C-345-19
Sentencia C-345/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte
Constitucional
CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
JUICIO
DE IGUALDAD-Jurisprudencia constitucional/JUICIO
DE IGUALDAD-Etapas
PROPIEDAD
INTELECTUAL-Ámbito de protección/DERECHOS DE
AUTOR Y CONEXOS-Alcance del concepto
DERECHOS
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS-Distinción
Los derechos de autor
son aquellos de los cuales son titulares los autores de obras literarias,
científicas y artísticas, en tanto que los derechos conexos hacen referencia a
aquellos de los cuales son titulares los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonograma y organismos de radiodifusión
DERECHOS
DE AUTOR-Comprende derechos morales y patrimoniales
Asimismo,
los derechos de autor y conexos tienen un componente moral (artículo 30 de la
Ley 23 de 1982) que se traduce en los derechos a (i) reivindicar en todo tiempo
la paternidad de la obra; (ii) oponerse a su deformación, mutilación o
modificación; (iii) conservarla inédita o anónima; (iv) modificarla, antes o
después de su publicación; y (v) retirarla de la circulación o suspender
cualquier forma de utilización. Pero también tienen un componente patrimonial
asociado con la disposición de la obra (artículo 12 de la Ley 23 de 1982) que
comprende los derechos a (i) reproducirla; (ii) efectuarle una traducción,
una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación; y (iii) comunicarla
al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier
otro medio
DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR-No tienen carácter fundamental
DERECHOS
DE AUTOR-Protección constitucional
(…) la protección de
los derechos de autor y conexos encuentra sustento constitucional en los
artículos 61 y 150, numeral 24, de la Carta, tiene desarrollo legal
principalmente en la Ley 23 de 1982 y su salvaguarda tiene potencialidades en
contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país, finalidad que no es
ajena a la Constitución. A su vez, los derechos morales que se derivan de los
derechos de autor y conexos son aquellos relacionados mayoritariamente con las
facultades que se desprenden de tener la paternidad de las obras, los cuales
tienen el rango de fundamentales, en tanto que los derechos patrimoniales, que
están asociados con la disposición de las obras, no están dentro de esta
categoría. Adicionalmente, el artículo 70 de la Constitución le impone al
Estado el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, lo cual supone
que la protección de los derechos de autor y conexos no puede ser absoluta y
debe armonizarse con este deber
DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR-Indemnizaciones preestablecidas
INDEMNIZACIONES
PREESTABLECIDAS-Definición
[E]n principio solo
después de que se ocasiona un daño es posible medir su magnitud y cuantificar
monetariamente el valor de las afectaciones que este produjo. Contrario a tal
dinámica, las indemnizaciones preestablecidas, como su nombre lo indica, son
cuantificaciones de un daño previas a su ocurrencia y generales, en la medida
en que están previstas para cualquier daño que en abstracto pueda suceder y que
encaje en categorías abiertas y predeterminadas. En otras palabras, en las
tasaciones previas de los daños siempre se juega con el riesgo de que el
perjuicio pueda resultar siendo mayor o menor al daño efectivamente sucedido,
pero tiene la característica de que exime de la carga de probar el importe del
daño.
INDEMNIZACIONES
PREESTABLECIDAS-Relación con otras instituciones
jurídicas análogas
En definitiva, aunque
aún el Gobierno nacional no ha reglamentado las indemnizaciones preestablecidas
por la infracción de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o
por las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas
tecnológicas y la información para la gestión de derechos, de modo que todavía
son inciertos los detalles y minucias de su funcionamiento, es posible afirmar
que, de conformidad con el análisis de otras instituciones jurídicas análogas,
esto es, la cláusula penal, las indemnizaciones a las víctimas del conflicto
armado por la vía administrativa, las indemnizaciones por pérdida de capacidad
laboral en el sistema de riesgos profesionales, la indemnización a forfait a
favor de militares y policías y las indemnizaciones por infracción a los
derechos de propiedad marcaria, la Corte entiende que las indemnizaciones
preestablecidas son una figura que pretende valorar, con anterioridad a la
ocurrencia de un daño, el monto del perjuicio, lo que supone que no debe
probarse la tasación del daño efectivamente provocado, pero sí debe probarse el
daño.
PRINCIPIO
DE IGUALDAD PROCESAL-Alcance/PRINCIPIO DE IGUALDAD
PROCESAL-Definición
En breve, la igualdad procesal
hace referencia a la homogeneidad en las herramientas de persuasión que tienen
las partes para convencer de sus pretensiones al tercero llamado a resolver su
controversia.
PRINCIPIO
DE IGUALDAD PROCESAL-Excepciones
PRINCIPIO
DE IGUALDAD PROCESAL-Parámetros
En
suma, el parámetro con el cual se mide el respeto del principio de igualdad
procesal no siempre es el mismo, pues depende del proceso en el cual se inserta
la norma que aparentemente establece una desigualdad evaluado como un todo, es
decir, visto en contexto. Así pues, un precepto acusado de violentar el
principio de igualdad procesal no contraviene la Constitución cuando: (i) el
derecho al debido proceso de las partes procesales se mantiene incólume; y (ii)
se privilegian principios constitucionales como la celeridad del proceso y el
principio de economía procesal. Además, el alcance del principio de igualdad
procesal debe analizar (iii) el prototipo de esquema procesal adoptado, (iv) la
pretensión de proteger a la parte débil de la relación procesal y (v) la
búsqueda de la superación de anomalías como la información asimétrica y los
incentivos para impedir o retardar el impulso del proceso.
POTESTAD
REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Alcance
POTESTAD
REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO-Límites
(…) Esta Corporación
destacó que hay varias normas constitucionales dirigidas a lograr la
efectividad de la legislación, lo cual admite la imposición de límites
temporales para expedir una reglamentación, tales como “los numerales 10°
y 11 del artículo 189, en cuanto que establecen para el Presidente de la
República el deber de velar por el estricto cumplimiento de la ley, así como el
de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes.
Así mismo, el artículo 2° de la Carta establece para las autoridades del Estado
el deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, y el artículo 87 habilita a toda persona para
acudir ante cualquier autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley”
LIMITES
TEMPORALES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO-Jurisprudencia
NORMA
ACUSADA-Contenido y alcance
JUICIO
DE IGUALDAD-Presupuestos/JUICIO DE IGUALDAD-Metodología
de análisis/JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad intermedia
NORMA
ACUSADA-Finalidad
NORMA
ACUSADA-No vulneración del debido proceso, por cuanto las
medidas tienen pleno respaldo constitucional
Referencia: expediente
D-12858
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, “Por
la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de derecho de autor y derechos conexos”.
Demandante:
Jorge
Alonso Garrido Abad
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., 31 de julio de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo,
Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las
previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política,
cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Jorge Alonso
Garrido Abad presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad en
contra del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, “Por la cual se modifica la
Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de
autor y derechos conexos”, por considerar que quebranta el
Preámbulo y los artículos 13, 29 y 189, numeral 11, de la Constitución. También
demandó el último inciso del artículo 35 de la Ley 1915 de 2018 por violación
del artículo 93 de la Carta pero este cargo fue rechazado.
Mediante
Auto del 6 de septiembre de 2018[1],
se
admitió la demanda en contra del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, por la
supuesta violación del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. A su
vez, se
inadmitió: (i) por el supuesto desconocimiento del Preámbulo y de los artículos
13 y 29 de la Carta; y (ii), respecto al último inciso del artículo 35 de la
Ley 1915 de 2018, por la presunta vulneración del artículo 93 superior. En consecuencia,
se concedieron tres días al accionante para que corrigiera su demanda. Recibido
el escrito de corrección, a través de Auto del 28 de septiembre de 2018[2], se admitió
el cargo en contra del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 por la supuesta
violación del derecho a la igualdad contenido en el Preámbulo y en el artículo
13 de la Constitución en relación con la garantía del debido proceso.
En
dicha providencia también se rechazó el cargo en contra del último inciso del
artículo 35 de la Ley 1915 de 2018 por la presunta vulneración del artículo 93
superior. Igualmente, se ordenó comunicar el inicio del proceso al Presidente
de la República, al Presidente del Congreso, a la Superintendencia de Industria
y Comercio, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y a los Ministerios de Justicia
y del Derecho, de Hacienda y del Interior para que, si así lo consideraban,
intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el
efecto en el término señalado. Del mismo modo, se invitó a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a las facultades de Derecho de las Universidades
de los Andes, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Libre (Seccional
Bogotá), de Nariño, de Antioquia y de Caldas, así como a los Grupos de Acciones
Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana y del Rosario y a la Asociación
Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos –ACINPRO, a la Sociedad de
Autores y Compositores de Colombia –SAYCO y a la Asociación para la Protección
de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales –APDIF, para
que, si
lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar
la constitucionalidad de las normas demandadas. Asimismo, se suspendieron los
términos del proceso de constitucionalidad de la referencia, sin perjuicio de
que durante el tiempo de dicha suspensión se recibieran escritos ciudadanos de
intervención y el concepto del Ministerio Público, medida que fue levantada en
el Auto 011 de 2019[3].
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo
concepto de la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a decidir la
demanda de la referencia.
II.
TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la norma acusada:
“LEY 1915 DE 2018
(julio 12)
Diario Oficial No. 50.652 de 12 de julio de
2018
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y
se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos
conexos.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO 32. INDEMNIZACIONES
PREESTABLECIDAS. La
indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos
patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la
presente ley, relacionadas con las medidas tecnologías (sic) y la información
para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones
preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de
perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional
dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley
reglamentará la materia”.
III.
LA DEMANDA
El
demandante presenta dos cargos en contra del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018
que se pasan a exponer.
Violación
del derecho a la igualdad, del Preámbulo y del debido proceso
El
actor explica que el precepto normativo referido consagra dos sistemas a los
que podrá sujetarse la indemnización que se cause como consecuencia de la
infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por la
comisión de las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018, relacionadas con
las medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos, a elección
del titular del derecho infringido: uno es el régimen de indemnizaciones
preestablecidas y el otro es el sistema de las reglas generales sobre prueba de
la indemnización de perjuicios. En su criterio, esta norma rompe el principio
de igualdad respaldado constitucionalmente en el Preámbulo y en el artículo 13
de la Carta entre las personas a quienes se reclame una indemnización a través
del sistema de indemnizaciones preestablecidas y las personas a quienes se
demande una indemnización de perjuicios por medio de las reglas generales sobre
prueba de la indemnización de perjuicios.
Para
el accionante, los dos grupos de personas, esto es, los demandados mediante el
sistema de indemnizaciones preestablecidas y los demandados mediante el sistema
de las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, “son
idénticos materialmente porque se trata de supuestos infractores de los
derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018”[4].
Agrega que “no se trata de grupos distintos de personas, pues la ley no
establece jerarquías entre los distintos infractores de derechos de autor, pero
sí se diferencian en el sistema normativo jurídico que pueda elegir el titular
del derecho para reclamarles la indemnización por infracción de sus derechos
patrimoniales de autor y demás infracciones consagradas en la Ley 1915 de 2018”[5].
Sostiene
que las personas a quienes se reclame una indemnización a través del sistema de
indemnizaciones preestablecidas reciben un trato desigual y discriminatorio en
la medida en que “no gozarán de las mismas posibilidades de defensa jurídica
que sí les asistirán a quienes se reclame esa indemnización a través de las
reglas generales de la prueba de perjuicios”[6],
a pesar de que “todos deberían tener las mismas posibilidades de defensa
judicial”[7].
Lo anterior se evidencia en el hecho de que las indemnizaciones preestablecidas
“estarán ya fijadas al momento de la reclamación”[8],
mientras que “las reglas generales para probar los perjuicios son las
establecidas en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 y en el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998. El primero hace relación a la figura del juramento
estimatorio a efecto de probar los perjuicios y el segundo se refiere a que la
valoración de daños irrogados a las personas y bienes atenderá el principio de
equidad y observará los criterios técnicos actuariales”[9].
Adicionalmente,
las personas a quienes se reclame una indemnización bajo el sistema de
indemnizaciones preestablecidas no tienen, argumenta el demandante, “las
mismas garantías que sí podrían ejercer a quienes se reclamen el pago de esas
indemnizaciones bajo las reglas generales de prueba de los perjuicios, como
son: no poder objetar el monto que pretenda reclamar como indemnización el
titular de los derechos patrimoniales de autor; no contar con la posibilidad de
que el juez intervenga para tasar el valor pretendido; estar sometido a que
quien le reclama esa indemnización no tenga que probar su monto, ya que estará
fijado al momento de reclamarse y, además, que el monto que se le condene a
pagar puede ser inequitativo, ya que, al estar previamente establecido, podría
superar el valor del daño probado”[10].
El
accionante también defiende que dicho trato desigual no está
constitucionalmente justificado “porque no tiene sentido de proporcionalidad
que las personas a las que se les pueda reclamar una indemnización por
perjuicios causados por la infracción de unos derechos patrimoniales de autor o
conexos se les prive de ejercer ciertos derechos afines al derecho de defensa
por el hecho de haber elegido el titular del derecho de autor reclamarles su
indemnización a través de un sistema de indemnización preestablecida”[11].
Sumado
a lo anterior, el actor afirma que la norma acusada viola el derecho
fundamental a la igualdad procesal “porque le otorga al demandante titular
de derechos de autor que reclame una indemnización por infracciones al derecho
patrimonial de autor o patrimonial conexo la posibilidad de elegir entre el
sistema de indemnizaciones preestablecidas y las reglas generales de prueba de
perjuicios, opción que no está contemplada en favor del demandado para el pago
de esta indemnización”[12],
quien tampoco puede controvertir la elección que realice el demandante.
Violación
de la potestad reglamentaria del Presidente de la República
En el
segundo cargo, el demandante acusa el artículo 32 de vulnerar el numeral 11 del
artículo 189 de la Carta, el cual faculta al Presidente de la República para
reglamentar las leyes. Para el actor, la norma demandada establece que el
Gobierno deberá reglamentarla dentro de los doce meses siguientes a la
promulgación de la Ley 1915 de 2018, mandato que es contrario al numeral 11 del
artículo 189 Constitucional “porque impone un límite de doce meses para
ejercer dicha potestad reglamentaria, límite que no está consagrado en la norma
superior”[13].
Agrega el escrito de demanda que la potestad reglamentaria puede ejercerse en
cualquier tiempo, “sin que sea posible que por ley se introduzca en esta
materia limitación temporal alguna”[14].
IV. INTERVENCIONES
1.
Academia Colombiana de Jurisprudencia[15]
En relación con el cargo por violación a
la igualdad y al debido proceso, la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita
la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la norma, con fundamento en una
cita tomada de la Sentencia C-407 de 1997[16],
según la cual, en la administración de justicia, “la igualdad se logra al
disponer que todos sean juzgados por el mismo procedimiento”[17].
Asimismo, transcribe un aparte de la Sentencia C-104 de 1993[18], de
acuerdo con el cual “el derecho a ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces
implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales
sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de
jueces y tribunales ante situaciones similares”.
Por otra parte, pide la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
del artículo demandado por el cargo de violación al numeral 11 del artículo 189
de la Constitución. Advierte que la imposición al Gobierno de un término máximo
para reglamentar las indemnizaciones preestablecidas “cumple con la
finalidad de colocar un límite temporal a su reglamentación, toda vez que, de
no ser así, sería inoperante, al punto que mientras que el Gobierno nacional no
preceda en consecuencia, no se podrá materializar la indemnización, al menos en
la forma que la ley lo pretende”[19].
2.
Semillero
de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá[20]
La Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá le pide a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018. Para ello, empieza por explicar que “la
intención del Legislador al consagrar el régimen de indemnizaciones
preestablecidas para el caso de infracciones marcarias y derechos conexos en el
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 era simplificar la tasación de los
perjuicios causados y darle celeridad al proceso, sin que ello implique el
desconocimiento de las prerrogativas propias del debido proceso ni el derecho a
la defensa”[21].
En otras palabras, “la ley no está desconociendo las formas propias de cada
juicio, ni subroga la presunción probatoria del demandante. Por el contrario,
al simplificar la tasación de los perjuicios, reduce la carga del demandante al
tener solo que sustentar probatoriamente la estimación de su perjuicio”[22].
Igualmente, sostiene que la norma
acusada no le otorga ventajas a la parte demandante, por cuanto “la
existencia de una indemnización preestablecida no exime a la parte procesal de
argumentar y probar la estimación elegida de su perjuicio ni […] de que la
contraparte pueda controvertir dicha tasación, evitándose, entre otros, el
enriquecimiento injustificado o el detrimento patrimonial de esta parte del
juicio”[23].
En lo que atañe al cargo relacionado con
la supuesta inconstitucionalidad derivada de la imposición de un límite
temporal a la facultad del Gobierno de reglamentar la norma demandada, el
interviniente señala que no es contrario a la Constitución fijar un término
para el ejercicio de la potestad reglamentaria y cita para ello la Sentencia C-805
de 2001[24],
según la cual “dicho término no constituye una restricción de tal potestad,
de manera que la misma puede ejercerse, en cualquier tiempo, con plenitud de
competencia, pero que impone al Presidente el deber de expedir una
reglamentación dentro del plazo señalado en la ley, sin perjuicio de que pueda
modificarla, adicionarla o derogarla en el futuro”[25].
3.
Grupo
de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario[26]
La Universidad del Rosario solicita que
se declare la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada y la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA de la expresión “dentro de los doce (12) meses siguientes a
la promulgación de la ley” contenida en la misma norma, en el entendido de
que la facultad reglamentaria puede ejercerse en cualquier momento. Considera
que si bien la disposición genera un trato diferenciado, dicha desigualdad
responde a criterios razonables. Así, reseña que el sistema de indemnizaciones
preestablecidas se introdujo en el país en cumplimiento del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos con el propósito de relevar de la carga de probar
la cuantía de los perjuicios causados, pues la cuantificación del perjuicio en
esta materia es muy compleja, “razón por la cual existían ocasiones en las
que a personas a quienes se les habían vulnerado esta clase de derechos no
podían acudir a una reparación efectiva por no contar con el material
probatorio idóneo”[27].
En este contexto, se estableció esta prerrogativa para los demandantes, la cual
“no implica que se les haya relevado de probar el daño mismo, ya que este
asunto sigue siendo exigible, debido a que no se encuentra contenido dentro del
régimen de la indemnización preestablecida”[28].
Contrario al escrito de demanda,
argumenta que “el demandado en estos procesos sí tiene medios procesales de
defensa en contra de lo que alegue el demandante. Si bien es cierto que no
tiene la posibilidad de objetar directamente un juramento estimatorio, ya que
con este régimen no existiría esa carga procesal, sí puede probar que no ha
existido un daño, que no se ha causado un perjuicio o, incluso, que ha sido
menor al que se establece en el régimen de indemnizaciones preestablecidas”[29]. En
esta misma lógica, aduce que la norma demandada no es asimilable al régimen de
daños punitivos anglosajón, de acuerdo con el cual es posible ordenar
indemnizaciones más allá del daño causado, con el objeto de sancionar al
infractor de manera ejemplarizante.
Por otra parte, la Universidad del
Rosario observa que las indemnizaciones preestablecidas constituyen una especie
de inversión de la carga de la prueba a favor del demandante y en contra del
demandado. Sin embargo, ello responde a la necesidad de proteger “la tutela
judicial efectiva de los demandantes que aleguen vulneración a sus derechos
patrimoniales de autor”[30].
Además, recuerda que el ordenamiento jurídico colombiano permite este tipo de
reglas procesales.
Paralelamente, defiende la constitucionalidad
de la fijación de doce meses para que el Gobierno reglamente la materia, tal
como lo permitió la Corte en Sentencia C-805 de 2001[31], pero
en el entendido de que la facultad reglamentaria puede ejercerse en cualquier
momento.
4.
Consejo
Superior del Transporte[32]
El Consejo Superior del Transporte
propone a la Corte declarar la INEXEQUIBILIDAD de la disposición
demandada, pues “los sujetos de demanda no tendrán el mismo derecho que los
titulares del derecho respecto a la elección sobre el régimen de indemnización
bajo el cual se reclamarán los posibles perjuicios causados por los infractores
de los derechos de autor y conexos”[33].
Igualmente, asegura que el sistema de
indemnizaciones preestablecidas se asemeja al sistema de daño punitivo
anglosajón porque “crea un mecanismo por el cual se condena a pagar una
indemnización que no se sustenta en un daño efectivamente probado procesalmente”[34].
5.
Corporación
Zona Rosa[35]
La Corporación Zona Rosa apoya al
demandante en el sentido de solicitar la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, ya que “le niega al demandado en un
proceso por infracción de los derechos de autor la posibilidad elegir el
régimen de indemnización al que se someterá el proceso, opción que sí se le
otorga al demandante titular de derechos de autor”[36].
Simultáneamente, resalta que el sistema de indemnizaciones preestablecidas fue
una imposición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde este
sistema es considerado como punitivo, en el sentido de que “los tribunales
exigen pagar con el fin no de indemnización compensatoria, sino como una
sanción con fines ejemplarizantes”[37].
6.
Dirección
Nacional de Derecho de Autor[38]
La Dirección Nacional de Derecho de
Autor le pide a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA por
ineptitud sustancial de la demanda en lo atinente al cargo por violación del
Preámbulo y de los derechos a la igualdad y al debido proceso de la
Constitución. Alega que la demanda no tiene un hilo conductor en su
argumentación, lo que impide comprender su contenido, lo cual incumple el
requisito de claridad. Además, es incierta porque “se basa en planteamientos
hipotéticos que eventualmente pueden ocurrir o no”[39]. A lo
anterior, añade que sus argumentos son abstractos, globales e indeterminados,
es decir, que carecen de especificidad. Asimismo, argumenta que el
inconformismo del actor con respecto al artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 se
configura en torno a diferentes normas, “entre las que encontramos los
artículos 2341 del Código Civil, 16 de la Ley 446 de 1998 y 206 del Código
General del Proceso. Por lo tanto, los argumentos expuestos se fundamentan en
presuntas contradicciones de orden legal, mas no de rango constitucional”[40].
En subsidio, solicita la declaratoria de
EXEQUIBILIDAD del precepto normativo demandado. Así, conceptúa que las
indemnizaciones preestablecidas son útiles en la reparación de daños “cuando
existe dificultad o imposibilidad para calcular la magnitud de los perjuicios
infligidos”[41].
Ofrece como ejemplo una obra literaria con relación a la cual el autor aún no
ha perfeccionado un negocio para ceder sus derechos, situación que no supone
que la divulgación de la obra no afecte su valor de transferencia. Sin embargo,
“al ser prácticamente imposible determinar el valor inicial de la obra y su
consecuente disminución con el acto infractor, dicho acto claramente lesivo, al
no ser posible su cuantificación en el régimen de daños actuales, en la
práctica quedaría impune”[42].
Esto puede, según el interviniente, estimular la infracción de derechos de
autor, razón por la cual se justifican las indemnizaciones preestablecidas.
Adicionalmente, sostiene que la
posibilidad de escogencia entre las reglas generales de indemnización de
perjuicios y las indemnizaciones preestablecidas por parte del demandante evita
que los valores de estas últimas “terminen siendo inferiores a las que, a
pesar de la dificultad, puedan acreditarse a través de diferentes medios
probatorios. Se le permite a quien efectivamente tiene el conocimiento para
hacer dicha valoración escoger por una vez si se quiere acoger al sistema o,
por el contrario, direccionar su acción mediante medios tradicionales de prueba
de la cuantificación del daño. Si bien resulta obvio que dicha facultad no la
debe disfrutar el infractor, no sobra poner de presente que, de tenerla, solo
acudiría a dicha figura para disminuir la cuantía a pagar en casos en los cuales
sea previsible que la misma sea ostensiblemente menor”[43].
Con respecto al cargo sobre sobre la
infracción al numeral 11 del artículo 189 Constitucional, anota que tanto la
jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte Constitucional han
destacado que la potestad reglamentaria del Gobierno carece de límites
temporales. Por tanto, los doce meses “para reglamentar las indemnizaciones
preestablecidas en procesos relacionados con derechos de autor y conexos no
fijó un plazo perentorio –una camisa de fuerza- para el Ejecutivo, pues lo que
hizo fue plantear un plazo razonable para realizar la reglamentación”[44]. En
este contexto, solicita la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de la norma por
este cargo.
7.
Fernando
Zapata López, Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla[45]
Estos ciudadanos intervienen ante
la Corte para pedir la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del artículo
32 de la Ley 1915 de 2018 y, simultáneamente, la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA
de la expresión “dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación
de la ley” contenida en la misma disposición, en el sentido que debe
interpretarse como “una exhortación que el Congreso de la República le
realiza al Gobierno nacional para que este reglamente el mencionado artículo en
un plazo no mayor a un año, mas no como un plazo extintivo de la potestad reglamentaria
del Presidente de la República”[46].
Para comenzar, argumentan que la
cuantificación del monto de los perjuicios causados por la infracción a la
propiedad intelectual es compleja. De esta manera, destacan que “no es
posible cuantificar con absoluta certeza el monto de los perjuicios causados a
un autor cuando su obra ha sido transformada o traducida sin su autorización; a
un titular de una marca cuyo uso no autorizado ha causado la dilución de su
carácter distintivo; a un productor de fonogramas por la reproducción ilícita
de su fijación sonora, más aún cuando desconoce el alcance territorial que ha
tenido dicha reproducción; e incluso, en un plano más actual, la afectación que
puede llegar a tener un autor cuando su obra es difundida sin autorización por
medios digitales como la Internet, donde es claro el alcance masivo y
descontrolado que puede tener la difusión de la información, pero no
necesariamente el quantum del daño emergente y particularmente del lucro
cesante que tal infracción ha ocasionado”[47].
Indican que esta dificultad probatoria
también se refleja en el hecho de que muchas veces la prueba del daño emergente
o del lucro cesante está en poder o bajo el conocimiento únicamente del
infractor, quien sabe “el número de ejemplares reproducidos ilícitamente de
una obra, los contratos suscritos para comercializar ilícitamente un
determinado bien protegido, entre otros escenarios”[48]. De
suerte que el sistema de indemnizaciones preestablecidas, subrayan los
intervinientes, “permite la determinación de una reparación económica justa
en asuntos en los cuales es altamente dispendioso calcular y probar el valor
exacto de los perjuicios causados por una infracción”[49].
De otra parte, señalan que eximir al
titular de los derechos de autor y conexos de probar el valor de los perjuicios
“no significa también que se le exima de probar la infracción al derecho ni
los demás supuestos de hecho necesarios para el éxito de sus pretensiones”[50].
Ahora bien, en lo atinente al cargo
específico, los ciudadanos intervinientes defienden que no existe una
desigualdad injustificada entre las personas demandadas bajo las reglas
generales de indemnización y las demandadas bajo el régimen de indemnizaciones
preestablecidas, por cuanto “los sujetos de la relación procesal mantienen
las mismas oportunidades de ejercer su derecho a la defensa e incluso allegar
las pruebas necesarias para demostrar que el quantum del perjuicio es menor o
inexistente”[51].
Además, las indemnizaciones preestablecidas se justifican en la dificultad para
probar los perjuicios en casos de infracciones a los derechos de autor y
derechos conexos y en los principios de celeridad y economía procesal.
En lo que tiene que ver con el cargo por
violación de la potestad reglamentaria del Gobierno, el concepto detalla que el
plazo de doce meses contemplado en el artículo 32 demandado debe entenderse “como
una exhortación que el Legislativo hace al Ejecutivo para que se haga efectiva
la voluntad de aquel de establecer el régimen de indemnizaciones
preestablecidas. Dicho plazo no puede entenderse como una fecha de vencimiento
o término extintivo de la facultad reglamentadora (sic)”[52].
8.
Superintendencia
de Industria y Comercio[53]
La Superintendencia de Industria y Comercio
le pide a la Corte la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del artículo 32 de
la Ley 1915 de 2018. Para respaldar su pretensión, observa que en las
indemnizaciones preestablecidas en todo caso la parte demandante debe probar el
daño, tal como sucede en el caso de las indemnizaciones que se rigen por las
reglas generales. De la misma manera, pone de relieve que el actor “se
encuentra demandando una norma la cual aún no ha sido reglamentada tal y como
lo ordena el mismo artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 en lo relativo a las
indemnizaciones preestablecidas. De tal manera que dentro del marco regulatorio
se establecerán los criterios de cuantificación del daño que el demandante
logre probar en el proceso, atendiendo entonces los principios de igualdad y
equidad”[54].
9.
Juan
Camilo Garrido Duque
El ciudadano Juan Camilo Garrido Duque
manifiesta estar de acuerdo con la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la
disposición acusada, por cuanto “vulnera el derecho de igualdad del
demandado a quien se le reclame la indemnización de perjuicios por supuesta
vulneración de derechos de autor, porque esa persona no tiene derecho a elegir
el sistema de indemnización, como sí lo tiene el titular del derecho”[55].
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público apoya la
declaratoria de EXEQUIBILIDAD del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 por
el cargo de vulneración del Preámbulo, la igualdad y el debido proceso y la INHIBICIÓN
respecto al cargo sustentado en el desconocimiento de la protestad
reglamentaria del Presidente.
En lo que tiene que ver con el primer
cargo, precisa que entre los infractores de los derechos de autor y conexos, a
quienes se les reclama una indemnización, se evidencia una desigualdad al
aplicárseles un sistema de indemnización disímil: a unos se les aplican las
reglas generales de indemnización y a otros, las indemnizaciones
preestablecidas[56].
Sin embargo, esa medida es proporcional porque la determinación del Legislador
de cuáles son los sistemas de indemnización de perjuicios no está prohibida por
la Constitución. A su turno, la fijación de un mecanismo procesal que define
cómo indemnizar los perjuicios es una medida idónea que “facilita al titular
del derecho infringido la prueba del perjuicio que recae sobre un derecho de
carácter inmaterial, que por sí mismo carece de valor intrínseco”[57].
En relación con el argumento de la
demanda según el cual el infractor no puede elegir el sistema de indemnización
de perjuicios ni controvertir la elección del demandante, la Procuraduría
enfatiza que el contenido de la norma impugnada “no regula ninguno de los
aspectos detallados por la jurisprudencia constitucional determinantes de la
igualdad procesal y del derecho de defensa y, en consecuencia, el hecho de que
el reclamante pueda elegir el sistema de indemnización de perjuicios que
resarza integralmente el daño causado, no significa que se desconozcan las
garantías procesales al demandado, amparadas por el derecho al debido proceso,
o que no pueda controvertir una tasación de perjuicios que en su sentir no sea
objetiva o razonable”[58].
A lo anterior se agrega que el afectado debe probar el daño y que las
indemnizaciones preestablecidas no suponen una indemnización automática, “por
lo que el infractor puede probar que no existió daño, no se causó perjuicio o
que este fue menor al establecido”[59].
En lo que respecta al trato desigual
entre los demandados y los titulares de los derechos infringidos, el Ministerio
Público encuentra que “en este caso se pretende confrontar sujetos que no
son comparables y, por tanto, no es posible continuar con la aplicación del
test de igualdad”[60].
Para la Vista Fiscal, el cargo del
escrito de demanda que alega violación del numeral 11 del artículo 189 de la
Carta es inepto, pues “asigna un alcance al precepto que no le es atribuible
y, por ende, carece del requisito de certeza”[61]. Lo
anterior, dado que la Corte ha establecido que el ejercicio de la potestad
reglamentaria es atemporal.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
En
virtud de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Carta, la Corte
Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una
acusación de inconstitucionalidad contra un artículo que forma parte de una ley
de la República.
Cuestión previa: aptitud de los
cargos
2.
Algunos
de los intervinientes en este proceso de constitucionalidad, específicamente la
Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Procuraduría General de la Nación,
le solicitan a la Corte declararse inhibida para fallar por ineptitud
sustantiva de la demanda.
De una parte, la Dirección Nacional de
Derecho de Autor considera que la demanda carece de claridad, certeza,
especificidad y suficiencia, pues no tiene un hilo conductor que la haga
comprensible; no recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes, sino
sobre planteamientos hipotéticos; sus argumentos son abstractos y globales; y
el inconformismo con el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 se predica en
relación con los artículos 2341 del Código Civil, 16 de la Ley 446 de 1998 y
206 del Código General del Proceso y no con la Constitución.
De otra parte, la Procuraduría General
de la Nación estima que la demanda incumple el requisito de certeza en lo que
tiene que ver con el cargo por violación de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, ya que “asigna un alcance al precepto que no le
es atribuible […]. Esto por cuanto ‘la disposición no agota la oportunidad para
el ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual, como se ha clarificado, es
atemporal’”[62].
En tal sentido, lo primero que hará la
Corte será pronunciarse sobre la aptitud de la demanda para establecer si es
posible proferir una sentencia de fondo.
3.
El
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos que debe contener la
demanda en los procesos de control de constitucionalidad[63].
Específicamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe precisar: el objeto
demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto. De este modo, la
concurrencia de los tres requerimientos mencionados hace posible un
pronunciamiento de fondo.
En cuanto al concepto de la violación,
la jurisprudencia ha sido constante[64] en manifestar que los
argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas
deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la
argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones que la sustentan; ciertos, pues la demanda habrá de
recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en
la medida en que el ciudadano precise la manera como la norma acusada vulnera
la Constitución y formule al menos un cargo concreto; pertinentes, ya
que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma
superior que se explica y se enfrenta con la norma legal acusada; y suficientes,
por cuanto el demandante debe exponer todos los elementos de juicio necesarios
para iniciar el estudio y estos deben generar alguna duda sobre la
constitucionalidad de la disposición acusada.
En el caso de cargos por violación de la
igualdad, ya sea porque las normas excluyan o incluyan de manera
inconstitucional a grupos o a individuos, la jurisprudencia ha sistematizado
los presupuestos necesarios para considerar el cargo apto y generar una mínima
duda constitucional que cumpla con el requisito de suficiencia. En el
caso de
un alegato en torno a tratos diferenciados, la Sentencia C-257
de 2015[65]
precisó:
“Además
de los requisitos generales, como lo
reiteró la Sentencia C-283 de 2014, una demanda de inconstitucionalidad
por violación del derecho a la igualdad debe cumplir unos presupuestos
específicos para activar el control de constitucionalidad, que básicamente
tendrá la estructura de un test de comparación. Estos elementos son: i) los
términos de comparación –personas, elementos, hechos o situaciones comparables-
sobre los que la norma acusada establece una diferencia y las razones de su
similitud[66];
ii) la explicación, con argumentos de naturaleza constitucional, de cuál es el
presunto trato discriminatorio introducido por las disposiciones acusadas y
iii) la exposición de la razón precisa por la que no se justifica
constitucionalmente dicho tratamiento distinto, es decir por qué es desproporcionado
o irrazonable[67].
Esta argumentación debe orientarse a demostrar que ‘a la luz de parámetros
objetivos de razonabilidad, la Constitución ordena incluir a ese subgrupo
dentro del conglomerado de beneficiarios de una medida’[68]”.
La Sala, entonces, analizará estos
requisitos para cada uno de los cargos de la demanda.
4.
De
acuerdo con el primer cargo, el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 es
inconstitucional, por cuanto viola el derecho a la igualdad desde dos
perspectivas. Desde la primera, desconoce la igualdad entre los infractores de
los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos y de quienes
incurren en las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las
medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos a quienes se
demande vía sistema de indemnizaciones preestablecidas, de un lado, y a quienes
se demande vía reglas generales sobre la indemnización de perjuicios, de otro
lado.
Desde la segunda, irrespeta la igualdad
entre, por una parte, los demandantes por la violación de los derechos
patrimoniales de autor, de los derechos conexos y de las medidas tecnológicas y
la información sobre gestión de derechos, quienes pueden escoger la vía de las
indemnizaciones preestablecidas o la de las reglas generales sobre la
indemnización de perjuicios, y, por otra parte, los demandados quienes no
tienen esta elección. Este cargo se fundamenta no solo en el derecho a la
igualdad, sino también en el Preámbulo de la Constitución, donde este principio
está enunciado, y en el derecho al debido proceso, pues la presunta desigualdad
de tratamiento tiene un impacto en el debido proceso de las personas con
respecto a las cuales se predica un tratamiento asimétrico.
Para la Sala, este cargo cumple los
requisitos que las demandas de inconstitucionalidad deben tener para poder ser
estudiadas de fondo por la Corte Constitucional. En primer lugar, la
argumentación es clara en la medida en que el cargo es comprensible y no
incurre en contradicciones. En segundo lugar, es cierto, puesto que
recae sobre el contenido del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 y no sobre una
específica interpretación de él o sobre el efecto práctico que él produce. No
obstante, este cargo tiene argumentos que son inciertos y que, por
tanto, la Sala no estudiará.
El accionante estima que el sistema de
indemnizaciones preestablecidas tiene unas desventajas en comparación con las
reglas generales sobre prueba de indemnización de perjuicios. Sin embargo,
estas supuestas desventajas no se derivan de la norma acusada y son inferidas
por el actor. Por ejemplo, aduce que “la norma demandada no establece en
favor del infractor la posibilidad de objetar la indemnización preestablecida
que reclame el titular del derecho que se acoja a este sistema”[69] ni “establece
que el juez tenga la posibilidad de decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para tasar el valor pretendido porque el mismo estará ya
establecido por el Estado al momento de reclamarse la indemnización”[70].
La Sala considera que no puede adelantar
un juicio de constitucionalidad sobre la presunta asimetría entre las garantías
de uno y otro sistema de indemnización, como lo pretende la demanda cuando
señala que “las personas a quienes se le reclame la indemnización de
perjuicios bajo el sistema de indemnizaciones preestablecidas no contarán con
las mismas garantías que sí podrían ejercer a quienes se les reclame el pago de
esas indemnizaciones bajo las reglas generales de prueba de los perjuicios”[71], en
razón a que tales garantías de las indemnizaciones preestablecidas
supuestamente más desventajosas no se conocen aún, pues están sujetas a una
reglamentación por parte del Gobierno que todavía no se ha expedido, como lo
pone de presente la Superintendencia de Industria y Comercio en su intervención.
Adicionalmente, cabe precisar que, en todo caso, la Corte no tendría
competencia para examinar tal cuerpo normativo, ya que es al Consejo de Estado
a quien le corresponde verificar la constitucionalidad de los decretos reglamentarios
(numeral 2° del artículo 236 de la Constitución). De manera que, en este punto,
la Sala encuentra que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene razón al
resaltar que la demanda no recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes,
sino sobre planteamientos hipotéticos. Por ello, no se analizará este aspecto
del cargo.
En tercer lugar, el cargo es específico,
pues explica cómo el precepto normativo censurado viola la igualdad, el
Preámbulo que contiene este principio y el debido proceso. En cuarto lugar, es pertinente,
ya que la demanda esgrime argumentos de naturaleza constitucional que giran en
torno al derecho a la igualdad, contenido en el artículo 13 superior y en el
Preámbulo, y al derecho al debido proceso. Si bien es verdad, como lo plantea la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, que el escrito de demanda menciona los
artículos 2341 del Código Civil, 206 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 446
de 1998, el hecho cierto es que lo hace con el ánimo de mostrar el tratamiento
que las reglas generales le dan a la indemnización de perjuicios, mas no con la
intención de confrontar con ellos la norma acusada o de proponerlos como
parámetro de constitucionalidad.
En quinto lugar, el cargo es suficiente
y atiende a las particularidades que las demandas por violación a la igualdad
deben tener, por cuanto establece los términos de comparación, explica cuál es
el presunto trato discriminatorio introducido por el artículo 32 de la Ley 1915
de 2018 y expone las razones por las que no se justifica constitucionalmente
dicho tratamiento distinto.
Así, el demandante señala que la norma
censurada viola el derecho a la igualdad de las personas a quienes se reclame
una indemnización a través del sistema de indemnizaciones preestablecidas en
relación con aquellas a quienes se reclame una indemnización de perjuicios bajo
las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios. Agrega que:
“Ambos
grupos son idénticos materialmente porque se trata de supuestos infractores de
los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018, relacionadas con las medidas tecnológicas y
la información para la gestión de derechos. No se trata de grupos distintos de
personas, pues la ley no establece jerarquías entre los distintos infractores
de derechos de autor, pero sí se diferencian en el sistema normativo jurídico
que pueda elegir el titular del derecho para reclamarles la indemnización por
infracción de sus derechos patrimoniales de autor y demás infracciones
consagradas en la Ley 1915 de 2018, razón por la cual se pueden comparar
respecto del régimen jurídico al que se vean sometidos, según el sistema de
indemnización que elija el titular del derecho”[72].
Esta distinción entre regímenes de
indemnización aplicables no se justifica, en criterio del actor, en cuanto los
infractores a quienes se reclame una indemnización no gozarán de las mismas
posibilidades de defensa jurídica por la existencia misma de dos regímenes
diferentes. Lo anterior, dado que el quantum de los perjuicios en el
sistema de indemnizaciones preestablecidas “estarán ya fijadas al momento de
la reclamación”[73],
lo cual no ocurre en el sistema de las reglas generales de prueba de
indemnización de perjuicios.
En
igual sentido, advierte el escrito de demanda que el artículo 32 de la Ley 1915
de 2018 consagra un trato desigual entre, por una parte, las personas que
reclaman una indemnización por la infracción de los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018
relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de
derechos, y, por otra parte, las personas a quienes se les reclama esta
indemnización. Este trato desigual se configura, según el accionante, en el
hecho de que la disposición “le otorga al demandante titular de derechos de
autor que reclame una indemnización […] la posibilidad de elegir entre el
sistema de indemnizaciones preestablecidas o las reglas generales de prueba de
perjuicios, opción que no está contemplada en favor del demandado para el pago
de esta indemnización”[74].
Por último, el actor sostiene que este tratamiento distinto es desproporcionado
o irrazonable porque “genera una marcada desigualdad procesal en beneficio
del reclamante de esos perjuicios, situación que rompe radicalmente con ese
principio de bilateralidad de la audiencia […], toda vez que el demandado no
tiene la oportunidad procesal de elegir entre el sistema de indemnización de
perjuicios para el pago de los mismos”[75].
5.
Según
el segundo cargo, el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 irrespeta el numeral 11
del artículo 189 superior al establecer un término de doce meses para que el
Gobierno nacional reglamente las indemnizaciones preestablecidas, límite
temporal que olvida que la potestad reglamentaria puede ejercerse en cualquier
tiempo. Contrario al concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte
juzga que este cargo es cierto, puesto que recae sobre una proposición
jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor. La
Vista Fiscal afirma que el demandante le atribuye a la norma un alcance que no
tiene en la medida en que la Corte Constitucional ha determinado que la
potestad reglamentaria es atemporal. Sin embargo, esta apreciación de la
Procuraduría presupone un estudio de fondo del cargo para concluir que el
límite temporal contraviene la jurisprudencia constitucional, luego mal haría
esta Corporación en defender la idea de que el cargo es inepto con su estudio
de fondo.
6.
En
resumen, la Corte conocerá de fondo sobre los dos cargos planteados en la
demanda. Primero, que el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 viola los
derechos a la igualdad y al debido proceso de los infractores de los derechos
patrimoniales de autor y de los derechos conexos y de quienes incurren en las
conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas
tecnológicas y la información para la gestión de derechos a quienes se demande por
el sistema de indemnizaciones preestablecidas, de un lado, y a quienes se
demande a través de las reglas generales sobre la indemnización de perjuicios, de
otro lado, por la existencia de estas dos vías diferentes. Sin embargo, el
estudio de este cargo no tendrá en cuenta la presunta desigualdad entre las
garantías que uno y otro sistema le otorgan a quien se demanda una
indemnización de perjuicios, ya que este argumento incumple los requisitos
mínimos planteados por la jurisprudencia para ser considerado de fondo.
Además, la Sala también conocerá un
segundo argumento de este mismo cargo, de acuerdo con el cual el artículo 32 de
la Ley 1915 de 2018 cercena los derechos a la igualdad y al debido proceso de
los demandados por indemnización de perjuicios, ya que son únicamente los
demandantes quienes pueden elegir y, por esta vía, imponer que la indemnización
de perjuicios siga el sistema de indemnizaciones preestablecidas o el de las
reglas generales. Es decir, que el control en esta oportunidad se
circunscribirá al análisis de la constitucionalidad, desde los lentes de la
igualdad y el debido proceso, de la existencia de dos vías diferentes para
reclamar la misma pretensión: una indemnización por el irrespeto a los
derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos y por la comisión de las
conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas
tecnológicas y la información para la gestión de derechos, teniendo en cuenta
que la elección de una u otra vía le corresponde exclusivamente al
demandante y no al demandado.
Segundo, que
el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 desconoce el numeral 11 del artículo 189
superior al establecer un término de doce meses para que el Gobierno nacional
reglamente las indemnizaciones preestablecidas, límite temporal que olvida que
la potestad reglamentaria puede ejercerse en cualquier tiempo.
Planteamiento
de los problemas jurídicos y metodología
7.
En
primer lugar, el demandante considera inconstitucional el artículo 32
de la Ley 1915 de 2018 por desconocer los derechos a la
igualdad y al debido proceso y así violar el Preámbulo y los artículos 13 y 29 de
la Constitución, ya que contempla dos vías diferentes para reclamar una
indemnización de perjuicios por la vulneración de los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos y por la comisión de las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la
información para la gestión de derechos. Además, aduce
que el titular de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, y no el
infractor de estos derechos, es el único facultado para elegir el sistema de
indemnización.
Al respecto, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, el Consejo Superior del Transporte, la
Corporación Zona Rosa y el ciudadano Juan Camilo Garrido Duque solicitan
que la norma demandada sea declarada inexequible por las siguientes razones:
(i) la igualdad en la administración de justicia se logra a través del
establecimiento del mismo procedimiento y del mismo tratamiento por parte de
los jueces ante situaciones similares y (ii) las personas a
quienes se les reclama una indemnización no tendrán el mismo derecho que los
titulares de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos de elegir
el régimen de indemnización.
En contraste, el Semillero de Acciones
Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; el Grupo de Acciones
Públicas de la Universidad del Rosario; la Dirección
Nacional de Derecho de Autor; los ciudadanos Fernando Zapata López, Yecid
Andrés Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla; y la Superintendencia de
Industria y Comercio consideran que la norma acusada es constitucional por los
siguientes argumentos: (i) no le otorga ventajas a la parte demandante de una
indemnización preestablecida en la medida en que debe argumentar y probar la
estimación elegida de su perjuicio y la contraparte puede controvertir dicha
tasación; y, (ii) si bien establece un trato desigual, este es razonable, dado
que la cuantificación del perjuicio en materia de derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos es muy compleja, luego las indemnizaciones preestablecidas
tienen el propósito de relevar de la carga de probar tal cuantificación, sin
que eximan de la carga de probar el daño mismo.
Por su parte, el Procurador General de
la Nación pide la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, ya que
la asimetría entre regímenes de indemnización es proporcional al no estar
prohibida por la Constitución y ser idónea para facilitar al titular del
derecho infringido la prueba del perjuicio producido. Igualmente, el Procurador
conceptúa que la facultad que tiene el demandante de elegir el sistema de
indemnización no supone que se desconozcan las garantías procesales del
demandado, quien, en efecto, puede controvertir una tasación de perjuicios que
no estime objetiva o razonable.
8.
En
segundo lugar, la demanda señala que el artículo 32 de la Ley 1915 de
2018 lesiona el numeral 11 del artículo 189 de la Carta porque fija un término
de doce meses para que el Gobierno nacional reglamente las indemnizaciones
preestablecidas, lo cual pasa por alto que la potestad reglamentaria puede
ejercerse en cualquier tiempo. La Academia Colombiana de Jurisprudencia, el
Semillero de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
y la Dirección
Nacional de Derecho de Autor creen que ese límite temporal es constitucional,
puesto que (i) cumple con la finalidad de que el Gobierno efectivamente
reglamente el asunto; (ii) según la Sentencia C-805 de 2001, este
término no es una restricción, ya que la potestad reglamentaria permanece en el
tiempo, así no se ejerza dentro del límite temporal otorgado; y (iii) los
doce meses no son un término perentorio, debido a que la potestad reglamentaria
del Gobierno carece de límites temporales.
Desde la perspectiva del
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y de
los ciudadanos Fernando Zapata López, Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefanía
Landaeta Chinchilla, la norma debe ser declarada exequible con el
condicionamiento de que se entienda que el plazo de doce meses es una
exhortación al Ejecutivo para que establezca el régimen de indemnizaciones
preestablecidas y no una fecha de vencimiento de la potestad reglamentaria.
9.
De
acuerdo con las consideraciones anteriores, la Sala debe decidir si:
(i)
¿El
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 viola los derechos a la igualdad
y al debido proceso de los infractores de los derechos
patrimoniales de autor y de los derechos conexos y de quienes incurren en las
conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas
tecnológicas y la información para la gestión de derechos, debido a la
existencia de dos vías diferentes para reclamar indemnización de perjuicios y a
la potestad que solo tiene el demandante y no el demandado de escoger por cuál
de los dos sistemas solicita la indemnización?
(ii)
¿El
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, al señalar que el Gobierno nacional
tiene doce meses para reglamentar las indemnizaciones preestablecidas por
infracciones a los derechos patrimoniales de autor y los derechos
conexos y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018
relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de
derechos, transgrede la potestad reglamentaria del Presidente consagrada en el
numeral 11 del artículo 189 de la Carta?
10.
Para
resolver los problemas jurídicos expuestos, la Sala: (i) reiterará la
jurisprudencia sobre el juicio de igualdad; (ii) recordará el reconocimiento
constitucional de los derechos de autor; (iii) explicará la figura de las
indemnizaciones preestablecidas; (iv) analizará el principio de igualdad
procesal; y (v) reiterará el alcance de los límites temporales que el Legislador
le impone al Gobierno nacional para ejercer la potestad reglamentaria para,
finalmente, (vi) resolver las acusaciones planteadas.
El juicio de igualdad
en la jurisprudencia constitucional
11.
Desde
sus inicios, esta Corte, inspirada en la filosofía aristotélica, ha reconocido
que el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución no
supone un mandato de simetría absoluta en el trato y en la protección que deben
recibir las personas y las situaciones. Por consiguiente, el trato desigual no
siempre es contrario a la Carta Política. De esta forma, la Corte ha entendido
que el principio de igualdad ordena tratar igual a los iguales y desigual a los
desiguales[76]
en una clara reminiscencia de Aristóteles, quien defiende que “la justicia
es igualdad, y lo es, pero no para todos, sino para los iguales. Y la
desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para
los desiguales”[77].
De manera que el principio de igualdad es relacional en el sentido de que
supone una comparación entre sujetos, medidas o situaciones.
12.
Esta
concepción de la igualdad supone que el establecimiento de algunos tratos
distintos es posible en Colombia. Para analizar si es admisible
constitucionalmente que una norma otorgue un trato o protección desigual, la
jurisprudencia de este Tribunal ha analizado extensamente la forma en que debe
realizarse el estudio de constitucionalidad de un precepto acusado de vulnerar
el principio de igualdad. De este modo, la Corte ha identificado y aplicado tres
métodos a lo largo de los años. Sin embargo, la aplicación de cualquiera de
estos métodos debe estar precedida de la identificación de dos presupuestos que
responden al carácter relacional del principio de igualdad: (i) los términos de
comparación, esto es, las personas, elementos, hechos o situaciones que
efectivamente son comparables y (ii) con respecto a los cuales se
establece un trato desigual[78], independientemente
de si tal trato asimétrico es o no constitucional, lo cual será determinado por
la aplicación de alguno de los siguientes tres métodos.
13.
El
primero ha sido denominado test o juicio de razonabilidad, el
cual es frecuentemente utilizado por la Corte Europea de Derechos Humanos y
algunos tribunales constitucionales, como los de España y Alemania. Este
juicio, que fue explicado y aplicado por esta Corte en la Sentencia C-022 de
1996[79],
busca resolver la siguiente pregunta: “¿es razonable la justificación
ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?”[80].
Para responder este cuestionamiento, el
juez constitucional debe seguir una metodología de tres pasos. Así, debe
determinar: (i) si la norma acusada de violar la cláusula general de igualdad
persigue un objetivo a través del establecimiento del trato desigual; (ii) si
dicho objetivo es válido a la luz de la Constitución; y (iii) si el trato
desigual es razonable, es decir, si es o no proporcional con respecto al
objetivo perseguido por la norma. Estas tres etapas del juicio siguen un orden,
de modo que el paso a la siguiente fase está determinado por el hecho de
haberse sorteado satisfactoriamente la etapa anterior. En otras palabras, si el
examen de una norma no supera alguna de estas etapas, no es posible continuar
con la siguiente y se concluye que la norma viola el principio de igualdad.
Debido a la dificultad para evaluar el
tercer estadio del método, esto es, la razonabilidad o proporcionalidad del
trato desigual, este se ha descompuesto en tres elementos que ayudan a definir
si la vulneración de la igualdad se compensa o es proporcional a la luz
de la relevancia del fin buscado. El estudio de estos tres elementos se ha
llamado juicio de proporcionalidad[81]. Así
pues, un trato distinto no viola el principio de igualdad solo si se demuestra
que es adecuado para el logro de un fin constitucional, si es necesario o
indispensable para la consecución de ese objetivo y si es proporcionado en
sentido estricto, es decir, que el principio satisfecho con el logro de este
fin no sacrifica principios constitucionales más importantes[82]. A
este último elemento se le ha denominado proporcionalidad en sentido
estricto para que su nombre no se confunda con el genérico del juicio. En
otras palabras, la proporcionalidad en sentido estricto es una fase de estudio
en el juicio de proporcionalidad y la utilización que allí se hace del adjetivo
“estricto” no debe confundirse con los niveles de intensidad del
escrutinio del segundo y tercer método que se describen a continuación.
14.
El
segundo método, que suele denominarse como metodología de
los escrutinios de distinta intensidad, ha
sido desarrollado principalmente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos[83].
Este método parte de la idea de que deben existir distintos niveles de
intensidad en los escrutinios que hace el juez. En este sentido, este
método identifica tres niveles de intensidad: débil, intermedio y estricto. La
mencionada diferenciación es importante, toda vez que brinda al juez el
espectro y la rigurosidad para el análisis de constitucionalidad, de modo que
una norma puede ser constitucional bajo la óptica de un examen de intensidad
débil, pero ser inconstitucional bajos los lentes de una evaluación de
intensidad estricta.
En la Sentencia C-445 de 1995[84],
la Corte reconoció que el examen de constitucionalidad de las normas que
establecen diferenciaciones debe tener distintos niveles de intensidad
dependiendo de la naturaleza de la medida enjuiciada, de modo que no se
sacrifiquen excesivamente el pluralismo político y el principio mayoritario que
se condensan en la libertad de configuración del Legislador. Es
decir que la intensidad del juicio de constitucionalidad es inversamente
proporcional a la libertad de configuración del Legislador, esto es, entre mayor
libertad de configuración normativa tenga el Legislador, menos intenso y severo
debe ser el examen de constitucionalidad. A la inversa, entre menos libertad de
configuración tenga el Legislador porque las posibilidades de escogencia
normativa que le entrega la Carta son menores, el juicio de constitucionalidad
debe ser más riguroso, severo y robusto. Desde esta
perspectiva, la Corte advirtió en la providencia citada que “no
puede el juez constitucional examinar con la misma intensidad una ley que, por ejemplo,
consagra clasificaciones de servicios y productos para efectos económicos o
tributarios, que otra disposición jurídica que limita un derecho fundamental o
establece una diferencia de trato basada en la raza, el sexo o el origen
familiar”.
15.
Por
último, la jurisprudencia constitucional ha fusionado los dos métodos
anteriores, uno de raíces europeas y otro de raíces norteamericanas, en uno
solo que ha llamado juicio integrado de igualdad. Lo anterior,
debido a que los considera teóricamente compatibles y complementarios. En este
juicio, el juez constitucional, al evaluar una norma acusada de vulnerar el
artículo 13 superior, combina el juicio de proporcionalidad europeo con
los niveles de escrutinio norteamericano, lo cual da lugar a un
escrutinio de igualdad débil, a un escrutinio de igualdad intermedio y a un escrutinio
de igualdad estricto, en los cuales se analizan cada uno de los pasos del
juicio de proporcionalidad pero se les cualifica de conformidad con el nivel de
intensidad del escrutinio[85].
En efecto, la Sentencia C-093 de 2001[86]
señaló que:
“este juicio o test integrado intentaría
utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad, por lo cual
llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de examen:
adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto sensu. Sin embargo, y
a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica
constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea
adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la
naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar
en intensidad cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad,
retomando así las ventajas de los tests estadounidenses. Así por ejemplo, si el
juez concluye que, por la naturaleza del caso, el juicio de igualdad debe ser
estricto, entonces el estudio de la ‘adecuación’ deberá ser más riguroso, y no
bastará que la medida tenga la virtud de materializar, así sea en forma
parcial, el objetivo propuesto. Será necesario que esta realmente sea útil para
alcanzar propósitos constitucionales de cierta envergadura. Igualmente, el
estudio de la ‘indispensabilidad’ del trato diferente también puede ser
graduado. Así, en los casos de escrutinio flexible, basta que la medida no sea
manifiesta y groseramente innecesaria, mientras que en los juicios estrictos,
la diferencia de trato debe ser necesaria e indispensable y, ante la presencia
de restricciones menos gravosas, la limitación quedaría sin respaldo
constitucional”.
Este
test integrado de igualdad ha sido reiterado por la jurisprudencia
constitucional como la metodología idónea para decidir demandas o casos que
plantean una aparente violación al principio de igualdad. En efecto, Sentencias
como la C-673 de 2001[87],
C-624 de 2008[88],
C-313 de 2013[89],
C-601 de 2015[90],
C-220 de 2017[91],
C-389 de 2017[92]
y C-535 de 2017[93],
entre otras, lo han utilizado.
Según
tales sentencias, en el juicio integrado de igualdad de intensidad leve, la
finalidad buscada por la norma que contiene un trato desigual no puede estar
constitucionalmente prohibida y el medio para lograr dicho fin, además de
que tampoco puede estar constitucionalmente prohibido, debe ser adecuado
o idóneo para la consecución del propósito perseguido. En el juicio
integrado de igualdad de intensidad intermedia, por su parte, el análisis es un
poco más riguroso porque no basta con que el fin no esté constitucionalmente
prohibido, sino que también debe ser importante, además que el medio
no puede estar constitucionalmente prohibido y debe ser efectivamente
conducente para el logro del fin. Por último, en el juicio integrado
de igualdad de intensidad estricta, el estudio es mucho más robusto porque el
fin no puede estar constitucionalmente prohibido, pero también debe ser imperioso
y el medio tampoco puede estar constitucionalmente prohibido y debe ser efectivamente
conducente y necesario para el logro de la finalidad perseguida por
la norma.
16.
Sin
embargo, la jurisprudencia no ha sido constante ni uniforme en aplicar en los
escrutinios débil e intermedio el último paso del juicio de proporcionalidad,
es decir, el estudio de la proporcionalidad en sentido estricto. Así, por
ejemplo, en la Sentencia C-673 de 2001[94],
la Corte afirmó que “el test estricto es el único que incluye la aplicación
de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto”. Con esta misma lógica,
en la Sentencia C-624 de 2008, esta Corporación llevó a cabo un
test de igualdad débil en el que no incluyó un estudio de la proporcionalidad
en sentido estricto de la disposición enjuiciada. Por su parte, en la Sentencia
C-313 de 2013, tampoco examinó la proporcionalidad en sentido estricto del
precepto normativo demandado al cual sometió a un escrutinio de intensidad
intermedia. De otra parte, las Sentencias C-114 de 2017[95] y
C-115 de 2017[96]
establecieron que el estudio de proporcionalidad en sentido estricto
exclusivamente se aplicaría a la intensidad estricta del test.
Por
el contrario, en la precitada Sentencia C-093 de 2001, a pesar de que
este Tribunal adelantó un juicio integrado de igualdad de intensidad suave,
analizó la proporcionalidad en sentido estricto de una disposición que
establecía la edad mínima de 25 años para poder adoptar niños y concluyó que
era proporcional porque la restricción era temporal y no permanente[97].
Así
mismo, en la Sentencia C-335 de 2016[98],
la Corte aplicó un juicio intermedio de igualdad en el que juzgó proporcional
en sentido estricto una norma que disponía que los aviadores civiles que
hubiesen perdido su licencia para volar se considerarían inválidos para efectos
del reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que esta medida se compensaba
con la obligación de que estos aviadores cumplieran los demás requisitos
exigidos por la ley para ser favorecidos con la pensión[99].
Análogamente,
en la Sentencia C-220 de 2017[100],
esta Corporación examinó la constitucionalidad de una norma que les otorgaba algunos
incentivos a los profesionales con maestría y doctorado en áreas afines al
sector agropecuario y agrícola y que había sido demandada por excluir de sus
beneficios a las personas que no contaran con maestrías o doctorados en su
formación. Este Tribunal desarrolló un juicio débil de igualdad en el que
observó que la medida era proporcional en sentido estricto, pues los
profesionales sin título de maestría o doctorado, si bien no podían acceder a
los incentivos consignados en la norma demandada, sí podían ser beneficiarios
de otros estímulos, como el de presentar proyectos productivos, o de
investigación y desarrollo[101].
17.
Dadas
estas divergencias, la Sala considera pertinente aclarar y unificar la
jurisprudencia en este punto y advertir que la proporcionalidad en sentido
estricto debe estudiarse por el juez constitucional con algunos matices, por
regla general, tanto en el juicio intermedio como en el estricto, mas no en el
débil, de manera que se sigan los pasos del test europeo, que incluye la
proporcionalidad en sentido estricto, así como la lógica de las intensidades
del juicio estadounidense. Esta postura se justifica en la pretensión de evitar
la arbitrariedad del Legislador y optimizar los mandatos superiores. De suerte
que el juez constitucional debe analizar los costos y beneficios en términos
constitucionales implicados en la medida adoptada, particularmente en el caso
del análisis de igualdad, que es por naturaleza relacional, en correspondencia
con las intensidades del juicio.
De
conformidad con la primera postura jurisprudencial expuesta que no aplica el
paso de la proporcionalidad en sentido estricto en los juicios débil e
intermedio, el examen se limita a evaluar la finalidad de la medida enjuiciada,
el medio para lograr tal fin y la relación medio-fin, pero no pondera la
finalidad de la norma con otros principios que podrían verse afectados por la
consecución de dicho propósito. La otra posición estudia la proporcionalidad en
sentido estricto con la misma rigurosidad en todos los juicios,
independientemente de su intensidad. Sin embargo, esta última metodología se
aparta del sentido de las intensidades del juicio integrado de igualdad que,
como se explicó, supone cualificar y diferenciar el análisis de cada uno de los
pasos que se analiza en el juicio de proporcionalidad de conformidad con el
nivel de intensidad del escrutinio.
De
allí que la proporcionalidad en sentido estricto se debe analizar y robustecer
a medida que la intensidad del juicio aumenta. En este orden de ideas, la
proporcionalidad en sentido estricto en el juicio integrado de igualdad leve no
debe ser analizada por el juez constitucional, puesto que ello es una tarea que
le corresponde al Legislador, ya que en esta intensidad del test la deferencia
hacia el Congreso es mayor, luego es este el que debe realizar las
ponderaciones del caso. Al contrario, el juez constitucional debe evaluar la
proporcionalidad en sentido estricto en los eventos en los que aplica un juicio
integrado de igualdad de intensidad intermedia o estricta, pues en dichos casos
el margen de apreciación del Legislador disminuye en virtud de ciertos mandatos
constitucionales que debe respetar. En esta línea de argumentación, la
proporcionalidad en sentido estricto en el juicio intermedio supone constatar
que la norma que establece un trato asimétrico no es evidentemente
desproporcionada[102],
en tanto que, en el juicio estricto, se debe verificar que no es desproporcionada.
18.
El
escrutinio débil o suave en el juicio integrado de igualdad está
dirigido a verificar que la actividad legislativa se ejerza dentro del marco de
razonabilidad y que, por ende, no se adopten decisiones arbitrarias o
caprichosas. Así, para que una norma sea declarada
constitucional, la medida que trae un trato diferente debe ser potencialmente
adecuada para alcanzar una finalidad que no esté prohibida constitucionalmente.
Por
lo tanto, en este tipo de juicio el ejercicio de la Corte se dirige a
establecer si la finalidad y el medio utilizado no se encuentran prohibidos por
la Constitución y si el medio es idóneo o adecuado para alcanzar el fin
propuesto.
Esta
intensidad de escrutinio se usa como regla general, debido a que existe, en
principio, una presunción de constitucionalidad de las normas expedidas por el
Legislador.
En la Sentencia
C-673 de 2001[103],
esta Corporación recordó hipótesis en las que ha aplicado el escrutinio de
intensidad leve, como, por ejemplo, en casos relacionados (i) con materias
económicas y tributarias, (ii) con política internacional, (iii) cuando está de
por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de
un órgano constitucional, (iv) cuando se examina una norma preconstitucional
derogada que aún produce efectos y (v) cuando no se aprecia, en principio, una
amenaza para el derecho en cuestión[104].
19.
Por
otra parte, el escrutinio intermedio ordena que el fin sea
constitucionalmente importante y que el medio para lograrlo sea efectivamente
conducente. Además, se debe verificar que la medida no sea evidentemente
desproporcionada. Esta intensidad del juicio se aplica “1) cuando la medida
puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando
existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la
libre competencia”[105].
Asimismo, se aplica en los casos en que existen normas basadas en criterios
sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos históricamente discriminados.
Se trata de casos en los que se establecen acciones afirmativas, tales como las
medidas que utilizan un criterio de género o raza para promover el acceso de la
mujer a la política o de las minorías étnicas a la educación superior[106].
20.
Por
último, el escrutinio estricto o fuerte evalúa (i) si el fin
perseguido por la norma es imperioso; (ii) si el medio escogido, además de ser efectivamente
conducente, es necesario, esto es, si no puede ser reemplazado por otros menos
lesivos para los derechos de los sujetos pasivos de la norma; y, por último,
(iii) si los beneficios de adoptar la medida exceden o no las restricciones
impuestas sobre otros valores o principios constitucionales; es decir, si la
medida es proporcional en sentido estricto.
Esta modalidad de escrutinio se aplica a
hipótesis en las que la misma Constitución señala mandatos específicos de
igualdad, lo que se traduce en una menor libertad de configuración del
Legislador y, por consiguiente, en un juicio de constitucionalidad más
riguroso. De esta forma, la Corte Constitucional ha aplicado el escrutinio
estricto o fuerte cuando la medida (i) contiene una clasificación sospechosa
como las enumeradas no taxativamente en el inciso 1° del artículo 13 de la
Constitución; (ii) afecta a personas en condiciones de debilidad manifiesta o
grupos discriminados o marginados; (iii) en principio, impacta gravemente un
derecho fundamental; o (iv) crea un privilegio[107].
21.
En
resumen, la Constitución no prohíbe de manera categórica las desigualdades de
trato, lo que implica que algunas medidas que produzcan asimetrías pueden ser
consideradas constitucionales. Para evaluar cuáles desigualdades son contrarias
a la Carta y cuáles se avienen a ella, la Corte ha aplicado, a lo largo de su
jurisprudencia, tres métodos, cuya procedibilidad está sometida a la previa
verificación de la existencia de individuos, situaciones o hechos que
efectivamente son comparables y con respecto a los cuales se establece un trato
desigual. El primero se denomina juicio de razonabilidad; el segundo,
metodología de los escrutinios de distinta intensidad; y, el tercero, juicio
integrado de igualdad, el cual puede tomar la forma de escrutinio de igualdad
débil, intermedio o estricto, de acuerdo con el nivel de libertad de
configuración que tiene el Legislador, lo cual dependerá de la naturaleza y la
materia de la norma objeto de control de constitucionalidad. El segundo método
y el tercero son los que hacen una mejor lectura de la Constitución al
considerarla de manera sistemática e integral, ya que son sensibles al
pluralismo político y al principio mayoritario que se condensan en la libertad
de configuración del Legislador. No obstante, el tercer método –juicio
integrado de igualdad- no solo hace una interpretación sistemática de la
Constitución, sino que también aprovecha las ventajas analíticas del juicio de
razonabilidad.
El juicio de igualdad débil valora como
constitucionales las desigualdades que sean potencialmente adecuadas
para alcanzar una finalidad admisible o permitida, es decir, que
se puede buscar por no estar prohibida por la Constitución.
El escrutinio de igualdad intermedio,
por su parte, autoriza desigualdades que sean efectivamente conducentes
para la consecución de un fin importante, es decir, un fin deseable, que
hay buenas razones para perseguirlo y que, por tanto, debería buscarse.
Análogamente, la medida que impone una desigualdad no puede ser evidentemente
desproporcionada.
Finalmente, el escrutinio de igualdad
estricto solo admite desigualdades que sean efectivamente conducentes y necesarias
para obtener un objetivo que pueda clasificarse como imperioso. Es
decir, que la disposición que contiene un trato desigual debe ser estrictamente
indispensable en la medida en que no haya otra forma de lograr un fin que tiene
que lograrse porque, de lo contrario, se violan contenidos constitucionales. Asimismo,
la medida no puede ser desproporcionada en sentido estricto.
El reconocimiento constitucional
de los derechos de autor y conexos
22.
Walter
Benjamin sostiene en su ensayo La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica que las obras de arte –pero esto podría ser
predicable de cualquier creación humana- son reproducibles y susceptibles de
ser rehechas o imitadas. Este filósofo afirma que “[c]on el grabado en
madera, la gráfica se volvió por primera vez reproducible técnicamente”[108]. Lo mismo
sucedió con la escritura y la literatura gracias a la imprenta. Igualmente,
asegura que la litografía  dio la posibilidad a la gráfica de llegar al mercado
en escala masiva. Sin embargo, la consecuencia negativa de la reproducción de
las creaciones humanas es que “[i]ncluso en la más perfecta de las
reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de la obra de
arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra”[109].
Por ello es que Benjamin resalta el
concepto de la autenticidad del original, el cual es ajeno a la obra
reproducida o imitada. La reproducción o la imitación es independiente del
original en la medida en que puede lograr, a través de procedimientos como la
ampliación, “atrapar imágenes que escapan completamente a la visión natural”[110]. Pero
también la reproducción técnica puede
“poner la réplica del original en
ubicaciones que son inalcanzables para el original. Hace, sobre todo, que ella
esté en posibilidad de acercarse al receptor, sea en forma de una fotografía o de
una reproducción de sonido grabada en disco. La catedral abandona su sitio para
ser recibida en el estudio de un amante del arte; la obra coral que fue
ejecutada en una sala o a cielo abierto puede ser escuchada en una habitación”[111].
Esta tesis de Benjamin asociada con las
obras de arte, pero que podría ampliarse a cualquier creación fruto del ingenio
humano, explica en cierta manera la funcionalidad de los derechos de autor y
conexos, los cuales pretenden evitar imitaciones o reproducciones no auténticas
de creaciones humanas que desvalorizan “su aquí y ahora”. En breve,
todos los rasgos de una obra original, los cuales son incapaces de ser captados
por sus reproducciones no oficiales y sus imitaciones, se pueden resumir en el
concepto de “aura” acuñado por Benjamin. Así que “lo que se marchita
de la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica es su aura”[112] o, en
palabras de esta sentencia, el respeto de los derechos de autor y conexos cuida
la unicidad o el carácter único de las creaciones humanas.
23.
Aunque
los derechos de autor y conexos están desarrollados principalmente en la Ley 23
de 1982, su fuente está directamente en la Constitución en la facultad que le
da al Congreso para legislar sobre la propiedad intelectual. En este orden de
ideas, estos derechos, como especies de la propiedad intelectual, están
protegidos por el artículo 61 de la Carta. Asimismo, el numeral 24 del artículo
150 superior le asigna al Congreso la competencia para hacer leyes que regulen “el
régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de
propiedad intelectual”.
24.
La
propiedad intelectual está asociada con las producciones del talento o del
ingenio, las cuales son propiedad de sus autores, de acuerdo con el artículo
671 del Código Civil. La propiedad intelectual, a su vez, es un género que
comprende dos especies: la propiedad industrial y los derechos de autor y
conexos. La Sentencia C-361 de 2013[113]
explica que la propiedad industrial protege todo lo relacionado con marcas y
patentes, en tanto que los derechos de autor y conexos “buscan salvaguardar
las obras literarias, científicas y artísticas y amparan igualmente los
derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes, y productores de fonogramas,
así como a los organismos de radiodifusión respecto de su emisión”.
25.
De
otra parte, la facultad creadora y el ingenio de las personas, además de tener
protección constitucional expresa en los artículos 61 y 150, son un medio
potencialmente eficaz para lograr un fin constitucionalmente deseable: el
crecimiento y desarrollo económico (artículos 298 y 306). Bobirca y Draghici
construyeron un índice de creatividad compuesto por la cantidad de personas
empleadas en ocupaciones creativas, la cantidad de investigadores, entre otras
variables, y encontraron una correlación positiva entre este índice y el
crecimiento económico en países europeos entre los años 2001 y 2006[114]. En
otros términos, la evidencia empírica recogida por estos autores demuestra que
países con valores altos en creatividad e ingenio tienden a tener mayor
crecimiento económico. En estas circunstancias, la salvaguarda de los derechos
de autor y conexos también parece relevante en el desarrollo económico de un
país.
26.
Los
derechos de autor son aquellos de los cuales son titulares los autores de obras
literarias, científicas y artísticas, en tanto que los derechos conexos hacen
referencia a aquellos de los cuales son titulares los artistas intérpretes o
ejecutantes[115],
productores de fonogramas[116]
y organismos de radiodifusión[117].
27.
Asimismo,
los derechos de autor y conexos tienen un componente moral (artículo 30 de la
Ley 23 de 1982) que se traduce en los derechos a (i) reivindicar en todo tiempo
la paternidad de la obra; (ii) oponerse a su deformación, mutilación o
modificación; (iii) conservarla inédita o anónima; (iv) modificarla, antes o
después de su publicación; y (v) retirarla de la circulación o suspender cualquier
forma de utilización. Pero también tienen un componente patrimonial asociado
con la disposición de la obra (artículo 12 de la Ley 23 de 1982) que comprende
los derechos a (i) reproducirla; (ii) efectuarle una
traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación; y (iii)
comunicarla al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por
cualquier otro medio.
28.
A
su turno, la Corte ha negado el carácter fundamental de los derechos patrimoniales
de autor y conexos[118].
Esta
Corporación ha subrayado que “será fundamental todo derecho
constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y
sea traducible en un derecho subjetivo”[119].
En virtud de esta definición, los
derechos patrimoniales de autor y conexos no son fundamentales, ya que no se
relacionan directamente con la dignidad humana. A diferencia de los derechos
morales que están ligados a la naturaleza de las personas como seres
que piensan y que crean, los derechos sobre la disposición de una creación no
tienen como punto de partida inmediato el reconocimiento de esta naturaleza, ni
resultan necesarios “para lograr la libertad de elección de un plan de vida
concreto” ni son determinantes para “funcionar en sociedad y desarrollar
un papel activo en ella”, como lo sostuvo este Tribunal en la precitada Sentencia T-227
de 2003
al explicar cuándo un derecho está funcionalmente dirigido a lograr la dignidad
humana. De suerte que, sin perjuicio de su traducibilidad en un derecho
subjetivo, los derechos patrimoniales de autor y conexos no
son fundamentales por no tener una conexión inmediata con la dignidad humana.
29.
Igualmente,
la protección de los derechos de autor y conexos no es absoluta, puesto que
debe armonizarse con el deber que tiene el Estado, de acuerdo con el artículo
70 de la Constitución, “de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas
las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”.
30.
En
fin, la protección de los derechos de autor y conexos encuentra sustento
constitucional en los artículos 61 y 150, numeral 24, de la Carta, tiene
desarrollo legal principalmente en la Ley 23 de 1982 y su salvaguarda tiene
potencialidades en contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país,
finalidad que no es ajena a la Constitución. A su vez, los derechos morales que
se derivan de los derechos de autor y conexos son aquellos relacionados mayoritariamente
con las facultades que se desprenden de tener la paternidad de las obras, los
cuales tienen el rango de fundamentales, en tanto que los derechos
patrimoniales, que están asociados con la disposición de las obras, no están
dentro de esta categoría. Adicionalmente, el artículo 70 de la Constitución le
impone al Estado el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, lo
cual supone que la protección de los derechos de autor y conexos no puede ser
absoluta y debe armonizarse con este deber.
La figura de las indemnizaciones
preestablecidas
31.
Si
bien es cierto que, a la fecha de esta sentencia, el Gobierno nacional no ha
reglamentado las indemnizaciones preestablecidas por la infracción de los
derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la
información para la gestión de derechos, esto no impide que la Corte
Constitucional se refiera al concepto general de indemnizaciones
preestablecidas contemplado en la norma acusada. Para ello, se acudirá a la
descripción de otros fenómenos jurídicos que tienen rasgos comunes con las
indemnizaciones preestablecidas y que permiten entender su funcionamiento.
32.
Así
pues, en principio solo después de que se ocasiona un daño es posible medir su
magnitud y cuantificar monetariamente el valor de las afectaciones que este
produjo. Contrario a tal dinámica, las indemnizaciones preestablecidas, como su
nombre lo indica, son cuantificaciones de un daño previas a su
ocurrencia y generales, en la medida en que están previstas para
cualquier daño que en abstracto pueda suceder y que encaje en categorías
abiertas y predeterminadas. En otras palabras, en las tasaciones previas de los
daños siempre se juega con el riesgo de que el perjuicio pueda resultar siendo
mayor o menor al daño efectivamente sucedido, pero tiene la característica de
que exime de la carga de probar el importe del daño.
33.
Una
figura del derecho contractual relativamente similar a las indemnizaciones
preestablecidas es la cláusula penal, que “es aquella en que una persona,
para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que
consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación
principal”, de acuerdo con el artículo 1592
del Código Civil. En otras palabras, la cláusula penal es una valoración previa
de la indemnización de perjuicios que se seguiría del incumplimiento de una
obligación contractual. De allí que el artículo 1600 de la misma normativa
prohíba que, a la vez, se haga efectiva la cláusula penal y se pida la
indemnización de perjuicios, bajo el entendido de que “siempre estará al
arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena”. Así que la lógica
de ambas instituciones es análoga, a pesar de que el monto de la cláusula penal
es convenido voluntariamente por las partes contractuales, en tanto que el
valor de las indemnizaciones preestablecidas es fijado por el ordenamiento
jurídico.
34.
Asimismo,
las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado vía administrativa
están enmarcadas en un mecanismo parecido al que gobierna las indemnizaciones
preestablecidas. El artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 prevé que la
reglamentación de la indemnización por la vía administrativa, contraria a la
judicial, debe determinar, “mediante el establecimiento de criterios y
objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a
las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho
victimizante”.
35.
Con
esta misma lógica, el Decreto 2644 de 1994 adopta una tabla de equivalencias
para las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral en el sistema de
riesgos profesionales. De esta forma, determina, para cada porcentaje de
pérdida de capacidad laboral, el monto de la indemnización que le corresponde
medido en meses de ingreso base de liquidación. Así, por ejemplo, para los
casos de pérdida del 7% de la capacidad laboral, el decreto establece una
indemnización correspondiente a tres meses del ingreso base de liquidación;
para una pérdida del 35% de la capacidad laboral, una indemnización de 17 meses
del ingreso base de liquidación; y, para una pérdida del 49% de la capacidad
laboral, una indemnización de 24 meses del ingreso base de liquidación.
36.
A
su vez, la indemnización a forfait para reparar los daños sufridos por
militares y policías que se producen con ocasión de la relación laboral que los
vincula con el Estado[120]
también apela a un sistema de cuantificación general y previa a la ocurrencia
del daño. En este orden de ideas, el Decreto 094 de 1989 recoge unas tablas en
las que se estipulan los valores de las indemnizaciones en meses de sueldo, los
cuales varían de acuerdo con la edad del militar o policía y con los índices de
las lesiones producidas, que corresponden a puntos que asigna la junta o el
tribunal médico laboral a cada lesión.
37.
Igualmente,
en Colombia existe un antecedente sobre indemnizaciones preestablecidas
propiamente dichas que está en el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, el cual
prescribe que “[l]a indemnización que se cause como consecuencia de la
infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas
o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a
elección del titular del derecho infringido”.
Esta disposición fue reglamentada por el
Gobierno nacional con el Decreto 2264 de 2014. De acuerdo con el artículo 1° de
esa reglamentación,
“si el demandante al momento de
la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización
preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados
por la infracción […] y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a
la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con
la presente reglamentación”.
En este escenario, el artículo 2° del
mismo precepto define unos rangos de indemnización por cada marca infringida
que van desde un mínimo de tres SMLMV hasta un máximo de cien SMLMV.
Paralelamente, esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos SMLMV cuando “la
marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la
mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas
y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”.
Del mismo modo, el Decreto 2264 de 2014 establece criterios de acuerdo con los
cuales el juez puede moverse en los rangos para tasar la indemnización
preestablecida, tales como la duración de la infracción, su amplitud, la
cantidad de productos infractores y la extensión geográfica, elementos que
deben desprenderse de las pruebas que obren en el proceso.
Ahora bien, esto no significa que la
reglamentación que haga el Gobierno del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018
sobre indemnizaciones preestablecidas por la infracción de los derechos
patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la
Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información
para la gestión de derechos deba coincidir con el Decreto 2264 de 2014, cuyo
contenido se describió, puesto que esta disposición no constituye ningún
criterio vinculante que deba seguir el Gobierno ni conforma ningún parámetro de
control. La referencia a este decreto en esta providencia solo tiene como
intención explicar la noción de indemnizaciones preestablecidas y en qué
sentido se diferencian de las reglas generales
sobre prueba de la indemnización de perjuicios.
38.
Pese
a que la Carta de 1991 no hace ninguna alusión a las indemnizaciones
preestablecidas, esto no debe ser leído como una falta de respaldo
constitucional a este fenómeno jurídico. En efecto, al eliminar la carga de
probar el valor monetario de un daño, pues este estará previamente fijado, esta
figura materializa el principio de economía procesal, el cual consiste, según
la Sentencia C-037 de 1998[121],
“en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la
administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia”. El anclaje constitucional de este principio se
encuentra en el artículo 29 superior que, como parte del debido proceso, proscribe
las dilaciones injustificadas, y en el artículo 209 que establece que la
función administrativa se debe orientar por los principios de economía y
celeridad.
Igualmente, la sustracción de esta carga
probatoria puede tener fundamentos específicos, según el caso. Así, puede
sustentarse en el principio de autonomía personal (artículo 16 superior), como
sucede con la cláusula penal que es acordada libre y voluntariamente por las
partes de un contrato; en el principio de igualdad material que ordena adoptar
medidas a favor de grupos discriminados o marginados para que la igualdad sea
real y efectiva (artículo 13 Constitucional), como pasa con la indemnización
vía administrativa a favor de las víctimas del conflicto armado interno; y en
la celeridad en la protección de víctimas de daños para hacer efectivos sus
derechos (artículos 2° y 209 de la Carta), como ocurre en las indemnizaciones
por pérdida de capacidad laboral en el sistema de riesgos profesionales y en la
indemnización a forfait a favor de militares y policías. Otro apoyo en
la Constitución podría encontrarse en el derecho de acceso a la administración
de justicia (artículo 229 de la Constitución) en los casos en los que la prueba
de la estimación del daño es tan compleja que las personas podrían ver
frustrado su derecho a ser indemnizadas y, a su turno, su derecho de acceder a
la justicia para lograr una solución efectiva a sus conflictos.
39.
En
definitiva, aunque aún el Gobierno nacional no ha reglamentado las
indemnizaciones preestablecidas por la infracción de los derechos patrimoniales
de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la Ley 1915 de
2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión
de derechos, de modo que todavía son inciertos los detalles y minucias de su
funcionamiento, es posible afirmar que, de conformidad con el análisis de otras
instituciones jurídicas análogas, esto es, la cláusula penal, las
indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado por la vía administrativa,
las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral en el sistema de riesgos
profesionales, la indemnización a forfait a favor de militares y
policías y las indemnizaciones por infracción a los derechos de propiedad
marcaria, la Corte entiende que las indemnizaciones preestablecidas son una
figura que pretende valorar, con anterioridad a la ocurrencia de un daño, el
monto del perjuicio, lo que supone que no debe probarse la tasación del
daño efectivamente provocado, pero sí debe probarse el daño.
Simultáneamente, las indemnizaciones preestablecidas se respaldan
constitucionalmente, según el caso, en los principios de economía procesal, de
autonomía personal, de igualdad material, de celeridad en la protección de
víctimas de daños para hacer efectivos sus derechos y de acceso a la
administración de justicia.
El alcance del principio de
igualdad procesal
40.
El
principio de igualdad procesal “supone que no puede existir ningún tipo de
ventaja de alguna de las partes en el proceso”[122]. Es
decir, que la bilateralidad de audiencia impone un tratamiento igualitario a
las partes en el que no puede negársele a una de ellas lo que se le concede a
la otra. Corolario de lo anterior es que en un proceso debe existir simetría
para las partes en sus oportunidades de ataque y defensa, en sus oportunidades
probatorias, en sus oportunidades de alegación y en sus oportunidades de
impugnación. En breve, la igualdad procesal hace referencia a la homogeneidad
en las herramientas de persuasión que tienen las partes para convencer de sus
pretensiones al tercero llamado a resolver su controversia.
En esta línea de argumentación, este
Tribunal ha declarado la inexequibilidad de normas procesales que le otorgan
algún tipo de ventaja a una de las partes en el proceso y que se lo niega a
otras. De esta manera, la Sentencia C-154 de 2002[123]
juzgó inconstitucional una norma que prescribía que ciertos procesos serían
tramitados en una sola instancia y otros en dos, dependiendo de si en el
municipio en el que se interponía la demanda existían o no jueces de familia o
promiscuos de familia. La Corte adujo que esta disposición “introduce un
privilegio para unos (la posibilidad de la doble instancia), a la vez que lo
niega para otros, sin que los argumento aducidos para soportar distinción hayan
sido estimados suficientes”. Igualmente, la Sentencia C-1541 de 2000[124]
observó que “el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo, tomando como
único referente la existencia o inexistencia de jueces laborales en la ciudad o
municipio en donde se deba iniciar la acción, establece instancias y cuantías
distintas para iguales procesos, lo cual viola flagrantemente la Constitución”.
41.
Sin
embargo, la simetría procesal no es absoluta y existen circunstancias que
permiten tratos diferentes sin que ello viole la igualdad procesal. Surgen al
menos tres circunstancias que evidencian lo anterior. Primero, la igualdad
procesal no puede solo analizarse desde las garantías o instancias aisladas, se
debe ver desde el procedimiento como un todo. Por ejemplo, en un sistema
inquisitivo puro, la igualdad procesal está lejos de ser absoluta, debido a que
los jueces están facultados para decretar pruebas de oficio. Cada vez que un
juez decreta una prueba de oficio rompe la igualdad procesal, por cuanto
favorece a una de las partes, en tanto que perjudica a la otra a quien se le
opone dicha prueba. Por el contrario, en un sistema acusatorio puro, en
principio, a los jueces les está vedado decretar pruebas de oficio para así
garantizar plenamente la igualdad procesal, tal como lo sostuvo esta
Corporación en la Sentencia C-396 de 2007[125] en
la que declaró la exequibilidad del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, que
prohíbe las pruebas de oficio en el proceso penal, pero aclaró que esta
proscripción solo se reputa de los jueces de conocimiento y no de los jueces de
garantías.
42.
Segundo,
otro factor que debe analizarse para valorar la igualdad procesal es la disparidad
real y material que existe entre las partes procesales. Así, algunos estatutos
procesales buscan, a través de múltiples herramientas, equilibrar la posición
de personas que se encuentran en una situación de debilidad con respecto a su
contraparte procesal a fin de que la igualdad no sea simplemente formal sino
también real y efectiva, como lo ordena el artículo 13 de la Constitución. Dos
casos paradigmáticos que ilustran lo anterior son la ya mencionada prohibición
de las pruebas de oficio en la mayoría de las etapas del proceso penal y la
posibilidad de los jueces laborales de proferir fallos extra y ultra
petita.
Además de fundamentar en la tendencia
acusatoria del proceso penal la interdicción que tienen los jueces para
decretar pruebas de oficio, la Corte también observó que “la desigualdad
institucional, evidente en el sistema penal acusatorio (el aparato estatal
investigativo, por regla general, tiene mayor fortaleza económica, orgánica y
funcional, que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria
intervención legislativa para superarla y propiciar la igualdad de trato y de
oportunidades de defensa”[126].
Tal intervención legislativa es la prohibición de las pruebas de oficio que es
una garantía que, en el proceso penal, juega a favor del acusado, debido a que
allí rigen la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo.
De forma tal que, “en caso de que exista la menor duda de que la conducta
genera responsabilidad penal o que no fue cometida por el acusado, el juez debe
exonerar o absolver de los cargos” [127],
en lugar de decretar pruebas de oficio para superar su duda, argumentó la
Corte.
De otra parte, el derecho procesal
laboral parte del reconocimiento de que hay una parte débil en la relación
laboral, de manera que el juez está facultado por el artículo 50 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para “ordenar el pago de
salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los
hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente
probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo
concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al
trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas”.
Originalmente, esta facultad solo estaba consagrada para los jueces de primera
instancia, lo cual fue declarado inconstitucional en la Sentencia C-662 de
1998[128]
al estudiar una demanda que censuraba que fuese discrecional –no obligatoria- y
que no procediera en procesos de única instancia. En esta providencia, la Corte
Constitucional afirmó que el ejercicio de esta atribución “permite hacer
efectiva la protección especial de la cual gozan los trabajadores, frente a sus
propias pretensiones y a la realidad procesal”.
43.
Tercero,
el parámetro con el cual se mide la igualdad procesal varía cuando existe
información asimétrica entre las partes procesales o cuando los incentivos que
tienen para actuar son diversos. En este contexto, el ordenamiento jurídico
tiene normas de naturaleza procesal que dejan al arbitrio de solo una de las
partes en disputa la decisión sobre algún asunto concerniente al proceso y
relegan de esta elección a la contraparte.
Un caso de este tipo son las normas
sobre competencia de las autoridades judiciales. En el Código General del
Proceso hay varias disposiciones de esta naturaleza. Por ejemplo, el numeral 1°
del artículo 28 indica que, “[e]n los procesos contenciosos, salvo
disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del
demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios,
el de cualquiera de ellos a elección del demandante”. A su turno, el
numeral 7° de la misma disposición señala que,
“[e]n los procesos en que se
ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento,
expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de
tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será
competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los
bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de
cualquiera de ellas a elección del demandante”.
Es importante precisar que, aunque la
Corte nunca se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de estas normas, una
de las racionalidades detrás de ellas es que suele ser la parte demandante quien
sabe con anterioridad si los demandados son más de uno o si los bienes objeto
de la demanda están ubicados en diferentes circunscripciones territoriales
(información asimétrica). Si esta información la tienen los demandantes al
momento de presentar la demanda y los demandados solo la tendrán una vez sean
notificados de la misma, los principios de celeridad y de economía procesal imponen
que la elección sobre la competencia territorial la hagan los accionantes desde
el momento mismo de presentar la demanda.
Adicionalmente, si la opción de escoger
la tuvieran los demandados, en la práctica estos podrían aplazarla indefinidamente,
de manera que el proceso judicial en su contra nunca empezaría (incentivos
diversos). Incluso si las normas fijaran un término perentorio para tomar esta
decisión, so pena de que la elección se trasladara a la parte demandante, la
celeridad e impulso del proceso y el principio de economía procesal se verían
comprometidos.
44.
Ahora
bien, que algunas decisiones estén a cargo únicamente de una de las partes
procesales no implica violar el derecho al debido proceso de su contraparte. En
los ejemplos expuestos, la elección que pueden hacer los demandantes del lugar en
el cual interponen las demandas no se traduce en que los demandados no puedan
ejercer su derecho de defensa dentro del proceso en relación con las
pretensiones de la demanda y las pruebas o que no estén en un plano de igualdad
con sus contrapartes con respecto a las oportunidades para alegar, probar e
impugnar.
45.
En
suma, el parámetro con el cual se mide el respeto del principio de igualdad
procesal no siempre es el mismo, pues depende del proceso en el cual se inserta
la norma que aparentemente establece una desigualdad evaluado como un todo, es
decir, visto en contexto. Así pues, un precepto acusado de violentar el principio
de igualdad procesal no contraviene la Constitución cuando: (i) el derecho al
debido proceso de las partes procesales se mantiene incólume; y (ii) se
privilegian principios constitucionales como la celeridad del proceso y el
principio de economía procesal. Además, el alcance del principio de igualdad
procesal debe analizar (iii) el prototipo de esquema procesal adoptado, (iv) la
pretensión de proteger a la parte débil de la relación procesal y (v) la
búsqueda de la superación de anomalías como la información asimétrica y los
incentivos para impedir o retardar el impulso del proceso.
Alcance de los límites temporales
de la potestad reglamentaria del Presidente de la República
46.
El
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución impone a cargo del Presidente de
la República la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de desarrollar el
contenido de una ley con el objeto de darle vida práctica o, como ha sido
conceptualizada por esta Corte desde sus inicios, la expedición de un acto
administrativo “que hace real el enunciado abstracto de la ley. Si el
legislador hace la ley, el ejecutivo tiene el derecho-deber de encauzarla hacia
la operatividad efectiva en el plano de lo real”[129]. Por
ejemplo, la reglamentación de una ley tributaria, que define todos los
elementos de determinado impuesto, podría fijar las fechas para su pago y los
métodos a los que los contribuyentes pueden acudir para realizarlo. La potestad
reglamentaria consiste entonces en fijar los detalles prácticos más concretos
que hacen posible ejecutar la ley que se reglamenta.
47.
Ahora
bien, no es extraño que las leyes dispongan de un término para que se ejerza la
potestad reglamentaria, lo cual ha sido objeto de pronunciamientos por parte de
esta Corte. Así, en la Sentencia C-066 de 1999[130], la
Corte consideró que la limitación de carácter temporal al Gobierno nacional
para el ejercicio de la potestad reglamentaria es inconstitucional, pues esta
potestad se “conserva durante todo el tiempo de vigencia de la ley sobre la
cual pueda recaer el reglamento para su cumplida ejecución, lo que significa
que el legislador no puede someterla a ningún plazo”. Con fundamento en
esta consideración, declaró la inexequibilidad del plazo que una ley le daba al
Gobierno para reglamentar.
48.
Esta
postura fue reiterada posteriormente. La Sentencia C-1005 de 2008[131] subrayó
que “el Presidente conserva dicha potestad [la reglamentaria] durante todo
el tiempo de vigencia de la ley con el fin de asegurar su cumplida ejecución.
En otras palabras: el legislador no puede someter a ningún plazo el ejercicio
de la potestad reglamentaria”[132].
Así, al encontrar que el artículo 19 de la Ley 1101 de 2006 contenía un plazo
para que se adoptara una reglamentación, la Corte lo declaró inexequible.
49.
Sin
embargo, entre estas dos providencias, se profirió la Sentencia C-805 de
2001[133],
en la que se modificó sutilmente la línea jurisprudencial de las Sentencias
C-066 de 1999 y C-1005 de 2008. Allí, la Corte examinó unas
objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad a un proyecto de ley que
determinaba un plazo para expedir una regulación. En esta providencia se
insistió en el precedente constitucional que indica que la potestad
reglamentaria puede ejercerse en cualquier tiempo. No obstante, aclaró que ello
no significa que el Legislador no pueda darle al Gobierno un tiempo determinado
para que expida la reglamentación, término que, una vez cumplido, no lo
inhabilita para ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el
respectivo reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o
derogar el reglamento dictado[134].
Para llegar a esta conclusión, esta
Corporación destacó que hay varias normas constitucionales dirigidas a lograr
la efectividad de la legislación, lo cual admite la imposición de límites
temporales para expedir una reglamentación, tales como “los numerales 10° y
11 del artículo 189, en cuanto que establecen para el Presidente de la
República el deber de velar por el estricto cumplimiento de la ley, así como el
de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes.
Así mismo, el artículo 2° de la Carta establece para las autoridades del Estado
el deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, y el artículo 87 habilita a toda persona para
acudir ante cualquier autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley”.
En consecuencia, valoró como
constitucional el término que las disposiciones objetadas establecían para el
ejercicio de la potestad reglamentaria, “en el entendido de que dicho
término no constituye una restricción de tal potestad, de manera que la misma
puede ejercerse, en cualquier tiempo, con plenitud de competencia, pero que
impone al Presidente el deber de expedir una reglamentación dentro del plazo
señalado en la ley, sin perjuicio de que pueda modificarla, adicionarla o
derogarla en el futuro”.
50.
Sumado
a los anteriores argumentos, la Sala agrega que tiene todo el sentido que el
Legislador le imponga al Presidente deberes de reglamentación dentro de un
tiempo determinado cuando la misma Constitución, en algunos casos, le asigna a
aquel unos límites temporales para ejercer su función. Esto se puede ilustrar
con el artículo 55 transitorio de la Carta que le ordena al Congreso expedir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución,
una ley que le reconozca a las comunidades negras el derecho a la propiedad
colectiva sobre las tierras baldías que han ocupado en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico[135], so
pena de que el Gobierno lo haga mediante norma con fuerza de ley[136]. Lo
que en estos dos casos prevalece es la pretensión de hacer efectivos los derechos
a proteger en la ley y la Constitución.
51.
De
conformidad con lo anterior, la jurisprudencia en vigor en materia de límites
temporales a la potestad reglamentaria es la que se desprende de la Sentencia
C-805 de 2001. Esto en razón a que la interpretación que allí se hace tiene
en cuenta una lectura sistemática de la Constitución, en lugar de interpretar
de manera aislada el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. De modo
que, a la vez que mantiene la tesis de que la potestad reglamentaria no está
sujeta a límites temporales, rescata varias normas de la Carta que tienen la
intención de proteger la efectividad de la legislación como un valor
constitucional, como aquella que consagra la acción de cumplimiento. Así que es
más consistente con la Constitución leída como un todo la posición que defiende
que los términos que el Legislador le fija al Presidente de la República para
reglamentar una ley son respetuosos de la Carta, siempre y cuando estos no se
entiendan como un plazo preclusivo que, una vez cumplido, le impide al
Presidente modificar, adicionar o derogar la reglamentación. Con esta misma
fórmula se resolvieron las demandas que dieron lugar a las Sentencias C-508
de 2002[137]
y C-823 de 2011[138].
52.
En
fin, la jurisprudencia de la Corte ha sido pacífica en concebir la potestad
reglamentaria del Presidente de la República como una facultad que carece de
límites temporales. Fundada en esta premisa, la Corte ha declarado la
inexequibilidad de los términos que el Legislador le dicta al Presidente para
ejercer su poder reglamentario. Sin embargo, la Sentencia C-805 de 2001
inauguró un nuevo precedente al hacer una lectura sistemática de la
Constitución y no una lectura aislada del numeral 11 del artículo 189. Según
este precedente, si bien la potestad reglamentaria no tiene límites temporales,
el Legislador puede estipular plazos para ejercer tal potestad, ya que ellos contribuyen
a alcanzar la efectividad de la legislación por medio de mecanismos como la
acción de cumplimiento. Pero estos plazos no suponen que el Presidente no pueda
modificar, adicionar o derogar en el futuro la reglamentación, habida cuenta
que su potestad reglamentaria no tiene límites de tiempo.
El artículo 32 de la Ley 1915 de
2018 no desconoce el principio de igualdad
53.
Para
establecer si, en efecto, la disposición acusada vulnera el principio de
igualdad es preciso, primero, referir el alcance de esta norma y su contexto en
la normativa que la regula. Veamos.
Alcance de la disposición acusada
54.
La
Ley 1915 de 2018 tiene como objeto modificar algunos artículos de la Ley 23 de
1982, la cual regula los derechos de autor en Colombia, así como introducir
nuevas disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos. Entre
estas disposiciones inéditas se encuentra aquella contenida en el artículo 32
demandado asociado con las indemnizaciones preestablecidas.
55.
El
proyecto de ley número 206 de 2018 Senado y 222 de 2018 Cámara, que luego se
convertiría en la Ley 1915 de 2018, fue presentado al Congreso por el Gobierno
nacional. En la exposición de motivos, el Gobierno hace hincapié en la idea de
que la innovación y la creatividad son motores de crecimiento económico, “que
movilizan cuantiosos recursos, generan riqueza, empleo y divisas para el país”[139], por
lo cual es preciso proteger los derechos de autor y conexos, de modo que la
innovación y la creatividad se incentiven. Adicionalmente, manifiesta que este
proyecto de ley respondía a la necesidad de actualizar la Ley 23 de 1982 para atender
los adelantos tecnológicos y  cumplir  “los compromisos que en materia
comercial adquirió nuestro país en el marco de diferentes acuerdos comerciales,
resaltando entre los más importantes los suscritos con Estados Unidos de
América y la Unión Europea, los cuales están pendientes de implementar”[140].
56.
En
la exposición de motivos se destacan varios bloques temáticos que serían objeto
de regulación en la Ley. Entre ellos están “la protección a las medidas
tecnológicas y la información sobre gestión de derechos, que implica medidas
para evitar la elusión de tecnologías utilizadas para proteger el acceso y los
derechos en el entorno digital”[141]
y “la observancia del derecho de autor y derechos conexos”[142], que
son aquellos en los cuales se inserta la norma que en esta oportunidad la Corte
revisa.
57.
Allí
también se refiere escuetamente a la disposición acusada y simplemente se aduce
que ella “faculta al titular del derecho infringido para escoger bajo cuál
sistema hará exigible los daños y perjuicios que el infractor le hubiere
ocasionado al violar su derecho. // A tales efectos, el lesionado podrá elegir
entre demostrar en un proceso el costo de los daños y perjuicios sufridos, o
acogerse a un monto establecido por el sistema de indemnizaciones que sería
regulado por el Gobierno en ejercicio de facultades reglamentarias”[143].
58.
Es
importante poner de presente que, durante el trámite legislativo, el hoy
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 permaneció relativamente igual, salvo el
término de 12 meses que se le dio al Gobierno para reglamentarlo, el cual solo
apareció en la ponencia para segundo debate en Cámara, como consecuencia de una
constancia presentada por el Representante a la Cámara Samuel Hoyos Mejía[144].
59.
En
este contexto nace a la vida jurídica el artículo
32 de la Ley 1915 de 2018 que ordena al Gobierno reglamentar el sistema de
indemnizaciones preestablecidas al que podrá sujetarse la indemnización que se
cause como resultado de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y
conexos y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018
relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de
derechos.
60.
Como
se explicó antes, los derechos de autor son aquellos de los cuales son
titulares los autores de obras literarias, científicas y artísticas, en tanto
que los derechos conexos se refieren a aquellos de los cuales son titulares los
artistas intérpretes o ejecutantes[145],
productores de fonogramas[146]
y organismos de radiodifusión[147].
Por su parte, los derechos patrimoniales están consignados en el artículo 3° de
la Ley 1915 de 2018 e incluyen:
(i) “la reproducción de la obra bajo
cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier
procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica”;
(ii) “la comunicación al público de la obra por cualquier medio o
procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a
disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener
acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija;
(iii) “la distribución pública del original y copias de sus obras, mediante
la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad”; (iv)
“la importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho”;
(v) “el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de
sus obras”; y (vi) “la traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra”.
De
otro lado, el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 también regula las
indemnizaciones que se causen por incurrir en las conductas descritas en la
misma ley relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la
gestión de derechos. Estas conductas están consagradas en el artículo 12 y
están asociadas con:
(i)
eludir,
sin autorización, las medidas tecnológicas efectivas[148]
impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o
fonograma protegidos, o que protegen cualquier derecho de autor o cualquier
derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados;
(ii)
fabricar,
importar, distribuir, ofrecer al público, suministrar o comercializar de
cualquier otra manera dispositivos, productos o componentes, u ofrecer al
público o suministrar servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica
efectiva, sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito
de eludir dicha medida; o que tengan un limitado propósito o uso comercialmente
significativo diferente al de eludir dicha medida; o que sean diseñados,
producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la
elusión de dicha medida;
(iii)
suprimir
o alterar, sin autorización, cualquier información sobre la gestión de derechos[149];
(iv)
distribuir
o importar para su distribución información sobre gestión de derechos que ha
sido suprimida o alterada sin autorización; y
(v)
distribuir,
importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, con
información sobre gestión de derechos suprimida o alterada sin autorización.
61.
Después
de determinar el contexto y alcance de la norma acusada, se pasa a verificar si
la disposición atenta contra el principio de igualdad, de acuerdo con los
criterios definidos por la jurisprudencia para determinar si, en efecto, se
lesiona o no este principio en relación con el derecho al debido proceso.
Presupuestos que hacen procedente el juicio
integrado de igualdad
62.
En
la demanda se alega que el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 establece una
desigualdad entre las personas demandadas por el sistema de indemnizaciones
preestablecidas y las demandadas por las reglas generales sobre prueba de
indemnización de perjuicios, debido a que se permite la posibilidad de la
existencia de dos vías que satisfacen la misma pretensión: la indemnización de
perjuicios causada por la infracción de los derechos patrimoniales de autor y
conexos y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915
de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la
gestión de derechos. En la medida en que los demandados en cada uno de
estos sistemas son supuestos infractores de los derechos patrimoniales de autor
y conexos o personas que cometieron las conductas descritas en la
Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información
para la gestión de derechos, los términos son comparables.
63.
Asimismo,
en la demanda se manifiesta que la disposición acusada contiene una desigualdad
entre demandantes y demandados en los procesos indemnizatorios por infracción a
los derechos patrimoniales de autor y conexos y por la comisión de las
conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas
tecnológicas y la información para la gestión de derechos, pues los primeros
pueden elegir entre la vía de las reglas generales sobre prueba de
indemnización de perjuicios y la vía de las indemnizaciones preestablecidas, en
tanto que los segundos no. Estos sujetos son comparables, puesto que ambos son
partes procesales.
64.
Además
de esto, entre estos sujetos que se comparan, el artículo 32 de la Ley 1915 de
2018 efectivamente establece una desigualdad, pues a los demandados vía sistema
de indemnizaciones preestablecidas no les deben probar la cuantificación del
daño, mientras que a los demandados a través de las reglas generales sobre
prueba de indemnización de perjuicios sí les deben probar el valor del daño. Adicionalmente,
la norma contiene una diferencia entre demandantes y demandados en los procesos
de indemnización de perjuicios ocasionados por la infracción a los derechos
patrimoniales de autor y conexos y por la comisión de las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la
información para la gestión de derechos, por cuanto los
primeros tienen la potestad de elegir la vía por la cual se reclamará la
indemnización de perjuicios y los segundos no.
65.
Formulados
entonces los términos de la comparación y la situación que produce la asimetría
alegada, debe la Sala determinar si esta desigualdad es o no constitucional,
para lo cual apelará a la metodología del juicio integrado de igualdad.
Intensidad del juicio integrado de igualdad
66.
Antes
de aplicar el juicio integrado de igualdad al artículo 32 de la Ley 1915 de
2018, que establece la posibilidad de que existan dos vías diferentes para
reclamar una indemnización de perjuicios en materia de derechos de autor y
conexos y que le entrega únicamente al demandante y no al demandado la potestad
de elegir por cuál de las dos vías solicita la indemnización, la Sala debe
definir el nivel de intensidad del mismo.
67.
El
primer elemento indicativo del nivel de rigurosidad del juicio de igualdad es
el reconocimiento que ha hecho la doctrina constitucional del amplio margen de
configuración que tiene el Legislador en materia de protección de la propiedad
intelectual[150],
pues la Constitución no establece expresamente ningún mandato en este sentido y
solo prevé en su artículo 61 que el Estado protegerá la propiedad intelectual “mediante
las formalidades que establezca la ley”. Adicionalmente, según el numeral
24 del artículo 150 de la Carta, le corresponde al Legislador “[r]egular el
régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de
propiedad intelectual”, lo cual reafirma la amplitud de la libertad de
configuración legislativa en esta materia. Esta circunstancia es entonces un
elemento que indica que el juicio de igualdad debe ser suave o débil, como se
dijo en los fundamentos jurídicos 14 y 21 de esta providencia.
Pero esto no es suficiente para
determinar la intensidad del juicio, pues se debe analizar cuáles son los
bienes jurídicos en juego. Por ejemplo, en la Sentencia C-725 de 2015[151], la
Corte decidió que debía evaluar con los lentes del escrutinio estricto de
igualdad una medida que señalaba que los condenados a
la pena de reclusión por más de cuatro años eran inhábiles para ser testigos de
matrimonio, a pesar del amplio margen de configuración que la Constitución le
otorga al Legislador para regular asuntos atinentes a la familia y al
matrimonio, lo que sugeriría que el juicio debería ser suave o débil. En dicho
caso, esta Corporación encontró que el criterio de la libertad de configuración
del Legislador no era suficiente para definir la intensidad del juicio, por
cuanto la disposición demandada involucraba la afectación de los derechos
fundamentales a la honra, a la dignidad, a la buena fe y a la función
resocializadora de la pena.
68.
En
este sentido, el segundo elemento indicativo de la intensidad del escrutinio
está dado por los bienes jurídicos en juego. Es claro que el artículo 32 de la
Ley 1915 de 2018 tiene un impacto sobre los derechos
patrimoniales de autor y los derechos conexos y sobre sus mecanismos de
protección, puesto que la cuantía de la indemnización que se reclame como
consecuencia de su quebrantamiento depende de si el demandante apela a las
reglas generales sobre indemnización de perjuicios o al sistema de indemnizaciones
preestablecidas, como se señaló en el fundamento jurídico 32 de esta
providencia.
Sin embargo, estos derechos no tienen la categoría de fundamentales, de acuerdo
con lo anotado en el fundamento jurídico 28 de esta
providencia,
aunque sí tienen protección constitucional en los artículos 61 y 150, numeral
24, bajo la denominación genérica de propiedad intelectual y como mandato al
Legislador, como se apuntó en el fundamento jurídico 23.
Al tratarse entonces de una norma que involucra un derecho de raigambre
constitucional pero no fundamental, el juicio de igualdad debe ser intermedio,
tal como se indicó en el fundamento jurídico 19. Adicionalmente, las normas
sobre protección de derechos patrimoniales de autor y conexos no pueden olvidar
el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura consagrado en
el artículo 70 de la Constitución, tal como se señaló en el fundamento jurídico
29 de esta providencia, lo que obliga a robustecer el juicio integrado de
igualdad.
69.
Así
las cosas, la Sala se encuentra en una disyuntiva. La aplicación de un criterio
le indica que el escrutinio de igualdad que debe realizar es suave, en tanto
que la aplicación de otro criterio le señala que el juicio debe ser intermedio.
En este escenario, la Sala recuerda que esta Corporación, en Sentencia
SU-626 de 2015[152],
observó:
“Puede ocurrir que, en algunos
casos, concurran razones que justifiquen el desarrollo de juicios de diferente
intensidad y, por ello, no sea posible una aplicación exacta de los criterios
que hasta el momento ha identificado la Corte. En esos casos deberá adelantarse
un examen orientado a establecer la perspectiva bajo la cual puede comprenderse
de mejor forma el problema planteado o, en otros términos, deberá considerarse
la relevancia concreta de las razones que promueven la aplicación simultanea de
los dos juicios, a fin de establecer con la aplicación de cuál de ellos puede
protegerse de mejor forma el contenido de todas las disposiciones de la
Carta”.
En este contexto, el problema jurídico
planteado en esta providencia gira en torno a la constitucionalidad de la
existencia del sistema de indemnizaciones preestablecidas que es un mecanismo
para salvaguardar los derechos patrimoniales de autor y conexos. De manera que la
mejor forma para proteger estos derechos constitucionales no fundamentales y,
por ese camino, la Constitución, es a través de un juicio más robusto que, en
este caso particular, corresponde al intermedio.
La finalidad de la medida es importante
70.
El
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 tiene al menos tres finalidades
interrelacionadas y que, de acuerdo con la Constitución, deberían buscarse. Primero,
corregir el déficit de protección que tienen los derechos de autor y conexos, los
cuales tienen anclaje constitucional, al desincentivar su transgresión a través
de la asignación de una consecuencia jurídica por su lesión: la obligación de
indemnizar los perjuicios producidos, bien sea a través del sistema de
indemnizaciones preestablecidas o de las reglas generales sobre prueba de la indemnización
de perjuicios. Esta finalidad, además de salvaguardar derechos que tienen un
fundamento en la Carta, posee la potencialidad de incidir positivamente en el
objetivo constitucional de lograr crecimiento y desarrollo económico. Como se
indicó en el fundamento jurídico 25 de esta sentencia, algunos estudios
muestran que estos derechos pueden potenciar el crecimiento económico.
Segundo, desarrollar el principio constitucional
de economía procesal, al eliminar la carga de probar el valor monetario de un
daño cuando se opte por reclamar los perjuicios vía el sistema de
indemnizaciones preestablecidas, como se indicó en el fundamento jurídico 38 de
esta providencia.
Finalmente, la medida tiene como fin
materializar los derechos de los titulares de los derechos de actor y conexos a
obtener justicia y a hacer efectivo su derecho a ser reparadas. Lo anterior
debido a que a estas personas, en ocasiones, les resulta desproporcionado e,
incluso, imposible de cumplir la carga de probar la cuantificación de los daños
producidos a estos derechos, razón por la cual deben optar por el sistema de
indemnizaciones preestablecidas y desechar el sistema de las reglas generales
sobre prueba de la indemnización de perjuicios (fundamento jurídico 38 de esta
providencia), tal como se lo expresaron a la Corte varios intervinientes en
este proceso de constitucionalidad, específicamente, el Grupo de Acciones
Públicas de la Universidad del Rosario, la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, la Procuraduría General de la Nación y los ciudadanos Fernando Zapata
López, Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla.
En conclusión, todas estas finalidades
perseguidas por una norma que permite la existencia de dos vías distintas para
satisfacer una misma pretensión y que le reconoce a solo una de las partes
procesales la potestad de elegir entre las dos vías, al tener sustento en
normas constitucionales, son admisibles o permitidas.
La medida es efectivamente
conducente
71.
A
su turno, la existencia de dos vías diferentes para lograr el propósito de
obtener una indemnización de perjuicios –uno que se rige por las reglas
generales sobre prueba de indemnización de perjuicios y otro orientado por un
sistema de indemnizaciones preestablecidas- y la potestad que tiene
exclusivamente una de las partes procesales para elegir entre ellas son medidas
válidas porque no están constitucionalmente prohibidas. Igualmente, estas
medidas son efectivamente conducentes para alcanzar las tres finalidades
enunciadas anteriormente. En primer lugar, ambas vías están pensadas en la
lógica de que quien infringe los derechos patrimoniales de autor y conexos o
incurre en las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las
medidas tecnológicas y la información para la gestión de derechos debe sufragar
el daño ocasionado con ello, lo que significa que la coexistencia de dos vías,
sin perjuicio de quién la elija, que pueden eventualmente finalizar con la
condena a pagar unos perjuicios, es apropiada para defender los derechos patrimoniales
de autor y conexos.
En segundo lugar, el sistema de
indemnizaciones preestablecidas y la posibilidad de que quien reclama la
indemnización lo elija sobre el sistema de las reglas generales es un medio efectivamente
conducente para materializar el principio de economía procesal, por cuanto
elimina la carga de probar el valor monetario de un daño y, en consecuencia,
releva a la autoridad designada para conocer de la indemnización de perjuicios
del deber de hacer una valoración probatoria acerca de este punto, lo cual le
imprime celeridad al proceso, por cuanto podría terminar más rápido y así
liberar recursos escasos (en este caso, autoridades encargadas de resolver
estas disputas) para la resolución de otras controversias.
En tercer lugar, el sistema de
indemnizaciones preestablecidas constituye una oportunidad efectivamente
conducente para que los titulares de derechos de autor y conexos puedan
satisfacer sus derechos a obtener justicia y a que se haga efectivo su derecho
a la reparación, así no estén en condiciones de probar la cuantificación del
daño generado a sus derechos por la complejidad que ello envuelve. Aquí cabe
subrayar que estos son los únicos que tienen esta información al momento de
iniciar la reclamación, lo que justifica que el artículo 32 de la Ley 1915 de
2018 les adjudique solo a ellos la potestad de escoger entre este sistema y el
de las reglas generales sobre la prueba de indemnización de perjuicios, como se
defendió en el fundamento jurídico 43 de esta sentencia.
Para ilustrar la asimetría en la
información que puede haber en este tipo de procesos y que justifica que sean
los titulares de los derechos de autor y conexos quienes elijan el sistema de
indemnización por el que reclamarán los perjuicios, la Sala encuentra
pertinente apelar a la intervención presentada por los ciudadanos Fernando
Zapata López, Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta Chinchilla en este
proceso de constitucionalidad, en la cual indican que muchas veces
la prueba del daño emergente o del lucro cesante está en poder o bajo el
conocimiento únicamente del infractor, quien sabe “el número de ejemplares
reproducidos ilícitamente de una obra, los contratos suscritos para
comercializar ilícitamente un determinado bien protegido, entre otros escenarios”[153].
Si a lo anterior se agrega que, en
materia de infracción a los derechos de autor y conexos, las partes procesales
no están en un plano de igualdad en cuanto al acceso a pruebas, es razonable
que el Legislador prevea un sistema para demandar la indemnización de
perjuicios que tenga en cuenta esta particularidad y que favorezca en este
específico aspecto a la parte que encuentra problemático acceder a las pruebas,
de suerte que se equilibre la balanza y haya una igualdad real entre las partes
procesales, como se sostuvo en el fundamento jurídico 42.
Esta dificultad probatoria que tienen
los titulares de los derechos de autor y conexos está bien ilustrada por los
ciudadanos Fernando Zapata López, Yecid Andrés Ríos Pinzón y Stefanía Landaeta
Chinchilla en su intervención en este proceso de constitucionalidad, en el que
explicaron que “no es posible cuantificar con absoluta certeza el
monto de los perjuicios causados a un autor cuando su obra ha sido transformada
o traducida sin su autorización; a un titular de una marca cuyo uso no
autorizado ha causado la dilución de su carácter distintivo; a un productor de
fonogramas por la reproducción ilícita de su fijación sonora, más aún cuando
desconoce el alcance territorial que ha tenido dicha reproducción; e incluso,
en un plano más actual, la afectación que puede llegar a tener un autor cuando
su obra es difundida sin autorización por medios digitales como la Internet,
donde es claro el alcance masivo y descontrolado que puede tener la difusión de
la información, pero no necesariamente el quantum del daño emergente y
particularmente del lucro cesante que tal infracción ha ocasionado”[154].
Otro ejemplo de esta dificultad
probatoria lo ofrece la Dirección Nacional de Derecho de Autor en su
intervención al proponer el caso de una obra literaria con relación a la cual
el autor aún no ha perfeccionado un negocio para ceder sus derechos, situación
que no supone que la divulgación de la obra no afecte su valor de
transferencia. Sin embargo, “al ser prácticamente imposible determinar el
valor inicial de la obra y su consecuente disminución con el acto infractor,
dicho acto claramente lesivo, al no ser posible su cuantificación en el régimen
de daños actuales, en la práctica quedaría impune”[155].
En suma, la coexistencia de dos vías
para reclamar la indemnización de perjuicios y el reconocimiento de la potestad
de elegir entre ellas dos a solo una de las partes procesales son efectivamente
conducentes para proteger los derechos de autor y conexos, los derechos a
obtener justicia y a que se haga efectivo el derecho a la reparación de los
titulares de los derechos de autor y conexos y para cristalizar el principio
constitucional de economía procesal.
La medida no es evidentemente
desproporcionada
72.
El
estudio de la proporcionalidad en sentido estricto también demuestra que la
norma demandada genera mayores ventajas frente a los eventuales perjuicios, ya
que, si bien genera una desigualdad al establecer la posibilidad de que existan
dos vías diferentes para un mismo fin y señalar que solo una de las partes
procesales tiene la potestad de elegir la vía que se seguirá, la contraparte
mantiene incólume todos sus derechos dentro del proceso. La existencia de un
sistema de indemnizaciones preestablecidas no significa que se viole el derecho
al debido proceso, en el sentido de que las partes procesales no
puedan ejercer su derecho de defensa o que no puedan alegar, probar o impugnar.
De modo que la medida no se muestra de bulto o de manera manifiesta como
desproporcionada.
73.
La
existencia en sí misma del mecanismo de las indemnizaciones preestablecidas y
la posibilidad de que sea escogido por el demandante sobre las reglas generales
de prueba de indemnización de perjuicios es admisible. Se trata de una
figura que pretende valorar con anterioridad a la ocurrencia de un daño el
monto del perjuicio, lo que supone que no debe probarse la tasación del
daño efectivamente provocado, pero sí debe probarse el daño.
Simultáneamente, las indemnizaciones preestablecidas se respaldan
constitucionalmente en el principio de economía procesal, como se argumentó en
el fundamento jurídico 36. Por ello, de la existencia de esta vía y
de la potestad que se le da a la parte demandante de escogerla para tramitar
sus pretensiones no se sigue necesariamente una condena en contra del
demandado. La vía, sin perjuicio de la que se escoja, debe establecer que el
daño existió y que existió responsabilidad.
De este modo, la posibilidad para
quienes son demandados por el sistema de indemnizaciones preestablecidas de
ejercer su defensa en relación con las pretensiones de la demanda y las pruebas,
de demostrar que la cuantificación del daño en realidad es menor a la
preestablecida y de tener las mismas oportunidades para alegar, probar e
impugnar no son desvirtuadas per se en el modelo de las indemnizaciones
preestablecidas, de conformidad con lo expuesto en el fundamento jurídico 44. Desde
luego, muchas de estas circunstancias podrán ser objeto de la reglamentación
del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 que está en mora de dictarse. Por ende,
el Presidente de la República deberá velar, en la reglamentación, que el
derecho al debido proceso de los infractos a los derechos patrimoniales de autor
y conexos y de quienes incurren en las conductas descritas en la Ley 1915 de
2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión
de derechos sea debidamente resguardado. En estos términos, la norma acusada
armoniza perfectamente con los preceptos constitucionales y así será declarada
en esta sentencia.
Por consiguiente, el artículo 32 de
la Ley 1915 de 2018, al establecer la posibilidad de que existan dos vías diferentes
y disponer que los titulares de derechos patrimoniales de autor y conexos tengan
la potestad de escoger la vía para reclamar una indemnización por violaciones
de estos derechos, supera el juicio de igualdad intermedio, de lo cual se sigue
que la medida no genera una desigualdad irrazonable que viole el derecho al
debido proceso.
74.
De
lo anterior se desprende que la desigualdad que contempla la medida persigue
tres finalidades admisibles de conformidad con la Constitución y que el medio
es efectivamente conducente para alcanzarlas. Adicionalmente, el logro de estas
finalidades no implica restricciones excesivas al derecho al debido proceso,
por lo cual la medida no es evidentemente desproporcionada.
De esta forma, es claro que la potestad
de los titulares de derechos de autor y conexos de elegir la vía para ser
indemnizadas responde a la dificultad probatoria que se da en la práctica para
establecer el valor del daño. Por ello, el Legislador optó por dar una mayor
prevalencia a quienes se encuentren en esta posición para proteger la propiedad
intelectual y con ello promover el crecimiento económico. Esa medida, si bien
genera una desigualdad entre las opciones que tienen las partes en el proceso,
no es injustificada, desproporcionada, irrazonable ni viola el derecho al
debido proceso.
En conclusión, en tanto que el precepto
demandado contiene una medidas que buscan el logro de objetivos permitidos por
la Constitución, que ellas son efectivamente conducentes para la consecución de
esos fines y que no son evidentemente desproporcionadas, la Sala concluye que
la asimetría alegada por el demandante no es contraria a los artículos 13
(igualdad) y 29 (debido proceso) de la Constitución.
El artículo 32 de la Ley 1915 de
2018 no vulnera la potestad reglamentaria del Presidente
de la República
75.
El
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 dispone que el Gobierno nacional deberá
reglamentar, dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de esta ley,
las indemnizaciones preestablecidas por la infracción a los derechos patrimoniales
de autor y conexos y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915
de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la
gestión de derechos.
Esta norma tiene dos lecturas: una,
según la cual la potestad reglamentaria se agota una vez se cumple el plazo, la
cual es inconstitucional por desconocer que esta potestad no tiene límites
temporales; y, otra, de acuerdo con la cual el establecimiento de un plazo es
útil para darle efectividad a la legislación, pero que, una vez este se cumple,
la potestad reglamentaria se mantiene.
La segunda lectura, esto es, aquella que
indica que la norma lo que busca es que se logre la efectividad de la
legislación sin ignorar que la potestad reglamentaria no tiene límites
temporales, es constitucional porque se trata de dotar a las normas, que son
dadas por el Legislador en su calidad de representante del pueblo, de la
capacidad ser implementadas, lo cual asegura la democracia.
Por ende, este plazo de doce meses previsto
en el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 es constitucional, dado que está dirigido
a lograr la efectividad de la legislación. Por ejemplo, llegado el plazo,
podrían promoverse acciones de cumplimiento.
Para la Sala, debe entenderse que, una
vez cumplido el mismo, el Gobierno no pierde competencia para ejercer la
potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para
expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado,
puesto que la potestad reglamentaria no tiene límites temporales. A esta
conclusión se llegó en las Sentencias C-805 de 2001, C-508 de 2002
y C-823 de 2011, como se dijo en los fundamentos jurídicos 49 a
52 de esta providencia.
La Corte Constitucional ha utilizado
tres fórmulas para resolver este mismo problema jurídico. En primer lugar, ha
declarado la inexequibilidad de las disposiciones que establecen un plazo para
ejercer la potestad reglamentaria, como ocurrió en las Sentencias C-066 de
1999 y C-1005 de 2008. En segundo lugar, ha declarado su
exequibilidad, pero las ha condicionado en la parte motiva de las providencias para
que se entiendan que, cumplido el plazo, la potestad reglamentaria se mantiene,
como sucedió en la Sentencia C-823 de 2011. En tercer lugar, ha
declarado su exequibilidad condicionada en la parte resolutiva de las
providencias en el entendido de que el plazo para la expedición del reglamento
no limita temporalmente el ejercicio de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, como aconteció en la Sentencia C-508 de 2002.
La Sala acoge esta última alternativa por ser la más técnica y clara y porque
promueve la efectividad de la legislación. Además, está contenida en
precedentes que no se ven motivos suficientes para modificar.
De
modo que la Sala seguirá el precedente referido y declarará este aparte del
artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 ajustado a la Carta en el entendido
de que, una
vez cumplido el plazo de los doce meses, el Gobierno no pierde competencia para
ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo
reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el
reglamento dictado.
76.
Es
importante destacar que si bien la potestad reglamentaria, por regla general, está
a cargo del Presidente de la República (numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución), el hecho de que artículo 32 de la Ley 1915 de 2018
mencione al Gobierno nacional en lugar del Presidente no es problemático a un
nivel constitucional, por cuanto este integra al Gobierno nacional (artículo
115 superior).
Síntesis de la decisión
77.
La
Constitución no prohíbe de manera categórica las desigualdades de trato, lo que
implica que algunas medidas que produzcan asimetrías pueden ser consideradas
constitucionales. Para evaluar cuáles desigualdades son contrarias a la Carta y
cuáles se avienen a ella, la Corte ha aplicado, a lo largo de su
jurisprudencia, tres métodos, cuya procedibilidad está sometida a la previa
verificación de la existencia de individuos, elementos, situaciones o hechos
que efectivamente son comparables y con respecto a los cuales se establece un
trato desigual. El primer método se denomina juicio de razonabilidad; el
segundo, metodología de los escrutinios de distinta intensidad; y el tercero,
juicio integrado de igualdad, el cual puede tomar la forma de escrutinio de igualdad
débil, intermedio o estricto, de acuerdo con el nivel de libertad de
configuración que tiene el Legislador, lo cual dependerá de la naturaleza y la
materia de la norma objeto de control de constitucionalidad. El segundo método
y el tercero son los que hacen una mejor lectura de la Constitución al
considerarla de manera sistemática e integral, ya que son sensibles al
pluralismo político y al principio mayoritario que se condensan en la libertad
de configuración del Legislador. No obstante, el tercer método –juicio
integrado de igualdad- no solo hace una interpretación sistemática de la
Constitución, sino que también aprovecha las ventajas analíticas del juicio de
razonabilidad.
El escrutinio de igualdad intermedio
autoriza desigualdades que sean efectivamente conducentes para la
consecución de un fin importante, es decir, un fin deseable, que hay
buenas razones para perseguirlo y que, por tanto, debería buscarse. Asimismo,
la medida que impone una desigualdad no puede ser evidentemente desproporcionada.
78.
De
otro lado, la protección de los derechos de autor y conexos encuentra sustento
constitucional en los artículos 61 y 150, numeral 24, de la Carta, tiene
desarrollo legal principalmente en la Ley 23 de 1982 y su salvaguarda tiene potencialidades
en contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país, finalidad que no
es ajena a la Constitución. A su vez, los derechos morales que se derivan de
los derechos de autor y conexos son aquellos relacionados mayoritariamente con
las facultades que se desprenden de tener la paternidad de las obras, los
cuales tienen el rango de fundamentales, en tanto que los derechos
patrimoniales, que están asociados con la disposición de las obras, no están
dentro de esta categoría. Adicionalmente, el artículo 70 de la Constitución le
impone al Estado el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, lo
cual supone que la protección de los derechos de autor y conexos no puede ser
absoluta y debe armonizarse con este deber.
79.
En
lo que respecta a la figura de las indemnizaciones preestablecidas, el Gobierno
nacional aún no ha reglamentado aquellas que surgen por la infracción de los
derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas
descritas en la Ley 1915 de 2018 relacionadas con las medidas tecnológicas y la
información para la gestión de derechos, de modo que todavía son inciertos los
detalles y minucias de su funcionamiento. Sin embargo, es posible afirmar que,
de conformidad con el análisis de otras instituciones jurídicas análogas, esto
es, la cláusula penal, las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado
por la vía administrativa, las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral
en el sistema de riesgos profesionales, la indemnización a forfait a
favor de militares y policías y las indemnizaciones por infracción a los
derechos de propiedad marcaria, la Corte entiende que las indemnizaciones
preestablecidas son una figura que pretende valorar con anterioridad a la
ocurrencia de un daño el monto del perjuicio, lo que supone que no
debe probarse la tasación del daño efectivamente provocado, pero sí debe
probarse el daño. Simultáneamente, las indemnizaciones preestablecidas se
respaldan constitucionalmente, según el caso, en los principios de economía
procesal, de autonomía personal, de igualdad material, de celeridad en la
protección de víctimas de daños para hacer efectivos sus derechos y de
efectividad y racionalidad de la administración de justicia y de la función
administrativa.
80.
Sumado
a lo anterior, el parámetro con el cual se mide el principio de igualdad
procesal no siempre es el mismo, pues depende del proceso en el cual se inserta
la norma que aparentemente establece una desigualdad evaluado como un todo, es
decir, visto en contexto. Así pues, un precepto acusado de violentar el
principio de igualdad procesal no contraviene la Constitución cuando (i) el
derecho al debido proceso de las partes procesales se mantiene incólume y (ii)
se privilegian principios constitucionales como la celeridad del proceso y el principio
de economía procesal. Además, el alcance del principio de igualdad procesal
debe ser sensible a contextos como, por ejemplo, (iii) al prototipo de esquema
procesal adoptado, (iv) a la pretensión de proteger a la parte débil de la
relación procesal o (v) a la búsqueda de la superación de anomalías como la
información asimétrica y los incentivos para impedir o retardar el impulso del
proceso.
81.
Para
terminar, la jurisprudencia de la Corte ha sido pacífica en concebir la
potestad reglamentaria del Presidente de la República como una facultad que
carece de límites temporales. Fundada en esta premisa, la Corte ha declarado la
inexequibilidad de los términos que el Legislador le dicta al Presidente para
ejercer su poder reglamentario. Sin embargo, la Sentencia C-805 de 2001
inauguró un nuevo precedente al hacer una lectura sistemática de la
Constitución y no una lectura aislada del numeral 11 del artículo 189. Según
este precedente, seguido por las Sentencias C-508 de 2002 y C-823 de
2011, si bien la potestad reglamentaria no tiene límites temporales,
el Legislador puede estipular plazos para ejercer tal potestad, ya que ellos
contribuyen a alcanzar la efectividad de la legislación por medio de mecanismos
como la acción de cumplimiento. Pero estos plazos no suponen que el Presidente
no pueda modificar, adicionar o derogar en el futuro la reglamentación, habida
cuenta que su potestad reglamentaria no tiene límites de tiempo.
82.
La
Corte Constitucional declarará la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 1915
de 2018, que establece, primero, dos vías para reclamar indemnización de
perjuicios por infracciones a los derechos patrimoniales de autor y
conexos y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915 de 2018
relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la gestión de
derechos y,
segundo, la potestad para los titulares de derechos patrimoniales de autor y
conexos de escoger la vía entre estas dos para la indemnización por violaciones
de estos derechos, ya que supera el juicio integrado de igualdad intermedio, de
lo cual se sigue que la medida no genera una desigualdad irrazonable que viole
el derecho al debido proceso. Esto en razón a que el Legislador tiene un amplio
margen de libertad de configuración normativa en lo que respecta a la
regulación de la propiedad intelectual y a que la asimetría está justificada (i)
por las finalidades que busca de promover la protección de los derechos de
autor y conexos, el principio de economía procesal y los derechos a obtener
justicia y a la efectividad del derecho a la reparación; (ii) por ser un medio efectivamente
conducente para lograr tales fines; y (iii) por no sacrificar de manera
evidente el derecho al debido proceso de los sujetos con respecto a los cuales la
norma establece un trato distinto.
En
este mismo orden de ideas, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de
la
expresión
“El
Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de
esta ley reglamentará la materia”, contenida en el artículo
32 de la Ley 1915 de 2018, en el entendido de que, una
vez cumplido este plazo, Gobierno no pierde competencia para ejercer la
potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para
expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado.
Esto debido a que la potestad reglamentaria del Presidente de la República no
tiene límites temporales y se puede ejercer en cualquier tiempo, pero, en todo
caso, el establecimiento de un plazo cumple una función constitucional: lograr
la efectividad de la legislación.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, salvo la
expresión “El Gobierno nacional dentro de
los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la
materia”, que
se declara exequible EN EL ENTENDIDO de que, una vez cumplido
este plazo, el Gobierno no pierde competencia para ejercer la potestad
reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para expedir uno
nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-345/19
Referencia:
Expediente D-12858
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018, “Por
la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en
materia de derecho de autor y derechos conexos”.
Magistrada
Ponente:
Gloria
Stella Ortiz Delgado
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de esta corporación, me permito aclarar mi voto frente a ciertos
considerandos esbozadas en la parte motiva de la sentencia C-345 de 2019. En
dicha sentencia, la Sala Plena resolvió declarar “EXEQUIBLE el artículo
32 de la Ley 1915 de 2018, salvo la expresión “El
Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de
esta ley reglamentará la materia”, que se declara exequible EN EL ENTENDIDO de
que, una vez cumplido este plazo, el Gobierno no pierde competencia para
ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo
reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el
reglamento dictado”. Si bien comparto la decisión de
exequibilidad condicionada sobre la disposición demandada, teniendo en cuenta
las razones que llevaron a la decisión de la mayoría sobre la aplicación del
juicio integrado de igualdad, considero necesario precisar los siguientes
aspectos:
1.
Considero
desafortunado afirmar que el juicio de igualdad “supone una comparación entre
sujetos, medidas y situaciones”, puesto que únicamente las personas son
titulares del derecho a la igualdad. No cabe
comparar medidas y situaciones sin consideración a los sujetos, ello no
solamente sería inane en términos constitucionales, sino que también daría
lugar a varios problemas metodológicos, pues normalmente las medidas se
refieren a los mecanismos empleados por el legislador para obtener un determinado
fin y las situaciones se describen, generalmente, en consideración a una
persona. Por ello, el denominado tertium comparationis, que constituye
la primera etapa de análisis, siempre supone un paralelo entre individuos o
grupos de individuos, con el propósito de establecer si son o no asimilables.
En esta medida, el juicio de igualdad siempre es relativo.
2.
La
proporcionalidad es una de las muchas herramientas de interpretación a
disposición del juez constitucional y como tal genera profundos desacuerdos en
su fundamentación y aplicación. En términos generales, pretende
que el sacrificio en la garantía de un derecho se justifique con la garantía
eficaz de otro. Así, pretende equilibrar los derechos que pueden verse
enfrentados. En la medida en que el principio de proporcionalidad no se
encuentra consagrado en la Constitución, su aplicación ha respondido a la idea
arraigada en la jurisprudencia de esta Corte de entender los derechos como
principios que incorporan mandatos de optimización. No obstante, esta
caracterización de los derechos tampoco es unívoca, y por lo tanto es posible
que esta Corte aplicando otras fundamentaciones de los derechos fundamentales,
y privilegiando el lugar del desacuerdo en la interpretación del contenido
concreto de dichos derechos, aplique otros métodos interpretativos.
3.
La
tesis dominante en la jurisprudencia indica que el juicio de
proporcionalidad no puede adelantarse siempre con la misma intensidad. Lo
anterior, por cuanto, el nivel de intensidad del estudio de proporcionalidad
del trato diferenciado obedece a la necesidad de respetar las distintas
competencias de los órganos estatales, en especial, del legislador.
4.
Un
llamado a la coherencia en la aplicación de las intensidades del juicio
integrado de igualdad. No hay duda en la jurisprudencia de
que en el juicio de igualdad de intensidad estricta se debe agotar siempre el
paso de la proporcionalidad en sentido estricto. Así, las diferencias en la
jurisprudencia se han presentado en la aplicación del juicio integrado de igualdad,
como herramienta metodológica, en la aplicación de los juicios de intensidad
débil e intermedia. Cabe resaltar que, la jurisprudencia no ha sido constante
ni uniforme en aplicar en los escrutinios débil e intermedio el último paso del
juicio de proporcionalidad, es decir, el estudio de la proporcionalidad en
sentido estricto. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-673 de 2001[156],
la Corte afirmó que “el test estricto es el único que incluye la aplicación
de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto”. Con esta misma
lógica, en la Sentencia C-624 de 2008, esta corporación llevó a cabo un test de
igualdad débil en el que no incluyó un estudio de la proporcionalidad en
sentido estricto de la disposición enjuiciada. Por su parte, en la Sentencia
C-313 de 2013, tampoco examinó la proporcionalidad en sentido estricto del
precepto normativo demandado al cual sometió a un escrutinio de intensidad
intermedia.
5.
Considero
que el examen del requisito de proporcionalidad en sentido estricto no debe
extenderse a los casos en que se aplican los juicios de intensidad débil e
intermedia, toda vez que ello restringe la capacidad de acción de la que goza
constitucionalmente y es titular el Congreso de la República, en virtud del
principio democrático previsto en los artículos 1°, 113 y 150 de la
Constitución. En efecto, el principio básico de autonomía legislativa se vería
suplantado si se agrega dicho nivel de escrutinio al juicio leve o intermedio
de igualdad, pues él llevaría a realizar un balance de los beneficios y
sacrificios de la medida respecto de los principios y valores constitucionales,
lo cual supera el propósito de esta modalidad de juicio, que es proscribir la
arbitrariedad.
6.
Por
lo cual, le corresponde a la Corte hacer un uso consistente del juicio
integrado de igualdad para dotar de coherencia la utilización de dicha
herramienta metodológica de análisis de constitucionalidad[157].
En esta medida, la Sala Plena debió seguir el precedente mayoritariamene
consolidado de la jurisprudencia constitucional, y así analizar los siguientes
aspectos en cada una de las intensidades del juicio:
INTENSIDAD DEL JUICIO
PASOS
REQUISITOS
Juicio leve (examen de licitud)
Finalidad
Adecuación
Necesidad
Proporcionalidad en sentido estricto
- Legítima o no prohibida por la
Constitución.
- Medio no prohibido
constitucionalmente y prima facie idóneo o adecuado para alcanzar la
finalidad.
- No se aplica.
- No se aplica.
Juicio intermedio (interdicción de
la arbitrariedad)
Finalidad
Adecuación
Necesidad
Proporcionalidad en sentido estricto
- Importante.
- Efectivamente conducente para lograr
la finalidad.
- No se aplica.
- Se exige que la medida no sea
evidentemente desproporcionada
Juicio estricto (prohibición de
discriminación)
Finalidad
Adecuación
Necesidad
Proporcionalidad en sentido estricto
- Imperiosa.
- Efectivamente conducente.
- Distinción de trato necesaria o
menos gravosa e igualmente eficaz.
- Se exige que la medida sea
proporcionada en sentido estricto.
En los
términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto respecto de la
decisión adoptada por la Sala Plena en la sentencia C-345 de 2019.
Fecha ut supra.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Folios 14-19.
[2] Folios 34-38.
[3] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[4] Folio 23.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Folio 25.
[11] Ibidem.
[12] Folio 26.
[13] Folio 13.
[14] Ibidem.
[15] Escrito presentado
por José Celestino Hernández Rueda. Folios 65-74.
[16] M.P. Jorge Arango
Mejía.
[17] Folio 71.
[18] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[19] Folio 74.
[20] Escrito presentado
por Vanessa Suelt Cock, Paula Andrea Aguilar Maldonado, Juan David Acosta
Morales y Carlos Ortega Fadul. Folios 75-82.
[21] Folios 75-76.
[22] Folio 76.
[23] Folio 78.
[24] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[25] Folio 80.
[26] Escrito presentado
por Camila Zuluaga Hoyos, Laura García Matamoros, Jorge Armando Tole y Luisa
Villarraga Zschommler. Folios 123-128.
[27] Folio 124.
[28] Folio 125.
[29] Ibidem.
[30] Folio 216.
[31] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[32] Escrito presentado
por Fredy Camilo García Moreno, en su calidad de representante legal. Folios
129-131.
[33] Folio 129.
[34] Folio 131.
[35] Escrito presentado
por Luis Guillermo Orjuela, en calidad de Director Ejecutivo. Folios 140-141.
[36] Folio 140.
[37] Ibidem.
[38] Escrito presentado
por Andrés Varela Algarra, en calidad de representante judicial. Folios
153-162.
[39] Folio 161.
[40] Ibidem.
[41] Folio 157.
[42] Ibidem.
[43] Folio 159.
[44] Folios 156-157.
[45] Folios 167-190.
[46] Folios 167-168.
[47] Folios 169-170.
[48] Folio 170.
[49] Folio 176.
[50] Folio 180.
[51] Folio 184.
[52] Folio 188.
[53] Escrito presentado
por Neyireth Briceño Ramírez, en calidad de Coordinadora del Grupo de Gestión
Judicial. Folios 191-197.
[54] Folio 196.
[55] Folio 198.
[56] El problema jurídico
que plantea la Procuraduría es si el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 “vulnera
el Preámbulo de la Constitución y el debido proceso (artículo 29 C.P), en
consonancia con el derecho a la igualdad, en la medida en que establece un
trato discriminatorio entre los sujetos pasivos y, a su vez, entre estos y el
titular del derecho infringido”. Folio 200.
[57] Folio 203.
[58]  Ibidem.
[59] Folio 204.
[60] Ibidem.
[61] Folio 201.
[62] Folios 201-202.
[63] “Artículo
2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se
presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las
normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier
medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento
de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones
por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda”.
[64] Ver, entre otros, Auto
288 de 2001 y Sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las providencias
con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de 2005 M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[65] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[66] Sobre el carácter
relacional de la igualdad, se pueden consultar entre otras las sentencias:
T-530 de 1997, M.P. Fabio Morón; C-1112 de 2000 y C-090 de 2001 ambas con
ponencia de Carlos Gaviria.
[67] Ver las sentencias
C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle; C-635 de 2012 y C-631 de 2011, ambas
con ponencia de Mauricio González, entre otras.
[68] Sentencia C-1052
de 2004, M.P. Manuel José Cepeda.
[69] Folio 24.
[70] Ibidem.
[71] Folio 25.
[72] Folio 23.
[73] Ibidem.
[74] Folio 26.
[75] Ibidem.
[76] Pueden verse, por
ejemplo, las Sentencias T-230 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-022 de
1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-127 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[77] Aristóteles. Política.
Madrid: Editorial Gredos, 1988, p. 174.
[78] Sobre la aplicación
de estos dos presupuestos de procedibilidad del test de igualdad, puede verse,
por ejemplo, la Sentencia C-053 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en la
cual se analizó una norma que ordenaba tramitar el grado jurisdiccional de
consulta en caso de proferimiento de fallos disciplinarios absolutorios en
primera instancia en contra de miembros de las Fuerzas Militares, lo cual, de
acuerdo con los demandantes, violaba la igualdad porque en ningún otro régimen
disciplinario procedía la consulta en esos casos. En dicha providencia se dijo
que “es claro que el patrón de igualdad está marcado por el tratamiento que
se da a la procedencia del grado de consulta, ya que el derecho a un trato
igual ante la Ley es predicable de todos los servidores públicos, como una
categoría general. […] Atendiendo a ese patrón de igualdad, la Corte estima que
en efecto hay un trato desigual respecto del grado de consulta en los distintos
procedimientos disciplinarios. Por ende, pasa a revisar si ese trato desigual
que se presenta respecto del grado jurisdiccional de consulta entre los
distintos regímenes disciplinarios supera o no un test de igualdad”.
[79] M. P. Carlos Gaviria
Díaz. En esta ocasión, la Corte examinó la constitucionalidad de una norma que
otorgaba a aquellas personas que prestaran el servicio militar una bonificación
del 10% en el puntaje de los exámenes para acceder a la educación pública
universitaria. En dicho fallo, este Tribunal concluyó que aquel beneficio era
inconstitucional por violar el derecho a la igualdad.
[80] Sentencia C-022 de
1996 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[81] El juicio de
proporcionalidad no es una metodología exclusiva de análisis de normas que
aparentemente erosionan el principio de igualdad. Por el contrario, es “un
parámetro para juzgar la validez de medidas que impliquen restricciones a
normas constitucionales que admiten ponderación, es decir, aquellas que
establecen mandatos no definitivos o mandatos prima facie”. Sentencia C-114
de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta providencia, la Corte
Constitucional aplicó el juicio de proporcionalidad en la valoración de una
norma que impedía que las personas se cambiaran notarialmente el nombre en más
de una oportunidad, lo cual podría minar los derechos a la personalidad
jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la
libertad de expresión. Como se observa, esta metodología no es aplicable
únicamente a los casos en los que el principio de igualdad está en juego.
[82] Un tratamiento
asimétrico no viola el principio de igualdad “solo si se demuestra que es
(1) adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesario,
es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de
otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionado,
esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios (dentro de los
cuales se encuentra el principio de igualdad) que tengan un mayor peso que el
principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato”. Sentencia C-022
de 1996 M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[83] Al respecto, pueden
verse sentencias como United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144
(1938); Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); y Craig v. Boren,
429 U.S. 190 (1976).
[84] M.P. Alejandro
Martínez Caballero. En esta providencia, la Corte estudió la constitucionalidad
de dos normas tributarias que establecían el término de dos años para solicitar
la compensación y la devolución de los saldos a favor del contribuyente. Ambas
disposiciones fueron demandadas por considerar que lesionaban el principio de
igualdad, pues la administración contaba con más años (cinco años) para ejercer
su acción de cobro de las obligaciones fiscales. Para la Corte, esta diferencia
en los términos no desconocía la igualdad.
[85] En la Sentencia C-093
de 2001 M. P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte examinó una norma del
antiguo Código del Menor, que establecía la edad mínima de 25 años para poder
adoptar un niño. En ese momento, la Corte determinó que la medida era exequible
y que no violaba la igualdad. Allí explicó que “[e]l juicio integrado de
proporcionalidad, que combina las ventajas del análisis de proporcionalidad de
la tradición europea y de los tests de distinta intensidad estadounidenses,
implica entonces que la Corte comienza por determinar, según la naturaleza del
caso, el nivel o grado de intensidad con el cual se va a realizar el estudio de
la igualdad, para luego adelantar los pasos subsiguientes con distintos niveles
de severidad. Así, la fase de ‘adecuación’ tendrá un análisis flexible cuando
se determine la aplicación del juicio dúctil, o más exigente cuando corresponda
el escrutinio estricto. Igualmente sucederá con los pasos de
‘indispensabilidad’ y ‘proporcionalidad en estricto sentido’”.
[86] M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[87] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[88] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[89] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[90] M.P. Mauricio
González Cuervo.
[91] M.P. José Antonio
Cepeda Amaris.
[92] M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
[93] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[94] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. Esta sentencia resolvió una demanda de inconstitucionalidad en
contra de una disposición que extendía a los educadores no oficiales la
aplicación de las normas sobre escalafón nacional docente, capacitación y
asimilaciones de los docentes oficiales. La Corte juzgó, después de realizar un
juicio de intensidad intermedia, que la norma acusada no amenazaba el principio
de igualdad.
[95] M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[96] M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[97] “El estudio de la
proporcionalidad en estricto sentido también demuestra que la medida genera
mayores ventajas frente a los eventuales perjuicios, porque la norma tan solo
impone una restricción temporal, pero sin negar para siempre la posibilidad de
adoptar”.
[98] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[99] “Para la Sala, la
medida adoptada, esto es, declarar la invalidez ante la pérdida de la
autorización para pilotear aeronaves, tiene la virtud de acompasar la necesidad
del interesado con las exigencias que el sistema general de pensiones estima
que se deben satisfacer para que tenga lugar la concesión de la pensión de
invalidez. Por un lado, al declararse la invalidez se le permite al trabajador
consolidar un presupuesto para el logro de la pensión, pero, por otro lado, se
atienden otras prescripciones que condicionan el reconocimiento de la pensión
de invalidez al cumplimiento de otros requisitos. Para la Corte, no pasa
desapercibido que la declaratoria a la que tantas veces se ha aludido, es hecha
por un órgano especializado y tampoco se pierde de vista que ese dictamen puede
ser controvertido. Una mirada aislada a la medida en examen, puede conducir a
desconocer no solo los derechos del piloto, sino el contexto fáctico en el cual
el trabajador se encuentra”.
[100] M.P. José Antonio
Cepeda Amarís.
[101] “Finalmente, la
Corte encuentra que la norma resulta proporcional pues el análisis sistemático
de la ley no excluye la posibilidad de que los profesionales sin título de
maestría y doctorado presenten proyectos productivos, o de investigación y
desarrollo, debido a que el artículo 3º de la Ley 1776 de 2016 habilita a las
personas naturales, para el efecto. Si bien, en este caso no serían
beneficiarios de todos los estímulos que establece la Ley, especialmente, para
los sujetos beneficiarios del sistema de estímulos e incentivos, su
participación no se encuentra marginada pues lo que pretende la medida es,
simplemente, garantizar que ciertos profesionales con alta formación participen
en aquellos proyectos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
investigación agropecuaria”.
[102] En la Sentencia C-270
de 2007 M.P. Catalina Botero Marino se analizó, bajo la óptica del juicio de
proporcionalidad en su versión más estricta, la medida correctiva de retención
transitoria, consistente en mantener al infractor en una estación o subestación
de policía hasta por 24 horas, establecida en el artículo 192 del Decreto 1355
de 1970. Allí se explicó que en el test intermedio se exige que “que la
medida no resulte evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado
del bien constitucional perseguido respecto del bien constitucional
sacrificado”.
[103] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[104] Específicamente, la
Corte enumeró como ejemplos en los que ha aplicado el  escrutinio débil o suave
“casos que versan exclusivamente sobre materias 1) económicas, 2)
tributarias o 3) de política internacional, sin que ello signifique que el
contenido de una norma conduzca inevitablemente a un test leve. Por ejemplo, en
materia económica una norma que discrimine por razón de la raza o la opinión
política sería claramente sospechosa y seguramente el test leve no sería el
apropiado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de una norma contenida en un
tratado que afecta derechos fundamentales. […] Por otra parte, la
jurisprudencia de la Corporación ha aplicado igualmente en tres hipótesis más
un test leve de razonabilidad de medidas legislativas: 4) cuando está de por
medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un
órgano constitucional; 5) cuando se trata del análisis de una normatividad
preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; y 6) cuando
del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima facie una
amenaza para el derecho en cuestión”.
[105] Sentencia C-673 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[106] Como el criterio
sospechoso no promueve una diferenciación, sino que intenta reducir la brecha
entre dos o más comunidades, este Tribunal considera este trato legítimo, pues
es efectivamente conducente para obtener una finalidad constitucionalmente importante.
[107] Para la Corte, el
escrutinio estricto o fuerte se aplica “1) cuando está de por medio una
clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de
prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la
Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en
condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados,
sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y
discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o
grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho constitucional
fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio”.
Sentencia C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
[108] Benjamin, Walter.
(2003 [1936]). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
México: Editorial Itaca, p. 39.
[109] Ibidem, p. 42.
[110] Ibidem, p. 43
[111] Ibidem, p. 43.
[112] Ibidem, p. 44.
[113] M.P. Mauricio
González Cuervo.
[114] Bobirca, A &
Draghici, A. (2011). Creativity and Economic Development. International
Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial
Engineering 5(11), 1447-1452.
[115] Según el literal K)
del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el artista intérprete o ejecutante es “el
autor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier
otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística”.
[116] De acuerdo con el
literal L) del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el productor de fonograma es “la
persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una
ejecución, u otro sonido”.
[117] Según el literal N)
del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el organismo de radiodifusión es “la
empresa de radio o televisión que trasmite programas al público”.
[118] Sentencia C-155 de
1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta providencia, la Corte examinó la
constitucionalidad de una norma que disponía que los derechos de autor y
conexos morales y patrimoniales eran inalienables. Esta Corporación realizó el
estudio de constitucionalidad a la luz de la Decisión 351 de 1993 del Acuerdo
de Cartagena y del artículo 93 superior sobre el bloque de constitucionalidad,
por lo cual resultaba relevante definir si los derechos morales y patrimoniales
tenían el carácter de fundamentales para determinar si tal instrumento
internacional tenía o no la naturaleza de parámetro de constitucionalidad.
[119] Sentencia T-227 de
2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La tutela que en esta ocasión revisó la
Corte involucraba a una persona que no había podido acceder a su pensión, dado
que, por problemas derivados de la mala gestión de archivos, el Municipio de
Florencia no le pudo certificar el tiempo de servicios laborado ni los salarios
devengados. De modo que la Corte tuvo que definir si el derecho a la información
en el caso particular tenía carácter fundamental. En esta línea, advirtió que “[l]a
posibilidad de definir un proyecto de vida y ser una persona activa en la
sociedad depende, en un cien por ciento del acceso a información, personal y
socialmente relevante, para estas actividades”. A esto agregó que “existe
un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger los archivos
y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante.
Este deber se deriva de la prohibición genérica, dirigida a toda persona, sea
natural o jurídica, de impedir sin justa causa el goce efectivo de los derechos
fundamentales o de tornar imposible dicho goce. Así, si determinada información
resulta decisiva para una persona, quien administra o custodia un archivo o una
base de datos, adquiere la calidad de garante de dicha información”. Debido
entonces a su relación con la dignidad humana y a su traducibilidad en un
derecho subjetivo, la Corte encontró que en ese caso el derecho a la
información era fundamental.
[120] El Consejo de Estado
ha explicado el concepto de indemnización a forfait de la siguiente
manera: “cuando el trabajador es un servidor público vinculado al Estado y
sufre un daño en desarrollo o en cumplimiento de la actividad para la cual fue
contratado, el derecho a ser resarcido por ese daño surge únicamente cuando
este ha sido expuesto a un riesgo mayor al que está llamado a soportar en el
marco de la relación laboral entablada con el Estado, dado que como se ha
manifestado en varias oportunidades, los daños causados por el enfrentamiento
al riesgo ordinario propio del cargo o actividad ejercida en forma remunerada,
es cubierto por la ley en forma anticipada, mediante la denominada
indemnización a forfait”. Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia
del 1 de marzo de 2006 (exp. 15284). Consejera Ponente: María Elena Giraldo
Gómez.
[121] M.P. Jorge Arango
Mejía. En esta providencia la Corte declaró la exequibilidad de una norma sobre
saneamiento de nulidades procesales en los casos en los que la falta de
competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa.
La declaratoria de constitucionalidad estuvo fundada en que la disposición
acusada le daba la aplicación al principio de economía procesal al evitar
dilaciones injustificadas.
[122] Sentencia C-690 de
2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esta providencia, la Corte estudió la
constitucionalidad de una norma del procedimiento administrativo para el
restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes que fue demandada
por desconocer el principio de igualdad, debido a que el recurso de reposición
en contra del fallo debe interponerse verbalmente en la audiencia por quienes
asistan a la misma, en tanto que, quienes no asistan, deben interponerlo en los
términos del Código General del Proceso. Para la Corte, esta norma es exequible,
pues “existe una justificación objetiva y razonable, en la medida que la
oportunidad que se les da a quienes no pudieron asistir a la audiencia,
favorece a los menores”; “el otorgamiento de un mayor plazo para que el
ausente ejerza sus derechos, permite compensar cualquier tipo de dificultad que
se haya presentado”; y, además, “la consecuencia de la inasistencia a la
audiencia no puede ser la de suprimir la oportunidad de recurrir la decisión
adoptada en la misma, pues sería irrazonable y desproporcionada tal limitación
de los derechos de defensa y contradicción”.
[123] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[124] M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[125] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[126] Sentencia C-396 de
2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[127] Sentencia C-396 de
2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[128] M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[129] Sentencia C-228 de
1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Allí, la Corte tuvo la tarea de analizar la
constitucionalidad de una norma de naturaleza tributaria. La demanda alegaba
que el Legislador había dejado varios vacíos que, en consecuencia, tendría que
llenar el Ejecutivo a través del poder reglamentario.
[130] Ms.Ps. Fabio Morón
Díaz y Alfredo Beltrán Sierra.
[131] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[132] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[133] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[134] Dijo la Corte que del
hecho de que la potestad reglamentaria puede ejercerse en cualquier tiempo no
se sigue que “el legislador no pueda, para lograr la efectividad de una ley,
disponer que el Gobierno deba reglamentarla dentro de un tiempo determinado.
Tal mandato del legislador no impide que el Presidente expida la reglamentación
antes del término previsto, ni lo inhabilita para el ejercicio de la potestad
reglamentaria vencido ese plazo. Tampoco implica que expedida una
reglamentación dentro del plazo fijado por el legislador el Presidente pierda
competencia para expedir nuevos reglamentos o para modificar, adicionar o
derogar sus propios reglamentos. La única consecuencia normativa del término
establecido por el legislador es la de imponerle al Presidente de la República
el deber de reglamentar la ley dentro de dicho plazo”.
[135] “Dentro de los dos
años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el
Congreso expedirá […] una ley que les reconozca a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos
de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de
demarcar la misma ley”.
[136] “Si al vencimiento
del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a
la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses
siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.
[137] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[138] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[139] Gaceta del Congreso
113 de 2018, p. 13.
[140] Ibidem, p. 14.
[141] Ibidem, p. 16.
[142] Ibidem, p. 16.
[143] Ibidem, p. 19.
[144] Gaceta del Congreso
187 de 2018, p. 25
[145] Según el literal K)
del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el artista intérprete o ejecutante es “el
autor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier
otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística”.
[146] Según el literal L)
del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el productor de fonograma es “la
persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una
ejecución, u otro sonido”.
[147] Según el literal N)
del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, el organismo de radiodifusión es “la
empresa de radio o televisión que trasmite programas al público”.
[148] El parágrafo 1° del
artículo 12 de la Ley 1915 de 2018 aclara que “se entenderá por medida
tecnológica efectiva la tecnología, dispositivo o componente que, en el curso
normal de su operación, sea apta para controlar el acceso a una obra,
interpretación o ejecución o fonograma protegido, o para proteger cualquier
derecho de autor o cualquier derecho conexo frente a usos no autorizados y que
no pueda ser eludida accidentalmente”.
[149] El parágrafo 2° del
artículo 12 de la Ley 1915 de 2018 señala que “se entenderá por información
sobre la gestión de derechos la información que identifica la obra,
interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la obra, al artista
intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al productor del
fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o
ejecución o fonograma; o información sobre los términos y condiciones de
utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; o
cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera
de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de la obra,
interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación
o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o
fonograma”.
[150] Al respecto, pueden
verse las Sentencias C-833 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-361 de 2013 M.P.
Mauricio González Cuervo y C-069 de 2019 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[151] M.P. Myriam Ávila
Roldán.
[152] M.P. Mauricio
González Cuervo. El caso resuelto en esta providencia corresponde a la tutela
interpuesta por una persona que consideraba que la autorización dada por el
Ministerio de Cultura y el Museo Santa Clara para la realización de la
exposición de una obra de arte vulneraba su derecho a la libertad religiosa y
de culto, al emplear elementos del culto católico, combinándolos con
representaciones de partes del cuerpo femenino.
[153] Folio 170.
[154] Folios 169-170.
[155] Ibidem.
[156] Esta sentencia resolvió una demanda de inconstitucionalidad en
contra de una disposición que extendía a los educadores no oficiales la
aplicación de las normas sobre escalafón nacional docente, capacitación y
asimilaciones de los docentes oficiales. La Corte juzgó, después de realizar un
juicio de intensidad intermedia, que la norma acusada no amenazaba el principio
de igualdad.
[157] Corte Constitucional, sentencias C-637 de
2001; C-624 de 2008; C-313 de 2013; C-114 de 2017 y C-115 de 2017.