T-322-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-322/09
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA-Propietario, usuario y tenedor del inmueble
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRATO DE
SERVICIOS PUBLICOS-Alcance
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRATO DE
SERVICIOS PUBLICOS-Finalidad
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRATO DE
SERVICIOS PUBLICOS-Límites
a la responsabilidad solidaria del propietario del inmueble
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRATO DE
SERVICIOS PUBLICOS-Recuento
jurisprudencial acerca de la ruptura entre el propietario y el usuario
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Respeto al debido proceso como garantía
indispensable para la adopción de decisiones relacionadas con la suspensión o
la continuidad en la prestación de los servicios
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Relación con valores,
principios y derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Improcedencia
por cuanto la falta de prestación de servicio público no guarda relación de
conexidad con algún derecho fundamental y no existe perjuicio irremediable
Referencia:
expediente T- 2.152.149
Acción de tutela interpuesta por Eliécer Suescún
García contra la Electrificadora del Caribe ELECTRICARIBE S.A. E. S. P.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos
mil nueve (2009)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio
Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos
86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de las providencias proferidas por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Valledupar el veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho
(2008), y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de ese mismo Distrito Judicial
el dieciocho (18) de noviembre de dos mil ocho (2008).
I. ANTECEDENTES.
El accionante fundamenta su acción de tutela en los
hechos que a continuación se sintetizan:
1. Hechos.
-
Manifiesta que es propietario del inmueble
ubicado en la Carrera 5 No. 17 B – 79 de Valledupar identificado bajo NIC
5336540, el cual dio en arriendo a la señora Josefa Ortiz, el día 5 de mayo de
2000.
-
Pone de presente que, dentro del contrato
celebrado se estableció la obligación por parte de la arrendataria de pagar
todos los servicios públicos. No obstante, la señora Ortiz sin previo aviso
decidió desocuparlo sin antes cancelar lo correspondiente a dos (2) meses de
arrendamiento.
-
Indica que de acuerdo con varias facturas en
especial la No. 31100709004820, emitida el 03/09/2007 se verificó que se habían
omitido cancelar 74 períodos de facturación de energía eléctrica, circunstancia
que conllevó a la configuración de una deuda por concepto de este servicio por
un monto de $5.851.900.
-
Solicita el actor la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la legalidad y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por Empresa accionada, al pretender cobrar la mencionada suma de
dinero a pesar de haber incumplido con su obligación de suspender el servicio
de energía eléctrica luego de verificar la mora en el pago de tres (3)
facturaciones, y con ello impedir la acumulación de la deuda.
Respuesta de la entidad accionada.
2.- La doctora Ayda Romano Núñez, en su
condición de abogada de la Unidad Legal de la Electrificadora del Caribe S. A. E.
S. P., por medio de escrito de veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008)[1]
respondió la acción de tutela de la referencia, a partir del cual solicitó
denegar el recurso de amparo al considerarlo improcedente.
Indicó que, la tutela no es el mecanismo
apropiado para proteger los derechos fundamentales de la accionante dada su
naturaleza subsidiaria y residual, pues en este caso el actor contaba con un
medio idóneo y expedito como es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Señala la Empresa accionada que, el
usuario presentó derecho de petición ante la respectiva la Entidad, por la
misma causa que hoy es objeto de litis. En aquella oportunidad manifestó que:
“(…) se procedió a analizar el sistema de gestión
Comercial, constatando que ELECTRICARIBE S. A. E. S. P., ha suspendido en
repetidas ocasiones el servicio de energía eléctrica al contrato de la
referencia, cumpliendo así lo estipulado en el Artículo 55 de la resolución
CREG 108 de 1997, el Artículo 140 de la Ley 142 de 1994 y la cláusula Trigésima
Séptima del Contrato de Condiciones Uniformes, de esta manera se establecio que
la empresa no ha sido negligente en cuanto a las obligaciones que son de su
competencia, anexando registros de órdenes de servicios. Teniendo en cuenta lo
anterior, se informa que de acuerdo a las normas legales vigentes se mantiene
la solidaridad entre las partes que constituye dicho contrato (Propietario,
Usuario e Inmueble) conforme lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley 142/1994
y nuestro Contrato de Condiciones Uniformes (…)”[2]
Pone de presente que, el accionante
interpuso recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo, el
cual fue resuelto de manera desfavorable a los intereses del actor. De igual
forma, en respuesta al recurso de apelación concedido al ciudadano Suescún
García, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución
No. SSPD-20088200041765 confirmó la decisión de ELECTRICARIBE.
Manifiesta que la legalidad de las
mencionadas decisiones podía ser revisada mediante la interposición de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Como consecuencia afirmó:
“(…) la acción de tutela no es el mecanismo apropiado
para solicitar la revocatoria o anulación de los actos administrativos que
emite la empresa en el desarrollo del contrato de condiciones uniforme con sus
usuarios, ya que dichos actos pueden ser controvertidos mediante el uso de los
recursos de la vía gubernativa (como en efecto se ha hecho), (…) En el mismo
sentido, una vez surtidos dichos recursos, esto es, agotada la vía gubernativa,
la empresa como el usuario pueden acudir ante la Jurisdicción de los
Contencioso Administrativo (…)”[3]
Puso de presente, también, que:
“(…) el contrato anexo por el accionante fue suscrito
supuestamente en Mayo de 2000, con un términos de duración de un (1) año. Que
eventualmente de haber existido el contrato de arriendo, el accionante no
aportó prueba ni siquiera sumaria de la prórroga del contrato
Así mismo, es de resaltar que el aquí accionante no
manifiesta en los hechos de la presente acción de tutela, la fecha en que el
inquilino desocupó el inmueble (…)”[4]
Adicionalmente, agregó que:
“Tener certeza sobre la vigencia del contrato de
arrendamiento es fundamental para determinar si hay lugar a la ruptura de la
solidaridad y además cuando empieza y cuando termina la misma (…)”[5]
(…)
“(…) la ruptura de la solidaridad de las obligaciones
del contrato de servicios públicos sólo empezó a aplicarse con la ley 689 de
2001 y ésta norma entró en vigencia el día 1 de noviembre de 2001 porque su
artículo 25 estableció que la norma entraría en vigencia dos (2) meses después
de su promulgación que fue el 31 de agosto de 2001, esto es, la fecha de publicación
de Diario Oficial. Así entonces, sobre las deudas de servicios públicos que
tenga un inmueble anteriores a 1 de noviembre no podrá predicarse la ruptura de
la solidaridad entre arrendador y arrendatario, ya que la norma que se aplicaba
en ese entonces era del artículo 130 de la Leu 142, antes trascrito, y en el no
era posible la ruptura de la solidaridad porque el arrendador era
solidariamente responsable.  Además de lo anterior por principio general la Ley
es irretroactiva y sólo se aplica hacia el futuro”.[6]
(…)
“Teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento
sobre el cual quiere estructurarse la ruptura de la solidaridad no es
suficiente para exonerarse de una deuda que no corresponde al arrendatario sino
al propietario del inmueble. Lo que existe en el fondo es una pretensión de
ruptura de la solidaridad consigo mismo de parte del accionante.
La ruptura de la solidaridad ha de predicarse de dos
personas (arrendador y arrendatario) porque no puede pretenderse exonerase de
una deuda sobre la cual se está obligado a pagar, máxime si se tiene en
cuenta que esta deuda es producto de las reconexiones constantes en que se
incurrían en el inmueble, lo que obligaba a la empresa a facturar la energía
consumida durante ese lapso de la reconexión irregular” [7]
(Subrayado fuera del texto original)
Finalmente, solicitó al juez de
conocimiento negar o declarar improcedente la acción de tutela por las
consideraciones expuestas.
3.- Pruebas que obran en el expediente.
a.
Copia de la Factura No.
31100709004820 expedida el 3 de septiembre de 2007 por ELECTRICARIBE S. A. E.
S. P. la cual establece: (i) una cantidad de 74 períodos dejados de cancelar, (ii) la configuración de
una deuda por concepto del servicio de energía eléctrica que asciende a
$5.851.900, (iii) como fecha de suspensión del servicio 11 de septiembre de
2007, finalmente indica que (iv) el 10 de septiembre es la fecha de pago
oportuno[8].
b.
Copia del certificado
de tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar,
con número de matrícula inmobiliaria: 160-6037 del 12 de agosto de 2008,
mediante la cual se determina que según la anotación No. 6 de fecha 8 de junio
de 2001 y radicación 2001 – 3722 aparece el señor Eliécer Suescún García C. C.
1782223 como titular del derecho real de dominio del inmueble urbano ubicado en
la carrera 5 No. 17b – 79 (Casa Lote)[9].
c.
Copia del Contrato de
Arrendamiento firmado el día 5 de mayo de 2000 entre el señor Eliécer Suescún
García (arrendador) y Josefa Ortiz (arrendataria), cuya diligencia de
“reconocimiento de firma, huella y contrato” ante el notario fue realizada el
23 de enero de 2007.
d.
Copia del derecho de
petición presentado por el señor Eliécer Suescún García ante la ELECTRIFICADORA
S. A. E. S. P. el día 31 de octubre de 2007.[10]
e.
Copia del escrito
mediante el cual se resuelve el mencionado derecho de petición por parte de
ELECTRICARIBE S. A. E. S. P. de fecha 8 de noviembre de 2007, firmado por
Gabriela Correa Mendoza.[11]
f.
Copia del recurso de
reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD contra la respuesta del
Radicado No. RP 901500 de fecha 8 de noviembre de 2007[12].
g.
Copia de la respuesta
del recurso de reposición por parte de ELECTRICARIBE S. A. E. S. P. de fecha 7
de diciembre de 2007, firmado por Gabriela Correa Mendoza.
h.
Copia de la resolución
No. SSPD – 20088200041765 del 09-05-2008, por medio de la cual se resuelve el
recurso de apelación interpuesto por el señor Eliécer Suescún García.
Sentencia de Primera Instancia.
4.- Mediante providencia de veintinueve
(29) de agosto de dos mil ocho (2008), el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Valledupar, resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad del señor Eliécer Suescún.  Además, ordenó a ELECTRICARIBE S. A. E.
S. P. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia descargue del sistema el monto adeudado, y
proceda a cobrar los últimos tres meses en que el inquilino estuvo en mora, por
rompimiento de la solidaridad.
El Juez de Primera Instancia fundamentó su
decisión en la reticencia de la persona u organismo para responder la presente
demanda, toda vez que, según el artículo 20 del decreto 2591 de 1991 si el
demandado no se pronuncia dentro del plazo establecido, se tendrán por cierto
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime lo
contrario.
En sus consideraciones afirmó que:
“A la demandada se le ofició para que se pronunciara respecto de los
hechos de la acción de tutela, y guardó silencio. (…)
“(…) En este caso obra en el expediente que las solicitudes no
fueron atendidas dentro del término, por la demandada, por lo que se procede a
darle aplicación a la sanción prevista en el artículo 20 del decreto 2591 de
1991, esto es, a tener por cierto los hechos alegados por la accionante en su
escrito de tutela, como son:  Se le ordene a la entidad prestadora del servicio
cobre los últimos tres meses en que el inquilino estuvo en mora, por
rompimiento en mora”[13]
De acuerdo con lo expuesto anteriormente,
el a quo concedió el amparo solicitado y ordenó a la ELECTRICARIBE S. A. E. S.
P. de Valledupar actualizar el sistema comercial acorde con las sumas realmente
adeudadas, en consecuencia, procediera a cobrar solamente los tres últimos
meses en que el inquilino estuvo en mora, por rompimiento de la solidaridad.
Impugnación de Electrificadora del Caribe ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P
5.- Mediante escrito presentado el diecisiete (17) de
octubre de dos mil ocho (2008), la ciudadana Ayda Romano Núñez en su calidad de
abogada de la Unidad Legal de la ELECTRIFICADORA S. A. E. S. P., impugnó el
fallo aludido en el punto anterior con base en los fundamentos que se expondrán
a continuación.
Indicó la entidad demandada que, no
comparte la decisión del a quo porque la acción de tutela resulta
improcedente, dado que no existió vulneración de derecho fundamental alguno.
Adicionalmente, solicitó la revocación del fallo de primera instancia y que en
su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.
Así mismo señaló que, la presunción de
veracidad contenida en el artículo 20 de decreto 2591 de 1991 tiene límites,
toda vez que el juez siempre debe realizar una valoración del caso concreto a
fin de determinar si accede o no a conceder la tutela. Además, aunque la
contestación de la demandada fue extemporánea, debió ser tenida en cuenta pues
la tutela es el mecanismo judicial en donde prima la informalidad.
Concretamente, en esta oportunidad la
representante de ELECTRICARIBE S. A. E. S. P. reiteró todas las consideraciones
consagradas en su escrito de contestación, cuya defensa se centró
principalmente sobre los siguientes puntos: (i) la improcedencia de la acción
de tutela para reclamar este tipo de prestaciones legales de contenido
económico, (ii) la inexistencia de prueba de la prórroga del contrato de
arrendamiento o de las manifestaciones del accionante, y finalmente (iii) la
inaplicación de la Ley 689 de 2001 al caso concreto, puesto que ésta no se
encontraba vigente en la época en que se dieron los hechos Por todo lo
anterior, consideró que en este asunto procedía la ruptura de la solidaridad.
Sentencia de Segunda Instancia.
6.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito del Distrito
Judicial de Valledupar por medio de fallo proferido el dieciocho (18) de
noviembre de dos mil ocho (2008) resolvió revocar la sentencia dictada por el
juez de primera instancia mediante la cual se concedió el amparo de los
derechos fundamentales del actor. En su lugar, ordenó al representante legal de
la entidad tutelada iniciar todos los trámites para cobrar las sumas adeudadas
por el señor Eliécer Suescún García.
A juicio del ad quem, la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario, esto es, para acudir a ella debe
demostrarse que no existe otro medio de defensa eficaz para lograr la
protección de los derechos fundamentales, a menos que se pruebe la presencia de
un perjuicio irremediable, circunstancia que extraña el juez de segunda
instancia dentro del proceso objeto de estudio.
De manera concreta, se indicó que:
“Es conducente anotar que el accionante agotó la vía
gubernativa ante el acto administrativo que le cobraba la deuda y perfectamente
puede acudir a la jurisdicción de lo contenciosos administrativo para
controvertirlo.  Es preciso anotar que la naturaleza administrativa de los
actos de las empresas prestadoras de servicio que decidan facturación es de
carácter administrativo y caben contra ellos los recursos previstos en la Ley
154 y las acciones contenciosas administrativas correspondientes.
No hay lugar para proteger el derecho a la igualdad
solicitado, por cuanto no se trajo a los autos otro hecho, en la que la empresa
en un caso similar al suyo hubiera dado un trato diferente. No se enunció ni
probó el elemento fáctico que viabiliza el amparo judicial y debe desestimarse.
En cuanto al derecho a la neutralidad no se dice porque se viola y corre igual
suerte que el anterior”.[14]
II. CONSIDERACIONES.
Competencia.
1.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
judiciales mencionadas en precedencia.
El asunto bajo revisión.
2.- El señor Eliécer Suescún García
interpuso acción de tutela contra la Electrificadora del Caribe S. A. E. S. P.,
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, se ordene a la Empresa
accionada a reliquidar la deuda que recae sobre el inmueble identificado con el
NIC 5336540, y se deje sin efecto el cobro de las facturas dejadas de pagar,
pues desde su punto de vista sólo está obligado a cancelar los tres (3)
primeros períodos debido al rompimiento de la solidaridad.
Problema jurídico.
3.- Corresponde en esta oportunidad a la
Sala resolver si la Empresa Electricaribe S.A. E.S.P violó los derechos
fundamentales de la accionante al cobrarle la suma de $5.850.900 por concepto
del servicio de energía eléctrica, correspondiente a 74 facturas dejadas de
pagar, bajo el argumento de que no se demostró la ruptura de la solidaridad respecto
de las facturas adeudadas.
4.- Con el fin de solucionar el problema jurídico
planteado, la Sala: (i) estudiará la procedencia de la acción de tutela para solicitar
la ruptura de la solidaridad entre el propietario y usuario de los servicios
públicos domiciliarios, y luego (ii) se referirá al estudio del caso concreto.
La procedencia de la acción de tutela para solicitar
la ruptura de la solidaridad entre el propietario y el usuario de los servicios
públicos domiciliarios
5.- La acción de tutela se
caracteriza por su naturaleza subsidiaria y residual, por cuanto ella sólo
procede en ausencia de otro mecanismo de defensa judicial o cuando existiendo
éste, la persona se encuentra ante la posibilidad de sufrir un perjuicio
irremediable, que puede ser conjurado mediante una orden de amparo transitorio.
6.- A continuación se hará un examen de algunas
providencias emitidas por las diferentes Salas de Revisión de esta Corporación
a propósito de la procedencia de la tutela para reclamar esta clase de
pretensiones.
7.- En sentencia T-334 de 2001 la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela
interpuesta por una ciudadana de edad avanzada contra la Empresa de Energía de
Boyacá – Distrito de Casanare, al considerar que se le habían vulnerado sus
derechos fundamentales, dado que la mencionada entidad ordenó la suspensión del
servicio y el retiro de la acometida del inmueble que se encontraba arrendado,
pero que había sido solicitado por la accionante a fin de habitarlo junto con
su familia. Desde su punto de vista la Entidad demandada le estaba exigiendo de
manera ilegítima el pago de la suma de $4.539.220 por concepto de la prestación
del servicio de energía a un inmueble de su propiedad, el cual estuvo arrendado
a un tercero que omitió el pago de 33 facturas mensuales de ese servicio.
En aquella oportunidad, se mencionó que, si
bien existen derechos que no pueden considerarse fundamentales per se,
en algunos casos deben considerarse como tales, siempre que éstos se encuentren
directamente vinculados a otros que posean tal calidad, pero que desaparecerían
si aquellos no son adecuadamente protegidos[15]. Agrega la
sentencia que, entre ellos se encuentran los derechos del consumidor cuando se
trata de servicios públicos domiciliarios de establecimientos educativos,
hospitalarios y carcelarios y en razón de su conexidad con el derecho a vivir
en condiciones dignas, a la educación, la vida y la seguridad personal.[16]
En aquella ocasión, se advirtió que la
Corte ha reconocido de manera excepcional la procedencia del recurso de amparo
a fin de proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios, siempre y cuando éstos se encuentren en conexidad con derechos
fundamentales, pues de lo contrario se estaría extendiendo la viabilidad de la
acción de tutela a circunstancias que no implican vulneración a derechos
fundamentales, con lo cual se desconocería la existencia de otros mecanismos
legales y administrativos para defender la otra clase de derechos.
De acuerdo con lo anterior, esta
Corporación resolvió tutelar los derechos de la accionante.  En efecto, se
concluyó que:
“Ante esta situación, si bien no hay lugar a vulneración de derechos
fundamentales por conexidad dado que la actora por su haber patrimonial y el de
su familia se encuentra en capacidad de cumplir el pago requerido, si es clara
la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso pues ella ha
sido víctima de un tratamiento discriminatorio injustificado y por ende procede
la tutela solicitada”.
8.- En sentencia T-798 de 2002, la Sala
estudió el recurso de amparo interpuesto por una señora contra Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P, por cuanto ésta exigía a la actora el pago de la
obligación con fundamento en la solidaridad que conforme a la Ley 142 de 1994
existe entre el propietario y el usuario en materia de servicios públicos
domiciliarios, circunstancia que consideraba injusta, porque en su sentir, ella
sólo está obligada a cancelar los dos primeros periodos facturados.
El asunto que ocupó la atención de la Sala en aquella
ocasión se centró en establecer si, en este caso procedía la acción de tutela
para cuestionar las decisiones de una empresa de servicios públicos
domiciliarios que pretende cobrar, con fundamento en la figura de la
solidaridad, doce (12) facturas por concepto de acueducto y alcantarillado a la
propietaria de un inmueble, a causa de la mora de su arrendatario y de sus
presuntas prácticas de reconexión fraudulenta del servicio.
En este fallo la Corte expuso que
en materia de servicios públicos domiciliarios, los usuarios cuentan con las
acciones de lo contencioso administrativo previo el agotamiento de la vía
gubernativa para reclamar la legalidad de los actos administrativos que
presuntamente lesionan sus derechos. A pesar de lo anterior, aclara que en los
eventos en que las conductas o decisiones de las empresas de servicios públicos
domiciliarios vulneren de manera evidente los derechos constitucionales
fundamentales, como la igualdad, la vida, la dignidad humana, el debido proceso
administrativo, entre otros, el amparo constitucional será procedente. Por lo
anterior, consideró que el juez de tutela en cada caso concreto deberá examinar
la existencia y eficacia de los otros mecanismos de defensa para la protección
del derecho presuntamente vulnerado o amenazado.
Finalmente, consideró que en este
caso concreto el recurso de amparo no era el mecanismo judicial idóneo para
dirimir la controversia planteada entre la señora Ersilda Correa Marimón y
Aguas de Cartagena S.A., toda vez que no se demostró que la no prestación del
servicio de agua por parte de la entidad accionada guardara alguna relación de
conexidad con un derecho fundamental.  Así mismo, tampoco se evidenció la
existencia de un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, la Sala puso de presente que conforme
a lo señalado por la accionante, el conflicto generado por la reprochable
conducta del inquilino tiene como consecuencia directa la imposibilidad de
arrendar el inmueble, de lo cual se concluye que la afectación es simplemente
patrimonial y no compromete derechos fundamentales.
9.- Posteriormente, en sentencia T-723 de 2005 la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela
presentada por el señor José Luís Sánchez Blanco, actuando como representante
legal de la Comercializadora Mercabastos, en contra de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. Lo anterior, por cuanto el accionante consideraba que la Entidad
demandada había vulnerado sus derechos fundamentales, por no haber roto la
solidaridad entre el arrendador y arrendatario para el cobro de una deuda por
valor de $938.800 pesos por concepto del servicio de energía, teniendo en
cuenta que la mencionada empresa había omitido su deber de suspensión del
servicio una vez verificada la mora durante tres periodos de facturación.
En esa ocasión la Corte Constitucional estudió de
manera concreta el tema de la procedibilidad de la acción de tutela para
solucionar los conflictos derivados de la prestación de servicios públicos. En
la mencionada providencia recordó la naturaleza subsidiaria y residual, puesto
que aquella sólo procede en ausencia de otro medio de defensa ó existiendo éste
se constate la existencia de un perjuicio irremediable que hace necesario la
orden de amparo transitorio.
En el mencionado fallo, la Sala concluyó que la acción
de tutela no era el mecanismo idóneo para dirimir la controversia planteada,
por cuanto en el caso sub examine, la no prestación del servicio de
energía por parte de la demandada, no guarda alguna relación de conexidad con
derechos fundamentales. De igual forma, se advirtió la inexistencia de un perjuicio
irremediable ya que la afectación padecida por el actor era simplemente
patrimonial, pues se trata de un inmueble destinado a una actividad comercial.
10.- De otra parte, en sentencia T-407 de 2007 la Sala
Tercera de Revisión estudió las acciones de tutela interpuestas por Wilberto Arroyo Beltrán, Belkys Anaya,
Enrique Arias, Efraín Emilio Molina Cantillo y Orlando Luis Martiz contra la
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A. E.S.P.
Concretamente, respecto de uno de los casos sometidos
a estudio, decidió negar la tutela por improcedente debido a que la accionante
contaba con otros mecanismos de defensa judicial a fin de reclamar su derecho a
la aplicación de la ruptura de la solidaridad en materia de servicios públicos,
toda vez que (i) no se encontró vulneración alguna a los derechos fundamentales
de la accionante y (ii) la peticionaria contaba con otros mecanismos de defensa
judicial como lo era las acciones de los contencioso administrativo.  En este
fallo, indicó que:
“En el caso de Belkys Anaya, la Corte evidencia que la accionante no
ha hecho uso de los otros medios de defensa judicial ni ha probado la
existencia de un perjuicio irremediable, lo que deviene en la improcedencia de
la acción de tutela pues ésta no puede operar como mecanismo alternativo para
solucionar las controversias contractuales y pecuniarias entre los usuarios y
las empresas de servicios públicos”.
11.- Ahora bien, una vez hecho el anterior recuento
jurisprudencial esta Sala debe precisar que en todo caso, no siempre que se
presenten esta clase de controversias relacionadas las peticiones encaminadas a
solicitar la ruptura de la solidaridad entre el propietario y usuario de los
servicios públicos domiciliarios procede la acción de tutela, a menos que se
evidencie una violación flagrante a los derechos fundamentales del accionante.
12.- En este punto, conviene mencionar que el sólo
hecho de que las empresas de servicios públicos domiciliarios incumplan con su
deber de suspensión de la prestación de los mencionados servicios por la mora
en el pago de facturas no abre la puerta para interponer acción de tutela, pues
si lo que se pretende es la protección del derecho fundamental al debido
proceso administrativo es necesario demostrar concretamente en qué consistió
dicha vulneración pues ésta no puede deducirse automáticamente del
incumplimiento de dicha obligación.  En este contexto, debe recordarse lo
establecido por la jurisprudencia respecto de este tema.  En sentencia C- 1182
de 2005 se señaló que:
“Respecto del debido proceso administrativo, específicamente, este
Tribunal Constitucional ha señalado que éste consiste en el respeto a las
formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el
ámbito administrativo, salvaguardando en todas sus etapas los principios de
contradicción e imparcialidad. En reciente fallo, precisó:
“El derecho al debido proceso
administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de
acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o
privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no
pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos
fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial e
infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer
legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer
prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de los
intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se
surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación
que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados” (Sentencia T-772 de 2003).
(…)
De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que
los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la
administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su
derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de
todas las garantías establecidas en su beneficio.
(…)
34.- De otra parte, y específicamente en lo que hace
relación con los procedimientos administrativos, es  necesario precisar que el
derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de
controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al
debido proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del principio de
legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el derecho a
cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, las
garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el
acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez
natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los
elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los
plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e
independencia de los jueces y autoridades, son elementos que deben ser
garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan,
principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En efecto, los elementos
del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las
partes, previa la expedición de una decisión administrativa. Por el contrario,
el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías
posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad
administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica.
De esta manera, la posibilidad de control de un acto
administrativo, mediante los recursos de la vía gubernativa y la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, parte del presupuesto de que al interesado se
le ha permitido ejercer su derecho de defensa, al otorgársele la oportunidad de
ser oído, aportar pruebas y controvertir las que le resulten adversas. Así
pues, la posibilidad de recurrir y/o apelar e incluso de acudir a la
jurisdicción, no puede confundirse con las garantías inherentes al debido
proceso y al derecho de defensa, sino que dichas oportunidades cumplen, en
estos casos, una función de verificación de validez de lo que fundamentó una
decisión administrativa”.
13.- En consonancia con lo anterior, esta Corporación
ha afirmado que el respeto al debido proceso  de los usuarios por parte de las
empresas prestadoras es una garantía indispensable para la adopción de
decisiones relacionadas con la suspensión o la continuidad en la prestación de
los servicios públicos domiciliarios[17].
14.- De acuerdo con los argumentos expuestos, es claro
que no siempre que se debata la ruptura de la solidaridad entre el propietario
y usuario en materia de servicios públicos domiciliarios está de por medio la
violación al debido proceso administrativo, pues para que esto suceda debe
demostrarse que no se siguieron las formas propias de cada proceso, que no se
le permitió al ciudadano defenderse y en últimas que no se cumplieron los
postulados que enmarcan el mencionado derecho. Lo anterior, teniendo en cuenta
que si bien existe un deber de suspender el servicio después de la mora en tres
periodos, esta prestación en principio es de carácter legal y por lo tanto,
para reclamar el cumplimiento de ella es necesario acudir a la jurisdicción
ordinaria, a menos que se demuestre que la omisión o actuación de la empresa
prestadora del servicio público realmente va en detrimento de derechos que no
cuentan con otra vía eficaz de protección o teniéndola ésta no es suficiente
para conjurar la configuración de un perjuicio irremediable, el cual a todas
luces también debe encontrarse demostrado plenamente dentro del proceso.
15.- Por su parte, en lo que tiene que ver con la
posible vulneración del derecho fundamental de acceso a los servicios públicos
domiciliarios por el simple hecho de presentarse controversias relacionadas con
la ruptura de la solidaridad entre el propietario y el usuario es preciso
introducir algunas precisiones al respecto.
16.- En primer lugar,  la Corte Constitucional
en numerosos fallos de tutela ha puesto de manifiesto la relación que existe
entre los servicios públicos domiciliarios y los derechos fundamentales. Así
pues, en sentencia T-1104 de 2005, esta Corporación amparó el acceso a los
servicios públicos domiciliarios de una persona a quien la EEPPM le había
negado la conexión del servicio de acueducto.  Al respecto consideró la Sala de
Revisión que:
“la dignidad humana, concepto normativo de carácter fundamental, se
relaciona estrechamente con la garantía de las condiciones materiales de
existencia y dentro de ésta garantía se debe incluir, sin duda alguna, la
prestación de los servicios públicos esenciales y, entre ellos, el de
acueducto.  Así pues, la falta de prestación de éste servicio también está
llamada a constituir una posible violación del derecho que tienen todas las
personas  a vivir una vida digna” [18].
17.- De igual forma, la Sala Cuarta de Revisión por
medio de sentencia T- 410 de 2003 protegió la calidad de los servicios públicos
domiciliarios al estimar que ésta se encuentra estrechamente ligada con
derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana, el derecho a la salud
y el derecho al medio ambiente sano[19]. Posición que igualmente
fue reiterada en el fallo T-270 de 2007 en virtud del cual la Corte amparó los
derechos fundamentales  a la salud y a la vida de una usuaria a la cual se le
habían suspendido los servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto
por falta de pago.  Lo anterior, por cuanto consideró que se trataba de un
sujeto de especial protección que se encontraba en condiciones de especial
debilidad al necesitar de los mencionados servicios para seguir con ciertos
procedimientos médicos en su domicilio.
18.- Las anteriores consideraciones han sido
confirmadas recientemente por la Sala Plena de esta Corporación, cuando por
medio de la sentencia C- 924 de 2007 se pronunció sobre la constitucionalidad
del artículo 141 (parcial) de la Ley 142 de 1994.  Concretamente, en el
mencionado fallo se dejó claro que existe una estrecha relación entre los
servicios públicos domiciliarios y valores, principios y derechos fundamentales
señalados en el texto constitucional.
En esa oportunidad consideró la Corte que, los
denominados servicios públicos domiciliarios[20], a los cuales
hacen mención expresa los artículos 368, 369 y 370 de la Carta Política, están
particularmente asociados al principio de Estado social.  Lo anterior, por
cuanto:
“(…) responden al concepto de procura existencial que se encuentra
en la raíz de la transformación de este modelo estatal (…), de ahí su
particular relevancia constitucional. Cobra así sentido la previsión del
artículo 368 según la cual los servicios públicos domiciliarios cubren las
necesidades básicas de los asociados, de ahí que se puedan establecer subsidios
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas fijadas como
contrapartida a su prestación. E igualmente el mandato del artículo 367 en el
sentido que su régimen tarifario ha de tener en cuenta los criterios de
solidaridad y de redistribución, elementos característicos de un Estado social.
Como ha sostenido esta Corporación “[p]uede concluirse, que el contenido social
de los fines del Estado se desarrolla de manera particular en los servicios
públicos domiciliarios, en la medida en que se orientan a satisfacer las necesidades
básicas esenciales de las personas”[21].
Así pues, a partir de la mencionada providencia esta
Corporación pudo concluir que existe una clara conexión entre el derecho de
acceso a los servicios públicos domiciliarios y el contenido dogmático de la
Constitución de 1991, en especial, con el principio de Estado social de
derecho, con los principios de solidaridad, con la finalidad estatal de
redistribución del ingreso y el deber estatal de satisfacción de las necesidades
básicas de los asociados.
Para finalizar la Sala Plena de la Corte
Constitucional indicó que:
“(…) si bien la relación entre las empresas prestadoras y los
usuarios es en principio una relación contractual, que se rige por un acuerdo
de voluntades plasmado en el contrato de prestación de servicios públicos, se
trata en todo caso de una relación sui generis fuertemente irradiada por los
derechos fundamentales y en general por el contenido axiológico constitucional,
al igual que por el carácter público de algunas prerrogativas de las empresas
prestadoras, como pasará a estudiarse en el acápite siguiente de esta decisión”.
19.- En suma, de acuerdo con esta línea argumentativa
se tiene que la violación al derecho fundamental de acceso a los servicios
públicos domiciliarios, cuando está de por medio la concreción de la dignidad
humana, va a depender de la verificación de actuaciones u omisiones de las
empresas prestadoras de estos servicios dirigidas a evitar la garantía de
prestaciones mínimas ius fundamentales que se encuentran directamente
ligadas con la dignidad humana.  Por lo tanto, cualquier tipo de violación a
las obligaciones legales de las empresas per se no constituyen un
agravio para los derechos fundamentales, con lo cual el juez de tutela en cada
caso concreto debe determinar la procedencia del recurso de amparo a fin de
proteger el mencionado derecho.
Análisis del caso concreto.
20.- En el caso
que se revisa, advierte la Corte que el accionante, propietario del inmueble
sobre el cual recae la deuda surgida con ocasión de la mora en el pago de las
facturas correspondiente a 74 periodos, que asciende a $ 5.851.900, había
entregado en arrendamiento su propiedad a la señora Josefa Ortiz, quien durante
el tiempo que ocupó el inmueble no cumplió cabalmente con la obligación de
cancelar el servicio público de energía. Por lo anterior, solicita el actor, se
ordene a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. proceder a reliquidar la deuda que recae
sobre el inmueble NIC 5336540
21.- Debe precisarse que el señor Eliécer Suescún
García por medio de derecho petición presentado a la Entidad demandada el día
31 de octubre de 2007 solicitó una nueva emisión de la factura sólo por los
tres (3) primeros periodos dejados de pagar por su inquilina, a fin de poder
cancelar lo que realmente adeuda con ocasión de la prestación del servicio
público de energía.  Esta petición se fundamenta en el incumplimiento por parte
de ELECTRICARIBE S. A. E. S. P. de los artículos 140 y 141 de la ley 142 de
1994,
La solicitud del accionante se sustenta en la omisión
por parte de la empresa demandada de suspender el servicio ante la mora en el
pago de las facturas después de evidenciar el incumplimiento de la obligación
de cancelar la prestación económica a su cargo durante tres períodos seguidos;
circunstancia que trajo como consecuencia la ruptura de la solidaridad que se
predica entre el propietario del inmueble, el poseedor, el usuario y el
consumidor del servicio.
22.- La empresa de servicios públicos en sus
pronunciamientos aduce haber ordenado la suspensión del servicio en varias
ocasiones; no obstante, afirma que el usuario se reconectaba sin autorización, razón
por la cual se ha seguido cobrando el consumo de acuerdo con lo medidores[22].
23.- Ahora bien, a partir de la lectura del expediente
se encuentra que, mediante oficio de fecha de 8 de noviembre de 2007, ELECTRICARIBE
S. A. E. S. P. solucionó el derecho de petición presentado por el accionante de
manera desfavorable a sus intereses.
24.- Contra la anterior decisión, el actor mediante
escrito radicado el 28 de noviembre de 2007 ante la empresa accionada, presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación con base en los mismos
argumentos.  Dicha solicitud fue resuelta por medio de oficio de 7 de diciembre de
2007 (consecutivo No. 109422) en virtud de la cual se confirmó la decisión
inicial[23].
25.- Por su parte, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios mediante resolución No. SSPD – 20088200041765 del
09-05-2008, resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Eliécer Suescún
García y decide confirmar las decisiones proferidas por ELECTRICARIBE S. A. E.
S. P. dirigidas a negar la petición del accionante.
26.- En el caso concreto, de las pruebas aportadas al
expediente puede evidenciarse que el accionante tuvo la posibilidad de
controvertir las decisiones de la entidad demanda por medio del agotamiento de
la vía gubernativa.  De acuerdo con ello, se encuentra que se le permitió
ejercer su derecho de defensa, pues se le otorgó la oportunidad de ser oído,
aportar pruebas y controvertir las que le resulten adversas. Así mismo, en
ningún momento se le ha impedido acudir ante la jurisdicción competente.
27.- En tal sentido, se tiene que a la luz de los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia al ciudadano
no se le violó el derecho al debido proceso administrativo, toda vez que de
acuerdo con el expediente se respetaron las garantías propias de éste derecho
fundamental, como son: (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la
justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de
ejercicio del derecho de defensa (con los elementos para ser oído dentro del
proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los
procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y
autoridades durante el desarrollo de todo el procedimiento.  En tal sentido,
estuvieron presentes  los elementos del debido proceso arriba enumerados los
cuales buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la
expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a
cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a
la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto
cuestiona su validez jurídica, la cual en principio, no puede ser resuelta por
un juez de tutela.
28.- Adicionalmente,
el accionante no demostró la posible vulneración del derecho fundamental de
acceso a los servicios públicos domiciliarios pues en ningún momento la falta
de de energía impidió que se garantizaran prestaciones mínimas que tuvieran
relación con la dignidad humana del tutelante.
29.- La Sala estima
que a la luz de las consideraciones expuestas, la acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para dirimir la controversia planteada entre el señor
Eliécer Suescún García y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por cuanto en el presente
caso la falta de prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la
entidad accionada no guarda una relación de conexidad con algún derecho
fundamental y mucho menos advierte la existencia de perjuicio irremediable.
30.- Dentro de
este contexto, puede inferirse de la lectura del expediente que el conflicto generado por la reprochable conducta del inquilino,
tiene como consecuencia directa la imposibilidad de arrendar el inmueble, de lo
cual se podría deducir que la afectación es patrimonial y no compromete
derechos fundamentales.
31.- Por las razones aquí expuestas esta Sala de
Revisión negará la protección de los derechos fundamentales del accionante. En
consecuencia, confirmará, de acuerdo con las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
ese mismo Distrito Judicial el dieciocho (18) de noviembre de dos mil ocho
(2008), en virtud del la cual se declara la improcedencia de la acción de
tutela.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela de
la referencia y, en consecuencia CONFIRMAR el fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de ese mismo Distrito Judicial el dieciocho
(18) de noviembre de dos mil ocho (2008) por los motivos expuesto en esta
sentencia.
SEGUNDO: LIBRESE
por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folios
17 al 69 del cuaderno 1.
[2] Folio 18
del cuaderno 1.
[3] Folio 19
del cuaderno 1.
[4] Folio 20 del cuaderno 1.
[5] Folio 21 del cuaderno 1.
[6] Folio 23 del cuaderno 1.
[7] Folio 23 del cuaderno 1.
[8] Folio 6
del cuaderno 1
[9] Folios
del 7 (reverso) al 8 del cuaderno 1.
[10] Folios 29 al 31 del
cuaderno 1.
[11] Folios 38 al 40 del
cuaderno 1
[12] Folio
41 al 46 del cuaderno 1.
[13] Folios 73 al 75 del
cuaderno 1.
[14] Folio 93 del cuaderno 1.
[15] Sentencia T-406/92.
Magistrado Ponente, Dr. CIRO ANGARITA BARÓN.
[16] Sentencia T-927/99.
Magistrado Ponente, Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.
[17]
Precisamente en a sentencia C-389 de 2002 se declaró la exequibilidad del
artículo 141 de la Ley 142 de 1994 porque el corte del servicio y la
terminación del contrato de condiciones uniformes requería que se adelantara un
procedimiento previo por parte de la empresa prestadora en el cual debían
respetarse las garantías propias del debido proceso. En el mis sentido la
sentencia C-150 de 2003 señalo que la prerrogativa de las empresas de suspender
el servicio implicaba el respecto del derecho al debido proceso de los
usuarios.
[18] Sentencia T-1104 de 2005. Se examinaba la tutela
interpuesta por una persona a quien una empresa prestadora de servicios
públicos domiciliarios le negaba la conexión del servicio de acueducto. A
juicio de la Sala primera de revisión la conducta de la entidad demandada
vulneraba los derechos fundamentales del peticionario porque: “la Sala ve
que la conducta de la empresa demandada, pese a que se soporta en unas disposiciones
normativas que en todo caso son de inferior rango jerárquico a la Constitución,
toca y afecta por lo menos los tres aspectos arriba señalados.  En relación con
el primero y el segundo de ellos, la EEPPM está negando al actor la posibilidad
de establecer un plan vital, de vivir como quiera, en particular en lo que
refiere al servicio de acueducto, obligándolo a perpetuar la incómoda
situación. Ahora, en cuanto a la última manifestación de la “vida digna” (vivir
sin humillaciones) esta sentencia ya ha sido prolija en explicaciones en
relación con el mal que se le causa al señor Castro al obligarlo al asumir una
situación de marginalidad e ilegalidad”.
[19]
Sentencia T-410 de 2003, la Sala cuarta de revisión amparó el derecho
fundamental del peticionario –y por ende de todos los habitantes del municipio
de Versalles- a recibir agua de buena calidad y no contaminada.
[20]
Como es sabido la Ley 142 de 1994 no define esta modalidad de servicios
públicos, no obstante la jurisprudencia constitucional los ha caracterizado
como “aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o
humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades
esenciales de las personas”, sentencia T-578 de 1992, reiterada en las
sentencia C-444 de 1998, C-041 de 2003 y C-353 de 2006.
[21] Sentencia C-353 de 2006.
[22] En el mencionado oficio se afirma que: “(…) si lo
pretendido es evadir la obligación de lo adeudado, aduciendo la no suspensión y
corte del servicio del inmueble, queremos manifestarle que la empresa si ha
realizado mediante ordenes de servicio, varias suspensiones, así que la empresa
de energía no ha incurrido en la omisión de no cortar el servicio de energía
del inmueble y con esta acción dejar de acumular la deuda, le indicamos que por
el contrario, nuestra empresa en forma diligente realizó la labor suspensión
repetitiva del servicio en concordancia al Artículo 140 de la ley 142/94,
aunque el usuario se reconecta sin autorización de forma continua,
sin embargo, en aras a aclarar aún más lo aquí expuesto anexamos a continuación
gráficos de nuestro sistema que indican la labor de suspensión y revisión por
campaña (verificación del estado), de los último años, como prueba que no
hemos dejado de generar las respectivas órdenes de suspensión, de igual
forma le queremos aclarar que las órdenes de suspensión no sólo significa dejar
de suministrar el servicio al inmueble, se generaron órdenes de suspensión con
la finalidad de suspender el servicio teniendo en cuenta que tiene pendiente de
cancelar tres facturas” /Subrayado fuera del texto. Folio 39 y siguientes
del cuaderno 1.
[23] En este escrito la Entidad demandada señala que:
“Revisado nuestro sistema comercial, se constató que a su inmueble se le viene
facturando de manera normal y conforme al Art. 146 de la Ley 142/94, es decir
se encuentra normalizado por un equipo, del cual se toman las lecturas
mensualmente.  Por tanto el resultado de las diferentes lecturas efectuadas nos
arroja un consumo estrictamente registrado por el medidor.
“(…) la deuda que presenta el inmueble es a partir de
julio de 2001, lo cual indica que usted no se encontraba en la obligación de
denunciar el contrato de arrendamiento (…)” Folios 54  y 55 del cuaderno 1.