C-822-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-822/11
(Noviembre 2)
ESTABLECIMIENTO  DE
LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION-No
desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible, como tampoco
los principios de legalidad y equidad tributaria
PROYECTO DE LEY-Trámite
legislativo/PROYECTO DE LEY-Requisitos para su aprobación
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance/DEBATE LEGISLATIVO-Concepto/PROYECTO
DE LEY-Sujeto a trámite como un todo/PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Regla
de excepción que lo flexibiliza
PRINCIPIO DE IDENTIDAD
FLEXIBLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Contenido/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA
EN TRAMITE LEGISLATIVO-Contenido
PRINCIPIO DE IDENTIDAD
FLEXIBLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA
EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional
COMISIONES ACCIDENTALES DE
CONCILIACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE PROYECTOS DE LEY-Función
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS
TRIBUTOS-Contenido constitucional
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN
MATERIA TRIBUTARIA-Jurisprudencia constitucional
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS-Inexequibilidad
cuando la falta de claridad es insuperable
La Corte ha reiterado la
posición de que la falta de certeza en la definición legal de los elementos del
tributo, solo conduce a la inexequibilidad de disposiciones tributarias cuando
la falta de claridad es “insuperable”. Tal y como lo señala la Corte, “Las
leyes tributarias, como cualesquiera otras, puede suscitar variados problemas
interpretativos en el momento de su ejecución y aplicación, lo cual no puede de
suyo acarrear su inexequibilidad. Sin embargo, si éstos se tornan irresolubles,
por la oscuridad invencible del texto legal que no hace posible encontrar una
interpretación razonable sobre cuáles puedan en definitiva ser los elementos
esenciales del tributo, se impone concluir que los mismos no fueron fijados y
que, en consecuencia, la norma vulnera la Constitución. Toda persona está
obligada a pagar los tributos que la ley le imponga, pero la ley no puede
exigirlos si ella no atina a decir - en general - quién lo debe hacer y por
qué.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA-Evolución
jurisprudencial respecto de la fijación de los elementos del tributo por las
entidades territoriales/LEGISLADOR-No es necesario que determine
directamente todos los elementos  de las contribuciones fiscales o parafiscales
y de los impuestos territoriales/CONTRIBUCIONES FISCALES  O PARAFISCALES E
IMPUESTOS TERRITORIALES-Pueden ser establecidos en ordenanzas
departamentales o en  acuerdos municipales
La jurisprudencia ha puesto
de presente que si bien se exige el respeto de los principios de legalidad y
certeza del tributo, lo anterior no se opone al carácter general y abstracto de
las normas tributarias “a las cuales les compete definir con ese carácter tales
elementos, sin que sea necesario describir ni particularizar todos los
supuestos de hecho que hipotéticamente podrían caer bajo el señalamiento
general de las disposiciones”. En ese orden de ideas, la Corte ha establecido
que en algunos casos, corresponde a las Asambleas y a los Concejos precisar y
especificar el contenido de las normas dictadas por el legislador en materia de
impuestos territoriales. La sentencia C-035 de 2009 reproduce la línea
jurisprudencial en esta materia de la cual se concluye que no es necesario que
el legislador determine directamente todos los elementos  de las contribuciones
fiscales o parafiscales y de los impuestos territoriales, ya que éstos pueden
ser establecidos en las ordenanzas departamentales o en los acuerdos
municipales, como se desprende del artículo 338 de la Constitución Política.
Referencia:
expediente D-8495
Actor: Lucy
Cruz de Quiñones
Demanda de inconstitucionalidad contra: Aparte del Artículo 54 de la Ley 1430 de 2010
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
La ciudadana
Lucy Cruz de Quiñones, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Nacional,
demanda la inconstitucionalidad de un aparte del artículo 54 de la Ley 1430 de
2010, “Por medio de la
cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”.
1. Normas
demandadas.
El texto del
artículo acusado se transcribe a continuación-destacando con subraya el aparte
demandado-:
LEY 1430 de 2010
(Diciembre
29)[1]
Por
medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la
competitividad
EL CONGRESO
DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo
54. Sujetos pasivos de los
impuestos territoriales. Son
sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas
naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el
hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios
autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia
de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto
los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios
autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las
obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos
pasivos.
En los
contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o
participes de los consorcios, uniones temporales, los será el representante de
la forma contractual.
Todo
lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria
respectiva de señalar agentes de retención frente a tales ingresos.  (aparte
demandado subrayado)
2.
Demanda: pretensión y cargos de inconstitucionalidad.
Se solicita
la declaración de inexequibilidad del aparte demandado del artículo 54 de la
Ley 1430 de 2010, por la violación de los artículos 157, 160, 161, 13, 95-5,
150-12, 338 y 363 constitucionales, con base en los siguientes cargos.
2.1.
Violación de los artículos 157, 160, 161 de la Constitución Política. (vicios
de forma).
2.1.1.
Violación del artículo 157 constitucional relativo a la regla de
consecutividad. Ni en la ponencia ni en el texto votado en primer debate, ni en
las ponencias para debate de Plenaria de Senado y Cámara, se encuentran normas
relativas al impuesto predial y a la contribución de valorización para
tenedores de bienes de uso público. Esta disposición se agregó durante el
debate en las Plenarias.
2.1.2.
Vulneración del artículo 160 de la Constitución en relación con la regla de
identidad flexible. La disposición demandada fue introducida en el debate de
las Plenarias sin haber sido discutida ni incluida en el texto definitivo
aprobado en primer debate en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Si
bien durante el trámite parlamentario es posible realizar adiciones,
modificaciones y supresiones a los textos aprobados en primer debate -principio
democrático- éstas deben haber sido objeto de discusión -regla de deliberación
suficiente- y deben guardar conexidad material con los contenidos normativos
aprobados en primer debate -unidad de materia-.
2.1.3.
Desconocimiento del artículo 158 superior respecto al principio de unidad de
materia. Si bien la demandante no hace referencia explícita a la unidad de
materia señalando el artículo 158, esgrime argumentos dirigidos a demostrar que
el artículo demandado parcialmente, no guarda relación con el resto del
proyecto de ley porque introduce un impuesto de orden territorial en una
reforma tributaria del orden nacional y se aparta de fin del proyecto definido
allí como la expedición de normas tributarias de control y promoción de la
competitividad nacional, no la imposición de impuestos territoriales a través
de la creación de nuevos sujetos pasivos y hechos generadores de tributos.
2.1.4. Vicio
de procedimiento por violación de las normas constitucionales y orgánicas que
regulan el debate parlamentario, artículo 161 constitucional. El texto
definitivo de conciliación fue publicado el mismo día en el que el proyecto de
ley fuera aprobado y votado por ambas cámaras. En efecto, el 15 de diciembre
fue aprobada la ponencia en la Plenaria del Senado, y ese mismo día se publicó
el informe de la Comisión de Conciliación. Sin embargo, dicho informe fue
aclarado el 16 de diciembre mediante publicación de esa fecha y el mismo día se
aprobó en las Plenarias el texto final de la conciliación.
2.2.
Violación de los artículos 13, 95.5, 150-12, 338 y 363 de la
Constitución Política (vicios de fondo)
2.2.1.
Vulneración del principio de igualdad -CP, art. 13-: al generar una
discriminación en relación con los contratistas concesionarios y al desconocer
los límites de justicia y equidad inherentes al deber de contribuir -CP, art.
95-.
2.2.1.1.
Atenta contra el principio de igualdad el hecho de equiparar categorías
diferentes -propietarios y tenedores-, a menos de que el fin sea constitucional
y que supere el test de proporcionalidad. Precisamente aplicando el test de
proporcionalidad, se concluye que la medida no es idónea porque no se obtiene
el resultado pretendido; tampoco es necesaria porque genera un sacrificio
desproporcionado de los concesionarios y porque existen otras medidas
alternativas; ni es proporcional en sentido estricto en la medida en que entre
más intensa es una intervención en un derecho fundamental más fuerte debe ser
la justificación. Adicionalmente, se produce una discriminación ya que la norma
no establece como sujetos pasivos del impuesto a todos los tenedores[2]
sino solo a quienes tienen por título de tenencia inmobiliaria el contrato
estatal de concesión[3]. A lo anterior se suma
que los concesionarios resultan gravados de igual manera,  sin considerar que
se relacionan de manera diversa con los predios y que esa condición no es
determinante de los tributos en materia de predial y valorización.
2.2.1.2.
Vulneración de principios de justicia y equidad tributaria. De acuerdo con el
artículo 95 de la Constitución, lo “justo tributario” y el principio de
equidad en la determinación del deber de pagar tributos, constituye un límite
tanto para el Legislador como para el Poder Ejecutivo en la configuración y
reglamentación de disposiciones fiscales. La justicia en el deber de tributar
deriva de la demostración de la capacidad contributiva medida en función del
hecho que se pretende gravar; la obligación tributaria surge de la existencia
de un hecho revelador de capacidad contributiva, cuya realización atribuida al
sujeto que la realiza le da nacimiento. Si no existe dicha capacidad o si se
atribuye a un sujeto ajeno a esa fuerza económica, la medida será
inconstitucional, a menos de que supere un juicio de ponderación de valores
constitucionales por obra de un objetivo extrafiscal o de ordenamiento que
realice un valor o principio constitucional. Sin embargo, en este caso no se
aprecia ninguna justificación para recargar la tributación del concesionario
que terminaría pagando impuestos por sus propios bienes y por otros bienes
ajenos sobre los cuales adelanta los trabajos o actividades propios del
contrato de concesión. La norma acusada contradice la Constitución y los
principios anteriormente descritos, al definir a los tenedores como sujetos
pasivos de un impuesto que grava la posesión y el dominio de predios así como
su valorización, siendo que los meros tenedores no son dueños ni poseedores y
tampoco se benefician de la valorización de la propiedad[4].
Específicamente, la contribución de valorización es un tributo que se genera
por la construcción de una obra pública cuyo costo se distribuye entre los
propietarios beneficiados, por lo cual no es equitativo que el concesionario
que no se beneficia con la construcción de la obra pública, deba pagar un tributo
que causa el incremento patrimonial de un bien raíz que no le pertenece ni lo
enriquece, ya que la relación de los concesionarios con los bienes es
simplemente instrumental y temporal.
2.2.2. Otro
de los cargos esgrimidos por la demandante se refiere a la violación del
principio de irretroactividad y confianza legítima. Según la ciudadana, los
contratos de concesión vigentes pactados a largo plazo, no contemplaban la
carga para el concesionario que supone el pago del impuesto predial y de la
contribución de valorización, lo cual rompe el equilibrio entre las partes e
implica un ajuste de los términos del contrato. La interpretación sobre la
retroactividad de la norma se hace en razón a que la disposición acusada no
estableció si regía para los contratos vigentes o futuros e hizo simplemente
referencia a los sujetos pasivos del impuesto con la expresión “concesionarios”
de lo cual se desprende que en ella caben tanto los actuales como los futuros.
La ciudadana indica que los principio de confianza legítima y de seguridad
jurídica, son un límite a la actividad legislativa que deben ser considerados
en este caso ya que los administrados han tomado decisiones en el marco de la
legislación vigente en el momento de la suscripción del contrato de concesión sin
que resulte ni legítimo ni justificado trasladar las consecuencias de la
retroactividad de la ley a situaciones de orden contractual ya consolidadas.
2.2.3. El
tercer cargo material se relaciona con la violación del principio de legalidad
y la ausencia de hecho generador en el caso de las concesiones. El principio de
legalidad se vulnera cuando una norma contiene elementos vagos que hacen
imposible determinar el alcance del tributo. En este caso, se verifica una
indeterminación de los elementos que identifican el impuesto predial y de
valorización ya que se introduce un nuevo sujeto pasivo que no es ni poseedor
ni propietario -los tenedores concesionarios- pero sin establecer cuál es el
nuevo hecho gravado ni la base gravable. Aclara que la función de precisar los
elementos cualitativos del tributo correspondía exclusivamente al Congreso ya
que la competencia de los entes territoriales se limita a definir los aspectos
cuantitativos del impuesto.
3. Intervenciones
ciudadanas.
3.1. En relación con
cargos por vicios de forma.
3.1.1. Intervención de
Luís Fernando León Granados, apoderado de la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
La
disposición acusada debe ser declarada exequible por la Corte Constitucional.
El artículo 160 de la Constitución y el 178 de la Ley 5 de 1992   contemplan la
posibilidad de que cada Cámara introduzca las modificaciones, adiciones que
después podrán someterse a debate en las comisiones de conciliación; entonces,
las plenarias pueden agregar al proyecto que se tramita nuevos artículos, aún
no considerados en la otra Cámara sin que ello implique que por no haberse
surtido los cuatro debates reglamentarios, esas normas sean inconstitucionales.
La regla de los cuatro debates sucesivos es para el proyecto de ley como tal,
no para todos y cada uno de sus artículos. En cuanto al cargo referido a la
identidad temática, el tema básico de la Ley 1430 de 2010 consiste en la
expedición de normas tributarias para el control y la competitividad lo cual
hacía posible que se incluyeran disposiciones relativas a normas tributarias de
impuestos del orden nacional o territorial.
3.1.2.
Intervención de Orlando Sepúlveda Otálora, apoderado judicial de la Nación -
Ministerio del Medio Ambiente.
La
norma debe permanecer en el ordenamiento jurídico ya que de lo contrario dicha
entidad quedaría impedida para ejercer sus competencias en esta materia.
Considera también que en este caso la demanda no reúne los presupuestos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
3.1.3.
Intervención de Universidad Externado de Colombia, Centro de Estudios Fiscales
(CEF).
No
hay vulneración de las normas constitucionales y orgánicas que regulan el
procedimiento legislativo porque se surtieron todos los debates: el principio
democrático se concreta en la posibilidad que tiene el Congreso de discutir y
modificar las iniciativas legislativas en curso. Asimismo señala que el hecho
que exista una tradición jurídica de más de un siglo en relación con el
impuesto predial, no limita al legislador ni le impide introducir las
modificaciones que considere pertinentes en el marco del debate político.
3.1.4.
Intervención de Carlos Gustavo Arrieta Padilla en calidad de abogado de
AEREOCALI S.A.
En
el análisis de las gacetas del Congreso que registraron el proceso legislativo
de la Ley 1430 de 2010, no se encontró en ninguna de las ponencias la historia
del aparte de la disposición demandada, ni cómo o porqué se incluyó el
mencionado gravamen. Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
los artículos 160 y 161 de la Constitución Política habilitan al legislador
para introducir modificaciones o adiciones a un proyecto de ley en el curso de
su trámite, es necesario que éstas se refieran a temas que hubieren sido
conocidos o debatidos en las respectivas comisiones. En otras palabras, se
acepta que se puedan introducir artículos específicos que no hubieren hecho
parte de los textos aprobados en comisiones siempre y cuando los temas a los
que se refieran hubieren sido conocidos y analizados por la comisión
constitucional respectiva.
3.1.5.
Intervención de Consuelo Acevedo Romero.
La
norma no fue discutida en los cuatro debates reglamentarios que exige la Carta
Política para convertirse en ley, siendo necesario que el debate recaiga  sobre
la totalidad de las normas incluidas en el proyecto; al respecto, apenas hubo
una alusión al mismo durante su curso. Se desconoció el principio democrático
al no haberse dado un debate en profundidad sino una imposición arbitraria en
contra del principio de representación popular en el establecimiento de los
tributos.
3.1.6.
Intervención de Jhon Jairo Parra Gamboa.
La
extensión del impuesto predial y de valorización a los tenedores de bienes de
uso público fue un tema nuevo y diferente en relación con lo aprobado en las
comisiones conjuntas en primer debate: en efecto, se incluyó un tributo
territorial en un proyecto cuyo objetivo era modificar el Estatuto Tributario
que se ocupa de tributos nacionales. Los tributos territoriales son una
manifestación del carácter descentralizado con autonomía de sus entidades
territoriales por lo que en esta materia el legislador debe limitarse a
establecer el marco dentro del cual dichas entidades ejercen el derecho a
establecer los tributos. El componente flexible del principio de identidad no
puede llevarse hasta el extremo de entender que cualquier norma que encaje
dentro de la categoría de “tributo” pueda agregarse en el último momento al
proyecto.
3.1.7.
Intervención de Luz Maria Escorcia
Vargas.
La norma
demandada no fue objeto de todos los debates que determina el artículo 157
superior en concordancia con los artículos 163 y 169 de la Ley 5 de 1992.
Ninguna disposición relativa a tenedores de bienes de uso público como sujetos
pasivos del impuesto predial y de valorización estaba presente ni en el
proyecto de ley presentado por el gobierno, ni en la ponencia para primer
debate, ni en el texto definitivo aprobado en primer debate. Las adiciones o
modificaciones a los proyectos proceden respecto de temas que hubieran sido
conocidos, discutidos, debatidos y votados en las respectivas comisiones en
virtud del principio de conexidad, lo que no fue el caso. Además, en ninguna de
las plenarias ni en la comisión de conciliación se debatió el alcance de la
norma acusada.
3.2. Intervenciones en relación con los cargos por vicios de fondo.
3.2.1.
Intervención Luís Fernando León Granados apoderado de la Nación -  Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
En relación
con el cargo referido a la ruptura del principio de igualdad ante la ley, el
Legislador cuenta con libertad de configuración para determinar los sujetos
pasivos del impuesto predial y de la contribución de valorización, y puede
autorizar a las entidades territoriales a gravar los bienes de uso público que
se encuentren en manos de particulares. La interpretación que hace de la norma
la demandante es incorrecta: la disposición se aplica sobre el supuesto de que
los bienes concesionados estén sometidos al impuesto predial, lo cual limita la
posibilidad de que se pueda gravar la totalidad de concesionarios de inmuebles
públicos por cualquier causa, ya que la norma hace referencia a los inmuebles
otorgados en concesión que sean objeto de estos tributos; entonces la norma
cuestionada efectúa una modificación relativa a los sujetos pasivos y no al
hecho generador del impuesto. Respecto al principio de igualdad de los sujetos
pasivos del tributo, se trata de un argumento contradictorio, ya que la
discriminación se produciría si al contrario se otorgara un trato diferente a
los otros sujetos pasivos del tributo. De otra parte, la confianza legítima no
es un obstáculo que impida al legislador derogar la normatividad anterior ya
que no se puede afirmar que las personas tengan derechos adquiridos. Por
último, en relación al principio de legalidad, la declaración de
inexequibilidad por estas circunstancias solo es posible cuando la falta de
claridad es insuperable o sea cuando no sea posible establecer el sentido y
alcance de las suposiciones de conformidad con las reglas generales de
hermenéutica jurídica; así, el hecho generador no debe ser necesariamente
determinado si puede derivarse de los criterios definidos por el legislador.
Por tanto, debe ser declarada exequible.
3.2.2.
Intervención Universidad Externado de Colombia, Centro de Estudios Fiscales
(CEF).
No se está
violando la Constitución Política al definir un nuevo sujeto pasivo: la propiedad
tiene varios atributos como el uso y la explotación que bien pueden ser
elegidos por el legislador para ampliar la configuración de sus hechos
generadores. Tampoco se vulnera el principio de igualdad cuando se grava solo a
los concesionarios y no a los otros tenedores: la tenencia surge de diversas
relaciones jurídico negociales que hacen justificable la diferencia propuesta
por el legislador. Tampoco es suficiente para demostrar la vulneración de los
principios de justicia, equidad e igualdad, citar antecedentes normativos del
impuesto y acudir a la tradición del gravamen, ya que las normas anteriores no
limitan su potestad legislativa. La ley nunca ha definido el hecho generador
del predial como la propiedad o la posesión, ni ha establecido como sujetos
pasivos al propietario o poseedor, ya que estos elementos obedecen al
desarrollo que de las normas nacionales han realizado los concejos distritales
y municipales. El hecho de que en el numeral 3º del artículo 6 de la Ley 768 de
2002 se haya extendido al impuesto predial a las construcciones, edificaciones
o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público cuando están en manos de
particulares en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, no impide que el
Congreso no pueda incorporar para la generalidad de los distritos y municipios
un supuesto diferente. Finalmente, la pretensión de la demandante para que se
restablezca el equilibrio contractual que se vio afectado por una nueva carga
tributaria sobre los concesionarios, es una función que compete a los
tribunales especiales contencioso-administrativos. Así, resulta exequible la
disposición.
3.2.3. Intervención Carlos
Gustavo Arrieta Padilla en calidad de abogado de AEREOCALI S.A.
La
disposición acusada resulta contraria a los artículos 317 y 338 de la
Constitución ya que los impuestos territoriales deben ser fijados por el
Congreso quien es el encargado de definir todos sus elementos, y en la
disposición demandada no se precisa cuál es el hecho gravado. En relación con
los bienes de uso público, la relación que mantiene el tenedor con dichos
bienes a partir del contrato de concesión, es temporal y precaria, razón por la
cual no enriquece su patrimonio ni supone un aumento de su riqueza
inmobiliaria; el impuesto predial solo grava los bienes que detentan los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta en cuanto tengan la propiedad de los bienes inmuebles
en cuestión. Se concluye entonces que la norma es inconstitucional porque
obliga a los concesionarios a pagar un impuesto en función de un hecho
generador que no los enriquece sino que constituye la riqueza de otro porque no
supone un incremento patrimonial a su favor, desarticulando de este modo el
sistema de prestaciones y contraprestaciones que se imponen de acuerdo con los
respectivos contratos de concesión: en la medida en que no se configuró el
hecho gravable del impuesto predial para los tenedores de bienes de uso
público, se entiende que lo que se grava en realidad no es la riqueza derivada
de la propiedad o posesión de un bien raíz sino la renta que se deriva de la
explotación del bien entregado a título de concesión; así, la “irracionalidad
de este impuesto” consiste en que se pretende gravar al concesionario no en
función de su contrato u de lo que en proporción de dicha remuneración
incremente su propio patrimonio, sino del avalúo catastral sobre un bien que
hace parte del patrimonio de otro. Finalmente, luego de aplicar el test de
igualdad, la norma acusada estaría vulnerando el artículo 13 de la Carta, ya
que si bien la Constitución no prohíbe la reglamentación de un trato diferente,
éste siempre debe estar justificado y ser razonable, lo que no ocurre en este
caso ya que no se constata ningún objetivo específico en el tratamiento
discriminatorio que la Ley 1430 de 2010 dispensa a los tenedores de bienes
inmuebles estatales.
3.2.4. Intervención de
Luis Jaime Salgar Vegalara.
La norma
demandada estaría desconociendo la autonomía de los entes territoriales en la
fijación de este tipo de elementos de los tributos territoriales, excediendo el
ámbito de configuración legislativa y vulnerando el artículo 317 superior.
Además, se viola el principio de legalidad tributaria, por no haberse fijado de
manera directa los elementos necesarios de dichos tributos aplicables a los
inmuebles de uso público tal y como lo ordena el artículo 338 de la
Constitución Política, y porque el legislador le atribuye a los tenedores de
dichos bienes un impuesto que es de incuestionable naturaleza real cuando el
concesionario no es propietario, ni poseedor de los mismos, ni se beneficia de
su valorización[5]. Por último, luego de
realizar un test de razonabilidad de la norma, se concluye que ésta vulnera el
principio de igualdad tributaria porque se pretende otorgar un tratamiento
igualitario a sujetos manifiestamente diferentes entre sí. Esta asimilación
afecta el interés general y las condiciones de prestación de los servicios
públicos desconociéndose el principio de equidad tributaria.
3.2.5.
Intervención de Consuelo Acevedo Romero.
La libertad
legislativa no es absoluta, tiene su límite en los principios de la
tributación, básicamente en el principio de equidad. De la equidad se deriva el
principio tributario de la capacidad contributiva, y que corresponde a una
estimación subjetiva de la verdadera capacidad del contribuyente teniendo en
cuenta su situación económica y la actividad o hecho del cual se deriva la
obtención de sus rentas. En este marco de ideas, la norma acusada busca imponer el
impuesto a los concesionarios como agentes económicos que no cuentan con el
predio en su patrimonio ni pretenden hacerlo, ya que la utilización que hacen
de los bienes inmuebles es una relación secundaria y subordinada al desarrollo
de la concesión y su utilización no representa una exteriorización de capacidad
contributiva real. De la misma manera, salta a la vista la imposibilidad de que
el bien sea susceptible de gravarse con la contribución de valorización en
cabeza de un contratista que no aprovechará los inmuebles a los que accede ni
deriva de ello utilidad alguna. Con esta norma se distorsiona, tanto el hecho
económico porque se impone una carga desproporcionada al concesionario, como el
hecho generador del impuesto sobre la propiedad inmueble, que termina por
recaer sobre el concesionario a pesar de que éste no detenta ni la propiedad ni
la posesión del bien. De ahí su inconstitucionalidad.
3.2.6.
Intervención de John Jairo Parra Gamboa.
Debe
declararse inexequible el aparte del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010. De
acuerdo con el precedente constitucional, al variarse la estructura  básica e
histórica de tributos sin deliberación parlamentaria suficiente, se viola el
principio de legalidad tributaria. Los sujetos pasivos del mismo son los
propietarios o poseedores de bienes inmuebles que hacen parte del patrimonio,
esto es, de la riqueza; no puede incluirse a los tenedores, ya que la tenencia
del bien no representa riqueza para el sujeto ni hace parte de su patrimonio y
tampoco tiene vocación de ingresar al mismo.
3.2.7.
Intervención de Néstor Figueroa Guauque.
La Corte
debe declarar inconstitucional la disposición demandada. La disposición vulnera
el derecho del contribuyente a la igualdad ante la ley y a conocer con claridad
cuáles son sus obligaciones tributarias. De igual manera, atenta contra el
principio de legalidad y de reserva de la ley al introducir como nuevo sujeto
pasivo del impuesto predial y de la contribución de valorización a los meros
tenedores concesionarios de bienes públicos inmuebles, sin haber definido otro
elemento condicional del tributo como lo es el hecho generador: así, solo se
puede interpretar por analogía que se está gravando la valorización de un bien
ajeno que nunca se incorporó al patrimonio de los tenedores o a la explotación
económica de la actividad que realizan -ya que quien realiza mejoras no
adquiere ni la propiedad ni la posesión del mismo-, como si se tratara de un
tributo equiparable al impuesto de renta. En los términos del artículo 58 y 317
superior, lo que se grava con el impuesto predial es la propiedad privada y no
los bienes de uso público que forman parte del dominio público del Estado y son
inalienables, imprescriptibles e inembargables, y cuyo uso es de todos los
habitantes del territorio nacional. Por ende, quien obtiene aprovechamiento
particular de un bien de uso público sea lícita o ilícitamente, no es ni
propietario ni poseedor del mismo y no puede ser sujeto del impuesto predial ni
de la contribución de valorización. Asimismo se viola el artículo 13 de la
Constitución ya que la razonabilidad y proporcionalidad deben considerarse
siempre como límites a la discrecionalidad del legislador. De la misma forma,
se desconoce el principio de seguridad jurídica, de eficiencia en el recaudo
del tributo y protección de las finanzas públicas, y el desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional en esta materia, considerando que por lo anterior
se pone en entredicho la legitimidad del impuesto predial y de la contribución
de valorización ya que los concesionarios han contratado con el Estado
considerando la legislación vigente en ese momento.
4. Concepto del Procurador
General de la Nación
La Corte
debe declarar inexequible la expresión demandada del artículo 54 de la Ley 1430
de 2010 por vicios de trámite en la formación de toda la ley.
Desde el
primer debate en las Comisiones Conjuntas de ambas Cámaras, el Legislador tuvo
la intención de incluir temas relativos a los tributos de orden territorial, lo
cual era factible en vista de la conexidad temática con el título del proyecto
y su contenido. Sin embargo, incluir y aprobar en segundo debate de ambas
Cámaras una norma que establece una nueva obligación tributaria de orden
territorial, sí representa un tema nuevo que no se relaciona con el proyecto,
no obstante se trate de una norma tributaria: porque la creación de un impuesto
municipal y de una contribución de valorización no guarda conexidad con el
objeto del proyecto consistente en expedir normas tributarias de control y de
competitividad. En efecto, el propósito del nuevo impuesto no tiene como fin el
control sino que constituye una imposición; y no promueve la competitividad
sino que establece una carga económica a los concesionarios. En otras palabras
se vulnera el principio de unidad de materia.
Adicionalmente,
se desconoció el principio de identidad flexible, porque el tema fue incluido
para segundo debate en la plenaria de ambas Cámaras sin haber surtido ningún
debate en las comisiones conjuntas. Finalmente se incurre en vicio de trámite,
por haber votado el proyecto el mismo día en que se publicó el informe
definitivo de la comisión de conciliación el 16 de diciembre de 2010 vulnerando
el artículo 161 de la Constitución Política tal y como consta en la Gaceta del
Congreso 1107 del 16 de diciembre de 2010. Resta examinar si el vicio de
trámite es o no subsanable, para devolver la ley al Congreso o declarar su
inexequibilidad.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La presente
demanda de inconstitucionalidad fue formulada por una ciudadana colombiana,
contra una disposición vigente contenida en la Ley 1430 de 2010. Por lo tanto, la
Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre ella -Constitución
Política artículo 241.4-.
2. Marco normativo.
2.1. La Ley 1430 de 2010.
El
proyecto de Ley 124 Cámara y 174 Senado, que se convirtió en la Ley 1430 de
2010 “Por medio de
la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, fue presentado por el Gobierno a la
Cámara de Representantes, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito
Público, y tenía como fin aumentar las
condiciones de productividad y competitividad, agilizar la labor de
fiscalización de la DIAN y aumentar el recaudo tributario de la Nación sin
afectar la generalidad de la población.
El contenido
de la Ley 1430 de 2010 es muy variado y modifica, suprime y adiciona algunas
disposiciones del Estatuto Tributario y artículos de otras leyes la 14 de 1983,
488 de 1998, 633 de 2000, 643 y 681 de 2001, 789 de 2002, 1111 y 1106 de 2006,
1328 de 2009 y 1380 de 2010. Contiene disposiciones relativas a tributos de
orden nacional y territorial. Se incluyen entre otros, temas referidos al
gravamen a los movimientos financieros (GMF), al IVA, al impuesto de renta, el
impuesto al patrimonio, retención en la fuente, los impuestos pagados en el
exterior, las contribuciones a los contratos de obra pública y a las
concesiones, el impuesto predial y la contribución de valorización; el sistema
de facturación de los tributos distritales; se establecen sanciones,
contribuciones, mecanismos de devolución; se regula la intervención de tarifas
y precios, se suprimen algunas exenciones; se regula la distribución de
combustibles líquidos en zonas de frontera; se aborda el tema de recursos del
Fondo para el subsidio de vivienda de interés social y la reactivación
agropecuaria nacional, así como mecanismos para la promoción de la
competitividad en las regiones.
2.2. El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.
El
artículo 54, referido a los sujetos pasivos de los impuestos territoriales,
agrega un nuevo sujeto pasivo del impuesto predial y de la contribución de
valorización, representado por los tenedores de bienes públicos a título de
concesión.
3. Problemas jurídicos.
3.1. Problemas jurídicos relacionados con los vicios de forma.
Dado que la
Ley 1430 de 2010 fue publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2010
y la demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 31 de marzo de 2011, es
decir, dentro del término dispuesto en la Constitución[6],
es procedente entrar a analizar los cargos por los vicios de trámite
formulados.
El
análisis de los cargos por vicios de forma resolverá los siguientes problemas
jurídicos: (i) ¿Vulnera la Constitución una disposición normativa que, a
diferencia del proyecto, no fue votada en cada uno de los debates
reglamentarios en las cámaras legislativas? (ii) ¿Es constitucionalmente
posible introducir al proyecto de ley, en el segundo debate de plenaria, una
disposición cuyo contenido fue materia del debate en las comisiones conjuntas
de Senado y Cámara? (iii) ¿La norma que introduce como sujetos pasivos del
impuesto predial a los tenedores de bienes públicos a título de concesión,
guarda unidad temática con la Ley 1430 de 2010  “Por medio de la cual se
dictan normas tributarias de control y para la competitividad”?; 4) ¿Se
vulnera la Constitución cuando durante el trámite legislativo, se vota el
informe de conciliación el mismo día de la publicación oficial de una
aclaración al mismo?
3.2. Problemas jurídicos relacionados con los vicios materiales
Para
analizar los cargos por vicios de fondo, se plantearán los siguientes problemas
jurídicos: (i) ¿Vulnera el legislador el principio de legalidad tributaria por
haber introducido un nuevo sujeto pasivo del impuesto predial y de valorización
sin definir los otros elementos del tributo? (ii) ¿Desconoce el derecho a la
igualdad y los principios de justicia y equidad tributaria el que el legislador
haya definido como sujetos pasivos del impuesto predial y la contribución de
valorización a los tenedores de bienes públicos a título de concesión, si bien
éstos no detentan ni la propiedad ni la posesión de dichos bienes? (iii)
¿Afecta el principio de buena fe y de confianza legítima la extensión legal del
impuesto predial y la contribución de valorización a los tenedores de bienes
públicos sin establecer desde cuando empezaría a regir?
4. Cargo 1: vulneración de los artículos 157, 160, 158 y 161
(inconstitucionalidad formal, por vicios de procedimiento).
4.1.
Vulneración del artículo 157 de la Constitución Política (consecutividad).
Este cargo
lo basa la demanda en un hecho indiscutible: no haber sido votado el texto
demandado en el primer debate dado al proyecto de ley en comisiones conjuntas
de Cámara y Senado, considerándose incumplido el requisito de aprobación de
todo proyecto en cuatro debates, sucesivamente. La demanda asocia a este cargo
otros hechos que juzga irregulares, como la ausencia de discusión de la
disposición demandada en las sesiones conjuntas de comisiones y la no inclusión
de la misma en las ponencias para segundo debate de plenarias, cuestiones que
se abordarán en el juicio de desconocimiento de la regla de identidad flexible.
En este punto, el juicio de constitucionalidad se centra en la interpretación
de la norma constitucional y su desarrollo jurisprudencial.
4.1.1. El artículo 157 constitucional y la jurisprudencia.
4.1.1.1.
El artículo 157 de la Constitución[7] consagra la regla de
consecutividad estableciendo lo siguiente,
Constitución
Política, Artículo 157.– Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes:  (1) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de
darle curso en la comisión respectiva.  (2) Haber sido aprobado en primer
debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento
del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en
sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.  (3) Haber sido
aprobado en cada Cámara en segundo debate.  (4) Haber obtenido la sanción del
Gobierno.
4.1.1.2.
De lo anterior, se desprenden los requisitos de existencia y validez de las
leyes. Además, se establece la secuencia y las etapas que debe surtir un
proyecto de ley para convertirse en ley de la República, desde la publicación
previa al primer debate hasta la sanción presidencial, pasando por los debates
en las comisiones permanentes de cada Cámara y sus respectivas Plenarias. Lo anterior, se resume en la necesidad de
que los
proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las
comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las
excepciones constitucionales o legales[8].
4.1.1.3. En relación con la regla
de la consecutividad ha dicho la Corte “constituye un razonable parámetro
de eficiencia legislativa que procura la concentración del esfuerzo normativo
en determinados proyectos, los cuales, por las razones anotadas, deben ser
aprobados siguiendo una secuencia lineal y atendiendo un preciso límite
temporal”[9]. Las reglas reiteradas
por la jurisprudencia se expresan en los siguientes apartes:
“Tanto las comisiones como las
plenarias deben estudiar y debatir todos los temas que ante ellas hayan sido
propuestos durante el trámite legislativo, pues el acatamiento de dicha
obligación garantiza el cumplimiento de la regla de los cuatro debates
consagrada en el artículo 157 C.P.;
Ninguna célula legislativa puede
omitir el ejercicio de sus competencias y delegar el estudio y aprobación de un
texto propuesto en su seno a otra instancia del Congreso para que allí se surta
el debate sobre ese determinado asunto;
La totalidad del articulado
propuesto para primer o segundo debate, al igual que las proposiciones
que lo modifiquen o adicionen, deben discutirse, debatirse, aprobarse o
improbarse al interior de la instancia legislativa en la que son sometidas
a consideración”[10].
4.1.1.4. Cabe anotar en relación con
el principio de consecutividad y con la necesidad de debatir y aprobar los
proyectos en cada sesión, que la jurisprudencia[11]
ha  indicado que, tanto el debate como la votación, son partes esenciales del
procedimiento de formación de las leyes establecido por la constitución y la
ley, y que como tal, deben ser respetados y cumplirse a cabalidad para que el
proceso de aprobación de las leyes se considere válido[12].
4.1.1.5.
Resta agregar que el artículo 147 de la Ley 5 de 1992, repite el contenido del
artículo 157 constitucional citado, al expresar:
ARTICULO
147. Requisitos constitucionales. Ningún
proyecto será ley sin el lleno de los requisitos o condiciones siguientes:
1.
Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva.
2.
Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente
de cada Cámara, o en sesión conjunta de las respectivas comisiones de ambas
Cámaras, según lo dispuesto en el presente Reglamento.
3.
Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.
4.
Haber obtenido la sanción del Gobierno La Constitución Política y este
Reglamento contienen procedimientos especiales y trámites indicados para la
expedición y vigencia de una ley.
4.1.2.
Interpretación de las normas constitucionales y orgánicas.
4.1.2.1.
Dado que todo proyecto debe ser aprobado en cuatro debates, cabe precisar lo
que se entiende por  debate. El artículo 94 de la ley 5 de 1992
(orgánica del reglamento del Congreso) dice que “El sometimiento  a
discusión de cualquier proposición…” es lo que constituye “debate”,
el cual comienza “al abrirlo el Presidente” y concluye “con la
votación general” previo cierre del mismo por “suficiente ilustración”
(L 5 de 1995, Art 108). En suma, debate es, esencialmente, la etapa del trámite
legislativo en que el proyecto de ley se somete a la deliberación
parlamentaria, ya en comisión o en plenaria. La exigencia de cuatro debates,
significa que todo proyecto debe ser sometido a discusión en las comisiones y
plenarias de las cámaras y luego ser votado en cada una de ellas para
convertirse en ley.
4.1.2.2. En
este punto del curso legislativo, la Constitución -y la ley orgánica- aluden al
proyecto de ley sujeto a trámite como un todo. Con estas prescripciones de
consecutividad se materializa el principio democrático de la regla de mayorías,
al exigirse la aprobación mayoritaria de las cámaras y las correspondientes
comisiones -en sesiones separadas o conjuntas- como también el principio
democrático de la deliberación parlamentaria y la regla de participación de
minorías. Y al prefijarse un trámite secuencial, se impone un orden al proceso
de aprobación del mismo, siéndole imposible a una cámara alterar tal curso
procesal respecto de su comisión o de la otra cámara, por la sola voluntad de
sus mayorías. De faltar a un solo debate -esto es, de no haber sido sometido a
discusión ni votado debidamente- o de aprobarse en cuatro debates con
alteración del orden de las aprobaciones, ningún proyecto podrá ser ley de la
República.
4.1.2.3. La regla
de consecutividad tiene, con todo una excepción que lo flexibiliza: lo
dispuesto en el artículo 159 de la Constitución, que permite a la Plenaria de
una Cámara la consideración del “proyecto de ley que hubiere sido negado en
primer debate”.
4.1.2.4. Lo
relativo a los cambios que experimenta un proyecto durante su proceso de
formación, no es tópico regulado por el artículo 157 constitucional, esto es,
objeto de la regla de consecutividad. La posibilidad de introducir válidamente
modificaciones al proyecto de ley presentado a cualquiera de las cámaras, es
materia de regulación del artículo 160 de la Constitución (Ver punto 4.2.
siguiente).
4.1.3. El
trámite de proyecto de ley (124 Cámara y 174 Senado).
4.1.3.1.  El
proyecto fue presentado con mensaje de urgencia, el  15 de octubre de 2010, en la
Secretaría General de la Cámara de Representantes por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público. Su publicación se hizo en la Gaceta del Congreso No 779 del 15
de octubre de 2010.
4.1.3.2. La
ponencia para primer debate del proyecto de ley 124 Cámara y 174 Senado por medio de la cual se dictan normas tributarias de
control y para la competitividad, fue presentada el 19 de noviembre
de 2010 como consta en el Acta 002 y en la Gaceta No. 932 del 19 de noviembre
de 2010, para su discusión en la Comisión Tercera Constitucional Conjunta de la
Cámara y el Senado. La ponencia fue debatida el 24 de noviembre de 2010 tal y
como consta en la Gaceta 165 y 166 de 2011[13], y el mismo 24 de
noviembre de 2010 la Comisión Conjunta aprobó en primer debate el Proyecto de
ley número 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado, previo anuncio de su
votación conjunta el día 23 de noviembre de 2010 en cumplimiento del artículo
8º del Acto Legislativo 01 de 2003, como lo consignan las Gacetas 1010 de 2010
y 1038 de 2010.
4.1.3.3. La
ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, se publicó en la
Gaceta del Congreso No 1052 del 7 de diciembre de 2010. El debate quedó consignado en el Acta de Sesión Plenaria número 41 de diciembre 14 de
2010 publicada en la Gaceta 213 de 2011, previo anuncio el 13 de diciembre de
los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 40. El texto aprobado con modificaciones en sesión plenaria de la
Cámara de Representantes del día 14 de diciembre de 2010, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 1143 del 29 de diciembre de 2010.
4.1.3.4. De otro lado, la ponencia para segundo debate, en el Senado de
la República,  se publicó en la Gaceta del Congreso No 1038 del 6 de diciembre
de 2010. El texto aprobado con modificaciones en
sesión plenaria del Senado de la República del día 15 de diciembre de 2010, fue
a su vez publicado en la Gaceta del Congreso No. 1118 del 22 de diciembre de
2010 y del debate quedó constancia en el acta de plenaria 34 del 15 de diciembre de 2010 Senado publicada en la
Gaceta 80 de 2011.
4.1.3.5. El informe de
conciliación al proyecto de ley 174 de 2010 Senado, 124 de 2010 Cámara, es publicado en las Gacetas del Congreso
No. 1103 y 1104 del 15 de diciembre de 2010. Sin embargo, el 16 de diciembre de
2010, se publica aclaración al
texto de conciliación radicado el día 15 de diciembre de 2010 debido a un error
de trascripción en el inciso 2° del artículo 4°, tal y como consta en la
Gaceta 1107 de 2010. La votación del informe de conciliación en la
Cámara de Representantes el 16 de diciembre de 2010, quedó consignada en el
Acta 43 consignada en la Gaceta No. 237 de 2011[14].
La votación del informe de conciliación en el Senado quedó consignada en el
acta 35 contenida en la Gaceta No. 81 de 2011.
4.1.3.6. El 29 de diciembre, el proyecto de ley 174 de 2010 Senado, 124 de 2010 Cámara, es
sancionado por el gobierno y se convierte en la Ley 1430 de 2010.
4.1.4. La consecutividad del proyecto de ley.
4.1.4.1. Con relación al cargo por la
supuesta violación del artículo 157 superior, se encuentra probado que el
proyecto de ley 124 de
2010 Cámara, 174 de 2010 Senado, fue tramitado con mensaje de urgencia
por solicitud del Gobierno Nacional, razón por la cual se configura la
excepción a la regla de los cuatro debates reglamentarios dispuesta en el
artículo 163 constitucional y en el artículo 169 de la Ley 5ª de 1992. En este
orden de ideas, el proyecto surtió los primeros debates en sesiones conjuntas
de comisiones terceras de Cámara y Senado -gaceta 165 y 166 de 2011- y los dos
debates a cargo de las plenarias de de las dos Cámaras- gacetas 80 y 213 de
2011[15]-.
4.1.4.2. Así, el proyecto de ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado cumplió
todos los debates exigidos por el artículo 157 de la Constitución para su
conversión en Ley. Ellos, además, se realizaron respetando el trámite
legislativo en los términos establecidos por la Constitución y la Ley[16], es
decir realizando el aviso previo, incorporando los temas en el orden del día,
verificando el quórum, debatiendo los artículos y preposiciones propuestas,
realizando las votaciones por artículo o en bloque, y publicando en las gacetas
del Congreso tanto las ponencias, como las actas de Plenaria y los textos
definitivos aprobados en Comisión por cada cámara en Plenarias.
4.1.5. Conclusión del cargo.
Por lo expuesto, se desvirtúa el
primer cargo por vicios de forma esgrimido por la demandante relativo al
desconocimiento del principio de consecutividad, ya que se realizaron los
debates sucesivos al proyecto de ley, en la secuencia prescrita para las
iniciativas legislativas con mensaje de urgencia, siguiendo las formalidades de
trámite.
4.2. Vulneración del artículo 162 de la Constitución Política
(identidad flexible).
En relación
con la vulneración del principio de identidad flexible, la demanda denuncia que
la disposición demandada fue introducida en el debate de las Plenarias (i) sin
haber sido votada ni discutida en el primer debate de las comisiones conjuntas
de Cámara y Senado, (ii) ni incluida en las ponencias para el debate plenario
en cada cámara.
4.2.1. El artículo 160 constitucional.
4.2.1.1.
La llamada regla de identidad flexible hace referencia a la validez de
la aprobación de textos no idénticos o desiguales en los diferentes debates
parlamentarios, por la introducción de cambios al texto precedente. Tales
cambios, incorporados en segundo debate de alguna Cámara al texto ya aprobado por
la Comisión respectiva, o, en la plenaria de una Cámara respecto de lo aprobado
previamente por la otra, pueden consistir en: (i) supresiones -eliminación de
un enunciado del proyecto- , (ii) modificaciones -alteraciones de una
disposición que se conserva- o (iii) adiciones -incorporación de nuevas
disposiciones-.
4.2.1.2.
La posibilidad de introducir cambios en segundo debate de Plenaria al texto
votado en primer debate por la Comisión, se fundamenta en el artículo 160
superior, que indica:
Constitución
Política. Artículo 160.  (…) Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir
al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones
que juzgue necesarias.
En el informe a la Cámara plena para segundo
debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron
consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo (…).
Aquí
la norma prevé la posibilidad de que las Cámaras en pleno introduzcan, en
segundo debate, cambios al texto aprobado en Comisión, flexibilizando así el
trámite parlamentario en la secuencia indicada. Más específico, el artículo 160
de la Ley 5 de 1992 reitera la identidad flexible en el trámite de las
iniciativas, al autorizar “enmiendas al articulado” que pueden ser de “supresión,
modificación o adición a algunos artículos o disposiciones del proyecto”.
Para la mejor ilustración de los miembros de la Plenaria, el mismo artículo 162
constitucional instruye al ponente del proyecto en segundo debate a consignar
en el informe de ponencia “la totalidad de las propuestas que fueron
consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo”;
con todo, tal deber de ilustración no puede entenderse como un requisito que
condicione la presentación de una modificación al hecho de haber sido propuesta
en la comisión, ya que la facultad de introducirlas en Plenaria, según el
artículo 160.2 citado, se refiere a “las que juzgue necesarias” la
correspondiente Cámara. Reiterando lo anterior, el artículo 178.1 de la Ley 5
de1992 en desarrollo de la norma constitucional citada, refiere al evento de
que a un proyecto de ley “le sean introducidas modificaciones, adiciones o
supresiones durante el debate en Plenaria”; y concluye confirmatoriamente,
que “éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la
respectiva Comisión Permanente”, es decir, continuando válidamente su trámite
legislativo.
Con
todo, existe una restricción constitucional a la introducción de modificaciones
en Plenaria al texto aprobado en primer debate: la “unidad de materia”.
El artículo 158 constitucional dispone que “todo proyecto de ley debe referirse
a una misma materia”, agregando que serán inadmisibles “las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”. Por el
contrario, las adiciones correspondientes a materias que no tengan relación con
lo aprobado en el debate anterior “o asuntos nuevos” (Ley 5 de 1992,
art. 177), así como las modificaciones o adiciones que constituyan “serias
discrepancias con la iniciativa aprobada en comisión” (Ley 5 de 1992, art.
178.2), o las consistentes en un “texto alternativo” que entrañe una “enmienda
total” al proyecto de ley, serán devueltas a la Comisión para primer
debate, bajo el entendimiento de que no cumple la regla de identidad flexible.
En
síntesis, es posible introducir modificaciones y adiciones en segundo debate de
Plenaria al texto aprobado en primer debate de Comisión, siempre y cuando no
constituya un tema nuevo respecto del temario ya aprobado sino relacionado con
su contenido -unidad de materia-, ni establezca una discrepancia seria con el
texto ya aprobado o, mucho menos, se trate de una enmienda total.
4.2.1.3.
La identidad flexible, entendida como la posibilidad de incorporar
válidamente cambios al texto preaprobado, también se expresa en la facultad de
una Cámara para introducir modificaciones a lo aprobado por la otra. Estos
casos, regulados en el artículo 161 constitucional, disponen de un trámite
diferente que parte de integrar comisiones de conciliación de las dos
corporaciones legislativas y volver a someter a la aprobación de las plenarias
un mismo texto. Así, la flexibilidad de poder aprobar un texto diferente en
segundo debate respecto del primero -con las limitaciones señaladas-, se limita
cuando las discrepancias se traban entre una cámara y otra, pues si bien
inicialmente se considera válido votar contenidos diferenciados, al final
prevalece la regla de identidad pura, al tener que votar, de nuevo en
plenarias, un mismo texto conciliado.
En
suma, la regla de identidad flexible tiene plena aplicación en la secuencia del
proceso de aprobación de las leyes que transcurre entre el primero y el segundo
debate, cual es el caso que nos ocupa.
4.2.2. La
identidad flexible en la jurisprudencia constitucional.
4.2.2.1. El
principio de identidad flexible como expresión del principio de deliberación
democrática[17], ha sido interpretado
por la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que se faculta a cada
cámara para que sea en el debate de plenaria o en el de comisión, se
introduzcan las modificaciones, adiciones o supresiones que se juzguen necesarias
para el proyecto de ley siempre que durante el primer debate se haya aprobado o
discutido el asunto o materia a que se refiera la adición o modificación[18].
En este sentido, la Carta de 1991 flexibilizó y relativizó el criterio del
control rígido que hasta ese momento exigía que un proyecto de ley fuera el
mismo durante los cuatro debates reglamentarios. Se trata entonces de
privilegiar el principio democrático para permitir la participación y
confrontación de todas las corrientes de pensamiento en el trámite de formación
de la ley. Con relación a este
principio la Corte ha señalado que,
“El principio de identidad ha
sido relativizado al facultar a los congresistas para que durante el segundo
debate puedan introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que consideren necesarias[19], siempre que durante el
primer debate en la comisión constitucional permanente se haya aprobado el
asunto o materia a que se refiera la adición o modificación[20].
Lo anterior implica darle preponderancia al principio de consecutividad, en
cuanto es factible conciliar las diferencias surgidas en el debate
parlamentario, sin afectar la esencia misma del proceso legislativo establecido
en el artículo 157 de la Constitución”[21].
4.2.2.2. En
fallos recientes, la Corte ha privilegiado el principio democrático
estableciendo que las modificaciones o adiciones en las Plenarias son válidas
aún cuando no hayan sido expresa ni profusamente discutidas en el primer
debate, siempre y cuando guarden unidad temática con el contenido del proyecto
de ley. Fue el caso de la revisión del proyecto de ley estatutaria de la
reforma política.[22]
4.2.2.3. El que un texto
específico no haya sido incluido o debatido en las comisiones conjuntas no
significa que todo el trámite legislativo quede invalidado, ya que el principio
de consecutividad exige que el proyecto en su conjunto surta los debates
exigidos por el ordenamiento jurídico, pero no que cada disposición textual del
mismo se someta a todos los debates.
4.2.3. El trámite seguido para la
aprobación del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010
4.2.3.1.
El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 no estaba en el proyecto presentado por
el gobierno nacional tal y como se desprende del texto publicado en la Gaceta
del Congreso No. 779 de 2010. En efecto, el proyecto presentado por el gobierno
constaba únicamente de 18 artículos referidos a “la eliminación de la
contribución especial al sector eléctrico por parte de los usuarios
industriales, el incremento de la productividad del Gravamen a los Movimientos
Financieros, GMF, mediante la restricción de algunas prácticas especialmente
estructuradas para evitar el pago de dicho Gravamen por parte de los
contribuyentes, así como unas medidas de control tendientes a un mejor recaudo
tributario”[23]. En otras palabras, el
objetivo que se había propuesto el gobierno a través del proyecto presentado,
consistía en aumentar las condiciones de productividad y competitividad,
agilizar la labor de fiscalización de la DIAN y aumentar el recaudo tributario
de la Nación sin afectar la generalidad de la población.
4.2.3.2.
La ponencia para primer debate en las Comisiones Conjuntas contenía 32
artículos tal y como consta en la Gaceta 932 de 2010. En el pliego de
modificaciones, se señalaron los cambios introducidos por los ponentes en
relación con: supresión del gravamen a los movimientos financieros; la
productividad GMF; la sanción por abuso de la exención a combustibles en zonas
de frontera; la supresión de la exención a grandes consumidores de combustibles
en zonas de frontera; la base gravable del impuesto al patrimonio; la exclusión
del IVA al servicio de acceso a Internet; la devolución con garantía; las
obligaciones tributarias  de las asociaciones de hogares comunitarios y hogares
infantiles; el levantamiento de la reserva; las declaraciones de gastos de
explotación y gastos de administración; la modificación de los artículos 2º,
9º, 10;  sociedades de comercialización internacional; eliminación de los
estímulos al endeudamiento externo privado; recaudación y fiscalización de las
regalías; modificación al artículo para el reconocimiento de costos,
deducciones e impuestos descontables. Los cambios anteriormente mencionados no
incluían ninguna referencia al tema del impuesto predial y de valorización ni a
nuevos sujetos pasivos de dichos impuestos.
4.2.3.3. En la
Sesión Conjunta de las Comisiones Terceras
Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes y Senado de la
República, consignado en el Acta número 4 publicada en la Gaceta  166 de 2011,
se hace alusión a la necesidad de discutir en los siguientes debates, temas
como sujetos pasivos del impuesto predial. La referencia a esta materia se hace
en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra el honorable Representante León
Darío Ramírez Valencia:
Muchas gracias, señor Presidente. Yo reitero y se trató en
el día de ayer en las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, mediante algunas
propuestas que se han venido sugiriendo por parte de los entes territoriales a
través de las secretarías de Hacienda, y esto no solo para los pequeños
municipios de categorías 5 y 6. Señor Presidente, entonces yo creo que quede
ahí en el acta a ver si para próximos debates consideramos que es necesario
dejar constancias que se deberían discutir el contenido relacionado con
impuestos territoriales, más exactamente de sujetos pasivos de predial,
industria y comercio, territorialidad del ICA, régimen de exenciones que
requieren igualmente ser ajustados a la realidad tributaria actual en procura
de proteger los recursos de los municipios. Sigo insistiendo y lo voy a debatir
durante el tiempo que esté en la Comisión y en el Congreso, a los municipios
hay que darles herramientas para que no dependamos siempre del sistema general
de participación, que están abiertas para próximos debates.
Que quede constancia en el acta. Muchas gracias, señor
Presidente”. (Subrayado fuera del texto)
4.2.3.4. A
pesar de haberse propuesto la inclusión de temas relacionados con sujetos
pasivos de los impuestos territoriales y del predial, ellos no fueron incluidos
en el texto aprobado en primer debate por la Comisión Conjunta de Senado y
Cámara. En total se aprobaron 46 artículos, algunos eliminados, otros
modificados, según consta en las gacetas 1010 y 1038 de 2010.
4.2.3.5.
Como quedó consignado en las Gacetas No. 1038 y 1052 de 2010, en la ponencia
para segundo debate en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes, se adicionan nuevos artículos y se proponen modificaciones en
relación con: el GMF y la sobretasa de energía; el impuesto al patrimonio; la
devolución con presentación de garantía; la información con fines estadísticos;
la modificación al artículo 25 sobre costos y deducciones; la retención en la
fuente a través de entidades financieras; la eliminación de los artículos 27 y
28 del texto aprobado; la eliminación de los artículos 29 y 30 del texto
aprobado; la precisión sobre los artículos 37 y 38; el pago al impuesto de
vehículos. También se propone la inclusión de artículos relacionados con
operaciones de endeudamiento, recursos para la competitividad en las regiones,
incremento de la deducción del GMF en renta, impuestos pagaderos en el
exterior, la retención en la fuente aplicable a los pagos por concepto de
intereses realzados a los no domiciliados o no resientes en el país, condición
especial para el pago de tributos, retención en la fuente-minería e
hidrocarburos.
4.2.3.6.
El artículo demandado parcialmente en este caso, es introducido durante el
debate en la plenaria de la Cámara, luego de ser avalado por los ponentes y por
el Ministro de Hacienda, como quedó consignado en el Acta de Plenaria número 41
de la Sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2010 en los siguientes términos,
Señor Secretario, vamos a leer las proposiciones que crean
unos artículos nuevos y que están avaladas por los ponentes y por el Ministerio
de Hacienda.
Proceda con la lectura, y vamos a votarlos en bloque.
La Secretaría General informa, doctor
Jesús Alfonso Rodríguez:
Son 12 artículos nuevos y han
sido avalados.
Adiciónese un artículo nuevo.
Artículo nuevo. Sujetos pasivos de los impuestos
territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y
municipales, las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho y
aquellas en quienes se realice el hecho gravado a través de consorcio, uniones
temporales, patrimonio autónomos de quienes se configura el hecho generador de
un impuesto, en materia de impuesto predial y valorización.
Igualmente son sujetos pasivos de los impuestos, los
retenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos,
los fideicomitentes y/o beneficiarios son responsables por las obligaciones
formales y sustanciales del impuesto en su calidad de sujetos pasivos, en los
contratos de cuentas en participaciones, el responsable del cumplimiento de la
obligación de declarar el socio gestor, en los consorciados socios partícipes
de los consorcios, lo será el representante de la forma contra actual.
Todo lo anterior sin perjuicio de la facultad de la
administración tributaria respectiva, señalar el agente de retención frente a
tales ingresos.
Firma: León Darío
Ramírez,  ponente. (Subrayado fuera del texto)
4.2.3.7.
De esta manera, el texto definitivo aprobado en la Plenaria de la Cámara de
Representantes y publicado en la Gaceta del Congreso número 1143 de 2010,
incluye el artículo nuevo aprobado en Plenaria redactado en los siguientes
términos:
“Artículo Nuevo. Sujetos pasivos de los
impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos
departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de
hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el
hecho generador del impuesto. En materia de impuesto predial y valorización,
igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos
a título de concesión.
Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables
por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de
sujetos pasivos.
En los contratos de cuentas en participación el responsable
del cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en
los consorciados, socios o partícipes de los consorcios,
uniones  temporales, lo será el representante de la forma
contractual.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la
administración tributaria respectiva, de señalar agentes de retención frente a
tales ingresos”. (Subrayado fuera del texto)
4.2.3.8.
Por otro lado, el debate en la Plenaria del Senado consignado en el Acta número
34 de 2010 publicada en la gaceta 80 de 2011, se hicieran las siguientes
precisiones,
“Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Gabriel Ignacio Zapata Correa:
Señor Presidente, le menciono los artículos nuevos que
tienen aval del Ministro de Hacienda, elimina el parágrafo el artículo 130, por
el cual se expiden normas en materia tributaria y fiscales de las entidades
territoriales, contribución de los contratos de obras públicas, concesión de
obras públicas y otras concesiones, sujetos pasivos de los impuestos
territoriales.
[…] La Presidencia somete a consideración de la plenaria
los 15 artículos nuevos, propuestos por el honorable senador ponente, al
Proyecto de ley número 174 de 2010 Senado, 124 de 2010 Cámara, cierra su
discusión y pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y, de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría
cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.
Por Secretaría se informa el siguiente
resultado:
Por el Sí:     68
TOTAL:      68 Votos
Votación nominal a los 15 artículos nuevos, leídos por el
honorable Senador Ponente, del Proyecto de ley número 174 de 2010 Senado, 124
de 2010 Cámara
por medio de la cual se dictan normas tributarias de
control y para la competitividad”.(Subrayado
fuera del texto)
4.2.3.9.
De esta manera, según consta en la Gaceta del Congreso No. 1143 (página 25) y
1118 (página 18) de 2010, se adiciona el siguiente artículo nuevo en el que se
incluye la disposición demandada:
“Artículo Nuevo. Sujetos pasivos de los
impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos
departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de
hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el
hecho generador del impuesto. En materia de impuesto predial y valorización,
igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos
a título de concesión. (Subrayado  fuera del texto)
Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables
por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de
sujetos pasivos.
En los contratos de cuentas en participación el responsable
del cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los consorciados,
socios o partícipes de los consorcios, uniones  temporales, lo será
el representante de la forma contractual.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la
administración tributaria respectiva, de señalar agentes de retención frente a
tales ingresos”.
4.2.3.10.
En los informes de Conciliación presentados al Senado de la República y a la
Cámara de Representantes según consta en las Gacetas No. 1103 y 1104 del 15 de
diciembre de 2010 respectivamente, se acogen los artículos 1º, 2º, 9º, 11, 18,
25, 26, 32, 33, 36, 29, 45, 46 y 51 del texto aprobado en Plenaria de Senado,
más 14 artículos aprobados en las Plenarias de ambas Cámaras en las que se
incluye el artículo cuya disposición se demanda, y dos artículos nuevos
aprobados por el Senado. En dichos informes de conciliación se presenta el
artículo 54 con el mismo texto aprobado en ambas Plenarias.
4.2.3.11. El 16 de diciembre de 2010 se aclara el informe de
conciliación radicado el 15 de diciembre del mismo año tal y como consta en la
Gaceta No. 1107 de 2010. El informe de conciliación en la Cámara de
Representantes el 16 de diciembre de 2010, quedó consignada en el Acta 43
consignada en la Gaceta No. 237 de 2011. La votación del informe de
conciliación en el Senado quedó consignada en el acta 35 contenida en la Gaceta
No. 81 de 2011.
4.2.3.11.
El proceso de deliberación del artículo 54 de la Ley 1430 de 2011 se resume a
continuación en la siguiente tabla.
Texto aprobado por las Comisiones Conjuntas de Cámara y Senado
Texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes
Texto aprobado por la plenaria del Senado de la República
No incluye el artículo 54
“Artículo Nuevo. Sujetos
pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos
de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales,
jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho
gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en
quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia de impuesto
predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los
tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
Parágrafo. Frente al impuesto a
cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su
calidad de sujetos pasivos.
En los contratos de cuentas en
participación el responsable del cumplimiento de la obligación de declarar es
el socio gestor; en los consorciados, socios o partícipes de los
consorcios, uniones  temporales, lo será el representante de la
forma contractual.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la
administración tributaria respectiva, de señalar agentes de retención frente
a tales ingresos”.
“Artículo Nuevo. Sujetos
pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos
de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales,
jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho
gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en
quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia de impuesto
predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores
de inmuebles públicos a título de concesión.
Parágrafo. Frente al impuesto a
cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su
calidad de sujetos pasivos.
En los contratos de cuentas en
participación el responsable del cumplimiento de la obligación de declarar es
el socio gestor; en los consorciados, socios o partícipes de los
consorcios, uniones  temporales, lo será el representante de la forma
contractual.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la
administración tributaria respectiva, de señalar agentes de retención frente
a tales ingresos”.
4.2.4. El curso de la disposición demandada -del artículo 54- en el
trámite legislativo.
4.2.4.1. Si bien ni en el proyecto
original presentado por el gobierno, ni en las ponencias para primer debate,
aparece el texto de la disposición demandada, durante el primer debate en las
comisiones conjuntas se proponen nuevos artículos y se deja constancia en el
acta de la necesidad de expedir normas sobre los impuestos territoriales, y más
específicamente, sobre los sujetos pasivos del impuesto predial.
4.2.4.2.
Como se anotó anteriormente, en la Sesión Conjunta de
las Comisiones Terceras Constitucionales Permanentes de la Cámara de
Representantes y Senado de la República (Acta No 4 publicada en la Gaceta 166
de 2011), el Representante León Darío Ramírez Valencia hizo uso de la palabra,
haciendo referencia a esta materia, resaltando la importancia de que en futuros
debates se tratara el tema de “los impuestos territoriales y más exactamente
de sujetos pasivos del predial”.
4.2.4.3. El haber puesto sobre la mesa la necesidad de discutir
dichos temas en futuros debates, es suficiente para establecer que en este caso
se respetó el principio de identidad flexible: se excluye con ello la
hipótesis, sin duda inconstitucional, de que un tema enteramente nuevo y
completamente ajeno al proceso de deliberación, fuera incorporado en sucesivas
etapas del trámite legislativo. Precisamente la identidad flexible en el
proceso de formación de las leyes refleja, como se anotó arriba, la voluntad de
la Constitución de 1991 que hizo prevalecer el principio democrático, y en ese
orden de ideas flexibilizó los criterios para el trámite de las leyes
concediendo mayor libertad al Legislador representado en el Pleno de la Cámara
correspondiente.
4.2.5.
Conclusión del cargo.
Por lo
anterior, queda desvirtuado el cargo de forma contra el aparte del artículo 54
de la Ley 1430 de 2010 relativo al desconocimiento del principio de identidad
flexible, por constar en el acta del primer debate que el tema referido a los
impuestos territoriales y a los sujetos pasivos de dichos impuestos, fue objeto
de ilustración y materia de deliberación en la sesión de las comisiones
conjuntas, no obstante dichas consideraciones no se hubieren plasmado en un
artículo.
4.3. Vulneración del artículo 158 de la CP (Unidad de materia).
Se basa este
cargo en que  el artículo demandado introduce un impuesto de orden territorial
en una reforma tributaria del orden nacional cuyo fin era expedir normas
tributarias de control y promoción de la competitividad nacional.
4.3.1. El artículo 158 de la CP.
4.3.1.
Con respecto a la unidad de materia, el artículo 158 constitucional dispone lo
siguiente,
Constitución Política, Artículo 158.– Todo proyecto de
ley debe referirse a una misma materia y serán inad­misibles las disposiciones
o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva
comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero
sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de
reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones
aprobadas.’.
El
artículo citado se refiere a la coherencia normativa que debe existir entre
cada disposición y la ley considerada en su integralidad. En este sentido el
contenido de la ley es decisivo para establecer cuándo un artículo guarda
unidad temática con la misma.
4.3.2. La
unidad de materia en la jurisprudencia constitucional.
4.3.2.1.
Interpretando dicho artículo constitucional, la jurisprudencia ha señalado que
las modificaciones, adiciones o supresiones deben ser únicamente  las que se “juzguen
necesarias” (artículo 160, inciso 2°, CP) y se refieran a la “misma
materia”, que “se relacionen con ella” (artículo 158, CP). Con
respecto a esta regla, la jurisprudencia ha reiterado que se trata de un medio
de “racionalización y tecnificación de la actividad legislativa”[24],
a través del cual se garantiza que el trámite legislativo se fundamenta en un
amplio debate democrático[25], discutido por todas las
bancadas y corrientes políticas, para impedir que las leyes sean aprobadas sin
haber sido debatidas o sin que se relacionen con los temas que sí fueron
tratados[26].  No obstante lo
anterior, la jurisprudencia ha establecido que, con el fin de respetar el
principio democrático y el margen de configuración del legislador, la unidad
temática ha de entenderse desde una perspectiva amplia sin que ello signifique
la facultad de realizar cualquier modificación al proyecto[27]
. De esta manera se ha señalado que,
“(…)
no cualquier relación con lo que ha sido debatido en las etapas anteriores
basta para que se respete el principio de identidad relativa o flexible.
La Corte ha descartado las relaciones ‘remotas’, ‘distantes’, o meramente
‘tangenciales’. Ha insistido la Corte en que la relación de conexidad debe ser
‘clara y específica’[28], ‘estrecha’,[29]
‘necesaria’,[30] ‘evidente’.[31]
En ocasiones, refiriéndose a leyes, no a actos legislativos, según las
especificidades del caso, ha exigido una relación especial de conexidad, al
señalar que si la “adición” tiene autonomía normativa propia y no es de la
esencia de la institución debatida en las etapas anteriores, entonces la
adición es inconstitucional.[32]
[…]
Para la determinación de qué constituye “asunto nuevo” la Corte ha
definido algunos criterios de orden material, no formal: (i) un artículo
nuevo no siempre corresponde a un asunto nuevo puesto que el artículo puede
versar sobre asuntos debatidos previamente;[33] (ii) no es asunto
nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de la materia central
tratada en el proyecto siempre que la adición este comprendida dentro de lo
previamente debatido;[34]  (iii) la novedad
de un asunto se aprecia a la luz del proyecto de ley en su conjunto, no de un
artículo específico;[35] (iv) no
constituye asunto nuevo un artículo propuesto por la Comisión de Conciliación
que crea una fórmula original para superar una discrepancia entre las Cámaras
en torno a un tema.[36] En el ámbito de los
actos legislativos, el concepto de asunto nuevo es más amplio porque existe una
relación estrecha entre distintos temas constitucionales dadas las
características de la Constitución de 1991. Así, se ha admitido que la adición
de un tema de orden orgánico y funcional –un artículo sobre la participación
del Ministerio Público en el nuevo sistema acusatorio– guarda relación
suficiente con un aspecto sustantivo –las garantías del investigado o acusado
en el proceso penal–.[37]”[38]
4.3.2.2. Es importante anotar que,
aunque el principio de identidad flexible esté íntimamente relacionado con el
principio de unidad de materia en virtud del principio democrático y el régimen
jurídico de formación de las leyes diseñado por el Constituyente, la
jurisprudencia ha precisado que éstos tienen objetivos diferentes ya que el
primero requiere que los cambios introducidos en plenarias guarden relación con
los diversos temas tratados y aprobados en primer debate, y el segundo busca
garantizar que los artículos que conforman la ley estén directamente
relacionados con la materia general que la identifica y que justifica su
expedición. Dicha diferencia ha sido expuesta en los siguientes términos por la
jurisprudencia,
“Así, es claro que mientras el
principio de unidad de materia se limita a exigir que exista coherencia
temática en todo el articulado de la ley, con lo cual se impide que en
cualquier instancia legislativa se incorporen contenidos normativos ajenos al
sentido de la ley, el principio de identidad obliga a que las modificaciones o
adiciones que surjan en plenarias se refieran a los distintos asuntos o temas
que, dentro del contexto general de la ley, se aprobaron en primer debate”[39].
4.3.3. La unidad temática entre el texto demandado del artículo 54 y el
contenido Ley 1430 de 2010.
4.3.3.1.
En relación al
cargo por vulneración del principio de unidad temática, la Corte considera que,
en este caso, dicho principio no ha sido desconocido por el legislador. En
efecto, en reciente jurisprudencia[40],
la Corte consideró que la violación de la regla de unidad de materia se
acreditará únicamente cuando se demuestre que el precepto no tiene ninguna
relación de conexidad objetiva y razonable con la materia de la ley respectiva[41],
esto es, cuando “el precepto de que se trate se muestra totalmente ajeno al
contenido temático de la ley que hace parte”[42].
Así, el análisis debe estar orientado a identificar en primer lugar el alcance
material o núcleo temático de la ley; en segundo lugar, determinar la
proposición normativa que se considera ajena a esa temática; y por último,
considerar si la norma objeto de análisis está relacionada con esa temática, a
partir de los criterios de conexidad.
4.3.3.2. Desde los debates en las
Comisiones Conjuntas de Cámara y Senado, se consideró la necesidad de incluir
temas de orden territorial en la reforma tributaria. Por ejemplo en la Gaceta
166 de 2011, queda consignada una intervención en la que se señala la importancia
de  que se proporcionen a los entes territoriales las herramientas
necesarias para que éstos no dependan tanto del sistema general de
participaciones; la aplicación de 4 por mil a los convenios
interadministrativos que suscriben los entes territoriales y que ejecutan
entidades de otro orden;
la duda
sobre si la deducción de 5% al contratista, la recibe la nación o las entidades
territoriales; la propuesta para que en el marco de la reforma tributaria se
establecieran mecanismos a los entes territoriales para que ellos mismos
arbitren sus recursos y no dependan del Sistema General de Participaciones.
Como anota el Procurador en su intervención, a raíz de
estas discusiones en las Comisiones se aprobaron los artículos 41 y 43 en
relación con el recaudo por concepto de contribución especial producto de
contratos de asociación suscritos entre entidades territoriales de diferente
orden y su distribución en forma porcentual a los recursos aportados, y de otro
lado, el tema del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y la posibilidad
de que los entes territoriales asignen a las compañías de seguro la calidad de
agentes de retención del impuesto. Lo anterior
quedó igualmente plasmado en los siguientes debates en lo que se incluye un
artículo que autoriza a las entidades territoriales ahorradoras en el Fondo de
Estabilización Petrolera para retirar hasta el 25 % del monto ahorrado para la
inversión en vías de su jurisdicción.
Cabe resaltar que, ni siquiera el
título de la ley “por medio de la cual se dictan normas tributarias de
control y para la competitividad”, lleva a deducir que se trata de regular
materias de orden exclusivamente nacional, y por lo mismo, no restringe de
manera alguna la posibilidad de abarcar disposiciones que hagan alusión a temas
territoriales. Una lectura completa de la ley demuestra la existencia de varios
artículos que hacen referencia a temas territoriales: el artículo 9 de la Ley
que delega al Ministerio de Minas y Energía la distribución del combustible con
algunas exenciones tributarias en departamentos y municipios ubicados en zonas
de frontera;  el artículo 39 de la Ley que adiciona al artículo 6º de la Ley
1106 de 2006 en relación con el recaudo por concepto de contribución especial
de los contratos que se ejecuten a través de convenios entre entidades del
orden nacional y/o territorial; el artículo 44 para fomentar la competitividad
en el departamento de Arauca; el artículo 46 en el que se establecen
condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, y se
dispone específicamente que las autoridades territoriales podrán adoptarlas en
sus correspondientes estatutos; el artículo 51 que elimina el parágrafo 130 de la
Ley 488 de 1998 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se
dictan otras disposiciones Fiscales de las entidades Territoriales”; el
artículo 53 sobre la contribución de los contratos de obra pública o concesión
de obra pública y otras concesiones; el artículo 69 relativo a la determinación
oficial de los tributos distritales por el sistema de facturación; el artículo
60 que regula el carácter real del impuesto predial unificado estableciendo que
recae sobre bienes raíces y que el municipio podrá perseguir el inmueble sea
quien fuere el que lo posea.
4.3.4. Conclusión del cargo.
De lo anterior, se desprende que la
ley considerada globalmente, sí hizo referencia a temas territoriales,
regulando también aspectos tributarios no exclusivamente de orden nacional. Por
lo anterior, la disposición demandada guarda conexidad con el contenido general
de la Ley, desvirtuando el cargo por desconocimiento del principio de unidad de
materia.
4.4. Vulneración del artículo 161 de la Constitución (trámite en la
Comisión de Conciliación).
En la
demanda se alega la ocurrencia de otro vicio de trámite, debido a que la
aclaración del texto de conciliación aprobado por ambas plenarias fue publicado
el mismo día de la votación de la conciliación, desconociéndose el artículo 161
superior.
4.4.1. El artículo 161 de la Constitución Política.
La Constitución, en relación con las Comisiones de
Conciliación señala lo siguiente:
Constitución
Política. Artículo 161.- Cuando
surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas
integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de
Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán
conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría.
Previa publicación por lo menos con un día de
anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las
respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste
la diferencia, se considera negado el proyecto.
Del
artículo citado se desprende que, con el fin de flexibilizar el trámite
legislativo, se ha establecido que cuando surjan discrepancias entre las
cámaras en relación con un proyecto de ley, se conformarán comisiones
accidentales constituidas por miembros de ambas cámaras, que tendrán como
función preparar el texto final para la consideración en las plenarias.
4.4.2. La
jurisprudencial constitucional.
La
jurisprudencia se ha pronunciado sobre este tema, indicando que, tal y como lo
establece el artículo 161 de la Carta, se trata de armonizar dos textos
disímiles, pues en esos casos se presentaría una discrepancia susceptible de
ser subsanada a través del trámite allí previsto[43],
y en algunos casos se acepta que se proponga un nuevo artículo para superar las
diferencias entre dichos textos,[44] todo obviamente referido
a la misma materia del proyecto y sin alterar la identidad del mismo[45],
o sin buscar conciliar las discrepancias entre dos cámaras cuando los textos no
guarden unidad de materia con el proyecto de ley del que se trate. La Corte ha
señalado al respecto lo siguiente,
“Pues bien, como ya tuvo
oportunidad de explicarlo la Corte, es la propia Constitución la que establece
una competencia restrictiva para las comisiones accidentales.  La primera
limitación está prevista en el artículo 161 de la Carta, cuando advierte que
pueden ser conformadas, únicamente cuando surjan discrepancias entre las
Cámaras respecto de un proyecto.  Una segunda, pero no menos importante
condición, también consagrada en el artículo 161 citado, exige que el texto unificado
se someta a la consideración y aprobación por las plenarias de Cámara y
Senado.  Finalmente, el artículo 158 de la Constitución señala que, las
modificaciones a un proyecto de ley serán inadmisibles cuando no se refieran a
la misma materia.  Quiere decir lo anterior que es necesario conservar el
criterio de unidad e identidad de materia o, dicho de otra forma, que las
normas adicionadas o modificadas han mantenerse estrechamente ligadas al objeto
y contenido del proyecto debatido y aprobado por las cámaras parlamentarias”[46].
Con relación
al procedimiento en la comisión de conciliación, la Constitución establece en
su artículo 161, que el texto conciliado se someterá a debate y aprobación de
las respectivas plenarias previa publicación por lo menos con un día de anticipación.
4.4.3. Conclusión del cargo.
La Corte considera que en esta
ocasión no se presenta dicha vulneración ya que la aclaración que fue publicada
en la Gaceta del Congreso número 1107 de 2010, consistía en un error de
trascripción en el inciso 2° del artículo 4° del proyecto de ley, por lo tanto ni
era una aclaración sustancial o de fondo sobre el contenido de la Ley, ni
tampoco hacía referencia a la disposición acusada, razón por la cual este cargo
queda desvirtuado. Cabe agregar que el aparte demandado del artículo 54 del
proyecto de ley 124 Cámara, 174 Senado, fue consignado exactamente en los
mismos términos en los textos definitivos aprobados en la Plenaria de la Cámara
y del Senado, por lo cual el texto de conciliación no alteró ni introdujo
ninguna modificación con respecto a esta disposición.
5. Cargo 1: vulneración del principio de legalidad en materia tributaria.
(Vicio material).
En
este caso, se considera en la demanda que se vulnera el principio de legalidad
al verificarse una indeterminación de los elementos que identifican el impuesto
predial y de valorización, en la medida en que se introduce un nuevo sujeto
pasivo, que no es ni poseedor ni propietario -los tenedores concesionarios-,
sin establecer cuál es el nuevo hecho gravado ni la base gravable. Alega que la
función de precisar los elementos cualitativos del tributo correspondía
exclusivamente al Congreso ya que la competencia de los entes territoriales se
limita a definir los aspectos cuantitativos del impuesto.
5.1. El
principio de legalidad de los tributos en la CP.
El principio
de legalidad parte del supuesto que la obligación tributaria puede crearse
únicamente en virtud de la ley tal y como se desprende de los artículos 338 y
150 numerales 10, 11 y 12 de la Constitución Política, en los siguientes
términos,
Constitución Política. ARTICULO  338. En
tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema
y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Constitución Política. ARTÍCULO
150.
(…) 10. Revestir, hasta por seis meses, al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir
normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública
lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el
Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y
otra Cámara.
El Congreso podrá, en todo tiempo y por
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso
de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir para
expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral
20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los
gastos de la administración.
12. Establecer contribuciones fiscales y,
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las
condiciones que establezca la ley.
Dichas
disposiciones establecen que luego de creados los tributos, pertenece a los
órganos de representación, a través de la ley, las ordenanzas o los acuerdos el
deber de fijar todos sus elementos.
5.2. La
legalidad en la jurisprudencia[47] constitucional
5.2.1. La
Corte ha establecido que el principio de legalidad en materia tributaria
comprende tres aspectos[48]. El primero, referido al
principio de representación popular[49] determina que no es
posible establecer un impuesto sin la representación de los afectados en los
órganos que los imponen; en segundo lugar, el principio de la predeterminación
de los tributos se relaciona con la necesidad de fijar los elementos mínimos
del acto jurídico que impone la contribución; por último, comprende la
posibilidad de que las entidades territoriales puedan establecer tributos y contribuciones
en el marco de la Ley y de la Constitución.
Del principio de legalidad del
tributo se desprende la necesidad de que sean los órganos colegiados de
representación popular quienes establezcan directamente los elementos del
tributo, y que al hacerlo, “determinen con suficiente claridad  y precisión
todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo, pues de lo contrario no
sólo se genera inseguridad jurídica,  sino que en el momento de la aplicación
de las normas “se permiten los abusos impositivos de los gobernantes”[50],
o se  fomenta la evasión, “pues los contribuyentes obligados a pagar los
impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las finanzas
públicas y, por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado”[51]”[52].
5.2.2.
Inicialmente, se identificaron dos tendencias en la jurisprudencia de la Corte,
respecto a la exigencia de que la ley definiera de manera precisa todos los
elementos de los tributos o que dichos elementos pudieran inferirse de la misma
ley. Sin embargo, con el tiempo la Corte ha venido estableciendo la doctrina
según la cual, una ley puede no haber definido todos los elementos del tributo
si éstos pueden determinarse a partir de la misma. En este orden de ideas, la
sentencia C-690 de 2003 recogiendo la línea jurisprudencial en esta materia,
estableció,
“Con base en
el recuento de la jurisprudencia de la Corporación sobre la materia, es posible
concluir que en desarrollo del principio de legalidad de los tributos contenido
en los artículos 150-12 y 338 de la Constitución, corresponde al legislador, y
en ciertos casos a las Asambleas y los Consejos, con sujeción a la ley,
determinar directamente y de manera clara todos los elementos de la obligación
tributaria. Sin embargo, no toda ambigüedad en la ley que crea un tributo o
toda dificultad en su interpretación conduce a la inconstitucionalidad de la
misma, porque para ello es necesario que el alcance de la ley no pueda ser
determinado de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la ley.
Por otra parte, no siempre resulta
exigible que la determinación de los elementos del tributo sea expresa, y no se
viola el principio de legalidad tributaria cuando uno de tales elementos no
está determinado en la ley, pero es determinable a partir de ella.
En sentencias posteriores[53],
la Corte ha reiterado la posición de que la falta de certeza en la definición
legal de los elementos del tributo, solo conduce a la inexequibilidad de
disposiciones tributarias cuando la falta de claridad es “insuperable”. Tal y
como lo señala la Corte,
“Las leyes tributarias, como
cualesquiera otras, puede suscitar variados problemas interpretativos en el
momento de su ejecución y aplicación, lo cual no puede de suyo acarrear su
inexequibilidad. Sin embargo, si éstos se tornan irresolubles, por la oscuridad
invencible del texto legal que no hace posible encontrar una interpretación
razonable sobre cuáles puedan en definitiva ser los elementos esenciales del
tributo, se impone concluir que los mismos no fueron fijados y que, en
consecuencia, la norma vulnera la Constitución. Toda persona está obligada a
pagar los tributos que la ley le imponga, pero la ley no puede exigirlos si
ella no atina a decir - en general - quién lo debe hacer y por qué.”[54]
La jurisprudencia ha puesto de
presente que si bien se exige el respeto de los principios de legalidad y
certeza del tributo, lo anterior no se opone al carácter general y abstracto de
las normas tributarias “a las cuales les compete definir con ese carácter
tales elementos, sin que sea necesario describir ni particularizar todos los
supuestos de hecho que hipotéticamente podrían caer bajo el señalamiento
general de las disposiciones” [55]. En ese orden de ideas, la
Corte ha establecido que en algunos casos, corresponde a las Asambleas y a los
Concejos precisar y especificar el contenido de las normas dictadas por el
legislador en materia de impuestos territoriales. La sentencia C-035 de 2009
reproduce la línea jurisprudencial en esta materia[56]
de la cual se concluye que no es necesario que el legislador determine
directamente todos los elementos  de las contribuciones fiscales o parafiscales
y de los impuestos territoriales, ya que éstos pueden ser establecidos en las
ordenanzas departamentales o en los acuerdos municipales, como se desprende del
artículo 338 de la Constitución Política. Por ejemplo, en la sentencia C-413 de
1996 se señaló que “si el legislador, como puede hacerlo (artículos 295,
300-4 y 313-4), decide regular o establecer normas generales sobre tributos del
orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir, ni debe
permitírsele, que en la ley respectiva incluya directamente todos los
componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, sujetos activos, sujetos
pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, el método y el
sistema para recuperación de  costos  o  la  participación  en beneficios -como
sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales-, pues su función
no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la autonomía de
las entidades territoriales, la de sustituir a los órganos de éstas en el
ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución.”
Asimismo la sentencia C-504 de 2002 indicó que “el Congreso tenía la potestad
exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional,
en lo atinente a tributos del orden territorial debía “como mínimo crear o
autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de
sus elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo”[57],
al propio tiempo que debía respetarle a las asambleas y concejos “la
competencia para fijar los demás elementos impositivos”[58],
en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorgaba a las
entidades territoriales”. De igual manera, la sentencia C-227 de 2002 reiteró
que el legislador tiene la obligación de indicar directamente todos los
elementos del tributo sólo cuando éstos son de orden nacional.
5.2.3. Por consiguiente, la
jurisprudencia ha admitido que el principio de legalidad tributaria supone la
determinación de los elementos de los tributos por parte de los órganos de
representación popular, entendiendo que en materia de tributos de orden
territorial, las Asambleas y los Concejos tienen la facultad para definir
ciertos elementos suyos, en virtud del principio de autonomía. Dicho lo anterior,
cabe reiterar las reglas que en materia de principio de legalidad propuso la
sentencia C-121 de 2006 en los siguientes términos:
“(i) Son los órganos de elección
popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el
hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues esta
exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 superior; (ii) al
establecer los elementos del tributo, es menester que la ley, las ordenanzas o
los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada
uno de los elementos esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la falta de
claridad sea insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que
determina los elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de
precisión y claridad las normas que señalan los elementos de la obligación
tributaria no se opone al carácter general  de dichas normas; (v) no se violan
los principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los elementos
del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a
partir de ella.”
5.3. El
principio de legalidad en la disposición demandada.
5.3.1. Es
importante tener en cuenta que el impuesto predial está regulado en la Ley 44
de 1990, entre otros, y en el decreto 1333 de 1986, y la contribución de
valorización por el Decreto 1333 de 1986 y el Decreto 1604 de 1966 adoptado
como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, entre otros, así como por
las ordenanzas y acuerdos que los han desarrollado. Por lo anterior, no es
posible afirmar que dichos tributos y sus elementos esenciales, no estuvieran
de antemano establecidos legalmente. En este caso, el legislador, en el marco
de sus competencias constitucionales, procedió a ampliar los sujetos pasivos de
dichos tributos cuyos elementos ya estaban preestablecidos en disposiciones
anteriores. En otras palabras, no se procedió a crear un nuevo tributo
regulando solo el aspecto de sujetos pasivos, sino que se agregó un nuevo
sujeto pasivo, al impuesto predial y a la contribución de valorización que ya
están suficientemente regulados en el orden nacional y territorial.
5.3.2. Dicho
lo anterior, es necesario señalar con relación al impuesto predial, que éste no
se correlaciona de manera exclusiva con el derecho de dominio, como la misma
demanda lo refiere, al indicar que “lo único relevante es la existencia del
predio y no las calidades del sujeto que lo posee o que ejerce el dominio”.
Así, es frecuente encontrar en la legislación referencias al poseedor como
sujeto pasivo del tributo[59], como lo reconoce la
propia demandante[60] y, por lo mismo, el marco
dentro del cual se pueden agregar nuevos hechos generadores solo requiere de la
existencia del bien inmueble, independientemente de la relación entre el sujeto
pasivo y el bien.
Por esta
razón, no le está vedada al legislador la imposición de un nuevo elemento del
impuesto derivado de la mera tenencia del inmueble. Como se anotó
anteriormente, no es la naturaleza de la relación que se establezca con el bien
la que activa la facultad tributaria, sino la existencia del predio en relación
con un sujeto vinculado económicamente al mismo. Esto permite el
establecimiento de sujetos pasivos y hechos generadores del impuesto predial
que no dependan de la situación jurídica de propietario. La doctrina tributaria
y algunas jurisdicciones territoriales[61] han acogido esta
interpretación, determinando que, por ejemplo, el usufructuario sería un sujeto
pasivo del impuesto.
Sumado a lo
anterior, cabe señalar que de la misma disposición demandada se desprende, en
relación con los nuevos sujetos pasivos, que son los tenedores de bienes
inmuebles públicos a título de concesión, el hecho generador del tributo. En
efecto, éste es determinable y se deduce del contexto mismo de la norma que
indica que el hecho generador es la tenencia de dichos bienes. De acuerdo con
lo anterior, se encuentran a partir del análisis de la norma demandada, hecho
en conjunto con las disposiciones del impuesto predial unificado preexistentes,
todos los elementos exigidos por la norma constitucional para constituir un
tributo válido, de modo que el legislador no incurrió en desconocimiento del
principio de legalidad al imponer el gravamen de impuesto predial a la tenencia
en concesión de bienes de uso público[62].
5.3.3.
Frente a la contribución especial de valorización, podría llegarse a la misma
conclusión anteriormente expuesta. La valorización es una contribución que, de
acuerdo con la normativa vigente[63], es de carácter
territorial, pudiendo imponerse con el concurso de los departamentos y
municipios. Del mismo modo que el marco constitucional y normativo del impuesto
predial, no impide que el legislador grave con la contribución de valorización
hechos generadores que no tengan que ver con el dominio, el que se extienda por
medio de ley el cobro de la valorización a tenedores a título de concesión de
bienes inmuebles públicos, tampoco contradice la Constitución.
En otras
palabras, la valorización comparte con el impuesto predial la característica de
que la definición de los sujetos pasivos y hechos generadores no está limitada
por la Constitución; por tanto, el legislador puede establecer otras formas de
relación con el bien como susceptibles del gravamen. En este orden de ideas, el
artículo 317 superior, solo establece una regla de competencias más no un
límite a la posibilidad de que el Congreso imponga la valorización a otro tipo
de relaciones con el bien, como la posesión, la tenencia o el usufructo.
Únicamente cuando el legislador opte por imponer el tributo sobre la propiedad
inmueble, se activa la regla de asignación de competencia tributaria del
artículo 317 constitucional, que indica que, refiriéndose al dominio, no
necesariamente corresponde imponer la valorización al municipio sino también a
cualquier otra entidad. Entonces, cuando el artículo 317 se refiere a la
“propiedad inmueble”, no está limitando al legislador la posibilidad de regular
este tributo en otro tipo de relaciones con el bien y por ende, los argumentos
que se expusieron anteriormente para el impuesto predial, son aplicables a la
valorización. De este modo, dada la existencia de un bien inmueble, le está
dado al legislador crear la contribución de valorización si así lo considere
conveniente para la realización de los fines del Estado, teniendo en cuenta las
diversas formas en las que el sujeto pasivo pueda relacionarse con el bien.
Por
consiguiente, se encuentra que el hecho de señalar como sujeto pasivo de la
contribución de valorización a los tenedores de bienes inmuebles públicos a
título de concesión, supone que el hecho generador en este caso corresponde a
la tenencia de dichos bienes por parte de los concesionarios; y con ello,
analizado en el marco de la normativa vigente de este tributo, se señalan los
elementos mínimos del mismo, de modo que desde esta perspectiva el tributo se
considera constitucional[64].
5.3.4. Con relación a la
posibilidad de gravar con el impuesto predial y de valorización a los tenedores
de bienes inmuebles públicos, cabe
señalar que el dominio público está constituido por “el conjunto de bienes
que la administración afecta al uso directo de la comunidad o que lo utiliza
para servir a la sociedad”.[65] Esta categoría incluye
los bienes fiscales (artículo 674 del Código Civil) que se destinan a la
prestación de servicios públicos y sobre los cuales el Estado detenta una
propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común[66].
Estos bienes fiscales o patrimoniales pueden ser usados por la misma
administración o pueden ser adjudicados a los particulares en los términos que
determine la Ley. De otro lado, los bienes de uso público propiamente dicho
(artículo 674 del Código Civil), como las calles, las plazas, los puentes y los
caminos,[67] pertenecen al Estado[68]
o a sus entidades para el uso de todos los habitantes, se distinguen entre
bienes por naturaleza o por destino jurídico, y se caracterizan por encontrarse
fuera del comercio, ser imprescriptibles e inembargables (artículo 63 C.P.). Como lo reitera la sentencia C-183 de 2003,
“El artículo 63 de la
Carta, dispone que los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables, pues como se dijo
se encuentran por fuera del comercio, por lo tanto no pueden ser objeto de
actos jurídicos que impliquen tradición o pérdida de la finalidad del bien;
inembargables, característica que se desprende de la anterior, como quiera que
se trata de bienes que no pueden ser objeto de embargos, secuestros, o en
general cualquier medida de ejecución judicial que tienda a restringir el uso
directo o indirecto el bien; e, imprescriptibles, esto es, que no son
susceptibles de usucapión”.
En otras ocasiones se ha
pronunciado la Corte sobre los bienes inmuebles de uso público, reiterando que
éstos tienen como fin la utilización y goce por parte de todos los habitantes.
No obstante lo anterior, es posible que en determinados casos la Administración
use dichos bienes para fines no estrictamente identificables con el interés
colectivo, otorgando licencias, concesiones o permisos de ocupación temporal lo
cual no desnaturaliza el carácter público de dichos bienes ni contradice la
Constitución. En estas situaciones, los concesionarios no adquieren la
propiedad o la posesión sobre los bienes, ni ningún derecho sobre el suelo
ocupado ya que su relación con el inmueble es precaria y temporal. Por esta
razón, la Corte[69] ha señalado que en el
caso en el que los particulares realicen mejoras o construcciones en los bienes
de uso público, de ninguna manera la Nación podría ser considerada deudora de
dichos particulares.
Ahora bien, en cuanto a la
posibilidad de establecer impuestos sobre los bienes de uso público que se
encontraran en manos de particulares a título de licencia, permiso u ocupación
temporal, en la sentencia C-183 de 2003, la Corte consideró que no era
contrario a la Constitución que los concejos distritales impusieran este tipo
de gravámenes. Efectivamente, se consideró constitucional que en ese caso, el
legislador por razones de política fiscal y reconociendo una situación de
hecho, considerara la posibilidad de imponer dicho gravamen en los distritos
especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, mientras los bienes se
encontraran en manos de particulares y mientras éstos estuvieran reportando un
aprovechamiento económico “avaluable en dinero, es decir, con contenido y
significación patrimonial”. En síntesis, no es contrario a la Constitución
que el legislador, decida imponer un impuesto o contribución cuando aprecie una
fuente o indicio de riqueza, incluso cuando se trata de los inmuebles afectos a
la actividad económica propia de la concesión, o a las  construcciones o
mejoras que realicen los particulares sobre bienes de uso público.
También el
Consejo de Estado, ha reiterado que en tanto dichos bienes se encuentren en
manos de particulares, es viable la imposición de este tipo de tributos, tal y
como lo estableció en una decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil, al
referirse a la posibilidad de gravar a los aeropuertos con el impuesto predial
y de valorización, disponiendo que,
“Los aeropuertos y demás bienes que forman parte de la infraestructura
aeronáutica de propiedad de la Nación, Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, en tanto por su destinación son bienes de uso público se
encuentran excluidos de la contribución de valorización y del pago de impuesto
predial unificado. En consecuencia, la Nación - UAEAC - no es sujeto pasivo de
los citados tributo y contribución respecto de los bienes de uso público de su
propiedad, a menos que dichas bienes se encuentren en manos de particulares y
que el respectivo concejo municipal o distrital los haya gravado en forma
expresa”.
5.3.5.
Finalmente, con respecto al argumento esgrimido, en el sentido de que el
Congreso debía definir los elementos básicos de los tributos y que esta
competencia no puede ser delegada a las entidades territoriales, se reitera que
el sujeto pasivo y el hecho generador del impuesto predial y de la contribución
de valorización, fueron efectivamente definidos por el legislador en el
artículo 54 y 60 de la Ley 1430 de 2010. La regulación más específica de estos
tributos será definida por las entidades territoriales cuya soberanía
territorial se circunscribe a los límites impuestos por la Constitución y la
Ley en la medida en que, tal y como  lo ha reconocido la Corte desde sus
primeras sentencias[70], la autonomía de los
municipios en materia tributaria no es absoluta. El impuesto predial, es un
tipo de tributo en el que la definición de sus elementos se realiza de manera
concurrente entre el legislador y los órganos de representación del municipio[71].
Por otro lado, con relación a la contribución de valorización, la Constitución
Política establece que esta contribución especial cuando se refiere al derecho
de dominio, puede ser impuesta por otras entidades diferentes a los municipios
por lo cual podría ser nacional[72], departamental o local
dependiendo, en general, de si las obras de interés público son ejecutadas por la
Nación, el Departamento o el Municipio[73].
5.4. Conclusión del cargo.
En síntesis, los elementos del impuesto predial y de
valorización están definidos, tanto en las normas que han previamente regulado
dichos tributos  como en la misma disposición demandada, de la cual se
desprende que el hecho generador es la tenencia de bienes inmuebles públicos a
título de concesión, siendo esta definición válida y legítima, ya que la
Constitución ha concedido amplias facultades al legislador en esta materia, y
porque ya en otras ocasiones, la jurisprudencia ha planteado la posibilidad de
gravar con impuestos a éste tipo de bienes.
6. Cargo 2: vulneración de equidad y de igualdad en materia tributaria. (vicio
material).
En la
demanda se dice (1) que la norma acusada contradice estos principios dado que
grava con el impuesto predial y con la contribución de valorización a los
tenedores de bienes de uso público a título de concesión de la misma manera que
a los propietarios o poseedores. Adicionalmente, se produce una discriminación
ya que la norma no establece como sujetos pasivos del impuesto a todos los
tenedores sino solo a quienes tienen por título de tenencia inmobiliaria el
contrato estatal de concesión. (2) A lo anterior se suma que los concesionarios
resultan gravados de igual manera sin considerar que se relacionan de manera
diversa con los predios y que esa condición no es determinante de los tributos
en materia predial y de valorización. (3) Señala la demandante que, en este
caso, no se aprecia ninguna justificación para agravar la tributación del
concesionario que terminaría pagando los impuestos por sus propios bienes y
sobre otros bienes ajenos sobre los cuales adelanta los trabajos o actividades
resultantes del contrato de concesión.
6.1. La
equidad tributaria en la Constitución Política
6.1.1. El
principio de equidad tributaria esta enunciado en el artículo 363 y en el 95
numeral 9 de la Constitución Política en los siguientes términos,
Constitución Política. Artículo 363.
El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad.
Artículo 95. La calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están
en el deber engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir
la Constitución y las Leyes.
Son deberes de la persona y del
ciudadano: “(…) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
6.1.2. De
otro lago, el principio de igualdad se encuentra consagrado en el artículo 13
superior y su contenido es general,
Constitución
Política. Artículo 13. Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
6.1.3. De lo
anterior, es posible deducir que, la igualdad tiene un ámbito de aplicación
general que busca proteger a los particulares frente a las autoridades y evitar
las discriminaciones de todo tipo, mientras que la equidad, siendo un concepto
universal, tiene en este marco una connotación estrictamente tributaria. No
obstante lo anterior, también es posible aplicar el principio de igualdad en
materia tributaria interpretándolo en concordancia con el principio de equidad,
de modo que se evite establecer cargas excesivas o beneficios exagerados
para los contribuyentes, sin que exista una justificación razonable u objetiva.
6.2. La equidad tributaria en la
jurisprudencia constitucional.
6.2.1. La jurisprudencia de la Corte[74]
ha establecido que, la libertad de configuración del legislador en materia
tributaria, se encuentra limitada por el respeto de los derechos fundamentales
y por los principios de legalidad, certeza e irretroactividad de los tributos
(art. 338), y los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art. 363).
En este sentido se ha señalado que,
“Así, mientras las normas que al
respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe
reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar
y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular
todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo.”[75]
Específicamente,
el derecho de equidad tributaria se ha definido como una “manifestación de
igualdad en esa materia” de modo que su fin consiste en evitar que las
leyes determinen tratamientos tributarios diferenciados injustificados “tanto
por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para
un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación
diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual”[76].
En reiterada
jurisprudencia la Corte ha establecido el alcance de este principio tributario.
La sentencia C-734 de 2002 señaló lo siguiente:
“La equidad tributaria es un criterio con
base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o
la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya
cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio
es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos
en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión”.
Así, la Corte ha reconocido, que el
principio de equidad tributaria se relaciona con el principio de justicia en la
medida en que parte de la necesidad de considerar la capacidad contributiva de
los sujetos pasivos de los tributos para establecer cargas que no sean desproporcionadas.
6.2.2. La Corte ha distinguido entre
la equidad vertical y horizontal, haciendo referencia la primera a que las
personas con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida, y la
segunda, a que las personas con capacidad económica igual deben contribuir de
igual manera[77].
Adicionalmente, la Corte ha
considerado que tanto la equidad como los demás principios que orientan la
actividad legislativa en esta materia, se predican del sistema tributario en su
conjunto, y no de un impuesto específico. En este sentido, la Corte[78]
ha indicado que,
“Esta Corporación también ha
sostenido que, en términos generales, los principios consagrados en el artículo
363 de la Constitución "se predican del sistema tributario en su conjunto,
y no de un impuesto especifico"[79], lo cual puede implicar
"ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta"[80].
(…) Estos principios constituyen
los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y, como ha
tenido oportunidad de precisarlo esta Corporación, se predican del sistema en
su conjunto y no de un impuesto en particular[81]”.
6.2.3. Desde
el punto de vista de los ciudadanos, la equidad tributaria se relaciona con el
deber de "contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado". Para la Corte, "el cumplimiento del deber que el
Constituyente radicó en cabeza de los ciudadanos, de contribuir a la
financiación de los gastos e inversiones del Estado, en una marco de equidad
(artículo 95 C.P.), es asunto y problema que atañe a la sociedad en su conjunto
y particularmente a las autoridades públicas, que tienen la obligación de
diseñar el sistema fiscal y propender por su óptimo funcionamiento"[82].
En cuanto a los requisitos que debe
cumplir un cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del principio de
equidad tributaria, la Corte ha establecido que no se requiere describir
detalladamente los grupos respecto de los cuales se está estableciendo una
diferencia, ya que en estos casos no se juzga aisladamente la norma, sino sus
efectos en el sistema tributario general.
Esta exigencia difiere de las
demandas por violación del principio de igualdad, en las que se debe explicar
la razón por la cual se considera que las diferencias entre dos grupos, es
discriminatoria[83].
Tal y como lo ha establecido la
Corte,
“De la exposición anterior se
desprende que para que una norma sea declarada inconstitucional por violación
del principio de equidad tributaria se debe demostrar que la norma tiene un
efecto inequitativo en el conjunto del sistema tributario. Es decir, no es
suficiente con que la norma acusada aparezca como inapropiada o inequitativa en
sí misma, sino que se exige que sus consecuencias tengan la virtualidad de
transformar la identidad misma del sistema tributario y afecten la sociedad en
general. La Corte no observa ningún elemento que permita llegar a esa
conclusión en el presente caso”[84].
6.3. La equidad de los tributos
en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010
6.3.1. Antes de entrar a analizar
los cargos conviene señalar que, si bien algunos de los argumentos esbozados en
la demanda en este punto responden a interpretaciones subjetivas, razones de
conveniencia o reproches de legalidad, en virtud del principio pro actione,
se han adecuado de forma tal, que sean apropiados para el examen de
constitucionalidad que compete a esta Corte.
6.3.2. Se
considera que la demanda parte de un supuesto que no puede sustentarse desde el
punto de vista constitucional, porque interpreta que el impuesto predial y la
contribución de valorización se dirigen exclusivamente a la posesión y a la
propiedad. Como se explicó anteriormente, esta posición no se compagina con el
sentido de las normas referidas a estos tributos, y que fueron interpretadas en
el capítulo de ‘Legalidad’. Aún más, la Ley 1430 de 2010 en su artículo 60,
indica que “el impuesto predial unificado es un
gravamen real que recae sobre los bienes raíces”, lo cual también se predica de la valorización. Como
se dijo anteriormente, la posibilidad de gravar a sujetos pasivos que tengan
diverso tipo de relación con el bien inmueble, es expresión de la libertad de
configuración del legislador, que en materia tributaria es especialmente
amplia, y que en este caso no se ejerció de manera contraria a la Constitución.
6.3.3. Dado que legislador puede
válida y legítimamente imponer el impuesto predial y la contribución de
valorización a sujetos activos diferentes a los propietarios y poseedores, se
hace evidente que la situación de tenedores,  propietarios, poseedores,
usufructuarios que decidiera gravar el legislador con los tributos mencionados,
es similar, ya que en todos los casos existe una relación económica entre el
sujeto pasivo del tributo y el bien inmueble, lo que representa la fuente de
dichos tributos. En otras palabras, la facultad de imponer un gravamen de
carácter real, como el predial o la valorización, se sustenta de un lado, en un
hecho objetivo que es la existencia del bien raíz, y de otro lado, en un
aspecto sujetivo referido al hecho generador, el cual se encuentra representado
en la relación económicamente apreciable del sujeto con el predio.  Si bien la
relaciones entre sujetos pasivos y bienes, es diferente tratándose de
tenedores,  propietarios, poseedores, usufructuarios, entre otros, solo se
podría argumentar un trato discriminatorio, al pretender aplicar el hecho
generador propio de uno de estos sujetos, a otro, como por ejemplo, si se
buscara gravar la tenencia basados en la existencia de una relación de dominio
frente al bien.
Acorde con todo lo anterior, no
existe discriminación ni desconocimiento del principio de equidad como
manifestación del principio de igualdad, en la medida en que se está imponiendo
el predial y la valorización teniendo en cuenta la existencia del bien pero sin
pretender imponer a los tenedores el hecho generador del dominio o la posesión
sobre dicho bien.
6.3.4. En relación con el argumento
referido a la posible discriminación que la disposición demandada genera al no
gravar a todos los tenedores con el impuesto predial y la valorización, sino
solo a los concesionarios de bienes inmuebles públicos, la Corte considera que,
dado que es posible cobijar con estos tributos cualquier tipo de relación que
se establezca con el bien, es válido para el legislador, en el marco de su
amplia libertad de configuración en materia tributaria, que se escoja gravar
una de estas modalidades, como es la tenencia de bienes públicos en concesión.
En este caso no se produce un tratamiento diferente en relación con los
tenedores en general ni es posible establecer la igualación que pretende la
demandante. En primer lugar porque otros tenedores no establecen una relación
con bienes inmuebles públicos y en segundo lugar porque la tenencia propia de
los concesionarios se constituye solo en virtud de la suscripción de dicho
contrato y entraña una explotación económica[85].
Esta última característica de la
tenencia que ejercen los concesionarios sobre bienes públicos es útil para
resolver, igualmente, la inquietud de la demandante en torno a que al gravar a
los tenedores concesionarios, no se está teniendo en cuenta su capacidad
económica, o se le está atribuyendo a un sujeto ajeno a esa fuerza económica,
un tributo que no puede asumir. Debe anotarse que en este punto el legislador
ha optado por la opción de imponer el tributo a estos sujetos, retomando la
jurisprudencia en el sentido de que la actividad que realizan los
concesionarios o el aprovechamiento de bienes de uso público por un particular,
configuran una explotación económica “avaluable en dinero, es decir, con
contenido y significación patrimonial”[86].
Estas dos últimas circunstancias
hacen única la situación de estos sujetos pasivos por lo que la Corte no
encuentra que se incumpla el principio de igualdad tributaria ni de justicia
tributaria en tanto, tratándose de relación patrimonial, existe una actividad
económica susceptible de gravamen.
6.3.5. En relación con la
valorización, y frente al argumento de la demandante en el sentido de que no es
equitativo que el concesionario tenedor pague esta contribución en la medida en
que según su interpretación, no se beneficia de manera directa de la obra,
considera la Corte que no logra enervarse un cargo por desconocimiento del
principio de equidad, puesto que desconoce el hecho de que un concesionario
tenedor puede llegar a ser beneficiado por la realización de una obra: no por
el incremento en el valor de la propiedad, como por otros beneficios que dichas
obras suponen para la concesión. En concreto, considera la Corte que el
elemento del beneficio que requiere la valorización para concretarse no se
restringe al incremento contable del valor de la propiedad, sino que, partiendo
del presupuesto de que el legislador puede establecer diferentes hechos
generadores del impuesto -no solo el derecho de dominio-, del mismo modo el
beneficio no es exclusivo de este tipo de relación. La imposición de esta
contribución sobre los tenedores concesionarios se justifica precisamente en el
beneficio finalmente económico que pueden suponer las obras para dichos
concesionarios. Cabe señalar en este punto que, a diferencia del predial que es
un impuesto que no supone una contraprestación inmediata, la valorización si
implica un beneficio automático como resultado de las obras, las cuales
producen un sinnúmero de ventajas para los concesionarios, razón objetiva y suficiente
para que el legislador haya decidido imponer dicha contribución a los
concesionarios tenedores de inmuebles públicos.
6.3.6.
Respecto al argumento de la demanda que señala que con la disposición acusada
los concesionarios resultan gravados de igual manera sin considerar que cada
contrato de concesión implica una relación diversa con los predios y que esa
condición no es determinante de los tributos en materia predial y de
valorización,  la Corte debe precisar que el legislador no tiene la obligación
constitucional de especificar hasta tal punto la norma de modo que pueda prever
todas y cada una de las circunstancias fácticas susceptibles de ser gravadas.
El cargo que plantea la demanda frente a este punto, es por lo tanto
irrazonable puesto que exige lo imposible, yendo más allá de la exigencia
constitucional en esta materia.
6.3.7.
Finalmente, la demanda considera que, en este caso, no se aprecia ninguna
justificación para aumentar la carga tributaria al concesionario, pues según su
interpretación, éste terminaría pagando los impuestos por sus propios bienes y
sobre otros bienes ajenos sobre los cuales adelanta los trabajos o actividades
resultantes del contrato de concesión. Con respecto a éste argumento se reitera
una vez más que por su naturaleza y según las disposiciones legales[87]
los bienes de uso público son inembargables, imprescriptibles e inalienables.
Como lo ha dicho el Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil,
“Los bienes
de uso público universal o bienes públicos del territorio son aquellos que su
dominio pertenece a la república, su uso pertenece a todos los habitantes de
territorio y están a su servicio permanente, es decir, que por su propia
naturaleza, ninguna entidad estatal tiene la titularidad del dominio similar a
la de un particular puesto que están al servicio de todos los habitantes”[88].
No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido
que cuando un bien de uso público se encuentra en manos de particulares, es
posible que sobre su tenencia se establezca el impuesto predial y de
valorización. Como ya se mencionó anteriormente, en la sentencia C-183 de 2003,
se estudió el caso de la ley 768 de 2002 que disponía, frente a los concejos distritales
de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, la posibilidad de “Gravar con
impuesto predial y complementarios las construcciones, edificaciones o
cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación, cuando por
cualquier razón estén en manos de particulares”[89]
y que “los particulares ocupantes serán responsables exclusivos de este
tributo”[90]. En este caso, la Corte
consideró que la relación de los particulares ocupantes con el bien de uso
público, era susceptible de gravamen y declaró exequible el aparte de la norma
acusada. Este antecedente es trascendental para entender cómo en el caso que
nos ocupa, es viable que el legislador amplíe esta facultad a otras entidades
territoriales y califique una relación jurídica como la tenencia a título de
concesión como hecho generador de los tributos.
De otro lado, es necesario señalar que, si bien existen
tributos que pueden versar sobre la actividad de los concesionarios de bienes
inmuebles públicos, tal circunstancia no implica una barrera para que el
legislador, valorando la necesidad de un nuevo gravamen, y respetando los
mandatos de la Constitución, imponga nuevos tributos, siendo la única
restricción frente a éste argumento la imposibilidad de gravar dos veces el
mismo hecho. En este caso, es claro que el impuesto predial y la contribución
de valorización se refieren únicamente a la tenencia de bienes inmuebles
públicos en concesión, que como se mencionó antes, implica, de un lado, la
existencia de un bien público y, de otro lado, que la tenencia constituya
explotación económica. Otros impuestos pueden dirigirse a la utilidad o a la
venta de bienes o servicios del concesionario, pero no se encuentra que ninguno
de los existentes se refiera a este hecho concreto.
6.4. Conclusión
del cargo.
La Corte no
considera que se produzca una vulneración de los principios de equidad,
igualdad y justicia tributaria, ya que se ha demostrado que la disposición
acusada grava a los tenedores en relación con la tenencia y no con la propiedad
ni con la posesión. Además se ha resaltado que no hay punto de comparación con
los tenedores corrientes y los tenedores concesionarios en virtud de la
relación que éstos últimos establecen con los bienes inmuebles públicos y por
el provecho que obtienen en términos de explotación económica del bien. Además
se ha reiterado que es factible gravar el beneficio derivado de la misma
tenencia sobre el inmueble público entendido como las edificaciones,
construcciones y mejoras adheridas de manera permanente a dichos bienes. Nada
de lo anterior contradice la Constitución.
7. Cargo 3: vulneración del principio
de irretroactividad y del principio de la buena fe -confianza legítima-.
Se desconoce
el principio de irretroactividad, según la demanda, porque la disposición
acusada no estableció si ésta regía para los contratos vigentes o futuros.
Asimismo la demandante alega que se desconoce el principio de confianza
legítima, dado que los contratos de concesión vigentes pactados a largo plazo
no contemplaban, en el momento de su suscripción, la carga para el
concesionario que supone el pago del impuesto predial y de la contribución de
valorización.
7.1. La
vigencia de las leyes tributarias en el tiempo, según la Constitución.
7.1.1. La
Constitución Política contiene disposiciones relativas a la irretroactividad en
materia tributaria, tal y como se desprende de los artículos citados a
continuación,
Constitución Política. ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad.
Por su parte, el último
inciso del artículo 338 superior, establece el principio de periodicidad
tributaria y dispone lo siguiente,
Constitución Política. ARTICULO 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
7.1.2. A
partir de los artículos anteriormente citados, es claro que al igual que los
principios de equidad, legalidad, eficiencia y progresividad, el principio de
irretroactividad tributaria, representa un límite a la libertad de
configuración del legislador en esta materia. Es interesante anotar como la
Constitución consagra un artículo expresamente referido al tema de la
irretroactividad tributaria, que a diferencia de la irretroactividad de las
leyes en general, exige, no solamente que la ley haya sido anterior al momento
en que se genera el hecho, sino que tratándose de impuestos de período, acorde
con el artículo 338, ésta haya sido expedida en el año o periodo anterior.
7.1.3. Con
relación al principio de confianza legítima y a la buena fe, es posible
determinar que éstos se desprenden de varios artículos constitucionales. En
este orden de ideas, el artículo 83 constitucional establece que,
Constitución Política. ARTICULO 83. Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.
El principio
de buena fe y la confianza legítima se relacionan a su vez con el principio de
seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho, de lo cual se
desprende que la administración por acción u omisión de las autoridades, no
podrá cambiar de un momento a otro la situación de los administrados, sin que
medie un periodo razonable que les permita adaptarse a las nuevas condiciones.
7.2. El
principio de irretroactividad y la confianza legítima en la jurisprudencia
constitucional
7.2.1. La
jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de irretroactividad
como la imposibilidad de que la ley tributaria imponga un impuesto sobre hechos
generadores ocurridos antes de su vigencia. En otras palabras las leyes
tributarias únicamente surten efectos a partir del periodo fiscal siguiente al
de su expedición. La Corte ha considerado que la retroactividad de la ley es
contraria a la Constitución únicamente cuando la “norma incide sobre los
efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores”[91]
pero no sobre la proyección futura de los derechos. En muchas ocasiones este
principio encuentra una clara correlación con el principio de confianza
legítima de los administrados.
7.2.2. La
Corte ha abordado en varias sentencias, la relación entre el principio de
irretroactividad y el principio de buena fe. Asimismo ha señalado cómo leyes
posteriores pueden llegar a afectar situaciones consolidadas en el derecho
público o derechos adquiridos en el marco del derecho privado[92].
Tratándose de disposiciones de carácter tributario, la Corte ha indicado que,
“No existe el amparo de derechos
adquiridos pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar
la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general;
en consecuencia, nadie puede pretender que un determinado régimen tributario lo
rija por siempre y para siempre, esto es, que se convierta en
inmodificable"[93].
7.2.3. En la
jurisprudencia de la Corte Constitucional  se ha analizado el tema de confianza
legítima en materia tributaria cuando se revoca un beneficio, como se señala a
continuación,
“Este principio, que fue
desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de
Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina
jurídica muy autorizada[94], pretende proteger al
administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados
por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el
administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica
es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito
de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la
confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP
art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan
adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad
decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida,
por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda
enfrentar ese cambio de política.
Como vemos, la “confianza
legítima” no constituye un límite a la posibilidad de que el Legislador derogue
una normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho adquirido sino
de una situación revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que se
trata de una suerte de expectativa que goza de una cierta protección, por
cuanto existían razones que justificaban la confianza del administrado en que
la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es
claro que la protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la
garantía de los derechos adquiridos, no impide que el Legislador, por razones
de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto, por
lo cual mal puede invocarse este principio para solicitar la inexequibilidad de
una norma que se limitó a suprimir un beneficio de fomento”. (subrayado
fuera del texto original)
Por lo
anterior, es claro que la Constitución ha reconocido que el principio de
confianza legítima puede aplicarse en materia tributaria. Sin embargo, debido a
que dicho principio se deriva del mandato de buena fe contenido en el artículo
83 de la Constitución, ha de señalarse que cuando el Congreso de la República,
en ejercicio de las amplias facultades que le concede la Constitución, define
un nuevo hecho generador frente a un impuesto existente,  no está
transgrediendo la regla de que así le ordena actuar, considerando que obra
buscando la realización de los fines del Estado. El que en un momento dado, las
necesidades públicas del Estado no hayan hecho imperioso gravar cierta materia,
no equivale a que en determinada situación no sea conveniente imponer un nuevo
tributo o modificar el existente sin que con ello, se asalte la buena fe de los
ciudadanos.
7.3. El
principio de irretroactividad y la confianza legítima en el artículo 54 de la
Ley 1430 de 2010
7.3.1. Con
respecto a los argumentos que expone la demandante sobre la violación de la
norma demandada frente a los principios de irretroactividad y confianza
legítima, es preciso destacar lo siguiente.
Tal y como
se desprende de la jurisprudencia anteriormente citada, en materia tributaria
no es posible hablar de derechos adquiridos de los administrados, puesto que el
legislador tiene la facultad de establecer modificaciones o de crear nuevos
tributos por razones de política fiscal. El principio de confianza legítima
representa un criterio orientador, que sin embargo no puede limitar la
actividad legislativa ni petrificar el régimen tributario, más aún cuando se ha
demostrado que la norma cumple con los principios de legalidad, equidad y
justicia tributaria, por lo cual no sería desproporcionado gravar a los
tenedores de bienes inmuebles públicos a título de concesión.
7.3.2. Como
lo ha establecido la jurisprudencia, únicamente cabría considerar el
desconocimiento del principio de confianza legítima cuando con argumentos
objetivos y razonables se pruebe que determinada regulación estaba destinada a
perdurar en el tiempo. La Corte considera que, en este caso, la demanda no
logra sustentar suficientemente esta posición, puesto que se limita a reiterar
que los concesionarios no tienen porque soportar este cambio en la normativa,
ya que “tomaron decisiones considerando la legislación vigente al tiempo de
la suscripción del contrato de concesión según las cuales no resultaba legítimo
ni previsible que se trasladara el impuesto a la propiedad sobre los predios
exentos de la Nación y de las entidades públicas al contratista”. Es más,
la ley 768 de 2002, en su artículo 6º, numeral 3º, declarado exequible en la sentencia
C-183 de 2003, ya había introducido la posibilidad de gravar con impuesto
predial y complementarios, las construcciones, edificaciones o cualquier tipo
de mejora sobre bienes de uso público de la Nación en los
Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,
cuando estén en manos de particulares, siendo precisamente dichos particulares
ocupantes, responsables exclusivos de este tributo, sin que el pago de estos
impuestos genere ningún derecho sobre el terreno ocupado. De lo anterior se
desprende que el legislador ya había venido modificando la concepción del
impuesto predial unificado.
7.3.3.
Sumado a lo anterior, la Corte considera que los argumentos de la demandante en
materia de irretroactividad y de confianza legítima, se basan en razones de
conveniencia, cuyo análisis no corresponde a la Corte Constitucional. El
legislador es autónomo para establecer los tributos y en este caso se limitó a
establecerlo para “los tenedores de inmuebles públicos a título de
concesión”, sin hacer referencias que implicaren una aplicación retroactiva
de la misma. No hay cargo de retroactividad en ello. Los fenómenos de
aplicación retroactiva de la misma, proscritos por la Constitución, podrán ser
objeto de debate en relación con los reglamentos generales de esta disposición
legal y demás actos administrativos correspondientes, en cuyo ámbito no ha de
incursionar esta Corte. Así mismo, los problemas relativos a la afectación del
equilibrio contractual en que se basan estos contratos de concesión, deberán
ser ventilados en otras instancias, administrativas o judiciales, ajenas al
control de constitucionalidad.
7.4.
Conclusión del cargo.
La Corte
considera, en relación a este punto, que el legislador goza de amplia libertad
en materia tributaria y puede por razones de conveniencia y de política fiscal,
establecer los tributos que considere en un momento dado, sin que ello afecte
la confianza legítima y el principio de buena fe que ha de prevalecer entre el
Estado y los administrados, ni disponga la aplicación retroactiva de la ley
tributaria.
III.
DECISIÓN.
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia por mandato
de la Constitución Política y en nombre del Pueblo,
RESUELVE:
Primero.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “En
materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del
impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión”, del artículo
54 de la Ley 1430 de 2011.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
salvamento de voto
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARIA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A LA
SENTENCIA C-822/11
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN
LEY QUE CREA EL IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACION EN CABEZA DE TENEDORES DE
INMUEBLES PUBLICOS A TITULO DE CONCESION-Vulneración por aprobación de
iniciativa sólo en plenarias y no en las comisiones conjuntas (Salvamento de
voto)
El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, en lo relacionado
con la creación del impuesto predial y valorización en cabeza de los tenedores
de inmuebles públicos a título de concesión desconoce el principio de
consecutividad, propio de los proyectos de ley, ya que el artículo 54 aprobado
en las comisiones conjuntas no versaba sobre el impuesto predial y
valorización, como tampoco regulaba el cobro a concesionarios tenedores de
inmuebles públicos; esta modificación sólo fue aprobada en las plenarias, con
lo cual su texto estuvo sometido únicamente a dos debates
IMPUESTO PREDIAL Y
VALORIZACION PARA CONCESIONARIOS TENEDORES DE INMUEBLES PUBLICOS-Constituye
un nuevo impuesto que vulnera el principio de consecutividad (Salvamento de
voto)
La sentencia reconoce que fue creado un nuevo sujeto
pasivo para impuestos territoriales: el tenedor de bienes públicos
concesionados, lo que en la práctica equivale a la creación de un nuevo
impuesto para estos contribuyentes, que vulnera el principio de consecutividad,
por cuanto la modificación, adición o reforma al texto inicialmente propuesto
se presentó en la última etapa del proceso legislativo
PRINCIPIO DE IDENTIDAD
FLEXIBLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento exige debate legislativo y la
aprobación de una iniciativa (Salvamento de voto)
En la sentencia C-822 de 2011 se sostiene que durante el
trámite legislativo se respetó el principio de identidad flexible, por la sola
circunstancia de que un congresista propuso discutir en los debates venideros
temas como el relacionado con el sujeto pasivo del impuesto predial. De lo que
no se colige que la materia relacionada con los sujetos pasivos de los
impuestos territoriales, entre éstos el predial, hubiera sido abordada en los
términos propios de un debate legislativo.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54
(parcial) de la Ley 1430 de 2010, “por medio de la cual se dictan normas
tributarias de control y para la competitividad”.
Actor: Lucy Cruz de Quiñones
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Con el acostumbrado respeto por la
decisión adoptada por la mayoría, a continuación expondré las razones que me
llevaron a SALVAR voto en el asunto de la referencia.
Mi discrepancia tiene que ver con
el trámite impartido a la iniciativa que dio lugar al texto demandado,
perteneciente al artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, particularmente en lo
relacionado con la creación de un impuesto predial y valorización en cabeza de
los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
La sentencia C-822 de 2011
sostiene en el considerando 4.2.3.3. que durante el trámite legislativo se
respetó el principio de identidad flexible, por la sola circunstancia de que un
congresista propuso discutir en los debates venideros temas como el relacionado
con el sujeto pasivo del impuesto predial. En el aparte mencionado la
providencia señala:
“Hace uso de la palabra el honorable Representante León
Darío Ramírez Valencia:
Muchas gracias, señor Presidente. Yo reitero y se trató en
el día de ayer en las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, mediante algunas
propuestas que se han venido sugiriendo por parte de los entes territoriales a
través de las secretarías de Hacienda, y esto no solo para los pequeños
municipios de categorías 5 y 6. Señor Presidente, entonces yo creo que quede
ahí en el acta a ver si para próximos debates consideramos que es necesario
dejar constancias que se deberían discutir el contenido relacionado con
impuestos territoriales, más exactamente de sujetos pasivos de predial,
industria y comercio, territorialidad del ICA, régimen de exenciones que
requieren igualmente ser ajustados a la realidad tributaria actual en procura
de proteger los recursos de los municipios. Sigo insistiendo y lo voy a debatir
durante el tiempo que esté en la Comisión y en el Congreso, a los municipios
hay que darles herramientas para que no dependamos siempre del sistema general
de participación, que están abiertas para próximos debates”.
Esta intervención se llevó a cabo
en la sesión conjunta de las comisiones terceras constitucionales permanentes
de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, pero como puede
notarse de ella no se colige que la materia relacionada con los sujetos pasivos
de los impuestos territoriales, entre estos el predial, hubiera sido abordada
en los términos propios de un debate legislativo, es decir, no hubo propuesta
del Representante León Darío Ramírez Valencia en el sentido de modificar o
adicionar el texto, como tampoco se presentó el debate parlamentario
correspondiente y mucho menos fue aprobada una iniciativa que incorporara lo
relacionado con impuestos a tenedores de inmuebles públicos a título de
concesión.
Considero, entonces, que el
principio de consecutividad, propio de los proyectos de ley, fue desconocido ya
que el artículo 54 inicialmente aprobado en las comisiones conjuntas no versaba
sobre el impuesto predial y valorización, como tampoco regulaba el cobro a
concesionarios tenedores de inmuebles públicos; esta modificación solo fue
aprobada en las plenarias, con lo cual su texto estuvo sometido únicamente a
dos debates.
De otra parte, nótese como en el
considerando 5.3.1 de la sentencia C-822 de 2011, se afirma:
“En este caso, el legislador, en
el marco de sus competencias constitucionales, procedió a ampliar los sujetos
pasivos de dichos tributos cuyos elementos ya estaban preestablecidos en
disposiciones anteriores. En otras palabras, no se procedió a crear un nuevo
tributo regulando solo el aspecto de sujetos pasivos, sino que se agregó
un nuevo sujeto pasivo, al impuesto predial y a la contribución de valorización
que ya están suficientemente regulados en el orden nacional y territorial”.
(Subrayas no originales de la providencia).
Es decir, la sentencia reconoce que fue creado un nuevo
sujeto pasivo para impuestos territoriales: el tenedor de bienes públicos
concesionados, lo que en la práctica equivale a la creación de un nuevo
impuesto para estos contribuyentes. Este hecho ratifica mi criterio en cuanto a
la vulneración del principio de consecutividad, por cuanto, como quedó
consignado, la modificación, adición o reforma al texto inicialmente propuesto
se presentó en la última etapa del proceso legislativo.
Como desarrollo de los principios que identifican a la
democracia, entre ellos los de representación y pluralismo, el de
consecutividad garantiza que los miembros del Congreso de la República
participen valida y eficazmente en todas las instancias de formación de la ley,
permitiéndoles durante los distintos debates expresar sus opiniones como
voceros del pueblo que los eligió. En el presente caso, las células
legislativas no contaron desde el comienzo con la posibilidad de conocer y
discutir el texto relacionado con la creación del impuesto para tenedores de bienes
públicos concesionados, documento que solo apareció en las últimas instancias
del trámite legislativo.
De esta manera dejo consignadas
las razones que me llevaron a apartarme de la decisión mayoritaria adoptada en
el asunto de le referencia.
Fecha ut supra
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-822/11
PROCESO LEGISLATIVO-Principios
que lo rigen (Salvamento de voto)/PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD, IDENTIDAD
FLEXIBLE Y UNIDAD DE MATERIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Concepto (Salvamento de
voto)
La jurisprudencia constitucional ha concluido que el
proceso legislativo se rige por los principios de consecutividad, que exige que
los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las
comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las
excepciones constitucionales o legales; de identidad flexible o relativa que
supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los
cuatro debates parlamentarios, bajo el entendido que las comisiones y las
plenarias de las cámaras pueden introducir modificaciones al proyecto, y que
las discrepancias entre lo aprobado en una y otra cámara se pueden superar
mediante un trámite especial (conciliación mediante comisiones de mediación)
que no implica repetir todo el trámite; y el principio de unidad de materia,
que sirve para establecer si durante el trámite del proyecto se ha observado o
no el principio de identidad.
PRINCIPIO DE IDENTIDAD
FLEXIBLE O RELATIVA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios para determinar qué
constituye un asunto nuevo (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E
IDENTIDAD FLEXIBLE EN LEY QUE CREA EL IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACION EN CABEZA
DE TENEDORES DE INMUEBLES PUBLICOS A TITULO DE CONCESION-Vulneración por
tratarse de un asunto que no fue debatido previamente, y no desarrolla aspectos
de la materia central del proyecto (Salvamento de voto)
En el caso que nos ocupa, el artículo adicionado en
segundo debate  en la plenaria de la Cámara, (i) no corresponde a un asunto
debatido previamente, ya que como se dijo, el Representante a la Cámara se
limitó a dejar una constancia sobre la necesidad de debatir el tema en sesiones
futuras, constancia que nunca fue discutida ni sometida a votación; (ii) el
texto del artículo adicionado, además, tiene autonomía normativa propia, pues
se refiere a los impuestos territoriales, que no son de la esencia de la
institución debatida en las etapas anteriores, referente a las normas
tributarias para el control de la competitividad en el orden nacional; y (iii)
no desarrolla o precisa aspectos de la materia central tratada en el proyecto.
En consecuencia, el artículo adicionado, en nuestro criterio, debió ser
declarado inconstitucional, por violación de los principios de consecutividad e
identidad flexible.
Referencia: expediente
D-8495
Demanda de Inconstitucionalidad
contra el artículo 54 (parcial) de la Ley 1430  del 29 de diciembre de 2010, “Por
medio de la cual se dictan normas de control y para la competitividad.”
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
1. Con el acostumbrado respeto, a continuación exponemos las
razones que nos llevaron a salvar el voto en la presente sentencia. La posición
mayoritaria de la cual nos apartamos en relación con el segmento normativo
demandado  por desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad
flexible (arts. 157 y 160, CP), concluyó que estos principios no fueron
vulnerados en tanto la regulación relativa a impuestos territoriales,
específicamente al impuesto predial y a la contribución de valorización para
tenedores de bienes de uso público, no constituye un tema nuevo, ajeno a la
materia tributaria regulada por la Ley 1430 de 2010, pues en la sesión conjunta
de las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes fue planteado
por un representante a la Cámara.
2. En nuestra opinión, la interpretación de la mayoría
desconoce la finalidad constitucional de los artículos 157 y 160 de la
Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia,
haciendo inoperantes los principios allí consagrados.
3. De acuerdo con la Gaceta  del Congreso No. 213 de 2011[95],
el artículo 54 del Proyecto de Ley 124 de 2010 Cámara y 174 de 2010 Senado fue
introducido como un artículo nuevo en la sesión Plenaria de la Cámara de
Representantes efectuada el 14 de diciembre de 2010, como consta en el Acta No.
41 de la misma fecha; y en la sesión Plenaria del Senado realizada el 15 de
diciembre de 2010, según Acta No. 34 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 80 de 2011.[96]
4. Como lo señala la sentencia, en
la sesión conjunta de las comisiones terceras constitucionales permanentes de la
Cámara de Representantes y Senado de la República, un Representante a la Cámara
hace alusión a la necesidad de discutir en los próximos debates, temas
relacionados con los impuestos territoriales, en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra el
honorable Representante León Darío Ramírez Valencia:
Muchas gracias, señor Presidente.
Yo reitero y se trató en el día de ayer en las Comisiones Conjuntas de Senado y
Cámara, mediante algunas propuestas que se han venido sugiriendo por parte de
los entes territoriales a través de las secretarías de Hacienda, y esto no solo
para los pequeños municipios de categorías 5 y 6. Señor Presidente, entonces yo
creo que quede ahí en el acta a ver si para próximos debates consideramos que
es necesario dejar constancias que se deberían discutir el contenido relacionado
con impuestos territoriales, más exactamente de sujetos pasivos de predial,
industria y comercio, territorialidad del ICA, régimen de exenciones que
requieren igualmente ser ajustados a la realidad tributaria actual en procura
de proteger los recursos de los municipios. Sigo insistiendo y lo voy a debatir
durante el tiempo que esté en la Comisión y en el Congreso, a los municipios
hay que darles herramientas para que no dependamos siempre del sistema general
de participación, que están abiertas para próximos debates.
Que quede constancia en el acta.
Muchas gracias, señor Presidente.”[97]
5. Esta alusión a los impuestos
territoriales, como la denomina la sentencia, no fue discutida, ni votada, en
las sesiones de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Se trata de una
constancia del representante Ramírez Valencia sobre un tema que propone para
que sea debatido y votado, pero cuya debate nunca se realizó. Ni siquiera fue
incluida dentro de las proposiciones que serían consideradas en el segundo
debate, como consta en el Acta No. 4  del 24 de noviembre de 2010,
correspondiente a las sesiones conjuntas de las comisiones terceras
constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado de la
República.[98] Del texto
transcrito claramente salta a la vista que el interviniente se limitó a dejar
constancia sobre un tema que no había sido considerado y que esperaba que se
sometiera a discusión en sesiones futuras.
6. El artículo 157 de la
Constitución Política de 1991 establece que ningún proyecto será ley de la
República sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente
comisión permanente de cada Cámara y, posteriormente, haber sido aprobado en la
plenaria de cada corporación legislativa en segundo debate.[99]
Esta Corporación ha destacado como la propia Constitución
(artículo 160) y el Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992, artículo 160 y
siguientes)[100]
permiten que cada cámara, en plenaria o en comisión, introduzca en los
proyectos de ley las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue
necesarias. No obstante, la facultad de las comisiones y las plenarias de
alterar los proyectos de ley sometidos a su consideración exige que se surtan
los cuatro debates, sin que necesariamente el texto tenga que tener exactamente
el mismo tenor literal durante todos y cada uno de los mismos.
Cuando los textos aprobados en cada cámara no sean
idénticos, las divergencias deberán resolverse mediante una Comisión de
Mediación, llamada de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución[101], a
conciliar los textos aprobados y a someter a consideración de la plenaria de
cada cámara una versión definitiva.
7.  La atribución que la Constitución Política concede a las
plenarias y a las comisiones para introducir modificaciones, adiciones y
supresiones a los proyectos de ley debatidos, no es ilimitada. La misma
Constitución dispone que sólo serán aceptables aquellas variaciones al texto
que se “juzguen necesarias” (artículo 160, inciso 2, CP)[102] y se
refieran a la “misma materia”, que “se relacionen con ella”
(artículo 158, CP).[103]
8. La jurisprudencia constitucional ha concluido que “[…] el
proceso legislativo se rige por los principios de consecutividad, de identidad
flexible y de unidad de materia”[104],
a partir de las reglas constitucionales y legales referentes al trámite de las
leyes, previamente citadas. (i) El principio de consecutividad “exige
que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en
las comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las
excepciones constitucionales o legales.”[105]
(ii) El principio de identidad flexible o relativa “supone
que el pro­yecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los
cuatro debates parla­mentarios”, bajo el entendido que las comisiones y las
plenarias de las cámaras pueden introducir modificaciones al proyecto (artículo
160, CP), y que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara se
pueden superar mediante un trámite especial (conciliación mediante comisiones de
media­ción), que no implica repetir todo el trámite.[106]  (iii) El
principio de unidad de materia, con relación al proceso legislativo,
“sirve para establecer si durante el trámite del proyecto se ha observado o no
el principio de identidad.”[107]
Así pues, si bien “[…] el principio de identidad flexible permite a las
comisiones y a las plenarias de cada cámara hacer modificaciones, adiciones o
supresiones a los proyectos en curso, […] en virtud del principio de
unidad temática, esos cambios sólo pueden producirse si versan sobre la misma
materia general del proyecto.”[108]
9. El carácter amplio del principio de identidad flexible
o relativa, sin embargo, no admite cualquier adición a un
proyecto de ley en sus etapas de formación. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha descartado las relaciones remotas, distantes, o meramente
tangenciales, y ha  insistido en que la relación de conexidad debe ser “clara
y específica”[109],
“estrecha”[110],
“necesaria”[111],
y “evidente”.[112]
En ocasiones, refiriéndose a leyes, no a actos legislativos, según las
especificidades del caso, ha exigido una relación especial de conexidad, al
señalar que si la “adición” tiene autonomía normativa propia y no es de la
esencia de la institución debatida en las etapas anteriores, entonces la
adición es inconstitucional.[113]
Para la determinación de qué
constituye “asunto nuevo” la Corte ha definido los siguientes criterios
de orden material:
“(i) un artículo nuevo no siempre corresponde
a un asunto nuevo puesto que el artículo puede versar sobre asuntos debatidos
previamente;[114]
(ii) no es asunto nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de
la materia central tratada en el proyecto siempre que la adición esté
comprendida dentro de lo previamente debatido;[115]  (iii) la
novedad de un asunto se aprecia a la luz del proyecto de ley en su conjunto, no
de un artículo específico;[116]
(iv) no constituye asunto nuevo un artículo propuesto por la Comisión de
Conciliación que crea una fórmula original para superar una discrepancia entre
las Cámaras en torno a un tema.[117]
En el ámbito de los actos legislativos, el concepto de asunto nuevo es más
amplio porque existe una relación estrecha entre distintos temas
constitucionales dadas las características de la Constitución de 1991. Así, se
ha admitido que la adición de un tema de orden orgánico y funcional -un
artículo sobre la participación del Ministerio Público en el nuevo sistema
acusatorio -guarda relación suficiente con un aspecto sustantivo-las garantías
del investigado o acusado en el proceso penal-.[118]” [119]
10. El Reglamento del Congreso en su artículo 94 define la
expresión “debate” como el “sometimiento a discusión de cualquier proposición o
proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación.” A su
vez, la Corte Constitucional le ha dado alcance y contenido a dicho término,
determinando que para que éste se configure como instrumento mediante el cual
se llega a la formación y determinación de la voluntad del legislador en cada
fórmula legal concreta, se requiere que el asunto sea puesto a consideración de
la respectiva comisión o cámara legislativa, de manera que los congresistas
tengan la oportunidad de intervenir, sin que la misma constituya un presupuesto
de aprobación de los proyectos de ley sometidos a su consideración. Al
respecto, la Corporación ha sostenido:
“En cuanto al
significado del término “debate”, la Corte ha acudido al sentido que esa
palabra tiene en el idioma castellano para ilustrar su alcance, pero también ha
señalado que “la interpretación correcta de los términos "discusión y
debate" es la que se ajusta a las definiciones legales establecidas por el
Reglamento del Congreso y no la del sentido natural y obvio de dichas
expresiones según su uso general.”[120]
Así por ejemplo, ha reconocido que es inherente al debate
parlamentario “la exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y
hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen
de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y
fundada, acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en
tela de juicio,[121]
pero también ha aceptado que existe “debate” aun cuando no haya
controversia.[122]
En ese mismo sentido, al revisar el trámite seguido en la adopción de
un acto legislativo, la Corte señaló en la sentencia C-222 de 1997 que “tratándose de la adopción de decisiones que
habrán de afectar a toda la población, en el caso de las leyes y con mayor
razón en el de las reformas constitucionales, que comprometen nada menos que la
estructura básica del orden jurídico en su integridad, el debate exige
deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella, lo que
justamente se halla implícito en la distinción entre los quórum, deliberatorio
y decisorio, plasmada en el artículo 145 de la Carta.”[123]”[124]
11. En el caso que nos ocupa, el artículo adicionado en
segundo debate  en la plenaria de la Cámara[125], (i) no
corresponde a un asunto debatido previamente, ya que como se dijo, el
Representante a la Cámara se limitó a dejar una constancia sobre la necesidad
de debatir el tema en sesiones futuras, constancia que nunca fue discutida ni
sometida a votación; (ii) el texto del artículo adicionado, además, tiene
autonomía normativa propia, pues se refiere a los impuestos territoriales, que
no son de la esencia de la institución debatida en las etapas anteriores,
referente a las normas tributarias para el control de la competitividad en el
orden nacional; y (iii) no desarrolla o precisa aspectos de la materia central
tratada en el proyecto. En consecuencia, el artículo adicionado, en nuestro
criterio, debió ser declarado inconstitucional, por violación de los principios
de consecutividad e identidad flexible.
Dejamos, así expuestas las razones
que nos llevaron a disentir de la decisión mayoritaria adoptada por esta
Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Diario Oficial 47937 de Diciembre 29 de
2010
[2] Quedan por fuera según la demandante otros tenedores que tienen
relaciones jurídicas diferentes de los contratos de concesión, como la prenda
con tenencia, el uso, el usufructo, el censo, el arrendamiento, el comodato.
[3] La demandante establece que se reconocen cuatro tipos de
contratos estatales de concesión: 1) Para la prestar, operar u organizar un
servicio público; 2) Para la construcción, explotación o conservación de una
obra destinada al servicio público o al uso público; 3) Para el funcionamiento
del servicio u obra; 4) Concesiones para la exploración y explotación de minas,
incluida la sal.
[4] Señala la demandante que el impuesto predial recae sobre el
derecho de propiedad que se relaciona con el valor patrimonial del bien y no se
predica de otros derechos reales o personales a excepción de la posesión –ya que la tenencia unida a la intención de hacer suya una cosa
apropiable se grava de manera similar a la propiedad- que junto con el dominio
debe ser inscrita en el catastro y avaluado para configurar la base gravable
del impuesto predial.
[5] El interviniente cita entre otras, la sentencia C-183 de 2003
como antecedente en materia de extensión de la base predial a sujetos pasivos
que no ejercen derechos de propiedad ni son poseedores de bienes inmuebles e
indica las diferencias con la norma actualmente demandada.
[6] De acuerdo con lo prescrito en el numeral 3° del artículo 242 de la Carta Política, las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma caducan en el
término de un (1) año, contado desde la publicación del respectivo acto.
[7] Acorde con la Constitución, el artículo 147 de la Ley 5ª de 1992 establece los mismos requisitos constitucionales.
[8]  Según el artículo 169 de la Ley 5ª de 1992 las siguientes son las excepciones que la ley prevé a la regla de los cuatro debates sucesivos:
(i) por disposición constitucional, para dar primer debate al proyecto de
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones (C.P. art. 346), y (ii) por
solicitud del Gobierno, cuando el Presidente de la República envía mensaje de urgencia respecto del trámite de un determinado proyecto de ley
que este siendo conocido por el Congreso (C.P. art. 163)”.
[9] C- 539 de 2008.
[10] C-839 de 2003.
[11] C-222 de 1997
[12] C-1147 de 2003
[13] Las Gacetas 165 y 166 de 2011, al ser documentos públicos de
libre circulación y consulta, se obtuvieron de la página web de la Secretaría del Senado http://www.secretariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htm
[14] La Gaceta 237 de 2011, al ser un documento público de libre
circulación y consulta, se obtuvo de la página web de la Secretaría del Senado http://www.secretariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htm
[15] La Gaceta 213 de 2011, al ser un documento público de libre
circulación y consulta, se obtuvo de la página web de la Secretaría del Senado http://www.secretariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htm
[16] Según la sentencia C-473 de 2004, los requisitos de trámite
previstos en la Constitución en los artículos 145, 146, 157 y 160 consisten:
“En primer lugar, el número mínimo de congresistas que deben estar presentes
para iniciar la deliberación de cualquier asunto, así como para adoptar
decisiones (Artículo 145, CP). En segundo lugar, la mayoría necesaria para
adoptar decisiones en la respectiva corporación que, salvo que la Constitución exija una mayoría especial, debe ser la mayoría de los votos de los asistentes
(Artículo 146, CP). En tercer lugar, el carácter imperativo de los debates en
las comisiones y en las plenarias, sin los cuales ningún proyecto puede llegar
a ser ley (Artículo 157, CP). En cuarto lugar, la necesaria publicidad de lo
que va a ser sometido a debate como presupuesto mínimo para garantizar la
participación efectiva de los congresistas (Artículo 157, CP). En quinto lugar,
el período mínimo que debe mediar entre debates como garantía de que la
decisión del Congreso sobre el proyecto de ley es producto de una reflexión
ponderada (Artículo 160, CP). Y en sexto lugar, la votación de lo discutido
como finalización del debate (Artículo 157, CP)”.
[17] C-760 de 2001, C-534 de 2006: “La actividad legislativa consiste
en la facultad reconocida en los regímenes democráticos a los órganos
representativos, de regular de manera general, impersonal y abstracta, a través
de la ley, los distintos supuestos de hecho relevantes para la obtención de los
fines esenciales del Estado. Esta facultad regulatoria, admite una gama amplia
de posibilidades, es decir, un mismo supuesto de hecho puede ser regulado de
distintas maneras, y la elección de la fórmula precisa que finalmente es
recogida en la ley, es fruto de variados factores, como lo son la particular
concepción política mayoritaria en el cuerpo legislativo, la influencia del
pensamiento de las minorías que propicia fórmulas de conciliación, las circunstancias
históricas que ameritan adecuar las formas jurídicas a las especificidades del
momento, y otros factores que, como los anteriores, confluyen a determinar las
fórmulas de regulación jurídica que resultan ser las finalmente adoptadas.  ||
En los regímenes democráticos, el mecanismo mediante el cual se llega a la
formación y determinación de la voluntad del legislador en cada fórmula legal
concreta, debe estar abierto a la confrontación de las diferentes corrientes de
pensamiento que encuentran su espacio en las corporaciones que ostentan esa
representación popular. Por ello, las distintas normas que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso regulan el trámite de la
adopción de la ley, están dirigidas a permitir un proceso en el cual puedan
intervenir todas las corrientes mencionadas, y en el cual la opción regulativa
finalmente adoptada sea fruto de una ponderada reflexión. Por ello se han
previsto cuatro debates, dos a nivel de las comisiones del Congreso, y dos a
nivel de la plenaria de cada Cámara (Art. 157 C.P.), lo cual permite, de un lado, que las propuestas  sean estudiadas y debatidas con la especialidad y puntualidad
que ello amerita, y de otro, que todo el universo de las opiniones
representadas en el Congreso, tenga la oportunidad real de incidir el la
adopción final de ley. También por esto, la posibilidad de introducir
modificaciones a los proyectos que vienen de etapas anteriores del trámite,
reconocida por el segundo inciso del artículo 160 de la Constitución, es propia de los regímenes que conceden amplia importancia a la efectividad del
principio democrático.”
[18] C-702 de 1999
[19] Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución.
[20] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-702 de 1999, ya
citada.
[21] C-801 de 2003
[22] C-490 de 2011
[23] Exposición de motivos Proyecto de ley 124 de 2010 Cámara. Gaceta
del Congreso No. 779 de 2010
[24] C-1147 de 2003
[25] C-803 de 2003, C-551 de 2003, C-501 de 2001: “El principio de
unidad de materia, ya lo ha manifestado la Corte, constituye un instrumento de racionalización y tecnificación del proceso legislativo y garantiza que las
leyes sean el “resultado de un sano debate democrático en el que los diversos
puntos de regulación han sido objeto de conocimiento y discernimiento. Dicho
principio afianza la legitimidad de la instancia parlamentaria, en la medida en
que “se evita la aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se
relacionan con aquellas que fueron debatidas y se impide el acceso de grupos
interesados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo”.
[26] C-025 de 1993, C-501 de 2001, C-551 y C-801 de 2003.
[27] Al respecto, la sentencia C-737 de 2001 reiterando la jurisprudencia
en la materia recordó que: “Esto explica, por ejemplo, que esta Corporación
haya señalado, en forma constante, que al estudiar si una ley viola o no el
principio de unidad de materia, la noción de materia debe ser entendida en
forma amplia, puesto que un entendimiento demasiado riguroso de su alcance,
obstaculizaría indebidamente la aprobación de las leyes, con lo cual esa regla
terminaría afectando el principio democrático que ella misma pretende realizar.
Y de manera más general, esta Corte ha dicho que “las normas constitucionales
relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que
su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar
la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas,
pues ello equivaldría a desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo
procedimental” (C-055 de 1996).
[28] Corte Constitucional, sentencia C-307 de 2004 (MP Rodrigo Escobar
Gil, Manuel José Cepeda Espinosa, Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo
Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SPV Rodrigo
Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett y Marco Gerardo Monroy Cabra) En este
caso la Corte consideró: “La simple comparación del texto originalmente
aprobado y el texto definitivo del proyecto muestra que, sin necesidad de
examinar los textos intermedios, no obstante las modificaciones y adiciones que
el proyecto recibió a lo largo de los debates legislativos, se ha respetado el
principio de identidad relativa, por cuanto lo finalmente aprobado tiene una clara
y específica relación de conexidad con lo aprobado en el primer debate
de manera que puede predicarse la existencia de identidad temática entre el
texto definitivo del proyecto y lo inicialmente aprobado en el primer debate en
la Comisión Primera del Senado. Las diferencias entre los dos textos obedecen
a precisiones técnicas, opciones y alternativas que giran alrededor de un mismo
concepto, y que claramente son un desarrollo de la propuesta inicialmente
aprobada.”
[29] Corte Constitucional, sentencia C-1147 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil; SV Eduardo Montealegre Lynett; AV Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil). En este caso la Corte consideró que “(…) a propósito del
principio de identidad, es entonces claro que un proyecto de ley puede ser
objeto de cambios y modificaciones en el transcurso de las diversas etapas
parlamentarias, pero sólo en la medida en que dichos cambios y modificaciones
se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, sin perjuicio de que
también éstos deban guardar estrecha relación con el contenido del
proyecto, es decir, respeten igualmente el principio de unidad de materia.”
(acento fuera del texto original)  Esta posición ha sido reiterada, por ejemplo
en la sentencia C-372 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Manuel José
Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis). En la
sentencia C-754 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis; SPV Álvaro Tafur Galvis) la Corte señaló que el principio de identidad relativa no se viola cuando se introducen
modificaciones ha de tratarse de ‘asuntos [que] estén estrechamente
ligados’.
[30] El segundo inciso del artículo 160 de la Constitución Política señala que durante “el segundo debate cada Cámara podrá introducir al
proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.”
[31] En la sentencia C-753 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra; SV
Jaime Araujo Rentería) se declaró exequible un aparte de el Acto Legislativo N°
01 de 2003 (artículo 15, parcial) adicionado en el séptimo debate por
considerar que se trataba de un ‘instrumento necesario’ y con una ‘relación
de conexidad evidente’ con el resto de la norma aprobada.
[32] Corte Constitucional, sentencia C-312 de 2004 (MP Alfredo Beltrán
Sierra; SV Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV Jaime
Araujo Rentería) La Corte resolvió declarar inexequibles varias
expresiones del artículo 44 de la Ley 795 de 2003, mediante la cual se modifica
el numeral 5º del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
pues consideró que “(…) que el texto final del artículo 44 de la Ley 795 de 2003 en cuanto incluyó la contribución al Fondo de Solidaridad y Garantía y la
manera de calcularla en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es una
materia que por sí misma tiene autonomía y relevancia jurídica que no hacen
indispensable su inclusión en las cláusulas que de suyo ha de contener el
contrato de seguro que se recoge en la póliza correspondiente (…)”
[33] Corte Constitucional, Sentencia C-801 de 2003 (MP Jaime Córdoba
Triviño), en este caso se examinó los cambios sufridos por el artículo 51 de la Ley 789 de 2003 (jornada laboral flexible), frente al cual el Congreso ensayó distintas
fórmulas en todos los debates. El artículo, tal y como fue finalmente aprobado,
no hizo parte ni del proyecto del gobierno, ni de la ponencia para primer
debate en comisiones. En la ponencia para segundo debate en plenaria de la Cámara fue incluido y aprobado el artículo sobre jornada laboral flexible. En la ponencia
para segundo debate en plenaria del Senado, no existía el artículo sobre
jornada laboral flexible, pero sí el asunto de la jornada laboral. La comisión
de conciliación adopta el artículo sobre jornada laboral flexible y fórmula que
es aprobada por las Cámaras. Aun cuando el artículo como tal sólo es aprobado
inicialmente en la Plenaria de la Cámara,  el asunto sobre la regulación de la
jornada laboral si fue aprobado en los 4 debates.
[34] Corte Constitucional, sentencia C-1092
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis; SPV Jaime Araujo Rentería, AV Rodrigo
Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte resolvió, entre otras cosas, declarar exequible el artículo 5 transitorio del
Acto Legislativo 03 de 2002, por el cargo analizado en la parte motiva de la
sentencia.
[35] Corte Constitucional, sentencia C-920 de 2001 (MP Rodrigo Escobar
Gil). La Corte declara la inexequi­bilidad de una disposición. Intro­ducida en
el último debate, que constituía un asunto nuevo, sin relación con la materia
debatida hasta ese momento.
[36] Ver Corte Constitucional, sentencia C-198 de 2002 (MP Clara Inés
Vargas Hernández, SV Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro
Tafur Galvis).
[37] Corte Constitucional, sentencia C-996 de 2004 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra)
[38] C-332 de 2005
[39] C-1147 de 2003
[40] C-490 de 2011
[41] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832/06.
[42] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-501/01,
C-714/01, C-1025/01 y C-809/07, entre otras.
[43] C-333 de 1993, C-376 de 1995, C-282 de 1997, C-922 de 2000,
C-1190 de 2001 y C-044 de 2002
[44] C-1488 de 2000, C-198 de 2002
[45] C-551 de 2003
[46] C-198 de 2001
[47] C-987 de 1999, C-004 de 1993, C-084 de 1995
[48] C-704 de 2010
[49] La sentencia C-183 de 2003 definió
este principio en los siguientes términos: “El principio de representación
popular en materia tributaria, se traduce en que solamente las corporaciones de
representación popular pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales,
por ello el artículo 338 de la Constitución establece que “solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. Así mismo, la Carta Política confiere a los departamentos y a los municipios la facultad de establecer
impuestos de conformidad con la ley (arts. 300-4 y 313-4 C.P.); adicionalmente otorga a los municipios la facultad exclusiva de gravar la propiedad
inmueble, sin perjuicio de la contribución de valorización (art. 317 C.P.)”.
[50] Sentencia C-084 de 1995, Alejandro Martínez Caballero.
[51] Sentencia C-488 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[52] C-121 de 2006
[53] C-1153 de 2008, C-121 de 2006
[54] C-253 de 1995,
[55] C-228 de 1993, C-121 de 2006
[56] C-537 de 2005, C-413 de 1996, C-227 de 2002, C-504 de 2002, C-538 de 2002, C-1043 de 2003, C-992 de 2004,
C-517 de 2007, entre otras
[57] Negrillas fuera del original.
[58] Idem
[59] Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley 44 de 1990 referido a la base mínima para el autoevalúo, indica que “El valor del autoevalúo catastral,
efectuado por el propietario o poseedor en la declaración anual, no
podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número de metros cuadrados de
área y/o de construcción, según el caso, por el precio del metro cuadrado que por vía general fijen como promedio inferior, las
autoridades catastrales, para los respectivos sectores y estratos de cada
municipio (…)”.
[60] Folio 20 del Expediente D-8495: “Para
efectos catastrales y consiguientemente prediales, la posesión es el
otro derecho real que junto con el dominio o plena propiedad, deben ser
inscritos en el catastro o censo de inmuebles (…) dicha inscripción de posesión
reconoce una riqueza aparente y el disfrute de derechos posesorios que son
manifestaciones de riqueza aptas para el gravamen territorial”.
[61] Ver por ejemplo el régimen tributario municipal de Ibagué (D.
1.1-0073 del 6 de febrero de 2009) que dispone en su artículo 10 numeral 1º,
que el hecho generador del impuesto predial “lo constituye la posesión o
propiedad, o usufructo de un bien inmueble urbano o rural (…) ”. Ver también el
Acuerdo 041 del 29 de diciembre de 2008 “por medio del cual se establece el
estatuto tributario del Municipio de Duitama” en donde se dice que “el
impuesto predial unificado es un gravamen que recae sobre la propiedad,
posesión o usufructo de toda clase de bienes inmuebles (…)”
[62] Cabe
señalar en este punto, que acorde con la jurisprudencia citada, aún si todos
los elementos del impuesto predial y de la contribución de valorización no
pudieran derivarse de la lectura de la misma ley o de la disposición, la Corte ha sostenido que la exigencia para el legislador respecto de la definición directa de
todos los elementos de impuestos y contribuciones, se presenta solo cuando se
regulan tributos de orden nacional. En efecto, respecto de los tributos de
orden territorial, las Asambleas y los Concejos, están autorizados para definir
con mayor precisión los diferentes elementos de los impuestos y contribuciones.
[63] Cfr. C-155 de 2003
[64] Cabe
señalar en este punto, que acorde con la jurisprudencia citada, aún si todos
los elementos del impuesto predial y de la contribución de valorización no
pudieran derivarse de la lectura de la misma ley o de la disposición, la Corte ha sostenido que la exigencia para el legislador respecto de la definición directa de
todos los elementos de impuestos y contribuciones, se presenta solo cuando se
regulan tributos de orden nacional. En efecto, respecto de los tributos de
orden territorial, las Asambleas y los Concejos, están autorizados para definir
con mayor precisión los diferentes elementos de los impuestos y contribuciones.
[65] T-150/95 Citada por la sentencia C-183 de 2003
[66] Cfr. José J. Gómez- Bienes Primera Parte. Corte Suprema de
Justicia Sent. 26 de septiembre de 1940.
[67] C-183 de 2003
[68] Artículo 102 C.P.: “El territorio, con los bienes públicos que
de él forman parte , pertenecen a la Nación”
[69] C-183 de 2003, T-572 de 1994
[70] C-467 de 1993, C-004 de 1993, C-346 de 1997
[71] Ley 44 de 1990. Artículo  2º.- Administración y
recaudo del impuesto. El
Impuesto Predial Unificado es un impuesto del orden municipal.
La
administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos
municipios.
Los municipios no
podrán establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo
cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, salvo el Impuesto
Predial Unificado a que se refiere esta Ley.
Artículo  3º.- Base gravable. Las base gravable del Impuesto Predial Unificado
será el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración
anual del impuesto predial unificado.
Artículo  4º.- Tarifa del impuesto. Modificado
por el art. 23, Ley 1450 de 2011. La tarifa del Impuesto
Predial Unificado, a que se refiere la presente Ley, será fijada por los
respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por mil del respectivo
avalúo.
Las tarifas
deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva,
teniendo en cuenta:
Los estratos
socioeconómicos;
Los usos del suelo, en
el sector urbano;
La antigüedad de la
formación o actualización del catastro;
A la vivienda
popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria
se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo Concejo.
Las tarifas
aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo
estatuido por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser
superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que
excedan del 33 por mil.
Artículo 9º.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente Ley,
cuando se haga referencia a los municipios, se entenderá incluido el Distrito
Especial de Bogotá. Así mismo, cuando se refiera a concejos, se entiende
incluido el Concejo del Distrito Especial de Bogotá.
[72] De momento, y de acuerdo con la sentencia C-155 de 2003, la Nación no está facultada para establecer la contribución de valorización puesto que la
normativa de rango nacional no señala de manera completa los elementos del
tributo, necesarios para el cumplimiento del principio de legalidad tributaria.
[73] Al respecto el Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación
permanente por la Ley 48 de 1968, dispuso:
ARTÍCULO 16. Los Municipios no podrán cobrar contribución de
valorización por obras nacionales, sino dentro de sus respectivas áreas urbanas
y previa autorización de la correspondiente entidad nacional, para lo cual
tendrá un plazo de dos años contados a partir de la construcción de la obra.
Vencido ese plazo sin que un Municipio ejerza la atribución que se le confiere,
la contribución se cobrará por la Nación.
En cuanto a las obras
departamentales, es entendido que los Municipios solamente podrán cobrar en su
favor las correspondientes contribuciones de valorización en los casos en que
el Departamento no fuere a hacerlo y previa la autorización del respectivo
Gobernador.
El producto de estas contribuciones
por obras nacionales o departamentales deberán destinarlo los Municipios a
obras de desarrollo urbano.
Parágrafo 1°. Para que los Municipios puedan cobrar contribuciones de valorización en
su favor, en los términos de este artículo, se requiere que la obra no fuere de
aquellas que la Nación ejecute financiándolas exclusivamente por medio de la
contribución de valorización, sino con los fondos generales de inversión del
Presupuesto Nacional.
Parágrafo 2°. Los Municipios que al entrar a regir este Decreto hubieren iniciado el
proceso de distribución de contribuciones de valorización por alguna obra
nacional, en ejercicio de la facultad conferida al respecto por el artículo 18
de la Ley 1ª de 1943, no estarán sometidos a los requisitos y limitaciones
indicados en el inciso primero de este artículo, en cuanto a las contribuciones
por la obra en referencia.
[74] C-664 de 2009, C-643 de 2002, C-222 de 1995
[75] C-222 de 1995, C-508 de 2008, C-508 de 2006 y C-776 de 2003.
[76] C-734 de 2002, C-643 de 2002, C-804 de 2001
[77] C-804 de 2001, C-734 de 2002
[78] C-776 de 2003
[79] Sentencia C-412 de 1996; M.P. Alejandro Martínez Caballero (En
esta sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una norma
en la que se contemplaba un tratamiento tributario diferente respecto del pago
del impuesto al consumo sobre productos nacionales y extranjeros).
[80] Ibídem.
[81] Sobre el sistema tributario en su conjunto y no sobre impuestos
particulares como ámbito de referencia de los principios constitucionales
tributarios, la Corte ha expuesto: “Es cierto que las limitaciones legales
pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria
concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta
efectiva. Sin embargo, esta Corporación había establecido que tales sacrificios
no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la
persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente
relevantes, pues no sólo el Legislador puede buscar conciliar principios en
conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que, además, tales principios
se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de un impuesto
específico. Una regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente
discriminatorios, ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no
viola el principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es
un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente
admisible”. Corte Constitucional. Sentencia C-409-96.
[82] C-741 de 1999. En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una norma en la que se indicaba lo
siguiente: "Todos los vehículos deberán portar en lugar visible la
calcomanía que demuestre el pago oportuno del impuesto sobre vehículos
automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito". Uno de
los temas estudiados en esa oportunidad fue el relativo a los mecanismos de los
que disponen los órganos competentes del Estado para lograr el pago de los
impuestos contemplados en el ordenamiento jurídico en tanto que mecanismo para
garantizar la equidad tributaria.
[83] C-643 de 2002, sentencia que consolida la línea jurisprudencial
trazada por sentencias como la C-333 de 1993, C-409 de 1996, C-511 de 1996,
C-734 de 2002, C-776 de 2003, C-385 de 2008, C-1261 de 2005, C-776 de 2003
[84] C-664 de 2009
[85] Cfr. C-183 de 2003
[86] Cfr. C-183 de 2003
[87] Artículo 63 constitucional, Código Civil artículo 674
[88] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Radicación número: 1469, Concepto de diciembre cinco
(5) de dos mil dos (2002), Consejero ponente: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI.
[89] Ley 768 de 2002, Art. 6.
[90] Ibíd.
[91] C-511 de 1996
[92] C-604 de 2000
[93] C-393 de1996
[94] Ver, entre otros, Eduardo García de Enterria y Tomás-Ramón
Fernández.  Curso de Derecho Administrativo, Madrid: Editorial
Civitas, Tomo II, pág 375.
[95] P. 136.
[96] P. 121.
[97] Gaceta del Congreso No. 166
del 7 de abril de 2011, p. 58.
[98] Ibídem., Pp. 57-58.
[99] Constitución
Política, Artículo 157.- “Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes: //  (1) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de
darle curso en la comisión respectiva. //  (2) Haber sido aprobado en primer
debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento
del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en
sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras. //  (3) Haber
sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. //  (4) Haber obtenido la
sanción del Gobierno.”
[100] Ley 5ª de 1992, “por la cual se expide el
Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.” Artículo 160. “Presentación de enmiendas. Todo Congresista puede presentar
enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en curso. Para ello se deberán
observar las condiciones siguientes, además de las que establece este
Reglamento: //  (1) El autor o proponente de una modificación, adición o
supresión podrá plantearla en la Comisión Constitucional respectiva, así no haga parte integrante de ella. // (2) El plazo
para su presentación es hasta el cierre de su discusión, y se hará mediante
escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión.  (3) Las enmiendas podrán ser a la totalidad del proyecto o a su articulado. […]”
Artículo 161. “Enmiendas a la totalidad. Serán
enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o
el espíritu del proyecto, o las que propongan un texto completo alternativo al
del proyecto.”
Artículo 162. “Enmiendas
al articulado. Estas podrán ser de supresión, modificación o adición a algunos artículos
o disposiciones del proyecto.”
[101] Al
respecto ver los artículos 186 y siguientes del Reglamento del Congreso (Ley 5ª
de 1992).
[102] Constitución
Política, Artículo 160, inciso segundo: “Durante el segundo debate cada
cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones
que juzgue necesarias.”
[103] Constitución
Política, Artículo 158. “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma
materia y serán inad­misibles las disposiciones o modificaciones que no se
relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las
iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán
apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se
publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.”
[104] Corte
Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En
este caso la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003 por vicios de procedi­miento en su
formación, entre otros cargos, por cuanto habían sido introducidos al Proyecto
de ley por el Senado de la República, luego de haber hecho tránsito en la Cámara de Representantes.
[105] Corte Constitucional,
Sentencia C-940 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[106] Corte
Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En
esta sentencia, la Corte consideró que el principio de identidad “(…)
adquiere en la Constitución de 1991 una connotación distinta a la que tenía en
el régimen constitucional anterior, (…) si en la Carta de 1886 se exigía que el texto aprobado en cada uno de los debates fuera exactamente el
mismo, por lo cual cualquier modificación aun menor implicaba repetir todo el
trámite, hoy en día se ha abandonado el principio de identidad rígido, para
permitir que las comisiones y las plenarias de las cámaras puedan introducir
modificaciones al proyecto (CP art. 160), y que las discrepancias entre lo
aprobado en una y otra Cámara no obliguen a repetir todo el trámite, sino que
las comisiones accidentales preparen un texto unificado que supere las
diferencias, texto que es entonces sometido a la aprobación de las plenarias.”
[107] Corte
Constitucional, sentencia C-940 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[108] Ibídem.
[109] Corte
Constitucional, sentencia C-307 de 2004 (MPs. Rodrigo Escobar Gil, Manuel José
Cepeda Espinosa y Alfredo Beltrán Sierra; SV. Jaime Araujo Rentería; SV.
Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SPV. Rodrigo Escobar Gil,
Eduardo Montealegre Lynett y Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso la Corte consideró: “La simple comparación del texto originalmente aprobado y el texto
definitivo del proyecto muestra que, sin necesidad de examinar los textos
intermedios, no obstante las modificaciones y adiciones que el proyecto recibió
a lo largo de los debates legislativos, se ha respetado el principio de
identidad relativa, por cuanto lo finalmente aprobado tiene una clara y específica
relación de conexidad con lo aprobado en el primer debate de manera que puede
predicarse la existencia de identidad temática entre el texto definitivo del
proyecto y lo inicialmente aprobado en el primer debate en la Comisión Primera del Senado. Las diferencias entre los dos textos obedecen a precisiones
técnicas, opciones y alternativas que giran alrededor de un mismo concepto, y
que claramente son un desarrollo de la propuesta inicialmente aprobada.”
[110] Corte
Constitucional, sentencia C-1147 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil; SV. Eduardo
Montealegre Lynett; AV. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil). En
este caso la Corte consideró que “(…) a propósito del principio de
identidad, es entonces claro que un proyecto de ley puede ser objeto de cambios
y modificaciones en el transcurso de las diversas etapas parlamentarias, pero
sólo en la medida en que dichos cambios y modificaciones se refieran a temas
tratados y aprobados en primer debate, sin perjuicio de que también éstos deban
guardar estrecha relación con el contenido del proyecto, es decir, respeten
igualmente el principio de unidad de materia.” (acento fuera del texto
original). Esta posición ha sido reiterada, por ejemplo en la sentencia C-372
de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández; SV. Manuel José Cepeda Espinosa,
Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis). En la sentencia C-754 de 2004
(MP. Álvaro Tafur Galvis; SPV. Álvaro Tafur Galvis) la Corte señaló que el principio de identidad relativa no se viola cuando se introducen
modificaciones ha de tratarse de “asuntos [que] estén estrechamente ligados.”
[111] El segundo
inciso del artículo 160 de la Constitución Política señala que durante “el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones,
adiciones y supresiones que juzgue necesarias.”
[112] En la sentencia
C-753 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Jaime Araujo Rentería) se
declaró exequible un aparte de el Acto Legislativo 01 de 2003 (artículo 15,
parcial) adicionado en el séptimo debate por considerar que se trataba de un “instrumento
necesario” y con una “relación de conexidad evidente” con el resto
de la norma aprobada.
[113] Corte
Constitucional, sentencia C-312 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Manuel
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV. Jaime Araujo Rentería). La Corte resolvió declarar inexequibles varias expresiones del artículo 44 de la Ley 795 de 2003, mediante la cual se modifica el numeral 5º del artículo 193 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, pues consideró que “(…) que el texto final
del artículo 44 de la Ley 795 de 2003 en cuanto incluyó la contribución al
Fondo de Solidaridad y Garantía y la manera de calcularla en el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito es una materia que por sí misma tiene
autonomía y relevancia jurídica que no hacen indispensable su inclusión en las
cláusulas que de suyo ha de contener el contrato de seguro que se recoge en la
póliza correspondiente (…).”
[114] Corte
Constitucional, Sentencia C-801 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En este
caso se examinó los cambios sufridos por el artículo 51 de la Ley 789 de 2003 (jornada laboral flexible), frente al cual el Congreso ensayó distintas
fórmulas en todos los debates. El artículo, tal y como fue finalmente aprobado,
no hizo parte ni del proyecto del gobierno, ni de la ponencia para primer
debate en comisiones. En la ponencia para segundo debate en plenaria de la Cámara fue incluido y aprobado el artículo sobre jornada laboral flexible. En la ponencia
para segundo debate en plenaria del Senado, no existía el artículo sobre
jornada laboral flexible, pero sí el asunto de la jornada laboral. La comisión
de conciliación adopta el artículo sobre jornada laboral flexible y fórmula que
es aprobada por las Cámaras. Aun cuando el artículo como tal sólo es aprobado
inicialmente en la Plenaria de la Cámara,  el asunto sobre la regulación de la
jornada laboral si fue aprobado en los cuatro debates.
[115] Corte
Constitucional, sentencia C-1092 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Galvis; SPV. Jaime Araujo Rentería, AV. Rodrigo Escobar Gil y
Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte resolvió, entre otras cosas, declarar exequible el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 03 de
2002, por el cargo analizado en la parte motiva de la sentencia.
[116] Corte
Constitucional, sentencia C-920 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). La Corte declaró la inexequibilidad de una disposición intro­ducida en el último debate, que
constituía un asunto nuevo, sin relación con la materia debatida hasta ese
momento.
[117] Corte
Constitucional, sentencia C-198 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV.
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis).
[118] Corte
Constitucional, sentencia C-996 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[119] Corte
Constitucional, sentencia C-332 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa; AV.
Jaime Araujo Rentería; Jaime Córdoba Triviño; Marco Gerardo Monroy Cabra, y
Álvaro Tafur Galvis). En este caso la Corte resolvió declarar inexequible el
artículo 10° del Acto Legislativo 01 de 2003.
[120] Corte Constitucional, Sentencia C-013 de 1993 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[121] Corte Constitucional, sentencia C-222 de 1997 (MP.
José Gregorio Hernández), donde la Corte examina la constitucionalidad de una
modificación introducida a un Acto Legislativo durante el segundo período y
precisa las reglas sobre trámite de leyes que son aplicables a los actos
legislativos.
[122] Así lo reconoció la Corte en la sentencia C-013 de 1993 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz), en donde la Corte examina una demanda contra la Ley 1ª de 1991 (Estatuto de Puertos Marítimos), demandada, entre otras cosas, porque como en
la discusión de la ley en las sesiones de la Comisión III de la Cámara de Representantes y en las sesiones plenarias de Cámara y Senado,
no había habido controversia ni posiciones enfrentadas, no había existido por
lo tanto debate. La Corte rechaza esta visión coloquial de “debate” y precisa
que debe acudirse a la definición legal.
[123] En este sentido, la Sentencia C-222 de 1997 (MP José Gregorio Hernández
Galindo) establece que el debate es un requisito indispensable de la decisión y
que en virtud de su importancia constitucional se estableció la necesidad de
que exista un quórum deliberatorio.
[124] Corte Constitucional, sentencia
C-473 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Alfredo Beltrán Sierra y
Clara Inés Vargas Hernández). Ver, además, las sentencias C-013 de 1993 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); C-022- de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo);
C-706 de 2005 (MP.  Álvaro Tafur Galvis. SV. Humberto Antonio Sierra Porto; AV.
Jaime Córdoba Triviño; AV. Manuel José Cepeda Espinosa; SV. Jaime Araújo Rentería);
C-1041 de 2005 (MPs. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime
Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño); C-131 de 2009
(MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[125] Gaceta del Congreso No. 213 de
2011, p. 136.