T-188-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-188/16
ACCION DE
TUTELA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO DE POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
Esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Lo
anterior, debido a que otros medios de defensa judicial resultan insuficientes
para brindar protección eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio
que enfrenta esta población y porque resultaría desproporcionado exigir a
las personas desplazadas el agotamiento previo de los recursos judiciales
ordinarios, lo cual equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que
han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración
del carácter fundamental respecto a la población en desplazamiento
El derecho a la vivienda digna de la
población desplazada es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que ha
sido desarrollado a través de instrumentos internacionales e internamente por
vía jurisprudencial, legislativa y reglamentaria, siendo un imperativo para el
Estado su protección y salvaguarda.
DESALOJOS
FORZOSOS FRENTE A POBLACIONES VULNERABLES Y ESTANDARES INTERNACIONALES
DERECHOS DE LA
POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO
La población víctima de desplazamiento forzado que se
encuentre asentada en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con
los márgenes y cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son
los diques, tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando
las autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución
de bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En tal caso, deberá
protegerse el derecho a la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptando
medidas transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y
ayuda humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de
vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se
adelanten por parte de las autoridades públicas competentes.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE GRUPOS VULNERABLES FRENTE A ORDEN DE DESALOJO-Orden a Alcaldía y a autoridades competentes garantizar albergue
provisional a familias en condición de desplazamiento que habitan los
asentamientos, así como la ejecución de programas de estabilización
socioeconómica y de ayuda humanitaria
Referencia: expediente T-5318700
Acción de tutela
instaurada por José Samuel Rojas Mora actuando en nombre propio y como
representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza contra el
municipio de Villavicencio, el departamento del Meta, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio,
Fonvivienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la
República.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril dos
mil dieciséis (2016).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión[1] del fallo proferido en
primera instancia, por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del Meta, el
dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la
Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de  Estado, el cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015); dentro
de la acción de tutela promovida por José Samuel Rojas Mora actuando en
nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida
y Esperanza contra el municipio de Villavicencio, Fonvivienda, el departamento
del Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la Presidencia de la República.
I.  ANTECEDENTES
El señor José Samuel Rojas Mora,
actuando en nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo
Amanecer Vida y Esperanza, interpone el día nueve (9) de julio
de dos mil quince (2015) acción popular[2]
solicitando[3]
la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a
la unidad familiar, a la honra, los cuales considera vulnerados por la
Alcaldía Municipal de Villavicencio, Fonvivienda, la Gobernación del Meta, el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la Presidencia de la República, ante la amenaza
de desalojo de los asentamientos que actualmente ocupan al margen del río Guatiquía
(sector Covisan), del municipio de Villavicencio en su condición de
desplazados.
1. Hechos
1.1 Manifiesta el accionante que doscientas doce (212) familias
desplazadas por la violencia y en pobreza extrema (integradas por adultos,
menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas en
situación de discapacidad, indígenas, afrocolombianos y desmovilizados)[4], se asentaron a partir
del 12 de junio de 2013 a lo largo del dique en la margen derecha del río
Guatiquía en Villavicencio (Meta), asentamientos denominados: “Villa
Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2”[5].
1.2 Sostiene que al no ser advertidos que en el lugar donde se
encuentran no se podía construir, y debido a que no tenían donde vivir, optaron
por asentarse y edificar sus viviendas “a una distancia de más de 10 metros
del dique con el fin de no afectar o debilitar la estructura”[6].
Han solicitado a la empresa prestadora de servicios públicos y a la
administración municipal la entrega del servicio de agua y energía, petición
que les ha sido negada. Por ello, levantaron de manera artesanal el servicio de
agua y redes de energía.
1.3 Agrega que desde el 4 de febrero de 2015, la administración
municipal de Villavicencio comenzó a amenazar con desalojarlos de estos asentamientos.
Precisamente, en esa fecha el Secretario de Gobierno y Seguridad del municipio,
en compañía de la policía, realizaron una visita a la zona que están ocupando y
les advirtieron que debían abandonarla, porque estaban debilitando el dique e
invadiendo el cauce del río.
1.4 Luego, el 9 de febrero de ese mismo año, la comunidad desplazada
radicó un derecho de petición ante el municipio de Villavicencio[7], con copia a
la Presidencia de la República[8],
a la Vicepresidencia de la República[9]
y al Ministerio de Vivienda[10]
(estas 3 últimas entidades no dieron respuesta). En la comunicación explican
que son desplazados y se ilustra el conflicto que ha surgido con la entidad
territorial a causa de los refugios que han construido sobre al margen del río.
Igualmente, piden una reunión urgente entre las autoridades antes mencionadas y
los voceros de su comunidad, además, que se suspenda cualquier trámite o
actuación administrativa o judicial encaminada a desalojarlos.
1.5 Así se convocó una reunión el 25 de febrero de 2015[11],
en la que participaron los voceros de los asentamientos[12], autoridades locales,
regionales y órganos de control[13].
En dicha reunión se concertó suspender cualquier orden de desalojo y se
programó un nuevo encuentro para el día 5 de marzo de 2015. En esta última
reunión el Secretario de Gobierno municipal indicó que la entidad territorial
no tenía presupuesto para la reubicación de las personas que estaban asentadas
irregularmente, pero que debía vincularse a otras instituciones que podrían
participar en la financiación de esta alternativa[14].
1.6 El 20 de marzo de 2015 la comunidad desplazada radicó ante el
municipio de Villavicencio una nueva petición[15],
solicitando principalmente que no se llevara a cabo el desalojo hasta tanto se
les garantice una vivienda digna. En la citada comunicación también proponen el
desarrollo de un plan de vivienda popular, en el cual estarían dispuestos a
participar bajo la modalidad de autoconstrucción.
1.7 El 18 de abril siguiente vuelven a reunirse las partes en
conflicto. Los representantes del ente territorial reiteraron que el municipio no
cuenta con un plan de reubicación, ni puede dar lotes con servicios y no tiene
los recursos para construir las viviendas a quienes se encuentran en la ribera del
río Guatiquía[16].
1.8 Posteriormente, el accionante y los voceros de las comunidades
desplazadas residentes al margen del río Guatiquía (Villa Campestre No. 1,
Brisas del Valle No. 2 y Lazos de Dignidad No. 3) una vez más elevan  petición
radicada el 24 de abril de 2015, en la Oficina de Gestión de Riesgos de
Villavicencio[17].
En ella solicitan la realización de una visita para evaluar el riesgo en el que
se encuentran los asentamientos, también imploran que se facilite la maquinaria
necesaria para dragar o canalizar el río ante la amenaza de una ola invernal. En
el mismo sentido, exigen la intervención de la Oficina de Gestión de Riesgos,
para suspender las actividades mineras en el río.
1.9 Aceptado parcialmente este último requerimiento, en lo que
respecta a la visita de los asentamientos, la misma se lleva a cabo por parte
de la Oficina de Gestión de Riesgos de Villavicencio. Tal dependencia municipal
concluye que la comunidad se encuentra “dentro del cauce activo del río Guatiquía
con vulnerabilidad alta a un riesgo inminente de inundación”; por lo tanto,
le advierte a los accionantes que ante la ola invernal que se avecina en el
departamento del Meta tienen el deber de evacuar el lugar[18].
1.10 El actor manifiesta que las autoridades han judicializado a
quienes se encuentran en situación de desplazamiento y pobreza extrema,
actuando con negligencia y desinterés para concretar acciones puntuales que
contribuyan a solucionar la penosa situación en la que se encuentran
actualmente. Igualmente, expresa su preocupación por las declaraciones que en
medios de comunicación han dado los funcionarios del ente territorial, amenazando
continuamente con un desalojo a las familias que hoy viven a orillas del río Guatiquí.
1.11 En consecuencia el accionante solicita,
en representación de la comunidad de desplazados Villa Campestre Nº 1 y Brisas
del Valle Nº 2, que se impartan órdenes a las a las autoridades locales,
regionales y nacionales, las cuales se resumen así: (i) suspender o aplazar
cualquier decisión administrativa o judicial encaminada a desalojar los
asentamientos hasta que se les garantice el derecho a la vivienda, la salud y
la educación; (ii) una medida cautelar antes de hacer el lanzamiento para garantizar
un albergue temporal a las familias afectadas; (iii) la compra de predios para
construir vivienda de interés social a fin de reubicarlos; (iv) dragar el río,
construir un dique para legalizar los asentamientos de desplazados como nuevos
barrios y realizar un censo y estudio socio económico de las personas que
residen en los asentamientos.
2. Respuesta de las entidades demandadas
2.1 Respuesta de la Presidencia de la
República
La apoderada de dicha entidad solicitó ser
desvinculada por falta de legitimidad en la causas por pasiva, “al no ser
parte ni juez del referido proceso”. Precisó que la Presidencia de la
República no es la responsable de atender los requerimientos en esa materia,
porque no tiene competencia al respecto.[19]
2.2 Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Dicha entidad solicitó también ser
desvinculada porque no es competente para realizar retornos ni reubicaciones a
las personas víctimas de desplazamiento forzado, siendo esta una competencia de
la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)
y el municipio de Villavicencio.[20]
2.3 Ministerio del Interior
La Coordinadora del Grupo de Articulación
Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, solicitó que se
declare la falta de legitimación por pasiva, dado que la función de ese Ministerio
es únicamente la de coordinar esfuerzos nacionales con el fin de que las
entidades territoriales implementen los componentes de la política pública de
desplazamiento forzado.[21]
2.4 Ministerio de Agricultura
Dicha entidad solicitó ser desvinculada de
la presente acción de tutela porque no es competente para realizar retornos ni
reubicaciones a las personas víctimas de desplazamiento forzado.[22]
2.5 Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
La referida cartera sostuvo que había falta
de legitimación pasiva, dado que quien otorga el subsidio de vivienda de
interés social urbano para población desplazada es el Fondo Nacional de
Vivienda – FONVIVIENDA, el cual tiene patrimonio propio, autonomía presupuestal
y financiera.[23]
2.6 Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda
El apoderado de dicha institución se opuso
a que prospere la presente acción de tutela al señalar, que el hogar del actor
no figura dentro de ninguna de las convocatorias realizadas por Fonvivienda
para personas desplazadas por la violencia. Agrega que es el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS es el que debe realizar la
selección de potenciales beneficiarios  para la asignación de los subsidios
familiares de vivienda, en el marco del programa de vivienda gratuita.[24]
2.7 Departamento del Meta
El Secretario de Vivienda Departamental
señaló que no le consta nada de lo expuesto en la acción de tutela. Considera
que la misma no es procedente contra actos administrativos proferidos por la
autoridad competente, máxime, cuando esta actúa como garante frente a la
invasión de bienes públicos[25].
2.8 Municipio de Villavicencio
El ente territorial manifestó que: (i) no
ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues ha explicado reiteradamente a la
comunidad desplazada que los lugares ocupados por los asentamientos representan
un grave riesgo para ellos frente a una inundación del río Guatiquía; (ii) la
suspensión del proceso por ocupación de hecho no la puede hacer, pues sería una
decisión ilegal; (iii) ha atendido todas las peticiones del accionante y de la
comunidad que este representa. En tal sentido, solicita se declare improcedente
el amparo deprecado.
3. Pruebas decretadas y recaudadas en
sede de revisión
3.1 Mediante auto del 26 de febrero de
2016, esta Sala de Revisión decretó la práctica de pruebas[26], pidiendo
información relevante a algunas de las entidades accionadas.
3.2 En su respuesta el municipio de Villavicencio, afirma[27]: (i) no se ha
adelantado proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, lo que se inició fue
un proceso de restitución de bien de uso público No. 035/2015, el 20 de agosto
de 2015, que se encuentra en trámite de notificación personal; (ii) los
asentamientos objeto de la acción de tutela se encuentran ocupando el cauce
activo y el talud del dique protector del río Guatiquía margen derecha sector Covisan,
arriesgando la vida de quienes allí habitan y poniendo en riesgo a los
habitantes de los barrios Vencedores, Nueva Colombia 1 y Nueva Colombia 2;
(iii) se realizó el censo los días 19 y 20 de marzo de 2015, su caracterización
y tabulación se encuentra en trámite.
3.3 La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena
(Cormacarena) por su parte sostuvo[28],
que el río Guatiquía a la altura del casco urbano de Villavicencio en sus
márgenes derecho e izquierdo, ha generado situaciones de riesgo a través de los
años. Por tal razón, Cormacarena y el departamento del Meta, con base en los
estudios y diseños realizados en 2006, ha iniciado la construcción de diques
longitudinales los cuales han requerido de labores de mantenimiento y recuperación.
Precisamente, al realizar el mantenimiento de estos se advirtió la presencia de
invasiones en la zona del dique y en el cauce activo del río, situación que fue
puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Indica que quienes han
invadido estos sectores no solo están arriesgando sus vidas y las de quienes
habitan legalmente el sector, sino también están atentando contra la
estabilidad del dique el cual podría incluso ser arrasado por la creciente del
río. Por lo tanto, ha pedido a la administración municipal de Villavicencio la
recuperación urgente de la zona invadida para continuar las obras de
estabilización.
3.4 La Oficina de Gestión del Riesgo de
Villavicencio en su respuesta al auto de pruebas reitera[29], que las familias
asentadas en el cauce activo del río Guatiquía tienen “vulnerabilidad muy
alta a un riesgo inminente de inundación”. Además, que estos asentamientos
se encuentran socavando y perforando tuberías de aguas negras así como
destruyendo la obra de construcción del dique. Agrega que su función se limita
a informar a la comunidad el inminente riesgo en que se encuentran y que es
deber de esta evacuar.
3.5 La Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas contesta[30],
que había indagado en sus bases de datos la información relacionada con la
Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza y halló una petición que
relacionaba los nombres de quienes la integran, por lo que hizo el cruce de
datos con el registro único de víctimas y encontró que 37 personas la
conforman. De estas 10 están incluidas en el registro de víctimas.
4. Trámite y decisión de primera
instancia
4.1 Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte de la Sala Segunda del Tribunal
Administrativo del Meta, el 19 de agosto de 2015, se ordenó notificar a las
entidades accionadas con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y
contradicción. Frente a la medida cautelar solicitada, dicho Despacho negó tal
petición[31].
4.2 Así, a través de sentencia de fecha 2
de septiembre de 2015[32] el Tribunal Administrativo del Meta
falló en primera instancia negando la acción de tutela[33].
Sin embargo, instó al municipio de Villavicencio y a la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas, para que realizaran un censo de las
familias asentadas en el margen derecho aguas abajo del río Guatiquía, a fin de
identificar quienes ostentan la calidad de desplazados y quienes se encuentran
en pobreza extrema. Luego, el municipio de Villavicencio deberá remitir al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS y al Fondo Nacional
de Vivienda el listado de hogares que podrían ser beneficiados de los subsidios
familiares de vivienda, tal y como lo dispone la Ley 1537 de 2012 o vincularlos
en proyectos de vivienda de interés social. También se instó al municipio de
Villavicencio a adoptar medidas adecuadas dentro del proceso del proceso de
restitución de uso público en los términos de la sentencia T-349 de 2012 de
esta Corporación.
5. Impugnación[34]
5.1 El señor José Samuel Rojas Mora impugnó
la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, argumentando que la tutela
era procedente como mecanismo de protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas familias desplazadas que
representa, pues no existe otro medio de defensa judicial ante la amenaza de
desalojo. Declara que el Tribunal desconoció la sentencia T - 454 de 2012 de
esta Corporación y solicita que antes del desalojo se garantice “un techo
digno para cada familia o un arriendo y priorizarlos y censarlos para que hagan
parte o sean beneficiarios de los programas de vivienda que ofrece el gobierno
nacional y reubicarlos, ya que un desalojo forzoso sería revictimizarlos una
vez más.”
6. Decisión de segunda instancia[35]
6.1 La Sección Segunda - Subsección B del
Consejo de Estado,[36]
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2015, confirmó la sentencia proferida
en primera instancia que negó el amparo invocado por el actor.
6.2 Para el Alto Tribunal, en la actividad
de la administración municipal, departamental y nacional no se observa
actividad alguna que vulnere los derechos fundamentales que los accionantes
estiman vulnerados, pues considera la sección que al asentarse ilegalmente al
margen del río a sabiendas del peligro que corren, el riesgo lo han generado
los pobladores.  Con relación al derecho a la vivienda digna luego de citar
normatividad relacionada con el otorgamiento de subsidios para vivienda,
concluye no hay vulneración de este derecho, dado que la mínima obligación que
tiene la población desplazada es participar de las convocatorias que las
autoridades estatales abren para asignar estos subsidios.
6.3 Agrega, que el mero censo de quienes
habitan en estos asentamientos no conlleva a exigir a la administración la
reubicación, pues “no se deriva ningún derecho de la propia desidia, máxime
cuando con ello se pone en peligro los derechos de los habitantes de toda una
ciudad, que es latente ante el deterioro del dique (…)”.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el
inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.[37]
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
2.1 José Samuel Rojas Mora, en su calidad
de representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, interpone acción de tutela contra autoridades locales,
regionales y nacionales[38], ante la amenaza de desalojo de los asentamientos “Villa
Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2” que actualmente ocupa la población
desplazada y en pobreza extrema que él representa (212 familias integradas por
sujetos de especial protección constitucional[39]),
al margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan) de Villavicencio.
2.2 En estos lugares han edificado
viviendas y resguardos rudimentarios en los cuales viven en condiciones
paupérrimas, con ellos invaden el cauce activo del río y amenazan la
estabilidad del dique.
2.3 La administración municipal de
Villavicencio ante la situación descrita ha iniciado un proceso de restitución
de bien de uso público el cual se encuentra en trámite de notificación. A su
vez, ha entablado diálogo con la comunidad ubicada en estos asentamientos sin
proponer soluciones de fondo. Los representantes de la entidad territorial han
reiterado que no cuentan con un plan de reubicación, ni con los recursos o
medios para garantizar la vivienda a quienes hoy viven en refugios a orillas
del río Guatiquía. De la misma manera, se han limitado a insistirles que se
encuentran en un grave e inminente peligro frente al probable desbordamiento
del río Guatiquía de producirse lluvias torrenciales, siendo necesario que
desalojen el lugar en forma urgente.
2.4 Las peticiones de la población ubicada
en los asentamientos “Villa Campestre Nº1, Brisas
del Valle Nº 2” a orillas del río Guatiquía, se han
centrado en pedir la suspensión de cualquier orden de desalojo hasta tanto no
se les ofrezca un lugar en el que puedan ser reubicados garantizando su derecho
a una vivienda digna.
2.5 La respuesta de las entidades accionadas ha sido: (i) las del
orden nacional han manifestado su falta de legitimidad por pasiva, pues
consideran que no son competentes frente a las reclamaciones que el accionante
hace en nombre de la población desplazada; (ii) el departamento del Meta ha
centrado su defensa en argumentos jurídicos relacionados con la improcedencia
de la tutela; (iii) el municipio de Villavicencio explicó que inició un proceso
de restitución de bien de uso público para recuperar el área invadida por los
asentamientos. Al igual que la oficina de gestión de riesgo, reiteró el grave
peligro que existe para la comunidad con una eventual inundación del río Guatiquía.
Además pidió que se declare la improcedencia de la tutela.
2.6 Con base en lo
expuesto, corresponde a la Sala Primera de Revisión ocuparse de resolver el
siguiente problema jurídico:
¿El municipio de
Villavicencio vulnera el derecho a la vivienda digna de una comunidad
desplazada (“Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2”)  al iniciar un
proceso administrativo de restitución de bien de uso público con el fin de
desalojarlos, teniendo en cuenta que se encuentran ocupando el cauce activo del
río Guatiquía y la estructura del dique que lo resguarda, sin previamente
ofrecer ninguna medida de protección?
Con el fin de
resolver este interrogante, la Sala: (i) reiterará las reglas
jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela para
proteger la población desplazada en caso de desalojo; (ii) desarrollará
una sucinta reiteración jurisprudencial sobre el derecho a la vivienda digna de
las comunidades en situación de desplazamiento y las garantías que estas
comunidades tienen en caso de desalojo forzoso; y a partir de lo expuesto (iii)
se resolverá el problema jurídico planteado.
3. Procedencia de la acción de tutela
para proteger la población desplazada en caso de desalojo.
3.1 En reiterada jurisprudencia, esta
Corporación ha sostenido que la acción de tutela
procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las
personas en situación de desplazamiento forzado[40]. Lo
anterior, debido a que otros medios de defensa judicial resultan insuficientes
para brindar protección eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio
que enfrenta esta población y porque resultaría desproporcionado exigir a
las personas desplazadas el agotamiento previo de los recursos judiciales
ordinarios, lo cual equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que
han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.
3.2 Además, no es posible exigir el agotamiento previo de los
recursos ordinarios, pues tratándose de la población desplazada  prevalece
la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se
encuentran comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios
rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa
herramienta para la interpretación y definición de las normas jurídicas que se
vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada[41].
3.3 Las personas que se encuentran en
situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no
puede simplemente tener un “efecto retórico”[42]. Tienen derecho a un trato preferente y urgente por parte de las
autoridades públicas, dado que el desplazamiento forzado conlleva  múltiples
violaciones a los derechos fundamentales[43].
3.4 En igual
sentido, la Corte ha señalado que la tutela es procedente en términos formales
para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea abocada a
desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes ocupados
irregularmente[44].
3.5 Con relación a
la condición de agente oficioso con la que actúa la Corporación Nuevo Amanecer
Vida y Esperanza (representada por José Samuel Rojas Mora), debe mencionarse que tal
y como lo sostenido esta Corte dada la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada, las asociaciones de desplazados, que
se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa
de sus derechos, pueden actuar como sus agentes oficiosos[45].
En tal sentido, se advierte que la Corporación referida ha cumplido los parámetros exigidos jurisprudencialmente[46], como
son: (i) intervenir a través de representante legal, acreditando su
existencia y representación en el proceso[47]; (ii) individualizar mediante
listado escrito, el nombre completo de las personas en favor de las cuales
actúa[48]; y (iii) que de los elementos
probatorios no se deduzca  que el agenciado no quiere que la acción se
interponga en su nombre.
3.6 Por otro
lado, la Sala de Revisión considera de acuerdo con las pruebas obrantes en el
expediente y con las respuestas dadas por las entidades accionadas, que existe
una invasión del margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan) en el
municipio de Villavicencio, por parte de doscientas doce (212) familias  víctimas
de desplazamiento forzado y de pobreza extrema que decidieron asentarse en este
lugar.  La respuesta de las autoridades estatales a la invasión ha sido, la
apertura de un procedimiento administrativo de restitución de bien de uso
público y la advertencia constante a la comunidad desplazada, que debe abandonar
la zona, para preservar su vida la cual está en peligro frente a un eventual desbordamiento
de este recurso hídrico.
3.7 Conforme a
lo expuesto, la Sala considera procedente la acción de tutela por cuanto: (i)
esta comunidad desplazada no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y
efectivo para controvertir el inminente desalojo con el que seguramente
concluirá el proceso administrativo de restitución de bien de uso público. Más
aún, cuando de producirse el desalojo sin previamente reubicar a las familias
desplazadas, se restringirá el goce efectivo de su derecho a una vivienda
digna, sometiéndolas a la difícil labor de encontrar un nuevo espacio para resguardarse.
(ii) Al tratarse de una población desplazada que es sujeto especial de
protección constitucional, su amparo materializa
diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la protección de la
persona y armonizar el deber que recae en todas las autoridades del Estado de
emprender acciones afirmativas a favor de la población que se encuentra en
circunstancia de debilidad manifiesta[49].
En este caso, ese deber de intervención de las autoridades se hace urgente y
necesario, pues se trata de familias desplazadas integradas menores de edad, personas de la tercera edad, en situación de
discapacidad, mujeres embarazadas, indígenas, afrocolombianos y desmovilizados,
que están viendo amenazados además otros derechos como el derecho a la vida en
condiciones de dignidad, el derecho a la paz, el derecho a la unidad familiar,
el derecho a escoger su lugar de domicilio, entre otros.
4. El
derecho a la vivienda digna de las comunidades en situación de desplazamiento. Reiteración
de jurisprudencia.
4.1 De acuerdo con la Carta Política[50], todas las personas
tienen derecho a vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones
necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas asociativas
de ejecución de programas en la materia. Igualmente, según dispone el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante PIDESC,
y otros instrumentos internacionales,[51]
toda persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia” (art. 11, num. 1º).[52]
4.2 Para el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en la
Observación General N° 4, tener vivienda digna “significa disponer de un
lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo
ello a un costo razonable”. Se trata de un derecho que debe ser reconocido
progresivamente, tal como lo ha señalado el Comité cuando afirma que “la
plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en
general no podrá lograrse en un breve período de tiempo”.[53]
4.3 No obstante este criterio de
progresividad establecido para satisfacer los derechos de contenido
prestacional, existen ciertas obligaciones asociadas a derechos sociales,
económicos y culturales que deben cumplirse en períodos breves o de inmediato.
Así lo ha señalado esta Corte al indicar que el mandato de progresividad no
debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en
relación con la protección de esos derechos, pues este implica “que una vez
alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de
configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al
menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado
debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un
control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades
tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese
paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional” [54]
4.4 Siguiendo la línea argumentativa
precedente, esta Corporación ha precisado que con relación al derecho a la
vivienda de la población desplazada existen obligaciones de cumplimiento
inmediato como son las siguientes: “(i) reubicar a las personas desplazadas
que debido al desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en terrenos de
alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter
temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter
permanente. En tal sentido, no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo
plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en
condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas
sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas de
vivienda; (iv) tomar en consideración las especiales necesidades de la
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta, como
las personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas
discapacitadas, etc., y diseñar los planes y programas de vivienda con enfoque
diferencial y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas
desplazadas a los programas de asistencia social del Estado, entre otras.”[55]
4.5 A nivel legal, también se ha
establecido una protección del derecho a la vivienda para la población
desplazada. Cabe mencionar, la Ley 387 de 1997[56]
que integra como
componente de la consolidación
y estabilización socioeconómica, el
derecho a la vivienda, rural o urbana,
para la población desplazada. También es importante
destacar lo previsto en el Decreto 951 de 2001.[57] En el artículo 4º del
citado Decreto se establece que los programas que desarrollen la asignación del
subsidio de vivienda para la población desplazada, deben tener en cuenta los
componentes de: (i) retorno voluntario de las familias al municipio del que
fueron desplazados, siempre y cuando las condiciones de orden público lo
permitan y (ii) reubicación de las familias desplazadas en municipios distintos
al de origen del desplazamiento, cuando no sea posible su retorno. Posteriormente,
se expidió el Decreto 4911 de 2009[58]
que modificó, entre otras, las soluciones a las que se puede acceder mediante
el subsidio familiar de vivienda de interés social[59] y mantuvo la opción de
asignar el subsidio familiar para la población en situación de desplazamiento a
través de los componentes de retorno y reubicación en otra parte del territorio
nacional.
4.6 Por su parte,
la Ley 1448 de 2011,[60]
en su capítulo IV, denominado “Restitución de vivienda”, se refirió a la
prioridad y acceso preferente a programas de subsidio de vivienda para las víctimas
que hayan perdido o visto afectadas sus viviendas. Finalmente, el
Decreto 4800 de 2011[61],
dentro de las medidas de reparación integral reglamenta la restitución de
vivienda de las víctimas incluidas en el registro único de víctimas.
4.7 En el mismo
sentido, la Ley 1537 de 2012[62]
en su artículo 12 consagra el subsidio en especie para la población vulnerable,
el cual está dirigido específicamente a personas que se encuentren en alguna de
las siguientes condiciones: que estén vinculadas a programas sociales del
Estado, que se hayan visto afectados por desastres naturales, que se encuentren
en zonas de alto riesgo mitigable o que se encuentren en situación de
desplazamiento, entre otras.
4.8 Conforme a
lo anterior, se puede señalar que el derecho a la vivienda digna de la
población desplazada es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que ha
sido desarrollado a través de instrumentos internacionales e internamente por
vía jurisprudencial, legislativa y reglamentaria, siendo un imperativo para el
Estado su protección y salvaguarda.
5. Derechos de la población desplazada en
materia de desalojos forzosos. Reiteración de jurisprudencia.
5.1 El Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación
General Número 7 (en adelante OG 7), se ocupó del tema de los desalojos
forzosos y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda digna,
consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). El Comité definió la expresión “desalojo
forzoso” en el párrafo 3º de la OG 7 como “el
hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o
las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles
medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso
a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a
los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones
de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.
5.2 Como se
observa, si bien en principio los desalojos forzosos resultan contrarios al
derecho a una vivienda digna, aquellos que se realicen de manera legal y
respeten el contenido del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se
consideran compatibles con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado.
En efecto, todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del
derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas: “a) una
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo
suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con
antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los
interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos
previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las
viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e)
identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no
efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las
personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h)
ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que
necesiten pedir reparación a los tribunales”.[63]
5.3 Así mismo,
resulta de gran importancia citar el párrafo 16 de la
OG 7, según el cual: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya
personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos
humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el
Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida
que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda,
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
5.4 De la misma
forma, esta Corporación en extensa jurisprudencia se ha pronunciado sobre las
garantías que le asiste a la población desplazada para no ser desalojados en
procedimientos policivos, sin que previamente se adopten medidas que eviten
dejarlos expuestos a nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales. A
continuación se hará un breve recuento de las más recientes decisiones que han
afianzado un sólido precedente para proteger el derecho a la vivienda digna de
la población desplazada y que guardan similitud con el caso objeto de análisis[64].
5.5  En sentencia T-078 de 2004[65] la
Corte estudio el caso de un grupo de familias en situación de desplazamiento
forzado que se asentaron en las márgenes de las quebradas “la sardina” y
“la perdiz” (municipio de Florencia), lugares que habían
sido declarados por las autoridades competentes como “zona(s) de
riesgo por ser parte de los márgenes de seguridad y protección del cauce y
como zona inundable en las grandes avenidas”. Por lo anterior, la entidad
territorial inició a partir de ese momento las gestiones legales tendientes al
desalojo de los accionantes. En su decisión, la Sala de Revisión consideró que
teniendo en cuenta: (i) la condición de sujetos de protección constitucional
reforzada de las personas víctimas de desplazamiento forzado; (ii) la
procedencia de la acción de tutela para la protección de
sus derechos; y (iii) la comprobada negligencia de las autoridades
municipales en el cumplimiento de sus obligaciones de defensa, respeto y
garantía de los derechos de ese grupo poblacional, debía otorgarse el amparo a
su derecho fundamental a la vivienda digna. Agregó, que si bien la suspensión
del desalojo no resultaba procedente, pues mantener un asentamiento en
condiciones de riesgo para sus habitantes no sería constitucionalmente
legítimo, las autoridades vinculadas al trámite sí se encontraban en la
obligación de asegurar a los peticionarios un albergue provisional en
condiciones acordes con la dignidad humana, debiendo iniciar además los
trámites necesarios para su incorporación en los programas de atención de
población desplazada. También consideró pertinente dictar órdenes de
prevención a las autoridades locales relacionadas con la atención de población
vulnerable, con el fin de garantizar su colaboración en el cumplimiento del
fallo.
5.6 Algo parecido decidió en sentencia T-770 de 2004[66],
aquí se analizó un caso en el que un grupo de familias (entre 20 y 30
familias), víctimas de desplazamiento forzado, invadieron un lote de terreno en
la vía paralela al río Medellín (municipio de Bello) y levantaron en el lugar
ranchos en madera, cartón y plástico. Tras comprobar que el bien ocupado tenía
naturaleza fiscal, la Alcaldía de Bello ordenó su restitución. Las autoridades
vinculadas al trámite además controvirtieron la alegada condición de
desplazamiento de los accionantes, argumentando que nunca aportaron un
certificado de la Red de Solidaridad Social en ese sentido. La Sala Cuarta de
Revisión consideró que el asunto estudiado “[n]o se trataba, entonces,
de una invasión de un predio público sino fundamentalmente de satisfacer la
necesidad de alojamiento de personas desplazadas”, de donde se
desprendía un complejo problema jurídico, ante la necesidad de resolver
un “claro conflicto entre la necesidad de proteger un bien público,
como una franja de terreno que hacía parte de un afluente hídrico y que no era
apta para asentamientos humanos, y la necesidad de proteger los derechos
fundamentales de varias familias que se atribuían la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado y que se encontraban ocupando esa franja de terreno”.
En este pronunciamiento, la Corte se refirió al grave
problema social y jurídico que representa el desplazamiento forzado en
Colombia, y a la consecuente afectación de otros derechos constitucionales
cuando este tiene lugar. En ese orden de ideas, la Sala calificó como
lamentable la indiferencia demostrada por las autoridades estatales y otorgó el
amparo a los peticionarios, ordenando la entrega de un albergue provisional en
condiciones acordes con la dignidad humana, y la inscripción en los programas
adelantados por el gobierno.
Igualmente, la Sala reiteró que el desplazamiento obedece y
se prueba a partir de factores materiales o de hecho, por lo que no es legítimo
exigir la inscripción en un registro de víctimas (hoy en día el registro único
de población desplazada) como único medio para que una persona demuestre que ha
sufrido un desplazamiento interno forzado.
5.7 En sentencia T-946 de 2011[67], la
Sala Primera de Revisión analizó el caso de ochocientas (800) familias
desplazadas por la violencia que se habían asentado en un predio privado
ubicado en el municipio de Valledupar, en el cual construyeron improvisados
refugios para suplir sus necesidades de vivienda. Ante la situación, el propietario
del predio inició un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y la
Alcaldía de Valledupar admitió la querella policiva instaurada, además decretó
el lanzamiento por ocupación de hecho de quienes invadían el terreno. A través
de tutela, la población desplazada afectada con el desalojo pidió que se amparara
su derecho a la vivienda digna. En su decisión, la Sala de Revisión reprochó
que luego de 3 años desde que se invadió el inmueble las autoridades no
hubiesen solucionado el problema de vivienda que aquejaba a los accionantes,
por lo cual advirtió que la diligencia de lanzamiento sólo podía llevarse a
cabo cuando se reubicara en un albergue provisional a la población asentada en
el predio en cuestión. Asimismo, ordenó que en un término no mayor a seis (6)
meses se inscribiera a los accionantes en planes de vivienda de interés social.
5.8 Igualmente, en sentencia T-907 de 2013,[68] la Sala de Revisión estudió
la situación de un grupo de  personas en condición de desplazamiento que se
habían asentado en un predio privado ubicado en el municipio de Puerto Gaitán,
Meta. El dueño del inmueble solicitó a la administración municipal que ordenará
cesar la perturbación en la tenencia de su bien, por lo que las autoridades
locales iniciaron un proceso de lanzamiento en contra de los accionantes, realizando
previamente esfuerzos para garantizar transporte y albergues provisionales a
las personas afectadas. No obstante, representantes de la
Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría solicitaron la suspensión de la diligencia alegando que no se
estaba garantizando el derecho a la vivienda de los ocupantes. En esta ocasión,
se señaló que aunque se habían realizado esfuerzos para mitigar el impacto del
desalojo, los mismos nunca habían tenido la virtualidad de transformarse en
acciones concretas de protección para sus bienes constitucionales. Con
fundamento en lo expuesto, se ordenó a las autoridades demandadas garantizar un
albergue provisional a todas las personas asentadas en el predio hasta tanto se
les brindará una solución digna y definitiva en materia de vivienda.
5.9 Como ha referido la Corte, del conjunto
de medidas resarcitorias adoptadas en sede de revisión se destacan dos
elementos principales, a saber: (i) una medida provisional y urgente de
albergue que puede consistir, dependiendo del caso, en un subsidio de
arrendamiento o en la adecuación de un inmueble como habitación
transitoria; seguido de (ii) una solución definitiva de vivienda,
previa la realización de un censo integral de los afectados, ya sea ordenando
brindar una asesoría detallada y clara sobre las políticas públicas
disponibles, exigiendo incluir directamente a los damnificados en alguno de los
programas municipales vigentes previa verificación de los requisitos exigidos y
observando el debido proceso en la asignación de los recursos disponibles, o
disponiendo la articulación de políticas públicas nuevas acordes con la
necesidad y el grupo población afectado, y con perspectiva étnica de ser
necesario[69].
6. Caso concreto
6.1 El señor José
Samuel Rojas Mora actuando en nombre y representación de doscientas doce (212)
familias desplazadas y refugiadas en los asentamientos denominados: “Villas
Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del
río Guatiquía (sector Covisan), considera que el municipio de
Villavicencio, así como otras entidades del orden regional y nacional le están
violando a estas comunidades desplazadas sus derechos
fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar y a la
honra, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público y
amenazarlos con realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin
previamente garantizar un albergue temporal y soluciones de vivienda en las
cuales puedan ser reubicados.
6.2 La Sala de
Revisión ha considerado que cuando se está frente situaciones de desalojo de la
población desplazada, generadas a raíz de la ocupación irregular de bienes
públicos o privados, es deber de las autoridades dar prelación y amparo a las
familias desplazadas, más aun cuando las mismas están integradas por adultos
mayores, menores de edad, población en condición de discapacidad y demás
sujetos de especial protección constitucional. Así, los procedimientos
administrativos tendientes al desalojo de ocupaciones e invasiones de hecho se
pueden suspender, llevándose a cabo sólo cuando exista un plan de reubicación
en el corto plazo y se garantice acceso a una vivienda digna en el mediano y
largo plazo.
6.3 Sin embargo, no es factible suspender un
procedimiento tendiente al desalojo de familias desplazadas cuando estas se
encuentran asentadas en sitios que generen riesgo para su vida e integridad
personal. En tal caso, es imposible mantener un asentamiento en estas
condiciones, siendo forzoso ordenar a las autoridades estatales que provean
atención urgente a la población para suplir su necesidad de alojamiento, proporcionando
para ello albergues provisionales y asegurando su inclusión en programas
sociales del gobierno, que deben acompañarse de soluciones definitivas de
vivienda.
6.4 En el caso sub judice, se trata de
doscientas doce (212) familias[70] integradas por
niños menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, población en
condición de discapacidad, indígenas, afro descendientes, mujeres y hombres
cabeza de hogar, que llegaron a la ciudad de Villavicencio provenientes de
distintos lugares del territorio nacional[71].
Dentro de este nutrido grupo de familias confluyen: (i) personas
desplazadas, que según el accionante antes de ocurrir la situación de
desplazamiento forzado tenían fincas, casas, negocios en sus lugares de origen,
de los cuales derivaban el sustento suficiente para vivir dignamente; y (ii)
personas en condición de pobreza extrema.
6.5 Una vez valoradas por esta Sala las pruebas
que obran en el expediente, en relación con las personas desplazadas[72], se encuentra que no
todas están incluidas en el registro único de víctimas (RUV) que lleva la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Violencia. Por
lo tanto, las que no están inscritas en el RUV han allegado al escrito de
tutela información documental para acreditar su condición de desplazamiento.
Tales documentos son: (i) certificaciones de la Defensoría del Pueblo
que indican que la inscripción en el registro único de víctimas se encuentra en
trámite; (ii) formatos únicos de declaración para la solicitud de inscripción
en el RUV; (iii) constancias de la Personería municipal en
las que consta que está en evaluación su inclusión en el RUV.
6.6 Respecto a las pruebas que allegaron quienes manifestaron
estar en condición de pobreza extrema, la Sala advierte que estas sustentan su
estado de precariedad con base en los siguientes documentos: (i) certificado
catastral nacional expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
que acredita la no inscripción en la base de datos catastral del IGAC; (ii)
certificado de afiliación al Sisben de Villavicencio; (iii) constancia de no
propiedad o titular de derechos inscritos expedida por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Villavicencio
6.7 Ahora bien, estas familias comenzaron a
asentarse a lo largo del margen derecho del río Guatiquía en el sector conocido
como Covisan del municipio de Villavicencio, a partir del mes de junio de 2013.
Desde este momento, montaron improvisadas edificaciones y refugios sin
vigilancia ni control de la entidad territorial, y en tal sentido, ninguna
autoridad les hizo saber que en esta zona estaba prohibido el desarrollo de
construcciones. Sólo a partir el 4 de febrero de 2015, la administración
municipal de Villavicencio ha hecho presencia en el área de los asentamientos a
través del Secretario de Gobierno y la fuerza pública. Desde este momento, les
han insistido que no es posible habitar el sitio y que si no lo desocupan
voluntariamente se verán abocados al desalojo.
6.8 El terreno que la comunidad desplazada escogió
para establecerse, en los asentamientos que denominan “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, se caracteriza según Cormacarena[73],
por estar conformado por un dique que no está diseñado para que se realicen
construcciones y menos labores domésticas que pueden generar vertimientos directos
que debiliten su estructura y lo dejen a merced de ser arrasado por las
crecientes del río. De acuerdo con lo que informa esa entidad encargada de administrar
dentro de su área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, en el lugar de los asentamientos hay “cerramientos e inicio de
construcciones de ranchos de zinc, madera e incluso bloque”[74],
que se encuentran en el talud húmedo del dique perimetral. Esta descripción de
la zona, es similar a la que brinda la Oficina de Gestión de Riesgos de
Villavicencio cuando asevera que las familias desplazadas están situadas dentro
del “cauce activo del río Guatiquía”, teniendo “vulnerabilidad muy
alta a un riesgo inminente de inundación”[75].
Con base en lo anterior, es factible inferir que sólo circunstancias extremas
de privación de un refugio pudieron llevar a que la población desplazada
adoptara una decisión que potencialmente amenaza su integridad física, pues
implica instalarse junto a un cuerpo hídrico que puede, atendiendo las
cambiantes condiciones climatológicas, desbordarse e inundar lo que este a su
alrededor causando todo tipo de estragos y daños.
6.9 La respuesta de las entidades estatales
frente a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado y el
posterior asentamiento de estas comunidades en la zona de riesgo mencionada, ha
sido en el caso las entidades nacionales y regionales, invocar la improcedencia
de la tutela e insistir en su falta de legitimación y de competencia para
atender las solicitudes de ayuda humanitaria. El municipio de Villavicencio por
su parte, al tiempo que inició un procedimiento administrativo de restitución
de bien de uso público, ha entablado un diálogo formal con la población
afectada, exhortándola a que desalojen el lugar; sin embargo, este acercamiento
con la comunidad no se ha acompañado de compromisos tangibles del ente
territorial que den salida al conflicto que los expone a: (i) prescindir
de un lugar en el cual puedan resguardarse; o (ii) ser víctimas de un
eventual desastre natural. Las razones que esgrime la entidad territorial, como
suele ocurrir en estos casos, se sintetizan en la falta de recursos financieros
y de medios para la garantizar la reubicación y el acceso a viviendas para la
población desplazada.
6.10 Estos argumentos que las entidades
vinculadas exponen no son de recibo para la Sala, pues como se ha expuesto en
anteriores oportunidades, el desplazamiento no puede ser tratado solo como un
problema de orden público, es ante todo un problema de humanidad que debe ser
afrontado por todas las personas y en especial por el Estado[76]. Considerar
únicamente el proceso administrativo de restitución de bien de uso público como
la vía de solución a la dificultad que hoy padecen los desplazados de “Villas
Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, sin contemplar alternativas que
garanticen albergues temporales y soluciones de vivienda definitiva, es una
medida que interfiere intensamente en el goce efectivo de su derecho
fundamental a la vivienda digna. El problema del desplazamiento supone además,
una colaboración armónica entre las autoridades nacionales y locales, no
pudiendo ninguna de estas tratar a los desplazados como perturbadores del orden
público por el solo hecho de intentar de salvar su vida. No es suficiente
mostrarse dispuesto al dialogo, tal como lo hace la entidad territorial, si
como resultado del mismo no se comprometen esfuerzos materiales que permitan
solventar los conflictos que estas autoridades pretenden resolver.
6.11 De tiempo atrás, esta Corporación ha
dicho que a las autoridades no les está dado simplemente aducir déficit
presupuestal para abstenerse de proteger los derechos fundamentales de la
población desplazada. Además, si bien al juez constitucional no le corresponde
analizar por vía de tutela el presupuesto que manejan las entidades accionadas,
sí está dentro de sus atribuciones amparar los derechos fundamentales
vulnerados por la omisión de las autoridades encargadas de desarrollar
políticas y programas de prevención, atención y protección a personas
desplazadas[77].
6.12 Enfrentar una crisis humanitaria como
la que se origina con el desplazamiento forzado, exclusivamente desde la
retórica gubernamental, es eludir el deber de solidaridad que obliga al Estado
a darle un trato preferente y urgente a quienes se encuentran en esta situación.
Es preocupante que, aún hoy, en un país que ocupa el ignominioso segundo lugar
en jerarquía internacional de los Estados con mayor número de víctimas de
desplazamiento forzado[78],
se continúen advirtiendo casos de absoluta inacción estatal, como el que aquí
se estudia, que solo denotan desidia administrativa frente a un drama inhumano,
cruel y vergonzoso para el Estado. Lo anterior, pese a que la Corte ha hecho
enormes esfuerzos por visibilizar la masiva y reiterada violación de los
derechos humanos de la población desplazada, así como las fallas estructurales
de las políticas públicas del Estado Colombiano en esta materia[79], creando
para ello un referente jurisprudencial que ha avanzado significativamente en el
reconocimiento de derechos y exige de las autoridades públicas de todos los
niveles del Estado compromisos ineludibles.
6.13 En cuanto a las decisiones judiciales
de instancia, estas negaron el amparo solicitado, pero instaron a la entidad
territorial y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas a realizar un censo de las familias asentadas en los refugios, y luego
tramitar subsidios familiares de vivienda, o vincularlos a proyectos de
vivienda de interés social ante entidades del orden nacional. El Tribunal
Administrativo del Meta consideró que luego de realizar una ponderación entre
el derecho a la vida y el derecho a la vivienda digna, el primero de estos
derechos tenía más valor, por lo que era imposible permitirle a esta comunidad
desplazada permanecer en una zona de alto riesgo. En segunda instancia, el
Consejo de Estado (Sección Segunda – Subsección B) confirmó la decisión del
Tribunal y reprochó que esta población desplazada se hubiese ubicado al margen
del río a sabiendas del peligro que corren, por lo que argumenta que no puede
derivarse ningún derecho de la propia desidia. Añade, que la mínima obligación
que tienen en su condición de desplazados es participar de las convocatorias
que las autoridades estatales abren para asignar subsidios.
6.14 No comparte la Sala el argumento del Ad
quem, a propósito de calificar como “desidia” la decisión de la
población desplazada objeto del presente amparo constitucional, de asentarse al
margen del río Guatiquía. Abordar una problemática compleja de esa manera es
apartarse de la comprensión del contexto que lleva a estas personas por miedo,
inseguridad, pobreza, despojo y desarraigo a asentarse en cualquier lugar.
Buscar refugio en la ribera de un río, en medio de condiciones inhóspitas, sin
contar con servicios públicos ni mínimas circunstancias de salubridad e higiene
que permitan tener una subsistencia digna, es de por sí un suceso inhumano.
Pero lo es más, si este viene determinado por las condiciones de violencia que
han padecido como desplazados.
6.15 No puede seguirse viendo a la persona
en condición de desplazamiento forzado en tal forma que cuando llega a las
ciudades es percibido como alguien que representa peligro y que en vez de
concitar el apoyo de las personas genera desconfianza y prevención.[80]
Esta concepción acerca de la persona desplazada solo contribuye a su
revictimización, al igual que sucede cuando la respuesta estatal es deficiente
por la falta de una atención adecuada y oportuna[81]. De la misma manera
como no puede justificarse la desatención frente a la población desplazada,
tampoco se puede negar la protección de sus derechos fundamentales,
argumentando que incurren en “desidia”, negligencia o descuido, cuando
en virtud de la dinámica del conflicto armado interno, terminan afrontando un
estado de necesidad que los lleva a buscar un espacio para resguardarse en
lugares de alto riesgo. Cambiar el lenguaje de discriminación y la displicencia
con la que se valora el proceder de las personas desplazadas por efecto de su
penosa situación, es un presupuesto para hacer efectivo los deberes de
solidaridad y de trato digno que corresponden a todos los poderes públicos y a
quienes residen en las grandes urbes que generalmente son las receptoras de la
población desplazada.
6.16 En cuanto a la manifestación del
fallador de segunda instancia, de acuerdo con la cual la mínima obligación que
tienen los desplazados es participar de las convocatorias que las autoridades
estatales abren para asignar subsidios, se hace imperioso precisar que en el trámite
del amparo y de las pruebas obrantes en el expediente, no se demostró que la
entidad territorial ni las demás entidades vinculadas se encontrarán diseñando
o ejecutando planes o programas para solucionar en forma definitiva el problema
de vivienda planteado en este trámite tutelar. Tampoco se aportaron elementos
que permitan inferir que estas mismas autoridades han proveído a los
accionantes, información clara y concreta sobre los trámites que deben surtir
para postularse a la adjudicación de subsidios de vivienda o alguna otra forma
de apoyo estatal que les facilite el acceso a una vivienda digna. En tal
sentido, para esta Corporación si bien la comunidad desplazada debe presentarse
a las convocatorias que las autoridades ofrezcan, tal carga tiene que estar
precedida de un acompañamiento y asesoría en los procedimientos de asignación de
subsidios o auxilios estatales, que les permita superar los obstáculos que se
presenten en el trámite de los mismos, atendiendo a su grado de instrucción y a
las condiciones especiales de cada una de las personas que requieren el apoyo.
6.17 Conforme a lo expuesto, la Sala de
Revisión no comparte que las autoridades judiciales que conocieron y fallaron
esta tutela, no amparen el derecho a la vivienda digna de la población
desplazada. Es evidente que en este caso, se configuran circunstancias
especiales que ameritan otorgar el amparo constitucional tal y como en casos
similares lo ha hecho la Corte[82],
a fin de evitar una mayor vulneración de sus derechos fundamentales, dado que: (i)
se trata de asentamientos conformados por familias victimas del desplazamiento
forzado, en los que se incluyen otros sujetos de especial protección
constitucional como niños menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores,
población en condición de discapacidad, indígenas, afro descendientes, mujeres
y hombres cabeza de hogar; (ii)  se encuentran ubicados en una zona de
alto riesgo de inundación, específicamente, en el cauce activo del río Guatiquía
y sobre la estructura del dique construido para resguardar este recurso
hídrico. Es extrema su situación de vulnerabilidad, pues están alojados
en asentamientos precarios construidos en forma improvisada, sin acceso a servicios
públicos y configurándose así un alto riesgo para sus vidas en caso de
presentarse precipitaciones que conlleven al desbordamiento de la creciente del
río Guatiquía; (iii) quienes allí se alojan están siendo objeto de un
proceso de restitución de bien de uso público que amenaza con desalojarlos del
lugar en el que se establecieron; (iv) han transcurrido casi 3 años
desde que este asentamiento humano conformado por familias desplazadas y
personas en situación de pobreza extrema llegó a este sitio de Villavicencio. A
la fecha no se han adoptado ni anunciado decisiones estructurales, que ponga
fin a una problemática social que tiene a esta comunidad habitando en un lugar
que no es seguro ni adecuado para su supervivencia. Las autoridades se han abstenido
de brindar medidas de atención urgente de albergue temporal, estabilización
socioeconómica, ayuda humanitaria, y definitivas que ofrezcan acceso a una
vivienda digna.
6.18
En último lugar, la Sala entiende que la tarea de asignar recursos para la población
desplazada depende de las partidas que las diferentes instancias nacionales y
locales le asignen a esa política pública alrededor de este problema que
atraviesa la población desplazada. Sin embargo, teniendo en cuenta que en los
asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, cohabitan
personas desplazadas y personas que sin tener tal condición se encuentran en
situación de pobreza extrema, no pueden dejarse de proteger sus derechos
fundamentales, sobre todo si se tiene en cuenta que no han recibido ninguna
orientación ni ayuda por parte de las autoridades gubernamentales.
Así
las cosas, se ordenará al municipio de Villavicencio que en coordinación con la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en un plazo no
superior a un mes (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,
realice un nuevo censo para constatar cuáles de las doscientas doce (212)
familias que se alojan en los asentamientos mencionados ostentan la condición
de desplazados y que familias se encuentran en pobreza extrema.
Frente
a los desplazados y las últimas personas que están en situación de marginalidad pero no tienen la
calidad de desplazados por la violencia, se ordenará al municipio de
Villavicencio y al departamento del Meta, otorgarles un albergue transitorio
antes de proceder al desalojo, inscribirlos en programas sociales a cargo de las
entidades territoriales de los cuales puedan ser beneficiarios e informarles por
escrito, de manera clara y detallada, cuáles son las políticas públicas
municipales, departamentales y/o nacionales, destinadas a garantizar el acceso
a una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos
que deben cumplir para ser incluidos en éstos programas. Igualmente,
deberán prestarles el acompañamiento para que puedan ser beneficiarios de
dichos planes.
Sin embargo, a los desplazados deberá dárseles prioridad
como beneficiarios de los programas de vivienda que actualmente se tramiten en
el municipio o el departamento.
7. Conclusión
La población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada
en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y
cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son los diques,
tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las
autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución de
bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En tal caso, deberá protegerse
el derecho a la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptando medidas
transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda
humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de
vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se
adelanten por parte de las autoridades públicas competentes.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política;
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por la Sala Segunda del
Tribunal Administrativo del Meta, el dos (2) de septiembre de dos mil quince
(2015) y el fallo de segunda instancia de la Subsección B, Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de  Estado, del cinco (5)
de noviembre de dos mil quince (2015), que resolvieron negar el amparo invocado
dentro de la acción de tutela promovida por la Corporación Nuevo
Amanecer Vida y Esperanza representada legalmente por José Samuel Rojas Mora contra el
municipio de Villavicencio, el departamento del Meta, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y otras
entidades. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental
a la vivienda digna de las doscientas doce (212) familias a nombre de las
cuales actuó el accionante, que se encuentran en los asentamientos “Villas
Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del
río Guatiquía (sector Covisan) del municipio de Villavicencio y cuyos nombres e
identificación se incorporan en el anexo No. 1 de esta decisión.
Segundo.-
ORDENAR  al municipio de Villavicencio y a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, que en forma coordinada y en un plazo no
superior a un mes (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,
verifique  mediante un censo cuáles de las doscientas doce (212)
familias
ubicadas en los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No.
2”, ostentan la condición de desplazados por la violencia, y cuales se
encuentran en condición de pobreza extrema, de acuerdo a los parámetros
establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Tercero.-
ORDENAR al municipio de Villavicencio, el departamento del Meta y a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en
coordinación con las autoridades competentes para la atención y prevención de
desastres, se adopten medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un siniestro
en el lugar de los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2” (sector Covisan) de
Villavicencio. Con este fin, a más tardar dentro del mes siguiente a la
realización del censo ordenado en el numeral anterior, deberán garantizar un
albergue provisional a las familias en condición de desplazamiento que habitan los
asentamientos, así como la ejecución de programas de estabilización socioeconómica y de
ayuda humanitaria.
Parágrafo.- Esta medida
provisional de albergue a las personas desplazadas deberá extenderse hasta
tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos
fundamentales desaparezcan.
Cuarto.- ORDENAR al municipio de
Villavicencio y al departamento del Meta, que a más tardar dentro del mes
siguiente a la realización del censo ordenado en el numeral segundo de la parte
resolutiva de esta sentencia, como medida de protección transitoria garantice
un albergue provisional a las familias en situación de pobreza extrema que se
encuentran ocupando los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y
Brisas del Valle No. 2” (sector Covisan) de Villavicencio. Asimismo, que a tales familias
las incluya en los programas sociales que adelanten las entidades territoriales.
Quinto.- ORDENAR al municipio de
Villavicencio y al departamento del Meta, en caso de que no exista un plan de
vivienda para la población desplazada, que en el término de seis (6) meses se
asegure el acceso a una vivienda digna a los accionantes que efectivamente se
encuentren en condición de desplazamiento. La financiación del mismo tendrá que
asignarse en el presupuesto aprobado para la siguiente vigencia fiscal.
Sexto.- ORDENAR  a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que verifique
si existen miembros de la población que tengan la condición de desplazados y
estén inscritos en el registro único de víctimas, a fin de que se les entregue
efectivamente el componente de vivienda al que tienen derecho para que puedan
superar definitivamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Si ya se les está brindando dicha ayuda deberá orientarlos para que la utilicen
en la satisfacción de sus necesidades.
Séptimo.- REMITIR copia de la
presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo, quienes en ejercicio de sus funciones deberán acompañar el cumplimiento
de lo dispuesto en esta sentencia.
Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente
con permiso
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO No.1. (Tutela 5318700)
Nombres
Apellidos
Cedula de ciudadanía
Lugar de Expedición
1
Freddy Nolbeiro
Mejía Tabares
1.006.738.017
Villavicencio
2
Andrea
Baquero Barreto
35.261.610
Villavicencio
3
Marisol
Quintero Arango
30.081.527
Villavicencio
4
Dorian Jicela
Mosquera Mosquera
1.077.423.815
Quibdó
5
Abelardo
Asprilla Mosquera
11.645.595
Alto Baudo (Pie de Pato)
6
Jhon Jairo
Meneses Angarita
7.633.289
Santa Marta
7
Leidy Johanna
Vásquez Zapata
1.121.823.299
Villavicencio
8
Luz Mery
García Chicaiza
52.747.673
Bogotá D.C.
9
Nora Delia
Trompeta Soscue
1.120.364.199
Granada
10
Elvia Milena
González Salgado
1.124.993.561
Cumaribo
11
Martha Lucrecia
Baquero González
52.058.936
Bogotá D.C.
12
María Consuelo
Rodríguez
51.856.164
Bogotá D.C.
13
Nodier Alexander
Murillo Rodríguez
1.121.862.336
Villavicencio
14
Urbino
Culma Cupitra
93.478.083
Natagaima
15
María Consuelo
Cardona Arango
40.375.792
Villavicencio
16
Yesid
Lozano Barrios
5.901.931
Espinal
17
Leonardo Ruberney
Perdomo Hernández
7.837.938
San Carlos de Guaroa
18
Diego Armando
Castellanos García
1.033.759.723
Bogotá D.C.
19
Arcadio
Perdomo Hernández
7.837.999
San Carlos de Guaroa
20
Kelly Johana
Luna García
1.041.970.420
Bogotá D.C.
21
Marco Tulio Homero
Obres Valenzuela
13.017.351
Ipiales
22
John Fredy
Riaño Rodríguez
1.121.924.378
Villavicencio
23
Carmen Cecilia
Alvarado Amaya
40.250.457
Etnia: Sikuani
24
Enith
Cataño Giraldo
33.993.403
Supia
25
José German
Garzón Ríos
347.912
Cabrera
26
Yeison Heyver
Serrano Rico
1.121.880.034
Villavicencio
27
Cristian Camilo
Gómez Rodríguez
1.120.501.973
San Martin
28
Jimmy Alejandro
Garavito Bello
1.121.891.252
Villavicencio
29
Yeferson
Torres Galeano
1.081.414.892
La Plata
30
Pablo Emilio
Roncancio
13.617.808
Puente Nacional
31
Blanca Imelda
Ordoñez Virguez
40.051.416
Otanche
32
Mayerli
Bernal Castañeda
1.121.910.032
Villavicencio
33
Jailer
Pérez
14.319.926
Honda
34
Jaime
Rodríguez Rozo
11.412.689
Cáqueza
35
Dubier
Londoño Cano
1.117.964.209
Cartagena del Chaira
36
Jhon Fredy
Panesso Ortiz
98.428.609
Tumaco
37
Diana Cecilia
Panesso Ortiz
1.087.186.127
Tumaco
38
Néstor Antonio
Panesso Lacuesta
17.303.514
Villavicencio
39
Beekembauer
Otalora Ayala
79.897.001
Bogotá D.C.
40
Pablo Emilio
Otalora Vargas
19.143.190
Bogotá D.C.
41
Samuel
Avendaño Buitrago
79.560.860
Bogotá D.C.
42
Nelson
Rodríguez Mendoza
96.123.745
Saravena
43
Luz Dary
Parra de Molano
42.876.569
Envigado
44
Fidel
Matoma Vargas
79.953.228
Bogotá D.C
45
Fulbia Nelly
León Tunjano
21.185.092
El Calvario
46
José Tomas
Cortes Ramírez
79.353.748
Bogotá D.C.
47
Nelsy Amanda
Carrillo Velásquez
40.376.082
Villavicencio
48
Francy Elena
González
40.393.106
Villavicencio
49
Raúl Alfonso
Umaña Ardila
1.121.852.334
Villavicencio
50
Ferney
Valencia Hurtado
1.120.925.028
Puerto Concordia
51
Moisés
Tique
2.352.497
Ortega
52
Mery
Muñoz Alvarado
52.479.628
Bogotá D.C.
53
Plinio
Duarte Flórez
80.492.228
Bogotá D.C.
54
Luz Marina
Hernández Resende
69.801.193
Mitú
55
María Ninfa
Sánchez Perdomo
65.789.449
Natagaima
56
Rosalba
Lázaro Carrillo
26.666.684
Santa Marta
57
Margarita
Bautista Cuellar
36.088.546
CampoAlegre
58
William Alexander
Manrique Morales
1.022.940.497
Bogotá D.C.
59
Sandra Liliana
Gutiérrez Ortiz
40.437.733
Villavicencio
60
Yady Karine
Agudelo Morales
1.121.899.670
Villavicencio
61
Mercedes
Rodríguez Rozo
1.074.129.620
Caqueza
62
José Giraldo
Muñoz
1.121.829.219
Villavicencio
63
Sandra Magola
Gómez Orozco
52.762.941
Bogotá D.C.
64
Mauricio
Roa Espinoza
86.003.279
Granada
65
José Argemiro
Roa
2.835.008
La Dorada
66
Oscar Arnulfo
Asprilla Martínez
18.224.890
San José Del Guaviare
67
Nancy Elena
Castañeda Reyes
1.121.828.218
Villavicencio
68
Yimmy Fernando
Rodríguez Carrillo
86.087.025
Villavicencio
69
Ana Lucinda
Escarraga Florido
40.272.947
Mesetas
70
Pedro José
Cogollos Miranda
17.220.990
La Macarena
71
Carlos Arturo
Heredia
86.008.884
Granada
72
Mercedes Mairena
Castañeda Rodríguez
40.404.177
Villavicencio
73
Henry
Garzón Morales
17.221.168
La Macarena
74
Sandra Patricia
Palacios Vargas
1.121.866.716
Villavicencio
75
Ana Loelia
Fuentes de Oñate
30.916.137
El Calvario
76
Blanca Lidia
Oñate Fuentes
21.185.137
El Calvario
77
Magda Liliana
Bolaños Bernal
1.121.840.745
Villavicencio
78
José Gratiniano
Comba Vargas
1.121.920.958
Villavicencio
79
Edna María
Jiménez Barreiro
1.121.858.709
Villavicencio
80
Carlos Andrés
Martínez Gutiérrez
1.026.565.913
Bogotá D.C.
81
Rodrigo
Alvira López
86.061.790
Villavicencio
82
Ramiro
Alvira López
17.360.351
Mapiripan
83
Luis Eduardo
Jiménez Barreiro
1.122.646.972
Restrepo
84
Nelly
Pinzón Ortiz
1.120.574.157
San José del Guaviare
85
Yury Esperanza
Panesso Ortiz
1.087.111.288
Tumaco
86
María Mónica
Agudelo Morales
1.121.895.891
Villavicencio
87
Elcy
Sánchez Cometa
40.076.745
Florencia
88
Jorge Arturo
Hernández García
86.061.639
Villavicencio
89
Víctor Julio
Muñoz
1.121.859.537
Villavicencio
90
Deibi Dorany
Moreras Fajardo
40.363.126
San Juan de Arama
91
Nidia Johanna
Cifuentes Vargas
40.188.454
Villavicencio
92
Yuri Andrea
Castaño Vargas
1.121.853.630
Villavicencio
93
Hans Estivens
Castaño Vargas
1.121.869.446
Villavicencio
94
Nancy del Pilar
Muñoz
53.027.855
Bogotá D.C.
95
Cecilia
Agudelo
21.235.889
Villavicencio
96
Cesar Augusto
Puertas Ospina
97.613.295
San José del Guaviare
97
Jorge Alfonso
Nieto
3.291.238
Villavicencio
98
Luz Mery
Guzmán Bastos
31.021.434
Castilla la Nueva
99
Carlos
Díaz González
86.048.882
Villavicencio
100
Blanca Aurora
Sabogal Medina
40.398.936
Villavicencio
101
Myriam Stella
Chacón Hernández
31.037.210
Cubarral
102
Sandra Milena
Loaiza Pacheco
52.280.252
Bogotá D.C.
103
Nicolás Yesid
Bernal Salgado
79.970.479
Bogotá D.C.
104
Juan Eulogio
Pérez Velásquez
17.220.290
La Macarena
105
Juan Emilton
Panesso Ortiz
86.060.838
Villavicencio
106
Misael
Beltrán Garzón
17.266.648
Cumaral
107
Libardo
Rodríguez Rozo
1.121.925.835
Villavicencio
108
Pablo Antonio
Manrique Sánchez
3.273.077
Cumaral
109
Blanca Matilde
Córdoba Sánchez
40.390.095
Villavicencio
110
Nubia Rocio
Chacón Gómez
40.395.965
Villavicencio
111
Diana Marcela
Rodríguez Bedoya
1.121.852.728
Villavicencio
112
Juan de Dios
Agudelo González
1.114.450.688
Guacari
113
Luis Eladio
Herrera Molano
17.220.901
La Macarena
114
Laura Yuliver
Rojas León
35.260.255
Villavicencio
115
Ramiro
Escarraga Castro
7.277.467
Muzo
116
Cenen
Ayala Puertas
80.402.741
San Juan de Rioseco
117
Raúl
Morales Valencia
97.601.543
San José del Guaviare
118
Robinson Andrés
Gautan Sánchez
1.121.914.313
Villavicencio
119
María Isidra
Rozo
39.731.472
Cáqueza
120
José Tobías
Herrera Gutiérrez
3.140.604
Quetame
121
Luisa Fernanda
Serna Mejía
1.112.480.484
Jamundí
122
Carlos Albeiro
Molina Echeverry
10.631.753
Corinto
123
Jonny Mauricio
Patiño Padua
94.043.539
Candelaria
124
Luz Marina
Castillo Padua
29.665.988
Palmira
125
José Omar
González Granados
6.220.074
Candelaria
126
Fabio Nelson
Serna Gallego
1.104.674.916
Herveo
127
Domitila
Martínez
41.547.992
Bogotá  D.C.
128
Richard Augusto
Murillo Giraldo
86.086.017
Villavicencio
129
John Kemer
Marzola López
1.067.922.092
Montería
130
José  Arandu
Barrero Ramírez
17.280.670
Puerto Rico
131
Cristian Manuel
Madera Ayala
10.966.499
Montería
132
María Isabel
Melo López
1.120.578.678
San José del Guaviare
133
José Samuel
Rojas Mora
74.770.257
Yopal
134
Rosalba
Macías Díaz
1.133.939.315
San José del Guaviare
135
Rudy Alexandra
Suspe Neira
52.482.708
Bogotá D.C.
136
Nora
Torres Romero
25.235.234
Villamaria
137
Luz Marina
Clavijo Mendieta
52.879.739
Bogotá D.C.
138
María Alejandra
Murillo Cardoso
1.105.685.820
Espinal
139
Jeanette
Cortes Cárdenas
30.350.172
La Dorada
140
Tania Magaly
Estupiñan Díaz
60.411.979
Villa Rosario
141
Edwar Sneyder
Varila Piñeros
1.121.838.716
Villavicencio
142
Luz Mira
Vate Culma
65.801.033
Purificación
143
Efrén Andrés
Alonso González
1.022.965.860
Bogotá D.C.
144
Diana Marcela
Ningo Cortes
40.334.854
Villavicencio
145
Lizeth Yamile
Ayala Ayazo
1.133.797.006
Montería
146
Rafael
Ruiz Rueda
13.705.745
Bolívar
147
Luz Marina
Vargas Londoño
40.210.328
Uribe
148
Luis Francisco Javier
Jiménez Londoño
80.432.887
Sopó
149
Sandra Milena
Cruz Vargas
40.216.611
Villavicencio
150
Limbania
Jiménez Uni
25.482.091
La Vega
151
Nicolás
Aroca Loaiza
1.121.831.589
Villavicencio
152
José Elmer
Loaiza Félix
93.206.447
Purificación
153
Apolinar
Aroca Loaiza
93.207.199
Purificación
154
Ángela Lorena
Bolívar Ortiz
1.121.925.054
Villavicencio
155
Leidi Bibiana
Bolívar Ortiz
1.121.939.085
Villavicencio
156
Eli Johana
Saac  Mina
1.113.513.752
Candelaria
157
Emilse Carolina
Cañón Hernández
1.070.966.680
Facatativá
158
Olga
González de Carvajal
29.124.337
Cali
159
José Capitolino
Mogollón
7.491.905
Granada
160
Andrea Viviana
Gordillo Monroy
1.014.181.254
Bogotá D.C
161
Liz Daryery
Bonilla Morales
1.121.890.932
Villavicencio
162
Jesús Antonio
Bonilla Caro
16.348.789
Tuluá
163
Ever
Bermúdez Flórez
17.349.784
Villavicencio
164
Elkin Daniel
Marín Maya
79.962.922
Bogotá D.C.
165
Blanca Denis
Hernández Riveros
1.121.874.016
Villavicencio
166
John Carlos
Hernández Riveros
1.121.840.851
Villavicencio
167
Mary Johana
Hernández Riveros
40.327.896
Villavicencio
168
Efraín
Iquinas Molina
79.902.817
Bogotá D.C.
169
Nelly Constanza
Correa Castro
52.319.558
Bogotá D.C.
170
Rosalba Teresa
Fino de Sánchez
35.488.470
Bogotá D.C.
171
Nubia Yadira
Velásquez  Velásquez
39.732.205
Cáqueza
172
Yohn Edison
Criollo Ahumada
16.866.455
El Cerrito
173
Claudia
Ariza Cruz
1.006.775.868
Villavicencio
174
María Cristina
Ariza Cruz
1.006.775.866
Villavicencio
175
Liliana
Rodríguez Monsalve
66.785.360
Palmira
176
Yuri Paola
Juez Sabogal
1.121.894.451
Villavicencio
177
Omar Enrique
Guevara Camargo
17.413.449
Acacias
178
Olga Luz
Maya Tamayo
40.276.148
Vista Hermosa
179
Edgar Fernando
Torres Reina
80.809.296
Bogotá D.C
180
Edilma Viviana
Malambo Gómez
1.121.844.809
Villa Vicencio
181
Pablo María
Castro Carrillo
3.140.208
Quetame
182
Blanca Flor
Clavijo Carrillo
20.851.720
Quetame
183
Ana Carolina
Herrera Malambo
1.071.303.588
Quetame
184
Jaiber
Ortiz Sánchez
7.553.686
Armenia
185
Yesmy Andrea
Ipia
1.121.908.733
Villavicencio
186
Sirley
Velasco Orozco
41.939.754
Armenia
187
Ercilia
Liñan Urbina
52.250.291
Bogotá D.C
188
Anderson
Rueda Hernández
1.019.027.535
Bogotá D.C
189
José Reinaldo
Morales Alonso
1.121.861.472
Villavicencio
190
Hernán
Botero Rodríguez
18.388.918
Calarcá
191
Víctor Alfonso
Rivas Rivas
1.112.758.389
Cartago
192
Roger Hans
Delgado Castro
1.032.364.855
Bogotá D.C
193
Manuel Antonio
Puerta  Mejía
10.162.688
La Dorada
194
Leisdy Yormary
León Cuneme
1.120.473.718
Mapiripan
195
José Rubiel
Álvarez Caro
1.121.862.869
Villavicencio
196
Fabio Nelson
Camargo Quintero
79.993.370
Bogotá D.C
197
Mabel Morales
Jara
1.031.121.649
Bogotá D.C
198
Elkin Harrinton
Delgado Barbosa
86.077.816
Villavicencio
199
Armando
Ramos Muñoz
479.422
Restrepo
200
Oscar Javier
Beltrán Botía
86.068.508
Villavicencio
201
Francisco
Arboleda Sinisterra
4.781.572
Timbiquí
202
Eva
Castro Salamanca
51.552.720
Bogotá D.C
203
Neide Imilsen
Suarez Pérez
40.206.224
La Macarena
204
José Alirio
Cruz Tovar
86.013.771
Granada
205
John Javier
Morales Alonso
74.795.852
Maní
206
Fanny María
Hernández Hernández
20.441.011
Cáqueza
207
Margarita
Tamayo Chagres
69.801.083
Mitú
208
José Enrique
Matoma Ortiz
1.121.910.856
Villavicencio
209
Greys Katherine
Echavarría Rojas
1.121.839.714
Villavicencio
210
María Del Carmen
Ortiz Padilla
20.698.851
La Palma
211
Luz Marina
Caro Salguero
40.415.175
Granada
212
Félix Antonio
Briceño Baracal
17.294.076
Vista Hermosa
[1] En Auto del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016),
la Sala de Selección de Tutelas número uno dispuso la revisión del expediente
de la referencia, el cual fue repartido para su sustanciación.
[2] Mediante Auto de la Sala Segunda Oral del Tribunal Administrativo
del Meta, se determinó que del escrito radicado por el señor José Samuel
Rojas Mora (bajo el título de acción popular) se evidenciaba una posible
vulneración de derechos fundamentales a un grupo de personas desplazadas, cuyo
amparo podía ser garantizado mediante el trámite preferente de la acción de
tutela. Lo anterior, de acuerdo con el precedente fijado por la Corte
Constitucional en sentencia T-239 de 2013 y lo dispuesto en el artículo 171 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
“permite a los operadores judiciales, en el evento que el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada, darle el trámite que le corresponda a la
demanda”. Folio 812 del cuaderno principal.
[3] Folio 1-800 del cuaderno principal.
[4] En el anexo 1 de esta providencia, se indican los nombres y
apellidos de quienes actúan como cabeza de hogar de cada una de las familias
desplazadas. Así mismo, se señala su identificación y el lugar de procedencia,
de acuerdo con la información suministrada en el escrito de tutela.
[5] Folio 3. En adelante siempre que se haga mención a un folio se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[6] Folio 4. A la tutela se anexa el listado de familias de Villa
Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2, indicando su condición (desplazado o
vulnerable), sus cedulas de ciudadanía, datos de contacto, grado de instrucción
o de formación académica, estado civil, cantidad de hijos, edad. Este listado
está firmado por cada uno de los encuestados. Igualmente, se anexa: (i) el
certificado de no vivienda expedido por el Instituto Agustín Codazzi; (ii) el
registro de único de desplazados; y (iii) copia del Sisben, de cada una de las
personas incluidas en los listados.
[7] Folio 703.
[8] Folios 728 a 730.
[9] Folios 731 a 734.
[10] Folios 735 a 738.
[11] Folio 743.
[12] Francy Helena González en representación de los habitantes de Villa
Campestre; José Samuel Rojas Mora en nombre de los habitantes del sector Brisas
del Valle; y Guillermo Cañón Casto y José Eli Gómez Sandoval, representando a
los habitantes del sector Lazos de Dignidad.
[13] El Secretario de Gobierno y el Asesor Jurídico del municipio de
Villavicencio, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la
Procuraduría Regional del Meta, un delegado de la Personería municipal, el
comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio y Cormacarena.
[14] Folio 7.
[15] Folios 744 a 751.
[16] Folios 752-753. En el mimo sentido, en comunicación 1551-23-0193
suscrita por el Secretario de Gobierno de Villavicencio y dirigida a los
representantes de las comunidades asentadas en el río guatiquí, se señala que
se dará inicio al proceso de restitución del bien de uso público.
[17] Folio 759.
[18] Folio 768-772.
[19] Folios 858-860.
[20] Folios 869-870.
[21] Folio 923-926.
[22] Folio 932-934.
[23] Folio 951-954.
[24] Folio 910-912.
[25] Folios 871-872.
[26] Folio 14 del cuaderno de revisión. En el
auto de pruebas se ordenó al municipio de Villavicencio que informará: (i) el estado actual del proceso de lanzamiento por ocupación de
hecho (…) (ii) si se cuenta con un censo, un estudio socioeconómico, una
caracterización de las familias desplazadas (…) (iii) los programas o proyectos
que han sido diseñados para resolver los problemas de vivienda que afectan a la
población desplazada asentada en el Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2.
(iv) En caso de que ya se haya hecho efectiva la diligencia de desalojo,
indicar las medidas de protección previamente adoptadas (…) dónde fue reubicada
la población y las condiciones del lugar donde actualmente habitan. También se
ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena
(Cormacarena) y la Oficina de Gestión del Riesgo, que se pronunciaran sobre los
hechos del  presente caso. Y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
de las Víctimas que informara sí los integrantes de la Corporación Nuevo
Amanecer Vida y Esperanza asentados en Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº
2, se encuentran en el registro único de población desplazada como víctimas del
conflicto.
[27] Folio 78-79 del cuaderno de revisión.
[28] Folio 21-27 del cuaderno de revisión.
[29] Folio 60-66 del cuaderno de revisión.
[30] Folio 74-76 del cuaderno de revisión.
[31] Folio 834. Con relación  a la solicitud de medida cautelar expresó:
“no se advierte inmediatez, ya que el accionante no mencionó la fecha en que
se llevaría a cabo la citada diligencia de lanzamiento, y no hay certeza si a
la fecha las entidades competentes hayan adelantado el respectivo proceso, por
lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de
1991, no se considera necesario y urgente adoptar la medida provisional (…)”.
[32] Folio 940-949.
[33] Folio 948. En su decisión, el Tribunal Administrativo argumentó que
era necesario “realizar una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto
dentro de la presente acción, esto es, por un lado, el derecho a la vida y, por
otro, el derecho a una vivienda digna, encontrándose que, si bien es cierto, el
destierro al que han sido sometidas las personas en situación de desplazamiento
forzado y de pobreza extrema genera una múltiple vulneración de sus garantías
constitucionales y que de producirse un posible lanzamiento agudizaría más la
afectación intensa de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de contar con
una vivienda, lo cierto es, que permitirles permanecer en una zona de alto
riesgo de inundación pondría en peligro el derecho a la vida, el cual prima y
tiene mayor peso sobre cualquier otro. (…)”
[34] Folio 1008-1012.
[35] Folio 1019-1027.
[36] MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
[37] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[38] Municipio de Villavicencio, Fonvivienda, el departamento del
Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República
[39] Menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas,
personas en situación de discapacidad, indígenas, afrocolombianos y
desmovilizados.
[40] En tal sentido, pueden consultarse las sentencias T-1635 de 2000
(M.P José Gregorio Hernández), T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-038 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-042 de 2009
(MP. Jaime Córdoba Triviño), T-234 de 2009 (MP. Clara Elena Reales Gutiérrez),
T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), Sentencia
T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), T-106 de 2010 (M.P
Jorge Iván Palacio), T-946 de 2011 (M.P María Victoria Calle Correa), T-218 de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-832 de 2014 (M.P
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[41] T-598 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) En esta sentencia
la Corte amparó el derecho al debido proceso de una desplazada, que solicitaba
que se ordenara a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas
que nuevamente caracterizara a su grupo familiar y que procediera a separarla
del núcleo en el que originalmente se encontraba inscrita, para registrarla en
uno nuevo compuesto por ella y sus dos hijos menores de edad, nacidos luego del
desplazamiento del cual fue víctima. Lo anterior, por cuanto el sustento de su
nueva familia depende del otorgamiento de la ayuda humanitaria a su nombre.
[42] T-827 de 2007 (M.P Catalina Botero Marino) En esta decisión la
Corte amparó el derecho de una mujer y de sus dos hijas a ser reconocidas como
personas en situación de desplazamiento forzado, y en consecuencia a ser
reconocidas en el registro único de población desplazada. Lo anterior, por
cuanto acción social cambio de manera constante las razones de hecho y de
derecho en las que fundamentaba su negativa al registro y aplicó normas legales
y reglamentarias al margen de las directrices constitucionales en materia de
protección especial a las personas en situación de desplazamiento forzado.
[43] T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta
decisión, se resuelven varios expedientes de tutela acumulados y se amparan los
derechos fundamentales de varias familias compuestas principalmente por mujeres
cabeza de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de
atención en salud, estabilización económica y reubicación, no habían sido
atendidas por la Red de Solidaridad.
[44] Ver sentencias T-946 de 2011 (M.P María
Victoria Calle Correa), T-119 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-655 de
2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-781 de 2014 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) y T-109 de 2015 (Jorge Iván Palacio Palacio).
[45] T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), en esta decisión
se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación
de la población desplazada. Con relación a la agencia oficiosa en materia de
tutela de las asociaciones de desplazados, señaló: “Dada la condición de
extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo
del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata
de personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres
cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera
edad ‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las
acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente
onerosa para estas personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados,
que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la
defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los
desplazados.”
[46] Ibídem.
[47] A folio 822 obra certificado de representación y existencia legal
de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, expedido por la Cámara de
Comercio de Villavicencio, el 13 de julio de 2015. Dentro de su objeto social
certifica: “Agremiar, agrupar, asociar personas víctimas de conflicto
armando, y vulnerables en la pobreza extrema, del municipio de Acacias, o de
otras regiones, o en otras ciudades (…)”
[48] Folio 25-41.
[49] T-239 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa). En esta sentencia
se amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de familias, en su mayoría
desplazadas por la violencia, que ocuparon varios predios privados en el
Municipio de Cúcuta, en donde se asentaron y construyeron improvisados refugios
para suplir sus necesidades de vivienda. En consecuencia se ordenó a la entidad
territorial y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas,
realizar un censo de las familias afectadas, garantizar un albergue provisional
y hacer las gestiones pertinentes para incluir a los accionantes dentro de los
planes de vivienda municipales.
[50] Constitución Política de Colombia, artículo 51.
[51] De conformidad con lo dicho por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su Observación General No. 4, los siguientes son,
entre otros, los instrumentos internacionales que tratan el derecho a una
vivienda adecuada: “el párrafo 1 del artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del
artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, el párrafo 3 del artículo 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, el párrafo 8 de la
sección III de la declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos,
1976 […] el párrafo 1 del artículo 8 de la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y la recomendación No. 115 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961”.
Punto 3.
[52] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales fue aprobado por la Ley 74 de 1968.
[53] Observación General No. 3.
[54] Sentencia C-671 de 2002 (M.P Eduardo Montealegre Lynett). En
esta oportunidad la Corte examinaba la constitucionalidad de un precepto que
excluía a un grupo de beneficiarios de los servicios ofrecidos por el sistema
de salud de las fuerzas militares y de policía, aun cuando antes lo incluía. La
Corte consideró que ese retroceso, en la protección del derecho a la seguridad
social en salud del grupo excluido, resultaba injustificado. Para decidir, tuvo
en cuenta la distinción entre obligaciones de cumplimiento inmediato, y
obligaciones de cumplimiento progresivo. Dijo que el Estado había incumplido la
prohibición –la cual es de obligatorio cumplimiento en todo tiempo- de no retroceder
injustificadamente en el nivel de protección alcanzado.
[55] T-585 de 2006 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta decisión se
amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de accionantes, quienes eran
personas desplazadas por la violencia, inscritas en el registro único de
población desplazada y residentes en zonas marginales de Girón, Floridablanca y
Bucaramanga. Habitaban en inquilinatos o viviendas improvisadas, muchas de
ellas en zonas de alto riesgo y sin acceso a servicios públicos domiciliarios.
[56] “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”.
[57] “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y
387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para
la población desplazada”.
[58] “Por el cual se modifican los
artículos 2, 5, 8, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 2001 y se dictan otras
disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda para la
población en situación de desplazamiento”.
[59] Artículo 2º.
[60] “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”. Artículo  123.
Medidas De Restitución En Materia De Vivienda. Las víctimas
cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o
menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de
vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y
adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio
de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o
indemnización. Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de
conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los
mecanismos especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la
prorrogan, modifican o adicionan. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces, o el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus veces, según
corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que
regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata
este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las
personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la
cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan
sido víctimas en los términos de la presente ley. El Gobierno Nacional
realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin
de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan
aplicación efectiva en soluciones habitacionales. Parágrafo 1°. La
población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y
proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres
cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población
discapacitada desplazada. Parágrafo 2º. Se priorizará el acceso a
programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan
retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de
seguridad por parte de la autoridad competente.
[61] “Por el cual se reglamenta la
Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 131 y
siguientes.
[62] “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones.” Esta ley está reglamentada por el Decreto No. 1921 de 2012.
[63] OG 7 párrafo 15.
[64] Otras decisiones que pueden consultarse son las siguientes: SU-1150
de 2000 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1346 de 2001
(M.P Rodrigo Escobar Gil), T-585 de 2006 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-967 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), T-068 de 2010 (M.P Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-119 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-349 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-454 de 2012 (M.P Luis Ernesto
Vargas Silva), T-239 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa), T-655 de 2014
(M.P María Victoria Calle Correa).
[65] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[66] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[67] M.P María Victoria Calle Correa.
[68] M.P María Victoria Calle Correa.
[69] T-109 de 2015 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) En esta decisión se amparó el derecho al debido proceso y vivienda
digna, en un caso originado en el año 2006 cuando el municipio de Floridablanca
(Santander) adquirió un predio en donde se comprometió a realizar un
macroproyecto de vivienda de interés social. Pese a lo anterior, Ingeominas
advirtió el alto riesgo geológico que presentaba el terreno siendo inviable
material y jurídicamente el proyecto, al menos no sin antes ejecutarse las
obras de reforzamiento necesarias. Posteriormente, en septiembre de 2011 un
grupo de aproximadamente 50 familias beneficiarias del mencionado proyecto
decidió ocupar una parte del lote para construir allí sus hogares, al tiempo
que las autoridades del ente territorial exigían el desalojo para poder
presentar el terreno a una nueva convocatoria nacional para vivienda. En el
curso del trámite policivo, los accionantes impetraron la tutela para suspender
el desalojo mientras se les garantizaba una alternativa real de reubicación.
[70] Del folio 36 al 41 obra listado con indicación de los jefes de
hogar de cada una de las familias desplazadas, el cual es anexado al escrito de
tutela.
[71] De folio 43 a 702, se acompaña al escrito de tutela los
documentos que a continuación se enuncian, que acreditan la no tenencia de
bienes inmuebles y la condición de desplazado de buena parte de los jefes de
hogar de las familias desplazadas objeto del presente amparo constitucional.
Estos documentos son: (i) certificado catastral nacional expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que acredita la no inscripción en
la base de datos catastral del IGAC; (ii) certificado de afiliación al Sisben
de Villavicencio; (iii) constancia de no propiedad o titular de derechos
inscritos expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Villavicencio; (iv) certificación de la Defensoría del Pueblo del Meta que
indica que la inscripción en el registro único de víctimas se encuentra en
trámite; (v) formato único de declaración para la solicitud de inscripción en
el registro único de víctimas; (vii) certificación de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Violencia, en la que consta
que se encuentra “incluido” dentro registro único de víctimas (RUV); y
(viii) copia de la cédula de ciudadanía.
[72] En los anexos de la tutela de folio 25 a 35, obra listado del censo
que individualiza a cada uno de los jefes de hogar de las familias desplazadas
con indicación precisa de: (i) sus nombres y apellidos; (ii) el número de la
cedula de ciudadanía; (iii) su condición de desplazado o de estado de
vulnerabilidad; (iv) nivel académico; (v) estado civil; (vi) número de hijos;
(vii) edad; (viii) fecha del censo; y (ix) firma de cada una de las personas
censadas.
[73] Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo
especial la macarena, folio 25 del cuaderno de revisión.
[74] Folio 26 del cuaderno de revisión.
[75] Folio 31 del cuaderno de revisión.
[76] T-227 de 1997 (M.P Alejandro Martínez
Caballero) En esta tutela se denuncian actos discriminatorios y de intolerancia
cometidos por autoridades de la Gobernación de Cundinamarca, quienes alegando
que se generaba una alteración grave del orden público, intentaban impedir la
reubicación de desplazados que habían llegado al territorio de ese
departamento. La Corte en su decisión ampara los derechos a la libre
circulación y a la dignidad humana. Además, previene a la Gobernadora de
Cundinamarca para que en el futuro se abstenga de restringir los derechos
protegidos. Ordena a la Defensoría brindar un curso de promoción de derechos
humanos dirigidos a las autoridades del departamento de Cundinamarca y solicita
al Ministerio de Educación hacer efectiva la educación en el respeto a los
derechos humanos, especialmente, en el respeto a las personas que son
desplazados por la violencia.
[77] T-419 de 2003 (M.P Alfredo Beltrán Sierra). En este caso se
estudiaron dos expedientes de tutela acumulados relacionados
con atención y protección a la población desplazada; en el primer caso se
otorgó la ayuda humanitaria requerida pero la misma era insuficiente, y en el
segundo caso no se prestó ningún apoyo ni colaboración humanitaria. En su
decisión, la Corte concede la tutela para que se les otorgue a los
actores la ayuda humanitaria de emergencia prevista por la ley 387 de 1997,
relacionada con vivienda, programas de capacitación laboral, orientación y
aprobación de un proyecto productivo, así como apoyo en temas de educación y
atención en salud.
[78] Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado
en Colombia, Centro Nacional de la Memoria Histórica, ISBN: 978-958-59068-7-7,
Primera edición: septiembre de 2015.
[79] T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda
Espinosa), en esta decisión se declara la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada y se establece que
a las autoridades nacionales y
territoriales les corresponde ajustar sus actuaciones para lograr concordancia
entre los compromisos adquiridos y los recursos asignados para asegurar los
derechos de los desplazados de tal manera que se les asegure el goce efectivo
de sus derechos mínimos. Ese mínimo de protección implica (i) que en ningún
caso se puede amenazar el núcleo esencial de los derechos fundamentales
constitucionales de las personas desplazadas y (ii) la satisfacción por el
Estado del mínimo prestacional de los derechos a la vida, a la dignidad, a la
integridad física, psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación
del servicio de salud que sea urgente y básico, a la protección frente a
prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, y al
derecho a la educación hasta los quince años para el caso de los niños en
situación de desplazamiento. En relación con la provisión de apoyo para la
estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento,
el deber mínimo del Estado es el de identificar, las circunstancias de su
situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y alternativas de
subsistencia con miras a definir sus posibilidades concretas de emprender un
proyecto razonable de estabilización económica o de participar en forma
productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar ingresos que les
permitan subsistir. En relación con el derecho al retorno y al
restablecimiento, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en
(i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a
su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio, (ii) no impedir que
las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se
restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las
condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el
compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado
asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv)
abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión
implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad
personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en
condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para
subsistir autónomamente.
[80] Este término es utilizado en el libro: “Una nación desplazada:
Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Centro Nacional de la
Memoria Histórica, ISBN: 978-958-59068-7-7, Primera edición: septiembre de
2015.” Con él se alude a la forma en que es visto el desplazado ante la
población del lugar que lo recibe. Se indica en este texto que “(…) el
desplazado llega generalmente hasta la periferia del municipio o de la ciudad,
es decir, a las zonas marginales, lo cual los pone en competencia de recursos,
trabajo, de bienes, con los otros desposeídos de la ciudad. Ante los ojos de
los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, de los más “acomodados”, el
desplazado es equiparado con el incómodo indigente, con el desempleado o con el
empleado informal callejero, quienes exponen también una realidad que no quiere
ser vista.”
[81] Auto 383 de 2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) de seguimiento a
la sentencia T-025 de 2004. La Corte expidió ese presente auto con el
fin de determinar si ha existido un avance, estancamiento o retroceso en
materia coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y entidades
territoriales en materia de atención integral a población desplazada. Como
conclusión de los informes y las sesiones técnicas, encontró que no se han
corregido las falencias indicadas en distintos pronunciamientos. Por lo cual,
luego de precisar una serie de reglas acerca de los principios constitucionales
relevantes en el marco de la distribución de competencias, ordena: flexibilizar
la oferta institucional; tomar medidas frente aquellos entes que no han cumplido
con sus obligaciones respecto de la población víctima y otras para solventar
los obstáculos reseñados; y finalmente, asumir medidas con las cuales evaluar
el nivel de cumplimiento de estas órdenes.
[82] Sentencias T-078 de 2004 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) y T-770
de 2004 (M.P Jaime Córdoba Triviño), mencionadas en los numerales 5.5 y 5.6 de
las consideraciones de esta providencia.