T-627-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-627/12
DERECHO A LA
INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
En virtud de este derecho los
receptores pueden exigir, además, cierta “calidad” en la información recibida.
Concretamente, están habilitados para exigir que sea veraz e imparcial como
explícitamente lo prescribe el artículo 20 de la Carta de 1991 y,
adicionalmente, que quien difunda información la diferencie “claramente de las
opiniones”.
DERECHO A LA
INFORMACION-Protección constitucional
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Tiene limitaciones mayores a
las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del común
Las declaraciones de altos funcionarios públicos -de nivel nacional,
local o departamental- sobre asuntos de interés general no entran en el ámbito
de su derecho a la libertad de expresión u opinión sino que se constituyen en
una forma de ejercer sus funciones a través de la comunicación con la
ciudadanía.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Jurisprudencia constitucional
Los límites del poder-deber de comunicación de los altos funcionarios
públicos con la ciudadanía son (i) la veracidad e imparcialidad cuando
transmitan información, (ii) la mínima justificación fáctica y la razonabilidad
de sus opiniones y, en todo caso, (iii) el respeto de los derechos
fundamentales, especialmente de los sujetos de especial protección
constitucional.
DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES-Reconocimiento
Tanto hombres como mujeres son
titulares de estos derechos, sin embargo es innegable la particular importancia
que tiene para las mujeres la vigencia de los mismos ya que la determinación de
procrear o abstenerse de hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida
pues es en sus cuerpos en donde tiene lugar la gestación. Los derechos
reproductivos están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna
(artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de
la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud
(artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros.
DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Derecho a la autonomía reproductiva
La autodeterminación
reproductiva reconoce, respeta y garantiza la facultad de las personas de
decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué
frecuencia.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA IVE COMO DERECHO REPRODUCTIVO-Obligaciones correlativas en
cabeza del Estado y particulares que participan del Sistema General de
Seguridad Social en Salud/DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES-Derecho
fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho
reproductivo
Acceso a los servicios de
interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, oportuna y con calidad en
aquellos casos en que no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de
2006.
DERECHO A LA
INFORMACION EN MATERIA REPRODUCTIVA-Reconocimiento constitucional y bloque
de constitucionalidad
Los Estados están obligados a
“abstenerse de censurar, administrativa o judicialmente información en materia
reproductiva que vaya acorde con la legislación vigente sobre la materia. Ello
exige de los Estados que las políticas públicas y programas respecto de salud
sexual y reproductiva se basen en evidencia científica que proporcione certeza.
ANTICONCEPCION
ORAL DE EMERGENCIA-Naturaleza
La anticoncepción oral de
emergencia (i) no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo, (ii) su uso no
está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto, (iii) las mujeres
que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no
incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y (iv) hace parte de los
servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente
elegir.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD DE OPINION-Abuso o extralimitación
Se concluye que la posición
oficial de la PGN se basa en un supuesto falso, pues no es cierto que en el
ordenamiento jurídico colombiano la AOE sea abortiva. Tanto la OMS como el
Consejo de Estado, al menos desde 2005 y 2008 respectivamente, han establecido
su naturaleza de anticonceptivo. Por tanto, tampoco es cierto que su uso esté
restringido a las hipótesis despenalizadas en la sentencia C-355 de 2006 y que
las mujeres que la usen fuera de esas causales cometen un delito.
DERECHO A LA
VIDA DEL NASCITURUS-Protección
En la sentencia C-355 de 2006
esta Corte determinó que “el derecho a la vida solo se reconoce desde el
nacimiento”. En esta sentencia la Corte (i) distinguió claramente entre “la
vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un
derecho subjetivo de carácter fundamental” y (ii) explicó que “el derecho a la
vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de
todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la
protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado
esta condición”. En este orden se ideas, no existe en Colombia un derecho a la
vida del nasciturus, del no nacido o del niño por nacer, aunque son objeto de
protección constitucional en virtud del bien de la vida.
DERECHO A LA
SALUD-Inclusión del medicamento misoprostol en el POS
La suspensión indefinida de la
decisión de incluir el misoprostol en el POS, como consecuencia directa del
inadecuado ejercicio de funciones por parte de las Procuradoras Delegadas
demandadas, vulneró el derecho al acceso a los servicios de salud reproductiva
de las peticionarias –y de las demás mujeres colombianas. Ni las
accionantes ni las demás mujeres en Colombia tienen acceso a ella como parte de
los servicios básicos en salud.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS FRENTE AL DERECHO A LA
INFORMACION EN MATERIA REPRODUCTIVA-Caso en que funcionarios de la
Procuraduría emitieron comunicaciones con base en información errada y
desactualizada respecto a medicamentos para la IVE
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS FRENTE AL DERECHO A LA
INFORMACION EN MATERIA REPRODUCTIVA-Orden al Procurador rectificar
comunicados de prensa, modificar la posición oficial de la Procuraduría
respecto a los anticonceptivos de emergencia
Referencia:
expediente T-3.331.859
Acción de
tutela instaurada por Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra
del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y otras.
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil doce (2012)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Luis Ernesto Vargas Silva y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en primera y segunda
instancia respectivamente, en la acción de tutela impetrada por Mónica del
Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de
los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos
Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia
Carreño Gómez.
I. ANTECEDENTES
El veintiuno (21) de septiembre
de dos mil once (2011) la ciudadana Mónica del Pilar Roa López y otras 1279
mujeres[1] interpusieron acción de
tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la información,
a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la
educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos
reproductivos, los cuales en su opinión han sido y continúan siendo vulnerados y
amenazados por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,
la Procuradora Delegada para la Defensa de  los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora
Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez[2].
De acuerdo con el escrito de
tutela y las pruebas obrantes en el expediente, las accionantes sustentan sus
pretensiones en los siguientes
Hechos y argumentos jurídicos
1.- Las peticionarias sostienen
que desde el 2009 y hasta el 2011, año en el cual fue instaurada la acción de
tutela de la referencia, el Procurador General de la Nación y sus dos Procuradoras
Delegadas demandadas han “emitido de manera continua y sistemática una serie
de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada,
relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas”[3].
Agregan que esa información “falsa y tergiversada” genera “confusión
y desinformación generalizada”[4]. Indican siete asuntos
en los cuales, a su juicio, se incurrió en la conducta descrita.
(i)
Sostienen que el Procurador General tergiversó la orden de la Corte
Constitucional de implementar campañas masivas de derechos sexuales y
reproductivos contenida en la sentencia T-388 de 2009 pues “el 21 de octubre
de 2009 emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que la Corte
Constitucional había ordenado implementar campañas masivas de promoción del
aborto”, cuando en realidad dicha orden se refería a “educación sexual,
los anticonceptivos, la violencia sexual, la anticoncepción de emergencia, el
VIH-SIDA, las infecciones de transmisión sexual, así como al aborto en los
casos señalados en la sentencia C-355”[5].
En este
comunicado el funcionario explicó las razones por las cuales promovería un
incidente de nulidad contra la sentencia de tutela referida, entre las cuales
estaba una consiste en que “la orden (…) para diseñar y poner en movimiento
campañas masivas de promoción del aborto como derecho, supera los lineamientos
jurisprudenciales de la misma Corte en su sentencia C-355 de 2006, cuando
mantuvo al aborto su carácter de delito con tres excepciones sin conferirle la
naturaleza de derecho”[6].
(ii)
Relatan las accionantes que el 10 de noviembre de 2009, la Procuradora
Delegada Ilva Miriam Hoyos Castañeda declaró a Caracol Radio que “las órdenes
contenidas en la sentencia T-388 de 2009, eran inaplicables hasta tanto no se
decidiera la solicitud de nulidad presentada por la misma Procuraduría”[7].
En tales declaraciones expresó que “el gobierno no puede emitir ningún
tipo de reglamentación para aplicar la cátedra del aborto en colegios, ya que
la tutela que lo ordenó no está en firme (…) las sentencias de la Corte
Constitucional obligan, pero solo cuando están ejecutoriadas, y en este momento
se ha presentado una nulidad en defensa de la legalidad”[8].
Esta misma posición había sido sostenida por la Procuradora Delegada en el
programa de televisión “Veredicto” emitido por Canal Capital el 8 de noviembre
del mismo año.
A raíz de lo anterior,
el 12 de noviembre de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional tuvo
que aclarar al diario El Espectador que “se trata de una sentencia que, como
tal, debe ser acatada en su totalidad, pese a los recursos que hayan sido
presentados para que se revierta su contenido esencial”[9].
(iii)
Informan las peticionarias que, de acuerdo al boletín de noticias 685
del 7 de diciembre de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, el 27 de
octubre de ese año esta entidad rindió concepto dentro de la acción popular
presentada por la Corporación Foro Ciudadano en contra del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en la que se pretende
cancelar los registros sanitarios de los medicamentos cuyo principio activo es
Levonorgestrel, es decir, anticonceptivos orales de emergencia. Allí se sostuvo
que estos medicamentos “son abortivos y por lo tanto violan el derecho a la
vida del que está por nacer, y por ello deben ser retirados del mercado”.
Señaló el
concepto que “varios estudios científicos han permitido concluir que en
efecto Levonorgestrel ofrece tres etapas o mecanismos para evitar que una
relación sexual cause un  nuevo nacimiento, dentro de los cuales está:
1.
Impedir o retrasar la ovulación.
2.
Impedir la fecundación.
3.
Impedir que el óvulo fecundado se anide o implante en el útero.
En esta etapa o mecanismo de acción el Levonorgestrel actúa como método
abortivo, pues impide que se anide el óvulo en la pared del endometrio,
produciendo la muerte del óvulo fecundado o nasciturus.
Lo que
constituye (…) una clara violación al derecho a la vida dado que con la
fecundación comienza una nueva vida humana. El óvulo fecundado es el ser humano
en su estado más indefenso. En la fecundación o concepción se determina todo su
aspecto físico: su sexo, el color de la piel y de los ojos, si se parecerá a su
papá o a su mamá. El óvulo fecundado puede pasar hasta siete (7) días en las
trompas de Falopio para luego llegar al útero.
De acuerdo
con nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la vida empieza desde el momento
mismo en que se presenta la concepción, es decir cuando el óvulo es fecundado
por el espermatozoide. Tiene una protección supraconstitucional y legal dado
que se trata de un ser humano en su más incipiente estado, que busca
implantarse o anidarse en la pared del endometrio de la madre, acción que es
interrumpida por los efectos  del Levonorgestrel” [10].
Comentan las
actoras que posteriormente, “el 7 de diciembre de 2009, con ocasión de una
propuesta de un candidato presidencial de distribuir gratuitamente píldoras de
anticoncepción de emergencia, el Procurador General de la Nación declaró que
éstas eran abortivas” al diario El Espectador[11].
Específicamente indicó que “dentro del ordenamiento jurídico actual el uso
de la llamada píldora del día después sigue estando limitada por los tres casos
de cese inducido del embarazo despenalizados por la Corte, debido a su supuesta
naturaleza abortiva (…) Hay que ver claramente, cómo en nuestro ordenamiento
jurídico el aborto, y la píldora del día después es abortiva, es considerado,
salvo en excepciones señaladas por la Corte Constitucional. Entonces esa
propuesta, al tener esa naturaleza abortiva, tendría esas consecuencias. Al
margen de las condiciones en las que se acuda a este producto, añadió que todas
la mujeres que hacen uso de la píldora,  terminan ejerciendo una práctica
abortiva” [12].
A juicio de
las accionantes, en esas dos ocasiones se faltó a la verdad ya que de acuerdo
con nota descriptiva número 244 de octubre de 2005 de la Organización Mundial
de la Salud sobre “Levonorgestrel para anticoncepción de emergencia”, “se ha
demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen
levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable
sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de
progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son
eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán
un aborto”[13].
Indican que
este mismo argumento fue acogido por “el Consejo de Estado-Sección Primera,
en sentencia de 5 de junio de 2008, al resolver una demanda en contra del
INVIMA para obtener la nulidad del registro sanitario otorgado a la marca
Postinor 2, una de las marcas con que se comercializa la píldora de
anticoncepción oral de emergencia” en la cual “declaró que esta última
no era abortiva, para lo cual se apoyó entre otros conceptos científicos, en el
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia”[14].
En la citada
sentencia se concluyó que “los elementos de juicio que obran en el plenario
y la información autorizada que se tiene sobre el estado del conocimiento sobre
la materia, especialmente el concepto del Instituto Colombiano de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en el sentido de que el LEVONORGESTREL no causa
ningún daño directo al embrión humano, avalan los fundamentos fácticos de la
resolución acusada, en especial sobre el carácter anticonceptivo del POSTINOR 2,
que de paso descartan la calidad de abortivo que le atribuye el actor; de lo
cual, por lo demás, éste no aporta prueba o información científica proveniente
de fuente con autoridad sobre la materia, e incluso la prueba de esa índole que
él solicitó se contrapone o desvirtúa ese carácter abortivo que aduce en la
demanda; luego no aparece demostrado que vulnere el derecho a la vida, o lo que
es igual, que viole las normas invocadas en la demanda”.
(iv)
Las peticionarias señalan que la Corte Constitucional, mediante
sentencia T-388 de 2009, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud “adoptar
las medidas indispensables con el fin de que las EPS e IPS -independientemente
de si son públicas o privadas, laicas o confesionales- cuenten con las
personas profesionales de la medicina y el personal idóneo y suficiente para
atender el servicio de interrupción voluntaria del embarazo bajo los supuestos
previstos en la sentencia C-355 de 2006”. Para cumplir esta orden, la entidad expidió la Circular Externa 058 de 2009.
El 2 de marzo de 2010 el Superintendente Nacional de Salud recibió una
carta de la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda. En esta le hizo “importantes
aclaraciones con respecto a la jurisprudencia y a la normatividad referida en
la circular Externa 058 de 2009” y lo invitó a “ajustar su contenido a la
Constitución y la ley”. Concretamente indicó que la sentencia C-355 de 2006
“no reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” y
que “no existe ni en la Constitución ni en la ley el mal llamado derecho al
aborto al que hace referencia la circular en cuestión, por lo que no puede
simplemente deducirse que la Superintendencia (…) se encuentre en la obligación
(…) de promover el goce e impedir las barreras que impidan el acceso al llamado
derecho al aborto”[15].
Las actoras argumentan
que lo antedicho no es cierto pues “en la sentencia T-585 de 2010 la Corte
Constitucional indicó que resulta innegable que, a partir de la sentencia C-355
de 2006, surgió en Colombia un verdadero derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo en cabeza de las mujeres que se encuentran incursas en las tres
hipótesis despenalizadas” [16].
(v)
Las accionantes indican que “en las sentencias C-355 de 2006, T-209
de 2008 y T-388 de 2009 se han establecido reglas claras sobre el ejercicio de
la objeción de conciencia en casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo [IVE],
que protegen tanto al objetor como a la mujer solicitante del procedimiento”. Así,
dicen, la objeción de conciencia a la IVE está permitida bajo ciertos límites y
en particular se ha excluido la posibilidad de objeción de conciencia
institucional.
Mencionan que
“en Auto 327 de 2010, la Corte Constitucional advirtió a la Procuraduría que
debe cumplir estrictamente con la jurisprudencia constitucional sobre objeción
de conciencia relacionada con la práctica de la IVE”[17].
Lo anterior porque el Ministerio Público en su informe de vigilancia a la
sentencia C-355 de 2006 se refirió al respeto de “los derechos fundamentales
de (…) instituciones que puedan verse involucradas en la práctica del
procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y especialmente del
derecho a la objeción de conciencia”[18].
Las
peticionarias señalan que, a pesar de ello, el Procurador General emitió dos
circulares que contradicen lo anterior al entender que la objeción de
conciencia no tiene restricción alguna y, sobre todo, que la objeción de
conciencia institucional está permitida[19]. La primera de ellas es la
Circular 029 del 13 de mayo de 2010 “dirigida a todos los funcionarios y
funcionarias de la Procuraduría General de la Nación que ejercen funciones
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia C­355 de 2006. En esta
circular se indicó que debido a la suspensión del Decreto 4444 de 2006 y
mientras el Consejo de Estado no resuelva de fondo la demanda instaurada en
contra de éste ninguna autoridad judicial o administrativa puede restringir la
objeción de conciencia”[20].
La segunda es la
Circular 021 del 27 de julio de 2011 “dirigida a los funcionarios del
Ministerio Público, de los Ministerios de Educación y de Protección Social, así
como de la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercieran funciones en
relación con las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y
reproductivos ordenadas en la sentencia T -388 de 2009, [en la que] el
Procurador General de la Nación solicitó: vigilar que (…) se respeten los
derechos de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas en
su práctica, especialmente el derecho fundamental a la libertad de conciencia,
el cual supone (…) la libertad para objetar conciencia”[21].
(vi)
Manifiestan las peticionarias que la sentencia C-355 de 2006 determinó
que “si bien el fenómeno de la vida humana comienza en la concepción, el
derecho a la vida sólo se reconoce desde el nacimiento”[22].
También explican que tanto el Comité de los Derechos del Niño[23]
-en 2006- como el Comité de Derechos Humanos[24] -en 2010- felicitaron a
Colombia por la despenalización parcial del aborto e incluso este último “llamó
la atención por la oposición del Procurador a su cumplimiento”[25].
No obstante,
señalan, “el 25 de marzo de 2011 el Procurador General de la Nación emitió
un comunicado, en el que señala que el derecho internacional de los derechos
humanos prohíbe el aborto y protege el derecho a la vida de forma absoluta y
desde la concepción”[26].
Tal comunicado
se dio con ocasión del llamado “Día Internacional de la Vida” o “Día
Internacional del Niño y la Niña por Nacer”. Se dirigió “a todos los
ciudadanos, las instituciones, las autoridades y los servidores públicos que
directa e indirectamente realizan labores en favor de los derechos y la
protección de los niños y las niñas por nacer”. Después de citar sólo un
aparte del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos –el
derecho a la vida debe estar protegido por la ley “a partir del momento de
la concepción”-, manifestó el Procurador General que “hoy, mas que
nunca, la ciencia nos enseña que incontestablemente la vida humana comienza
desde el primer momento de la concepción (…) y tanto la razón moral, como los
diferentes instrumentos internacionales, la Constitución y las leyes
nacionales, reconocen su importancia irremplazable y ofrecen múltiples
mecanismos para su defensa y protección”. En consecuencia expresó que “debo
recordar, invitar y exhortar a todas las autoridades y a todos los servidores
públicos (…) que, en desarrollo de su función pública, se encuentran con las
múltiples amenazas y agresiones que en nuestro país, desafortunadamente, se
adelantan contra ella; que reconozcan en la vida humana un bien
constitucionalmente protegido y un derecho fundamental del que gozan todos los
seres humanos desde el primer momento de la existencia”. Finalmente dijo: “deseo
reconocer e invitar a reconocer, amparar y promover el derecho a la vida de
todos los niños y niñas por nacer”[27].
Para reforzar
su argumentación, las actoras explican que “el 13 de julio de 2011, la
Relatora Especial para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos declaró que la Convención Americana se refiere a
preservar en general el derecho a la vida desde la concepción y aclaró que este
enunciado no es contrario al aborto legal”[28].
Arguyen que,
aun así, “el 27 de julio de 2011, en la Circular 021, dirigida a los
funcionarios del Ministerio Público, de los Ministerios de Educación y de
Protección Social, así como de la Superintendencia Nacional de Salud, que
ejercieran funciones en relación con las campañas masivas de promoción de los
derechos sexuales y reproductivos ordenadas en la sentencia T-388 de 2009, el
Procurador General solicitó: a los servidores públicos de la Procuraduría
General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, su mayor compromiso y disposición
en la defensa y en la protección tanto de los derechos fundamentales de las mujeres
gestantes como del derecho a la vida del no nacido”[29].
(vii)
Señalan las peticionarias que “en el Acta 20 de 2007 el INVIMA
determinó que el misoprostol podía ser empleado para circunstancias de
Interrupción Voluntaria del Embarazo a las que se refiere la sentencia C-355 de
2006”[30]. El acta
referida es de la Comisión Revisora –Sala Especializada de Medicamentos y
Productos Biológicos- del INVIMA. En ella se lee que “el Ministerio de la
Protección Social solicita a la Sala Especializada (…) ampliación de la
indicación del principio activo Misoprostol para el uso en los procedimientos
de interrupción voluntaria del embarazo, en los eventos no constitutivos del
delito de aborto. CONCEPTO: (…) considera que este principio activo podrá ser
empleado como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la
sentencia C-355 de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la
Resolución 3905 del mismo año”[31].
Además, anotan que el misoprostol fue incluido en
la lista de modelo de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) de marzo de 2011 para el manejo del aborto incompleto y del espontáneo
y para la prevención de la hemorragia posparto cuando el oxitocin no esté
disponible o no pueda ser usado en condiciones seguras[32].
Las accionantes explican que, en el año 2010, antes de esta inclusión, la
OMS publicó un documento titulado “Aclaración sobre la postura de la OMS
respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad
materna”. Al principio del mismo se reiteró que “actualmente la OMS
incluye el misoprostol en sus directrices basadas en la evidencia y en la Lista
Modelo de Medicamentos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo
junto con la mifepristona, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo
y la inducción del trabajo de parto”. Enseguida se aclaró que “se ha
aplazado la solicitud para incluir el misoprostol para la prevención de la
hemorragia puerperal  (…)”. En este sentido se indicó que “el uso más
polémico del misoprostol ha sido en la prevención y tratamiento de la
hemorragia puerperal” y a continuación se discutieron las diferentes
posturas en la comunidad científica y médica al respecto, sobre todo en el caso
de la administración del medicamento durante el embarazo para la prevención de
dicha hemorragia. Finalmente se concluyó que “la OMS (…) ha adoptado una
postura cautelosa sobre la distribución anticipada del misoprostol en la
comunidad durante el embarazo y recomienda que se lleve a cabo una
investigación rigurosa”[33].
La lectura de este documento, a juicio de las peticionarias, deja claro
que éste “expresa dudas en torno al uso del misoprostol para la prevención y
tratamiento de la hemorragia puerperal, pero no frente a la seguridad del uso
de este medicamento en los casos de interrupción del embarazo, aborto retenido
espontáneo, ni inducción al trabajo de parto”; dudas que en todo caso
fueron despejadas pues, como se vio, en 2011 la OMS incluyó el medicamento para
la prevención de la hemorragia posparto cuando el oxitocin no este disponible o
no pueda ser usado en condiciones seguras[34].
Las actoras relatan que el 29 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo 20, la
Comisión de Regulación en Salud (CRES), sometió a “consulta de los usuarios
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la comunidad
médico-científica y de la ciudadanía en general la inclusión en el Plan
Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado” varios
medicamentos, entre ellos el “principio activo” “Misoprostol. Uso exclusivo
de ginecólogo. 25-200 mcg tableta vaginal”. Dentro de las consideraciones
para adoptar esta decisión, mencionó que “como resultado de los estudios
técnicos de evaluación se recomendó por parte de la Comisión, considerar la
inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de varias tecnologías en salud
conforme a las indicaciones descritas para cada una de ellas debido a que su impacto
neto sobre la unidad de pago por capitación (UPC) es neutro” [35].
Esto significa, en su opinión, que “la Comisión de Regulación en
Salud-CRES, en el Acuerdo 20 del 2010, indicó que los estudios técnicos
probaban que el misoprostol tiene un impacto neutro de costo en el sistema de
salud”[36].
En contravención de todo lo anterior, dicen las peticionarias, “con
fecha de 30 de marzo de 2011, la Procuradora Delegada para la Función Pública, María
Eugenia Carreño, envió un requerimiento al Ministro de la Protección Social,
con motivo del estudio de inclusión del medicamento misoprostol para la IVE en
el Plan Obligatorio de Salud-POS que adelantaba la Comisión de Regulación en
Salud. En este requerimiento la Procuraduría señaló que i) el INVIMA no había
aprobado el uso del misoprostol para los casos de aborto de la sentencia C-355
de 2006, ii) la OMS tenía reparos sobre la efectividad y seguridad del
misoprostol en casos de inducción de IVE (citando sólo los apartes del
documento que hacen referencia a las dudas en la seguridad cuando el medicamento
se usa para la hemorragia puerperal) y iii) la inclusión del referido medicamento
implicaría un detrimento patrimonial para el Estado”[37].
En la
referida comunicación, la mencionada Procuradora Delegada, “en ejercicio de
las funciones preventivas y de control de gestión”, manifestó la “preocupación
de este órgano de control frente a la posible intención del Ministerio de la
Protección Social de incluir el medicamento denominado Misoprostol en el Plan
Obligatorio de Salud (POS), como fármaco para la práctica de abortos”. Sustentó
su “preocupación” en tres “observaciones”:
La primera
consistente en que “no se evidencia que la inclusión de este medicamento
obedezca a una necesidad de salud pública (…) debe contarse con los estudios
suficientes sobre la frecuencia de la enfermedad o perjuicio en la salud al que
el mismo responde, en la comunidad específica, así como sobre sus efectos y
contraindicaciones, de acuerdo con los estudios científicos pertinentes”.
La segunda,
referida a “la legalidad del misoprostol”, según la cual “para que un
medicamento pueda estar incluido en el POS es indispensable que tenga registro
sanitario del INVIMA. Sin embargo, en el caso particular del misoprostol, se
constata que el mismo no ha recibido dicho registro como abortivo, y este
Despacho considera que tampoco podría recibirlo, toda vez que mas que procurar
la salud, el mismo destruye la vida humana en gestación y puede tener graves
efectos sobre la salud y la vida de la mujer a quien se suministra”. Al
respecto, afirmó que “se han descrito efectos adversos en hijos de mujeres
que utilizaron misoprostol durante el primer trimestre en un intento fallido
para inducir aborto”. Para fundamentar su dicho transcribió apartes de la “Aclaración
sobre la postura de la OMS respecto del uso de misoprostol en la comunidad para
reducir la mortalidad materna” del año 2010, sin especificar que hacían
referencia al debate médico y científico sobre su utilización para la prevención
y tratamiento de la hemorragia puerperal.
En el oficio,
la Procuradora Delegada aceptó que la OMS había hecho “algunas precisiones y
recomendaciones en la Guía Técnica y de políticas para sistemas de salud Aborto
sin Riesgos (2003)” pero sostuvo que “ningún funcionario público puede
aplicar o reproducir lo allí establecido” ya que dicha Guía “fue
incorporada en nuestro país mediante la Resolución 4905 de 2006, en vigencia
del Decreto 444 de 2006” el cual “fue suspendido provisionalmente por
decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado”.
De todos
modos, también sugirió que en esta Guía el misoprostol había sido considerado
peligroso para la mujer y como base de ello citó un aparte de la misma de
acuerdo con el cual “aproximadamente 2 a 5% de las mujeres tratadas con un régimen de mifepristone y misoprostol requerirán una intervención quirúrgica
para resolver un aborto incompleto, terminar un embarazo que continúa o
controlar el sangrado”.
La tercera y
ultima “observación” llamaba la atención sobre “el posible daño al
presupuesto público que implicaría la inclusión de este medicamento (…) Carga
que, en el caso del Misoprostol, ni siquiera parecería debidamente prevista y
presupuestada, toda vez que no existe certeza sobre el número de mujeres a las
que debería suministrarse”.
Concluyó la
Procuradora Delegada que “la inclusión de este medicamento en el Plan
Obligatorio de Salud no sólo sería contraria a la normatividad legal que rige
la materia, sino atentatorio contra los derechos fundamentales a la vida y a la
salud que les asiste a todos los colombianos y, especialmente a las mujeres en
estado de embarazo, cuya protección y garantía está en cabeza del Estado,
razones por las cuales, lo conmino a suspender el trámite de inclusión del
Misoprostol en el POS”[38].
2.- Aclaran las actoras
que “se interpone esta acción de tutela en contra del Procurador General de la
Nación, en relación con i) sus propios pronunciamientos, ii) los
institucionales, en calidad de supremo director de la institución, y iii) como
delegante de funciones respecto de los pronunciamientos hechos por sus
Procuradoras Delegadas.
Así mismo, se interpone en
contra de las Procuradoras Delegadas para la Infancia la Adolescencia y la
Familia, y para la Función Pública, por emitir declaraciones falsas y
tergiversadas en su calidad de altas funcionarias del Estado encargadas
precisamente de velar por los derechos humanos”[39].
3.- Las accionantes fundamentan
la presunta violación a sus derechos fundamentales en la Constitución, la
jurisprudencia de esta Corte, algunos tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia y los pronunciamientos de los organismos
encargados de interpretarlos; sobretodo hacen referencia a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a los informes temáticos emitidos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial
sobre la Libertad de Expresión y a las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH).
4.- El escrito de tutela parte de
la distinción que ha hecho la Corte Constitucional entre la libertad de
expresión de los pensamientos y las opiniones y el derecho a la información
–ambos consagrados en el artículo 20 de la Carta Política- pues, indican,
tienen distinto contenido y límites[40]. Las actoras asumen que
los pronunciamientos hechos por el Procurador General y las Procuradoras Delegadas
demandadas se enmarcan dentro del derecho a la información y no dentro de la
libertad de expresión, razón por la cual solicitan que el asunto de la
referencia se resuelva de conformidad con el alcance del primero de estos
derechos[41].
5.- Para iniciar su argumentación
resaltan, citando a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH[42], “la importancia que
el derecho a la información tiene (…) para el ejercicio pleno de otros derechos
humanos (…) Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho
las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué
mecanismos existen para protegerlos”.
Añaden que esta importancia “se
acentúa al tener en cuenta que es condición esencial para la realización de los
derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. En efecto, estos
sectores no suelen tener formas alternativas sistemáticas y seguras para
conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido y los mecanismos
para exigirlos y hacerlos efectivos”[43]. De allí,
señalan, la denominada obligación de transparencia activa por parte del Estado
fijada por la referida Relatoría Especial[44] consistente “en
suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por
lo menos en relación con, entre otros aspectos, la que se requiere para el
ejercicio de los derechos -por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los
derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación”[45].
En este sentido, insisten, “cuando el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas depende de que puedan conocer una información
pública relevante, el Estado debe suministrarla de forma oportuna, accesible y
completa”[46].
6.- En este orden de ideas, las
actoras explican la relación que existe entre el derecho a la información y
otros derechos fundamentales como “la dignidad, el libre desarrollo de la
personalidad, la autonomía, la salud y los derechos reproductivos,
especialmente, para los grupos vulnerables de la población”.
En primer lugar, sobre la
relación con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la
autonomía hacen uso de la sentencia T-881 de 2002 para explicar que “este
valor fundante de nuestro ordenamiento jurídico, está asociado a tres esferas
i) la autonomía para construir un proyecto de vida y elegir sus características
(vivir como se quiere), ii) el acceso a ciertas condiciones materiales de
existencia (vivir bien) y iii) la intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física y moral (vivir sin humillaciones)” [47].
A continuación las peticionarias
señalan que, en su sentir, “la importancia de la información en la primera
esfera de la dignidad humana, está asociada directamente con la efectividad de
los derechos a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, pues no
es posible construir un proyecto de vida sin tomar decisiones autónomas y por
lo tanto informadas frente a las opciones que se presentan para cada persona en
particular. A su vez, estas decisiones no pueden ser calificadas como
verdaderamente libres si no se tiene acceso a la información sobre las opciones
de las que se dispone o la información sobre la que se toman es falsa,
tergiversada o sesgada”[48].
Arguyen que “el acceso a
información veraz e imparcial también es relevante para la segunda esfera de la
dignidad asociada a la existencia de ciertas condiciones materiales de
existencia, entre las que se encuentran el acceso a servicios que garanticen el
derecho a la salud”.
En segundo lugar, en lo relativo
a la relación entre el derecho a la información y el derecho a la salud y los
derechos reproductivos, las accionantes traen a colación los pronunciamientos
de varios organismos internacionales autorizados para interpretar algunos
tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
(i)
Señalan que “el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, se ha referido en su Observación
General No. 24[49], al deber de los
Estados  de asegurar el acceso de las mujeres a la información en relación con
la salud, especialmente sobre su salud sexual y reproductiva, y ha recomendado
la remoción de los obstáculos en el acceso a la educación e información en
estas esferas”.
(ii)
Indican que “en el mismo sentido se pronunció el Comité de Derechos
del Niño[50], al resaltar la
importancia del acceso a la información en salud por parte de las y los
adolescentes, especialmente en lo relativo a su salud sexual y reproductiva, y
al referirse a que garantizar el acceso a la información por parte de los y las
adolescentes relativa a su salud, hace parte de las obligaciones adquiridas por
los Estados Parte”.
(iii)
Manifiestan que “el Comité de Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en la Observación No. 14[51], resaltó la
dependencia de la garantía del derecho al más alto nivel de salud física y
mental, con, entre otros factores, el acceso a la educación y a la información,
especialmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva. Así mismo
indicó que el Estado incurre en una violación de la obligación de respetar
cuando se produce ocultación o tergiversación deliberadas de la información que
reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el
tratamiento” [52].
(iv)
Recuerdan las actoras que “la Relatoría para los Derechos de la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[53],
ha dicho que constituye una obligación esencial de los Estados que debe ser
cumplida de manera prioritaria, el garantizar la educación a las usuarias en
relación con los servicios de salud, y proveerles información en materia de
salud, incluyendo la reproductiva. Así mismo, ha señalado que la falta
de información en materia reproductiva opera como otra barrera en el acceso a
los servicios de salud materna debido a que impide a las mujeres adoptar
decisiones libres y fundamentadas sobre su salud, y como consecuencia de ello
la falta de comportamientos adecuados para la prevención y promoción de su
salud y la de sus hijos”[54].
Con base
en lo expresado aducen que “no puede resultar garantizado adecuadamente el
derecho a la vida y a la salud, así como tampoco, el libre desarrollo de la
personalidad y la libertad y autonomía, si la información que se provee desde
el mismo Estado, en materia de derechos y salud sexual y reproductiva, no es
veraz e imparcial, sino que por el contrario es tergiversada, falsa o sesgada.
Al recibir información de este tipo, las mujeres en edad reproductiva no
podemos hacer elecciones autónomas en torno a nuestra salud, y puede resultar
vulnerado incluso el derecho a la vida, por no saber que hay un procedimiento
de salud que puede salvarla o no saber cómo acceder a ese servicio; esto sucede
por ejemplo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos en que existe
riesgo para la vida o salud de la mujer.
Adicionalmente,
el derecho a la salud y los derechos reproductivos también quedan en riesgo,
cuando la información falsa o tergiversada emitida por un funcionario público,
afecta las decisiones tomadas por otros funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones legales y constitucionales”[55].
7.- Después de esta introducción,
las peticionarias intentan establecer los estándares constitucionales e
internacionales que rigen el derecho a la información y sus límites, con
particular énfasis en lo relativo a los funcionarios públicos, para después
sostener que han sido transgredidos por el demandado y las demandadas en su
perjuicio, lo cual en su opinión se tradujo no sólo en la violación de su
derecho a la información sino en la vulneración de otros de sus derechos
fundamentales –los reproductivos, la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad, la salud, la educación y a beneficiarse del progreso científico- por
la ya referida relación entre los mismos.
8.- Arguyen que, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la información, “la
veracidad e imparcialidad de la información” son características que “constituyen
un verdadero derecho para el receptor [de la información], exigible
tanto al Estado, como a otros particulares”.
Explican que “la información
es veraz cuando tiene sustento en la realidad, lo que implica que este
principio no se predique de las opiniones”[56]. En cuanto a la
imparcialidad señalan que envuelve “evitar que su propia opinión se confunda
con la presentación de los hechos objetivos; la presentación de la información
mezclando hechos y opiniones entraña inexactitud. Los actos de deformar,
magnificar, minimizar, descontextualizar o tergiversar un hecho puede
desembocar en la inexactitud de la información al hacer que la apariencia sea tomada
como realidad y la opinión como verdad, ocasionando con ello un daño a los
derechos fundamentales de un tercero”[57].
Utilizando la jurisprudencia de
esta Corte, las accionantes proveen algunos ejemplos en los cuales la
información carece de veracidad e imparcialidad por ser falsa, inexacta o
incompleta y, por tanto, se rompe el principio del equilibrio informativo “según
el cual debe existir una correspondencia entre lo que ha sucedido en la
realidad y lo que se informa”: (i) “Cuando la información es de difícil
constatación y se muestra como un hecho definitivo”, (ii) “Cuando se
presenta como un hecho cierto e indiscutible un juicio de valor o una opinión
del emisor”, (iii) “Cuando no se diferencian los hechos de las opiniones
del emisor” y (iv) “Cuando se hace que el receptor considere una
información como verdadera cuando aún no se ha establecido su carácter de tal”,
entre otros[58].
9.- En lo relativo a los
estándares del derecho a la información cuando son los funcionarios públicos
los que la proveen, aseguran que estos también se encuentran sometidos a las
cargas de veracidad e imparcialidad.
Como apoyo, las peticionarias citan
la sentencia T-1191 de 2004. Dicen que en esta decisión, “al referirse a la
información emitida por el Presidente de la República, la Corte Constitucional
diferenció entre las manifestaciones destinadas a transmitir información a los
y las ciudadanos y las manifestaciones en que expresa su opinión sobre algún
asunto, defiende su gestión o responde a las críticas, y que por lo tanto no
son información objetiva. Al respecto, indicó que cuando el Presidente durante
sus discursos hace alusión a información que presenta como auténtica, ésta debe
someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de
información, de conformidad con el artículo 20 de la Carta, cargas que
pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la
opinión pública, más teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el
que cuenta el primer mandatario, en virtud de su cargo. En el segundo caso,
cabe la expresión de la opinión del Presidente, es decir su apreciación
personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el que no es exigible
la estricta objetividad. Aun así, para garantizar la formación de una opinión
pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a
partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad”. Sostienen que la distinción hecha por la Corte
Constitucional en esa sentencia “es aplicable no sólo al Presidente de la
República, sino a todo servidor público, debido a la investidura que poseen y
la importancia de la información que trasmiten a la ciudadanía, así como por la
disposición que tienen de los medios de comunicación institucionales y su
posición de fuente para los medios de comunicación privados”.
Manifiestan que esto “permite
a su vez garantizar no sólo el derecho a la información de los receptores de la
información, sino también la confianza legítima que éstos tienen en que lo que
dicen los representantes del Estado concuerda con la realidad y no ha sido
acomodado o tergiversado en función de los intereses del funcionario; es decir,
que se trata de información confiable, especialmente si se tiene en cuenta la
obligación de transparencia activa del Estado”[59].
10.- Además, las accionantes aseveran
que tanto la Corte Constitucional como la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “han sido claras en señalar” que los “estándares”
del ejercicio del derecho de información “son más altos cuando se trata de
funcionarios públicos”, lo cual tiene diferentes manifestaciones.
En ese sentido indican que, en
primer lugar, “la carga de veracidad e imparcialidad de la información se
acentúa cuando el emisor es el Estado, uno de sus organismos o uno de los
funcionarios que lo representan (…) la responsabilidad que tienen los
funcionarios públicos es mayor, pues la que proveen es condición para que los
ciudadanos se formen una opinión de los asuntos públicos, decidan de manera
libre e informada en los asuntos democráticos que les competen y sepan cómo
hacer ejercicio de sus derechos” [60].
En segundo lugar, citando a la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH [61]
y a la Corte IDH[62], las actoras sostienen
que “los funcionarios públicos tienen una obligación específica de
constatación razonable de los hechos sobre los que basan sus afirmaciones, con
una diligencia mayor a la que despliega un particular, en virtud de la
credibilidad que tienen frente a la sociedad, para evitar que ésta reciba
información manipulada y dado el amplio alcance y eventuales efectos que sus
expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población”[63].
En tercer lugar, citando de nuevo
a la Corte IDH[64], señalan que “en
razón del impacto que las declaraciones hechas por funcionarios pueden tener sobre
los derechos de particulares, aquellos tienen la obligación de cuidar que sus manifestaciones
no aumenten la vulnerabilidad de ciertos grupos ciudadanos, u obstaculicen o vacíen
de contenido los derechos de ciudadanos y ciudadanas”[65].
En cuarto lugar, con base en la
ya referida sentencia T-1191 de 2004, indican las peticionarias que “los
posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público en el ejercicio de
la facultad de expresar su opinión o de presentar información pueda cometer,
deben ser analizados de forma más estricta que si lo llevara a cabo cualquier
otra persona” [66].
11.- Después de describir estos
estándares especiales en materia del derecho a la información cuando son los
funcionarios públicos los que la proveen, añaden que “la investidura de que
goza un funcionario, no puede ser usada para generar confusión o temor en la
ciudadanía o en otros funcionarios, pues con ello también se estarían
vulnerando los principios de la función pública y el derecho de las personas a
ejercer su autonomía a través de la toma de decisiones libres e informadas,
máxime cuando los funcionarios son garantes de los derechos fundamentales de
los demás ciudadanos”[67].
12.- Las accionantes explican
que, según la jurisprudencia constitucional, ante la violación del derecho a la
información lo que procede es una “rectificación en condiciones de equidad,
de manera que se corrija o aclare la información dada, con el mismo despliegue
informativo que la información inicial y bajo la condición de que el emisor
reconozca expresamente su equivocación”.
Reconocen que la solicitud de
rectificación es un requisito de procedibilidad de la tutela según el artículo
42 del Decreto 2591 de 1991 pero argumentan que, de acuerdo con la sentencia
T-263 de 2010, “cuando se trata de la emisión de una información falsa,
tergiversada o que de cualquier modo falte a las características de imparcialidad
y veracidad, emitida por una autoridad pública, la protección constitucional
del derecho a la información procede de forma directa, es decir, no se requiere
la solicitud previa de rectificación al funcionario. Esta regla no es
desproporcionada si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos emiten información
en ejercicio de una investidura de poder que les da credibilidad frente a la
ciudadanía, y frente a otros funcionarios, que les impone una carga de
diligencia superior a la de un particular al emitir información” [68].
Así las cosas, entienden que “dada la calidad de funcionario y
funcionarias de los respectivos responsables de la violación de nuestros
derechos fundamentales, la solicitud de tutela procede directamente, sin
necesidad de que previamente hayamos solicitado rectificación”[69].
13.- Dicho lo anterior, las
peticionarias se concentran en exponer, con base en los estándares jurídicos
resumidos, la forma en la consideran ha sido violado su derecho fundamental a
la información. Argumentan que “la provisión de información por el Estado,
sus instituciones y sus funcionarios y funcionarias, falsa o tergiversada,
constituye una violación al derecho al acceso a la información” y que eso
sucedió en el presente asunto ya que “ninguna de las afirmaciones que el
Procurador emite como si fueran información y que han sido detalladas en el
acápite de hechos, constituyen afirmaciones veraces e imparciales. Por el
contrario, se trata de declaraciones falsas, tergiversadas e incompletas
emitidas por el máximo órgano de los derechos humanos en Colombia, sobre
educación sexual, acceso a los anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, que son fácilmente confrontables con la información científica y
jurídica emitida por las autoridades competentes respectivamente” [70].
Manifiestan que “dada la
credibilidad de la Procuraduría en calidad de organismo del Estado y por el uso
masivo de los medios de comunicación a los que tiene acceso también en virtud
de su posición oficial, la información falsa y tergiversada que emite, genera
efectos de confusión y desinformación masiva tanto en el grupo de mujeres que
firmamos esta tutela, como en la sociedad en general, y frente a los
funcionarios y funcionarias públicos que no pueden ejercer de forma idónea su
función de garantizar los derechos de los y las ciudadanos, cuando el máximo
responsable de éstos, les da instrucciones sin sustento”[71].
Precisan que “se interpone [la presente acción de tutela] para
obtener el amparo de nuestro derecho fundamental a la información en calidad de
receptoras [de la misma]”[72].
14.- Sostienen las accionantes
que “las afirmaciones falaces y tergiversadas que han sido emitidas por el
Procurador General de la Nación y por las Procuradoras Delegadas para la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, y para la Función Pública, están
sometidas al mayor nivel de escrutinio que corresponde a la información que
provee el Estado, y a uno mucho más riguroso, por tratarse del organismo
encargado de la garantía de los derechos humanos en Colombia” [73].
En este sentido, estiman que el Procurador General y sus Procuradoras Delegadas,
“como todos los funcionarios del Estado (…) tienen la función de garantes de
los derechos de los particulares, pero este rol está reforzado en su caso
específico, porque la misma Constitución le asigna la función concreta de
proteger y garantizar los derechos humanos” en el artículo 277[74].
Ello deriva, a su juicio, en que “cuando se trata de emitir información
sobre el ejercicio de derechos humanos y fundamentales, la Procuraduría General
de la Nación, principalmente en cabeza de su máximo director y delegados y
delegadas, debe actuar con una diligencia incluso superior a la de otros
organismos y funcionarios del Estado”[75].
15.- También aclaran que “la
emisión de información falsa y tergiversada por parte de estos funcionarios no
puede ser justificada, alegando ignorancia o desconocimiento, pues de una
parte, tanto el Procurador como sus delegadas, son personas con alta formación
jurídica que ocupan altas posiciones en la estructura de la función pública, y
en estas condiciones, es más alto el deber de diligencia que les es exigible al
emitir información sobre el ejercicio de los derechos que deben garantizar.
De otra parte, porque cuando
se ha tratado de asuntos que implican saber científico, la Procuraduría siempre
ha tenido acceso a los conceptos técnicos en la materia y de las organizaciones
expertas, y aun así ha emitido información que va en contravía de los
pronunciamientos de las autoridades científicas; lo que es más grave, ha citado
dicho conceptos de forma tergiversada y descontextualizada, para dar
información falsa (caso del misoprostol). No le exigimos al Procurador y a las
Procuradoras Delegadas conocer toda la información científica disponible en
materia de derechos reproductivos, pero si tenemos derecho a exigirle que no
tergiverse o descontextualice aquella en la que basa sus afirmaciones”[76].
16.- Estiman que “estas
afirmaciones fueron hechas en el ejercicio de funciones públicas y en relación
con asuntos que se vinculan directamente con el ejercicio de derechos. Por lo
tanto, no constituyen un ejercicio de la libertad de opinión de dichos
funcionarios, sino una violación del derecho a la información de nosotras como
receptoras de la presunta información” [77]. Así mismo,
dicen, “no puede ser entendida como un ejercicio de la libertad de opinión
de estos funcionarios, pues éstos se están refiriendo dentro del ejercicio de
sus funciones a aspectos científicos y jurídicos, no sujetos a interpretación,
pues ya han sido definidos por las autoridades correspondientes”[78].
Sin embargo, manifiestan que “aun
en el caso en que se llegara a considerar que (…) entran en el ámbito de
protección de la libertad de expresión, en la manifestación de opiniones
personales de dichos funcionarios, los mismos no han cumplido con las obligaciones
derivadas de su investidura de diferenciar claramente sus opiniones de lo que
pretenden mostrar como información objetiva y de no afectar los derechos
fundamentales de terceras personas con dichas declaraciones” [79].
En este sentido, indican que “no
podría ser considerado como un ejercicio legítimo de la libertad de opinión,
por parte de un funcionario público, aquel que afecta los derechos humanos y
fundamentales de terceras personas, mucho menos si pertenecen a grupos
vulnerables de la población”[80]. Entienden que
con las manifestaciones de los demandados “se pone en mayor riesgo a grupos
vulnerables, como el que constituyen las mujeres, por ser un grupo
tradicionalmente discriminado, y dentro de éste al grupo de mujeres y niñas
víctimas de la violencia sexual [por razones que serán resumidas más
adelante]”[81].
17.- Ahora bien, las actoras
aducen que “además de la violación del derecho a la información, el
Procurador y las Procuradoras Delegadas, vulneran otros derechos fundamentales
y humanos con las declaraciones que pretenden hacer pasar como información
legítima y constitucionalmente protegida. Más concretamente (…) nuestros
derechos reproductivos, a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de
la personalidad, a la salud, a la educación, y a beneficiarse del progreso
científico” [82].
18.- En cuanto a la alegada
vulneración de los derechos reproductivos, recurren a la sentencia T-585 de
2010 en la cual esta Corte determinó que dentro estos se encuentran, entre
otros, (i) “decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo
y con qué frecuencia”, (ii) “el derecho de las mujeres a la IVE cuando
se encuentran en las hipótesis despenalizadas”, (iii) “acceder a
servicios de salud reproductiva”, (iv) “Educación e información sobre
toda gama de métodos anticonceptivos, acceso a los mismos y posibilidad de
elegir aquél de su preferencia” y (v) “el acceso a los servicios de
interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, oportuna y con calidad en
aquellos casos en que no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de 2006”[83].
A continuación, se dedican a
sustentar la supuesta violación de cada uno de los mencionados derechos
reproductivos.
Sobre (i) y (iii), sostienen que “la
información es fundamental para tomar decisiones libres e informadas y acceder
de forma efectiva a los servicios de salud requeridos para hacer efectivas
dichas decisiones. Cuando el Procurador utiliza su investidura para hacer y
difundir declaraciones tergiversadas sobre los derechos reproductivos de las
mujeres y niñas colombianas, además de vulnerarse el derecho a la información,
resultan violados nuestros derechos reproductivos a tomar decisiones libres e
informadas sobre los aspectos relacionados con nuestra reproducción (…)”.
Respecto del componente educativo
de (iv), las peticionarias arguyen que “no obstante la claridad de la orden [dada
en la sentencia T-388 de 2009 consistente en la realización de campañas masivas
de promoción de los derechos sexuales y reproductivos], el Procurador
General de la Nación expresó a la opinión pública a través de un comunicado de
la institución, que solicitaría la nulidad de la referida sentencia por ordenar
campañas masivas de promoción del aborto, tergiversando completamente la orden
de la Corte. Y una vez interpuesto el incidente de nulidad de la sentencia, la
Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, expresó a los medios de comunicación que la orden no era aplicable
sino hasta que la Corte decidiera sobre la nulidad interpuesta; a lo cual, el
entonces Presidente de la Corte, Magistrado Nilson Pinilla Pinilla tuvo que
aclarar que la sentencia era de aplicación inmediata. Así, la Procuraduría puso
en duda ante la opinión pública el fin de la orden dada por la Corte
Constitucional y cuestionó su aplicabilidad con base en información
tergiversada por la propia institución. De esta forma puso en riesgo el
conocimiento y efectivo ejercicio que tienen todos los colombianos y
colombianas, especialmente el de niños, niñas y adolescentes, a tener una
educación sexual de calidad” [84].
En lo relativo al mismo punto
(iv), pero en su componente de acceso a los anticonceptivos, la accionantes
aducen que, “a pesar de la importancia de la Anticoncepción de Emergencia
para prevenir embarazos no deseados, especialmente en una población tan
vulnerable como las víctimas de violencia sexual, entre las que se encuentra
niñas y adolescentes, y contrariando la evidencia científica que conoce, la
Procuraduría General de la Nación ha expresado en dos ocasiones, que este
anticonceptivo es abortivo; una vez en un proceso judicial y otra por parte del
mismo Procurador, cuando se debatía la propuesta de un candidato presidencial
de distribuir gratuitamente este anticonceptivo”. Explican que “la
Anticoncepción Oral de Emergencia, es especialmente relevante para los casos de
violencia sexual (…) situación ante la cual, [las mujeres o niñas víctimas]
tienen derecho, como parte de la atención médica de urgencia gratuita, a que
se les provea tal tipo de anticoncepción, para prevenir un embarazo. Así ha
quedado consagrado en la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Protección
Social que incorpora las Guías de atención al menor y a la mujer maltratada”. Indican
que “de esta forma, la Procuraduría pone en riesgo el acceso a toda la gama
disponible de anticonceptivos de las mujeres, así como el derecho de las
víctimas de violencia sexual, grupo vulnerable donde se encuentran niñas y
adolescentes, a acceder a servicios de salud integrales frente a la vulneración
de sus derechos humanos y fundamentales” [85].
En lo que toca con (ii) y (v), las
accionantes alegan que “dado que en relación con la IVE, el indebido uso de
la objeción de conciencia, ha sido identificado como un obstáculo al ejercicio
de los derechos fundamentales de las mujeres, la Corte Constitucional ha
establecido reglas que buscan proteger a los objetores a la vez que a las
mujeres que deciden optar por una IVE. A pesar de la existencia de estas
reglas, el Procurador General de la Nación ha señalado en reiteradas
oportunidades que la suspensión por parte del Consejo de Estado del Decreto
4444 de 2006, sobre la prestación del servicio de salud IVE, implica que el ejercicio
de la objeción de conciencia no pueda ser restringido de ninguna manera y a
ninguna persona; así por ejemplo, de acuerdo con estas declaraciones falsas,
las instituciones de salud podrían objetar conciencia, aún si las reglas
sentadas por la Corte Constitucional lo prohíben”.
Agregan, en cuanto a los mismos
dos ítems (ii) y (v), que “en Colombia los procedimientos quirúrgicos para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, se encuentran incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud100, pero los procedimientos que hacen uso de medicamentos
no lo están, lo cual impide que las mujeres con menos recursos accedan a un procedimiento
IVE seguro y menos invasivo que los quirúrgicos. Teniendo en cuenta esta situación,
así como que la inclusión del misoprostol en el POS tiene un impacto neutro de
costo en el Sistema de Salud, la Comisión de Regulación en Salud tuvo la
intención de incluirlo en tal plan. A pesar de que se contaba con la evidencia
científica y el estudio de costos para que el Misoprostol fuera incluido en el
POS, la Procuraduría General de la Nación inició un debate en torno a la
propuesta de la Comisión en Regulación en Salud, con base en afirmaciones tergiversadas
sobre material científico de la OMS. En consecuencia, la inclusión de este medicamento
en el POS y con ello el derecho de las mujeres y niñas colombianas a
beneficiarse de este medicamento fueron truncados, pues la Comisión decidió
aplazar la decisión definitiva al respecto”[86].
Expuesto lo anterior, las actoras
concluyen que “la provisión de información falsa, tergiversada y sesgada por
parte de la Procuraduría General de la Nación impacta directamente en los
derechos reproductivos de las mujeres y niñas colombianas. De una parte, porque
afecta directamente la toma de decisiones sobre los aspectos reproductivos de
nuestra vida, y de otra porque altera la toma de decisiones de otros
funcionarios públicos, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de otros
derechos reproductivos”[87].
19.- Además de las presuntas
violaciones a los derechos a la información y reproductivos, estiman vulnerados
sus derechos a la educación, a la salud y a beneficiarse del progreso
científico, lo que repercutió a su vez en perjuicio de sus derechos a la
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Según el escrito de tutela,
los hechos generadores de lo anterior son varios.
El primero está relacionado con la
orden dada en la sentencia T-388 de 2009 consistente en poner en marcha
campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos la cual fue, en
su opinión, tergiversada por el Procurador General y su aplicabilidad inmediata
puesta en duda por la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos de la manera ya
explicada.
Aseguran que “estas campañas
pretenden hacer efectivo el derecho que tenemos todos los colombianos y
colombianas, a recibir educación en derechos humanos [artículo 53 de la
Constitución] entre los que se incluyen los sexuales y reproductivos, por lo
que la negativa constante a ejecutarlas o la oposición acérrima con base en
información tergiversada por parte de la Procuraduría, implican una violación
del derecho a la educación. Además, cuando se tergiversa el alcance de estas
campañas de educación, se pone en riesgo la dignidad, autonomía y libre
desarrollo de la personalidad de niños, niñas, adolescentes, y colombianos y
colombianas en edad adulta, por no proveernos información sobre la sexualidad y
reproducción que nos permitan tomar decisiones auténticamente libres por ser
tomadas con base en información fiable”[88].
Agregan las peticionarias que “estas
campañas son necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la salud de
colombianos y colombianas, y en este sentido, las declaraciones falsas del
Procurador, aduciendo que lo que pretendía la Corte Constitucional era promover
el aborto, además de ser completamente errado, afecta el derecho a la salud,
entendido como el máximo nivel de bienestar posible y no sólo la ausencia de
enfermedades, pues los ciudadanos y ciudadanas no sabrán a qué tienen derecho y
cómo ejercerlo, y los prestadores de salud, podrían negarse a proveer
información sobre estos derechos, por el temor infundido por las declaraciones
del Procurador”[89].
20.- El segundo hecho generador de
las referidas vulneraciones está constituido por la posición de la Procuraduría
y las declaraciones del Procurador General sobre la anticoncepción oral de
emergencia –que ya fueron resumidas-, de conformidad con la cual esta es
abortiva.
Manifiestan que “cuando el
Procurador afirma que la anticoncepción de emergencia es abortiva, desconoce no
sólo la evidencia científica presentada por la Organización Mundial de la Salud
que demuestra que es anticonceptiva, sino también la sentencia del Consejo de
Estado que así lo declaró. Con sus falsas declaraciones, se está violando el
derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, pues las
mujeres y niñas que requieren acceder a este método de anticoncepción de
emergencia, no pueden tomar una decisión libre e informada sobre el consumo de
dicha pastilla, por el temor de incurrir en un aborto. Adicionalmente, se
vulnera el derecho a la dignidad, porque con la creencia errada, infundida por la
Procuraduría, sobre la forma como actúa la Anticoncepción de Emergencia,
mujeres y niñas no podrán evitar un embarazo, y verán con ello truncado su
propio proyecto de vida”. Son enfáticas en afirmar que “esta afectación
a la dignidad será más gravosa cuando se trata de mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual que se expondrán a un embarazo no consentido y producto de la
vulneración de sus derechos humanos y fundamentales, y en contra de su proyecto
de vida”.
Las accionantes también
argumentan que “se vulnera el derecho a disfrutar del progreso científico,
en tanto la anticoncepción de emergencia fue diseñada, luego de años de
investigación, precisamente para ofrecer una opción digna a las mujeres
víctimas de violencia sexual”.
Añaden que “estos derechos no
sólo se violan por el efecto que la información falsa causa en las mujeres en
edad reproductiva, sino también por el impacto que estas declaraciones generan
en funcionarios públicos y profesionales de la salud, que pueden abstenerse de
ofrecer esta opción a las mujeres, precisamente por la información tergiversada
proveída por la Procuraduría General de la Nación”.
21.- El tercer hecho generador de
las vulneraciones alegadas es, de acuerdo con el escrito de tutela, “la
provisión [por parte de la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos] de
información tergiversada dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud,
entidad de vigilancia y control del sistema de salud, según la cual, este
organismo no tendría la obligación de remover los obstáculos que se presentan
en el sistema durante la provisión de los servicios IVE” [90].
Explican las actoras que esto “afecta
directamente el derecho a la salud, en su faceta de accesibilidad, pues se
envía un mensaje según el cual se permite que los obstáculos que enfrentan las
mujeres y niñas colombianas que requieran acceder al servicio de salud para
interrumpir su embarazo, tienen la obligación de afrontarlos sin que ninguna
autoridad del Estado se ocupe de garantizar sus derechos fundamentales”.
Así mismo, afirman, se produjo “una
afectación al derecho a la dignidad de las mujeres, en las facetas de acceder a
ciertas condiciones materiales de existencia (vivir bien) y de la
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral (vivir
sin humillaciones), pues les niega a las mujeres y niñas colombianas, el acceso
digno a servicios de salud que requieren, y además, porque implican
permisividad frente al maltrato y humillación que actualmente sufren por parte
del sistema cuando solicitan una IVE”.
22.- El cuarto hecho generador de
las supuestas vulneraciones que se describen, consiste en la posición del
Procurador General, manifestada en dos de sus circulares, sobre la suspensión
provisional del Decreto 4444 de 2006 y sus efectos sobre el ejercicio de la
objeción de conciencia frente a la IVE, la cual ya fue resumida. Sostienen las
peticionarias que “la presentación de la objeción de conciencia frente a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, como un derecho absoluto, que opera en
cualquier circunstancia, genera una afectación directa al derecho de optar por
una IVE y constituye una barrera de acceso a un servicio de salud específico. Debido
a que el indebido uso de la objeción de conciencia ha sido detectado como una
de las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas cuando solicitan una
IVE, las declaraciones tergiversadas del Procurador en la materia, implican el
fortalecimiento de esta barrera, y por lo tanto, la afectación del derecho a la
salud en la faceta de accesibilidad” [91].
23.- El quinto hecho generador de
las mencionadas violaciones se da por la posición  del Procurador General,
vertida en un comunicado y en una de sus circulares, sobre el derecho absoluto a
la vida del no nacido, las cuales  fueron explicadas con anterioridad. Arguyen
las accionantes que “la provisión de información errada según la cual el
derecho a la vida se protegería de forma absoluta desde la concepción, implica
además de una violación del derecho a la información, una vulneración al
derecho a la IVE, y la generación de un obstáculo en el acceso a los servicios
de salud requeridos para hacer efectiva la decisión de interrumpir el
embarazo”.
24.- El sexto y último hecho
generador está constituido por la carta enviada por la Procuradora Delegada
María Eugenia Carreño al Ministerio de Protección Social en la cual se oponía,
con diversos argumentos que ya fueron resumidos, a la inclusión del medicamento
misoprostol en el POS. A juicio de las peticionarias, “la información falsa
difundida por la Procuraduría implica la creación de temores injustificados en
el uso de un medicamento que ha sido clasificado como esencial por la
Organización Mundial de la Salud, resulta una barrera para el acceso a una IVE,
así como para el derecho a la salud integral, y desconoce de tajo el derecho
humano a beneficiarse de los progresos científicos, pues las mujeres y niñas no
pueden acceder en este momento, gracias a la confusión generada por el
Procurador, a un servicio de salud en condiciones seguras y menos invasivas que
un procedimiento quirúrgico, que ha sido recomendado por las autoridades
científicas”[92].
25.- Al finalizar el escrito de
tutela las accionantes descartan que en su caso se presente un daño consumado
pues sostienen “que el Procurador y sus Procuradoras Delegadas han actuado
de forma sistemática y prolongada en el tiempo para proveer información falsa y
tergiversada (desde 2009 hasta este año). Además de esta actuación prolongada
en el tiempo, los efectos de sus actuaciones persisten en la actualidad y se
concretan en una continua vulneración de los derechos fundamentales”.
Por razones similares consideran
satisfecho el requisito de la inmediatez en la acción de tutela que presentan
ya que, en su opinión, “la vulneración del derecho fundamental a la
información por parte de la Procuraduría General de la Nación, representada por
Alejandro Ordóñez Maldonado, se ha producido de manera permanente desde 2009 y
hasta este año. Además, la violación del derecho a la información persiste, por
el hecho de que la dada por el Procurador y sus Procuradoras Delegadas, es
falsa y tergiversada, no es fiable ni completa, y dichas afirmaciones siguen
difundiéndose a través de los medios de comunicación e institucionales del
organismo de control. Hasta tanto no se corrija la información dada, la
violación del derecho a la información persiste y por lo tanto, es susceptible
de amparo constitucional”[93].
Solicitud de Tutela
26.- Con fundamento en los hechos
narrados y en los fundamentos jurídicos resumidos, Mónica del Pilar Roa López y
otras 1279 ciudadanas  exigieron la protección de sus derechos fundamentales a
la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a
la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de
sus derechos reproductivos, los cuales consideran han sido y continúan siendo
vulnerados y amenazados por el Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la defensa de  los derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la
Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, al emitir “pronunciamientos
que [en su sentir] incluyen información inexacta o tergiversada,
relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas”. En
consecuencia solicitan ordenar:
1.
“Al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, corrija
sus afirmaciones falsas y/o tergiversadas en materia de Educación Sexual,
Anticoncepción Oral de Emergencia e Interrupción Voluntaria del Embarazo hechas
por él y por los agentes de la Procuraduría, con el mismo despliegue e
importancia con el que las emitió, y expresando claramente en qué consistía la
información falsa y/o tergiversada y cuál es su corrección. Cuando se trate de
afirmaciones falsas y/o tergiversadas que consten por escrito en actos
administrativos de cualquier tipo (circulares, directrices, resoluciones, etc)
el Procurador General de la Nación proceda, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de la sentencia, a su corrección también por escrito y a
divulgar dichas correcciones al igual que lo hizo con el acto administrativo o
documento inicial.
2.
En los casos de afirmaciones que consten en medios
institucionales de comunicación de la Procuraduría, el Procurador General de la
Nación, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia,
proceda a su corrección por los mismos medios, y dando suficiente publicidad a
la rectificación.
3.
A las Procuradoras Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, Ilva Myriam Hoyos, y Delegada para la Función Pública, María Eugenia
Carreño, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, procedan a la corrección pública de las manifestaciones falsas y/o
tergiversadas que han hecho en materia de Educación Sexual, Anticoncepción Oral
de Emergencia e Interrupción Voluntaria del Embarazo con el mismo despliegue e
importancia con el que las emitieron, expresando claramente en qué consistía la
información falsa y/o tergiversada y cuál es su corrección.
4.
Cuando se trate de afirmaciones hechas por escrito y dirigidas a
otros organismos del Estado colombiano, a las Procuradoras Delegada para la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, y Delegada para la
Función Pública, María Eugenia Carreño, que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de la sentencia, procedan a hacer la rectificación por el mismo
medio por el que emitieron las declaraciones falsas, expresando claramente que
incurrieron en equivocación al hacer dichas afirmaciones y dándole suficiente
publicidad para que la sociedad en general conozca las respectivas rectificaciones.
5.
Al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y a las
Procuradoras Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam
Hoyos, y Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, se abstengan
de emitir información falsa o tergiversada, que desconozca o afecte derechos
humanos y fundamentales o que ponga en riesgo a grupos vulnerables de la
sociedad colombiana, especialmente en lo que toca con el campo de los derechos
sexuales y reproductivos.
6.
A la Procuraduría General de la Nación, representada por el
Procurador General Alejandro Ordóñez, se abstenga de emitir información falsa o
parcial, que desconozca o afecte derechos humanos y fundamentales o que ponga
en riesgo a grupos vulnerables de la sociedad colombiana, especialmente en lo
que toca con el campo de los derechos sexuales y reproductivos.
7.
Que el efectivo cumplimiento de las órdenes dadas sea vigilado
por una Mesa Interinstitucional en la que estarán la Consejera Presidencial
para la Mujer, la Defensora Delegada para para los derechos de la Niñez, la
Juventud y las Mujeres, y representantes de la sociedad civil”[94].
Respuestas de los demandados y
vinculados
27.- Por medio de auto del veintidós
(22) de septiembre de 2011 el juez de primera instancia ordenó vincular “como
terceros determinados” al Ministerio de Protección Social, a la
Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Educación Nacional, a la
Defensoría del Pueblo, al INVIMA, a la Comisión de Regulación en Salud, a la Alta
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Defensoría Delegada
para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres, y al Presidente de la
Corte Constitucional[95].
28.- El veintisiete (27) de
septiembre de 2011, la Procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función
Pública, María Eugenia Carreño Gómez, contestó la acción de tutela de la
referencia. Concentra su defensa en la acusación hecha en su contra, la cual
tuvo origen en la comunicación que envió al Ministro de la Protección Social
sobre la inclusión del medicamento misoprostol en el POS.
Indicó que “No es cierto (…)
que la Procuraduría General de la Nación miente” pues “al citar la Guía
Técnica Aborto sin Riesgos de la OMS 2003 (…) no se abstuvo de transcribir los
beneficios del misoprostol”. Para ejemplificar su dicho señaló que “en
el mismo se recogieron textualmente apartes donde se señala que ‘el misoprostol
solo también ha sido estudiado en términos de efectividad’ y que ‘se ha
demostrado que la efectividad del misoprostol en inducir el aborto ilegal llega
al 84% dentro de las 24 otras con una variedad de dosis administradas vía oral
y vaginal’. De igual forma, al citar la Aclaración del 2010 también se
transcribió que la OMS no desaprueba la distribución del misoprostol en la
comunidad durante el embarazo”. Lo que sí admite es haber hecho “especial
énfasis en las contraindicaciones que la OMS referenció sobre este medicamento”
y no haber hecho “demasiadas referencias a la conveniencia de utilizarlo
junto con mefepristone (como lo recomienda tanto esa Guía Técnica, como en la
Norma Técnica incorporada con la Resolución 4905 de 2006 y en la Aclaración de la
OMS de 2003) pues, el INVIMA no le ha dado su aval a la mefepristone (Actas del
23 de marzo y del 24 de junio de 2010)”.
Manifestó que en el acta 20 del
27 de junio de 2007 del INVIMA -citada por las peticionarias para sostener que
tal entidad aprobó la utilización del misoprostol para IVE- “no se
especifica la clase de misoprostol, el uso e indicaciones que podría ser
empleado como oxitócico”. Aseguró que el INVIMA “solamente le ha
reconocido dos indicaciones al misoprostol: interrupción del embarazo con feto
muerto y retenido y tratamiento del aborto incompleto” según el acta 37 del
5 de agosto de 2009[96]. En ese sentido explicó que
la indicación para IVE “no está incluida en la actas del INVIMA, tal como se
desprende del acta No. 37 de 2009 ‘Las indicaciones Inducción del parto con
feto vivo, Hemorragia postparto no se aceptan por cuanto no existe evidencia
suficiente de su utilidad en las mismas’ y No. 29 de 2010 ‘Hasta ahora el
INVIMA no ha aceptado medicamentos abortivos en embarazo con feto vivo”.
La Procuradora Delegada Carreño
Gómez aceptó que, tal como dicen las peticionarias, el misoprostol fue incluido
en el listado de medicamentos esenciales de la OMS de 2011 pero indicó que en
el escrito que envió al Ministerio de la Protección Social hizo referencia a
las dudas de la OMS sobre su utilización para la hemorragia posparto –contenidas
en la Aclaración de 2010- porque “el tema debe ser manejado de forma
integral que involucre el derecho a la salud, como es el caso de aludir, a los
procesos de gestación de la vida; preparto, parto y postparto o embarazo, parto
y puerperio, lo que significa que el tema ha sido manejado razonadamente y
contextualizado con lo expresado por la Organización Mundial de la Salud”[97].
Acerca de la afirmación de las
peticionarias, según la cual la CRES había indicado en el Acuerdo 20 de 2010
que el misoprostol tenía un impacto neutro en el sistema de salud, expresó que en
el escrito que envió “se requería ante el Ministerio de Protección Social,
para aclarar su impacto que se tiene (sic) frente al equilibrio o la
estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS,
por cuanto no existe certeza sobre el número de mujeres a las que debería
suministrarse, lo que (sic) se consideró prudente hacer la manifestación, las
decisiones deberán consultar, en cualquier caso su compatibilidad con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo” [98].
Concluye entonces que “no ha
faltado a la veracidad de la información, ni mucho menos, se ha empleado las
diferentes fuentes bibliográficas o de consulta para alterar o cambiar la
opinión de los referenciados, siempre ha sido costumbre aplicar los principios
éticos y valores institucionales que se expresan en los diferentes actos
administrativos, procesos y procedimientos emitidos por la Entidad, y de
respeto por la dignidad de las personas a fin de no destruir ni perturbar su
consideración como individuo (…) los hechos aludidos en el oficio de fecha 30
de marzo de 2001 (sic) al señor Ministro de la Protección Social, son veraces,
reales, y obtenidos de fuentes de información de consulta que cualquiera puede
acceder para su conocimiento y orientación en materia de derechos ante la
Interrupción Voluntaria del embarazo –IVE, y no obstante, los signatarios del
escrito tutelar no han procedido directamente a formular sus inquietudes frente
al presente tema, consideramos que no se infringe [sic] ninguna
violación a sus derechos a la información y por tanto, no es procedente la
acción de tutela”[99].
29.- La Procuradora Delegada
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia,
Ilva Myriam Hoyos Castañeda, contestó la acción de tutela de la referencia
el veintisiete (27) de septiembre de 2011. Su escrito no se limitó a las
acusaciones hechas en su contra sino que incluye respuesta a algunas hechas
contra los demás demandados.
En primer lugar, sostuvo que “los
hechos reseñados (…) tienen fechas diversas y se constituyen hechos aislados
que bajo ninguna interpretación pueden ser entendidos como sistemáticos o
continuos toda vez que se han suscitado en momentos y escenarios diversos (…)
los hechos presuntamente continuos y sistemáticos no consisten más que en
declaraciones registradas a través de siete (7) documentos en los que no se
advierte, no se percibe una reiteración sistemática de conceptos, que, por
demás, pueden ser susceptibles de diferentes interpretaciones”. Elaboró el
siguiente cuadro para demostrar lo dicho[100]:
Fecha
Documento
Fuente
21 de octubre de
2009
Comunicado 601 sobre el
incidente de nulidad contra la sentencia T-388 de 2009
Procuraduría General de la
Nación
10 de noviembre
de 2009
Noticia en Caracol Radio
sobre las ordenes de la sentencia T-388 de 2009
Declaraciones de la
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia en Caracol Radio
8 de  noviembre
de 2009
Declaraciones en el Programa
Veredicto sobre la mal llamado “Catedra del aborto”
Procuradora Delegada para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en Canal
Capital
12 de noviembre
de 2009
Noticia en El Espectador
sobre denuncia de un nuevo caso de aborto
Mónica del Pilar Roa en El
Espectador
Fecha
Documento
Fuente
7 de diciembre
de 2009
Comunicado 285. Procuraduría
presenta alegatos de conclusión frente a la píldora del día después.
[No menciona la noticia de
igual fecha publicada en El Espectador sobre el mismo tema, en la cual se
plasma la posición del Procurador General]
Procuraduría General de la
Nación
2 de marzo de 2010
Carta dirigida al
Superintendente Nacional de Salud
Procuradora Delegada para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia
[No menciona la Circular 029 de
13 de mayo de 2010 del Procurador General sobre el cumplimiento de la
sentencia C-355 de 2006]
15 de agosto de
2010
Informe de Vigilancia a la
Sentencia C-355 de 2006
Procuraduría General de la
Nación
[No menciona el comunicado del
Procurador General del 25 de marzo de 2011 sobre el Día Internacional de la
Vida]
Fecha
Documento
Fuente
[No menciona el requerimiento
de la Procuradora Delegada para la Función Pública al Ministerio de
Protección Social del 30 de marzo de 2011, sobre inclusión del misoprostol en
el POS]
[No menciona la Circular 021
del 27 de julio 2011 del Procurador General sobre el cumplimiento de la
sentencia T-388 de 2009]
En segundo lugar, argumentó que
los documentos reseñados “no atentan contra el derecho a la información de
las mujeres, sino que (…) buscan evitar serias equivocaciones y yerros por
parte de las diferentes entidades públicas y privadas que se han visto
involucradas en el tema del aborto”[101].
En tercer lugar, aseguró que las
peticionarias hacen un “análisis exhaustivo y desde una única perspectiva de
un número muy pequeño de los documentos emitidos por la Delegada a mi cargo,
cuyo promedio mensual se aproxima a los 230 oficios, brindando una versión
parcializada y reductiva de las acciones llevadas a cabo por esta Delegada
(…)”. Para ejemplificar lo dicho, adujo que “si se consulta el Informe
de Vigilancia Superior a la Sentencia T-388 de 2009  (…) puede observarse que
se han efectuado diversos requerimientos por esta Entidad al Ministerio de la
Protección Social y a la Superintendencia de Salud, a quienes se recomendó (…)
que (…) garanticen en debida forma los derechos de las mujeres gestantes que al
estar amparadas en las situaciones excepcionales previstas en la mencionada
sentencia solicitan se les practique el procedimiento de la interrupción voluntaria
del embarazo (…) [y] que aseguren que el procedimiento de interrupción
voluntaria del embarazo se realice de conformidad con lo establecido en la
sentencia C-355 de 2006 y que este servicio pueda prestarse en todo el
territorio nacional”[102].
Agregó que “esta Procuraduría
Delegada ha sostenido una postura clara de defensa tanto de los derechos de las
mujeres como de los derechos del no nacido y constantemente ha señalado los
riesgos y las situaciones jurídicas suscitadas a partir de la Sentencia C-355
de 2006, sin dejar que la advertencia de esos riesgos se convierta en una
tergiversación o en un desconocimiento de la autoridad y de la obligatoriedad
de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional”. Solicitó entonces
que “se tengan como pruebas adicionales en el presente proceso el Informe de
Vigilancia Superior a la Sentencia T-388 de 2009 y todos los requerimientos que
hacen  parte de sus anexos en los que se evidencia claramente el proceder tanto
de la Procuraduría General de la Nación como de esta Procuraduría Delgada en el
sentido de que no ha ejercido actuaciones continuas, ni sistemáticas en contra
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del país. De igual
manera solicito que se tenga como prueba el reporte del Plan Operativo Anual
Día a Día de los tres últimos meses de la Procuraduría Delegada (…) en donde se
refleja el nivel de compromiso de este Despacho con los derechos de los sujetos
de especial protección constitucional como lo son la infancia, la adolescencia,
las mujeres, las personas con discapacidad y la familia como sujeto de
derechos”[103].
En cuarto lugar, arguyó que no ha
tergiversado las órdenes de la sentencia T-388 de 2009 sino que, por el
contrario, lo que ha hecho es “impulsar el diseño, la puesta en marcha y el
seguimiento de las campañas masivas de comunicación para la difusión de los
derechos sexuales y reproductivos” por lo cual solicita que se tengan como
pruebas “los soportes relativos a la integración de la Mesa de Trabajo
Interinstitucional para el cumplimiento de la Sentencia T-388 de 2009”[104].
En quinto lugar, respecto de sus
pronunciamientos acerca de los efectos que habría tenido la interposición de
una nulidad en la obligatoriedad de la sentencia T-388 de 2009, expresó que no
se trató de una tergiversación sino de “una tesis jurídica sobre el
cumplimiento en tiempo de la Sentencia T-388 de 2009, que en ese momento había
sido recurrida por el Procurador General de la Nación a través de una solicitud
para que se tramitara un Incidente de Nulidad, incidente que a juicio de la
Entidad suspendía la obligatoriedad de la ejecución inmediata de la Sentencia”.
Explicó que las declaraciones del entonces Presidente de la Corte
Constitucional, en las que sostenía una tesis jurídica contraria a la suya, “son
posteriores (…) y, por ende, no puede afirmarse que (…) realice alguna tergiversación”[105].
En sexto lugar, “sobre las
supuestas mentiras respecto de lo que la OMS y el Consejo de Estado han
establecido sobre Anticoncepción Oral de Emergencia”, manifestó que “los
pronunciamientos de la Organización Mundial de las Salud a pesar de ser
conceptos del alta envergadura para el Sector de la Salud no constituyen una
normatividad vinculante para nuestro país, toda vez que la ejecución y el
seguimiento de sus recomendaciones es potestativo de cada uno de los países que
integran la Organización de las Naciones Unidas”[106].
En séptimo lugar, acerca del
oficio que envió a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Circular Externa
058 de 2009, indicó que este “no contiene una intención de evitar la
remoción de obstáculos al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Señaló
que ello se demuestra mediante varias aclaraciones, unas de carácter
cronológico y otras “conceptuales”[107].
Respecto de las primeras, indicó
que “el oficio (…) fue remitido [en] fecha posterior al 15 de octubre
de 2009 cuando fue suspendido el Decreto 4444 de 2008 por decisión de la
Sección Primera Consejo de Estado, Decreto en el que se soportaba la Circular
058 del 27 de noviembre de 2009”. También dijo que, “para el tiempo de
remisión del oficio”, la sentencia T-585 de 2010, en la que la Corte
Constitucional determinó que la IVE es un derecho, “aún no había sido ni
siquiera emitida”[108].
En cuanto a las segundas
aclaraciones –las “conceptuales”- manifestó que “se remitió el oficio
(…) a la Superintendencia Nacional de Salud  (…) para que esa misma entidad
ejerciendo las funciones que le corresponden decidiera libremente si acogía o
no las recomendaciones e invitaciones que se hacían a través del citado
documento”. Así, aseguró que no se puede afirmar que “ha habido argucia
en la información por parte de la Procuraduría, toda vez que los
pronunciamientos, y en este caso particular el Oficio remitido por mí, da
cuenta precisamente de una información detallada y no errónea, falsa, ni
tergiversada”[109].
En octavo lugar, en lo que toca
con los efectos de la suspensión del Decreto 4444 de 2006 respecto de la
objeción de conciencia institucional a la IVE, transcribió las razones que
esgrimió el Consejo de Estado para adoptar tal determinación y aseguró que las
accionantes omiten “el contenido de las consideraciones de la Circular 021
del 27 de junio de 2011 referidas al Auto 283 de 2010 en las que se lee:
13. Que en los obiter dicta de
la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional reconoció el derecho de
objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las
condiciones señaladas en la misma providencia: (i) que se ejerza por personas
naturales (…)
15. Que, de conformidad con el
artículo 5 del Decreto 444 de 2006, oponerse a la práctica de un aborto por
razones de conciencia es una decisión individual y no institucional, que aplica
exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo (…).
A su juicio, de lo anterior se
desprende “que el ejercicio de la Función Pública por parte de la
Procuraduría General (…) se enmarca en el análisis jurídico integral de las
decisiones tomadas por las dos Altas Corporaciones a las que me he venido
refiriendo (…) cuando se presentan contradicciones o vacíos jurídicos no debe
promoverse una pugna entre derechos o entre las mismas entidades estatales,
sino que se debe propender por el prudente discernimiento responsable de las
normas jurídicas y de su aplicabilidad conforme a los principios de legalidad e
igualdad como orientadores del accionar jurídico. Así las cosas mal podría
decirse que la Procuraduría General de la Nación o esta Procuraduría Delegada
han intentado manipular las reglas jurídicas de la jurisprudencia de uno y otro
Tribunal para desdibujar el sentido de sus decisiones y mucho menos faltar a la
verdad (o mentir como mal se afirma en la Acción de Tutela presentada).
En contraste de esas falsas
acusaciones lo que se ha expresado insistentemente es que debe buscarse el
desarrollo jurídico de los temas abordado en torno al procedimiento de la
terminación voluntaria del embarazo a través de los mecanismos democráticos
existentes en nuestro país (…)”[110].
Finalmente, “sobre las
supuestas mentiras acerca del reconocimiento del derecho a la vida de los no
nacidos para exigir a los funcionarios públicos su protección”, argumentó
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es unánime respecto de este
punto. En efecto, dijo, “la Honorable Corte Constitucional (…) en la
Sentencia T-388 de 2009 (…) advirtió que la vida del nasciturus es un bien
constitucionalmente protegido y que como tal han de adoptarse medidas para su
protección legal, judicial y administrativa. De igual manera, la Corporación ha
reconocido en otras ocasiones, aún después de proferida la sentencia T-388 de
2009, que el nasciturus o el ser humano aún no nacido, es titular de todos los
derechos y prerrogativas constitucionales y goza de una especial protección.
Así lo estableció, por ejemplo, en la Sentencia T-990 de 2 de diciembre de
2010, en la que se lee: ‘De conformidad con las normas internacionales, el niño
por nacer goza de todos los derechos y tiene una protección especial, mas que
cualquier otra persona’ (…)”[111].
Adujo que, “ejerciendo la
debida prudencia ante tal contradicción, de cuya interpretación puede derivarse
la vulneración de derechos tan susceptibles e importantes para el Estado Social
de Derecho como los derechos de las mujeres o el derecho a la vida, ha dirigido
sus esfuerzos para analizar con minucia y discreción todas las consecuencias y
los riesgos que se derivan de las decisiones adoptadas con el fin de proteger
integralmente los derechos humanos, como el caso de la objeción de conciencia,
sin que ello signifique el desconocimiento de la autoridad, ni la
obligatoriedad de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional. De
esta manera puede verse el yerro en el que caen las accionantes al afirmar que
el derecho a la vida es solo reconocido por la Corte Constitucional desde el
nacimiento afirmación que no se corresponde con los apartes de la
jurisprudencia citada”[112].
De lo todo expresado concluyó que
“no se puede establecer, ni inferir un interés por parte de la Procuraduría
General de la Nación, así como tampoco de esta Procuraduría Delegada para
engañar o constreñir especialmente a las mujeres para que no se practiquen la
interrupción voluntaria del embarazo cuando estas se encuentren inmersas en las
causales excepcionales de despenalización del aborto, por el contrario el
mensaje ha sido claro y sería tendencioso decir que la Procuraduría ha
intentado impedir que se cumpla la Sentencia C-355 de 2006”[113].
30.- El veintisiete (27) de
septiembre de 2011 un apoderado especial, designado por la Oficina Jurídica, contestó
la acción de tutela a nombre de la Procuraduría General de la Nación.
El apoderado citó el numeral 7 del
artículo 277 de la Constitución, según el cual la Procuraduría General de la
Nación tiene la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales y administrativas cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales[114].
Explicó que, en virtud de esa atribución,
“al interior de la Procuraduría se ha determinado como necesaria la
presencia e intervención del Ministerio Público, en todas aquellas actuaciones
administrativas y judiciales en las que el principal derecho fundamental como
es el del derecho a la vida, pueda resultar trasgredido o eventualmente
afectado (artículo 13 (sic) de la Carta Política [entiende la Sala que se refiere
al artículo 11]); sobre la base de considerar que dicho tipo de intervención
no es arbitraria, sino imperativa y a cargo de la entidad, atendiendo
precisamente el mandato constitucional señalado, siempre y cuando se presente
la probable afectación de alguno de los supuestos mencionados. En el caso
concreto planteado en la demanda de tutela, por tratarse de la posibilidad de
eliminar la vida a través de la interrupción del proceso de embarazo (…) es
evidente que la intervención se debe realizar en defensa de:
-La vida del nasciturus, como
derecho fundamental, por cuanto el tema se relaciona con la posibilidad de
interrumpir dicha vida en ciertos y determinados casos y con ciertas y
determinadas condiciones, según la sentencia C-355 de 2006;
-El patrimonio público, en
cuanto si se autoriza el uso indiscriminado de sustancias que pueden acabar con
la vida, ello le puede generar responsabilidad patrimonial al Estado, ya que de
permitirse tales procedimientos o medicamentos sin las debidas advertencias, se
puede incluso llegar a contribuir a la comisión de comportamientos delictuales;
potencialmente generadores de indemnizaciones a cargo del Estado que igualmente
pueden afectar no solamente la vida del que está por nacer (derecho
constitucional y legalmente protegido), sino la vida e integridad de la madre
gestante y aún su círculo familiar, por autorizar el inadecuado uso de este
tipo de sustancias y procedimientos;
-El orden jurídico, en cuanto
el uso de las sustancias señaladas y en general de cualquier tipo de
procedimiento abortivo, solamente está permitido en los tres (3) casos
anteriormente expuestos [los de la sentencia C-355 de 2006]; de lo
contrario se insiste, se facilitaría la comisión de comportamientos delictuales
que la sentencia C-355 de 2006, ni ningún otro fallo de acción de tutela
autorizan”[115].
Aseguró que, “en los
diferentes eventos relacionados con el tema del aborto, la entidad siempre ha
procurado respetar los lineamientos enunciados, en una forma razonada y
adecuadamente motivada, con sustento en estudios jurídicos y técnicos
realizados a propósito de dicha temática, respetando de todas formas la
autonomía de las autoridades llamadas a asumir decisiones y sin perjuicio de
propiciar o adelantar directamente las actuaciones que se estimen necesarias
con tal finalidad”[116].
Expresó que “la Procuraduría
ha planteado sus argumentos sustentados en forma motivada y razonada, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista jurídico y el
hecho de que no sean compartidos por quienes ahora actúan como tutelantes e incluso
como autoridades judiciales o administrativas que asumen las respectivas
decisiones, no significa, conforme se plantea en la demanda, falta a la verdad,
sino defensa de la posición institucional asumida por la Procuraduría”[117].
Estimó que “todas las pretensiones en síntesis van encaminadas a afirmar
que las autoridades administrativas como el INVIMA o el Ministerio de
Protección Social y judiciales como la Corte Constitucional, tienen criterios o
posturas diversas de las asumidas por la Procuraduría y que ello es violatorio
del derecho a la información, cuando por el contrario la autoridad encargada de
decidir teniendo la posibilidad de examinar posiciones divergentes, puede
llegar a una mejor conclusión dentro de su análisis, y apartarse o no, total o
parcialmente de las mismas”[118]. Indicó,
además, que algunos de los asuntos relacionados con la demanda de tutela son “temas
polémicos aún pendientes de dirimir por parte de diversas autoridades”[119].
Así, argumentó que “se le
reprocha a la entidad el hecho de que su opinión (…) como Ministerio Público no
sea compartida por los tutelantes y por otra autoridades, sin entrar a rebatir
si los argumentos técnicos que la soportan son válidos y adecuadamente
razonados o no”[120].  Agregó que “la
demanda de tutela no realiza cargos específicos en contra de determinada
actuación asumida por parte de la entidad o en contra de las fuentes que le
sirven de sustento a lo afirmado, sino que enuncia el contenido de las
decisiones asumidas al respecto, en una forma descontextualizada y
tergiversada, carente de orden cronológico, todo lo cual insta a la confusión,
sobre la base de la expedición de criterios abstractos sentados sobre opiniones
brindadas por la parte demandante (…) carentes de soporte técnico y jurídico”[121].
También arguyó que “las
tutelantes tienen la oportunidad inmediata para asumir en el evento de que
sientan vulnerados sus derechos, con o sin la intervención de la Procuraduría y
no de manera hipotética conforme se plantea en la acción de tutela, de tal modo
que resulta improcedente la acción, por desconocer el principio de
subsidiariedad que caracteriza este tipo de acciones. Si se hubiera tomado
alguna decisión en su contra o si las solicitudes formuladas por parte de la
Procuraduría contuvieran decisiones de carácter sustancial, las accionantes
tienen a su alcance la acción de nulidad o la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de hacer valer sus derechos
conculcados, al tenor de los artículos 84 y 85 del C.C.A., en el hipotético
caso de que resultaren afectadas con decisión administrativa asumida en su
contra, que según los hechos planteados en la demanda se insiste nunca han
existido”[122].
A continuación, el apoderado se
refirió a cada uno de los eventos en los cuales las peticionarias estiman que
el Procurador General o sus Procuradoras Delegadas demandadas, han dado
información falsa o tergiversada acerca de sus derechos reproductivos:
En primer lugar, acerca de la
supuesta tergiversación de las órdenes de la sentencia T-388 de 2009, manifestó
que “la circunstancia de que el Procurador General solicitara la nulidad (…)
corresponde al desarrollo de las facultades que le asisten al Supremo Director
del Ministerio Público, en virtud del artículo 277 numeral 7 de la Carta
Política (…) La solicitud descrita por parte del Procurador, al margen de que
sea acogida o no, propende por salvaguardar el orden jurídico”[123].
Señaló que el hecho de que la autoridad encargada de tomar la decisión –en
este caso la Corte Constitucional- se haya apartado del criterio del Ministerio
Público –al negar la nulidad pedida-, no implica tergiversación de la
realidad.
Aseguró que “por el contrario,
la Procuraduría dando cumplimiento al fallo mencionado (sentencia T-388 de
2009), adelantó diversos talleres de orden institucional, que permitieron
producir la expedición de la Circular No. 21 de julio 27 de 2011 [sic],
que define directrices y recomendaciones acerca de dicha temática[124];
y medidas tales como las de incluir el tema dentro del Mapa Estratégico de
Vigilancia de cumplimiento de deberes y responsabilidades[125],
así como en la matriz de objetivos y criterios de logro establecidos con tal
fin[126]. Además (…) en el
respectivo presupuesto anual, se incluyó una partida por valor de $770.000.000,
con el fin de ejecutar la estrategia de comunicaciones ya descrita y definida
con anterioridad, proyecto el cual en la actualidad se encuentra próximo a
contratar[127]” [128].
Añadió que “la Procuraduría ha aunado esfuerzos por lograr el
cumplimiento fiel de la sentencia [T-388 de 2009] a nivel
interinstitucional, tanto que mediante Acta 001 suscrita el 17 de agosto de
2011, entre la Viceministra de Salud, doctora Beatriz Londoño Soto; la Ministra
de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campo Saavedra, el Representante
del Defensor del Pueblo, doctor Mario Suescún Chaparro, y el Procurador General
de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado se conformó la Mesa de Trabajo
Interinstitucional[129] (…) El contenido de
la citada acta, se difundió ampliamente en el boletín 835 publicado el 19 de
agosto de 2011”[130]. También informó
acerca de “una estrategia general de comunicación directa para niños, niñas,
adolescente y jóvenes estudiantes de colegios públicos del país, entre los
nueve (9) y dieciocho (18) años” con el objetivo de que conozcan sus
derechos frente a la violencia sexual[131].
En segundo lugar, respecto de la
posición de la Procuraduría y del Procurador General sobre la naturaleza
abortiva de la anticoncepción oral de emergencia, el apoderado la defendió en
el sentido de que “corresponde a la verdad, de conformidad con las fuentes
consultadas frente al tema”[132]. Así, transcribió
el concepto rendido por la Procuraduría en la  acción popular presentada por la
Corporación Foro Ciudadano en contra del INVIMA en la que se pretende cancelar
los registros sanitarios de los medicamentos cuyo principio activo es
Levonorgestrel[133]. En este sentido,
manifestó que “la Procuraduría considera que una vez producida la
fecundación, es cuando se produce la concepción de un nuevo ser humano, que
necesita de especial protección respecto de medicamentos que eventualmente
estén en capacidad de destruirlo y por lo mismo la afirmación realizada en la
demanda es temeraria, al margen de que en determinado proceso se haya podido
afirmar otro tipo de situaciones, en las que seguramente no se consideraron los
argumentos aquí expuestos, con relación a dicho tema”[134].
Allegó un documento en el que consta que la referida acción popular no ha
sido fallada aún en segunda instancia[135].
En un documento posterior,
entregado el veintinueve (29) de septiembre de 2011, el apoderado aportó el
Informe Técnico 461 de la Organización Mundial de la Salud, emitido en 1970[136].
Expresó que allí “se define el aborto como la interrupción del embarazo
antes de que el feto sea viable y al analizar la implantación del óvulo
fecundado precisa que: ‘La falta de implantación de un óvulo fecundado
constituirá o no un aborto según la definición que se adopte de la concepción y
del embarazo. Si se considera que la concepción ocurre en el momento en el que
se unen el espermatozoide y el óvulo, el óvulo fecundado es ya un producto de
concepción y la falta de implantación constituirá por tanto un aborto, pero si
se acepta que el embarazo se inicia con la implantación, la perdida del óvulo
ocurrida antes de ese momento no podrá considerarse como aborto’. En el caso
colombiano insistimos, la tesis que asumió la Corte Constitucional, al proferir
la sentencia C-355 de 2006, fue la de no ser competente para establecer cuando
comienza la vida pero, se entiende, la de reconocer la existencia del bien
jurídico de la vida desde la fecundación del óvulo por parte del
espermatozoide, lo que significa que si es aborto la interrupción del embarazo
a partir de dicho momento, al margen de que el zigoto no se haya implantado en
el útero. En tal sentido, no es cierta la afirmación contenida en la demanda en
cuanto se está tergiversando lo dicho por la OMS, en cuanto el Postinor no es
abortivo, por cuanto la acepción parte de la aceptación de la tesis a partir de
la implantación del óvulo en el útero, sin consideración al germen de vida que
parte de la fecundación, por lo menos dentro de nuestro orden jurídico vigente”[137].
En el primer escrito presentado
al juez de primera instancia agregó que una de las peticionarias –Mónica del
Pilar Roa López- tiene un “conflicto de intereses en relación con el
producto Postinor” ya que es integrante de la organización Women’s Link
Worldwide en cuya junta directiva “tiene asiento la Directora de Profamilia,
María Isabel Plata[138], siendo Profamilia
la persona jurídica que es titular de la patente del producto Postinor,
sustancia que de las tres (3) posibilidades de uso que tiene, al menos uno (1)
de ellas es eminentemente abortivo”[139]. Adjuntó el
registro sanitario de los productos Postinor 1 y 2, cuyo principio activo es
Levonorgestrel, en los cuales consta que Profamilia está autorizado para ser el
importador de los mismos[140].
En tercer lugar, en lo que toca
con el oficio enviado a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Circular
058 de 2009, manifestó que “el hecho de que la Procuradora Delegada para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia haya
solicitado a la referida Superintendencia rectificar o ajustar lo dicho en el
mencionado acto administrativo a lo verdaderamente expresado en la sentencia
C-355 de 2006, (…) propende por salvaguardar el orden jurídico prestablecido,
en los términos del artículo 277 numeral 7 de la Carta Política y por ende no
se trata de una situación contraria a la realidad (….) Tal solicitud se realizó
después de que el Consejo de Estado dispusiera la suspensión provisional del Decreto
4444 de 2006”[141].
En cuarto lugar, en lo relativo a
los efectos de la suspensión provisional del Decreto 4444 de 2006 sobre el
ejercicio del derecho a la objeción de conciencia a la IVE, especialmente sobre
la denominada institucional, indicó que “el hecho de que no se haya emitido la
Ley que reglamente la práctica de interrupción del proceso de gestación,
implica la imposibilidad para el Gobierno Nacional, de entrar a reglamentar los
temas mencionados en la sentencia C-355 de 2005, tal y como se indicó en auto
de octubre 15 de 2009, proferido por la Sección 1 del Consejo de Estado (…) en
el que (…) ordenó la suspensión de la vigencia del Decreto Reglamentario 4444
de diciembre 13 de 2006”. Así, a su juicio, “al suspenderse la vigencia
de la norma sobre el tema y afirmarse que evidentemente no se ha expedido una
ley específica que desarrolle dicha sentencia [la C-355 de 2006], es
claro que con el hecho de que el Procurador afirme que no ha sido reglamentado
por la ley del Congreso el tema de objeción de conciencia en las hipótesis de
aborto contenidas en la providencia referida, no es contrario al orden
jurídico, ni menos aún mendaz (…)”[142].
En quinto lugar, respecto de los
pronunciamientos acerca de la existencia del derecho a la vida del no nacido, el
apoderado los defendió como ciertos. Para ello, citó los artículos 11, 13, 18,
18, 19, 20 y 44 de la Constitución y los artículos 1 y 4 de la CADH[143].
Y enseguida citó la sentencia C-133 de 1994, en la cual, a su juicio, “tomando
como fuente un soporte técnico, la Corte Constitucional consideró que la vida
humana comienza al momento de la concepción, que a su vez se realiza en el
momento de fecundar el óvulo”, lo que en su sentir fue reiterado en la
sentencia C-013 de 1997[144]. También hizo
referencia a la sentencia C-591 de 1997 y, específicamente, a un aparte de la
misma en la cual se afirma que, de los artículos 90 y 1019 del Código Civil, “se
deduce que la existencia legal comienza en el momento del nacimiento; y la
vida, en el momento de la concepción”[145].
Adujo que en la sentencia C-355
de 2006 “la Corte varió relativamente su jurisprudencia” al distinguir
entre el derecho a la vida y la vida como bien jurídico protegido por la
Constitución[146], pero llamó la atención
sobre el hecho de que “en su último pronunciamiento sobre esta materia la
Corte Constitucional, en la Sentencia T-990 de 2010, señaló que, de conformidad
con el artículo 91 del Código Civil cualquier juez, atendiendo la prevalencia
de los derechos de los niños, es especial del no nacido, puede tomar las
medidas que le parezcan efectivas para su protección, inclusive sobre la madre
gestante al considerarla como una de las primeras personas llamadas a hacer
efectivos los mismos. Por lo expuesto (…), considerar acogiendo los criterios
jurisprudenciales enunciados que tanto desde el punto de vista técnico médico,
como desde el punto de vista jurídico, se ha considerado el inicio de la vida
con la concepción, de manera tal que en tales condiciones, si se permite al
conglomerado en general afirmar que el inicio de la existencia de la vida no
debe ser objeto de protección o no debe ser objeto de protección en una etapa
posterior a la de la concepción, no obstante los pronunciamientos y normas
expedidas al respecto, se está promoviendo a nivel colectivo el atentado contra
la vida misma  y por tanto es válido solicitar a los funcionarios públicos la
protección de dicha categoría de derechos y reiterar que nunca se ha dicho en
la generalidad de los casos es viable el aborto, en cuanto la misma
jurisprudencia lo ha delimitado a las tres circunstancias específicas
ampliamente analizadas”[147].
En sexto lugar, en lo que toca
con la intervención de la Procuraduría en el proceso de consulta acerca de la
inclusión del misoprostol en el POS, manifestó el apoderado que, una de las
demandantes, “la doctora Roa López, pretende que por vía de tutela se expida
la autorización de la utilización de un producto cuya patente ostenta, sin
considerar que el tema aún no ha sido objeto de reglamentación a través de una
ley como es debido, sobre la base de lograr obtener su comercialización sin
ninguna restricción, sin considerar que el uso abusivo del medicamento misoprostol
(e igualmente el postinor), puede eventualmente ser considerado como
delictual”. Así, en su opinión, “lo que le asiste en el fondo a la
señora Mónica del Pilar Roa López, es el interés en poder comercializar libremente
dichos productos, sin considerar el riesgo o la posibilidad de que dicho
criterio conduzca a fomentar la práctica de conductas consideradas delictuales”[148].
Agregó que “el registro de uso
del producto [misoprostol] hasta la presente fecha solo se da para
inducir al parto o para contener la hemorragia, pero en caso de que se tenga
evidencia de que el feto se encuentre fallecido y no en el caso de que el feto
aún se encuentra vivo (…) el INVIMA se vio precisado a negar dicha petición de
registro como medio de interrupción válido para interrumpir el embarazo[149],
no obstante la demandante considere que ello se debió a la intervención de la
Procuraduría, sobre cuyo particular se afirma que la carencia de rigor técnico
en las apreciaciones de la demandante, se pretenden suplir con el hecho de
atribuir a la Procuraduría, situaciones que desbordan la competencia que a la
entidad le asiste (…) la entidad no puede autorizar los medicamentos del POS,
ni la comercialización de ningún producto; y aunque tenga facultades para
solicitar a las autoridades competentes asumir medidas tendientes a evitar la
propagación del uso inadecuado de tales sustancias, que igualmente pueden
resultar gravemente lesivos para el  derecho fundamental a la vida, el ente
administrativo es quien en definitiva asume la decisión y no el ente de control”[150].
En ese sentido, argumentó que “las
advertencias relatadas con el fin de que las autoridades competentes al momento
de tomar las decisiones respectivas, tengan en cuenta tales situaciones, no es
lesivo para el derecho a la información sino por el contrario representa un
desarrollo del mismo, tema que de paso se aclara, no es objeto de discusión
entre los expertos y aún entre los productores de este tipo de sustancias, lo
cual de paso permite afirmar que la opinión de la entidad no es la única que
ratifica dichas posturas, aclarando no obstante que el hecho de que en algunos
países no se considere el aborto como delito, no implica que en Colombia se
haya abolido tal consideración”[151].
El apoderado adjuntó a la
contestación las respuestas que el Ministerio de Protección Social[152]
y la Comisión de Regulación en Salud[153] le proporcionaron a la
Procuradora Delegada Carreño Gómez en las que estas entidades se mostraron en
desacuerdo con las preocupaciones que ella les había manifestado en relación
con la inclusión del misoprostol en el POS.
Finalmente, en el escrito
posterior entregado el veintinueve (29) de septiembre de 2011, el apoderado
manifestó que “a la organización Women’s Link Worlwide, a la cual pertenece
la doctora Mónica Roa y buena parte de las demás personas que firman la acción
de tutela, se le ha brindado dentro de la oportunidad legal respectiva, toda la
información que han solicitado ante la Procuraduría General de la Nación y en
especial ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia (…) que incluso han sido objeto de
acción de tutela”[154]. Anexó a su
escrito documentos relativos a una acción de tutela que impetró una de las
peticionarias –Ariadna Tovar Ramírez- contra la Procuraduría General de la
Nación por violar su derecho de petición al no dar respuesta a una solitud de
información que le hizo el once (11) de mayo de 2011 relativa al cumplimiento
de la sentencia T-388 de 2009. Adjuntó la respuesta a esta petición con fecha
del veintiséis (26) de agosto de 2011. Así mismo, anexó otro derecho de
petición dirigido por la misma persona y respecto del mismo tema aunque con
distinta fecha –veintiocho (28) de julio de 2010- y contenido, y su respectiva
respuesta del veinte (20) de agosto del mismo año[155].
31.- El veintiocho (28) de
septiembre de 2011, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) contestó
la acción de tutela de la referencia. Expresó que “resulta claro que la
presente acción de tutela no se dirige contra la Comisión de Regulación en
Salud, como también que de los hechos de la misma no se desprende la existencia
de acción u omisión por parte de la CRES que guarde relación con el interés
sustancial que se discute en la presente acción, ni se imputa a la entidad la
causación del presunto agravio, lesión o amenaza del derecho fundamental por el
cual se demanda el amparo constitucional, careciendo así de legitimación pasiva
en la presente acción de tutela”[156].
32.- El veintiocho (28) de
septiembre de 2011 el Ministerio de la Protección Social contestó la
acción de tutela de la referencia. Indicó que “lo pretendido por el
accionante no es del resorte ni competencia de esta entidad, lo que da lugar a
que haya ausencia por parte de este Ministerio, bien sea por acción u omisión,
de vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el
accionante (sic) (…) debe declararse la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia contra el Ministerio de la Protección Social por falta de
legitimación por pasiva (…) la entidad que presuntamente viola el pretendido
derecho a la información es la Procuraduría General de la Nación y sus
Procuradurías delegadas, entidades que no corresponden a este Ministerio”[157].
33.- El veintiocho (28) de
septiembre de 2011 la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer contestó la acción de tutela de la referencia. Manifestó que “sin
perjuicio del eventual mérito que pudiere tener la acción, la Presidencia de la
República se opone a la pretensión de integrar una mesa interinstitucional
destinada a vigilar el cumplimiento de las órdenes que llegaren a impartirse a la
Procuraduría General de la Nación como autoridad demandada, en razón a que
semejante tarea escapa a las competencias funcionales de la Consejería (…)
previstas en el Decreto 3445 de 2010 (…) lejos de ser una ejecutora de
políticas de Estado, sólo cumple las funciones de acompañamiento (…) podrían
llegar a serlo otras autoridades que cuenten con competencia constitucional o
legal para ello, e infraestructura técnica, presupuestal y humana apropiadas
para tales fines”[158].
34.- El veintiséis (26) de
septiembre de 2011, el entonces Presidente de la Corte Constitucional
respondió la acción de tutela de la referencia. Indicó que “no tiene
legitimación por pasiva para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la
presente acción de tutela, motivo por el cual no aprecio que sea conducente
manifestarse sobre el particular”[159].
35.- El tres (3) de octubre de
2011 el Ministerio de Educación contestó la acción de tutela de la
referencia. Entregó un informe sobre el cumplimiento de la sentencia T-388 de
2009[160].
36.- El cuatro (4) de octubre de
2011 el INVIMA contestó la acción de tutela de la referencia. Adujo que “ha
actuado en todo momento con plena observancia del ordenamiento constitucional y
legal que lo rige, por lo tanto, no ha vulnerado en ningún momento el derecho a
la información, como tampoco los derechos sexuales y reproductivos, la libertad
de expresión, dignidad humana, autonomía y libre desarrollo (…) no se extrae
del escrito de tutela como el INVIMA como ejecutor de las políticas públicas
expuestas por el Ministerio de la Protección Social, haya vulnerado el derecho
fundamental de información, ni los demás derechos relacionados por las actoras
como conexos, pues en ningún momento este Instituto ha dado información que no
corresponda a los lineamientos constitucionales”[161].
Así, aseguró que “no debió ser vinculado en la presente ya que no existe
el nexo causal entra la presunta vulneración de los derechos fundamentales y
las acciones de la entidad”[162].
Indicó que, como lo manifiestan
las peticionarias, “a través de la Comisión Revisora Sala Especializada de
Medicamentos y Productos Biológicos mediante Acta 20 de 2007, efectuó un
pronunciamiento claro y concreto basado en la evidencia científica, en el cual
se concluyó: (…) este principio activo [misoprostol] podrá ser empleado
como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia
C-355 de 2006 (…)”[163].
37.- La Superintendencia
Nacional de Salud contestó la acción de tutela de la referencia el cinco
(5) de octubre de 2011. Expresó que “en virtud de la sentencia C-355 del 10
de mayo de 2006 y la sentencia T-388 de 2009 de la H Corte Constitucional,
profirió las Circulares Externas No. 058 de 2009 y 003 de 2011, mediante las
cuales se da cumplimiento a la directrices consagradas en los referidos fallos”[164].
Decisiones judiciales objeto
de revisión
Sentencia de primera instancia
38.- El cinco (5) de octubre de
2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá decidió declarar improcedente el amparo solicitado en el
asunto de la referencia.
El argumento central para ello
fue la subsidiariedad de la acción de tutela. Estimó el juez de primera
instancia que “al analizar los hechos expuestos en la demanda de tutela,
esta Sala considera que en realidad, lo que en la misma se plantea está
relacionado con el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-388 de 2009, en la cual se le ordenó a la Procuraduría
General de la Nación que, junto con las demás entidades allí citadas, diseñara
y pusiera en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales
y reproductivos (…) y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la
sentencia C-355 de 2006. Orden que en el auto 327 del 1 de octubre de 2010 se
extendió a lo relacionado con el cumplimiento de las pautas constitucionales
sobre la objeción de conciencia tratándose de las hipótesis de aplicación de la
sentencia C-355 de 2006. Por esa razón, la Sala concluye, a partir de lo
anterior, que toda vez que la Corte Constitucional está haciendo el seguimiento
de las órdenes impartidas por esa Corporación en la sentencia T-388 de 2009,
que implican la aplicación de los dispuesto en la sentencia C-355 de 2006, que
existe en el ordenamiento jurídico otro mecanismo de defensa judicial al que
las actoras pueden acudir (…) Lo que hace improcedente esta acción de tutela”[165].
39.- También consideró el a quo
que la falta de inmediatez y el hecho de encontrarse ante hechos superados
reforzaban la improcedencia del amparo solicitado. Para explicarse, aseveró que
“tal como se observa de las fechas en las que fueron emitidos los
pronunciamientos que se califican como parciales o tergiversados, muchos de
ellos datan de hace más de dos años o varios meses. Evidenciándose que en su
totalidad se estaría frente a hechos superados, en la medida en que en virtud
de lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-388 de 2009, así como
en los autos 283 del 5 de agosto de 2010 (en el que se resolvió sobre la
solicitud de nulidad elevada por el Procurador General de la Nación) y 327 del
1 de octubre de 2010 (seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-388 de
2009), ese ente de control ha procedido a rendir el informe que le fue
solicitado y realizar las campañas ordenadas, siendo la Corte Constitucional la
única llamada a determinar si esa entidad ha cumplido o no con los ordenado por
esa Corporación”[166].
40.- En gracia de discusión,
agregó el juez de primera instancia que no encontraba “como en este evento
podría predicarse la violación del derecho de información de las actoras,
cuando del contenido mismo de la demanda resultaba evidente que tienen
conocimiento veraz e informado de cuales son sus derechos sexuales y
reproductivos, a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de la
personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso
científico, y la forma como pueden ejercerlos, específicamente en todo aquello
que tiene que ver con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencia
T-388 de 2009 y C-355 de 2006”[167].
41.- Así mismo sostuvo que los “hechos
y circunstancias que (…) se aducen de manera hipotética, sin que se haya
especificado en parte alguna cómo y de qué manera a cada una de ellas se les ha
vulnerado el derecho a la información o se les amenaza con vulnerar sus derechos
fundamentales reproductivos, a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo
de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso
científico”[168]. En ese
sentido, consideró que “ninguna [de las peticionarias] adujo o probó
que en virtud de los hechos expuestos en la tutela, no haya accedido o no pueda
acceder al IVE en los casos de la sentencia C-355 de 2006, a la anticoncepción oral de emergencia o se le han presentado obstáculos al acceso a la IVE por
parte de las EPS o IPS o por la objeción de conciencia en esa materia o porque
se solicite por la Procuraduría la protección de los derechos de los no nacidos
o porque el misoprostol no haya sido incluido en el POS”[169].
42.- Añadió que las accionantes no
están legitimadas “para actuar a nombre de otras mujeres colombianas, o de
las niñas o niños o adolescentes que puedan encontrarse en las hipótesis de
aplicación de esas sentencias, ya sea frente a la interrupción voluntaria del
embarazo o para acceder a métodos anticonceptivos diferentes a los quirúrgicos
o para acceder a los servicios de salud sin obstáculos de objeción de
conciencia”[170]. Insistió en
que “tampoco procede [la tutela] para tratar de buscar la protección
de los derechos fundamentales de otras personas indeterminadas que pudieran
llegar a encontrarse en esa situación o que eventualmente puedan estarlo por
sus especiales condiciones de vulnerabilidad (v.g. por ser víctimas de
violencia sexual), respecto de las cuales se carece de legitimación para actuar
a su nombre o como agente oficioso” [171].
Impugnación
43.- Las peticionarias impugnaron
el fallo de primera instancia el once (11) de octubre de 2011. Argumentaron que
“no es cierto, al contrario de lo que dice el a quo que nuestra pretensión
en esta acción de tutela se dirija a obtener el cumplimiento de las órdenes
dadas en la sentencia T-388 de 2009”[172]. Hecha la
anterior aclaración, respecto de la subsidiariedad de la acción incoada
indicaron que “no hay ninguna otra acción judicial para proteger nuestro
derecho a recibir información completa, veraz y confiable”.
44.- Acerca de la supuesta falta
de inmediatez y la configuración de hechos superados, aseveraron las
accionantes que los demandados “vienen mintiendo y dando información
tergiversada sobre los derechos reproductivos de forma continua, pues dicha
afectación de nuestro derecho a la información, viene dándose de forma
persistente entre 2009 y 2011. Así, la actuación vulneratoria de nuestro
derecho a la información se ha presentado a lo largo de dos años (…) no puede
hablarse de un hecho superado, porque la vulneración del derecho persiste
mientras subsistan las declaraciones falsas y tergiversadas sobre nuestros
derechos sexuales y reproductivos, y porque la vulneración de este derecho se
ha dado de manera constante a lo largo de dos años. La existencia de un periodo
tan largo de vulneración de nuestro derecho fundamental a la información, no
indica que nos encontramos ante un hecho superado, sino que mas bien refuerza
la ideas de que dicha vulneración ha sido además de constante, sistemática en
lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos”.
45.- Por último arguyeron que “mientras
subsistan las declaraciones falsas y tergiversadas, hay una violación del
derecho a la información, que no puede entenderse subsanada por el hecho de que
existamos algunas mujeres que conocemos que en efecto la Procuraduría emite
información falsa sobre nuestros derechos reproductivos. El remedio
constitucional a esta afectación de derechos fundamentales, es pues, la
provisión de la información correcta y su difusión por los mismos medios y con
el mismo alcance por el que se difundieron las declaraciones falsas y
tergiversadas, sobre todo ante el riesgo que ello implica para poblaciones
vulnerables como las mujeres en general, y las víctimas de violencia, en
particular” [173].
Sentencia de segunda instancia
46.- El diecisiete (17) de
noviembre de 2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura decidió confirmar la decisión de primer grado. Como fundamento de su
fallo señaló que “al examinar los presupuestos fácticos vertidos en el
paginario, anuncia desde ya la improcedencia del amparo solicitado por i)
ausencia del presupuesto de inmediatez y ante el evento remoto de colmarse tal
presupuesto, la presente acción también deviene en improcedente por cuanto ii)
ataca actos generales, impersonales y abstractos , proferidos por el señor
Procurador General de la Nación y las Procuradoras Delegadas para la función
Pública y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia en ejercicio de las funciones  conferidas mediante el artículo 277 de la
Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000 (…) y iii) se puede reclamar
a la propia Corte Constitucional y a los jueces  de instancia del proceso que
culminó con la sentencia T-388 de 2009”[174].
47.- En cuanto a (i), precisó que
“las presuntas amenazas se verificaron el 21  y 27 de octubre, 10 de
noviembre y 7 de diciembre de 2009; el 2 de marzo y 13 de mayo de 2010 y el 25
de marzo de 2011; y en tal sentido las presuntas amenazas en virtud al
principio de seguridad jurídica han perdido vigencia, independientemente que la
última se haya registrado dentro del término de seis meses para instaurar la
acción de amparo constitucional (…) las accionantes sólo entendieron vulnerado
a partir del 25 de marzo de 2011 pese a registrarse su presunta vulneración
desde el 21 de octubre de 2009; de allí que para el amparo solicitado, no sean
de recibo que se emitan juicios de valor y exigencias sobre tales actos ya
fenecidos, los cuales constituyen presupuesto esencial para la acción
constitucional demandada (…) no puede considerarse, de cara a los fines de la
acción de tutela, como un plazo razonable, toda vez que han transcurrido más de
dos años en que surgió la presunta amenaza”[175].
48.- En lo relativo a (ii),
estimó que “el amparo solicitado va dirigido contra las diferentes
intervenciones que ha realizado el señor Procurador General de la Nación junto
a su Delegadas, ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales
como Ministerio Público en temas IVE, al tenor de las funciones previstas en el
artículo 277 de la Constitución Política y  el citado Decreto 262 de 2000, sin
que en manera alguna las accionantes concreten en la demanda de acción
constitucional, un acto de la accionada de carácter particular, personal o
concreto que haya afectado en forma tal y directa a una cualquiera de las
actoras. Vale destacar, que al lanzar en abstracto  juicios de reproche contra
servidores de  la entidad accionada, el amparo solicitado devenga en
improcedente por cuanto la tutela debe recaer sobre hechos concretos y
particulares generadores de una amenaza (…) de resultar en el ejercicio de esas
funciones, una sola vulneración de carácter particular, personal y concreto,
surgen las acciones administrativas de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”[176].
49.- Finalmente, en lo que toca
con (iii), el juez de segunda instancia expresó que “las accionantes, bien
pueden recurrir a los jueces de instancia que conocieron de la tutela que
culminó con la sentencia T-388 de 2009, si estiman que lo allí decidido no ha
sido cumplido por la Procuraduría General de la Nación”[177].
Actuaciones surtidas en el
trámite de revisión
50.- El doce (12) de junio de
2012 el Magistrado Sustanciador dictó un auto con el fin de recabar pruebas en
el asunto de la referencia. En concreto resolvió[178]:
“Primero.-
ORDENAR que por Secretaría General se solicite al Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) que, en el término de ocho (8)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente Auto, informe a
este despacho, adjuntando los soportes documentales correspondientes, si algún
medicamento que contenga el principio activo Misoprostol tiene registro
sanitario otorgado por esa entidad. En caso se ser así, deberá informar además
cual o cuales son y en que términos se concedió su registro sanitario.
Segundo.-
ORDENAR que por Secretaría General se solicite a la Comisión de Regulación en
Salud (CRES) que, en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de
la notificación del presente Auto, informe detalladamente a este despacho,
adjuntando los soportes documentales correspondientes, en que consistió y como
se desarrolló el proceso de consulta sobre la inclusión del medicamento
misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud -ordenado a través del acta 20 del
29 de diciembre de 2010- y cual fue la decisión particular que se tomó al cabo
del mismo, así como los fundamentos específicos de la misma.
Tercero.-
SUSPENDER los términos para decidir en el asunto de la referencia hasta tanto
se adelanten y verifiquen las actuaciones ordenadas”.
51.- Los documentos solicitados a
la CRES llegaron al despacho del Magistrado Sustanciador el veintiocho (28) de
junio de 2012. Informa que el proceso de consulta sobre la inclusión del
medicamento misoprostol en el POS se desarrolló junto con el de otros dos
medicamentos, los cuales fueron incorporados al POS mediante el acuerdo 25 del
24 de mayo de 2011 emitido por la CRES[179].
Acerca de la forma en que se desarrolló
este proceso la entidad explicó que firmó el contrato 040 de 2010 con el
consultor Universidad Nacional para (i) revisar “la literatura de la
medicina basada en la evidencia en relación con la seguridad y efectividad de
cada una de las tecnologías estudiadas” [180] lo que permite “concluir
las indicaciones para las cuales la tecnología estudiada se muestra segura y
efectiva”, (ii) estudiar “el impacto económico de la inclusión de la
tecnología en el POS teniendo en cuenta los costos y/o ahorros para las
indicaciones en las cuales se mostró efectiva y segura la tecnología” y
(iii) estudiar “el impacto sobre la Unidad de Pago por Capitación tanto para
el Régimen Subsidiado como para el Régimen Contributivo de la tecnología con
sus indicaciones clínicas”. Precisó que, en el documento final, “para el
caso que nos ocupa (…) el consultor recomendó que se estudiara (…) para posible
inclusión al POS el medicamento Misoprostol”  y que “se verificó por
parte la UAE CRES que Misoprostol era el único medicamento (tecnología
disponible), que tenía una autorización específica en la indicación de
maduración del cuello uterino, por parte del INVIMA” [181].
Hecho lo anterior, la CRES dijo
que aseguró “la participación efectiva de la comunidad médica y de los
usuarios”. Respecto de la primera indicó que “la comunidad científica en
general recomendó la inclusión del Misoprostol en el POS (…) Señaló entre otros
aspectos que (…) disminuiría efectos adversos de procedimientos más invasivos
que se llevan a cabo por falta de un fármaco para la maduración del cuello
uterino para el caso de los abortos retenidos y los casos indicados por la
norma de interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente señalaron otras
indicaciones en las cuales hay efectos positivos del Misoprostol en Gineco
Obstetricia como es la hemorragia postparto”[182].
En lo que toca con los segundos
–los usuarios- explicó que “se organizó por parte de la UAE [Unidad
Administrativa Especial] CRES el proceso de consulta ciudadana en el cual se
adelantó la publicidad requerida y se dispuso en el sitio web oficial de la
entidad lo necesario para que los ciudadanos y entidades dieran sus
apreciaciones frente a las tres tecnologías consultadas (…) La consulta
ciudadana se llevó a cabo entre el 22 de enero y el 20 de febrero de 2011
inclusive. Los resultados de la consulta ciudadana en lo referente a la
tecnología denominada Misoprostol, arrojaron lo siguiente: se presentaron 1.307
observaciones que apoyaban la inclusión del mismo en el Plan Obligatorio de
Salud POS, en cumplimiento de la sentencia C-355 y en otras indicaciones
clínicas, 1040 observaciones no apoyaron la inclusión y 208 no opinaron. Del
total de 1.307 observaciones recibidas apoyando la inclusión del Misoprostol,
1279 procedieron de persona natural y 28 de entidades (…) Los datos finales de la
Consulta Ciudadana dieron para el Misoprostol un 51.15% a favor de su inclusión
y un 40.7% por la no inclusión, un 8.15% no opinó”[183].
En cuanto a la decisión
particular que se tomó al cabo del referido proceso de consulta, así como los
fundamentos específicos de la misma, informó que “con los resultados de la
consulta ciudadana, en sesión 25 de la CRES realizada el 16 de mayo de 2011, se
debatió la inclusión de los medicamentos (…) Misoprostol (…) En el curso de la
sesión en comento, el presidente de la Comisión informa que mediante oficio del
15 de abril de 2011 suscrito por la Procuradora Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia[184],
la Procuraduría General de la Nación manifestó: ‘reitero mi requerimiento en el
sentido de que (…) se suspenda el trámite relativo a la inclusión del POS y les
invito a asistir a la Mesa de Trabajo convocada por la Procuraduría Delegada
para la Vigilancia de la Función Pública, Doctora María Eugenia Carreño, que se
llevará a cabo en la oficinas de la Procuraduría General de la Nación (piso 25)
en la fecha que se concertara con ustedes’. Con fundamento en esta
comunicación, el señor Ministro de la Protección Social solicitó la suspensión
de la discusión (…) hasta tanto se sostuviera la mencionada reunión”.
A continuación la CRES señaló que
deseaba poner “en conocimiento de la Sala lo manifestado por la Procuraduría
General de la Nación en visita especial como función preventiva en la Unidad
Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud, contenido en el oficio
de fecha 27 de marzo de 2012[185], ‘Cabe agregar, que
este organismo de control ha manifestado en prevención, que ninguna autoridad
administrativa puede intentar reglamentar el servicio de interrupción
voluntaria del embarazo ni expedir normas técnicas sobre el mismo, introducir
servicios quirúrgicos o médicos para la prestación pública u obligatoria del
mencionado procedimiento, hasta tanto el Honorable Consejo de Estado no
resuelva de fondo la demanda de nulidad o levante la suspensión del Decreto 444
de 2006’”[186].
Así, la entidad concluyó que “la
Comisión de Regulación en Salud ha velado por la actualización del POS teniendo
en cuenta los aspectos de interés en Salud Pública de acuerdo a las políticas
nacionales, la normatividad vigente y la adopción de normas técnicas; sin
embargo, está llamada a atender los requerimientos que en ejercicio de su
función preventiva le hagan los organismos de control de la gestión pública”[187].
52.- El INVIMA allegó las pruebas
solicitadas el veintiocho (28) de junio de 2012. De la información allegada se
desprende que el “ingrediente farmacéutico activo” misoprostol se encuentra
presente en varios medicamentos que poseen registro sanitario otorgado por esta
entidad y que varias de sus indicaciones aprobadas están relacionadas con la
salud reproductiva de la mujer. El siguiente cuadro resume lo dicho.
Medicamento
Solicitante
Concepto
Comisión Revisora - Sala Especializada Medicamentos y Productos Biológicos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros Sanitarios
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros Sanitarios
Indicaciones
Misopros V 200 mcg Tabletas
Ranuradas
Grupo Farmacéutico Colombiano
Ltda.
Acta 32 de 2009 numeral 2.3.5[188].
Resolución 2010008243 del 31 de
marzo de 2010[189].
Resolución 2010016060 de 2 de
junio de 2010[190].
Por 10 años, hasta el 17 de
junio de 2020.
-Maduración cuello uterino para
procedimientos como:
a) histeroscopia
b) colocar DIU
-Evacuación del útero en casos
de:
a) feto muerto, en el segundo y
tercer trimestre
b) evacuación de cavidad
uterina y por fallo temprano del embarazo con edad gestacional menor de 22
semanas.
Medicamento
Solicitante
Concepto
Comisión Revisora - Sala Especializada Medicamentos y Productos Biológicos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros Sanitarios
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros Sanitarios
Indicaciones
Misopros V 50 mcg Tabletas
Ranuradas Vaginales
Grupo Farmacéutico Colombiano
Ltda.
Acta 13 de 2010 numeral 3.3.8[191].
Recomienda.
No fue enviada por el INVIMA.
Resolución 2010023246 de 29 de
julio de 2010[192].
Por el término de 5 años, hasta
el 12 de agosto de 2015.
Igual que la anterior.
Cytil 50 mcg Tabletas Ranuradas
Vaginales
Tecnoquímicas
Acta 13 de 2010 numeral 3.3.8[193].
Recomienda.
No fue enviada por el INVIMA.
Resolución 2010027498 del 1 de
septiembre de 2010[194].
Concede por 5 años, hasta el 17
de septiembre de 2015.
Igual que la anterior.
Medicamento
Solicitante
Comisión
Revisora - Sala Especializada Medicamentos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros
Indicaciones
Industol 25 mcg Tableta Vaginal
Laboratorio Franco Colombiano
Lafrancol S.A.
Acta 18 de 2008 numeral 2.3.1[195].
Acta 38 de 2011 numeral 3.3.32[196].
Resolución 2010021226 de 13 de
julio de 2010[197].
Resolución 2010028610 de 9 de
septiembre de 2010[198].
Modificada por la Resolución
2011044045 de 16 de noviembre de 2011[199].
“Esta indicado en los casos
en que sea necesario la interrupción del embarazo en gestaciones a término o
próximas al término y en la inducción de parto con feto muerto antes de las
30 semanas. Actúa provocando una contracción uterina”.
Se añadió: “inducción del
trabajo de parto con feto vivo, en embarazo a término que requiere maduración
del cerviz”.
Medicamento
Solicitante
Concepto
Comisión Revisora - Sala Especializada Medicamentos y Productos Biológicos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros Sanitarios
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros Sanitarios
Indicaciones
Industol 200 mcg Tableta
Vaginal
Laboratorio Franco Colombiano
Lafrancol S.A.
-Acta 13 de 2010 numeral 3.3.9[200].
Recomienda.
Resolución 2010021227 del 13 de
julio de 2010[201].
Resolución 2010028611 de 9 de
septiembre de 2010[202].
Concede por 5 años, hasta el 22
de septiembre de 2015.
-Maduración cuello uterino para
procedimientos como:
a) histeroscopia
b) colocar DIU
-Evacuación del útero en casos
de:
a) feto muerto, en el segundo y
tercer trimestre
b) evacuación de cavidad
uterina y por fallo temprano del embarazo con edad gestacional menor de 22
semanas.
Medicamento
Solicitante
Concepto
Comisión Revisora - Sala Especializada Medicamentos y Productos Biológicos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros Sanitarios
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros Sanitarios
Indicaciones
Industol 100 mcg Tableta
Vaginal
Laboratorio Franco Colombiano
Lafrancol S.A.
Acta 18 de 2008 numeral 2.3.1[203].
Resolución 2010021228 de 13 de
julio de 2010[204].
Resolución 2010028612 de 9 de
septiembre de 2010[205].
Concede por 5 años, hasta el 22
de septiembre de 2015.
“Esta indicado en los casos
en que sea necesario la interrupción del embarazo en gestaciones a término o
próximas al término y en la inducción de parto con feto muerto antes de las
30 semanas. Actúa provocando una contracción uterina”.
Medicamento
Solicitante
Concepto
Comisión Revisora - Sala Especializada Medicamentos
Aprobación
evaluación farmacológica
Subdirector de
Registros Sanitarios
Concesión
registro sanitario
Subdirector de
Registros Sanitarios
Indicaciones
Cytil 200 ug Tabletas Ranurada
Vaginal
Tecnoquímicas
Acta 32 de 2009 numeral 2.3.5[206].
Resolución 2010009405 del 14 de
abril de 2010[207].
Resolución 2010037216 de 12 de
noviembre de 2010[208].
Por cinco años, hasta el 3 de
diciembre de 2015.
-Maduración cuello uterino para
procedimientos como:
a) histeroscopia
b) colocar DIU
-Evacuación del útero en casos
de:
a) feto muerto, en el segundo
trimestre
b) evacuación de cavidad
uterina y por fallo temprano del embarazo con edad gestacional menor de 22
semanas.
En las contraindicaciones “confirmar
que no existe (…) embarazo con feto viable para la continuidad del
tratamiento”.
Intervenciones recibidas en el
trámite de revisión
53.- Varios ciudadanos y
organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales enviaron
escritos de intervención, todos con el objetivo de apoyar las solicitudes de
las peticionarias. A continuación se resumen las mismas.
54.- El Área de Derechos
Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de la División de
Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México
hizo llegar su escrito el diecinueve (19) de abril de 2012[209].
Manifestó que existen dos
dimensiones de la libertad de expresión que son las de recibir información y la
de difundirla, las cuales son igualmente importantes e interdependientes razón
por la que deben ser garantizadas simultáneamente a fin de que ésta sea
plenamente efectiva.
Explicó que el derecho a recibir información
tiene a su vez dos vertientes: una individual, “que garantiza que nadie sea
arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o
elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin
mas limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente
legítimas”, y otra colectiva, “que garantiza el derecho de todas las
personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda
formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad
auténticamente democrática (…) para efectuar del mejor modo el control
institucional sobre los representantes de la sociedad”. En este sentido,
aseguró que esta dimensión colectiva del derecho a la información “entraña
el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, -(…)
la opinión pública-, indisolublemente ligada con el pluralismo político”.
Señaló que “existe un tipo de
información que merece una tutela especial: aquella que sirve al debate
colectivo, que es de interés general” y que “las materias que envuelven
cuestiones de interés público (…) son, por ejemplo: (…) (ii) la información
requerida para el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, la relativa a los
requerimientos y procedimientos en las áreas de salud, pensiones, servicios
básicos, entre otras”. Según el interviniente, la distinción entre la
información que debe tener protección especial y la que no, sirve “para
graduar las obligaciones del Estado en materia de información: mientras en
ciertos rubros el Estado sólo debe garantizar el acceso a la fuentes de
información (transparencia pasiva); tratándose de información pública, el
Estado tiene la obligación de publicarla (transparencia activa)”.
Sostuvo que “en el caso, el
Procurador y las Procuradoras Delegadas se han avocado a manifestar y difundir
opiniones particulares en torno al aborto y al uso de anticonceptivos, dejando
a un lado la difusión de información en torno a la existencia y a los medios
para hacer efectivos los derechos que concede la sentencia C-355 de 2006. Al no
proveer de esta clase de información, el Estado incumple su deber de garantizar
el derecho a la información. Además, los órganos a los que les corresponde el
control de sus homólogos han fallado en limitar las actuaciones del Procurador
y sus Delegadas, incumpliendo sus propias obligación de remover obstáculos que
impiden el acceso a la información, es decir, de la dimensión de garantía de
sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Manifestó que, para que se cumpla
con el derecho a la información, “no basta con la libre transmisión de datos
y noticias, para tener por satisfecho el estándar que impone el derecho a
recibir información” sino que “requiere que dicha información lleve un
contenido veraz”. Aclaró que esta exigencia “no llega al extremo de
obligar a los informantes a lo imposible, exige solo un grado de diligencia
proporcional a las facilidades objetivas y subjetivas del informante para
adquirir, sistematizar y publicar la información. Lo que no está permitido es
manipular, mutilar o condicionar la información premeditadamente”. Agregó
que otros requisitos, adicionales a la veracidad, son que la información debe
ser oportuna, accesible, precisa, completa y actualizada.
Estimó que “cuando el
Procurador dice que la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de mayo [T-388
de 2009] se extralimita al ordenar campañas masivas de promoción del aborto,
emite información parcial e incompleta: omite, por ejemplo, decir que la
decisión de la Corte no solamente estaba limitada a ciertos supuestos, sino que
también respondía a que el sistema de salud establecía muchísimos obstáculos
para acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo en el sistema de salud
de Colombia.
Así mismo, cuando el Procurador
manifiesta públicamente que las píldoras que contienen levonorgestrel son
abortivas, está dando a conocer información imprecisa y desactualizada, porque,
recientemente, la Organización Mundial de la Salud señaló que el levonorgestrel
es un anticonceptivo, es decir, que no es efectivo para realizar un aborto una
vez que el proceso de implantación ha ocurrido.
De igual forma, cuando la
Procuraduría afirma que no existe un derecho al aborto en los casos señalados
en la sentencia C-355 de 2006 y la objeción de conciencia es absoluta, está
difundiendo información falsa, ya que las múltiples sentencias en que la Corte
Constitucional ha sostenido lo contrario siguen surtiendo efectos, con
independencia de la suspensión, provisional o definitiva, de los instrumentos
administrativos diseñados para implementarlas”.
Añadió que “si un funcionario
público se coloca voluntariamente en la posición de intermediario, entre la
información y el público, debe asumir las responsabilidades de los
profesionales de la información, dado el vínculo entre comunicación en masa y
la democracia, la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del
derecho a la información de los ciudadanos: dado que se está cumpliendo una
misión pública. Y una vez que las opiniones y juicios de valor del Procurador
sale de su fuero interno, los demás órganos están en posibilidad de detectar
las violaciones a los derechos llevadas a cabo por este funcionario y, en ese
sentido, sancionarlas, de conformidad con el régimen obligacional de los
derechos”.
El interviniente fue más allá y
sostuvo que los demandados han incurrido en actos de censura. Indicó que “todo
acto u omisión que inhabilite la publicación de una fuente informativa, que
tienda a influir en esa publicación o que dificulte que el producto
informativo llegue normalmente a la sociedad, puede entrar en el concepto de
censura, en términos amplios”. Aseguró que “en el caso, el Procurador y la
Procuradora Hoyos han violado la libertad de expresión de los agentes
encargados de dar a conocer la información relevante en materia de derechos
sexuales y reproductivos, al afirmar que la sentencia que ordena la
despenalización del aborto no es vinculante o que el gobierno no puede emitir
ningún tipo de reglamentación para aplicar la catedra del aborto en los
colegios porque la tutela que la ordenó no está en firme; exhortar a los medios
de difusión, a tener cuidado con el manejo de los datos sobre el numero de
aborto clandestinos y legales en Colombia; apuntar que el derecho internacional
prohíbe el aborto de forma absoluta; y al comprometer a ciertos Ministros y a
Superintendente de Salud con la defensa tanto de los derechos fundamentales de
las mujeres gestantes como del derecho a la vida del no nacido.
La malversación de la
información es el punto común de los hechos narrados. Mensajes claros que,
tanto la Corte Constitucional, como la misma Organización Mundial de la Salud,
trataron de hacer llegar a sus informados, fueron desvirtuados. Si la Corte
ordena que deben ser implementadas cátedras que instruyan a los colombianos
sobre los efectos de la despenalización del aborto, está enviando un mensaje
inequívoco de que 1) el aborto ya no está penalizado, 2) todos tienen derecho
de conocer los alcances y límites de la despenalización del aborto y 3) las
escuelas, así como los agentes que integren el sector extraescolar, tienen la
obligación de proporcionar tal instrucción. La Procuradora no debe impedir que
los colombianos y las colombianas conozcan este mensaje en su integridad.
La Organización Mundial de la
Salud, inclusive, ha creado un Biblioteca Virtual de Salud Reproductiva, para
dar a conocer las características de los métodos anticonceptivos y
contraceptivos, sus ventajas y sus riesgos. Cuando el Procurador insiste en que
las píldoras anticonceptivas son, en realidad, abortivas, pervierte la campaña
de investigación y difusión llevada a cabo por las Naciones Unidas y los medios
de comunicación.
De igual forma, acuerdos,
convenios, sentencias y demás documentos del derecho internacional son subidas
a la red y puestas a disposición de todo el público, por parte de distintas
entidades del derecho internacional. Cuando un funcionario público, cuya tarea
expresa es proveer o hacer llegar a los ciudadanos esta información, sin
deformaciones, malversa el sentido de estos trabajos, está vetando el mensaje
informativo que, con esfuerzo patente, dichas instancias han tratado de hacer
accesible al público. Esto constituye una violación del derecho a expresarse de
quienes, personalmente, se han dedicado a generar y/o difundir información de
calidad, vía estos documentos”.
A continuación el interviniente
se dedicó a resaltar que “el derecho a la información es un derecho
instrumental” por lo cual su violación “es una causa que contribuye a la
violación del respeto a otros derechos humanos”.
Afirmó que la relación entre el
derecho a la información y los derechos reproductivos consiste en que “para
que los derechos reproductivos (…) sean efectivos, la información es necesaria.
Cuando se manipula esta información, cuando se impide el acceso efectivo a
ella, se vulnera el derecho a decidir sobre los hijos”.
Sobre la relación entre el
derecho a la salud y a la información dijo que “el derecho a la salud (…)
comprende los principales determinantes de la salud, como son: el acceso (…) a
la información relacionada con la salud, incluida la salud sexual y
reproductiva”. Adujo que “al malversar la información, se presenta al
público un mensaje que no corresponde a la realidad y que induce a las personas
al error, respecto del alcance y la manera de hacer efectivo su derecho a la
salud, dejándolas en estado de desprotección. La omisión o la manipulación de
la información pone en riesgo la salud de aquellos”. Explicó que “una
campaña informativa en contra de la prestación del servicio de interrupción
voluntaria del embarazo, así como el uso del misoprostol y levonorgestrel,
vulnera el derecho a la salud, porque, al manipularse, mutilarse u ocultarse
los datos existentes sobre estos métodos anticonceptivos o contraceptivos, se
genera un circuito de desinformación, que pone en riesgo la salud de todos los
destinatarios del mensaje informativo (…) por ejemplo (…) por no contar con la
información correcta acerca de quienes pueden y deben prestar los servicios de
la interrupción del embarazo, las mujeres podrían acudir a métodos inseguros e
insalubres y ponerse en riesgos cuando ello es absolutamente innecesario. El
Estado, encarnado en el Procurador, debe abstenerse de difundir información que
no cumpla con los estándares de calidad que impone el derecho comparado, pues
ello constituye una violación a la obligación de no interferir en el disfrute
del derecho a la salud de los usuarios de métodos anticonceptivos y
contraceptivos, y de asegurar el mínimo esencial para el disfrute del derecho
de  acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva”.
Acerca de la relación entre el
derecho a la educación y la información, señaló que “las funciones que
competen al Estado en materia de educación sobre la salud deben tender al
afianzamiento de ésta como mecanismo que garantice la accesibilidad a la salud,
lo que supone promover el uso responsable de los métodos anticonceptivos y
contraceptivos, la práctica sexual con protección y el acceso al procedimiento
de interrupción legal del embarazo. Cuando el Procurador y la Procuradora
Delegada sostienen que las escuelas superiores no deben dar cátedras sobre la
despenalización del aborto, sus alcances y sus límites, soslayan la importancia
que tiene la educación sexual y reproductiva para el desarrollo personal de los
estudiantes (…) Varios jóvenes deben el mal uso de los métodos contraceptivos y
anticonceptivos a la ausencia o a la deficiencia de la educación que recibieron
a lo largo de su vida. El desconocimiento, que sólo puede ser combatido a través
de una buena educación, está ocasionando que personas sexualmente activas no
empleen las herramientas existentes, para cuidarse y cuidar a sus parejas. Si
esto ocurre tratándose de métodos anticonceptivos, se podría esperar un
fenómeno de consecuencias más graves tratándose del procedimiento de
interrupción legal del embarazo, que no supone una práctica del día a día y
que, por canales interpersonales, más difícilmente puede ser conocida por la
población”.
En lo que respecta a la relación
entre derecho a la información y la autonomía, la cual entiende como sinónimo
de libre desarrollo de la personalidad, el interviniente aseguró que “cada
persona se plantea si se ha de reproducir, con quien, cuando y por qué medios,
cuantos hijos tendrá, etcétera. Esta faceta del libre desarrollo, la autonomía
corporal, es presupuesto de la seguridad y la independencia de todo ser humano.
Por cuanto base de estas decisiones trascendentes, la información sobre todo el
espectro de derechos y libertades fundamentales que tiene el individuo, así
como sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en
los sistemas es un bien de valor (…) la maternidad y la paternidad, la
sexualidad y la reproducción, y los medios para adentrarse en estas
experiencias están amparadas por el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Cuando el Procurador y sus Delegadas están desincentivando el uso
de las diversas técnicas de planificación familiar, reducen el espectro de
opciones disponibles para los sujetos y dificultan (si no es que imposibilitan)
el logro de proyectos planteados, pues el comportamiento sexual del individuo
en buena medida se determina por el conocimiento que tenga respecto de los
métodos anticonceptivos de que dispone. Todo ello afecta la toma de decisiones
de los padres y madres, y de quienes, expresamente, han decidido no serlo.
Además de intervenir
abiertamente en cuestiones que pertenecen a la conciencia de cada persona, la
Procuraduría ha dejado de procurar las condiciones más aptas para el acceso de
los usuarios a los servicios de salud sexual y reproductiva, conectados con la
realización de sus proyectos de vida: tanto el Procurador como las Procuradoras
Delegadas han solicitado expresamente la desaparición del misoprostol del
Programa de Salud, han dicho que el levonorgestrel tiene efectos abortivos (lo
que, en alguna medida, puede desincentivar su uso) y han llamado a los médicos
practicantes a no realizar el procedimiento de interrupción legal del embarazo,
al señalar que la objeción de conciencia es un derecho absoluto por encima de
los derechos de las mujeres y apartándose del precedente de la Corte
Constitucional”.
En lo relativo a la relación
entre la información y la dignidad humana, indicó que “el derecho a la
autonomía hace parte de la dignidad humana” la cual permite hacer
elecciones. Manifestó que “la elección presupone la voluntad que es capaz de
evaluar cada alternativa  y, hecho un balance, optar por una de las varias
alternativas a escoger. Cuando el Procurador y las Procuradoras Delegadas
niegan al público cierta información, por temor a que hagan uso de ella, están
tratando a los destinatarios de la información como capitis deminutio, a
quienes hay que conducir en las elecciones que, respecto de las actividades que
le integran como ser humano, deben hacer”.
En lo que toca con la relación
entre la información y el derecho a beneficiarse del desarrollo científico, el
interviniente señaló que “el uso del levenogestrel representa la generación
mas reciente en anticoncepción de emergencia” y que “las técnicas para
interrumpir el embarazo se han desarrollado de manera significativa.
Actualmente, el método más utilizado, antes de las doce semanas de gestación,
es el llamado método por aspiración, que ha llegado a desplazar métodos
fuertemente criticados por los defensores del derecho a la vida del no nacido:
el aborto por raspado, la inducción al parto prematuro, el método de dilatación
y evacuación, y el aborto por nacimiento parcial. También el misoprostol ha
sido ampliamente utilizado al efecto, mismo (sic) comenzó a ser vendido en las
farmacias de América Latina a finales de la década de 1980”.
Dicho lo anterior afirmó que “los
métodos anticonceptivos son una aportación médica relativamente reciente y que
han sido utilizados legalmente hasta los albores del siglo XXI. El desarrollo
científico ha ido logrando, lentamente y con esfuerzos, facilitar el uso y el
acceso a instrumentos que, desde siempre, han sido utilizados para planificar
la sexualidad y la reproducción. Ello supone considerarlos un producto del
progreso técnico y científico de última generación, del que todos los
individuos, amparados por sus derechos sexuales y reproductivos, tienen derecho
a beneficiarse.
El desarrollo de la ciencia y
la tecnología tiene razón en el bienestar de una persona o el mayor número de
ellas y, en ese sentido, no puede quedar al arbitrio de una minoría (o, incluso
de una mayoría) el acceso a esta clase de recursos, máxime que se trata de
facilidades y herramientas a través de las cuales una persona puede alcanzar el
máximo grado de bienestar. Tratar de impedir el uso de estas técnicas
anticonceptivas y contraceptivas supone ir en contra de un progreso científico
que tiende hacia el bienestar, y de un desarrollo cultural que se orienta hacia
la apertura sexual y la planeación reproductiva.
Tal intento no sólo es
infructuoso (basta ver las cifras sobre el numero de nacimientos y abortos,
anticonceptivos adquiridos y patentes registradas cada año), sino también
perjudicial para quienes son, o serán, sexualmente activos. Aunque el
Procurador pida, como hizo en 2010, prudencia en el manejo de las cifras sobre
el uso del misoprostol en Colombia, el hecho es que existe un problema social
real: el creciente numero de mujeres hospitalizadas por  razones de maternidad
y de muertes relacionadas con abortos clandestinos. El avance de la ciencia
tiene, en esta arena, un asidero perfecto y por eso esta tutela por el derecho
a beneficiarse del desarrollo científico.
Este derecho impone a las
autoridades la obligación de abstenerse de impedir el acceso a los desarrollos
de la ciencia, además de la obligación de promover la investigación científica
y aplicar los resultados de esas investigaciones. En el caso concreto, la
primera obligación ha sido incumplida por el Procurador y las Procuradoras
Delegadas, quienes han intentado obstaculizar la interrupción legal del embarazo
del Plan Obligatorio de Salud, y que los profesionales de la salud utilicen las
técnicas de interrupción del embarazo en los casos señalados en la sentencia
C-355 de 2006”.
55.- La Asociación por los
Derechos Civiles de Argentina (ADC) entregó su intervención el veinte (20)
de abril de 2012[210].
Al igual que el interviniente
anterior, diferenció las dos dimensiones de la libertad de expresión: “En su
dimensión individual, la libertad de expresión exige que nadie sea
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento (…)
Pero en su dimensión social implica un derecho colectivo a recibir información
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Precisó que esta doble
dimensión utilizada por la CIDH y la Corte IDH “dialoga armoniosamente con
el derecho a la información de doble vía reconocido por la Constitución
colombiana e interpretado por la Corte Constitucional. En efecto, la Corte
Constitucional ha reconocido que el derecho garantizado en el artículo 20 de la
Constitución colombiana implica dos derechos distintos: el de la libertad de
expresión y el derecho a la información”. En ese sentido, indicó que tanto el
sistema interamericano y la Constitución colombiana “protege[n] a
emisores y receptores [de la información] por igual”.
Sin embargo, resaltó la siguiente
discrepancia entre estos dos ordenamientos jurídicos: “en el caso de
Colombia se protege cierta calidad de la información ya que garantiza el
derecho a recibir información veraz e imparcial. En el caso de la Convención
Americana, esa calificación de la información protegida está ausente y fue
incluso expresamente rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que en el principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión señaló que los condicionamientos previos, tales como veracidad,
oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados, son incompatibles con el
derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos
internacionales”.
Para solucionar esta diferencia
acudió a la sentencia T-679 de 2005 en la cual la Corte Constitucional determinó
que “la exigencia de veracidad y de imparcialidad contenidas en el artículo
20 no pueden, por tanto, interpretarse de modo tal que se exija prueba
incontrovertible acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera
o imparcial. De ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería
el silencio y significaría una clara amenaza para la democracia. El grado de
verdad y de imparcialidad que se exige con relación a la información emitida,
se conecta, más bien, con un deber de diligencia razonable con base en el cual
sea factible afirmar que se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas; que se actuó sin un ánimo expreso de presentar como
ciertos, hechos falsos y que se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas”. Explicó que “las consideraciones del tribunal son parecidas a
la llamada doctrina de la real malicia que ha sido adoptada en numerosos países
de la región e incluso fue recomendada por la Comisión Interamericana. Ella
establece que nadie puede ser sancionado o penalizado de alguna manera por
producir información falsa a menos que se demuestra que sabía que la
información era falsa (dolo) o se comportó con absoluto desprecio frente a la
veracidad o falsedad de la información (culpa gravísima)”.
Al tener en cuenta lo anterior, la
ADC se preguntó si lo expresado “¿Acaso permite a los funcionarios públicos
involucrados sostener que la información cuestionada, si bien falsa, está
protegida por ser el producto de una diligencia razonable o por no haber habido
ánimo expreso de difundir hechos falsos? Entendemos que no por dos razones.
En primer lugar, el carácter
de funcionarios públicos de las personas involucradas impone sobre ellos
obligaciones especiales de diligencia en el ejercicio de la libertad de
expresión (…) deben ser especialmente cuidadosos con sus opiniones por los
cargos públicos que ocupan y las responsabilidades propias de sus funciones,
una de las cuales es ser garantes de los derechos humanos. Su situación es
exactamente la opuesta a la de los periodistas protegidos por la doctrina de la
real malicia o similares, que exigen que ellos se comporten con una diligencia
promedio y sólo son responsabilizados si actúan con dolo o culpa gravísima. Al
estar obligados a mostrar un mayor grado de diligencia, los funcionarios
públicos no pueden ampararse en un estándar diseñado para proteger a otros
actores, con otras responsabilidades.
En segundo lugar, porque mucha
de la información desperdigada no fue emitida en ejercicio de la limitada
libertad de expresión de los funcionarios sino como parte de órdenes y
directivas que hacen al ejercicio de sus funciones públicas (…) no es lo mismo
estar ante declaraciones de funcionarios a la prensa que ante órdenes y
directivas destinadas a implementar políticas públicas o cumplir ordenes
judiciales. En el primer caso, es necesario juzgar a la expresión en el marco
de las responsabilidades de los funcionarios públicos, especialmente la
vinculada con su deber de actuar como garantes de los derechos humanos y su
obligación de no perjudicar los derechos de terceros. En el segundo, se debe
estar al principio de buena fe que rige al Estado en su obligación de promover
el acceso a la información pública, que impide la entrega de información que es
manifiestamente falsa más allá de los potenciales efectos que esas falsedades
puedan tener sobre derechos de terceros”. Así, a diferencia de las
peticionarias, el interviniente estimó que el caso involucra no sólo el derecho
a la información sino también la libertad de expresión.
En lo que toca con la libertad de
expresión, la asociación interviniente desarrolló el tema de sus límites en el
caso de los funcionarios públicos, a la luz de lo expresado en el sistema
interamericano. Manifestó que “la Corte Interamericana consideró que los
funcionarios públicos están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a
constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos
en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerla con una diligencia aún
mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de
credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una
versión manipulada de los hechos. Asimismo, la Corte señaló que la condición de
funcionario público va de la mano de la condición de garante de los derechos
humanos, razón por la cual sus declaraciones no pueden llegar a desconocer
dichos derechos”.
Argumentó que “en el presente
caso, parte de la información que se denuncia como falsa y violatoria del
derecho a la información de las tutelantes se vincula con el ejercicio de la
libertad de expresión de los funcionarios, específicamente aquella contenida en
comunicados de prensa que contienen declaraciones destinadas a la difusión. En
estos casos, la difusión de información falsa por parte de los funcionarios no
cae dentro de la protección razonable ofrecida por el sistema colombiano a la
información falsa, ya que en los casos señalados por las tutelantes, los
funcionarios públicos involucrados no se ajustaron al especial deber de
diligencia que pesa sobre ellos.
Un caso señalado por las
tutelantes y relevante en este sentido es del Procurador General que -según se
alega- declaró que las píldoras anticonceptivas de emergencia son abortivas. El
caso es grave ya que, como señalaron las tutelantes, la Organización Mundial de
la Salud ha dicho claramente que este tipo de píldoras previenen la ovulación y
que no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no
provocarán un aborto. Calificar a este método anticonceptivo como abortivo es
un recurso retórico que se utiliza en el debate público respecto de la cuestión
del aborto, pero es un recurso basado en la mentira: si la píldora en cuestión
puede o no producir un aborto es una cuestión técnica que puede comprobarse
como verdadera o falsa. En este caso, hay abundante evidencia científica que
demuestra que la píldora previene el proceso de concepción y no tiene ningún
efecto abortivo”.
Señaló que la falsedad es “aún
más grave en este caso, dadas las implicancias que esas declaraciones pueden
tener en el derecho a la salud de las mujeres. En efecto, la descalificación
por medio de falsedades de un método anticonceptivo aceptado en casi todo el
mundo por parte de un funcionario público puede generar miedo respecto de su
uso. Así, se vería dificultado o directamente impedido el acceso a métodos
anticonceptivos, violando de ese modo el derecho a la salud y a la
autodeterminación reproductiva de las mujeres”.
Ahora bien, en lo relativo al
derecho a la información la ADC expresó que “en muchos casos señalados por
las tutelantes no es posible enmarcar la información cuestionada en el
ejercicio de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, ni siquiera
en un ejercicio abusivo de ese derecho. Por el contrario, se trata de
información pública volcada a documentos tendientes a implementar políticas
públicas y cumplir sentencias judiciales. Allí se vuelve necesario analizar la
información de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de producción y
difusión de información”.
Se refirió al principio de buena
fe que rige el derecho al acceso a la información de acuerdo con lo expresado
por los órganos del sistema interamericano. Afirmó que éste “es fundamental
en este caso ya que una derivación casi obvia del mismo es que el Estado no
puede brindar información si sabe que ella es falsa. Y ese es precisamente el
cargo realizado por las tutelantes. Cabe destacar que este principio recibe
apoyo adicional en Colombia del artículo 83 constitucional, el cual establece
que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben
ceñirse a los postulados de la buena fe”.
Concluyó entonces que “la
noción de información veraz se vincula de manera estrecha con los deberes de
diligencia que pesan sobre los funcionarios en el ejercicio de su libertad de
expresión y con el deber del Estado de satisfacer de buena fe el derecho de
acceso a la información de los ciudadanos.
En el caso de los
funcionarios, la información que no es veraz debe tomarse como indicio de que
estamos ante una ocasión en la que no se respetaron adecuadamente los deberes
de diligencia que deben tener los funcionarios cuando sus declaraciones puedan
afectar derechos de terceros. Y las declaraciones implicadas en este caso, en
todas ellas, se vinculan con la satisfacción de derechos básicos de las
mujeres: ciertas declaraciones, por ejemplo, tienen el efecto potencial de
limitar el acceso a métodos anticonceptivos y ello impacta negativamente sobre
el derecho a la salud de las mujeres. Ello obliga a los funcionarios a ser
especialmente cuidadosos en sus apreciaciones.
Por ello, entendemos que
cuando estamos ante información falsa que puede afectar el ejercicio de los
derechos por parte de la ciudadanía hay indicios de que no se actuó con la
debida diligencia, a menos que los funcionarios puedan probar que los errores
no fueron intencionales y que se pueden explicar a pesar de haber aplicado al
caso específico la diligencia debida que de ellos se espera.
En cuanto al deber del Estado
de producir información, la veracidad opera de la misma manera: ante
información falsa, corresponde asumir que el Estado no actuó de buena fe en el
cumplimiento de su obligación. En todos los casos, sin embargo, se hace
necesario determinar qué es información veraz y qué no”.
Así, con base en la
jurisprudencia constitucional, la asociación interviniente justificó por qué
los demandados emitieron información falsa: “Si repasamos los cargos,
encontraremos una gran cantidad de datos fácticos contrarios a la realidad (que
las píldoras de AOE son abortivas; las que declaran que los efectos de la
sentencia 388-09 estaban suspendidos; para citar dos ejemplos). También se
dieron como hechos ciertos e indiscutibles algunos que representan el juicio de
valor o la opinión del emisor, como las que discurren sobre el alcance del
derecho a la vida de los no nacidos (…) En efecto, señalar el carácter abortivo
de las píldoras de AOE no puede sostenerse honestamente luego de una revisión
cuidadosa de los hechos, algo que es dable exigir a los funcionarios públicos
especialmente por el impacto que sus declaraciones en esta temática pueden
tener sobre el derecho a la salud de las mujeres. Así mismo, señalar erróneamente
la suspensión de los efectos de una sentencia constitucional tiene el efecto de
generar confusión en todos los operadores jurídicos del alcance de la sentencia
cuestionada, lo que afecta el derecho específico involucrado en el caso
concreto -en este caso, el derecho a la salud- pero también debilita el acceso
a la justicia al desconocer los alcances de una sentencia judicial. Finalmente,
las consideraciones respecto del derecho a la vida de los no nacidos deben tomarse
como políticas públicas que expresamente malinterpretan lo sostenido por la
Corte Constitucional, lo que -nuevamente- afecta los derechos involucrados en
esos casos específicos”.
Insistió en que “en este caso
no estamos ante el ejercicio de la actividad periodística ni se aplica el
principio que sólo exige una diligencia moderada por parte de los emisores. Por
el contrario, estamos ante funcionarios públicos con obligaciones y
responsabilidades específicas que les imponen especiales deberes de vigilancia.
Las declaraciones mencionadas parecen indicar que en este caso, los
funcionarios no estuvieron a la altura de sus responsabilidades”.
Para finalizar, indicó que “la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que el
Estado está obligado a producir la información que se requiere para el
ejercicio de otros derechos -por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los
derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación.
Como puede observarse, todas las declaraciones cuestionadas por las tutelantes
se vinculan con el derecho a la salud de las mujeres. En esa materia, el Estado
está obligado a producir información de manera oficiosa y de buena fe. La
información cuestionada en el presente caso muestra que las autoridades no han
satisfecho adecuadamente con esa obligación que pesa sobre el Estado”.
56.- La intervención del Centro
de Derechos Reproductivos (CDR) fue recibida el diez (10) de mayo de 2012[211].
Al inicio de su escrito resalta
la importancia del asunto bajo estudio pues “le brinda a la Corte
Constitucional la oportunidad de fijar un precedente constitucional de gran
relevancia respecto de las obligaciones en cabeza de los funcionarios del
Estado en general, y en cabeza de la Procuraduría General de la Nación en
particular, respecto de la garantía y protección del derecho a la información,
como condición básica para el goce efectivo y adecuado ejercicio de los derechos
fundamentales de las mujeres consagrados en la Constitución y en el derecho
internacional de los derechos humanos”.
Dicho lo anterior, el
interviniente apoya las pretensiones de las peticionarias ya que, en su
opinión, “la PGN [Procuraduría General de la Nación], representada
por el Procurador General de la Nación y las Procuradoras Delegadas para la
Función Pública y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia han presentado públicamente, por vías institucionales
y en ejercicio de sus funciones, información que no corresponde con el marco
legal nacional e internacional vigentes respecto de los derechos fundamentales
de las mujeres, y la disponibilidad de los servicios de salud sexual y
reproductiva, desconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos
colombianos.
(…) [P]or una parte, la
PGN ha realizado afirmaciones públicas en las que cambia el sentido y alcance
de decisiones de los más altos tribunales de Colombia como la Corte
Constitucional, en el caso de la implementación de campañas masivas de
educación sexual; y el Consejo de Estado, respecto de los efectos de la
suspensión del Decreto 4444 de 2006 que reglamentaba la interrupción legal
voluntaria del embarazo. También ha dictado órdenes institucionales a entidades
estatales como la Superintendencia Nacional de Salud, en el sentido de que a
ésta no le corresponde la remoción de obstáculos para el acceso legal y
oportuno de las mujeres a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, en
clara contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por otra parte, la PGN ha
hecho pública información parcializada sobre los efectos y conceptos técnicos
existentes respecto de medicamentos relacionados con la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, específicamente el misoprostol para la práctica de
interrupciones voluntarias del embarazo, y la anticoncepción de emergencia.
Finalmente, la PGN ha
difundido información incorrecta respecto del marco legal internacional de
protección del derecho a la vida, en el sentido de expresar que el derecho
internacional de los derechos humanos protege sin excepción este derecho desde
el momento de la concepción, sin que esto corresponda con los estándares
internacionales adoptados en los sistemas universales y regionales de derechos
humanos”.
El CDR precisó
que, a su juicio, el asunto de la referencia presenta dos problemas jurídicos
centrales: “en primer lugar, debe establecerse si las acciones de la
PGN vulneran o no las obligaciones internacionales de derechos humanos del
Estado colombiano respecto del derecho a la información en concordancia con el
artículo 93 de la Constitución colombiana. En segundo lugar, debe determinar si
los hechos alegados en la acción de tutela, además de la cuestión sobre el
derecho a la información, constituyen una amenaza a los derechos fundamentales
a la vida, la salud y la igualdad de las mujeres en edad reproductiva”. El
interviniente responde afirmativamente ambos cuestionamientos.
En lo que toca con el primero –la
violación de las obligaciones internacionales estatales respecto del derecho a
la información-, el CDR citó la sentencia T-1319 de 2001 en la cual esta Corte
determinó que “el bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de
expresión ha de estar integrado por las normas internacionales, en particular
el Pacto de San José [o CADH] y la Convención Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, junto con las interpretaciones que de tales textos han
presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas”.
Por ello acudió al Informe de
2011 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para
explicar que “el derecho de acceso a la información genera una serie de
obligaciones puntuales en cabeza del Estado (…) la obligación en cabeza del
Estado que resulta más relevante para los hechos presentados en la tutela bajo
revisión, es la obligación de transparencia activa. Esta obligación le impone
al Estado la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de
información en forma oficiosa, por lo menos en cuanto a: (...) (b) la
información que se requiere para el ejercicio de otros derechos -por ejemplo,
la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la
pensión, a la salud o a la educación-; (c) la oferta de servicios, beneficios,
subsidios o contratos de cualquier tipo (...). Dicha información debe ser
completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada”.
El CDR indicó así mismo que, de
acuerdo con las sentencias T-263 de 2010 y C-417 de 2009, la información que
sea suministrada por el Estado o por particulares “debe cumplir con una
serie de requisitos que son la veracidad, imparcialidad y respeto por los
derechos humanos, así como estar claramente diferenciada de la opinión, según
ha sido delimitado por la Corte Constitucional colombiana”. Hizo énfasis en
que “cuando se emite información, ésta debe diferenciarse claramente de las
opiniones, es decir no deben presentarse opiniones como si fueran hechos
ciertos y verificados. Esto es esencial dado que la información debe cumplir
con todos los requisitos anteriormente mencionados, mientras que la opinión no”.
Señaló el interviniente que el
artículo 277 de la Constitución Política contempla las funciones que debe
realizar el Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados
y que, dentro de estas funciones, se encuentra la de proteger los derechos humanos
y asegurar su efectividad. Argumentó que estas normas “le imponen al
Procurador General de la Nación, a las Procuradoras Adjuntas [Delegadas] y
los demás funcionarios, una carga mucho más alta en el ejercicio del derecho a
la información que la que recae sobre particulares”.
El CDR también citó la
jurisprudencia constitucional –específicamente sentencias T-263 de 2010 y
T-1191 de 2004- respecto de la libertad de expresión de los funcionarios
públicos. Manifestó que “en cuanto hace a la posibilidad de difundir
informaciones u opiniones, la posición de los servidores públicos difiere de la
de los particulares. Esto se debe a que ellos tienen mayores deberes frente al
cumplimiento y desarrollo de los derechos de las personas. Se debe insistir que
dentro los fines esenciales de Estado, y por ende de las actuaciones de los
servidores públicos, se encuentra la efectividad de los derechos consagrados en
la Carta.
Además del mandato especial
que tienen todos los servidores públicos de hacer efectivos los derechos
constitucionales y velar por el ordenamiento jurídico, y que en el caso de la
PGN es textualmente el mandato constitucional para el cual fue creada la
institución; los funcionarios públicos, y sobre todo los de más de alto rango,
tienen mayor acceso a los medios de comunicación, por lo que la Corte
Constitucional ha establecido que deben tener un mayor cuidado en su uso. Por
lo anterior, y dada la verticalidad que existe en la relación entre los
servidores públicos y los ciudadanos, la Corte ha sido clara en afirmar que
cuando los servidores públicos acceden a los medios de comunicación no pueden,
por la dignidad que les reviste su cargo, atentar contra ninguno de los
principios constitucionales, pues, además de haber jurado defenderlos y
cumplirlos, el mandato que les ha dado la población al momento de elegirlos les
impele un irrestricto respeto hacia ellos.
Así, como consecuencia del
cuidado especial que deben tener los servidores públicos en el uso de la
información, la Corte afirma que los posibles abusos o extralimitaciones que un
servidor público en el ejercicio de la facultad de expresar su opinión o de
presentar información pueda cometer, deben ser analizado de forma más estricta
que si lo llevara a cabo cualquier otra persona. Tal es la protección del
derecho a la información cuando se trata de servidores públicos, que se ha
establecido por vía jurisprudencial que la tutela en estos casos procede sin
necesidad de cumplir con el requisito previo de la solicitud de rectificación,
que sí cabe cuando se trata de particulares”.
Con base en los parámetros
resumidos, el CDR sostuvo que “la PGN ha actuado en contravía de los
mencionados estándares constitucionales e internacionales en cuanto a la
garantía, protección y respeto del derecho a la información, vulnerando este
derecho fundamental”. Para demostrarlo se pronunció sobre algunos de los
hechos denunciados por las peticionarias.
Expresó que “la denominación
que realiza la PGN sobre la orden de la Corte, en términos de campañas masivas
de promoción del aborto vulnera al menos el criterio de la veracidad en la
información, que según la jurisprudencia de la Corte se cumple cuando la
información de carácter fáctico tiene sustento en la realidad (…) de la lectura
textual de la orden de la Corte en la sentencia T-388 de 2009, se desprende
claramente ni ordenó específicamente campañas de promoción del aborto, ni era
tampoco el sentido de la orden sobre educación sexual y que por lo tanto la
información provista por la PGN en esos términos falta al deber de la veracidad
en la información, y genera confusión para la población receptora de dicha
información”.
Señaló que “contrario a lo que
afirmó la PGN, organizaciones internacionales científicas, y el Consejo de
Estado colombiano se han pronunciado en el sentido de que la AOE [anticoncepción
oral de emergencia] no tiene efectos abortivos (…) A pesar de la existencia
de evidencia científica disponible, y de la decisión al respecto de una de las
altas cortes de Colombia en la materia, la PGN insiste, en el marco del proceso
de acción popular mencionado contra el INVIMA, en que la AOE es abortiva”.
Añadió que “no sólo falta a
veracidad respecto de la evidencia científica señalada sobre los efectos del
Levonorgestrel, sino que afirmar una violación al derecho a la vida del que
está por nacer, constituye una violación por parte de la PGN de los criterios
constitucionales y estándares internacionales del derecho a la información (…)
La afirmación de la PGN sobre
la protección del derecho a la vida del feto, se realiza como si fuera un hecho
cierto y una fuente de obligaciones jurídicas de protección, cuando no lo es.
Dicha afirmación va en contravía de la veracidad de la información y no hace
explícito que ésta constituye un reflejo de la opinión de los funcionarios de la
PGN, y no información en el sentido del derecho fundamental protegido por la
Constitución y el derecho nacional.
La Corte Constitucional en la
sentencia C-355 de 2006 estableció una diferenciación clara entre el derecho a
la vida, de la que son titulares todas las personas, y la vida como bien
jurídico protegido por el ordenamiento. Sólo la vida como bien jurídico
protegido, y no el derecho a la vida, es predicable del feto, tal como ha
expresado la Corte Constitucional en la sentencia mencionada. Tampoco existe en
el derecho internacional el reconocimiento, y mucho menos absoluto, del derecho
a la vida del feto. Por lo tanto, estas afirmaciones provienen de las
convicciones propias de los funcionarios de la PGN, institución demandada en la
tutela bajo revisión, pero no corresponden de ninguna manera con el derecho
nacional ni internacional en la materia.
Así, presentar el derecho a la
vida del feto como un estándar nacional e internacional vigente, desconoce el
estándar de veracidad en la información, el deber de expresar la diferencia
entre información y opinión, y desconoce la obligación de transparencia activa
en cabeza del Estado, toda vez que se está desinformando y generando confusión
acerca del ejercicio de otros derechos fundamentales, además de no poner a
disposición del público las fuentes vigentes de información que se encuentran
disponibles sobre el ejercicio de este derecho”.
De igual manera el CDR coincidió con
las peticionarias en lo relativo a la carta enviada por la Procuradora Delegada
Carreño Gómez al Ministerio de Protección Social sobre la inclusión del
misoprostol en el POS. Acerca de la supuesta falta de registro sanitario del
medicamento, expresó que “la afirmación de la Procuradora, con base en la
cual intenta interferir en la inclusión de medicamentos en el POS, lo que no
hace parte de sus competencias, no tiene ningún sustento real, violando por lo
tanto el criterio de la veracidad de la información”. Agregó que cuando la
mencionada Procuradora Delegada indicó en su comunicación que “se han
descrito efectos adversos en hijos de mujeres que utilizaron Misoprostol,
durante el primer trimestre en un intento fallido para inducir aborto” lo
hizo “sin sustentar con ninguna fuente científica ni de ninguna otra
índole”. El interviniente además fue enfático en decir que “la
información que contiene el documento de la OMS [se refiere a la
Aclaración] es abiertamente tergiversada por la Procuradora, en clara
contravía no sólo del deber de veracidad en la información, sino además del
deber de imparcialidad en la utilización de las fuentes. La manipulación en la
información, en este caso, consistió en utilizar de manera descontextualizada
información que hay en el documento para referirse a la interrupción voluntaria
del embarazo, a pesar de que el documento se refiere exclusivamente a su uso
para el manejo de la hemorragia puerperal (…) La descontextualización de un
documento técnico para dar una interpretación diferente a la del espíritu y
objetivo del mismo constituye una falta al estándar de veracidad e
imparcialidad en la provisión de información; así como a la obligación de
transparencia activa que supone la provisión de información completa, de manera
oficiosa”.
En lo relativo a la comunicación
enviada por la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda a la Superintendencia
Nacional de Salud sobre la Circular Externa 058 de 2009, el CDR afirmó que tal
carta estaba “en clara y manifiesta contravía de múltiples decisiones de la
Corte Constitucional colombiana al respecto, violando claramente el principio
de veracidad (…) toda vez que la sentencia C-355 de 2006 sí estableció un
derecho al aborto en tres circunstancias particulares, y que ahora corresponde
garantizar a las demás instituciones del Estado que son competentes”.
Adicionalmente, el interviniente indicó
que “en diversos documentos que son citados en la tutela objeto de revisión,
la PGN ha informado acerca del alcance de la suspensión provisional del Decreto
4444 de 2006, y su efecto sobre el ejercicio de la objeción de conciencia”. Específicamente
sobre la Circular 021 de 2011, arguyó que “en primer lugar el texto de la
circular defiende el derecho a la objeción de conciencia sin mencionar las
restricciones y requisitos establecidos por la jurisprudencia cuando se trata
de casos de interrupción voluntaria del embarazo, dando a entender que personas
e instituciones pueden simplemente ejercer este derecho sin tener en cuenta las
circunstancias en que es posible hacerlo. En segundo lugar, la PGN menciona la
necesidad de vigilar que se respete el derecho a la objeción de conciencia de
personas las instituciones que puedan verse involucradas, lo cual una vez más
es absolutamente contrario a la jurisprudencia de la Corte constitucional en la
materia, que ha establecido claramente que la conciencia es una atribución que
se puede predicar únicamente de las personas naturales, no siendo viable
legalmente la objeción de conciencia institucional.
Una vez más, la PGN realiza
afirmaciones sobre decisiones de las altas cortes de Colombia refiriéndose a su
contenido de una manera descontextualizada e incluso contraria a la que resulta
evidente de la simple lectura de los fallos. Cuando estas afirmaciones se
realizan de manera pública y dirigida a otras instituciones del Estado, la PGN
viola el derecho a la información por faltar al principio de veracidad,
imparcialidad y buena fe en la provisión de la información”.
Añadió que “cada uno de los
hechos alegados en la tutela de la referencia (…) como violatorio del principio
de veracidad a su vez constituye una violación de la obligación de
transparencia activa en cabeza del Estado, por presentar como información
completa una serie de afirmaciones que no constituyen la información
actualizada y disponible sobre los diversos temas que se han mencionado, así
como una vulneración del principio de buena fe.
Al verificar que, a su juicio,
existe un incumplimiento de las obligaciones  estatales en materia de derecho a
la información el CDR indicó que “la petición de las demandantes sobre la
rectificación que debe realizar la PGN sobre la información inexacta e
incompleta que ha emitido públicamente sobre los derechos reproductivos de las
mujeres, es la reparación mínima y necesaria que surge de una violación al
derecho a la información y hace parte del derecho fundamental a la información.
De acuerdo con la Corte Constitucional, la rectificación busca reparar tanto el
derecho individual transgredido como el derecho colectivo a ser informado de
forma veraz e imparcial”. Además señaló que esto es acorde con el artículo
14 de la CADH.
Despejado el primer problema
jurídico, el CDR se dedicó al segundo de ellos, consistente en “determinar
si los hechos alegados en la acción de tutela, además de la cuestión sobre el
derecho a la información, constituyen una amenaza a los derechos fundamentales
a la vida, la salud y la igualdad de las mujeres en edad reproductiva”.
Este, como se expresó, también lo respondió afirmativamente. Para llegar a tal
conclusión planteó la relación entre el derecho a la información y los demás
derechos y después explicó la forma en que los estima violados.
En lo relativo a la relación
entre la salud y la información, el interviniente señaló que “las personas
tienen derecho a recibir información completa sobre su salud sexual y
reproductiva, de acuerdo con los instrumentos internacionales mencionados [se
refiere a la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de
San Salvador], y la Observación General No. 14 del CDESC [Comité del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] que se describe a
continuación. Este derecho, al igual que todos los derechos reproductivos, se
encuentra firmemente arraigado en los estándares internacionales de derechos
humanos, que incluyen la protección, garantía y respeto de los derechos a la
vida, a la salud, a la educación y a la no discriminación, de donde se
desprenden obligaciones positivas y negativas para el Estado. De las
obligaciones positivas en el ámbito del derecho al acceso a la salud de las
mujeres sin discriminación se desprende la de informar de forma completa sobre
salud sexual y reproductiva”.
Indicó que “el CDESC en su
Observación General No. 14 (…) delimita el alcance y contenido del derecho a la
salud reconocido en el PIDESC (…) como un derecho inclusivo que (…) abarca (…) el
(...) acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la
salud, incluida la salud sexual y reproductiva (…) Específicamente el Comité
afirma (…) que la educación y la información sobre salud sexual y reproductiva
son uno de los factores determinantes del derecho a la salud. Además, uno de
los elementos esenciales del derecho a la salud por los que debe velar el
Estado, es el de la accesibilidad que, además de suponer que los bienes y
servicios de salud estén disponibles sin discriminación, se materializa en
cuatro dimensiones superpuestas. Una de estas dimensiones se refiere específica
mente al acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar,
recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas
con la salud”. De forma similar, dijo, “la obligación de respetar el
derecho a la salud, exige que los Estados se abstengan de (...) censurar,
ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud,
incluida la educación sexual y la información al respecto”. También “la
obligación de cumplir, supone por parte del Estado, entre otras obligaciones,
que i) fomente el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro
resultados positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de
investigaciones y el suministro de información”.
Añadió que “por su parte, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)
en su Observación General No. 24, afirma que el Estado es el que está en
mejores condiciones de informar sobre las cuestiones de importancia crítica en
materia de salud que afectan a las mujeres de cada país”.
En este sentido, el CDR afirmó
que “respecto de la población, los Estados tienen la obligación positiva de
fomentar e impartir oficiosamente educación en materia de salud, incluyendo la
salud sexual y reproductiva, no sólo garantizar pasivamente el acceso. Esto en
cumplimiento de la transparencia activa que se mencionó antes, como principio
rector de la garantía del acceso a la información. Lo anterior incluye la
organización de campañas de información sobre la salud sexual y genésica, como
las que han sido ordenadas por la Corte Constitucional y que son materia de
controversia en la tutela bajo revisión. Esta obligación positiva a cargo del
Estado, encuentra sustento no sólo en que el Estado es quien está en la mejor
posición para informar a la ciudadanía, sino también en un reconocimiento a las
limitaciones que suelen tener las mujeres para acceder a información confiable,
completa oportuna y accesible que les permita ejercer sus derechos o satisfacer
sus necesidades, que debe ser enfrentada por el Estado”.
Así, manifestó que “de acuerdo
con el CDESC (…) en cumplimiento del artículo 12.2.a) del PIDESC, los Estados
deben adoptar medidas para mejorar los servicios de salud sexuales y genésicos,
incluido el acceso a la planificación de la familia, el acceso a la
información, y los recursos necesarios para que las personas puedan actuar de
conformidad con esta información”. Señaló también que “el Informe sobre
Acceso a la Información de la CIDH establece la obligación internacional de los
Estados de abstenerse de censurar información relevante en materia reproductiva
que esté acorde con la legislación vigente en la materia, como por ejemplo
sobre los efectos y eficacia de los métodos de planificación familiar”.
Explicada la relación entre el
derecho a la información y a la salud, arguyó que los hechos denunciados por
las peticionarias demuestran que “la PGN ha vulnerado el derecho a la salud
en lo que respecta al derecho a recibir información sobre la materia, incluida
la salud sexual y reproductiva”.
Ahora bien, el CDR aseguró que “la
falta de información, o información incorrecta, no permite que las personas
ejerzan de manera adecuada su salud, y esto a su vez constituye un riesgo
potencial a otros derechos”, como la integridad física y mental. Este
último derecho tiene varias dimensiones según el interviniente. Indicó que “la
primera de estas dimensiones es la autonomía, el derecho de las personas de
decidir sobre su cuerpo y su vida. Al respecto, el Informe sobre Acceso a la
Información de la CIDH, es claro en cuanto a que la importancia del derecho de
acceso a la información en el ámbito de la salud, y la salud sexual y
reproductiva es que contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar
decisiones libres y fundamentadas de aspectos íntimos de su personalidad. Para la
CIDH, para que los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) cumplan con sus obligaciones respecto del derecho a la
información en materia de salud deben brindar toda la información disponible
respecto de los métodos de planificación familiar así como de otros servicios
de salud sexual y reproductiva que se brinden en condiciones legales. Respecto
de los servicios de planificación familiar, ello comprende por lo menos
facilitar toda la información sobre los métodos de planificación familiar
permitidos por ley, su alcance, riesgos y beneficios y efectos colaterales de
cada uno de ellos”.
Explicó que, en similar sentido, “el
Comité CEDAW señaló en la Observación General No. 21 que las mujeres deben
tener información acerca de las medidas anticonceptivas y su uso, así como
garantías de recibir educación sexual y servicios de planificación de la
familia, según dispone el inciso h) del artículo 10 de la Convención, con el
fin de que estén capacidad de tomar decisiones con conocimiento sobre las
medidas anticonceptivas seguras y fiables. En este mismo sentido, el Comité
CEDAW decidió una petición individual en el caso A.S. c Hungría en el caso de
una esterilización forzada de una mujer romaní. El Comité encontró que Hungría,
por conducto de su personal de salud, no había proporcionado a A.S. la
información ni el asesoramiento apropiados sobre planificación de la familia,
lo que constituye una violación de los derechos de la actora previstos en el
apartado h) del artículo 10 de la Convención”.
Así las cosas, manifestó que “para
alcanzar el objetivo de que las personas puedan tomar decisiones libres e
informadas sobre su vida, su cuerpo y el acceso a tratamientos relacionados con
la salud, es indispensable que la información que se brinde sea oportuna,
completa, accesible, fidedigna y oficiosa. Asimismo debe ser comprensible, con
un lenguaje accesible y encontrarse actualizada”.
A juicio del CDR en el caso
concreto se violó también el derecho a la integridad física y mental en su
dimensión de autonomía al establecerse que “la información brindada por la
PGN respecto de la AOE, los efectos del misoprostol, el alcance del derecho a
decidir libremente una interrupción voluntaria del embarazo en los casos
legales, etc., es violatoria del derecho a la información”. Aclaró que “aunque
la PGN no es la única fuente de información al respecto, al comunicar esta
información desde una posición institucional, como órgano de control del
Estado, el impacto que puede tener sobre la población resulta significativo y
constituye un riesgo potencial de que las personas tomen decisiones sobre su
salud sin tener la información suficiente para hacerlo”.
De acuerdo al dicho del
interviniente, la integridad personal y el derecho a la información están relacionados
en otro sentido ya que los comités de monitoreo de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, han reconocido “la
importancia que tiene [esta última] en relación con la prevención de
embarazos no planeados y las tasas de mortalidad materna. El Comité CEDAW ha
afirmado que la planificación de familia y la educación sexual, son medios
idóneos para la prevención del embarazo no deseado.
La CIDH en el Informe sobre
Acceso a la Información estableció claramente que, tratándose de salud materna,
la protección del derecho a la integridad de las mujeres en condiciones de
igualdad se materializa a través de la provisión de información y educación en
la materia para que las mujeres adopten decisiones libres, fundamentadas y
responsables en materia de reproducción, incluyendo la planificación familiar.
Como se mencionó antes, la falta de información en salud reproductiva
constituye una barrera de acceso a los servicios de salud materna, impidiendo
la toma de decisiones libres y fundamentadas, y la adopción de comportamientos
adecuados para la prevención y promoción de la salud tanto de la mujer como del
hijo.
Para el contexto particular de
Colombia, los Comités han realizado recomendaciones sobre los embarazos
adolescentes y las tasas de mortalidad materna, para que Colombia cumpla
cabalmente con sus obligaciones internacionales. El Comité CEDAW le pidió
específicamente al Estado colombiano en 2007, que refuerce las medidas
dirigidas a prevenir los embarazos no deseados, entre otras cosas, aumentando
los conocimientos y la información acerca de diferentes métodos anticonceptivos
y servicios de planificación familiar que existen para las mujeres y las niñas.
Por su parte, el CDH, en el
marco de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional y refiriéndose a
la situación de la mortalidad materna Colombia, expresó recientemente
preocupación por la insuficiente educación sexual en el curriculum escolar, y
de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal (…) y cómo esto
sigue contribuyendo a la muerte de mujeres que acuden a abortos inseguros”.
Además, el CDR resaltó la “relación
entre el derecho a la igualdad y el derecho a la información que los Comités de
Monitoreo de Naciones Unidas han resaltado en diversas y repetidas
oportunidades, en el sentido de que la garantía del derecho a la información
sin discriminación, es una condición básica para alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres”.
Finalmente, el interviniente hizo
algunas consideraciones en cuanto a la protección de la población adolescente.
Aseguró que “las violaciones al derecho a la información, a la salud en
relación con la información, y la amenaza a derechos fundamentales como la
igualdad y la integridad, se agravan tratándose de la población adolescente,
que debe ser objeto de especial protección por parte del Estado.
De acuerdo con la Observación
General No. 14 del CDESC, el artículo 12.2.a) que se refiere a la reducción de
la mortinatalidad y la mortalidad infantil, se puede entender en el sentido de
que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los
servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación
de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios
obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos
necesarios para actuar con arreglo a esa información.
En concordancia en la
Observación General No. 14, diferentes Comités de Monitoreo de Naciones Unidas [como
el Comité de Derechos del Niño y el Comité del PIDESC] han expresado en
reiteradas ocasiones la importancia del acceso de la población adolescente a
toda la información relevante sobre su salud sexual y reproductiva, fijando los
estándares internacionales en la materia”.
Resaltó que “al menos en tres
oportunidades diferentes los Comités de Monitoreo [Comité CEDAW y CIDH] se
han pronunciado en observaciones finales sobre la problemática de la falta de
acceso a la información en materia sexual y reproductiva en Colombia, haciendo
recomendaciones tendientes a que Colombia cumpla con sus obligaciones
internacionales. En todas las observaciones finales de los diferentes Comités
que se citan a continuación, se expresa preocupación por el embarazo
adolescente y su relación con el pobre acceso a servicios de salud e
información sobre salud sexual y reproductiva; y se recomienda al Estado la
inclusión de la educación sexual en contextos educativos”.
Para concluir el CDR manifestó
que  “la PGN no es la única institución de la que depende el cumplimiento
del Estado colombiano con sus obligaciones internacionales, pero sí cumple un
rol fundamental a nivel nacional en términos de asegurar la efectividad de los
derechos fundamentales. En este sentido la información objeto de la
controversia, por recaer sobre derechos y servicios relacionados con la salud
sexual y reproductiva, y por no cumplir con los requisitos del derecho a la
información amenaza la efectividad de los derechos fundamentales a la salud, la
vida, la integridad y la igualdad, así como a tomar decisiones libres e
informadas en la esfera de la salud. Esto puesto que no es posible ejercer
estos derechos sin contar con información suficiente, completa, oportuna,
fidedigna y veraz”.
57.- Un grupo de 82 hombres[212]
presentó un escrito de intervención el primero (1) de junio de 2012[213].
Manifestaron que “la Corte
Constitucional debe amparar no sólo los derechos de las mujeres accionantes
sino los de todos los ciudadanos colombianos que merecen ejercer libremente una
sexualidad informada”. Expresaron, frente a los derechos sexuales y
reproductivos, que “la titularidad de la garantía de protección, en cabeza
del Estado, recae en favor tanto de hombres como de mujeres” ya que “la
cláusula constitucional que reconoce el derecho a la autodeterminación
reproductiva [artículo 42] es clara en no hacer ninguna distinción entre
hombres mujeres” y lo mismo sucede en los instrumentos internacionales,
aunque reconocieron que “es innegable la importancia que tiene para éstas
últimas la vigencia de los mismos -especialmente por la discriminación y
exclusión sistemática e histórica que han tenido que padecer”.
Citaron algunos casos en los
cuales esta Corte ha protegido los derechos sexuales y reproductivos de los
hombres, como las sentencias T-926 de 1999, T-465 de 2002 y T-143 de 2005 y
T-732 de 2009 y aseguraron que “estos ejemplos dan cuenta de la constante
preocupación que la Corte Constitucional ha tenido por la dimensión masculina
de los derechos sexuales y reproductivos. De manera acertada, este Tribunal ha
reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son un componente
elemental de la identidad de las personas y su protección es una obligación
primordial del Estado”.
Señalaron que “el derecho a la
información es uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes” y
agregaron que “para la jurisprudencia, la dignidad humana asegura una esfera
de autonomía y de integridad moral individual que debe ser respetada por los
poderes públicos y por los particulares. El ámbito de protección puede variar
según las condiciones del individuo pero hay denominadores comunes que no deben
ser nunca eliminados de las acciones del Estado. Uno de esos denominadores es
el derecho fundamental a la información pues, como lo señalan oportunamente las
accionantes, este derecho constituye una importante garantía con el ejercicio
real de la autonomía pues sólo con datos veraces y objetivos se puede ser
auténticamente libre”.
Frente al asunto bajo revisión se
refirieron a “a un ejemplo, de los muchos que existen, que ilustran los
efectos desfavorables que las actuaciones de la Procuraduría han generado”.
Específicamente mencionaron “el caso de la sentencia T-388 de 2009 y la
forma como las órdenes en relación a las campañas masivas de educación en
derechos sexuales y reproductivos fueron tergiversadas y entorpecidas por las
autoridades accionadas”. Aseguraron que “el Procurador y sus delegadas
iniciaron una campaña de desinformación asociando la orden de la Corte a una
‘cátedra del aborto’. Con ese argumento, las autoridades accionadas retrasaron
la orden de iniciar la campaña en los términos señalados por este Tribunal.
Dicho acto constituye una flagrante vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos toda vez que se convierte en una actuación irresponsable que
genera un enorme daño no sólo para las mujeres sino para los hombres que no
pueden, gracias a la confusión generada por las declaraciones señaladas en la
acción de tutela, acceder a campañas educativas completas alrededor de todos
los derechos sexuales y reproductivos (no sólo el derecho fundamental a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo)”.
Añadieron que “en el marco del
sistema general de salud, la Corte ha dicho que las entidades [que
conforman el mismo tienen] la obligación de brindar a las personas la
información que sea necesaria para poder acceder a los servicios de salud que
requieran, con libertad y autonomía, permitiendo que la persona elija la opción
que su entender, le garantice en mayor medida su derecho” y sostuvieron que
“estas garantías son extensivas a todos los funcionarios públicos que, como
el Procurador y sus procuradoras delgadas, tiene injerencia en la
implementación y desarrollo del sistema”.
Para terminar sostuvieron que “un
Estado Social de Derecho como el colombiano no puede estar sujeto a
interpretaciones limitadas de las funciones públicas por parte de las personas
que ostentan dichas responsabilidades” y concluyeron de esta forma que “la
petición de las tutelantes es un acto elemental de justicia que tiene
implicaciones para toda la comunidad. Este proceso representa una oportunidad
invaluable para recordar la responsabilidad que toda persona tiene al asumir la
función pública: sus convicciones privadas no deben interferir en el cabal
cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales. Recordar esa regla de
manera regular es una garantía para un ejercicio continuo de los derechos
fundamentales, columna vertebral del régimen constitucional del Estado Social
de Derecho”.
58.- Dieciséis ciudadanos y
ciudadanas que dicen desempeñarse como periodistas en Colombia[214]
entregaron un escrito de intervención el quince (15) de junio de 2012[215].
Explicaron que en 1947 surge la
teoría de la responsabilidad social de la prensa a partir de la cual se origina
“la concepción social de la información, que consiste en no considerar a los
medios como una industria más en un mercado libre de ideas, sino como unos
entes con responsabilidad ante la comunidad social y el bienestar general”. En
este sentido, afirmaron que “es de carácter vital para el cumplimiento de
nuestro deber como periodistas tener disponible información con fiable y veraz,
que permita informar a la ciudadanía de manera correcta y eficiente, y de esta
manera desempeñar nuestras obligaciones éticas con la población colombiana”.
Indicaron que “entre las
fuentes obligadas del periodismo se encuentra el Estado y los funcionarios a
través de los cuales se expresa, que si bien siempre deben cuestionarse debido
a la función reguladora que ejerce el periodismo, se espera que, como mínimo,
la información que se obtiene del Estado como fuente no sea abiertamente
contradictoria con los estándares internacionales y especializados. Cuando se
da esta contradicción el periodista se encuentra ante un dilema deontológico
que le dificulta ejercer la labor ética de informar correctamente”.
Conectan lo anterior con el
asunto de la referencia al “señalar algunas contradicciones que se han dado
entre declaraciones de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
que representan al Estado, frente a medios de comunicación y periodistas, y los
estándares internacionales sobre dichos temas, declaraciones que confunden y
desinforman a la ciudadanía y entorpecen la labor periodística”. En
concreto se refieren a dos de los eventos denunciados por las peticionarias:
las declaraciones sobre (i) la inaplicabilidad de la sentencia T-388 de 2009
hasta tanto se decidiera la nulidad interpuesta en su contra y (ii) el carácter
abortivo de la anticoncepción oral de emergencia.
Para finalizar resaltaron que, a
su juicio, lo anterior se agrava porque “aún si para los medios es evidente
la mentira, la ciudadanía no tiene por qué asumir que el Estado le miente y al
recibir esta información errónea, difundida a través de los medios de
comunicación, pueden tomarla como cierta. En ambos casos citados podemos
observar cómo se han usado los medios de comunicación para difundir mentiras
flagrantes y de esa manera han violado indirectamente su función deontológica a
costa de la salud de las mujeres colombiana. El Estado es el último que debe
entorpecer la función social de los medios de comunicación en una sociedad
democrática y mucho menos cuando los afectados directamente son los ciudadanos
y en ámbito tan fundamental como es el de la salud”.
59.- Rodrigo Uprimny Yepes, Paula
Rangel Garzón, Diana Esther Guzmán Rodríguez, Vivian Newman Pont y Paola
Molano, director e investigadoras del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad -DeJuSticia- presentaron escrito de intervención el
veintisiete (27) de junio de 2012[216].
En la introducción de su escrito
los mencionados ciudadanos indicaron que su “intervención desarrolla la idea
de que el derecho fundamental a recibir información pública veraz e imparcial
tiene como correlato el deber proactivo de los servidores públicos de
suministrarla. Así, teniendo en cuenta la influencia directa que éstos últimos
tienen en la gestión pública, tienen un especial deber de garantizar que la
información que suministran es veraz e imparcial, y de rectificar sus
afirmaciones en caso de que sean incorrectas o inexactas cuando por diferentes
mecanismos se evidencia su error”, “así no medie una solicitud de
corrección”.
Precisaron que el fundamento de
lo anterior reside en que se trata de “un derecho de doble vía que se
ejercita cuando se informa y cuando se recibe la información. De forma que
cuando se recibe de manera defectuosa, se vulnera el derecho a la información
pública por recibir información que no es veraz e imparcial, y la vulneración
persiste con la omisión de rectificación de la misma, ya que la información de
la que se dispone no es cierta. A esta conclusión se llega además, si se tiene
en cuenta que el fin del derecho a la información pública es aportar al
principio democrático y a la libre circulación de ideas que permita que la
ciudadanía conozca los hechos para consolidar un pensamiento propio y crítico,
lo cual no sería posible si el contenido del derecho a la información pública
es que cada quien se informe y diga lo que quiera, sin exigírsele ningún
sustento”.
En este sentido, a su juicio, “la
Procuraduría General de la Nación debió corregir sus afirmaciones erradas
apenas evidenció su equivocación (…) Máxime cuando han sido varias las
oportunidades que han tenido el Procurador y sus Procuradoras Delegadas para
verificar la información y rectificarla”. Al respecto, informaron que “hubo
varias notas de prensa que demostraban los errores de la Procuraduría en relación
con el debate sobre el misoprostol, por ejemplo en la página web de La Silla
Vacía se publicó el artículo ‘La Procuraduría mintió para evitar inclusión de abortivo
en el POS’[217] y la nota de prensa
de la revista Semana ‘Al Ataque’”[218].
Señalaron entonces que “es
urgente pronunciarse sobre el fondo de la tutela y consideramos que los
argumentos procesales no pueden ser un obstáculo para ello”. En
consecuencia, dedicaron la primera parte de su escrito de intervención a
abordar las razones procesales aducidas por los jueces de instancia para
declarar improcedente la tutela de la referencia.
Acerca de la supuesta existencia
de otros mecanismos de defensa judicial, constituido según los fallos de
instancia por “el escenario de seguimiento a la sentencia T -388 de 2009”, manifestaron que “este argumento no tiene la capacidad para declarar improcedente la
acción por diferentes razones: la primera, porque el seguimiento de la Corte
Constitucional a la sentencia señalada no es una acción judicial (…) y la
segunda, porque no todos los hechos de la tutela hacen referencia al
cumplimiento de la sentencia T 388/09”. Para profundizar en la primera de
las razones explicaron que “aunque se trata del seguimiento general a una decisión
de la Corte, no es una acción judicial que pueda ser activada por una persona o
grupo de personas cuyos derechos pudieran haber sido vulnerados”.
Añadieron que tampoco “salvo
por el muy específico caso del recurso de insistencia para cuando se niega el
acceso a la información por motivos de reserva (artículo 21 Ley 57 de 1985), no
existe otro medio de defensa judicial pues no hay acciones específicas para
protegerlo, cuando está amenazado por autoridad pública. De hecho, el derecho a
la información pública ya ha sido protegido en muchas ocasiones a través de
acciones de tutela que han llegado a estudio de la Corte Constitucional”.
Sobre la supuesta falta de
inmediatez, sostuvieron los intervinientes que “la Corte ha señalado algunos
casos en los que se cumple el principio de inmediatez aun cuando al parecer el
tiempo de presentación de la acción no es cercano al momento del daño”. Argumentaron
que en el caso concreto se configura uno de ellos pues sus “hechos
(…) continúan causando un daño (…) vienen desde el 2009 y hacen parte de una
serie de pronunciamientos errados de la Procuraduría, que van hasta el 2011,
sobre el contenido de los derechos reproductivos”.
Señalaron que, en primer lugar, “el
daño continúa porque, teniendo en cuenta que la información debe ser veraz e
imparcial, hasta que no exista una rectificación, el daño se perpetúa (…)
Incluso, si llegase a pensarse que las accionantes conocen en buena medida el
contenido de sus derechos y que por lo tanto no necesitan rectificación de la
Procuraduría porque están bien informadas, ellas tienen la posibilidad de
exigir recibir información veraz e imparcial. La protección del derecho a la
información no se verifica según el grado de aceptación o convencimiento de la
información de parte del receptor, a pesar de que sirve para ello, sino que se
verifica constatando que la información recibida sea veraz e imparcial, para
que precisamente a partir de recibir variada información, cada quien forme su
propio conocimiento o, si se trata de información sobre derechos, cada cual
ejerza sus derechos como prefiera. En este caso en especial, la rectificación
por parte de la Procuraduría se hace imperativa teniendo en cuenta las
funciones que cumple en el ejercicio de los derechos y su poder disciplinario
frente a los funcionarios de las demás entidades del Estado, pues estos
elementos, vistos en conjunto, hacen que sus pronunciamientos no queden
aislados y sin efectos, sino que se conviertan en directrices de gestión del
Estado”.
En segundo lugar indicaron que “a
causa de la desinformación no es claro el alcance de los derechos y los casos
en que se aplican las sanciones, pues se ha desdibujado la frontera entre lo
permitido y lo prohibido en el ejercicio de los derechos sexuales. Los efectos
generados por los pronunciamientos de la Procuraduría (…) pueden generar dudas
en las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, así como su
libertad sexual, por considerar que pueden estar incursas en un delito como el
aborto, por ejemplo. También suponen la creación o perpetuación de barreras
para que las mujeres puedan acceder a la IVE de forma segura, con lo cual se
configuran situaciones de flagrante incumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia. En consecuencia, el daño y/o amenaza
respecto a estos derechos continúa”.
En similar sentido aseguran que
es insostenible la afirmación de los jueces de instancia según la cual existen
hechos superados ya que “mientras no se rectifique la información, el daño
persiste. Esto resulta claro al tomar en consideración que la Corte ha
considerado: i) existe un hecho superado cuando el hecho alegado en la tutela
ha dejado de causar daño y ii), que se deja de producir daño por emitir
información inexacta cuando se hace la respectiva rectificación. (…)  incluso
si se considera que las aclaraciones de la Corte en el seguimiento a la
sentencia T 388/09 han clarificado el panorama en medio de los pronunciamientos
erróneos de la Procuraduría, no es posible afirmar que todos los hechos están
superados, pues existen hechos que no tienen relación con la sala de
seguimiento de la sentencia T 388/09”.
En lo que toca con la
legitimación por activa, a juicio de los  intervinientes,  “el problema que
plantea la acción en el caso concreto es qué sucede cuando los actos producen
un efecto que puede ser dañino para varias personas, pero sólo unas reclaman.
En este caso nos encontramos frente a un interés difuso, pero que no
imposibilita el reclamo por particulares quienes deben demostrar un daño
concreto”. Para fundar su tesis acudieron a dos sentencias de esta Corte
que planteaban un problema similar: la sentencia T-479 de 1993 en la cual  “un
ciudadano solicitaba la protección de su derecho a la información cuando en el
periódico aparecían en primera página imágenes de cadáveres de niños” y la “tutela
presentada por Iván Cepeda Castro contra el jefe de campaña de relección de
Álvaro Uribe Vélez, Fabio Echeverry, el actor argumentaba que el contenido de
una pauta publicitaria en la que un supuesto campesino expresaba su apoyo al presidente
Uribe y al tiempo descalifica al movimiento Unión Patriótica acusándolos de
‘matar por matar’, afectaba sus derechos a la honra, buen nombre, integridad
física y a la vida”.
Aseveraron que “en el caso
concreto las accionantes están legitimadas para interponer la acción de tutela,
pues hacen parte de ese grupo afectado y actúan a nombre propio, ya que en
ellas mismas se verificaría la presunta afectación por recibir la información
que detallan en los hechos de su escrito (…) la vulneración individual a cada
una de las accionantes consiste en recibir información inexacta, y su
consecuente amenaza al ejercicio de los derechos reproductivos y a la libertad,
entre otros, que genera tal desinformación (…) es suficiente con que la
información sea inexacta para que se esté vulnerando el derecho y pueda ser
reclamada su protección. Vale decir que la tutela también procede para proteger
los derechos que se pueden ver amenazados y no se exige un daño en todos los
casos, por lo tanto los hechos que los fallos califican como ‘hipotéticos’
corresponden a amenazas ciertas en los derechos producto de la información
carente de veracidad emitida por la Procuraduría”.
Agregaron que “existe también
una relación de causalidad entre los pronunciamientos de la PGN y el perjuicio
que sufren las mujeres accionantes en edad reproductiva. Lo anterior, porque
con ocasión de los alcances equivocados que ha dado y difundido la PGN sobre
algunos métodos de anticoncepción y las condiciones en que se accede a la IVE,
las accionantes tienen a los ojos de los funcionarios del Estado derechos con
un contenido reducido en relación a su real alcance jurídico. Con esto se
vulnera directamente el derecho a la información pública y se amenaza el
derecho a la IVE en caso de encontrarse en las causales de la jurisprudencia,
al tiempo que vulnera su derecho a usar la Pastilla Anticonceptiva de
Emergencia por temor a incurrir en un delito”.
Respecto del argumento de los
fallos de instancia de acuerdo con el cual “no existe vulneración al derecho
a la información pues se desprende de la tutela que hay un conocimiento veraz
por parte de las accionantes sobre los derechos sexuales y reproductivos”,
los intervinientes disintieron, en primer lugar, “porque desconoce el deber
del emisor del mensaje de transmitir información veraz e imparcial (…) En
especial, cuando el emisor del mensaje es un funcionario público, el deber de
cumplir con la veracidad e imparcialidad es mayor, y cuándo tiene un alto
estatus se hace aún más fuerte y necesario, pues se trata de una autoridad
cuyas afirmaciones se convierten en directrices para la gestión del Estado y
para las actuaciones de los particulares”. En segundo lugar arguyeron que “el
derecho a la información tiene criterios objetivos que toman como referente el
contenido de la información más no la aprehensión que hacen los receptores de
ella, pues aunque se infiere que será alta, es una tarea mucho más difícil
verificar quien quedó convencido con la información recibida. Por lo tanto, lo
que debe verificarse en este caso no es la esfera interna de convencimiento de
las accionantes sino las condiciones de recepción del mensaje”. En tercer
lugar argumentaron que, si exige “a las actoras que demuestren cuándo y cómo
los funcionarios de la Procuraduría incurrieron en una equivocación en su
pronunciamiento”, esta carga procesal “no puede ser pretexto para
negar la procedencia de la acción, pues nadie podría entonces pedir una
rectificación”.
En lo relativo a la improcedencia
de la tutela contra actos generales, impersonales y abstractos los
intervinientes citaron la sentencia SU-037 de 2009 para indicar que “es
posible acudir al mecanismo de amparo constitucional, excepcionalmente, cuando
se compruebe que de la aplicación o ejecución del acto general, impersonal y
abstracto se vislumbra la vulneración o amenaza a algún derecho fundamental de
una persona determinada o determinable, y siempre que se trate de conjurar la
posible configuración de un perjuicio o daño irremediable en los términos
definidos por la jurisprudencia constitucional”. Como ejemplo de casos en
los cuales esta Corte lo ha hecho refiere la sentencia T-1073 de 2007 en la que
se “estudió la petición presentada por diversas personas condenadas por la
comisión de delitos sexuales contra el Acuerdo 272 de 2007 de Bogotá, de los
llamados ‘muros de la infamia’, que buscaban someter al escarnio público a
todas las personas condenadas por delitos sexuales”. Aseguraron que “en
el caso de los actos emitidos por la Procuraduría General, la vulneración se
perfila con mayor gravedad por dos razones”.
En su opinión, la primera de
ellas reside en “la función preventiva [que] se ejerce respecto de
autoridades administrativas que posteriormente estarán sujetas al control
disciplinario de la Procuraduría General, por lo que se genera una
vinculatoriedad implícita respecto de las recomendaciones preventivas. En los
hechos de la tutela se contemplan los siguientes actos emitidos por el
Procurador o sus delegadas: afirmaciones, conceptos, informes, circulares,
comunicados o requerimientos. Pareciera que la mayoría de dichos actos se
emiten como parte de la función preventiva (…) amparada igualmente en una
eventual sanción disciplinaria a los responsables y en el carácter disuasivo
que ella comporta. De manera que la función preventiva tiene efectos
importantes en los funcionarios públicos que reciben dichas recomendaciones, lo
que por rebote incide en la garantía de los derechos fundamentales de la
ciudadanía que se logra mediante el ejercicio de sus propias funciones. De
manera que el ejercicio legal y cuidadoso de la función preventiva es requisito
previo para garantizar los derechos fundamentales que forman parte de su propio
objeto”.
Cita como ejemplo “el caso de
la comunicación emitida por la Procuradora Delegada Carreño el 30 de marzo de
2011 dirigida al Ministro de la Protección Social, en la cual se alegan
funciones preventivas y de control de gestión. En dicha comunicación, con base
en información incompleta y falta de veracidad, se conmina a suspender el
trámite de inclusión del Misoprostol en el POS, sin que exista una norma
específica que le conceda la facultad a la PGN de conminar o requerir el
cumplimiento de un mandato, en ejercicio de su función preventivao. Y como si
no fuera suficiente la irregularidad cometida en ejercicio de la función
preventiva, la Procuradora en cuestión solicita particular reserva respecto de
la inclusión del Misoprostol. No argumenta, sin embargo, la Procuradora, cual
es la norma legal o constitucional en la cual basa su solicitud de reserva y
viola el derecho de acceso a la información pública pues los derechos sexuales
y reproductivos, así como las medicinas que forman parte del POS son de acceso
e interés para toda la ciudadanía”.
Con base en el ejemplo,
precisaron que “la función preventiva tiene un efecto disuasivo en las
autoridades administrativas respectivas que han suspendido su actuación de
inclusión del Misoprostol en el POS. Así, mediante este acto, la PGN desinforma
a la ciudadanía y a los funcionarios públicos, con fundamento en una
extralimitación de sus funciones e impidiendo que se de cumplimiento a la ley y
se ofrezcan las garantías necesarias para los derechos fundamentales de las
mujeres”.
Según los intervinientes, la
segunda razón “para considerar de gravedad la acción de la PGN es la doble
violación que comporta el caso, por la naturaleza de derecho instrumental de
acceso a la información pública. (…) como requisito indispensable para el
funcionamiento de la democracia, y también es condición para el ejercicio de
otros derechos (…) en el caso presente, para los derechos sexuales y
reproductivos”.
Agregaron que “la Corte ha
admitido tutelas contra actos informativos emitidos por autoridades públicas
protegiendo el derecho a la información y otros más. Tal es el caso de la
sentencia T-263 de 2010 y la sentencia T-1194 de 2004. La primera examina
afirmaciones avaladas por el entonces alcalde de Fusagasugá contra los miembros
de un comité promotor de revocatoria del mandato del alcalde; en el segundo
caso se estudió la afirmación hecha por el ex presidente Álvaro Uribe cuando en
un discurso afirmó que algunas críticas de su gobierno eran organizaciones que
en defensa de los derechos humanos hacían política, entre otras cosas. En ambos
casos la Corte avaló el estudio contra tales actos por ser actos que
involucraban el derecho a la información”.
En la segunda parte de su escrito
los intervinientes establecieron el contenido del derecho a la información y
las obligaciones estatales correlativas que surgen del mismo, según el derecho
constitucional colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos.
Indicaron que “el derecho a la
información pública es un derecho fundamental protegido por los artículos 74 y
20 de la Constitución Política. También se encuentra garantizado en los
siguientes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de
constitucionalidad: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo
XIX), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) (…) Por otra parte,
hay otros instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran
elementos importantes respecto del derecho de acceso a la información pública
como parte del conjunto de derechos humanos universales. Así, la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Declaración de Chapultepec, los Principios de Lima y los
de Johannesburgo son relevantes para el caso en estudio. Dichos instrumentos
internacionales, si bien no forman parte, estrictamente hablando del bloque de
constitucionalidad, al decir de la Corte, en todo caso constituyen doctrina
relevante para interpretar los tratados internacionales que hacen parte del
mismo”.
Aseguraron que “en la
sentencia C-491 de 2007, la Corte Constitucional consolidó la independencia y
autonomía al derecho a la información pública como derecho fundamental” y
que “el artículo 20 de la Carta reconoce tanto el derecho a informar como a
recibir información”, este último entendido como “la libertad y el
derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre
ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de expresión”. Resaltaron
entonces que “es importante recordar que la información de interés público
debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa y accesible”.
Acerca de la veracidad e
imparcialidad explicaron que estos conceptos diferencian el derecho a la
información de la libertad de expresión en un “sentido genérico”, “pues ésta
última versa sobre la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo,
mientras la libertad de información tiene mayores exigencias frente al
contenido del mensaje y hacen responsable del contenido a quien informa. Vale
aclarar que la veracidad solo se puede exigir de aquello que se pueda constatar
y que tenga fácil comprobación; y en ningún caso incluye juicios de valor, pues
una exigencia de este tipo crearía, como lo ha dicho la Relatoría para la
Libertad de Expresión, un ambiente de autocensura y restringiría el libre
intercambio de ideas. En consecuencia, será siempre necesario verificar
previamente si las manifestaciones que hace el emisor son opiniones o son
hechos”.
Agregaron que “la
jurisprudencia constitucional [sentencia T-223 de 2007] ha especificado
que uno de los discursos especialmente protegidos con el derecho a la
información en el que se exige un grado de certeza en lo que se informa, es aquel
que tiene que ver con la protección de los derechos”. E igualmente,
dijeron, “la Corte [sentencia T-814 de 2003] ha señalado que los
deberes del emisor aumentan dependiendo de a) la naturaleza de la información,
b) el grado de difusión, e) el medio de difusión y, d) la presunción de buena
fe del emisor”. Estimaron así, refiriendo la sentencia T-263 de 2010, que “los
deberes que surgen para el Estado como emisor de información son mayores, dado
que en virtud de sus funciones deben garantizar la protección de los derechos
de las personas. En consecuencia, el examen que se exige para verificar la
responsabilidad de funcionarios es más estricto”. Y también expresaron que “así
como el deber de emitir información es mayor en los servidores públicos, la
diligencia para rectificar sus afirmaciones erróneas debe ser también mayor,
pues el daño causado con información equivocada se perpetúa en cada momento que
no existe una rectificación”.
En la tercera parte de su
intervención, los ciudadanos hacen el análisis de la mayoría de los hechos
denunciados por la peticionaria a la luz del marco normativo referido.
Sobre el asunto relativo al
carácter abortivo de la AOE, señalaron que a su juicio la afirmación hecha por
el Procurador “no la presentó como una opinión y sobre las características
científicas de un medicamento no se emiten opiniones quitándole u otorgándole
propiedades, lo que dijo el Procurador puede y debe ser analizado como un hecho
y por tanto sólo es veraz si tiene fundamento (…) Sin embargo, estas
deducciones contradicen lo que jurídica y científicamente se ha dicho y se ha
aceptado en el ordenamiento jurídico colombiano. En especial, contradicen, como
afirman las demandantes, los conceptos de la OMS y la jurisprudencia del
Consejo de Estado”.  Añadieron que “aunque la Procuradora Ilva Myriam
Hoyos está en lo cierto al afirmar que los conceptos de la OMS no son vinculantes,
lo relevante en este caso no es su vinculatoriedad o no, sino su certeza y
veracidad científico-jurídicas. El Procurador está describiendo un hecho que no
es cierto. En ese sentido, incurre en un error e induce a error a la
ciudadanía”. Así mismo indicaron que “el interés económico que según el
Procurador le asiste a una de las accionantes porque Profamilia hace parte de la
Junta Directiva de Women's Link (…) no es un argumento que respalde la
veracidad de la información por él dada”.
Aclararon que “el deber de
veracidad que tiene el Procurador no limita su capacidad de controvertir las
propiedades del medicamento, pues él por las vías adecuadas puede cuestionar
con sustento científico 1o dicho por las autoridades respectivas. Lo que tiene
restringido es atribuir al medicamento calidades que no tiene, y presentar su
punto de vista, que se aparta de la evidencia científica que ha sido asumida
como oficial, como hechos irrefutables y sin pruebas. Un funcionario como él
tiene la obligación de brindar información que sea veraz e imparcial, pues de
ello puede depender el ejercicio de derechos por parte de la sociedad
colombiana. Por lo tanto, no puede aprovechar las vías a través de las cuales
brinda información oficial para manifestar sus apreciaciones personales sobre
los componentes de los medicamentos, pues debe aceptar que existen conceptos
científicos consolidados y el escenario del que dispone para informar a la
ciudadanía no es el adecuado para controvertidos”.
Argumentaron que “las
consecuencias de la información equivocada del Procurador no son inofensivas,
pues al calificar la PAE [píldora anticonceptiva de emergencia] como
abortiva, puede inducir a las mujeres al error de creer que pueden convertirse
en delincuentes si llegan a usarla, con lo cual estaría afectando su derecho a
la libertad y sus derechos sexuales y reproductivos. La afirmación del
Procurador está incluyendo nuevos supuestos de hecho en una conducta ilegal con
la información errada que le atribuye a la PAE”.
Acerca de la comunicación
remitida por la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda a la Superintendencia de
Salud relativa a sus obligaciones respecto de la IVE, expresaron que cometió
diversos errores. Así, en su opinión, uno de estos es la afirmación según la
cual “la circular se equivoca al denominar como derecho la potestad que
tienen las mujeres que se vean en las situaciones de la C 355/06 de practicarse
una interrupción del embarazo” ya que ésta “desconoce lo dicho
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, en el sentido en que
omite el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos
fundamentales. Partiendo de los derechos a la igualdad, la autonomía, la
autodeterminación y la intimidad de las mujeres como base de los derechos
sexuales y reproductivos, la Corte reconoció que la IVE en los casos
despenalizados se encuentra fundamentada por dichos derechos y por esa
conexidad, se constituye también como un derecho en cabeza de las mujeres;
además tuvo como presupuesto los instrumentos internacionales que hacen parte
del Bloque de Constitucionalidad y reconocen que los derechos sexuales y
reproductivos como derechos fundamentales de las mujeres”. Precisaron que
lo dicho en la sentencia T-585 de 2010 no fue “la primera mención del
derecho a la IVE, sino la ratificación de la existencia del mismo. Pese a estas
circunstancias, la Procuraduría no se ha rectificado sobre su afirmación, por
lo tanto persiste la vulneración del derecho a la información”.
Otro de los errores cometidos a
juicio de los intervinientes fue lo relativo a la ausencia de obligación de la
Superintendencia de remover obstáculos para acceder a la IVE  pues esto “desconoce
e interpreta erróneamente las sentencias de la Corte”. Y en similar sentido
opinaron que pretender limitar los efectos de la sentencia C-355 de 2006 por la
suspensión provisional del Decreto 4444 de 2006 desconoce que “primero, los
efectos de las sentencias sólo están determinados por lo que la Corte diga
sobre ellos, es decir, sólo ella puede precisar los efectos de sus decisiones. [Y
que] segundo, los efectos de las órdenes emitidas por la Corte
Constitucional en sus sentencias no están supeditadas, ni condicionadas a la
vigencia o eficacia de ningún acto administrativo”.
En cuanto a las declaraciones de
la misma Procuradora Delegada acerca de la inaplicabilidad de la sentencia
T-388 de 2009 mientras no se decidiera el incidente de nulidad propuesto contra
la misma, los intervinientes argumentaron que “desconoce la naturaleza del
incidente de nulidad, que no es un recurso, por lo tanto no es puerta para otra
instancia y no se concede en efecto suspensivo. Tampoco tiene en cuenta las
consideraciones sobre el régimen procesal de la acción de tutela que, está
inspirado en la necesidad de proteger de manera inmediata derechos
fundamentales de rango constitucional, además está diseñado de tal manera que
sus fallos son de inmediato cumplimiento, y las autoridades judiciales deben
proveer a su efectividad de manera pronta”. Citando el auto 026 de 2011 de
esta Corte indicaron que “para poder llegar a la conclusión de que la
interposición de una solicitud incidental de nulidad, de suyo eventual y
excepcional, suspende la eficacia de una sentencia de tutela, tendría que
existir norma de la misma o superior jerarquía, expresa y especial, que así lo
dispusiera, que constituyera una excepción a las normas transcritas [artículo
137 del Código de Procedimiento Civil y 49 del decreto 2067 de 1991], en las
que se establece el carácter inmediato con el que han de cumplirse las órdenes
de los fallos de tutela”.
En lo relativo a la posición de la
Procuraduría sobre el carácter absoluto de la objeción de conciencia a la IVE y
la existencia de la objeción institucional  expresaron que “la suspensión de
los efectos del Decreto no suspende los efectos de las sentencias. En
consecuencia, las afirmaciones que sostengan que no es posible restringir la
objeción de conciencia en relación con la IVE ya que no se encuentra regulado
el derecho, no tienen fundamento y no se ajustan a lo dicho por la Corte
Constitucional, pues esta ha fijado en sus sentencias una reglas que son de
obligatorio e inmediato cumplimiento. Así pues, más allá de estar de acuerdo o
no con los alcances dados a la objeción de conciencia individual y su posible
dimensión institucional, lo que está en juego con los pronunciamientos del
Procurador es la obediencia y cumplimiento de las sentencias de la Corte”.
En el punto de la existencia del
derecho a la vida del no nacido arguyeron los intervinientes que “el
Procurador no reproduce fielmente las decisiones ni las consideraciones de la
Corte, pues dice que la vida es un derecho absoluto y que la vida se protege
desde su concepción. Ninguna de las apreciaciones es cierta (…) la Corte ha
dicho claramente que el derecho a la vida no es absoluto [en la sentencia
C-355 de 2001] (…) Con ocasión de la misma sentencia C-355 de 2006, la Corte
decidió también que en los casos descritos se debería dar primacía al derecho
de las mujeres sobre el derecho del que está por nacer. Con esto la Corte
rechazó la hipótesis de la protección absoluta de la vida desde la concepción”.
Agregaron que “estas
consideraciones de la Corte mantienen validez, a pesar de la sentencia T -990
de 2010, pues las decisiones de la Corte citadas anteriormente no quieren decir
que se rechace cualquier protección antes del nacimiento (…) Además los
supuestos de hecho de la sentencia que señala el apoderado del Procurador, son
diferentes a los estudiados en los casos de IVE, ya que en dicha sentencia se
protege la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, desde la
concepción hasta el parto y por lo tanto, en este caso, la expectativa de vida
del nasciturus no se encuentra en colisión con el derecho a la vida de la mujer
gestante”.
Al referirse al debate en torno a
la inclusión del Misoprostol los intervinientes expresaron que se faltó a la
verdad pues “tal como señalan las demandantes, en el 2007 mediante acta 20,
el INVIMA indicó que el misoprostol podía ser usado para interrumpir
voluntariamente el embarazo bajo las condiciones de la sentencia C-355 de 2006;
por otro lado, la OMS en el documento ‘Aclaración sobre la postura de la OMS
respecto del uso del misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad
materna’ como en la ‘Guía Técnica para Abortos sin Riesgos’, afirma que el misoprostol
es una medicamento adecuado y seguro para realizar la IVE en el primer
trimestre y además lo incluye en la lista de medicamentos esenciales para este
tipo de procedimientos. Adicionalmente la CRES, en el Acuerdo 20 de 2010,
evaluó no sólo el uso del medicamento, sino sus efectos económicos y concluyó
que estos últimos son neutros”. Agregaron que la Procuradora Delegada
Carreño Gómez también se equivoca cuando en su escrito de contestación señala
que “no estaba probada la compatibilidad de la inclusión en el POS del
misoprostol, con el marco fiscal a mediano plazo, lo que es diferente a decir
que existirá un detrimento patrimonial”.
Señalan los intervinientes que “luego
de este pronunciamiento, envuelto en un marco de desinformación, el Ministerio
de Protección Social frenó el proceso de inclusión del misoprostol en el POS.
Primero, afirmó que la CRES lo incluiría y después de lo dicho por la
Procuradora, la viceministra de salud, Beatriz Londoño, manifestó que el
Ministerio no contemplaba incluir el misoprostol en el plan obligatorio de
salud. A raíz de esto, en junio del 2011, la vocera de la CRES manifestó lo
siguiente ‘El tercer medicamento, el misoprostol, no fue concluyente en todo el
proceso de consulta ciudadana, porque alrededor de él se generó todo un debate.
La comisión, en un ejercicio de prudencia, opto por expedir el acuerdo con
estos dos y diferir la decisión con respecto al tercero’[219].
Sin embargo, a pesar de que pareciera que la decisión quedó aplazada, el comunicado
emitido por la CRES sobre la inclusión de los medicamentos que estaban siendo
estudiados (tres incluido el misoprostol), no se refirió al misoprostol, por lo
tanto sigue estando excluido del POS”.
En el cuarto aparte de la
intervención los ciudadanos presentaron sus conclusiones. Dentro de las mismas
indicaron que en el asunto bajo revisión la “condena debe ser mayor, máxime
cuando quien informa erradamente preside la institución diseñada para vigilar
preventiva y disciplinariamente el cumplimiento de la Constitución y proteger
los derechos fundamentales, pues sus manifestaciones tendrán mayor eco y efecto
en la función pública. Y si le añadimos que es él el jefe de aproximadamente
3.500 funcionarios públicos del país, la situación es mucho más grave, pues la
información errada puede causar un perjuicio que no sólo continúa sino que
además se expande a nivel nacional, departamental y municipal. Como
efectivamente sucedió en este caso”.
También manifestaron que “retomando
el test de la Corte planteado en la sentencia T-814 de 2003, encontramos que en
el presente caso: a) la información suministrada por los accionados no refleja
el contenido de las sentencias de la Corte y del Consejo de Estado ni los
informes de autoridades científicas b) el grado de confusión fue altísimo, pues
el Procurador es una persona pública que aparece constantemente en los medios
de circulación nacional, y además tiene su propia oficina de prensa desde la
cual promueve y replica sus pronunciamientos en la opinión pública c) el medio
de difusión (…) fue variado una misma declaración del Procurador podía salir en
dos medios diferentes, y d) la presunción de buena fe es muy alta pues es el
Procurador General, supremo director del Ministerio Público y defensor de los
intereses de la sociedad (artículos 275 y 277 de la Constitución Política) y
sus funcionarias son Procuradoras Delegadas, cargos indudablemente reconocidos
y responsables de dar directrices en protección de derechos fundamentales y
modelo de la conducta estatal pues ejercen vigilancia preventiva o
disciplinaria de la función pública”.
Para finalizar, los
intervinientes resaltaron que “si bien la Procuraduría puede tener opiniones
diversas sobre conceptos morales y puede creer en la corrección de ciertas formas
de vivir la vida, no puede presentar sus opiniones como un hecho jurídico
informativo. Sus opciones de vida personales no pueden afectar el desempeño de
su labor dentro de un Estado pluralista y laico, en el que las sentencias de
los jueces deben ser respetadas y los derechos de las mujeres deben ser
protegidos. Por todo lo anterior, en nuestro concepto, deben tutelarse los
derechos de las accionantes y debe solicitar a los accionados la rectificación
de la información incorrecta”.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Esta Corte es competente para
revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
Determinación de los derechos
fundamentales involucrados y planteamiento de los problemas jurídicos a
resolver
2.- De los antecedentes se
desprende que las actoras plantearon el presente asunto como un caso de violación
de derecho  a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de
una de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz
e imparcial.  De esa misma transgresión, que se podría denominar principal,
surgen, a su juicio, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales,
básicamente a sus derechos reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. Además,
las peticionarias excluyen expresamente que se deba analizar el caso concreto
como una extralimitación o abuso del derecho a la libertad de expresión o de
opinión de los demandados. La mayoría de los intervinientes no controvierten o coinciden
con esta forma de abordar el asunto.
Solamente la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC) estudió el caso de una forma distinta. En su opinión, el
asunto bajo revisión involucra tanto el derecho a la información –en la
dimensión señalada por las accionantes- como un supuesto abuso o
extralimitación del derecho a la libertad de expresión u opinión por parte de
los demandados. El primero de estos derechos se vería lesionado cuando los
hechos denunciados se originan en actos administrativos u otro tipo de documentos
oficiales emitidos por el Procurador o sus Delegadas, mientras el segundo
sufriría mengua cuando se trata de declaraciones a la prensa por parte de los
funcionarios demandados.
3.- La Sala estima que la
cuestión fundamental en el presente asunto no es la pretendida violación al
derecho a la información, entendido éste en un sentido general. Tampoco considera
que se deba estudiar si los funcionarios públicos demandados se han
extralimitado o han abusado del derecho a la libertad de expresión u opinión. En
realidad, el tema central de este proceso son las supuestas violaciones o amenazas
que los demandados han hecho, en ejercicio de sus funciones, a los derechos
reproductivos de las mujeres, uno de los cuales es el derecho a la información
en materia reproductiva. Pasa la Sala a explicar las anteriores afirmaciones.
El análisis del presente caso no
partirá del derecho a la información, sino que su eventual vulneración sólo
será evaluada desde la perspectiva de este último como un componente de los derechos
sexuales y reproductivos, esto es, el derecho a la información en materia
reproductiva
4.- La jurisprudencia
constitucional ha indicado que el artículo 20 de la Constitución Colombiana
reconoce, además del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la
información. Según esta Corte este es un “derecho complejo”[220]
que otorga varias facultades relacionadas aunque diferenciables. Estas son fundamentalmente
las siguientes:
(i)
El acceso a la información en poder del Estado o de los particulares que
presten funciones públicas[221]. Es por ello que el
artículo 74 de la Constitución de 1991 prescribe que “todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley”. Así, “como regla general (…) las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos, y (…) únicamente por voluntad del
legislador y de manera excepcional, algunos de aquellos estarán sometidos a
reserva”[222].
(ii)
El derecho a informar o, en otras palabras, el derecho a “comunicar”[223],
“emitir”[224], “difundir”[225]
o “trasmitir”[226] información,
frente al cual no puede haber censura de acuerdo al artículo 20 de la Constitución.
Esta faceta del
derecho a la información protege a quien informa, o sea al emisor o sujeto
activo del mensaje, ya sea un medio de comunicación, una persona cuyo oficio o
profesión es el periodismo o cualquier otra, “superando la concepción decimonónica
que se limitaba a reivindicar la libertad de prensa”[227].
De todos modos,
esta última sigue siendo un aspecto importante del derecho a la información
pues el artículo 20 expresamente consagra el derecho “de fundar medios
masivos de comunicación” y garantiza la libertad de prensa al prescribir
que “estos son libres”[228]. Así mismo, “el
artículo 73 de la Constitución consagra la protección a la libertad e
independencia de la actividad periodística, en tanto que el artículo 74
contempla la inviolabilidad del secreto profesional, garantía que se traduce,
en el caso de los periodistas, en la reserva de las fuentes de la información”[229].
(iii)
El derecho a ser informado o a “recibir” información[230].
La jurisprudencia reiterada y consistente de esta Corporación ha manifestado
que el derecho a la información “es de doble vía” pues “no cobija
únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre también a los
receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos)”[231].
Así las cosas, el derecho a la información “no se lo puede entender ni
aplicar en el exclusivo sentido de favorecer las posibilidades de informar,
desde el punto de vista de quienes emiten las informaciones, sino que, por el
aspecto jurídico, adquiere especial relevancia el interés colectivo reflejado
en el derecho de la comunidad a ser informada”[232].
En virtud de
este derecho los receptores pueden exigir, además, cierta “calidad” en
la información recibida[233]. Concretamente, están
habilitados para exigir que sea veraz e imparcial como explícitamente lo
prescribe el artículo 20 de la Carta de 1991 y, adicionalmente, que quien
difunda información la diferencie “claramente de las opiniones”[234].
En consecuencia, existe un deber correlativo de los emisores de la información de
asegurar la calidad de la misma en este sentido[235].
Ha explicado la Corte que “dicha restricción o condicionante tiene su razón
de ser en el consiguiente  derecho del receptor de formarse su propia opinión
en relación con la información divulgada”[236]. Para asegurarlo,
sin caer en la censura, el artículo 20 mencionado prevé la rectificación en
condiciones de equidad.
(iv)
El derecho a informarse por sí mismo, es decir, “la libertad de
buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole” [237].
5.- En el sistema interamericano
de derechos humanos, el derecho en cuestión está reconocido en el artículo 13
de la CADH que prevé, entre otras, la facultad de “buscar, recibir y
difundir” información. Su desarrollo jurisprudencial se ha centrado en la
posibilidad de “acceder a la información bajo control del Estado”[238].
Es decir, el acento se ha puesto en la primera de las facultades que la
Corte Constitucional ha derivado del artículo 20 de la Carta Política.
De manera similar a este
Tribunal, la Corte Interamericana fijó como principio del derecho de acceso a
la información el de “máxima divulgación” que “establece la
presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema
restringido de excepciones”, las cuales “deben estar previamente fijadas
por ley”, “responder a un objetivo permitido por la Convención Americana”  y
“ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén
orientadas a satisfacer un interés público imperativo”[239].
En palabras de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, “el principio de máxima
divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el
derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y
limitadas excepciones. De este principio se derivan las siguientes consecuencias:
(1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado
de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma
tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; (2) toda decisión
negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la carga
de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y (3) ante una
duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información”.
Esta Relatoría ha descrito un segundo
principio que rige el derecho al acceso a la información, el de “buena fe”.
Al explicarlo indica que “para garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados por este
derecho actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que
sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren
la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a
transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y
lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias con el
fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no
defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal”.
6.- Entre las múltiples
obligaciones que genera el derecho a la información, la Relatoría ha
identificado la de “transparencia activa” consistente en “suministrar
al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por lo menos en
cuanto a: (a) la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión
del Estado; (b) la información que se requiere para el ejercicio de otros
derechos—por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales
como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación—; (c) la oferta de
servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y (d) el
procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere. Dicha
información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y
encontrarse actualizada”[240].
7.- Al contrastar los contenidos del derecho a la información con el
escrito de tutela la Sala encuentra que las peticionarias no denuncian que los
funcionarios públicos demandados les hayan negado el acceso a información que
está en su poder. En consecuencia no es pertinente la aplicación de los
principios de máxima divulgación y de buena fe –que algunos intervinientes
mencionan- en vista de que, como se vio, ellos rigen en el ámbito del acceso a
la información. Así mismo, uno de los argumentos de defensa del apoderado de la
Procuraduría General de la Nación, según el cual a las peticionarias se les ha
brindado toda la información que han solicitado a la misma[241], resulta impertinente ya que esta no es la
acusación presentada.  Evidentemente tampoco se trata de una restricción por
parte de los demandados del derecho de las accionantes a informar ni a buscar
información.
8.- Ahora bien, la Sala difiere
del planteamiento central de las actoras de conformidad con el cual se presentó
una violación de su derecho como receptoras a ser informadas de forma veraz e
imparcial sobre sus derechos reproductivos ya que, en las actuaciones que en
este proceso se discuten, los demandados no actuaron como emisores de
información de este tipo. Lo anterior se demuestra porque la mayoría de las
conductas que acusan las accionantes están contenidas en documentos que no iban
dirigidos al público en general sino a otros funcionarios y, es más, su
objetivo no era comunicar información alguna sino cumplir las funciones
constitucionales o legales de la PGN o indicar a funcionarios externos la forma
en que la PGN consideraba que debían cumplir las suyas. Ello es patente en (i)
el oficio que dirigió la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda a la
Superintendencia de Salud acerca de la Circular Externa 058 de 2009, (ii) las
Circulares 029 de 2010 y 021 de 2011 emitidas por el Procurador General con
destino a los funcionarios que tienen a su cargo, respectivamente, el
cumplimiento de las sentencias C-355 de 2006 y T-388 de 2009 y (iii) la carta
de la Procuradora Delegada Carreño al Ministerio de Protección Social sobre la
inclusión del misoprostol en el POS.
La conclusión no es diferente en
aquellos casos en los cuales los demandados se dirigían al público, como en el
(i) comunicado de prensa del Procurador General sobre la interposición de la
nulidad contra la sentencia T-388 de 2009, (ii) las declaraciones de la
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda en Caracol Radio y en el programa de
televisión Veredicto acerca de la presunta inaplicabilidad de la misma sentencia
y (iii) el comunicado de prensa y las declaraciones del Procurador General al
periódico El Espectador sobre el supuesto carácter abortivo de la anticoncepción
oral de emergencia (AOE). Ello debido a que estas actuaciones no fueron parte de
una campaña informativa sobre derechos reproductivos llevada a cado por los
demandados, caso en el cual el planteamiento central de las actoras sería acertado.
Fueron medios que usaron los demandados para comunicar a la ciudadanía la forma
en que estaban cumpliendo sus funciones y no para indicar a las mujeres
colombianas el contenido de sus derechos reproductivos.
9.- Las peticionarias y algunos intervinientes asimismo hacen referencia
a la obligación de transparencia activa que, según la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH, tiene el Estado y cuyo contenido es, a
grandes rasgos, la provisión oficiosa de información sobre temas de especial
relevancia, entre los cuales se encuentra el ejercicio de los derechos. El
reclamo de las accionantes tampoco se relaciona con el incumplimiento de tal
obligación pues no consiste en que no se les esté proporcionando información
sobre el ejercicio de sus derechos reproductivos, o que la información que se
les está proporcionando, en desarrollo de esa obligación, no es veraz o
imparcial. Como se dijo, las conductas denunciadas por las accionantes no hacen
parte de una campaña informativa de la PGN que busque cumplir con la obligación
de transparencia activa en el campo de los derechos reproductivos.
De todos modos, la satisfacción de este deber de transparencia activa está
en cabeza de los órganos del poder ejecutivo quienes son los encargados de establecer
y poner en práctica las políticas públicas. Dentro de estas entidades no está la
PGN –institución a la que pertenecen los funcionarios demandados- ya que es fundamentalmente
un órgano de control autónomo y no un ejecutor de políticas públicas[242].
Es por ello que la orden de diseñar y poner en movimiento campañas masivas de
promoción de los derechos sexuales y reproductivos dada en la sentencia T-388 de 2009 –que busca satisfacer
la obligación de transparencia activa en materia de esta categoría de derechos-
está principalmente en cabeza de los Ministerios de Salud y Educación, aunque la
PGN debe participar en su diseño y puesta en marcha y en su seguimiento para
constatar su nivel de impacto y eficacia, además de supervisar su cumplimiento[243].
10.- Dicho lo anterior, la Sala aclara que la exclusión del derecho a la
información del análisis del presente caso no descarta que, cuando se estudie
la supuesta violación o amenaza a los derechos reproductivos, se aborden temas
relacionados pues, como se verá, uno de los derechos reproductivos reconocidos
por la Constitución y por el bloque de constitucionalidad es precisamente el
derecho a la información en materia reproductiva. En ese momento serán
considerados los argumentos que las peticionarias presentaron para justificar
la existencia de una presunta vulneración a su derecho a la información en
calidad de receptoras de la misma.
La exclusión del derecho a la libertad de expresión del
análisis del presente caso. El poder-deber de comunicación de los altos
funcionarios públicos con la ciudadanía, sus límites y su aplicabilidad al
presente asunto.
11.- Como se indicó, uno de los intervinientes –la ADC- propone a la
Corte que, cuando están involucradas declaraciones a la prensa de los
funcionarios demandados, se resuelva el asunto sub judice como un abuso
o extralimitación de su derecho a la libertad de expresión u opinión,
perspectiva de la que las peticionarias discrepan. Esta Sala coincide con ellas
pues la jurisprudencia constitucional y la interamericana, en casos similares
al presente, han establecido que las declaraciones de altos funcionarios sobre
asuntos de interés general corresponden más bien al ejercicio de sus funciones
y no al desarrollo de su libertad de expresión u opinión. En consecuencia,
ambos Tribunales han fijado a estas declaraciones unos límites distintos y mucho
más estrictos de aquellos que se aplican cuando se trata de la libertad de
expresión o de opinión, los cuales son verdaderamente amplios debido a la
importancia de este derecho para la vigencia de la democracia.
12.- En efecto, en la sentencia
T-1191 de 2004 –citada por algunos  intervinientes y por las mismas actoras-
esta Corte resolvió la acción de tutela presentada por representantes de varias
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos
humanos contra el entonces Presidente de la República al considerar que en
algunos discursos, uno de los cuales fue transmitido por los canales de
televisión nacionales, las había vinculado con grupos al margen de la ley. A su
juicio, esta afirmación falsa había vulnerado su derecho a la honra y al buen
nombre y había puesto en peligro su integridad física y su vida. Aunque la
decisión consistió en declarar la improcedencia del amparo en vista de que la vaguedad
de las declaraciones del Presidente no permitió  determinar si se refirió
concretamente a las organizaciones tutelantes, la Corte expresó lo siguiente
respecto de las alocuciones del Presidente:
“Según los artículos 188 y 189
de la Constitución Política, el Presidente de la República detenta las
calidades de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa; como lo primero, representa la unidad nacional; en virtud a las
otras dos condiciones,  ejerce, entre otras, las funciones de impulsión
política y administrativa, y es responsable por el mantenimiento del orden
público y la seguridad exterior; todo ello le  impone el poder-deber de
mantener un contacto permanente con los ciudadanos, mediante sus discursos e
intervenciones públicas, con el fin, entre otros aspectos, de (i)
suministrarles información sobre los asuntos de orden nacional e internacional
en el ámbito económico, político, social, etc., que sean de interés para el
país; (ii) fijar la posición oficial del Gobierno frente a los mismos asuntos;
(iii) informar sobre las políticas gubernamentales;  (iv) analizar, comentar,
y, en general, defender la política gubernamental que desarrolla; (v) fomentar
el ejercicio de una participación ciudadana responsable, etc.
Este poder-deber del
Presidente difiere sustancialmente de la simple libertad de expresión
reconocida en general a los ciudadanos, y más bien constituye un medio legítimo
de ejercicio de facultades gubernamentales propio de las democracias
contemporáneas. Ciertamente, esta comunicación entre el primer
mandatario y los ciudadanos, no sólo es una herramienta de gobierno que permite
informar asuntos de interés general, comunicar políticas, e incluso impartir
órdenes, sino que constituye un mecanismo que facilita la conformación de una
opinión pública libre e informada, presupuesto para la participación de los
ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan y en el control del
poder público” (subrayado fuera del texto original).
Esta forma de entender las
declaraciones de altos funcionarios públicos sobre temas de interés general se
reiteró recientemente en la sentencia T-263 de 2010 –también referida por
algunos intervinientes-. En esta decisión se decidió el amparo solicitado por
dos personas pertenecientes al comité promotor de la revocatoria del mandato
del Alcalde de Fusagasugá debido a que, en espacios radiales y televisivos de tipo
oficial, éste había afirmado que su iniciativa de revocatoria se debía a una
venganza porque no les había querido otorgar dineros del presupuesto local para
sus intereses personales. En opinión de los actores estas declaraciones, al ser
falsas, habían vulnerado sus derechos a la honra y al buen nombre. Al
comprobarse la falsedad de las afirmaciones del alcalde, la Corte estimó que el
mismo debía hacer una rectificación pública y equivalente reconociendo su
error. El amparo fue concedido, además, por haberse vulnerado el derecho de la
población a estar informada de forma veraz sobre los procesos de participación
democrática y control político.
Dentro de los fundamentos del
fallo se indicó que “frente al derecho de las personas de estar informadas
con respecto a los actos que adelante el Estado, existe el deber de las
autoridades públicas de facilitar este proceso. Sin embargo, en algunos casos,
lo anterior se constituye, así mismo, en una facultad con la que cuentan los
servidores públicos para acercarse a la ciudadanía y compartir el desarrollo de
su gestión. Por lo mismo, refiriéndose a la posibilidad de
comunicarse con las personas, la Corte Constitucional ha señalado la existencia
de un poder-deber en cabeza de determinados servidores públicos, como el
Presidente de la República, de comunicarse con las personas a través de
diferentes medios, como la radio o la televisión. Esto se debe, a que los
servidores públicos deben informar sobre los asuntos de interés general, o
sobre el desarrollo de las políticas públicas que estén gestionando (…) también
están facultados para opinar sobre su gestión y responder las críticas que
contra la misma se eleven (…)” (subrayado fuera del texto original). Se
expresó así mismo que las reglas de la sentencia T-1191 de 2004, “son
analógicamente aplicables para cualquier otro funcionario como Gobernadores o
Alcaldes, quienes también cuentan con esa facultad-deber de comunicarse con la
población”.
De los anteriores precedentes se deriva claramente que las declaraciones
de altos funcionarios públicos -de nivel nacional, local o departamental- sobre
asuntos de interés general no entran en el ámbito de su derecho a la libertad
de expresión u opinión sino que se constituyen en una forma de ejercer sus
funciones a través de la comunicación con la ciudadanía.
13.- De conformidad con esta conclusión, en las referidas sentencias se
fijaron los límites de este denominado poder-deber. Para ello se usaron conceptos
similares a aquellos que se han utilizado para establecer los límites del
derecho a informar y de la libertad de expresión u opinión, sin embargo no
coinciden con estos últimos ya que, no sólo son mucho más estrictos, sino que
la naturaleza jurídica de los objetos a delimitar no es la misma. Unos son derechos
de tipo fundamental esenciales para la democracia y otro es un poder-deber. En
ese sentido, al configurar los contornos del mencionado poder-deber en las
sentencias referidas no se buscaba proteger una facultad iusfundamental de
las personas, sino permitir el adecuado ejercicio de funciones públicas. He
aquí la diferencia entre la lectura que hace la Sala de las sentencias T-1191
de 2004 y T-263 de 2010 y la que propone la ADC en su intervención.
En la sentencia T-1191 de 2004 –reiterada por la sentencia T-263 de 2010-
la Corte empezó por diferenciar entre los contenidos de las declaraciones: “la
Sala distingue dos tipos de contenidos: (i) las manifestaciones del primer
mandatario que tienen por objeto transmitir información objetiva a los
ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que,
más allá de la transmisión objetiva de información, expresa cuál es la política
gubernamental en determinados aspectos de la vida nacional, defiende su
gestión, responde a sus críticos, expresa su opinión sobre algún asunto, etc;
casos estos últimos enmarcados dentro del natural desarrollo de la democracia,
en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios
personales”.
En este orden de ideas, expresó que “en el primer caso, cuando el
Presidente durante sus discursos hace alusión a información que presenta como
auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que
rigen el suministro de información, de conformidad con el artículo 20 de la
Carta, cargas que pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la
formación de la opinión pública , más teniendo en cuenta el alto grado de
credibilidad con el que cuenta el primer mandatario, en virtud de su cargo. En
el segundo caso, cabe la expresión de la opinión del Presidente, es decir su
apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el que
no es exigible la estricta objetividad. Aun así, para garantizar la formación
de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser
formuladas sino a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de
criterios de razonabilidad”.
Agregó la Corte que “en ejercicio de este poder-deber de mantener una
comunicación permanente con la ciudadanía, las declaraciones del Presidente
deben ceñirse a las obligaciones que la misma Constitución le asigna, en
especial las señaladas en el artículo 2º que dispone las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares (…) Así pues, como a todas las autoridades, al Presidente compete
una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los
habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los
ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que
lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos”.
Manifestó este Tribunal que “esta obligación [de abstenerse de
hacer declaraciones que amenacen los derechos fundamentales] adquiere mayor
relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional tales
como los defensores de derechos humanos, los reinsertados, los desplazados por
la violencia  o los miembros de comunidades de paz, quienes, debido al estado
de vulnerabilidad en el que se encuentran, que se manifiesta en un mayor nivel
de exposición a riesgos de carácter extraordinario y de amenaza de sus derechos
fundamentales -especialmente de los derechos a la seguridad personal, a la
integridad física y a la vida-, merecen un tratamiento especial y la adopción
de medidas reforzadas de protección”.
La sentencia T-263 de 2010 precisó que “no se puede pretermitir que la
relación de poder entre un gobernante y los ciudadanos es vertical,
precisamente por las facultades que rodean su cargo, por lo que cualquier
desmán en el ejercicio del mencionado poder-deber debe ser juzgado de forma más
estricta al ejercicio antijurídico que un particular haga de la libertad de
opinión o de información”. Y también se ha hecho especial referencia a la
responsabilidad cuando se usan medios masivos de comunicación. En la sentencia
T-1191 de 2004 señaló que “el empleo de estos medios genera una
responsabilidad mayor en cabeza del Primer Mandatario, en atención a la gran
capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen,
al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto
inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre
los comportamientos y reacciones de los individuos, debido a que el espacio de
reflexión de las noticias que se reciben a diario es mínimo, y a las mínimas
posibilidades de defensa que tienen aquellos sujetos que puedan resultar
afectados por las informaciones que se transmiten”. De igual manera, en la
sentencia T-263 de 2010, la Corte afirmó que “el Presidente, un Gobernador o
un Alcalde, tienen – en principio -, mayor acceso a los medios de comunicación,
por lo que es exigible a ellos una mayor responsabilidad en su uso”. De
este modo, lo que las accionantes y la ADC toman como estándares más estrictos
en el ejercicio del derecho a la información o a la libertad de expresión de
los funcionarios públicos, está en realidad referido a su poder-deber de
comunicación con la ciudadanía.
Un ejemplo claro de la diferencia entre los límites del derecho a la
libertad de expresión y este poder-deber fue referido en la sentencia T-263 de
2010: “la libertad de expresión admite incluso ataques frontales a la
democracia o a los mecanismos de participación cuando sean manifestadas por
particulares, esto mismo no es predicable de servidores públicos, quienes en
razón a la faceta expansiva de la democracia se encuentran obligados a
facilitarla y no a entorpecerla”. Este fue precisamente uno de los
fundamentos para conceder el amparo en el caso concreto ya que la declaraciones
del Alcalde de Fusagasugá “se constituían en frases que pretendían atacar
personalmente a los ciudadanos que se organizaron para impulsar la revocatoria
de su mandato y evitar -o al menos dificultar- diferentes procesos que le
siguen a la constitución del comité, como es la recolección de firmas. Es decir
que, en vez de fomentar la participación democrática, el alcalde actuó de forma
antijurídica en el ejercicio de su facultad-deber, pues abusó de ella -con la
correspondiente transgresión de los derechos fundamentales de los accionantes-,
al efectuar tales comentarios sobre circunstancias inexistentes, y –de forma
aviesa- afectar el proceso de participación democrática y control político.
Atentando así contra el derecho de la población a estar informada y de contera
contra el principio democrático que se materializa en la participación”.
En la sentencia T-1191 de 2004 dijo la Corte que el control de los límites
del referido poder-deber, es tanto jurídico como político. Este último de parte
del Congreso o de los ciudadanos y el primero mediante acciones penales –en
caso de configurarse una injuria o calumnia- o a través de la acción de tutela
cuando se vean vulnerados o amenazados los derechos fundamentales.
En resumen, según la jurisprudencia constitucional, los límites del
poder-deber de comunicación de los altos funcionarios públicos con la
ciudadanía son (i) la veracidad e imparcialidad cuando transmitan información,
(ii) la mínima justificación fáctica y la razonabilidad de sus opiniones y, en
todo caso, (iii) el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de los
sujetos de especial protección constitucional. Además, el juicio de
responsabilidad por extralimitación de estas barreras es de por sí estricto
debido a su condición preeminente frente a la población, pero más aún cuando se
utilicen los medios masivos de comunicación.
14.- La jurisprudencia interamericana, en los casos Perozo y otros y Ríos
y otros, ambos contra Venezuela, abordó de forma similar asuntos que guardan
algún parecido con el presente. Entre otras cosas, en estos procesos se debatían
declaraciones “de naturaleza esencialmente política” de altos
funcionarios públicos del poder ejecutivo en un programa de televisión y en
intervenciones públicas que fueron transmitidas a través de medios masivos de
comunicación y que “tuvieron lugar en periodos de mayor inestabilidad
política y conflictividad social”. Las víctimas consideraban que estas
declaraciones pusieron en peligro su integridad personal y violaron su libertad
de expresión pues formaban parte de un medio de comunicación “con una línea
editorial crítica del gobierno”.
En tales declaraciones los funcionarios se refieren al “medio de
comunicación social Globovisión, y en algunos casos sus dueños o directivos (…)
como ‘enemigos de la revolución’  o ‘enemigos del pueblo de Venezuela’. Además,
se identifica a tal medio o a sus dueños, expresa o implícitamente, como
partícipes en el golpe de Estado de 2002 y se hacen llamados a identificarlos
como tales y a ‘defender la salud mental [del] pueblo [venezolano]’; se incluye
a Globovisión como uno de cuatro medios de comunicación privados aludidos como
‘los cuatro jinetes del Apocalipsis’; y se acusa a dicho medio de ‘conspira[r]
contra la revolución’ , de ‘perversión golpista y fascista’  y de responder a
un ‘plan terrorista’. Asimismo, en su contenido se cuestiona la veracidad de
información transmitida por Globovisión y en algunas de esas declaraciones se
hace referencia a la concesión para operar los medios de comunicación y a la
posibilidad de cancelarla”[244].
Similar contenido tenían las declaraciones hechas en referencia al medio de
comunicación social RCTV[245].
La Corte Interamericana estudió las declaraciones descritas no como
posibles abusos de la libertad de expresión de los funcionarios públicos sino como
conductas violatorias de los derechos a la integridad física y a la libertad de
expresión de las víctimas y las caracterizó dentro del deber de las autoridades
estatales de pronunciarse sobre cuestiones de interés público. En concreto
señaló que “en una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en
ocasiones constituye un deber, que las autoridades estatales se pronuncien
sobre cuestiones de interés público”[246].
15.- En punto de los límites a estos pronunciamientos, la Corte
Interamericana indicó que “al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones
en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente
exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo
con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares, en razón de su
alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones
pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para
evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión
manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios
públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las
personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos  ni
constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en
los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante
la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve
particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social,
alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente
por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o
grupos en un momento dado”[247].
De la lectura de lo anterior, resalta la plena coincidencia entre la
jurisprudencia constitucional y la interamericana en cuanto al (i) respeto de
los derechos fundamentales, sin embargo, existe alguna diferencia en lo que
toca con la veracidad de la información ya que la Corte Interamericana exige (ii)
la constatación razonable aunque no exhaustiva de los hechos con una diligencia
aún mayor a la debida por los particulares.
16.- Considera la Sala que los precedentes resumidos son aplicables al
Procurador General de la Nación y a sus Delegadas demandadas en el presente
proceso. Si bien ninguno de ellos hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público
y, en ese sentido, su poder-deber de comunicación con la ciudadanía no tiene el
contenido político que estaba involucrado en las sentencias reseñadas, lo
cierto es que como funcionarios de un importante órgano de control tienen la
facultad y la obligación de, por ejemplo, (i) suministrar información sobre su
gestión y sobre temas de interés general relacionados con sus funciones
constitucionales y legales, (ii) fijar la posición oficial de la entidad frente
a los asuntos de su competencia y (iii) defender su gestión ante las críticas.
El reconocimiento de este poder-deber en cabeza del Ministerio Público,
al igual que sucede en el caso de altos funcionarios del poder ejecutivo
nacional, departamental y local, es “propio de las democracias
contemporáneas” y “facilita la conformación de una opinión pública
informada, presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de
las decisiones que los afectan y en el control del poder público”, en otras
palabras, es vital “para la vigencia de la democracia, para la formación de
la opinión pública, y para el ejercicio libre de los derechos políticos” [248].
El hecho de ser un órgano de control, sin duda refuerza estas
consideraciones. Así mismo “se conecta con el derecho de la población en
general a ser informada”[249].
17- De hecho, como se desprende de los hechos del asunto bajo examen, los
funcionarios demandados han ejercido el poder-deber de comunicación con la
ciudadanía, al menos, en los siguientes casos: (i) en el comunicado de
prensa del Procurador General sobre la interposición de la nulidad contra la
sentencia T-388 de 2009, (ii) en las declaraciones de la Procuradora Delegada
Hoyos Castañeda en Caracol Radio y en el programa de televisión Veredicto
acerca de la presunta inaplicabilidad de la misma sentencia y (iii) en el
comunicado de prensa y las declaraciones del Procurador General al periódico El
Espectador sobre el supuesto carácter abortivo de la AOE. Como se ve, en
algunos de estas ocasiones se usaron no sólo los canales de difusión
institucionales –comunicados de prensa- sino que se recurrió a los medios
masivos de comunicación –prensa, radio, televisión-.
Así las cosas, en el análisis de
fondo la Sala no deberá estudiar si, en estas ocasiones, los funcionarios
públicos abusaron de su libertad de expresión sino si en ellas respetaron los
límites que la jurisprudencia constitucional e interamericana han fijado para el ejercicio del poder-deber de
comunicación con la ciudadanía. En especial si, en desarrollo del mismo,
amenazaron o violaron los derechos reproductivos de las peticionarias y/o derechos
fundamentales relacionados con los mismos.
El tema central del asunto bajo revisión: los derechos reproductivos de
las mujeres
18.- Como se anunció, la Sala estima que el problema jurídico central que
debe resolver es si, en ejercicio de sus funciones, los demandados han violado
o amenazado los derechos reproductivos de las accionantes, uno de los cuales
–mas no el único- es el derecho a la información en materia reproductiva. Así
mismo están involucrados, según el escrito de tutela, los derechos a la
autonomía reproductiva, a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), al
acceso a los servicios de salud reproductiva, a la educación y a la información
sobre métodos anticonceptivos y a su libre elección y acceso.
Concretamente la Sala dilucidará
si (i) el oficio que dirigió la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda a la
Superintendencia de Salud acerca de la Circular Externa 058 de 2009, (ii) las
Circulares 029 de 2010 y 021 de 2011 emitidas por el Procurador General con
destino a los funcionarios que tienen a su cargo, respectivamente, el
cumplimiento de las sentencias C-355 de 2006 y T-388 de 2009 y (iii) la carta
de la Procuradora Delegada Carreño al Ministerio de Protección Social sobre la
inclusión del misoprostol en el POS, constituyeron amenazas o vulneraciones a
los derechos mencionados.
19.- En ese análisis la Sala también tendrá en cuenta los argumentos de
las peticionarias dirigidos a comprobar la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales relacionados con los derechos reproductivos referidos, tales como
la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la
educación y a beneficiarse del progreso científico. De este modo, el análisis
de las supuestas violaciones o amenazas se hará conjuntamente.
Estructura de la decisión
20.- Fijados los problemas jurídicos que se deben responder en el asunto
bajo examen, la Sala en primer lugar abordará las cuestiones de procedibilidad.
En concreto, se referirá a (i) la subsidiariedad, (ii) la inmediatez, (iii) la
legitimación activa y (iv) la carencia actual de objeto.
En segundo lugar se harán consideraciones generales sobre (i) los
derechos reproductivos, (ii) el derecho a la IVE y (iii) el derecho a la
información en materia reproductiva, todo ello tomando como parámetro la
jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos de organismos
internacionales que supervisan el cumplimiento de tratados que hacen parte del
bloque de constitucionalidad. Estos últimos, referidos insistentemente por las
peticionarias y por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) en su
intervención.
En tercer lugar se resolverá el caso concreto, para lo cual la Sala
dividirá sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las
peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales: (i) las
órdenes de la sentencia T-388 de 2009, (ii) los efectos de la nulidad
interpuesta en contra del mismo fallo, (iii) la naturaleza de la AOE, (iv) el
carácter de derecho de la IVE y las obligaciones de la Superintendencia de
Salud frente al mismo, (v) los efectos de la suspensión provisional del Decreto
4444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la IVE, (vi) la
existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y (vii) la inclusión
del misoprostol en el POS. En cada uno de estos apartes se indicará cuales
derechos reproductivos y/o derechos fundamentales relacionados con los mismos
se encuentran en juego, para luego concluir si se amenazaron o vulneraron por
los demandados ya sea en ejercicio de sus funciones o, específicamente, en
desarrollo de su poder-deber de comunicación con la ciudadanía.
Cuestiones de procedibilidad
Subsidiariedad
21.- Tanto el apoderado de la PGN
como los jueces de instancia arguyeron que ésta resulta improcedente debido a la
existencia de otros medios de defensa judicial, tales como la acción de nulidad
contra los actos administrativos emitidos por la Procuraduría y el seguimiento
que esta Sala está haciendo al cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009. Al
respecto la Sala coincide con las peticionarias y con DeJuSticia quienes
sostuvieron que no existe otro medio judicial de defensa judicial idóneo para
satisfacer las pretensiones de las accionantes, aunque la razón para ello es
distinta a las que estos ofrecieron.
22.- El amparo impetrado no se circunscribe
a aspectos relacionados con el cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009. Tan
solo dos de los siete asuntos denunciados -las
órdenes de la sentencia T-388 de 2009 y los efectos de la nulidad interpuesta
en contra del mismo fallo- tienen que ver con éste. Así mismo, no todas las
conductas que, según el escrito de tutela, generan la amenaza o violación de
los derechos fundamentales de las actoras están contenidas en actos
administrativos emitidos por el Procurador General de la Nación y, en ese
sentido, sólo algunas podrían ser demandadas en acción de nulidad ante la
justicia contencioso administrativa. Es el caso de las Circulares 029 de 2010 y
021 de 2011.
Explicado lo anterior, hay que
resaltar que lo que denuncian las actoras es, en sus palabras, una práctica “continua
y sistemática” de amenaza y
violación de derechos fundamentales por parte de los funcionarios públicos
demandados pertenecientes a la PGN[250], la cual intentan
demostrar con siete situaciones concretas. Al tener en cuenta esto, es patente
que ni la acción de nulidad ni el trámite de cumplimiento de la sentencia T-388
de 2009 son acciones judiciales idóneas para solucionar lo que plantean las
peticionarias pues, como se vio, su competencia se limitaría a solo algunos de
los asuntos que conforman la situación “continua y sistemática” que se
pone de presente en el escrito de tutela. En otras palabras, estas vías
judiciales no son idóneas en este caso concreto ya que no permiten abordar de
manera global e integral la acción de tutela impetrada.
23.- La falta de idoneidad se
presenta incluso en algunas de las situaciones concretas, como en las que
combinan actos que son demandables ante la justicia contenciosa y otras
conductas que, al menos en principio, no lo son. Por ejemplo, en el asunto
relativo a la existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus en el
cual se ataca la Circular 021 de 2011 y un comunicado de prensa del Procurador
General. Una acción de nulidad no sería idónea para resolverlo pues, en caso de
decretarse la nulidad, aún subsistiría un comunicado de prensa con el mismo
contenido.
Inmediatez
24.- De
conformidad con el denominado requisito de inmediatez, la acción de tutela debe
ser interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[251].
En efecto, desde
la sentencia SU-961 de 1999[252] esta Corte determinó, a
partir de la interpretación del artículo 86 de la Constitución Política, que a
pesar de que según esta norma la acción de tutela puede ser interpuesta “en
todo momento”, de lo que se deriva que no posee ningún término de
prescripción o caducidad, ello no significa que no deba interponerse en una
plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo
con el mismo artículo constitucional, es un mecanismo para reclamar “la
protección inmediata” de los derechos fundamentales.
A partir de
allí la jurisprudencia constitucional ha sostenido invariablemente que la
ausencia de un término de caducidad o prescripción en la acción de tutela
implica que el juez no puede simplemente rechazarla en la etapa de admisión con
fundamento en el paso del tiempo[253]. Sin embargo,
de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía judicial de
protección inmediata de derechos fundamentales obliga a la autoridad
judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido entre el
hecho generador de la solicitud y la petición de amparo pues un lapso
irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se
requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el cual el mecanismo
preferente y sumario de la tutela está reservado[254].
25.- Insistentemente
ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del plazo no puede
determinarse a priori, lo que se traduciría en la imposición de un
término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86 de la
Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto[255].
En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el
juez constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela,
que en principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta
después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, en realidad resulta procedente debido a las particulares
circunstancias que rodean el asunto.
26.- A diferencia de los jueces
de instancia la Sala considera que, si se tienen en cuenta las condiciones
específicas que rodean este asunto, se encuentra cumplido el requisito de la
inmediatez. Se reitera que se debe tener presente que lo que atacan las actoras
es lo que, a su juicio, constituye una práctica “continua y sistemática” de amenaza y violación de derechos
fundamentales por parte de los funcionarios públicos demandados[256].
Y, en consecuencia, como indican las peticionarias y DeJuSticia, el análisis de
inmediatez debe hacerse desde una perspectiva general y no respecto de cada una
de las conductas acusadas de vulneratorias.
Entendido así el asunto, la
inmediatez está indudablemente satisfecha ya que, aunque algunos de los hechos
de la acción de tutela datan de hace casi dos años, como el comunicado de
prensa acerca de la interposición de la nulidad por parte del Procurador
General en contra de la sentencia T-388 de 2009 con fecha del 21 de octubre de
2009, otros son muy cercanos a la fecha de interposición del amparo -21 de
septiembre de 2011-, por ejemplo la Circular 21 del 27 de julio de 2011 que se
emitió menos de dos meses antes.
Legitimación
activa
27.- El
apoderado de la PGN y los jueces de instancia sugieren que las violaciones o
amenazas que se describen en el escrito de tutela son meramente hipotéticas ya
que ninguna de las actoras ha demostrado que, respecto de sí misma, se haya
producido violación o amenaza de los derechos fundamentales. Por ejemplo, que
se les haya negado u obstaculizado el acceso a la IVE o a la AOE. Como
consecuencia de ello, de alguna manera asumen que las peticionarias actúan en
nombre de las mujeres que eventualmente podrían llegar a verse verdaderamente
afectadas con las actuaciones de los demandados y estiman que carecen de
legitimación para ello porque éstas son indeterminadas y, así, no se configura
lo necesario para la agencia oficiosa.
28.- Es
necesario precisar que en la acción de tutela instaurada las accionantes fueron
claras al decir que actúan en su propio nombre[257],
razón por la cual las referencias a la agencia oficiosa son impertinentes.
Siendo ello
así, para considerar satisfecho el requisito de legitimación activa lo único
que se necesita es verificar si las peticionarias son titulares de los derechos
fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, como en efecto lo son.
Cada una de las mujeres que presentó la presente acción de tutela es titular de
los derechos reproductivos reconocidos en la Constitución de 1991 y en el
bloque de constitucionalidad, así como de los derechos relacionados con los
mismos, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la
salud, la educación y a beneficiarse del progreso científico. Es más, esta
Corte ha reconocido en varias ocasiones que, aunque “hombres como mujeres
son titulares de estos derechos [los sexuales y reproductivos] (…) es
innegable la particular importancia que tiene para las mujeres la vigencia de
los mismos ya que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo incide
directamente sobre su proyecto de vida pues es en sus cuerpos en donde tiene
lugar la gestación y, aunque no debería ser así, son las principales
responsables del cuidado y la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade
el hecho de que han sido históricamente despojadas del control sobre su cuerpo
y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por la familia, la sociedad
y el Estado”[258]. En este orden
ideas, otras mujeres distintas a las accionantes también hubieran podido
interponer el amparo que se estudia, pero ello no desestima la legitimación
activa pues, se insiste, la clave es que las peticionarias son en efecto
titulares de los derechos.
29.- La
cuestión relativa a si las amenazas y violaciones que se describen en la acción
de tutela impetrada son meramente hipotéticas o reales no corresponde al
estudio de procedibilidad de la acción. No puede el juez decidir a priori,
sin entrar a analizar el fondo del asunto, si las pruebas demuestran que las
amenazas y violaciones en realidad se produjeron o, por el contrario, son
eventuales. Por esta razón, en cada uno de los siete asuntos descritos por las
accionantes la Sala lo verificará.
Carencia
actual de objeto
30.- El juez de primera instancia
arguyó que en el presente proceso se configuraba un hecho superado en vista de
que la PGN ya presentó el informe de cumplimiento sobre las campañas
informativas ordenadas en la sentencia T-388 de 2009 y se dispuso a realizarlas[259].
La Sala rechaza esta conclusión pues, insiste, sólo dos de los siete
asuntos incluidos en el escrito de tutela tienen que ver con las campañas
referidas y, además, en estos no se denuncia el incumplimiento de la orden por
parte de los demandados sino su tergiversación y la supuesta inaplicabilidad de
la sentencia hasta tanto se decidiera la nulidad impetrada contra ésta. Son
entonces asuntos distintos y, por tanto, no se pueden estimar superados estos
dos últimos por presentarse el primero.
31.- Se ha
sugerido también la posibilidad de que, respecto de alguno de los siete
asuntos, se presente un daño consumado. Por razones metodológicas la Sala
resolverá este interrogante cuando en el análisis de fondo se pronuncie acerca
de cada una de las situaciones y, en ese momento, determinará cuales son las
consecuencias concretas en caso de que, en efecto, esto se configure.
Los derechos reproductivos en la
Constitución de 1991 y en el bloque de constitucionalidad. Reiteración
de jurisprudencia.
32.- Desde la sentencia C-355 de
2006 esta Corte ha venido desarrollando una jurisprudencia consistente y
uniforme acerca del reconocimiento, titularidad, naturaleza y contenido de los
derechos reproductivos. Ha insistido en que tanto la Constitución de 1991 como
varias normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad reconocieron esta
categoría de derechos y les dieron la naturaleza de fundamentales. Así mismo ha
precisado que, aunque su titularidad es compartida por hombres y mujeres, la
vigencia de los derechos reproductivos es de particular importancia para estas
últimas. A continuación, la Sala reitera y avanza en la referida línea
jurisprudencial que se reconstruyó en las sentencias T-732 de 2009, T-585 de
2010 y T-841 de 2011.
33.- Con fundamento en la
Constitución, la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, es posible afirmar que los
derechos reproductivos reconocen y protegen (i) la autodeterminación reproductiva
y (ii) el acceso a servicios de salud reproductiva.
Tanto hombres como mujeres son
titulares de estos derechos, sin embargo es innegable la particular importancia
que tiene para las mujeres la vigencia de los mismos ya que la determinación de
procrear o abstenerse de hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida
pues es en sus cuerpos en donde tiene lugar la gestación y, aunque no debería
ser así[260], son las principales
responsables del cuidado y la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade
el hecho de que han sido históricamente despojadas del control sobre su cuerpo
y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por la familia, la sociedad
y el Estado.
34.- La autodeterminación
reproductiva reconoce, respeta y garantiza la facultad de las personas de
decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué
frecuencia. Ello encuentra su consagración normativa en el artículo 42 de la
Constitución que prescribe que “la pareja tiene derecho a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos” y en el artículo 16, ordinal e),
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la mujer (CEDAW) que reconoce el derecho de la mujer y el hombre a
decidir libremente sobre el número de sus hijos e hijas y el intervalo entre
los nacimientos.
Así, la autodeterminación
reproductiva reconoce a las personas, en especial a las mujeres, el derecho a
estar libres de todo tipo de interferencias en la toma de decisiones
reproductivas, incluida la violencia física y psicológica, la coacción y
la discriminación, pues no se deben sufrir tratos desiguales injustificados por
razón de las decisiones reproductivas, sea que se decida tener descendencia o
no (artículos 13 y 42 de la Constitución[261] y artículo 11.2 de la
CEDAW[262]). Por tanto, se viola
el derecho a la autodeterminación reproductiva cuando se presentan, por
ejemplo, embarazos, esterilizaciones, abortos o métodos de anticoncepción
forzados[263]
o cuando se solicitan pruebas de esterilización[264] o de embarazo[265]
para acceder o permanecer en un empleo.
Además, la autodeterminación
reproductiva reconoce que este tipo de decisiones son personales, pues “[l]a
decisión [de la mujer] de tener hijos (…) no debe (…) estar limitada por
el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno”[266].  Es por ello
que este derecho es vulnerado, por ejemplo, “cuando se obliga al marido a
dar su autorización para decidir sobre la esterilización de la mujer, o cuando
se establecen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como por
ejemplo, tener cierto número de hijos o cierta edad, o cuando es obligatorio
que los médicos y otros funcionarios de salud informen sobre los casos de
mujeres que se someten a abortos”[267].
35.- Así mismo, los derechos
reproductivos reconocen, respetan y garantizan la facultad de las personas, en
especial a las mujeres, de acceder a servicios de salud reproductiva.
De acuerdo con la Recomendación General
24 del Comité CEDAW el artículo 12 de este tratado, que reconoce el derecho a
la salud de la mujer, incluye el derecho a la salud reproductiva[268].
En esta misma Recomendación se enfatizó que “la negativa de un Estado Parte
a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la
mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los
encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de
servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan
a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios”[269].
Así se determinó que una de las obligaciones estatales consiste en garantizar
la eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer a los servicios de
salud en la esfera de la salud sexual y genésica[270].
De forma similar, en su Observación
General 14 sobre el derecho a la salud, el Comité del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) expresó que, para suprimir
la discriminación contra la mujer, es necesario asegurarle, de forma particular,
acceso a servicios en materia reproductiva por lo cual el Estado debe abstenerse
de limitarlo[271] y suprimir las barreras
que impiden el mismo[272], incluso cuando
provengan de terceros[273].
Los servicios de salud
reproductiva incluyen, entre otros:
(i) Educación e información sobre
toda la gama de métodos anticonceptivos, acceso a los mismos y posibilidad de
elegir aquél de su preferencia, prestación que está reconocida en los artículos
10[274] y 12[275]
de la CEDAW.
En el mismo sentido, la
Observación General 14 ya mencionada indicó que el apartado a) del párrafo 2
del artículo 12 del PIDESC puede entenderse en el sentido de que es preciso
adoptar medidas para mejorar el acceso a la planificación de la familia[276]
y enfáticamente aseguró que, en virtud de la obligación de respeto, “los
Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos”[277].
Este Comité incluyó, dentro del derecho a la salud protegido por el PIDESC,
el derecho a la salud genésica cuyo concepto comprende el derecho del hombre y
la mujer a “estar informados y tener acceso a métodos de planificación
familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección”[278].
(ii) El acceso a los servicios de
interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, oportuna y con calidad en
aquellos casos en que no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de
2006[279]. Esto incluso en el
caso de las niñas. En su Observación General 4 el Comité de Derechos del Niño
instó “a los Estados Partes a:  a) elaborar y ejecutar programas que
proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida
(…) las prácticas abortivas sin riesgo cuando el aborto no esté prohibido por
la ley (…)”[280].
(iii) Medidas que garanticen una
maternidad libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia y
que brinden las máximas posibilidades de tener hijos sanos[281].
Al respecto, el artículo 43 de la
Constitución prescribe que “durante el embarazo y después del parto [la
mujer] gozará de especial asistencia y protección del Estado”. Por su
parte, el artículo 12 de la CEDAW impone a los Estados la obligación de
asegurar “a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el
embarazo y la lactancia”. Incluso este componente resulta garantizado por
el PIDESC según la Observación General 14 del Comité del mismo. Allí se explicó
que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 de este tratado, se puede
entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud
materna, como la atención anterior y posterior al parto y los servicios
obstétricos de urgencia[282].
(iv) Por último, la prevención y
tratamiento de las enfermedades del aparato reproductor femenino y masculino[283].
En este sentido, la Observación General 14 mencionada, indica que el apartado
c) del párrafo 2 del artículo 12) del PIDESC exige que se establezcan programas
de prevención de las enfermedades que afectan de forma adversa a la salud
genésica[284]. Y, en el caso
específico de la mujer, la Recomendación General 24 del Comité CEDAW indica que
“las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no se
considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de
servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer”[285].
36.- Como se puede deducir de lo
anterior, las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos son parte
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues
especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en el ámbito
de la reproducción. Por esta razón la Declaración de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994 indicó que esta
categoría de derechos “abarca ciertos derechos humanos que ya están
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de Naciones Unidas aprobados
por consenso” (principio 4). En este sentido, los derechos
reproductivos están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna
(artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de
la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud
(artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros.
Por lo dicho, y debido a la
influencia del derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia
constitucional ha afirmado que los derechos reproductivos están protegidos por la
Constitución de 1991 ya que “han sido finalmente reconocidos como derechos
humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional,
soporte fundamental de todos los Estados democráticos”[286].
A continuación la Sala
desarrolla, con mayor profundidad, dos de los derechos reproductivos antes
mencionados por su fuerte relación con el caso concreto.
El derecho fundamental de las
mujeres a la IVE como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de
respeto y garantía en cabeza del Estado y los promotores y prestadores del
servicio de salud. Reiteración de jurisprudencia.
37.- La sentencia T-585 de 2010,
reiterada por la sentencia T-841 de 2011, precisó que en Colombia existe un
derecho reproductivo de carácter fundamental a la IVE en las hipótesis
despenalizadas desde la sentencia C-355 de 2006. Como efecto de esta naturaleza
fundamental, el Estado y los particulares que participan del sistema general de
seguridad social en salud tienen frente al derecho a la IVE las obligaciones de
respeto y garantía que tienen en relación con todos los demás derechos de esta
categoría. Así mismo, la acción de tutela puede ser usada para protegerlo[287].
A continuación se reitera, una
vez más, esta línea jurisprudencial no sin antes destacar que en el auto 038 de
2012 la Sala Plena de esta Corte desestimó la nulidad impetrada contra la
sentencia T-585 de 2010 por parte del Procurador General, entre otras cosas,
porque “la Sala Octava no efectuó ningún cambio de
jurisprudencia respecto de lo decidido en la sentencia C-355 de 2006 al indicar
en la sentencia T-585 de 2010 que, en los casos despenalizados por esta Corte, la
IVE es un derecho de carácter fundamental perteneciente a la categoría de los
derechos reproductivos”.
38.- En la sentencia C-355 de 2006, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad contra varias normas del Código Penal relativas
al delito de aborto, la Corte decidió que su penalización absoluta era
contraria a la Constitución[288]. Esta consideración la
llevó a indicar en la parte resolutiva de la sentencia que “no se incurre en
delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del
embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del
embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada
por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable
su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el
resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto”.
39.- Una reconstrucción de la
argumentación empleada en la mencionada sentencia de constitucionalidad permite
concluir que a partir de la misma surgió en Colombia un verdadero derecho a la IVE
en cabeza de las mujeres que se encuentran incursas en las hipótesis
despenalizadas.
Así, en la sentencia C-355 de
2006 la Corte concluyó que la protección de los derechos fundamentales de la
mujer a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida y
a la salud física y mental –contenidos en la Constitución de 1991 y en el
bloque de constitucionalidad- imponen reconocerle la autonomía para decidir
libremente si interrumpir o continuar la gestación al menos en las precisas
circunstancias ya señaladas, de modo tal que la sanción penal resultaba
desproporcionada. En otras palabras, del contenido mismo de los derechos
fundamentales mencionados la Corte derivó una facultad, es decir, un derecho consistente
en decidir si procrear o abstenerse de hacerlo, el cual se activa en cabeza de
las mujeres gestantes cuando se encuentran en los eventos antes indicados.
40.-  El derecho a la IVE tiene per se carácter fundamental ya que hace
parte de los denominados derechos reproductivos y más exactamente de la
autonomía reproductiva, cuyo rango fundamental fue reconocido por la Corte en la
misma sentencia C-355 de 2006. En este última afirmó que “los derechos
reproductivos son una categoría de derechos humanos” y que estos “incluyen
el derecho fundamental de todas las personas a decidir libremente el
número y el espaciamiento de hijos (…)”[289]
(subrayas fuera del texto original). Como se ve la sentencia aludió
expresamente a la naturaleza fundamental del derecho a la autodeterminación
reproductiva y si la IVE –en las hipótesis despenalizadas- es parte del derecho
fundamental a la autodeterminación reproductiva, entonces es lógico concluir
que esta facultad también es de carácter fundamental.
41.-  El reconocimiento de la IVE
–en los casos despenalizados- como derecho fundamental implicó el surgimiento
de un conjunto de obligaciones de respeto y de garantía en cabeza del Estado y
de los prestadores y promotores del servicio público de salud.
En otras palabras, el Estado y
los particulares que participan del Sistema General de Seguridad Social en
Salud –E.P.S. e I.P.S.- están en la obligación de abstenerse de imponer
obstáculos ilegítimos a la práctica de la IVE en las hipótesis despenalizadas
–obligación de respeto- tales como exigir requisitos adicionales a los
descritos en la sentencia C-355 de 2006. Así también, tienen el deber de
desarrollar, en la órbita de sus competencias, todas aquellas actividades que
sean necesarias para que las mujeres que soliciten la IVE, y que cumplan los
requisitos de la sentencia C-355 de 2006, accedan al procedimiento en
condiciones de oportunidad, calidad y seguridad –obligación de garantía-[290].
42.- Al respecto, la sentencia
T-388 de 2009 enlistó, de forma enunciativa, algunas de las obligaciones de
respeto y de garantía más importantes:
(i)
“Las mujeres puestas bajo las hipótesis contenidas en la
sentencia C-355 de 2006 gozan del derecho a decidir libres de presión,
coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier suerte de
intervenciones inadmisibles respecto de la interrupción voluntaria de su
embarazo. Es este un derecho de las mujeres quienes aún colocadas en los
supuestos allí determinados también pueden elegir con libertad llevar a término
su embarazo.
(ii)
Todas las mujeres deben poder contar con la información
suficiente, amplia y adecuada que les permita ejercer a cabalidad y en libertad
sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye, el derecho a estar
plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 (…)
(iii)      Los
servicios de interrupción del embarazo bajo las hipótesis contempladas en la
sentencia C-355 de 2006 deben estar disponibles en todo el territorio nacional
- bajo estricto seguimiento de los postulados de referencia y contrarreferencia
- y las mujeres en estado de gravidez han de poder acceder a los mismos en todos
los niveles de complejidad que lo requieran.
(iv)       Las
personas profesionales de la salud y, en general, el personal de salud que
atienda la solicitud de las mujeres relativa a la interrupción voluntaria de su
embarazo están obligados a ofrecer plena garantía de confidencialidad y, en
consecuencia, a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad y a la
dignidad. Guardar el secreto profesional se convierte en una obligación de
primer orden para los prestadores de servicios de salud en relación con este tópico.
(v)
Ni las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente su
embarazo bajo las hipótesis previstas en la sentencia C-355 de 2006, ni quienes
atienden su solicitud, pueden ser víctimas de discriminación o de prácticas que
limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de trabajo o a centros
educativos o su afiliación al sistema general de salud o riesgos profesionales.
(vi)       Los
departamentos, distritos y municipios están obligados a asegurar la suficiente
disponibilidad de servicios de la red pública con el propósito de garantizarles
a las mujeres gestantes el acceso efectivo al servicio de interrupción
voluntaria del embarazo en condiciones de calidad y de salubridad.
(vii)    Ninguna
entidad prestadora de salud – sea pública o privada, confesional o laica -
puede negarse a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se
encuentra bajo los supuestos establecidos en la sentencia C-355 de 2006 –
cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que tenga la
mujer y con independencia de su condición social, económica, edad, capacidad de
pago, orientación sexual o etnia -.
(viii)  Está terminantemente
prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a las
establecidas en la referida sentencia C- 355 para la práctica del aborto en los
supuestos allí previstos. Entre las barreras inadmisibles se encuentran, entre
otras:
·
Realizar juntas médicas, de revisión o de aprobación por
auditores que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica del
aborto inducido.
·
Impedir a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez
exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupción
voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no
están de acuerdo con dicha interrupción.
·
Imponer requisitos adicionales, verbigracia, exigir: (a)
dictámenes de medicina forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud
que no son practicados de manera oportuna; (d) autorización por parte de
familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y pluralidad de galenos.
·
Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su
turno, objeciones de conciencia, institucionales e infundadas.
·
Suscribir pactos – individuales o conjuntos - para negarse a
practicar la interrupción del embarazo.
·
Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que incidan en
que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con médicos
dispuestos a prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sea
por cuanto estos (as) profesionales de la medicina son víctimas de
discriminación en el momento en que se efectúa su vinculación laboral o por
cuanto, una vez vinculados (as), reciben presiones en el sentido de abstenerse
de practicar abortos.
·
Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos a
quienes la Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la
salud.
·
Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de
referencia y contrarreferencia imprescindibles para atender eventos en los que
el servicio médico – en este caso la práctica del aborto inducido – no está
disponible en el centro hospitalario al que acude la paciente.
·
No disponer dentro de algunas redes públicas de prestadores
del servicio de salud en los niveles departamental, distrital y municipal del
servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.
43.- Además, en la hipótesis de
peligro para la vida o la salud de la gestante, a las obligaciones mencionadas
se deben agregar las relativas a la faceta de diagnóstico. Ello porque, al
tratarse de un asunto relacionado con la salud, es precisamente un diagnóstico
médico el que puede determinar si se configura la hipótesis referida. De ahí
que el requisito para acceder a la IVE sea justamente un certificado médico.
En este sentido, la gestante
puede exigir de las entidades públicas y de los particulares que participan del
Sistema General de Seguridad Social en Salud –E.P.S., I.P.S. y profesionales de
la salud que la atiendan-:
(i)  Una valoración médica
oportuna sobre el peligro que representa el embarazo para su vida o su salud. Ésta
se debe dar en aquellos eventos en que los profesionales de la salud advierten
la posibilidad de que se configure esta hipótesis o cuando la mujer gestante
alega estar incursa en ella por los síntomas que presenta. Además, debe ser
integral, es decir, incluir una valoración del estado de salud mental pues la
sentencia C-355 de 2006 determinó que la amenaza para ésta también legitima una
solicitud de IVE.
(ii) La expedición oportuna del
certificado médico para proceder a la IVE, el cual debe responder a los
resultados de la valoración médica realizada.
Así, de un lado, la obligación de
respeto de la faceta de diagnóstico del derecho fundamental a la IVE implica
que una E.P.S., I.P.S. o un profesional de la salud no puede:
(i) Negar o dilatar la
realización de las consultas o exámenes necesarios para verificar si el
embarazo amenaza la vida o la salud física o mental de la gestante.
(ii) Negar o dilatar la emisión
del certificado médico una vez hecha la valoración o expedir uno que no
corresponda con el diagnóstico efectuado.
De otro lado, para satisfacer la
obligación de garantía de esta faceta de diagnóstico del derecho fundamental a la
IVE, las entidades públicas y privadas que participan del Sistema General de
Seguridad Social en Salud –E.P.S. e I.P.S.- deben contar con protocolos de
diagnóstico rápido en aquellos eventos en que los profesionales de la salud
advierten la posibilidad de que se configure esta hipótesis o en los que la
mujer gestante alega estar incursa en ella por los síntomas que presenta. Tales
protocolos deben ser integrales, es decir, incluir una valoración del estado de
salud mental pues la sentencia C-355 de 2006 concluyó que el peligro para la
misma también es fundamento para una solicitud de IVE.
El derecho a la información en
materia reproductiva
44.- Como se vio, la
jurisprudencia constitucional en materia de derechos reproductivos, con base en
la CEDAW y el PIDESC, incluye dentro de los servicios de salud reproductiva la
educación e información sobre métodos anticonceptivos. La Sala aprovecha esta
oportunidad para ampliar el contenido de esta categoría de derechos en el
sentido de incluir no solo la información sobre anticoncepción sino, en
general, sobre salud reproductiva. Ello con fundamento, una vez más, en
tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, tal como han sido interpretados por sus organismos de
vigilancia.
45.- Al igual que lo ha hecho la
Corte Constitucional al referirse a los derechos reproductivos en general, en
un informe temático reciente sobre “El acceso a la información en materia
reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”,[291]
la CIDH resaltó que el acceso a la información en este ámbito es especialmente
importante para las mujeres, en forma tal que “el pleno goce de los derechos
humanos de las mujeres no es posible de alcanzar sin un acceso oportuno a
servicios integrales de atención en salud, así como a información y educación
en la materia para que las mujeres adopten decisiones libres, fundamentadas y
responsables en materia de reproducción”[292].
De ahí la gravedad de la
situación que ha sido verificada por este organismo internacional, consistente
en las “diversas barreras que las mujeres en la región americana enfrentan
para lograr el acceso a información sobre salud, particularmente en el ámbito
de la salud sexual y reproductiva”. Particularmente, dijo, “las mujeres
que han sido históricamente marginadas por motivos de raza, etnia, posición
económica y edad, son quienes más barreras enfrentan en su acceso a información
en materia de salud y éstas se agudizan cuando la información versa sobre
asuntos relacionados a la salud sexual y reproductiva”[293].
46.- Tanto el artículo 20 de la
Constitución como el artículo 13 de la CADH sobre el derecho a la información, al
no tener limitación temática, protegen la información en materia reproductiva
y, en consecuencia, todas las reglas sobre su contenido que fueron resumidas –en
los párrafos 4 a 6- aplican también aquí[294]. Sin embargo, en el
informe temático mencionado, la CIDH identifica algunos de los estándares
internacionales especialmente importantes en este tema y que la Sala estima
pertinente referir: (i) la obligación de transparencia activa, (ii) el acceso a
la información y (iii) la obligación de entregar información oportuna completa,
accesible y fidedigna.
Acerca de la obligación de
transparencia activa, expresó que “la obligación de suministrar
oficiosamente información (…) apareja el deber de los Estados de suministrar
información pública que resulte indispensable para que las personas puedan
ejercer sus derechos fundamentales o satisfacer sus necesidades básicas en este
ámbito. Ello es particularmente relevante cuando la información versa sobre
temas relacionadas a la sexualidad y la reproducción, ya que con ello se
contribuye a que las  personas estén en condiciones de tomar decisiones libres
y fundamentadas respecto de estos aspectos tan íntimos de su personalidad”[295].
Manifestó la CIDH que la razón
por la cual el derecho a la información en materia reproductiva está incluido
en aquellos derechos frente a los cuales el Estado tiene la obligación de
transparencia activa es el “reconocimiento de las limitaciones que suelen
tener las mujeres, particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o
afrodescendientes y quienes habitan en zonas rurales, para acceder a
información confiable, completa, oportuna y accesible que les permita ejercer
sus derechos o satisfacer sus necesidades”[296].
47.- También se destacan
estándares relativos al acceso a la información y a la obligación de entregar
información oportuna, completa, accesible y fidedigna. Insistió la CIDH en que “la
obstrucción en el acceso a la información o la provisión de información
inadecuada o errónea, es contraria al derecho al acceso a la información”[297].
En consecuencia, los Estados están obligados a “abstenerse de censurar,
administrativa o judicialmente información en materia reproductiva que vaya
acorde con la legislación vigente sobre la materia. Ello exige de los Estados
que las políticas públicas y programas respecto de salud sexual y reproductiva
se basen en evidencia científica que proporcione certeza”[298].
Para ejemplificar la vulneración
de estas reglas, la CIDH trajo a colación el caso de Paulina del Carmen Ramírez
Jacinto contra México: “el 8 de marzo de 2002, la CIDH recibió una petición
en la que se alegó la violación de los derechos humanos de la niña Paulina
Ramírez Jacinto, quien fue víctima de una violación sexual de la cual resultó
embarazada, y fue obstaculizada por las autoridades estatales para ejercer su
derecho a interrumpir dicho embarazo según lo establecido por ley mexicana.
Entre los métodos empleados para disuadirla de practicarse un aborto legal, se
le proporcionó tanto a ella como a su madre información incompleta y errónea
sobre la intervención médica y sus consecuencias”[299].
48.- En resumen, “la CIDH
considera que para garantizar el acceso a la información en materia
reproductiva, los Estados miembros de la OEA deben de abstenerse de censurar,
ocultar o desvirtuar información. Asimismo, conforme a las obligaciones de
respeto y garantía que la CIDH impone, y bajo los principios de igualdad y no
discriminación, los Estados deben garantizar que las mujeres tengan acceso a
información oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa en materia
reproductiva, que incluye información sobre los servicios de salud sexual y
reproductiva que se ofrezcan legalmente”[300].
49.- Este organismo internacional
recalcó que “el derecho al acceso a la información es especialmente
relevante en el ámbito de la salud y específicamente en el área de la
sexualidad y la reproducción ya que contribuye a que las personas estén en
condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos
íntimos de su personalidad”[301]. En otras
palabras, es herramienta fundamental para ejercer la autodeterminación
reproductiva.
También reconoció la CIDH que, en
razón de su instrumentalidad, la información en materia reproductiva guarda
estrecha relación con varios derechos humanos reconocidos por la CADH: “Bajo
el sistema interamericano, el acceso a la información en materia sexual y
reproductiva involucra una serie de derechos como el derecho a la libertad de
expresión, a la integridad personal, a la protección a la familia, a la vida
privada y a vivir libres de violencia y discriminación”[302].
Y, así, su falta de respeto y garantía puede ser a su vez una vulneración
de esos derechos relacionados[303].
50.- En el grupo de los derechos
conectados con el derecho a la información en materia reproductiva resalta el
derecho a la salud. Esto quedó en evidencia en la Observación General 14 del
Comité del PIDESC, quien entendió el derecho a la salud como un derecho
inclusivo que garantiza los principales factores determinantes de la salud,
dentro de los cuales, dijo, se encuentra el acceso a educación e información
sobre salud reproductiva[304].
Así las cosas, de acuerdo con el
Comité DESC, “los Estados deben abstenerse de (…) censurar, ocultar o
desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida
la educación sexual y la información al respecto (…)”[305]
y “velar asimismo porque terceros no limiten el acceso de las personas a
la información”[306]. En ese
sentido, “la ocultación o tergiversación deliberadas de la información que
reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el
tratamiento” viola el artículo 12 del PIDESC. También sugiere el
Comité “la organización de campañas de información, en particular por lo que
se refiere [a] (…) la salud sexual y genésica”[307].
51.- En el caso específico de la
mujer, según la misma Observación “el ejercicio del derecho de la mujer a la
salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la
mujer a (…) educación e información, en particular en la esfera de la salud
sexual y reproductiva”[308]. Esta posición
es coincidente con la sostenida en la Recomendación General 24 por el Comité
CEDAW quien expresó que los Estados deben “garantizar la eliminación de
todas las barreras al acceso de la mujer a (…) la educación y la información
sobre salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica (…)”[309].
Con las anteriores
consideraciones procede la Sala a resolver el caso concreto.
Caso concreto
52.- Como se anunció, para
solucionar el caso concreto la Sala
dividirá sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales las
peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales: (i) las
órdenes de la sentencia T-388 de 2009, (ii) los efectos de la nulidad
interpuesta en contra del mismo fallo, (iii) la naturaleza de la AOE, (iv) el
carácter de derecho de la IVE y las obligaciones de la Superintendencia de
Salud frente al mismo, (v) los efectos de la suspensión provisional del Decreto
4444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia a la IVE, (vi) la
existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y (vii) la
inclusión del misoprostol en el POS.
En cada uno de estos apartes (i) se indicará cuales derechos
reproductivos y/o derechos fundamentales relacionados con los mismos se
encuentran en juego, (ii) se analizará si existieron amenazas o vulneraciones a
estos por parte de los demandados ya sea en ejercicio de sus funciones o,
específicamente, en desarrollo de su poder-deber de comunicación con la
ciudadanía, (iii) se determinará si estas son meramente hipotéticas o
reales y, finalmente, (iv) se estudiará la posibilidad de que se presente un
daño consumado y, en tal caso, se determinará cuales son las consecuencias
concretas.
La supuesta tergiversación de las órdenes de la sentencia T-388 de 2009
53.- Las peticionarias sostienen que
el Procurador General cambió el sentido de la orden de la Corte Constitucional
de implementar campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos contenidas
en la sentencia T-388 de 2009. Lo hizo, dicen, al emitir un comunicado de
prensa el 21 de octubre de 2009 para explicar las razones por las cuales
promovería un incidente de nulidad contra la sentencia de tutela referida. Una
de las razones es la que, a juicio de las actoras, constituyó la tergiversación,
pues asimiló las campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos a
campañas de promoción del aborto. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos
y el CDR apoyan a las actoras en este análisis.
54.- De acuerdo con el escrito de
tutela y la intervención del CDR, la supuesta tergiversación habría vulnerado
el derecho a la información de las accionantes pues, a través del comunicado de
prensa del Procurador General, recibieron información falsa sobre sus derechos
reproductivos. También se habría amenazado el derecho reproductivo a la
información en esta materia al ponerse en riesgo y retrasarse el cumplimiento
mismo de las campañas y, así, el conocimiento que deben tener las mujeres
colombianas de sus derechos sexuales y reproductivos. El grupo de 82 hombres
que intervino coincide con esta última apreciación.
A su vez, al peligrar el conocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos, se habrían amenazado otros derechos,
razonamiento con el que concuerdan el CDR, el Área de Derechos Sexuales y
Reproductivos y el grupo de 82 hombres en sus respectivas intervenciones. En
primer lugar, el derecho a recibir educación en este tema. En segundo lugar, el
derecho a la salud que incluye recibir información en salud reproductiva. En
tercer lugar, los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la
personalidad en vista de que, sin conocimiento, no es posible tomar decisiones autónomas
y verdaderamente libres, conducta protegida por estos derechos. En cuarto
lugar, todos los derechos reproductivos ya que precisamente sobre ellos versan
las campañas ordenadas en la sentencia T-388 de 2009 y sin conocerlos se
dificulta su ejercicio.
55.- La Procuradora Delegada
Hoyos Castañeda y el apoderado de la PGN concentran su defensa en tratar de
demostrar que se han cumplido las órdenes que la Corte le dio al Procurador
General en la sentencia T-388 de 2009 en lo relacionado con las campañas
masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y por ello
solicitan que se tengan como prueba varios documentos que, a su juicio, lo
acreditan. Este último también expresa que la solicitud de nulidad de la
sentencia T-388 de 2009 se hizo en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales del Procurador General y que el solo hecho de que no prosperara no
indica que se haya tergiversado la mencionada sentencia.
56.- Como ya se dijo, la Sala
estima que no se presentó una violación del derecho de las actoras a ser
informadas de forma veraz sobre sus derechos reproductivos ya que en el
comunicado de prensa del 21 de octubre de 2009 el Procurador General no emitió información
sobre el contenido de los mismos. Su objetivo al expedirlo no fue ese, sino comunicar
la forma en que iba a cumplir sus funciones a través de la solicitud de nulidad
que presentaría contra la sentencia T-388 de 2009. En otras palabras, estaba
ejerciendo su poder-deber de comunicación con la ciudadanía. En ese sentido, lo
que la Sala debe analizar es si al hacerlo el Procurador General respetó los
límites del mismo, específicamente en lo
que toca con la denuncia de las peticionarias, es decir, la ausencia de
veracidad respecto del contenido de la orden de la sentencia T-388 de 2009.
Lo primero que advierte la Sala
es que en este comunicado de prensa se trasmitió información a los ciudadanos
sobre un asunto de interés general -las razones por la cuales el Procurador
General presentaría, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, una
solicitud de nulidad contra una sentencia emitida por la Corte Constitucional-,
por lo cual debía sujetarse al deber de veracidad.
En segundo lugar la Sala verifica
que, en efecto, este funcionario cambió el sentido de la orden del mencionado
fallo al referirse a “la orden (…) para diseñar y poner en movimiento
campañas masivas de promoción del aborto como derecho”[310]
cuando en realidad la parte resolutiva del mismo dictaminaba “campañas
masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a
asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo
ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto
en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente
providencia”. Era claro que la Corte no ordenaba promover el aborto, como
expresó el Procurador General en el comunicado, sino promover que las mujeres
colombianas conocieran el contenido de sus derechos sexuales y reproductivos,
dentro de los cuales se encuentra la IVE en las hipótesis despenalizadas en la
sentencia C-355 de 2006. Así, el Procurador General transgredió uno de los
límites que esta Corte ha impuesto al ejercicio de su poder-deber de
comunicación con la ciudadanía, cual es la veracidad de la información.
Si bien esta falta de veracidad no
vulneró el derecho de las peticionarias a ser informadas de manera veraz sobre
sus derechos reproductivos por las razones ya anotadas, sí violó el derecho
fundamental de la ciudadanía –en la que están incluidas las peticionarias- a recibir
información o a ser informada de manera veraz sobre un asunto de interés público,
derecho que se encuentra protegido por el artículo 20 de la Constitución, según
la jurisprudencia constitucional arriba resumida. Lo mismo sucedió en la
sentencia T-263 de 2010 en la que se cuestionaban las declaraciones del Alcalde
de Fusagasugá sobre los promotores de la revocatoria de su mandato. Como en esa
ocasión, procede entonces ordenar la rectificación de la información para
resarcir el daño a la comunidad en general, (i) por quien la difundió, (ii)
públicamente, (iii) con despliegue y relevancia equivalente y (iv) con
explicación de en qué consistió la equivocación.
57.- Podría pensarse que, por el
paso del tiempo, el daño se encuentra consumado pues el comunicado de prensa
que se cuestiona fue emitido casi dos años antes de la interposición de la
presente acción de tutela, lo que derivaría en la improcedencia de la misma, al
menos en este punto. Sin embargo, las campañas de la sentencia T-388 de 2009 no
han sido ejecutadas aún[311] y, así, la rectificación
sobre el sentido de la orden no resultaría inocua, como sí sucede en los casos
de daño consumado[312].
58.- Respecto de los argumentos
de defensa de la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda y del apoderado de la PGN
hay que aclarar que lo que aquí se discute es el contenido del comunicado de
prensa del 21 de octubre de 2009, no si esta entidad ha dado cumplimiento a la
sentencia T-388 de 2009. Ello será determinado por esta Sala en el trámite de
cumplimiento de ese fallo que se está adelantando. Aún si se llega a concluir
que la entidad ha cumplido satisfactoriamente con la sentencia T-388 de 2009,
sigue siendo cierto que el comunicado de prensa emitió información falsa acerca
del contenido de la orden.
Tampoco se cuestiona la facultad
del Procurador General de promover incidentes de nulidad contra las sentencias
de tutela expedidas por esta Corte. Sin duda este funcionario puede ejercer tal
facultad según la jurisprudencia constitucional[313],
lo que sucede es que, al comunicar a la ciudadanía las razones por las cuales
lo hará, está trasmitiendo información de interés público en uso de su
poder-deber y por ello, según la jurisprudencia constitucional, debe respetar
la carga de veracidad para no afectar el derecho de la comunidad a ser
informada con calidad.
59.- Respecto de las amenazas a otros
derechos fundamentales como el derecho a la información en materia
reproductiva, la educación, la salud, la dignidad humana, el libre desarrollo
de la personalidad y, en general, los derechos reproductivos, no está probado
que el retardo en el cumplimiento de la orden –verificado en el auto 327 de
2010- se deba al comunicado de prensa emitido por el Procurador General. Tampoco
está probado que, por ejemplo, alguna de las autoridades destinatarias de la
orden haya manifestado que no le iba dar cumplimiento debido al comunicado de
prensa. Así las cosas, las amenazas a los  derechos fundamentales mencionados
resultan meramente hipotéticas o eventuales.
Los efectos de la nulidad interpuesta en contra de la sentencia T-388 de
2009
60.- Las accionantes argumentan
que, en noviembre de 2009, la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda emitió
información falsa acerca de sus derechos reproductivos cuando declaró a Caracol
Radio y en el programa de televisión Veredicto que las órdenes de la sentencia
T-388 de 2009 no debían cumplirse sino hasta cuando se decidiera la solicitud
de nulidad que el Procurador General había interpuesto en su contra. Como
prueba de la falta de veracidad, las peticionarias recuerdan que a los pocos
días el entonces Presidente de la Corte Constitucional tuvo que aclarar al
diario El Espectador que la sentencia debía cumplirse independientemente del
trámite de nulidad que se estaba surtiendo. DeJuSticia ofrece en su
intervención argumentos jurídicos para fundamentar que la interposición de una
nulidad no suspende los efectos de un fallo de tutela.
61.- Las actoras estiman vulnerado
su derecho a la información ya que, a través de las declaraciones de la
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda,  recibieron información falsa sobre sus
derechos reproductivos. En similar sentido se pronuncian los periodistas que
intervinieron en el presente proceso al decir que, en estos pronunciamientos,
se usó a los medios masivos de comunicación para confundir y desinformar a la
ciudadanía. Además las accionantes arguyen que se violó el derecho reproductivo
a la información en esta materia pues la errada tesis sostenida por la
demandada retrasó el diseño y la ejecución de las campañas que promovían el
conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. De contera, al dilatarse
este conocimiento, dicen que se amenazaron otros derechos, como la educación,
la salud, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y todos
los derechos reproductivos por las mismas razones que se anotaron en el acápite
anterior. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos, la ADC y el CDR comparten
esta apreciación.
62.- Para defenderse, la
demandada Hoyos Castañeda sostiene que no se trató de información falsa sino de
una “tesis jurídica” y que las declaraciones del entonces Presidente de la
Corte Constitucional fueron posteriores a las suyas, razón por la cual no es
posible decir que las haya contradicho.
63.- Al igual que en el acápite
anterior, la Sala reitera que no se presentó una violación del derecho de las
actoras a ser informadas de forma veraz sobre sus derechos reproductivos ya que
los pronunciamientos de la Procuradora Delegada demandada no eran información
sobre los mismos. El contenido de los pronunciamientos era la posición oficial de la entidad frente a un
asunto de su competencia como es el cumplimiento de la sentencia T-388
de 2009. La demandada estaba ejerciendo el poder-deber de comunicación con la
ciudadanía, frente a lo cual se debe analizar si al hacerlo respetó sus límites.
No se trata en este caso de
verificar la veracidad de lo manifestado por la Procuradora Delegada –como en
el acápite anterior- pues, como ella misma indica, la controversia no gira en torno
a una información sino a una tesis frente a un tema jurídico. Lo que procede
aquí, a juicio de la Sala, es determinar si esa postura respetó otro de los  límites
fijados tanto por esta Corte como por la jurisprudencia interamericana: el
respeto de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos sujetos de
especial protección constitucional, como lo son las mujeres[314].
La Sala estima que la posición
oficial de la PGN sobre los efectos de la solicitud de nulidad frente al
cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009, manifestada a través de los
pronunciamientos de la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda, desconoció el
derecho fundamental de las mujeres –incluidas las peticionarias- a la
información en materia reproductiva pues implicó que, sin fundamento jurídico
alguno[315], la ejecución de las
campañas que garantizaban este derecho reproductivo quedara suspendida hasta la
resolución de la nulidad interpuesta por el Procurador General en contra de la
sentencia. En efecto, en el informe rendido en el trámite de seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009 –que esta Sala se encuentra
adelantando- la PGN admitió que “se encontraba a la espera de que la Corte
Constitucional resolviera el incidente de nulidad interpuesto contra la
sentencia T-388 de 2009 (…) con el objeto de poder conocer estrictamente cuál
es el alcance y las condiciones en que debe cumplir con cada una de las órdenes
que se le dan en esa Sentencia de tutela”.
64.- Además, los pronunciamientos
de la Procuradora Delegada demandada advertían a otras entidades públicas que
debían abstenerse de cumplir la sentencia hasta tanto se tomara la decisión
sobre la petición de nulidad. Exactamente manifestó a Caracol Radio: “el
gobierno no puede emitir ningún tipo de reglamentación para aplicar la cátedra
del aborto en colegios, ya que la tutela que lo ordenó no está en firme (…) las
sentencias de la Corte Constitucional obligan, pero solo cuando están
ejecutoriadas, y en este momento se ha presentado una nulidad en defensa de la
legalidad”[316].
Es cierto que, al igual que en el
acápite anterior, no existe prueba de que alguna de las entidades involucradas
en el cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009 haya manifestado que no la
acataría hasta que se decidiera el incidente de nulidad, razón por la cual no
se puede concluir que se haya presentado una vulneración al derecho a la
información en materia reproductiva por el pronunciamiento transcrito. Lo que sí
se presentó, en opinión de la Sala, fue una amenaza al mismo ya que, a
diferencia de lo que sucedió en el punto anterior, las declaraciones de la
Procuradora Delegada incluyeron una advertencia a los funcionarios de las
entidades gubernamentales en el sentido de no ejecutar la sentencia T-388 de
2009 mientras se decidiera el incidente de nulidad. Eso hace que la amenaza,
independientemente del efecto concreto que haya tenido el pronunciamiento sobre
los funcionarios públicos, no haya sido eventual o hipotética pues la función
preventiva y el poder disciplinario que tiene la PGN sobre los mismos sin duda hacen
que, al menos potencialmente, los servidores públicos disciplinables acaten sus
indicaciones. Es más, podría sostenerse que es su deber hacerlo.
Por las razones anotadas, la Sala
verifica que la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda transgredió uno de los
límites que esta Corte y la Corte Interamericana han impuesto al ejercicio de
su poder-deber de comunicación con la ciudadanía, al pronunciarse en medios
masivos de comunicación sobre la posición oficial de la PGN respecto de los
efectos de la solicitud de nulidad de la sentencia T-388 de 2009, pues con ello
vulneró y amenazó el derecho fundamental a la información en materia
reproductiva de las accionantes y de las demás mujeres del país.
65.- Los mismos argumentos sirven
para concluir que también se pusieron en peligro otros derechos fundamentales
relacionados con el derecho a la información en materia reproductiva, sobre todo
los demás derechos reproductivos y el derecho a la salud de las peticionarias y
sus congéneres.
Si la información es importante
para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, pues permite conocer su
contenido y los mecanismos para exigirlos, cuando se trata de los derechos
reproductivos ésta se vuelve vital, más aun en el caso las mujeres. Dos son las
razones para ello. La primera es que, como atrás se explicó, esta categoría de
derechos otorga básicamente facultades para decidir libremente sobre diversos
aspectos de la reproducción y, sin información acerca de las opciones
disponibles y la manera de hacerlas realidad, es imposible llevarlo a cabo. La
segunda, porque uno de los mecanismos para perpetuar la discriminación
histórica sufrida por las mujeres ha sido y continúa siendo, precisamente,
negar u obstaculizar el acceso a información veraz e imparcial en este campo
con el objetivo de negarles el control sobre este tipo de decisiones. Como se
vio, la CIDH en su reciente informe sobre el tema reconoció lo anterior y, por
ello, advirtió que los Estados parte en la CADH deben permitir el acceso a la
información sobre los mismos y, es más, suministrarla oficiosamente –deber de
transparencia activa-.
Este deber fue lo que llevó a
esta Sala a ordenar la realización de campañas de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en la sentencia T-388 de 2009 dirigidas a las mujeres
colombianas. En este orden de ideas, la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda,
al retrasar la ejecución de las mismas no solo violó y amenazó el derecho a la
información en materia reproductiva sino que puso en peligro los demás derechos
reproductivos como tal, pues de esa forma obstaculizó el acceso de las mujeres
colombianas –incluidas las peticionarias- a la información oficiosa que se les
brindaría para ejercerlos y exigirlos.
Esto también permite concluir que
se amenazó el derecho a la salud de las mismas debido a que, como se vio, este derecho
incluye el acceso a la información sobre salud reproductiva, especialmente en
el caso de las mujeres, según la Observación General 14 del Comité del PIDESC y
la Recomendación General 24 del Comité CEDAW.
66.- El hecho de que los
pronunciamientos cuestionados se hayan hecho a través de medios masivos de
comunicación refuerza la conclusión a la que llega la Sala ya que, según la
jurisprudencia constitucional, el juicio de
responsabilidad por extralimitación en el ejercicio del poder-deber de
comunicación con la ciudadanía es más estricto cuando se utiliza este tipo de
medios.
Así mismo, la función que tienen el Procurador General, sus delegados y
agentes, consistente en proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad
(numeral 2 del artículo 277 de la Constitución), sin duda también contribuye a
hacer un análisis más estricto en este caso, como proponen las actoras, el CDR y
DeJuSticia. Los funcionarios públicos que, como la delegada Hoyos Castañeda,
expresamente son garantes de los derechos humanos –entre los cuales se
encuentran, como se vio, los derechos reproductivos- no pueden ejercer el
poder-deber de comunicación con la ciudadanía para violar o amenazar aquello
que deben proteger por mandato constitucional.
67.- A pesar de todo lo anterior,
la Sala encuentra que en este caso se presenta un daño consumado que deriva en
la improcedencia de la presente tutela en este punto en concreto, de
conformidad con el artículo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991. Para el
momento en el que se presentó la acción de tutela de la referencia, la
solicitud de nulidad contra la sentencia T-388 de 2009 ya había sido resuelta
en sentido negativo mediante el auto 283 de 2010 y, a pesar del retraso, ya se
iniciaron acciones para cumplir el fallo. Esto hace que una orden en el sentido
de rectificar la posición oficial de la PGN sea inocua.
La naturaleza de la Anticoncepción Oral de Emergencia
68.- Aducen las peticionarias que la PGN y el propio Procurador General
de la Nación emitieron información falsa acerca de la anticoncepción oral de
emergencia (AOE). La primera en el boletín de noticias 685 del 7 de
diciembre de 2009, en el cual se informaba sobre el concepto rendido dentro de
una acción popular en la que se pretende cancelar los registros sanitarios de
los medicamentos cuyo principio activo es  Levonorgestrel, es decir,
anticonceptivos orales de emergencia. El segundo, el 7 de diciembre de 2009 en
declaraciones dadas al diario El Espectador con ocasión de una propuesta
de un candidato presidencial de distribuir gratuitamente píldoras de
anticoncepción de emergencia. El Procurador General manifestó que “dentro
del ordenamiento jurídico actual el uso de la llamada píldora del día después sigue
estando limitada por los tres casos de cese inducido del embarazo
despenalizados por la Corte, debido a su supuesta naturaleza abortiva (…) Hay
que ver claramente, cómo en nuestro ordenamiento jurídico el aborto, y la píldora
del día después es abortiva, es considerado, salvo en excepciones señaladas por
la Corte Constitucional. Entonces esa propuesta, al tener esa naturaleza
abortiva, tendría esas consecuencias. Al margen de las condiciones en las que
se acuda a este producto, añadió que todas la mujeres que hacen uso de la
píldora,  terminan ejerciendo una práctica abortiva” [317].
De acuerdo al escrito de tutela,
la falsedad estriba en sostener que la AOE impide la implantación del óvulo
fecundado en el útero y por ello no es un método anticonceptivo sino abortivo.  A
juicio de las actoras, esto contradice información científica contenida en la
nota descriptiva número 244 de octubre de 2005 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que asegura que estas píldoras “no son eficaces una vez que el
proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”[318],
así como la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado que se
pronunció, el 5 de junio de 2008, en el mismo sentido, al negar una demanda en
contra del INVIMA para obtener la nulidad del registro sanitario otorgado al medicamento
Postinor 2 (píldora de anticoncepción oral de emergencia).
La ADC y DeJuSticia manifiestan
que ésta es una cuestión técnica susceptible de ser calificada como verdadera o
falsa y concuerdan con la demanda de tutela pues aseguran que existe una gran
cantidad de evidencia científica al respecto; lo mismo dice el CDR. De un lado,
el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos agrega que la información está
desactualizada. De otro, el CDR señala que, además, es información parcializada
originada en la opinión personal de los funcionarios de la PGN.
69.- Nuevamente las accionantes aseguran
que fue vulnerado su derecho a la información puesto que, a través del boletín
de noticias de la PGN y de las declaraciones del Procurador General, recibieron
información falsa sobre sus derechos reproductivos. En similar sentido se
pronuncian los periodistas que intervinieron en el presente proceso al decir
que se usó a los medios masivos de comunicación para confundir y desinformar a
la ciudadanía.
Así mismo, dicen las
peticionarias, esta ausencia de veracidad amenaza sus derechos a la dignidad
humana y al libre desarrollo de la personalidad que protegen la toma de
decisiones libres en el área de la reproducción ya que, con base en información
errada, se pretende disuadir de recurrir u ofrecer –en el caso de las personas
que hacen parte del sistema de salud- una alternativa legal como la AOE,
infundiendo el temor o la creencia equivocada de estar incurriendo en el delito
de aborto o ser cómplice del mismo. Por esta misma razón aducen que han sido
amenazados sus derechos reproductivos a informarse, a acceder a los
anticonceptivos y a elegir libremente aquel de su preferencia, así como el derecho
a la salud reproductiva y a beneficiarse del progreso científico que representó
la producción de la AOE. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos, la ADC, el
CDR y DeJuSticia coinciden con todo lo expresado. Agregan las actoras que en el
caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, se pone en peligro su derecho
a la salud ya que la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Protección Social
incluye en la atención médica de urgencia la AOE, de forma gratuita.
70.- La Procuradora Delegada
Hoyos Castañeda se limita a señalar que los conceptos de la OMS no son
vinculantes, sin pronunciarse acerca de la sentencia del Consejo de Estado ni
del carácter abortivo o anticonceptivo de la AOE.
En cambio, el apoderado de la PGN
defiende la postura del carácter abortivo de la AOE diciendo que “corresponde
a la verdad, de conformidad con las fuentes consultadas frente al tema”
para lo cual trascribió el mismo concepto que las peticionarias cuestionan
pues, en su sentir, demuestra que la AOE impide la implantación del óvulo fecundado
en el útero y, para reforzar su argumentación, aportó un informe de la OMS de
1970. Acto seguido asegura que, siendo ello así, la AOE es abortiva debido a
que la sentencia C-355 de 2006 reconoció la existencia del bien jurídico de la
vida desde la fecundación.
Añade que el hecho de que las autoridades
judiciales, en otros procesos, no hayan estado de acuerdo con la tesis que
defiende no configura una falsedad, que tal vez en esas ocasiones seguramente no
se consideraron los argumentos que ahora se exponen y que, de todos modos, los
conceptos de la PGN no son vinculantes razón por la cual, después de escuchar
posiciones divergentes, el juez puede tomar la decisión que escoja. Recuerda
que este tema es “polémico” y aún esta pendiente de decidirse pues la
acción popular en la que se rindió el concepto cuestionado no ha sido fallada
en segunda instancia. Finalmente asegura que una de las peticionarias –Mónica
del Pilar Roa López- tiene un “conflicto de intereses” respecto de la
AOE pues en la Junta Directiva de la organización que hace parte está la
directora de la organización que importa este medicamento.
71.- De entrada es necesario
aclarar que la Sala no se pronunciará directamente sobre el concepto rendido
por la PGN dentro de la acción popular antes mencionada. Esta acción judicial
se encuentra en curso y, por tanto, serán los jueces que conozcan de la misma los
que decidan, en el marco de su independencia, si lo acogen o no teniendo en
cuenta las normas aplicables, las pruebas recaudadas y los argumentos de las
partes involucradas. Frente a la decisión adoptada se puede interponer, además
de los recursos ordinarios, una acción de tutela si es que se estima que
incurrió en una vulneración de derechos fundamentales. Tampoco se referirá la
Sala al boletín de noticias del que hablan las peticionarias en su escrito de
tutela ya que este no es, en realidad, la fuente de lo que se ataca sino simplemente
información sobre el concepto rendido.
72.-   Respecto de las
declaraciones del Procurador General al diario El Espectador, la Sala señala
una vez más que no configuran una violación del derecho de las actoras a ser
informadas de forma veraz sobre sus derechos reproductivos pues el fin del
funcionario al emitirlas no fue informar a las mujeres colombianas sobre el
contenido de los mismos.
Como en el acápite anterior, las
declaraciones fijaban la posición oficial
de la entidad, esta vez frente a una propuesta de un candidato presidencial.
Nótese que la forma en que éstas fueron hechas demuestra que no se trataba de
una opinión personal del Procurador General pues en ellas aludió al
ordenamiento jurídico colombiano. Además, la contestación de la presente acción
de tutela en la que el apoderado de la PGN defiende la misma tesis y el
concepto rendido en la acción popular ya referida confirman que se trata de una
postura oficial de la institución respecto del tema. Así, en las declaraciones
al diario El Espectador, el Procurador General estaba ejerciendo su poder-deber
de comunicación con la ciudadanía para informar la posición institucional
frente a un asunto y la Sala debe verificar si al hacerlo transgredió las
barreras establecidas para el mismo.
Las peticionarias y los
intervinientes demostraron exitosamente que sostener que la AOE es abortiva contradice
lo que la OMS y el Consejo de Estado han determinado con bases científicas. Esto
es, que estas píldoras no sirven para impedir la implantación del óvulo
fecundado en el útero. La nota descriptiva de 2005 de la OMS es mucho más
reciente que el informe de la misma organización aportado por el apoderado de la
PGN -que data de 1970-, el cual además no fija una postura respecto de la AOE,
sino que explica que el concepto de aborto depende de cuando se considere que
inicia el embarazo: con la fecundación o con la implantación. Ahora bien, aun
aceptando que los conceptos de la OMS no sean vinculantes –como manifiesta la
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda-, es incuestionable que desde hace varios
años existe una sentencia en firme que excluye el carácter abortivo de la AOE y
que los funcionarios públicos no pueden dejar de acatar en un Estado de Derecho
como el nuestro, así no compartan su sentido por razones morales, religiosas o
incluso jurídicas, por más “polémico” que sea el asunto.
Aclara la Sala que, una vez
probado científicamente y en un proceso judicial que la AOE no impide la
implantación del óvulo fecundado en el útero, los argumentos del apoderado de la
PGN dirigidos a demostrar que éste merece protección resultan impertinentes en
vista de que la AOE no lo afecta.
Visto lo anterior es imperioso
concluir que la posición oficial de la PGN se basa en un supuesto falso, pues
no es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la AOE sea abortiva. Tanto
la OMS como el Consejo de Estado, al menos desde 2005 y 2008 respectivamente,
han establecido su naturaleza de anticonceptivo. Por tanto, tampoco es cierto que
su uso esté restringido a las hipótesis despenalizadas en la sentencia C-355 de
2006 y que las mujeres que la usen fuera de esas causales cometen un delito.
La naturaleza de anticonceptivo
de la AOE significa que estas píldoras están incluidas dentro de los servicios
de salud reproductiva y, en consecuencia, su elección y acceso está protegido
por un derecho reproductivo de tipo fundamental. En efecto, de acuerdo con la
jurisprudencia reiterada de esta Corte, los servicios de salud reproductiva son
uno de los dos grandes contenidos de los derechos reproductivos, los cuales son
derechos fundamentales. Estos servicios protegen, entre otros, la posibilidad
de las mujeres de elegir libremente el anticonceptivo de preferencia y el
acceso al mismo, según los artículos 10 y 12 de la CEDAW. Así mismo, de
conformidad con la Observación General 14 del Comité del PIDESC, el derecho a
la salud protegido por este tratado comprende el acceso a los métodos de
planificación familiar que se elijan. En Colombia, dentro de las opciones que
se pueden escoger y a las cuales se debe tener acceso está, sin duda, la AOE de
conformidad con la OMS pero, sobre todo, según ha sido determinado por la
sentencia del Consejo de Estado.
En este orden de ideas, la
postura institucional de la PGN en relación con la naturaleza de la AOE desconoce
el derecho fundamental de las mujeres –entre ellas las peticionarias- a los
servicios de salud reproductiva y, así, transgrede los límites fijados por esta
Corte y por la Corte Interamericana al poder-deber de comunicación con la
ciudadanía y, de contera, los derechos fundamentales, especialmente de un grupo
de especial protección constitucional, como lo son las mujeres[319].
Las declaraciones del Procurador
General no impiden per se a las peticionarias y a las demás mujeres la libre
elección y acceso a la AOE y por tanto no se viola el derecho
fundamental a los servicios de salud reproductiva. Lo que se configura, a
juicio de la Sala, es una verdadera amenaza a este derecho fundamental pues
una entidad pública, que ejerce funciones preventivas y disciplinarias respecto
de los funcionarios del sector salud, quienes deben garantizar a las accionantes
y a las demás colombianas la libre escogencia y el acceso a estos servicios, se
niega a reconocer la existencia misma de uno de sus contenidos –la AOE-, en
franca contradicción con una sentencia en firme.
Por las razones expresadas, la
Sala ordenará la modificación de la posición oficial de la PGN en el sentido de
que, en Colombia, la anticoncepción oral de emergencia (i) no tiene carácter
abortivo sino anticonceptivo, (ii) su uso no está restringido a las hipótesis
despenalizadas de aborto, (iii) las mujeres que hacen uso de ella fuera de las
causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de
aborto y (iv) hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres
colombianas pueden libremente elegir. Tal modificación deberá hacerse, además,
(i) por el Procurador General, (ii) de forma pública y (iii) con despliegue y
relevancia equivalente a las declaraciones dadas el 7 de diciembre de 2009 al
diario El Espectador.
73.- El hecho de que las
declaraciones cuestionadas se hayan hecho a través de un medio masivo de
comunicación –diario El Espectador- refuerzan la conclusión a la que llegó la
Sala ya que, según la jurisprudencia constitucional, el juicio de responsabilidad por extralimitación en el ejercicio del
poder-deber de comunicación con la ciudadanía es más estricto cuando se
utilizan este tipo de medios.
Así mismo, se reitera que la función de proteger los derechos humanos y
asegurar su efectividad que tiene el Procurador General (numeral 2 del artículo
277 de la Constitución), impone un análisis aún más estricto del límite del
respeto de los derechos fundamentales al ejercer su poder-deber de comunicación
con la ciudadanía. Un funcionario público al que por mandato constitucional se
le asigna una posición de garante de los derechos humanos no puede –como lo
hizo en este caso el Procurador General- usar su poder-deber de comunicación
con la ciudadanía para desconocer la existencia de uno de los contenidos de un
derecho fundamental, cuando éste ha sido claramente reconocido por una autoridad
judicial mediante una sentencia en firme.
74.- Aunque las declaraciones del
Procurador General se hayan emitido en 2009 no se presenta un daño consumado ya
que la Sala encuentra probado que la posición institucional manifestada en
aquella ocasión sigue vigente, pues fue defendida por el apoderado de la PGN al
contestar la presente acción de tutela. Siendo ello así, la orden que dará la
Sala no resultará inocua, como sí sucede en los casos de daño consumado[320],
antes bien permitirá que no se concrete la amenaza que se cierne sobre el
derecho a los servicios de salud reproductiva de las peticionarias y las demás
mujeres colombianas.
75.- Finalmente, la Sala desea
hacer dos aclaraciones.  La primera, que el conflicto de intereses que
supuestamente afecta a una de las peticionarias, según manifiesta el apoderado
de la PGN, resulta irrelevante ya que las partes de un proceso judicial no son
-por definición- imparciales ni mucho menos tienen el deber de serlo.
La segunda, que no se refirió a
la amenaza del derecho a la salud respecto de las víctimas de violencia sexual
ya que, al ser éste uno de los supuestos despenalizados de aborto en la
sentencia C-355 de 2006, la posición oficial de la PGN no excluía el uso legal
de la AOE en estos casos.
El carácter de derecho de la IVE y las obligaciones de la Superintendencia
de Salud frente al mismo
76.- Las actoras manifiestan que su derecho a la
información fue violado por la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda en la carta
que ésta le envió, el 2 de marzo de 2010, al Superintendente Nacional de
Salud relativa a la Circular Externa 058 de 2009. Esta Circular había sido
emitida por este último en cumplimiento de la sentencia T-388 de 2009.  de 2009.
Dicen las accionantes que en la referida comunicación la Procuradora Delegada
incluyó información falsa en relación con su derecho reproductivo a la IVE al
sostener que la sentencia C-355 de 2006 no lo había reconocido como derecho y
que, en consecuencia, la Superintendencia no estaba obligada a “promover el
goce e impedir las barreras que impidan el acceso al llamado derecho al
aborto”. Con fundamento en ello, la Procuradora Delegada “invitó” y “solicitó”
al Superintendente a “ajustar” el contenido de la Circular Externa “a
la Constitución y la ley” [321].
Por el
contrario, aseguran las peticionarias, la sentencia T-585 de 2010 reconoció que
el derecho fundamental a la IVE surgió desde la sentencia C-355 de 2006. En el mismo
sentido, DeJuSticia manifiesta que lo dicho en la sentencia T-585 de 2010 “no
fue la primera mención del derecho a la IVE, sino la ratificación de la
existencia del mismo”. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el
CDR apoyan en este punto a las accionantes, pero precisan que la falsedad
proviene de la contradicción entre la información plasmada en la carta y
múltiples sentencias de la Corte Constitucional.
De acuerdo
con el escrito de tutela y la intervención del CDR, lo sucedido además amenazó los
derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad ya que
la información falsa les impide tomar decisiones libres sobre la IVE. Así
mismo, de acuerdo con las intervenciones del  Área de Derechos Sexuales y
Reproductivos y del CDR se amenazó el derecho a la salud en vista de que éste
incluye el acceso a información veraz sobre salud sexual y reproductiva, e
incluso los derechos a la vida y la integridad debido a que la información
falsa sobre la IVE puede llevar a las mujeres a acudir a sitios inseguros para
practicársela.
Además, como
la comunicación fue dirigida a un funcionario público con competencias de
control en el sector salud, las accionantes aducen que se pusieron en riesgo el
derecho a la salud y el derecho reproductivo a la IVE pues la información falsa
allí contenida puede llegar a fundamentar las decisiones que éste adopte. Así,
estiman las peticionarias que la mencionada Procuradora Delegada usó su
investidura para confundir a otros funcionarios públicos, garantes de estos derechos
fundamentales, e impedirles ejercer sus competencias de forma idónea. Por su
parte, el CDR, entiende, en su intervención, la comunicación como una orden que
contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mientras DeJuSticia
asume que se trató del ejercicio de la función preventiva de la PGN respecto de
sujetos disciplinables, razón por la cual se genera una “vinculatoriedad
implícita respecto de las recomendaciones preventivas”. En este sentido las
actoras arguyen que, si la Superintendencia atendiera la carta de la
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda, esta entidad de control no removería los
obstáculos que actualmente enfrentan las mujeres para acceder a la IVE y éstas
tendrían que enfrentarlos, con amenaza de sus derechos a la salud y a la IVE.
77.- La Procuradora Delegada Hoyos Castañeda asevera, en primer lugar,
que el oficio que envió a la Superintendencia “no contiene una intención de
evitar la remoción de obstáculos al acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo”. Sin embargo, en segundo lugar, justifica la solicitud de ajuste
hecha a la Superintendencia en razón de que la sentencia T-585 de 2010, en la
que la Corte Constitucional configuró la IVE como un derecho, no había sido
emitida para ese momento. En tercer lugar, asegura que la carta fue enviada
para que la Superintendencia “decidiera libremente si acogía o no las
recomendaciones e invitaciones” que se le hicieron. En similar sentido el
apoderado de la PGN indica que, “en los diferentes eventos relacionados con
el tema del aborto”, se ha respetado la autonomía de todas las autoridades
a quienes les corresponde tomar decisiones.
78.- Para la Sala es palpable que la situación denunciada por las
peticionarias no constituye una violación de  su derecho a la información
porque, como ya dijo, la comunicación enviada por la Procuradora Delegada Hoyos
Castañeda no estaba dirigida al público en general sino al Superintendente de
Salud. Excluida esta vulneración se descartan todas las otras violaciones y
amenazas denunciadas que están relacionadas con el haber recibido información
falsa. Por la misma razón –no estar dirigida la carta al público-, no se
estaba ejerciendo el poder-deber de comunicación con la ciudadanía. Entonces, lo
que debe analizar la Sala es si, al ejercer sus funciones constitucionales y
legales mediante el oficio enviado al Superintendente de Salud, la Procuradora
Delegada Hoyos Castañeda violó o amenazó algún derecho fundamental de las
accionantes.
De los antecedentes se desprende que existe una discusión entre las
partes relativa a si la IVE era considerada como un derecho en el momento en
que la demandada envió la comunicación al Superintendente de Salud en vista de
que, en efecto, la sentencia T-585 de 2010 fue emitida con posterioridad. Aunque
se aceptara la postura de la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda según la cual
para ese momento la IVE no era considerada un derecho, la Sala estima que con
la carta enviada al Superintendente de Salud amenazó aquellos derechos
fundamentales que sirvieron de base a esta Corte para despenalizar parcialmente
la IVE en la sentencia C-355 de 2006, es decir, la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad, la vida y la salud física y mental de las
mujeres, entre ellas, las accionantes. Procede la Sala a explicar esta
conclusión.
En primer
término, contrario a lo que pretende hacer ver la demandada, su oficio sí
sugería claramente que la Superintendencia de Salud no estaba en la obligación de
impedir las barreras de acceso a la IVE e intentaba que se modificara la
Circular Externa 058 de 2009 para eliminar cualquier norma que se dirigiera a
cumplir ese deber, como por ejemplo el numeral quinto en el cual se prescribe
que “está prohibido a las EPS e IPS, públicas o privadas, laicas o
confesionales, imponer obstáculos o exigir mayores requisitos a los requeridos
para la interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis establecidas en
la sentencia C-355 de 2006”.
Textualmente
se lee en la comunicación: “no existe ni en la Constitución ni en la ley el
mal llamado ‘derecho al aborto’ al que hace referencia la Circular en cuestión,
por lo que no puede simplemente deducirse que la Superintendencia Nacional de
Salud, como máxima autoridad de vigilancia y control en el ámbito del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se encuentre en la obligación, por razón
de sus competencias, de promover el goce e impedir las barreras que impidan el
acceso al llamado ‘derecho al aborto’”. Y al principio y al final de la
misma carta se “invita” y “solicita” al Superintendente a “ajustar”
el contenido de la Circular “a la Constitución y a la ley”, en otras
palabras, a modificarla de acuerdo a las “aclaraciones” que se le
hacían, una de las cuales era ya transcrita[322].
En segundo
lugar, para la fecha de la controvertida comunicación -2 de marzo de 2010-, la
jurisprudencia reiterada de esta Corte ya era absolutamente clara en señalar la
obligación estatal de remover los obstáculos para acceder a la IVE. Las
sentencias T-209 de 2008, T-946 de 2008 y T-388 de 2009 son prueba fehaciente
de ello. Precisamente la Circular Externa 058 se emitió en cumplimiento de esta
última providencia. De modo tal que, aunque se aceptara que para aquel  momento
la IVE no era considerada como un derecho porque no había sido emitida la
sentencia T-585 de 2010, lo que es innegable es que para esa fecha la jurisprudencia
constitucional había derivado la referida obligación de la sentencia C-355 de
2006. No podía entonces la Procuradora Delegada sostener en su oficio que este
deber no existía y solicitar la modificación de una norma emitida para
cumplirlo. O al menos no podía hacerlo sin ir en contravía de la jurisprudencia
reiterada y vigente de esta Corporación. Se reitera que, en un Estado de
Derecho como el nuestro, los funcionarios públicos deben acatar las decisiones
judiciales aun cuando no las compartan por razones morales, religiosas o
incluso jurídicas.
En tercer lugar, sostener, en contravía de la jurisprudencia
constitucional, que la obligación de la Superintendencia de Salud consistente
en remover los obstáculos para acceder a la IVE no existe y pedir la
modificación de las normas en ese sentido, amenaza de manera obvia aquellos
derechos fundamentales que sirvieron de fundamento para despenalizar
parcialmente la IVE en la sentencia C-355 de 2006: la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad, la vida y la salud física y mental de las
mujeres, incluidas las accionantes. Lo anterior porque tal postura significa
que ante cualquier barrera que exista o que éstas encuentren para practicarse
una IVE, el máximo órgano de control del sector salud no actuará ni para
prevenir ni para proteger y, así, se podría ver frustrado el acceso a este
servicio si la mujer que lo requiere no logra por sí misma superar el obstáculo
que se le presenta, tal y como lo denuncian las peticionarias.
En cuarto lugar, al margen de que la Circular Externa 058 de 2009  no se
haya modificado, la amenaza descrita no es eventual ni hipotética debido a la
función preventiva que tiene la PGN respecto de sus disciplinables, dentro de
los cuales se encuentran los funcionarios públicos de la Superintendencia de
Salud. Se reitera que, como lo señalan algunos intervinientes, el contenido
mismo de esta función consiste en que estos servidores públicos acaten
las “recomendaciones” o “invitaciones” de la PGN y que, al menos
en principio, estos deben proceder de esa forma. No cabe duda de que la
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda estaba desplegando su función preventiva
al enviar el oficio cuestionado al Superintendente de Salud ya que al inicio de la comunicación se refirió expresamente
a su función constitucional de “velar por el ejercicio diligente y eficiente
de las funciones administrativas” y al final mencionó que su objetivo era,
precisamente, “evitar serias equivocaciones y yerros”[323].
Para la Sala resulta inaceptable que una funcionaria pública de la PGN desarrolle
su función preventiva en contravía de la jurisprudencia constitucional y
utilizándola para amenazar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales que
llevaron a esta Corte a reconocer la IVE en las hipótesis despenalizadas, es
decir, el libre desarrollo de la personalidad, la vida y la salud física
y mental de las mujeres, incluidas las actoras. En consecuencia, se ordenará a la
Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda enviar una comunicación al
Superintendente Nacional de Salud en la que rectifique su oficio del 2 de marzo
de 2010 en lo que toca con la obligación de la Superintendencia Nacional de
Salud de remover los obstáculos para acceder a la IVE y revoque su solicitud de
modificación de la Circular Externa 058 de 2009.
Precisa la Sala que la suspensión
provisional del Decreto 4444 de 2006 no será impedimento para cumplir la orden
descrita ya que, de acuerdo con la sentencia T-585 de 2010 y el Auto 038 de
2012 –que negó la nulidad impetrada por el Procurador General contra esta
sentencia-, la referida Circular se fundamenta en una orden judicial específica
dada por esta Sala de Revisión en la sentencia T-388 de 2009 y no en el decreto
suspendido.
79.- Antes de proseguir con el análisis del caso concreto, es necesario
aclarar que, a pesar de que pasó mas de un año entre el envío de la carta
cuestionada y la interposición de la presente acción de tutela, no se presenta
un daño consumado ya que la comunicación dirigida al Superintendente de Salud
por parte de la Procuradora Delegada Hoyos no ha sido rectificada y, en ese
sentido, la solicitud de modificación en ella contenida sigue vigente y así
mismo la amenaza que representa. En razón de lo expresado, la orden que la Sala
enunció no resultará inocua ni caerá en el vacío –como sucede en los casos de
daño consumado[324]- sino que servirá para hacer desaparecer el peligro que se cierne sobre
los derechos fundamentales de las accionantes y, en general, de las mujeres
colombianas.
Los efectos de la suspensión provisional del Decreto 4444 de 2006 en
relación con la objeción de conciencia a la IVE
80.- Las accionantes aseguran que el Procurador General de la
Nación violó su derecho a la información al emitir información falsa acerca de
su derecho reproductivo a la IVE mediante las Circulares 029 de 2010 y 021 de
2011, expedidas con destino a los funcionarios públicos de la PGN y de otras
entidades públicas que deben cumplir las sentencias C-355 de 2006 y T-388 de
2009, respectivamente.
Las actoras –junto con el Área de
Derechos Sexuales y Reproductivos, el CDR y DeJuSticia- manifiestan que se
faltó a la verdad (i) al señalar que,  mientras se encuentre suspendido el
Decreto 4444 de 2006, no se puede restringir la objeción de conciencia a la IVE
y (ii) al solicitar que se respete el derecho de las instituciones a ejercer la
misma. Indican que, por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que la objeción de conciencia a la IVE está permitida bajo ciertos
límites y específicamente ha excluido la posibilidad de objeción de conciencia
institucional. Recuerdan que esta misma Sala, en el auto 327 de 2010, ya
había advertido a la PGN cumplir la jurisprudencia constitucional sobre
objeción de conciencia a la IVE debido a que el Ministerio Público, en su
informe de vigilancia a la sentencia C-355 de 2006, se refirió a la objeción de
conciencia institucional[325]. Los intervinientes
mencionados agregan que la decisión de suspensión provisional del Decreto 4444
de 2006 no tiene el alcance que el Procurador General quiere darle respecto de
la objeción de conciencia, es decir, sostienen que ésta no “suspende” las
sentencias de la Corte Constitucional.
Al vulnerarse
su derecho a recibir información veraz, las peticionarias indican que se
amenazaron también sus derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de
la personalidad ya que la información falsa les impide tomar decisiones libres
sobre la IVE.
Adicionalmente,
las actoras y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos opinan que se pone en
riesgo el derecho reproductivo a la IVE y el derecho a la salud en su faceta de
accesibilidad, en vista de que las Circulares tienen como destinatarios
funcionarios públicos que cumplen sentencias relacionadas con los mismos, y la
información falsa que contienen puede llegar a servir de base para las
decisiones que tomen. Explican que el uso sin restricciones de la objeción de
conciencia, particularmente de la institucional, ha sido identificado por esta
Corte como un obstáculo para el acceso al servicio de IVE y denuncian que las
Circulares lo fortalecen ya que instruyen a los funcionarios públicos para que
consideren que es un derecho absoluto y en cabeza de las instituciones de
salud. Por ello, estiman las peticionarias que el Procurador General usó su
investidura para confundir a otros funcionarios públicos, garantes de estos
derechos fundamentales, e impedirles ejercer sus competencias de forma idónea.
81.- La
Procuradora Delegada Hoyos Castañeda defiende el contenido de la Circular 021
de 2011 al ser producto de un “análisis jurídico integral” de las
decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Entiende que se
presenta una “contradicción o vacío jurídico” entre las decisiones de
ambas Corporaciones. De un lado, afirma, la sentencia C-355 de 2006 -en un obiter
dicta- limitó la objeción de conciencia a la IVE a las personas naturales.
De otro lado, al suspender provisionalmente el Decreto 4444 de 2006 –que
también excluía la objeción de conciencia institucional-, el Consejo de Estado fundó
su determinación, entre otros, en la imposibilidad jurídica de reglamentar una
sentencia y en la necesidad de que el legislador ordinario regule lo relativo
al aborto. El apoderado de la PGN reitera lo expresado por la Procuradora
Delegada y añade que lo que el Consejo de Estado decidió, cuando suspendió
provisionalmente el Decreto 4444 de 2006, fue que el Gobierno Nacional no puede
reglamentar la sentencia C-355 de 2006 hasta que exista una ley que regule el
asunto.
82.- La Sala considera que, como
en las demás ocasiones, no se configura una vulneración del derecho de las
actoras a ser informadas de manera veraz sobre sus derechos reproductivos ya
que ninguna de las Circulares cuestionadas estaba dirigida a la ciudadanía. Así
mismo, al descartarse esta violación se
excluyen las amenazas a los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo
de la personalidad, por estar relacionadas directamente con el haber recibido
información falsa. Por la misma razón –no estar destinadas las
Circulares al público-, el Procurador General no estaba ejerciendo su poder-deber
de comunicación.
Lo que sucede,
a juicio de la Sala, es que el contenido de las Circulares 029 de 2010 y 021 de
2011 expedidas por el Procurador General están amenazando los derechos de las
peticionarias –y de las demás mujeres colombianas- a la IVE y a la información
en materia reproductiva, debido a que contradicen manifiestamente la
jurisprudencia constitucional reiterada sobre objeción de conciencia a la IVE,
como lo arguyen las accionantes y algunos intervinientes. Pasa la Sala a
expresar las razones para llegar a tal conclusión.
Desde la
sentencia C-355 de 2006 esta Corte aceptó que la objeción de conciencia a la IVE
se podía ejercer, con varias limitaciones, específicamente (i) por personas
naturales y (ii) sólo si es posible remitir inmediatamente a la mujer a otro
médico que sí esté dispuesto a practicar la IVE. Las sentencias T-209 de 2008,
T-946 de 2008 y T-388 de 2009 reiteraron lo expresado en la sentencia de
constitucionalidad y desarrollaron a partir de ella nuevas reglas de
restricción: (iii) sólo se puede ejercer por el personal que presta
directamente el servicio, (iv) por escrito y (v) explicando en cada caso
concreto las razones por las cuales la práctica de la IVE está contra las  más
íntimas convicciones, para lo cual no servirán formatos generales de tipo
colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción
de conciencia. Así mismo, la última sentencia mencionada (vi) excluyó la
posibilidad de que los jueces hagan uso de la objeción de conciencia para
fallar un caso. Como se ve, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la
objeción de conciencia a la IVE es una conducta protegida por el derecho
fundamental a la libertad de conciencia pero al mismo tiempo tiene precisos
límites con el objetivo de que no llegue a vulnerar otros derechos
fundamentales igualmente importantes.
Aunque los
considerandos de la Circular 029 de 2010[326] incluyen el aparte de
la sentencia C-355 de 2006 en el que se limita la objeción de conciencia a la
IVE en el sentido ya descrito, a continuación se intenta restarle valor con tres
argumentos. El primero consistente en que dos salvamentos de voto a la
sentencia C-355 de 2006 y una aclaración de voto a la sentencia T-388 de 2009
señalaron que el tema no fue realmente discutido por la Sala Plena al adoptar
la decisión de constitucionalidad mencionada. El segundo, que sugiere que todas
las sentencias de tutela sobre el tema estuvieron fundadas en el Decreto 4444
de 2006, el cual está provisionalmente suspendido por el Consejo de Estado. El
tercero basado en una de las razones dadas por el Consejo de Estado para la
suspensión provisional, de acuerdo con la cual es imperiosa la necesidad de que
el legislador regule el tema del aborto, a lo que se agrega que sólo una ley,
mas no una sentencia, puede ser reglamentada por el Gobierno. Enseguida se
concluye que “como consecuencia de dicha decisión de suspensión provisional
y entre tanto el Consejo de Estado no resuelva de fondo la constitucionalidad
del Decreto 4444 de 2006, ninguna autoridad judicial o administrativa puede restringir
el derecho constitucional a la objeción de conciencia (artículo 18 de la CP)
cuando este se invoque en oposición a la practica de un aborto, el cual deberá
protegerse (…)”.
Una simple comparación entre la
línea jurisprudencial resumida sobre la objeción de conciencia a la IVE y los
considerandos de la Circular 029 de 2010 dejan ver que estos últimos
contradicen a la primera. En efecto, mientras esta Corporación le ha fijado a
la misma precisos límites, el Procurador General de la Nación establece en su
Circular que ésta no se puede restringir, con argumentos que no son de recibo.
Por más deseable que sea una ley
sobre el tema, en la misma sentencia C-355 de 2006 se señaló expresamente que para
su cumplimiento no se requería “desarrollo legal o reglamentario alguno”. Adicionalmente,
tal y como se indicó en la sentencia T-585 de 2010, la suspensión provisional del
Decreto 4444 de 2006 no afecta la sentencia C-355 de 2006 pues lo decidido en ésta
se fundó directamente en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad y
no en el acto administrativo suspendido. Lo mismo sucede con las sentencias de
tutela que han tocado el tema, las cuales mencionaron el Decreto 4444 de 2006
–porque estaba vigente- pero se basaron fundamentalmente en la sentencia C-355
de 2006.
Respecto de
este punto, es importante agregar que lo que la Corte ha venido haciendo a
través de las sentencias mencionadas y otras que conforman una línea
jurisprudencial consolidada en la materia, ha sido identificar los mandatos
constitucionales concretos de los cuales surge el deber de protección de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En este orden de ideas, la
Procuraduría General de la Nación, al igual que las diferentes instancias
estatales y privadas que prestan los servicios públicos de salud y educación o
de administración de justicia, están llamadas a cumplir de manera irrestricta
tales mandatos, en virtud del principio de supremacía de la Constitución.
Por lo demás, pretender soslayar
una sentencia con apoyo en salvamentos y aclaraciones de voto es infructuoso
debido a que no tienen carácter obligatorio al no hacer parte de las
consideraciones adoptadas por la mayoría. Tampoco es jurídicamente correcto dar
a la suspensión provisional el alcance que quiere otorgarle el Procurador
General en su Circular –impedir la expedición de cualquier norma infra legal
sobre IVE- en razón de que es, precisamente, una decisión temporal y los
argumentos contenidos en ella fueron usados para demostrar la necesidad de la
medida cautelar y no para solucionar el fondo. El efecto de la suspensión
provisional es privar de efectos temporalmente al acto administrativo en cuestión,
y por mucho a aquellos que se deriven del mismo, ni más ni menos que eso. No
existe pues ninguna “contradicción” entre las decisiones de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado como sostiene la Procuradora Delegada
Hoyos Castañeda y el apoderado de la PGN.
Todos estos razonamientos derivan
en que no es cierto que ninguna autoridad pueda restringir la objeción de
conciencia a la IVE mientras el Consejo de Estado no adopte una decisión
definitiva sobre el Decreto 4444 de 2006, como dice la Circular 029 de 2009.
Las autoridades deben aplicar las limitaciones que la jurisprudencia constitucional
reiterada ha establecido para la misma. Una vez más se insiste en que, en un
Estado de Derecho, los funcionarios públicos están obligados a acatar las
decisiones judiciales, aunque no las compartan por razones morales, religiosas
o incluso jurídicas.
La contradicción entre la
Circular 029 de 2009 y la jurisprudencia constitucional sobre objeción de
conciencia a la IVE amenaza el goce del derecho a la IVE de las accionantes y
de las demás mujeres colombianas, como lo denuncian las primeras y uno de los
intervinientes. También se amenazan, por la misma razón, aquellos derechos fundamentales que llevaron a esta Corte
a reconocer la IVE en las hipótesis despenalizadas, es decir, el libre
desarrollo de la personalidad, la vida y la salud física y mental.
La Circular referida se emitió,
como esta misma establece, para impartir “directrices de obligatorio
cumplimiento” a los funcionarios públicos del Ministerio Público que tienen
competencias en relación con la sentencia C-355 de 2006. Así, si sus
considerandos indican que la objeción de conciencia a la IVE no se puede
restringir, los servidores públicos destinatarios de la misma no actuarán para
circunscribirla en la forma prevista por la jurisprudencia constitucional, sino
que antes bien exigirán que su ejercicio sea ilimitado. Por ejemplo, no usarán
su función de intervención ante las distintas autoridades y su función
disciplinaria con el objetivo de que la objeción de conciencia sea personal
pero si la utilizarán para que se permita su ejercicio colectivo. De esta
manera, una de las barreras para acceder a la IVE –el ejercicio irrestricto de
la objeción de conciencia- se mantendrá, como advierten las actoras y algunos
intervinientes. Además, recuérdese que el mencionado obstáculo ha sido
identificado como uno de los más usuales en la sentencia T-388 de 2009 y, es
más, esta Corte ha resuelto varios casos que lo demuestran[327],
lo que deriva en que la amenaza no es en modo alguno eventual o hipotética.
Se impone entonces ordenar al
Procurador General de la Nación modificar los considerandos de la Circular 029
de 2010 para (i) eliminar aquel de acuerdo con el cual “como consecuencia de
dicha decisión de suspensión provisional y entre tanto el Consejo de Estado no
resuelva de fondo la constitucionalidad del Decreto 4444 de 2006, ninguna
autoridad judicial o administrativa puede restringir el derecho constitucional
a la objeción de conciencia (artículo 18 de la CP) cuando este se invoque en
oposición a la practica de un aborto, el cual deberá protegerse (…)” y (ii)
remplazarlo por uno en el que se describan claramente los límites que la
jurisprudencia constitucional ha fijado para la objeción de conciencia a la IVE,
tal y como fueron arriba resumidos.    Así mismo, deberá comunicar las
modificaciones de la Circular a sus destinatarios.
83.- Algo
similar sucede con la Circular 021 de 2011[328]. Sus considerandos
incluyen el aparte de la sentencia C-355 de 2006 en el que se excluye la
objeción institucional de conciencia a la IVE y hacen referencia al auto 085A
de 2011[329] en el cual se le indicó
al Procurador General que existía jurisprudencia constitucional consistente en
ese sentido. Sin embargo, una de las directrices que se dan a los funcionarios
del Ministerio Público que deben cumplir la sentencia T-388 de 2009 es ejercer
la función preventiva para “vigilar que en toda situación en que se informe
o se promuevan los casos en que excepcionalmente se encuentra despenalizado el
aborto, se respeten los derechos de todas las personas e instituciones
que puedan verse involucradas en su práctica, especialmente el derecho
fundamental a la libertad de conciencia, el cual supone la libertad para formar
libremente la propia conciencia y para actuar conforme a los imperativos de las
misma, ya sea individual o colectivamente (…)” (subrayas fuera del
texto original). Esta directriz contradice fehacientemente la
jurisprudencia constitucional antes reseñada de acuerdo con la cual no está
permitida la objeción institucional o colectiva a la IVE. Incluso si el
Procurador General no está de acuerdo con ella –por cualquier razón- debe
cumplirla, en virtud del principio fundante del Estado de Derecho.
La contradicción entre la jurisprudencia
de esta Corte y la Circular 021 de 2011 amenaza el derecho a la información en
materia reproductiva de las peticionarias y de las demás mujeres colombianas.
Como se vio, según la CIDH, uno de los estándares internacionales especialmente
importantes respecto de este derecho es la entrega de información fidedigna, es
decir, veraz. La Circular 021 pone en riesgo el goce de este derecho pues su
aplicación podría derivar en la transmisión de información falsa mediante las campañas
masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos -incluida la
IVE-, ordenadas en la sentencia T-388 de 2009 y cuyo público objetivo son las
mujeres –entre ellas las accionantes-. Recuérdese que a través de la Circular,
el Procurador General imparte directrices a servidores públicos en relación con
las campañas. Si una de estas indicaciones consiste en que los funcionarios del
Ministerio Público deben vigilar que en las campañas “se respete” el derecho
de las instituciones a objetar conciencia a la IVE y su ejercicio colectivo,
esto quiere decir que el Procurador General los instruye para que supervisen
que las campañas masivas comuniquen que los hospitales y clínicas pueden
objetar conciencia a la IVE y que las personas naturales pueden hacerlo
colectivamente, lo cual no es verdad a la luz de la jurisprudencia
constitucional.
En consecuencia, para impedir que
la amenaza descrita se concrete, se ordenará al Procurador General de la Nación
eliminar del numeral 8 de la primera directriz de la Circular 021 de 2011 toda
referencia al derecho de las instituciones a objetar conciencia o la
posibilidad de su ejercicio colectivo, en lo que toca con la IVE. Así mismo,
deberá comunicar las modificaciones de la Circular a sus destinatarios.
La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus
84.- Las accionantes sostienen
que el Procurador General vulneró su derecho a la información al emitir
información falsa sobre su derecho a la IVE mediante un comunicado de prensa
del 25 de marzo de 2011 expedido a propósito del denominado “Día Internacional
de la Vida” o “Día Internacional del Niño y la Niña por Nacer” y la mencionada
Circular 021 del 27 de julio de 2011 relativa al cumplimiento de la sentencia
T-388 de 2009.
En esta ocasión, dicen, la falta
de veracidad consiste en afirmar “que el derecho internacional de los
derechos humanos prohíbe el aborto y protege el derecho a la vida de forma
absoluta y desde la concepción”. Además, en su opinión, también es falso
señalar la existencia del derecho a la vida del nasciturus. Explican
que, por el contrario, varios organismos internacionales –el Comité de Derechos
del Niño, el Comité de Derechos Humanos, la Relatoría para los Derechos de la
Mujer de la CIDH- apoyaron la despenalización parcial del aborto en Colombia ya
que el derecho internacional de los derechos humanos no es contrario al aborto
legal y que en la sentencia C-355 de 2006 esta Corte determinó que “el
derecho a la vida solo se reconoce desde el nacimiento”. En esto coinciden el
CDR, la ADC y DeJuSticia en sus respectivas intervenciones.
Al vulnerarse
su derecho a recibir información veraz, las peticionarias indican que se
amenazaron también sus derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de
la personalidad ya que la información falsa les impide tomar decisiones libres
sobre la IVE.
Así mismo
denuncian que se pone en riesgo el derecho reproductivo a la IVE y el derecho a
la salud en su faceta de accesibilidad, en vista de que tanto la Circular como
el comunicado tienen como destinatarios funcionarios públicos que cumplen funciones
relacionadas con la IVE y la información falsa que contienen puede llegar a
servir de base para las decisiones que tomen. Por ello, aquí también estiman
las peticionarias que el Procurador General usó su investidura para confundir a
otros funcionarios públicos, garantes de estos derechos fundamentales, e
impedirles ejercer sus competencias de forma idónea.
85.- La Procuradora Delegada
Hoyos Castañeda manifiesta que la jurisprudencia de esta Corte no es unánime
respecto del reconocimiento del derecho a la vida del nasciturus o del “ser
humano aún no nacido” pues en la sentencia T-388 de 2009 se señaló que era
un bien constitucionalmente protegido, pero posteriormente en la sentencia
T-990 de 2010 se indicó que “el niño por nacer goza de todos los derechos y
tiene una protección especial, más que cualquier otra persona (…)”. En
consecuencia, arguye que el Procurador General no incurrió en falsedad al hacer
referencia a este derecho.
El apoderado de la PGN también
defiende la existencia del derecho a la vida del nasciturus citando
sentencias de constitucionalidad sobre el tema anteriores a la C-355 de 2006 y
varios artículos de la CADH. Manifiesta que la Corte en la sentencia C-355 de
2006 solo “varió relativamente su jurisprudencia” al respecto, pero que
en su “ultimo pronunciamiento” –la sentencia T-990 de 2010- ratificó el
reconocimiento del derecho a la vida del nasciturus.
86.- Esta Sala encuentra que el
supuesto de hecho del cual parten las peticionarias en este asunto no es cierto.
Ni el comunicado de prensa del 25 de marzo de 2011 ni la Circular 021 de 2011
señalan que “el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el
aborto y protege el derecho a la vida de forma absoluta”, como asegura el
escrito de tutela.
En cuanto al primero, lo que
textualmente indica es que “la vida humana comienza desde el primer momento
de la concepción” y que “los diferentes instrumentos internacionales, la
Constitución y las leyes nacionales reconocen su importancia irremplazable y
ofrecen múltiples mecanismos para su defensa y protección”[330].
Nótese que el Procurador General no hace referencia alguna al aborto ni
sostiene que el derecho a la vida se protege en forma absoluta, sino
simplemente que se reconoce la vida humana como un bien importante y se protege
en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Ello concuerda con lo
que esta Corte determinó en la sentencia C-355 de 2006: que el ordenamiento
constitucional colombiano le confiere protección al valor de la vida, el cual
engloba el valor de la vida del nasciturus, y que la ley puede diseñar
los mecanismos para protegerla de la manera más óptima posible, incluso
mediante una política pública de punición penal, siempre y cuando respete los
derechos fundamentales. Así, reconocer el bien constitucional de la vida humana
su importancia –como lo hicieron el Procurador General en el comunicado de
prensa y esta Corte en la sentencia C-355 de 2006- no significa per se reconocer
que éste sea absoluto o señalar que el aborto está prohibido. Por su parte, la
Circular 021 de 2011 tampoco hace ninguna referencia textual al aborto o a la
protección del derecho a la vida de forma absoluta[331].
Lo que sí mencionan los documentos,
es el “derecho fundamental a la vida del que gozan todos los seres humanos
desde el primer momento de la existencia”, “el derecho a la vida de
todos los niños y niñas por nacer” y “el derecho a la vida del no nacido”.
Respecto de este “derecho”, el Procurador General “lo reconoce”, “invita
y exhorta a reconocerlo”, “invita a ampararlo y promoverlo” y “solicita mayor
compromiso” con el mismo de parte de los funcionarios públicos. Esto, como
sugieren las actoras y algunos intervinientes, es contrario a la sentencia
C-355 de 2006. En efecto, en esta sentencia la Corte (i) distinguió claramente
entre “la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la
vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental” y (ii) explicó que “el
derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad,
como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras
que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han
alcanzado esta condición”. En este orden se ideas, no existe en Colombia
–como asume el Procurador General- un derecho a la vida del nasciturus, del
no nacido o del niño por nacer, aunque son objeto de protección constitucional
en virtud del bien de la vida.
A juicio de la Sala, contrario a
lo que sostienen la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda y el apoderado de la
PGN, la sentencia T-990 de 2010 no cambia, ni puede cambiar, lo decidido por la
Sala Plena en la sentencia C-355 de 2006. No lo modifica porque, como sostiene
DeJuSticia, aborda un tema distinto, cual es el fuero de maternidad de la mujer
embarazada, y no lo puede hacer porque incurriría en una causal de nulidad al
contrariar una Sala de Revisión una sentencia de Sala Plena. La supuesta
contradicción no se da entre dos sentencias de Salas de Revisión –la T-388 de
2009 y la T-990 de 2010-, como parece entender la Procuradora Delegada, sino
entre una sentencia de Sala Plena –C-355 de 2006- y una sentencia de una Sala
de Revisión -T-990 de 2010-. La sentencia T-388 de 2009 simplemente reiteró la
sentencia C-355 de 2006 en lo que toca con la distinción entre el derecho a la
vida y el bien constitucional de la vida.
A pesar de lo anterior, la Sala
estima que la mención al derecho inexistente en el comunicado de prensa y la
Circular no implica, en sí misma, sostener que es de carácter absoluto, o que
el aborto está prohibido o que el derecho a la IVE en las hipótesis
despenalizadas no existe, como creen las accionantes. En consecuencia, como el
supuesto de hecho del que parte el escrito de tutela no es cierto, la Sala no
concederá el amparo solicitado en este punto.
La inclusión del misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud
87.- Las peticionarias arguyen
que la Procuradora Delegada María Eugenia Carreño Gómez vulneró su derecho a la
información al difundir información falsa relacionada con sus derechos
reproductivos en el oficio enviado, el 30 de marzo de 2011, al Ministro de la Protección
Social acerca del principio activo misoprostol, con ocasión del estudio que se
estaba adelantando para incluirlo en el POS. Esta comunicación, dicen, contenía
datos inexactos y/o falsos sobre el mismo con el objetivo de impedirla[332].
De acuerdo con el escrito de tutela, las inexactitudes y/o falsedades son
básicamente tres:
(i)
Que el principio activo no tenía registro sanitario del INVIMA para ser
usado con “como abortivo”.
(ii)    Que
“tampoco podría recibirlo” porque la OMS tenía dudas acerca de su
seguridad cuando es utilizado para la interrupción del embarazo. En otras
palabras, que podría poner en riesgo la vida y afectar la salud de la mujer que
lo usara para estos fines.
(iii)  Que su
inclusión en el POS podría ocasionar un daño al presupuesto público.
Las accionantes –junto con el CDR
y DeJuSticia- argumentan que lo sostenido en la carta mencionada es inexacto y/o
falso porque:
(i)
El INVIMA aprobó en uso del misoprostol en los casos de IVE que se
encuentran despenalizados mediante el acta 20 de 2007. En efecto, explican las
actoras, el Ministerio de la Protección Social solicitó al INVIMA ampliar las
indicaciones que había obtenido hasta ese momento el misoprostol para incluir
en ellas la IVE en las hipótesis despenalizadas. A través del acta referida, la
Comisión Revisora -Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos- conceptuó
que “este principio activo podrá ser empleado como oxitócico en las
específicas circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de 2006, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905 del mismo
año”[333].
(ii)
La OMS no tiene dudas sobre la seguridad del uso del misoprostol para la
interrupción del embarazo. Informan las peticionarias que fue incluido en la
lista de modelo de medicinas esenciales de la OMS de marzo de 2011 para el
manejo del aborto incompleto y del espontáneo y para la prevención de la
hemorragia posparto cuando el oxitocin no esté disponible o no pueda ser usado
en condiciones seguras[334].
Aseguran que la Procuradora Delegada Carreño Gómez incurrió en una
inexactitud al citar, como prueba de su dicho, un documento de 2010 titulado
“Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del misoprostol en la
comunidad para reducir la mortalidad materna”, pues éste expresaba reservas
respecto de su utilización para la prevención de la hemorragia puerperal, pero
no frente a la interrupción del embarazo; dudas que en todo caso fueron
despejadas pues en 2011 la OMS incluyó el medicamento para ese propósito en la
mencionada lista modelo. Es más, resaltan que al principio de dicha Aclaración se
reiteró que “actualmente la OMS incluye el misoprostol en sus directrices
basadas en la evidencia y en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales para la
interrupción voluntaria del embarazo junto con la mifepristona, el tratamiento médico
del aborto retenido espontáneo y la inducción del trabajo de parto”[335].
(iii)  La
inclusión del misoprostol en el POS tiene un impacto neutro en la Unidad de
Pago por Capitación (UPC), lo que significa que no generará mayores costos para
el Estado y, en consecuencia, no se presentará ningún detrimento patrimonial.
Manifiestan las accionantes que el 29 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo
20, la CRES sometió a consulta la inclusión en el POS de varios medicamentos,
entre ellos el principio activo misoprostol y que, dentro de las
consideraciones para adoptar esta decisión, mencionó que “como resultado de
los estudios técnicos de evaluación se recomendó por parte de la Comisión,
considerar la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud de varias tecnologías
en salud conforme a las indicaciones descritas para cada una de ellas debido a que
su impacto neto sobre la unidad de pago por capitación (UPC) es neutro” [336].
Al vulnerarse
su derecho a recibir información veraz, las peticionarias indican que se
amenazaron también sus derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de
la personalidad ya que la información falsa les impide tomar decisiones libres
sobre la IVE. El Área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el CDR las apoyan
en esta apreciación.
Así mismo,
estiman que se violó su derecho reproductivo a la IVE, su derecho a la salud y
su derecho a beneficiarse del progreso científico en vista de que la
información falsa y/o inexacta contenida en el oficio de la Procuradora
Delegada  Carreño Gómez fue el fundamento para aplazar la inclusión del
misoprostol en el POS. Al respecto, DeJuSticia resalta el carácter disuasivo
que tuvo la función preventiva de la PGN en este asunto. Indican las actoras que
esto derivó en que no pueden acceder gratuitamente a un procedimiento de IVE
menos invasivo y más seguro que aquellos que se encuentran actualmente
incluidos en el POS, con lo cual coincide el Área de Derechos Sexuales y
Reproductivos. Por ello, aseguran que la mencionada Procuradora Delegada usó su
investidura para confundir e infundir temor al Ministro de la Protección Social,
garante de estos derechos fundamentales, e impedirle ejercer sus competencias
de forma idónea.
88.- La Procuradora Delegada
Carreño Gómez manifiesta que la información contenida en el oficio que envió al
Ministro de la Protección Social fue verdadera y exacta; para probarlo expresa
lo siguiente:
(i)
En el acta 20 de 2007 del INVIMA “no se especifica la clase
misoprostol, el uso e indicaciones que podría ser empleado como oxitócico”. Precisa
que, según el acta 37 del 5 de agosto de 2009 de la Sala Especializada de
Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora del INVIMA, el
misoprostol solo tiene dos indicaciones aprobadas, dentro de las cuales no está
la IVE. En el acta se lee: “para el principio activo misoprostol han sido
aceptadas únicamente las indicaciones de interrupción del embarazo con feto
muerto y retenido y el tratamiento del aborto incompleto. Las indicaciones
inducción del parto con feto vivo, hemorragia postparto no se aceptan por
cuando no existe evidencia suficiente de su utilidad en las mismas” [337].
Añade que esto se confirma en el acta 29 de 2010 de la misma Sala en la cual se
señaló que “hasta ahora el INVIMA no ha aceptado medicamentos abortivos en
embarazo con feto vivo” y se reiteró el acta 37 de 2009[338].
(ii)     Dice
que en el controvertido oficio que envió al Ministro de la Protección Social,
también transcribió los beneficios del misoprostol, tanto los contenidos en la
Aclaración de 2010 de la OMS como aquellos que aparecen en la Guía Técnica
Aborto Sin Riesgos de la OMS de 2003. Sin embargo, la Procuradora Delegada
Carreño Gómez admite haber hecho “especial énfasis en las contraindicaciones
que la OMS referenció sobre este medicamento” y  no haber hecho “demasiadas
referencias a la conveniencia de utilizarlo junto con mefepristone (como lo
recomienda tanto esa Guía Técnica, como en la Norma Técnica incorporada con la
Resolución 4905 de 2006 y en la Aclaración de la OMS de 2003) pues, el INVIMA
no le ha dado su aval a la mefepristone”, de conformidad con el acta 29 de
2010 ya mencionada.
Indica que
hizo referencia a las dudas de la OMS sobre la utilización del misoprostol para
la hemorragia posparto contenidas en la Aclaración de 2010 porque “el tema
debe ser manejado de forma integral”.
(iii)
No se pronuncia explícitamente sobre el impacto neutro en la UPC que
tiene la inclusión del misoprostol en el POS según la CRES, pero se mantiene en
su apreciación de que se puede afectar el equilibrio o la estabilidad
financiera del sistema de salud “por cuanto no existe certeza sobre el
número de mujeres a las que debería suministrarse”.
El apoderado de la PGN plantea
aquí también el conflicto de interés de una de las accionantes –Mónica del
Pilar Roa López- ya que a su juicio pretende lograr el registro sanitario del
misoprostol “cuya patente ostenta”. Concuerda con la Procuradora
Delegada Carreño Gómez respecto de las indicaciones autorizadas del misoprostol
y sostiene que, mediante el acta 29 de 2010, el INVIMA negó su registro “como
medio de interrupción valido para interrumpir el embarazo”. Finalmente
asegura que no se ha vulnerado derecho alguno ya que, aunque puede hacer
solicitudes a las autoridades competentes, no es la PGN la que toma las decisiones
respecto de los registros sanitarios de los medicamentos ni de las inclusiones
en el POS.
89.- La Sala considera que, como
en las demás ocasiones, no se configura una vulneración del derecho de las
actoras a ser informadas de manera veraz sobre sus derechos reproductivos ya
que el oficio de la Procuradora Delegada Carreño Gómez no estaba dirigido a la
ciudadanía sino al Ministro de la Protección Social. Así mismo, al descartarse
esta violación se excluyen las amenazas a
los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, por
estar relacionadas directamente con el haber recibido información falsa.
Por la misma razón –no estar destinado el oficio al público-, la mencionada
Procuradora Delegada no estaba ejerciendo su poder-deber de comunicación.
Lo que
sucedió, a juicio de la Sala, es que tanto el oficio referido como otras
actuaciones de la Procuradora Delegada Carreño Gómez vulneraron los derechos de
las peticionarias –y de las demás mujeres colombianas- al acceso a los
servicios de salud reproductiva puesto que impidieron, sin fundamento alguno, la
inclusión del misoprostol en el POS. Aunque las peticionarias no lo
denunciaron, la Sala encuentra que la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda
también contribuyó a que acaeciera esta violación de derechos fundamentales. A
continuación, la Sala (i) expondrá por que la oposición a la inclusión del
misoprostol en el POS era infundada, (ii) demostrará que el ejercicio de funciones
por parte de estas servidoras públicas fue la razón por la cual el misoprostol
no fue incluido en el POS, (iii) explicará en que consistió la vulneración a
los derechos fundamentales antes mencionados y (iv) dará las ordenes que
permitirán reparar la violación.
90.- Los
fundamentos de la oposición a la inclusión del principio activo misoprostol en
el POS están básicamente contenidos en la comunicación que la Procuradora
Delegada Carreño Gómez envió al Ministro de la Protección Social el 30 de marzo
de 2011. En opinión de la Sala, ninguno de ellos es de recibo.
El primero
consiste en que “no se evidencia que la inclusión de este medicamento
obedezca a una necesidad de salud pública” [339]. En respuesta a
esta observación, el 29 de abril de 2011, la CRES –organismo técnico encargado
del estudio de la inclusión en el POS- ofreció a la Procuradora Delegada las
razones por las cuales se consideraba que la presencia del misoprostol en el
POS era una necesidad de salud pública: “antes de la realización de IVE
quirúrgicas del primer semestre, se puede utilizar la preparación cervical con
dilatadores osmóticos o agentes farmacológicos, pues hacen que el procedimiento
sea más fácil y rápido y  reduce la incidencia de complicaciones inmediatas
comunes a la IVE realizadas después de la novena semana completa de gestación
(…) La preparación cervical previa a la IVE quirúrgica es especialmente
beneficiosa para algunas mujeres, tales como aquellas con anormalidades
cervicales o cirugías previas, mujeres previas, mujeres jóvenes y aquellas con
embarazos avanzados, que tienen mayor riesgo de lesiones cervicales o
perforación uterina, que pueden ser la causa de hemorragias (…) Investigaciones
recientes sugieren que la administración vaginal de 400 mcg de Misoprostol 4 a 6 horas antes de la cirugía es efectiva. La administración oral de 400 mcg de Misoprostol 4 a 6 horas antes del procedimiento, también es apropiada para la preparación cervical. Las
anteriores evidencias técnicas y científicas sustentan la necesidad de contar
con una herramienta terapéutica importante en este tipo de patologías, tal y
como fue reiterado por toda la comunidad médica en el proceso de participación
ciudadana frente a este medicamento”[340]. A pesar de que
nunca refutó o controvirtió estas explicaciones técnicas, la Procuradora
Delegada Carreño Gómez insistió en su solicitud de suspender el trámite de
inclusión del misoprostol en el POS ya que, el 19 de diciembre de 2011, envió al
Ministro de la Protección Social una nueva comunicación en ese sentido[341].
La segunda de las razones de la
Procuradora Delegada Carreño Gómez para oponerse a la inclusión del misoprostol
en el POS estriba en que, dentro de las indicaciones aprobadas por el INVIMA
para aquellos medicamentos que poseen el principio activo misoprostol, no se
encuentra la IVE. De las pruebas recaudadas por esta Sala se desprende que, contrario
a lo señalado por la Procuradora Delegada Carreño Gómez, dos medicamentos con
este principio activo tienen como indicación aprobada, desde septiembre de
2010, cuando “sea necesaria la interrupción del embarazo en gestaciones a
término o próximas al término”[342]. Lo cual, además,
concuerda plenamente con el acta 20 de 2007, referida por las peticionarias, en
la que la Comisión Revisora -Sala Especializada de Medicamentos y Productos
Biológicos- conceptuó que “este principio activo podrá ser empleado como
oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia C-355 de
2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905
del mismo año”[343].
Las actas 37
de 2009 y 29 de 2010 de la misma Sala, que fueron citadas por los demandados en
la contestación de la presente tutela como sustento de que la IVE no es una
indicación aprobada para los medicamentos con principio activo misoprostol, no
son pertinentes. La primera rechaza las indicaciones de “inducción del parto
vivo” y “hemorragia posparto”, no la indicación de IVE y,
como es anterior a septiembre de 2010, es lógico que no mencione la indicación
aprobada en esa fecha. La segunda, aunque sí rechaza la indicación de IVE, no
se refiere al misoprostol sino a un medicamento que combinaba este principio
activo con otro denominado mifepristona[344].
El tercero de
los fundamentos de oposición a la inclusión del misoprostol en el POS por parte
de la Procuradora Delegada Carreño Gómez consistía en las dudas que la OMS
tenía sobre su seguridad para la práctica de la interrupción del embarazo,
razón por la cual se podría poner en peligro la vida y salud de las mujeres que
lo usaran. Además de que el estudio de seguridad y efectividad hecho por la
Universidad Nacional en virtud del contrato celebrado con la CRES resultó
favorable[345], la Sala verifica que
no existen tales dudas. Como explican las peticionarias, la lista modelo de
medicinas esenciales de la OMS de marzo de 2011 sugiere su uso para el manejo
del aborto incompleto y del espontáneo[346]. Ese dato fue
completamente obviado por la Procuradora Delegada en su oficio.
En lo
relativo a la IVE, contrario a lo sostenido por la demandada en el oficio
cuestionado, la Guía Técnica y de políticas para sistemas de salud “Aborto sin
riesgos” de la OMS de 2003 lo prevé como una forma efectiva de realizarla aunque
advierte que, cuando no se combina con mefepristone, su efectividad es
inferior, el procedimiento tarda más y es más doloroso con mayores efectos
gastrointestinales colaterales. Si la preocupación de la Procuradora Delegada
era la salud de las mujeres que desean practicarse una IVE, ha debido entonces
hacer la precisión de que la OMS prefiere que se use el misoprostol junto con
el mefepristone y explicar la posición actual del INVIMA frente a este último, mas
no sostener lo que no es cierto, es decir, que el uso del misoprostol es
peligroso según la OMS. Además, el solo hecho de que esta Guía haya sido
incorporada en Colombia mediante la Resolución 4905 de 2006, que estaba basada
en el Decreto 4444 de 2006 provisionalmente suspendido, no modifica en nada la
posición de la OMS respecto de la seguridad del misoprostol para la IVE.
En cuanto al documento
de 2010 titulado “Aclaración sobre la postura de la OMS respecto del uso del
misoprostol en la comunidad para reducir la mortalidad materna” -citado por
la Procuradora Delegada Carreño Gómez en el controvertido oficio para atacar la
seguridad del principio activo-, la referencia al mismo era totalmente
impertinente pues, como bien demuestran las accionantes, éste expresaba las reservas
de la OMS respecto de su utilización para la prevención de la hemorragia puerperal,
no para la IVE, e incluso reiteraba que “actualmente la OMS incluye el
misoprostol en sus directrices basadas en la evidencia y en la Lista Modelo de
Medicamentos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo junto con
la mifepristona, el tratamiento médico del aborto retenido espontáneo y la
inducción del trabajo de parto”[347]. Si la
intención de la Procuradora Delegada Carreño Gómez era manejar el tema de
manera integral ha debido entonces precisar exactamente cuál era el asunto que
se discutía en la Aclaración que citaba.
La cuarta
razón de la Procuradora Delegada Carreño Gómez para oponerse a la inclusión del
misoprostol en el POS es el supuesto detrimento patrimonial para el sistema de
salud. Ante ello, para la Sala es contundente el argumento consistente en que,
antes de iniciar al proceso de inclusión, la CRES verificó que su impacto en la
UPC era neutro, mediante un estudio hecho por la Universidad Nacional en virtud
de un contrato de consultoría firmado para estos efectos[348].
Esa fue una de las razones para considerar la posibilidad de incluirlo en el
POS, de conformidad con el acuerdo 20 de 2010 de la CRES[349].
El número indeterminado de mujeres a las que se daría el medicamento es
irrelevante si ya se ha determinado que la UPC no se incrementará por la
inclusión.
Con
posterioridad, en un oficio del 19 de diciembre de 2011, la Procuradora
Delegada Carreño Gómez reiteró al Ministro de la Protección Social su solicitud
de suspender el trámite de inclusión del Misoprostol en el POS y agregó otro
argumento que la Sala tampoco encuentra fundado. Manifestó que “hasta tanto la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo no resuelva de
fondo la demanda de nulidad (…) o levante la suspensión del decreto 4444 de
2006, ninguna autoridad administrativa puede intentar reglamentar el denominado
servicio de interrupción voluntaria del embarazo, expedir normas técnicas sobre
el mismo o, mucho menos, introducir servicios quirúrgicos o médicos para la
prestación pública u obligatoria del denominado procedimiento, toda vez que
sobre el mismo no existe ley o norma administrativa vigente, sino que
simplemente se trata de un procedimiento excepcionalmente no penalizado de
conformidad con lo establecido en la sentencia C-355 de 2006. Lo contrario, es
pretender que la jurisprudencia, ya sea sentencias de constitucionalidad, de
tutela u otras, hagan las veces de ley, de normas técnicas, o de actos
administrativos, lo cual es equivocado como claramente lo estableció el
Honorable Consejo de Estado, precisamente al ordenar la suspensión provisional
del citado decreto”[350].
Al respecto la
Sala reitera que no es jurídicamente correcto dar a la suspensión provisional
el alcance de impedir la expedición de cualquier norma infra legal sobre IVE
debido a que ésta es, precisamente, una decisión temporal y los argumentos
contenidos en ella fueron usados para demostrar la necesidad de la medida
cautelar y no para solucionar el fondo. El efecto de la suspensión provisional
es privar de efectos temporalmente al acto administrativo en cuestión, y por
mucho a aquellos que se deriven del mismo, ni más ni menos que eso.
Adicionalmente, en lo que toca
con el conflicto de intereses que supuestamente afecta a una de las
peticionarias, según manifiesta el apoderado de la PGN, se reitera que éste
resulta irrelevante ya que las partes de un proceso judicial no son -por
definición- imparciales ni mucho menos tienen el deber de serlo.
91.- Una vez
explicado lo anterior, la Sala resalta que los dos oficios que se han mencionado
fueron elaborados por la Procuradora Delegada Carreño Gómez en ejercicio de sus
funciones. La primera de las comunicaciones –la del 30 de marzo de 2011-
expresamente señala que las “observaciones” se hacen “en ejercicio de
las funciones preventivas y de control de gestión”, lo que concuerda con su
solicitud final en la cual se “conmina” al Ministro de Protección Social
“a suspender el trámite de inclusión del Misoprostol en el POS”[351].
En la segunda –la del 19 de diciembre de 2011- esto es aún más claro pues
tiene el objetivo de remitir al Ministro de la Protección Social un “informe
de vigilancia preventiva y de control de gestión ante la Comisión de Regulación
en Salud –CRES- para verificar la gestión y las actuaciones administrativas en
los asuntos relacionados con la evaluación y la propuesta y la inclusión en el
Plan Obligatorio de Salud (POS) del medicamento Misoprostol (…) cuyas
conclusiones y recomendaciones se presentan a continuación y se exhorta en
función preventiva para su intervención administrativa”[352].
Lo mismo cabe
para el oficio que la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda envió, con idéntico
objetivo, al Ministro de la Protección Social y a los miembros de la CRES el 15
de abril de 2011. En este, la funcionaria hizo referencia a su función
constitucional de vigilar el cumplimiento de las normas y manifestó que “en
cumplimiento de estas funciones (…) respetuosamente le requiero suspender el
tramite adelantado para la inclusión del medicamento misoprostol (…) en el Plan
Obligatorio de Salud”. Al final de la comunicación reiteró su petición en
similares términos[353].
La Sala pudo
comprobar que este infundado ejercicio de funciones por parte de las
mencionadas Procuradoras Delegadas fue lo que llevó a la CRES a suspender la
decisión de incluir el misoprostol en el POS, a pesar de que los estudios de
impacto económico, efectividad y seguridad y la consulta a la comunidad médica
y a los ciudadanos habían sido positivos[354]. Incluso es claro que,
por razones similares a las que en esta sentencia se expresan, ni el Ministro
de la Protección Social ni los miembros de la CRES compartían los argumentos de
oposición de las Procuradoras Delegadas, como se lo manifestaron a la
Procuradora Delegada Carreño Gómez en contestación a sus observaciones[355].
Sin embargo,
en la respuesta a la solicitud de pruebas que esta Sala hizo a la CRES, la
entidad manifestó que, en el curso de la sesión en la cual se debatía la
inclusión del misoprostol en el POS, el Presidente leyó el mencionado oficio
enviado por la Procuradora Delegada Hoyos Castañeda y “con fundamento en
esta comunicación, el señor Ministro de la Protección Social solicito la
suspensión de la discusión”[356]. Para
justificarlo, agregó que “está llamada a atender los requerimientos que en
ejercicio de su función preventiva le hagan los organismos de control de la
gestión pública”[357]. Es claro
entonces que, si bien la PGN no puede incluir o excluir un servicio del POS
–como manifiesta el apoderado de la PGN-, en este caso dos de sus funcionarias,
en ejercicio de sus competencias, fueron responsables directas y exclusivas de
lo sucedido con el misoprostol.
Vale aclarar
que, aunque distintas autoridades hacen referencia a la suspensión de la
decisión hasta la realización de una “Mesa de Trabajo” convocada por la
Procuradora Delegada Carreño Gómez[358], ni los demandados ni la
CRES ni el Ministerio de la Protección Social informaron que ésta se hubiera
realizado, sus resultados o la fecha en que se realizará. Así las cosas, la
Sala entiende que la decisión sobre la inclusión del misoprostol en el POS
sigue suspendida indefinidamente.
92.- La
suspensión indefinida de la decisión de incluir el misoprostol en el POS, como
consecuencia directa del inadecuado ejercicio de funciones por parte de las
Procuradoras Delegadas demandadas, vulneró el derecho al acceso a los servicios
de salud reproductiva de las peticionarias –y de las demás mujeres colombianas-.
Como se vio, según la jurisprudencia constitucional, uno de los dos grandes
contenidos de los derechos reproductivos es el acceso a los servicios de salud
reproductiva, dentro de los cuales se encuentra la IVE en aquellos casos en que
no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de 2006. Gracias a la
actuación de las Procuradoras Delegadas demandadas, una forma de realizar este
procedimiento no fue incluida en el POS y, por tanto, ni las accionantes ni las
demás mujeres en Colombia tienen acceso a ella como parte de los servicios
básicos en salud.
El hecho de
que otros métodos de IVE estén incluidos en el POS, no descarta la violación
pues, como expresó la comunidad médica en el proceso de consulta realizado por la
CRES, el misoprostol resulta menos invasivo y tiene menos efectos adversos[359].
Si los estudios de impacto económico, efectividad y seguridad y la consulta a
la comunidad médica y a los ciudadanos fueron positivos, no ve la Sala una
razón constitucionalmente válida para someter a las mujeres a un procedimiento
de IVE mas invasivo y con más efectos adversos.
Por similares
razones, se violó el derecho a la salud de las accionantes y de las demás
mujeres colombianas pues la Sala encontró que, además de la IVE, el misoprostol
tiene numerosos usos aprobados por el INVIMA relacionados con la salud
reproductiva de la mujer a los que tampoco tendrán acceso como parte de los
servicios básicos en salud, lo cual es consecuencia indirecta de la actuación
de las Procuradoras Delegadas demandadas, quienes al oponerse al uso del
misoprostol para la IVE terminaron afectando las demás indicaciones aprobadas,
tales como la maduración del cuello uterino para la histeroscopia y para la
colocación del dispositivo intrauterino, la evacuación del útero en casos de
feto muerto, la inducción del trabajo de parto con feto muerto y con feto vivo[360].
Para reparar
la violación, se ordenará a la Comisión de Regulación en Salud que levante la
suspensión de la decisión acerca de la inclusión del misoprostol en el POS y,
en consecuencia, continúe su trámite desde la etapa en la cual fue suspendido. Así
mismo, se prevendrá a las Procuradoras Delegadas María Eugenia Carreño e Ilva
Myriam Hoyos Castañeda para que se abstengan de interferir de manera infundada
en este proceso, por ejemplo, reiterando las objeciones cuya fundamentación ha
sido descartada en la presente sentencia.
93.- Para
finalizar, esta Sala considera importante remarcar que la presente providencia
surte efectos de manera inmediata, una vez cobre ejecutoria luego de su
notificación, por manera que una eventual solicitud de nulidad de la decisión
no tendrá ninguna incidencia en el cumplimiento de lo que aquí se ordene, pues
la nulidad no es un recurso contra la decisión ni tiene un efecto suspensivo
sobre la misma.
III.
DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de los términos en el presente proceso.
Segundo.- REVOCAR el fallo
proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que decidió declarar improcedente el amparo de los derechos
fundamentales de las actoras, para en su lugar CONCEDERLO por la
violación y/o amenaza de los derechos fundamentales al acceso a los servicios
de salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la
vida, a la salud física y mental, a la interrupción voluntaria del embarazo y a
la información en materia reproductiva, en la acción de tutela instaurada por Mónica
del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres en contra del Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la defensa
de  los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam
Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María
Eugenia Carreño Gómez.
Tercero ORDENAR al
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, RECTIFICAR,
en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, su comunicado de prensa de 21 de octubre de 2009, de manera personal,
pública y con despliegue y relevancia equivalente, en el sentido de explicar
que incurrió en una equivocación al referirse a las campañas ordenadas en la
sentencia T-388 de 2009 como “campañas masivas de promoción del aborto como
derecho” ya que, en realidad, éstas buscan promover que las mujeres
colombianas conozcan el contenido de sus derechos sexuales y reproductivos,
dentro de los cuales se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo en
las hipótesis despenalizadas.
Cuarto.- ORDENAR al
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, MODIFICAR, en
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, la posición oficial de la Procuraduría General de la Nación en el
sentido de que, en Colombia, la anticoncepción oral de emergencia (i) no tiene
carácter abortivo sino anticonceptivo, (ii) su uso no está restringido a las
hipótesis despenalizadas de aborto, (iii) las mujeres que hacen uso de ella
fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en
el delito de aborto y (iv) hace parte de los servicios de salud reproductiva que
las mujeres colombianas pueden libremente elegir. Tal modificación deberá
hacerse, además, (i) de forma pública y (ii) con despliegue y relevancia
equivalente a las declaraciones dadas por el Procurador General de la Nación el
7 de diciembre de 2009 al diario El Espectador.
Quinto.- ORDENAR a la
Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda ENVIAR, en las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, una
comunicación al Superintendente Nacional de Salud en la que (i) RECTIFIQUE
su oficio del 2 de marzo de 2010 en el sentido de aceptar que la
Superintendencia Nacional de Salud está obligada a remover los obstáculos para el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y (ii) REVOQUE su
solicitud de modificación de la Circular Externa 058 de 2009.
Sexto.- ORDENAR al
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, MODIFICAR,
en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, los considerandos de la Circular 029 de 2010 para (i) eliminar aquel
de acuerdo con el cual “como consecuencia de dicha decisión de suspensión
provisional y entre tanto el Consejo de Estado no resuelva de fondo la
constitucionalidad del Decreto 4444 de 2006, ninguna autoridad judicial o
administrativa puede restringir el derecho constitucional a la objeción de
conciencia (artículo 18 de la CP) cuando este se invoque en oposición a la
practica de un aborto, el cual deberá protegerse (…)” y (ii) remplazarlo
por uno en el que se describan claramente los límites que la jurisprudencia
constitucional ha fijado para la objeción de conciencia a la IVE, tal y como
fueron resumidos en el numeral 82 de la parte motiva de la presente sentencia.
En el mismo término, se deberán COMUNICAR las modificaciones de la
Circular a sus destinatarios.
Séptimo.- ORDENAR al
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ELIMINAR del
numeral 8 de la primera directriz de la Circular 021 de 2011 toda referencia al
derecho de las instituciones a objetar conciencia o la posibilidad de su
ejercicio colectivo, en lo que toca con la IVE, en las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia. En el mismo
término, se deberán COMUNICAR las modificaciones de la Circular a sus
destinatarios.
Octavo.- ORDENAR a la
Comisión de Regulación en Salud que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, LEVANTE la
suspensión de la decisión acerca de la inclusión del principio activo misoprostol
en el Plan Obligatorio de Salud y, en consecuencia, CONTINÚE su trámite
desde la etapa en la cual fue suspendido.
Noveno.- PREVENIR a las
Procuradoras Delegadas María Eugenia Carreño e Ilva Myriam Hoyos Castañeda para
que se ABSTENGAN de interferir de manera infundada en el proceso de
inclusión del misoporstol en el Plan Obligatorio de Salud, por ejemplo,
reiterando las objeciones cuya fundamentación ha sido descartada en el numeral
90 de las consideraciones de la presente sentencia.
Décimo.- DECLARAR IMPROCEDENTE,
por DAÑO CONSUMADO, la acción de tutela de la referencia en
lo que toca con las declaraciones de la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos
Castañeda a Caracol Radio y a Canal Capital, sobre la suspensión de los efectos
de la sentencia T-388 de 2009 en virtud de la solicitud de nulidad de la misma.
Undécimo.-
Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Anexo # 1
Nombre de la peticionaria
Cédula de ciudadanía
1
Mónica Del Pilar Roa López
52.417.086
2
Ariadna Tovar Ramírez
53.071.968
3
Katherine Romero Cristancho
52.790.311
4
Amalia Cuervo
42.866.394
5
Lyda Marcela Suárez
43.909.735
6
Deisy Natalia Gaviria
1.020.408.419
7
Yudy Andrea Cema Gil
93.261.300
8
Rosa Helen Mira
43.695.367
9
Lina Mondragón Pérez
1.128.269.940
10
Claudia Patricia Cadavid
39.358.743
11
Maya Alejandra Restrepo
1.020.403.370
12
Sandra Carmona Ramírez
43.726.265
13
Viviana María Meneses Benavides
43.673.120
14
Vanesa Sierra Giraldo
1.128.483.730
15
Claudia Zapata Toro
1.017.132.333
16
Gladys Ríos Rivera
43.164.563
17
Gloria Elena Acevedo
30.395.353
18
María Alejandra Villada Ríos
1.036.930.209
19
María Nelly Vásquez
43.799.874
20
Laura Catalina Sánchez López
1.026.132.910
21
Bibiana Salazar Restrepo
43.748.948
22
María Isabel Arenas
43.739.412
23
Carolina Gutiérrez
1.128.268.581
24
Doris Sánchez
42.748.983
25
Leticia Pérez
42.975.923
26
Baltasara Abadía
43.745.184
27
Yuliana Garcés Arboleda
1.017.149.510
28
Marta Lucía Escobar Peláez
32.474.661
29
Sandra Mazo
43.621.436
30
Herlinda Villareal
36.314.972
31
María Isabel Martínez
41.779.386
32
Martha Rubiano
52.765.031
33
Liliana Caicedo Terán
27.081.307
34
Eliana Riaño Vivas
1.052.384.627
35
Alejandra Hernández
1.014.190.622
36
Adriana Cabrera
39.788.720
37
Rosa Emma Carrión
51.682.300
38
Fanny Ochoa Ochoa
20.421.161
39
Zaira Sofía Méndez
39.772.584
40
Janneth Lozano B.
38.235.772
41
Ángela María Daza
1.052.393.487
42
Ana María Herrera Eslava
1.019.018.105
43
Diana Carolina Aponte
1.032.399.827
44
Lina Díaz Castro
1.032.368.385
45
Patricia Calderón
51.897.872
46
Astrid Lorena Elejalde
43.865.508
47
Ana Cecilia Calle Poveda
1.032.391.124
48
Mónica Andrea Guevara
1.032.385.696
49
Carolina Dueñas Orozco
52.500.144
50
Sonia Mesa González
46.356.898
51
Ana María Ruíz
34.550.265
52
Vanessa Morales R.
52.966.736
53
Vanessa Alejandra García
53.125.004
54
Ángela Chávez H.
36.952.229
55
Carmen Lucía Del Castillo
36.951.225
56
Mónica Echeverría B.
27.091.394
57
Dalila Lossa R.
27.090.570
58
María Cristina López G.
25.286.899
59
María Fernanda Echeverría
52.513.775
60
Ana Karina Silva G.
43.257.258
61
María Emma García
51.943.316
62
Jeny Patricia Molano
25.282.468
63
Miriam Delgado Medina
25.284.584
64
María Cristina Guevara
25.286.104
65
Eddy Johana Pasinga
3.604.805
66
Verónica Salazar
36.951.837
67
Diana Méndez
34.318.037
68
María Teresa Gaviria Echandía
43.972.689
69
Alejandra Vélez Vanegas
43.815.882
70
Marisol Molina García
43.638.289
71
Silvia Soraya González
43.741.609
72
Shirley Ciro
43.268.566
73
Teresa Aristizábal
32.323.526
74
Judith Botero E.
32.437.023
75
Diana Gutiérrez Londoño
43.096.499
76
Isabel Cristina Martínez L.
43.748.848
77
Leidy Alexandra Casas
1.017.210.270
78
Carolina Mazo
1.128.475.376
79
Maritza Cartagena
1.036.630.298
80
Marcela Escobar B.
1.128.448.822
81
Laura Cristina Jiménez Henao
1.036.639.382
82
Lida Zapata
43.186.119
83
Nubia Claudina Agudelo
1.035.833.041
84
Johanna Betancur
32.182.753
85
Sara Yaneth Fernández
52.018.950
86
Carolina Guerra Vélez
1.037.585.659
87
Maritza Lucía Vélez
42.779.269
88
Maribel Giraldo Lizcano
43.634.617
89
Betty Pedraza Lozano
37.942.481
90
Alba Rosa Marenco
32.465.231
91
Tatiana Paola Hernández Nieto
43.903.488
92
María Lucía Pérez
32.472.140
93
Silvia Pérez P.
32.527.458
94
Maritza Cangá
25.658.330
95
Olga Natalia Aljure
31.472.076
96
Marleny Arcila
31.259.236
97
Valeria Eberle
66.982.812
98
Sonia Alvear
66.851.041
99
Ana María Jaramillo
43.721.825
100
Martha P. Lozano S.
31.991.713
101
Dora Stella Muñoz V.
31.282.273
102
Patricia Gómez C.
31.860.445
103
Ligia Angulo
31.904.248
104
Martha Benavides R.
66.855.185
105
Rosayda Toro Garcés
31.409.330
106
Martha L. Londoño
30.277.124
107
Sonia Valle Graciano
43.208.269
108
Liliana María Moreno B.
43.811.041
109
Mónica Valencia Giraldo
43.575.432
110
Sandra V. Villa
43.873.779
111
Clara Inés Mazo López
42.749.228
112
Lida Cristina Posada M.
43.251.297
113
Marta Lucía Gómez G.
43.519.392
114
Maritza Ríos Álvarez
39.192.544
115
Ana María V. Ramírez
43.501.368
116
Luz Stella Ospina M.
42.867.657
117
Olga Lucía Ramírez
42.868.167
118
Gloria Lucía Sánchez
42.751.022
119
Nohelia De Betancur
21.723.668
120
Liliana Agudelo
51.803.611
121
Catalina Cruz Betancur
43.614.348
122
Gloria Avelina Gaviria
43.749.948
123
Rocío Barrientos
21.650.963
124
Elena Toro
32.300.471
125
Yolima Quintero G.
43.587.363
126
Beatriz Ortega
43.188.331
127
Noemí Botero
32.337.524
128
Sara Botero Escobar
32.342.851
129
Adriana Correa B.
42.759.910
130
Amelia Gómez
32.492.573
131
Blanca Rubiano
42.985.302
132
Sorfi Hoyos P.
43.547.864
133
Beatriz Elena S.
43.031.963
134
Lucero Sánchez Zuluaga
43.030.956
135
Adriana Osorio
63.345.025
136
Ana V. Vallejo
32.464.031
137
Claudia Patricia Restrepo Mejía
43.077.380
138
Laura Murillo Henao
32.420.598
139
Flor Inés Restrepo
39.410.181
140
Luz Adriana Correa Mazo
43.601.039
141
Yolanda García Y.
32.511.285
142
Beatriz Ruíz
32.320.691
143
Adriana Escobar
43.505.098
144
Elizabeth Moreno I.
43.271.255
145
Patricia Martínez
32.518.221
146
María Del Pilar Gómez
1.040.735.351
147
Ana Isabel  Dávila C.
43.999.082
148
Marcela Gómez
1.035.911.535
149
Maritza Muñoz Gaviria
1.037.589.645
150
María Dolly Jiménez
39.432.228
151
Juliana Noreña
39.457.730
152
Esther Botero F.
32.349.702
153
Johana Hoyos B.
43.253.418
154
Carolina Álvarez Sierra
1.037.585.330
155
Luz Amparo Vélez
1.128.414.329
156
Helmay Escobar
71.653.210
157
Helena Gómez M.
98.573.067
158
Demetria Ibarbe
26.259.895
159
Aura Castro
42.975.176
160
Flor Mila Osorio
39.400.597
161
Gloria Ortíz
43.011.275
162
Viviana Osorio C.
1.128.268.647
163
Adela Ríos Osorio
43.042.806
164
Edelmira Jandoni
32.540.433
165
Nathalia Giraldo B.
1.128.398.297
166
Elsy Godoy López
38.242.249
167
Martha L. Correa S.
32.431.321
168
Patricia Ruíz G.
43.038.702
169
Leonor Esguerra
21.304.257
170
Luisa Fernanda Rendón
43.165.486
171
Dorian Juliet Gómez
43.257.749
172
Luisa Fernanda Salazar
42.827.496
173
Adriana Del Socorro González
42.877.329
174
Nubia Stella Garcés
32.329.775
175
Gloria E. Ríos
43.430.410
176
Luz Marina Martínez
32.480.712
177
Lucía Carvajal
32.487.158
178
Lourdes Cañaveral
21.877.822
179
Alma Ocampo
42.878.419
180
Lucelly Saldarriaga
21.386.181
181
Ana Leal
32.503.144
182
Sol Beatriz Hoyos Pérez
43.010.276
183
Sandra Bastidas
43.667.813
184
Liliana Andrea S.
1.026.613.677
185
Miryam Caro Z.
42.988.361
186
Lorena Hernández
1.017.147.156
187
Yolanda Millán
43.468.294
188
Claudia Erazo
43.086.335
189
Lucrecia Ramírez
42.965.062
190
Catalina Álvarez
32.243.900
191
Astrid Urán
43.115.216
192
Norelia Ruíz
42.772.000
193
Rocío Pineda
32.448.204
194
Pilar Londoño Ríos
39.359.114
195
Daris Vercellis
43.084.373
196
Durlay E. Quintero R.
43.526.667
197
Rosmira Villa
32.469.027
198
Rosa Jaramillo Henao
32.527.114
199
Liliana Bolívar
43.667.528
200
Lorena Álvarez Ossa
43.550.071
201
Tatiana Mena
1.017.179.810
202
María Leonelia Zapata
21.673.223
203
María Cristina Gallego
42.774.266
204
María Sonia Osorio
42.727.772
205
Ana Isabel Becerra
43.162.491
206
Adriana Pérez
43.453.720
207
Marta L. Montoya
43.734.775
208
Doralba Inés Agudelo
43.549.004
209
Amparo Saldarriaga
32.411.091
210
Amparo Casadiego
63.289.494
211
Olga Maribel M.
23.895.283
212
Ruby Rengifo Henao
20.621.239
213
Gabriela Ortega M.
43.075.419
214
Elda Sorel Restrepo
43.517.400
215
Aracelly Cañaveral V.
32.533.498
216
Stella Mejía
43.507.632
217
Stella Posada R.
42.976.358
218
Luz Marleny J.
43.032.205
219
Aura Nelly Sánchez Pérez
21.360.660
220
Gilma Sánchez Pérez
32.397.023
221
Eliana Samana Sepúlveda
43.837.851
222
Mallerly Durángo
43.158.387
223
Oneida E. Vides G.
43.633.963
224
Laura Victoria Cuervo Z.
43.917.402
225
Paola Andrea Duque
43.876.891
226
Yulieth Villegas E.
43.970.063
227
Omaira López Vélez
43.097.723
228
Claudia I. Acevedo
43.529.281
229
Cristina Zapata
43.503.165
230
Fernanda García
1.027.883.042
231
Lorena Hernández
43.497.490
232
Yuliana R. Molano
1.128.455.645
233
Johana Cano I.
52.199.223
234
María Andrea Bermúdez
21.437.670
235
Yolanda Saldarriaga
42.821.397
236
Ángela Arboleda
42.881.646
237
Angélica Naranjo
32.289.560
238
Lorena Granda
43.667.680
239
Silvia M. García A.
32.540.797
240
Isabel Castro Ocampo
43.559.806
241
Liliana Hincapié
42.785.754
242
Gladys López Giraldo
21.871.381
243
Jairo Alfonso Arbeláez
70.041.707
244
Gloria Irma Jiménez
43.577.502
245
Edwin A. Múnera Parra
98.528.518
246
Luz Yolanda Raigoza V.
42.684.821
247
Viviana Jhaneth Rivas
1.017.168.134
248
Luz Mary Jiménez
32.464.379
249
María Dominga G.
43.052.986
250
María Eugenia González
32.506.408
251
Sara Denis López
24.327.093
252
Aida Arango
32.463.566
253
Blanca O. Arango Rojas
32.016.121
254
Clara Inés Ortíz Díaz
43.422.126
255
Verónica Martínez
1.035.594.250
256
Deyanira Gómez Durán
43.151.854
257
Lina María Rodas
43.109.277
258
Kelly Zuluaga
23.182.483
259
Beatriz Elena
32.529.752
260
Ruth Estela Tamayo J.
43.665.737
261
Paola Flórez Castañeda
32.356.178
262
Carol Hernández
43.114.786
263
Italia Milena Arteaga
43.600.062
264
Dilia Rodríguez
21.365.544
265
Andrea Mosada
43.631.335
266
Leidy Echeverry
43.250.992
267
Ángela María Rodríguez
43.502.115
268
Leo Del Socorro Herrera
43.741.337
269
Diana C. Molina R.
43.636.931
270
María García Serna
43.157.798
271
Zully Alejandra Cuadros
1.017.211.565
272
Luz Alba Rico
32.409.646
273
Gloria Patricia R.
43.786.963
274
Patricia Martínez
42.994.328
275
Laura Tobón Pérez
32.207.093
276
Rosa Jurizo De T.
21.250.110
277
Sonia Vásquez M.
32.335.750
278
Rosa Restrepo M.
32.496.754
279
Estefanía Castrillón Palacio
1.152.691.851
280
Isabel Marín Restrepo
43.252.824
281
Natalia Arango Ramírez
43.725.355
282
Verónica Múnera Piedrahita
1.128.416.838
283
Deisi Salazar B.
1.020.701.557
284
Leydi Cardona
1.017.146.400
285
Elizabeth García R.
42.894.191
286
Sonia Gómez
32.515.594
287
Sandra López
43.547.164
288
Clara E. Gómez
43.033.105
289
Sonelly Rivas
32.142.274
290
Sandra Liliana Luna
63.357.015
291
Ana Mendoza Díaz
45.470.109
292
Sandra V. Sáenz Sotomonte
51.760.917
293
Jenny Rodríguez
1.101.074.162
294
Natalia María Ortíz O.
39.786.447
295
Elvira Rodríguez G.
37.707.120
296
Andrea Robayo
37.935.876
297
Graciela Terraza
37.938.556
298
Aracelly Ortíz
41.579.850
299
Orfelia Badillo
37.745.134
300
Laura Inés Badillo
37.746.718
301
Daniela Tenorio Quintero
1.015.416.386
302
Alcira Ramos
59.674.595
303
María Claudia Quintero
39.682.751
304
María Alejandra Ahumada
1.020.770.380
305
María Camila Pineda Pérez
1.020.763.610
306
María Camila Gómez R.
1.020.732.536
307
María Carolina Bastidas
1.110.523.843
308
Cindy Pamela Ayala R.
1.032.446.674
309
Alejandra Carrizosa
1.136.885.008
310
María Paola Vargas
1.020.777.455
311
Lorena Nova Valenzuela
1.018.453.045
312
Luisa Fernanda Valencia
1.019.056.393
313
María Elisa Quintero
1.069.485.246
314
María Camila García M.
1.020.766.850
315
Ana María Rodríguez P.
1.098.706.274
316
Natalia Manrique
1.032.407.495
317
Manuela Mejía G.
1.110.478.814
318
Stefania Oyola M.
1.032.439.657
319
Nicolle Smith R.
1.140.857.664
320
Juliana González
1.061.759.695
321
Sarah Restrepo
1.020.771.520
322
Susana Martínez Méndez
1.125.640.918
323
María Camila Espinosa
1.065.639.273
324
Laura Torres Restrepo
1.070.920.612
325
Laura Montoya Oviedo
1.015.439.695
326
Juanita Sarmiento
1.020.771.829
327
Catalina Maz
1.018.418.507
328
Ibeth Johana Aguilar
39.813.151
329
Paola Moreno
1.032.447.493
330
Juliana Medina
1.020.762.921
331
María Acosta
1.020.752.460
332
Lina María Pino
1.020.735.164
333
María José Álvarez
C.E. 359.412
334
María Elena Pérez
42.064.835
335
Ana María Carrizosa
63.315.053
336
Victoria Eugenia Ramírez
55.150.653
337
Carolina Rodríguez H.
1.020.754.983
338
Natalia D´Achiardi
1.020.757.238
339
Trinidad Hoyos
35.456.234
340
Daniella Raanes
1.151.934.523
341
Mariana Cuéllar
1.020.760.618
342
Susana Osorio
1.044.426.157
343
Paola López B.
1.032.442.039
344
Laura González
1.032.442.776
345
Laura Pardo
1.020.765.110
346
Valeria García
1.047.429.701
347
Melissa Soto
1.019.055.554
348
Camila Parra
1.019.057.985
349
María Alejandra Cayuela
1.020.761.807
350
Mariana Prieto
1.019.058.683
351
Silvia Suárez
1.020.758.572
352
Viviana Buelvas
1.136.883.272
353
María Cristina Serna
1.020.728.253
354
Gabriela Villegas Correa
1.010.191.578
355
Natalia Cabrera
1.075.267.217
356
Natalia Morales
1.020.750.302
357
Michelle Vattín
1.140.833.891
358
María Camila Ariza
1.126.744.331
359
Laura Moreno
1.094.912.388
360
María Del Mar Roa R.
1.019.054.393
361
Thalia Blimajher
1.107.071.930
362
Juliana Plaza
1.143.846.909
363
Daniela Ramírez
1.088.284.150
364
María Guzmán
1.110.498.725
365
Gabriela Patiño
1.020.749.146
366
Juliana Castro
1.136.881.890
367
Alexia Calle
1.136.881.050
368
Ángela Zamora
1.020.758.910
369
María José Fonnoll
1.020.770.139
370
Cristina Escallón
1.020.777.130
371
Daniela Nieto Palacio
1.020.766.622
372
Paola Vargas G.
1.136.884.716
373
Irene López Toro
1.053.803.194
374
Natalia Acevedo Guerrero
1.098.680.007
375
Mayra A. Luna Gélvez
1.020.759.512
376
Laura García
1.020.740.760
377
Diana Martínez G.
1.019.054.835
378
Marcela M. Villa
1.039.452.619
379
Juliana Cubillos
1.144.028.744
380
Susana Vallejo Escobar
1.053.780.914
381
Laura Galindo Romero
1.020.763.095
382
Sara Galvis Delgado
1.020.763.266
383
María Paola Sala
1.020.732.405
384
Daniela Liévano
1.020.737.265
385
Silvia Villalba
1.032.439.002
386
Natalia Pastrana
1.032.434.507
387
Alina Rodríguez
1.019.042.373
388
Yenny Zabaleta Roa
1.010.192.330
389
María Paula Gutiérrez
1.020.727.764
390
María Valentina Silva
1.130.591.217
391
Laura Escorcia Sarmiento
1.020.738.550
392
María Camila Paredes
1.020.736.587
393
Diana Marcela Rincón
1.022.354.867
394
Catalina Pérez
1.121.847.667
395
Diana Casas
1.019.044.373
396
Nubia Mateus Zorro
51.809.204
397
Natalia Roa López
52.692.953
398
Ana Wingrand Gómez
1.020.760.407
399
Laura Arbeláez
1.136.882.256
400
Adelaida Torres Herrera
1.020.737.445
401
Silvia E. Quintero
1.049.623.288
402
Stephania Yate Cortés
1.020.757.801
403
Ángela María Montero
1.136.882.285
404
Carolina Tobar Z.
1.019.026.053
405
Lina Santos
1.136.880.912
406
Paula Gaitán
1.136.882.044
407
Cristina Pérez
1.070.919.075
408
Ana Sabina Rodríguez
1.026.261.211
409
Diana Aldana Páez
1.020.756.286
410
Natalia Mahecha Arango
1.013.605.519
411
Salome Moya
1.026.266.543
412
Katrina Moscatella Chany
1.020.747.350
413
Ana María Durán
1.020.733.763
414
María De Besout
1.020.747.114
415
Ángela Duarte
1.020.731.062
416
Camila Martelo
1.020.739.668
417
Ana Linares
1.020.727.271
418
Manuela García A.
1.032.440.944
419
Gabriela Soto
1.070.008.331
420
Marina Ayala
1.018.442.068
421
Blanca Ligia Mateus
52.805.784
422
Marcela Arévalo Ramírez
1.010.190.181
423
Francisca Reyes
52.453.036
424
Laura María Guevara
1.020.748.028
425
Claudia Milena Argote Paba
1.020.758.688
426
Gabriela Cortés Durán
1.019.077.504
427
Esther Ramos
C.E. 395.659
428
Lorena Mora
1.032.453.893
429
Natalia Orduz
53.079.886
430
Marcela Abadía
51.976.278
431
Catalina Mejía López
52.976.877
432
Laura Peña Murcia
1.020.730.102
433
María Beatriz Segura
1.020.752.564
434
Lorena Bermúdez
1.019.029.038
435
Verónica Rojas
1.019.060.597
436
Natalia Rodríguez
1.020.775.119
437
Ana María Torres Pardo
1.010.205.104
438
Valentina Sánchez M.
1.010.175.221
439
María A. Rodríguez J.
1.015.420.544
440
Danielle Rojas K.
1.022.368.920
441
María Paola Jaramillo
1.020.755.685
442
Gabriela Carrasquilla
1.020.758.343
443
Juliana Otalvaro
1.020.760.197
444
Camila Gómez Villa
1.018.445.784
445
Beatriz Botero Arcila
1.020.763.486
446
Natalia Gutiérrez Trujillo
1.020.766.315
447
Edna Bautista Hernández
1.032.433.770
448
María Alejandra Velásquez
Buritica
1.020.743.779
449
María Paola Tovar Rangel
1.136.882.258
450
Paula Rojas Fajardo
1.026.278.220
451
Verónica Pilar Cogua
53.003.870
452
Alejandra Otálora Novoa
1.020.716.766
453
Diana C. Peñaloza Castro
1.020.738.747
454
María Paula Mazuera Rodríguez
1.020.741.301
455
Xiomara Romero
1.020.754.925
456
Natalia Paucar
1.019.066.658
457
Catherine Estefan F.
1.020.777.075
458
Mariana Escallón
1.020.780.050
459
Juliana Salazar
1.020.789.326
460
María Paula Mojica
1.032.457.931
461
Laura Cristina Mejía
1.032.451.306
462
María Camila Rojas
1.125.680.242
463
Daniela Gómez
1.020.761.231
464
María Paula García
1.032.442.976
465
Ana María Gómez
1.018.437.485
466
Juanita Soto
1.020.754.584
467
Silvia María Muñoz
1.030.589.466
468
María Solano
1.020.760.860
469
Gabriela Vásquez
1.026.272.494
470
Ana María Montoya
1.017.162.172
471
María Alejandra Serrano
1.020.743.988
472
Natalia Azuero
1.020.728.845
473
Viviana Daza
1.016.010.857
474
Diana Acosta
1.014.202.245
475
Luisa Ferreira
1.033.699.579
476
Raisa Carillo
1.020.743.422
477
Adriana Cortés Pastrana
1.010.194.036
478
Mónica Mojica
1.019.084.132
479
Manuela Andrade Obregón
1.020.752.429
480
Diana Sodia Jaramillo
1.085.282.425
481
Leila De León Fajardo
1.016.052.803
482
Andrea Sarmiento Villate
1.020.733.334
483
Luz Alejandra Rodríguez
Gutiérrez
1.020.769.867
484
Vanessa Vargas Castilla
1.020.767.348
485
Camila Delgado García
1.020.746.400
486
Alejandra Díaz Gutiérrez
1.016.036.691
487
María Camila Devia
1.032.438.886
488
Laura N. Pardo Villada
1.032.442.543
489
Diana Moreno Bejarano
1.010.209.660
490
María Camila Guzmán
1.010.210.140
491
María Valentina Díaz
1.010.209.148
492
Juanita Hernández G.
1.018.415.224
493
Ivonne Andrea Díaz Toro
1.013.624.889
494
Diana Marcela Cortés
1.019.625.847
495
Eliana Medina Moreno
1.049.619.189
496
Natali Higuera Castro
1.010.184.478
497
Andrea Beltrán  Rojas
1.018.423.634
498
Sonia Cristina Venegas S.
1.049.631.608
499
Lorena Andrade
1.010.193.863
500
Viviana Andrade Tovar
1.010.193.864
501
Natalia Díaz Caicedo
1.018.436.515
502
Mauren Acevedo
52.383.437
503
Jessica Mora
1.032.451.136
504
Paula Neira B.
1.032.451.345
505
Paula Andrea Rojas
1.026.285.371
506
Yudy López Gálvez
1.026.278.168
507
Natalia Cuartas Ocampo
1.136.883.663
508
Natalia Mercedes Ramírez
1.010.198.811
509
Alejandra Moncaleano M.
1.026.567.055
510
Laura Liliana Torres Niño
1.032.428.586
511
Sindy Patricia Cogua
1.010.190.307
512
Ángela Cotte Daza
1.026.270.113
513
Mariana García M.
1.032.435.931
514
Ángela María Serrano
1.018.435.844
515
María Jaramillo
1.144.030.565
516
María Alejandra López
1.019.055.267
517
Daniela Zuluaga S.
1.045.694.348
518
Isabella Jaramillo
1.010.193.685
519
Catalina Cárdenas
1.020.735.200
520
Carolina Rodríguez
1.020.753.819
521
Daniela Escallón
1.020.757.695
522
Lilian Prieto R.
1.020.733.097
523
Angélica Fonseca Martínez
1.020.749.638
524
Laura Lucía Lugo Romero
1.018.410.283
525
Alisson Vargas F.
1.020.730.003
526
Mariana Ocampo Grau
1.020.762.874
527
Pamela Alfonso M.
1.016.008.325
528
María Daniela Rosillo
1.010.202.643
529
María Paula Martínez
1.010.209.811
530
Alejandra Espitia
1.023.925.277
531
Luisa Amado
1.026.576.474
532
María Ximena Garzón Rubio
1.019.038.616
533
Camila Sánchez Almanza
1.020.112.242
534
Clara Carolina Jiménez
1.110.502.522
535
Natalia Rodríguez  Ben
1.015.425.328
536
Angie Beltrán Báez
1.016.043.784
537
Yvonne Rocío Márquez
1.010.183.988
538
Juliana Solano
1.098.704.114
539
Johanna A. Ussa R.
1.032.447.202
540
Diana Ordóñez
1.026.568.717
541
Nohora Blanco Carrillo
1.018.403.459
542
Laura C. Chaparro R.
1.020.761.877
543
Juliana Hernández
1.010.202.164
544
Yuri González Herrera
1.013.619.359
545
Andrea Cabrera Ortega
1.126.002.469
546
María Alejandra García
1.020.768.097
547
Silvia Andrea Arzuaga
1.067.717.302
548
Diana C. Granados
53.109.033
549
María I. Orozco Tascón
45.561.840
550
Claudia Plazas M.
1.026.263.111
551
Elena Escamolla
1.047.429.227
552
María Antonia Arango
1.053.780.983
553
María Alejandra Perdomo
1.010.206.965
554
Nataly Cardona
1.013.627.724
555
Nathalia Duarte Quintana
1.032.439.561
556
Tatiana Botero Giraldo
1.032.429.476
557
Karen Giraldo
1.013.622.848
558
Ángela Rueda
1.010.181.442
559
María Jimena Uscátegui
1.107.048.163
560
Juanita Ramírez
1.010.185.017
561
María Quintero W.
1.032.437.388
562
Paola Martínez R.
1.020.739.320
563
Luisa Fernanda Maya
1.032.444.272
564
Angélica María Rodríguez
1.023.901.306
565
María Carolina Fajardo
1.020.740.066
566
Laura Orozco García
1.126.966.671
567
Francy Ospina Mora
1.013.636.998
568
Angélica María Pinilla Torres
1.020.745.229
569
Salome Domínguez Marenco
1.026.567.446
570
María Carolina Villa
1.020.748.791
571
Marcela Charry
1.020.756.548
572
Nadia A. Sánchez
1.010.182.273
573
Lady A. Soler Sánchez
1.030.552.257
574
Daniela Zambrano
1.072.665.183
575
Camila Cárdenas
1.020.756.324
576
Laura Puentes
1.015.420.956
577
Lisvet Andrea Gómez M.
1.015.425.125
578
Lina María Gómez Molano
1.032.436.223
579
Laura Cristina Hernández
1.032.428.555
580
Ana Lorena Rivera Vargas
1.020.745.964
581
Catalina Paredes Sarasty
1.085.295.218
582
Laura Lorena Disanto Rojas
1.019.055.307
583
Catalina Yepes Ramírez
1.090.438.114
584
Laura Del Pilar Moreno
1.018.456.397
585
María Paula Cárdenas
1.020.769.565
586
Lorena Medina Bohórquez
1.016.038.347
587
María Alejandra Lozano Amaya
1.018.450.056
588
María Camila Ortegón
1.020.769.341
589
Laura Viviana Jaimes Pedraza
1.026.568.835
590
Laura Marcela Parada Hernández
1.010.203.319
591
Alejandra Abondano
1.020.762.155
592
Yael Edel Nudelman
1.020.774.045
593
María Camila Bustos Herrera
1.014.236.440
594
Ana María Mendoza Escobar
1.026.276.202
595
María Virginia Guzmán
1.130.682.680
596
María Paula Martínez
1.010.185.222
597
Natalia Sicard Espinosa
1.020.762.361
598
Paula Andrea Parra
1.010.184.432
599
Luisa Fernanda Mendoza
30.233.635
600
Catherine Marulanda G.
24.344.173
601
Lorena Catalina Bisbreut
37.083.471
602
Angie Katherine Sánchez
1.032.458.203
603
Sandra Julieth Molina P.
1.033.750.209
604
María Angla Baracaldo
1.072.659.381
605
Laura Becerra
1.144.044.218
606
Andrea Cubillos
1.019.043.214
607
Eliana Bojacá
1.018.449.377
608
Marcela Useche
1.010.196.812
609
Camila De Gamboa
51.688.344
610
María Victoria Uribe
41.418.605
611
Erika Viviana Salamanca
1.121.869.659
612
Ana María Forero Ángel
52.436.477
613
Leticia Naranjo
51.898.632
614
Marcia García Parra
52.105.368
615
Martha Guaraca N.
51.901.355
616
Olga Delgado Caro
51.812.416
617
Esperanza Suárez
51.908.313
618
Carolina Ladana Duque
1.020.726.456
619
Catalina Borda
1.020.727.032
620
Marisol Baracaldo Romero
1.015.421.135
621
Ginna Paola Cubillos
1.013.595.289
622
Andrea Viviana Toledo
1.010.172.783
623
María Camila Benavides
1.020.762.141
624
Isabelita Mercado
1.010.191.612
625
Alejandra Robledo
1.053.769.346
626
Paulina Robledo
1.053.806.486
627
Natalia García Montoya
1.020.756.275
628
Daniela Ramírez
1.020.752.296
629
Daniela Ibáñez
1.010.186.899
630
Natalia Rueda
1.032.436.732
631
Laura Clara Loaiza Arias
1.094.911.767
632
María Claudia Cárdenas
1.020.745.563
633
Ángela María Velásquez Ángel
1.020.733.473
634
Manuela Buitrago
1.020.718.219
635
María Alejandra López
1.019.040.510
636
Isabel Hincapié
1.130.672.802
637
Ana María Rico
1.020.758.111
638
Mónica Mojica Luján
1.010.192.469
639
Luisa Fernanda Gutiérrez
1.136.882.574
640
Mariana De La Roche
1.019.046.980
641
Laura Amaya Cantor
1.020.752.090
642
Erika Ortíz Díaz
1.026.567.296
643
Daniela Mara
1.047.421.545
644
Ángela Ramírez
52.798.248
645
Fanny Andrea Andrade
1.026.275.615
646
Mariana Gutiérrez
1.026.560.896
647
Daniela Vélez Uribe
1.053.794.012
648
Alejandra Betancourt
1.020.741.014
649
Adriana Rodríguez Puentes
1.026.277.859
650
Isabel Aldana
1.020.758.855
651
Mónica Escobar
1.144.029.111
652
Daniela Alvear Petro
1.010.192.610
653
María Bermúdez Montoya
1.032.431.594
654
Vanessa Gutiérrez Rueda
1.020.752.535
655
Ángela Córdoba Santacruz
1.026.272.868
656
Sara Sofía Moreno Gallo
1.020.753.821
657
Susana García Gutiérrez
1.075.249.130
658
Diana Carolina Pérez
1.019.042.776
659
Laura Sofía López
1.010.186.869
660
Laura Daza Gutiérrez
1.032.437.029
661
Kelly Rodríguez
1.013.583.694
662
Diana Palacio
1.130.622.556
663
Natalia Vargas
1.020.752.343
664
Yuly Andrea Carry
1.015.425.786
665
Andrea Vargas Aragón
1.020.733.671
666
Isabella Zuluaga
1.151.934.923
667
María Fernanda Echeverry
1.020.741.639
668
Rosa Elena Bernal
51.979.848
669
Laura Catalina Fuentes
1.032.134.575
670
Karen Espitia Jiménez
1.030.600.598
671
María Gabriela Moncada
1.072.652.606
672
Sofía Jaramillo Olaya
1.130.678.764
673
María Alejandra Bravo
1.020.746.530
674
Juliana Granada Brito
1.094.920.509
675
Laura Santos
1.010.196.678
676
Catalina Barrero
1.136.882.842
677
Daniela Gómez Daza
1.065.628.879
678
Daniela Marín Hoyos
1.019.081.671
679
Diana Marcela Corzo Niño
1.018.425.971
680
Erika Liliana Rodríguez Mejía
1.019.073.175
681
Sophia Betancourt
1.020.774.981
682
María Paula García
1.032.454.757
683
Ana Isabel Mora
1.144.049.881
684
Lina Guerrero
1.010.182.510
685
Ángela María Ruíz Vargas
1.019.433.298
686
Laura Cadena Sánchez
1.020.777.231
687
Lina Gallego Montoya
1.016.018.413
688
Daniela Carvajal Rico
1.010.196.905
689
Karen De La Espriella
1.016.025.756
690
Juliana Fernández Sánchez
1.032.433.424
691
Yazmir Jara
1.010.191.813
692
Katherin Pérez León
1.015.420.469
693
Diana Sofía Ortíz
1.032.437.988
694
Andrea Castillo
1.020.760.064
695
Diana A. Parada
1.020.776.231
696
Johanna Mera Botero
1.085.255.831
697
Tatiana Dangond Aguancha
1.136.883.926
698
María Camila Forero
1.019.049.622
699
Valentina Vallejo
1.053.803.466
700
Carolina Castro González
1.151.935.393
701
Sofía Gómez Londoño
1.053.796.258
702
Karen Macias Santos
1.032.430.471
703
Natalia Gómez Peña
1.032.446.921
704
Luisa Fernanda Jiménez
1.019.037.660
705
Maritza Arbeláez
1.036.935.301
706
Diana Cristina Useche
1.016.020.899
707
Laura Ángel Jaramillo
1.151.934.607
708
Tatiana Flórez
1.110.498.530
709
Ángela V. Santamaría
1.020.770.028
710
María Alejandra Martínez
1.019.061.405
711
Ángela María Ayalde
1.114.818.693
712
Laura García Montoya
1.020.739.483
713
Giseth Vega M.
1.047.918.130
714
Laura Camacho
52.386.502
715
Laura Catalina Acero Martínez
1.032.436.865
716
María Paula Gallego
1.136.881.623
717
Gabriela Ramírez Mejía
1.032.438.233
718
María Fernanda Ghisays
1.018.433.230
719
Pamela Ferro Beltrán
1.072.655.238
720
Zena Ayoub
1.072.424.434
721
Laura Espitia Patiño
1.020.747.111
722
Natalia Montaña Mariño
1.020.759.449
723
María Paula González E.
1.032.447.950
724
Laura Eiran
1.028.726.420
725
Daniela Camargo
1.019.048.517
726
Clara Torres Malaver
1.010.205.544
727
Mariana Rojas
1.020.776.896
728
Ana María Garzón Méndez
1.026.571.743
729
Johanna Moncaleano
1.032.373.559
730
Angie Beltrán
1.015.433.844
731
María Angélica León
1.140.857.219
732
María Fernanda Cubillos
1.071.166.928
733
Vanessa Torres
1.014.208.557
734
Paula Ballesteros
1.026.269.283
735
Juanita Camargo
1.010.177.584
736
María Alejandra Vargas
1.019.080.294
737
María Paola Gómez
1.015.439.480
738
Nathalia Ponce Mateus
1.019.080.962
739
Nilsa Ortíz González
52.522.522
740
Patricia Molina Molina
51.637.535
741
Nury E. Vera
39.759.164
742
Raquel Ortega
52.154.511
743
Marcela Agudelo
52.968.133
744
Angélica Velásquez G.
1.010.182.631
745
Nataly Roncancio S.
1.010.179.994
746
Johanna Bueno G.
1.024.483.918
747
Paola Sarmiento
1.022.352.413
748
Oriana Alonso Vinasco
1.010.165.036
749
Laura Juliana Parra
1.020.750.113
750
Sara C. Hernández
52.909.815
751
Lina Viviana Morales   Pinzón
1.010.184.123
752
Gina Paola Garzón Reyes
1.015.419.820
753
Laura Sofía Gómez
1.015.423.606
754
Gina Rodríguez R.
1.016.024.724
755
Juanita M. Sarmiento
1.026.273.743
756
Margarita Marín
1.018.441.865
757
Shirley Ballesteros
1.020.761.391
758
Katerin Carolina Ruíz
1.122.783.240
759
Diana Mosquera
1.015.418.099
760
Sandra Forero
1.121.865.171
761
Natalia Ramírez
1.019.037.418
762
María Camila Díaz
1.026.562.848
763
Mónica Niño
1.010.166.192
764
Diana Parra
53.118.236
765
Gissella María Caicedo
52.528.863
766
Ángela Parra Romero
1.026.560.671
767
Diana Catalina Segura
1.015.406.303
768
Girlandrey Sandoval Acosta
1.130.589.962
769
Johanna Parra Baustista
52.690.088
770
Laura Quesada González
1.143.824.398
771
Diana Marcela Ortega
1.113.626.870
772
Marcela Velásquez Cuartas
1.130.619.186
773
Vivian Unas
66.988.368
774
Giselle Torres
1.130.595.386
775
Aura Esnelia Hurtado Arias
31.306.400
776
Diana Isabel Osuna
38.644.134
777
Astrid Carolina Alzate
1.144.035.418
778
Blanca Cecilia Zuluaga
66.927.562
779
Luz Adriana Chávez
66.928.658
780
Nathalia Muñoz
38.566.628
781
Laura Arroyave López
1.130.619.204
782
Eliana Sánchez Martínez
1.143.836.950
783
Lina Marcela  Dávila
1.143.943.650
784
Juliet Pauline Mina
1.143.939.333
785
Luz Elena Monroy
1.144.034.360
786
Erika Lorena Monsalve Polanco
1.144.135.801
787
Laura Mejía
1.143.836.298
788
Lisette Sánchez Martínez
1.130.601.669
789
Paula Andrea  Dávila
1.107.035.963
790
Alba Nubia Ocoro
31.929.126
791
Gloria Ortega
31.290.131
792
Blanca Elena Zuluaga
29.612.067
793
Lizeth Botina Castaño
1.144.145.048
794
Martha Rivas
1.144.131.237
795
Ivonne  Cáceres
38.553.390
796
Claudia Johana  Cáceres
66.988.489
797
Inés Amelia Madroñero
1.085.279.522
798
Johana Lasso Munares
29.685.096
799
Sandra Milena Morales
29.681.077
800
Luz Ángela García
1.130.641.262
801
Lorena Fernández
1.144.154.407
802
Amalia Mercedes Corredor
41.519.576
803
Yady Saavedra Urrego
1.144.028.259
804
Mónica A. Hernández
38.555.733
805
Pilar Restrepo
3.247.511
806
Mariela Guaña
34.558.817
807
Vanesa Burgos
1.143.836.251
808
Sandra Villamil
31.480.228
809
Alba Nelly Vivas
31.277.427
810
María Jimena Bonilla
66.984.553
811
Yenny Hiles
66.982.613
812
Diana C. Potes
52.697.136
813
Melisa Saavedra
1.130.593.700
814
Rita Escobar Uribe
21.066.591
815
María Eugenia Linares
31.271.482
816
María Catalina Gómez
1.130.610.344
817
Susana Matallana
39.691.139
818
Andrea Barón
29.108.987
819
Sandra E. Gómez
31.878.471
820
Norma Bermúdez
42.076.873
821
Laura Parra
1.107.034.527
822
Susana Uribe
66.979.580
823
Allison Machado
1.144.060.932
824
Estefanía Ortega
1.143.934.635
825
Lina María Murillo
1.143.829.437
826
Natalia Castro
31.578.239
827
Carolina Narváez
31.576.660
828
Nancy Graciela V.
31.289.646
829
Ana Mercedes Hernández
66.857.303
830
Nancy Hoyos
34.522.138
831
Judith González
38.558.552
832
Paola Rentería
66.784.310
833
Fernanda Muñoz
1.130.681.214
834
Olga Lucía Obando
31.837.348
835
Catalina Galeano
1.085.250.155
836
Karen Osorio Gómez
1.010.167.017
837
Diana López
38.600.101
838
Catalina Henao
1.130.599.797
839
Luisa Gómez Roa
1.144.053.202
840
Adriana García
29.118.251
841
Yuliet Tamayo
31.941.684
842
Esneda Asprilla
29.230.518
843
María Cecilia Paz Lemus
31.253.433
844
María Alicia Collazos
34.511.055
845
Noemí Valencia
29.221.927
846
Gloria Marisol Rivera
31.965.805
847
Gloria Inéslda De Mals
27.142.412
848
Carmen H. Brieges
41.303.671
849
Luz Tirado
38.641.065
850
Nelcy Olarte Ricaurte
36.159.749
851
Paola Mejía
67.010.949
852
María Teresa Moncada
67.022.088
853
Sara Trejos Viñas
31. 525.770
854
Ofelia Lozada
31.252.170
855
Aleida Montemiranda
31.212.182
856
Constancia Jiménez
66.834.144
857
Yolanda Sarmiento
40.008.571
858
Esmeralda Pereira
66.701.039
859
Amanda Trujillo
66.715.408
860
Luz Mari Jaramillo
38.852.458
861
Nancy Cabezas
66.832.642
862
Clara Inés Lozano
39.557.369
863
Nidia Emilce Londoño
2.380.895
864
Gladys Vásquez
31.910.773
865
Marleny Guerrero Gil
38.440.893
866
Lucía Escobar
29.101.227
867
Nubia Romero
29.590.486
868
Luz Stella Llanos
31.223.604
869
Clemencia Medina
29.061.489
870
Libia Llanos
31.221.839
871
Seydi Chaverra
67.040.285
872
Sara Chaverra
31.308.279
873
Ángela Osorio
38.944.276
874
Marlene Aristizábal
38.993.852
875
Sara María Garzón
38.974.700
876
María Trinidad Paz
38.985.780
877
María Isabel Arbeláez
51.825.961
878
Martha Izquierdo
31.166.396
879
Angélica María Osorio
29.116.136
880
Blanca Isabel Arana
31.872.249
881
Yesica Katherine Moreno
1.113.527.267
882
Patricia Díaz
38.857.145
883
Martha R.
66.949.359
884
Guadalupe M.
25.716.636
885
Sandra L. Betancourt
29.507.386
886
Martha Echeverri
31.871.793
887
Francia Villamarín
66.846.864
888
Martha Rico
31.868.131
889
Amanda Atehortúa
31.281.562
890
Yuri Cuéllar
67.016.704
891
María Elena Higuera
63.300.258
892
Yolanda Arango
38.978.491
893
Maricela Tinoco
29.361.956
894
Melba Lucía Mejía
29.808.310
895
Consuelo Malatesta
66.768.805
896
Karen González
1.129.577.986
897
Mónica De Los Ríos
66.839.644
898
Jessica Aguilar
1.143.845.711
899
Clarena Marín
31.923.454
900
María Soleima Anacona
25.480.801
901
Nelly Trujillo
29.970.868
902
Martha Giraldo
67.013.973
903
María Yineth Lozano
67.016.157
904
María Victoria Césped
66.970.977
905
Berenice Celeita
52.033.651
906
Carolina Céspedes
29.107.041
907
Bibiana Peñaranda
45.471.995
908
Alejandra Hernández Valencia
1.144.049.599
909
Nora L. Guevara
1.130.632.455
910
Ángela Mañanga Arroyo
1.130.662.225
911
Helena Salá Bitria
C.E. 392.506
912
Sara Bustamante
1.130.667.946
913
Sandra Piedrahita
66.848.276
914
Ana María Gómez
38.436.270
915
Luz Helena López Rodríguez
38.553.545
916
Carolina Gravenhorst
31.323.356
917
Beatriz E. Grisales
31.573.444
918
Martha Lucía Lozano
67.027.266
919
Viviana Orozco
1.130.616.356
920
Lina Durán
67.039.158
921
Mónica Giraldo
67.025.117
922
Lina Maritza Camacho
1.112.218.453
923
Luz Andrea Montoya
1.112.469.577
924
Diana Quintero
1.130.623.093
925
Tatiana Tabares Tovar
1.130.615.133
926
Alejandra Muñoz
1.130.598.860
927
Evelyn Soto Arismendi
1.130.666.222
928
Claudia González
31.952.331
929
Carolina Gómez
52.711.390
930
Jessica Suescún Díaz
1.130.622.329
931
Ana Cristina Cortés
1.130.659.760
932
Lizbeth Mejía
1.130.664.450
933
Carolina Barrera Mejía
31.575.742
934
Daniela Alban S.
1.151.947.042
935
Marcela Daza
38.602.865
936
Ana María Barrera
31.577.691
937
Luz Stella Sandoval
66.847.128
938
Luz María Zuluaga
38.943.066
939
Tatiana Caro Otero
1.130.625.043
940
Yolima Pérez
67.045.484
941
Marcela Llanos
1.130.620.395
942
Luisa María Ramírez
1.144.038.812
943
Diana M. Mendoza
31.305.680
944
Nathalie Mora Casas
29.352.530
945
Carmen Leonor Arjona
34.992.079
946
Alexandra Marín
1.143.826.970
947
Ana Mile Ruíz
1.144.025.545
948
July Viviana Vanegas
1.143.826.895
949
Katherine Manzano V.
1.020.731.681
950
Carolina Yepes
1.130.622.472
951
Laura Liliana Gálvez
1.130.603.532
952
Claudia Grisales
31.324.739
953
Jennyfer Jazmín Basti
1.144.169.499
954
Paola Muñoz
31.570.980
955
Claudia Guevara
34.565.793
956
Ingrid Torres
31.448.743
957
Milena Arciniegas
66.859.941
958
Valeria Castro
1.143.835.474
959
Katherine Cardona
1.113.521.092
960
Jennifer Mondragón
1.144.147.274
961
Gabriela Castellanos
135.047
962
Madeleine González
66.978.076
963
Jenny Posso
31.942.713
964
María E. Ibarra Melo
66.899.138
965
Alba N. Rodríguez
34.040.019
966
Susana Matallan
39.691.139
967
Lina Fernanda Morales
1.144.053.425
968
Diana Marcela Cangana
1.144.163.116
969
Fanny Lenis
1.107.058.651
970
Daniela Melo
1.144.049.408
971
Marolín Guerrero
1.112.477.478
972
Cindy Castillo Caicedo
1.130.683.389
973
Dely Viviana Gallego
1.143.841.121
974
Ana Gabriela Jaimes
1.151.939.525
975
Ingrid Vanesa Rosero España
1.144.160.756
976
Katherine Londoño
1.107.072.612
977
Lucía Aldana
1.144.051.526
978
Luz Adriana Guerrero
38.610.387
979
Ana Sofía Melo Hurtado
1.144.147.761
980
Carmen Fernández
51.578.723
981
Jennifer Paola Benavidez
1.144.054.784
982
Teresita Narváez
31.290.462
983
Tatiana Bastidas
1.107.078.107
984
Suleimy Vásquez
31.449.169
985
Rosa Inés Rivera
31.209.512
986
Sharon Parra
113.187.974
987
Stephanie Mayor
1.144.143.583
988
Tatiana Sophia Ayala
1.144.061.833
989
Ángela Patricia Bedoya
1.130.610.011
990
Carolina Bastidas
1.144.045.456
991
Cecilia Burbano
27.354.369
992
Astrid Montoya
1.144.026.841
993
Gaby Valencia
1.112.475.192
994
María Isabel Castro
1.144.051.714
995
Nathalia Domínguez
1.144.049.475
996
Carolina González
1.144.054.737
997
Ana María Zea
1.151.944.334
998
Karolina Cano Cardona
1.107.051.054
999
Jessica Velandia Velásquez
1.144.147.446
1000
Linda Solanyi Pérez
1.113.523.994
1001
Bertha Lucía Pineda
31.843.422
1002
Katherine Pérez
31.713.244
1003
Francia Elena Torres
66.908.313
1004
Edna Margarita Rojas
31.998.683
1005
Luz María Durán Varela
31.965.361
1006
Claudia Patricia Achury
31.897.829
1007
Andrea Vaca Rico
31.535.887
1008
Luz Adriana Sánchez
1.143.836.344
1009
María Fernanda Arboleda
66.819.334
1010
Andrea Ocampo
1.143.845.090
1011
Alejandra Mejía
1.130.636.734
1012
Magnolia Ramírez
1.130.670.195
1013
Elizabeth Soto
31.941.506
1014
Magdalena Martínez
31.976.045
1015
Adriana Perdomo
55.162.936
1016
Bibiana Escobar Sierra
30.232.034
1017
Diana Isabel Ayerbe
1.130.596.176
1018
Stephanie Valencia J.
1.144.126.163
1019
Claudia F. Lorza
31.937.938
1020
Carmen Elisa Lerma
31.850.603
1021
Lilia Valencia
66.862.492
1022
Daniela Gómez Varela
1.116.245.862
1023
Marcela González
1.143.829.197
1024
Margarita Morales
31.826.859
1025
Ingrid Castrillón
67.032.368
1026
Alejandra Acevedo
1.130.612.922
1027
Angélica Certuche
38.671.094
1028
Francia Bernal
24.604.341
1029
Luisa Panteves
1.130.606.303
1030
Lizeth Henao Yepes
1.143.834.521
1031
Valentina Parra
1.151.936.135
1032
Alejandra Cifuentes
1.151.944.912
1033
Laura Andrea Quintero
1.144.153.164
1034
Jessica Quiceno Henao
1.107.066.750
1035
Laura Gómez Bedoya
1.143.845.960
1036
Ivette Zuluaga Monroy
66.654.366
1037
Liza Marcela Rodríguez
1.144.170.395
1038
Mariana Quijano
1.144.036.586
1039
Diana Hernández
1.144.029.142
1040
Paola Vergez
1.143.826.317
1041
Martha Ortegón
67.008.574
1042
Juliana Vélez
1.144.043.957
1043
Vivian Mejía
31.569.188
1044
Margarita Quiñónez
38.463.236
1045
Gloria Zambrano
31.535.265
1046
Yari Eliana Navia
67.017.363
1047
Aura Mejía
1.130.610.948
1048
Magaly Portocarrero
1.130.612.336
1049
Teresa Q. Tello
31.991.641
1050
Laura Fujico Díaz
315 404 8304
1051
Yamile Angulo Vivas
31.568.207
1052
Horeysi Gamboa Viveros
1.143.833.113
1053
Claudia Lorena Rivera
1.093.214.294
1054
Diana Isabella Sánchez
1.143.829.134
1055
Stephanny Pérez Salcedo
1.143.837.784
1056
Natalia Moreno Quintero
1.144.040.865
1057
Cristhie López
1.144.033.363
1058
Melissa Andrea Peralta
1.144.034.565
1059
María Fernanda Medina
1.144.056.944
1060
Carolina Betancourt
1.150.756.675
1061
Liana Alexandra Ocampo
1.112.930.985
1062
Yanira Cárdenas
66.922.609
1063
Yamileth Velasco M.
67.010.160
1064
Marta Isabel Granados
36.541.782
1065
Isabel Cangab
1.151.935.292
1066
Diana Cely
1.143.829.179
1067
Martha Quiñónez
66.952.533
1068
Raquel Cuero
66.929.384
1069
Zorayda Lerma
66.785.304
1070
Diana M. Meneses Rosero
1.060.800.982
1071
Diana Sárate
1.130.591.335
1072
Erika Sánchez
1.144.137.289
1073
Paola Velasco
1.130.657.779
1074
Ana Milena González
66.818.495
1075
Ana Carolina Mesa
38.889.110
1076
Eybeth Vanegas
31.928.767
1077
Marisela Montilla
1.143.842.607
1078
María Isabel Herrera
1.143.849.530
1079
Verónica Medina
1.151.947.888
1080
Melissa Vidal
1.130.635.024
1081
Mayere A. España
1.144.033.331
1082
Celedonia Morales
31.407.106
1083
Vanessa Cañaveral
1.107.070.532
1084
Claudia Cruz García
1.112.103.870
1085
Nikoll Echeverri
1.406.020.343
1086
Vanessa Villalobos
1.144.039.602
1087
Nathalie Valencia
1.107.072.201
1088
Paula Alexa Jassen
1.144.041.147
1089
Diana Soto
38.644.259
1090
Marcela Revelo
1.144.047.466
1091
Jhoanna Castañeda
1.113.629.231
1092
Lina Roa López
1.118.292.496
1093
Johanna González
1.143.844.253
1094
Laura Rodríguez
1.144.044.794
1095
Juliana Valencia
1.061.709.247
1096
Diana Acosta
1.019.053.661
1097
Kelly Vanessa
93110112619
1098
María Elena Arboleda
25.281.921
1099
Laura Vengoechea Ballesteros
1.020.758.539
1100
Charlie Ruth Castro
1.057.585.744
1101
Catalina Pérez
1.121.847.667
1102
Diana Torres Durán
1.010.196.798
1103
Ana Bejarano Ricaurte
1.136.879.823
1104
Pamela Usta Yabrudy
1.010.177.778
1105
María Camila Correa Flórez
1.020.714.409
1106
Laura Matiz
1.136.881.066
1107
Renata Maya
52.253.211
1108
Betsy Perafán
52.562.386
1109
Nathalia Contreras Pardo
53.159.875
1110
Valentina Montoya
24.344.079
1111
Andrea Uribe Rincón
1.020.732.984
1112
Nidia Reyes Rey
52.485.735
1113
Mariana Castrillón
53.001.343
1114
Luisa Fernanda Mora
52.699.553
1115
Astrid Carolina Gómez
52.712.774
1116
Jenny Ordóñez
22.521.235
1117
María J. Miranda
1.017.143.168
1118
Katia Arana
52.697.316
1119
Ana María Espinal
43.977.111
1120
Karín Guerrero
1.130.625.237
1121
Johana Labuelo
1.143.829.378
1122
Carolina Mercado
1.113.518.474
1123
Mónica Bedoya
67.022.413
1124
Lucy Millán
1.116.435.733
1125
Juliana Zamora
1.144.033.717
1126
Lina Marcela Parra
1.118.287.985
1127
Olga Luz Rodríguez
38.552.931
1128
Julieth Tatiana Saavedra
1.114.813.952
1129
Gloria Inés Rosales
42.064.784
1130
Maryori Perdomo
67.021.095
1131
Lorena Bolaños
1.130.661.190
1132
Jacqueline Molina O.
1.144.040.150
1133
Beatriz Elena Córdoba
1.144.038.648
1134
Viviana Fernández
1.114.819.601
1135
Laura Isaza García
1.144.024.496
1136
Liz Nathalie Delgado
1.010.206.989
1137
Vanessa Gutiérrez
1.020.735.015
1138
Bibiana Tello Villegas
1.136.881.863
1139
Diana María Ramírez Daza
1.019.023.737
1140
Andrea Tabora Uribe
1.026.276.098
1141
Catalina Arévalo
53.177.072
1142
María Margarita Reyes
1.020.724.929
1143
Tatiana Bonilla Matiz
1.010.199.559
1144
Ángela Reyes González
1.020.769.854
1145
Daniela Calderón Vélez
1.121.883.814
1146
Natalia Jaramillo Cardona
1.020.759.614
1147
María Angélica Nieto
1.032.443.494
1148
María Camila López Peña
1.065.633.309
1149
Andrea Sala D.
1.010.201.875
1150
Daniela Romero E.
1.102.844.567
1151
Laura Arango Hernández
1.020.772.025
1152
Camila López Vigoya
1.094.931.723
1153
Ximena Ríos
1.010.198.818
1154
Natalia Martínez
1.018.447.205
1155
Condy Carolina Perdomo
1.016.027.128
1156
Laura Calderón Vélez
1.121.857.354
1157
María Alejandra Pérez
1.016.041.920
1158
Juanita Robayo Mora
1.010.197.309
1159
Mónica Bustamante D.
1.136.882.449
1160
Dana Espitia Rodríguez
1.082.924.761
1161
María Carolina Diano
1.020.748.510
1162
Daniela Barón Ladino
1.010.202.507
1163
Alexandra Palma Bonilla
1.110.519.541
1164
Luisa Fernanda González
1.030.585.759
1165
Lucía M. Díaz De Luque
1.143.338.832
1166
Juana García Osorio
1.010.181.914
1167
Ivonne Rodríguez Mora
1.026.276.097
1168
Valeria Niño Blanco
1.018.447.671
1169
Tania Benilla Matiz
1.010.199.560
1170
Janeth Matiz
51.609.164
1171
Diana Fresneda
1.015.424.226
1172
Duren Muelas
1.010.204.125
1173
María Camila Martínez
1.018.456.854
1174
María Alejandra Salazar
1.110.513.003
1175
Paula Jiménez
1.020.755.057
1176
Isabella Ariza
1.010.204.379
1177
Federica Del Llano Toro
1.143.838.657
1178
Ana María Polanco
1.088.297.438
1179
Natalia Zuleta
1.020.164.009
1180
María Romero
1.020.759.587
1181
Jenny Tatiana Osorio Valencia
1.130.623.735
1182
Katherine A. Barrios Rojas
1.019.061.307
1183
María Mónica Alvarado García
1.020.760.415
1184
Mabel Carmona Lozano
1.020.762.196
1185
Marcela Fonseca
1.018.438.021
1186
Helena Durán
1.032.422.656
1187
Ana María Garcés
1.020.736.890
1188
María Lorena Flórez Rojas
1.026.269.196
1189
María Tatiana Mejía Rojas
1.121.857.540
1190
Alejandra Rojas
1.020.748.868
1191
Carolina Araujo
1.015.409.810
1192
Paula Diago
1.020.749.662
1193
Cristina Mejía
1.130.674.245
1194
Lucía Murgueitio
1.020.772.206
1195
Rossana Galeano
1.068.428.242
1196
Mónica Barrera
1.032.425.755
1197
Stephanie Flechas
1.020.760.778
1198
Magdalena Cubides
1.000.713.648
1199
María Valentina Cabal
1.020.740.633
1200
Luz Mila Lancheros Carvajal
1.032.430.410
1201
Natalia Téllez Hernández
1.014.237.542
1202
Cristina Varón
1.020.771.816
1203
Elisa García
1.020.780.229
1204
Simona Gallego Llano
1.020.783.458
1205
Daniela Camargo
1.014.245.513
1206
Shirley Vargas
1.020.783.721
1207
Liliana Escobar
1.020.750.757
1208
Lina Cala
1.019.071.212
1209
María Paula Patarroyo
1.018.456.324
1210
Cindy Paola Álvarez
1.010.206.761
1211
María Mónica Morales
1.020.757.563
1212
Vanessa Gutiérrez
1.020.735.015
1213
Elsy Martínez Barragán
1.080.014.090.
1214
Yuris Luna
1.120.534.587
1215
Lucy Rodríguez
1.045.699.660
1216
Naura Pedrozo
1.045.702.230
1217
Yordanys Hernández
1.007.957.091
1218
Yulis Aminta Romero
1.046.692.588
1219
Marcelina Pineda Romero
1.129.527.436
1220
Yenis Berrio
1.139.614.204
1221
Faisulis Arias
1.050.483.077
1222
María Mejía Charris
55.228.630
1223
Zully Corrales Suárez
1.143.438.089
1224
Sandra Molina Flórez
1.007.175.854
1225
Karina Montero Franco
1.042.434.807
1226
Yornis P. Cuartas C.
55.224.351
1227
Sandra Hernández Terán
1.143.427.360
1228
Marilina Ospina Paolo
1.047.218.287
1229
Lisbeth De La Rosa Lobo
1.045.686.031
1230
Mileydis Corrales Vélez
1.001.817.521
1231
María Edith Betancur
22.397.098
1232
Zumith Cantillo
1.047.337.932
1233
Yamelis Mejía Chávez
22.492.413
1234
Yamile Pardo E.
44.154.995
1235
Natalia Martínez
1.045.698.267
1236
Sandra Gallego
1.129.503.013
1237
María Marín O.
32.799.808
1238
Martha Luz Rodríguez
32.606.531
1239
Maryuris Rivera Miranda
1.045.675.212
1240
Kelly Saldarriaga
45.557.834
1241
Mirley Pedroza
44.206.196
1242
Mariana Pardo
32.630.965
1243
Jacqueline Henríquez
32.646.425
1244
Martha Riaño
22.395.334
1245
Merlis Rivera
1.129.537.001
1246
Bedzabeth Quintero
1.129.513.671
1247
Julieth Mar.
22.531.459
1248
María Luz Hernández T.
55.727.852
1249
Cecilia Rada F.
32.786.947
1250
Marina Trocha
32.608.985
1251
Oliva Sánchez
43.487.978
1252
Luz Mary Pérez
32.771.756
1253
Elizabeth Cantillo
32.885.523
1254
Milis Pacheco
55.237.003
1255
Melba Villar Grueso
1.129.533.257
1256
Martha De Alba
22.616.867
1257
Flor De Alba
32.863.872
1258
Diana Rivera
32.565.553
1259
Catalina Ruíz Navarro
22.732.917
1260
Carolina Barrera
52.690.430
1261
Daniela León
1.020.746.653
1262
María Luisa Vela
52.696.976
1263
Maritza Reyes
52.716.649
1264
Diana Cifuentes G.
52.863.510
1265
Angélica Padilla
22.584.636
1266
Martha Susana Jaimes
63.451.956
1267
Ángela Gómez
1.019.081.467
1268
Stephanie Cruz Ribón
1.020.736.116
1269
Verónica Rivera Serna
1.018.425.933
1270
Adriana Aldana G.
1.104.742.491
1271
Claudia Nazzal
C. E. 400.593
1272
Gabriela López Díaz
C. E. 289.039
1273
Daniela Randazzo
1.072.651.419
1274
Carolina Rodríguez C.
1.026.278.595
1275
Ángela Salinas
1.019.035.716
1276
Ivonne Marcela Olarte
1.018.444.214
1277
María Isabel Angulo
51.595.600
1278
Ángela Sampayo M.
1.098.698.781
1279
Karín Lombana
1.018.414.958
1280
María José Isaza
1.020.766.225
Las personas que continuación se
referencian fueron excluidas del listado de accionantes por las razones que
enseguida se explican:
1. En el escrito de tutela las
accionantes manifiestan que son un grupo de 1292 mujeres a quienes se les están
vulnerado sus derechos fundamentales, es por esto que  fueron excluidos los señores:
·
Prospero Martínez
·
Esneyder Rivera
2. Por no presentar nombres
completos fueron excluidas las señoras:
·
Ana C. Fdz
·
Dioselina R
3. Por no proporcionar número de
cédula fueron excluidas las señoras:
·
Yuli Artunduaga
·
Liseth Paola Tenorio
·
Ana Maria Lopez
·
Yolima Deico
·
Carol Montenegro
·
Daniela A. Lozada Fernandez
·
Shirley Vasquez Pinzon
·
Anexo 2
Nombre
Cedula de
ciudadanía
1
Fabio Andrés Geovo
1026276796
2
Juan  Carlos Sarmiento
1020772485
3
John Carlos A
1020755094
4
Johan Beltrán Nieto
1032452060
5
Helverth Rodríguez
1032436104
6
Luis Adrián Casas
1014215437
7
Luis Felipe Pacheco
1026271379
8
Juan David Cano
1026563252
9
Diego Fernando Bautista
1022958542
10
Olav Guerrero Sánchez
1022355488
11
Paúl Fernando Camargo
1032453219
12
Iván Duque Aldana
1032416162
13
Rafael Martínez
1032459428
14
Jhon Sosa
102959832
15
Sebastián Otálora
1014205103
16
Miguel Cardozo
1030561711
17
David Guecha
1032436373
18
Fabio Restrepo
80097128
19
Javier Cantor
80057321
20
Rafael Cely Bonilla
1118535714
21
Leonardo Quiroga
91479477
22
Oscar Rodríguez
7729175
23
Henry Beltrán Martínez
80820437
24
José María Domínguez
79746831
25
Rodolfo Chacón Martínez
80030941
26
Boris Antonio Pérez
80760882
27
David Felipe Díaz
1032455526
28
Héctor Rodríguez
1023920144
29
Andrés Andrade
1024530655
30
Camilo Linares
1018434076
31
Ronald Cuello Gómez
80880165
32
Sergio Capador
80822222
33
Alexander Utavo
79613498
34
Harold Hurtado
1033738131
35
Andrés Fonseca
80859070
36
Héctor Romero
79334561
37
Duván Gutiérrez
80812098
38
Wilson Sánchez
79887858
39
Andrés Felipe Ramos
1030625256
40
Juan Carlos Vargas
1026267739
41
Jorge Rivas Pinzón
80192018
42
Cesar Valdés
91524381
43
German Vanegas
1020750419
44
Diego Díaz
80804080
45
Snyder Moreno
1024522114
46
Edisson Montero
1030530555
47
Juan Polo Cortes
105420542
48
Camilo Andrés Orozco Londoño
1018424472
49
Fabián Camilo López Rodríguez
1019043192
50
Carlos Andrés Velosa
1055710298
51
Alexander Costo
80737192
52
Juan Camilo Torres
1020724798
53
Pablo Mejía Trujillo
1026280534
54
Andrés Gutiérrez Moreno
1019040573
55
Sergio Álvarez
13860867
56
Sebastián Trujillo
1020732853
57
Juan Tusso Gómez
1032394231
58
Pablo Fernando Silva Saray
1032435750
59
Ericsson Castro
80850533
60
Esteban Rincón
1070957042
61
Felipe Montoya Castro
80167698
62
Juan Pablo Jinueza
80100616
63
Luis Alberto Mejía
1130664172
64
Luis Guillermo Huertas
80818155
65
Guillermo Argáez
1015412613
66
Jerónimo Delgado
19981029
67
Juan Quiñonez
94545068
68
Carlos Borráez
80195173
69
Santiago Pardo Rodríguez
80815065
70
Carlos Villarraga
80469391
71
Bernardo Medina
4319098
72
Farith Martínez
1032395300
73
Cesar Rincón
79264817
74
Elberth Calderon
80092223
75
Lucas Montoya Burgos
1020723357
76
Carlos Andrés Baquero
1020740935
77
Sergio Vásquez Guzmán
1018427760
78
Santiago Rojas Molina
1020751410
79
Nicolás Gómez Alarcón
1010196810
80
Daniel Cardona Arada
1015415534
81
Eric Stiven Sánchez
1015428025
82
Lucas Correa
8127512
Anexo 3
Nombre
Cedula de
ciudadanía
1
Jorge Andrés Bravo
1020751132
2
Juan José Chalela
1020736063
3
Francesca Fichera
1026264403
4
Alejandra Garzón
1019054512
5
Juan Pablo Vargas
1018421745
6
Sandra Fernanda López
1130615215
7
Jhon Álvaro Clavijo
1032431211
8
Margarita Fontecha
1010186283
9
Juan Sebastian Barón
1020748073
10
Omar Andrés Vásquez
1018451909
11
Rodrigo Sandoval Araujo
1019016615
12
Sandra Díaz Granados
1020738322
13
Dora Montero
52051856
14
Martha Maya
35198965
15
Manuela Rincón
35196206
16
Margarita Martínez
39783839
Del listado fueron excluidas las
siguientes personas por no presentar firmas en documento original:
Fabiola Calvo
Jineth Bedoya
Vanessa Alexandra Ordoñez Leyton
Yesid Alberto Fernández Forero
[1] En el anexo 1 se encuentra el listado completo de nombres y números
de cédula.
[2] Folio 1, cuaderno original 1.
[3] Folio 2, cuaderno original 1.
[4] Folio 1, cuaderno original 1.
[5] Folio 2, cuaderno original 1.
[6] En el folio 98, cuaderno original 1 se encuentra copia del comunicado.
[7] Folio 2, cuaderno original 1.
[8] Folio 99, cuaderno original 1. Disponible en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=907681
[9] Folio 100, cuaderno original 1. Disponible en http://www.elespectador.com/articulo171826-denuncian-negligencia-medica-practicar-aborto
[10] Folio 95, cuaderno original 1. Disponible en http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_685.html
[11] Folio 3, cuaderno original 1.
[12] Folio 96, cuaderno original 1. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo176203-pildora-del-dia-despues-abortiva-procurador-general
[13]Folios 92-94, cuaderno original 1. Disponible http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/index.html
[14] Folio 3, cuaderno original 1.
[15] Copia de la carta se encuentra en los folios 102-105, cuaderno
original 1.
[16] Folio 4, cuaderno original 1.
[17] Folios 4 y 5, cuaderno original 1.
[18] Página 151 del informe disponible en el folio 121, cuaderno original
1.
[19] Folio 5, cuaderno original 1.
[20] Copia de la circular se encuentra en los folios 106 y siguientes,
cuaderno original 1.
[21] Copia de la circular se encuentra en el folio 146, cuaderno original
1.
[22] Folio 6, cuaderno original 1.
[23] CRC/C/COL/CO/3, Observaciones finales al tercer informe
periódico presentado por Colombia, 8 de junio de 2006, párrafo 3. Disponible en
los folios 122-123, cuaderno original 1.
[24] CCPR/C/COL/CO/6, Observaciones finales al sexto informe
periódico presentado por Colombia, 4 de agosto de 2010, párrafo 19. Disponible
en los folios 124 a 126, cuaderno original 1.
[25] Folio 6, cuaderno original 1.
[26] Folio 6, cuaderno original 1.
[27] Comunicado disponible en los folios 129 a 132, cuaderno original 1.
[28] Folio 6, cuaderno original 1. Declaraciones disponibles en:
http://www.ncn.com.ar/notas/11860-­‐para-­‐la-­‐oea-­‐el-­‐aborto-­‐no-­‐es-­‐contrario-­‐a-­‐los-­‐derechos-­‐humanos.html.
Obra copia de la nota periodística a folios 127 y 128, cuaderno original 1.
[29] Folio 6, cuaderno original 1. Copia de la circular se encuentra
a folio 149, cuaderno original 1.
[30] Folio 6, cuaderno original 1.
[31] Folio 152, cuaderno original 1.
[32] Disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf
[33] Folios 154 y 155, cuaderno original 1. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_10.11_spa.pdf
[34] Folio 7, cuaderno original 1.
[35] El acta obra en los folios 156 y 157, cuaderno original 1.
[36] Folio 7, cuaderno original 1.
[37] Folios 7 y 8, cuaderno original 1.
[38] Comunicación disponible en los folio159 a 165, cuaderno
original 1.
[39] Folios 36, cuaderno original 1.
[40] Folio 9, cuaderno original 1.
[41] Folio 23, cuaderno original 1.
[42] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano”, 2010, párr. 5.  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
[43] Folio 12, cuaderno original 1.
[44] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano”, 2010, párr. 33.  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
[45] Folio 13, cuaderno original 1.
[46] Folio 14, cuaderno original 1.
[47] Folio 18, cuaderno original 1.
[48] Folios 18 y 19, cuaderno original 1.
[49] Párr. 13, 18, 28 y 31.
[50] Observación General No. 4, Párr. 39
[51] Párr. 50.
[52] Folio 19, cuaderno original 1.
[53] “Acceso a servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos
Humanos”, 7 junio 2010, párr. 20 y 33. Disponible en: http://cidh.org/women/SaludMaterna10Sp/SaludMaternaINDICE.htm
[54] Folios 19 y 20, cuaderno original 1.
[55] Folio 20, cuaderno original 1.
[56] Folio 10, cuaderno original 1.
[57] Folios 10 y 11, cuaderno original 1.
[58] Folio 11, cuaderno original 1.
[59] Folio 15, cuaderno original 1.
[60] Folio 14, cuaderno original 1.
[61] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano”, 2010, párr. 5.  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
[62] Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo) vs Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 131. Caso
Ríos y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 139.
[63] Folio 17, cuaderno original 1.
[64] Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009,
párr. 145; Caso Perozo y otros Vs Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009,
párr. 157.
[65] Folio 18, cuaderno original 1.
[66] Folio 16, cuaderno original 1.
[67] Folios 16 y 17, cuaderno original 1.
[68] Folio 16, cuaderno original 1.
[69] Folio 34, cuaderno original 1.
[70] Folio 23, cuaderno original 1.
[71] Folios 33 y 34, cuaderno original 1.
[72] Folio 37, cuaderno original 1.
[73] Folio 23, cuaderno original 1.
[74] Folio 20, cuaderno original 1.
[75] Folio 21, cuaderno original 1.
[76] Folio 33, cuaderno original 1.
[77] Folio 23, cuaderno original 1.
[78] Folio 33, cuaderno original 1.
[79] Folio 23, cuaderno original 1.
[80] Folio 33, cuaderno original 1.
[81] Folio 22, cuaderno original 1.
[82] Folio 23, cuaderno original 1.
[83] Folios 24 y 25, cuaderno original 1.
[84] Folio 25, cuaderno original 1.
[85] Folio 26, cuaderno original 1.
[86] Folio 27, cuaderno original 1.
[87] Folios 27 y 28, cuaderno original 1.
[88] Folio 28, cuaderno original 1.
[89] Folios 28 y 29, cuaderno original 1.
[90] Folio 29, cuaderno original 1.
[91] Folio 30, cuaderno original 1.
[92] Folio 32, cuaderno original 1.
[93] Folio 38, cuaderno original 1.
[94] Folios 34 y 35, cuaderno original 1.
[95] Folio 220, cuaderno original 1.
[96] Folio 240, cuaderno original 1.
[97] Folio 241, cuaderno original 1.
[98] Folio 242, cuaderno original 1.
[99] Folio 243, cuaderno original 1.
[100] Folios 246-247, cuaderno original 1.
[101] Folios 247-248, cuaderno original 1.
[102] Folios 248 y 249, cuaderno original 1.
[103] Folios 249 y 250, cuaderno original 1.
[104] Folio 251, cuaderno original 1.
[105] Folios 250 y 251, cuaderno original 1.
[106] Folio 252, cuaderno original 1.
[107] Folio 253, cuaderno original 1.
[108] Folios 253 y 254, cuaderno original 1.
[109] Folio 254, cuaderno original 1.
[110] Folios 256-257, cuaderno original 1.
[111] Folios 258 y 259, cuaderno original 1.
[112] Folios 259 y 260, cuaderno original 1.
[113] Folio 260, cuaderno original 1.
[114] Folio 2, anexo 1.
[115] Folios 3 y 4, anexo 1.
[116] Folio 4, anexo 1.
[117] Folio 5, anexo 1.
[118] Folio 8, anexo 1.
[119] Folio 10, anexo 1.
[120] Folios 7 y 8, anexo 1.
[121] Folio 4, anexo 1.
[122] Folios 8 y 9, anexo 1.
[123] Folio 10, anexo 1.
[124] Obra la Circular en los folios 44 y siguientes, anexo 1.
[125] Folio 40, anexo 1.
[126] Folio 41, anexo 1.
[127] Folio 42, anexo 1.
[128] Folio 11, anexo 1.
[129] Folios 89 y 90, anexo 1.
[130] Folio 14, anexo 1.
[131] Folio 15, anexo 1.
[132] Folio 11, anexo 1.
[133] Folio 12, anexo 1.
[134] Folio 13, anexo 1.
[135] Folios 161-162, anexo 1.
[136] Folios 43 y ss, anexo 2.
[137] Folios 25 y 26, anexo 2.
[138] Folios 159-160, anexo 1.
[139] Folio 11, anexo 1.
[140] Folios 154-156, anexo 1.
[141] Folio 14, anexo 1.
[142] Folio 16, anexo 1.
[143] Folios 17 y 18, anexo 1.
[144] Folios 18-21, anexo 1.
[145] Folios 21-23, anexo 1.
[146] Folios 2225, anexo 1.
[147] Folio 25, anexo 1.
[148] Folio 26, anexo 1.
[149] Adjunta las actas 20 de 2007 y 29 de 2010 de la Comisión Revisora, Sala Especializada de medicamentos y productos biológicos, del INVIMA en
los folios 164-169, anexo 1.
[150] Folios 26 y 27, anexo 1.
[151] Folio 27, anexo 1.
[152] Folios 206-214, anexo 1
[153] Folios 225-231, anexo 1.
[154] Folio 27, cuaderno original 2.
[155] Folios 54 y ss, anexo 2.
[156] Folio 2, cuaderno original 2.
[157] Folio 12, cuaderno original 2.
[158] Folio 17, cuaderno original 2.
[159] Folio 29, cuaderno original 2.
[160] Folios 30-36, cuaderno original 2.
[161] Folio 40, cuaderno original 2.
[162] Folio 41, cuaderno original 2.
[163] Folio 43, cuaderno original 2.
[164] Folios 156 y 157, cuaderno original 2.
[165] Folios 126 y 127, cuaderno original 2.
[166] Folio 127, cuaderno original 2.
[167] Folios 127 y 128, cuaderno original 2.
[168] Folios 128, cuaderno original 2.
[169] Folio 129, cuaderno original 2.
[170] Folios 128, cuaderno original 2.
[171] Folio 129, cuaderno original 2.
[172] Folio 173, cuaderno original 2.
[173] Folio 174, cuaderno original 2.
[174] Folio 100, cuaderno original 3.
[175] Folio 103, cuaderno original 3.
[176] Folios 104-108, cuaderno original 3.
[177] Folio 109, cuaderno original 3.
[178] Folio 247, cuaderno principal.
[179] Folio 253, cuaderno principal.
[180] Folio 254, cuaderno principal.
[181] Folio 255, cuaderno principal.
[182] Folio 256, cuaderno principal.
[183] Folio 275, cuaderno principal.
[184] Se encuentra en los folios 274 a 278, cuaderno principal.
[185] Se encuentra en los folios 272 a 273, cuaderno principal.
[186] Folio 258, cuaderno principal.
[187] Folio 259, cuaderno principal.
[188] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/acta322009_medicamentos.pdf
[189] Folio 315, cuaderno principal.
[190] Folio 316, cuaderno principal.
[191] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/SALAS%20ESPECIALIZADAS/ACTA%20No%2013%20DE%202010.pdf
[192] Folio 323, cuaderno principal.
[193] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/SALAS%20ESPECIALIZADAS/ACTA%20No%2013%20DE%202010.pdf
[194] Folio 319, cuaderno principal.
[195] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/acta18_2008_medicamentos.pdf
[196] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/SALAS%20ESPECIALIZADAS/2011_biologicos/ACTA%20No%2038%20DE%202011.pdf
[197] Folio 331, cuaderno principal.
[198] Folio 332, cuaderno principal.
[199] Folio 337, cuaderno principal.
[200] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/SALAS%20ESPECIALIZADAS/ACTA%20No%2013%20DE%202010.pdf
[201] Folio 338, cuaderno principal.
[202] Folio 339, cuaderno principal.
[203] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/acta18_2008_medicamentos.pdf
[204] Folio 345, cuaderno principal.
[205] Folio 346, cuaderno principal.
[206] http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/acta322009_medicamentos.pdf
[207] Folio 309, cuaderno principal.
[208] Folio 311, cuaderno principal.
[209] Folios 21 y ss, cuaderno principal.
[210] Folios 36 y ss, cuaderno principal.
[211] Folios 139 y ss, cuaderno principal.
[212] Sus nombres y números de cédula se encuentran en el anexo 2.
[213] Folios 183 y ss, cuaderno principal.
[214] La lista de sus nombres y números de cédula se encuentra en el anexo
3.
[215] Folios 193 y ss, cuaderno principal.
[216] Folios 207 y ss, cuaderno principal.
[217] Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/la-orocuraduria-mintio-para-evitar-inclusi
on-de-abortivo-en-el-pos-23123
[218] Disponible en: http://www.semana.com/nacion/ataque/138930-3.aspx.
[219] http://www.rcnradio.com/node/91796
[220] Sentencia C-350 de 1997. En similar sentido las sentencias SU-1723 de
2000 y T-263 de 2010.
[221] En este sentido sentencia T-580 de 2010.
[222] Sentencia C-872 de 2003. En el mismo sentido las sentencias T-074 de
1995, T-473 de 1992, T-414 de 2010 y T-487 de 2011.
[223] Sentencia C-1172 de 2001.
[224] Sentencia T-552 de 1995.
[225] Sentencia SU1723 de 2000. En el mismo sentido la sentencia
T-235A de 2002.
[226] Sentencia T-626 de 2007.
[227] Sentencia C-350 de 1997. En similar sentido las sentencias T-552 de
1995, C-073 de 1996 y T-921 de 2002.
[228] Ver sentencias T-263 de 2010 y T-626 de 2007.
[229] Sentencias T-626 de 2007.
[230] Sentencias T-263 de 2010 y C-350 de 1997.
[231] Sentencia T-332 de 1993. En el mismo sentido las sentencias T-074 de
1995, C-552 de 1995, SU-1723 de 2000, T-634 de 2001, C-1172 de 2001, T-235A de 2002,
T-921 de 2002, T-626 de 2007 y T-263 de 2010.
[232] Sentencia T-552 de 1995.
[233] Sentencia T-332 de 1993 y SU-1723 de 2000.
[234] Sentencia T-263 de 2010.
[235] Sentencia T-074 de 1995.
[236] Sentencia T-634 de 2001. En similar sentido las sentencias C-1172 de
2001 y T-235A de 2002.
[237] Sentencia T-263 de 2010. En similar sentido, la, C-1172 de 2001 y
T-235A de 2002.
[238] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.
[239] Ibídem.
[240] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho de acceso a la información en el
marco jurídico interamericano”, 2010.
[241] Folio 27, cuaderno original 2.
[242] Ver el artículo 277 de la Constitución que enumera las funciones del Procurador General de la Nación y que se encuentra dentro del Título X relativo a los
organismos de control.
[243] En ese sentido el auto 085A de 2011.
[244] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009.
Serie C No. 195.
[245] Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No.
194.
[246] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009.
Serie C No. 195 y Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No.
194.
[247] Ibídem.
[248] Sentencia T-1191 de 2004.
[249] Sentencia T-263 de 2010.
[250] Folio 2, cuaderno original 1.
[251] En este sentido, las sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006,
T-692 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007,
T-825 de 2007,  T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009,  T-299 de 2009,
T-265 de 2009,  T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010,  entre muchas
otras.
[252] Reiterada en numerosas oportunidades por las distintas Salas de
Revisión de esta Corte, entre ellas las sentencias T-016 de 2006,  T-158 de
2006,  T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006,  T-1084 de
2006,  T-593 de 2007, T-594 de 2008,  T-265 de 2009 y T-328 de 2010.
[253] En este sentido las sentencias SU-961 de 1999, T-016 de 2006,  T-158
de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-1084 de 2006, T-594 de 2008,  T-265 de
2009, T-328 de 2010,  entre otras.
[254] En este sentido las sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de
2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-593
de 2007, T-792 de 2007, T-825 de 2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-884 de
2008,  T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,  entre
otras.
[255] En este sentido las sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de
2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-593 de
2007, T-792 de 2007, T-189 de 2009, T-265 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de
2009, T-328 de 2010, T-1028 de 2010, entre otras.
[256] Folio 2, cuaderno original 1.
[257] Folio 37, cuaderno original 1.
[258] Sentencia T-732 de 2009. En el mismo sentido las sentencias T-585 de
2010 y T-841 de 2011.
[259] Folio 127, cuaderno original 2.
[260] El artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer obliga a los Estados Partes a tomar todas
las medidas apropiadas para: “a) Modificar los patrones socioculturales
de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar
que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres
y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración
primordial en todos los casos”. Por su lado, el artículo 16 de la misma,
obliga a los estado partes a adoptar “todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (…) d) Los mismos derechos
y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial (subrayado fuera
de texto).
[261] “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
[262] “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de
asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos
derechos, en particular: (…) 2. A fin de impedir la discriminación contra la
mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a)
Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado
civil (…)”.
[263] CIDH. “Capítulo VII Los Derechos de la Mujer” en   Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, junio,
2000, párr. 26. En el mismo sentido, Comité CEDAW. Recomendación General Nº
19: La violencia contra la mujer,  1992, párr. 22; Comité CEDAW. Recomendación
General Nº 21 La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, 1994,
párr. 22; Comité CEDAW. Recomendación General Nº 24 La mujer y la salud, 1999,
párr. 22; Comité De Derechos Humanos. “Observación General Nº 19” en Naciones Unidas, Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales
Adoptadas por Órganos Creados en Virtud de Tratados de Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev.7,
12 de mayo de 2004; e Informe de la Relatora Especial sobre discriminación contra la mujer, sus causas y consecuencias. Políticas
y prácticas que repercuten en la salud reproductiva de la mujer y contribuyen a
la violencia contra la mujer, la causan o la constituyen, 1999, párr. 52.
[264] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil,
1997, párr. 14
[265] Esta Corte ha rechazo sistemáticamente esta práctica. Ver, entre
otras, las sentencias T-1002 de 1999, T-472 de 2002, T-873 de 2005 y T-071 de
2007, entre otras. Así mismo, Comité CEDAW. Recomendación General Nº 24 La
mujer y la salud, 1999, párr. 22
[266] Comité CEDAW. Recomendación General Nº 21 La igualdad en el
matrimonio y en las relaciones familiares, 1994, párr. 22.
[267] Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 28. igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, 29/3/2000, párr. 20.
[268] Párrafo 1.
[269] Párrafo 11.
[270] Párrafo 31.
[271] Párrafo 34.
[272] Párrafo 22.
[273] Párrafo 35.
[274] “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres: (…)
h) Acceso al material informativo específico que
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la
información y el asesoramiento sobre planificación de la familia” (subrayado fuera de texto).
[275] “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia” (subrayado fuera de texto).
[276] Párrafo 14.
[277] Párrafo 34.
[278] Nota 12.
[279] Sentencias T-585 de 2010 y T-841 de 2011.
[280] Párrafo 31.
[281] Al respecto, ver CIDH, “Acceso A Servicios De Salud Materna Desde Una
Perspectiva De Derechos Humanos”, 7 junio 2010.
[282] Párrafo 14. En el mismo sentido la nota 12.
[283] En la sentencia T-605 de 2007, esta Corte protegió el derecho a la
salud de una mujer y ordenó a una EPS practicarle una “cirugía
desobstructiva de las Trompas de Falopio y retiro de adherencias del óvulo
izquierdo”, excluida del Plan Obligatorio de Salud, para poner fin a una
enfermedad que le impedía procrear.  Así mismo, en la sentencia T-636 de 2007,
con el mismo argumento, se ordenó a una EPS practicar a una mujer un examen de
diagnostico denominado “cariotipo materno” con el objetivo de determinar
la causa de sus constantes abortos espontáneos.
[284] Párrafo 16.
[285] Párrafo 11.
[286] Sentencia C-355 de 2006. Reiterada por las sentencias T-605 de 2007 y
T-636 de 2007.
[287] Como en efecto se ha hecho en las sentencias T-209 de 2008, T-946 de
2008, T-009 de 2009, T-388 de 2009, T-585 de 2010 y T-841 de 2011.
[288] Para un recuento de los argumentos usados en la sentencia C-355 de
2006, ver la sentencia T-585 de 2010.
[289] Aparte número 7 sobre los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución Política Colombiana y en el derecho internacional.
[290] En este sentido la sentencia T-988 de 2007.
[291] 22 de noviembre de 2011.
[292] Párrafo 4. Refiriéndose al Informe No. 21/07, Petición 161/02,
Solución Amistosa, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto (México), 9 de marzo de
2007.
[293] Párrafo 1.
[294] En el mismo sentido, CIDH, “El acceso a la
información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”,
Párrafo 39.
[295] Párrafo 25.
[296] Párrafo 26.
[297] Párrafo 85.
[298] Párrafo 86.
[299] Párrafo 91.
[300] Párrafo 92.
[301] Párrafo 3.
[302] Párrafo 3.
[303] Párrafo 1.
[304] Párrafo 11.
[305] Párrafo 34.
[306] Párrafo 35.
[307] Párrafo 36.
[308] Párrafo 21.
[309] Párrafo 31.
[310] En el folio 98, cuaderno original 1 se encuentra copia del comunicado.
[311] Esta Sala se encuentra haciendo el seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-388 de 2009. Ver los autos 327 de 2010 y 172 de 2011.
[312] Sobre el daño consumado, ver las sentencias T-288 de 2004, T-496 de
2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de
1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[313] Autos 282 de 2010, 283 de 2010 y 038 de 2012, entre otros.
[314] Respecto de las mujeres como sujetos de especial protección
constitucional ver las sentencias C-667 de 2006 y C-804 de 2006.
[315] Las razones por las cuales un incidente de nulidad no suspende
los efectos de una sentencia de tutela fueron expresadas por esta Sala en el
auto 327 de 2010, en el que se determinó el incumplimiento por parte del
Procurador General de la sentencia T-388 de 2009. En el mismo sentido el auto
026 de 2011.
[316] Folio 99, cuaderno original 1. Disponible en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=907681
[317] Folio 96, cuaderno original 1. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo176203-pildora-del-dia-despues-abortiva-procurador-general
[318]Folios 92-94, cuaderno original 1. Disponible http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/index.html
[319] Respecto de las mujeres como sujetos de especial protección
constitucional ver las sentencias C-667 de 2006 y C-804 de 2006.
[320] Sobre el daño consumado, ver las sentencias T-288 de 2004, T-496 de
2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de
1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[321] Copia de la carta se encuentra en los folios 102-105, cuaderno
original 1.
[322] Ibídem.
[323] Ibídem.
[324] Sobre el daño consumado, ver las sentencias T-288 de 2004, T-496 de
2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de
1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[325] Página 151 del informe disponible en el folio 121, cuaderno original
1.
[326] Copia de la Circular se encuentra en los folios 106 y ss,
cuaderno original 1.
[327] Ver las sentencias T-209 de 2008, T-946 de 2008 y T-388 de
2009.
[328] Copia de la Circular se encuentra en el folio 146, cuaderno
original 1.
[329] Mediante este auto se negó la aclaración solicitada por el Procurador
General al auto 327 de 2011, en el cual se determinó el incumplimiento de la
sentencia T-388 de 2009.
[330] Comunicado disponible en los folios 129 a 132, cuaderno original 1.
[331] Copia de la Circular se encuentra en el folio 149, cuaderno original
1.
[332] Comunicacion disponible en los folios 159 a 165, cuaderno original 1.
[333] Folio 152, cuaderno original 1.
[334] Disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf
[335] Folios 154 y 155, cuaderno original 1.
[336] El acta obra en los folios 156 y 157, cuaderno original 1.
[337] Folio 240, cuaderno original 1.
[338] Folios 164-169, anexo 1.
[339] Folios 159 a 165, cuaderno original 1.
[340] Folio 227, cuaderno principal 1.
[341] Folio 267, cuaderno principal 1.
[342] Resoluciones 2010028610 de 9 de septiembre de
2010 y 2010028612 de 9 de septiembre
de 2010.
[343] Folio 152, cuaderno original 1.
[344] Folios 164 a 169, anexo 1.
[345] Folio 255, cuaderno principal.
[346] Disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf
[347] Folios 154 y 155, cuaderno original 1.
[348] Folio 255, cuaderno principal.
[349] Folios 156 y 157, cuaderno original 1.
[350] Folio 271, cuaderno principal 1.
[351] Folios 159 a 165, cuaderno original 1.
[352] Folio 267, cuaderno principal 1.
[353] Folios 274 a 278, cuaderno principal 1.
[354] Folios 254-256 y 275, cuaderno principal.
[355] Ver los folios 206-231, anexo 1.
[356] Folio 258, cuaderno principal.
[357] Folio 259, cuaderno principal.
[358] Folios 258 y 278, cuaderno principal 1.
[359] Folio 256, cuaderno principal.
[360] Ver el numeral 52 de los Antecedentes de la presente sentencia.