C-170-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-170/04
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo de inconstitucionalidad sujeto a
exigencias de tipo formal y material
La Corte ha señalado que los cargos de
inconstitucionalidad contra una disposición de rango legal, se someten en su
formulación a exigencias de tipo formal y material, destinadas a la
consolidación de un verdadero problema de inconstitucionalidad que le permita
adelantar a esta Corporación una discusión propia del juicio de
inexequibilidad, a partir de la confrontación del contenido verificable de una
norma legal frente a la exposición del contenido de una norma Superior que
resulte clara, específica, pertinente y suficientemente enfrentadas.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones por las cuales textos acusados se
estiman violados
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Trámite cuando exista demanda
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Precisión o certeza del contenido
normativo que se acusa
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Deber de certeza de cargos de
inconstitucionalidad
El deber de certeza de los cargos de
inconstitucionalidad, por una parte, implica que el señalamiento de la norma
acusada debe corresponder a aquella disposición vigente que en realidad se
pretende retirar del ordenamiento jurídico y, por otra, que su transcripción
por cualquier medio que sea debe ser fiel, autentica y verificable a partir de
una simple lectura de su contexto literal.
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza participativa y de acceso
público
La naturaleza participativa de la acción
pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 40), exige que el derecho a demandar
del ciudadano, no se someta a un excesivo formalismo del líbelo de la demanda
que haga inoperante su ejercicio y que, en mayor o menor medida, se convierta
en un límite para la protección no sólo de los derechos y garantías fundamentales
de los ciudadanos, sino también de la efectiva protección de un sistema
jurídico jerarquizado. Por ello esta Corporación ha reconocido que en atención
a esos pilares fundamentales de participación y de acceso público, en el
ejercicio de la acción de control de constitucionalidad, no pueden
interpretarse las demandas de inexequibilidad, en una forma tan rigurosa o
sujeta a tal ritualismo, que les impida a los ciudadanos el ejercicio efectivo
de su derecho de acceder a la administración de justicia y, en concreto, a la
jurisdicción constitucional, como emanación del derecho de los ciudadanos a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Identificación
del texto acusado/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance
Surge como pilar de aplicación el
denominado principio pro actione, según el cual, siempre que del análisis de
una demanda sea posible identificar el texto acusado, el cargo formulado o, al
menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la
disposición acusada o de la norma constitucional que sirve como parámetro de
confrontación; es viable que esta Corporación subsane los distintos defectos de
las demandas que, en principio, hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que
detectados en la etapa de admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su
rechazo y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de
hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los
derechos de acceso a la administración de justicia y de participación
democrática. Pero, en especial, con el propósito esencial de mantener “la integridad
y supremacía de la Constitución”, en los términos previstos en los artículos
241 y subsiguientes del Texto Superior.
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Fraccionamiento
de contenido normativo en dos disposiciones y asignación de contenido normativo
que no se deriva del contexto literal
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
NORMA DEROGADA-Procedencia
cuando está produciendo o llegue a producir efectos jurídicos
NORMA ACUSADA DEROGADA-No producción de efectos jurídicos
NORMAS DE DERECHO LABORAL-Son de orden público por lo que tienen
efecto general inmediato
INHIBICION DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Derogatoria
de disposición que no está produciendo efectos jurídicos
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Alcance/DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Cautela especialísima del legislador en regulación
Según lo ha sostenido esta Corporación,
cuando el artículo 44 fundamental establece que “los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”, está tácitamente consagrando una limitación
al principio democrático de adopción de las leyes, en el sentido de someter a
las mayorías políticas coyunturales a un poder real y efectivo a favor de los
menores, con el fin de preservar su desarrollo armónico e integral y que, en
virtud de su carácter prioritario, puede ser gestionado por cualquier persona
en su defensa, a través de las acciones constitucionales previstas para el
efecto en el ordenamiento superior. Se trata de reconocer que si bien el
legislador puede limitar o regular un derecho fundamental en ejercicio de su
potestad de configuración normativa, cuando dichas actuaciones tengan la
potencialidad de afectar el desarrollo normal de los derechos fundamentales de
los niños, tales como, los derechos a la vida, la integridad física, la salud y
la protección contra toda forma de explotación laboral o económica; es su deber
proceder con una cautela especialísima, en atención a la obligación positiva
que la Constitución le impone al Estado, de asistir y proteger al niño en su
desarrollo armónico e integral y en el ejercicio pleno de sus derechos.
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Posición activa del Estado para promoción y
efectiva realización
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Protección especial por autoridades
públicas
No es posible, en un Estado Social y
Democrático de Derecho que el legislador transmute la protección especial que
deben asumir las autoridades públicas frente a los niños, hacía ellos mismos,
por cuanto, un actuar de dicha manera, implica la cesación del Estado en el cumplimiento
de las condiciones esenciales que derivan del contrato social y que, en
cualquier Estado democrático, constituyen los pilares fundamentales para la
construcción de una sociedad justa, fundada en la dignidad humana y en el
progreso social.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Medidas de protección por el Estado
DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE-Razones básicas de protección
DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL NIÑO-Conjunto objeto de protección por el
legislador/DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DEL MENOR-Marco jurídico de
protección infantil que legislador debe establecer
DERECHOS DEL NIÑO-Nueva categoría de sujeto constitucional de
protección especial/REGLA PRO INFANS-Significado
La Corte mediante sentencias, manifestó
que la Constitución, más allá de pretender reconocer la naturaleza fundamental
de los derechos de los niños, la cual se deriva de su propia existencia como
sujetos a quienes la familia, la sociedad y el Estado les debe atención y
cuidado; pretendió establecer una nueva categoría de sujeto constitucional de
protección especial, frente al cual, en aplicación de la regla pro infans,
siempre debe ampararse de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que
afecte su desarrollo armónico e integral, y frente a quien deben establecerse
medidas especiales de amparo y defensa, como manifestación del carácter
corrector del Estado Social de Derecho, hacía sujetos privilegiados que
demandan cuidados específicos y especiales.
DERECHOS DEL ADOLESCENTE-Protección y formación integral
NIÑO Y ADOLESCENTE-Conceptos sinónimos
REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL-Especial importancia en la atención para
las madres cabeza de familia y menores de un año
DERECHO A LA EDUCACION-Carácter fundamental/DERECHO A LA EDUCACION DEL
MENOR-Carácter fundamental
El derecho a la educación ha sido
reconocido por esta Corporación como un derecho fundamental, el cual mantiene
incólume dicha naturaleza para todos los menores, independientemente de la edad
que éstos puedan tener. Desde esta perspectiva, con fundamento en una
interpretación sistemática de los artículos 44 y 67 del Texto Superior, el
citado derecho tan sólo adquiere un carácter prestacional y programático,
cuando se trata de adultos o mayores de edad.
EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA-Cobertura en prestación es precaria
SISTEMA EDUCATIVO-Deserción escolar
TRABAJO INFANTIL-Causas determinantes
EDUCACION-Factor esencial del desarrollo humano, social y
económico/EDUCACION-Instrumento para la construcción de la equidad
social/DERECHO A LA EDUCACION-Finalidad
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Forma parte del bloque de
constitucionalidad strictu sensu/CONVENIO 138 SOBRE EDAD MINIMA DE ADMISION
DE EMPLEO-Forma parte del bloque de constitucionalidad/CONVENIO 138
SOBRE PROHIBICION DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCION
INMEDIATA PARA LA ELIMINACION-Forma parte del bloque de constitucionalidad
strictu sensu
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DEL NIÑO-Alcance en el ordenamiento constitucional
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DEL NIÑO-Constituye parámetros mínimos a partir de
los cuales el Estado puede establecer una protección más amplia
Las disposiciones contenidas en dichos
tratados internacionales no se convierten automáticamente en una barrera para
el desarrollo de las medidas de protección que internamente puedan otorgarse a
los derechos de los niños, es decir, sus normas constituyen parámetros mínimos
de sujeción para los Estados Partes, a partir de las cuales el Estado puede
establecer una protección jurídica más amplia.
TRABAJO INFANTIL-Propensión por la abolición
Son muchos los niños colombianos que
trabajan en condiciones que ponen en peligro su vida, integridad física y
personal, su salud, su formación, su educación, desarrollo y porvenir. Algunos
de ellos están sometidos a la peores formas de trabajo infantil, lo que - en no
pocas ocasiones- les generan daños físicos y psicológicos irreversibles e
impiden su adaptación social. En atención a dicha problemática, las normas
constitucionales como las disposiciones internacionales propenden por la
abolición del trabajo infantil, precisamente, porque perpetúa la pobreza y
compromete el crecimiento económico y el desarrollo equitativo del país.
TRABAJO INFANTIL-Eliminación
TRABAJO INFANTIL-Principal instrumento para abolición/VIDA
PRODUCTIVA-Determinación de edad mínima para ingreso
CONTRATO-Incapaces absolutos o relativos
VIDA PRODUCTIVA-Propósitos a los cuales debe responder el
señalamiento de límites al acceso
El señalamiento de dicho límite para
acceder a la vida productiva debe responder a dos propósitos fundamentales, a
saber: (i) El de proteger a los niños respecto de trabajos que interfieran en
su pleno desarrollo y, en especial, en el goce efectivo del derecho a la
educación; y (ii) el de asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento,
la abolición efectiva del trabajo infantil, a través de la búsqueda de la
eficiencia económica que haga que los mercados de trabajo de los adultos
funcionen correctamente y que permitan elevar progresivamente la edad mínima de
admisión al empleo. (Artículo 1° del Convenio 138 de la OIT - Ley 515 de 1999
-).
TRABAJO INFANTIL-Parámetros de validez/VIDA PRODUCTIVA-Normatividad
referente a la edad mínima para acceso
TRABAJO INFANTIL-Regulación de prestación para velar por efectiva
protección del menor y humanizar condiciones laborales/TRABAJO INFANTIL-Catálogo
amplio y riguroso de condiciones/TRABAJO INFANTIL-Vigencia temporal y
excepcional
Ni la Constitución, ni los
tratados internacionales proscriben el trabajo infantil. Sin embargo, el
ordenamiento superior, en atención a la realidad social y económica que
involucra tempranamente a los menores en el mundo laboral, regula su
prestación, con el objetivo de velar por la efectiva protección del menor y
humanizar las condiciones laborales. De todos modos, dicha regulación se
enmarca, en primer lugar, en el reconocimiento de un catálogo amplio y riguroso
de condiciones orientadas a velar por la efectiva defensa del menor y, en
segundo término, en el compromiso de una vigencia temporal y excepcional, en
razón a la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas encaminadas
a su total abolición (art. 1° Convenio No. 138 de la O.I.T).
TRABAJO INFANTIL Y LABORES INFANTILES-Distinción conceptual
TRABAJO INFANTIL-Límites en el ordenamiento jurídico constitucional
MUNDO LABORAL-Edad mínima de escolaridad
MUNDO LABORAL-Admisión implica cesación de obligación escolar/TRABAJO
INFANTIL-Edad de admisión
EDUCACION DEL MENOR DE EDAD-Estado debe asegurar acceso gratuito y
permanencia
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Jornada de prestación
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Jornada escolar única diurna
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION PARA EL MENOR DE EDAD-Jornada escolar diurna
VIDA LABORAL-Condiciones de acceso para mayores de quince años
Para que los mayores de
quince (15) años puedan acceder a la vida laboral, es indispensable que las
labores que desarrollen no se presten ni “para la explotación laboral o
económica”, ni para la asunción de “trabajos riesgosos”, en los términos
previstos por el artículo 44 Superior. Bajo esta condición, se encuentran
prohibidos (i) los trabajos que pongan en peligro el bienestar físico, mental o
moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se
realiza (Trabajos Peligrosos); y (ii) toda forma de explotación como la
esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo
forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados,
prostitución y pornografía infantil y, en general, todas aquellas actividades
consideradas como ilícitas.
TRABAJO INFANTIL-Alcance de la expresión “peores formas”
TRABAJO INFANTIL-Competencia legislativa para señalar los denominados
trabajos peligrosos
ACTIVIDAD ECONOMICA SUBORDINADA POR MENOR DE EDAD-Condiciones adicionales para posibilidad
de ejercicio
Tal y como lo dispone el artículo 32 del
Convenio sobre los Derechos del Niño, la posibilidad de ejercer una actividad
económica subordinada por parte de los menores de edad se sujeta,
adicionalmente, al cumplimiento de dos (2) condiciones formales, a saber: (i)
La flexibilidad laboral, en atención al estado de crecimiento de éstos, y que
implica que no puedan resistir intensas horas de trabajo. Por ello, no deben admitirse
en el ordenamiento jurídico normas que equiparen la jornada de un menor a la
propia de un adulto; y, así mismo, (ii) su permisión requiere la evaluación del
Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia, como lo
señala el artículo 238, inciso 1°, del Código del Menor.
EMPLEO-Edad mínima de admisión generalizada del menor/TRABAJO INFANTIL-Edad
mínima de admisión generalizada/TRABAJO INFANTIL-Respuesta al contexto
socioeconómico del país/ACTIVIDAD LABORAL POR MENOR DE EDAD-Condiciones
para ejecución entre los quince y dieciocho años
Podemos concluir, como
regla general, que la Constitución Política y los tratados internacionales de
protección a la niñez que forman del bloque de constitucionalidad, strictu
sensu, establecen una edad mínima de admisión generalizada del menor al empleo.
Tal admisión, no obstante las normas especiales de protección que la acompañan,
se considera incompatible con la garantía del derecho a la educación, y por
consiguiente, no puede darse antes de que el menor haya completado su
escolaridad, es decir, hasta antes de los quince (15) años (C.P. arts. 44 y 67
y Convenio No. 138 de la OIT. art. 2-3). Sin embargo, dicha
permisibilidad constitucional como respuesta al contexto socioeconómico del
país, exige la intervención del Estado para regularizar y humanizar las
condiciones de trabajo. En atención a dicha circunstancia, la ejecución de
actividades laborales por parte de menores de edad entre los quince (15) y
dieciocho (18) años, se sujeta a las siguientes condiciones que revisten el
carácter de orden público, a saber: (i) La prohibición de ejecutar trabajos
peligrosos o ilícitos, es decir, la relación jurídica laboral se sujeta - en exclusiva-
al desarrollo de trabajos normales (véase: artículo 3° del Convenio No. 182 de
la OIT, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación”). (ii) La flexibilidad laboral, es decir,
la reglamentación apropiada de horarios y condiciones de trabajo, la cual, en
ningún caso, puede permitir el trabajo nocturno. (iii) La autorización escrita
del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia, como lo
señala el artículo 238, inciso 1°, del Código del Menor.
CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL-Estados pueden sustituir edad de quince años en
catorce
TRABAJO INFANTIL-Edad mínima de catorce años es una regla de
excepción
VIDA PRODUCTIVA-Edad mínima para acceder/MUNDO LABORAL-Ingreso
En aras de respetar el
precedente judicial y el compromiso asumido por el Estado Colombiano ante los
organismos internacionales del trabajo, se puede concluir que la Constitución
Política y los tratados internacionales establecen como edad mínima para
acceder a la vida productiva, la edad en que cesa la obligación de garantizar
la escolaridad mínima, es decir, los quince (15) años. Sin embargo, es posible
ingresar al mundo laboral a partir de los catorce (14) años, siempre y cuando,
además del cumplimiento de las condiciones generales de permisión del trabajo
infantil previamente reseñadas, se acrediten las estrictas exigencias previstas
en los artículos 2-4°, y 2-5°, del Convenio 138 de la OIT, en armonía con los
artículos 44 y 67 del Texto Superior. Estas exigencias son las siguientes:
(i)Dichos menores únicamente pueden ingresar al mundo laboral en los
denominados “trabajos normales”, es decir, en aquellos que por su naturaleza no
son susceptibles de perjudicar su desarrollo normal o su salud. En este caso,
los trabajos riesgosos, peligrosos o ilícitos, se encuentran con mayor razón
prohibidos. (ii)Exigen del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la
primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del
Defensor de Familia, como lo señala el artículo 238, inciso 1°, del Código del
Menor, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2-4 del Convenio No. 138 de
la OIT, la comprobación de que en dicha entidad territorial: (i) Las
condiciones socioeconómicas no permiten asegurar cabalmente el acceso al
sistema educativo y que, adicionalmente, (ii) los medios de educación aún se
encuentran insuficientemente desarrollados. (iii)Por último, es indispensable
que el Gobierno Nacional cumpla con su obligación de reiterar a la OIT la
necesidad de mantener la edad excepcional de admisión al empleo en los 14 años,
de conformidad con lo previsto en el artículo 2-5 del Convenio No. 138. De
manera que, la vigencia de esta excepción es meramente coyuntural mientras
subsistan las razones que permitan su vigencia. Lo anterior, por cuanto es
obligación del Estado elevar progresivamente la edad mínima de admisión al
empleo, a partir de su deber de propender por su total erradicación.
TRABAJO INFANTIL-Condiciones para prestación excepcional por mayores
de doce y menores de catorce años
TRABAJO INFANTIL-Autorización de manera excepcional y bajo estrictas
condiciones para mayores de doce y menores de catorce años
También se encuentra ajustado a la
Constitución Política que de manera excepcional y bajo estrictas condiciones
las autoridades respetivas autoricen a niños mayores de doce (12) años y
menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros, siempre que en éstos se
garanticen la escolaridad y no se perjudique su salud o desarrollo. Pero, en
apoyo de lo anterior, es igualmente claro que, por ningún motivo, se puede
autorizar o permitir el trabajo para los menores de doce (12) años.
CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL-Llamado de atención a las autoridades
públicas para propensión por abolición
ABANDONO DEL NIÑO-Mendicidad/EXPLOTACION INFANTIL-Obligación
del Estado es de resultado
EMPLEO-Edad de admisión
La
Constitución Política impone una medida de protección acorde a la prevista en
los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de
constitucionalidad strictu sensu (Convención sobre los Derechos del Niño y
Convenios Nos. 138 y 182 de la OIT), conforme a los cuales, por regla general, la
edad de admisión al empleo, es aquella en que cesa la obligación de garantizar
la escolaridad mínima, es decir, los quince (15) años. Sin embargo, es posible
ingresar al mundo laboral a partir de los catorce (14) años, de acuerdo a lo
dispuesto en el Convenio No. 138 de la OIT, edad a la cual se acogió Colombia
por ser un país cuya educación está insuficientemente desarrollada (Ratificación
del citado Convenio, visible a folio 64 del expediente de constitucionalidad).
Así mismo, también se encuentra ajustado al Texto Superior que de manera
excepcional y bajo estrictas condiciones las autoridades respectivas autoricen
a niños mayores de doce (12) años y menores de catorce (14) para ejecutar
trabajos ligeros, siempre que no afecten la salud, el desarrollo integral y la
educación del menor. Por ello, es inconstitucional que el legislador desconozca
los citados mandatos, permitiendo el acceso a la vida laboral a una edad
inferior, con las perversas consecuencias que ello genera para la educación, el
desarrollo y el porvenir de los niños, en los términos previstos por los
artículos 44 y 67 del Texto Superior.
Referencia:
expediente D-4742
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 30 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo
238 (parcial) del Decreto - Ley 2737 de 1989.
Demandantes: Luis Gabriel Otavo Vásquez y
Carlos Julio Alonso Pimentel.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil cuatro
(2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
Los
ciudadanos Luis Gabriel Otavo Vásquez y Carlos Julio Alonso Pimentel, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los
artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentaron demanda de
inexequibilidad contra los artículos 30 (parcial) del Código Sustantivo del
Trabajo y 238 (parcial) del Decreto - Ley 2737 de 1989 (Código del Menor).
La Corte, mediante auto de julio veintiocho (28) de
2003, proferido por el Despacho del magistrado sustanciador, admitió la
demanda, ordenó las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes,
dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte para
efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, corrió traslado al
señor Procurador General de la Nación para lo de su competencia.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte
a resolver sobre la demanda de la referencia.
II.      TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS.
Se transcribe a continuación
el texto de la disposición acusada, con la advertencia de que se subraya y se
resalta lo demandado:
“DECRETO
2737 DE 1989
Por el cual se expide el Código del Menor”
“Art. 238. Autorización para contratar. Los
menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de
catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este
artículo, con las limitaciones previstas en el presente código.”
III.    LA DEMANDA
1.      Normas constitucionales que se consideran
infringidas
Estiman los demandantes que la disposición acusada es
violatoria de los artículos 44 y 67 de la Constitución Política.
2.      Fundamentos de la demanda
Para los demandantes, el precepto legal demandado,
desconoce el artículo 44 de la Constitución Política, referente a la protección
contra toda forma de explotación laboral y de trabajos riesgosos, ya que los
menores que tienen las edades mínimas autorizadas por la norma acusada, se ven
expuestos a los riesgos prohibidos por la disposición Superior.
Los actores señalan que algunos de los riesgos a se
exponen los niños que trabajan son comunes a todos independiente de la
actividad que ejerzan, como por ejemplo, déficit de crecimiento, inasistencia
escolar, atraso educativo en relación con la edad; mientras que, algunos otros,
están asociados con la clase o condiciones de trabajo, como ocurre en el caso
del trabajo infantil doméstico, que los pone en situación de riesgo para su
salud, integridad física y desarrollo de la personalidad..
Igualmente, según los demandantes, las normas acusadas
desconocen el inciso 3° del artículo 67 de la Constitución Política, que
establece que la educación es obligatoria entre los cinco (5) y los quince (15)
años de edad, ya que al autorizar el trabajo infantil desde los doce (12), se
les impide a los menores de dicha edad, el justo acceso al sector educativo.
Finalmente, consideran los demandantes que la
autorización legal del trabajo infantil a partir de los doce (12) años,
desconoce, además la normatividad internacional que rige la materia,
especialmente el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, que
establece en principio como edad mínima para el ingreso al trabajo, de
conformidad con la terminación del ciclo escolar, la edad de 15 años.
IV.     INTERVENCIONES.
1.
Intervención de
la Defensoría del Pueblo.
A través de
delegada debidamente acreditada, y dentro de la oportunidad legal prevista, la
Defensoría del Pueblo, presentó escrito de intervención, solicitando a la Corte
la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas.
Indica la interviniente que no hay norma expresa en la
Constitución sobre la edad mínima para trabajar, pero existen disposiciones
constitucionales e internacionales que interpretadas con un criterio armónico,
permiten estructurar una lógica que conduzca a una edad mínima para trabajar.
Se citan los artículos 25, 44, 45, 53, 67, 93 y 94 de la Carta Fundamental; la
Convención sobre los Derechos del Niño -Arts. 1, 3 y 32-; el “Convenio 138
sobre la edad mínima de admisión de empleo, adoptado por la 58a Reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres.”[1], y  el “Convenio
182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata  para su eliminación”, adoptado por la Octogésima Séptima (87ª)
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa
y nueve (1999)”[2],
entre otros.
Del anterior señalamiento normativo
constitucional e internacional, el interviniente sostiene que:
- La edad de catorce (14) años es la que
más se adopta en los pactos internacionales como tope mínimo para permitir el
trabajo de menores.  Sin embargo, los propios instrumentos internacionales -
Art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño -,  disponen que “nada
de lo dispuesto en la presente convención afectará a las disposiciones (que
dicte un Estado parte) que sean más conducentes a la realización de los
derechos del niño”, lo cual concuerda con el artículo 94 Superior. Así,
destaca la interviniente, los derechos mínimos son una base por debajo de la
cual no se admite regulación alguna pero no configuran un tope máximo de
bienestar en la consagración o disfrute de los derechos.
- En el caso colombiano, el artículo 67
Fundamental, dispone que la educación es obligatoria hasta los quince (15)
años. En este sentido, se señala, existe una medida introducida por el
Constituyente que debe ser respetada. Significa lo anterior, que después de los
quince (15) años la persona puede no estudiar. Y si bien nada se opone en
principio a que un adolescente trabaje y estudie al mismo tiempo, es un hecho
que un menor de esa edad se vería sometido a intensas jornadas que le harían
físicamente imposible ejercer otros derechos no menos importantes como el
derecho a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. (44 y 52 de la
C.P.)
- Afirma que la doctrina especializada ha
sostenido que existe el perverso nexo entre el temprano inicio en el mundo
laboral y la deserción escolar, el retraso en los estudios, las deformaciones
físicas y la inducción al alcohol y a la maternidad prematura.
- Concluye el punto, afirmando que el
inicio de la vida productiva no debe ser tan precoz que prive a la persona del
estudio y la exponga a los peligros antes expuestos, ni tan tardía que le
suprima el ejercicio de sus derechos plenos. Sostiene la interviniente que el
constituyente tácitamente reguló el tema, al fijar en quince (15) años la
educación obligatoria. Así las cosas, son inconstitucionales los preceptos
legales demandados.
Por otra parte, la interviniente sostiene
que existen cuatro normas adicionales que reiteran la edad de doce (12) años
para efectos laborales, las cuales se hace necesario también excluir del
ordenamiento jurídico, mediante la institución de la unidad normativa.
Son dichas normas las siguientes, a saber:
Artículo 237. Se entiende por menor
trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, al menor de doce (12)
años en cualquier caso de ocupación laboral y a quien, siendo mayor de esta
edad pero menor de dieciocho (18) años fuera de las excepciones
contempladas en este título, (y a quien) desempeñe actividades laborales
expresamente prohibidas por la ley.
Artículo 242. La duración Máxima de la
jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas:
1.El menor entre doce (12) y catorce (14)
años sólo podrá trabajar en una jornada máxima de cuatro (4) horas diarias, en
trabajos ligeros.
2. Los mayores de catorce (14) años
y menores de dieciséis (16) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de
seis (6) horas diarias.
3. ...
Artículo 250. El Gobierno Nacional
protegerá, fomentará y estimulará el trabajo asociado en que participen menores
de dieciocho (18) años y mayores de doce (12) en condiciones de socios y
no de dependientes (...).
2.
Intervención del Ministerio de la Protección Social.
Dentro de la oportunidad legal prevista, el
representante del Ministerio de la Protección Social, presentó escrito de
intervención donde solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad
de los precepto acusados.
En primer lugar, señala la interviniente
que el Ministerio de la Protección Social, no encuentra razón alguna para que
se declare la inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Sustantivo del
Trabajo y del artículo 238 del Decreto Ley 2737 de 1989, en lo relacionado a la
autorización por parte del Inspector del Trabajo para que menores de edad
puedan trabajar, siempre que los menores tengan una edad mínima de 14 años.
Sostiene que el demandante cuestiona lo
referente a la autorización para trabajar a los menores de catorce años y de
doce años en adelante, sin tener en cuenta que la parte de los doce años fue
derogada por la Ley 515 de 1999, ley que ratificó el Convenio 138 Sobre la Edad
Mínima de Admisión de Empleo y sobre los cuales la Corte Constitucional los
declaró exequibles mediante la Sentencia C-325 de marzo de 2000.
Sobre esa ratificación, destaca la posición que
Colombia adoptó:
“De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2, Párrafos 1 y 4 del convenio, el Gobierno de Colombia declara que se
declara como edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de su territorio y
en los medios de transporte matriculados en su territorio, la edad de 14 años.
A RESERVA de lo dispuesto en los artículos 4, 6, 7 y 8 del presente convenio,
ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o a trabajar en
ocupación alguna.”
Con lo anterior, señala, el Estado
Colombiano lo que manifiesta es una voluntad basada en una política de Estado
para que se dé la erradicación del trabajo infantil y la protección del joven
trabajador, pero está conciente de la complejidad del problema, razón por la
cual, no pretende crear soluciones fáciles pues es conocedor de la realidad
social que vive nuestro país relacionados con los porcentajes de pobreza,
desempleo, subempleo, deterioro del mercado, etc.
Indica que en procura del cumplimiento de
la Constitución y la ley, el Ministerio de la Protección Social ha asumido el
liderazgo del cumplimiento de los compromisos internacionales que ha suscrito
Colombia en materia de producción y erradicación de las peores formas de
trabajo infantil y en la protección del joven menor trabajador y ha expresado
el rechazo a las formas más intolerables del trabajo infantil, como el empleo
de niños y niñas en condiciones similares a la esclavitud, el trabajo forzoso u
obligatorio o incluidas entre otras, la servidumbre.
Con el propósito de evitar situaciones
infrahumanas, señala, el Gobierno reglamentó la forma como estos jóvenes pueden
trabajar en condiciones que les garanticen sus derechos fundamentales como son
la seguridad social, la educación, etc, y para ello el legislador dispuso una
vigilancia y un control jurídico por parte del Grupo de Inspección y Vigilancia
en cabeza del Ministerio de la Protección Social para supervisar que el
empleador cumpla con las garantías constitucionales a las cuales tienen derecho
estos menores y evitar el trabajo en forma clandestina.
Igualmente indica que el Gobierno ha
adquirido compromisos y está ejecutando acciones que van dirigidas a consolidar
la política nacional, en la materia y para ello se incluyó el tema en el plan
nacional de desarrollo Ley 812 de 2003, Capítulo III que hace referencia a la
equidad social de la protección a la familia, la juventud y la niñez. Señala
que por medio de esta incorporación se estableció el compromiso de la
formulación del Tercer Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Joven Trabajador y se definió como prioridad para la
intervención a los grupos de niños y niñas vinculados a las peores formas de
trabajo infantil establecidas en el Convenio 182 de la OIT, las cuales son el
trabajo doméstico, en las minas, en el comercio callejero y de plazas de
mercado.
Puntualiza que el Comité Interinstitucional
de Erradicación del Trabajo Infantil creado por medio del Decreto 859 de 1995,
aprobó el 30 de abril del 2003, la propuesta de la Secretaría Técnica para
llevar a cabo la formulación del tercer plan desde una perspectiva
descentralizada y participativa que incluye a los niveles departamentales y sus
respectivos comités en un marco de política desarrollado desde la prevención,
la protección de los niños y niñas trabajadores y la calificación y promoción
de los jóvenes trabajadores, teniendo como fecha límite para la entrega del
plan el próximo mes de octubre.
3.      Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia.
La apoderada del Ministerio del Interior y de
Justicia, dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó escrito de
intervención, solicitando a la Corte que declare la exequibilidad de las normas
demandadas.
La interviniente señala que el Estado Colombiano ha
venido adecuando su legislación a los preceptos enmarcados dentro de los
Convenios 138 y 182, con la reserva relacionada con la edad mínima de admisión
al empleo o al trabajo emitida por nuestro país, argumentando realidades
económicas, sociales y culturales, tales como el aumento de la pobreza, la
exclusión social, la recesión económica, el aumento del desempleo adulto, el
desplazamiento forzado generado por la agudización del conflicto armado, etc.
Por lo anterior, sostiene, las pretensiones de los
demandantes pierden el sustento constitucional y legal, debido a que el Gobierno,
al depositar el instrumento de ratificación del Convenio 138, dejó en claro,
que la edad para que el menor pueda ingresar a laboral es de catorce (14) años,
previa autorización del inspector del trabajo o la autoridad correspondiente.
Ahora bien, indica, nuestra legislación establece
casos excepcionales, en atención a circunstancias especiales calificadas por el
Defensor de Familia, para que los mayores de doce (12) años puedan ser
autorizados para trabajar. Esta norma, generalmente se aplica a menores que por
diversas circunstancias no cuentan con representantes legales, y tienen que
recurrir al trabajo como medio para subsistir, situación que debe ser estudiada
por el funcionario competente para determinar si prevalece el derecho a la vida
sobre los demás derechos de los niños. Advierte que le corresponde al Defensor
de Familia evaluar las circunstancias en que se encuentre el menor para expedir
a autorización correspondiente, con ello se garantiza que este cuente con las
garantías a sus derechos laborales.
En
este sentido, señala, la declaratoria de inexequibilidad de la norma no
generaría el efecto de proteger a los menores de ingresar a la vida laboral,
sino simplemente los trasladaría a la ilegalidad y, por esta vía, desprotegería
sus derechos.
Concluye que “ante el conflicto entre el derecho a
la vida del menor que implícitamente contiene la necesidad de recurrir a un
trabajo como única alternativa de subsistir y el derecho que le asiste al menor
de recibir una adecuada educación, integral y completa, prima el derecho a la
vida como condición prevalente, bajo los argumentos que se reflejan en los
índices de pobreza, la recesión económica y el aumento del desempleo adulto y
el desplazamiento forzado generado por la agudización del conflicto armado que
vive nuestro país que se refleja en el desempleo y el bajo poder adquisitivo de
los salarios de los adultos obligue a los niños y a los jóvenes a trabajar para
complementar los ingresos familiares.”
4.      Otras intervenciones.
La Directora General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familia y el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, presentaron en forma extemporánea sus escritos de
intervención, motivo por el cual no se tendrán en cuenta.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El señor Procurador General de la Nación, en el
concepto de su competencia,  solicitó a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 230 del Decreto - Ley 2737 de 1989
(Código del Menor).
En primer lugar, el Jefe del Ministerio Público,
advierte que el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo fue modificado
por el artículo 4° de la Ley 20 de 1982, la cual, a su vez fue derogada por el
artículo 353 del Decreto 2737 de 1989 - Código del Menor -. Así, concluye que
el artículo 30 quedó subrogado por el artículo 230 de dicho código, cuyo texto
dice así:
“Autorización para contratar. Los menores
de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, solicitud
de los padres, y a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el  trabajo de los menores de
catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en el
presente código.”
Así las
cosas, sólo estudiará el examen de constitucionalidad del artículo 230 del
Código del Menor en lo acusado, es decir de su inciso segundo, toda vez que el
texto del artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo salió del ordenamiento
jurídico por las razones anotadas.
Para la Vista Fiscal, el trabajo infantil es una
actividad que no permite el cabal desarrollo del ser humano en su etapa de
formación y constituye un obstáculo para el pleno despliegue de sus facultades
físicas, mentales y espirituales, afectándolo en su salud, educación y
restringiéndole las posibilidades de acceso a la cultura y recreación, lo que
ha conducido que sea rechazado por la normatividad nacional e internacional
hasta el punto de que la propuesta que se hace al respecto, en términos de
políticas legislativas y políticas públicas, es la de su erradicación.
Sin embargo, dado el escaso desarrollo económico que
es factor de desempleo estructural hace que en muchos países como el nuestro,
los ingresos familiares de los sectores vulnerables de la población sean
progresivamente insuficientes, lo que conlleva que el trabajo infantil se
convierta en una necesidad, pues se torna indispensable para la subsistencia de
la misma familia y por ende de los menores de edad. Ello, anudado a la existencia
de otros factores, tales como la violencia, el desplazamiento que
inexorablemente abocan  a los menores de edad al trabajo en condiciones de
desprotección absoluta.
Frente a esta realidad social, indica,  la misma
legislación que ha planteado la abolición de todas las formas de trabajo
infantil se ha visto a su vez llamada a regular dicho trabajo en vista de su
inexorabilidad y con miras a proteger a la infancia, debatiéndose, entonces,
ante el dilema de prohibirlo, desprotegiendo a la infancia o regularlo
aceptando así su existencia.
De allí, no obstante la vocación proteccionista de la
normatividad nacional e internacional,  en relación con la actividad laboral de
la infancia, no existe un rechazo absoluto, lo que en términos de
constitucionalidad plantea  un problema grave, agrega el Jefe del Ministerio
Público,  toda vez que se presenta tensión entre dos bienes jurídicos de
indiscutible relevancia constitucional: Por un lado, el derecho a la
subsistencia, esto es, el derecho a la vida misma y por el otro, el derecho a
la educación y a otros derechos fundamentales. Tensión, destaca que ha de ser
resuelta por el intérprete de la Carta, optando por el bien jurídico de mayor
valor dentro de la escala axiológica establecida en la Constitución, que no es
otro que la vida sin el cual el disfrute de los demás derechos no es posible.
Aquí, se pone de presente cómo en relación con el
derecho a la educación, reivindicado con toda razón por los demandantes como
derecho afectado con la autorización legal del trabajo infantil, se desprende
una paradoja, la que ha sido enunciada por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-108 de 2001,  en forma dramáticamente rotunda, en los siguientes
términos: “sin trabajo no hay estudio, por cuanto carecen (los niños) de los
recursos para acceder a éste.”
Lo que es más, advierte la Vista Fiscal, que de
atenderse positivamente las exigencias de la demanda en el sentido de excluir
del ordenamiento jurídico la norma que autoriza el trabajo infantil en los
mínimos de edad allí previstos, se producirían lo que la Corte Constitucional
ha denominado el fenómeno del efecto no deseado por el accionante, pues al
pretender éste que se declare la inexequibilidad de una norma con miras a que
se restablezcan los derechos negado a los niños por la misma, lo que sucedería
con tal declaratoria sería que la situación presuntamente anómala que se quiere
remediar no sólo no se lograría, sino que se agravaría y en manera tal que los
valores jurídicos vulnerados no serían sólo los reivindicados, sino también
otros de mayor importancia para los mismos niños.
Para el Ministerio Público, si bien la regulación del
trabajo infantil debe permanecer en el ordenamiento jurídico, no sólo en
atención a las circunstancias fácticas de orden socioeconómico, sino también
debido a que la desregulación en esta materia acarrearía males mayores que su
permisividad, respecto de los derechos fundamentales de los niños, ésta ha de
tener una vocación de transitoriedad y deberá enmarcarse dentro de unos límites
en que de  manera inequívoca se preserven esos derechos fundamentales.
Indica que la proscripción del trabajo infantil, según
lo ha sostenido la Corte Constitucional, está dirigida principalmente a evitar
el ingreso y la permanencia de los menores en actividades que pongan en riego
su bienestar y su desarrollo integral y que uno de esos factores de riesgo lo
constituye cualquier actividad laboral que lo imposibilite a acceder al sector
educativo o lo aleje de el, lo cual es desarrollado en el inciso segundo del artículo
30 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 238 del Código
del menor cuando establece: “Prohíbese el trabajo de los menores de catorce
años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de
enseñanza.”
Aclara, a diferencia de la consideración de los
demandantes, según la cual, el hecho de que la edad escolar esté fijada entre
los seis y los quince años de edad, no se deduce necesariamente que en la
Constitución se prohíba el trabajo infantil por debajo del límite de edad
escolar máximo de quince años, por cuanto el Texto Superior, ni prohíbe en
abstracto y absolutamente el trabajo infantil, ni establece que a partir de
dicha edad se permite este trabajo. Lo que sí está prohibido es  la explotación
laboral o económica y los trabajos riesgosos, contra los cuales se ordena allí
la protección del Estado, la familia y la sociedad (Art. 44 Superior).
En relación con el cargo, según el cual la norma,
quebranta las normas internacionales sobre el trabajo de los menores de edad,
específicamente el Convenio Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo aprobado
por la OIT y adoptado por Colombia, debe señalarse que esa autorización está permitida
a manera de excepción en vista, precisamente de las especiales condiciones
socioeconómicas de países que como el nuestro adolecen de un insuficiente
desarrollo.
Así, se puede verificar que si bien en el numeral 3
del artículo 2 de dicho convenio, se dispone que la edad mínima de admisión al
empleo que han de fijar los países miembros de la OIT es la de quince años, a
renglón seguido, en el numeral 4 del mismo artículo, se establece que dicha
edad podrá ser de catorce años cuando se trate de países que se encuentren en
las condiciones socioeconómicas señaladas previo el cumplimiento, de los
requisitos allí establecidos.
Ahora bien, en relación con la excepción
que trae la norma acusada, respecto de la prohibición del trabajo de los
menores de catorce años, excepción que consiste en que sólo en atención a
circunstancias especialísimas  calificadas por el defensor de familia los
mayores de doce años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades
señaladas allí con las limitaciones previstas en el código del menor, se aclara
que tal excepción coincide con lo previsto en el artículo 7-4- del Convenio
Sobre la Edad Mínima para la Admisión de Empleos.
Sin embargo, se advierte en este punto que, de
conformidad con las normas de dicho convenio, tal autorización sólo es
admisible si los trabajos autorizados son trabajos ligeros, que no perjudiquen
la salud o desarrollo de los niños y que no sean de tal naturaleza que puedan
perjudicar su asistencia a la escuela (numerales 1,2 y 3 del artículo 7 del
convenio mencionado).
Sostiene el señor Procurador que si bien la
permisividad legal del trabajo infantil respecto de los mínimos señalados en la
norma acusada no vulnera por sí misma la Constitución, advierte que en la
práctica de este trabajo no puede autorizarse sin la condición de que se
cumplan estrictamente las limitaciones establecidas en los convenios
internacionales y la legislación interna destinadas a preservar los derechos
fundamentales de los niños.
En este sentido el Jefe del Ministerio Público
concuerda rotundamente con las Conferencias Internacionales sobre trabajo
infantil celebradas en Ámsterdam y Oslo sobre el derecho a  la educación, sólo
que haciéndolo extensivo a los demás derechos fundamentales: todo trabajo
que dificulte el disfrute de los derechos fundamentales de los niños deberá ser
considerado inaceptable.
En virtud de las anteriores consideraciones, se
solicita a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de la norma
acusada, bajo la condición de que las autorizaciones de trabajo infantil que en
cada caso se otorguen por la autoridades de familia o en su defecto por las
señaladas por la ley, observen rigurosamente los requisitos contemplados en la
legislación nacional e internacional sobre la materia, especialmente, lo
dispuesto en los artículos 3° a 9° del “Convenio 183 sobre la Edad Mínima de
Admisión del Empleo” de la OIT, en la “Convención sobre los Derechos de
los Niños”, adoptada por nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 12 de
1991 y el “Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación”, también de la OIT, el
cual fue aprobado por la Ley 704 de 2001.
En
ese mismo, sentido, puntualiza que si la Corte considera procedente la declaración
de exequibilidad de la norma acusada, ella debe igualmente condicionarse a que
las limitaciones pertinente a la preservación de los derechos humanos de los
menores de edad se extiendan en favor de los menores de 14 años, de conformidad
con lo dispuesto en las normas reguladoras de dicho trabajo, especialmente los
artículos 18, 19,20 y 22, 30-8, 31-5, 57 y 237 y el Título Noveno del Código
del Menor.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución,
la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de artículo 238
del Decreto - Ley 2737 de 1989, ya que se trata de una norma con fuerza de ley.
De la supuesta indeterminación de la norma
acusada y del principio pro actione.
2. En el texto de la
demanda, los accionantes señalan como normas acusadas tanto el artículo 30
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, como el artículo 238 (parcial) del
Decreto - Ley 2737 de 1989. Precisamente, al momento de transcribir literalmente
las disposiciones objeto de acusación, los demandantes establecieron como
preceptos legales contrarios a los artículos 44 y 67 del Texto Superior, los
siguientes:
“Art. 30 del Código Sustantivo del trabajo,
‘Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el
defensor de familia, los mayores de doce (12) podrán ser autorizados para
trabajar por las autoridades en este artículo’
Art. 238, ‘se permite trabajar desde los 14
años, previa autorización escrita del inspector de familia’ (...)”
3. Como bien lo afirman algunos de los intervinientes, el
artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo fue derogado por el artículo 238
del Código del Menor, el cual, en su Título Noveno, regula in extenso
las condiciones para el ejercicio legítimo del trabajo infantil.
4. Sin embargo, la transcripción que los accionantes
realizan del artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, no se ajusta al
contenido literal de la disposición reseñada. En efecto, la norma derogada, con
posterioridad a la modificaciones realizadas por la Ley 20 de 1982, disponía
que:
“Art. 30. INCAPACIDAD. Modificado por la
L.20/82, Art. 4°.- Autorización para contratar.- Los menores de dieciocho
(18) años, necesitan para celebrar contrato de trabajo, autorización escrita del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de la primera autoridad política del
lugar, previo consentimiento de sus representantes legales.
La autorización debe concederse para los
trabajos no prohibidos por la ley o cuando, a juicio del funcionario, no haya
perjuicio físico ni moral para el menor en el ejercicio de la actividad de que
se trate y la jornada diaria no exceda de seis (6) horas diurnas.
Concedida la autorización, el menor de
dieciocho (18) años puede recibir directamente el salario y, llegado el caso,
ejercitar las acciones legales pertinentes”
Adicionalmente, y en el mismo sentido,
cuando los accionantes transcriben el actual artículo 30 del Código Sustantivo
del Trabajo, conforme a la derogatoria de su contenido por el artículo 238 del
Decreto - Ley 2737 de 1989, tampoco encuadran el señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales, en una disposición legal que - en principio -
tenga un contenido verificable como real y existente a partir de su simple
confrontación literal.
Para que sea plausible la demostración de
la falta de congruencia entre el texto acusado y el texto vigente del artículo
238 del Código del Menor, se procede por esta Corporación, nuevamente, a su
fiel transcripción textual:
“Art. 238. Autorización para contratar. Los
menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de
catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este
artículo, con las limitaciones previstas en el presente código.”
5.
En
este orden de ideas, nótese como, los accionantes, por una parte, fraccionan el
contenido normativo del artículo 238 del Código del Menor actualmente vigente,
en dos disposiciones, es decir, en el mismo artículo 238 y en el supuesto
artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo y, por otra, le dan a ese
artículo 30, un contenido normativo que no se deriva de su contexto literal.
6.
La
Corte en reiterada jurisprudencia ha señalado que los cargos de
inconstitucionalidad contra una disposición de rango legal, se someten en su
formulación a exigencias de tipo formal y material[3], destinadas a la
consolidación de un verdadero problema de inconstitucionalidad que le permita
adelantar a esta Corporación una discusión propia del juicio de
inexequibilidad, a partir de la confrontación del contenido verificable de una
norma legal frente a la exposición del contenido de una norma Superior que
resulte clara, específica, pertinente y suficientemente enfrentadas.
En
este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser
así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria[4]. En efecto, la falta de
formulación de una demanda en debida forma, impide que esta Corporación pueda
confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de
cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico.
Precisamente,
en Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), se manifestó
que: “(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente
las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo
cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando
efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un
ciudadano contra una norma legal (...)”.
7.
Ahora
bien, cuando el numeral 1° del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, exige como
requisito para presentar una demanda de inconstitucionalidad, “el señalamiento
de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por
cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas”;
impone a los accionantes, no sólo la carga de identificar las normas que se
demandan, es decir, verificar su correcta descripción legal (artículo, numeral,
inciso, parágrafo, etc.), sino que, adicionalmente, también busca la
indispensable precisión o certeza del contenido normativo que se acusa, o en
otras palabras, que la demanda efectivamente recaiga sobre una proposición
jurídica real y existente y no, como lo ha dicho esta Corporación, sobre una “deducida
por el actor, o implica, o inclusive sobre otras normas vigentes que, en todo
caso, no son el objeto concreto de la demanda”.
En
síntesis, el deber de certeza de los cargos de inconstitucionalidad, por una
parte, implica que el señalamiento de la norma acusada debe corresponder a
aquella disposición vigente que en realidad se pretende retirar del
ordenamiento jurídico y, por otra, que su transcripción por cualquier medio que
sea debe ser fiel, autentica y verificable a partir de una simple lectura de su
contexto literal.
8.
Con
todo, la naturaleza participativa de la acción pública de inconstitucionalidad
(C.P. art. 40), exige que el derecho a demandar del ciudadano, no se someta a
un excesivo formalismo del líbelo de la demanda que haga inoperante su
ejercicio y que, en mayor o menor medida, se convierta en un límite para la
protección no sólo de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos,
sino también de la efectiva protección de un sistema jurídico jerarquizado.
Por
ello esta Corporación ha reconocido que en atención a esos pilares
fundamentales de participación y de acceso público, en el ejercicio de la
acción de control de constitucionalidad, no pueden interpretarse las demandas
de inexequibilidad, en una forma tan rigurosa o sujeta a tal ritualismo, que
les  impida a los ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceder a
la administración de justicia y, en concreto, a la jurisdicción constitucional,
como emanación del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40-6)[5].
En
esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro
actione[6],
según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar
el texto acusado[7],
el cargo formulado[8]
o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la
disposición acusada[9]
o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación[10]; es viable que esta
Corporación subsane los distintos defectos de las demandas que, en principio,
hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que detectados en la etapa de
admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su rechazo y, por ende,
adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer el
derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la
administración de justicia y de participación democrática. Pero, en especial,
con el propósito esencial de mantener “la integridad y supremacía de la
Constitución”, en los términos previstos en los artículos 241 y
subsiguientes del Texto Superior.
9.
En
el presente caso, según se dijo con anterioridad, los accionantes, por una
parte, fraccionan el contenido normativo del artículo 238 del Código del Menor
actualmente vigente, en dos disposiciones, es decir, en el mismo artículo 238 y
en el supuesto artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo y, por otra, le
dan a ese artículo 30, un contenido normativo que no se deriva de su contexto
literal.
A
juicio de esta Corporación, es indudable que, en el presente caso, tiene plena
aplicación el principio pro actione, pues, aún cuando una lectura
literal de las normas acusadas permite identificar la falta de congruencia
entre el texto acusado y el texto vigente del artículo 238 del Código del
Menor, derogatorio del artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo; no es
menos cierto que, un análisis global de las normas vigentes y de las mismas
disposiciones reseñadas por los accionantes, permite concluir que la acusación
por ellos formulada, se dirige - en su integridad - a cuestionar todo el
contenido normativo que permite el trabajo infantil de niños mayores de 12
años.
Lo
anterior, fue objeto de reflexión por la mayoría de los intervinientes,
quienes, más allá de hacer referencia a la derogatoria del artículo 30 del
Código Sustantivo del Trabajo por el artículo 238 del Código del Menor, centran
sus intervenciones, en impugnar o defender la disposición acusada, es decir, el
citado artículo 238 del Decreto - Ley 2737 de 1989, a partir de la tolerancia
normativa del trabajo infantil, en las condiciones por él dispuestas.
De
suerte que, esta Corporación adelantará el examen de inconstitucionalidad del
artículo 238 del Código del Menor, derogatorio del artículo 30 del Código
Sustantivo del Trabajo, a partir de lo expuesto en el inciso 2° de dicha
disposición, es decir, en relación con la posibilidad legal de permitir el
trabajo infantil de niños mayores de 12 años.
10.
En
este orden de ideas, y en aplicación del principio pro actione, la norma
objeto de acusación, es la que se resalta y subraya a continuación:
“DECRETO 2737 DE 1989
Por el cual se expide el Código del Menor”
“Art. 238. Autorización para contratar. Los
menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de
catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este
artículo, con las limitaciones previstas en el presente código.”
11. En relación con el original artículo 30 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 4° de la Ley 20 de 1982[11], esta Corporación debe
reiterar que, en principio, cuando se demandan normas derogadas carece de
objeto entrar a resolver sobre su constitucionalidad, en cuanto ya han sido
retiradas del ordenamiento jurídico por el propio legislador[12]. No obstante,
está Corte ha determinado que en ciertas circunstancias, es posible la
valoración de constitucionalidad de normas derogadas, cuando se estime que las
mismas, pese a la derogatoria, están produciendo o pueden llegar a producir
efectos jurídicos. Así, esta Corporación reiteradamente ha sostenido que:
“...es menester que, a cambio de
precipitar una inhibición que podría hacer viable la efectiva aplicación de la
norma contraria a la Carta, la Corporación determine si, pese a la derogación
del precepto acusado o revisado, éste sigue produciendo efectos, pues, en caso
de ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la
inexequibilidad planteada...”[13].
En idéntico sentido, la Corte ha dicho:
“....que en función de la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, ella [la Corte Constitucional] debe
conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas,
siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos.  En
cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue
surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de
constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto...”[14].
En el presente caso, la Sala encuentra que
la norma en cuestión no está produciendo efectos, por cuanto a partir de la
entrada en vigencia del artículo 238 del Decreto - Ley 2737 de 1989, las
condiciones para el ejercicio del trabajo infantil son las que en ésta última
disposición se establecen, sin que se presenten circunstancias que permitan
advertir lo contrario.
Adicionalmente,
por ser las normas de derecho laboral de orden público, como lo determina el
artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen un efecto general
inmediato y, por ello, se aplican a los contratos vigentes o en curso en el
momento en que empiezan a regir. En estos términos, como las normas laborales
no tienen efectos ni retroactivos, ni ultraactivos, es imposible que el anterior
artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, continúe produciendo efectos.
12. Por esta razón, esta Corporación habrá de declararse
inhibida para pronunciarse sobre el artículo 30 del Código Sustantivo del
Trabajo, en su redacción original y así lo establecerá en la parte resolutiva
del presente fallo.
Problema Jurídico.
13. Los demandantes solicitan la declaratoria de
inexequibilidad parcial del artículo 238 del Decreto - Ley 2737 de 1989, por
estimar que dicha disposición al permitir el trabajo infantil, vulnera los
derechos fundamentales de los niños y, en especial, el derecho a la educación
(artículos 44 y 67 de la C.P.).
Afirman los demandantes que los preceptos
legales demandados vulneran los citados artículos constitucionales, ya que al permitir
el trabajo a los menores de edad entre los 12 y 14 años, les impide a éstos
acceder real y efectivamente al sector educativo y, adicionalmente, desconocen
la protección especial que contra toda forma de explotación laboral y de
trabajos riesgosos previo el Constituyente (C.P. art. 44), ya que precisamente
en dichas actividades es que están trabajando actualmente los menores.
El
representante de la Defensoría del Pueblo, sostiene que la Constitución reguló
tácitamente la edad para acceder a la vida productiva, estableciendo como
límite los 15 años. De suerte que, todas aquellas normas que permiten la
prestación de servicios laborales con anterioridad a dicha edad, son
inconstitucionales, entre otras cosas, porque someten a los menores a intensas jornadas
de trabajo, en contra de sus derechos fundamentales a la educación, recreación
y aprovechamiento del tiempo libre.
Los representantes del Ministerio de Protección Social
y del Ministerio del interior y la Justicia, afirman que la norma acusada es
exequible, principalmente, en atención a la realidad económica, social y
cultural del país, la cual conduce a que los menores de edad deban ingresar
rápidamente al mundo laboral, en aras de poder, en muchas ocasiones, financiar
sus estudios primarios y secundarios. Así, concluyen que: “(...) ante el
conflicto entre el derecho a la vida del menor que implícitamente contiene la
necesidad de recurrir a un trabajo como única alternativa de subsistir y el
derecho que le asiste al menor de recibir una adecuada educación, integral y
completa, prima el derecho a la vida como condición prevalente, bajo los
argumentos que se reflejan en los índices de pobreza, la recesión económica y
el aumento del desempleo adulto y el desplazamiento forzado generado por la
agudización del conflicto armado que vive nuestro país que se refleja en el
desempleo y el bajo poder adquisitivo de los salarios de los adultos obligue a
los niños y a los jóvenes a trabajar para complementar los ingresos familiares
(...)”.
Por
último, el Ministerio Público solicita que la norma sea declarada exequible, en
el entendido de entender que la posibilidad de llevar a cabo actividades
laborales por parte de menores de edad, se debe someter a las autorizaciones
previstas en la Ley, y adicionalmente, a los requerimientos contemplados en la
legislación nacional e internacional sobre la materia. A su juicio, las
circunstancias fácticas de orden socioeconómico, implican una cierta
permisividad hacía la proscripción del trabajo infantil.
14.    Siguiendo las consideraciones
previamente expuestas, corresponde a esta Corporación establecer si los
preceptos legales acusados desconocen o no los derechos fundamentales de los
niños y, en especial, el derecho a la educación (artículos 44 y 67 C.P), cuando
permiten a los menores de 15 ingresar a la vida laboral, siendo que, la
Constitución y los tratados internacionales aprobados por Colombia, sujetan la
“edad mínima” para acceder a la vida productiva a aquella edad en la cual cesa
la obligación escolar.
Para el efecto la Sala (i) efectuará unas
breves consideraciones sobre el alcance de los derechos fundamentales de los
niños; y, adicionalmente, (ii) adelantará el análisis y estudio del marco
constitucional del trabajo infantil.
De los derechos fundamentales de los niños.
15. Según lo ha sostenido esta Corporación[15], cuando el artículo 44
fundamental establece que “los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”, está tácitamente consagrando una limitación al
principio democrático de adopción de las leyes, en el sentido de someter a las
mayorías políticas coyunturales a un poder real y efectivo a favor de los
menores, con el fin de preservar su desarrollo armónico e integral y que, en
virtud de su carácter prioritario, puede ser gestionado por cualquier persona
en su defensa, a través de las acciones constitucionales previstas para el
efecto en el ordenamiento superior.
Se
trata de reconocer que si bien el legislador puede limitar o regular un derecho
fundamental en ejercicio de su potestad de configuración normativa, cuando
dichas actuaciones tengan la potencialidad de afectar el desarrollo normal de
los derechos fundamentales de los niños, tales como, los derechos a la vida, la
integridad física, la salud y la protección contra toda forma de explotación
laboral o económica; es su deber proceder con una cautela especialísima, en
atención a la obligación positiva que la Constitución le impone al Estado, de
asistir y proteger al niño en su desarrollo armónico e integral y en el
ejercicio pleno de sus derechos.
En
efecto, el Estado lejos de asumir una actitud pasiva, insensible o indiferente
frente a la protección de los niños, en las que sus derechos fundamentales se
dispongan como meras prestaciones de contenido simbólico y programáticas; debe
adoptar una posición activa orientada a la promoción y efectiva realización de
sus derechos. De ahí que el legislador al momento de regular cualquier
institución o figura jurídica que de alguna manera afecte el núcleo esencial de
dichos derechos o implique una regulación completa o integral de sus facultades
o de sus mecanismos de defensa, debe ser excesivamente celoso no sólo con las
limitaciones que puedan hacer nugatorio sus alcances y efectos, sino también
con las atribuciones que excluyan la protección especial ordenada por la
Constitución y, en ese orden de ideas, incumplan la obligación positiva que se
le impone al Estado por el Constituyente (C.P. art. 44).
Precisamente, el lugar preeminente que el
niño y sus derechos ocupan en la Constitución, fue inequívocamente descrito en
las diferentes ponencias presentadas al interior de la Asamblea Nacional Constituyente.
Al respecto, en este tema, no puede ser más manifiesta su intención, al
disponer que:
"(...) El artículo propuesto se
presenta en una forma sencilla, de fácil identificación y comprensión, para que
todas las personas ejerzan tutela sobre los derechos del niño y puedan exigir
su cumplimiento, porque el ejercicio de estos derechos involucra a la sociedad
entera, pues los niños dependen de la solidaridad de ésta para crecer, formarse
y ser adultos.
"..."
"De tal manera, el artículo expone los
derechos de protección, con los cuales se ampara al niño de la discriminación,
el abandono en cualquiera de sus formas, las prácticas lesivas a la dignidad
humana y de cualquier tipo de indefensión que coloque en peligro su desarrollo
físico y/o mental.
"Igualmente el articulado concreta la
responsabilidad primigenia de los padres y de la familia, en lo que se refiere
a la asistencia, educación y cuidado de los niños; de la sociedad, porque éstos
requieren de ésta para su formación y protección; y del Estado para suplir la
falta de los padres o para ayudar cuando éstos no puedan proporcionar al niño
los requisitos indispensables para llevar una vida plena.
"El texto del artículo, entonces,
privilegia la condición del niño en todo momento y circunstancia, en razón a su
especial vulnerabilidad, como un deber del individuo, la sociedad y los
poderes públicos, y como interés supremo de la raza humana (...)". (subrayado por fuera del texto original[16]).
No es posible, en un Estado Social y
Democrático de Derecho que el legislador transmute la protección especial que
deben asumir las autoridades públicas frente a los niños, hacía ellos mismos,
por cuanto, un actuar de dicha manera, implica la cesación del Estado en el
cumplimiento de las condiciones esenciales que derivan del contrato social y
que, en cualquier Estado democrático, constituyen los pilares fundamentales
para la construcción de una sociedad justa, fundada en la dignidad humana y en
el progreso social.
16. Precisamente, la Convención sobre los Derechos del
Niño, en sus artículos 19 y 20, es inequívoca en determinar que, son los
Estados Partes los llamados a establecer medidas de protección no sólo en el
campo legislativo, sino también en el administrativo, económico y social a
favor de los niños. Lo anterior, por cuanto la condición de debilidad
manifiesta en que se encuentran (C.P. art. 13), dado su estado de formación y
crecimiento, no les permite discernir sobre las consecuencias de sus actos y,
en especial, en relación con los efectos que su comportamiento puede acarrear
para sí y para los sociedad. Dichas disposiciones determinan que:
“Artículo 19. (1). Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
(2). Esas medidas de protección deberían
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para
la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos
al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 20. (1) Los niños temporal o permanentemente
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan
en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del
Estado”.
17. Esta Corporación, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 44 Superior, y en armonía con lo expuesto, ha señalado que: “las
razones básicas de esta protección a los niños y a los adolescentes son, por
una parte, su naturaleza frágil o vulnerable, por causa del desarrollo de sus
facultades y atributos personales, en grado inverso a su evolución, en la
necesaria relación con el entorno tanto natural como social y, por otra parte,
el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la
garantía de la integridad, salud, educación y bienestar de los mismos”. (Sentencia
C-535 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería).
18. Ahora bien, se pregunta la Corte: ¿cuál es el conjunto
de derechos constitucionales de los niños que debe proteger el legislador?, o,
en otras palabras, ¿cuál es el marco jurídico de protección infantil que, en
ejercicio de su potestad de configuración, el legislador debe establecer a la
Administración para asegurar el desarrollo armónico e integral de los menores?
Ese conjunto de derechos está contenido
básicamente en cinco (5) disposiciones constitucionales, a saber:
(i)
En el artículo 44
Superior, el cual señala que los niños “serán protegidos contra toda forma
de abandono, violación física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” y que: “la
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos”.
Estos derechos propenden por la protección de la vida,
la integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación
equilibrada de la población infantil. Así mismo, intentan asegurar los derechos
a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad. Y, principalmente, buscan
preservar como objetivo constitucional, los derechos a tener una familia y a no
ser separados de ella, al cuidado y al amor, a la educación y la cultura, a la
recreación y a la libre expresión de su opinión.
En relación con esta disposición, la Corte mediante
sentencias C-041 y T-283 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), manifestó que
la Constitución, más allá de pretender reconocer la naturaleza fundamental de
los derechos de los niños, la cual se deriva de su propia existencia como
sujetos a quienes la familia, la sociedad y el Estado les debe atención y
cuidado; pretendió establecer una nueva categoría de sujeto constitucional de
protección especial, frente al cual, en aplicación de la regla pro infans,
siempre debe ampararse de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que
afecte su desarrollo armónico e integral, y frente a quien deben establecerse
medidas especiales de amparo y defensa, como manifestación del carácter
corrector del Estado Social de Derecho, hacía sujetos privilegiados que
demandan cuidados específicos y especiales.
La Sala Plena recuerda la doctrina que sobre la
materia ha sido precisada por la Corte, en los siguientes términos:
“(...) El compromiso que la Constitución
establece con el bienestar físico y espiritual del menor y con el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, no se ha limitado a configurar
derechos fundamentales a partir de sus pretensiones básicas de protección, sino
que su persona como tal ha sido elevada a la categoría de sujeto fundamental
merecedor de un tratamiento especial y prioritario por parte de la familia, la
sociedad y el Estado (...)
En el otorgamiento de este estatus
especialísimo del menor seguramente se han tomado en consideración las
necesidades específicas de protección derivadas de su falta de madurez física y
mental - debilidad - y la trascendencia de promover decididamente su
crecimiento, bienestar y pleno desarrollo de su personalidad. De ahí que, se
reitera, la tutela de la Constitución no se circunscriba a manifestaciones o
pretensiones específicas, como ocurre en general con los restantes derechos
fundamentales de las personas, sino que abarque al niño en su plenitud, vale
decir, en la integridad de su dimensión existencial.
La consideración del niño como sujeto
privilegiado de la sociedad produce efectos en distintos planos. La
condición física y mental del menor convoca la protección especial del Estado y
le concede validez a las acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación de
debilidad que, de otro modo, serían violatorias del principio de igualdad (CP
art. 13). Dentro del gasto público social, las asignaciones dirigidas a atender
los derechos prestacionales en favor de los niños deben tener prioridad sobre
cualesquiera otras (CP art. 350). Todas las personas gozan de legitimidad para
exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y la sanción de los
infractores (CP art. 44). La coordinación de derechos y la regulación de los
conflictos que entre éstos se presenten en el caso de que se vea comprometido
el de un menor, debe resolverse según la regla pro infans (CP art. 44).
Se observa que el trato especial que se dispensa al niño, lejos de ser un
intento de conferirle protagonismo, no es otra cosa que un ensayo de igualación
que realiza el mismo Constituyente: como el niño no sabe ni puede pedir, la
Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer
que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás,
la Constitución define directamente su prevalencia (...)[17].
(ii)
En el artículo 45 de la Carta Fundamental, que
reconoce el derecho de los adolescentes a la protección y la formación
integral. Lo cual implica, el deber del Estado de promover y velar por la
educación y el progreso de la juventud.
La
Corte ha determinado que los conceptos “adolescentes” y “niños” son sinónimos
en nuestro ordenamiento constitucional. Ello ocurre, en primer lugar, por la
ausencia de un contenido normativo que distinga dichos conceptos y, en segundo
término, por la voluntad del Constituyente, quien asimiló la palabra “adolescentes”,
a todos los niños que se encuentran en etapa de escolaridad, frente a los
cuales es predicable un mayor grado de capacidad, autonomía y madurez,
principalmente, para la participación activa en las decisiones que les
conciernen.
Básicamente,
esta Corporación ha interpretado la relación entre los artículos 44 y 45 de la
Constitución, bajo el siguiente lineamiento:
“(...) la Carta utiliza el
término adolescentes para referirse a aquellos jóvenes que no han alcanzado aún
la mayoría de edad, pero que tienen capacidad y madurez para participar en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud, sin definir cuándo comienza y a qué edad termina la
adolescencia. Lo que se buscó con tal consagración fue pues garantizar la
protección y la formación física, psicológica, intelectual y social, así como
la participación activa de los jóvenes en la vida cultural, deportiva,
política, laboral y económica del país, promoviendo su intervención en las
decisiones de los organismos que tienen a su cargo políticas respecto de ese
grupo de la población. Así, la distinción entre niño y adolescente, no se hizo
para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de la participación. La
intención del constituyente no fue excluir a los adolescentes de la protección
especial otorgada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto de las
decisiones que le conciernen.
(...) La Constitución también hace
referencia a los menores, al consagrar en el artículo 42 el deber de los padres
de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores o impedidos; utiliza
también el término en el artículo 50, al establecer el derecho que tienen los
menores de un año a que se les brinde atención gratuita en todas las
instituciones de salud que reciban aportes del Estado, cuando no estén
cubiertos por algún tipo de protección o seguridad social; así mismo, cuando
determina una protección especial para el menor trabajador, en el artículo 53 y
cuando consagra la facultad de los padres de escoger la educación de sus hijos
menores en el artículo 68 superior.
“En este orden de ideas, dado
que se trata de un saber jurídico que admite conceptos diversos y teniendo en
cuenta la falta de claridad respecto de las edades límites para diferenciar
cada una de las expresiones (niño, adolescente, menor, etc.), la Corte, con un
gran sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser
humano menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada mediante Ley 12 de 1991, que en su artículo 1º
establece: ’Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad’.
(...) Con base en lo anterior, esta Corporación
ha sostenido que ‘en Colombia, los
adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan
de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo
tanto, ‘menores’ (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)’En consecuencia, la protección
constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los ‘niños’ ha de
entenderse referida a todo menor de dieciocho años (...)”[18].
(iii)
En el artículo 50 del Texto Fundamental, el cual
dispone que: “Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo
de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita
en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La Ley
reglamentará la materia”.
Sobre
la materia, la Ley 100 de 1993, en su artículo 157, establece que tendrán
especial importancia en la atención del régimen subsidiado de seguridad social,
las madres cabeza de familia y los menores de un año[19].
(iv)
En el artículo 67 de la Constitución, el cual
dispone que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
Lo anterior, bajo el cumplimiento estricto de dos presupuestos previstos en la
misma disposición, a saber: “[Que] La educación será gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos” y, adicionalmente, en atención a la obligación
del Estado de “garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo”.
El derecho a la educación ha sido
reconocido por esta Corporación como un derecho fundamental[20], el cual mantiene
incólume dicha naturaleza para todos los menores, independientemente de la edad
que éstos puedan tener. Desde esta perspectiva, con fundamento en una interpretación
sistemática de los artículos 44 y 67 del Texto Superior, el citado derecho tan
sólo adquiere un carácter prestacional y programático, cuando se trata de
adultos o  mayores de edad. Sobre la materia, esta Corporación ha dicho que:
“(...) Existe otra consecuencia de la
educación como derecho fundamental de los menores consagrada en el artículo 44
de la Constitución: Si un menor se encuentra en grados de educación media (10 y
11), sigue existiendo un amparo constitucional claro.
La especial protección de la educación de
los menores se reafirma en el artículo 67 parágrafo quinto cuando se consagra
que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.
Por otro lado, no se encuentra amparada
como derecho fundamental, la educación media de los adultos. Por lo tanto, la
tutela no es el medio idóneo para su protección en caso de llegar a ser
amenazado este derecho. Se debe acudir por ende a otros mecanismo legales”[21].
Sin
embargo, pese al reconocimiento del derecho a la educación como un derecho
fundamental, la cobertura en su prestación preescolar, básica y media es aún
precaria, e incluso, los índices demuestran que en Colombia no se ha logrado
universalizar el acceso a una educación básica de calidad, por el gran número
de población en edad escolar que se encuentra por fuera del sistema educativo.
En
Gaceta de Congreso número 54 del 10 de febrero de 2003, en relación con la
aprobación de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, se presentan los
siguientes datos sobre la cobertura actual del sistema educativo, a saber:
“(...) En 2001, 1.8 millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años
(16% del total) estaban por fuera del sistema escolar. De estos, 970 mil (12%),
eran de zonas urbanas y 889 mil (25%) de zonas rurales. La misma situación
tenían veinte de cada cien niños entre 5 y 6 años y el 75% de la población
entre 18 y 24 años, potencialmente demandante de educación superior (Cuadro 8).
CUADRO 8
Población en edad escolar por fuera del sistema
educativo
Total nacional, 2001
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS
ZONA
5-6
7-11
12-15
16-17
TOTAL
18-24
Urbana
176.391
133.175
240.357
416.799
966.722
2.847.633
Rural
193.602
141.242
291.190
262.957
888.991
1.161.532
TOTAL
369.993
274.417
531.547
679.756
1.885.713
4.009.165
No
asistentes como proporción de la población total del grupo de edad
respectivo.
Urbana
13,6
4,2
10,4
34,6
12,1
71,4
Rural
33,0
9,9
28,8
56,5
25,4
88,6
TOTAL
19,6
5,9
16,0
40,7
16,1
75,6
Participación de cada grupo de edad en el
total de no asistentes.
Urbana
18,2
13,8
24,9
43,1
100,0
-
Rural
21,8
15,9
32,8
29,6
100,0
-
TOTAL
19,9
14,8
28,6
36,6
100,0
-
Si bien las cifras muestran un avance con respecto a los años
anteriores, la cobertura es aún insuficiente. La tasa neta en primera está 43
puntos por encima de preescolar y 21 por encima de secundaria. Este atraso se
presenta a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para aumentar
cobertura, mediante diversos programas, a saber: a) educación rural; b)
reorganización educativa; y c) subsidios a la demanda en educación primera y
secundaria.
Una evaluación de la asistencia al sistema educativo por niveles de
ingreso permite confirmar la persistencia de grandes inequidades. En
preescolar, mientras 96% de la población de mayores ingresos asiste a algún
establecimiento educativo, sólo 64% de la población más pobre hace lo propio.
En primaria, las diferencias son menores: alrededor de 5 puntos porcentuales
entre el primero y el último decil. En secundaria, en el primer decil la asistencia
es de 60% y en el último de 84%. Resulta preocupante, de otro lado, el descenso
de los índices de cobertura escolar para los tres primeros deciles, y el
retroceso en el total de la educación secundaria.
Las tasas más elevadas de repitencia y deserción escolar se
presentan en el primer grado de primaria: 10% y 18%, respectivamente. Las tasas
son mayores en el sector oficial y en las zonas rurales. En las áreas rurales,
cerca de 50% de los estudiantes abandonan el sistema al finalizar su formación
básica primaria. Las tasas de deserción en el sector oficial muestran una
disminución progresiva mientras las del sector privado un leve aumento a partir
de 1998. Esta tendencia está asociada, en buena parte, a la crisis económica
que ha obligado a muchas familias a recurrir a la educación pública como un
paliativo para los menores ingresos. (...)” .
Según
las evidencias y estudios realizados, las principales causas para la deserción
escolar son: (i) El alto costo de la educación; (ii)  seguida de la falta de
interés; y (iii) la ausencia de cupos en instituciones públicas de educación
preescolar, básica y media[22].
Como
medidas orientadas a remover estos obstáculos, en los considerandos de la Ley
812 de 2003, se propone la adopción, entre otras, de las siguientes acciones:
(i) La creación de 1,5 millones de cupos en educación preescolar, básica y
media, mediante la implementación de varios esfuerzos complementarios; (ii) el
otorgamiento de subsidios a la demanda destinados a beneficiar niños y niñas de
escasos recursos que no puedan ser atendidos por la oferta pública, aclarando
que “los beneficiarios podrán pagar derechos académicos y servicios
complementarios según la reglamentación que para tal fin expida la Nación”; (iii)
se pondrán en marcha proyectos de apoyo que favorezcan la demanda, aumenten las
tasas de retención, y mejoren la eficiencia del sistema educativo, etc.
Ahora
bien, el alto costo en la educación (frente a los bajos ingresos de la
población colombiana[23]),
la ausencia de verdaderos subsidios que permitan a los beneficiarios ser
excluidos del pago de derechos académicos y servicios complementarios, y
adicionalmente, la falta de recursos presupuestales que permitan asumir por
parte del Estado, una cobertura gratuita y universal del derecho a la educación[24], han generado, en gran
parte, como causa determinante, el trabajo infantil[25].
Precisamente,
en la exposición de motivos al Código de la niñez, la adolescencia y la familia,
se expuso que:
“(...) Según el actual Gobierno, el 18% de la población en edad
escolar no asiste a la escuela, lo que significa que en Colombia hay cerca de
2.300.000 niños y niñas por fuera del sistema educativo, sumado a un índice de
analfabetismo de 11% en áreas urbanas y 30% en zonas rurales.
Además de lo anterior, y de acuerdo con las cifras del último
informe del DANE, en Colombia trabajan más de 2.500.000 niños y niñas, de los
cuales, de cada 10 que trabajan sólo 3 asisten a la escuela. Al grado 0
ingresan solamente 42 de cada 100 niños y niñas, solamente 60 de cada 100
estudiantes terminan el ciclo básico de primaria; sólo 62 de cada 100 ingresan
a la secundaria y únicamente 30 de 100 estudiantes terminan 9° grado”.
En conclusión, no existe discusión alguna, sobre la
importancia de la educación como factor esencial del desarrollo humano, social
y económico y, a su vez, como instrumento fundamental para la construcción de
equidad social. De ahí que, como lo ha sostenido esta Corporación, el principal
argumento que permite catalogar al derecho a la educación dentro de la
tipología de los derechos inherentes e inalienables de la persona, se encuentra
en la finalidad que dicho derecho está llamado a cumplir. En efecto, la
educación busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la
cultura, como actos inherentes a la naturaleza intrínseca del hombre[26]. Por ello, el trabajo
infantil como causa determinante que restringe o impide su goce efectivo, debe
ser objeto de análisis y estudio por parte de esta Corporación, como más
adelante se llevará a cabo.
(i)
Por último, en los artículos 93 y 94 Superiores,
los cuales establecen que: “Artículo 93. Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (...)”
“Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos”.
19.
En desarrollo de estas últimas disposiciones, es
decir, de los artículos 93 y 94 de la Carta Fundamental, la Corte
Constitucional ha reconocido que las normas contenidas en la Convención sobre
los Derechos de Niño (Ley 12 de 1991), el Convenio 138 sobre la “Edad Mínima de
Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y el Convenio 182 sobre la “Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su
Eliminación” (Ley 704 de 2001), forman parte del bloque de constitucionalidad strictu
sensu y, por lo mismo, no sólo sirven de parámetros de validez
constitucional de los preceptos legales, sino que también tienen fuerza
vinculante.
Precisamente,
a manera de ejemplo, en Sentencia C-325 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa),
en relación con el alcance de los tratados internacionales sobre derechos de
los niños en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, esta Corporación
señaló que:
“De otro lado, la Convención de los
Derechos del Niño, emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 12 de 1991, reconoce el derechos
de los niños a ser protegidos contra el desempeño en labores riesgosas o la
explotación laboral que obstaculice su educación y desarrollo. Dicha
Convención, por ser un instrumento internacional relativo a los derechos
humanos de los niños, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación integra
el denominado ‘bloque de constitucionalidad.’ (...)” (Subrayado por fuera del texto original).
22.
Sin embargo, es preciso aclarar que las
disposiciones contenidas en dichos tratados internacionales no se convierten
automáticamente en una barrera para el desarrollo de las medidas de protección
que internamente puedan otorgarse a los derechos de los niños, es decir, sus
normas constituyen parámetros mínimos de sujeción para los Estados Partes, a
partir de las cuales el Estado puede establecer una protección jurídica más
amplia. Desde esta perspectiva, en Sentencia T-1319 de 2001 (M.P. Rodrigo
Uprimny), la Corte dijo que dicho fenómeno se conoce como “el principio de
maximización de la esfera protegida por las normas constitucionales”, y lo
explicó de las siguiente manera:
“(...) ha de observarse que por lo general los tratados
internacionales disponen que sus contenidos no pueden entenderse o
interpretarse en contra de aproximaciones normativas más amplias. Esta regla se
traduce en el ordenamiento interno en el principio de maximización de la esfera
protegida por las normas constitucionales (...)”.
23.
Partiendo de estas consideraciones, procederemos a
analizar el marco constitucional del trabajo infantil, con el propósito de
determinar las condiciones bajo las cuales dicho trabajo es tolerable, teniendo
en cuenta el objetivo constitucional de propender por su total abolición
(Preámbulo de la Convención 138 sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo).
Marco constitucional del trabajo infantil.
24. Son muchos los niños colombianos que trabajan en condiciones que
ponen en peligro su vida, integridad física y personal, su salud, su formación,
su educación, desarrollo y porvenir. Algunos de ellos están sometidos a la
peores formas de trabajo infantil, lo que - en no pocas ocasiones- les generan
daños físicos y psicológicos irreversibles e impiden su adaptación social. En
atención a dicha problemática, las normas constitucionales como las
disposiciones internacionales propenden por la abolición del trabajo infantil,
precisamente, porque perpetúa la pobreza y compromete el crecimiento económico
y el desarrollo equitativo del país.
Así,
por ejemplo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, celebrada en
Copenhague en marzo de 1995, señaló claramente que la eliminación del trabajo
infantil es un elemento clave para el desarrollo social sostenible y la
reducción de la pobreza[27].
Y, en el mismo sentido, en la 58ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, al proferirse el Convenio No. 138 “sobre la Edad Mínima de Admisión
de Empleo”, se confirmó que la abolición efectiva del trabajo infantil
constituye uno de los principios relativos a los derechos fundamentales que
deben respetar los Estados Partes de la OIT, incluso si no han ratificado los
convenios fundamentales.
Precisamente,
en el artículo 1° de dicho Convenio, se establece que:
“Todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se
compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo
físico y mental de los menores”.
25.
En desarrollo de dicho propósito, el principal
instrumento que tienen las normas nacionales e internacionales para abolir el
trabajo infantil, ha sido y sigue siendo, la determinación de una edad mínima
para ingresar a la vida productiva[28].
Recuérdese
que de conformidad con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del
Niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 1° de la Ley 27 de 1977, se entiende por niño, “todo
ser humano menor de dieciocho años”. De suerte que, el señalamiento de una
edad mínima para ingresar al empleo, supone una reducción de los dieciocho (18)
años, como límite en la capacidad para contratar. Precisamente, los menores de
dicha edad bajo las reglas generales previstas en el Código Civil, son
incapaces absolutos o relativos para prestar su consentimiento en la
celebración de un contrato (artículos 1503 y 1504).
26.
Ahora bien, el señalamiento de dicho límite para
acceder a la vida productiva debe responder a dos propósitos fundamentales, a
saber: (i) El de proteger a los niños respecto de trabajos que interfieran en
su pleno desarrollo y, en especial, en el goce efectivo del derecho a la
educación; y (ii) el de asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento,
la abolición efectiva del trabajo infantil, a través de la búsqueda de la
eficiencia económica que haga que los mercados de trabajo de los adultos
funcionen correctamente y que permitan elevar progresivamente la edad mínima de
admisión al empleo. (Artículo 1° del Convenio 138 de la OIT - Ley 515 de 1999
-).
A
este respecto, el preámbulo del Convenio No. 182 de la OIT, es inequívoco en
determinar que:
“(...) Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas
de trabajo infantil, requiere una acción inmediata y general que tenga en
cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar
de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su
rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las
necesidades de su familia (...)
Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la
pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico
sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la
pobreza y la educación universal (....)”
27.
En este orden de ideas, los parámetros de validez
del trabajo infantil y, por ende, la normatividad referente al señalamiento de
la edad mínima para acceder a la vida productiva, tienen su determinación en un
marco constitucional compuesto por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93
y 94 del Texto Superior, en armonía con las disposiciones previstas en la
Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) y en los Convenios  No.
138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y No.
182 sobre la “Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704 de 2001), ambos proferidos
por la O.I.T.
Del
análisis de dicha normatividad, se puede deducir que ni la Constitución, ni los
tratados internacionales proscriben el trabajo infantil. Sin embargo, el
ordenamiento superior, en atención a la realidad social y económica que
involucra tempranamente a los menores en el mundo laboral, regula su
prestación, con el objetivo de velar por la efectiva protección del menor y
humanizar las condiciones laborales. De todos modos, dicha regulación se
enmarca, en primer lugar, en el reconocimiento de un catálogo amplio y riguroso
de condiciones orientadas a velar por la efectiva defensa del menor y, en
segundo término, en el compromiso de una vigencia temporal y excepcional, en
razón a la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas encaminadas
a su total abolición (art. 1° Convenio No. 138 de la O.I.T).
Con
todo, es preciso aclarar que existe una clara distinción entre los conceptos “trabajo
infantil” y “labores infantiles”, remuneradas o no. En efecto, no se
pueden incluir como actividades laborales aquellas tareas de ayuda en la casa,
o los deberes escolares o cualesquier otra carga ligera que se imponga a los
niños y que propicien su educación y desarrollo armónico e integral en la
sociedad y en sus familias, bien sea que dichas obligaciones correspondan tan
sólo al ejercicio de la autoridad paterna o que se deriven de una promoción
mediante dádivas estimulatorias, verbi gracia, dinero, regalos, etc[29]. No obstante, el
ejercicio de dichas labores, no puede convertirse en una forma de explotación
laboral o de educación hacía la mendicidad, sopena de que los padres o sus
representantes legales se hagan merecedores de las sanciones previstas en la
ordenamiento jurídico, en aras de proteger el interés superior del niño, tales
como, (i) declarar al menor en estado de abandono por la autoridad competente
(Art. 31 del Decreto - Ley 2737 de 1989) y (i) adelantar -eventualmente- un
juicio penal de responsabilidad por la comisión de la conducta punible de mendicidad
y tráfico de menores[30].
28.
En este contexto, se pregunta la Corte: ¿Cuáles son
las condiciones o límites que permiten el trabajo infantil en nuestro
ordenamiento jurídico constitucional, con el propósito de regularizar y
humanizar su prestación?
29. En primer lugar, el previsto en el artículo 67 del Texto Superior y
que se refiere a la edad mínima para acceder a la vida productiva. Dicha
disposición determina que: “El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica”. (Subrayado por fuera del texto
original).
En
efecto, bajo ninguna circunstancia un niño que no haya alcanzado la edad mínima
de escolaridad puede ingresar al mundo laboral, sopena de vulnerar su dignidad
humana y sus derechos a la educación, a la cultura y al pleno desarrollo de la
personalidad, como derechos fundamentales previstos en el artículo 44 del Texto
Superior.
Así,
igualmente, lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio
No. 138 de la OIT, sobre la “Edad Mínima de Admisión de Empleo” (Ley 515
de 1999), en los siguientes términos:
Artículo
32 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “ (1) Los Estados Partes
reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social (...)”. (Subrayado por fuera del
texto original).
Y, el
artículo 2.3 del Convenio No. 138, señala que: “La edad mínima fijada en
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1° del presente artículo no deberá ser
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a
quince años”[31].
Nótese
como, la admisión al mundo laboral implica la cesación de la obligación
escolar, la cual, en ningún caso, podrá ser antes de los quince (15) años de
edad, es decir, hasta tanto el menor no cumpla como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica, tal y como lo dispone el artículo 67
del Texto Superior. Ello tiene como objetivo salvaguardar que los menores
puedan asistir normalmente a las aulas de clase y, además, cumplir con sus
deberes escolares, sin el apremio de una jornada de trabajo que haga nugatoria
su formación personal y su desarrollo psicofísico, alrededor de un ambiente
propicio para su crecimiento y progreso equitativo. A este respecto, como lo
sostienen los estudios internacionales[32],
la equidad, en el acceso a la educación, no sólo se mide en la posibilidad de
asistir a una aula de clase, sino también en la proporción de conocimientos
suficientes que permitan formar excelentes ciudadanos y profesionales, en aras
de construir un mejor futuro que permita la lucha mancomunada contra la pobreza
y la exclusión social (Preámbulo y artículos 1°, 2° y 44 Superiores)[33].
No se
ajusta a la Constitución, la posición de algunos intervinientes, en el sentido
de autorizar el trabajo infantil en menores de quince (15) años, bajo la
hipótesis de su imposibilidad para acceder al sistema educativo,
primordialmente, por la carencia de recursos para asegurar su mínimo vital. Lo
anterior, por cuanto los artículos 44 y 67 del Texto Superior, le imponen al
Estado el deber de asegurar - como primer obligado- el acceso “gratuito”
de los menores de edad a la educación y, además, le exige la adopción de
medidas para asegurar su permanencia. De allí que, como se dijo en los
fundamentos 15 a 18 de esta providencia, no puede el legislador asignar a los
menores de quince (15) años, la obligación de asumir su propia protección y,
por ende, de buscar las condiciones para hacer efectivo su derecho a la
educación, cuando es la propia Carta Fundamental, la que le impone al Estado
dicha obligación positiva como fin esencial que debe satisfacer el Estado
Social de Derecho.
Por
consiguiente, debe proscribirse del ordenamiento jurídico toda regulación que
impida el acceso efectivo a la educación y que exima al Estado de su deber de
asistencia, mas aún, cuando se pretende trasladar esa obligación para imponerla
a los menores de edad, bajo la apariencia de una ampliación de su capacidad
para contratar. En apoyo de lo anterior, la Corte en Sentencia C-325 de 2000
(M.P. Vladimiro naranjo Mesa), dijo que: “el trabajo infantil que se oponga
a su proceso de educación[34]
y a sus derechos al acceso a la cultura, a la recreación y a la práctica del
deporte, debe ser proscrito por la ley”.
Es pertinente recordar que mediante Ley 115 de 1994 “por
la cual se expide la ley general de educación”, se determinó que las
jornadas para la prestación del servicio público de educación en los
establecimientos educativos se adelantarían en una sola jornada diurna,
eventualmente, y tan sólo para adultos, se permitirían las jornadas escolares
nocturnas.
Al respecto, la citada Ley determina que:
“ARTICULO 85. JORNADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
El servicio público educativo se prestará
en las instituciones educativas en una sola jornada diurna.
Cuando las necesidades del servicio
educativo lo requieran, podrán ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y
otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración.
La jornada escolar nocturna se destinará,
preferentemente, a la educación de adultos de que trata el título III de la
presente ley.
PARAGRAFO: El Ministerio de Educación Nacional, en
coordinación con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas
existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas
jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los plazos dentro de
los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo”.
“ARTICULO 50. DEFINICION DE EDUCACION PARA
ADULTOS.
La educación de adultos es aquella que se
ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en
la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen
suplir y completar su formación, o validar sus estudios.
El Estado facilitará las condiciones y
promoverá, especialmente, la educación a distancia y semipresencial para los
adultos”.
Mediante
Decreto 1850 de 2002, se adoptaron medidas transitorias para ajustar la
existencia de varias jornadas escolares a la jornada única diurna, prevista en
la Ley 115 de 1994. Precisamente, el artículo 4° del citado Decreto, señala
que:
“Establecimientos educativos con varias jornadas escolares.
Mientras se ajustan a lo dispuesto en el artículo 85 de la ley general de
educación, los rectores de los establecimientos educativos que por necesidades
del servicio vienen atendiendo más de una jornada escolar, definirán y
desarrollarán, con el apoyo de las entidades territoriales certificadas,
estrategias o actividades para cumplir con las treinta (30) horas semanales y
las mil doscientas (1.200) horas anuales definidas para la educación básica
secundaria y media en el artículo 2° del presente decreto, las cuales
distribuirá el rector a los docentes de la institución, al comienzo de cada año
lectivo en forma diaria o semanal, dentro o fuera de los mismos
establecimientos educativos”.
En
consecuencia, la incompatibilidad de la edad mínima de admisión del
menor al empleo con la edad en que cesa la obligación escolar, no
corresponde a una decisión arbitraria e infundada de las autoridades nacionales
competentes, sino que, por el contrario, su fundamento radica en la existencia
exclusivamente de jornadas escolares diurnas para éstos, lo cual por su
obligación de ser únicas, impide el desarrollo simultáneo de la garantía del
derecho a la educación con la prestación subordinada de labores, hasta tanto
aquél no haya completado la edad de escolaridad básica. Dicha edad es, tanto en
el Convenio 138 de la OIT como en la Constitución Política, hasta los 15 años
de edad, es decir, hasta tanto el menor no cumpla como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica, tal y como lo dispone el artículo 67
del Texto Superior.
Es
imposible jurídicamente que un menor acuda a una institución educativa con
jornada única diurna y, al mismo tiempo, asuma las obligaciones propias de una
relación jurídica laboral. Este planteamiento se refuerza con dos precisiones
adicionales, a saber: (i) El trabajo nocturno es prohibido para los menores de
edad (artículo 242 del Código del Menor[35]);
y, adicionalmente, (ii) la jornada escolar nocturna se destinará,
preferentemente, a la educación de adultos[36].
De suerte que, en derecho, para los menores de quince años, sólo existe una
disyuntiva: Trabaja o estudia. A menos que, se trate de aquellas horas, días o
meses, en los cuales, por disposición legal, sea viable la inasistencia
escolar, tales como, los fines de semana, los períodos vacacionales, o las
horas que excedan a la jornada escolar diurna obligatoria. En dichos
momentos, sin lugar a dudas, es viable asumir un compromiso laboral, como
posteriormente se señalará, siempre que no se atente contra los derechos del
menor al descanso y a la recreación.
29.
En segundo lugar, para que los mayores de quince
(15) años puedan acceder a la vida laboral, es indispensable que las labores
que desarrollen no se presten ni “para la explotación laboral o económica”,
ni para la asunción de “trabajos riesgosos”, en los términos previstos
por el artículo 44 Superior.
Bajo
esta condición, se encuentran prohibidos (i) los trabajos que pongan en peligro
el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o
por las condiciones en que se realiza (Trabajos Peligrosos[37]); y (ii) toda forma de
explotación como la esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y
otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en
conflictos armados, prostitución y pornografía infantil y, en general, todas
aquellas actividades consideradas como ilícitas[38].
Este
catálogo de interdicciones se encuentra previsto en el artículo 3° del Convenio
No. 182 de la OIT, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación”, bajo la siguiente
categorización normativa, a saber[39]:
“A los efectos del presente Convenio, la
expresión ‘las peores formas de trabajo infantil’ abarca:
a)
Todas las formas
de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el
tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños para utilizarlos en conflictos armados;
b)
La utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas;
c)
La utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como
se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
d)
El trabajo que,
por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
Ahora
bien, es indispensable aclarar que la enunciación de las actividades excluidas
para el ejercicio del trabajo infantil, es decir, el señalamiento de los
denominados trabajos peligrosos, de conformidad con lo previsto en el
Convenio No. 138 de la OIT[40],
es de competencia exclusiva del legislador y así lo ratifican los artículos 44
y 53 del Texto Superior. Ésta última disposición señala que: “El congreso
expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía (...)
al trabajador menor de edad”.
30.
Por último, tal y como lo dispone el artículo 32
del Convenio sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), la posibilidad de
ejercer una actividad económica subordinada por parte de los menores de edad se
sujeta, adicionalmente, al cumplimiento de dos (2) condiciones formales, a
saber: (i) La flexibilidad laboral, en atención al estado de crecimiento de
éstos, y que implica que no puedan resistir intensas horas de trabajo. Por
ello, no deben admitirse en el ordenamiento jurídico normas que equiparen la
jornada de un menor a la propia de un adulto; y, así mismo, (ii) su permisión
requiere la evaluación del Inspector del Trabajo o, en su defecto, de la
primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del
Defensor de Familia, como lo señala el artículo 238, inciso 1°, del Código del
Menor[41].
31.
Conforme a lo expuesto, podemos concluir, como
regla general, que la Constitución Política y los tratados internacionales de
protección a la niñez que forman del bloque de constitucionalidad, strictu
sensu, establecen una edad mínima de admisión generalizada del menor al
empleo. Tal admisión, no obstante las normas especiales de protección que la
acompañan, se considera incompatible con la garantía del derecho a la
educación, y por consiguiente, no puede darse antes de que el menor haya
completado su escolaridad, es decir, hasta antes de los quince (15) años (C.P.
arts. 44 y 67 y Convenio No. 138 de la OIT. art. 2-3).
Sin
embargo, dicha permisibilidad constitucional como respuesta al contexto
socioeconómico del país, exige la intervención del Estado para regularizar y
humanizar las condiciones de trabajo. En atención a dicha circunstancia, la
ejecución de actividades laborales por parte de menores de edad entre los
quince (15) y dieciocho (18) años, se sujeta a las siguientes condiciones que
revisten el carácter de orden público, a saber:
(i)
La prohibición de ejecutar trabajos
peligrosos o ilícitos, es decir, la relación jurídica laboral se sujeta -
en exclusiva- al desarrollo de trabajos normales (véase: artículo 3° del
Convenio No. 182 de la OIT, “sobre la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”).
(ii)
La flexibilidad laboral, es decir, la
reglamentación apropiada de horarios y condiciones de trabajo, la cual, en
ningún caso, puede permitir el trabajo nocturno[42].
(iii)
La autorización escrita del Inspector del
Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los
padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familia, como lo señala el artículo
238, inciso 1°, del Código del Menor.
32.
A pesar de lo expuesto, surge la dificultad
prevista en el artículo 2°, num. 4, del Convenio No. 138 de la OIT (Ley 515 de
1999), según la cual, los Estados Partes pueden sustituir la edad de quince
(15) años en catorce (14) y, por lo mismo, permitir, en principio, el trabajo
infantil a partir de dicha edad. Esa atribución fue declarada exequible por
esta Corporación, en Sentencia C-325 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y,
por ello, el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores
de la época, ratificaron dicho instrumento internacional bajo la reserva de los
catorce (14) años. Precisamente, en documento remitido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, se informa que:
“(...) POR CUANTO el Congreso Nacional aprobó el citado instrumento
internacional mediante la Ley 515 del 4 de agosto de 1999, publicada en el
Diario Oficial No. 43.656, y la Corte Constitucional declaró exequibles tanto
el Convenio como su Ley aprobatoria, mediante la Sentencia C-325 del 22 de
marzo de 2000, he venido en aceptarlo, aprobarlo y en disponer que se tenga
como Ley de la República, comprometiéndose para su observancia el Honor
Nacional, a cuyo efecto expido el presente INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN para ser
depositado ante el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo,
junto con la siguiente Declaración:
‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, párrafos 1° y 4°
del Convenio, el Gobierno de Colombia declara que se tendrá como edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte
matriculados en su territorio, la edad de catorce (14) años. A reserva de lo
dispuesto en los artículos 4°, 6°, 7° y 8° del presente Convenio, ninguna
persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o a trabar en ocupación
alguna’ (...)”. (Folio 64 del expediente de
constitucionalidad).
Es
pertinente destacar que el señalamiento de la citada edad de los catorce (14)
años, como edad mínima para acceder al mundo laboral, es una regla de excepción
y, por lo mismo, de alcance e interpretación restrictiva. Su origen se remonta
a la posibilidad prevista para que los países en vía de desarrollo puedan
introducir excepciones que se apliquen en función de las circunstancias
sociales y económicas cambiantes de cada territorio. De suerte que, como lo
dispone el artículo 2, num. 4, del Convenio No. 138 de la OIT, dicha excepción
solamente es aplicable, en aquellas circunstancias en las cuales: (i) la
situación económica y (ii) los medios de educación estén insuficientemente
desarrollados, previa consulta a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesados.
Pero,
nótese como, no se trata de una regla con vocación permanente e indefinida,
sino que, por el contrario, es una medida que tiene carácter excepcional y se
sujeta al control de la autoridad competente de las condiciones previamente
expuestas, es decir, del Inspector del Trabajo, o en su defecto, de la primera
autoridad local. En estos términos, si en una determinada entidad territorial
del país, verbi gracia, en un municipio, distrito, etc., se garantiza
cabalmente el acceso gratuito a la educación a todos los menores de edad, por
ningún motivo, una autoridad administrativa de control podría autorizar la
realización de actividades laborales a un menor de quince (15) años.
Adicionalmente,
su carácter temporal se manifiesta en la obligación que tiene el Estado
Colombiano de reportar informes periódicos a la OIT, en relación con la
necesidad de extender la vigencia de dicha excepción. Al respecto, el artículo
2-5 del Convenio No. 138 de la OIT, establece que:
“5. Cada Miembro que haya
especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las disposiciones
del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la
aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo[43]:
a) Que aún subsisten las razones para tal
especificación, o
b) Que renuncia al derecho de seguir
acogiéndose al párrafo 1° anterior a partir de una fecha determinada”.
Lo
anterior, por la asunción de una obligación clara y expresa del Estado Colombiano
de adoptar las medidas indispensables para elevar progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible el desarrollo integral
de los menores.
33. Por lo anterior, en aras de respetar el precedente judicial y el
compromiso asumido por el Estado Colombiano ante los organismos internacionales
del trabajo, se puede concluir que la Constitución Política y los tratados
internacionales establecen como edad mínima para acceder a la vida productiva,
la edad en que cesa la obligación de garantizar la escolaridad mínima, es
decir, los quince (15) años. Sin embargo, es posible ingresar al mundo laboral
a partir de los catorce (14) años, siempre y cuando, además del cumplimiento de
las condiciones generales de permisión del trabajo infantil previamente
reseñadas (véase: Fundamento No. 31), se acrediten las estrictas exigencias
previstas en los artículos 2-4°, y 2-5°, del Convenio 138 de la OIT, en armonía
con los artículos 44 y 67 del Texto Superior.
Estas
exigencias son las siguientes:
(i)
Dichos menores únicamente pueden ingresar al
mundo laboral en los denominados “trabajos normales”, es decir, en
aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de perjudicar su desarrollo
normal o su salud. En este caso, los trabajos riesgosos, peligrosos o ilícitos[44], se encuentran con
mayor razón prohibidos.
(ii)
Exigen del Inspector del Trabajo o, en su
defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de
éstos, del Defensor de Familia, como lo señala el artículo 238, inciso 1°, del
Código del Menor, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2-4 del Convenio
No. 138 de la OIT, la comprobación de que en dicha entidad territorial: (i) Las
condiciones socioeconómicas no permiten asegurar cabalmente el acceso al
sistema educativo y que, adicionalmente, (ii) los medios de educación aún se
encuentran insuficientemente desarrollados.
Para
el efecto, el requisito de la ausencia de condiciones económicas o socioeconómicas
para asegurar el acceso al sistema educativo, se establece a partir de la
posibilidad de una entidad territorial para asegurar por sí misma, a través de
sus propios recursos endógenos o exógenos, una cobertura del 100% en la oferta
educativa. En otras palabras, esta condición supone un análisis de la
potencialidad de una entidad territorial para asegurar el 100% de cupos
escolares para la población escolarmente activa.
Por
su parte, el análisis sobre el insuficiente desarrollo de los medios de educación
no sólo se determina a partir del estudio de la oferta educativa, sino
que también puede realizarse desde la perspectiva de la demanda en educación.
Esto es, un sistema educativo no puede considerarse suficientemente
desarrollado si, no obstante que desde la perspectiva de la oferta, hay una
cobertura del 100% de la población escolar, desde el punto de vista de la
demanda hay elevados índices de inasistencia y deserción atribuibles a
problemas o dificultades socioeconómicas. En estos términos, si hay escuelas y
exceso de cupos escolares, pero éstos no se utilizan porque los niños son
requeridos para contribuir al ingreso familiar (por ejemplo, en labores de
campo o en oficios normales de menos entidad), no puede considerarse que el
sistema educativo esté plenamente desarrollado y cabría aplicar la cláusula de
excepción prevista en el artículo 2-4 del Convenio No. 138 de la OIT.
Valga
la pena recordar que -como se ha expuesto en esta providencia- los menores de
edad no pueden ser vinculados por sus padres, ni por sus representantes o por
terceros, hacia la práctica de conductas prohibidas o consideradas ilícitas por
el ordenamiento jurídico, tales como, la mendicidad, prostitución, pornografía
infantil, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, etc.
Ello supone - como ya se dijo- la comisión de conductas punibles susceptibles
de enjuiciamiento por las autoridades competentes.
(iii)
Por último, es indispensable que el Gobierno
Nacional cumpla con su obligación de reiterar a la OIT la necesidad de mantener
la edad excepcional de admisión al empleo en los 14 años, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2-5 del Convenio No. 138. En este medida, cada año, el
Gobierno Nacional en las memorias que se presenten a dicha organización debe
señalar inequívocamente: Si renuncia o mantiene esta regla excepcional.
Ahora
bien, no se trata de una decisión meramente discrecional del Gobierno Nacional,
por el contrario, y con sujeción al carácter expansivo y universal del
principio democrático, es necesario que, antes de adoptar cualquier
determinación, se consulte a los interesados, es decir, a “las
organizaciones de empleadores y de trabajadores”, según lo dispone el
artículo 2-4 del citado Convenio.
De
manera que, la vigencia de esta excepción es meramente coyuntural mientras
subsistan las razones que permitan su vigencia. Lo anterior, por cuanto es
obligación del Estado elevar progresivamente la edad mínima de admisión al
empleo, a partir de su deber de propender por su total erradicación.
34.
Finalmente, el artículo 7, num. 4, del Convenio No.
138 de la OIT, faculta a los Estados Partes para que, en casos aún más
extremos, permitan la prestación de servicios laborales por parte de menores de
edad, cuyas edades oscilen entre los 12 y 14 años, si en dicho país, se
establece excepcionalmente como límite de acceso al mundo laboral, los catorce
(14) años de edad.
Esta
Corporación declaró exequible la citada excepción mediante Sentencia C-325 de
2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Sin embargo, es preciso aclarar que su
procedencia se sujeta, además del cumplimiento de las condiciones generales de
permisión del trabajo infantil previamente reseñadas (véase: Fundamentos No. 31
y 33 de esta providencia), al cumplimiento de los siguientes requisitos:
(i)
Dichos menores únicamente pueden ingresar a la
vida laboral en los denominados “trabajos ligeros”, es decir, en
aquellos que por su propia naturaleza no pueden limitar o restringir su permanencia
en el sistema educativo. Para lo cual, no basta con la sola asistencia a las
aulas, sino que, es indispensable que puedan cumplir los programas de
orientación que para el aprovechamiento de la enseñanza asignen sus maestros en
las horas siguientes a sus clases. Quedan excluidos de trabajar en actividades
peligrosas, riesgosas o ilícitas (como todos los menores) y, además, no se
permite la prestación de sus servicios laborales en actividades normales (como
sucede con los menores mayores de catorce (14) años).
Así,
el artículo 7-1 del Convenio No. 138 de la OIT, determina: “La legislación
nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince
años de edad [debe leerse 12-14, según el artículo 7-4 del mismo Convenio] en
trabajos ligeros, a condición de que éstos: a) No sean susceptibles de
perjudicar su salud o desarrollo; y b) No sean de tal naturaleza que puedan
perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación
o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el
aprovechamiento de la enseñanza que reciben”.
Por
lo anterior, es necesario que la autoridad de control, verifique que la jornada
laboral para la prestación de servicios, tenga lugar con posterioridad al
horario escolar y, además, que dicha jornada no le impida cumplir con sus
compromisos educativos. Aquí cobran importancia aquellas horas, días o meses,
en los cuales, por disposición legal, es viable la inasistencia escolar, tales
como, los fines de semana, los períodos vacacionales, o las horas que exceden a
la jornada escolar diurna obligatoria. En dichos espacios de tiempo, sin
lugar a dudas, es viable asumir un compromiso laboral, siempre que no se
vulneren los derechos al descanso y a la recreación del menor.
En
este mismo sentido, en Europa, la Carta Social Europea, de octubre de 1961,
ratificada y por lo tanto incorporada a la legislación de los países de ese
continente, establece en su artículo 7°, que: “Para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes, las partes
contratantes se comprometen: 1. A fijar en quince años la edad mínima de
admisión al trabajo, sin perjuicio de las excepciones para los niños empleados
en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o
educación”.
(ii)
En estos casos, la autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, no sólo
requiere la solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor
del familia, sino que, además, es indispensable que éste último acompañe
siempre una calificación sobre la excepcionalidad de las circunstancias
que ameritan el trabajo infantil. Así, lo dispone el artículo 238 del Código
del Menor, en los siguientes términos: “Excepcionalmente y en atención a
circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los
mayores de doce (12) años podrá ser autorizados para trabajar por las
autoridades señaladas en este  artículo”[45].
(iii)
La enunciación de las actividades ligeras, las
horas y condiciones para el ejercicio del trabajo infantil en menores cuyas
edades oscilen entre los doce (12) y catorce (14) años, de conformidad con lo
previsto en el Convenio No. 138 de la OIT, es de competencia exclusiva del
legislador ordinario y así lo ratifican los artículos 44 y 53 del Texto
Superior. Ésta última disposición señala que: “El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía (...) al trabajador
menor de edad”.
Al
respecto, el artículo 7-3 del citado Convenio, dispone que: “La autoridad
competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el empleo o el
trabajo de conformidad con los párrafos 1° y 2° del presente artículo y
prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo
dicho empleo o trabajo”.
Conforme
a lo expuesto, también se encuentra ajustado a la Constitución Política que de
manera excepcional y bajo estrictas condiciones las autoridades respetivas
autoricen a niños mayores de doce (12) años y menores de catorce (14) para
ejecutar trabajos ligeros, siempre que en éstos se garanticen la
escolaridad y no se perjudique su salud o desarrollo. Pero, en apoyo de lo
anterior, es igualmente claro que, por ningún motivo, se puede autorizar o
permitir el trabajo para los menores de doce (12) años.
35.
Esta Corporación considera pertinente llamar la
atención de las autoridades públicas correspondientes, sobre su obligación de
propender por la abolición del trabajo infantil, mediante la elevación
progresiva de la edad mínima de admisión al empleo (art. 1° del Convenio No.
138 de la OIT). Para lo cual, es indispensable asumir el compromiso político de
lograr cambios concretos en la asignación de recursos del Estado a favor de los
niños y, adicionalmente, ampliar las alternativas económicas viables para que
las familias aumenten su ingreso personal disponible y, por lo mismo, no se
vean compelidas a forzar a sus hijos menores a ingresar al mundo laboral.
36.
Finalmente, no pasa por alto esta Corporación, el
problema de la economía informal no reglamentada. En estos casos, es obligación
del Estado prevenir y contrarrestar el abandono de los niños a su suerte, verbi
gracia, mediante la mendicidad en cualquiera de la esquinas de nuestras
ciudades. En un Estado Social de Derecho, la obligación del Estado para con los
niños es de resultado y, por lo mismo, es deber de las
autoridades de control, adoptar las medidas para que cese dicha explotación
infantil y se permita el goce efectivo de sus derechos a la recreación,
educación, cultura, al cuidado y al amor, etc. Por ello, por ejemplo, es
indispensable que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelante las
investigaciones necesarias para proteger a los menores que se encuentran en
estado de abandono, en atención a la explotación de sus padres o representantes
legales (Art. 31 del Decreto-Ley 2737).
Conclusiones.
37. Con base en las anteriores
consideraciones procede la Corte a establecer si la disposición acusada resulta
contraria a los derechos fundamentales de los niños y, en especial, al derecho
a la educación (C.P. arts. 44 y 67).
Tal
como se ha dejado sentado, la Constitución Política impone una medida de
protección acorde a la prevista en los tratados internacionales que forman
parte del denominado bloque de constitucionalidad strictu sensu (Convención
sobre los Derechos del Niño y Convenios Nos. 138 y 182 de la OIT), conforme a
los cuales, por regla general, la edad de admisión al empleo, es aquella en que
cesa la obligación de garantizar la escolaridad mínima, es decir, los quince
(15) años. Sin embargo, es posible ingresar al mundo laboral a partir de los
catorce (14) años, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio No. 138 de la OIT,
edad a la cual se acogió Colombia por ser un país cuya educación está
insuficientemente desarrollada (Ratificación del citado Convenio, visible a folio
64 del expediente de constitucionalidad). Así mismo, también se encuentra
ajustado al Texto Superior que de manera excepcional y bajo estrictas
condiciones las autoridades respetivas autoricen a niños mayores de doce (12)
años y menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros, siempre
que no afecten la salud, el desarrollo integral y la educación del menor.
Por
ello, es inconstitucional que el legislador desconozca los citados mandatos,
permitiendo el acceso a la vida laboral a una edad inferior, con las perversas
consecuencias que ello genera para la educación, el desarrollo y el porvenir de
los niños, en los términos previstos por los artículos 44 y 67 del Texto
Superior.
38.  En
este orden de ideas, la norma acusada establece que:
“Art. 238. Autorización para contratar. Los
menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del
inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de
catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este
artículo, con las limitaciones previstas en el presente código.”
39.
En relación con la primera parte de la disposición
acusada, es decir, con las expresiones: “Prohíbese el trabajo de los menores
de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza”, no existe reparo alguno de constitucionalidad.
En efecto, se trata de una disposición orientada a ponderar la permisibilidad
del trabajo infantil con el alcance normativo del derecho fundamental a la
educación (C.P. arts. 44 y 67). Sin embargo, la prestación subordinada de
servicios por parte de menores de quince (15) años y mayores de catorce (14),
se encuentra sujeta a las condiciones previstas en los Convenios Nos. 138 “sobre
la Edad Mínima de Admisión al Empleo” y 182 “sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil” de la OIT, desarrolladas en los
fundamentos Nos. 31 y 33 de esta providencia.
40.  Frente a la segunda parte de la norma demandada, es decir, en torno
a las expresiones: “Excepcionalmente y en atención a circunstancias
especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12)
años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este
artículo”, no encuentra la Corte vicio alguno de constitucionalidad, en la
medida en que se entienda que la posibilidad de desarrollar actividades
laborales por parte de menores de catorce (14) años y mayores de doce (12), es eminentemente
excepcional, es decir, siempre y cuando se le de estricto cumplimiento a los
requisitos contenidos en el Convenio No. 138 de la OIT, declarado exequible por
la sentencia C-325 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), y que no podrán
hacerlo en las actividades a que se refiere el Convenio 183 de la OIT,
declarado exequible por la sentencia C-535 de 2002 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), según lo previsto en los fundamentos Nos. 31, 33 y 34 de esta
providencia.
Además, la
constitucionalidad de la norma reseñada, se sujeta a que Colombia continúe
acogiéndose a la edad de 14 años, según lo previsto en el artículo 2-4 del
Convenio No. 138 de la OIT  (ratificado por Colombia según consta en el folio
No. 64 del expediente de constitucionalidad), pues de lo contrario, si se
decide renunciar a dicha alternativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 2-5, 7-1 y 7-4 del citado Convenio, se entenderá que la edad mínima
para acceder a trabajar en actividades ligeras, no podrá ser inferior a
los trece (13) años.
41.
Por último, la Corte declarará inexequible la
expresión: “(...), con las limitaciones previstas en el presente código”,
en relación con la excepcionalidad para que puedan trabajar los menores de
catorce (14) años y mayores de doce (12), por las siguientes razones:
En
primer lugar, por cuanto de conformidad con lo previsto en el artículo 7-3 del
Convenio No. 138 de la OIT, es de competencia exclusiva del legislador
ordinario, la enunciación de las actividades ligeras, las horas y condiciones
para el ejercicio del trabajo infantil en dichos menores de edad, y así lo
ratifican los artículos 44 y 53 del Texto Superior. Ésta última disposición
señala que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: [La] garantía (...) al trabajador menor de edad”.
En
segundo término, las condiciones o limitaciones para el desarrollo de la
actividad laboral de los citados menores, se encuentran sujetas a lo dispuesto
en los Convenios Nos. 138 y 182 de la OIT. En efecto, dichos tratados
establecen una protección jurídica más amplia a la prevista en las
disposiciones ordinarias, de suerte que, al formar parte del bloque de
constitucionalidad strictu sensu, se convierten en parámetros mínimos y
obligatorios de sujeción para los Estados Partes, exigiendo la asunción de sus
condiciones y requisitos por encima de las barreras propias del derecho
interno, en aras de otorgar validez y eficacia a los derechos de los niños, tal
y como se expuso en los fundamentos Nos. 31, 33 y 34 de esta providencia.
VII.     DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.-
INHIBIRSE para pronunciarse sobre el artículo 30
del Código Sustantivo del Trabajo, en su redacción original, por la derogatoria
de su contenido a partir de la vigencia del artículo 238 del Decreto - Ley 2737
de 1989 (Código del Menor).
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la expresión:
“Prohíbese el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de
sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza”, contenida en el
inciso 2° del artículo 238 del Decreto - Ley 2737 de 1989, siempre y cuando se
entienda que la prestación subordinada de servicios por parte de menores de
quince (15) años y mayores de catorce (14), se encuentra sujeta a las
condiciones previstas en los Convenios Nos. 138 “sobre la Edad Mínima de
Admisión al Empleo” y 182 “sobre la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil” de la OIT, desarrolladas en los fundamentos Nos. 31 y 33
de esta providencia.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión: “Excepcionalmente y en
atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia,
los mayores de doce años (12) podrán ser autorizados para trabajar por las
autoridades señaladas en este artículo”, en el entendido que los mayores de
12 años podrán trabajar, siempre y cuando se le de estricto cumplimiento a las
edades mínimas y a los requisitos contenidos en el Convenio No. 138 de la OIT,
declarado exequible por la sentencia C-325 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), y que no podrán hacerlo en las actividades a que se refiere el Convenio
183 de la OIT, declarado exequible por la sentencia C-535 de 2002 M.P. Jaime
Araújo Rentería), según lo previsto en los fundamentos Nos. 31, 33 y 34 de esta
providencia. Además, la constitucionalidad de la norma reseñada, se sujeta a
que Colombia continúe acogiéndose a la edad de 14 años.
Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión: “con las limitaciones
previstas en el presente código”, prevista en el inciso 2° del artículo 238
del Decreto - Ley 2737 de 1989 (Código del Menor).
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Salvamento parcial de voto a la
Sentencia C-170/04
EDUCACION DEL MENOR DE EDAD-Obligación hasta los quince años
(Salvamento parcial de voto)/TRABAJO INFANTIL-Prohibición sobre menores
de quince años (Salvamento parcial de voto)
El artículo 67 de la Constitución
establece que la educación es obligatoria hasta los 15 años de edad; esta norma
lo que quiere decir, es que los niños deben estar estudiando hasta esa edad, en
consecuencia prohíben que trabajen antes de esa tiempo.
DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL-Cánon en materia de interpretación de
derechos contemplados simultáneamente (Salvamento parcial de voto)/DERECHO
INTERNO-Aplicación por ser más protectora que la norma del derecho
internacional (Salvamento parcial de voto)
En materia de interpretación de derechos
contemplados tanto en el derecho interno como en el derecho internacional,
existen unos cánones interpretativos como son: El derecho interno consagra un
mínimo de protección, de tal manera que los Estados no pueden otorgar menos del
mínimo, pero si pueden proteger más halla del mínimo. Cuando se presenta esta
última situación debe aplicarse la norma más protectora, esto es la norma de
derecho interno.
CONSTITUCION POLITICA EN MATERIA DE TRABAJO
INFANTIL-Aplicación por
ser más garantista que Convenio de la OIT (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-4742
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, me permito consignar las razones de mi salvamento parcial de voto.
El artículo 67 de la Constitución establece que la
educación es obligatoria hasta los 15 años de edad; esta norma lo que quiere
decir, es que los niños deben estar estudiando hasta esa edad, en consecuencia
prohíben que trabajen antes de esa tiempo.
En materia de interpretación de derechos contemplados
tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, existen unos
cánones interpretativos como son: a) El derecho interno consagra un mínimo de
protección, de tal manera que los Estados no pueden otorgar menos del mínimo,
pero si pueden proteger más halla del mínimo.  Cuando se presenta esta última
situación debe aplicarse la norma más protectora, esto es la norma de derecho
interno. En el caso concreto que nos ocupa, el artículo 67 de la Constitución
es más garantista que el Convenio 138 de la OIT y en consecuencia hay que
aplicar la norma constitucional que establece una prohibición el exigir que
hasta los 15 años los niños estén estudiando y dejar de aplicar el Convenio 138
de la OIT que es menos protector de los derechos del menor; entre los 15 y los
18 años si se puede aplicar el Convenio 138 de la OIT excepcionalmente y de
manera restrictiva (ya que la regla general es que los niños y si es niño hasta
los 18 años no deben trabajar), para aquellos trabajos definidos en el propio
convenio como trabajos ligeros y nunca podrá hacerse en labores peligrosas para
los menores.
En síntesis, podemos afirmar que en este caso el
derecho interno es más protector de los niños que el derecho internacional y en
consecuencia, debe darse prelación al artículo 67 de la Constitución Política,
cosa que no hace la sentencia y en consecuencia viola el artículo 67 de la
Constitución.
Feha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1]
Se citan apartes de la Sentencia C-325 de 2000,  por medio de la
cual se efectuó la Revisión Oficiosa. Revisión oficiosa de la “Ley 515 del 4
de agosto de 1999, por medio de la cual se aprueban el “Convenio 138 sobre la
edad mínima de admisión de empleo, adoptado por la 58a Reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres.”
[2]               Se citan apartes de la Sentencia C-535
de 2002, por medio de la cual se efectuó la Revisión Oficiosa de la de la Ley
704 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio 182 sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para
su Eliminación’,  adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, Ginebra
Suiza, 17 de Junio de 1999”.
[3]
Sentencia C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]
Esta corporación de manera reiterada ha señalado que para que una
demanda de inconstitucionalidad pueda ser objeto de admisión, es necesario que
se cumpla con los siguientes requisitos, a saber: “la acusación debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una proposición jurídica
real y existente, y no simplemente deducida por el actor o implícita (cierta).
Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones por las cuales el
precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental (especificidad), con
argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no meramente legales ni
puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la acusación no sólo ha de
estar formulada de manera completa sino que debe ser capaz de suscitar en el
juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de la disposición
(suficiente)”. (Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado
de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[5]
Así, por ejemplo, en Sentencia C-142 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), la Corte afirmó que: “(...) la interpretación de tales
pautas [es decir, las cargas que se imponen a los accionantes para demandar],
no puede tener por efecto anular el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, razón por la cual se ha de considerar con cierta
‘indulgencia’ al ciudadano inexperto en asuntos jurídicos (...)”
[6]
Sentencias C-898 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-520
de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-406 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), entre otras.
[7]
Ver, entre otras, las Sentencias C-063 de 1994, C-335 de 1994,
C-622 de 1997 y  C-142 de 2001.
[8]
Ver, en relación con cargos confusos: las Sentencias C-1065 de
2000, C-621 de 2001, C-992 de 2001 y C-155 de 2002; y en torno a cargos
insuficientes: las Sentencias C-016 de 1993 y C-157 de 2002.
[9]
Ver, entre otras, la Sentencia C-641 de 2002. (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), .
[10]
Ver, entre otras, las Sentencias C-211 de 1992, C-540 de 2001 y
C-226 de 2002.
[11]             Disponía la citada norma: “Art. 30.
INCAPACIDAD. Modificado por la L.20/82, Art. 4°.- Autorización para contratar.-
Los menores de dieciocho (18) años, necesitan para celebrar contrato de
trabajo, autorización escrita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de
la primera autoridad política del lugar, previo consentimiento de sus
representantes legales.
La autorización debe concederse para los trabajos no prohibidos
por la ley o cuando, a juicio del funcionario, no haya perjuicio físico ni
moral para el menor en el ejercicio de la actividad de que se trate y la
jornada diaria no exceda de seis (6) horas diurnas.
Concedida la autorización, el menor de dieciocho (18) años puede
recibir directamente el salario y, llegado el caso, ejercitar las acciones
legales pertinentes” .
[12]
Ver, entre otras, las Sentencias C - 397 de 1995, C-774 de 2001 y
C-653 de 2003..
[13]
Sentencia C-392 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14]
Sentencia C-505 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15]
Sentencia SU-225 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[16]
Gaceta Constitucional Nº 85, Informe-Ponencia para Primer Debate en
Plenaria, Derechos de la Familia, el Niño, el Joven, la Mujer, la Tercera Edad
y Minusválidos.
[17]
Sentencia C-041 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]
Sentencia C-092 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería.
[19]             Dispone la citada norma: “Artículo
157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el
servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o
subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
(...) 2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata
el artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para
cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en
las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo,
personas tales como las madres durante el embarazo, parto y posparto y período
de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los
niños menores de un año, (...)”. (Subrayado por fuera del texto
original).
[20]             Sentencia T-002 de 1992. M.P. Ciro Angarita
Barón.
[21]
Sentencia T-1704 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[22]
Corpoeducación, “situación de la educación básica, media y
superior en Colombia”, Casa Editorial El Tiempo. 2001.
[23]
Según el DANE el 59,8% de la población colombiana tiene necesidades
básicas insatisfechas, es decir, vive por debajo de la línea de pobreza. De
esta cifra, 9% habita en condiciones de miseria, situación que afecta con mayor
rigor a la población infantil, adolescente y joven del país (Véase: Exposición
de motivos. Código de la niñez, la adolescencia y la familia).
[24]
Desde el punto de vista económico, la ausencia de recursos
presupuestales para el cumplimiento de un fin constitucional, se analiza no
sólo desde la carencia de fuentes de ingreso, sino también a partir de su
correcta o incorrecta distribución. (Véase: POSNER, Richard, El análisis
económico del derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1998). Así, por
ejemplo, en la exposición de motivos de la ley de participaciones (Ley 715 de
2001), en relación con los problemas de la educación, se señaló que: “(...)
Es claro entonces, que el problema de la educación en Colombia no es nuevamente
la falta de recursos financieros. Más bien, lo que salta a la vista es que,
pese a la magnitud de los recursos, la educación en Colombia afronta problemas
relacionados con el uso inapropiado, que se refleja en una distribución
inequitativa, en niveles bajos de eficiencia y en una asignación insuficiente
para atender las inversiones en calidad y dotación. Adicionalmente, cada día se
hace más evidente que la sostenibilidad financiera del servicio educativo se ha
visto afectada en los últimos años debido a un incremento sostenido de los
costos de la nómina, y que estos costos continúan creciendo al ritmo que lo
están haciendo, dicha sostenibilidad se verá seriamente comprometida en un
futuro muy cercano (...)”.  (Gaceta del Congreso número 500 del 27 de
septiembre de 2001).
[25]
Con todo, algunas veces, el trabajo infantil tiene su origen en la
falta de interés hacía la educación. (Véase: Corpoeducación, “situación de
la educación básica, media y superior en Colombia”, Casa Editorial El
Tiempo. 2001).
[26]
En este contexto, previamente, esta Corporación señaló que: “El
conocimiento, de conformidad con la definición de Santo Tomás de Aquino, es
cualquier acto vital en que un ser intelectual o sensitivo como sujeto
cognoscente se da cuenta de algún modo de un objeto. (...) El conocimiento es
inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia; él hace parte de su
dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad,
es decir para llegar a ser fin de sí mismo”. (Sentencia T-002 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón).
[27]
Documentos denominado “un futuro sin trabajo infantil”,
visible en la página de Internet: www.ilo.org/public/declaration.
[28]
Ver, entre otros, Convenio sobre la edad mínima de 1919 (núm. 5) y
Convenio sobre la edad mínima de 1973 (núm. 138), ambos proferidos por la OIT.
[29]             Entre dichas labores se encuentran los oficios que se
prestan en escuelas de enseñanza general, profesional o técnica. Precisamente,
el artículo 6° del Convenio No. 138 de la OIT, determina que: “El presente
Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los menores en las
escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones
de formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce años
de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las
condiciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales
organizaciones existan, y sea parte integrante de:
a) Un curso
de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una escuela o
institución de formación;
b) Un
programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa
y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o
c) Un programa de
orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de
formación”.
[30]             Al respecto, tipifica el artículo 231 del Código
Penal: “Mendicidad y tráfico de menores. El que ejerza la
mendicidad valiéndose de un menor (de doce (12) años)** o lo facilite a otro
con el mismo fin, o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en
prisión de uno (1) a cinco (5) años.
La pena se
aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando:
1.) Se trate de menores de seis (6) años.
2.) El menor esté afectado por deficiencias físicas o mentales que
tiendan a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros
semejantes”.
** En relación con esta disposición, la Corte se pronunció en la
Sentencia C-1068 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), declarando inexequible
el aparte normativo anteriormente señalado entre paréntesis, por considerar
que: “(...) no se vislumbran fundamentos ni fines constitucionales que
avalen la existencia jurídica del segmento demandado;  antes bien, del cotejo
con el bloque de constitucionalidad se desprende que la locución censurada se
erige abiertamente discriminatoria y excluyente (art. 13 C.P.), transgresora de
los derechos fundamentales que el artículo 44 superior prescribe a favor de
todos los menores de edad, contraria a la primacía de los derechos inalienables
de la persona (art. 5 C.P.), violatoria del derecho al buen nombre (art. 15
C.P.), y por supuesto, diametralmente opuesta a los postulados ecuménicos sobre
protección de los menores (art. 93 C.P.) (...)” .
[31]             Subrayado por fuera del texto original.
[32]
Véase: Un futuro sin trabajo infantil. Conferencia Internacional
del Trabajo. O.I.T. 90ª, reunión, 2002.
[33]
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en un estudio
realizado sobre el trabajo infantil, sostiene que: “ (...) falta de
educación y preparación técnica de los niños y jóvenes, les impide a éstos
acceder a una mejor condición laboral y social en un mundo que exige cada vez
más personal calificado (...)”. (Véase:
http://www.iadb.org/sds/doc/SOC-AEchavarria1-s.pdf).
[34]
Se refiere al proceso educativo de los niños.
[35]
La citada norma señala como regla general: “Queda prohibido el
trabajo nocturno para los trabajadores menores”. Pero, a modo de excepción,
y dentro del lineamiento de la prohibición de los 15 años dispone:“(...) los
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser
autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se
afecte su asistencia regular a un centro docente, ni implique perjuicio para su
salud física o moral”. (Subrayado por fuera del Texto Original).
Valga la
pena aclarar que el trabajo diurno o nocturno para los menores de edad, no
puede ser aquel previsto por la reforma de la Ley 789 de 2002 (artículo 25),
porque, en esta materia, el Código del Menor es una regla especial, imposible
de modificar por una norma alcance general. En efecto, así lo establece el
artículo 5º de la Ley 57 de 1887, en los siguiente términos: “ (...) Si en
los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles
entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1ª) La
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general (...)”.
En este
orden de ideas, siempre que hablemos de trabajo infantil diurno o nocturno, se
hace referencia a la jornada de 6.00 am a 6 pm (diurno) y de 6.00 pm a 6.00 am
(nocturno), tal y como estaba prevista al momento de proferirse el Código del
Menor, y no de 6.00 am a 10.00 pm (diurno) y de 10.00 pm a 6.00 am (nocturno),
como lo establece -hoy día- el artículo 25 de la Ley 789 de 2002. Admitir lo
contrario, es decir, entender subrogada la norma del Código de Menor,
conduciría al absurdo de eliminar la protección infantil de erradicación del
trabajo nocturno, y permitiría contra natura, que menores de edad
trabajen en jornadas hasta las 10 de la noche.
En
consecuencia, a juicio de esta Corporación, el artículo 242 del Código del
Menor, en cuanto excepcionalmente admite el trabajo nocturno hasta las 8 de la
noche, frente a niños o adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de
(18) dieciocho años, continua actualmente vigente.
[36]
Véase: artículos 50 y 85 de la Ley 115 de 1994, previamente
citados.
[37]             Dispone el artículo 245 del Código del Menor: “Los
menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran,
por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad
física:
- Trabajos
que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
- Trabajos
a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente
ventilación.
- Trabajos
subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos,
tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a
consecuencia de la oxidación o la gasificación.
- Trabajos
donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80)
decibeles.
- Trabajos
donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
- Todo tipo
de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
- Trabajos
submarinos.
- Trabajos
en basureros o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes
biológicos patógenos.
-
Actividades que impliquen manejo de sustancias explosivas, inflamables o
cáusticas.
- Trabajo
de pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
- Trabajos
de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo
o de cualquier otro producto que contengan dichos elementos.
- Trabajos
en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta
velocidad y en ocupaciones similares.
- Trabajos
en altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres de
laminación,  trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
- Trabajos
y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
- Trabajos
relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasados y otros
trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
- Trabajos
en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, y
otras máquinas particularmente peligrosas.
- Trabajo
del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de
hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por
chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la
industria de la cerámica.
- Trabajo de
soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en
andamios o en molduras precalentadas.
- Trabajos
en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano,
trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
- Trabajo
en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y
humedad.
- Trabajos
en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o
procesos donde se desprende vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
-
Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la
salud (...)”.
[38]             Al respecto, el artículo 246 del Código de Menor,
determina que: “Queda prohibido a los trabajadores menores de dieciocho (18)
años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el
trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman
bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la
reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u
otros semejantes”.
Sobre la materia, se puede consultar igualmente la Sentencia C-318
de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), mediante la cual esta Corporación efectuó
el análisis de constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva
York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000), en cuyo artículo
1°, se dispone que: “ARTÍCULO 1o. Los Estados Partes prohibirán la
venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo”.
[39]
Disposición que forma de parte de nuestro ordenamiento jurídico
interno, de conformidad con lo establecido en la Ley 704 de 2001.
[40]
El artículo 3 de la citada Convención, determina que: “ 1.
La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su
naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la
salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a
dieciocho años. 2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el
párrafo 1° de este artículo serán determinados por la legislación nacional o
por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesados, cuando tales organizaciones existan.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la
legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, cuando tales
organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la
edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la
seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido
instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de
actividad correspondiente”.
[41]             Dispone el citado artículo 32 de Ley 12 de 1991, que:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del
presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en
particular:
a) Fijarán
una edad o edades mínimas para trabajar;
b)
Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de
trabajo;
c)
Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicación efectiva del presente artículo”.
[42]
Recuérdese que el artículo 242 del Código del Menor, autoriza
excepcionalmente a los mayores de dieciséis (16) años para trabajar hasta las 8
de la noche, siempre que “no se afecte su asistencia regular a un centro
docente, ni implique perjuicio para su salud física y moral”.
[43]
Dispone la norma en cita: “Artículo 22 Cada uno de
los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una
memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los
convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la
forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que
éste solicite”.
[44]
Véase: Fundamento 29 de esta providencia.
[45]
Subrayado por fuera del texto original.