T-356-20
Sentencia T-356/20
Referencia: Expediente: T-7.690.013
Accionante: Acción de tutela interpuesta por John Eder
Villareal Bagui.
Accionados: Universidad
de Nariño
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C.,  vientisite (27)
de agosto de dos mil veinte(2020).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger
-quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas
y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión
de las decisiones judiciales proferidas, en primera instancia, por el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de San Juan de Pasto, el cuatro (4) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)[1]
y, en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de San
Juan de Pasto, el primero (01) de octubre  de dos mil diecinueve (2019)[2], en el proceso de tutela promovido por
el señor John Eder Villareal Bagui contra la Universidad de Nariño.
I.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el
Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de
Selección Número Uno[3] de la Corte Constitucional escogió para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad
con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1.
De los hechos y las
pretensiones
El señor John Eder Villareal Bagui de 20 años de edad[4],
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra
la Universidad de Nariño por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, a la
igualdad y a la diversidad étnica y cultural. Lo anterior, por cuanto la accionada negó
su solicitud de inscripción a los programas de ingeniería ambiental y
arquitectura dentro del cupo especial previsto para la “comunidad
estudiantil perteneciente a las negritudes” bajo el argumento de que no
cumplió con el requisito haber culminado sus estudios de educación media (bachillerato)
en una institución ubicada en la Zona Pacífica del Departamento del Nariño.
Del escrito de tutela y las
pruebas aportadas al expediente, la solicitud de amparo se sustenta en los siguientes hechos:
1.1
Refiere
el accionante que en su calidad de afrodescendiente pertenece a las Comunidades
Negras del Pacífico, adscrito al Consejo Comunitario Unión Río Caunapi – en adelante
CCURC-[5].
1.2
Precisa
que como consecuencia del conflicto armado, tanto él como su familia fueron desplazados
del municipio de Tumaco (Nariño) siendo posteriormente reconocidos como víctimas
de desplazamiento forzado por parte de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral para Víctimas (UARIV) por hechos que tuvieron lugar en septiembre de
2005[6].
1.3
Explica el
actor que, en razón de lo anterior, se vio obligado a adelantar sus estudios en
la Institución Educativa Municipal Ciudadela de La Paz – Sede Nuevo Sol de la
ciudad de Pasto y en el Instituto Educativo Municipal Pedagógico de la misma
ciudad, donde finalmente, en el año de 2018, culminó su bachillerato[7].
1.4
Aduce que
para el año 2019, una vez presentada la prueba saber ICFES[8], se inscribió a la Universidad
de Nariño en los programas de pregrado de ingeniería ambiental (primera opción)
y de arquitectura (segunda opción) bajo la modalidad de “cupo especial para
comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes”[9]. Al
respecto, precisó que en la aludida solicitud de inscripción anexó un
certificado que lo acreditaba como miembro de una comunidad negra del pacífico,
poniendo de manifiesto, además, su calidad de desplazado. Todo esto, asegura,
no fue tomado en consideración por la accionada en tanto tramitó su solicitud
como “CUPO REGULAR”  donde no fue admitido.
1.5
Manifiesta
el accionante que la razón por la cual la demandada modificó la categoría de su
postulación de “cupo especial” a “CUPO REGULAR” obedeció, concretamente,
a que no cumplió con uno de los requisitos previstos por la institución para
acceder a dicha plaza. Concretamente, aquel que se relaciona con haber
culminado sus estudios de educación media en un colegio de la “Zona Pacífica
del Departamento del Nariño”.
1.6
Inconforme
con lo anterior, señala el tutelante que el día 16 de julio de 2019 radicó ante
la Universidad de Nariño un derecho de petición[10] mediante el cual solicitó una
explicación acerca del porqué “anularon su postulación a la modalidad de CUPO
ESPECIAL”. A través del mismo documento, le recordó a la institución que no
se tuvo en cuenta su condición de desplazado por la violencia, puntualizando
que su madre es cabeza de hogar y que su familia carece de recursos económicos.
Solicitud que fue coadyuvada por la Defensoría del Pueblo – Regional Nariño.
1.7
En
atención a su requerimiento, refiere que la demandada, mediante comunicación
del 23 de julio de 2019[11],
explicó que el aspirante no cumplió con los requisitos establecidos en el
literal (b) del artículo 19 del Estatuto Estudiantil de Pregrado para acceder
al cupo especial. Concretamente, señaló que este culminó sus estudios de
bachillerato en una institución educativa de Pasto y no en una ubicada en la
zona pacífica del Departamento del Nariño, conforme lo exige el aludido estatuto.
1.8
Así las
cosas, asegura el actor que el argumento presentado por la tutelada desconoce
su identidad como afrocolombiano, haciendo especial hincapié en que la razón
por la cual tuvo que adelantar y finalizar sus estudios en la ciudad de Pasto
fue el hecho de haber sido víctima de desplazamiento forzado, circunstancia
que, a su juicio, no implica ignorar su origen étnico y perder su calidad de
miembro de la Comunidad Negra del Pacífico.
Con fundamento en lo expuesto, el
accionante solicita que se protejan sus derechos
fundamentales a la educción, a la igualdad y a la diversidad étnica y cultural y
que, como consecuencia de ello, se le ordene a la Universidad de Nariño que,
dentro de un término de 48 horas, realice todas las actuaciones administrativas
pertinentes para que se le asigne el cupo especial al cual se inscribió como
integrante de la comunidad afrocolombiana.
2. Contestación de la acción de
tutela
2.1 Mediante
auto del 22 de agosto de 2019[12], el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laboral
de Pasto admitió la acción de tutela y
corrió traslado a la accionada para que, en el término máximo de dos (2) días, rindieran
informe sobre los hechos y pretensiones en los que se fundamenta la misma.
2.2 Adicionalmente, mediante la referida providencia, se
dispuso notificar del presente trámite de tutela a la Oficina de Registro
Académico -OCARA- para que en el mismo término otorgado a la accionada se
pronunciara respecto de los hechos referidos el accionante.
2.4
Intervención de la parte accionada
2.4.1
Universidad de Nariño[13]
2.4.1.1 Mediante escrito allegado el 29 de agosto de 2019, el
señor Carlos Esteban Cajigas Álvarez, actuando en calidad de apoderado general
de la Universidad de Nariño, intervino en la presente causa empezando por
precisar, que el accionante se inscribió a la convocatoria 2019 B de dicho
plantel universitario bajo la modalidad de cupo especial correspondiente a “COMUNIDAD
ESTUDIANTIL PERTENECIENTE A LAS NEGRITUDES”, aspirando ser admitido en los
pregrados de ingeniería ambiental y arquitectura. No obstante, explicó que al
verificar los requisitos exigidos para tal efecto se encontró que “(…) el
joven Jhon Eder Villareal Bagui es egresado de una institución educativa de  la
ciudad de Pasto, no de un colegio ubicado en la Zona Pacífica del Departamento
de Nariño debiendo entonces, de conformidad con lo establecido en el Estatuto
Estudiantil de Pregrado participar en la convocatoria en la modalidad de CUPO
REGULAR”  sin que haya alcanzado los puntajes mínimos dentro de los
programas académicos seleccionados.
En este orden, aseguró que la inscripción del señor Villareal
Bagui no fue anulada o excluida sino que, en aplicación de la reglamentación
prevista para la materia, el actor pasó a concursar por un cupo ordinario.
Ello, en atención al artículo 23 del Estatuto Estudiantil de Pregrado donde se dispone
que:“Todos los
aspirantes a cupo especial deberán presentar las certificaciones que lo
acrediten como tal, en las fechas indicadas en el calendario, de no hacerlo
pasarán a concursar por cupo ordinario, a excepción de quienes aspiren por el
cupo por Extranjero o Profesional”[14].
Seguidamente, indicó que el Comité de Admisiones de la
Universidad de Nariño ha regulado todo lo concerniente a las admisiones como “cupo
especial”, previendo las exigencias para cada caso. Así, aclaró que en lo
que corresponde al cupo para miembros de negritudes se establece lo siguiente:
“Para concursar por este cupo es requisito pertenecer a las
negritudes y haber terminado estudios secundarios en uno de los colegios
ubicados en la Zona Pacífica del Departamento de Nariño.
Para acceder a este Cupo
Especial, en el momento de la inscripción debe anexar: (i) Acta de grado en la
que conste haber terminado estudios de educación media o estar cursando grado
once en uno de los colegios ubicados en la Zona Pacífica del Departamento de
Nariño y (ii) la Certificación que acredite que es miembro de una comunidad
afrocolombiana. La certificación será expedida por una organización
afrocolombiana, debidamente reconocida en la que conste ser miembro de dicha
comunidad. La constancia debe incluir nombre completo y documento de identidad
del Representante legal, la dirección, correo electrónico activo, teléfono fijo
y/o celular. La constancia debe tener una vigencia no mayor a dos meses, es
decir fecha no anterior al 18 de agosto de 2019”[15].
Con fundamento en lo anterior, señaló que la
Universidad de Nariño ha actuando bajo los lineamientos previstos para al
acceso de cupos especiales de negritudes, información que, resaltó, es de
conocimiento público en tanto se encuentra publicada en la página web de la
institución, con lo cual no es posible admitir al tutelante en el cupo especial
al que aspira.
Por otro lado, informó que el Estatuto
Estudiantil del Pregrado en su artículo 19 especifica todas las modalidades de
cupos especiales que prevé la Universidad, siendo el aspirante quien “elige
libremente en cuál de ellos se inscribe”. Así, refirió que en el caso
objeto de estudio, el accionante se inscribió por el cupo de “Comunidad
estudiantil perteneciente a las negritudes”, aun cuando existían otras
modalidades especiales que le eran aplicables a su situación tales como: (i) un
cupo para la población estudiantil desplazada de los departamentos del Nariño y
Putumayo y (ii) dos cupos adicionales por programa para las víctimas directas e
indirectas que hayan sufrido lesiones como consecuencia de violaciones a los
derechos humanos, ocurridas a partir del 1° de enero de 1985 en el marco del
conflicto armado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
teniendo esto como condición contar con el Registro Único de Víctimas, el cual será
verificado por el Comité de Admisiones.
Finalmente, destacó que, en virtud de la autonomía
universitaria, la institución está facultada para establecer la normatividad
que a su bien considere para regir su actuar y, específicamente, para “(…) reglamentar
todo lo referente a admisiones de estudiantes y determinar los requisitos de
inscripción y admisión para caso, aspecto que no implica una vulneración de
derechos fundamentales, ni un desconocimiento del orden constitucional o legal”[16]. En
consecuencia de lo anterior, se opuso a todas pretensiones invocadas por el actor.
3. Pruebas relevantes que obran en el expediente
·
Copia
de la cédula de ciudadanía del accionante y de aquellos que integran su núcleo
familiar[17].
·
Copia
de la certificación expedida por el representante legal del Consejo Comunitario
Unión Río Cuanapi el día 13 de junio de 2019 mediante la cual se señala que Jhon
Eder Villareal Bagui es miembro de las Comunidades Negras del Pacífico (CCURC)[18].
·
Copia
del formato de orientación y remisión a víctimas del conflicto armado expedido
por la Alcaldía de Pasto (Nariño) donde el accionante figura como incluido en
el proceso de atención social[19].
Sobre el particular, se destacada que dicho documento refiere ser válido para “universidad”.
·
Copia
de la certificación de inclusión del actor y su núcleo familiar en el Registro
Único de Víctimas (RUV) expedido por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) el día 25 de enero de 2019. Mediante el aludido
documento se puede verificar que: (i) el peticionario, junto con 6 familiares
más fueron víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de hechos
acaecidos el 16 de septiembre de 2005 en el municipio de Tumaco (Nariño) y (ii)
para la fecha el estado de la valoración en el referido registro figuran
como     “incluidos”[20].
·
Copia
de la certificación expedida por el rector de la Institución Educativa
Municipal Ciudadela “La Paz” de la ciudad de Pasto donde consta que para
el año 2012 Jhon Eder Villareal Bagui cursó el grado SEXTO 6° de Educación
Básica Secundaria[21].
·
Copia
de oficio remitido por la Alcaldía de Pasto a la Institución Educativa
Municipal Pedagógico de la misma ciudad a través del cual se solicita, entre
otros, “cupo y/o matricula” a favor de Jhon Eder Villareal Bagui para el
grado séptimo[22].
·
Copia
del acta de grado de bachiller del tutelante expedida por la Institución
Educativa Municipal Pedagógico de la ciudad de Pasto el día 7 de diciembre de
2018[23].
·
Copia
de resultado del puntaje global del ICFES de Jhon Eder Villareal Bagui – agosto
de 2018[24].
·
Copia
del recibo (PIN) de inscripción de Jhon Eder Villareal Bagui a pregrado en la
Universidad de Nariño bajo la modalidad de “cupo  comunidad afrocolombiana” con
fecha del 30 de mayo de 2019[25].
·
Copia
de lista de inadmitidos y admitidos de la Universidad de Nariño por el cupo a “Negritudes
de la Zona Pacífica Nariñense”[26]
·
Copia
de un derecho de petición radicado por el accionante el  día 17 de julio de
2019 ante la Universidad de Nariño mediante el cual solicitó información
respecto de la anulación de su inscripción en la modalidad de “cupo
especial” para los programas de pregrado de ingeniería ambiental y
arquitectura. Mediante el referido escrito, el peticionario puso de presente
que no se tomó en consideración su condición de desplazado, puntualizando que
su madre es cabeza de hogar y carece de recursos económicos[27].
Sobre el particular, se precisa que la aludida
petición fue coadyuvada por la Defensoría del Pueblo – Regional Nariño la cual
hizo especial énfasis en “atender prioritariamente” el asunto con miras
a garantizarle al aspirante el cupo especial, una vez valorada toda la
documentación aportada[28].
·
Copia
de la respuesta al precitado derecho de petición a través de la cual la
accionada le informó al tutelante que la razón por la cual su inscripción fue
tramitada como un “CUPO REGULAR” obedeció al hecho de que esté no
cumplió con los requisitos establecidos en el Estatuto Estudiantil para
concursar al cupo especial previsto para la comunidad estudiantil perteneciente
a las negritudes[29].
4. Decisiones judiciales objeto de
revisión
4.1 Sentencia de primera instancia[30]
Mediante providencia del cuatro (4) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Pasto resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por
el  accionante.
Para sustentar su decisión, el a quo
empezó por señalar que, atendiendo a las precisiones allegadas por la demandada
en su intervención, la vulneración reclamada por el actor no es acertada en
tanto “(…) la negativa de la Universidad de Nariño de no validar su
postulación como cupo especial no obedece a comprobar su identidad como
afrodescendiente, sino que como lo establece en su contestación, la decisión de
postular la inscripción del señor John Eder Villareal como cupo regular obedece
única y exclusivamente al no cumplimiento del requisito contenido en el literal
b del artículo 19 del Estatuto Estudiantil (…)”, información que es de
conocimiento público.
Agregó que la tutelada, en ejercicio del
principio de autonomía universitaria, puede, en otras cosas, definir y
organizar sus políticas de admisión de alumnos sin que ello, para el caso sub
examine, implique un desconocimiento de los derechos invocados por el actor.
Sobre el particular recordó que el señor Villareal Bagui no cumplió con los
requisitos impuestos por la institución demandada para acceder al cupo especial
aspirado, razón por la cual su postulación fue tramitada bajo la categoría de
ordinaria, sin que allí, su puntaje fuera suficiente para ser admitido a alguno
de los programas a los que se inscribió.
4.2 Impugnación[31]
La parte accionante
presentó solicitud de impugnación dentro del término legalmente establecido
para el efecto. Sin embargo, se advierte que no expuso argumento adicional a
los señalados en su escrito de tutela.
4.3 Sentencia de segunda
instancia[32]
El Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pasto, mediante sentencia del primero (01) de octubre
de dos mil diecinueve (2019), resolvió confirmar en su integridad el fallo
recurrido. Consideró que en el asunto bajo estudio la accionada no negó el cupo
de inscripción del actor a los programas de pregrado a los que se postuló, contrario
sensu, lo que ocurrió fue que este no acreditó el cumplimiento de los
requisitos previstos en el Estatuto Estudiantil para acceder al cupo especial
contemplado para la “comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes”. Al
respecto, precisó que si bien el peticionario demostró su calidad de miembro de
una organización afrocolombiana, esto no ocurrió con el requisito relacionado
con haber culminado sus estudios de educación media en un colegio ubicado en la
zona pacífica del departamento de Nariño.
En ese sentido, estimó
que, en aplicación del principio de autonomía universitaria, los postulantes
deben ceñirse al cumplimiento de los requisitos establecidos para realizar la
inscripción a los programas ofertados en las diferentes modalidades de cupos.
Bajo ese entendido, concluyó que el accionante debió verificar previamente la
reglamentación prevista para la materia.
5. Insistencia
Hernán Guillermo Jojoa
Santacruz, Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría
del Pueblo, insistió en la selección del presente caso mediante escrito
remitido a la Corte por considerar que es una buena oportunidad para que esta
Corporación se pronuncie en cuanto a la vulneración de los derechos a la
educación y a la igualdad del señor Jhon Eder Villareal Bagui quien, a pesar de
pertenecer a una comunidad afrocolombiana, fue excluido de la asignación de un
cupo especial en la Universidad del Nariño por el hecho de no haber culminado
sus estudios de educación media en un colegio ubicado en la zona pacífica del departamento
del Nariño, sin que se tomara en consideración que la razón por la cual ello
había ocurrió así se circunscribía al hecho de haber sido desplazado por la
violencia en dicha zona.
Al respecto, el
insistente explicó que les correspondía a los jueces de instancia valorar con
atención la calidad de desplazado del accionante para efectos de establecer que
había sido con ocasión a una “fuerza mayor” que el actor no pudo culminar
sus estudios en la zona que exigía como requisito la demandada. Todo ello, con miras
de realizar una correcta ponderación de los derechos en disputa.
I.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.
Competencia
De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en virtud de la selección y del
reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de esta
Corporación, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional[33]
es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la
referencia.
2.
Presentación del caso
2.1 El señor Jhon Eder Villareal Bagui,
afrodescendiente y miembro las Comunidades Negras del Pacífico, formuló acción de tutela contra la
Universidad de Nariño con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la educción, a la igualdad y a la diversidad étnica y
cultural. Explicó que la
vulneración de las garantías invocadas encuentra su fundamento en que la accionada
negó su postulación a los pregrados de ingeniería ambiental y arquitectura en la
modalidad de “cupo especial para la comunidad estudiantil perteneciente a
negritudes” bajo el argumento de que no acreditó el requisito de haber
culminado sus estudios de bachiller en una institución ubicada en la zona pacífica
del departamento de Nariño, desconociendo su calidad de desplazado por la
violencia. Así, explicó, su solicitud de inscripción fue tramitada como “CUPO
REGULAR” escenario en el que no le fue posible alcanzar los puntajes
mininos requeridos para obtener una plaza dentro de los programas a los que
aspiró.
En relación con las
afirmaciones del actor, la demandada aseguró haber actuado bajo los
lineamientos previstos para al acceso a cupos especiales de negritudes, advirtiendo
que, para el caso sub judice, el tutelante no cumplió con la totalidad
de las exigencias dispuestas por el Estatuto Estudiantil de Pregrado. Así,
destacó que la
institución, en ejercicio de la autonomía universitaria, está facultada para
determinar la reglamentación que a su juicio considere en relación con la
admisión de estudiantes y las exigencias de inscripción, las cuales, en todo
caso, son de conocimiento público mediante la página web de la universidad.
2.2 El juez que conoció en primera instancia del
proceso de tutela negó el amparo solicitado tras considerar que el actor no demostró
el cumplimiento de  los requisitos impuestos por la institución demandada para
acceder al cupo especial aspirado, razón por la cual, su postulación fue
tramitada bajo la categoría de regular, hecho que no implica una trasgresión a
sus derechos fundamentales.
2.3 Por
su parte, el juez de segunda instancia confirmó integralmente lo dicho por el a
quo respecto de la protección de los derechos reclamados.
3. Estudio de procedencia de la acción de tutela
Previo
al estudio de fondo del  presente asunto, le corresponde a la Sala verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contemplados en el artículo 86 de la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991.
3.1 De la legitimación en la causa y la inmediatez
3.1.1 Sobre la legitimación de las partes
3.1.1.1 Legitimación en la causa por activa. De conformidad con lo previsto en el
artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene derecho a interponer
acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[34].
En desarrollo de dicho mandato constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991[35] dispone que la referida acción de
amparo: “podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
En esta oportunidad, este presupuesto se
encuentra acreditado en tanto el señor Jhon Eder Villareal Bagui es
titular de los derechos fundamentales cuya protección invoca.
3.1.1.2 Legitimación en la causa por pasiva. El
mismo artículo 86 superior dispone que la acción de tutela procede frente a la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, cuando la transgresión de los
mismos proviene de la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley. Dicho
mandato guarda correspondencia con lo previsto en los
artículos 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991.
En el asunto de la referencia, la
parte pasiva se encuentra integrada por la Universidad de Nariño, institución
de naturaleza pública, creada por el Decreto 049 de 1904[36], con personería
jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio
independiente, la cual presta el servicio de educación profesional en el Departamento
del Nariño. De allí que, en virtud de disposiciones normativas previamente
referenciadas, la entidad demandada se encuentre legitimada por pasiva dentro
del presente trámite de tutela.
3.1.1.3 Sobre la inmediatez
En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sido clara en señalar que la procedencia de la acción de tutela se encuentra
sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto, ha precisado
que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional,
debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del
hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior,
en procura del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la
naturaleza propia de la acción de amparo.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que si
bien es cierto la acción de tutela no tiene un término de caducidad, ello no
debe entenderse como una facultad para promoverla en cualquier tiempo. Lo
anterior, por cuanto a la luz del artículo 86 superior, el amparo
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de los derechos
fundamentales[37].  De allí que le
corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de
inmediatez y en efecto constatar si el tiempo trascurrido entre la aparente
violación o amenaza del derecho y la interposición de la acción constitucional
es razonable en punto a lograr la protección invocada.
En
atención a lo expuesto, encuentra la Sala que, para el caso sub examine, el presupuesto de inmediatez
se encuentra superado toda vez que el actor solicitó el amparo en un
término razonable después de ocurrido el hecho generador de la presunta
vulneración de los derechos invocados. En efecto, conforme surge del mismo
escrito de tutela y de las pruebas que obran en el expediente, el accionante
realizó su inscripción a los programas de ingeniería ambiental y arquitectura
de la institución accionada el día 30 de mayo de 2019[38], siendo
posteriormente excluido de la correspondiente lista de admitidos dentro de uno
de los cupos especiales previstos para la comunidad estudiantil perteneciente a negritudes.
Inconforme con lo anterior, el señor Villareal Bagui radicó
un derecho petición ante la tutelada quien, mediante escrito del 23 de julio de
2019, le informó las razones por las cuales su inscripción había sido tramitada
bajo la modalidad de “cupo regular” donde, en todo caso, no le había
sido posible alcanzar una plaza. Todo esto constituyó, a juicio del
peticionario, una transgresión a sus garantías fundamentales. De allí que, para
el 21 de agosto de 2019 acudiera al amparo constitucional, plazo que, estima la
Sala, resulta oportuno para solicitar la protección de sus derechos.
3.1.1.4 Sobre la subsidiariedad
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política la acción de tutela es de naturaleza residual y
subsidiaria y, en consecuencia, su procedencia se encuentra condicionada a que
“(…) el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, [o] ii) cuando existiendo un medio de defensa judicial ordinario este
resulta no ser idóneo para la protección de los derechos fundamentales del
accionante o iii) cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de
defensa, la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.”[39].
Ahora bien, en numerosas ocasiones este Tribunal ha reconocido que, aún ante
la presencia de un mecanismo ordinario de defensa, el análisis de procedencia
del amparo constitucional debe realizarse de manera flexible cuando quien
invoca la protección es un sujeto de especial protección constitucional tal
como personas de la tercera edad, personas discapacitadas, miembros de
comunidades étnicas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas[40],
y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela[41].
Bajo esa línea, ha advertido esta Corte que existen algunos grupos
con características particulares que pueden llegar a sufrir daños o amenazas
dadas sus condiciones de debilidad o vulnerabilidad manifiesta lo que, en
consecuencia, implica adoptar un “tratamiento diferencial positivo”[42], ampliándose con esto el
ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de
tutela.
Así, en el evento en que el accionante sea un sujeto de especial
protección, ha estimado este Tribunal que en virtud de la necesidad de
garantizar el amparo constitucional reforzado de que gozan dichos sujetos, y
con el objeto de admitir la viabilidad y prosperidad de la acción, “el
juez de tutela debe considerar con particular atención las circunstancias de
debilidad manifiesta e indefensión en las que se encuentra el titular de los
derechos invocados”[43].
Lo anterior adquiere particular relevancia en los eventos donde
quien solicita la protección de sus garantías es un miembro de una comunidad
étnica, pues, conforme con la Constitución y la jurisprudencia de esta
Corporación, estos hacen parte de la categoría de sujetos especialmente
protegidos por el ordenamiento jurídico. Ello encuentra principal
fundamento en el reconocimiento del pluralismo en el marco del Estado de
Derecho en lo concerniente a los grupos étnicos y culturales el cual involucra
un mandato de reivindicación de sus derechos por el hecho de haber sido objeto
de marginación a través de los tiempos, así lo sostuvo la Corte mediante
sentencia T-680 de 2016[44].
Respecto de lo anterior, ha precisado la Corte que la situación de exclusión social
de estos grupos “repercute negativamente en el acceso a oportunidades de
orden económico, social y cultural”[45]
imponiendo, en desarrollo con lo dispuesto en el artículo 13 superior, la
necesidad de adoptar medias de diferenciación positiva orientadas a suprimir
las barreras que se opongan a la igualdad material y que den frente a las
causas que la generan, sin eliminar los rasgos culturales típicos de una
determinada comunidad. La supresión de dichas barreras, ha señalado este
Tribunal “(…) no se limita al derecho sustancial, sino que también se
observa en los mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar
la protección de los derechos de los miembros de estas comunidades”[46].
Así las cosas, encuentra la Sala que, para el caso objeto de
revisión, nos encontramos ante una persona que tiene el carácter de sujeto de
especial protección constitucional no solo por ser miembro de una comunidad
afrodescendiente, sino también por su condición de desplazado la cual se
encuentra debidamente acreditada en las pruebas que obran en el expediente. De
allí que, se haga imprescindible el uso de la acción de tutela como un
mecanismo expedito y efectivo que dé solución a la situación que llevó a la
aparente violación de sus derechos de rango fundamental como lo son la
educación, la igualdad y la diversidad étnica y cultural.
Adicional a lo anterior, cabe señalar que este Tribunal, a través
de sentencia T- 612 de 2017[47], reconoció que ante la necesidad de asegurar la continuidad en el proceso
educativo de quienes aspiran ingresar a la educación superior,  la “(…) la tutela es procedente para resolver los conflictos que se
susciten por la asignación de cupos especiales en las universidades, dada la
ineficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial”.
En consecuencia,
considera la Sala para que el caso sub examine se encuentra acreditado
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, pues
como bien se señaló, el actor es un sujeto de especial protección
constitucional que aun cuando podría tener a su alcance otro mecanismo judicial
como lo seria el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
juridicción contencioso admisnitrativa que le permitiría solicitar la
protección de sus derechos, este, a la luz de la jurisprudencia en la materia,
carecería de eficacia para lograr el fin perseguido.
4. Planteamiento del problema
jurídico y esquema de resolución
De
conformidad con las circunstancias fácticas que fueron expuestas, las pruebas aportadas y las
decisiones adoptadas por los jueces de las instancias en el marco de la acción
de tutela objeto de análisis, le corresponde a la Sala Séptima de Revisión determinar
si la decisión de la accionada en el sentido de negar la posibilidad de
participar por un cupo especial al accionante comporta una vulneración de sus derechos fundamentales a la educación, la igualdad material y a la diversidad
étnica y cultural, bajo el entendido de que este pertenece a una comunidad
afrodescendiente y que tiene la condición de desplazado.
Para efectos de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala procederá a reiterar su jurisprudencia en relación con los
siguientes puntos: (i) El derecho a la educación superior; (ii)
El alcance de la autonomía universitaria; (iii)
Las acciones afirmativas en favor de miembros de comunidades afrocolombianas
y de desplazados para, finalmente, dar (iv) solución del caso concreto.
5. El derecho a la
educación superior
5.1
El artículo 44 de la Constitución Política reconoce que la educación es un derecho
fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el artículo 67
del mismo texto establece que dicha garantía tiene una doble naturaleza en
tanto “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social” cuya materialización se encuentra en cabeza de la familia,
la sociedad y el Estado[48],
previendo que su obligatoriedad “comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica”.
5.2
En ese contexto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en
principio, “(…) es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco
años de primaria y cuatro de secundaria que comprende la educación básica”[49].
5.3 No obstante lo anterior, este Tribunal,
mediante diversos pronunciamientos, ha precisado que si bien el Estado no tiene
una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a
la educación superior, ello no significa que se encuentre eximido de su
responsabilidad de, en virtud del principio de progresividad[50], propender por el
acceso de la población a las diferentes etapas de la educación (preescolar,
primaria, secundaria y superior)[51].
En palabras de la Corte:
“(…) le corresponde
al Estado  junto con la familia y la sociedad  procurar el acceso
progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la
adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso
mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”[52].
5.4 Sobre el particular, agregó la Corte mediante sentencia C-520 de 2016[53], que “(…) todos las obligaciones estatales
para asegurar el acceso a los distintos niveles que la componen son de
naturaleza progresiva y, a medida que se llega a las escalas más altas de la
educación, es un principio aceptado en los ámbitos interno e internacional (…)”.
5.5 Bajo esa línea interpretativa, ha considerado este Tribunal que la
educación superior, excepcionalmente, adquiere el carácter de fundamental y que
su protección se concreta con la materialización de los criterios de acceso y
permanencia[54].
5.6 Lo expuesto guarda directa relación con distintos instrumentos de derecho internacional que
integran el bloque de constitucionalidad, los cuales se han referido igualmente
al derecho a la educación superior. Así, la Convención de los Derechos de
los Niños, adoptada por la Ley 12 de 1991, en su artículo 28, dispone que:
“1.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular:
(…)
c) Hacer
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados; (…) (Subrayas fuera del texto original)”.
De igual manera, el literal c) del párrafo 2 del artículo 13 del
Protocolo de San Salvador prevé que:
“Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio del derecho a la educación:
(…)
c. La
enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular,
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;”.
A su turno, la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y
el Desarrollo de la Educación Superior, adoptadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hacen un
llamado a los estados miembros para que, sin que ello constituya una obligación
directa, adopten las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la
educación superior. A manera de ejemplo dispone “crear, cuando proceda, el
marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la
educación superior”; impulsar la vinculación con la investigación y los
distintos sectores de la sociedad para que contribuyan eficazmente con su
desarrollo.
5.7 En ese orden, es claro que, de conformidad con la
jurisprudencia en la materia y los instrumentos internacionales, la educación
no solo goza de protección constitucional en su modalidad, primaria, básica y
secundaria, pues, como bien se señaló, esta Corporación también
ha amparado el derecho al acceso a la educación superior cuando su amenaza
o vulneración supone la amenaza o violación de otros derechos de carácter
fundamental  tales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o
el debido proceso por conexidad, entre otros. En consecuencia, en tratándose
del derecho a la educación superior la Sala Sexta de Revisión de este Tribunal concluyó,
mediante sentencia T- 680 de 2016, que:
“La Corte ha protegido el derecho a la educación por la
correspondencia que ésta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan
de vida del individuo como herramienta para superar situaciones de
marginación. Esta perspectiva presume que el grado de educación formal
incide decisivamente en la calidad de vida de los individuos, las familias y
las colectividades. En efecto atiende a la relación entre la educación y la
mejora de los niveles de ingreso, el acceso a oportunidades profesionales, la
inserción en la vida productiva, la movilidad social, la salud de las personas,
los cambios en la estructura de la familia, la promoción de valores
democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable
de las personas”.
5.8 En suma, el derecho a la educación, por expreso
mandato constitucional, es fundamental en el caso de niños, niñas y
adolescentes. Sin embargo, esta Corporación le ha atribuido el carácter
fundamental cuando se trata de adultos, bajo el entendido de que la misma, en su estrecha relación
con la dignidad humana no decae ni desaparece con el paso del tiempo, ni por la
transición entre la niñez y la adultez. De allí que, el goce efectivo del mismo,
ha sostenido la Corte, permita garantizar el desarrollo individual y colectivo del ser
humano, contribuyendo en la inclusión laboral y el desarrollo profesional de
los mayores de edad[55].
6. El alcance de la autonomía universitaria.
Reiteración de jurisprudencia
6.1 El principio de autonomía universitaria,
consagrado en el artículo 69 de la Constitución, establece que “(...) las universidades
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
la ley”. Dicha potestad de
autorregulación administrativa y académica  se encuentra igualmente
desarrollada en los artículos 28[56] y
29[57] de la Ley 30 de
1992[58]
los cuales tratan, entre otras cosas, de la facultad que tienen las
instituciones de educación superior para regular el proceso de selección y
admisión de sus alumnos.
6.2
Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación desde sus inicios,
concretamente mediante sentencia T-123 de 1993[59],
se refirió al concepto de la autonomía
universitaria como “(…) el derecho de cada institución superior a ser lo que
es, el derecho a su propia ley que la identifica como ente singular dentro del
mundo universitario, de tal modo que puede autorregularse, pero nunca en
contradicción con la legalidad y la conveniencia generales”.
6.3 Seguidamente,
a través de la sentencia
T-180 de 1996[60],
la Corte Constitucional se pronunció respecto de la finalidad y los límites de
dicha figura. Al respecto, destacó que  “La finalidad de la autonomía
universitaria es la de evitar que el Estado, a través de sus distintos poderes,
intervenga de manera ilegítima en el proceso de creación y difusión del
conocimiento. Con ello se asegura un espacio de plena autonomía en el que el
saber y la investigación científica se ponen al servicio del pluralismo y no de
visiones dogmáticas impuestas por el poder público, que coartarían la plena
realización intelectual del ser humano e impedirían la formación de una opinión
pública crítica que proyecte el conocimiento en el proceso de evolución social,
económica y cultural”.
6.4 De igual manera, precisó este Tribunal mediante la misma
providencia que los fines que persigue la
autonomía universitaria no constituyen una excusa para que los centros
docentes, amparados por tal garantía, “(…) vulneren los principios y
derechos en los que se apoya el ordenamiento jurídico. De igual manera, no
puede predicarse como correlato de la garantía institucional consagrada en el
artículo 69 de la Carta, la inmunidad judicial de los actos de las
Universidades que sean susceptibles de vulnerar los derechos fundamentales de
sus estudiantes. Sin embargo, la intervención del juez debe limitarse a la
protección de los derechos contra actuaciones ilegítimas, sin que le esté dado
inmiscuirse en el ámbito propio de libertad de la Universidad para fijar sus
políticas académicas e investigativas”[61].
6.5 Así las cosas, ha entendido la propia jurisprudencia que el ejercicio de
dicha garantía no es de carácter absoluto en tanto se encuentra sujeto al cumplimiento
del ordenamiento constitucional y legal vigente[62]. Así lo estableció la Corte en
sentencia T-933 de 2005 al estimar que:
“La
discrecionalidad dada a los entes universitarios para fijar los procedimientos
antedichos se encuentra limitada por (i) la facultad que el artículo 67 le
otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación, y para garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio; (ii) la competencia que el artículo 69 le atribuye al
legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales
las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, (iii) el amplio margen de configuración política que el artículo
150-23 le reconoce al Congreso para expedir las leyes que regirán la prestación
efectiva de los servicios públicos, entre los que se cuenta el de educación, y,
finalmente, (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales, derivado de la obligación que el artículo 2° de la Carta le
impone a las autoridades de la República para garantizar y propender por la efectividad
de todos los derechos ciudadanos.”
6.6 En consecuencia, la autonomía universitaria ha sido concebida
por este Tribunal “como un principio de autodeterminación derivado de la
Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de
desarrollar su misión, filosofía y objetivos (…)”[63]. No obstante, ha puntualizado
la Corte que esta potestad se encuentra
limitada por el orden público, el interés general, el bien común e
ineludiblemente por el derecho a la educación[64]
que,  como bien lo ha considerado esta Corporación no puede verse
restringido como consecuencia de la imposición de barreras injustificadas que
impidan o entorpezcan el proceso educativo. En palabras de la Corte:
“Resulta
inaceptable que con fundamento en el principio de la autonomía universitaria,
las instituciones de educación superior incluyan dentro de sus reglamentos
obligaciones que sometan a la comunidad estudiantil al cumplimiento de
requisitos desproporcionados para acceder a sus programas. Pues, como ya se
dijo, la mencionada facultad es un medio eficaz para garantizar el ejercicio
del derecho a la educación y no para limitarlo.[65]”
6.7 Lo anterior, ha estimado la propia jurisprudencia, resulta
relevante en tratándose de los criterios
para la selección de los estudiantes, pues aun cuando la regulación de los
mismos hace parte del ejercicio de la autonomía universitaria, estos deben
atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello, en aras de
evitar la afectación de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la
igualdad[66].
En ese sentido, la Corte en
sentencia T- 586 de 2007[67]
expresó que si bien “(…) las universidades cuentan con la atribución de exigir de
los estudiantes el sometimiento a normas internas que regulan las relaciones
académicas y administrativas de la institución, las cuales son
indispensables para garantizar el ingreso y permanencia en el sistema
educativo […] tal facultad no valida la exigencia e imposición de actos
arbitrarios o discriminatorios que conculquen derechos fundamentales de los
aspirantes y de la comunidad educativa”.
7. Las acciones afirmativas en
favor de miembros de comunidades afrocolombianas y de desplazados. Reiteración
de jurisprudencia.
7.1 La jurisprudencia de esta Corporación
reconoce las acciones afirmativas como “(…) políticas o medidas dirigidas a
favorecer a determinadas personas o grupos, bien con el fin de suprimir o
reducir las desigualdades de orden social, cultural o económico que los
afectan, o bien con el de procurar que los miembros de un grupo que usualmente
han sido objeto de discriminación, obtengan una mayor representación”[68].
7.2 Dichas acciones, ha considerado esta Corte,
encuentran fundamento en preceptos de orden constitucional. Así, el artículo 2°
de la Carta prevé la garantía en la efectividad de los derechos como fin
esencial del Estado, consintiendo cualquier tipo de tratamiento favorable en
beneficio de personas en situación de debilidad manifiesta y/o grupos
históricamente discriminados. Por su parte, el artículo 13° superior, en
desarrollo del concepto de igualdad material, le impone al Estado la necesidad de
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Dictamina el referido
artículo que: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
Respecto de lo anterior, sostuvo este Tribunal mediante sentencia C-932 de 2007[69] que:
“(…) la interpretación sistemática de la Constitución de 1991
permite concluir que las autoridades públicas pueden adoptar medidas para
favorecer a un grupo de personas que se encuentran en situación de debilidad
producida por desigualdades culturales, históricas, sociales o económicas. Así,
en sentencia precedente dijo que estas medidas son “instrumentos diferenciales
diseñados para asegurar la satisfacción de bienes y servicios en una sociedad
caracterizada por la escasez”[70].
7.3 En ese orden, la Corte ha sido clara en advertir que el
Estado tiene la obligación de adoptar acciones tendientes a garantizar una
igualdad real para aquellas personas que se encuentran en situación de
desprotección derivada de un criterio sospechoso originado en razones de sexo, raza,
nacionalidad, lengua, credo o ideología, entre otros. Todo esto, con el objeto
de evitar tratos discriminatorios que constituyan una barrera en el acceso y goce efectivo a
diversos derechos y prestaciones[71].
7.4 Ahora bien, en lo que corresponde
concretamente a los miembros de grupos étnicos en el ordenamiento jurídico
colombiano, los artículos 1° y 7° superiores justifican
la existencia de medidas afirmativas y la aplicación de enfoques diferenciales
a favor de los mismos. Sobre el particular, ha sostenido esta Corporación que
el respeto por el pluralismo y la exaltación de las culturas nativas
históricamente vinculadas al territorio nacional le impone al Estado el deber
de  proporcionarle a dichos grupos los medios necesarios para mantener sus
características fundantes, así como los mecanismos para lograr la efectividad y
el ejercicio pleno de sus derechos. En palabras de la Corte:
“Los
principios de pluralismo, diversidad étnica y cultural fueron reconocidos por
parte del Constituyente de 1991 y se fundan como elementos determinantes del
Estado colombiano. El artículo 7º de la Constitución señala que “el Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; en
igual sentido se pronuncia el artículo 70 superior. Esta Corporación ha
afirmado que los mencionados principios “permiten al individuo
definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en valores
étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general
de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y
monoculturales”. Las normas constitucionales referenciadas no sólo
implican el reconocimiento de la diversidad cultural, sino además, establecen
un claro deber para el Estado colombiano de garantizarla y protegerla de manera
efectiva, mediante la adopción de medidas afirmativas para que el mencionado
derecho sea efectivamente gozado, en condiciones de una verdadera igualdad
material”[72]
7.5 El marco constitucional en
materia de reconocimiento y protección a las comunidades afrocolombianas
se complementa con instrumentos de carácter internacional tales como[73]: el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (art. 27)[74],
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 13
y 15)[75],
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 13 y 14)[76] y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo[77],
como parte integrante del denominado bloque de constitucionalidad,  y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, adoptada en Nueva York el 7 de marzo de 1966 y
ratificada por Colombia mediante la Ley 21 de 1981 que en el numeral segundo de
su artículo 2 prevé que:
“Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias
lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica,
cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y
protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos
grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute
por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de
alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”.
7.6 Bajo esa óptica, la Corte en sentencia T-422 de 1996[78] precisó que
para el caso de la población negra la diferenciación positiva tiene una finalidad compensadora
en tanto obedece al reconocimiento de la situación de marginación social de la
que ha sido víctima, hecho que ha repercutido negativamente en el acceso a las
oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Agregó esta
Corporación la misma providencia que “(…) como ocurre con grupos sociales
que han sufrido persecuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican
su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear nuevas
condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz
interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad constitucional”.
7.7 Ahora bien, para lo que interesa a la presente causa,
es preciso señalar que las acciones afirmativas a favor de los miembros de comunidades
afrocolombianas en materia de educación encuentran su desarrollo en la Ley 70
de 1993[79]
la cual en su capítulo VI consagra mecanismos de protección y desarrollo de los
derechos y de la identidad cultural de las comunidades negras, incluyendo una
serie de disposiciones relativas a la prestación del servicio educativo y el
acceso a la educación superior de estos colectivos. Así, el artículo 32 de la
aludida ley establece que el Estado colombiano “reconoce y garantiza a
las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus
necesidades y aspiraciones etno-culturales”, siendo su obligación
adoptar “las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles educativos,
los currículos se adapten a esta disposición”; A su turno el artículo 33 dispone
que es deber del Estado perseguir y evitar la segregación en el sistema
educativo[80].
Por su parte, el artículo 38 dictamina que las comunidades negras deben contar con
los medios para conseguir una formación profesional, brindándoles a estas
acceso y promoción en dichos programas[81];
y finalmente el artículo 40 obliga al gobierno a crear partidas presupuestales
y fondos de becas que garanticen el acceso de estos grupos a los diferentes
niveles de formación[82].
7.8 Con
fundamento en lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las acciones
afirmativas también están llamadas a recaer en el desarrollo educativo de los
miembros de las comunidades afrocolombianas. En ese sentido la Corte mediante
sentencia T-375
de 2006 estimó que: “(…) una de las acciones afirmativas que se puede tomar en Colombia
es aquella tendiente al desarrollo educativo de los miembros de las comunidades
afrocolombianas.
7.8 Sobre
particular, ha enfatizado este Tribunal que, en razón del Convenio 169 de la
OIT, al cual se hizo mención en párrafos anteriores y como bien se precisó
integra el bloque de constitucionalidad, “(…) existe un mandato claro de
promoción del acceso a la educación de los miembros de las comunidades negras.
Lo anterior tanto en el sentido de conservación de su identidad cultural -a
través de la educación impartida no sólo a los miembros de tales comunidades
sino a toda la población colombiana- como en el sentido de permitir que
aquéllos puedan cursar la educación básica y acceder a niveles de educación
superior”[83].
7.9 En
síntesis, el hecho de pertenecer a uno comunidad étnica es utilizado como un criterio
para adoptar acciones de diferenciación positiva en materia de acceso a la
educación encuentra su fundamento en la Constitución, la ley y distintos
instrumentos de orden internacional los cuales han entendido que tales medidas,
desde el plano de la igualdad material, resultan admisibles en tanto buscan
mejorar la situación de un grupo étnico como los son las comunidades
afrocolombianas[84]
que históricamente han sido tratadas como un sector poblacional marginado,
excluido de los beneficios y derechos de los demás miembros de la organización
social[85].
7.10
Por otro lado, en relación con la población desplazada, esta Corporación ha
establecido que el desplazamiento forzado interno constituye una “(…) masiva,
compleja, sistemática y continuada violación de derechos fundamentales (…).
De allí que, el Gobierno Nacional y, en general, las autoridades públicas,
deban desplegar acciones tendientes tanto a la prevención de la ocurrencia de
nuevos desplazamientos, como a la estabilización socioeconómica de dicho
sector.
7.11 Bajo ese contexto, este Tribunal ha concebido la existencia
y aplicación de acciones afirmativas para hacer frente a la situación de
desplazamiento. Ello, avalando la elaboración e implementación de políticas públicas
diferenciales, en tanto la “(…) difícil situación de los desplazados puede
traducirse en la discriminación de otros grupos igualmente necesitados que son
pobres históricos”. Así lo consideró la Corte en sentencia T- 1034 de 2008[86].
7.12 En el mismo sentido, ha estimado la propia
jurisprudencia que la necesidad en la implementación de acciones afirmativas a
favor de la población desplazada se circunscribe a la urgencia en la que se
encuentra el Estado para brindar atención a las especiales circunstancias de
desarraigo a las que se ve sometida la misma. Así, ha concluido esta
Corporación que:
“(…) para contrarrestar los efectos nocivos del reasentamiento
involuntario producto del desplazamiento, y siempre que no sea posible el
retorno al lugar de origen de los desplazados en condiciones de dignidad,
voluntariedad y seguridad, la respuesta estatal debe articularse en torno a
acciones afirmativas que garanticen (i) el acceso a bienes y servicios básicos
en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de la igualdad, y (iii)
la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados”[87].
8.
Análisis del caso concreto
8.1 El proceso
objeto de revisión se concreta en el estudio de la acción de tutela presentada
por el señor Jhon Eder Villareal
Bagui contra la Universidad de Nariño. A juicio
del actor, la demandada vulneró sus derechos fundamentales a la educación, a la
igualdad y a la diversidad étnica y cultural al negarle la postulación a los pregrados de ingeniería ambiental
o arquitectura en la modalidad de “cupo especial para la comunidad
estudiantil perteneciente a negritudes”, bajo el argumento de que no
cumplió con uno de los requisitos previstos para el efecto, sin considerar,
además, que tiene la condición de desplazado.
8.2
Frente a la situación fáctica planteada por el accionante, la demandada negó
haber desconocido las garantías invocadas. Al respecto, explicó que el tutelante no
observó la totalidad de los requisitos dispuestos por la normatividad del
plantel para acceder al cupo especial al que se postuló, en particular, el de
no  haber culminado sus estudios de educación media en un colegio de la zona pacífica
del departamento del Nariño, razón por la cual, su inscripción fue tramitada
bajo la modalidad de “CUPO REGULAR”.
8.3 Los
jueces que conocieron del presente trámite de tutela denegaron el amparo tras
considerar que le correspondía al actor ceñirse a los requisitos previstos por
la institución educativa para poder inscribirse al cupo especial solicitado.
8.4 Conforme fue expuesto, le corresponde a la
Sala determinar si la decisión de la accionada, en el sentido de negar la
posibilidad de participar por un cupo especial al accionante, comporta una
vulneración de sus derechos
fundamentales a la educación y a la igualdad
material, bajo el entendido de que este pertenece a una comunidad
afrodescendiente y que tiene la condición de desplazado.
8.5 Para efectos de darle solución al objeto de la litis,
es preciso referirse a los elementos de juicio que la Sala encontró acreditados
en el expediente:
(i)
Se
encuentra establecido que el actor, mayor de veinte años, tiene la calidad de
afrodescendiente, perteneciente a las Comunidades Negras del Pacífico, adscrito
al Consejo Comunitario Unión Río Caunapi –CCURC-.
(ii)
A la
edad de 5 años él y su familia fueron desplazados del municipio de Tumaco
(Nariño) razón por la cual, posteriormente, se les reconoció, por parte de la
Unidad para la Atención Integral para las Víctimas (UARIV), la categoría de
víctimas de desplazamiento forzado, teniendo como fecha del hecho victimizante
el día 16 de septiembre de 2005. Al respecto se precisa que para el día 25 de
enero de 2019 se encontraban bajo la categoría de “incluidos” en el RUV
(ver a folio 12 del cuaderno principal).
(iii)
Tal y como dan cuenta los certificados académicos allegados al proceso,
el tutelante adelantó sus estudios de educación primaria, media y secundaria,
hasta optar por el grado de bachiller, el día 7 de diciembre de 2018, en
instituciones educativas de la ciudad de Pasto (Nariño).
(iv)
Posteriormente,
el 30 de mayo de 2019 formalizó su inscripción a la convocatoria 2019 B de la
Universidad del Nariño, bajo la modalidad de cupo especial destinado a “la
comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes” aspirando a ser
admitido, como primera opción, en el programa de ingeniería ambiental y, como
segunda opción, en el de arquitectura. Para efectos de la inscripción anexó
“(…) a ella la debida certificación que lo […] acredita como perteneciente a
una comunidad negra del pacífico CCURC” (ver escrito de tutela a folio 2
del cuaderno principal), haciendo manifiesta su condición de desplazado por la
violencia[88].
(v)
Consta
en el expediente que la Universidad de Nariño una vez verificó que el actor no
cumplía con el requisito de “(…) haber terminado estudios de educación media en un colegio ubicado
en la Zona Pacífica del Departamento de Nariño”[89] procedió a
modificar su inscripción de cupo especial para negritudes, pasándolo a “(…)
concursar por un CUPO REGULAR”. (ver a folio 21 del cuaderno principal).
(vi)
En
razón de lo anterior, mediante derecho petición del 16 de julio de 2019
dirigido a la Universidad de Nariño, el actor solicitó explicación del porqué
no se tuvo en cuenta su calidad de persona desplazada y de afrodescendiente
para ser valorada su postulación en un cupo especial.
(vii)
Finalmente,
de conformidad con el cuadro de resultado de aspirantes al cupo especial
previsto para “negritudes de la zona pacífica nariñense” de la
institución accionada, figura en la lista de inadmitidos y, a su vez, la
persona que de acuerdo con los requisitos exigidos fue “admitida” para
dicha plaza. (ver a folio 18 del cuaderno principal).
Expuestos
los anteriores elementos fácticos procede la Sala a dar solución al asunto
objeto de revisión en los siguientes términos:
8.6
Destaca la Sala que, en ejercicio de la autonomía universitaria y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la ley, la Universidad de
Nariño expidió el Acuerdo 009
de 1998 “por el cual se adoptó el estatuto estudiantil de pregrado”.
Allí se fijaron, entre otros aspectos, los requisitos para acceder a los
denominados cupos especiales los cuales constituyen,
a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación, acciones afirmativas
dirigidas a garantizar las condiciones de igualdad en el acceso a la educación
de aquellas personas que pertenecen a grupos discriminados o marginados como lo
son las minorías étnicas y/o la población desplazada. Al respecto, ha precisado
esta Corte que, cuando una universidad destina un porcentaje de sus cupos a
miembros de minorías étnicas “(…) persigue el logro de una igualdad real y
efectiva, a favor de grupos tradicionalmente discriminados o marginados[90]”.
8.7 En ese contexto la
entidad accionada, en el artículo 19 de su Estatuto Estudiantil de Pregrado,
reglamenta los casos en los cuales los aspirantes a un programa académico
pueden inscribirse bajo la modalidad de un cupo especial. Así, y para lo que
interesa a la presente causa, se prevé entre otros: (i) un cupo para la
Comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes y (ii) un cupo
para la población estudiantil desplazada de los departamentos del Nariño y
Putumayo (subrayado fuera del texto original).
8.8 Ahora bien, en lo que corresponde
específicamente a la modalidad especial dispuesta para “la comunidad
estudiantil perteneciente a las negritudes” el mismo artículo 19 del
estatuto en mención establece como requisitos para acceder a dicho cupo
presentar : (i) certificación que acredite que es miembro de una comunidad
afrocolombiana y (ii) acta de grado en la que conste que el aspirante culminó
sus estudios de educación media o se encuentre cursando grado once en uno de los
colegios ubicados en la zona pacífica del departamento de Nariño. Dichos
requisitos, precisa la Sala, figuran además en el portal web de la institución
educativa, siendo, en consecuencia, de conocimiento público[91].
8.9 Según se desprende del expediente de tutela,
Jhon Eder Villareal Bagui, como afrodescendiente, aspiró al cupo especial
destinado a “la comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes”
ofertado en la convocatoria 2019 B de la Universidad de Nariño para los
programas de  pregrado de ingeniería ambiental (como primera opción) y
arquitectura (como segunda opción). Con ese propósito, el accionante anexó a su
solicitud de inscripción la certificación que lo acredita como miembro
perteneciente a una Comunidad Negra del Pacífico[92] y puso de manifiesto su
condición de desplazado.
8.10 En ese orden, se evidencia que no aportó la
documentación que diera cuenta que había culminado sus estudios de educación de
bachillerato en un colegio de la “Zona Pacífica del Departamento de Nariño”.
Este hecho, explicó el actor, lo manifestó la Defensoría del Pueblo y lo
advierte la Sala, obedeció a que él y su familia fueron víctimas de
desplazamiento forzado por
hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2005, es decir cuando tan solo tenía
5 años de edad, conforme se puede evidenciar del documento de identidad
allegado al trámite de tutela[93].
La referida situación llevó, tal y como quedó demostrado en el material
probatorio, a que el peticionario adelantara su estudios de educación básica y
media en planteles educativos de la ciudad de Pasto (Nariño) obteniendo,
finalmente, su diploma de bachiller académico en la Institución Educativa Municipal
Pedagógico de la referida ciudad. Lo anterior, a la luz de la normatividad que
regula lo relacionado con la admisión al cupo especial aspirado, constituyó un
incumplimiento de los requisitos previstos para el efecto y, en consecuencia,
implicó que su solicitud de ingreso fuera tramitada bajo la modalidad de “CUPO
REGULAR”.
8.11  Sobre el particular, encuentra la Sala que, prima
facie, la actuación de la institución tutelada no constituye una
vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Específicamente, si
se entiende que la misma tuvo por objeto garantizar el derecho a la igualdad entre
sujetos que pertenecen a la comunidad afrodescendiente y que, además cumplen con
el criterio de haber culminado los estudios de educación media en un colegio de la región pacífica del departamento
de Nariño.
8.12 Al
respecto, el artículo 1º del Acuerdo 009 de 1998 que desarrolla el Estatuto Estudiantil de Pregrado
de la Universidad de Nariño, prevé que: “en aplicación de los principios
constitucionales, en especial de los consagrados en los Artículos 13 y 67 de la
Constitución Nacional, la Universidad de Nariño garantiza, a quien se inscribe,
la posibilidad de acceder a la Institución en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes y dentro de las reglas de juego preestablecidas en los
estatutos y reglamentos universitarios”. En el mismo orden, la norma en comento dispone que la política de admisiones se
guiará, entre otros, por el criterio según el cual “(…) no habrá
discriminación, ni tratamiento preferencial, salvo en aquellos casos que ordene
la ley, o cuando la preferencia tienda a promover las condiciones para
que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva”; aspecto
este último que, en atención al artículo 16 del citado ordenamiento se
materializa en el caso de “Los cupos especiales” (negrilla y
subrayado fuera del texto original)[94].
8.13 En ese sentido, se estima que para el caso sub examine la
flexibilización de los requisitos contemplados por el plantel para acceder al
cupo previsto para “la comunidad estudiantil perteneciente a las negritudes” no era posible,  principalmente, porque
la institución universitaria contaba con otro cupo especial que se adecuaba a
las condiciones del actor (cupo especial para la población desplazada) y
porque, además, habían otros sujetos que igualmente aspiraban a la plaza
especial solicitada por el señor Villareal Bagui , los cuales no solo eran
afrodescendientes sino que, adicionalmente, se sujetaban al parámetro
relacionado con el lugar de finalización de sus estudios de educación media.
Ello puede inferirse de uno de los documentos presentados por el mismo
peticionario (ver a folio 18 del cuaderno principal) donde se evidencia que,
dentro de la tabla denominada “Negritudes de la Zona Pacífica Nariñense”,
fueron varios los aspirantes, figurando solamente uno de ellos como “admitido”.
8.14 Respecto de lo anterior, es preciso destacar que la Sala no desconoce
que las razones que llevaron a que el actor no pudiera acreditar el
cumplimiento del requisito relacionado con culminar sus estudios de
bachillerato en un colegio de la región pacífica nariñense fueron ajenas a su voluntad
y que, por el contrario, se circunscribieron a la situación de desplazamiento
forzado que
como bien ha señalado esta Corte se “(…) caracteriza esencialmente por una coacción
violenta ejercida en la persona para abandonar un determinado territorio ”[95]. Esto adquiere
particular relevancia si se toma en consideración que ante el evento de no
haberse previsto otra acción afirmativa materializada, como ocurre en el
presente asunto, en la existencia de un cupo especial para la población
desplazada, hubiese sido necesario acudir a una interpretación dúctil de los
requisitos contemplados por el plantel educativo que, en aras de salvaguardar los
derechos fundamentales del accionante, reconociera la condición de desventaja
en la que este se encontraba al haber tenido que migrar de manera forzosa y
violenta a otra zona del país[96],
eliminado así cualquier tipo de consecuencia más adversa que pudiera proyectarse
negativamente en el goce y ejercicio de sus garantías fundamentales, particularmente,
en la que se relaciona con el acceso a la educación superior.
8.15 En los términos descritos, reitera la Sala que, por el
aspecto explicado, la accionada no incurrió en una trasgresión de los derechos
invocados por el señor Villareal Bagui en cuanto tiene que ver con su calidad de
afrodescendiente.
8.16 No obstante lo anterior, considera la Sala que el hecho que la
institución no valorara la condición de desplazado del actor, a pesar de haber
tenido conocimiento de la misma al momento de la inscripción y previo a la
decisión de “pasarlo”[97]
a concursar por un “CUPO REGULAR” , sí comporta un claro desconocimiento
de sus derechos fundamentales en tanto no se le brindó la oportunidad de que su
nombre pudiera ser considerado para aspirar al cupo especial previsto para la
población desplazada no obstante de que le asistía legítimamente tal derecho.
En efecto, conforme se establece en el literal i) del Estatuto Estudiantil de
Pregrado de la Universidad de Nariño[98]
tal plantel también tiene previsto: “un cupo especial por Programa para la Población Estudiantil
Desplazada de los Departamentos de Nariño y Putumayo”.
8.17 En ese sentido estima la Sala que, antes de haberse adoptado
la decisión de pasar la aspiración del accionante a un “CUPO REGULAR”,
le correspondía a la institución demandada modificar su inscripción al cupo
especial dispuesto para la población desplazada. Ello, en aras de garantizar el
derecho al acceso a la educación y a la igualdad material del señor Villareal Bagui quien, en su condición de sujeto de especial protección
constitucional derivada no solo de su origen étnicamente diferenciado sino
también de su calidad de desplazado, no podía ser tratado y/o valorado en su
postulación bajo los mismos criterios que la población mayoritaria. Sobre este
aspecto, destaca la Sala que el hecho de trasladar al actor a participar por
una plaza ordinaria hizo nugatorio su derecho de ingresar a la educación
superior comoquiera que su puntaje resultaba, conforme lo manifestó la
accionada, inferior al mínimo exigido para quienes se presentaron a dichas
plazas (ver a folios 21 y 22 del cuaderno principal).
En
virtud de lo expuesto, la Sala revocará las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por el Juzgado Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de San Juan de Pasto el cuatro (4) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019) y, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de San
Juan de Pasto el primero (01) de octubre  de dos mil diecinueve (2019),
respectivamente, y en su lugar, amparará los derechos fundamentales a la educación, y a la igualdad del señor
John Eder Villareal Bagui y, en consecuencia,
le ordenará a la accionada que para la próxima convocatoria de pregrado valore
la inscripción ya efectuada por el actor bajo la modalidad de cupo especial
previsto para la población desplazada.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de San Juan de Pasto el cuatro (4) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019) y el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de San Juan de Pasto el primero (01) de octubre  de dos mil diecinueve
(2019), respectivamente, y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad del señor John Eder Villareal Bagui por
las razones expuestas en el presente fallo.
SEGUNDO. ORDENAR a la Universidad de Nariño valorar,
en la próxima convocatoria de pregrado, la inscripción ya efectuada por el
actor bajo la modalidad de cupo especial previsto para la población desplazada.
TERCERO. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Ver a folios 250 – 258 del cuaderno principal.
[2] Ver a folios 30- 33 del cuaderno principal.
[3]
Sala de Selección Número Uno conformada por los
magistrados Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas. Auto del 31 de
enero de 2020, notificado el 14 de febrero 2020.
[4] Ver a
folio 7 del cuaderno principal - cédula de ciudadanía del actor.
[5] Ver a
folio 10 del cuaderno principal- certificación del Consejo Comunitario Unión
Rió Cuanapi.
[6] Ver a
folio 12  de cuaderno principal – certificado de la UARIV.
[7] Ver a
folio 15 del cuaderno principal- acta de grado de bachiller del actor.
[8] Ver a
folio 16 del cuaderno principal.
[9] Ver a
folio 17 del cuaderno principal – desprendible de pago de inscripción a
pregrado.
[10] Ver a
folio 19 del cuaderno principal
[11] Ver a
folio 21 del cuaderno principal.
[12] Ver a folio 24 del cuaderno principal.
[13]
Ver a folios 27- 29 del cuaderno principal.
[14]
Información que obra en la página web de la Universidad. Ver  siguiente enlace:https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2017/11/estatuto-estudiantil-udenar.pdf
[15]
Información que obra en la página web de la Universidad de Nariño en el
siguiente enlace: https://www.udenar.edu.co/ocara/admisiones/requisitos-de-inscripcion/#negritudes
[16] Ver a
folio 29 del cuaderno principal
[17] Ver a
folios 7,8 y 9 del cuaderno principal.
[18] Ver a
folio 10 del cuaderno principal.
[19] Ver a
folio 11 del cuaderno principal.
[20] Ver a
folio 12 del cuaderno principal.
[21] Ver a
folio 13 del cuaderno principal.
[22] Ver a
folio 14 del cuaderno principal.
[23] Ver a
folio 15 del cuaderno principal.
[24] Ver a
folio 16 del cuaderno principal.
[25] Ver a
folio 17 del cuaderno principal.
[26] Ver a
folio 18 del cuaderno principal.
[27] Ver a
folio 19 del cuaderno principal.
[28] Ver a
folio 20 del cuaderno principal.
[29] Ver a
folios 21 y 22 del cuaderno principal.
[30] Ver a folios 267 -275 del cuaderno principal.
[31] Ver a folio 35 del cuaderno principal.
[32] Ver a folios 46- 49 del cuaderno principal.
[33] La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas conformada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, José
Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos.
[34] Constitución Política,
artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
[35] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[36]
Expedida el 7 de noviembre de 1904 por el Gobernador del Departamento de
Nariño. Consultar en  página web de la institución.
[37] Sobre la materia revisar la sentencia SU- 391 de 2016 (M.P
Alejandro Linares Cantillo).
[38] Ver a
folio 17 del cuaderno principal.
[39] Artículo 86 de
la Constitución Política. Ver sobre el particular sentencia T-847 de 2014 (M.P
Luis Ernesto Vargas Silva).
[40]Sobre
la materia ver, entre otros, sentencias T- 717 de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas
Silva), T-177 de 2015 (M.P Jorge Iván Palacio
Palacio), T-414 de 2015 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[41]
Corte Constitucional, sentencias T- 282 de 2008 (M.P Mauricio
González Cuervo), T- 252 de 2017 (M.P (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo), T-431 de 2019 (M.P
Alejandro Linares Cantillo) entre otras.
[42]
Corte Constitucional sentencia T-177 de
2015 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[43]
Corte Constitucional, sentencias T- 282 de 2008 (M.P Mauricio
González Cuervo), T- 252 de 2017 (M.P (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo), T-066 de 2020 (M.P Cristina
Pardo Schlesinger).
[44] M.P Jorge Iván Palacio
Palacio.
[45] Sentencia T-422 de 1996, reiterado en
Sentencias T-586 de 2007 y T-375 de 2006, T-680 de 216, T- 252 de 2017, T-066 de 2020, entre otras.
[46] Corte
Constitucional, sentencia T- 680 de 2016 (Jorge
Iván Palacio Palacio), T-066 de 2020 (M.P Cristina Pardo Schlesinger).
[47] M.P
Cristina Pardo Schelesinger.
[48] Sobre el particular ver sentencia T- 612 de 2017 (M.P Cristina Pardo
Schlesinger).
[49] Corte Constitucional, sentencia T-680 de 2016 (M.P Jorge Iván
Palacio Palacio).
[50] Respecto del principio de progresividad en materia de
educación esta Corte ha afirmado que esta respecto
se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un
plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que
la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí
encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las
personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias,
dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan
posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía
de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio
se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas
sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas
regresivas para la eficacia del derecho concernido”. (Sentencia T-068 de
2012.). También ver sentencias T-423 de 2013 y T-375 de 2013, T-1026 de 2012,
T-068 de 2012 T- 680 de 2016, entre otras.
[51] Corte
Constitucional, sentencias, T- 068 de 2012 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),  T- 743 de
2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva),T-680
de 2016 y T- 679 de 2017 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio), T-089 de 2017 (M.P
María Victoria Calle Correa) entre otras.
[52] Corte Constitucional, sentencia T- 680 de 2016
(M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[53]M.P María Victoria Calle Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez
(e), Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas
Ríos).
[54]  Corte Constitucional,
sentencia T-138 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Iván Palacio
Palacio), reiterada en las providencias T-680 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio
Palacio), T-689 de 2016 (M.P María Victoria Calle Correa; AV Alejandro Linares
Cantillo) y T-089 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa, SV Alejandro Linares
Cantillo). Sobre el carácter fundamental del derecho a la educación superior
también se puede consultar la sentencia C-535 de 2017 (M.P Gloria Stella Ortiz
Delgado con SVP; SVP y AV Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo
Schlesinger y Diana Fajardo Rivera; AV Alberto Rojas Ríos), T.612 DE 2017 (M.P
Cristina Pardo Schelesinger).
[55] Corte Constitucional, sentencia T- 356 de 2017 (M.P Alejandro
Linares Cantillo).
[56]
Ver artículo 28 de la Ley 30 de
1992.:“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas
y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional”.
[57] Ver artículo 29 de la Ley 30 de 1992:
“La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de
las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción
y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: || a) Darse y
modificar sus estatutos. || b) Designar sus autoridades académicas y
administrativas. || c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo
que expedir los correspondientes títulos. || d) Definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. || e)
Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. || f)
Adoptar el régimen de alumnos y docentes. || g) Arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. ||
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se
requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)”.
[58]
“Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
[59] M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-180 de
1996 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz).
[61] Ibídem.
[62] Corte Constitucional, sentencia T- 680 de
2016 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[63] Corte Constitucional, sentencias
T-703 de 2008.( M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T- 068 de 2012 (M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2019
(M.P Diana Fajardo Rivera).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2005 (M.P Nilson Pinilla Pinilla).
[66] Corte Constitucional, sentencias T-674 de 2000 (M.P Alejandro Martínez
Caballero) y T-586 de 2005 (M.P Nilson Pinilla Pinilla).
[67] M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[68]  Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2000
(M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T.-1034 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil).
[69] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[70] Reiterado en sentencia T-1034 de 2008 (M.P
Rodrigo Escobar Gil).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-1034
de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil) y T-680 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio
Palacio).
[72] Corte Constitucional, sentencias T-680 de 2016
(M.P Jorge Iván Palacio Palacio) y T-492 de 2014 (M.P Mauricio González Cuervo).
[73]
Dicha referencia fue tomada de la sentencia T-680 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[74] En los Estados en que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en Colombia por la
Ley 74 de 1968.
[75] Artículo 13. La educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos étnicos o religiosos. Artículo 15.
Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida
cultural y adoptarán las medidas para la conservación, desarrollo y difusión de
la cultura. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales fue aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968.
[76] Artículo 13. La educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos. Artículo 14. Los Estados partes reconocen el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural de la comunidad y
adoptarán las medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la
cultura. El Protocolo Adicional fue aprobado en Colombia por la Ley 319 de
1996.
[77] Aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991.
[78] M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[79]
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política”, establece en su artículo 1° que “La presente ley tiene por
objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho
a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la
protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras
de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
[80] Artículo 33. El Estado
sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o
racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la
administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los
medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se
ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y
cultural.
[81]
Artículo 38. Los miembros de las
comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y
profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás
ciudadanos. || El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover
la participación de las comunidades negras en programas de formación técnica,
tecnológica y profesional de aplicación general.
[82]Artículo 40. El Gobierno destinará las
partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la
educación superior a los miembros de las comunidades negras. || Así mismo,
diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y
superior, con destino a las comunidades negras en los distintos niveles de
capacitación. Para este efecto, se creará, entre otros, un fondo especial de
becas para educación superior, administrado por el Icetex, destinado a
estudiantes en las comunidades negras de escasos recursos y que se destaquen
por su desempeño académico.
[83] Corte Constitucional, sentencias ] T-375 de 2006 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra),
reiterado en sentencia T- 586 de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla).
[84] Corte Constitucional, sentencias C-371 de 2000  (M. P. Carlos Gaviria Díaz) , T-1090 de 2005 (M. P.
Clara Inés Vargas Hernández), T- 586 de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla).
[85]
Corte Constitucional, sentencias T-
586 de 2007 (M.P Nilson Pinilla Pinilla ) y T-680 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[86] M.P Rodrigo Escobar Gil.
[87] Corte Constitucional,
sentencia T-602 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería) y T- 1034 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil).
[88]
Este último aspecto encuentra sustento en los siguientes documentos que hacen
parte del expediente: escrito de tutela, derecho de petición presentado por el
actor ante la universidad el día 16 de julio de 2019, certificación de apoyo
social de la alcaldía de Pasto dirigido a la universidad y las respuestas
presentadas por accionada en marco del referido derecho de petición y la acción
de tutela.
[89]
Ver Estatuto Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Nariño en la página https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2017/11/estatuto-estudiantil-udenar.pdf
[90] Corte
Constitucional, sentencia T- 110 de 2010 (M.P María Victoria Calle Correa).
[91]
Al respecto ver https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2017/11/estatuto-estudiantil-udenar.pdf
[92] Ver a folio 10 del cuaderno principal.
[93] Ver a folio 7 del cuaderno principal.
[94] Al
respecto consultar: https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2017/11/estatuto-estudiantil-udenar.pdf
[95] Corte
Constitucional, sentencia T- 832 de 2014 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[96] Sobre
el particular ver sentencia T-1105 de 2008 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto).
[97] Ver a
folio 21 del cuaderno principal.
[98]
(Adicionado por Acuerdo No. 020 de Marzo 13 de 2003. C. Superior) ver: https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2017/11/estatuto-estudiantil-udenar.pdf