C-005-96
Sentencia No
Sentencia No.
C-005/96
PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR
El artículo 2º de
la Ley 153 de 1887 dice que la ley posterior prevalece sobre la anterior y que
en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicará la
ley posterior. Ese principio debe entenderse en armonía con el plasmado en el
artículo 3º Ibídem, a cuyo tenor se estima insubsistente una disposición
legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con
disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule
íntegramente la materia a que la anterior se refería.
PREVALENCIA DE LEY ESPECIAL
El artículo 5º de
la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un
asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce
también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido
y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece
sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior
cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues
deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios
consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887 y 5º de la Ley 57 del
mismo año.
NORMA COMPLEMENTARIA
Las normas de los
artículos 130 y 231 del C.C.A. no son incompatibles, pues no repugnan
necesariamente la una a la otra, sino que son complementarias y pueden ser
armonizadas sobre la base de que la una consagra una regla general y la otra un
mandato excepcional.
LEGISLADOR-Competencia para consagrar recursos/RECURSO DE
SUPLICA CONTRA SENTENCIAS DE SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO-Procedencia
Si bien el
legislador está facultado para crear y suprimir recursos ordinarios y
extraordinarios en relación con las providencias que adopte el Consejo de
Estado, no le es posible consagrarlos para las decisiones de unas secciones y
excluir a otras, sin justificación, de su viabilidad, pues la distinción
injustificada repercute en perjuicio de los derechos fundamentales de las
personas que actúan ante el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En otras palabras, dada la identidad de situaciones, la ley debe, en aras del
principio de igualdad, prever el recurso para todas las secciones del Consejo
de Estado o suprimirlo para todas, mas no le es permitido estatuir entre ellas
discriminaciones que no surjan objetivamente de los asuntos en los cuales se
ocupan y de una razonable y proporcional distinción entre ellos.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Discriminaciones legales injustificadas
Las
discriminaciones introducidas por el legislador o las autoridades entre
hipótesis análogas o iguales quebrantan el principio constitucional de la
igualdad y violan el derecho fundamental correspondiente cuando carecen de
justificación, esto es, de un motivo razonable y plausible para otorgar trato
distinto a situaciones que se presentan bajo idénticas o similares
características.
-Sala Plena-
Ref.: Expediente D-896
Demanda de inconstitucionalidad contra el
inciso 2º del artículo 6 de la Ley 14 de 1988.
Actor: Zamir Silva Amin
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del dieciocho (18) de enero
de mil novecientos noventa y seis (1996).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano ZAMIR
SILVA AMIN, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 4º,
de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 6, inciso 2º, de la Ley 14 de 1988.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a
resolver.
II. TEXTO
La norma impugnada
es del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado):
"LEY 14 DE 1988
(Enero 25)
Por la cual se integra la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en forma
permanente integrada por cuatro Consejeros, se establecen las competencias para
los juicios electorales contra la elección de Alcaldes y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(...)
Artículo 6.- Reparto en el Consejo de Estado. El Consejo de
Estado tramitará y decidirá todos los procesos electorales de su competencia a
través de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo integrada
por cuatro (4) Magistrados.
Contra las sentencias de la Sección Quinta
no procederá ningún recurso ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
La designación de los Consejeros que deben
integrar esta Sección se hará por la Sala Plena del Consejo de Estado al entrar
en vigencia la presente Ley.
La Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo tendrá su propia secretaría con el mismo personal de
empleados y remuneración de las demás secciones de la Corporación.
Cada Consejero de Estado de la Sección
Quinta tendrá un Magistrado Auxiliar de su libre nombramiento y remoción".
III. LA DEMANDA
Considera el actor
que la transcrita norma vulnera los artículos 2º, 13, 29, 229, 236 y 237 de la
Constitución Política.
En primer término
hace un análisis sobre la vigencia de la norma demandada, concluyendo que se
trata de una disposición derogada, debido a la expedición posterior del Decreto
Ley 2304 de 1989, cuyo artículo 21 corresponde al 130 del Código Contencioso
Administrativo, que es una norma especial y extraordinaria y tiene, por tanto,
preferente aplicación, además de que ya fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en Sentencia de Marzo 11 de 1993.
Posteriormente, para
justificar la inconstitucionalidad alegada, manifiesta que por virtud de los
artículos 236, numeral 1º, y 237 de la Carta, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado tiene la competencia para desempeñar las
funciones de tribunal supremo de lo Contencioso Administrativo, aunque la ley,
por razones de especialización y de eficiencia, la divide en secciones que
ejercen separadamente las funciones que se les asignen.
Lo anterior -dice-
no significa que dichas secciones sean autónomas o soberanas, "pues, en
primer lugar, la ley no les da y no les podría dar esa calificación sin
incurrir en una violación a la Constitución; y, en segundo término, porque
jerárquicamente en materia contenciosa las secciones se encuentran en un plano
de inferioridad y sometidas en dependencia directa a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo".
En su criterio,
cuando el aparte demandado del artículo 6º de la Ley 14 de 1988 señala que
contra las sentencias proferidas en asuntos electorales por la Sección Quinta
no procede ningún recurso, se violan los incisos 2º y 3º del artículo 136 y el
numeral 1º del 237 de la Carta, al atribuirle indirectamente a tal Sección el
estatus de Tribunal Supremo.
Otro de los
argumentos que invoca el actor consiste en que la efectividad de los derechos
sustanciales de que trata el artículo 2º de la Constitución Política no se
garantiza si la ley permite a la Sección Quinta proferir decisiones contrarias
sobre un mismo punto de derecho, sin la autorización de la Sala Plena del
Consejo de Estado, puesto que, so pretexto de la muy discutible celeridad en un
trámite procesal, no se puede justificar jamás la negación de un recurso que
tiene por finalidad garantizar la defensa de un derecho sustancial, desconocido
por un acto legítimo de la Administración.
Igualmente,
considera que se desconocen los derechos de defensa y del debido proceso, en
primer lugar cuando se le reconoce a la Sección Quinta una competencia que
corresponde de manera exclusiva a la Sala Plena; y segundo, al "impedir,
mediante este procedimiento, que los administrados, en ejercicio de la acción
pública de nulidad electoral, ejerzan plenamente su derecho fundamental de
defensa, su derecho a ser oídos por el juez a quien corresponda, constitucional
y legalmente, resolver sus peticiones, desconociendo igualmente el derecho
fundamental del debido proceso al impedir que mediante el ejercicio de un
recurso extraordinario, llegue al juez competente la providencia
cuestionada".
Finalmente resalta
que la ley no puede establecer discriminaciones odiosas que impliquen
tratamiento desigual para los administrados y para los propios órganos del
Estado, como la hace la norma impugnada al impedir a los administrados y a las
demás secciones el ejercicio de su derecho  fundamental de defensa; y para las
secciones, al otorgarle a una de ellas, sin justificación constitucional, una
competencia que la sustrae del régimen ordinario que regula por igual a todas
las secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
IV. INTERVENCIONES
De acuerdo con
informe del 8 de mayo de 1995, suscrito por la Secretaria General de la
Corporación, durante el término de fijación en lista no fueron presentados
escritos que defendieran o impugnaran la demanda.
V. CONCEPTO DEL
MINISTERIO PUBLICO
El Procurador
General de la Nación, doctor Orlando Vásquez Velásquez, se declaró impedido
para emitir concepto en este caso, por cuanto participó, en calidad de
congresista, en el proceso de aprobación de la Ley 14 de 1988 (Oficio Nº DP-098
del 5 de junio de 1995).
Aceptado el
impedimento por la Sala Plena de la Corte, el dictamen del Ministerio Público
fue presentado por el Viceprocurador General (E), doctor Luis Eduardo Montoya
Medina.
El representante del
Ministerio Público señala que, independientemente de si la norma acusada fue
derogada o no, lo cierto es que sigue produciendo efectos en cuanto ha sido
referencia para decisiones del Consejo de Estado, proferidas después del
tránsito legislativo en la materia. Así, señala, para la Sección Quinta del
Consejo de Estado no está autorizada la procedencia de recurso alguno contra
las decisiones que se profieran en los juicios electorales de su competencia,
como consta en un auto proferido el 14 de agosto de 1991 por esa Sección.
Más adelante, invocando
la Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993 proferida por la Corte
Constitucional, el Ministerio Público señala que la finalidad del recurso
extraordinario de súplica en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
es la de propender por esta unidad de criterios dentro del máximo Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, lo cual corresponde, además, a la estructura
organizacional y funcional con la que fue concebido constitucionalmente el
Consejo de Estado.
En criterio del
Ministerio Público, la ley reguladora de la actividad coordinada de las salas y
de las secciones del Consejo de Estado, como la materia de los recursos
ordinarios y extraordinarios respecto de las actuaciones judiciales de la
Sección Electoral de la Sala de lo Contencioso Administrativo, han de guardar
la concepción y distinción esencial constitucional y no podrán limitar ni
disminuír a los sujetos procesales otros derechos fundamentales.
Para el
Viceprocurador (E), el recorrido verificado por la Corte Constitucional con el
fin de constatar la validez del recurso de súplica -fundado primordialmente en
que la Sección Quinta forma parte de la estructura funcional, constitucional y
legal del Consejo de Estado- bastaría para predicar el quebranto por la norma
acusada de los artículos 13, 229, 236 y 237 de la Constitución Política.
Anota cómo, en la
dinámica del recurso extraordinario de súplica, en sede de la Sala Plena, la
intervención de las restantes secciones es activa ; y es así como la Sección
Quinta participa en la solución de los recursos de súplica que, buscando
unificar la jurisprudencia de la Corporación, se interpongan respecto de
providencias de las demás secciones del Consejo de Estado. Sería incongruente
que la reciprocidad no fuera igualmente válida, es decir que los asuntos de la
Sección Electoral no fueran materia del recurso extraordinario en mención.
Si se adujera como
contra-argumento a lo anterior -dice- el carácter especial del asunto
contencioso electoral, se contestaría, sin pretender identificar de manera
absoluta el lindero entre la acción electoral y las demás que se ventilan ante
el Contencioso, que lo cierto es que una y otras tienen en el fondo un elemento
común como es el del mantenimiento de la constitucionalidad y la legalidad.
Por todo lo anterior,
el Ministerio Público solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de la
parte acusada del artículo 231 del Código Contencioso Administrativo.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Corte es
competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada,
según lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política, ya que la norma
acusada hace parte de una ley de la República.
El inciso 2º
del artículo 231 del Código Contencioso Administrativo no está vigente
La Corte considera
que, si bien el objeto primordial de su función radica en definir la
conformidad o disconformidad de una norma con la Constitución, cuando -como en
este caso- se pone en tela de juicio la vigencia de la normatividad acusada
debe previamente dilucidar el punto, con el fin de resolver si se tiene o no el
fenómeno de la sustracción de materia, el cual, de acuerdo con
jurisprudencia reiterada, ha de conducir por regla general a la inhibición,
siendo excepcional la posibilidad de que se entre a decidir de fondo sobre la
inconstitucionalidad que se alega, en el evento de que la correspondiente
norma, aunque derogada, esté todavía produciendo efectos.
Ha de analizarse
entonces lo relativo a la vigencia actual del artículo 231, inciso 2º, del
Código Contencioso Administrativo.
El artículo 2º de la
Ley 11 de 1975 estableció el recurso de súplica para las decisiones que
adoptaran las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado en los siguientes términos:
"Artículo 2º. Habrá recurso de
súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso respecto del auto interlocutorio o
de la sentencia dictados por una de las secciones en los que, sin la previa
aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a alguna jurisprudencia.
En el escrito en el que se proponga el
recurso se indicará precisamente la providencia en donde conste la
jurisprudencia que se reputa contrariada. El recurso podrá interponerse dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o del
fallo."
El artículo 268 del
Código Contencioso Administrativo, adoptado mediante el Decreto 01 de 1984,
derogó expresamente la Ley 11 de 1975.
La Corte Suprema de
Justicia -Sala Plena-, mediante Sentencia número 92 del 30 de agosto de 1984,
declaró inexequible la norma del artículo 268 del Código Contencioso
Administrativo precisamente en lo relativo a la derogación del mencionado
artículo 2º de la Ley 11 de 1975. Dijo la Sentencia:
"El Gobierno desconoció así la
finalidad simplemente modificatoria y no derogatoria de la materia atinente al
recurso de súplica. Pues por más esfuerzo que se haga no podrá llegarse
válidamente a la afirmación de que los actuales recursos contenciosos de
revisión o anulación son apenas sustitutivos o supletivos del recurso de
súplica, o que lo absorben o incluyen, ni tampoco argüírse que lo excluyen o lo
hacen incompatible. Sencillamente, cada uno de los tres recursos apunta a
razones propias y distintas, por mucho paralelas o complementarias, pero no
idénticas, y por lo tanto, ante la carencia de regulación en el nuevo Código
sobre la materia del recurso de súplica y no habiendo estado el Gobierno
facultado para suprimirla sino para modificarla, se produjo extralimitación de
las facultades al derogarse el artículo 24 del Decreto 528 de 1964, así como el
artículo 2º de la Ley 11 de 1975, en los que dicho recurso se hallaba regulado,
y por no haberse normado de nuevo su razón, así hubiérelo sido en forma
diferente o bajo la nomenclatura de otro recurso, es inexequible dicha
derogatoria y por lo tanto el artículo 268 del Código en lo
correspondiente".
La Ley 14 de 1988
dispuso en su artículo 3º:
"Artículo 3º. El artículo 97
del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
Artículo 97. Integración y atribuciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso
Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una integrada por
cuatro (4) Consejeros, con sujeción a las normas de la paridad política. Cada sección
ejercerá separadamente las funciones que le asigne la Sala Plena de la
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 96, numeral 7 de este Código.
Sin embargo la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:
1a. Dirimir los empates que se presenten en
las votaciones de las Secciones.
2a. Resolver los conflictos de competencia
entre los Tribunales Administrativos y entre las Secciones del Consejo de
Estado;
3a. Conocer de todos los procesos de
competencia del Consejo de Estado que no estén asignados a las Secciones.
4a. Elaborar cada dos (2) años sus listas
de auxiliares de la justicia.
5a. Resolver los recursos
extraordinarios que sean de su competencia.
Parágrafo. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo estará integrada por cuatro (4) Consejeros con sujeción a las
normas de la paridad política y tendrá las funciones señaladas en el artículo
231 de este Código". (Subraya la Corte).
El artículo 6º de la
misma Ley, que es materialmente la disposición demandada, estatuyó (se subraya
lo ahora acusado):
"Artículo 6º. El artículo 231
del Código de lo Contencioso Administrativo que había sido subrogado por el
artículo 67 de la Ley 96 de 1985, quedará así:
"Artículo 231. Reparto en el
Consejo de Estado. El Consejo de Estado tramitará y decidirá todos los
procesos electorales de su competencia a través de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo integrada por cuatro (4) Magistrados.
Contra las sentencias de la Sección Quinta
no procederá ningún recurso ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
La designación de los Consejeros que deben
integrar esta Sección se hará por la Sala Plena del Consejo de Estado al entrar
en vigencia la presente ley.
La Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo tendrá su propia secretaría con el mismo personal de
empleados y remuneración de las demás secciones de la Corporación.
Cada Consejero de Estado de la Sección
Quinta tendrá un Magistrado Auxiliar de su libre nombramiento y remoción.
Parágrafo. La elección de los miembros del Consejo Nacional
Electoral podrá ser demandada ante la Corte Suprema de Justicia. El
procedimiento para seguir en estos procesos es el señalado en los artículos 223
a 251 y concordantes del Código de lo Contencioso Administrativo'".
El artículo 7º del
Decreto Ley 2288 de 1989 (octubre 7), que entró a regir en la misma fecha de su
expedición, en la cual fue oficialmente publicado (D.O. 39.013 del 7 de
diciembre de 1989), determino:
ARTÍCULO 7º. El artículo 97 del Código
Contencioso Administrativo, quedará así:
Integración y atribuciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo.
La sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en seis (6) secciones,
cada una integrada por cuatro (4) consejeros, con excepción de la sección
segunda que estará integrada  por seis (6) consejeros. Cada sección ejercerá
separadamente las funciones que les asignen la ley o este código.
Sin embargo, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:
1. Resolver los conflictos de competencia
entre las secciones del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y las
secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Conocer de todos los procesos de
competencia del Consejo de Estado y que no estén asignados a las secciones.
3. Elaborar cada dos (2) años sus listas de
auxiliares de la justicia.
4. Resolver los recursos extraordinarios
que sean de su competencia
5. Resolver los asuntos que le remitan las
secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar
fundado el motivo resuelve asumir competencia.
6. Conocer de los procesos que le remitan
las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la
Corporación". (Subraya la Corte).
El Decreto 2304 de
1984, por el cual se introdujeron algunas modificaciones al Código Contencioso
Administrativo, que entró a regir el mismo 7 de octubre de 1989 (D.O. 39.013),
estableció en su artículo 21, que corresponde al 130 del Código Contencioso
Administrativo:
"Artículo 130.- Subrogado. D.E.
2304/89, art. 21. Recursos extraordinarios y asuntos remitidos por las
secciones. Habrá recurso
de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluidos los
consejeros de la sala que profirió la decisión, contra los autos
interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones cuando sin la
aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de
la corporación.
En el escrito en que se interponga el
recurso se indicará, en forma precisa, la providencia en donde conste la
jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá interponerse dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o de la
sentencia.
La Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo conocerá del recurso extraordinario de revisión, excluidos los
consejeros de la sala que profirió la decisión, contra las sentencias dictadas
por las secciones.
Las secciones conocerán del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia proferidas
por los tribunales.
A la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo le corresponde decidir los asuntos que le remitan las secciones,
por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar fundado el
motivo, resuelve asumir competencia".
Se trata de definir
si, como afirma el actor, el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989 (130 del
C.C.A.) derogó tácitamente el inciso 2º del artículo 231 del Código Contencioso
Administrativo tal como había quedado al expedirse el 6º de la Ley 14 de 1988.
Nótese que, mientras
el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo excluyó el recurso de
súplica en cuanto a las sentencias proferidas por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el artículo 21 del
Decreto 2304 de 1989, que modificó el 130 del mismo Código, consagró ese
recurso extraordinario, sin introducir distinción alguna entre las secciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, "contra los autos
interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones cuando, sin la
aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de
la Corporación".
Para el demandante
la norma que ataca es insubsistente por cuanto su contenido se opone a lo
preceptuado por disposición especial y posterior.
Ello sería cierto
si, aceptando en gracia de discusión que la norma especial entre las dos
objeto de comparación fuera la del artículo 130 del Código Contencioso
Administrativo, pudiera establecerse que materialmente resultaba del todo nueva
y que, en consecuencia, correspondía a la voluntad del legislador, a partir de
su vigencia, la eliminación de las normas especiales anteriores que consagraban
excepciones en cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de súplica
del que se viene hablando.
No obstante, basta
examinar -como el mismo actor lo propone- el contexto de la Ley 14 de 1988, en
cuyo artículo 6º se introdujo la disposición impugnada, que exceptuó a las
sentencias proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del recurso extraordinario de súplica,
para comprender que en ese mismo estatuto (artículo 3º) se consagró, a la par
con la excepción, una regla general exactamente igual a la posteriormente
plasmada en el artículo 7º del Decreto 2288 de 1989, expedido y en vigor desde
el mismo día en que entró a regir el artículo 21 del Decreto 2304 de 1989
(actual artículo 130 del Código Contencioso Administrativo): la de que a la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde, como una de sus
funciones especiales, la de "resolver los recursos extraordinarios que sean
de su competencia".
Es decir, ambos
complejos normativos -el de la Ley 14 de 1988 y el compuesto por los decretos
2288 y 2304 de 1989- hicieron coexistir la consagración de la regla general que
confería competencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para
conocer de los recursos extraordinarios intentados contra las providencias de
sus secciones, con la disposición especial que exceptuaba de todo recurso a las
sentencias de la Sección Quinta. Así, pues, nada cambió al respecto entre la Ley
14 de 1989 y los aludidos decretos posteriores.
Por supuesto, mirada
la normatividad consagrada en la Ley 14 de 1988 y en los decretos 2288 y 2304
de 1989 como un todo sistemático y armónico, resulta perfectamente lógico, sin
perjuicio de la subsistencia de la norma especial del precepto acusado, que se
previera en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo el recurso de
súplica para la generalidad de los autos interlocutorios y sentencias
proferidas por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, excluidos los fallos que dicha disposición especial
exceptuó.
El artículo 2º de la
Ley 153 de 1887 dice que la ley posterior prevalece sobre la anterior y que en
caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicará la ley
posterior.
Ese principio debe
entenderse en armonía con el plasmado en el artículo 3º Ibídem, a cuyo
tenor se estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del
legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o
por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior
se refería.
El artículo 5º de la
Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto
especial prefiere a la que tenga carácter general.
De lo dicho se
deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su
contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra,
prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición
posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta
derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según
los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887 y 5º de la
Ley 57 del mismo año.
En otras palabras,
viniendo al caso en controversia, para que la disposición demandada pudiera
entenderse derogada, con arreglo a los precedentes principios, por la
consagrada en el actual artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, se
requeriría que esta última disposición así lo hubiera declarado (derogación
expresa) o que, siendo ambas de la misma especialidad, resultaran entre sí
incompatibles, por lo cual se preferiría la especial posterior (derogación
tácita), o que mediante el precepto invocado se hubiera regulado íntegramente
la materia.
Repárese, entonces,
en que el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo no derogó
expresamente la norma impugnada;  en que, no siendo ambas de la misma
especialidad -pues el ámbito de aplicación de la posterior es mucho más amplio
en cuanto cobija a todas las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en tanto que la demandada tan sólo alude
a las sentencias de la Sección Quinta-, no son entre sí incompatibles si se
toma la disposición especial del artículo 231 C.C.A. como una excepción a la
regla general del 130 Ibídem, por lo cual no se produjo tampoco una
derogación tácita; y en que no se puede afirmar que el Decreto 2304 de 1989
reguló íntegramente la materia, como quiera que apenas introdujo algunos
cambios en la normatividad del Código Contencioso Administrativo adoptado por
Decreto Ley 01 de 1984.
Se anticipa la Corte
a dilucidar el problema relativo a la comparación entre los dos artículos que
enfrenta el demandante, en su condición de integrantes de un mismo Código.
Según el artículo 5º
de la Ley 57 de 1887, cuando dos disposiciones tengan una misma especialidad o
generalidad y se hallen en un mismo Código, preferirá la consignada en el
artículo posterior.
El precepto acusado
(artículo 130 del Código Contencioso Administrativo) es indudablemente anterior
al 231 Ibídem, que el actor señala como norma derogatoria, por lo cual a
primera vista prevalecería la segunda disposición mencionada.
No se pierda de
vista, sinembargo, que la aludida regla tiene lugar tan sólo cuando, como lo
dice su encabezamiento, "en los códigos que se adopten se hallaren algunas
disposiciones incompatibles entre sí" (subraya la Corte).
Y ocurre que las
normas de los artículos 130 y 231 del Código Contencioso Administrativo no son
incompatibles, pues no repugnan necesariamente la una a la otra, sino que son
complementarias y pueden ser armonizadas sobre la base de que la una consagra una
regla general y la otra un mandato excepcional.
Agréguese a ello
que, según antes se explica, las dos normas no tienen "la misma
especialidad", como lo exige el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 para que
tenga lugar la regla en comento, pues ya se ha visto que la del 130 tiene un
alcance especialísimo respecto del 231.
Así, pues, está
vigente el precepto demandado.
Ahora bien, el actor
invoca en apoyo de su tesis la Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993,
proferida por esta Corte, mediante la cual se declaró exequible el artículo 21
del Decreto Ley 2304 de 1989. Pero del enunciado fallo apenas resulta que la
norma se ajusta a la Constitución Política, sin que ello signifique
descalificación del precepto consagrado en el artículo 231 del Código Contencioso
Administrativo, que ni siquiera es mencionado y mucho menos analizado en la
providencia.
El aludido fallo
únicamente recayó sobre el artículo entonces demandado y mal puede hablarse de
cosa juzgada constitucional implícita en cuanto a la disposición ahora acusada
ni respecto de su insubsistencia.
Inconstitucionalidad
del artículo 231, inciso 2, del Código Contencioso Administrativo
Los recursos son,
por lo general, medios de defensa de creación legal. Salvo las referencias
expresas consagradas en la propia Carta -como ocurre con la doble instancia de
las sentencias condenatorias prevista en el artículo 31 o con la impugnación de
los fallos de tutela contemplada en el artículo 86-, es el legislador el que
instituye los recursos contra las providencias administrativas y judiciales,
indica cuándo proceden, señala la oportunidad para interponerlos y resolverlos
y prescribe los efectos de las correspondientes decisiones.
Esta Corte ha dicho
al respecto:
"Los recursos, concebidos como
instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera afectado por una
decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que
se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido
proceso.
En efecto, el artículo 29 de la
Constitución exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. Entre éstas, que son señaladas
por la ley, está la posibilidad de instaurar recursos contra las
determinaciones que se van adoptando en el curso del trámite procesal o al
finalizar el mismo". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-365 del 18 de agosto de 1994).
Así, pues, si el
legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y
excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la
necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la
función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios
constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma
limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el
sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política.
La ley, claro está,
se halla sometida a la Constitución (artículo 4º C.P.) y, por lo tanto, la
discrecionalidad del legislador no es absoluta, es decir, debe entenderse
limitada por los preceptos de la Carta, que condicionan la validez de las
cláusulas legislativas.
No podría, entonces,
admitirse que, al ejercer su función, el legislador prescribiera normas de
conducta contrarias a las que resultan de la Carta Política.
La norma acusada
tiene por objeto la exclusión de las sentencias dictadas por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de todo
recurso ante la Sala Plena, cuando simultáneamente otras disposiciones del
mismo Código al que pertenece han consagrado el recurso extraordinario de
súplica, sin introducir distinciones, para los autos y sentencias que profiera
cualquiera otra de las secciones de la misma Corporación y de la misma Sala.
El aludido recurso
extraordinario tiene lugar, según la normatividad pertinente, para aquellos
casos en que, sin la aprobación de la Sala Plena, una sección acoja en uno de
sus fallos doctrina contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Como puede
observarse, en virtud de la disposición atacada se sustrae a la Sección Quinta
de la sujeción a la jurisprudencia del máximo organismo de lo Contencioso Administrativo,
lo cual repercute en que los particulares que acuden al Consejo de Estado en
demanda de justicia, así como quienes dependen de sus decisiones por razón de
demandas incoadas ante la misma Corporación, gozan por regla general de la
posibilidad de recurrir ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
cuando encuentren que la decisión adoptada por la sección ante la cual se ha
ventilado el asunto de su interés plasma criterios opuestos a los consignados
en la jurisprudencia del Consejo, a menos que el litigio se haya tramitado ante
la Sección Quinta, evento en el cual, pese a darse el mismo supuesto -la
contradicción entre el fallo y la jurisprudencia de la Corporación- carecen,
por mandato legal, de toda oportunidad de acudir a la Sala Plena para hacer
valer los antecedentes jurisprudenciales.
Entonces, lo que se
aprecia de bulto es que se discrimina entre las personas, según que sus
intereses dependan procesalmente de una u otra sección de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, en forma tal que el derecho de defensa de algunas
está garantizado de manera más amplia, al permitirles acudir a la Sala Plena en
súplica cuando la sección correspondiente hubiere modificado la jurisprudencia
del Consejo de Estado, mientras que, sin razón alguna, ese mismo derecho de
defensa está restringido para quienes actúan ante la Sección Quinta o dependen
de sus decisiones, pues aun en el caso de cambio de jurisprudencia no pueden
ejercer el mismo recurso que se garantiza a las demás. Esto implica vulneración
del derecho a la igualdad, plasmado en el artículo 13 de la Carta, y violación
del debido proceso, consagrado en el 29 Ibídem, en cuanto la
normatividad excluye a unas personas de formas de defensa que a otras se
conceden en las mismas circunstancias.
Las discriminaciones
introducidas por el legislador o las autoridades entre hipótesis análogas o
iguales quebrantan el principio constitucional de la igualdad y violan el
derecho fundamental correspondiente (artículo 13 C.P.) cuando carecen de
justificación, esto es, de un motivo razonable y plausible para otorgar trato
distinto a situaciones que se presentan bajo idénticas o similares
características.
Conviene al respecto
recordar lo dicho en reciente providencia:
"La igualdad constituye fundamento
insustituíble del ordenamiento jurídico que se deriva de la dignidad humana,
pues resulta de reconocer que todas las personas, en cuanto lo son, no
presentan entre sí diferencias sustanciales. Todas, en su esencia humana, son
iguales y merecen la misma consideración, con independencia de la diversidad
que entre ellas surge por motivos accidentales como la raza, el sexo, el color,
el origen o las creencias.
Ha señalado la Corte Constitucional que la
"igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de
las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues
unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionales a
aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra
cosa que la justicia concreta"  [Cfr. Corte Constitucional. Sala  Plena.
Sentencia C-094 del 27 de febrero de 1993 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo), posteriormente repetida en las sentencias T-330 del 12 de agosto de
1993 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) y T-394 del 16 de septiembre de
1993 (M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell)].
La Sala Plena, en Sentencia del 29 de mayo
de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), dejó en claro que el
principio de igualdad, según el cual no se permite regulación diferente de
supuestos iguales o análogos, es objetivo, pues se predica de la identidad
entre los iguales y de la diferencia entre los desiguales.
Según esa doctrina, la naturaleza de las
cosas puede, en sí misma, hacer imposible la aplicación del principio de la
igualdad formal, en virtud de obstáculos de orden natural, biológico, moral o
material y según la conciencia social dominante.
Pero -debe insistir la Corte- tal
distinción tampoco puede ser interpretada en el sentido de que desaparezca el
sustrato mismo de la igualdad -que descansa en la identidad entre los seres
humanos en lo que es de su esencia- siempre que haya diversidad accidental -por
ejemplo, en el campo biológico o en el natural-, pues ello implicaría ni más ni
menos que desconocer el fundamento mismo del postulado.
Ha de tenerse cuidado -entonces- en
establecer con claridad que el trato diferente para fenómenos también diversos
tiene que fundarse en motivos razonables que justifiquen la diferencia, con el
objeto de no eliminar de plano la igualdad por una apreciación exagerada de
características distintas que no sean suficientes para enervar la siempre
preponderante equiparación entre seres sustancialmente iguales.
En otros términos, las divergencias de
trato para fenómenos desiguales tienen que ser proporcionales a la desigualdad
misma sobre la cual recaen.
En últimas, lo que persigue la doctrina
constitucional cuando rechaza con la misma energía la desigualdad como la
igualdad puramente formal es lograr el equilibrio entre las personas frente a
la ley y en relación con las autoridades. Las eventuales distinciones que
buscan corregir o disminuir diferencias accidentales tienen un carácter
excepcional frente al postulado genérico de la igualdad y tan sólo encuentran
justificación en la medida en que a través de ellas se realice aquél".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-624 del 15 de
diciembre de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Ya la Corte, en
Sentencia C-345 del 26 de agosto de 1993 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez
Caballero), al declarar inexequible la discriminación que se plasmaba en el artículo
2º del Decreto 597 de 1988, en cuanto modificó el artículo 131, numeral 6º,
literal b), inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo, con respecto a la
segunda instancia en procesos sobre actos de destitución, declaración de
insubsistencia, revocación de nombramiento y retiro, según la asignación
mensual correspondiente al cargo, expresó:
"La igualdad (...) es un principio
reconocido tradicionalmente en los Estados de derecho como el nuestro, bajo la
categoría de los derechos fundamentales y universales; empero, su definición
conceptual siempre ha supuesto hondas dificultades en su proyección jurídica
completa, lo que no obsta para reconocer que la igualdad implica y exige la
diferenciación.
A los efectos de este fallo resulta también
pertinente reseñar los supuestos que conforme a la jurisprudencia
constitucional justifican el trato diferenciado, a saber:
a) La desigualdad razonable de los
supuestos de hecho: el
principio de igualdad solo se viola si el tratamiento diferenciado de casos no
está provisto de una justificación objetiva y razonable. La existencia de tal
justificación debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del
tratamiento diferenciado.
b) Racionalidad y proporcionalidad: fuera del elemento anotado anteriormente,
debe existir un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento
desigual, el supuesto de hecho y el fin que se persigue.
Así, los medios escogidos por el legislador
no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma,
sino compartir su carácter de legitimidad. Este principio busca que la medida
no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los
intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados o, que si
ello sucede,  lo  sean  en grado mínimo.
Ha sostenido también la Corte que el
principio de igualdad está revestido de la natural relatividad histórica que
implica su contenido; así mismo, que dicho principio está sometido dentro de
las reglas del Estado social de derecho, a la determinación legislativa de
fórmulas diferenciadoras que encuentran fundamento racional en los postulados
de justicia y bienestar que emanan de la Carta.
La igualdad que predica la Constitución de
1991 no es, pues, un principio que deba obedecer a razones físicas, matemáticas
o biológicas, sino a postulados racionales fundamentados en un Estado social de
derecho, los cuales no son en modo alguno incompatibles con el establecimiento
de hipótesis normativas que contengan supuestos diferenciales que atiendan una
realidad objetiva.
Ahora bien, el principio de igualdad
material se proyecta en el artículo 229 de la Constitución, que dice que
"se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia..."
En  suma,  puede existir un trato diferente
siempre y cuando sea razonable y justo; estas dos calidades deben desprenderse
de la situación de la persona objeto de tratamiento diferente. A contrario
sensu, cuando, la diferenciación no es razonable o es injusta, ella se
convierte en discriminación, conducta ésta contraria al principio relacional de
igualdad material, consagrado en el artículo 13 de la Constitución".
(...)
"Es sabido que el legislador al  hacer
uso de sus competencias constitucionales no puede desconocer  ni los derechos
ni las finalidades y postulados fundacionales de la organización institucional
y política que la Carta consagra. De ahí que para convalidar la
constitucionalidad de las normas cuestionadas no pueda alegarse, en principio,
como única razón en su favor la reserva de ley que, conforme al artículo 31
Superior, permite al Legislador establecer excepciones a la doble instancia.
Es, pues, del caso, indagar acerca de los límites o ámbitos constitucionales dentro
de los cuales puede ejercitarla".
La norma demandada
en esta oportunidad presenta exactamente el mismo vicio de la considerada en el
fallo transcrito: el de excluir un recurso respecto de ciertas personas -en el
caso presente las que litigan en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado solamente por hacerlo allí y no en otra
sección-, sin que la diferenciación establecida obedezca a motivos justos,
razonables y proporcionales.
En efecto, ningún
argumento puede esgrimirse con validez para estatuír distinciones entre los
procesos que se confían a las distintas secciones del Consejo de Estado. A
pesar de su especialidad (nulidades, contratos, impuestos, responsabilidad de
la Administración y asuntos electorales), en esencia mediante ellos se procura
la preservación de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones del
Estado, con el objeto de que, por la vía del acceso de los particulares a esta
forma específica de administración de justicia, se sometan el ente estatal y
sus funcionarios al imperio del Derecho y se impida la irresponsabilidad de la
Administración.
Dentro de las reglas
establecidas por la ley, con base en la Constitución, los asuntos en referencia
se confían a las determinaciones de una jurisdicción especializada cuya cabeza
es precisamente el Consejo de Estado, el cual, por razones inherentes a la
distribución del trabajo, obra por conducto de las secciones pertenecientes a
la Sala de lo Contencioso Administrativo -que es la jurisdiccional dentro del
organismo, pues la otra tiene apenas funciones consultivas-, de donde se
desprende que la jurisprudencia no lo es con propiedad de la respectiva sección
sino del Consejo de Estado como supremo cuerpo judicial en materia contencioso
administrativa.
Así las cosas, lo
relativo a la fijación de la jurisprudencia del Consejo de Estado debe obedecer
a las mismas reglas, con independencia de la sección por cuyo conducto falla
aquél, de tal modo que los particulares han de obtener certeza, derivada de la
ley, acerca de las posibilidades de cambio en la orientación jurisprudencial
del Consejo así como sobre la instancia que puede introducir modificaciones en
ella y en relación con los medios de defensa que pueden intentar para preservar
esa certidumbre.
Entonces, de la
preceptiva constitucional se desprende que, si bien el legislador está
facultado para crear y suprimir recursos ordinarios y extraordinarios en
relación con las providencias que adopte el Consejo de Estado, no le es posible
consagrarlos para las decisiones de unas secciones y excluir a otras, sin
justificación, de su viabilidad, pues la distinción injustificada repercute en
perjuicio de los derechos fundamentales de las personas que actúan ante el
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, dada la
identidad de situaciones, la ley debe, en aras del principio de igualdad,
prever el recurso para todas las secciones del Consejo de Estado o suprimirlo
para todas, mas no le es permitido estatuir entre ellas discriminaciones que no
surjan objetivamente de los asuntos en los cuales se ocupan y de una razonable
y proporcional distinción entre ellos.
Si se tratara de
jurisdicciones o de tribunales distintos, la aplicación del enunciado principio
variaría sustancialmente, dada la distribución que la misma Carta Política ha
consagrado (Título VIII C.P.), así como la autonomía y la desconcentración en
ella previstas (artículo 228 C.P.). Pero no es tal el caso presente, como que
estamos refiriéndonos a distinciones en el seno de una jurisdicción en
particular y de un tribunal en concreto, relativas a secciones del mismo.
Añádase a lo dicho
que la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisamente por tratarse de un
sólo tribunal, siendo afines entre sí las materias de las cuales se ocupa,
puede estar contenida en las sentencias de las distintas secciones y en una
cualquiera de ellas, obedeciendo claro está a la especialidad del tema
preponderante, pero sin que pueda evitarse que un determinado criterio jurídico
informe por igual las decisiones de una y otra sección. Ello implica que el
universo de la jurisprudencia contencioso administrativa no puede parcelarse
arbitrariamente para sostener que las áreas de especialidad de las secciones no
habrán de tocarse entre sí o que los temas de Derecho Constitucional o
Administrativo que en su seno se discuten y que se plasman en autos y
sentencias vengan a ser del dominio exclusivo de determinadas secciones, sin
posibilidad de ser examinados por otras, por cuyo motivo una misma cuestión de
Derecho (por ejemplo la interpretación de cierta norma constitucional o legal,
o el enfoque del Consejo sobre determinadas instituciones o figuras) puede ser
abordada por cualquiera de las secciones.
La indicada
circunstancia, que proviene de la unidad del tribunal y de la homogeneidad de
su jurisdicción, lleva a la posibilidad de que los fallos de una cualquiera de
las secciones choquen con la jurisprudencia de aquél, lo que hace imperativo,
por razones de justicia y de seguridad jurídica, que la ley establezca unos
canales y unos procedimientos adecuados en busca de la uniformidad y coherencia
jurisprudenciales.
La norma acusada,
entonces, no viola solamente el artículo 13 de la Constitución Política sino
los artículos 236 y 237 Ibídem, que atribuyen las funciones de máximo
tribunal de lo Contencioso Administrativo al Consejo de Estado y no a las
secciones de una de sus salas, pues la aludida discriminación injustificada en
lo relativo al cambio de jurisprudencia otorga a la Sección Quinta la misma
jerarquía del tribunal en pleno y distorsiona el orígen constitucional de las
salas y secciones, que no es otro que el razonable reparto de las cargas
judiciales.
Además, si los
particulares que acuden al Consejo de Estado o que se ven afectados por sus
decisiones no gozan de certeza sobre el rumbo jurisprudencial del mismo y
tienen medios para corregir los cambios que en la materia introduzcan las
secciones pero con exclusión de una de ellas, cuya palabra se convierte en
definitiva aún contra la doctrina del tribunal, la disposición atacada atenta
de manera grave contra la seguridad jurídica, que es postulado básico de
nuestras instituciones.
Al respecto ha
señalado esta Corte:
"...el recurso de súplica es un
desarrollo de la Carta toda. En efecto, el recurso de súplica canaliza los
siguientes derechos de la Constitución: la efectividad de los derechos humanos
(2°), el principio de igualdad en la aplicación de la ley (13), el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria (29), el carácter de Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo que posee el Consejo de Estado (237) y su
funcionamiento en salas (236), como bien lo anotó la vista fiscal, cuyo
concepto aquí se comparte, además del derecho al acceso a la administración de
justicia (228).
En segundo lugar, en relación con el
funcionamiento del Consejo de Estado, la Corte Constitucional se pregunta ¿cómo
lograr la uniformidad de la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso
administrativa? La respuesta no es otra que mediante el recurso de súplica. Es
por ello, de nuevo, que para esta Corporación el artículo 21  incisos primero y
segundo del Decreto 2304 de 1989 se aviene a la Constitución. Además el juez
plural, en este caso el Consejo de Estado, es uno solo. La división en salas y
secciones obedece a una distribución del trabajo. De ahí la existencia de
procedimientos que pretendan unificar la jurisprudencia y evitar decisiones
diferentes frente a casos similares. En otras palabras, el objetivo último del
recurso de súplica consiste en la garantía de que sin la aprobación de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo no es posible acoger doctrina contraria
a la jurisprudencia de la Corporación".
(...)
"Por último, la Corte Constitucional
desea llamar la atención acerca de la inseguridad que generaría en el tráfico
jurídico el cambio injustificado y atomizado de la jurisprudencia contencioso
administrativa. Según el artículo 2° de la Carta, uno de los fines esenciales
del Estado es la vigencia de un "orden justo". Esta fórmula es
reiterada en el preámbulo. En estas dos palabras se encierra un equilibrio
frágil que es necesario construír a partir de providencias judiciales que
simultáneamente sean materialmente justas y jurídicamente seguras. Es por ello
que no contribuye a la seguridad jurídica el cambio de jurisprudencia
contenciosa no explícito y que no cuente con la participación de la totalidad
de la Sala Contencioso Administrativa". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993. M.P.: Dr. Alejandro Martínez
Caballero)
No desconoce la
Corte que la filosofía del artículo enjuiciado consiste en asegurar, mediante
la prohibición de los recursos contra las sentencias de la Sección Quinta, que
los procesos electorales -cuya materia exige , por sus mismas características ,
mayor rapidez y celeridad en la definición sobre los actos sometidos a proceso-
sean tramitados de manera pronta y sin posibilidad de dilaciones, evitando
situaciones como las consistentes en la terminación del período para el cual
fue elegida la persona sin que todavía se haya llegado a fallar de modo
definitivo sobre la validez de la elección.
No obstante, ese
propósito del legislador no puede ser alcanzado sobre la base del
desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas concernidas o
afectadas con las decisiones de la indicada Sección que puedan haber
contrariado la jurisprudencia del Consejo de Estado. En otras palabras, el
legislador goza de diversas opciones para trazar pautas normativas aptas y
eficaces, encaminadas al fin propuesto -la celeridad de los procesos
electorales- sin que resulte comprensible que, entre todos los mecanismos
posibles, haya escogido el más gravoso para los derechos, sobre la base de
distinciones injustificadas entre los litigantes.
El aparte normativo
objeto de la demanda será retirado del ordenamiento jurídico, por oponerse a la
Constitución.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, oído el concepto del Procurador General de la
Nación y cumplidos los trámites que consagra el Decreto 2067 de 1991, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase
INEXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 14 de 1988, por el cual se
modificó el artículo 231 del Código Contencioso Administrativo, que dice:
"Contra las sentencias de la Sección
Quinta no procede ningún recurso ante la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo".
Los efectos de la inexequibilidad
declarada se extenderán únicamente a las sentencias que profiera la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a
partir de la notificación del presente fallo.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA                     ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado                                                        Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                          CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
FABIO MORON DIAZ                                    VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General