T-077-15
Sentencia T-077/15
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Caso en que internos profesan una religión que requiere dejar crecer
el cabello y barba, así como vestir túnicas los días de celebración religiosa y
el establecimiento carcelario no se lo permite
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS
Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de
personas privadas de la libertad
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS
Y EL ESTADO-Características
La Corte ha establecido como
características de tal enlace las siguientes: i) la subordinación del recluso
al Estado; ii) que se concreta en el sometimiento del interno a un régimen
jurídico especial, que implica controles disciplinarios y administrativos especiales
y la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales;
iii) el ejercicio de la potestad disciplinaria y la limitación de derechos
fundamentales deben estar autorizados por la Constitución y la ley; iv) la
finalidad de tal ejercicio es garantizar el goce de los demás derechos de los
internos, mediante medidas dirigidas a asegurar disciplina, seguridad y
salubridad, así como lograr la resocialización como cometido principal de la
pena; v) como consecuencia de la subordinación surgen derechos relacionados con
condiciones materiales de existencia (alimentación, habitación, servicios
públicos y salud), que deben ser garantizados por el Estado; vi) además, le
corresponde asegurar el principio de eficacia de los derechos fundamentales de
los reclusos, a través de conductas positivas.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos
suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados
En cuanto a la restricción de
derechos fundamentales, este Tribunal ha sido enfático en señalar que la
privación de la libertad no implica la anulación automática de las garantías
constitucionales. Por tanto, ha realizado una clasificación entre los derechos
que se suspenden, los que se restringen y los que permanecen intactos, que
obedece al fin resocializador de la pena. Así, derechos como las libertades de
locomoción y personal son válidamente restringidos en razón de la reclusión.
Otro grupo de garantías como la intimidad, los derechos de asociación y de
información pueden sufrir limitaciones razonables y proporcionadas, lo que
conlleva que su núcleo esencial no puede ser afectado. Finalmente, los derechos
a la vida, a la salud, a la integridad, a la igualdad, a la dignidad, a la
libertad religiosa y de conciencia, al debido proceso, de petición y al
reconocimiento de la personalidad jurídica permanecen intangibles. Ahora bien,
la Corte ha concluido que la razonabilidad y la proporcionalidad son los
criterios que permiten establecer si la restricción de las garantías de los
internos es constitucionalmente válida.
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección constitucional e internacional
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Obligación del Estado de garantizarlos
Por mandato constitucional se protege tanto la posibilidad de
profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, como la
difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones
espirituales. Así, la garantía no se detiene en la asunción de un determinado
credo, sino que se extiende a los actos visibles en los que este se manifiesta.
Además de las manifestaciones sociales del culto, el texto Superior permite que el practicante se niegue a realizar aquellas conductas que
vayan en contra de su conciencia. Lo anterior, por cuanto para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas de
su religión reviste una importancia cardinal, puesto que ella determina la
mayoría de sus proyectos de vida personal. Ahora bien, respecto de la libertad
de cultos esta Corporación ha señalado que se trata de una garantía que no
cuenta con atribuciones absolutas que le permitan desconocer otros derechos
fundamentales igualmente protegidos.
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS CENTROS
CARCELARIOS-Asignación de espacio y hora para la
práctica de actividades religiosas/LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS-Garantía
para personas privadas de la libertad, pero se debe dar dentro del marco de la
seguridad y orden de los establecimientos
La libertad de cultos es uno de los derechos a ser garantizado a la
población reclusa, pero su goce se debe dar dentro del marco de la seguridad y
orden de los establecimientos penitenciarios. Puesto que esta garantía defiende
que las personas lleven un modo de vida que sea expresión cabal de sus
convicciones religiosas más arraigadas, cualquier restricción debe estar
precedida de un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. De lo contrario,
se le impondría al creyente la carga desproporcionada de incumplir con los
dogmas de su religión, sin que ello fuera necesario para la protección de un
interés público. En este punto se debe recordar que el amparo de la libertad
religiosa resulta inane si el Estado se niega a resguardar las manifestaciones
más valiosas de la experiencia religiosa, que constituyen fuente de
complacencia para cada persona. Como lo ha reconocido este Tribunal, la imposibilidad
de coherencia entre lo que profesa y practica un individuo puede generar un
inmenso grado de sufrimiento, por lo que a las autoridades penitenciarias les
corresponden garantizar en la mayor medida posible que los internos sean fieles
a su credo.
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN LOS CENTROS
CARCELARIOS-La presentación personal y la dieta
pueden constituir aspectos del goce de la libertad de cultos de personas
privadas de la libertad
La presentación personal y la
dieta pueden constituir aspectos del goce de la libertad de culto objeto de
protección al interior de los centros penitenciarios. Jautamente, la
“visibilidad de la religión” involucra distintos aspecto que implican un
abandono de la esfera privada del individuo para hacer parte de la esfera
pública de la sociedad. A través de distintos símbolos como el respeto de las
distintas fechas sagradas, la posibilidad de construir templos, el porte de
distintos símbolos religiosos y el apego a una dieta específica, las creencias
religiosas manifiestan su identidad al interior del Estado. En ese contexto,
una determinada presentación personal puede constituir una manifestación
externa de una creencia religiosa. Aunque los reglamentos de los distintos
centros penitenciarios exigen que los internos lleven su barba y cabello cortos
por razones de higiene y seguridad y, en otros casos, requieren el uso de
uniformes, las autoridades carcelarias no pueden aplicar irreflexivamente tales
restricciones dentro de un orden constitucional como el que rige a Colombia.
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a establecimiento carcelario autorice dejar crecer barba y
cabello a internos que profesan religión
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a establecimiento carcelario brinde dieta alimenticia, de
acuerdo a sus convicciones religiosas
Referencia: Expedientes T-4.436.001 y T-4.549.977
(acumulados)
Exp.
T-4.436.001: Acción de tutela interpuesta por Franklin Geovanny Cardozo
Márquez, Andrés Sánchez Gómez, Elkin Alberto Bayer Hernández, Marlon Andrés
Gutiérrez, José de Jesús Cifuentes Gutiérrez y Elvis Antonio Sánchez Obregón contra
el Complejo Carcelario de Jamundí (Cojam), el Juzgado 15 Administrativo Oral del
Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Exp.
T-4.549.977: Acción de tutela interpuesta por Juan Gonzalo Ganán Sánchez contra
el Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín El Pedregal
(Coped), la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) y la Empresa de Alimentos Fabio Doblado Barreto.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil
quince (2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha
Victoria Sáchica Méndez y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del
Consejo de Estado (Exp. T-4.436.001)
y de la sentencia dictada por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín que confirmó la emitida por el Juzgado 17 Penal del
Circuito de Medellín (Exp. T-4.549.977).
Mediante auto de 7 de noviembre de
2014, la Sala de Revisión decidió acumular los procesos de tutela de la referencia
atendiendo a la igualdad de materia que los identifica para ser fallados en la
misma sentencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-4.436.001
Franklin Geovanny Cardozo Márquez, Andrés Sánchez
Gómez, Elkin Alberto Bayer Hernández, Marlon Andrés Gutiérrez, José de Jesús
Cifuentes Gutiérrez y Elvis Antonio Sánchez Obregón promovieron acción de
tutela contra el Complejo Carcelario de Jamundí (en adelante, Cojam), el
Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la libertad
de cultos.
Hechos y relato contenido en el
expediente[1]:
1.1.
Los accionantes se
encuentran recluidos en el Cojam, a excepción de Franklin Geovanny
Cardozo Márquez, quien fue trasladado al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Palmira durante el trámite de la acción de tutela[2].
1.2.
Refieren que pertenecen a la doctrina
evangélica Los Nazarenos. De conformidad con sus
convicciones cristianas “es un pecado deshonroso ante los ojos de Dios,
despojarse de sus barbas y pelo”.
1.3.
Destacan que el Antiguo Testamento consagra los principios
y el régimen sagrado de su religión, por lo que deben darle estricto
cumplimiento. Por su parte, el Nuevo Testamento guía “su caminar con Cristo”.
1.4.
Consideran que dejar crecer su pelo y vello
facial no implica desconocer las normas sobre salubridad e higiene, ni se
prestaría para fugas. En ese sentido, aducen que miembros de comunidades
indígenas, LGBTI y afro que se encuentran recluidos en el mismo centro tienen
su cabello largo, sin que se haya presentado algún inconveniente.
1.5.
Por ello, solicitaron en 18 ocasiones a la dirección
del establecimiento penitenciario que autorizara el cambio de su presentación
personal. Además, pidieron el ingreso de túnicas para los días sagrados de Júbilo
y Pentecostés, que celebran con devoción. Aclararon que su uso se daría
únicamente en sus reuniones en un rincón del pabellón[3].
1.6.
Al no obtener respuesta, el 18 de marzo de 2013 promovieron
acción de tutela en contra de la directora del centro
de reclusión[4].
Ambas instancias protegieron el derecho de petición pero negaron el amparo de
las demás garantías invocadas, al considerar que los derechos fundamentales de
los reclusos pueden ser limitados cuando su goce afecte la finalidad de los
establecimientos carcelarios, así como las libertades de los demás internos.
Explicaron que una excepción del régimen de higiene y vestuario podría menoscabar
la salubridad, seguridad y disciplina del establecimiento, lo que impediría su
efectiva resocialización[5].
1.7.
Ante la falta de respuesta de fondo por la
entidad accionada, promovieron incidente de desacato el 18 de junio del mismo
año. Durante el trámite, la Directora del Cojam expuso que había cumplido el
fallo de tutela, por cuanto había dado contestación a las solicitudes de los
internos el 12 de junio de 2013, negando las pretensiones. Aunque no allegó
dicho oficio, el juez de primera instancia decidió declarar cumplido el fallo
el 19 de septiembre de 2013[6].
1.8.
Piensan que las decisiones adoptadas dentro de la
acción de tutela, así como la respuesta ofrecida por el Inpec coartan toda
posibilidad de profesar su religión, por lo que se sienten “atropellados
espiritualmente, moralmente y psicológicamente”. Por ello, solicitan
se ampare su derecho fundamental a la libertad de cultos y se les permita dejar
crecer su cabello y barba, y vestir túnicas en los días de fiesta.
1.9.
Contestación de las
entidades accionadas
En sede de tutela, ni la
Directora del Cojam, ni el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de
Cali, ni el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle del Cauca remitieron
informes, a pesar de que les fue notificado el trámite de tutela[7].
1.10.
Decisión judicial objeto de revisión
A través de fallo de 8 de mayo de 2014,
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
rechazó el amparo, al estimar que los accionantes pretendían atacar sentencias
de tutela, lo que lo hacía improcedente. Explicó que el debate sobre los
derechos invocados se había dado dentro del primer proceso, que finalizó con el
auto de exclusión de revisión por parte de la Corte Constitucional el 12 de
septiembre de 2013[8].
1.11.    Pruebas ordenadas por la Corte Constitucional
El 26 de septiembre de 2014 el
Magistrado Sustanciador mediante auto para mejor proveer solicitó la precisión
de algunos hechos a las entidades demandadas. Pidió a las autoridades
carcelarias que justificaran fácticamente la prohibición de llevar el cabello y
barba largos y túnicas en celebraciones sagradas, así como que informaran qué medidas
de salubridad y seguridad adoptó en relación con los internos que no cumplen
las normas sobre presentación personal por pertenecer a comunidades indígenas,
afro o LGBTI, sin obtener respuesta a los requerimientos realizados.
Además de ello, libró despacho
comisorio[9]
para entrevistar a los sentenciados, pidió copia del expediente de la acción de
tutela presentada en el año 2013, solicitó al Ministerio del Interior
información sobre la creencia Los Nazarenos y dispuso la vinculación del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira. Esto último, teniendo en
cuenta que durante el trámite de amparo el accionante Franklin Geovanny
Cardozo Márquez fue trasladado a dicha institución.
1.11.1.
Ministerio del Interior
El Jefe de la Oficina Jurídica, en oficio de 3 de
octubre de 2014, mencionó que revisado el registro público de entidades
religiosas, la doctrina evangélica Los Nazarenos no figura como inscrita.
Aclaró que podría tratarse de un carácter confesional específico de filosofía
cristiano nazareno.
1.11.2.
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Palmira (EPC Palmira)
El 8 de octubre de 2014 la Directora de la
institución mencionó que el interno Franklin Geovanny Cardozo Márquez llegó
trasladado el 27 de agosto del mismo año y que a la fecha no había presentado reclamación
para dejar crecer su pelo y vello facial o vestir túnica en días sagrados.
Expuso que las condiciones de reclusión son las mismas que las de los otros
reclusos, respetando los derechos humanos y la libertad de culto. Las medidas
de seguridad son iguales para todos y se proveen espacios para ejercer las
confesiones religiosas que lo requieren, sin lugar a discriminación alguna.
Adjuntó copia del Reglamento Interno del centro de reclusión.
1.11.3.
Complejo Carcelario de Jamundí (Cojam)
El Director de la institución, en oficio de 9 de
octubre de 2014, sostuvo que el accionante Andrés Sánchez Gómez había salido en
libertad el 22 de julio del mismo año, para el efecto allegó constancia del
sistema de registro penitenciario[10].
Allegó copia del Reglamento Interno del establecimiento y tomó declaraciones a
los internos accionantes.
1.11.4.
Elvis Antonio Sánchez Obregón
En la diligencia de declaración manifestó
que en la actualidad pertenece a la Iglesia Pentecostés Unida de Colombia y
desde hace cuatro años dejó de pertenecer la Iglesia de Los Nazarenos. Sin
embargo, manifiesta que cuando la practicaba debía congregarse para orar tres
veces al día y era fundamental llevar el cabello y la barba largos[11].
1.11.5.
Marlon Andrés Gutiérrez Ocampo
En la diligencia de declaración
sostuvo que no pertenece a ninguna creencia religiosa, porque el compañero que
dirigía el culto fue trasladado a otro centro de reclusión y él fue remitido a
un patio diferente. Antes de eso practicaba la religión Los Nazarenos, que se
fundamentaba en la historia de Sansón, quien llevaba el pelo largo y usaba un
hábito para agradar a Dios. Adujo que oraba diariamente y los domingos se
congregaban en ayuno para fortalecer el alma[12].
1.11.6.
José Jesús Cifuentes Gutiérrez
En la diligencia de declaración
afirmó que desde 2010 es cristiano de la Iglesia de Los Nazarenos. El pilar
sobre el que esta se edifica es su creencia en Dios y en Jesucristo como el
único salvador. Además, se suscribe al arrepentimiento y a la promesa de no
volver a pecar, convirtiéndose en una nueva persona.
Expuso que se realizan ayunos y se
ora, con la frecuencia que Dios ponga en el corazón de cada uno. Aunque en cada
congregación hay un líder, en la actualidad no cuentan con una iglesia formada por
cuanto los integrantes del culto fueron separados de patio. Mantener su pelo y
barba, y vestir una túnica en celebraciones religiosas hacen parte de la
dignidad de los creyentes y del pacto que han hecho con Dios. Debido a que el
establecimiento no les brinda los implementos de aseo necesarios no les es
posible cambiar su presentación personal, lo cual viola su dignidad[13].
1.11.7.
Elkin Bayer Hernández
En la diligencia de declaración
adujo que se suscribe a la creencia religiosa Los Nazarenos desde hace dos años.
Quienes la practican deben portar su cabello y barbas largas y vestir con
túnicas en los días celebración. Su presentación personal hace parte del pacto
hecho con Dios, que los identifica y diferencia de otros cultos. Aclaró que
como en la religión católica y la evangélica, se cree en Dios y en Jesucristo.
Como parte de sus rituales citó la
oración en grupo dos o tres veces al día, compartiendo la palabra de Dios. No
obstante, aclaró que ya no es posible congregarse para orar por cuanto su líder
Franklin Cardozo fue trasladado a otro centro[14].
1.11.8.
Franklin Geovanny Cardozo Márquez
En la diligencia de declaración adujo
que pertenece al grupo Los Nazarenos, cuya creencia se fundamenta en el antiguo
testamento. Nació en un hogar cristiano, adscrito a la Iglesia Pentecostés
Unida Internacional, pero a los 12 o 13 años decidió ingresar al grupo de los
nazarenos. Su convicción se fundamenta en seguir los pasos de Cristo como
ejemplo de vida, sometiendo “la conciencia y la mente en obediencia a Dios”.
Su manual de vida son las santas escrituras y los valores que defiende son la
espiritualidad, la armonía y la unión con Dios.
Afirmó que el delito que cometió constituye un
pecado y una falta ante Dios, por lo que al estar privado de libertad no puede
participar en ningún ritual. No obstante, cuando estos se realizan, la persona
se aísla, se va a un lugar campestre, “se le ofrece un cordero a Dios, es
decir, se sacrifica un animal como en los tiempos de antes. Se entra en un
regocijo y en un gozo espiritual, y se hacen plegarias y oraciones”. Estas
celebraciones se hacen esporádicamente durante el año, por ejemplo durante el
Pentecostés o la Santa Cena, que consiste en tomar una copa de vino y pan, que
significan la Sangre y Cuerpo de Cristo.
Declaró que en todas las ciudades existe un pastor,
pero el líder vive en Perú y se considera un mesías. Aunque no recordaba su
nombre, resaltó que se trata de una persona con ojos achinados y con barba
larga, la cual, se razona, es sagrada. Mencionó que es hermano en el grupo de Los
Nazarenos de Ibagué, pero nunca hizo el voto por la pérdida de su libertad.
El pelo y vello facial largos tienen su razón de
ser en los diez mandamientos, por lo que obligar su corte constituye una
deshonra. En ese sentido, recordó que al momento de su captura en 2005
manifestó que era evangélico, por tanto exige que le permitan su práctica libre
y sin restricción en la cárcel[15].
2.
Expediente T-4.549.977
Juan Gonzalo Ganán Sánchez promovió tutela en
contra del Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín El
Pedregal (en adelante, Coped), la Unidad Administrativa de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Empresa de Alimentos Fabio Doblado
Barreto, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de culto
y a la salud.
Hechos y relato
contenido en el expediente[16]
2.1.
Afirma que desde el año 2005 practica el islam,
lo que implica “una serie de ritos, sacrificios y formas (…) como leer el
Corán, llevar una dieta especial, orar y ayunar en el día durante el ramadán”.
2.2.
Fue detenido el 26 de noviembre de 2010 y estuvo recluido en la Cárcel Nacional Bellavista hasta el 20 de enero de 2011, momento en el que fue trasladado al Coped.
2.3.
El islam prescribe varias restricciones
alimenticias tales como la prohibición de “comer carne de cerdo, de animales
con garras o que caminen por tierra, alimentos con sangre, animales muertos y
sobre todo la prohibición de ingerir alimentos no sacrificados en nombre de
Dios”. También, durante el mes sagrado del ramadán, tiene el deber de
ayunar hasta las horas de la noche por 30 o 40 días, durante los cuales ni
siquiera debe ingerir agua.
2.4.
Sin embargo, en el establecimiento la mayoría
de los alimentos se combinan con cárnicos, por lo que su dieta se reduce a la
ingesta de arroz con alguna verdura y no cumple requerimientos nutricionales
balanceados. Para compensarla ha tenido que comprar de manera ocasional
enlatados de alto costo.
2.5.
Aduce que desde su entrada solicitó a su
nutricionista que le recetara una dieta acorde a sus deficiencias alimenticias,
quien se negó bajo el argumento de que sería un acto de discriminación respecto
de quienes profesan otras religiones. Tampoco ha logrado que se respete su ayuno
durante el mes sagrado del ramadán.
2.6.
En petición del 19 de marzo de 2013 pidió una
nueva cita con la dietista debido a la pérdida de peso y la falta de
concentración, originadas por la indebida alimentación. Igualmente, pidió permiso
para crecer su barba, como lo ordena el Corán, porque su corte se considera una
mutilación del cuerpo[17].
2.7.
Explica que cuando ha intentado acudir a
protestas a través de huelgas de hambre, ha sido aislado en la Unidad de
Tratamiento Especial. Además, manifiesta que ha sido víctima de una serie de
vejámenes por parte de los miembros del centro de reclusión relacionados con el
culto que profesa. Entre otros actos, indica que:
“los guardias de la prisión me apodan el barbado, el judío o el
talibán, de manera irrespetuosa, burlándose cuando me ven leyendo el Corán
varias veces al día o respecto al ayuno en el mes del ramadán”.
2.8.
El Coped le permite mantener su vello facial.
Sin embargo, estima que su conducta respecto de las demás solicitudes impide la
práctica plena de sus convicciones religiosas. Destaca que la mala alimentación
a la que ha sido sometido afecta seriamente su salud mental y física, y que “su
identidad es constantemente violentada con insultos”.
2.9.
Considera que tales entidades están imponiendo
medidas coercitivas que menoscaban su libertad de culto, en contravía de los
artículos 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos[18]
y el 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[19].
Tal garantía no se limita al respeto estatal de la conciencia interna, sino que
debe ir más allá, asumiendo un rol activo de protección de los credos, sin
darle prioridad a ninguno. Situación contraria a lo que sucede, en su opinión,
en los establecimientos carcelarios en los que se facilita la práctica de la
religión católica “por encima de cualquier otra, en especial si esta no
pertenece a las ramificaciones cristianas, como en el caso del islam”.
2.10.    Por consiguiente, solicita la protección de sus derechos
fundamentales y que, en consecuencia, se ordene al Coped y al Uspec: la
asignación de una dieta balanceada basada en sus restricciones religiosas y el permiso
de ayuno en el mes de ramadán, acompañados de un seguimiento médico. Además, solicita
el respeto de su credo.
2.11.
Contestación de las entidades accionadas
2.11.1.
Empresa Fabio Doblado Barreto
En comunicación de 21 de abril
de 2014, la apoderada general de la entidad encargada de suministrar la
alimentación indicó que las convicciones religiosas de los reclusos no eran
tenidas en cuenta en el proceso de contratación pública para este servicio, por
cuanto se trata de circunstancias del fuero interno de cada persona.
Explicó que la provisión de
comida se fundamenta en las recomendaciones nutricionales incluidas en el anexo
técnico del proceso licitatorio, que se fundamentan en las necesidades de
energía (expresadas en kilocalorías), la distribución del valor calórico
aportado por grupos de macronutrientes (proteínas, grasa y carbohidratos) y por
tiempos (desayuno, almuerzo y cena). Resaltó que las dietas terapéuticas (hiposódica,
hipoglúcida, hipograsa, hipoproteica y alta en fibra) no responden a un menú
alterno sino a uno de apoyo para el tratamiento de una enfermedad diagnosticada,
con el fin de restablecer la salud. La profesión de una religión no se puede
considerar como una dieta, sino como hábito, costumbre u obligación que debe
cumplir el creyente.
Expuso que como contratista no
le es posible modificar las condiciones de alimentación discrecionalmente, ya
que incurriría en un incumplimiento contractual. Le correspondería a la entidad
contratante ajustar el contrato suscrito, con la subsiguiente modificación
presupuestal.
2.11.2.
Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín
El Pedregal (Coped)
La representante legal del
establecimiento expresó que Juan Gonzalo Gañán Sánchez se encuentra confinado
en el Coped desde el 18 de mayo de 2013 por los delitos de triple homicidio
agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones, con una condena de 50 años a pena de prisión.
Sobre el estado médico del recluso
sostuvo que el 16 de abril de 2014, el galeno del establecimiento concluyó que estaba
sano e hidratado, con peso de acuerdo a su talla. Sin embargo, para descartar
anemia ordenó la práctica de exámenes paraclínicos, pero no allegó los
resultados médicos[20].
Afirmó que el servicio de
alimentación se presta de acuerdo a los parámetros nutricionales establecidos
por profesionales, bajo los más altos estándares de calidad y según lo
establecido en el contrato 154 de 2013 celebrado por la Uspec y la empresa
Fabio Doblado Barreto. Manifestó que ordenar el suministro de nutrientes
diferentes a un recluso vulneraría el derecho a la igualdad de los demás
internos.
Indicó que el peticionario es el único
interno que profesa el islam y que tal religión exige oraciones diarias de
forma individual, que puede realizar sin ningún inconveniente. Aclaró que
cuenta con otros medios de profesar su religión como la plegaria, el ayuno en
el mes del ramadán, el azaque y la peregrinación a La Meca.
Respecto a la prohibición de
llevar la barba larga, manifestó que el actor no ha sido objeto de tal
restricción como lo demuestran fotografías allegadas[21].
Además de este, tres internos omiten la norma sobre el vello facial y el
cabello (un transgenerista, un indígena y un judío), respetando las normas de
higiene y de buena presentación. En esa línea, recordó que a pesar de la norma
en el reglamento que ordena llevar el pelo corto y afeitarse a diario[22],
los reclusos pertenecientes a una minoría étnica o con una identidad de género
diversa pueden cambiar su apariencia, siempre que no alteren el orden interno ni
la seguridad del penal.
2.11.3.
Unidad Administrativa de Servicios
Penitenciarios (Uspec)
La Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Coactiva,
Demandas y Defensa Judicial señaló que el señor Ganán Sánchez nunca presentó
peticiones ante la entidad, por lo que no ha vulnerado tal derecho. De otro
lado, sostuvo que la Uspec se encarga de gestionar y operar el suministro de
bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios[23].
En cumplimiento de ese deber, suscribió el contrato 154 de 2013 con la empresa
Fabio Doblado Barreto para la provisión de alimentos en el Coped. Dentro de las
obligaciones del contratista se encuentra su prestación en ciclos de los 18
menús y de las dietas terapéuticas según remisión médica[24]. Por tanto, solicitó la desvinculación de la acción de amparo debido
a que no está dentro de sus competencias la guarda ni la custodia de los
internos, lo cual le corresponde al Inpec.
2.12.    Decisión judicial objeto de revisión
2.12.1.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado 17 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Medellín, en fallo de 30 de abril de 2014, negó
el amparo invocado al considerar que el centro penitenciario ha garantizado la
práctica de su religión dentro del ámbito de lo posible.
Explicó que aunque el menú
suministrado es en su mayoría cárnico, también incluye arroz y vegetales,
alimentos que componen la dieta actual del accionante, sin generar
consecuencias en su salud según el dictamen médico allegado. Además, las dietas
diferentes debían ser solicitadas por el médico tratante, situación que no
ocurre en el presente caso. Así las cosas, a pesar de estar privado de la
libertad, el actor puede leer el Corán, ayunar durante el ramadán y dejar de
comer alimentos que van en contra de su Fe.
2.12.2.
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de 11 de junio
de 2014, confirmó la anterior decisión bajo los mismos argumentos[25].
2.13.    Pruebas ordenadas por la Corte Constitucional
El 18 de noviembre de 2014 el
Magistrado Sustanciador mediante auto para mejor proveer solicitó la precisión
de algunos hechos a las entidades demandadas, los cuales fueron reseñados en el
acápite antecedente. Pidió a las autoridades carcelarias que justificaran
fácticamente la prohibición de llevar el cabello y barba largos, así como que
informaran qué medidas de salubridad y seguridad adoptó en relación con los
internos que no cumplen las normas sobre presentación personal por pertenecer a
comunidades indígenas, afro o LGBTI. Además de ello, libró despacho comisorio[26]
para entrevistar a los sentenciados.
Durante la diligencia de
declaración[27],
el accionante sostuvo que cursó 10 semestres de Psicología y convive en unión
libre con una mujer que tiene 4 meses de gestación, además, tiene una hija de 7
años de una relación anterior. Comentó que cuando fue capturado era estudiante
y cultivador de marihuana, cuyas ventas engrosaban las finanzas de la Oficina
de Envigado, el cual fue su único delito, ya que afirma no haber realizado las
conductas típicas por las cuales fue condenado a 50 años de cárcel. De su proceso
resocializador manifiesta que hasta el momento no ha recibido la posibilidad de
rebaja por trabajo, por lo que solicitará el traslado a otro centro
penitenciario.
De otro lado, en lo que se refiere
a la religión que profesa, reiteró que practica el islam hace 9 años y que notó
la religión cuando cursaba la materia de ética, “le gustó el islam por lo
obsesivo de sus mandatos plasmados en el Corán, que conoció a través del regalo
de una novia”. Explicó que la creencia se basa en el amor y en la obediencia
a Alá, así como el amor al género humano. Esta promueve el aseo (con agua o
arena en el desierto) como una manera de purificación y denota una unión entre
la religión, lo jurídico y lo económico. Su pilar fundamental es el testimonio
que Alá le transmitió a Mahoma.
Respecto a los rituales sagrados,
manifestó que tiene la obligación de ir a La Meca una vez en la vida y ayunar
durante el mes de ramadán. En este periodo debe desayunar antes de las 5:30
a.m. y no puede consumir alimentos hasta las 6:00 p.m., no puede fumar,
cortarse las uñas, el pelo y la barba, consumir carne (salvo comida de mar) ni
tener relaciones sexuales. Igualmente, debe rezar con mayor frecuencia, tratar
de aprenderse los 99 nombres de Dios y rezarlos en un Suba (rosario de 99 cuentas).
Explicó que debe orar 5 veces al día (antes de que salga el sol, entre las
10:30 y 11:00 a.m., a las 3:00 p.m., cuando esté cayendo el sol y a las 9:00
p.m.), para lo cual se debe preparar aseándose como una forma de purificar sus
pensamientos y deshacerse del contacto que haya tenido con personas impuras que
no sigan el islam.
Ahora bien, su alimentación no
puede incluir comidas con sangre, carne de cerdo o de animales que se
arrastren, solo puede consumir reses o corderos que hayan sido sacrificados en
nombre de Alá. Lo anterior, por cuanto el animal es de alguna manera un
hermano, con quien se comparten elementos en común. Cada vez que pueda debe dar
limosna y darle de comer al prójimo.
Sobre la barba larga explica que
se trata de una obligación para diferenciar a los hombres y a las mujeres. Es,
además, un mandato de Mahoma para ser reconocido como seguidores de Alá y su
profeta, de manera que se renuncia a una vida de apariencias. Permitir su corte
se asimila a una mutilación de los genitales. Expresa que aunque ha solicitado
a la única mezquita de la ciudad la posibilidad de bautizarse bajo el rito
islámico, aún no ha obtenido respuesta.
La funcionaria encargada de la
comisión expuso que el interno cuenta con una barba larga que llega hasta el
esternón, cuya tenencia ha sido respetada en el penal.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es competente para
conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución, así
como en los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Problemas jurídicos
A partir de la reseña fáctica
realizada, a la Sala Sexta de Revisión le corresponde determinar si las autoridades
carcelarias vulneran los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de
conciencia de un interno que profesa una religión que requiere dejar crecer su
pelo y barba, así como vestir con túnicas los días de celebración religiosa, al
exigirle cumplir las normas sobre presentación personal prescritas por el
Código Penitenciario y el Reglamento Interno del Establecimiento para mantener
la seguridad y la salubridad del penal.
Adicionalmente, deberá indagar si las
autoridades carcelarias vulneran los derechos fundamentales a la libertad de
cultos y de conciencia de un interno que practica el islam cuando no le brindan
una dieta adecuada según sus creencias religiosas y no le permiten ayunar
durante el mes de ramadán.
Para resolver las anteriores
cuestiones se estudiará la limitación de los derechos fundamentales en el marco
de la relación especial de sujeción que se da entre el Estado y las personas
privadas de la libertad, específicamente se analizará el goce del derecho
fundamental a la libertad de cultos y de conciencia, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional. Enseguida, se analizarán los casos sometidos a
revisión, con el fin de determinar la constitucionalidad de las restricciones
enunciadas.
3.
Los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad y su relación de especial sujeción con el
Estado. Reiteración de jurisprudencia
3.1. Esta Corporación ha descrito en
varias ocasiones la situación que existe entre el Estado, a través de las
autoridades penitenciarias, y las personas privadas de la libertad como una
relación de especial sujeción, que determina el alcance de los derechos y
deberes recíprocos entre ellas[28].
Específicamente, ha establecido que se trata de un vínculo en el que, de un
lado, el interno se somete a determinadas condiciones de reclusión, incluyendo
la restricción de ciertos derechos[29]. Del otro, el Estado asume la obligación de
proteger y cuidar al recluso mientras permanezca en el establecimiento
carcelario[30].
La Corte ha establecido como
características de tal enlace las siguientes[31]:
(i)
la subordinación del recluso al Estado;
(ii)
que se concreta en el sometimiento del interno a
un régimen jurídico especial, que implica controles disciplinarios y
administrativos especiales y la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos,
incluso fundamentales;
(iii)
el ejercicio de la potestad disciplinaria y la
limitación de derechos fundamentales deben estar autorizados por la Constitución
y la ley;
(iv)
la finalidad de tal ejercicio es garantizar el goce
de los demás derechos de los internos, mediante medidas dirigidas a asegurar
disciplina, seguridad y salubridad, así como lograr la resocialización como
cometido principal de la pena;
(v)
como consecuencia de la subordinación surgen
derechos relacionados con condiciones materiales de existencia (alimentación,
habitación, servicios públicos y salud), que deben ser garantizados por el
Estado;
(vi)
además, le corresponde asegurar el principio de eficacia
de los derechos fundamentales de los reclusos, a través de conductas positivas.
3.2. En cuanto a la restricción de
derechos fundamentales, este Tribunal ha sido enfático en señalar que la
privación de la libertad no implica la anulación automática de las garantías
constitucionales. Por tanto, ha realizado una clasificación entre los derechos
que se suspenden, los que se restringen y los que permanecen intactos[32],
que obedece al fin resocializador de la pena. Así, derechos como las libertades
de locomoción y personal son válidamente restringidos en razón de la reclusión.
Otro grupo de garantías como la intimidad, los derechos de asociación y de
información pueden sufrir limitaciones razonables y proporcionadas, lo que
conlleva que su núcleo esencial no puede ser afectado. Finalmente, los derechos
a la vida, a la salud, a la integridad, a la igualdad, a la dignidad, a la
libertad religiosa y de conciencia, al debido proceso, de petición y al
reconocimiento de la personalidad jurídica permanecen intangibles[33].
Ahora bien, la Corte ha concluido
que la razonabilidad y la proporcionalidad son los criterios que permiten
establecer si la restricción de las garantías de los internos es
constitucionalmente válida. Por tanto, al examinar las circunstancias
particulares del caso se debe estudiar:
(i)
si el fin perseguido por la norma o medida que
se analiza es legítimo desde la perspectiva constitucional;
(ii)
si la norma o medida es adecuada para el logro
del fin perseguido;
(iii)
si la norma es necesaria, es decir, si no
existen medios menos onerosos para lograr el objetivo buscado; y
(iv)
si la norma es estrictamente proporcional, con
lo cual se indaga si los beneficios que se derivan de su adopción superan las
restricciones que ella conlleva sobre otros derechos y principios
constitucionales – en una relación de costo – beneficio[34].
La intensidad del juicio de
proporcionalidad dependerá del derecho fundamental que se encuentre en juego.
Así, cuando es leve resulta suficiente con establecer que el fin propuesto se
ajusta a la Constitución y la medida es apta para lograrlo. En el test
intermedio debe comprobarse que la medida, además de ser legítima y apta, es
efectivamente conducente para lograr el fin propuesto. Finalmente, cuando el
juicio es estricto porque involucra un criterio sospechoso de discriminación, también
se debe estudiar si la norma es necesaria y estrictamente proporcional[35].
En ese sentido, esta Corporación
ha sostenido que:
“si bien es cierto que la condición de prisionero determina una
drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la
mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe
ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales
derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta
innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan
fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias.
Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos
en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para
demandar del Estado su protección.”[36].
Por ello, este Tribunal[37]
ha precisado un contenido mínimo de las obligaciones
que surgen para el Estado de conformidad con las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos[38],
que establecen los derechos de los reclusos a:
(i)
ser ubicados en locales higiénicos y dignos;
(ii)
contar con instalaciones sanitarias adecuadas a
sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana;
(iii)
recibir ropa digna para su vestido personal;
(iv)
tener una cama individual con su ropa de cama
correspondiente en condiciones higiénicas;
(v)
contar con alimentación y agua potable
suficientes y adecuadas;
(vi)
la adecuada iluminación y ventilación del sitio
de reclusión;
(vii)
la provisión de los implementos necesarios para
su debido aseo personal;
(viii)
practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio
diariamente al aire libre,
(ix)
ser examinados por médicos a su ingreso al
establecimiento y cuando así se requiera;
(x)
recibir atención médica constante y diligente;
(xi)
no ser sujetos de penas corporales y demás penas
crueles, inhumanas o degradantes;
(xii)
acceder a material de lectura; y
(xiii)
que se respete su libertad religiosa[39].
3.3. La Corte ha resaltado que las
amplias potestades reconocidas a favor del Estado en el marco de las relaciones
de sujeción encuentran su justificación en que ellas se conviertan en mecanismos
idóneos para alcanzar la resocialización de los responsables penales[40].
Tal postura ha sido asumida en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos señala que “el régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados”[41].
La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “Las penas
privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados”[42].
En la misma línea, la Observación
General No. 21 al artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos emitida
por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que “Ningún
sistema penitenciario debe estar orientado a solamente el castigo;
esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del
preso.”
Por su parte, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el recluso no deberá ser
marginado sino reinsertado en la sociedad, por lo que la penitenciaría deberá
cumplir un principio básico según el cual “no debe añadirse a la privación
de libertad mayor sufrimiento del que ésta ya representa. Esto es, que el preso
deberá ser tratado humanamente, con toda la magnitud de la dignidad de su
persona, al tiempo que el sistema debe procurar su reinserción social”[43]. Igualmente,
ha indicado que:
“el propósito de las penas privativas de libertad es entre otros
separar a los individuos peligrosos de la sociedad, a fin de proteger a ésta en
contra del crimen, y la readaptación social de los condenados. Para ello, el
régimen penitenciario debe emplear todos los medios curativos, educativos,
morales, espirituales, y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de
que pueda disponer, a fin de reducir en lo posible las condiciones que
debiliten el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad
de su persona, y su capacidad de readaptación social”[44].
El concepto de resocialización se
opone no solo a la imposición de penas que conlleven tratos crueles, inhumanos
y/o degradantes, sino también a todas las condiciones de cumplimiento de la
pena que sean desocializadoras. En este sentido, la Corte ha entendido
que el Estado debe brindar los medios y las condiciones que posibiliten
las opciones de inserción[45].
La dignidad humana, la autonomía y
el libre desarrollo de la personalidad humana se convierten en el marco para la
interpretación de todas las medidas con vocación de rehabilitación. La función
de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como la
obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el
desarrollo de su personalidad y como prohibición de entorpecer este desarrollo.
Por tanto, le corresponde al interno, dentro de su autonomía, fijar el
contenido de su proceso de resocialización[46].
3.4. Se
puede concluir que la privación de la libertad implica que las personas no
están en capacidad de prodigarse por sí mismos los mecanismos y recursos
materiales para el ejercicio de sus garantías, lo que supone una condición de
indefensión y vulnerabilidad. Por consiguiente, nace para el Estado el deber de
garantizar que los internos puedan ejercer plenamente los derechos
fundamentales que no les han sido suspendidos y parcialmente aquellos que les
han sido limitados[47]. Ello
implica abstenerse de interferir en su esfera de desarrollo y adoptar las
medidas necesarias para asegurar su pleno goce[48].
4.
Obligación del Estado de garantizar los derechos
fundamentales a la libertad de conciencia y de cultos de las personas privadas
de la libertad
4.1. El artículo 1º Superior
define a Colombia como un Estado Social de Derecho, que garantiza la
democracia, la participación y el pluralismo, en tanto se funda en el respeto
de la dignidad humana[49].
Una visión sustancial de la democracia implica la manifestación de los
principios de tolerancia e inclusión dentro de la sociedad, los cuales redundan
en la búsqueda del valor de la libertad.
Por tanto, se promueve que en la
sociedad concurran diversos modos de comprender la ética, la moral y, en
general, distintos escenarios axiológicos, todos ellos igualmente válidos y con
ningún otro límite que la vigencia de los derechos fundamentales[50]. Justamente, esta Corporación ha
considerado que la opción religiosa es una materia “que
sólo incumbe a la persona, hace parte de su libertad-seguridad y, por tanto, el
poder del Estado no puede injerir directa o indirectamente en la decisión
personal e íntima sobre si se adopta o no un credo religioso, o si se persevera
en la práctica de un determinado culto”[51].
El principio democrático sumado a la ausencia en el texto constitucional de cualquier referencia
especial a alguna iglesia sustentan el modelo de Estado laico adoptado
por la Constitución[52].
Según el cual se da una estricta separación entre el Estado y las iglesias como
la única forma de garantizar la coexistencia igualitaria de las distintas
confesiones religiosas[53].
4.2. En coherencia con ello, la Carta contempla el derecho
a la libertad de conciencia como la garantía fundamental de conformidad con la
cual nadie será molestado en razón de sus convicciones o creencias, ni será
obligado a actuar contra su conciencia[54]. Además, establece las
libertades religiosa y de cultos como las prerrogativas de las personas a
profesar y divulgar libremente su fe o religión, de manera individual o
colectiva, siendo todas las iglesias y confesiones igualmente libres ante la
ley[55].
Para la Corte, “la religión comporta no sólo una creencia o
acto de fe, sino, básicamente, una relación personal del hombre con Dios, que
se traduce en el seguimiento de un sistema moral y en la práctica de un culto.
De esta manera, el núcleo esencial de la libertad de religión es, justamente,
la facultad de una relación con Dios”[56].
La libertad de culto es el aspecto externo y consecuencia de la anterior
garantía. Se trata del “conjunto de demostraciones exteriores presentadas a
Dios; luego, sin la relación con Dios, esto es sin religión, no se da un culto
(…) El culto, cuando es público y colectivo, es expresión de la doble dimensión
religiosa y social del hombre.”[57].
También ha dicho este Tribunal que las libertades de conciencia y
de culto abarcan una doble significación. De una parte,
implican la autonomía del individuo en lo referente al objeto jurídico que amparan, y de otra, conllevan la inmunidad de
coacción con respecto al mismo objeto. Esto implica que se protege la facultad
de autodeterminarse de cada persona y también se impide que sea forzada o
presionada en torno a ellos[58].
Entonces, por mandato constitucional se protege tanto la posibilidad
de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, como la
difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones
espirituales. Así, la garantía no se detiene en la asunción de un determinado
credo, sino que se extiende a los actos visibles en los que este se manifiesta.
Además de las manifestaciones sociales del culto, el texto Superior permite que el practicante se niegue a realizar aquellas conductas que
vayan en contra de su conciencia. Lo anterior, por cuanto para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas de
su religión reviste una importancia cardinal, puesto que ella determina la
mayoría de sus proyectos de vida personal[59].
4.3. Ahora bien, respecto de la libertad de cultos esta Corporación
ha señalado que se trata de una garantía que no cuenta con atribuciones
absolutas que le permitan desconocer otros derechos fundamentales igualmente
protegidos[60].
Este tiene como límites expresos, según el artículo 4 de la Ley Estatutaria 133
de 1994, los “derechos de los demás al ejercicio de sus libertades
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de
la salud, de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público
protegido por la ley en una sociedad democrática”[61].
Al respecto la Corte ha manifestado:
“El núcleo esencial de la indicada libertad está constituido
precisamente por las posibilidades, no interferidas por entes públicos o
privados, de dar testimonio externo de las propias creencias, en espacios
abiertos o cerrados, siempre que, al expresar mediante el culto las
convicciones espirituales que se profesan, quien lo lleva a cabo no cercene ni
amenace los derechos de otros, ni cause agravio a la comunidad, ni desconozca
los preceptos mínimos que hacen posible la convivencia social.”[62]
Así, aunque ha establecido que la dimensión espiritual individual de
la libertad religiosa no puede ser restringida, las acciones y omisiones
derivadas de la convicción religiosa sí tienen fronteras en su goce. Al
respecto ha decantado las siguientes conclusiones:
(i)
El principio pro libertate también opera
respecto de la libertad religiosa y de cultos, por lo cual sólo caben respecto
de ella las limitaciones necesarias para garantizar los derechos de los demás y
el orden público.
(ii)
Las limitaciones no cobijan el mero acto de
profesar una creencia. Es decir, el acto individual e interno de fe no puede
ser objeto de restricción alguna.
(iii)
Las acciones y omisiones derivadas de la
religión, cuyo ejercicio también se garantiza constitu­cional­mente, sí tienen
límites.[63]
4.4. En el mismo sentido la Corte ha reiterado que el derecho
fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión interna, no puede ser
restringido en el marco de la relación de especial sujeción por tratarse de una
garantía intangible[64].
Sin embargo, lo mismo no se predica de su manifestación externa. Para la Corte,
tanto el legislador estatutario como el ordinario, consideraron que era un
deber de las autoridades penitenciarias adoptar las medidas necesarias para satisfacer el derecho de los internos a recibir
asistencia religiosa de su propia confesión, sin perjuicio de la seguridad de
cada institución[65].
El artículo 6 de la norma estatutaria de libertad religiosa señala
que tal garantía comprende el derecho “de recibir asistencia
religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre y
principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los cuarteles
militares y en los lugares de detención”. El artículo
8° ibídem agrega que “para la aplicación real y efectiva de estos
derechos, las autoridades adoptarán las medidas necesarias que garanticen la
asistencia religiosa ofrecida por las iglesias y confesiones religiosas a sus
miembros, cuando estos se encuentren en establecimientos públicos docentes,
militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su
dependencia” (resaltado fuera del original).
Por su parte, el artículo 152 del
Código Penitenciario y Carcelario[66]
consagra:
“FACILIDADES PARA EL EJERCICIO Y LA PRÁCTICA DEL CULTO RELIGIOSO.
Los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica
del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”.
El Decreto 1519 de 1998[67],
que reglamenta el ejercicio del derecho de libertad
de religión y cultos en los centros de reclusión, indica que esa garantía comprende,
entre otras cosas:
“a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de
los centros penitenciarios;
b) La comunicación de los internos con los ministros o
representantes de los distintos cultos, iglesias o confesiones religiosas;
c) el establecimiento de lugares adecuados para el ejercicio del
derecho de libertad de cultos y religiones;
d) La asistencia a los internos por el ministro de culto, iglesia o
confesión religiosa a que pertenezca”[68].
Además, establece que los
directores de los establecimientos de reclusión tienen que respetar la libertad
de religión, culto o creencias de los internos así como de los funcionarios del
penal. Por tanto, “queda prohibida toda forma de coacción, presión, dádiva o
discriminación a los internos para que se adhieran a religiones diversas a las
que pertenecen o para que se mantengan en la propia. Dichas aducciones serán
voluntarias y autónomas de los internos. Las autoridades penitenciarias y
carcelarias deberán impedir la utilización de mecanismos que coarten la
libertad religiosa y de culto de los internos, o que tiendan a que éstos
cambien de confesión religiosa de manera no voluntaria”[69].
Sobre el goce colectivo de la
libertad de culto la misma norma contempla la disposición de lugares para la
celebración de ceremonias religiosas en igualdad de condiciones para los
diferentes credos[70]
y la autorización de entrada de los ministros, cada vez que los reclusos
requieran su asistencia[71].
Adicional a estas prerrogativas, el Código Penitenciario contempla que en la
provisión de alimentos, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec) debe tener en cuenta las convicciones religiosas del interno, en los
siguientes términos:
“Artículo 67. Modificado por la Ley 1709 de 2014, artículo
48. Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las
personas privadas de la libertad.
Cuando resulte necesario y únicamente por razones de salud, el
médico podrá establecer la modificación del régimen alimentario de las personas
privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su propia
alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y
cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los
demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se
tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona
privada de la libertad” (resaltado fuera de texto).
Además, tal normativa estableció
el principio de enfoque diferencial en el tratamiento de los reclusos, entre
otras razones, por sus creencias religiosas. En virtud de ello, sostuvo que las
medidas penitenciarias se deben fundamentar en esa perspectiva[72].
4.5. El anterior recuento
jurisprudencial y normativo da cuenta que la libertad de cultos es uno de los
derechos a ser garantizado a la población reclusa, pero su goce se debe dar
dentro del marco de la seguridad y orden de los establecimientos
penitenciarios. Puesto que esta garantía defiende que las personas lleven un
modo de vida que sea expresión cabal de sus convicciones religiosas más arraigadas,
cualquier restricción debe estar precedida de un análisis de razonabilidad y
proporcionalidad. De lo contrario, se le impondría al creyente la carga
desproporcionada de incumplir con los dogmas de su religión, sin que ello fuera
necesario para la protección de un interés público.
En este punto se debe recordar que
el amparo de la libertad religiosa resulta inane si el Estado se niega a
resguardar las
manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, que constituyen
fuente de complacencia para cada persona. Como lo ha reconocido este Tribunal,
la imposibilidad de coherencia entre lo que profesa y practica un individuo
puede generar un inmenso grado de sufrimiento[73], por lo que a
las autoridades penitenciarias les corresponden garantizar en la mayor medida posible
que los internos sean fieles a su credo.
4.6. La presentación personal y la
dieta pueden constituir aspectos del goce de la libertad de culto objeto de
protección al interior de los centros penitenciarios. Jautamente, la
“visibilidad de la religión” involucra distintos aspecto que implican un
abandono de la esfera privada del individuo para hacer parte de la esfera
pública de la sociedad. A través de distintos símbolos como el respeto de las
distintas fechas sagradas, la posibilidad de construir templos, el porte de
distintos símbolos religiosos y el apego a una dieta específica, las creencias
religiosas manifiestan su identidad al interior del Estado.
4.6.1. En ese contexto, una
determinada presentación personal puede constituir una manifestación externa de
una creencia religiosa. Aunque los reglamentos de los distintos centros
penitenciarios exigen que los internos lleven su barba y cabello cortos por
razones de higiene y seguridad[74]
y, en otros casos, requieren el uso de uniformes[75],
las autoridades carcelarias no pueden aplicar irreflexivamente tales restricciones
dentro de un orden constitucional como el que rige a Colombia.
A tal conclusión llegó esta
Corporación en el caso de los reclusos que tienen cicatrices en su cabeza que
resultan visibles debido al corte al rape exigido en algunos establecimientos
carcelarios. En las sentencias T-750 de 2003 y T-499 de 2010, se decidió que
tal medida era excesiva y desproporcionada, puesto que desbordaba la
finalidad de las normas disciplinarias al interior de un centro de reclusión, “como
quiera que para lograr la seguridad e identificación de los internos no es
necesaria una exigencia de tal magnitud, basta con que al recluso se le imponga
llevar el cabello corto o no usar el cabello largo”.
De otra parte, en la sentencia T-062 de 2011 la
Corte consideró que la aplicación exegética de la prohibición de llevar el
cabello largo vulneraba la identidad de género de un recluso “transexual
gay”, para quien “la adopción de su identidad sexual está mediada por el
uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de vestir, elementos
todos ellos que permiten reafirmar dicha opción y atenuar las imposiciones que
le generan las características propias del sexo fenotípico”.
En el ámbito internacional, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos[76]
ha considerado como buena práctica en la protección de las personas privadas de
la libertad que el vestido exigido atienda su identidad cultural y religiosa[77].
Tal documentos cuenta con autoridad persuasiva y debe ser tenido en cuenta por
el Estado Colombiano, en tanto es regularmente tomado en consideración por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de interpretar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de adoptar decisiones vinculantes.
A partir de lo anterior, se puede
establecer que cuando un interno solicite alterar su presentación personal en
cumplimiento de los mandatos de la fe que profesa, su procedencia debe ser
resuelta analizando si se trata de una limitación razonable a la luz de la
Carta Política. Para analizar si la restricción resulta razonable se deberá
acudir a un juicio de proporcionalidad, como se enunció antes. Previo a ello,
deberá estudiarse si las convicciones o creencias “las convicciones o creencias que se invoquen, además de
tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas
y sinceras”[78].
Las condiciones para que proceda
la protección indicó que las convicciones o creencias objeto de protección
constitucional “tienen que definir y condicionar la actuación de las
personas”[79].
Además deberán ser profundas, fijas y sinceras, esto es: (i) no pueden ser
superficiales sino que deben afectar de manera integral su vida y forma de ser,
así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones; (ii) no pueden ser
móviles ni modificadas fácilmente; y (iii) deben ser honestas y falsas,
acomodaticias o estratégicas[80].
En todo caso, se debe precisar que la carga
probatoria adicional sobre la imposibilidad de cumplir con los objetivos de la relación penitenciaria a raíz
de la exteriorización de las creencias religiosas, le corresponde a las
autoridades carcelarias. Así mismo, le es exigible formular alternativas
administrativas que afecten en menor medida las prerrogativas constitucionales.
Ahora bien, sobre la necesidad de
trasladar la obligación de demostración a los centros penitenciarios resulta
apropiado referirse a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados
Unidos, Holt v. Hobbs, en la que se estableció que la política de higiene del
Departamento Correccional de Arkansas violaba el Religious Land Use and
Institutionalized Persons Act (Acto sobre el uso religioso de la tierra y
de las personas institucionalizadas). En esa ocasión,
la Corte estudió el caso de un recluso musulmán a quien le impedían llevar una
barba de media pulgada, porque podía comprometer la seguridad del penal.
Para ese Tribunal, la autoridad
administrativa no logró demostrar que la prohibición era la medida menos
restrictiva para lograr su cometido de controlar el contrabando y lograr la
identificación de los internos. Específicamente, no presentó razones para
justificar que otros reclusos llevaran barbas por razones médicas, o que se
pudieran tomar fotos antes y después del crecimiento de vello facial para
individualizar a los internos.
4.6.2. En cuanto a la petición de
una dieta especial para cumplir con los mandatos de una religión, el asunto
resulta más sencillo debido a que el mismo Código Penitenciario consagra la
obligación de brindar una dieta acorde con las convicciones religiosas de la
persona privada de la libertad[81].
Por tanto, no hay razón legal para que las autoridades se nieguen a
proporcionar alimentación adecuada y suficiente que sea coherente a lo que su
fe prescribe.
Este Tribunal ha sostenido que se
vulneran los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal cuando
se proporciona comida que no cumple “condiciones mínimas de higiene, valor
nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa
nutrición”[82].
En ese sentido, ha indicado que:
“El
hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad
personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e
inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, y, por contera, implica, contra
la Constitución, una pena adicional no contemplada en la ley”[83].
En este punto, se debe aclarar que
aun cuando los procesos contractuales del actual suministro de alimentos se
dieron antes de la mencionada modificación legislativa, lo cierto es que la
anterior disposición estipulaba[84]:
“POLÍTICAS Y PLANES DE PROVISIÓN ALIMENTARIA. La Dirección General
del INPEC fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que
podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los
alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y
balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en
buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en
mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del
trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno,
se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación” (resaltado
fuera de texto).
Por tanto, en la actualidad no existe
fundamento para que las directivas de los establecimientos carcelarios se
nieguen a proponer alternativas de nutrición aptas para los reclusos que lo
requieran en virtud de su religión.
5.
Análisis de los casos concretos
5.1. Expediente T-4.436.001
5.1.1. En el presente caso seis
reclusos que se identifican como pertenecientes a la doctrina evangélica Los
Nazarenos solicitan autorización para dejar crecer su barba y su cabello,
debido a que se trata de un pecado deshonroso despojarse de ellos. También
piden poder usar túnicas en los días de celebración del Júbilo y del
Pentecostés.
En el año 2013 presentaron acción
de amparo para lograr el permiso, puesto que, a pesar de 18 peticiones al
respecto, las autoridades carcelarias no les habían dado respuesta. En esa
ocasión, los jueces de instancia decidieron proteger únicamente el derecho de
petición, al considerar que una concesión en tal sentido podría afectar la
seguridad y salubridad del penal.
Acuden nuevamente en tutela en
contra de los directivos del Cojam y de los funcionarios judiciales que
resolvieron el amparo presentado. Lo anterior, debido a que hasta el momento no
han podido ejercer libremente sus convicciones religiosas puesto que han sido
obligados a cortar su pelo y vello facial. Ponen de presente que otros internos
pueden llevar su cabello largo si se identifican como comunidades afro,
indígenas o LGBTI, sin que se presenten inconvenientes de orden o de higiene.
Dentro del trámite constitucional ni el Cojam ni
los despachos judiciales accionados se pronunciaron sobre las pretensiones del
amparo. No obstante, de las pruebas allegadas en sede de revisión se pudo
establecer que uno de los internos había sido trasladado al EPC Palmira, otro
había salido en libertad y dos dejaron de profesar la creencia aludida. La
metodología para resolver los casos será la de evaluar, en primer lugar, la
procedencia formal de la tutela, teniendo en cuenta que ya se había presentado
otra acción y que el amparo se dirige en contra de los fallos dictados dentro
de la anterior tutela. Posteriormente, se estudiará la situación particular de
los accionantes, agrupándolos según sus circunstancias actuales.
5.1.2. Procedencia formal de la acción de tutela
5.1.2.1. El artículo 38
del Decreto Estatutario 2591 de 1991 establece que “[c]uando, sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. La Corte
ha señalado que la citada norma prohíbe la presentación de dos o más tutelas,
con base en los mismos supuestos fácticos y con el fin de satisfacer la misma
pretensión material.
La disposición busca evitar que de
manera dolosa o caprichosa se congestione el aparato judicial y se restrinja el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de otros
ciudadanos, mediante el ejercicio abusivo de la tutela y el desconocimiento del
principio de lealtad procesal[85].
Por tanto, ha indicado que será temeraria la acción que reúne los siguientes
requisitos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos, (iii) identidad de pretensiones y (iv) ausencia de
justificación frente al ejercicio de la nueva acción de tutela[86].
No obstante, este Tribunal ha
señalado que pueden existir eventos en los cuales, si bien concurren esas
condiciones no se constituye el fenómeno. Ello ocurre cuando el juez vislumbra
la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos, o que los jueces de la
primera acción no se pronunciaron respecto a la verdadera pretensión y la violación
se mantiene. En estos casos el funcionario judicial debe entrar a decidir de
fondo el problema planteado[87].
La Sala observa que en el
expediente bajo revisión no se ha presentado un ejercicio temerario de la
tutela debido a que entre la primera y la segunda acción, el Inpec dio
respuesta negativa a los requerimientos de llevar el cabello y barba largos, y
de portar una túnica en los días de celebración religiosa. Precisamente, el
juez de primera instancia, encargado de resolver el incidente de desacato,
consideró que mediante el oficio núm. 242-Cojam-AT-13511 de 12 de junio de 2013[88]
se había dado cumplimiento a la orden de tutela. No se puede predicar entonces una
identidad fáctica en ambas solicitudes de protección de derechos fundamentales,
ya que en el interregno se dio la respuesta definitiva y de fondo sobre el
ejercicio libre de cultos.
5.1.2.2. De otro lado, se advierte
que una de las pretensiones del amparo es la corrección de los fallos de tutela
emitidos dentro de la primera acción. No obstante, de la lectura integral del documento,
así como de las peticiones remitidas a las autoridades carcelarias, puede
deducirse sin lugar a dudas que el verdadero interés de los accionantes es el
respeto de su libertad religiosa en cuanto a la autorización para llevar una
presentación personal distinta a la estipulada en el reglamento interno. Por
esa razón, el análisis del caso no se referirá al cuestionamiento de las
referidas providencias judiciales. Una vez superado el estudio formal de
procedencia, se estudiará el fondo del asunto, de conformidad con las
circunstancias actuales de los seis actores.
5.1.3. Marlon Andrés Gutiérrez, Elvis Antonio
Sánchez Obregón y Andrés Sánchez Gómez
El fenómeno de la carencia actual
de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela
respecto de lo pedido en el escrito de amparo no surtiría ningún efecto, esto
es, caería en el vacío[89].
Por lo general, este Tribunal ha sostenido que se da a partir de dos eventos:
hecho superado[90]
o daño consumado[91].
No obstante, de manera reciente, ha considerado que también puede ocurrir
cuando se dé “una modificación en los hechos que originaron la acción de
tutela y el tutelante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”[92].
En todo caso, la presencia
de tal fenómeno no “impide un pronunciamiento de fondo sobre la existencia
de una violación de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones
judiciales de instancia (…) Menos aún en sede de revisión, espacio en el cual
la Corte Constitucional cumple la función de fijar la interpretación de los
derechos fundamentales como autoridad suprema de la jurisdicción
constitucional.”[93].
De una parte, en el cuestionario absuelto por
Marlon Andrés Gutiérrez este afirmó que no pertenece a ninguna
creencia religiosa y Elvis Antonio Sánchez Obregón sostuvo que en la actualidad pertenece a la Iglesia Pentecostés Unida de
Colombia. Por otro lado, los directivos del Cojam informaron que Andrés
Sánchez Gómez había quedado en libertad el 22 de julio del mismo año. Así, se
evidencia que para dichos actores se configura una carencia
actual de objeto por situaciones sobrevinientes que modificaron los hechos que
sustentaba la reclamación. Ello genera que las órdenes a impartir no surtan
ningún efecto, ya que se puede inferir razonadamente que perdieron todo el interés
en la satisfacción de su pretensión.
5.1.4. Franklin Geovanny Cardozo Márquez, Elkin
Alberto Bayer Hernández y José de Jesús Cifuentes Gutiérrez
5.14.1. Se reitera que a la Sala
Sexta de Revisión le corresponde determinar si las autoridades carcelarias
vulneran el derecho fundamental a la libertad de cultos de un interno que
profesa una religión que requiere dejar crecer su pelo y barba, así como vestir
con túnicas los días de celebración religiosa, al exigirle cumplir las normas
sobre presentación personal prescritas por el Código Penitenciario y el
Reglamento Interno del Establecimiento para mantener la seguridad y salubridad
del penal.
5.14.2. Como quedó expuesto en la parte
considerativa de esta providencia, cuando a una persona le es impuesta una
medida restrictiva de la libertad como consecuencia del ejercicio del poder
punitivo del Estado, surge una relación de especial sujeción. Ello implica que
el interno queda a cargo de la organización penitenciaria del Estado y, por ende,
sometido a un régimen jurídico especial en el que se pueden suspender y limitar
algunos de sus derechos fundamentales, mientras que otros permanecen incólumes
ante dicha condición.
Dentro del conjunto de derechos
que pueden ser limitados con ocasión de la reclusión se encuentra la libertad
de cultos, puesto que se trata de la manifestación externa de la confesión
religiosa. Así las cosas, la posibilidad de realizar actos relacionados con sus
convicciones está supeditada a las normas disciplinarias que rigen al interior
de cada establecimiento carcelario. No obstante, como se indicó antes, la
restricción en el goce los derechos fundamentales no es automática, ya que
siempre debe consultar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En consecuencia, para verificar su
constitucionalidad se estudiará si (i) las convicciones o creencias que se
invoquen son externas, profundas, fijas y sincera; y (ii) la restricción
resulta razonable a la luz del juicio de proporcionalidad.
5.1.4.3. En primer lugar, la Sala
considera importante determinar si las personas que invocan la protección no
están usando sus creencias como pretexto, y de forma estratégica y coyuntural
para evadir sus deberes dentro de la cárcel. En el presente caso, se percibe
que las convicciones religiosas de los tres actores se derivan de su
pertenencia a la doctrina evangélica Los Nazarenos[94],
cuyo eje fundamental es el Antiguo Testamento de la Biblia.
Demuestran su arraigo religioso
las 18 peticiones presentadas ante el Cojam para que se les permitiera llevar
su cabello y barba largos, y el ingreso de túnicas para los días sagrados de
Júbilo y Pentecostés[95];
así como la promoción de la primera acción de tutela el 18 de marzo de 2013.
Estas manifestaciones externas reflejan la coherencia entre sus actividades y
vivencias con lo que exigen sus convicciones, lo que demuestra la profundidad
de su creencia.
A pesar de que los tres
accionantes han profesado la fe durante distintos periodos de tiempo[96],
concurren en que su creencia se basa en seguir los pasos de Cristo como ejemplo
de vida y que les impone orar a diario. La oración podría ser individual o en
grupo, pero debido a que fueron separados de patio ya no es posible la
congregación. Además, exponen que dentro del pacto hecho con Dios se les exige
dejar crecer su cabello y barba, por lo que cortarlos significa un pecado
deshonroso.
Con base en lo anterior, es
posible valorar como serias las convicciones de los accionantes, porque según
sus dichos los han acompañado varios años. Además, de manera congruente han
reclamado la posibilidad de ejercer libremente su culto durante su permanencia
en la cárcel. Estas circunstancias reafirman la honestidad de sus convicciones
bajo el amparo de la presunción de buena fe[97], porque no se
observan que sean acomodaticias para relevarse de algunos de los deberes que
les corresponden dentro de la relación de especial sujeción que mantienen con
el Estado. De otra parte, tampoco han sido cuestionadas por la entidad
carcelaria.
5.1.4.4. Para establecer si la
afectación de la libertad de cultos de los internos se encuentra justificada
constitucionalmente se cotejará si resulta razonable y proporcional a la luz de
la Carta Política. En relación con la prohibición de llevar el cabello y barba
largos, el artículo 51 del Reglamento Interno del Cojam[98]
prescribe:
“ARTÍCULO 51. HIGIENE PERSONAL. Es deber de todo interno bañarse y
afeitarse diariamente. Sin excepción, no está permitido para el personal de
internos el uso de barba ni el cabello largo.
Pese a lo anterior, se debe respetar la apariencia sexual diversa de
las personas privadas de la libertad que se autoreconocen como población LGTBI,
en consecuencia no se les podrá obligar a cortarse el cabello cuando ello hace
parte de su identidad sexual”.
Respecto al vestuario contempla:
“ARTÍCULO 49. VESTUARIO. Teniendo en cuenta las asignaciones
presupuestales que para este rubro se establezcan, los(as) internos(as)
condenados vestirán uniformes confeccionados en corte y color que no riñan con
las condiciones climáticas ni desprovistos de todo elemento que pueda afectar
la dignidad humana. Se prohíbe el registro de números visibles en la parte
externa de los uniformes y la distinción de color por el tipo de delito. Los
sindicados vestirán sus propias prendas en estado de limpieza.
Los condenados portarán el uniforme durante el día desde las 07:00
horas (hora de contada en la mañana) hasta las 17:00 horas (hora de contada y
encerrada) de lunes a domingo, y durante los días de visita lo harán desde las
06:30 horas”.
Por su parte, el artículo 52 del
Reglamento Interno del EPC Palmira[99]
dispone:
“ARTICULO 52º. HIGIENE PERSONAL. Es deber de todo interno de Alta
Seguridad bañarse y afeitarse diariamente. Sin excepción, no está permitido el
uso de barba ni el cabello largo”.
Y sobre el uso de informes indica:
“ARTICULO 50º. VESTUARIO. Teniendo en cuenta las asignaciones
presupuestales que para este rubro se establezcan y las disponibilidades del
mismo, los internos condenados en Alta seguridad vestirán uniformes
confeccionados en corte y color que no riñan con las condiciones climáticas y
desprovistas de todo elemento que pueda afectar la dignidad humana. Se prohibe
el registro de números visible en la parte externa de los uniformes y la
distinción de color por el tipo de delito.”
Se advierte que la prohibición de
usar el cabello y la barba largos y de portar túnicas en los días de
celebración religiosa podría tener dos objetivos: mantener las condiciones de
seguridad y salubridad dentro del penal. Se trata de una suposición debido a
que las autoridades no presentaron los fundamentos de la limitación, a pesar de
que en sede de revisión se indagó por ellos. Para la Sala dichas finalidades
resultan constitucionalmente relevantes y legítimas, en cuanto contribuyen al
mantenimiento del orden dentro del establecimiento.
Se observa que cada una de las cárceles
que componen el sistema penitenciario, tiene la facultad legal de determinar su
reglamento interno, teniendo en cuenta “la categoría del establecimiento a
su cargo y las condiciones ambientales”[100].
Por tanto, la fijación de condiciones de higiene y presentación constituye una
facultad legal de las entidades accionadas, pero ello no hace que sea ajustada
al Texto Superior.
En lo que se refiere a la
idoneidad de la restricción para lograr el objetivo, se repara que ella no
resulta necesaria para la conservación de la seguridad y la higiene.
Justamente, en el reglamento del Cojam se consagra una excepción para las
personas cuya identidad de género exija no cortar su cabello, aunque lo mismo
no sucede en la normativa del EPC Palmira. Al respecto, se aclara que los
centros de reclusión accionados no dieron respuesta acerca de las medidas que
adoptan cuando se autoriza a miembros de comunidades indígenas, afro o LGBTI
una presentación personal distinta a la prescrita.
Sin embargo, tal trato
diferenciado lleva a concluir que los fines penitenciarios se pueden dar a
través de otros remedios como la exigencia de un largo específico para la barba
y el cabello, así como de condiciones de higiene para lo cual se tendría que
garantizar el suministro de elementos de aseo. Si se trata de evitar fugas bajo
la modalidad del cambiazo, se podría realizar un registro fotográfico del
interno antes y después de modificar su apariencia. Para prevenir el
ocultamiento de objetos en la túnica, se puede establecer que su uso se dé en
determinados espacios y tiempos, siempre anunciados al personal de seguridad
del penal con la suficiente antelación. Por tanto, es perfectamente
posible y compatible con dicho propósito, que se tomen decisiones
administrativas que no supongan afectar gravemente el derecho a la libertad de
cultos de los accionantes.
En ese sentido, la limitación
resulta desproporcionada porque mediante el ejercicio de una facultad legal,
cuya frontera es el respeto a los derechos fundamentales, se afecta gravemente la
exteriorización de la religión de personas privadas de la libertad, en aras de
atender un beneficio relativamente menor que puede ser alcanzado por otras
vías. Se destaca que las autoridades carcelarias no demostraron que hacer una
excepción a las normas de higiene y vestuario pueda generar riesgos excesivos
o perturbar gravemente el funcionamiento del penal.
Por el contrario, procedieron a restringir
irreflexivamente las prerrogativas de los reclusos para quienes el cortarse el
cabello y barbas y no poder asistir con túnicas a sus celebraciones representa
un inmenso sufrimiento, debido a que se considera una afrenta a sus
convicciones. Se reitera que esta carga probatoria adicional es exigible a los
directivos de las instituciones accionadas, por cuanto la restricción de las
garantías fundamentales debe estar precedida de un estricto análisis de
proporcionalidad y razonabilidad. Ello para contribuir efectivamente al fin de
resocialización de la pena de privación de la libertad, que empieza por el
mantenimiento de la dignidad de quienes se encuentran condenados o sindicados.
5.1.4.5. Una vez establecida la
profundidad, seriedad y sinceridad de las convicciones profesadas por los
actores, así como la falta de razonabilidad y proporcionalidad de las
prohibiciones de llevar el cabello y la barba largos, y usar túnicas en los
días de celebración del Júbilo y del Pentecostés, se puede concluir que la
decisión de las autoridades carcelarias vulnera gravemente su derecho a la
libertad de cultos.
Aunque el EPC Palmira sostuvo que
el Franklin Geovanny Cardozo Márquez no había
solicitado permisos desde su traslado, la Corte advierte que su remisión se dio
dentro del trámite de tutela, tan solo 40 días antes de que el establecimiento
enviara su informe[101].
Además del corto término que había tenido para radicar algún escrito, se
observa que el interno afirma profesar la misma religión y requerir las
autorizaciones para modificar su apariencia.
Por ende, se ordenará que las
entidades accionadas autoricen a Franklin Geovanny Cardozo Márquez, a
Elkin Alberto Bayer Hernández y a José de Jesús Cifuentes Gutiérrez dejar
crecer su barba y cabello, bajo las medidas de seguridad e higiene que
consideren pertinentes. Así mismo, deberán permitir el uso de túnicas para la
celebración del Júbilo y del Pentecostés. El ingreso de estos elementos deberá
cumplir con las requisas y controles que considere prudente cada
establecimiento. Además, los actores deberán informar con dos semanas de
anticipación a las celebraciones que estas van a ser realizadas, para que se
adopten las pautas que garanticen el orden del penal.
5.2. Expediente T-4.549.977
5.2.1. En el asunto bajo estudio,
un recluso que practica el islam desde el año 2005 pide que en el centro
penitenciario le brinden una alimentación balanceada basada en sus creencias
religiosas, porque estas le prohíben consumir “carne
de cerdo, de animales con garras o que caminen por tierra, alimentos con
sangre, animales muertos y sobre todo (…) alimentos no sacrificados en nombre
de Dios”. Se ha visto obligado a ingerir
únicamente arroz y verduras, ha perdido peso y sufre de otras complicaciones
médicas, razón por la cual solicitó cita con la nutricionista del penal, quien
se negó a prescribir una dieta especial porque podría entenderse como un acto
de discriminación contra los demás reclusos.
Además, menciona que no le es
permitido ayunar durante el mes sagrado del ramadán y que los guardias lo
apodan “el barbado, el judío, el talibán, de manera irrespetuosa”. Cuando
ha manifestado su inconformismo, lo han aislado en la Unidad de Tratamiento
Especial. Reclama el amparo de sus derechos a la libertad de culto y a la salud
con el fin de que se le suministre comida según su religión, se le permita
ayunar, se le realice seguimiento médico y cesen las medidas de discriminación
y persecución en su contra.
En sede de tutela, las entidades
accionadas afirmaron que no era posible el abastecimiento de alimentos
diferentes a los planteados en los menús contemplados en el Contrato 154 de
2013, porque se incurriría en un incumplimiento contractual. La representante
legal del Coped especificó que el actor contaba con otros medios para profesar
su religión como la oración, el azaque, el ayuno y la peregrinación a La Meca.
Además, sostuvo que el peticionario no era objeto de la prohibición de llevar
barba larga, como otros tres reclusos que pertenecen a una minoría étnica o a
una identidad de género diversa.
5.2.2. Teniendo en cuenta que en
el presente caso no se expusieron reparos respecto de la procedencia formal del
amparo, se procederá a evaluar si las restricciones formuladas en cuanto a la
alimentación y a la posibilidad de ayunar durante el ramadán están ajustadas a la Carta Política. Para ello se indagará si (i) las
convicciones o creencias que se invoquen son externas, profundas, fijas y
sincera; y (ii) la restricción resulta razonable a la luz del juicio de
proporcionalidad.
5.2.2.1. En primer lugar, la Sala
Sexta de Revisión advierte que las objeciones que opone el accionante a la
alimentación brindada por el Coped se originan en
profundas convicciones religiosas y que ellas se esgrimen de manera seria y no
acomodaticia. En efecto, de manera reiterada se ha negado a comer los platos
suministrados por la “contaminación” que pueden sufrir con alimentos
prohibidos, lo que lo ha llevado a limitar su ingesta a arroz y vegetales. Así
mismo, de la declaración rendida, se desprende que desde
hace más de diez años profesa el islam. La firmeza de
la creencia se pone en evidencia en el valor que el actor le asigna al
cumplimiento de su religión, puesto que prefiere acatarla aún a costa de su
salud.
Tal convicción es tan seria que ha
sido aceptada por la entidad accionada. En razón de ello, le ha permitido dejar
crecer su barba y ha brindado espacios para que realice sus oraciones diarias.
5.2.2.2. De otro lado, se tiene
que la alimentación constituye un proceso complejo, que va más allá de un grupo
de ingredientes transformados. Se trata de un fenómeno social, cultural e
identitario que termina por simbolizar una realidad. Así, la mayoría de
creencias religiosas contienen algún tipo de restricciones, fundamentadas en
concepciones dietéticas de lo que es bueno o malo para el cuerpo, el alma, la
salud o la santidad. Ellas se reflejan en la limitación de las cantidades a
ingerir, la prohibición de algunas categorías de alimentos o la orden de
abstinencia en algunas épocas o celebraciones. Estas normas de comportamiento,
entonces, no son meros hábitos deseables, sino que constituyen verdaderas
manifestaciones de las convicciones religiosas que deben ser acatadas por parte
de los creyentes.
Ahora bien, como se mencionó
previamente, la libertad de cultos no es un derecho absoluto. Para los reclusos
esa garantía debe circunscribirse a la necesidad de preservar la seguridad y el
orden dentro de los establecimientos penitenciarios. No obstante, la
alimentación como una forma de exteriorización de la religión sí está
completamente protegida dentro de las cárceles, como lo prescribe el artículo
67 del Código Penitenciario. Según esta norma las autoridades tiene el deber de
brindar una dieta acorde con las convicciones de la persona privada de la libertad[102].
Las negativas a suministrar comida
y a permitir el ayuno durante el ramadán, según las prescripciones del islam,
son medidas que contrarían lo dispuesto en el régimen carcelario[103].
En ese sentido, ni siquiera es necesario entrar a analizar su razonabilidad y
proporcionalidad para cumplir con los fines de la relación penitenciaria, ya
que no tiene un cimiento legal que la sustente.
Por tanto, se ordenará a los directivos
del Coped que provean a Juan Gonzalo Gañán Sánchez una dieta de acuerdo a sus
convicciones religiosas. Esta deberá ser nutricional y presupuestalmente
similar a la que se otorga a los demás internos del establecimiento.
5.2.3. En cuanto al acceso a los
servicios de salud, la Corte ha reiterado que en cumplimiento de las
obligaciones que se derivan de la relación de especial sujeción, la salud debe
considerarse como un derecho que no puede suspenderse. En consecuencia, todos
los reclusos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios tienen
derecho a que el Estado les garantice el acceso a los servicios de salud que
requieran, prestados bien sea por la unidad de sanidad dentro del
establecimiento o por la entidad promotora de salud contratada para tales
fines[104].
Justamente, esta Corporación ha
indicado que dentro de los derechos fundamentales que no son susceptibles de limitación
se encuentra la salud, “el cual, gracias a su estrecha relación con el
derecho a la vida y a la dignidad humana, permanece incólume frente a su
situación, lo que necesariamente implica que durante el periodo dentro del cual
se prolongue la reclusión, le corresponde al Estado garantizar el acceso a los
servicios que requieran los internos en la materia”[105].
En el caso bajo estudio, una de
las preocupaciones del actor radicaba en las dificultades médicas que está
sufriendo a raíz de la dieta desequilibrada que está llevando. En consulta
médica del 16 de abril de 2014 el médico del penal indicó que se encontraba “actualmente
en buenas condiciones de salud y peso adecuado para su talla”. Sin embargo,
teniendo en cuenta su régimen alimenticio carente de macronutrientes ordenó “paraclínicos
para descartar anemia carencial”, sin que la entidad accionada haya
allegado los resultados de tales exámenes. Por tanto, con el fin de establecer
el verdadero estado médico del actor, se ordenará al centro de reclusión que
autorice la consulta con el especialista en nutrición del penal.
5.2.4. En lo que se refiere a los
tratos irrespetuosos que el actor dice estar sufriendo por parte de los guardias
del Coped, la Corte debe recordar que los principios fundantes del Estado
Social de Derecho excluyen los actos de discriminación en contra de cualquier
persona, por cuanto afectan la dignidad humana[106].
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que un
acto discriminatorio “es la conducta, actitud o trato que pretende -
consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o
grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios
sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos
fundamentales”[107].
Uno de los más grandes desafíos
que plantea la protección respecto a dichas conductas se relaciona con su
demostración, razón por la cual esta Corporación ha indicado que una de las
mayores garantías con que cuenta el individuo es la inversión de la carga
probatoria. Ello se da con mayor razón en los casos de personas que aducen
haber sido sometidas a un mal tato con base en categorías sospechosas o cuando
están en situación de indefensión o vulnerabilidad[108].
Como se ha dicho reiteradamente,
la verdadera protección de la libertad religiosa implica la defensa de sus
manifestaciones externas. Resulta contradictorio que en el establecimiento
penitenciario se le permita al interno dejar crecer su barba por motivo de su
credo y, al mismo tiempo, se le irrespete públicamente por demostrar sus
creencias.
Las expresiones de intolerancia y
de discriminación en contra de los musulmanes son fenómenos en crecimiento en
el mundo, debido a prejuicios y estereotipos sobre la cultura islámica. Amnistía
Internacional ha advertido este problema que tiene un impacto negativo en la
vida de quienes profesan esta religión y le impone barreras para ejercer sus
derechos: “arruina las perspectivas, las oportunidades y la confianza
personales y puede ocasionar aislamiento, exclusión y estigmatización”[109].
A quienes practican esta religión
se les debe garantizar la posibilidad de expresar sus creencias en la forma que
deseen: con las decisiones de vestir o no prendas concretas y de celebrar o no
oficios religiosos. Estas opciones se deben dar sin coacción de la familia, la
comunidad o el Estado.
Por consiguiente y teniendo en
cuenta que la entidad accionada no negó que sus miembros hubieran ejecutado los
actos de discriminación, se ordenará al Coped que instruya a sus miembros sobre
el respeto de la libertad de cultos para que estos se abstengan de llamarlo “el barbado, el judío o el talibán, de manera irrespetuosa,
burlándose cuando me ven leyendo el Corán varias veces al día o respecto al
ayuno en el mes del ramadán”. En ese mismo
sentido se advertirá que no puede retrotraer la autorización de dejar crecer su
barba, por cuanto se trataría de una medida regresiva.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, el 8 de mayo de 2014, dentro del expediente T-4.436.001, la cual negó el amparo
invocado. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho a la libertad
de culto de Franklin Geovanny Cardozo Márquez, Elkin Alberto Bayer
Hernández y José de Jesús Cifuentes Gutiérrez.
Segundo. DECLARAR la carencia actual de
objeto respecto de los accionantes Andrés Sánchez Gómez, Marlon Andrés
Gutiérrez y Elvis Antonio Sánchez Obregón.
Tercero. ORDENAR al Complejo Carcelario de
Jamundí (Cojam) que autorice, en las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, a Elkin Alberto Bayer Hernández
y a José de Jesús Cifuentes Gutiérrez dejar crecer su barba y cabello, bajo las
medidas de seguridad e higiene que consideren pertinentes. Así mismo, deberá
permitir el uso de túnicas para la celebración del Júbilo y del Pentecostés. ADVERTIR
que el ingreso de estos elementos deberá cumplir con las requisas y controles a
que haya lugar. Los actores deberán informar con dos semanas de anticipación a
las celebraciones que estas van a ser realizadas, para que se adopten las
pautas que garanticen el orden del penal.
Cuarto. ORDENAR al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Palmira (EPC Palmira) que autorice, en las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, a Franklin Geovanny Cardozo Márquez dejar crecer su barba y
cabello, bajo las medidas de seguridad e higiene que consideren pertinentes.
Así mismo, deberá permitir el uso de túnicas para la celebración del Júbilo y
del Pentecostés. ADVERTIR que el ingreso de estos elementos deberá
cumplir con las requisas y controles a que haya lugar. Los actores deberán
informar con dos semanas de anticipación a las celebraciones que estas van a
ser realizadas, para que se adopten las pautas que garanticen el orden del
penal.
Quinto. REVOCAR la sentencia proferida
por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, el 11
de junio de 2014, que confirmó la emitida por el Juzgado 17 Penal del Circuito
de Medellín, el 30 de abril del mismo año, dentro del expediente T-4.549.977, la cual negó el amparo
invocado. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos a la
libertad de culto y a la salud de Juan Gonzalo Ganán Sánchez.
Sexto. ORDENAR al Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín El Pedregal
(Coped) que brinde, en las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, a Juan Gonzalo Gañán Sánchez una dieta de
acuerdo a sus convicciones religiosas, la cual deberá ser nutricional y
presupuestalmente similar a la que se otorga a los demás internos del
establecimiento.
Séptimo. ORDENAR al Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín
El Pedregal (Coped) que autorice, en las 48 horas siguientes a la notificación
de la presente providencia, la consulta con el especialista en nutrición del
penal para Juan Gonzalo Gañán Sánchez, con el fin de establecer su verdadero
estado médico. Además, deberá brindar los servicios en salud que se deriven de
tal dictamen.
Octavo. ORDENAR al Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín El Pedregal
(Coped) que, en las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, advierta a todos los miembros del establecimiento carcelario que
deben cesar los actos de discriminación y hostigamiento en contra del
accionante. Así mismo, ADVERTIR que no podrá retrotraer la autorización de dejar crecer su barba, por cuanto se trataría
de una medida regresiva.
Noveno. Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] El presente capítulo resume la narración hecha por los actores, así
como otros elementos fácticos y jurídicos observados en el expediente, los
cuales se consideran relevantes para comprender el caso.
[2] Como se explicará en el acápite 1.11., esta entidad fue vinculada
mediante auto de 26 de septiembre de 2013.
[3] En los folios 17 a 34 del cuaderno 3 obran copias de las peticiones
elevadas en las siguientes fechas: 7, 15 y 30 de agosto, 7 de septiembre, 2 y
10 de octubre, 23 de noviembre, 20, 22, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2012,
26 de enero y 1 de febrero de 2013.
[4] En los folios 12 a 189 del cuaderno 3 obra copia del expediente de
la acción de tutela presentada el 18 de marzo de 2013.
[5] El Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito de Cali en
fallo de 8 de abril de 2013 y el Tribunal Contencioso Administrativo de Valle
del Cauca en sentencia confirmatoria el 13 de junio de 2013. Uno de los
magistrados del Tribunal salvó parcialmente su voto al estimar que era
necesario ordenar al Inpec que adecuara el reglamento penitenciario a las
condiciones especiales de la comunidad religiosa, en relación con el vestuario,
la presentación personal y el sitio de culto. Lo anterior, para ponderar el
principio de sujeción de los internos, la seguridad y el derecho a la libertad
de cultos.
[6] Folio 186 del cuaderno 3.
[7] Folios 39 a 41 del cuaderno 1.
[8] En providencia de 5 de noviembre de 2013 la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia remitió el expediente al Consejo de Estado, en virtud del
Decreto 1382 de 2000, por cuanto una de las entidades demandadas es el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (folio 28 a 30 del cuaderno 1)
[9] Las comisiones fueron realizadas por el Juzgado 3º Penal de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.
[10] Folio 93 del cuaderno 2.
[11] Folios 35 a 36 del cuaderno 2.
[12] Folios 37 a 38 del cuaderno 2.
[13] Folios 39 a 40 del cuaderno 2.
[14] Folios 41 a 42 del cuaderno 2.
[15] Folios 29 a 30 del cuaderno 2
[16] El presente capítulo resume la narración hecha por el actor, así
como otros elementos fácticos y jurídicos observados en el expediente, los
cuales se consideran relevantes para comprender el caso.
[17] Folios 9 a 12 del cuaderno 1.
[18] “Artículo 18 || 1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza. || 2. Nadie será objeto de medidas
coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión
o las creencias de su elección. || 3. La libertad de manifestar la propia
religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden,
la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los
demás. || 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para
garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.”
[19] “Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión || 1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como
en privado. || 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de
religión o de creencias. || 3. La libertad de manifestar la propia religión y
las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por
la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. || 4. Los padres, y
en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
[20] Folio 28 del cuaderno 1.
[21] Folios 50 a 52 y 60 a 61 del cuaderno 2.
[22] Reglamento interno para el Coped (Resolución 2327 de 2013),
artículo 51: “Higiene Personal. Es deber de todo interno bañarse y afeitarse
diariamente. Sin excepción, no está permitido el uso de barba ni el cabello
largo, sin contravenir lo establecido en la Constitución. || Pese a lo
anterior, se debe respetar la apariencia sexual diversa de las personas
privadas de la libertad que se auto reconocen como población LGBTI, en
consecuencia no se les podrá obligar a cortarse el cabello cuando ello hace
parte de su identidad sexual”.
[23] Decreto 4150 de 2011, artículo 4: “OBJETO. La
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto
gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para
el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a
cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”. Esta
función fue refrendada por el artículo 48, que reza: “Modificase el
artículo 67 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: Artículo
67. Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la
alimentación de las personas privadas de la libertad. || Cuando resulte
necesario y únicamente por razones de salud, el médico podrá establecer la
modificación del régimen alimentario de las personas privadas de la libertad o
podrá autorizar que estas se provean su propia alimentación desde el exterior
del establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las
condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser
autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso,
las convicciones religiosas de la persona privada de la libertad. || Bajo
ninguna circunstancia las personas privadas de la libertad podrán contratar la
preparación de alimentos al interior de los centros de reclusión. Está
prohibida la suspensión o limitación de la alimentación como medida
disciplinaria. || El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrán a su cargo,
conforme a sus competencias la dotación de elementos y equipos de trabajo,
sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario deben suministrarse
en los establecimientos de reclusión.”
[24] Folio 32 del cuaderno 1.
[25] El Magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras salvó su voto al estimar
que la libertad de cultos es un derecho fundamental que no tiene límite de
conformidad con la sentencia T-035 de 2013. En ese sentido, expuso que le
corresponde al Estado asegurar el goce efectivo de tal garantía debido a la
imposibilidad que genera el encarcelamiento al devoto para practicar los ritos
que exige su creencia. Por tanto, se debió ordenar al Inpec que facilitara el
consumo de alimentos adecuados y la realización del ayuno.
[26] La comisión fue realizada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.
[27] Folios 83 a 84 del cuaderno 2.
[28] Sentencias T-714 de 1996, T-153 de
1998, T-881 y T-1108 de 2002, T-1030 de 2003, T-490, T-639 y T-1096 de 2004,
T-578, T-792, T-1084, T-1145 y T-1180 de 2005, T-317 de 2006, T-793 de 2008,
T-175 de 2012, T-035 de 2013 y T-422 de 2014.
[29] Sentencias T-020 de 2008, T-324 de 2011 y T-266 de 2013.
[30] Sentencia T-615 de 2008.
[31] Sentencia T-687 de 2003, reiterada en la sentencia T-175 de 2012.
[32] Sentencias T-153 de 1998, T-208 de
1999, T-1030 de 2003, T-639 de 2004, T-1096 de 2004, T-578 de 2005, T-792,
T-1084 de 2005 y T-1145 de 2005, T-317 de 2006, T-693 de 2007, T-690 de 2010,
T-324, T-355 y T-213 de 2011 y T-366 de 2013.
[33] Sentencia T-274 de 2008, reiterada en la sentencia T-062 de 2011.
[34] Sentencia C-417 de 2009.
[35] Ibídem.
[36] Sentencia T-596 de 1992.
[37] Sentecia T-851 de 2004.
[38] Adoptadas en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En sentencia T-846 de 2013, la Corte
estableció que se trataba de un documento que, sin pretender llegar a describir
un modelo penitenciario, sí contempló varios principios orientados a lograr que
los Estados adopten una buena organización en el sistema carcelario y velen por
el adecuado tratamiento de los reclusos.
[39] Este Tribunal ha hecho referencia a estas reglas como
criterio guía de cardinal importancia para determinar el contenido básico de
los deberes estatales en materia penitenciaria. Sentencias T-851 de 2004, T-175
de 2012 y T-077 de 2013.
[40] Sentencia T-77 de 2013.
[41] Artículo 10.3.
[42] Artículo 5.6.
[43] Informe sobre los derechos humanos en
Cuba, 2011.
[44] Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, 1996.
[45] Sentencia C-261 de 1996.
[46] Sentencia C-261 de 1996.
[47] Sentencias T-535 de 1998, T-893A de 2006 y
T-266 de 2013.
[48] Sentencia T-588A de 2014.
[49] “ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.”
[50] Sentencia C-817 de 2011.
[51] Sentencia T-193 de 1999.
[52] Sentencia T-376 de 2006.
[53] Sentencia C-350 de 1994.
[54] “ARTÍCULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a
actuar contra su conciencia.”
[55] “ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
|| Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la
ley.”
[56] Sentencia C-616 de 1997.
[57] Ibídem.
[58] Ibídem.
[59] Sentencia T-690 de 2010.
[60] Sentencia T-376 de 2006.
[61] Esta disposición fue declarada exequible por la Corte mediante la
sentencia C-088 de 1994.
[62] Sentencia T-606 de 1996.
[63]
Sentencia T-982 de 2001, reiterada en la sentencia T-376 de 2006.
[64] Sentencias T-133 de 2006, T-213 de 2011, T-815 y T-861 de 2013.
[65] Sentencia T-376 de 2006.
[66] Ley 65 de 1993.
[67] “Por el cual se establecen medidas tendientes al libre
ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros
penitenciarios y carcelarios”. En su artículo 1º indica: “Los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país
gozan del derecho a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión,
así como de difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades
penitenciarias y carcelarias deberán permitir sin restricción alguna al libre
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de
reclusión. || La asistencia religiosa de los internos corresponderá a los
ministros de culto, iglesia o confesión religiosa a la cual pertenezcan.”
[68] Artículo 2º.
[69] Artículo 3º.
[70] “Artículo 6º. Para efectos de permitir la celebración de cultos
o ceremonias religiosas, así como de brindar la asistencia espiritual a los
internos, el director del establecimiento dispondrá los lugares apropiados para
tal fin, respetando su destinación religiosa y su carácter confesional
específico, siempre y cuando las condiciones físicas del establecimiento
permitan la multiplicidad de ellos. || En caso de que las condiciones físicas
del establecimiento de reclusión no permitan tener varios lugares para el
ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones, el director del
establecimiento determinará el lugar económico en que tales actividades puedan
desarrollarse, previendo de manera equitativa el uso por parte del interno o
grupo de internos, para la celebración de cultos o ceremonias, o la recepción
de asistencia religiosa. En este evento, se respetarán los derechos adquiridos
con anterioridad por otras confesiones religiosas, especialmente en lo relativo
a los lugares existentes para su uso y profesión de su religión.”
[71] “Artículo 7º. Los internos
solicitarán la presencia de un ministro de culto, iglesia o confesión religiosa
cada vez que requiera de su asistencia, conforme a los mecanismos, horarios y
modalidades que se determinen en el reglamento interno. || Tratándose de
internos moribundos, el director del centro de reclusión permitir el ingreso
del ministro de culto, iglesia o confesión religiosa, sin el Reno total de los
requisitos establecidos en el reglamento, sin perjuicio de las medidas de
seguridad a que haya lugar”.
[72] “Artículo 3A. Adicionado por la Ley 1709
de 2014, artículo 2º. Enfoque diferencial. El principio de enfoque
diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en
razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual,
raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las
medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho
enfoque.”
[73] Sentencia T-982 de 2001.
[74] El Acuerdo 11 de 1995, “por el cual se expide el Reglamento
General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios”, prescribe: “ARTÍCULO 38. Higiene
Personal. Es deber de todo interno bañarse y afeitarse diariamente. No está
permitido el uso de barba ni el cabello largo, sin excepción (…)”. Sin
embargo, según el artículo 52 del Código Penitenciario, cada centro de
reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, aprobado por el
Director del Inpec.
[75] El acuerdo citado consagra: “ARTÍCULO 41. Vestuario. Los
sindicados vestirán sus propias prendas en estado de limpieza. El ingreso de
ropa al establecimiento se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
23 del presente reglamento. Se procurará que los condenados vistan uniformes,
confeccionados en corte y color que no riñan con las condiciones climáticas y
que estén desprovistos de todo elemento que pueda afectar la dignidad humana,
teniendo en cuenta las asignaciones presupuestadas que para este rubro se
establezcan. Se prohíbe el registro de número en los uniformes y la distinción
de color por el tipo de delito. En los supuestos de salida al exterior, los
internos vestirán ropas que no denoten su condición de reclusos.”
[76] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas mediante Resolución 1/08, en su 131º período ordinario
de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[77] “Principio XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido (…)
3. Vestido || El vestido que deben utilizar las personas privadas de libertad
será suficiente y adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la
identidad cultural y religiosa de las personas privadas de libertad. En ningún
caso las prendas de vestir podrán ser degradantes ni humillantes.”
[78] Sentencia C-728 de 2009. Estos criterios fueron esbozados por la
Sala Plena de esta Corporación para el caso de los objetores de conciencia
respecto de la prestación del servicio militar obligatorio. En esa oportunidad,
se sostuvo: “[…] no es razonable obligar a una persona a prestar el
servicio militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio, como
retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de
la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios”. En ese sentido,
“[…] no es necesario que [contribuir a la protección de la
Nación y el Estado tenga que ser] mediante la prestación del servicio
militar, que, en el caso de los objetores de conciencia, plantea un conflicto
muy profundo entre el deber constitucional y las convicciones o las creencias
que profesan”.
[79] Ibídem.
[80] Ibídem.
[81] “Artículo 67. Modificado por la Ley 1709 de 2014,
artículo 48. Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las
personas privadas de la libertad. || Cuando resulte necesario y únicamente por
razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen
alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas
se provean su propia alimentación desde el exterior del establecimiento
penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e
higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo
de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones
religiosas de la persona privada de la libertad” (resaltado fuera de
texto).
[82] Sentencia T-208 de 1999.
[83] Sentencia T-266 de 2013.
[84] Texto inicial del artículo 68 del Código Penitenciario.
[85] Sentencia T-266 de 2011.
[86] Sentencias T-923 de 2010, T-718 de 2011, T-084, T-151 y T-181 de
2012, T-349 de 2013 y T-045 de 2014.
[87] Sentencia T- 1233 de 2008, reiterada en la sentencia T-046 de
2013.
[88] Es necesario aclarar que en el expediente no obra copia del Oficio
núm. 242-Cojam-AT-13511 de 12 de junio de 2013, como se refirió en el acápite
de antecedentes. Sin embargo, tanto el representante del Cojam como el juez de
primera instancia dentro de la primera acción de amparo hicieron alusión a este
(Folios 177 a 180 y 186 del cuaderno 3).
[89] Sentencia T-533 de 2009.
[90] La carencia actual de objeto por hecho superado ocurre
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de
amparo, por lo que cualquier orden judicial se torna innecesaria. En otras
palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela
ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna (sentencia T-533 de 2009).
[91] La carencia actual de objeto por daño consumado se da cuando
la vulneración o amenaza del derecho fundamental produjo el perjuicio que se
pretendía evitar, de forma que ya no es posible cesar la violación o impedir
que se concrete el peligro. En ese sentido, solo procede el resarcimiento del
daño originado en la vulneración del derecho fundamental (sentencia T-083 de
2010).
[92] Sentencias T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
[93] Sentencia T-576 de 2012.
[94] En este punto se precisa que aunque el Ministerio del Interior no
certificó su inscripción dentro del registro público de entidades religiosas,
dicha cartera aclaró que podría tratarse de un “carácter confesional
específico de filosofía cristiano nazareno” (ver Acápite 1.11.1. de esta
providencia).
[95] En los folios 17 a 34 del cuaderno 3 obran copias de las peticiones
elevadas en las siguientes fechas: 7, 15 y 30 de agosto, 7 de septiembre, 2 y
10 de octubre, 23 de noviembre, 20, 22, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2012,
26 de enero y 1 de febrero de 2013.
[96] José Jesús Cifuentes Gutiérrez profesa la fe desde hace 5 años,
Elkin Bayer Hernández desde hace 2 años y Franklin Geovanny Cardozo Márquez
desde que tenía 12 años.
[97] Constitución Política, artículo 84: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”
[98] Resolución núm. 0396 de 4 de febrero de 2013.
[99] Resolución núm. 010 de 6 de abril de 2005.
[100] Artículo 53 del Código Penitenciario, que reza: “Artículo 53.
REGLAMENTO INTERNO. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de
régimen interno, expedido por el respectivo Director del centro de reclusión y
previa aprobación del Director del INPEC. Para este efecto el Director deberá
tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones
ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de
defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá
ser aprobada por la Dirección del INPEC”.
[101] El recluso fue trasladado el 27 de agosto de 2014 y el informe fue
remitido el 8 de octubre siguiente, como se reseñó en el acápite 1.11.2. de
esta providencia.
[102] “Artículo 67. Modificado por la Ley 1709 de 2014,
artículo 48. Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación
de las personas privadas de la libertad. || Cuando resulte necesario y
únicamente por razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del
régimen alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar
que estas se provean su propia alimentación desde el exterior del
establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las condiciones de
seguridad e higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por
el Consejo de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las
convicciones religiosas de la persona privada de la libertad” (resaltado
fuera de texto).
[103] En este punto, se debe traer a colación el documento denominado
“Derechos y deberes religiosos de los musulmanes privados de la libertad”,
apoyado por el Consejo Consultivo Científico y de la Prevención del Delito de
las Naciones Unidas (ONU) y el Programa Justicia Penal (ISPAC). En él se
establece como uno de los deberes para lograr una correcta práctica
correccional el respeto de los derechos religiosos de quienes practican el
islam, de los cuales la alimentación es uno de los más importantes.
[104] “Artículo 104. Modificado por la Ley 1709 de 2014,
artículo 65. Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad
tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de
conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición
jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento
adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento
médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el
cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica
deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad. || En todos los centros de reclusión se garantizará la
existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de
Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria. || Se garantizará el tratamiento
médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la
rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la
necesidad específica.”
[105] Sentencia T-744 de 2009, reiterada en la sentencia T-175 de 2012.
[106] Sentencia T-691 de 2012.
[107] Sentencia T-098 de 1994.
[108] Sentencia T-098 de 1994 y T-098 de 1994 T-691 de 2012.
[109] Amnistía Internacional. Elección y prejuicio. Discriminación de
personas musulmanas en Europa, 2012.