T-196-17
Sentencia T-691/13
Sentencia
T-196/17
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela se habilita para
reclamar la protección de los derechos de la población desplazada, dado que no
existe en el ordenamiento jurídico una acción idónea y eficaz para tal efecto.
En consecuencia, de existir una violación de sus derechos fundamentales, en
punto al no acceso a los elementos que conforman la asistencia humanitaria:
alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica y alojamiento en
condiciones dignas, resultará procedente la acción de tutela para reclamar
dicha protección.
AYUDA HUMANITARIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN CABEZA DE LAS
PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Entrega real y efectiva
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Ley 387 de 1997, respecto a su definición,
alcance e implicaciones materiales, físicas y jurídicas
DESPLAZADOS INTERNOS-Definición de acuerdo con el artículo 1 de la Ley
387 de 1997
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Estado debe otorgar
tratamiento especial y preferencial y realizar acciones afirmativas en favor de
este grupo poblacional vulnerable
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Deber del Estado de garantizar la entrega de la
ayuda humanitaria a población desplazada
AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza, características y modalidades
AYUDA HUMANITARIA-Marco normativo
AYUDA HUMANITARIA-Etapas
DERECHO FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Subreglas en las cuales se pone en riesgo y/o
vulnera mínimo vital
AYUDA HUMANITARIA-Procedimiento para determinar quiénes son o no beneficiarios, conforme al
Decreto 1084 de 2015
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Eliminación del término máximo para la atención
humanitaria de emergencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término de atención
humanitaria de emergencia debe ser flexible/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término de atención
humanitaria de emergencia será prorrogable hasta que el afectado esté en
condiciones de asumir su autosostenimiento
DERECHO DE PETICION-Alcance y contenido
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración de jurisprudencia
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE POBLACION DESPLAZADA Y DERECHO
DE PETICION-Respuesta de fondo,
clara y congruente
DEBER DEL JUEZ CONSTITUCIONAL DE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LOS
HECHOS NARRADOS EN ESCRITO DE TUTELA
ACCION DE TUTELA-Carga de la prueba corresponde a quien instaure la acción
JUEZ DE TUTELA-Práctica de pruebas de oficio
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos
eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos
fundamentales y futuras violaciones
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Reconocimiento y pago de Ayuda Humanitaria
DERECHO DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a UARIV, si no lo ha hecho, notifique decisión que adoptó en
torno a petición de ayuda humanitaria
DERECHO DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a UARIV, si no lo ha hecho, resolver de fondo solicitudes de
ayuda humanitaria y brindar oportunidad de controvertirlas
Referencia: expedientes T-5821217
AC
Acción de tutela instaurada por
Arley Yamid Osnas Peña y otros contra la Unidad
Administrativa Especial para la Atención de Reparación Integral a las Víctimas (En
adelante UARIV)
Magistrado
Ponente (E)
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Bogotá,
D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
María Victoria Calle Correa y por los Magistrados José Antonio Cepeda Amarís
(E) y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión de las sentencias proferidas en los asuntos que a
continuación se relacionan, por algunas autoridades judiciales que resolvieron
distintas acciones de tutela promovidas contra la Unidad
Administrativa Especial para la Atención de Reparación Integral a las Víctimas.
Expediente
Accionante
1.
T-5821217
Arley
Yamid Osnas Peña
2.
T-5821237
Juan
Carlos Rojas Papamija
3.
T-5821239
Gloria
Margoth Becerra Bravo
4.
T-5839051
Luis
Arturo Marín Orozco
5.
T-5839052
Laura
Rosa Montes de Pérez
6.
T-5839055
Isabel
Herrera Ruiz
7.
T-5839056
Orfilia
Cuervo Blandón
8.
T-5839057
Yolanda
Valencia Ríos
9.
T-5847694
Jaminton
Wisloc Lujan Monsalve
10.
T-5854902
María
Rosmira Castrillón Usuga
11.
T-5859090
Luz
Helena Chavarría Gil
12.
T-5861365
Rosalba
Romero de Muñoz
13.
T-5861367
Adiela
Gómez Duran
14.
T-5868440
Juan
Carlos Alba Díaz
15.
T-5869855
Didier
Rosa Pérez Olaya
16.
T-5869858
Javier
Humberto Guevara Galvis
17.
T-5869860
Diana
Elena Pérez Castilla
18.
T-5869869
Carmen
Rosa Ortiz Geniz
19.
T-5869873
Martha
Judith Torres Carrillo
20.
T-5874991
Álvaro
Sandoval Jiménez
21.
T-5875142
Luis
Alberto Padilla Machado
22.
T-5875143
Elkis
Enrique González García
23.
T-5875146
Yolanda
David Usuaga
24.
T-5875149
David
Arango
25.
T-5875151
Luz
Daris Navarro Mestra
26.
T-5875152
Edith
Villadiego Dangon
27.
T-5875153
Manuela
Antonia Bravo Bolaños
28.
T-5875155
Sirlen
Saray Sáez Martínez
29.
T-5875156
Arlet
María Fernández
30.
T-5875159
Ana
Gludis Chima Padilla
31.
T-5875236
Carolina
Montaño Caicedo
32.
T-5878150
Sindy
Vanesa Anaya Pérez
33.
T-5842262
Carlos
José Mosquera Quinto
34.
T-5842262
María
Luisa Caizamo Forastero
35.
T-5842262
Mónica
María Madrid Cardona
36.
T-5842262
José
Marino Caizamo Chami
37.
T-5842262
Julio
Miguel Herazo Fernández
38.
T-5842262
Juan
Bautista Hanipe Cabrera
39.
T-5842262
Serafina
Palacios Pacheco
40.
T-5842262
Luis
Francisco Mosquera Mosquera
41.
T-5842262
José
Delio Forastero Chamorro
42.
T-5842262
Juana
Francisca Mosquera
43.
T-5842262
Llurley
Perea Torres
44.
T-5842262
Milena
Ortiz Gonzalez
45.
T-5842262
Isarama
Jaramillo Forastero
46.
T-5842262
John
Fredy Gaviria Serna
47.
T-5842262
Marlen
Jhoana Bejarano Quiñonez
48.
T-5842262
Carmen
Helena Hurtado Navarrete
49.
T-5842262
Isabelito
Torres López
50.
T-5842262
Lila
Ibarguen Castillo
51.
T-5842262
María
Sinfloriana Palacios García
52.
T-5842262
July
Martínez Quinto
53.
T-5842262
María
Francisca Arroyo
54.
T-5875144
Yenny
Carolina Morelo Aluna
55.
T-5875147
José de la
Cruz Condoba Henao
56.
T-5869857
Geovaldi José
Jaramillo Gómez
I.
ANTECEDENTES
1. Mediante
auto
del 28 de octubre de 2016, la Sala de Selección Número Diez de esta
Corporación, decidió acumular entre sí los expedientes T-5821217, T-5821237,
T-5821239 para que fueran fallados en una misma providencia.
Posteriormente,
la Sala Número Once de Selección mediante auto del 17 de noviembre de 2016 dispuso
acumular a dichos expedientes los siguientes: T-5839051,
T-5839052, T-5839055, T-5839056, T-5839057, T-5842262, T-5847694.
Esa
misma Sala, mediante auto del 25 de noviembre de 2016 resolvió acumular los
expedientes: T-5854902, T-5859090, T-5861365, T-5861367, T-5868440,  T-5869855,
T-5869857, T-5869858, T-5869860, T-5869869, T-5869873, T-5874991, T-5875142,
T-5875143, T-5875144, T-5875146, T-5875147, T-5875149, T-5875150, T-5875151,
T-5875152, T-5875153, T-5875155, T-5875156, T-5875159, T-5875236.
2. Los
expedientes acumulados presentan un patrón fáctico similar, en el sentido que
los actores, quienes manifestaron estar en situación de desplazamiento forzado por
causa del conflicto armado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
de petición, al mínimo vital, entre otros, que consideraron vulnerados por la UARIV
al no resolver su solicitud de ayuda humanitaria.
3. Teniendo
en cuenta el número de casos que serán objeto de decisión en esta providencia y
la identidad que guardan los asuntos acumulados, inicialmente la Sala efectuará
una exposición general de los supuestos fácticos y en el análisis de los casos
concretos abordará las particularidades de cada expediente.
Hechos
4. Para abordar
la situación fáctica que ponen de presente los casos sujetos a examen de la
Sala se tendrá en cuenta los hechos narrados por los accionantes en los
escritos de tutela, así como el resultado de las pruebas practicadas en sede de
revisión.
4.1. Los
accionantes, formularon acción de tutela contra la UARIV al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al no responder la petición de ayuda
humanitaria.
4.2. Para tal
efecto, refirieron que son personas que se encuentran en situación de
desplazamiento forzado por causa del conflicto y que no han encontrado condiciones
de autosostenimiento.
Respuesta de la
entidad accionada
5.  Pese a que
los jueces de instancia notificaron a la UARIV el inicio de los distintos
trámites de tutela en su contra, la entidad accionada guardó silencio.
Fallos de
instancia
6. Los jueces
constitucionales concedieron el amparo de los derechos fundamentales de petición,
mínimo vital, vida digna y ayuda humanitaria, entre otros. Para tal efecto,
señalaron que encontraron acreditada la condición de desplazados y que en razón
a ello, les asistía el derecho a acceder a la ayuda humanitaria. En
consecuencia, ordenaron a la UARIV entregar los componentes de ayuda
humanitaria.
Para fundamentar
estas decisiones, en la mayoría de los casos, los jueces de tutela aplicaron la
presunción de veracidad de los hechos narrados en la tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Ello, en razón a que
la UARIV no efectuó un pronunciamiento oportuno[1]
respecto de los hechos de la acción de tutela.
Actuaciones en
Sede de Revisión
7. Mediante
providencia del 17 de enero de 2017 el Magistrado Sustanciador dispuso oficiar
a la UARIV a fin de que informara el estado actual del trámite
impartido a la petición de ayuda humanitaria respecto de cada uno de los
accionantes.
Para
tal efecto, se pidió a la entidad accionada que se pronunciara sobre los
siguientes aspectos: (i) si se encontraban inscritos en el Registro Único de
Víctimas RUV. (ii) Si ha efectuado algún estudio que permitiera determinar si
son o no beneficiarios de la ayuda humanitaria y medir su vulnerabilidad. En
caso que la respuesta fuera afirmativa, debía indicar el resultado de ese
análisis y qué beneficios han recibido, si la respuesta era negativa, señalar
las razones que justificaban la falta de dicho estudio. (iii) Explicar el
trámite del estudio que adelanta la UARIV para determinar si una persona tiene
o no derecho a la ayuda humanitaria y entregarla al beneficiario. (iv) Explicar los
mecanismos empleados por la UARIV para verificar que las personas a quienes se
les exige la participación en el PAARI como una condición para acceder a la
ayuda humanitaria, presentan condiciones físicas y económicas que les permite
intervenir en ese procedimiento.
8. Frente
al anterior requerimiento, mediante escrito del 30 de enero de 2017, el doctor
Vladimir Martín Ramos, actuando como representante judicial de la UARIV, informó
a la Corte Constitucional los aspectos solicitados como se enseña en la
siguiente tabla:
NOMBRE
CEDULA
RUV
RESULTADO
DEL PROCESO DE MEDICIÓN
Arley
Yamid Osnas Peña
15.572.495
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
dentro del proceso de medición CARENCIAS GRAVE-GRAVE, por ende, el pago fue
realizado por concepto de atención humanitaria el día 27/09/2016, giro que
fue cobrado por el valor de $357.000.
Juan
Carlos Rojas Papamija
12.241.543
INCLUIDO
No
presenta trámite de atención humanitaria.
Gloria
Margoth Becerra Bravo
27.321.631
INCLUIDO
Una
vez finalizado el proceso de medición el hogar arroja como resultado NO
CARENCIA por existir fuentes de generación de ingresos, por ende, se suspende
la entrega de dichos componentes, situación que se encuentra debidamente
motivada a través de acto administrativo que se aporta en el acápite
probatorio.
Luis
Arturo Marín Orozco
3.535.007
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
dentro del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA,
pago que fue realizado por concepto de ayuda humanitaria el día 25/11/2016,
giro que fue cobrado por la suma de $273.000.
Laura
Rosa Montes de Pérez
21.892.501
INCLUIDO
La Unidad, una vez realizado el
proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente a los
componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Isabel
Herrera Ruiz
21.475.853
INCLUIDO
Una vez finalizado el proceso
de medición el hogar arroja como resultado NO CARENCIA por existir fuentes de
generación de ingresos, por ende, se suspende la entrega de dichos
componentes, situación que se encuentra debidamente motivada a través de acto
administrativo que se aporta en el acápite probatorio.
Orfilia
Cuervo Blandón
21.896.197
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
dentro del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA,
por ende, se procede al pago de la atención humanitaria el día 25/11/2016,
cobro que fue realizado por la suma de $276.000.
Yolanda
Valencia Ríos
21.476.299
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Jaminton
Wisloc Lujan Monsalve
15.519.151
INCLUIDO
Como
resultado del proceso de medición arroja un turno por el modelo de
subsistencia mínima vigente por valor de $2.034.000.
María
Rosmira Castrillón Usuga
43.833.943
INCLUIDO
Que de acuerdo con la evaluación
de la información confrontada con la Central de Información Financiera
-CIFIN-, se logró determinar que algunos de los miembros dentro del hogar,
adquirieron un producto financiero. La anterior, situación, refleja la
capacidad de endeudamiento con la que se cuenta al interior del hogar, como
también la obtención de ingresos que les permite cumplir con sus obligaciones
financieras cubrir los componentes de alojamiento temporal y alimentación de
su subsistencia mínima.
Luz
Helena Chavarría Gil
32.558.409
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Rosalba
Romero de Muñoz
26.627.906
INCLUIDO
Como resultado del proceso de
medición el hogar arroja una situación de CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD
MANIFIESTA, giro disponible desde el día 30 de enero de 2017 por valor de $491.000
en Puerto Rico – Caquetá.
Adiela
Gómez Duran
40.094.318
INCLUIDO
Como resultado del proceso de
medición el hogar arroja una situación de CARENCIAS GRAVE GRAVE, por ende, se
dispuso de un giro el día 25/11/2016, cuyo cobro fue realizado por la suma de
$818.000.
Juan
Carlos Alba Díaz
94.517.851
INCLUIDO
Dentro
del proceso de medición no presenta trámite de atención humanitaria, pero
hace 97 días cobro la suma de $855.000.
Didier
Rosa Pérez Olaya
39.011.598
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Javier
Humberto Guevara Galvis
6.794.247
INCLUIDO
No
presenta trámite de Atención Humanitaria.
Diana
Elena Pérez Castilla
39.144.134
INCLUIDO
No
presenta trámite de Atención Humanitaria.
Carmen
Rosa Ortiz Geniz
36.624.282
INCLUIDO
Que de
acuerdo con la evaluación de la información confrontada con la Central de
Información Financiera -CIFIN-, entidad perteneciente a Asobancaria,
encargada de llevar un control de todas las personas que han adquirido
productos financieros, se logró determinar que un miembro dentro del hogar,
adquirió un producto financiero. La anterior situación, refleja la capacidad
de endeudamiento con la que se cuenta al interior del hogar, como también la
obtención de ingresos que le permite cumplir con sus obligaciones financieras
y cubrir los componentes de alojamiento temporal y alimentación de su subsistencia
mínima. Que con posterioridad al desplazamiento forzado del cual fue víctima
el hogar, le fue adjudicado por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; subsidio de vivienda monetario; adjudicación realizada el día 17
de Noviembre del 2005. Permitiéndole al hogar contar con condiciones mínimas
habitacionales.
Álvaro
Sandoval Jiménez
17.628.735
INCLUIDO
Que
este hogar cuenta con una solución definitiva de vivienda, consistente en la
adquisición de vivienda, la cual fue otorgada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el día 12 de diciembre del       2014. Asignación que se
realizó con posterioridad al (último) desplazamiento por el cual fue incluido
en el Registro Único de Víctimas –RUV. Que de acuerdo con la información
consultada frente a la diversidad y frecuencia del consumo de alimentos del
hogar, obtenida a través de las diferentes fuentes de caracterización con que
cuenta la Unidad, se puede determinar que su hogar no presenta carencias en
el componente de alimentación.
Luis
Alberto Padilla Machado
78.692.934
INCLUIDO
En este hogar encontramos
algún(os) integrante(s) con capacidad productiva para generar ingresos y
cubrir total o parcialmente estos componentes. Razón por la cual, se procede
a realizar la suspensión definitiva de la entrega de la atención humanitaria.
Elkis
Enrique González García
71.250.185
INCLUIDO
Una vez finalizado el proceso
de medición el hogar arroja como resultado NO CARENCIA por existir fuentes de
generación de ingresos, por ende, se suspende la entrega de dichos
componentes, situación que se encuentra debidamente motivada a través de acto
administrativo que se aporta en el acápite probatorio.
Yolanda
David Usuaga
32.356.459
INCLUIDO
No
presenta trámite de Atención Humanitaria.
David
Arango
15.367.660
INCLUIDO
Una vez finalizado el proceso
de medición el hogar arroja como resultado NO CARENCIA por existir fuentes de
generación de ingresos, por ende, se suspende la entrega de dichos
componentes, situación que se encuentra debidamente motivada a través de acto
administrativo que se aporta en el acápite probatorio.
Luz
Daris Navarro Mestra
32.201.405
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Edith
Villadiego Dangon
39.310.747
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Manuela
Antonia Bravo Bolaños
39.412.594
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
dentro del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA,
se dispuso de giro por 4 meses desde el día 03/01/2017 y se realizó cobro por
la suma de $863.000.
Sirlen
Saray Saez Martinez
39.420.878
INCLUIDO
Una vez finalizado el proceso
de medición el hogar arroja como resultado NO CARENCIA por existir fuentes de
generación de ingresos, por ende, se suspende la entrega de dichos
componentes, situación que se encuentra debidamente motivada a través de acto
administrativo que se aporta en el acápite probatorio.
Arlet
María Fernández
39.304.602
INCLUIDO
Que de
acuerdo con la información suministrada por la victima a través de las
diferentes fuentes de información a las que tiene acceso la Unidad, tales
como ficha de caracterización, PAARI, encuesta de Sisben III y estrategia
Unidos, tanto en la línea base como de promoción; es posible determinar que
la víctima informó ser propietario(a) de vivienda y tener los soportes que lo
ratifican; circunstancia anterior, que sumada a la presunción de buena fe,
nos permite establecer que su hogar no presenta carencias en el componente de
alojamiento. Adicionalmente, dentro del proceso realizado de identificación
de carencias al grupo familiar frente a los componente de alojamiento
temporal y la alimentación básica de la subsistencia mínima, tuvo en cuenta
la conformación actual del hogar, las condiciones particulares de cada uno de
sus integrantes, la capacidad productiva de los mismos para la generación de
fuentes de ingreso así como las características socio demográficas y
económicas particulares, teniendo en cuenta estos criterios y como resultado
de dicha medición determino que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
Ana
Gludis Chima Padilla
1.002.087.893
INCLUIDO
La Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios Y como resultado de dicha medición determinó que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo.
Carolina
Montaño Caicedo
1.111.767.697
INCLUIDO
Una
vez finalizado el proceso de medición el hogar arroja como resultado un turno
por el modelo de subsistencia mínima por valor de 414000.
Sindy
Vanesa Anaya Pérez
1.039.096.105
INCLUIDO
La
Unidad de Víctimas, una vez realizado el proceso de identificación de
carencias al grupo familiar frente a los componentes de alojamiento temporal
y la alimentación básica de la subsistencia mínima, tuvo en cuenta la
conformación actual del hogar, las condiciones particulares de cada uno de
sus integrantes, la capacidad productiva de los mismos para la generación de
fuentes de ingresos así como las características socio demográficas y
económicas particulares; teniendo en cuenta estos criterios Y como resultado
de dicha medición determinó que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
Carlos
José Mosquera Quinto
4.833.737
INCLUIDO
Que la Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de  fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios, la Unidad de Víctimas como resultado de dicha
medición determinó que no existen características que inhabiliten al hogar
para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
María
Luisa Caizamo
26.314.773
INCLUIDO
No presenta
trámite de atención Humanitaria.
Mónica
María Madrid
39.359.455
INCLUIDO
No presenta
trámite de atención Humanitaria.
José
Marino Caizamo Chami
1.133.606.589
INCLUIDO
No presenta
trámite de atención Humanitaria.
Julio
Miguel Erazo Fernández
10.876.116
INCLUIDO
Que la Unidad de Víctimas, una vez
realizado el proceso de identificación de carencias al grupo familiar frente
a los componentes de alojamiento temporal y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, tuvo en cuenta la conformación actual del hogar, las
condiciones particulares de cada uno de sus integrantes, la capacidad
productiva de los mismos para la generación de  fuentes de ingresos así como
las características socio demográficas y económicas particulares; teniendo en
cuenta estos criterios, la Unidad de Víctimas como resultado de dicha
medición determinó que no existen características que inhabiliten al hogar
para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
Juan
Bautista Hanipe Cabrera
4.846.474
INCLUIDO
No presenta
trámite de atención Humanitaria.
Serafina
Palacios Pacheco
26.309.398
INCLUIDO
Dentro de este hogar encontramos
algún(os) integrante(s) con capacidad productiva para generar ingresos y
cubrir total o parcialmente estos componentes. Razón por la cual, se procede
a realizar la suspensión definitiva de la entrega de la atención humanitaria.
Luis
Francisco Mosquera
98.641.145
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado dentro
del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA, fue
dispuesto un giro por el modelo de subsistencia mínima por 4 meses el día
12/12/2016 y se realizó el cobro por la suma de $566.000
José
Delio Forastero Chamorro
11.646.391
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado dentro
del proceso de medición un turno, fue dispuesto un giro por el modelo de
subsistencia mínima por valor de $545.000.
Juana
Francisca Mosquera
35.697.446
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado dentro
del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA, fue
dispuesto giro por la suma de  $219.000 el día 30/11/2016.
Llurley
Perea Torres
52.903.070
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado dentro
del proceso de medición CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA, fue
dispuesto un giro por 4 meses desde el día 25/11/2016 y cobro giro por la
suma de $929.000
Milena
Ortiz González
40.428.043
INCLUIDO
El hogar presenta turno para giro por
valor de $1.334.144.
Isarama
Jaramillo Forastero
11.645.858
INCLUIDO
El proceso de medición arroja que el
hogar presenta CARENCIAS GRAVE, se realizó giro por la suma de $427.000 el
día 29/11/2016.
John
Fredy Gaviria Serna
71.052.717
INCLUIDO
El hogar presenta un turno vigente por
la suma de $1.383.000.
Marlen
Jhoana Bejarano Quiñonez
1.035.420.712
INCLUIDO
El hogar presenta un turno vigente por
la suma $137.000.
Carmen
Helena Hurtado Navarrete
63.252.933
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
CARENCIAS GRAVE, fue dispuesto giro por 6 meses el día 16/09/2016 por la suma
de $283.000
Isabelito
Torres López
11.815.151
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA, con giro desde el día
25/11/2016 por la suma de $1.111.000
Lila
Ibarguen Castillo
26.327.006
INCLUIDO
Una vez finalizado el proceso de
medición el hogar arroja como resultado NO CARENCIA por existir fuentes de
generación de ingresos, por ende, se suspende la entrega de dichos
componentes, situación que se encuentra debidamente motivada a través de acto
administrativo que se aporta en el acápite probatorio.
María
Sinfloriana Palacios García
35.588.0
1 1
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
CARENCIAS EXTREMA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA fue dispuesto giro por 4 meses
desde el día 25/11/2016 y se realizó cobro por la suma de 545000
July
Martínez Quinto
36.695.862
NO
FIGURA
No figura.
María
Francisca Arroyo
39.401.234
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
CARENCIAS -EXTREMA URGENCIA Y VULNERABILIDAD MANIFIESTA, se realizó giro por
la suma 276000 el día 28/11/2016.
Yenny
Carolina Morelo Aluna
1.040.365.145
INCLUIDO
El hogar arroja como resultado
CARENCIAS LEVE, se realizó giro el día 31/08/2016 por la suma de $198.000.
Carmen
Rosa Ortiz Geniz
36.624.282
INCLUIDO
Que de acuerdo con la evaluación de la
información confrontada con la Central de Información Financiera CIFIN-,
entidad perteneciente a Asobancaria, encargada de llevar un control de todas
las personas que han adquirido productos financieros, se logró determinar que
un miembro dentro del hogar, adquirió un producto financiero. La anterior
situación, refleja la capacidad de endeudamiento con la que se cuenta al
interior del hogar, como también la obtención de ingresos que le permite
cumplir con sus obligaciones financieras y cubrir los componentes de
alojamiento temporal y alimentación de su subsistencia mínima.
Adicionalmente, con posterioridad al desplazamiento forzado del cual fue
víctima el hogar, le fue adjudicado por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; subsidio de vivienda monetario; adjudicación realizada
el día 17 de Noviembre del 2005. Permitiéndole al hogar contar con
condiciones mínimas habitacionales.
José
de la Cruz Condoba Henao
1.038.801.814
INCLUIDO
Que a través
del Sistema Nacional de la Educación Superior – SINES- y las demás fuentes de
información con las que cuenta la Unidad, es posible determinar que el señor
JOSE DE LA CRUZ CORDOBA HENAO integrante del hogar, cursó estudios en
educación técnica, tecnológica o profesional, lo que le permite contar con
capacidades, formación de capital humano y estrategias de afrontamiento
frente a su propia situación, para mejorar su empleabilidad y acceder a
fuentes de generación de ingreso que le permitan proveer su autosostenimiento
y contribuir total o parcialmente a cubrir los componente de alojamiento
temporal y alimentación de la subsistencia mínima de su hogar,
adicionalmente, es posible determina con base en la información dispuesta por
parte del Banco Agrario de Colombia – BAC, que le fue adjudicado a favor del
hogar, subsidio de vivienda de interés social rural y/o subsidio de vivienda
a víctimas de desplazamiento forzado, el 15 de Febrero 2002, permitiéndole al
hogar contar con condiciones mínima habitacionales.
Geovaldi
José Jaramillo Gómez
12.687.767
INCLUIDO
No
presente tramite de atención humanitaria
8.1. De
acuerdo con la información anterior, la Sala observa que se presentan tres
situaciones distintas frente a la solicitud de ayuda humanitaria: (i) casos en
los que la UARIV efectuó la entrega de la ayuda humanitaria solicitada por
algunos accionantes, (ii) asuntos en los que la entidad accionada resolvió en
forma negativa la petición de ayuda humanitaria y (iii) casos en los que afirma
que no existe trámite de atención humanitaria.
8.2. De
la misma manera, la UARIV informó el procedimiento adelantado para determinar
si una persona tiene o no derecho a la ayuda humanitaria en los siguientes
términos:
“Respecto del
trámite que adelanta la Unidad para las Víctimas para determinar si una persona
es susceptible o no de la entrega de la atención humanitaria, nos remite a un
procedimiento de identificación de carencias en la subsistencia mínima,
previsto en el Decreto 2569 de 2014, hoy Decreto Sectorial 1084 de 2015, este
cambio en la política pública en materia de atención, asistencia y reparación
promovida por el Gobierno Nacional, evidencia que se deben someter a un proceso
de medición de manera objetiva ciertos factores cualitativos y cuantitativos en
los hogares víctimas para identificar el grado de vulnerabilidad y urgencia en
la medida de atención humanitaria, ligado al alcance de la expresión del
“derecho fundamental al mínimo vital”.
En tal sentido,
el proceso de identificación de carencias en los componentes de alojamiento y
alimentación que adelanta la Unidad para las Víctimas para cada solicitud de
atención humanitaria cuyo desplazamiento ocurrió en un tiempo mayor a 12 meses
se desarrolla mediante los siguientes pasos:
1)        Verificación
de la existencia de actos administrativos debidamente ejecutoriados
relacionados con la superación de carencias en la subsistencia mínima o la
superación de la situación de vulnerabilidad del hogar, de tal forma que se
mantenga la decisión adoptada siempre y cuando no exista un nuevo hecho
victimizante desplazamiento forzado.
2)        Identificación
de la existencia de fuentes de ingreso y/o de generación de ingresos que
permitan determinar que el hogar cuenta con capacidad para cubrir total o
parcialmente al menos los componentes de alojamiento temporal y alimentación de
la subsistencia mínima. La consulta con registros administrativos permitirá en
estos casos: i) identificar hogares que han superado la pobreza a partir de las
mediciones realizadas por estrategias del gobierno nacional e ii) identificar
ingresos medidos por SMMLV dentro del hogar.
3)        Análisis
de  las  características socio-demográficas y económicas de los hogares para
identificar situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad asociadas con la
ausencia de personas con capacidad productiva o la composición del hogar basada
principalmente en personas económicamente dependientes teniendo en cuenta las
características asociadas a la pertenencia étnica, género, edad, condición de
discapacidad y enfermedades.
4)        Validación
del tiempo transcurrido desde el desplazamiento frente a la fecha de la
solicitud para detectar posibles carencias que no guarden relación directa con
el hecho victimizante, en aquellos hogares a los cuales no se les identifico
vulnerabilidades extremas.
5)        Confirmación
de la participación de los miembros del hogar en programas sociales orientados
al autosostenimiento y la formación de capital humano, que potencial o
efectivamente permitan generar ingresos para cubrir total o parcialmente los
componentes de alojamiento temporal y alimentación de la subsistencia mínima.
6)        Evaluación
de las condiciones de alojamiento y alimentación del hogar para determinar la
existencia de privaciones o carencias que requieran de la provisión de la
atención humanitaria.
Adicionalmente,
este modelo establece que para aquellos hogares cuyo desplazamiento haya
ocurrido en el último año, serán dispuestos mecanismos preferenciales y
específicos para la entrega de la atención humanitaria y por lo tanto, no serán
sujeto de valoración hasta completar dicho periodo como se describe a
continuación:
Hogares cuyo
desplazamiento ocurrió en un tiempo menor a 12 meses: La Unidad para las
Víctimas presumirá que los hogares se encuentran en un alto grado de
vulnerabilidad derivada del hecho victimizante durante el año siguiente a la
ocurrencia del desplazamiento y por lo tanto, no serán sujetos de
identificación de carencias en este periodo. De este modo, la clasificación de
un hogar en esta categoría, conlleva los siguientes efectos:
• Tendrá derecho
a recibir atención humanitaria de emergencia en los componentes de alojamiento
y alimentación, por parte de la Unidad para las Víctimas. La primera entrega de
atención humanitaria se efectuará cuando el hogar sea incluido en el RUV. A
partir de este momento, se harán pagos automáticos con periodicidad de cuatro
meses, hasta la fecha en la cual se complete un año desde la ocurrencia del
desplazamiento.
• El valor de la
atención humanitaria en este período corresponderá al monto máximo establecido
por la Unidad, ajustado según el número de miembros del hogar incluidos en el
RUV por desplazamiento forzado.
• Se entregará,
por una sola vez, un monto adicional para cubrir el componente de vestuario que
se calculará de acuerdo con el número de miembros del hogar incluidos en el RUV
por desplazamiento forzado.
• Se podrá
entregar, por una sola vez, un monto adicional para gastos complementarios en
salud y educación no financiable por otras fuentes, este último, dirigido a
niños, niñas y adolescentes.
• Al completarse
un año desde la ocurrencia del hecho, se efectuará la valoración de la
situación del hogar.
• La Unidad para
las Víctimas adelantará las gestiones correspondientes para que las entidades
competentes garanticen el acceso de los miembros del hogar incluidos en el RUV
a servicios médicos y psicológicos, mediante el proceso de afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La vigencia de
la atención humanitaria es de un año, posterior a esta vigencia se procederá a
efectuar nuevamente la valoración para la identificación de carencias actuales,
dado que los hogares por el paso del tiempo pueden cambiar su conformación o
por el contrario pueden generar por sus propios medios o por el apoyo del
Estado capacidades que ayuden a mitigar las carencias en los componentes de la
Subsistencia mínima. Con base en los resultados, se programará la atención
humanitaria del hogar para el año siguiente.
Lo anterior
busca garantizar la entrega de la atención humanitaria completa y de forma
oportuna, y  la articulación con otros programas dirigidos a la población
desplazada dado que la valoración permitirá conocer si un hogar tiene
garantizados los componentes de su subsistencia mínima o si cuenta con recursos
o capacidades que le permitan cubrirlos por sus propios medios. Este constituye
el primer criterio de focalización de la población desplazada que requiere
atención humanitaria y de aquella que requiere de una atención diferente para
avanzar hacia los procesos de superación de situación de vulnerabilidad y
estabilización socioeconómica.
A su vez, cuando
la información obtenida empleada para la valoración evidencie que al menos un
miembro del hogar incluido en el RUV por desplazamiento forzado no tiene
garantizada su subsistencia mínima, se aplicará la medición de carencias.
Los resultados
del proceso de evaluación o identificación de las carencias permiten conocer la
gravedad y urgencia de los hogares desplazados en los componentes de la
subsistencia mínima. De tal forma se entiende que, cuando los hogares cuenten
con una carencia grave o en situación de extrema urgencia, estarán en etapa de
emergencia y cuando tengan una carencia leve, estarán en etapa de transición.
En consecuencia, el paso de la etapa de emergencia a la etapa de transición en
cada componente estará definido por la disminución de la gravedad de las
carencias del hogar. Esto en concordancia a lo definido por la Corte
Constitucional que señala que las carencias no se superan con el simple paso
del tiempo. En este sentido se establecen niveles de carencias de la siguiente
manera:
• Se entiende
por carencia grave aquellas que una vez transcurrido el primer año de
desplazamiento persisten en cualquiera de los componentes de alojamiento
temporal y/o de alimentación, son derivadas o consecuentes con el hecho
víctimizante y conllevan, ponen en grave riesgo o amenazan la subsistencia
mínima.
• Se entiende
por carencia leve, aquellas que una vez transcurrido el primer año de
desplazamiento persisten en cualquiera de los componentes de alojamiento
temporal y/o de alimentación, son derivadas o consecuentes con el hecho
víctimizante, pero no ponen en grave riesgo o amenazan la subsistencia mínima.
• Se entiende
por ausencia de carencia la inexistencia de factores de riesgo o amenaza en los
componentes de la subsistencia mínima o que dichos factores no guarden una
relación de causalidad directa y/o no sean consecuencia del desplazamiento
forzado. Las carencias en alojamiento y alimentación serán medidas de manera
independiente y podrán arrojar niveles de gravedad y etapas de atención
diferentes.
En los casos que
de acuerdo con la medición el hogar no tenga carencias en alojamiento y/o
alimentación, se suspenderá la atención humanitaria en el componente
correspondiente. Esto posibilitará al gobierno nacional focalizar los recursos
disponibles para la atención humanitaria y garantizar el acceso efectivo y
oportuno a esta medida de socorro y garantía al mínimo vital.
El proceso de
evaluación de carencias se adelanta de manera independiente para cada uno de
los componentes de la subsistencia mínima, permitiendo identificar el nivel de
carencia y la etapa de atención en la que se encuentra el hogar, de esta forma
un hogar podrá ser atendido en los dos componentes en la etapa de emergencia o
transición o en cada etapa de acuerdo con el resultado del proceso de
evaluación”.
8.3. En
relación
con
los mecanismos empleados por la UARIV para verificar que las personas a quienes
se les exige la participación en el PAARI como una condición para acceder a la
ayuda humanitaria, presentan condiciones físicas y económicas que les permite
intervenir en ese procedimiento, la entidad accionada señaló: “la Unidad
para las Víctimas establece que el proceso de evaluación de las carencias en
los componentes de alojamiento temporal y alimentación básica se realiza a
partir de la información que se obtiene de registros administrativos que dan
cuenta del acceso a programas de la oferta institucional de las entidades del
SNARIV, así como de la información suministrada directamente por  los hogares
víctimas de desplazamiento forzado en la formulación del PAARI.  Si bien es
cierto la Unidad para las Víctimas en el año 2015 promovió la formulación del
PAARI para la entrega de la Atención Humanitaria, en 2016 se reconoce que la
demanda de atención humanitaria supera la capacidad operativa instalada
(recurso humano y puntos de atención a víctimas), que el proceso de
estabilización de las herramientas tecnológicas dispuestas para este fin excede
los tiempos previstos, y por lo tanto,  bajo el principio de favorabilidad para
las víctimas, la Entidad define que el PAARI será considerado como una fuente
de información adicional y no como requisito para acceder a la atención
humanitaria, adicionalmente es el instrumento que permite a partir de la
información suministrada por las victimas identificar las necesidad de acceso a
programas y servicios de la oferta institucional con relación a las medidas de
asistencia y reparación. Actualmente la formulación del PAARI se efectúa cuando
a partir de una solicitud de atención humanitaria se identifica que no es
posible adelantar el procedimiento de medición de carencias en virtud que la
entidad no cuenta con información suficiente que permita identificar el nivel
de vulnerabilidad del hogar a partir de las carencias en los componentes de la
subsistencia mínima y adicionalmente la entidad cuenta con 2 modalidades para
la formulación del PAARI, definidas como i)esquema presencial y el ii) esquema
no presencial que se efectúa a partir de contacto telefónico sin ningún costo
para la víctima”.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.      Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento de los autos
del 28 de octubre, 17 y 25 de noviembre de 2016, expedidos por las respectivas Sala
de Selección de esta Corporación.
2.  Presentación
del caso y planteamiento del problema jurídico
2.1.
En todos los casos bajo análisis, los accionantes formularon peticiones a la
UARIV a fin de obtener el reconocimiento de la ayuda humanitaria a la que
consideran tener derecho por causa de la situación de desplazamiento forzado en
la que se encuentran. Sin embargo, aseguraron que la entidad accionada no ha
dado respuesta a las respectivas solicitudes, razón por la cual, formularon
acciones de tutela con el objeto de que se concediera el amparo de los derechos
fundamentales de petición, mínimo vital, vida digna y ayuda humanitaria, entre
otros.
2.2.
Los jueces de instancia tutelaron los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, ordenaron a la UARIV entregar la ayuda humanitaria solicitada por
los accionantes. Para fundamentar esta decisión, aplicaron la presunción de
veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en
consideración a que la UARIV guardó silencio frente a las acciones de tutela
formuladas en su contra, pese a que se surtió el respectivo trámite de
notificación.
2.3.
Bajo este contexto, corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
-UARIV-, al no atender oportunamente la petición formulada por los actores vulneró
sus derechos fundamentales.
Con
el propósito de solucionar el problema jurídico planteado, la Sala reiterará
las reglas jurisprudenciales relativas a: (i) la procedencia de la acción de
tutela para reclamar la protección constitucional de los derechos de la
población desplazada (ii) Ayuda humanitaria como derecho fundamental en cabeza
de las víctimas del desplazamiento forzado. (iii) Garantía del derecho
fundamental de petición. (iv) El deber del juez constitucional de constatar la
veracidad de los hechos narrados en el escrito de tutela. (v) carencia actual
de objeto por hecho superado.  En ese marco, se procederá al análisis de los
casos concretos.
Para
efectos de abordar dicho estudio, la Sala se tendrá en cuenta que el 27 de
enero de 2017 la UARIV informó a esta Corporación que ya
adoptó una decisión de fondo respecto de la solicitud de ayuda humanitaria en
relación con la mayoría de los accionantes. A continuación la Sala anunciará brevemente
esta información y la ampliará más adelante.
(i)
Respecto de los siguientes 25 accionantes, dispuso la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria.
Expediente
Accionante
1.
T-5821217
Arley
Yamid Osnas Peña
2.
T-5839051
Luis
Arturo Marín Orozco
3.
T-5839056
Orfilia
Cuervo Blandón
4.
T-5847694
Jaminton
Wisloc Lujan Monsalve.
5.
T-5861365
Rosalba
Romero de Muñoz
6.
T-5861367
Adiela
Gómez Duran
7.
T-5868440
Juan
Carlos Alba Díaz
8.
T-5875153
Manuela
Antonia Bravo Bolaños
9.
T-5875236
Carolina
Caicedo Montaño
10.
T-5842262
Luis
Francisco Mosquera Mosquera.
11.
T-5842262
José
Delio Forastero Chamorro
12.
T-5842262
Juana
Francisca Mosquera
13.
T-5842262
Llurley
Perea Torres
14.
T-5842262
Milena
Ortiz González
15.
T-5842262
Isarama
Jaramillo Forastero
16.
T-5842262
John
Freddy Gaviria Serna
17.
T-5842262
Marlen
Jhoana Bejarano Quiñonez
18.
T-5842262
Carmen
Elena Hurtado Navarrete
19.
T-5842262
Isabelito
Torres López
20.
T-5842262
María
Sinfloriana Palacios García
21.
T-5842262
María
Francisca Arroyo
22.
T-5875144
Yenny
Carolina Morelo Aluna
23.
T-5869858
Javier
Humberto Guevara Galvis
24.
T-5869860
Diana
Elena Pérez Castilla
25.
T-5869873
Martha
Judith Torres Carrillo
(ii)
En relación con los siguientes 23 actores, la UARIV negó la petición de ayuda
humanitaria, en consideración a que el proceso de medición de carencias arrojó
un resultado negativo en relación con el cumplimiento de los presupuestos para
acceder a la ayuda humanitaria.
Expediente
Accionante
1.
T-5821239
Gloria
Margoth Becerra Bravo
2.
T-5839055
Isabel
Herrera Ruiz
3.
T-5839057
Yolanda
Valencia Ríos
4.
T-5859090
Luz
Helena Chavarría Gil
5.
T-5869855
Didier
Rosa Pérez Ayala
6.
T-5869869
Carmen
Rosa Ortiz Geniz
7.
T-5874991
Álvaro
Sandoval Jiménez
8.
T-5875142
Luis
Alberto Padilla Machado
9.
T-5875143
Elkis
Enrique González García
10.
T-5875149
David
Arango
11.
T-5875151
Luz
Daris Navarro Mestra
12.
T-5875152
Edith
Villadiego Dangond
13.
T-5875155
Sirlen
Saray Sáez Martínez
14.
T-5875156
Arlet
María Fernández
15.
T-5875159
Ana
Gludis Chima Padilla
16.
T-5875150
Sindy
Vanesa Anaya Pérez
17.
T-5842262
Carlos
José Mosquera Quinto
18.
T-5842262
Julio
Miguel Herazo Fernández
19.
T-5842262
Serafina
Palacios Pacheco
20.
T-5842262
Lila
Ibarguen Castillo
21.
T-5875147
José
de la Cruz Córdoba Henao
22.
T-5854902
María
Rosmira Castrillón Usuga
23.
T-5839052
Laura
Rosa Montes de Pérez
(iii)
Respecto de los siguientes 9 accionantes, la UARIV manifestó que no existe
solicitud de ayuda humanitaria en trámite.
Expediente
Accionante
1.
T-5821237
Juan
Carlos Rojas Papamija
2.
T-5868440
Juan
Carlos Alba Díaz
3.
T-5842262
María
Luisa Caizamo Forastero
4.
T-5842262
Mónica
María Madrid Carmona
5.
T-5842262
José
Marino Caizamo Chami
6.
T-5842262
Juan
Bautista Hincapié Cabrera
7.
T-5842262
July
Martínez Quinto
8.
T-5875146
Yolanda
David Usuga
9.
T-5869857
Geovaldi
José Jaramillo Gómez
3. Procedencia
de la acción de tutela para reclamar la protección constitucional de los
derechos de la población desplazada
3.1. De conformidad con el artículo 86 Superior, toda persona podrá acudir a la acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento breve y sumario, la protección de sus derechos fundamentales
cuando los mismos resulten vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos definidos en
la ley.
En concordancia con ello, los
artículos 1º, 5º, 6º, 8º y 10º del Decreto 2591 de 1991 establece como los
elementos de procedencia de la acción de tutela, la legitimación en la causa
(activa y pasiva) la inmediatez y la subsidiaridad.
3.2. Sobre la subsidiaridad, el propio
artículo 86 Superior le reconoce a la acción de tutela un carácter residual, en
el entendido de que la misma procede para proteger los derechos fundamentales,
solo cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
No obstante dicha regla, los artículos 86 de la Constitución y 6-1 del Decreto
2591 de 1991, le fijan dos excepciones a la misma. En virtud de la primera, la
acción de tutela será procedente aun cuando el afectado disponga de otro medio
defensa judicial, si la misma se utiliza “como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”, caso en el cual la decisión de amparo
constitucional se mantendrá vigente solo durante el término que utilice la
autoridad judicial competente para decidir de fondo sobre la acción ordinaria
instaurada por el afectado. La segunda en virtud de la cual, será
procedente la tutela así existan otros medios de defensa judicial, siempre que
los mismos sean ineficaces para enfrentar la amenaza o la vulneración de
los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la decisión tiene un
carácter definitivo.
3.2.
En torno a la garantía de los derechos fundamentales de la población desplazada,
como es el caso de la entrega de la ayuda humanitaria, la jurisprudencia de
esta Corporación[2]
ha establecido que la acción de tutela resulta procedente para reclamar el
acceso a este beneficio, en la medida que este es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los
derechos de la población desplazada. Ello, en consideración a que estas personas
se enfrentan a una grave situación de exclusión, marginalidad y violación de
sus derechos fundamentales, que las hace sujetos de especial protección
constitucional y por lo tanto, requieren la adopción de medidas urgentes para
frenar dicha amenaza.
Entonces, exigir a la población
desplazada agotar los mecanismos judiciales y administrativos ordinarios para
lograr la protección constitucional de sus derechos fundamentales “no se
compadece con el peligro inminente al que se ven expuestos, y les obliga a soportar
una carga desproporcionada[3]”.
3.3.
Sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar el amparo de los
derechos fundamentales de la población desplazada, resulta importante citar
algunas de las sentencias que concretamente se han referido a este aspecto:
3.3.2.
En la sentencia T-025 de 2004[4],
por medio de la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, tras evidenciar la
violación masiva y sistemática de los derechos de la población desplazada y la
insuficiencia de la respuesta de las entidades responsables de atender y
proteger a esa población, consideró que: “procede la acción de tutela para
examinar las acciones y omisiones de las autoridades públicas respecto de la atención
integral a la población desplazada para determinar si problemas en el diseño,
implementación, evaluación y seguimiento de la respectiva política estatal
contribuyen de manera constitucionalmente relevante a la violación de sus
derechos constitucionales fundamentales”.
3.3.1.
En la sentencia T-882 de 2005[5],
al conocer el caso de una persona víctima del desplazamiento forzado que
formuló acción de tutela contra Acción Social por la negativa de su inclusión
en el Registro Nacional de Población Desplazada, expresó:
“por el solo hecho de
su situación, las personas sometidas a desarraigo pueden exigir la atención del
Estado, sin soportar cargas adicionales a la información de su propia
situación, como las que devienen de promover procesos dispendiosos y aguardar
su resolución”.
3.3.2.
A través de la sentencia T-086 de 2006[6],
la Sala Novena de Revisión concedió el amparo de los derechos fundamentales a
una víctima del desplazamiento forzado a quien le fue negado la inclusión en
el Registro Nacional de Población Desplazada. En
relación con la procedencia de la acción de tutela para
garantizar la protección constitucional de la población desplazada, expresó: “Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a
la extrema urgencia a la que se ven sometidas las personas desplazadas, no se
les puede someter al trámite de las acciones judiciales para cuestionar los
actos administrativos, ni a la interposición de interminables solicitudes a la
coordinadora del Sistema.  Aquello constituye la imposición de cargas
inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales
desplazados son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela.
En este contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de
desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para
con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo
para la protección de los derechos conculcados”.
3.3.3. En el mismo sentido, esta
Corporación en la sentencia T-312 de 2005[7] al resolver el caso de una víctima
del desplazamiento forzado que había solicitado a Acción Social de la
Presidencia de la República la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria, sin obtener una respuesta, consideró que a través de este
mecanismo de protección constitucional “se logra una atención seria y
rápida, un compromiso más dinámico y solidario de los entes encargados de
prestar la ayuda humanitaria requerida y así, obtener que los derechos fundamentales se respeten y concreten. En efecto, el estado de
debilidad en que se encuentra ese grupo poblacional lo hace merecedor de un
trato especial por parte del Estado, y en esa medida tiene derecho a recibir
asistencia humanitaria en aspectos tales como alimentación, aseo personal,
atención médica y psicológica y alojamiento en condiciones dignas. En el evento
en que ello no ocurra, la acción de tutela procede para hacer efectivos esos
derechos”.
3.4. En suma, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela se habilita para reclamar la
protección de los derechos de la población desplazada, dado que no existe en el
ordenamiento jurídico una acción idónea y eficaz para tal efecto. En
consecuencia, de existir una violación de sus derechos fundamentales, en punto
al no acceso a los elementos que conforman la asistencia humanitaria:
alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica y alojamiento en
condiciones dignas, resultará procedente la acción de tutela para reclamar
dicha protección.
4. Ayuda
humanitaria como derecho fundamental en cabeza de las víctimas del
desplazamiento forzado.
Noción
general de desplazamiento forzado y de víctima
4.1.
El artículo 2º Superior establece como uno de los fines
esenciales del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados
en la Constitución Política a todas las personas residentes en Colombia. Con
ese propósito, la misma carta, en el artículo 24, les
impone a las autoridades públicas el deber de garantizarles
que puedan circular libremente por el territorio nacional y a elegir libremente
su residencia y permanecer en ella.
De
acuerdo con ello, el Estado tiene el deber primordial de preservar las
condiciones mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento
forzado de todas las personas y garantizar su seguridad. Esta garantía
constitucional se encuentra desarrollada en distintos instrumentos
internacionales ratificados por Colombia[8]:
4.1.1.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos[9], señala lo siguiente: “Toda
persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a
circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia (…) Los
derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el
presente Pacto”.
4.1.2. La Convención Americana de Derechos Humanos[10], en su
artículo 22 establece que: “Toda persona que se halle legalmente en el
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en
él con sujeción a las disposiciones legales. (…) 3. El ejercicio de los
derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.(…)
4.2.
Sin embargo, por causa del conflicto armado interno que afronta este País desde
hace varias décadas, algunos colombianos han visto limitado este derecho y han
tenido que abandonar sus hogares para proteger su integridad física e incluso su
propia vida. Estas personas, se enfrentan a condiciones extremas de existencia,
en la medida que tienen que fijar su residencia en otras zonas del territorio
nacional, encontrando dificultades para la consecución de los recursos
económicos necesarios para garantizar su subsistencia y la satisfacción de
necesidades básicas habitacionales.
Frente
a ese escenario, el Estado tiene el deber de proporcionar a quienes se
encuentran en situación de desplazamiento forzado, la atención necesaria que
permita a las víctimas superar dicha condición a través del retorno a sus
hogares, cuando ello sea posible, o brindando condiciones de autosostenimiento
que garantice la reconstrucción de sus vidas[11]
y la satisfacción de sus necesidades básicas.
4.3.
De acuerdo con lo anterior, en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, el
legislador estableció la noción de víctima de desplazamiento forzado, entendiendo
por tal aquella persona: “que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.
4.4.
En armonía con lo anterior, desde iniciales pronunciamientos[12], esta Corporación ha
identificado los elementos fundamentales que permiten advertir que una persona adquiere la condición de desplazado, señalando que ello
tiene lugar frente: “a la coacción que
hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la
propia nación”. De la misma manera, se
ha referido a la situación de desplazamiento interno por causa de la violencia,
como “un verdadero estado de emergencia
social que afecta los destinos de innumerables colombianos[13]”.
Protección
estatal frente a la situación de vulnerabilidad que se origina por causa del
desplazamiento forzado
4.5. La crisis humanitaria que
origina el fenómeno del desplazamiento exigen una actuación positiva del Estado
dirigida a adoptar medidas para restablecer los derechos vulnerados de las víctimas.
Para desarrollar este deber estatal la Corte Constitucional ha acudido a los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos[14] en especial a los siguientes:
4.5.1. Principio 3º. “1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad
primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados
internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 2. Los desplazados
internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia
humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por
formular esa solicitud”.
4.5.2. Principio 18.  “1. Los desplazados internos tienen derecho a un
nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las
autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo,
los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a
los mismos: alimentos esenciales y agua potable; alojamiento y vivienda básicos;
vestido adecuado; y servicios médicos y de saneamiento esenciales. 3. Se harán
esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en la
planificación y distribución de estos suministros
básicos”.
4.6. De la misma manera, esta
Corporación en la sentencia T-025 de 2004[15] consolidó los deberes que conforman
la protección del Estado frente a la situación de desplazamiento forzado en los
siguientes términos:
(i) Incluirlos en el registro
correspondiente como desplazados, solos o con su núcleo familiar.
(ii) Considerarlos sujetos de
especial protección por el Estado.
(iii) Proporcionar la ayuda
humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3
meses, prorrogables por 3 meses más. Esta ayuda comprende como mínimo: a)
alimentos esenciales y agua potable, b) alojamiento, c) vestido adecuado, y d)
servicios médicos y sanitarios esenciales.
(iv) Garantizar la vinculación al
sistema general de seguridad social en salud y entregar el documento que los
acredita como inscritos en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar
su acceso efectivo a los servicios de atención en salud.
(v) Garantizar el retorno en
condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se les pueda obligar a
regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional.
(vi) Identificar, las circunstancias
específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no
retorne a su lugar de origen, cómo pueden trabajar con miras a generar ingresos
que le permita vivir digna y autónomamente.
(vii) Garantizar a los menores de edad
un cupo en un establecimiento educativo.
(viii) Reconocer todos los derechos
que el ordenamiento jurídico les otorga como víctimas de un delito y asegurar
que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los
autores del delito una reparación.
4.7. De acuerdo con lo expuesto, el
Estado tiene el deber de garantizar a todos los colombianos que puedan elegir
libremente su residencia y permanecer en ella en forma pacífica y tranquila. Si
esto no ocurre, deberá proporcionar la atención necesaria para que quienes son
víctimas de este delito, logren superar la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran a través del retorno a sus hogares, cuando esto es posible, y
brindando posibilidades que les permitan alcanzar las condiciones de
autosostenimiento.
Deber estatal de proporcionar
asistencia humanitaria a las víctimas del desplazamiento forzado
4.8. De acuerdo con la temática de
los casos que se examinan, en esta oportunidad la Corte profundizará en el
análisis del deber estatal de proporcionar ayuda humanitaria a quienes se
encuentran en situación de desplazamiento forzado.
4.9. Cuando las personas que en el marco del conflicto armado interno
se ven obligados a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad física
y sus vidas, deben renunciar, entre otros, a las actividades económicas a
través de las cuales garantizaban su subsistencia por lo cual en el nuevo lugar
de residencia se enfrentan a serias dificultades para hallar una fuente de ingresos
que les permita cubrir sus necesidades básicas.  Frente a esa problemática, las autoridades competentes deben proveer condiciones mínimas que
garantice la satisfacción de los siguientes componentes indispensables para la
supervivencia de una persona: alimentación, vivienda digna, vestidos apropiados
y servicios médicos y sanitarios esenciales.
Así, la ayuda humanitaria se define como un “conjunto de
actividades a cargo del Estado dirigidas a proporcionar socorro a las personas
desprotegidas en casos de desastres naturales, hambruna, terremotos, epidemias
y conflicto armado interno[16]” las cuales deben ejecutarse
desde el momento que se origina el desplazamiento y durante las etapas de
restablecimiento económico y de retorno.
4.10. La ayuda humanitaria se encuentra regulada actualmente en el
artículo
47 de la Ley 1448 de 2011, cuyo texto es el siguiente: “Las víctimas de que
trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo
a las necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el
objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina,
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el
momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las
autoridades tengan conocimiento de la misma”.
4.11.
De la misma manera, la Ley 1448 de 2011 establece tres etapas que comprenden la
asistencia humanitaria que fueron consolidadas por esta Corporación de manera
reciente, en la sentencia T-626 de 2016[17]
en los siguientes términos:
(i) Ayuda humanitaria inmediata: al respecto el artículo 63 la define como aquella que se otorga a las
personas que manifiestan haber sido víctimas del desplazamiento forzado y en
ese escenario, requieren acceder a una solución habitacional temporal y
asistencia alimentaria. La obligación de entrega de este beneficio se encuentra
en cabeza del ente territorial del nivel municipal que debe garantizarlo desde
el momento que se presenta la declaración del hecho victimizante y hasta que
tenga lugar la inclusión en el Registro Único de Víctimas.
(ii) Ayuda humanitaria de emergencia: de acuerdo con lo establecido
en el artículo 64, su entrega procede
después de que se hubiere efectuado la inscripción en el registro único de
víctimas RUV, siempre que el desplazamiento haya ocurrido dentro del año previo
a la declaración[18]. El reconocimiento de este beneficio
se encuentra a cargo de la UARIV y el acceso a este beneficio se habilita
cuando se supera la etapa inicial de urgencia y la víctima haya ingresado al
sistema integral de atención y reparación. Esta asistencia se encuentra
conformada por auxilios en materia de alimentación, artículos de aseo, utensilios
de cocina y alojamiento transitorio. Dependiendo del nivel de vulnerabilidad
que se determine luego de la caracterización de la situación particular que
afronta cada núcleo familiar, variarán los montos y cantidades de la ayuda.
En relación con la ayuda humanitaria
de emergencia, resulta importante señalar que el parágrafo del artículo 15 la
Ley 387 de 1997 establecía que la misma se entregaría por tres meses,
prorrogables por tres más. Con respecto a este término, la Corte Constitucional,
en la Sentencia C-278 de 2007[19] declaró su inexequibilidad. Consideró,
que si bien este plazo no era manifiestamente irrazonable, resultaba notoriamente insuficiente para que pudiesen superarse los
graves quebrantamientos a múltiples derechos fundamentales de la población
desplazada en la medida que su situación de vulnerabilidad es tan grave y
compleja, que no puede ser encasillada en un límite temporal.
En este pronunciamiento, la Corte
Constitucional resaltó que existen dos tipos de personas desplazadas que debido
a sus condiciones particulares son titulares del derecho a recibir ayuda
humanitaria de emergencia durante un periodo mayor al fijado en la ley. Ese
grupo especial, está compuesto por quienes estén en situación de urgencia
extraordinaria y por quienes no estén en condiciones de asumir su sostenimiento
a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica,
como los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad,
quienes por sus condiciones físicas o de salud no están en condiciones de
generar ingresos.
En concreto, dicho pronunciamiento
expresó lo siguiente:
“En estos dos tipos
de situación, se justifica que el Estado continúe proveyendo la ayuda
humanitaria requerida para la subsistencia digna de los afectados, hasta el
momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya superado -es decir,
hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que
no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones
para ello-. Ello deberá evaluarse, necesariamente, en cada caso individual.
Advierte la Corte que así como el Estado no puede suspender abruptamente la
ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de auto sostenerse, tampoco
pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha ayuda”.
(iii) Ayuda humanitaria de transición: se encuentra establecida en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011
y en los artículos 112 a 116 del Decreto 4800 de 2011. En general, es aquella
que se entrega a las personas desplazadas incluidas en el Registro Único de
Víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año
contado a partir de la declaración respectiva, cuando no se hubiere podido
restablecer las condiciones de subsistencia, pero cuya valoración no sea de tal
gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de
emergencia.
En esta fase, se brinda la
posibilidad a la población desplazada de encontrar soluciones más duraderas de
cara a la superación de la situación de emergencia producto del desplazamiento
forzado. Esta asistencia se encuentra conformada por los componentes de alimentación
y alojamiento los cuales se encuentran a cargo de la UARIV y dado su carácter temporal,
la misma constituye un soporte
mientras las víctimas encuentran condiciones de autosostenimiento a través de
distintos mecanismos establecidos por el legislador para tal efecto, tales como
el acceso a los programas sociales del Estado o a los programas de retorno o
reubicación o por sus propios medios.
4.12. El ordenamiento jurídico prevé un
procedimiento para determinar quiénes son o no beneficiarios de los componentes
de la ayuda humanitaria, que tiene como finalidad identificar las carencias de
la población desplazada. Al respecto el Decreto 1084 de 2015 establece lo
siguiente:
“Artículo
2.2.6.5.4.1. Definición de carencias en la atención humanitaria. La Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las víctimas, definirá mediante resolución,
las condiciones constitutivas de carencias graves y leves en los componentes de
alojamiento temporal y/o alimentación.
Artículo
2.2.6.5.4.2. Unidad de análisis. Para los efectos de identificación de
carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, se
entenderá por hogar la persona o grupo de personas, parientes o no, donde al
menos una de ellas está incluida en el Registro Único de Víctimas – RUV por
desplazamiento forzado, y donde todas ocupan la totalidad o parte de una
vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y
generalmente comparten las comidas.
La
conformación actual de los hogares se establecerá con base en la información
que estos suministren en desarrollo de las diferentes intervenciones de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el marco del
Modelo de Atención Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas - MAARIV o
de las estrategias, mecanismos y herramientas que sean pertinentes.
Parágrafo
1. Para aquellas personas cuyo desplazamiento forzado haya ocurrido en un
término inferior o igual a un año, a partir de la fecha de solicitud, la
conformación del hogar será definida de acuerdo con la información consignada en
el Registro Único de Victimas - RUV a partir de la declaración del hecho
victimizante.
Parágrafo
2. La unidad de análisis referida sólo tendrá efectos para la entrega de la
atención humanitaria y no necesariamente implicará modificaciones en la composición
de los hogares incluidos en el Registro Único de Víctimas - RUV.
Artículo
2.2.6.5.4.3. Identificación de carencias en los componentes de alojamiento
temporal y alimentación. La identificación de las carencias en los componentes
de alojamiento temporal y alimentación se basará en un análisis integral de la
situación real de los hogares, a partir de la valoración de todas y cada una de
las personas que lo integran, y tomando en consideración las condiciones
particulares de los miembros pertenecientes a grupos de especial protección
constitucional tales como: persona mayor, niños, niñas y adolescentes, personas
con discapacidad, grupos étnicos, y personas puestas en circunstancias de
debilidad manifiesta asociadas a la jefatura del hogar.
Esta
identificación de carencias se basará en la información contenida en los
sistemas de información y registros administrativos de las diferentes entidades
del orden nacional y territorial, así como en la suministrada directamente por
los hogares a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
en el marco de las intervenciones que componen el Modelo de Atención Asistencia
y Reparación Integral a las Víctimas - MAARIV, o mediante cualquier otra
estrategia, mecanismo o herramienta que esta entidad considere válida para tal
fin.
El
análisis de la información proveniente de estas fuentes servirá para determinar
la gravedad y urgencia de la situación particular de cada hogar a que hacen
referencia los artículos 62 parágrafo y 65 de la Ley 1448 de 2011.
Artículo
2.2.6.5.4.4. Objetivos del proceso de identificación de carencias en los
componentes de alojamiento temporal y alimentación. Atendiendo las variables
establecidas en el artículo 2.2.6.5.3.4 del presente Decreto, la identificación
de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación
realizada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
tendrá los siguientes objetivos:
1.
Identificar en el hogar, fuentes o capacidades de generación de ingresos que
permitan, como mínimo, cubrir los componentes de alojamiento temporal y
alimentación.
2.
Establecer si los miembros del hogar presentan carencias en los componentes de
alojamiento temporal y alimentación.
3.
Clasificar las carencias en alojamiento temporal y/o alimentación, según su
nivel de gravedad y urgencia.
4.
Identificar si el hogar se encuentra en situación de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
5.
Definir las características específicas en cuanto monto y periodicidad de la
atención humanitaria que será entregada a cada hogar.
Parágrafo
1. Los hogares incluidos en el RUV, cuyo desplazamiento forzado hubiese
ocurrido dentro del año anterior a la solicitud de atención humanitaria, no
serán sujetos de identificación de carencias en los componentes de alojamiento
temporal y alimentación. Durante el año siguiente a la ocurrencia del hecho
victimizante, se presumirá que las carencias en dichos componentes son graves.
De
conformidad con los artículos 14 y 29 de la Ley 1448 de 2011 que señala la
participación activa de las víctimas en la superación de vulnerabilidad
manifiesta, transcurrido un (1) año desde la fecha del desplazamiento, los
hogares a que se refiere el inciso anterior facilitarán a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas la información que permita
identificar las carencias en los componentes de alojamiento temporal y
alimentación. Lo anterior, de acuerdo con los procedimientos que esta entidad
establezca y con el fin de asegurar que la atención humanitaria entregada
responda a la situación particular, real y actual del hogar.
Parágrafo
2. Atendiendo lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.6.5.3.4. del
presente Decreto, en caso de hogares que hayan sufrido otros hechos
victimizantes adicionales al desplazamiento forzado, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas tendrá en cuenta la posible contribución
de estos hechos a la existencia de carencias en los componentes de la
subsistencia mínima del hogar y/o al agravamiento de las mismas.
Parágrafo
3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas destinará y
coordinará la entrega de la atención humanitaria a que hubiere lugar a las
víctimas en procesos de retorno y/o de reubicación con acompañamiento
institucional y de acuerdo con la valoración de carencias en los componentes de
la subsistencia mínima de cada hogar.
Artículo
2.2.6.5.4.5. Efectos de la identificación de carencias en el componente de
alojamiento temporal. La identificación de carencias en el componente de
alojamiento temporal produce los siguientes efectos:
1.
En casos de hogares en que se identifiquen carencias graves y urgentes en el
componente de alojamiento temporal, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas entregará la atención humanitaria de emergencia de ese
componente.
2.
En casos de hogares en que se identifiquen carencias leves en el componente de
alojamiento temporal, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas entregará la atención humanitaria de transición correspondiente a ese
componente conjuntamente con las entidades territoriales correspondientes,
según lo establecido en los artículos 2.2.6.5.2.6 y 2.2.6.5.2.9 del presente
Decreto.
Artículo
2.2.6.5.4.6. Efectos de la identificación de carencias en el componente de
alimentación. La identificación de carencias en el componente de alimentación
produce los siguientes efectos:
1.
En casos de hogares en que se identifiquen carencias graves y urgentes en el
componente de alimentación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas entregará la atención humanitaria de emergencia correspondiente a
ese componente.
2.
En casos de hogares en que se identifiquen carencias leves en el componente de
alimentación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF entregará la
atención humanitaria de transición correspondiente a ese componente.
Artículo
2.2.6.5.4.7. Componente de servicios médicos y atención en salud en la etapa de
emergencia. En cuanto al componente de salud, como parte integral de la
subsistencia mínima, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas verificará y solicitará a las entidades competentes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud que las personas que conforman el hogar
sean afiliadas y tengan las condiciones de acceso efectivo a la prestación del
servicio de salud.
Artículo
2.2.6.5.4.8. Situación de extrema urgencia y vulnerabilidad. Se entiende que se
encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad aquellos hogares
que por sus características socio-demográficas y económicas particulares y por
su conformación actual estén inhabilitados para generar ingresos o adquirir
capacidades para hacerlo, y no puedan cubrir por sus propios medios los
componentes de la subsistencia mínima en materia de alojamiento temporal y
alimentación.
La
situación de extrema urgencia y vulnerabilidad no se considera como una
condición definitiva, de manera que esta puede ser superada debido a cambios en
la conformación del hogar, o a medida que los miembros del hogar, por sus
propios medios o mediante los programas sociales de la oferta estatal,
adquieran capacidades que les permitan cubrir, cuando menos, los componentes de
la subsistencia mínima.
Artículo
2.2.6.5.4.9. Superación de la situación de emergencia. Con base en la
información recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará
el acceso efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento
temporal, salud, y educación, a través de alguna de las siguientes fuentes:
1.
Participación del hogar de los programas sociales orientados a satisfacer las
necesidades relativas a estos componentes.
2.
Participación del hogar en programas sociales orientados al fortalecimiento de
las capacidades de autosostenimiento del hogar.
3.
Participación del hogar en procesos de retorno o reubicación y acceso a los
incentivos que el gobierno diseñe para estos fines.
4.
Generación de un ingreso propio que le permite al hogar suplir de manera
autónoma estos componentes.
5.
Participación del hogar en programas de empleo dirigidos a las víctimas.
Una
vez se establezca que el hogar cuenta con acceso a los componentes de
alimentación, alojamiento temporal, salud y educación a través de alguna de las
fuentes mencionadas, se considerará superada la situación de emergencia
producto del desplazamiento forzado y se realizarán las remisiones
correspondientes para garantizar el acceso a los demás componentes de la
atención integral, con el fin de avanzar en la cesación de la condición de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta”.
4.13. La jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que el deber de garantizar la subsistencia mínima a
la población desplazada se materializa a través de la entrega de la ayuda
humanitaria y de acuerdo con ello ha desarrollado este deber estatal como una
expresión del mínimo vital.
En este sentido, la sentencia T-025 de
2004 explicó, que la
obligación de garantizar la ayuda humanitaria a la población desplazada por
parte del Estado se justifica a partir de la relación que existe entre este
beneficio y el derecho fundamental al mínimo vital. En esta oportunidad, la
Corte Constitucional acudió a los Principios Rectores para
Desplazamientos Internos en especial al Principio 18[20] que
desarrolla el derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho
fundamental al mínimo vital de la población desplazada, el cual implica el
deber por parte de las autoridades competentes de proveer a las personas
desplazadas (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda
básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios
esenciales.
4.14. Bajo esta línea, la Corte
Constitucional ha establecido que la asistencia humanitaria se tiene que
garantizar de manera imperativa y urgente, sin que las autoridades puedan imponer
barreras administrativas que impidan su acceso oportuno, ni someter a la
población desplazada a tramites excesivos (peregrinaje institucional) para tal
efecto.
De acuerdo con ello, esta Corporación ha
señalado tres escenarios relacionados con la ayuda humanitaria en las cuales se
amenaza o se vulnera “el derecho fundamental al mínimo vital expresado en el
derecho de la población desplazada a una subsistencia mínima[21]”
que fueron consolidados en el Auto 009 de 2013 en los siguientes términos:
4.14.1 Cuando la entidad competente no
reconoce la ayuda humanitaria a la población desplazada que cumple los
requisitos para acceder a ella aduciendo únicamente requisitos, formalidades y
apreciaciones que “(i) no son fieles con la situación en la que se encuentra
la población desplazada y (ii) que no se encuentran establecidos en la ley”.
4.14.2. El segundo escenario hace
referencia a la omisión de notificar al interesado la decisión que se adopte
frente a la solicitud de entrega de ayuda humanitaria o cuando deja de hacer
entrega efectiva de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia o de
la prórroga de la misma sin una justificación apoyada en la Constitución o la
Ley.
En este punto es importante precisar,
que en términos generales, la respuesta a las solicitudes de ayuda humanitaria
y la notificación efectiva al interesado hace parte del núcleo fundamental del
derecho de petición. Al respecto, esta Corporación ha establecido que el
derecho de petición tiene una protección reforzada en cabeza de aquellas
personas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad y que
utilizan este mecanismo para solicitar bienes o servicios del Estado
imprescindibles para satisfacer sus necesidades fundamentales, como es el caso
de la población desplazada por la violencia.
4.14.3. El tercer escenario identificado
en la jurisprudencia constitucional en el que se afecta del derecho al mínimo
vital de la población de desplazada consiste en la entrega incompleta de la
ayuda humanitaria.
El acceso a la ayuda humanitaria se
garantiza hasta que se supere la emergencia producto del desplazamiento forzado
4.15. La entrega de ayuda humanitaria a la población desplazada no
puede suspenderse hasta tanto las condiciones que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales de la víctima del desplazamiento
desaparezcan. Por lo tanto, el deber estatal en torno a la ayuda humanitaria
abarca la obligación de no suspenderla mientras que la vulneración
permanezca vigente.
Al respecto, la sentencia C- 278 de 2007[22] que
declaró inexequible las restricciones temporales para la entrega de la ayuda
humanitaria contenidas en el artículo 15 de la Ley 137 de 1997 que establecía
que la ayuda humanitaria se entregaría por tres meses prorrogables por tres
meses más, impidiendo que quienes aún no habían logrado superar su situación de
vulnerabilidad pudieran seguir recibiendo atención del Estado por un tiempo
mayor. Específicamente, expresó lo siguiente:
“Con el mismo fundamento, ya bajo la actual perspectiva del
control abstracto de constitucionalidad, la Corte estima que la ayuda
humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es
conveniente que la referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida a
que la reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a
las particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que
atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera etapa de
atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y
social.
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no
depende del paso del tiempo sino de una condición material, dichos programas
sólo pueden iniciarse cuando exista plena certeza de que el desplazado tiene
satisfecho su derecho a la subsistencia mínima, al haber podido suplir sus
necesidades más urgentes de alimentación, aseo personal, abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que apunta este
componente de atención de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley
387 de 1997.
En lo que respecta a que el término de la ayuda humanitaria de
emergencia sea de tres meses, la Corte lo encuentra corto mas no necesariamente
contrario a la Constitución Política, en la medida de su acople y flexibilidad
frente a las características propias del hecho concreto, además ante la
posibilidad de adicional ayuda solidaria, por ejemplo proveniente del sector
privado o del exterior, o si las correspondientes instituciones oficiales
cumplen con su deber en forma integrada, pronta y acuciosa.
En el mismo sentido, en la sentencia T-218 de 2014, la Corte Constitucional señaló lo
siguiente: “Esta Corporación ha considerado que no reconocer la prórroga de
la ayuda humanitaria bajo la falsa premisa según la cual el simple paso del
tiempo disminuye la condición de vulnerabilidad de la población desplazada,
desconoce las condiciones materiales y las circunstancias fácticas en las que
se encuentra esta población, razón por la cual no puede ser el criterio para
negar la ayuda humanitaria.  Por el contrario, en muchas ocasiones,
algunos grupos dentro de la población desplazada presentan rasgos de
vulnerabilidad que se acrecientan con el paso del tiempo, como lo es el caso de
los adultos mayores, respecto de quienes la Corte Constitucional en sede
ordinaria de tutela ha ordenado que la prórroga de la ayuda humanitaria se realice de manera automática,
es decir, de manera ininterrumpida y sin necesidad de condicionarla a una
verificación previa hasta que se demuestre que el afectado si está en
condiciones de autosostenerse”.
4.16. Entonces, las autoridades que tienen a su cargo la garantía
de la asistencia humanitaria a la población desplazada, deben evaluar las
condiciones particulares de cada caso, para establecer si la ayuda humanitaria
en etapa de transición es necesaria para garantizar el mínimo vital y la vida
en condiciones dignas de quien lo solicita. De acuerdo con ello, la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia no
depende de un término específico y solo puede suspenderse hasta tanto la
persona en condición de desplazamiento logre el restablecimiento de las
condiciones materiales de subsistencia.
5. Garantía del derecho fundamental de
petición
5.1. Conforme a lo establecido en el
artículo 23 Superior, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades públicas, o los particulares en los casos
definidos en la ley, y a obtener una repuesta oportuna que resuelva de fondo y
de manera congruente la respectiva solicitud.
5.2. El derecho de petición constituye la
principal herramienta de la que disponen los particulares para establecer una
comunicación efectiva con las autoridades públicas o los particulares en los
casos definidos en la ley, a través de solicitudes que en muchas ocasiones permiten
el ejercicio de otros derechos fundamentales, razón por la cual debe existir de
su parte una respuesta que además debe ser oportuna, clara y congruente.
Es decir, en términos de la sentencia
T-305 de 2016, las autoridades públicas deben resolver las solicitudes elevadas
y para tal efecto, expedir una respuesta oportuna atendiendo los siguientes
presupuestos:  “(i) de fondo, esta respuesta debe contener argumentos que
guarden relación de conexidad con lo preguntado, o lo indagado en el derecho de
petición, que se conteste puntualmente, cuya respuesta esté debidamente
sustentada, (ii) debe ser clara, en la medida que los argumentos expuestos sean
entendibles sin rodeos, ni dilaciones o respuestas ambiguas que finalmente no
resuelvan lo solicitado ni satisfagan la petición del actor, y (iii) debe ser
congruente, que guarde conexión directa con lo requerido en el derecho de
petición, que la respuesta apunte directamente a lo peticionado, y exponga una
respuesta efectiva”.
Resulta importante señalar que el núcleo
fundamental del derecho de petición hace referencia a la posibilidad de acudir
a las autoridades públicas y los particulares en los casos definidos en la ley,
para formular solicitudes sobre un aspecto determinado. No obstante, esto no
puede confundirse con la materia de la petición, es decir que la vulneración
del derecho de petición no está relacionada con la satisfacción de las
pretensiones del peticionario sino únicamente con la oportunidad de la
respuesta y la completitud de la misma.
5.3. El derecho de petición se encuentra
regulado en la Ley 1755 de 2015[23]
y, puntualmente en relación con la oportunidad, en su artículo 14[24] establece
que el mismo deberá resolverse en un término no mayor a 15 días siguientes a la
recepción de la solicitud.
Adicionalmente, este mismo precepto
estableció las siguientes excepciones: (i) para el caso de peticiones dirigidas
a obtener copia de documentos, se señala un plazo para la respuesta de 10 días
y establece que en caso que esto no ocurra, operará el silencio administrativo
positivo y se entregarán las copias solicitadas dentro de los tres días
siguientes. (ii) En relación con solicitudes dirigidas a la resolver una
consulta, se dispuso un término de 30 días desde la radicación del respectivo
escrito.
5.4. La garantía del derecho fundamental
de petición respecto de las víctimas del desplazamiento forzado se fortalece en
razón a la situación de vulnerabilidad producida por el desplazamiento forzado.
Así, el derecho de petición se convierte en el mecanismo principal con el que
cuenta la población desplazada para poner en conocimiento de las autoridades
competentes las circunstancias en las que se produjo el desplazamiento, las
condiciones de subsistencia de sus hogares y para reclamar la protección
estatal, que se materializa con la entrega de la ayuda humanitaria durante sus
distintas etapas.
Sobre este aspecto, la Sala considera
oportuno referirse a algunos pronunciamientos proferidos por las Salas de
Revisión de esta Corporación en relación con la protección del derecho de
petición de la población desplazada.
5.4.1. De esta manera, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-702 de 2012[25]
constató la vulneración del derecho fundamental de petición entre otros
derechos fundamentales, de víctimas del desplazamiento forzado que solicitaron
la entrega de la ayuda humanitaria y no recibieron respuesta de la entidad
encargada del reconocimiento de este beneficio.
En esta oportunidad, la Sala evidenció que
en algunos casos se concretó la vulneración del derecho fundamental de petición.
Ello, por cuanto la entidad accionada no respondió de manera oportuna y completa
las solicitudes elevadas por los accionantes y teniendo en cuenta esta
circunstancia, concluyó el Tribunal Constitucional que se desconoció el núcleo
esencial del derecho de petición al omitir su obligación de emitir una
respuesta clara, precisa y congruente.
Igualmente, resaltó la importancia del
derecho de petición dado el carácter de herramienta necesaria para la
realización de otros derechos fundamentales, y concluyó que de esa manera se
privó a los accionantes del acceso oportuno a las ayudas requeridas por ser
víctima del desplazamiento.
Adicionalmente, tras constatar los
presupuestos para acceder a la asistencia humanitaria por causa del
desplazamiento forzado la Corte concedió el amparo del derecho de ayuda
humanitaria de los accionantes y ordenó al Departamento Administrativo Especial
para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas otorgar dicho beneficio en los términos de los artículos
63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los reglamentarios del Decreto 4800 de 2011,
hasta que encuentren en condiciones de asumir su autosostenibilidad.
5.4.2. De la misma manera, en la sentencia T-305
de 2016[26],
la Corte Constitucional desarrolló la protección del derecho de petición cuando
quien acude a esta herramienta es una víctima del desplazamiento forzado con el
propósito de obtener la entrega de la ayuda humanitaria “con ocasión de sus
carencias y estado de vulnerabilidad al que las ha expuesto el mismo Estado, al
no prever mecanismos y políticas públicas respecto de la efectiva reparación a
las víctimas”.
Explicó, que el derecho fundamental de petición que
versa sobre la solicitud de ayuda humanitaria constituye una herramienta
necesaria para el ejercicio de otros derechos y la participación en las
decisiones que los afectan.
Señaló, que esta garantía involucra la obligación
para la autoridad a quien se dirige de emitir una respuesta, que si bien, no
tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser
oportuna, debe resolver de fondo lo requerido por el peticionario y debe ser
puesta en conocimiento del mismo. Es decir, que este derecho “no se entiende
insatisfecho y vulnerado, cuando ha sido contestado de fondo, claro y
congruente, pero en forma negativa al peticionario”.
En esta oportunidad, la Corte
Constitucional agrupó los lineamientos establecidos por la jurisprudencia
constitucional en torno a la protección del derecho de petición y en especial
el derecho de petición de ayuda humanitaria. Para tal efecto, efectuó una
transcripción de la
5.5. De otra parte, aunque las
peticiones de ayuda humanitaria formuladas por la población desplazada se
regulan por la Ley 1755 de 2015 y de acuerdo con ello, las entidades que tienen
a su cargo dicho reconocimiento deben resolverlas dentro de los 15 días
siguientes a su radicación, la Corte admite que en muchos casos ese plazo resulta
insuficiente para emitir un pronunciamiento de fondo. Esto ocurre por ejemplo,
cuando se trata de la ayuda humanitaria en la fase de transición en donde es
necesario verificar las circunstancias actuales del respectivo hogar no han
permitido encontrar condiciones de autosostenimiento, para lo cual, la UARIV ejecuta
distintas actuaciones administrativas que pueden superar dicho plazo.
Así las cosas, la Corte considera que en
estos casos la entidad encargada de resolver estas peticiones deberá, dentro
del plazo establecido por la ley, informar las circunstancias que le impiden
resolver de fondo su solicitud e informar el trámite que impartirá a la misma y
la fecha probable en que emitirá la respectiva respuesta[27].
5.6. Entonces, el derecho fundamental de
petición se fortalece cuando quien acude a este mecanismo es una víctima del
desplazamiento forzado y, en razón a ello, se encuentra en circunstancias de
extrema vulnerabilidad y acude a esta herramienta para persigue la protección
estatal, que se materializa a través de la entrega de la ayuda humanitaria
entre otros beneficios, mientras encuentra las condiciones que le permitan el autosostenimiento.
Así, el núcleo esencial del derecho de petición comprende la posibilidad de
acudir a la entidad encargada del reconocimiento de la ayuda humanitaria, para
solicitar la entrega de este beneficio y el deber de dicha entidad de responder
al peticionario oportunamente y en forma clara y congruente. A partir de lo
anterior, no se desconoce el derecho de petición cuando la respuesta no
satisface las pretensiones del solicitante.
6. El deber del juez constitucional de
constatar la veracidad de los hechos narrados en el escrito de tutela
6.1. Aun cuando la acción de tutela
se caracteriza por su informalidad, quien acude a ella para obtener la
protección de sus derechos fundamentales tiene, en principio, la carga de
efectuar un relato de los hechos que originaron la amenaza o vulneración de los
mismos en forma clara y precisa y, además, en la medida de lo posible, aportar
las pruebas que estén a su alcance.
6.2. Por su parte, para proferir una
sentencia judicial que ponga fin a la controversia originada por la aparente
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, el juez constitucional debe
alcanzar el convencimiento necesario para determinar si existió o no la
afectación de los derechos del actor y si la entidad accionada es la
responsable de tal circunstancia. Para tal efecto, le corresponde al juez de
tutela constatar la veracidad de los hechos narrados y valorar las pruebas que
aporta el accionante y en caso de que ellas no sean presentadas, deberá
decretar y practicar las pruebas que considere necesarias para la constatación
de la problemática que se puso de presente con el escrito de tutela.
6.3. Si bien es cierto, la acción de
tutela se caracteriza por su informalidad, esto no habilita al juez
constitucional para que pueda adoptar una decisión sin alcanzar la veracidad de
las circunstancias que originaron la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Sobre este particular, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-074 de 2000[28] expresó lo siguiente: “Al
respecto, debe anotar la Corte que, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el juez de tutela goza de amplias facultades con miras a establecer la verdad
de los acontecimientos que se llevan a su análisis y las verdaderas circunstancias
del caso controvertido. A juicio de la Corte, el juez debe utilizar esas
posibilidades para asegurar así la inmediación que requiere con el objeto de
acertar en su fallo. Si no lo hace, corre el riesgo de dejar desprotegidos
derechos fundamentales que merecen protección o de obrar, por el contrario,
con tal precipitud que ampare situaciones que no requieren la intervención
judicial o respecto de las cuales ella no cabe. (Negrilla fuera del
texto original)
Así mismo, en la sentencia T-696 de 2002[29], la
Corte señaló que: “a los jueces de tutela les asiste el deber de decretar y
practicar pruebas de oficio cuando de la solicitud de amparo y los informes que
alleguen los accionados no obren suficientes elementos de juicio para decidir
el asunto sometido a su consideración, por cuanto la labor constitucional
encomendada es precisamente la protección efectiva de los derechos
fundamentales.”
Sobre este aspecto, la sentencia T-600 de 2009[30] señaló
que “la oficiosidad del juez de tutela en materia probatoria es una
herramienta para esclarecer los hechos cuando existan dudas razonables acerca
de éstos y de las pruebas aportadas por las partes, sin que con ello se libere
de la carga probatoria a quien alega la vulneración o amenaza a un derecho
fundamental, sino que se trata de recordar
al juez que sus decisiones deben basarse en hechos plenamente demostrados, para
lograr así decisiones acertadas y justas que consulten con la realidad procesal”.
Bajo esta misma línea, la sentencia
T-773 de 2010[31] expresó: “Al juez constitucional
no le es dable simplemente afirmar que las pruebas no se aportaron al proceso,
o que las aportadas no son suficientes para sustentar su convencimiento, ya que
si duda sobre las circunstancias planteadas, es su potestad y su deber mínimo
solicitar información. En conclusión, es necesario preponderar la importancia
que tiene para el trámite tutelar una apreciación conjunta, seria y concienzuda
del material probatorio incorporado, no siendo jurídicamente aceptable que se
presuma la mala fe, lo cual resultaría contrario a lo instituido en el artículo
83 de la Constitución Política, ni que se perpetúe la vulneración de derechos
fundamentales”.
En este sentido, la Sala Primera de Revisión, en la sentencia T-571
de 2015[32], consolidó de manera breve los
pronunciamientos en los que la Corte Constitucional se ha referido a los
deberes probatorios de los jueces constitucionales, de la siguiente manera:
“En caso de que el actor no aduzca pruebas que apoyen su pretensión,
la Corte Constitucional ha sido enfática en declarar la facultad – deber que le
asiste al juez constitucional de decretar pruebas de oficio, con las cuales se
pueda determinar si realmente existe una amenaza o vulneración del derecho. En
Sentencia T-864 de 1999, señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el
juez constitucional no es sólo una potestad judicial sino que es un deber
inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada,
exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto
planteado. También en Sentencia T-498 de 2000, la Corte se refirió a la
facultad de decretar pruebas de oficio en un caso de tutela instaurado a favor
de una menor de edad de edad que padecía un tumor cerebral. En esa oportunidad,
señaló, que el juez constitucional como principal garante de los derechos
fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la
verificación de los hechos sometidos a su consideración, lo cual reclama del
juez una mayor participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la
Constitución”.
6.4. En relación con lo expuesto, en
el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991[33] se establece una herramienta
jurídica a la que debe acudir el juez constitucional antes de adoptar una
decisión definitiva en caso que al momento de emitir el fallo respectivo no
pueda alcanzar, con las pruebas que obran en el expediente, la certeza
necesaria para determinar si existió o no vulneración de los derechos
fundamentales. Esta, consiste en la posibilidad de pedir informes al órgano o a
la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente
administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto.
6.5.
De la misma manera, el artículo 20 del mencionado precepto establece las
consecuencias jurídicas que se originan en caso de que la entidad accionada no
responda la solicitud efectuada por el juez constitucional. Concretamente,
señala lo siguiente: “Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa”.
6.6. La finalidad de esa presunción
concuerda con el desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que
rigen la acción de tutela, con la cual se pretende lograr la eficacia de los
derechos fundamentales y de los deberes asignados a las autoridades en la
Constitución Política (Arts. 2º, 6º, 121 y 123, Inc. 2º). No obstante, es imperioso aclarar que, si
bien el ordenamiento jurídico autoriza al juez constitucional para que en caso
de no obtener una respuesta por parte de la entidad accionada adopte una
decisión sobre las pretensiones de la acción de tutela a partir de la
presunción de veracidad sobre los hechos que fueron puestos de presente en el
escrito de tutela, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicha
presunción no habilita al juez para que decida sin certeza respecto de los
hechos informados en el escrito de tutela.
6.7. En relación
con la actividad probatoria dentro del trámite de tutela que promueve la población desplazada, esta Corporación
ha considerado que esa condición constituye un hecho notorio que permite inferir
la afectación de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el sólo hecho de que
el accionante afirme que es una persona desplazada no permite concluir inmediatamente
esa condición pues debe constatarse tal circunstancia a través de distintos
medios.
En este sentido, la Sala Séptima de Revisión[34] desarrolló
la manera como debe demostrarse la calidad de desplazado y resaltó que el
problema relevante en la actualidad radica en definir, cuáles son los medios
probatorios para tal efecto y cuáles los instrumentos procesales previstos en
el ordenamiento jurídico para probar que el accionante de tutela es una persona
desplazada por la violencia.
Sobre
dicho aspecto, se precisó en esta sentencia que la Ley 387 de 1997 diseñó el Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
(SNAIPD) coordinado por la Red de Solidaridad Social, como entidad
ejecutora encargada de suministrar atención humanitaria de emergencia. De igual
manera, el artículo cuarto de esa misma normativa creó el Registro Único de
Población Desplazada, como una “herramienta técnica” para determinar quién ostenta la condición de desplazado y, de esa
manera, otorgar efectivamente los beneficios que conceden las leyes vigentes en
el tema a quienes realmente los necesitan. De acuerdo con ello, consideró que
la inscripción en este registro sí prueba la calidad de desplazado.
6.8. Sin
embargo, cuando la acción de tutela se promueve para reclamar la ayuda
humanitaria de transición, acreditar el registro no es suficiente para
determinar si el actor tiene o no derecho a este beneficio, pues como se
expresó anteriormente, para acceder a la ayuda humanitaria en esta fase, además
de la situación de desplazamiento forzado, debe demostrarse que la víctima no
ha alcanzado las condiciones de autosostenimiento a través de otros programas
del Estado o de sus propios recursos.
Al respecto, en
la mencionada Sentencia T-600 de 2009 se concluyó: “El juez de tutela para llegar a la certeza acerca de la
vulneración de los derechos fundamentales de las personas víctimas del
desplazamiento forzado, sujetos de especial protección constitucional, debe desplegar una conducta
oficiosa a fin de determinar la certeza de los hechos para la emisión de un
fallo ajustado a derecho. El juez debe ser el promotor de decisiones justas, no
un simple espectador y le corresponde dar órdenes claras, que encajen el contenido
de los derechos a situaciones empíricas para adoptar los remedios y,
finalmente, supervisar el cumplimiento de las órdenes, pues sólo de este
modo se estaría cumpliendo el mandato constitucional de la garantía de los
derechos fundamentales y asimismo se estaría administrando justicia legítima.”
Así mismo, en la
Sentencia T-690A de 2009, se dispuso que “no debe olvidarse que estos
deberes adquieren un carácter reforzado frente a las personas que están en
estado de debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad, ya que la
Constitución les otorga un mayor nivel de protección cuya efectividad depende
del Estado en su conjunto. De esta suerte, si la satisfacción de los deberes
del juez de tutela constituyen obligaciones constitucionales de gran magnitud,
lo son en mayor medida frente a las acciones instauradas por personas a quienes
la misma Constitución ha otorgado una protección reforzada.”
6.9. En
este sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-793 de 2009[35], hizo referencia a los
deberes probatorios del juez en el trámite de una acción de tutela promovida por
personas en situación de desplazamiento forzado. Explicó, que cuando se trata
de solicitudes de población desplazada conforme al artículo 83 de la
Constitución debe presumirse la buena fe en las actuaciones de los desplazados,
ya sea por parte de la administración o del juez de tutela. No obstante, afirmó
que la presunción no implica, que el juez pueda aplicar sin ninguna otra
consideración el principio de la carga de la prueba, ya que ello modificaría
los parámetros que le indican que la sentencia debe estar sustentada en hechos
verificados, para lo cual el ordenamiento jurídico le otorga las herramientas
jurídicas dirigidas a materializar el fin de la justicia. En concreto, expresó
lo siguiente:
“Ahora, en
cuanto a la presunción de veracidad a la que hace referencia el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, relativo a que si “el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa”, en la Sentencia T-600/09 se precisó
que así el ordenamiento jurídico le imponga al juez presumir la verdad de lo
narrado, no es una autorización legal para que el juez constitucional decida
sin convencimiento o certeza el problema jurídico que diera origen a la
interposición de la acción: “es decir, la mencionada
presunción no justifica la desidia del juez en conocer la verdad, tanto es así
que incluso estando facultado para resolver con base en la configuración de la
presunción de veracidad, el juez, si lo estima necesario, puede realizar una
averiguación previa y aún más,
aún después de rendido el informe si llegare a necesitar datos adicionales ha
de solicitarlos a fin de sustentar su decisión -negar o conceder la tutela- en
cualquier medio probatoria, pues es esencial que el
juez llegue al conocimiento de la situación litigiosa para proferir un fallo
que desarrolle la finalidad de garantizar los derechos fundamentales, esto es,
la primacía del derecho sustancial (artículo 228 C.P.).”
6.10. En síntesis, de acuerdo con lo anterior, pese al carácter
informal de la acción de tutela quien acude a ella, tiene la carga de aportar
las pruebas que tienen a su alcance para demostrar la vulneración de los
derechos fundamentales respecto de los cuales reclama una protección
constitucional. Sin embargo, en caso de no hacerlo, el juez de tutela deberá
practicar las pruebas pertinentes y necesarias para constatar la veracidad de
los hechos narrados, con el propósito de alcanzar un pleno convencimiento de la
realidad al momento de proferir el respectivo fallo.
7. Carencia
actual de objeto por hecho superado
7.1.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 Superior, la naturaleza de la
acción de tutela radica en el amparo inmediato de los derechos constitucionales
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
los particulares en los asuntos establecidos en la ley. De acuerdo con este
precepto, la protección que deviene del juez constitucional radica en “una
orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerlo”.
Sin
embargo, cuando la circunstancia que amenaza o vulnera el derecho fundamental
alegado desaparece o se supera, la acción de tutela pierde su finalidad y por
lo tanto, la orden de acción o abstención ya no tendría algún efecto útil[36].
Este fenómeno se conoce como carencia actual de objeto, el cual se puede
presentar en cualquiera de las siguientes dos modalidades:
(i)
Hecho superado, cuando los actos que amenazan o vulneran el derecho fundamental
desaparecen, al quedar satisfecha la pretensión de la acción de tutela, lo que
conlleva a que ya no exista un riesgo.
(ii)
Daño consumado, ocurre cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con el amparo constitucional,
y en consecuencia, ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se
concrete el peligro y lo único que procede es la reparación del daño originado
en la vulneración del derecho.
De
acuerdo con la materia del caso que se examina la Sala abordará el análisis del
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.
7.2.
Esta Corporación[37]
ha entendido el concepto de hecho superado dentro del contexto de la
satisfacción de las pretensiones del demandante con la tutela durante el
trámite de la acción de amparo. Esto quiere decir, que en la medida en que las
pretensiones del actor sean complacidas, desaparece el objeto de la acción de
tutela y por lo tanto, carecería de algún efecto útil cualquier orden de acción
o de abstención que emitiera el juez constitucional sobre el caso concreto.
7.3.
Por regla general, cuando opera el fenómeno del hecho superado el juez
constitucional deberá demostrar dicha circunstancia sin que sea necesario
efectuar un pronunciamiento respecto de la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales frente a los cuales versó la solicitud de amparo. En
este sentido, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente: “Si estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
7.4.
Esta Corporación ha establecido que en los eventos en los cuales los hechos que
originaron la acción de amparo son superados durante el trámite de Revisión en
la Corte Constitucional, puede incluirse un análisis de aquellas circunstancias
con el objeto de realizar observaciones sobre la acción o la omisión objeto de
reproche constitucional y llamar la atención de la accionada para que evite su
reincidencia.
En
términos de la Sentencia T-685 de 2010[38]:
“La carencia actual
de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre tanto de la
interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de
amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha
solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para los jueces de instancia,
aunque sí para la Corte en sede de Revisión, incluir en
la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”
7.5. En igual sentido, en la sentencia T-060 de 2015[39] la Corte admitió que en sus primeros
pronunciamientos en los que se había constatado la existencia de un hecho
superado, esta Corporación se abstuvo de desarrollar un análisis de fondo
respecto de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales sobre los
cuales se reclamaba el amparo constitucional. Sin embargo, señaló que de
acuerdo con la evolución jurisprudencial es “perentorio” que “en
los casos en que sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber
sido decidida de una forma diferente, a pesar de no tomar una decisión en
concreto, ni impartir orden alguna, se pronuncie sobre el fondo del asunto, y
aclare si hubo o no una vulneración en el caso concreto[40]”.
7.6.
En suma, cuando en Sede de Revisión opera el fenómeno de hecho superado, la
Corte Constitucional deberá verificar si la sentencia proferida por los jueces
de instancia se ajusta a los preceptos constitucionales o si por el contrario,
la decisión adoptada debió haber sido diferente. En este último caso, es
perentorio que el Tribunal Constitucional efectúe un análisis de la vulneración
de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclamaba el amparo
constitucional en la acción de tutela y revocar la decisión, en ese orden,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
7.7.
En todo caso, es importante aclarar que cuando se constata la existencia de un
hecho superado, el juez constitucional debe verificar que realmente se
está frente a este fenómeno, pues si permanecen algunas de las circunstancias
que dieron lugar a la vulneración o amenaza los derechos invocados en la
demanda de tutela, deberá emitir una orden de acción o abstención a fin de
amparar los derechos constitucionales vulnerados o amenazados.
III. Análisis de
los casos concretos.
1. Una
vez analizada la jurisprudencia constitucional relacionada con el alcance de la
protección del derecho a la ayuda humanitaria y del derecho de petición de la población
desplazada, la Sala procederá con el análisis de los casos concretos y para tal
efecto, reiterará brevemente las reglas aplicables a los mismos. De acuerdo con
ello, (i) las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a acceder a la
ayuda humanitaria desde el momento en que se produce esta circunstancia hasta que
encuentren condiciones de autosostenimiento que le permitan garantizar su
subsistencia. (ii) En relación con las solicitudes de ayuda humanitaria, se vulnera
el derecho de petición a una víctima del desplazamiento forzado cuando no se
emite una respuesta en forma clara, precisa y congruente dentro de los 15 días
siguientes a su radicación. Sin embargo, en el evento en que este plazo resulte
insuficiente para efectuar un pronunciamiento definitivo en torno al
reconocimiento de este beneficio, la UARIV, dentro de dicho periodo, deberá informar
al peticionario una fecha probable en la que resolverá de fondo su solicitud. (iii)
Si bien el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 habilita al juez constitucional
para aplicar la presunción de veracidad respecto de los hechos narrados en el
escrito de tutela cuando la entidad accionada guarda silencio durante el
respectivo trámite, la decisión no podrá fundamentarse en esta circunstancia
únicamente y, de acuerdo con ello, en caso de no encontrarse acreditados en el
expediente los presupuestos que permiten acceder al reconocimiento de este
beneficio, deberá decretar las pruebas necesarias para verificarlos. (iv) cuando
durante el trámite de la acción de tutela se satisfacen las pretensiones de la
acción de tutela se configura el fenómeno de carencia actual de objeto por
hecho superado.
2. Para
abordar el análisis de los casos concretos, es importante precisar que, como
resultado de las pruebas ordenadas y acopiadas en sede de revisión, la Corte
Constitucional logró establecer que en relación con la mayoría de los
accionantes, la entidad accionada ya adoptó una decisión de fondo respecto de
la solicitud de ayuda humanitaria. Concretamente, en el escrito radicado en
esta Corporación el 27 de enero de 2017 la UARIV proporcionó la siguiente
información:
2.1.
Respecto de los siguientes 25 accionantes, dispuso la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria.
1.
Expediente
Accionante
2.
T-5821217
Arley
Yamid Osnas Peña
3.
T-5839051
Luis
Arturo Marín Orozco
4.
T-5839056
Orfilia
Cuervo Blandón
5.
T-5847694
Jaminton
Wisloc Lujan Monsalve.
6.
T-5861365
Rosalba
Romero de Muñoz
7.
T-5861367
Adiela
Gómez Duran
8.
T-5868440
Juan
Carlos Alba Díaz
9.
T-5875153
Manuela
Antonia Bravo Bolaños
10.
T-5875236
Carolina
Caicedo Montaño
11.
T-5842262
Luis
Francisco Mosquera Mosquera.
12.
T-5842262
José
Delio Forastero Chamorro
13.
T-5842262
Juana
Francisca Mosquera
14.
T-5842262
Llurley
Perea Torres
15.
T-5842262
Milena
Ortiz González
16.
T-5842262
Isarama
Jaramillo Forastero
17.
T-5842262
John
Freddy Gaviria Serna
18.
T-5842262
Marlen
Jhoana Bejarano Quiñonez
19.
T-5842262
Carmen
Elena Hurtado Navarrete
20.
T-5842262
Isabelito
Torres López
21.
T-5842262
María
Sinfloriana Palacios García
22.
T-5842262
María
Francisca Arroyo
23.
T-5875144
Yenny
Carolina Morelo Aluna
24.
T-5869858
Javier
Humberto Guevara Galvis
25.
T-5869860
Diana
Elena Pérez Castilla
26.
T-5869873
Martha
Judith Torres Carrillo
2.2.
En relación con los siguientes 23 actores, la UARIV negó la petición de ayuda
humanitaria, en consideración a que el proceso de medición de carencias arrojó
un resultado negativo en relación con el cumplimiento de los presupuestos para
acceder a la ayuda humanitaria.
1.
Expediente
Accionante
2.
T-5821239
Gloria
Margoth Becerra Bravo
3.
T-5839055
Isabel
Herrera Ruiz
4.
T-5839057
Yolanda
Valencia Ríos
5.
T-5859090
Luz
Helena Chavarría Gil
6.
T-5869855
Didier
Rosa Pérez Ayala
7.
T-5869869
Carmen
Rosa Ortiz Geniz
8.
T-5874991
Álvaro
Sandoval Jiménez
9.
T-5875142
Luis
Alberto Padilla Machado
10.
T-5875143
Elkis
Enrique González García
11.
T-5875149
David
Arango
12.
T-5875151
Luz
Daris Navarro Mestra
13.
T-5875152
Edith
Villadiego Dangond
14.
T-5875155
Sirlen
Saray Sáez Martínez
15.
T-5875156
Arlet
María Fernández
16.
T-5875159
Ana
Gludis Chima Padilla
17.
T-5875150
Sindy
Vanesa Anaya Pérez
18.
T-5842262
Carlos
José Mosquera Quinto
19.
T-5842262
Julio
Miguel Herazo Fernández
20.
T-5842262
Serafina
Palacios Pacheco
21.
T-5842262
Lila
Ibarguen Castillo
22.
T-5875147
José
de la Cruz Córdoba Henao
23.
T-5854902
María
Rosmira Castrillón Usuga
24.
T-5839052
Laura
Rosa Montes de Pérez
2.3.
Respecto de los siguientes 9 accionantes, la UARIV manifestó que no existe
solicitud de ayuda humanitaria en trámite.
1.
Expediente
Accionante
2.
T-5821237
Juan
Carlos Rojas Papamija
3.
T-5868440
Juan
Carlos Alba Díaz
4.
T-5842262
María
Luisa Caizamo Forastero
5.
T-5842262
Mónica
María Madrid Carmona
6.
T-5842262
José
Marino Caizamo Chami
7.
T-5842262
Juan
Bautista Hincapié Cabrera
8.
T-5842262
July
Martínez Quinto
9.
T-5875146
Yolanda
David Usuga
10.
T-5869857
Geovaldi
José Jaramillo Gómez
3.
Bajo ese escenario, la Sala abordará el análisis de los casos concretos a
partir de la conformación de tres grupos de decisión a adoptar, conforme a las
circunstancias descritas en el numeral anterior. Para tal efecto, analizará en
cada uno de ellos, los siguientes aspectos: (i) la situación fáctica puesta de
presente por los accionantes en el escrito de tutela, (ii) la decisión adoptada
por los jueces de instancia en cada uno de los asuntos, (iii) la información
suministrada por la UARIV a la Corte Constitucional respecto de la solicitud de
ayuda humanitaria radicada por los accionantes. Finalmente, anunciará la
decisión que se adoptará en relación con todos los accionantes que conforman el
respectivo grupo.
4.
El primer grupo está conformado por 25 accionantes. Respecto de ellos, la
UARIV, durante el trámite de la acción de tutela, efectuó el reconocimiento de
la ayuda humanitaria según lo informado a esta Corporación el 27 de enero de
2017, tras constatar el cumplimiento de los presupuestos para acceder a este
beneficio: (i) la condición de desplazado y (ii) no haber encontrado
condiciones de autosostenimiento.
Expediente.
Accionante. Situación fáctica
Decisiones
de instancia
Actuaciones
de la UARIV
T-5821217
Actor:
Arley Yamid Osnas Peña.
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Promiscuo de Familia de Mocoa, Putumayo.
Sentencia
del 8 de agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no respondió la acción de tutela, aplicó la presunción de
veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a lo expuesto en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “grave-grave-grave”, se
efectuó un giro por concepto de ayuda humanitaria el día 27 de septiembre de
2016.
T-5839051
Actor:
Luis Arturo Marín Orozco
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Sentencia
del 25 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencia extrema y
vulnerabilidad manifiesta” se efectuó un giro por concepto de ayuda
humanitaria el día 25 de noviembre de 2016.
T-5839056
Actor:
Orfilia Cuervo Blandón
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Sentencia
del 12 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencia extrema y
vulnerabilidad manifiesta”, efectuó un giro por concepto de ayuda
humanitaria el día 25 de noviembre de 2016.
T-5847694
Actor:
Jaminton Wisloc Lujan Monsalve.
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.
Sentencia
del 25 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias, efectuó un giro por valor de
$2.034.000.
T-5861365
Actor:
Rosalba Romero de Muñoz
La
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes, Caquetá.
Sentencia
del 6 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias, “extrema vulenarabilidad”
reconoció la ayuda humanitaria a través del giro efectuado el 30 de enero de 2017.
T-5861367
Actora:
Adiela Gómez Duran
La
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes, Caquetá.
Sentencia
del 6 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencia extrema y
vulnerabilidad manifiesta” reconoció la ayuda humanitaria a través del
giro efectuado el 25 de noviembre de 2017.
T-5868440
Actor:
Juan Carlos Alba Díaz
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan sus derechos fundamentales y que en consecuencia, se ordenara a dicha
entidad, la entrega de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Penal del Circuito de Andes, Antioquia.
Sentencia
del 14 de septiembre de 2016 que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV entregar la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias, “hace 97 días” se
efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria.
T-5875153
Actora:
Manuela Antonia Bravo Bolaños
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia.
Sentencia
del 8 de agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Teniendo
en cuenta que el resultado del proceso de medición de carencias fue carencias
extrema y vulnerabilidad, manifiesta la UARIV efectuó el giro correspondiente
a la ayuda humanitaria por cuatro meses.
T-5875236
Actora:
Carolina Caicedo Montaño
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo de Familia de Buenaventura.
Sentencia
del 27 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias, se otorgó un turno para giro
por el modelo de subsistencia mínima.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Luis Francisco Mosquera
Mosquera
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria
por cuatro meses.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Jose Delio Forastero Chamorro
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias otorgó un turno para giro por
el modelo de subsistencia mínima.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Juana Francisca Mosquera.
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciada.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad manifiesta”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda
humanitaria, el 30 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Llurley Perea Torres.
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad manifiesta”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda
humanitaria el 25 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Milena Ortiz González
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria
el 25 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Isarama Jaramillo Forastero.
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria,
el 29 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Jhon Freddy Gaviria Serna
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, otorgó un turno para giro por el modelo de subsistencia
mínima.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Marlen Jhoana Bejarano
Quiñonez
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la
ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, otorgó un turno para giro en el modelo de subsistencia
mínima.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Carmen Elena Hurtado
Navarrete
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, otorgó un turno para giro por seis meses en el modelo de
subsistencia mínima.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Isabelito Torres López
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria,
el 25 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de María Sinfloriana Palacios
García.
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos mínimos
que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, efectuó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria,
el 25 de noviembre de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de María Francisca Arroyo
Oscar
Eduardo Mosquera García, personero municipal de Quibdó, Chocó, solicitó a la
UARIV que entregara los componentes de la ayuda humanitaria a su agenciado.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se ampara sus derechos
fundamentales y, que en consecuencia, se ordenara a dicha entidad, la entrega
de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias “carencias extrema y
vulnerabilidad”, el 28 de noviembre de 2016, efectuó el giro
correspondiente a la ayuda humanitaria por cuatro meses.
T-5875144
Actora:
Yenny Carolina Morelo Aluna y otros.
La
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan sus derechos fundamentales y que en consecuencia, se ordenara a dicha
entidad, la entrega de la ayuda humanitaria.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia.
Sentencia
del 8 de agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme al
resultado del proceso de medición de carencias, “carencias extrema
y vulnerabilidad manifiesta, el 31 de agosto de 2016 efectuó el giro
correspondiente a la ayuda humanitaria por cuatro meses.
T-5869858
Actor:
Javier Humberto Guevara Galvis
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda humanitaria.
Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud, razón por la
cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se amparan los
derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se ordenara a dicha
entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de oralidad de Valledupar, Cesar
Sentencia
del 1º de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional frente a este
caso, que “no presenta trámite de atención humanitaria”. Sin embargo,
obra en el expediente un escrito en que la entidad accionada respondió la
tutela en forma extemporánea indicando que se asignó un turno para cobro para
el día 26 de julio de 2016. Asimismo, señaló que esta respuesta fue
notificada al accionante a través de correo certificado el 28 de julio de
2016.
T-5869860
Actora:
Diana Elena Pérez Castilla
El
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar, Cesar.
Sentencia
del 19 de julio de 2016 que concede el amparo de los derechos fundamentales
al mínimo vital y vida digna.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional frente a este
caso, que “no presenta trámite de atención humanitaria”. Sin embargo,
obra en el expediente un escrito en el que la entidad accionada respondió la
tutela en forma extemporánea, indicando que se asignó un turno para cobro
para el día 10 de agosto de 2016. Asimismo, señaló que esta respuesta fue
notificada al accionante a través de correo certificado el 13 de agosto de
2016.
T-5869873
Actora:
Martha Judith Torres Carrillo.
La
accionante solicitó a la UARIV la entrega de los componentes de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no resolvió dicha solicitud,
razón por la cual formuló acción de tutela, con el propósito de que se
amparan los derechos fundamentales invocados y, que en consecuencia, se
ordenara a dicha entidad entregar la ayuda humanitaria.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar.
Sentencia
del 29 de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En la
medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que conforme
al resultado del proceso de medición de carencias, el 5 de marzo de 2016 se
entregó el giro correspondiente a la ayuda humanitaria.
Conclusiones
y decisión que se adoptará
4.1.
A partir de la anterior información, la Sala observa que respecto de este
primer grupo de accionantes, la UARIV efectuó el proceso de medición de
carencias y con base en el mismo, constató que sus respectivos hogares
presentaban “carencias extremas y vulnerabilidad manifiesta”. En
consecuencia, la entidad accionada entregó la ayuda humanitaria solicitada por
los accionantes.
4.2.
Por lo anterior, la Sala advierte que en torno a los accionantes que conforman este
primer grupo, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en
la medida que durante el trámite de las respectivas acciones de tutela,
desaparecieron las circunstancias que dieron origen a las mismas, en razón a la
satisfacción de la pretensión de los accionantes. En tal sentido, un
pronunciamiento sobre la vulneración de los derechos invocados en las acciones
tutela respectivas, carece de efecto útil dado que bajo esas nuevas condiciones,
no existe una orden a impartir ni un perjuicio que evitar.
4.3.
En todo caso, la Sala considera importante efectuar el siguiente análisis en
torno a los fallos de tutela que se revisan en este grupo de expedientes:
4.3.1.
La Sala evidencia que al momento de proferir el fallo de primera instancia, no
se encontraban acreditados en los expedientes respectivos, los presupuestos que
habilitaban a los accionantes para acceder al reconocimiento de la ayuda
humanitaria en etapa de transición, los cuales, de acuerdo con lo desarrollado
en el marco teórico de esta providencia (supra fundamento jurídico No. 4),
radican en la acreditación: (i) de la condición de desplazado y (ii) que no se
ha superado la situación de vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Sin
embargo, el juez de instancia concluyó que los accionantes cumplían los
mencionados requerimientos, pues en la medida que la entidad accionada no
respondió el escrito de tutela, el juez de instancia aplicó el principio de
veracidad sobre los hechos narrados por los accionantes, conforme a lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Frente
a lo anterior, aun cuando la Sala admite que los jueces de tutela están sujetos
a un término muy breve para adoptar una decisión de fondo y, que dentro del
mismo, no es posible desarrollar un periodo probatorio estricto y riguroso, ello
mismo no justifica, que para efectos de adoptar una decisión de fondo, pueda
omitir su deber de verificar los hechos narrados en la tutela.
Ahora
bien, tal como quedó establecido en el marco teórico de esta providencia (supra
fundamento jurídico 6), si bien el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991
habilita al juez constitucional para aplicar la presunción de veracidad
respecto de los hechos narrados en el escrito de la tutela, en el evento en que
la entidad accionada guarde silencio durante el respectivo trámite, tal circunstancia
no habilita al juez constitucional para que, bajo ese presupuesto, pueda
adoptar una decisión sin alcanzar el convencimiento necesario, en torno a si
existió o no la vulneración de los derechos fundamentales objeto de la acción
de amparo.
Concretamente,
en los casos bajo análisis, teniendo en cuenta que estamos frente a solicitudes
de ayuda humanitaria en etapa de transición, pues en todos los casos que
conforman este grupo, los desplazamientos ocurrieron hace más de un año, en
virtud de su labor probatoria, a los jueces de instancia les asistía el deber
de practicar las pruebas pertinentes y necesarias a fin de alcanzar la certeza
respecto del cumplimiento de los presupuestos que permiten acceder a ese
beneficio, tales como: (i) la condición de desplazamiento y (ii) que permanecen
las condiciones de extrema vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Sin
embargo esto no ocurrió, pues los jueces de instancia profirieron sentencias en
las que se concedió el amparo solicitado por los accionantes, sin elementos
suficientes que evidenciaran la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
el cual se configuraría en este caso, al comprobar que la UARIV negó la ayuda
humanitaria a los actores, pese a que no han superado la situación de
vulnerabilidad extrema producto del desplazamiento forzado dado que no han
encontrado condiciones de autosostenimiento. De esta manera, omitieron el deber
de alcanzar la veracidad de las causas de la vulneración de los derechos
fundamentales respecto de los cuales los accionantes reclamaron su amparo.
Con
todo, teniendo en cuenta que en razón a que la UARIV accedió a las pretensiones
de los accionantes, tras constatar el cumplimiento de los presupuestos para tal
efecto, ya enunciados, la Sala Novena de Revisión confirmará las decisiones
proferidas por los jueces de instancia en lo pertinente a la ayuda humanitaria,
pero por las razones aquí expuestas, es decir, porque se ha encontrado que los
accionantes que conforman este grupo no han encontrado condiciones de
autosostenimiento.
4.3.2.
De otra parte, teniendo en cuenta que en todos estos casos, los accionantes
afirmaron que radicaron ante la UARIV una solicitud a la ayuda humanitaria, sin
obtener respuesta de la misma, la Sala considera necesario analizar la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Al
respecto, es importante precisar que aun cuando los accionantes señalaron que
radicaron ante la UARIV una petición de ayuda humanitaria, los jueces de
instancia no establecieron órdenes dirigidas a materializar el amparo de este
derecho. En contraste, para la Sala este derecho sí fue desconocido por la
entidad accionada en virtud del siguiente análisis:
En
primer lugar, es necesario señalar que la UARIV ha dispuesto distintos canales
de comunicación para elevar las peticiones de ayuda humanitaria ya sea en forma
verbal o escrita, tales como: chat, línea telefónica, atención directa en las
instalaciones de la entidad. De acuerdo con ello, en muchos casos, no se
encuentra acreditada la radicación del derecho de petición, lo que dificulta el
análisis de la vulneración de este derecho, en la medida que no se conoce la
fecha de radicación y tampoco si esta se presentó en forma clara y expresando
una dirección de notificación.
No
obstante, para la Sala resulta claro que la UARIV conoció las pretensiones de
los accionantes en torno a la entrega de la ayuda humanitaria, toda vez que
efectuó un proceso de medición de carencias como lo informó a la Corte
Constitucional el 27 de enero de 2017. Ello ocurrió, a través de la solicitud
formulada por el accionante o porque a través de la acción de tutela que le fue
notificada por el juez de instancia, pudo conocer el alcance de esa petición.
Estas
circunstancias, para la Sala, resultan suficientes para acreditar el deber de
la entidad accionada de poner en marcha la actividad administrativa tendiente a
resolver la petición de ayuda humanitaria. No obstante, frente a ello, es
preciso señalar que no se encuentra acreditado en el expediente, que la
información suministrada por la UARIV el 27 de enero de 2017 haya sido
notificada a los accionantes, lo que permite evidenciar que la vulneración al
derecho fundamental de petición no se ha superado. Tal hecho, resulta particularmente
relevante en el presente caso, si se considera que tal como lo sostiene la
propia UARIV, la solicitud de ayuda humanitaria se resuelve a través de un acto
administrativo que puede ser controvertido por vía administrativa e incluso
judicial y por ello mismo, aunque en estos casos la decisión fue afirmativa,
debe brindarse a los accionantes la posibilidad de controvertirla en el evento
que no estén de acuerdo con los componentes de ayuda humanitaria reconocido por
la entidad accionada.
De
acuerdo con ello, para la Sala resulta claro que al margen de lo que sucedió
después de que se profirió el respectivo fallo de instancia, la decisión que
correspondió adoptar ha debido encaminarse a proteger el derecho de petición
ordenando a la UARIV que respondiera de fondo la solicitud de ayuda humanitaria
a los peticionarios y en caso de que esto ni fuese posible, informara la fecha
probable en la que lo haría.
4.3.3.
En el marco de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión concederá el amparo del
derecho de petición. En consecuencia, ordenará a la UARIV que, si no lo ha
hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
comunique a los accionantes la decisión que adoptó frente a la solicitud de
ayuda humanitaria, brindando la posibilidad de controvertirla a través de los
recursos administrativos procedentes y de las herramientas jurídicas
establecidas en el ordenamiento jurídico para tal efecto.
5.
El segundo grupo se encuentra conformado por 23 accionantes. Respecto de
ellos, los jueces de instancia concedieron el amparo de los derechos fundamentales
invocados, y en consecuencia, ordenaron a la UARIV entregarles los componentes
de la ayuda humanitaria. Sin embargo, de acuerdo con la información
suministrada por la entidad accionada a esta Corporación el 27 de enero de
2017, ninguno de los accionantes presenta las condiciones de “carencia o
extrema vulnerabilidad” que les permita acceder a la ayuda humanitaria en
la medida que los mismos han encontrado condiciones de autosostenimiento.
Expediente.
Accionante. Situación fáctica
Decisiones
de instancia
Actuaciones
de la UARIV
T-5821239
Actora:
Gloria Margoth Becerra Bravo.
La
accionante, de 38 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó en su escrito, que es víctima del desplazamiento forzado, sin
referirse a aspectos concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo
dicha circunstancia y tampoco a sus condiciones económicas actuales.
Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Mocoa, Putumayo.
Sentencia
del 13 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro del mes siguiente
a la notificación de esa providencia, entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional frente a este
caso, que “una vez finalizado el proceso de medición del hogar arroja como
resultado NO CARENCIA por existir fuentes de generación de ingresos”, por
lo tanto, informó que mediante acto administrativo debidamente motivado
suspendió la ayuda humanitaria a la accionante.
T-5839055
Actora:
Isabel Herrera Ruiz
La
accionante, de 58 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado por hechos ocurridos “el
año 1999”.
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Sentencia
del 12 de julio de 2016, que concedió el amparo solicitado por la accionante
y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del respectivo fallo entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,
advirtiendo su condición de carencia extrema, a partir del puntaje obtenido
en la encuesta del Sisben correspondiente a 9.9.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que “una
vez finalizado el proceso de medición del hogar arroja como resultado NO
CARENCIA por existir fuentes de generación de ingresos”.
T-5839057
Actora:
Yolanda Valencia Ríos
La
accionante, de 36 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó
que es víctima del desplazamiento forzado por hechos ocurridos “el año
2003”.
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Sentencia
del 29 de junio de 2016, que concedió el amparo solicitado por la accionante
y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del respectivo fallo entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, advirtiendo
su condición de carencia extrema, a partir del puntaje obtenido en la
encuesta del Sisben correspondiente a 20.06 y, de la comunicación telefónica
con la accionante, en la que manifestó que su subsistencia depende del
subsidio de familias en acción equivalente a $250.000 que percibe cada dos
meses y de la remuneración por oficios varios que desempeña cuando se
presenta la oportunidad.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional, que “una
vez finalizado el proceso de medición del hogar arroja como resultado NO
CARENCIA por existir fuentes de generación de ingresos”.
T-5859090
Actora:
Luz Helena Chavarría Gil
La
accionante, de 45 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó
que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos concretos
de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y tampoco sus
condiciones actuales.
Juzgado
Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello, Antioquia.
Sentencia
del 19 de julio de 2016 que concedió el amparo solicitado por la accionante
y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que “de manera inmediata” entregara
la ayuda humanitaria hasta que se garantizara “la transición a soluciones
socioeconómicas duraderas y, por lo tanto, se constate un cese de condiciones
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta”.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional frente a este
caso, que “una vez finalizado el proceso de medición del hogar arroja como
resultado NO CARENCIA por existir fuentes de generación de ingresos”.
T-5869855
Actora:
Didier Rosa Pérez Ayala
La
accionante, de 54 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó
que es víctima del desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 17 de enero
de 1998.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar, César.
Sentencia
del 22 de julio de 2016 que concedió el amparo solicitado por la accionante
y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de aquella providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: el juez de instancia consideró que, en este caso, se cumplían los
presupuestos mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda
humanitaria en etapa de transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la
situación de extrema vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional frente a este
caso, que “no existen carencias que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo”.
T-5869869.
Actora:
Carmen Rosa Ortiz Geniz
La
accionante, de 43 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos
concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y
tampoco a sus condiciones actuales.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar, César.
Sentencia
del 17 de junio de 2016 que concedió el amparo solicitado por la accionante
y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de aquella providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que se
efectuó el proceso de medición de carencias y se determinó que el hogar no
presenta carencias. Ello, teniendo en cuenta que el 17 de noviembre de 2005
fue entregado un subsidio de vivienda.
De
otra parte, obra en el expediente escrito de fecha 5 de julio de 2016,
aportado por la entidad accionada al Juzgado de instancia, en el que se le
informa a la señora Ortiz Genis que cumple con los presupuestos para acceder
al reconocimiento de la indemnización administrativa y, que este beneficio
será entregado conforme a los criterios de priorización establecidos en el
Decreto 1084 de 2015.
T-5874991
Actor:
Álvaro Sandoval Jiménez
El
accionante, de 62 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos
concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y
tampoco sus condiciones actuales.
Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Florencia, Caquetá.
Sentencia
del 1º de agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional, que se efectuó
el proceso de medición de carencias y a partir del resultado del mismo se
determinó que el hogar no presenta carencias. Ello, dado que el 12 de
diciembre de 2014 le fue entregada una vivienda a través de los programas
coordinados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Asimismo, en
relación con el componente de alimentación, señaló que a través de diferentes
fuentes de caracterización con que cuenta la unidad, se logró constatar la
frecuencia y variedad del consumo de alimentos.
T-5875142
Actor:
Luis Alberto Padilla Machado
El
accionante, de 64 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado. Refirió, que se encuentra
en situación de desplazamiento forzado desde el año 1994, cuando tuvo que
salir de la vereda El Tomate del Municipio de Chigorodó, Antioquia, producto
de las amenazas de grupos armados al margen de la ley.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 16 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella
providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que suspendió
la ayuda humanitaria en razón a que se encontró que “algunos integrantes”
del núcleo familiar tienen capacidad productiva para generar ingresos y
cubrir sus necesidades básicas.
T-5875143
Actor:
Elkis Enrique González García
El
accionante, de 49 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado. Refirió, que se encuentra
en situación de desplazamiento forzado por hechos ocurridos en la vereda Los
Coquitos, del Municipio de Turbo, Antioquia.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 16 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella
providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia consideró que, en este caso, se cumplían los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que mediante
acto administrativo debidamente motivado se suspendió la ayuda humanitaria en
razón a que, tras efectuar el proceso de medición logró determinar que el
hogar no presenta carencias por existir fuente de generación de ingresos.
T-5875149
Actor:
David Arango
El
accionante, de 64 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó
que es víctima del desplazamiento forzado. Refirió, que su desplazamiento
ocurrió en el año 1989 y que la declaración la efectuó en el año 2013.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 10 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella
providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que mediante
acto administrativo debidamente motivado se suspendió la ayuda humanitaria en
razón a que, tras efectuar el proceso de medición logró determinar que el
hogar no presenta carencias por existir fuente de generación de ingresos.
T-5875151
Actora:
Luz Daris Navarro Mestra
La
accionante, de 38 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos
concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y
tampoco a sus condiciones actuales.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 11 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella
providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de
vulnerabilidad extrema producto del desplazamiento forzado, no se ha superado
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó
el proceso de medición de carencias y a partir del resultado del mismo, determinó
que no existen circunstancias que inhabiliten a los integrantes del hogar
para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
T-5875152
Actora:
Edith Villadiego Dangond
La
accionante, de 59 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado por hechos ocurridos en el
año 1996, en la vereda El Cerrito del Municipio de Turbo, Antioquía. De la
misma manera, con el escrito de tutela la accionante aportó una conversación
telefónica establecida con un funcionario de la entidad accionada el 25 de
julio de 2016 en la que se le informa que “no tiene derecho a las ayudas
humanitarias ya que está en un proceso de indemnización y su
desplazamiento fue en el año 1996 y por lo tanto tiene más de
10 años de haberse desplazado”.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 3 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó
el proceso de medición de carencias y a partir del resultado del mismo, determinó
que no existen circunstancias que inhabiliten a los integrantes del hogar
para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
T-5875155
Actora:
Sirlen Saray Sáez Martínez
La
accionante, de 36 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 15
de febrero de 1996 en el Municipio de Mutatá, Antioquia. Asimismo, aportó con
el escrito de tutela una conversación vía internet entre la accionante y una
funcionaria de la UARIV en la que frente a su solicitud de ayuda humanitaria
se le informa lo siguiente: “en este momento no contamos con disponibilidad
de cupos para su agendamiento PAARI, le solicitamos que se comunique (…) en
el transcurso de la semana para poder atender su solicitud”.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 10 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la
UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella
providencia entregara la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
Para
tal efecto, en la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela,
aplicó la presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante
conforme a lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó el
proceso de medición, y a partir del resultado del mismo, determinó que el
hogar no presenta carencias, por existir fuentes de generación de ingresos y
por lo tanto se suspendió la entrega de la ayuda humanitaria.
T-5875156
Actora:
Arlet María Fernández
La
accionante, de 50 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos
concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y
tampoco, a sus condiciones actuales.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 9 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó el
proceso de medición, y a partir del resultado del mismo, determinó que el
hogar no presenta carencias, teniendo en cuenta que la accionante afirmó ser
propietaria de una vivienda y se evidenció que en el hogar existen
integrantes con capacidad productiva para la generación de ingresos.
T-5875159
Actora:
Ana Gludis Chima Padilla
La
accionante, de 28 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 21
de diciembre de 2005 en el Municipio de Tarasá, Antioquia.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 9 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó el
proceso de medición, y a partir del resultado del mismo, determinó que el
hogar no presenta carencias, teniendo en cuenta que la accionante afirmó ser
propietaria de una vivienda y se evidenció que en el hogar existen
integrantes con capacidad productiva para la generación de ingresos.
T-5875150.
Actora:
Sindy Vanesa Anaya Pérez
La
accionante, de 23 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó
que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos concretos
de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y tampoco a sus
condiciones actuales
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 9 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó el
proceso de medición, y a partir del resultado del mismo, determinó que el
hogar no presenta carencias, teniendo en cuenta que la accionante afirmó ser
propietaria de una vivienda y evidenció que en el hogar existen integrantes
con capacidad productiva para la generación de ingresos.
T-5842262
Accionantes:
Carlos José Mosquera Quinto, Julio Miguel Herazo Fernández, Serafina
Palacios Pacheco, Lila Ibarguen Castillo
Oscar
Eduardo Mosquera García personero Municipal de la Unión Panamericana, Chocó,
actuando en representación de las mencionadas personas, formuló acción de
tutela contra la UARIV por considerar vulnerados los derechos fundamentales
de sus agenciados. Informó, que el 30 de abril de 2015 formuló una petición a
la entidad accionada a fin de que se reconociera, en favor de los
accionantes, las ayudas humanitarias a las que tienen derecho en razón a la
situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran. Señaló, que el
25 de junio de 2015 la entidad accionada respondió la solicitud condicionando
la entrega de la ayuda humanitaria a la realización de la encuesta PAARI.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Chocó
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de los 15 días siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV efectuó un pronunciamiento en relación con la
situación de cada uno de los accionantes de la referencia la cual coincide
para los cuatro casos. Concretamente, señaló que efectuó el proceso de
medición y a partir del resultado del mismo, determinó que el hogar no
presenta carencias, teniendo en cuenta que se evidenció que en el hogar
existen integrantes con capacidad productiva para la generación de ingresos.
T-5875147
Accionante:
José de la Cruz Córdoba Henao
El
accionante, de 28 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, por hechos ocurridos en el
Municipio de Chigorodó, Antioquia. De la misma manera, con el escrito de
tutela, aportó copia de una conversación establecida con un funcionario de la
UARIV el 28 de junio de 2016, quien frente a la solicitud de ayuda
humanitaria le informó lo siguiente: “usted no tiene derecho a las ayudas
humanitarias ya que tiene más de 10 años de haberse desplazado”.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia
Sentencia
del 9 de agosto de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV informó a esta Corporación, que a través del
Sistema Nacional de la Educación Superior SINES y las demás fuentes de
información con las que cuenta la entidad accionada, se determinó que el
señor Córdoba Henao cursó estudios de educación técnica “lo que le permite
contar con capacidades, formación de capital humano y estrategias de
afrontamiento frente a su propia situación, para mejorar su empleabilidad y
acceder a fuentes de generación de ingreso que le permitan proveer su
autosostenimiento y contribuir total o parcialmente a cubrir los componentes
de alojamiento temporal y alimentación de subsistencia mínima de su hogar”.
Adicionalmente, señaló que el 15 de febrero de 2002 le fue adjudicado un
subsidio de vivienda lo que le ha permitido alcanzar condiciones
habitacionales.
T-5854902
Actora:
María Rosmira Castrillón Usuga
La
accionante, de 50 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos
concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y
tampoco a sus condiciones actuales.
Juzgado
Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello, Antioquia
Sentencia
del 21 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El 27
de enero de 2017, la UARIV efectuó un pronunciamiento en relación con la
situación de cada uno de los accionantes de la referencia la cual coincide
para los cuatro casos. Concretamente, señaló que efectuó el proceso de
medición y a partir del resultado del mismo, determinó que el hogar no
presenta carencias, teniendo en cuenta que se evidenció que en el hogar
existen integrantes con capacidad productiva para la generación de ingresos.
T-5839052
Accionante:
Laura Rosa Montes de Pérez.
La
accionante, de 66 años de edad, solicitó a la UARIV la entrega de los
componentes de ayuda humanitaria. Sin embargo, la entidad accionada no
respondió esta petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el
objeto de obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto,
afirmó que es víctima de la violencia producto del desplazamiento forzado,
sin referirse a aspectos concretos de tiempo, modo y lugar en que se produjo
dicha circunstancia y tampoco a sus condiciones actuales.
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Sentencia
del 25 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Advirtió su condición
de carencia extrema, a partir del puntaje obtenido en la encuesta del Sisben
correspondiente a 35.82, lo que la ubica “por debajo de la línea de
pobreza”.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que efectuó
el proceso de medición y a partir del resultado del mismo, determinó que el
hogar no presenta carencias, teniendo en cuenta que se evidenció que en el
hogar existen integrantes con capacidad productiva para la generación de
ingresos.
En
relación con lo anterior obra en el expediente copia de la resolución No
0600120460401253 de 2016[41]
en la que se dispuso la suspensión de la ayuda humanitaria a la accionante,
por cuanto se constató que superó la situación de vulnerabilidad producto del
desplazamiento forzado y ha logrado adquirir una vivienda.
Conclusiones
y decisiones que se adoptarán
5.1.
En relación con este segundo grupo, La Sala evidencia que al momento de
proferir el fallo de primera instancia, no se encontraban acreditados en los
expedientes respectivos, los presupuestos que habilitaban a los accionantes
para acceder al reconocimiento de la ayuda humanitaria en etapa de transición,
los cuales, de acuerdo con lo desarrollado en las consideraciones de esta
providencia (supra fundamento jurídico No. 4), radican en la
acreditación: (i) de la condición de desplazado y (ii) que no se ha superado la
situación de vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Sin
embargo, teniendo en cuenta que la entidad accionada no respondió la tutela, el
juez de instancia aplicó el principio de veracidad sobre los hechos narrados
por los actores en el escrito de tutela, conforme a lo establecido en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y, a partir de esa circunstancia, concluyó
que los accionantes cumplían los mencionados requerimientos.
Frente
a lo anterior, aun cuando la Sala admite que los jueces de tutela están sujetos
a un término muy breve para adoptar una decisión de fondo y que dentro del
mismo, no es posible desarrollar un periodo probatorio estricto y riguroso, ello
no justifica, que para efectos de adoptar una decisión de fondo, pueda omitir
su deber de verificar los hechos narrados en la tutela.
Ahora
bien, tal como quedó establecido en los fundamentos jurídicos de esta
providencia (supra fundamento jurídico 6), si bien el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 habilita al juez constitucional para aplicar la presunción
de veracidad respecto de los hechos narrados en el escrito de la tutela, en el
evento en que la entidad accionada guarde silencio durante el respectivo
trámite, tal circunstancia no habilita al juez constitucional para que, bajo
ese presupuesto, pueda adoptar una decisión sin alcanzar el convencimiento
necesario, en torno a si existió o no la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de la acción de amparo.
Concretamente,
en los casos bajo análisis, teniendo en cuenta que estamos frente a solicitudes
de ayuda humanitaria en etapa de transición, pues en todos los casos que
conforman este grupo, los desplazamientos ocurrieron hace más de un año, en
virtud de su labor probatoria, a los jueces de instancia les asistía el deber
de practicar las pruebas pertinentes y necesarias a fin de alcanzar la certeza
respecto del cumplimiento de los presupuestos que permiten acceder a ese
beneficio, tales como: (i) la condición de desplazamiento y (ii) que permanecen
las condiciones de extrema vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
Sin
embargo esto no ocurrió, pues los jueces de instancia profirieron sentencias en
las que se concedió el amparo solicitado por los accionantes, sin elementos
suficientes que evidenciaran la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, el cual se configuraría en este caso, al comprobar que la UARIV negó
la ayuda humanitaria a los actores, pese a que no han superado la situación de
vulnerabilidad extrema producto del desplazamiento forzado dado que no han
encontrado condiciones de autosostenimiento. De esta manera, omitieron el deber
de alcanzar la veracidad de las causas de la vulneración de los derechos
fundamentales respecto de los cuales los accionantes reclamaron su amparo.
5.2.
Ahora bien, en sede de revisión, la Corte Constitucional acreditó que los
accionantes hacen parte de la población desplazada, a través de la información
suministrada por la UARIV que da cuenta que aquellos se encuentran inscritos en
el RUV. De esta manera, entiende que los accionantes cumplen el primer
presupuesto para ser beneficiarios de la ayuda humanitaria: ser desplazado.
Sin
embargo, la entidad accionada también informó a esta Corporación, que a través
del proceso de medición de carencias se comprobó que los accionantes encontraron
condiciones de autosostenimiento que les han permitido garantizar su subsistencia.
Por lo tanto, teniendo en cuenta tal circunstancia, la Sala evidencia que los
accionantes no acreditan el otro requisito establecido en el ordenamiento
jurídico para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de transición, en la
medida que superaron la situación de vulnerabilidad originada por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
5.3.
De otra parte, teniendo en cuenta que en todos estos casos, los accionantes
afirmaron que radicaron ante la UARIV una solicitud a la ayuda humanitaria, sin
obtener respuesta de la misma, la Sala considera necesario analizar la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Al
respecto, es importante precisar que aun cuando los accionantes señalaron que
radicaron ante la UARIV una petición de ayuda humanitaria, los jueces de
instancia no establecieron órdenes dirigidas a materializar el amparo de este
derecho (excepto en los expedientes T-5821239 y T-5874991). En
contraste, para la Sala este derecho sí fue desconocido por la entidad
accionada en virtud del siguiente análisis:
En
primer lugar, es necesario señalar que la UARIV ha dispuesto distintos canales
de comunicación para elevar las peticiones de ayuda humanitaria ya sea en forma
verbal o escrita, tales como: chat, línea telefónica, atención directa en las
instalaciones de la entidad. De acuerdo con ello, en muchos casos, no se
encuentra acreditada la radicación del derecho de petición, esto dificulta el
análisis de la vulneración de este derecho, en la medida que no se conoce la
fecha de radicación y tampoco si esta se presentó en forma clara y expresando
una dirección de notificación.
Sin
embargo, para la Sala resulta claro que la UARIV conoció las pretensiones de
los accionantes en torno a la entrega de la ayuda humanitaria, toda vez que efectuó
un proceso de medición de carencias como lo informó a la Corte Constitucional
el 27 de enero de 2017. Ello ocurrió, a través de la solicitud formulada por el
accionante o porque a través de la acción de tutela que le fue notificada por
el juez de instancia, pudo conocer el alcance de esa petición.
Estas
circunstancias, para la Sala, resultan suficientes para acreditar el deber de
la entidad accionada de poner en marcha la actividad administrativa tendiente a
resolver la petición de ayuda humanitaria.
Por
lo tanto, para la Sala resulta claro que al margen de lo que sucedió después de
que se profirió el respectivo fallo de instancia, la decisión que correspondió
adoptar ha debido encaminarse a proteger el derecho de petición ordenando a la
UARIV que respondiera de fondo la solicitud de ayuda humanitaria a los peticionarios
y en caso de que esto no fuese posible, informara la fecha probable en la que
lo haría.
Con
todo, es preciso señalar que no se encuentra acreditado en el expediente que la
información suministrada por la UARIV el 27 de enero de 2017, haya sido
notificada a los accionantes, lo que permite evidenciar que la vulneración al
derecho fundamental de petición no se ha superado. Tal hecho, resulta
particularmente relevante en el presenta caso, si se considera que tal como lo
sostiene la propia UARIV, la solicitud de ayuda humanitaria se resuelve a
través de un acto administrativo que puede ser controvertido por vía
administrativa e incluso judicial.
En
consecuencia, la Sala Novena de Revisión concederá el amparo del derecho de
petición y en los expedientes T-5821239 y T-5874991 confirmará la decisión adoptada
en este mismo sentido. En consecuencia, ordenará a la UARIV que, si no lo ha
hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
comunique a los accionantes la decisión que adoptó frente a la solicitud de
ayuda humanitaria, brindando la posibilidad de controvertirla a través de los
recursos administrativos procedentes y de las herramientas jurídicas
establecidas en el ordenamiento jurídico para tal efecto.
6.
El tercer grupo se encuentra conformado por 9 accionantes quienes
afirmaron en los respectivos escritos de tutela que formularon a la UARIV petición
de ayuda humanitaria, sin que a la fecha en la que interpusieron la respectiva
acción de tutela hubiesen recibido una respuesta de fondo. En contraste, la
entidad accionada informó a esta Corporación que no encontró trámite de ayuda
humanitaria respecto de estas personas.
Expediente.
Accionante. Situación fáctica
Decisiones
de instancia
Actuaciones
de la UARIV
T-5821237
Actor:
Juan Carlos Rojas Papamija
El
accionante, de 40 años de edad, señaló que radicó un derecho de petición[42] ante la UARIV con el
objetivo de que se realizará el proceso de caracterización del hogar y de
acuerdo con ello, se efectuara una prórroga de la ayuda humanitaria. Para tal
efecto, pidió que se le informara una fecha probable en la que se entregaría
dicho beneficio. Sin embargo, la entidad accionada no respondió esta
petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el objeto de
obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, afirmó que es
víctima del desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos concretos de
tiempo, modo y lugar en que se produjo dicha circunstancia y tampoco a sus
condiciones actuales
Juzgado
Promiscuo de Familia de Mocoa, Putumayo mediante
Sentencia
del 13 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
del mes siguiente a la notificación de aquella providencia entregara la ayuda
humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que el
accionante “no presenta trámite de atención humanitaria”.
T-5842262
Accionantes:
María Luisa Caizamo Forastero, Mónica María Madrid Carmona, José Marino
Caizamo Chami, Juan Bautista Hincapié Cabrera y July Martínez Quinto.
Oscar
Eduardo Mosquera García personero Municipal de la Unión Panamericana, Chocó,
actuando en representación de las mencionadas personas, formuló acción de
tutela contra la UARIV por considerar vulnerados los derechos fundamentales
de sus agenciados. Informó, que formuló una petición a la entidad accionada a
fin de que se reconociera en favor de sus agenciados, las ayudas humanitarias
a las que tienen derecho en razón a la situación de desplazamiento forzado en
la que se encuentran sus agenciados. Señaló, que el 25 de junio de 2015 la
entidad accionada respondió la solicitud condicionando la entrega de la ayuda
humanitaria a la realización de la encuesta PAARI.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Chocó
Sentencia
del 6 de agosto de 2015 que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de los 15 días siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) que la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado, no se ha superado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó respecto de los accionantes lo
siguiente: “no presentan trámite de atención humanitaria”.
En
relación con July Martínez Quinto, informó que no se encuentra inscrita en el
RUV.
T-5875146
Actora:
Yolanda David Usuga
La
accionante, de 35 años de edad, adujo que solicitó ante la UARIV la entrega
de la ayuda humanitaria y que la entidad accionada no respondió esta
petición. En razón a ello, formuló una acción de tutela con el objeto de
obtener el reconocimiento de este beneficio. Para tal efecto, aportó copia de
una conversación sostenida con una funcionaria de la UARIV el 26 de julio de
2016 quien le informa a la accionante, que en ese momento no había turnos
disponibles para “el agendamiento PAARI” y que por lo tanto, debía
comunicarse en el transcurso de esa semana. Afirmó, que es víctima del
desplazamiento forzado, sin referirse a aspectos concretos de tiempo, modo y
lugar en que se produjo dicha circunstancia y tampoco a sus condiciones
actuales.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia Sentencia del 3 de agosto de
2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el
accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de aquella providencia entregara la ayuda
humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema vulnerabilidad
producto del desplazamiento forzado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó a la Corte Constitucional que la
accionante “no presenta trámite de atención humanitaria”.
T-5869857
Actor:
Geovaldi José Jaramillo Gómez.
El accionante,
de 46 años de edad, adujo que solicitó ante la UARIV la entrega de la ayuda
humanitaria y que la entidad accionada no respondió esta petición. En razón a
ello, formuló una acción de tutela con el objeto de obtener el reconocimiento
de este beneficio. Para tal efecto, afirmó en su escrito, que es víctima de
la violencia producto del desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 1º
de enero de 1999.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar.
Sentencia
del 22 de julio de 2016, que concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de aquella providencia entregara
la ayuda humanitaria.
El
juez de instancia analizó brevemente el cumplimiento de los presupuestos
mínimos que deben acreditarse para acceder a la ayuda humanitaria en etapa de
transición: (i) la condición de desplazado y (ii) la situación de extrema
vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado.
En
la medida que la UARIV no dio respuesta a la acción de tutela, aplicó la
presunción de veracidad de los hechos señalados por la accionante conforme a
lo expuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El
27 de enero de 2017, la UARIV informó respecto de los accionantes lo
siguiente “no presenta trámite de atención humanitaria”.
Conclusiones
y decisiones que se adoptarán
6.1.
En este último grupo, la Sala evidencia que al momento de proferir el fallo de
primera instancia, no se encontraban acreditados en los expedientes
respectivos, los presupuestos que habilitaban a los accionantes para acceder al
reconocimiento de la ayuda humanitaria en etapa de transición, los cuales, de
acuerdo con lo desarrollado en el marco teórico de esta providencia (supra
fundamento jurídico No. 4), radican en la acreditación: (i) de la condición
de desplazado y (ii) que no se ha superado la situación de vulnerabilidad producto
del desplazamiento forzado.
Sin
embargo, el juez de instancia concluyó que los accionantes cumplían los
mencionados requerimientos, pues en la medida que la entidad accionada no
respondió el escrito de tutela, el juez de instancia aplicó el principio de
veracidad sobre los hechos narrados por los accionantes, conforme a lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Frente
a lo anterior, aun cuando la Sala admite que los jueces de tutela están sujetos
a un término muy breve para adoptar una decisión de fondo y, que dentro del
mismo, no es posible desarrollar un periodo probatorio estricto y riguroso,
ello no justifica, que para efectos de adoptar una decisión de fondo, pueda
omitir su deber de verificar los hechos narrados en la tutela.
Ahora
bien, tal como quedó establecido en el marco teórico de esta providencia (supra
fundamento jurídico 6), si bien el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991
habilita al juez constitucional para aplicar la presunción de veracidad
respecto de los hechos narrados en el escrito de la tutela, cuando la entidad
accionada guarda silencio durante el respectivo trámite, ello no significa que
bajo ese presupuesto, pueda adoptar una decisión sin alcanzar un convencimiento
en torno a si existió o no la vulneración de los derechos fundamentales objeto
de la acción de amparo.
Concretamente,
en los casos bajo análisis, teniendo en cuenta que estamos frente a solicitudes
de ayuda humanitaria en etapa de transición, pues en todos los desplazamientos
ocurrieron hace más de un año, en virtud de su labor probatoria, los jueces de
instancia tuvieron que practicar las pruebas pertinentes y necesarias a fin de
alcanzar la certeza respecto del cumplimiento de los presupuestos que permiten
acceder a ese beneficio, tales como: (i) la condición de desplazamiento y (ii)
que permanecen las condiciones de extrema vulnerabilidad producto del
desplazamiento forzado.
Sin
embargo esto no ocurrió, pues los jueces de instancia profirieron sentencias en
las que se concedió el amparo solicitado por los accionantes, sin elementos
suficientes que permitieran el convencimiento respecto de la vulneración de sus
derechos fundamentales que se configuraría, en este caso, al comprobar que la
UARIV negó la ayuda humanitaria a los accionantes pese a que no han encontrado
condiciones de autosostenimiento. De esta manera, omitieron el deber de
alcanzar la veracidad de las causas de la vulneración de los derechos
fundamentales respecto de los cuales los accionantes reclamaron su amparo.
6.2.
En sede de revisión, la Corte Constitucional acreditó que los accionantes hacen
parte de la población desplazada, a través de la información suministrada por
la UARIV que da cuenta que aquellos se encuentran inscritos en el RUV excepto
la señora July
Martínez Quinto (expediente T-5842262). De esta
manera, entiende que los accionantes cumplen el primer presupuesto para ser
beneficiarios de la ayuda humanitaria: ser desplazado. Sin embargo, no existe
evidencia acerca de que los accionantes se encuentran en situación de vulnerabilidad
en la medida que no hubiesen encontrado condiciones que les permita el autosostenimiento.
6.3.
De otra parte, teniendo en cuenta que en todos estos casos, los accionantes
afirmaron que radicaron ante la UARIV una solicitud de ayuda humanitaria, sin
obtener respuesta de la misma, la Sala considera necesario analizar la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Es
importante señalar, que aun cuando los accionantes manifestaron que radicaron
ante la UARIV una petición de ayuda humanitaria, los jueces de instancia no
establecieron órdenes dirigidas a materializar el amparo de este derecho. En
contraste, para la Sala este derecho sí fue desconocido por la entidad
accionada en virtud del siguiente análisis:
6.3.1.
La Sala observa que la UARIV ha dispuesto distintos canales de comunicación
para elevar las peticiones de ayuda humanitaria ya sea en forma verbal o
escrita, tales como: chat, línea telefónica, atención directa en las
instalaciones de la entidad, a través de tales mecanismos de comunicación en
muchos casos, no se encuentra acreditada la radicación del derecho de petición,
esto dificulta el análisis de la vulneración de este derecho, en la medida que
no se conoce la fecha de radicación y tampoco si esta se presentó en forma
clara y expresando una dirección para efectos de la notificación de una
respuesta.
En
los expedientes que conforman este grupo, no existe evidencia de que los
accionantes hubiesen formulado la petición de ayuda humanitaria a la que hacen
referencias en los escritos de tutela, excepto en el expediente T-5875146 en el
que se aportó copia de una conversación por chat entre la actora y una
funcionaria de la UARIV que le informó que no habían citas disponibles para el
PAARI. Adicional a ello, en todos los casos, la UARIV informó que no existe
trámite respecto de la solicitud de ayuda humanitaria a la que se refieren los
accionantes.
6.3.2.
Frente a lo anterior, la Sala admite que pudo ocurrir que la UARIV no haya conocido
el alcance de la petición de ayuda humanitaria a través de la solicitud
formulada por los accionantes, sin embargo, en la medida que le fueron
notificadas las respectivas acciones de tutela, para la Sala, tal hecho resulta
suficiente para acreditar el deber de la entidad accionada de poner en marcha
la actividad administrativa tendiente a resolver la petición de ayuda
humanitaria, aun durante el trámite de la acción de tutela. Tal hecho, resulta
particularmente relevante en los expedientes que conforman este grupo, si se
considera que tal como lo sostiene la propia UARIV, la solicitud de ayuda
humanitaria se resuelve a través de un acto administrativo que puede ser
controvertido por vía administrativa e incluso judicial.
6.4.
En razón de lo expuesto, para la Sala resulta claro que la decisión que
correspondió adoptar ha debido encaminarse a proteger el derecho de petición
ordenando a la UARIV que respondiera de fondo la solicitud de ayuda humanitaria
a los peticionarios y en caso de que esto no fuese posible, informara la fecha
probable en la que lo haría.
En
el marco de lo expuesto, la Corte revocará las decisiones de instancia en lo pertinente
a la garantía del derecho a la ayuda humanitaria y en su lugar, concederá el
amparo del derecho de petición. En consecuencia, ordenará a la UARIV que dentro
de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia resuelva de
fondo la solicitud de ayuda humanitaria permitiéndole controvertir la decisión
que se adopte.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE las
sentencias proferidas por los jueces de instancia en los siguientes
expedientes, en lo pertinente con el derecho a la ayuda humanitaria por las
razones expuestas en esta providencia. DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado.  REVOCAR estas decisiones, en lo pertinente
al amparo del derecho fundamental de petición y, en su lugar CONCEDER la
tutela de este derecho. En consecuencia, ordenar a la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, si no lo ha hecho,
notifique la decisión que adoptó en torno a la petición de ayuda humanitaria
formulada por los accionantes, permitiéndoles controvertir la misma a través de
los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Expediente
Decisiones
de instancia
T-5821217
Actor:
Arley Yamid Osnas Peña
Juzgado
Promiscuo de Familia de Mocoa Putumayo. Concede el amparo de los derechos a
la vida en condiciones dignas al mínimo vital y de petición. En consecuencia
ordenó a la UARIV la entrega de la ayuda humanitaria.
Sentencia
proferida el 8 de agosto de 2016.
T-5839051
Actor:
Luis Arturo Marín Orozco
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia.
Concede
el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria al
peticionario.
Sentencia
proferida el 25 de julio de 2016.
T-5839056
Actor:
Orfilia Cuervo Blandón
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia. Concede el amparo de los derechos
fundamentales al mínimo vital y la vida digna. En consecuencia, ordenó a la
UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
Sentencia
proferida el 12 de julio de 2016
T-5847694
Actor:
Jaminton Wisloc Lujan Monsalve.
Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Concede el amparo
del derecho fundamental a la dignidad humana. En consecuencia, ordenó a la
UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
Sentencia
del 25 de julio de 2016
T-5861365
Actor:
Rosalba Romero de Muñoz
Juzgado
Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes, Caquetá. Concede amparo de
los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital. En consecuencia,
ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la peticionaria.
Sentencia
del 6 de julio de 2016.
T-5861367
Actor:
Adiela Gómez Duran
Juzgado
Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes, Caquetá.
Concede
amparo de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
Sentencia
del 6 de julio de 2016.
T-5868440
Actor:
Juan Carlos Alba Díaz
Juzgado
Penal del Circuito de Andes, Antioquia.
Concede
la protección de los derechos fundamentales de petición, dignidad humana,
vivienda digna, igualdad y mínimo vital. En consecuencia, ordenó a la UARIV
entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
Sentencia
del 14 de septiembre de 2016.
T-5875153
Actor:
Manuela Antonia Bravo Bolaños
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia.
Concede
la protección constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital.
En consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
Sentencia
del 8 de agosto de 2016.
T-5875236
Actor:
Carolina Caicedo Montaño
Juzgado
Segundo de Familia de Buenaventura.  Concede la protección constitucional de
los derechos a la vida digna y mínimo vital. En consecuencia, ordenó a la
UARIV entregar la ayuda humanitaria a la peticionaria.
Sentencia
del 27 de julio de 2016.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Luis Francisco Mosquera
Mosquera y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la peticionaria
hasta que logre su autosostenimiento. Sentencia del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de José Delio Forastero Chamorro
y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario
hasta que logre su autosostenimiento. Sentencia del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Juana Francisca Mosquera y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que logre el autosostenimiento. Sentencia del 6 de agosto
de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Llurley Perea Torres y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Milena Ortiz González y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que logre condiciones autosostenimiento. Sentencia del 6
de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Isarama Jaramillo Forastero y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de John Freddy Gaviria Serna y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que logre su autosostenimiento. Sentencia del 6 de agosto
de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Marlen Jhoana Bejarano
Quiñonez y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que logre su autosostenimiento. Sentencia del 6 de agosto
de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Carmen Elena Hurtado
Navarrete y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Isabelito Torres López y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de María Sinfloriana Palacios
García y otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5842262
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de María Francisca Arroyo y
otros.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria hasta que encuentre condiciones de autosostenimiento. Sentencia
del 6 de agosto de 2015.
T-5875144
Actor:
Personero de Quibdó, Chocó en representación de Yenny Carolina Morelo Aluna y
otros.
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia. Concede la protección
constitucional de los derechos a la vida digna y mínimo vital. En
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria. Sentencia del 8 de agosto de 2016.
T-5869858.
Actor: Javier
Humberto Guevara Galvis
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de oralidad de Valledupar que mediante sentencia
del 1º de julio de 2016 concedió el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por el actor, en consecuencia ordenó a la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esa providencia entregara la ayuda
humanitaria al señor Guevara Galvis.
T-5869860.
Accionante: Diana Elena Pérez Castilla
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar.
Sentencia
del 19 de julio de 2016 que concede el amparo de los derechos fundamentales
al mínimo vital y vida digna.
T-5869873.
Accionante: Martha Judith Torres Carrillo.
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar.
Sentencia
del 29 de julio de 2016 que concede el amparo de los derechos fundamentales
solicitado por la accionante y en consecuencia ordena la entrega de la ayuda
humanitaria.
SEGUNDO. REVOCAR
las
sentencias proferidas por los jueces de instancia en los siguientes asuntos y,
en su lugar CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición. En
consecuencia, ordenar a la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, notifique a los
accionantes respectivos, la negativa de la ayuda humanitaria solicitada,
permitiéndoles controvertir la misma a través de los recursos ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial.
Expediente
Decisiones
de instancia
T-5821239
Actor:
Gloria Margoth Becerra Bravo
Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Mocoa, Putumayo. Sentencia del 13 de
julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante y en consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria
la peticionaria.
T-5839055
Actor:
Isabel Herrera Ruiz
Juzgado
Civil del Circuito de Sonson, Antioquia. Sentencia del 13 de julio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
T-5839057
Actor:
Yolanda Valencia Ríos
Juzgado
Civil del Circuito de Sonson, Antioquia. Sentencia del 13 de julio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
T-5859090
Actor:
Luz Helena Chavarría Gil
Juzgado
Segundo Civil de oralidad del Circuito de Bello, Antioquia. Sentencia del 19
de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante y en consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria
la peticionaria.
T-5869855
Actor:
Didier Rosa Pérez Ayala
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar. Sentencia del 22 de julio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
T-5869869
Actor:
Carmen Rosa Ortiz Geniz
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar. Sentencia del 17 de junio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
T-5874991
Actor:
Álvaro Sandoval Jiménez
Juzgado
Segundo Penal del Civil del Circuito de Florencia, Caquetá. Sentencia del 1º de
agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante y en consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a
la peticionaria.
T-5875142
Actor:
Luis Alberto Padilla Machado
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 16 de agosto de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
T-5875143
Actor:
Elkis Enrique González García
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 16 de agosto de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
T-5875149
Actor:
David Arango
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 10 de agosto de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
T-5875151
Actor:
Luz Daris Navarro Mestra
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 11 de agosto de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
T-5875152
Actor:
Edith Villadiedo Dangond
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 3 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
T-5875155
Actor:
Sirlen Saray Sáez Martínez
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 10 de agosto de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
T-5875156
Actor:
Arlet  María Fernández
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 9 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la peticionaria.
T-5875159
Actor:
Ana Gludis Chima Padilla
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 9 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
T-5875150
Actor:
Sindy Vanesa Anaya Pérez
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 9 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria a la
peticionaria.
T-5842262
Actores:
Carlos José Mosquera Quinto, Julio Miguel Herazo Fernández, Serafina Palacios
Pacheco y Lila Ibarguen Castillo
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Chocó. Sentencia del 6 de
agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los
accionantes y en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda
humanitaria.
T-5875147
Actor:
José de la Cruz Córdoba Henao
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 9 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria al peticionario.
T-5854902
Actor:
María Rosmira Castrillón Usuga
Juzgado
Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello, Antioquia. Sentencia del 21
de julio de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la
accionante y en consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria
la peticionaria.
T-5839052
Actor:
Laura Rosa Montes de Pérez
Juzgado
Civil del Circuito de Sonsón, Antioquia. Sentencia del 25 de julio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria la peticionaria.
TERCERO. REVOCAR
las
sentencias proferidas por los jueces de instancia que se relacionan a
continuación y, en su lugar CONCEDER el amparo del derecho fundamental
de petición. En consecuencia, ordenar a la UARIV que dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, resuelva
de fondo las solicitudes de ayuda humanitaria y brinde la oportunidad de
controvertirlas a través de los recursos ordinarios y extraordinarios
dispuestos en el ordenamiento jurídico para tal efecto.
Expediente
Decisiones
de instancia
T-5821237
Actor:
Juan Carlos Rojas Papamija
Juzgado
Promiscuo de Familia de Mocoa, Putumayo. Sentencia del 13 de julio de 2016
que concedió el amparo de los derechos fundamentales y ordenó a la UARIV
entregar la ayuda humanitaria.
T-5842262
Accionantes:
María Luisa Caizamo Forastero, Mónica María Madrid Carmona, José Marino
Caizamo Chami, Juan Bautista Hincapie Cabrera y July Martínez Quinto.
Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, Chocó. Sentencia del 6 de
agosto de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los
accionantes y en consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda
humanitaria.
T-5875146
Accionante:
Yolanda David Usuga
Juzgado
Primero Penal del Circuito de Apartadó. Sentencia del 3 de agosto de 2016 que
concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y en
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria.
T-5869857
Actor:
Geovaldi José Jaramillo Gómez
Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar. Sentencia del 22 de julio
de 2016 que concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor y en
consecuencia, ordenó a la UARIV entregar la ayuda humanitaria.
SEGUNDO.- Cópiese,
Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado
(E)
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCIO
LOAIZA MILLIAN
Oficial
Mayor
[1] Es preciso
advertir que en algunos casos si hubo pronunciamiento pero el mismo fue
extemporáneo.
[2] Sentencias
T-719 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto se pueden consultar las
sentencias T-227 de 1997 MP Alejandro Martínez
Caballero, T-056 de 2008 MP Jaime Córdoba Triviño, T-821 de 2007 MP E Catalina
Botero Marino, T-086 de 2006 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-563 de 2005 MP
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1094 de 2004 MP Manuel José Cepeda Espinosa,
T-813 de 2004 MP E Rodrigo Uprimny Yepes, T-1346 de 2001 MP Rodrigo Escobar
Gil, , T-328 de 2007 MP Jaime Córdoba Triviño, T-1144 de 2005 MP Álvaro Tafur
Galvis, T-882 de 2005 MP Álvaro Tafur Galvis, T-563 de 2005 MP Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-985 de 2003 MP Jaime Córdoba Triviño, T-327 de 2001 MP Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-098 de 2002 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268 de
2003 MP Jaime Araujo Rentería, T-419 de 2003 MP Alfredo Beltrán Sierra, T-740
de 2004 MP Jaime Córdoba Triviño, T-006 de 2009 MP Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencia T-719
de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] MP Manuel José
Cepeda Espinosa.
[5] MP Álvaro Tafur
Galvis.
[6]MP Clara Inés
Vargas Hernández. Reiterada en la Sentencia T605 de 2008 MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[7] MP Jaime
Córdoba Triviño.
[8] Es importante
recordar que estos los instrumentos internacionales aprobados por el Congreso y
ratificados por el Gobierno Nacional, forman parte del bloque de
constitucional, en virtud de la cláusula de remisión contenida en el inciso 1
del artículo 93 de la Constitución que los vincula al ordenamiento jurídico del
País.
[9] Aprobado a través de la Ley 79 de 1968.
[10] Aprobado a
través de la Ley 16 de 1972.
[11] T-721 de 2003 MP Álvaro Tafur Galvis.
[12] T-227 de 1997
MP Alejandro Martínez Caballero. Posición reiterada en las siguientes
sentencias T-328 de 2007 MP Jaime Córdoba
Triviño, T-327 de
2001 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268 de 2003 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-025 de 2004 MP Manuel José Cepeda
Espinoza, T-740 de 2004 MP Jaime
Córdoba Triviño, T-1094 de 2004 MP Manuel José Cepeda Espinoza.
[13] SU-1150 de
2000, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada en la sentencia T-025 de 2004 MP
Manuel José Cepeda Espinoza.
[14] En este sentido
Sentencias T-529 de 2016 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-315 de 2016 MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-679 de 2015 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-645 de
2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado, T-971 de 2014 MP Jorge Iván Palacio
Palacio, T-832 de 2014 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-907 de 2013 MP María
Victoria Calle Correa, T-192 de 2013 MP Mauricio González Cuervo, T-776 de 2012
MP  Luis Ernesto Vargas Silva, C-715 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva,
entre muchas otras.
[15] MP Manuel José
Cepeda. Es preciso mencionar que a través de esta sentencia la Corte
Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en
la situación de la población desplazada Como consecuencia de la vulneración
masiva, generalizada y reiterada de los derechos constitucionales de las
víctimas, no sólo por causas asociadas al conflicto armado interno, sino
también debido a problemas de tipo estructural y sistémico relacionados con la
ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención
del desplazamiento forzado interno.
[16] Sentencia
T-1094 de 2007 MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[17] MP María
Victoria Calle Correa.
[18] Frente a este
plazo esta Corporación en la sentencia T-136 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, “advirtió que los
servidores públicos pueden, a partir de indicios suficientes, encontrar que la
persona que al parecer reclama fuera de tiempo sus derechos, en realidad había
acudido con diligencia dentro del plazo estipulado a las autoridades
competentes aunque no tenga un documento para probarlo. Basta que la persona
indique de cualquier manera al funcionario competente que ha sido víctima de
desplazamiento forzado y que acude a las autoridades para solicitar la correspondiente
protección, para que deba ponerse en marcha todo el sistema integral de
protección diseñado por la Ley y ordenado por la Constitución. Obligar a una persona desplazada a cumplir con requerimientos
especiales que desconozcan la situación en la cual ésta se encuentra, resulta a
todas luces desproporcionado, pues como lo indican los argumentos expuestos en
los fundamentos anteriores, el desplazado no conoce plenamente sus derechos ni
el sistema institucional diseñado para protegerlos y este hecho en lugar de
volverse en su contra debe servir para que el Estado actúe con mayor atención y
diligencia”.
[19] MP Nilson
Pinilla Pinilla.
[20] Este principio
consagra (1) el derecho de los desplazados a un nivel adecuado de vida, y (2)
especifica que como mínimo, independientemente de las circunstancias y sin
discriminación, las autoridades competentes deben proveer a las personas
desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, a (a) alimentos
esenciales y agua potable, (b) acomodación, refugio y vivienda básicos, (c)
vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales. También
(3) se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para
garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento
en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas.
[21] Auto
009 de 2013 proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004.
[22] MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] “Por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[24] “Artículo
14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las
peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción”.
[25] MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
[26] MP María Victoria Calle Correa.
[27] Así lo ha
admitido la Corte en materia pensional, ver sentencia SU-975 de 2003.
[28] MP José
Gregorio Hernández Galindo.
[29] MP Jaime
Córdoba Triviño.
[30] MP Juan Carlos
Henao Pérez.
[31] MP Mauricio
González Cuervo.
[32] MP María
Victoria Calle Correa.
[33] Artículos 19 a 22 del Decreto 2591 de 1991.
[34] MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[35] MP Jorge Iván
Palacio Palacio.
[36]
En este
sentido ver las sentencias: T-699 de 2008 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-188
de 2010 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-035 de 2011 MP Humberto Sierra Porto,
T-792 de 2012 MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[37] Sentencia T-101
de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado, T-060 de 2015 MP (E) Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[38] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Reiterada en las sentencias T-966 de 2014 y T-376 de 2015 MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez. Reiterada en la sentencia T-376 de 2015 MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez, T-092 de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado, T-940 de 2014 MP Luis
Guillermo Guerreo Pérez.
[39] MP Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[40] Esta postura la
ha asumido la Corte en las siguientes sentencias T-271 de 2001 MP Manuel José
Cepeda Espinoza, T-442 de 2006 MP Manuel José Cepeda Espinoza, T-188 de 2010 MP
Jorge Iván Palacio
Palacio.
[41] Folio 30 del
cuaderno de instancia.
[42] Folio 6 del
cuaderno de instancia