C-492-16
Sentencia C-492/16
IMPOSICION DE MULTA POR NO PRESENTACION DE
DEMANDA DE CASACION LABORAL DENTRO DEL TERMINO LEGAL, UNA VEZ ADMITIDO EL
RECURSO-Indeterminación de la
medida legislativa
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Criterios para valorar la aptitud de la demanda y
determinar su procedencia y alcance del juicio de constitucionalidad
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
JUEZ CONSTITUCIONAL-Puede
apartarse de criterio adoptado en otro fallo inhibitorio
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Procedimiento
DESISTIMIENTO DE DEMANDA DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Contenido y alcance
DESISTIMIENTO-Características
DESISTIMIENTO TACITO-Concepto
DESISTIMIENTO EXPRESO-Concepto
DESISTIMIENTO EXPRESO-Procedencia
en recurso de casación, según Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
MULTA POR FALTA DE PRESENTACION EN TIEMPO DE DEMANDA DE CASACION
LABORAL-Consecuencia jurídica
SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Especificidades de la congestión judicial/CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Estadísticas de procesos por Sala 2008-2015
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Estadística de procesos admitidos 2007-2015
PROGRAMAS DE DESCONGESTION A CARGO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-Contenido
CUANTIA PARA ACCEDER AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Jurisprudencia constitucional
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Favorece la interposición de recursos en materia
laboral
SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencias jurisdiccionales
DESISTIMIENTO TACITO-Restricción
del alcance en norma acusada
Referencia:
Expediente D-11147
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 49 (parcial) de la Ley 1395 de 2010,
“por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”
Actor: Diana del Pilar Sánchez López
Magistrado Sustanciador:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, profiere la presente sentencia con fundamento en
los siguientes
I.
ANTECEDENTES
1.     La demanda de inconstitucionalidad
1.1.
Normas demandadas
En ejercicio de la
acción pública de constitucionalidad, la ciudadana Diana del Pilar Sánchez
López demandó el aparte del artículo 49 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 que
establece que cuando no se sustenta en el plazo legal el recurso de casación
laboral, se debe imponer al apoderado judicial una multa entre 5 y 10 salarios
mínimos legales mensuales, precepto cuyo transcribe y subraya a continuación:
“LEY 1395 DE 2010
(julio 12)
Diario Oficial No.
47.768 de 12 de julio de 2010
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por la cual se
adoptan medidas en materia de descongestión judicial.
ARTÍCULO 49. Modifíquese el artículo 93 del Código del Procedimiento del Trabajo y de l
<sic> Seguridad Social, el cual quedará así:
Artículo 93. Admisión del recurso. Repartido el expediente en la Corte, la Sala, dentro
de los veinte días hábiles siguientes, decidirá si es o no admisible el
recurso. Si fuere admitido, dispondrá el traslado al recurrente o recurrentes
para que dentro de este término presenten las demandas de casación. En caso
contrario se procederá a la devolución del expediente al sentenciador de
origen.
Presentada
en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los
requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a
quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que
formulen sus alegatos.
<Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Si la demanda no reúne los requisitos, o no se presentare en tiempo, se
declarará desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa
de 5 a 10 salarios mínimos mensuales.”
1.2.
Cargos
A
juicio de la accionante, la previsión normativa demandada transgrede el derecho
a la igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la
administración de justicia, por las razones que se indican a continuación.
1.2.1. De una parte, la demandante afirma que la disposición
atacada establece un trato diferenciado injustificado entre dos grupos de
personas: por un lado, los abogados que actúan ante la jurisdicción laboral, y
en particular ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir,
aquellos que litigan en asuntos laborales y relativos a la seguridad social, y
aquellos que actúan en otras jurisdicciones, como la civil y la penal. En
efecto, mientras en el primer caso la presentación extemporánea de la demanda
de casación o la falta de presentación de la misma después de haberse
presentado el recurso extraordinario de casación, es sancionada con una multa
de 5 a 10 salarios mínimos mensuales, en el segundo el ordenamiento no prevé
una sanción semejante.
Esta diferenciación carecería de toda
justificación desde la perspectiva constitucional, por la confluencia de las
siguiente razones: (i) primero, porque en todos los casos el recurso
extraordinario de casación tiene la misma naturaleza jurídica y cumple las
mismas funciones: la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización
del derecho objetivo; (ii) segundo, porque aun cuando en el proceso de
aprobación legislativa se sostuvo que la medida tenía como objetivo la
desjudicialización de los conflictos, la simplificación de los procedimientos y
la racionalización en el uso del aparato judicial, en realidad la norma
sancionatoria carece de la idoneidad para materializar estos propósitos, “pues
por el contrario, obliga al abogado a presentar siempre la demanda aunque él,
según su leal saber y entender, estima que no existe un fundamento para
aducirlo como motivo de casación, por ser esta la única manera que tiene
(frente la multa establecida en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 1395
de 2010), de evitar ser castigado con la sanción pecuniaria, dando ello lugar a
que se produzca una mayor congestión en la Sala de Casación Laboral”; (iii)
tercero, porque se establece un doble estándar para juzgar una misma conducta
de los abogados: una estricta y severa para aquellos que actúan ante la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y otra más laxa y razonable
para aquellos que actúan ante las demás instancias judiciales.
A partir de los argumentos anteriores,  la
accionante concluye que la inconstitucionalidad de la diferenciación normativa
es evidente, y que “a cualquiera que estudie objetivamente este asunto se
impone la conclusión –por ser ésta la única conclusión racional- de haberse
efectivamente violado el derecho fundamental según el cual las personas ante la
ley deben ser consideradas iguales y (…) sin ninguna discriminación”.
1.2.2.  Por otro lado, la demandante sostiene que la
previsión normativa desconoce el derecho al debido proceso previsto en el
artículo 29 de la Carta Política, por las siguientes razones: (i) primero, porque
la norma estableció una modalidad de responsabilidad objetiva, imponiendo un
castigo a los abogados por la sola circunstancia de no presentar la demanda de
casación en el plazo legal,  sin que haya lugar a valorar las circunstancias
que rodean este hecho; (ii) segundo, el precepto demandado no establece un
procedimiento especial que permita el abogado ejercer su defensa, y por el
contrario, de la literalidad de la ley se desprende que una vez verificada la
presentación tardía del escrito o la falta de presentación, y una vez declarado
desierto el recurso por esta razón, ipso iure se debe aplicar la sanción
al apoderado judicial; (iii) las razones por las que en la sentencia C-203 de
2011[1]
la Corte declaró la inexequibilidad del aparte normativo que imponía una multa
al abogado por presentar una demanda de casación sin el cumplimiento de los
requisitos legales, son las mismas por las que ahora debe declararse la
inexequibilidad de la medida legislativa; en efecto, en ninguno de los dos
casos la sanción atiende a un criterio de imputabilidad, tampoco se exige la
configuración de un daño al sistema de justicia en relación con su eficacia y
celeridad, y se prescinde totalmente de los elementos de culpabilidad,
intención dañina y perjuicio efectivo a los bienes jurídicos tutelados; (iv) los
abogados quedan sometidos a un doble régimen sancionatorio: el disciplinario,
previsto en la Ley 1123 de 2007, y el contemplado en la disposición impugnada,
con lo cual podrían ser juzgados dos veces por un mismo hecho.
1.2.3. Finalmente, la actora sostiene que la previsión
normativa contraviene el derecho de acceso a la administración de justicia,
dado que, tal como se expuso en la sentencia C-203 de 2011, una medida
semejante tiene el efecto perverso de inhibir a los abogados de presentar
demandas de casación en procesos laborales y de seguridad social por el temor
de ser multados, máxime cuando en la norma se fija una responsabilidad objetiva
en la que no existe la opción de justificar la radicación tardía del escrito o
su falta de presentación. Con ello, la norma se convierte en una barrera de
acceso a la justicia para las personas en cuyo nombre se actúa en el proceso,
incluso sujetos de especial protección constitucional como los trabajadores,
los niños con discapacidad y las personas inválidas. Así las cosas,
parafraseando la sentencia referida, la actora sostiene que el trámite judicial
“se torna hostil, en términos de acceso a la defensa técnica necesaria para
su materialización”.
1.2.4. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la
actora concluye que el legislador “incurrió en una discriminación por
aplicación de un estándar diferente respecto de los apoderados judiciales que
ejercen la abogacía ante la Sala de Casación Laboral; estableció un régimen de
responsabilidad objetiva (…) contrariando el principio de culpabilidad (…) e
hizo que se tornara hostil el recurso de casación cuyo conocimiento está
atribuido a dicha sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, lo que,
por contera, generó como efecto implícito la denegación de justicia para los
trabajadores, personas a las que el Estado debe brindar una especial protección
(…) y asimismo desprotegió a personas que por su condición económica, física o
mental, están en circunstancias de debilidad manifiesta”.
1.3.
Solicitud
De acuerdo con el análisis precedente, la
accionante solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad
del aparte normativo contenido en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, que prevé
la imposición de multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales a los apoderados
judiciales que no presenten demanda de casación laboral oportunamente, después
de haber interpuesto el recurso correspondiente, y después de haber sido admitido
por la Sala de Casación Laboral.
2.
Trámite procesal
2.1.
Mediante auto del día 14
de diciembre de 2015, el magistrado sustanciador admitió la demanda.
2.2.
En la misma providencia se
solicitó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia la remisión de
la siguiente información:
-
La indicación del número
de multas impuestas en aplicación del precepto demandado.
-
La indicación del número
de recursos de casación admitidos por la Sala Laboral, por la Sala Civil y por
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el número de demandas de
casación presentadas antes estas mismas instancias entre los años 2005 y 2015.
-
Los siguientes indicadores
relativos a los recursos de casación e la Sala Laboral, en la Sala Civil y en
la Sala Penal, entre los años 2008 y 2015: (i) Indicador comparativo general
del comportamiento del recurso en ingresos, egresos e inventario; (ii) el
indicador de productividad; (iii) el indicador de volumen de inventarios.
2.3.
Se libraron las
comunicaciones del caso, y, en consecuencia:
-
Se corrió traslado de la
demanda al Procurador General de la Nación.
-
Se fijó en lista la
disposición acusada, con el objeto de que fuese impugnada o defendida por
cualquier ciudadano.
-
Se comunicó de la
iniciación del proceso a la Presidencia de la República, a la Presidencia del
Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura o al organismo que
haga sus veces.
-
Se invitó a participar
dentro del proceso a  las siguientes instituciones, para que se pronunciaran
sobre las pretensiones de la demanda o para que suministraran insumos técnicos
del juicio de constitucionalidad: (i) las facultades de Derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana, de los Andes, Nacional de Colombia, Libre y
de Antioquia; (ii) la Corporación Excelencia en la Justicia, la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, el Colegio de Abogados del
Trabajo y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal; (iii) la Corporación de
Jueces y Magistrados de Colombia y la Corporación Colegio Nacional de Abogados
(CONALBOS).
3.
Respuesta de la
Corte Suprema de Justicia
Mediante comunicaciones de los días 14 de
enero, 22 de enero, 12 de febrero, 18 de febrero, 1 de marzo y 26 de agosto de
2016, las salas laboral, penal y civil de la Corte Suprema de Justicia
presentaron la información sobre el movimiento de procesos en cada una de estas
instancias jurisdiccionales entre los años 2007 y 2015, así como sobre el
número de multas impuestas con fundamento en el artículo 49 de la Ley 1395 de
2010 por la Sala de Casación Laboral. Las respuestas se encuentran en los
Anexos a esta sentencia.
4.
Intervenciones
4.1.    Intervenciones que solicitan un fallo
inhibitorio (Ministerio de Justicia[2])
El Ministerio de Justicia y del Derecho estima
que la demanda no proporciona los elementos de juicio necesarios para la
valoración de la norma acusada, y que, por tanto, la Corte debe abstenerse de
fallar de fondo.
Según la entidad, el escrito de acusación
controvierte la misma previsión normativa que se demandó en el proceso que dio
lugar al fallo inhibitorio contenido en la sentencia C-498 de 2015[3]
a partir de unos planteamientos similares a los esbozados en aquella oportunidad,
y por ende, adolece de las mismas deficiencias identificadas en la referida
providencia, por lo cual, la Corte debe atenerse a la calificación judicial de
los cargos realizada en ese momento.
Además, independientemente esta valoración
previa, los cargos de la demanda no identifican los elementos constitutivos de
la infracción al principio de igualdad ni a los derechos al debido proceso y de
acceso al sistema de justicia, por lo que, en estricto sentido, no existen
cargos susceptibles de ser evaluados en el escenario del control abstracto de
constitucionalidad.
Con respecto al cargo por el desconocimiento
del principio de igualdad, por ejemplo, aun cuando en la demanda se sostiene
que la norma atacada introduce una diferenciación injustificada entre los
abogados que actúan ante la jurisdicción laboral y aquellos que actúan en las
jurisdicciones civil y penal, lo cierto es que un mismo abogado puede actuar
indistintamente en diferentes jurisdicciones, por lo que, en definitiva, no se
logra acreditar la ilegitimidad de la medida diferenciadora. Asimismo, la
accionante tampoco señaló las razones por las que el recurso extraordinario de
casación debía tener el mismo régimen en todas las jurisdicciones, y tampoco
indicó las razones por las que el Estado no puede imponer cargas procesales
especiales para el acceso a la justicia, o configurar discrecionalmente los
trámites judiciales, teniendo en cuenta que la medida sancionatoria se ampara
en la necesidad de racionalizar el acceso a la justicia en un entorno de
escasez de recursos, y en la necesidad de impartir celeridad y eficiencia en
los procedimientos y actuaciones judiciales.
Adicionalmente, y a diferencia de lo que se
supone en la demanda de inconstitucionalidad, las razones esbozadas en la
sentencia C-203 de 2011[4]
para declarar la inexequibilidad de la norma que impone una multa a los
abogados que presentan una demanda de casación en la jurisdicción laboral que no
reúne los requisitos legales, no son automáticamente replicables en este
escenario. La razón de ello es que en el referido fallo la misma Corte estableció
una diferenciación entre la hipótesis examinada en aquella oportunidad y la que
ahora se propone someter a juicio, advirtiendo, a manera de juicio provisional,
que la imposición de multas por la presentación extemporánea de la demanda de
casación “es una medida que se justificaría en la ‘escasez’ que afecta al
aparato judicial por falta de recursos suficientes, pero sobre todo en el
impacto que sobre esos escasos recursos, posee la abusiva e irresponsable
utilización de los medios de defensa judiciales; una medida destinada a
afianzar el respeto a los principios de celeridad y eficiencia en los
procedimientos y actuaciones judiciales”.
En este orden de ideas, como la demanda no
contiene los elementos básicos del juicio de constitucionalidad, no  hay lugar
a un juicio de fondo.
4.2.    Intervenciones que solicitan la declaratoria
de exequibilidad del precepto impugnado (Ministerio de Justicia y del Derecho[5])
El Ministerio de Justicia considera que
incluso si se hace abstracción de las falencias de la demanda y se examinan los
cargos allí planteados, la solicitud de la accionante no está llamada a
prosperar, y que por tanto,  la norma debe ser declara exequible.
En este sentido, la entidad aclara que la medida
cuestionada se enmarca dentro de la libertad de configuración del legislador para
diseñar los procesos judiciales, libertad que le confiere la potestad para
establecer cargas especiales a los sujetos procesales, como la prevista en el
precepto atacado. En este marco, la norma demandada contempla una multa para
los abogados que han infringido sus deberes profesionales al omitir presentar
en tiempo la demanda de casación presentando el recurso extraordinario
correspondiente. Se trata entonces de una medida razonable y acorde con la
actuación irregular de los abogados.
De este modo, el precepto demandado no
contraviene los derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso al
sistema de justicia.
4.3.    Intervenciones que solicitan la declaratoria
de inexequibilidad del precepto impugnado (Academia Colombiana de
Jurisprudencia[6].
Universidad Externado de Colombia[7],
Universidad Nacional de Colombia[8],
Pontificia Universidad Javeriana[9],
CONALBOS[10])
Los referidos intervinientes estiman que el
precepto impugnado contraviene el ordenamiento superior, y que por tanto debe
ser declarado inexequible, por las siguientes razones:
4.3.1. Con respecto al cargo por la presunta infracción del
derecho a la igualdad, se sostiene que el ordenamiento jurídico establece una
diferenciación normativa inadmisible entre el recurso extraordinario de
casación en materia laboral y el mismo recurso en materia civil y penal, que
termina por discriminar a los abogados casacionistas que actúan en la primera
de estas jurisdicciones[11].
En efecto, mientras en materia laboral la
falta de presentación de la demanda de casación o la presentación extemporánea
de la misma acarrea una sanción al abogado que interpuso el recurso, en materia
civil y en materia penal no ocurre lo propio. Este trato diferenciado carece de
toda justificación porque aun cuando con la medida se pretende la
racionalización en el uso del aparato judicial y la descongestión en el sistema
de justicia, en cualquier caso la situación de quienes actúan en la
jurisdicción laboral es, en esencia, la misma de quienes actúen en las jurisdicción
civil y penal, y por tanto, no existe ninguna diferencia fáctica a la luz de la
cual se pueda justificar la medida diferenciadora.
4.3.2. Con respecto al cargo por el presunto desconocimiento del
derecho al debido proceso, se sostiene que la vulneración se produce por la
confluencia de dos circunstancias[12]:
Primero, porque la imposición de la sanción no
se encuentra antecedida de un procedimiento que permita al acusado ejercer su defensa
y controvertir la medida sancionatoria adoptada por la Corte Suprema de
Justicia, ni al Estado contar con los elementos probatorios necesarios para
adoptar una decisión de esta naturaleza, máxime cuando, en el marco de las
normas que imponían una sanción a los abogados que presentaban demandadas de
casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sin cumplir los
requisitos legales, la propia Corte Constitucional determinó que la imposición
de toda sanción debía estar precedida de un trámite que asegure la defensa del
acusado y la adopción de una decisión fundada y razonada[13]. Por lo
demás, aunque podría argumentarse que la decisión sancionatoria constituye un
acto administrativo de la Corte Suprema de Justicia que debe sujetarse a las
pautas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, a juicio de los intervinientes esto resulta
insuficiente porque “tales vías resultarían dispendiosas, amén de gravosas
para el recurrente, para la Corte Suprema y para las instancias que deban
conocer de tal nueva actuación”.
La segunda deficiencia de la norma de cara al
debido proceso se presenta porque ésta prevé la imposición de una sanción por la
sola circunstancia de no haberse presentado la demanda de casación dentro del
término legal, sin tener en cuenta ninguna otra consideración, como la voluntad
del poderdante de renunciar o desistir del recurso extraordinario de casación,  la
existencia de dificultades o hechos objetivos que impidan la presentación del
recurso, o incluso la consideración de la inconveniencia de persistir en el
recurso. De este modo, la norma prevé una modalidad de responsabilidad objetiva
incompatible con el debido proceso, e impondría a la Corte Suprema de Justicia
el deber de sancionar automáticamente a los abogados que no presentaron en
tiempo la demanda de casación, incluso en aquellas hipótesis en que el hecho se
encuentra justificado. En últimas, la norma termina por sancionar el ejercicio
legítimo de un derecho, puesto que todos los recursos contra providencias
judiciales, incluido el recurso extraordinario de casación, son desistibles, y
por ende, una vez interpuesto la parte que lo activo puede renunciar al mismo
bien sea manifestándolo expresa y directamente, o bien sea absteniéndose de
sustentarlo o de presentar la demandada correspondiente.
Por último, también se vulnera el derecho al
debido proceso en la medida en que podría generarse una doble sanción por una
misma conducta desplegada por el abogado que omite presentar en tiempo la
demanda de casación ante la jurisdicción laboral, ya que cuando esta actuación
es el resultado de una actuación negligente del abogado, adicionalmente puede
ser sancionado disciplinariamente por el incumplimiento de sus deberes como
abogado.
4.3.3. Finalmente, con respecto al cargo por la presunta
infracción del derecho de acceso a la justicia, los intervinientes afirman que
la vulneración se produce porque la norma desestimula las actuaciones ante la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que la
interposición del recurso extraordinario de casación genera el riesgo de la
imposición de una multa por causas ajenas a la voluntad y a la diligencia del
abogado sancionado, cuando se presenta coyunturalmente alguna circunstancia que
impida la presentación de la demanda de casación en el plazo previsto
legalmente, o cuando se encuentre que no hay lugar o que resulta inconveniente
dar trámite al dispositivo procesal, pues tales circunstancias no son tenidas
en cuenta por la Corte Suprema a la hora de adoptar una decisión[14].
De este modo, con el pretexto de la promover
la eficiencia en la administración de justicia, el precepto demandado establece
una medida que no solo es cuestionable a la luz de este mismo objetivo, sino
que además tiene como objeto y efecto la restricción del derecho del abogado y
de las partes que representa, a interponer el recurso extraordinario de
casación como mecanismo para garantizar sus derecho. En otras palabras, la ley
termina por sancionar al abogado por ejercer un derecho que le fue conferido,
es decir, el derecho de controvertir las decisiones judiciales mediante el
instrumento de la casación, según se determinó en la sentencia C-713 de 2008[15].
Por lo demás, esta afectación del derecho de
acceso a la jurisdicción laboral provoca además una limitación al Estado Social
de Derecho y al derecho a la seguridad social, en la medida en que los asuntos
que se ventilan en esta jurisdicción son litigios de orden laboral y de
seguridad social, en los que normalmente se encuentran involucrados personas
que no tienen satisfechas sus necesidades elementales y que viven en
situaciones de precariedad.
4.3.4. Por las razones anteriores, los intervinientes
señalados solicitan la declaratoria de inexequibilidad del aparte normativo
demandado.
5.
Concepto de la
Procuraduría General de la Nación
5.1.
Mediante concepto rendido el día 5 de mayo de 2016, la
Procuraduría General de la Nación presenta dos requerimientos: (i) primero, con
respecto a los cargos de la demanda por la presunta infracción del principio de
igualdad y del derecho de acceso a la administración de justicia, solicitó estarse
a lo resuelto en la sentencia que se profiera dentro del proceso correspondiente
al expediente D-10607; (ii) y con respecto al cargo por el presunto desconocimiento
del derecho al debido proceso, solicitó declarar la exequibilidad de la
expresión “y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios
mínimos mensuales”, contenida en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.
5.2.
En primer lugar, se advierte
que la entidad ya conceptuó sobre la constitucionalidad de la misma previsión
normativa a la luz de los cargos por la presunta violación del principio de
igualdad y del derecho de acceso a la administración de justicia, por lo que en
esta oportunidad únicamente se reitera la posición expuesta por el Ministerio
Público en aquella oportunidad, y se insta a la Corte a que ordene estarse a lo
resuelto en el proceso de la referencia.
Es
así como en aquel momento se estimó que la norma demandada no vulneraba el
derecho de igualdad, ni el acceso a la administración de justicia porque aun
cuando el legislador estableció un trato diferenciado entre los abogados que
litigan en la jurisdicción laboral y quienes actúan en la jurisdicción civil y
en la jurisdicción penal frente a la misma hipótesis en la que no se presenta
oportunamente la demanda de casación, la diferenciación normativa se encuentra
plenamente justificada.
En
efecto, el legislador cuenta un amplio margen para configurar los procesos
judiciales, y en particular, para fijar los lineamientos de los recursos
mediante los cuales se pueden controvertir las decisiones judiciales, como el
recurso extraordinario de casación en las distintas jurisdicciones, sin que
exista una obligación de establecer un régimen unificado para todas ellas, y
sin que exista una prohibición para imponer cargas procesales específicas
orientadas a racionalizar el uso del aparato judicial.
En
este marco, la norma demandada optó por imponer una carga procesal en los
procesos laborales y no en los procesos civiles y penales, determinando que
cuando no se presenta dentro de los plazos legales la demanda de casación ante
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de haberse interpuesto
el recurso, el abogado que omite la presentación debe ser objeto de una sanción
pecuniaria. Esta diferenciación en el régimen procesal se ampara en diferencias
fácticas constitucionalmente relevantes entre las distintas jurisdicciones, que
aconsejan establecer un mecanismo para racionalizar el acceso a la jurisdicción
laboral, y por esta vía contribuir a su descongestión.
En
efecto, según se advirtió en el trámite de aprobación legislativa de la norma
demandada, los informes de la Corporación Excelencia en la Justicia daban
cuenta de la grave y crítica situación de la jurisdicción laboral en
comparación con la que afrontaban las demás jurisdicciones. Así, mientras en la
Sala Civil se redujeron los inventarios en un 17% entre los años 2010 y 2011, en
la Sala Penal y en la Sala Laboral se produjeron incrementos en un 29% en la
primera, y en un 4% en la segunda, de modo que para el año 2011, la Sala
Laboral concentraba un 81% de los procesos pendientes para ser evacuados en
dicho año. De este modo, aun cuando en todas las jurisdicciones se presentan
problemas de congestión en las salas de casación, la mayor fuente de problemas se
encuentra en la sala laboral. Adicionalmente, mientras la Sala Civil registra
una tendencia hacia la reducción de procesos represados y mientras la Sala Penal
mantiene niveles razonables de congestión, la sala laboral presenta un
incremento en este mismo índice, tanto en los inventarios totales como en la
carga por cada despacho.
En
este orden de ideas, la diferenciación normativa entre las cargas impuestas en
la jurisdicción laboral y en las demás jurisdicciones, se explica por la muy
distinta situación que atraviesan, y en cualquier caso, la medida legislativa
atiende a una finalidad constitucionalmente válida, como es la disminución de
congestión judicial, por vía de incentivar a los casacionistas a que cumplan
con la responsabilidad procesal de sustentar los recursos que han presentado
previamente, cuando previamente ha interpuesto el recurso, y por vía de evitar
que la administración de justicia incurra en un desgaste innecesario causado
por la propia negligencia de los abogados.
5.3.
Asimismo, se advierte que resulta
totalmente infundado el argumento según el cual, las mismas razones por las que
la Corte declaró, en la sentencia C-203 de 2011, la inexequibilidad de la norma
que imponía una multa al abogado que presentaba la demanda de casación sin
cumplir los requisitos legales, son las mismas por las que ahora se debería
declarar la inexequiblidad del precepto que impone la misma multa cuando la
demanda de casación no se presenta dentro del término legal. La razón de ello
es que existe una diferencia sustantiva en los eventos que dan lugar a la
sanción, es decir, entre el hecho de no presentar la demanda según los requerimientos
legales y la de no presentarla dentro del plazo legal, por lo que la inconstitucionalidad
de la sanción en el primer evento no implica la inconstitucionalidad de la multa
en la segunda hipótesis.
De
acuerdo con el análisis precedente, la Vista Fiscal concluye que las
acusaciones por la presunta vulneración del derecho a la igualdad y del derecho
de acceso a la administración justicia son infundadas.
5.4.
Con respecto al cargo por la
supuesta infracción del derecho al debido proceso por el desconocimiento del principio
de non bis in ídem derivado de la posibilidad de que por la realización
de una misma conducta se impongan dos sanciones distintas, el Ministerio
Público sostiene que los señalamientos no están llamados a prosperar.
La
razón de ello radica en que la sanción disciplinaria prevista en la Ley 1123 de
2007 y la contemplada en el precepto demandado tienen un origen y una
naturaleza distinta, y no son excluyentes entre sí. En efecto, el régimen
disciplinario de los abogados contenido en la Ley 1123 de 2007 castiga el
ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, mientras que la multa
contenida en la norma impugnada atiende a una racionalidad distinta porque
tiene un carácter meramente procesal, “pues es consecuencia del incumplimiento
de una carga procesal respecto de los casacionistas que tramitan el recurso
ante la Sala de Casación Laboral”. Así las cosas, en la medida en que las
normatividades condenan facetas diferentes de una misma conducta, no se
configura una infracción del principio de non bis in ídem.
De
hecho, la misma Corte Constitucional ha aclarado enfáticamente que la
imposición de diversas sanciones por la comisión de una misma conducta no
implica automáticamente la vulneración del principio de non bis in ídem,
ya que se trata de medidas de distinta naturaleza impuestas por autoridades
distintas, y que atienden a objetivos diferentes, tal como se expresó en la
sentencia C-196 de 1999[16].
5.5.
En este orden de ideas, la
Vista Fiscal solicita a esta Corporación estarse a lo resuelto en la sentencia
que resuelva la demanda correspondiente al expediente D-10607 por los cargos
por la presunta afectación del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a
la administración de justicia, y declarar la exequibilidad del aparte normativo
acusado por el cargo por la presunta lesión del derecho al debido proceso.
II.
CONSIDERACIONES
1.       Competencia
En
virtud de lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Carta Política, esta
Corporación es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del
precepto demandado, como quiera que se trata de un enunciado contenido en una
ley.
2.       Asuntos a resolver
De
acuerdo con los antecedentes expuestos, la Corte debe resolver los siguientes
asuntos:
En
primer lugar, debe establecerse la viabilidad del pronunciamiento judicial, ya
que algunos de los intervinientes y la Procuraduría General de la Nación pusieron
en evidencia dos circunstancias que, a su juicio, tornan improcedente el examen
de constitucionalidad propuesto en el escrito de acusación. Por un lado, la
Vista Fiscal sostiene que con anterioridad a la iniciación del presente proceso
se promovió otra demanda con el mismo objeto, por lo que al momento de
resolverse esta acción de inconstitucionalidad, ya se habría resuelto la misma controversia
jurídica; de este modo, al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada, esta
Corporación debería estarse a lo resuelto en aquel fallo. Además, el Ministerio
de Justicia considera que los cargos de la demanda adolecen de varias
deficiencias que impiden la estructuración del juicio de constitucionalidad, y
que por tanto, este tribunal debe abstenerse de valorar la validez de la norma
impugnada a la luz de estos señalamientos defectuosos.
En
este orden de ideas, este tribunal debe determinar si la controversia planteada
en este proceso es susceptible de ser valorada en este escenario, habida cuenta
de la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada y de la posible
ineptitud de la demanda, circunstancias que darían lugar a que la Corte deba
estarse a lo resuelto en el fallo judicial que resolvió anteriormente el mismo
debate, o a que deba inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, respectivamente.
En
caso de concluir que es viable examen de constitucionalidad en relación con el
fragmento demandado del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se evaluarán las
acusaciones de la demanda por la presunta infracción de los artículos 13, 29 y
228 de la Carta Política, teniendo en cuenta los insumos de análisis proporcionados
por la Vista Fiscal y los intervinientes. En este sentido, se establecerá si la
multa contemplada en los procesos laborales para los abogados que se abstienen
de sustentar en el plazo legal los recursos de casación que han sido presentados
y admitidos previamente en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
vulnera el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso o el derecho de acceso
al sistema de justicia, y si, en consecuencia, la previsión normativa que consagra
esta sanción debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
A
continuación se abordan cada uno de estos asuntos.
3.       La configuración del fenómeno de la cosa juzgada
3.1.
Según se explicó en los acápites
precedentes, el Ministerio Público llamó la atención sobre la existencia de
otro proceso judicial en el que se habría planteado una controversia cuyos
elementos estructurales coinciden en su integridad con el litigio esbozado en
este trámite judicial. Según la entidad, en el proceso correspondiente al
expediente D-10607 se demandó el mismo aparte normativo atacado en esta
oportunidad, por la supuesta vulneración del derecho a la igualdad y del
derecho de acceso a la administración de justicia, a partir de las mismas
consideraciones esbozadas en este expediente. En este orden de ideas, la Vista
Fiscal considera que la Corte debe estarse a lo resuelto en el fallo judicial
que resolvió aquel litigio, al menos en lo que respecta a las acusaciones por el
desconocimiento de los derechos mencionados anteriormente.
La
Corte toma nota, sin embargo, de que en la sentencia C-498 de 2015[17] este
tribunal concluyó que los cargos del escrito de acusación no suministraban los
insumos para la estructuración del juicio de constitucionalidad, y que por
tanto, no era viable un pronunciamiento sobre la exequibilidad de las
disposiciones atacadas.  Teniendo en cuenta que en el referido fallo judicial
la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la previsión legal
atacada en esta oportunidad, y que por este motivo no se configuró la cosa
juzgada, no hay lugar a estarse a lo resuelto en dicha providencia, sin
perjuicio de que las consideraciones allí vertidas, y que sirvieron de
fundamento a la inhibición, puedan ser utilizadas en este escenario como insumo
de análisis para valorar la aptitud de la presente demanda de
inconstitucionalidad, en la medida en que las acusaciones en uno y otro caso
sean asimilables o equiparables.
4.       La aptitud de las acusaciones de la demanda de
inconstitucionalidad
4.1.
Según se explicó en los acápites
precedentes, en el auto admisorio de la demanda el magistrado sustanciador
efectuó una valoración provisional del escrito de acusación, concluyendo que,
en principio, los cargos de la demanda eran susceptibles de ser valorados en el
escenario del control abstracto de constitucionalidad.
No
obstante, el Ministerio de Justicia estima que por los términos en que fue
propuesta la demanda, resulta inviable un pronunciamiento de fondo, por dos
razones fundamentales: (i) de una parte, como los planteamientos del escrito de
acusación son, en esencia, iguales a los que ya fueron objeto de una
calificación previa en la sentencia C-498 de 2015, en el sentido de carecen de
la aptitud para estructurar el juicio de constitucionalidad, la Corte debe
atenerse a la valoración efectuada en dicho escenario; (ii) y de otra parte, aun
prescindiendo de la calificación judicial anterior, los señalamientos del
escrito de acusación, considerados en sí mismos, adolecen de deficiencias
infranqueables que impiden al juez constitucional analizar y determinar la
compatibilidad del precepto demandado con el ordenamiento superior: no se
individualizaron adecuadamente los grupos entre los cuales se estableció la
diferenciación normativa lesiva del principio de igualdad, no se demostró la
necesidad, desde el punto de vista constitucional, de que se fijara un régimen
unificado para el recurso extraordinario de casación en materia civil, laboral
y penal, ni tampoco que el legislador estuviese impedido para imponer cargas
procesales, y de manera errada se asumió que las consideraciones vertidas en la
sentencia C-203 de 2011 eran automáticamente replicables en este nuevo y
distinto contexto.
4.2.
Teniendo en cuenta la naturaleza y
la finalidad del acción de inconstitucionalidad como acción pública que apunta
a garantizar la supremacía del texto superior dentro del ordenamiento jurídico,
esta Corporación ha fijado dos criterios básicos para determinar la viabilidad
del escrutinio judicial: (i) por un lado, el control se debe activar siempre
que el escrito de acusación suministre los componentes básicos y elementales
del juicio de constitucionalidad, aun cuando tales elementos se encuentren
desarticulados en la demanda y no revistan un mayor grado de elaboración; (ii)
por otro lado, el juez constitucional no puede subsanar unilateralmente las
deficiencias de la demanda cuando el escrito no logra  precisar el objeto de la
litis, pues ello implicaría un desconocimiento del debido proceso
constitucional, que en últimas deviene en una erosión de la propia supremacía
del ordenamiento superior.
En
este orden de ideas, el parámetro para valorar la aptitud de las demandas de
inconstitucionalidad, es que los cargos permitan al operador jurídico identificar
los elementos estructurales de la litis, a saber: (i) los preceptos legales que
se estiman contrarios a la Carta Política o a los instrumentos normativos que
sirven como referente del juicio de constitucionalidad y la precisión del
contenido que razonablemente se deriva de tales disposiciones; (ii) los
preceptos constitucionales que a juicio de los accionantes fueron vulnerados,
así como la precisión del contenido que razonablemente se deriva de los mismos;
(iii) el sentido de la incompatibilidad normativa, es decir, las razones de la
oposición entre las disposiciones legales demandadas y el ordenamiento
superior.
Partiendo
de las pautas anteriores, pasa la Sala a analizar y a determinar la aptitud de
la demanda, teniendo como referente los señalamientos del Ministerio de
Justicia.
4.3.
En primer lugar, la Corte se
aparta del criterio del Ministerio de Justicia, en el sentido de que este
tribunal debe atenerse a la calificación judicial de los cargos contenida en la
sentencia C-498 de 2015[18].
En
efecto, la apreciación anterior parte del supuesto muy discutible de que los
planteamientos de la demanda correspondiente al expediente D-10607 son
materialmente equivalentes a los que se encuentran en el presente proceso
judicial. Esta conclusión parece al menos apresurada no solo porque aquel fallo
se refirió únicamente a las acusaciones por la presunta infracción del
principio de igualdad y no por la vulneración de los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, sino también porque aun cuando en
ambos procesos se invocó el mismo derecho como fundamento de la pretensión de inexequibilidad,
las consideraciones en que se fundan las acusaciones no necesariamente
coinciden en su integridad, o al menos el Ministerio no realizó un ejercicio comparativo
que le permitiese hacer esta inferencia.
Pero
además, incluso existiendo esta coincidencia material en los planteamientos de
ambos escritos de acusación, la valoración contenida en la sentencia C-498 de
2015 no tienen plena fuerza vinculante en esta oportunidad ni tiene autoridad
de cosa juzgada por tratarse de un fallo inhibitorio, y por el contrario, solo tiene
un valor indicativo o referencial, en la medida en que suministre insumos o elementos
de análisis para evaluar la aptitud de la nueva demanda de
inconstitucionalidad. En efecto, como la acción de inconstitucionalidad es una
acción pública que tiene por objeto garantizar la supremacía de la Carta
Política dentro del ordenamiento jurídico, este tribunal debe desechar
criterios restrictivos que limiten de manera injustificada el acceso a este
recurso, como ocurriría si se opta por descartar cargos de nuevas demandas cuyo
contenido es prima facie similar al de otra que fue objeto de un fallo
inhibitorio, y si por esta vía se prescinde del análisis individualizado de
cada demanda de inconstitucionalidad.
Por
lo demás, aunque a primera vista pueda advertirse una coincidencia material en
los cargos de las dos demandas, lo cierto es el juez constitucional puede
apartarse del criterio adoptado en otro fallo inhibitorio, como cuando el
contexto normativo o extra-normativo se ha modificado, de modo que en la
sociedad, en la comunidad jurídica o al interior del nuevo proceso judicial ha
madurado el debate constitucional, y la Sala cuenta en este nuevo escenario con
los insumos necesarios para resolver la controversia planteada por el
demandante. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando en el marco del proceso
judicial se realiza una audiencia pública en la que se precisan los elementos
de la controversia judicial, y en la que se aportan los materiales para la valoración
de la normatividad demandada, cuando solo fueron esbozados de manera general en
la demanda de inconstitucionalidad.
Así
las cosas, el fallo inhibitorio contenido en la sentencia C-498 de 2015 no
obliga, por sí solo, a abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo frente
a la presente demanda de inconstitucionalidad.
4.2.
Asimismo, la Sala considera que tampoco son procedentes los demás señalamientos
del Ministerio a los cargos del escrito de acusación.
4.2.1.
Primero, la Corte se aparta del planteamiento del Ministerio de Justicia y el
contenido en la sentencia C-498 de 2015, sobre la diferenciación entre los
abogados que actúan ante la jurisdicción laboral y aquellos otros que actúan en
las demás instancias jurisdiccionales.
La
circunstancia de que los abogados puedan litigar indistintamente en todas jurisdicciones
no desvirtúa por sí sola el señalamiento de la accionante, porque lo que se
controvierte es el criterio en el cual se ampara la diferenciación normativa,
criterio que a juicio de la demandante es irrazonable porque se refiere a la
especialidad o rama del derecho en la cual se ejerce la profesión,
independientemente de que en casos concretos un mismo abogado pueda actuar
tanto en la jurisdicción laboral como en otras instancias, y de que por tanto,
pueda ser destinatario y no destinatario de la medida sancionatoria dependiendo
del escenario en el cual despliega su actividad. Es decir, lo que a juicio de
la accionante resulta censurable desde la perspectiva constitucional es que la
legislación establezca desventajas irrazonables para el ejercicio de la
profesión en una instancia jurisdiccional específica.
Teniendo
en cuenta la consideración anterior, la Sala estima que el hecho de que una
persona pueda pertenecer a los dos grupos entre los cuales se establece la
diferenciación normativa no desvirtúa los señalamientos por la presunta
afectación del principio de igualdad, porque en todo caso la acusación se
enfila contra una diferenciación normativa que a juicio de la demandante se
sustenta en un criterio inadmisible.
4.4.
Lo propio se concluye en relación
con las críticas del Ministerio de Justicia por la presunta insuficiencia
argumentativa de la demanda, por no haberse demostrado que el régimen del
recurso de casación debía ser el mismo en materia laboral, penal y civil, ni que
el legislador carecía de la facultad para imponer cargas procesales o sancionar
su incumplimiento.
En
primer lugar, para acreditar la inconstitucionalidad de la medida legislativa
no era necesario demostrar ninguna de las dos tesis anteriores, ni el
accionante las acogió como propias, ni éstas constituyeron el fundamento de su
acusación. En efecto, en la demanda no se sostuvo que el principio de igualdad
exigía la unificación en el régimen del recurso de acusación, ni que el derecho
de acceso a la justicia impidiese al legislador imponer cargas procesales o
sancionar su incumplimiento, y de hecho, el demandante no se pronunció sobre
ninguna de estas problemáticas.
El
esfuerzo argumentativo de la demanda se orienta, por el contrario, a mostrar
que, sin perjuicio de la libertad de configuración del legislador para definir
los contornos del recurso extraordinario de casación en las distintas
jurisdicciones, atribuir a una misma conducta dos efectos jurídicos claramente
diferenciados, en un caso desventajoso y en el otro no, por la sola
circunstancia de que dicha se despliegue en una u otra instancia
jurisdiccional, provoca una situación de discriminación. Y en la medida en que
el fundamento, la finalidad, la estructura y el funcionamiento del recurso
extraordinario de casación es el mismo en todas las jurisdicciones, el
legislador no podría ampararse en ninguno de estos criterios para justificar la
medida atacada.
Asimismo,
las consideraciones de la demanda se orientan, no a demostrar que el legislador
tiene vedada la posibilidad de sancionar las conductas negligentes de los
apoderados judiciales, sino que la medida atacada impone sanciones a los
abogados prescindiendo de su diligencia profesional, y que por tanto, la
amenaza de una sanción en los términos anteriores configura una modalidad de
responsabilidad objetiva cuyo efecto intimidatorio termina por convertirse en
una barrera de acceso a la administración de justicia.
Independientemente
de la solidez de los argumentos anteriores, lo cierto es que las explicaciones
anteriores sí logran precisar las razones y el sentido de la presunta incompatibilidad
normativa, lo cual descarta el fallo inhibitorio pretendido por el Ministerio
de Justicia.
4.5.
Finalmente, tampoco tienen
asidero los señalamientos del interviniente sobre la impertinencia de los
argumentos de la demanda frente a la sentencia C-203 de 2011[19].
Al
margen del valor y de la fuerza vinculante pueda llegar a tener dicha sentencia
en la resolución de la presente controversia, su invocación como precedente
judicial no torna inconducentes los cargos de la demanda. En efecto, en el
referido fallo la Corte evaluó la constitucionalidad del mismo artículo 49 de
la Ley 1395 de 2010, y en particular, de una regla que prevé la misma
consecuencia jurídica contemplada por la medida sometida a consideración de la
Corte, a partir de cargos semejantes, relacionados con el desconocimiento del
principio de igualdad, del derecho al debido proceso, y del derecho de acceso a
la justicia. Y como en la demanda se indicaron las razones por las que las
consideraciones vertidas en aquella providencia serían aplicables en este nuevo
escenario, su invocación no podría ser interpretada como una confusión
conceptual del actor que debiera traducirse en un fallo inhibitorio.
Por
lo demás, la alusión a la providencia no constituyó el núcleo del ejercicio
argumentativo de la demanda, y por el contrario, cumplió más bien la función de
explicación complementaria, por lo cual, las deficiencias que pudieran
advertirse en este punto no son suficientes para descartar un pronunciamiento
de fondo.
4.6.
En este orden de ideas, la Sala
Plena concluye que en la medida en que el escrito de acusación incorpora los
elementos básicos del juicio de constitucionalidad por la presunta infracción
del principio de igualdad, del derecho al debido proceso y del derecho de
acceso a la administración de justicia, es viable el análisis propuesto en la
demanda.
5.
Planteamiento
del problema jurídico y metodología de resolución
5.1.
Tal como se
explicó en los acápites precedentes, la regla demandada establece que cuando no
se presenta en tiempo la demanda de casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia después de que el recurso ha sido presentado y admitido
previamente, se debe imponer al apoderado judicial una multa que oscila entre
los cinco y los diez salarios mínimos mensuales.
Frente a esta regla,
la demandante plantea tres tipos de señalamientos:
5.2.
En primer
lugar, se cuestiona el alcance de la medida legislativa, pues a juicio
de la actora, el hecho de que una misma conducta omisiva por parte de los
abogados sólo sea sancionada en el escenario de la casación en materia laboral,
y no en los demás escenarios jurisdiccionales, implica una vulneración del
derecho a la igualdad que afecta de manera irrazonable a los profesionales del
derecho que presentan recursos de casación en la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
En efecto, la
norma demandada impone una carga económica a los abogados que presentan el
recurso extraordinario de casación en la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, y posteriormente no radican en tiempo la demanda
correspondiente. Sin embargo, ni el precepto impugnado ni ninguna otra normal
legal contempla una consecuencia jurídica semejante para los abogados que incurren
en la misma conducta en la Sala Civil y Agraria y en la Sala Penal de la misma
corporación judicial. Así las cosas, el derecho positivo estableció una
diferenciación normativa para un mismo supuesto de hecho, por la sola
circunstancia de que la conducta omisiva de los abogados se despliegue ante
instancias jurisdiccionales distintas. Y a juicio de la actora, este es un
criterio constitucionalmente inadmisible, que provoca una discriminación en
contra de los abogados casacionistas que litigan en derecho laboral, por lo
cual, la medida sancionatoria debería eliminarse en todos los escenarios, o al
menos imponerla como regla general.
Por el
contrario, la Procuraduría General de la Nación sostiene que la medida
legislativa se justifica las diferencias empíricas constitucionalmente
relevantes que existen entre estas especialidades del Derecho, de cara a la
congestión judicial. Esto, en cuanto el costo procesal que se estableció en la
norma demandada responde a la necesidad de racionalizar el uso del aparato
judicial en una instancia que atraviesa una grave situación de congestión
judicial, como es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
necesidad que no se encuentra presente en las demás salas de la referida
corporación.
Así planteada la
controversia, corresponde a la Corte determinar si se vulnera el derecho a la
igualdad cuando una misma conducta procesal de los apoderados judiciales,
consistente en presentar un recurso extraordinario y no sustentarlo en tiempo,
es sancionada cuando se despliega en una instancia jurisdiccional, y no lo es
cuando se despliega en las demás jurisdicciones, sobre la base de que en el
primero de los escenarios existe un alto nivel de congestión que hace necesaria
la racionalización en el uso de los dispositivos procesales.
5.3.
El segundo
señalamiento apunta a cuestionar el contenido mismo de la medida
legislativa, pues a juicio del accionante, ésta tiene un carácter
sancionatorio, y a pesar de ello, desconoce tres tipos de estándares a los
cuales se encuentran sujetas este tipo de normas: (i) de una parte, no se
contempla un proceso previo a la imposición de la sanción, con lo cual los
abogados potencialmente multados no pueden ejercer el derecho de defensa;
(ii) asimismo, la sanción debe aplicarse de manera automática por el solo hecho
de no haberse sustentado el recurso de casación presentado y admitido, sin
tener en consideración las circunstancias justificativas de la conducta, con lo
cual, la norma prevé una modalidad de responsabilidad objetiva,
proscrita por la Constitución; (iii) finalmente, como esta misma conducta puede
ser sancionada por el derecho disciplinario, cuando la actuación omisiva del
abogado implica un desconocimiento de los deberes profesionales de los
abogados, el precepto habría infringido el principio de non bis in ídem.
En contraste, la Vista Fiscal y
el Ministerio de Justicia descartan la vulneración del referido derecho. En
primer lugar, se argumenta que la norma se ampara en la libertad de configuración
del legislador para definir la estructura y el funcionamiento de los procesos
judiciales, libertad que comprende la facultad para definir los requisitos y
las cargas procesales para controvertir las decisiones judiciales, tal como
ocurre en esta oportunidad. Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la
norma demandada y el régimen disciplinario de los abogados sancionan dos
facetas distintas de una misma conducta, que excluye de plano la acusación por
la presunta lesión del principio de non bis in ídem. Así, en el primer
caso se censura el desgaste a la justicia provocado por la activación
infructuosa del aparato judicial, al presentar un recurso extraordinario y no
sustentarlo, y en el segundo, el ejercicio irresponsable de la profesión de
abogado. Finalmente, la Vista Fiscal afirma que la necesidad de enfrentar la
descongestión en la referida instancia jurisdiccional justifica la introducción
de medidas restrictivas que limiten la utilización indiscriminada de recursos.
De acuerdo con estos
planteamientos, corresponde a la Sala Plena determinar si la previsión de una
multa para los abogados que no sustentan los recursos de casación, con el
objeto de racionalizar el acceso a instancias jurisdiccionales que tienen altos
niveles de congestión judicial, desconoce el derecho de defensa, la
proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva, y el principio de non
bis in ídem.
5.4.
Finalmente,
el tercer señalamiento apunta a cuestionar los efectos de la medida
legislativa, pues a juicio de la demandante, ésta tiene un efectivo disuasivo e
intimidatorio en los abogados, que resulta incompatible con el derecho de
acceso a la administración de justicia. A su juicio, el hecho de que el derecho
positivo contemple una sanción que opera de manera automática por la sola
presentación extemporánea o por la falta de presentación de la demanda de
casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
independientemente de ésta conducta se encuentre justificada, o de que implique
o no una infracción de los deberes profesionales, tiene como efecto probable
que los abogados, por el temor a la aplicación de una multa, se abstengan de
presentar los recursos judiciales contra las providencias que estiman
contrarias a la Constitución o a la ley. Se trata entonces de una restricción
desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia.
Por su parte, la
defensa de la norma por parte del Ministerio Público se estructura en dos
frentes: Por un lado, nuevamente se advierte que las eventuales limitaciones al
acceso a la justicia se amparan en la necesidad de hacer frente a una compleja
y crítica situación de congestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia; y por otro, se advierte que la medida sancionatoria opera más bien
como un incentivo a los abogados para que cumplan con sus deberes
profesionales, y que en cualquier caso, la sanción prevista en la norma es
consistente con la conducta omisiva e irresponsable de los abogados que
habiendo presentado un recurso extraordinario, posteriormente se abstienen de
sustentarlo en tiempo.
En este
escenario, corresponde a la Corte determinar si la norme que prevé imposición
de una sanción pecuniaria a los abogados que no sustentan el recurso de
casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene un efecto
intimidatorio que se convierte en una barrera ilegítima de acceso a la
administración de justicia.
5.5.
Para
responder estos interrogantes se seguirá la siguiente metodología: (i) en
primer lugar, se determinará el contenido y alcance de la medida legislativa
atacada; (ii) en segundo lugar, como quiera que la defensa de la norma demanda
se estructuró en función de la necesidad de hacer frente a la congestión
judicial en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se hará una
caracterización de este fenómeno en la referida instancia jurisdiccional;  (iii)
finalmente, se evaluarán los cargos de la demanda.
6.  Naturaleza, contenido y alcance
de la multa prevista en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010
6.1.
El artículo 49 de la Ley
1395 de 2010, modificatorio del artículo 93 del Código de Procedimiento del Trabajo
y de la Seguridad Social, fija las siguientes pautas para la presentación, admisión
y trámite del recurso extraordinario de casación en materia laboral: (i) una
vez interpuesto el recurso, se debe efectuar el reparto en la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia para que esta decida sobre su admisibilidad; (ii) en
caso de ser admitido el recurso, se debe disponer el traslado a los recurrentes
para la presentación de la correspondiente demanda; y en caso contrario, se
debe devolver el expediente al tribunal de origen; (iii) una vez radicada en
tiempo la demanda, se debe determinar si cumple o no los requisitos, y en caso
afirmativo, se debe ordenar el traslado de la misma a quienes no sean
recurrentes durante 15 días hábiles a cada uno, para que presenten los
respectivos alegatos; (iv) cuando el abogado no presenta en tiempo la demanda
de casación, se debe declarar desierto el recurso, y se debe imponer al apoderado
judicial una multa de cinco a diez salarios mínimos; originalmente, el precepto
legal preveía este mismo efecto jurídico cuando la demanda no reunía los
requisitos de ley; no obstante, en la sentencia C-203 de 2011[20]  se declaró
la inexequibilidad de la expresión “no reúne los requisitos”, con lo
cual, actualmente la medida sólo procede en una única hipótesis, cuando el
abogado no sustenta en tiempo el recurso.
La demanda de
inconstitucionalidad recae únicamente sobre la regla que prevé la multa por la
falta de presentación en tiempo de la demanda de casación, y que se pasa a
caracterizar a continuación.
6.2.
En primer lugar, en cuanto
a su ámbito de aplicación, la norma es aplicable en controversias laborales
que se ventilan en la jurisdicción ordinaria, y que son susceptibles de ser
revisadas en sede de casación por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
No existen normas equivalentes en el régimen
procesal civil ni en el régimen procesal penal, pues la consecuencia jurídica
para esta misma hipótesis fáctica es que el recurso debe ser declarado
desierto. Es así como el artículo 343 del Código General del Proceso establece
que “cuando no se presente oportunamente la demanda, el magistrado
sustanciador declarará desierto el recurso”. Por su parte, el artículo 184
de la Ley 906 de 2004 prevé que la sustentación del recurso ya admitido se
efectúa en una audiencia programada para este efecto, y su inasistencia no es
sancionada.
Así las cosas, la regla opera únicamente
cuando la conducta omisiva se presenta una autoridad jurisdiccional específica:
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
6.3.    En segundo lugar, en cuanto al sujeto en
quien recae la medida, el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 determina que
la sanción por la falta de presentación oportuna de la demanda de casación es
el apoderado judicial que presenta el recurso y posteriormente no lo sustenta
en tiempo. Lo anterior no obsta para que el gasto que implica el pago de esta
multa pueda ser trasladado directa o indirectamente a los representantes en el
proceso, como cuando la decisión de no sustentar el recurso es atribuible al
poderdante.
6.4.    En tercer lugar, en cuanto a los elementos
constitutivos de la infracción, el precepto demandado determina que la
multa debe imponerse cuando no se radica en tiempo la demanda de casación,
después de que el recurso respectivo ha sido presentado y admitido.
6.4.1. De este modo, la norma demandada establece que el
supuesto fáctico se configura cuando confluyen las siguientes circunstancias:
(i) el apoderado de una de las partes controvierte una sentencia mediante la
presentación oportuna del recurso extraordinario de casación; (ii) el recurso
es admitido a trámite por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales: la legitimación para
recurrir, la configuración de alguna de las causales del recurso, que la
cuantía de controversia se ajuste al tope legal mínimo, y la oportunidad en su presentación;
(iii) la demanda de casación no es radicada dentro del plazo legal, es decir,
cuando se hace fuera de los términos legales, o cuando no se presenta en lo
absoluto.
6.4.2. Pese a la aparente claridad de la norma, en la
comunidad jurídica ha existido una amplia controversia sobre el alcance de la
medida, y en particular, sobre dos interrogantes específicos: primero, si la
multa se aplica automáticamente con la sola verificación de la falta de
presentación en tiempo de la demanda de casación, y segundo, si procede el
desistimiento en este escenario procesal.
6.4.3. En cuanto a la primera de estas cuestiones, el
precepto legal no define expresamente si la multa se debe imponer siempre que
se deje de sustentar el recurso de casación, o si se debe corroborar, además,
que la conducta omisiva del abogado implica una transgresión de los deberes
profesionales. Este asunto reviste una gran relevancia, porque la falta de presentación
de la demanda de casación puede ocurrir por múltiples razones: porque nunca se
previó la participación del abogado en sede de casación y se encontraba
facultado para ello, porque el poderdante revocó el poder, porque en el
contrato suscrito entre el cliente y el abogado no se prevé la participación
del abogado en sede de casación, porque el cliente consideró que era preferible
no insistir en el recurso, porque luego de estudiado el caso se concluye que el
recurso no tiene mayor vocación de prosperidad, entre muchas otras. Es decir, la
falta de presentación del recurso no siempre ocurre por la negligencia del
apoderado judicial. En este contexto surge el interrogante sobre si la multa se
aplica en todo escenario posible, siempre que se deja de sustentar el recurso
en el plazo legal, o si existen circunstancias en las que la diligencia del
abogado, la imposibilidad física o jurídica de presentarlo, o la inexistencia
de un deber de presentar el recurso, excluyen su imposición.
Dentro de una aproximación textual y teleológica
al artículo 49 de la ley 1395 de 2010, podría pensarse que la sanción opera de
pleno derecho, con la sola comprobación de la falta de presentación de la
demanda de casación dentro del plazo legal. Esto no solo por la literalidad de
la norma, sino también por su finalidad, que según los intervinientes y el
Ministerio Público no es la de someter a escrutinio la conducta del abogado,
sino la de sancionar la activación infructuosa del aparato judicial. Dentro de
esta línea hermenéutica, la multa se aplica independientemente de las
circunstancias específicas que rodean la declaratoria de desierta del recurso,
de los motivos que dan lugar a la falta de presentación oportuna del
dispositivo procesal, y de que la conducta omisiva del apoderado judicial se
encuentre o no justificada.
No obstante, también podría pensarse que como
se trata de una medida sancionatoria, el análisis se debe centrar, no en mera
verificación del dato objetivo sobre la falta de presentación de la demanda de
casación dentro del plazo legal, sino en la conducta del abogado y su
adecuación a los deberes profesionales. Ello implicaría, entre otras cosas,
valorar la antijuridicidad y la culpabilidad de la conducta omisiva del
profesional del derecho.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia ha entendido que en principio la multa debe imponerse siempre que se
verifique la falta de presentación de la demanda de casación dentro del plazo
legal, es decir, de manera automática. Sin embargo, la Sala Laboral también ha
admitido que los abogados multados controviertan la decisión, demostrando que
no contaban con las facultades legales para ello según el acto de apoderamiento,
o que el contrato suscrito con el cliente no comprendía el deber de sustentar
el recurso de casación. Es así como en la decisión del 22 de enero de 2013, se revocó
la multa impuesta a un abogado, luego de que éste demostró que el poder para
presentar la demanda de casación había sido radicado con posterioridad al
vencimiento del plazo para la presentación del documento[21]. Y por su
parte, en las decisiones del 2 de mayo de 2012[22],
del 22 de enero de 2013[23]
y del 11 de febrero de 2015[24],
también revocó la imposición de sendas multas, luego de que los apoderados
judiciales acreditaron que el contrato de presentación de servicios con
fundamento en el cual asumieron el caso, preveía expresamente que la
representación judicial se agotaba con la terminación de la segunda instancia,
y que no se extendía a la presentación de la demanda de casación. En estos
casos, el ejercicio analítico de la Sala Laboral se centró, no en el hecho
objetivo de la falta de presentación de la demanda de casación en el plazo
legal, sino en la determinación del alcance de los deberes profesionales del
abogado multado, y en la valoración de su actuación a la luz de tales
estándares.
Como puede advertirse, el análisis de la Sala
se orienta, en un principio, a corroborar el dato objetivo sobre la falta de
presentación de la demanda de casación dentro del plazo legal, y la sanción se
impone exclusivamente con fundamento en este dato. No obstante, cuando los
abogados que ya han sido multados controvierten la decisión administrativa de la
instancia jurisdiccional, la naturaleza del examen varía, y se concentra en
determinar si se encontraban facultados para ello, y si el acuerdo con el
cliente preveía este tipo de intervención en el proceso judicial.
Aunque en este punto el examen comparte
algunos de los elementos de la valoración que se produce en el contexto de los
procesos disciplinarios, en estricto sentido la Sala Laboral no evalúa la
antijuridicidad ni la culpabilidad de la conducta, ni el ejercicio analítico se
orienta a determinar si el abogado infringió sus deberes profesionales, y por
ello no se entra a considerar  circunstancias que eventualmente podrían
justificar la falta de sustentación del recurso, como cuando ello es atribuible
a la decisión del cliente, o cuando es el resultado del análisis de la
viabilidad jurídica del recurso.  Es así como en una sentencia de tutela, la
Sala Penal de la Corte resolvió una solicitud para que fuese revocada una multa
impuesta por la Sala Laboral, en atención a que según el apoderado judicial, la
conducta omisiva fue el resultado de una decisión expresa y deliberada del
cliente de no presentar la demanda de casación; en esta oportunidad, la sala
Penal de la Corte estimó que tal como se encontraba configurada la sanción en
la Ley 1395 de 2010, la multa debía imponerse independientemente de las
circunstancias invocadas por el tutelante, por lo que la decisión de la Sala
Laboral no se estimaba contraria a derecho; se argumentó, además, que en
hipótesis como la planteada por el actor, los apoderados cuentan con la
facultad para desistir del recurso dentro del plazo legal, y que al no hacer
uso de este dispositivo, resultaba plenamente aplicable la multa[25].
En este mismo sentido, la Sala Laboral
confirmó la imposición de una multa que fue controvertida en su momento porque
a juicio del abogado, existía una imposibilidad jurídica absoluta de
fundamentar el recurso a la luz de la jurisprudencia vigente. Siguiendo la
misma línea argumentativa anterior, la Sala sostuvo que si el apoderado
judicial se encontraba en una situación semejante, debía presentar un
desistimiento dentro de este mismo plazo, o indicar las razones por las no era
viable la sustentación del recurso judicial en el marco jurisprudencial
vigente, pero que en ningún caso había lugar a valorar las circunstancias
específicas que rodearon la falta de presentación del recurso, ni a evaluar la
diligencia del abogado[26].
De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha
entendido que la multa debe aplicarse siempre que se verifique que no se
sustentó el recurso de casación, pero que debe revocarse cuando se demuestra
que el apoderado judicial no se encontraba facultado para ello o que dentro del
acuerdo negocial entre este último y el cliente no se encontraba prevista la
realización de este acto procesal.
6.4.4.  El segundo interrogante en torno al alcance de la
medida legislativa, se refiere a la aplicabilidad de la figura del
desistimiento en las demandas de casación en materia laboral.
En efecto, el artículo 316 del
Código General del Proceso reconoce expresamente, y de manera general, el
derecho de las partes de desistir de todos los recursos, incidentes,
excepciones y demás actos procesales que hayan promovido; en este sentido, se
establece que “las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de
los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan
promovido”. Asimismo, la legislación otorga efectos jurídicos al
desistimiento tácito, cuando el artículo 317 del Código General del Proceso
determina que “cuando para continuar el trámite de la demanda, del
llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación
promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga
procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos,
el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes
mediante providencia que se notificará por estado. Vencido dicho término sin
que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el
acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva
actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena
en costas”. De este modo, en principios los apoderados judiciales pueden, o
desistir expresamente de los recursos que han interpuesto previamente, o dejar
de cumplir las cargas asociadas a este recurso, caso en el cual opera la figura
del desistimiento tácito.
Así las cosas, el
desistimiento, tácito o expreso, es concebido por el legislador como un derecho
de las partes en el proceso, y su ejercicio, en principio, no constituye una
irregularidad o una disfuncionalidad procesal.
En este escenario, surge
entonces la pregunta sobre la procedencia del desistimiento en el recurso extraordinario
de casación en materia laboral. Por un lado, la legislación procesal ordinaria
reconoce de manera general las figuras del desistimiento tácito y expreso, y a
la luz de estas figuras, cuando se presenta un cualquiera de los apoderados
puede radicar un escrito manifestando su desistimiento, o simplemente pueden no
sustentarlo, y en ambos casos el efecto jurídico es la declaratoria de desierto
de recurso.  Por otro lado, sin embargo el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010
sanciona la falta de sustentación del recurso o su presentación extemporánea.
Algunos actores de la
comunidad jurídica han concluido que las normas laborales, por ser especiales,
prevalecen sobre las reglas procesales ordinarias previstas en el Código
General del Proceso, y que por tanto, no son aplicables las disposiciones
relativas al desistimiento en el caso del recurso extraordinario de casación.
Dentro de esta línea hermenéutica, una vez presentado y admitido el recurso de
casación, el poderdante debe sustentarlo dentro del pazo legal, so pena de
tener que cancelar la multa prevista en la norma demandada, independientemente
de las circunstancias que rodean la conducta omisiva e independientemente de
que esta configura una infracción disciplinaria pues el elemento relevante es únicamente
y exclusivamente la utilización infructuosa de la justicia y la ocurrencia de
una irregularidad procesal. Esta es la posición asumida por la demandante y por
los intervinientes en el proceso.
Por el contrario, los abogados
que sucesivamente fueron multados por no sustentar los recursos de casación que
previamente habían interpuesto, argumentaron que el Código General del Proceso,
al contemplar expresamente la figura del desistimiento tácito, había derogado
tácitamente el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, y que por ende, cuando no se
sustenta el referido recurso en el plazo legal, se configura una modalidad de
desistimiento tácito, cuyo efecto jurídico no es la imposición de la multa sino
únicamente la declaratoria de desierta del dispositivo procesal, tal como
ocurre en materia civil.
Frente a este argumento, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha negado la procedencia del
desistimiento tácito en este escenario, argumentando, entre otras cosas, que al
momento de adoptarse las decisiones sancionatorias por la falta de sustentación
de los recursos por parte de los abogados no había entrado en vigor el Código
General del Proceso debido a su implementación gradual, y que la Ley 1395 de
2010 era una norma especial, aunque anterior, a aquella otra normatividad, y
que por ende prevalece en su aplicación en los asuntos laborales.
No obstante, la Sala Laboral
ha reconocido la procedencia del desistimiento expreso, y ha aceptado, por
tanto, que cuando por cualquier motivo el apoderado judicial encuentra que no
es viable o conveniente insistir en un recurso de casación, se puede desistir
del mismo para evitare la imposición de la multa prevista en la Ley 1395 de
2010. Con fundamento en este entendimiento de la preceptiva legal, se han
confirmado sanciones impuestas a abogados multados que alegan en su favor la
pertinencia del desistimiento tácito o el acaecimiento de circunstancias que
descartan el desconocimiento de los deberes profesionales del abogado, como la
imposibilidad jurídica de sustentar el recurso, la voluntad del poderdante de no
continuar con el trámite judicial, o la inconveniencia de insistir en el
recurso, porque en todo caso el apoderado podía radicar un escrito manifestando
su decisión de desistir del recurso.
Así por ejemplo, en
providencia del 6 de mayo de 2015[27],
la Corte Suprema confirmó la multa impuesta a un abogado que no había
sustentado el recurso de casación, argumentando que el apoderado podía evitar
la sanción radicando en la alta corporación un escrito en el que manifestara su
voluntad de desistir del recurso. En este sentido se sostuvo que “dentro del
término legal no se sustentó el recurso de casación y, conforme a lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se declaró desierto y se impuso
multa. Ahora bien, si el artículo 118 del C.P.C. establece los términos y
oportunidades procesales son perentorios e improrrogables, lo que debió haber
hecho el apoderado del recurrente, si no encontró fundamentos de hecho ni de
derecho para sustentar el recurso, era haber desistido de éste dentro del
término legal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 344 del CPC,
aplicable por remisión del artículo 145 del CPT y ss”. Esta misma línea ha
sido acogida de manera general en la Corte Suprema de Justicia[28].
De este modo, el alcance de la
norma demandada depende en buena medida del alcance otorgado a la figura del
desistimiento. De entenderse que ninguna modalidad de desistimiento es viable
cuando se presenta el recurso de casación y éste es admitido en la Sala Laboral
de la Corte Suprema, la única posibilidad que tiene el apoderado judicial para
evitar la imposición de la multa es la sustentación del recurso; si, como lo ha
entendido la Corte Suprema, es viable el desistimiento expreso más no el
desistimiento tácito en este escenario, los apoderados judiciales pueden
presentar el recurso, y posteriormente no presentar la demanda de casación y en
su lugar radicar un memorial de desistimiento, sin que haya lugar a la
aplicación de la sanción; y si se entiende que ambas modalidades de
desistimiento son pertinentes en este contexto, habría que concluir que la
medida legislativa ha sido derogada tácitamente por el Código General del
Proceso.
6.5.
Los inconvenientes
hermenéuticos anteriores ponen en evidencia las dificultades para determinar la
naturaleza jurídica de la medida legislativa demandada, y para
establecer si constituye una modalidad específica de sanción disciplinaria, de
medida correccional, o de costo procesal análogo a los aranceles y tasas
judiciales.
La accionante considera que,
desde una perspectiva material, la medida configura una sanción disciplinaria,
equiparable a las que se encuentran en la Ley 1123 de 2007, y que justamente
por este este motivo, se podría vulnerar el principio del non bis in ídem, ya
que la realización de una misma conducta da lugar a la imposición de una doble
sanción disciplinaria: la prevista en el precepto demandado, y la prevista en
la Ley 1123 de 2007, en aquellas hipótesis en que la falta de presentación de
la demanda de casación implica también un desconocimiento de los deberes
profesionales.
Las prácticas uniformes en
torno a la multa prevista en la Ley 1395 de 2010 incorporan algunos elementos
del derecho disciplinario, pues aunque en un primer momento la Sala Laboral
impone la sanción de manera automática, cuando se verifica la falta de
presentación del recurso de casación, posteriormente, cuando el abogado
sancionado controvierte la medida, la Corte Suprema entra a efectuar otro tipo
de valoración, orientada esta vez a determinar si el abogado se encontraba
facultado para ello según el poder que le fue otorgado, y si dentro del
contrato con fundamento en el cual intervino en el proceso judicial, se
encontraba prevista su mediación en sede judicial.
No obstante, y tal como lo
planteó la Procuraduría General de la Nación, también puede concluirse que se
trata de una figura independiente y autónoma del régimen previsto en la Ley
1123 de 2007. En efecto, el régimen disciplinario de los abogados tiene por
objeto sancionar el incumplimiento de los deberes profesionales de los
abogados, cuando cometen faltas contra la dignidad de la profesión, contra el
decoro profesional, contra el respeto de la administración de justicia y de las
autoridades administrativas, contra la recta y leal administración de justicia
y fines del Estado, contra la lealtad con los clientes, contra la honradez y
lealtad contra los colegas, contra la debida diligencia profesional, contra el
deber de promover litigios y facilitar la solución alternativa de conflictos,
por el ejercicio ilegal de la profesión, o por la violación del régimen de
incompatibilidades o del deber de independencia profesional. En todos estos
casos, la conducta sancionada debe estar prevista en el ordenamiento como falta
a los deberes profesionales, debe ser antijurídica y culpable, y son plenamente
aplicables las causales generales de exclusión de la responsabilidad, como la
fuerza mayor y el caso fortuito, la actuación en cumplimiento de un deber legal
de mayor importancia que el sacrificado o en ejercicio legítimo de un derecho,
la insuperable coacción ajena, la convicción errada e invencible de que la
conducta no es constitutiva de falta, o la situación de inimputabilidad.
En contraste, para el Ministerio Público la
norma demandada no censura la conducta del abogado como tal, sino la
circunstancia objetiva de haber movilizado inútilmente el aparado judicial, al
proponer un recurso y posteriormente no sustentarlo después de que fue
admitido. Esta activación infructuosa podría o no obedecer a la infracción de
los deberes profesionales del abogado, pero en cualquiera de los dos escenarios
la multa se impone, no en razón del incumplimiento de los referidos deberes,
sino en razón de la presentación y no sustentación de un recurso
extraordinario. Por ello, cuando la declaratoria de desierto de un recurso de
casación es el resultado de una actuación negligente o de mala fe del apoderado
judicial, además de la multa prevista en la norma demandada, serían aplicables
las sanciones disciplinarias previstas en la Ley 1123 de 2007.
Otra posible respuesta al interrogante anterior,
es que la multa se enmarca dentro de las facultades correccionales de los
jueces frente a los particulares. El objeto de estas medidas es la salvaguardia
de los bienes jurídicos afectos a la administración de justicia, y en
particular, la dignidad, la economía, la oportunidad, la lealtad, la
imparcialidad y la celeridad procesal. Es así como el juez puede imponer multas
que oscilan entre los dos y los cinco salarios mínimos mensuales a la partes
del proceso o a sus apoderados, cuando aleguen a sabiendas hechos contrarios a
la realidad, cuando se utilice el proceso, incidente o trámite para fines
claramente ilegales, cuando se obstruya la práctica de pruebas, cuando de
manera injustificada no se presta la debida colaboración en la práctica de las
pruebas o diligencias, o cuando se asumen conductas tendientes a dilatar o
entorpecer el desarrollo normal del proceso judicial. En este marco, podría
argumentarse que la multa prevista en la norma acusada corresponde a una
modalidad específica de medida correccional. Sin embargo, como lo que censura la
norma demandada no es la conducta del abogado como tal sino el desgaste
objetivo del aparato judicial, también podría arribarse a la conclusión
contraria, en el sentido de que la norma opera en realidad como una tasa o
arancel judicial sui generis.
Por esta misma razón, también podría pensarse
que la medida legislativa corresponde en realidad a una modalidad particular de
tasa o arancel judicial, y que pese a la terminología ambigua y oscura del
legislador, en la norma demandada se fija una carga económica de acceso al
recurso extraordinario, condicionada al hecho futuro e incierto de que éste no
sea sustentado. Esto explicaría que la imposición de la multa sea independiente
de la valoración de la conducta del abogado.
Como puede advertirse, los contornos de la
figura demandada aún no se han definido en la comunidad jurídica. Es por esto
que la Corte llegó a concluir en la sentencia C-203 de 2011 que se trata de “figura
jurídica híbrida”[29]
que comparte los elementos del derecho disciplinario, de las facultades
correccionales de los jueces, y del sistema de costos procesales.
6.6.
La consecuencia
jurídica prevista en la norma demandada es la imposición de una multa al
abogado que interpuso el recurso extraordinario de casación y no lo sustentó en
tiempo, que oscila entre los cinco y los diez salarios mínimos legales
mensuales, es decir, entre el 4 y el 8% de la cuantía mínima para interponer el
recurso. El precepto demandado no fija ningún criterio para la dosificación de
la multa, y en términos generales, la Sala Laboral aplica discrecionalmente el
tope máximo de los diez salarios mínimos legales mensuales.
6.7.
Finalmente, en cuanto a la
finalidad de la medida legislativa, debe tenerse en cuenta que aunque
durante el proceso de aprobación parlamentaria no se dio cuenta del propósito específico
perseguido con la norma, en todo caso ésta se enmarca dentro de la Ley 1395 de
2010, cuyo objeto en general es la descongestión judicial. En este contexto
tienen asidero las consideraciones de la Procuraduría General de la Nación, en
el sentido de que la norma respondió a la necesidad de racionalizar la
utilización del recurso extraordinario de casación, en una instancia
jurisdiccional que tiene unos altos índices de congestión provocada justamente
por la alta cantidad de demandas de casación que deben ser resueltas anualmente
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, el Congreso
impuso esta multa para que los abogados solo interpongan el recurso
extraordinario cuando se cercioren de su procedencia y viabilidad, y para
evitar que se apele a este recurso sistemáticamente y posteriormente se desista
del mismo. Se trata entonces de una medida orientada a aliviar la carga de
trabajo en una instancia jurisdiccional específica: la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
7.
Las especificidades
de la congestión judicial en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
7.1.
Según el Ministerio
Público, la norma demandada respondió al propósito del legislador de enfrentar
la grave situación de congestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, congestión que a su vez reviste unas particularidades y una gravedad especial
frente a la que afrontan las demás salas de la referida corporación.
Teniendo en cuenta que la
justificación del precepto atacado está vinculada a la necesidad de enfrentar
la congestión en la referida instancia jurisdiccional, pasa la Sala a describir
y valorar el referido fenómeno, pues a partir de este diagnóstico se puede
determinar si la medida legislativa tiene la potencialidad de contribuir a la
descongestión judicial.
7.2.
La Corte encuentra que las
apreciaciones de la Vista Fiscal sobre las peculiaridades y la dimensión de
esta problemática, tienen pleno asidero. En efecto, aunque la congestión en la
justicia constituye un fenómeno endémico que compromete a todo el aparato
judicial, siendo el resultado de problemas de orden estructural relacionados
con la alta demanda de servicios jurisdiccionales, así como con la insuficiente
respuesta estatal frente a estos requerimientos[30], en el caso de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia esta problemática tiene una
dimensión y una connotación especial.
En efecto, la revisión de las estadísticas
oficiales evidencia un ascenso sostenido en el volumen de inventarios, que
contrasta con las tendencias en las otras dos salas de la Corte Suprema. Así,
mientras en el año 2008 el stock de inventarios correspondía a 4006 procesos,
en el año 2015 esta cifra ascendió 117.403, lo que significa que en un período
de siete años este se incrementó en un 334,4%, y que además, existe un
represamiento crónico de procesos (Ver Gráfica 1). Este ascenso sostenido se
predica también de los procesos de casación, pues mientras en el año 2008 el
inventario correspondía a 3.797 procesos, en el año 2011 a pasó a 9.019, y en
el año 2015 se situó en 16.712, lo que significa que en este mismo período de
tiempo se incrementó en un 340% (ver Gráfica 2). De hecho, la mayor fuente de
congestión en dicha sala se presenta por los procesos de casación, ya que del
inventario final la mayor parte corresponde a este trámite, mientras que los
relativos a tutelas de primera y segunda instancia, consultas por incidentes de
desacato, conflictos de competencia, hábeas corpus, impedimentos y
recusaciones, procesos ordinarios de única instancia, otros proceso, recursos
de apelación, recursos de anulación, recursos de queja, revisión y tutela en
primera y en segunda instancia, representan tan solo el 4% del total[31]
(Ver Gráfica 2).
Grafica
No. 1
Fuente: Corte Suprema de
Justicia. Elaboración propia
Grafica
No. 2
Fuente: Corte Suprema de
Justicia. Elaboración propia
En contraste, el panorama en
las demás salas de casación de la Corte Suprema de Justicia es bastante menos
complejo. El represamiento de procesos, incluido el correspondiente al recurso
extraordinario de casación, es muy inferior, y la tendencia creciente es mucho
menos acentuada, por lo que, en definitiva, no se trata de un problema
endémico. En la Sala de Casación Civil, por ejemplo, el inventario final de
procesos para el año 2010 era de tan solo de 675 procesos, y a partir de
entonces el comportamiento ha sido variable, pasando en los años sucesivos a
503, 463, 840, 684 y 888 trámites, sin que pueda hablarse de un crecimiento
sostenido (Ver Gráfica 3); de este modo, durante este lapso el incremento fue tan
solo del 31%, frente al incremento del 103.9% en la Sala Laboral en este mismo
periodo. Por su parte, para el año 2010, el inventario final en la Sala Penal
era de 1.355, y para el año 2015 fue de 1.681, pasando sucesivamente por 1.725,
1.597, 1.855, 1.767 y 1.681; esto significa lo cual significa que no existe un
crecimiento sostenido en el volumen, y que, en cualquier caso, tanto el
crecimiento en el stock como el nivel de represamiento en muy inferior al que
se presenta en la Sala Laboral (Ver Gráfica 3).
De este modo, la Sala Laboral
concentra la mayor parte de los trámites pendientes por ser evacuados dentro de
la Corte Suprema de Justicia, ya que tiene, en promedio, el 83% del inventario
final de procesos, mientras que la Sala Civil concentra tan solo el 6%, y la
Sala Penal el 14%. Aún más, esta proporción tiende a incrementarse a lo largo
del tiempo, pues mientras en el año el  volumen en la Sala Laboral representaba
el 76,5%, en el año 2015 representó el 87,1% (Ver Gráficas 4 y 5).
Grafica
No. 3
Fuente: Corte Suprema de
Justicia. Elaboración propia
Incluso, la situación de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reviste mucha más
gravedad que la que afronta su par en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, es decir en la Sección Segunda del Consejo de Estado. El promedio
de procesos acumulados entre el año 2010 y 2014 en la última de estas salas es
de 4.685 procesos, mientras que la Sala Laboral es de 12.331 en el mismo
período, es decir, casi tres veces más[32].
El análisis anterior demuestra
lo siguiente: (i) primero, que existe un alto nivel de congestión de procesos
en la Corte Suprema de Justicia; para el año 2015 el inventario final de
procesos era de 19.972; si para este mismo año el ingreso total de procesos fue
de 27.060, significa que el 73% de este volumen no puede ser evacuado; (ii)
segundo, este represamiento se concentra en la Sala Laboral, y no en la Sala
Civil ni en la Sala Penal; para el año 2015, del total de trámites pendientes
por ser evacuados en la referida corporación, el 87.1% correspondía a los que
son asignados a la Sala Laboral; (iii) tercero, la mayor parte de procesos
represados en la Sala Laboral corresponden a recursos de casación pendientes de
sentencia; para el año 2015, de los 17.403 procesos en inventario final, 16.712
corresponden a procesos de casación, es decir, más del 96%; (iv) este
represamiento es crónico, y con tendencia creciente, como lo demuestra el hecho
de que el stock de procesos ha crecido en un 103.9% en tan solo cinco años.
Grafica
No. 4
Fuente: Corte
Suprema de Justicia. Elaboración propia
Gráfica
No. 5
Fuente: Corte
Suprema de Justicia. Elaboración propia
7.3.
El fenómeno anterior se produce
por la intersección de dos variables: por un lado, se ha presentado un
crecimiento inusitado en la cantidad de procesos que ingresan a la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, crecimiento que no se ha presentado, al menos
en la misma dimensión, en las demás salas de esa misma Corporación. Y por otro
lado, al menos hasta la expedición de la Ley 1781 de 2016, institucionalmente
no se dio una respuesta a esta problemática consistente con su naturaleza y
dimensión, de modo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia ha mantenido la misma estructura y reglas de funcionamiento para
enfrentar una nueva realidad procesal.
7.4.
Distintos factores han contribuido
a que a partir del año 2005 se haya incrementado drásticamente la cantidad de
procesos de casación que ingresan a la Sala Laboral.
7.4.1. En primer lugar, se ha presentado un crecimiento
drástico en la demanda de justicia, lo que hace que se hayan incrementado
ostensiblemente los litigios laborales, y por ende, los fallos judiciales
susceptibles de ser controvertidos mediante el recurso extraordinario de
casación. Y aunque este fenómeno se ha producido en todas las jurisdicciones,
el incremento en las demandas de justicia ha sido particularmente evidente en
la jurisdicción laboral.
El
Consejo Superior de la Judicatura estima que entre el año 2008 y el año 2015,
los ingresos efectivos de procesos en la Rama Judicial han aumentado en un 35%,
pasando de 2.101.718 a 2.836.861 en este período[33]. Este crecimiento es
mayor en la jurisdicción laboral, ya que en este lapso el incremento en la
demanda de justicia fue de 56.8%, al pasar de 177.246 a 277.952 trámites
judiciales ingresados[34].
En la jurisdicción civil el crecimiento fue mucho más moderado, situándose en
un 24%, bastante menos de la mitad del que se produjo en las instancias civiles,
pasando de 618.095 ingresos a 766.792 en el mismo período, incluyendo los
procesos iniciados en los juzgados especializados en restitución de tierras,
que por obvias razones han aumentado drásticamente[35]. En materia penal el
ingreso de procesos pasó de 568.437 en el 2008 a 772.103 en el 2015, con un
incremento del 36%.
Lo
anterior significa que en la última década se ha presentado aumento
significativo en la demanda de justicia en el país, pero que esta se ha
acentuado especialmente en la jurisdicción laboral. Y a su turno, la alta
litigiosidad en esta instancia explica, al menos parcialmente, el incremento en
las demandas de servicios por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, máxima instancia judicial en esta materia.
7.4.2. Pero no solo se ha presentado un incremento
significativo en la demanda de servicios de justicia laboral, sino que además,
en este mismo período se ha mejorado la productividad de la jurisdicción, de
modo que el flujo de sentencias susceptibles de ser recurridas mediante el
recurso de casación, también se ha incrementado, y de este modo, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia recibe cada vez más procesos de este
tipo.
En
efecto, con la ejecución de los programas de descongestión a cargo del Consejo
Superior de la Judicatura a raíz de la expedición de la Ley 1285 de 2009, y con
la implementación de la oralidad en los procesos laborales dispuesta en la Ley
1149 de 2007[36],
se disminuyó la congestión en los despachos judiciales que tramitan los
procesos laborales en primera y en segunda instancia, por lo cual hubo una
reducción sensible y significativa en los tiempos y en los costos procesales, y
un incremento muy importante en la producción de fallos susceptibles de ser
controvertidos mediante el recurso extraordinario de casación.
Entre
otras cosas, la Ley 1148 de 2007 determinó que las actuaciones judiciales y la
práctica de pruebas se deben efectuar oralmente en audiencia pública, facultó a
los jueces para limitar la duración de las intervenciones de las partes y de
sus apoderados, estableció la obligación de fijar la fecha de la audiencia
siguiente, prohibió la suspensión de las audiencias y estableció la obligación
de desarrollarlas sin solución de continuidad  dentro de las horas hábiles
hasta que se agote su objeto, y  facultó a los jueces para rechazar la práctica
de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto
de la litis. La articulación de todas estas medidas se ha traducido en un
incremento en la productividad judicial en la jurisdicción laboral, y por ende,
en un incremento en la evacuación de procesos en primera y en segunda
instancia.
Asimismo,
con ocasión de la expedición de la Ley 1285 de 2009[37] la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura implementó un programa de descongestión
en toda la Rama Judicial, que comprende, entre otras cosas, la contención de la
demanda de servicios de justicia y la ampliación y el mejoramiento del
servicio. Así, se celebraron convenios con instituciones públicas y
particulares para implementar mecanismos alternativos de solución de
conflictos, se diseñaron herramientas para la atención de los pequeños
conflictos, se incrementó la oferta de servicios a través de la creación de
nuevos despachos judiciales y del enganche de nuevo personal de apoyo judicial,
se adelantaron programas para la modernización de la infraestructura física y
tecnológica, se adelantaron programas de capacitación a jueces y auxiliares de
la justicia, y se dio aplicación a la figura del desistimiento tácito prevista
en la Ley 1564 de 2012, entre muchos otros[38].
A
juicio del Consejo Superior de la Judicatura, lo anterior mejoró la
productividad de la jurisdiccional laboral y redujo la congestión en los
despachos judiciales de primera y de segunda instancia, ya que el crecimiento
en la demanda de servicios vino acompañado de una reducción significativa en
los tiempos y en los costos procesales, y en últimas, en una muy superior tasa
de evacuación de procesos[39].
Para el año 2015, los procesos laborales en primera instancia tenían en
promedio una duración de 189 días, promedio muy inferior a otros procesos
judiciales: 228 días en los procesos ejecutivos, 539 en los procesos penales
escritos, y 668 en los disciplinarios escritos. La segunda instancia se surte,
en promedio, en tan solo 38 días, mientras que en los procesos contencioso
administrativos escritos la duración es de 80 días, en los disciplinarios
escritos de 166 días, y en los ejecutivos de 68 días[40].
Todos
estos progresos en la productividad han provocado una evacuación muy importante
de procesos laborales, cuyos fallos, en general, pueden ser objeto del recurso
extraordinario de casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
7.4.3. Finalmente, la configuración del recurso
extraordinario de casación en materia laboral también ha favorecido el acceso a
este dispositivo.
En
efecto, pese a que tradicionalmente la casación ha sido concebida como un
recurso extraordinario y excepcional, el diseño del mismo en materia laboral ha
hecho que una cuota muy significativa de fallos judiciales sean susceptibles de
ser controvertidos mediante la referida herramienta procesal. Esto, al menos
desde tres perspectivas.
7.4.3.1.
Por un lado, el diseño del recurso
tiene un alto nivel de amplitud y flexibilidad.
Desde
el punto de vista la cuantía exigida para la presentación del recurso, el
artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina
que son “susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía
exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente”. Esta
cuantía ha sido considerada baja, teniendo en cuenta que la casación es un
recurso extraordinario, y que por tanto, en principio procede solo de manera
excepcional.
Por
este motivo, y con el propósito de contribuir a la descongestión en la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 1395 de 2010 incrementó la
cuantía para este recurso, determinando que “sólo serán susceptibles del
recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220)
salarios mínimos mensuales vigentes”.
Sin
embargo, en la sentencia C-372 de 2011[41]
se declaró la inexequibilidad del referido precepto, en consideración a que siendo
este dispositivo un mecanismo de protección del orden objetivo mediante la
función de corrección de fallos contrarios al sistema jurídico, de unificación
de jurisprudencia en materia de derechos laborales y de seguridad social, de
aplicación igualitaria de la ley, de realización de los contenidos materiales
del ordenamiento, y de protección del trabajo y de la seguridad social, la
imposición de una cuantía de 220 smlmv resultaba desproporcionada. A juicio de
la Corporación, aunque la medida atendía al finalidad de hacer frente al
incremento desmesurado en los recursos de casación laboral, la solución
legislativa resultaba inconsistente con la naturaleza estructural y endémica de
la congestión judicial en el país, de modo que su único efecto era aliviar la
carga de trabajo en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y no
brindar una solución integral al problema. Por ello, a juicio de esta
corporación, el legislador debía diseñar soluciones que no implicaran una
restricción desproporcionada al derecho de acceso a la justicia, y que resultan
acordes con la problemática de la congestión judicial en Colombia. Así las
cosas, habiéndose declarado la inexequibilidad del referido precepto, hoy en
día la cuantía mínima para la procedencia del recurso de casación, es tan solo de
120 salarios mínimos.
Esta
cuantía contrasta con la que existe en materia civil, pues según el artículo
338 del Código General del Proceso, “cuando las pretensiones sean esencialmente
económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución
desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios legales mensuales
vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando
se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y
las que versen sobre el estado civil”. Independientemente de las
diferencias metodológicas para calcular la cuantía mínima del recurso, lo cierto
es que en materia civil ésta es muy superior a la que se fijó en material
laboral, seguramente en consideración al tipo de intereses que se debaten en
uno y otro trámite. De este modo, no solo la demanda de justicia civil es
inferior a la demanda de justicia laboral, sino que además, el acceso al
recurso extraordinario de casación es más limitado en el primer caso que en el
segundo.
Aunque
en materia penal el ejercicio comparativo anterior no es procedente por la
naturaleza de los asuntos que se debaten en este escenario, el artículo 181 de
la Ley 906 de 2004 consagra ciertos límites materiales a la viabilidad del
recurso. Es así como se establece que el recurso procede contra sentencias
proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos, según las
causales allí previstas, y que cuando la casación tiene por objeto exclusivo la
reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, se
aplican las cuantías en materia civil. En este orden de ideas, el acceso a este
recurso también es restringido.
Los
demás contornos del recurso también favorecen el acceso a la casación laboral:
mientras en materia laboral debe interponerse dentro de los 15 días siguiente a
la notificación de la sentencia de segunda instancia, en materia civil este
plazo se reduce a cinco días, según lo establecen los artículos 337, 340 y 343
del Código General del Proceso. Asimismo, según este último cuerpo normativo, no
puede interponer este recurso quien no apeló la sentencia de primer grado,
cuando la proferida por el tribunal sea exclusivamente confirmatoria de
aquella; en contaste, no se encentra una restricción semejante en el Código de
Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.
7.4.3.2.
Además, la actual estructura de la
administración de justicia favorece la interposición de recursos en materia
laboral.
En
materia civil, por ejemplo, el recurso extraordinario de casación procede
contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores en segunda
instancia; pero a su turno, como en la jurisdicción civil existen jueces
municipales y jueces del circuito, únicamente aquellos procesos cuya primera
instancia se surte en los jueces del circuito son susceptibles de ser
controvertidos mediante este recurso, lo cual descarta de plano una amplia gama
de fallos judiciales.
En materia
laboral ocurre algo diferente, porque en general la estructura de la
administración de justicia es distinta, y sólo existen jueces laborales del
circuito, cuyo superior jerárquico son los tribunales superiores del distrito
judicial. Así las cosas, salvo en los asuntos de conocimiento de los jueces de
pequeñas causas previstas en la Ley 1395 de 2010, todos los fallos de segunda
instancia son susceptibles de ser controvertidos mediante el recurso
extraordinario de casación, con la sola limitación de la cuantía a la que se
hizo referencia anteriormente.
7.4.3.3.
Y las políticas de admisiones en
la Sala Laboral son más flexibles que las de sus pares en materia penal y en
materia civil. Según la información reportada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia a esta Corporación, en promedio, entre los años 2005 y
2015, la Sala Penal inadmitió el 76% de los recursos presentados; así por
ejemplo, en el año 2006 tuvo el índice más bajo de inadmisiones, equivalente al
69%, mientras que en el año 2008 ascendió llego al 91%. En contraste, las
políticas y las prácticas de admisión de recursos en la Sala Laboral arrojan
resultados diametralmente opuestos, ya que, en promedio, y aunque con
fluctuaciones importantes, la Sala Laboral únicamente inadmite el 30% de los
recursos presentados anualmente; en este período el nivel de inadmisión más
significativo se presentó en el año 2009 cuando llegó al 64%, mientras que en
los años 2013 y 2014 fue solo del 5 y del 11%, respectivamente (Ver Gráfica 6).
Gráfica No. 6
Fuente:
Corte Suprema de Justicia. Elaboración propia
Lo
anterior significa que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no solo
recibe una cantidad mucho mayor de recursos de casación que sus pares en
materia penal y civil, sino que además, en razón de las políticas y prácticas
de admisión, la cantidad de demandas de casación sujetas a sentencia es también
mucho mayor.
7.4.4. De esta manera, el aumento significativo en la demanda
de justicia, la reducción en los tiempos procesales en la primera y en la
segunda instancia, y la configuración legal del recurso extraordinario de
casación en materia laboral, han provocado en la última década un crecimiento
importante en la cantidad de recursos de casación interpuestos y admitidos en
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, significativamente superior a
la cantidad de recursos que se interponen en las demás Salas de la Corte
Suprema.
Según
la información reportada por la Corte Suprema de Justicia a esta Corporación, la
cantidad de recursos de casación ingresados difiere sustancialmente según la
Sala. Por tan solo mencionar algunos ejemplos, mientras en el año 2008 a la
Sala Civil ingresaron 244 procesos y a la Sala Penal 1.085, a la Sala Laboral
ingresaron 3.285, es decir, el 71% de los recursos de casación ingresados ese
año. En los años subsiguientes, la Sala Civil ha recibido anualmente entre 201
y 476 recursos, y la Sala Penal entre 868 y 1616, mientras que la Sala Laboral
ha recibido entre 3.070 y 5.694 recursos anuales. En promedio, a esta última
instancia ingresan el 70% de los recursos de casación de la Corte Suprema de
Justicia, y 15 veces más que su par en materia civil (Ver Gráfica No. 7).
Gráfica No. 7
7.5.
Hasta el momento se ha dicho que
en la última década, por el aumento en la demanda de servicios de justicia, por
los procesos de descongestión y de reducción de tiempos en la evacuación de
procesos en la jurisdicción laboral, y por la relativa flexibilidad del recurso
extraordinario de casación en esta materia, se ha producido un incremento
significativo en la cantidad de recursos de casación interpuestos y admitidos
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en niveles muy por encima
de los que registran la Sala Civil y la Sala Laboral de la misma Corporación.
La
congestión en esta instancia se ha producido porque no ha habido una respuesta
institucional a estos cambios tan importantes en el flujo de procesos de
casación que ingresan a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
7.5.1. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la estructura
institucional de la Corte Suprema de Justicia no guarda correspondencia con la
demanda de servicios de casación en las distintas salas, y que además, se ha
mantenido invariable pese a las transformaciones en la dinámica de los
procesos, salvo por la implementación de medidas de descongestión puntuales y
transitorias.
Es
así como el artículo 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
establece que la Sala de Casación Civil y Agraria y la Sala de Casación Laboral
tiene cada una siete magistrados, y que la Sala de Casación Penal se encuentra
integrada por nueve magistrados. Esta composición de las salas de la Corte
Suprema de Justicia no es consistente con la cantidad de recursos de casación
que ingresan a cada una de estas instancias, ni con la cantidad de demandas por
resolver. Mientras que entre los años 2007 y 2015 la Sala Penal tenía un 30%
más despachos que la Sala Laboral, esta última instancia tenía 13 veces la
cantidad de demandas de casación admitidas. Lo propio puede decirse de la Sala
de Casación Civil pues aunque ambas tienen el mismo número de magistrados
titulares, existen diferencias más que notables en la carga de trabajo asociada
a recursos de casación: en promedio, entre los años 2011 y 2014, a la Sala
Laboral ingresaron 15 veces más recursos de casación que los ingresados a la
sala Civil de la misma Corporación, por lo que las discrepancias en la carga de
trabajo igualmente saltan a la vista.
Es
justamente esta situación la que condujo al Congreso a ordenar la conformación
de nuevas Salas de Descongestión en materia laboral, mediante la Ley Estatutaria
1781 de 2016. En la referida ley se dispuso la creación de cuatro salas de
descongestión, cada una integrada por tres magistrados de descongestión, las
cuales se encargarán únicamente de tramitar y decidir los recursos de casación
que determine la Sala de Casación Laboral. De hecho, en la Exposición de
Motivos al proyecto de ley se sostuvo que la razón de ser de la medida
legislativa propuesta radicaba en la multiplicación desproporcionada de
procesos que arriban a la Sala Laboral, por factores como el notable
crecimiento de procesos fallados en los tribunales por las medidas de
descongestión implementadas en los últimos años y a la ampliación de las
competencias de la Sala, sin que por otro lado se ajustara la estructura
institucional de la Corte Suprema: “De manera paralela, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido  invariable su estructura
durante mucho tiempo, a pesar de que la demanda de justicia en materias
laborales y de seguridad social ha aumentado significativamente. A la
Corporación le han sido asignados nuevos cargos y medidas de descongestión
transitorias, que se han enfocado en el nombramiento de empleados y que han
redundado en un aumento de la productividad, pero, en definitiva, su
infraestructura, aparato técnico y planta de personal ha sido notoriamente
insuficiente para contrarrestar el incremento abrupto de los recursos de
casación sometidos a su conocimiento y decisión”[42].
No
obstante, esta respuesta llegó tan solo hasta el año 2015.
7.5.2. Asimismo, deben tenerse en cuenta las amplias
competencias jurisdiccionales atribuidas a la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia. Es así como los mismos siete despachos han venido asumiendo,
además de la sustanciación y resolución de los recursos extraordinarios de
casación, una amplia gama de responsabilidades que demandan una cuota muy
importante de los recursos de esta instancia jurisdiccional.
Así,
por un lado, la Corte Suprema debe resolver las acciones de tutela que les son
asignadas en virtud de las reglas de reparto establecidas en los decretos 1834
de 2015 y 1382 de 2000, acciones que, a su turno, también se han incrementado
dramáticamente a lo largo del tiempo. Así, mientras en el año 2002 se
recibieron 1300 tutelas, en el año 2013 esta cifra ascendió a 4754, que
equivale a un aumento de más del 300% en tan solo diez años[43]. Y en promedio, los
procesos de tutela que ingresan anualmente a la Sala Laboral representan el 40%
de los ingresos totales. Así por ejemplo, en el año 2008 ingresaron 6257 procesos,
de los cuales 2.577 corresponden a demandas de tutela en primera instancia, es
decir, el 41%. Lo que ocurre es que estas acciones son tramitadas de manera
prioritaria, de modo que como son evacuadas casi que en su totalidad, se
presenta una importante fuga de recursos en el ejercicio de estas competencias
(Ver Gráfica 8).
Además,
la Ley 1210 de 2008 asignó a esta Sala la competencia para determinar la
legalidad de las huelgas, además de las relativas a los recursos
constitucionales de hábeas corpus, los de anulación en contra de laudos
arbitrales emitidos en conflictos colectivos, demandas de revisión, conflictos
de competencias, recursos de queja, entre muchas otras.
De
este modo, el diseño de la Sala de Casación Laboral no solo ha resultado
inadecuado para resolver los recursos de casación, sino que además, al asumir
el conocimiento de múltiples asuntos disímiles, se ha minado con la capacidad
de esta instancia judicial.
8.     Análisis de los cargos
Según
se indicó en los acápites precedentes, la accionante sostiene que la previsión
legal demandada es incompatible con el principio de igualdad, con el debido
proceso y con el derecho de acceso al sistema de justicia. Esto, por las
siguientes razones: (i) primero, porque el derecho positivo atribuye efectos
jurídicos diferenciados a un mismo supuesto de hecho, con fundamento en un
criterio de diferenciación inadmisible; en efecto, mientras en materia civil y
en materia penal la consecuencia jurídica por no presentar la demanda de
casación en el plazo legal es la declaratoria de desierta del recurso, en
materia laboral el efecto jurídico es, además de este, la imposición de una
multa al apoderado judicial, que oscila entre cinco y diez salarios mínimos
mensuales; (iii) asimismo, la previsión legal seria contraria al debido
proceso, en la medida en que prevé una suerte de responsabilidad objetiva, no
contempla un trámite específico para garantizar el derecho de defensa de los
abogados sujetos de la medida, y se superpone al régimen disciplinario, en
detrimento del principio de non bis in ídem; (iii) finalmente, la multa
se convierte en una barrera de acceso al sistema de administración de justicia,
en contravía del derecho de acceso al aparato judicial, como mecanismo para la
garantía jurisdiccional de los derechos sociales.
La Corte
Constitucional comparte las apreciaciones de la accionante y de los intervinientes
que apoyan su solicitud, por dos razones fundamentales: (i) primero, porque la
norma adolece de indeterminaciones insuperable en sus elementos estructurales,
que impide a los actores de la comunidad jurídica conocer los actos y conductas
procesales admisibles e inadmisibles en sede de casación, y los efectos
jurídicos por su realización, así como determinar el alcance de la restricción
a los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso al sistema de
justicia, alcance del cual también depende el análisis de constitucionalidad; (ii)
y segundo, porque la medida legislativa establece una consecuencia claramente
desventajosa por la realización de actuaciones procesales que hace parte del
desenvolvimiento y de la dinámica regular de los procesos judiciales, como es
el desistimiento, sobre la base de la presunta contribución de la medida a la
descongestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo,
como esta medida es inconsistente con la naturaleza y con la dimensión del
fenómeno que pretendía enfrentarse,  y como por este motivo carece de toda
idoneidad y eficacia, la norma provoca una restricción injustificada al debido
proceso, al principio de igualdad y al derecho de acceso al sistema de justicia.
8.1.
La indeterminación de la
medida legislativa
8.1.1. Según se explicó en los acápites precedentes, el
precepto demandado abre interrogantes irresolubles sobre cuestiones medulares
de las cuales depende el juicio de constitucionalidad.
8.1.2. Así, de una parte, existen dudas fundadas sobre la
naturaleza de la medida legislativa, hasta el punto de que en anteriores
oportunidades anteriores esta Corporación ha concluido que se trata de una
figura híbrida en la que se superponen indistintamente elementos de diferentes
regímenes de responsabilidad[44].
De este modo, la norma puede ser concebida como una modalidad especifica de
sanción disciplinaria, una medida de tipo correccional en cabeza de los jueces,
o incluso un costo procesal sui generis, análogo parcialmente al arancel
o a las tasas judiciales.
A su
vez, la definición de la naturaleza jurídica tiene una incidencia decisiva en
el juicio de constitucionalidad. Así por ejemplo, de considerarse que se trata
de una modalidad de responsabilidad disciplinaria, resultarían aplicables los
estrictos estándares sobre la presunción de inocencia, sobre el derecho de
defensa, y sobre el alcance del principio de legalidad. Por el contrario, de
estimarse que se trata de una modalidad especial de arancel judicial, el
ejercicio analítico para valorar la constitucionalidad de la norma se
orientaría a establecer si este costo procesal se convierte en un obstáculo de
acceso al sistema judicial.
No
obstante ello, el precepto acusado no proporciona luces sobre esta cuestión.
8.1.3. También existen dudas fundadas sobre los elementos
constitutivos de la multa, pues la norma permite arribar a soluciones jurídicas
incompatibles entre sí. Así, podría pensarse que como se trata de una medida de
descongestión que no pretende someter a escrutinio el profesionalismo de los
abogados, la sanción debe imponerse siempre que deje de interponerse en el
plazo legal la demanda de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, independientemente del contexto en el que esto ocurra, e independientemente
de que la conducta omisiva del abogado se encuentre justificada. Sin embargo, también
podría considerarse que como el efecto jurídico de la norma es la imposición de
una sanción de orden pecuniario, el análisis debe centrarse no solo en el dato
objetivo sobre la presentación de la demanda de casación dentro del plazo
legal, sino en si la falta de presentación configura una infracción de los
deberes profesionales. De este modo, en el primer caso el análisis se centra en
la verificación de un dato empíricamente verificable, mientras que en el
segundo, esta constatación es solo un punto de partida para valorar cuestiones
como el alcance de las obligaciones del apoderado judicial frente a su cliente
según el acuerdo entre éstos, la vocación de prosperidad del recurso, la
voluntad del poderdante, las circunstancias que eventualmente podrían impedir la
presentación del recurso, entre muchas otras.
De
hecho, y tal como se explicó en los acápites precedentes, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia ha considerado que en principio la sola falta de
sustentación del recurso da lugar a la imposición de la multa. Sin embargo,
cuando de hecho los abogados han controvertido la decisión sancionatoria, la
Sala Laboral de la Corte ha entrado a hacer otro tipo de análisis, centrándose
en determinar si la sustentación del recurso de casación se enmarcaba dentro de
las obligaciones del abogado frente a su cliente, y si estaba debidamente
facultado para ello; con fundamento en ello, la Sala ha revocado multas cuando,
por ejemplo, el contrato de servicios profesionales suscrito entre el
poderdante y apoderado judicial no prevé la intervención del abogado en sede de
casación. Sin embargo, la Sala no ha sido receptiva a otro tipo de consideraciones
que eventualmente podrían descartar la infracción de los deberes profesionales,
como cuando se alega que el cliente decidió no insistir en el proceso judicial,
o como cuando se argumenta que dentro del marco jurisprudencial vigente, no
resultaba viable la sustentación del recurso. En estas hipótesis la Sala suele
argumentar que el apoderado judicial contaba con la posibilidad de desistir del
recurso, por lo cual, ninguna dificultad que hubiera atravesado el abogado para
radicar la demanda, podría servir como eximente de responsabilidad.
En
un escenario como este, no es posible establecer con un nivel de certeza
razonable, en qué casos hay lugar a la imposición de la multa en una amplia
gama de hipótesis: cuando el cliente considera que no es conveniente a sus
intereses insistir en el recurso de casación, cuando revoca el poder, cuando el
abogado renuncia al mismo, cuando las obligaciones del apoderado se
circunscriben a la primera y  la segunda instancia, cuando por razones de
fuerza mayor la demanda no fue radicada dentro del plazo legal, entre muchas
otras.
Nuevamente,
la definición de esta cuestión tiene una incidencia decisiva en el juicio de
constitucionalidad, en aspectos como la prohibición de la responsabilidad
objetiva, los obstáculos al acceso a la justicia, o la presunción de inocencia.
8.1.4. Asimismo, tampoco existe claridad sobre la procedencia
del desistimiento tácito y del desistimiento expreso frente al recurso de
casación en materia laboral.
Dentro
de una primera línea hermenéutica, se ha considerado que el Código General del
Proceso, expedido en el año 2012, reconoce en términos muy amplios el derecho
de las partes a desistir de todos los recursos, y ha establecido una presunción
de desistimiento por silencio o inactividad del recurrente. Esta norma,
posterior a la Ley 1395 de 2010, habría derogado tácitamente la previsión
demandada, de modo que una vez presentado y admitido el recurso extraordinario
de casación, el apoderado judicial puede presentar un memorial desistiendo discrecionalmente
del recurso, o simplemente no presentan la demanda de casación en el plazo
legal, caso en el cual la Sala Laboral tendría que presumir el desistimiento, y
declarar desierto el recurso, tal como ocurre en materia civil.
Sin
embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema ha asumido que únicamente procede
el desistimiento expreso, por lo que, una vez presentado y admitido el recurso,
el apoderado judicial que considera que no es viable o conveniente insistir en
el mismo a través de la presentación de la demanda, debe desistir expresamente
del recurso, o al menos indicar las razones que justificar su omisión, so pena
de ser multado en los términos del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.
Finalmente,
habida consideración de que el precepto demandado es una norma especial frente
al régimen procesal del Código General del Proceso, y habida consideración de
que la norma pretende racionalizar el uso del recurso de apelación, también
podría concluirse válidamente que una vez presentado y admitido el recurso
extraordinario de casación, el apoderado judicial debe presentar en tiempo la
demanda correspondiente, so pena de ser multado. Esta es la posición asumida
tácitamente por la accionante en el proceso judicial, por los intervinientes, y
por el Ministerio Público.
Y
nuevamente, la definición de esta cuestión es determinante en el juicio de
constitucionalidad propuesto a esta Corporación. Así por ejemplo, si se
considera que es procedente toda forma de desistimiento en el escenario
propuesto, automáticamente desaparecerían los cargos por el desconocimiento de
este principio porque se presumiría que el Código General del Proceso derogó
tácitamente la norma impugnada. Por el contrario, de estimarse que únicamente es
procedente el desistimiento expreso, la diferenciación normativa tendría un
alcance distinto del planteado en la demanda de inconstitucionalidad, puesto
que en materia laboral la multa se impone únicamente cuando habiéndose
presentado y admitido el recurso de casación, el apoderado no presenta la
demanda, y también se abstiene de presentar el memorial de desistimiento, carga
procesal de muy poca consideración. Finalmente, si se estima que no es
procedente ninguna forma de desistimiento, el alcance del trato diferenciado es
justamente el planteado en la demanda de inconstitucionalidad, porque mientras
en materia laboral la falta de presentación de la demanda de casación acarrea
la imposición de una sanción pecuniaria, en materia penal y en materia civil
esta misma conducta es tratada como un desistimiento tácito.
8.1.5. Finalmente, se advierte que el precepto demandado tampoco
define los criterios para la dosificación de la sanción, pues únicamente se
establece que la multa oscila entre los cinco y los diez salarios mínimos
mensuales. Esto ha dado lugar a que la Sala Laboral suela aplicar el tope
máximo de la multa, sin que sea posible establecer en qué hipótesis o bajo qué
circunstancias podría reducirse el monto de la misma. Esto, a su vez, impide
determinar la proporcionalidad de la medida atacada.
8.1.6. En este orden de ideas, la norma demandada contiene
indeterminaciones en sus aspectos sustantivos, que impiden determinar el
contenido y alcance de las obligaciones de los apoderados judiciales frente al
recurso de casación en materia laboral, así como los efectos jurídicos por el
desconocimiento de tales deberes.
8.2.
Efectos de la medida: restricciones
al desistimiento, e ineficacia frente a la descongestión judicial
8.2.2. Independientemente del alcance que pueda otorgarse al
precepto legal, la Corte advierte que, en cualquiera de sus líneas
hermenéuticas, éste restringe el alcance de una actuación procesal que hace
parte de la dinámica regular de los procesos judiciales, y que esta limitación
no se encuentra compensada por la contribución de la medida a la descongestión
judicial.
8.2.3. En efecto, la disposición demandada establece que
cuando se interpone y se admite el recurso de casación en la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, y posteriormente no se sustenta, se debe imponer al
apoderado judicial recurrente una multa que oscila entre los 5 y los 10
salarios mínimos legales. En contraste, para la legislación procesal ordinaria esta
misma conducta omisiva es asumida como un desistimiento tácito, de modo que,
una vez configurado, se continúa con el trámite del proceso; esta modalidad de
desistimiento, en sí mismo considerada, hace parte de la dinámica regular de
los procesos judiciales, y se explica por muy diversas razones: porque el
cliente en cuyo nombre actuó estima conveniente no insistir en el recurso,
porque una vez examinado en profundidad el marco legal y jurisprudencial se
encuentra que el recurso no tiene mayor vocación de prosperidad, porque dentro
del acuerdo entre el poderdante y el apoderado sólo se había previsto la
intervención de este último hasta la segunda instancia, entre muchas otras
razones. De este modo, lo que de manera general constituye una actuación
procesal ordinaria, para el precepto demandado es una irregularidad, o su
realización implica una carga económica.
Desde
la perspectiva iusfundamental, esta medida restringe el alcance de tres
derechos:
Primero,
el derecho a la igualdad, pues el derecho positivo asigna consecuencias
distintas a una misma conducta realizada por los apoderados judiciales en el
marco de los trámites de casación, en función de la instancia jurisdiccional
ante la cual actúan. La conducta objeto de la diferenciación es la falta de
presentación de la demanda de casación, después de que el recurso ha sido
presentado y admitido. Frente a esta misma conducta omisiva, el ordenamiento
atribuye un efecto diferenciado, según la instancia ante la cual se litiga:
cuando se trata de la Sala Laboral, el efecto jurídico consiste en declarar
desierto el recurso, y en imponer al apoderado judicial una multa entre cinco y
diez salarios mínimos mensuales; cuando se trata de la Sala Penal o de la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el efecto es meramente procesal, porque
se circunscribe a la declaratoria de desierta del recurso.
Esta
diferenciación genera una mayor carga para los abogados que presentan recursos
de casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a los que
litigan en las otras dos salas. En efecto, mientras para los primeros se prevé
una multa cuando han dejado de presentar en tiempo la demanda de casación,
después de que han interpuesto el recurso y éste ha sido admitido, con los
segundos no sucede lo propio, de modo que cuando incurren en esta misma
conducta el efecto jurídico es únicamente la declaratoria de desierta del
recurso.
Ahora
bien. Aunque el derecho positivo radica en el apoderado judicial la obligación
de pagar la multa cuando no se presenta en tiempo la demanda de casación, de
manera consecuencial e indirecta la medida legislativa establece una
diferenciación entre los clientes o poderdantes que actúan en las instancias
jurisdiccionales laborales, y quienes actúan en las instancias jurisdiccionales
civil y penal, porque en últimas, es en estos sujetos en que se radican las
consecuencias y los efectos de la diferenciación.
Así,
cuando el apoderado se abstiene de presentar el recurso a pesar de que
eventualmente el fallo judicial pudiera ser controvertido exitosamente mediante
la casación, el cliente es que quien asume las consecuencias de un fallo
judicial adverso. Por su parte, cuando el abogado presenta el recurso y lo
sustenta independientemente de su vocación de prosperidad, se provoca no solo
un desgaste infructuoso de la justicia sino también una dilación inútil del
proceso judicial en aquellos casos en que el recurso no tiene vocación de
prosperidad, que en últimas, perjudica a la persona en cuyo nombre se propone
la casación. Y finalmente, cuando el abogado, para proteger los intereses de su
cliente interpone el recurso, y eventualmente asume el costo de la sanción
pecuniaria cuando posteriormente encuentra que no es viable o que no es
conveniente persistir en el mismo, en últimas, el gasto se traslada al
poderdante, a manera de costo procesal.
En
contraste, cuando se inician procesos en las demás instancias jurisdiccionales,
el abogado puede desistir libremente del recurso, y en caso de no presentar en
tiempo la demanda de casación es únicamente que se declara desierto el recurso.
En
este orden de ideas, el derecho positivo establece una diferenciación normativa
directa entre los abogados que presentan recursos de casación ante la Sala
Laboral de la Corte Suprema de justicia y entre los que lo presentan en las
demás salas de la referida corporación judicial, que tiene un efecto jurídico
adverso en los primeros. De manera indirecta, la diferenciación se establece
entre los poderdantes de unos y otros, e igualmente la norma tiene un efecto
jurídico adverso en los primeros.
Asimismo,
la norma restringe algunos de los componentes del derecho al debido proceso.
Así, en cuanto a la proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva,
debe tenerse en cuenta que como la figura demandada tiene un carácter híbrido y
en ella se superponen elementos del derecho sancionatorio, de las medidas
correccionales y de los costos procesales análogos, en principio, la multa se
impone prescindiendo de la valoración de la conducta del abogado e
independientemente de que la falta de presentación de la demanda de casación se
encuentra justificada y de que constituya una infracción a los deberes
profesionales. Solo posteriormente y de manera tardía, cuando ya se ha impuesto
la multa y cuando el apoderado judicial controvierte la decisión administrativa
de la Sala Laboral, entran en consideración estos otros ingredientes. Pero,
como puede observarse, esta línea de acción restringe la presunción de
inocencia porque se aplica automáticamente la multa con la sola verificación de
la falta de presentación de la demanda de casación, restringe la prohibición de
toda forma de responsabilidad objetiva, y limita el derecho de defensa, pues ésta
solo se ejerce tardíamente, una vez impuesta la multa.
Y
finalmente, el precepto demandado restringe el acceso a la administración de
justicia pues, al sancionar económicamente la falta de sustentación de los
recursos de casación que son admitidos por la Sala Laboral, establece un
obstáculo indirecto para la interposición de este recurso.
8.2.4. Ahora bien, según el Ministerio de Justicia y según el
Ministerio Público, esta restricción se justifica en función en los objetivos a
los que atiende la medida legislativa, en consideración a que la norma busca
liberar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la excesiva carga que
tiene en materia de recursos de casación, carga que ha provocado la congestión
en esta instancia jurisdiccional. Adicionalmente, el que el legislador haya
optado por no imponer la multa en el escenario de los recursos de casación ante
la Sala Penal y ante la Sala Civil, se explica porque los niveles de congestión
judicial son sustancialmente inferiores en estas otras dos instancias.
Y en
efecto, el diagnóstico efectuado en los acápites precedentes corrobora la tesis
de los intervinientes sobre la compleja situación que atraviesa la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de los hallazgos fueron los
siguientes: (i) existe un represamiento crónico de procesos judiciales en la
Sala Laboral; (ii) el represamiento es acumulativo y presenta una tendencia
creciente que no ha podido ser contenida; (iii) el represamiento se presenta
fundamentalmente en los trámites de casación; (iv) la mayor parte del
represamiento de procesos en la Corte Suprema de Justicia, es atribuible a la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Pese
a lo anterior, la medida legislativa resulta inconsistente con el fenómeno que
pretende enfrentarse, por las siguientes razones:
8.2.4.1.
En primer lugar, la norma sanciona
un presunto desgaste en la justicia provocado por la presentación de un recurso
que debe ser remitido y repartido en la Corte Suprema de Justicia, y
posteriormente valorado en esa instancia jurisdiccional, pero que luego es
abandonado por la parte que interpuso el recurso, al no presentar la demanda
correspondiente. No obstante, este desgaste, aunque real, se circunscribe a la
remisión del recurso a la Sala Laboral, a la evaluación de aspectos meramente
formales relacionados con la verificación del cumplimiento del plazo para
recurrir, y de la legitimación y el interés para recurrir, y de la indicación
de la causal de casación que se entiende configurada, y finalmente, a la
verificación de la falta de presentación de la demanda dentro del plazo legal. Esta
activación del aparato judicial, aunque real, no es la fuente de la congestión
judicial en la Sala Laboral, porque el represamiento se produce por el alto
flujo de recursos de casación que son presentados y sustentados, y que deben
ser resueltos mediante sentencia. Claramente, una vez presentado y admitido el
recurso de casación, para la Sala Laboral representa una mayor carga de trabajo
resolverlo mediante sentencia, que verificar la falta de su sustentación y
declarar desierto el recurso. De este modo, la sanción prevista en el precepto
demandado es inconsistente con la naturaleza del desgaste procesal objeto de la
multa. En este sentido, cabe recordar que el stock de inventario en la Sala
Laboral de la Corte Suprema se encuentra conformado, no por los recursos que
ingresan y son admitidos y abandonados por sus clientes, sino por los recursos
que ingresan, que son admitidos y sustentados, y que por ende, son susceptibles
de ser fallados mediante sentencia.
8.2.4.2.
En segundo lugar, aunque la norma
fue expedida con el propósito de que los abogados racionalizaran la utilización
del recurso extraordinario de casación y que por esta vía se disminuyera el
flujo de ingresos a la Sala Laboral de la Corte Suprema, el efecto probable de
la norma demandada es otro.
De
entenderse, como lo ha venido entendiendo la Corte Suprema de Justicia, que en
todo caso los apoderados judiciales preservan la facultad para desistir
expresamente del recurso de casación, la norma no tendría el efecto inhibitorio
e intimidatorio esperado, sino únicamente la presentación del recurso, y la
posterior presentación del memorial de desistimiento, en caso de que se estime
que insistir en el mismo no es viable o conveniente.
Y de
entenderse, como lo entendió la demandante, el Ministerio Público y los
intervinientes, que no es procedente ninguna forma de desistimiento, los
abogados tendrían tres posibles líneas de acción: (i) de una parte, se puede
restringir y racionalizar el uso del recurso, apelando al mismo únicamente
cuando dentro del plazo para su interposición se evidencie que tiene verdadera
vocación de prosperidad; no obstante, como quiera que este tipo de valoración
tiene un alto nivel de indeterminación y se efectúa manera prematura, antes de
iniciarse la elaboración de la demanda de casación, es probable que esta lógica
restrictiva se traduzca en una pérdida de la oportunidad de controvertir fallos
judiciales que adolecen de yerros graves que podrían ser enmendados mediante la
casación, pero que no se advierten inmediatamente; (ii) en segundo lugar, el
apoderado judicial también podría optar por interponer el recurso de casación
independientemente de que tenga la certeza sobre su vocación de prosperidad, y
sustentarlo aunque posteriormente se haga evidente que no es viable; en este caso
el apoderado judicial, con el objeto de evitar la imposición de la multa,
activa el aparato judicial prescindiendo de cualquier otra consideración; (iii)
y finalmente, el apoderado judicial podría optar por interponer el recurso de
casación a partir de una valoración preliminar del mismo, y asumir el riesgo de
que posteriormente se considere que no es viable o que no es conveniente
insistir en el mismo, y asumir el valor de la multa como un costo procesal
adicional.
Como
puede advertirse, únicamente en el primero de los escenarios la norma provocaría
el efecto esperado de la reducción de los ingresos de recursos en la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo escenario no solo no se
reducen los ingresos, sino que la amenaza de la imposición de una sanción se
traduce en una mayor carga de trabajo para la Corte Suprema, porque lo que en
principio se convertiría en un auto en el que se declara desierto un recurso de
casación, ahora se traduce en una sentencia de casación, con todo lo que ello
implica. Y en el tercer escenario tampoco se reducen el nivel de ingresos de
recursos de casación en la Sala Laboral, porque la multa es asumida como un
costo procesal de ocurrencia eventual, que además, normalmente se traslada al
usuario de la justicia.
La
evolución de los ingresos de recursos de casación en la Sala Laboral, así como
de las multas impuestas a los abogados por no sustentar el recurso dentro del
plazo legal, parece descartar la hipótesis en la que se amparó el legislador
para crear la sanción legal, es decir, la hipótesis de que la norma inhibiría a
los abogados de presentar recursos de casación sino únicamente cuando existe un
nivel de certeza razonable sobre la viabilidad jurídica del mismo. Tal como se
encuentra en la Gráfica No. 9, el ingreso de recursos de casación en la Sala
Laboral ha mantenido una tendencia creciente; y en cuanto a las multas, se
observa que el mayor nivel de imposición de multas se presentó en los años 2011
y 2012, cuando entró en vigencia la norma demandada, años en los cuales llegó a
ser el 22% de los recursos admitidos; a partir de entonces, se ha presentó un
fuerte decrecimiento en el nivel de imposición de multas, que llegó en el año
2014 al 5.86% de las admisiones; y en el año 2015 asciende nuevamente al 15,6
de los ingresos de recursos. Este crecimiento sostenido en los ingresos de
recursos de casación, y esta evolución en el nivel de imposición de multas,
podría indicar que el efecto de la norma no fue el esperado por el legislador,
en el sentido de inhibir a los abogados de presentar demandas de casación, sino
el de presentar el recurso e insistir en su sustentación para evitar la
imposición de la multa, el de utilizar la figura del desistimiento expreso, o
el de asumir la multa como un costo procesal eventual. En ninguno de estos
escenarios la medida legislativa contribuye a la descongestión judicial (Ver
Gráfica No. 9)
Gráfica No. 9
Fuente:
Corte Suprema de Justicia. Elaboración propia.
8.2.4.3.
Por lo demás, puede advertirse que
la figura utilizada por el legislador para inducir el decrecimiento en el
ingreso de recursos no solo no contribuye eficazamente a este propósito, sino
que además, podría generar una mayor carga de trabajo en la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. De una parte, en aquellos casos en los que para
evitar la imposición de la multa el apoderado judicial presenta la demanda de
casación de recursos que no tiene mayor vocación de prosperidad, el deber de la
Sala Laboral ya no consiste en declarar desierto el recurso de casación, sino
en expedir una sentencia de casación. Y en caso de que el abogado se abstenga
de insistir en el recurso y de presentar la demanda de casación, la Sala
Laboral debe imponer la multa mediante  un acto motivado, y luego resolver los
recursos que los abogados sancionados interponen en contra de la decisión
sancionatoria, escenario en el cual el examen ya no se limita a verificar el
dato objetivo de la falta de presentación de la demanda en el plazo legal, sino
a valorar la conducta del profesional y a dosificar la sanción según las
circunstancias alegadas por los apoderados judiciales; así, los magistrados de
la sala Laboral deben entrar a revisar cuidadosa y meticulosamente los
contratos suscritos entre los apoderados judiciales y sus clientes, verificar
las fechas en que fueron conferidos los poderes judiciales, escuchar el
testimonio del cliente para verificar que éste solicitó no insistir en la
casación, e incluso valorar incapacidades médicas. La carga de la sala no
concluye allí, porque una vez confirmada la multa, el apoderado judicial puede controvertir
judicialmente la decisión, bien sea en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo o bien sea por vía de tutela, y en este contexto, la Sala debe
defender judicialmente su determinación.
8.2.4.4.
Finalmente, resulta paradójico que
la norma demandada restrinja el alcance del desistimiento tácito con el
propósito de contribuir a la descongestión judicial, cuando según el Consejo
Superior de la Judicatura, esta figura se ha convertido en una de las
herramientas fundamentales en el proceso de descongestión de la Rama Judicial.
Según se advirtió en el último informe rendido por esta entidad al Congreso de
la República, “la tendencia del nivel de inventario final es decreciente
para los ocho años analizados, lo que permite valorar el impacto de la
aplicación de las políticas de la Sala Administrativa en materia de
descongestión, modernización y tránsito del modelo escrito al oral, la
aplicación del desistimiento tácito y la perención, entre otros (…) los
inventarios han tenido un comportamiento con una tendencia marcada a la baja,
gracias a la ejecución de (…) medidas judiciales como el desistimiento tácito
impartidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso) (…) Es por lo que hace tres años, el Consejo Superior de la Judicatura
otorgó la distinción José Ignacio de Márquez a la Señora Juez Civil Municipal
de Tunja, por su trabajo (…) dedicado al desistimiento tácito en más de 3.500
expedientes, sin requerir medidas de descongestión para poner su despacho al
día”[45].
8.2.5. Por último, aunque en principio podría argumentarse
que la medida legislativa se justifica porque pretende evitar que la casación
sea utilizada para eludir, dilatar o diferir el cumplimiento de los fallos
judiciales, en perjuicio de los trabajadores, de los pensionados y de los demás
sujetos de especial protección que intervienen en los litigios laborales, la
Corte estima que el precepto demandado no puede ser justificado a la luz de
este objetivo.
En
primer lugar, aunque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
entendido que el recurso extraordinario de casación se concede en el efecto
suspensivo[46],
la multa prevista en el precepto demandado carece de la virtualidad para
garantizar el objetivo aludido. La razón de ello es que el propósito dilatorio
tiene sentido cuando se extiende a lo largo de todo el trámite del recurso,
mientras que la multa se impone cuando después de haberse interpuesto el
recurso, no se presenta la demanda dentro de los 30 días siguientes, y aquel se
declara desierto; es decir, la multa fue prevista para otro tipo de actuaciones
procesales, y el mejor de los escenarios serviría para sancionar a quienes
pretenden suspender la ejecución del fallo por 30 días, que es el plazo.
Por
lo demás, el recurso puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, de
modo que si el objetivo de la norma es la protección de los trabajadores y
pensionados, la multa únicamente debería estar prevista cuando el recurso es
interpuesto por la contra-parte de los referidos sujetos procesales.
8.3.
En un escenario como el anterior,
puede advertirse que la previsión normativa demandada no solo genera una
incertidumbre jurídica sobre su naturaleza, contenida y alcance, incertidumbre
que hasta el momento no ha podido ser superada, sino que además, provoca una
restricción desproporcionada en los derechos a la igualdad, en el acceso a la
justicia y al debido proceso, sin que por otro lado esta limitación pueda
ampararse en la contribución de la medida a la descongestión judicial.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia y en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de la expresión “y se impondrá al apoderado
judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos” contenida en el artículo 49
de la Ley 1395 de 2010.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO No. 1
FICHA TÉCNICA DE LAS ESTADÍSTICAS DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
Descripción
Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia
Fuente de la Información
Sistema de Información Estadístico de la Rama
Judicial -SIERJU-
Nivel de desagregación
Por sala y tipo de proceso
Nota
A partir del año 2012, se presenta información de
los ingresos y egresos efectivos.
Periodo
Año 2008 a 2015 y de Enero a Junio de 2016
Fecha de Corte de la Información
Año 2008: 10 de Marzo de 2010
Año 2009: 10 de Marzo de 2010
Año 2010: 17 de Febrero de 2011
Año 2011: 30 de Enero de 2012
Año 2012: 6 de Febrero de 2013
Año 2013: 29 de Enero de 2014
Año 2014: 26 de Enero de 2015
Año 2015: 3 de Agostode 2016
Enero a Junio de 2016: 3 de Agosto de 2016
Destinatario
Doctor Manuel Felipe Rodríguez Duarte.
Radicado
Correo electrónico
ANEXO No. 2
Año 2008
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS
EGRESOS
INVENTARIO FINAL
2008
Civil
Casación
244
234
153
Colisión de Competencia
402
403
18
De responsabilidad contra funcionarios
5
5
1
Exequátur
81
61
55
Otros asuntos
71
72
2
Recurso de queja
27
26
5
Revisión
55
65
34
Tutelas - 1a. Instancia
1.822
1.829
32
Tutelas - 2a Instancia
3.486
3.504
140
Total Civil
6.193
6.199
440
2008
Laboral
Casación
3.285
2.524
3.797
Colisión de Competencia
282
278
5
Otros asuntos
9
4
6
Recurso de queja
69
58
17
Recursos de anulación
11
14
2
Revisión
24
19
8
Tutelas - 1a. Instancia
1.088
1.042
77
Tutelas - 2a Instancia
1.489
1.505
94
Total Laboral
6.257
5.444
4.006
2008
Penal
Apelación o impugnación
75
70
23
Cambios de radicación
44
44
0
Casación - Excepcional
21
43
0
Casación - Ordinaria
1.085
1.290
256
Colisión de Competencia
457
463
6
Concepto de Extradición
191
204
63
Juzgamiento funcionarios
170
101
179
Otros asuntos
225
221
6
Recurso de queja
7
6
1
Revisión
111
105
50
Tutelas - 1a. Instancia
2.519
2.498
68
Tutelas - 2a Instancia
2.597
2.552
142
Total Penal
7.502
7.597
794
Total general
19.952
19.240
5.240
19.952
19.240
ANEXO No. 3
Año 2009
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESO
EGRESOS
INVENTARIO FINAL
2009
Civil
Casación
201
191
102
Colisión de Competencia
98
105
5
Contenciosos contra Agentes Diplomáticos
2
2
0
De responsabilidad contra funcionarios
3
4
0
Exequátur
62
74
27
Otros asuntos
62
62
2
Recurso de queja
17
18
3
Revisión
54
45
34
Tutelas - 1a. Instancia
1.361
1.365
21
Tutelas - 2a Instancia
2.712
2.730
69
Total Civil
4.572
4.596
263
2009
Laboral
Casación
5.032
2.883
5.993
Colisión de Competencia
73
27
51
Otros asuntos
65
62
10
Recurso de queja
95
74
32
Recursos de anulación
11
10
4
Revisión
25
14
20
Tutelas - 1a. Instancia
1.600
1.342
330
Tutelas - 2a Instancia
2.036
1.836
289
Total Laboral
8.937
6.248
6.729
2009
Penal
Apelación o impugnación
96
80
39
Cambios de radicación
100
95
5
Casación - Excepcional
24
26
1
Casación - Ordinaria
1.235
1.102
449
Colisión de Competencia
174
161
15
Concepto de Extradición
169
164
63
Exequátur
2
1
1
Juzgamiento funcionarios
156
87
192
Otros asuntos
221
204
19
Recurso de queja
5
5
1
Revisión
136
114
68
Tutelas - 1a. Instancia
2.495
2.490
66
Tutelas - 2a Instancia
3.169
3.121
183
Total Penal
7.982
7.650
1.102
Total general
21.491
18.494
8.094
ANEXO No. 4
Año 2010
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS
EGRESOS
INVENTARIO FINAL
2010
Civil
Casación
254
251
182
Colisión de Competencia
121
101
31
Contenciosos
1
1
2
Exequátur
113
103
57
Otros asuntos
55
48
11
Procesos contra funcionarios
16
5
22
Recurso de queja
23
27
5
Revisión
92
85
60
Tutelas - 1a. Instancia
1.892
1.855
74
Tutelas - 2a Instancia
4.045
3.956
231
Total Civil
6.612
6.432
675
2010
Laboral
Casación
5.694
3.329
7.705
Colisión de Competencia
104
76
79
Otros asuntos
78
66
21
Recurso de queja
88
72
48
Recursos de anulación
12
12
3
Revisión
20
31
9
Tutelas - 1a. Instancia
1.256
1.145
247
Tutelas - 2a Instancia
2.009
1.738
442
Total Laboral
9.261
6.469
8.554
2010
Penal
Apelación o impugnación
114
109
43
Cambios de radicación
57
59
0
Casación - Excepcional
21
24
2
Casación - Ordinaria
1.191
1.096
583
Colisión de Competencia
190
184
20
Concepto de Extradicción
176
176
58
Contenciosos
2
1
1
Exequátur
0
1
0
Juzgamiento funcionarios
234
124
284
Otros asuntos
179
182
17
Recurso de queja
13
14
1
Revisión
187
171
90
Tutelas - 1a. Instancia
2.352
2.361
51
Tutelas - 2a Instancia
3.896
3.857
205
Total Penal
8.612
8.359
1.355
Total general
24.485
21.260
10.584
ANEXO No. 5
Año 2011
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS
EGRESOS
INVENTARIO FINAL
2011
Civil
Casación
224
223
163
Colisión de Competencia
91
104
17
Contenciosos
0
1
2
Contenciosos contra Agentes Diplomáticos
2
2
0
Exequátur
54
55
47
Otros asuntos
35
33
5
Procesos contra funcionarios
0
22
0
Recurso de queja
28
30
3
Revisión
47
58
40
Tutelas - 1a. Instancia
1.214
1.233
55
Tutelas - 2a Instancia
2.354
2.398
171
Total Civil
4.049
4.159
503
2011
Laboral
Casación
3.163
2.507
9.019
Colisión de Competencia
94
79
60
Contenciosos
1
1
0
Otros asuntos
51
41
32
Procesos contra funcionarios
15
8
30
Recurso de queja
69
49
79
Recursos de anulación
15
12
7
Revisión
30
13
27
Tutelas - 1a. Instancia
1.144
1.246
87
Tutelas - 2a Instancia
1.980
2.212
150
Total Laboral
6.562
6.168
9.491
2011
Penal
Apelación o impugnación
116
113
53
Cambios de radicación
56
54
1
Casación - Excepcional
16
15
6
Casación - Ordinaria
1.346
1.239
781
Colisión de Competencia
162
170
6
Concepto de Extradicción
201
160
99
Contenciosos
0
1
1
Exequátur
1
0
1
Juzgamiento funcionarios
212
148
300
Otros asuntos
155
164
5
Procesos contra funcionarios
1
0
1
Recurso de queja
4
4
1
Revisión
174
128
136
Tutelas - 1a. Instancia
2.000
1.996
55
Tutelas - 2a Instancia
3.664
3.586
279
Total Penal
8.108
7.778
1.725
Total general
18.719
18.105
11.719
ANEXO 6
Año 2012
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS EFECTIVOS
EGRESOS EFECTIVOS
INVENTARIO FINAL
2012
Civil
Casación
294
123
229
Colisión de Competencia
239
212
58
Contenciosos
1
1
0
Exequátur
74
20
29
Otros asuntos
44
42
2
Recurso de queja
43
35
12
Revisión
84
30
59
Tutelas - 1a. Instancia
1.948
1.618
23
Tutelas - 2a Instancia
3.815
3.942
51
Total Civil
6.542
6.023
463
2012
Laboral
Casación
5.161
1.750
11.916
Colisión de Competencia
56
91
24
Otros asuntos
166
158
43
Procesos contra funcionarios
0
26
0
Recurso de queja
97
116
63
Recursos de anulación
15
12
10
Revisión
24
6
26
Tutelas - 1a. Instancia
1.722
1.559
252
Tutelas - 2a Instancia
2.654
2.521
270
Total Laboral
9.895
6.239
12.604
2012
Penal
Apelación o impugnación
204
158
93
Cambios de radicación
45
46
0
Casación - Excepcional
10
5
3
Casación - Ordinaria
1.336
298
753
Colisión de Competencia
143
146
1
Concepto de Extradicción
216
223
95
Contenciosos
4
4
1
Exequátur
0
1
0
Juzgamiento funcionarios
157
126
277
Otros asuntos
170
175
0
Procesos contra funcionarios
59
2
58
Recurso de queja
6
5
2
Revisión
193
48
125
Tutelas - 1a. Instancia
2.401
2.015
48
Tutelas - 2a Instancia
4.297
4.313
141
Total Penal
9.241
7.565
1.597
Total general
25.678
19.827
14.664
ANEXO No. 7
Año 2013
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS EFECTIVOS
EGRESOS EFECTIVOS
INVENTARIO FINAL
2012
Civil
Casación
294
123
229
Colisión de Competencia
239
212
58
Contenciosos
1
1
0
Exequátur
74
20
29
Otros asuntos
44
42
2
Recurso de queja
43
35
12
Revisión
84
30
59
Tutelas - 1a. Instancia
1.948
1.618
23
Tutelas - 2a Instancia
3.815
3.942
51
Total Civil
6.542
6.023
463
2012
Laboral
Casación
5.161
1.750
11.916
Colisión de Competencia
56
91
24
Otros asuntos
166
158
43
Procesos contra funcionarios
0
26
0
Recurso de queja
97
116
63
Recursos de anulación
15
12
10
Revisión
24
6
26
Tutelas - 1a. Instancia
1.722
1.559
252
Tutelas - 2a Instancia
2.654
2.521
270
Total Laboral
9.895
6.239
12.604
2012
Penal
Apelación o impugnación
204
158
93
Cambios de radicación
45
46
0
Casación - Excepcional
10
5
3
Casación - Ordinaria
1.336
298
753
Colisión de Competencia
143
146
1
Concepto de Extradicción
216
223
95
Contenciosos
4
4
1
Exequátur
0
1
0
Juzgamiento funcionarios
157
126
277
Otros asuntos
170
175
0
Procesos contra funcionarios
59
2
58
Recurso de queja
6
5
2
Revisión
193
48
125
Tutelas - 1a. Instancia
2.401
2.015
48
Tutelas - 2a Instancia
4.297
4.313
141
Total Penal
9.241
7.565
1.597
Total general
25.678
19.827
14.664
ANEXO 8
Año 2014
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS EFECTIVOS
EGRESOS EFECTIVOS
INVENTARIO FINAL
2014
Civil
Casación
464
214
427
Especiales - Conflicto de competencia
234
232
32
Exequátur
143
52
62
Otros asuntos
182
173
9
Proceso contra funcionarios
1
0
0
Procesos contenciosos contra agentes
diplomáticos
224
220
0
Recursos de queja
55
58
10
Revisión
109
57
55
Tutelas - 1a. Instancia
2.471
2.064
24
Tutelas - 2a. Instancia
5.170
5.224
65
Total Civil
9.053
8.294
684
2014
Laboral
Casación
4.962
1.083
15.382
Consultas incidentes de desacato
46
41
6
Especiales - Conflicto de competencia
106
75
54
Hábeas Corpus
63
63
0
Ordinario de única instancia
13
7
8
Otros asuntos
5
13
24
Proceso contra funcionarios
7
7
68
Procesos contenciosos administrativos -
Otros procesos
0
2
0
Recurso de apelación
8
4
2
Recursos de anulación
34
2
39
Recursos de queja
88
75
87
Revisión
21
1
24
Tutelas - 1a. Instancia
1.447
1.354
138
Tutelas - 2a. Instancia
2.165
2.009
305
Total Laboral
8.965
4.736
16.137
2014
Penal
Apelación o impugnación
172
148
111
Cambios de radicación
49
49
0
Casación - Excepcional
8
1
5
Casación - Ordinaria
868
213
850
Concepto de extradicción
156
183
75
Especiales - Conflicto de competencia
190
193
3
Otros asuntos
192
186
10
Proceso contra funcionarios
152
98
299
Procesos contenciosos administrativos -
Otros procesos
0
0
2
Recursos de queja
10
8
2
Revisión
236
70
160
Tutelas - 1a. Instancia
1.731
1.470
59
Tutelas - 2a. Instancia
3.418
3.380
191
Total Penal
7.182
5.999
1.767
ANEXO 9
Año 2015
AÑO
SALA
TIPO DE PROCESO
INGRESOS EFECTIVOS
EGRESOS EFECTIVOS
INVENTARIO FINAL
2015
Civil
Casación
343
184
376
De responsabilidad contra funcionarios
0
2
0
Especiales - Conflicto de competencia
415
307
125
Exequátur
108
65
40
Otros asuntos
160
158
6
Proceso contra funcionarios
134
16
51
Procesos contenciosos administrativos -
Otros procesos
1
0
1
Recursos de queja
44
34
14
Revisión
75
38
42
Tutelas - 1a. Instancia
1.936
1.620
35
Tutelas - 2a. Instancia
4.797
4.613
198
Total Civil
8.013
7.037
888
2015
Laboral
Casación
3.531
1.467
16.712
Consultas incidentes de desacato
115
106
19
Especiales - Conflicto de competencia
144
115
70
Hábeas Corpus
76
81
1
Impedimentos y recusaciones
9
0
9
Ordinario de única instancia
9
2
17
Otros asuntos
4
0
30
Procesos contenciosos administrativos -
Otros procesos
2
0
2
Recurso de apelación
10
3
14
Recursos de anulación
33
22
48
Recursos de queja
104
56
94
Revisión
18
5
19
Tutelas - 1a. Instancia
1.597
1.419
153
Tutelas - 2a. Instancia
3.460
3.347
215
Total Laboral
9.112
6.623
17.403
2015
Penal
Apelación o impugnación
272
153
153
Cambios de radicación
50
49
1
Casación - Excepcional
0
1
0
Casación - Ordinaria
1.616
375
649
Concepto de extradición
231
185
76
Especiales - Conflicto de competencia
198
185
5
Otros asuntos
262
258
9
Proceso contra funcionarios
420
146
354
Procesos contenciosos administrativos -
Otros procesos
3
0
3
Recursos de queja
18
16
3
Revisión
357
124
110
Tutelas - 1a. Instancia
2.222
1.908
81
Tutelas - 2a. Instancia
4.286
4.044
237
Total Penal
9.935
7.444
1.681
Total general
27.060
21.104
19.972
ANEXO 10
GRAFICAS
(ELABORACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA)
[1]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[2]  Como pretensión principal.
[3]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[4]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[5]  Como pretensión subsidiaria.
[6]  A través del académico Germán Valdés Sánchez.
[7]  A través de Jorge Eliécer Manrique (Director del Departamento
de Derecho Laboral) y de Jorge Mario Benitez Pinedo (docente del Departamento
de Derecho Laboral).
[8]  A través del profesor Reinaldo Valderrama Mesa.
[9]  A través de Carlos David Vergara, Juan Camilo Hoyos y Felipe
Otálora.
[10]  A través del Secretario General Lulis Humberto Ayala Torres.
[11]  Argumento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[12]  Tesis de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[13]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[14]  Planteamiento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[15]  M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[16]  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[18]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[19]  M.P. Juan Carlos Henao.
[20]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[21]  Decisión del 22 de enero de 2013, rad. 49327, M.P. Rigoberto
Echeverry.
[22]  Decisión del 2 de mayo de 2012, rad. 53200, M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve.
[23]  Decisión del 22 de enero de 2013, rad. 52517, M.P. Rigoberto
Echeverry Bueno.
[24]  Decisión de 11 de febrero de 2015, rad. 66769, M.P. Luis
Gabriel Miranda Buelvas.
[25]  Decisión del 18 de septiembre de 2012, rad. 55426, M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve.
[26]  Decisión del 18 de septiembre de 2012, rad. 55426, M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve.
[27]  Rad. 66659, M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.
[28]  Al respecto cfr. las siguientes decisiones: (i)
Decisión del 22 de enero de 2013, rad. 49327, M.P. Rigoberto Echeverry; (ii)
decisión del 2 de mayo de 2012, rad. 53200, M.P. Carlos Ernesto Molina
Monsalve; (iii) decisión del 11 de febrero de 2015, rad. 66769, M.P. Luis
Gabriel Miranda Buelvas; (iv) decisión del 18 de septiembre de 2012, rad.
55426, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[29]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[30]  Sobre el panorama de la congestión judicial en el país, cfr.
el informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la
República, año 2015.
[31]  Dato tomado para el año 2015.
[32]  Información obtenida del Informe de Ponencia par primera debate
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley
Estatutaria nro. 187 de 2014 Cámara – 78 de 2014 Senado, “por la cual se
modifican los artículos 15 y16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia”.
[33]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso
Nacional por el año 2015, p. 129.
[34]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso
Nacional por el año 2015, pp. 159-160.
[35]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso
Nacional por el año 2015, p. 149.
[36]  La Ley 1149 de 2007 de 2007, “por la cual se reforma el
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la
oralidad en sus procesos”,
[37]  Ley 1285 de 2009, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia.”.
[38] Informe al Congreso de la República presentado por el Consejo
Superior de la Judicatura para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Documentos disponibles en: https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/informe-al-congreso-de-la-republica.
Último acceso: 17 de agosto de 2016.
[39] Según el Consejo Superior de la Judicatura, el
crecimiento en los egresos de procesos entre el año 2008 y el año 2015, fue de
un 57%, al pasar de 132.956 a 208.979 en este período de tiempo. Datos tomados
del Informe al Congreso de la Repúblico por el Consejo Superior de la
Judicatura para el año 2015, p. 160.
[40]  Informe al Congreso de la República presentado por el Consejo
Superior de la Judicatura para el año 2015, pp. 193-210.
[41]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42]  Gaceta del Congreso Nro. 446 del 1 de septiembre de 2014.
[43]  Gaceta del Congreso Nro. 446 del 1 de septiembre de 2014.
[44]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[45]  Consejo Superior de la Judicatura,
Informe al Congreso de la República año 2015. Documento disponible en: www.camara.gov.co/portal2011/gestor.../13578-com-i-informe-csj-2015. Último acceso: 15 de agosto de 2016.
[46]  Auto del 3 de mayo de 2011, rad. 46718, M.P. Carlos Ernesto
Molina Monsalve.