T-206-19
Sentencia
T-206/19
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y A
LA SEGURIDAD PERSONAL
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Vulneración por cuanto se afecta en su componente de
habitabilidad al encontrarse en riesgo vivienda del accionante
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Opera
para proteger a las personas de aquellas situaciones que se ubican en el nivel
de riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de
soportar
ACCION DE TUTELA PARA LA
PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO EXISTE VULNERACION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES-Requisitos de procedencia excepcional
EFECTOS INTER COMUNIS-Condiciones de procedencia
La adopción de estos efectos es procedente cuando se constate la
existencia de un grupo en el cual: (i) existan otras personas en la misma situación;
(ii) exista identidad de derechos fundamentales violados; (iii) en el hecho
generador; (iv) deudor o accionado; además de (v) un derecho común a reconocer;
y, finalmente, (vi) identidad en la pretensión
RESPONSABILIDAD DE LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-Obligaciones
frente a la población localizada en zonas donde se puedan presentar desastres
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EFECTO INTER COMUNIS DE LA DECISION-Orden a la alcaldía municipal que
tome las medidas conducentes para evitar riesgos que atenten contra el derecho
a la vivienda digna y seguridad personal
Referencia:
Expediente T-6.956.306
Demandantes:
Maribel Jiménez de la Hoz y otros
Demandado:
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo,
quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de las sentencias
proferidas por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, el 10 de abril
de 2018, la cual confirmó la del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de
Barranquilla dictada el 1º de febrero de 2018, que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por Maribel Jiménez de la Hoz y otros contra la
Alcaldía Distrital de Barranquilla.
El expediente fue escogido para revisión
por la Sala de Selección Número Nueve, mediante Auto del 17 de septiembre de
2018 y repartido a la Sala Quinta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.     Solicitud
Los accionantes que se relacionan a
continuación[1],
actuando a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, por considerar que vulneró sus derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la vida y a la salud, con la ejecución de una
obra de canalización que presuntamente está afectando gravemente sus viviendas.
1
Amado Contreras Ortiz
2
Andrea Ropain Mendoza
3
Bárbara Barceló Jiménez
4
Beatriz Aguirre Tapia
5
Claudia Días Ropain
6
Daniela Semmler Quiroz
7
Diana Días Ropain
8
Dominga Gregory Salcedo
9
Dubys Thomas Henríquez
10
Edilsa Herrera Ávila
11
Edith García Cabarcas
12
Elías Ramos Martínez
13
Eloina Pérez Sepúlveda
14
Elvira Pérez Caña
15
Eufemia de la Torre Escorcia
16
Helena Ariza Silvera
17
Humberto Herrera Padilla
18
Ingrid Ariza López
19
Jacqueline Días Cabrera
20
Jairo Pérez Argote
21
Jorge Miranda Camargo
22
José Luis Días Cabeza
23
José Quiroz Miranda
24
Julio Burgos Dager
25
Kelly Días Ropain
26
Kimberly García Gregory
27
Laudith Camargo Santana
28
Liliana Palacio Henríquez
29
Luz Días Cabezas
30
Magalys Padilla Villareal
31
María Agudelo Cortez
32
María Santana Romo
33
Maribel Jiménez de la Hoz
34
Mayerli Rodríguez Contreras
35
Miguel Vásquez Balcenilla
36
Nohora Ávila Herrera
37
Patricia Ramos Contreras
38
Rita de la Torre
39
Robinson Camargo Santana
40
Rosa Palacio Henríquez
41
Sadamy Gómez Cañate
42
Samuel Marimon Babilonia
43
William Moreno Mendoza
44
Xiomara Campos Camargo
45
Yimy Thomas Henríquez
46
Yolanda Henríquez Gamero
47
Yolanda Vera Jiménez
2.     Hechos
2.1. Los accionantes manifiestan que desde
el año 2016, la Alcaldía Distrital de Barranquilla contrató la canalización del
arroyo Hospital, “desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con
calle 17 y de la carrera 35 con calle 17 hasta el caño La Ahuyama en la calle 6”[2].
No obstante, señalan que el tramo comprendido entre las calles 21 y 17 se
encontraba canalizado desde 1994, por lo que allí, el contratista solo subió
las paredes en más de un metro y cubrió el canal existente.
2.2. En consecuencia, al cubrir y elevar
las paredes del canal, las casas quedaron un metro por debajo del nuevo nivel
del mismo, y por tanto, los accionantes deben subir y bajar por la media puerta
que quedó a la vista para salir o entrar a sus viviendas[3].
2.3. Aseguran que la situación se complica
cuando llueve, toda vez que las casas se inundan, las aguas se estancan
produciendo contaminación ambiental[4]
y se convierte en un factor de deterioro de la salud que atenta contra la vida
de las 259 personas residentes de las 48 viviendas afectadas, dentro de las
cuales se encuentran 135 menores de edad, personas de la tercera edad y en
situación de discapacidad.
2.4. Afirman los actores que “la
alcaldía y/o contratista nunca socializaron la obra [con] la comunidad y que por
el contrario han sido renuentes a explicar cómo
solucionarán los perjuicios causados a las viviendas, ni han tomado las medidas
de protección del riesgo”[5].
3.     Pretensiones
Los accionantes solicitan que i) se
amparen sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida y a la salud y,
en consecuencia, ii) se ordene adelantar las obras públicas necesarias
para que las 48 viviendas queden al nivel de la vía construida sobre el canal,
así mismo, iii) que mientras ello ocurre, sus habitantes sean ubicados
en viviendas o sitios donde se respete su dignidad y su núcleo familiar.
4.     Pruebas
relevantes
En el expediente reposan como prueba
documental, los siguientes:
-
Registro fotográfico de los inmuebles y sus alrededores.[6]
- Contrato de obra
No.FROIH 899/2016.[7]
- Contrato de
interventoría No.FROIH 936/2016.[8]
- Actas de
socialización de la obra.[9]
- Actas de vecindad.[10]
5.     Trámite
procesal y contestación a la demanda de tutela
Mediante Auto del 19 de
enero de 2018, el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Barranquilla admitió la acción de tutela y corrió traslado a la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, para
que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Vencido el término de
traslado, la accionada se pronunció frente a esta acción constitucional,
alegando que: i) ya existe un pronunciamiento judicial sobre los hechos que se discuten
en este recurso de amparo[11], ii) por tratarse de un número
plural de accionantes, cuya situación fáctica y pretensiones podrían ajustarse
a un asunto de derechos colectivos, existiría otro medio de defensa, como lo es
la acción popular, iii) no existe un perjuicio irremediable que haga procedente
esta pretensión constitucional, iv) existe indebida integración del
contradictorio, en razón a que no se vinculó al contratista de la obra, el
Consorcio Obras Hidráulicas 2016, y por último, v) el propósito de la obra era
mejorar la calidad de vida y la salubridad, así como permitir el goce efectivo
de los derechos fundamentales de los habitantes del sector.
6.     Decisiones
Judiciales
6.1.
Primera
instancia
El Juzgado Veintiséis Civil Municipal de
Barranquilla, mediante sentencia del 1º de febrero de 2018, rechazó por
improcedente el amparo solicitado, al concluir que “la acción de tutela
tiene un carácter residual dado que su procedencia está supeditada a que el
afectado carezca de otro medio de defensa judicial para la protección de sus
derechos fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable y no se demostró la existencia del aludido
perjuicio dentro de la presente acción de tutela”.
6.2.
Impugnación
Inconformes con la decisión, los
accionantes impugnaron el fallo de tutela. Arguyen que si bien existen otros
caminos jurídicos para reclamar el restablecimiento de sus derechos, la acción
de tutela es el medio idóneo para evitar el perjuicio inminente e irremediable.
Explican que se trata de una población numerosa, integrada por menores de edad,
personas en condición de discapacidad y personas de la tercera edad, cuya
seguridad personal se encuentra en riesgo latente frente a la posible
inundación de sus viviendas, debido a las obras que se vienen ejecutando para
la canalización del arroyo Hospital.
6.3.
Segunda
instancia
Mediante sentencia del 10 de abril de
2018, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla decidió la
impugnación presentada por los accionantes, y confirmó el fallo de primera
instancia, al estimar que el amparo invocado no cumple el presupuesto de
subsidiaridad.
7.     Trámite
en sede de Revisión de Tutela
7.1. Una vez seleccionado el expediente
de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el suscrito magistrado
sustanciador, mediante Auto del 4 de diciembre de 2018, en procura de verificar
los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento a la acción de tutela y
lograr un mejor proveer, dispuso la práctica de medios probatorios, consistentes
en:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General OFÍCIESE a los accionantes a través de su
apoderado judicial, para que en el término de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la comunicación de esta providencia, rinda informe indicando: i) la
dirección de la vivienda de cada uno de los accionantes presuntamente
afectados; ii) la conformación del núcleo familiar de cada uno de los 47
accionantes[12],
suministrando sus nombres, edades, condiciones de salud (incluidas las
dificultades de movilidad); iii) explicación clara de la situación y de la
afectación sufrida por cada uno de los accionantes y sus familias; iv) actuaciones adelantadas ante la
Alcaldía de Barranquilla y ante autoridad administrativa o judicial diferente,
con motivo de los hechos objeto de la acción de amparo. Para
atender este requerimiento, sírvase allegar de manera organizada por cada uno
de los accionantes, los documentos que soporten las respuestas
correspondientes.
De igual forma, ordenar que en el
mismo término, se remita v) copia de las solicitudes radicadas ante la
accionada y ante
autoridad administrativa o judicial diferente, así como de las
respuestas recibidas.
SEGUNDO.- Por
Secretaría General OFÍCIESE a la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
para que en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
comunicación de esta providencia, rinda informe claro sobre las gestiones
adelantadas frente a la situación de amenaza –que exponen los 47 accionantes –
a los derechos fundamentales a la vivienda, a la salud y a la vida.
Para
atender este requerimiento, sírvase allegar de manera ordenada los documentos
que soporten las respuestas correspondientes.”
7.2. Los accionantes, a través de su apoderado,
presentaron escrito en esta Corporación el 14 de diciembre de 2018, con el cual
allegaron la siguiente información:
-
Planillas
en las que se especifica la conformación del núcleo familiar de cada uno de los
47 accionantes, nombres, edades y condiciones de salud[13].
-
Dos
videos con el registro de las condiciones de sus viviendas[14].
-
Respuesta
del Consorcio Obras Hidráulicas 2016 a la señora Rosa Mercedes  Palacio, de
fecha 6 de diciembre de 2018[15].
-
Copia
de la sentencia de primera instancia proferida en la acción de tutela
2017-00204[16].
-
Registro fotográfico de los inmuebles y sus alrededores[17].
7.3. Asimismo, el 6 de febrero de 2019
se recibió, vía correo electrónico, respuesta de la apoderada de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, mediante la cual se hace una breve contextualización
de la problemática de los arroyos en Barranquilla, se explica de manera
concreta las medidas adoptadas y la situación actual de cada una de las
viviendas de los accionantes, al igual que las razones por las cuales considera
que la acción de tutela resulta improcedente. Frente a este último, argumenta
que i) no se cumple con el requisito de subsidiariedad por cuanto los
accionantes tienen a su disposición otro mecanismo judicial -la acción
popular-, que al igual que la tutela, resulta idóneo y eficaz para el amparo de
lo pretendido; ii) que no existe por parte del Distrito de Barranquilla
el propósito de lesionar los derechos de los ciudadanos, que por el contrario,
la obra era necesaria en pro de la calidad de vida de los habitantes del
sector; y iii) que existe hecho superado, en la medida en que conforme
avanza la obra se han venido implementando soluciones integrales para
superarlos[18].
7.4. Mediante auto de 20 de febrero de
2019, se resolvió una solicitud presentada por la apoderada de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, y se dispuso “por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, dejar a disposición de
las partes el expediente T-6.956.306 correspondiente a la acción de
tutela instaurada por la Maribel Jiménez de la Hoz y otros, por el término de
tres (3) días a partir de la comunicación de este proveído”. Lo anterior, teniendo en
cuenta que los medios probatorios solicitados fueron allegados con
posterioridad al término previsto en el auto, y por ende, las partes no
tuvieron la oportunidad de tener conocimiento de ellos.
II.
FUNDAMENTO
JURÍDICO DE LA DECISIÓN
1.     Competencia
La Corte Constitucional, a través de
esta Sala de Revisión, es competente para examinar las sentencias proferidas
dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Presunta existencia de cosa juzgada
constitucional
La Corte Constitucional de manera reiterada se ha
pronunciado sobre las instituciones de cosa juzgada constitucional y la
temeridad. En lo concerniente a la cosa juzgada constitucional, mediante
sentencia de unificación SU-439 de 2017, reiteró que ésta se configura cuando
entre dos o más acciones de tutela se constatan los siguientes aspectos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de causa; e (iii) identidad de objeto.
Se presenta la identidad de partes en caso que “ambas
acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean
propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea
obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales”[19].
La identidad de causa se configura en la medida que “el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos
hechos que le sirvan de causa”[20].
Existe identidad de objeto cuando “las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental”[21].
Aunado a lo anterior, la Corte ha señalado que la cosa juzgada
constitucional en materia de tutela se consolida una vez ocurrida alguna de estas dos
situaciones: (i) cuando la solicitud de amparo es excluida para su revisión por
parte de la Corte Constitucional; o (ii) cuando es seleccionada y resuelta por
esa misma Corporación. Sobre el tema, de manera más precisa, también ha
destacado:
“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un
asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la
decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si
la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce
con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo
selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide
la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto
de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello
desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del
sistema jurídico” [22]. (Subrayado fuera de texto)
En conclusión, en los eventos en los que una misma persona
presenta tutelas de manera sucesiva en las que converge identidad de partes,
hechos y pretensiones, más allá de la declaratoria de temeridad, es preciso estudiar si ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional sobre la
primera de las acciones promovidas, pues cuando ello ocurre, las tutelas
subsiguientes son improcedentes. Además, que el referido fenómeno jurídico se
consolidada al presentarse una de las situaciones expuestas: que la tutela no
sea seleccionada para revisión o cuando siendo seleccionada, sea resuelta por
esta Corporación.
Entonces, reiterada la jurisprudencia
constitucional sobre las reglas que determinan la configuración de la cosa
juzgada en sede de tutela, se procederá a verificar la ocurrencia de la misma
en el caso concreto.
De acuerdo con lo manifestado por la
accionada, “ya existe pronunciamiento sobre los hechos aquí discutidos”.
Encuentra la Sala, que la afirmación se sustenta en la acción de tutela
presentada por los señores Lisbeth Padilla de la Cruz y otros contra la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la salud, en la cual se arguyó que “desde
el año 2016 la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de un contratista,
viene adelantando la canalización del arroyo Hospital, desde la calle 44
con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 y de la carrera 35 con calle 17
hasta el caño la Ahuyama en la calle 6.
En el tramo comprendido entre las calles
17 y la calle 6 no se trata de canalización, ya ese tramo estaba canalizado
desde el año 1994, allí solo se subieron las paredes del canal en más de un
metro y se le colocó una losa encima, es decir cubrieron la canalización
existente.
De lo anterior, ocurre que al subir las
paredes del canal y colocar la losa, las casas quedaron un metro por debajo del
nuevo nivel del canal lo que ha traído como consecuencia que las viviendas se
encuentren en un hueco y para salir o acceder a ellas haya que subir y bajar
por la media puerta que quedo (sic) a la vista; al quedar las viviendas por
debajo del nivel del canal, cuando llueve las mismas se inundan (…)”.
El referido recurso de amparo, radicado
bajo el No. 2017 – 00204, correspondió por reparto al Juez Veinticuatro Civil
Municipal de Barranquilla[23],
quien tras estudiar el asunto, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2017, resolvió
tutelar los derechos fundamentales invocados; decisión esta que fue revocada en
alzada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla[24],
mediante sentencia del 26 de enero de 2018, para en su lugar, negar lo
pretendido.
Ahora, para dilucidar la afirmación
efectuada por la accionada, y descartar un posible acaecimiento de la cosa
juzgada constitucional en el caso sub examine, se procedió a verificar
la concurrencia de los tres aspectos referidos, encontrando que: i) no
existe identidad de partes, porque si bien ambas
acciones de tutela se dirigen contra el mismo demandado, no fueron presentadas
por las mismas personas naturales; ii) tampoco hay identidad de
causa, porque aun cuando ambas tienen en común el hecho presuntamente
vulnerante, esto es, la obra pública de canalización del arroyo Hospital, desde
la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 y de la carrera 35
con calle 17 hasta el caño la Ahuyama en la calle 6, las mismas se diferencian
en cuanto a las familias y las viviendas presuntamente afectadas, porque en la
primera tutela se hace referencia a las familias que tienen su vivienda entre
la calle 17 y la calle 6, y en caso bajo estudio, corresponden a las familias
que residen entre la calle 21 y la calle 17[25].
Así las cosas, al no
existir coincidencia entre las dos acciones de tutela, en cuanto a los primeros
dos aspectos predicados por la jurisprudencia, para esta Sala no operó
el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la acción de amparo promovida por los accionantes. Por consiguiente, la Sala se abstiene de
continuar con el análisis del último de los requisitos que integra dicho
fenómeno procesal.
Por lo antes expuesto, la Sala Quinta
de Revisión procederá a verificar los requisitos generales de procedencia, y
una vez superados, se pronunciará  de fondo respecto al asunto del recurso de
amparo bajo estudio.
3.     Procedibilidad de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42
del Decreto 2591 de 1991, dispone los elementos que el juez constitucional debe
observar con el fin de determinar la procedencia de la acción de tutela,
entendiendo que estos son: (i) la legitimación en la causa (activa y pasiva);
(ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
3.1.
Legitimación en la causa por activa
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario,
al que puede acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra
cualquier autoridad pública o un particular -en los casos específicamente
previstos por el Legislador- y no exista otro mecanismo de defensa judicial que
permita su protección efectiva.
Conservando el sentido de este mandato
constitucional, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, precisa lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
En este orden de ideas, la legitimación en la causa por activa
para presentar esta acción de tutela se encuentra acreditada en cabeza de los
accionantes arriba relacionados, quienes actuaron como titulares y como
representantes de sus respectivas familias, de los derechos fundamentales que
aducen como vulnerados por la alcaldía municipal.
3.2.
Legitimación en la causa por
pasiva
La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud
legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cuando esta resulte demostrada; trátese de una autoridad pública o de un
particular, según el artículo 86 Superior.
En este caso, la acción es presentada contra la Alcaldía Distrital
de Barranquilla, por el presunto desconocimiento
de -entre otros- los derechos a la vida y a la vivienda digna de los
accionantes y su núcleo familiar.
La Sala constata el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por pasiva, por tratarse de una autoridad pública cuya
acción u omisión presuntamente vulnera derechos constitucionales fundamentales
y, en consecuencia, puede ser
demandada a través de acción de tutela, en
los términos del artículo 86 Superior y el artículo 1º del Decreto 2591 de
1991.
Debe
indicarse, igualmente, que esta acción constitucional no se dirige a determinar
la responsabilidad del ente territorial, pues su objeto no es otro que el
amparo de los derechos fundamentales, siempre que se compruebe su afectación o
su amenaza. Por lo tanto, cualquier pretensión que se salga de este contexto,
los accionantes deberán acudir a los procesos ordinarios correspondientes.
3.3.
Principio de inmediatez
La acción de tutela debe ser ejercida en un plazo razonable,
contado a partir del momento en que ocurre la supuesta vulneración del derecho
fundamental, con el fin de asegurar que la necesidad de protegerlo, no haya
desaparecido y, en consecuencia, evitar que se desnaturalice el recurso de
amparo.
La demanda, según acta
individual de reparto[26], fue
presentada por los accionantes el 18 de enero de 2018, actuación que se dio
como consecuencia de la presunta amenaza que representa la obra que se viene
ejecutando por la Alcaldía Distrital de Barranquilla desde el 4 de noviembre de
2016 [27], que
afecta la habitabilidad de la vivienda de los accionantes y su núcleo
familiar.
Con lo anterior, esta Corporación encuentra que la presunta
vulneración de los derechos a la vivienda digna y a la vida se ha dado de
manera continua en el tiempo, al existir el peligro de la ocurrencia de un daño
inminente, grave y actual, el cual hasta el momento de interposición de la
acción de tutela no había cesado.
3.4.
Subsidiariedad
En virtud de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política[28], el artículo
6º del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional sobre
la materia, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por
lo anterior, solo procede como mecanismo de protección definitivo (i)
cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii)
cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de
forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales invocados, a la
luz de las circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo
transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo
transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela[29] y la
protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por
parte del juez ordinario.
De lo anterior se desprende que el amparo constitucional es
residual y subsidiario a los medios de defensa ordinarios existentes en el
ordenamiento jurídico y, en esa medida, cuando la pretensión versa sobre el
reconocimiento de derechos o de intereses colectivos, la tutela -en principio-
no es procedente, habida cuenta de que para ese fin existe la acción popular[30].
Sin embargo, esta Corporación ha admitido su procedencia cuando la afectación de un interés colectivo implica también la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, caso en el cual, la acción de
tutela se convierte en el instrumento idóneo para el amparo de los derechos
amenazados[31]. Así, el hecho de que se pretenda la protección de un derecho
colectivo no implica, per se, su improcedencia, toda vez que
pueden existir circunstancias que hacen necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez constitucional. Por ejemplo, la Corte ha admitido la
procedencia del recurso de amparo cuando: (i) la acción popular ya había
sido decidida y se encontraba en firme, pero resultaba inefectiva, pues no se
cumplía con lo ordenado; (ii) se involucra un sujeto de especial
protección constitucional, como los niños o personas de la tercera edad o (iii)
se buscaba proteger un derecho fundamental cuyo amparo no podía ser alegado en
la acción popular[32].
Conforme a la
doctrina constitucional, para que la tutela proceda y prevalezca en caso de
afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista
conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza
a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho
fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación
del derecho colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser
la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la
acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la
amenaza del derecho fundamental no debe ser hipotética sino que debe aparecer
expresamente probada en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden
judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza"[33].
En el caso sub examine, acudieron a la acción de amparo 48 familias,
y en 26 de ellas, hay sujetos de especial protección constitucional -menores de
edad, personas de avanzada edad y con discapacidades-, así:
Accionante
Sujetos de Especial Protección
que Integran la Familia
Dirección de la Vivienda
1
Amado Contreras Ortiz
Un niño (6 años) y dos adultos mayores
de 76 y 71 años
Cra.35 #17-93
2
Andrea Ropain Mendoza
Tres niños (2, 6 y 8 años)
Cra.35 #17-94
3
Beatriz Aguirre Tapia
Tres niños (10 años, 9 años y 11
meses)
Cra.35 #17-20
4
Claudia Días Ropain
Un niño (11 años)
Cra.35 #17-94
5
Diana Días Ropain
Una niña (14 años)
Cra.35 #17-94 Int.2
6
Dominga Gregory Salcedo
Una niña (14 años)
Calle 21 #35-16
7
Edilsa Herrera Ávila
Dos niños (9 y 14 años) -uno de los
cuales tiene discapacidad motora y cognitiva-, y un adulto mayor de 79 años.
Cra.35 #17-80
8
Edith García Cabarcas
Dos niños (13 y 16 años)
Cra.35 #21-80
9
Elías Ramos Martínez
Nueve niños (7 meses, 2 de 5, 2 de 8,
11, 14, 15 y 16  años) y persona con discapacidad visual
Cra.35 #17-78
10
Eloina Pérez Sepúlveda
Dos niños (3 y 6 años)
Calle 17 #34-63
11
Eufemia de la Torre Escorcia
Dos niños (9 y 14 años)
Cra.35 #17-133
12
Jorge Miranda Camargo
Dos niños (1 y 3 años)
Cra.35 #17-114
13
José Luis Días Cabeza
Dos niños (15 y 16 años)
Cra.35 #17-94
14
José Quiroz Miranda
Cuatro niños (2, 12, 14 y 16)
Cra.35 #21-04
15
Kimberly García Gregory
Tres niños (11 meses, 6 y 8 años)
Cra.35 #21-24
16
Laudith Camargo Santana
Tres niños (1, 12 y 16 años)
Cra.35 #17-177
17
Liliana Palacio Henríquez
Dos niños (6 y 12 años)
Cra.35 #17-140
18
María Agudelo Cortez
Adulto mayor de 77 años
Cra.35 #21-89
19
María Santana Romo
Adulto mayor de 72 años
Calle 21 #34-124
20
Nohora Ávila Herrera
Un niño (3 años)
Cra.35 #17-79
21
Patricia Ramos Contreras
Dos niños (9 y 12 años)
Cra.35 #17-71
22
Robinson Camargo Santana
Seis niños (1, 7, 8, 10, 12 y 16 años)
Cra.35 #17-177
23
Rosa Palacio Henríquez
Seis niños (2 meses, 6, 4, 10, 12 y 13
años)
Cra.35 #17-160
24
Sadamy Gómez Cañate
Tres niños (4, 8 y 11 años)
Cra.35 #21-49
25
William Moreno Mendoza
Persona con discapacidad motriz
Cra.35 #21-05
26
Yolanda Henríquez Gamero
Adulto mayor de 74 años
Calle 21 #35-02
De conformidad con lo expuesto, pasa la Sala a verificar si los
hechos que se alegan en la presente demanda, se enmarcan en el examen de procedibilidad
excepcional de la tutela cuando también concurre un derecho colectivo, y hacen
factible, por consiguiente, la adopción de medidas de protección de los
derechos fundamentales invocados.
(i) Existe conexidad entre la vulneración
del derecho colectivo y la violación o amenaza de un derecho fundamental, de
tal forma que la amenaza del derecho fundamental es consecuencia inmediata y
directa de la perturbación de aquel. La afectación al derecho
a la vivienda de los accionantes es una consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo, en los términos que a continuación
se exponen:
Es posible identificar, en principio, una  relación causal entre la
vulneración de los derechos colectivos, particularmente el “derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”[34] y la “realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes”[35],
y los derechos fundamentales alegados como vulnerados por los accionantes. Lo
anterior, en razón a que la canalización del arroyo Hospital, llevada a cabo en
el tramo de la calle 21 a la calle 17, amenaza la seguridad de sus habitantes,
pero sobre todo de los 61 menores de edad[36] que
allí residen, debido a que quedaron expuestos a inundaciones, afectando sus
derechos fundamentales a la vivienda digna, en su componente de habitabilidad,
y a la seguridad personal.
(ii) Los demandantes son las personas directa o realmente afectadas
en su derecho fundamental. En efecto, los accionantes, junto con su núcleo
familiar, son los que están directamente afectados en su derecho fundamental a
la vivienda digna, por la obra de canalización del arroyo Hospital.
(iii) La amenaza del derecho fundamental está plenamente
acreditada. La Sala advierte que la afectación puede considerarse
cierta a la luz de las pruebas aportadas al expediente. Como se ha indicado, este requisito
exige que la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales no sea
hipotética, sino real, es decir que deben existir pruebas suficientes en esa
dirección.
Al respecto, esta Sala considera en principio, que las pruebas
(las fotografías y los videos) allegadas
por los accionantes, evidencian una problemática de infraestructura que posiblemente
afecta las viviendas de los accionantes y de sus familias, toda vez que se puede apreciar, por la sana crítica,
que al encontrarse el suelo de las casas por debajo de la altura del canal, se constituye
un riesgo inminente de que las mismas sean inundadas, lo que representa
una amenaza real y singularizada a los derechos fundamentales de los residentes
del tramo de la calle 21 a la calle 17 de la ciudad de Barranquilla.
(iv) La orden judicial que se impartirá en el caso concreto se
orientará al restablecimiento del derecho fundamental a la vivienda
digna. Las pretensiones tienen por objeto la protección del derecho
fundamental alegado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado.
Por ende la orden de tutela estaría orientada primordialmente a la
protección de los derechos fundamentales y no de los de naturaleza colectiva,
aunque eventualmente pueda proteger el segundo grupo.
En efecto, a partir de un análisis de las pretensiones de la
acción de tutela, la Sala puede concluir que las solicitudes se dirigen a que
se impartan órdenes específicas de garantía de los derechos fundamentales a la
vivienda digna y a la seguridad personal de los accionantes y de su núcleo familiar.
Como se ha explicado, la acción de tutela sólo podrá convertirse en un
mecanismo alternativo y sustitutivo de los diversos procedimientos judiciales
ordinarios, cuando se advierta la ocurrencia o amenaza de un perjuicio
irremediable, que requiera de la adopción de medidas inmediatas para
restablecer los derechos vulnerados o amenazados. La estructuración del
perjuicio irremediable está determinada por el cumplimiento concurrente de
varios elementos como son: i) la inminencia del daño, que exige medidas
inmediatas, ii) la urgencia que tiene el sujeto de derecho por mitigar el
perjuicio inminente y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, máxime cuando involucra
sujetos de especial protección constitucional.
Ahora bien, la Sala advierte que deben tenerse en cuenta las
circunstancias particulares del caso concreto. En el proceso sub examine,
se ha podido verificar que (i) los demandantes y sus
familias resultan directamente afectados en su derecho fundamental a la
vivienda, (ii) dicha amenaza -probable inundación- se
encuentra plenamente acreditada y (iii) dentro del
núcleo familiar de los accionantes se encuentran menores de edad, personas en
condición de discapacidad y adultos mayores, quienes son sujetos de
especial protección constitucional, por lo que la garantía de sus derechos
fundamentales es exigible por medio de esta acción constitucional a fin de
evitar un perjuicio inminente, y correlativamente, impone que a través de este
recurso se adopten las medidas requeridas para su efectiva protección.
En efecto, el hecho de que se pretenda la protección de un
derecho colectivo no implica, per se, la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que tornen
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, en casos
-como el aquí estudiado- en el que la Sala concluye que la acción de tutela
procede, excepcionalmente, como mecanismo de protección definitivo.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala Quinta de Revisión
presentar el caso y plantear el problema jurídico.
4.     Problema
jurídico
De acuerdo con la situación fáctica
expuesta y las decisiones de instancia mencionadas, le corresponde a la Sala Quinta
de Revisión determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales a la
vivienda digna y a la seguridad personal de los accionantes, con las obras de canalización del arroyo Hospital,
que se están llevando a cabo en la carrera 35 entre la calle 21 y la calle 17.
Teniendo
en cuenta que el problema jurídico planteado aborda una materia que ha sido
ampliamente reiterada por la jurisprudencia constitucional, la Sala procederá a
motivar brevemente esta providencia, en aplicación de lo previsto en el
artículo 35 del Decreto 2591 de 1991[37]. En efecto se reiterará la doctrina
constitucional referente al alcance del derecho a la vivienda digna y,
finalmente, se planteará la solución del asunto objeto de revisión.
5.     Alcance del derecho a la vivienda
digna.[38]Reiteración
jurisprudencial
De acuerdo con
la Carta Política, todos los colombianos
tienen derecho a una vivienda digna y el Estado tiene el deber de fijar las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, así como promover
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda[39].
El derecho en comento, hace parte del grupo de derechos que la
Constitución catalogó como sociales, económicos y culturales, razón por la cual,
en un principio se negó su carácter iusfundamental  y por ende, también su amparo mediante la acción de tutela[40]. Sin embargo, con fundamento en
las obligaciones adquiridas por Colombia con la ratificación de diversos
instrumentos internacionales sobre derechos humanos[41],
los cuales han sido incorporados por la jurisprudencia de esta Corte al
denominado bloque de constitucionalidad[42], así como en la concepción de
que un derecho es fundamental en razón a su estrecha relación con la dignidad
humana, se aceptó que no todos están consagrados expresamente en el texto, pues
no pueden negarse como tal, aquellos que ‘siendo inherentes a la persona humana’ no estén
enunciados en la Carta. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que son fundamentales (i) aquellos respecto de los cuales
existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional
que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible
en un derecho subjetivo.
Dentro de los instrumentos internacionales adoptados por Colombia
en esa materia, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en adelante PIDESC, el cual dispone en el numeral 1 del artículo 11,
que toda persona tiene derecho “a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” y que además, “los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (…)”.
Con respecto al derecho a una “vivienda adecuada”, para el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en
adelante, el Comité de Naciones Unidas, significa “disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo
ello a un costo razonable”.[43]
Asimismo, indica este documento, que la adecuación
viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales,
climatológicos, ecológicos y de otra índole, pero que, aun así, es posible
identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a
estos efectos en cualquier contexto determinado, entre los cuales figuran: a) seguridad
jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.
En cuanto a la condición de habitabilidad, el Comité de Naciones
Unidas ha establecido que “una vivienda adecuada debe ser habitable, en
sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del
frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la
salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar
también la seguridad física de los ocupantes”.
En múltiples pronunciamientos, este Tribunal ha manifestado que existen otros derechos que pueden
verse afectados cuando la vivienda no cuenta con una habitabilidad adecuada,
como por ejemplo la seguridad y la integridad personal. Lo anterior, puesto que
dicha circunstancia puede someter a las personas a una situación de riesgo
extraordinario[44] y,
por tanto, estos también son susceptibles de ser protegidos por vía de tutela,
más aun cuando las autoridades competentes para atender la cuestión no
demuestran diligencia en solucionar el asunto[45]. En
efecto, esta Corporación ha concluido en
diferentes oportunidades[46],
que los elementos que configuran la
habitabilidad son dos: i) la prevención de riesgos estructurales y ii)
la garantía de la seguridad física de los ocupantes. De modo, que para que una
vivienda sea habitable conforme a los requisitos constitucionales, esta debe
salvaguardar la vida de sus habitantes, por lo que el Estado debe disponer de
los medios necesarios para evitar fallas en su estructura y resguardar a sus
habitantes de cualquier riesgo o daño natural que pueda poner en peligro su
integridad física.
Adicionalmente, esta
Corporación, al analizar la naturaleza jurídica de
esta garantía, ha determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo,
que su protección a través de la tutela se encuentra condicionada a la
posibilidad de que este se traduzca en un derecho subjetivo, que se aplica para
todos, indistintamente de que se trate de personas o familias e
independientemente de su edad, sexo o situación económica, es decir, sin
sujeción a cualquier tipo de discriminación. De igual manera, ha establecido
que este derecho no debe contener una interpretación restrictiva, la cual lo
limite simplemente a contar con un “techo por encima de la cabeza”, sino
que este debe implicar el “derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en
alguna parte”[47].
En consecuencia, y dada la gran
importancia que comporta la materialización del derecho a la vivienda digna en
relación con la posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto de vida y la
dignidad del ser humano, en aquellos eventos en los que el inmueble se
encuentre ubicado en una zona que implica un riesgo para quienes lo habitan, se
puede entender que el bien no cumple con los requisitos mínimos para ajustarse
a lo que se reconoce como habitabilidad y asequibilidad adecuadas y, por tanto,
no sólo se encuentra amenazado el derecho fundamental a la vivienda digna, sino
también a la seguridad e integridad personal, debido a la inacción de las
autoridades responsables de brindar solución a la situación, motivo por el
cual, se hace imperativa la intervención del juez constitucional[48].
Obligación estatal de adoptar medidas ante un riesgo[49]. Sobre los requisitos de disponibilidad, habitabilidad y lugar
para una vivienda digna y adecuada, en varias decisiones la Corte ha concluido
que existe una violación al derecho a la vivienda, en eventos en los cuales el
espacio físico donde se ubica un domicilio no ofrece protección a sus
ocupantes, y por el contrario es fuente de riesgo y amenaza de desastre.
En efecto, esta Corte ha establecido que el derecho
fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación correlativa, a cargo del
Estado, de garantizar que las personas residan en viviendas que se ubiquen en
lugares en donde la seguridad e integridad de sus habitantes no estén
amenazadas. Lo anterior, implica que las autoridades municipales deben (i) tener
la información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos
o derrumbes; (ii) mitigar el riesgo generado por la
inestabilidad del terreno en donde se ubican las viviendas habitadas; y (iii) cuando
los hogares estén situados en una zona de alto riesgo no mitigable, adoptar
políticas de reubicación en condiciones dignas.
Al respecto, la Ley 715 de 2001,
en su artículo 76, dispone que corresponde a los municipios, con
la cofinanciación de la Nación y los departamentos,
prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, así como adecuar
las áreas urbanas y rurales en las zonas de alto riesgo y la reubicación de los
asentamientos.
En síntesis, la jurisprudencia constitucional
determina que el concepto de vivienda digna implica que las personas
habiten un lugar propio o ajeno que posibilite el desarrollo de su vida
dentro de condiciones mínimas de dignidad y seguridad. En ese sentido,
una “vivienda digna” debe contar
con las condiciones adecuadas para no poner en peligro la vida e integridad
física de sus ocupantes. Así mismo, esta Corte establece que cuando esté en
discusión el derecho a la vivienda de sujetos de especial protección constitucional o en situación de
vulnerabilidad (incluida la socioeconómica), las autoridades competentes
deben tomar las medidas alternativas que sean menos gravosas para estos y, en
todo caso, procurar soluciones provisionales o definitivas de vivienda[50].
Es así como esta
Corporación en diferentes oportunidades, luego de determinar que la vivienda del accionante se encuentra en un
serio peligro y por tanto, se pone en riesgo su vida y la de su familia -sea
por hechos de la naturaleza o por actos de terceros-, ha ordenado la
reubicación temporal del actor y de su familia, así como la ejecución de
estudios técnicos que determinen el nivel de riesgo de la vivienda y su
habitabilidad, y que en consecuencia, se adelanten las medidas necesarias para
que el accionante pueda reubicarse de manera definitiva o se alcance la
rehabilitación de la vivienda[51].
Participación de
los ciudadanos en las decisiones que les afectan. El Estado
Social de Derecho instituido por la Carta Política de Colombia trajo consigo un
amplio margen de libertades y garantías para los habitantes del territorio, fundadas en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general, con el fin esencial de servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación. Además, se fortaleció la democracia participativa así
como los mecanismos de participación, todo en función de la imperiosa necesidad de la
intervención ciudadana directa en la toma de decisiones que los afectan. En
efecto, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de tomar parte en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática[52], así
como también a intervenir en la gestión pública de las autoridades y sus
actuaciones[53].
En procura de la materialización del
derecho a participar en las decisiones que afectan o puedan llegar a afectar
los legítimos intereses y derechos de los habitantes del país, le corresponde a
las entidades estatales suministrarle a las personas oportunamente toda la
información que no goce de reserva constitucional o legal;  advirtiendo,
que esta información oficial debe ser completa, consistente, coherente, verificable,
comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna.  Desde luego que
el derecho a la información así establecido se convierte en poderoso
instrumento de reflexión-acción tanto individual como colectivo, en el
entendido de que las autoridades estatales,  a más de esa información, deben
asumir la promoción, creación y fomento de las condiciones idóneas para
propiciar la discusión pública de los temas pertinentes;  recordando a la
vez que la participación ciudadana en esos ámbitos de discusión constructiva
supone el recíproco respeto de los criterios expuestos por los interlocutores
institucionales y privados, pero no pasivamente, sino reedificando mutuamente
sobre la comprensión de lo ya examinado y depurado de manera concertada, al
tiempo que la diferencia y pluralidad de opiniones actualizan su poder
constructivo en el suceso democrático[54].
Entonces, así
como los municipios o distritos tienen el deber de advertir los peligros en su jurisdicción y adoptar las medidas
para salvaguardar la integridad de sus habitantes -en los términos de la Ley
715 de 2001-, de manera concomitante, tiene el deber constitucional de
garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan. En consecuencia, las autoridades locales deben propiciar
espacios de comunicación con sus comunidades, en los cuales estos
últimos puedan exponer sus necesidades, los riesgos y peligros a que se
encuentran expuestos, y de la misma forma, los primeros pueda exponer[55] de
manera completa, consistente, coherente,
verificable, comparable, contextualizada y oportuna de la información oficial y
las propuestas viables y eficaces que garanticen la solución de los temas que
aqueja a la comunidad. Lo anterior, para que en el ámbito
de discusión constructiva -basada en el recíproco respeto de los criterios
expuestos por los interlocutores-, se resuelvan los asuntos de manera
consensuada o concertada.
Por ello, en
atención al derecho que tienen los ciudadanos a intervenir en las decisiones que
les afectan, considera la Sala procedente permitirle a los accionantes cuya vivienda se encuentra en un
serio peligro y por tanto, en riesgo su vida y la de su familia, que
participen en la construcción de las soluciones transitorias hasta tanto el riesgo
desaparezca o definitivas en caso de que no sea posible su mitigación.
6.
Del caso concreto
Los accionantes manifiestan que desde el
año 2016, la Alcaldía de Barranquilla contrató la obra de canalización del
arroyo Hospital, “desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con
calle 17 y de la carrera 35 con calle 17 hasta el caño La Ahuyama en la calle
6”[56];
pero que el tramo comprendido entre las calles 21 y 17 se encontraba canalizado
desde 1994, por lo que allí solo se subieron las paredes en más de un metro y
se cubrió el canal existente; en consecuencia, al cubrir y subir las paredes
del canal, las casas quedaron un metro por debajo del nuevo nivel del mismo, y
por tanto, los accionados deben subir y bajar por la media puerta que quedó a
la vista para salir o entrar a sus viviendas[57].
Esta situación, según los demandantes, se complica cuando llueve, toda vez que
las casas se inundan, las aguas se estancan produciendo contaminación ambiental[58] y se
convierte en un factor de deterioro de la salud que atenta contra la vida de
las 259 personas residentes de las 48 viviendas afectadas, dentro de las cuales
se encuentran 135 menores de edad, personas de la tercera edad y personas en
situación de discapacidad.
Por consiguiente, solicitan que se
amparen sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida y la salud y,
en consecuencia, se ordene adelantar las obras públicas necesarias para que las
48 viviendas queden al nivel de la vía construida sobre el canal, así mismo,
que mientras ello ocurre, sus habitantes sean ubicados en viviendas o sitios
donde se respete su dignidad y su núcleo familiar.
Conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, allegado
en las instancias de tutela y en sede de revisión, se advierte lo siguiente:
El Fondo de Restauración, Obras e Inversiones Hídricas Distrital -
Foro Hídrico, en calidad de establecimiento público sin ánimo de lucro del
orden distrital, celebró el 6 de octubre de 2016 contrato de obra pública con
el Consorcio Obras Hidráulicas 2016, con el objeto de implementar estrategias
para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial del arroyo
Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en la
ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con los estudios previos del proceso de licitación[59], las razones por las cuales la
Alcaldía Distrital de Barranquilla adelantó la convocatoria fueron planteadas
en los siguientes términos:
“Históricamente el Distrito de
Barranquilla tiene un grave problema ocasionado por los arroyos que discurren
por su entramado urbano conduciendo la escorrentía pluvial de la zona,
ocasionando inundaciones, daños en la infraestructura urbana y en las redes de
servicios, daños ambientales, parálisis en la actividad comercial, industrial y
en el transporte urbano, así como también deterioro en la salud pública y
accidentes con pérdida de vidas humanas. Algunos de los efectos más importantes
que ocasionan dichos arroyos son:
· Deterioro urbanístico y daños en
la infraestructura física. Los arroyos adquieren un gran poder destructor por
las velocidades que alcanza el agua, además de los materiales y desechos que
arrastra, afectando la infraestructura de la ciudad.
· Parálisis e interrupción del
tráfico. Esta parálisis tiene una duración mayor a la duración del evento de
lluvia, y realmente se inicia cuando crecen las expectativas de lluvia, cuando
los habitantes de la ciudad modifican su ritmo de actividad en la espera de los
“arroyos”, hasta aproximadamente una hora después de finalizado el chubasco.
Esta parálisis de la ciudad afecta diferentes actividades que se inicia por la
del transporte público, servicios institucionales. En general, la carencia de
alcantarillado pluvial afecta la productividad de la ciudad.
· Accidentes. Los arroyos han sido
causantes de accidentes que ocasionalmente terminan con graves lesiones e
incluso con la pérdida de vidas humanas. Durante los últimos años se han
intervenido con éxito los arroyos de la calle 79, arroyo de la María y el
arroyo de la calle 84, donde se han canalizado en BOX-COULVERT en concreto
reforzado y drenajes en tuberías, con captación de las aguas lluvias a través
de rejillas en acero y en hierro fundido, reconstrucción de andenes en losetas
de concreto, subterranización de las redes de baja tensión, construcción de
ductos de telecomunicaciones y registros, iluminación Led y señalización.
El objetivo del drenaje es
proporcionar un sistema de protección que evite que el agua de escorrentía
superficial produzca efectos negativos en las infraestructuras, garantizando su
seguridad. De este modo, tal y como se indica en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) del Ministerio de
Desarrollo Económico, los sistemas de recolección y evacuación de aguas
pluviales pueden ser proyectados y construidos para:
· Permitir una rápida evacuación
de la escorrentía pluvial de las vías públicas.
· Evitar la generación de caudales
excesivos en las calzadas.
· Evitar la invasión de aguas
pluviales a propiedades públicas y privadas.
· Evitar la acumulación de aguas
en vías de tránsito.
· Evitar la paralización del
tráfico vehicular y peatonal durante un evento fuerte de precipitación.
· Evitar las conexiones erradas
del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales.
· Mitigar efectos nocivos a
cuerpos de agua receptores por contaminación de escorrentía pluvial urbana.
El drenaje superficial comprende:
· La recogida de las aguas
pluviales, procedentes de toda la zona urbana perteneciente a la
correspondiente cuenca, incluyendo calles, azoteas de edificios, cubiertas,
jardines, etc., mediante rejas, cunetas, imbornales o cualquier otro elemento
de captación de la escorrentía superficial.
· La evacuación de las aguas
recogidas a través de una conducción o encauzamiento, bien a otro sistema de
drenaje principal o bien a un cauce natural.”
Son un hecho notorio los daños
que provocan en la ciudad de Barranquilla las fuertes y prolongadas lluvias,
que terminan desbordando los arroyos, los que a su paso dejan hogares inundados,
familias damnificadas, disminución de la calidad
de vida de sus habitantes, daños
ambientales, personas desaparecidas, deterioro
de la infraestructura urbanística y de la salud pública, así como pérdida
de enseres y de vidas humanas; tal y como lo han
sufrido algunos de los accionantes, en la medida en que debido a los desbordamientos
y consecuente inundación de las viviendas en los
meses de mayo, julio y septiembre de 2017, tuvieron pérdidas, las cuales
afortunadamente en esa oportunidad se limitaron a enseres[60].
A partir de lo
anterior,
se tiene que:
i)
Que
la intención de la administración distrital, con las obras que viene
adelantando, es mitigar los riesgos a los que se ven sometidos los accionantes
en épocas de invierno, por el desbordamiento del arroyo.
ii)
Que teniendo en
cuenta que las obras adelantadas por la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
tienen por objeto intervenir el arroyo Hospital por ser uno de los focos de
agravamiento en épocas de invierno, no queda ninguna duda para la Sala que los
alrededores del mismo, donde precisamente residen los actores, es considerada
por la administración distrital como zona de alto riesgo. Es decir, que es
previsible que en un tiempo indeterminado ocurra nuevamente el fenómeno natural
con mayor intensidad y capacidad de daño, lo que implica un peligro probable
para la vida e integridad personal de los accionantes.
Ahora, no
obstante se vienen adelantando las obras para encauzar el arroyo cuyo
desbordamiento les aqueja, manifiestan los accionantes -habitantes vecinos del
arroyo Hospital- que como el canal que queda frente a sus viviendas ya existía,
el contratista del distrito subió las paredes en más de un metro y cubrió el
canal existente, por lo que las casas quedaron un metro por debajo del
nuevo nivel del mismo, y por tanto, los accionantes deben subir y bajar por la
media puerta que quedó a la vista para salir o entrar a sus viviendas[61];
situación que, según los demandantes, se complica cuando llueve.
Al respecto, la
Sala advierte que la situación manifestada por los accionantes es un hecho
cierto, en la medida en que, de una parte, de las imágenes y videos allegados
se observa la ubicación de las puertas de las viviendas, así como las
dificultades para tener acceso a ellas. De otra parte, que conforme a las
quejas y reclamos atendidos por el contratista de la obra, los accionantes han
sufrido, hasta el momento, durante la ejecución de la construcción, pérdidas de
enseres a causa del desbordamiento del arroyo[62],
afectación que puede volver a repetirse. En otras palabras, los accionantes se
encuentran ante la inminencia de un daño que exige la adopción de medidas inmediatas por parte del juez
constitucional, para la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales, y evitar así, un perjuicio irremediable, máxime cuando se
encuentran involucrados sujetos de especial protección constitucional.
Para efectos de
entender la situación planteada, se hace necesario tener presente que la obra
que viene ejecutando la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el arroyo
Hospital, consta de siete fases[63],
a saber:
No.
FASE
COMPONENTES
1
Socialización
de la obra
2
Ajuste a los
diseños
• Hidráulico –
Sanitario
• Eléctrico
• Urbanismo
• Estructural
• Vial
3
Reubicación de
redes húmedas y secas
• Replanteo
• Excavaciones
y demoliciones
• Diagnóstico,
identificación y evaluación de redes existentes
• Colocación
de estructuras de protección y/o contención
• Reubicación de redes húmedas
(Alcantarillado y acueducto)
•  Instalación
de ductos para redes secas
4
Construcción
de estructuras para la mitigación de la escorrentía superficial (canal)
• Replanteo
• Colocación
de estructuras de contención y protección, tablaestacados, BIG BAG
• Construcción
de losa de fondo
• Construcción
de muros
• Construcción
de losa superior en caso de ser losa vehicular o estructura metálica y losa
superior en caso de ser losa peatonal.
• Construcción
de sumideros e Instalación de rejillas sobre la losa superior del canal.
5
Construcción
de obras para evacuar agua proveniente de lluvias de las casas contiguas al
proyecto
• Suministro e
instalación de redes de las casas a la parte exterior (zona de andenes)
• Suministro e
instalación de colectores de aguas provenientes de casas (zona de andenes) y
posterior conexión a canal.
6
Construcción
de urbanismo
• Excavaciones
y rellenos
• Construcción
de andenes
• Instalación
de redes de recolección de aguas lluvias provenientes de andenes y de
cubiertas de casas
• Siembra de
especies arbóreas mayores y menores
• Suministro e
Instalación de equipamiento urbano.
7
Construcción
de sumideros sobre andenes
• Instalación
de sumideros para recolección de aguas lluvias provenientes de andenes y de
cubiertas de casas
• Conexión de
sumideros a redes de recolección de aguas lluvias provenientes de andenes y
de cubiertas de casas.
Asimismo, en el
informe de la Alcaldía Distrital de Barranquilla se detalla la situación actual
de los predios a que aluden los accionantes, y los clasifica en grupos. El
primer grupo corresponde a las viviendas que fueron enajenadas total o
parcialmente para garantizar “que una vez finalizada la construcción de la
obra, sus casas quedarán al mismo nivel de la misma”, dentro de las cuales
se encuentran:
Accionante
Dirección de la Vivienda
Observación de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla
Amado Contreras Ortiz
Cra.35 #17-93
El accionante aparece relacionado como
propietario en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda tiene  referencia catastral
01-06-0170-0017-000 y folio de matrícula 040-42773.
El bien fue objeto de una afectación
parcial. Actualmente la franja ya fue entregada por el propietario
y el proceso de compra está en curso de acuerdo con los términos de ley
previstos para estos casos.
En este punto la obra de canalización
se encuentra en ejecución, la construcción de las mejoras a cargo del
propietario, luego de la enajenación parcial, se encuentra también en
marcha.
Se anexa además: acta de vecindad (ver
anexos) y constancia de trámite y resolución final de reclamación
(PQR_Cra35#17-93), presentado en julio de 2017, ante la interventoría de
obra.
Edilsa Herrera Ávila
Cra.35 #17-80
La accionante aparece relacionada como
propietaria en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo No.2,  la vivienda habitada por la accionante
tiene  referencia catastral 01-06-0170-0018-000 y folio de matrícula
040-47717.
Al igual que en los casos anteriores,
el bien fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya
fue entregada por la propietaria y el proceso de compra está en curso de
acuerdo con los términos de ley previstos para estos casos.
En este punto la obra de canalización
se encuentra en ejecución, la construcción de las mejoras a cargo de los
propietarios, luego de la enajenación parcial, se encuentra también en
marcha.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-71), presentado en mayo de
2017, ante la interventoría de obra.
Eloina Pérez Sepúlveda
Cra.35 #17-13
Como puede observarse en el Anexo
No.2, el inmueble, con referencia catastral 01-060170-0023-000, y matrícula
inmobiliaria 040-179882, aparece titulado a nombre de la señora Francia Roa
Amador. Igualmente, los señores Edith Pérez Sepúlveda y Elías David Pérez
Sepúlveda, aparecen registrados como poseedora y tenedora, respectivamente.
Teniendo en cuenta que parte de este
predio se requiere para la construcción de la segunda fase del canal, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano EDUBAR, y en desarrollo
del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento Distrital, realizó una afectación
parcial del inmueble, es decir, adquirió una franja del mismo. En la
actualidad el proceso de compra se realiza de acuerdo con los términos de ley
previstos para estos casos, con el fin de finalizar el pago de los derechos
económicos a las personas ya relacionadas. Adicionalmente, debe anotarse que
la obra de canalización en este punto se encuentra en ejecución, al igual que
las mejoras que realizan los propietarios al inmueble.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-13), presentado en julio de
2017, ante la interventoría de obra.
Eufemia de la Torre Escorcia
Cra.35 #17-133
La accionante no aparece relacionada
como propietaria, tenedora, poseedora,  mejorataria o arrendataria del
inmueble en los estudios de título realizados por EDUBAR.
No obstante lo anterior, como puede
observarse en el Anexo  No.2, la vivienda que manifiesta habitar la
accionante posee folio de matrícula 040-95011, y aparecen en los estudios de
títulos como poseedores la señora Rita de la Torre (fallecida) y sus nietos.
Como en los casos anteriores el bien
fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya fue
entregada y la mejora negociada con los poseedores.
En este punto, tanto la obra de
canalización como la construcción de las mejoras en el inmueble se encuentran
en ejecución.
William Moreno Mendoza
Cra.35 #21-05
CRA 35 # 21 – 03.
El accionante aparece relacionado como
arrendatario en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR.
Como puede observarse en el Anexo  No.1,  la vivienda habitada por el
accionante  tiene  referencia catastral 01-06-0274-0019-000 y folio de
matrícula 040-445415.
Como en los casos anteriores el bien
fue objeto de una afectación parcial. Actualmente  la mejora fue
negociada por el poseedor quien firmó contrato de transacción.
En este punto, tanto la obra de
canalización como la construcción de las mejoras en el inmueble se encuentran
en ejecución.
Se anexa acta de vecindad No.9
(levantada al inicio de la obra).
Nohora Ávila Herrera
Cra.35 #17-79
Si bien la accionante no aparece
relacionada como propietaria, tenedora, poseedora o mejorataria al realizarse
el estudio de títulos del inmueble, puede observarse en el Acta de vecindad
No.1 (Ver anexos), que la señora Nohora manifiesta habitar el predio y
reconoce como su propietaria a la señora Edilsa Esther Herrera de Ávila.
Como puede observarse en el Anexo
No.2, la vivienda habitada por la accionante  tiene  referencia catastral
01-06-0170-0018-000 y folio de matrícula 040-47717.
Como en los casos anteriores el bien
fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya fue
entregada por la propietaria y el proceso de compra está en curso de acuerdo
con los términos de ley previstos para estos casos.
En este punto la obra de canalización
se encuentra en ejecución, la construcción de las mejoras a cargo de los
propietarios, luego de la enajenación parcial, se encuentra también en
marcha.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-79), presentado en julio de
2017, ante la interventoría de obra.
Patricia Ramos Contreras
Cra.35 #17-71
Como puede observarse en el Anexo
No.2,  la accionante figura en calidad de arrendataria del inmueble, con
referencia catastral 01-06-0170-0018-000 y folio de matrícula 040-47717.
EDUBAR, en nombre del Distrito,
realizó una afectación parcial del inmueble, es decir, adquirió una
franja del mismo. En la actualidad el proceso de compra se realiza de acuerdo
con los términos de ley previstos para estos casos, con el fin de finalizar
el pago de los derechos económicos correspondientes.
Adicionalmente, debe anotarse que la
obra de canalización en este punto se encuentra en ejecución, al igual que
las mejoras que realizan los propietarios al inmueble.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-71), presentado en julio de
2017, ante la interventoría de obra.
Robinson Camargo Santana
Cra.35 #17-177
El accionante aparece relacionado como
poseedor en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda habitada por el accionante
tiene  referencia catastral 01-06-0170-0011-000 y folio de matrícula
040-552218. No obstante lo manifestado por el accionante, el  predio registra
con la siguiente nomenclatura: K 35 #17-183
Teniendo en cuenta que el predio era
requerido para continuar con la segunda fase de la construcción del canal, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo, EDUBAR, realizó una afectación
total del inmueble. En la actualidad la franja ya fue entregada
por los habitantes de la vivienda en calidad de poseedores.
El accionante firmó contrato de
transacción para la compensación económica debida. Adicionalmente,  la obra
de canalización en este punto se encuentra en ejecución.
Laudith Camargo Santana
Cra.35 #17-177
La accionante aparece relacionada como
poseedora en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como puede
observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda habitada por la accionante  tiene
referencia catastral 01-06-0170-0011-000 y folio de matrícula 040-552218.
El predio era requerido  para
continuar con la segunda fase de la construcción del canal, por lo cual, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo, EDUBAR, realizó una afectación
total del inmueble. En la actualidad la franja ya fue entregada
por los habitantes de la vivienda en calidad de poseedores.
La accionante firmó contrato de
transacción para la compensación económica debida. Adicionalmente,  la obra
de canalización en este punto se encuentra en ejecución.
María Santana Romo
Calle 21 #34-124
La accionante aparece relacionada como
poseedora en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda habitada por la accionante
tiene  referencia catastral 01-06-0170-0011-000 y folio de matrícula
040-552218.
El predio era requerido  para
continuar con la segunda fase de la construcción del canal, por lo cual, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo, EDUBAR, realizó una afectación
total del inmueble. En la actualidad la franja ya fue entregada
por los habitantes de la vivienda en calidad de poseedores.
La accionante firmó contrato de
transacción para la compensación económica debida. Adicionalmente,  la obra
de canalización en este punto se encuentra en ejecución.
Bárbara Barceló Jiménez
CRA 35 # 17 – 31.
Como puede observarse en el Anexo
No.2,  la accionante figura en calidad de mejorataria del inmueble, con
referencia catastral 01-06-0170-0022-001.
Al igual que en el caso anterior, al
ser requerida una franja del predio para continuar con la segunda fase de la
construcción del canal, el Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo
Urbano EDUBAR, y en desarrollo del Plan de Adquisición Predial y
Reasentamiento Distrital, realizó una afectación parcial del inmueble.
En la actualidad la franja ya fue entregada por la accionante y el
reconocimiento económico (compensación) por la mejora fue negociado.
Adicionalmente, debe anotarse que la
obra de canalización en este punto se encuentra en ejecución, al igual que
las mejoras que realizan los propietarios al inmueble.
Jairo Pérez Argote
Cra.35 # 17- 35
Como puede observarse en el Anexo
No.2,  el accionante figura en calidad de mejoratario del inmueble, con
referencia catastral 01-06-0170-0022-002.
Al igual que en el caso anterior, al
ser requerida una franja del predio para continuar con la segunda fase de la
construcción del canal, el Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo
Urbano EDUBAR, y en desarrollo del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento
Distrital, realizó una afectación parcial del inmueble. En la
actualidad la franja ya fue entregada por el accionante y el reconocimiento
económico (compensación) por la mejora fue negociado.
Adicionalmente, debe anotarse que la
obra de canalización en este punto se encuentra en ejecución, al igual que
las mejoras que realizan los propietarios al inmueble.
Se anexa además constancia de trámite
efectivo y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-13), presentado en
julio de 2017, ante la interventoría de obra.
Ingrid Ariza López
Cra.35 # 17-45
Como puede observarse en el Anexo
No.2,  la accionante figura en calidad de tenedora del inmueble, con
referencia catastral 01-06-0170-0021-000.
Al igual que en el caso anterior, al
ser requerida una franja del predio para continuar con la segunda fase de la
construcción del canal, el Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo,
EDUBAR, realizó una afectación parcial del inmueble. En la actualidad
la franja ya fue entregada por los habitantes de la vivienda en calidad de
propietarios y tenedores, en cuanto al reconocimiento económico
(compensación) por la franja del bien, el avalúo se encuentra en corrección
por la lonja.
Adicionalmente, debe anotarse que la
obra de canalización en este punto se encuentra en ejecución, al igual que
las mejoras que realizan los propietarios al inmueble.
Se anexa además: (1) Acta de vecindad
(ver anexos), y (2) constancia de trámite y resolución final de reclamación
(PQR_Cra35#17-45), presentado en julio de 2017, ante la interventoría de
obra.
Miguel Vásquez Bacenilla
Cra.35 #17-63
El accionante no aparece relacionado
como propietario, tenedor, poseedor,  mejoratario o arrendatario del inmueble
en los estudios de título realizados por EDUBAR.
No obstante lo anterior, como puede
observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda que manifiesta habitar el
accionante  tiene  referencia catastral 01-06-0170-0019-000 y folio de
matrícula 040-552218, y está titulada a nombre del Distrito de Barranquilla.
La señora Sandra Vásquez Manjarrés aparece, de acuerdo con el estudio de
título, como poseedora del bien.
Como en los casos anteriores el bien
fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya fue
entregada y la mejora negociada con la habitante en calidad de poseedora.
En este punto, tanto la obra de
canalización como la construcción de las mejoras en el inmueble se encuentran
en ejecución.
Humberto Herrera Padilla
Cra.35 #17-115
El accionante aparece relacionado como
propietario en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda tiene  referencia catastral
01-06-0170-0015-000 y folio de matrícula 040-564029.
Al igual que en los casos anteriores,
el bien fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya
fue entregada por el propietario y el proceso de compra está en curso de
acuerdo con los términos de ley previstos para estos casos.
En este punto la obra de canalización
se encuentra en ejecución, la construcción de las mejoras a cargo del
propietario, luego de la enajenación parcial, se encuentra también en
marcha.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-115), presentado en mayo de
2017, ante la interventoría de obra.
Rita de la Torre Conrado
Cra.35 #17-125
Si bien la accionante (fallecida)
aparece relacionada como propietaria del bien en el estudio de títulos del
inmueble, realizado por EDUBAR, figura como poseedor del bien inmueble, el
señor Adolfo de la Torre Conrado. Como puede observarse en el Anexo  No.2,
la vivienda tiene  referencia catastral 01-06-0170-0014-000 y folio de
matrícula 040-287346.
Al igual que en los casos anteriores,
el bien fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya
fue entregada y el proceso de compra está en curso de acuerdo con los
términos de ley previstos para estos casos.
En este punto la obra de canalización
se encuentra en ejecución, la construcción de las mejoras, luego de la
enajenación parcial, se encuentra también en marcha.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-125), presentado en mayo de
2017, ante la interventoría de obra.
Xiomara Campo Camargo
Cra.35 #17-177 Apto 2
La accionante aparece relacionada como
poseedora en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda habitada por la accionante
tiene  referencia catastral 01-06-0170-0011-000 y folio de matrícula
040-552218. No obstante lo manifestado por la accionante, el  predio registra
con la siguiente nomenclatura: K 35 #17-179(K35 #17-167).
El predio era requerido  para
continuar con la segunda fase de la construcción del canal, por lo cual, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo, EDUBAR, realizó una afectación
total del inmueble. En la actualidad la franja ya fue entregada por los
habitantes de la vivienda en calidad de poseedores.
La accionante firmó contrato de
transacción para la compensación económica debida. Adicionalmente,  la obra
de canalización en este punto se encuentra en ejecución.
Se anexa además constancia de trámite
y resolución final de reclamación (PQR_Cra35#17-177 ), presentado en
septiembre de 2017, ante la interventoría de obra
Dubis Thomas Henríquez
Cra.35 #21- 13
La accionante no aparece relacionada
como propietaria, tenedora, poseedora,  mejorataria o arrendataria del
inmueble en los estudios de título realizados por EDUBAR. Sin embargo, en
Acta de Vecindad No.2 (Ver Anexos), la señora Thomas Henríquez manifiesta ser
arrendataria del bien.
No obstante lo anterior, como puede
observarse en el Anexo  No.2,  la vivienda que manifiesta habitar la
accionante posee referencia catastral 01-06-0274-0018-000 y folio de
matrícula 040-293927, y aparecen en los estudios de títulos como propietario
el señor Manuel Esteban Patiño Cafazusa.
Como en los casos anteriores el bien
fue objeto de una afectación parcial. Actualmente la franja ya fue
entregada y la mejora negociada con los poseedores.
En este punto, tanto la obra de
canalización como la construcción de las mejoras en el inmueble se encuentran
en ejecución.
Se anexa además: Acta de Vecindad
(No.2 Vivienda35) constancia de trámite y resolución final de reclamación
(PQR_Cra35#21-13), presentado en mayo de 2017, ante la interventoría de
obra.
Yolanda Vera de Jiménez
Cra.35 #21-31
La accionante aparece relacionada como
poseedora en el estudio de títulos del inmueble, realizado por EDUBAR. Como
puede observarse en el Anexo  No.1,  la vivienda habitada por la accionante
tiene  referencia catastral 01-06-0274-0017-000 y folio de matrícula
040-261949.
El predio era requerido  para
continuar con la segunda fase de la construcción del canal, por lo cual, el
Distrito, a través de la Empresa de Desarrollo, EDUBAR, realizó una afectación
total del inmueble. En la actualidad la franja ya fue entregada
por los habitantes de la vivienda en calidad de poseedores.
La accionante firmó contrato de
transacción para la compensación económica debida. Adicionalmente,  la obra
de canalización en este punto se encuentra en ejecución.
Se anexa Acta de Vivienda No.10,
levantada al inicio de la obra.
De acuerdo con lo
expuesto, i) las obras aún se encuentran en ejecución; ii) hay
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente[64]
respecto de las pretensiones de los accionantes Robinson Camargo Santana,
Laudith Camargo Santana, María Santana Romo, Xiomara Campo Camargo y Yolanda
Vera de Jiménez en razón a que las viviendas que tenían en calidad de
poseedores, tuvieron una afectación total[65],
por lo que fueron entregadas al Distrito de Barranquilla para continuar con las
obras, y por tanto, con ello desapareció la presunta vulneración a su derecho
fundamental a la vivienda digna; y iii) con respecto a los accionantes
restantes de este grupo, no hay certeza de la situación actual de las viviendas
en relación con el nivel de las mismas frente a la vía construida sobre el
canal.
El segundo grupo
consta de las viviendas ubicadas en zonas donde la obra de canalización ya fue
realizada y sus viviendas se encuentran en buen estado sin problemas de
inundación:
Accionante
Dirección de la Vivienda
Observación de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla
Andrea Ropaín Mendoza
Cra.35 #17-94
Este subgrupo está compuesto por 6
accionantes: Jackeline Díaz Cabrera,  Samuel Marimón Babilonia (Int.1), Luz
Díaz Cabezas (Int.5), Kelly Díaz Ropaín (Int,3), Claudía Díaz Ropaín (Int.4),
Diana Díaz Ropaín (Int.2), Andrea Ropaín Mendoza (6).
Debe considerarse que la casa está
subdividida en 9 apartamentos, solo 2 de ellos cuentan con referencia
catastral, así: el de José Luis Díaz Cabeza (Ref. Catastral 010601710035000)
y la de Luz Díaz Cabezas (Ref. Catastral 010601710042000).
Se anexa además Acta de Vecindad
(No.12 Vivienda32), levantada previo al inicio de la obra.
Claudia Díaz Ropaín
Diana Díaz Ropaín
José Luis Díaz Cabeza
Jackeline Díaz Cabrera
Samuel Marimón Babilonia
Luz Díaz Cabezas
Kelly Díaz Ropaín
Beatriz Aguirre Tapia
Cra.35 #17-20
De acuerdo con Acta de vecindad No.4,
la señora Beatriz Aguirre es propietaria del inmueble, el cual se encuentra
dividido en dos apartamentos.
En el mismo sentido, según el estado
de cuenta del impuesto predial, la propietaria del inmueble ubicado en la Cra.35
#17-20 es la señora Beatriz Helena Aguirre de Díaz.
La dirección aportada por el
accionante José Luis Díaz corresponde a uno de los dos apartamentos en los
que se encuentra dividida, como ya se dijo, la vivienda de la señora Aguirre
Díaz.
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Dominga Gregory Salcedo
Calle 21 #35-16
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Edith García Cabarcas
Cra.35 #21-80
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Se anexa acta de vecindad (No.8
Vivienda38) realizada al inicio de la obra.
Elías Ramos Martínez
Cra.35 #17-78
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo,
reconstrucción de andenes e instalación de elementos de recolección de aguas.
La vivienda se encuentra en buen estado.
Se anexa además: Acta de Vecindad
(No.14 Vivienda22) constancia de trámite y resolución final de reclamación
(PQR_Cra35#17-68), presentado en mayo de 2017, ante la interventoría de obra.
María Agudelo Cortez
Cra.35 #21-89
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Se anexa acta de vecindad (N.6),
levantada al principio de la obra.
Rosa Palacio Henríquez
Cra.35 #17-160
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo,
reconstrucción de andenes e instalación de elementos de recolección de aguas.
La vivienda se encuentra en buen estado.
Sadamy Gómez Cañate
Cra.35 #21-49
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Se anexa acta de vecindad (No.7
Vivienda 41), levantada al inicio de la obra.
Maribel Jiménez
Calle 17 #35-15
De acuerdo con el Acta de vecindad
No.3 (Ver anexos), la señora Maribel Jiménez es la propietaria del inmueble,
quien lo mantiene en arriendo. Para el momento en que se levantó acta de
vecindad, previo al inicio de la obra por esta zona, la vivienda presentaba
desnivel en el sector del patio, donde además se había realizado construcción
de habitación en madera.
En la actualidad, la obra de
canalización ya fue realizada en este punto. La vivienda se encuentra en
buen estado sin problemas de inundación.
Yimi Thomas Henríquez
Cra.35 #17-150
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo,
reconstrucción de andenes e instalación de elementos de recolección de aguas.
La vivienda se encuentra en buen estado.
En septiembre de 2017, la interventoría
de obra, recibió una petición por parte de la habitante de la casa para ese
momento (Ver Anexos PQR_CRA35#17-150). La petición fue atendida a cabalidad y
los enseres reclamados por la ciudadana fueron objeto de reposición por parte
del contratista de obra.
Helena Ariza Silvera
Cra.35 #21-36
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
Daniela Samler Quiroz
Cra.35 #21-04
La obra de canalización ya fue
realizada en este punto. Actualmente se realizan labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes. La vivienda se encuentra en buen estado.
En estos casos,
teniendo en cuenta que se están realizando labores de urbanismo y
reconstrucción de andenes (fase 6 de la obra), entiende la Sala que ya tuvo
lugar la construcción de las obras para evacuar el agua proveniente de lluvias
de las casas contiguas al proyecto (fase 5 de la obra) -por tratarse de una
fase posterior de la obra pública -. De igual forma, conforme al registro fotográfico
de la interventoría del contrato de obra[66],
estas viviendas actualmente no se encuentran por debajo del nivel de la vía
construida sobre el canal, por consiguiente, para esta Sala de Revisión existe carencia
actual de objeto por hecho superado[67],
por cuanto desapareció la situación que presuntamente vulneraba su derecho
fundamental a la vivienda digna.
El tercer grupo
corresponde a los predios ubicados en zonas donde la obra de canalización aún
está en construcción y donde se adelantan obras de urbanismo, previendo que las
casas queden ubicadas al mismo nivel de la obra para evitar de esa forma
inundaciones:
Accionante
Dirección de la Vivienda
Observación de la Alcaldía Distrital
de Barranquilla
José Quiroz Miranda
Cra.35 #21-05
La obra de canalización aún está en
construcción y sus viviendas se encuentran en buen estado sin problemas de
inundación. De hecho en estos espacios se adelantan obras de urbanismo
previendo que las casas queden al mismo nivel de la obra para evitar de esta
forma inundaciones.
Kimberly García Gregory
Cra.35 #21-24
Carrera 35  #21-34. La obra de
canalización aún está en construcción y sus viviendas se encuentran en buen
estado sin problemas de inundación. De hecho en estos espacios se adelantan
obras de urbanismo previendo que las casas queden al mismo nivel de la obra
para evitar de esta forma inundaciones.
Yolanda Henríquez Gamero
Calle 21 #35-02
Calle 21 #35-05. La obra de
canalización aún está en construcción y sus viviendas se encuentran en buen
estado sin problemas de inundación. De hecho en estos espacios se adelantan
obras de urbanismo previendo que las casas queden al mismo nivel de la obra
para evitar de esta forma inundaciones.
Y por último, en
el cuarto grupo se encuentran los inmuebles que quedaron ubicados debajo de la
vía, y que les serán instalados sistemas de recolección de aguas provenientes
de la escorrentía superficial, con lo que se pretende garantizar que no se
inunden:
Accionante
Dirección de la Vivienda
Observación de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla
Jorge Miranda Camargo
Cra.35 #17-114
Cra.35 #17-120
Si bien el accionante registró su
firma en la tutela alegando la vulneración de sus derechos en relación con
dos viviendas ubicadas en la zona de influencia de la obra, en realidad se
trata de una sola vivienda que ha sido dividida en dos unidades
habitacionales por el señor Miranda.
De acuerdo con el estado de cuenta del
impuesto predial del inmueble, se tiene que se trata de la casa ubicada en la
Cra.35#17-114, con referencia catastral No.01-06-01710036-000.
En las fotos a continuación se puede
ver que si bien la casa queda un poco debajo de la obra, aún se está
trabajando en el componente de urbanismo y en la instalación de una
estructura de recolección en los andenes cuyo objetivo es garantizar que la
vivienda no padezca inundaciones por lluvias.
Se anexa acta de vecindad (No.11),
levantada previo al inicio de la obra. En ella figura como hecho llamativo la
construcción realizada por el propietario de nueve apartamentos contiguos (y
derivados) de su vivienda con propósitos de alquiler.
Frente a este accionante debe
recalcarse que tanto el contratista de obra, como el contratista interventor,
en cumplimiento del contrato suscrito con la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, han sido diligentes no solo en atender los reclamos presentados
por el señor Miranda (o algunos de los arrendatarios de las viviendas por él
construidas), sino que además le han dado una solución eficaz a sus
requerimientos al reestablecer. (VerAnexos-PQR_Cra35#17-114)
Julio Burgos Dager
Cra.35 #17-130.
Como se dijo desde el principio de
este capítulo, a pesar de los esfuerzos en la planificación, esta vivienda
queda un poco por debajo del nivel de la obra. Sin embargo, se están
instalando sistemas de recolección especiales en los andenes para evitar que las
aguas se estanquen y causen inundaciones a la casa.
Se anexa como evidencia de la efectiva
y rápida gestión a las reclamaciones presentadas por el propietario y/o
habitantes de la casa, soporte de trámite de los PQR, realizado por el
contratista de obra y la interventoría. (Anexo_PQR_Cra35#17-130).
También se adjunta al presente informe
copia del acta de vecindad correspondiente
(Acta13_Vivienda33_JulioBurgosDager).
Liliana Palacio Henríquez
Cra.35 #17-140
Accionantes cuyas viviendas se
encuentran ubicadas entre la calle 17 y la calle 21 (margen derecha). Algunos
de estos predios si bien quedará un poco debajo de la vía, les serán
instalados sistemas de recolección de aguas provenientes de la escorrentía
superficial, con lo cual se garantizará que las viviendas no se inunden.
Este inmueble, con referencia
catastral No.01-06-0171-0038-000, tiene como propietaria a la señora María
Gladys Rosanía.
Como se dijo con los otros dos
predios, se realizan adecuaciones estructurales para solucionar el hecho de
que la vivienda se encuentre unos centímetros por debajo del nivel de la
obra. Así, se busca garantizar mediante sistemas de recolección de aguas que
no se presenten inundaciones en la vivienda que puedan afectar a sus
habitantes.
Como evidencia del trámite efectivo
dado a las peticiones del propietario y/o arrendatarios, se adjunta Anexo
(PQR_CRA35#17-140).
Asimismo, se
indica que las viviendas de las accionantes Magaly Padilla Villareal (Cra.34
#9-78), Mayerli Rodríguez Contreras (Cra.35 #8-40) y Elvira Pérez Caña (Calle
11 #33-190), no se encuentran en el área de influencia del proyecto, de tal forma
que no se pueden ver afectadas por la obra[68].
En síntesis:
-
En
lo que respecta al grupo 1, para la Sala no hay certeza de la situación de las viviendas
en relación con el nivel de la vía construida sobre el canal. En consecuencia,
se hace necesaria la verificación de esta información por parte de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, salvo, las viviendas de Robinson Camargo Santana,
Laudith Camargo Santana, María Santana Romo, Xiomara Campo Camargo y Yolanda
Vera de Jiménez, que fueron entregadas a la Alcaldía Distrital de Barranquilla
como parte de la planeación y ejecución de la obra pública.
-
Frente
al grupo 2, hay carencia actual de objeto por hecho superado.
-
Con
respecto a los predios del grupo 3, tampoco hay plena certeza de la ubicación
de los mismos respecto del nivel de la vía; sin embargo, teniendo en cuenta que
la Alcaldía Distrital de Barranquilla manifiesta que se están adelantando “obras
de urbanismo previendo que las casas queden al mismo nivel de la obra para
evitar de esta forma inundaciones”,  entiende la Sala que probablemente estas
viviendas aún se encuentran por debajo del nivel de la vía construida sobre el
canal, y que el riesgo de inundación cesará una vez finalice la obra pública.
-
En
relación con el grupo 4 hay certeza de que los inmuebles están actualmente por
debajo del nivel de la vía construida sobre el canal, y que el riesgo de inundación
cesará una vez sean “instalados sistemas de recolección de aguas
provenientes de la escorrentía superficial” o finalice la obra pública.  En
otras palabras, el riesgo persiste y por ende, el accionado tiene el deber de
intervenir.
-
Y
por último, las viviendas de las accionantes Magaly Padilla Villareal, Mayerli
Rodríguez Contreras y Elvira Pérez Caña, no se encuentran en el área de
influencia del proyecto, de tal forma que, en principio, no se pueden ver
afectadas por la obra. Sin embargo, teniendo en cuenta que las casas se
encuentran muy cerca del mismo, no es posible afirmar deliberadamente, sin
contar con una revisión técnica, la ausencia de amenaza a su derecho
fundamental a la vivienda digna e integridad personal.
De acuerdo con las pruebas anteriormente referidas, se puede
verificar que existe una amenaza inminente de los derechos fundamentales a la
vivienda digna -en su dimensión de habitabilidad- y de seguridad personal de los
accionantes -salvo los del grupo 2 y los habitantes de las viviendas enajenadas
como
parte de la planeación y ejecución de la obra pública-, la cual cesará una vez se adelanten las “obras de
urbanismo previendo que las casas queden al mismo nivel de la obra para evitar
de esta forma inundaciones” o sean “instalados sistemas de recolección
de aguas provenientes de la escorrentía superficial”; en otras palabras,
hasta tanto la obra pública finalice. No obstante, al no haber plena certeza de la condición actual de
las viviendas con respecto al nivel de la vía construida sobre el canal, se
hace necesaria la verificación de ello, por parte de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
En concordancia con lo anterior, ha quedado plenamente acreditado
que la causa de la amenaza o riesgo a los derechos de los accionantes se da por
la omisión por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla de adoptar
medidas para mitigar el impacto que trae consigo la construcción del canal
contiguo a sus viviendas, que si bien su fin último es el bienestar de los mismos
accionantes, mientras esta termina, constituye una amenaza a sus derechos
fundamentales. En efecto, la ausencia de medidas transitorias para prevenir desastres
y aminorar los efectos posibles del desbordamiento del arroyo mientras se
construye la obra de canalización, amenazan la integridad personal de los
demandantes y la de sus familias, destacándose que hay sujetos de especial
protección constitucional, lo que agrava aún más la situación: sesenta y un (61)
menores de edad, seis (6) adulto mayor y tres (3) personas en condición de
discapacidad. En otras palabras, mientras las obras llegan a buen
término, los habitantes se encuentran expuestos a un riesgo aún mayor, en la
medida en que el cauce de agua puede llegar con más fuerza directo a sus
viviendas hasta tanto no se finalicen las medidas tendientes a encauzar las aguas.
Respecto de la amenaza a la integridad física de la familia, esta
Sala de Revisión estima que una vivienda digna es “refugio para las
inclemencias externas (…) el lugar donde se
desarrolla gran parte de la existencia de las personas que la ocupan”[69], por lo
que, el hecho de que los solicitantes sientan temor por una posible inundación
de sus hogares, es indicativo de que sus lugares de residencia no pueden
catalogarse como adecuados para su realización en condiciones de dignidad.
Para la Sala, al Distrito de Barranquilla -como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado[70]- le corresponde, de acuerdo
con las disposiciones constitucionales, la guarda de las personas que estén
bajo su jurisdicción. En consonancia, el artículo 76-9 de la Ley 715 de 2001,
dispone como deber de los municipios, el prevenir y
atender los desastres en su jurisdicción, así como adecuar las áreas urbanas y
rurales en las zonas de alto riesgo y la reubicación de los asentamientos. Es por ello, que la regulación
normativa apunta en ese sentido: en situaciones en que estén amenazados o haya
vulneración de los derechos de sus habitantes, el ente territorial debe adoptar
medidas preventivas o de atención con el objetivo de proteger sus derechos. Lo
anterior, en consideración a la atribución constitucional[71], que como director administrativo
del municipio tiene, de cumplir y hacer cumplir la ley.
No obstante, no existe evidencia de que el distrito hubiera
realizado alguna intervención con el fin de mitigar el riesgo de inundación de las
casas de los accionantes mientras finaliza la obra de canalización del arroyo
Hospital.
Por lo expuesto, resulta claro para la Sala Quinta de Revisión que
existe vulneración de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la
seguridad personal de los accionantes mencionados por parte de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, la cual no adoptó las medidas de prevención del
riesgo generado como consecuencia de la construcción de la vía sobre el canal
colindante a sus viviendas.
En consecuencia, la Alcaldía Distrital de Barranquilla deberá, en primer
lugar, adelantar, de manera inmediata, las gestiones necesarias para verificar
el riesgo de inundación que recae sobre cada una de las viviendas de los
accionantes. Para lo cual, deberá solicitar el
acompañamiento de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla
en razón de su competencia, del contratista de la obra pública y del
correspondiente interventor, en los términos de sus respectivos contratos.
En segundo término, la accionada deberá
ofrecer a los accionantes, sobre cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación
que amenace su seguridad personal y la de su familia, propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la
protección de sus derechos fundamentales, dentro de las cuales debe
contemplarse la reubicación de manera transitoria de las familias hasta tanto cese
el riesgo o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar. Sin embargo,
en caso de que el proceso de concertación resulte fallido, la Alcaldía
Distrital de Barranquilla deberá adoptar el mecanismo conducente al amparo de
los derechos fundamentales acá debatidos.
Por último, para el efecto, la Personería Distrital
de Barranquilla (Atlántico) y la Procuraduría General de la Nación deberán
acompañar, desde el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de todas las
órdenes impartidas en esta decisión.
7.     Efecto inter comunis
Del expediente se puede observar que las viviendas en las que
habitan los accionantes, no son las únicas en riesgo. Existen otros inmuebles que
probablemente están en la misma situación de riesgo, pero no hacen parte de la
presente acción de tutela.
Según lo ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se
adopta con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo,
afectados por la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de
igualdad[72]. A este
respecto, esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias en las
cuales la protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe
hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción
de tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo
estudio, pero que, sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de
derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, se ha
indicado que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes, y que la naturaleza y razón de ser del recurso de
amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger
derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio
judicial[73].
Además, la jurisprudencia
constitucional también ha señalado que la modulación de los efectos se
justifica “i) para evitar que la protección del derecho de uno o algunos de
los miembros del grupo afectara los derechos de otros; ii) para asegurar el
goce efectivo de los derechos de todos los miembros de una misma comunidad;
iii) para responder al contexto dentro del cual se inscribe cada proceso; y iv)
para garantizar el derecho a acceder a la justicia que comprende la tutela
judicial efectiva”[74]. En el mismo sentido, ha indicado
que la adopción de estos efectos es procedente cuando se constate la existencia
de un grupo en el cual: (i) existan otras personas en la misma
situación; (ii) exista identidad de derechos fundamentales
violados; (iii) en el hecho generador; (iv) deudor o accionado;
además de (v) un derecho común a reconocer; y, finalmente, (vi)
identidad en la pretensión[75].
Para la Sala, este es uno de aquellos
eventos en el cual se cumplen las condiciones que hacen procedente adoptar
efectos inter comunis, al constatarse un grupo en condiciones
objetivas similares, así:
En primer lugar, teniendo
en cuenta que la obra de canalización del arroyo Hospital -consistente en
levantar las paredes del canal existente y construir sobre él una vía- también
se realizó en la carrera 35 desde la calle 17 hasta la calle 6[76], existe un grupo conformado por
los residentes de las casas contiguas, que al igual que los accionantes, también
estarían ubicadas en una zona de riesgo de inundación[77].
En segundo término,
existe identidad en los derechos fundamentales violados, pues en todos los
casos se involucran el derecho a la vivienda digna y a la seguridad personal.
En tercer orden, el hecho
generador es el mismo, en todos los casos se trata de la misma omisión de
adoptar medidas o mitigar el riesgo durante construcción de la canalización del
arroyo Hospital.
En cuarto punto, en todos los
casos se compromete la actuación u omisión de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
En quinto lugar, existen derechos
comunes a reconocer (derecho a la vivienda digna -en su componente de
habitabilidad- y derecho a la seguridad personal).
Finalmente, existe identidad
en la pretensión, pues es claro que las casas colindantes a la obra de canalización en la carrera
35 desde la calle 17 hasta la calle 6 se encuentran ubicadas en una zona de alto
riesgo y, en general, se pretende adoptar medidas tendientes a garantizar la
habitabilidad en condiciones dignas y evitar que se presente cualquier tipo de inundación
que pueda afectar sus viviendas y sus vidas.
Con fundamento en lo
anterior, y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 51 de la
Constitución Política, que encarga al Estado fijar las condiciones necesarias
para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, la Sala Quinta de Revisión
considera procedente extender los efectos de esta sentencia a los
habitantes de las casas ubicadas frente a la obra de canalización adelantada en
la carrera 35 desde la calle 17 hasta la calle 6, sin que sea un obstáculo el
hecho de que hayan o no acudido como accionantes en el presente proceso de
tutela.
Así las cosas, las gestiones que la Alcaldía Distrital
de Barranquilla adelante para determinar la situación actual de cada uno de los
lugares de residencia de
los accionantes, deberá incluir las otras viviendas que componen la franja de
la carrera 35 desde la calle 17 hasta la calle 6, con el fin de que también se
adopten las medidas consensuadas o de reubicación temporal o definitiva para
evitar los riesgos que atenten contra la integridad física de sus habitantes.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR, dentro del
expediente T-6.956.306, la
sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Barranquilla, el diez (10) de abril de 2018, que confirmó
el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Veintiséis Civil
Municipal de Barranquilla, que declaró improcedente el amparo invocado
dentro de acción de tutela presentada por Maribel Jiménez de la Hoz y
otros. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental a la vivienda
digna y a la seguridad personal de los accionantes conforme a este
proveído.
SEGUNDO.- DECLARAR carencia
actual de objeto por hecho superado, con respecto a lo pretendido por los
señores Robinson
Camargo Santana, Laudith Camargo Santana, María Santana Romo, Xiomara Campo
Camargo y Yolanda Vera de Jiménez, así como de los accionantes del grupo 2
relacionados en el acápite del caso concreto.
TERCERO.- ORDENAR a la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, adelantar de manera inmediata, las gestiones necesarias para
verificar el riesgo de inundación que recae sobre cada una de las viviendas de
los accionantes -salvo las del grupo 2 y las viviendas enajenadas como
parte de la planeación y ejecución de la obra pública-. Para lo cual, solicitará el acompañamiento de la Oficina
de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla en razón de su competencia,
del contratista de la obra pública de canalización del arroyo Hospital y del
correspondiente interventor, en los términos contractuales. En todo caso dicha
verificación deberá llevarse a cabo sin exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia.
Asimismo, dentro de los
cinco (5) días subsiguientes, deberá ofrecer a los accionantes, sobre
cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación que amenace su seguridad
personal y el de su familia, propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la
protección de sus derechos fundamentales, dentro de las cuales debe
contemplarse la reubicación de manera transitoria hasta tanto cese el riesgo
o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar. En caso de que el
proceso de concertación resulte fallido, la Alcaldía Distrital de Barranquilla
deberá adoptar el mecanismo conducente al amparo de los derechos fundamentales
acá debatidos.
Por último, los mecanismos de protección que se acuerden con los
accionantes o en su defecto, que adopte la accionada, deberán ejecutarse y cumplirse
dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, o en un tiempo
menor, dependiendo del riesgo identificado.
CUARTO.- EXHORTAR a la Oficina de Gestión del Riesgo del
Distrito de Barranquilla, al contratista de la obra pública de canalización del
arroyo Hospital y al correspondiente interventor, para que en razón de su
competencia y de los términos contractuales respectivamente, acompañen a la
Alcaldía Distrital de Barranquilla en la verificación técnica del riesgo de inundación que recae sobre cada
una de las viviendas de los accionantes.
QUINTO.- Como
esta decisión tiene efectos inter comunis, ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
que en las gestiones que se adelanten para determinar la situación
actual de cada uno de los lugares de residencia de los accionantes con respecto
al nivel de la vía construida sobre el canal y del riesgo de inundación, también se efectúe sobre las otras casas ubicadas
frente a la obra de canalización en ejecución, en la carrera 35 desde la calle 17 hasta la calle 6, con el fin de que se adopten por parte del Distrito,
medidas consensuadas para evitar riesgos que atenten contra la integridad
física de sus habitantes, inclusive su reubicación temporal hasta tanto
cese el riesgo o definitiva si el mismo
no se logra mitigar, en los términos de lo resuelto en los dos ordinales
anteriores.
SEXTO.- ORDENAR a la Personería Distrital de Barranquilla
(Atlántico) y a la Procuraduría General de la Nación que acompañen, desde el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de todas las órdenes impartidas en
esta decisión.
SÉPTIMO.- LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 en cada uno
de los procesos, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-206/19
PARTES CON INTERES Y TERCEROS CON
INTERES LEGITIMO-Diferencia (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIOS
DE OFICIOSIDAD E INFORMALIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Partes
y terceros con interés deben ser llamados oportunamente para ejercer su derecho
de defensa y contradicción (Salvamento parcial de voto)
INTEGRACION
DEL CONTRADICTORIO EN DEBIDA FORMA-Deber del juez
de tutela (salvamento parcial de voto)
INTEGRACION DEL
CONTRADICTORIO EN DEBIDA FORMA EN SEDE DE REVISION-Debió vincularse
a tercero con interés, a quien se le dio orden en parte resolutiva (salvamento
parcial de voto)
Referencia: Expediente T-6.956.306
Acción
de tutela interpuesta por Maribel Jiménez de la Hoz y otros, contra la Alcaldía
Distrital de Barranquilla
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
1.  Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación, presento las razones que me conducen a salvar
parcialmente el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala
Quinta de Revisión, en sesión del 16 de mayo de 2019.
2.
La
providencia, de la que me aparto parcialmente, estudió la acción de tutela
presentada por habitantes de 48 viviendas ubicadas en la ciudad de Barranquilla
frente al arroyo Hospital, en contra de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Los accionantes consideraban que la obra de canalización del arroyo que pasa
frente a sus hogares generó efectos adversos, que vulneraban sus derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la salud. Lo anterior, por cuanto sus
viviendas estaban en riesgo de inundación, ya que la obra ocasionó que las
mismas se ubicaran un metro por debajo del nivel de la vía construida sobre el
canal.
A
ese respecto, la Sala Quinta de Revisión concluyó que existía una amenaza
inminente a los derechos fundamentales a la vivienda digna – en su componente
de habitabilidad- y a la seguridad personal de los accionantes que la sentencia
identificó como pertenecientes a los grupos 1, 3 y 4, excluidos aquellos
identificados en el grupo 2 y los que enajenaron sus viviendas como
parte de la planeación  y ejecución de la obra pública, respecto de quienes se
declaró la carencia actual de objeto. Si bien la Sala consideró que dicha
amenaza cesará cuando finalice la obra pública, lo cierto es que no había
certeza sobre la condición actual de las viviendas con respecto al nivel de la
vía construida sobre el canal.
A
su vez, la Sala encontró que esta circunstancia se produjo por la omisión de la
Alcaldía de Barranquilla de adoptar las medidas necesarias para mitigar el
impacto de la construcción del canal contiguo a las viviendas, que si bien su
fin último es el bienestar de los accionantes, se constituye en una amenaza a
sus derechos fundamentales mientras la obra termina. Por lo anterior, concluyó
que sí hubo vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes por
parte de la accionada.
En
consecuencia, la Sala resolvió: (i) revocar las decisiones que
declararon improcedente el amparo constitucional; (ii) tutelar los
derechos a la vivienda digna y a la seguridad personal de los accionantes; (iii)
declarar la carencia actual de objeto respecto de los cinco accionantes que
enajenaron sus viviendas como parte de la planeación y ejecución de la obra
pública, y de los identificados en el grupo 2; (iv) ordenar a la
Alcaldía de Barranquilla adelantar, de manera inmediata, las gestiones
necesarias para verificar el riesgo de inundación de las viviendas, con el
acompañamiento de la Oficina de Gestión de Riesgos del Distrito, del
contratista y del interventor y, una vez realizado el diagnóstico, ofrecer a
los accionantes sobre cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación,
propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la protección
de sus derechos fundamentales, y (v) exhortar a la Oficina de Gestión de
Riesgos del Distrito de Barranquilla, al contratista de la obra y al
interventor, para que, en razón de su competencia y de los términos
contractuales respectivamente, acompañen a la Alcaldía de Barranquilla en la
verificación técnica del riesgo de inundación de las viviendas.
Ahora
bien, con respecto a los efectos de la decisión, la Sala consideró que en este
caso se cumplían las condiciones para adoptar efectos inter comunis con
respecto a los habitantes de las viviendas ubicadas en la carrera 35, entre
calles 17 y 6ª, en la ciudad de Barranquilla. Esto, debido a que constató que
este grupo de personas estaba en condiciones objetivas similares a las de los
accionantes de la tutela que fue objeto de revisión y se cumplían los
requisitos jurisprudenciales establecidos para esos efectos.
3.
El
fundamento de mi desacuerdo parcial radica en lo dispuesto por la
mayoría de la Sala en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia, el cual establece lo siguiente:
“TERCERO.-
ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, adelantar de manera
inmediata, las gestiones necesarias para verificar el riesgo de inundación que
recae sobre cada una de las viviendas de los accionantes -salvo las del grupo 2
y las viviendas enajenadas como parte de la planeación y ejecución de la obra
pública-. Para lo cual, solicitará el acompañamiento de la
Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla en razón de su
competencia, del contratista de la obra pública de canalización del
arroyo Hospital y del correspondiente interventor, en los términos
contractuales. En todo caso dicha verificación deberá llevarse a cabo sin
exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia. (…)” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)
Asimismo, en la parte considerativa de
la sentencia, la Sala estableció que “[en] consecuencia, la Alcaldía
Distrital de Barranquilla deberá, en primer lugar, adelantar, de manera
inmediata, las gestiones necesarias para verificar el riesgo de inundación que
recae sobre cada una de las viviendas de los accionantes. Para lo cual, deberá
solicitar el acompañamiento de la Oficina de Gestión del Riesgo del
Distrito de Barranquilla en razón de su competencia, del contratista de
la obra pública y del correspondiente interventor, en los términos de
sus respectivos contratos.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)
En relación con lo anterior, comparto lo
decidido por la mayoría de la Sala Quinta de Revisión respecto al amparo de los
derechos fundamentales de los accionantes, y en lo referente a la orden que
obliga a la Alcaldía Distrital de Barranquilla a tomar las medidas atinentes a
diagnosticar y mitigar los riesgos de inundación que pueden afectar las
viviendas de los accionantes.
No obstante lo anterior, de la manera
más respetuosa, disiento de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala,
según la cual, para el cumplimiento de la orden impartida en el ordinal tercero
de la parte resolutiva, la Alcaldía Distrital de Barranquilla “solicitará el
acompañamiento (…) del contratista de la obra pública de canalización del
arroyo Hospital”. A mi juicio, esta determinación puede vulnerar el derecho
al debido proceso del Consorcio Obras Hidráulicas 2016, contratista de
la obra pública, quien no fue vinculado al trámite de la acción de tutela en
instancias, ni en la revisión ante la Corte. Lo anterior, por cuanto considero
que aquel no pudo ejercer sus derechos de defensa y contradicción en el trámite
del recurso de amparo y, aun así, la Sala impartió una orden que generaría
efectos en su contra.
4.
A
este respecto, el artículo 29 de la Constitución consagra el derecho al debido
proceso, el cual conlleva la obligación del Estado de asegurar, entre otros, el
derecho de defensa, entendido como “la plena oportunidad de ser oído, de
hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y
objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las
que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley
otorga.”[78]
Particularmente,
en lo referente al trámite de la acción de tutela, la garantía del
derecho al debido proceso implica que “la autoridad judicial despliegue toda
su atención para determinar la posible vulneración de los derechos
fundamentales que aduce el accionante y adopte su decisión convocando por
activa y por pasiva a todas las personas que se encuentren comprometidas en la
parte fáctica de la acción, a objeto de que cuando adopte su decisión
comprenda a todos los intervinientes y no resulte afectando a quienes,
debiendo ser llamados, no fueron citados al asunto.”[79]
(Negrillas fuera del texto original)
Por
demás, con base en el principio de oficiosidad, el juez constitucional
está en obligación de adoptar un rol activo en la conducción del proceso[80],
lo cual evidentemente conlleva a la identificación de las partes y de los
terceros con interés que se pueden ver afectados por la decisión que se
profiera en el trámite del recurso de amparo. Para ello, según la Corte, se
debe extraer la información “del escrito de tutela o de las respuestas que
se brinden por las partes, o de los hechos puestos de presente, e incluso, de
aspectos tales como los posibles efectos del fallo, por lo que en ese escenario
es donde el juez despliega su capacidad oficiosa para vincular al trámite a
quien debe concurrir al mismo”.[81]
En
esa medida, la Corte Constitucional señala que la debida integración del
contradictorio es un deber del juez constitucional en sede de tutela,
particularmente del juez de primera instancia, pues de esta manera se
garantizarán de manera oportuna los derechos de las partes y de los terceros
interesados durante todo el desarrollo del trámite del recurso de amparo.
Esto
implica la necesidad de que el juez de tutela (i) vincule a todos los
interesados en el proceso, esto es, a todas las personas naturales o jurídicas
que puedan estar comprometidas en la afectación del derecho fundamental
invocado y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo[82]
y (ii) se notifique a “todas las personas directamente interesadas,
partes y terceros con interés, tanto de la iniciación del trámite que se
origina con la instauración de la acción de tutela, como de la decisión que por
esa causa deba adoptarse, pues ello se constituye en una garantía del derecho
al debido proceso”[83].
Para
esos efectos, esta Corporación ha distinguido entre el concepto de parte y de
terceros con interés dentro del proceso de tutela. Respecto a estos últimos, la
Corte señaló que aquellos son quienes “no tienen la condición de partes. Sin
embargo, puede ocurrir que dichos terceros se encuentren vinculados a la
situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, al
punto de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se
pronuncie. (…) En este evento, el interés del cual son titulares los legitima
para participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la protección de
sus derechos”.[84]
De
acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado,
incluso, que podría configurarse la causal de nulidad por violación al debido
proceso, cuando en el trámite de la tutela se omite vincular a terceros con interés
legítimo que se puedan ver afectados con la decisión a ser proferida. De hecho,
en el Auto 109 de 2002[85],
reiterado en la Sentencia SU-116 de 2018[86],
la Corte determinó lo siguiente:
"Ser
oído en el proceso de tutela es derecho fundamental de rango constitucional que
asiste no solamente a quien aparece como demandado, tanto si es un funcionario
o entidad estatal como si se trata de un particular, sino a quien, sin ser
parte, puede resultar afectado por la decisión que se adopte como
culminación del especialísimo trámite consagrado en el artículo 86 de la
Constitución.
Es
evidente que, incoada una acción de tutela (…) si [el tercero] no ha sido
notificado de la demanda de tutela ni ha tenido ocasión de ser oído, resulta
imperioso concluir en la nulidad de lo actuado por vulneración abierta del
debido proceso.” (Negrillas fuera del texto original)
En
virtud de la jurisprudencia expuesta anteriormente, se tiene que el juez
constitucional en el trámite de tutela (i) tiene la obligación de
integrar debidamente el contradictorio, lo cual incluye la vinculación tanto de
las partes, como de los terceros con interés legítimo que se puedan ver
afectados por la decisión, y (ii) la omisión de vincular a los terceros
interesados podría generar la nulidad del trámite por indebida integración del
contradictorio, pues el fallo se adoptaría en detrimento al derecho al debido
proceso de dichos terceros.
5.  Llegado
a este punto, es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional, de
forma unívoca y consistente, señala que la falta de integración del
contradictorio en tutela no implica, de entrada, retrotraer la actuación
judicial hasta su inicio. En algunos casos, un proceder semejante puede
comprometer “desproporcionadamente los derechos fundamentales del respectivo
accionante”[87].
Si bien se ha estimado que, sin lugar a
dudas, la falta de notificación de las decisiones en tutela, y específicamente
del auto admisorio de la demanda, compromete el debido proceso de quien no fue
enterado de las determinaciones del juez y de la existencia del proceso, y que
ello puede imponer la declaratoria de nulidad de lo actuado en el proceso; en
sede de tutela no opera en forma automática, dados los bienes jurídicos que
están en juego[88]
y en atención a “los principios de economía y celeridad procesal que guían
el proceso tutelar”[89].
En suma, ante la falta de notificación
de las partes o de terceros con interés legítimo en el proceso de tutela, en
sede de revisión existen dos opciones[90].
La Sala de Revisión puede optar, bien por (i) devolver el proceso a la
primera instancia para efecto de que se rehaga el proceso o bien, (ii)
en virtud de la urgencia de la protección constitucional y ante una situación
que a primera vista pueda considerarse apremiante, por vincular directamente
a quien no fue llamado al proceso.
6.  Ahora,
volviendo al caso estudiado por la Sala Quinta de Revisión en la Sentencia
T-206 de 2019, a partir de los antecedentes presentados en la tutela, como de
las pruebas recaudadas en el trámite de revisión de la misma, se evidenció que
el contrato de obra para la canalización del arroyo Hospital fue celebrado con
el Consorcio Obras Hidráulicas 2016. Dicho contrato tiene por objeto “implementar
estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial
del arroyo Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con
calle 17 en la ciudad de Barranquilla”.[91]
En
ejecución del mencionado contrato, se evidenció que el “contratista del
distrito subió ‘las paredes en más de un metro y cubrió el canal existente, por
lo que las casas quedaron un metro por debajo del nivel del mismo”.[92]
Asimismo, en el escrito de tutela, los accionantes manifestaron su
inconformidad respecto al hecho que “la alcaldía y/o contratista
nunca socializaron la obra [con] la comunidad y que por el contario han sido
renuentes a explicar cómo solucionarán los perjuicios causados a las viviendas,
ni han tomado las medidas de protección del riesgo”.[93]
(Negrillas fuera del texto original)
Por
último, la Sala indicó que “conforme a las quejas y reclamos atendidos
por el contratista de la obra, los accionantes han sufrido, hasta el
momento, durante la ejecución de la construcción, pérdidas de enseres a causa
del desbordamiento del arroyo, afectación que puede volver a repetirse”.
(Negrillas fuera del texto original)
De
todo lo anterior, es evidente que el Consorcio Obras Hidráulicas 2016,
contratista de la obra pública que generó los riesgos de inundación en las
viviendas de los accionantes, se encuentra vinculado a la situación jurídica de
la parte demandada en el trámite de tutela, esto es, a la Alcaldía de
Barranquilla, en virtud del contrato de obra pública celebrado entre éstos.
Adicionalmente, también está relacionado con la pretensión que se discute, pues
los demandantes (i) manifestaron su inconformidad con las actuaciones del
contratista, como constructor de la obra pública cuestionada, y (ii)
solicitaron la realización de las obras necesarias para que las viviendas
queden al nivel de la vía construida sobre el canal, lo cual evidentemente
involucra al contratista que fue contratado por el Distrito.
Por
ello, al percatar que ni el juez de primera instancia, ni el juez de segunda
instancia en el trámite de la tutela, vincularon al contratista de la obra
pública que fue cuestionada por los accionantes, la Sala debió proceder con su
vinculación en sede de revisión, tal y como lo permite la jurisprudencia
constitucional. Más aún si se tiene en cuenta que, en la parte resolutiva de la
sentencia, se impartió una orden que lo afecta, en la medida en que obliga
a la Alcaldía de Barranquilla a solicitar el acompañamiento del contratista para
llevar a cabo la labor de verificación del riesgo de inundación que recae sobre
las viviendas de los accionantes.
7.   En
consecuencia, considero que la Sala Quinta de Revisión no debió impartir la
orden como fue expresada en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
Sentencia T-206 de 2019, específicamente en lo que respecta al aparte que
obliga a la Alcaldía de Barranquilla a solicitar el acompañamiento del
contratista en las labores de verificación del riesgo de inundación. Lo
anterior, por cuanto esto afecta al contratista de la obra, Consorcio Obras
Hidráulicas 2016, sin que éste haya sido vinculado al trámite de la acción de
tutela ni al de revisión. Esta circunstancia, a mi juicio, puede vulnerar el
derecho al debido proceso del aquel, en la medida en que no tuvo la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa y de contradicción respecto de los hechos y
pretensiones que se invocaron y discutieron en el recurso de amparo. Es de esta
postura que, respetuosamente, disiento.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Si
bien el poder especial que obra a folios 14 al 17 del cuaderno de primera
instancia, aparece suscrito por 48 personas, se advierte la doble firma del
señor Jorge Miranda Camargo, en razón a que actúa en representación de dos
viviendas.
[2] Cuad. Primera
Instancia, folios
124 al 133. Copia del contrato de obra pública bajo la modalidad de crédito de
Proveedor No. FROIH 899 de 2016, cuyo objeto es la “implementación de
estrategias para la reducción y control del caudal de escorrentía superficial
del arroyo Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con
calle 17 en el distrito de Barranquilla”.
[3] Cuad. Primera
Instancia, fls.
4-11. Registro fotográfico.
[4] Cuad. Primera
Instancia, fls.
12 y 13. Registro fotográfico.
[5]
Obran en
el expediente copias de las actas de socialización de avance de la obra, en las
cuales se advierte la participación de representantes de la comunidad, así como
del presidente de la Junta de Acción Comunal.
[6]
Cuad. de primera instancia, fls. 4 al 13.
[7]
Cuad. de primera instancia, fls. 124 al 133.
[8]
Cuad. de primera instancia, fls. 134 al 141.
[9]
Cuad. de primera instancia, fls. 57 al 68.
[10]
Cuad. de primera instancia, fls. 69 al 123.
[11]
Cuad. de primera instancia, fls. 49 al
56. Copia de la sentencia proferida por
el Juzgado Segundo del Circuito de Barranquilla el 26 de enero de 2018, dentro
de la acción de tutela con radicado 2017-00204.
[12] Si
bien el poder especial que obra a folios 14 al 17 del cuaderno de primera
instancia, aparece suscrito por 48 personas, se advierte la doble firma del
señor Jorge Miranda Camargo.
[13]
Cuad. de Revisión, fls. 26 al 111.
[14]
Cuad. de Revisión, fl. 25.
[15]
Cuad. de Revisión, fl. 113.
[16]
Cuad. de Revisión, fls. 124 al 131.
[17]
Cuad. de Revisión, fls. 140 al 147.
[18] En el escrito
del accionado no se indican de manera específica las soluciones integrales a
las cuales hace referencia; sin embargo, entiende la Sala que se refiere al
avance en la ejecución de la obra, cuyo fin último, es superar el riesgo a que
se ven sometidos los habitantes ante el desbordamiento del arroyo Hospital.
[19]
SU-713 de
2006, citada en las sentencias SU-439 de 2017, T-246 de 2018, T-1103 de 2005,
entre otras.
[20] Ibídem.
[21] Ibídem.
[22] Sentencia
T-661 de 2013.
[23] Ver
sentencia a folios 124 a 131 del cuaderno de revisión.
[24] Ver
sentencia a folios 49 a 56 del cuaderno de primera instancia.
[25] Ver
sentencia de segunda instancia de la acción de tutela con radicado 2017-00204,
obrante a folios del 49 al 56 del cuaderno de primera instancia de esta tutela.
[26]
Cuad. de primera instancia, fl. 18.
[27]
Ver enlace
SECOP - Colombia Compra Eficiente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-160941
[28]
Constitución Política, art.86: “Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
[29]
Decreto 2591 de 1991, art. 8.
[30]
El artículo 88 del
ordenamiento superior establece la acción popular -regulada en la Ley 472 de
1998- como el mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses
colectivos. El art. 4° Ley 472 de 1998, relaciona los derechos e intereses
colectivos susceptibles de ser protegidos mediante las acciones populares,
entre los que se encuentran los atinentes al manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el
derecho a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente,
así como la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos.
[31]
Sentencias T-420 de 2018, T-517 de 2011, SU-1116 de 2001, T-1527 de
2000, entre otras.
[32]
Sentencias T-197 de 2014, T-306 de 2015, T-622
de 2016, T-099 de 2016, T-218 de 2017 y T-596 de 2017.
[33]
Sentencia T-1451 de 2000, citada en las
sentencias SU-1116 de 2001 y T-420 de 2018.
[34]
Ley
472 de 1998, literal l del art.4.
[35] Ley
472 de 1998, literal m del art.4.
[36]
De acuerdo con las planillas aportadas por los accionantes en sede de revisión.
[37] Decreto 2591 de
1991, Art.35: “Las decisiones de revisión que
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o
aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser
motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.”
[38] Sentencias
T-420 de 2018, T-355 de 2018, T-327 de 2018, T-149 de 2017, T-251 de 2017,
T-497 de 2017, T-139 de 2017, T-726 de 2017, T-709 de 2017, T-601 de 2017 y
T-531 de 2017.
[39] Constitución
Política de Colombia, art.51.
[40] Constitución
Política de Colombia, art.86: “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Ver sentencias T-251 de 1995, T-258 de 1997, T-203 y T-383 de 1999.
[41] El derecho a la vivienda digna está incurso en el
párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el
párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la Declaración de
Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de Hábitat:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos, el párrafo 1 del artículo 8 de
la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Recomendación Nº 115 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los
trabajadores, 1961).
[42] “En tales circunstancias, la Corte Constitucional
coincide con la Vista Fiscal en que el único sentido razonable que se puede
conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario (CP arts. 93 y 214 numeral 2º) es que éstos
forman con el resto del texto constitucional un "bloque de
constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa
manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución,
como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados
por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en
los estados de excepción (CP art. 93)”.
Extracto de la sentencia C-225/95, reiterado en la C-067 de 2003.
[43] Observación
general No.4: El derecho a una vivienda adecuada. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Párrafo 1 del art.11.
[44] Sentencia C-018 de 2018 - El
derecho fundamental a la seguridad personal: La Constitución Política, a
partir de su preámbulo, y especialmente en los artículos 2 y 11, consagra la
vida como un derecho fundamental que debe ser protegido por el ordenamiento
constitucional. De manera particular, el artículo 2º de la Carta señala que “las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (…)”. El
deber de protección de la vida y la integridad personal, se encuentra previsto
no solo en la Constitución Política, sino también en diferentes tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. En ellos se
instituyó, como mandato superior de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades del Estado, la realización de actividades tendientes a lograr las
condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida e
integridad de los ciudadanos. Asimismo, se ha advertido que el Estado y en
particular las autoridades públicas, están obligadas no solo a abstenerse de
vulnerar la vida e integridad personal de los asociados, en lo que se conoce
como deberes de respeto, sino también a evitar que terceras personas los
afecten (deberes de protección) (Sentencia C-331 de 2017). Con base
en estos últimos, se ha desarrollado la noción de seguridad personal.
La jurisprudencia constitucional ha
establecido que la noción de seguridad personal se proyecta en tres dimensiones
distintas: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho
colectivo y (iii) como un derecho individual de rango fundamental.
En relación con la seguridad personal
como derecho individual de rango fundamental, la Corte (Sentencia T-039 de
2016) ha señalado que su contenido se encamina a la protección de la vida
y de la integridad personal de quien lo invoca, razón por la cual: “(…) faculta a las personas para recibir protección
adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a
riesgos que no tienen el deber
jurídico de tolerar, por rebasar éstos (sic) los niveles soportables de peligro
implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad
constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas
públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades
del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los
más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del
principio de equidad” (Sentencia
T-719 de 2009).
En lo que respecta a la faceta de
derecho individual, la Corte, en sentencia T-039 de 2016 precisó que de
aquí se deriva la posibilidad de exigir de parte del Estado acciones positivas
para conjurar una amenaza concreta contra la seguridad personal, destacando que
tal actividad procede cuando se ha identificado un riesgo excepcional, es
decir, aquellos que “no tiene el deber jurídico de tolerar, por rebasar
éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad”
(Sentencia T-719 de 2003).
[45] El derecho a la
seguridad personal opera para proteger a las personas de aquellas situaciones
que se ubican en el nivel de riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene
el deber jurídico de soportar (Ver Sentencias T-496 de 2008, T-728 de 2010, T-780 de 2011, T-223 de 2015, T-707 de 2015, T-149 de 2017).
[46] Sentencias
T-327 de 2018, T-473 de 2008, T-199 de 2010, T-566
de 2013, entre otras.
[47] Sentencia T-024 de 2015. Ver, también, sentencias
T-341 de 2016, T-189 de 2013, T-163 de 2013 y T-530 de 2011.
[48] Extracto de la Sentencia T-203A de 2018. Reiterado en
la T-420 de 2018.
[49] Extracto
de la sentencia T-420 de 2018.
[50] Sentencia T-327
de 2018.
[51] Ver
sentencias T-325 de 2002, T-473 de 2008, T-848 de 2011, T-036 de 2010, T-199 de
2010, T-045 de 2014, entre otras.
[52] Constitución
Política, art.40.
[53] En virtud del principio de participación, las
autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de
deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública. Principio que rige la actuación administrativa de acuerdo con el art.3
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011.
[54] Extracto tomado
de la sentencia C-891 de 2002.
[55]
Siempre y
cuando no goce de reserva constitucional o
legal.
[56] Cuad. de
Primera Instancia, fls. 124 al 133 Copia del contrato de obra.
[57] Cuad. de
Primera Instancia, fls. 4 al 11 Registro fotográfico.
[58] Cuad. de
Primera Instancia, fls. 12 y 13. Registro fotográfico.
[59] Ver enlace
SECOP - Colombia Compra Eficiente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-160941
[60] Cuad. de
Revisión, CD obrante a folio 191.
[61] Cuad. de
Primera Instancia, fls. 4 al 11. Registro fotográfico.
[62] Las pérdidas de
enseres de los accionantes, han sido sustituidos por el contratista de la obra,
como consta en las actas contenidas en el CD obrante a folio 191, Cuad. de
Revisión. De los mismos documentos de logra deducir que los desbordamientos y
consecuente inundación de las viviendas tuvieron ocurrencia, unos el 10 de
mayo, el 12 de julio y/o septiembre de 2017.
[63] Cuad. de
Revisión, fls.156-157.
[64]
“La
jurisprudencia constitucional ha identificado tres hipótesis en las cuales se
configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, a saber: (i) cuando se presenta
un daño consumado; (ii) cuando
acaece un hecho sobreviniente; y (iii) cuando existe un hecho superado. (…) La carencia de objeto por el
acaecimiento de un hecho sobreviniente tiene lugar cuando la situación que
generó la amenaza o vulneración del derecho fundamental cesó bien, “porque
el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha
situación, perdió interés en el resultado de la litis”. Entonces, el hecho
sobreviniente, a diferencia del hecho superado, no tiene origen en una
actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” (T-149 de 2018, T-216
de 2018, T-363 de 2018,
T-481 de 2016). “El fenómeno de la carencia actual de objeto
tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería
en el vacío.” (T - 358 de 2014, T-842 de 2011). Adicionalmente, en otras
decisiones se incluye “la pérdida de interés en la pretensión”, como un
evento más a considerar como carencia actual de objeto (T-236 de 2018, T-703 de
2012).
[65] La afectación a
los inmuebles se adelantó a través de la Empresa de Desarrollo Urbano EDUBAR, y
en desarrollo del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento Distrital
[66] Cuad. de
Revisión, fls. 152-188, Informe Alcaldía de Barranquilla. Cuad. Primera
Instancia, fls.134-141, contrato de interventoría suscrito entre
el Foro Hídrico y el Consorcio Intercanales.
[67]
“De igual forma, se ha dicho que la carencia de objeto por hecho superado
puede presentarse antes, durante o después de la interposición de la acción de
la tutela; y su “actualidad” está mediada porque su acaecimiento sea anterior a
la decisión judicial correspondiente (de instancia o de revisión). Sin embargo,
como es apenas lógico, la superación del objeto atiende a la satisfacción
espontánea de los derechos alegados en el escrito de tutela, a partir de una
decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado; de forma que
nunca se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los que tal
satisfacción ha sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta en una
instancia judicial previa, pues en ese caso de lo que se trata no es de la
superación del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del operador
judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver
el conflicto constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible de
valoración integral por parte la instancia posterior o en sede de revisión, según
corresponda” (T-216 de 2018, T-363 de 2018).  “El fenómeno de la
carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del
juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría
ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta,
generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado”
(T - 358 de 2014, T-842 de 2011). Adicionalmente, en otras decisiones se
incluye “la pérdida de interés en la pretensión”, como un evento más a considerar
como carencia actual de objeto (T-236 de 2018, T-703 de 2012).
[68] Cuad. de
Revisión, CD obrante a folio 191. Plano de Obra (Anexo 1).
[69] Sentencia T-269 de 2015, citada en las sentencias T-149 de 2017
y T-420 de 2018.
[70] Ley 136 de
1994, art.1: “El municipio es la entidad
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen
la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”.
[71] Constitución Política,
art.315-1.
[72] EFECTOS INTER
COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la misma
situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad (T-213A de 2011, T-938 de 2011, T-946 de 2011, T-740 de 2012, T-239 de 2013, T-556 de 2013, T-648 de 2013, T-649 de 2013, T-689 de 2013, T-696 de 2013, T-319 de 2014, T-523 de 2014, T-025 de 2015, T-121 de 2016, T-189 de 2016, SU-235 de 2016, T-267 de 2016, T-526 de 2016, T-622 de 2016, T-666 de 2017, SU-011 de 2018, SU-055 de 2018).
[73] Sentencia T-420
de 2018.
[74] Sentencia T-203 de 2002.
[75] Extracto de la Sentencia SU-011 de 2018.
[76] Cuad.
Primera Instancia, fol.49.
[77]
Cuad. Revisión, fol.25. Imágenes y videos de las
condiciones de las viviendas de los habitantes de la carrera 35 desde la calle 17 hasta
la calle 6, de la ciudad de Barranquilla.
[78] Sentencia
C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Reiterada en Sentencias
C-402 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo y SU-116 de 2018, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[79] Sentencia
SU-116 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[80] Sentencia
C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81] Sentencia
SU-116 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[82] Auto 065 de
2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterado en Sentencia SU-116 de 2018,
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[83] Auto
025A de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Reiterado en Sentencia
SU-116 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[84] Auto
027 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Reiterado en Sentencia SU-116 de
2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[85]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[86]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[87] Auto
536 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[88] Autos 234 de
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Auto 113 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[89] Ibídem.
[90] Auto 536 de
2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[91]
Sentencia T-206 de 2019, Folio 22.
[92]
Ibídem, Folio 25.
[93]
Ibídem, Folios 3 y 4.