare obligado”.
11. Caso concreto
En
este acápite se desarrollará, primero, un recuento fáctico del caso bajo
estudio en concordancia con el marco jurídico aplicable; segundo, el análisis
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; tercero, el análisis del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, sustantivo y fáctico; cuarto, la relevancia
constitucional necesaria para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de las Altas Cortes; y, quinto, se hará referencia a la
decisión a adoptar.
11.1. Recuento fáctico
La
señora Clovis Barrios de Chicó promovió proceso ordinario de petición de
herencia contra Elzael Barrios Páez y los herederos indeterminados de Reynal y
Leila Barrios Páez, en atención a que estos llevaron a cabo el juicio de
sucesión de su bisabuelo Ramón Barrios Pérez sin vincular a otros herederos de
igual o mejor derecho, y sin incluir la totalidad de los bienes de la masa
sucesoral, entre estos, se relacionó a “Las Animas”, “La Ceiba” y
“La Isleta”. En consecuencia, solicitó ser reconocida como heredera de
igual o mejor derecho, dejar sin efecto el trabajo de partición y adjudicación
aprobado en dicho juicio el 4 de agosto de 1988 y, por ende, rehacer la
liquidación, incluyéndola como heredera y teniendo en cuenta los inmuebles del
haber sucesoral, así como dejar sin efectos los actos dispositivos sobre estos
bienes.
En
primera instancia, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, por medio de
Sentencia del 6 de noviembre de 2001, accedió a las pretensiones, al encontrar
probado el vínculo filial entre la accionante y sus ascendentes y constatar que
los bienes inmuebles referenciados pertenecían al haber sucesoral. Únicamente
no se accedió a la pretensión relacionada con dejar sin efectos los actos
dispositivos que sobre los bienes sucesorales hubieren efectuado los demandados
porque no se podía afectar a terceros no vinculados al proceso[72]. Sin
embargo, esta decisión fue revocada por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Cartagena, en sede de apelación, y por la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en sede de casación, ya que, en criterio de estos
operadores judiciales, no se encontraba probado el vínculo filial entre el
bisabuelo de la accionante Ramón Barrios Pérez y su abuelo Benito Barrios
Espitia, advirtiendo la ruptura de la cadena sucesoral que le hubiera permitido
a la accionante acceder a la herencia en representación, de ahí que se
desecharon las demás pretensiones.
11.2. Verificación de las causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
11.2.1. Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada: en el asunto
objeto de revisión, la accionante alega que las decisiones proferidas por la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena y la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia en sede de casación incurrieron en la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, debido a que se desconoció la entidad probatoria de los elementos
documentales allegados al expediente y el marco jurídico bajo el cual estos
debían ser valorados debido a un exceso ritual manifiesto. Teniendo en cuenta
que los derechos alegados son fundamentales y, a la vez, tienen la entidad de
afectar otros derechos fundamentales como la personalidad jurídica, por el
supuesto desconocimiento del estado civil de la accionante, se considera
cumplido este requisito.
11.2.2. Agotar todos los medios de defensa judicial
posibles: la accionante
agotó los mecanismos judiciales dispuestos a su alcance debido a que presentó
acción de petición de herencia, la cual se surtió en segunda instancia y
terminó con el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de
Justicia. Y, agotada esta vía en la Jurisdicción Ordinaria, la solicitante
presentó como último recurso la acción de tutela.
11.2.3. Requisito de inmediatez: el último pronunciamiento de la
jurisdicción ordinaria tuvo lugar con la sentencia de casación dictada por la
Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011 y la tutela se presentó el 10
de septiembre siguiente, es decir, aproximadamente tres meses después. En
consecuencia, se satisface este requisito.
11.2.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la
providencia atacada: en el
asunto bajo examen no se alegó la existencia de una irregularidad en las
formas procesales, sino la indebida interpretación y aplicación normativa y la
consecuente indebida valoración probatoria.
11.2.5. Identificación razonable de los hechos que
generaron la vulneración de los derechos fundamentales: la accionante adujo que se vulneraron sus
derechos fundamentales cuando se “desconoció de manera subjetiva,
arbitraria y caprichosa y sin fundamento objetivo razonable, el sistema de la
TARIFA LEGAL probatoria, prevista por el legislador para la valoración de las
pruebas del estado civil de los hijos naturales o extramatrimoniales nacidos
antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938”. Lo que condujo a desconocer
el vínculo filial de paternidad entre Ramón Barrios Pérez y Benito Barrios
Espitia demostrado con el acta y las partidas eclesiásticas de bautismo de
este, así como mediante las Escrituras Públicas 478 del 29 de noviembres de
1898 y 27 del 10 de enero de 1928, documentos allegados al proceso.
11.2.6 Que, en principio, no se trate de sentencias de
tutela, ni que resuelvan acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad: Las
providencias judiciales objeto de reproche fueron expedidas al interior de un
proceso ordinario de petición de herencia. Por consiguiente, se encuentra
cumplido también este requisito.
Así
las cosas, se constatan cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, motivo por el cual es posible verificar
el cumplimiento de los requisitos específicos.
11.3. Requisitos especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
Según
lo manifestado por la accionante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, por medio de la Sentencia del 17 de junio de 2011 vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por cuanto esta providencia adolece de un defecto procedimental (por
exceso ritual manifiesto), sustantivo y fáctico. Lo anterior, debido a que se
determinó no probado el vínculo filial entre Benito Barrios Espitia y Ramón
Barrios Pérez, a pesar de que al expediente fueron allegadas copia del libro en
los que consta el acta, los certificados eclesiásticos del acta de bautismo de
Benito Barrios Espitia, así como las Escrituras Públicas 478 del 29 de noviembre
de 1898 y 27 del 10 de enero de 1928, la primera, correspondiente al
reconocimiento de la paternidad y, la segunda, al testamento de Ramón Barrios
Pérez en la cual este reconoció como hijo y como heredero universal a Benito
Barrios Espitia. Documentos que en su consideración permiten acreditar el
estado civil de acuerdo con la normatividad vigente para el 21 de marzo de
1894, fecha de nacimiento de Benito Barrios Espitia.
El
análisis de los cargos presentados por la accionante es como sigue.
11.3.1. Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto
Conforme
se estudió en las consideraciones de esta providencia, la Constitución de 1886
estableció en su artículo 50 que el estado civil de las personas se regulaba
por la ley. En desarrollo de este precepto la Ley 57 de 1887, “(s)obre
adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, estableció
en su artículo 22[73]
como pruebas principales del estado civil respecto del nacimiento “las
certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos
sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales”.
En
este sentido, la Corte Constitucional explicó en la Sentencia T-584 de 1992,
que en esa época y hasta antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938[74],
a los Curas Párrocos se les atribuían funciones similares a las que hoy asumen
los Notarios. En consecuencia, “prestaban un servicio de fe pública
respecto de circunstancias de la vida de una persona”[75]. La entidad
probatoria de estos documentos se conservó con posterioridad a la entrada en
vigencia de la mencionada Ley 92 de 1938[76].
El reconocimiento del valor probatorio de las partidas eclesiásticas se reiteró
por esta Corporación en la Sentencia T-501 de 2010[77], así como
por la Corte Suprema de Justicia, en las Sentencia del 17 de mayo 1991, MP
Héctor Marín Naranjo y del 23 de noviembre de 2004, MP César Julio Valencia
Copete, entre otras.
Las
pruebas para demostrar el reconocimiento de la paternidad fueron
señaladas en el artículo 7º de la Ley 57 de 1887, conforme al cual los hijos
naturales eran aquellos “habidos fuera de matrimonio, de personas que podían
casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtenido el
reconocimiento de su padre, mate o ambos, otorgado por escritura pública,
por acto testamentario, o de conformidad con el artículo 368 del mismo
Código” (Negrilla fuera de texto). En el mismo sentido, el artículo 368 del
Código Civil dispuso que “cuando el padre reconociera a un hijo natural en
el acta de nacimiento, bastará con su firma en el acta de registro
respectivo, en prueba del reconocimiento” (resaltado propio).
Después
de la Ley 57 de 1887, en el mismo año, se expidió la Ley 153, en cuyos
artículos 54 al 56 se reiteró que el reconocimiento de la paternidad podía
realizarse por parte del padre o de la madre, mediante una declaración libre
y voluntaria, a través de un instrumento público entre vivos o
mediante acto testamentario.
Respecto
a lo anterior, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia presentó los
siguientes argumentos:
(i)
El estado civil de una persona antes de 1938, de acuerdo con el artículo 22 de
la Ley 57 de 1887 podía acreditarse mediante el certificado eclesiástico de
bautismo, el cual debía realizarse con las formalidades legales,
lo que, en su criterio, implicaba que el cura párroco debía dejar constancia en
el acta y en el certificado de bautismo el medio por el cual se había realizado
el reconocimiento (fuese en un instrumento público o testamento). Tras lo cual
señaló que el acta de bautismo del señor Benito Barrios Espitia fue realizada
en 1895, mientras el instrumento público que dio cuenta del reconocimiento,
Escritura Pública 478, era del año 1898 y, debido a ello, desestimó el valor
probatorio de las certificaciones eclesiásticas de la partida de bautismo
allegadas al expediente para demostrar el estado civil de Benito Barrios
Espitia, en una de las cuales se registró como nota marginal este instrumento
público.
Al
expediente fueron allegados varios documentos que evidencian el estado civil de
Benito Barrios Espitia y que prueban que la accionante tiene derecho a reclamar
en representación de éste, parte de la herencia correspondiente. Los
mencionados documentos son:
(a)
El certificado eclesiástico de la partida de bautismo del señor Benito Barrios
Espitia, expedido el 22 de mayo de 1998, por el Arzobispado de Cartagena de
Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual en el libro de bautismo
número 4, folio 66, número 528, su padre es Ramón Barrios Pérez. El documento
contiene la siguiente referencia: “Em (sic) la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de Bocachica, parroquia de la Bahía, em (sic) Cartagena, a 26 de marzo
de 1895, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que nació el 21 de marzo de
1894, a quien puse el nombre de Benito, hijo de Ramón Barrio (sic) y Cleotilde
Espitia, Vecinos de Bocachica”[78].
Las
certificaciones de las partidas de bautismo, expedidas con las formalidades
legales, tenían para la época de nacimiento del señor Benito Barrios Espitia,
21 de marzo de 1894, la entidad para demostrar el estado civil de una persona.
Se recuerda que las partidas de bautismo, contenidas en estos documentos,
tenían la calidad de un acto administrativo cuando se inscribían en los libros
parroquiales, de tal manera que podían generar efectos civiles. La ley no
especificó requisitos adicionales. Se recuerda que los curas párrocos tenían
las mismas calidades que hoy los notarios, y daban fe pública de los asuntos
sometidos a su consideración, como lo era el reconocimiento de la paternidad,
sin que se exigiere la ratificación de la información, requisito adicional no
comprendido de manera expresa en la ley.
En
criterio de la Corte Suprema de Justicia, cuando el artículo 22 de la Ley 57 de
1887 habla de “formalidades legales”, se entiende que la certificación
eclesiástica debía dar cuenta de la partida de bautismo en la que se hubiese
consignado el instrumento público o el testamento contentivo del reconocimiento
Sin embargo, al proceso también fue allegada la Escritura Pública 478 de 1898,
instrumento público mediante el cual se realizó el reconocimiento y la
Escritura Pública 27 del 10 de enero de 1918, testamento del señor Ramón
Barrios Pérez, en el cual este reconoció como hijo y heredero universal a
Benito Barrios Espitia. En consecuencia, la certificación eclesiástica en
comento es un fiel reflejo de los elementos fácticos que permiten evidenciar el
estado civil de Benito Barrios Espitia y, por consiguiente sus derechos
hereditarios.
(b)
Al expediente también fue allegado el certificado de bautismo del 20 de
septiembre de 2000, en el cual el Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia
de la Bahía, constató, nuevamente, que en el libro de bautismo número 4, folio
66, número 528, se señaló como padre de Benito Barrios Espitia a Ramón Barrios
y, además, se incluyó una nota marginal conforme con la cual “Por Escritura
Pública 478 de 29 de noviembre de 1898 de la Notaría Primera de Cartagena,
Ramón Barrios Reconoció a su hijo Benito Barrios Espitia que es el nombre
correcto (…)”. Septiembre 20 de 2000. “Es fiel copia del original. Dadda (sic)
en Pasacaballos a los 21 días del mes de septiembre del 2000” (negrillas
fuera de texto)[79].
Es
decir, consta también en el expediente la certificación eclesiástica de
bautismo que comprende la nota marginal del “instrumento público” que da
cuenta del reconocimiento de la paternidad. Este documento no fue tachado ni
redargüido de falso, en los términos del artículo 22 de la Ley 57 de 1887 y,
por consiguiente, tiene pleno valor probatorio, sin embargo, no fue tenido en
cuenta por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al proferir su fallo,
quien señaló que la Escritura Pública 478 de 1898 fue realizada después de
haberse sentado la partida de bautismo en los libros parroquiales (1895).
No
obstante, el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 no exige para la validez
probatoria de la certificación eclesiástica de bautismo, que en la partida de
bautismo se hubiera dejado constancia del instrumento público de reconocimiento
antes de sentarse ésta en los libros parroquiales. Esta interpretación adiciona
y exige requisitos no señalados en la ley, al tiempo que ciega la vista del
juez a la verdad material evidente en los hechos.
(c)
Copia del libro parroquial en el que se registró la partida de bautismo del
señor Benito Barrios Espitia y el nombre de su padre, Ramón Barrios Pérez. En
el manuscrito se observa también una nota marginal que hace referencia a la
Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898. Documento en el que se lee
que “Ramón Barrios reconoció a su hijo Benito Espitia, que es el nombre
correcto (…)”[80].
Según este documento, en la partida de bautismo del
señor Benito Barrios Espitia, expedida el 26 de marzo de 1895, se registró
como su padre al señor Ramón Barrios Pérez por el Cura Párroco de la
Parroquia de la Bahía, perteneciente a la Arquidiócesis de Cartagena y en esta
fue sentada la nota marginal que da cuenta de la Escritura 478 de 1898, por
medio de la cual Ramón Barrios Páez reconoció como hijo natural a Benito
Barrios Espitia. En consecuencia, la copia del libro de bautismo coincide con
lo probado mediante las certificaciones eclesiásticas anteriormente
referenciadas y, por consiguiente, no se puede desestimar su valor probatorio.
(ii)
Aunado a ello, la Sala de Casación Civil adujo respecto de la Escritura
Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, que “es prueba del hecho
mismo del reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas no del estado
civil de hijo natural”. Y, en relación con la Escritura Pública 27
del 10 de enero de 1928, testamento del señor Ramón Barrios Pérez, en el
que reconoció como hijo y heredero universal a Benito Barrios Espitia, esa
Corporación advirtió que si bien es cierto que la calidad de heredero puede
emanar de la ley o del llamamiento testamentario, lo cierto es que la actora no
lo alegó así: “el reconocimiento reclamado por la actora como heredera
preferente y, subsidiariamente, concurrente, no fue sustentado de manera
puntual y concreta (…)” (resaltado propio).
Lo
anterior significa que, para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
este caso, el único documento que permitía demostrar el vínculo filial y, con
este, los derechos hereditarios de Benito Barrios Espitia, en su condición de
hijo de Ramón Barrios Pérez, era la certificación eclesiástica de la partida de
bautismo en la que debía existir constancia (registrada al momento de
elaborarse), del instrumento público de reconocimiento de la paternidad.
En
consideración de la Corte Constitucional, contrario sensu, la
certificación de bautismo no era el único documento que permitía probar este
vínculo para la época de nacimiento de Benito Barrios Espitia, pues el
reconocimiento de la paternidad podía realizarse por medio de instrumento
público entre vivos o acto testamentario, conforme al artículo 7º de la Ley 57
de 1887 y los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887. En consecuencia, la
Escritura Pública 478 de 1898, instrumento público, o la Escritura Pública 27
del 10 de enero de 1927, acto testamentario, constituían pruebas de la
paternidad que evidenciaban el vínculo filial de Benito Barrios Espitia
respecto al señor Ramón Barrios Pérez, y le permitirían a este, o a su
descendencia, reclamar los derechos hereditarios solicitados.
Se
recuerda que la Ley 57 de 1887 estableció en el artículo 7º que los hijos
naturales eran aquellos “habidos fuera de matrimonio, de personas que podían
casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtenido el
reconocimiento de su padre, madre o ambos, otorgado por escritura
pública,  por acto testamentario, o de conformidad con el artículo 368 del
mismo Código” (Negrilla fuera de texto). Igualmente, de conformidad con los
artículos 54 al 56 de la Ley 153 de 1887, quienes hubiesen nacido por fuera del
matrimonio tenían la “calidad legal de hijos naturales” cuando fueran
reconocidos por parte del padre o de la madre, mediante una declaración libre y
voluntaria, a través de un instrumento público entre vivos o mediante acto
testamentario.
La
Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, allegada al
expediente, fue registrada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, en
cuyo encabezado se lee “reconocimiento de hijo natural (…) otorgado por
Ramón Barrios, a favor de Guillermina Barrios Espitia y otros”, entre los
cuales se señala a Benito Barrios Espitia[81].
En relación con este instrumento público, la Sala Plena de esta Corporación por
medio del Auto 090 de 2017 señaló que “resulta contradictorio argumentar,
como lo hizo la Corte Suprema de Justicia y fue avalado por la Sala Tercera de
Revisión, que la Escritura Pública 478  de 1898, “es prueba del hecho
mismo del reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas no del
estado civil de hijo natural, en virtud de que éste se acredita mediante
los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento
jurídico, siendo en este caso la certificación eclesiástica a que alude el
precitado artículo 22 de la Ley 57 de 1887. Con esta afirmación
evidencia esta Corporación que en la sentencia cuya nulidad se solicita, se
estuvo de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia en reconocer la existencia
del vínculo paternal y la filiación natural, pero no el estado civil del señor
Benito Barrios Espitia por sujetarse a una interpretación restrictiva y
formalista de la ley”.
En
cuanto a la Escritura 27 del 10 de enero de 1928, testamento del señor
Ramón Barrios Pérez, evidencia el reconocimiento que este realizó respecto de
Benito Barrio Espitia como hijo y heredero universal, a la vez que hizo mención
a la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898. Este documento no fue
de conocimiento directo de la Sala Tercera de Revisión pero fue objeto de
estudio dentro del proceso ordinario de petición de herencia y allegado a esta
Corporación en el transcurso del proceso de revisión. Se trata, como se
mencionó en el Auto 090 de 2017, de una prueba que refuerza la carga
argumentativa de la posición aquí sostenida, puesto que conforme a la Ley 153
de 1887, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial podía realizarse
mediante instrumento público entre vivos pero también mediante acto
testamentario.
Así
entonces, el razonamiento expuesto en el juicio ordinario representa un
ritualismo estéril, pues, de manera específica, las Leyes 57 y 153 de 1887
reconocieron los instrumentos públicos entre vivos y los actos testamentarios (Escritura
Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, Escritura Pública 27 del 10 de enero
de 1928), como pruebas suficientes para demostrar el vínculo filial de
paternidad, pruebas que conducen a demostrar el estado civil.
Estudiado lo anterior se encuentra que argumentos
rituales restaron valor sistemático a todos los elementos probatorios obrantes
en el expediente, ninguno de los cuales fue tachado de falso. No haber
reconocido en la actualidad los efectos jurídicos de la copia del libro en la
que está inserta la partida de bautismo de Benito Barrios Espitia, las
certificaciones eclesiásticas de esta partida de bautismo, la Escritura Pública
478 de 1898 en la cual se realizó el reconocimiento de la paternidad, ni la
Escritura Pública 27 del 10 de enero de 1928, testamento del señor Ramón
Barrios Pérez, en el que se reconoció como hijo y heredero universal a Benito
Barrios Espitia, medios de prueba que de forma uniforme y contundente permiten
evidenciar el vínculo filial y el estado civil reclamado, configuró un
predominio exagerado de las formalidades que impidió fallar al juez conforme a
lo probado en el expediente y negar los derechos hereditarios que le asisten a
Benito Barrios Espitia y a su descendencia, respecto del haber sucesoral dejado
por Ramón Barrios Pérez.
Si bien los jueces son libres, autónomos e
independientes en sus decisiones, lo cierto es que tienen la obligación de
interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico y valorar el acervo probatorio
conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, se
encuentran sujetos a “la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
y los principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la
prueba” [82]
(negrillas fuera de texto). Obligación que asume mayor talante en el presente
caso si se tiene en cuenta que el proceso de petición de herencia surtió su
última etapa en sede de casación, “institución jurídica destinada a hacer
efectivo del derecho material y las garantías fundamentales de las personas que
intervinieron en un proceso”[83]
(Negrillas fuera de texto).
Así, siguiendo lo sentado por la Corte Constitucional
en el Auto 090 de 2017, se encuentra que la Sentencia de Casación Civil
proferida el 17 de junio de 2011 por la Corte Suprema de Justicia condujo a la
violación del debido proceso y al acceso a la administración de justicia por
omisión de aspectos constitucionales relevantes para la decisión, debido al
desconocimiento del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal,
a causa de un exceso ritual manifiesto.
En síntesis, (i) no se tuvo
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos. En la Sentencia de la Sala de
Casación Civil del 17 de junio de 2011, se realizó una interpretación
formalista y restrictiva de la Ley 57 de 1887, con desconocimiento de la
realidad material, al haber despachado desfavorablemente las pretensiones de la
accionante por omitir reconocer y valorar adecuadamente las pruebas que obran
en el proceso: la partida eclesiástica de bautismo, las certificaciones
eclesiásticas, la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898 y 27 del 10
de enero de 1928 otorgadas ante el Notario 1º de Cartagena.
Estos documentos no fueron tachados de falsos,
razón por la que no podía desestimarse su valor probatorio por supuestamente no
cumplir con los rigorismos sacramentales de ley para demostrar el estado civil.
Al contrario, constituían prueba suficiente, idónea y conducente, que en conjunto
evidenciaban este vínculo filial del señor Benito Barrios Espitia, en su
condición de hijo, con el señor Ramón Barrios Pérez y, a su vez, los derechos
hereditarios que le asistían y que hoy reclama la accionante en representación.
Sostener lo contrario, implicaría contradecir la voluntad de Ramón Barrios
Pérez quien reconoció a Benito Barrios Espitia como su hijo y le asignó
derechos hereditarios mediante su testamento.
(ii) Se renunció conscientemente a la
verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto. En el presente caso, la interpretación
formalista de la norma llevó a desconocer que en el expediente existían
diferentes elementos probatorios que probaban el estado civil de Benito Barrios
Espitia, en su condición de hijo de Ramón Barrios Pérez, lo que implicó la
renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en
el caso concreto.
(iii) Se realizó una aplicación en exceso
rigurosa del derecho procesal. La
Corte Suprema de Justicia interpretó la Ley 57 de 1887 en el sentido de que
solo se demostraba el estado civil de Benito Barrios Espitia con la partida
eclesiástica de bautismo en la que existiera constancia (realizada al momento
de elaborarse), del medio por el cual se realizó el reconocimiento, so pena de
no poderse tener como prueba. Tal hermenéutica llevó a una omisión en el
análisis de aspectos constitucionales relevantes, como la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y al desconocimiento de las consecuencias
jurídicas del acervo probatorio obrante en el proceso.
(iv) Esta actuación implicó el
desconocimiento de derechos fundamentales. La
interpretación formalista y restrictiva de la Ley 57 de 1887 que se impugna,
condujo a desconocer el derecho hereditario que le asistía al señor Benito
Barrios Espitia respecto a su padre, lo que hoy tiene consecuencias directas
sobre sus descendientes, como es el caso de la señora Clovis Barrios, quien por
ese proceder resultó lesionada en su derecho fundamental al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia e, incluso, al reconocimiento
fundamental de la personalidad jurídica y a la igualdad frente a los otros
descendientes del señor Ramón Barrios Pérez.
Respecto de este último punto, debe
destacarse que el reconocimiento de la personalidad jurídica es
un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución
Política. Se recuerda que los atributos de la personalidad jurídica,
entre estos, el estado civil, son características inalienables,
irrenunciables, imprescriptibles, vitalicias, personales y absolutas de los
individuos. En tal virtud, una persona natural tiene derechos y obligaciones
tanto de contenido extrapatrimonial como económico “lo que implica una
integración potencial a la vida negocial y el tráfico jurídico de una sociedad.
(En consecuencia), el Estado no entrega una dádiva ni entrega un
privilegio a la persona cuando le reconoce como sujeto de derecho, con las
consecuencias jurídicas que ello comporta”[84] (Negrillas
fuera del texto).
A
modo de conclusión, la Sala advierte en la Sentencia del 17 de junio de 2011,
dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, un excesivo
rigorismo formal en la interpretación y aplicación de las Leyes 57 y 153 de
1887, al desconocer el valor probatorio de (i) las certificaciones
eclesiásticas de bautismo; (ii) la copia del libro en la que consta el acta de
bautismo; (iii) la Escritura Pública 478 de 1898 por medio de la cual Ramón
Barrios Pérez reconoció a Benito Barrios Espitia como su hijo; (iv) la
Escritura Pública 27 de 1928, testamento de Ramón Barrios Pérez, en el cual
reconoció a Benito Barrios Espitia como hijo y heredero universal. Tal
hermenéutica obedeció a la primacía de argumentos formales en contradicción con
la interpretación y aplicación constitucional de las normas y de la valoración
probatoria que debió realizarse, lo que condujo al desconocimiento del derecho
procesal como un medio para la realización efectiva de los derechos; la
renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva probada en el expediente; la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal y, de contera, el
desconocimiento de los derechos fundamentales de la accionante. Por
consiguiente, esta Sala encuentra que la sentencia referida se encuentra
afectada de un defecto procedimental por excesivo ritualismo formal, en
interrelación con un defecto sustantivo y fáctico.
Puntualmente,
respecto de los defectos sustantivo y fáctico se realizan las siguientes
precisiones:
11.3.2. Defecto sustantivo
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se
puede incurrir en un defecto sustantivo, entre otros particulares, cuando (i)
el juez fundamenta su decisión en una norma que desconoce los postulados
constitucionales; (ii) interpreta la norma imponiendo requisitos adicionales a
los que prevé; o (iii) el operador judicial desconoce disposiciones legales
aplicables.
(i) El juez fundamenta su decisión en una norma que
desconoce los postulados constitucionales:
Dentro del proceso de petición de herencia en comento,
la Corte Suprema de Justicia interpretó y aplicó la Ley 57 de
1887 imponiendo como requisito para el reconocimiento del estado civil que, en
el acta de bautismo del señor Benito Barrios Espitia y en la certificación
eclesiástica de esta, constara el instrumento público por medio del cual se
realizó el reconocimiento de la paternidad. Y se consideró que ese acto
volitivo no podía suplirse con la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de
1898, en la cual se reconoció la paternidad pero con posterioridad a la
realización del acta de bautismo.
La Sala encuentra que  la interpretación y aplicación
de la norma en el proceso ordinario,  desconoció los preceptos constitucionales
conforme a los cuales se debe garantizar el derecho sustancial y, con ello,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia e, incluso, a la personalidad jurídica de la accionante. Debe
reiterarse que si bien los jueces son autónomos, “su independencia es para
aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de
la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de
la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es
la Constitución (…)”[85].
Por ende, la interpretación y aplicación de la norma es legítima en la
medida que permita “el logro eficaz de los fines propios de la organización
estatal, entre los cuales se destacan, la efectividad de los principios y
derechos consagrados en la Constitución, la vigencia de un orden justo y el
respeto de la dignidad humana (artículo 2° C.P)”.
(ii) El juez interpretó la norma imponiendo requisitos
adicionales a los que ésta prevé:
Siguiendo esta línea, si bien quisiera interpretarse
que los “requisitos legales” de los que habla el artículo 22 consisten
en que la partida de bautismo debía contener el instrumento público o el
testamento por el que fue realizado el reconocimiento, lo cierto es que en este
texto no se especifica que ese registro se debía realizar al mismo momento de
elaborarse el acta de bautismo, por tanto, en procura de una interpretación
garantista que adopte la verdad judicial material, es preciso entender que tal
límite temporal carece de fundamento jurídico. Se hace menester asumir
entonces, que si en el acta de bautismo del señor Benito Barrios Espitia que se
certifica, obra constancia como nota marginal del reconocimiento realizado
mediante Escritura Pública y lo que se pretende es garantizar el derecho
sustancial, resultaba demostrado el estado civil de Benito Barrios Espitia.
(iii) El operador judicial desconoció disposiciones
legales aplicables:
Además
de la interpretación y aplicación inconstitucional de la norma, los jueces de
instancia resolvieron el caso concreto restando importancia al artículo 7 de la
Ley 57 de 1887 y a los artículos 54 al 56 de la Ley 153 de 1887, en los cuales
estaban especificados los presupuestos exigidos para el reconocimiento de la
paternidad de quien hubiere nacido por fuera del vínculo matrimonial. En este
marco, el reconocimiento debía realizarse por parte del padre o de la madre,
mediante una declaración libre y voluntaria, a través de un instrumento
público entre vivos o mediante acto testamentario. Presupuesto cumplido en
el presente caso a través de las Escrituras Públicas 478 del 29 de noviembre de
1898 y 27 del 10 de enero de 1928, otorgadas ante la Notaría Primera de
Cartagena, las cuales tienen entidad probatoria suficiente para demostrar el
vínculo filial de paternidad y conducen a demostrar el estado civil de Benito
Barrios Espitia.
11.3.3. Defecto fáctico
Como
se mencionó anteriormente, en el expediente obra (i) copia del libro en el que
se encuentra sentada la partida eclesiástica de bautismo del señor Benito
Barrios Espitia y de los certificados eclesiásticos de bautismo, y (ii) copia
de las Escrituras Públicas 478 del 29 de noviembre de 1898  y 27 del 10 de
enero de 1928 otorgadas ante la Notaría Primera de Cartagena.
Se
recuerda que, de acuerdo con las consideraciones precedentes, el defecto
fáctico comporta dos dimensiones, una positiva y una negativa. La segunda se
presenta cuando, por ejemplo, el juez deja de considerar elementos probatorios
que constan en el proceso, porque los ignora o no los valora
injustificadamente, desatendiendo una realidad probatoria determinante en la
decisión[86],
como consecuencia de lo cual se da por no probado el hecho que emerge
claramente de ellos.
Escenario
que se configura en el presente caso dado que la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia incurrió en una indebida valoración probatoria como consecuencia de
la cual se estimó como no probado el vínculo filial y, con este, los derechos
hereditarios de Benito Barrios Espitia, en su condición de hijo de Ramón
Barrios Pérez, hecho que emerge claramente de los elementos obrantes en el
expediente. La Sentencia del 17 de junio de 2011 se profirió en contra
de la evidencia fáctica, separándose por completo de los hechos debidamente
probados. Con ello, incurrió en una interpretación del acervo probatorio que
provocó una visión distorsionada de la realidad, situación que evidencia además
que se desconoció la obligación constitucional y legal de valorar las pruebas
de manera armónica.
Una
vez se ha evidenciado que la tutela presentada por Clovis Barrios de Chico
contra la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión a la
Sentencia del 17 de junio de 2011, cumple con las causales generales de
procedencia, y evidencia que se incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, sustantivo y fáctico, se procede a estudiar la relevancia
constitucional que se exige en el caso de las tutelas contra providencias
judiciales de las Altas Cortes, requisito este último que habilita la
intervención del juez constitucional en el presente caso.
11.4. Relevancia constitucional
Como
se había mencionado en el acápite sobre los requisitos de procedencia, la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuando la demanda se dirige
contra un fallo dictado por una Alta Corte -como sucede en el presente caso-,
debe cumplir con un requisito de procedencia adicional consistente en que
exista una contradicción entre la Constitución Política y el pronunciamiento
judicial.
Al
efecto, se reitera que en el marco de la supremacía de la Constitución
Política, no resulta procedente avalar argumentos jurídicos en exceso
formalistas al aplicar disposiciones normativas producidas en un contexto
jurídico-histórico anterior a la Constitución de 1991, desconociendo los
criterios de hermenéutica que impone la nueva Carta Fundamental. Por tanto, las
interpretaciones de normas anteriores a la Constitución Política no pueden
ignorar el debido proceso en su aspecto de acceso a la administración de
justicia, por el desconocimiento del principio de prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal que conlleva a un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, a un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, y
sustantivo por una interpretación y aplicación de la norma en desconocimiento
de los preceptos constitucionales vigentes, y por dejar de aplicar una norma
vigente en el marco jurídico, incluso, de la Constitución de 1886.
11.5. Decisión a adoptar
Conforme
se estudió en los antecedentes de esta providencia, el Juzgado Séptimo de
Familia de Cartagena, autoridad judicial de primera instancia en el proceso
ordinario de petición de herencia, en sentencia del 6 de noviembre de 2001, “consideró
que la demandante tenía igual derecho que los demandados en la sucesión de
Ramón Barrios Pérez y por ello declaró ineficaz el acto partitivo y ordenó
rehacerlo”.
Para
ello, tuvo en consideración “el certificado de bautismo allegado para
probar la filiación[,] [que permitía]  colegir ‘sin menor duda, que en efecto
la prueba documental arrimada sobre el estado civil del señor BENITO BARRIOS
ESPITIA, es prueba principal y reúne todos los requisitos de ley. Por lo cual
se tiene probada la condición de heredero en cabeza de BENITO BARRIOS ESPITIA,
de su padre RAMÓN BARRIOS PÉREZ’ (…)”.
Adicionalmente,
en los considerandos de la providencia se precisó que “Obra en el expediente
la Escritura Pública No. 478 del 29 de Noviembre de 1898 otorgada por el señor
Ramón Barrios Pérez ante la Notaría Primera de Cartagena, por medio de la cual
el otorgante reconoce como su hijo al señor Benito Barrios Espitia. Igual
prueba está contenida en la Escritura No. 27 de fecha 10 de enero de 1928 de la
Notaría Primera de Cartagena, en donde incluso se hace una asignación
testamentaria por parte del otorgante Señor Ramón Barrios Pérez a favor de su
hijo Benito Barrios Espitia”.
En
consecuencia, la primera autoridad judicial se pronunció en el sentido de que,
por vía de representación, se da la secuencia que justifica otorgar la
condición de heredera a la señora Clovis Barrios de Chicó. Es este fallo
proferido dentro del proceso ordinario el que debe mantener vigencia y no así
la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cartagena, ni la de casación proferida por la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuanta que se encuentra ajustada a
los lineamientos constitucionales y legales desarrollados en esta providencia
judicial y el respeto de las consideraciones y competencias del juez natural
del presente asunto. Se
recuerda que “(u)na de las primeras garantías que integran el derecho
fundamental al debido proceso es la de que el asunto sea juzgado por un juez
competente, garantía establecida por la Revolución francesa[87] y hoy
en día prevista tanto por el artículo 29 de la Constitución Política, como por
instrumentos internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad en
sentido estricto (artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esta
garantía, vinculada con el derecho de acceso a la justicia[88], es la
que se conoce como de juez natural y exige: (i) la preexistencia del juez, (ii)
la determinación legal y previa de su competencia en abstracto, incluso si es
una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de que no será
excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente
competencia[89]”[90].
En
la decisión proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena no se
accedió a la pretensión relacionada con que se dejaran sin efecto los actos de
enajenación de los bienes pertenecientes al haber sucesoral. Frente a estos, a
la demandante le asiste el derecho a iniciar la acción reivindicatoria conforme
se estudió en la parte considerativa de esta providencia.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el presente
proceso por medio del Auto 307 del 21 de junio de 2017.
SEGUNDO.- TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Clovis Barrios de Chicó y, por consiguiente, REVOCAR la decisión
adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre
de 2011, mediante la cual se confirmó la providencia dictada por la Sala Laboral
de esa Corporación el 27 de septiembre de 2011, que negó la tutela presentada
por Clovis Barrios de Chicó contra la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
TERCERO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las
sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 17 de junio de 2011, y por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Cartagena proferida el 18 de abril de 2009, dentro del proceso
ordinario de petición de herencia adelantado por Clovis Barrios de Chico, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
CUARTO.-
En su lugar, CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la sentencia dictada por el
Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena el 6 de noviembre de 2001, dentro del
proceso ordinario de petición de herencia iniciado por Clovis Barrios de Chicó
contra Elzael Barrios Páez (quien falleció en el transcurso del proceso) y los
herederos determinados e indeterminados de Leyla y Reinal Barrios Páez, según
lo expuesto en el punto 11.5 de esta sentencia.
LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, en cada uno de los
procesos, la comunicación de que trata el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
Con Salvamento de voto
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente en comisión
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
A LA
SENTENCIA SU573/17
Referencia: Expediente T-3.329.158
Acción de tutela instaurada por Clovis
Barrios de Chico contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que
me conducen a aclarar el voto en la decisión adoptada por la mayoría de
la Sala Plena, en sesión del 14 de septiembre de 2017.
1.  La providencia de la referencia estudió la acción de tutela presentada por la
señora Barrios contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y sus derechos adquiridos.
En particular, la actora cuestionó la
providencia judicial que resolvió el recurso extraordinario de casación en un proceso
de petición de herencia. La accionante alegaba que la sentencia impugnada había
incurrido en los defectos
fáctico y sustantivo al interpretar el sistema de tarifa legal probatoria
previsto por el Legislador en relación con el estado civil de los hijos
extramatrimoniales (en ese
caso, la acreditación del estado civil de su abuelo).
La Sala Plena advirtió que la decisión contra la cual
se presentó la tutela incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, y
procedimental por exceso ritual manifiesto. En términos generales, se demostró
que las pruebas fueron valoradas sin tener en cuenta que los medios de
convicción demostraban la paternidad, pero por una interpretación formalista de
la Ley 57 de 1887 se negó el reconocimiento del estado civil. En efecto, la
providencia censurada no tuvo en cuenta que el artículo 56 de la Ley 57 de 1887
reconoció los instrumentos públicos entre vivos y los actos testamentarios como
pruebas suficientes para demostrar el vínculo filial de paternidad, las cuales
a su vez son conducentes para demostrar el estado civil.
En consecuencia, la Sala resolvió: (i) tutelar el
derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante; (ii)
revocar las decisiones que negaron el amparo; (iii) dejar sin efecto las
providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena; y (iv) confirmar en todas sus partes la
sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de
Cartagena el 6 de noviembre de 2001, dentro del proceso de petición de
herencia.
2.  Ahora bien, la sentencia SU-573 de 2017 corresponde a la decisión
de reemplazo de la sentencia T-401 de 2012, que fue anulada por la Sala
Plena mediante Auto 090 de 2017. Debo puntualizar que a
pesar de que no compartí la posición mayoritaria de la Sala en el Auto 090 de 2017, en esta oportunidad estoy de acuerdo con el sentido
de la decisión.
En el Auto 090 de 2017, la Sala Plena estudió la
solicitud de nulidad presentada por la señora Clovis Barrios de Chico contra la
sentencia T-401 de 2012 que había negado el amparo de sus derechos, por
considerar que la Sala Tercera de Revisión valoró las pruebas de forma
irregular. En consecuencia, mediante Auto 090 de 2017, la mayoría de Sala Plena
estableció que la sentencia T-401 de 2012, violó el derecho al debido proceso
de la solicitante al haber omitido asuntos de relevancia constitucional y, en
particular, “incurrir en exceso ritual manifiesto” al avalar la postura
puramente formalista adoptada por la Corte Suprema de Justicia. En
consecuencia, anuló la providencia proferida por la Sala Tercera de Revisión.
En aquella oportunidad, manifesté que
disentía de la posición mayoritaria de la Sala Plena porque anuló la sentencia
T-401 de 2012 sin que se hubiera configurado una causal para declararla. En efecto, en su solicitud de nulidad, la accionante presentó
argumentos dirigidos a cuestionar la valoración probatoria de la Sala y, en ese
orden de ideas, pretendió reabrir un debate concluido y usar la solicitud de nulidad como un recurso contra
la sentencia de revisión en sede de tutela.
Así pues, expresé que en ese auto la mayoría de la Sala Plena procedió a
hacer una valoración oficiosa de la sentencia T-401 de 2012 y, en vez de
estudiar la causal genérica
alegada por la solicitante, optó por evaluar la decisión adoptada por la Sala
Tercera de Revisión, como si fuera una segunda instancia de la mencionada Sala
y, en efecto, impuso una valoración probatoria distinta a la que realizó la
Sala de Revisión.
En consecuencia, estimé que en esa ocasión
la Sala Plena actuó como una instancia superior de la Sala de Revisión, y de
este modo contravino el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991[91],
pues desconoció que las salas de revisión son órganos de unificación de
jurisprudencia e interpretación de derechos fundamentales y, por lo tanto, la
Sala Plena no es su superior.
De conformidad con lo anterior, estimo que ante la
falta de evidencia sobre la configuración de una causal de nulidad de la
sentencia T-401 de 2012, y en particular de la eventual violación del derecho
al debido proceso de la incidentante, la Sala debió negar la solicitud de
nulidad.
3.  En ese sentido, una vez anulada la
sentencia, el conocimiento del asunto es distinto y por ello comparto la
decisión aquí adoptada. En efecto, en esta oportunidad, entonces cabe aclarar
que el problema jurídico difiere del que se estudió en el auto mencionado, pues
la nulidad de sentencias de la Corte supone evaluar las situaciones límite en
las cuales se advierte la ocurrencia de una abierta y manifiesta violación al
debido proceso en el trámite. En contraste, cuando se estudia una tutela contra
providencia judicial, como ocurre en este caso, se analiza la validez de la decisión
judicial, razón por la cual comparto la posición acogida por la mayoría de la
Sala respecto del fondo del asunto.
4.  De otra parte, debo puntualizar que de la
providencia judicial controvertida en sede de tutela no se advierte una vía de
hecho, pues la Corte Suprema de Justicia falló de conformidad con las normas
aplicables al caso, según las cuales la demandante no aportó el medio
probatorio idóneo para demostrar el estado civil. En consecuencia, la
providencia judicial contra la cual se presentó la tutela no era arbitraria ni
caprichosa, sino que respondía al sistema de tarifa legal, vigente al momento
en el que nació el bisabuelo de la demandante.
No obstante lo anterior, de conformidad con la sentencia
C-590 de 2005, la Corte no hace un control de vías de hecho, sino de
constitucionalidad de sentencias. En consecuencia, a pesar de que en este caso
no se evidenció la existencia de una vía de hecho (pues las normas aplicables
al momento del nacimiento del bisabuelo establecían un sistema de tarifa legal),
no se puede desconocer que la Corte Suprema de Justicia adoptó el fallo en
vigencia de la Constitución de 1991, la cual le imponía adoptar una
interpretación que garantizara el derecho sustancial sobre el formal.
En efecto, los artículos 29 y 228 Superiores prevén la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales como garantía
del acceso a la administración de justicia. En este sentido, en el caso objeto
de estudio se evidenció un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues la autoridad judicial accionada arguyó razones formales para negar el
reconocimiento del estado civil, a pesar de que los elementos probatorios
aportados demostraban el parentesco. Así pues, la Corte Suprema de Justicia
debió valorar las pruebas de conformidad con la Constitución de 1991, esto es,
ante la evidencia de la verdad procesal, debió declarar la existencia de la
filiación.
De
esta manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a
las consideraciones y la decisión que se adoptó en la Sentencia SU-573 de 2017.
Fecha ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] El señor Ramón Barrios
Pérez sería el bisabuelo de la demandante, mientras que Elzael, Reynal y Leila
Pérez Barrios son familiares de aquél.
[2] Según la demanda en el
proceso ordinario de petición de herencia, la relación filial sería la
siguiente:
Nombre
Relación filial
Ramón Barrios Pérez
Bisabuelo
Benito Barrios Espitia
Abuelo
José Barrios Díaz
Padre
Clovis Barrios de Chicó
Bisnieta
[3] Cuaderno de nulidad.
Anexo 12, folios 83, 84 y 86, Certificados de libertad y tradición
correspondientes a las matriculas inmobiliarias No. 060-21311 del 22 de
diciembre de 1999 del inmueble “La Isleta” y No. 060-36682 del inmueble
“Las Animas” del 21 de diciembre de 1999. Respecto al inmueble “la
Ceiba”, según el operador judicial, no existía constancia del certificado
de libertad y tradición y, por ende, se ordenó en la parte resolutiva abrir el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.
[4] Precisión que fundamenta
en el registro civil de nacimiento de Clovis Barrios de Chico (Prueba que se
encuentra en el Cuaderno de nulidad, anexo 12, folio 12).
[5] Afirmación que fundamenta
en el Registro Civil de Nacimiento de José Barrios Díaz (Prueba que se
encuentra en el cuaderno de nulidad, anexo 12, folio 10).
[6] Cuaderno 5, folio 98.
[7] Cuaderno 5, folio 100.
[8] Cuaderno 5, folio 100.
[9] “ARTÍCULO 22. Se
tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de
nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o
muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las
formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando
las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas
quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y
términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las
asimila. Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la
autoridad civil sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar
determinado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las Leyes
facultan a los jueces para decretar la inspección parcial de los libros de las
notarías públicas”.
[10] En la citada providencia,
se formularon en general cuatro cargos. En el primero, se alegó la violación,
por vía indirecta, de los artículos 7 y 22 de la Ley 57 de 1887, al igual que
de los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, por cuanto se incurrió en
un error de derecho en la apreciación de la partida eclesiástica de bautismo
del señor Benito Barrios Espitia. En el segundo y tercero, se alegó la
violación por vía indirecta de los mismos artículos, pero a causa de un error
en la apreciación de otras pruebas, como la escritura pública mediante la cual
el señor Ramón Barrio Pérez supuestamente reconoció como hijo natural a Benito
Barrios Espitia. Finalmente, en el cuarto cargo, se denunció la infracción
directa de los artículos 7, 20, 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, en virtud de
que no se tuvo en cuenta el acta eclesiástica de bautismo como prueba principal
del estado civil.
[11] “para que tal
estado, verdaderamente adquirido, se pudiera probar era menester que el
funcionario encargado del registro, en este caso el cura párroco, tomara nota
de ese acto y de ella se diera cuenta en la respectiva certificación”.
[12] Cuaderno 4, folio 85. .
[13] Puntualmente, se dejó sin
efectos la Escritura de compraventa 1821 del 18 de junio de 1998 de la Notaría
Tercera de Medellín por medio de la cual se realizó la compraventa y se ordenó
la cancelación de las anotaciones 8 y 9 de la matricula inmobiliaria No.
060-21311, perteneciente al inmueble la Isleta.
[14] Constitución de la
República de Colombia de 1886, artículo 51.
[15] Ley 57 de 1971, artículo
22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil,
respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o
casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que
con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos,
insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales
pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos
casos y términos que aquellas a que se contrae este título, á las cuales se las
asimila […]”.
[16] Ley 153 de 1887:
“ARTÍCULO 54
Los
hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado ayuntamiento, podrán ser
reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de
hijos naturales respecto del padre o de la madre que los haya reconocido.
ARTÍCULO 55. El reconocimiento es un
acto libre y voluntario del padre o de la madre que reconoce.
ARTÍCULO 56. El reconocimiento
deberá hacerse por instrumento público entre vivos, o por acto testamentario.
Si es uno solo de los padres el que
reconoce, no será obligado A expresar la persona en quién hubo el hijo natural”
(Negrilla
fuera del texto).
[17] Cuaderno 4, folio 84.
[18] Cuaderno 4, folio 84.
[19] Cuaderno 4, folio 85.
[20] Cuaderno 4, folios 87 a
91.
[21] Cuaderno de nulidad,
Anexo 12 Folio 22
[22] Sentencia T-429/11 Ref.
T- 2.954.560. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C.,
diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011). Los requisitos de carácter
general fueron reiterados en la sentencia T-429 de 2011, providencia en la que
se revisó el caso de un ciudadano que consideró vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso en vista de que la Sección Tercera del Consejo de
Estado en segunda instancia, no incluyó en la parte resolutiva de un fallo el
nombre del accionante como una de las personas que debía ser indemnizada por
los daños y perjuicios ocasionados por el Ejército Nacional (a raíz de los
bombardeos realizados en el año de 1990 en la vereda La Concepción del
Municipio de Yondó -Antioquia), pese a que en la parte motiva de la sentencia
se determinó que el accionante debía ser resarcido por los perjuicios morales
que le fueron causados. En este caso, la Corte realizó un recuento
jurisprudencial en el que recogió la evolución del concepto de vía de hecho
hasta convertirse en la serie de requisitos y criterios que están vigentes hoy
en día para determinar la procedibilidad de una acción de tutela contra una
providencia judicial.
[23] Su-391 de 2016: “(C)onsidera
la Corte que es improcedente la acción de tutela contra decisiones de la Corte
Constitucional y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo
de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta
sería entonces una causal adicional de improcedencia que complementaría los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales establecidos por la jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de
2005, de acuerdo con la cual no procede la acción de tutela contra las sentencias
de la Corte Constitucional ni contra las del Consejo de Estado por nulidad por
inconstitucionalidad”.
[24] Sentencia C-590 de 2005,
recopilada en la SU-636 de 2015.
[25] SU-050 de 2017.
[26] C-590 de 2005.
[27] C-590 de 2005.
[28] T-924 de 2014.
[29] C-590 de 2005, ver también
T-926 de 2014.
[30] C-590 de 2005, ver
también T-926 de 2014.
[31] Su-391 de 2016: “(C)onsidera
la Corte que es improcedente la acción de tutela contra decisiones de la Corte
Constitucional y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo de
Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta sería
entonces una causal adicional de improcedencia que complementaría los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales establecidos por la jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de
2005, de acuerdo con la cual no procede la acción de tutela contra las
sentencias de la Corte Constitucional ni contra las del Consejo de Estado por
nulidad por inconstitucionalidad”.
[32] C-590 de 2005, ver
también T-926 de 2014.
[33] T-264 de 2009.
[34] En esta oportunidad se
señaló que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho puesto “que
a pesar de afirmar claramente que el accionante sí debería gozar del derecho a
pensión, según la jurisprudencia unificada de la Sala Laboral de la Corte desde
la sentencia 10803 de julio 29 de 1998, M.P. José Roberto Herrera Vergara,
dándole primacía al derecho procesal sobre el sustancial, no casó la sentencia
objeto del recurso por falta de técnica de casación, incurriendo así en un
exceso ritual manifiesto”.
[35] “La jurisprudencia de
la Corte Suprema de la Nación Argentina ha establecido desde 1957 con el caso
Colalillo Domingo vs. Compañía de Seguros España y Río de la Plata que existe
una causal de arbitrariedad de sentencia en virtud de la cual procede el
recurso extraordinario federal si en virtud de la aplicación del derecho
procesal en forma meramente ritual, se llega a la renuncia consciente a la
verdad jurídica objetiva frustrando así el derecho en deterioro de la justicia
como razón de ser del mismo (…).” Igualmente, esta sentencia se fundamentó
en la C-029 de 1995.
[36] Artículos 6°, 29, 228 y
230 de la Constitución Política.
[37] Recuérdese que el citado
principio implica la obligación de las autoridades judiciales de proceder a
impulsar los procedimientos, valorando los argumentos de las partes y las
pruebas que se anexen a la actuación, eliminando los formalismos excesivos que
impidan la realización efectiva del derecho sustancial.
[38] En la sentencia T-1306 de
2001. La Corte decidió que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una
vía de hecho por exceso ritual manifiesto en el recurso extraordinario de
casación y omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales
en la decisión de este recurso. En este caso, la Corte consideró que se había
violado los derechos de una persona al haber reconocido que tenía derecho a la
pensión, pero no haber protegido los derechos sustantivos respectivos, de
acuerdo con el mandato constitucional, en razón a que se aplicaron
prevalentemente, reglas de carácter procedimental.
[39] La Corte ha señalado que
el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía de
obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces
se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los
pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma
implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Sentencias
T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
[40] T-264 de 2009, citada.
[41] T-284 de 2006.
[42] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 23 de agosto de 2005,
proceso número 22236.
[43] C-029 del 2 de febrero de
1995.
[44] T-1091 del 6 de noviembre
de 2008.
[45] C-713 de 2008.
[46] C-372 de 2011.
[47] T-773 de 2011, T-1093 de
2014 y T-1048 de 2008.
[48] SU-050 de 2017.
[49]Auto 071 de 2001.
[50] T-637 de 2010
[51] T-176 de 2015.
[52] T-790 de 2010 y T-510 de
2011.
[53] SU-770 de 2014.
[54] T-1101 de 2005, T-1222 de
2005 y T-051 de 2009.
[55] T-001 de 1999 y T-462 de
2003.
[56] T-018 de 2008.
[57] T-086 de 2007.
[58] SU-050 de 2017.
[59] SU-915 de 2013.
[60] T-063 de 2017.
[61] SU-172 de 2015 y T-090 de
2017.
[62] SU-132 de 2002 y SU-636
de 2015.
[63] T-814 de 1999, T-902 de
2005 y T-162 de 2007.
[64] Estructura tomada de
Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción de tutela contra
providencias”. Ed. Ibáñez y Pontificia Universidad Javeriana, p. 188,
(2012).
[65] T-442 de 1994.
[66] SU-490 de 2016.
[67] Ley 57 de 1971. Artículo
22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil,
respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o
casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que
con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando
las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas
quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y
términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las asimila
[…]”.
[68] “Por la cual se dictan
algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios”
[69] T-584 de 1992: “Así lo
establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe
haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular
establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia,
se expidan y se custodien en el archivo de la misma”.
[70] Código Civil, artículo
665.
[71] Corte Suprema de
Justicia. STC16967－2016, 24 de noviembre de 2016. Luis Armando Tolosa Villabona.
[72] Así entonces, respecto de
los bienes “las Ánimas” y “la Ceiba” se constató que los demandados habían
ejercido ocupación clandestina, temeraria y  de mala fe. En consecuencia, se
condenó la restitución en el 50% a la accionante respecto de la parte de los
bienes que no fueron enajenados a terceros y, en el mismo porcentaje, al pago
de aumentos, accesorios, productos y frutos civiles o naturales, y al importe
de enajenaciones o deterioros que hubiesen sufrido. En el mismo sentido se
resolvió el fallo respecto del inmueble “la Isleta”, sin embargo, respecto de
este bien únicamente fue condenado Elzael Barrios Páez, pues este de manera
individual lo sustrajo del proceso sucesorio “tratando de titularlo a su
exclusivo nombre por medios anómalos”.
[73] Ley 57 de 1971. Artículo
22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil,
respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o
casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que
con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos,
insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales
pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos
casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las
asimila […]”.
[74] “Por la cual se dictan
algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios”
[75] T-584 de 1992: “Así lo
establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe
haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular
establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia,
se expidan y se custodien en el archivo de la misma”.
[76] T-584 de 1992.
[77] T-501 de 2010: “Como
consecuencia de lo anterior, se ha reconocido que, de acuerdo con la regulación
de la materia, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo
puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260
de 1.970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo
sistema de la Ley 92 de 1.938, que distinguía entre pruebas principales y
pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro
civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y
defunciones)”
[78] Cuaderno 4, folio 86.
[79] Cuaderno 4, folio 84.
[80] Cuaderno 4, folio 85.
[81] Cuaderno 4, folios 87 a
91.
[82] Artículos 6°, 29, 228 y
230 de la Constitución Política.
[83] C-372 de 2011.
[84] T-106 de 1996.
[85]Auto 071 de 2001.
[86] T-814 de 1999, T-902 de
2005 y T-162 de 2007.
[87] “El orden
constitucional de las jurisdicciones no podrá ser alterado, ni los justiciables
distraídos de sus jueces naturales, por ninguna comisión, ni por otras
atribuciones o avocaciones distintas de aquellas determinadas por la ley”:
artículo 17 de la Ley francesa de los 16 y 24 de agosto de 1790, relativa a
la organización judicial.
[88] Corte Constitucional,
sentencia SU-1184/01.
[89] Esto implica “que una
vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les
sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de
competencias al interior de una institución”: Corte Constitucional,
sentencia SU-1184/01.
[90] C-537 de 2016.
[91] Artículo 34. “Decisión en Sala. La Corte
Constitucional designará los tres Magistrados de su seno que conformarán la
Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el
procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito judicial. Los cambios de
jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo
registro del proyecto de fallo correspondiente.”