SU377-14
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 503 de
fecha 22 de octubre de 2015, el cual se anexa en la parte final de esta
providencia, se aclara  el numeral vigésimo octavo de su parte resolutiva
y se corrige el error mecanográfico que se presentó en el párrafo 184.25 de su
parte motiva
Sentencia SU377/14
LIQUIDACION DE TELECOM Y ASUNCION DE OBLIGACIONES POR
PARTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR-Contexto jurídico y fáctico
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR-Creación y funciones/PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES PAR-Duración no es indefinida
TELECOM fue liquidada en enero de dos mil seis (2006),
pero el proceso de liquidación se inició desde junio de dos mil tres (2003), y
las razones para llevarlo a cabo habían surgido incluso antes.  Para la
liquidación de TELECOM se constituyó un Patrimonio Autónomo de Remanentes, por
medio de un contrato de fiducia mercantil, el cual quedó encargado de cumplir
diversas funciones. Entre ellas, le correspondió atender las obligaciones remanentes y
contingentes, así como los procesos judiciales en curso al momento de
terminarse la liquidación. Pero el PAR no se configuró con vocación de
permanencia.  Una vez cumpliera su propósito, está llamado a desaparecer.  El
contrato de fiducia que lo constituyó decía que el PAR tenía inicialmente dos
(2) años de duración, pero luego ese término se prorrogó sucesivamente. Los
actores de este proceso de tutela podían conocer todas estas circunstancias
desde cuando se fueron presentando, ya que todos los actos de liquidación y de
asunción por el PAR del pasivo remanente fueron públicos.
PENSIONES ANTICIPADAS DE TELECOM-Marco normativo
DESVINCULACION DE AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE
LIQUIDACION DE ENTIDADES-Marco
normativo
AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE
ENTIDADES-Garantía derivada del fuero
sindical no desaparece durante el proceso de liquidación de TELECOM
Los
aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin
autorización del juez laboral al final de una liquidación. A quienes se les
vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la
acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, contados -según la
ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora
bien, cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez
concluida la liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible
un reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y
abstenerse de decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización
cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al
trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y
en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una
indemnización que comprenda “los salarios, con
sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales,
a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia
jurídica de la [entidad]”. Cuando la terminación del vínculo ocurra con
el cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una
indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio de
sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).  Con todo, si el
juez laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por
desconocer la ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador
aforado, el ente condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben
iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el
reintegro es posible.  La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu
proprio si es posible cumplir la orden. Tampoco puede hacerlo un juez laboral
en un proceso ejecutivo iniciado por los trabajadores para asegurar el
acatamiento de la orden de reintegro.
DESVINCULACION DE TRABAJADORES AMPARADOS POR EL RETEN
SOCIAL-Marco jurídico para la
desvinculación de padres y madres cabeza de familia y prepensionados de Telecom
LEY 790 DE 2002-Creó un límite de estabilidad laboral para madres y padres cabeza de
familia, discapacitados y prepensionados
PROTECCION DEL RETEN SOCIAL PARA MADRES Y PADRES
CABEZA DE FAMILIA-Unificación de
jurisprudencia en sentencia SU388/05 y SU389/05
Qué
padres pueden ser considerados ‘cabeza de familia’? En la sentencia SU-389 de
2005, esta Corte sostuvo que era en principio válido extrapolar los criterios
normativos usados para calificar a una madre como cabeza de familia.   En ese
sentido, juzgó aceptable tener en cuenta la definición que al respecto está
contenida en el artículo 1° del Decreto 190 de 2003.  Pero además la Corte
enunció algunas situaciones típicas o claras de padres cabeza de familia,
precisando que no eran las únicas posibles o válidas pues podrían llegar a
probarse otras.   Puede por lo tanto, haber otras hipótesis distintas de padres
cabeza de familia, pero en todo caso para definir si las hay debe “siempre tenerse en cuenta la proyección de tal
condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio”.
RETEN SOCIAL-Limitación
temporal del beneficio/RETEN SOCIAL-Fecha hasta la cual debe extenderse
protección laboral
DESVINCULACION DE TRABAJADORES AMPARADOS POR EL RETEN
SOCIAL-Orden para plan de reubicación
de las personas cabeza de familia que hubieran sido desvinculadas de TELECOM
LEGITIMACION EN LA
CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA-Reglas y subreglas
LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL PARA
INTERPONER ACCION DE TUTELA
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado con poder para actuar
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Caso de PAR de TELECOM
LEGITIMACION POR PASIVA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES-Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia
LEGITIMACION POR PASIVA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES PAR DE TELECOM-Puede ser
sujeto pasivo de acción de tutela e incluso responder por obligaciones de una
entidad ya liquidada
A juicio de esta Corte, el PAR debe considerarse
legitimado por pasiva incluso en estos últimos procesos de tutela, en los
cuales los ex trabajadores de TELECOM reclamen prestaciones de orden laboral o
pensional, en la medida en que ello sea preciso para establecer si tiene para
con estos obligaciones remanentes o contingentes.  Incluso si un ex trabajador
de TELECOM no tenía procesos o reclamaciones en curso cuando se puso fin al
trámite liquidatorio de la compañía, el PAR está legitimado por pasiva en los
procesos de tutela que aquellos inicien, con el fin de determinar dentro del
proceso si le corresponde en esos casos atender –como lo dispone el Decreto
4781 de 2005- “las obligaciones remanentes y contingentes” de TELECOM.  Al
final del proceso puede llegarse a la conclusión de que la obligación cuyo
cumplimiento se pretende no tiene el carácter de remanente o contingente, y en
esa hipótesis, si no hay otros elementos que conduzcan a una solución distinta,
se debe concluir que el PAR no está legitimado por pasiva. Pero si se estima
que sí es una obligación remanente o contingente, y están dadas las demás
condiciones para ello, es viable pronunciarse de fondo sobre la tutela.
FACTOR TERRITORIAL DE COMPETENCIA EN LA ACCION DE
TUTELA DE PAR TELECOM
REGLAS DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TUTELA-Establecidas solamente en el artículo 86 Superior y en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991/PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO
HOMINE-Factor territorial
El
artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar “ante los jueces” la protección de sus derechos
fundamentales “en todo momento y lugar”. Este último fragmento no establece sin
embargo una regla de competencia territorial, en virtud de la cual cualquier
juez de la República sea siempre competente para conocer de todas las acciones
de tutela con independencia del lugar donde hubiesen ocurrido los hechos que la
motivan o los efectos de los mismos.  El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
dice que corresponde conocer de la acción de tutela a los jueces o tribunales
“con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud”.  La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha tenido que fijar el sentido de esta disposición en varias
ocasiones y ha concluido que a partir del principio pro homine, en virtud del
cual cuando hay más de una interpretación de un texto normativo debe acogerse
la que asegure en mayor medida la realización de los derechos fundamentales, de
la misma pueden deducirse razonablemente los siguientes criterios de
competencia territorial.  Primero, la tutela puede ser conocida por el juez o
tribunal del lugar donde se presenta la amenaza del derecho fundamental.
Segundo, por el juez o tribunal del lugar en que se presenta efectivamente la
violación del derecho.  Tercero, por el juez o tribunal del lugar donde se
producen los efectos de la amenaza o violación
FACTOR TERRITORIAL DE COMPETENCIA EN LA ACCION DE
TUTELA-Requisitos para no anular lo
actuado cuando se presenta falta de competencia territorial
Las
consecuencias de desconocer estos factores de competencia son distintas, en
función del momento en el cual se detecte el vicio. La advertencia de este
último vicio, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, debe en
principio acarrear la anulación de todo lo actuado. Pero esta solución, en
ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha habido indefensión; (ii) la
Corte conoce del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia,
sino de un proceso de tutela en el estadio de la revisión (CP art. 241 num. 9);
(iii) la anulación del proceso puede hacer nugatorios los principios de
economía, celeridad y eficacia, e incluso el de prevalencia del derecho
sustancial, que gobiernan el trámite de tutela; y (iv) si además de los
requisitos anteriores la Corte valora como necesario y urgente un fallo
inmediato, como órgano de cierre de la justicia constitucional.
ACCION DE TUTELA CONTRA PAR TELECOM-Ordenes proferidas por el juez de tutela en el marco
de procesos de reestructuración o liquidación de entidades
ORDENES DEL JUEZ DE TUTELA-Simples y complejas
ORDENES DEL JUEZ DE TUTELA-No está facultado para decretar embargos por
cuantiosas sumas de dinero en acciones de tutela contra PAR Telecom
La
Corte Constitucional encuentra que por la naturaleza de los conflictos
planteados los jueces estaban en la posibilidad de adoptar órdenes de
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones laborales o pensionales, y en
ciertos casos incluso indemnizaciones, de acuerdo con la posibilidad de
decretar un reintegro o con las propiedades en concreto de cada controversia.
Una orden de embargo habría podido tener el propósito admisible de contribuir
al cumplimiento de las demás órdenes de protección.  Pero eso no es suficiente
para juzgarlas aceptables en el marco de principios dentro del cual debe obrar
el juez de tutela. En su jurisprudencia, esta Corte no ha procedido de ese
modo.  No lo ha hecho por varias razones, que se exponen a continuación.
Primero, porque el adelantamiento de liquidaciones en materia prestacionales es
impropio de un proceso de tutela, el cual no posee propósitos exclusiva o
primordialmente patrimoniales o dinerarios. El contexto procedimental del
amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo
suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de
prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es válido presumir la buena
fe del destinatario de las órdenes y, en ese sentido, asumir de antemano que
tiene vocación de cumplirlas (CP art. 83).  Con lo cual, el embargo resulta
injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a
las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie
innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento o
perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de
cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss).  Finalmente, es
desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de remanentes que
debe responder por obligaciones pendientes.  El congelamiento de sus recursos
limitados, puede obstaculizar la satisfacción de obligaciones, de las cuales
podría a su turno depender el goce efectivo de derechos incluso fundamentales
de terceros.
COSA JUZGADA Y ACCION DE TUTELA TEMERARIA EN PROCESOS
CONTRA PAR TELECOM
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Buscan evitar la presentación
sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION TEMERARIA EN TUTELA-Presentación de varias tutelas conlleva al rechazo o
decisión desfavorable conforme al art. 38 del Decreto 2591/91
El
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la presentación de acciones
de tutela sucesivas idénticas sin justificación constituye una conducta
temeraria, y que quien incurra en temeridad está sujeto a las sanciones
previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil.  En el
caso de los abogados que cometan tal infracción, se prevé incluso la suspensión
de la tarjeta profesional. Pero para que se presente esta infracción no basta
con constatar una triple identidad entre dos acciones de tutela.  Esto ciertamente
se requiere, pero además debe desvirtuarse la presunción de buena fe del actor
(CP art. 83).  Si lo último no ocurre, pero se da la triple identidad, lo
procedente es sin embargo, estarse a lo resuelto en la decisión anterior sobre
la tutela, pues entonces se está en presencia de un caso amparado por la cosa
juzgada.
ABUSO DEL DERECHO POR ACCION TEMERARIA/ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Para que se
configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario
La
temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, y de un
comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer intereses
individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de los
derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la
jurisdicción. Resulta razonable
asumir que la temeridad se configura únicamente si el actor ha obrado con mala
fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber de moralidad
procesal. Por tanto, las sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe
la buena fe del accionante, pues ésta en principio se presume por mandato de la
Constitución (CP art. 83).
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Obligación de prestar juramento
Tomando
en cuenta la importancia de evitar la coexistencia de acciones de tutela
idénticas, que afecten el adecuado ejercicio de las funciones de la
jurisdicción constitucional, así como una conducta sancionable por temeridad,
el Legislador consideró que, pese al carácter informal de la acción de tutela,
debía imponerse un requisito formal.  Este se concreta en la obligación del
peticionario o peticionaria de prestar su juramento, junto con toda acción de
tutela, en el sentido de no haber presentado previamente una tutela para
resolver un problema jurídico idéntico.
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Configuración
Cuando
se ha resuelto definitivamente una tutela no puede decidirse el fondo de otra,
presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los mismos
fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe, la segunda
tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas iguales en
estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en todo caso antes de que
alguna se haya fallado con carácter definitivo, los jueces que adviertan esta
circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo del problema
en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes de amparo
deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa debidamente la presunción de
buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis así, además habría lugar a
declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las
consecuencias establecidas en la ley.  Si sólo se ha interpuesto una acción de
tutela, pero además una acción ordinaria, y entre ambas hay identidad material
de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para definir cómo debe resolverse
la tutela es preciso identificar si la acción ordinaria fue resuelta mediante
fallo que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Cuando lo haya sido, y ese
fallo o el proceso al que le puso fin no se hayan demandado en la tutela, es
principio que el juez constitucional debe estarse a lo resuelto en esa decisión
ordinaria, pues también en esa hipótesis hay cosa juzgada.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
La
Corte ha sostenido, empero, que es el “[…] el
juez” el que “está en la obligación de determinar si las acciones disponibles
le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone”. Esto
significa que no es exclusivamente una carga del actor mostrar la ineficacia
del otro medio. El juez es ante todo quien conoce el derecho, y debe definir
ese punto.  En ese sentido, la procedencia de las tutelas contra entidades en
liquidación, o encargadas de administrar los remanentes de estas últimas,
depende en buena medida de la eficacia de las acciones ordinarias para tramitar
ese tipo de controversias. Pero la eficacia o ineficacia de estos medios le
corresponde determinarla razonablemente al juez de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia frente a patrimonio autónomo de remanentes
próximo a extinguirse en el caso de trabajadores con fuero sindical y la acción
ordinaria de reintegro
Para
juzgar la procedencia de acciones de tutela como las que provocan este proceso,
no sería suficiente señalar que en abstracto hay otros medios de defensa
judicial no ejercidos por los demandantes. Tampoco bastaría con manifestar que
los demandantes dejaron de probar la ineficacia de los otros medios de
defensa.  En las sentencias que resolvieron acciones de tutela de ex empleados
de TELECOM contra el PAR, la Sala Plena advierte empero que las Salas de
Revisión no se detuvieron a determinar si los demás medios de defensa judicial,
disponibles en abstracto para los demandantes, eran eficaces en sus
circunstancias particulares, pues opinaron que era una carga exclusiva de los
actores.  En esta ocasión la Corte considera que es necesario adelantar, con
suficiencia, el examen de efectividad de las acciones ordinarias, disponibles
en abstracto, cuando se instauran contra un patrimonio autónomo dispuesto para
atender obligaciones remanentes de una entidad ya liquidada, por hechos
imputados a esta última.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Término razonable debe valorarse en cada caso concreto
cuando se interpone después que la entidad en liquidación ha desaparecido
Respecto
de entidades que han concluido procesos de liquidación pueden presentarse
distintos tipos de casos. Es posible que al final de su existencia jurídica la
entidad hubiese desconocido algún derecho fundamental. Tampién puede ocurrir
que la supuesta vulneración se haya presentado mucho antes de que
definitivamente se liquidara.  En esta última hipótesis, puede que haya quienes
interpongan sus tutelas sólo después de clausurada la compañía, y dentro de
estos puede haber personas que hubiesen intentado gestiones –judiciales y
administrativas- para defender sus derechos, y otras que hayan permanecido
completamente inactivas. De cualquier modo, dentro de estos contextos, es en
principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para
reclamar prestaciones patrimoniales. En estos casos se cumple con la inmediatez
cuando la tardanza se justifique suficientemente.  Es decir, si por ejemplo el actor ha
obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a
fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de
acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de interdicción, incapacidad
física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos
sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar
estos principios con el fin de resolver cuestiones de inmediatez en función de
una solución constitucionalmente admisible del caso concreto.
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia
por falta de legitimación por activa por cuanto no se demostró calidad de
abogado y no allegó poderes debidamente diligenciados
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia
por falta de legitimación por activa por cuanto no se acreditó la agencia
oficiosa
ACCION DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia
por existir cosa juzgada y temeridad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez
Referencia:
expedientes T-2587255 y acumulados T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2471346, T-2475114
T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726, T-2500881, T-2501214, T-2507052,
T-2531642, T-2531654, T-2537041, T-2537070, T-2537078, T-2546795, T-2564079,
T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587286, T-2597351 y T-2871322.
Acciones de tutela instauradas por Ruth
Virginia Montero y otros contra el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de TELECOM -en lo sucesivo PAR- y la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones -en adelante CAPRECOM-.
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D. C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política
y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de las decisiones dictadas en los asuntos de tutela de la referencia, escogidos por
diferentes Salas de Selección de esta Corporación.
I.
ANTECEDENTES[1]
1.
Trámite interno
Las
sentencias de tutela objeto de revisión fueron seleccionadas y repartidas entre
diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional.  En algunos casos,
dichas Salas dispusieron como medida provisional la suspensión de la ejecución
de los fallos que ordenaban pagos por cuantiosas sumas de dinero. Así ocurrió
en los procesos contenidos en los expedientes T-2531654 y T-2537041.[2]  En otros,
las Salas decretaron la práctica de algunas pruebas, como por ejemplo en los
expedientes T-2471216, T-2501214, T-2537041.[3]
Mediante auto del doce (12) de mayo de dos mil diez (2010), la Sala Plena de
esta Corte asumió el conocimiento de todos los asuntos similares en curso, con
el fin de dictar un fallo de unificación (Acuerdo 05 de 1992, art. 54A).[4]  Posteriormente
la Sala Plena resolvió suspender, mientras se dictara la sentencia, las órdenes
impartidas por los despachos judiciales en los expedientes T-2451880,
T-2471226, T-2471345, T-2471346, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726,
T-2500881, T-2501214, T-2507052, T-2531642, T-2531654, T-2537041, T-2537070,
T-2537078, T-2546795, T-2564079, T-2566146, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y
T-2597351.[5]
La
acumulación de estos procesos significa que en esta ocasión veintiséis (26)
expedientes, contentivo cada uno de una acción de tutela con uno o más
accionantes. En total hay seiscientos nueve (609) nombres de actores, algunos
de los cuales se repiten en distintos expedientes. Durante la revisión de los
fallos que resolvieron las tutelas, la Corte Constitucional decretó pruebas y
solicitó informes que consideraba relevantes para adoptar la presente decisión.
Hay ocho (8) cuadernos de pruebas, y un total de cuatro mil quinientos doce
(4512) folios relacionados. Se aportaron seis (6) cuadernos de anexos, con un
total de mil ochocientos cincuenta y cinco (1855) folios.[6]
2. Precisiones
metodológicas preliminares
En esta ocasión la Corte
adoptará una metodología particular para exponer los casos y resolverlos.  El
objeto de esta sentencia no es solamente decidir cada uno de los mismos, sino
también y sobre todo unificar criterios que permitan solucionar controversias
similares en el futuro, y asegurar el mayor nivel posible de certeza y
predictibilidad en torno a la aplicación de la Constitución. Por ende, es
importante aclarar sintéticamente cuáles son los procesos, y cómo los resuelve
la Corte.  Con ese fin, en el cuerpo de esta providencia la Sala no expondrá
con detalle, como sí lo hará en un anexo, el contenido puntual de cada uno de
los expedientes acumulados. En el cuerpo de esta sentencia, al principio la
Corte sólo expondrá una síntesis de cada controversia, para mostrar lo más
relevante, luego precisará cuáles son los criterios a ser tenidos en cuenta
para asuntos así y finalmente resolverá cada solicitud de tutela, no sólo con
base en la exposición general que se haga al inicio, sino también con
fundamento en los hechos narrados en el correspondiente anexo.
La Corte Constitucional
pasará a continuación a presentar, en primer término, los grupos de temas
planteados por los expedientes.  En segundo término, expondrá una síntesis de
las acciones de tutela, las contestaciones y las decisiones de instancia.  En
la parte correspondiente a las consideraciones y fundamentos, la Corte
Constitucional planteará las cuestiones jurídicas que deberá resolver.  Finalmente,
procederá a solucionar dichas cuestiones, así como cada uno de los casos
concretos, y adoptará las decisiones congruentes con los motivos expuestos.   En
el anexo a esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional hará, de
un lado, una presentación pormenorizada del contenido de cada expediente
acumulado dentro de este proceso y, de otro lado, una exposición detallada de
las pruebas decretadas por la Corte, así como de las respuestas e informes
obtenidos en el ejercicio de esta facultad.
3.
Breve síntesis de los temas planteados por las acciones de tutela
En
los expedientes referidos hay tres clases de acciones de tutela, si se las
clasifica en atención al tema central comprometido en cada una.  En primer
término, hay un grupo de demandas que plantean problemas relacionados con el
plan de pensión anticipada que ofreció TELECOM a sus trabajadores.  En segundo
término, hay otro conjunto de acciones de tutela en las cuales los demandantes
reclaman una protección de sus derechos, por considerar que se les
desconocieron las garantías del fuero sindical.  En tercer lugar, hay un grupo
en el que los actores piden protección a sus derechos, los cuales juzgan
conculcados por no habérseles reconocido y garantizado el retén social. A
continuación se precisan algunos de estos datos.
En la
primera clase de tutelas los demandantes están distribuidos en dieciocho (18)
expedientes.  Entre todos buscan la protección de sus derechos a la vida, a la
igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la protección especial por
ser personas de la tercera edad, al debido proceso y a la garantía de los
derechos adquiridos.  La gran mayoría de ellos – tutelantes en los expedientes
T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052,
T-2537070, T-2537078, T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2587255, T-2587286 y
T-2597351- solicitan principalmente el reconocimiento y pago de la pensión
anticipada.   Otros dos (2) accionantes piden la pensión de jubilación con las
mesadas dejadas de percibir desde el momento en el que dejaron de prestar sus
servicios en la extinta empresa TELECOM, hasta que les sea reconocida, así como
el pago de los aportes a seguridad social. Todo ello, con el incremento
salarial e indexación correspondiente. Otro peticionario solicita la
reliquidación de la pensión anticipada, incluidos los intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 -expediente T-2581607-, y el
actor restante pretende el pago de las mesadas de la misma prestación económica
dejadas de percibir como consecuencia de la suspensión unilateral efectuada por
el PAR -expediente T-2871322-.
En el segundo tema, el total de demandantes está
distribuidos en seis (6) expedientes -T-2471216, T-2471346, T-2492726,
T-2501214, T-2531654 y T-2537041-. Solicitan protección para sus derechos a la
dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al
debido proceso, a  la seguridad social, a la asociación sindical, al trabajo, a
la remuneración mínima vital y móvil, a prestaciones convencionales, a la
estabilidad familiar y al acceso a la administración de justicia. Consideran
que TELECOM se los desconoció al desvincularlos de la extinta entidad, sin
respetar su condición de aforados sindicales.
En el
tercer grupo de tutelas, los demandantes están distribuidos en tres (3)
expedientes - T-2531642, T-2546975 y T-2475114-. Pretenden la protección de sus
derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, al trabajo, a
la familia, a la seguridad social y a los derechos de los niños.  Entre estos
demandantes, hay quienes piden el pago de los salarios y demás beneficios
convencionales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación de la
liquidada TELECOM, por considerar que ostentaban la condición de padres o
madres cabeza de familia, lo cual los hace destinatarios del retén social.  Una
actora pide ser incluida en el retén social, porque a su juicio ostenta la
condición de prepensionada.
La Corte pasará a exponer los antecedentes de cada uno
de estos de grupos.
4. Casos sobre el plan de
pensión anticipada (PPA)
Las
acciones de tutela relacionadas con el Plan de Pensión Anticipada están
agrupadas en dieciocho expedientes.  Pero no todas las demandas plantean los
mismos casos.  Hay cuatro sub grupos de casos distintos.  A continuación, la
Corte presentará los hechos, fundamentos de derecho y peticiones comunes a cada
uno de esos sub grupos (conjuntos), así como las respuestas de las entidades
demandadas y las decisiones judiciales de tutela bajo revisión.
4.1.
Primer conjunto: inclusión en el Plan de Pensiones Anticipadas
a.
Las acciones de tutela
En
la mayoría de los expedientes mencionados los tutelantes plantean el siguiente
caso. Todos ellos tienen entre cincuenta (50) y sesenta (60) años de edad, y
trabajaron para TELECOM, cuando más, hasta que se liquidó definitivamente.  Dicen
que TELECOM debió incluirlos en un Plan de Pensión Anticipada que ofreció en el
año 2003, pero no lo hizo. Todos sostienen que debió hacerlo, porque no había
justificación suficiente para excluirlos de ese beneficio.  En unos casos, se
dice, los demandantes cumplían con los requisitos exigidos para acceder al
Plan.  En otros casos no lo hacían pero, a su juicio, era innecesario porque
desde su punto de vista se trataba de un requisito injusto o no indispensable.  Los
detalles del PPA se exponen a continuación:
De
acuerdo con las pruebas, a comienzos del año dos mil tres (2003), TELECOM
ofreció un Plan de Pensión Anticipada. Los pormenores del mismo fueron
explicados por la entidad, en su momento, mediante un ‘Instructivo’.  El
Instructivo decía que el PPA estaba dirigido puntualmente a dos grupos de
funcionarios:  primero, a los trabajadores oficiales de la entidad cubiertos
por alguno de los regímenes especiales de pensión, a los cuales el treinta y
uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaran siete (7) años o menos
para adquirir la pensión; segundo, a los trabajadores en cargos de excepción,[7] siempre y
cuando al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tuvieran “veinte
(20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. Textualmente
disponía al respecto:
“[…] 2. A quiénes va dirigido el plan de pensión
anticipada
El plan de pensiones anticipadas está dirigido a los
trabajadores oficiales de la Empresa cobijados por alguno de los regímenes
especiales de pensión y que les falten 7 años o menos para cumplir con los
requisitos de pensión al 31 de marzo de 2003, si el trabajador ocupa un cargo
ordinario.
Para los trabajadores en cargos de excepción, se
requiere que cumpla hasta el 31 de diciembre de 2004, veinte (20) años de
servicio a Telecom en uno de esos cargos.
No pueden acogerse al plan de pensión anticipada los
trabajadores que tengan reconocida su pensión de jubilación por medio de
resolución expedida por la Caja de Previsión Social de las Telecomunicaciones –
CAPRECOM”.[8]
El
Instructivo precisaba quiénes estaban cobijados por regímenes especiales, y
definía dos condiciones específicas.  Por una parte, para estarlo, el
trabajador oficial debía estar cubierto por el régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, haber
tenido el 1° de abril de 1994 treinta y cinco (35) años o más de edad en el
caso de las mujeres, cuarenta (40) años o más de edad en el caso de los
hombres, o quince (15) años o más de servicios en cualquier caso.  Y
finalmente, cada aspirante al PPA debía haber estado vinculados a la
planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en Empresa
Industrial y Comercial del Estado (lo cual ocurrió con el Decreto 2123 del 29
de diciembre de 1992, ‘Por el cual se reestructura la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones -TELECOM-’).
El
Instructivo decía literalmente, sobre este particular:
“3. ¿Cuáles trabajadores se encuentran cobijados
por los regímenes especiales de pensiones de Telecom y cuáles son las
modalidades de pensión?
El trabajador que cumpla con los siguientes
requisitos:
·
Estar cubierto por el régimen de
transición de la ley 100 de 1993, es decir, quien al 01 de abril de 1994, tenía
40 años si es hombre ó 35 años si es mujer o haber cotizado o trabajado durante
más de quince (15) años; y,
·
Estar vinculado a la planta de
personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa Industrial y
Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992).
De acuerdo a lo establecido en la Addenda extra
convencional, en la Empresa se vienen reconociendo a la fecha los siguientes
regímenes especiales de pensiones:
·
20 años al servicio del Estado y
50 años de edad;
·
25 años al servicio del Estado y
cualquier edad;
·
20 años en cargos de excepción y
cualquier edad”.[9]
Ese
manual Instructivo traía también otras precisiones.  Decía, en uno de sus apartados,
“[c]uáles son los factores considerados para el cálculo de la
pensión”.  Establecía en ese capítulo que a quienes se acogieran al PPA por
la modalidad de los 20 años al servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años
al servicio del Estado en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión con
base en el promedio de los “factores legales y extralegales devengados entre
el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los
índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”.
A su turno, quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de
servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía
liquidar la pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y
extralegales devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los
valores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31
de marzo de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.
Igualmente,
incluía las pautas regulatorias de otros aspectos del PPA.  Por ejemplo,
señalaba lo que debía hacer un trabajador, que no hubiese obtenido una
vinculación automática al PPA, para ser incluido en dicho Plan.  Para acogerse
al PPA, el trabajador que considerara reunir los requisitos debía “suscribir
el Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación ante el representante del
Ministerio de Protección”, y luego entregar el puesto de trabajo de
conformidad con las demás instrucciones definidas para el efecto.[10] Además, una
de las preguntas que resolvía el Instructivo era la siguiente: “[…] 10.
Existe un compañero en la Empresa al cual no se le ha enviado comunicación de
invitación para acogerse al plan de pensión anticipada y que considera puede
acogerse al mismo. ¿Qué puede hacer ese trabajador?”. En el apartado
correspondiente, se encontraba contestación a esa pregunta de la siguiente
manera:
“[…] Para estos casos, el trabajador debe enviar una
solicitud al Vicepresidente de Gestión Humana, con los soportes
correspondientes, los cuales serán revisados y en caso de ser procedente se
realizarán las evaluaciones económicas respectivas y se invitará al trabajador
a acogerse al plan de pensión anticipada”.[11]
Aparte de esa información, el Instructivo en comento
también se refería a lo que podía ocurrir si los trabajadores de cargos de
excepción no cumplían uno de los requisitos fijados para acceder al PPA.  Si un
trabajador en un cargo de excepción no contaba con veinte años de servicio a
Telecom el 31 de diciembre de 2004, el Instructivo precisaba que aun así
eventualmente podría acceder al PPA si cumplía con las condiciones previstas
para que los cargos ordinarios accedieran a ese mismo beneficio. En sus propias
palabras:
“[…] En este caso se verificó si al trabajador le
faltaban menos de 7 años al 31 de marzo de 2003 y se le está ofreciendo plan de
pensión anticipada como si estuviera en cargo ordinario. Si el trabajador no
cumple con los veinte años de servicio en el cargo de excepción hasta el 31 de
diciembre de 2004 y le faltan más de 7 años al 31 de marzo de 2003 para reunir
los requisitos para pensión, no se le ofrece propuesta para plan de pensión
anticipada”.[12]
Los
peticionarios –dentro de los cuales hay quienes ocuparon cargos ordinarios y de
excepción- sostienen en este proceso que al no habérseles reconocido el derecho
a ser incluidos en el PPA, la hoy extinta compañía TELECOM les violó todo un
haz de derechos fundamentales, por la satisfacción de los cuales a su juicio
tendría que responder el PAR.  Entre ellos mencionan especialmente los derechos
a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a una
protección especial por ser personas de la tercera edad, al debido proceso y a
la garantía de los derechos adquiridos.
En
cuanto a la procedibilidad de la tutela, no todos los demandantes están en la
misma situación.  Algunos presentaron demanda ante la justicia ordinaria, con
el fin de que se les reconociera el derecho a ser incluidos en el PPA.  Otros
en cambio no lo hicieron. Pero todos consideran que la acción de tutela es
procedente como mecanismo de protección de sus derechos.  Para sustentar esa
idea, los peticionarios invocan una interpretación de una línea jurisprudencial
integrada por las sentencias SU-519 de 1997,[13]
SU-547 de 1997,[14]
SU-388 de 2005[15]
y T-567 de 2005 de la Corte Constitucional. Manifiestan que el PAR tiene
vocación de existir durante un período muy escaso. Esto, en su concepto,
justifica la interposición de la tutela para reclamar el PPA, toda vez que una
respuesta proveniente de la justicia ordinaria resultaría demasiado tardía.
Los
demandantes sostienen que sus acciones de tutela no carecen por lo demás de
inmediatez, ya que la alegada afectación de sus derechos fundamentales es a su
juicio permanente.   En todos los procesos, las tutelas se interpusieron por lo
menos después de tres (3) años, contados desde el momento de la desvinculación,
y en algunos casos después de seis (6) años. En uno de ellos, después de
catorce (14).[16]
Contando desde que se ofreció el PPA, las tutelas se promovieron después de
seis (6) años en todos los casos.  Algunos actores intentaron, antes de la
tutela, otras acciones o formularon peticiones para ser incluidos en el Plan.
Otros demandantes no adelantaron ninguna gestión distinta a la interposición de
la tutela que da lugar a este pronunciamiento.
Las
peticiones no son iguales en todos los expedientes de este grupo, aunque son
semejantes en que se suponen derivadas del derecho al PPA.  En algunos de
estos, los actores pidieron la tutela definitiva o transitoria de sus derechos
fundamentales, el reconocimiento y pago de la pensión anticipada en adelante, y
además el pago de las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y
debidamente indexadas, teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y
extralegales devengados desde la fecha de retiro del empleo de la extinta
TELECOM.  También solicitan el pago de los aportes a seguridad social desde el
momento de la desvinculación y hasta que sean incluidos en la nómina del plan
de pensión anticipada.  En otro expediente el tutelante solicita el
reconocimiento de derechos convencionales. En unos expedientes, los demandantes
piden embargar y retener las siguientes sumas de las cuentas corrientes o de
ahorros administradas por el PAR: diez mil noventa y cuatro millones
setecientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos
($10.094.786.954), seis mil ochocientos veintiún millones seiscientos treinta y
dos mil quinientos treinta y cinco pesos ($6.821.632.535) y veinte mil
seiscientos catorce millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos doce
pesos ($20.614.255.912). Estos montos corresponden a lo que los demandantes
consideran aproximado de los valores que reclaman.
b.
Contestaciones a las
tutelas
En
los escritos de contestación, el PAR solicitó la declaratoria de improcedencia
de las acciones de tutela.  En su criterio, esta Corte ha sostenido que las
solicitudes de reconocimiento, pago y reliquidación de pensiones deben ser
resueltas por la justicia ordinaria laboral, y no por el juez de tutela.  Entonces
para empezar sostienen que las tutelas son improcedentes porque hay otros
medios de defensa judicial.  Pero además, dice, que estas tutelas en específico
carecen de otra condición necesaria para ser consideradas procedentes.  Según
el PAR, todas las acciones de tutela se presentaron tres (3) y más años después
de la desvinculación de los demandantes.  Razón por la cual las tutelas son
improcedentes también por falta de inmediatez.
El
PAR precisó que fue TELECOM quien ofreció el PPA.  No obstante, hizo énfasis en
que TELECOM ya no existe jurídicamente.   El PAR sostiene que no está obligado
a reconocer y pagar las prestaciones solicitadas por los tutelantes, en vista
de que no ha tenido relación laboral con ellos.  Aseveró asimismo, que los
errores en la resolución de estos casos, en las instancias de los procesos de
tutela, han tenido significativas repercusiones económicas para el Estado.  En
ese sentido, aseguró que en su opinión las acciones de tutela deben resolverse
de conformidad con el modo como se han decidido demandas similares en la Corte
Constitucional. Según el PAR, en su jurisprudencia la Corte ha declarado
improcedentes las acciones de tutela, en la medida en que no se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable, se desconozca el principio de
inmediatez y no se encuentren cumplidos los requisitos para acceder al PPA.
En
cuanto al trasfondo del asunto, el PAR explicó en qué consistía el PPA.  De
acuerdo con el PAR, los trabajadores de la extinta TELECOM tenían derecho a
beneficiarse del PPA siempre y cuando se encontraran en alguno de los regímenes
especiales de pensión establecidos en la adenda extra convencional.  Es decir,
si tenían derecho a pensionarse con (i) veinte (20) años de servicio al Estado
y  cincuenta (50) años de edad; o con (ii)  veinticinco (25) años de servicio
al Estado, sin consideración de edad;  o bien con (iii) veinte (20) años de
servicio al Estado en cargos de excepción y cualquier edad.  Ahora bien, además
era necesario cumplir con otros requisitos específicos, contenidos en la
convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1997.  Para los
cargos ordinarios se requería estar cubiertos por el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, haber estado vinculado a la planta de personal de TELECOM
cuando se transformó en empresa industrial y comercial del Estado (Decreto 2123
de 1992), y faltarles menos de siete (7) años para obtener la pensión.  En
cambio, para los cargos de excepción, se requería estar vinculado a la planta
de personal de TELECOM al momento de su transformación en empresa industrial y
comercial del Estado, y cumplir los  veinte (20) años de servicio en dichos
cargos antes del 31 de diciembre de 2004, fecha en la cual se terminaban los
cargos de excepción de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994.
El
PAR sostuvo que los accionantes no tienen derecho a beneficiarse del PPA. Desde
su punto de vista, ninguno cumple con todos los requisitos.  Por lo demás, cada
uno de los actores fue destinatario del pago de la indemnización y de las
prestaciones sociales a las que tenían derecho, siguiendo los lineamientos de
la convención colectiva de trabajo y de los Decretos 1615 y 2062 de 2003 y 4785
de 2005.  El PAR precisó que si la pensión anticipada no fue ofrecida a alguno
de los accionantes, eso se debió a que no cumplían las condiciones previstas en
la convención colectiva de trabajo.  Aunque si los trabajadores consideraban
les asistía el derecho, debieron enviar la solicitud correspondiente a la
Vicepresidencia de Gestión Humana de la entidad con los soportes pertinentes, “para
en caso de ser procedentes hacer la evaluación económica respectiva y proceder
a la invitación del trabajador para que se acogiera al Plan.”
c.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
En
la gran mayoría de los casos, las tutelas fueron concedidas en ambas
instancias, si bien con diferencias en cuanto a la fundamentación o en cuanto a
las órdenes.  Pero en unos pocos, la tutela fue negada o declarada improcedente
en primera instancia, y luego revocada en apelación.  Así que en todos los
casos, las acciones de tutela promovidas en cada uno de los expedientes vienen
concedidas por, al menos, los jueces de segunda instancia. Ciertamente, en cada
fallo hay algunas diferencias en cuanto a las órdenes, y a los fundamentos para
impartirlas, que conviene sintetizar para efectos de asegurar una mejor
unificación de criterios en la jurisprudencia.
En
las decisiones judiciales que conceden las tutelas, los jueces de instancia
imparten órdenes distintas al PAR.  En unos casos, durante el proceso y antes
del fallo, decretaron embargar determinadas sumas de dinero del PAR.  En las
providencias, le ordenan al PAR que ofrezca el PPA a los tutelantes, que evalúe
de nuevo si reúnen los requisitos, y en caso de ser así que les garantice las
prestaciones correspondientes.  En muchos otros casos, se le ordena al PAR que
reconozca el derecho de los actores a ser incluidos en el PPA y, además, que
les pague todo lo que habrían percibido por cuenta de este plan desde su
desvinculación de TELECOM, y hasta que se les reconozca otra pensión en el
sistema de seguridad social. Algunos jueces agregaron especificaciones a estas
órdenes.  En ciertas sentencias los jueces ordenaron el pago de todas las
mesadas pensionales, y de todas las otras prestaciones y prerrogativas dejadas
de disfrutar desde la terminación del vínculo laboral con TELECOM. En ciertos
expedientes, los jueces de tutela conminaron al PAR a pagar estas prestaciones
indexadas, sin más descuentos que los permitidos por la ley.  En algunos, los
jueces le ordenan al PAR pagar sumas de dinero precisadas por ellos (por
ejemplo, en uno dice que el PAR debe pagarles a los actores la suma de  ocho
mil doscientos cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y tres mil
seiscientos treinta y siete pesos (“$ 8.252.883.637”).[17]
Estas
órdenes las apoyaron en diversos fundamentos. En primer término, la gran
mayoría de los jueces consideraron que las acciones de tutela instauradas
cumplían con el requisito de subsidiariedad. Así, unas veces sostuvieron que dicha
acción era el único medio idóneo de defensa judicial, dada la limitada
existencia jurídica, en el tiempo, del PAR.  Otras veces, manifestaron que era
procedente en vista del perjuicio irremediable que pretendía evitarse. En
segundo lugar, los jueces que se pronunciaron sobre la alegada falta de
inmediatez, adujeron que en materias como esta no opera tal figura debido a que
se trata de violaciones continuadas o permanentes de derechos.  En tercer
lugar, en un fallo de instancia que abordó un cuestionamiento por posible
temeridad o cosa juzgada en materia de tutela, el juez manifestó que la
temeridad dependía esencialmente del caso, pues “las decisiones que un día
lo fueron de una forma, en otro día, bien pueden serlo de forma distinta y
contraria, por lo cual y frente a la presente tutela, no se vislumbra en lado
alguno la transgresión de dicha norma sancionadora”.
En
lo que atañe al fondo del asunto, en los fallos en los cuales se tutelan los
derechos invocados algunos jueces sostienen que para acceder al PPA no podía
exigírseles a los trabajadores estar cubiertos por el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993. Uno de ellos manifestó que ese es un ““requisito a todas
luces, injusto e ilegal, por cuanto por normas posteriores a las ya
establecidas en los convenios convencionales, no es dable cambiar requisitos de
adquisición de derechos”, y esta opinión es representativa de los
fundamentos de los demás fallos que conceden las tutelas.  En un grupo de
fallos se dice que el solo hecho de hacer esta exigencia viola el derecho a la
igualdad de los trabajadores que no la cumplen.  En otro grupo, lo que se dice
es que ya ha habido otros casos de tutela en los cuales se ha fallado a favor
de trabajadores de TELECOM que no reúnen determinados requisitos, y en virtud
del derecho a la igualdad debe dárseles el mismo trato a los demás. Igualmente,
en un grupo adicional de fallos, se alega que los demandantes ven amenazados
sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la protección especial,
por estar próximos a la tercera edad.
4.2.
Segundo conjunto de tutelas PPA. Reliquidación de la Pensión Anticipada
a.
La acción de tutela
Este
conjunto está integrado por un expediente, que contiene la tutela de una
persona.[18]
En efecto, uno de los tutelantes había iniciado, antes de este, otro proceso
de tutela con el fin de que se lo incluyera en el PPA. El proceso concluyó el
quince (15) de enero de dos mil nueve (2009) y la decisión final fue favorable
a sus intereses.  El juez de tutela ordenó incluirlo en el PPA, y pagarle las
mesadas pensionales dejadas de percibir desde abril de dos mil tres (2003). En
cumplimiento de los mencionados fallos, el PAR incluyó al tutelante en la
nómina de pensiones anticipadas, y liquidó las mesadas pensionales con base en
el promedio de los factores salariales devengados por el tutelante desde el 1°
de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y hasta el treinta y uno
(31) de marzo de dos mil nueve (2009), con fundamento en el instructivo de
pensiones anticipadas elaborado por Telecom. El demandante no estuvo de acuerdo
con esa liquidación.
Por
eso, mediante un derecho de petición el actor le pidió al PAR, el catorce (14)
de septiembre de dos mil nueve (2009), que reliquidara su mesada pensional
teniendo en cuenta los factores salariales por él percibidos al treinta y uno
(31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se retiró de la entidad.
La pensión anticipada, en su opinión, no podía liquidarse con base en los
factores salariales que se habían promediado. También pidió que se le pagaran
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No
obstante, en oficio del nueve (09) de octubre de dos mil nueve (2009), el PAR
contestó el derecho de petición, informándole que no había lugar a la
reliquidación.  La liquidación de su pensión anticipada, según el PAR, se había
hecho con base en el Instructivo adoptado por Telecom para liquidar las mesadas
del PPA, y con estricto apego al fallo de tutela que le concedió el derecho ser
incluido en tal plan.  Y en cuanto al pago de los intereses moratorios del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aseguró que no operaba ya que la suya no es
una pensión de vejez regida por dicha ley, sino una pensión de jubilación en
sentido estricto.
El actor considera que esta actuación del PAR le violaba
sus derechos fundamentales. Por lo mismo, mediante acción de tutela solicitó
que se ordenara al PAR la reliquidación de la mesada derivada del PPA, tomando
como base los ingresos salariales percibidos por él a 31 de enero de 2006, y
que se ordene al PAR el pago de los intereses moratorios establecidos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el primero (1°) de febrero de dos mil
seis (2006) hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil nueve (2009).
b.
La contestación de la
acción de tutela
El
PAR se opuso a las peticiones de la tutela. Señaló que la petición elevada por
el actor obtuvo una respuesta íntegra mediante oficio N° PARDS 000797-09 del 11
de septiembre de 2009. En ella se le informó que la pensión anticipada había
sido liquidada teniendo en cuenta los respectivos factores legales y
extralegales devengados desde el 1° de abril de 1994 hasta el 31 de marzo de
2003, incluido el IPC de todos los años.  De otra parte, sostuvo que el
demandante de manera previa había impetrado idéntica acción de tutela, con el
fin de que fuera protegido el derecho fundamental de petición, la cual fue
decidida por el mismo funcionario judicial de manera favorable, dando lugar a
la expedición del mencionado oficio.  En tal virtud, estimó que el peticionario
“falta a la verdad (…) con el juramento realizado con la presentación de la
actual acción de tutela, por lo que el señor Juez deberá proceder de
conformidad con los designios del Decreto 2591 de 1991”. Señaló que después
de haberse respondido el derecho de petición, lo que sobreviene es declarar
improcedente la tutela, por hecho superado.
c.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
En
primera instancia el demandante obtuvo un pronunciamiento favorable.  El Juzgado
tuteló el derecho fundamental a la igualdad y ordenó reliquidar la pensión
anticipada, tomando como ingreso base lo devengado a treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006), junto con los demás derechos legales y
extralegales, “todo lo cual no se tuvo en cuenta para la liquidación de la
pensión”.  Precisó que para el efecto, debían incluirse como factores
salariales el porcentaje correspondiente a la prima de retiro, la prima técnica
y la prima de antigüedad, las cuales se le cancelaron en vigencia de su
contrato de trabajo, así como el respectivo porcentaje por la remuneración o
recargo laboral que recibían los trabajadores en el mes de diciembre (prima por
recargo de trabajo en diciembre).  También dispuso el pago de los intereses
moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre todas
y cada una de las mesadas causadas desde el primero (1°) de febrero de dos mil
seis (2006) y hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil nueve (2009), fechas
en las cuales el demandado reconoció y pagó los valores derivados del plan de
pensión anticipada.
El
Juzgado de primera instancia advirtió que el PAR debía abstenerse de hacer
cualquier tipo de descuento a la suma sujeta a reliquidación, para destinarlo
al sistema de seguridad social en salud y pensiones.   Por lo demás, señaló que
el PAR debía especificar lo que habría de ser objeto de reliquidación por
concepto de intereses moratorios y de pensión anticipada.  Finalmente, precisó
que el accionante adquirió el estatus de pensionado a partir del primero (1°)
de abril de dos mil tres (2003), pero que su retiro efectivo se dio el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), razón suficiente para liquidar la
pensión anticipada con el sueldo básico y demás factores legales y extralegales
devengados al momento en el que se desvinculó de TELECOM, lo cual garantiza que
la mesada recibida no pierda poder adquisitivo, tal como lo prevé el artículo
53 de la Constitución.  El fallo fue impugnado, pero en segunda instancia fue
confirmado.  Al resolver la apelación, el Juzgado de segunda instancia se apoyó
fundamentalmente en los argumentos expuestos en la providencia recurrida.  Sostuvo:
“se ha dado una violación flagrante del derecho constitucional fundamental a
la igualdad del actor Miguel Antonio Giraldo, por cuanto ha existido una
discriminación entre iguales, frente a situaciones fácticas idénticas”.
4.3.
Tercer conjunto de tutelas PPA.  Suspensión unilateral del pago de la pensión
anticipada
a.
La acción de tutela
Este
conjunto está integrado por un expediente, en el cual obra la acción de tutela
instaurada por una persona.[19]
Sostiene el actor que como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas en
un proceso de tutela anterior, fue incluido en el PPA.  Pero a partir del
treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), el PAR decidió suspender el pago
de las mesadas, por cuanto en su criterio este era un asunto pendiente de
resolver por la Corte Constitucional. Afirma que instauró un derecho de
petición ante el PAR y le solicitó el pago de las respectivas mesadas.  Pero
asegura que no obtuvo respuesta.  Desde su punto de vista, estas actuaciones
del PAR suponen una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.   La
suspensión del pago de la pensión anticipada, afecta su subsistencia digna, en
tanto se trata del ingreso económico que le permite sufragar los gastos de
arriendo, servicios públicos, y alimentación. Agrega que la decisión del PAR
igualmente afecta su derecho a la salud, pues no se están haciendo aportes al
sistema general de salud.
El
demandante hace hincapié además en que es responsable de la manutención de su
familia.  Precisa que su compañera es discapacitada, debido a una artrosis y
trastorno depresivo. De hecho, afirma que esta última ya fue calificada con una
discapacidad del 57,83%. Asegura que debe velar por su madre, quien tiene
alrededor de ochenta y un (81) años de edad.  Aparte, es él quien cuida y ve
por un hermano discapacitado que padece esquizofrenia paranoide. Y finalmente,
es quien sostiene a su hijo, estudiante universitario. Justifica la procedencia
de la acción de tutela en que la falta de pago de la pensión anticipada lo pone
en una situación de indefensión, y en riesgo inminente de sufrir un perjuicio
irremediable.
El
accionante pide, en consecuencia con lo anterior, el restablecimiento de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la salud, a la vida,
a acceder a la administración de justicia y a los derechos adquiridos. Por
contera, solicita que se reanude el pago de las mesadas de pensión anticipada
dejadas de percibir durante los meses de junio (mesada adicional), julio y
agosto de dos mil diez (2010), así como las demás que se generen en el futuro,
y los aportes al sistema de seguridad social en salud, durante los mismos
períodos.
b.
Contestación de la acción
de tutela
La
apoderada del PAR solicitó declarar improcedente la tutela.  Sustentó su
petición en los siguientes motivos. Primero, dijo que el actor incurrió en
temeridad, en tanto promovió con anterioridad una acción de tutela que fue
decidida por los Juzgados Promiscuo Municipal y de Familia, ambos de Lorica
(Córdoba), los cuales ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión
anticipada.  Segundo, manifestó que la suspensión de las mesadas tuvo origen en
la orden y el requerimiento realizado por la Corte Constitucional, que tenía
por objeto determinar en qué casos el reconocimiento de la pensión anticipada
se había efectuado de manera irregular, encontrándose entre ellos el demandante,
teniendo en cuenta que no cumplía las exigencias para estar incluido en el plan
correspondiente de pensiones. De igual modo, puso de presente que de acuerdo
con las investigaciones adelantadas por el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se presentaron irregularidades en la
concesión de tales derechos.[20]
Finalmente, de conformidad con el reporte expedido por el FOSYGA, el
peticionario cotizó ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud
hasta el mes de agosto de 2010.
c.
Decisión judicial objeto de
revisión
La
tutela fue decidida en una única instancia. Al demandante no le tutelaron los
derechos invocados. El Juzgado que conoció del amparo lo declaró improcedente,
por considerar que el actor puede acudir a las instancias pertinentes, las que
en este caso no pueden ser desplazadas por la acción de amparo constitucional.
La acción ordinaria, agregó, es el medio de defensa judicial idóneo en este
caso, y para poder ser desplazada se requiere probar el daño impetrado, “e
igualmente que al tramitar el litigio por el otro mecanismo de defensa se haría
nugatorio el ejercicio y disfrute de los derechos, haciendo mucho más gravosa
la situación particular del afectado.”[21]
Por lo demás, a juicio del Juzgado, el PAR podía legítimamente suspender el
pago al actor de la pensión anticipada sin violar su derecho al debido proceso,
toda vez que tuvo como fundamento una orden impartida por la Corte
Constitucional.
4.4.
Cuarto conjunto de tutelas PPA. Reconocimiento y pago de pensión de jubilación
a.
La acción de tutela
Dos
personas integran este conjunto.[22]
La situación fáctica expuesta en este asunto no se diferencia de la que se
expone en las tutelas sobre fuero sindical. Sin embargo, los demandantes piden
a CAPRECOM que les reconozca y pague retroactivamente la pensión de jubilación
a que creen tener derecho.
b.
La contestación de la
tutela
Caprecom
contestó estas tutelas y pidió no concederlas.  Dijo que uno de ellos cuenta
con veinticinco (25) años, tres (3) meses y tres (3) días de servicio, pero no
se encuentra en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 pues al 1° de
abril de 1994, no tenía ni cuarenta (40) años de edad, ni quince (15) años de
servicio y por eso la entidad le negó la pensión mediante la resolución No.
2719 del 19 de diciembre de 2006.  Aseguró que el otro tutelante de este grupo
laboró en la entidad veinticinco (25) años y siete (7) días, pero no se
encuentra en el régimen de transición porque tampoco tenía quince (15) años de
servicio o cuarenta (40) años de edad al 1° de abril de 1994.  Entonces, a
juicio de Caprecom, a los dos peticionarios se les debe aplicar la Ley 797 de
2003, que dispone como mínimo mil trescientas (1300) semanas de cotización y  sesenta
y dos (62) años de edad.  Pero ninguno cumple con ambos requisitos, según
Caprecom.  Para mostrarlo, señala que al 1° de abril de 1994 ninguno (siendo
hombres) tenía  cuarenta (40) años de edad, ni tampoco quince (15) años de
servicio.
c.
Decisiones objeto de
revisión
En
primera instancia se les negó el amparo a todos los tutelantes de este
expediente.  El Juzgado que lo resolvió consideró que los peticionarios no
acreditaron un perjuicio irremediable pues, pese a que fueron desvinculados de
sus cargos, la administración les reconoció y pagó las prestaciones sociales
que les correspondían, así como la indemnización a que tenían derecho,
cancelándoles en consecuencia sumas altas de dinero.  En segunda instancia, se
revocó esa decisión y se ordenó a Caprecom proceder al reconocimiento y pago de
mesadas, incluyendo el retroactivo correspondiente.  El Tribunal que fungió
como segunda instancia consideró que los peticionarios pertenecen a la tercera
edad, ya que “son personas con que oscilan entre los 40 y 60 años”,[23] y por tanto
merecen especial protección constitucional.[24]
Consideró acreditado un perjuicio irremediable que, sumado al hecho de que el
PAR estuviera a punto de cumplir su ciclo, hacía procedente el amparo.  En
cuanto al fondo del asunto, señaló que se evidencia la afectación al mínimo
vital de los actores, pues el solo hecho de quedar sin salario era un claro y
evidente desconocimiento de este derecho fundamental.  Adicionalmente, estimó
que a los accionantes no se les debía aplicar el régimen de transición, porque
“estos están cobijados por un régimen especial que no se debe desconocer”,[25] y tienen la
edad y cumplen con los requisitos de tiempo laborado, de acuerdo a la adenda
convencional”,[26]
condiciones que consideró suficientes para proteger los derechos fundamentales
de los actores y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión.[27]
5.
Casos sobre fuero sindical
Los
casos relacionados con la supuesta garantía del fuero sindical están contenidos
en seis expedientes.[28]
A continuación se expondrán las acciones de tutela, las contestaciones y las
decisiones judiciales bajo revisión.
a.
Las acciones de tutela
Un
grupo de accionantes presentó tutela por considerar vulnerada su garantía de
fuero sindical durante la liquidación de TELECOM.  Estas solicitudes de amparo
presentan aspectos comunes, pero también algunas diferencias.  Los actores
afirman haber sido trabajadores oficiales de TELECOM, y además haber sido
aforados sindicales, por haber integrado el sindicato de primer grado y de
industria denominado Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones
‘USTC’, en el cual hacían parte de la junta directiva o de algunas de sus
seccionales, o de otros organismos de la misma naturaleza.[29] En su criterio, por
tener esa condición contaban con fuero sindical.  Por tanto, dicen que en
virtud de la Constitución, la
ley, los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, tal como estos han sido
interpretados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tenían derecho
a no ser desvinculados sino con previa autorización judicial.  Lo cual a su
modo de ver estaba reforzado por el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003, que
ordenó la liquidación de TELECOM.[30]
No obstante, sostienen que este derecho no se les respetó.
En algunos de los casos, los trabajadores fueron
desvinculados sin siquiera iniciarse procesos de levantamiento de fuero
sindical. En otros, la desvinculación se produjo después de que se iniciaran
procesos de este tipo, pero antes de que concluyeran con la autorización del
juez natural para levantar el fuero y terminar el vínculo.  En controversias
adicionales los trabajadores fueron desvinculados después de que los procesos
de levantamiento llegaran a su fin, aun cuando en estos se hubiese resuelto
negar la solicitud. Y finalmente hay también algunos casos en los cuales la
terminación de la relación de trabajo se dio en virtud de autorización de juez
competente. Los actores subrayan que la responsabilidad de iniciar los
respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical, de acuerdo con la
normatividad que regulaba la liquidación, debía ejercerse dentro de los seis
(6) meses siguientes a la expedición del Decreto  1615 de 2003.
Con fundamento en estos hechos, los peticionarios de
las acciones de tutela explican que interpusieron la solicitud de amparo a sus
derechos, y no otra acción disponible para casos de este orden, debido a que la
manutención de sus familias dependía del ingreso económico que percibían de la
extinta TELECOM.  En vista de esto, y de que se encuentran en imposibilidad de
acceder a otro empleo por su avanzada edad, en su criterio la acción de tutela
es el único medio idóneo para lograr el restablecimiento de sus derechos
fundamentales, en tanto que el PAR, al momento de promover sus solicitudes de
amparo, debía dejar de funcionar a partir del treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil nueve (2009).
En
unos casos, los actores solicitan: i) que el PAR efectúe el pago de los
salarios, prestaciones sociales, incluidas aquellas de naturaleza convencional
y los aportes al sistema de seguridad social, dejados de percibir como
consecuencia del despido ilegal, y ii) una indemnización, materializada en un
incremento en los salarios a su juicio causados entre el primero (1°) de
febrero de dos mil seis (2006) y la fecha de ejecutoria de la sentencia que
ordene el levantamiento del fuero sindical, con la respectiva indexación.  En
otros casos, piden: i) el pago de una indemnización distinta a la que
obtuvieron quienes no gozaban de la garantía foral, ii) el pago de salarios,
prestaciones sociales (incluidas las de naturaleza convencional) y los aportes
al sistema de seguridad social, debidamente indexados a partir del despido y de
los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta el pago
de la misma, iii) el embargo de las cuentas a nivel nacional que posea el PAR,
y iv) que los procesos de fuero sindical se desarchiven o, si se negó el
permiso para  terminar los contratos laborales a los aforados, se disponga que
es preciso iniciar nuevamente las respectivas acciones judiciales, con el fin
de alcanzar la respectiva autorización judicial que convalida el despido.
b.
Contestación de las
acciones de tutela
El
PAR solicitó la declaratoria de improcedencia de las peticiones de tutela,
porque a su juicio en recientes pronunciamientos sobre casos similares la Corte
Constitucional ha concluido que solicitudes como estas (i) desconocen el
principio de inmediatez y (ii) la subsidiariedad, en tanto existe otro
mecanismo de defensa judicial para ventilar la controversia.  Sostuvo que todos
los contratos de trabajo se dieron por terminados conforme lo dispone el
artículo 8° del Decreto Ley 254 de 2000, sin que hubiera mediado algún tipo de
actuación arbitraria.[31]
Agregó que es un ente distinto de la extinta TELECOM, que sus funciones y
obligaciones se circunscriben al contrato de fiducia mercantil, y que el objeto
de esta es la administración de los bienes fideicomitidos.  De tal manera,
adujo que no resultaría razonable imponerle una carga prestacional, surgida
durante la existencia de TELECOM y supuestamente ocasionada por esta última,
máxime cuando los accionantes no han tenido ningún tipo de vínculo laboral con
el PAR.
Manifestó
que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que la
continuidad laboral, incluso en materia de fuero sindical, solo se garantiza
mientras la empresa exista jurídicamente, lo cual para el caso de TELECOM se
dio hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En
consecuencia, hizo hincapié en que a los demandantes se les informó de la
terminación de sus contratos, y el levantamiento del fuero sindical obedeció
entonces a que se extinguió la vida jurídica de la mencionada entidad.  Lo cual
de suyo conllevaba, en su criterio, la supresión de los cargos, en virtud de lo
dispuesto en los Decretos 1615 de 2003 ‘por el cual se suprime la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones  Telecom y se ordena su liquidación’; 2062
de 2003 ‘Por el cual se modifica la planta de personal de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación’, y 4781 de 2005 ‘por
el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003’.  Agregó a
esto que a los actores se les pagó la liquidación de prestaciones definitivas e
indemnización, en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo y la
normatividad vigente.
Indicó,
aparte de lo anterior, que para la existencia del fuero sindical se requerían
varios presupuestos, entre los cuales destacó el vínculo laboral y la existencia
de un sindicato, aspectos legales que no se dan en el presente asunto teniendo
en cuenta que la entidad, empresa o patrono llamada a garantizar dichos
privilegios dejó de existir.  Al desaparecer TELECOM se extinguió la relación
laboral y la obligación de esta de mantener el fuero sindical.  En ese
contexto, a su modo de ver deviene imposible pretender el reintegro de los
trabajadores que estuvieron en otro momento aforados. Quedaría únicamente, de
acuerdo con el PAR, la posibilidad de determinar la procedencia de una
indemnización plena, cuestión que le corresponde dirimir al juez ordinario, en
tanto la acción de tutela tal como lo consideró la Corte Constitucional en
sentencia T-729 de 1998, no es el medio judicial idóneo para tal efecto.
Estos
argumentos expuestos por el PAR son generales, y no versan sobre hechos
particulares planteados en una o más acciones de tutela en específico. Pero el
PAR también se opone a las solicitudes con hechos o argumentos que versan
particularmente sobre puntos de una o más acciones de tutela, no comunes a
todas ellas. El PAR sostiene que en algunos casos los actores  habían
presentado con anterioridad acciones de tutela por los mismos hechos, iguales
fundamentos jurídicos y pretensiones, con lo cual en su concepto se configuraría
una actuación temeraria.  Alega también que en otros asuntos los demandantes
habían promovido anteriormente acciones de reintegro, y que en esos eventos hay
una decisión ejecutoriada que ha hecho tránsito a cosa juzgada.  Finalmente,
dijo que en otro tema los demandantes han adquirido la condición de
prepensionados, y así en su opinión se hace inviable un pronunciamiento del
juez de tutela sobre el fondo de sus pretensiones de amparo por violación de
las garantías de fuero sindical.
Para terminar, el PAR asevera que en casos similares a
algunos de los que se analizan en este proceso la Corte Constitucional ha
resuelto de modo desfavorable las acciones de tutela.  Así, según el PAR, esta
Corporación ha  sostenido que en asuntos parecidos a los que se plantean en
esta ocasión, hay un ejercicio abusivo del amparo, y que este debe acarrear
para los accionantes las consecuencias jurídico-sancionatorias fijadas en el
ordenamiento, según lo establecido en la sentencia T-538 de 2009.[32]
Ha dicho que en algunos eventos como los que se presentan en las tutelas sólo
es viable ordenar el reintegro de un trabajador cobijado por la garantía foral,
mientras exista jurídicamente la entidad (sentencia T-383 de 2007).[33]
También indicó que el desconocimiento del requisito de inmediatez debe
implicar la declaratoria de improcedencia de la tutela (sentencia T-1062 de 2007).[34]  Finalmente, dijo que
los contratos laborales de los aforados sindicales pueden darse por terminados
sin necesidad de autorización judicial (sentencia T-592 de 2006).[35]
c.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
Al
igual que sucedió con los procesos del PPA las decisiones judiciales
relacionadas con el fuero sindical acogieron en su mayoría las pretensiones de
los accionantes con particularidades y matices, tanto en las consideraciones
como en las órdenes, que se expondrán en el anexo correspondiente. Tan sólo dos
de los negocios fueron declarados improcedentes en primera instancia, pero
luego las decisiones fueron revocadas y se concedió el amparo. Sin embargo, no
todos los peticionarios fueron beneficiados con las decisiones que condenaron
al PAR de TELECOM porque los jueces y tribunales excluyeron de tales beneficios
a algunos trabajadores (a los pensionados, a los peticionarios que a su juicio
no eran aforados y a quienes habían sido indemnizados conforme a ciertos
criterios que juzgaron adecuados).  Por lo tanto, las acciones de tutela
promovidas en cada uno de los expedientes vienen concedidas por los jueces de
instancia.
En
cuanto se refiere al análisis de procedencia, los jueces de instancia
sostuvieron uno o más de los siguientes argumentos. En unos casos, que la
tutela procedía en tanto se configuraba un perjuicio irremediable en personas
de la tercera edad (grupo en el cual ubicaron a peticionarios que tenían edades
entre 40 y 60 años).  La tutela era procedente, según algunos jueces, además
porque había un riesgo para el mínimo vital de los peticionarios, o porque la
vida jurídica de TELECOM era exigua y su desaparición dejaba sin fundamento el
eventual reclamo de sus derechos por parte de los trabajadores en un proceso
ordinario.  En otros fallos, se dijo que el amparo debía proceder, en fin,
porque la supuesta vulneración a los derechos fundamentales persistía.
En
lo que atañe al fondo de los asuntos resueltos, las decisiones se sustentaron
de modos diversos.  En algunos fallos los jueces concluyeron que el PAR tenía
la obligación de levantar el fuero sindical de los trabajadores aforados por el
mecanismo judicial legalmente dispuesto para tal fin, conforme lo enunciaba la
Ley 362 de 1997, el Decreto Ley 254 de 2000 y la jurisprudencia constitucional,
y que al no haberlo hecho o no haber obtenido en ese contexto autorización
judicial para desvincular a los aforados se les habían desconocido sus derechos
fundamentales. A esto, en ciertos eventos, se agregó que la indemnización plena
estaba empero justificada, según su interpretación de lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2005. Adujeron, al respecto, que
este era el modo de proceder en procesos de liquidación de entidades en los que
se torna imposible reintegrar a los trabajadores aforados que hubiesen sido
desvinculados de manera indebida.
Finalmente,
los jueces y tribunales en algunos casos ordenaron que se les pagara a los
demandantes afectados, y a título de indemnización, los salarios,  prestaciones
y aportes a la seguridad social dejados de percibir entre el momento de su
desvinculación y el de la expedición de la respectiva autorización judicial.  En
una de las decisiones el juez consideró necesario embargar dineros del PAR de
TELECOM en un monto equivalente a mil doscientos treinta y tres millones cien
mil trescientos treinta y cinco pesos ($1.233.100.335). Este embargo tenía un
fin cautelar, y se libró con el propósito de garantizar el pago de las
acreencias adeudadas a los peticionarios. Como se dijo, las autoridades
judiciales competentes denegaron sin embargo algunas de las peticiones de
amparo a ciertos peticionarios, sobre la base de que en su criterio no reunían
los requisitos suficientes para ser protegidos judicialmente.
6.
Casos sobre retén social (RS)
Los
casos sobre retén social están contenidos en tres expedientes.[36]  Entre estos hay dos
grupos de asuntos distintos: uno corresponde a madre o padres cabeza de
familia, y otro a prepensionados. A continuación, la Corte presentará las
acciones de tutela, las respuestas de las entidades demandadas y por último las
decisiones judiciales de instancia.
6.1.
Primer conjunto RS: madres o padres cabeza de familia
a.
Las acciones de tutela
Un
conjunto de demandantes asegura haber ingresado a trabajar para TELECOM antes
de que esta compañía hubiera entrado en proceso de liquidación, lo cual ocurrió
a partir de la expedición del Decreto 1615 del 12 de junio de 2003.  Dicen que
en el curso de la liquidación fueron desvinculados de sus cargos, sin tener en
cuenta que son madres o padres cabeza de familia, y que todos superan los
treinta y cinco (35) años de edad, etapa en la cual a su juicio las personas “no
cuentan con oportunidades de trabajo”.  Esta desvinculación desconoce,
según su punto de vista, el sistema de protección ofrecido por el artículo 12
de la Ley 790 de 2002 y sus normas complementarias, el cual en su opinión les
aseguraba el derecho a continuar vinculados a la compañía, por tratarse de
madres o padres cabeza de familia.
Con
lo cual, según afirman, se les violaron sus derechos y los de sus hijos a la
estabilidad familiar, a la seguridad social, a la educación y al trabajo.  Esto,
según los accionantes, tiende a ser más claro si se tiene en cuenta que otros
ex trabajadores de TELECOM sí han recibido protección, y que en sus propias
familias hay quienes tienen que continuar con tratamientos médicos, “pues
sufren de enfermedades que requieren de costosos tratamientos, que son
imposibles de sufragar ante la cruel y difícil situación económica que
atraviesan”. Además, debe tomarse en consideración que hay niños de por
medio, y la desvinculación de sus padres genera la desafiliación de los menores
del sistema de seguridad social, y que no tendrían las mismas condiciones de
recreación, “provocando en ellos retardos e inhibición social que impiden su
libre desarrollo de la personalidad dentro del núcleo social”.
En
su criterio, las madres y padres cabeza de familia son sujetos de especial
protección constitucional y, en esa medida, están en condiciones de debilidad
manifiesta.   Eso, sumado al hecho de que el PAR está próximo a extinguirse o a
quedar sin fondos para hacer los pagos derivados de la protección
correspondiente a sus derechos, es desde su punto de vista suficiente para
concluir que la tutela se justifica como medio para solicitar una protección
urgente e impostergable.  Piden, en este contexto, que se condene al PAR a
pagar a todos los accionantes, en el término de las cuarenta y ocho horas (48),
todos los salarios, beneficios convencionales y prestaciones laborales dejadas
de pagar desde cuando fueron desvinculados y hasta la fecha en que se efectúe
íntegramente el pago. El monto de esos pagos se debe ajustar –según las
acciones de tutela- a lo dispuesto en la Ley 790 de 2002 y “al Monto
Indicado en las Liquidaciones anexas, suscritas por Contador Público”.
b.
Contestación de las
acciones de tutela
El
PAR se opuso a las pretensiones y solicitó declarar improcedentes las acciones
de tutela. Sostuvo al respecto que entre quienes interpusieron las tutelas hay
dos grupos diferentes.  Uno está integrado por personas que en su momento
lograron demostrar apropiadamente su condición de madres o padres cabeza de
familia, y por lo mismo fueron reintegradas a TELECOM. No obstante, el otro
está compuesto por ex trabajadores de TELECOM que no lograron probar
oportunamente y con suficiencia pertenecer a una de estas dos categorías.  Los
actores de ambos grupos, sin embargo, asegura el PAR que carecen actualmente de
derecho a recibir una protección especial derivada del retén social, toda vez
que desde el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) se terminó el
proceso de liquidación de TELECOM, y una vez concluye una liquidación se
termina la protección derivada del retén social. Aparte, el PAR sostiene que
todos los actores recibieron una liquidación por los servicios prestados, la
cual incluyó –según el demandado- salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1615 de 2003,
2062 de 2003 y 4781 de 2005.
Además
el PAR aduce que las peticiones de amparo fueron presentadas después de un
lapso irrazonable. Dice, en uno de los expedientes, que los actores fueron
desvinculados justo al terminarse el proceso de liquidación de TELECOM y sin
embargo instauraron sus tutelas a mediados del año dos mil nueve (2009), con lo
cual tardaron aproximadamente tres (3) años y diez (10) meses para reclamar sus
derechos.   Y en el otro expediente el PAR asegura que los demandantes fueron
desvinculados tiempo antes de que TELECOM se liquidara definitivamente, y a
pesar de ello sólo promovieron la tutela seis (6) años y tres (3) meses
después, cuando ya la compañía se había extinguido por completo.   De cualquier
forma, aduce el demandado, las acciones de tutela no cumplen con el requisito
de inmediatez, razón por la cual deben ser declaradas improcedentes.
Esta
solicitud la respalda también en la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para plantear las reclamaciones que ahora elevan. A esto agrega
argumentos relacionados con la desaparición jurídica de TELECOM desde el  treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), con la falta absoluta de relación
entre el PAR y los demandantes, con la idea de que el PAR no es sucesor ni
tampoco subrogatario de TELECOM, con la apreciación de que los actores alegan
una violación por parte de TELECOM y no específicamente del PAR, entre otros
puntos.  Finalmente el PAR aduce que el juez de tutela no puede ordenar el
reintegro, la reinstalación o reubicación de los accionantes, toda vez que una
orden en ese sentido sería imposible de cumplir física y legalmente debido a la
extinción de la compañía para la cual trabajaban.
c.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
Los
jueces de instancia en términos generales concedieron la tutela a todos los
peticionarios, salvo a dos.  A estos últimos, se les negó finalmente la
solicitud de protección con base en que no acreditaron su condición de padres o
madres cabeza de familia. A los demás, les tutelaron sus derechos, si bien con
argumentos variados y órdenes diferentes.  En cuanto a las órdenes, en una
decisión se dispuso vincular a los demandantes al PAR hasta que se terminara la
existencia jurídica de este.  En las otras, se impartió la orden de pagar a los
actores salarios, prestaciones legales y convencionales, así como cualquier
otro reajuste, emolumento o derecho dejado de cancelar desde cuando fueron
desvinculados de la compañía.  En una de ellas se resolvió poner a órdenes del
respectivo despacho judicial el monto de las correspondientes liquidaciones, en
una cuenta de depósito judicial.
Los
argumentos en los que se fundaron estos fallos tienen que ver de un lado con la
procedencia de la tutela y, de otro, con la prosperidad de la misma. En cuanto
a la procedencia de la tutela, los jueces de instancia pretendieron
justificarla de distintas maneras.   El requisito de subsidiariedad, uno de
ellos lo juzgó cumplido porque a su juicio los actores buscaban protección de
un derecho fundamental y remitirlos a la justicia ordinaria sería tanto como
negarle rango fundamental al derecho invocado.  En otro de los fallos la
subsidiariedad se consideró superada por cuenta de la escasa vida jurídica del
PAR y de la situación crítica de los peticionarios. En lo atinente a la
inmediatez, todos los jueces consideraron que las tutelas se instauraron en un
término razonable. Uno de ellos expresó que la violación a los derechos era
continua y permanente, de modo que la tutela no era tardía o extemporánea.
Entre
los argumentos para fallar de fondo, uno de los jueces sostuvo que el sistema
de garantías conocidas como retén social no tiene un término de duración.  Para
sustentar este aserto, hizo referencia a la sentencia C-991 de 2004.  Dijo que
en esta decisión la Corte Constitucional declaró  inexequible el literal d) del
artículo 8° de la Ley 812 de 2003, que establecía un límite temporal previsto
para los beneficiarios del retén social.  Con base en lo cual concluyó que la
calidad de favorecidos por tal retén, en su condición de madres o padres cabeza
de familia, no puede ser “objeto de limitación en el tiempo”.  En lo que
atañe a la demostración, por parte de los accionantes, de su calidad de padres
y madres cabeza de familia, en los fallos se dice que todos los peticionarios
salvo dos acreditaron serlo con suficiencia, en tanto allegaron declaraciones
extra juicio, en las cuales manifiestan que sus hijos menores de edad, cónyuges
o compañeras permanentes, dependían de ellos al momento de terminarse sus
vínculos con TELECOM.
6.2.
Segundo conjunto RS: prepensionada
a.
La acción de tutela
Hay
una acción de tutela, en la cual la peticionaria asegura tener derecho a los
beneficios del retén social por ser prepensionada.[37]  Dice haber estado
vinculada a TELECOM desde el dos (2) de mayo de mil novecientos noventa y siete
(1997) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), fecha en la
cual se terminó el proceso de liquidación de dicha compañía, y que a partir de
entonces quedaron sin trabajo y sin recursos suficientes.[38]  Considera que cuando
fue desvinculada de la entidad ya tenía los requisitos suficientes para
beneficiarse con el retén social contemplado en el artículo 12 de la Ley 790 de
2002, en consideración a su tiempo de servicio a favor de la entidad, a sus
cargos y su edad. Sostiene que por ser prepensionada tenía derecho al retén
social incluso después de la liquidación definitiva de TELECOM. Con fundamento
en estos hechos, pide protección para sus derechos a la igualdad, al trabajo,
al debido proceso y a la favorabilidad. Como consecuencia, solicita el
reintegro a la planta de personal, en un cargo igual o mejor que el ocupado
antes de la desvinculación, el pago de salarios dejados de percibir desde que
se le terminó el vínculo con TELECOM y el de los que se causen hasta cuando
adquiera su derecho a la pensión de jubilación, y se la incluya en el plan de
pensión anticipada en las mismas condiciones en las que se les ofreció a los demás
trabajadores de TELECOM.
b.
Contestación de la acción
de tutela
El
PAR solicitó negar la tutela.  Sostuvo que la accionante no cumple los
requisitos necesarios para beneficiarse con el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  Aparte, manifestó que una de las
tutelantes no estaba vinculada a la entidad cuando esta se transformó en
empresa industrial y comercial del Estado.  Esto lo consideró suficiente para
sostener que no tiene derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada.  También
lo expuso como argumento para concluir que carecía de derecho a considerarse
prepensionada, pues quien no estuvo vinculado a la compañía cuando esta se
convirtió en empresa industrial y comercial del Estado, no tiene tampoco
derecho a ser beneficiaria del retén social, en calidad de prepensionada, en
tanto para la fecha en la cual fue desvinculada de la entidad, no estaba
próxima a cumplir los requisitos para pensionarse con alguno de los regímenes
aplicables a los servidores de TELECOM.
El
PAR alegó que la tutela se interpuso después de mucho tiempo de haber sido
desvinculada la peticionaria de la entidad, por lo cual debe ser declarada
improcedente por falta de inmediatez.  Manifestó también que existen otros
medios de defensa judicial para plantear las reclamaciones que ahora se elevan.
A esto agrega argumentos relacionados con la desaparición jurídica de TELECOM
desde el  treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006), con la falta
absoluta de relación entre el PAR y los actores, con la idea de que el PAR no
es sucesor o subrogatario de TELECOM, con la opinión de que los actores no
alegan una violación específica del PAR sino de TELECOM, con el hecho de que
los tutelantes han sido indemnizados por la liquidación, entre otros.  Finalmente
el PAR aduce que el juez de tutela no puede ordenar el reintegro, la reinstalación
o reubicación de accionantes, toda vez que una orden en ese sentido sería
imposible de cumplir física y legalmente debido a la extinción de la compañía
para la cual trabajaban.
La
Fiduciaria Popular intervino para contestar la tutela. Indicó al respecto que
el consorcio remanentes de TELECOM está conformado por la sociedad Fiduagraria
S.A., como representante del consorcio, y la fiduciaria Popular S.A., el cual
que fue creado para celebrar un contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria
La Previsora, entidad que actuó en calidad de liquidador de Telecom y
Teleasociadas. En razón de estas circunstancias, la Fiduciaria Popular adujo
que no puede actuar de manera independiente y, en esa medida, que no debe ser
considerada como sujeto pasivo de lo solicitado en la tutela.  Manifestó
finalmente que no cuenta con los soportes documentales ni con la información
pertinente, “que pueda dar solución y/o viabilidad a lo pretendido por la
accionante, ya que ésta Entidad no tienen vínculo de ninguna clase con la
señora Moreno”.[39]
c.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
La
acción de tutela fue concedida en primera instancia como mecanismo transitorio,
y se ordenó el reintegro de la peticionaria a un cargo igual o mejor al que
venía desempeñando, así como el pago de los salarios dejados de percibir hasta
que la justicia ordinaria dispusiera algo distinto.  Esta decisión fue luego
revocada en segunda instancia, sobre la base de la improcedencia del amparo
debido a que no cumplía con la inmediatez, en tanto había sido interpuesto tres
(3) años y cuatro (4) meses después de la supuesta violación a los derechos
fundamentales.
7.
Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional
7.1.
Auto 241 de 2010
En
virtud del artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, y tras advertir que la medida a adoptar no
implicaba de manera alguna prejuzgamiento o anticipación del sentido de la
sentencia definitiva, la Sala Plena de la Corporación profirió el Auto
241 de 2010, el catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), ordenando
suspender las decisiones proferidas por los jueces de tutela de los expedientes
objeto de revisión que se enlistan a continuación: T-2451880, T-2471345,
T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070, T-2537078,
T-2564079,     T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286 y
T-2597351.
7.2.
Auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010)
Mediante
auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010), la Corte
Constitucional se dirigió al Gerente del consorcio Patrimonio Autónomo de
Remanentes de TELECOM – PAR- y le ordenó remitir un informe sobre los casos
sometidos a revisión de aquellas personas que alegaban ser aforados, el cual
debía contener los siguientes datos: (i) fecha de desvinculación de la empresa;
(ii) si para darles por terminado el contrato adelantó proceso de levantamiento
de fuero.  En caso afirmativo, se instó para que: (1) indicara la fecha de
presentación de la acción ; (2) remitiera copias de las providencias; y (3) se
manifestara sobre si hubo desistimiento, por qué razón y en qué fecha; (iii) si
se promovieron acciones de reintegro o de tutela, anteriores a las que está
revisando la Corte, encaminadas a preservar el vínculo laboral; y finalmente,
(iv) si recibieron a título de indemnización alguna suma de dinero y, de ser así,
el monto que le correspondió a cada uno de los ex trabajadores.
En
relación con quienes pedían ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada de
TELECOM se solicitó: (i) indicar si el PPA se ofreció a todos los trabajadores
oficiales de la empresa que reunían las condiciones exigidas para su
aplicación; (ii) presentar el listado de los trabajadores oficiales a los
cuales se les ofreció éste plan; (iii) presentar una certificación en la cual
se indicara la denominación del cargo de los actores a los que no se les habría
ofrecido el PPA; (iv) indicar si se trataba de cargo ordinario o de excepción;
y  (v) señalar el tiempo que faltaba al trabajador para el reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme a su historia laboral.   Además se solicitó (vi)
enviar copia del depósito de la adenda al artículo 2 de la convención colectiva
de trabajo (1996-1997), ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
suscrita entre TELECOM y el Sindicato de Trabajadores de Telecom y el Sindicato
de Trabajadores de Telecom SITTELECOM  y el Sindicato de Trabajadores de
Industria de las Telecomunicaciones.
La
Corte Constitucional también le pidió al PAR que informara si los demandantes
que alegan la violación de los derechos fundamentales, porque no se les ofreció
el plan de pensión anticipada han presentado acciones de tutela diferentes a
las que se encuentran en revisión, con la pretensión de ser incluidos en el
PPA.  En caso de que la respuesta sea positiva, remitir las decisiones de
instancia.  Aparte lo instó para que remitiera el listado de las personas que
estaban dentro del retén social, especificando cuáles eran cabezas de familia,
cuáles prepensionados o en situación de discapacidad.
El catorce (14) de diciembre del año dos mil diez
(2010),  la apoderada general del consorcio Patrimonio Autónomo de Remanentes,
PAR, remitió parcialmente a la Corte Constitucional la información requerida.  Le
solicitó además la ampliación del término que inicialmente se le había
concedido para enviar toda la información, debido a la magnitud de la
información y a su ubicación en diferentes dependencias del PAR.  Esta
solicitud fue concedida a través del auto de dieciséis (16) de diciembre de dos
mil diez (2010), en el cual se amplió el término probatorio inicialmente
establecido.
7.3.
Auto 105 de 2011
El
veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011), por medio del Auto 105 de
2011, la Sala Plena de esta Corte extendió la suspensión provisional decretada
en el Auto 241 de 2010 a los expedientes T-2471216, T-2471346, T-2492726,
T-2500881, T-2501214, T-2531642, T-2531654, T-2537041 y T-2546795, referentes
al tema de fuero sindical.  En consecuencia, resolvió suspender de inmediato
las órdenes impartidas por los jueces que habían fallado las acciones de tutela
de tales procesos hasta tanto la Sala Plena de la Corte adoptara una decisión
definitiva.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A del Reglamento
Interno (Acuerdo N° 05 de 1992), la Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para estudiar los asuntos objeto de revisión.
El
objetivo de esta sentencia, las cuestiones que abordará y el orden de estas
consideraciones
2.
El propósito central de esta providencia es unificar los criterios de
procedencia que deben tener en cuenta los jueces de la República, al resolver
tutelas por derechos fundamentales supuestamente conculcados en el desenvolvimiento
de procesos de liquidación de entidades públicas. En efecto, como más adelante
se expondrá con detalle, en los expedientes acumulados hay diferentes
opiniones, sostenidas por jueces y partes, en torno al modo de definir, en
contextos de esta naturaleza, (i) la legitimación en la causa (por
activa y por pasiva), (ii) la competencia territorial de los jueces de
tutela, (iii) la competencia de estos últimos para ordenar embargos o
liquidaciones de sumas concretas de dinero, (iv) la posibilidad de
emitir un pronunciamiento sobre un caso ya resuelto por otros jueces (en
procesos ordinarios o de tutela), (v) la subsidiariedad y, finalmente, (vi)
la inmediatez. La unificación pretende contribuir a que esta disparidad
no se presente de nuevo en el futuro.
2.1.
Legitimación en la causa. La Sala advierte, por una parte, que algunas
acciones de tutela fueron presentadas por abogados a nombre de personas que no
les confirieron poder directamente. En unos casos no hay poder en absoluto.  En
otros, el poder lo extendió una persona a nombre del trabajador de TELECOM,
aduciendo obrar en calidad de agente oficioso.  Este hecho amerita que la Corte
reitere las reglas que determinan la legitimación por activa en materia de
tutela.  Pero además debe resolver si como lo planteó el PAR en diversas
oportunidades, este patrimonio tiene legitimación en la causa por pasiva en
aquellos procesos de tutela en los que se invoca un derecho supuestamente
conculcado por TELECOM en su momento.  En consecuencia, la Sala Plena resolverá
la siguiente cuestión: ¿tiene legitimación por pasiva en procesos de tutela un
patrimonio autónomo encargado de cancelar obligaciones remanentes de una
entidad liquidada, por hechos que los tutelantes le imputan a esta última y no al
patrimonio?
2.2.
Competencia territorial de los jueces de tutela.  En algunos expedientes
acumulados, la Corte Constitucional constata que se instauraron y resolvieron
acciones de tutela en juzgados pertenecientes a municipios o circuitos
judiciales en los cuales no se prestaron los servicios.  La Sala considera que
estas decisiones exigen un pronunciamiento de unificación en torno a los
siguientes puntos: ¿podían los peticionarios interponer sus tutelas en sitios
distintos de aquellos donde prestaron sus servicios?, y ¿existe alguna
excepción al decreto de nulidad, en sede de revisión ante la Corte, cuando se
desconocen los criterios de competencia territorial en materia de tutela?
2.3.
Competencia de los jueces de tutela para ordenar embargos o liquidaciones de
sumas concretas de dinero. En un grupo de decisiones sometidas a revisión
de esta Corte dentro del presente proceso, los jueces de tutela impartieron
órdenes de embargo y posterior pago de significativas sumas de dinero, a partir
de liquidaciones concretas efectuadas por contadores públicos y allegadas a los
distintos trámites por los accionantes.  Por su magnitud y naturaleza, es
importante que la Sala Plena precise si los jueces constitucionales tienen
competencia para impartir órdenes de esa índole.  En esa medida, la Corte debe
resolver el siguiente interrogante: ¿puede un juez de tutela embargar sumas
determinadas y puntuales de dinero, integradas a un patrimonio autónomo
encargado de cancelar las obligaciones remanentes de una entidad liquidada, con
el propósito de asegurar órdenes de protección?
2.4.
Cosa juzgada y temeridad en tutela. Los expedientes acumulados contienen
también acciones de tutela y decisiones judiciales, en las cuales se reconoce
que algunos demandantes ya habían interpuesto otras acciones ordinarias e
incluso solicitudes de amparo con anterioridad por los mismos hechos, y con
iguales fundamentos de derecho.  No obstante, en unos casos se adujo que
resultaba posible emitir un nuevo pronunciamiento sobre las controversias planteadas,
bien porque no había cosa juzgada ni temeridad, o bien porque había trascurrido
un período de tiempo entre una y otra acción. Estas decisiones justifican que
la Corte responda la siguiente pregunta: ¿puede un juez de tutela estudiar y
decidir de fondo una acción de tutela que ya había sido resuelta con carácter
definitivo en otro proceso, sólo con fundamento en el paso del tiempo o en que
no hay mala fe o temeridad de los accionantes?
2.5.
Subsidiariedad. La gran mayoría de jueces de instancia y de
peticionarios sostuvieron que las acciones de tutela en este caso cumplen con
el requisito de subsidiariedad, en tanto las acciones ordinarias son ineficaces
cuando se dirigen contra una entidad que está próxima a extinguirse, como es el
caso del PAR.  No obstante, el PAR alega algo distinto, y es que los
demandantes pueden acudir a los otros medios de defensa judicial, a menos que
pretendan evitar un perjuicio irremediable, lo cual a su juicio no está probado
en estos casos.  La Corte considera que hay distintos tipos de casos, y en cada
uno debe hacerse una consideración diferente. Por tanto, se referirá en el
correspondiente acápite, en primer término, a los asuntos de fuero sindical, a
solicitudes de cumplimiento de fallos de tutela, a reclamaciones pensionales
contra CAPRECOM, y en segundo lugar a los demás casos. A propósito de estos
últimos, abordará en especial la siguiente cuestión, para efectos de unificar
la jurisprudencia: ¿es procedente la tutela para pedir el reconocimiento de
derechos pensionales y laborales, de los cuales dependa un derecho fundamental,
cuando se instaura contra un patrimonio autónomo de remanentes (de un ente
liquidado) próximo a extinguirse?
2.6.
Inmediatez. Finalmente, en las decisiones bajo revisión en las cuales se
estudió el fondo del asunto y se adoptó una decisión sobre los problemas de
presentación tardía del amparo, alegados por el PAR, puede observarse que los
jueces de tutela juzgaron cumplido el requisito de inmediatez de solicitudes
instauradas tres (3) o más años después de ocurridas la acción u omisión que
los accionantes aducen como violatorias de sus derechos.  En consecuencia, la
Corte debe definir esta cuestión: ¿puede considerarse que una acción de tutela
es presentada en un término razonable, cuando su objeto es proteger derechos
supuestamente conculcados por una entidad hace más de tres años, en un contexto
en el cual esta ya se liquidó y los actores tuvieron la oportunidad de plantear
esos problemas antes de la liquidación del ente?
3.
Las consideraciones que se exponen a continuación resolverán estos problemas.  Pero
no se limitarán a ello. También es importante, con miras a resolverlos
adecuadamente, presentar el contexto en el cual se originaron las tutelas
acumuladas, que está integrado por el marco jurídico y fáctico de la
liquidación de TELECOM y de la asunción de obligaciones por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes (PAR). Además, si se tiene en cuenta que posiblemente
algunas de esas tutelas superarán las condiciones de procedencia y deberán ser
resueltas de fondo, es entonces necesario establecer el marco normativo que
regula las pensiones anticipadas de TELECOM, las garantías en la desvinculación
de aforados sindicales y la protección por retén social. Luego de exponer estos
puntos, la Corte abordará en el orden en que se enunciaron las cuestiones
mencionadas en el numeral anterior. Por último, resolverá los casos concretos,
y adoptará las decisiones y órdenes pertinentes.
El
contexto jurídico y fáctico de la liquidación de TELECOM, y de la asunción de
obligaciones por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR)
4. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM
- se liquidó definitivamente el treinta y uno (31) de enero del año dos mil
seis (2006).  Su liquidación no fue repentina sino que obedeció a un complejo
proceso, cuyos antecedentes vale la pena conocer para comprender adecuadamente
los conflictos que dieron origen a este fallo. La liquidación de TELECOM empezó
el doce (12) de junio de dos mil tres (2003), cuando el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 1615 de ese año, ‘por el cual se suprime la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación’.  El
artículo 2° de ese Decreto disponía específicamente que la liquidación debía “concluir a más tardar en un plazo de dos
(2) años” contados a
partir de su entrada en vigencia.  Esos dos años eran prorrogables por
el Gobierno “por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual”. Cerca de
cumplirse el plazo inicial, el Gobierno expidió el Decreto 1915 de 2005 ‘por medio del cual se prorroga el término
del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom en Liquidación […]
hasta el 31 de
diciembre de 2005’.  Este
Decreto luego fue reformado mediante el Decreto 4781 de 2005 ‘por el cual se
aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003’, en el cual se dispuso
que la liquidación se debía extender “hasta el 31 de enero de 2006”.  En esta fecha, efectivamente, concluyó
la liquidación.[40]
5. De acuerdo con la exposición de motivos del
Decreto 1615 de 2003, antes incluso de que iniciara el trámite de liquidación
ya se habían expedido los Documentos Conpes número 3145 de diciembre de 2001 y 3184 de julio de
2002, en los cuales la empresa se había valorado como inviable.  La conclusión
de dichos documentos, acogida por el Gobierno Nacional, fue que luego de un
plan de ajuste que resultó infructuoso, se advirtió          que la entidad no
era viable ni solvente.  Por este motivo, el Gobierno asumió que la existencia
jurídica de la compañía implicaba un riesgo para la prestación eficiente del
servicio y para el patrimonio de la Nación.  En el año dos mil dos (2002), la
Contraloría General de la República había revelado problemas estructurales de
TELECOM y denunciado sus dificultades de sostenibilidad a futuro. La exposición
de motivos precisaba también que el Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Comunicaciones habían expedido, pocos días antes de ese Decreto,
un documento técnico en el que mostraban las razones por las cuales la
estructura operacional de TELECOM generaba –en su concepto- una serie de
ineficiencias y de problemas económicos y gerenciales, que aconsejaban incluso
la liquidación de la empresa.[41]
6. Con la liquidación de TELECOM, algunas
obligaciones y derechos remanentes fueron asumidas por el Patrimonio Autónomo
de Remanentes (PAR).  Este PAR se constituyó por medio de un contrato de
fiducia mercantil celebrado el treinta (30) de diciembre de dos mil cinco
(2005) entre el liquidador de TELECOM (la Fiduciaria La Previsora S.A.),
obrando en representación del ente en liquidación, y el Consorcio de Remanentes
de Telecom, integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. (Dcto 1615
de 2003 art. 12.2).  La constitución del PAR estaba cargo del liquidador de
TELECOM desde el Decreto 1615 de 2003, y que luego se precisó y prorrogó
sucesivamente en otros decretos.  Uno de ellos fue el Decreto 4781 de 2005, que
en su artículo 3° especificó el objeto del PAR.   El PAR, según esa norma,
debía encargarse de: i. La administración, enajenación y saneamiento de
los activos no afectos al servicio; ii. La administración, conservación,
custodia y transferencia de los archivos de la compañía; iii. La
atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los
procesos judiciales en curso al momento de terminarse la liquidación; y iv.
Cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o cometidos indicados en la
ley.
7. Por sus funciones, el PAR no se
configuró con vocación de permanencia y, en ese sentido, su vida jurídica no
sería indefinida. El régimen para la liquidación de las entidades públicas del
orden nacional, contemplado en el Decreto Ley 254 de 2000, así lo ratifica.  Dicho
régimen establece en su artículo 35, tal como fue modificado por el artículo 19 de
la Ley 1105 de 2006, que los liquidadores de las entidades públicas del orden nacional
pueden celebrar contratos de fiducia mercantil con entidades fiduciarias, si
bien con propósitos específicos.  De acuerdo con la norma en cita, la entidad
fiduciaria construye un patrimonio autónomo, y destina el producto de los
activos que le transfiera el liquidador, puntualmente, “a pagar los pasivos
y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere
determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las
reglas de prelación de créditos previstas en la ley”.[42] Una vez cumpla con ese
fin, debe desaparecer el sentido del patrimonio autónomo.
8. El propio contrato de fiducia mercantil celebrado
entre la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Consorcio de Remanentes tenía una
cláusula específica de duración del Patrimonio Autónomo de Remanentes.  La
cláusula décima primera del contrato decía que “[e]l término de
duración del presente contrato es de dos (2) años, contados a partir de
la fecha del cierre del proceso liquidatorio.  Sin perjuicio de ello el
contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes.  El presente
contrato será prorrogable por acuerdo entre las partes”. El período inicial
de existencia del PAR estaba llamado a ser de dos (2) años.  Y luego, ese
período se fue prorrogando sucesivamente a través de otrosíes al contrato de
fiducia inicial.  En efecto, primero se suscribió el Otrosí No. 2 que extendió
la duración del PAR hasta el 31 de mayo de 2008, y luego vinieron los demás
otrosí, que han prorrogado la duración del PAR en general semestralmente.[43] Cuando los
demandantes de este proceso interpusieron sus acciones de tutela; es decir, en
el segundo semestre de dos mil nueve (2009), el contrato de fiducia mediante el
cual se constituyó el PAR estaba llamado a durar únicamente hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009).[44]
Pero luego la vigencia de este acuerdo mercantil se ha prorrogado
sucesivamente.[45]
9. Las partes del contrato de fiducia que
constituyó el PAR no han sido siempre las mismas.   El Decreto 274 del 31 de
enero de 2006, expedido justo el día en que se terminó definitivamente la
liquidación de TELECOM, decía en su artículo 1° que una vez terminado el
trámite de liquidación de TELECOM el Ministerio de Hacienda ocuparía la
posición de fideicomitente “y exclusivamente respecto a sus derechos”.  Ese
Ministerio había de ocupar dicha posición sólo con el fin de que el PAR
cumpliera su finalidad, y únicamente hasta el 31 de julio de 2006.  Luego, por
virtud de los Decretos 2526 de 2006, 280 de 2007 y 2908 de 2007, esa misma
posición la ocupó el Ministerio de Hacienda consecutivamente hasta el 31 de
enero de 2007, después hasta el 31 de julio de 2007 y finalmente hasta el 31 de
julio de 2008. Concluido este término, asumió esa posición el Ministerio de
Comunicaciones, en virtud de los Decretos 2823 y 4736 de 2008, primero hasta el
31 de diciembre de 2008 y luego hasta el 31 de diciembre de 2009.  El nuevo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ocupó ese
sitio después, de acuerdo con los Decretos 4912 a 4925 de 2009, 4783 de 2010 y
4947 de 2011.   Actualmente es fideicomitente, pero sólo hasta el 31 de
diciembre de 2013, por cuenta del Decreto 2788 de 2012.
10. En suma, TELECOM fue liquidada en enero
de dos mil seis (2006), pero el proceso de liquidación se inició desde junio de
dos mil tres (2003), y las razones para llevarlo a cabo habían surgido incluso
antes.  Para la liquidación de TELECOM se constituyó un Patrimonio Autónomo de
Remanentes, por medio de un contrato de fiducia mercantil, el cual quedó
encargado de cumplir diversas funciones. Entre ellas, le correspondió atender las obligaciones remanentes y
contingentes, así como los procesos judiciales en curso al momento de
terminarse la liquidación. Pero el PAR no se configuró con vocación de
permanencia.  Una vez cumpliera su propósito, está llamado a desaparecer.  El
contrato de fiducia que lo constituyó decía que el PAR tenía inicialmente dos
(2) años de duración, pero luego ese término se prorrogó sucesivamente. Los
actores de este proceso de tutela podían conocer todas estas circunstancias
desde cuando se fueron presentando, ya que todos los actos de liquidación y de
asunción por el PAR del pasivo remanente fueron públicos. Y en este contexto,
los demandantes instauraron sus tutelas tiempo después de la liquidación, y de
que se hubiese configurado el PAR.
11. Una vez mencionado el panorama general
en que se realizó la liquidación de TELECOM, la Sala procederá a enunciar cuál
era el marco normativo al que debían sujetarse TELECOM y su liquidador en su
momento y después se referirá a los problemas de los casos de tutela específicamente.
Marco normativo de las pensiones
anticipadas de TELECOM
12. Antes de que se decretara el inicio del
proceso liquidatorio, TELECOM ofreció un Plan de Pensión de Anticipada para un
grupo de trabajadores de la compañía.  Los demandantes y el PAR aportaron
pruebas suficientes para concluir que las discusiones sobre el Plan de Pensión
Anticipada ocurrieron en el siguiente contexto general.  TELECOM era a comienzos
de dos mil tres (2003) una empresa industrial y comercial del Estado, que no se
encontraba aún en proceso de liquidación.  En esas condiciones, y concretamente
en marzo del año dos mil tres (2003), TELECOM ofreció un Plan de Pensión de
Anticipada. ¿En qué consistía dicho Plan? Básicamente, en ofrecer una pensión
anticipada a un grupo de trabajadores relativamente próximos a pensionarse
–proximidad que se determinaba tomando como punto de partida el mes de marzo de
2003-. El conjunto de potenciales beneficiarios estaba conformado por personas
que habían prestado sus servicios por amplios períodos o en ocupaciones de
especial relevancia para la compañía. La pensión anticipada había de pagarse
hasta que un ente del sistema de seguridad social les reconociera definitivamente
la pensión regular. Los requisitos para ser incluidos en el PPA los precisó
TELECOM en un ‘Instructivo’ aportado al proceso, cuyo contenido se señala a
continuación.
13. El instructivo que elaboró TELECOM decía que el
PPA estaba dirigido: primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno
de los regímenes especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de
marzo de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir
la pensión; y segundo, a los trabajadores en cargos de excepción, si al treinta
y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de
servicio a Telecom en uno de esos cargos”. Los regímenes especiales eran
tres (3), de acuerdo con el instructivo.  Uno permitía pensionarse con  veinte
(20) años al servicio del Estado y  cincuenta (50) años de edad; otro con  veinticinco
(25) años al servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con  veinte (20)
años en cargos de excepción y cualquier edad.  Estos eran los grupos a los
cuales en principio se dirigía el Plan.  Pero el instructivo aclaraba que la
pertenencia a estos grupos no bastaba para ser incluido en el PPA.
14. Para estar en uno de estos grupos, y beneficiarse
del PPA en calidad de trabajador en cargo ordinario, era indispensable cumplir
con otros requisitos. Por una parte, el trabajador oficial debía estar cubierto
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al
primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y
cinco años o más de edad en el caso de las mujeres, o cuarenta años o más de
edad en el caso de los hombres, o quince (15) años o más de servicio en
cualquier caso. Y por otra parte, cualquier aspirante debía haber estado
vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de su transformación en
Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29)
de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), por virtud del Decreto
2123 de esa misma fecha.  Quienes incumplían uno o más de esos requisitos,
quedaban fuera del ámbito del PPA.
15. El instructivo preveía el procedimiento para que un trabajador con
todas las condiciones estipuladas fuera incluido en el PPA.  El procedimiento
consistía en suscribir un Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación
ante el representante del Ministerio de Protección Social, y luego en entregar
el puesto de trabajo conforme las otras instrucciones definidas en dicho
documento.  El Acta Especial de Conciliación debía contener en esencia la
ratificación de las partes de que terminaban por acuerdo el contrato de
trabajo, la voluntad de la Empresa de otorgarle al trabajador una pensión de
jubilación anticipada y la del trabajador de aceptarla, la suma que debía
recibir el trabajador por concepto de bonificación, los beneficios adicionales
derivados del plan de pensión anticipada, y la obligación de la persona de
presentar ante Caprecom o la entidad que haga sus veces solicitud para el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, dentro de los treinta (30)
días siguientes a que cumpla con los requisitos de edad y tiempo de cotización
dentro del régimen especial de TELECOM.
16.
El mencionado instructivo también disponía la posibilidad de que uno de los
trabajadores de la compañía no hubiera sido enterado de su derecho a ser
incluido en el PPA.  Por lo mismo, en el instructivo estaba consignado qué
podía hacer un trabajador en caso de que tuviera derecho al PPA pero no hubiera
sido informado del mismo. En esa hipótesis, el trabajador debía remitir una
solicitud de inclusión en el PPA al Vicepresidente de Gestión Humana, con las
pruebas y soportes pertinentes, para que este decidiera si reunía las
condiciones necesarias y suficientes requeridas para obtener ese beneficio.  Luego
de ser estudiada dicha solicitud por TELECOM, el empleado podía o no ser
incluido en el Plan.  De cualquier forma, el instructivo precisaba que la
información sobre el PPA se había suministrado a los trabajadores que aparecían
en las bases de datos y en los registros internos de TELECOM, que eran a la vez
potenciales destinatarios del Plan, con lo cual pretendían que la información
llegara a todos los trabajadores interesados de la empresa.
17.
Ese manual instructivo traía también precisiones en torno a la liquidación de
las pensiones a las que se refiere dicho Plan.  Decía, en uno de sus apartados,
“[c]uáles son los factores considerados para el cálculo de la
pensión”. Establecía en ese capítulo que a quienes se acogieran al PPA por
la modalidad de los 20 años al servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años
al servicio del Estado en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión con
base en el promedio de los “factores legales y extralegales devengados entre
el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los
índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”.
A su turno, quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de
servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía
liquidar la pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y
extralegales devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los
valores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31
de marzo de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.
Marco
normativo sobre la desvinculación de aforados sindicales en procesos de
liquidación de entidades
18.
Algunos accionantes dicen haber sido trabajadores de TELECOM con fuero
sindical, y no haber sido desvinculados conforme las garantías que derivan de
este fuero. Por lo mismo, es importante hacer referencia a las normas que
regulan la desvinculación de aforados sindicales, sobre todo en procesos de
liquidación de entidades públicas.  En cuanto a lo primero debe recordarse que
a los representantes sindicales se les reconoce “el fuero y las demás
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión” (CP art. 39). Este
fuero es definido por la ley laboral como “[…] la garantía de que
gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por
el juez del trabajo”.  La misma ley enuncia cuáles trabajadores gozan de
este fuero.[46]
Y la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia
prohíben excluir de esta garantía a los empleados públicos, o a los
trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección,
confianza o manejo.[47]
19.
Las garantías derivadas de este fuero sindical no desaparecen durante los
procesos de liquidación de entidades públicas.  Por lo mismo, los aforados
sindicales de estas entidades tienen entre otros derechos el de no ser
despedidos sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo (CST
arts. 405 y 406).  Así lo reconoce el Decreto Ley 254 de 2000,  “Por el cual
se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden
nacional”, que en su artículo 7 establece el deber de los jueces laborales
de adelantar con prelación a cualquier otro proceso, salvo el de tutela, las
acciones de levantamiento de fuero sindical, necesarias para desvincular a los
aforados sindicales.[48]
También lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia. Lo ha hecho por
ejemplo en la sentencia
T-029 de 2004, con ocasión del despido sin autorización judicial de una aforada
del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, en liquidación;[49] en la
sentencia T-253 de 2005, en el caso de unos trabajadores con fuero sindical
desvinculados sin previa autorización judicial de la Industria Licorera del
Huila en liquidación;[50]
en la sentencia T-285 de 2006, al tutelar los derechos de un aforado a quien se
despidió sin levantarle el fuero en un procesos laboral.[51] Un patrón de
estos fallos es que las tutelas interpuestas cuestionaban providencias
judiciales, que concluían procesos ordinarios de reintegro de trabajadores
aforados despedidos sin levantamiento del fuero. Por tal motivo, y en cada
caso, optaban por cuestionar el carácter de cosa juzgada de dichas
providencias.
20.
La regulación especial para la liquidación de TELECOM contiene a su vez normas
relacionadas con las garantías del fuero sindical. El artículo 17 del Decreto
1615 del 2003 dispuso expresamente que para “[…] la desvinculación del
personal que goza de la garantía de fuero sindical” el liquidador de
TELECOM debía adelantar “los procesos de levantamiento de fuero sindical”. Y
el artículo 5 transitorio del Decreto 2062 del 2003 estableció que “a partir
de la ejecutoria de la sentencia que autorice el levantamiento del fuero
sindical o el vencimiento del término de este fuero contemplado en la ley o en
los estatutos sociales, quedarán automáticamente suprimidos los cargos
desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical”. Como se
ve, los aforados sindicales de TELECOM tenían derecho a no ser desvinculados
sin previa autorización del juez laboral.
21. Lo mismo debe decirse de la prescripción de la
acción de levantamiento del fuero sindical.  El artículo 118A del Código
Procesal del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 49 de la Ley 712
de 2001, establece que las acciones emanadas del fuero sindical, y la de
levantamiento del fuero es una de ellas, prescriben en dos (2) meses. Cuando se
trata de contextos de liquidación de entidades, según la reglamentación sobre
la materia, estos dos meses empiezan a contarse “a partir del día siguiente
al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo” (Dcto 2160
de 2004 art. 1).[52]
Según lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta
reglamentación no desconoce la legislación laboral sobre prescripción de estas
acciones.[53]
Tampoco vulnera los derechos a la igualdad (CP art. 13) y a la protección del
fuero sindical (CP art. 39). Al contrario, ha dicho la corporación mencionada,
lo que hace la norma es establecer “el cómputo del término de prescripción
una vez se tenga certeza sobre el momento en que los cargos van a ser
suprimidos y no antes”, porque considerar ese término, por ejemplo, desde
el momento en que se decide sobre la liquidación sí acarrearía en cambio una
violación de estos preceptos.[54]
22.
Los aforados sindicales tienen también derecho a no ser desvinculados sin
autorización del juez laboral al final de una liquidación. A quienes se les vulnere
esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a interponer la acción
de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses, contados -según la ley- “desde
la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora bien,
cuando esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida
la liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un
reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y
abstenerse de decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización
cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al
trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y
en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una
indemnización que comprenda “los salarios, con
sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales,
a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia
jurídica de la [entidad]”.[55] Cuando la terminación del vínculo ocurra con el
cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una
indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio
de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[56]  Con todo,
si el juez laboral no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por
desconocer la ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador
aforado, el ente condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben
iniciar un proceso judicial con el fin de que en este se declare si el
reintegro es posible.  La entidad condenada al reintegro no puede decidir motu
proprio si es posible cumplir la orden.[57]
Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por los
trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.[58]
Marco
jurídico sobre la desvinculación de trabajadores amparados por el retén social
(padres y madres cabeza de familia y prepensionados)
23.
Otro conjunto de trabajadores está integrado por personas que consideran haber
sido desvinculadas de TELECOM sin que se les respetara la garantía de
estabilidad derivada del denominado retén social. Este retén social está
regulado básicamente en la Ley 790 de 2002 ‘Por
la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al
Presidente de la República’.  El artículo 12 de esa Ley dice que en desarrollo
del Programa de Renovación de la Administración Pública “no podrán ser
retirados del servicio” las siguientes personas: i.) “las madres cabeza de familia sin alternativa
económica”,  ii.)  “las
personas con limitación física, mental, visual o auditiva”  y  iii.)
“los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo
de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el
término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente
ley”. El alcance de esta disposición se ha ido fijando mediante otras
normas legales y reglamentarias, y parcialmente a partir de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. A continuación se desarrolla
este punto en lo relevante para esta sentencia.
24.
Como se acaba de mencionar, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 prohíbe
retirar del servicio público a tres grupos de empleados.  El primero de ellos
está compuesto por las madres y los padres cabeza de familia sin alternativa
económica.  Ciertamente, el tenor literal de la Ley 790 de 2002 no se refiere a
los padres cabeza de familia sino a las “madres cabeza de familia sin alternativa
económica”.  No obstante, en las sentencias C-1039 de 2003[59] y C-044 de 2004,[60] al examinar
la constitucionalidad del vocablo “madres” contenido en ese precepto, la
Corte Constitucional lo declaró exequible con la condición de que se entendiera “que la protección debe extenderse a
los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la
prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen”.
Fue entonces en virtud de los derechos de los niños (CP art. 44) y del
derecho de toda persona a recibir protección integral para su grupo familiar
(CP art. 42) que la Corporación extendió el derecho al retén social a los
padres cabeza de familia. Conviene precisar quiénes pueden ser considerados
padres o madres cabeza de familia, para efectos del retén social.
25.
¿Qué madres pueden ser consideradas ‘cabeza de familia’?   El Decreto 190 de 2003 reglamentó parcialmente la Ley 790
de 2002, y estableció que  madres cabeza de familia sin alternativa
económica son aquellas
mujeres “con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos” o
con “hijos inválidos que dependan económicamente  y de manera exclusiva
de ellas”, y aquellas “cuyo ingreso familiar corresponde
únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se
encuentra vinculada” (Dcto 190 de 2003 art. 1). La Corte Constitucional ha
señalado, empero, por ejemplo en la sentencia SU-388 de 2005,[61] que la condición de madre cabeza de familia no se adquiere
solo por el hecho de tener a su cargo la dirección del hogar.  Además, “es presupuesto indispensable”, examinar y ponderar la concurrencia de otros
factores. La Corporación los enunció del siguiente modo:
“[…] Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede
ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su
cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es
presupuesto indispensable  (i)
que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter
permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte
de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad
que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte;
(v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la
madre para sostener el hogar”.[62]
26.
¿Qué padres pueden ser considerados ‘cabeza de familia’? En la
sentencia SU-389 de 2005, esta Corte sostuvo que era en principio válido
extrapolar los criterios normativos usados para calificar a una madre como
cabeza de familia.[63]
En ese sentido, juzgó aceptable tener en cuenta la definición que al respecto
está contenida en el artículo 1° del Decreto 190 de 2003.  Pero además la Corte
enunció algunas situaciones típicas o claras de padres cabeza de familia,
precisando que no eran las únicas posibles o válidas pues podrían llegar a
probarse otras.   Puede por lo tanto, haber otras hipótesis distintas de padres
cabeza de familia, pero en todo caso para definir si las hay debe “siempre tenerse en cuenta la proyección de tal
condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio”.
Entre esas situaciones mencionó:
“(i) Que los hijos propios, menores o
mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan
económicamente de él y que realmente sea una persona que les  brinda el
cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y
crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean
efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos
judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de
tales compromisos.
(ii) Que no tenga alternativa económica, es
decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención
exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera,
ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la
tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de
hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia
de la madre.
(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la
obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley
82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición.
En efecto, de conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993:
“esta condición (la de
mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de familia) y la cesación de la misma, desde el
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer
cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias
básicas de su caso y sin que por este concepto, se causen emolumentos
notariales a su cargo””.[64]
27.
El segundo grupo protegido por el retén social lo conforman “las personas
con limitación física, mental, visual o auditiva” (Ley 790 de 2002 art.
12). La reglamentación define quiénes tienen tal tipo de limitaciones (Dcto 190
de 2003 art. 1° numeral 1.4). En general dice que son todo aquel que tiene “comprometida de manera irreversible la función de
un órgano, tiene igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja
en sus interacciones con el entorno laboral, social y cultural”.  Pero
también estipula específicamente quiénes puede considerarse que cuentan con
limitaciones auditivas (literal a), visuales (literal b) o físicas o mentales
(literal c).[65]
La Corte ha sostenido que en virtud del derecho a una protección especial, con
el cual cuenta toda persona que por sus condiciones físicas o mentales se
encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13), y del derecho
a contar con una política de previsión e integración social a favor de “los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (CP art. 47), en esta categoría debe ser incluido todo “trabajador
con discapacidad o que padezca una seria y ostensible disminución de su salud”
. [66]
Así lo sostuvo en la sentencia T-849 de 2010:
“[…]
de acuerdo con las normas expedidas para el efecto en
el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública adoptado en el
año 2002, en un principio, esta Corporación estimó que los trabajadores con
discapacidad debían cumplir estrictos requisitos para acceder a los beneficios
del derecho a la estabilidad laboral reforzada[67].
Sin embargo, en posterior jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido
que, de manera general, en procesos de reestructuración y reforma
institucional, los trabajadores que se encuentren en situación de debilidad
manifiesta como consecuencia de la grave afectación de su estado de salud,
tienen derecho a conservar su empleo -o a ser reubicados según la prescripción
del médico tratante-[68]
hasta el último acto de liquidación de la entidad, previo el cumplimiento de
estos requisitos: (i) tener debidamente acreditada la grave y ostensible
disminución de su salud; y (ii) haber comunicado oportunamente a la entidad
accionada esa situación[69]”.[70]
28.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-174 de 2004, juzgó que esta
protección especial a favor de los trabajadores con limitaciones físicas,
mentales, visuales o auditivas no desconoce el derecho a la igualdad de quienes
no tienen ese tipo de limitaciones (CP art. 13), ni tampoco su derecho al
trabajo (CP art. 25) y asimismo, que respeta los fines esenciales del Estado
(CP art. 2) tanto como el principio de eficiencia que rige la función pública
(CP art. 209).  La decisión del legislador de proteger especialmente a estas
personas se justifica como un desarrollo valioso del derecho constitucional a
recibir un trato especial que tienen “aquellas personas que por su condición
[…] física o mental, se encuentr[a]n en circunstancias de
debilidad manifiesta” (CP art. 13, inc. 3).  Además, es el modo como el
legislador quiso configurar un orden justo (CP art. 2), y de asegurarles a
personas en circunstancias de debilidad manifiesta un trabajo digno (CP art.
25).
29.
Finalmente, el último grupo de trabajadores amparados por el retén social es el
de los llamados prepensionados. De acuerdo con la formulación inicial de
la Ley 790 de 2002, estos eran únicamente quienes en el término de tres (3)
años, “contados a partir de la promulgación de la presente ley” (es
decir, contados desde el 27 de diciembre de 2002),[71] cumplieran “con la
totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su
pensión de jubilación o de vejez”. Inicialmente aplicaba entonces a quienes
al 27 de diciembre de 2005 reunieran los requisitos para pensionarse por vejez
o jubilación.  Pero, luego de una evolución jurisprudencial, en la sentencia SU-897
de 2012, la Corte unificó su jurisprudencia para sostener que también tienen
derecho al retén social en calidad de prepensionados quienes en el término de
tres (3) años, contados “a partir del momento
en que se determine la efectiva y real supresión del cargo”, cumplan la totalidad de requisitos necesarios para
adquirir el derecho a una pensión de vejez o de jubilación.[72]
30. El retén social tenía inicialmente una duración definida
en la Ley 790 de 2002. El artículo 13 dispuso que debía durar “hasta el
vencimiento de las facultades extraordinarias que se conceden en la presente
ley”.[73]
No obstante, como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-991 de 2004, esa norma
fue tácitamente derogada por el artículo 8, literal d), de la Ley 812 de 2003,
en tanto esta última dispuso que la protección especial del retén social se
aplicaría hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004) “salvo
en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía
deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez”.[74]
En esa misma sentencia la Corte declaró inexequible el aparte del artículo 8,
literal d), de la Ley 812 de 2003, que limitaba en el tiempo la vigencia del
retén social.[75]
Una Sala de Revisión ya había inaplicado esa norma en un caso concreto.[76]
Pero esta vez fue la Sala Plena de la Corporación la que consideró que esta
restricción interfería de un modo desproporcionado en los derechos  de “las
madres y padres cabeza de familia y los disminuidos físicos, mentales y
psíquicos”.
31. También el Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley
790 de 2002, contemplaba un término de duración del retén social (Dcto 190 de
2003 art. 14 y 16).[77]
Y luego el Decreto 1615 de 2003, que ordenó el inicio de la liquidación de
TELECOM, se remitió a ese término para definir la duración del retén social en
esa entidad (art. 16).[78]
De acuerdo con estos preceptos, el retén debía aplicarse hasta la culminación
del Programa de Renovación de la Administración Pública, y en cualquier caso
sin exceder el treinta y uno (31) de enero de dos mil cuatro (2004).  La
Sección Segunda del Consejo de Estado anuló, sin embargo, esta normatividad
mediante sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil cinco (2005).[79]
Luego de tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la sentencia C-991 de
2004,  el Consejo de Estado decidió declarar que se daba una
inconstitucionalidad por consecuencia, toda vez que el sustento de las
disposiciones entonces demandadas como nulas eran las que habían sido encontradas
inexequibles por la Corte Constitucional.  Por consiguiente, declaró nulos un
fragmento del artículo 14 y todo el artículo 16. Luego, en la sentencia del
dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), la Sección Segunda decidió
estarse a lo resuelto en la primera providencia, al resolver la acción de
nulidad instaurada contra el mismo objeto normativo.[80]
32. Esto no quiere decir que en virtud del retén social las
personas tengan derecho a una estabilidad laboral reforzada más allá de la
conclusión de un proceso liquidatorio. La estabilidad laboral del retén social
se traduce en el “derecho a permanecer en el cargo hasta el último acto de
liquidación de la entidad, salvo que se configure una justa causa de despido y
ésta sea verificada por la autoridad laboral correspondiente”.[81]
Las tutelas que persiguen estabilidad laboral especial más allá de la
liquidación, han sido negadas por la jurisprudencia en ese aspecto.[82]
El retén social trasciende la extinción definitiva del ente, pero en formas
distintas a la estabilidad laboral reforzada, y en determinadas circunstancias.
Según la sentencia SU-897 de 2012 los prepensionados conservan -incluso después
de la liquidación del ente- el derecho a que se sigan haciendo “los aportes
al correspondiente régimen pensional, hasta tanto se cumpla el tiempo mínimo de
cotización requerido para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, así
dicho término se cumpla luego de liquidada la entidad”.[83] Las
madres y padres cabeza de familia, y las personas con limitación física, mental, visual o auditiva tienen derecho a la indemnización, pues según la
sentencia SU-388 de 2005, “la indemnización debe ser concebida como la
última alternativa para reparar el daño derivado de la liquidación de la
empresa”.[84]
33. Esta indemnización, tal como se
aplica hasta la fecha, es la misma que para los demás ex trabajadores de
TELECOM.  La forma de liquidarla está prevista en el artículo 24 del Decreto
1615 de 2003 ‘por el
cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena
su liquidación’.[85]  No obstante, cuando las personas desvinculadas son
sujetos de especial protección constitucional, esta indemnización ha sido
considerada insuficiente, tanto por la ley como por la Constitución, tal como
esta ha sido interpretada por la Corte.  En lo que respecta a los
prepensionados, además de la indemnización, la Constitución les reconoce el
derecho a la continuidad en la cotización para pensiones.[86]  En lo que
atañe a las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales, aparte
de la indemnización, la Carta les reconoce su derecho a gestiones para
reubicación y traslado, y a políticas que les aseguren una pensión adecuada.[87]  Las madres y padres cabeza de familia, que son o
están al cuidado de sujetos de especial protección, deben recibir también un
trato especial (CP arts. 13, 43, 44, 46 y 47).  Lo que debe resolver esta Sala
es entonces en qué consiste esa protección especial.
34. La Corte ha señalado que una vez
liquidada la entidad esa protección especial no se traduce, en el caso de
quienes son cabeza de familia, en estabilidad laboral reforzada; es decir, en
la posibilidad de permanecer en el cargo.[88]  Tendría
por lo tanto que implicar un amparo especial de otro tipo.  Sin embargo, la
propia reglamentación sobre el proceso liquidatorio de TELECOM prevé que la
indemnización para los ex trabajadores de esa compañía, es incompatible con
cualquier otra indemnización establecida para la terminación unilateral del
vínculo sin justa causa (Dcto 1615 de 2003 art. 25).[89] Esa
limitación está, por lo demás, en principio justificada para la generalidad de
los eventos, por las condiciones financieras que llevaron al ente a su
liquidación. Pero entonces, ¿cuál es el trato especial al que tendrían derecho
los miembros cabeza de familia, de acuerdo con la Constitución, una vez concluya
el proceso de liquidación?
35. En estos casos, a juicio de la
Corte, si bien las personas cabeza de familia no tienen derecho a conservar su
empleo en la entidad, pues esta se está liquidando y mantenerlas afectaría el
programa de liquidación, sí tienen derecho a más que la indemnización de la
cual son titulares los trabajadores, en general, de la compañía. Cuando menos,
tenían derecho a que durante el proceso de liquidación, pero antes de que
terminen sus vínculos al final del trámite, se adoptara una política de
reubicación ocupacional,[90]
con el fin de garantizar los derechos de las madres y padres cabezas de familia
a ser apoyadas especialmente (CP art. 43 inc. 2), a recibir protección
reforzada en el empleo (CP art. 53 inc. 2), a su adecuada y efectiva
participación en la administración pública (CP art. 40), a que el Estado
promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP art. 13
inc. 2), a la protección de la familia y sus integrantes (CP arts. 5 y 42), y a
la salvaguarda de los derechos fundamentales de otros sujetos de especial
protección constitucional, que en ocasiones conforman el grupo familiar, como
niños, personas de la tercera edad, e individuos que presentan disminuciones
físicas, síquicas y sensoriales, a quienes debe prestárseles atención
especializada (CP arts. 44, 46 y 47).  La Sala estima, empero, que en el
contexto de la liquidación de TELECOM, ni las normas que regularon el proceso
de liquidación de TELECOM, ni por su parte los entes que intervinieron en la
ejecución del mismo, adoptaron una política de tal naturaleza, u ordenaron su
adopción.  Por ende, en concepto de la Corte, el Gobierno Nacional, en cabeza
de las entidades que participaron de la liquidación de TELECOM, incumplió una
obligación constitucional.
36. Este derecho a contar con un plan
de reubicación, se infiere razonablemente del derecho de las madres y padres
cabeza de familia, y de los integrantes del grupo familiar, a recibir un trato
especial de parte de las autoridades estatales.  Está previsto en la
Constitución de diversas maneras, en los artículos 5, 13 inc. 2°, 40 último
inciso, 42, 43 inc. 2°, 44, 46, 47 y 53 inc. 2°, y ha tenido desarrollo legal
específico recientemente (Ley 1444 de 2011 art. 18 pár. 3).  Si bien este
desarrollo legal no fue aplicado a la liquidación de TELECOM, por la prioridad
cronológica de esta última, lo cierto es que los derechos que se concretan con
esa ley son en parte de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la Carta
(como los consagrados en los artículos 13 y 40), y no se requería que hubiera
una ley para considerarlos exigibles desde entonces.  En definitiva, no se
ajusta a la claridad del mandato constitucional, que se deriva de las normas
citadas, una decisión como la de las entidades a cargo de liquidar a TELECOM, quienes
en la conclusión del proceso liquidatorio les dieron a las madres y padres
cabeza de familia exactamente el mismo trato, homogéneo y uniforme: los
desvincularon, y les pagaron la indemnización reglamentaria, junto con la
liquidación de prestaciones. La
jurisprudencia ha sostenido que las cabezas de
familia no tienen derecho a permanecer en sus puestos más allá de la
liquidación de la entidad, pues en ese contexto sus empleos deben desaparecer.  Pero
está previsto en la Constitución, su derecho a una protección y apoyo especial
(por ejemplo en materia de empleo), y este se traduce en este caso en el
derecho a no ser tratados de la manera uniforme y homogénea en la que lo fueron
las demás personas, quienes no tenían una condición especial de esta
naturaleza.
37. En definitiva, el que no se
hubiera asegurado su permanencia en los cargos está justificada, por la
clausura de la empresa; pero que no se adoptara ni al menos un plan de
reubicación, para las madres y padres cabeza de familia, sin detenerse en sus
especiales circunstancias, resulta inconstitucional. En consecuencia, la Corte
les ordenará a los integrantes del Consorcio de Remanentes de TELECOM, conformado por Fiduagraria S.A. y
Fiduciaria Popular S.A., que en coordinación con el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones -que es el Fideicomitente-, y en el
término máximo de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, adopten un plan de reubicación de las personas cabeza de familia que
hubieran sido desvinculadas de TELECOM como consecuencia del proceso
liquidatorio. En dicho plan, deben ser incluidos con prioridad quienes obtengan
protección específica en esta sentencia, en virtud del retén social.  El plan deberá asegurarles, a todas
esas personas, en el plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que
se notifique este fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en
condiciones al menos iguales a las que tenían en la hoy liquidada TELECOM.  Por
lo cual, si se presenta una vacante para un empleo con tales condiciones,
tengan preferencia sobre candidatos que no cuenten con sus mismas condiciones
constitucionales. Ello no obsta para que en los casos en que los empleos estén
sujetos al ingreso por carrera administrativa, tales personas deban, mientras
no se haya convocado concurso, ser nombradas en provisionalidad, o cuando sea
convocado el concurso de méritos, presentar las pruebas correspondientes para
ser vinculadas.
Primera
cuestión. Legitimación en la causa por activa. Legitimación por pasiva del
patrimonio autónomo de remanentes de una entidad liquidada, cuando la tutela se
fundamenta en hechos imputados a esta última
38.
La primera de las cuestiones planteadas por las acciones de tutela acumuladas
en el presente proceso es la de si las partes de la controversia tienen
legitimación en la causa. Esta cuestión debe sin embargo dividirse inicialmente
en dos.  Por una parte, está el asunto de la legitimación en la causa por
activa, que se traduce en la pregunta por la capacidad para demandar
mediante tutela que tenían quienes instauraron las solicitudes de amparo aquí
acumuladas. Por otra, está la cuestión de la legitimación en la causa por
pasiva del PAR, que equivale a establecer si este último tiene capacidad
para ser parte demandada en un proceso de tutela como este. A continuación, la
Corte expondrá los criterios para responder la primera de las cuestiones, sobre
la legitimidad para demandar, y luego al examinar los casos concretos aplicará
esos criterios. Sin embargo, en este mismo acápite expondrá la respuesta al
problema de la legitimación por pasiva del PAR.
39. El punto uno es la legitimación por activa.  Para
desarrollarlo es importante resaltar que la tutela es un medio de defensa de derechos
fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86).  No es necesario, que el titular de los
derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su
nombre.  El tercero debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i)
representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii)
Defensor del Pueblo o personero municipal.[91]
En específico: (i) representante puede ser, por una parte, el
representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona
jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser
apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe
anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo.[92]
(ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular
de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse
en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del
Pueblo y los personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la
ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté indefenso.[93]
40.
Entre los casos que se presentan dentro de este proceso, como más adelante se
mostrará, hay unos en los cuales la tutela es interpuesta mediante apoderado
judicial, pero que actúa en virtud de un poder no otorgado directamente por el
titular de los derechos fundamentales, sino por alguien más que dice obrar en
calidad de agente oficiosa de este último. En ciertos casos, cuando está
debidamente justificado, esta forma de otorgar el poder judicial para actuar en
procesos de tutela es legítima y debe considerarse admisible por los jueces.  Lo
es por ejemplo cuando el titular de los derechos invocados es un incapaz
absoluto.[94]
No obstante, quien extiende el poder judicial en calidad de agente oficioso de
otra persona debe demostrar, así sea tácitamente,[95] como tendría que hacerlo
quien interpone la tutela en calidad de agente oficioso de otra persona, que a
su agenciado le resulta fáctica o jurídicamente imposible extender
directamente  el poder.[96]
No basta entonces con que demuestre que le resulta difícil hacerlo.[97]
41.
Estos criterios son suficientes a juicio de la Sala para resolver los problemas
puntuales de legitimación en la causa por activa que se presentan en las
acciones de tutela acumuladas.  Por tanto, procede a preguntarse si el PAR está
legitimado en la causa por pasiva dentro de este proceso. Esa pregunta se puede
responder mejor si se abordan tres asuntos interrelacionados, y que sin embargo
son conceptualmente diferenciables. Primero, es necesario definir si un
patrimonio autónomo tiene en general capacidad para ser parte en un proceso
judicial.  Segundo, si un patrimonio autónomo de remanentes puede ser parte en
algún proceso de tutela, o si no puede serlo en absoluto. Por último –en caso
de que las respuestas a las anteriores cuestiones sean afirmativas- corresponde
establecer si particularmente el PAR de TELECOM puede ser demandado para
responder por hechos que los demandantes no le imputan a este ni al fiduciario,
sino a TELECOM.  La Corte pasa a desarrollar cada uno de estos asuntos
enseguida.
42.
El primer interrogante es entonces si un patrimonio
autónomo tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial.  Esta cuestión
es más general, pero importante debido a que el proceso de tutela es a su vez
un proceso judicial, y en ese sentido mutatis mutandis se le aplica lo
pertinente a los demás procesos.  La normatividad general sobre la materia está
actualmente regulada en el Código de Procedimiento Civil, y específicamente en
su artículo 44, en lo que respecta a la capacidad para ser parte y para
comparecer al proceso.  La evaluación de este caso con esa norma provoca una
cuestión inicial, toda vez que el mencionado artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil dice que “[t]oda persona natural o jurídica puede
ser parte en un proceso”, pero literalmente no les reconoce esa misma
capacidad a los patrimonios autónomos, que no son personas naturales ni jurídicas
en sentido estricto. No obstante, la jurisprudencia colombiana ya ha ofrecido
criterios para resolver esta cuestión de modo preciso, como pasa a mostrarse.
43.
Por ejemplo en sentencia del tres (3) de agosto de dos mil cinco (2005), la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los
patrimonios autónomos tienen capacidad para ser partes en un proceso judicial,
en la medida en que cuentan con una entidad fiduciaria a cargo de responder por
“las relaciones jurídicas que demanda el cumplimiento de la finalidad
prevista por el constituyente”.  En esa ocasión debía decidir si casaba una
sentencia, en la cual se había resuelto declarar la falta de legitimación por
pasiva de una entidad fiduciaria, para responder por la prórroga de un contrato
que había celebrado como vocera del patrimonio autónomo que administraba.  La
falta de legitimidad por pasiva de la entidad fiduciaria se había justificado,
en la sentencia recurrida, en que no se había demandado puntualmente al
patrimonio autónomo, representado por la fiduciaria, sino a la fiduciaria
directamente.  La Sala de Casación Civil no casó el fallo, pues en su criterio
en esa ocasión la fiduciaria sí carecía de legitimación por pasiva.  Para estar
legitimada, debía ser demandada no directamente y en cuanto tal, sino como
vinculada o responsable de la administración del patrimonio autónomo.[98] Lo
importante, según la Corte Suprema, es cómo se demanda al patrimonio autónomo,
el cual tiene capacidad para ser parte “por
conducto del fiduciario”. Al
respecto indicó:
“[…] que sea autónomo el
patrimonio que se integra a propósito de la constitución de una fiducia
mercantil  -como igual puede ocurrir con otras especies del mismo-, y que no
tenga personalidad jurídica, no significa a su vez que no está al frente de él
ninguna persona que intervenga y afronte justamente las relaciones jurídicas
que demanda el cumplimiento de la finalidad prevista por el constituyente.  A
ese respecto, no puede pasarse por alto que por tal fiducia “se transfiere uno
o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario”, y que “solamente los
establecimientos y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la
Superintendencia Bancaria pueden tener la calidad de fiduciarios (artículo 1226
C. Co.), lo cual significa, ni más ni menos, que quien como persona jurídica
ostenta esa calidad, es quien se expresa en todo lo que concierne con el
patrimonio autónomo, al cual, desde esa perspectiva, no le falta entonces un
sujeto titular del mismo así lo sea de un modo muy peculiar.”[99]
44.
En el ámbito del proceso civil, que tiene sus especificidades, la Corte Suprema
de Justicia ha sostenido entonces que los patrimonios autónomos tienen
capacidad para ser parte, aunque esta capacidad la ejerciten por conducto del
fiduciario.  Es este último, en su condición de fiduciario, quien debe ser
demandado en tales procesos. Las  preguntas siguientes son entonces, por una
parte,  si un patrimonio autónomo de remanentes puede ser parte en procesos de
tutela, y por otra si puede serlo para responder por las obligaciones
contraídas por una entidad ya liquidada, cuyos remanentes administra.  Respecto
de lo primero, ante todo es importante aclarar que por ser el de tutela un proceso
informal, en el cual hay un mandato específico de prevalencia del derecho
sustancial (CP art. 228 y Dcto 2591 de 1991 art. 4), debe entenderse que cuando
el demandado es un patrimonio autónomo, quien lo está siendo en el fondo es el
fiduciario o administrador de ese patrimonio. En este caso, por lo tanto, debe
definirse quién es el realmente demandado cuando se dice que las tutelas se
dirigen en contra del PAR de TELECOM.
45.
El PAR es fruto de un contrato de fiducia mercantil celebrado en su momento
entre TELECOM en liquidación, quien obró por intermedio de su liquidador (la Fiduciaria La Previsora S.A.), y el
Consorcio de Remanentes de TELECOM, conformado por Fiduagraria S.A. y
Fiduciaria Popular S.A.  Este contrato de fiducia mercantil, de acuerdo con el
Código de Comercio, es un negocio jurídico en virtud del cual una persona (el
fiduciante o fideicomitente) trasfiere uno o más bienes debidamente
especificados a otra (fiduciario), y esta última se obliga a administrarlos o
enajenarlos para cumplir con una finalidad determinada por el constituyente y
en su beneficio, o en el de un tercero (fideicomisario).[100]  En el caso
TELECOM obró entonces como fiduciante o fideicomitente, y el Consorcio se
constituyó en fiduciario.  Por lo mismo, cuando en el proceso de tutela el PAR
es demandado, debe entenderse que se está instaurando una pretensión contra el
Consorcio de Remanentes de TELECOM, integrado por  Fiduagraria
S.A. y Fiduciaria Popular S.A.
46.
Ahora bien, en lo que respecta a la legitimidad por pasiva incluso de este
Consorcio en un proceso como el que provoca este fallo, debe decirse lo
siguiente. En la sentencia T-798 de 2006,[101]
una Sala de Revisión de esta Corte abordó una cuestión como la que aquí está
siendo objeto de análisis. Entonces debía decidir si un patrimonio autónomo,
constituido para administrar los remanentes de una entidad liquidada, tenía
legitimación por pasiva en un proceso de tutela para responder por las
obligaciones de esta.  En tal contexto,  la Corte estableció –asumiendo que el
demandado era en el fondo el fiduciario- que lo relevante era examinar las
normas entonces aplicables a la liquidación de la entidad, así como las que a
la sazón regulaban el proceso de liquidación y administración de remanentes.
Tras tenerlas en cuenta, concluyó que entre las finalidades de constituir un PAR estaba, en esa ocasión, la de atender las
condenas emitidas en procesos judiciales en curso al momento de liquidarse
definitivamente la entidad. Sostuvo entonces que el patrimonio autónomo
–su fiduciario- en esa oportunidad estaba legitimado por pasiva, en tanto se
trataba de atender procesos que estaban en curso cuando se produjo la
liquidación.  Al respecto sostuvo:
“[…] 3.1.5. Existencia de legitimación en la causa por
pasiva, en virtud de la subrogación automática operada en cabeza del
“Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación”.  De lo anterior la Sala concluye que las normas
generales contenidas en el Decreto-ley 254 de 2000 que regulan la liquidación
de entidades administrativas, así como las especialmente expedidas para la
liquidación de Tele-Nariño, contenidas en el Decreto 1607 de 2003 modificado
por el 4773 de 2005, regulan lo qué debe suceder en el evento en cual, para el
momento en el cual termina la existencia jurídica de la entidad liquidada,
existan procesos judiciales en curso de resultas de los cuales puedan surgir
obligaciones a cargo suyo. Para este evento, la solución provista por tales
normas es la constitución de un Patrimonio Autónomo de Remanentes, con cargo al
cual se deben atender las condenas derivadas de los procesos judiciales en
curso al momento en que expiró la existencia jurídica de Tele-Nariño. || Así
pues, la Sala estima que para efectos de determinar la legitimación en la causa
por pasiva en la presente oportunidad, debe entenderse que, desde el 31 de
enero de 2006, fecha en la cual se terminó la existencia jurídica de
Tele-Nariño en liquidación, por ministerio de la ley se produjo una subrogación
automática del Patrimonio Autónomo de Remanentes en la situación procesal de la
mencionada entidad, que actuaba como demandada dentro del presente proceso. ||
Determinada así la legitimación en la causa por pasiva, radicada desde el 31 de
enero de 2006 en el mencionado Patrimonio, la Sala observa que desde entonces
el proceso debió continuar con él en la posición de demandado, a través de su
gerente. No obstante, detecta que así fue, pues ciertamente, como se relató
anteriormente, el 7 de febrero de 2006 el gerente del “Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación” acudió al proceso para
impugnar la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Quince Laboral
del Circuito de Bogotá. || Así las cosas, se verifica que se cumple con el
presupuesto procesal de la legitimación en la causa por pasiva, de manera tal
que, por este aspecto, la presente acción resulta procedente”.[102]
47.
A partir de esta decisión es por lo tanto razonable asumir que los patrimonios
autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones de tutela, e
incluso responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, en los casos en
que así lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la
liquidación y administración de remanentes.  En este caso, por lo mismo, la
Corte tiene en cuenta que el Decreto 4781 de 2005, que reglamenta en parte la liquidación de TELECOM y lo
atinente a sus remanentes, estableció en el artículo 3° que el contrato de
fiducia, por medio del cual debía constituirse el PAR, tenía entre otros fines
el de atender “las obligaciones remanentes y contingentes, así como [l]os
procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del
proceso liquidatorio”. Esto tiene una primera implicación, y es que si bien
las acciones de tutela no estaban en curso cuando se terminó el proceso
liquidatorio, algunas reclamaciones de otro orden (administrativo por ejemplo)
sí lo estaban. Por lo cual, es válido concluir que el PAR está legitimado por
pasiva al menos respecto de las tutelas interpuestas por quienes tenían
reclamaciones –incluso administrativas- en curso al momento de liquidarse
definitivamente TELECOM.  Pero queda la pregunta de si el PAR está legitimado
por pasiva en las tutelas de quienes no tenían reclamaciones en curso al
término de la liquidación de TELECOM.
48. A juicio de esta Corte, el PAR debe considerarse
legitimado por pasiva incluso en estos últimos procesos de tutela, en los
cuales los ex trabajadores de TELECOM reclamen prestaciones de orden laboral o
pensional, en la medida en que ello sea preciso para establecer si tiene para
con estos obligaciones remanentes o contingentes.  Incluso si un ex trabajador
de TELECOM no tenía procesos o reclamaciones en curso cuando se puso fin al
trámite liquidatorio de la compañía, el PAR está legitimado por pasiva en los
procesos de tutela que aquellos inicien, con el fin de determinar dentro del
proceso si le corresponde en esos casos atender –como lo dispone el Decreto
4781 de 2005- “las obligaciones remanentes y contingentes” de TELECOM.  Al
final del proceso puede llegarse a la conclusión de que la obligación cuyo
cumplimiento se pretende no tiene el carácter de remanente o contingente, y en
esa hipótesis, si no hay otros elementos que conduzcan a una solución distinta,
se debe concluir que el PAR no está legitimado por pasiva.  Pero si se estima
que sí es una obligación remanente o contingente, y están dadas las demás
condiciones para ello, es viable pronunciarse de fondo sobre la tutela.
49. Todo este punto debe, por cierto, leerse como una
solución que resulta obligada en parte por lo que dispone la Constitución.  Para
la Carta no es indiferente que obligaciones contraídas por entidades en
liquidación se reclamen, por uno u otro motivo suficiente, sólo después de que
se ha terminado el proceso liquidatorio.  La Constitución establece de forma
precisa el deber de garantizar la efectividad de los principios y derechos
contemplados en ella (CP art. 2), y de asegurar el acceso a una administración
de justicia efectiva (CP art. 229).  Estas obligaciones, que vinculan al juez
constitucional, no se neutralizan ni dejan de ser exigibles cuando los que se
creen afectados por una entidad en liquidación instauran sus acciones ante la
justicia después de que esta se ha liquidado definitivamente. Pueden hacerlo
por diversos motivos, y algunos de ellos pueden lógicamente estar justificados
de manera suficiente.  Las normas que regulan el funcionamiento del PAR y le
asignan deberes concretos deben interpretarse en el sentido que mejor realicen
los derechos de quienes por una u otra circunstancia reclaman una protección
por derechos supuestamente desconocidos por la entidad, una vez liquidada.
50. El que sean obligaciones remanentes o
contingentes es entonces algo a ser determinado por los jueces de tutela en los
casos concretos, luego de estudiar el asunto de fondo. La circunstancia de que
las tutelas acumuladas en este proceso no estuvieran en curso cuando se terminó
la liquidación de TELECOM, y que algunos accionantes no estuvieran adelantando
una reclamación de derechos como los que piden en esta oportunidad, no significa
que el PAR carezca de legitimación por pasiva. Los ex trabajadores de TELECOM,
dentro de los lineamientos de la Constitución y la ley, tienen derecho a
acceder a una administración de justicia efectiva. Para que este derecho sea
realizable, es preciso interpretar las normas que condicionan la legitimación
por pasiva de quienes responden por entidades liquidadas en el sentido que
mejor garantice una responsabilidad por la cancelación de los derechos
invocados.  Por ende, la Corte estima que el PAR sí está legitimado en la causa
por pasiva en los casos que plantea este proceso judicial.
Segunda
cuestión. El factor territorial de competencia en la acción de tutela
51.
La Sala Plena constata que en este proceso algunas acciones de tutela fueron
promovidas ante juzgados pertenecientes a municipios o circuitos judiciales en
los cuales se produjo la supuesta violación, o al menos donde tuvieron lugar
los presuntos efectos de la misma.  No obstante, en otros casos las tutelas se
presentaron ante autoridades judiciales que no pertenecían al municipio o al
circuito judicial donde efectivamente ocurrió la violación alegada.  La Corte
Constitucional considera que estas circunstancias justifican reiterar su
jurisprudencia en torno a los factores que determinan la competencia
territorial en materia de tutela, y en especial definir cuál debe ser la
solución para las acciones de tutela resueltas en este proceso.
52.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar “ante los jueces” la protección de sus
derechos fundamentales “en todo momento y lugar”. Este último fragmento
no establece sin embargo una regla de competencia territorial, en virtud de la
cual cualquier juez de la República sea siempre competente para conocer de
todas las acciones de tutela con independencia del lugar donde hubiesen
ocurrido los hechos que la motivan o los efectos de los mismos.  Cuando la
Carta estatuye el derecho a interponer tutelas en todo lugar, no hace otra cosa
que establecer que en ningún lugar del territorio donde haya jueces puede
negársele a una persona su derecho a interponer acciones de tutela en defensa
de sus derechos fundamentales sobre la base de que ese tipo de acciones sólo
pueden intentarse en otro sitio de la geografía.  La competencia territorial en
materia de tutela la define el legislador, y lo hizo mediante el Decreto 2591
de 1991.
53.
El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dice que corresponde conocer de la
acción de tutela a los jueces o tribunales “con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud”.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido
que fijar el sentido de esta disposición en varias ocasiones y ha concluido que
a partir del principio pro homine, en virtud del cual cuando hay más de
una interpretación de un texto normativo debe acogerse la que asegure en mayor
medida la realización de los derechos fundamentales, de la misma pueden
deducirse razonablemente los siguientes criterios de competencia territorial.  Primero,
la tutela puede ser conocida por el juez o tribunal del lugar donde se presenta
la amenaza del derecho fundamental.  Segundo, por el juez o tribunal del
lugar en que se presenta efectivamente la violación del derecho.  Tercero,
por el juez o tribunal del lugar donde se producen los efectos de la
amenaza o violación.[103]
54.
¿Qué ocurre cuando una tutela es resuelta por jueces incompetentes, de acuerdo
con el factor territorial? En el auto 196 de 2011, la Sala Plena de la Corte
sostuvo que el irrespeto a las reglas de competencia territorial en tutela
implica una violación del debido proceso (CP art. 29).  No obstante, la consecuencia
de desconocer este principio en el proceso judicial no es siempre la misma, y
el remedio a esta violación cambia en función de la instancia en la cual se
advierta el vicio, de las características del caso y, también, del proceso de
tutela.  En primera instancia, la falta de competencia territorial en procesos
de tutela debe implicar la remisión de las diligencias al juez competente,
respetando las reglas de reparto; en segunda instancia, debe darse aplicación a
lo previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, según el
cual, si la nulidad es saneable, se pone en conocimiento de la parte afectada
la situación, y si dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación la
parte no alega la nulidad, ésta queda saneada y el proceso continua su curso;
en caso contrario, el juez la declara la nulidad. Si el vicio se constata en
sede de revisión, en principio debe declarar la nulidad de lo actuado:
“(i) Cuando el mencionado vicio es
advertido en la primera instancia del trámite de tutela, se debe remitir la
demanda y sus anexos al juez competente, en cualquier lugar del país y
respetando las reglas de reparto, de forma tal que se garantice la protección
oportuna de los derechos fundamentales.
(ii)
Cuando es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de
competencia del que asumió el conocimiento en un primer momento, la Corte ha
indicado que debe seguirse el procedimiento previsto en el artículo 145 del Código
de Procedimiento Civil que establece que si la nulidad fuere saneable ordenará
ponerla en conocimiento de la parte afectada. Si dentro de los tres días
siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará
saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la
declarará.
(iii)
Cuando la falta de competencia es advertida en sede de revisión, la Corte ha
procedido a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio
de la demanda.  A esta solución ha llegado la Corporación en eventos en que se
ha advertido una censurable tergiversación del factor territorial de
competencia previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, con el velado
o manifiesto propósito de menguar las posibilidades de defensa de los
demandados o terceros interesados, o de seleccionar arbitraria o
caprichosamente al juez de conocimiento”.[104]
55.
Ahora bien, aunque en sede de revisión los problemas de competencia territorial
deben, en principio, conducir a la anulación del proceso, lo cierto es que en algunos
casos, en los cuales concurren determinados elementos fácticos y
procedimentales específicos, la solución puede no ser la anulación de las
actuaciones.  No puede perderse de vista, en primer lugar, que la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela, y que la norma
en la cual se funda esa atribución (CP art. 241 num. 9) no hace diferencias en
torno a si los expidió un juez competente en lo territorial o no, razón por la
cual tiene la facultad de revisar incluso las decisiones de tutela expedidas
por un juez incompetente según el factor territorial.[105]
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la Corte, en su jurisprudencia,
ha sostenido que cuando un juez es competente para conocer de una acción de
tutela, sus atribuciones competenciales tienden a perpetuarse (perpetuatio
jurisdictionis). Y finalmente, es preciso resaltar que el trámite de la
acción de tutela debe desarrollarse conforme a los principios de “prevalencia
del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia” (Dcto 2591 de 1991
art. 3).
56.
Por lo anterior es que en ciertos casos, como por ejemplo en el resuelto en la
sentencia T-087 de 2012, aunque la Corte advirtió que en ese proceso de tutela “existió
un deplorable desconocimiento de regulaciones claras sobre la competencia [territorial]”,
la Sala de Revisión decidió “descart[ar] un pronunciamiento de nulidad por
incompetencia, en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia propios de la acción de tutela”.[106]
Igualmente, en la sentencia T-675 de 2010, pese a que la Sala de Revisión
advirtió un problema de desconocimiento de las normas sobre competencia
territorial en materia de tutela, consideró que como en ese caso  “(i) […] no se
presentó conflicto negativo de competencia; (ii) que no se evidenció un reparto
caprichoso de la acción y, además (iii) en aplicación del principio de la perpetuatio
jurisdictionis”, la Corte podía “convalida[r] la actuación”.[107]
57.
No obstante, esta posibilidad de no anular lo actuado es, como se dijo,
excepcional.  Para que pueda aplicarse, deben concurrir cuatro condiciones: (i)
primero, es indispensable que el ente demando no hubiera sufrido indefensión,
pues en caso contrario la nulidad es imperativa; (ii) segundo, la Corte debe
conocer del asunto, no en virtud de un conflicto negativo de competencia, sino
de un proceso de tutela en el estadio de la revisión ante la Corte, pues en ese
momento la Corporación tiene atribución constitucional expresa para revisar
incluso los fallos expedidos por un juez no competente según el factor
territorial (CP art. 241 num. 9), y su competencia tiende a perpetuarse (‘perpetuatio
jurisdictionis’); (iii) tercero, debe estar claro en el caso que una
eventual anulación del proceso haría nugatorios los principios de economía,
celeridad y eficacia, que gobiernan el trámite de tutela, pues supondría su
prolongación excesiva; y (iv) puede no anularse el proceso, si además la Corte
valora como necesario y urgente un fallo inmediato del órgano de cierre de la
justicia constitucional, como un modo de evitar que se menoscabe la integridad
y supremacía de la Constitución (CP art. 241).
58.
En síntesis, la acción de tutela puede ser promovida en todo lugar, pero hay
unas reglas de competencia territorial (Dcto 2591 de 1991 art. 37).  En virtud
de estas, son competentes por el factor territorial, para conocer de las
solicitudes de amparo, a prevención, el juez o tribunal del lugar donde se
presentan la amenaza o la violación del derecho fundamental, o
los efectos de las mismas.  Las consecuencias de desconocer estos
factores de competencia son distintas, en función del momento en el cual se
detecte el vicio. La advertencia de este último vicio, en sede de revisión ante
la Corte Constitucional, debe en principio acarrear la anulación de todo lo
actuado. Pero esta solución, en ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha
habido indefensión; (ii) la Corte conoce del asunto, no en virtud de un
conflicto negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio
de la revisión (CP art. 241 num. 9); (iii) la anulación del proceso puede hacer
nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, e incluso el de
prevalencia del derecho sustancial, que gobiernan el trámite de tutela; y (iv)
si además de los requisitos anteriores la Corte valora como necesario y urgente
un fallo inmediato, como órgano de cierre de la justicia constitucional.
Tercera
cuestión. Órdenes proferidas por el juez de tutela en el marco de procesos de
reestructuración o liquidación de entidades
59.
Como antes se mencionó, en algunas de las acciones de tutela los ex
trabajadores de TELECOM pidieron a los jueces decretar el embargo de cuentas o
dineros pertenecientes al PAR, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
demás órdenes de protección que a su juicio debían impartir.  Estas solicitudes
de embargo fueron aceptadas por un grupo de jueces de tutela en sus
providencias.  Por lo mismo, en algunos de los fallos que ahora están bajo
revisión de la Corte, se aprecia que hay órdenes puntuales de congelamiento de
sumas o cuentas bancarias de las cuales es titular el Patrimonio Autónomo de
Remanentes de TELECOM.  La Corte Constitucional considera que es relevante
revisar si estas decisiones se ajustan a los límites que le depara el
ordenamiento constitucional al juez de tutela.
60.
Para resolver ese asunto, conviene no perder de vista que cuando una sentencia
de tutela protege el derecho fundamental invocado, el juez debe en principio y
por mandato expreso de la Constitución dictar una “orden para que aquél
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo” (CP
art. 86).  Como lo ha explicado la Corte Constitucional, esas  órdenes de
protección pueden ser sin embargo más o menos complejas en función del caso. En
algunos eventos las órdenes pueden ser simples, y concretarse en mandatos
dirigidos a la parte accionada para que suspenda la acción violatoria de un
derecho, o realice aquella que impide su eficacia.  En otros, han de ser
complejas e involucrar distintos tipos de obligaciones, hasta incluir órdenes
de prevención o de seguimiento por parte de los órganos de control e incluso,
promover el diseño de políticas públicas, especialmente cuando ello es
necesario para asegurar facetas prestacionales de un derecho.[108] El juez de tutela posee
en principio un amplio margen de apreciación para determinar cuál es el mejor
remedio para la situación que se le presenta:
“[..] 3.1. La misión primordial que la
Constitución encomienda al juez de tutela es decidir si en cada caso concreto
el derecho invocado por el accionante ha sido violado o amenazado y, en caso de
que así sea, es su deber tutelarlo y, en consecuencia, tomar las medidas
necesarias para que cese la violación o la amenaza.  Entonces, se pueden
distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es
decir, la determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la
acción de tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el
goce efectivo del derecho amparado. (…)
Como ya se anotó, las órdenes que imparte
el juez de tutela pueden ser de diverso tipo y, por lo tanto, su simplicidad o
complejidad es una cuestión de grado.  No obstante, se puede decir que una
orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o
de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control
exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar
en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto.  Por el
contrario, una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto
de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la
persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo
superior a cuarenta y ocho (48) horas para que el cumplimiento sea pleno.
La posibilidad de alterar las órdenes
impartidas originalmente dentro de un proceso de tutela, tiene sentido, en
especial, cuando el juez adoptó una orden compleja para asegurar el goce
efectivo de un derecho.  En estas situaciones el remedio adoptado suele
enmarcarse dentro de una política pública del estado y puede significar plazos,
diseños de programas, apropiación de recursos, elaboración de estudios o demás
actividades que no puedan realizarse de forma inmediata y escapan al control
exclusivo de la persona destinataria de la orden original. En ocasiones, por
ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un proceso a varias
autoridades administrativas, e incluso a particulares, para que todas las
personas, conjuntamente, logren adoptar una serie de medidas necesarias para
salvaguardar el goce efectivo del derecho”[109].
61.
Actuando dentro de ese margen, y con miras a unificar la jurisprudencia sobre
derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha decidido, por ejemplo,
extender el alcance de sus órdenes a quienes se encuentran en la misma
situación de hecho, o hacen parte de un grupo inmerso en un estado de cosas
idéntico al analizado (efectos inter pares e inter communis).[110] En
oportunidades en que se percibe la existencia de problemas constitucionales de
singular importancia o se hacen evidentes divergencias de criterios entre las
salas de revisión, la Sala Plena emite fallos de unificación, cuyo propósito es
dotar de un alto grado de certeza a los jueces de instancia y los ciudadanos
sobre el alcance de la jurisprudencia constitucional, propiciando así la
eficacia del principio de igualdad y la confianza de los ciudadanos en una
administración de justicia que se desenvuelva sobre criterios predecibles.[111]
62.
Finalmente, en escenarios de violación estructural de diversos derechos
constitucionales, no atribuibles de manera específica a una sola autoridad o
responsable, la Corporación ha constatado y declarado la existencia de estados
de cosas inconstitucionales. Con base en los principios de eficacia de los
derechos, normatividad de la Constitución Política y colaboración armónica,
esta Corte ha implementado en esos casos medidas particularmente amplias y
complejas, que trascienden los supuestos del conflicto o conflictos
particulares analizados, y que tienen por objeto superar esos estados de cosas,
con el concurso de todas las autoridades públicas, en un plazo amplio, y en el
marco institucional de sus competencias legales y constitucionales.
63.
La amplitud y diversidad de órdenes de protección que puede dictar el juez de
tutela no se traduce en una facultad sin límites constitucionales.  Las órdenes
son el medio de protección del derecho; no un campo de poder autónomo del juez
constitucional.  Por ese motivo, deben hallar sustento en la motivación del
fallo, guardar relación con el problema jurídico resuelto, y ser proporcionales
para lograr la superación de la amenaza o violación del derecho constatada por
el juez, sin limitar injustificadamente derechos o inclusive intereses de
terceros.  Como ocurre con todas las actuaciones de las autoridades públicas,
las órdenes deben tener en cuenta si afectan o no derechos constitucionales de
terceros, aspecto que debe analizarse principalmente a partir de los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Finalmente, el juez de tutela debe
respetar al máximo la distribución de competencias establecidas por el Congreso
en las leyes.
64.
Sin que pueda establecerse un listado taxativo de órdenes legítimas en el
contexto de la acción de tutela, lo cierto es que el juez constitucional no
está autorizado para impartir cualquier tipo de órdenes.  La pregunta es
entonces si en casos como los acumulados dentro de este proceso era válido
decretar embargos por cuantiosas sumas de dinero? En principio, la Corte
Constitucional encuentra que por la naturaleza de los conflictos planteados los
jueces estaban en la posibilidad de adoptar órdenes de reconocimiento y pago de
salarios y prestaciones laborales o pensionales, y en ciertos casos incluso
indemnizaciones, de acuerdo con la posibilidad de decretar un reintegro o con
las propiedades en concreto de cada controversia.  Una orden de embargo habría
podido tener el propósito admisible de contribuir al cumplimiento de las demás
órdenes de protección.  Pero eso no es suficiente para juzgarlas aceptables en
el marco de principios dentro del cual debe obrar el juez de tutela.  En su
jurisprudencia, esta Corte no ha procedido de ese modo.  No lo ha hecho por
varias razones, que se exponen a continuación.
65.
Primero, porque el adelantamiento de liquidaciones en materia prestacionales es
impropio de un proceso de tutela, el cual no posee propósitos exclusiva o
primordialmente patrimoniales o dinerarios. El contexto procedimental del
amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo
suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de
prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es válido presumir la
buena fe del destinatario de las órdenes y, en ese sentido, asumir de antemano
que tiene vocación de cumplirlas (CP art. 83).  Con lo cual, el embargo resulta
injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a
las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie
innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento
o perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de
cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss).  Finalmente, es
desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de remanentes que
debe responder por obligaciones pendientes.  El congelamiento de sus recursos
limitados, puede obstaculizar la satisfacción de obligaciones, de las cuales
podría a su turno depender el goce efectivo de derechos incluso fundamentales
de terceros.[112]
Cuarta cuestión. Cosa juzgada y temeridad en los procesos de tutela
66.
Algunas de las acciones de tutela que originaron este proceso fueron
presentadas por personas a las que previamente se les habían resuelto otras
solicitudes de amparo semejantes, edificadas sobre fundamentos de hecho y de
derecho también similares.  Otras acciones de tutela fueron promovidas por
personas que nunca antes habían intentado una solicitud de amparo por hechos
iguales, pero a quienes antes de este fallo se les resolvió una solicitud
análoga aunque en la justicia ordinaria. Este último es el caso de varios
actores a quienes con anticipación a esta sentencia se les negaron solicitudes
equivalentes a las que formulan en las acciones de tutela ahora enjuiciadas.  En
muchos de estos casos, los jueces de instancia en las decisiones que ahora se
revisan consideraron que no había obstáculos para un pronunciamiento de fondo
ni para conceder las tutelas. La Corte Constitucional debe unificar criterios
para resolver solicitudes de amparo con estas características.
67.
Lo primero que debe decirse al respecto, es que la Constitución estatuye como
deberes de toda persona y del ciudadano los de no abusar de los propios
derechos y de “[c]olaborar para el buen funcionamiento de la
administración de justicia” (CP art.95 nums. 1 y 7).  Estos deberes
implican, de acuerdo con la regulación legal de la acción de tutela y la
jurisprudencia de esta Corte, el deber de no presentar acciones de tutela
sucesivas originadas en los mismos hechos, entre las mismas partes y con
idénticas pretensiones.  Tal práctica, congestiona injustificadamente los
despachos judiciales, y se traduce en un obstáculo para asegurar el
cumplimiento de los términos procesales (CP art. 228), en una dificultad para
respetar el derecho a una justicia oportuna (CP art. 228), y en obstáculo para
que esta Corte ejerza de un mejor modo su competencia de guardar la integridad
y supremacía de la Constitución, por la vía de la revisión eventual de los
fallos de tutela (CP art. 241 num. 9).
68.
Para contribuir a que no se produzcan estos efectos, el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991[113]
establece que la presentación de acciones de tutela sucesivas idénticas sin
justificación constituye una conducta temeraria, y que quien incurra en
temeridad está sujeto a las sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del
Código de Procedimiento Civil.  En el caso de los abogados que cometan tal
infracción, se prevé incluso la suspensión de la tarjeta profesional. Pero para
que se presente esta infracción no basta con constatar una triple identidad
entre dos acciones de tutela.  Esto ciertamente se requiere, pero además
debe desvirtuarse la presunción de buena fe del actor (CP art. 83).  Si lo
último no ocurre, pero se da la triple identidad, lo procedente es sin embargo,
estarse a lo resuelto en la decisión anterior sobre la tutela, pues entonces se
está en presencia de un caso amparado por la cosa juzgada.
69.
Estos aspectos fueron ampliamente desarrollados por la Sala Plena de esta Corte
en la sentencia SU-713 de 2006,[114]
en la cual se especificó el sentido de la temeridad en materia de tutela, sin
que a la fecha se haya modificado, o tenga por qué variarse en lo relevante, la
jurisprudencia de la Corporación.  Por su importancia para resolver los casos
acumulados a este proceso, la Corte hará una exposición detenida de sus
consideraciones pertinentes. Lo primero que debe destacarse es el fundamento de
la temeridad.  La temeridad es un desarrollo de los mandatos de moralización
del proceso y colaboración con la administración de justicia.  La temeridad es
entonces, el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, y de un
comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a satisfacer intereses
individuales sin fundamento legal o constitucional, y en desmedro de los
derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso efectivo de la
jurisdicción.[115]
70.
En vista de que es ese el fundamento, resulta razonable asumir que la temeridad
se configura únicamente si el actor ha obrado con mala fe, deslealtad procesal,
o si su actuación infringe el deber de moralidad procesal. Por tanto, las
sanciones sólo podrían imponerse una vez se desvirtúe la buena fe del
accionante, pues esta en principio se presume por mandato de la Constitución
(CP art. 83).  En el evento de que se compruebe la temeridad del peticionario, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 le confiere al
juez la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente “todas las
solicitudes” del actor temerario.  Y  los artículos 72 y 73 del Código de
Procedimiento Civil,[116]
que pueden aplicarse a los procesos de tutela en virtud del artículo 4° del
Decreto 306 de 1992, autorizan al juez para sancionar pecuniariamente a los
responsables,[117]
además si en el contexto de la actuación
temeraria se comprueba debidamente alguna
de las siguientes causales:
“[…] que la presentación de más de una acción de
amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el
mismo objeto (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción
aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones[118]; (ii) denote el
propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiera resultar favorable”[119];
(iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”[120]; o finalmente (iv) se
pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los
administradores de justicia”[121].
Es precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio
de este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario”.[122]
71.
En sentido negativo, puede decirse que la duplicidad de acciones de tutela
semejantes no debe dar lugar a la imposición de sanciones por temeridad, cuando
no ha logrado demostrarse que al actor lo hubiese movido mala fe o deslealtad
procesal.  La actuación del demandante no es entonces temeraria, según doctrina
de esta Corte, por ejemplo cuando “el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la
ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”.[123]   En el
mismo sentido, precisó la Corporación, el juez tiene la obligación de no
declarar la temeridad mientras exista un argumento válido que justifique la
duplicidad de acciones.
72.
Tomando en cuenta la importancia de evitar la coexistencia de acciones de
tutela idénticas, que afecten el adecuado ejercicio de las funciones de la
jurisdicción constitucional, así como una conducta sancionable por temeridad,
el Legislador consideró que, pese al carácter informal de la acción de tutela,
debía imponerse un requisito formal.  Este se concreta en la obligación del
peticionario o peticionaria de prestar su juramento, junto con toda acción de
tutela, en el sentido de no haber presentado previamente una tutela para
resolver un problema jurídico idéntico.[124]
73.
De otra parte, como se indicó al comienzo de este acápite, incluso si no hay
temeridad, las acciones de tutela sucesivas conllevan la improcedencia del
segundo amparo. Con lo cual se persigue garantizar la efectividad de las
decisiones judiciales, pero además seguridad a quienes se someten a esta y
coherencia en la respuesta de las instituciones a los conflictos. Los
tutelantes y los entes demandados pueden plantear los desacuerdos en el marco
del proceso, y a ese derecho se debe que en el trámite de tutela esté
contemplada la posibilidad de impugnar las decisiones de instancia, y además de
ello la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional de las
decisiones que en esta materia adopten los jueces de la República.  Si la
acción de tutela es resuelta en sentido desfavorable al peticionario, y los
fallos que decidan la solicitud no son seleccionados para revisión por esta
Corte, debe considerarse que la providencia de última instancia adoptada en ese
proceso queda ejecutoriada y que hace tránsito a cosa juzgada.  Lo decidido en
ella no puede entonces volverse a juzgar en el contexto de otra acción de
tutela.[125]
74.
En el contexto liquidatorio de TELECOM se han producido diversos
pronunciamientos relevantes sobre la temeridad y la cosa juzgada constitucional
en materia de tutela.  Lo cual se ha debido a que en la sentencia SU-389 de
2005[126]
la Sala Plena de esta Corte, al decidir las tutelas instauradas por varios ex
trabajadores de TELECOM, quienes aducían una violación de sus derechos en el
proceso liquidatorio por cuanto se les había irrespetado el retén social con el
que a su juicio contaban por ser padres cabeza de familia, dictó un fallo con
orientación protectora y dispuso que sus efectos no sólo se aplicaban a los
demandantes que hacían parte del proceso sino en general a quienes se hallaren
en la misma situación de hecho que las madres cabeza de familia afectadas por
la liquidación de TELECOM. Y admitía también, por virtud del derecho a la
igualdad (CP art. 13), que a quienes se les hubiera negado el amparo
previamente por estos hechos, les asistía el derecho a interponer una nueva
tutela, sólo una, para pedir la aplicación de las reglas sentadas por la Corte
en esa decisión.
75.
Con base en esta jurisprudencia, la Corte llegó a conceder la tutela a personas
que previamente habían promovido el amparo con fundamento en hechos
materialmente semejantes.  Por ejemplo, en la sentencia T-592 de 2006, al
conocer una acción que cumplía con esas características, la Corte
Constitucional advirtió que el peticionario había acudido al juez
constitucional antes de proferirse los fallos de unificación en materia de
retén social de TELECOM, y que había recibido respuesta negativa a sus
pretensiones.  El demandante interpuso una nueva acción de tutela, y a pesar de
sus identidades la Corte la consideró procedente y, de hecho, concedió el
amparo.  Entre una y otra acción había pues similitudes innegables.  Pero se
diferenciaban en que la segunda había sido interpuesta después de las
sentencias de unificación de esta Corte, y pedían un derecho expresamente
reconocido en estas últimas.  Esta diferencia era relevante y suficiente para
desvirtuar la cosa juzgada.
76.
En definitiva, los efectos extendidos de la sentencia SU-389 de 2005 únicamente
habilitaron la presentación de una segunda acción de tutela, y a quienes
estuvieran en las hipótesis definidas dentro de esa decisión.   De ello no
puede inferirse válidamente, ni siquiera con arreglo a lo resuelto en sentencia
T-592 de 2006, que quienes consideren afectados sus derechos por la liquidación
de Telecom tengan la libertad ilimitada de acudir sucesiva e indefinidamente
ante los jueces de tutela para promover reclamos por los mismos hechos y
basándose en los mismos derechos, cuando ya han obtenido un pronunciamiento
definitivo en discusiones previamente abordados por la justicia constitucional.[127] La
cosa juzgada a la cual hacen tránsito los fallos de tutela, cuando se dan las
demás condiciones mencionadas, no desaparece en el contexto de liquidación de
TELECOM. Tampoco lo hace el deber de obrar con lealtad dentro de los procesos
de tutela.
77.
Ahora bien, lo dicho hasta este punto se refiere fundamentalmente a los efectos
que debe tener la cosa juzgada a la que hacen tránsito ciertos fallos de tutela
en la resolución de nuevas  acciones de igual naturaleza, que presenten además
la triple identidad a la que antes se aludió. No obstante, también es relevante
para este proceso hacer alusión a los efectos que debe tener sobre un asunto de
tutela, la existencia de un fallo ordinario, que hubiese hecho tránsito a cosa
juzgada, al momento de resolver acciones de tutela con las mismas partes, que
versen sobre los mismos hechos y fundamentos jurídicos materiales, y la misma
petición. ¿Podría el juez de tutela, en un caso así, emitir un fallo de fondo
sobre una controversia (originada, por ejemplo, en una violación del fuero
sindical), aun cuando (i) ese mismo litigio hubiese sido  previamente resuelto
por la justicia ordinaria en una sentencia con fuerza de cosa juzgada, (ii)
dicha providencia no haya sido demandada en el amparo, (iii) ni exista tampoco
una circunstancia relevante o nueva que diferencie suficientemente una
controversia de otra?
78.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional indica que una decisión judicial
adoptada por la justicia ordinaria, incluso si ha hecho tránsito a cosa
juzgada, puede ser cuestionada excepcionalmente mediante acción de tutela con
el fin de obtener una protección a derechos fundamentales conculcados en la
misma o en el proceso judicial con el que esta concluye.[128]  No obstante, esto es
diferente a hablar de acciones de tutela promovidas para ventilar un litigio ya
resuelto en una decisión judicial con fuerza de cosa juzgada, y con partes,
fundamentos y peticiones materialmente iguales.  Si no se demanda la sentencia
ordinaria que le puso fin al litigio, por una vía de hecho, el juez de tutela
está por principio en el deber de no pronunciarse de fondo al respecto.[129] En
un caso así, como el actor no estaría cuestionando el fallo ordinario, no
habría preliminarmente una razón para desconocer la inmutabilidad de la cosa
juzgada a la cual ha hecho tránsito, y debe respetarse lo decidido en ella.
79.
En síntesis, cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede
decidirse el fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las
mismas partes, los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no
hay mala fe, la segunda tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o
más tutelas iguales en estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en
todo caso antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los
jueces que adviertan esta circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar
sobre el fondo del problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las
solicitudes de amparo deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa
debidamente la presunción de buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis
así, además habría lugar a declarar la temeridad y a imponer, observando el
debido proceso, las consecuencias establecidas en la ley.  Si sólo se ha
interpuesto una acción de tutela, pero además una acción ordinaria, y entre
ambas hay identidad material de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para
definir cómo debe resolverse la tutela es preciso identificar si la acción
ordinaria fue resuelta mediante fallo que hubiese hecho tránsito a cosa
juzgada. Cuando lo haya sido, y ese fallo o el proceso al que le puso fin no se
hayan demandado en la tutela, es principio que el juez constitucional debe
estarse a lo resuelto en esa decisión ordinaria, pues también en esa hipótesis hay
cosa juzgada.
Quinta
cuestión. La subsidiariedad de la tutela frente a un patrimonio autónomo de
remanentes próximo a extinguirse. Los casos de fuero sindical y la acción
ordinaria de reintegro como casos distintos
80.
En este proceso, el PAR, CAPRECOM y algunas autoridades judiciales han
sostenido, según el caso, que la tutela es improcedente para solicitar la
inclusión de los demandantes en el PPA, o la reliquidación de su pensión
anticipada, o el reconocimiento de una pensión de vejez o jubilación, o la
continuidad en el pago de mesadas pensionales, o para pedir reintegro, indemnización
y pago de prestaciones derivadas de un supuesto desconocimiento del fuero
sindical y del retén social. Estas alegaciones de improcedencia las justifican
en que hay otros medios de defensa judicial, y en que en casos así la tutela es
procedente si se acredita la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, lo
cual en su concepto no fue probado por los demandantes.  Los actores, por el
contrario, sostienen principalmente que la tutela procede en supuestos como
esos, en vista de la ineficacia de los otros medios de defensa judicial. Esta
ineficacia, en las tutelas contra el PAR, se sustenta en el período limitado de
existencia de este último, que estaría próximo a fenecer. Los procesos
ordinarios no serían eficaces a su juicio pues podrían terminarse cuando ya no
exista el PAR.  La Corte debe decidir cómo resolver los problemas de la
subsidiariedad en contextos como este.
81.
La Sala Plena considera que esta pregunta tiene una respuesta en la jurisprudencia,
para los asuntos asociados a una presunta violación del fuero sindical.  Un trabajador que se juzgue amparado por el
fuero sindical y sea despedido sin previa autorización judicial, dispone de la
acción ordinaria de reintegro para exigir sus derechos.  Esta acción es por
regla general eficaz, ya que se surte por un procedimiento en principio
suficientemente  expedito y puede proveer una protección integral.[130]
La tutela es entonces en principio improcedente en esos casos.[131]
Pero la Corte ha identificado dos excepciones, en las cuales el amparo procede:
i. cuando se
plantea la vulneración del derecho de asociación sindical por la irregular
terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores
sindicalizados, y además se prueba una conducta antisindical por parte del
empleador (p.ej. sentencia T-764 de 2005),[132] y ii. cuando media la
vulneración grave de otros derechos fundamentales que no pueden ser protegidos
a través de la acción de reintegro, situación que supone la existencia de un
perjuicio irremediable concreto y plenamente probado (p.ej. sentencia T-845 de
2008).[133]
82. Otra es la situación de aquellos trabajadores con
fuero sindical que previamente han instaurado acciones ordinarias de reintegro.
En casos así es posible distinguir tres (3) hipótesis. Por una parte, están
quienes interponen tutela mientras está en curso el proceso laboral ordinario
de reintegro sindical, y no han obtenido una respuesta con carácter definitivo
en ese otro proceso, que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada.  En esa
hipótesis, la tutela es en principio improcedente, aunque puede proceder como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (p.ej. sentencia
T-326 de 1999).[134]
Por otra parte, se encuentran quienes han obtenido una respuesta favorable
definitiva en la justicia laboral, y a sus empleadores se les ha ordenado el
reintegro o la indemnización, o ambas, pero estos dejan de cumplir las órdenes.
En ese caso, los aforados pueden promover acción de tutela con el fin de que
se proteja su derecho al cumplimiento de la resolución judicial (p.ej.
sentencia T-323 de 2005).[135]
Finalmente, están quienes obtuvieron una decisión judicial desfavorable pero
definitiva en la jurisdicción ordinaria.  En esos casos, si el fallo es
demandado apropiadamente mediante tutela, debe concederse el amparo cuando las
autoridades judiciales incurren en un defecto de los indicados en la jurisprudencia
y violan derechos de los trabajadores aforados, al aceptar la desvinculación de
estos últimos sin autorización previa del juez competente (p.ej. sentencia
T-205 de 2004).[136]
Estas reglas no cambian en contextos de
liquidación de entidades, ni de administración de remanentes de una entidad ya
liquidada (p. ej. Sentencia T-538 de 2009).[137]
83.
También es claro el sentido en el que debe resolverse una solicitud de amparo
en la cual se pretenda exigir el cumplimiento de órdenes impartidas por un juez
de tutela en un caso anterior.  El incumplimiento de una orden de tutela no es
un caso de violación de derechos fundamentales que pueda en principio
distinguirse de aquel que dio origen a las órdenes supuestamente desacatadas.
Existe un medio prima facie expedito para obtener el obedecimiento de
estas últimas, y puede intentarse ante el juez que en primera instancia conoció
del proceso en que se impartió esa resolución.  Es este quien mantiene la
competencia al respecto (Dcto 2591 de 1991 arts. 23 y 27), y ante quien puede
solicitarse el cumplimiento de un fallo de tutela anterior.  Una nueva acción
de tutela, que sea igual en lo relevante, debe declararse improcedente o
temeraria según el caso.[138]
En cuanto a las tutelas asociadas al reconocimiento de pensiones, o a
reliquidación de mesadas, contra un fondo administrador de pensiones que no
está próximo a extinguirse, son aplicables los principios generales de
procedencia.  Es entonces preciso estar ante un perjuicio irremediable, o ante
la ineficacia en concreto de los medios de defensa judicial disponibles en
abstracto.[139]
84.
En lo que atañe a los demás casos, la Corte Constitucional ha resuelto acciones
de tutela dirigidas contra el PAR de TELECOM, y un grupo significativo de ellas
las ha juzgado improcedentes por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
Lo ha hecho por ejemplo en las sentencias T-551 de 2009,[140] T-134a de 2010[141] y
T-274 de 2010,[142]
respecto de algunos ex trabajadores de TELECOM que pidieron su inclusión en el
PPA. También lo ha hecho en la sentencia T-589 de 2009,[143] cuando un ex trabajador
pretendió una reliquidación pensional. Y lo propio decidió en la sentencia
T-302 de 2009,[144]
al declarar improcedente la tutela de quienes reclamaban continuidad en la
prestación de un plan complementario de salud. Esta solución para los casos
parece en principio plausible, pero debe decirse que en la sentencia T-645 de
2009 la Corte juzgó procedente y estudió de fondo la tutela promovida por una
ex trabajadora de TELECOM que pedía protección por ser cabeza de familia.[145]  La
pregunta es qué implicaciones debe tener esa jurisprudencia para los casos de
quienes solicitan prestaciones de orden pensional no subsumibles en las
hipótesis antes mencionadas.
85.
Para resolver esa cuestión, debe decirse que en las providencias precitadas,
las tutelas dirigidas contra el PAR se declararon improcedentes por no cumplir
con la subsidiariedad, sobre la base de tres (3) razones esencialmente.  En
primer lugar, se sostuvo que los demandantes interpusieron la acción de tutela
sin previamente haber intentado las otras acciones ordinarias dispuestas por el
ordenamiento para obtener los mismos efectos, y que eso debía conducir a su
improcedencia.  En segundo lugar, se dijo que los actores no demostraron en
concreto la ineficacia de los otros medios judiciales de defensa judicial, a
pesar de que esa era una carga de los peticionarios, y no un deber de los
jueces. Y en tercer término, se fundaron en que no estaba acreditada la
necesidad de evitar un perjuicio irremediable, con lo cual la tutela carecía en
sus casos particulares de subsidiariedad en vista de que había otros medios de
defensa judicial para salvaguardar sus derechos fundamentales.
86.
La Sala Plena, tras revisar estos fundamentos, considera que es necesario
precisarlos del siguiente modo. Por una parte, es importante tener en cuenta
que según el texto de la Constitución, la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (CP art.
86).   Si efectivamente dispone de otros medios de defensa, entonces la tutela
procede cuando “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. La Constitución Política no dice entonces que si
el afectado dispone de otras acciones judiciales la tutela proceda sólo una vez
las haya empleado o instaurado efectivamente. Por lo mismo, para definir la
procedencia de una acción de tutela desde el enfoque del requisito de
subsidiariedad, no hace falta establecer si el demandante ha instaurado o no
otras acciones antes de la tutela.  Lo relevante, a la luz del texto
constitucional, es determinar si el afectado dispone de otro medio de
defensa.  Es de ello que depende el examen de si la tutela se usa para evitar
un perjuicio irremediable.
87.
Pero en todo caso, para definir ese punto, debe estar claro si el demandante
dispone de otro medio de defensa judicial. ¿Cómo determinar si lo hace? Para
ello no basta con revisar en abstracto el ordenamiento jurídico.  Es necesario
además, examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene dicho instrumento
de protección.[146]
Y para determinar esto último la jurisprudencia de esta Corte ha señalado dos
pautas generales: primero, debe verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si son
expeditos para evitar un perjuicio irremediable.[147] La
Corte ha sostenido, empero, que es el “[…] el juez” el que “está en la
obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección
eficaz y completa a quien la interpone”.[148] Esto significa que no
es exclusivamente una carga del actor mostrar la ineficacia del otro medio. El
juez es ante todo quien conoce el derecho, y debe definir ese punto.  En ese
sentido, la procedencia de las tutelas contra entidades en liquidación, o
encargadas de administrar los remanentes de estas últimas, depende en buena
medida de la eficacia de las acciones ordinarias para tramitar ese tipo de
controversias. Pero la eficacia o ineficacia de estos medios le corresponde
determinarla razonablemente al juez de tutela.
88.
Ahora bien, para contextos como este, la eficacia de los otros medios de
defensa se ha de definir en parte con arreglo al referente jurisprudencial
establecido en la sentencia SU-388 de 2005.[149]
Ese fallo resolvía varias acciones de tutela instauradas por trabajadores
desvinculados de una entidad en liquidación, puntualmente TELECOM.  Los
tutelantes pedían protección para sus derechos fundamentales, sin haber
instaurado antes otros medios de defensa judicial disponibles en abstracto. Uno
de los problemas que debía decidir la Corte era si las solicitudes de amparo
resultaban procedentes, aunque hubiera otros medios de defensa judicial.  La
Corte señaló que sí lo era, pese a que los actores dispusieran en abstracto de
otros mecanismos de defensa y no los hubieran instaurado, por ser el medio
eficaz en contextos de liquidación de entidades próximas a suprimirse
definitivamente:
“[…] En primer lugar, la Corte considera que por
tratarse de un proceso de liquidación cuya fecha límite es relativamente
próxima (a más tardar el 12 de junio de 2007), la acción de tutela se proyecta
como el mecanismo apropiado para asegurar un verdadero respeto de los derechos
fundamentales. Al respecto, conviene recordar que en algunos casos el factor
temporal cobra especial relevancia para determinar la procedencia de la tutela,[150] como
ocurre precisamente en los procesos liquidatorios de cercana culminación. Así,
por ejemplo, en la Sentencia T-1169 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández,
la Corte concedió la tutela invocada por un ex trabajador de una empresa a
quien se le negaba la reliquidación de su primera mesada pensional. En aquella
oportunidad, además de encontrar vulnerados sus derechos fundamentales la Corte
concluyó que la empresa estaba en un avanzado estado de liquidación y por ello
la tutela constituía el mecanismo idóneo de defensa.[151]”.
89.
Aparte de lo anterior, cuando la Constitución establece que la tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”,
simplemente fija una regla general.  Pero luego agrega una excepción: “salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (CP art. 86).  Con lo cual, si el afectado dispone de otro
medio de defensa judicial, puede interponer la tutela para la defensa de sus
derechos cuando la utilice para evitar un perjuicio irremediable. Este último,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional desde sus inicios, se caracteriza
por ser un perjuicio inminente o actual, y además ha de ser grave, y requerir
medidas urgentes e impostergables.[152] Al respecto ha señalado:
“[…]
En primer lugar, el perjuicio debe ser
inminente o próximo a suceder.  Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica.
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.[153]
90.
En definitiva, para juzgar la procedencia de acciones de tutela como las que
provocan este proceso, no sería suficiente señalar que en abstracto hay otros
medios de defensa judicial no ejercidos por los demandantes. Tampoco bastaría
con manifestar que los demandantes dejaron de probar la ineficacia de los otros
medios de defensa.  En las sentencias antes citadas, que resolvieron acciones
de tutela de ex empleados de TELECOM contra el PAR, la Sala Plena advierte
empero que las Salas de Revisión no se detuvieron a determinar si los demás
medios de defensa judicial, disponibles en abstracto para los demandantes, eran
eficaces en sus circunstancias particulares, pues opinaron que era una carga
exclusiva de los actores.  En esta ocasión la Corte considera que es entonces
necesario adelantar, con suficiencia, el examen de efectividad de las acciones
ordinarias, disponibles en abstracto, cuando se instauran contra un patrimonio
autónomo dispuesto para atender obligaciones remanentes de una entidad ya
liquidada, por hechos imputados a esta última.
91.
Para resolver ese punto, conviene tener en cuenta lo siguiente. Los patrimonios
autónomos de remanentes de una entidad liquidada pueden tener diferentes
periodos de duración.  En algunos casos la magnitud y complejidad de las
obligaciones remanentes justifica una existencia prolongada. En otros no. La
eficacia de las acciones judiciales que se dirijan contra este tipo de
patrimonios debe ser por tanto evaluada teniendo en cuenta si hay suficiente
tiempo para resolverlas antes de que dichos patrimonios se extingan. En este
caso, eso implica que la eficacia de las acciones ordinarias con las que
cuentan los ex trabajadores de TELECOM, se define en parte con base en el tipo
y duración de existencia jurídica del PAR. La cláusula décima primera del
contrato de fiducia, por el cual fue constituido, dispuso que su duración fuera
de dos (2) años.  El contrato se ha ido prorrogando sucesivamente a través de
otrosíes.  Pero cuando los demandantes de este proceso instauraron sus tutelas;
es decir, en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009), la vigencia del
contrato iba sólo hasta el mes de diciembre de ese mismo año.  Dicen entonces
muchos demandantes, y también algunos jueces de tutela, que en estas
condiciones las acciones ordinarias o contenciosas devinieron ineficaces pues
no aseguraban un fallo con verdadera vocación de cumplimiento.  La Corte
Constitucional se pregunta si esta tesis es aceptable.
92.
Como antes se mencionó, en la sentencia SU-388 de 2005[154] la Corte sostuvo que la
procedencia de la tutela, en contextos de liquidación de entidades, depende de
la eficacia de los otros medios de defensa, disponibles en abstracto. La
eficacia de esos medios, dijo, debe medirse en función de cuán próxima está la
extinción de la entidad demandada.  Por lo mismo, en dicho fallo las acciones
de tutela fueron declaradas procedentes, entre otras razones por dirigirse
contra una entidad  en “proceso de liquidación cuya fecha límite es
relativamente próxima”.  De dicha providencia podría extraerse entonces un
principio de decisión para los casos aquí acumulados, de acuerdo con el cual si
al momento de interponerse y resolverse una tutela la entidad demandada está
próxima a extinguirse, entonces el amparo de derechos fundamentales cumple en
principio el presupuesto de subsidiariedad. La cuestión más concreta es
entonces si dicho principio es aplicable a estas tutelas y, si lo es, qué
implicaciones tiene.
93.
La Corte considera que sí es aplicable, en buena parte de los asuntos aquí
acumulados, pues las similitudes con el caso resuelto en la sentencia SU-388 de
2005 son más relevantes que las diferencias, y en virtud de los derechos a la
igualdad (CP art. 13) y a la confianza legítima (CP art. 83) debe dárseles el
mismo trato.  En efecto, nótese que entre la sentencia SU-388 de 2005 y una
gran parte de los casos ahora bajo examen hay una similitud decisiva y es que
se demanda un ente próximo a extinguirse, según la información disponible al
momento de interponerse la tutela, y de resolverla.  Es cierto que hay también
ciertas diferencias pues el PAR no es una entidad en liquidación, como sí lo
era TELECOM cuando se expidió la sentencia SU-388 de 2005. Pero esta misma
Corte ha considerado esa diferencia irrelevante, como lo muestra el hecho de
que incluso en tutelas contra el PAR (contra sus administradores) –y no contra
TELECOM- ha aplicado la doctrina de procedencia usada en la sentencia SU-388 de
2005.[155]
También es verdad que no en todos los asuntos aquí acumulados se pide
protección por el retén social, como sí ocurría en principio en la sentencia
SU-388 de 2005. Pero lo cierto es que también esa diferencia ha sido
considerada irrelevante por esta Corte, como se infiere del hecho de que había
aplicado esa misma jurisprudencia en casos en los que no se invocaba el retén
social, ni eran siquiera de padres o madres cabeza de familia, sino, por
ejemplo, de reliquidación de mesadas pensionales.[156]
94.
La sentencia SU-388 de 2005 resolvía por tanto casos puntuales, relacionados
con el derecho al reintegro de mujeres cabeza de familia, en el retén social.  Pero
eso no significa que en esta ocasión, debido a que se piden prestaciones
adicionales al reintegro laboral o la protección de miembros cabeza de familia,
y a que se demanda un patrimonio autónomo de remanentes, la Corte no esté
vinculada por los criterios entonces fijados para determinar la eficacia de los
medios de defensa ordinarios y, en esa medida, la procedencia del amparo. ¿Cuál
sería la razón para aplicar la jurisprudencia en cita a las tutelas por
prestaciones derivadas del retén social, pero no a las que persiguen otras
prestaciones con títulos de otra denominación?  Más aún, ¿cuál podría ser la
razón para aplicar esa jurisprudencia a las tutelas contra entidades próximas a
liquidarse, pero no a las que se dirigen contra patrimonios autónomos de
remanentes cerca de extinguirse?  En concepto de la Corte no habría ninguna. Los
casos resueltos en la sentencia SU-388 de 2005 tienen en común, con algunos de
los resueltos en este proceso, la preliminar ineficacia de los medios de
defensa judiciales ordinarios, derivada no sólo de la proximidad de la
extinción del ente demandado, sino incluso del progresivo decremento
patrimonial  de los bienes, natural en todo proceso de liquidación de entidades
y de cancelación de remanentes de empresas ya liquidadas, pues en este último
caso la regular duración de los procesos ordinarios conducen a la parcial
ineficacia de estos medios de defensa judicial.
95.
Ciertamente, podría ocurrir que en el trascurso de los procesos ordinarios o
contenciosos la entidad demandada desaparezca jurídicamente.  En ese caso, la
entidad declarada extinta (inicialmente demandada) no podría cumplir con las
órdenes impartidas por el juez ordinario en su fallo.  Esto afecta también, en
buena medida, la eficacia de estas últimas. Las órdenes judiciales que
reconocen prestaciones laborales o pensionales a favor de un particular, cuando
se dictan contra una entidad del Estado y de ellas depende un derecho
fundamental, han de ser acatadas. Por eso deben ser asumidas incluso si la
entidad que adquirió tales obligaciones desapareció. Los fallos judiciales no
deben ser inocuos.  Incluso el ente posteriormente encargado de cumplir con lo
dispuesto en una providencia, podría no ser el destinatario directo de las
órdenes dictadas por el juez aunque debe acatarlas y cumplirlas.[157]
96.
De lo anterior, se infiere entonces que la tutela es en principio el medio
eficaz para solicitar la protección de derechos fundamentales, asociados a
relaciones laborales o prestaciones pensionales, frente a un patrimonio
autónomo de remanentes próximo a extinguirse.  El PAR no se extinguió a finales
del año dos mil nueve (2009), como se pensaba cuando fueron instauradas las
acciones de tutela que provocan este proceso. Pero la información disponible al
momento de promover y resolver las solicitudes de amparo en instancia, indicaba
que así era. Cuando se tiene una información así, lo correcto es juzgar la
procedencia del amparo con arreglo a los criterios precedentemente señalados.  Hoy,
por cierto, sabemos que luego del año dos mil nueve (2009) los plazos de
vigencia del contrato que constituyó el PAR se han prorrogado sucesivamente. No
obstante, en este momento el PAR está cerca de su extinción. Las prórrogas se
han hecho por el término máximo de un  (1) año.  Subsiste entonces la razón
para juzgar procedentes, al menos en lo que atañe a la subsidiariedad, las
acciones que originaron este proceso.
97.
En síntesis, la tutela es improcedente frente a la desvinculación de aforados
sindicales, excepto cuando se
plantea la violación del derecho de asociación sindical por la irregular
terminación del contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores
sindicalizados, y además se prueba una conducta antisindical, o cuando
media la vulneración grave de otros derechos fundamentales no susceptibles de
protección mediante la acción de reintegro, ante la existencia de un perjuicio
irremediable.[158]
Procede a su vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes judiciales
ordinarias de reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias –que no sean
de tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan las demás
condiciones establecidas para ello. Procede
excepcionalmente para solicitar el reintegro o la indemnización por fuero
sindical mientras está en curso un proceso ordinario de reintegro y se acredite
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Es a su vez improcedente en principio el amparo que se
endereza hacia el cumplimiento de una orden emitida a su vez por otro juez de
tutela, si no presenta ninguna diferencia relevante con la acción
constitucional que lo provocó. No es
procedente prima facie para pedir una pensión de jubilación a una
entidad administradora de pensiones que sigue existiendo y no está en
liquidación, salvo perjuicio irremediable.
Y es en principio procedente en los demás casos que plantea
este proceso si se persigue una prestación, de la cual dependa el goce efectivo
de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo de asegurarla se encuentre
próxima a extinguirse, y se den los demás requisitos definidos en esta
providencia.
Sexta
cuestión. Inmediatez de las tutelas por derechos supuestamente conculcados por
una entidad en liquidación, cuando se interponen después de que la entidad ha
desaparecido
98.
En el proceso hay otro problema de procedencia. Las tutelas se promovieron
después de la extinción de TELECOM, por hechos supuestamente ocurridos antes de
su liquidación definitiva.  El PAR aduce que entre el momento de ocurrencia de
esos hechos y la presentación del amparo los actores dejaron trascurrir, sin
embargo, un lapso demasiado amplio.  En ese sentido, sostiene que las demandas
deben declararse improcedentes por falta de inmediatez. Los actores en cambio
parten de la base de que sus acciones son oportunas.  La Corte Constitucional
se pregunta entonces si puede considerarse improcedente una acción de tutela
debido a falta de inmediatez en su interposición, cuando el objeto de la misma
sea solicitar el amparo de derechos supuestamente conculcados por una entidad
liquidada hace más de tres (3) años, y se fundamenta en acciones u omisiones
ocurridas mientras esa entidad existía.  La Sala Plena considera que la respuesta
a esta pregunta no puede darse en términos absolutos, sino que debe tener en
cuenta algunas variables relevantes. Pasa a exponerlas a continuación.
99.
Diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han resuelto tutelas
contra el PAR, tanto por solicitudes asociadas al PPA, como a las garantías del
retén social o del fuero sindical. En algunas de esas oportunidades, la Corte
ha concluido que existían problemas de inmediatez. En cuanto al PPA, en la
sentencia T-551 de 2009 la Corte consideró que no cumplía con la inmediatez una
tutela contra el PAR, entre otras razones, porque los actores habían dejado
trascurrir injustificadamente cerca de tres (3) años o más, contados desde su
desvinculación, para presentarla.[159]
Respecto del retén social, en la sentencia T-1062 de 2007 se juzgó improcedente
por falta de inmediatez una tutela interpuesta contra el PAR de TELECOM cuatro
(4) años después de la desvinculación de los accionantes, hecho que era la
supuesta causa de vulneración de los derechos.[160] En lo que atañe al
fuero sindical, la sentencia T-135a de 2010 juzgó también improcedentes varias
acciones de tutela, interpuestas cerca de dos (2) o más años después de la
desvinculación de los actores, o de que concluyeran los procesos ordinarios
iniciados por ellos.[161]
100.
En otros casos, en cambio, aunque eran también de tutelas dirigidas contra el
PAR de TELECOM, la Corte no sostuvo que hubiera problemas de inmediatez, a
pesar de que había trascurrido un término amplio antes de intentarlas. Sobre el
retén social, en la sentencia T-645 de 2009, la Corte estudió de fondo, y en
consecuencia no declaró improcedente por falta de inmediatez, una tutela
presentada por una mujer contra el PAR, tres años después de su desvinculación,
y considerando que en esta se le habían violado sus derechos.[162] En lo referente al PPA,
en la sentencia T-274 de 2010 se declararon improcedentes tutelas instauradas
cerca de seis (6) años después del ofrecimiento del citado Plan, pero no por
falta de inmediatez, sobre lo cual no hubo pronunciamiento, sino porque la
tardanza indicaba ausencia de perjuicio irremediable.[163] En cuanto al fuero
sindical, en la sentencia T-538 de 2009, la Corte no consideró que hubiese
falta de inmediatez en tutelas instauradas en octubre de 2008, por su
desvinculación en enero del 2006.[164]
101.
No hay como se ve, un término fijo y definitivo, a partir del cual se pueda
considerar una solicitud de amparo improcedente por falta de inmediatez.  Eso
se debe a que las acciones de tutela, como se ha dicho en numerosas ocasiones
en la jurisprudencia de esta Corte, no están sujetas a un término de caducidad,
según lo sostuvo la Sala Plena de la Corte en sentencia C-543 de 1992:
“[…] Resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo
hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991. Apartándose de la tesis
sostenida por el Procurador General de la Nación, no cree la Corte que esta
contradicción entre el texto legal y el mandato de la Constitución pueda
considerarse saneada en razón de las facultades confiadas al legislador para
reglamentar la acción de tutela, pues, por una parte, las competencias para
reglamentar o desarrollar un precepto superior jamás pueden incluir las de
modificarlo y, por otra, en el caso que nos ocupa, la amplitud del
Constituyente en cuanto al tiempo para acudir a este instrumento resulta ser
tan clara que no da lugar ni admite forma alguna de regulación legal en
contrario.  Aceptar en este caso la  generosa interpretación del
Ministerio Público equivaldría a sostener que las leyes ostentan la misma
jerarquía normativa de la Constitución”. [165]
102.
A pesar de lo anterior, la procedencia de la acción de tutela debe determinarse
conforme a su propósito de obtener la protección inmediata de los derechos
fundamentales. Por ese motivo, una acción que no se interpone dentro de un
plazo razonable, resulta improcedente.  Esta subregla, también expuesta
por la Sala Plena en la sentencia de unificación SU-961 de 1991, da origen al
principio de inmediatez.[166] En
esa oportunidad, la Sala Plena sostuvo que, pese a no existir un término de
caducidad en el amparo, existen escenarios en los cuales la tardanza en la presentación
de la acción tendría consecuencias indeseables desde el punto de vista
constitucional, por lo que, una tardanza excesiva en su interposición podría
dar lugar a su improcedencia. En esa dirección explicó que (i) la superación
del hecho u omisión que ocasiona la amenaza o lesión del derecho; y (ii) la
afectación de derechos de terceros, derivada de la modificación de las
situaciones jurídicas que se presentaría al conceder una acción de tutela
pasado un amplio período desde la amenaza o violación de un derecho,[167] constituyen
circunstancias que deben ser tomadas en cuenta por el juez de tutela.
103.
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala Plena infirió tres (3) reglas
centrales en el análisis de la inmediatez. En primer término, la inmediatez es
un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses
de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta al
artículo 86 de la Carta Política. En segundo lugar, la satisfacción del
requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable, y en
atención a las circunstancias de cada caso.[168]
Finalmente, esa razonabilidad está dada por los fines de la acción, que
se asocian a la protección urgente e integral de un derecho constitucional,
mientras que la proporcionalidad en su ejercicio se debe analizar a la luz de
los posibles principios que se vean afectados por la concesión del amparo.  En
ese orden de ideas, la ponderación entre la necesidad de protección de un
derecho, la estabilidad de las relaciones jurídicas y la evaluación sobre la
intensidad de las cargas de diligencia y argumentación que deben satisfacer las
personas en la defensa de sus derechos, deberá llevar a una respuesta sobre el
cumplimiento de esta exigencia, siempre en el marco del caso concreto.
104. La exigencia de inmediatez también debe entonces
cumplirse en procesos contra entidades en liquidación,[169] y contra
las ya liquidadas cuyas obligaciones remanentes estén en tránsito de
cancelación, pues los mismos principios están en juego ante una tutela tardía.[170]
Pero la inmediatez, en esta clase de contextos, tampoco debe examinarse como si
se tratara de una exigencia rígida de oportunidad o caducidad, sino como un
principio encaminado a impedir que acciones de tutela demasiado morosas afecten
los programas de liquidación y de administración de remanentes.  Una solicitud
que se deja, sin justificación suficiente, para los últimos momentos de un
programa liquidatorio, no sólo puede impactar de modo adverso las proyecciones
y presupuestos hechos previamente, sino que incluso podría afectar derechos de
terceros, cuando el goce efectivo de estos últimos dependa de los activos
remanentes.  Estas consecuencias a veces se justifican, en casos de tardanza,
en atención por ejemplo a las circunstancias de especial vulnerabilidad del
actor o de sus familiares, o en sus propias actuaciones precedentes. La función
del juez no es entonces sólo constatar que ha trascurrido un término, sino
evaluar si está justificado en el caso concreto.
105. Pero primero debe definirse si ha habido tardanza
en la presentación del amparo.  En principio es válido que ese punto se
determine contando el tiempo trascurrido desde el momento en el cual ocurrió la
acción u omisión que se acusa de violar los derechos fundamentales hasta la
interposición de la acción. Si entre ambos pasó demasiado tiempo, puede decirse
que la acción es tardía. No obstante, en ciertos casos el punto de partida ha
de ser distinto.  En algunos eventos la inmediatez no se debe contar desde el acto que
niega determinada prestación.  Esto ocurre, por ejemplo, si al expedirse ese
acto no estaba claro que el demandante tuviera tal derecho pero después se profiere
una sentencia de unificación novedosa de esta Corte que resuelve la cuestión a
su favor.  En ese evento el término se contaría desde la fecha de proferirse la
sentencia de unificación.[171] En otros supuestos, el
lapso que determina la inmediatez se ha de contar desde cuando surge uno de los
fundamentos de la acción.[172] Y en ciertas ocasiones, el
término no se cuenta desde la expedición del acto cuestionado sino desde que
este se le dio a conocer al afectado, quien no lo conocía pese a que tenía
derecho a hacerlo.[173]
106. Con todo, incluso si se comprueba que ha habido
tardanza para impetrar la tutela, hay algunas razones que justificarían la
demora.  En principio, justificaciones de este tipo son todas aquellas que la
Corte ha
considerado tales en sus precedentes.[174] Pero hay ciertos estándares
generales a ser tomados en consideración. Para empezar, la tardanza puede
justificarse por fuerza mayor o caso fortuito. La interposición tardía de una
acción de tutela implica prima facie su improcedencia si la concesión de
esta implica “una
eventual violación de los derechos de terceros”.[175]  Por
otra parte, es razonable la demora cuando resulta claro que el demandante ha
obrado con diligencia para reclamar sus derechos.[176] Se
justifica asimismo cuando la especial situación del titular de los derechos,
convierte en desproporcionado adjudicarle la carga de acudir a un juez con
prontitud, como ocurre por ejemplo con las personas en estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad e incapacidad física.[177] En
ciertos eventos, se justifica además si “a pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de
derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”.[178]
107.
Esta última causal de justificación fue invocada en este proceso por un
numeroso grupo de accionantes.  Aun cuando los hechos en que se fundan y las
peticiones que plantean son a menudo diversas, aducen supuestas violaciones
continuadas y actuales a sus derechos fundamentales para sustentar la
oportunidad de su amparo. En tal virtud, esgrimieron que a sus casos no podía
aplicarse la inmediatez.  La Sala Plena, luego de examinar la jurisprudencia
dictada por esta Corte dentro de procesos de liquidación de entidades y de
administración de remanentes, concluye que esta causal de justificación no ha
sido aplicada en términos uniformes en el sentido en el que la invocan los
accionantes. En algunos casos, como los resueltos en la sentencia T-381 de
2012, pese a ser específicamente de pensiones, la Corte consideró improcedentes
las tutelas instauradas cerca de dos (2) años después del acto supuestamente
violatorio de los derechos, sin considerar relevante la doctrina sobre la
continuidad y actualidad del menoscabo.[179]
En otros, como en el estudiado en la sentencia T-385 de 2012, resolvió de
fondo una tutela de pensiones instaurada dos (2) años y medio después del acto
invocado como vulneratorio de derechos fundamentales, precisamente con base en
que la infracción era continua, y actual al momento de adoptarse la decisión.[180]
108.
Hace falta, como se ve, univocidad de criterios en esta materia. La Corte
estima que el carácter continuado y actual de una violación a derechos
fundamentales –como el que se predica por ejemplo en los casos de pensiones- es
relevante incluso en tutelas contra entes en trámites de liquidación o de
administración de pasivos o remanentes.  Pero justo por el modo como se
desenvuelve esa clase de trámites, que exige planeación, así como por los
objetivos que se trazan, que son esencialmente los de gestionar derechos y
obligaciones remanentes con activos por principio limitados; por esas
circunstancias, en estos procesos el carácter continuado de la violación tiene
implicaciones circunscritas, y no amplias.  Los tutelantes en esos casos,
aunque planteen desconocimientos continuados de sus derechos, no se ven
necesariamente desprovistos de la carga de instaurar sus solicitudes con
inmediatez.  Sin embargo, por las características de la conculcación que
invocan, la inmediatez debe estudiarse de un modo menos estricto.
109.
En suma, respecto de entidades que han concluido procesos de liquidación pueden
presentarse distintos tipos de casos.  Es posible que al final de su existencia
jurídica la entidad hubiese desconocido algún derecho fundamental. Tampién
puede ocurrir que la supuesta vulneración se haya presentado mucho antes de que
definitivamente se liquidara.  En esta última hipótesis, puede que haya quienes
interpongan sus tutelas sólo después de clausurada la compañía, y dentro de
estos puede haber personas que hubiesen intentado gestiones –judiciales y
administrativas- para defender sus derechos, y otras que hayan permanecido
completamente inactivas.  De cualquier modo, dentro de estos contextos, es en
principio irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para
reclamar prestaciones patrimoniales.  En estos casos se cumple con la
inmediatez cuando la tardanza se justifique suficientemente.  Es decir, si por ejemplo el actor ha
obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha estado sometido a
fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso adjudicarle la carga de
acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de interdicción, incapacidad
física, entre otros. En función de las condiciones de debilidad de algunos
sujetos, y del contexto en el cual se inscribe el problema, es posible adaptar
estos principios con el fin de resolver cuestiones de inmediatez en función de
una solución constitucionalmente admisible del caso concreto.
Resolución de los casos concretos
110. Como antes se anunció, el propósito central de
esta sentencia es unificar los criterios
que los jueces deben tener en consideración, cuando les corresponda resolver si
es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre tutelas instauradas para
invocar derechos supuestamente conculcados en el desarrollo de procesos de
liquidación de entidades públicas.  En vista de ello, con el fin de darle mayor
claridad al alcance de los criterios antes mencionados, la Corporación expondrá a continuación la solución de los
casos concretos, previos párrafos de síntesis de los fundamentos antes
referidos, dentro del siguiente orden. i. Primero, mostrará
cuáles de las acciones de tutela debieron ser negadas por falta de legitimidad
en la causa por activa de quienes las interpusieron. ii. Segundo,
expondrá en cuáles casos hay cosa juzgada (ordinaria o constitucional) o
incluso temeridad. iii. Tercero, presentará los casos en los
cuales no se cumplió el requisito de inmediatez. iv. Cuarto,
definirá si las tutelas cumplen con la subsidiariedad. v. Quinto,
estudiará y resolverá de fondo las tutelas que superen tales requisitos con
éxito. vi. Se referirá a las alegaciones por  supuesta
falta de competencia territorial y a las órdenes de embargo. vii. Finalmente,
adoptará las decisiones e impartirá las órdenes correspondientes.
i. Falta de legitimación por activa
111. Como se mencionó en el fundamento jurídico 39 de
esta sentencia, toda persona puede
interponer acción de tutela “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es entonces necesario que el titular
de los derechos interponga el amparo.  El tercero, debe sin embargo tener una
de las siguientes calidades: (i) representante del titular de los
derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o
personero municipal. (i) Representante puede ser, por una parte, el
representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona
jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser
apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe
anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo.
(ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero cuando el
titular de los derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa,
siempre que tal circunstancia se manifieste en la solicitud (Dcto 2591 de 1991
art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros pueden instaurar
la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los
solicite o esté indefenso. Con fundamento en estos criterios, la Sala advierte
lo siguiente en los expedientes acumulados.
112.
En los expedientes T-2492726 y T-2597351, la tutela es instaurada
por personas que dicen ser apoderadas judiciales de ex trabajadores de TELECOM.
En el primer caso, entre los titulares supuestamente representados
judicialmente se mencionó al señor Polibio Montenegro Rojas. Y en el
segundo caso los supuestos representados eran Álvaro Ignacio Sánchez Vivas,
José Francisco Alturaza Gallo, Carlos Alberto Robles, Pedro
Montaño Castiblanco, Guillermo Alfonso Espinosa Rubio, Fernando
Guacaneme Martínez, Enrique Mosquera Hernández, Rafael Antonio
Sánchez Díaz, Omar René Yaguez Bueno, Arnulfo Orlando Rojas
Velandia, Ulpiano Corzo Velandia, Jesús Adolfo Arias Pérez, Alberto
Forero Medellín, Melba Guarín Castillo, José Hebert Rodríguez
Bobadilla, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Jorge Luis Valdez Orozco,
Víctor Manuel Bogotá Huérfano, Álvaro Eugenio Posso Bedoya, José
Polidoro Bernal Torres, Uriel Arias Núñez, Carlos Arturo
Hernández Arenas, Marco Antonio Cortes Triana, Carlos López
Millán, Edgar Enrique Guifo Ríos, Jorge Arecio Avendaño
Valenzuela, Fernando Gutiérrez Peña, Rodrigo Payán Garcés, Luis
Fernando Aristizábal Jaramillo, Javier González Hernández, José
Antonio Casallas Moreno, Libardo Niño González, Siervo Alonso
Cañón Daza, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Plutarco Vargas Mesa,
Gustavo Verjel Arévalo, Roberto de Jesús Correa Villadiego, Antonio
Manuel Espitia Llorente, Raúl Clavijo Mantilla, César Rodríguez
López, Alonso Quintero Pérez, Calixto Antonio Córdoba Campo, Humberto
González, Luis Severo Reyes González, José Gustavo Moreno
Castellanos, Álvaro Torres Guarín, Orlando Moreno Real, Julio
César Matiz Cruz, Pedro Elías Palencia, Leonel Mauricio Rojas
Clavijo, Luis Fernando Arboleda Guarín y José Miguel Ortega
Pitalua y las señoras Luz Amparo Sánchez Martínez, Elsy Motta
Moreno, Luz Amanda Cuadrado Pérez, Lucy Osorio Londoño, Gloria
Yubi Rincón Cadena, Marlene Palma Garzón, Myrian Cecilia Muñoz
Palacios, Geny Madred Grimaldo Carrascal, Yoni Mora Molina, Ruby
Liliana Osorio Caycedo, Martha Janeth Pineda Montejo, Luz Edith
Otálora Sierra, Aida Esperanza Mendoza Dueñas, María Rocío Ocampo
Quintero, Gloria Marlen Peña Garzón, Luz Astrid Rojas Galvis,
Blanca Cecilia Gómez González, Luisa Fernanda Espinosa Ocampo, Maribel
Herrera Torres y Graciela Romero Acuña.
113.
No obstante, las pruebas recaudadas durante el proceso permiten inferir lo
siguiente.  Por una parte, en el expediente T-2492726 el propio señor Polibio
Montenegro Rojas manifestó ante esta Corte, en escrito remitido durante la
revisión de los fallos de tutela,[181]
que nunca otorgó poder a persona alguna para interponer acción de tutela a
nombre suyo.  Y por otra parte, en el expediente T-2597351, esta
Corporación comprobó que quien se postuló como abogada de un grupo amplio de ex
trabajadores de TELECOM, además de no acreditar debidamente su condición de
abogada inscrita y de limitarse a sólo afirmar que lo era, omitió por completo
allegar poderes especiales, o en su defecto los poderes generales respectivos,
que la facultaran para promover la tutela a nombre de los titulares de los
derechos invocados.[182]
Esta deficiencia no fue luego subsanada dentro del proceso, ni siquiera durante
la revisión adelantada por esta Corte.  Por lo mismo, en la parte resolutiva de
esta providencia y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,[183] la
Sala Plena de la Corporación negará las acciones de tutela referidas.
114.
Aparte de esos casos, la Corte encuentra que en los expedientes T-2531642,
T-2546795, T-2507052
y T-2587286 obran
sendas acciones de tutela interpuestas por quienes dicen ser apoderados de ex
trabajadores de TELECOM.  No obstante, algunos de esos ex trabajadores no
otorgaron directamente el poder a esos abogados, sino que fueron otras personas
quienes los extendieron a su nombre invocando la condición de agentes oficiosos
de los ex empleados de TELECOM. En específico, quienes no otorgaron
directamente el poder para actuar fueron los siguientes. En el expediente T-2546795,
los señores Santiago Alberto Álvarez Bello, Carlos Segundo
Álvarez Díaz, Juan Carlos Anaya Álvarez, Tomás Baena López, Efraín
Ballesteros Garcés, Guillermo José Coneo Álvarez, Anastacio
García Paternina, Cristóbal Enrique López Segura, Herme Antonio
Luna Villalba, Jairo Moreno Garcés, Marlon Gustavo Olave Pico,
José Gabriel Padilla Castro, Arturo Manuel Petro Pérez, Cáceres
Oswaldo Manuel Puente Gómez y Ales Adalberto Urueta Ortiz. En el
expediente T-2531642 fueron los señores Narciso Blanco Pertuz, Gabriel
Ángel Cueto Castillo, Fabián Ricardo Vergara del Valle, Jhon
Jairo Gómez Freja, Carlos Alberto Solórzano Cárdenas, Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández, Juan Manuel Daza Velaides, Ómar Elías
Salgado Mora, Hernán Díaz Gutiérrez, Édgar Ceferino Fragozo Díaz y
Emilse de Jesús Mendoza Yepes.  En el expediente T-2507052, en esta situación se encuentra el caso del
señor Gersaín José Ramírez Álvarez.  Y en el expediente T-2587286, fue el señor Juan
Pablo Sequera Higuera.
115.
Para resolver estos casos, debe reiterarse lo sostenido en el fundamento
jurídico 40 de esta providencia.  Un poder para actuar en procesos de tutela
puede ser otorgado directamente por el titular de los derechos, y en ciertos
eventos por un agente oficioso. No obstante, la agencia oficiosa en esta última
hipótesis debe estar también debidamente justificada. Por ejemplo, en la
incapacidad absoluta o en la imposibilidad jurídica o fáctica del  titular de
los derechos fundamentales para otorgar directamente el poder. No basta
entonces, en definitiva, con que se extienda el poder a nombre de otro, pues
esa situación no activa la legitimación para que una tercera persona actúe a
nombre del titular de los derechos fundamentales invocados.
116.
Con base en estas consideraciones, es preciso concluir que no resultan válidos
los poderes para actuar extendidos en esos expedientes por quienes dijeron ser
agentes oficiosos de los ex empleados de TELECOM, porque en estos casos no
constan las razones por las cuales los titulares de los derechos estaban
imposibilitados incluso para otorgar directamente el respectivo poder judicial.
Por ende, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte procederá a
declarar improcedentes las tutelas de estos casos, debido a que quien interpuso
las solicitudes a su nombre carecía de legitimación por activa para ello. El
siguiente es el listado de nombres de personas que aparecen como tutelantes en
algunos de los expedientes acumulados, que no actuaron a nombre propio,
respecto de los cuales no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo ya que
quien actuó a nombre suyo no tenía las calidades (de representante o de agente
oficioso) para hacerlo adecuadamente –se relacionan los nombres de los
supuestos accionantes, junto con el tema de fondo planteado en sus tutelas y
números de los expedientes-:
Nombres – Falta de legitimación por
activa
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Juan
Pablo Sequera Higuera
T-2587286
PPA
2
Álvaro
Ignacio Sánchez Vivas
T-2597351
PPA
3
José
Francisco Alturaza Gallo
T-2597351
PPA
4
Carlos
Alberto Robles
T-2597351
PPA
5
Pedro
Montaño Castiblanco
T-2597351
PPA
6
Guillermo
Alfonso Espinosa Rubio
T-2597351
PPA
7
Fernando
Guacaneme Martínez
T-2597351
PPA
8
Enrique
Mosquera Hernández
T-2597351
PPA
9
Rafael
Antonio Sánchez Díaz
T-2597351
PPA
10
Omar
René Yaguez Bueno
T-2597351
PPA
11
Arnulfo
Orlando Rojas Velandia
T-2597351
PPA
12
Ulpiano
Corzo Velandia
T-2597351
PPA
13
Jesús
Adolfo Arias Pérez
T-2597351
PPA
14
Alberto
Forero Medellín
T-2597351
PPA
15
Melba
Guarín Castillo
T-2597351
PPA
16
José
Hebert Rodríguez Bobadilla
T-2597351
PPA
17
Álvaro
Hernán Osorio Zuluaga
T-2597351
PPA
18
Jorge
Luis Valdez Orozco
T-2597351
PPA
19
Víctor
Manuel Bogotá Huérfano
T-2597351
PPA
20
Álvaro
Eugenio Posso Bedoya
T-2597351
PPA
21
José
Polidoro Bernal Torres
T-2597351
PPA
22
Uriel
Arias Núñez
T-2597351
PPA
23
Carlos
Arturo Hernández Arenas
T-2597351
PPA
24
Marco
Antonio Cortes Triana
T-2597351
PPA
25
Carlos
López Millán
T-2597351
PPA
26
Edgar
Enrique Guifo Ríos
T-2597351
PPA
27
Jorge
Arecio Avendaño Valenzuela
T-2597351
PPA
28
Fernando
Gutiérrez Peña
T-2597351
PPA
29
Rodrigo
Payán Garcés
T-2597351
PPA
30
Luis
Fernando Aristizábal Jaramillo
T-2597351
PPA
31
Javier
González Hernández
T-2597351
PPA
32
José
Antonio Casallas Moreno
T-2597351
PPA
33
Libardo
Niño González
T-2597351
PPA
34
Siervo
Alonso Cañón Daza
T-2597351
PPA
35
Rodolfo
Rito Gutiérrez Fajardo
T-2597351
PPA
36
Plutarco
Vargas Mesa
T-2597351
PPA
37
Gustavo
Verjel Arévalo
T-2597351
PPA
38
Roberto
de Jesús Correa Villadiego
T-2597351
PPA
39
Antonio
Manuel Espitia Llorente
T-2597351
PPA
40
Raúl
Clavijo Mantilla
T-2597351
PPA
41
César
Rodríguez López
T-2597351
PPA
42
Alonso
Quintero Pérez
T-2597351
PPA
43
Calixto
Antonio Córdoba Campo
T-2597351
PPA
44
Humberto
González
T-2597351
PPA
45
Luis
Severo Reyes González
T-2597351
PPA
46
José
Gustavo Moreno Castellanos
T-2597351
PPA
47
Álvaro
Torres Guarín
T-2597351
PPA
48
Orlando
Moreno Real
T-2597351
PPA
49
Julio
César Matiz Cruz
T-2597351
PPA
50
Pedro
Elías Palencia
T-2597351
PPA
51
Leonel
Mauricio Rojas Clavijo
T-2597351
PPA
52
Luis
Fernando Arboleda Guarín
T-2597351
PPA
53
José
Miguel Ortega Pitalua
T-2597351
PPA
54
Luz
Amparo Sánchez Martínez
T-2597351
PPA
55
Elsy
Motta Moreno
T-2597351
PPA
56
Luz
Amanda Cuadrado Pérez
T-2597351
PPA
57
Lucy
Osorio Londoño
T-2597351
PPA
58
Gloria
Yubi Rincón Cadena
T-2597351
PPA
59
Marlene
Palma Garzón
T-2597351
PPA
60
Myrian
Cecilia Muñoz Palacios
T-2597351
PPA
61
Geny
Madred Grimaldo Carrascal
T-2597351
PPA
62
Yoni
Mora Molina
T-2597351
PPA
63
Ruby
Liliana Osorio Caycedo
T-2597351
PPA
64
Martha
Janeth Pineda Montejo
T-2597351
PPA
65
Luz
Edith Otálora Sierra
T-2597351
PPA
66
Aida
Esperanza Mendoza Dueñas
T-2597351
PPA
67
María
Rocío Ocampo Quintero
T-2597351
PPA
68
Gloria
Marlen Peña Garzón
T-2597351
PPA
69
Luz
Astrid Rojas Galvis
T-2597351
PPA
70
Blanca
Cecilia Gómez González
T-2597351
PPA
71
Luisa
Fernanda Espinosa Ocampo
T-2597351
PPA
72
Maribel
Herrera Torres
T-2597351
PPA
73
Graciela Romero Acuña
T-2597351
PPA
74
Gersaín José
Ramírez Álvarez
T-2507052
PPA
75
Polibio
Montenegro Rojas
T-2492726
Fuero sindical
76
Narciso
Blanco Pertuz
T-2531642
Retén social
77
Gabriel
Ángel Cueto Castillo
T-2531642
Retén social
78
Fabián
Ricardo Vergara del Valle
T-2531642
Retén social
79
Édgar
Ceferino Fragozo Díaz
T-2531642
Retén social
80
Jhon
Jairo Gómez Freja
T-2531642
Retén social
81
Carlos
Alberto Solórzano Cárdenas
T-2531642
Retén social
82
Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández
T-2531642
Retén social
83
Juan
Manuel Daza Velaides
T-2531642
Retén social
84
Ómar
Elías Salgado Mora
T-2531642
Retén social
85
Hernán
Díaz Gutiérrez
T-2531642
Retén social
86
Emilse de Jesús Mendoza
Yepes
T-2531642
Retén social
87
Santiago
Alberto Álvarez Bello
T-2546795
Retén social
88
Carlos
Segundo Álvarez Díaz
T-2546795
Retén social
89
Juan
Carlos Anaya Álvarez
T-2546795
Retén social
90
Tomás
Baena López
T-2546795
Retén social
91
Efraín
Ballesteros Garcés
T-2546795
Retén social
92
Guillermo
José Coneo Álvarez
T-2546795
Retén social
93
Anastacio
García Paternina
T-2546795
Retén social
94
Cristóbal
Enrique López Segura
T-2546795
Retén social
95
Herme
Antonio Luna Villalba
T-2546795
Retén social
96
Jairo
Moreno Garcés
T-2546795
Retén social
97
Marlon
Gustavo Olave Pico
T-2546795
Retén social
98
José
Gabriel Padilla Castro
T-2546795
Retén social
99
Arturo
Manuel Petro Pérez
T-2546795
Retén social
100
Oswaldo
Manuel Puente Gómez
T-2546795
Retén social
101
Ales Adalberto Urueta Ortiz
T-2546795
Retén social
ii. Cosa juzgada y temeridad
117. También hay un amplio número de casos, en los
cuales el PAR sostiene que a los accionantes no puede concedérseles la
protección que solicitan porque los asuntos que plantean han sido ya resueltos
previamente por la justicia. En algunos, dice que estos pronunciamientos se
dictaron en el contexto de procesos de tutela, y en otros que se obtuvieron en
procesos ordinarios. Aduce además, que en ciertas solicitudes de amparo los
actores obraron con temeridad, pues a sabiendas de que ya habían obtenido una
respuesta judicial sobre el mismo asunto decidieron obrar con mala fe e
instaurar una nueva acción con iguales fundamentos de hecho y de derecho, y con
una petición también igual.  Por añadidura, el PAR dice que las decisiones
previas sobre estos mismos litigios, adoptadas definitivamente en procesos
ordinarios, no fueron impugnadas en las acciones de tutela, razón por la cual
en esta ocasión no se trataría de una hipótesis de tutela contra sentencias,
sino de un supuesto en el que resulta obligatorio respetar la cosa juzgada.  La
Corte debe decidir si al PAR le asiste razón en sus alegatos, y en qué medida.
118. Para resolver este punto debe reiterarse lo dicho
en el fundamento jurídico 79 de esta sentencia. Cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no puede decidirse el
fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes,
los mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Cuando no hay mala fe,
la segunda tutela debe declararse improcedente. Si existen dos o más tutelas
iguales en estos aspectos, que se interponen simultáneamente o en todo caso
antes de que alguna se haya fallado con carácter definitivo, los jueces que
adviertan esta circunstancia deben asimismo abstenerse de fallar sobre el fondo
del problema en cada caso. En el evento de que no haya mala fe, las solicitudes
de amparo deben declararse improcedentes. Si se desvirtúa debidamente la
presunción de buena fe del actor (CP art. 83), en una hipótesis así, además habría
lugar a declarar la temeridad y a imponer, observando el debido proceso, las
consecuencias establecidas en la ley.  Si sólo se ha interpuesto una acción de
tutela, pero además una acción ordinaria, y entre ambas hay identidad material
de partes, fundamentos y objeto o pretensión, para definir cómo debe resolverse
la tutela es preciso identificar si la acción ordinaria fue resuelta mediante
fallo que hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Cuando lo haya sido, y ese
fallo o el proceso al que le puso fin no se hayan demandado en la tutela, es
principio que el juez constitucional debe estarse a lo resuelto en esa decisión
ordinaria, pues también en esa hipótesis hay cosa juzgada.
119.
A partir de las anteriores precisiones, la Corte Constitucional concluye, por
una parte, que hay un grupo de casos en los cuales debe declarar improcedente
la tutela, debido a que el asunto planteado en ella es razonable asumir que se
encuentra amparado por la cosa juzgada a la cual ha hecho tránsito una
sentencia de la justicia ordinaria.  Y por otra parte, concluye que hay otro
grupo de casos, en los cuales la solicitud de protección se debe declarar
también improcedente, esta vez a consecuencia de que plantea un asunto que es
razonable considerar cubierto por la cosa juzgada constitucional a la cual ha
hecho tránsito una sentencia de un juez de tutela, o en el cual existe
manifiesta temeridad del solicitante de amparo.  A continuación pasa a
referirse separadamente a estos grupos, y a quienes los integran, haciendo al
paso algunas distinciones dentro de cada uno cuando resulte útil para efectos
de claridad, o cuando considere que podría resultar relevante con el fin de
hacer más transparentes las razones de la decisión.
120.
Primer grupo. Cosa juzgada ordinaria.  Este primer grupo está integrado
por los demandantes que, según los elementos de juicio obrantes en el proceso,
plantean en sus acciones de tutela asuntos ya resueltos por la justicia
ordinaria mediante sentencias con efectos de cosa juzgada.  En los casos que se
referirán a continuación, como pertenecientes a este grupo, obran copias de los
correspondientes fallos que resolvieron las acciones respectivas.  Debido a que
no se demandan específicamente las providencias que contienen esas decisiones ordinarias,
sino que se replantea el asunto ya resuelto en ellas, la Sala considera que
debe estarse a lo resuelto en las respectivas sentencias.
121.  En el expediente T-2471345, la
acción de tutela interpuesta por el señor José Helí Jaimes Delgado plantea
una controversia que ya fue decidida por la justicia ordinaria. En efecto, esta
tutela se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que el demandante era
trabajador de esta entidad con derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin
embargo, se lo excluyó del listado de beneficiarios de dicho Plan. Por lo
mismo, pide ahora que se le ordene al PAR,
de un lado, incluirlo en el PPA y, de otro, pagarle los salarios y prestaciones
dejados de percibir por cuenta de no haberle reconocido ese derecho, con el incremento
salarial y debidamente indexados,  desde la fecha de su desvinculación real y
hasta que se le notifique el reconocimiento efectivo de la pensión de
jubilación y la inclusión en nómina de pensionados; teniendo en cuenta el
promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su
desvinculación. Como se mostrará a continuación, esta misma controversia ya
había sido planteada por el tutelante ante la justicia ordinaria, sede en la
cual obtuvo una decisión.
El
señor José Helí Jaimes Delgado había interpuesto previamente acción
laboral ordinaria contra Caprecom y el PAR, con base en que a su juicio tenía
derecho a ser incluido en el PPA y sin embargo fue excluido del grupo de
beneficiarios del mismo. Pedía en esa acción que se condenara a las demandadas a reconocer el PPA
desde el  primero (1) de febrero de  dos mil seis (2006) y hasta cuando cada
uno de los demandantes cumpla con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, solicitaba el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes desde
el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera
el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.  Sus pretensiones se las negó en primera
instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del  treinta
(30) de marzo de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del once (11)
de junio de  dos mil nueve (2009).  No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra.  Como
tampoco fue cuestionada en esta tutela tal decisión.  Por ello la Sala Plena de
la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.
122. En el expediente T-2484301, la tutela
interpuesta por el señor Albeiro Cruz Agudelo plantea una controversia
que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, esta
tutela se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que el demandante –quien
hace parte de un grupo amplio de tutelantes- era trabajador de esta última entidad
con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, fue excluido del
listado de beneficiarios de dicho Plan. Por lo mismo, pide ordenarle al PAR incluirlo dentro del PPA,
y en consecuencia que se le reconozca, liquide y cancele la pensión a quienes
tienen derecho, aunque no se encuentren en el régimen de transición previsto
por la Ley 100 de 1993.  Como se mostrará
a continuación, esta misma controversia material ya había sido planteada por
este tutelante ante la justicia ordinaria, y en ella obtuvo una decisión
judicial adversa.
Según
las pruebas, el señor Albeiro Cruz Agudelo promovió antes de esta tutela
una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con fundamento en que era
trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA. En ese contexto,
pedía condenar a la demandada
a reconocerle el PPA desde el primero (1)  de febrero de dos mil seis (2006) y
hasta que cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo Además, solicitaba el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil
seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación,
con la debida indexación o actualización.  Subsidiariamente, pretendía el pago
de la pensión convencional de jubilación. Hay entonces identidad relevante de
partes, de fundamentos y de peticiones.  Las pretensiones las negó en primera instancia el
Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante fallo del  treinta (30) de
marzo de dos mil nueve  (2009).  En su sentencia el juzgado argumentó que “el
único régimen no tocado por la Ley 100 de 1993 es el de los trabajadores que
ocupen cargos de excepción, para todos los demás se aplica aquella y en
consecuencia de manera ineludible debe usarse el artículo 36, si el trabajador
no entra en el régimen de transición, no puede darse aplicación a las normas
especiales que regulaban su pensión antes de la entrada en vigencia del Régimen
de Seguridad Social”.[184]
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el actor no era beneficiario del
régimen de transición, porque al  primero (1°) de abril de  mil novecientos
noventa y cuatro (1994) no contaba con la edad requerida para ello, ni se
desempeñó en un cargo de excepción, negó el reconocimiento del plan de pensión
anticipada.   En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el 11 de junio de 2009 confirmó la sentencia
impugnada, sosteniendo que “la pretensión e los demandantes a la pensión
especial de jubilación con veinte (20) años de servicios sin tener en
cuenta la edad, pero sin acreditar haber desempeñado uno de los cargos [de
excepción], resulta infundada, con lo cual la súplica fracasa y conduce a
confirmar la absolución de la primera instancia”.[185] No hay pruebas de que esté en curso
impugnación en su contra.  Como tampoco fue cuestionada en esta tutela, la
Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.
123. En el expediente T-2566146, la tutela
interpuesta por el señor Wilson Martínez Bernal plantea una controversia
que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada.  En efecto, esta tutela
es interpuesta contra el PAR de TELECOM con base en que el demandante era
trabajador de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluido en el PPA, y sin
embargo se omitió incorporarlo en la lista de beneficiarios de dicho Plan. Solicita que se ordene al PAR incluirlo en
la nómina de beneficiarios  del PPA, y pagarle las mesadas pensiónales
derivadas de esa inclusión, así como las demás prestaciones sociales, legales y
convencionales dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación, hasta
ser incorporado en la nomina correspondiente. Finalmente, pide que se le ordene
cancelar los aportes a seguridad social dejados de realizar desde la
desvinculación laboral. Como se mostrará
enseguida, esta controversia material ya había sido planteada por este actor
ante la justicia ordinaria, y en ella obtuvo una decisión judicial adversa.
Según las pruebas, el señor Wilson Martínez Bernal
había interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajador de la entidad con derecho a ser incluido
en el PPA y en que, a pesar de eso, fue excluido del listado de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitaba en consecuencia que se condenara al demandado a reconocerle el PPA desde
el  treinta y uno (31) de julio de dos mil tres  (2003) y hasta cuando cada uno
de los demandantes cumpla con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación.  Asimismo, pedía el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes, hasta que
CAPRECOM asuma el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o
actualización.  Subsidiariamente solicitaba el pago de la pensión convencional
de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de
peticiones. Sus pretensiones
se las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá
mediante sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil nueve  (2009) y, en
segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá mediante fallo del  once (11) de junio de dos mil nueve  (2009).   No hay pruebas de que esté en curso
impugnación en su contra.  Como tampoco fue cuestionada en esta tutela, la
Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.
124. En el expediente T-2587255, la tutela
interpuesta por los señores Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia
Paulina Almeida Arellano, Bernardo Barbosa Suárez, Martha Camacho
Esteban y Carlos Samuel Mesa Becerra  plantea una controversia que
es razonable considerar amparada por la cosa juzgada.  En efecto, esta tutela
se dirige contra el PAR de TELECOM, con base en que los demandantes eran
trabajadores de esta última compañía con derecho a ser incluidos en el PPA y en
que, sin embargo, se los excluyó del listado de beneficiarios de dicho Plan.  Por
lo mismo, piden ahora que se
ordene al PAR incluirlos en el PPA, pagarles las mesadas dejadas derivadas de
su inclusión en dicho Plan y dejadas percibir, con el incremento salarial y
debidamente indexadas, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se
les notifique el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en
nómina de pensionados. También solicitan ordenarle al PAR que cancele lo
correspondiente a los aportes a la seguridad social dejados de realizar desde
el momento del despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA.  Como se mostrará enseguida, esta controversia material
ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral
ordinaria, y en ella todos obtuvieron una decisión judicial adversa a sus
intereses.
Según las pruebas, los señores Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia
Paulina Almeida Arellano, Bernardo Barbosa Suárez, Martha Camacho
Esteban y Carlos Samuel Mesa Becerra habían interpuesto antes de
esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran
trabajadores de TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, a pesar
de eso, fueron excluidos del listado de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaban
en ese contexto, que se
condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el primero (1°) de febrero
de  dos mil seis (2006) y hasta cuando cumplieran los requisitos para acceder a
la pensión convencional de jubilación.  Asimismo, pedían el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el  primero (1°) de febrero de  dos
mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaban
el pago de la pensión convencional de jubilación.  Hay entonces identidad
relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.  Sus pretensiones se las negó en primera
instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del treinta
(30) de marzo de dos mil nueve  (2009) y, en segunda instancia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del once (11)
de junio de dos mil nueve (2009).  No hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Como tampoco
fue cuestionada en esta tutela, la Corte concluye que hay cosa juzgada y se
atendrá a ella.
125. En el
expediente T-2537041, la
tutela interpuesta por los señores Gustavo
Alberto Ángel López, Juan Carlos
Cantor Sierra, Julio César Cardona Granada, César Humberto
Cifuentes, León Albeiro Colorado, Jorge Hernán Domínguez Téllez,
Néstor Augusto García Franco, Maritza Jaramillo Gutiérrez, Carlos
Julio Muñoz Bermúdez, Efraín Valencia Marín y Nubia Marleny
Bermúdez Franco plantea
una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada.  En efecto, en esta ocasión interponen la tutela sobre
la base de que eran trabajadores de TELECOM amparados con fuero sindical, y de
que no fueron desvinculados en virtud de autorización judicial, como es lo
debido en sus casos.  Por lo mismo, piden que se ordene al PAR reintegrarlos a
sus cargos sin solución de continuidad, y pagarles salarios, prestaciones
legales y convencionales, así como los aportes a la seguridad social, dejados
de cancelar desde su desvinculación. También solicitan desarchivar los procesos
de fuero sindical, o promoverlos de nuevo, y ordenar todo lo anterior hasta que
estos últimos se decidan.  Como se mostrará enseguida, esta controversia
material ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia
laboral ordinaria en su momento.
125.1.
En sentencia del  veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009), el Tribunal
Superior de Armenia rechazó las pretensiones de los señores Gustavo Alberto
Ángel López, Juan Carlos Cantor Sierra, Julio César Cardona
Granada, César Humberto Cifuentes, León Albeiro Colorado, Jorge
Hernán Domínguez Téllez, Néstor Augusto García Franco, Maritza
Jaramillo Gutiérrez, Carlos Julio Muñoz Bermúdez y Efraín
Valencia Marín, elevadas en un proceso de reintegro sindical.  El Tribunal
confirmó parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Civil del Circuito de Calarcá.  Ratificó que la garantía foral de que gozaban
los demandantes fue vulnerada por su desvinculación sin el cumplimiento de los
requisitos de ley, pero que no es viable el reintegro cuando la empresa se ha
liquidado.  Declaró probada la excepción de falta de presupuestos de hecho y de
derecho para la acción de reintegro.  Como se aprecia, lo resuelto en esa
oportunidad definió la suerte de las pretensiones defendidas en la presente
acción de tutela por estos trabajadores. La defensa no estuvo dirigida a
demostrar la afectación que ocasionaba la sentencia de segunda instancia a sus
derechos fundamentales, sino a presentar una tutela con los mismos hechos y
pretendiendo las mismas conductas que ya habían sido desestimadas por la
administración de justicia.
125.2.
En lo relativo a la señora Nubia Marleny Bermúdez Franco, el Tribunal
Superior de Bogotá le negó el reintegro y los salarios dejados de percibir
mediante providencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008).
En dicha providencia el Tribunal confirmó el fallo de instancia con fundamento
en que no hay lugar a la pretensión de reintegro porque la supresión y
liquidación definitiva de la entidad constituye una situación trascendental que
supera la necesidad de la autorización judicial para terminar los contratos de
trabajo que se impone por sus propias consecuencias, entre otras, porque la
protección especial del fuero pierde razón de ser.[186] Por consiguiente, la
Corte no está facultada para conocer sobre las pretensiones acá planteadas en
tanto el factor central de las mismas ya fue decidido por la mencionada
providencia de la jurisdicción ordinaria, en conocimiento de la acción legal
dispuesta para tal fin, y preservando un elemento de identidad entre las dos
(2) demandas, aspecto que le permiten inferir a esta Corporación que se
resolvía el mismo problema jurídico y por lo cual no se tiene competencia para
cuestionar lo allí resuelto.
126.
En el expediente T-2537041 también obran como accionantes los señores Jorge
Hernán Palacio Salazar, Jhon Jaiver Flórez Guzmán, Rubén Darío Gutiérrez
Galindo, Diego Acevedo
Echavarrya y la señora Adriana María Taborda Vargas,
y su acción de tutela plantea
una controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada.  En esta oportunidad su tutela se dirige contra el PAR
y se edifica sobre la base de que eran aforados sindicales, y de que fueron desvinculados
de TELECOM sin que se les levantara apropiadamente su fuero mediante un proceso
judicial.  En ella, pretenden el reintegro a las labores sin solución de
continuidad, y como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de su
desvinculación solicitan el pago de salarios, prestaciones sociales y
convencionales, aportes a la seguridad social desde la remoción del cargo hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia de tutela, todo debidamente indexado más
los intereses moratorios correspondientes. Como se mostrará a continuación,
esta controversia material ya había sido planteada ante la justicia laboral
ordinaria en su momento.
En
el proceso consta copia de un fallo de segunda instancia, emitido el dos (2) de
julio de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral el Tribunal Superior del
Armenia, en el cual   negó a estos mismos actores sus pretensiones ordinarias
de reintegro sindical. El PAR de Telecom fue entonces absuelto, por considerar
que se había probado la excepción de falta de presupuestos de hecho y de
derecho para la prosperidad de la acción de reintegro, en tanto la empresa se
había liquidado definitivamente.  Tal decisión, no fue cuestionada mediante la
acción de tutela que provoca este proceso.  En consecuencia, dado que hay
identidad de partes, de fundamentos y de peticiones, y en consideración a que
la Corte Constitucional no encuentra razones para reabrir el debate judicial
entonces concluido en la justicia ordinaria, la Sala Plena se atendrá a lo
dispuesto en ese contexto y por tanto declarará improcedente esta acción de
tutela.
127.
En el expediente T-2531654, la tutela instaurada por los señores Uriel
de Jesús Bayona Chona, Carlos Mario Torrente Pupo y Luis Armando
Duque Marchena plantea una controversia que es razonable considerar
cubierta por la cosa juzgada.  En efecto, la acción de tutela que dio inicio a
este proceso fue interpuesta el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009)
y, al igual que en las demás demandas comentadas en este acápite, no cuestionó
las decisiones que pusieron fin a los procesos ordinarios de reintegro en
segunda instancia.  Se fundó en que los mencionados tutelantes eran
trabajadores aforados sindicales al servicio de TELECOM, y en que fueron
desvinculados de la compañía sin que se les respetaran las garantías asociadas
a dicho fuero.  Pretendían que se les protegieran los derechos fundamentales
vulnerados, y que como consecuencia de ello, se le ordenara al PAR de Telecom
pagarles salarios y prestaciones sociales debidamente indexados dejados de
cancelar por la ocurrencia del despido injusto, efectuado el treinta y uno (31)
de marzo de  dos mil seis (2006); cancelarles intereses moratorios desde el
momento en que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la misma;
y todo hasta que se restableciera el debido proceso, es decir, hasta que se
acudiera a la vía ordinaria laboral o administrativa.  Como se mostrará, esta
controversia ya había sido planteada por estos mismos actores ante la justicia
laboral ordinaria en su momento.
127.1.
Los señores Uriel de Jesús Bayona Chona y Carlos Mario Torrente Pupo
habían interpuesto antes de esta tutela una acción de reintegro.  El dieciséis
(16) de octubre de dos mil nueve (2009), pocos días antes de la interposición
de la acción de tutela en mención, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la
sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, cuya decisión había
sido inhibitoria por falta de legitimación por pasiva, y absolvió al PAR.  Consideró
inviable acceder al reintegro pues era un hecho incontrovertible que la empresa
para la cual prestaban sus servicios desapareció de la vida jurídica con base
en la facultad constitucional que tiene el Estado para restructurar sus
instituciones en procura de una buena calidad y eficiencia en los servicios que
prestan.  En esa ocasión, también se solicitó el pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir causados desde
cuando fueron despedidos hasta cuando fueran reintegrados, y que se declarara
la solución de continuidad en la prestación de los servicios de los
demandantes. También esta pretensión fue denegada. Como se evidencia de las
pruebas recaudadas por la Corte Constitucional, las pretensiones expuestas en
el proceso de reintegro y las ventiladas en el proceso de tutela guardan
identidad sustancial.  Por lo mismo, la Corte habrá de atenerse a lo resuelto
en el citado fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en vista de que todo indica
que hizo tránsito a cosa juzgada ordinaria y no fue demandado en la presente
acción de tutela.
127.2.
El señor Luis Armando Duque Marchena había instaurado antes de
esta tutela una acción de reintegro. Pero el Tribunal Superior de Montería
confirmó mediante providencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil
ocho (2008), el fallo emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Montería el catorce (14) de septiembre de dos mil siete (2007), en el que se
había decidió absolver al PAR, y denegar las pretensiones, dirigidas de manera
principal a obtener el reintegro en el cargo correspondiente, y en forma
subsidiaria el reconocimiento de los salarios que venían devengando hasta
cuando se le levantara el fuero sindical del que gozaba.  En los fallos de
primera y segunda instancia del proceso ordinario de reintegro sindical, se
sostuvo que una vez liquidada definitivamente la entidad deviene inviable no
sólo el reintegro, sino también el pago de prestaciones y salarios, en los
términos solicitados por la demanda laboral.[187]
Esta Corte concluye que este actor incurrió en el mismo defecto que aquí se ha
narrado, pues tramitó las mismas pretensiones, contra la misma entidad
demandada y basada en los mismos hechos, guardando una identidad sustancial que
conduce a la Corte a declarar improcedente la tutela.
128.
En el expediente T-2471216, la tutela instaurada por los señores Gladys
María Montes Montiel, Naver Emelson Garrido Martínez y Rodrigo
Antonio López Villegas plantea una controversia que es razonable considerar
cubierta por la cosa juzgada.  En efecto, en esta ocasión interponen tutela
basándose en que eran trabajadores de TELECOM, a su juicio con fuero sindical.
No obstante, aducen haber sido desvinculados sin que se les respetaran a
plenitud las garantías derivadas de dicho fuero. En ese sentido, piden que se
ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y convencionales, y
aportes a la seguridad social dejados de percibir a causa del despido, con
incremento salarial desde el  primero (1) de febrero de dos mil seis (2006)
hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que ordene el levantamiento
del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e indemnizaciones ya
pagadas a los accionantes. Como se mostrará, esta controversia ya había sido
planteada por estos mismos actores ante la justicia laboral ordinaria en su
momento.
128.1.
Tal pretensión es la misma que le denegaron a Gladys María Montes Montiel
en un proceso ordinario previo.  Mediante providencia proferida por el Tribunal
Superior de Montería el  seis (6) de marzo de  dos mil siete (2007), la cual a
su vez confirmó una decisión del Juez Segundo Laboral del Circuito de Montería,
se negaron las pretensiones de la actora relacionadas con el reintegro y la
indemnización dependiente del despido indebido, por encontrar fundada la
excepción de prescripción de la acción de reintegro.  De esta manera, se pone
de presente la triple identidad sustancial que se presenta entre la entidad
demandada, que es el PAR de Telecom, el demandante que es la señora Montes
Montiel, los fundamentos de hecho y de derecho y las pretensiones de ambas
acciones interpuestas, que son equivalentes.  Por lo anterior, la Corte se
estará a lo resuelto en la sentencia ordinaria expedida por el Tribunal Superior
de Montería, que hizo a tránsito a cosa juzgada.
128.2.
En los casos de los señores Naver Emelson Garrido Martínez y a Rodrigo
Antonio López Villegas, se les denegaron sus pretensiones en sentencias
expedidas por el Tribunal Superior de Montería el diecisiete (17) de abril de dos
mil ocho (2008) y el dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007),
respectivamente.  En el caso del señor Garrido Martínez dicho Tribunal confirmó
la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica adoptada el cuatro
(4) de marzo de dos mil ocho (2008), en la cual declaró probada la excepción de
mérito denominada imposibilidad para proferir sentencia de fondo contra el PAR
y, en consecuencia, lo absolvió de las pretensiones de la demanda también
relacionada con los salarios y prestaciones derivadas del indebido despido de
una persona que es titular del fuero sindical, por cuanto consideró que no
tenían lugar en contextos de cierre definitivo de una entidad. Acerca del caso
del señor López Villegas, el Tribunal de Montería confirmó el fallo proferido
por el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba el veintiséis (26) de
junio de dos mil siete (2007) en el cual se declaró probada la excepción
perentoria de falta de legitimación en la causa por pasiva y absolvió al PAR de
los cargos que le fueron formulados.  La Corte tiene que ratificar el carácter
de cosa juzgada de las decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria acerca
de la situación jurídica de los tutelantes citados por cuanto no se cuestionan,
y por ende el efecto vinculante de las mismas queda vigente.
129.
En el expediente T-2471346 está como tutelante el señor Carlos Alonso
Garcés Guauña, y su controversia puede razonablemente considerarse amparada
por la cosa juzgada.  En efecto, en esta ocasión interpone tutela contra el PAR
con base en que era trabajador de TELECOM beneficiado con fuero sindical, y de
que resultó desvinculado de esa compañía sin que se le respetaran debidamente
las garantías derivadas de su condición de aforado. Pide entonces, y a título
de indemnización, que se ordene a TELECOM pagarle los salarios, prestaciones
sociales y convencionales dejadas de percibir, por causa del despido que a su
juicio fue ilegal y con incremento salarial desde el primero  (1)  de febrero
de  dos mil seis (2006), hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que
autorice el levantamiento del fuero sindical.   Además, solicita ordenarle el
pago de aportes a salud, pensiones y ARP, dejados de cancelar desde que se dio
el despido injusto hasta la fecha de presentación de la demanda. Como se
mostrará, precisamente esta controversia ya había sido planteada por este actor
ante la justicia ordinaria.
En
el proceso consta que el señor Carlos Alonso Garcés fue desvinculado de TELECOM
el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  La compañía solicitó
autorización judicial de levantamiento del fuero sindical del peticionario, la
cual obtuvo pero después de prescindir de sus servicios, pues se dio en
providencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil siete (2007) del Tribunal
Superior de Popayán, Sala Civil, Laboral y Familia.  El accionante ejerció la
acción de reintegro contra el PAR, para que se lo reintegrara y se le pagara
una indemnización por violación de su garantía sindical.  El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil, Laboral y Familia, mediante
sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil nueve (2009), declaró la
imposibilidad jurídica del reintegro aunque ordenó la indemnización.  El
mencionado trabajador presentó acción de tutela el veinte (20) de agosto de dos
mil nueve (2009), mas no contra esa providencia.  Otra vez instaura una acción
con el objeto de que se le reconozca el derecho al pago de determinadas
prestaciones dejadas de cancelar desde que fue removido del cargo, a título de
indemnización integral.  Este asunto ya fue resuelto, mediante proveído que
hizo tránsito a cosa juzgada, y la Sala Plena de la Corte Constitucional se
atendrá al sentido de aquel.
130.
En el mismo expediente T-2471346, también la tutela interpuesta por los
señores Armando Bellón Pico, Haidy Danith Vargas Céspedes,
María Jesús Cifuentes Yaque, Fernando Aguirre López y Norma
Constanza Díaz García, Augusto Arias Serna, Clímaco Antonio Hinestroza
Moreno, Judith del Carmen Rentería Gamboa, Oney Aly Reyes
Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra, Otilio Moreno Ibargüen y
José Kennedy Córdoba Palacio plantea una controversia que es razonable
considerar amparada por la cosa juzgada.   En efecto, en esta ocasión
interponen tutela sobre la base de que eran trabajadores beneficiados con fuero
sindical, y de que resultaron desvinculados de TELECOM sin que se les
respetaran debidamente las garantías derivadas de ese fuero. Piden, en ese
contexto, y a título de indemnización, que se ordene a TELECOM pagarles
salarios, prestaciones sociales y convencionales dejadas de percibir, por causa
del despido ilegal y con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de
dos mil seis  (2006), hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que
autorice el levantamiento del fuero sindical.  Además, solicitan pagar aportes
a salud, pensiones y ARP, dejados de cancelar desde que se dio el despido
injusto hasta la fecha de presentación de la demanda. Como se mostrará, esta
controversia había sido planteada por estos actores ante la justicia ordinaria.
130.1.
En el caso del señor Armando Bellón Pico, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Melgar, Tolima, mediante sentencia del  veintiséis (26) de octubre
de  dos mil seis (2006) declaró que el actor se encontraba aforado al momento
del despido.  Señaló que la acción no había prescrito porque fue interpuesta el
veintidós (22) de junio de dos mil seis (2006) y el procedimiento de
reclamación administrativa de reintegro se había agotado el 4 de mayo de ese
mismo año. El Juez señaló que como la liquidación de la empresa era definitiva,
entonces el reintegro resultaba improcedente y en consecuencia procedía
reconocer a favor del actor la respectiva indemnización. Sin embargo, sostuvo
que sí tenía derecho a la indemnización integral, y que esta ya había sido
recibida por el actor al momento de la terminación de su contrato, sin hacer
reparo alguno sobre la misma.  El Tribunal Superior de Ibagué confirmó esa
decisión el primero (1) de marzo de dos mil siete (2007). Por tal
consideración, la solución adoptada en la jurisdicción ordinaria tiene carácter
de cosa juzgada y rige la situación del señor Bellón. El asunto examinado en
esta oportunidad guarda identidad material con el problema resuelto en esa
ocasión por la jurisdicción ordinaria, pues las pretensiones fueron en esencia
las mismas, dirigidas contra el PAR de Telecom, presentadas por el mismo actor
e inspiradas en los mismos hechos y fundamentos de derecho.
130.2.
La señora Haidy Danith Vargas Céspedes había interpuesto antes de esta
tutela una acción de reintegro. Acerca de su caso, el Juzgado Diecinueve
Laboral del Circuito de Bogotá por medio de fallo del seis (6) de febrero de  dos
mil ocho (2008), resolvió condenar al PAR a pagar los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la ejecutoria de la sentencia
debidamente indexados, a título de sanción por incumplimiento de las garantías
laborales que cobijaban a la peticionaria, pago que es independiente de las
indemnizaciones canceladas por terminación del contrato de trabajo.  El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por medio de
fallo del  doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), decidió revocar la
sentencia de instancia y absolver al PAR de todas las pretensiones, con el
argumento de que la entidad había adelantado el proceso de levantamiento de
fuero sindical, aunque no obtuvo la autorización.   La garantía foral –dijo-
sólo permanecía mientras subsistieran las partes de la misma. Como el despido
ocurrió en la liquidación definitiva de la empresa, se tornaba imposible
reintegrar a la ex trabajadora a las funciones que venía desempeñando.[188] Por
lo explicado, la Corte concluye que el problema jurídico de la señora Vargas ya
tuvo una solución definitiva ante la jurisdicción ordinaria, aspecto que,
sumado a la peculiaridad de que no cuestionó dicha sentencia, reviste su caso
de las características de la cosa juzgada.
130.3.
La señora María Jesús Cifuentes Yaque había presentado antes de esta tutela
una acción de reintegro.  En las pruebas allegadas a esta Corte consta que el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao, en sentencia del veintiocho
(28) de julio de dos mil nueve (2009), ordenó el reintegro de la demandante al
cargo que venía desempeñando en Telecom o a uno de igual o superior categoría,
pagarle los salarios dejados de percibir a título de indemnización a partir del
primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta cuando se llevara a cabo
el reintegro, o la ejecutoria de la sentencia dentro del proceso ordinario
laboral que adelantara el PAR para demostrar la imposibilidad de reintegro.  El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil, Familia y
Laboral, en fallo del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009),
decidió revocar integralmente la sentencia de primer grado.  Adujo
imposibilidad material y jurídica para practicar el reintegro en virtud de la
liquidación de la empresa. También indicó que no procedía la indemnización
alternativa, en tanto la fecha de desvinculación de la demandante coincidió con
la de la liquidación final de la entidad.  La controversia que propone la
señora Cifuentes Yaque fue entonces resuelta con antelación por parte de la justicia
ordinaria. Esta decisión hizo tránsito a cosa juzgada y puso fin al litigio expuesto
ante la Corte.
130.4.
Los señores Fernando Aguirre López y Norma Constanza Díaz García
habían obtenido, en un proceso ordinario anterior al de tutela, una decisión
judicial desfavorable, en la medida en que establecía que no eran titulares de
la garantía foral. Revivir este debate en sede de tutela, sin haber demandado
la sentencia que hizo esa declaración, es contravenir la cosa juzgada. El señor
Aguirre López acreditó como fecha de terminación de su vínculo el treinta y uno
(31) de enero de  dos mil seis (2006), mientras la señora Díaz García demostró
que fue desvinculada el primero (1°) de febrero de ese mismo año. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo del  ocho (8) de marzo
de dos mil seis (2006) decidió no levantar el fuero sindical de los actores
porque estableció que no eran titulares de tal derecho. Una determinación igual
fue adoptada en un proceso de reintegro que estos peticionarios iniciaron, en
el cual el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia emitida el treinta y
uno (31) de enero de dos mil ocho (2008), estimó que los demandantes hicieron
parte de la Junta Directiva del sindicato para el periodo 2002-2004, lo que
indica que para la época en que fueron despedidos; es decir, el treinta y uno
(31) de enero de  dos mil seis (2006), no contaban con fuero sindical. Además,
añadía que dada la inexistencia jurídica de la entidad empleadora, concurría
entonces la causal legal de terminación del contrato de trabajo por la
liquidación o clausura definitiva de la empresa. De suerte que desaparecida del
mundo jurídico la entidad que hizo las veces de empleadora, y al no existir
ningún vínculo con la accionada, difícilmente se podía pregonar el ejercicio
del derecho de asociación sindical, que es el que goza de protección y obtiene
eficacia por la presente vía.
De
manera semejante a lo acaecido en otros procesos en los que se omitió
cuestionar de manera debida la cualidad de cosa juzgada de las sentencias adoptadas
en la jurisdicción ordinaria, en estos casos los accionantes no expresaron en
su demanda que mediante tales sentencias, tanto en los procesos de
levantamiento del fuero sindical como en razón de los de reintegro, se les
hubieran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a
la administración de justicia, en virtud de los cuales la acción de tutela
sería un medio idóneo y eficaz para invocar la protección de los presuntos
derechos vulnerados.  A esto se suma que el interés jurídico buscado por los
accionantes en esa ocasión es el mismo al pretendido por la vía de tutela en
esta oportunidad, ya que en los dos caminos jurídicos acogidos se buscaba
resarcir un presunto despido ilegal que, a la luz de los supuestos del caso,
carece de sustento.
130.5.
Respecto de los señores Augusto Arias Serna, Clímaco Antonio
Hinestroza Moreno, Judith del Carmen Rentería Gamboa, Oney Aly
Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra, Otilio Moreno Ibargüen
y José Kennedy Córdoba Palacio, se observa que a cada uno se
le levantó judicialmente el fuero sindical. A los primeros cinco se les
levantó el fuero mediante sentencia proferida el  dos (2) de noviembre de dos
mil cinco  (2005), expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó, Sala Única de Decisión. Y al último se le levantó el veintitrés (23) de
agosto de dos mil cinco (2005), mediante providencia expedida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó. Como consecuencia todos fueron
desvinculados el  treinta (30) de enero de dos mil seis (2006).  No presentaron
la acción de tutela contras las providencias que decidieron, en cada caso,
autorizar el levantamiento del fuero.  La cosa juzgada a la cual hicieron
tránsito los fallos que autorizaron su desvinculación, está en firme.  La Sala
se atendrá a ella.
131.
Finalmente, en el expediente T-2492726, la tutela interpuesta por el
señor Arturo Orduz Suárez plantea una controversia que es razonable
considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión instaura la
acción de tutela contra el PAR, sobre la base de que era trabajador al servicio
de TELECOM, con fuero sindical. Pero, sostiene, se lo desvinculó de la compañía
sin observar las garantías asociadas a dicho fuero. En ese contexto, pide
ordenarle al PAR el pago de salarios, prestaciones sociales y convencionales, y
aportes a la seguridad social, dejados de percibir o cancelar desde la
desvinculación, con incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos
mil seis (2006), y hasta cuando quede en firme la sentencia que autorice el
levantamiento de fuero.  Como se mostrará, esta controversia ya había sido
planteada por este actor ante la justicia laboral ordinaria en su momento.
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió por
medio de sentencia del veintiocho (28)  de marzo de dos mil ocho (2008) que no
procedía el reintegro del señor Arturo Orduz Suárez con fundamento en
que se había levantado el fuero sindical del trabajador.  Con esta decisión el
Tribunal confirmó la que había emitido el Juzgado Trece Laboral del Circuito de
Bogotá el  nueve (9) de junio de dos mil siete (2007), en la que había absuelto
a las demandadas de las pretensiones de reintegro y pago de salarios porque la
empresa obtuvo permiso para despedir al actor mediante sentencia del  diecisiete
(17) de junio de dos mil cinco (2005) del Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga.  Por
consiguiente, el accionante solicitó tanto en la jurisdicción ordinaria como en
la constitucional, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir,
y omitió que su caso había sido decidido en sentido negativo por la justicia
especializada, basándose para dar inicio a dicho trámite en los mismos hechos y
cuestionando también al PAR de Telecom. Por ende, la Corte se atendrá a la cosa
juzgada de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el  veintiocho (28) de marzo de  dos mil ocho (2008).
132.
En el mismo expediente T-2492726, se advierte que aparecen como
peticionarios los señores Antonio Boiga Lemus, Wilmer Emilio Gracia
de la Rosa, Manuel Eugenio Hawkins, Manuel Jennet O’Neil y Edison
Enrique Pereira Villar.  Su tutela plantea, sin embargo, una controversia
que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada constitucional. En
efecto, en esta ocasión su amparo es instaurado contra el PAR sobre la base de
que eran trabajadores al servicio de TELECOM, con fuero sindical.  No obstante,
sostienen haber sido desvinculados de la compañía sin observar las garantías
asociadas a dicho fuero.  En ese contexto, solicitan ordenarle al PAR el pago
de salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad
social, dejados de percibir o cancelar desde la desvinculación, con incremento
salarial desde el  primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), y hasta
cuando quede en firme la sentencia que autorice el levantamiento de fuero.  Como
se mostrará enseguida, esta controversia ya había sido planteada por estos
mismos peticionarios ante la justicia laboral ordinaria en su momento.
En
este proceso obran pruebas de que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
San Andrés expidió un fallo el  siete (7) de mayo de  dos mil ocho (2008),
mediante el cual revocó una decisión de primera instancia expedida por el
Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés el veintinueve (29) de febrero de dos
mil ocho (2008), en el que negó la acción de reintegro instaurada por estos
peticionarios contra el PAR.  Esa acción se edificaba sobre la base de que eran
aforados sindicales y de que no se les habían respetado las garantías propias
de tal condición, y con fundamento en ello pedían el reintegro y unas
prestaciones a título de indemnización.  Hay, pues, como puede apreciarse,
similitud suficiente de partes, de fundamentos y de peticiones. En el caso de
estos demandantes, el citado Tribunal concluyó que no había lugar sino al pago
de una indemnización por despido sin justa causa, mas no a reintegro, ni a
indemnización por desconocimiento de sus garantías de fuero pues esta en su
criterio “la fecha [de] efectiva disolución de Telecom es el límite
para pagar la indemnización, y como los demandantes laboraron hasta esa fecha
no hay lugar al pago por ese concepto”.[189]
Con todo, la controversia que los actores plantean ahora, ya se resolvió, y por
tratarse de una decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, y que
no fue demandada en le tutela, la Corte Constitucional se atendrá a ella, en la
parte resolutiva de este fallo.
133.
En definitiva, los que se relacionan en la siguiente tabla son los
peticionarios cuya tutela debe declararse improcedente, en la medida en que,
según las pruebas obrantes dentro del expediente, plantean una controversia que
razonablemente puede considerarse amparada por la cosa juzgada a la que ha
hecho tránsito un fallo de segunda instancia adoptado en el contexto de la
justicia laboral ordinaria:
Accionantes – Cosa juzgada ordinaria 1
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
José Helí Jaimes Delgado
T-2471345
PPA
2
Albeiro Cruz Agudelo
T-2484301
PPA
3
Wilson Martínez Bernal
T-2566146
PPA
4
Harold Ernesto Acosta Moreno
T-2587255
PPA
5
Sonia Paulina Almeida Arellano
T-2587255
PPA
6
Bernardo Barbosa Suárez
T-2587255
PPA
7
Martha Camacho Esteban
T-2587255
PPA
8
Carlos Samuel Mesa Becerra
T-2587255
PPA
9
Gladys María Montes Montiel
T-2471216
Fuero sindical
10
Naver Emelson Garrido Martínez
T-2471216
Fuero sindical
11
Rodrigo Antonio López Villegas
T-2471216
Fuero sindical
12
Norma Díaz García
T-2471346
Fuero sindical
13
Fernando Aguirre López
T-2471346
Fuero sindical
14
Armando Bellón Pico
T-2471346
Fuero sindical
15
Haidy Danith Vargas Céspedes
T-2471346
Fuero sindical
16
María Jesús Cifuentes Yague
T-2471346
Fuero sindical
17
Carlos Alonso Garcés Guauña
T-2471346
Fuero sindical
18
Augusto Arias Serna
T-2471346
Fuero sindical
19
Clímaco Antonio Hinestroza Moreno
T-2471346
Fuero sindical
20
Judith del Carmen Rentería Gamboa
T-2471346
Fuero sindical
21
Oney Aly Reyes Asprilla
T-2471346
Fuero sindical
22
Carlos Emilio Vélez Parra
T-2471346
Fuero sindical
23
Otilio Moreno Ibargüen
T-2471346
Fuero sindical
24
José Kennedy Córdoba Palacio
T-2471346
Fuero sindical
25
Arturo Orduz Suárez
T-2492726
Fuero sindical
26
Antonio Boiga Lemus
T-2492726
Fuero sindical
27
Wilmer Emilio Gracia de la Rosa
T-2492726
Fuero sindical
28
Manuel Eugenio Hawkins
T-2492726
Fuero sindical
29
Manuel Jennet O’Neil
T-2492726
Fuero sindical
30
Edison Enrique Pereira Villar
T-2492726
Fuero sindical
31
Uriel de Jesús Bayona Chona
T-2531654
Fuero sindical
32
Luis Armando Duque Marchena
T-2531654
Fuero sindical
33
Carlos Mario Torrente Pupo
T-2531654
Fuero sindical
34
Efraín Valencia Marín
T-2537041
Fuero sindical
35
Carlos Julio Muñoz Bermúdez
T-2537041
Fuero sindical
36
Maritza Jaramillo Gutiérrez
T-2537041
Fuero sindical
37
Néstor Augusto García Franco
T-2537041
Fuero sindical
38
Jorge Hernán Domínguez Téllez
T-2537041
Fuero sindical
39
Albeiro Colorado León
T-2537041
Fuero sindical
40
César Humberto Cifuentes
T-2537041
Fuero sindical
41
Julio César Cardona Granada
T-2537041
Fuero sindical
42
Juan Carlos Cantor Sierra
T-2537041
Fuero sindical
43
Gustavo Alberto Ángel López
T-2537041
Fuero sindical
44
Nubia Marleny Bermúdez Franco
T-2537041
Fuero sindical
45
Jorge Hernán Palacio Salazar
T-2537041
Fuero sindical
46
Jhon Jaiver Flórez Guzmán
T-2537041
Fuero sindical
47
Rubén Darío Gutiérrez Galindo
T-2537041
Fuero sindical
48
Diego Acevedo Echavarrya
T-2537041
Fuero sindical
49
Adriana María Taborda Vargas
T-2537041
Fuero sindical
134. Ahora bien, aunque la Sala Plena no se
pronunciará sobre el fondo de estas solicitudes de amparo, advierte un
tratamiento desigual en las distintas decisiones ordinarias sobre reintegro
sindical, de casos que sin embargo guardan similitudes relevantes. Estos fallos
no fueron demandados mediante tutela, y por eso no son objeto de escrutinio
constitucional. Llama la atención de la Corte que algunos de ellos presenten
interpretaciones de las garantías de fuero sindical que, en principio y sin que
esto suponga un juicio de fondo, podrían llegar a ser consideradas contrarias
al entendimiento que les ha dado la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo,
se sostiene en algunas que el aforado sindical no puede ser desvinculado sino
en virtud de autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la
violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no
acarrea consecuencias; que el deber de proteger a las personas con fuero
sindical desaparece con la extinción de la empresa, razón por la cual carecen
entonces del derecho a no ser desvinculadas sino por autorización judicial; que
cuando no cabe hacer el reintegro, por imposibilidad física o jurídica, tampoco
es viable condenar al pago de una indemnización integral o especial, distinta
de la que se paga por despido injusto; que una vez concluye el proceso
liquidatorio, desaparecen los presupuestos de hecho y de derecho para la
prosperidad de la acción de reintegro, entre otras tesis semejantes.
135. La Corte debe reiterar lo dicho en el fundamento
jurídico 18 y siguientes de esta sentencia.  La Constitución les reconoce a los representantes sindicales “el fuero y las
demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión” (CP art.
39).   Este fuero es definido por la ley laboral como “[…] la
garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros
establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez del trabajo”. La misma ley
enuncia cuáles trabajadores gozan de este fuero.[190] La Constitución y los
tratados internacionales ratificados por Colombia prohíben excluir de esta
garantía a los empleados públicos, o a los trabajadores oficiales y
particulares que desempeñen puestos de dirección, confianza o manejo.[191]
Estas garantías no desaparecen durante los procesos de liquidación de entidades
públicas. Así lo reconoce el Decreto Ley 254 de 2000,  “Por el cual se
expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden
nacional”, que en su artículo 7 establece el deber de los jueces laborales
de adelantar con prelación a cualquier otro proceso, salvo el de tutela, las
acciones de levantamiento de fuero sindical, necesarias para desvincular a los
aforados sindicales.[192]
También lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia. La regulación especial
para la liquidación de TELECOM contiene a su vez normas relacionadas con las
garantías del fuero sindical (Dcto 1615 de 2003 art. 17, Dcto 2062 de 2003 art.
5 trans).
136.
A quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho
a interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses,
contados -según la ley- “desde la fecha de despido, traslado o desmejora”
(CPT art. 118A).  Ahora bien, cuando esta acción se interpone oportunamente,
pero se decide una vez concluida la liquidación, y entonces deviene física y
jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe limitarse a ordenar una
indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro.  Sin embargo, el
tipo de indemnización cambia, según el momento en el cual se haya desvinculado
irregularmente al trabajador. Cuando se lo haya desvinculado antes de la
clausura definitiva, y en la medida en que sea la decisión más favorable,
procede ordenar una indemnización que comprenda “los salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto
legales como convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la
terminación de la existencia jurídica de la [entidad]”.[193] Cuando la terminación del vínculo ocurra con el
cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una
indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio
de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[194] Todo
esto, según el principio de favorabilidad (CP art 53). Pero si el juez laboral
no toma en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la
ocurrencia del hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente
condenado o el encargado de adelantar la liquidación deben iniciar un proceso
judicial con el fin de que en este se declare si el reintegro es posible.  La
entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es
posible cumplir la orden.[195]
Tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por los
trabajadores para asegurar el acatamiento de la orden de reintegro.[196]
137.
Con fundamento en estas consideraciones, y tras comparar entre sí las distintas
decisiones sobre reintegro sindical, adoptadas a propósito de la liquidación de
TELECOM, la Sala Plena adoptará la siguiente resolución en la parte dispositiva,
con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (CP art.
241).  Para evitar que se
perpetúe una eventual cadena de afectaciones a las garantías sindicales,
reconocidas como derecho fundamental en la Constitución, la Sala Plena
establecerá, por una sola vez para este contexto de liquidación de TELECOM, la
posibilidad de que los actores que cuenten con una providencia laboral en firme,
dictada en un proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro,
instauren una acción de tutela contra esa providencia, en caso de que no
la hayan presentado previamente y se den las condiciones jurisprudenciales que
justifican la tutela contra sentencias. Y prevendrá a los jueces de la
República, para que en los procesos instaurados de conformidad con esta
decisión, cuenten la inmediatez desde la publicación de la presente sentencia,
y no desde antes. Asimismo, les dará efectos inter comunis a estas
órdenes. Estas decisiones, se justifican por dos razones. Primero, por las características
específicas que la jurisprudencia ha advertido en el tratamiento de algunos
grupos de trabajadores especialmente protegidos en la liquidación de TELECOM,
las cuales la han conducido a adaptar su jurisprudencia para resolver problemas
singulares derivados de ese proceso administrativo.[197] Segundo,
por la conclusión de que los derechos posiblemente desconocidos en las
sentencias laborales ordinarias, se podrían proteger mejor en un proceso
específico destinado a cuestionarlas, lo cual según la jurisprudencia de esta
Corporación permite reabrir oportunidades procesales previamente cerradas. [198]
Dicho esto, la Corte Constitucional pasa a
referirse a los demás casos.
138. Los anteriores son, a juicio de la Sala, los únicos asuntos cubiertos
por la cosa juzgada ordinaria.  Debe
aclararse que según las contestaciones aportadas por el PAR en los diferentes
expedientes hay más actores en la misma situación antes descrita.   No
obstante, en todos los casos restantes en que hace esa observación, el PAR se
limita a decir que estos otros peticionarios presentaron antes de esta tutela
una acción ordinaria igual, e informa ante cuál juzgado la promovieron, y
aparte suministra otros datos asociados a su trámite.  El problema es que se
abstiene de adjuntar pruebas de que esas acciones versaban sobre el mismo
asunto ahora planteado. No sólo no anexa las providencias que le pusieron fin,
sino que tampoco remite siquiera las copias de las demandas recibidas, o de los
autos admisorios. Obran por lo tanto sólo afirmaciones suyas. La Sala no
encuentra, como en los numerales anteriores, elementos de juicio suficientes
hacer una comparación justa entre el contenido de las tutelas bajo examen y el
asunto resuelto en el proceso ordinario anterior. A falta de pruebas, la Corte
no puede concluir que los asuntos planteados por estos accionantes se
encuentren amparados por la cosa juzgada.  Las siguientes personas se hallan en
esta situación:
Accionantes – No cosa juzgada ordinaria
(falta de pruebas)
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Edinson Rafael Cortés Pérez
T-2471345
PPA
2
Dulfary Elena Echavarría Parra
T-2471345
PPA
3
Tulio Enrique Galindo Bozón
T-2471345
PPA
4
Gustavo de Jesús García Rendón
T-2471345
PPA
5
Rafael Patiño Usquiano
T-2471345
PPA
6
María Sussan Pérez Quintero
T-2471345
PPA
7
Juan María Verdecia Sarmiento
T-2471345
PPA
8
Rubén Darío Aguilar Álvarez
T-2471345
PPA
9
Nataly Victoria Mejía Geovo
T-2471216
Fuero sindical
10
Carlos Eduardo López Millán
T-2471216
Fuero sindical
11
Diógenes Antonio Guerra Almario
T-2471216
Fuero sindical
12
Luz Amparo Ortega Pineda
T-2471216
Fuero sindical
13
Ariel de Jesús Carmona Carazo
T-2471216
Fuero sindical
14
Clarivel Arias Gaviria
T-2471346
Fuero sindical
15
José Luis Cuadros
T-2471346
Fuero sindical
16
Fredy Arnul Díaz Claros
T-2471346
Fuero sindical
17
Eucardo Vinicio Hurtado Urbano
T-2471346
Fuero sindical
18
Gerardo Alirio Ipia Narváez
T-2471346
Fuero sindical
19
Zulmary Pabón Rodríguez
T-2471346
Fuero sindical
20
Clara Stella Correa Arango
T-2537041
Fuero sindical
21
Henry González López
T-2537041
Fuero sindical
22
Luis Carlos mejía Alvarado
T-2537041
Fuero sindical
23
Jesús Humberto Monje Alarcón
T-2537041
Fuero sindical
24
Édgar Moya Córdoba
T-2537041
Fuero sindical
25
Jesús maría Patarroyo Puentes
T-2537041
Fuero sindical
26
Jorge Enrique Sandino Macías
T-2537041
Fuero sindical
27
Gerardo Vargas Pérez
T-2537041
Fuero sindical
139.
Segundo grupo. Cosa juzgada constitucional o temeridad. La Sala
encuentra también un grupo de tutelas interpuestas por personas que, o bien
interpusieron simultáneamente otras solicitudes de amparo idénticas y cuyos
procesos aún no han concluido definitivamente, o bien tienen a la fecha un
fallo con carácter definitivo, emitido por la justicia constitucional (es
decir, por jueces de tutela) sobre la misma controversia, entre las mismas
partes, por los mismos fundamentos e igual pretensión.   En cualquiera de estos
casos, esta sería entonces cuando menos su segunda acción de tutela sobre la
misma controversia, con identidad de partes, de causa y de pretensión.  A todos
los que la presentaron, por razones de seguridad jurídica, y en algunos casos
de buena fe, debe declarárseles improcedente su tutela.  Estas personas son las
que se enlistan a continuación:
140. En el expediente T-2451880, la tutela
interpuesta por la señora Libia del
Carmen Trujillo Coronado plantea una controversia que es razonable
considerar amparada por la cosa juzgada. En efecto, en esta ocasión la
demandante instaura su tutela contra el PAR de TELECOM con base en que era
trabajadora de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluida en el PPA, y en
que sin embargo se le excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.   Por
eso mismo, pide ahora que se
ordene al PAR incluirla en el PPA, y cancelarle las mesadas dejadas de percibir
desde el primero (1) de febrero de  dos mil seis (2006) hasta que CAPRECOM le
reconozca la pensión de jubilación.  Igualmente pide que se inicien las
gestiones para el reconocimiento de la pensión definitiva dentro de los treinta
(30) días siguientes al cumplimiento de los requisitos.  Como se mostrará enseguida, esta controversia ya la
habían planteado estos mismos peticionarios en otro momento ante la justicia
constitucional.
Obra copia de otra
tutela anterior a esta, instaurada por la señora Libia del Carmen Trujillo
contra el PAR.   En ella solicitaba también ser incluida en el PPA, sobre la
base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin
embargo, había resultado excluida del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Pedía
entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que la incluyera en el PPA,
y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el primero (1°) de febrero
de dos mil seis (2006) hasta el día en que se le reconociera la pensión
definitiva.  Hay entonces identidad relevante de partes, de
fundamentos y de peticiones.  Esta otra acción de tutela fue declarada improcedente
en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería
el  trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009)[199] y, en segunda
instancia, luego confirmada por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Montería
mediante fallo del  doce (12) de junio de dos mil nueve (2009).[200]  En
vista de estos elementos, la Sala Plena concluye que hay cosa
juzgada constitucional y se atendrá a ella.
141. En
el expediente T-2476358, la tutela interpuesta por el señor Jorge Otoniel
Jiménez Castro plantea una
controversia que es razonable considerar amparada por la cosa juzgada.  En
efecto, en esta ocasión el demandante instaura su acción contra el PAR de
TELECOM con base en que era trabajadora de TELECOM, a su juicio con derecho a
ser incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan. Por eso mismo, pide ahora ordenarle al PAR que lo incluya en el PPA,
y que le pague los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde
la desvinculación, con los incrementos salariales respectivos, y la indexación
de las sumas, hasta que se le notifique el reconocimiento de la pensión
definitiva de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados.  Solicita
también que se hagan los aportes a la seguridad social dejados de realizar desde
entonces.  Como se mostrará enseguida,
esta controversia ya la había planteado este mismo peticionario en otro momento
ante la justicia constitucional.
Obran pruebas de que este mismo actor había
instaurado, antes de esta, una tutela contra el PAR. En ella pedía también ser
incluido en el PPA sobre la base de que era trabajador de
TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, había resultado excluido del
grupo de beneficiarios de dicho Plan. Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle
al PAR que lo incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de
ello, desde el primero (1°) de febrero de  dos mil seis (2006) hasta el día en
que se le reconociera la pensión definitiva.  Hay entonces
identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.   Esta otra
tutela fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Montería mediante providencia del  trece (13) de
mayo de dos mil nueve (2009).[201]
Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009).[202]  En
vista de estos elementos, la Sala Plena de la Corte
Constitucional concluye que el asunto está cubierto por la cosa juzgada y se
atendrá a ella.
142.
En el expediente T-2579968, la tutela interpuesta por los señores Olmedo
López Rojas, Jorge Luis Durango León y Elizabeth Calvete Oviedo plantea una controversia que es razonable
considerar amparada por la cosa juzgada.  En efecto, en esta ocasión los
demandantes instauran su acción contra el PAR de TELECOM con base en que eran
trabajadores de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluidos en el PPA, y
en que sin embargo se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitan ahora que se ordene al PAR incluirlos en el
PPA desde el momento de su desvinculación de TELECOM y hasta su inclusión en la
nómina de pensionados.  También piden que se le ordene pagar las mesadas
pensionales derivadas del PPA, y demás prestaciones sociales e indemnizaciones,
legales o convencionales, dejadas de percibir desde su desvinculación y hasta
ser incluidos en nómina de pensionados.  Las mesadas y prestaciones sociales
dejados de  recibir por los accionantes deberían, de acuerdo con esta
solicitud, ser liquidados y cancelados con el incremento salarial y
prestacional debidamente indexados, teniendo en cuenta el promedio de los
factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su desvinculación.
Finalmente, pidieron ordenarle que cancele los aportes a la seguridad social,
dejados de cancelar durante todo este período. Como se mostrará enseguida, esta
controversia ya la habían planteado estos mismos peticionarios en otro momento
ante la justicia constitucional.
142.1. Obra prueba de que el señor Olmedo López
Rojas había presentado, antes de
esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía ser incluido en el
PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de
que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho
Plan.  Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el
grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de
percibir.  Hay entonces
identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones. Esta acción fue
concedida, en primera instancia, por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Arboletes mediante sentencia del  veinticinco (25)
de noviembre de dos mil nueve (2009)[203]
y, en segunda instancia, esta última fue revocada mediante fallo del  dieciséis
(16) de febrero de  dos mil diez (2010) expedido por el Juzgado Promiscuo de
Familia de Turbo.[204]
Asimismo, en el expediente obra copia de la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Palmira, Valle, el dieciséis (16) de diciembre de
dos mil ocho (2008), dentro de la acción promovida, entre otras personas, por
el señor Olmedo López Rojas.  En esta, el actor  de acuerdo a de estos
elementos, la Sala Plena de la
Corte concluye que el asunto está cubierto por la cosa juzgada y se atendrá a
ella.
142.2.
Obran pruebas de que el señor Jorge
Luis Durango León había interpuesto,
antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluido en el PPA,
sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin
embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.   Solicitaba,
en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo en el grupo de
beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas de percibir desde
el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) (fecha de la desvinculación
definitiva) hasta el día en que se les reconozca la pensión definitiva. Hay entonces identidad relevante de partes,
de fundamentos y de peticiones.  Esta  acción
fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Montería mediante sentencia del trece (13) de mayo de dos mil
nueve (2009).[205]
En el expediente obra copia de un oficio proferido por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Montería, por medio del cual le informa al director del PAR que
mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009) confirmó la
sentencia antes mencionada.[206]
Asimismo, en el expediente obra copia de la sentencia proferida el primero (1°)
de octubre de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Cereté, Córdoba, dentro de la acción promovida por el señor Jorge Luis
Durango León en contra el PAR, con la que pretendía ser incluido dentro del
Plan de Pensión Anticipada de Telecom. En esta sentencia, el Juzgado declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumplía con el requisito de
inmediatez y porque el actor contaba con otro medio de defensa judicial para la
protección de sus derechos.[207]
Por ello, en este asunto se presenta cosa juzgada.
142.3. Obra prueba de que la señora Elizabeth Calvete Oviedo había interpuesto, antes de esta, otra tutela contra
el PAR.  En ella pedía ser incluida en el PPA, sobre la base de que era
trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se la había
excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.   Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR brindarle la seguridad social
necesaria, por haber laborado  dieciocho (18) años,  ocho (8) meses y  trece (13)
días, al servicio de la empresa TELECOM y hacer extensiva esta protección a sus
beneficiarios. Además, pedía que se la incluyera en la nómina de beneficiarios
del PPA y se le cancelaran todas las mesadas dejadas de pagar desde julio  veintiséis
(26) del año dos mil tres (2003), hasta cuando fuera incluida definitivamente en
la nómina de pensiones de CAPRECOM.   Por último pretendía que se le ordenara
al PAR pagarle una indemnización por la supresión del cargo que desempeñaba,
equivalente a los valores retenidos desde el momento en que se le dejó de pagar
sus derechos laborales, así como los intereses moratorios, todo debidamente
actualizado. Hay entonces,
como se ve, identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.   Por
ello, la Corte considera razonable concluir que el asunto
está cubierto por la cosa juzgada y se atendrá a ella.
143.
En el expediente T-2471216, la acción de tutela instaurada por los
señores Álvaro Enrique Araújo Ortega, Gustavo Alberto Ayala Arrieta,
Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos Eduardo López Millán, Nataly
Victoria Mejía Geovo y Lisipo Segundo Puche Olivero plantea una
controversia que debe considerarse bajo el amparo de la cosa juzgada. En
efecto, la tutela bajo revisión fue instaurada por ellos con base en que eran
trabajadores de TELECOM, a su juicio con fuero sindical. Aducen haber sido
desvinculados sin que se respetaran las garantías derivadas de dicho fuero.   En
ese sentido, piden que se ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones
sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir
a causa del despido, con incremento salarial desde el  primero (1) de febrero
de dos mil seis (2006) hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que
ordene el levantamiento del fuero sindical, exceptuando las prestaciones
sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes.  Como se mostrará,
esta controversia ya había sido planteada por ante la justicia constitucional.
Estos
mismos actores presentaron previamente otra acción de tutela contra el PAR ante
el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, Córdoba.  En esa oportunidad,
invocaban también su condición de aforados sindicales, y alegaban la violación
a su derecho, fundados en el hecho de haber sido despedidos sin justa causa y
sin previo levantamiento del fuero sindical.  El Juzgado referido, mediante
sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), decidió tutelar
los derechos fundamentales relacionados con el fuero sindical y ordenó el pago
de mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000), adicionados a un embargo
en la suma de doscientos veintisiete millones setecientos ochenta y nueve mil
trescientos sesenta y nueve pesos ($227.789.369), por
“concepto de salarios”.[208]
No obstante, ese fallo fue revocado en segunda instancia por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Montería, Córdoba, mediante providencia del dieciocho
(18) de diciembre de dos mil ocho (2008), por considerar que no se cumplía con
la inmediatez, y que el embargo le resultaba “muy
irregular”.  Estas decisiones fueron seleccionadas por la Corte
Constitucional para revisión y confirmada la de segunda instancia mediante
sentencia T-538 de 2009.[209]
En este último fallo la Corporación resolvió la misma controversia que ahora
se presenta, y su decisión hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.  Hay,
como se ve, entre esa controversia y la que ahora se propone identidad de
partes, de fundamentos y de peticiones. Por ende, el asunto está cubierto por
la cosa juzgada y a ella se atendrá la Corte.
144.
Situación similar se presenta en el mismo expediente T-2471216, respecto
de la tutela promovida por los señores Diógenes Antonio Guerra Almario, Hugo
Enrique Cordero Vega, Ariel de Jesús Carmona Carazo y Luz Amparo
Ortega Pineda, y también en el expediente T-2531654 respecto de los
señores Néstor José Vanegas Buelvas, Bertha Inés Marchena Mendoza
y Glenda Patricia Correa Pacheco. Todas estas personas interponen tutela
en esta ocasión, con base en que eran trabajadores de TELECOM y en que, pese a
tener fuero sindical, fueron desvinculadas sin que se les respetaran a
cabalidad las garantías derivadas de dicho fuero. Piden ahora –lo que tienen en
común- ordenarle al PAR pagarles salarios, prestaciones sociales y
convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir a causa del
despido, con incremento salarial desde el  primero (1) de febrero de dos mil
seis (2006) hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que ordene el
levantamiento del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e
indemnizaciones ya pagadas a los accionantes.  Como se mostrará, esta
controversia ya había sido planteada ante la justicia constitucional.
De
acuerdo con las pruebas obrantes respecto de ambos expedientes, la Sala
advierte que antes de esta tutela los accionantes referidos habían interpuesto
otra, fundándose también en su condición de aforados sindicales, y en que su
fuero se les había desconocido al momento de desvincularlos de la compañía.
Pedían principalmente que se les pagara los salarios y
prestaciones sociales dejadas de cancelar desde la ocurrencia del despido
injusto, los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación
hasta el pago total de lo debido y la cancelación de sueldos,
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta que por la vía
ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero sindical.  Hay, como se
ve, entre ambos procesos identidad de partes, de fundamentos y de peticiones.  Esta
primera solicitud se resolvió mediante providencia de segunda instancia el  cuatro
(4) de noviembre de dos mil ocho (2008), expedida por el Juzgado Penal del
Circuito de Cereté, Córdoba.[210]
En vista de que el fallo con el cual concluyó esta controversia hizo tránsito
a cosa juzgada, la Sala Plena se atendrá a ella.
145.
Otro caso comprobado de cosa juzgada es el de los señores Luis Armando Duque
Marchena, Eliana Karina González Gómez y Vivian Portillo
Hernández.   Son peticionarios en el expediente T-2531654.  En esta
ocasión, interponen tutela sobre la base de que eran trabajadores de TELECOM, a
su juicio con fuero sindical, y de que fueron desvinculados de la compañía sin
que se les respetaran plenamente las garantías derivadas de dicho fuero. Piden,
en este proceso, que se ordene al PAR pagarles las obligaciones referentes a
salario y prestaciones sociales debidamente indexados dejados de cancelar por
la ocurrencia del despido injusto efectuado el treinta y uno (31) de marzo de
dos mil seis (2006), y asimismo que se cancelen los intereses moratorios desde
el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la
misma.  Finalmente solicitan ordenarle al PAR la cancelación de salarios y
demás prestaciones sociales correspondientes a cada mes hasta que se
restablezca el debido proceso, es decir, hasta cuando la justicia ordinaria
laboral levante su fuero sindical. Esta controversia, como se mostrará
enseguida, ya había sido planteada ante la justicia constitucional.
145.1.
De acuerdo con las pruebas acopiadas por la Corte, los señores Luis Armando
Duque Marchena, Eliana Karina González Gómez habían impetrado otra
tutela antes de la que ocupó a la Corte.  En primera instancia se pronunció el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté.  Esta autoridad concedió el
amparo a los tutelantes de sus derechos de asociación sindical, porque sus
contratos de trabajo fueron terminados sin que se hubiera formalizado el
levantamiento de fueron sindical, razón por la cual ordenó al PAR “cancelar
los salarios dejados de percibir durante lapso de tiempo que han estado
cesantes los demandantes, provocado por el despido sin justa causa y no
declarado mediante sentencia judicial, además de repararlos de manera integral,
lo cual incluye también el pago de los reajustes y prestaciones, así como
cualquier otro valor dejado de percibir o pagado por el trabajador, como
consecuencia directa del despido injusto, los cuales deberán ser liquidados
mediante un incidente, en un término que no supere cinco (5) días, contados a
partir de la ejecutoria de éste”.[211]
De igual manera, también se allegó a la Corte la sentencia de segunda
instancia dictada por el Juzgado  Séptimo Penal del Circuito de Cereté el
diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009),[212] mediante la cual confirmó
el fallo de primera instancia, porque consideró que Telecom debió adelantar los
procesos de levantamiento de fuero sindical aunque estuviera en liquidación.[213]  Por
lo mismo, la Corte Constitucional concluye que en este caso también se causa
una cosa juzgada pues se demuestra la triple identidad de partes, pretensiones
y fundamentos. En consecuencia, la Sala se estará a lo resuelto en ese proceso.
145.2.
La señora Vivian Portillo Hernández había instaurado una tutela, antes
de esta contra el PAR, y alegaba que se le había violado todo un haz de
derechos a consecuencia de haberla desvinculado sin que se le respetara el
fuero sindical del que a su juicio gozaba.  En dicha acción pedía, según se
infiere de las pruebas, que le cancelaran los salarios y prestaciones,
reajustes y demás conceptos dejados de percibir desde su desvinculación.  Hay,
como puede notarse, identidad de partes, fundamentos y peticiones.  Del amparo
anterior conoció el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, quien
mediante sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil nueve (2009) concedió la
tutela.   El Juzgado Octavo Penal decidió revocar el fallo.  En vista de todo
esto, la Corte Constitucional concluye que en este caso también hay cosa
juzgada.  Por lo tanto, la Sala Plena se estará a lo resuelto en ese proceso.
146.
En la tutela del expediente T-2471346, el señor Freddy Habit Cacabelo
Candia también se plantea una controversia amparada por la cosa juzgada
constitucional.  En esta acción, el demandante alega que era trabajador de
TELECOM con fuero sindical, y que resultó desvinculado sin que se le respetaran
sus garantías. Pide que se ordene al PAR pagarles salarios, prestaciones
sociales y convencionales dejadas de percibir desde la desvinculación, con
incremento salarial desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006),
hasta cuando quede en firme la sentencia que ordene el levantamiento de su
fuero, todo debidamente indexado.  Asimismo, solicita que se ordene a la
accionada pagarles aportes a salud, pensión y ARP, dejados de cancelar desde
que se lo removió del cargo hasta la presente fecha. Como se mostrará, esta
controversia ya había sido planteada por este mismo actor ante la justicia
constitucional.
El
demandante instauró, antes de esta, otra tutela contra el PAR con el fin de que
se le protegieran los derechos fundamentales que estimaba conculcados a
consecuencia de su desvinculación de TELECOM sin que se le respetara su
garantía foral.   En ella, pedía también que se le ordenara al demandado
pagarle salarios y prestaciones caídos desde la desvinculación a su juicio
irregular. Hay, por lo que puede apreciarse, identidad de partes, de
fundamentos y de peticiones. En esta nueva tutela el actor alega que hay un
hecho nuevo, y es que tanto él como su hijo tienen problemas de salud. Sin embargo,
al estudiar el caso particular del actor la Corte no encontró que hubiese
acreditado no siquiera mínimamente la circunstancia fáctica narrada como hecho
nuevo: su condición de salud.  Por lo tanto, tal manifestación no tiene la
entidad suficiente para desvirtuar la cosa juzgada en un proceso asociado a
garantías sindicales, y es en cambio claro en este asunto, que el fuero
sindical del señor Cacabelo Candia ya había sido levantado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Laboral por medio de fallo
del  veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008).  En definitiva, hay un
litigio ya resuelto por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, y la
Corte Constitucional se atendrá a ella.
147.
En consideración de todo lo anterior, la Corte debe decidir cuáles de los mencionados
accionantes incurrieron en temeridad.  Al respecto, debe reiterar que la
temeridad es un obrar de mala fe.   No obstante, dado que la buena fe se
presume (CP art. 83), es necesario que haya razones suficientes para sostener
que alguien incurrió en temeridad o de lo contrario simplemente debe declararse
que hay cosa juzgada y que la tutela es improcedente.  De los anteriores casos,
a juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, no  hubo mala fe en los
siguientes: señora Libia del Carmen Trujillo Coronado (T-2451880); señores Jorge Otoniel Jiménez Castro (T-2476358);
Rodolfo Nelson Negrete Pérez (T-2566146);  Jorge Luis Durango
León y Elizabeth Calvete Oviedo (T-2579968); Diógenes Antonio
Guerra Almario, Hugo Enrique Cordero Vega, Ariel de Jesús Carmona
Carazo y Luz Amparo Ortega Pineda (T-2471216); Néstor José
Vanegas Buelvas, Bertha Inés Marchena Mendoza, Glenda Patricia
Correa Pacheco, Eliana Karina González Gómez y Vivian Portillo
Hernández (T-2531654); y Freddy Habit Cacabelo Candia (T-2471346).
A continuación se exponen las razones para llegar a esa conclusión.
147.1.
Partiendo de la buena fe de todos los actores, debe decirse primero, que en
ninguno de los anteriores casos se advierte que hubiesen obtenido una respuesta
de una autoridad judicial de cierre (Corte Suprema, Corte Constitucional,
Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura) sobre sus puntos de
derecho.  Esto podía dejar en ellos una incertidumbre en torno a sus
peticiones, que trataron de satisfacer con una nueva tutela, impróspera como
atrás se mencionó. Su segunda actuación, no carece entonces de explicación,
aunque no haya razones jurídicas suficientes para abrir la posibilidad de un
nuevo pronunciamiento. Por otra parte, los actores relacionados no presentaron,
además de la otra acción de tutela, una tercera acción con la misma
controversia.  Lo cual indica que no hay una evidencia de clara y ostensible
voluntad de afectar el buen funcionamiento de la administración justicia, que
es uno de los motivos para declarar la temeridad (CP art. 95).   En el caso de
la señora Libia del Carmen Trujillo se nota que interpuso la tutela a
nombre propio.  Los demás peticionarios obraron mediante abogado, pero en el
contexto de un grupo amplio de accionantes, y esto puede ser una causa para no
comprender cabalmente las implicaciones de una nueva tutela sobre los mismos
hechos.
147.2.
Algo distinto ocurre con los señores Olmedo López Rojas (T-2579968)
y Luis Armando Duque Marchena (T-2531654). No sólo presentaron
otra acción de tutela con identidad de partes, de fundamentos materiales y de
peticiones, como se refirió en los párrafos precedentes, sino que además
instauraron otra acción igual en lo relevante ante la justicia laboral
ordinaria. Y en el caso del señor Luis Armando Duque Marchena debe
agregarse que había iniciado previamente una acción de reintegro, la cual fue
negada por medio de sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil
siete (2007), proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Montería,[214]
y confirmada por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Montería el
cuatro (4) de febrero de dos mil ocho (2008).[215]  En ambas sentencias,
la decisión se basó en que una vez liquidada definitivamente la entidad deviene
inviable no sólo el reintegro, sino también el pago de prestaciones y salarios,
en los términos solicitados por la demanda laboral.[216] Esto ya muestra una
tendencia hacia obstaculizar el buen funcionamiento de la justicia, pues
pretenden que esta aborde dos y hasta tres veces un mismo punto de derecho.  Por
lo mismo, en el caso de los señores Olmedo López Rojas (T-2579968)
y Luis Armando Duque Marchena (T-2531654) la Sala Plena de la
Corte Constitucional compulsará copias de este fallo a las autoridades
disciplinarias, para lo de su competencia.
147.3. La Sala advierte que el señor Siervo
Alfonso Cañón Daza también incurrió en temeridad. Casi simultáneamente
promovió dos peticiones de amparo contra el PAR, por los mismos hechos, con
idéntico fundamento jurídico y solicitando las mismas prestaciones.  En efecto,
obra prueba de que el señor Siervo Alfonso Cañón Daza presentó, además
de la tutela del expediente T-2566146, otra acción de igual naturaleza
contra el PAR de TELECOM.  Los fallos que resolvieron este último amparo fueron
también seleccionados para revisión por la Corte, y se acumularon a este
proceso bajo el expediente T-2537078.   En esta otra acción pide también
ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con
derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.   Solicita, en ese contexto, que se le ordene al
gerente del PAR incluirlo en el PPA, y cancelarle las mesadas correspondientes
derivadas de esa incorporación.  Hay entonces, como se ve,
identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.  De
acuerdo con las pruebas, el mismo día de expedición de la sentencia de primera
instancia en el expediente T-2537078; es decir, el  doce (12) de
noviembre de dos mil nueve (2009), estaba interponiendo una tutela igual, que
ahora aparece en el expediente T-2566146. El actor no esperó entonces
una solución definitiva, sino que se adelantó a interponer una nueva solicitud
para perseguir, por varias vías, una decisión favorable.   En concepto de la
Corte, este comportamiento es indicativo de un obrar que merece reproche, y que
es suficiente para concluir que actuó con temeridad. Por ende, en la parte
resolutiva la Sala Plena decidirá desfavorablemente sus solicitudes de amparo y
ordenará compulsar copias de este fallo a las autoridades disciplinarias para
lo de su competencia.
147.4. Algo similar a lo que acaba de
mencionarse ocurrió con el señor Rodolfo Nelson Negrete Pérez.  Obra prueba de que este peticionario presentó de forma
simultánea dos acciones de tutela contra el PAR de TELECOM.  En ambas, pedía
ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con
derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitaba en ambas ser incluido en el PPA
(e incorporarlo en la nómina de beneficiarios del mismo), y pagarle además las
mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas
desde la fecha de la desvinculación hasta que se le notificara el
reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de
pensionados, y aparte realizar los aportes a seguridad social dejados de
cancelar desde el despido hasta la inclusión en la nómina del PPA. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de
peticiones.  La primera tutela la promovió el tres (3) de noviembre de
dos mil nueve  (2009), y mientras cursaba instauró la segunda el doce (12) de
noviembre del mismo año.  Los fallos que resolvieron ambas solicitudes de
amparo fueron seleccionados por la Corte para revisión, y se acumularon en este
proceso dentro de los expedientes T-2587255 y T-2566146,
respectivamente.  En vista de estos elementos, la Sala Plena
de la Corte concluye que este comportamiento es indicativo de un obrar
que merece reproche, y es suficiente para sostener que el peticionario actuó
con temeridad.  Por ende, en la parte resolutiva la Sala Plena decidirá
desfavorablemente sus solicitudes de amparo y ordenará compulsar copias de este
fallo a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia.
147.5.
Lo propio debe decirse de los accionantes Álvaro Enrique Araújo Ortega, Gustavo
Alberto Ayala Arrieta, Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos
Eduardo López Millán, Nataly Victoria Mejía Geovo y Lisipo
Segundo Puche Olivero (T-2471216). Estos últimos no sólo obraron
mediante apoderado, como lo hicieron los tutelantes precitados, sino que además
interpusieron una nueva tutela después de conocer una sentencia de tutela de la
Corte Constitucional (la T-538 de 2009), [217]
que es el órgano de cierre de la justicia constitucional (CP arts. 86 y 241),
en la cual se resolvió que los mismos casos ahora planteados no procedía
resolverlos a través de la tutela, porque la acción fue interpuesta en forma
extemporánea, no se había acreditado que se hubiera intentado para evitar un
perjuicio irremediable, y los actores no demostraron que el medio de defensa
judicial fuera ineficiente. Estos elementos, en concepto de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, indican mala fe, al menos en cabeza de quien se supone
tenía el conocimiento del derecho. Por lo mismo, en la parte resolutiva no sólo
decidirá desfavorablemente estas solicitudes de amparo sino que aparte
compulsará copias a las autoridades disciplinarias para lo de su competencia.
Accionantes – Cosa juzgada constitucional
o temeridad
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Libia del Carmen Trujillo Coronado
T-2451880
PPA
2
Jorge Otoniel Jiménez Castro
T-2476358
PPA
3
Siervo Alfonso Cañón Daza
T-2566146
PPA
4
Rodolfo Nelson Negrete Pérez
T-2566146
PPA
5
Olmedo López Rojas
T-2579968
PPA
6
Elizabeth Calvete Oviedo
T-2579968
PPA
7
Jorge Luis Durango León
T-2579968
PPA
8
Glenda Patricia Correa Pacheco
T-2531654
Fuero sindical
9
Luis Armando Duque Marchena
T-2531654
Fuero sindical
10
Eliana Karina González Gómez
T-2531654
Fuero sindical
11
Bertha Inés Marchena Mendoza
T-2531654
Fuero sindical
12
Néstor José Vanegas Buelvas
T-2531654
Fuero sindical
13
Vivian Portillo Hernández
T-2531654
Fuero sindical
14
Gustavo Alberto Ayala Arrieta
T-2471216
Fuero sindical
15
Nataly Victoria Mejía Geovo
T-2471216
Fuero sindical
16
Lisipo Segundo Puche Olivero
T-2471216
Fuero sindical
17
Iván Manuel Castillo Salgado
T-2471216
Fuero sindical
18
Carlos Eduardo López Millán
T-2471216
Fuero sindical
19
Diógenes Antonio Guerra Almario
T-2471216
Fuero sindical
20
Hugo Enrique Cordero Vega
T-2471216
Fuero sindical
21
Luz Amparo Ortega Pineda
T-2471216
Fuero sindical
22
Álvaro Enrique Araújo Ortega
T-2471216
Fuero sindical
23
Ariel de Jesús Carmona Carazo
T-2471216
Fuero sindical
24
Freddy Habit Cacabelo Candia
T-2471346
Fuero sindical
iii. Falta de inmediatez
148.
El PAR alega en este proceso, respecto de la gran mayoría de casos (de PPA, de
fuero sindical o de retén social), que deben declararse improcedentes por falta
de inmediatez.   En específico, sostiene que los demandantes dejaron trascurrir
un lapso demasiado amplio para reclamar la protección judicial de sus derechos
fundamentales, y que no está justificado el paso de tanto tiempo. Para resolver
este punto, la Corte debe reiterar lo dicho en el fundamento jurídico 109 de
esta providencia.  En efecto, dentro de estos contextos, es en principio
irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar
prestaciones patrimoniales.  Los trámites de liquidación, de gestión de pasivos
y de remanentes avanzan. Y con el tiempo los entes concernidos experimentan un
progresivo decremento en sus capacidades para cumplir obligaciones; por ejemplo
de reintegro, y en especial las que exigen desembolosos patrimoniales.  Por
ende, la tutela en estos casos cumple con la inmediatez cuando la tardanza se
justifique suficientemente.  Es decir, si por
ejemplo el actor ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha
estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso
adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física.
149.
Sobre la base de esta consideración, la Sala Plena de la Corte Constitucional
estima que hay un grupo amplio de peticionarios sin problemas de legitimación
en la causa o de cosa juzgada, que sin embargo dejaron trascurrir un lapso prima
facie demasiado extenso para interponer sus acciones de tutela. Esto
plantea un problema de inmediatez, cuya solución no se determina sólo con un cómputo
del tiempo que dejaron trascurrir para reclamar judicialmente sus derechos,
aunque el tiempo es un factor relevante. Sobre todo es necesario verificar y
valorar si hay suficientes elementos de juicio en el proceso para explicar o
justificar su tardanza, y hacerla razonable. A continuación la Corte
Constitucional se referirá individual y específicamente a los casos en los que
advierte prima facie dificultades de improcedencia del amparo asociadas
a su inmediatez, y en los que además hay una circunstancia particular que
amerite consideraciones puntuales, agrupándolos por tema (primero, se referirá
a los casos que presentan estos problemas dentro del grupo de solicitantes de
PPA, luego a los casos de este tipo que se hallan en el grupo de peticionarios
de protección para el fuero sindical, y finalmente a los casos ídem que se
advierten en el grupo de los que solicita amparo por considerar que pertenecen
al retén social).
iii.i. Problemas de inmediatez en los casos de PPA
150.
En todos los casos de PPA, y
no sólo en los que se considerarán a continuación, se observa para empezar lo
siguiente.  El PPA fue ofrecido por TELECOM a sus trabajadores a comienzos del
primer semestre del año dos mil tres (2003).  No obstante, las acciones de
tutela con esta pretensión se interpusieron en el segundo semestre del año dos
mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre el ofrecimiento del Plan y el
de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6) años.  Estas personas
fueron ciertamente trabajadoras de una empresa que sólo se liquidó en enero de  dos
mil seis (2006), fecha en la cual fueron desvinculados muchos de los actores.
En algunas de las tutelas se alega que la inmediatez debe contarse desde ese
momento.  Pero conviene precisar, primero, que no todos fueron desvinculados
cuando se liquidó la empresa, y que algunos lo fueron años antes (en 2003); y
segundo, que incluso contando el tiempo desde esa fecha, los actores tardaron
cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese es un término prima
facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. En efecto, la
jurisprudencia de la Corte ha sostenido que no cumple con la inmediatez una tutela contra el PAR, en la cual se
solicita inclusión en el PPA, cuando los actores dejan trascurrir, sin
justificación razonable, cerca de tres (3) años o más, contados desde su
desvinculación, para presentarla (p.ej. sentencia T-551 de 2009).[218] Con todo, en algunos eventos, esa impresión
de irrazonabilidad se puede desvirtuar.  La Sala pasa a considerar los casos en
los que se aportó algún elemento adicional, con el fin de establecer si se
alcanzó a desvirtuar esa conclusión preliminar.
150.1. En el
proceso obran pruebas de que el señor Luis Enrique Madera Salgado interpuso
a comienzos del segundo semestre de dos mil ocho (2008) una acción de tutela
para proteger sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y sus
derechos laborales, en la cual solicitaba el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir desde su desvinculación.  En ella no pedía, como ahora, ser
incluido en el PPA.  Dicha tutela fue declarada improcedente por el Juzgado
Promiscuo de Cereté por medio de sentencia del dos (2) de octubre de  dos mil
ocho (2008),[219]
decisión que fue revocada en segunda instancia por el Juzgado Penal del
Circuito de Cereté mediante fallo del  cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho
(2008).[220]
Teniendo en cuenta que su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006), se advierte que el demandante adelantó gestiones
para defender sus derechos al año y medio.  Esta nueva tutela, distinta en lo
relevante de la anterior, fue interpuesta por el actor menos de un año después
de la primera –el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009)-.  Por lo
que si bien la Corte considera que hay un pequeño lapso entre una y otra
tutela, el que media entre su desvinculación de la compañía y la reclamación
judicial de sus derechos es extenso.  Y lo es más aún, el que media entre el
ofrecimiento del PPA y la interposición del segundo amparo. A falta de una
justificación suficiente al respecto, esta tutela debe considerarse entonces
improcedente por falta de inmediatez.
150.2.
En el proceso obran elementos de prueba, que indican que el señor Helman
Ricardo Ramírez Leyva fue intervenido de un tumor cerebral el veintiuno (21)
de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998),[221] y él dice que a causa
de ello no ha conseguido trabajo, y simultáneamente funge desde su
planteamiento como una justificación de la tardanza en la interposición del
amparo.  Asimismo, obra copia de una solicitud presentada por él ante el PAR el
tres (3) de marzo de dos mil seis (2006), con el fin de que se lo reconociera
como beneficiario del PPA.  La Corte advierte que el señor Helman Ricardo
Ramírez fue desvinculado de TELECOM el  veinticinco (25) de julio de dos mil
tres (2003), y que sólo el  diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009)  instauró
la tutela.  Entre tanto, de acuerdo con las pruebas obrantes, no promovió otras
acciones o gestiones para defender sus derechos, salvo la actuación antes
mencionada. Su sola historia médica, en conjunto con la petición referida, no
es, en concepto de esta Corte, suficiente para justificar el trascurso de  seis
(6) años o tres (3) años respectivamente para interponer la tutela.  De modo
que, a la luz de lo antes expuesto, esta tutela es improcedente por falta de
inmediatez.
150.3.
Obra también prueba en este proceso de que el señor Bolívar José Donado
Jiménez elevó ante el PAR un derecho de petición, por medio del cual
solicitó que se le ofreciera el PPA.  Este fue respondido por la entidad el  veinticuatro
(24) de abril de dos mil seis (2006) señalándole que su petición era
extemporánea, porque el plazo fijado para acogerse al PPA venció el  treinta y
uno (31) de marzo de dos mil tres (2003).[222]
La Corte advierte que el señor Bolívar José Donado Jiménez fue desvinculado de
la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Esto
significa que presentó su derecho de petición poco después no sólo de que
concluyera el proceso liquidatorio, sino también de habérsele terminado la
relación laboral con TELECOM.   Pero luego de eso no aparece ninguna otra
actuación de su parte, hasta la promoción de la tutela que provoca este
proceso, lo cual ocurrió tres (3) años después, en el mes noviembre del año dos
mil nueve (2009).  La sola presentación de una solicitud administrativa para
ser incluido en el PPA no es, en concepto de esta Corte, suficiente para
justificar los tres (3) años que dejó trascurrir después para reclamar
judicialmente protección a sus derechos.  De modo que, a la luz de lo antes
expuesto, esta acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por
falta de inmediatez.
150.4.
En este proceso obran pruebas de que el señor Eliécer Joaquín Guzmán elevó
dos peticiones antes de esta tutela, para reclamar sus derechos. Hay copia de
una petición que le hizo al PAR, con el fin de que este Patrimonio lo incluyera
en el PPA, y de la respuesta que se le dio el veinte  (20) de diciembre de  (2007)
a su solicitud.  También hay copia de un escrito presentado por este mismo
actor el  quince (15) de abril de dos mil ocho (2008) ante esa misma entidad,
mediante el cual le solicitaba reliquidar la indemnización que había recibido
al ser desvinculado de TELECOM. La Corte advierte que la desvinculación del
señor Eliécer Joaquín Guzmán Arias de TELECOM ocurrió el  veinticinco (25) de
julio de dos mil tres (2003), y que la tutela la interpuso el cuatro (4) de
noviembre de dos mil nueve (2009). Hay, como puede verse, un amplio lapso entre
la fecha de su desvinculación y el momento de interposición de las peticiones
relacionadas.  Como en el escrito de tutela no hay afirmaciones ni pruebas que
justifiquen haber dejado pasar tanto tiempo para reclamar sus derechos (más de
4 años).  A la luz de lo expuesto, esta acción debe juzgarse improcedente por
falta de inmediatez.
150.5. Se aportó copia al proceso, de una respuesta
que el dio el PAR a una solicitud presentada por el señor Hernando de Jesús
Nájera González en el sentido de que se le reconociera el derecho a ser
incluido en el PPA. Esa respuesta data del veinticinco (25) de marzo de dos mil
seis (2006).   La Corte advierte que el señor Hernando de Jesús Nájera González
fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
Hay, por lo tanto, un corto plazo entre este momento y el de la elevación de
la solicitud ante el PAR.  No obstante, el intervalo entre el ofrecimiento del
PPA y la presentación de la solicitud es de aproximadamente tres (3) años. Y el
tiempo trascurrido entre la respuesta del PAR y la promoción de la presente
tutela es también similar.  El actor no expone ningún motivo que justifique,
siquiera mínimamente, la tardanza inicial para solicitar la inclusión en el PPA,
y luego la mora en la interposición de acciones judiciales en defensa de los
derechos que consideraba desconocidos.  De
modo que, a la luz de lo antes expuesto, esta Corte considera que la presente
acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por falta de
inmediatez.
150.6.
Obran copias, asimismo, de las Resoluciones No. 250 y 2787, expedidas por
TELECOM el diecinueve (19) de julio y el dieciocho (18) de octubre de dos mil
cinco (2005) respectivamente, en las cuales se le niega al señor Gregorio
Puentes Fuentes su derecho a ser incluido en el PPA que había ofrecido
dicha compañía, por no reunir los requisitos necesarios para gozar de ese
beneficio. La Corte constata que el señor Gregorio Puentes Fuentes fue
desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y
que interpuso su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Hay, como se ve, un amplio período entre la fecha de desvinculación de la
entidad (coincidente con el contexto temporal en que se ofreció el PPA) y la
interposición de la tutela, que aparece mediado por la solicitud de inclusión
en el PPA.  No obstante, se advierte que también existe un amplio lapso entre
las resoluciones que le negaron esta petición y la promoción del amparo que
provoca el presente proceso.  Y no hay motivos que justifique el trascurso de
tanto tiempo para reclamar la protección judicial de los derechos. Según lo
expuesto, la acción es pues improcedente por falta de inmediatez.
150.7.
Al proceso se allegó también copia de una de respuesta que le dio TELECOM al
señor Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo, en la cual le niega una solicitud
que este había prestado en el sentido de ser incorporado al grupo de
beneficiarios del PPA.  La respuesta data del cuatro (4) de abril de dos mil
tres (2003).  La Corte constata que el señor Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo fue
desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
y que interpuso su tutela el  cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Trascurrieron
por lo tanto seis (6) años entre la respuesta a su petición, y la interposición
del amparo, y ese lapso no está justificado con suficiencia en el expediente.   Asimismo,
se presentó un lapso de más de tres  (3) años entre la fecha de terminación de
su vínculo con TELECOM y la promoción de la tutela, y este lapso tampoco está
justificado.  De modo que, a la luz de lo antes expuesto, la presente acción
debe entonces juzgarse improcedente por falta de inmediatez.
150.8.
Se aportó copia al proceso, de
una respuesta que el dio el PAR a una solicitud presentada por el señor al
señor Antonio Sanabria Miranda para que se le reconociera el derecho a
ser incluido en el PPA.  Esa respuesta data del  veinticuatro (24) de abril de
dos mil seis (2006), y la entidad negó su petición señalando que no reunía los
requisitos exigidos para ser sujeto de este beneficio.  La Corte advierte que
el señor Antonio Sanabria Miranda fue desvinculado de TELECOM el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Hay, por lo tanto, un corto plazo
entre este momento y el de la elevación de la solicitud ante el PAR. No
obstante, el intervalo entre el ofrecimiento del PPA y la presentación de la
solicitud es de aproximadamente tres (3) años. Y el tiempo trascurrido entre la
respuesta del PAR y la promoción de la presente tutela es también similar.  El
actor no expone ningún motivo que justifique, siquiera mínimamente, la tardanza
inicial para solicitar la inclusión en el PPA, y luego la mora en la
interposición de acciones judiciales en defensa de los derechos que consideraba
desconocidos.  A la luz de lo antes
expuesto, esta Corte considera que la acción debe juzgarse improcedente por
falta de inmediatez.
150.9.
Obra copia también de una petición formulada por el señor Julio de Jesús
Solano Mercado, en la cual le solicita al PAR incluirlo en el PPA. El
escrito no tiene fecha, ni constancia de recibido por alguna autoridad que
tuviera vínculos con la administración del PPA.  La Corte considera que esto no
es prueba de que el señor Julio de Jesús Solano Mercado hubiese obrado con
diligencia en la defensa de sus derechos fundamentales. Por lo demás, la Corte
advierte que este demandante fue desvinculado el  treinta y uno (31) de enero
de  dos mil seis (2006) y que promovió su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos
mil nueve (2009).  Es decir, que trascurrieron seis (6) años para interponer la
acción, contados desde el ofrecimiento del PPA, y  tres (3) años, contados
desde la terminación de su vínculo.  Una sola petición en el medio de
cualquiera de esos extremos es insuficiente para justificar la tardanza en la
reclamación tutelar de sus derechos. De modo que, a la luz de lo antes
expuesto, la solicitud de protección es improcedente por falta de inmediatez.
150.10.
Al expediente se adjuntó copia de la respuesta dada por el PAR a una petición
que había presentado el señor Jorge Ramón Soto Soto, en el sentido de
que se lo incluyera en el grupo de beneficiarios del PPA.  No es legible la
fecha de expedición de esa respuesta.  La Corte advierte que este demandante
fue desvinculado el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que
promovió su tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Es
decir, que trascurrieron  seis (6) años para interponer la acción, contados
desde el ofrecimiento del PPA, y  tres (3) años para los mismos efectos,
contados desde la terminación de su vínculo. Una sola petición en el medio de
cualquiera de esos extremos es insuficiente para justificar la tardanza en la
reclamación tutelar de sus derechos.  La fecha de expedición de la respuesta no
altera entonces la resolución de su tutela.   De acuerdo con
lo antes expuesto, la Sala Plena de la Corte considera que la solicitud de
protección judicial de este accionante es improcedente por falta de inmediatez.
150.11.
Obra copia de una respuesta dada por TELECOM a una solicitud de la señora Sonia
Isabel Salcedo Escandón, en la que pedía información sobre las razones por las
cuales no fue incluida en el PPA.  La respuesta data del  veintiséis (26) de
octubre de  dos mil cuatro (2004).  La Corte constata que esta accionante fue
desvinculada de la compañía el veinticinco (25) de julio de  dos mil tres (2003),
y que interpuso el amparo que provoca este proceso el veintisiete (27) de
noviembre de dos mil nueve (2009).  Trascurrieron entonces  seis (6) años desde
que fue desvinculada (momento coincidente con el del ofrecimiento del PPA) y cinco
(5) años desde que se le dio respuesta a su solicitud de información sobre la
inclusión en dicho Plan.  Sin embargo, esta actora no expone motivos que
justifiquen la tardanza que se percibe en la reclamación de amparo de sus
derechos.  De modo que,
conforme con lo antes expuesto, la Sala Plena
considera que esta solicitud resulta improcedente por falta de inmediatez.
150.12.
En el expediente reposan también pruebas de que el señor Carlos Ramiro
Osorio Cano presentó ante el PAR en  dos mil nueve (2009) una serie de
documentos para el trámite de su pensión.   La Corte constata que este
demandante fue desvinculado de TELECOM el veinticinco (25) de julio de  dos mil
tres (2003), y que interpuso la tutela que provoca este proceso el veintisiete
(27) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Hay entre ambos extremos, como se
puede apreciar, un amplio lapso.  La petición data del mismo año en que
interpuso el amparo. El tiempo trascurrido entre los extremos antes mencionados
no está justificado en los medios de prueba aportados al proceso.   De tal suerte, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera
que la acción de tutela presentada por el señor Carlos Ramiro Osorio Cano es
improcedente por falta de inmediatez.
150.13.
El señor Javier Arteta Gutiérrez, de acuerdo con las pruebas, obtuvo el  veinte
(20) de abril de  dos mil seis (2006) una respuesta del PAR a su solicitud de
ser incluido en el PPA.  En ella se le informó que el plazo para ser
incorporado en dicho Plan vencía el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres
(2003).  La Corte advierte que este peticionario fue desvinculado de TELECOM el
treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En consecuencia, tardó un
total de seis (6) años para interponer la tutela, contados desde el momento en
que se ofreció el PPA, y de tres (3) años para los mismos efectos, computados
desde cuando obtuvo la respuesta del PAR antes reseñada.  Dejó entonces pasar,
como se ve, un amplio lapso para reclamar la protección de sus derechos
constitucionales.  Por lo mismo, conforme
con lo antes expuesto, la Corte
Constitucional considera que la acción de tutela presentada por el señor Javier
Arteta Gutiérrez debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.
150.14.
En el expediente reposa copia de una solicitud elevada por el señor Severo
Ramírez Abril ante Fiduagraria – Fidupopular en el mes de abril del año  dos
mil seis (2006).  En ella reclamaba el derecho, que a su juicio tenía, de ser
incluido en el PPA.  Esta Corte advierte que el señor Ramírez Abril fue
desvinculado de la compañía el  veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003),
y que presentó su tutela el  veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Hay, como puede verse, un amplio lapso entre la fecha de ofrecimiento del PPA
o de la terminación del vínculo laboral del actor y la de promoción del amparo.
No obstante, no hay motivos en que justifiquen la inacción durante tanto
tiempo.  Por lo mismo, conforme
con lo antes expuesto, la Corte
Constitucional considera que la tutela presentada por el señor Severo Ramírez
Abril debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.
150.15.
Obra copia de una respuesta dirigida por el PAR a la señora Mireya Beltrán
Rodríguez el tres (3) de noviembre de  dos mil seis (2006), que versa sobre
una solicitud de esta última de ser incluida en el grupo de beneficiarios del
PPA.  La Corte advierte que esta misma peticionaria interpuso la presente
acción de tutela el  tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Según las
pruebas, había sido desvinculada de TELECOM en la fecha de terminación del
proceso liquidatorio; es decir, el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006).  De modo que dejó trascurrir, para promover el amparo, un término de seis
(6) años contados desde que fue ofrecido el PPA, uno de tres (3) años computado
desde que se le acabó el vínculo laboral con la compañía, y uno de dos (2) años
contados desde que se le dio respuesta a su solicitud de inclusión al PPA. La
tutelante no expone motivos que justifiquen con suficiencia el trascurso de tan
amplio período de tiempo para reclamar la protección judicial de sus derechos.  Por
lo mismo, conforme con lo antes expuesto, la Corte Constitucional considera
que la tutela presentada por la señora Mireya Beltrán Rodríguez debe ser
declarada improcedente por falta de inmediatez.
150.16.
En el caso del señor José Armengott Garavito Vargas se aportó copia de
una comunicación que le remitió TELECOM, en el sentido de que no podía ingresar
en calidad de prepensionado al retén social.  Esa comunicación data del cuatro
(4) de noviembre de dos mil tres (2003).   La Corte advierte que este tutelante
promovió el amparo el  tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y que fue
desvinculado desde el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003).   Así,
para interponer la acción que provoca este proceso, el demandante dejó pasar un
término aproximado de seis (6) años, contados desde cualquiera de estos tres
puntos: desde su desvinculación, desde el ofrecimiento del PPA o desde que se
le envió la comunicación.  Sin embargo, en el expediente no hay motivos que
justifiquen el trascurso de tan amplio períodos. Por lo cual, según lo
antes expuesto, la Corte Constitucional considera que la tutela presentada por
el señor José Armengott Garavito Vargas debe ser declarada improcedente por
falta de inmediatez.
150.17.
Obra copia en el expediente de una respuesta enviada por el PAR al señor William
Gómez, en la cual se refiere a la solicitud de este último de que se le
relacionara el tiempo de servicios a favor del TELECOM.   Esta respuesta data
del  doce (12) de junio de dos mil ocho (2008).  No obra la fecha de
interposición de la solicitud.  La Corte constata que este peticionario
interpuso su tutela el  tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), y que
fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).   Es
decir, que para promover la acción que provoca este proceso, el demandante dejó
trascurrir un término de seis (6)  años, contados desde cuando se ofreció el
PPA, y uno de tres (3) años desde cuando fue desvinculado.  Este último estuvo
mediado por una reclamación ante el PAR.  Aunque es verificable la fecha de
respuesta a esta última, no lo es la de interposición de la solicitud.  Esto,
aunque debe interpretarse a favor de una resolución de fondo de la tutela (pro
actione), no es sin embargo suficiente para desvirtuar el problema de
inmediatez.   Pasaron  seis (6) años entre el momento en que TELECOM ofreció el
PPA a sus trabajadores y la fecha en que se instauró esta tutela.  Sólo la
presentación de una única petición no es argumento suficiente para justificar
un lapso tan amplio. Por tanto, según lo expuesto, la tutela debe ser declarada
improcedente.
150.18.
Al proceso también se allegó copia de una respuesta dada por el PAR al señor José
Ignacio Murcia, en la cual se refiere a la solicitud presentada por este
último de que se le informara cuál fue el tiempo de servicios a favor de
TELECOM.  La respuesta data del veintiocho (28) de agosto de dos mil siete (2007).
La Corte constata que este peticionario presentó su tutela el tres (3) de
noviembre de dos mil nueve (2009), y que fue desvinculado de la compañía el  treinta
y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006).  Es decir, dejó trascurrir, para
interponer la tutela, un término de  seis (6) años contados desde el
ofrecimiento del PPA, y uno de dos (2) años desde cuando se le dio respuesta a
su solicitud.  Sin embargo, en el expediente no expone motivos que justifiquen
con suficiencia el trascurso de tan amplio períodos.  Por lo cual, de acuerdo
con lo antes expuesto, la Corte considera que la tutela presentada por el señor
José Ignacio Murcia debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez.
150.19.
De acuerdo con las acciones de tutela, los señores Luis Ignacio Patarroyo,
Leoncio Antonio Buriticá y Francisco Javier Solarte Martínez tienen
a la fecha en que se profiere esta sentencia, respectivamente, 62, 61 y 60 años
de edad.   Esto los haría, según una postura jurisprudencial no pacífica,
adoptada por la Corte Constitucional, sujetos de especial protección por ser
personas de la tercera edad (CP arts. 13 y 46), categoría en la cual que
quedarían incluidos los individuos que cuenten con sesenta (60) o más años de
edad.[223]
Ahora bien, la pregunta relevante debe ser entonces esta: ¿sería suficiente esa
sola circunstancia para justificar la tardanza de tres o más años para
interponer la tutela que se advierte en cada uno de sus casos?[224] La Sala Plena considera
que no.   En primer lugar, porque durante el tiempo que dejaron trascurrir para
presentar sus solicitudes de amparo tenían menos de 60 años de edad, lo cual
indica que no era desproporcionado para ellos adelantar gestiones, incluso
judiciales, para obtener protección judicial a sus derechos. En segundo lugar,
porque de acuerdo con las pruebas estos demandantes no tenían ningún otro
motivo para dejar de interponer la tutela durante todo ese tiempo, y aún
después de cumplidos los sesenta (60) años requerirían de otra razón diferente
a su edad para justificar su tardanza.
150.20.
Obra copia en el proceso de que el señor Jorge Luis De Oro Mejía  presentó
una petición ante TELECOM el veintidós (22) de octubre de  dos mil tres (2003)
en la que solicitó el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde
su desvinculación, la cual había sido a su juicio ilegal, o que se lo
reintegrara o se le reconociera como prepensionado, o se le pagara una
indemnización.  El  trece (13) de febrero de dos mil seis (2006) presentó una
nueva solicitud, pero esta vez en el sentido de que se le reconociera una
pensión de jubilación.  El doce (12) de mayo de  dos mil seis (2006) se le
contestó este último.  Entre tanto, el  veintidós (22) de marzo intentó una
nueva reclamación con el propósito de ser incluido en el retén social. La Corte
advierte que este peticionario fue desvinculado definitivamente de la compañía
el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y esto se debió de
acuerdo con lo que puede inferirse de las pruebas, a que fue reintegrado luego
de su primera petición.  La tutela la interpuso en agosto de dos mil nueve (2009,)
de modo que dejó trascurrir más de tres (3) años para ello. Después de su
desvinculación final, y de la liquidación de la entidad, presentó ciertamente
dos derechos de petición, pero luego de mayo de dos mil seis  (2006) no
adelantó gestiones en defensa de sus derechos. Son entonces tres (3) años de
inactividad, sin otros motivos que justifiquen la tardanza.  Este término es
irrazonable, y por tanto la Corte declarará improcedente su tutela.
150.21. Al proceso se allegaron también pruebas de que el
PAR reconoció, en oficio del veintisiete (27) de octubre de dos mil seis (2006),
que el señor Ismael Rincón Ramírez era beneficiario del retén social,
aunque no se precisa en qué condición.  Obra asimismo copia de una petición
presentada por él ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encaminada
a obtener determinadas prestaciones de orden social.  Esa solicitud la formuló
el veintidós (22) de mayo de dos mil seis (2006). El demandante fue desvinculado
el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), instauró la tutela en
agosto de  dos mil nueve (2009), dejando trascurrir, como se ve, un término de seis
(6) años para promover el amparo, contados desde el ofrecimiento del PPA, y de tres
(3) años, computados desde cuando se produjo su desvinculación.  Una sola
solicitud no es suficiente para considerar que hubiese actuado con diligencia.  Su
calidad de beneficiario del retén social no contribuye tampoco a desvirtuar la
irrazonabilidad prima facie de un período tan amplio de inactividad en
pro de sus derechos, pues no está claro en qué condición adquirió esa calidad.  Podría
ser en calidad de prepensionado, por ejemplo.  Pero ese factor no ha sido
dirimente para amortiguar una impresión inicial de improcedencia por falta de
inmediatez.  En definitiva, la Corte Constitucional concluye que en este caso
debe declarar improcedente la tutela.
150.22. Obra copia en el proceso de que los señores Juan
Emiliano Salamanca Guzmán y Julio César Hernández Palacios
promovieron reclamación administrativa ante el PAR el veintisiete (27) y el
nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006) respectivamente, con el propósito de
que se le reconociera el derecho a ser incluido en el PPA.  La Corte constata
que los demandantes fueron desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006) el primero, y el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003)
el segundo, y que ambos instauraron la tutela en agosto de dos mil nueve (2009).
El señor Salamanca dejó trascurrir un término de  seis (6) o tres (3) años para
interponer el amparo, según se cuente el término desde el ofrecimiento del PPA
o desde cuando se produjo su desvinculación.  Con independencia del evento que
se tome como punto de partida, este término es en principio irrazonable, y esa
impresión no resulta derrotada por un derecho de petición. Los actores tampoco
exponen motivos de otra índole en esa dirección, en virtud de los cuales sea
posible concluir que fueran sujetos de especial protección constitucional, que
hubiesen estado sometidos a fuerza mayor, o que haya sido imposible para ellos
acudir en el interregno a la justicia o la administración a reclamar sus
derechos. Con fundamento en ello, la Corte Constitucional declarará
improcedente sus acciones de tutela.
150.23. Obra copia de que el señor Jaime Enrique
Supelano Gómez  presentó
dos reclamaciones antes de esta tutela: el veintiocho (28) de febrero y el  cuatro
(4) de marzo de dos mil seis (2006).  En ambas, pedía solicitaba que se
le reconociera su derecho a ser incluido en el PPA.  La Corte constata que el
demandante fue desvinculado del TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil
tres (2003), y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009).   Dejó
trascurrir, como se ve, seis (6) años para interponer el amparo, con
independencia de si estos se cuentan desde cuando fue desvinculado o desde que
se ofreció el Plan.  Las reclamaciones que adelantó en el dos mil seis (2006)
no son suficientes para desvirtuar la conclusión prima facie de
irrazonabilidad que pesa sobre un término tan amplio para promover el amparo.  No
hay justificación para haber dejado trascurrir antes y después de esos trámites
ante la administración sendos períodos de aproximadamente tres (3) años.  Tampoco
obran elementos suficientes que lleven a la Sala a pensar que el tutelante sea
una persona en especiales circunstancias de vulnerabilidad, que hubiese estado
sometido a una fuerza mayor, o algo del mismo rigor. En ese contexto, a juicio
de la Corte Constitucional la tutela debe declararse improcedente.
150.24. En lo que se
refiere al señor Rubén Norberto Torres
Vega la Sala observa que obra copia
de una petición del primero, elevada con el fin de que se lo incluyera como
beneficiario del PPA. No es legible la fecha de radicación, ni la entidad.  Se
puede apreciar en el proceso que el demandante fue desvinculado el  veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la tutela en agosto de dos
mil nueve (2009).  Dejó trascurrir, como se ve, seis (6) años aproximadamente
para interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que
fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el
origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo
con las pruebas obrantes, sólo presentó una reclamación, y eso resulta
insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo
que dejó pasar antes de promover el amparo.  De conformidad con lo antes
expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte considera que la tutela es
improcedente.
150.25. El señor José Meidelso Torres Beltrán presentó
también, según puede inferirse del acervo probatorio del proceso, una
reclamación administrativa ante el PAR el trece (13) de marzo de dos mil seis (2006).
La Corte Constitucional observa que este demandante fue desvinculado el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), y que instauró la tutela que provoca esta
sentencia en agosto de  dos mil nueve (2009).  Dejó trascurrir, por lo tanto, seis
(6) años aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si
estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el
ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos.
En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó un
derecho de petición. Eso, en concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente
para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo
que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo. De conformidad
con lo antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte
Constitucional considera que la tutela es improcedente.
150.26. En lo que atañe al señor Francisco Javier
Sánchez Fajardo, hay también evidencia de que interpuso una petición en
marzo de dos mil seis (2006) ante el PAR, pero no es legible el día específico
de ese mes en que lo hizo.   En ella solicitaba que se lo incluyera en el PPA.
La Corte constata que este demandante fue desvinculado de la compañía el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la tutela en agosto de dos
mil nueve (2009).  Esto indica que dejó trascurrir seis (6) años
aproximadamente para interponer su amparo, con independencia de si estos se
cuentan desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento
del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese
interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó una reclamación,
y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del
intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo. De conformidad con lo
antes expuesto sobre los criterios de inmediatez, la Corte considera que la
tutela debe declararse improcedente.
150.27. Obra copia de una petición presentada por el
señor Víctor Julio Sierra Canastero ante el PAR, que data del  seis (6)
de marzo de dos mil seis (2006). En ella solicitaba se le reconociera su
derecho a ser incluido en el PPA.   La Corte Constitucional observa que este
demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de  dos mil tres (2003),
y que instauró la tutela que provoca esta sentencia en agosto de  dos mil nueve
(2009).  Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para
interponer su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue
removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el
origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo
con las pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en
concepto de la Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la
irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes
de promover la presente solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto
sobre los criterios de inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la
tutela es improcedente.
150.28. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso,
el señor Luis Francisco Rueda Maluendas presentó antes de esta tutela un
derecho de petición ante el PAR el seis (6) de marzo de dos mil seis (2006). En
él solicitaba que se lo incluyera dentro del grupo de beneficiarios del PPA. La
Sala observa que este demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003), y que el actor instauró la tutela en agosto de dos mil
nueve (2009). Lo cual indica que dejó trascurrir seis (6) años aproximadamente
para interponer el amparo, con independencia de si este término se cuenta
desde que fue removido de su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA,
que es el origen de la supuesta violación a sus derechos. En ese interregno
sólo presentó entonces una reclamación, y eso resulta insuficiente para
desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar
antes de promover el amparo.  De conformidad con lo antes expuesto en cuanto a
los criterios de inmediatez, la Corte Constitucional considera que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente.
150.29. En el caso del señor Edgar Paul Rodríguez
Rodríguez se advierte que el once (11) de septiembre de dos mil tres (2003)
elevó derecho de petición ante TELECOM para que lo reconociera como
beneficiario del retén social.   Las respuestas a esta solicitud también
reposan en el proceso, y datan del  ocho (8) de octubre y del  doce (12) de
noviembre de dos mil tres (2003). La Sala constata que este accionante fue
desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003),
y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Dejó trascurrir,
por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer su amparo, con
independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de su cargo en
TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta
violación a sus derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas
obrantes, sólo presentó un derecho de petición.  Eso, en concepto de la Sala
Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que
surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud
amparo.  De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de
inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la tutela es improcedente.
150.30. La señora Emma Patricia Romero Castro
presentó reclamación administrativa y agotó la vía gubernativa, iniciando este
trámite el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), con el fin de que se
le reconociera su derecho a ser incluida en el PPA.  La demandante fue
desvinculada de TELECOM el  veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) e
instauró esta tutela en agosto de dos mil nueve (2009). Es decir, dejó pasar seis
(6) años aproximadamente, no sólo para interponer su amparo, sino también para
adelantar una gestión administrativa. Este término es igual, con independencia
de si se cuenta desde que la actora fue removida de su cargo en TELECOM o desde
el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta violación a sus
derechos. En ese interregno, de acuerdo con las pruebas obrantes, sólo presentó
un derecho de petición, pero en el mismo año en el que promovió la tutela.  Eso
resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que
surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente solicitud
amparo.  De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de
inmediatez, la Corte Constitucional considera que la tutela es improcedente.
150.31. En lo que se refiere al señor Jairo Rojas
Acuña, se advierte que presentó derecho de petición ante el PAR el seis (6)
de marzo de  dos mil seis (2006), con el fin de que ser reconocido como
beneficiario del PPA. No obra copia de la contestación. La Corte observa que
este peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003), y que instauró su tutela en agosto de dos mil nueve (2009).
Dejó trascurrir, por lo tanto, seis (6) años aproximadamente para interponer
su amparo, con independencia de si estos se cuentan desde que fue removido de
su cargo en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la
supuesta violación a sus derechos.  En ese interregno, de acuerdo con las
pruebas obrantes, sólo presentó un derecho de petición. Eso, en concepto de la
Sala Plena, resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima
facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la presente
solicitud amparo. De conformidad con lo antes expuesto sobre los criterios de
inmediatez, la Sala Plena de la Corte considera que la tutela es improcedente.
150.32. Al proceso se aportaron también sendas copias de
dos peticiones elevadas por el señor Jair Ramírez Rubio: la primera data
del ocho (8) de julio de dos mil tres (2003) y la segunda del seis (6) de marzo
de dos mil seis (2006), pero en ambas pedía que se le reconociera el derecho a
ser incluido en el PPA.  La Corte Constitucional advierte que este actor fue
desvinculado de TELECOM el veinticinco (25)  de julio de dos mil tres (2003), y
que presentó esta tutela en agosto de dos mil nueve (2009).  Lo cual indica que
dejó trascurrir seis (6) años aproximadamente para interponer el amparo, con
independencia de si este término se cuenta desde que fue removido de su cargo
en TELECOM o desde el ofrecimiento del PPA, que es el origen de la supuesta
violación a sus derechos.  En ese interregno sólo presentó entonces dos
reclamaciones, y eso resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima
facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo.  El actor
no expone ninguna otra circunstancia que justifique un lapso tan amplio para
exigir protección judicial a sus derechos constitucionales. De conformidad con
lo antes expuesto en cuanto a los criterios de inmediatez, la Corte
Constitucional considera que la acción de tutela del señor Ramírez Rubio debe
ser declarada improcedente.
150.33. La señora Doris Pérez y el señor Carlos
Arturo Arias Guzmán presentaron una petición el ocho (8) de julio de dos
mil tres (2003) con el propósito de que se les reconociera su derecho a ser
incluidos en el PPA. No obra la contestación de TELECOM.  La Corte constata sin
embargo que la primera peticionaria fue desvinculada de su cargo el treinta y
uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que el segundo, lo fue el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003).  En ninguno de los casos, la petición
referida logra desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge de
dejar trascurrir términos de tres (3) o seis (6) años, según el caso, contados
incluso desde su desvinculación, para intentar una defensa de los derechos
fundamentales que se estiman conculcados.   El anterior aserto se refuerza, una
vez se advierte que no hay elementos para concluir que los demandantes sean
personas en especiales condiciones de vulnerabilidad, que hubiesen estado
sometidos a una fuerza mayor en ese interregno o que para ellos resultara
desproporcionado interponer una tutela. Por lo mismo, la Corte declarará
improcedentes sus amparos.
150.34. En el expediente T-2500881 se encuentra
como tutelante el señor Alfredo Chica Gutiérrez. Este peticionario
trabajó para TELECOM, primero, hasta el mes de julio de dos mil dos (2002),
pero luego fue vinculado y laboró para esta compañía hasta el treinta (30) de
enero de dos mil seis (2006).  Instauró su tutela el  veinticuatro (24) de
julio de dos mil nueve (2009) para pedir que se lo incluya en el PPA.   En su
caso, la petición referida no logra desvirtuar la irrazonabilidad prima
facie que surge de dejar trascurrir términos de tres (3) o seis (6) años,
según el caso, contados incluso desde su desvinculación, para intentar una
defensa de los derechos fundamentales que se estima conculcados.   El anterior
aserto se refuerza, una vez se advierte que no hay elementos para concluir que
el demandante sea una persona en especial condición de vulnerabilidad, que
hubiese estado sometido a fuerza mayor en ese interregno o que resultara
desproporcionado para él interponer una tutela oportunamente. La Sala Plena de
la Corte Constitucional declarará entonces improcedente su acción de tutela por
falta de inmediatez.
151.
En definitiva, en el cuadro que se expone a continuación se relacionarán las
personas que solicitan PPA y cuyas tutelas son improcedentes por falta de
inmediatez.   En esa tabla están incluidos los nombres de otros accionantes que
piden ser incluidos en el PPA y no fueron enunciados en los párrafos
anteriores, pues sus solicitudes de amparo son también improcedentes por falta
de inmediatez.  En sus casos no habrá, sin embargo, una consideración específica,
similar a la que se hizo en los párrafos precedentes, debido a que no sólo
tardaron también un periodo demasiado extenso para presentar sus amparos, sino
que aparte dejaron de aportar –teniendo oportunidad de hacerlo- elementos de
juicio adicionales para desvirtuar la impresión inicial de falta de inmediatez.
La Corte advierte asimismo que tienen menos de sesenta (60) años y, por tanto,
no son personas de la tercera edad, según la jurisprudencia. No hay pruebas de
que hubiesen obrado con
suficiente diligencia para solicitar lo que ahora reclaman. Tampoco está
acreditado que hayan estado sometidas a fuerza mayor, o que sea desproporcionado
adjudicarles la carga de acudir a un juez con prontitud, debido por ejemplo a
su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad
física.  En esa medida, la Corte declarará improcedentes las tutelas de PPA de
todos los siguientes actores:
Accionantes – Tutelas improcedentes por
falta de inmediatez PPA
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Luis Enrique Madera Salgado
T-2471345
PPA
2
Edinson Rafael Cortés Pérez
T-2471345
PPA
3
Dulfary Elena Echavarría Parra
T-2471345
PPA
4
Julio César Flórez Villamizar
T-2471345
PPA
5
Gustavo de Jesús García Rendón
T-2471345
PPA
6
Diego Mauricio Londoño Montoya
T-2471345
PPA
7
Ángel María Mora Lastra
T-2471345
PPA
8
Elkin Paniagua Agudelo
T-2471345
PPA
9
Rafael Patiño Usquiano
T-2471345
PPA
10
Luz Eugenia Quintero Tello
T-2471345
PPA
11
Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero
T-2471345
PPA
12
Luis Eduardo Santos Escobar
T-2471345
PPA
13
Juan María Verdecia Sarmiento
T-2471345
PPA
14
Oscar Alberto Yepes Torres
T-2471345
PPA
15
Rubén Darío Álvarez Aguilar
T-2471345
PPA
16
Ruth Milena Gómez Hernández
T-2476358
PPA
17
Adalys Yamile Martínez Ríos,
T-2476358
PPA
18
Gloria Stella Hincapié Guzmán
T-2476358
PPA
19
Lupe Cecilia Serrano  Moreno
T-2476358
PPA
20
Margot Pabón González
T-2476358
PPA
21
Emilio de Jesús González Villada
T-2476358
PPA
22
Alicia Zabala
T-2476358
PPA
23
Elver Danilo Torres González
T-2476358
PPA
24
Luis Hernando Gutiérrez Ávila
T-2476358
PPA
25
Libardo Antonio Moreno Pineda
T-2476358
PPA
26
Amanda Cuéllar Vásquez
T-2476358
PPA
27
Hernando Ramírez Zambrano
T-2476358
PPA
28
José Ricardo Camacho Antonio
T-2476358
PPA
29
Fernando Marín Lozano
T-2476358
PPA
30
Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez
T-2476358
PPA
31
Álvaro José Morales Ezqueda
T-2476358
PPA
32
Floralba Sánchez Pérez
T-2476358
PPA
33
Flor Emilia Campo Vargas
T-2476358
PPA
34
Miriam Avendaño Amaya
T-2476358
PPA
35
Cristo Rafael Pájaro Almanza
T-2476358
PPA
36
Luis Francisco Cáceres Ovalles
T-2476358
PPA
37
Jorge Alberto Molina Villa
T-2476358
PPA
38
María del Socorro Restrepo Gómez
T-2476358
PPA
39
Carlos Eufrasio Brun Arango
T-2476358
PPA
40
Eduardo Antonio Acosta Luna
T-2476359
PPA
41
Carlos Zaidth Bolaños Pazos
T-2476359
PPA
42
Nubia Yolanda Combariza Granados
T-2476359
PPA
43
Jorge Luis De Oro Mejía
T-2476359
PPA
44
Julio César Hernández Palacios
T-2476359
PPA
45
Omaira Infante Suárez
T-2476359
PPA
46
Doris Consuelo Jaimes de Barreto
T-2476359
PPA
47
Ismael Rincón Ramírez
T-2476359
PPA
48
Juan Emiliano Salamanca Guzmán
T-2476359
PPA
49
Fernando Enrique Vila Carvajal
T-2476359
PPA
50
Sandra Patricia Melo Tarazona
T-2484301
PPA
51
Helman Ricardo Ramírez Leyva
T-2484301
PPA
52
Fair Ramírez Rubio
T-2484301
PPA
53
Edgar Paul Rodríguez Rodríguez
T-2484301
PPA
54
Jairo Rojas Acuña
T-2484301
PPA
55
Emma Patricia Romero Castro
T-2484301
PPA
56
Luis Francisco Rueda Maluendas
T-2484301
PPA
57
Francisco Javier Sánchez Fajardo
T-2484301
PPA
58
Víctor Julio Sierra Canastero
T-2484301
PPA
59
Jaime Enrique Supelano Gómez
T-2484301
PPA
60
José Meidelso Torres Beltrán
T-2484301
PPA
61
Rubén Norberto Torres Vega
T-2484301
PPA
62
Martha Luz Builes Zuluaga
T-2507052
PPA
63
Gustavo Adolfo Andrade González
T-2507052
PPA
64
Leoncio Antonio Buriticá Marín
T-2507052
PPA
65
Kathy del Socorro Bustillo Pertuz
T-2507052
PPA
66
Rosa Irene Del Río Bastidas
T-2507052
PPA
67
Gustavo Díaz Melo
T-2507052
PPA
68
José Eugenio Fonseca Silva
T-2507052
PPA
69
José Hernán González Martínez,
T-2507052
PPA
70
Wither del Socorro Gutiérrez Mazo
T-2507052
PPA
71
Ruth de las Mercedes Laguna Ortega
T-2507052
PPA
72
Arline Livingston Britton
T-2507052
PPA
73
María Nohemy López López
T-2507052
PPA
74
Martha Elena Pavas Álvarez
T-2507052
PPA
75
Luis Enrique Medina Lima
T-2507052
PPA
76
Luis Alberto Mena Ruíz
T-2507052
PPA
77
Luz Marina Miranda Marrugo
T-2507052
PPA
78
Iván Molina Pérez
T-2507052
PPA
79
Félix Alberto Orjuela Carvajal
T-2507052
PPA
80
Alfredo José Palis Romero
T-2507052
PPA
81
Rafael Antonio Patiño Granados
T-2507052
PPA
82
Armando Peña Ruíz
T-2507052
PPA
83
Efrén José Peroza Ricardo
T-2507052
PPA
84
Jairo Alberto Quintero Bolaños
T-2507052
PPA
85
Deccy Yanire Quiroga Moncaleano
T-2507052
PPA
86
Martha Beatriz Ramírez Arcila
T-2507052
PPA
87
Luis Gerney Restrepo Ruíz
T-2507052
PPA
88
María Edid Rivera Brand
T-2507052
PPA
89
Jacinto Manuel Rodríguez González
T-2507052
PPA
90
Martha Irene Tamayo Muletón
T-2507052
PPA
91
Jairo Gustavo Trujillo Olaya
T-2507052
PPA
92
León Nicolás Villada Mejía
T-2507052
PPA
93
Eduardo Villanueva Varón
T-2507052
PPA
94
Luz María Zuluaga Silva
T-2507052
PPA
95
Adalberto Enrique Barraza Ruiz
T-2537070
PPA
96
Darío Enrique Cantero Vergara
T-2537070
PPA
97
Bolívar José Donado Jiménez
T-2537070
PPA
98
Alejandro Guillermo Escobar Ospino
T-2537070
PPA
99
Nilson de Jesús Garcés Mejía
T-2537070
PPA
100
Eliécer Joaquín Guzmán
T-2537070
PPA
101
Martha Luz Martín Bacci
T-2537070
PPA
102
Hernando de Jesús Nájera González
T-2537070
PPA
103
Silvestre Palencia Villafanez
T-2537070
PPA
104
Oswald Danies Palomo López
T-2537070
PPA
105
Gregorio Puentes Fuentes
T-2537070
PPA
106
Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo
T-2537070
PPA
107
Antonio Sanabria Miranda
T-2537070
PPA
108
Luis Alfonso Serrano Arévalo
T-2537070
PPA
109
Julio de Jesús Solano Mercado
T-2537070
PPA
110
Jorge Ramón Soto Soto
T-2537070
PPA
111
Antonio Luis Zagarra Charris
T-2537070
PPA
112
Edgar Rodrigo Aguilar Vera
T-2537078
PPA
113
Jairo Angarita Crespo
T-2537078
PPA
114
Carlos Arturo Arias Guzmán
T-2537078
PPA
115
José Rafael Barragán Suárez
T-2537078
PPA
116
Andrés Bolívar Pacheco
T-2537078
PPA
117
Roberto Borrero Ojeda
T-2537078
PPA
118
Ricardo Castillo Arias
T-2537078
PPA
119
José Ricardo Cruz Martínez
T-2537078
PPA
120
Lucio Daza Bautista
T-2537078
PPA
121
Walter Franco Herrera
T-2537078
PPA
122
José Guillermo Garay Granados
T-2537078
PPA
123
Miguel Antonio Garzón González
T-2537078
PPA
124
Jaime Girón Grisales
T-2537078
PPA
125
Ramón Enrique Jiménez Palacio
T-2537078
PPA
126
Roberto Lozano Muñoz
T-2537078
PPA
127
Joaquín Hernando Martínez Morales,
T-2537078
PPA
128
José Daniel Naranjo Vargas
T-2537078
PPA
129
Martha Cecilia Neira
T-2537078
PPA
130
Luis Ignacio Patarroyo Puentes
T-2537078
PPA
131
Gilberto Peña Guzmán
T-2537078
PPA
132
Helcias Pérez Asprilla
T-2537078
PPA
133
Doris Pérez
T-2537078
PPA
134
Víctor Alfonso Pinilla Rodríguez
T-2537078
PPA
135
Víctor Jaime Ramírez López
T-2537078
PPA
136
Ovidio de Jesús Salazar Valencia
T-2537078
PPA
137
Albeiro de Jesús Sierra Patiño
T-2537078
PPA
138
Jesús Silva
T-2537078
PPA
139
Mauricio Toquica Parra
T-2537078
PPA
140
Diego Filmar Zuluaga Cardona
T-2537078
PPA
141
Jairo Enrique Forero Carvajal
T-2564079
PPA
142
Fernando Castañeda Vargas
T-2564079
PPA
143
Nelson López Carvajal
T-2564079
PPA
144
María Rocío Ocampo Quintero
T-2564079
PPA
145
Juan Francisco Ramírez Mejía
T-2564079
PPA
146
Dora Urueña Hernández
T-2564079
PPA
147
Tirso Eudoro Velásquez Bejarano
T-2564079
PPA
148
José María Larrarte Sandoval
T-2566146
PPA
149
Juan Alberto Bermúdez
T-2566146
PPA
150
Luis Armando Cardozo Guzmán
T-2566146
PPA
151
Yadira Castro Santamaría
T-2566146
PPA
152
Jorge René García Correa
T-2566146
PPA
153
Helman Ricardo Garzón Duarte
T-2566146
PPA
154
José Omar Gómez López
T-2566146
PPA
155
Enrique Herrera Buriticá
T-2566146
PPA
156
Maribel Ladino Tocora
T-2566146
PPA
157
Liliana Lengua Annichiarico
T-2566146
PPA
158
Carlos Alberto Londoño Arango
T-2566146
PPA
159
José Obirne López Marín
T-2566146
PPA
160
Javier Márquez Ospina
T-2566146
PPA
161
Álvaro Martínez Bravo
T-2566146
PPA
162
Yolanda Mejía Suárez
T-2566146
PPA
163
Hugo Rodrigo Mendoza Aparicio
T-2566146
PPA
164
José Gilberto Mera Cobo
T-2566146
PPA
165
Orlando Orjuela Muñoz
T-2566146
PPA
166
Gloria Ignacia Pachón Robayo
T-2566146
PPA
167
Alejandro Poveda Casallas
T-2566146
PPA
168
Juan Carlos Ramírez Hurtado
T-2566146
PPA
169
Álvaro Rodríguez Alfonso
T-2566146
PPA
170
Edgar Uriel Santamaría González
T-2566146
PPA
171
Henry Serpa Petro
T-2566146
PPA
172
Fredys Sobrino Beleño
T-2566146
PPA
173
Francisco Javier Solarte Martínez
T-2566146
PPA
174
César Olmedo Triana Quiroz
T-2566146
PPA
175
Luis Alfonso Vargas Castro
T-2566146
PPA
176
Rodrigo Cid Alarcón Lotero
T-2579968
PPA
177
José Armando Alfonso Sandoval
T-2579968
PPA
178
Javier Arteta Gutiérrez
T-2579968
PPA
179
Jorge Arecio Avendaño Valenzuela
T-2579968
PPA
180
Rafael Leonidas Camacho Sánchez
T-2579968
PPA
181
Viviana Casallas Domínguez
T-2579968
PPA
182
Nelson Riquelmins Cortes Martínez
T-2579968
PPA
183
Luis Arnobio Díaz Vásquez
T-2579968
PPA
184
Germán Cabuya Parra
T-2579968
PPA
185
Isabel González García
T-2579968
PPA
186
Juan José González Urrutia Fulton
T-2579968
PPA
187
Freddy Hernández Sudea
T-2579968
PPA
188
Rubén Dario Jaramillo Marín
T-2579968
PPA
189
Alberto Martínez Jairo
T-2579968
PPA
190
Harvin Julio Mateus Zarate
T-2579968
PPA
191
William Martínez Canastero
T-2579968
PPA
192
Erasmo Enrique Mayorga Moreno
T-2579968
PPA
193
Luz Mery Moreno Ospina
T-2579968
PPA
194
Rosalba Olarte Collazos
T-2579968
PPA
195
Carlos Ramiro Osorio Cano
T-2579968
PPA
196
Luis Mariano Padilla Chima
T-2579968
PPA
197
Elicenia Páez de Reyes
T-2579968
PPA
198
Mireya Astrid Pardo Reyes
T-2579968
PPA
199
Severo Ramírez Abril
T-2579968
PPA
200
Luis Fernando Rocha Villanueva
T-2579968
PPA
201
Manuel Enrique Rojas Novoa
T-2579968
PPA
202
Fernando Alberto Salazar Franco
T-2579968
PPA
203
Sonia Inés Salcedo Escandón
T-2579968
PPA
204
Oscar Eduardo Santos Hormiga
T-2579968
PPA
205
Eduardo Serrato Bonilla
T-2579968
PPA
206
Jesús Yamil Suárez Cárdenas
T-2579968
PPA
207
Amalia Torres Cruz
T-2579968
PPA
208
Luis Enrique Triviño Carvajal
T-2579968
PPA
209
Ruth Virginia Montero Ayazo
T-2587255
PPA
210
Wilmer Fernando Álvarez Vergara
T-2587255
PPA
211
Mireya Beltrán Rodríguez
T-2587255
PPA
212
Benjamín Antonio Benedetty Galvis
T-2587255
PPA
213
César Hernán Bohórquez Mahecha
T-2587255
PPA
214
Luis Gabriel Cáceres Corredor
T-2587255
PPA
215
Julieta Cárcamo Zea
T-2587255
PPA
216
José Armando Chávez Rocha
T-2587255
PPA
217
Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz
T-2587255
PPA
218
Gustavo De Castro Palmarini
T-2587255
PPA
219
Hernán Díaz Mejía
T-2587255
PPA
220
Juan Escobar Torres
T-2587255
PPA
221
Irina Eunice Forestiery Hernández
T-2587255
PPA
222
Luis Ángel Gallego Ramírez
T-2587255
PPA
223
José Armagot Garavito Vargas
T-2587255
PPA
224
Henry Garcés Oscar
T-2587255
PPA
225
William Gómez
T-2587255
PPA
226
Adriana María Gutiérrez Agudelo
T-2587255
PPA
227
Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo
T-2587255
PPA
228
Luis Arturo Martínez Realpe
T-2587255
PPA
229
Enrique Olaya Molina Casanova
T-2587255
PPA
230
José Ignacio Murcia
T-2587255
PPA
231
Rodolfo Nelson Negrete
T-2587255
PPA
232
Ricardo Alirio Patiño Morillo
T-2587255
PPA
233
Carmenza Lucía Revelo Narváez
T-2587255
PPA
234
Jorge Hugo Rivera Salgado
T-2587255
PPA
235
Edipza Maryori Romo Eraso
T-2587255
PPA
236
Wilson William Salazar Romero
T-2587255
PPA
237
José Alberto Sánchez Camacho
T-2587255
PPA
238
Jorge Luis Simbaqueba Barrera
T-2587255
PPA
239
María Josefina Solarte Rosero
T-2587255
PPA
240
Nancy del Socorro Taborda Cortés
T-2587255
PPA
241
Elena del Socorro Vega Altamiranda
T-2587255
PPA
242
César Ventura Castellanos Cáceres
T-2587255
PPA
243
Julia Escilda Weber Angulo
T-2587255
PPA
244
Faunier Zapata
T-2587255
PPA
245
Hugo Rafael Baca Sandoval
T-2587286
PPA
246
Aymer Baena Gallón
T-2587286
PPA
247
Ramón José Barrios Iriarte
T-2587286
PPA
248
María Asunción Benavides Correa
T-2587286
PPA
249
Ana María Calvo Gutiérrez
T-2587286
PPA
250
Jesús Andrés Díaz Díaz
T-2587286
PPA
251
Miriam Fuertes Penagos
T-2587286
PPA
252
Luz Marleny Gallego Tirado
T-2587286
PPA
253
Leonor García
T-2587286
PPA
254
Lourdes María Garizabalo Muñoz
T-2587286
PPA
255
Joaquín Darío Gómez Rico
T-2587286
PPA
256
Pedro Francisco Gómez Vega
T-2587286
PPA
257
Jaime de Jesús González Noreña
T-2587286
PPA
258
Antonio José Guarnizo Hurtado
T-2587286
PPA
259
José Ignacio Henao Zea
T-2587286
PPA
260
Eberto Obdulio León Cubillos
T-2587286
PPA
261
Omar Hernán León Sánchez
T-2587286
PPA
262
Martha Patricia López Arango
T-2587286
PPA
263
Omaira Esther Márquez Seña
T-2587286
PPA
264
Luz Marina Márquez Tamara
T-2587286
PPA
265
Álvaro Hernando Monroy Arias
T-2587286
PPA
266
Luis Amado Orejuela Mosquera
T-2587286
PPA
267
Alberto Porras Marín
T-2587286
PPA
268
Noris Quintero Agamez
T-2587286
PPA
269
Fernando Mayid Rendón Gil
T-2587286
PPA
270
Ana Raquel Romero Lozano
T-2587286
PPA
271
María del Tránsito Rosado Cuao
T-2587286
PPA
272
Omar Enrique Royert Iriarte
T-2587286
PPA
273
Julián Sánchez Fernández
T-2587286
PPA
274
Gustavo Sánchez Pedro
T-2587286
PPA
275
Jorge Luis Santiz Yances
T-2587286
PPA
276
Walter Torres Mercado
T-2587286
PPA
277
Elvira Rosa Villa de la Hoz
T-2587286
PPA
278
Edith Villamil Tavera
T-2587286
PPA
279
Carlos Alberto Villamizar Torres
T-2587286
PPA
280
Carlos Arturo Zuluaga Méndez
T-2587286
PPA
281
Alfredo Chica Gutiérrez
T-2500881
PPA
iii.ii. Problemas de inmediatez en los casos de Fuero
Sindical
152.
En los expedientes en los que se agrupan en términos globales los accionantes
de fuero sindical, el examen de inmediatez presenta las siguientes
particularidades. Las personas fueron desvinculadas –a su juicio- sin la
autorización judicial requerida, bien sea porque los procesos ordinarios de
levantamiento de fuero sindical continuaban su trámite ordinario al momento de
terminarse la relación, o porque los jueces competentes denegaron las
pretensiones del PAR, y por consiguiente no se obtuvo el permiso judicial para
concluir los vínculos laborales de manera adecuada.  En los casos que se
exponen a continuación se observa inactividad de los peticionarios para buscar
el amparo de sus derechos, lo cual se hace patente en que dejaron de adelantar
acciones de reintegro para tramitar sus pretensiones (incluso estas
prescribieron) u omitieron presentar peticiones ante la entidad. Tardaron
entonces dos (2) ó tres (3) años para interponer el amparo, contados desde la
conclusión del proceso de levantamiento de fuero o desde su desvinculación de
la empresa, según el caso.   Este término es en principio demasiado amplio para
presentar una tutela, y prima facie debe conducir a su improcedencia,
como lo ha dicho la Corte (p.ej. sentencia T-135a de 2010).[225]   La impresión inicial
de falta de inmediatez puede, sin embargo, desvirtuarse.   La Sala Plena pasa a
definir si en los siguientes casos se desvirtuó, con los elementos aportados al
proceso.
152.1.
En la acción de tutela del expediente T-2471346 aparecen como
peticionarios los señores Claribel Arias Gaviria, Andrés Felipe Cruz
Erazo, José Luis Cuadros, Fredy Arnul Díaz Claros, Eucardo
Vinicio Hurtado Urbano, Gerardo Alirio Ipia Narváez y Zulmary
Pabón Rodríguez.  Esta tutela fue promovida el veintiuno (21)  de agosto de
dos mil nueve (2009); es decir, aproximadamente tres (3) años después de
haberse expedido la decisión de la jurisdicción ordinaria, mediante la cual se
dejó de acceder a la solicitud de levantamiento de fuero por considerar que se
presentaba carencia actual de objeto, en tanto los trabajadores habían sido
desvinculados el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Esa
providencia fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán
mediante fallo del once  (11) de mayo de  dos mil seis (2006).   En el
expediente no hay elementos para concluir que estas personas hubiesen
interpuesto alguna petición ante la administración.  Tampoco obran pruebas de
que hubieran cuestionado la mencionada decisión judicial y no interpusieron
acción de reintegro sindical para solicitar la reincorporación a la entidad o
la indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir.   Ninguno
de ellos está en una situación de especial vulnerabilidad por sus condiciones
de salud, ni estuvo sometido a una fuerza mayor.  La tardanza en la
interposición de la tutela resulta entonces injustificada, y debe declararse
improcedente.
152.2.
En la acción de tutela del expediente T-2537041 aparecen como peticionarios
los señores Clara Stella Correa Arango, Henry González López, Luis
Carlos Mejía Alvarado, Jesús Humberto Monje Alarcón, Edgar Moya
Córdoba, Jésus María Patarroyo Puentes, Jorge Enrique Sandino
Macías y Gerardo Vargas Pérez. Estos accionantes fueron
desvinculados el veintiocho (28) de abril de dos mil seis (2006).    El amparo
lo presentaron el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).   Es
decir, interpusieron la solicitud de protección constitucional después de tres
(3) años y seis (6) meses de haberse proferido respecto de ellos la decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia
Laboral, que se abstuvo de levantar su fuero sindical con base en que ya no
eran trabajadores y carecía de sentido quitar la protección.   Ese fallo fue
expedido el seis (6) de febrero de dos mil siete (2007). Los accionantes no lo cuestionan.
Manifiestan, sin embargo, que adelantaron acción de reintegro contra el PAR de
Telecom, pero no allegan pruebas de ello.  Tampoco hay elementos para concluir,
a partir de las pruebas, que hubiesen estado sometidos luego de su
desvinculación o del término del proceso de levantamiento del fuero a una
fuerza mayor.  No son sujetos en condiciones especiales de vulnerabilidad, ni
hay tampoco muestras de que hubiesen obrado con diligencia en el intervalo
trascurrido antes de la tutela.  Esto es suficiente para declarar improcedente
la tutela por falta de inmediatez.
152.3.
En el expediente T-2537041 también es demandante la señora  Yolanda
Rubio Benjumea.   Esta peticionaria fue desvinculada el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006).  Su tutela fue, como se dijo, interpuesta el veintiocho
(28) de octubre de dos mil nueve (2009).   Es decir, se tomó más de tres (3) años
para instaurar el amparo.   En su caso, el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Armenia había proferido fallo el veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006),
mediante el cual ordenó archivar el expediente por carecer de objeto, en razón
de que la trabajadora había sido desvinculada el treinta y uno (31) de enero de
dos mil seis (2006).  Al contar el tiempo transcurrido para interponer la
tutela desde la providencia referida resultan tres (3) años igualmente.  En el
proceso, sin embargo, no obran pruebas de que hubiera estado justificada la
demora en la presentación de la demanda.  La accionante no ha estado en
condiciones de vulnerabilidad, ni adelantó tampoco, antes de este proceso,
diligencias suficientes, ni estuvo sometida entre tanto a fuerza mayor.   Por
lo mismo, la Sala Plena considera que su tutela resulta improcedente por falta
de inmediatez.
152.4. En el mismo expediente T-2537041 aparecen
como accionantes también los señores Beatriz Alexandra Carreño Velandia,
Wilfredo Carvajal Vargas, José Rafael Silva Hernández y Carlos
Arturo Torres.
En
contra suyo, el PAR de Telecom adelantó acciones de levantamiento de fuero
sindical. El  dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005) el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pamplona denegó las pretensiones basado en que la acción
había prescrito.  Estas personas fueron removidas de su cargo el treinta y uno
(31) de enero de dos mil seis (2006)  sin haber obtenido la autorización
judicial para hacerlo. A pesar de ello, interpusieron la acción de tutela el veintiocho
(28) de octubre de dos mil nueve (2009). Dichos trabajadores sólo actuaron
entonces tras cumplirse más de tres (3) años de haber sido desvinculadas. Con
la señora Luz Marina Carrillo Suárez sucedió algo similar, aunque con la
particularidad de que su desvinculación se produjo el veintiocho (28) de abril
de dos mil seis (2006), razón por la cual dejó trascurrir también un tiempo
amplio para promover su tutela.  Pero lo común a todos estos peticionarios es
que carecían de motivos que justificaran suficientemente la demora en la
promoción de sus solicitudes judiciales de protección constitucional.  Ninguno
era sujeto en condiciones vulnerabilidad; no obraron en el interregno con
diligencia para gestionar sus derechos; ni tampoco hay motivos suficientes para
concluir que hubiesen estado sometidos a una fuerza mayor.  Por tanto, la Corte
Constitucional declarará improcedente la acción de tutela de estas personas.
152.5.
La situación del señor Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres, quien es también
accionante del expediente T-2537041, es similar a algunas de las
anteriores. Según las pruebas, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Riohacha autorizó en primera instancia la terminación del contrato de trabajo
del peticionario por medio de fallo del  tres (3) de agosto de dos mil seis (2006).
El actor interpuso tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).
Dejó trascurrir, como se ve, más de tres (3) años para promover el amparo.   Este
término es en principio irrazonable, y en el proceso no obran elementos de
prueba que justifiquen la demora en la presentación de la demanda de tutela. El
accionante no ha estado en condiciones de vulnerabilidad, ni adelantó antes de
este proceso diligencias administrativas o judiciales encaminadas a reclamar
sus derechos.   No se advierte que, luego de la autorización judicial para
removerlo del cargo, hubiera sido para este actor desproporcionado interponer
una acción como la de tutela.  Por lo mismo, la Corte considera que su
solicitud de protección constitucional es improcedente por falta de inmediatez.
152.6.
El señor Álvaro Núñez Romero también es un peticionario del  expediente T-2537041.
Fue desvinculado el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y
presentó la acción de tutela, como se dijo, en octubre de dos mil nueve (2009).
Lo cual significa que dejó pasar un término –prima facie irrazonable-
de más de tres (3) años para instaurar el amparo, contado desde ese primer
momento.   En la Corte reposa la contestación del Juzgado Laboral del Circuito
de Barrancabermeja con fecha del trece (13) de marzo de dos mil seis (2006), a
un derecho de petición interpuesto por el señor Núñez el veinte (20) de febrero
de dos mil seis (2006).  En dicho texto, indica que no existe demanda alguna de
levantamiento del fuero sindical promovida por Telecom contra el señor Álvaro
Núñez Romero.  Dicho escrito, debido a que no estaba encaminado a reclamar un
derecho sino a indagar información procesal, no tiene por sí solo el mérito
suficiente de desvirtuar la falta de inmediatez.  Por lo demás, no hay
elementos para concluir que el demandante hubiese estado en condiciones de
vulnerabilidad, que hubiera adelantado antes de este proceso diligencias tendientes
a reclamar sus derechos, o que hubiera sido desproporcionado para él interponer
una tutela en ese lapso.  Por lo mismo, la Corte considera que su acción es
improcedente por falta de inmediatez.
152.7.
El caso del señor Aymer Ortiz Penagos se encuentra en el expediente T-2537041.  Cabe
señalar que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia profirió en su
caso fallo en el proceso de levantamiento de fuero adelantado por la entidad el
veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006), mediante el cual ordenó
archivar el expediente por carecer de objeto, en razón de que el trabajador había
sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006). Si su
intención era solicitar el reintegro o una indemnización por haber sido
desvinculado de la compañía sin observar el procedimiento establecido en la
ley, contaba con la acción de reintegro. En el expediente consta la
contestación que le dio el PAR a un derecho de petición de este actor, con
fecha del diecinueve (19) de marzo de dos mil ocho (2008). Esta diligencia
tiene la potencialidad de desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del
tiempo trascurrido para presentar el amparo, ya que contado el término desde la
respuesta a la petición, había trascurrido un año y medio.  La Sala considera
que ese es un lapso razonable, y por lo mismo estima que su tutela no es
improcedente por falta de inmediatez.
152.8.
En relación con los señores Neftalí Carmelo Zapata Suárez y Sergio
Antonio Téllez del expediente T-2471216, se aprecia que solicitan
ordenarle a Caprecom reconocer la pensión de vejez y pagarles el retroactivo
correspondiente a las mesadas pensionales a que tienen derecho. La Corte
constata que su tutela no se dirige contra el PAR, sino contra Caprecom, de
modo que no puede someterse a los criterios de procedencia por inmediatez que
rigen para las solicitudes de amparo instauradas contra entidades próximas a
extinguirse.  Se aplican las reglas generales de procedencia en materia de
pensiones, conforme a las cuales el reconocimiento de un derecho pensional,
como quiera que dé lugar a prestaciones sucesivas, periódicas y escalonadas,
responde a criterios distintos de inmediatez.  La violación alegada sería en
esos casos continuada o permanente (pues enervaría el reconocimiento de un
derecho que da lugar a prestaciones tracto sucesivo), y la tutela sería por
tanto en principio oportuna luego de ello.  Con arreglo a esas pautas la Sala
concluye que aunque los actores tardaron cerca de tres (3) años para interponer
el amparo, contado desde la liquidación definitiva de TELECOM, hay un principio
de razón suficiente para que sólo la hubieran instaurado en abril de dos mil
nueve (2009), pues la vulneración por ellos aducida no había desaparecido para
entonces.  El término no era irrazonable ya que en el caso de CAPRECOM no se
trata, como en el del PAR, de una entidad próxima a extinguirse. En esa medida,
la Sala no declarará improcedente su tutela por falta de inmediatez.
152.9.
En el expediente T-2492726 obran como tutelantes los señores Pedro
Eliseo Cruz Arenas, Hernán Méndez Fernández, Humberto Manuel Gambín Petro, Mauricio
Ramírez Sánchez y Fabio Aníbal Tapia Guerrero. El veintisiete (27) de
agosto de dos mil nueve (2009) presentaron la tutela. Al señor Pedro Eliseo
Cruz Arenas se le levantó el fuero sindical mediante providencia proferida el
diecisiete (17) de junio de dos mil cinco  (2005) por el Juzgado Laboral del
Circuito de Barrancabermeja, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga el treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006),[226]
aunque había sido desvinculado el treinta y uno (31) de enero del mismo año. El
actor no inició acción de reintegro dentro de los dos (2) meses siguientes a su
desvinculación.  Esto significa que dejó trascurrir más de tres (3) años para
presentar el amparo, pero además no agotó todos los recursos ordinarios que
tenía a su alcance para procurar su reintegro. En el caso del señor Hernán
Méndez Fernández no le autorizaron a la entidad el levantamiento del fuero
sindical por considerar que la acción había prescrito, según lo estableció el
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Islas en fallo del veinte (20) de enero de dos mil
cuatro (2004).  Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006).  Tardó más de tres (3) años para presentar la tutela. Los señores Humberto
Manuel Gambín Petro y Mauricio Ramírez Sánchez fueron desvinculados
el treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006), tardaron también más de
tres (3) años para presentar la acción.   Por último, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión Laboral en sentencia del veintidós
(22) de mayo de dos mil siete (2007) levantó el fuero sindical del señor Fabio
Aníbal Tapia Guerrero, lo cual indica que el tiempo transcurrido hasta la
presentación de la tutela, contado desde ese momento fue de dos (2) años, tres
(3) meses y cinco (5) días.  La Corte concluye, luego de valorar estos casos, y
de advertir que los interesados no intentaron acción de reintegro (o por lo
menos no se probó que así fuera), o alguna otra diligencia encaminada a
defender sus derechos, que no hay justificación suficiente del trascurso de un
período tan amplio para accionar, pues no se trata de sujetos en especiales
condiciones de vulnerabilidad, o sometidos a fuerza mayor. Por tanto, la Sala
declarará improcedentes sus solicitudes de amparo constitucional.
En definitiva, los siguientes son los peticionarios de
protección por razones asociadas al fuero sindical, a quienes se les debe
declarar improcedente su acción de tutela por falta de inmediatez, quienes por
lo demás -conforme a las pruebas - dejaron de interponer la acción de reintegro
dispuesta en el ordenamiento jurídico, con lo cual corrió en consecuencia el
término de prescripción de la misma en desmedro de la procedibilidad del amparo:
Accionantes – Tutelas improcedentes por
falta de inmediatez FS
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Claribel Arias Gaviria
T-2471346
Fuero sindical
2
Andrés Felipe Cruz Erazo
T-2471346
Fuero sindical
3
José Luis Cuadros
T-2471346
Fuero sindical
4
Fredy Arnul Díaz Claros
T-2471346
Fuero sindical
5
Eucardo Vinicio Hurtado Urbano
T-2471346
Fuero sindical
6
Gerardo Alirio Ipia Narváez
T-2471346
Fuero sindical
7
Zulmary Pabón Rodríguez
T-2471346
Fuero sindical
8
Clara Stella Correa Arango
T-2537041
Fuero sindical
9
Henry González López
T-2537041
Fuero sindical
10
Luis Carlos Mejía Alvarado
T-2537041
Fuero sindical
11
Jesús Humberto Monje Alarcón
T-2537041
Fuero sindical
12
Álvaro Núñez Romeroote la
tutela de estos actores.lugar a prestaciones tracto sucesivo)os distintos de
inmediatez.nto de un derecho de p
T-2537041
Fuero sindical
13
Gregorio González Gutiérrez Torres
T-2537041
Fuero sindical
14
Edgar Moya Córdoba
T-2537041
Fuero sindical
15
Jésus María Patarroyo Puentes
T-2537041
Fuero sindical
16
Jorge Enrique Sandino Macías
T-2537041
Fuero sindical
17
Gerardo Vargas Pérez
T-2537041
Fuero sindical
18
Yolanda Rubio Benjumea
T-2537041
Fuero sindical
19
Beatriz Alexandra Carreño Velandia
T-2537041
Fuero sindical
20
Wilfredo Carvajal Vargas
T-2537041
Fuero sindical
21
José Rafael Silva Hernández
T-2537041
Fuero sindical
22
Carlos Arturo Torres
T-2537041
Fuero sindical
23
Luz Marina Carrillo Suárez
T-2537041
Fuero sindical
24
Pedro Eliseo Cruz Arenas
T-2492726
Fuero sindical
25
Hernán Méndez Fernández
T-2492726
Fuero sindical
26
Mauricio Ramírez Sánchez
T-2492726
Fuero sindical
27
Humberto Manuel Gambín Petro
T-2492726
Fuero sindical
28
Fabio Aníbal Tapia Guerrero
T-2492726
Fuero sindical
iii.iii. Problemas de inmediatez en los casos de Retén
Social
153. Resta entonces por examinar la inmediatez de quienes
promovieron tutela con el propósito de ser incluidos en el retén social, y
obtener de ello determinadas prestaciones, o de que se les extendiera el
derecho previamente reconocido a recibir una protección especial por ser
beneficiarios del retén. Los tutelantes
con estas características están agrupados en tres expedientes: T-2475114,
T-2531642 y T-2546795.  No todos fueron desvinculados en el mismo momento, pero
ninguno lo fue después del treinta y uno (31)  de enero de dos mil seis (2006).
Sin embargo, las tres (3) acciones de tutela fueron presentadas en el segundo
semestre del año dos mil nueve (2009.) Con lo cual se advierte que dejaron
trascurrir un término de al menos tres (3) años, que es prima facie irrazonable
para interponer el amparo, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte
(p.ej. sentencia T-1062 de 2007).[227]
Esta impresión preliminar puede ser desvirtuada.  Es necesario, por ende,
examinar algunas situaciones particulares con el fin de determinar si obra
algún motivo que desvirtúe esa impresión preliminar y justifique en sus casos
haber dejado pasar un término tan amplio para gestionar ante la justicia la
defensa de sus derechos.
154.
En el expediente T-2475114 está la señora Myriam Teresa Moreno Correa.
Fue beneficiada inicialmente con el retén social, en calidad de prepensionada,
y esta garantía se extendió en principio hasta el treinta y uno (31) de enero
de dos mil cuatro (2004,) fecha en la cual se la desvinculó de TELECOM.  Interpuso
entonces tutela y en ese proceso se ordenó
mantenerla hasta el treinta y uno (31) de enero dos mil seis (2006).  La tutela
objeto de revisión no pretende exigir el cumplimiento de las órdenes del fallo
de tutela precitado, pues este se cumplió, sino extender todavía más el retén
social. No obstante, la Corte observa que la accionante instauró el amparo en
el año dos mil nueve (2009), y en específico aproximadamente a comienzos del
segundo semestre.  La Corte no encuentra en el proceso que la demandante
hubiese adelantado gestiones antes de la tutela con el fin de defender los
derechos que alega como conculcados en este proceso.  Tampoco observa que se
trate de una persona en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes.
No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese
estado sometida a una fuerza mayor.  En definitiva, la Sala Plena de la Corte
Constitucional carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la
irrazonabilidad prima facie del término de tres (3)  años que dejó
trascurrir antes de promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.
155.
En el expediente T-2531642 hay un grupo de accionantes que no tiene
problemas de legitimación por activa, ni de cosa juzgada.  Debe hacerse por
tanto un examen de inmediatez. Todos ellos fueron desvinculados el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), salvo dos que fueron removidos de sus
cargos el treinta y uno (31) de enero y el cinco (5) agosto de dos mil cuatro (2004).
Sin embargo tienen en común que instauraron esta tutela en octubre del año dos
mil nueve (2009).  Dejaron trascurrir, como puede verse, un término aproximado
de seis (6) o cinco (5) años para presentar el amparo, lo cual es prima
facie irrazonable y supone en principio un problema de inmediatez. La Corte
estudiará específicamente los casos de quienes presentan circunstancias
particulares, con el fin de desvirtuar esa impresión inicial.
155.1.
El señor Roberto Carlos Narváez Vergara prueba sumariamente haber sido
desvinculado de TELECOM cuando tenía a su cargo el sustento de sus dos hijos, y
que estos dependían por completo de sus ingresos. La Corte advierte que el
accionante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003),
y que promovió el presente amparo en octubre de dos mil nueve (2009).  Este
término es demasiado amplio. A juicio de la Sala no es razonable que una
persona en sus condiciones deje trascurrir más de cuatro (4) años para
interponer una tutela, máxime cuando se trata de una entidad cuya existencia
está cerca de extinguirse.  En casos así, lo razonable es actuar antes de ese
tiempo. Por lo demás, no hay en el proceso otros elementos que justifiquen la
tardanza. De tal suerte, la Corte Constitucional declarará improcedente esta
acción de tutela por falta de inmediatez.
155.2.
En el caso del señor Henry Samir Ramos Palacios se observa prueba
sumaria de que su esposa y sus dos hijos dependen económicamente de él.  No
obstante, su desvinculación se produjo el veinticinco (25) de julio de dos mil
tres (2003), y el presente amparo fue interpuesto en octubre de dos mil nueve (2009).
Dejó trascurrir, como se puede apreciar, un término aproximado de seis (6)
años para reclamar judicialmente.  El actor no ha experimentado fuerza mayor
que le hubiese impedido reclamar judicial o administrativamente sus derechos, y
a pesar de ello se nota que no solicitó protección para ellos antes de promover
esta acción de tutela. Todo lo cual conduce a la Corte Constitucional a
concluir que la solicitud de este actor es improcedente.
155.3.
Obran pruebas sumarias de que el señor Cecilio Venté Saavedra velaba por
su familia, integrada por él, su compañera, sus tres hijos menores, y de su
señor padre cuando fue desvinculado de TELECOM.  Acredita también de modo
sumario que dejó de convivir con su compañera en el año dos mil ocho (2008), y
que quedó a cargo de los hijos menores de ambos.  La Corte constata que el
demandante fue removido de su cargo en la compañía el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003) y que promovió el amparo en octubre de  dos mil nueve (2009).
Dejó trascurrir, como puede notarse, un término prima facie irrazonable
para reclamar judicialmente sus derechos.  La circunstancia de haber sido la
fuente de ingresos de su familia al terminarse su vínculo laboral no es
suficiente para justificar un período de más de cuatro (4) años de inactividad.
Aparte, no hay elementos para concluir que antes de interponer el amparo
hubiese estado sometido a una fuerza mayor, o que hubiera sido desproporcionado
para él instaurar la tutela.  Por estos motivos, la Corte declarará
improcedente la tutela de este peticionario.
155.4.
En cuanto al señor Alberto Santofimio Tinoco, consta que al ser
desvinculado de TELECOM tenía a su cargo de forma exclusiva el sostenimiento de
su familia, integrada por él, su esposa y su hija menor de edad.  La Sala Plena
observa que al demandante se le terminó su vínculo con la compañía el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró la acción de tutela en el
mes de octubre de dos mil nueve (2009).  Ni la situación en la cual se
encontraba al momento de la desvinculación, ni sus condiciones personales y
familiares posteriores a ese hecho explican una tardanza de más de cuatro (4)
años para promover el amparo. No hay elementos para concluir que antes de la
tutela hubiese estado bajo el imperio de una fuerza mayor, o que hubiera sido
para él desproporcionado intentar una acción de tutela. No obró tampoco con
diligencia en el reclamo de los derechos que ahora estima conculcados. De tal
suerte que la Corte Constitucional declarará improcedente su tutela por falta
de inmediatez.
155.5.
La señora Rita Rosa Pineda Román aporta prueba sumaria de que, al ser
desvinculada, tanto ella como sus dos hijos menores y sus dos padres quedaron
sin el sustento económico que se derivaba de sus ingresos como trabajadora de
TELECOM.  En una declaración juramentada afirma que sus padres padecen cáncer.  No
aporta un certificado médico de esta situación.  La Corte constata que la
demandante fue desvinculada el 25 de julio de 2003 y su tutela la interpuso en
octubre de dos mil nueve (2009).  Este término es prima facie demasiado
amplio, y no es explicable en el caso de la peticionaria por sus
condiciones personales y familiares.  La accionante no ha estado sometida a
fuerza mayor, ni obró con diligencia para reclamar sus derechos.  Su tutela
debe entonces declararse improcedente.
155.6.
En el caso del señor Rafael Antonio Méndez Díaz se aporta prueba sumaria
de que al ser desvinculado de TELECOM tanto él como su compañera permanente y
sus dos hijos menores dependían económicamente de su salario. No obran pruebas
de otras circunstancias personales o familiares.  La Corte constata que el
demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003)
y que presentó esta tutela el mes de octubre de dos mil nueve (2009).  Ese
término es en principio irrazonable, y sus circunstancias no son suficientes
para desvirtuar esa impresión inicial de improcedencia por falta de inmediatez.
No hay entonces elementos para concluir que hubiese estado sometido a fuerza
mayor, o que hubiera resultado desproporcionado para él adelantar una acción de
tutela. Tampoco obró con diligencia para reclamar sus derechos.  Por lo cual la
Corte declarará improcedente su solicitud de amparo.
155.7.
En cuanto se refiere al señor Diego Alberto Vasco Vélez se observa que
al ser desvinculado de la entidad tenía a su cargo a su familia, integrada por
él, y por su compañera y su hijo.  El demandante fue desvinculado el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), y la tutela la interpuso en octubre de
dos mil nueve (2009).  Entre tanto presentó varias reclamaciones para ser
incluido en el retén social en calidad de padre cabeza de familia.  Obra
solicitud de inclusión en el retén, del veintiuno (21) de noviembre de dos mil
tres (2003).  Consta asimismo respuesta de TELECOM del trece (13) de enero de  dos
mil cuatro (2004), en la que se resuelve negativamente su solicitud de
reintegro a las labores sobre la base de la Ley 790 de 2002. También se aporta
prueba de una solicitud en igual sentido, del mes de julio de dos mil cinco (2005),
y una respuesta adversa del  tres (3) de agosto del mismo año.  Una impugnación
condujo a que el veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005), se expidiera
otra resolución confirmando la anteriormente citada.  Hubo, como puede verse, una
diligencia, que resulta insuficiente para desvirtuar la impresión original de
irrazonabilidad en el término trascurrido antes de interponer el amparo. Con
fundamento en esto lo anterior, la Sala Plena de la Corte declarará
improcedente la tutela por falta de inmediatez.
155.8.
El señor Raúl Eduardo Ibern Cotes prueba sumariamente que de su sueldo
como empleado de TELECOM dependían él, sus dos hijos menores y su cónyuge.  La
Corte advierte que el tutelante fue desvinculado el cinco (5) de agosto de dos
mil cuatro (2004) y que instauró esta solicitud de amparo en octubre de dos mil
nueve (2009).  Dejó trascurrir, como puede verse, un término aproximado de
cinco (5) años para reclamar judicialmente sus derechos.  Entre tanto, presentó
dos derechos de petición en los años dos mil cuatro (2004) y dos mil cinco (2005),
encaminados a obtener satisfacción a sus derechos.  La irrazonabilidad prima
facie, que se infiere de haber dejado pasar más de cinco (5) años para
promover una acción de tutela, no se ve desvirtuada por estas circunstancias.  No
hay elementos para concluir que hubiese estado sometido a fuerza mayor antes
impetrar la tutela.  Y finalmente debido a que no obró con diligencia en la
defensa de sus derechos después del año dos mil cinco (2005).  La Sala Plena de
la Corte concluye entonces que su tutela es improcedente por falta de
inmediatez.
155.9.
En el proceso obran también las pruebas sumarias presentadas por la señora Alba
Stella Menco Canchila.  Estas indican que la tutelante era, hasta su
desvinculación de TELECOM, quien sostenía financieramente a su familia,
integrada por ella, por su cónyuge y sus dos padres, uno de los cuales falleció
en el año dos mil nueve (2009), antes de presentar este amparo.  La Corte
observa que la peticionaria fue desvinculada el veinticinco (25) de julio de dos
mil tres (2003)  y que impetró este amparo en octubre de  dos mil nueve (2009).
Dejó trascurrir, por lo tanto, más de cuatro (4) años para reclamar
judicialmente sus derechos, pues antes de esta tutela no había iniciado ningún
proceso judicial con ese fin.  Ese término es prima facie irrazonable, y
esa impresión no se ve desvirtuada ni por un actuar diligente de su parte, ni
por circunstancias de fuerza mayor que hubiera tenido que soportar, ni tampoco
debido a que resultara desproporcionado para ella interponer una acción
informal como la tutela. Por lo mismo, la Sala Plena de la Corte declarará
improcedente esta acción de tutela por falta de inmediatez en su presentación.
155.10.
El señor Reinaldo Tulio Benítez Álvarez también prueba de forma sumaria
que cuando fue desvinculado de TELECOM su familia dependía económicamente de
los ingresos que devengaba. Su familia está integrada por él, su cónyuge y sus
dos hijos menores. La Corte advierte que fue desvinculado el veinticinco (25)
de julio de dos mil tres (2003) y que instauró su tutela en octubre de  dos mil
nueve (2009).  Este término es en principio demasiado amplio y prima facie irrazonable.
Esta impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del tutelante, para
quien no era desproporcionado interponer una tutela, en vista de que contaba
con el apoyo de su cónyuge, la cual carecía de problemas que la incapacitaran
física, mental o moralmente.   Esto se suma al hecho de que no hay pruebas
indicativas de que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera
actuado con diligencia entre tanto en la defensa de sus derechos.  Por lo
anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.
155.11.
En el caso del señor Yanib Ramírez Hurtado se aprecia que al momento de
ser desvinculado de TELECOM era quien proveía los recursos dinerarios para el
sostenimiento de su familia, integrada por él, su compañera y sus dos hijos
menores. La Sala observa que este peticionario fue desvinculado de la compañía
el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió esta tutela
en octubre de dos mil nueve (2009).  Ese término es en principio demasiado
amplio y prima facie resulta irrazonable dejarlo trascurrir para
interponer una acción informal, como la tutela, contra una entidad en proceso
de extinguirse.  Esta impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del
tutelante, para quien no era desproporcionado interponer la acción judicial en
un término oportuno.  Esto se suma al hecho de que no hay pruebas indicativas
de que hubiese estado sometido a fuerza mayor, o que hubiera actuado con diligencia
entre tanto en la defensa de sus derechos.  Por lo anterior, la Corte
Constitucional declarará improcedente su amparo.
155.12.
Obra prueba sumaria de que el señor Gustavo Adolfo Lopera Giraldo,
cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía patrimonialmente a su familia,
integrada por él, su cónyuge y su hijo menor de edad.  La Sala observa que este
peticionario se le acabó su vínculo con la compañía el veinticinco (25) de
julio de dos mil tres (2003) y que promovió la presente tutela en octubre de dos
mil nueve (2009). Ese término es en principio demasiado amplio y prima facie
resulta irrazonable dejarlo trascurrir para interponer una acción informal,
como la tutela, contra una entidad en proceso de extinguirse. Esta impresión no
se desvirtúa por las circunstancias específicas del caso.  Además, no hay
pruebas suficientes que indiquen fuerza mayor, o diligencia de su parte en la
defensa de los derechos invocados.  Por lo anterior, la Corte Constitucional
declarará improcedente su amparo.
155.13.
En el caso del señor Alberto Chaverra Murillo consta que al ser removido
del cargo que desempeñaba en TELECOM dejó de percibir los ingresos de los
cuales dependía su familia, integrada por él, su compañera y sus cuatro hijos,
tres de los cuales son menores de edad.[228]
La Corte constata que este peticionario fue desvinculado el veinticinco (25)
de julio de dos mil tres (2003) y que instauró esta tutela en octubre de dos
mil nueve (2009). Entre tanto, interpuso un derecho de petición para ser
incluido en el retén social, y obra copia de la respuesta que le dio el PAR en
noviembre de dos mil seis (2006), en la que le niega su solicitud.  Luego de la
respuesta que le dio el PAR se aprecia que tardó dos (2) años y once (11) meses
en presentar la tutela, término que sigue siendo sin embargo prima facie irrazonable.
Y esa impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias personales o
familiares del tutelante.  Para él no era desproporcionado interponer la acción
judicial. Además, no hay elementos en el expediente que indiquen fuerza mayor,
o diligencia adicional a la citada en la defensa de los derechos invocados.  Por
lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su amparo.
155.14.
El señor Carlos Alberto Olivella Gómez, cuando fue removido del cargo
que ocupaba en TELECOM, era quien proveía los recursos dinerarios para el
sostenimiento de su familia, integrada por él, su cónyuge, sus cuatro hijos,
dos de las cuales eran menores de edad al momento de la interposición de la
acción de tutela,[229]
y su señora madre.  Este peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que promovió esta tutela en octubre de dos
mil nueve (2009).  Ese término es en principio demasiado amplio y prima
facie resulta irrazonable dejarlo trascurrir para interponer una acción
informal, como la tutela, contra una entidad en proceso de extinguirse.  Esta
impresión no se ve desvirtuada por las circunstancias del tutelante, para quien
no era desproporcionado interponer la acción judicial.  Esto se suma al hecho
de que no hay pruebas indicativas de que hubiese estado sometido a fuerza
mayor, o que hubiera actuado con diligencia entre tanto en la defensa de sus
derechos.  Por lo anterior, la Corte Constitucional declarará improcedente su
amparo.
156. En el expediente T-2546795, hay también un
conjunto de peticionarios que no tiene problemas de legitimación por activa o
por cosa juzgada. Respecto de sus debe
hacerse por tanto un examen de inmediatez.  Estos fueron desvinculados en
fechas relativamente distintas.  Sin embargo tienen en común que instauraron la
presente tutela en el mes de noviembre del año  dos mil nueve (2009).  Algunos
dejaron trascurrir un término aproximado de seis (6) años para presentar el
amparo; otros un plazo de cinco (5), cuatro (4) o tres (3) años.  Estos
tiempos  prima facie resultan irrazonables para promover una acción de
orden informal como la tutela, y supone en principio un problema de inmediatez.
La Sala Plena observa, sin embargo, que los peticionarios expusieron motivos y
circunstancias que deben ser evaluadas por la Corte al establecer si hay
suficientes razones para declarar improcedente cada solicitud de amparo.
156.1.
El señor Osvaldo Manuel Puente Gómez Casseres no cuenta con un acto
ejecutoriado, proveniente de una autoridad administrativa o judicial, que lo
califique como padre cabeza de familia o como prepensionado y, en tal virtud,
hasta la fecha no se le ha reconocido en criterio de la Corte su condición de
beneficiario del retén social.  El sentido de la tutela que provoca este
proceso es que se le reconozca como padre cabeza de familia. No obstante, el
actor se limita a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a
cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte
correspondiente de esta providencia para considerarlo tal.  Acerca de la
inmediatez la Corte constata que el demandante fue desvinculado el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que instauró esta solicitud de amparo en
noviembre de dos mil nueve (2009). Hay entonces un término prima facie irrazonable
de más de seis (6) años, que no resulta desvirtuado por su status
constitucional, además porque tampoco se aportan elementos a partir de los
cuales se pueda inferir que esté en condiciones de vulnerabilidad, que haya
estado sometido a fuerza mayor o que fuera desproporcionado para él instaurar
una acción de tutela.  En definitiva, la Sala Plena de la Corte Constitucional
declarará improcedente el amparo.
156.2.
En lo que respecta a la señora María Eugenia Álvarez Gallego se
observa que fue incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de
familia, el veintidós (22) de septiembre de dos mil tres (2003).  Resultó
desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006)
e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó tres (3) años
aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima conculcados.
Su sola condición de padre cabeza de familia, reconocida en su momento por la
administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte observa, sin
embargo, que el demandante no adelantó gestiones
judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso de tutela.  Tampoco
considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o
relevantes.  No hay elementos para concluir que desde la liquidación de la
compañía hubiese estado sometido a una fuerza mayor.   En definitiva, a pesar
de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia previa en la
defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la
Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no se ha desvirtuado la
irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó
trascurrir para promover la acción de tutela.  Por tanto debe declararla
improcedente.
156.3.
Los señores Lenines Emiliano García Pineda, Jairo Alfonso Torres Erazo,
Rafael Francisco Yepes Ortega, Carlos Efrén Camacho Carrascal, Santander de
Jesús Cadrazo Blanquicet, Jaime Ernesto Alfonso Alfonso y
Aniano
Manuel Tirado Arabia tienen una
característica procesal en común, que resulta relevante para los efectos de
esta sentencia.  De acuerdo con las pruebas, no cuentan con un acto
administrativo o judicial ejecutoriado, que los califique como padres cabeza de
familia o como prepensionados y, en tal virtud, hasta la fecha no se les ha
reconocido en criterio de la Sala su condición de beneficiarios del retén
social.  El sentido de esta tutela es que se les reconozca como padres cabeza
de familia.  No obstante, estos actores se limitan a exponer documentos que
acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia, pero esto no es
suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta providencia para
considerarlos tales.  La Corte constata que todos fueron desvinculados el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), salvo el señor Lenines Emiliano García a
quien se le terminó el vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
y que instauraron este amparo en noviembre de dos mil nueve (2009).  Hay
entonces un término prima facie irrazonable de más de seis (6) o tres
(3) años, según el caso, que no resulta desvirtuado ni por su status
constitucional, pues además no están en condiciones de vulnerabilidad, ni han
estado sometidos a fuerza mayor, ni por sus condiciones ha sido
desproporcionado para ellos instaurar una tutela. En consecuencia, se
declararán improcedentes sus tutelas.
156.4.
La señora Margarita Rosa Meisel Fernández no cuenta con un acto
ejecutoriado, proveniente de una autoridad administrativa o judicial, que la
califique como madre cabeza de familia o como prepensionada y, en tal virtud,
hasta la fecha no se le ha reconocido en criterio de la Corte su condición de
beneficiaria del retén social.   El sentido de la tutela que provoca este
proceso es que se le reconozca como madre cabeza de familia.  No obstante, la
actora se limita a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a
cargo suyo o de su familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte
correspondiente de esta providencia para considerarla tal. Acerca de la
inmediatez la Corte constata que la demandante fue desvinculada el primero (1°)
de febrero de dos mil cuatro (2004) y que instauró esta solicitud de amparo en
noviembre de dos mil nueve (2009).  Hay entonces un término prima facie irrazonable
de más de cinco (5) años, que no resulta desvirtuado por su status
constitucional, además porque tampoco se aportan elementos a partir de los
cuales se pueda inferir que haya estado en condiciones de vulnerabilidad, o
sometida a fuerza mayor o que fuera desproporcionado para ella instaurar una
acción de tutela.  En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional
declarará improcedente su amparo.
156.5.
El señor Jairo Moreno Garcés interpuso derecho de petición el veinticuatro
(24) de octubre de dos mil tres (2003), con el fin de ser incluido en el retén
social como padre cabeza de familia.  Ahora pide lo mismo.  No obstante, no hay
elementos suficientes para concluir que hubiera obtenido un reconocimiento de
esa índole en un acto administrativo o judicial ejecutoriado, o que en este
proceso deba serle reconocida esa calidad.  Entre las pruebas sólo obran
documentos relativos a obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia,
pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de esta
providencia para considerarlo cabeza de su grupo familiar. La Corte constata
por lo demás que el peticionario fue desvinculado de la compañía el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003) y que interpuso la tutela en noviembre de dos
mil nueve (2009).   Este término es en principio demasiado amplio, y esa
conclusión prima facie no resulta desvirtuada ni por las actuaciones del
actor, pues sólo instauró una petición en todo ese tiempo, ni por su status
constitucional pues no es un sujeto de especial protección constitucional en
condiciones de vulnerabilidad, ni estuvo sometido a una fuerza mayor antes de
promover el amparo, ni hay elementos para sostener que le hubiera resultado
desproporcional la presentación de una tutela.  Por lo tanto, esta solicitud de
amparo será declarada improcedente por la Corte.
156.6.
Los señores Tomás Baena López, Marlon Gustavo Olave Pico, Santiago
Alberto Álvarez Bello, Herme Antonio Luna Villalba, Carlos
Segundo Álvarez Díaz, Enriqueta Susana Sierra Pinedo, Erasmo
Otero Zuleta, Anastacio García Paternina y Ramón Arturo Montaño
Flores tienen a su turno una característica procesal en común, que resulta
relevante para los efectos de esta sentencia.  De acuerdo con las pruebas, no
cuentan con un acto administrativo o judicial ejecutoriado, que los califique
como padres cabeza de familia o como prepensionados y, en tal virtud, hasta la
fecha no se les ha reconocido en criterio de la Sala su condición de
beneficiarios del retén social.  El sentido de esta tutela es que se les
reconozca como padres cabeza de familia.  No obstante, estos actores se limitan
a exponer documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su
familia, pero esto no es suficiente como se dijo en la parte correspondiente de
esta providencia para considerarlos tales.  La Corte constata que todos fueron desvinculados
el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) y que instauraron este
amparo en noviembre de dos mil nueve (2009).  Hay entonces un término prima
facie irrazonable de más de tres (3)  años, que no resulta desvirtuado por
su status constitucional, pues además no están en condiciones de
vulnerabilidad, ni han estado sometidos a fuerza mayor, ni por sus condiciones
ha sido desproporcionado para ellos instaurar una tutela.    En consecuencia,
la Corte Constitucional considera que debe declarar improcedentes sus tutelas.
156.7.
El señor Vitelio José Martínez García fue incluido en el retén social,
en calidad de adre cabeza de familia, el veintitrés (23) de junio de dos mil
cinco (2005).   Resultó desvinculado de la compañía el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil
nueve (2009).  Tardó  tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de
los derechos que estima conculcados.  Su condición de padre cabeza de familia
amerita asegurarle un trato especial.  Esta Corte observa, sin embargo, que el
demandante no adelantó gestiones judiciales o
administrativas antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que
se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay
elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado
sometido a una fuerza mayor.  En definitiva, a pesar de ser padre cabeza de
familia, en vista de la falta de diligencia previa en la defensa de sus
derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Corte considera
que no se ha desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres
(3) años que dejó trascurrir para promover la tutela.  Por tanto, la declarará
improcedente.
156.8.
La señora María Patricia Tabares García fue incluida en el retén social,
en calidad de adre cabeza de familia, el siete (7) de junio de dos mil cinco (2005).
Resultó desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil
seis (2006) e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009).  Tardó
tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que
estima conculcados. Su condición de madre cabeza de familia amerita asegurarle
un trato especial. Esta Corte observa, sin embargo, que la demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas
antes de iniciar este proceso de tutela. Tampoco considera que se encuentre en
condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes.  No hay elementos para
concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una
fuerza mayor.  En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista
de la falta de diligencia previa en la defensa de sus derechos y de la carencia
de otras condiciones especiales, la Corte considera que no se ha desvirtuado la
irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó
trascurrir para promover la tutela.  Por tanto, la declarará improcedente.
156.9.
En el caso de la señora Neida Rosa German Padilla se aprecia que fue
incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de familia. Resultó
desvinculada de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006)
e interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó, como se
puede ver, tres (3) años aproximadamente para promover el amparo de los
derechos que estima conculcados.  Su sola condición de madre cabeza de familia,
reconocida en su momento por la administración, amerita asegurarle un trato
especial.  Esta Corte observa, sin embargo, que la demandante no adelantó gestiones judiciales o administrativas
antes de iniciar este proceso de tutela.  Tampoco considera que se encuentre en
condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para
concluir que desde la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una
fuerza mayor. En definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista
de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de
otras condiciones especiales, la Sala no tiene de motivos para concluir que se
haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3)
años que dejó trascurrir para promover la tutela.  Por tanto la declarará
improcedente.
156.10.
Los elementos obrantes en el proceso indican que la señora María Bernarda
Olmos Romero fue incluida en el retén social, en calidad de madre cabeza de
familia, el diez (10) de junio de dos mil cinco (2005). Resultó desvinculada de
la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e interpuso
la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Tardó, como se puede ver,  tres
(3) años aproximadamente para promover el amparo de los derechos que estima
conculcados.  Su sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su
momento por la administración, amerita asegurarle un trato especial. Esta Corte
observa, sin embargo, que la demandante no
adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso
de tutela.  Tampoco considera que se encuentre en condiciones de
vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde
la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor. En
definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de
diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones
especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la
irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó trascurrir
para promover la tutela.  Por tanto la declarará improcedente.
156.11.
En el caso de Amalfi de Jesús Almario López se encuentra que fue aceptada
su inclusión en el retén social el siete (7) de junio de dos mil cinco (2005).  Su
desvinculación de la entidad se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006)  y la tutela fue interpuesta en el mes de noviembre de dos mil
nueve (2009). Tardó, como se puede ver, tres (3) años aproximadamente para
promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola condición de
cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, amerita
asegurarle un trato especial.  Esta Corte, sin embargo, se percata de que en el
lapso trascurrido entre ambos extremos temporales no
adelantó gestiones judiciales o administrativas antes de iniciar este proceso
de tutela. Tampoco considera que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad,
extremas o relevantes.  No hay elementos para concluir que desde la liquidación
de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor.  En definitiva, a pesar de
ser cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus
derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de
motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie
del término de tres (3) años que dejó trascurrir para promover la tutela.  Por
tanto la declarará improcedente.
156.12.
La señora Adelfa María Guerra Montes de Oca fue incluida en el
retén social el diez (10) de junio de dos mil cinco (2005), en calidad de madre
cabeza de familia.  Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero
de dos mil seis (2006), y la tutela fue presentada en noviembre de dos mil
nueve (2009).  Dejó trascurrir, por lo tanto, tres (3) años aproximadamente
para promover el amparo de los derechos que estima conculcados. Su sola
condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la
administración, amerita asegurarle un trato especial.  Esta Corte, sin embargo,
se percata de que la actora no adelantó, antes
de este proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar
lo que juzga debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad,
extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde la liquidación
de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor. En definitiva, a pesar de
ser cabeza de familia, la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y
la carencia de otras condiciones especiales, conducen a la Sala a concluir que
no se desvirtuó la irrazonabilidad prima facie del término de 3 años
trascurrido antes de la tutela. Por tanto la declarará improcedente.
156.13.
Consta en el proceso que la señora Denis del Carmen González Polo fue
incluida en el retén social, en calidad madre cabeza de familia, el quince (15)
de junio de dos mil cinco (2005).  Su desvinculación ocurrió el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006) y la accionante instauró la presente tutela en
noviembre de dos mil nueve (2009).  La Sala Plena considera que este término de
tres (3) años para promover el amparo es en principio irrazonable. Ciertamente,
la sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la
administración, amerita asegurarle un trato especial. Pero se puede apreciar
que la actora no adelantó, antes de este proceso
de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que juzga
debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad,
extremas o relevantes.  No hay elementos para concluir que desde la liquidación
de la compañía hubiese estado bajo una fuerza mayor.  En definitiva, a pesar de
ser cabeza de familia, la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y
la carencia de otras condiciones especiales, conducen a la Sala a concluir que
no se desvirtuó la irrazonabilidad prima facie del término de tres (3)
años trascurrido antes de la tutela.  Por tanto la declarará improcedente.
156.14.
La señora Gloria Edilma Ceballos González fue incluida en el retén
social, luego de la sentencia SU-388 de 2005, en calidad de madre cabeza de
familia.  Fue desvinculada de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil
seis (2006) y presentó la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Dejó
trascurrir, como puede apreciarse, tres (3)  años para promover el amparo.  Ese
lapso es en principio irrazonable para promover una solicitud de amparo. Su
sola condición de madre cabeza de familia, reconocida en su momento por la
administración, amerita asegurarle un trato especial. Sin embargo, se observa
que la demandante no adelantó, antes de este
proceso de tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que
estima debido. También considera que no se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay elementos para concluir que desde
la liquidación de la compañía hubiese estado sometida a una fuerza mayor.  En
definitiva, a pesar de ser madre cabeza de familia, en vista de la falta de
diligencia en la defensa de sus derechos y de la carencia de otras condiciones
especiales, la Sala carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la
irrazonabilidad prima facie del término de tres (3) años que dejó
trascurrir para promover la tutela. Por tanto la declarará improcedente.
156.15.
En lo que se refiere a las señoras Leyla del Carmen Ángel Vitola, Rosa
Sofía Araujo Mendoza y Silky Cuan Camargo se advierte que fueron
incluidas en el retén social luego de la expedición de la sentencia SU-388 de dos
mil cinco (2005).  Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero
de dos mil seis (2006), y la tutela que provoca este proceso la interpusieron
en noviembre de dos mil nueve (2009).  Trascurrieron entre uno y otro punto tres
(3) años.  Ese lapso es en principio irrazonable para promover una solicitud de
amparo.  Su sola condición de madres cabeza de familia, reconocida en su
momento por la administración, amerita asegurarles un trato especial. Sin
embargo, se observa que las demandantes no
adelantaron, antes de este proceso de tutela, gestiones judiciales o
administrativas para reclamar lo que estiman debido. También considera que no
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, extremas o relevantes. No hay
elementos para concluir que desde la liquidación de la compañía hubiesen estado
sometidas a fuerza mayor.  En definitiva, pese a ser madres cabeza de familia,
en vista de la falta de diligencia en la defensa de sus derechos y de la
carencia de otras condiciones especiales, la Sala carece de motivos para
concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima facie de los
tres (3) años que tardaron para instaurar la tutela.  Por lo tanto la declarará
improcedente.
156.16.
Consta que el señor Álvaro Enrique Hoyos Pérez fue incluido en el retén
social el dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). Su
desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
y la tutela que provoca este proceso la interpuso en noviembre de dos mil nueve
(2009).  Trascurrieron entre uno y otro punto tres (3) años.  Ese lapso es en
principio irrazonable para promover una solicitud de amparo. Su sola condición
de padre cabeza de familia, reconocida en su momento por la administración, es
relevante para darle un trato especial.  Sin embargo, se observa que el
demandante no adelantó, antes de este proceso de
tutela, gestiones judiciales o administrativas para reclamar lo que estima
debido. También considera que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad,
extremas o relevantes.  No hay elementos para concluir que desde la liquidación
de la compañía hubiese estado sometido a fuerza mayor.  En definitiva, pese a
ser padre cabeza de familia, en vista de la falta de diligencia en la defensa
de sus derechos y de la carencia de otras condiciones especiales, la Sala
carece de motivos para concluir que se haya desvirtuado la irrazonabilidad prima
facie de los tres (3) años que tardó para instaurar la tutela. Por lo tanto
la declarará improcedente.
157.
En definitiva, hay un grupo de peticionarios de retén social cuyas tutelas no
fueron interpuestas en un término razonable. Y en sus casos no obran pruebas de
que en ese lapso estuvieran en condiciones de vulnerabilidad, de que hubieran
adelantado gestiones administrativas o judiciales para reclamar lo que estiman
debido o prestaciones de otro orden encaminadas a asegurar su mínimo vital, o
de que se hubiesen hallado sometidos a fuerza mayor.  Su sola alegación de ser
madres o padres cabeza de familia, o de tener derecho a las protecciones del
retén social por otros motivos, no son suficientes para concluir que la
irrazonabilidad prima facie de un término tan amplio para presentar la
tutela, como es el de tres (3) o más años, se haya desvirtuado en cada uno de
sus casos.  Los siguientes son los nombres de los
tutelantes con solicitudes de este tipo, a quienes se les debe declarar
improcedente su acción por falta de inmediatez en lo que atañe al retén social:
Accionantes – Tutelas improcedentes por
falta de inmediatez RS
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Miryam Teresa Moreno Correa
T-2475114
Retén social
2
Martha Ruíz González
T-2531642
Retén social
3
Reinaldo Tulio Benítez Álvarez
T-2531642
Retén social
4
Alberto Chaverra Murillo
T-2531642
Retén social
5
Raúl Eduardo Ibern Cotes
T-2531642
Retén social
6
Gustavo Adolfo Lopera Giraldo
T-2531642
Retén social
7
Alba Stella Menco Canchilla
T-2531642
Retén social
8
Rafael Antonio Méndez Díaz
T-2531642
Retén social
9
Roberto Carlos Narváez Vergara
T-2531642
Retén social
10
Carlos Alberto Olivella Gómez
T-2531642
Retén social
11
Rita Rosa Pineda Román
T-2531642
Retén social
12
Yanib Ramírez Hurtado
T-2531642
Retén social
13
Henry Samir Ramos Palacios
T-2531642
Retén social
14
Silena de Jesús Rosado Toncel
T-2531642
Retén social
15
Carlos Alberto Santofimio Tinoco
T-2531642
Retén social
16
Diego Alberto Vasco Vélez
T-2531642
Retén social
17
Cecilio Venté Saavedra
T-2531642
Retén social
18
Jaime Ernesto Alfonso Alfonso
T-2546795
Retén social
19
Jorge Luis Almanza
T-2546795
Retén social
20
Amalfi de Jesús Almario López
T-2546795
Retén social
21
María Eugenia Álvarez Gallego
T-2546795
Retén social
22
Leyla Carmen Ángel Vitola
T-2546795
Retén social
23
Rosa Sofía Araújo Mendoza
T-2546795
Retén social
24
Luis Alberto Ariza Blanco
T-2546795
Retén social
25
Santander de Jesús Cadrazco Blanquicet
T-2546795
Retén social
26
Carlos Efrén Camacho Carrascal
T-2546795
Retén social
27
Gloria Edilma Ceballos González
T-2546795
Retén social
28
Silky Cuan Camargo
T-2546795
Retén social
29
Deisy Stella Duarte Espitia
T-2546795
Retén social
30
Liber Antonio García González
T-2546795
Retén social
31
Lenines Emiliano García Pineda
T-2546795
Retén social
32
Germán Padilla Neida Rosa
T-2546795
Retén social
33
Denis del Carmén González Polo
T-2546795
Retén social
34
Adelfa María del Rosario Guerra Montes de Oca
T-2546795
Retén social
35
Álvaro Hoyos Pérez
T-2546795
Retén social
36
Luz Marina Luna Ceballos
T-2546795
Retén social
37
Vitelio José Martínez García
T-2546795
Retén social
38
Meisel Fernández Margarita Rosa
T-2546795
Retén social
39
Ramón Arturo Montaño Flores
T-2546795
Retén social
40
María Bernarda Olmos Romero
T-2546795
Retén social
41
Erasmo Otero Zuleta
T-2546795
Retén social
42
Dorismel Pacheco Caballero
T-2546795
Retén social
43
Enriqueta Susana Sierra Pinedo
T-2546795
Retén social
44
María Patricia Tabares García
T-2546795
Retén social
45
Aniano Manuel Tirado Arabia
T-2546795
Retén social
46
Jairo Alfonso Torres Herazo
T-2546795
Retén social
47
Eduviges Elena Tous Torres
T-2546795
Retén social
48
Rafael Francisco Yepes Ortega
T-2546795
Retén social
iv. Subsidiariedad
158.
El PAR alega en la mayoría de casos que las tutelas son improcedentes por
subsidiariedad.  Sostiene que hay otros medios de defensa judiciales para
plantear las controversias. Al respecto, la Corte reitera lo dicho en el
fundamento jurídico 97 de esta providencia. La tutela es improcedente frente a
la desvinculación de aforados sindicales, excepto cuando se plantea la violación del derecho de
asociación sindical por la irregular terminación del contrato de trabajo de un
cierto número de trabajadores sindicalizados, y además se prueba una conducta
antisindical, o cuando media la vulneración grave de otros derechos
fundamentales no susceptibles de protección mediante la acción de reintegro, ante
la existencia de un perjuicio irremediable.[230]
Procede a su vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes judiciales
ordinarias de reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias –que no sean
de tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan las demás
condiciones establecidas para ello. Procede excepcionalmente para
solicitar el reintegro o la indemnización por fuero sindical mientras está en
curso un proceso ordinario de reintegro y se acredite la necesidad de evitar un
perjuicio irremediable. Es a
su vez improcedente en principio el amparo que se endereza hacia el
cumplimiento de una orden emitida a su vez por otro juez de tutela, si no
presenta ninguna diferencia relevante con la acción constitucional que lo
provocó. No es procedente prima facie para
pedir una pensión de jubilación a una entidad administradora de pensiones que
sigue existiendo y no está en liquidación, salvo perjuicio irremediable. Y es en principio procedente en los demás
casos que plantea este proceso si se persigue una prestación, de la cual
dependa el goce efectivo de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo
de asegurarla se encuentre próxima a extinguirse, y se den los demás requisitos
definidos en esta providencia.
158.1.
Con fundamento en lo anterior, debe decirse que en el expediente T-2871322,
la tutela instaurada por el señor Jairo Patiño Agudelo es improcedente,
pues solicita por su conducto el pago de algunas de las mesadas pensionales
derivadas de su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada.  En la medida en
que su incorporación en dicho Plan, y el pago de las mesadas pensionales
correspondientes, se surtieron precisamente en cumplimiento de la orden
impartida por un juez de tutela, lo que ahora reclama es el cumplimiento de un
fallo de esa naturaleza.  Hay, como se dijo, otros medios de defensa judicial
tan eficaces como la acción de tutela, que justamente hacen parte del proceso
constitucional.  Esos medios son las solicitudes de cumplimiento y de desacato,
reguladas en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991.  Por lo mismo, en
la parte resolutiva de esta providencia la Sala Plena de la Corte
Constitucional declarará improcedente la tutela de este peticionario.
158.2.
En el expediente T-2501214 se encuentra la tutela instaurada por el
señor Rafael de Jesús Villar Gómez, quien pide protección en su
condición de aforado.  Su vínculo con TELECOM se terminó el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006).  El fallo que autorizó el levantamiento del
fuero sindical para su posterior despido se profirió sin embargo tiempo después
de su desvinculación: el veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008).  Esta
tutela la interpuso el dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009). El
intervalo transcurrido entre su salida de la compañía y la presentación del
amparo fue entonces de un (1) año aproximadamente, y ese es un término
razonable.  En consecuencia, no tiene problemas de inmediatez.  Pero, según lo
antes expuesto, su solicitud es improcedente por falta de subsidiariedad. Para
reclamar por una violación de las garantías derivadas del fuero sindical está
la acción de reintegro ante la justicia ordinaria.  La tutela procede en estos
casos cuando se plantea una violación del
derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de
trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, lo cual podría
considerarse que se presenta en este caso,  pero además cuando se prueba una
conducta antisindical.  No obstante, de acuerdo con lo que se ha probado en el
expediente, no puede decirse que la causa de la terminación de los contratos se
debió a una estrategia antisindical, sino a la necesidad de liquidar la
entidad, dentro de un programa de renovación de la administración pública. Debió
entonces el actor acudir a la jurisdicción laboral para iniciar en el término
de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la
terminación de su contrato, el proceso de reintegro. Pero dejó prescribir su
acción y por vía de tutela pretende subsanar su omisión, después de tres (3)
años de habérsele terminado su relación con la entidad. No hay tampoco
elementos para concluir que el medio de defensa con el que contaba resultaba
ineficaz.  Por lo demás, dado que no hay tampoco razones para sostener
que esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, la Corte declarará
improcedente su tutela.
158.3.
A su vez, en el expediente T-2471216 está el caso del señor Neftalí
Carmelo Zapata Suárez.  Solicita ordenar a CAPRECOM que le reconozca el
derecho a una pensión de jubilación o convencional, pero no hay pruebas de que
se le hubiese negado una prestación de esa naturaleza.  Con todo, incluso si
así se considera, y tomando su petición sobre la base de que no se le ha
reconocido una pensión como la que pide, esta tutela es improcedente. En
efecto, para empezar, se dirige contra una entidad que no está próxima a
extinguirse (CAPRECOM).  Pide el reconocimiento de una pensión, pero para tal
fin cuenta con medios judiciales ordinarios de defensa. No hay, además,
elementos para sostener que esté ante un perjuicio irremediable, ni tampoco que
en su caso el otro medio de defensa sea ineficaz.  Nació el 23 de mayo de 1956,
razón por la cual actualmente tiene cincuenta y siete (57) años de edad.  Al
liquidarse la entidad, se le pagó a título de indemnización y de prestaciones
sociales la suma de sesenta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil
ciento dieciséis pesos ($63.883.116).  No hay prueba de que dependan de él
otros sujetos, que merezcan de especial protección constitucional.  No carece
de bienes, pues hay certificado de cobro por impuesto predial. No hay, en fin,
razones suficientes para juzgar que en su caso se desproporcionado adelantar un
proceso ordinario. Su tutela es entonces improcedente, por falta de
subsidiariedad.
158.4.
El señor Sergio Antonio Téllez, quien es también accionante en el
expediente T-2471216, solicita asimismo ordenar a CAPRECOM el reconocimiento de
la pensión a la que cree tener derecho. En su caso sí hay prueba de que se le
negó tal prestación.  Obra en el proceso la Resolución Número 0866 del 30 de
abril de 2008, expedida por CAPRECOM, ‘por medio de la cual se niega una
pensión’.  En ella se le niega en apelación una solicitud de reconocimiento
pensional, porque no cumple los requisitos para acceder a una pensión convencional,
en tanto estas se previeron para quienes cumplen los requisitos del régimen de
transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y porque
tampoco cumple las condiciones para una pensión de jubilación, en cuanto no se
desempeñó en un cargo de excepción durante  veinte (20) años, y en todo caso no
tiene derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  Esta decisión
puede ser impugnada por el tutelante ante la justicia ordinaria.  No hay
elementos para sostener que esté ante el riesgo de un perjuicio irremediable.  Nació
el 6 de abril de 1956, razón por la cual tiene actualmente cincuenta y siete (57)
años. No es entonces una persona de la tercera edad.  No hay tampoco prueba de
que dependan de él otros sujetos, que merezcan especial protección
constitucional. Tampoco se muestra que esté ante una situación crítica de
pobreza. Carece, en fin, de razones suficientes para juzgar que en su caso se
desproporcionado adelantar un proceso ordinario. Su tutela es entonces
improcedente, por falta de subsidiariedad.
158.5. En ese
mismo expediente T-2471216, aparecen como además peticionarios los
señores Remberto Ballestas Mendoza, Benjamín José Corrales Benítez
y Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla, quienes tienen en común la
circunstancia de tener pendiente un proceso laboral ordinario, en el cual
plantearon a su turno que se les habían violado sus garantías derivadas del
fuero sindical. Obra copia, en efecto, de que la Sala de Decisión Civil,
Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería,
mediante fallo proferido el once (11) de octubre de dos mil cuatro (2004), no
autorizó el levantamiento del fuero sindical de estos accionantes porque la
acción había prescrito para la entidad en liquidación.  Estos trabajadores, no
obstante, fueron despedidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
Se probó, empero, que estos actores iniciaron un proceso de reintegro
sindical el veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006), pues obra copia
de una providencia del Juzgado Civil del Circuito de Lorica en la cual admitió
una demanda de esa naturaleza.   Aunque esta tutela persigue en esencia que se
resuelva el litigio pendiente de solución en el proceso de reintegro referido,
lo cierto es que como no obran los fallos de instancia de este último, la Corte
no puede sostener que se trate de una controversia amparada por la cosa
juzgada. En consecuencia, debe definir si su tutela es procedente, por
subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la interponen como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
158.5.1. En el caso del señor Remberto Ballestas
Mendoza, se observa que nació
el 29 de diciembre de 1953, razón por la cual al interponer la tutela y al
momento de resolverse la misma no pertenece al grupo de personas de la tercera
edad.  Consta que trabajó para TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006), y que al término de su vínculo se le pagó una suma de  diecisiete
millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos veinte cinco pesos ($17.426.325)
por concepto de indemnización, y una de  once millones cuatrocientos cincuenta
y tres mil ochocientos treinta y un pesos ($11.453.831) a título de liquidación
de prestaciones.  Para definir si la presente tutela se instaura como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, debe tenerse en cuenta su
declaración extra juicio, en la cual manifiesta que vive con su compañera
permanente y sus tres hijos, y el retiro de la empresa le generó “desestabilización
económica”, y lo condujo a tener escasos recursos, razón por la cual sus
ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades de su núcleo familiar.
Dice que actualmente no gana lo suficiente para cubrir los gastos de la
educación de sus hijos, y que se encuentra en mora con los créditos de los
Bancos y servicios públicos.  Aporta recibos de servicios públicos, y
certificados de la Universidad de Córdoba en los que consta que Nilcy Paola Ballestas
Altamiranda está inscrita en el programa de Ingeniería Industrial, y de la
Corporación Universitaria Rafael Núñez en la que se certifica que Manuel
Ballestas Altamiranda estaba cursando el programa de odontología.  Finalmente,
aporta certificación de la Institución Educativa Antonia de la Torre y Miranda,
en la que se certifica que Diego Armando Ballestas Altamiranda cursó y aprobó
el grado once (11) en esa institución durante el año dos mil ocho (2008).  El
PAR no desvirtúa estas afirmaciones, razón por la cual se presumen verídicas
(Dcto 2591 art. 20).  La Corte considera que la tutela es entonces procedente,
pues se propone como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave,
como puede ser la deserción, de parte de sus hijos, de los estudios que
adelantan, debido a la situación de escasez por la cual atraviesan el actor y,
consecuencialmente, su familia.  Este perjuicio demanda una acción oportuna, y
por lo tanto la Sala Plena no declarará improcedente este amparo por lo
relativo a la subsidiariedad.
158.5.2. La situación del señor Benjamín José Corrales Benítez es la siguiente.  En su caso, consta que nació el 26 de junio de 1947, e interpuso
esta acción de tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009); es
decir, cuando tenía más de 60 años de edad. Consta que al final de su relación
laboral con TELECOM, se le pagó una indemnización de  noventa y dos millones
ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($92.856.694),
y una suma de diez millones quinientos setenta y seis mil trescientos
veinticinco pesos ($10.576.325) por concepto de liquidación de prestaciones. Si
bien no obran, como en el caso anteriormente analizado, pruebas de que esté
atravesando por una situación económica inferior, o que amenaza con ser
inferior, a la que se estima necesaria para llevar una vida digna, lo cierto es
que es una persona de la tercera edad, razón por la cual se justifica darle un
tratamiento especial –pues es un sujeto de especial protección constitucional
(CP art. 46)-.  La protección especial debe consistir, a juicio de la Corte, en
un examen menos estricto de las condiciones de procedibilidad de la tutela, que
en este caso se traducen en la posibilidad de estudiar el fondo de la misma,
pero únicamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Por lo mismo, la Sala Plena no declarará improcedente esta
tutela por problemas de subsidiariedad.
158.5.3.  En lo que atañe al señor Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla, se advierte que nació el 30 de marzo de 1956. Consta que al término de
su relación se le pagó una indemnización por valor de ochenta y dos millones
cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($82.043.345), y una
suma de  cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y
cinco pesos ($5.229.475) a título de liquidación de prestaciones. Este
peticionario aporta,  una certificación bancaria, en la que consta que tiene un
crédito por valor de cuarenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil ciento
cincuenta y dos pesos  ($44.804.152). En concepto de la Corte, estos elementos
no son suficientes para considerar que el demandante esté en riesgo de sufrir
un perjuicio grave, en virtud del cual resulte imperioso adoptar medidas
urgentes e impostergables.  En efecto, prueba que tiene una deuda, pero no
muestra cómo ese crédito que tiene a su cargo amenaza con afectar su patrimonio
jurídico fundamental.  Tampoco es una persona de la tercera de edad, si se
tiene en cuenta que actualmente es menor de sesenta  (60) años.  No ofrece
tampoco elementos que permitan a esta Corte definir si otras personas, en
especiales circunstancias de debilidad o vulnerabilidad, dependen
económicamente de sus ingresos. Por lo mismo, la Sala Plena considera que la
tutela de este peticionario es improcedente.
158.6.
En el expediente T-2471346, los señores  Álvaro Eugenio Posso Bedoya,
Saaibi Arenas Moreno, Heberto López Machado y Carlos Mauricio Osorio
Ruíz tienen asimismo una circunstancia en común.  En este proceso interponen
tutela sobre la base de que eran trabajadores con fuero sindical, y de que
resultaron desvinculados de TELECOM sin que se les respetaran las garantías
derivadas de su condición de aforados. Ahora bien, se probó debidamente en el proceso que
cada uno de estos peticionario tiene pendiente un proceso laboral de reintegro
sindical, en el cual está por decidirse justo el litigio que se presenta en
esta ocasión mediante tutela. En efecto, en el caso del señor Álvaro Eugenio Posso Bedoya consta copia un fallo del Juzgado Once Laboral del Circuito de
Santiago de Cali, Valle, en el cual niega en primera instancia su pretensión de
reintegro.  La situación del señor Saaibi Arenas Moreno es esta: obra
una providencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá del veintinueve
(29) de octubre de dos mil siete (2007), en la cual se resuelve en primera
instancia, también desfavorablemente, la acción de reintegro.  Lo que ocurre
con los señores Heberto López Machado y Carlos Mauricio Osorio Ruíz es que ambos fueron
desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
sin autorización judicial de levantamiento del fuero.  El cuatro (4) de junio
de dos mil ocho (2008) el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá autorizó su
desvinculación, pero a posteriori, y dicha autorización se fundó en que la
supresión de la empresa constituía una justa causa para ello, fallo que fue
luego confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, mediante sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008). Consta,
sin embargo, que el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia
del seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008), accedió a su pretensión de
reintegro sindical, si bien no ordenó el reintegro, y condenó al PAR a pagarles
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la ejecutoria
de la providencia, debidamente indexados, por haberlos desvinculado sin haber
adelantado proceso de levantamiento del fuero sindical.
Pues
bien, aunque como se dijo esta tutela que ahora interponen los señores Posso
Bedoya y Arenas Moreno, López Machado y Osorio Ruíz persigue en
lo referido que se resuelva el litigio pendiente de solución en el proceso de
reintegro ordinario, lo cierto es que como no obran los fallos de segunda
instancia de este último, ni hay tampoco certeza de que esos fallos estén
ejecutoriados y hayan hecho tránsito a cosa juzgada, la Corte no puede sostener
que se trate de una controversia amparada por la cosa juzgada.  En
consecuencia, debe definir si la solicitud de amparo de estos actores es
procedente, por subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la
interponen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
158.6.1.
El señor Álvaro Eugenio Posso Bedoya nació el 26 de agosto de 1957,  y trabajó al servicio de
TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Hay
constancias en este proceso de que al término de su relación con la compañía se
le pagó una suma de ciento cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y
nueve mil ciento setenta y siete pesos ($149.839.177)  por concepto de
indemnización, y una de ocho millones ochocientos veinticinco mil trescientos
diecisiete pesos ($8.825.317 )a título de liquidación de prestaciones.  El
actor no aporta información adicional.  No hay tampoco otros elementos, a
partir de los cuales se pueda inferir que el demandante esté en riesgo de
experimentar un perjuicio grave e inminente, que exija actuaciones judiciales
urgentes e improrrogables.  No es una persona de la tercera edad, pues
actualmente tiene menos de sesenta (60) a años.  No hay pruebas de que otras
personas, en circunstancias de debilidad manifiesta o de vulnerabilidad,
dependan de sus ingresos. Por lo mismo, la Sala Plena considera que la tutela
es improcedente, en la medida en que no se invoca para impedir la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
158.6.2. El caso del señor Saaibi Arenas Moreno es el siguiente. Se le terminó su vínculo con
TELECOM el treinta y uno (31)
de enero dedos mil seis (2006), fecha en la cual recibió una indemnización
equivalente sesenta y nueve millones sesenta y siete mil sesenta y siete pesos
($69.067.067), y una suma de  tres millones seiscientos cuarenta mil diecisiete
pesos ($3.640.017) por concepto de liquidación de prestaciones.  Aporta copia del registro civil de nacimiento de sus hijos Saaibi de
Jesús y Luis Manuel Arenas Moreno, en las que consta que nacieron el 23 de
marzo 2000 y el 17 de marzo de 2003, respectivamente. Adjunta, igualmente,
copia de los registros civiles de nacimiento de Melisa Andrea y Evelio Xenis
Moreno, hijos de su esposa Erika Larissa Moreno Góngora.  El PAR anexa un
certificado, en el cual se aprecia que el actor ha seguido aportando al Sistema
de Seguridad Social en Salud como afiliado cotizante.  Estos datos son
suficientes, a juicio de la Corte, para concluir que no están dadas las
condiciones necesarias para considerar superado el problema de subsidiariedad
en este caso. El monto de su indemnización y liquidación de prestaciones es
alto.  El demandante, por lo demás, según la certificación que aporta el PAR,
actualmente está afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de
cotizante, lo cual significa que ostenta la condición de trabajador
(dependiente o independiente). Fuera de eso, cuenta con una compañera que,
acorde con las pruebas, no se ha dicho que carezca de condiciones de salud para
trabajar y aportar ingresos al núcleo familiar.  El demandante, por lo demás,
no está tampoco en circunstancias de debilidad manifiesta. En esa medida, la
Sala Plena estima que la tutela es improcedente, pues no hay elementos para
concluir que el actor o su familia estén en riesgo de sufrir la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
158.6.3. La situación del señor Heberto López Machado es similar a la del peticionario anterior.  En
efecto, trabajó al servicio de TELECOM hasta el  treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006), momento en el cual se le hizo un pago de doscientos cuarenta y
seis millones quinientos siete mil ciento cuarenta y siete pesos  ($246.507.147)
por concepto de indemnización, y otro de  cuatro millones ochocientos sesenta y
siete mil trescientos veintisiete pesos ($4.867.327) por liquidación de
prestaciones sociales.  Aporta registro civil de nacimiento de su hija Liliana
López González, en la que consta que nació el 25 de julio de 2000.  El PAR
aporta copia de la consulta al FOSYGA, en la cual se certifica que el actor ha
seguido aportando al Sistema como afiliado cotizante.  Estos datos, en criterio
de la Corte, bastan para concluir que no está superado el problema de
subsidiariedad en el presente caso. Para empezar, la suma de dinero que se le
pagó a título de indemnización y la liquidación de prestaciones es elevada.  Por
lo demás, según la certificación que aporta el PAR, actualmente está afiliado
al sistema de seguridad social, en calidad de cotizante, lo cual significa que
ostenta la condición de trabajador (dependiente o independiente).  No se ha
dicho, ni probado, en el proceso que carezca de condiciones de salud para
trabajar y aportar ingresos al núcleo familiar.  El demandante, no cuenta con
otras condiciones que lo inscriban como una persona en circunstancias de
debilidad manifiesta.  La Sala Plena estima que la tutela es entonces
improcedente, ya que no hay elementos para concluir que el actor o su familia
estén en riesgo de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
158.6.4. En lo atinente al caso del señor Carlos Mauricio Osorio Ruíz se advierte que prestó sus servicios laborales para
TELECOM hasta el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), momento en el cual obtuvo una
indemnización que ascendió a los doscientos cuarenta y seis millones quinientos
siete mil ciento cuarenta y siete pesos ($246.507.147), y una liquidación de prestaciones
equivalente a  cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil trecientos
veintisiete pesos ($4.867.327).   El PAR aporta consulta al FOSYGA en la que
consta que el actor ha seguido aportando al Sistema como afiliado cotizante.  Estos
datos, en criterio de la Corte, son suficientes para concluir que no está
superado el problema de subsidiariedad en el presente caso. Para empezar, la
suma de dinero que se le pagó a título de indemnización y liquidación de
prestaciones es cuantiosa.  La certificación que adjunta el PAR indica que
actualmente está afiliado al sistema de seguridad social, en calidad de
cotizante, lo cual significa que ostenta la condición de trabajador
(dependiente o independiente). No se ha dicho, ni probado, en el proceso que
carezca de condiciones de salud para trabajar. El demandante, por lo demás, no
cuenta con otras condiciones que lo inscriban como una persona en
circunstancias de debilidad manifiesta, o que otras personas en sus
circunstancias dependan económica y principalmente de sus ingresos.  La Sala
Plena estima que la tutela es en consecuencia improcedente, y no hay elementos
para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
158.7.
En el expediente T-2492726, la tutela promovida por los señores Nelson
Barón Martínez, Luis Hernando Flórez Salazar, Álvaro Javier Goyes
Navarro, Balmes Alberto Muñoz Pérez, Servio Antonio Ruano Ruano
Segundo, José Félix Morales Macías y Segundo Esperidión Guerrero
Chamorro también plantea una discusión jurídica que está pendiente de
decisión en procesos laborales ordinarios de reintegro, iniciados por estos
actores.  En efecto, en esta ocasión instauran la solicitud de amparo sobre la
base de que eran trabajadores al servicio de TELECOM, con fuero sindical.  No
obstante, sostienen, se los desvinculó de la compañía sin observar las
garantías asociadas a dicho fuero, y que por ello tienen derecho una protección
judicial (reintegro o indemnización, según el caso). Ahora bien, hay pruebas de
que los señores Nelson Barón Martínez, Luis Hernando Flórez Salazar,
Álvaro Javier Goyes Navarro, Balmes Alberto Muñoz Pérez y Servio
Antonio Ruano Ruano Segundo, iniciaron un proceso de reintegro sindical,
pues consta copia de una sentencia expedida por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Pasto el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante
la cual esta última autoridad manifestó que la pretensión procedente no era el
reintegro, por imposibilidad material y jurídica.  Ante la imposibilidad de
reintegro también rechazó una reparación porque –indicó- los actores fueron
indemnizados con ocasión de la terminación de las relaciones laborales.  En lo
relativo a los señores José Félix Morales Macías y Segundo Esperidión
Guerrero Chamorro, las pruebas indican que también interpusieron una acción
de reintegro, pues consta una sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de
Mocoa el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009), en la cual se absuelve
al PAR de Telecom por la desvinculación de estos peticionarios.
Por
lo anterior, aunque la tutela de estos accionantes persigue la resolución de
litigios todavía pendientes la justicia laboral ordinaria (proceso de reintegro
sindical), lo cierto es que como no obran los correspondientes fallos de
segunda instancia de cada proceso, ni hay tampoco certeza de que las
providencias de las cuales hay prueba estén ejecutoriadas, y de que en
consecuencia hayan hecho tránsito a cosa juzgada, la Corte no puede sostener que
se trate de una controversia amparada por la cosa juzgada. En consecuencia,
debe definir si la solicitud de amparo de estos actores es procedente, por
subsidiariedad, conforme a lo señalado; es decir, si la interponen como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
158.7.1.
El señor Nelson Barón Martínez nació el 29 de junio de 1966, y trabajó al servicio de
TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Al
término de su vínculo con la compañía se le pagó una suma de cincuenta y nueve
millones ciento treinta y ocho mil seiscientos un pesos ($59.138.601) por
concepto de indemnización, y una de cuatro millones doscientos siete mil
ochenta y cinco pesos ($4.207.085) a título de liquidación de prestaciones. Obra
copia del registro civil de nacimiento de un hijo del peticionario, llamado
Nelson Sebastián Barón Ortega, en el que consta que nació el 28 de agosto de
2001, y de dos letras de cambio por valor de  diez millones de pesos ($10.000.000)
y  cinco millones de pesos ($5.000.000) en las cuales figura como obligado
cambiario.  También adjunta una certificación del ICETEX, del 18 de agosto de 2009,
en la cual se lee que a cargo de Diana Carolina Barón Ortega aparece un saldo
debido con la entidad por un valor de un millón ochocientos ochenta y tres mil
ciento sesenta y siete pesos ($1.883.420), y una mora en el pago de sus cuotas
mensuales en época de estudio o periodo de gracia, las cuales ascienden a
cuatrocientos treinta y tres mil ciento sesenta y siete pesos ($433.167).  También
aporta registro civil de nacimiento de su hija María Fernanda Barón Ortega, en
el que consta que nació el 13 de enero de 1990.  Estos elementos no son
suficientes, en criterio de la Sala, para concluir que el demandante o su
familia estén en riesgo de sufrir un perjuicio grave e inminente, que demanda
actuaciones judiciales urgentes e improrrogables. Por una parte, al actor se le
pagó a título de indemnización y liquidación de prestaciones una suma de dinero
que es relevante constitucionalmente, pues en condiciones normales -como en las
que según las pruebas se encontraba el peticionario-  le permiten a una persona
enfrentar un tiempo amplio de desempleo en condiciones dignas. No se ha dicho,
ni probado, en el proceso que el actor carezca de condiciones de salud para
trabajar.  Por lo demás, no es una persona que cuente con otras condiciones que
lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta. La Corte estima, por
tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos para sostener que
el actor esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.
158.7.2.
En lo que atañe al señor Luis Hernando Flórez Salazar, consta que nació el 21 de octubre de 1961, y que prestó
sus servicios laborales a TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006).  Al finalizar su vínculo con la compañía se le pagó una suma
de ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos
seis pesos ($149.942.406) por concepto de indemnización, y una de dieciocho
millones doscientos veintitrés mil veinticinco pesos  ($18.223.025) a título de
liquidación de prestaciones.  El PAR aporta copia de la sentencia proferida por
el Juzgado Primero Laboral. El actor adjunta certificaciones de que ha contraído
deudas con Icetex (un crédito aparece otorgado a Luis Hernando Flórez
Ballesteros, y otro a Flórez Ballesteros Carmen Helena), con Davivienda por
valor de trece millones seiscientos siete mil setecientos setenta y cuatro
pesos ($13.607.774), y sendos títulos valores por doce millones ($12.000.000),
treinta millones ($30.000.000) y cincuenta millones de pesos ($50.000.000), en
los que aparece como obligado cambiario. La Corte considera que estos elementos
no son, en su conjunto, suficientes para concluir que el demandante o su grupo
familiar estén en riesgo de experimentar un perjuicio irremediable.  De un
lado, porque es alta la suma de dinero que se le pagó como indemnización y
liquidación de prestaciones al final de su relación con TELECOM, y esto le permite
a una persona, razonablemente, cubrir deudas y amparar por un tiempo la
situación transitoria de desempleo.  De otro, porque no hay razones para
concluir que el pago no oportuno de estas deudas atente contra el derecho de
sus hijos a la educación, o que suponga un riesgo de afectar la satisfacción de
sus necesidades básicas. No se ha dicho, ni probado tampoco, en el proceso que
el actor carezca de condiciones de salud para trabajar.  Por lo demás, no es
una persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de
debilidad manifiesta.  La Corte estima, por tanto, que la tutela es
improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo
de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
158.7.3.
La situación del señor Álvaro Javier Goyes Navarro es la siguiente. Nació el 16 de septiembre de 1961, y se le
dio por terminado su vínculo el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
fecha en la cual adquirió el derecho al pago de una suma de  cincuenta y seis
millones doscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($56.292.964)
por concepto de indemnización, y una de  nueve millones seiscientos treinta y
ocho mil cuarenta y seis pesos ($9.638.046) a título de liquidación de prestaciones.  El
actor aporta una letra de cambio por valor de siete millones ($7.000.000), en
la cual figura como obligado cambiario, y un recibo de la Fundación
Universitaria CESMAG, a nombre de Cristina Alejandra Goyes Romero, por valor de
un millón quinientos veintinueve mil novecientos noventa y dos pesos ($1.529.992).
La Corte estima que estos datos no son suficientes para concluir que el
demandante, o los miembros de su grupo familiar, se encuentren amenazados de
padecer un perjuicio grave e inminente, que demande acciones urgentes e
impostergables.  La suma de dinero que se le reconoció al peticionario al
término de su relación laboral con TELECOM contribuye de manera relevante a la
satisfacción de las necesidades básicas que experimenta un trabajador al momento
de perder su empleo, y mientras encuentra otra oportunidad para conseguir
ingresos periódicos.  Las deudas que prueba tener, no son de tal magnitud,
comparadas con las sumas recién indicadas, que se evidencie un riesgo para los
bienes fundamentales del demandante o su familia.  El actor no es una persona
de la tercera edad y no se ha dicho, ni probado tampoco, que carezca de
condiciones de salud para trabajar. Por lo demás, no es una persona que cuente
con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de debilidad manifiesta.
Por lo mismo, a juicio de la Sala, la tutela es improcedente.
158.7.4.
En el caso del señor Balmes Alberto Muñoz Pérez, se observa que nació el 12 de abril de 1961, y que hasta
treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) prestó sus servicios
laborales a TELECOM.  Al terminar su vínculo se le pagó una suma de   cuarenta
y dos millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
($42.381.448) por concepto de
indemnización, y una de tres millones setecientos cincuenta y un mil
cuatrocientos noventa pesos ($3.751.490) por liquidación de prestaciones. Aporta
una certificación, en la cual consta que está en mora por concepto de un
crédito de vivienda, el cuyo capital ascendía a la suma de treinta y cuatro
millones ciento ochenta mil seiscientos veintisiete pesos ($34.180.627).  La
Corte Constitucional considera que estos elementos no son, en su conjunto,
suficientes para sostener que el demandante o su grupo familiar estén en riesgo
de experimentar un perjuicio irremediable.  Primero, porque obtuvo una suma de
dinero, a título de indemnización y liquidación de prestaciones, que contribuye
a enfrentar sus deudas.  Segundo, porque no es una persona de la tercera edad,
en tanto tiene actualmente menos de sesenta  (60) años.  Tercero, porque no hay
razones que lleven a la Sala a sostener que la deuda referida le impida
satisfacer sus necesidades básicas.  Cuarto, por cuanto no se ha dicho ni
probado que el actor carezca de condiciones de salud para trabajar.  No es una
persona que cuente con otras condiciones que lo pongan en circunstancias de
debilidad manifiesta.  La Sala estima, por tanto, que la tutela es
improcedente, ya que no hay elementos para sostener que el actor esté en riesgo
de sufrir la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
158.7.5.
En el caso del señor Servio Antonio Ruano Ruano Segundo, se advierte que
nació el 14 de enero de 1958 y
que fue desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006), momento en el cual se le hizo un pago de sesenta millones ochocientos
sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos ($60.868.219) por concepto de
indemnización, y uno de  dos millones ochocientos veinticinco mil setecientos
veintisiete pesos ($2.825.727) a título de liquidación de prestaciones.  El
actor adjunta copia de los registros civiles de nacimiento de sus hijos Yurani
Constanza y Víctor Alfonso Ruano Flórez, en los cuales consta que nacieron el 6
de diciembre de 1984 y el 2 de agosto de 1988, respectivamente.  Aporta también
copia de letras de cambio por valor de Diez ($10.000.000) y ocho millones ($8.000.000),
en las que aparece como deudor cambiario, y certificaciones del Icetex, según
las cuales su hija Yuranni Constanza tiene una deuda con la entidad por valor
de diez millones seiscientos diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos
($10.617.674), y su hijo Víctor Alfonso es deudor de un crédito por valor  diecinueve
millones novecientos cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos ($19.905.867).
Una certificación de Bancolombia dice asimismo, que el actor tiene una
obligación por valor de dos millones trecientos noventa y nueve mil doscientos
diez pesos ($2.399.210). Finalmente, obra una constancia de la Cooperativa de
Aportes y Crédito de Trabajadores de Comunicaciones Nariño y Putumayo, en la
que se observa una deuda del demandante por valor de quince millones de pesos ($15.000.000).
Tras apreciar estos elementos en su conjunto, la Corte considera que este
demandante no está en riesgo de sufrir un perjuicio grave e inminente, pues
aunque las deudas son altas, no se encuentra en circunstancias de debilidad
manifiesta, ni tiene a su cargo a otras personas que estén en ellas.  Tampoco
es una persona de la tercera edad, ni está en una situación de fuerza mayor que
le impida o dificulte sustancialmente enfrentar las deudas que ha contraído.  La
Sala estima, por tanto, que la tutela es improcedente, ya que no hay elementos
para sostener que el actor esté en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.
158.7.6.
En lo concerniente al señor José Félix Morales Macías se advierte que nació el 7 de enero de 1966, y que fue
retirado del servicio el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). En
esta última fecha se le pagó una indemnización de setenta y tres millones
ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($73.194.284), y
una liquidación de prestaciones por nueve millones ciento setenta y tres mil
quinientos cincuenta y cinco pesos ($9.173.555).  No hay informes sobre otro
tipo de circunstancias en las cuales se encuentre el peticionario.  La Corte
considera que no hay datos suficientes para sostener que en este caso la tutela
se esté empleando para evitar un perjuicio grave e inminente, pues no es una
persona de la tercera edad, o en circunstancias de debilidad manifiesta.
Tampoco -y según las pruebas- tiene a su cargo a una o más personas en
circunstancias de esa naturaleza.  No hay elementos para concluir que estén en
inminente riesgo sus necesidades básicas, ni tampoco está en una situación de
fuerza mayor que le impida o dificulte sustancialmente desempeñar una actividad
que le proporcione ingresos periódicos para acceder a los bienes básicos.  La
Sala estima, por tanto, que la tutela es improcedente.
158.7.7.
El señor Segundo Esperidión Guerrero Chamorro nació el 10 de diciembre de 1954.  Trabajó al servicio
de TELECOM hasta el treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006), y al
término de su vínculo se le pagó una suma de  ciento noventa y nueve millones
seiscientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($199.677.548)
por concepto de indemnización, y una de  tres millones cuatrocientos cuarenta
mil ciento noventa y cuatro pesos ($3.440.194) a título de liquidación de
prestaciones.  En una certificación aportada por el PAR, se indica que al actor
se le reconoció pensión de jubilación a partir del primero (1) de febrero de
dos mil seis (2006).  Estos elementos bastan para que la Corte declare
improcedente esta tutela, pues está probado que el actor no sólo obtuvo una
suma elevada al final de su vinculación con la compañía por indemnización y
liquidación de prestaciones, sino que además, por cuenta de la pensión que se
le reconoció, recibe periódicamente ingresos que le permiten satisfacer sus
necesidades básicas.  No es una persona de la tercera edad, o en circunstancias
de debilidad manifiesta, ni tiene tampoco a su cargo a una persona en esas
condiciones. La Sala Plena de la Corte Constitucional estima, en definitiva,
que el actor no está en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.
158.8.
El caso del señor Aymer Ortiz Penagos se encuentra en el expediente T-2537041.
Su tutela tiene por objeto obtener el amparo, por la violación a las garantías
que se derivan de su condición de aforado sindical. Pide en esencia ordenarle
al PAR el reintegro a su cargo
sin solución de continuidad, el pago de salarios, prestaciones legales y
convencionales, y aportes a la seguridad social, desde la desvinculación hasta
la fecha de ejecutoria de la acción de tutela, todo debidamente indexado, más
los intereses moratorios correspondientes. Debe decirse que, con respecto al señor Aymer Ortiz Penagos, la entidad
presentó demanda para solicitar la autorización de levantamiento del fuero.  En
fallo del veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006), el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Armenia ordenó archivar el expediente por carecer de
objeto, en razón de que había sido desvinculado el  treinta y uno (31) de enero
de  dos mil seis (2006).  Esta decisión no le impedía adelantar una acción de
reintegro, en la que de manera eficaz se le habrían podido proteger, si había
lugar a ello, los derechos que ahora invoca como conculcados.  Su solicitud es entonces improcedente por
subsidiariedad, ya que para reclamar por una violación de las garantías
derivadas del fuero sindical tenía la acción de reintegro ante la justicia
ordinaria, la que dejó prescribir.  Ciertamente, la tutela procede en estos
casos cuando se plantea una violación del
derecho de asociación sindical por la irregular terminación del contrato de
trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, lo cual podría
considerarse que se da en este asunto, pero además cuando se prueba una
conducta antisindical.  No obstante, de acuerdo con lo que se ha probado en el
expediente, no puede decirse que la causa de la terminación de los contratos se
debió a una estrategia antisindical, sino a la necesidad de liquidar la
entidad, dentro de un programa de renovación de la administración pública. Por
lo demás, dado que no hay tampoco razones para sostener que esté en
riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional declarará
improcedente su tutela.
En
suma, los accionantes cuyas tutelas son improcedentes por problemas de
subsidiariedad son los que se enlistan en la tabla que aparece a continuación:
Accionantes – Tutelas improcedentes por
subsidiariedad
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Jairo Patiño Agudelo
T-2871322
PPA
2
Neftalí Carmelo Zapata Suárez
T-2471216
Pensión
3
Sergio Antonio Téllez
T-2471216
Pensión
4
Rafael de Jesús Villar Gómez
T-2501214
FS
5
Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla
T-2471216
FS
6
Álvaro
Eugenio Posso Bedoya y
T-2471346
FS
7
Saaibi
Arenas Moreno
T-2471346
FS
8
Heberto
López Machado y
T-2471346
FS
9
Carlos
Mauricio Osorio Ruíz
T-2471346
FS
10
Nelson
Barón Martínez
T-2492726
FS
11
Luis
Hernando Flórez Salazar
T-2492726
FS
12
Álvaro
Javier Goyes Navarro
T-2492726
FS
13
Balmes
Alberto Muñoz Pérez
T-2492726
FS
14
Servio
Antonio Ruano Ruano
T-2492726
FS
15
José
Félix Morales Macías y
T-2492726
FS
16
Segundo
Esperidión Guerrero Chamorro
T-2492726
FS
17
Aymer Ortiz Penagos
T-2537041
FS
v. Resolución de fondo en los casos          que han superado las
condiciones de procedencia de la tutela
159. Corresponde entonces a la Corte estudiar de fondo
los casos restantes.  En ellos hay básicamente cuatro grupos. Primero, el de
quienes solicitan ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada, y que
integran los señores Tulio  Enrique Galindo Bozón, Assad Gutiérrez Posedente,
María Sussan Pérez Quintero, Vidal
Mauricio López Duque y Jairo Libardo Sotelo Domínguez (T-2471345); Julio César Utria Martínez, Margarita Veloza Rincón y David Moisés
Vergara Beltrán (T-2579968); Pablo
Enrique Pardo Ojeda y Genaro Ortiz Muñoz (T-2484301); José de Jesús Becerras
Avendaño y Rodrigo Triana (T-2476358); Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos
Rojano Romero, Víctor Manuel Severiche, Jaime Elías Flórez Ramos, Jaime Esteban
Barrera López y Fernando
Trejos Santa (T-2476359); Álvaro José
Oviedo Argel y Ángel Ramón Gómez Solera (T-2471216); Dagoberto
Mesa Castillo, Carlos Javier Rodríguez Cardozo (T-2507052), Gustavo Candelario
Escorcia Escorcia, Luis Mariano Padilla Chima (T-2537070), Mario Alberto López
Agudelo, Francisco Arango Agudelo, Jorge León Chalarcá Estrada, Enrique
Garzón Gómez, Claudia Margarita López Moncada, Óscar Alberto Mesa Restrepo,
María Mercedes Montaño, Gerardo Padilla Rodríguez, Franklin Cenón Rodríguez
Rodríguez, Héctor Fernando Romero Rodríguez, William Sandoval Garzón
(T-2537078); Ruth Sarmiento Garzón (T-2566146); Ómar Eduardo Canchala
Quiroz, Gustavo Antonio Jurado, Cristina Lozano Bustos, José Antonio
Revelo Concha, Carlos Arturo Soler Romero, Luis Fernando Tello, Iris Isabel
Barrios Salgado (T-2587255); Milagro Candelaria Acosta Romero, Uriel de
Jesús Bayona Chona, Luis Ignacio Morillo García, Raúl Rojas Medina, Clara Lucía
Saldaña López, Danuil Jesús Vega Bayona, Francisco Hernando Villa Uribe y César Augusto Quintero Muñoz (T-2587286).  El segundo está integrado por
quienes piden amparo en su condición de aforados sindicales, que son Remberto
Ballestas Mendoza y Benjamín Corrales Benítez (T-2471216), y además por el señor
Miguel Antonio Giraldo (T-2581607), quien pide la reliquidación de su pensión
anticipada. Finalmente, están los que exigen protección en virtud del retén
social, que es el grupo compuesto por los señores Wilson José Daza Daza, Diana
Patricia Demoya, Myriam García Londoño, Antonio Javier Espinosa Guzmán
(T-2546795), Olga Ruth Gañán Parra, José Eduardo Peña Armenta y Flor María
Vásquez (T-2531642).  La Corte pasa a referirse a cada grupo.
v.i. Primer grupo. Solicitantes de PPA
160.
Como se dijo en el fundamento jurídico 97 de esta sentencia, desde el punto de
vista de la subsidiariedad,  la tutela en principio procede para pedir la
inclusión en el PPA si de ello depende el goce efectivo de un derecho
fundamental.  Eso es lo que ocurre en los casos de los señores Tulio  Enrique
Galindo Bozón, Assad Gutiérrez Posedente, María Sussan Pérez Quintero, Vidal Mauricio López Duque y Jairo
Libardo Sotelo Domínguez (T-2471345);
Julio César Utria Martínez, Margarita
Veloza Rincón y David Moisés Vergara Beltrán (T-2579968); Pablo Enrique Pardo Ojeda y Genaro Ortiz Muñoz
(T-2484301); José de Jesús Becerras Avendaño y Rodrigo Triana (T-2476358);
Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos Rojano Romero, Víctor Manuel Severiche,
Jaime Elías Flórez Ramos, Jaime Esteban Barrera López y Fernando Trejos Santa (T-2476359); Álvaro José Oviedo Argel y Ángel Ramón
Gómez Solera (T-2471216); Dagoberto Mesa Castillo, Carlos Javier
Rodríguez Cardozo (T-2507052), Gustavo Candelario Escorcia Escorcia, Luis
Mariano Padilla Chima (T-2537070), Mario Alberto López Agudelo, Francisco
Arango Agudelo, Jorge León Chalarcá Estrada, Enrique Garzón Gómez, Claudia
Margarita López Moncada, Óscar Alberto Mesa Restrepo, María Mercedes Montaño,
Gerardo Padilla Rodríguez, Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez, Héctor Fernando
Romero Rodríguez, William Sandoval Garzón (T-2537078); Ruth Sarmiento Garzón
(T-2566146); Ómar Eduardo Canchala Quiroz, Gustavo Antonio
Jurado, Cristina Lozano Bustos, José Antonio Revelo Concha, Carlos Arturo Soler
Romero, Luis Fernando Tello, Iris Isabel Barrios Salgado (T-2587255); Milagro
Candelaria Acosta Romero, Uriel de Jesús Bayona Chona, Luis Ignacio
Morillo García, Raúl Rojas Medina, Clara Lucía Saldaña López, Danuil Jesús Vega
Bayona, Francisco Hernando Villa Uribe y César
Augusto Quintero Muñoz
(T-2587286).  Estos piden una prestación,
de la cual depende su derecho a la seguridad social, que les permita
sobrellevar además una vida en condiciones dignas ante el desempleo (CP art.
48).  El PAR no desvirtúa que su derecho a una vida digna esté amenazado, por
la falta de empleo, como lo plantean los actores, y en virtud de las
presunciones de buena fe (CP art. 83) y de veracidad (Dcto 2591 de 1991 art.
20), se ha de entender que es así.  Sus tutelas no son entonces improcedentes
por problemas de subsidiariedad.
161.
En cuanto a la inmediatez, la Corte reitera lo dicho en el fundamento jurídico
109.  En principio, es improcedente por falta de inmediatez una tutela dirigida
contra el PAR una vez liquidada TELECOM, cuando además ha trascurrido un
término extenso para interponerla, contado desde el momento en el cual se negó
o dejó de reconocer la prestación reclamada., Empero, esta impresión puede
desvirtuarse si concurre alguna circunstancia virtualmente apta para justificar
la tardanza en la presentación del amparo.  Lo
cual, se logra si está demostrado, por ejemplo, que el actor obró con
suficiente diligencia en la defensa de sus derechos, o que estuvo bajo fuerza
mayor, o que era desproporcionado adjudicarle la carga de acudir a un juez con
prontitud, debido a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad o incapacidad física o a una circunstancia equivalente, en este
contexto.
162. Con base en estas consideraciones, la Corte advierte lo
siguiente en los casos de PPA. El PPA –como arriba se dijo- fue ofrecido
por TELECOM a sus trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil
tres (2003). Las acciones de tutela que ahora se estudian se interpusieron, sin
embargo, en el segundo semestre del año dos mil nueve (2009).  Trascurrieron
entonces, entre el ofrecimiento del Plan y el de la promoción de las tutelas,
por lo menos seis (6) años.  Estas personas fueron ciertamente trabajadoras de
una empresa que sólo se liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la
cual fueron desvinculados muchos de los accionantes.  Otros habían terminado su
vínculo con la entidad incluso antes.  En algunas de tutelas se alega en
concordancia que la inmediatez debe contarse desde el punto más favorable.  Pero
eso no es suficiente, por sí solo, para desvirtuar el problema de inmediatez.  Incluso,
contando el tiempo desde la fecha de liquidación de TELECOM, los actores
habrían tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese
término es prima facie irrazonable para efectos de determinar su
inmediatez. No obstante, como antes se mencionó, esa impresión es preliminar y
no definitiva, por lo cual admite ser desvirtuada.  En los casos que a
continuación se relacionan, estima la Sala que las tutelas de los demandantes de este grupo no
son improcedentes por falta de inmediatez.
162.1.  El señor
Tulio Enrique Galindo Bozón fue desvinculado definitivamente de TELECOM
el treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis (2006), a causa de la
liquidación.  La presente tutela, encaminada a solicitar su inclusión en el
PPA, la promovió el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009).  Pasaron,
como se ve, cerca de seis (6) años, contados desde que se ofreció el PPA, y
aproximadamente tres (3) de ellos, computados desde cuando se desvinculó de la
compañía, para instaurar una tutela con el fin de que se lo incorporara al PPA.
Aunque este término es en abstracto adverso a la procedencia del amparo, en su
caso está justificado.  Primero, por tratarse de un padre cabeza de familia,
que como aquí se ha dicho merece especial protección.  Pero esto por sí solo no
bastaría.  En su caso, lo que ocurre es que además actuó con diligencia.  A su
favor se expidió un fallo de tutela el  treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008),
por medio del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de
Valledupar le reconoció su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el
pago de salarios y prestaciones desde la desvinculación hasta la fecha de
liquidación definitiva de Telecom.  Esto indica, que entre tanto, adelantó
gestiones en defensa de sus derechos.  No es entonces válido declarar improcedente
su tutela por falta de inmediatez.
162.2.
En el proceso obran también pruebas de que a favor del señor Assad Gutiérrez
Posedente se expidió una sentencia de tutela el  catorce (14) de abril de dos
mil ocho (2008), por medio de la cual el Juzgado Tercero de Familia de
Valledupar protegió al actor por su condición de padre cabeza de familia, y
ordenó el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la
fecha de liquidación definitiva de Telecom. Esta decisión fue confirmada por la
Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar.  La desvinculación
del peticionario ocurrió el veinticinco (25) de julio de  dos mil tres (2003),
y la interposición de esta acción de tutela se dio en agosto de dos mil nueve (2009).
Esa sola gestión, antes mencionada, en defensa de sus derechos no puede
considerarse suficiente para justificar el plazo de  seis (6) años que dejó
pasar para promover el presente amparo, contados bien desde el ofrecimiento del
PPA o desde su desvinculación, que en este caso se aproximan. Pero ese acto,
sumado al hecho de que un juez le reconoció su condición de padre cabeza de
familia, resulta a juicio de la Corte suficiente para justificar la tardanza.
Una persona en esas condiciones, y desempleada, es razonable que dedique sus
esfuerzos inmediatos a satisfacer las necesidades básicas propias y las del
grupo familiar que encabeza, antes que a instar procesos judiciales.  Pese a
ello, obró con diligencia en ese sentido.  No sería entonces válido declarar
improcedente su tutela por falta de inmediatez.
162.3. La señora María Sussan Pérez Quintero fue
desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  La
presente tutela se interpuso el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009).
Obran pruebas de que entre tanto, actuó sin embargo con suficiente
diligencia en la defensa de sus derechos al mínimo vital, a la seguridad
social, y de los demás derechos que ahora reclama.  En efecto, aparece una respuesta
del PAR del treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006), a una
reclamación administrativa de esta tutelante, en la que solicitaba el
reintegro, el pago de salarios y prestaciones, el reconocimiento de
pretensiones laborales, y una indemnización por despido ilegal.  También consta
que presentó una solicitud a la Procuraduría el veinte (20) de septiembre de  dos
mil cinco (2005), en la cual pidió se le informara a cuál modalidad pensional
tenía derecho.  Asimismo, obra respuesta a un derecho de petición ante
CAPRECOM, que tiene como fecha el  cinco (5) de octubre de  dos mil cinco (2005),
en la que se le informaron las modalidades pensionales de los trabajadores de
Telecom.  Hay respuesta a otra petición, en la que CAPRECOM se refiere al valor
de su bono pensional.  Aporta respuesta del PAR del dieciocho (18) de junio de  dos
mil ocho (2008), en la que se le dice que no cumple con los requisitos de la
pensión de jubilación. Estas diligencias deben considerarse suficientes para
justificar en su caso la interposición de la tutela en el año dos mil nueve (2009).
La acción de tutela no resulta entonces improcedente por falta de
inmediatez.
162.4. La situación del señor Vidal Mauricio López
Duque (T-2471345) es similar a las antes reseñadas. El demandante fue
desvinculado el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente acción el diecinueve (19)
de agosto de  dos mil nueve (2009).  No obstante, se advierte en las pruebas
que obró con suficiente diligencia en el interregno, pues interpuso antes
de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR, con base en que a su
juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, no se lo tuvo
en cuenta dentro del grupo de beneficiarios del mismo. Solicitó entonces el reconocimiento y pago de la pensión
anticipada, el pago de las mesadas pensionales atrasadas, el reajuste de la
pensión de acuerdo a la ley y además la indemnización moratoria.  Aunque al
expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos
mil seis (2006), no obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario,
razón por la cual no hay elementos para sostener que la controversia planteada
en esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito
los fallos dictados en ese otro proceso.  No obstante, en vista de la actividad
desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora
reclama,  a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de
inmediatez, y en consecuencia no es improcedente por ese motivo.
162.5. El señor Jairo Libardo Sotelo Domínguez
T-2471345 ha actuado asimismo con suficiente diligencia. Este peticionario fue
desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente tutela el diecinueve (19)
de agosto de dos mil nueve (2009).
Entre tanto, sin embargo, interpuso acción ordinaria laboral contra el
PAR y CAPRECOM, con base en que a su juicio era trabajador de TELECOM con
derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, se lo excluyó del grupo
de beneficiarios de ese Plan.  En su demanda ordinaria, pidió condenar a las demandadas a reconocerle  el
PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas
y futuras a desde el primero (1) de febrero de  dos mil seis (2006), hasta
cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida
indexación o actualización. Subsidiariamente pidió el pago de la pensión
convencional de jubilación. Dicha acción fue negada en primera
instancia mediante fallo del veintitrés (23) de febrero de  dos mil nueve (2009),
expedido por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, pero no hay
pruebas de una sentencia de segunda instancia, ni de que el proceso hubiera
concluido con una sentencia ejecutoriada, razón por la cual no hay elementos
para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté amparada por
la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en ese otro
proceso.  No obstante, en vista de la actividad desplegada por el peticionario
en la defensa de los derechos que ahora reclama,  a juicio de la Sala esta
tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por lo mismo no es
improcedente por ese motivo.
162.6.
Consta a su vez que el señor Julio César Utria Martínez fue desvinculado
definitivamente de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
Esta acción de tutela la instauró el veintisiete (27) de noviembre de  dos mil
nueve (2009).  Obran pruebas de que, luego de haberse ofrecido el PPA, este
actor presentó una acción de tutela en el año dos mil cuatro (2004), para que
se le protegieran sus derechos dada su condición de padre cabeza de familia.  La
tutela, según las pruebas, fue concedida y se ordenó su reintegro a TELECOM.  En
concepto de esta Corte, el actor adelantó entonces una gestión para reclamar
sus derechos, y además hay un hecho relevante y es que un juez de la República
le reconoció su condición de padre cabeza de familia.  Con lo cual, a juicio de
la Corte Constitucional, hay suficientes elementos de juicio para concluir que
la tardanza está justificada. Una persona en esas condiciones, que queda sin
trabajo, es razonable que dedique sus esfuerzos inmediatos a satisfacer las
necesidades básicas propias y las del grupo familiar que encabeza, más que a
instar procesos judiciales.  A pesar de ello, inició un proceso constitucional
con ese fin antes de este. Esta tutela no debe por tanto considerarse
improcedente por falta de inmediatez.
162.7. Sobre la señora Margarita Veloza Rincón
T-2579968, consta que el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003) se le dio por terminado su vínculo laboral
con TELECOM.  La presente acción de tutela fue promovida por esta peticionaria
el  veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009). Hay pruebas, sin
embargo, de que antes de esta solicitud de amparo la señora Veloza Rincón inició un proceso laboral ordinario contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía
derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser
incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria.  No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las
providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, ni
tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este
asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada.  Sin embargo, los medios de
convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.8. En lo que respecta al señor Genaro Ortiz
Muñoz fue desvinculado el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003).  La presente tutela la promovió el diecinueve
(19) de agosto de dos mil nueve (2009).  Entre tanto, obró con diligencia en la
defensa de sus derechos. El seis (6) de marzo de dos mil seis (2006) elevó
petición ante el PAR con el objetivo de que se lo incluyera en el PPA. Luego,
el catorce (14) de julio de dos mil seis (2006) presentó una nueva solicitud,
pero esta vez para que se lo reintegrara a las labores, se le pagara lo dejado
de cancelar desde la desvinculación y se lo incluyera en el retén social.  El veintiocho
(28) de enero de dos mil nueve (2009) promovió una nueva solicitud igual a la
que recién referida.  Esto indica que su actuación fue reiterada, y en ella
perseguía salvaguardar precisamente el derecho al mínimo vital, que es uno de
los que estima conculcados.  El peticionario interpuso su tutela después de
este obrar, en agosto de dos mil nueve (2009), en un contexto en el cual
persistía la supuesta amenaza en sus derechos fundamentales.  La Sala considera
que la diligencia con la cual actuó justifica la tardanza en la interposición
del amparo, pues es razonable primero adelantar gestiones directamente ante la
administración, y sólo si estas son desoídas o se resuelven desfavorablemente
acudir a la justicia. En definitiva, esta tutela no debe declararse
improcedente por falta de inmediatez.
162.9. En
este proceso obra una declaración, en el sentido de que el hijo menor de edad
del señor Pablo Enrique Pardo Ojeda sufrió una parálisis facial.  Lo
cual, según se dice en la solicitud de amparo, ha sido la causa de un
desembolso de dinero por parte del accionante, y simultáneamente podría verse
como una justificación de la tardanza en la interposición del amparo.  La Corte
advierte que el señor Pablo Enrique Pardo Ojeda fue desvinculado de TELECOM el  veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), y que sólo el diecinueve (19) de agosto
de  dos mil nueve (2009) instauró la tutela. Entre tanto, de acuerdo con las
pruebas obrantes, no promovió otras acciones o gestiones para defender los
derechos que ahora reclama. No obstante, la referencia a la situación médica de
su hijo menor es, en concepto de esta Corte, suficiente para justificar la
tardanza en la interposición del amparo, pues una persona en sus condiciones,
una vez queda sin trabajo, no dedica sus esfuerzos inmediatos a promover
controversias judiciales, sino a conseguir los bienes indispensables para
satisfacer las necesidades básicas suyas, de su familia y, en especial, de su
hijo en condiciones de debilidad manifiesta.  De modo que, a la luz de lo antes
expuesto, esta acción constitucional debe entonces juzgarse improcedente por
falta de inmediatez.
162.10.
Los señores Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos Rojano Romero y
Víctor Manuel Severiche Tarrifa fueron desvinculados finalmente el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y presentaron la tutela en agosto
de dos mil nueve (2009).  Fueron desvinculados y luego reintegrados, según lo
informó el dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2008) el PAR, por orden de
juez de tutela quien los consideró padres cabeza de familia. También
interpusieron reclamación administrativa para ser incluidos en el PPA, y aunque
no es del todo legible la fecha de radicación se puede concluir que fue después
de la liquidación efectiva de la compañía.[231]
No sólo obraron entonces con diligencia, sino que además un juez de la
República les reconoció su condición de padres cabeza de familia.  La tardanza
que en abstracto se habría advertido en su caso está por ende justificada, pues
su reintegro al servicio, hace que el tiempo transcurrido entre su
desvinculación definitiva y la interposición de la tutela sea menor.[232] No
sería válido pues declarar improcedente la tutela por falta de inmediatez.
162.11. Para el caso del señor Jaime Elías Flórez
Ramos la Corte nota que fue  desvinculado el treinta y uno (31) de enero de
dos mil seis (2006) y que interpuso el amparo en agosto de dos mil nueve (2009),
pero resalta que en el proceso hay pruebas, de acuerdo con las cuales instauró
antes de esta tutela diversas peticiones. El veintiuno (21) de marzo de dos mil
seis (2006) presentó reclamación administrativa de las prestaciones laborales y
pensionales que a su juicio se le debían, y aparte también hizo lo propio con
la finalidad de que se le reconociera una pensión convencional.  El primero (1°)
de junio de dos mil nueve (2009) elevó también petición para que se le
reconociera pensión de jubilación.  El pazo trascurrido, como se ve, aunque es
amplio está justificado. En el interregno señalado obró con diligencia, y
ciertamente lo hizo después de su desvinculación definitiva de la compañía.
Esto, en concepto de la Corte Constitucional, basta para concluir que su tutela
no debe declararse improcedente por falta de inmediatez.
162.12. En el caso del señor Jaime Esteban Barrera
López se observa que interpuso tres peticiones: el veintiocho (28) de abril
de dos mil seis (2006), el veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006) y el
veintiséis (26) de diciembre de dos mil nueve (2009). En la primera, solicitó
el reintegro y las obligaciones dejadas de cancelar luego de una
desvinculación. En la segunda, pidió el reconocimiento de una pensión de vejez
a su favor ante Caprecom., En la tercera, su solicitud se encaminó hacia la
anulación del acto con el cual se dio por terminada su relación laboral. La
Corte constata que el demandante fue desvinculado el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006) y que promovió el amparo en agosto de dos mil
nueve (2009).  Estas circunstancias son suficientes para concluir que el
demandante no obró con negligencia en la defensa de sus derechos, ni siquiera
durante los cerca de tres (3) años que trascurrieron entre su desvinculación y
la promoción de la tutela. Por lo mismo, la Corte no declarará
improcedente por falta de inmediatez de la tutela del señor Jaime Esteban Barrera
López.
162.13. El señor Fernando Trejos Santa T-2476359
fue a su turno removido del cargo que ocupaba en TELECOM el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003),
y promovió la presente tutela el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009).
Interpuso antes de esta tutela una
acción ordinaria contra el PAR de TELECOM sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, y
porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual
había sido excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  En ese contexto
solicitó que se condenar a la
demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis
(2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas
retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006),
hasta que CAPRECOM  asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida
indexación o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión
convencional de jubilación. Dicha acción provocó en primera instancia mediante
fallo del quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009), expedido por el Juzgado
1° Laboral del Circuito de Bogotá.[233]
Esa se decisión se adoptó con base en que, en concepto del Juez, el
actor no tenía derecho al régimen de transición, requisito indispensable para
ser incluido en su caso en el PPA.  No obra fallo de segunda instancia, ni hay
tampoco elementos adicionales para sostener que la controversia planteada en
esta ocasión esté amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los
fallos dictados en ese otro proceso.  Con todo, en vista de la actividad
desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos que ahora reclama,
a juicio de la Sala esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por
lo mismo no es improcedente por ese motivo.
162.14.
Los señores Álvaro José Oviedo Argel y Ángel Ramón Gómez Solera
fueron desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de  dos mil seis
(2006), e interpusieron esta tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil
nueve (2009).  No obstante, en el interregno posterior al ofrecimiento del PPA
obraron con suficiente diligencia. Interpusieron acción de reintegro, la cual
fue declarada prescrita por medio de providencia proferida el seis (6) de marzo
de dos mil siete (2007) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral, toda vez que al momento de
la interposición de la demanda había transcurrido ampliamente el término de dos
(2) meses desde su desvinculación para presentarla.  Los actores interpusieron
también tutela para que se les reconocieran sus derechos al pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación.  Mediante sentencia
T-538 de 2009 la Corte Constitucional declaró la improcedencia de esa acción,
entre otras razones, porque consideró que era extemporánea y porque los actores
no interpusieron la acción de reintegro por fuero sindical.[234]  Con estos
antecedentes, la Sala considera que han actuado con suficiente diligencia, y
que no es razonable declarar improcedente su amparo por falta de inmediatez.
162.15. También hubo diligencia en el actuar del señor
José de Jesús Becerra
Avendaño.  En el proceso
obra prueba de que este peticionario presentó una solicitud ante TELECOM el trece
(13) de agosto de dos mil tres (2003) con el fin de ser incluido como
beneficiario del PPA.  El siete (7) de octubre de dos mil siete (2007) promovió
una nueva petición, esta vez ante Caprecom y con el propósito de que le
reconociera una pensión de vejez. Y el veintisiete (27) de marzo de dos mil
ocho (2008) presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 307 del veintiséis
(26) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante cual Caprecom le negó la
citada prestación.  El demandante había sido desvinculado el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta solicitud de amparo en agosto
de dos mil nueve (2009).  En concepto de la Sala, obró con diligencia
suficiente para desvirtuar la impresión preliminar de irrazonabilidad que había
sobre el tiempo dejado trascurrir para promover la defensa de sus derechos
fundamentales. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que esta
tutela no debe entonces declarase improcedente por falta de inmediatez.
162.16. El señor Rodrigo Triana T-2476358 fue
desvinculado el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la
presente tutela la instauró el veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009).
Interpuso antes de esta tutela una acción ordinaria
contra el PAR de TELECOM, sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, y
porque a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, y sin embargo se lo
excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  En ese contexto solicitó que se condenara a la demandada a
reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y
hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del doce
(12) de diciembre de dos mil ocho (2008), expedido por el Juzgado 14 Laboral
del Circuito de Bogotá. Dado que no obra fallo de segunda instancia,  no hay
elementos para sostener que la controversia planteada en esta ocasión esté
amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los fallos dictados en
ese otro proceso.  Pero en vista de la actividad desplegada por el peticionario
en la defensa de los derechos que ahora reclama, a juicio de la Sala esta
tutela cumple con las exigencias de inmediatez, y por lo mismo no es
improcedente por ese motivo.
162.17. En lo que atañe al señor Dagoberto Mesa
Castillo T-2507052 consta que su vínculo con TELECOM se dio por
terminado el veintiséis (26) de julio de dos
mil tres (2003), y que el veinticinco (25) de septiembre de dos mil  nueve (2009)
instauró la tutela que provoca este pronunciamiento.  Obra copia de la demanda ordinaria interpuesta por él contra el PAR de TELECOM, en la cual adujo
haber sido trabajador de esta última compañía, con derecho a ser incluido en el
PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho
Plan. En ese contexto, pedía esencialmente el reconocimiento derecho a ser incorporado en el plan
de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el
reajuste de la pensión de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y la
indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda,
ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso
ordinario,  por lo cual no existen elementos de juicio que permitan a esta
Corte sostener, razonablemente, que la controversia planteada en esta ocasión
se encuentre amparada por la cosa juzgada a la cual hicieron tránsito los
fallos dictados en ese otro proceso. Con todo, los medios de prueba que hay sí
son suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario
en la defensa de los derechos reclamados, es suficiente para desvirtuar
cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces
improcedente por ese motivo.
162.18. En lo que atañe al señor Carlos Javier
Rodríguez Cardozo T-2507052, consta que el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003) se le terminó su vínculo
con TELECOM.  La presente tutela la interpuso el veinticinco (25) de septiembre
de dos mil nueve (2009).  Entre tanto, y según las pruebas, el actor instauró
una demanda ordinaria promovida por contra el PAR de TELECOM, en la cual adujo haber sido trabajador de
TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y, sin embargo, no haber
resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan.  En ese contexto pidieron
que se condenara a la
demandada a reconocerles el PPA desde el treinta y uno (31) de julio de dos mil
tres (2003) y hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la
pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaron el pago de las
mesadas pensionales retroactivas y futuras, hasta cuando CAPRECOM asumiera el
pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.  No
se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de
primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, lo cual indica que no existen
elementos para concluir que hubiese habido una decisión con fuerza de cosa
juzgada, que resulte vinculante para este caso.  Con todo, los medios de
convicción allegados al proceso sí son suficientes para concluir que la
actividad desplegada por el peticionario en la defensa de los derechos
reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar
de falta de inmediatez. La acción de tutela no es entonces improcedente por ese
motivo.
162.19. La situación del señor Gustavo Candelario
Escorcia Escorcia T-2537070 es similar a algunas de las antes
mencionadas.  Su desvinculación tuvo lugar el treinta (30) de junio de dos mil tres (2003), y la presente
tutela fue instaurada el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Obra,
sin embargo, copia de una sentencia expedida por el Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Barranquilla el  veinticinco (25) de abril de dos mil ocho (2008),
mediante la cual se accedió a una acción ordinaria interpuesta por este
tutelante, y en la cual se ordenó el reconocimiento, a su favor, del derecho a
ser incluido en el PPA. No hay
pruebas de que ese fallo se hubiese impugnado, ni de una sentencia de segunda
instancia. Tampoco las hay de que ese proceso hubiese terminado con una
sentencia de fondo, razón por la cual no existen elementos para concluir que hubiese habido una decisión con
fuerza de cosa juzgada, que resulte vinculante para este caso.  Los medios de
convicción allegados al proceso sí son empero suficientes para concluir que la
actividad desplegada por el peticionario, en la defensa de los derechos
reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar
de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.20. Al señor Luis Mariano Padilla Chima
T-2537070 se le terminó su vínculo con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente
tutela el cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Hay pruebas, sin embargo, de que antes de
esta tutela el peticionario interpuso demanda ordinaria contra el PAR de TELECOM, y en ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con
derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los
beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto pidió que se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde
el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con
los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación.  Asimismo,
solicitó el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el
primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el
pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.  Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.  Dicha acción le fue
negada en primera instancia mediante sentencia del veintitrés (23) de febrero
de dos mil nueve (2009), expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del
Circuito de Bogotá. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco elementos de
juicio adicionales, que le permitan a esta Corte concluir que exista una
decisión ordinaria con fuerza de cosa juzgada, vinculante para este caso. Los
medios de convicción allegados al proceso sí son empero suficientes para
concluir que la actividad desplegada por el peticionario, en la defensa de los
derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio
preliminar de falta de inmediatez. La tutela no es entonces improcedente por
ese motivo.
162.21. En cuanto al señor Mario Alberto López
Agudelo T-2537078, consta que su vínculo laboral con TELECOM se
terminó el treinta y uno (31) de enero de
dos mil seis (2006), y que la tutela con la cual se inicia este proceso se
instauró el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Con todo, antes de esta tutela el peticionario había promovido una acción
laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de
TELECOM y con que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo
cual no lo fue. Solicitó en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser incluido en el
plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el
reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Obra
copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 12 Laboral del
Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006). No obran
las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni hay pruebas de que dicho
proceso hubiera concluido definitivamente con una sentencia de fondo, razón por
la cual no es posible establecer si este es un asunto amparado por la cosa
juzgada.  No obstante, los medios de prueba  allegados al proceso sí son empero
suficientes para concluir que la actividad desplegada por el peticionario, en
la defensa de los derechos reclamados, tiene la potencialidad de desvirtuar
cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez.   La tutela no es entonces
improcedente por ese motivo.
162.22. Lo dicho en casos anteriores se aplica también
a lo acontecido al señor Francisco Arango Agudelo T-2537078, quien fue
removido de su cargo en TELECOM el  veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta tutela
el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Antes
de esta tutela, el peticionario había intentando sin embargo una acción laboral
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadores de TELECOM
y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual no
fue considerado como beneficiario de dicho Plan. Solicitó el reconocimiento de su derecho a ser
incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado
12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006).
Empero, no obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni consta
que hubiese concluido con una sentencia de fondo, o elementos que permitan a
esta Corte establecer si ese proceso concluyó con una decisión que hubiese
hecho tránsito a cosa juzgada. No obstante, los medios de prueba  allegados al
proceso sí son suficientes para sostener que la actividad desplegada por el
peticionario fue diligente y que, por tanto, tiene la potencialidad de
desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido
haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.23. En cuanto se refiere al señor Jorge León
Chalarcá Estrada T-2537078, fue desvinculado de TELECOM el veintiséis
(26) de julio de dos mil tres (2003),
y la presente acción de tutela la interpuso el veintiocho (28) de octubre  de  dos
mil nueve (2009).  Antes de esta tutela el peticionario había intentado,
sin embargo, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en
que era trabajador de la compañía y en que, a su juicio, tenía derecho a ser
incluido en el PPA.  Solicitó en ese contexto, en esencia, el reconocimiento de su derecho a ser
incluido en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado
12 Laboral del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006).
No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay
otros elementos a partir de los cuales se pueda concluir que dicho asunto
hubiera concluido con un acto que tenga fuerza de cosa juzgada, vinculante para
este caso. No obstante, los medios de prueba  allegados al proceso sí son
suficientes para sostener que la actividad desplegada por el peticionario fue
diligente y que, por tanto, tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.24. Al señor Enrique Garzón Gómez T-2537078 se
le terminó su relación laboral con TELECOM el  veinticinco (25)
de julio de dos mil tres (2003), e instauró esta acción de tutela el veintiocho
(28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Antes
de esta tutela había iniciado un proceso laboral ordinario contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su juicio
tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo
de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto que se condenara a la demandada a reconocerle
el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Obra copia de la sentencia expedida por el Juzgado 12 Adjunto
Laboral del Circuito de Bogotá el  diecisiete (17) de abril de dos mil nueve (2009),
en la cual se niegan en primera instancia las pretensiones del demandante. No
obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco otros elementos que permitan a
esta Corte establecer si el presente asunto se encuentra amparado por la cosa
juzgada.  Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son
suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario
fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene
la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese
motivo.
162.25. En lo atinente a la señora Claudia
Margarita López Moncada T-2537078, se observa que resultó removida del
cargo el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006), y que instauró esta acción de tutela el veintiocho (28) de
octubre  de dos mil nueve (2009).  Entre esos dos extremos, consta sin embargo
que la peticionaria inició un proceso ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y
en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual
se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó entonces
el reconocimiento de su derecho
a ser incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas
atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la
indemnización moratoria.  No se aportaron copias del auto admisorio de la
demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso
ordinario, lo cual significa que no hay elementos de juicio suficientes, a
partir de los cuales sea razonable sostener que el presente asunto se encuentra
amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados
al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la
peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus
derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de
falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es entonces
improcedente por ese motivo.
162.26. El señor Óscar Alberto Mesa Restrepo
T-2537078 fue removido de su cargo el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), e interpuso esta acción
de tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Consta, sin embargo, que antes de la presente
solicitud de amparo  intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajadores de la compañía en que a su juicio
tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual fue excluido del grupo
de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM
asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o
actualización.  Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional
de jubilación.  Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el
Juzgado 1 Laboral del Circuito de Medellín el catorce (14) de agosto de dos mil
nueve (2009).  No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni
tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este
asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de
convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.27. A la señora María Mercedes Montaño
T-2537078 se la desvinculó de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  La presente acción de
tutela la promovió el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Hay pruebas de que, entre tanto, inició un proceso
laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de
la compañía, y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA.  Solicitó,
en ese contexto, condenar a la
demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis
(2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis
(2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la
debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la
pensión convencional de jubilación. Obra copia del auto admisorio de la
demanda, emitido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Medellín el catorce (14)
de agosto de dos mil nueve (2009). No obran las providencias dictadas en ese
proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se
pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin
embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en
concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria fue diligente y
que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad
de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya
podido haber.  La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.28. El señor Gerardo Padilla Rodríguez
T-2537078 fue removido del cargo que hasta entonces ocupaba en TELECOM el  veintiséis
(26) de julio de dos mil tres (2003). El veintiocho
(28) de octubre de dos mil nueve (2009) instauró la presente tutela. Consta, sin embargo, que entre ambos puntos temporales
intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que
era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido
en el PPA.  Solicitó, en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerle el PPA
desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el  primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el doce (12) de
diciembre de dos mil ocho (2008), mediante la cual el PAR fue absuelto de las
pretensiones formuladas por el demandante.  No obra fallo de segunda instancia,
ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que
este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios
de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala
Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su
actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar
cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La
tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.29. En lo que atañe al señor Franklin Cenón
Rodríguez Rodríguez T-2537078, consta que fue desvinculado el veintiséis (26)
de julio de dos mil tres (2003), y que
instauró esta tutela el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).  Inició,
antes de este proceso, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM,
con base en que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser
incluidos en el PPA. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero
(1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero
(1°) de febrero de  dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.
Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá el  quince (15) de mayo de  dos mil
nueve (2009), mediante la cual se absolvió al PAR de la demanda.[235]
No obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco hay otros elementos a partir
de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la
cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son
suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario
fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene
la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese
motivo.
162.30. La situación del señor Héctor Fernando
Romero Rodríguez T-2537078 es similar a la anteriormente referida. Fue
desvinculado el veinticinco (25)  de julio
de dos mil tres (2003), y la presente acción la instauró el veintiocho (28) de
octubre de dos mil nueve (2009).  Entre esos dos puntos temporales intentó, sin embargo,
una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era
trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el
PPA, pese a lo cual no lo fue. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el primero (1°) de febrero de  dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación.  Obra copia de la sentencia de primera instancia, expedida por
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos
mil nueve (2009), mediante la cual se absolvió al PAR de la demanda.[236]
No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de
los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la
cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son
suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario
fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene
la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese
motivo.
162.31. El señor William Sandoval Garzón T-2537078 fue
desvinculado el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003), e interpuso esta tutela el veintiocho (28) de octubre
de  dos mil nueve (2009).  Consta, sin embargo, que entre tanto intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de
dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero
(1°) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago
de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de
febrero de  dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la
pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.
Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el
Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil
ocho (2008), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones
formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco
hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto
se encuentre amparado por la cosa juzgada.  Pero las pruebas allegadas al
proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el
peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus
derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de
falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces
improcedente por ese motivo.
162.32. En cuanto se refiere a la señora Ruth
Sarmiento Garzón T-2566146, su vínculo laboral se dio por terminado el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
La presente acción la interpuso el doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Obran pruebas de que esta demandante intentó, antes de este proceso, una
demanda ordinaria contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajadora de la compañía, y en que a su juicio
tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo
de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser
incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las
providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario, ni
tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este
asunto está amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción
allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para
sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de
defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio
preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es pues
improcedente por ese motivo.
162.33. El señor David Moisés Vergara Beltrán
T-2579968 fue desvinculado de TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), y la presente tutela la
interpuso el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009).  Consta que
entre esos dos extremos, intentó una acción
laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de
TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo
cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese
contexto que se condenara a la
demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis
(2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero de dos mil seis (2006),
hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida
indexación o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión
convencional de jubilación.  Obra copia de la sentencia de primera instancia en
ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá
el veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR
fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante.  No obra fallo
de segunda instancia, ni de las providencias de primera o segunda instancia de
dicho proceso ordinario, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales
se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada.  Pero
las pruebas allegadas al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.34. En lo que atañe al señor Ómar Eduardo
Canchala Quiroz T-2587255 consta que fue removido de su cargo el treinta y
uno (31) de enero de dos mil seis
(2006) y que interpuso la tutela el tres (3) de noviembre 3 de dos mil
nueve (2009).  Hay pruebas,
sin embargo, de que interpuso antes de
esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en
que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido
en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho
Plan.  Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1°) de
febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para
acceder a la pensión convencional de jubilación.  Asimismo, pidió el pago de
las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1°) de febrero
de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitó
el pago de la pensión convencional de jubilación.  Obra copia de la sentencia
de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Bogotá el doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), mediante
la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por el demandante.  No
obra fallo de segunda instancia, ni hay tampoco otros elementos para establecer
que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada.  Sin embargo, los
medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la
Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto,
su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar
cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La
tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.35. En cuanto se refiere al caso del señor Gustavo
Antonio Jurado T-2587255, se observa que fue desvinculado de TELECOM el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
y que promovió esta solicitud de amparo el tres (3) de noviembre 3
de dos mil nueve (2009).  Consta que antes de esta tutela intentó una acción laboral ordinaria contra el
PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio
tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo
de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras
desde el  primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM
asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o
actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional
de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete
(17) de  abril de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de
las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda
instancia, ni hay tampoco otros elementos para establecer que este asunto se
encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción
allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para
sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de
defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio
preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es
entonces improcedente por ese motivo.
162.36. La señora Cristina Lozano Bustos T-2587255 fue
removida de su cargo el veintiséis (26) de julio
de dos mil tres (2003), e interpuso la presente tutela el tres (3) de noviembre
de dos mil nueve (2009).  Hay
pruebas de que, antes de esta solicitud
de amparo, promovió un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluida en el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de
dicho Plan.  Solicitó en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerle el PPA
desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera
con los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación.  Asimismo,
pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero
(1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la
sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12
Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete (17) de  abril de dos mil
nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones
formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco
hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto
se encuentre amparado por la cosa juzgada.  Sin embargo, los medios de
convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.37. Al señor José Antonio Revelo Concha
T-2587255 se le terminó su vínculo con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso la presente
tutela el tres (3) de noviembre  de dos mil nueve (2009). Entre
esos dos extremos temporales inició, sin embargo, una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que
era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en
el PPA, pese a lo cual fue excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.
Solicitaron en ese contexto, que  se
condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el primero (1) de febrero
de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumplieran con los requisitos para
acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las
mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos
mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización.  Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la
sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 12
Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el veintitrés (23) de febrero de dos mil
nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones
formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco
hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto
se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de
convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.38. En lo referente al caso del señor Carlos
Arturo Soler Romero T-2587255, se advierte que el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006) se le
puso fin a su relación con TELECOM, y que el tres (3) de noviembre de dos mil
nueve (2009) promovió esta acción de tutela.  Hay pruebas de que, antes de este proceso, intentó una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM,
con base en que era trabajador de TELECOM y en que, a su juicio, tenía derecho
a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación.  Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el veintitrés
(23) de febrero de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto
de las pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda
instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda
establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin
embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en
concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y
que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad
de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya
podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.39. El señor Luis Fernando Tello T-2587255 fue
desvinculado de TELECOM el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), e
interpuso esta tutela el tres (3) de noviembre
de dos mil nueve (2009).  Interpuso, antes de esta tutela, una acción laboral
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la
compañía y en que, a su juicio, tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a
lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en
ese contexto, condenar a la
demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis
(2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006),
hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida
indexación o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión
convencional de jubilación.  Obra copia de la sentencia de primera instancia en
ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince
(15) de  mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de
las pretensiones formuladas por el demandante.  No obra fallo de segunda
instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda
establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin
embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en
concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y
que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad
de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya
podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.40. A la señora Iris Isabel Barrios Salgado
T-2587255 se le terminó su relación laboral con TELECOM el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), y esta
tutela fue interpuesta por ella el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009).
Obra, sin embargo, prueba de
que antes de la presente solicitud de amparo había intentado demanda ordinaria
contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a
su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA, pese a lo cual se la había
excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a  efectuar
desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil tres (2003), de manera temporal
y voluntaria, el pago de una pensión de jubilación anticipada equivalente al
setenta y cinco (75%) de los factores legales y extralegales devengados entre
el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el quince
(15) de abril de dos mil tres (2003). Subsidiariamente pedía ser destinataria
de los beneficios del retén social, en tanto a su juicio ostentaba la condición
de madre cabeza de familia sin alternativa económica. No se aportaron copias
del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda
instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los
cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa
juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son
suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria
fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene
la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es entonces improcedente por
ese motivo.
162.41. La situación de la señora Milagro
Candelaria Acosta Romero T-2587286 es similar a la anteriormente referida.
El treinta y uno (31) de enero de dos mil
seis (2006) se le puso fin a su vínculo con TELECOM, y el veintiséis (26) de
octubre de dos mil nueve (2009) promovió la acción de tutela.  Entre esos dos extremos, la demandante intentó un proceso ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era
trabajadora de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en
el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho
Plan.  Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a  efectuar desde el veinticinco (25) de
agosto de dos mil tres (2003), de manera temporal y voluntaria, el pago de una
pensión de jubilación anticipada equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
de los factores legales y extralegales devengados por los trabajadores entre el
primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el quince (15)
de abril de dos mil tres (2003). Subsidiariamente pedía ser destinataria de los
beneficios del retén social, en tanto a su juicio ostentaba la condición de
madre cabeza de familia sin alternativa económica. No se aportaron copias del
auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda
instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a partir de los
cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa
juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso son
suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que la peticionaria
fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene
la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese
motivo.
162.42. El señor Uriel de Jesús Bayona Chona
T-2587286 fue asimismo, desvinculado de TELECOM el treinta y uno (31) de
enero de dos mil seis (2006), y esta tutela la instauró el veintiséis (26) de
octubre de dos mil nueve (2009).  Hay pruebas de que antes de esta tutela, había promovido un proceso ordinario contra
el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su
juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, a pesar de lo cual se lo excluyó
del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a
reconocerle su derecho a ser incluido en el PPA, y le pagara las mesadas
retroactivas y futuras hasta el momento en el que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión convencional de jubilación, valores que debían ser debidamente
indexados.  No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las
providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay
otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se
encuentre amparado por la cosa juzgada.  Sin embargo, los medios de convicción
allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para
sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de
defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio
preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es
improcedente por ese motivo.
162.43. En lo que atañe al señor Luis Ignacio
Morillo García T-2587286, el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) fue desvinculado de TELECOM, y el veintiséis (26)
de octubre de dos mil nueve (2009) instauró la presente tutela.  Antes
de esta solicitud de amparo había promovido una acción laboral ordinaria contra
el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la compañía y en que a su
juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del
grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle
el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el diecisiete
(17) de abril de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de
las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda
instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda
establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin
embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en
concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y
que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad
de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya
podido haber. La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
162.44. La situación del señor Raúl Rojas Medina
T-2587286 se asemeja a la situación anterior. El veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003) se le terminó el vínculo
que tenía con TELECOM, y el veintiséis (26) de octubre de  dos mil nueve (2009)
instauró esta tutela.  Antes de esta
tutela interpuso una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, pese a lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de
dicho Plan.  Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero
(1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago
de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el  primero (1) de
febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la
pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.
Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil
nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones
formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco
hay otros elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto
se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de
convicción allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena,
para sostener que el peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad
de defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier
indicio preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no
es entonces improcedente por ese motivo.
162.45. A la señora Clara Lucía Saldaña López
T-2587286 se le terminó su vínculo laboral con TELECOM el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), e
interpuso la presente tutela el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009).
Hay pruebas de que antes de esta tutela
había promovido un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, con base
en que era trabajadora de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluido en
el PPA, pese a lo cual se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.
Solicitó, en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión
anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la
pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria. Al expediente fue
allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el Juzgado 12 Laboral
del Circuito de Medellín el siete (7) de noviembre de dos mil seis (2006).  No
obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario, ni tampoco hay otros
elementos a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se
encuentre amparado por la cosa juzgada.  Sin embargo, los medios de convicción
allegados al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para
sostener que la peticionaria fue diligente y que, por tanto, su actividad de
defensa de sus derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio
preliminar de falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es
entonces improcedente por ese motivo.
162.46. En lo que se refiere al señor Danuil Jesús
Vega Bayona T-2587286, consta que fue desvinculado de TELECOM el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), y
que interpuso la presente acción el veintiséis (26) de octubre de dos mil
nueve (2009).  Antes de esta tutela había
promovido una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en
que era trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, pese a lo cual no se lo incluyó en el grupo de
beneficiarios de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006) y hasta cuando cumpliera
los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el primero
(1) de febrero de dos mil seis (2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.  Subsidiariamente
solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la
sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1°
Laboral del Circuito de Bogotá el quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009),
mediante la cual el PAR fue absuelto de las pretensiones formuladas por los
demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay otros elementos
a partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre
amparado por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados
al proceso son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el
peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos
tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de
inmediatez que haya podido haber.  La tutela no es entonces improcedente por
ese motivo.
162.47. Al señor Francisco Hernando Villa Uribe
T-2587286 se le terminó su relación con TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), e interpuso esta tutela
el veintiséis (26) de octubre de dos mil  nueve (2009).  Obra copia de la
demanda ordinaria promovida antes de esta
tutela por este peticionario, contra el PAR de TELECOM, con base en que era
trabajador de la compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en
el PPA, a pesar de lo cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho
Plan.  Solicitó, en ese contexto, el reconocimiento de su derecho a ser incluida en el
plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el
reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización moratoria.  No se
aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de
primera o segunda instancia de dicho proceso, ni tampoco hay otros elementos a
partir de los cuales se pueda establecer que este asunto se encuentre amparado
por la cosa juzgada. Sin embargo, los medios de convicción allegados al proceso
son suficientes, en concepto de la Sala Plena, para sostener que el
peticionario fue diligente y que, por tanto, su actividad de defensa de sus
derechos tiene la potencialidad de desvirtuar cualquier indicio preliminar de
falta de inmediatez que haya podido haber. La tutela no es entonces
improcedente por ese motivo.
162.48. El señor César Augusto Quintero Muñoz T-2587286 fue desvinculado de TELECOM el  veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y promovió esta tutela el
veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009).  Antes de esta tutela inició un proceso laboral
ordinario contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de la
compañía y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, pese a lo
cual se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó, en ese
contexto, condenar a la
demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de febrero de dos mil seis
(2006) y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación.  Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006),
hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida
indexación o actualización.  Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión
convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en
ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el quince
(15) de mayo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el PAR fue absuelto de
las pretensiones formuladas por los demandantes.  No obra fallo de segunda
instancia, ni tampoco hay otros elementos a partir de los cuales se pueda
establecer que este asunto se encuentre amparado por la cosa juzgada. Sin
embargo, los medios de convicción allegados al proceso son suficientes, en
concepto de la Sala Plena, para sostener que el peticionario fue diligente y
que, por tanto, su actividad de defensa de sus derechos tiene la potencialidad
de desvirtuar cualquier indicio preliminar de falta de inmediatez que haya
podido haber.  La tutela no es entonces improcedente por ese motivo.
163.
En conclusión, las tutelas de los actores incluidos en este primer grupo no
presentan problemas de improcedencia derivados de la subsidiariedad, ni de la
inmediatez. Ninguna de sus solicitudes tiene problemas por falta de
legitimación por activa, pues en los casos en los que obran mediante apoderado
el respectivo poder fue debidamente extendido. Tampoco hay dificultades por
cosa juzgada (ordinaria o constitucional), ya que en cada caso en el que hay
pruebas de procesos previos a este, se constata que no existe identidad de
partes, de fundamentos y de peticiones.  En efecto, ninguno de los
peticionarios incluidos en este grupo ha adelantado, antes de este, un proceso
jurisdiccional contra el PAR, encaminado a exigir su inclusión en el Plan de
Pensión Anticipada.  La Corte estima en definitiva que cumplen todas las
condiciones para tener derecho a un estudio de fondo de sus casos. Por ese
motivo, la Sala pasa a examinar sus casos individualmente a continuación.
164. Como se dijo, estas personas piden ser incluidas
en el Plan de Pensión Anticipada.  Este PPA, según se mostró en las
consideraciones de este fallo, estaba dirigido a dos (2) clases de servidores.
Primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes
especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres
(2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la pensión.  Los
regímenes especiales eran tres (3), de acuerdo con el Instructivo. Uno,
permitía pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50)
años de edad; otro con veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier
edad; y uno más con veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad. Para
estar en uno de ellos, el PPA exigía cumplir con otros requisitos. Por una
parte, el trabajador debía estar cubierto por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y, por otra, haber estado vinculado a la planta de personal de
TELECOM al momento de transformarse en Empresa Industrial y Comercial del
Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos
noventa y dos (1992).  Segundo, el PPA se dirigía a los trabajadores en cargos
de excepción, que al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004)
tenían “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos”. A
estos grupos se dirigía el PPA. Quienes incumplían uno o más de estos
requisitos, quedaban fuera del ámbito del PPA. Con base en estas condiciones,
los casos deben resolver así:
164.1.
El señor Tulio Enrique Galindo Bozón (T-2471345) nació el 1° de enero de
1956 y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el dieciséis
(16) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta que fue
desvinculado, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil seis (2006).  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a
ser incluido en el PPA. En este proceso de tutela el PAR acreditó que a este
funcionario se le pagaron, al finalizar su vínculo con la entidad, una suma de
cincuenta y un millones trescientos sesenta y dos mil veintisiete pesos ($51.362.027)
por concepto de indemnización, y una de dos millones quinientos noventa y un
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($2.591.456) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. Este tutelante no tenía ninguna de
las condiciones el 1° de abril de 1994, para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  Contaba en esa época con menos de cuarenta (40)
años de edad, y tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía.  El
actor no prueba que hubiera prestado sus servicios a otra entidad, con el
tiempo suficiente para completar los quince (15) años que exige la Ley con el
fin de adquirir el derecho al régimen de transición.  Esta era una condición
indispensable a efectos de ser incluido en el PPA. Como no la cumple, su tutela
debe negarse.
164.2.
El señor Assad Gutiérrez Posedente (T-2471345) nació el 26 de marzo de  1957
y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el dieciséis
(16) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta que se produjo
su desvinculación, el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a la inclusión
en el PPA. En el proceso de tutela el PAR probó que a este funcionario se le
pagaron, al terminarse su vínculo con la entidad, una suma de cuarenta y dos
millones doscientos veintiún mil seiscientos setenta y siete pesos ($42.221.677)
por concepto de indemnización, y una de dos millones doscientos noventa y nueve
mil seiscientos treinta y siete pesos ($2.299.637) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”.  Este actor no tenía las condiciones
el 1° de abril de 1994 para adquirir el derecho al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y
tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía.  El actor no
prueba que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar
en el régimen de transición.  La condición era indispensable para estar en el
PPA.  Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.3.
La señora María Sussan Pérez Quintero (T-2471345) nació el 15 de agosto
de 1962 y ocupó un cargo de excepción en la compañía durante trece (13) años y tres
(3) meses. Trabajó también en otros cargos, dentro de TELECOM, pues ingresó a
laborar a la entidad el catorce (14) de enero de mil novecientos ochenta y dos
(1982) y fue desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a ser incluida en el PPA.  En
el proceso de tutela el PAR probó que a la tutelante se le habían pagado en su
momento, al resolverse el vínculo que tenía con la entidad liquidada, una suma
de setenta y dos millones ciento cuarenta y seis ciento sesenta y un pesos ($72’146.161)
por concepto de indemnización, y una de cuatro millones cuatrocientos ochenta y
siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($4’487.486) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. Según las condiciones previstas, esta
peticionaria no reúne los requisitos para acceder al PPA. De un lado, era
trabajadora de excepción, pero al momento de ser desvinculada de la entidad
sólo cumplía trece (13) años y tres (3) meses en ese cargo.  Conviene recordar
entonces que los trabajadores de excepción tenían derecho al PPA si habían
cumplido veinte (20) años en tales cargos “hasta el 31 de diciembre de 2004”
(Instructivo).  A estos también los cubría el PPA si cumplían, en todo caso,
los requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos
ordinarios. Pero en su caso tampoco están dadas las condiciones para esto último,
pues el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) contaba
con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y tenía menos de quince (15)
años de servicios en la compañía.  No prueba que hubiese prestado sus servicios
a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años
exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Como no cumple las
condiciones para acceder al PPA, establecidos para uno u otro cargo, su tutela
debe entonces negarse.
164.4. El señor Vidal Mauricio López Duque (T-2471345) nació el 17 de marzo de 1958, y trabajó al
servicio de TELECOM desde el diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro (1984) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Se
desempeñó como operador servicio de telecomunicaciones, lo cual significa –de
acuerdo con los elementos de juicio antes expuestos- que ocupaba un cargo
ordinario.  Al término de su relación se le pagó una suma de sesenta y un
millones quinientos sesenta mil novecientos diecinueve pesos ($61.560.919) por
concepto de indemnización, y una de   seis millones ciento cinco mil
ochocientos veinticinco pesos ($6.105.825) a título de liquidación de
prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el
PPA.  La Corte observa que no
este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos
noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición.  La condición era
indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe
entonces negarse.
164.5. En lo concerniente al caso del señor Jairo
Libardo Sotelo Domínguez T-2471345, se observa que nació el 27 de marzo de 1961.  Ingreso a trabajar a
TELECOM el  veintiuno (21) de abril de  mil novecientos ochenta y tres (1983),
y se le terminó su vínculo con la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006).  Ocupó el cargo de auxiliar administrativo, que conforme a lo
señalado en este proceso era considerado como un cargo ordinario.  Al final de
sus labores se le pagó una suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos
veintidós ochocientos noventa y ocho pesos ($65.422.898) como indemnización, y
una de veintitrés millones ciento treinta mil sesenta y seis pesos ($23.130.066)
a título de liquidación de prestaciones. Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a
ser incluido en el PPA.  La
Corte observa que no este peticionario no reúne los requisitos para acceder al
PPA, pues no tenía el primero (1) de
abril de  mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir
el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba
con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años
de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado
sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa
fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la
cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.6.
El señor Julio César Utria Martínez (T-2579968) nació el 4 de enero de
1959, y se desempeñó en TELECOM en un cargo ordinario desde su ingreso, el cual
tuvo lugar el catorce (14) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981),
hasta su retiro inicial, que ocurrió el veintiséis (26) de julio de dos mil
tres (2003).  Luego fue reintegrado al cargo, por tener la condición de padre
cabeza de familia, y permaneció en él hasta el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a ser incluido
en el PPA.  Consta que en la primera desvinculación se le pagaron  cincuenta
millones doscientos diecisiete mil trescientos noventa y ocho pesos ($50.217.398)
por concepto de indemnización, y  tres millones seiscientos cuarenta y siete
mil ochenta y dos pesos ($3.647.082) a título de “prestaciones”. Este
actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley
100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de
otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía.  No
prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar los quince (15) años que exige la Ley para estar en
el régimen de transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA.
Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.7. La señora Margarita Veloza Rincón (T-2579968) nació el 17 de marzo de 1954.  Laboró al
servicio de TELECOM desde el  veintidós (22) de agosto de mil novecientos
noventa (1990) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003).  Se
desempeñó como telefonista nacional, que de acuerdo con lo acreditado en este
proceso se considera un cargo de excepción.  Consta que al término de su
relación con la entidad se le pagó una suma de treinta y siete millones ciento
cuarenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos ($37.143.981) por concepto
de indemnización, y una de  tres millones cuatrocientos treinta y siete mil
cincuenta y un pesos ($3.437.051) a título de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho
definitivo a ser beneficiaria del PPA. A juicio de la Corte, esta accionante no cumple las condiciones para acceder al PPA, en su
condición de trabajadora de excepción.  En efecto, no reunió veinte (20) años
en ese cargo “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era
un requisito indispensable para ese propósito. Ahora bien, a quienes ocupaban
estos cargos también los cubre el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos
establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. Al
respecto, se advierte que esta peticionaria cumple con los dos requisitos
iniciales, pues tenía el  primero (1) de abril de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) más de treinta y cinco (35) años de edad, razón por la cual
adquirió el derecho al régimen de transición, y además estaba vinculada a la
planta de personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa
Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992).  La
pregunta es entonces si a esta demandante, al treinta y uno (31) de marzo de
dos mil tres (2003), le faltaban siete (7) años o menos para cumplir con los
requisitos de pensión, teniendo en cuenta los regímenes pensionales especiales,
conforme a los cuales los trabajadores podían pensionarse con veinte (20) años
al servicio del Estado y  cincuenta (50) de edad;  veinticinco (25) años al
servicio del Estado y cualquier edad; veinte (20) años en cargos de excepción y
cualquier edad.
En
cuanto a la primera hipótesis pensional especial, es suficiente con indicar que
al treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) a la peticionaria le
faltaban, al  treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003), más de siete
(7) años de trabajo en TELECOM para cumplir los veinte (20) de servicio al
Estado, pues ingresó a laborar el veintidós (22) de agosto de mil novecientos
noventa  (1990), y como no prueba otro tiempo de servicios al Estado, cumpliría
los veinte (20) años de labores para el Estado el veintidós (22) de agosto de dos
mil diez (2010) . En otras palabras, al treinta y uno (31) de marzo de dos mil
tres (2003) le faltaban siete (7) años, cuatro (4) meses y veintidós (22) días
para cumplir los veinte (20) años de servicio al Estado.  En lo que respecta a
la segunda hipótesis, tampoco la cumplía pues al treinta y uno (31) de marzo de
dos mil tres (2003) le hacían falta más de siete (7) años de servicio para
cumplir los veinticinco (25) de trabajo a favor del Estado. Y, finalmente, en
lo que atañe a la tercera hipótesis, a la demandante le faltaban más de siete (7)
años; concretamente siete (7) años, cuatro (4) meses y veintidós (22) días para
cumplir los veinte (20) años de servicio al Estado, en un cargo de excepción.  En
definitiva, la actora no cumplía con las condiciones para acceder al PPA, ni en
su calidad de trabajadora de un cargo de excepción, ni de acuerdo con las
exigencias generales, aplicables indistintamente a los cargos ordinarios y a
los de excepción.  Por lo mismo, su tutela debe negarse.
164.8. En el
caso del señor Genaro Ortiz Muñoz (T-2484301), se observa que nació el
31 de enero de 1961, y que ocupó un cargo ordinario al servicio de TELECOM
desde que ingresó el catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981),
hasta cuando se desvinculó el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003).
Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron el derecho a la inclusión en el PPA.  Consta
que al terminársele el vínculo con la compañía, le pagaron ciento sesenta y
ocho millones doscientos sesenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos ($168.267.798)
por concepto de indemnización, y cuatro millones quinientos sesenta mil
doscientos sesenta y cinco pesos ($4.560.265) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de  abril
de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el
derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con
menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años
de servicios en la compañía.  No prueba que hubiese prestado sus servicios a
otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años
exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición.  Tal condición era
indispensable para estar en el PPA.  Como no la cumple, su acción de tutela
debe negarse.
164.9.
En cuanto al señor Pablo Enrique Pardo Ojeda (T-2484301) se advierte que
nació el 24 de abril de 1955, y que se desempeñó en un cargo ordinario en
TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el diez (10) de noviembre de mil
novecientos ochenta (1980), hasta que se desvinculó el veinticinco (25) de
julio de dos mil tres (2003).  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron a este peticionario
el derecho a la inclusión en el PPA. Consta que al finalizar su vínculo con
TELECOM, se le pagaron sesenta y siete millones setenta y dos mil setecientos
quince pesos ($67.072.715) por indemnización, y cinco millones ochocientos
cincuenta y cuatro mil novecientos treinta pesos ($5.854.930) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de
abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), las condiciones para adquirir
el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba
con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15)
años de servicios en la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus
servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15)
años exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. La condición
era indispensable para estar en el PPA. Ya que no la cumple, también su acción
de tutela debe ser negada.
164.10.
El señor Hernando Moreno Ávila (T-2476359) nació el 13 de julio de 1962
y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el tres (3)
de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta cuando fue
desvinculado, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil seis (2006).  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a
ser incluido en el PPA. En este proceso de tutela el PAR acreditó que a este
funcionario se le pagaron, al finalizar su vínculo con la entidad, una suma de  sesenta
millones ciento treinta y seis mil novecientos cuarenta y un pesos ($60.136.941)
por concepto de indemnización, y una de once millones doscientos treinta mil
ciento treinta y dos pesos ($11.230.132) a título de “liquidación definitiva
de prestaciones sociales”.  El actor no tenía el primero (1) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la
compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad,
por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la
Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable
para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.11.
Respecto del señor Antonio Carlos Rojano Romero (T-2476359), obran
pruebas de que nació el 20 de diciembre de 1957, y ocupó un cargo ordinario en
TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el nueve (9) de julio de mil
novecientos ochenta y siete (1987), hasta que fue desvinculado el treinta y uno
(31) de enero de dos mil seis (2006).  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en
su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA.  Consta que
al momento de terminarse su vínculo con la entidad, se le pagaron  sesenta y
seis millones ochenta mil trecientos seis pesos ($66.080.306) por concepto de
indemnización, y  cinco millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y tres pesos ($5.636.443) a título de “liquidación definitiva de
prestaciones sociales”. El actor no tenía el primero (1) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de
cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de
servicios en la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios
a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años
exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era
indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, también su tutela debe
negarse.
164.12.
En el caso del señor Víctor Manuel Severiche (T-2476359) se advierte,
según las pruebas, que nació el 12 de enero de 1957, y trabajó en un cargo
ordinario al servicio de TELECOM desde que se incorporó a la misma el dieciocho
(18) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), hasta cuando fue
desvinculado el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Ni TELECOM
ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el
PPA.  Consta que al momento de terminarse su vínculo con la entidad, se le
pagaron ciento diecinueve millones cuatrocientos mil doscientos sesenta y nueve
pesos ($119.400.269) por concepto de indemnización, y  veintisiete millones
cuatrocientos mil doscientos sesenta y nueve pesos ($27.400.269) a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía el 1° de abril de
1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y
de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba
tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar los  quince (15) años exigidos por la Ley para estar
en el régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el
PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.13.
Las pruebas indican que el señor Jaime Elías Flórez Ramos (T-2476359)
nació el 16 de agosto de 1958, y ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde que
ingresó a la compañía el veintiuno (21) de abril de mil novecientos ochenta y
uno (1981), hasta cuando fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006). Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este
actor, el derecho a ser incluido en el PPA. Consta que al finalizar su vínculo
con la entidad se le pagaron noventa y un millones ochocientos ocho mil ciento
once pesos ($91.808.111) por concepto de indemnización, y doce millones
seiscientos cincuenta y nueve mil trecientos diez pesos  ($12.659.310) a título
de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor no tenía
el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la
compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad,
por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos por la
Ley para estar en el régimen de transición.  Tal condición era indispensable
para estar en el PPA.  Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.14.
En lo que atañe al señor Jaime Esteban Barrera López (T-2476359),
observa la Sala que nació el 2 de diciembre de 1955, y se desempeñó en TELECOM
en un cargo ordinario desde su ingreso, que tuvo lugar el diecinueve (19) de
julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985), hasta el momento de la
desvinculación, que ocurrió el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).
Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el
derecho a ser incluido en el PPA.  Al terminarse su vínculo con la entidad, se
pagaron ciento setenta y nueve millones ochenta y ocho mil novecientos
veintiocho pesos ($179.088.928) por concepto de indemnización, y treinta y ocho
millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($38.232.447
)a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El actor
no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la
compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad,
por el tiempo suficiente para completar los  quince (15) años exigidos por la
Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era indispensable
para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.15. En lo que atañe al caso del señor Fernando
Trejos Santa (T-2476359), se observa que nació el 18 de agosto de 1958, y trabajó para TELECOM
desde el once (11) de mayo de  mil novecientos ochenta y dos (1982) hasta el
veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), como Profesional V, grupo
conmutación y electromecánica (cargo ordinario).  Consta que se le pagó una
suma de  ciento cincuenta y un millones seiscientos noventa y seis mil noventa
y nueve pesos ($151.696.099) a título de indemnización, y una de cinco millones
ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos ($5.890.450) por concepto
de liquidación de prestaciones.  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a
ser incluido en el PPA.  La Corte considera que este peticionario no tenía
derecho al PPA.  En efecto, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones
para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un
lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar
los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de
transición.  Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la
cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.16.
El señor Álvaro José Oviedo Argel (T-2471216) nació el 12 de octubre de
1960. Ingresó a TELECOM el veintiséis (26) de abril de mil novecientos ochenta
y tres (1983), y ocupó un cargo ordinario hasta cuando fue desvinculado el  treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). No figura en el proceso, la cuantía
de la indemnización, y de la liquidación de prestaciones, que se le pagó al
terminarse su vínculo con la entidad.  El actor no tenía el 1° de abril de 1994
las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100
de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro
tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba tampoco
que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente
para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el
régimen de transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA.
Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.17.
El señor Ángel Ramón Gómez Solera (T-2471216) nació el 15 de junio
de 1959. Ingresó a laborar a TELECOM el diecisiete (17) de agosto de mil
novecientos ochenta y tres (1983), y ocupó un cargo ordinario hasta que se
desvinculó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  No figura en
el proceso la cuantía de las prestaciones que le liquidaron, aunque consta que
se le canceló una suma de  cincuenta y un millones cuatrocientos noventa mil
setecientos veinticinco pesos ($51.490.725) por concepto de indemnización. El
actor no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos
de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de
servicios en la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios
a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años
exigidos por la Ley para estar en el régimen de transición. Tal condición era
indispensable para estar en el PPA. Como no la cumple, su tutela debe negarse.
164.18.
El señor José de Jesús Becerra Avendaño (T-2436758), de acuerdo con las
pruebas, nació el 5 de agosto de 1960. Entró a trabajar en un cargo ordinario
al servicio de TELECOM sin solución de continuidad a la compañía el veintitrés
(23) de diciembre mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta el treinta y uno
(31) de enero de  dos mil seis (2006), cuando resultó desvinculado. Las pruebas
indican que antes del  veintitrés (23) de diciembre de 1987 había tenido otros
tipos de vinculación con TELECOM, pero no está claro hasta qué momento. Al
liquidarse la entidad se le pagó una suma de cincuenta millones doscientos
setenta y un mil setecientos veinte pesos ($50.271.720) a título de
indemnización, y otra de cinco millones doscientos sesenta y un mil quinientos
quince pesos ($5.261.515) por concepto de “liquidación definitiva de
prestaciones sociales”. El actor no tenía al 1° de abril de 1994 las
condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de
1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro
tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía.  En la tutela se
dice que su primer trabajo comenzó en diciembre de mil novecientos ochenta (1980),
y que en adelante prestó sus servicios con interrupciones. En cualquier caso,
para el 1° de abril de 1994 no alcanzaba a tener quince (15) años de servicios.
Tal condición era necesaria para estar en el PPA.  Como no la cumple, su
tutela debe negarse.
164.19. En el caso del señor Rodrigo Triana (T-2476358)
se advierte lo siguiente. Nació el 24 de septiembre de 1956, y prestó sus
servicios laborales a TELECOM desde el cuatro (4) de febrero de mil novecientos
ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), en un
cargo de auxiliar administrativo VI, considerado en la compañía como ordinario.
Consta que al término de su vínculo se le pagó una suma de sesenta y cuatro
millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos noventa y un pesos ($64.542.391)
como indemnización, y una de tres millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos
sesenta pesos ($3.565.360) a título de prestaciones sociales.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte
considera que este peticionario no tenía derecho al PPA. En efecto, no tenía el
1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar los quince (15) años exigidos
por la Ley para estar en el régimen de transición.  Tal condición era indispensable
para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces
negarse.
164.20. En lo que atañe al señor Dagoberto Mesa
Castillo (T-2507052), se
observa que nació el 23 de julio de 1958. Ingresó a trabajar a TELECOM el seis
(6) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), hasta el momento en el
cual se le dio por terminada su relación laboral, el veintiséis (26) de julio
de dos mil tres (2003). Ocupó en ese lapso el cargo de telefonista nacional,
que en este proceso de acuerdo con las pruebas se considera como un empleo de
excepción.  No consta el monto que se le pagó al final de la relación, a título
de prestaciones, pero sí que se le pagó una suma de cuarenta y dos millones
ciento seis mil trecientos noventa y seis pesos ($42.106.396) por concepto de
indemnización.  Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el
PPA. A juicio de la Corte, el actor no cumple con los requisitos para acceder al
PPA.  De un lado, era trabajador de excepción, pero no reunió veinte (20) años
en ese cargo pues sólo trabajó al servicio de la compañía entre 1986 y el año
2003. En consecuencia, definitivamente que no reunía entonces la condición de
haber cumplido  veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el 31 de
diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos también
los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para
el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se advierte que
este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir
el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba
con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años
de servicios a favor de la compañía.  No prueba que hubiera prestado sus
servicios a otra entidad, lo cual le permitía acceder al régimen de transición
por el tiempo laborado.  Tal condición era necesaria para estar en el PPA.  Como
no la cumple, su tutela debe negarse.
164.21. El señor Carlos Javier Rodríguez Cardozo (T-2507052)
nació el 5 de septiembre de 1961. Entró a trabajar al servicio de TELECOM el siete
(7) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982), y su retiro se registró
el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Ocupó un cargo ordinario (Técnico).  Consta
que al finalizar su relación laboral, le pagaron una suma de ciento cincuenta y
cinco millones setenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos ($155.071.539)
por concepto de indemnización, y una de diez millones veintidós mil seiscientos
diez pesos ( $10.022.610) a título de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA.  La Corte
advierte que este actor no tenía al 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios en la compañía.  No prueba que hubiera prestado sus
servicios a otra entidad, lo cual le permitía acceder al régimen de transición
por el tiempo laborado. Tal condición era necesaria para estar en el PPA.  Como
no la cumple, su tutela debe negarse.
164.22. El señor Gustavo Candelario Escorcia
Escorcia (T-2537070) nació el 26 de abril de 1956.  Inició sus labores al servicio de TELECOM el quince
(15) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y se le terminó su
vínculo con la compañía el treinta (30) de junio de dos mil tres (2003).  Se
desempeñó como auxiliar administrativo; es decir, en un cargo ordinario. No consta
que se le hubiesen pagado sumas, al término de su relación laboral, por
concepto de indemnización o prestaciones. Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a
ser incluido en el PPA.  La Corte considera que este peticionario no tenía al
1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de  quince (15) años de servicios en la
compañía.  No prueba haber prestado sus servicios a otra entidad antes de ello,
lo cual le permitía acceder al régimen de transición por el tiempo laborado.
Tal condición era necesaria para estar en el PPA. Como no la cumple, su acción
de tutela debe entonces ser negada.
164.23. En cuanto al señor Luis Mariano Padilla
Chima (T-2537070), consta que nació el 31 de enero de 1954. Entró a trabajar a TELECOM el
quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), y su relación
laboral con la entidad concluyó el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006).  En la compañía se desempeñó como Jefe Oficina, lo cual de acuerdo con
las pruebas se consideraba un cargo de excepción. Se certificó en este proceso
que, al final de su vínculo de trabajo, se le pagó una suma de veintidós
millones seiscientos cuatro mil ochenta y siete pesos ($22.604.087) por concepto
de indemnización, y una de veinticuatro millones cuatrocientos veintitrés mil
ciento sesenta y tres pesos  ($24.423.163) a título de prestaciones sociales. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. En concepto de la Corte, este tutelante no cumple con las condiciones para
acceder al PPA.  De un lado, era trabajador de excepción, pero no reunió veinte
(20) años en ese cargo pues se desempeñó como servidor de la compañía entre
1996 y 2006.  En consecuencia, y con mayor razón, puede decirse definitivamente
que no reunía entonces la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo
de excepción “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes
ocupaban estos cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los
requisitos establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios.
No obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994
las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100
de 1993. De un lado, contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro
tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba
tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley
para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para
estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela
debe entonces negarse.
164.24. Consta que el señor Mario Alberto López
Agudelo (T-2537078) nació el 6 de octubre de 1958, y que ingresó a trabajar
a TELECOM el dos (2) de abril de  mil novecientos ochenta y cuatro (1984),
hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando se le puso
fin a su vínculo con la entidad. Se desempeñó durante ese tiempo en un cargo
ordinario (Profesional). Al final de la relación se le pagó una suma de  ciento
setenta y cinco millones doscientos veinte mil doscientos noventa y dos pesos ($175.220.292), por concepto de indemnización, y una de  trece millones setecientos noventa mil ciento
cuarenta y ocho pesos ($13.790.148) a título de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA. La Corte observa que no este peticionario
no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA.  Como no la
cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.25. El señor Francisco Arango Agudelo (T-2537078)
nació el 15 de marzo de 1959, e ingresó a trabajar a TELECOM el treinta (30) de
abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el veintiséis (26) de
julio de dos mil tres (2003).  Se desempeñó en un cargo ordinario (operador de servicios de telecomunicaciones).
Consta que al término de su vínculo le pagaron una suma de cincuenta y tres
millones ochocientos diecisiete mil quinientos treinta y nueve pesos ($53.817.539)
por concepto de indemnización, y una de   un millón quinientos noventa y nueve
mil setecientos noventa pesos ($1.599.790) a título de liquidación de
prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el
PPA.  En concepto de la Sala,
este peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de  cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la
cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.26. En lo que respecta al caso del señor Jorge
León Chalarcá Estrada (T-2537078), se observa que nació el 18 de abril de
1955. Entró a laborar a TELECOM el veinticinco (25) de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cinco (1955), y se lo desvinculó el veintiséis (26) de
julio de dos mil tres (2003).  Se desempeñó como operador de servicios de telecomunicaciones, lo cargo
que en este proceso se acreditó como ordinario. Consta que se le pagó al
término de su relación una suma de  cuarenta y nueve millones trescientos
setenta y seis mil trescientos siete pesos ($49.376.307) por concepto indemnización,
y una de seis millones doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho
pesos ($6.224.838) a título de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este actor, el derecho a ser incluido en el PPA.  La Corte observa que no este
peticionario no reúne los requisitos para acceder al PPA, pues no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA.  Como no la
cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.27. El señor Enrique Garzón Gómez (T-2537078)
nació el 29 de diciembre de 1955, e ingresó a trabajar al servicio de TELECOM  el diez (10) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta el
veinticinco (25) de julio de  dos mil tres (2003), cuando se dio por terminado
su vínculo con la entidad. Consta que al finalizar su relación, se le pagó una
suma global de ciento setenta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos cuarenta y un pesos ($172.754.641), sin que aparezca discriminado
el concepto por el cual se le hizo (si sólo por indemnización o liquidación de
prestaciones, o por ambos).  Ni TELECOM
ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este actor, el derecho a ser
incluido en el PPA.  En
concepto de esta Sala, el peticionario no cumple los requisitos para acceder al
PPA, ya que era un trabajador en un cargo ordinario y no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la
cumple, su tutela debe entonces negarse.
164.28. La señora Claudia Margarita López Moncada (T-2537078)
nació el 19 de marzo de 1964.  Entró
a trabajar a la compañía el dieciocho (18) de noviembre de  mil novecientos
ochenta y seis (1986), y se le dio por terminado su vínculo el  treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006). Ocupó en ese tiempo, conforme a lo probado en
el expediente, el cargo de telefonista nacional, lo cual significa que
desempeñó un empleo de excepción. Consta que al término de la relación laboral
recibió una suma de  sesenta y un millones treinta y un mil cuatrocientos
cuarenta y un pesos ($61.031.445) por concepto de indemnización, y una de un
millón quinientos seis pesos ($1.000.506) a título de liquidación de
prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad, a esta peticionaria, el derecho a ser incluida
en el PPA. En concepto de la
Corte, esta tutelante no cumple con las
condiciones para acceder al PPA.  De un lado, era trabajadora de excepción,
pero no alcanzó a reunir veinte (20) años en ese cargo el  treinta y uno (31)
de diciembre de  dos mil cuatro (2004).  En consecuencia, definitivamente no
reunía  la condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta
el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo).  A quienes ocupaban estos cargos
también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos
establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No
obstante, se advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las
condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de
1993.  De un lado, contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de
otro tenía menos de  quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No
prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley
para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para
estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela
debe entonces negarse.
164.29. El señor Óscar Alberto Mesa Restrepo (T-2537078)
nació el 4 de junio de 1954, y entró a trabajar al servicio de TELECOM el diecinueve
(19) de abril de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el veinticinco (25)
de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual se le dio por terminado su
vínculo.  Se  desempeñó en ese período como auxiliar administrativo, que en este proceso se dio
como probado que era un cargo ordinario.  Consta
que al término de su relación con la entidad se le pagó una suma de setenta y
nueve millones setecientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y ocho
pesos ($79.794.698) por concepto de indemnización, y una de cinco millones
cuatrocientos trece mil trecientos setenta y cuatro pesos  ($5.413.374) a
título de liquidación de prestaciones. Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el
derecho a ser incluida en el PPA. En concepto de la Corte, el
tutelante no cumple con las condiciones para acceder al PPA.  En concepto de esta Sala, el peticionario
no cumple los requisitos para acceder al PPA, ya que era un trabajador en un
cargo ordinario y no tenía el 1° de abril
de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y
de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía.  No
prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley
para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para
estar en el PPA.  Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.30. En lo referente a la señora María Mercedes
Montaño (T-2537078), consta que nació el 29 de diciembre de 1963. Ingresó a
laborar al servicio de TELECOM el  tres (3) de agosto de mil novecientos
ochenta y dos (1982), y se le dio por terminada su relación el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Ocupó
el cargo de telefonista nacional desde el tres (3) agosto de mil novecientos
ochenta y dos (1982) hasta el treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos
ochenta y ocho (1988), y luego se desempeñó como auxiliar administrativo.  Hay
pruebas de que al final de su vínculo con TELECOM se le pagó una suma de
noventa y cinco millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y
cinco pesos ($95.393.485) por concepto de indemnización, y una de tres millones
setecientos veintisiete ml setecientos cuarenta y seis pesos ($3.727.746) a
título de liquidación de prestaciones.  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el
derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Sala, no cumple las
condiciones para acceder al PPA, ni en condición de trabajadora en cargo de
excepción, ni en la de servidora en cargo ordinario.  En cuanto a lo primero,
sólo consta que hubiera trabajado en un cargo de excepción durante
aproximadamente 6 años, razón por la cual definitivamente no reunía  la
condición de haber cumplido veinte (20) años en cargo de excepción “hasta el
31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era requisito indispensable
para acceder, en esta modalidad, al PPA.  En cuanto a lo segundo, no
tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de treinta
y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de
servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus
servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa
fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.31. El señor Gerardo Padilla Rodríguez (T-2537078)
nació el 29 de noviembre de 1957, y se desempeñó como profesional
al servicio de TELECOM, compañía a la que ingresó el tres (3) de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno (1981) y de la cual fue desvinculado el veintiséis (26)
de julio de dos mil tres (2003).  Consta que al final de su relación laboral se
le pagó una suma de  ciento cincuenta millones novecientos sesenta y cinco mil
quinientos cuarenta y ocho pesos ($150.965.548) por concepto de indemnización,
y una de  tres millones quinientos nueve mil seiscientos veinticuatro pesos ($3.509.624)
a título de liquidación de prestaciones.  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el
derecho a ser incluida en el PPA.  En criterio de esta Corte, el señor Padilla Rodríguez no cumplía los
requisitos para adquirir el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo
ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de  cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de
quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que
hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para
completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el
régimen de transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en
esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción
de tutela debe entonces negarse.
164.32. La situación del señor Franklin Cenón
Rodríguez Rodríguez (T-2537078) es la siguiente. Nació el 13 de noviembre de 1959, e ingresó a
trabajar al servicio de TELECOM el dieciséis (16) de noviembre de mil
novecientos ochenta y tres (1983)  hasta su desvinculación de la compañía, que
ocurrió el veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003). Según las pruebas,
se desempeñó como telefonista nacional, que según las pruebas formaba parte de
los cargos de excepción. Consta que al final de la relación se le pagó una suma
de  setenta y un mil cuatrocientos treinta mil ciento veintiocho pesos ($71.430.128)
por concepto de indemnización, y una de cinco millones quinientos setenta y
seis mil veinticuatro pesos (5.576.024) a título de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su
oportunidad, a este peticionario, el derecho a ser incluida en el PPA.  En concepto de la Corte, este
tutelante no tenía derecho a ser beneficiario del PPA.  En efecto, era un
trabajador que ocupaba un cargo de excepción, el cual desempeñó –de acuerdo con
las pruebas- durante menos de veinte (20) años, pues se le terminó su relación
con la entidad el 26 de julio de 2003, cuando apenas contaba con  diecinueve (19)
años y ocho (8) meses de servicios en ese empleo, aproximadamente.  En consecuencia, definitivamente no reunía  la
condición de haber cumplido  veinte (20) años en cargo de excepción “hasta
el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo). A quienes ocupaban estos cargos
también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos
para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios. No obstante, se
advierte que este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones
para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un
lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra
opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.33. El señor Héctor Fernando Romero Rodríguez (T-2537078)
nació el 29 de marzo de 1960.  Ingresó a trabajar a TELECOM el veintidós (22)
de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), y fue desvinculado veinticinco
(25) de julio de  dos mil tres (2003). Se desempeñó como técnico de administración central,    que
era un cargo ordinario.  Consta que al término de su relación se le pagó una
suma de ciento ochenta y seis millones ochenta y nueve mil novecientos
veintidós pesos ($186.089.922) por concepto de indemnización, y una de  diecisiete
millones quinientos ochenta y dos mil quinientos veinticinco pesos ($17.582.525)
a título de prestaciones sociales. Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad, a este peticionario, el
derecho a ser incluida en el PPA.  En criterio de esta Corte, el señor Padilla Rodríguez no cumplía los
requisitos para adquirir el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no
tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a
favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a
otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince
(15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición.  La
condición era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de
trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe
entonces negarse.
164.34. El señor William Sandoval Garzón (T-2537078)
nació el 11 de septiembre de 1963. Ingresó a laborar a TELECOM el tres (3) de agosto de mil novecientos
ochenta y dos (1982),  y se le dio por terminado su vínculo con la entidad el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó como técnico, que en esa
compañía se consideraba un cargo ordinario. No se aporta certificación de
indemnización o liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser
incluido en el PPA.  En
criterio de esta Corte, no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al
PPA. En efecto, era trabajador que
ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.35. En cuanto se refiere a la señora Ruth
Sarmiento Garzón (T-2566146),
es posible advertir que nació el 26 de julio de 1962. Estuvo vinculada a
TELECOM desde el veintidós (22) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete
(1987) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), en el cargo
de Telefonista Nacional, considerado en la empresa como de excepción. No consta
certificado de indemnización o liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad
el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Sala, no cumple las
condiciones para acceder al PPA, ni en condición de trabajadora en cargo de
excepción, ni en la de servidora en cargo ordinario. En cuanto a lo primero,
consta que “hasta el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo) sólo cumplía
con diecisiete (17) años en el cargo de excepción, y para acceder al PPA en esa
modalidad necesitaba acreditar veinte (20) años de servicio en esas condiciones.
En cuanto a lo segundo, no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado
contaba con menos de  treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos
de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que
hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para
completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el
régimen de transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en
esta posibilidad de pensionarse con los requisitos aplicables en principio a
trabajadores en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe
entonces negarse.
164.36. La situación del señor David Moisés Vergara
Beltrán (T-2579968) es la siguiente. Nació el 18 de junio de 1956, y trabajó al servicio
de TELECOM el veintisiete (27) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984)
hasta el  veintiséis (26) de julio de dos mil tres (2003), cuando fue
desvinculado de la compañía. Ocupó un cargo de auxiliar de telecomunicaciones,
que en la entidad se consideraba un cargo ordinario. Consta que al final de su
vínculo se le pagó una suma de cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta
mil seiscientos setenta y tres pesos ($57.460.673)  por concepto de indemnización,
y una de dos millones de pesos ($2.000.000) a título de indemnización.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad
el derecho a ser incluida en el PPA.  La Corte estima que no cumplía los requisitos para adquirir el derecho
al PPA. En efecto, era trabajador que
ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de  quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.37. El señor Ómar Eduardo Canchala Quiroz (T-2587255)
nació el 23 de mayo de 1958, y trabajó en TELECOM desde el diecinueve (19) de
enero de mil novecientos noventa (1990) hasta el  treinta y uno (31) de enero
de  dos mil seis (2006), cuando se dio por terminada su relación con la
entidad.  Se desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo VI, que en dicha compañía se
consideraba un cargo ordinario. Consta que al finalizar la relación laboral se
le pagó una suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
quinientos diez pesos ($46.434.510)  a título de indemnización, y una de treinta
y dos millones setecientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis mil
pesos ($32.787.556) por concepto de liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad
el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para
adquirir el derecho al PPA.  En efecto,
era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1°
de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición.  La condición era
indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo
ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.38. El señor Gustavo Antonio Jurado (T-2587255)
nació el 27 de abril de 1963, y trabajó al servicio de TELECOM, sin solución de
continuidad, desde el dieciséis (16) de abril de mil novecientos ochenta y seis
(1986) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Antes de
eso, se registran servicios dentro de los siguientes extremos: del 23 de julio al 12 de agosto de 1982; del 3
al 12 de septiembre de 1982; del 12 al 26 de abril de 1983; del 2 al 23 de
enero de 1984; del 28 de marzo al 17 de abril de 1984; para un total de ochenta
y cuatro (84) días.  Se
desempeñó como operador servicio de telecomunicaciones,
que era considerado un cargo de excepción. Consta que se le pagó, a título de
indemnización, una suma de cincuenta y ocho millones ochocientos veintisiete
mil seiscientos ocho pesos ($58.827.608).   Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida
en el PPA. En concepto de la
Corte, este tutelante no tenía derecho a ser beneficiario del PPA.  En efecto,
era un trabajador que ocupaba un cargo de excepción, el cual no alcanzó a
reunir veinte (20) años en dicho cargo “hasta el 31 de
diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para
adquirir el PPA en tal condición.  A quienes ocupaban estos cargos también los
cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el
mismo efecto respecto de los cargos ordinarios.  No obstante, se advierte que
este peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir
el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba
con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15)
años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15)  años que exige la Ley para estar en el régimen
de transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.39. La señora Cristina Lozano Bustos (T-2587255)
nació el 8 de febrero de 1960.
Ingresó a laborar al servicio de TELECOM el  diez (10) de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), y trabajó para esa compañía hasta el veintiséis
(26) de julio de dos mil tres (2003).  Se desempeñó como técnico, que en la
entidad se consideraba un cargo ordinario.  Consta que se le pagó una
indemnización de ciento veintisiete millones novecientos veintisiete mil
ochocientos cuarenta y nueve pesos ($127.927.849), y se le liquidaron
prestaciones por una suma de diez millones setenta y nueve mil doscientos
veintidós pesos ($10.079.222).  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida
en el PPA.  A juicio de la
Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo
ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado
contaba con menos de  treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos
de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que
hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para
completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el
régimen de transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en
esta condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción
de tutela debe entonces negarse.
164.40. Respecto del señor José Antonio Revelo
Concha (T-2587255), consta que nació el 24 de agosto de 1958, y que trabajó
para TELECOM desde el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos ochenta
y siete (1987) hasta el  treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006),
fecha en la cual se dio por terminado su vínculo con la entidad.  Se desempeñó
en el cargo de auxiliar
administrativo, que en la compañía se consideraba ordinario. No se observa
certificación sobre indemnización o liquidación de prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad
el derecho a ser incluida en el PPA.  A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para
adquirir el derecho al PPA. En efecto,
era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1°
de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición.  La condición era
indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo
ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.41. En cuanto al señor Carlos Arturo Soler
Romero (T-2587255), consta que nació el 23 de enero de 1963. Entró a trabajar a TELECOM el dieciséis (16)
de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981), y laboró para la compañía
hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Se desempeñó en un
cargo de profesional V, que en la entidad era considerado ordinario. Consta que
al terminarse su relación con TELECOM se le pagó una suma de  ciento ochenta y
seis millones veintisiete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($186.027.254)
por concepto de indemnización, y una de veintitrés millones novecientos
cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve pesos ($23.944.619) a título de
prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de
la Corte, este actor no
cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo
ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.42. El señor Luis Fernando Tello (T-2587255)
nació el 11 de agosto de 1961, y trabajó al servicio de TELECOM desde el veinticuatro
(24) de julio de mil novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de
julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual se dio por terminado su vínculo
con la entidad. Se desempeñó como técnico I; es decir, en un cargo ordinario.  Consta que al término de su
vínculo con la entidad se le pagó una indemnización por ciento cuarenta y siete
millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y un mil
pesos ($147.454.731), y una suma de nueve millones novecientos quince mil
quinientos noventa y nueve mil pesos ($9.915.599) a título de liquidación de
prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA.  A juicio
de la Corte, este actor no
cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo
ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.43. En lo que atañe a la señora Iris Isabel
Barrios Salgado (T-2587255), se observa que nació el 3 de mayo de 1962.  Ingresó a TELECOM el primero (1) de
febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), y prestó sus servicios en la
entidad hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis  (2006).  Se
desempeñó en el cargo de auxiliar administrativo, que era considerado
ordinario.  Consta que al término de su relación se le pagó una suma de  ciento
dos millones setecientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos ($102.795.261)
por concepto de indemnización, y una de cuatro millones novecientos cincuenta y
un mil setecientos trece pesos ($4.951.713) a título de indemnización. Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad
el derecho a ser incluida en el PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para
adquirir el derecho al PPA. En efecto,
era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1°
de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de  quince (15) años de servicios a favor
de la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era
indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo
ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.44. La señora Milagro Candelaria Acosta Romero (T-2587286)
nació el 2 de febrero de 1964, y trabajó en TELECOM desde el diecisiete (17) de
junio de mil novecientos ochenta 1987 hasta el treinta y uno 31 de enero de dos
mil seis 2006, fecha en la cual se le puso término a su vínculo.  Ocupó el cargo de jefe de oficina I, que
era considerado dentro de la compañía como un cargo de excepción. Consta que al
momento del retiro se le pagó una suma de sesenta y un millones trescientos
sesenta y cinco mil  ciento cuarenta pesos ($61.365.140) por concepto de
indemnización, y una de tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y seis pesos  ($3.649.546) a título de liquidación de
prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA. La Corte
considera que no tenía derecho a acceder a dicho Plan.  En efecto, era una trabajadora en cargo de
excepción, y no alcanzó a reunir
veinte (20) años en dicho cargo “hasta
el 31 de diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito
indispensable para adquirir el PPA en tal condición.  A quienes ocupaban estos
cargos también los cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos
establecidos para el mismo efecto respecto de los cargos ordinarios.  No
obstante, se advierte que esta peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las
condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de
1993.  De un lado contaba con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de
otro, tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de la compañía. No
prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo
suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley
para estar en el régimen de transición. La condición era indispensable para
estar en el PPA, en esta otra opción. Como no la cumple, su acción de tutela
debe entonces negarse.
164.45. El señor Uriel de Jesús Bayona Chona (T-2587286)
nació el 18 de mayo de 1961, y laboró al servicio de TELECOM desde el veinticinco
(25) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta el treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual se dio por terminado su
vínculo con la entidad.  Se
desempeñó allí en el cargo de profesional V, el cual era considerado como un cargo
ordinario.  Consta que al final de su relación con la compañía se le pagó una
suma de ciento setenta y ocho millones ochocientos treinta y tres mil
trescientos noventa y cinco pesos ( $178.833.395 a título de indemnización, y
una de siete millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos un pesos ($7.755.301)
por concepto de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser
incluido en el PPA.  A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho
al PPA.  En efecto, era trabajador que
ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado,
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.46. La situación del señor Luis Ignacio Morillo
García (T-2587286) es la siguiente. Nació el 9 de enero de 1961, y trabajó
para TELECOM desde el  siete (7) de octubre de mil novecientos ochenta y dos (1982)
hasta el veinticinco (25) de julio de  dos mil tres (2003), cuando fue
reiterado de la compañía. Ocupó el cargo de técnico VII, considerado en la
entidad como ordinario. Al final de su relación con la empresa, se le pagó una
suma de ciento treinta y dos millones quinientos noventa mil ochocientos
cuarenta y nueve pesos ($132.590.849 a) título de indemnización, y una de once
millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos cincuenta y dos pesos ($11.426.752)
por concepto de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser
incluido en el PPA. En criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho
a acceder al PPA. En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario,
pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía. No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición.  La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario.  Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
164.47. En lo que atañe al señor Raúl Rojas Medina (T-2587286),
consta que nació el 1° de febrero de 1960, y que trabajó al servicio de TELECOM
desde el cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982)
hasta el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Se desempeñó en la
empresa en el cargo de técnico, considerado en la entidad como cargo ordinario.
Al término de su vínculo, se le pagó una suma de  doscientos un millones
ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($201.851.496)
por concepto de indemnización, y una de dieciocho millones ochocientos
cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos ($18.851.496) a título de
liquidación de prestaciones. Ni TELECOM
ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el
PPA. En criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho a acceder al
PPA. En efecto, ocupaba un cargo ordinario, pero no tenía el 1°
de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición era
indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo
ordinario. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.48. La señora Clara Lucía Saldaña López (T-2587286)
nació el 12 de diciembre de 1964, y prestó sus servicios laborales a TELECOM
desde el siete (7) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) hasta
el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006).  Se desempeñó como telefonista
nacional, cargo considerado de excepción. Consta que al término de su relación
con la compañía, se le pagó una suma de sesenta y dos millones cincuenta mil
noventa pesos ($62.050.090) a título de indemnización, y una de cinco millones
noventa y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos ($5.096.268) por concepto de
prestaciones. Ni TELECOM ni el PAR le
reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el PPA.  La Corte
considera que no tenía derecho a acceder a dicho Plan. En efecto, era una trabajadora en cargo de excepción,
y no alcanzó a reunir veinte (20) años en dicho cargo “hasta el 31 de
diciembre de 2004” (Instructivo), que era un requisito indispensable para
adquirir el PPA en tal condición. A quienes ocupaban estos cargos también los
cubriría el PPA si cumplen, en todo caso, los requisitos establecidos para el
mismo efecto respecto de los cargos ordinarios.  No obstante, se advierte que
esta peticionario no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir
el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba
con menos de treinta y cinco (35) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta otra
opción. Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.49. En lo que se refiere al señor Danuil Jesús
Vega Bayona (T-2587286), consta que nació el 12 de abril de 1959. Entró a
trabajar a TELECOM el nueve (9) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981),
y a su relación con la entidad se le puso término el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003).  Ocupó el cargo de profesional IV, que era considerado
un cargo ordinario.  Al finalizar su vínculo con la entidad, se le pagó una
suma de ciento treinta y tres millones doscientos seis mil trescientos treinta
y cuatro pesos ($133.206.334) por concepto de indemnización, y una de diez millones
setecientos veintinueve mil quinientos seis pesos ($10.729.506) a título de
liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM
ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el
PPA.  En criterio de la Sala, este actor no tenía derecho a acceder al PPA.  En
efecto, ocupaba un cargo ordinario, pero no cumplía el 1°
de abril de 1994 con las condiciones para adquirir el derecho al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado, contaba con menos de cuarenta (40)
años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a favor de
la compañía. No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra
entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los quince (15)
años que exige la Ley para estar en el régimen de transición.  La condición era
indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en cargo
ordinario.  Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.50. En lo referente al señor Francisco Hernando
Villa Uribe (T-2587286), se observa que nació el 4 de febrero de 1958.
Ingresó a trabajar para TELECOM el cuatro (4) de febrero de mil novecientos
cincuenta y ocho (1958), y prestó sus servicios laborales a esa compañía hasta
el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), cuando se dio por
terminada su vínculo. Ocupó el cargo de auxiliar administrativo, considerado en
la entidad como ordinario. Consta que al término de sus labores se le pagó una
suma de sesenta y un millones nueve mil novecientos setenta y cinco pesos ($61.009.975)
por concepto de indemnización, y una de trece millones quinientos setenta y
seis mil doscientos veintiún pesos ($13.576.221) a título de liquidación de
prestaciones.  Ni TELECOM ni el
PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluido en el PPA. En
criterio de la Sala, este peticionario no tenía derecho a acceder al PPA.  En
efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario, pero no
tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho al régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.  De un lado contaba con menos de cuarenta
(40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de servicios a
favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus servicios a
otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa fecha, los  quince
(15) años que exige la Ley para estar en el régimen de transición. La condición
era indispensable para estar en el PPA, en esta condición de trabajador en
cargo ordinario.  Como no la cumple, su acción de tutela debe entonces negarse.
164.51.
El señor César Augusto Quintero Muñoz (T-2587286)
nació el 26 de febrero de 1965, y trabajó al servicio de TELECOM desde el primero
(1) de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el veinticinco
(25) de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual resultó desvinculado de
la entidad.  Se desempeñó en el cargo de técnico de transmisión IV, considerado
en la compañía como ordinario. Consta que al término de su relación se le pagó
una suma de ochenta y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil
setecientos veinticuatro pesos ($84.357.724) por concepto de indemnización, y
una de  seis millones novecientos seis mil doscientos ochenta y nueve pesos  ($6.906.289)
a título de liquidación de prestaciones.  Ni
TELECOM ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida
en el PPA. A juicio de la
Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo
ordinario, pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para
adquirir el derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado
contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince
(15) años de servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese
prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar,
en esa fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse.
v.ii. Segundo grupo. Solicitante de protección al
fuero, y de reliquidación de PPA
165.
Según se dijo en el fundamento jurídico 158, en los casos de los señores
Remberto Ballestas Mendoza, Benjamín José Corrales Benítez (T-2471216), la
tutela que interponen para solicitar protección a la garantía de fuero cumple
con las condiciones necesarias y suficientes para no ser declarada improcedente
por subsidiariedad. Conforme al fundamento jurídico 97 de esta sentencia, desde
el punto de vista de la subsidiariedad, la tutela del señor Miguel Antonio Giraldo
(T-2581607) procede para pedir la reliquidación de una pensión anticipada, pues
de ello depende prima facie el goce efectivo de un derecho fundamental.
El demandante aduce, y esta Corte considera que es razonable, que de la
reliquidación correcta de su pensión anticipada depende por una parte su
derecho constitucional a la seguridad social (CP art. 48), y por otra su
capacidad para satisfacer las necesidades básicas. Esto no significa, por sí
solo, que tenga derecho a la reliquidación.  Pero en conjunto con la
circunstancia de estar próximo a extinguirse el PAR, es suficiente, a juicio de
la Sala, para juzgar que su amparo no es improcedente por subsidiariedad.
166.
En cuanto a la inmediatez, la situación de los señores Remberto Ballestas
Mendoza y Benjamín José Corrales Benítez (T-2471216) es la siguiente: Los dos
fueron desvinculados de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006), e interpusieron esta tutela el veintisiete (27) de abril de dos mil
nueve (2009).  Si bien hay a primera vista un lapso amplio entre el término de
su relación laboral y la  interposición del amparo, la Corte considera que los
demandantes actuaron con diligencia en la defensa de sus derechos
fundamentales.  En efecto, consta en el proceso que ambos iniciaron un proceso
laboral ordinario de reintegro el veintisiete (27) de junio de dos mil seis (2006),
pues obra copia de una providencia del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en
la cual se admitió la correspondiente demanda, que así lo dice. En lo que
respecta al caso del señor Miguel Antonio Giraldo, según los criterios
establecidos en el fundamento jurídico 109 de esta providencia, la Corte estima
que la tutela fue instaurada dentro de un término razonable.  El proceso en el
cual se le reconoció el derecho al PPA concluyó el quince (15) de enero de dos
mil nueve (2009).  El PAR incluyó al tutelante en la nómina de pensiones
anticipadas, y liquidó las mesadas pensionales del modo que provoca esta
tutela, en el primer semestre de dos mil nueve (2009).  El catorce (14) de
septiembre de  dos mil nueve (2009), el demandante le pidió al PAR que
reliquidara su mesada pensional, y fue en oficio del nueve (09) de octubre de
dos mil nueve (2009) que el PAR contestó el derecho de petición, informándole
que no había lugar a la reliquidación. La presente acción de tutela fue
promovida poco tiempo después de esta última respuesta, el veintisiete (27) de
octubre de dos mil nueve (2009).  El actor dejó trascurrir, como se aprecia,
poco tiempo para interponer la tutela.  No debe entonces declararse
improcedente por falta de inmediatez. Aparte, en ninguno de estos casos hay
problemas de legitimación por activa, ni de cosa juzgada ordinaria o
constitucional.  En definitiva, las tutelas son procedentes y la Sala pasa a
estudiarlas de fondo.
167.
Tras considerar el caso de los señores Remberto Ballestas Mendoza y Benjamín
José Corrales Benítez (T-2471216), la Corte estima que se les
violaron sus garantías sindicales.  En efecto, ambos tenían fuero sindical, pues
así lo reconocieron tanto el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, Córdoba,
como la Sala de Decisión Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, en providencias del dieciséis (16) de junio y el
once (11) de octubre de dos mil cuatro (2004), respectivamente.[237]  En
estas decisiones las autoridades judiciales reconocieron que la acción de
levantamiento de fuero intentada en contra de ambos, por parte de TELECOM -en
liquidación-, por tener la condición de aforados sindicales, estaba prescrita,
razón por la cual quedaba desautorizada la desvinculación de los actores, que
requería por su calidad autorización judicial.  La Sala Plena de la Corte
constata, además, que al término de su relación laboral no hubo previamente un
fallo judicial que diera la autorización para ello.  La demanda de tutela no
sólo es entonces procedente, como atrás se dijo, sino que tiene las condiciones
necesarias y suficientes para prosperar, pues conforme a lo dicho en esta
providencia los aforados sindicales tienen derecho, incluso en contextos de
liquidación, a no ser desvinculados sin autorización del juez laboral.  Cuando
se les desconoce esa garantía tienen derecho al reintegro o, cuando este deviene
física y jurídicamente imposible por la liquidación definitiva, a una
indemnización según la ley.  Esta indemnización es la que fija el artículo 116
del Código Sustantivo del Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero Sindical’, del
Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos Especiales’, y asciende a “seis meses de
salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT
art. 116).[238]
Por lo mismo, en la parte resolutiva, se concederá la tutela, y se ordenará el
pago de una indemnización equivalente a seis (6) meses del salario que
devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo. En cualquier caso, las
decisiones adoptadas en el proceso de reintegro que los demandantes iniciaron
ante la justicia laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo,
prevalecerán sobre las que dictadas en este.
168.
Para efectos de decidir este punto, es preciso mostrar cuál es el motivo del
reclamo que presenta el señor  Miguel Antonio Giraldo (T-2581607).
Dice que se le reconoció su derecho a ser incluido en el PPA, y que la pensión
anticipada no se le liquidó con base en los ingresos  percibidos por él el treinta
y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), sino sobre la base de “los
factores salariales tomados en cuenta del 01 de abril de 1994 al 31 de marzo de
2003, tal y como lo ordena el mencionado instructivo contentivo del PPA para
aquellos exfucionarios que ejercían cargos ordinarios”.  Por lo mismo solicitó que se ordenara al PAR la
reliquidación de la mesada derivada del PPA, tomando como base los ingresos
salariales percibidos por el tutelante el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006), y que se le ordenar además el pago de los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el primero (1°) de
febrero de dos mil seis (2006) hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil
nueve (2009).  La Corte procede a definir si esta forma de liquidar la pensión
anticipada que se le reconoció en el proceso de tutela, viola sus derechos
fundamentales.
169.
En concepto de la Sala, al demandante no se le han violado sus derechos fundamentales.
Para empezar, el actor no expone cuál es la fuente normativa desconocida al
liquidar de la forma señalada su pensión. Tampoco hay elementos que conduzcan a
la Corte a concluir que esta manera de liquidarla lo deje sin seguridad social,
y por el contrario está claro que por orden de tutela, en otro proceso anterior
a este, su derecho a disfrutar de la pensión anticipada está garantizado.  Igualmente,
al demandante se le pagó la pensión anticipada, retroactivamente, desde el año dos
mil tres (2003) y la cuantía de las mesadas se calculó sobre la base de un
ingreso de un millón trecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y seis
pesos ($1’387.586), todo lo cual es suficiente para asegurarle su mínimo vital.
Por último, cabe mencionar que el referente para hacer la liquidación de las
pensiones deducidas del PPA es el Instructivo que se ha referenciado en esta
providencia.  Y de acuerdo con este para los trabajadores oficiales, como el
demandante, “los factores considerados para el cálculo de la pensión”
son los “factores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de
1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los índices de precios
al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”.  En suma, la
tutela se debe negar no ha habido vulneración a derechos fundamentales.
v.iii. Tercer grupo. Solicitantes de retén social
170.
De acuerdo con lo sostenido en el fundamento jurídico 97 de este fallo, la
tutela en principio procede para pedir la protección derivada del retén social,
si de ello depende prima facie el goce efectivo de un derecho
fundamental.  Es lo que ocurre en los casos de los señores Wilson José Daza
Daza, Diana Patricia Demoya, Myriam García Londoño, Antonio Javier Espinosa
Guzmán (T-2546795), Olga Ruth Gañán Parra, José Eduardo Peña Armenta y Flor
María Vásquez (T-2531642).  Solicitan protección por ser madres o padres cabeza
de familia, y prima facie esto implica que reclaman amparo para sus
derechos y los de su familia a una existencia digna, a un mínimo vital.  La
Corte considera que su acción, por dirigirse contra un ente próximo a
extinguirse, debe considerarse procedente en la medida en que con ella se
persigue la protección de un derecho fundamental. En consecuencia, las acciones
de tutela de estos peticionarios no son improcedentes, por problemas de
subsidiariedad.
171.
En cuanto a la inmediatez,  conforme a los criterios establecidos en esta
providencia, en principio es improcedente por falta de inmediatez una tutela
dirigida contra el PAR una vez liquidada TELECOM, cuando además ha trascurrido
un término extenso para interponerla, contado desde el momento en el cual se
negó o dejó de reconocer la prestación reclamada. Esta impresión es susceptible
de desvirtuarse de dos modos. Una es definitiva en el proceso de tutela, y se
presenta cuando concurre alguna circunstancia virtualmente apta para justificar
con suficiencia la tardanza en la presentación del amparo. Lo cual se logra si está demostrado, por ejemplo, que
el actor obró con suficiente diligencia en la defensa de sus derechos, o que
estuvo bajo fuerza mayor, o que era desproporcionado adjudicarle la carga de
acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física o a una
circunstancia equivalente. La otra forma de vencer esa impresión prima
facie de falta de inmediatez  es una presunción que opera en sentido
contrario, y es desvirtuable en cada caso, conforme a la cual las madres y
padres cabeza de familia que han obrado con (i) mínima diligencia en la defensa
de sus derechos, o (ii) son, o tienen en su núcleo familiar, una persona en
condiciones de debilidad manifiesta, o (iii) recibieron protección tras las
sentencias SU-388 o 389 de 2005 u otra sentencia de la Corte sobre el
particular, cuentan con el derecho a que en sus casos la inmediatez de la
acción de tutela se examine con arreglo a patrones menos estrictos,
precisamente como un reconocimiento a la desigualdad en las facilidades
materiales para acceder a la justicia.
171.1.
El señor Wilson José Daza Daza (T-2546795) fue incluido en el
retén social en calidad de padre cabeza de familia, durante el proceso
liquidatorio de TELECOM, tras expedirse las sentencias SU-388 de 2005 y SU-389
de 2005. Fue desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006)
e instauró la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009).  La Corte constata
que este término de tres (3) años para promover el amparo es en principio
irrazonable.  No obstante, su calidad de padre cabeza de familia, en conjunto
con la condición de salud de su hijo, quien padece una discapacidad de orden
síquico (se dice en el proceso que de una deficiencia mental), debidamente
certificada por su médico tratante de la EPS Sanitas, activa una presunción
opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la irrazonabilidad del plazo
trascurrido. Dejar trascurrir tres (3) años para instaurar una acción de
tutela, en un caso así, no es irrazonable, pues una persona en sus condiciones
tienen menores facilidades materiales para acceder a la administración de
justicia. Sus esfuerzos inmediatos se concentran en el cuidado del hijo que
requiere un trato especial. Estas circunstancias son suficientes, en criterio
de la Corte, para concluir que la tutela no es improcedente por falta de
inmediatez.
171.2. En lo que
respecta a la señora Diana Patricia Demoya Petro (T-2546795), su
inclusión en el retén social se dio efectivamente, en cumplimiento de la
sentencia T-964 de 2004 expedida por esta Corte.  En esta última providencia se
le reconoció la condición de madre cabeza de familia, con derecho a ser beneficiaria
del marco de garantías del retén social.  Hay por lo tanto una circunstancia
que exige darle un trato especial (CP art. 43).  Se observa que esta
peticionaria interpuso la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009), después
de tres (3) años de haberse liquidado la entidad, y del momento en que su
desvinculación era definitiva pues la empresa dejaba de existir.  En ese
interregno no se observa que hubiera adelantado
gestiones judiciales o administrativas para defender sus derechos. Pero debido
a que ha obrado con mínima diligencia, en la defensa de sus derechos, la Corte
considera que se activa una presunción distinta, que tendría el efecto
de neutralizar la irrazonabilidad del plazo trascurrido. No puede decirse que durante el proceso de liquidación
de TELECOM hubiera sido negligente en la reclamación de las prestaciones que
estimaba se le debían, pues adelantó en ese contexto un proceso de tutela. La
Sala no declarará entonces improcedente este amparo por falta de
inmediatez.
171.3.
La señora Myriam García Londoño (T-2546795) fue incluida en el retén
social, luego de la sentencia SU-388 de 2005, en calidad de madre cabeza de
familia.  Fue desvinculada de TELECOM el treinta y uno (31) de enero de dos mil
seis (2006) y presentó la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). Dejó
trascurrir, como puede apreciarse, tres (3) años para promover el amparo.  No
obstante, se puede observar que el trece (13) de marzo de dos mil siete (2007)
se le dio respuesta a un derecho de petición presentado por ella, en su
condición de madre cabeza de familia, en el cual solicitaba que se le
reconocieran determinadas prestaciones.  La Sala constata que la actora fue
desvinculada el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006)  y que
instauró su tutela en noviembre de dos mil nueve (2009).  Es decir, dejó pasar
un término en principio irrazonable para defender sus derechos. Pero su
condición de madre cabeza de familia (CP art. 43), junto con el hecho de la respuesta
antes mencionada, activan una presunción opuesta, que tendría el efecto de
neutralizar la irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. En su
caso, cuando quedó desempleada, efectuó gestiones para solicitar la protección
judicial de sus derechos.  Es razonable que hubiera luego esperado hasta dos
mil nueve (2009) para presentar el amparo. Esto es suficiente para no declararlo
improcedente por falta de inmediatez.
171.4.
Los elementos obrantes en el proceso indican que el señor Antonio Javier
Espinosa Guzmán (T-2546795) fue incluido en el retén social el 21 de julio
de 2005.  Su desvinculación se produjo el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006)  y la tutela fue interpuesta en noviembre de dos mil nueve (2009).
La Corte advierte que este término de tres (3) años para promover el amparo es
en principio irrazonable.  No obstante, probó su calidad de padre cabeza de
familia, y la condición de salud de su hijo Roger Antonio Espinosa, quien nació
el 15 de julio de 1993 y padece autismo, debidamente certificado, lo
cual activa una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la
irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido.  Dejar trascurrir tres
(3) años para instaurar una acción de tutela, en un caso así, no es
irrazonable. Una vez queda sin trabajo, destina sus esfuerzos inmediatos a
procurarse soluciones económicas temporales y ayudar en la atención de su del
hijo que requiere un trato especial, más que a instaurar acciones judiciales.
Estas circunstancias, en criterio de la Corte, son suficientes para no declarar
improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.
171.5.
La señora Olga Ruth Gañán Parra (T-2531642) prueba sumariamente
ser quien vela por el bienestar de su hija y de sus dos padres. Manifiesta
además, también sumariamente, que una vez perdió su empleo se vio enfrentada a tener
que asumir sus deudas, pero sin trabajo.  Hay prueba de que no vive con su
compañero. Tiene además una declaración, en la cual afirma que ha sido
internada en centros de reposo.  Esta Corte advierte que la tutelante fue
desvinculada de TELECOM el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), y
que interpuso el presente amparo en octubre de dos mil nueve (2009). Aunque
este término es prima facie irrazonable, como antes se dijo, para
interponer una tutela, lo cierto es que las circunstancias personales
(problemas psiquiátricos) y las obligaciones familiares de la accionante,
activan una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la
irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido. Es razonable que una
persona en sus condiciones no dedique los esfuerzos inmediatos, subsiguientes a
una desvinculación, hacia el adelantamiento de procesos judiciales, sino hacia
la satisfacción urgente de las necesidades básicas suyas y de los miembros de
su familia que dependen de ella.  Por ese motivo, la Corte no declarará
improcedente su tutela por falta de inmediatez.
171.6.
Las pruebas obrantes indican que el señor Jesús Eduardo Peña Armenta (T-2531642),
cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía a su familia integrada por él
mismo, su esposa y sus dos hijos, uno de los cuales padece ceguera congénita.[239] La
Corte advierte que el demandante fue desvinculado el veinticinco (25) de julio
de dos mil tres (2003), y que instauró esta tutela en octubre de dos mil nueve
(2009).  Este término es prima facie irrazonable para promover la
protección constitucional de sus derechos. No obstante, las circunstancias en
las cuales se encuentra desde entonces explican que hubiese tenido que dejar
pasar tanto tiempo para impetrar la tutela. En concepto de la Sala, fue padre
cabeza de familia desde esa época.  La cónyuge del tutelante debía encargarse
de los cuidados de su hijo, quien nació con una disminución sensorial, y él
–por lo que se aprecia- de obtener lo necesario para satisfacer las necesidades
básicas suyas y de los demás integrantes de su núcleo familiar. Estas
circunstancias activan una presunción, que tendría el efecto de neutralizar la
irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido.  La Corte no advierte
que en un caso así resulte irrazonable instaurar la tutela una vez se haya
conseguido estabilidad económica y emocional, luego del impacto de quedar
desempleado ante las necesidades tan especiales de una persona invidente.  La
Sala no declarará improcedente esta acción de tutela.
171.7.
La señora Flor María Vásquez Polanco (T-2531642) aporta también prueba
sumaria de que al ser removida de su cargo quedaron, tanto ella como sus dos
hijos menores y su padre, sin el sustento económico que se derivaba de sus
ingresos como trabajadora de TELECOM.  En una declaración juramentada que
aporta, afirma que se le diagnosticó un cáncer luego de la terminación de su
vínculo con TELECOM.[240]
La Corte constata que la demandante fue desvinculada el veinticinco (25) de
julio de dos mil tres (2003)  y su tutela la interpuso en octubre de dos mil
nueve (2009). Este término es prima facie amplio, pero en su caso se
activa una presunción opuesta, que tendría el efecto de neutralizar la
irrazonabilidad prima facie del plazo trascurrido, teniendo en cuenta el
cáncer que dice se le encontró después de ese acontecimiento.  Posponer la
reclamación judicial de los derechos que hoy estima conculcados, para una
persona en sus condiciones, no es irrazonable, pues se ve obligada a precaver
lo necesario para su salud, antes que a adelantar litigios.  La Corte
Constitucional considera entonces que su tutela no debe ser declarada
improcedente.
172.
En suma, estas tutelas no presentan problemas de improcedencia derivados de la
subsidiariedad, ni de la inmediatez. Pero además, ninguna de tiene problemas
definitivos por falta de legitimación por activa, ni de cosa juzgada (ordinaria
o constitucional).  La Corte estima en consecuencia que estos peticionarios
cumplen con todas las condiciones para tener derecho a un estudio de fondo de
sus casos.  Por ese motivo, la Sala pasa a examinar sus casos individualmente a
continuación.
173. Para resolver este punto, conviene reiterar lo
sostenido en los fundamentos jurídicos 34 y siguientes de esta sentencia. Lo
cual significa que el retén social, invocado por los tutelantes de este grupo,
tiene la virtualidad de trascender la liquidación definitiva de la entidad,
incluso para quienes son padres o madres cabeza de familia.  Lo que ocurre es
que la protección, después de la clausura del ente, no tiene la presentación de
una estabilidad laboral reforzada, y por tanto estas personas -como ha dicho la
jurisprudencia constitucional- no cuentan con el derecho a ser reintegrados a
sus cargos, pues la desaparición de la entidad lo hace imposible fáctica y
jurídicamente.  En sus casos, la protección especial se manifiesta, cuanto menos, en el derecho a que durante el proceso de
liquidación, pero antes del término de sus vínculos al final del trámite, se hubiese
adoptado una política de reubicación ocupacional. La Corte estima que en el
contexto de la liquidación de TELECOM, ni las normas que regularon el proceso
de liquidación de TELECOM, ni por su parte los entes que intervinieron en la
ejecución del mismo, adoptaron una política de tal naturaleza, u ordenaron su
adopción. Por ende, la Sala tutelará el derecho de quienes sean madres o padres
cabeza de familia, a contar con una política de reubicación ocupacional, e
impartirá las órdenes correspondientes.
173.1.
El señor Wilson José Daza Daza (T-2546795) fue incluido en el retén
social en calidad de padre cabeza de familia, durante el proceso liquidatorio
de TELECOM, tras expedirse las sentencias SU-388 de 2005 y SU-389 de 2005. Su
condición de padre cabeza de familia no ha cambiado. Tiene a su cargo a su
madre, la señora Raquel del Socorro Daza Molina, y además cuatro hijos: Wilson
José (20 años) y Luciana Daza Duarte (13 años), y Lissa Milenis (12 años) y
Andrés Felipe Daza Bruges (8 años).  Nació el 20 de marzo de 1959. Fue
desvinculado el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) e instauró
la tutela en noviembre de dos mil nueve (2009). No hay pruebas de que se le
hubiese pagado la indemnización a la que tienen derecho los ex trabajadores de
TELECOM tras su desvinculación de la entidad, en virtud del artículo 24 del
Decreto 1615 de 2003. Por lo mismo, en primer término se ordenará al PAR que le
reconozca y pague esta indemnización, si aún no lo ha hecho.  Pero además,
teniendo en cuenta que el señor Wilson José Daza Daza está a cargo de su hijo
Wilson José Daza Duarte, quien presenta “Deficiencia mental”,
debidamente certificada por la EPS Sanitas, y por diagnósticos periódicos
formulados durante su vida, en los que se advierten conclusiones médicas tales
como “Paciente con trastornos de conducta y lenguaje”, la Corte considera
aún más imperativo ordenar que se lo incluya con prioridad en la política de
reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.
173.2.
La señora Diana Patricia Demoya (T-2546795) nació el 1° de marzo de
1975.  Es soltera.  Fue protegida por la Corte en la sentencia T-964 de 2004
(MP. Sierra), en su condición de madre cabeza de familia.  Dicha condición no
ha desaparecido.  Tiene a su cargo dos hijos menores de edad: César Andrés y
Lorena Andrea Bravo Demoya, quienes cuentan actualmente con 15 y 12 años
respectivamente. No hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a
la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de
la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003.  Por lo mismo,
en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta
indemnización, si aún no lo ha hecho.  Por ser madre cabeza de familia, la
Corte ordenará incluirla con prioridad en la política de reubicación en el
empleo, que deberá hacerse en el término máximo de tres meses.
173.3.
En lo que atañe al caso de la señora Myriam García Londoño (T-2546795)
se observa que nació el 30 de septiembre de 1962. Tiene una hija a su cargo,
Kimberly Gouffray García, con 15 años de edad. De la peticionaria dependen
además sus padres Ernesto García y Alcira Londoño, con 85 y 76 años de edad
respectivamente. Estas circunstancias son suficientes para considerarla mujer
cabeza de familia. No hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización
a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación
de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003.  Por lo
mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta
indemnización, si aún no lo ha hecho.  En cuanto a la indemnización especial
del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en su caso no es
procedente, pues ninguna de las personas que tiene a cargo presenta una
relevante disminución física, síquica o sensorial. Asimismo, por ser madre
cabeza de familia, la Corte Constitucional ordenará incluirla con prioridad en
la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término
máximo de tres meses.
173.4.
El señor Antonio Javier Espinosa Guzmán (T-2546795) nació el 22 de
octubre de 1961. Su estado civil es casado, pero de él depende el sostenimiento
de su cónyuge, y de sus tres hijos José David, Luis Javier y Roger Antonio
Espinosa Rodríguez.  Este último presenta, según palabras del actor, “discapacidad
permanente (autismo)”, debidamente certificada por el Centro Neurológico de
Antioquia y por la Fundación Instituto de Atención Integral Infantil.  Esta
condición de salud de su hijo, demanda especial atención de parte de la cónyuge
del actor.  Con todo, su estado civil debe llevar a la Corte a preguntarse si
es padre cabeza de familia.  La respuesta es afirmativa, al tenor de lo
dispuesto en la sentencia SU-389 de 2005.  Esta última dijo que uno de los
casos típicos de padre cabeza de familia es el de aquel que “en el evento de
vivir con su esposa o compañera, esta […] resulte totalmente
indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que
medicamente requieran la presencia de la madre”. Este caso se ajusta plenamente
a esa hipótesis.  En cuanto a las indemnizaciones, consta que se le pagó, al
finalizar la relación con TELECOM, una suma de ciento un millones setecientos
nueve mil novecientos noventa y seis pesos ($101.709.996) por concepto de
liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización prevista en el
artículo 24 del Decreto 1615 de 2003. No obstante, el actor tiene derecho
además, por ser padre cabeza de familia, a que la Corte ordene incluirlo con
prioridad en la política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el
término máximo de tres meses.
173.5.
La situación de la señora Olga Ruth Gañán Parra (T-2531642) es la
siguiente.  Nació el 2 de abril de 1966.  Es soltera, y tiene a su cargo a sus
dos padres, los señores Jorge Enrique Gañán y Libia Parra, así como su hija de
21 años de edad, María Fernando Mejía Gañán.  La Corte considera, de acuerdo
con los elementos de juicio obrantes en el proceso, que la peticionaria tiene
actualmente la condición de madre cabeza de familia, aunque su hija es mayor de
edad y no tiene una incapacidad médica probada para trabajar. Afirma que está a
cargo de sus padres, quienes son personas de la tercera edad, y en tanto no ha
sido refutado específicamente por el PAR se presume veraz lo afirmado por ella,
en el sentido de que carecen -por su edad- de capacidad para trabajar. Una de
las condiciones previstas por la jurisprudencia para ser madre cabeza de
familia es tener “a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras
personas incapacitadas para trabajar” (SU-388 de 2005).  Ese presupuesto se
da en este caso. En las pruebas se advierte, por lo demás, que la demandante
tuvo un compañero sentimental, con quien dejó de convivir.  En esa medida, la
Corte observa que no hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización a
la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación de
la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003.  Por lo mismo,
en primer término, se ordenará al PAR le reconozca y pague esta indemnización,
si aún no lo ha hecho. Segundo, y por ser madre cabeza de familia, la Corte
ordenará incluirla con prioridad en la política de reubicación en el empleo,
que deberá hacerse en el término de tres meses.
173.6.
El señor José Eduardo Peña Armenta (T-2531642) nació el 8 de febrero de
1970.  Dependen de él su cónyuge, la señora Luz Elena Vega Villazón, y sus dos
hijos Jesús Eduardo y Eduardo José Peña Vega, quienes tienen 20 y 15 años de
edad respectivamente. Este último es entonces menor de edad y sufre de “ceguera
congénita”, debidamente certificada por el Centro de Rehabilitación
Integral Ángeles.[241]
Su estado civil debe llevar a la Corte a preguntarse si es padre cabeza de
familia.  La respuesta es afirmativa, al tenor de lo dispuesto en la sentencia
SU-389 de 2005.  Esta última dijo que uno de los casos típicos de padre cabeza
de familia es el de aquel que “en el evento de vivir con su esposa o
compañera, esta […] resulte totalmente indispensable en la atención de
hijos menores enfermos, discapacitados o que medicamente requieran la presencia
de la madre”. Este caso se ajusta plenamente a esa hipótesis. En cuanto a
las indemnizaciones, no hay pruebas de que se le hubiese pagado la indemnización
a la que tienen derecho los ex trabajadores de TELECOM tras su desvinculación
de la entidad, en virtud del artículo 24 del Decreto 1615 de 2003.  Por lo
mismo, en primer término se ordenará al PAR que le reconozca y pague esta
indemnización, si aún no lo ha hecho. Pero además, por ser padre cabeza de
familia, a que la Corte Constitucional ordene incluirlo con prioridad en la
política de reubicación en el empleo, que deberá hacerse en el término máximo
de tres meses.
173.7.
En lo que respecta a la señora Flor María Vásquez (T-2531642), se
observa que nació el 16 de julio de 1961. De ella dependen sus dos hijos, José
Javier y Vanessa Andrea Carrascal Vásquez, de 18 y 25 años de edad
respectivamente.   Dice en una declaración extra juicio, y bajo la gravedad de
juramento, que su desvinculación le trajo “como consecuencia
desmejoramiento, deterioro de [su] estado emocional, moral y económico
trayendo consigo enfermedades (cáncer) por causa del alto estrés, a[l] que
[se vio] sometida por dicha situación”.[242] Aunque está en
condiciones de salud especiales, no es una mujer que pueda considerarse cabeza
de familia, pues una condición indispensable para ello es tener “a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar” (SU-388 de 2005).  Ese presupuesto no se da en este caso. En esa
medida, por no ser de acuerdo con las pruebas una madre cabeza de familia, no
tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes, o a ser incluida con
prioridad en el plan de reubicación al que se ha referido la Corte en esta
providencia.
En
definitiva, los accionantes cuyas tutelas han sido resueltas de fondo son los
que se enuncian en la tabla que aparece a continuación:
Accionantes – Tutelas estudiadas y
resueltas de fondo
Nro.
Nombre del tutelante
Expediente
Tema de fondo
1
Tulio  Enrique Galindo
Bozón
T-2471345
PPA
2
Assad Gutiérrez Posedente
T-2471345
PPA
3
María Sussan Pérez Quintero
T-2471345
PPA
4
Vidal Mauricio
López Duque
T-2471345
PPA
5
Jairo Libardo
Sotelo Domínguez
T-2471345
PPA
6
Julio César Utria Martínez
T-2579968
PPA
7
Margarita Veloza
Rincón
T-2579968
PPA
8
David Moisés
Vergara Beltrán
T-2579968
PPA
9
Pablo Enrique Pardo Ojeda
T-2484301
PPA
10
Genaro Ortiz Muñoz
T-2484301
PPA
11
José de Jesús Becerras
Avendaño
T-2476358
PPA
12
Rodrigo Triana
T-2476358
PPA
13
Hernando Moreno Ávila
T-2476359
PPA
14
Antonio Carlos Rojano Romero
T-2476359
PPA
15
Víctor Manuel Severiche
T-2476359
PPA
16
Jaime Elías Flórez Ramos
T-2476359
PPA
17
Jaime Esteban Barrera López
T-2476359
PPA
18
Fernando Trejos
Santa
T-2476359
PPA
19
Álvaro José Oviedo Argel
T-2471216
PPA
20
Ángel Ramón Gómez Solera
T-2471216
PPA
21
Dagoberto Mesa
Castillo
T-2507052
PPA
22
Carlos Javier
Rodríguez Cardozo
T-2507052
PPA
23
Gustavo
Candelario Escorcia Escorcia
T-2537070
PPA
24
Luis Mariano
Padilla Chima
T-2537070
PPA
25
Mario Alberto
López Agudelo
T-2537078
PPA
26
Francisco Arango
Agudelo
T-2537078
PPA
27
Jorge León
Chalarcá Estrada
T-2537078
PPA
28
Enrique Garzón
Gómez
T-2537078
PPA
29
Claudia
Margarita López Moncada
T-2537078
PPA
30
Óscar Alberto
Mesa Restrepo
T-2537078
PPA
31
María Mercedes
Montaño
T-2537078
PPA
32
Gerardo Padilla
Rodríguez
T-2537078
PPA
33
Franklin Cenón
Rodríguez Rodríguez
T-2537078
PPA
34
Héctor Fernando
Romero Rodríguez
T-2537078
PPA
35
William Sandoval
Garzón
T-2537078
PPA
36
Ruth Sarmiento Garzón
T-2566146
PPA
37
Ómar Eduardo
Canchala Quiroz
T-2587255
PPA
38
Gustavo Antonio
Jurado
T-2587255
PPA
39
Cristina Lozano
Bustos
T-2587255
PPA
40
José Antonio
Revelo Concha
T-2587255
PPA
41
Carlos Arturo
Soler Romero
T-2587255
PPA
42
Luis Fernando
Tello
T-2587255
PPA
43
Iris Isabel
Barrios Salgado
T-2587255
PPA
44
Milagro
Candelaria Acosta Romero
T-2587286
PPA
45
Uriel de Jesús
Bayona Chona
T-2587286
PPA
46
Luis Ignacio
Morillo García
T-2587286
PPA
47
Raúl Rojas
Medina
T-2587286
PPA
48
Clara Lucía
Saldaña López
T-2587286
PPA
49
Danuil Jesús
Vega Bayona
T-2587286
PPA
50
Francisco
Hernando Villa Uribe
T-2587286
PPA
51
César Augusto Quintero Muñoz
T-2587286
PPA
52
Miguel Antonio Giraldo
T-2581607
PPA
53
Remberto Ballestas Mendoza
T-2471216
FS
54
Benjamín José Corrales Benítez
T-2471216
FS
55
Wilson José Daza Daza
T-2546795
Retén social
56
Diana Patricia Demoya
T-2546795
Retén social
57
Myriam García Londoño
T-2546795
Retén social
58
Antonio Javier Espinosa Guzmán
T-2546795
Retén social
59
Olga Ruth Gañán Parra
T-2531642
Retén social
60
José Eduardo Peña Armenta
T-2531642
Retén social
61
Flor María Vásquez
T-2531642
Retén social
vi. Factor territorial y órdenes de embargo
vi.i. Factor territorial
174. En sus intervenciones dentro de este proceso, el PAR sostuvo que las acciones de tutela de los
expedientes T-2451880, T-2471345, T-2471346, T-2476358, T-2476359, T-2484301,
T-2492726, T-2537041,  T-2537078 y T-2597351 fueron resueltas por jueces
constitucionales incompetentes según el factor territorial.  Manifestó al
respecto que los demandantes no promovieron sus solicitudes de amparo en el
lugar donde prestaron su servicio a la extinta Telecom, sino en sitios
distintos.  En ese sentido, pidió que no se concedieran las solicitudes de
protección planteadas en esas tutelas y que se tomara la decisión
correspondiente para un vicio procesal de esa naturaleza.  En consecuencia, la
Sala Plena de la Corte Constitucional debe examinar si dicha circunstancia es
suficiente por sí sola para concluir que se violaron las reglas de competencia
en materia de tutela, antes precisadas en esta providencia.
175.
Para resolver esa cuestión, conviene reiterar lo expuesto en el fundamento jurídico 53 y siguientes
del presente fallo.  La acción de tutela
puede ser promovida en todo lugar, pero hay unas reglas de competencia
territorial (Dcto 2591 de 1991 art. 37).  En virtud de estas, son competentes
por el factor territorial, para conocer de las solicitudes de amparo, a
prevención, el juez o tribunal del lugar donde se presentan la amenaza o
la violación del derecho fundamental, o los efectos de las
mismas. Las consecuencias de desconocer estos factores de competencia son
distintas, en función del momento en el cual se detecte el vicio. La
advertencia de este último vicio, en sede de revisión ante la Corte
Constitucional, debe en principio acarrear la anulación de todo lo actuado.
Pero esta solución, en ciertos casos, puede ser distinta si: (i) no ha habido
indefensión; (ii) la Corte conoce del asunto, no en virtud de un conflicto
negativo de competencia, sino de un proceso de tutela en el estadio de la
revisión (CP art. 241 num. 9); (iii) la eventual decisión de anular el proceso
haría nugatorios los principios de economía, celeridad y eficacia, que
gobiernan el trámite de tutela; y (iv) si además de los requisitos anteriores
la Corte valora como necesario y urgente un fallo inmediato, como órgano de
cierre de la justicia constitucional, para evitar un menoscabo a la integridad
y supremacía de la Constitución (CP art. 241). La Sala Plena de la Corte
Constitucional pasa a mostrar cuál es la solución adecuada en este caso.
176.
La Sala Plena advierte, en efecto, que en algunos expedientes mencionados por
el PAR hay una discrepancia entre los lugares donde los demandantes prestaron
sus servicios a favor de TELECOM y los sitios donde interpusieron sus acciones
de tutela. En unos casos, por ejemplo, se aprecia que ninguno de los
demandantes prestó sus servicios siquiera en el departamento al que pertenece
el municipio donde se promovió el amparo, pues los actores trabajaron en
dependencias de TELECOM ubicadas en Cundinamarca, y presentaron sus solicitudes
de tutela en un municipio de un departamento distinto. No obstante, el solo
hecho de que las tutelas se hubieran interpuesto y resuelto en sitios distintos
de aquellos donde los demandantes prestaron sus servicios,  no es suficiente
para sostener que se hubieran violado las reglas de competencia territorial.  Como
se anotó, no sólo tienen competencia territorial los jueces con jurisdicción en
el lugar donde ocurra la supuesta amenaza o violación, que en este caso en
términos generales sería el lugar donde los actores prestaron sus servicios,
sino también los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurran los efectos
de la misma. Este lugar puede ser distinto de aquel donde los actores prestaron
sus servicios a favor de TELECOM. Por ejemplo, podría ser el lugar donde tienen
su domicilio.  Por ende, para cuestionar la competencia territorial de un juez
de tutela, no bastaba con mostrar que el amparo lo resolvió un juez sin
jurisdicción en el sitio donde los actores prestaron sus servicios.  Era
necesario probar, además, que el juez que resolvió las tutelas tampoco tenía
jurisdicción en el lugar donde se produjeron los efectos de la supuesta
violación o amenaza.  El PAR, sin embargo, no mostró esto último en sus contestaciones
a las tutelas de los citados expedientes, siendo en principio carga de quien alega
la nulidad, demostrarla.  La Corte considera que esta es entonces la primera
razón por la cual no debe declararse la nulidad en ninguno de los expedientes.
177.
La segunda razón es que en este caso se presentan las condiciones antes
mencionadas en los fundamentos jurídicos 57 y 58 de esta providencia, para no
decretar la nulidad de lo actuado. En efecto, (i) para empezar no se advierte
que el PAR o CAPRECOM hubiesen sufrido indefensión.  No sólo se observa que
intervinieron en cada uno de los expedientes en los cuales aparecían como
demandados, sino que además constata la Sala que tuvieron oportunidad de
interponer recursos, y de presentar pruebas y alegaciones a lo largo de la
revisión ante la Corte Constitucional. (ii) Por otra parte, esta Corporación ya
asumió competencia para revisar estos fallos, por virtud de lo dispuesto por el
artículo 241 numeral 9 Superior y, en observancia del principio perpetuatio
jurisdictionis, su atribución tiende a perpetuarse (sentencia T-675
de 2010).[243] (iii) En tercer lugar,
anular los procesos -incluso sólo algunos de ellos- haría nugatorios los
principios de celeridad, eficacia y economía. (iv) Y finalmente, dada la
vocación transitoria que tiene por su naturaleza el PAR de TELECOM, se hace
necesario un fallo en el corto plazo, con el fin de asegurar el mayor nivel de
cumplimiento posible de las órdenes que aquí se impartan.
178.
Pero lo anterior no significa que resulte indiferente para esta Corte el patrón
inusual que se advierte en la presentación de algunas de las tutelas que provocan
este proceso. La Sala observa que se repiten circunstancias que singularmente
pueden parecer comunes, pero que vistas en conjunto resultan poco sólitas.
Varias personas que trabajaban en un sitio del país, donde se puede presumir
que vivían, sin explicación deciden otorgar poder en ese o en otro lugar para
que se interponga tutela a su nombre en otra parte distinta, incluso alejada de
donde prestaron sus servicios. Aunque interponen sus tutelas mediante
apoderados, ni el poderdante ni el abogado dan cuenta de cuál es su nexo con el
municipio donde las instauran.  Esos apoderados fijan como lugar de
notificación un sitio distinto del municipio donde presentan el amparo y de
donde solían prestar sus servicios casi todos los titulares de los derechos
invocados.  El PAR sostiene en sus contestaciones que nada une a los actores
con los municipios donde promueven la tutela. Sin que esto implique adjudicarle
exclusivamente al demandado (en este caso al PAR) la carga de probar plenamente
la incompetencia que alega, la Corte no ve confirmadas esas afirmaciones con
certidumbre en la lectura de los expedientes. Pero no pierde de vista que los
nombres de quienes reciben los poderes, por ejemplo en los casos señalados por
el PAR, se repiten en diferentes expedientes con estas mismas características.
No se trata entonces sólo de que estas tutelas tengan varios accionantes, sino
también de que hay diferentes acciones de tutela que presentan iguales patrones
procesales.
179.
Aparte de estos casos, hay un expediente que llama en especial la atención de
la Sala, y es el que lleva como número el T-2451880.  En él se aprecia que la actora
había instaurado inicialmente la tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel. Este tuteló los derechos y en segunda instancia el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Ayapel declaró la nulidad del proceso desde el auto admisorio
de la demanda por falta de competencia territorial, y remitió las actuaciones a
la oficina de reparto de Montería. Ese proceso de tutela terminó con un fallo
en el cual se declaró improcedente la tutela interpuesta por la peticionaria.  Esta,
sin embargo, instauró una nueva tutela y el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel la concedió nuevamente, sin declararse incompetente por el factor
territorial, y pese a que antes se había decretado una nulidad por problemas de
competencia territorial.  En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel, que en el proceso anterior había declarado la nulidad,
confirmó simplemente, aunque de forma parcial, el fallo de primer grado.[244]  En
esta ocasión, aunque no se declarará la nulidad de lo actuado, pues hay como se
dijo atrás una manifiesta cosa juzgada en esta tutela que hace que se deba
declarar la improcedencia de la acción, eso no significa que los datos de este
expediente sean irrelevantes para tomar decisiones en el presente proceso.
180.
La Corte Constitucional está obligada a presumir la buena fe de los sujetos que
intervinieron en los expedientes citados, en calidad de jueces y de partes o de
apoderados de las partes (CP art. 83).  Pero al mismo tiempo está en el deber
de guardar la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241), dentro
de cuyos preceptos está el deber de toda persona de colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia (CP art. 95-7).  En vista de
ello, aunque la Corte procederá en estos casos con la premisa de que no se
violaron las reglas de competencia en materia de tutela, les dará noticia de
estos patrones inusuales a las autoridades de control.  En la parte resolutiva
de esta sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su
competencia.
vi.ii. Órdenes de embargo
181.
En cuanto a las órdenes de embargo, la Sala Plena constata que estas no sólo
fueron solicitadas en las acciones de tutela, sino que además en algunos
expedientes (T-2471345, T-2476358, T-2501214) los jueces de instancia las impartieron
efectivamente, en su concepto con el fin de asegurar la eficacia de las
decisiones adoptadas. Estas decisiones fueron suspendidas por la Corte
Constitucional, en conjunto con otras, en los autos 241 de 2010  y 105 de 2011.[245] Con
arreglo a lo mencionado en el fundamentos jurídicos 64 y 65 de esta
providencia, los embargos, y todavía más si se decretan por sumas de dinero
específicas, y si apuntan a congelar un patrimonio autónomo de remanentes, son
en principio extraños al proceso de tutela.  Primero, porque no posee
propósitos exclusiva o primordialmente patrimoniales o dinerarios.  El proceso
de amparo no está además previsto para adelantar una discusión probatoria lo
suficientemente amplia como para proceder a una liquidación apropiada de
prestaciones económicas. Segundo, porque en principio es obligatorio presumir
la buena fe del destinatario de las órdenes y asumir de antemano que tiene
vocación de cumplirlas (CP art. 83).  Con lo cual el embargo resulta
injustificado a menos que se pruebe un temor fundado de incumplimiento frente a
las resoluciones del juez. Tercero, porque una orden así resulta prima facie
innecesaria, en vista de que hay instrumentos para asegurar el cumplimiento
o perseguir el desacato a las órdenes del juez, tales como los incidentes de
cumplimiento o desacato (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss).  Finalmente,
porque es desproporcionado embargar sumas de un patrimonio autónomo de
remanentes que debe responder por obligaciones pendientes. El congelamiento de
sus recursos, que son limitados, puede obstaculizar la satisfacción de
obligaciones, de las cuales podría a su turno depender el goce efectivo de
derechos incluso fundamentales de terceros.
182.
En este caso, a juicio de la Corte, no estaban dadas las condiciones necesarias
y suficientes para adoptar una medida de embargo sobre las cuentas del PAR. Primero
que todo, porque el embargo resultaba injustificado asumir como probable un
incumplimiento, por parte del PAR, a las resoluciones de un juez de tutela.  Segundo,
porque el embargo afectaba el cumplimiento de otras obligaciones anteriores, y
además el programa de cancelación de pasivos y administración de remanentes, en
algunos casos sin estar aún concluido el proceso.  Tercero, debido a que
incluso si se hubiera presentado un fundado temor de incumplimiento, había
instrumentos al servicio de la eficacia de la decisión, previstos en la ley,
razón por la cual el embargo resultaba innecesario  (Dcto 2591 de 1991 arts.
27, 52 y ss). Finalmente, en consideración a que el embargo de sumas
específicas de dinero no sólo resultaba poco fundamentada, dado el carácter
preferente y sumario del procedimiento de tutela, sino que además implicaba una
violación al derecho de defensa del demandado, toda vez que no contó con
oportunidades procesales amplias y suficientes para controvertir las
estimaciones dinerarias presentadas. Por estos motivos, se revocarán todas las
órdenes de embargo.
vii. Decisiones y órdenes
183. La Corte Constitucional ha diferenciado en su
jurisprudencia entre dos aspectos distintos de la parte resolutiva de un fallo
de tutela: la decisión y las órdenes.[246]
La decisión consiste fundamentalmente en determinar si se concede o no la
tutela, y si se confirman o no las decisiones judiciales objeto de revisión.  Las
órdenes son las medidas que el juez adopta como remedios. La Sala Plena pasará
a continuación a exponer, en primer término, cuáles habrán de ser las
decisiones respecto de cada uno de los accionantes, y de las sentencias que
resolvieron sus tutelas en instancias, agrupándolos en función del expediente
en el que se encuentran sus solicitudes de amparo. En segundo término,
enunciará las órdenes encaminadas a enfrentar situaciones irregulares
advertidas en este proceso y señaladas en la presente sentencia.
vii.i. Decisiones
184. Como arriba se dijo hay un total de veintiséis (26)
expedientes y de seiscientos nueve (609) accionantes, con nombres que aparecen
más de una vez en distintas acciones de tutela reclamando prestaciones
distintas. El volumen de los casos, alegatos y pruebas aportadas condujo a que
la Corte suspendiera los términos para decidir. La primera decisión es entonces
levantar la suspensión de términos. La segunda es, como acaba de mencionarse,
la de revocar cualquier orden de embargo que se hubiese dictado en los
expedientes que aquí se acumularon.  En cuanto a las decisiones sobre si se
concede o no el amparo, respecto de cada uno de los accionantes son por su
parte las siguientes:
184.1. En el expediente T-2451880,
la tutela instaurada por la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado fue
concedida en primera instancia mediante
providencia del primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009), por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, y en segunda instancia esta decisión fue
confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel,
Córdoba, mediante el fallo del veintidós
(22) de septiembre de dos mil nueve (2009).  Como de acuerdo con lo dicho en
esta providencia, la tutela de esta peticionaria debe ser negada, se revocarán
totalmente las sentencias de instancia.  Por ende, la Sala Plena revocará las
órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.2. En el expediente T-2471345, la tutela
interpuesta por Luis Enrique Madera Salgado y otros fue concedida
en primera instancia por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, mediante fallo del dos (2) de
septiembre de dos mil nueve (2009), y en segunda instancia esta decisión fue
confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba,
el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009).  Como de acuerdo
con lo dicho en esta providencia, algunos de los casos deben ser negados y
otros declarados improcedentes, pero en ninguno se concederá la tutela de los
derechos invocados, la Corte revocará totalmente las decisiones de instancia.  En
su lugar, resolverá por una parte declarar improcedente la acción instaurada por
los señores Luis Enrique Madera Salgado, Rubén Darío Álvarez Aguilar,
Edinson Rafael Cortés Pérez, Dulfary Elena Echavarría Parra, Julio
César Flórez Villamizar, Gustavo de Jesús García Rendón, José
Helí Jaimes Delgado, Diego Mauricio Londoño Montoya, Ángel María
Mora Lastra, Elkin Paniagua Agudelo, Rafael Patiño Usquiano, Luz
Eugenia Quintero Tello, Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero, Luis
Eduardo Santos Escobar, Juan María Verdecia Sarmiento y Óscar
Alberto Yepes Torres. Por otra parte, procederá a negar la tutela en lo que
se refiere a los señores Assad Gutiérrez Posedente, Tulio Enrique
Galindo Bozón, Vidal Mauricio López Duque, Jairo Libardo Sotelo
Domínguez y María Sussan Pérez Quintero.  Por ende, revocará las
órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.3.
En el expediente T-2476358, la tutela impetrada por los señores Ruth Milena Gómez Hernández y otros fue
concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero
Córdoba, mediante sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil nueve (2009),
y esta decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel mediante fallo del treinta (30) de septiembre de dos mil
nueve (2009).  Dado que, según lo señalado en esta providencia, la tutela no
debe concederse en ningún caso, pues en unos lo correcto es declararla
improcedente y en otro negarla, revocará totalmente las decisiones de
instancia.  En su lugar, decidirá por una parte declarar improcedente la tutela
en lo que respecta a los señores Ruth Milena Gómez Hernández, Adalys Yamile Martínez Ríos, Gloria Stella
Hincapié Guzmán, Lupe Cecilia Serrano  Moreno, Margot Pabón
González, Emilio de Jesús González Villada, Alicia Zabala, Elver
Danilo Torres González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila, Libardo
Antonio Moreno Pineda, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez
Zambrano, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano,
Jisela del Pilar Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Jorge
Otoniel Jiménez Castro, Floralba Sánchez Pérez, Flor Emilia Campo
Vargas, Miriam Avendaño Amaya, Cristo Rafael Pájaro Almanza, Luis
Francisco Cáceres Ovalles, Jorge Alberto Molina Villa, María del
Socorro Restrepo Gómez, Carlos Eufrasio Brun Arango. Por otra parte,
negará la acción de tutela en lo que respecta a los señores José de Jesús
Becerra Avendaño y Rodrigo Triana.  En definitiva, revocará las órdenes de protección que se hubieran
impartido.
184.4.
En el expediente T-2476359, la tutela interpuesta por los señores Eduardo
Antonio Acosta Luna y otros fue concedida en primera instancia por
el Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel mediante fallo del primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009),
decisión luego confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel – Córdoba, por medio de fallo del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil nueve (2009). Dado que, según se dijo en esta
providencia, la tutela debe ser declarada improcedente respecto de unos casos,
y negada respecto de los demás, pero en ningún evento concedida, la Sala Plena
revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, por una
parte, declarará improcedente el amparo en cuanto se refiere a los señores Eduardo Antonio Acosta Luna, Carlos Zaidth Bolaños Pazos, Nubia Yolanda
Combariza Granados, Jorge Luis De Oro Mejía, Julio César
Hernández Palacios, Omaira Infante Suárez, Doris Consuelo Jaimes
de Barreto, Ismael Rincón Ramírez, Juan Emiliano Salamanca Guzmán
y Fernando Enrique Vila Carvajal. Por otra parte, procederá a negar la
tutela en lo que atañe a los señores Jaime Esteban Barrera López, Jaime
Elías Flórez Ramos, Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos Rojano
Romero, Víctor Manuel Severiche Tarrifa y Fernando Trejos Santa.
Por consiguiente, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.5.
En el expediente T-2484301, la tutela instaurada por el señor Albeiro
Cruz Agudelo y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, mediante fallo del primero
(1) de septiembre de dos mil (2009), decisión que fue confirmada en segunda
instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, en virtud de
providencia expedida el cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009). Debido a
que, como se mostró en esta sentencia, la tutela debe ser declarada
improcedente en algunos casos y negada en otros, pero en ninguno concedida, la
Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones
de instancia. En su lugar, resolverá por una parte, declarar improcedente el
amparo invocado por los señores Albeiro Cruz Agudelo,
Sandra Patricia Melo Tarazona, Helman Ricardo Ramírez Leyva, Fair Ramírez
Rubio, Edgar Paul Rodríguez Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma
Patricia Romero Castro, Luis Francisco Rueda Maluendas, Francisco
Javier Sánchez Fajardo, Víctor Julio Sierra Canastero, Jaime
Enrique Supelano Gómez, José Meidelso Torres Beltrán, Rubén
Norberto Torres Vega. Por otra parte, negará la solicitud de tutela a los
señores Genaro Ortiz Muñoz y Pablo Enrique Pardo Ojeda.  Por
ende, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.6.
En el expediente T-2507052, la tutela promovida por la señora Martha
Luz Builes Zuluaga y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, por medio de fallo del ocho
(8) de octubre de dos mil nueve (2009), decisión que fue confirmada en segunda
instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, en sentencia
del veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve  (2009).  En vista de que, como
se puso de manifiesto en esta providencia, la acción de tutela debe ser
declarada improcedente en los casos de cada uno de los peticionarios, la Sala
Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de
instancia.  En su lugar, decidirá declarar improcedente la tutela de los
señores Martha Luz Builes Zuluaga, Gustavo Adolfo Andrade González,
Leoncio Antonio Buriticá Marín, Kathy del Socorro Bustillo Pertuz,
Rosa Irene Del Río Bastidas, Gustavo Díaz Melo, José Eugenio
Fonseca Silva, José Hernán González Martínez, Wither del Socorro
Gutiérrez Mazo, Ruth de las Mercedes Laguna Ortega, Arline
Livingston Britton, María Nohemy López López, Martha Elena Pavas
Álvarez, Luis Enrique Medina Lima, Luis Alberto Mena Ruíz, Luz
Marina Miranda Marrugo, Iván Molina Pérez, Félix Alberto Orjuela
Carvajal, Alfredo José Palis Romero, Rafael Antonio Patiño
Granados, Armando Peña Ruíz, Efrén José Peroza Ricardo, Jairo
Alberto Quintero Bolaños, Deccy Yanire Quiroga Moncaleano, Gersaín
José Ramírez Álvarez, Martha Beatriz Ramírez Arcila, Luis Gerney
Restrepo Ruíz, María Edid Rivera Brand, Jacinto Manuel Rodríguez
González, Martha Irene Tamayo Muletón, Jairo Gustavo Trujillo
Olaya, León Nicolás Villada Mejía, Eduardo Villanueva Varón y
Luz María Zuluaga Silva. Y además negará la tutela en los casos de los
señores Dagoberto Mesa Castillo y Carlos Javier Rodríguez Cardozo.
Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.7.
En el expediente T-2537070, la tutela presentada por el señor Adalberto
Enrique Barraza Ruiz y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Momil – Córdoba mediante fallo del doce (12) de
noviembre de dos mil nueve (2009),  decisión que fue confirmada en segunda
instancia por medio de sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil
nueve (2009), expedida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba.
Teniendo en cuenta que, según lo sostenido en esta providencia, en cualquiera
de los casos de este expediente la tutela debe ser considerada improcedente, la
Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En
su lugar, declarará improcedente la tutela de los señores Adalberto Enrique
Barraza Ruiz, Darío Enrique Cantero Vergara, Bolívar José Donado
Jiménez, Alejandro Guillermo Escobar Ospino, Nilson de Jesús
Garcés Mejía, Eliécer Joaquín Guzmán, Martha Luz Martín Bacci,
Hernando de Jesús Nájera González, Silvestre Palencia Villafanez,
Oswald Danies Palomo López, Gregorio Puentes Fuentes, Wilfrido
Manuel Ruiz Cantillo, Antonio Sanabria Miranda, Luis Alfonso
Serrano Arévalo, Julio de Jesús Solano Mercado, Jorge Ramón Soto
Soto y Antonio Luis Zagarra Charris.  Y además, negará la tutela en
los casos de los señores Gustavo Candelario Escorcia Escorcia  y Luis
Mariano Padilla Chima.  Por último, revocará las órdenes de
protección que se hubieran impartido.
184.8.
En el expediente T-2537078, la tutela impetrada por el señor Mario
Alberto López Agudelo y otros fue concedida en primera instancia por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, mediante fallo del doce
(12) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que resultó confirmada por
el Juzgado Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia del
primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009). En esta última, se aceptó el
desistimiento de la señora Martha Cecilia Neira.  Dado que en la presente
providencia se consideró que en unos casos no se daban las condiciones para
hacer un pronunciamiento de fondo, mientras en otros sí, la Corte
Constitucional revocará las decisiones de instancia, salvo en lo que atañe a la
aceptación del desistimiento presentado por la señora Martha Cecilia Neira,
decisión que se confirmará.  En consecuencia, declarará improcedente la
tutela promovida por los señores Miguel Antonio Garzón González, Édgar
Rodrigo Aguilar Vera, Jairo Angarita Crespo, Carlos Arturo Arias
Guzmán, José Rafael Barragán Suárez, Andrés Bolívar Pacheco, Roberto
Borrero Ojeda, Siervo Alfonso Cañón Daza, Ricardo Castillo Arias,
José Ricardo Cruz Martínez, Lucio Daza Bautista, Walter Franco
Herrera, José Guillermo Garay Granados, Miguel Antonio Garzón,
Jaime Girón Grisales, Ramón Enrique Jiménez Palacio, Roberto
Lozano Muñoz, Joaquín Hernando Martínez Morales, María Mercedes
Montaño Valencia, José Daniel Naranjo Vargas, Luis Ignacio
Patarroyo Puentes, Gilberto Peña Guzmán, Helcias Pérez Asprilla,
Doris Pérez, Víctor Alfonso Pinilla Rodríguez, Víctor Jaime
Ramírez López, Ovidio de Jesús Salazar Valencia, Albeiro de Jesús
Sierra Patiño, Jesús Silva, Mauricio Toquica Parra y Diego
Filmar Zuluaga Cardona. Además, confirmará la aceptación del desistimiento
de la señora Martha Cecilia Neira. Asimismo, negará la tutela a los
señores Mario Alberto López Agudelo, Francisco Arango Agudelo, Jorge
León Chalarcá Estrada, Enrique Garzón Gómez, Claudia Margarita
López Moncada, Óscar Alberto Mesa Restrepo, Gerardo Padilla
Rodríguez, Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez, Héctor Fernando
Romero Rodríguez y William Sandoval Garzón.  Por último, la Corte
Constitucional revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.9.
En el expediente T-2564079, la tutela interpuesta por el señor Jairo
Enrique Forero Carvajal y otros fue concedida en primera instancia
por  el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, el veinticinco (25) de
noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que fue luego confirmada en segunda
instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, mediante
fallo del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil nueve (2009). Debido a que,
según se señaló en esta sentencia, en ninguno de los casos comprendidos en este
expediente hay lugar siquiera a emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala
Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar en su totalidad las
decisiones de instancia.  En su lugar, declarará improcedente la solicitud de
amparo instaurada por los señores Jairo Enrique Forero Carvajal, Fernando
Castañeda Vargas, Nelson López Carvajal, María Rocío Ocampo
Quintero, Juan Francisco Ramírez Mejía, Dora Urueña Hernández y
Tirso Eudoro Velásquez Bejarano.  Por último, revocará las órdenes de
protección que se hubieran impartido.
184.10.
En el expediente T-2566146, la tutela presentada por el señor José
María Larrarte Sandoval y otros fue en general concedida en primera
instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el treinta
(30)  de noviembre de dos mil nueve (2009), salvo en lo que se refiere a los
señores José Omar Gómez López y José Obirne Márquez, respecto de
quienes no hubo un pronunciamiento de fondo. Esa decisión luego fue confirmada
en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el
veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009), excepto en lo atinente al
señor Siervo Alfonso Cañón Daza, a quien se dejó de amparar en
ese fallo. En vista de que en esta sentencia, de acuerdo con lo antes señalado,
se concluyó que la tutela es improcedente en todos los casos comprendidos en
este expediente, la Corte Constitucional procederá –para asegurar un
cumplimiento efectivo de sus decisiones- a revocar en su totalidad las
decisiones judiciales de instancia.  En su lugar, declarará improcedente el
amparo de los señores José María Larrarte Sandoval, Juan Alberto
Bermúdez, Siervo Alfonso Cañón Daza, Luis Armando Cardozo Guzmán,
Yadira Castro Santamaría, Jorge René García Correa, Helman
Ricardo Garzón Duarte, José Omar Gómez López, Enrique Herrera
Buriticá, Maribel Ladino Tocora, Liliana Lengua Annichiarico,
Carlos Alberto Londoño Arango, José Obirne López Marín, Javier
Márquez Ospina, Wilson Martínez Bernal, Álvaro Martínez Bravo,
Yolanda Mejía Suárez, Hugo Rodrigo Mendoza Aparicio, José
Gilberto Mera Cobo, Rodolfo Nelson Negrete Pérez, Orlando Orjuela
Muñoz, Gloria Ignacia Pachón Robayo, Alejandro Poveda Casallas,
Juan Carlos Ramírez Hurtado, Álvaro Rodríguez Alfonso, Edgar
Uriel Santamaría González, Henry Serpa Petro, Fredys Sobrino
Beleño, Francisco Javier Solarte Martínez, César Olmedo Triana
Quiroz, Luis Alfonso Vargas Castro.  A su vez, negará la
tutela de la señora Ruth Sarmiento Garzón. En los casos de los
señores Siervo Alfonso Cañón Daza y Rodolfo Nelson Negrete Pérez, por lo
demás, y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los problemas de
temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Por
último, la Corte Constitucional revocará las órdenes de protección que se
hubieran impartido.
184.11.
En el expediente T-2579968, la tutela promovida por el señor Rodrigo
Cid Alarcón y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el once (11) de diciembre de dos
mil nueve (2009), salvo en lo que atañe a los señores Luis Mariano Padilla
Chima y Margarita Veloza Rincón, respecto de quienes se abstuvo de
conceder el amparo. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticinco (25) de enero
de dos mil diez (2010), excepto en lo atinente a los casos de los señores Rosalba
Olarte Collazo y Luis Fernando Rocha, a quienes les dejó de conceder
el amparo. Debido a que en la presente sentencia se concluyó que salvo en el
caso del señor Julio César Utria Martínez, en el que procedía hacer un
pronunciamiento de fondo, en todos los demás la tutela es improcedente, la Sala
Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de
instancia.  En consecuencia, declarará improcedente el amparo invocado por los
señores Rodrigo Cid Alarcón Lotero, José Armando Alfonso Sandoval,
Javier Arteta Gutiérrez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela, Elizabeth
Calvete Oviedo, Rafael Leonidas Camacho Sánchez, Viviana Casallas
Domínguez, Nelson Riquelmins Cortes Martínez, Luis Arnobio Díaz
Vásquez, Jorge Luis Durango León, Germán Cabuya Parra, Isabel
González García, Juan José González Urrutia Fulton, Freddy
Hernández Sudea, Rubén Dario Jaramillo Marín, Olmedo López Rojas,
Alberto Martínez Jairo, Harvin Julio Mateus Zarate, William
Martínez Canastero, Erasmo Enrique Mayorga Moreno, Luz Mery
Moreno Ospina, Rosalba Olarte Collazos, Carlos Ramiro Osorio Cano,
Luis Mariano Padilla Chima, Elicenia Páez de Reyes, Mireya
Astrid Pardo Reyes, Severo Ramírez Abril, Luis Fernando Rocha
Villanueva, Manuel Enrique Rojas Novoa, Fernando Alberto Salazar
Franco, Sonia Inés Salcedo Escandón, Oscar Eduardo Santos Hormiga,
Eduardo Serrato Bonilla, Jesús Yamil Suárez Cárdenas, Amalia
Torres Cruz y Luis Enrique Triviño Carvajal,. A su vez, negará la
tutela interpuesta por los señores Julio César Utria Martínez, Margarita
Veloza Rincón y David Moisés Vergara Beltrán. En el caso del señor Olmedo
López Rojas, por lo demás, y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por
los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de
su competencia.  Por último, revocará las órdenes de protección que se
hubieran impartido.
184.12.
En el expediente T-2581607, la tutela presentada por el señor Miguel
Antonio Giraldo fue concedida en primera instancia por el Juzgado Civil
Municipal de Puerto Tejada, Cauca, mediante fallo del  seis (6) de noviembre de
dos mil nueve (2009), y en segunda instancia resultó confirmada por el Juzgado
Civil del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, el dieciséis (16) de diciembre de dos
mil nueve (2009). Dado que, conforme se sostuvo en esta sentencia, su tutela
debe negarse, la Corte Constitucional procederá revocar en su totalidad los
fallos de instancia.  En su lugar, negará la solicitud de amparo del señor Miguel
Antonio Giraldo.
184.13.
En el expediente T-2587255, la tutela instaurada por la señora Ruth
Virginia Montero Ayazo fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, en
sentencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión
que luego fue confirmada en segunda instancia el cinco (5) de febrero de dos
mil diez (2010), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar.
Teniendo en cuenta que la tutela no es procedente en ninguno de los casos
comprendidos en este expediente, la Sala Plena de la Corte Constitucional
revocará en su totalidad las sentencias de instancia.  En su lugar, declarará
improcedente la solicitud de amparo de los señores Ruth Virginia Montero
Ayazo, Harold Ernesto Acosta
Moreno, Sonia Paulina Almeida
Arellano, Wilmer Fernando Álvarez Vergara, Bernardo Barbosa
Suárez, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio Benedetty
Galvis, César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres
Corredor, Martha Camacho Esteban, Julieta Cárcamo Zea, José
Armando Chávez Rocha, Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz, Gustavo De
Castro Palmarini, Hernán Díaz Mejía, Juan Escobar Torres, Irina
Eunice Forestiery Hernández, Luis Ángel Gallego Ramírez, José
Armagot Garavito Vargas, Henry Garcés Oscar, William Gómez, Adriana
María Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Luis
Arturo Martínez Realpe, Carlos Samuel Meza Becerra, Enrique Olaya
Molina Casanova, José Ignacio Murcia, Rodolfo Nelson Negrete,
Ricardo Alirio Patiño Morillo, Carmenza Lucía Revelo Narváez, Jorge
Hugo Rivera Salgado, Edipza Maryori Romo Eraso, Wilson William
Salazar Romero, José Alberto Sánchez Camacho, Jorge Luis
Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Nancy del
Socorro Taborda Cortés, Elena del Socorro Vega Altamiranda, César
Ventura Castellanos Cáceres, Julia Escilda Weber Angulo y Faunier
Zapata. Además, negará la tutela de los señores Iris Isabel Barrios
Salgado, Ómar Eduardo Canchala Quiroz, Gustavo Antonio Jurado,
Cristina Lozano Bustos, José Antonio Revelo Concha, Carlos
Arturo Soler Romero y Luis Fernando Tello. Por último, revocará las
órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.14.
En el expediente T-2587286, la tutela impetrada por la señora Milagro
Candelaria Acosta Romero y otros fue concedida en primera instancia
por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el nueve (9) de
noviembre de dos mil nueve (2009), decisión que fue conformada en segunda
instancia por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, en sentencia del veintinueve (29)
de enero de dos mil diez (2010).  Tomando en consideración que, de acuerdo con
lo dicho en la presente providencia, esta tutela es improcedente en todos los
casos comprendidos dentro de este expediente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional revocará en su totalidad las decisiones de instancia.  En su
lugar, resolverá declarar improcedente la solicitud de amparo invocada por los
señores Hugo Rafael Baca Sandoval, Aymer Baena Gallón, Ramón José Barrios
Iriarte, María Asunción Benavides Correa, Ana María Calvo
Gutiérrez, Jesús Andrés Díaz Díaz, Miriam Fuertes Penagos, Luz
Marleny Gallego Tirado, Leonor García, Lourdes María Garizabalo
Muñoz, Joaquín Darío Gómez Rico, Pedro Francisco Gómez Vega, Jaime
de Jesús González Noreña, Antonio José Guarnizo Hurtado, José
Ignacio Henao Zea, Eberto Obdulio León Cubillos, Omar Hernán León
Sánchez, Martha Patricia López Arango, Omaira Esther Márquez Seña,
Luz Marina Márquez Tamara, Álvaro Hernando Monroy Arias, Luis
Amado Orejuela Mosquera, Alberto Porras Marín, Noris Quintero
Agamez, Fernando Mayid Rendón Gil, Ana Raquel Romero Lozano, María
del Tránsito Rosado Cuao, Omar Enrique Royert Iriarte,  Julián
Sánchez Fernández, Gustavo Sánchez Pedro, Jorge Luis Santiz
Yances, Juan Pablo Sequera Higuera, Walter Torres Mercado, Elvira
Rosa Villa de la Hoz, Edith Villamil Tavera, Carlos Alberto
Villamizar Torres y Carlos Arturo Zuluaga Méndez. Además negará la
tutela a los señores Milagro Candelaria Acosta Romero, Uriel de Jesús
Bayona Chona, Luis Ignacio Morillo García, César Augusto Quintero
Muñoz, Raúl Rojas Medina, Clara Lucía Saldaña López, Danuil
Jesús Vega Bayona y Francisco Hernando Villa Uribe.  Por último, la
Corte Constitucional revocará las órdenes de protección que se hubieran
impartido.
184.15.
En el expediente T-2597351, la tutela promovida a nombre del señor José
Francisco Altuzarra Gallo y otros fue negada en primera instancia por
el Juzgado Primero Civil
Municipal de Montería, mediante providencia del veintitrés (23) de noviembre de
dos mil nueve (2009). Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, mediante providencia expedida
el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), y en su lugar adoptó tres
decisiones: de un lado tuteló los derechos de los señores José Francisco Altuzarra Gallo, Luis Fernando Arboleda Guarín, Uriel Arias
Núñez, Jesús Adolfo Arias Pérez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela,
Víctor Manuel Bogotá Huérfano, Siervo Alfonso Cañón Daza, José
Antonio Casallas Moreno, Raúl Clavijo Mantilla, Calixto Antonio
Córdoba Campo, Roberto de Jesús Correa Villadiego, Marco Antonio
Cortés Triana, Ulpiano Corzo Velandia, Luz Amanda Cuadrado Pérez,
Guillermo Alfonso Espinosa Rubio, Antonio Manuel Espitia Llorente,
Blanca Cecilia Gómez González, Humberto González, Fernando
Guacaneme Martínez, Melba Guarín Castillo, Edgar Enrique Guifo
Ríos, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Fernando Gutiérrez Peña,
Carlos Arturo Hernández Arenas, Maribel Herrera Torres, Carlos
López Millán, Julio César Matiz Cruz, Aida Esperanza Mendoza
Dueñas, Yoni Mora Molina, José Gustavo Moreno Castellanos, Orlando
Moreno Real, Enrique Mosquera Hernández, María Rocío Ocampo
Quintero, José Miguel Ortega Pitalua, Ruby Liliana Osorio Caycedo,
Luz Edit Otálora Sierra, Elías Palencia Pedro, Marlene Palma
Garzón, Rodrigo Payán Garcés, Martha Janeth Pineda Montejo, Álvaro
Eugenio Posso Bedoya, Alonso Quintero Pérez, Luis Severo Reyes
González, Gloria Yubi Rincón Cadena, César Rodríguez López, Luz
Astrid Rojas Galvis, Arnulfo Orlando Rojas Velandia, Graciela
Romero Acuña, Rafael Antonio Sánchez Díaz, Luz Amparo Sánchez
Martínez, Álvaro Ignacio Sánchez Vivas, Álvaro Torres Guarín,
Jorge Luis Valdez Orozco, Plutarco Vargas Mesa, Gustavo Vergel
Arévalo y Omar René Yaguez Bueno. De otro lado, declaró improcedente el amparo de los
señores Luis Fernando Aristizábal
Jaramillo, José Polidoro Bernal
Torres, Luisa Fernanda Espinosa Ocampo, Alberto Forero Medellín,
Javier González Hernández, Geny Madred Grimaldo Carrascal, Pedro
Montaño Castiblanco, Elsy Motta Moreno, Myrian Cecilia Muñoz
Palacios, Libardo Niño González, María Rocío Ocampo Quintero,
Lucy Osorio Londoño, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Gloria
Marlen Peña Garzón, José Hebert Rodríguez Bobadilla, Leonel
Mauricio Rojas Clavijo.  Además, dejó de pronunciarse sobre el caso del
señor Carlos Alberto Robles.  Y, simultáneamente concedió la tuteló y se
la negó a la señora María Rocío Ocampo Quintero.
En
vista de que en esta providencia la Corte Constitucional llegó a la conclusión
de que en todos los casos debe negarse la tutela, la Sala Plena procederá a
revocar en su totalidad la sentencia de segunda instancia, que a su turnó
revocó parcialmente la de primera instancia.  En consecuencia, procederá a
negar el amparo a los señores José Francisco Altuzarra Gallo, Luis
Fernando Arboleda Guarín, Uriel Arias Núñez, Jesús Adolfo Arias
Pérez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela, Víctor Manuel Bogotá Huérfano,
Siervo Alfonso Cañón Daza, José Antonio Casallas Moreno, Raúl
Clavijo Mantilla, Calixto Antonio Córdoba Campo, Roberto de Jesús
Correa Villadiego, Marco Antonio Cortés Triana, Ulpiano Corzo
Velandia, Luz Amanda Cuadrado Pérez, Guillermo Alfonso Espinosa
Rubio, Antonio Manuel Espitia Llorente, Blanca Cecilia Gómez
González, Humberto González, Fernando Guacaneme Martínez, Melba
Guarín Castillo, Edgar Enrique Guifo Ríos, Rodolfo Rito Gutiérrez
Fajardo, Fernando Gutiérrez Peña, Carlos Arturo Hernández Arenas,
Maribel Herrera Torres, Carlos López Millán, Julio César Matiz
Cruz, Aida Esperanza Mendoza Dueñas, Yoni Mora Molina, José
Gustavo Moreno Castellanos, Orlando Moreno Real, Enrique Mosquera
Hernández, María Rocío Ocampo Quintero, José Miguel Ortega
Pitalua, Ruby Liliana Osorio Caycedo, Luz Edit Otálora Sierra,
Elías Palencia Pedro, Marlene Palma Garzón, Rodrigo Payán
Garcés, Martha Janeth Pineda Montejo, Álvaro Eugenio Posso Bedoya,
Alonso Quintero Pérez, Luis Severo Reyes González, Gloria Yubi
Rincón Cadena, César Rodríguez López, Luz Astrid Rojas Galvis,
Arnulfo Orlando Rojas Velandia, Graciela Romero Acuña, Rafael
Antonio Sánchez Díaz, Luz Amparo Sánchez Martínez, Álvaro Ignacio
Sánchez Vivas, Álvaro Torres Guarín, Jorge Luis Valdez Orozco,
Plutarco Vargas Mesa, Gustavo Vergel Arévalo, Omar René Yaguez
Bueno, Luis Fernando Aristizábal Jaramillo, José Polidoro Bernal Torres, Luisa
Fernanda Espinosa Ocampo, Alberto Forero Medellín, Javier
González Hernández, Geny Madred Grimaldo Carrascal, Pedro Montaño
Castiblanco, Elsy Motta Moreno, Myrian Cecilia Muñoz Palacios,
Libardo Niño González, María Rocío Ocampo Quintero, Lucy
Osorio Londoño, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Gloria Marlen Peña
Garzón, José Hebert Rodríguez Bobadilla, Leonel Mauricio Rojas
Clavijo, Carlos Alberto Robles y María Rocío Ocampo Quintero.
Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.16.
En el expediente T-2871322, la tutela instaurada por el señor Jairo
Patiño Agudelo fue negada en única instancia por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de
Bogotá el trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010). Teniendo en cuenta
que, de acuerdo con lo establecido en la presente sentencia, la tutela de este
peticionario debe ser declarada improcedente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional revocará en su totalidad de la decisión de instancia. En su
lugar, declarará improcedente la tutela del señor Jairo Patiño Agudelo.  Asimismo,
revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.17. En el expediente T-2471216, la tutela
promovida por la señora Gladys María Montes Montiel y otros no
fue concedida en primera instancia, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Montería el catorce (14)  de mayo de dos mil
nueve (2009).  En segunda instancia, la Sala Penal Constitucional Ad-hoc del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería revocó la decisión, y en su
lugar concedió la tutela a los peticionarios. Debido a que, según las conclusiones
expuestas en la presente sentencia, la tutela de estos actores debe en algunos
casos ser negada y en otros, declarada improcedente, pero en ningún evento
concedida; la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar en su
totalidad la sentencia de segunda instancia, que a su turno revocó la de primer
grado. En consecuencia, declarará improcedente la solicitud de amparo en lo que
atañe a los casos de los señores Gustavo Alberto Ayala Arrieta, Nataly
Victoria Mejía Geovo, Lisipo Segundo Puche Olivero, Iván Manuel
Castillo Salgado, Naver Emelson Garrido Martínez, Carlos Eduardo
López Millán, Diógenes Antonio Guerra Almario, Hugo Enrique
Cordero Vega, Luz Amparo Ortega Pineda, Álvaro Enrique Araújo
Ortega, Rodrigo Antonio López Villegas, Sergio Antonio Téllez
Ruda, Eduardo Tordecilla Tordecilla, Neftalí C. Zapata Suárez y
Ariel de Jesús Carmona Carazo. A su turno, negará la tutela de los
señores Gladys María Montes Montiel, Álvaro José Oviedo Argel y Ángel
Ramón Gómez Solera, y concederá la tutela a los señores Remberto
Ballestas Mendoza y Benjamín José Corrales Benítez. En los casos de
los señores Álvaro Enrique Araújo Ortega, Gustavo Alberto Ayala
Arrieta, Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos Eduardo López
Millán, Nataly Victoria Mejía Geovo y Lisipo Segundo Puche
Olivero, además y conforme a lo expuesto en la parte motiva, por los
problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.
Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido
en este proceso antes de la presente sentencia.
184.18.
En el expediente T-2471346, la tutela que presentaron la señora Norma
Díaz García y otros fue declarada improcedente en primera instancia,
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, el primero (1)
de septiembre de dos mil nueve (2009). Esa decisión fue confirmada parcialmente
por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba, el veinticuatro
(24) de septiembre de dos mil nueve (2009), en lo que respecta a los señores Norma
Constanza Díaz García, Fernando Aguirre López, Clímaco Antonio
Hinestrosa Moreno, Judith del Carmen Rentería Gamboa, José
Kennedy Córdoba Palacio, Otilio Moreno Ibarguen, Augusto Arias
Serna, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra, Zulmary
Pabón Rodríguez, Carlos Alonso Garcés y Haidy Vargas Céspedes,
pero revocada –y tutelados los derechos- en lo atinente a los señores Carlos
Mauricio Osorio Ruiz, Heberto López Machado, Armando Bellon Pico,
Haidy Danith Vargas Céspedes, Saabi Arena Moreno, Gerardo
Alirio Ipia Narváez, José Luis Cuadros, Clarivel Arias Gaviria,
Fredy Arnul Díaz Claros, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, María
de Jesús Cifuentes Yague, Andrés Felipe Cruz Herazo y Álvaro
Eugenio Posso Bedoya. En vista de que, según las conclusiones expuestas en
la presente sentencia, en ninguno de los casos comprendidos en este expediente
cabría conceder el amparo, pues en ninguno se dan las condiciones para emitir un
pronunciamiento de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará
parcialmente la decisión de segunda instancia, y confirmará la de primera. En
consecuencia, además declarará improcedente la solicitud de amparo invocada por
los señores Norma Constanza Díaz García, Fernando Aguirre López, Clímaco
Antonio Hinestrosa Moreno, Judith del Carmen Rentería Gamboa, José
Kennedy Córdoba Palacio, Otilio Moreno Ibarguen, Augusto Arias
Serna, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra, Carlos
Alonso Garcés, Haidy Vargas Céspedes, Carlos Mauricio Osorio Ruiz,
Heberto López Machado, Armando Bellon Pico, Haidy Danith
Vargas Céspedes, Saabi Arena Moreno, Gerardo Alirio Ipia Narváez,
José Luis Cuadros, Clarivel Arias Gaviria, Fredy Arnul Díaz
Claros, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, Fredy Habit Cacabelo
Candía, María de Jesús Cifuentes Yague, Andrés Felipe Cruz Herazo y Álvaro
Eugenio Posso Bedoya.  Por último, revocará las órdenes de protección que
se hubieran impartido.
184.19.
En el expediente T-2492726, la tutela promovida por el señor Manuel
Eugenio Hawkins y otros fue concedida en primera instancia, excepto
en lo referente a los señores Humberto Gambia Petro y Polivio Alberto
Montenegro a quienes se les dejó de conceder el amparo, por el Juzgado Primero
Promiscuo del Carmen de Bolívar, mediante sentencia de septiembre diez (10) de dos
mil nueve (2009).  En segunda instancia, confirmó la decisión el Juzgado
Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar, mediante providencia del catorce
(14) octubre de dos mil nueve (2009).  En vista de que, conforme a las
conclusiones expuestas en esta providencia, los casos comprendidos en este
expediente deben ser negados o declarados improcedentes, pero no concedidos, la
Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar parcialmente los
fallos de instancia, en cuanto se refieran a fallos de fondo sobre la concesión
o no del amparo.  En consecuencia, en la parte resolutiva, negará el amparo al
señor Polivio Alberto Montenegro Rojas, y declarará improcedente la
tutela de los señores Manuel Eugenio Hawkins, Nelson Barón Martínez,
Antonio Boiga Lemus, Pedro Eliseo Cruz Arenas, Luis Hernando
Flórez Salazar, Humberto Manuel Gambín Petro, Álvaro Javier Goyes
Navarro, Wilmer Emilio Gracia de la Rosa, Segundo Esperidión
Guerrero Chamorro, Hernán Méndez Fernández, José Félix Morales
Macías, Balmes Alberto Muñoz Pérez, Jennet O'Neill Manuel, Arturo
Orduz Suárez, Edinson Enrique Pereira Villar, Mauricio Ramírez
Sánchez, Segundo Servio Antonio Ruano Ruano y Fabio Aníbal Tapia
Guerrero.  Por último, revocará las órdenes de protección que se hubieran
impartido.
184.20.
En el expediente T-2501214, la tutela interpuesta el señor Rafael de
Jesús Villar Gómez fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero,
en sentencia del primero (1) de octubre de dos mil nueve (2009), y esta
decisión fue a su vez confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Lorica Córdoba, en fallo del veintiuno (21) de octubre de dos mil
nueve (2009).  Dado que, según se expuso en la presente sentencia, esta tutela
debe ser declarada improcedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional
revocará en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Rafael de Jesús Villar Gómez.  Asimismo, revocará las órdenes de protección que se
hubieran impartido.
184.21.
En el expediente T-2531654, la tutela próvida por la señora Vivian
Portillo Hernández y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, mediante sentencia del tres (3)
de noviembre de dos mil nueve (2009), decisión esta que fue confirmada en
segunda instancia por medio de fallo del  diecisiete (17) de noviembre de dos
mil nueve (2009), expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica,
Córdoba. Teniendo en consideración que, según las conclusiones expuestas en la
presente sentencia, en ninguno de los casos los peticionarios cumplen las
condiciones para un fallo de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional
procederá a revocar en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar,
declarará improcedente la tutela de los señores Vivian Portillo Hernández,
Uriel de Jesús Bayona Chona, Glenda Patricia Correa Pacheco, Luis
Armando Duque Marchena, Eliana Karina González Gómez, Bertha Inés
Marchena Mendoza, Vivian Portillo Hernández, Carlos Mario
Torrente Pupo y Néstor José Vanegas  Buelvas. En el caso del señor Luis
Armando Duque Marchena, por lo demás, y conforme a lo expuesto en la parte
motiva, por los problemas de temeridad indicados se compulsarán copias a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para
lo de su competencia.  Por último, revocará las órdenes de protección
que se hubieran impartido.
184.22.
En el expediente T-2537041, la tutela instaurada por el señor Diego
Acevedo Echaverrya y otros fue concedida en primera instancia
mediante providencia del diez
(10) de noviembre de dos mil nueve (2009), expedida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Moñitos, Córdoba.  En segunda instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba,
confirmó parcialmente esta decisión mediante providencia de noviembre  treinta
(30) de  dos mil nueve (2009).  No obstante, revocó el fallo respecto de los
actores Carlos Arturo Torres y Wilfredo Carvajal Vargas, y les
negó la tutela. En vista de que, conforme a las consideraciones y conclusiones
expuestas en la presente sentencia, en ninguno de los casos la tutela era procedente
y, en consecuencia, no se podía negar o conceder directamente el amparo, la
Sala Plena de la Corte Constitucional revocará en su totalidad los fallos de
instancia.  En su lugar, declarará improcedente la tutela de los señores Diego
Acevedo Echavarrya, Gustavo Alberto Ángel López, Nubia Marleny
Bermúdez Franco, Juan Carlos Cantor Sierra, Julio César Cardona
Granada, Beatriz Alexandra Carreño Velandia, Luz Marina Carrillo
Suárez, Wilfredo Carvajal Vargas, César Humberto Cifuentes
Pimiento, León Albeiro Colorado, Clara Stella Correa Arango, Jorge
Hernán Domínguez Téllez, Jhon Jaiver Flórez Guzmán, Néstor
Augusto García Franco, Henry González López, Rubén Darío
Gutiérrez Galindo, Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres, Maritza
Jaramillo Gutiérrez, Luis Carlos Mejía Alvarado, Jesús Humberto
Monje Alarcón, Edgar Moya Córdoba, Carlos Julio Muñoz Bermúdez,
Álvaro Núñez Romero, Aymer Ortiz Penagos, Jorge Hernán Palacio
Salazar, Jesús María Patarroyo Puentes, Yolanda Rubio Benjumea,
Jorge Enrique Sandino Macías, José Rafael Silva Hernández, Adriana
María Taborda Vargas, Carlos Arturo Torres, Efraín Valencia Marín
y Gerardo Vargas Pérez.  Por último, revocará las órdenes de protección
que se hubieran impartido.
184.23.
En el expediente T-2475114, la tutela presentada por la señora Myriam
Teresa Moreno Correa fue concedida en primera instancia mediante sentencia
del treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia, decisión esta revocada en segunda instancia
por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia mediante fallo del seis  (6) de octubre de dos mil
nueve (2009), que a su turno declaró improcedente el amparo. Debido a que esta
última conclusión coincide con la prohijada en el presente caso, la Sala Plena
de la Corte Constitucional confirmará la sentencia de segunda instancia. En
consecuencia, declarará improcedente el amparo de la señora Myriam Teresa
Moreno Correa.  Asimismo, revocará las órdenes de protección que se
hubieran impartido.
184.24.
En el expediente T-2500881, la tutela promovida por el señor Alfredo
Chica Gutiérrez fue declarada improcedente en primera instancia por el
Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla, mediante fallo del trece
(13) de agosto de dos mil nueve (2009).  Esta decisión fue revocada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico el veintiséis  (26) de
octubre de  dos mil nueve (2009), autoridad que concedió el amparo. En vista de
que es la decisión de primera instancia, y no la de segundo grado, la que
coincide exactamente con las conclusiones adoptadas en la presente sentencia,
la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará el fallo de segunda instancia
y confirmará el de primera. En consecuencia, declarará improcedente la acción
de tutela impetrada por el señor Alfredo Chica Gutiérrez.  Asimismo,
revocará las órdenes de protección que se hubieran impartido.
184.25.
En el expediente T-2531642, la tutela presentada por la señora Martha
Ruiz González y otros fue concedida en primera instancia por el
Juzgado Promiscuo Municipal de
San Pelayo el diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009).  En segunda
instancia, mediante sentencia del veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve
(2009), el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté, Córdoba,
confirmó parcialmente la decisión, excepto que se dejó de proteger a los
señores Martha Ruiz González y Fabián Vergara del Valle. Debido a
que, conforme a lo dicho en esta sentencia, esas decisiones no se corresponden
con las conclusiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se procederá
a revocar en su totalidad las decisiones de instancia.  En su lugar, negará el
amparo a los señores Ómar Elías Salgado Mora, Emilse de Jesús Mendoza
Yepes, Hernán Gutiérrez Díaz, Jhon Jairo Gómez, Juan
Manuel Daza Velaides, Gabriel Ángel Cueto Castillo, Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández y Narciso Blanco Pertuz; y declarará
improcedente la tutela en cuanto se refiere a los señores Marta Ruíz
González, Reinaldo Tulio Benítez
Álvarez, Giovanni Alberto Chaverra
Murillo, Raúl Eduardo Ibern Cotes, Gustavo Adolfo Lopera Giraldo,
Alba Stella Menco Canchilla, Rafael Antonio Méndez Díaz, Roberto
Carlos Narváez Vergara, Carlos Alberto Olivella Gómez, Rita Rosa
Pineda Román, Yanib Ramírez Hurtado, Henry Samir Ramos Palacios,
Silena de Jesús Rosado Toncel, Carlos Alberto Santofimio Tinoco, Diego
Alberto Vasco Vélez, Cecilio Venté Saavedra y Fabián Ricardo
Vergara del Valle. Por consiguiente, revocará las órdenes de amparo
impartidas a favor de estos peticionarios. Finalmente, concederá la tutela a los señores Olga Ruth Gañán
Parra, Flor María Vásquez y José Eduardo Peña Armenta.  Las órdenes de protección a su favor se enunciarán en
el acápite siguiente.
184.26.
En el expediente T-2546795, la tutela impetrada por el señor José
Gabriel Padilla Castro y otros fue concedida fue concedida en
primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos,
Sucre, mediante sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009),
y esta decisión fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Marcos, Sucre, mediante sentencia del diez (10) de diciembre del dos mil nueve
(2009).  En esa última se modificaron las órdenes, pero la decisión no. En
vista de que las conclusiones adoptadas en estos fallos no coinciden
exactamente con las expuestas en la presente sentencia, pero sí hay entre todos
una coincidencia parcial, la Sala Plena de la Corte Constitucional pasará a
revocar de forma parcial las decisiones de instancia, salvo en lo que respecta
a la protección de los señores Wilson José Daza Daza y Antonio Javier
Espinosa Guzmán, aspecto en el cual se confirmarán. En consecuencia, negará
la tutela a los señores José
Gabriel Padilla Castro, Santiago Alberto Álvarez Bello, Juan Carlos Anaya Álvarez, Tomás Baena
López, Efraín Ballesteros Garcés, Guillermo José Coneo Álvarez,
Anastasio García Paternita, Cristóbal Enrique López Segura, Herme
Antonio Luna Villalba, Jairo Moreno Garcés, Marlon Gustavo Olave
Pico, Arturo Manuel Petro Pérez, Oswaldo Manuel Puente Gómez
Cáceres y Ales Adalberto Urueta Ortiz; y declarará improcedente el
amparo en lo que atañe a los casos de los señores Jaime Ernesto Alfonso
Alfonso, Jorge Luis Almanza, Amalfi de Jesús Almario López, Carlos
Segundo Álvarez Díaz, María Eugenia Álvarez Gallego, Leyla Carmen
Ángel Vitola, Rosa Sofía Araújo Mendoza, Luis Alberto Ariza
Blanco, Santander de Jesús Cadrazco Blanquicet, Carlos Efrén
Camacho Carrascal, Gloria Edilma Ceballos González, Silky Cuan
Camargo, Deisy Stella Duarte Espitia, Liber Antonio García
González, Lenines Emiliano García Pineda, Germán Padilla Neida
Rosa, Denis del Carmén González Polo, Adelfa María del Rosario
Guerra Montes de Oca, Álvaro Hoyos Pérez, Luz Marina Luna
Ceballos, Vitelio José Martínez García, Meisel Fernández
Margarita Rosa, Ramón Arturo Montaño Flores, María Bernarda Olmos
Romero, Erasmo Otero Zuleta, Dorismel Pacheco Caballero, Enriqueta
Susana Sierra Pinedo, María Patricia Tabares García, Aniano
Manuel Tirado Arabia, Jairo Alfonso Torres Herazo, Eduviges Elena
Tous Torrens y Rafael Francisco Yepes Ortega.
Por
consiguiente, revocará las órdenes de amparo impartidas a favor de estos
peticionarios.  Finalmente, concederá
la tutela a los señores los señores Wilson
José Daza Daza, Diana Patricia Demoya, Myriam García Londoño
y Antonio Javier Espinosa Guzmán.  Las órdenes de protección a su favor
se enunciarán en el acápite siguiente.
vii.ii. Órdenes y remedios
185.
La Corte Constitucional
adoptará tres clases de medidas, distinguiendo entre ellas en función de lo que
debe ser corregido o enfrentado.  Por una parte, impartirá órdenes de protección
en favor de aquellos peticionarios a quienes se les concedió la tutela.  Por
otra parte, dictará la orden de compulsar copias a las autoridades de control
para investiguen y, en su caso, impongan las sanciones correspondientes por
eventuales infracciones.  Finalmente, establecerá una autorización encaminada a
enfrentar un problema de garantías sindicales que, si bien no fue materia de
pronunciamientos de fondo debido a la falta de condiciones en las solicitudes
de amparo acumuladas, es importante corregir por la vía de adaptar las
condiciones particulares de tutela contra sentencia.
185.1. En cuanto a la protección a favor de los
tutelantes a quienes se les concedió el amparo, en la parte resolutiva de esta
providencia la Sala Plena de la Corte Constitucional impartirá las siguientes
órdenes:
a.
En el curso de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
sentencia, el Consorcio a cargo
de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR-, si aún no lo ha hecho, deberá pagarles la
indemnización de que trata el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los
señores Wilson José Daza Daza (T-2546795), Diana Patricia Demoya (T-2546795),
Myriam García Londoño (T-2546795), Antonio Javier Espinosa Guzmán
(T-2546795), Olga Ruth
Gañán Parra (T-2531642) y
José Eduardo Peña Armenta (T-2531642).
b.
En el curso de
los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, el
Consorcio a cargo de la
administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR-, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Telecomunicaciones, deberá adoptar un plan de reubicación de las madres y padres
cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, e incluir en él con prioridad a los señores Wilson José Daza Daza (T-2546795),
Diana Patricia Demoya (T-2546795), Myriam García Londoño (T-2546795),
Antonio Javier Espinosa Guzmán (T-2546795), Olga Ruth Gañán Parra (T-2531642)
y José Eduardo Peña Armenta (T-2531642). Ese plan deberá asegurarles a estas personas, en el
plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique este
fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en condiciones al menos
iguales a las que tenían en la hoy liquidada TELECOM.  Por lo cual, si se presenta
una vacante para un empleo con tales condiciones, tengan preferencia sobre
candidatos que no cuenten con sus mismas condiciones constitucionales. Ello no
obsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por
carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado
concurso, ser nombradas en provisionalidad, o cuando sea convocado el concurso
de méritos, presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.
c.
En el curso de los cinco
(5) días hábiles siguientes a
la notificación de la presente sentencia, el Consorcio a cargo de la administración del Patrimonio Autónomo
de Remanentes de TELECOM – PAR-,
deberá pagarles a los señores Remberto Ballestas Mendoza y Benjamín
José Corrales Benítez (T-2471216) una suma de dinero equivalente a
seis meses del salario que devengaban cuando se les dio por terminado su
vínculo con TELECOM. En cualquier caso, las decisiones adoptadas en el proceso
de reintegro que estos demandantes iniciaron ante la justicia laboral
ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo, prevalecerán sobre las
que sean dictadas en este.
185.2.
En lo que atañe a la temeridad en la que, a juicio de la Corte, incurrieron los
apoderados de los señores  Siervo
Alfonso Cañón Daza (T-2566146 y
2537078), Rodolfo Nelson Negrete (T-2566146 y T-2587255)
Olmedo López Rojas (T-2579968); Álvaro Enrique Araújo Ortega,
Gustavo Alberto Ayala Arrieta, Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos
Eduardo López Millán, Nataly Victoria Mejía Geovo y Lisipo
Segundo Puche Olivero (T-2471216); y Luis Armando Duque
Marchena (T-2531654), la Sala Plena no sólo se abstendrá –como antes
quedó decidido- de conceder la tutela invocada, sino que además compulsará
copias de esta sentencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, con el fin de que investigue y, si es el caso, sancione el
comportamiento de quienes figuran como abogados de cada una de estas personas
en este proceso.
185.3. La Sala Plena de la Corte Constitucional, de
conformidad con las conclusiones expuestas en las consideraciones 200 a 208, ordenará compulsar copias de esta sentencia a la
Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que investiguen y, si es el
caso, sancionen a los abogados y jueces que intervinieron en la interposición y
resolución de la acción de tutela que dio origen al expediente T-2451880.
185.4. La Corte Constitucional constata igualmente, en
este proceso, que puede haber un número significativo de casos, en los cuales
personas con fuero sindical resultaron desvinculadas de TELECOM con su
liquidación definitiva, y luego de ello promovieron procesos laborales ante la
justicia ordinaria.  Si bien, como aquí se dijo, la tutela es improcedente para
replantear esos litigios ante la justicia constitucional, la Sala Plena estima
que debe librar una advertencia general a quienes estén en esa hipótesis, con
el fin de que se enteren de que aún cuentan con el derecho a interponer una
acción de tutela contra la providencia que hubiera puesto fin al proceso
laboral que les fue adverso, si no la han promovido con anterioridad, cuando en
ellas se haya incurrido en algún defecto que justifique la prosperidad del
amparo, y además se den los restantes requisitos jurisprudenciales para
instaurar una tutela contra sentencias.  Con el fin de precaver la perpetuación
de afectaciones a las garantías sindicales, la Corte Constitucional prevendrá a
los jueces de la República, para que –de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, interpretada en la forma como queda definida en esta providencia-
en los procesos instaurados de conformidad con la presente decisión, evalúen la
inmediatez desde la publicación de esta sentencia, y no desde antes.  Estas
resoluciones tendrán efectos inter comunis.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de términos
dispuesta el 12 de mayo de 2010.
Segundo.-
REVOCAR cualquier orden judicial de
embargo que se hubiese llegado a dictar en el proceso de tutela correspondiente
a los expedientes       T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2476358, T-2476359,
T-2484301,     T-2500881, T-2507052, T-2537070, T-2537078, T-2564079,
T-2566146,     T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286, T-2597351
T-2871322,      T-2471346, T-2492726, T-2501214, T-2531654, T-2537041,
T-2475114,     T-2531642 y T-2546795.
Tercero.-
En el expediente T-2451880, REVOCAR en su totalidad las
sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel el
primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, el veintidós (22) de septiembre de dos mil nueve
(2009).  En su lugar, NEGAR la tutela de los derechos fundamentales
invocados por la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado.  Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia.
Cuarto.-
En el expediente
T-2471345, REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba,
el  dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por
el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de tutela en lo que respecta a los señores Luis Enrique Madera
Salgado, Rubén Darío Álvarez Aguilar, Edinson Rafael Cortés Pérez, Dulfary
Elena Echavarría Parra, Julio César Flórez Villamizar, Gustavo de Jesús García
Rendón, José Helí Jaimes Delgado, Diego Mauricio Londoño Montoya, Ángel María
Mora Lastra, Elkin Paniagua Agudelo, Rafael Patiño Usquiano, Luz Eugenia
Quintero Tello, Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero, Luis Eduardo Santos
Escobar, Juan María Verdecia Sarmiento y Óscar Alberto Yepes Torres. Asimismo, NEGAR
la tutela de los derechos invocados por los señores Assad Gutiérrez Posedente,
Tulio Enrique Galindo Bozón, Vidal Mauricio López Duque, Jairo Libardo Sotelo
Domínguez y María Sussan Pérez Quintero.  Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el
proceso de la referencia.
Quinto.-
En el expediente T-2476358, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel Córdoba el nueve (9) de
septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel el treinta (30) de septiembre de dos mil nueve
(2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo que respecta
a los señores Ruth Milena
Gómez Hernández, Adalys Yamile Martínez Ríos, Gloria Stella Hincapié Guzmán,
Lupe Cecilia Serrano  Moreno, Margot Pabón González, Emilio de Jesús González
Villada, Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Luis Hernando Gutiérrez
Ávila, Libardo Antonio Moreno Pineda, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez
Zambrano, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Jorge Otoniel Jiménez Castro,
Floralba Sánchez Pérez, Flor Emilia Campo Vargas, Miriam Avendaño Amaya, Cristo
Rafael Pájaro Almanza, Luis Francisco Cáceres Ovalles, Jorge Alberto Molina
Villa, María del Socorro Restrepo Gómez, Carlos Eufrasio Brun Arango.  Y
finalmente NEGAR la tutela a los señores José de Jesús Becerra Avendaño
y Rodrigo Triana. Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia.
Sexto.-
En el expediente T-2476359, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel el primero (1) de septiembre de dos mil nueve
(2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ayapel, Córdoba, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009). En
su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en cuanto se refiere a los
señores Eduardo Antonio Acosta Luna,
Carlos Zaidth Bolaños Pazos, Nubia Yolanda Combariza Granados, Jorge Luis De
Oro Mejía, Julio César Hernández Palacios, Omaira Infante Suárez, Doris
Consuelo Jaimes de Barreto, Ismael Rincón Ramírez, Juan Emiliano Salamanca
Guzmán y Fernando Enrique Vila Carvajal. Por su parte, NEGAR la tutela
de los derechos invocados en favor de los señores Jaime Esteban Barrera López,
Jaime Elías Flórez Ramos, Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos Rojano Romero,
Víctor Manuel Severiche Tarrifa y Fernando Trejos Santa.  Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia.
Séptimo.-
En el expediente T-2484301, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el
primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por
el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el cinco (5) de octubre de
dos mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo
invocado por los señores Albeiro
Cruz Agudelo, Sandra Patricia Melo
Tarazona, Helman Ricardo Ramírez Leyva, Fair Ramírez Rubio, Edgar Paul
Rodríguez Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma Patricia Romero Castro, Luis
Francisco Rueda Maluendas, Francisco Javier Sánchez Fajardo, Víctor Julio
Sierra Canastero, Jaime Enrique Supelano Gómez, José Meidelso Torres Beltrán y
Rubén Norberto Torres Vega. Por su parte, NEGAR la solicitud de tutela a
los señores Genaro Ortiz Muñoz y Pablo Enrique Pardo Ojeda.  Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia.
Octavo.-
En el expediente T-2507052, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, el ocho (8)
de octubre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintiocho (28) de octubre de dos
mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela presentada por los señores Martha Luz Builes Zuluaga, Gustavo Adolfo
Andrade González, Leoncio Antonio Buriticá Marín, Kathy del Socorro Bustillo
Pertuz, Rosa Irene Del Río Bastidas, Gustavo Díaz Melo, José Eugenio Fonseca
Silva, José Hernán González Martínez, Wither del Socorro Gutiérrez Mazo, Ruth
de las Mercedes Laguna Ortega, Arline Livingston Britton, María Nohemy López
López, Martha Elena Pavas Álvarez, Luis Enrique Medina Lima, Luis Alberto Mena
Ruíz, Luz Marina Miranda Marrugo, Iván Molina Pérez, Félix Alberto Orjuela
Carvajal, Alfredo José Palis Romero, Rafael Antonio Patiño Granados, Armando
Peña Ruíz, Efrén José Peroza Ricardo, Jairo Alberto Quintero Bolaños, Deccy
Yanire Quiroga Moncaleano, Gersaín José Ramírez Álvarez, Martha Beatriz Ramírez
Arcila, Luis Gerney Restrepo Ruíz, María Edid Rivera Brand, Jacinto Manuel
Rodríguez González, Martha Irene Tamayo Muletón, Jairo Gustavo Trujillo Olaya,
León Nicolás Villada Mejía, Eduardo Villanueva Varón y Luz María Zuluaga Silva.
Asimismo NEGAR la tutela a los señores Dagoberto Mesa Castillo y Carlos
Javier Rodríguez Cardozo. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de
la referencia.
Noveno.-
En el expediente T-2537070, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil, Córdoba, el doce (12) de
noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veintisiete (27) de noviembre de
dos mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela promovida por los señores Adalberto Enrique Barraza Ruiz, Darío Enrique
Cantero Vergara, Bolívar José Donado Jiménez, Alejandro Guillermo Escobar
Ospino, Nilson de Jesús Garcés Mejía, Eliécer Joaquín Guzmán, Martha Luz Martín
Bacci, Hernando de Jesús Nájera González, Silvestre Palencia Villafanez, Oswald
Danies Palomo López, Gregorio Puentes Fuentes, Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo,
Antonio Sanabria Miranda, Luis Alfonso Serrano Arévalo, Julio de Jesús Solano
Mercado, Jorge Ramón Soto Soto y Antonio Luis Zagarra Charris. Asimismo, NEGAR
la tutela a los señores Gustavo Candelario Escorcia Escorcia  y Luis Mariano
Padilla Chima.  Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de
la referencia.
Décimo.-
En el expediente T-2537078, REVOCAR,
salvo en lo que atañe a la aceptación del desistimiento presentado por la
señora Martha Cecilia Neira, las sentencias expedidas, en primera instancia,
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba, el doce (12) de
noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, el Juzgado Penal del
Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia del primero (1) de diciembre de dos
mil nueve (2009).  En consecuencia, decide confirmar la aceptación del
desistimiento presentado por la señora Martha Cecilia Neira; y DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela promovida por los señores Miguel Antonio Garzón
González, Édgar Rodrigo Aguilar Vera, Jairo Angarita Crespo, Carlos Arturo
Arias Guzmán, José Rafael Barragán Suárez, Andrés Bolívar Pacheco, Roberto
Borrero Ojeda, Siervo Alfonso Cañón Daza, Ricardo Castillo Arias, José Ricardo
Cruz Martínez, Lucio Daza Bautista, Walter Franco Herrera, José Guillermo Garay
Granados, Jaime Girón Grisales, Ramón Enrique Jiménez Palacio, Roberto Lozano
Muñoz, Joaquín Hernando Martínez Morales, María Mercedes Montaño Valencia, José
Daniel Naranjo Vargas, Luis Ignacio Patarroyo Puentes, Gilberto Peña Guzmán,
Helcias Pérez Asprilla, Doris Pérez, Víctor Alfonso Pinilla Rodríguez, Víctor
Jaime Ramírez López, Ovidio de Jesús Salazar Valencia Albeiro de Jesús Sierra
Patiño, Jesús Silva, Mauricio Toquica Parra y Diego Filmar Zuluaga Cardona.
Asimismo, NEGAR la tutela a los señores Mario Alberto López Agudelo,
Francisco Arango Agudelo, Jorge León Chalarcá Estrada, Enrique Garzón Gómez,
Claudia Margarita López Moncada, Óscar Alberto Mesa Restrepo, Gerardo Padilla
Rodríguez, Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez, Héctor Fernando Romero Rodríguez
y William Sandoval Garzón. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de
la referencia.
Décimo
primero.- En el expediente T-2564079,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por  el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos,
Córdoba, el  veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en
segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el
veinticuatro (24) de diciembre dedos mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela a los señores Jairo Enrique Forero Carvajal,
Fernando Castañeda Vargas, Nelson López Carvajal, María Rocío Ocampo Quintero,
Juan Francisco Ramírez Mejía, Dora Urueña Hernández y Tirso Eudoro Velásquez
Bejarano. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección
anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la
referencia.
Décimo
segundo.- En el expediente T-2566146,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica,
Córdoba, el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda
instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el
veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales invocados por los
señores José María Larrarte Sandoval, Juan Alberto Bermúdez, Siervo Alfonso
Cañón Daza, Luis Armando Cardozo Guzmán, Yadira Castro Santamaría, Jorge René
García Correa, Helman Ricardo Garzón Duarte, José Omar Gómez López, Enrique
Herrera Buriticá, Maribel Ladino Tocora, Liliana Lengua Annichiarico, Carlos
Alberto Londoño Arango, José Obirne López Marín, Javier Márquez Ospina, Wilson
Martínez Bernal, Álvaro Martínez Bravo, Yolanda Mejía Suárez, Hugo Rodrigo
Mendoza Aparicio, José Gilberto Mera Cobo, Rodolfo Nelson Negrete Pérez,
Orlando Orjuela Muñoz, Gloria Ignacia Pachón Robayo, Alejandro Poveda Casallas,
Juan Carlos Ramírez Hurtado, Álvaro Rodríguez Alfonso, Edgar Uriel Santamaría
González, Henry Serpa Petro, Fredys Sobrino Beleño, Francisco Javier Solarte
Martínez, César Olmedo Triana Quiroz, Luis Alfonso Vargas Castro. Asimismo, NEGAR
la tutela de la señora Ruth Sarmiento Garzón. Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el
proceso de la referencia.
Décimo
tercero.- En el expediente T-2579968,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, Córdoba,
el once (11) de diciembre de dos mil nueve (2009)  y, en segunda instancia, por
el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el veinticinco (25) de
enero de dos mil diez (2010).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo invocado por los señores Rodrigo Cid Alarcón Lotero, José Armando
Alfonso Sandoval, Javier Arteta Gutiérrez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela,
Elizabeth Calvete Oviedo, Rafael Leonidas Camacho Sánchez, Viviana Casallas
Domínguez, Nelson Riquelmins Cortés Martínez, Luis Arnobio Díaz Vásquez, Jorge
Luis Durango León, Germán Cabuya Parra, Isabel González García, Juan José
González Urrutia Fulton, Freddy Hernández Sudea, Rubén Dario Jaramillo Marín,
Olmedo López Rojas, Alberto Martínez Jairo, Harvin Julio Mateus Zarate, William
Martínez Canastero, Erasmo Enrique Mayorga Moreno, Luz Mery Moreno Ospina,
Rosalba Olarte Collazos, Carlos Ramiro Osorio Cano, Luis Mariano Padilla Chima,
Elicenia Páez de Reyes, Mireya Astrid Pardo Reyes, Severo Ramírez Abril, Luis
Fernando Rocha Villanueva, Manuel Enrique Rojas Novoa, Fernando Alberto Salazar
Franco, Sonia Inés Salcedo Escandón, Oscar Eduardo Santos Hormiga, Eduardo
Serrato Bonilla, Jesús Yamil Suárez Cárdenas, Amalia Torres Cruz y Luis Enrique
Triviño Carvajal. Y finalmente NEGAR la tutela a los señores Julio César
Utria Martínez, Margarita Veloza Rincón y David Moisés Vergara Beltrán.  Por
consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta
sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.
Décimo
cuarto.- En el expediente T-2581607, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada, Cauca, el 6 de
noviembre de 2009 y, en segunda instancia, por el Juzgado Civil del Circuito de
Puerto Tejada, Cauca, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009).
En su lugar, NEGAR el amparo al señor Miguel Antonio Giraldo. Por
consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta
sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.
Décimo
quinto.- En el expediente T-2587255, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Córdoba el diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve
(2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El
Carmen de Bolívar el cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010).  En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de los señores Ruth
Virginia Montero Ayazo, Harold Ernesto
Acosta Moreno, Sonia Paulina Almeida Arellano, Wilmer Fernando Álvarez Vergara,
Bernardo Barbosa Suárez, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio Benedetty
Galvis, César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres Corredor, Martha
Camacho Esteban, Julieta Cárcamo Zea, José Armando Chávez Rocha, Jesús
Mussoliny Chicaiza Muñoz, Gustavo De Castro Palmarini, Hernán Díaz Mejía, Juan
Escobar Torres, Irina Eunice Forestiery Hernández, Luis Ángel Gallego Ramírez,
José Armagot Garavito Vargas, Henry Garcés Oscar, William Gómez, Adriana María
Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Luis Arturo Martínez Realpe,
Carlos Samuel Meza Becerra, Enrique Olaya Molina Casanova, José Ignacio Murcia,
Rodolfo Nelson Negrete, Ricardo Alirio Patiño Morillo, Carmenza Lucía Revelo
Narváez, Jorge Hugo Rivera Salgado, Edipza Maryori Romo Eraso, Wilson William
Salazar Romero, José Alberto Sánchez Camacho, Jorge Luis Simbaqueba Barrera,
María Josefina Solarte Rosero, Nancy del Socorro Taborda Cortés, Elena del
Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia Escilda
Weber Angulo y Faunier Zapata. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores
Iris Isabel Barrios Salgado, Ómar Eduardo Canchala Quiroz, Gustavo Antonio
Jurado, Cristina Lozano Bustos, José Antonio Revelo Concha, Carlos Arturo Soler
Romero y Luis Fernando Tello. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden
de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso
de la referencia.
Décimo
sexto.- En el expediente T-2587286, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el
nueve (9) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen
de Bolívar el veintinueve (29) de enero de dos mil diez (2010). En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo a los señores Hugo Rafael Baca Sandoval, Aymer Baena Gallón, Ramón
José Barrios Iriarte, María Asunción Benavides Correa, Ana María Calvo
Gutiérrez, Jesús Andrés Díaz Díaz, Miriam Fuertes Penagos, Luz Marleny Gallego
Tirado, Leonor García, Lourdes María Garizabalo Muñoz, Joaquín Darío Gómez
Rico, Pedro Francisco Gómez Vega, Jaime de Jesús González Noreña, Antonio José
Guarnizo Hurtado, José Ignacio Henao Zea, Eberto Obdulio León Cubillos, Omar
Hernán León Sánchez, Martha Patricia López Arango, Omaira Esther Márquez Seña,
Luz Marina Márquez Tamara, Álvaro Hernando Monroy Arias, Luis Amado Orejuela
Mosquera, Alberto Porras Marín, Noris Quintero Agamez, Fernando Mayid Rendón
Gil, Ana Raquel Romero Lozano, María del Tránsito Rosado Cuao, Omar Enrique
Royert Iriarte,  Julián Sánchez Fernández, Gustavo Sánchez Pedro, Jorge Luis
Santiz Yances, Juan Pablo Sequera Higuera, Walter Torres Mercado, Elvira Rosa
Villa de la Hoz, Edith Villamil Tavera, Carlos Alberto Villamizar Torres y
Carlos Arturo Zuluaga Méndez. Asimismo, NEGAR la tutela a los señores
Milagro Candelaria Acosta Romero, Uriel de Jesús Bayona Chona, Luis Ignacio
Morillo García, César Augusto Quintero Muñoz, Raúl Rojas Medina, Clara Lucía
Saldaña López, Danuil Jesús Vega Bayona y Francisco Hernando Villa Uribe. Por
consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta
sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.
Décimo
séptimo.- En el expediente T-2597351,
REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería el
veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), que a su turno revocó la
proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería
el veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009).  En consecuencia, NEGAR el amparo a los señores
José Francisco Altuzarra Gallo, Luis Fernando Arboleda Guarín, Uriel Arias
Núñez, Jesús Adolfo Arias Pérez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela, Víctor
Manuel Bogotá Huérfano, Siervo Alfonso Cañón Daza, José Antonio Casallas
Moreno, Raúl Clavijo Mantilla, Calixto Antonio Córdoba Campo, Roberto de Jesús
Correa Villadiego, Marco Antonio Cortés Triana, Ulpiano Corzo Velandia, Luz
Amanda Cuadrado Pérez, Guillermo Alfonso Espinosa Rubio, Antonio Manuel Espitia
Llorente, Blanca Cecilia Gómez González, Humberto González, Fernando Guacaneme
Martínez, Melba Guarín Castillo, Edgar Enrique Guifo Ríos, Rodolfo Rito
Gutiérrez Fajardo, Fernando Gutiérrez Peña, Carlos Arturo Hernández Arenas,
Maribel Herrera Torres, Carlos López Millán, Julio César Matiz Cruz, Aida
Esperanza Mendoza Dueñas, Yoni Mora Molina, José Gustavo Moreno Castellanos,
Orlando Moreno Real, Enrique Mosquera Hernández, María Rocío Ocampo Quintero,
José Miguel Ortega Pitalua, Ruby Liliana Osorio Caycedo, Luz Edit Otálora
Sierra, Elías Palencia Pedro, Marlene Palma Garzón, Rodrigo Payán Garcés,
Martha Janeth Pineda Montejo, Álvaro Eugenio Posso Bedoya, Alonso Quintero
Pérez, Luis Severo Reyes González, Gloria Yubi Rincón Cadena, César Rodríguez
López, Luz Astrid Rojas Galvis, Arnulfo Orlando Rojas Velandia, Graciela Romero
Acuña, Rafael Antonio Sánchez Díaz, Luz Amparo Sánchez Martínez, Álvaro Ignacio
Sánchez Vivas, Álvaro Torres Guarín, Jorge Luis Valdez Orozco, Plutarco Vargas
Mesa, Gustavo Vergel Arévalo, Omar René Yaguez Bueno, Luis Fernando
Aristizábal Jaramillo, José Polidoro Bernal Torres, Luisa Fernanda Espinosa
Ocampo, Alberto Forero Medellín, Javier González Hernández, Geny Madred
Grimaldo Carrascal, Pedro Montaño Castiblanco, Elsy Motta Moreno, Myrian
Cecilia Muñoz Palacios, Libardo Niño González, María Rocío Ocampo Quintero,
Lucy Osorio Londoño, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Gloria Marlen Peña Garzón,
José Hebert Rodríguez Bobadilla, Leonel Mauricio Rojas Clavijo, Carlos Alberto
Robles y María Rocío Ocampo Quintero.  Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este
proceso.
Décimo
octavo.- En el expediente T-2871322, REVOCAR
en su totalidad la sentencia expedida, en única instancia, por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de
Bogotá el trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010).  En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela del señor Jairo
Patiño Agudelo.  Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.
Décimo
noveno.- En el expediente
T-2471216, REVOCAR la sentencia dictada por la Sala Penal Constitucional
Ad-hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el dieciséis
(16) de julio de dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería el
catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009).   En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de los señores Gustavo Alberto Ayala
Arrieta, Nataly Victoria Mejía Geovo, Lisipo Segundo Puche Olivero, Iván Manuel
Castillo Salgado, Naver Emelson Garrido Martínez, Carlos Eduardo López Millán,
Diógenes Antonio Guerra Almario, Hugo Enrique Cordero Vega, Luz Amparo Ortega
Pineda, Álvaro Enrique Araújo Ortega, Rodrigo Antonio López Villegas, Sergio
Antonio Téllez Ruda, Remberto Ballesta Mendoza, Eduardo Tordecilla Tordecilla,
Neftalí C. Zapata Suárez, Ariel de Jesús Carmona Carazo y. Por su parte, NEGAR
la tutela a los señores Gladys María Montes Montiel, Álvaro José Oviedo Argel y
Ángel Ramón Gómez Solera. Asimismo, CONCEDER LA TUTELA de los derechos a
la libertad y a la asociación sindical, y al debido proceso, de los señores
Remberto Ballestas Mendoza y Benjamín Corrales Benítez. Finalmente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia. En consecuencia,  ORDENAR al Consorcio a cargo
de la administración del PAR de TELECOM que en el término máximo de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, les pague a los señores Remberto Ballestas
Mendoza y Benjamín José Corrales Benítez (T-2471216) una suma
de dinero equivalente a seis (6) meses del salario que devengaban cuando se les
dio por terminado su vínculo con TELECOM.  En cualquier caso, las decisiones
adoptadas en los procesos iniciados por los demandantes ante la justicia
laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a este fallo, prevalecerán
sobre las que sean dictadas en este.
Vigésimo.-
En el expediente T-2471346, REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia expedida en primera instancia por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, el primero (01) de septiembre de dos mil
nueve (2009), que a su turno confirmó parcialmente la proferida en primera
instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba,
el  veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009).  En consecuencia,
confirmar la decisión de primer grado y, por tanto, DECLARAR IMPROCEDENTE
el amparo a los señores Norma Constanza Díaz García, Fernando Aguirre López,
Clímaco Antonio Hinestrosa Moreno, Judith del Carmen Rentería Gamboa, José
Kennedy Córdoba Palacio, Otilio Moreno Ibarguen, Augusto Arias Serna, Oney Aly
Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra, Carlos Alonso Garcés, Haidy Vargas
Céspedes, Carlos Mauricio Osorio Ruiz, Heberto López Machado, Armando Bellon
Pico, Haidy Danith Vargas Céspedes, Saabi Arena Moreno, Gerardo Alirio Ipia
Narváez, José Luis Cuadros, Clarivel Arias Gaviria, Fredy Arnul Díaz Claros,
Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, Freddy Habit Cacabelo Candía, María de Jesús
Cifuentes Yague, Zulmary Pabón Rodríguez, Andrés Felipe Cruz Herazo y Álvaro
Eugenio Posso Bedoya. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de
la referencia.
Vigésimo
primero.- En el expediente T-2492726,
REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias expedidas, en primera instancia, por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar el  diez (10) de
septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado
Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar el catorce (14) octubre de dos mil
nueve (2009).  En consecuencia, NEGAR el amparo al señor Polivio Alberto
Montenegro Rojas, y DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida
por los señores Manuel Eugenio Hawkins, Nelson Barón Martínez, Antonio Boiga
Lemus, Pedro Eliseo Cruz Arenas, Luis Hernando Flórez Salazar, Humberto Manuel
Gambín Petro, Álvaro Javier Goyes Navarro, Wilmer Emilio Gracia de la Rosa,
Segundo Esperidión Guerrero Chamorro, Hernán Méndez Fernández, José Félix
Morales Macías, Balmes Alberto Muñoz Pérez, Jennet O'Neill Manuel, Arturo Orduz
Suárez, Edinson Enrique Pereira Villar, Mauricio Ramírez Sánchez, Segundo
Servio Antonio Ruano Ruano y Fabio Aníbal Tapia Guerrero. Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en este proceso.
Vigésimo
segundo.- En el expediente T-2501214,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Antero el primero (1) de octubre de dos mil nueve
(2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Lorica Córdoba el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve
(2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por el señor Rafael de Jesús
Villar Gómez. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección
anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la
referencia.
Vigésimo
tercero.- En el expediente T-2531654,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos,
Córdoba, el tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009)  y, en segunda
instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, el diecisiete
(17) de noviembre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela a los señores Vivian Portillo Hernández, Uriel de
Jesús Bayona Chona, Glenda Patricia Correa Pacheco, Luis Armando Duque Marchena,
Eliana Karina González Gómez, Bertha Inés Marchena Mendoza, Vivian Portillo
Hernández, Carlos Mario Torrente Pupo y Néstor José Vanegas  Buelvas. Por
consiguiente, REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta
sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de la referencia.
Vigésimo
cuarto.- En el expediente T-2537041, REVOCAR
en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Moñitos, Córdoba, el diez (10) de noviembre de dos mil nueve
(2009) y, en segunda instancia, por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, el treinta (30) de noviembre de
dos mil nueve (2009).  En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela instaurada por los señores Diego Acevedo Echavarrya, Gustavo Alberto
Ángel López, Nubia Marleny Bermúdez Franco, Juan Carlos Cantor Sierra, Julio
César Cardona Granada, Beatriz Alexandra Carreño Velandia, Luz Marina Carrillo
Suárez, Wilfredo Carvajal Vargas, César Humberto Cifuentes Pimiento, León
Albeiro Colorado, Clara Stella Correa Arango, Jorge Hernán Domínguez Téllez,
Jhon Jaiver Flórez Guzmán, Néstor Augusto García Franco, Henry González López,
Rubén Darío Gutiérrez Galindo, Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres, Maritza
Jaramillo Gutiérrez, Luis Carlos Mejía Alvarado, Jesús Humberto Monje Alarcón,
Edgar Moya Córdoba, Carlos Julio Muñoz Bermúdez, Álvaro Núñez Romero, Aymer
Ortiz Penagos, Jorge Hernán Palacio Salazar, Jesús María Patarroyo Puentes,
Yolanda Rubio Benjumea, Jorge Enrique Sandino Macías, José Rafael Silva Hernández,
Adriana María Taborda Vargas, Carlos Arturo Torres, Efraín Valencia Marín y
Gerardo Vargas Pérez. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en este proceso.
Vigésimo
quinto.- En el expediente T-2475114, CONFIRMAR
la sentencia expedida por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el seis (6) de octubre de
dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la proferida en primera instancia
el treinta y uno (31) de agosto de dos mil  nueve (2009) por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia. En consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE
el amparo a la señora Myriam Teresa Moreno Correa. Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia.
Vigésimo
sexto.- En el expediente T-2500881, REVOCAR
la sentencia expedida por el por el Tribunal Administrativo del Atlántico
el veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009), que a su turno revocó la
proferida en primera instancia el trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009)
por el Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla. Por tanto,
confirmar la decisión de primer grado y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela
del señor Alfredo Chica Gutiérrez. Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el
proceso de la referencia.
Vigésimo
séptimo.- En el expediente T-2531642,
REVOCAR en su totalidad las sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de
noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté, Córdoba, el  veintiuno (21) de
diciembre de dos mil  nueve (2009).  En su lugar, NEGAR el amparo a los
señores Ómar Elías Salgado Mora, Flor
María Vásquez, Emilse de Jesús
Mendoza Yepes, Hernán Gutiérez Díaz, Jhon Jairo Gómez, Juan Manuel Daza
Velaides, Gabriel Ángel Cueto Castillo, Giovanni Pompilio Cáceres Hernández y
Narciso Blanco Pertuz; y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela a los señores
Marta Ruíz González, Reinaldo Tulio
Benítez Álvarez, Édgar Ceferino Fragozo Díaz, Giovanni Alberto Chaverra
Murillo, Raúl Eduardo Ibern Cotes, Gustavo Adolfo Lopera Giraldo, Alba Stella
Menco Canchilla, Rafael Antonio Méndez Díaz, Roberto Carlos Narváez Vergara,
Carlos Alberto Olivella Gómez, Rita Rosa Pineda Román, Yanib Ramírez Hurtado,
Henry Samir Ramos Palacios, Silena de Jesús Rosado Toncel, Carlos Alberto
Santofimio Tinoco, Diego Alberto Vasco Vélez, Cecilio Venté Saavedra y Fabián
Ricardo Vergara del Valle. Por consiguiente, REVOCAR cualquier orden de
protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el proceso de
la referencia. Finalmente, CONCEDER la tutela a los señores Olga Ruth Gañán
Parra y José Eduardo Peña Armenta.
Vigésimo
octavo.- En el expediente T-2546795, REVOCAR,
salvo en lo que atañe a la protección que se les dio a los señores Wilson
José Daza Daza y Antonio Javier Espinosa Guzmán, las sentencias
expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
San Marcos, Sucre, el dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en
segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre,
el diez (10) de diciembre del dos mil nueve (2009).  En consecuencia, NEGAR la
protección solicitada a los señores José Gabriel Padilla Castro, Santiago
Alberto Álvarez Bello, Juan Carlos Anaya Álvarez, Tomás Baena López, Efraín
Ballesteros Garcés, Guillermo José Coneo Álvarez, Anastasio García Paternita,
Cristóbal Enrique López Segura, Herme Antonio Luna Villalba, Jairo Moreno
Garcés, Marlon Gustavo Olave Pico, Arturo Manuel Petro Pérez, Oswaldo Manuel
Puente Gómez Cáceres y Ales Adalberto Urueta Ortiz; y DECLARAR IMPROCEDENTE
el amparo de los señores Jaime Ernesto Alfonso Alfonso, Jorge Luis Almanza,
Amalfi de Jesús Almario López, Carlos Segundo Álvarez Díaz, María Eugenia
Álvarez Gallego, Leyla Carmen Ángel Vitola, Rosa Sofía Araújo Mendoza, Luis
Alberto Ariza Blanco, Santander de Jesús Cadrazco Blanquicet, Carlos Efrén
Camacho Carrascal, Gloria Edilma Ceballos González, Silky Cuan Camargo, Deisy
Stella Duarte Espitia, Liber Antonio García González, Lenines Emiliano García
Pineda, Germán Padilla Neida Rosa, Denis del Carmén González Polo, Adelfa María
del Rosario Guerra Montes de Oca, Álvaro Hoyos Pérez, Luz Marina Luna Ceballos,
Vitelio José Martínez García, Meisel Fernández Margarita Rosa, Ramón Arturo
Montaño Flores, María Bernarda Olmos Romero, Erasmo Otero Zuleta, Dorismel
Pacheco Caballero, Enriqueta Susana Sierra Pinedo, María Patricia Tabares
García, Aniano Manuel Tirado Arabia, Jairo Alfonso Torres Herazo, Eduviges
Elena Tous Torrens y Rafael Francisco Yepes Ortega. Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección que se hubiera impartido en el proceso de la
referencia a favor de estos actores.  Finalmente, CONCEDER la tutela a
los señores Wilson José Daza Daza, Diana Patricia Demoya, Myriam García Londoño
y Antonio Javier Espinosa Guzmán.
Vigésimo noveno.-  ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración
del PAR de TELECOM que en el término máximo de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, les pague la indemnización de que trata el
artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los señores Wilson José Daza Daza
(T-2546795), Diana Patricia Demoya (T-2546795), Myriam García Londoño
(T-2546795), Antonio Javier Espinosa Guzmán (T-2546795), Olga Ruth Gañán Parra (T-2531642) y José Eduardo Peña Armenta (T-2531642).
Trigésimo.- ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de
TELECOM que en el término máximo de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, en coordinación con el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, adopte un plan de reubicación de las madres
y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, e incluir en él con
prioridad a los señores Wilson José
Daza Daza (T-2546795), Diana Patricia Demoya (T-2546795), Myriam
García Londoño (T-2546795), Antonio Javier Espinosa Guzmán
(T-2546795), Olga Ruth
Gañán Parra (T-2531642) y
José Eduardo Peña Armenta (T-2531642).  Ese plan deberá asegurarles a estas personas, en el
plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en que se notifique este
fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en condiciones al menos
iguales al que tenían en la hoy liquidada TELECOM.  Ello no obsta para que en
los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso por carrera
administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado concurso,
ser nombradas provisionalidad o, cuando sea convocado el concurso de méritos,
presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.
Trigésimo primero.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte
Constitucional que una vez se publique esta sentencia, envíe copia de la misma a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de que investigue y, si es el caso,
sancione el comportamiento de quienes figuran como abogados de los señores
Siervo Alfonso Cañón Daza (T-2566146 y T2537078) y Rodolfo Nelson Negrete
(T-2566146 y T-2587255), Olmedo López Rojas (T-2579968); Álvaro Enrique Araújo
Ortega, Gustavo Alberto Ayala Arrieta, Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos
Eduardo López Millán, Nataly Victoria Mejía Geovo y Lisipo Segundo Puche
Olivero (T-2471216); y Luis Armando Duque Marchena (T-2531654), por la TEMERIDAD
con la cual promovieron las correspondientes acciones de tutela acumuladas
en el presente proceso.
Trigésimo segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que una vez se
publique esta sentencia, envíe copia de la misma a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investiguen
y, si es el caso, sancionen a los abogados y jueces que intervinieron en la
interposición y resolución de la acción de tutela que dio origen al expediente T-2451880.
Trigésimo
tercero.- ORDENAR a la Oficina de
Prensa de la Corte Constitucional que, una vez se publique esta sentencia,
ponga en un lugar visible de la página web de esta Corporación, la siguiente
información. Las personas que
hubieren tenido fuero sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su
proceso de liquidación definitiva, y que cuenten con providencias ejecutoriadas
que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si
no han instaurado acciones de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo
una acción de tutela contra esa providencia, en caso de que se den las
condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias.
Trigésimo
cuarto.- PREVENIR a todos
los jueces de la República, para que en los procesos instaurados de conformidad
con la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de esta
sentencia, cuenten la inmediatez desde la publicación de la presente
providencia, y no desde antes.  Esta decisión tendrá efectos inter comunis,
y ha de aplicarse a todos los que se encuentren en las condiciones previstas en
la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de esta
sentencia, y no sólo a los accionantes de este proceso.
Trigésimo
quinto.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente
en comisión
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO
Detalles de cada expediente
EXPEDIENTE T-2451880
I. Información general del proceso
Demandado: PAR Telecom.
Fecha de presentación de la tutela: 19 de agosto de
2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo vital y seguridad social.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: la actora interpuso la tutela en nombre
propio.
II. Hechos relevantes
La demandante considera que tiene
derecho a ser incluida en el Plan de Pensión Anticipada de Telecom, y que al no
reconocérsele ese derecho se le violan sus garantías fundamentales. En el
escrito de tutela se manifiesta que a la actora no se le ofreció el PPA porque
no estaba amparada por el régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993. Manifiesta que mediante sentencia del 25 de abril de 2008, el
Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla ordenó al
PAR reconocerles el PPA a algunos trabajadores a quienes no se les había
ofrecido, sin importar que fueran beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993.
Informa que nació el 1° de febrero de
1960, que ingresó a trabajar a Telecom el 6 de agosto de 1990, y que está
desvinculada desde el 1° de febrero de 2006. Por lo anterior, considera que
debía reconocérsele el PPA porque al 31 de marzo de 2010 habría cumplido los
requisitos para una pensión convencional, con 25 años de servicio sin importar
la edad. Aduce que el no reconocimiento del PPA le causó un perjuicio real y
presente, porque por su edad no tiene posibilidades laborales y no cuenta con
otro medio de subsistencia, situaciones que afectan su mínimo vital. Asimismo,
informa que tiene tres (3) hijos que dependen de ella, que mediante sentencia
SU-388 de 2005 la Corte Constitucional le reconoció la condición de madre
cabeza de familia, que tiene muchas deudas y que ningún miembro de su familia
tiene seguro médico. Solicita ser incluida en el PPA, y que se le cancelen las
mesadas dejadas de percibir desde el 1° de febrero de 2006 hasta que CAPRECOM
le reconozca la pensión de jubilación.  Igualmente pide que se inicien las
gestiones para el reconocimiento de la pensión definitiva dentro de los 30 días
siguientes al cumplimiento de los requisitos.
La
actora asevera que la Corte Constitucional en sentencia SU-388 de 2005, le
reconoció la calidad de madre cabeza de familia, en consideración a que vela
por la manutención de su hogar conformado por su esposo y 3 hijos, razón por la
cual recibió los beneficios del retén social hasta el 31 de enero de 2006,
cuando culminó la existencia jurídica de la empresa Telecom. De igual modo,
recalca que la pensión anticipada se constituye en la única posibilidad que
tiene a su alcance para acceder a la pensión de jubilación. Por último, sostuvo
que por ser las pensiones de tracto sucesivo, su actuación no debe juzgarse
temeraria, así la misma discusión haya sido planteada previamente por ella en
este mismo escenario constitucional, toda vez que “[c]ada mes nace la
necesidad por lo tanto se puede tutelar cada vez que nace la necesidad.”
III. Respuesta PAR
El
PAR formuló incidente de nulidad desde el auto admisorio de la acción de tutela
por supuesta falta de competencia territorial, teniendo en cuenta que la actora
prestó sus servicios en la ciudad de Montería y sin embargo presentó su tutela
en otro lugar. En criterio del PAR, era en la ciudad donde prestó sus servicios
en la que debía interponer la acción, por ser el lugar “donde ocurrió la
supuesta vulneración o amenaza de los derechos reclamados”. Además, sostuvo
que la actora “aparece domiciliada en dicho municipio”, como se
evidenciaba en un poder que la actora otorgó en una acción de tutela anterior
ante ese mismo juzgado, que fue declarada nula el 11 de marzo de 2009 por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel por falta de competencia territorial.
En
la contestación de la acción de tutela, la entidad se opuso a las pretensiones
de la acción con los siguientes argumentos: sostuvo que la tutela es temeraria
porque la actora adelantó una acción anterior por los mismos hechos y con las
mismas pretensiones en contra del PAR, ante el mismo despacho. Esta acción fue
admitida y fallada favorablemente en primera instancia, pero en segunda
instancia fue declarado nulo todo el proceso por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel el 1° de marzo de 2009, por falta de competencia
territorial. Ese proceso fue remitido al Juzgado 1° Civil Municipal de
Montería, el cual mediante sentencia del 13 de mayo de 2009 declaró la
improcedencia de la acción de tutela, decisión que confirmó en segunda
instancia el Juzgado 4 Civil del Circuito de Montería mediante sentencia del 12
de junio de 2009.
Señaló que la actora no es beneficiaria
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, porque al 1° de abril de 1994
sólo tenía 33 años de edad. Manifestó que algunas personas no enviaron la
información y los soportes del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo
tanto no se les ofreció el PPA. Asimismo, indicó que la peticionaria tampoco
cumpliría con el requisito de los 25 años de servicio en la entidad antes del
31 de marzo de 2010, porque para esa fecha contaría a lo sumo con 20 años de
servicio. Finalmente adujo que la actora no se desempeñó en cargos de
excepción.
Manifestó
aparte que la acción no cumplía con el requisito de la inmediatez. Citó la
sentencia T-589 de 2007, de la cual concluyó que la Corte Constitucional ha
manifestado que los trabajadores de Telecom debían cumplir con todos los
requisitos establecidos en la
Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento para que se les pudiera
reconocer la pensión anticipada. El PAR dijo carecer de competencia para
proferir un acto administrativo de reconocimiento de la pensión anticipada, que
no remplaza a Telecom, que es un negocio jurídico y no una persona jurídica,
que no tiene la facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada, que en todo caso
a la tutelante no se le vulneró el derecho a la igualdad porque esta no cumplió
con todos los requisitos para acceder al PPA, situación que la diferencia de
las personas que sí cumplían con todos los requisitos.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 1° de septiembre de 2009, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel negó la solicitud de nulidad presentada
por el PAR, porque consideró que el artículo 86 de la
Constitución, “no exige que para el caso de que un extrabajador esté
reclamando la protección de un derecho fundamental, lo haga ante el Juez del
Municipio donde prestó el servicio”. Sostuvo que esta Corte, en una de sus
sentencias (pero no la identificó completamente), admitió que en casos como
este no podía declararse la nulidad de la actuación, so pena de incurrir en una
falta disciplinaria. Además, consideró que era competente porque Telecom
prestaba sus servicios en todo el territorio nacional.
Por otra parte, tuteló los derechos a la igualdad y a
la seguridad social de la actora, y ordenó al PAR incluirla en el PPA.
Consideró que aquella haría cumplido los años de servicio necesarios antes del
31 de marzo de 2010. Asimismo, dijo que Telecom le vulneró el derecho a la
igualdad al no ofrecerle el PPA sobre la base de que no era beneficiaria del
régimen de transición, a pesar de que sí era trabajadora de esa entidad –como
los demás beneficiarios de ese plan- y cumplía con el requisito de tener
derecho a pensionarse antes del 31 de marzo de 2010.  Más adelante afirmó que
la peticionaria, “al 31 de marzo de 2010 tendría 25 años, 8 meses y 17 días
de servicio, razón por la cual podría acceder a la pensión de jubilación bajo
la modalidad convencional de 25 años de servicio, sin consideración a la edad.”
Asimismo, señaló que “el no ofrecimiento del plan
citado y la desvinculación de su trabajo, aun mas a la edad en que se
encuentra, la coloca en una situación precaria, ya que no tiene otro medio como
subsistir, y al no obtener su pensión como única fuente de ingreso se esta
violando el mínimo vital.”
Por otra parte, adujo que con fundamento en el Decreto
1835 de 1994, existía un régimen especial de transición de Telecom, según el
cual se establecía que los trabajadores de esa entidad tenían derecho a que se
les siguiera aplicando el régimen anterior al que se encontraban afiliados,
consagrado en el Decreto 2661 de 1960. Señaló que para proteger el derecho a la
igualdad no procedía la vía ordinaria laboral, “porque se trata de un asunto
ajeno a los requisitos legales y cuya reclamación se desprende un hecho de la
administración que discrimina sin razón válida la igualdad real y efectiva. […]
su derecho surge de la liberalidad de Telecom y del ofrecimiento voluntario que
esta hizo a los trabajadores. Siendo así, no hay un mecanismo idóneo para
obligar a Telecom a que les ofrezca el mismo plan de pensión anticipada, cuando
ese derecho no se funda en normas legales que sea exigible ante la jurisdicción
laboral.”
En
consecuencia, ordenó al PAR que incluyera a la señora Trujillo Coronado en el
PPA, que le cancelara las mesadas correspondientes desde el 1° de febrero de 2006
hasta el día en que CAPRECOM le reconociera la pensión definitiva, y
dijo que dichas prestaciones debían “ser liquidadas, teniendo en cuenta los
factores legales y extralegales consagrados en el Decreto 1158 de 1994 y en la
Convención Colectiva vigente a la fecha del ofrecimiento”. Además ordenó,
el pago de “los salarios, prestaciones sociales y convencionales, aportes a
la seguridad social dejadas de percibir a causa del despido, con incremento
salarial desde el 1° de febrero de 2006, hasta la fecha en que CAPRECOM le
reconozca la pensión definitiva, todo esto con indexación e intereses
moratorios”. También ordenó al Gerente de CAPRECOM, “que en el término
de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo, proceda al
reconocimiento y pago de pensión incluyendo el retroactivo correspondiente a
las mesadas pensionales a que tiene derecho la señora LIBIA TRUJILLO CORONADO,
la cual cumple todos los requisitos para pensionarse (según convención
colectiva)”.
El
PAR impugnó el fallo y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la acción de tutela.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado el fallo,  el Juzgado Promiscuo de Ayapel,
Córdoba, lo confirmó parcialmente, pero revocó la orden a CAPRECOM. Sostuvo que
el problema jurídico que debía resolver era “si la fecha que debe tomarse
para contar tanto la edad del ex trabajador como el tiempo de servicio para
acceder al PPA, es el primero de abril de 1994 (régimen de transición de la
Ley 100 de 1994) o el [31] de marzo de 2010 (fecha límite establecida en el
PPA) y si era imprescindible esta cobijado por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1994 para acceder a tal ofrecimiento”. Al respecto consideró
que la resolución “de este asunto no debe estar atada únicamente a la
interpretación exegética de la norma legal, sino que ella debe inspirarse en
los cometidos estatales de protección a los derecho del trabajador, a sus
derechos adquiridos y a los derechos convencionales logrados por estos de forma
colectiva, amén de la protección de los derechos constitucionales fundamentales
sobre las minucias legales o reglamentarias”.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Libia del Carmen Trujillo
Coronado
01/12/1960
Enero 31 de 2006[247]
Agosto 18 de 2009
110.73.859
Al proceso se allegó
copia de otra tutela anterior a esta, instaurada por la señora Libia del Carmen
Trujillo contra el PAR. En ella solicitaba también ser incluida en el PPA,
sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que,
sin embargo, había resultado excluida del grupo de beneficiarios de dicho Plan.
Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que la incluyera en el
PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el 1° de febrero de
2006 hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva. Esa otra acción de tutela fue declarada improcedente en
primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal de Monetaria el 13 de
mayo de 2009 y, en segunda instancia, luego confirmada por el Juzgado 4 Civil
del Circuito de Montería mediante fallo del 12 de junio de 2009.
En este expediente se aprecia que la
tutelante había instaurado inicialmente la tutela ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Ayapel. Este tuteló los derechos y en segunda instancia el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ayapel declaró la nulidad del proceso desde el auto
admisorio de la demanda por falta de competencia territorial, y remitió las
actuaciones a la oficina de reparto de Montería. Ese proceso de tutela terminó
con un fallo en el cual se declaró improcedente la tutela interpuesta por la
peticionaria. Esta, sin embargo, instauró una nueva tutela y el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel la concedió nuevamente, sin declararse
incompetente por el factor territorial, y pese a que antes se había decretado
una nulidad por problemas de competencia territorial. En segunda instancia, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, que en el proceso anterior había
declarado la nulidad, confirmó simplemente, aunque de forma parcial, el fallo
de primer grado.
***
EXPEDIENTE  T-2471345
I. Información general
Actores:
Luis Enrique Madera Salgado, Rubén Darío Álvarez Aguilar, Edinson Rafael Cortés
Pérez, Dulfary Elena Echavarría Parra, Julio César Flórez Villamizar, Tulio
Enrique Galindo Bozón, Gustavo de Jesús García Rendón, Assad Gutiérrez
Posedente, José Helí Jaimes Delgado, Diego Mauricio Londoño Montoya, Vidal
Mauricio López Duque, Ángel María Mora Lastra, Elkin Paniagua Agudelo, Rafael
Patiño Usquiano, María Sussan Pérez Quintero, Luz Eugenia Quintero Tello,
Álvaro del Carmen Rodríguez Guerrero, Luis Eduardo Santos Escobar, Jairo
Libardo Sotelo Domínguez, Juan María Verdecia Sarmiento, Óscar Alberto Yepes
Torres.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 19 de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: vida, mínimo vital, igualdad, familia, asistencia a las personas de
la tercera edad, seguridad social y derechos adquiridos del trabajador.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado:
aparecen como abogados, en distintos momentos, y en virtud de la sustitución de
poderes, Luz Stella Gutiérrez, Mairena Galarcio Muñoz, Denise del Carmen González.
II. Hechos relevantes
Los
actores dicen haberse encontrado vinculados a Telecom al momento de la
expedición del D. 2123 de 1992, que convirtió a la compañía en empresa
industrial y comercial del Estado. Aseguran que para cuando se ofreció el plan
de pensión anticipada en Telecom estaban a menos de 7 años de acceder a la
pensión. No obstante, afirman que Telecom no les ofreció el PPA porque no
estaban en el régimen de transición. Sostienen que esta omisión viola sus
derechos fundamentales, y que en virtud del derecho a la igualdad deben ser
incluidos en el PPA pues en distintos lugares del país ha habido jueces que le
han ordenado al PAR reconocerles el beneficio de la pensión anticipada a
algunos demandantes en condiciones similares a las suyas. Para sustentar su
afirmación, refieren fallos emitidos en Barranquilla, Ayapel, Cereté, Bogotá,
Medellín y Montería.
Los
peticionarios tienen entre 50 y 60 años de edad, y alegan ser adultos mayores,
pertenecientes a la tercera edad. Con fundamento en esa condición aducen tener
una capacidad laboral agotada, y unos niveles de salud y de vida muy
disminuidos. Por ese motivo, consideran que la pensión pasa a constituirse en
su único sustento económico. El PAR, a su juicio, debe entonces ser obligado a
reconocerles ese beneficio. Y los jueces de todo el territorio son, en su
opinión, competentes incluso por el factor territorial pues conforme al Decreto
4781 de 2006, inc. 2, Telecom prestaba sus servicios en todo el territorio
nacional, de manera que en cualquier parte del territorio colombiano se pueden
demandar los actos u omisiones de Telecom.
Piden
que se ordene al PAR, de un lado, reconocerles su derecho a ser incluidos en el
plan de pensión anticipada. De otro, que se ordene también a ese Patrimonio, o
a cualquier otra entidad del orden nacional que la reemplace o siga cumpliendo
sus funciones, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo, pagarles a los tutelantes los salarios y prestaciones dejados de
percibir, con el incremento salarial y debidamente indexados,  desde la fecha
de su desvinculación real y hasta que se les notifique el reconocimiento
efectivo de la pensión de jubilación y la inclusión en nómina de pensionados,
teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales
devengados hasta la fecha de su desvinculación.
Simultáneamente,
pidieron ordenar con fines cautelares el embargo y la retención de los dineros
que tuviese el demandado en cuentas corrientes o de ahorros, en el Banco
Agrario  de Colombia y Banco Popular de la ciudad de Montería, por la suma de
$10.094.786.954, pues este monto lo estimaron como aproximado a lo que se les
debía a 31 de agosto de 2009. Los accionantes presentaron, junto con la tutela,
sendas liquidaciones de lo que en su opinión el ente demandado les adeudaba.
III. Respuesta PAR
El
Juzgado al que le correspondió por reparto la tutela ordenó una medida cautelar
de embargo a las cuentas del PAR. El PAR pidió ante todo levantar dicha medida.
Solicitó además declarar la nulidad del proceso por falta de competencia, de
acuerdo con el Auto 027 de 2004 de la
Corte Constitucional, puesto que en el lugar de trabajo de los actores no
tenía jurisdicción el juzgado ante el que se interpuso la tutela. Adujo además
que ninguno de los demandantes cumplía con los requisitos para ser incluido en
el PPA, pues no cumplían con la edad o el tiempo servicios al 1 de abril de
1994, para adquirir el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. Por otra parte, dijo que los actores no se acercaron a
Telecom cuando se ofreció el PPA, con el fin de acreditar que cumplían los
requisitos respectivos. Asimismo, el PAR sostuvo no ser una administradora  de
pensiones, y no tener tampoco competencia legal para proferir actos
administrativos de reconocimiento o negación de solicitudes pensionales. El PAR
es un ente particular, regido por normas de derecho privado. Luego a su juicio
la tutela debería declararse improcedente.
Aparte
de lo anterior, sostuvo que ninguno de los trabajadores a quienes se les
anticipó la pensión en virtud del PPA en el mes de marzo de 2003, se encuentra
en las mismas condiciones de edad y tiempo de servicio que los ahora
accionantes, razón por la cual no podría hablarse de violación al derecho a la
igualdad. Asimismo, manifestó que en algunos de estos casos ya la justicia
ordinaria o constitucional ha dictado pronunciamientos que han hecho tránsito a
cosa juzgada, y en virtud de los cuales a su juicio no podría emitirse un nuevo
pronunciamiento al respecto, máxime si dichos fallos no fueron demandados en
esta acción de tutela sobre la base de una posible vía de hecho o un defecto.
El PAR no expone en detalle los datos de cada proceso. En su intervención procesal,
sin embargo, incluyó individualmente dentro de los casos con esas
características los de los siguientes peticionarios:
-
Jairo Libardo Sotelo Domínguez: idéntica pretensión en el Juzgado 12 Laboral
del Circuito de Bogotá, Rad. 2007-00992, sentencia del 23 de febrero de 2009
(absolvió al PAR).
-
José Helí Jaimes Delgado: proceso ordinario en el  Juzgado 20 Laboral del
Circuito de Bogotá, Rad. 2007-01109, sentencia del 30 de marzo de 2009,
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, por sentencia del 11 de junio de 2009.
-
Elkin Paniagua Agudelo: proceso ordinario ante el Juzgado 13 Laboral del
Circuito de Medellín, rad. 2006-0491.
-
Edison Rafael Cortez Pérez, María Sussan Pérez Quintero, Dulfary Elena Echevarría
Parra y Rubén Darío Álvarez Aguilar: proceso ordinario ante el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Medellín, rad. 2006-00457.
-
Juan María Verdecia Sarmiento: proceso   ordinario ante el Juzgado Once Laboral
del Circuito de Bogotá, rad. 2004-796, sentencia del 8 de noviembre de 2007 por
medio de la cual se absolvió a la demandada.
-
Rafael Patiño Usquiano: proceso ordinario ante el Juzgado 12 Laboral del
Circuito de Medellín, rad. 2007-00916.
-Tulio
Enrique Galindo: proceso ordinario ante el Juzgado 5 Laboral del Circuito de
Bogotá, rad. 2004-01017, sentencia del 30 de abril de 2007 por medio de la cual
se absolvió a la demandada.
-
Gustavo de Jesús García: se negó la acción interpuesta.
-
Vidal Mauricio López Duque: proceso de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Cereté, que en sentencia del 18 de diciembre de 2008 decidió no
tutelar sus derechos.
-
Luis Enrique Madera Salgado: proceso de tutela ante el Juzgado Penal del
Circuito de Cereté, que en sentencia del 4 de noviembre de 2008 concedió el
amparo impetrado.
-
María Sussan Pérez Quintero: proceso de tutela ante el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Cereté, que en sentencia del 18 de diciembre de 2008
decidió no tutelar los derechos invocados por la peticionaria.
Finalmente
el PAR dijo que a su juicio no es razonable dejar trascurrir 6 años, contados
desde que se diseñó e implementó el plan de pensiones anticipadas, para
solicitar su inclusión en el mismo. La acción de tutela es entonces
improcedente por eso, y adicionalmente porque no ha sido consagrada para
provocar la iniciación de procesos sustitutivos de los ordinarios ni revivir
términos o crear instancias adicionales, como los que existen para solicitar el
reconocimiento, pago o reliquidación de pensiones de jubilación, cuestiones que
son competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.
IV. Fallo de Primera Instancia
El
Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero Córdoba, mediante sentencia del 2 de
septiembre de 2009, tuteló los derechos a la igualdad, a la seguridad social y
al mínimo vital y móvil de todos los actores. Ordenó en consecuencia al PAR, o
a cualquier entidad del orden nacional que lo remplace, que en el término de las 48 horas siguientes
a la notificación del  fallo reconociera el derecho a la pensión anticipada de
los actores y los incluyera en nómina para el efecto; que les pagara las
mesadas y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, desde
la fecha de su desvinculación real y hasta que Caprecom les notificara, en su
momento, el reconocimiento de la pensión conforme la legislación y normatividad
aplicable.
Para
llegar a esa conclusión, el Juzgado sostuvo en esencia que había un problema a
resolver, y era el de si los accionantes reunían los requisitos para ser
incluidos en el plan de pensión anticipada. En su concepto, sí los reunían pues
los demandantes contaban con las condiciones para ser acogidos en cualquiera de
los regímenes especiales de pensiones aplicables para servidores de Telecom.
Asimismo, consta que se allegó copia de otros fallos, expedidos a propósito de
casos similares, confirmados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo Sala Civil-Familia Laboral del 7 de diciembre de 2007, rad. No.
ST-134 MP. Manuel Raquel Rodelo Navarro. En la ratio de las sentencias se apoyó
el Juzgado para manifestar que los actores tenían derecho a un trato igual y
que, por ende, debía reconocérseles su derecho al PPA.
El
Juzgado manifestó además que según el contrato de fiducia mercantil, cláusula
2, el PAR sí puede responder por lo que piden los actores, pues uno de los
objetos de ese patrimonio autónomo de remanentes es atender los procesos
judiciales arbitrales y  administrativos, o de otro tipo, que se hayan iniciado
contra las  entidades de liquidación y de manera especial asumir y ejecutar las
demás obligaciones remanentes a cargo de Telecom y teleasociadas en
Liquidación, incluso si son posteriores al cierre de todos los procesos
liquidatorios. También el art. 35 del D.L. 254 de 2000, modificado por el art.
19 de la  Ley 1105 de 2006, establece a su juicio que si al terminar la
liquidación existían procesos pendientes contra la entidad, las contingencias
respectivas serían atendidas con cargo al patrimonio autónomo, de  suerte que
la entidad accionada en este caso debe responder por las acreencias laborales
demandadas por ex trabajadores de la compañía ya extinta. En adición, arguyó
que el PAR había reconocido adeudar a los tutelantes, por concepto de PPA, una
elevada suma de dinero.
V. Segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Promiscuo de Familia Lorica, Córdoba, mediante sentencia
del 24 de septiembre de 2009, lo confirmó parcialmente. Lo adicionó de modo que
al total pagado se le agregara la respectiva indexación. Por tanto, ordenó el
pago de las mesadas desde julio 23 de 2003 y febrero 1 de 2006
a los actores por parte del PAR en cuantía de $8.252.883.637, con fundamento
en las  siguientes consideraciones.
Los
accionantes, en su opinión, cumplían cabalmente con las condiciones para
acceder al PPA. No reunían las condiciones para pensionarse conforme el
requisito de transición de la Ley 100 de 1993, pero cada uno de los actores se
encontraban vinculados a la extinta Telecom al momento en que se convirtió en
empresa industrial y comercial del Estado. La mayoría –dijo- cumplía 25 años de
servicio y hasta más, en el momento relevante conforme al PPA, por lo que los
cobijaría la modalidad convencional de 25 años de servicio sin considerar la
edad. Otros, que serían a su juicio minoría, obtendrían el derecho también a su
turno, por tener 20 años de servicios y 50 años de edad. Aparte, desde su punto
de vista, cuando se ofreció el PPA en Telecom, los accionantes estaban en
iguales o similares circunstancias que los empleados efectivamente favorecidos
con el citado Plan. De manera que a su modo de ver es injustificado privar a
los actores de su derecho al Plan, pues eso equivaldría a un trato desigual y
discriminatorio, contrario a la Constitución.
En
cuanto a la procedencia del amparo, el Juzgado de segunda instancia arguyó que
en su opinión era relevante tener en cuenta el hecho de que al ente accionado
le quedaban en ese momento menos de 3 meses para cumplir su misión (31 de
diciembre de 2009). Este tiempo resultaba insuficiente, desde su perspectiva,
para que los actores lograran un reconocimiento y pago efectivos  de su pensión
por la vía ordinaria. Aparte, señaló que diferentes juzgados y tribunales del
país habían fallado en casos similares a favor de los ex trabajadores de
Telecom; es decir, sin tener en cuenta el requisito relativo al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Por lo mismo sostuvo que como esos fallos,
debía ordenar al PAR el pago de los salarios y prestaciones sociales y
convencionales a los tutelantes, además de los aportes a la seguridad social
dejados de recibir por causa del despido.
Finalmente
aludió a los siguientes puntos. Primero dijo que sí corresponde al PAR
responder por las obligaciones laborales causadas por la extinta Telecom,
incluso si estas se declaraban en una sentencia después de concluido el proceso
liquidatorio. Segundo sostuvo que no había en el proceso problemas de
competencia por el fuero territorial, de conformidad con su interpretación del
auto 124 del 25 de marzo de 2009, expedido por la Corte Constitucional. En su
opinión, dicha providencia sentó un claro precedente en punto a la no facultad
de los jueces de tutela para declararse incompetentes. Tercero, adujo que la
liquidación presentada por los actores, con la respectiva indexación (no tenida
en cuenta en la liquidación del PAR) es la que se ajusta a la realidad y, en
consecuencia, que la suma a pagar era de $8.252.883.637.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Luis Enrique Madera Salgado
04/11/1958
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
174’274.530
2
Edinson Rafael Cortés Pérez
15/10/1963
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
59’374.765
3
Dulfary Elena Echavarría
Parra
06/09/1960
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
77’299.226
4
Julio César Flórez
Villamizar
20/10/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
54’109.005
5
Tulio Enrique Galindo Bozón
01/01/1956
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
53.953.483
6
Gustavo de Jesús García
Rendón
09/03/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
N/F
7
Assad Gutiérrez Posedente
26/03/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
44.521.314
8
José Helí Jaimes Delgado
08/05/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
N/F
9
Diego Mauricio Londoño
Montoya
14/06/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
59’605.866
10
Vidal Mauricio López Duque
08/08/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
67.666.744
11
Ángel María Mora Lastra
14/03/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
N/F
12
Elkin Paniagua Agudelo
08/08/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
65’219.227
13
Rafael Patiño Usquiano
02/07/1956
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
54’656.773
14
María Sussan Pérez Quintero
15/08/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
76.633.647
15
Luz Eugenia Quintero Tello
23/09/1960
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
50’624.806
16
Álvaro del Carmen Rodríguez
Guerrero
02/12/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
44’858.862
17
Luis Eduardo Santos Escobar
04/12/1956
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
N/F
18
Jairo Libardo Sotelo
Domínguez
23/03/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
88.552.964
19
Juan María Verdecia
Sarmiento
23/03/1959
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
77’465.070
20
Oscar Alberto Yepes Torres
08/07/1955
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
166’475.050
21
Rubén Darío Álvarez Aguilar
11/01/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
74’281.471
En
el expediente, y en lo relacionado con la señora María Sussan Pérez Quintero,
aparece una respuesta del PAR del 31 de marzo de 2006, a una reclamación
administrativa en la que solicita el reintegro y pago de salarios y
prestaciones, así como el reconocimiento de pretensiones laborales, como el
pago de una indemnización por despido ilegal. Se relaciona también que la
actora presentó solicitud a la Procuraduría el 20 de septiembre de 2005, en la
cual pidió se le informara a cuál modalidad pensional tenía derecho. Presentó
asimismo respuesta a un derecho de petición por parte de CAPRECOM del 05 de
octubre de 2005, en la que se le informaron las modalidades pensionales de los
trabajadores de Telecom. Obra respuesta a una petición, en la que CAPRECOM se
refiere al valor de su bono pensional. Aporta respuesta del PAR del 18 de junio
de 2008 a una petición presentada, en la que le informa que para esa fecha no
cumplía con los requisitos de la pensión de jubilación. La señora María Sussan
Pérez Quintero ocupó un cargo de excepción en la compañía durante 13 años y 3
meses. Trabajó también en otros cargos, dentro de TELECOM, pues ingresó a
laborar a la entidad el 14 de enero de 1982. Al resolverse el vínculo que tenía
con la entidad liquidada, se le pagó además de la indemnización referida una
suma de $72’146.161 a título de “liquidación definitiva de prestaciones
sociales”.
En
el proceso obran también pruebas de que se algunos tutelantes han presentado
peticiones aparte de esta de tutela. Consta que el señor Tulio Enrique Galindo
Bozón se desempeñó en un cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la
compañía el 16 de diciembre de 1981 hasta que fue desvinculado. Al terminársele
el vínculo se le pagó, además de la indemnización, una suma de $51.362.027 a
título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Hay prueba
de que se expidió una sentencia de tutela el 30 de julio de 2008, por medio de
la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar
protegió al actor por su condición de padre cabeza de familia, y ordenó el pago
de salarios y prestaciones desde su desvinculación hasta la fecha de
liquidación definitiva de Telecom.
Obra
copia de una sentencia de tutela del 14 de abril 2008, por medio de la cual el
Juzgado Tercero de Familia de Valledupar ordena a favor del señor Assad
Gutiérrez Posedente el pago de salarios y prestaciones desde su desvinculación
hasta la fecha de liquidación definitiva de Telecom, por su condición de padre
cabeza de familia. Esta decisión fue confirmada por el la Sala Civil Familia
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar mediante
sentencia del 18 de julio de 2008. El señor Assad Gutiérrez Posedente ocupó un
cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 16 de octubre de
1987 hasta que se produjo su desvinculación. Le pagaron, al terminarse su
vínculo con la entidad, además de la indemnización señalada, una suma de
$42.221.677 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.
Consta
que el señor José Helí Jaimes Delgado interpuso previamente acción laboral
ordinaria contra Caprecom y el PAR, con base en que a su juicio tenía derecho a
ser incluido en el PPA y sin embargo fue excluido del grupo de beneficiarios
del mismo. Pedía en esa acción que
se condenara a las demandadas a reconocer el PPA desde el 1° de febrero de 2006
y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, solicitaba el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras a favor de cada uno de los demandantes desde
el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización.  Sus pretensiones se las negó en primera
instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del
30 de marzo de 2009 y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá por fallo del 11 de junio de 2009. No hay pruebas de que esté en curso
impugnación en su contra. Hay a su vez copia
de una respuesta de Telecom al señor José Heli Jaimes Delgado el 4 de abril de
2003, a una solicitud de inclusión en el plan de pensión anticipada. Telecom le
informó entonces que no cumplía con los requisitos para ser incluido en el PPA
por no encontrarse en el régimen de transición. El mismo actor aportó respuesta
del PAR, que data del 12 de julio de 2005, a un derecho de petición por el que
solicitaba ser incluida en su historia laboral el tiempo de servicio prestado
como contratista.
En
cuanto al señor Vidal Mauricio López Duque, hay pruebas de que había
interpuesto antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR,
con base en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y sin
embargo no se lo incluyó dentro del grupo de beneficiarios del mismo. Solicitó
entonces el reconocimiento y
pago de la pensión anticipada, el pago de las mesadas pensionales atrasadas, el
reajuste de la pensión de acuerdo a la ley y además la indemnización moratoria.
Al expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda, proferido por el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 7 de noviembre de 2006. No
obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario. Asimismo, en el cuaderno anexo de pruebas el PAR reportó que el
actor interpuso acción de tutela en 2008 ante el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Cereté, autoridad que mediante providencia del 18 de diciembre de
2008 ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar
desde la desvinculación. Este fallo fue confirmado en segunda instancia por el
Juzgado Penal del Circuito de Cereté.
En
lo que atañe al señor Luis Enrique Madera Salgado, en el mismo cuaderno el PAR
reporta que interpuso tutela en 2008 ante el Juzgado Primero Promiscuo de
Cereté, quien mediante providencia del 2 de octubre de 2008  declaró
improcedente el amparo. El objeto del mismo era el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de cancelar desde la desvinculación. El Juzgado
Penal del Circuito de Cereté revocó el fallo en segunda instancia.
Hay a su vez medios de prueba, mediante los cuales se
pretende acreditar que el señor Jairo
Libardo Sotelo Domínguez había interpuesto previamente acción ordinaria laboral
contra el PAR y CAPRECOM, con base en que a su juicio era trabajador de TELECOM
con derecho a ser incluido en el PPA y en que, sin embargo, se lo excluyó del
grupo de beneficiarios de ese Plan. En su demanda ordinaria, pidió condenar a las demandadas a reconocerle el
PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el
pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a desde el 1° de febrero
de 2006, hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación,
con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente pidió el pago de la
pensión convencional de jubilación. Dicha acción fue
negada en primera instancia mediante fallo del 23 de febrero de 2009, expedido
por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá. No obra la
providencia de segunda instancia correspondiente a ese proceso judicial.
***
EXPEDIENTE T-2476358
I. Información general
Actores:
Ruth Milena Gómez Hernández,
Adalys Yamile Martínez Ríos, Gloria Stella Hincapié Guzmán, Lupe Cecilia
Serrano  Moreno, Margot Pabón González, Emilio de Jesús González Villada,
Alicia Zabala, Elver Danilo Torres González, Luis Hernando Gutiérrez Ávila,
Libardo Antonio Moreno Pineda, Amanda Cuellar Vásquez, Hernando Ramírez
Zambrano, José Ricardo Camacho Antonio, Fernando Marín Lozano, Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez, Álvaro José Morales Ezqueda, Jorge Otoniel Jiménez Castro,
Floralba Sánchez Pérez, Flor Emilia Campo Vargas, Miriam Avendaño Amaya, Cristo
Rafael Pájaro Almanza, Rodrigo Triana, Luis Francisco Cáceres Ovalles, Jorge
Alberto Molina Villa, José de Jesús Becerra Avendaño, María del Socorro
Restrepo Gómez, Carlos Eufrasio Brun Arango.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 26
de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: mínimo vital, igualdad, familia, asistencia a las personas  de la
tercera edad, seguridad Social, derechos adquiridos.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Luz Stella Gutiérrez.
II. Hechos relevantes
Dicen los demandantes que, injustificadamente, no
fueron incluidos dentro del PPA, a pesar de reunir todos los requisitos
previstos para ello. Por lo mismo, solicitaron ordenarle al PAR incluirlos en
dicho Plan, en vista de que estaban vinculados a Telecom al momento en que se transformó
en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y aun cuando ninguno de ellos
hubiese adquirido en su momento el derecho a pensionarse conforme al régimen de
transición en pensiones establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993. Igualmente solicitan ordenarle el pago de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación, con los
incrementos salariales respectivos, y la indexación de las sumas, hasta que se
les notifique el reconocimiento de la pensión definitiva de jubilación y la
inclusión de los actores en nómina de pensionados. Piden también que se hagan
los aportes a la Seguridad Social.
En
un escrito posterior, la apoderada de los accionantes solicitó el embargo de un
suma de dinero de las cuentas bancarias del PAR, hasta por la suma de quince
mil novecientos sesenta y nueve millones doscientos doce mil ciento cuarenta
pesos ($15.969.212.400).
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela inicialmente porque a su juicio se interpuso ante un
Juzgado que carece de competencia territorial, en tanto ninguno de los
tutelantes prestó sus servicios en el municipio de Ayapel. Por tanto, solicitó
decretar la nulidad insaneable de la acción. Aparte, sostuvo no ser competente para proferir actos administrativos de
reconocimiento o de negación de solicitudes de reconocimiento pensional.
En cuanto al fondo de las peticiones, señaló que
ninguno de los tutelantes cumple con el requisito de ser beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que este es indispensable para
acceder al PPA. Por lo demás, sostuvo que algunas personas, aunque tuvieron
oportunidad de hacerlo en su momento, no enviaron la información y los soportes
del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo tanto no fueron beneficiarios
de un ofrecimiento de inclusión en el PPA. A pesar de eso, manifiesta que los
tutelantes tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión
anticipada pero, por negligencia, no lo hicieron.
El PAR se opone, por lo demás, a la procedencia de la
tutela pues argumenta que no se cumple con el requisito de la inmediatez. Aduce
asimismo que el PAR no remplaza a Telecom, toda vez que es un negocio jurídico
y no una persona jurídica, y no tiene la facultad para reconocer el derecho a
la pensión anticipada. Indica que los
tutelantes deben acudir a las acciones ordinarias para solicitar la protección
de sus derechos, y que a su modo de ver la tutela es improcedente en casos así
ya que no cumple con el requisito de subsidiariedad. Cita la sentencia T-589 de
2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), a partir de la cual concluye que la
Corte Constitucional ha manifestado que los trabajadores de Telecom debían
cumplir con todos los requisitos establecidos para el efecto, y no sólo con algunos
de ellos, a fin de ser incluidos en el plan de pensión anticipada.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencias del 8 y el 9 de septiembre de
2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, por una parte, decretó el
embargo y retención previos de los dineros que el ente accionado tuviera en
cuentas de ahorro y corriente en el Banco Agrario de Colombia S.A. y en el
Banco Popular de la ciudad de Montería, por un monto igual a $15.969.212.140, y
por otra parte tuteló los derechos de los actores. Ordena entonces al PAR que en un término de 48 horas,
contadas desde la notificación del fallo, incluya y ofrezca a los tutelantes el
PPA, así no estuvieran en el régimen de transición.
Específicamente,
ordenó al PAR pagarles a los tutelantes las mesadas correspondientes desde el
1° de febrero de 2006, hasta el día en que CAPRECOM le reconozca la pensión
definitiva, con indemnización e intereses moratorios. Igualmente le ordenó
pagarles los salarios, prestaciones sociales y convencionales a su juicio debido,
además de los aportes a la seguridad social, dejados de percibir por causa del
despido, con incremento salarial desde el 1° de febrero de 2006. Aparte dispuso
que debía cancelarles a la indemnización a que tienen derecho los accionantes,
sumas que deberán ser indexadas, además ordenó que se reliquidaran las
prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes. También
ordenó a Caprecom que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo, proceda al reconocimiento y pago de la pensión incluyendo el retroactivo
correspondiente a las mesadas pensionales a que tiene derecho los accionantes.
En
la parte resolutiva, el Juzgado ordenó adicionalmente al PAR que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de la providencia, hiciera el
ofrecimiento del PPA a los accionantes, en los mismos términos en que se hizo
dicho ofrecimiento a los empleados de Telecom. Informó que las pensiones debían
a su turno ser liquidadas teniendo en cuenta los factores legales y
extralegales consagrados en el Decreto 1158 de 1994, además de los salarios,
prestaciones sociales y convencionales, aportes a la
Seguridad Social dejadas de percibir por causa del despido, con incremento
salarial desde el 1° de febrero de 2006, hasta la fecha en que CAPRECOM le
reconozca la pensión definitiva, todo esto con indexación e intereses
moratorios.
Para llegar a esa conclusión, primero negó la
solicitud de nulidad del proceso sobre la base de que la ley no exige, como
condición de competencia territorial, que un ex trabajador reclame la
protección de sus derechos fundamentales donde hubiese prestado sus servicios
en favor del empleador.
En lo que atañe al fondo del asunto, el Juzgado consideró
que Telecom vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores ya que no les
ofreció, ni los incluyó en, el Plan de Pensión Anticipada, aun cuando tenían
derecho a ello. Considera que una accionante (no identifica cuál) tiene
especial derecho a que se le tutele su derecho porque se está afectando su
derecho al mínimo vital. Dice que los actores no cuentan con un medio judicial
idóneo de defensa de su derecho a la igualdad, a su modo de ver, porque el PPA
no tiene su origen en una norma legal, sino “que su[s] derechos surgen de la
liberalidad de Telecom y del ofrecimiento voluntario que esta hizo a los
trabajadores. Siendo así, no hay un mecanismo idóneo para obligar a Telecom a
que les ofrezca el mismo plan de Pensión anticipada, cuando ese derecho no se
funda en nomas legales que sea exigible ante la jurisdicción laboral”.
V. Fallo de segunda instancia
En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel - Córdoba, en sentencia del 30 de septiembre de 2009,
confirmó parcialmente el fallo impugnado por el PAR. Consideró que Telecom
vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores al no ofrecerles el PPA
aunque no cumplieran con el requisito de estar cobijados por el régimen de
transición. Manifestó al respecto que no era del caso aplicarles los requisitos
de la Ley 100 de 1993 a estas personas porque ellos se gobernaban por una
normatividad particular, contenida en la
Convención Colectiva de Trabajo de Telecom. Además, a los otros trabajadores
a los que sí se les ofreció el PPA no se les exigió cumplir con ese requisito
previamente. Con base en ello ordenó que a los tutelantes desvinculados desde
el 26 de julio de 2003, se les reconociera el pago de las mesadas desde esa
fecha y no desde el 01 de febrero de 2006, como lo había dicho el juez de
primera instancia. Revocó la orden del pago de salarios, prestaciones sociales
y convencionales, aportes a la seguridad social por incremento salarial a raíz
del despido, pues lo que se protege es a su juicio el pago de las mesadas
pensionales. Ordenó indexar el valor de las mismas.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Ruth Milena
Gómez Hernández
08/04/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
60’209.665
2
Adalys Yamile
Martínez Ríos,
02/08/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
51’888.272
3
Gloria Stella
Hincapié Guzmán
16/04/1965
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
61’247.447
4
Lupe Cecilia
Serrano  Moreno
23/08/1962
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
38’827.483
5
Margot Pabón
González
29/08/1963
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
69’037.323
6
Emilio de Jesús
González Villada
08/06/1966
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
63’947.438
7
Alicia Zabala
01/02/1962
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
43’916.039
8
Elver Danilo
Torres González
06/05/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
47’218.700
9
Luis Hernando
Gutiérrez Ávila
29/10/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
50’604.855
10
Libardo Antonio
Moreno Pineda
18/02/1960
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
39’183.944
11
Amanda Cuéllar
Vásquez
19/02/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
134’934.490
12
Hernando Ramírez
Zambrano
18/11/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
92’799.766
13
José Ricardo
Camacho Antonio
20/10/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
36’187.313
14
Fernando Marín Lozano
30/11/1963
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
131’057.072
15
Jisela del Pilar
Rodríguez Jiménez
16/06/1966
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
127’327.576
16
Álvaro José
Morales Ezqueda
11/09/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
146’517.018
17
Jorge Otoniel
Jiménez Castro
04/07/1955
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
115’178.317
18
Floralba Sánchez
Pérez
18/12/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
46’996.349
19
Flor Emilia
Campo Vargas
04/07/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
66’285.961
20
Miriam Avendaño
Amaya
20/04/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
43’685.160
21
Cristo Rafael
Pájaro Almanza
01/02/1960
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
118’496.084
22
Rodrigo Triana
24/09/1956
Julio 26 de 2003
Agosto 25 de 2009
68.107.751
23
Luis Francisco
Cáceres Ovalles
12/11/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
39’660.448
24
Jorge Alberto
Molina Villa
21/05/1954
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
40’402.387
25
José de Jesús
Becerra Avendaño
05/08/1960
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
55.533.235
26
María del
Socorro Restrepo Gómez
02/09/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 25 de 2009
83’244.670
27
Carlos Eufrasio
Brun Arango
11/09/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 25 de 2009
101’183.092
En el proceso constan pruebas de que el señor Rodrigo Triana había interpuesto antes de
esta tutela una acción ordinaria  contra el PAR de TELECOM sobre la base de que
era un trabajador de TELECOM, a su juicio con derecho a ser incluido en el PPA,
y a quien injustificadamente se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho
Plan. En ese contexto solicitó que
se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006
y hasta cuando cumpliera los requisitos para acceder a la pensión convencional
de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas
y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago
de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.
Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del 12 de diciembre
de 2008, expedido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. No obra
fallo de segunda instancia, ni hay pruebas de que esté en curso una
impugnación.
Igualmente, entre los
documentos adjuntados durante el proceso, se advierten algunos indicativos de
que el señor Jorge Otoniel Jiménez Castro había instaurado, antes
de esta, una tutela contra el PAR. En ella pedía también ser incluido en el PPA
sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a
ello y de que, sin embargo, había resultado excluido del grupo de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitaba entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR
que lo incluyera en el PPA, y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde
el 1° de febrero de 2006 hasta el día en que se le reconociera la pensión
definitiva. Esa otra tutela fue declarada improcedente, en
primera instancia, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería
mediante providencia del 13 de mayo de 2009.
Las pruebas indican que el señor José de
Jesús Becerra Avendaño entró a trabajar en un cargo ordinario al
servicio de TELECOM, y lo desempeñó sin solución de continuidad, desde el 23 de
diciembre 1987 hasta el 31 de enero de 2006, cuando resultó desvinculado. Antes
del 23 de diciembre de 1987 había tenido otros tipos de vinculación con
TELECOM, pero no está claro hasta qué momento. Al liquidarse la entidad se le
pagó, además de la indemnización antes mencionada, una suma de $5.261.515 por
concepto de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”.
***
EXPEDIENTE T-2476359
I. Información general
Actores:
Eduardo Antonio Acosta Luna, Jaime Esteban Barrera López, Carlos Zaidth Bolaños
Pazos, Nubia Yolanda Combariza Granados, Jorge Luis De Oro Mejía, Jaime Elías
Flórez Ramos, Julio César Hernández Palacios, Omaira Infante Suárez, Doris
Consuelo Jaimes de Barreto, Hernando Moreno Ávila, Ismael Rincón Ramírez,
Antonio Carlos Rojano Romero, Juan Emiliano Salamanca Guzmán, Víctor Manuel
Severiche Tarrifa, Fernando Trejos Santa, Fernando Enrique Vila Carvajal.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 19
de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: mínimo vital, igualdad, asistencia a las personas de la tercera
edad, seguridad social, derechos adquiridos.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Luis Eduardo Flórez Pertuz.
II. Hechos relevantes
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Su
apoderado manifiesta que todos los peticionarios estaban vinculados a Telecom
al momento en que se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y
que a pesar de que ninguno estaba amparado por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, tenían derecho al Plan de Pensión Anticipada. Asimismo,
asevera que  todos los tutelantes han
experimentado problemas para encontrar un nuevo empleo y que sus situaciones
económicas son precarias, por lo que se presume la afectación a su mínimo
vital. Agrega que los demandantes se encuentran fuera del mercado laboral por
sus edades.
Solicita en este contexto que se ordene incluirlos en
el plan de pensión anticipada. Igualmente en la acción de tutela se pide
ordenar el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde la fecha
de desvinculación hasta que les sea reconocido el derecho a la pensión
definitivamente, y que a todo lo debido se le haga la correspondiente
indexación.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opone a la tutela. Manifiesta que el Juzgado ante el cual se interpuso
carece de competencia territorial para resolver el amparo, pues ninguno de los
tutelantes prestó sus servicios en el municipio de Ayapel, donde esa autoridad
tiene jurisdicción, y por lo tanto solicita que se decrete la nulidad
insaneable de la acción. Informa
además que el PAR carece de competencia para proferir un acto administrativo de
reconocimiento de pensiones, y señala que ninguno de los tutelantes cumple con
los requisitos de necesarios para ser incluido en el PPA pues no son
beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. Dice que algunas personas, aunque tuvieron la oportunidad
para hacerlo, no enviaron la información indispensable para ser inscrito en el
Plan de Pensión Anticipada.
En cuanto a la oportunidad para interponer el amparo,
el PAR adujo que los tutelantes pretenden revivir términos ya vencidos, pues
tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión anticipada
pero, por negligencia, no solicitaron el reconocimiento del derecho a la
extinta Telecom. Argumenta en consecuencia que no se cumple con el requisito de
la inmediatez. Además arguye que el PAR no remplaza a Telecom, ya que es un
negocio jurídico y no una persona jurídica, que no tiene la facultad para
reconocer el derecho a la pensión anticipada. Indica asimismo que los tutelantes deben acudir a las acciones
ordinarias para solicitar la protección de sus derechos.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 1 de septiembre de 2009, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel resolvió no anular el proceso, pues a su
juicio no había un problema de competencia sino de reparto, en virtud del cual
no resultaba posible afectar los derechos fundamentales de los actores.
Respecto al fondo, tuteló los derechos y ordenó incluir a los actores en el PPA
a pesar de no ser beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, entre otras razones porque así lo había sostenido el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería en fallo del 16 de julio de 2009.
Igualmente consideró que si  bien los actores no son personas de la tercera
edad, consideró que los actores presentaron pruebas que acreditaban su estado
de indefensión, de lo cual concluyó que la acción de tutela es procedente para
amparar los derechos fundamentales de los actores al mínimo vital. Entonces
ordenó reconocer, liquidar y cancelar a los tutelantes, las mesadas
correspondientes desde la fecha de la desvinculación y hasta cuando se
produjera el reconocimiento definitivo de la pensión, sumas que ordenó fueran
indexadas.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, en segunda instancia
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel - Córdoba, en sentencia del 29 de
septiembre de 2009, confirmó el la decisión de primera instancia tras
considerar que Telecom vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores al
no ofrecerles el PPA sobre la base de que no estaban cobijados por el régimen
de transición. Dijo que la fecha para establecer si los trabajadores cumplían
con los requisitos para acceder al PPA debía ser el 31 de marzo de 2010, por
ser la más favorables para los trabajadores, y que se debía tener en cuenta los
requisitos de la convención colectiva para acceder a la pensión de jubilación y
no el régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993, por tratarse de normas de carácter restrictivo que violentan
derechos fundamentales de los ex trabajadores.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Eduardo Antonio Acosta Luna
17/09/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
73’232.275
2
Jaime Esteban Barrera López
02/12/1955
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
217.321.375
3
Carlos Zaidth Bolaños Pazos
30/10/1963
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
144’924.141
4
Nubia Yolanda Combariza
Granados
29/01/1959
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
94’778.422
5
Jorge Luis De Oro Mejía
04/02/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
151’058.946
6
Jaime Elías Flórez Ramos
16/08/1958
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
104.467.421
7
Julio César Hernández
Palacios
17/07/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
138’238.141
8
Omaira Infante Suárez
11/03/1959
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
128’421.532
9
Doris Consuelo Jaimes de
Barreto
22/06/1956
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
46’263.826
10
Hernando Moreno Ávila
13/07/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
71.367.073
11
Ismael Rincón Ramírez
11/07/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
210’239.235
12
Antonio Carlos Rojano
Romero
20/12/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
71.716.749
13
Juan Emiliano Salamanca
Guzmán
20/04/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
234’076.565
14
Víctor Manuel Severiche
Tarrifa
12/01/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 19 de 2009
146.800.538
15
Fernando Trejos Santa
18/08/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
157.586.549
16
Fernando Enrique Villa
Carvajal
16/09/1954
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
199’112.284
En
los expedientes reposan pruebas de que el señor Jaime Esteban Barrera López
ocupó en TELECOM un cargo ordinario desde su ingreso, que tuvo lugar el 19 de
julio de 1985, hasta el momento de la desvinculación. Al terminarse su vínculo
con la entidad, se le pagó además de la indemnización referida, una suma de
$38.232.447 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Al
proceso se adjuntaron también pruebas de que este actor había interpuesto
peticiones antes de la acción de tutela. El 28 de abril de 2006 formuló una
reclamación administrativa, con miras a que se anulara la terminación de su
relación laboral el 31 de enero de 2006. Solicitó el reintegro, y las demás
obligaciones derivadas de ello, con base en que a su juicio era padre cabeza de
familia y por tanto tenía derecho a ser incluido en el retén social. La
solicitud fue presentada ante el Ministerio de Comunicaciones, Fiduciaria la
Previsora S.A. liquidador, Colombia Telecomunicaciones S.A., Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y otras entidades. El 20 de diciembre de 2006
promovió también una solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante
Caprecom. El 26 de diciembre de 2009 hizo una nueva reclamación para que se le
anulase la terminación del contrato de la que fue víctima el 31 de enero de
2006. Solicitó otra vez el reintegro y las demás obligaciones derivadas del
mismo, por considerarse padre cabeza de familia y estar incluido en el retén
social. Tal solicitud fue a su vez presentada ante el Ministerio de
Comunicaciones, Fiduciaria la Previsora S.A. liquidador, Colombia
Telecomunicaciones S.A., Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras
entidades.
En
cuanto al señor Jaime Elías Flórez Ramos, las pruebas indican que ocupó un
cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 21 de abril de
1981, hasta cuando fue desvinculado. Consta que al finalizar su vínculo con la
entidad se le pagó además de la indemnización antes mencionada, una suma de
$12.659.310 a título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. Hay
también documentos que acreditarían que el señor Jaime Elías Flórez Ramos, el
10 de enero de 2006, solicitó la promoción automática de auxiliar
administrativo VIII a Auxiliar Administrativo IX. El 1° de junio de 2009
presentó solicitud de pensión de jubilación por tiempo laborado, alegando a su
vez la condición de padre cabeza de familia. El 21 de marzo de 2006 presentó
reclamación administrativa laboral y agotó la vía gubernativa. Elevó también
derecho de petición, solicitando el derecho al reconocimiento de la pensión
convencional, pero no hay fecha en el escrito.
***
EXPEDIENTE T-2484301
I. Información general
Actores:
Albeiro Cruz Agudelo, Sandra Patricia Melo Tarazona, Genaro Ortiz Muñoz,
Pablo Enrique Pardo Ojeda, Helman Ricardo Ramírez Leyva, Fair Ramírez Rubio,
Edgar Paul Rodríguez Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma Patricia Romero Castro,
Luis Francisco Rueda Maluendas, Francisco Javier Sánchez Fajardo, Víctor Julio
Sierra Canastero, Jaime Enrique Supelano Gómez, José Meidelso Torres Beltrán,
Rubén Norberto Torres Vega.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 19
de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: mínimo vital, vida
digna, igualdad, asistencia a las personas de la tercera edad, seguridad
social, derechos adquiridos.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Luis Eduardo Flórez Pertuz.
II. Hechos relevantes
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo en su
momento, en calidad de funcionarios al servicio de Telecom. Solicitan ordenarle
al PAR incluirlos dentro del PPA, y en consecuencia que se les reconozca,
liquide y cancele la pensión a quienes tienen derecho, aunque no se encuentren
en el régimen de transición previsto por la
Ley 100 de 1993. Hay circunstancias particulares de algunos actores, que se
destacan en la tutela. El señor Helman Ricardo Ramírez Leyva alega que por
haber sido operado de tumor cerebral, no ha conseguido trabajo. Dice la acción
que el hijo menor del señor Pablo Enrique Pardo Ojeda sufrió parálisis fácil,
lo cual obligó a este último a endeudarse para poder pagar las terapias. Los
señores Sánchez Fajardo Francisco Javier y Romero Castro Emma Patricia adjuntan
carta de TELECOM donde se les notifica que se niega la pensión por no estar en
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Alega que el juez ante
quien se instauró carece de competencia para conocerla y resolverla, pues no es
el del lugar donde ocurrió la vulneración de los derechos invocados. Según el
PAR, 14 de los peticionarios presentaron sus servicios en Bogotá y sus
alrededores y 1 de ellos los prestó en Ibagué, y sin embargo promovieron el
amparo ante un juez de Lorica, departamento de Córdoba. Solicita entonces la
nulidad de todo lo actuado. Y además aduce que el PAR no es administrador de
pensiones, razón por la cual no puede expedir actos administrativos de
reconocimiento pensional, de suerte que no es dable conceder la tutela y
ordenarle la expedición de un acto de esa naturaleza respecto de los
accionantes.
En lo que atañe al asunto de fondo, el ente demandado
sostuvo que ninguno de los actores cumple con el requisito de estar en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia que no es
válido  reconocerles su derecho a estar incluidos en el plan de pensión
anticipada.
IV. Fallo de primera instancia
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en
sentencia del 1 de septiembre de 2009 tuteló los derechos fundamentales
invocados. Ordenó al PAR reconocer, liquidar y cancelar a los tutelantes, las
mesadas correspondientes, desde la fecha de desvinculación real, hasta cuando
se produjera el reconocimiento definitivo de su pensión, con la indexación a
que hubiera lugar.  Para sustentar su fallo, adujo que todos los peticionarios
demostraron un perjuicio irremediable, y asimismo que se encontraban justo en
las mismas condiciones de los actores que fueron beneficiados por un fallo del
16 de julio de 2009 de Tribunal Superior de Distrito Judicial de  Montería. En
lo atinente al fondo del asunto, dijo que el requisito de estar en el régimen
de transición de la Ley 100 no se les aplicaba, pues lo exigible en su caso era
cumplir los requisitos del régimen vigente a la fecha en que la empresa se
convirtió en empresa industrial y comercial del estado, porque ellos ya estaban
vinculados a su planta.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado el fallo, en segunda instancia el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica Córdoba lo confirmó, mediante
sentencia del 5 de octubre de 2009. Reiteró para el efecto la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela como
medio encaminado a solicitar el reconocimiento de derechos pensionales. Después
señaló que a los peticionarios no se les debía, en virtud de la Convención
Colectiva, exigir el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse con el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.  Finalmente, sostuvo que ante el fin
inminente del PAR las acciones ordinarias eran inidóneas pues podía darse el
caso que quedaran insolutas las obligaciones contraídas por la hoy extinta
TELECOM.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
José Albeiro
Cruz Agudelo
08/07/1959
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
51’985.227
2
Sandra Patricia Melo
Tarazona
18/01/1966
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
41’560.097
3
Genaro Ortiz Muñoz
31/01/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
172.828.63
4
Pablo Enrique Pardo Ojeda
24/04/1955
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
72.927.645
5
Helman Ricardo Ramírez
Leyva
15/04/1960
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
147’266.579
6
Jair Ramírez Rubio
24/08/1954
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
150’246.562
7
Edgar Paul Rodríguez Rodríguez
18/11/1959
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
70’424.803
8
Jairo Rojas Acuña
16/01/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
142’557.750
9
Emma Patricia Romero Castro
12/05/1962
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
42’465.542
10
Luis Francisco Rueda
Maluendas
15/12/1960
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
104’780.058
11
Francisco Javier Sánchez
Fajardo
06/03/1961
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
138’379.382
12
Víctor Julio Sierra
Canastero
01/10/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
151’735.048
13
Jaime Enrique Supelano
Gómez
09/09/1957
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
164’056.852
14
José Meidelso Torres
Beltrán
29/06/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
170’787.043
15
Rubén Norberto Torres Vega
03/04/1958
Julio 25 de 2003
Agosto 19 de 2009
3’014.759
Consta
en los expedientes que el señor Pablo Enrique Pardo Ojeda, el 6 de marzo de
2006 presentó reclamación administrativa para el reconocimiento del plan de
pensión anticipada. Este accionante se desempeñó en un cargo ordinario en
TELECOM desde cuando ingresó a la compañía el 10 de noviembre de 1980, hasta
que se desvinculó el 25 de julio de 2003. Consta que al finalizar su vínculo
con TELECOM, se le pagó además de la indemnización, una suma de $5.854.930 a
título de “liquidación definitiva de prestaciones sociales”. El señor
Genaro Ortiz Muñoz, el 6 de marzo de 2006 presentó reclamación administrativa
con el objetivo de acceder al PPA. Este mismo actor promovió 14 de julio de
2006 solicitud de reintegro, y de pago de los salarios y prestaciones dejadas
de percibir, en razón de que consideraba que estaba incluido en el reten
social. También el 28 de enero de 2009 presentó solicitud de reintegro y pago
de salarios y prestaciones dejadas de percibir, por considerarse con derecho al
retén social. Se observa que este peticionario ocupó un cargo ordinario al
servicio de TELECOM desde que ingresó el 14 de octubre de 1981, hasta cuando se
desvinculó. Al terminársele el vínculo con la compañía, le pagaron además de la
indemnización referida, una suma $4.560.265 por “liquidación definitiva de
prestaciones sociales”.
***
EXPEDIENTE T-2500881
I. Información general
Actor:
Alfredo Chica Gutiérrez.
Demandado:
Director/representante legal del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Telecom.
Fecha
de  presentación de la tutela: 24 de julio de 2009.
Derechos
vulnerados: trabajo, debido proceso, igualdad y favorabilidad.
Asunto: plan de pensión anticipada.
Abogado: Joaquín Miguel Romero Calle.
II. Hechos relevantes
El
peticionario nació el 4 de abril de 1960. Dice que trabajó para Telecom hasta
el mes de julio de 2002, fecha en la cual fue desvinculado. No obstante, por
fallo de tutela del Juzgado 8 Administrativo de Barranquilla y del Tribunal
Administrativo del Atlántico  fue reintegrado a la compañía, pero esta vez sólo
hasta el 30 de enero de 2006. Empero, señala que sólo hasta el año 2009 se le
empezaron a pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al
lapso comprendido entre abril de 2002 y enero 30 de 2006, lo que significa que
a partir del febrero de 2006 se quedó sin recurso alguno acumulado que le
permita subsistir. El actor dice ser padre cabeza de familia con una esposa y
dos
hijos estudiantes.  Asegura que en su momento quedó sin recursos económicos
y que se le negó su inclusión en el PPA. Solicita ordenarle al PAR que lo incluya en la nómina de beneficiados por el
PPA hasta cuando se le reconozca definitivamente el derecho a la pensión, y que
se le dé un tratamiento igual al de Carmen Patricia Narváez Blanco, Nelis
Peñaranda Brito y Yolanda Ávila Vásquez.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Dijo no ser administrador de pensiones, y en esa
medida carecer de competencia para proferir un acto administrativo de
reconocimiento pensional a los ex trabajadores de Telecom. En cuanto a las
circunstancias particulares del tutelante, sostuvo que no podría ordenarse su
acceso al retén social, pues no reúne los requisitos para ello.
Específicamente, dijo que al 31 de enero de 2006 el demandante tenía 45 años de
edad y un tiempo de servicio de 19 años, 6 meses y 9 días. Con esos datos, a su
juicio la expectativa pensional del peticionario se debía regir por el sistema
general de pensiones. Aparte, indicó que el actor tampoco cumpliría requisitos para ser incluido
en el PPA, entre otras razones porque no está cobijado por el régimen de
transición. Por lo demás, dijo que si el tutelante creía tener derecho a estas
prestaciones, debió solicitárselas oportunamente a la entidad. En su criterio,
lo que no es razonable es que años después, cuando el proceso liquidatorio ya
está terminado, se alegue la violación de derechos fundamentales. Una solicitud
en este momento, lo que pretende es revivir términos vencidos y crear
instancias adicionales.
IV. Sentencia de primera instancia
El
Juzgado Octavo Administrativo del Círculo de Barranquilla, mediante fallo del
13 de agosto de 2009, decidió declarar improcedente la tutela. Dijo, para
llegar a esa conclusión, que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o
reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia pensional. El actor cuenta con otro medio de defensa
judicial ante la jurisdicción laboral que es la encargada de determinar si
cumple o no los requisitos para obtener la pensión anticipada. Sostuvo que, por lo demás, en este caso el supuesto perjuicio irremediable ya se causó o
consolidó, y que no resulta procedente una acción de tutela tardía. El
tutelante debía, en su concepto, haber interpuesto la solicitud de amparo
cuando finalizó el proceso de liquidación.
V. Sentencia de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante fallo del 26 de
octubre de 2009, lo revocó y concedió el amparo. En consecuencia, le ordenó al
PAR que en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación
de la sentencia, cancelarle al accionante a título de indemnización los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 31 de enero de
2006 hasta el 23 de julio del mismo año, lapso que también debería incluirse en
la contabilización de la
relación laboral, a fin de cumplir los 20 años del tiempo de servicio que le
permitirían reclamar el reconocimiento y pago de la pensión a Caprecom. Para
arribar a esa decisión, el Tribunal adujo que en realidad el tutelante reclama
protección es a su calidad de prepensionado; es decir, persigue la aplicación
del denominado retén social. Y sostuvo que en virtud de tal calidad, merecía
una decisión judicial que lo amparara.
***
EXPEDIENTE T- 2507052
I. Información general
Actores:
Martha Luz Builes Zuluaga, Gustavo Adolfo Andrade González, Leoncio Antonio
Buriticá Marín, Kathy del Socorro Bustillo Pertuz, Rosa Irene Del Río Bastidas,
Gustavo Díaz Melo, José Eugenio Fonseca Silva, José Hernán González Martínez,
Wither del Socorro Gutiérrez Mazo, Ruth de las Mercedes Laguna Ortega, Arline
Livingston Britton, María Nohemy López López, Martha Elena Pavas Álvarez, Luis
Enrique Medina Lima, Luis Alberto Mena Ruíz, Dagoberto Mesa Castillo, Luz
Marina Miranda Marrugo, Iván Molina Pérez, Félix Alberto Orjuela Carvajal,
Alfredo José Palis Romero, Rafael Antonio Patiño Granados, Armando Peña Ruíz,
Efrén José Peroza Ricardo, Jairo Alberto Quintero Bolaños, Deccy Yanire Quiroga
Moncaleano, Gersaín José Ramírez Álvarez, Martha Beatriz Ramírez Arcila, Luis
Gerney Restrepo Ruíz, María Edid Rivera Brand, Carlos Javier Rodríguez Cardozo,
Jacinto Manuel Rodríguez González, Martha Irene Tamayo Muletón, Jairo Gustavo
Trujillo Olaya, León Nicolás Villada Mejía, Eduardo Villanueva Varón, Luz María
Zuluaga Silva.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 25
de septiembre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
Asunto: plan de pensión anticipada.
Abogado: aparecen
como abogados, en distintos momentos, y en virtud de la sustitución de poderes,
Luz Stella Gutiérrez, Mairena Galarcio Muñoz, Saín Javier Mendoza Urango.
II. Hechos relevantes
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Les negaron
esa posibilidad bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos para
ser cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cual a su
juicio constituye una violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital y a la seguridad social, como quiera que, en su criterio, dicho
requisito no se debe exigir para acceder al Plan de Pensión Anticipada.
Solicitan que se protejan sus derechos y se ordene al
PAR o a cualquier otra entidad que lo reemplace, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo, y como lo ha hecho respecto de otros ex
trabajadores de TELECOM, reconozca e incluya a los tutelantes en la nómina de
pensionados por anticipación a cargo de la entidad. Asimismo piden que se
ordene al PAR o a cualquier otra entidad que lo reemplace, pagar las mesadas
pensionales derivadas del PPA y demás prestaciones sociales, legales y convencionales
dejadas de percibir por los accionantes desde el momento de su desvinculación,
hasta ser incluidos en la nómina de pensionados definitivos por la entidad
correspondiente. Por último solicitan que se ordene al PAR o quien haga sus
veces, cancelarles los aportes a seguridad social, dejados de cancelar desde el
momento de la desvinculación de los accionantes. Para asegurar el cumplimiento
de estas órdenes, piden el embargo y retención de los dineros que el PAR tenga
en cuentas corrientes de diferentes bancos de la ciudad de Montería y se ponga
a disposición del despacho judicial la suma de  $ 20.614.255.912.
III. Respuesta del PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Presentó escrito de contestación de la acción de
tutela en el que manifestó la entidad accionada que ninguno de los accionantes
cumple con los requisitos para ser incluido en el PPA. Ninguno de ellos
–agregó- está cobijado por el régimen de transición de la ley 100 de 1993.
Advirtió asimismo que los demandantes tenían la oportunidad de presentar la
documentación pertinente en su momento para demostrar que podían acceder al
PPA, y sin embargo no lo hicieron sino que seis años después, cuando Telecom ya
se extinguió, pretenden ser  incluidos en el PPA.
Expuso
el PAR que uno de los tutelantes, el señor Rafael Antonio Patiño Granados,
había presentado acción de tutela previamente por los mismos hechos junto con
otros accionantes, y que de ella conoció el Juzgado Quinto Civil Municipal de
Montería en primera instancia. En dicha oportunidad, el Juzgado resolvió
conceder el amparo y ordenó un embargo de acuerdo a las liquidaciones que
fueron aportadas, que para el caso concreto se pagaron $404.094.846. Al actor -
dijo el PAR- se le pagó en virtud de esa decisión una suma de dinero. Así,
aunque ese fallo fue luego revocado en segunda instancia, dicha suma ya se
había pagado al demandante. Por lo mismo, solicita negar el amparo respecto de
ese ex trabajador de Telecom.
Finalmente, el PAR alega la improcedencia de la acción
de tutela por falta de inmediatez, y además porque no se cumple tampoco con la
subsidiariedad ya que hay otros medios de defensa judicial y sin embargo
ninguno de los actores acreditó la necesidad de evitar de un perjuicio
irremediable.
IV. Fallo de primera instancia
El
Juzgado  Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, mediante sentencia de
octubre 8 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados de
todos los accionantes. En consecuencia, ordenó al PAR
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a
incluir a los actores en el PPA y les pagara las mesadas pensionales debidas
desde el momento de la desvinculación, hasta cuando se produjera el
reconocimiento definitivo de su pensión. En cuanto al señor Rafael Antonio
Patiño Granados, ordenó el Juez que se le descontaran los emolumentos
salariales cancelados a su favor a través del fallo de tutela anterior, en el
cual se le habían protegido algunos derechos en virtud de su fuero sindical.
Para fallar, adujo que los actores son personas de escasos recursos, muchos de
ellos de la tercera edad, que dependen de la pensión para subsistir. Estas
razones fueron a su juicio suficientes para presumir que el mínimo vital de los
demandantes se había visto afectado. Sumado a ello, consideró que al estar los
peticionarios a menos de 7 años de acceder a la pensión, contados desde la
fecha relevante para el proceso, resultaba a su juicio inaceptable el argumento
de que los actores no tenían derecho al PPA sólo por no tener derecho al
régimen de transición.
V. Fallo de segunda instancia
De
la impugnación presentada por el PAR, conoció el Juzgado Promiscuo de Familia
de Lorica, que confirmó en su totalidad el fallo recurrido, en sentencia de
octubre 28 del mismo año.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Martha Luz Builes Zuluaga
22/03/1963
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
49’468.175
2
Gustavo Adolfo Andrade
González
12/01/1956
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
119’477.312
3
Leoncio Antonio Buriticá
Marín
14/10/1952
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
39’819.974
4
Kathy del Socorro Bustillo
Pertuz
21/01/1960
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
203’231.352
5
Rosa Irene Del Río Bastidas
31/07/1959
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
31’233.154
6
Gustavo Díaz Melo
24/11/1957
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
28’080.471
7
José Eugenio Fonseca Silva
25/02/1962
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
132’649.779
8
José Hernán González
Martínez,
20/04/1963
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
188’959.782
9
Wither del Socorro Gutiérrez
Mazo
20/05/1958
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
47’071.778
10
Ruth de las Mercedes Laguna
Ortega
30/07/1959
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
76’435.685
11
Arline Livingston Britton
07/03/1961
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
64’330.286
12
María Nohemy López López
26/12/1958
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
48’903.634
13
Martha Elena Pavas Álvarez
12/12/1960
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
61’675.467
14
Luis Enrique Medina Lima
21/01/1960
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
28’459.377
15
Luis Alberto Mena Ruíz
21/06/1957
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
103’761.457
16
Dagoberto Mesa Castillo
23/07/1958
Julio 26 de 2003
Septiembre 25 de 2009
42’106.396
17
Luz Marina Miranda Marrugo
04/06/1967
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
54’765.923
18
Iván Molina Pérez
11/05/1960
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
104’233.325
19
Félix Alberto Orjuela
Carvajal
20/12/1959
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
139’179.022
20
Alfredo José Palis Romero
29/11/1959
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
81’210.357
21
Rafael Antonio Patiño
Granados
14/09/1959
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
82’374.990
22
Armando Peña Ruíz
07/03/1961
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
120’247.804
23
Efrén José Peroza Ricardo
10/12/1956
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
53’435.243
24
Jairo Alberto Quintero
Bolaños
08/02/1961
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
216’408.346
25
Deccy Yanire Quiroga
Moncaleano
14/09/1962
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
90’766.589
26
Gersaín José Ramírez
Álvarez
02/08/1959
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
116’279.668
27
Martha Beatriz Ramírez
Arcila
16/12/1959
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
62’528.731
28
Luis Gerney Restrepo Ruíz
08/04/1963
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
37’530.703
29
María Edid Rivera Brand
26/05/1959
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
57’890.214
30
Carlos Javier Rodríguez
Cardozo
05/09/1961
Julio 26 de 2003
Septiembre 25 de 2009
165.094.149
31
Jacinto Manuel Rodríguez
González
08/02/1961
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
59’259.678
32
Martha Irene Tamayo Muletón
23/05/1958
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
44’941.773
33
Jairo Gustavo Trujillo
Olaya
19/08/1956
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
48’198.761
34
León Nicolás Villada Mejía
04/02/1958
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
41’729.979
35
Eduardo Villanueva Varón
03/01/1961
Julio 31 de 2003
Septiembre 25 de 2009
164’804.045
36
Luz María Zuluaga Silva
02/04/1962
Enero 31 de 2006
Septiembre 25 de 2009
56’037.686
En
el proceso obra copia de la demanda ordinaria interpuesta por el señor Dagoberto Mesa Castillo contra el PAR de
TELECOM, en la cual adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser
incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los
beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto, pedía esencialmente el reconocimiento derecho a ser incorporado
en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de la
pensión, el reajuste de la pensión de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y la
indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la
demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso
ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso
hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.
También
consta copia de la demanda ordinaria promovida por los señores Gersaín José Ramírez Álvarez y Carlos
Javier Rodríguez Cardozo contra el PAR de TELECOM, en la cual adujeron haber
sido trabajadores de TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y, sin
embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho Plan. En ese
contexto pidieron que se
condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 31 de julio de 2003 y
hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, solicitaron el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras, hasta cuando CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. No se aportaron copias
del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda
instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba
alguna de que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia
de fondo.
El poder que aparece otorgado para obrar a nombre del
señor Gersaín José Ramírez
Álvarez, no lo extendió directamente este último sino otra persona en calidad
de agente oficiosa suya.
***
EXPEDIENTE T-2537070
I. Información general
Actores:
Adalberto Enrique Barraza Ruiz, Darío Enrique Cantero Vergara, Bolívar José
Donado Jiménez, Alejandro Guillermo Escobar Ospino, Gustavo Candelario Escorcia
Escorcia, Nilson de Jesús Garcés Mejía, Eliécer Joaquín Guzmán, Martha Luz
Martín Bacci, Hernando de Jesús Nájera González, Luis Mariano Padilla Chima,
Silvestre Palencia Villafanez, Oswald Danies Palomo López, Gregorio Puentes
Fuentes, Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo, Antonio Sanabria Miranda, Luis Alfonso
Serrano Arévalo, Julio de Jesús Solano Mercado, Jorge Ramón Soto Soto, Antonio
Luis Zagarra Charris.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 4
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo vital, vida digna, asistencia a las personas de la
tercera edad, seguridad social, derechos adquiridos, vida, derecho a la
familia.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Ana María de la
Puente Salgado.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Les negaron
esa posibilidad bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos para
ser cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cual a su
juicio constituye una violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital y a la seguridad social, como quiera que, en su criterio, dicho
requisito no se debe exigir para acceder al Plan de Pensión Anticipada.  Su apoderado dice que todas son personas de la tercera
edad y están en situaciones económicas precarias, por lo que se debe presumir
la afectación de su mínimo vital.
Igualmente
manifiesta que los tutelantes presentaron las respectivas acciones ante la
jurisdicción laboral ordinaria, pero teniendo en cuenta el fin inminente del
PAR la acción de tutela se convierte en sus casos en el medio de defensa
procedente por ser el más idóneo. En un anexo del escrito de tutela, el
apoderado argumenta que la addenda al artículo 2° de la
Convención Colectiva 1996-1997, debe inaplicarse en cuanto modificó el
artículo 3° de dicha convención colectiva mediante un procedimiento violatorio
de la constitución nacional, y es inoponible a los solicitantes de pensiones
convencionales por no haber sido depositada oportunamente.
Respecto
del tutelante Luis Mariano Padilla Chima, dice que ingresó a laborar a Telecom
en 1996, pero que había laborado antes en otras entidades estatales por 16
años, 4 meses y 3 días.
Solicita que todos los demandantes sean incluidos en
el plan de pensión anticipada, y que se ordene el pago de las mesadas
pensionales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta que les
sea reconocido el derecho definitivamente, sumas que solicita sean indexadas.
Además, pide que se ordene el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir por los accionantes debidamente actualizados e indexados, así como la
cancelación de  los aportes al sistema de seguridad social integral, dejados de
cancelar desde el despido, hasta el momento que se los incluya en la nómina de
pensionados a cargo de la entidad correspondiente. Solicitó asimismo el embargo
y retención de los dineros del PAR en las cuentas bancarias de las entidades
financieras que mencionó en escrito de tutela, hasta por la suma de
$6.821.632.535, que en su concepto corresponde al monto de lo que se les adeuda
por todo lo anterior a los demandantes.
IV. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Dijo que como patrimonio
autónomo de remanentes carece de competencia para proferir un acto
administrativo de reconocimiento pensional, como el que los accionantes
pretenden que expida. Señala, en cuanto al fondo, que ninguno de los tutelantes
cumple por lo demás con el requisito de ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Manifiesta que a su juicio no es este el
momento de pedir una inclusión en el PPA, pues este fue ofrecido en su momento
por Telecom y a los trabajadores se les dio en su momento la oportunidad de
exponer las razones por las cuales a su juicio debían ser incorporados en dicho
plan. No obstante, los actores no elevaron la solicitud de inclusión en esa
oportunidad, presentando los correspondientes comprobantes de los requisitos.
Manifiesta que los tutelantes pretenden revivir términos ya vencidos, pues
tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento de la pensión anticipada
pero, por negligencia, no solicitaron el reconocimiento del derecho a la
extinta Telecom. Argumenta entonces que no se cumple con el requisito de la
inmediatez.
El PAR agrega que como patrimonio autónomo no remplaza
a Telecom, que es un negocio jurídico y no una persona jurídica, sin la
facultad para reconocer el derecho a la pensión anticipada. Indica además que los tutelantes deben acudir a las
acciones ordinarias para solicitar la protección de sus derechos. Cita aparte
la sentencia T-589 de 2007, expedida por esta Corte, a partir de la cual
concluye que los trabajadores de Telecom, para ser incluidos en el plan de
pensión anticipada, debían cumplir con todos los requisitos establecidos en la
Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento.
V. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 12 de noviembre de 2009, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Momil – Córdoba, tuteló los derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad
social de los tutelantes, y ordenó al representante legal del PAR incluir a los
tutelantes en la nómina del PPA y pagar las mesadas pensionales dejadas de
percibir por los actores, debidamente indexadas, hasta que Caprecom le
reconociera la pensión a cada uno de ellos. Ordenó igualmente el reconocimiento
retroactivo de todos los beneficios y prestaciones que brinda el PPA,
incluyendo los correspondientes aportes a la seguridad social.
En cuanto a la solicitud de embargo y retención de los
dineros depositados en cuentas bancarias a nombre del PAR, resolvió no acceder
a ella. Dijo asimismo, en lo relativo a la competencia para conocer del asunto,
que no había un problema sino de reparto y nada más, que no afectaba por su
naturaleza el derecho al debido proceso. Tuvo por ciertas las manifestaciones
de los tutelantes respecto a que la no inclusión de los mismos en la nómina del
PPA afectaba sus derechos al mínimo vital, ya que el PAR no desvirtuó dichas
afirmaciones.  Consideró que la acción de tutela cumplía con el requisito de
inmediatez porque se está reclamando un derecho pensional, el cual está
constituido por prestaciones periódicas, de lo cual concluye que la vulneración
es permanente en el tiempo y por lo tanto se cumple con dicho requisito.
El Juzgado consideró que los tutelantes se encontraban
en la misma  situación de los trabajadores a quienes se les ofreció el PPA, por
lo tanto, concluyó que el no ofrecimiento del plan les vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad. Sostuvo que los señores Solano Mercado Julio de Jesús, Palencia Villafanez
Silvestre, Martín Bacci Martha Luz, Nájera González Hernando de Jesús, Ruiz
Cantillo Wilfrido Manuel, Palomo López Oswald Danies, Donado Jiménez Bolívar
José y Garcés Mejía Nilson de Jesús desempeñaron cargos de excepción y se les
debió aplicar el régimen pensional anterior a la
Ley 100 de 1993. Por tanto, concluyó que no había razón para que Telecom les
exigiera cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de
transición.
Respecto
de los señores Barraza Ruiz Adalberto Enrique, Cantero Vergara Darío Enrique,
Escobar Ospino Alejandro Guillermo, Escorcia Escorcia Gustavo Candelario,
Guzmán Arias Eliéser Joaquín, Puentes Fuentes Gregorio, Sanabria Miranda
Antonio, Serrano Arévalo Luis Alfonso, Soto Soto Jorge Ramón y Zagarra Charris
Antonio Luis, el Juzgado en cita adujo que los requisitos adicionales que
estableció Telecom eran excluyentes y establecían diferencias respecto de
situaciones fácticas iguales, configurándose una violación al derecho a la
igualdad. En cuanto al actor Luis Mariano Padilla Chima, consideró que pese a
no estar vinculado a Telecom cuando dicha entidad se transformó en empresa
comercial e industrial del estado, era procedente el reconocimiento de sus
derechos ya que la
Convención Colectiva amparaba a todos los trabajadores de Telecom.
VI. Fallo de segunda instancia
Impugnado el fallo, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Lorica - Córdoba, en sentencia del 27 de noviembre de 2009, lo confirmó.
Sostuvo que las normas aplicables al caso concreto debían interpretarse en la
forma más favorable para los intereses de los actores y, en consecuencia, que
se encontraban en circunstancias de hecho similares a las de aquellos
trabajadores a quienes sí se les incluyó en el PPA.  Negó empero la solicitud de embargo y consideró que
las liquidaciones presentadas por la apoderada de la parte durante la
impugnación de la sentencia de primera instancia quedaban en firme porque la
entidad accionada guardó silencio respecto de los valores allí expresados. Antes de la expedición del mismo, la
apoderada de los actores había presentado otra liquidación de las obligaciones
a favor de sus poderdantes, pero entonces esta no fue aceptada por en la
segunda instancia.
VII. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Adalberto Enrique Barraza
Ruiz
17/10/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
70’534.968
2
Darío Enrique Cantero
Vergara
06/12/1954
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
N/F
3
Bolívar José Donado Jiménez
13/11/1968
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
49’028.166
4
Alejandro Guillermo Escobar
Ospino
20/10/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
179’891.755
5
Gustavo Candelario Escorcia
Escorcia
26/04/1956
Junio 30 de 2003
Noviembre 4 de 2009
N/F
6
Nilson de Jesús Garcés
Mejía
23/01/1967
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
54’843.289
7
Eliécer Joaquín Guzmán
Arias
26/11/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
N/F
8
Martha Luz Martín Bacci
11/11/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
78’984.553
9
Hernando de Jesús Nájera
González
10/03/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
63’707.789
10
Luis Mariano Padilla Chima
31/01/1954
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
47.027.250
11
Silvestre Palencia
Villafanez
27/09/1954
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
57’393.974
12
Oswald Danies Palomo López
18/12/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
73’492.874
13
Gregorio Puentes Fuentes
08/10/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
112’305.415
14
Wilfrido Manuel Ruiz
Cantillo
22/06/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
49’222.350
15
Antonio Sanabria Miranda
19/08/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
N/F
16
Luis Alfonso Serrano
Arévalo
02/09/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
59’911.678
17
Julio de Jesús Solano
Mercado
29/07/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
68’959.810
18
Jorge Ramón Soto Soto
17/06/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
44’527.495
19
Antonio Luis Zagarra
Charris
09/10/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
35’517.342
En
el proceso obran pruebas de que algunos de los demandantes han presentado
peticiones por fuera del proceso, para reclamar las prestaciones laborales a su
juicio debidas. El tutelante Bolívar José Donado Jiménez aporta copia de una
comunicación del 24 de abril de 2006, en la cual el PAR se refiere a su
solicitud de reconocimiento del PPA. Eliécer Joaquín Guzmán adjuntó copia de un
derecho de petición, presentado el 15 de abril 2008 solicitando que reliquiden
la indemnización que recibió cuando fue desvinculado de la entidad. Esta
petición le fue negada por el PAR el 14 de mayo de 2008. En el expediente
reposa copia de un derecho de petición en el que el actor solicita el
reconocimiento del PPA, sin embargo no aparece fecha ni constancia de recibido.
También adjuntó copia de una respuesta del PAR del 20/12/2007 a una petición de
reconocimiento del PPA. El accionante Hernando de Jesús Nájera González también
aportó copia de una respuesta que le dio el PAR el 25 de marzo de 2006, a una
reclamación administrativa que había presentado para que le reconociera su
derecho a la inclusión en el PPA.
El
señor Gregorio Puentes Fuentes adjuntó a su vez copia de las Resoluciones Nos.
250 del 19 de julio de 2005 y 2787 del 18 de octubre de 2005, por medio de las
cuales Telecom le negó su derecho a la inclusión del en el retén social como
padre cabeza de familia. El señor Wilfrido Manuel Ruiz Cantillo aportó copia de
una respuesta de Telecom, que data del 4 de abril 2003 a una petición de
inclusión en el PPA. Obra copia de una comunicación expedida por el PAR el 24
de abril de 2006, en la que da respuesta a una solicitud de reconocimiento del
PPA presentada por el señor Antonio Sanabria Miranda. El señor Julio de Jesús
Solano Mercado anexó copia de una petición en el cual solicitó el
reconocimiento de su derecho a ser incluido en el PPA, pero no aparece fecha ni
constancia de recibido. Respecto de Jorge Ramón Soto Soto obra copia de la
respuesta a un derecho de petición, emitida por el PAR, en la cual se le hace
una relación del tiempo de servicios a la compañía.
Obra
copia en el expediente de una sentencia expedida por el Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Barranquilla el 25 de abril de 2008, mediante la cual se accedió a
lo pretendido por el señor Gustavo Candelario Escorcia Escorcia y se ordenó el
reconocimiento, a su favor, del derecho a ser incluido en el PPA. No hay
pruebas de la demanda, pero en la providencia se da cuenta de su contenido.
Esta estaba dirigida contra el PAR de TELECOM, y en ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con
derecho a ser incluido en el PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de
los beneficiarios de dicho Plan. Pedía que se le reconociera su derecho al PPA,
y en esencia el pago de lo debido por efecto de la inclusión en dicho Plan. No
hay pruebas de que ese fallo hubiese sido impugnado, o de una sentencia de
segunda instancia.
Consta en el proceso que el señor Luis Mariano Padilla Chima, antes de esta
tutela, interpuso demanda ordinaria dirigida
contra el PAR de TELECOM, y en
ella adujo haber sido trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el
PPA y, sin embargo, no haber resultado dentro de los beneficiarios de dicho
Plan. En ese contexto pidió que se
condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y
hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Esta acción le fue negada en primera instancia mediante
sentencia del 23 de febrero de 2009, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral
del Circuito de Bogotá. No obra fallo de segunda instancia, ni tampoco hay
constancia de que esté en curso una impugnación.
***
EXPEDIENTE T-2537078
I. Información general
Actores:
Mario Alberto López Agudelo, Edgar Rodrigo Aguilar Vera, Jairo Angarita Crespo,
Francisco Arango Agudelo, Carlos Arturo Arias Guzmán, José Rafael Barragán
Suárez, Andrés Bolívar Pacheco, Roberto Borrero Ojeda, Siervo Alfonso Cañón
Daza, Ricardo Castillo Arias, Jorge León Chalarca Estrada, José Ricardo Cruz
Martínez, Lucio Daza Bautista, Walter Franco Herrera, José Guillermo Garay
Granados, Enrique Garzón Gómez, Miguel Antonio Garzón González, Jaime Girón
Grisales, Ramón Enrique Jiménez Palacio, Claudia Margarita López Moncada,
Roberto Lozano Muñoz, Joaquín Hernando Martínez Morales, Oscar Alberto Mesa
Restrepo, María Mercedes Montaño Valencia, José Daniel Naranjo Vargas, Martha
Cecilia Neira, Gerardo Padilla Rodríguez, Luis Ignacio Patarroyo Puentes,
Gilberto Peña Guzmán, Helcias Pérez Asprilla, Doris Pérez, Víctor Alfonso
Pinilla Rodríguez, Víctor Jaime Ramírez López, Franklin Cenón Rodríguez
Rodríguez, Héctor Fernando Romero Rodríguez, Ovidio de Jesús Salazar Valencia,
William Sandoval Garzón, Albeiro de Jesús Sierra Patiño, Jesús Silva, Mauricio
Toquica Parra, Diego Filmar Zuluaga Cardona.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 29 de octubre de 2009.
Derechos
vulnerados: mínimo vital, vida digna, igualdad, asistencia a las personas de la
tercera edad, seguridad social y derechos adquiridos.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado:
Luis Alberto Flórez Pertuz.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Solicitan
que se ordene al PAR incluirlos dentro del PPA, y que les reconozca, liquide y
cancele las mesadas correspondientes a dicha pensión a quienes tienen derecho a
ello, aunque no se encuentren en el régimen de transición previsto por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El reconocimiento y pago de las mesadas
correspondientes, debe a su juicio operar justo desde la fecha de su
desvinculación real, hasta cuando se produzca el reconocimiento definitivo.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Dijo ante todo ninguno de
los peticionarios ha tenido relaciones sustanciales con el PAR, razón por la
cual este no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados.
Señaló en cuanto al fondo que en todo caso los actores no cumplen con el
requisito de estar en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, y que si no se les ofreció el PPA pero consideraban en su
momento que cumplían los requisitos para ser incluidos en aquel, debían enviar
la solicitud correspondiente, con los comprobantes respectivos. No hay pruebas,
sin embargo, de que lo hubieran hecho, y ahora pretenden revivir términos
vencidos  después que han pasado 6 años desde que la extinta Telecom hizo el
ofrecimiento a sus trabajadores.
El PAR alega que no es administradora de pensiones,
razón por la cual no es válido, como lo pretenden los accionantes, que se le
ordene expedir actos administrativos de reconocimiento pensional. Aduce que el
juez de concomiendo carece de competencia para resolver la acción, pues no
tiene jurisdicción en lugar de vulneración de los derechos, que a su juicio era
el lugar donde los demandantes prestaron el servicio. Finalmente, manifestó que
había otros mecanismos de defensa que tornaban improcedente la acción.
IV. Fallo de primera instancia
En
sentencia del 12 de noviembre de 2009 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Lorica, Córdoba, tuteló los derechos fundamentales de los peticionarios y
ordenó al PAR incluir a los accionantes en el PPA y reconocer y liquidar la
pensión a los mismos sin importar que no se encontraran en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Además, le ordenó reconocer y pagar las
mesadas correspondientes, desde la fecha de la desvinculación real de los
peticionarios, y hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de su
pensión, todo con la debida indexación legal.
Consideró,
para llegar a esa conclusión, que por sus edades y sus particulares condiciones
de salud, de desempleo, de pobreza, desprotección, etc., los tutelantes eran
acreedores de un deber de protección espacial, el cual a su juicio implicaba
para el caso de estos la viabilidad de la acción de tutela conforme a los
criterios generales establecidos por la jurisprudencia constitucional. En ese
orden de ideas adujo que no podía exigírseles cumplir con los requisitos
establecidos en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. Además, por principio de favorabilidad debía aplicarse en su
opinión la norma menos gravosa para la consolidación de una situación
beneficiosa.
V. Fallo de segunda instancia
El
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, en sentencia de 1 de diciembre
de 2009, confirmó el fallo de primera instancia y aceptó el desistimiento de la
tutela de la señora Martha Cecilia Neira. Las consideraciones fueron las mismas
del proveído impugnado.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Mario Alberto López Agudelo
06/10/1958
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
189.010.440
2
Edgar Rodrigo Aguilar Vera,
28/02/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
93’056.422
3
Jairo Angarita Crespo
14/08/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
4
Francisco Arango Agudelo
15/03/1959
Julio 26 de 2003
Octubre 28 de 2009
55.417.329
5
Carlos Arturo Arias Guzmán
11/12/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
6
José Rafael Barragán Suárez
31/01/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
7
Andrés Bolívar Pacheco
14/08/1954
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
8
Roberto Borrero Ojeda
10/06/1955
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
142’757.445
9
Siervo Alfonso Cañón Daza
20/11/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
10
Ricardo Castillo Arias
13/09/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
66’651.124
11
Jorge León Chalarcá Estrada
18/04/1955
Julio 26 de 2003
Octubre 28 de 2009
55.601.145
12
José Ricardo Cruz Martínez
01/12/1957
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
80’759.849
13
Lucio Daza Bautista
14/11/1959
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
85’217.674
14
Walter Franco Herrera
24/04/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
88’122.066
15
José Guillermo Garay
Granados
30/09/1955
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
94’787.149
16
Enrique Garzón Gómez
29/12/1955
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
172’754.641
17
Miguel Antonio Garzón
González
06/01/1962
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
209’279.965
18
Jaime Girón Grisales
N/F
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
19
Ramón Enrique Jiménez
Palacio
13/10/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
68’752.239
20
Claudia Margarita López
Moncada
19/03/1964
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
62.031.951
21
Roberto Lozano Muñoz
06/11/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
22
Joaquín Hernando Martínez
Morales,
09/12/1958
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
120’372.172
23
Oscar Alberto Mesa Restrepo
04/06/1954
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
82.208.072
24
María Mercedes Montaño
Valencia
29/12/1963
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
99.121.231
25
José Daniel Naranjo Vargas
22/11/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
26
Martha Cecilia Neira
20/10/1962
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
91’058.139
27
Gerardo Padilla Rodríguez
29/11/1959
Julio 26 de 2003
Octubre 28 de 2009
154.475.172
28
Luis Ignacio Patarroyo
Puentes
31/01/1951
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
29
Gilberto Peña Guzmán
30/12/1954
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
30
Helcias Pérez Asprilla
08/10/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
31
Doris Pérez
19/12/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
N/F
32
Víctor Alfonso Pinilla
Rodríguez
30/08/1958
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
33
Víctor Jaime Ramírez López
25/01/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
71’503.095
34
Franklin Cenón Rodríguez
Rodríguez
13/11/1959
Julio 26 de 2003
Octubre 28 de 2009
77.006.152
35
Héctor Fernando Romero
Rodríguez
29/03/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
203.672.447
36
Ovidio de Jesús Salazar
Valencia
23/11/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
145’577.335
37
William Sandoval Garzón
11/09/1963
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
38
Albeiro de Jesús Sierra
Patiño
12/07/1963
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
39
Jesús Silva
03/01/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
N/F
40
Mauricio Toquica Parra
19/09/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
127’834.224
41
Diego Filmar Zuluaga
Cardona
08/03/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
146’781.373
En
el expediente obran además pruebas de lo siguiente.
Los
señores Héctor Fernando Romero Rodríguez y Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez
interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR
de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y en que a su juicio
tenían derecho a ser incluidos en el PPA y, sin embargo, se los excluyó del
grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerles
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1°
de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la
sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Bogotá el 15 de mayo de 2009, mediante la cual se absolvió al PAR
de la demanda. No obra fallo de segunda instancia, ni constancia de que esté en
curso una impugnación.
El
señor Enrique Garzón Gómez interpuso antes de esta tutela una acción laboral
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y
en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se
lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto
que se condenara a la
demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra
copia de la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado 12 Adjunto
Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de abril de 2009, en la cual se niegan las
pretensiones del demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni hay
constancia de que esté en curso una impugnación.
Los
señores William Sandoval Garzón y Gerardo Padilla Rodríguez interpusieron antes
de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base
en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser
incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitaron en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerles
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el
pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero
de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con
la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de
la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera
instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de
Bogotá el 12 de diciembre de 2008, mediante la cual fue absuelto el PAR de las
pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia.
Tampoco se allega constancia de que en el curso del proceso se hubiese expedido
una decisión de ese tipo.
Los señores Mario Alberto López Agudelo, Jorge León
Chalarcá Estrada y Francisco Arango Agudelo interpusieron
antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser
incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser
incluidos en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. Obra copia del auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado
12 Laboral del Circuito de Medellín el 7 de noviembre de 2006. No obran las
providencias dictadas en ese proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación
que indique la terminación del proceso por un acto distinto a una providencia
judicial.
Los
señores Óscar Alberto Mesa
Restrepo y María Mercedes Montaño
interpusieron antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR
de TELECOM, con base en que eran trabajadores de TELECOM y a su juicio tenían
derecho a ser incluidos en el PPA y en que, sin embargo, se los excluyó del
grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitaron en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerles
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1°
de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia del
auto admisorio de la demanda, emitido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de
Medellín el 14 de agosto de 2009. No obran las providencias dictadas en ese
proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación que indique la terminación
del proceso por un acto distinto a una providencia judicial.
Obra
copia de la demanda ordinaria promovida por la señora Claudia Margarita López
Moncada antes de esta tutela contra el
PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio
tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del
grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser
incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las
providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso ordinario. Tampoco
se allegó comunicación o prueba alguna de que dicho proceso hubiese terminado
con acto distinto a una sentencia de fondo.
***
EXPEDIENTE T-2564079
I. Información general
Actores:
Jairo Enrique Forero Carvajal, Fernando Castañeda Vargas, Nelson López
Carvajal, María Rocío Ocampo Quintero, Juan Francisco Ramírez Mejía, Dora
Urueña Hernández, Tirso Eudoro Velásquez Bejarano.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 13
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
Asunto: plan de pensión anticipada.
Abogado: Eduardo Enrique Zúñiga Lora, Leopoldo
Martínez Lora, Roger Simanca Álvarez.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Solicitan
que se ordene al PAR incluirlos dentro del PPA, y cancelarles las mesadas
correspondientes desde el 1 de febrero de 2006, fecha de desvinculación
definitiva, hasta el día que CAPRECOM les reconozca la pensión definitiva.
IV. Respuesta de la entidad accionada
El
PAR se opuso a la tutela. Manifestó ante todo que ninguno de los accionantes
cumple con los requisitos para ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada,
toda vez que no tienen derecho al régimen de transición pensional de la Ley 100
de 1993. Advirtió que si a los
demandantes en su momento, cuando Telecom hizo público el PPA, no se les
reconoció automáticamente el derecho a ser incluidos en él pero aun así
consideraban cumplir los requisitos para ser incorporados en aquel, debían
enviar la solicitud correspondiente, con los comprobantes respectivos. No hay
pruebas, empero, de que lo hubieran hecho, y ahora pretenden revivir términos
vencidos  después que han pasado 6 años desde que la extinta Telecom hizo el
ofrecimiento a sus trabajadores. Alega en consecuencia que la tutela es
improcedente por falta de inmediatez y porque existen otros medios judiciales
de defensa sin que los actores hubiesen acreditado la necesidad de evitar un
perjuicio irremediable.
V. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, mediante sentencia de
noviembre 30 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados a
todos los actores.  En consecuencia, ordenó al PAR
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a
incluir a los actores en el PPA y les pagara las mesadas desde el momento de la
desvinculación, hasta cuando se produjera el reconocimiento definitivo de la
pensión.  Con respecto a la procedencia de la acción, estimó que existe
vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de los actores toda vez que
estaba acreditada una prolongación indefinida en el pago de las acreencias
laborales. En relación con la supuesta falta de inmediatez, sostuvo que este es
un criterio supeditado al arbitrio razonado del juez y que en el caso bajo
estudio resultaba en su opinión ostensible e innegable que los hechos
atentatorios y violatorios subsistían en el tiempo. Sumado
a ello, dijo que al estar los actores a menos de 7 años de acceder a la
pensión, contados desde una fecha a su juicio relevante, no era de recibo el
argumento de que los actores no cumplían con los requisitos del régimen de
transición.
VI. Fallo de segunda instancia
El
Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, conoció de la impugnación
presentada por el PAR y en sentencia de diciembre 24 de 2009, resolvió
confirmar el fallo recurrido por los mismos argumentos.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Jairo Enrique Forero
Carvajal
14/03/1955
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
179’379.926
2
Fernando Castañeda Vargas
07/06/1956
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
35’886.447
3
Nelson López Carvajal
04/05/1955
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
150’483.779
4
María Rocío Ocampo Quintero
02/10/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 13 de 2009
44’205.688
5
Juan Francisco Ramírez
Mejía
20/10/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
62’024.385
6
Dora Urueña Hernández
26/02/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
41’347.488
7
Tirso Eudoro Velásquez
Bejarano
21/03/1958
Julio 25 de 2003
Noviembre 13 de 2009
62’275.210
***
EXPEDIENTE T-2566146
I. Información general
Actores:
José María Larrarte Sandoval, Juan Alberto Bermúdez, Siervo Alfonso Cañón Daza,
Luis Armando Cardozo Guzmán, Yadira Castro Santamaría, Jorge René García
Correa, Helman Ricardo Garzón Duarte, José Omar Gómez López, Enrique Herrera
Buriticá, Maribel Ladino Tocora, Liliana Lengua Annichiarico, Carlos Alberto
Londoño Arango, José Obirne López Marín, Javier Márquez Ospina, Wilson Martínez
Bernal, Álvaro Martínez Bravo, Yolanda Mejía Suárez, Hugo Rodrigo Mendoza
Aparicio, José Gilberto Mera Cobo, Rodolfo Nelson Negrete Pérez, Orlando
Orjuela Muñoz, Gloria Ignacia Pachón Robayo, Alejandro Poveda Casallas, Juan
Carlos Ramírez Hurtado, Álvaro Rodríguez Alfonso, Edgar Uriel Santamaría
González, Ruth Sarmiento Garzón, Henry Serpa Petro, Fredys Sobrino Beleño,
Francisco Javier Solarte Martínez, César Olmedo Triana Quiroz, Luis Alfonso
Vargas Castro.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 12
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
Asunto: plan de pensión anticipada.
Abogado: Oswaldo Ramos Gómez, Jorge Iván Godín Ojeda.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Algunos de
los actores afirman que laboraron en calidad de supernumerarios para Telecom, y
que esta compañía no les tuvo en cuenta ese tiempo para efectos de realizar la
liquidación. Solicitan que se ordene al PAR, o a cualquier otra entidad que lo
reemplace, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
reconozca e incluya a los tutelantes en la nómina de pensionados a cargo de la
entidad correspondiente, al igual que a otros ex trabajadores de TELECOM, se
les ha permitido acceder al PPA, por vía de tutela. Además piden ordenarle
pagar las mesadas pensiónales derivadas del PPA y demás prestaciones sociales,
legales y convencionales dejadas de percibir por los accionantes desde el momento
de su desvinculación, hasta que sean incluidos en la nómina de pensionados por
la entidad correspondiente. Finalmente, piden en su acción que le ordene
también cancelar los aportes a seguridad social dejados de hacer desde el
momento de la desvinculación de los accionantes.
La señora Liliana
Lengua Annichiarico no pide ser incluida en el PPA. Dice que no le fueron
canceladas las cesantías, hecho del cual se percató apenas 2 años y 10 meses
después. Por tal razón, elevó derecho de petición el 22 de noviembre de 2006.
Asegura que esta solicitud no se le ha respondido, resultando a su juicio
aplicable el Decreto 797 de 1949, en virtud del cual pasados 90 días sin que se
hubiere puesto a órdenes del trabajador oficial los salarios, prestaciones e
indemnizaciones que sean adeudadas, los contratos recobrarán vigencia en los
términos de la ley, renovándose la relación laboral hasta el 1° de febrero de
2006. Pide que se dicten órdenes encaminadas a que se obre en consecuencia con
los derechos que le reconocen estas normas.
III. Respuesta de la entidad accionada
El
PAR se opuso a la tutela. Manifestó ante todo que ninguno de los accionantes
cumple con los requisitos para ser incluidos en el PPA, pues no tienen derecho
al régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993.  Advirtió que si a los demandantes en su momento, cuando
Telecom hizo público el PPA, no se les reconoció automáticamente el derecho a
ser incluidos en él pero aun así consideraban cumplir los requisitos para ser
incorporados en aquel, debían enviar la solicitud correspondiente, con los
comprobantes respectivos. No hay pruebas, empero, de que lo hubieran hecho, y
ahora pretenden revivir términos vencidos  después que han pasado 6 años desde
que la extinta Telecom hizo el ofrecimiento a sus trabajadores. Alega en
consecuencia que la tutela es improcedente por falta de inmediatez y porque
existen otros medios judiciales de defensa sin que los actores hubiesen
acreditado la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
Expuso
en particular que la señora Ruth Sarmiento Garzón ya presentó acción de tutela
por los mismos hechos y que ésta fue revisada por la
Corte Constitucional quien negó el amparo deprecado, por lo que existe cosa
juzgada. De igual manera dijo que el señor José María Larrarte Sandoval
instauró acción de tutela y de esta conoció el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Santander de Quilichao, que resolvió conceder el amparo solicitado, por lo
cual el PAR afirma que se encuentra realizando las gestiones necesarias para
dar cumplimiento a la orden de reconocer y pagar la
Pensión Anticipada al actor. Asimismo manifestó que dicha providencia se
encuentra surtiendo el trámite de impugnación. Aportó también copia de otro
fallo de tutela, en el cual a su juicio el Juzgado Promiscuo Municipal de
Córdoba ordenó incluir al señor Rodolfo Nelson Negrete Pérez en el PPA, y del
proveído de segunda instancia que confirmó la anterior decisión. Adjuntó copia
de otro fallo más, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en el
cual se ordenó incluir al señor Siervo Alonso Cañón Daza el PPA, y del fallo de
segunda instancia que lo confirmó.
IV. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, mediante sentencia de noviembre
30 de 2009, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados a los señores
Bermúdez Juan Alberto, Cañón Daza Siervo Alfonso, Cardozo Guzmán Luis Armando, Castro Santamaría
Yadira, García Correa Jorge René, Garzón Duarte Helman Ricardo, Herrera
Buriticá Enrique, Ladino Tocora Maribel, Larrarte Sandoval José María, Londoño
Arango Carlos Alberto, López Marín José Obirne, Márquez Ospina Javier, Martínez Bernal Wilson, Martínez Bravo Álvaro, Mejía
Suárez Yolanda, Mendoza Aparicio Hugo Rodrigo, Mera Cobo José Gilberto, Negrete
Pérez Rodolfo Nelson, Orjuela Muñoz Orlando, Pachón Robayo Gloria Ignacia,
Poveda Casallas Alejandro, Ramírez Hurtado Juan Carlos, Rodríguez Alfonso Álvaro,
Santamaría González Edgar Uriel, Sarmiento Garzón Ruth, Serpa Petro Henry,
Sobrino Beleño Fredys, Solarte Martínez Francisco Javier, Triana Quiroz César
Olmedo, Vargas Castro Luis Alfonso. Como consecuencia de lo anterior, ordenó al
PAR  dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera
a incluir a los actores en el PPA y pagara las mesadas desde el momento de la
desvinculación, hasta cuando se produzca el reconocimiento definitivo de la
pensión. En igual término ordenó que se le pagará a la señora Lengua
Annichiarico Liliana salarios y prestaciones sociales, convencionales y
legales, así como su liquidación, desde la desvinculación hasta el 31 de marzo
de 2006.  Para llegar a esa decisión, el Juzgado sostuvo que los actores son personas
de escasos recursos, muchos de la tercera edad, que dependen de la pensión para
subsistir, con lo que asumió estaba en riesgo su mínimo vital.
Con
relación a la temeridad alegada por el PAR sobre los señores Ruth Sarmiento
Garzón y José María Larrarte Sandoval advirtió el  juez que no se dan los
requisitos para que esta opere, toda vez que a su juicio en la sentencia T- 587
de 2008, las pretensiones de la actora estaban dirigidas a obtener la
aplicación del Programa de Renovación de la Administración Pública, pretendiendo la reubicación. En cuanto al señor José María Larrarte
la solicitud del actor en la anterior tutela estaba relacionada con la
aplicación de la Ley 790 de 2003 para que se le reconociera como
prepensionado.   Sumado a ello, consideró que al
estar los actores a menos de 7 años de acceder a la pensión, no resultaba de
recibo el argumento de que los actores no cumplen con los requisitos del
régimen de transición.
Con respecto a los señores José Omar Gómez López y José Obirne
Márquez,  el despacho se abstuvo de decidir de fondo, porque los actores no
acreditaron el cumplimiento del requisito de estar en el momento relevante para
definir su inclusión en el PPA.
V. Fallo de segunda instancia
De
la impugnación presentada por el PAR, conoció el Juzgado Promiscuo de Familia
de Lorica, autoridad que confirmó el fallo recurrido, mediante sentencia del 28
de diciembre de 2009. No obstante, excluyó al señor Siervo Alfonso Cañón quien
ya había sido reconocido como beneficiario del PPA, en virtud de otro fallo de
tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
José María Larrarte
Sandoval
25/11/1958
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
75’724.953
2
Juan Alberto Bermúdez
02/02/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
9’804.164
3
Siervo Alfonso Cañón Daza,
11/20/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
56’634.940
4
Luis Armando Cardozo Guzmán
3/30/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
55’916.404
5
Yadira Castro Santamaría
6/3/1962
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
9’282.974
6
Jorge René García Correa
12/1/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
64’252.129
7
Helman Ricardo Garzón
Duarte
4/14/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
65’903.742
8
José Omar Gómez López
5/9/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
39’931.962
9
Enrique Herrera Buriticá
6/27/1955
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
N/F
10
Maribel Ladino Tocora
12/21/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
55’191.609
11
Liliana Lengua Annichiarico
5/31/1967
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
28’447.098
12
Carlos Alberto Londoño
Arango
9/16/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
116’029.816
13
José Obirne López Marín
7/16/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
45’278.659
14
Javier Márquez Ospina
11/21/1954
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
N/F
15
Wilson Martínez Bernal
2/26/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
136’144.963
16
Álvaro Martínez Bravo
5/21/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
41’427.558
17
Yolanda Mejía Suárez
1/23/1969
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
46’727.897
18
Hugo Rodrigo Mendoza
Aparicio
2/10/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
40’038.804
19
José Gilberto Mera Cobo
7/31/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
46’555.891
20
Rodolfo Nelson Negrete
Pérez
8/26/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
40’878.822
21
Orlando Orjuela Muñoz
11/1/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
51’076.457
22
Gloria Ignacia Pachón
Robayo
1/5/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
76’009.397
23
Alejandro Poveda Casallas
9/14/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
46’780.247
24
Juan Carlos Ramírez Hurtado
1/22/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
47’491.059
25
Álvaro Rodríguez Alfonso
6/13/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
51’704.522
26
Edgar Uriel Santamaría
González
3/13/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
48’144.165
27
Ruth Sarmiento Garzón
7/26/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
N/F
28
Henry Serpa Petro
3/9/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 12 de 2009
50’838.909
29
Fredys Sobrino Beleño
10/9/1955
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
45’519.943
30
Francisco Javier Solarte
Martínez
12/1/1953
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
92’237.865
31
César Olmedo Triana Quiroz
7/23/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
43’373.415
32
Luis Alfonso Vargas Castro
10/6/1964
Julio 25 de 2003
Noviembre 12 de 2009
59’128.713
Obran pruebas de que el señor Wilson Martínez Bernal
había interpuesto antes de esta tutela una acción ordinaria contra el PAR de
TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido
en el PPA y en que, a pesar de eso, fue excluido del listado de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitaba en consecuencia que se condenara al demandado a reconocerle el PPA desde
el 31 de julio de 2003 y hasta cuando cada uno de los demandantes cumpla con
los requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pedía el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras a favor de cada
uno de los demandantes, hasta que CAPRECOM asuma el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente
solicitaba el pago de la pensión convencional de jubilación. Sus pretensiones se las negó en primera
instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del
30 de marzo de 2009 y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo del 11 de junio de
2009. No hay pruebas de que
esté en curso impugnación en su contra.
Obra
copia de la demanda ordinaria promovida por la señora Ruth Sarmiento Garzón, antes de
esta tutela, contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de
TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar
de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese
contexto, en esencia el
reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada,
el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión
conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto
admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia
de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de
que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.
Conforme los documentos que se
adjuntaron a este proceso como pruebas, el señor Siervo Alfonso Cañón Daza
presentó, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. Pertenece
específicamente a uno de los expedientes acumulados dentro de este proceso: al
expediente T-2537078. En ella pide ser incluido en el PPA, sobre la base de que
era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había
excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicita, en ese contexto,
que se le ordene al gerente del PAR incluirlo en el PPA, y cancelarle las
mesadas correspondientes derivadas de esa incorporación. Esa
otra acción, de acuerdo con los elementos aportados al proceso, fue
concedida en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Lorica mediante fallo del 12 de noviembre de 2009 y, en segunda instancia,
confirmado por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica el 1 de diciembre de
2009. Está simultáneamente en revisión por la Sala Plena de la
Corte Constitucional.
Hay prueba de que el
señor Rodolfo Nelson Negrete Pérez había presentado, antes de
esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía ser incluido en el
PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho a ello y de
que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios de dicho
Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR reconocerle el
derecho a ser incluido en el PPA (e incorporarlo en la nómina de beneficiarios
del mismo), pagarle además las mesadas dejadas de percibir, con el incremento
salarial y debidamente indexadas desde la fecha de la desvinculación hasta que
se le notificara el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión
en nómina de pensionados, y aparte realizar los aportes a seguridad social
dejados de cancelar desde el despido hasta la inclusión en la nómina del PPA. Esa otra acción fue concedida, en primera instancia, por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba mediante fallo del 17 de noviembre de
2009  y, en segunda instancia, este último fue confirmado parcialmente por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar mediante sentencia del 5
de febrero de 2010.
***
EXPEDIENTE  T-2579968
I. Información general
Actores:
Rodrigo Cid Alarcón Lotero, José Armando Alfonso Sandoval, Javier Arteta
Gutiérrez, Jorge Arecio Avendaño Valenzuela, Elizabeth Calvete Oviedo, Rafael
Leonidas Camacho Sánchez, Viviana Casallas Domínguez, Nelson Riquelmins Cortes
Martínez, Luis Arnobio Díaz Vásquez, Jorge Luis Durango León, Germán Cabuya
Parra, Isabel González García, Juan José González Urrutia Fulton, Freddy
Hernández Sudea, Rubén Dario Jaramillo Marín, Olmedo López Rojas, Alberto
Martínez Jairo, Harvin Julio Mateus Zarate, William Martínez Canastero, Erasmo
Enrique Mayorga Moreno, Luz Mery Moreno Ospina, Rosalba Olarte Collazos, Carlos
Ramiro Osorio Cano, Luis Mariano Padilla Chima, Elicenia Páez de Reyes, Mireya
Astrid Pardo Reyes, Severo Ramírez Abril, Luis Fernando Rocha Villanueva,
Manuel Enrique Rojas Novoa, Fernando Alberto Salazar Franco, Sonia I. Salcedo
Escandón, Oscar Eduardo Santos Hormiga, Eduardo Serrato Bonilla, Jesús Yamil
Suárez Cárdenas, Amalia Torres Cruz, Luis Enrique Triviño Carvajal, Julio César
Utria Martínez, Margarita Veloza Rincón, David Moisés Vergara Beltrán.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 30
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: Igualdad, mínimo vital, seguridad social, vida digna, asistencia a
las personas de la tercera edad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, debido proceso, situación más favorable
al trabajador, derechos adquiridos, vida y derecho a la familia.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado:
Oswaldo Ramos Gómez, Gustavo Sánchez Arrieta.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Algunos de
los actores afirman que laboraron en calidad de supernumerarios para Telecom, y
que esta compañía no les tuvo en cuenta ese tiempo para efectos de realizar la
liquidación. Advierten que para el caso
particular del accionante Luis Mariano Padilla Chima, no se pretende su
inclusión en el PPA sino el pago de los derechos convencionales dejados de
pagar. Por último afirman que no obstante todos presentaron sus
correspondientes reclamaciones ante la administración o ante la justicia, la
acción de tutela es procedente teniendo en cuenta el fin inminente del PAR.
Solicitan
en concordancia que se ordene al PAR, o a quien haga sus veces, que incluya a
los accionantes en la nómina del PPA desde el momento de su desvinculación de
Telecom y hasta su inclusión en la nómina de pensionados, en igualdad de
condiciones que los ex trabajadores de Telecom a los que se les permitió
acceder al Plan. También piden que se le ordene pagar las mesadas pensionales
derivadas del PPA, y demás prestaciones sociales e indemnizaciones, legales o
convencionales, dejados de percibir por los accionantes desde el momento de la
desvinculación de Telecom y hasta ser incluidos en nómina de pensionados. Las
mesadas y prestaciones sociales dejados de percibir por los accionantes
deberían, de acuerdo con esta solicitud, ser liquidados y cancelados con el
incremento salarial y prestacional debidamente indexados, teniendo en cuenta el
promedio de los factores legales y extralegales devengados hasta la fecha de su
desvinculación. Finalmente piden ordenarle que cancele los aportes a la
seguridad social, dejados de cancelar durante todo este período.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Manifestó que de acuerdo con la sentencia T-551 de
2009 el amparo debía declararse improcedente en este tipo de asuntos por no
existir la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, y por no haberse
presentado dentro de un tiempo oportuno. En relación con este último punto,
sostuvo que la tutela no respetaba el principio de inmediatez, toda vez que no
era razonable acudir a la acción de tutela después de aproximadamente 6 años y
10 meses de haber concluido la liquidación de Telecom. Considera, por lo demás,
que la justicia constitucional no es competente para decidir el tema del
reconocimiento e inclusión en el PPA de ex trabajadores de esa compañía, pues
un juicio de ese tipo le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. Por
lo anterior, y por considerar que no se cumple la subsidiariedad en los casos
concretos, solicita declarar improcedente el amparo.
En
cuanto al fondo sostiene, en todo caso, que no existe vulneración del derecho a
la igualdad de los accionantes. Dice que quienes fueron incluidos inicialmente
en PPA cumplían los requisitos necesarios y suficientes para ello, a diferencia
de los accionantes, que en su sentir no los cumplieron.
El
PAR también hizo referencias puntuales a la situación de algunos accionantes.
Dijo que la acción de tutela instaurada a nombre de Isabel González García y
Elizabeth Calvete Oviedo resultaba temeraria, toda vez que otra acción idéntica
interpuesta por estas había sido resuelta, respectivamente, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Yopal y el Juzgado 7 Penal del Circuito de
Barranquilla, con carácter definitivo.
IV. Fallo de Primera Instancia
En
sentencia del 11 de diciembre de 2009, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Lorica, concedió el amparo. En consecuencia, ordenó al PAR incluir a los
accionantes en el PPA y reconocerles y cancelares la pensión aunque no se
encontraran en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. También le ordenó reconocer, liquidar y cancelar las mesadas
adeudadas desde la fecha de desvinculación real de los peticionarios y hasta
cuando se produjera el reconocimiento definitivo de sus pensiones con la debida
indexación legal. Se abstuvo de tutelar los derechos de la señora Margarita
Veloza Rincón, porque en su criterio no acreditó uno de los requisitos, que era
estar a menos de 7 años para acceder al PPA, puesto que si bien a 31 de marzo
de 2010 cumplió 57 años de edad, solamente tenía 19 años y 7 meses de servicio.
Tampoco tuteló los derechos del señor Luis Mariano Padilla Chima puesto que
resultaba entendible su reclamación de pago de derechos convencionales, en
tanto revisada la liquidación pagada por Telecom, se ve que se le pagó
indemnización convencional.
Para
llegar a esa decisión adujo en primer lugar ser competente para conocer del
asunto, pues siendo varios los accionantes y a pesar de que ellos no expresan
claramente su domicilio, en aplicación de los principios de celeridad e informalidad,
basta con que el accionante Luis Mariano Padilla Chima haya indicado que su
domicilio se encuentra en la ciudad de Lorica, donde también prestó sus
servicios, para concluir que hay competencia por el factor territorial. Además,
esto se reforzaba por el hecho de que existe uniformidad en las peticiones y
fundamentos fácticos.  Agregó que la infracción a las reglas de reparto, que es
lo que en su concepto se alega en este caso, no es un motivo válido para que el
juez se declare incompetente.
Manifiesta
que la acción es procedente, pese a la existencia de otro medio de defensa
judicial, pues éste no garantiza la protección inmediata de los derechos
fundamentales que los actores consideran vulnerados. Además, las declaraciones
de los accionantes no fueron desvirtuadas por la entidad demandada, y por ende
se encuentra acreditado el perjuicio irremediable y la afectación del derecho
al mínimo vital. La pensión que persiguen los tutelantes –dice el Juzgado- se
constituye en la única fuente de ingreso familiar, máxime si se tiene en cuenta
que en el mercado laboral una persona desempleada y próxima a la tercera edad
como los accionantes no puede auto sostenerse o competir en iguales condiciones
que el resto de la sociedad. Además debe tenerse en cuenta que ante la
desaparición inminente del PAR el 31 de diciembre de 2009, la acción de tutela
es el mecanismo más expedito y eficaz que la acción ordinaria  para obtener la
definición de su pretensión.
El
requisito de inmediatez lo encontró también cumplido, no obstante que el
beneficio solicitado por los accionantes fue otorgado a otros servidores en el
año 2003. La tardanza para hacer el reclamo judicial se justifica, según esta
decisión, en que se pide una prestación de naturaleza periódica, irrenunciable,
imprescriptible y sin término de caducidad. Su omisión genera entonces una
vulneración de los derechos perdurable en el tiempo y por tanto actual. Aparte,
a juicio del a quo, los peticionarios son sujetos de especial protección si se
tienen en cuenta sus edades, condiciones de salud, de desempleo, de pobreza y
de desprotección. Sostuvo en este contexto que los actores se han visto
obligados a acudir a préstamos personales con grandes intereses su manutención
y la de su familia, y que han tenido que incumplir compromisos adquiridos con
anterioridad a su despido o relacionados con el arriendo, cuotas de vivienda,
pensiones para el estudio de sus hijos y que han manifestado bajo la gravedad
de juramento que la mesada pensional es la única fuente de ingresos para llevar
una vida digna y justa. Por tanto su no pago les vulnera el mínimo vital.
Dijo
asimismo, quien expidió el fallo, que los actores demostraron haber cumplido
con los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos en los regímenes
especiales de pensión aplicables a los trabajadores de Telecom, y que el
instructivo elaborado por Telecom exige cumplir con condiciones inoponibles a
los trabajadores. Adujo que tras verificar las pruebas documentales obrantes en
el expediente, era razonable concluir que todos los actores, excepto dos,
cumplían los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder al PPA, por
lo cual la negativa de la entidad accionada para el reconocimiento resultaba
violatoria de los derechos fundamentales invocados.
Por
último, señaló que el PAR es responsable de las obligaciones de la extinta
Telecom, en los procesos pendientes y las contingencias posteriores.
V. Fallo de segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el 25 de enero de 2010, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Lorica, confirmó parcialmente el fallo impugnado, con los mismos argumentos.
Pero a diferencia del proveído de primera instancia, dijo que aparte de los
señores Margarita Veloza Rincón y Luis Mariano Padilla Chima, los señores
Rosalba Olarte Collazo y Luis Fernando Rocha tampoco acreditaron haber estado a
menos de 7 años para acceder al PPA o haber estado en la compañía cuando se
ofreció este Plan.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Rodrigo Cid Alarcón Lotero
20/3/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
2
José Armando Alfonso
Sandoval
5/2/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
47’616.471
3
Javier Arteta Gutiérrez
10/1/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
75’323.943
4
Jorge Arecio Avendaño
Valenzuela
17/10/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
N/F
5
Elizabeth Calvete Oviedo
18/3/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
122’735.941
6
Rafael Leonidas Camacho
Sánchez
20/8/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
7
Viviana Casallas Domínguez
21/11/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
32’930.939
8
Nelson Riquelmins Cortes
Martínez
26/10/1962
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
85’273.746
9
Luis Arnobio Díaz Vásquez
28/10/1956
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
32’733.239
10
Jorge Luis Durango León
27/3/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
29’691.426
11
Germán Cabuya Parra
13/5/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
12
Isabel González García
27/6/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
59’300.466
13
Juan José González Urrutia
Fulton
22/12/1954
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
52’347.633
14
Freddy Hernández Sudea
26/9/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
15
Rubén Dario Jaramillo Marín
20/5/1956
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
53’415.235
16
Olmedo López Rojas
20/11/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
72’257.058
17
Alberto Martínez Jairo
14/3/1955
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
43’843.821
18
Harvin Julio Mateus Zarate
21/7/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
19
William Martínez Canastero
25/11/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
114’706.377
20
Erasmo Enrique Mayorga
Moreno
3/3/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
60’507.437
21
Luz Mery Moreno Ospina
21/9/1965
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
55’500.988
22
Rosalba Olarte Collazos
23/10/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
59’016.792
23
Carlos Ramiro Osorio Cano
29/11/1954
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
59’985.412
24
Luis Mariano Padilla Chima
31/1/1954
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
22’604.087
25
Elicenia Páez de Reyes
29/5/1956
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
49’112.255
26
Mireya Astrid Pardo Reyes
30/6/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
43’406.760
27
Severo Ramírez Abril
29/5/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
45’546.973
28
Luis Fernando Rocha
Villanueva
2/3/1957
Abril 1 de 1995
Noviembre 27 de 2009
N/F
29
Manuel Enrique Rojas Novoa
29/11/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
61’804.060
30
Fernando Alberto Salazar
Franco
4/5/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
58’104.239
31
Sonia Inés Salcedo Escandón
16/4/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
32
Oscar Eduardo Santos
Hormiga
11/10/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
49’903.900
33
Eduardo Serrato Bonilla
13/10/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
N/F
34
Jesús Yamil Suárez Cárdenas
17/12/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
79’870.116
35
Amalia Torres Cruz
3/9/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
86’894.887
36
Luis Enrique Triviño
Carvajal
26/9/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 27 de 2009
55’854.653
37
Julio César Utria Martínez
4/1/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 27 de 2009
56.864.480
38
Margarita Veloza Rincón
17/3/1954
Julio 26 de 2003
Noviembre 27 de 2009
40.581.032
39
David Moisés Vergara
Beltrán
18/6/1956
Julio 26 de 2003
Noviembre 27 de 2009
59.460.673
En
el expediente obran pruebas de que algunos demandantes presentaron peticiones
administrativas o incluso judiciales antes de la interposición de esta tutela.
Reposa una copia de una respuesta a un derecho de petición, presentado por la
señora Sonia Inés Salcedo Escandón, con fecha de octubre 26 de 2004, en la cual
se le informó que no se le había ofrecido el PPA debido a que no cumplía con
los requisitos para acceder a este. El señor Carlos Ramiro Osorio Cano envió al
PAR en 2009 unos documentos para el trámite de su pensión. El señor Julio César
Utria Martínez interpuso acción de tutela en 2004 solicitando el reintegro en
su condición de padre cabeza de familia. La tutela fue concedida y el actor fue
reintegrado hasta febrero de 2006. El señor Julio César Utria Martínez se
desempeñó en TELECOM en un cargo ordinario desde su ingreso, el cual tuvo lugar
el 14 de abril de 1981, hasta su retiro inicial, que ocurrió el 26 de julio de
2003. Luego fue reintegrado al cargo, por tener la condición de padre cabeza de
familia, y permaneció en él hasta el 31 de enero de 2006. Consta que en la
primera desvinculación se le pagó, además de la referida indemnización, una
suma de 3.647.082 a título de “prestaciones”.
Obra
también respuesta de abril 20 de 2006, a un derecho de petición elevado por el
señor Javier Arteta Gutiérrez, en la cual se le informa que su solicitud para
ser incluido en el PPA era extemporánea, por cuanto el plazo vencía el 31 de
marzo de 2003. En cuanto al señor Severo Ramírez Abril, en el expediente hay
copia de una reclamación que presentó solicitando su inclusión en el PPA ante
la Fiduagraria- Fidupopular con fecha de abril de 2006. Hay copia de la demanda
ordinaria promovida por la señora Margarita Veloza Rincón antes de
esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de
TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar
de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese
contexto, en esencia el
reconocimiento de su derecho a ser incluida en el plan de pensión anticipada,
el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión
conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto
admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia
de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de
que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.
Consta
que el señor David Moisés Vergara Beltrán interpuso antes de esta tutela una
acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que era
trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, y
en que sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.
Solicitó en ese contexto que se
condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y
hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales
retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM
asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación o
actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de
jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de
febrero de 2009, mediante la cual fue absuelto el PAR de las pretensiones
formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni consta que
esté en curso una impugnación.
También hay copia
de la demanda ordinaria promovida por el señor Olmedo López Rojas
antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador
de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a
pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó
en ese contexto, en esencia el
reconocimiento de su derecho a ser incluido en el plan de pensión anticipada,
el pago de las mesadas atrasadas de la pensión, el reajuste de la pensión
conforme a la ley y la indemnización moratoria. No se aportaron copias del auto
admisorio de la demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia
de dicho proceso ordinario. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de
que dicho proceso hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.
El mismo señor Olmedo López Rojas –de acuerdo con los
elementos de juicio aportados al proceso- había
presentado, antes de esta, otra tutela contra el PAR de TELECOM. En ella pedía
ser incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con
derecho a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de
beneficiarios de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al
PAR incluirlo en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas
pensionales dejadas de percibir. Esa
acción fue concedida, en primera instancia, por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Arboletes mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2009 y, en segunda instancia, esta última fue revocada mediante
fallo del 16 de febrero de 2010 expedido por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Turbo.
El
señor Jorge Luis Durango León había
interpuesto, antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser
incluido en el PPA, sobre la base de que era trabajador de TELECOM con derecho
a ello y de que, sin embargo, se lo había excluido del grupo de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitaba, en ese contexto, que se le ordenara al PAR incluirlo
en el grupo de beneficiarios del PPA y pagarle las mesadas pensionales dejadas
de percibir desde el 1° de febrero de 2006 (fecha de la desvinculación
definitiva) hasta el día en que se les reconozca la pensión definitiva. Esa otra acción fue declarada improcedente, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Montería mediante sentencia del 13 de mayo de 2009.
No hay copia de una impugnación, o de una sentencia de segunda instancia.
Obra prueba de que la señora Elizabeth Calvete Oviedo había interpuesto,
antes de esta, otra tutela contra el PAR. En ella pedía ser incluida en el PPA,
sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que,
sin embargo, se la había excluido del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitaba, en ese contexto, que se ordenara al PAR brindarle la seguridad social
necesaria, por haber laborado 18 años, 8 meses y 13 días, al servicio de la
empresa TELECOM y hacer extensiva esta protección a sus beneficiarios. Además
pedía que se la incluyera en la nómina de beneficiarios del PPA y se le
cancelaran todas las mesadas dejadas de pagar desde julio 26 del año 2003,
hasta cuando fuera incluida definitivamente en la nómina de pensiones de
CAPRECOM. Por último pretendía que se le ordenara al PAR pagarle una
indemnización por la supresión del cargo que desempeñaba, equivalente a los
valores retenidos desde el momento en que se le dejó de pagar sus derechos
laborales, así como los intereses moratorios, todo debidamente actualizado. No
obran copias de las sentencias que resolvieron esta tutela, ni tampoco hay
pruebas de que el proceso de tutela entonces instado hubiese concluido con acto
distinto a sentencias de fondo.
***
EXPEDIENTE T-2581607
I. Información general
Actor:
Miguel Antonio Giraldo.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 27
de octubre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad y derecho de petición.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: El actor interpuso la acción de tutela en
nombre propio.
II. Hechos
El
peticionario nació el 11 de enero de 1962. Sostiene que mediante fallo del 15
de enero de 2009, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada, Cauca,
actuando como juez de tutela de segunda instancia, confirmó el fallo del 7 de
noviembre de 2008, proferido por el Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada
Cauca, en el cual se ordenó al PAR incluirlo en la nómina del PPA y pagarle las
mesadas pensionales dejadas de percibir desde el mes de abril de 2003. Dice que
el PAR en efecto lo incluyó en la nómina de pensiones anticipadas, y liquidó
las mesadas pensionales. No obstante, por estar en desacuerdo con la
liquidación de tales mesadas, presentó un derecho de petición ante el PAR el 14
de septiembre de 2009, con el fin de que le reliquidara su mesada pensional,
teniendo en cuenta esta vez los factores salariales por él percibidos al 31 de
enero de 2006, fecha en la cual operó su retiro definitivo de Telecom, y no con
base en los factores salariales devengados en marzo de 2003. Además le pidió el
pago de intereses moratorios según el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993.
En
oficio del 09 de octubre de 2009, el PAR contestó el derecho de petición,
informándole al tutelante que la liquidación se había hecho con base en el
instructivo que adoptó Telecom para liquidar las mesadas pensionales del PPA. Y
agregó que el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, no operaba en este caso, pues se trataba de una pensión
de jubilación y no de vejez, regida por la
Ley 100 de 1993.
Con esta decisión del PAR, el accionante piensa que se
le desconocieron sus derechos. Por tanto, solicitó que se le protegieran
mediante tutela, y que tal virtud se le ordenara al PAR la reliquidación de la
mesada derivada del PPA, tomando como base los ingresos salariales percibidos
el 31 de enero de 2006. Asimismo, pretendió con el amparo que se ordenara al
PAR la cancelación de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, desde el 1 de febrero de 2006 al 21 de marzo de 2009.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Informó haber dado respuesta al derecho de petición
del tutelante y, a su turno, haber dado cumplimiento a los fallos proferidos
por los Jueces Civil Municipal y Civil del Circuito de Puerto Tejada. Por lo
demás, manifestó que debía tenerse en cuenta que el actor no había adelantado
incidente de desacato dentro de los fallos mencionados, razón por la cual a su
juicio debía considerarse si el tutelante estaba actuando de mala fe y en forma
temeraria. Igualmente consideró que en la tutela presentada por el peticionario
existía un hecho superado, toda vez que ya había dado contestación al derecho
de petición presentado por aquel.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 06 de noviembre de 2009, el
Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada Cauca concedió la tutela ordenó
reliquidar las mesadas pensionales derivadas del PPA. Ordenó entonces, en
concreto:
“[…] la reliquidación y pago de la mesada
derivada del PPA, tomando como base de la misma el ingreso base de liquidación
y demás derechos legales y extralegales, que hacen parte de la misma, según
Acuerdos Convencionales, devengados a 31 de enero de 2006, fecha en la cual se
dio de manera definitiva su desvinculación como trabajador activo de la empresa
TELECOM por haber operado la liquidación de la misma, incluyendo como factores
salariales el porcentaje correspondiente a la prima de retiro, la prima técnica
y prima de antigüedad, las cuales se le cancelaron en vigencia de su contrato
de trabajo y hasta la fecha de su desvinculación definitiva de la empresa
TELECOM, debiéndose incluir el porcentaje de la sobre remuneración o recargo
laboral que se cancelaba a todos los trabajadores en el mes de diciembre (prima
por recargo de trabajo en diciembre), todo lo cual no se tuvo en cuenta para la
liquidación de su pensión. 2) Se le paguen los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre todas y cada una de las
mesadas pensionales causadas, previa reliquidación de la primera mesada, en los
términos a que se contrae la petición que dio origen a esta acción tutelar, los
cuales se deben reconocer a partir del 1° de febrero de 2006 hasta el 21 de
marzo de 2009 […]”
Esta
última orden la impartió, tras considerar que los intereses moratorios d el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se debían aplicar a todo tipo de pensiones,
y no sólo a las de vejez reguladas por la
Ley 100 de 1993.
V. Impugnación
El
PAR impugnó el fallo de primera instancia. Manifestó que el Juzgado de primera
instancia había desconocido el precedente constitucional derivado de la
sentencia T-551 de 2009 de esta Corte, en la a su juicio se estableció que en
estos casos la acción de tutela es improcedente por inexistencia del perjuicio
irremediable y falta de inmediatez. Igualmente manifestó que el juez de primera
instancia incurrió en un error de interpretación al aplicar normas del régimen
general de pensiones, como la reliquidación por retiro definitivo del servicio
y los intereses moratorios, a un régimen especial como el PPA. Agregó que la
decisión recurrida le acarreaba al PAR un detrimento patrimonial, pues ordenaba
no sólo indexar sumas de dinero sino además pagar intereses moratorios. Lo cual
a su juicio constituye una doble sanción por unos derechos que no tiene el
accionante, además de una pretensión eminentemente económica, que no
corresponde con la finalidad de la tutela.
VI. Fallo de segunda instancia
En segunda instancia, el Juzgado Civil del Circuito de
Puerto Tejada, Cauca, en fallo del 16 de diciembre de 2009, confirmó el de
primera instancia tras sostener que había una flagrante violación del derecho a
la igualdad del actor.
***
EXPEDIENTE T-2587255
I. Información general
Actores:
Ruth Virginia Montero Ayazo, Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia Paulina Almeida
Arellano, Wilmer Fernando Álvarez Vergara, Bernardo Barbosa Suárez, Iris Isabel
Barrios Salgado, Mireya Beltrán Rodríguez, Benjamín Antonio Benedetty Galvis,
César Hernán Bohórquez Mahecha, Luis Gabriel Cáceres Corredor, Martha Camacho
Esteban, Omar Eduardo Canchala Quiroz, Julieta Cárcamo Zea, José Armando Chávez
Rocha, Jesús Mussoliny Chicaiza Muñoz, Gustavo De Castro Palmarini, Hernán Díaz
Mejía, Juan Escobar Torres, Irina Eunice Forestiery Hernández, Luis Ángel
Gallego Ramírez, José Armagot Garavito Vargas, Henry Garcés Oscar, William
Gómez, Adriana María Gutiérrez Agudelo, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Gustavo
Antonio Jurado, Cristina Lozano Bustos, Luis Arturo Martínez Realpe, Carlos
Samuel Meza Becerra, Enrique Olaya Molina Casanova, José Ignacio Murcia,
Rodolfo Nelson Negrete, Ricardo Alirio Patiño Morillo, José Antonio Revelo
Concha, Carmenza Lucía Revelo Narváez, Jorge Hugo Rivera Salgado, Edipza
Maryori Romo Eraso, Wilson William Salazar Romero, José Alberto Sánchez
Camacho, Jorge Luis Simbaqueba Barrera, María Josefina Solarte Rosero, Carlos
Arturo Soler Romero, Nancy del Socorro Taborda Cortés, Luis Fernando Tello,
Elena del Socorro Vega Altamiranda, César Ventura Castellanos Cáceres, Julia
Escilda Weber Angulo, Faunier Zapata.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 3
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: mínimo vital,
igualdad, seguridad social, derecho a la familia, asistencia a las personas de
la tercera edad, y los derechos de los trabajadores.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Denis del Carmen González Polo.
II. Hechos relevantes
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Piden, en
consecuencia, que se ordene al PAR incluirlos en el plan de pensión anticipada,
pagarles las mesadas dejadas de percibir, con el incremento salarial y
debidamente indexadas, desde la fecha de su desvinculación real y hasta que se
les notifique el reconocimiento de la pensión de jubilación y la inclusión en
nómina de pensionados. También solicitan ordenarle al PAR que cancele lo
correspondiente a los aportes a la seguridad social dejados de hacer desde el
momento del despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Alegó ante todo que no
cumplía con el requisito de inmediatez. Dijo asimismo no ser administrador de
pensiones, y carecer entonces de competencia legal para proferir actos
administrativos de reconocimiento pensional. Agregó, en cuanto al fondo, que
ninguno de los peticionarios adquirió el derecho a pensionarse conforme al
régimen de transición, de modo que ninguno alcanza a reunir las condiciones
para ser incluido en el PPA. Aseveró que si los peticionarios consideraban
cumplir los requisitos para beneficiarse con el PPA, debieron enviar
oportunamente la solicitud respectiva. Al presentar ahora una petición en este
sentido, el PAR estima que los peticionarios quieren revivir términos vencidos.
Por lo demás, alega que hay otros medios de defensa judicial para solicitar el
reconocimiento de la pensión y que en esa medida la tutela es improcedente. Y
para terminar manifiesta que el PAR no es Telecom, sino un negocio jurídico con
distintas finalidades, que se rige por las normas de derecho privado, y dentro
de cuyas obligaciones no se encuentra la de responder por las prestaciones
pedidas por los accionantes, pues entre el PAR y estos no ha existido relación
laboral.
IV. Fallo de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba, en
sentencia del 17 de noviembre de 2009, tuteló los derechos invocados. En
consecuencia, le ordenó al PAR incluir a los peticionarios en la nómina del
PPA, pagarles las mesadas y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente
indexados, desde la fecha de desvinculación real y hasta que se les notificara
por CAPRECOM el reconocimiento de la pensión de jubilación. Finalmente, le
ordenó cancelar los aportes a la seguridad social dejados de pagar desde el
despido y hasta cuando se los incluya en la nómina del PPA.
Sostuvo, para llegar a esa conclusión, que en fallos
similares otros ex trabajadores de Telecom en circunstancias similares a las de
los peticionarios habían obtenido protección a sus derechos, con lo cual se
habían visto beneficiados por órdenes de inclusión en el PPA.  En  esos fallos
los jueces de instancia concluyeron que los accionantes habían un trato
discriminatorio por parte de su empleador, en comparación con quienes estaban
en las mismas condiciones. Con fundamento en esas decisiones, el Juzgado
impartió entonces las órdenes citadas. Y se las dictó al PAR, ya que en su
interpretación el Decreto Ley 254 de 2000 dispuso que si al terminar la
liquidación existen procesos pendientes contra la entidad, las contingencias
respectivas las debe atender el patrimonio autónomo creado para ese efecto.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado el fallo, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de El Carmen de Bolívar, en sentencia del 5 de febrero de 2010, lo confirmó.
Arguyó los mismos motivos del Juzgado de primera instancia, modificando empero
uno de los numerales de la parte resolutiva en el sentido de excluir la
liquidación, donde se establecen taxativamente los valores a pagar a los
accionantes.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Ruth Virginia
Montero Ayazo
5/4/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
N/F
2
Harold Ernesto Acosta
Moreno
7/30/1980
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
118’551.332
3
Sonia Paulina Almeida
Arellano,
9/30/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
141’737.358
4
Wilmer Fernando Álvarez
Vergara
2/12/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
58’267.457
5
Bernardo Barbosa Suárez,
7/12/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
6
Iris Isabel Barrios
Salgado,
5/3/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
107.746.974
7
Mireya Beltrán Rodríguez,
3/26/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
8
Benjamín Antonio Benedetty
Galvis
2/5/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
9
César Hernán Bohórquez
Mahecha
3/4/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
193’905.070
10
Luis Gabriel Cáceres
Corredor
10/27/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
135’370.206
11
Martha Camacho Esteban
8/7/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
77’409.872
12
Omar Eduardo Canchala
Quiroz
5/23/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
79.222.066
13
Julieta Cárcamo Zea
7/13/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
54’025.658
14
José Armando Chávez Rocha
11/22/1958
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
N/F
15
Jesús Mussoliny Chicaiza
Muñoz
4/1/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
101’999.591
16
Gustavo De Castro Palmarini
9/10/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
55’484.774
17
Hernán Díaz Mejía
8/24/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
75’670.234
18
Juan Escobar Torres
5/1/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
34’777.115
19
Irina Eunice Forestiery
Hernández
3/16/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
20
Luis Ángel Gallego Ramírez
10/16/1956
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
36’890.486
21
José Armagot Garavito
Vargas,
6/3/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
51’207.401
22
Henry Garcés Oscar
9/22/1964
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
34’562.457
23
William Gómez
3/22/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
82’547.900
24
Adriana María Gutiérrez
Agudelo
10/19/1965
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
N/F
25
Rodolfo Rito Gutiérrez
Fajardo
4/4/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
128’092.390
26
Gustavo Antonio Jurado
4/27/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
58’827.608
27
Cristina Lozano Bustos
2/8/1960
Julio 26 de 2003
Noviembre 3 de 2009
138.007.071
28
Luis Arturo Martínez Realpe
7/22/1958
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
65.181.681
29
Carlos Samuel Meza Becerra
4/30/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
160.861.926
30
Enrique Olaya Molina
Casanova
2/5/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
96.225.511
31
José Ignacio Murcia
1/20/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
32
Rodolfo Nelson Negrete
8/26/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
54’849.772
33
Ricardo Alirio Patiño
Morillo
4/23/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
41’210.168
34
José Antonio Revelo Concha
7/24/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
35
Carmenza Lucía Revelo
Narváez
5/18/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
197’121.972
36
Jorge Hugo Rivera Salgado
12/29/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
37
Edipza Maryori Romo Eraso
1/4/1965
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
86’609.716
38
Wilson William Salazar
Romero
11/27/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
60’137.489
39
José Alberto Sánchez
Camacho
7/1/1960
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
N/F
40
Jorge Luis Simbaqueba
Barrera
11/5/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
143.919.433
41
María Josefina Solarte
Rosero
3/7/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
103.771.034
42
Carlos Arturo Soler Romero
1/23/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
209.971.873
43
Nancy del Socorro Taborda
Cortés
11/7/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
42.819.089
44
Luis Fernando Tello
8/11/1961
Julio 26 de 2003
Noviembre 3 de 2009
157.370.330
45
Elena del Socorro Vega
Altamiranda
3/24/1957
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
N/F
46
César Ventura Castellanos
Cáceres
6/10/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
62’682.811
47
Julia Escilda Weber Angulo
4/6/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 3 de 2009
72’752.384
48
Faunier Zapata
6/11/1957
Julio 25 de 2003
Noviembre 3 de 2009
N/F
En el expediente hay algunas respuestas suministradas
por el PAR o Telecom, a accionantes que, según puede colegirse, previamente
habían presentado derechos de petición. Hay una respuesta dirigida a la señora
Mireya Beltrán Rodríguez, que data del 3 de noviembre de 2006, en la cual le
dicen que no puede ser beneficiaria del PPA porque su solicitud es
extemporánea. Obra una respuesta al señor José Armagot Garavito Vargas, del 4
de noviembre de 2003, en la cual se le informó que no podía ingresar al retén social
como prepensionado. Al señor William Gómez se le envió respuesta, que data del
12 de junio de 2008, en la cual se le niega su solicitud de relación de tiempo
de servicios, para efectos del PPA. Al señor José Ignacio Murcia, el 28 de
agosto de 2007 el PAR le da también respuesta negativa a su petición de tiempos
para efectos de ser incluido en el PPA.
Obran pruebas de que los señores Harold Ernesto Acosta Moreno, Sonia
Paulina Almeida Arellano, Bernardo Barbosa Suárez, Martha Camacho Esteban y
Carlos Samuel Mesa Becerra interpusieron antes de esta tutela una acción
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de
TELECOM con derecho a ser incluidos en el PPA y en que, a pesar de eso, fueron
excluido del listado de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaban en ese
contexto, que se condenara a
la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta
cuando cumplieran los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pedían el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente pedían el pago de la pensión convencional de jubilación. Hay
entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.  Sus pretensiones se
las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá
mediante sentencia del 30 de marzo de 2009 y, en segunda instancia, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo
del 11 de junio de 2009. No
hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra.
También se adjuntaron pruebas, encaminadas a
certificar que los señores Gustavo Antonio Jurado y Cristina Lozano Bustos interpusieron antes de esta tutela una acción laboral
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de
TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA, y en que sin
embargo se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitaron
en ese contexto, que  se
condenara a la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y
hasta cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión
convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión
convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en
ese proceso, expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá
el 17 de  abril de 2009, mediante la cual fue absuelto el PAR de las
pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda
instancia, ni tampoco de una impugnación que se encuentre en curso.
En el expediente reposan a su vez medios de prueba, de
que el señor Luis Fernando Tello Herira –conforme
a las pruebas- interpuso antes de esta tutela una acción laboral ordinaria
contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y a su
juicio tenía derecho a ser incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo
excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto,
que  se condenara a la
demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando
cumpliera con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y
futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de
la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional de jubilación.
Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá el 15 de  mayo de 2009, mediante la
cual fue absuelto el PAR de las pretensiones formuladas por el demandante. No
obra fallo de segunda instancia, ni tampoco de una impugnación que se encuentre
en curso.
Los señores Carlos Arturo Soler y José Antonio Revelo
Concha –conforme la documentación aportada al proceso- interpusieron antes de esta tutela una acción laboral
ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en que eran trabajadores de
TELECOM y a su juicio tenían derecho a ser incluidos en el PPA, y en que sin
embargo se los excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitaron en
ese contexto, que se condenara
a la demandada a reconocerles el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta
cuando cumplieran con los requisitos para acceder a la pensión convencional de
jubilación. Asimismo, pidieron el pago de las mesadas pensionales retroactivas
y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago
de la pensión de jubilación, con la debida indexación o actualización.
Subsidiariamente solicitaron el pago de la pensión convencional de jubilación.
Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso, expedida por el
Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el 23 de febrero de 2009,
mediante la cual fue absuelto el PAR de las pretensiones formuladas por los
demandantes. No obra fallo de segunda instancia, ni consta que esté en curso
una impugnación.
El señor Ómar Eduardo Canchala Quiroz –según los elementos de juicio aportados- interpuso
antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de
febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de
jubilación, con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitó
el pago de la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de
primera instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Bogotá el 12 de diciembre de 2008, mediante la cual fue absuelto el
PAR de las pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda
instancia, ni consta que esté en curso una impugnación.
Hay copia de la
demanda ordinaria promovida por la señora Iris Isabel Barrios Salgado antes
de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con base en que era trabajadora de
TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser incluida en el PPA y, a pesar
de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese
contexto, que se condenara a
la demandada a  efectuar desde el 25 de agosto de 2003, de manera temporal y
voluntaria, el pago de una pensión de jubilación anticipada equivalente al 75%
de los factores legales y extralegales devengados por los trabajadores entre el
1 de abril de 1994 y el 15 de abril de 2003. Subsidiariamente pedía ser
destinataria de los beneficios del retén social, en tanto a su juicio ostentaba
la condición de madre cabeza de familia sin alternativa económica. No se
aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de
primera o segunda instancia de dicho proceso. Tampoco se allegó comunicación o
prueba alguna de que el mismo hubiese terminado con acto distinto a una
sentencia de fondo.
***
EXPEDIENTE T-2587286
I. Información general
Actores:
Milagro Candelaria Acosta Romero, Hugo Rafael Baca Sandoval, Aymer Baena
Gallón, Ramón José Barrios Iriarte, Uriel de Jesús Bayona Chona, María Asunción
Benavides Correa, Ana María Calvo Gutiérrez, Jesús Andrés Díaz Díaz, Miriam
Fuertes Penagos, Luz Marleny Gallego Tirado, Leonor García, Lourdes María
Garizabalo Muñoz, Joaquín Darío Gómez Rico, Pedro Francisco Gómez Vega, Jaime
de Jesús González Noreña, Antonio José Guarnizo Hurtado, José Ignacio Henao
Zea, Eberto Obdulio León Cubillos, Omar Hernán León Sánchez, Martha Patricia
López Arango, Omaira Esther Márquez Seña, Luz Marina Márquez Tamara, Álvaro
Hernando Monroy Arias, Luis Ignacio Morillo García, Luis Amado Orejuela
Mosquera, Alberto Porras Marín, Noris Quintero Agamez, César Augusto Quintero
Muñoz, Fernando Mayid Rendón Gil, Raúl Rojas Medina,  Ana Raquel Romero Lozano,
María del Tránsito Rosado Cuao, Omar Enrique Royert Iriarte,  Clara Lucía
Saldaña López, Julián Sánchez Fernández, Gustavo Sánchez Pedro, Jorge Luis
Santiz Yances, Juan Pablo Sequera Higuera, Walter Torres Mercado, Danuil Jesús
Vega Bayona, Elvira Rosa Villa de la Hoz, Francisco Hernando Villa Uribe, Edith
Villamil Tavera, Carlos Alberto Villamizar Torres, Carlos Arturo Zuluaga
Méndez.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha auto admisorio de la tutela: 26 de octubre de
2009.
Derechos
vulnerados: vida, mínimo vital, seguridad social, igualdad, derecho a la
familia, asistencia a las personas de la tercera edad, derechos adquiridos.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Abogado: Denis del Carmen González Polo.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Su
apoderado manifiesta que todos estaban vinculados a Telecom cuando se transformó
en Empresa Industrial y Comercial del Estado, pero que ninguno estaba amparado
por el régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993. Pide que se los incluya en la nómina del PPA, y que se ordene
al PAR el pago a los accionantes de las mesadas dejadas de percibir desde la
fecha de desvinculación y hasta que se les notifique el reconocimiento de la
pensión de jubilación, con los incrementos salariales correspondientes y la
indexación de dichas sumas. Igualmente pide que se ordene el pago de los
aportes a la seguridad social de los tutelantes, dejados de hacer durante todo
este período.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Dijo carecer de
competencia para proferir actos administrativos de reconocimiento pensional.
Argumentó que los peticionarios contaron, cuando se ofreció el PPA en Telecom,
con la oportunidad de solicitar que se los incluyera en dicho plan y, no
obstante, prefirieron hacerlo apenas ahora, años después. Con lo cual a su
juicio se desconoce que la tutela debe interponerse dentro de un término
razonable, o de lo contrario debe ser declarada improcedente por falta de
inmediatez. Aparte, arguyó que en para un caso como este hay otros medios de
defensa judicial, y que no agotarlos implica no satisfacer un requisito de
procedencia en  materia de tutela, como es el de subsidiariedad. Finalmente
pidió declarar improcedente el amparo, sobre la base de que el PAR no remplaza
a Telecom, sino que es un negocio jurídico que no tiene la facultad de
reconocer derechos pensionales.
En
cuanto al fondo, el PAR indicó que desde su perspectiva ninguno de los tutelantes cumple con el
requisito de ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. Manifiesta que algunas personas no enviaron la información y
los soportes del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo tanto no se les
ofreció el PPA. Citó al respecto la
sentencia T-589 de 2007, a partir de la cual concluyó que los trabajadores de
Telecom debían cumplir con todos los requisitos establecidos en la
Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento para que se les pudiera
reconocer la pensión anticipada.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 09 de noviembre de 2009, el
Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar concedió la tutela. En
consecuencia, le ordenó al PAR que incluyera a los tutelantes en el PPA, previa
comprobación de los requisitos exigidos, en las mismas condiciones y sin
ninguna otra consideración adicional. El Juzgado consideró que la tutela era
procedente por la cercanía de la terminación del encargo fiduciario que tenía
el PAR, y que en ese contexto los medios ordinarios no eran idóneos para
proteger los derechos de los actores. Igualmente sostuvo que estaba probada la
amenaza del derecho de los actores al mínimo vital, porque estaban privados de
los ingresos que les permitían cubrir sus necesidades básicas y las de sus
familias.
V. Fallo de segunda instancia
Ambas
partes impugnaron el fallo, y en
segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, en
sentencia del 29 de enero de 2010, lo confirmó parcialmente. Lo adicionó, sin
embargo, en el sentido de ordenar la inclusión de los actores en la nómina de
beneficiados por el PPA. Ordenó en consecuencia pagarles a los actores las
mesadas pensionales dejadas de percibir, debidamente indexadas. Para llegar a
esa decisión, sostuvo que había una evidencia del trato discriminatorio en la
conciliación suscrita entre Telecom y la señora Nora Leonor Espinoza Berrocal,
pues dicha funcionaria estaba en las mismas condiciones de los accionantes, y
sin embargo Telecom la incluyó en el PPA. Por tanto, a su juicio, lo propio
debía ocurrir con los actores, en virtud de su derecho a la igualdad de trato.
Lo cual en su concepto se refuerza al tener en cuenta que también está en
riesgo el mínimo vital de los peticionarios.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Milagro Candelaria Acosta
Romero
02/02/1964
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
65.014.686
2
Hugo Rafael Baca Sandoval,
16/10/1955
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
89’261.462
3
Aymer Baena Gallón
11/07/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
71’243.646
4
Ramón José Barrios Iriarte
11/07/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
55’801.609
5
Uriel de Jesús Bayona Chona
18/05/1961
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
186.588.696
6
María Asunción Benavides
Correa
17/08/1954
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
45’510.999
7
Ana María Calvo Gutiérrez
02/04/1967
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
61’981.757
8
Jesús Andrés Díaz Díaz
10/05/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
46’496.763
9
Miriam Fuertes Penagos
13/08/1958
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
53’157.191
10
Luz Marleny Gallego Tirado
25/04/1958
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
75’021.689
11
Leonor García
15/02/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
83’462.030
12
Lourdes María Garizabalo
Muñoz
13/02/1963
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
66’030.051
13
Joaquín Darío Gómez Rico
10/11/1959
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
81’673.954
14
Pedro Francisco Gómez Vega
15/02/1962
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
40’645.250
15
Jaime de Jesús González
Noreña
10/01/1962
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
50’406.388
16
Antonio José Guarnizo
Hurtado
25/09/1957
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
210’498.276
17
José Ignacio Henao Zea
17/01/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
61’518.412
18
Eberto Obdulio León
Cubillos
22/12/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
75’378.838
19
Omar Hernán León Sánchez
12/05/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
144’749.586
20
Martha Patricia López
Arango
17/08/1968
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
46’406.600
21
Omaira Esther Márquez Seña
18/07/1963
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
61’074.822
22
Luz Marina Márquez Tamara
28/01/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
73’660.499
23
Álvaro Hernando Monroy
Arias
02/04/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
77’613.891
24
Luis Ignacio Morillo García
09/01/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
144.017.601
25
Luis Amado Orejuela
Mosquera
19/05/1957
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
83’994.260
26
Alberto Porras Marín
28/04/1958
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
54’786.252
27
Noris Quintero Agamez
30/08/1966
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
56’785.095
28
César Augusto Quintero
Muñoz
26/02/1965
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
91.264.013
29
Fernando Mayid Rendón Gil
12/11/1954
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
35’891.409
30
Raúl Rojas Medina
01/02/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
220.702.992
31
Ana Raquel Romero Lozano
15/01/1959
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
53’588.155
32
María del Tránsito Rosado
Cuao
05/08/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
64’594.337
33
Omar Enrique Royert Iriarte
21/07/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
60’488.609
34
Clara Lucía Saldaña López
12/12/1964
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
67.146.358
35
Julián Sánchez Fernández
05/05/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
83’454.019
36
Gustavo Sánchez Pedro
30/10/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
169’058.587
37
Jorge Luis Santiz Yances
19/07/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
80’672.954
38
Juan Pablo Sequera Higuera
(Agente oficioso Neyla España Guerra)
23/10/1957
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
204’227.539
39
Walter Torres Mercado
03/05/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
55’649.874
40
Danuil Jesús Vega Bayona
03/05/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
143.935.840
41
Elvira Rosa Villa de la
Hoz
17/06/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
211’054.953
42
Francisco Hernando Villa
Uribe
04/02/1958
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
74.586.196
43
Edith Villamil Tavera
23/03/1960
Enero 31 de 2006
Octubre 26 de 2009
135’594.509
44
Carlos Alberto Villamizar
Torres
10/04/1962
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
120’931.377
45
Carlos Arturo Zuluaga
Méndez
14/04/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 26 de 2009
77’952.890
Las
pruebas aportadas al proceso indican que los señores César Augusto Quintero Muñoz, Danuil Jesús Vega Bayona
y Raúl Rojas Medina interpusieron antes
de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base
en que eran trabajadores de TELECOM, y en que a su juicio tenían derecho a ser
incluidos en el PPA, y sin embargo se los excluyó del grupo de beneficiarios de
dicho Plan.  Solicitaron en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerles el PPA
desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumplieran con los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidieron el
pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero
de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con
la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitaron el pago de
la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera
instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de
Bogotá el 15 de mayo de 2009, mediante la cual fue absuelto el PAR de las
pretensiones formuladas por los demandantes. No obra fallo de segunda
instancia, ni consta que esté en curso una impugnación.
El señor Luis Ignacio Morillo García –conforme a los
documentos aportados- interpuso antes de
esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con base en
que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser incluido en el
PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de beneficiarios de dicho
Plan.  Solicitó en ese contexto, que  se condenara a la demandada a reconocerle el PPA desde el 1° de
febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los requisitos para acceder a la
pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera instancia en ese proceso,
expedida por el Juzgado 12 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de
abril de 2009, mediante la cual fue absuelto el PAR de las pretensiones
formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia, ni consta que
esté en curso una impugnación.
La
señora Clara Lucía Saldaña López interpuso
antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajadora de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, y sin embargo se la excluyó del grupo de beneficiarios de
dicho Plan.   Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser
incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. Al expediente fue allegado el auto admisorio de la demanda,
proferido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el 7 de noviembre
de 2006. No obran las providencias dictadas en ese proceso ordinario. Tampoco
se allegó comunicación indicativa de que el proceso hubiera concluido por un
acto distinto a una sentencia de fondo.
En los expedientes obran asimismo pruebas de que el
señor Juan Pablo Sequera Higuera interpuso
antes de esta tutela una acción laboral ordinaria contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajador de TELECOM y a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA, y en que sin embargo se lo excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan.  Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera con los
requisitos para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo,
pidió el pago de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de
febrero de 2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación,
con la debida indexación o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de
la pensión convencional de jubilación. Obra copia de la sentencia de primera
instancia en ese proceso, expedida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de
Bogotá el 12 de diciembre de 2008, mediante la cual fue absuelto el PAR de las
pretensiones formuladas por el demandante. No obra fallo de segunda instancia,
ni consta que esté en curso una impugnación.
Se
adjuntó copia de la demanda ordinaria promovida por la señora Milagro Candelaria Acosta Romero antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajadora de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluida en el PPA y, a pesar de eso, se la excluyó del grupo de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitó, en ese contexto, que se condenara a la demandada a  efectuar desde el 25
de agosto de 2003, de manera temporal y voluntaria, el pago de una pensión de
jubilación anticipada equivalente al 75% de los factores legales y extralegales
devengados por los trabajadores entre el 1 de abril de 1994 y el 15 de abril de
2003. Subsidiariamente pedía ser destinataria de los beneficios del retén
social, en tanto a su juicio ostentaba la condición de madre cabeza de familia
sin alternativa económica. No se aportaron copias del auto admisorio de la
demanda, ni de las providencias de primera o segunda instancia de dicho
proceso. Tampoco se allegó comunicación o prueba alguna de que el proceso
hubiese terminado con acto distinto a una sentencia de fondo.
Obra copia de la
demanda ordinaria promovida por el señor Uriel de Jesús Bayona Chona antes de esta tutela contra el PAR de TELECOM, con
base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio tenía derecho a ser
incluido en el PPA y, a pesar de eso, se lo excluyó del grupo de beneficiarios
de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, que se condenara a la demandada a reconocerle su
derecho a ser incluido en el PPA, y le pagara las mesadas retroactivas y
futuras hasta el momento en el que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión
convencional de jubilación, valores que debían ser debidamente indexados. No se
aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las providencias de
primera o segunda instancia de dicho proceso. Tampoco se allegó comunicación o
prueba alguna de que el proceso hubiese terminado con acto distinto a una
sentencia de fondo.
Conforme
los elementos de juicio allegados, el señor Francisco Hernando Villa Uribe interpuso antes de esta tutela una acción ordinaria contra el
PAR de TELECOM, con base en que era trabajador de TELECOM y en que a su juicio
tenía derecho a ser incluido en el PPA y, a pesar de eso, se lo excluyó del
grupo de beneficiarios de dicho Plan. Solicitó en ese contexto, en esencia el reconocimiento de su derecho a ser
incluida en el plan de pensión anticipada, el pago de las mesadas atrasadas de
la pensión, el reajuste de la pensión conforme a la ley y la indemnización
moratoria. No se aportaron copias del auto admisorio de la demanda, ni de las
providencias de primera o segunda instancia de dicho proceso. Tampoco se allegó
comunicación o prueba alguna de que el mismo hubiese terminado con acto
distinto a una sentencia de fondo.
El poder que aparece otorgado para actuar nombre del
señor Juan Pablo Sequera Higuera, no lo extendió directamente este último sino
otra persona en calidad de agente oficiosa suya.
***
EXPEDIENTE T-2597351
I. Información general
Actores:
José Francisco Altuzarra Gallo, Luis Fernando Arboleda Guarín, Uriel Arias
Núñez, Jesús Adolfo Arias Pérez, Luis Fernando Aristizábal Jaramillo, Jorge
Arecio Avendaño Valenzuela, José Polidoro Bernal Torres, Víctor Manuel Bogotá
Huérfano, Siervo Alonso Cañón Daza, José Antonio Casallas Moreno, Raúl Clavijo
Mantilla, Calixto Antonio Córdoba Campo, Roberto de Jesús Correa Villadiego,
Marco Antonio Cortés Triana, Ulpiano Corzo Velandia, Luz Amanda Cuadrado Pérez,
Luisa Fernanda Espinosa Ocampo, Guillermo Alfonso Espinosa Rubio, Antonio
Manuel Espitia Llorente, Alberto Forero Medellín, Blanca Cecilia Gómez
González, Javier González Hernández, Humberto González, Geny Madred Grimaldo
Carrascal, Fernando Guacaneme Martínez, Melba Guarín Castillo, Edgar Enrique
Guifo Ríos, Rodolfo Rito Gutiérrez Fajardo, Fernando Gutiérrez Peña, Carlos
Arturo Hernández Arenas, Maribel Herrera Torres, Carlos López Millán, Julio
César Matiz Cruz, Aida Esperanza Mendoza Dueñas, Pedro Montaño Castiblanco,
Yoni Mora Molina, José Gustavo Moreno Castellanos, Orlando Moreno Real, Enrique
Mosquera Hernández, Elsy Motta Moreno, Myrian Cecilia Muñoz Palacios, Libardo
Niño González, María Rocío Ocampo Quintero, José Miguel Ortega Pitalua, Ruby
Liliana Osorio Caycedo, Lucy Osorio Londoño, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Luz
Edit Otálora Sierra, Pedro Elías Palencia, Marlene Palma Garzón, Rodrigo Payán
Garcés, Gloria Marlen Peña Garzón, Martha Janeth Pineda Montejo, Álvaro Eugenio
Posso Bedoya, Alonso Quintero Pérez, Luis Severo Reyes González, Gloria Yubi
Rincón Cadena, Carlos Alberto Robles, José Hebert Rodríguez Bobadilla, César
Rodríguez López, Leonel Mauricio Rojas Clavijo, Luz Astrid Rojas Galvis,
Arnulfo Orlando Rojas Velandia, Graciela Romero Acuña, Rafael Antonio Sánchez
Díaz, Luz Amparo Sánchez Martínez, Álvaro Ignacio Sánchez Vivas, Álvaro Torres
Guarín, Jorge Luis Valdez Orozco, Plutarco Vargas Mesa, Gustavo Vergel Arévalo,
Omar Rene Yaguez Bueno.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 22
de octubre de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, seguridad social, mínimo vital, salud, acceso a la
administración de justicia.
Asunto:
plan de pensión anticipada.
Obra como abogada la señora Nereida de Jesús Sáenz
Bula. No acredita, sin embargo, su condición de abogada inscrita, ni allegó los
poderes especiales o generales respectivos, que la facultaran para promover la
acción de tutela a nombre de las personas arriba mencionadas. Estas
circunstancias no se alteraron durante el trámite de revisión.
II. Hechos
Los accionantes dicen no haber sido incluidos en el
PPA, a pesar de reunir todas las condiciones necesarias para serlo. Su
apoderado manifiesta que los peticionarios están en una situación económica
crítica. Solicita entonces que se los
incluya en el PPA y que se les paguen las mesadas pensionales dejadas de
percibir desde la fecha de su desvinculación, y hasta el día en el cual
Caprecom les reconozca definitivamente su derecho a la pensión.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Argumentó
que los peticionarios contaron, cuando se ofreció el PPA en Telecom, con la
oportunidad de solicitar que se los incluyera en dicho plan y, no obstante,
prefirieron hacerlo apenas ahora, años después. Con lo cual a su juicio se
desconoce que la tutela debe interponerse dentro de un término razonable, o de
lo contrario debe ser declarada improcedente por falta de inmediatez. Aparte,
arguyó que en para un caso como este hay otros medios de defensa judicial, y
que no agotarlos implica no satisfacer un requisito de procedencia en  materia
de tutela, como es el de subsidiariedad. Finalmente pidió declarar improcedente
el amparo, sobre la base de que el PAR no remplaza a Telecom, sino que es un
negocio jurídico que no tiene la facultad de reconocer derechos pensionales.
En
cuanto al fondo, el PAR indicó que desde su perspectiva ninguno de los tutelantes cumple con el
requisito de ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. Manifiesta que algunas personas no enviaron la información y
los soportes del tiempo de trabajo en otras entidades y por lo tanto no se les
ofreció el PPA. Citó al respecto la
sentencia T-589 de 2007, a partir de la cual concluyó que los trabajadores de
Telecom debían cumplir con todos los requisitos establecidos en la
Convención Colectiva y en el Manual de ofrecimiento para que se les pudiera
reconocer la pensión anticipada.
Aduce, al final, que no se vulneró el
derecho a la igualdad de los actores porque éstos estaban en condiciones
distintas a quienes sí cumplían con todos los requisitos para que se les
ofreciera el plan de pensión anticipada.
En
el expediente obran pruebas de que algunos accionantes promovieron tutelas
antes de la presentación de esta tutela. En el caso del señor Álvaro Torres
Guarín, consta que el 31 de marzo de 2006 el PAR le dio respuesta a una
reclamación administrativa negándole el reconocimiento de la Pensión
Anticipada, porque el peticionario no se acogió oportunamente al PPA. Ese mismo
actor había interpuesto tutela el 6 de marzo de 2006, también para que le
reconociera el PPA.
IV. Fallo de primera instancia
El Juzgado Primero Civil Municipal de Montería,
mediante providencia del 23 de noviembre de 2009, negó el amparo solicitado.
Consideró que la acción no cumplía con el requisito de subsidiariedad, pues los
actores a su juicio contaban con otros mecanismos ordinarios de defensa de sus
derechos. Sostuvo además que Telecom no vulneró el derecho a la igualdad de los
peticionarios porque éstos no cumplían con la totalidad de los requisitos para
que se les ofreciera el plan de pensión anticipada, como sí lo hacían quienes
desde el inicio fueron incluidos en aquel.  Dijo que la acción de tutela no
había sido tampoco interpuesta dentro de un término razonable, motivo por el
cual tampoco cumplía con el requisito de la inmediatez. Manifestó en
síntesis que “[…] la falta de inmediatez en el ejercicio del medio de
defensa judicial ordinario desvirtúa la irremediabilidad del perjuicio, cuando
no existe motivo jurídicamente válido que lo justifique”.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Montería, mediante providencia del 26 de enero de 2010,
lo revocó. Tuteló los derechos de los actores Altuzarra Gallo José Francisco, Arboleda Guarín Luis Fernando, Arias
Núñez Uriel, Arias Pérez Jesús Adolfo, Avendaño Valenzuela Jorge Arecio, Bogotá
Huérfano Víctor Manuel, Cañón Daza Siervo Alfonso, Casallas Moreno José
Antonio, Clavijo Mantilla Raúl, Córdoba Campo Calixto Antonio, Correa
Villadiego Roberto de Jesús, Cortés Triana Marco Antonio, Corzo Velandia
Ulpiano, Cuadrado Pérez Luz Amanda, Espinosa Rubio Guillermo Alfonso, Espitia
Llorente Antonio Manuel, Gómez González Blanca Cecilia, González Humberto,
Guacaneme Martínez Fernando, Guarín Castillo Melba, Guifo Ríos Edgar Enrique,
Gutiérrez Fajardo Rodolfo Rito, Gutiérrez Peña Fernando, Hernández Arenas
Carlos Arturo, Herrera Torres Maribel, López Millán Carlos, Matiz Cruz Julio
César, Mendoza Dueñas Aida Esperanza, Mora Molina Yoni, Moreno Castellanos José
Gustavo, Moreno Real Orlando, Mosquera Hernández Enrique, Ocampo Quintero María
Rocío, Ortega Pitalua José Miguel, Osorio Caycedo Ruby Liliana, Otálora Sierra
Luz Edit, Palencia Pedro Elías, Palma Garzón Marlene, Payán Garcés Rodrigo,
Pineda Montejo Martha Janeth, Posso Bedoya Álvaro Eugenio, Quintero Pérez
Alonso, Reyes González Luis Severo, Rincón Cadena Gloria Yubi, Rodríguez López
César, Rojas Galvis Luz Astrid, Rojas Velandia Arnulfo Orlando, Romero Acuña
Graciela, Sánchez Díaz Rafael Antonio, Sánchez Martínez Luz Amparo, Sánchez
Vivas Álvaro Ignacio, Torres Guarín Álvaro, Valdez Orozco Jorge Luis, Vargas
Mesa Plutarco, Vergel Arévalo Gustavo, Yaguez Bueno Omar Rene.
En
consecuencia, respecto de estas personas en particular, el Juzgado de segunda
instancia ordenó al PAR incluir a los actores en el plan de pensión anticipada
y cancelarles las mesadas pensionales a su juicio adeudadas desde la fecha de
la desvinculación hasta el día en que les fuera reconocida la pensión
definitiva por parte de la entidad de seguridad social encargada de hacerlo.
Hizo, empero, la salvedad de que aquellas personas aforadas que han demandado y
recibido la indemnización, sólo tendrían derecho al reconocimiento de las
mesadas desde el momento en que se realizó el último pago.
A
su vez, declaró improcedente la tutela respecto de los siguientes
peticionarios: Aristizábal Jaramillo Luis Fernando, Bernal Torres José
Polidoro, Espinosa Ocampo Luisa Fernanda, Forero Medellín Alberto, González
Hernández Javier, Grimaldo Carrascal Geny Madred, Montaño Castiblanco Pedro,
Motta Moreno Elsy, Muñoz Palacios Myrian Cecilia, Niño González Libardo, Ocampo
Quintero María Rocío, Osorio Londoño Lucy, Osorio Zuluaga Álvaro Hernán, Peña
Garzón Gloria Marlen, Rodríguez Bobadilla José Hebert, Rojas Clavijo Leonel
Mauricio. Estos últimos, en su criterio, no cumplían con los requisitos para
ser beneficiarios del plan de pensión anticipada y por tanto las órdenes no
podían beneficiarlos.
El
Juzgado no se pronunció respecto de Robles Carlos Alberto. Asimismo, en el
numeral segundo tuteló el derecho de María Rocío Ocampo Quintero y en el
numeral tercero negó la tutela de los derechos de la misma actora.[248]
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
En
el expediente obra un escrito del señor Édgar Enrique Guifo Ríos, por el cual
manifiesta que no otorgó poder para interponer la acción de tutela, y por lo
tanto, solicita que se retire su nombre. Al actor le reconocieron su pensión en
marzo de 2003. El PAR confirma esta información mediante escrito aportado en
sede de revisión.
***
EXPEDIENTE T-2871322
I. Información general
Actor:
Jairo Patiño Agudelo.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha auto admisorio de la tutela: 31 de agosto de
2010.
Derechos
vulnerados: mínimo vital, debido proceso, salud, vida, acceso a la
administración de justicia y derechos adquiridos.
Asunto:
pago de pensión anticipada.
Abogado: Carlos Hernán Porras Aparicio.
II. Hechos
Dice
el actor que mediante
sentencia del 26 de enero de 2010, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Lorica, Córdoba, ordenó al PAR reconocerle a él el derecho a la pensión
anticipada, y que este fallo fue confirmado por el Juzgado Promiscuo de Familia
de Lorica en segunda instancia. Estas decisiones no fueron seleccionadas para
revisión por la Corte Constitucional, y en cumplimiento de las mismas el PAR
incluyó al actor en la nómina del PPA. No obstante, asegura que el citado
Patrimonio Autónomo no le consignó sus mesadas de pensión anticipada por los
meses de junio y julio de 2010. Por esta razón, solicitó al PAR el pago de las
mesadas debidas por medio de un derecho de petición, el cual aseveró no se le
había sido resuelto al momento de interponer la tutela. Asimismo, afirmó que “con
el no pago de los aportes el [PAR] no [lo] ha afiliado a la
EPS”.
El peticionario no ha instaurado
solicitudes de cumplimiento o desacato de lo ordenado por el juez de tutela que
le reconoció el derecho referido. Considera que la actuación del PAR está
afectando sus derechos fundamentales, tanto como los de su hijo que es
estudiante universitario, y los su esposa que es una persona con discapacidad
que fue calificada con un 57.83% de pérdida de capacidad laboral, y los de su
madre que es una persona de 81 años de edad, y los de un hermano suyo que sufre
esquizofrenia paranoide. Solicita en concordancia con estos
hechos que se ordene al PAR cancelarle las mesadas pensionales adeudadas, y los
aportes al sistema de seguridad social en salud.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Adujo que este mismo peticionario había interpuesto
previamente una acción de tutela, por los mismos hechos y con las mismas
pretensiones, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, la cual quedó
consignada en el proceso identificado con el radicado No. 2010-002. Señaló que la
Corte Constitucional “ha seleccionado para revisión todos los casos que
reconocieron ilegalmente PPA, retén social en contra del PAR- Telecom”. Agregó
haber sido requerido por la
Corte Constitucional “para que informara casos y trabajadores en los cuales
se había reconocido pensiones de forma irregular, lo anterior para proferir una
sentencia unificadora, en la cual esta entidad hace preciso énfasis en la
tutela de Barragán Tinoco, donde es accionante el señor Patiño”. Y agregó
que en su criterio no es cierto que hubiera quedado en firme la sentencia que
ordenó el reconocimiento del plan de pensión anticipada, porque “de acuerdo
a las indicaciones dadas por el Alto Tribunal, realizará un pronunciamiento
sobre la TOTALIDAD de las acciones de tutela que hayan sido proferidas en
contra de la entidad, máxime en el presente caso que de acuerdo a las
investigaciones del Consejo Superior se presentaron irregularidades en la
concesión de los derechos”.
Manifestó,
en cuanto al fondo de la solicitud, que esta carece en principio de sustento
pues a su modo de ver el señor Patiño no cumple con los requisitos para ser
incluido en el PPA. Asimismo sostuvo que esta Corte ha declarado improcedentes
las acciones de tutela promovidas para resolver este tipo de controversias, al
mismo tiempo que indicó que la acción no cumple con el requisito de inmediatez.
Finalmente, dijo que en este caso el actor cuenta con el incidente de desacato
para solicitar el cumplimiento de los fallos de primera y de segunda instancia,
razón por la cual considera que con la interposición de esta segunda acción de
tutela se está vulnerando el derecho del PAR al debido proceso y se pasa por
alto el principio del non bis in ídem.
IV. Fallo de única instancia
Mediante providencia del 13 de septiembre de 2010, el
Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá negó la tutela. Consideró que la
decisión del PAR de suspender el pago de la mesada de pensión anticipada del
actor se basó en una orden impartida por la
Corte Constitucional, razón por la cual la tutela no es el medio de defensa
judicial procedente para controvertir su actuación. Además, dijo que el actor
tiene otras acciones para cuestionar esa actuación.
***
EXPEDIENTE T-2471216
I. Información general
Actores:
Gladys María Montes Montiel, Gustavo Alberto Ayala Arrieta, Nataly Victoria Mejía
Geovo, Lisipo Segundo Puche Olivero, Iván Manuel Castillo  Salgado, Naver
Emelson Garrido Martínez, Carlos Eduardo López Millán, Diógenes Antonio Guerra
Almario, Álvaro José Oviedo Argel, Hugo Enrique Cordero Vega, Luz Amparo Ortega
Pineda, Álvaro Enrique Araújo Ortega, Rodrigo Antonio López Villegas, Sergio
Antonio Téllez Ruda, Remberto Ballestas Mendoza, Eduardo Tordecilla Tordecilla,
Ángel Ramón Gómez Solera, Neftalí C. Zapata Suárez, Ariel de Jesús Carmona
Carazo, Benjamín Corrales Benítez.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 27 de abril de 2009.
Derechos
vulnerados: debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
derechos convencionales, seguridad social, dignidad humana y derecho de
asociación.
Asunto:
fuero sindical y plan de pensión anticipada.
Abogado:
Camilo Torres Becerra.
II. Hechos
Los
accionantes referidos adujeron ser aforados sindicales, y haber sido
desvinculados de Telecom sin que se les respetaran las garantías derivadas de
ese fuero. Alegan que acuden a la acción de tutela porque el proceso laboral
ordinario tarda a su juicio demasiado. Solicitan se ordene al PAR pagar los
salarios, prestaciones sociales y convencionales, y aportes a la seguridad
social dejados de percibir desde el momento del despido, con incremento
salarial desde el 1 de febrero de 2006 hasta la fecha en que quede en firme la
sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical a manera de
indemnización a que tienen derecho todos los peticionarios. Piden estas sumas
indexadas, y una reliquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones
ya pagadas a los accionantes.
En
la tutela hay solicitudes puntuales respecto de personas individualizadas. Se
pidió ordenar al PAR incluir en la nómina del PPA a los señores Álvaro José
Oviedo Argel, Ángel Ramón Gómez Solera y Naver Emelson Garrido Martínez hasta
que Caprecom reconozca la pensión.  Finalmente, se solicitó ordenar a Caprecom
reconocer la pensión y pagar el retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales
a los señores Neftalí Zapata Suárez y Sergio Antonio Téllez.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Solicitó declararla improcedente y ordenar el
traslado de copias a las entidades de control para dar inicio a las
investigaciones penales contra la parte accionante, y penales y disciplinarias
contra el apoderado judicial.    Dijo que había temeridad en la presentación
del amparo a nombre de Álvaro José Oviedo Argel, Ángel Ramón Gómez Solera,
Carlos Eduardo López Millán, Gustavo A. Ayala Arrieta, Nataly Mejía Geovo,
Lisipo Segundo Puche Olivero, Álvaro Enrique Araujo e Iván Manuel Castillo
Salgado. Estos, según el PAR, habían presentado previamente acción de tutela a
través del apoderado Camilo Torres Becerra ante el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Montería, y que en segunda instancia se les había negado mediante
sentencia ejecutoriada. También alegó temeridad respecto de la tutela promovida
por Diógenes Antonio Guerra Almario, Luz Amparo Ortega Pineda, Hugo Enrique
Cordero Vega y Ariel de Jesús Carmona Carazo, pues una igual fue conocida en
primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, y luego
fallada con carácter definitivo mediante sentencia ejecutoriada. Lo mismo
arguyó en relación con los casos de Eduardo Tordecilla Tordecilla, Benjamin
Corrales Benítez, Gladis Montes Montiel, Rodrigo Antonio López Villegas, Naver
Garrido Martínez, Remberto Ballestas Mendoza y Neftalí Zapata Suárez, entre
otros, pues en primera instancia fue resuelta una demanda constitucional
idéntica por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté bajo el radicado
No.2008-00103, fallo que luego resultó confirmado por el Juzgado Penal del
Circuito de Cereté el 17 de febrero de 2008.
Aparte
adujo puntualmente que el único que no inició acción de tutela para solicitar
la protección derivada del fuero sindical fue Sergio Antonio Téllez Ruda, pues
no tenía fuero sindical. Algunos de los peticionarios, agregó, tienen por lo
demás calidad de pensionados, y no pueden recibir doble erogaciones del Estado;
que el juez no es competente por cuanto el último lugar de trabajo de algunos
peticionarios se prestó en lugares diferentes a la jurisdicción del despacho;
que la extinta Telecom inició proceso de fuero sindical contra los señores Lisipo
Segundo Puche Olivero, Álvaro José Oviedo Argel, Hugo Enrique Cordero Vega,
Gustavo Alberto Ayala Arrieta, Gladys María Montes, Gómez Solera Ángel Ramón e
Iván Manuel Castillo Salgado, entre otros. De tal acción conoció el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Montería y mediante sentencia del 30 de enero
de 2004, declaró probada la excepción de prescripción, decisión que fue
confirmada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
Manifestó
que para desvincular al señor Naver Garrido Martínez se inició la acción de
levantamiento del fuero sindical, la cual correspondió por reparto al Juzgado
Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Rad. No. 2004-217), autoridad que
mediante sentencia del 25 de marzo de 2004 declaró probada la excepción de
prescripción. Igualmente el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica
declaró probada la excepción de prescripción presentada por Nataly Mejía Geovo,
en fallo del 25 de marzo de 2004. Lo mismo –dijo- ocurrió con los señores
Diógenes Antonio Guerra Almario y Luz Ortega Pineda. En su caso, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Montería declaró probada la excepción de
prescripción en sentencia del 12 de febrero de 2004, que fue confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 19 de mayo de 2004.
Dijo
también que para desvincular al señor Álvaro Araújo Ortega se inició igualmente
proceso de levantamiento de fuero sindical. Este correspondió al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cereté, radicado bajo el No. 2003-00188, que en
sentencia del 18 de febrero de 2004 declaró probada la excepción de
prescripción. En la desvinculación de Ariel Carmona Erazo, Neftalí Zapata
Suárez, Remberto Ballestas Mendoza, Benjamin Corrales y Eduardo Tordecilla, se
presentó a su turno proceso especial de levantamiento de fuero sindical, el
cual correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, y mediante
providencia del 16 de junio de 2004 se declaró probada la excepción de
prescripción, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería.
Según
el PAR, en el caso de los señores Lisipo Segundo Puche Olivero, Álvaro José
Oviedo Argel, Iván Manuel Castillo Salgado, Hugo Enrique  cordero Vega, Gustavo
Alberto Ayala Arrieta, Gladys María Montes Montiel, Álvaro Enrique Araújo
Ortega y Ángel Ramón Gómez Solera se inició en su momento proceso de
levantamiento de fuero sindical, que correspondió al Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Montería, autoridad que declaró probada la excepción de
prescripción, mediante fallo que fue luego confirmado en segunda instancia en
sentencia del 6 de marzo de 2007.
Dijo
el demandado que el señor Naver Emelson Garrido presentó proceso de reintegro
en contra del PAR. Del proceso conoció el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Planeta Rica (Rad. 2006-00124), el cual falló en contra de accionante. La
señora Nataly Victoria Mejía Geovo también inició proceso de reintegro, cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá
(Rad. No. 2004.00119), que en sentencia del 31 de octubre de 2008 absolvió a
Telecom. El señor Rodrigo Antonio Villegas y Carlos Eduardo López Millán
iniciaron acción de reintegro ante el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún,
Córdoba, (Rad. No. 2006-112). Mediante sentencia del 26 de junio de 2007 se
declaró la falta de competencia. Fue confirmada por el Superior.
Los
señores Diógenes Antonio Guerra Almario y Luz Amparo Ortega Pineda presentaron
proceso de reintegro por fuero sindical contra el PAR. De tal proceso tuvo
conocimiento el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería (Rad. No.
2006-00414) el cual absolvió al PAR en sentencia del 14 de septiembre de 2007,
confirmada por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en sentencia
de 4 de febrero de 2008. Los señores Ariel de Jesús Carmona Carazo, Neftalí
Carmelo Zapata Suárez, Remberto Ballestas Mendoza, Benjamín Corrales Benítez y
Eduardo Tordecilla Tordecilla, iniciaron a su vez acción de reintegro ante un
Juzgado de Lorica (No. 2006-0088). No hay relación acerca del desenlace de este
proceso.
El
PAR adujo en definitiva que la liquidación de la empresa genera la causal de
terminación del contrato y la pérdida como tal de la garantía de aforados
(artículo 410 del CST).
En
cuanto a la pretensión de reconocimiento pensional presentada a nombre de
algunos peticionarios, dijo lo siguiente. Sobre el señor Álvaro José Oviedo
Argel, que tenía 33 años al 1 de abril de 1994 y 10 años, once meses y 24 días
de servicios. Sobre Ángel Ramón Gómez Solera, manifestó que tenía 34 años de
edad en ese momento, y 11 años, 1 mes y 8 días de servicios. Sobre el señor
Naver Emelson Garrido Muñoz dijo que tenía 31 años de edad en esa fecha y 6
años, 11 meses y 2 días de servicio. Ninguno –en su criterio- acreditó los
requisitos suficientes para hacer parte del régimen de transición que les
permitiera en sus condiciones acceder al PPA.
Asimismo
alegó el PAR que es una entidad distinta a Telecom, con la cual los
peticionarios nunca tuvieron un vínculo laboral. De modo que en su criterio no
pueden los accionantes reclamar prestaciones de un contrato laboral del cual el
PAR no hizo parte.  Finalmente, adujo falta de inmediatez en la presentación de
la acción, porque desde el momento en el cual se extinguió Telecom hasta el
momento de presentación de la acción, pasaron más de dos años. Y sostuvo que no
se cumplía el presupuesto de subsidiariedad del amparo en vista de que existía
otro mecanismo de defensa judicial para lo reclamado.
IV. Respuesta de Caprecom
Caprecom
adujo no haber tenido relación laboral con ninguno de los peticionarios.
Manifestó que a su juicio correspondería a la hoy extinta Telecom todo lo
concerniente al PPA y a las situaciones de fuero sindical, pues Caprecom es una
administradora del Régimen de Prima Media, sin competencia frente a una figura
pensional autónoma. Igualmente sucede en su criterio, con cuanto atañe a las
peticiones asociadas al fuero sindical.
Frente
al reconocimiento de la pensión del señor Neftalí Zapata Suárez señaló que el
peticionario cuenta con 25 años, 3 meses y 3 días de servicio, pero que no se
encuentra en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 pues al 1 de abril de 1994 no tenía ni 40 años de edad, ni 15
años de servicios y por eso la entidad le negó la pensión mediante la
resolución No. 2719 del 19 de diciembre de 2006. En el caso del señor Sergio
Antonio Suárez señaló que él laboró en la entidad 25 años y 7 días, y que no se
encuentra en el régimen de transición pues tampoco tenía 15 años de servicios o
40 de edad al 1 de abril de 1994. Entonces, sostuvo que a los dos peticionarios
se les debe aplicar la pensión legal de la Ley 797 de 2003, que establece como
requisito tener mínimo 1300 semanas de cotización y 62 años de edad
Por
lo demás, sostuvo que no es competente para referirse a ningún tema adicional
alegado por los peticionarios.
V. Fallo de primera instancia
En
sentencia del 14 de mayo de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Montería dejó de conceder el amparo constitucional. Consideró que los
peticionarios no acreditaron perjuicio irremediable, que cuando fueron
desvinculados de sus cargos la administración departamental les reconoció y
pagó las prestaciones sociales debidas conforme a la ley, así como la
indemnización a que tenían derecho. Por lo mismo adujo que se observaba en su
caso la urgencia, la necesidad o la gravedad requerida para justificar la
procedencia de la solicitud de amparo.
VI. Fallo de segunda instancia
En
sentencia del 16 de julio de 2009, la
Sala Penal Constitucional Ad-Hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería revocó el fallo de primera instancia y ordenó al PAR reconocerles y
pagarles a los actores los salarios y prestaciones sociales y convencionales a
su juicio debidas, además de los aportes a la seguridad social dejados de
percibir por causa del despido, con incremento desde el 1 de febrero de 2006,
hasta la fecha en quedara en firme la sentencia que ordenara el levantamiento
del fuero sindical. Estos pagos serían a título de indemnización, y se dispuso
que debían ser indexados. Dentro de esto no fue incluido Sergio Antonio Téllez
por no ser aforado.
También
se ordenó incluir en la nómina del PPA a los señores Álvaro José Oviedo Argel,
Ángel Ramón Gómez Solera y Naver Emelson Garrido Martínez, aunque los mismos no
se encuentren en el régimen de transición. Y además se impartió una orden a
Caprecom, de proceder al reconocimiento y pago de mesadas pensionales a los señores
Neftalí Zapata Suárez y Sergio Antonio Téllez, incluyendo el retroactivo
correspondiente, por considerar que les asistía derecho a estos pagos.
El
Tribunal consideró que los peticionarios, cuyas edades oscilan entre los 40 y
60 años, pertenecen a la tercera edad y merecen especial protección
constitucional. A partir de lo cual coligió que los actores están ante la
necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Aparte, sostuvo que el hecho de
que el PAR estuviese para entonces a punto de cumplir su ciclo, y ponerle fin
al encargo fiduciario que le correspondía, hacía indispensable juzgar
procedente el amparo, pues al desaparecer se quedarían inermes y desamparados
los derechos fundamentales y laborales de los accionantes.
Finalmente,
el Tribunal señaló que a su juicio se evidenciaba la afectación al mínimo vital
de los peticionarios, toda vez que el hecho de quedar sin el salario con el
cual asumían sus obligaciones y atendían sus necesidades básicas y de sus
familias, era una clara indicación del menoscabo a este derecho fundamental
inherente a la dignidad humana y protegido por la Constitución. En ese sentido,
consideró inviable exigirles a los tutelantes acudir a la vía ordinaria para
solicitar la protección de sus derechos.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Gladys María Montes Montiel
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
67.870.643
2
Gustavo Alberto Ayala
Arrieta
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
47.177.945
3
Nataly Victoria Mejía Geovo
1/3/1964
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
39.337.576
4
Lisipo Segundo Puche
Olivero
12/9/1956
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
90.499.526
5
Iván Manuel Castillo
Salgado
7/7/1961
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
77.375.533
6
Naver Emelson Garrido
Martínez
6/15/1959
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
74.831.272
7
Carlos Eduardo López Millán
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
76.779.304
8
Diógenes Antonio Guerra
Almario
9/2/1968
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
89.434.579
9
Álvaro José Oviedo Argel
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
10
Hugo Enrique Cordero Vega
3/22/1960
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
42.283.882
11
Luz Amparo Ortega Pineda
2/3/1979
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
76.917.764
12
Álvaro Enrique Araújo
Ortega
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
117.073.913
13
Rodrigo Antonio López
Villegas
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
23.117.532
14
Sergio Antonio Téllez Rodas
6/4/1956
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
82.303.231
15
Remberto Ballesta Mendoza
12/29/1953
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
28.880.156
16
Eduardo Tordecilla
Tordecilla
3/30/1956
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
87.272.820
17
Ángel Ramón Gómez Solera
N/F
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
51.490.725
18
Neftalí C. Zapata Suárez
5/23/1956
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
63.883.116.
19
Ariel de Jesús Carmona
Carazo
3/29/1957
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
63.480.492
20
Benjamín Corrales Benítez
6/26/1947
Enero 31 de 2006
Abril 27 de 2009
103.433.019
En
el expediente obran pruebas de solicitudes presentadas por los actores antes de
instaurar la tutela. Jorge Luis de Oro presentó el 22 de octubre de 2003 una
solicitud ante Telecom para que esta le pagara los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde su desvinculación, pues en su criterio fue ilegal, y
lo reintegrara, o que indicara que era un prepensionado y que su contrato fue
terminado sin justa causa, o en definitiva el pago de una indemnización
adecuada por el daño sufrido. El 13 de febrero de 2006 solicitó el
reconocimiento de la pensión mensual de jubilación vitalicia. El 12 de mayo de
2006 la contestación del derecho de petición interpuesto el 13 de febrero de
2006. El 22 de marzo de 2006 instauró una nueva reclamación administrativa para
ser incluido en el retén social. También obran pruebas de que Eduardo Acosta
Luna  agotó la vía administrativa, y además que el 18 de enero de 2006 el PAR
informó que el actor fue en su momento reintegrado por orden de un Juzgado 8
Civil del Circuito de Cartagena, sobre la base de que era padre cabeza de
familia y por ende debía ser incluido en el retén social.
Hay
pruebas también de que los señores Hernando Moreno Ávila, Antonio Carlos Rojano
Romero y Víctor Severiche Tarrifa presentaron reclamación administrativa para
ser incluidos en el Plan de Pensión Anticipada, aunque no es legible la letra
de la fecha de radicado de los escritos. Sin embargo, el 18 de enero de 2006,
el PAR indicó que los actores fueron en su momento reintegrados por orden del
Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena, sobre la base de que eran padres
cabeza de familia y por ende que debían ser incluidos en el retén social. En el
caso del señor Víctor Severiche Tarrifa hay constancias de que también había
presentado otra acción de tutela, en conjunto con los señores Fernando Vila
Carvajal, Irina Forestieri Hernández, Benjamin Benedetti Galvis y Jaime Barrera
López. Por su parte, el señor Fernando E. Vila Carvajal  promovió además de la
tutela una reclamación administrativa el 20 de marzo de un año que no está
claro en el escrito, mediante la cual solicitó ser incluido en el Plan de
Pensión Anticipada.
En
lo que atañe al señor Hernando Moreno Ávila, logró acreditarse que ocupó un
cargo ordinario en TELECOM desde que ingresó a la compañía el 3 de mayo de 1984
hasta cuando fue desvinculado. En este proceso de tutela el PAR acreditó que a
este funcionario se le pagó, al finalizar su vínculo con la entidad, además de
la indemnización referida, una suma de $11.230.132 a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. Respecto del señor Antonio Carlos
Rojano Moreno, obran pruebas de que ocupó un cargo ordinario en TELECOM desde
cuando ingresó a la compañía el 9 de julio de 1987, hasta que fue desvinculado.
Consta que al momento de terminarse su vínculo con la entidad, se le pagó
además de la indemnización citada, y $5.636.443 a título de “liquidación
definitiva de prestaciones sociales”. En el caso del señor Víctor Manuel
Severiche se advierte, según las pruebas, que trabajó en un cargo ordinario al
servicio de TELECOM desde que se incorporó a la misma el 18 de mayo de 1989,
hasta cuando fue desvinculado. Consta que al momento de terminarse su vínculo
con la entidad, se le pagó la suma referida por concepto de indemnización, y
una de $27.400.269 a título de “liquidación definitiva de prestaciones
sociales”. Obra también un escrito en el cual el PAR informó que el señor
Ismael Rincón Ramírez era beneficiario del retén social. El PAR reconoce en
escrito del 27 de octubre de 2006 que había recibido una solicitud del 6 de
octubre de 2006, en la cual pedía que se le reconociera su condición de padre
cabeza de familia y su inclusión en el retén social.
Existen
elementos a partir de los cuales se puede colegir que también presentaron
peticiones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los señores Gustavo
Adolfo Marriaga Carvajal, Javier Enrique Mozo Cueto, José Gustavo Triviño
Prieto, Juan Eliécer Castro Rodríguez, Raúl Eliécer Pérez Díaz, Martha Lucía
Valencia, Marlon Gustavo Olave Pico e Ismael Rincón Ramírez. Obra al respecto
una respuesta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le envió al PAR,
en la cual le indicó que las mencionadas personas habían agotado la reclamación
administrativa para obtener las prestaciones a que creen tener derecho ante el
Ministerio. Las primeras 4 personas las presentaron el 24 de mayo de 2006 y las
demás lo hicieron el 22 de mayo de 2006. Por su parte, el señor Juan Emiliano
Salamanca Guzmán presentó reclamación administrativa para obtener el
reconocimiento del plan de pensión anticipada el 27 de marzo de 2006, y el
señor Julio César Hernández Palacios lo hizo el 9 de marzo del mismo año.
De
acuerdo con las pruebas aportadas, el
señor Fernando Trejos Santa había interpuesto antes de esta tutela una acción
ordinaria contra el PAR de TELECOM sobre la base de que era un trabajador de TELECOM, a su juicio con
derecho a ser incluido en el PPA, y a quien se lo excluyó del grupo de
beneficiarios de dicho Plan. En ese contexto solicitó que se condenara a la demandada a reconocerle
el PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta cuando cumpliera los requisitos
para acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, pidió el pago
de las mesadas retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de 2006, hasta que
CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la debida indexación
o actualización. Subsidiariamente solicitó el pago de la pensión convencional
de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de
peticiones.  Dicha acción fue negada en primera instancia mediante fallo del 15
de mayo de 2009, expedido por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá. No
obra fallo de segunda instancia, ni consta que esté en trámite una impugnación.
También hay documentos que acreditan que el
señor Fernando Augusto Trejos solicitó ser incluido en el retén social ante el
liquidador de Telecom el 17 de febrero de 2004, y obtuvo respuesta el 12 de
marzo de 2004. El 7 de marzo de 2006 reclamó administrativamente para que se le
reconociera su derecho a la inclusión en el plan de pensión anticipada. El
señor Carlos Zadith Bolaños Pazos formuló por su lado reclamación
administrativa para el reconocimiento del plan de pensión anticipada el 9 de
marzo de 2006. El señor Jaime Enrique Supelano Gómez, el 4 de marzo de 2006
presentó reclamación administrativa y agotó la vía gubernativa con el objetivo
de ser incluido en el PPA. El 28 de febrero de 2006 presentó un nuevo derecho
de petición con ese mismo objetivo.
Las
pruebas indican también que el señor Rubén Norberto Torres Vega presentó una
petición, en el mes de marzo (pero no se identifican ni el día ni el año), con
el objetivo de ser incluido en el Plan de Pensión Anticipado. El señor José
Meidelso Torres Beltrán, el 13 de marzo de 2006 presentó reclamación
administrativa para el reconocimiento del plan de pensión anticipada. Francisco
Javier Sánchez Fajardo presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento del plan de pensión anticipada, pero no es claro el día de marzo
de 2006 en que lo hizo. El señor Víctor Julio Sierra Canastero, el 6 de marzo
de 2006 presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de su
derecho a estar en el plan de pensión anticipada. El señor Luis Francisco Rueda
Maluendas, el 6 de marzo de 2006 presentó reclamación administrativa para el
reconocimiento del plan de pensión anticipada. Édgar Paul Rodríguez Rodríguez,
el 11 de septiembre de 2003 elevó petición para ser inscrito en el retén
social. La respuesta data del 8 de octubre y 12 de noviembre de 2003. La señora
Emma Patricia Romero Castro, el 20 de febrero de 2009 presentó reclamación
administrativa y agotó la vía gubernativa para ser incluida en el plan de
pensión anticipada. El señor Jairo Rojas Acuña, el 6 de marzo de 2006 presentó
reclamación administrativa para el reconocimiento del plan de pensión
anticipada. El señor Helman Ricardo Ramírez Leyva, el 3 de marzo de 2006
presentó reclamación administrativa para el reconocimiento del plan de pensión
anticipada.
El
señor Jair Ramírez Rubio, el 6 de marzo de 2006 presentó también reclamación
administrativa para el reconocimiento del plan de pensión anticipada. Los
señores Doris Pérez, Hernando Alfonso Bacca Rincón, José Alberto Cárdenas
Espinosa, Jair Ramiréz Rubio, Ricardo Marín Márquez, Carlos Arturo Arias
Guzmán, Robinson Heli Álvarez Melo y Jairo Enrique Ruiz Rodríguez, el 8 de
julio de 2003 presentaron una solicitud ante Telecom con el fin de que les
fuera admitida la posibilidad de acceder al plan anticipado de pensiones.
Según
las pruebas, el señor Albeiro Cruz Agudelo promovió antes de esta tutela una
acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con fundamento en que era trabajador
de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA. En ese contexto, pedía condenar a la demandada a reconocerle el
PPA desde el 1° de febrero de 2006 y hasta que cumpliera los requisitos para
acceder a la pensión convencional de jubilación. Asimismo, solicitaba el pago
de las mesadas pensionales retroactivas y futuras desde el 1° de febrero de
2006, hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la
debida indexación o actualización. Subsidiariamente, pretendía el pago de la
pensión convencional de jubilación. Las pretensiones las negó en primera instancia el Juzgado 20 Laboral del
Circuito de Bogotá mediante fallo del 30 de marzo de 2009 y, en segunda
instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 11 de junio de 2009. No
hay pruebas de que esté en curso impugnación en su contra. Asimismo, el 9 de junio de 2006 este actor promovió reclamación
administrativa por considerarse parte del retén social por ser padre cabeza de
familia. Este mismo tutelante, el 2 de marzo de 2006 había elevado también
petición para ser incluido en el PPA. El señor José Jesús Becerra Avendaño, el
13 de agosto de 2003 presentó solicitud para ser beneficiado con el retén
social. Este mismo actor, el 7 de octubre de 2007 radicó ante Caprecom una
solicitud de pensión de vejez. Y el 27 de marzo de 2008 interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 0307 del 26 de
febrero de 2008 de Caprecom mediante la cual se había negado la pensión de
vejez.
Hay
pruebas de que a la señora Gladys María Montes Montiel le denegaron, en un
proceso ordinario previo, una acción ordinaria en la cual planteaba  haber sido
desvinculada sin que se le respetaran a plenitud las garantías derivadas del
fuero sindical. Pedía que se ordenara al PAR pagarle salarios, prestaciones
sociales y convencionales, y aportes a la seguridad social dejados de percibir
a causa del despido, con incremento salarial desde el 1 de febrero de 2006
hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que ordene el levantamiento
del fuero sindical, exceptuando las prestaciones sociales e indemnizaciones ya
pagadas. Se le negó esta acción mediante providencia proferida por el Tribunal
Superior de Montería el 6 de marzo de 2007, la cual a su vez confirmó una
decisión del Juez Segundo Laboral del Circuito de Montería, se negaron las
pretensiones de la actora relacionadas con el reintegro y la indemnización
dependiente del despido indebido, por encontrar fundada la excepción de
prescripción de la acción de reintegro.
Conforme
a los elementos de prueba allegados al proceso, a los señores Naver Emelson
Garrido Martínez y a Rodrigo Antonio López Villegas, les denegaron
pretensiones iguales a las presentadas por la señora Gladys María Montes
Montiel  en sentencias expedidas por el Tribunal Superior de Montería el 17 de
abril de 2008 y el 16 de agosto de 2007, respectivamente. En el caso del señor
Garrido Martínez dicho Tribunal confirmó la decisión del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Planeta Rica adoptada el 4 de marzo de 2008, en la cual declaró
probada la excepción de mérito denominada imposibilidad para proferir sentencia
de fondo contra el PAR y, en consecuencia, lo absolvió de las pretensiones de
la demanda también relacionada con los salarios y prestaciones derivadas del
indebido despido de una persona que es titular del fuero sindical. Acerca del
caso del señor López Villegas, el Tribunal de Montería confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba el 26 de junio
de 2007 en el cual se declaró probada la excepción perentoria de falta de
legitimación en la causa por pasiva y absolvió al PAR de los cargos que le
fueron formulados. En los expedientes acumulados no consta que las decisiones
con las cuales concluyeron estos procesos estén en trámite de impugnación.
En
cuanto a los señores Álvaro Eugenio Posso Bedoya y Saaibi Arenas Moreno, obran
copias en el expediente de sendas sentencias de primera instancia, expedidas en
procesos ordinarios de reintegro iniciados por ellos. Están la de un fallo del
Juzgado Once Laboral del Circuito de Santiago de Cali, Valle, proferido el 27
de julio de 2007, y la del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá del
29 de octubre de 2007. En ambos proveídos se les negaron a los accionantes sus
respectivas pretensiones. No
obra fallo de segunda instancia en estos dos procesos,  ni constancia de que
esté en curso una impugnación en su contra.
En lo que atañe a los señores Heberto López Machado y Carlos Mauricio Osorio Ruíz,
consta que fueron desvinculados de TELECOM el 31 de enero de 2006, sin
autorización judicial de levantamiento del fuero. El 4 de junio de 2008 el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá autorizó su desvinculación, porque la
supresión de la empresa constituía una justa causa para ello. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante fallo del 11
de diciembre de 2008 confirmo la sentencia de instancia. Estos mismos actores
intentaron concomitantemente acción de reintegro, amparándose en que eran
aforados sindicales y de que no se les respetaron sus garantías, y pidieron
reintegro e indemnización. El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá,
mediante fallo del 6 de febrero de 2008, condenó al PAR a pagarles salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la ejecutoria de la
providencia, debidamente indexados, por haberlos desvinculado sin haber
adelantado proceso de levantamiento del fuero sindical. No se aportó copia de la providencia de
segunda instancia de dicho proceso, ni pruebas de que esté en curso una
impugnación.
Dentro del proceso se aportaron documentos, conforme a
los cuales los señores Remberto Ballestas
Mendoza, Benjamín José Corrales Benítez y Eduardo Santos Tordecilla Tordecilla
habrían obtenido, de parte de la Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, un fallo proferido el 11
de octubre de 2004, mediante el cual se dispuso no autorizar el levantamiento
de su fuero sindical, porque la correspondiente acción había prescrito. Estos
trabajadores fueron en todo caso despedidos el 31 de enero de 2006. Hay prueba
de que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica admitió una demanda de reintegro,
interpuesta por estos peticionarios, el 27 de junio de 2006. No obran los
fallos de instancia, ni consta tampoco que esté en trámite una impugnación. Respecto
del señor Neftalí Carmelo Zapata Suárez, en las pruebas adjuntadas al proceso
hay algunas que indicarían que presenta unas circunstancias semejantes a las de
los tutelantes anteriores, pero sólo en algunos elementos. Este demandante está
incluido también en otro expediente, cuya acción de tutela está integrada por
personas que solicitan el reconocimiento de determinadas prestaciones,
fundándose para ello en que se les violaron sus garantías de fuero sindical.
Entre los
documentos adjuntados al proceso, hay otros que indicarían que hubo, antes de
esta, algunas acciones de tutela. Los Álvaro Enrique Araújo Ortega, Gustavo
Alberto Ayala Arrieta, Iván Manuel Castillo Salgado, Carlos Eduardo López
Millán, Nataly Victoria Mejía Geovo y Lisipo Segundo Puche Olivero presentaron
previamente otra solicitud de amparo contra el PAR ante el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Montería, Córdoba. En esa oportunidad, invocaban su condición de
aforados sindicales, y alegaban una supuesta violación fundados en el hecho de
haber sido despedidos sin justa causa y sin previo levantamiento del fuero
sindical.  El Juzgado referido, mediante sentencia del 30 de octubre de 2008,
decidió tutelar los derechos fundamentales relacionados con el fuero sindical y
ordenó el pago de $1.300.000.000 adicionados en la suma de $227.789.369. Ese
fallo fue revocado en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Montería, Córdoba, mediante providencia del 18 de diciembre de
2008. Estas decisiones fueron seleccionadas por la Corte Constitucional para
revisión y confirmada la de segunda instancia mediante sentencia T-538 de 2009.
En este último fallo la Corporación resolvió la misma controversia que ahora se
presenta, y su decisión hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
En
cuanto a los señores Diógenes Antonio Guerra Almario, Hugo Enrique Cordero
Vega, Ariel de Jesús Carmona Carazo y Luz Amparo Ortega Pineda, también en el
expediente obran pruebas de que antes de esta tutela habían interpuesto otra
solicitud de amparo, fundándose en su condición de aforados sindicales, y en
que su fuero se les había desconocido al momento de desvincularlos de la
compañía. Pedían principalmente que se les pagara los salarios y
prestaciones sociales dejadas de cancelar desde la ocurrencia del despido
injusto, los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación
hasta el pago total de lo debido y la cancelación de sueldos,
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta que por la vía
ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero sindical. Esa primera
solicitud se resolvió mediante providencia de segunda instancia el 4 de
noviembre de 2008, expedida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté,
Córdoba.
El
señor Sergio Antonio Téllez aporta copia de la Resolución Número 0866 del 30 de
abril de 2008, expedida por CAPRECOM, ‘por medio de la cual se niega una
pensión’. En ella se le niega en apelación una solicitud de reconocimiento
pensional, porque no cumple los requisitos para acceder a una pensión
convencional, en tanto estas se previeron para quienes cumplen los requisitos
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y porque
tampoco cumple las condiciones para una pensión de jubilación, en cuanto no se
desempeñó en un cargo de excepción durante 20 años, y en todo caso no tiene
derecho al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Hay
pruebas de que los señores Álvaro José Oviedo Argel y Ángel Ramón Gómez Solera
interpusieron acción de reintegro, la cual fue declarada prescrita por medio de
providencia proferida el 6 de marzo de 2007 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral. Estos
tutelante interpusieron también tutela después, para que se les reconocieran
sus derechos al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación, y esta se las negó una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional en la sentencia T-538 de 2009. En cuanto se refiere al señor
Álvaro José Oviedo Argel, ingresó a TELECOM el 26 de abril de 1983, y ocupó un
cargo ordinario hasta cuando fue desvinculado. No figura en el proceso, la cuantía
de la indemnización, y de la liquidación de prestaciones, que se le pagó al
terminarse su vínculo con la entidad. En lo que atañe al señor Ángel Ramón
Gómez Solera, se tiene que ingresó a laborar a TELECOM el 17 de agosto de 1983,
y ocupó un cargo ordinario hasta que se desvinculó. No figura en el proceso, la
cuantía de la indemnización, y de la liquidación de prestaciones, que se le
pagó al terminarse su vínculo con la entidad.
***
EXPEDIENTE T-2471346
I. Información general
Actores:
Norma Díaz García, Fernando Aguirre López, Saaibi Arenas Moreno, Clarivel Arias
Gaviria, Augusto Arias Serna, Armando Bellón Pico, Freddy Habit Cacabelo
Candia, María Jesús Cifuentes Yague, José Kenedy Córdoba Palacio, Andrés Felipe
Cruz Herazo, José Luis Cuadros, Fredy Arnul Díaz Claros, Carlos Alonso Garcés
Guauña, Clímaco Antonio Hinestroza Moreno, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano,
Gerardo Alirio Ipia Narváez, Eberto López Machado, Otilio Moreno Ibargüen,
Carlos Mauricio Osorio Ruíz , Zulmary Pabón Rodríguez, Álvaro Eugenio Posso
Bedoya, Judith del Carmen Rentería Gamboa, Oney Aly Reyes Asprilla, Haidy
Danith Vargas Céspedes, Carlos Emilio Vélez Parra.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 21
de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
Asunto: plan de pensión anticipada e
indemnización de aforados sindicales.
Abogado: Heidy Johanna Torres Becerra.
II. Hechos
Los
accionantes dicen haber laborado en Telecom y que haber hecho parte de la
Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de dicha empresa. Sostienen que
como consecuencia del proceso de liquidación de dicha compañía, se suprimieron
sucesivamente todos los cargos, excepto los desempeñados por los directivos
sindicales, quienes continuaron vinculados laboralmente y devengando salarios y
prestaciones sociales y convencionales, de acuerdo con la ley y la convención.
Posteriormente, sin embargo, se les envió incluso a estos últimos un comunicado
en el cual les ponían de presente la suspensión de sus cargos, sin que les
fuese levantado previamente en un proceso judicial su fuero sindical, como en
su criterio lo contempla la ley.
Lo
anterior, a su juicio, viola sus derechos fundamentales. Máxime –dicen- si se
tiene en cuenta que son personas de más de 50 años de edad, a las que
difícilmente se puede contratar en otras empresas y, que con ocasión de la
decisión ilegal del Gobierno Nacional de suprimir sus cargos, han sufrido
serios problemas económicos.  Agregan haber acudido previamente a la acción de
tutela, y que volvieron a hacerlo porque sus derechos siguen siendo
quebrantados. Piden, en consecuencia, que se tutelen sus derechos
fundamentales, y se ordene al PAR pagarles los salarios, prestaciones sociales
y convencionales dejados de percibir desde el despido, con incremento salarial
desde el 1 de febrero de 2006, hasta cuando quede en firme la sentencia que
ordene el levantamiento de su fuero, todo debidamente indexado. Asimismo, piden
que se ordene a la accionada pagarles aportes a salud, pensión y ARP, dejados
de cancelar desde que se dio el despido injusto hasta la presente fecha.
Por
último, solicitan prevenir al Estado para que no reincida en situaciones así.
III. Respuesta de la entidad accionada
El
PAR se opuso a la tutela. Manifestó que Telecom sí adelantó procesos de
levantamiento del fuero sindical, y que obtuvo en algunos casos autorización
para desvincular a sus aforados. Aseveró que de cualquier forma algunos de los
accionantes ya instauraron procesos ordinarios con las mismas pretensiones de
esta tutela y que en la mayoría de ellos hubo pronunciamientos de fondo
absolviendo a la parte demandada, dentro de la cual estaba el PAR. Aseguró que
en varios fallos de la Corte Constitucional, como por ejemplo en la sentencia
T-383 de 2007, se ha sostenido que un aforado sindical debe ser integrado a una
empresa en liquidación, hasta el acta que pone fin al proceso liquidatorio.
Puede entonces prosperar el reintegro, pero tendrá efectos jurídicos mientras
subsista la persona jurídica empleadora. Conforme a lo anterior, piensa que la
indemnización de la persona aforada debe equivaler a cuanto haya dejado de
percibir hasta la fecha de liquidación.
En
cuanto a la procedibilidad de la tutela, el PAR a su turno alegó la falta de
competencia territorial del Juzgado ante el cual se interpuso el amparo pues no
hace parte del lugar donde los demandantes prestaron sus servicios. Igualmente
adujo que en esta ocasión la solicitud de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez.  Dijo que Telecom en liquidación no dio por terminados los
contratos de trabajo a los actores con un despido ilegal, sino por virtud de la
disolución y liquidación de la entidad nominadora, que condujo a la supresión
sus cargos de acuerdo con la ley y las normas que disciplinaron el proceso
liquidatorio. El trámite que se surtió para la desvinculación de los actores
fue el establecido en esa normatividad, y a los aforados se los mantuvo en el
ejercicio de sus cargos hasta la terminación definitiva de la empresa; es
decir, hasta el 31 de enero de 2006.
También
se refirió a algunos de los accionantes de forma individual. De Heberto López
Machado dijo: el Juzgado 17 Laboral de Bogotá concedió el permiso para
desvincularlo (y el PAR agregó que es pensionado de TELECOM). De Carlos
Mauricio Osorio Ruiz señaló: el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá
concedió el permiso para desvincularlo y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, lo confirmó. Norma Constanza Díaz García: el
Tribunal Superior de Ibagué sostuvo que la demandante no estaba aforada, razón
por la cual no se requería permiso de desvinculación. El PAR informa que luego
esta misma peticionaria instauró acción de reintegro laboral, y en las dos
instancias se le negó. Fernando Aguirre López: el Tribunal Superior de Ibagué
sostuvo que el demandante no estaba aforado, razón por la cual no se requería
permiso de desvinculación. El PAR informa que luego este mismo peticionario
instauró acción de reintegro laboral, y en las dos instancias se le negó.
Clímaco Antonio Hinestroza Moreno: el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Quibdó concedió permiso para desvincularlo (y el PAR agregó que es pensionado
de TELECOM).   Judith del Carmen Rentaría Gamboa: el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Quibdó concedió permiso para desvincularla (y el PAR agregó que
es pensionada de TELECOM). José Kennedy Córdoba Palacios: el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Quibdó concedió permiso para desvincularlo. Otilio
Moreno Ibarguen: el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó concedió
permiso para desvincularlo. Augusto Arias Serna: el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Quibdó concedió permiso para desvincularlo. Oney Aly Reyes
Asprilla: el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó concedió permiso
para desvincularlo (y el PAR agregó que es pensionada de TELECOM).
Dijo
asimismo de Carlos Emilio Vélez Parra: el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Quibdó concedió permiso para desvincularlo. Carlos Alonso Garcés: el
Tribunal Superior de Popayán concedió permiso para desvincularlo.  El
PAR informa que luego este mismo peticionario instauró acción de reintegro
laboral, y en las dos instancias se le negó. María de Jesús Cifuentes Yagué: el
PAR informó que la demandante instauró acción de reintegro, pero no mencionó el
sentido del mismo. Álvaro Eugenio Posso Bedoya: el PAR informó que el
demandante instauró acción de reintegro, y declaró probada excepción de
inexistencia de la demandada. Clarivel Arias: el PAR informó que la
peticionaria interpuso acción de reintegro, pero no mencionó el sentido del
fallo. Eduardo Vinicio Hurtado: el PAR informó que el peticionario interpuso
acción de reintegro, pero no mencionó el sentido del fallo. Fredy Arnul Díaz:
el PAR informó que el accionante interpuso acción de reintegro, pero no
mencionó el sentido del fallo. Zulmary Pabón Rodríguez: el PAR informó que la
demandante interpuso acción de reintegro, pero no mencionó el sentido del
fallo. Gerardo Ipia: el PAR informó que el tutelante interpuso acción de
reintegro, pero no mencionó el sentido del fallo. José Luis Cuadros: el PAR
informó que el actor interpuso acción de reintegro, pero no mencionó el
sentido. Haidy Danith Vargas Céspedes: el PAR informó que la demandante
interpuso acción de reintegro y que le había sido negada. Armando Bello
Pico: el PAR informó que el accionante interpuso demanda de reintegro y que
resolvió declarar probada la excepción de imposibilidad física y jurídica de
reintegro. Saabi Arenas Moreno: el PAR informó que el actor interpuso demanda
de reintegro y que resolvió absolver a la parte accionada.
IV. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, declaró improcedente
la acción mediante sentencia de septiembre 1° de 2009. Consideró que no cumplía
con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba, lo
confirmó parcialmente respecto de algunos accionantes, pero respecto de los
demás lo revocó y tuteló sus derechos. Lo confirmó con respecto a los señores
Norma Constanza Díaz García y Fernando Aguirre López, por no tener la calidad
de aforados y Clímaco Antonio Hinestroza Moreno, Judith del Carmen Rentería
Gamboa, José Kennedy Córdoba Palacio, Otilio Moreno Ibarguen, Augusto Arias
Serna, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra y Carlos Alonso
Garcés, porque en su criterio para desvincularlos se adelantó debidamente un
proceso de levantamiento de fuero. También hizo lo propio con relación a la
señora Haidy Vargas Céspedes, a quien desde su perspectiva ya se le reconoció y
pagó una indemnización.
Empero,
con respecto a los accionantes Carlos Mauricio Osorio Ruiz, Heberto López
Machado, Armando Bellon Pico, Haidy Danith Vargas Céspedes, Saabi Arena Moreno,
Gerardo Alirio Ipia Narváez, José Luis Cuadros, Clarivel Arias Gaviria, Fredy
Arnul Díaz Claros, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, María de Jesús Cifuentes
Yague, Andrés Felipe Cruz Herazo y Álvaro Eugenio Posso Bedoya revocó
parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, resolvió conceder la
tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, al fuero
sindical, a la igualdad y a la dignidad humana. En consecuencia, le ordenó al
PAR pagarles a estas personas los salarios, prestaciones sociales y
convencionales, además de los aportes a la seguridad social, dejados de
percibir desde el despido.
A
la anterior decisión arribó tras considerar que a los accionantes no se les levantó
el fuero sindical,  aun cuando tenían derecho a no ser desvinculados sino en
virtud de este procedimiento. En vista de que a su modo de ver se les había
desconocido esta garantía, consideró que debían recibir las erogaciones como si
no hubieran dejado de ser trabajadores de la extinta TELECOM. También consideró
que en el caso concreto se debía proteger al trabajador aforado frente a la
falta de pago del salario, porque esta situación vulnera su mínimo vital. Dijo
que el expediente mostraba que la condición de aforados de los actores aun se
conserva, si se tiene en cuenta que hasta la fecha no se les ha levantado el
fuero. Aunado a ello, argumentó que los accionantes superan los 35 años de
edad, lo que les dificulta el acceso a un nuevo trabajo y aun más cuando deben
soportar la estigmatización por parte de los futuros empleados, por el hecho de
haber pertenecido al gremio sindical.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos
al final de la relación
1
Norma Díaz García
7/25/1965
Febrero 1 de 2006
Agosto 20 de 2009
46.673.895
2
Fernando Aguirre López
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
109.598.975
3
Saaibi Arenas Moreno
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
72.707.084
4
Clarivel Arias Gaviria
7/10/1963
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
49.830.198
5
Augusto Arias Serna
N/F
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
94.324.023
6
Armando Bellón Pico
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
84.725.826
7
Freddy Habit Cacabelo
Candia
4/10/1964
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
25.026.977
8
María Jesús Cifuentes Yague
6/14/1969
Febrero 1 de 2006
Agosto 20 de 2009
30.000.011
9
José Kenedy Córdoba Palacio
N/F
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
35.386.662
10
Andrés Felipe Cruz Herazo
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
16.859.496
11
José Luis Cuadros
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
46.253.147
12
Fredy Arnul Díaz Claros
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
168.311.714
13
Carlos Alonso Garcés Guauña
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
59.533.226
14
Clímaco Antonio Hinestroza
Moreno
3/27/1954
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
76.434.800
15
Eucardo Vinicio Hurtado
Urbano
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
43.384.001
16
Gerardo Alirio Ipia Narváez
7/1/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
90.861.323
17
Eberto López Machado
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
251.374.474
18
Otilio Moreno Ibargüen
N/F
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
72.516.418
19
Carlos Mauricio Osorio Ruíz
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
251.374.474
20
Zulmary Pabón Rodríguez
5/28/1969
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
69.739.742
21
Álvaro Eugenio Posso Bedoya
8/26/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 20 de 2009
158.664.434
22
Judith del Carmen Rentería
Gamboa
4/8/1952
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
46.842.519
23
Oney Aly Reyes Asprilla
12/19/1960
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
85.428.281
24
Haidy Danith Vargas
Céspedes
N/F
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
17.191.247
25
Carlos Emilio Vélez Parra
2/19/1971
Enero 30 de 2006
Agosto 20 de 2009
101.108.242
En
este expediente obran algunas pruebas de peticiones presentadas por el señor
Otilio Moreno Ibarguen. Consta la contestación del PAR, con fecha del 3 de
marzo de 2009, a un derecho de petición interpuesto por Otilio Moreno Ibarguen
el cual solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización a la que a su
juicio tenía derecho conforme a lo establecido por la Convención Colectiva de
Trabajo. Se adjuntó otra contestación del PAR, con fecha del 4 de marzo de
2009, a un derecho de petición del actor a partir del cual se puede colegir que
solicitó la inclusión en el retén social. Hay también una misiva del 23 de
enero de 2009, en la que este actor se dirige al liquidador y cuestiona el
informe final de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y
pide el reintegro  por ser padre cabeza de familia. Además se aportó otro
texto, denominado ‘Reclamación administrativa e interrupción de la
prescripción’, en el cual el demandante pidió la reliquidación de la
indemnización.
En
el proceso consta que se solicitó autorización judicial de levantamiento del
fuero sindical del señor Carlos Alonso Garcés Guauña, la cual se concedió pero
después de prescindir de los servicios del peticionario, pues se dio en
providencia del 16 de mayo de 2007 del Tribunal Superior de Popayán, Sala
Civil, Laboral y Familia, siendo que la desvinculación se produjo el 31 de
enero de 2006. El accionante ejerció la acción de reintegro contra el PAR, para
que se lo reintegrara y se le pagara una indemnización por violación de su
garantía sindical. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala
Civil, Laboral y Familia, mediante sentencia del 22 de mayo de 2009, declaró la
imposibilidad jurídica del reintegro aunque ordenó la indemnización. El
mencionado trabajador presentó acción de tutela el 20 de agosto de 2009, mas no
contra esa providencia.
También
consta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, Tolima, mediante
sentencia del 26 de octubre de 2006 declaró que el señor el señor Armando
Bellón Pico  se encontraba aforado al momento del despido. Señaló que la acción
no había prescrito porque fue interpuesta el 22 de junio de 2006 y el
procedimiento de reclamación administrativa de reintegro se había agotado el 4
de mayo de ese mismo año. El Juez señaló que como la liquidación de la empresa
era definitiva, entonces el reintegro resultaba improcedente y en consecuencia
procedía reconocer a favor del actor la respectiva indemnización, la cual ya
había sido recibida por los actores al momento del despido y no habían hecho
ningún reparo sobre la misma. El Tribunal Superior de Ibagué confirmó esa
decisión el 1 de marzo de 2007.
Lo
propio puede decirse de la señora Haidy Danith Vargas Céspedes, quien había
interpuesto antes de esta tutela una acción de reintegro. Acerca de su caso, el
Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá por medio de fallo del 6 de
febrero de 2008, resolvió condenar al PAR a pagar los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la ejecutoria de la sentencia
debidamente indexados, a título de sanción por incumplimiento de las garantías
laborales que cobijaban a la peticionaria, pago que es independiente de las
indemnizaciones canceladas por terminación del contrato de trabajo. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por medio de fallo del
12 de febrero de 2010 decidió revocar la sentencia de instancia y absolver al
PAR de todas las pretensiones, con el argumento de que la entidad había
adelantado el proceso de levantamiento de fuero sindical, aunque no obtuvo la
autorización. La garantía foral –dijo- sólo permanecía mientras subsistieran
las partes de la misma. Como el despido ocurrió en la liquidación definitiva de
la empresa, se tornaba imposible reintegrar a la ex trabajadora a las funciones
que venía desempeñando.
Entre
las pruebas constan también otras, en las cuales aparece que la señora María
Jesús Cifuentes Yaque había presentado antes de esta tutela una acción
de reintegro. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santander de Quilichao,
en sentencia del 28 de julio de 2009, ordenó el reintegro de la demandante al
cargo que venía desempeñando en Telecom o a uno de igual o superior categoría,
pagarle los salarios dejados de percibir a título de indemnización a partir del
1 de febrero de 2006 hasta cuando se llevara a cabo el reintegro, o la
ejecutoria de la sentencia dentro del proceso ordinario laboral que adelantara
el PAR para demostrar la imposibilidad de reintegro. El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil, Familia y Laboral, en fallo del 14 de
septiembre de 2009, decidió revocar integralmente la sentencia de primer grado.
Adujo imposibilidad material y jurídica para practicar el reintegro en virtud
de la liquidación de la empresa. También indicó que no procedía la
indemnización alternativa, en tanto la fecha de desvinculación de la demandante
coincidió con la de la liquidación final de la entidad.
Hay
medios de prueba que acreditan que los señores Fernando Aguirre López y Norma
Constanza Díaz García habían obtenido, en un proceso ordinario anterior al de
tutela, una decisión judicial en la cual se establecía que no eran titulares de
la garantía foral. Con respecto al señor Aguirre López se acreditó que fue
despedido el 31 de enero de 2006. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, mediante fallo del 8 de marzo de 2006 decidió no levantar el fuero
sindical del actor porque estableció que este no era titular de tal derecho. La
determinación coincidió con la adoptada en otro proceso (de reintegro) por el
Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia emitida el 31 de enero de 2008.
Estimó que el actor hizo parte de la Junta Directiva del sindicato para el
periodo 2002-2004, lo que indica que para la época en que fue despedido, el 31
de enero de 2006, no contaba con fuero sindical dada la inexistencia jurídica
de la entidad empleadora, toda vez que simultáneamente ocurrió la desaparición
de la entidad empleadora, concurriendo entonces la causal legal de terminación
del contrato de trabajo por la liquidación o clausura definitiva de la empresa.
Entre
los elementos de convicción aportados, se encuentran los que acreditan que a
los señores Augusto Arias Serna, Clímaco Antonio Hinestroza Moreno, Judith del
Carmen Rentería Gamboa, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Emilio Vélez Parra,
Otilio Moreno Ibargüen y José Kennedy Córdoba Palacio, se les levantó
judicialmente el fuero sindical. A los primeros cinco se les levantó el
fuero mediante sentencia proferida el 2 de noviembre de 2005, expedida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Sala Única de Decisión. Y al
último se le levantó el 23 de agosto de 2005, mediante providencia expedida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó. Como consecuencia todos
fueron desvinculados el 30 de enero de 2006. No presentaron la acción de tutela
contras las providencias que decidieron, en cada caso, autorizar el
levantamiento del fuero.
En
cuanto al señor Freddy Habit Cacabelo Candia, en el proceso se aportan pruebas
que indicarían que este peticionario instauró, antes de esta, otra
tutela contra el PAR con el fin de que se le protegieran los derechos
fundamentales que estimaba conculcados a consecuencia de su desvinculación de
TELECOM sin que se le respetara su garantía foral. En ella pedía también que se
le ordenara al demandado pagarle salarios y prestaciones caídos desde la
desvinculación a su juicio irregular. El fuero sindical del señor Cacabelo
Candia ya había sido levantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta, Sala Laboral por medio de fallo del 20 de agosto de 2008.
Hay
pruebas, en los expedientes, de que los señores Claribel Arias Gaviria, Andrés
Felipe Cruz Erazo, José Luis Cuadros, Fredy Arnul Díaz Claros, Eucardo Vinicio
Hurtado Urbano, Gerardo Alirio Ipia Narváez y Zulmary Pabón Rodríguez
obtuvieron una decisión de la jurisdicción ordinaria, mediante la cual se dejó
de acceder a la solicitud de levantamiento de fuero, que se había instaurado en
sus casos, por considerar que se presentaba carencia actual de objeto, en tanto
los trabajadores habían sido desvinculados el 31 de enero de 2006. Esa
providencia fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Popayán mediante fallo del 11 de mayo de 2006.
***
EXPEDIENTE T-2492726
I. Información general
Actores:
Manuel Eugenio Hawkins, Nelson Barón Martínez, Antonio Boiga Lemus, Pedro
Eliseo Cruz Arenas, Luis Hernando Flórez Salazar, Humberto Manuel Gambín Petro,
Álvaro Javier Goyes Navarro, Wilmer Emilio Gracia de la
Rosa, Segundo Esperidión Guerrero Chamorro, Hernán Méndez Fernández, Polivio
Alberto Montenegro Rojas, José Félix Morales Macías, Balmes Alberto Muñoz
Pérez, Jennet O'Neill Manuel, Arturo Orduz Suárez, Edinson Enrique Pereira
Villar, Mauricio Ramírez Sánchez, Segundo Servio Antonio Ruano Ruano, Fabio
Aníbal Tapia Guerrero.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 27
de agosto de 2010.
Derechos
vulnerados: igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
Asunto: plan de pensión anticipada e
indemnización de aforados sindicales.
Abogado: María Claudia Hoyos Gómez.
II. Hechos
Los
accionantes dicen haber laborado en Telecom y haber hecho parte de la
Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de dicha empresa. Sostienen que
como consecuencia del proceso de liquidación de dicha compañía, se suprimieron
sucesivamente todos los cargos, excepto los desempeñados por los directivos
sindicales, quienes continuaron vinculados laboralmente y devengando salarios y
prestaciones sociales y convencionales, de acuerdo con la ley y la convención.
Posteriormente, sin embargo, se les envió incluso a estos últimos un comunicado
en el cual les ponían de presente la suspensión de sus cargos, sin que les
fuese levantado previamente en un proceso judicial su fuero sindical, como en
su criterio lo contempla la ley.
Lo
anterior, a su juicio, viola sus derechos fundamentales. Máxime –dicen- si se
tiene en cuenta que son personas de más de 50 años de edad, a las que
difícilmente se puede contratar en otras empresas y, que con ocasión de la
decisión ilegal del Gobierno Nacional de suprimir sus cargos, han sufrido
serios problemas económicos.  Agregan haber acudido previamente a la acción
ordinaria laboral con el fin de que fueran restablecidos sus derechos. Sin
embargo, afirman que hasta el momento en que instauraron la acción de tutela de
la referencia, no existe sentencia favorable, por lo que consideran que el
mecanismo idóneo y eficaz es la acción de amparo.
Piden,
en consecuencia, que se tutelen sus derechos fundamentales, y se ordene al PAR
pagarles los salarios, prestaciones sociales y convencionales dejados de
percibir desde el despido, con incremento salarial desde el 1 de febrero de
2006, hasta cuando quede en firme la sentencia que ordene el levantamiento de
su fuero, todo debidamente indexado. Asimismo, piden que se ordene a la
accionada pagarles aportes a salud, pensión y ARP, dejados de cancelar desde
que se dio el despido injusto hasta la presente fecha. En caso de no cumplir
con lo ordenado, que se decrete el embargo y secuestro del dinero que el PAR
tenga en sus cuentas corrientes a nivel nacional.
III. Repuesta de la entidad accionada
El
PAR se opuso a la tutela. Manifestó que Telecom sí adelantó procesos de
levantamiento del fuero sindical, y que obtuvo en algunos casos autorización
para desvincular a sus aforados. Aseveró que de cualquier forma algunos de los
accionantes ya instauraron procesos ordinarios con las mismas pretensiones de
esta tutela y que en la mayoría de ellos hubo pronunciamientos de fondo
absolviendo a la parte demandada, dentro de la cual estaba el PAR. Aseguró que
en varios fallos de la Corte Constitucional, como por ejemplo en la sentencia
T-383 de 2007, se ha sostenido que un aforado sindical debe ser integrado a una
empresa en liquidación, hasta el acta que pone fin al proceso liquidatorio.
Puede entonces prosperar el reintegro, pero tendrá efectos jurídicos mientras
subsista la persona jurídica empleadora. Conforme a lo anterior, piensa que la
indemnización de la persona aforada debe equivaler a cuanto haya dejado de
percibir hasta la fecha de liquidación.
En
cuanto a la procedibilidad de la tutela, el PAR a su turno alegó la falta de
competencia territorial del Juzgado ante el cual se interpuso el amparo pues no
hace parte del lugar donde los demandantes prestaron sus servicios. Igualmente
adujo que en esta ocasión la solicitud de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez. Dijo que Telecom en liquidación no dio por terminados los contratos
de trabajo a los actores con un despido ilegal, sino por virtud de la
disolución y liquidación de la entidad nominadora, que condujo a la supresión
sus cargos de acuerdo con la ley y las normas que disciplinaron el proceso
liquidatorio. El trámite que se surtió para la desvinculación de los actores
fue el establecido en esa normatividad, y a los aforados se los mantuvo en el
ejercicio de sus cargos hasta la terminación definitiva de la empresa; es
decir, hasta el 31 de enero de 2006.
El
accionado se refirió de forma individual a la situación procesal de algunos
accionantes.  De Fabio Aníbal Tapia dijo: que el Juzgado Segundo Laboral de
Pasto autorizó el levantamiento del fuero, y que el Tribunal Superior de
Distrito confirmó la decisión. De José Félix Morales Macías señaló: el Juzgado
Civil del Circuito de Mocoa resolvió la solicitud de levantamiento de fuero,
pero no mencionó el sentido del fallo. El PAR también informó que el demandante
interpuso acción  de reintegro, y que se le negó.  Segundo Esperidión Guerrero
Chamorro: el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa resolvió la solicitud de
levantamiento de fuero, pero no mencionó el sentido del fallo. El PAR también
informó que el demandante interpuso acción  de reintegro, y que se le negó, y
además que detenta la calidad de pensionado. Wilmer Gracia de la Rosa: el Juzgado
Laboral de San Andrés isla resolvió la solicitud de levantamiento de fuero,
pero no mencionó el sentido del fallo. El PAR también informó que el demandante
interpuso acción  de reintegro, y que se le negó en segunda instancia. Edison
Enrique Pereira Villar: el Juzgado Laboral de San Andrés isla resolvió la
solicitud de levantamiento de fuero, pero no mencionó el sentido del fallo. El
PAR también informó que el demandante interpuso acción  de reintegro, y que se
le negó en segunda instancia. Jennet O´Neill Manuel: el Juzgado Laboral de San
Andrés isla resolvió la solicitud de levantamiento de fuero, pero no mencionó
el sentido del fallo. El PAR también informó que la demandante interpuso
acción  de reintegro, y que se le negó en segunda instancia.
De
Hernán Méndez Fernández manifestó: el Juzgado Laboral de San Andrés isla
resolvió la solicitud de levantamiento de fuero, pero no mencionó el sentido
del fallo. Eugenio Hawkins: el Juzgado Laboral de San Andrés isla resolvió la
solicitud de levantamiento de fuero, pero no mencionó el sentido del fallo. El
PAR también informó que el demandante interpuso acción  de reintegro, y que se
le negó en segunda instancia. Manuel Antonio Boiga Lemus: el Juzgado Laboral de
San Andrés isla resolvió la solicitud de levantamiento de fuero, pero no
mencionó el sentido del fallo. El PAR también informó que el demandante
interpuso acción  de reintegro, y que se le negó en segunda instancia. Pedro
Eliseo Cruz Arenas: el Juzgado Laboral de Barrancabermeja autorizó el
levantamiento del fuero y concedió permiso para despedir a los actores,
decisión que fue confirmada en segunda instancia.  Arturo Orduz Suárez: el
Juzgado Laboral de Barrancabermeja autorizó el levantamiento del fuero y
concedió permiso para despedir a los actores,  decisión que fue confirmada en
segunda instancia. El PAR informó que el demandante interpuso acción de
reintegro y que se le negó en las dos instancias.
De
Balmes Alberto Muñoz dijo: el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto
resolvió solicitud de levantamiento de fuero, pero no mencionó el sentido del
fallo. El PAR informó que  fue interpuesta acción de reintegro, y que le fue
negada. Respecto del señor Segundo Servio Ruano Ruano manifestó: el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pasto resolvió solicitud de levantamiento de
fuero, pero no se menciona el sentido del fallo. El PAR informó que  fue
interpuesta acción de reintegro, y que le fue negada. Luis Hernando Flórez
Salazar: el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto resolvió solicitud de
levantamiento de fuero, pero no se menciona el sentido del fallo. Polibio
Alberto Montenegro: el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto resolvió
solicitud de levantamiento de fuero, pero no se menciona el sentido del fallo.
Al momento de la contestación de la tutela, el PAR informó que en el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Pasto cursaba proceso  ordinario en el cual se
solicitaban, entre otras, las mismas pretensiones de la acción de tutela de la
referencia. Álvaro Javier Goyes Navarro: el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Pasto resolvió solicitud de levantamiento de fuero, pero no se
menciona el sentido del fallo. El PAR informó que fue interpuesta acción de
reintegro, y que le fue negada.  Nelson Barón Martínez: el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Pasto resolvió solicitud de levantamiento de fuero, pero no se
menciona el sentido del fallo. El PAR informó que fue interpuesta acción de
reintegro, y que le fue negada.  Humberto Manuel Gambia Petro: dijo que el
actor detenta la calidad de pensionado y recibe una mesada pensional.
Finalmente,
el PAR anexó su proyecto de liquidación de lo que se alega como debido, para
controvertir el presentado por los actores y mostrar la diferencia entre ambos.
III. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Primero Promiscuo del Carmen de Bolívar, mediante sentencia de
septiembre 10 de 2009, tuteló los derechos de los demandantes, excepto los
señores Humberto Gambia Petro y Polivio Alberto Montenegro por falta de
pruebas. En consecuencia ordenó al PAR pagarles a los tutelantes las
prestaciones dejadas de percibir desde la desvinculación y hasta que se
cumpliera cabalmente con la obligación de obtener autorización  para el
despido. Por último ordenó al PAR acatar el fallo en un plazo perentorio de 48 horas,
fijándole de forma concreta y puntual cuánto debía cancelarle a cada
accionante. Para garantizar la efectividad del fallo, ordenó la retención de
los dineros que la accionada posea en las diferentes cuentas nacionales.
Para
llegar a esa decisión empezó por rechazar la nulidad por falta de competencia
territorial. Con respecto a la procedencia y prosperidad de la acción, estimó
que los problemas de inmediatez deben ser dejados al arbitrio razonado del juez
y que en el caso bajo estudio resultaba ostensible e innegable que los hechos
atentatorios y violatorios subsistían en el tiempo, razón por la cual no
aplicaba la inmediatez. Prueba de ello era a su juicio que los fallos de los
procesos ordinarios allegados, datan entre los años 2006 y 2009. Asimismo
manifestó que quedó demostrado el agotamiento ordinario de la acción de
reintegro laboral, lo que hace que la acción de tutela sea el único mecanismo
con el que cuentan los accionantes para restablecer sus derechos.
El
Juzgado adujo finalmente que la acción de tutela debía prosperar pues los
actores invocaban el derecho fundamental al mínimo vital de los actores, y que
había elementos para concluir que se había desconocido toda vez que se acreditó
una prolongada cesación de pago de sus acreencias laborales. Consideró que era
necesario indemnizar a los tutelantes porque todos se eran aforados sindicales
y la accionada  no  demostró que a todos se les hubiese levantado el fuero
sindical antes de ser desvinculados de Telecom.
IV. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, mediante sentencia del 14 octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo del
Circuito del Carmen de Bolívar lo confirmó parcialmente, pero revocó por
estimarlo improcedente el ordinal quinto referido a la orden de retención de
los dineros del Patrimonio Autónomo de Remanentes. Se basó en las mismas
consideraciones que el fallo de primera instancia y también se abstuvo de
anular el proceso por falta de competencia territorial.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Manuel Eugenio Hawkins
5/2/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
133.287.643
2
Nelson Barón Martínez
6/29/1966
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
63.345.686
3
Antonio Boiga Lemus
1/1/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
41.010.635
4
Pedro Eliseo Cruz Arenas
10/31/1959
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
47.282.017
5
Luis Hernando Flórez
Salazar
10/21/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
168.165.431
6
Humberto Manuel Gambín
Petro
9/1/1953
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
Pensión mesada: $2.133.871
7
Álvaro Javier Goyes Navarro
9/16/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
65.931.010
8
Wilmer Emilio Gracia de la
Rosa
7/11/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
37.553.293
9
Segundo Esperidión Guerrero
Chamorro
12/10/1954
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
203.117.742
10
Hernán Méndez Fernández
11/14/1950
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
55.554.079
11
Polivio Alberto Montenegro
Rojas
N/F
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
75.594.611
12
José Félix Morales Macías
1/7/1966
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
82.367.839
13
Balmes Alberto Muñoz Pérez
4/12/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
76.562.075
14
Jennet O’Neill Manuel
8/15/1961
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
63.145.443
15
Arturo Orduz Suárez
8/11/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
N/F
16
Edinson Enrique Pereira
Villar
10/16/1965
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
48.254.506
17
Mauricio Ramírez Sánchez
4/6/1962
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
78.652.993
18
Segundo Servio Antonio
Ruano Ruano
1/14/1958
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
63.693.946
19
Fabio Aníbal Tapia Guerrero
1/20/1966
Enero 31 de 2006
Agosto 27 de 2009
88.182.152
En
el expediente no hay pruebas de que el  señor Polibio Alberto Montenegro Rojas
hubiese otorgado poder para actuar. Mediante escrito remitido ante esta Corte
durante el trámite de revisión, el señor Montenegro Rojas manifestó nunca
haber extendido poder para instaurar acción de tutela a nombre suyo.[249]
Asimismo, consta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, resolvió por medio de sentencia del 28 de marzo de 2008 que no
procedía el reintegro del señor Arturo Orduz Suárez con fundamento en que se
había levantado el fuero sindical del trabajador. Con esta decisión el Tribunal
confirmó la que había emitido el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá
el 9 de junio de 2007, en la que había absuelto a las demandadas de las
pretensiones de reintegro y pago de salarios porque la empresa obtuvo permiso
para despedir al actor mediante sentencia del 17 de junio de 2005 del Juzgado
Laboral del Circuito de Barrancabermeja, decisión confirmada por el Tribunal
Superior de Bucaramanga.
Obran
elementos de prueba, de que en el caso de los señores Antonio Boiga Lemus,
Wilmer Emilio Gracia de la Rosa, Manuel Eugenio Hawkins, Manuel Jennet O’Neil y
Edison Enrique Pereira Villar, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San
Andrés expidió un fallo el 7 de mayo de 2008, mediante el cual revocó una
decisión de primera instancia expedida por el Juzgado Laboral del Circuito de
San Andrés el 29 de febrero de 2008, y en la que negó la acción de reintegro
instaurada por estos peticionarios contra el PAR. Esa acción se edificaba sobre
la base de que eran aforados sindicales y de que no se les habían respetado las
garantías propias de tal condición, y con fundamento en ello pedían el
reintegro y unas prestaciones a título de indemnización.
Conforme
a los documentos que se adjuntaron en calidad de pruebas al proceso, los
señores Nelson Barón Martínez, Luis Hernando Flórez Salazar, Álvaro Javier
Goyes Navarro, Balmes Alberto Muñoz Pérez y Servio Antonio Ruano Ruano Segundo
interpusieron antes de este proceso de tutela una acción laboral ordinaria
de reintegro. Obra copia de una sentencia expedida por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Pasto el 20 de febrero de 2009,  mediante la cual
manifestó que la pretensión procedente no era el reintegro, por imposibilidad
material y jurídica. Ante la imposibilidad de efectuar el reintegro también
rechazó una reparación porque indicó que fueron indemnizados con ocasión de la
terminación de las relaciones laborales. No se allegaron pruebas de que hubiese
cursado una segunda instancia, ni de que esté actualmente en curso una
impugnación.
Igualmente
hay elementos de prueba, indicativos de que el Juzgado Laboral del Circuito de
Mocoa el 20 de febrero de 2009 resolvió una acción ordinaria de los José Félix
Morales Macías y Segundo Esperidión Guerrero Chamorro. En el caso de estos dos
peticionarios, el PAR de Telecom fue absuelto. Sobre la solicitud de reparación
de los actores, sostuvo que estos no demostraron el perjuicio causado con el
despido. Tampoco existe, respecto de estos accionantes, constancia alguna de
que hubieran impetrado recurso de apelación contra el citado fallo. Consta que
al señor Pedro Eliseo Cruz Arenas se le levantó el fuero sindical mediante
providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga el 30 de marzo de 2006; que en el caso del señor Hernán Méndez
Fernández, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, se negó la solicitud de
levantamiento del fuero sindical, mediante fallo del 20 de enero de 2004; y que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión Laboral,
levantó el fuero sindical del señor Fabio Aníbal Tapia Guerrero, por medio de
fallo del 22 de mayo de 2007.
***
EXPEDIENTE T-2501214
I. Información general
Actor:
Rafael de Jesús Villar Gómez.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 16
de septiembre de 2009.
Derechos
vulnerados: debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital, seguridad social, buen nombre, salud, acceso a
la administración de justicia, libre desarrollo de la personalidad.
Asunto:
fuero sindical.
Abogado: José William Martínez Gómez.
II. Hechos
El tutelante dice haber trabajado para Telecom hasta
el 31 de enero de 2006, cuando fue desvinculado del cargo. Asegura que tenía
fuero sindical y que mediante fallo del 20 de agosto de 2008, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta autorizó el
levantamiento de su fuero en segunda instancia, y revocó la de primera que
había declarado probada la excepción de prescripción de la acción. En la
tutela, que no se dirige contra la providencia que autorizó el levantamiento
del fuero, el apoderado del actor cuestiona que no se hubiese ordenado a favor
del trabajador el pago de la indemnización correspondiente. Así, considera que
al actor se le adeudan todos sus salarios, prestaciones sociales e
indemnización desde el 31 de enero de 2006. Igualmente manifiesta que el
demandante es una persona de bajos recursos y que en la actualidad está
padeciendo grandes apremios económicos. Argumenta entonces que al peticionario
se le desconocen sus derechos, entre otras razones porque en otros fallos de
tutela adelantados por personas en iguales condiciones que las suyas, se les
tutelaron sus derechos se ordenó al PAR pagarles las sumas de dinero
reclamadas.
Por tanto, solicita que se proteja el derecho a la
igualdad del actor y se falle en el mismo sentido. Y pide que se ordene al PAR
pagarle al tutelante sus salarios, prestaciones sociales y convencionales
dejadas de cancelar desde la ocurrencia del despido. Presenta entonces una
liquidación de las obligaciones pendientes por un total de $1.233.100.335, y
pide que se le ordene al PAR cancelar en concreto esa suma. La liquidación
comprende entre otros factores intereses moratorios de un día de salario por
cada día de mora.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Manifestó que de acuerdo
con jurisprudencia de la Corte Constitucional, contenida entre otras en la sentencia T-1062 de 2007, las tutelas
como esta deben declararse improcedentes por falta de inmediatez. Asimismo,
adujo que en la sentencia
T-538 de 2009, esta Corporación sostuvo que el empleo de la tutela en hipótesis
así es un ejercicio abusivo del derecho a interpone acciones en defensa de los
derechos fundamentales, y puede tener serias implicaciones disciplinarias y
penales para los servidores públicos, apoderados y peticionarios, implicados en
los hechos. Igualmente aludió a la sentencia T-383 de 2007 para afirmar que la
orden de reintegro en un proceso de fuero sindical sólo tiene sentido antes de
concluida la liquidación del ente. Aparte menciona que hay otros medios de
defensa judicial para obtener un pronunciamiento como el que pretende el actor,
y por tanto que no se cumple con la subsidiariedad que rige en materia de
tutela.
En lo que atañe al fondo del asunto, el PAR sostuvo
que al tutelante se le respetó su condición de aforado hasta la fecha en que
existió jurídicamente Telecom. Además, dijo que no es cierto que el accionante
carezca de fuentes o ingresos, pues asegura que en el sistema de consulta de
FOSYGA, aparece como cotizante dependiente. Manifestó que en todo caso el PAR
no remplaza a Telecom, sino que es un negocio jurídico sin la facultad para
reintegrar o reubicar a los ex trabajadores de la entidad liquidada. En tal
calidad, no debe ser obligada a pagar salarios y prestaciones sociales a
trabajadores que hubiesen prestado sus servicios a personas jurídicas
diferentes a las del PAR. Para que
existan las garantías de fuero –agregó- se requiere un vínculo laboral, un
sindicato y un empleador que deba responder por los derechos de los
trabajadores. En este caso, no se cumple ninguno de esos requisitos.
IV. Fallo de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, en
sentencia del 1 de octubre de 2009, concedió la tutela. En consecuencia, le
ordenó al PAR reconocerle y pagarle al demandante los salarios y prestaciones
dejados de cancelar desde la fecha del despido y hasta el 20 de agosto de 2008,
fecha en que se levantó el fuero sindical. Además le exigió pagarle la
indemnización solicitada en la liquidación presentada por el apoderado del
tutelante. Ordenó, con el fin de asegurar el cumplimiento de esa orden, el
embargo de las cuentas corrientes nacionales del PAR Telecom, hasta por la suma
de $1.233.100.335. Para llegar a esa decisión, el Juzgado dijo que la tutela
era el medio de defensa judicial procedente debido a la cercanía de la fecha de
terminación de las labores del PAR. Consideró que en la liquidación de una
entidad estatal se debe adelantar el levantamiento de fuero sindical y que ante
la imposibilidad de reintegrar a los trabajadores aforados, se les debe pagar
una indemnización.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado el fallo, en segunda instancia, el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica Córdoba, en sentencia del 21 de octubre
de 2009, lo confirmó. Sostuvo que el hecho de que el PAR “[…] esté
próximo a cumplir su ciclo, hace procedente el amparo solicitado”.
Igualmente, consideró que de los documentos aportados al expediente se podía
deducir la amenaza real al derecho del demandante al mínimo vital. Por último,
manifestó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que
en los procesos de reestructuración se debe respetar la garantía del
fuero sindical y se deben adelantar los procesos judiciales para levantarla. Y
agregó que en el caso en estudio, Telecom no respetó la garantía del trabajador
aforado.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre del accionante
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pagos al final de la relación
1
Rafael de Jesús
Villar Gómez
06/01/1962
Enero 31 de 2006
N/F
$41.648.713
***
EXPEDIENTE T-2531654
I. Información general
Actores:
Vivian Portillo Hernández, Uriel de Jesús Bayona Chona, Glenda Patricia Correa
Pacheco, Luis Armando Duque Marchena, Eliana Karina González Gómez, Bertha Inés
Marchena Mendoza, Vivian Portillo Hernández, Carlos Mario Torrente Pupo, Néstor
José Vanegas  Buelvas.
Demandado:
PAR Telecom y/o Consorcio Remanentes Telecom y Teleasociados en Liquidación.
Fecha auto admisorio de la tutela: 21 de octubre de
2009.
Derechos
vulnerados: debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho de
asociación sindical, libertad de sindicalización, igualdad, derecho a
participar en los mecanismos de control político, libre desarrollo de la
personalidad, materialización de un proyecto de vida, trabajo, mínimo vital,
estabilidad familiar.
Asunto:
fuero sindical.
Abogado:
Stefanie Córdoba Almentero.
II. Hechos relevantes
Los
accionantes dicen haber laborado en Telecom y haber gozado de fuero sindical
cuando se les dio por terminado su vínculo laboral. En calidad de aforados
consideran que tenían derecho a no ser desvinculados sino en virtud de autorización
judicial, dictada en un proceso de levantamiento de fuero. No obstante,
sostienen que no se les adelantó un proceso judicial de esta naturaleza para
despedirlos, y que por ese motivo se les violaron sus derechos. Aparte aducen
que su única fuente de
ingresos y la de sus familiares era y es su fuerza de trabajo, de la cual
provenían los ingresos necesarios para su subsistencia y la de su familia.
Interponen acción de tutela porque creen que la inminente desaparición del PAR
justifica la procedencia de este medio de defensa judicial. Dicen además que el
PAR ha venido reintegrando o pagando salarios y prestaciones a otros ex
dirigentes sindicales de Telecom y sus Teleasociadas. De modo que solicitan un
tratamiento igual para ellos.
Con fundamento en estos hechos, solicitan que se ordene al PAR pagarles los salarios y
prestaciones sociales, debidamente indexados, dejados de cancelar desde el
despido, y que se cancelen además los intereses moratorios desde el momento en
que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la misma. A eso le
agregan la solicitud de que se ordene al PAR cancelarles los salarios y demás
prestaciones sociales correspondientes a cada mes, hasta que se les  respete el
debido proceso, lo cual significa, Hasta que la justicia ordinaria laboral o
administrativa admita el levantamiento del fuero sindical.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Hizo referencias puntuales a por qué algunas de las
acciones de tutela eran temerarias o al menos planteaban controversias
amparadas por la cosa juzgada. Manifestó que la señora Vivian del Carmen
Portillo Hernández había presentado previamente tutela por los mismos hechos y
pretensiones, la cual fue finalmente negada en segunda instancia por el Juzgado
Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla. Sin
embargo, como se había concedido en primera instancia, la suma de dinero fue
pagada y no se ha logrado el reintegro. Agregó que Bertha Inés Marchena
Mendoza, Eliana Karina González Gómez, Glenda Patricia Correa Pacheco, Luis
Armando Duque Marchena y Néstor José Vanegas Buelvas habían presentado
previamente tutela por los mismos hechos y pretensiones ante el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Cereté, quien concedió el amparo y ordenó cancelar las
sumas de dinero de acuerdo con las liquidaciones por ellos presentadas en marzo
de 2009 (indemnización por despido injusto). También dijo que Uriel de Jesús
Bayona Chona había promovido tutela por los mismos hechos y pretensiones pero
que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, la había
negado definitivamente en segunda instancia mediante fallo del 15 de julio de
2009.
Sostuvo además que en su momento Telecom sí adelantó
procesos de levantamiento del fuero sindical, pero que fueron declarados
prescritos por los jueces por considerar que las acciones que emanan del fuero
sindical prescriben en dos meses y no en seis meses como lo sostenía el art. 17
del  Decreto 1615 de 2003. Los procesos adelantados al respecto, los relaciona
de acuerdo con los Juzgados ante los que se inició: 1. Bayona Chona, Uriel de Jesús: Juzgado Laboral del
Circuito de Bogotá; 2. Correa Pacheco, Glenda Patricia: Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Montería; 3. Duque Marchena, Luis Armando: Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Montería; 4. González Gómez, Eliana Karina: Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Montería; 5. Marchena Mendoza, Bertha Inés:
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería; 6. Portillo Hernández, Vivian
del Carmen: Juzgado Segundo del Circuito de Riohacha; 7. Torrente Pupo, Carlos
Mario: Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá; 8. Vanegas  Buelvas,
Néstor José: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería. El PAR aportó
también pruebas de que Uriel
de Jesús Bayona Chona y Carlos Mario Torrente Pupo instauraron acciones de
reintegro, que no fueron concedidas.
Todo
lo anterior, a juicio del PAR, confirma que la tutela en estos casos se ha ejercido
con un claro propósito de abusar de los derechos, lo cual en su opinión puede
tener serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores
públicos, el apoderado y los peticionarios implicados por los hechos. Máxime si
se tiene en cuenta que el amparo solicitado resulta improcedente por las
siguientes razones. Dijo que la tutela era extemporánea. También que no había
razones para aducir una amenaza contra el derecho al mínimo vital. Aseguró que
una vez desvinculados, los trabajadores podían acudir a la justicia laboral, en
sede de acción de reintegro por fuero sindical, lo cual no hicieron. A su
juicio los actores no aportaron pruebas de que esa otra vía judicial fuera
ineficaz para lograr la protección de los derechos vulnerados. Manifestó que la
desvinculación de los actores no fue producto de una terminación unilateral del
contrato, ni de un despido injusto, sino de la liquidación de la entidad.
Sostuvo que el PAR no es remplazo de Telecom y que no tiene la facultad de
reintegrar o reubicar a los ex trabajadores. Además, como los actores nunca
tuvieron vínculo laboral con el PAR, la entidad no tiene por qué pagar salarios
o emolumentos originados en un contrato laboral.
En
concepto del PAR, al desaparecer Telecom el 31 de enero de 2006, desapareció la
vinculación laboral y con ella las garantías derivadas del fuero sindical.  En
consecuencia, a su modo de ver resulta jurídicamente imposible un reintegro. Y
los trabajadores, aforados o no, sólo tienen la opción indemnizatoria como
resultado de un proceso ordinario de carácter laboral y no a través de una
acción de tutela. A los empleados que ahora demandan, y eran aforados, se les
respetó su condición hasta cuando la empresa se extinguió jurídicamente. Hasta
esa fecha se les pagó, les fueron liquidadas sus prestaciones y fueron
indemnizados, de manera que el PAR no les adeuda suma alguna. En la sentencia
T-383 de 2007, dice el PAR que esta Corte precisó que una relación laboral no
existe más allá del acta que pone fin al proceso de liquidación de una compañía
como Telecom. Si el reintegro prospera tendrá efectos jurídicos mientras
subsista la persona jurídica empleadora, es decir, hasta el acta de terminación
de la liquidación.
Por
último adujo que la acción de tutela en todo caso no debe prosperar, por cuanto
está debidamente probado en su opinión que los ex trabajadores desvinculados
fueron indemnizados, lo cual desvirtúa según su impresión los alegatos de
perjuicio irremediable. Por lo demás, el PAR aduce que los actores  están
registrados en el Fosyga como cotizantes dependientes, y que esto indica que
con posterioridad a su retiro de la empresa tienen seguridad social.
IV. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, mediante sentencia del 3 de
noviembre de 2009, tuteló los derechos de los actores. En consecuencia, le
ordenó al PAR que el término máximo de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo procediera a cancelarles a los accionantes lo adeudado
desde el último pago hasta la fecha, y de ahí en adelante hasta que se les
levantara el fuero sindical. Todo lo cual debía ser satisfecho de acuerdo con
la liquidación presentada por los accionantes, que no fue objetada por el PAR.
El Juzgado llegó a esta decisión con base en que Telecom no les levantó a los
demandantes su fuero sindical antes de desvincularlos, y en que luego tampoco
lo hizo. Sostuvo que aunque los actores contaban con otro medio de defensa
judicial, la inminente terminación del contrato de fiducia suscrito entre la
extinta Telecom y el PAR, determina la procedencia del amparo como el único
instrumento expedito de protección frente a un perjuicio irremediable.
Señaló,
para justificar su resolución, que existen diferentes pronunciamientos
judiciales en distintos juzgados del país, que han amparado el derecho de los
trabajadores de la extinta Telecom a que se les respete su fuero sindical. En
relación con la temeridad consideró que no se alcanzó a configurar porque la
acción interpuesta con anterioridad tenía por objeto que se les amparara su
condición de aforados y en esta oportunidad que se les cancelara lo adeudado
desde el mes de octubre de 2008 o, en el caso a la señora Viviana Portillo
Hernández, desde el mes de febrero de 2009. La empresa no ha levantado el fuero
de los actores y por ende la vulneración de sus derechos ha continuado, de modo
que la tutela resulta procedente para exigir el pago de lo debido, de
conformidad con la liquidación presentada por los actores.
Este fallo fue posteriormente adicionado mediante
providencia del 10 de noviembre de 2009. El Juzgado manifestó en la adición
haber omitido de manera involuntaria, en la parte resolutiva de la sentencia, a
los señores Uriel de Jesús Bayona Chona y Carlos Mario Torrente Pupo dentro del
ámbito de las órdenes.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Córdoba, lo confirmó
mediante sentencia del 17 de noviembre de 2009.  Aseveró que los actores se
encontraban aforados, y que no se les levantó el fuero al momento de desvincularlos.
Dijo que la tutela resultaba el medio adecuado de defensa judicial, en vista de
que el adelantamiento de un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral
resultaría inefectivo debido a la inminente desaparición del PAR. Además,
advirtió que la terminación de sus contratos les produjo una serie de
obligaciones que alteraron su mínimo vital, de suerte que la tutela se
interpuso también para evitar un perjuicio irremediable. En cuanto a la
temeridad, anotó que según su interpretación la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y de la
Corte Constitucional han sostenido que esta no se configura cuando subsiste la
afectación del derecho en el tiempo, y que eso es justo lo que ocurre en este
proceso con los peticionarios.
VI. Incidente de nulidad
El
PAR formuló incidente de nulidad el 18 de noviembre de 2009 contra todo lo
actuado en el trámite de la segunda instancia, a partir de la notificación del
auto admisorio de la impugnación toda vez que nunca fue notificado al PAR para
ejercer el derecho de defensa. No obstante, el Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, Córdoba, lo rechazó mediante providencia del 20 de noviembre de 2009.
Señaló al respecto que el despacho no había violado el debido proceso ya que la
tutela llegó procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos el día 5 de
noviembre de 2009, y posteriormente mediante proveído de sustanciación del 6 de
noviembre de 2009 se avocó conocimiento del mismo, pasando al despacho de forma
inmediata, tal como lo manda la ley, y mediante providencia interlocutoria de
segunda instancia fechada el 17 de noviembre del mismo año se profirió fallo.
VII. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Vivian Portillo Hernández
1/29/1962
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
102.905.051
2
Uriel de Jesús Bayona Chona
5/18/1961
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
178’833.395
3
Glenda Patricia Correa
Pacheco
N/F
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
14.066.507
4
Luis Armando Duque Marchena
7/7/1962
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
83.262.951
5
Eliana Karina González
Gómez
1/31/1972
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
16.204.692
6
Bertha Inés Marchena
Mendoza
1/23/1963
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
107.591.123
7
Carlos Mario Torrente Pupo
5/16/1965
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
69.435.984
8
Néstor José Vanegas
Buelvas
1/27/1970
Enero 31 de 2006
Octubre 21 de 2009
65.094.084
En
el proceso obra prueba de que los señores Uriel de Jesús Bayona Chona y Carlos
Mario Torrente Pupo interpusieron antes de esta tutela una acción de reintegro.
El 16 de octubre de 2009, pocos días antes de la interposición de la acción de
tutela en mención, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia del
Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, cuya decisión había sido
inhibitoria por falta de legitimación por pasiva, y absolvió al PAR. Consideró
inviable acceder al reintegro pues era un hecho incontrovertible que la empresa
para la cual prestaban sus servicios desapareció de la vida jurídica con base
en la facultad constitucional que tiene el Estado para restructurar sus
instituciones en procura de una buena calidad y eficiencia en los servicios que
prestan. En esa ocasión también se solicitó el pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir causados desde
cuando fueron despedidos hasta cuando fueran reintegrados, y que se declarara
la solución de continuidad en la prestación de los servicios de los
demandantes. También esta pretensión fue denegada.
Consta
asimismo que el señor Luis Armando Duque Marchena había instaurado antes
de esta tutela una acción de reintegro. Pero el Tribunal Superior de Montería
confirmó mediante providencia proferida el 4 de febrero de 2008 el fallo
emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería el 14 de septiembre
de 2007, en el que se había decidió absolver al PAR, y denegar las
pretensiones, dirigidas de manera principal a obtener el reintegro en el cargo
correspondiente, y en forma subsidiaria el reconocimiento de los salarios que
venían devengando hasta cuando se le levantara el fuero sindical con el cual
están protegidos.
En
cuanto a los señores Néstor José Vanegas Buelvas, Bertha Inés Marchena Mendoza
y Glenda Patricia Correa Pacheco, también en el expediente obran pruebas de que
antes de esta tutela habían interpuesto otra solicitud de amparo, fundándose en
su condición de aforados sindicales, y en que su fuero se les había desconocido
al momento de desvincularlos de la compañía. Pedían principalmente que se les
pagara los salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar
desde la ocurrencia del despido injusto, los intereses moratorios desde que se
hizo exigible la obligación hasta el pago total de lo debido y la
cancelación de sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social
hasta que por la vía ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero
sindical. Esa primera solicitud se resolvió mediante providencia de segunda
instancia el 4 de noviembre de 2008, expedida por el Juzgado Penal del Circuito
de Cereté, Córdoba.
Los
señores Luis Armando Duque Marchena y Eliana Karina González Gómez, conforme a
las pruebas obrantes, habían impetrado otra tutela antes de esta. Se encuentra
comunicación con copia de una sentencia de primera instancia, expedida por el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, en la cual esta última autoridad
concedió el amparo a los tutelantes y ordenó al PAR “cancelar los salarios
dejados de percibir durante lapso de tiempo que han estado cesantes los
demandantes, provocado por el despido sin justa causa y no declarado mediante
sentencia judicial, además de repararlos de manera integral, lo cual incluye
también el pago de los reajustes y prestaciones, así como cualquier otro valor
dejado de percibir o pagado por el trabajador, como consecuencia directa del despido
injusto, los cuales deberán ser liquidados mediante un incidente, en un término
que no supere cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de éste”.
De igual manera, también se allegó a la Corte la sentencia de segunda instancia
dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté el 17 de febrero de 2009,
mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia.
Dentro
de los elementos de juicio que obran en el proceso, la señora Vivian Portillo
Hernández había instaurado una tutela, antes de esta contra el PAR, y alegaba
que se le había violado todo un haz de derechos a consecuencia de haberla
desvinculado sin que se le respetara el fuero sindical del que a su juicio
gozaba. En dicha acción pedía, según se infiere de las pruebas, que le cancelaran
los salarios y prestaciones, reajustes y demás conceptos dejados de percibir
desde su desvinculación. Del amparo anterior conoció el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Barranquilla, quien mediante sentencia del 4 de mayo de 2009
concedió la tutela. El Juzgado Octavo Penal revocó el fallo.
***
EXPEDIENTE T-2537041
I. Información general
Actores:
Diego Acevedo Echavarrya, Gustavo Alberto Ángel López, Nubia Marleny Bermúdez
Franco, Juan Carlos Cantor Sierra, Julio César Cardona Granada, Beatriz Alexandra
Carreño Velandia, Luz Marina Carrillo Suárez, Wilfredo Carvajal Vargas, César
Humberto Cifuentes Pimiento, León Albeiro Colorado, Clara Stella Correa Arango,
Jorge Hernán Domínguez Téllez, Jhon Jaiver Flórez Guzmán, Néstor Augusto García
Franco, Henry González López, Rubén Darío Gutiérrez Galindo, Gregorio Gonzalo
Gutiérrez Torres, Maritza Jaramillo Gutiérrez, Luis Carlos Mejía Alvarado,
Jesús Humberto Monje Alarcón, Edgar Moya Córdoba, Carlos Julio Muñoz Bermúdez,
Álvaro Núñez Romero, Aymer Ortiz Penagos, Jorge Hernán Palacio Salazar, Jesús
María Patarroyo Puentes, Yolanda Rubio Benjumea, Jorge Enrique Sandino Macías,
José Rafael Silva Hernández, Adriana María Taborda Vargas, Carlos Arturo
Torres, Efraín Valencia Marín, Gerardo Vargas Pérez.
Demandado: PAR Telecom y Teleasociados en
liquidación.
Fecha
de presentación de la tutela: 28
de octubre de 2009.
Derechos
vulnerados: debido proceso, acceso a la administración de justicia, asociación
sindical, libertad de sindicalización, igualdad, trabajo, mínimo vital, y
otros.
Asunto:
fuero sindical.
Abogado: María Claudia Hoyos Gómez, sustituye el poder
en segunda instancia el abogado Jorge Alberto Jurado Murillo.
II. Hechos relevantes
Los
accionantes dicen haber laborado en Telecom y haber gozado de fuero sindical
cuando se les dio por terminado su vínculo laboral. En calidad de aforados
consideran que tenían derecho a no ser desvinculados sino en virtud de
autorización judicial, dictada en un proceso de levantamiento de fuero. No
obstante, sostienen que no hubo en sus casos una autorización judicial de esta
naturaleza para despedirlos, y que por ese motivo se les violaron sus derechos.
Luego de la terminación de sus
contratos de trabajo, los accionantes dicen que quienes estaban aforados
solicitaron el restablecimiento de sus derechos, pero que esta petición fue
posteriormente negada.
En la tutela solicitan ordenarle al PAR el reintegro a
sus cargos sin solución de continuidad, y con el consecuente pago de los
salarios, prestaciones legales y convencionales, y de aportes a la seguridad
social, desde la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la acción de
tutela, todo debidamente indexado, más los intereses moratorios
correspondientes. Igualmente, piden desarchivar
los procesos de fuero sindical, o en caso de que hayan terminado con sentencia
negando el levantamiento del fuero, promover nuevamente los procesos hasta que
el juez laboral autorice la terminación del contrato, fecha hasta la cual se
les deberían a su juicio garantizar los derechos invocados. Para asegurar el
cumplimiento de estas órdenes, solicitan el embargo de las cuentas del PAR.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Informó que la misma acción de tutela fue interpuesta
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica, por lo que solicitó que la
acción de tutela fuera rechazada, teniendo en cuenta que en ese despacho aún no
se había proferido fallo de primera instancia. (Mediante memorial del 04 de
noviembre de 2009, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica informó que
la acción de tutela fue retirada por la apoderada de los actores el 21 de
octubre de 2009). Adjuntó elementos indicando que hubo peticionarios que
prestaron sus servicios en lugares distintos de aquel escogido por ellos para
presentar su tutela. Se
manifestó en favor de declarar improcedente el amparo, pues en su criterio no
se acreditó la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, y aparte la
acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez. Consideró además
que la apoderada de los actores puede haber incurrido en temeridad ya que ha
adelantado otras acciones de tutela con el mismo objeto y que algunos de los
actores ya habían adelantado los procesos de levantamiento de fuero sindical.
En general, en cuanto a la procedencia y posibilidad
de juzgar próspero el amparo, argumentó que en ninguno de los casos hubo
despido injusto, sino terminación de los contratos de trabajo por la
liquidación de Telecom y las Teleasociadas. Sostuvo que el PAR no remplazó a
Telecom, sino que es un negocio jurídico distinto, que no tiene la facultad
para reintegrar o reubicar a los ex trabajadores de la entidad liquidada, y
asimismo que no debe pagar salarios y prestaciones sociales a trabajadores que
prestaron sus servicios a entidades jurídicas diferentes a las del PAR. Adujo que para que exista la garantía de fuero
sindical se requiere que haya vínculo laboral, que exista un sindicato y que
exista un empleador que deba responder por los derechos de los trabajadores, y que
en el caso en estudio no se cumple con ninguno de los requisitos. A su juicio
la presente acción de tutela debe, por lo demás, ser declarada improcedente
pues piensa que existen otros mecanismos ordinarios para obtener la protección
de los derechos de los tutelantes.
El PAR también hizo referencia individual a algunos de
los accionantes. Informó que los actores Carlos Arturo Torres y Wilfredo
Carvajal Vargas, son actualmente pensionados, el primero de ellos con una
mesada de $5.032.785 y el segundo con una mesada de $2.641.540. Dijo que desde
el momento de la desvinculación, los actores han seguido laborando y aportando
al FOSYGA. Informó que en estos casos ya se adelantaron procesos de
levantamiento de fuero sindical ante la jurisdicción ordinaria. Manifestó que
los actores Albeiro Colorado León, Carlos Julio Muñoz Bermúdez, Efraín Valencia
Marín, Gustavo Alberto Ángel, Jorge Hernán Domínguez Téllez, Juan Carlos Cantor
Sierra y Maritza Jaramillo Gutiérrez, adelantaron previamente procesos de
reintegro ante el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, proceso que culminó
con la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Quindío del 23
de junio de 2009, donde se absolvió al PAR. Igualmente indicó que los señores
Rubén Darío Gutiérrez, Jorge Hernández Palacio, Jhon Jaiver Flórez, Diego
Acevedo Echavarrya y Adriana María Taborda, adelantaron proceso del mismo tipo
contra el PAR ante el Juzgado Primero Laboral de Armenia, el cual culminó con
sentencia del 02 de julio de 2009, en la que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Quindío absolvió al PAR.
Asimismo adujo que Telearmenia adelantó proceso de
levantamiento de fuero sindical contra Rubén Darío Gutiérrez, Jorge Hernández
Palacio, Jhon Jaiver Flórez, Diego Acevedo Echavarrya y Adriana María Taborda,
el cual terminó con auto interlocutorio de archivo del proceso por carecer de
objeto dictar sentencia, debido a la finalización del proceso liquidatorio de
la entidad demandante. Informó además que los actores Jesús Humberto Monje,
Henry González López, Gerardo Vargas Pérez, Edgar Moya Córdoba, Clara Stella
Correa, Luis Carlos Mejía Alvarado, Jorge Enrique Sandino y Jesús María
Patarroyo, adelantaron un proceso de reintegro ante el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Neiva en el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Señaló aparte de lo anterior que en su momento se adelantó proceso de
levantamiento de fuero sindical contra Gregorio Gonzálo Gutiérrez, en el cual
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del 03
de agosto de 2006, autorizó la terminación del contrato de trabajo.
Sostuvo que a su turno se adelantó proceso de
levantamiento de fuero sindical contra José Rafael Silva Hernández, Carlos
Arturo Torres, Beatriz Carreño Velandia y Wilfredo Carvajal Vargas, el cual
finalizó con sentencia del 02 de marzo de 2005 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pamplona. Informó que el señor Álvaro Núñez
Romero adelantó previamente acción de tutela, de la cual conoció en su momento
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, autoridad que negó
el amparo mediante fallo del 08 de agosto de 2008 por considerarlo
improcedente. Esta sentencia fue confirmada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 23 de septiembre de 2008.
El PAR manifestó que también se adelantó un proceso de
levantamiento de fuero sindical contra Aymer Ortiz Penagos y Yolanda Rubio
Benjumea, proceso que fue archivado mediante auto interlocutorio del 25 de
abril de 2005 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia.
Lo mismo dijo que ocurrió en el caso de Nubia Marleny Bermúdez Blanco, proceso
que fue resuelto mediante sentencia del 15 de abril de 2009, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja (no indica cuál fue el sentido
de la decisión). Sostuvo que también tuvo lugar un proceso de reintegro
adelantado por la señora Nubia Marleny  Bermúdez Blanco, el cual fue resuelto
mediante sentencia del 31 de enero de 2008 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, providencia contra la cual se adelantó acción
de tutela, acción resuelta en última instancia por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia
del 27 de enero de 2009.
IV. Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 10 de noviembre de 2009, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos – Córdoba tuteló los derechos
fundamentales de los actores al debido proceso, a la igualdad y a la asociación
sindical, y ordenó al PAR que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, procediera a pagar lo adeudado a los tutelantes, con
base en las liquidaciones presentadas en el escrito de tutela. Consideró que
era requisito indispensable para despedir a trabajadores amparados con la
garantía del fuero sindical, obtener la autorización judicial. Argumentó que en
el caso en estudio se evidenciaba una violación continua y permanente de los
derechos fundamentales de los actores y, por lo tanto, concluyó que la acción
cumplía con el requisito de la inmediatez. Observó que las liquidaciones
presentadas por los actores no fueron objetadas por la entidad demandada, de lo
cual concluyó que esta entidad no encontró error alguno en dichas
liquidaciones, y por lo tanto consideró que no le quedaba otra opción que
aceptarlas.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica – Córdoba lo confirmó
parcialmente mediante providencia de noviembre 30 de 2009. Consideró, en primer
lugar, que  de acuerdo con jurisprudencia de esta Corte, los trabajadores
amparados con fuero sindical tienen derecho a una protección especial, en virtud
de la cual siempre es necesario obtener la autorización judicial para terminar
la relación laboral. Consideró que los despidos hechos por Telecom y las
Teleasociadas a los actores, fueron ilegales y por lo tanto procedería el
reintegro, pero, teniendo en cuenta que las entidades ya se extinguieron, lo
que procede es el pago de los salarios y prestaciones desde la fecha de
reintegro hasta la fecha en que se obtenga la autorización judicial para
despedir a los trabajadores. No obstante, revocó el fallo respecto de los
actores Carlos Arturo Torres y Wilfredo Carvajal Vargas, teniendo en cuenta que
se encuentran pensionados desde el 1 de  febrero de 2006.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Diego Acevedo Echaverrya
06/07/1966
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
N/F
2
Gustavo Alberto Ángel López
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
32.025.711
3
Nubia Marleny Bermúdez Franco
05/10/1966
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
11.776.079
4
Juan Carlos Cantor Sierra
01/08/1966
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
28.728.270
5
Julio César Cardona Granada
04/07/1969
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
5.421.140
6
Beatriz Alexandra Carreño Velandia
22/12/1971
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
31.185.625
7
Luz Marina Carrillo Suárez
21/12/1966
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
43.017.558
8
Wilfredo Carvajal Vargas
N/F
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
187.232.159
9
César Humberto Cifuentes Pimiento
06/09/1962
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
21.957.222
10
León Albeiro Colorado
02/01/1964
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
28.682.508
11
Clara Stella Correa Arango
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
55.597.357
12
Jorge Hernán Domínguez Téllez
31/05/1964
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
20.111.407
13
Jhon Jaiver Flórez Guzmán
19/05/1965
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
53.650.201
14
Néstor Augusto García Franco
15/12/1965
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
28.420.119
15
Henry González López
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
90.803.543
16
Rubén Darío Gutiérrez Galindo
25/02/1970
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
16.867.896
17
Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres
N/F
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
87.505.676
18
Maritza Jaramillo Gutiérrez
07/08/1979
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
3.469.565
19
Luis Carlos Mejía Alvarado
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
46.853.274
20
Jesús Humberto Monje Alarcón
05/07/1970
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
14.250.918
21
Edgar Moya Córdoba
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
84.017.286
22
Carlos Julio Muñoz Bermúdez
16/05/1964
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
24.976.196
23
Álvaro Núñez Romero
12/11/1962
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
53.946.135
24
Aymer Ortiz Penagos
21/12/1954
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
58.704.229
25
Jorge Hernán Palacio Salazar
20/09/1961
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
74.136.183
26
Jesús María Patarroyo Puentes
11/12/1959
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
78.365.171
27
Yolanda Rubio Benjumea
17/03/1963
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
40.644.041
28
Jorge Enrique Sandino Macías
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
105.915.504
29
José Rafael Silva Hernández
N/F
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
92.040.191
30
Adriana María Taborda Vargas
03/07/1965
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
62.627.415
31
Carlos Arturo Torres
N/F
Enero 31 de 2006
Octubre 28 de 2009
115.786.941
32
Efraín Valencia Marín
N/F
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
34.730.324
33
Gerardo Vargas Pérez
01/11/1966
Abril 28 de 2006
Octubre 28 de 2009
60.385.755
En
el expediente obran pruebas de que dos tutelantes adelantaron gestiones previas
a la tutela, para conseguir información o prestaciones laborales a su juicio
debidas. Consta la contestación del PAR a un derecho de petición interpuesto
por el señor Aymer Ortiz Penagos, con fecha del 19 de marzo de 2008, en la cual
se le informa que era beneficiario de la prima de antigüedad de los 25 años,
motivo por el cual el PAR iba a proceder a efectuar la liquidación respectiva.
Se adjuntó también una contestación del Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja  al señor Álvaro Núñez Romero, con fecha del 13 de marzo de
2006, en la cual le indica que no existe demanda alguna de fuero sindical
promovida por Telecom en su contra contra el señor Álvaro Núñez Romero. Y
también consta que en el acta de audiencia de juzgamiento celebrada en el
proceso especial de fuero sindical adelantado por el 25 de noviembre de 2004,
se indicó puntualmente que el actor agotó la vía administrativa de reclamación.
Obra
copia de una sentencia del 23 de junio de 2009, en la cual el Tribunal Superior
de Armenia rechazó las pretensiones de los señores Gustavo Alberto Ángel López,
Juan Carlos Cantor Sierra, Julio César Cardona Granada, César Humberto
Cifuentes, León Albeiro Colorado, Jorge Hernán Domínguez Téllez, Néstor Augusto
García Franco, Maritza Jaramillo Gutiérrez, Carlos Julio Muñoz Bermúdez y
Efraín Valencia Marín, elevadas en un proceso de reintegro sindical. El
Tribunal confirmó parcialmente el fallo de primera instancia proferido por el
Juzgado Civil del Circuito de Calarcá. Ratificó que la garantía foral de que
gozaban los actores fue vulnerada por su desvinculación sin el cumplimiento de
los requisitos de ley, pero que no resultaba jurídicamente viable el reintegro
cuando la empresa se ha liquidado. Declaró probada la excepción de falta de
presupuestos de hecho y de derecho para la acción de reintegro.
En
lo relativo a la señora Nubia Marleny Bermúdez Franco, el Tribunal Superior de
Bogotá le negó el reintegro y los salarios dejados de percibir mediante
providencia proferida el 31 de enero de 2008. En dicha providencia el Tribunal
confirmó el fallo de instancia con fundamento en que no hay lugar a la
pretensión de reintegro porque la supresión y liquidación definitiva de la entidad
constituye una situación trascendental que supera la necesidad de la
autorización judicial para terminar los contratos de trabajo que se impone por
sus propias consecuencias, entre otras, porque la protección especial del fuero
pierde razón de ser. En lo que se refiere a los señores Jorge Hernán Palacio
Salazar, Jhon Jaiver Flórez Guzmán, Rubén Darío Gutiérrez Galindo, Diego Acevedo Echavarrya y la señora Adriana María Taborda Vargas,  consta
copia de un fallo de segunda instancia, emitido el 2 de julio de 2009 por la
Sala Laboral el Tribunal Superior del Armenia, en el cual se negaron a estos
actores sus pretensiones ordinarias de reintegro sindical. El PAR de Telecom
fue entonces absuelto, por considerar que se había probado la excepción de
falta de presupuestos de hecho y de derecho para la prosperidad de la acción de
reintegro, en tanto la empresa se había liquidado definitivamente.
Dentro
de las pruebas obrantes, hay documentos que indican que los señores Clara
Stella Correa Arango, Henry González López, Luis Carlos Mejía Alvarado, Jesús
Humberto Monje Alarcón, Edgar Moya Córdoba, Jésus María Patarroyo Puentes,
Jorge Enrique Sandino Macías y Gerardo Vargas Pérez obtuvieron un decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, mediante
la cual se abstuvo de levantar su fuero sindical con base en que ya no eran
trabajadores y carecía de sentido quitar la protección. Ese fallo fue expedido
el 6 de febrero de 2007. Los accionantes manifiestan que adelantaron acción de
reintegro contra el PAR de Telecom, pero no allegan pruebas de ello.
Hay
constancia de que la señora Yolanda Rubio Benjumea obtuvo por su parte una
decisión judicial, proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Armenia, el 25 de abril de 2006, mediante la cual ordenó archivar el expediente
referido a un proceso de levantamiento de fuero sindical, por cuanto carecía de
objeto. También obran elementos que indican que en el caso de los señores
Beatriz Alexandra Carreño Velandia, Luz Marina Carillo Suárez, Wilfredo
Carvajal Vargas, José Rafael Silva Hernández y Carlos Arturo Torres, hubo el 2
de marzo de 2005 una decisión del Tribunal  Superior del Distrito Judicial de
Pamplona, mediante la cual dejó de conceder una acción de levantamiento de fuero
sindical, en virtud de que la misma había prescrito. En lo que respecta al
señor Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres, consta que el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Riohacha autorizó la terminación de su contrato de trabajo,
mediante fallo del 3 de agosto de 2006. Consta también que el
señor Aymer Ortiz Penagos obtuvo, de parte del Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Armenia, un fallo de levantamiento del fuero el 25 de abril de
2006, mediante el cual ordenó archivar el expediente por carecer de objeto,
puesto que había sido desvinculado el 31 de enero de 2006.
***
EXPEDIENTE T-2475114
I. Información general
Demandado:
Fiduagraria y Fidupopular –Integrantes del Consorcio de remanentes PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 26 de agosto de 2009.
Derechos
vulnerados: igualdad.
Asunto:
plan de pensión anticipada y retén social.
Abogado:
La accionante presenta la acción de tutela a nombre propio.
II. Hechos
Myriam Teresa Moreno nació el Nació el 6
de diciembre 1957. Mediante comunicación del 2 de abril de 2003, Telecom le
informó a la accionante que era beneficiaria del retén social creado por la Ley
790 de 2002, en la modalidad de persona
próxima a pensionarse, razón por la cual debería continuar laborando en las
oficinas de la empresa hasta que la administradora de pensiones de a la cual se
encontraba afiliada, le reconociera el derecho pensional. Esa vinculación se
extendió  hasta el 31 de enero de 2004. Explica Telecom a la peticionaria,
en comunicación del 25 de junio de 2004, que el retén social, en virtud de la
Ley 790 de 2002 y su decreto reglamentario 190 de 2003, sólo podía extenderse
hasta el 31 de mayo de 2004 (de la respuesta se puede inferir que la accionante
solicitó que se le extendiera su derecho a permanecer en el retén social, más
allá de la fecha señalada). En mayo de 2004 la accionante presentó acción de
tutela (no está el documento, ella lo afirma) y en ese proceso se ordenó
mantener a la tutelante en la empresa, como parte del retén social, hasta el 31
de enero 2006. La accionante reconoce que permaneció en la empresa hasta esa
última fecha. Dice la accionante que estaba en el retén precisamente por tener
los requisitos para pensionarse, pero que hasta la fecha no se le ha
garantizado tal prestación (solicita reintegro hasta que se le reconozca la
pensión).
Afirmó en el escrito de tutela “me
encuentro en condición de debilidad reforzada, porque mi situación de
prepensionado  me ubica en el renglón de desprotección, ya que, como lo
dije con antelación, se me ha afectado mi mínimo vital, mi seguridad social y
no estoy vigente en el mercado laboral”.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Solicitó declararla improcedente, sobre la base de
que la acción se dirige contra una entidad, como el PAR, no ha tenido ninguna
relación de tipo sustancial con la peticionaria, y que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental. En relación con los hechos alegados, el PAR sostuvo que la
actora no cumple los requisitos para acceder a ninguna modalidad de pensión
aplicable a los trabajadores de la extinta Telecom. Además, señaló que la
tutelante no tendría el derecho que reclama, en vista de que no lo adquirió.
Aparte, indicó que si la accionante consideraba haber tenido derecho a ser
cubierta por el PPA, debió enviar su solicitud oportunamente; es decir, en
marzo de 2003, a la entidad que hizo el ofrecimiento. Ahora, una solicitud de
esa naturaleza es a juicio del PAR irrazonable, toda vez que han trascurrido 6
años desde el ofrecimiento del plan a los trabajadores. En lo que atañe a la
aplicación del retén social, dijo el PAR que el término de existencia del mismo
es de 3 años contados a partir de la entrada en vigencia de la precitada Ley, y
que esa existencia cesó el 27 de diciembre de 2005. Por esa razón, considera
improcedente solicitar el retén social en este momento.
IV. Fallo de primera instancia
En
sentencia del 31 de agosto de 2009 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Armenia concedió la tutela como mecanismo transitorio hasta que la jurisdicción
competente decidiera si la peticionaria contaba con derecho a la pensión.
Ordenó en consecuencia el reintegro de la accionante a un cargo igual o de
mejor condición al que venía desempeñando al momento de la desvinculación y el
pago de los salarios dejados de percibir, hasta que la jurisdicción laboral o
contenciosa dilucidara la situación. Consideró urgente la necesidad de adoptar
una medida de protección para que la accionante superara la condición de
amenaza en la cual a su juicio se encontraba.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia lo revocó mediante sentencia del 6 de octubre de
2009. En su lugar, negó por improcedente la tutela, tras considerar que habían
pasado 6 años desde que la peticionaria no fue incluida en el PPA y más de 3
desde el despido, de modo que no cumplía con el requisito de inmediatez.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Miryam Teresa Moreno
Correa
12/6/1957
Enero 31 de 2006
Agosto 26 de 2009
***
EXPEDIENTE T-2531642
I. Información general
Actores:
Marta Ruíz González, Reinaldo Tulio Benítez Álvarez, Narciso Blanco Pertuz,
Giovanni Pompilio Cáceres Hernández, Alberto Chaverra Murillo, Gabriel Ángel
Cueto Castillo, Juan Manuel Daza Velaides, Edgar Ceferino Fragozo Díaz, Olga
Ruth Gañan Parra, Jhon Jairo Gómez Freja, Hernán Gutiérrez Díaz, Raúl Eduardo
Ibern Cotes, Gustavo Adolfo Lopera Giraldo, Alba Stella Menco Canchilla, Rafael
Antonio Méndez Díaz, Emilse de Jesús Mendoza Yépez, Roberto Carlos Narváez
Vergara, Carlos Alberto Olivella Gómez, José Eduardo Peña Armenta, Rita Rosa
Pineda Román, Yanib Ramírez Hurtado, Henry Samir Ramos Palacios, Silena de
Jesús Rosado Toncel, Omar Elías Salgado Mora, Carlos Alberto Santofimio Tinoco,
Diego Alberto Vasco Vélez, Flor María Vásquez Polanco, Cecilio Venté Saavedra y
Fabián Ricardo Vergara del Valle.
Demandado:
PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 28
de octubre de 2009.
Derechos
vulnerados: vida, dignidad
humana, salud, trabajo, igualdad, seguridad social, mínimo vital  y los
derechos fundamentales de los niños.
Asunto:
retén social.
Abogado: Cyndi Soto Berrio, Saín Javier Mendoza
Urango, Jorge Iván Godín Ojeda.
II. Hechos relevantes
Los peticionarios dicen haber estado vinculados a
Telecom cuando esta se convirtió en empresa industrial y comercial del Estado.
Aseguran que luego fueron desvinculados, a partir del contexto de liquidación
de la entidad.  Sostienen que tenían derecho, en virtud del artículo 12 de la
Ley 790 de 2002,  a continuar vinculados laboralmente por el término máximo
derivado del retén social. Alegan que entonces tienen derecho al pago de los
salarios dejados de percibir desde el momento de desvinculación hasta la
vigencia del retén social. Solicitan en consecuencia que se ordene al PAR
pagarles los salarios y demás beneficios convencionales dejados de percibir,
como prestaciones sociales, conformidad con la
Ley 790 de 2002.
III. Respuesta PAR
El PAR se opuso a la tutela. Sostuvo que ninguno de
los peticionaros fue beneficiario del retén social, porque dejaron de acreditar
los requisitos establecidos por la Ley 790 de 2002, el Decreto Reglamentaria
190 de 2003 y las sentencias SU-388, 389 y 726 de 2005. Agregó a esto que el
retén social dejó de existir desde enero de 2006. Por lo que atañe a la
procedencia del amparo, alegó falta de inmediatez y de subsidiariedad, en vista
de que trascurrieron años para interponer la tutela, y de que había otros
medios de defensa judicial disponibles para reclamar la protección que ahora
exigen. Además dijo el PAR es una fiducia que se rige por las leyes del derecho
comercial, y que es diferente a la extinta Telecom.
IV. Fallo de primera instancia
En primera instancia el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Pelayo, en sentencia del 10 de noviembre de 2009, concedió la tutela. En
consecuencia, le ordenó al PAR reconocer, liquidar y pagar a los actores los
salarios y prestaciones que dejados de percibir desde la desvinculación y hasta
la fecha en que efectivamente desaparezca el PAR. Sostuvo, para llegar a esa
conclusión, que los peticionaros no tienen otro medio de defensa idóneo, en
vista de que como el PAR tiene una vida jurídica limitada próxima a
extinguirse. Consideró según jurisprudencia de esta Corte el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de sus salarios es fundamental, y que su desvinculación
de TELECOM les causó en este caso a los accionantes un perjuicio irremediable y
la afectación de su mínimo vital. En esta ocasión, agregó, el PAR está
legitimado en la causa por pasiva, pues tiene la obligación de atender las
contingencias pendientes de Telecom, según lo señala el artículo 35 del decreto
Ley 254 de 2000, y esta es en su sentir una de ellas.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, el Juzgado Promiscuo
de Familia de Cereté, Córdoba, lo confirmó parcialmente mediante sentencia del
21 de diciembre de 2009, por argumentos similares. Pero lo modificó en el
sentido de que la protección del retén social debía ir sólo hasta el acta final
de liquidación de TELECOM; es decir, hasta el 31 de enero de 2006. Asimismo,
revocó la protección otorgada en primera instancia a los señores Martha Ruiz
González y Fabián Vergara del Valle, porque no lograron demostrar ser
beneficiarios del retén social.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
Martha Ruíz
González
12/11/1963
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
2
Reinaldo Tulio Benítez
Álvarez
9/19/1967
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
3
Narciso Blanco Pertuz
3/18/1963
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
4
Giovanni Pompilio Cáceres
Hernández
12/13/1968
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
5
Alberto Chaverra Murillo
7/24/1966
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
6
Gabriel Ángel Cueto
Castillo
10/8/1968
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
7
Juan Manuel Daza Velaides
10/4/1967
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
8
Edgar Ceferino Fragozo Díaz
9/23/1967
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
9
Olga Ruth Gañan Parra
4/2/1966
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
10
Jhon Jairo Gómez Freja
7/14/1971
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
11
Hernán Gutiérrez Díaz
12/13/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
12
Raúl Eduardo Ibern Cotes
12/24/1960
Agosto 5 de 2004
Octubre 28 de 2009
13
Gustavo Adolfo Lopera
Giraldo
7/18/1965
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
14
Alba Stella Menco Canchilla
3/16/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
15
Rafael Antonio Méndez Díaz
10/31/1952
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
16
Emilse de Jesús Mendoza
Yépez
9/3/1959
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
17
Roberto Carlos Narváez
Vergara
7/22/1956
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
18
Carlos Alberto Olivella
Gómez
5/18/1964
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
19
José Eduardo Peña Armenta
2/8/1970
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
20
Rita Rosa Pineda Román
12/23/1965
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
21
Yanib Ramírez Hurtado
10/24/1969
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
22
Henry Samir Ramos Palacios
1/20/1969
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
23
Silena de Jesús Rosado
Toncel
6/27/1964
Enero 31 de 2004
Octubre 28 de 2009
24
Omar Elías Salgado Mora
5/22/1971
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
25
Carlos Alberto Santofimio
Tinoco
2/26/1963
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
26
Diego Alberto Vasco Vélez
12/4/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
27
Flor María Vásquez Polanco
7/16/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
28
Cecilio Venté Saavedra
11/13/1960
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
29
Fabián Ricardo Vergara del
Valle
7/20/1961
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
30
Carlos Alberto Solórzano
Cárdenas
3/3/1977
Julio 25 de 2003
Octubre 28 de 2009
En
los expedientes acumulados no obran poderes para actuar extendidos directamente
por los señores Narciso Blanco Pertuz, Gabriel Ángel Cueto Castillo, Fabián
Ricardo Vergara del Valle, Jhon Jairo Gómez Freja, Carlos Alberto Solórzano
Cárdenas, Giovanni Pompilio Cáceres Hernández, Juan Manuel Daza Velaides, Ómar
Elías Salgado Mora, Hernán Díaz Gutiérrez, Édgar Ceferino Fragozo Díaz y Emilse
de Jesús Mendoza Yepes. Constan poderes extendidos por terceras personas a
nombre de las recién mencionadas, sin acreditar si carecían de capacidad para
otorgar los poderes directamente. En el caso del señor Édgar Ceferino Fragozo
Díaz, hay pruebas de que tiene un hijo menor de edad (9 años), quien contrajo
un problema renal degenerativo y crónico muy serio a los dos años de edad.
El
señor Roberto Carlos Narváez aporta prueba sumaria de que cuando fue
desvinculado de TELECOM tenía a su cargo el sustento de dos hijos, y que estos
dependían completamente de sus ingresos. No acredita que hubiese presentado
otras acciones, o reclamaciones administrativas, para satisfacer los derechos
que estima conculcados. El señor Henry Samir Ramos Palacios demuestra
sumariamente que su cónyuge y dos hijos dependen económicamente de él. No
prueba que desde su desvinculación hubiese interpuesto acciones, o
reclamaciones administrativas, para proteger sus derechos.
El
señor Cecilio Venté Saavedra prueba sumariamente que velaba por su familia
cuando fue desvinculado, la cual está integrada actualmente por tres hijos
menores de edad, su compañera y su señor padre. Acredita que dejó de convivir
con su compañera en 2008, y que quedó a cargo de los hijos de ambos. El señor
Alberto Santofimio Tinoco acredita sumariamente que al momento de terminarse su
relación con TELECOM tenía a su cargo de forma exclusiva el sostenimiento de su
grupo familiar, compuesto por él, su cónyuge y una hija menor. En estos dos
últimos casos no se aportan pruebas de discapacidad, o de actuaciones
judiciales o administrativas orientadas a la satisfacción de los derechos que
se invocan, después de la desvinculación.
La
señora Rita Rosa Pineda Román aporta prueba sumaria de que, al ser
desvinculada, tanto ella como sus dos hijas menores y sus dos padres quedaron
sin sustento económico, pues los ingresos de la familia se derivaban de su
salario como trabajadora de TELECOM. En una declaración juramentada manifiesta
que sus padres padecen cáncer. No aporta certificado médico de esta condición.
El señor Rafael Antonio Méndez Díaz aporta prueba sumaria de que su familia
dependía de los ingresos que obtenía como trabajador de TELECOM. Su grupo
familiar está integrado por el demandante, su compañera permanente y dos hijos
menores de edad. No obran pruebas de otras circunstancias personales o
familiares.
En
cuanto al señor Diego Alberto Vasco Vélez, al ser desvinculado de la entidad,
tenía a su cargo a su familia, compuesta por él, su compañera permanente y un
hijo. Consta que presentó varias reclamaciones para ser incluido en el retén
social. Obra una solicitud inicial, del 21 de noviembre de 2003, una respuesta
de TELECOM del 13 de enero de 2004, en la cual resuelve negativamente su
solicitud de reintegro a la las labores por virtud del retén social, y una
solicitud adicional en el mismo sentido, del mes de julio de 2005, junto con
una respuesta también adversa del 3 de agosto del mismo año. Una impugnación
presentada por este mismo peticionario condujo a que el 20 de octubre de 2005
se expidiera otra resolución, confirmando la citada en último lugar. El señor
Raúl Eduardo Ibern Cotes demuestra sumariamente que de su sueldo como empleado
de TELECOM dependían él, sus dos hijos menores y su cónyuge. En el proceso
obran también las pruebas sumarias presentadas por la señora Alba Stella Menco
Canchila. Estas indican que la tutelante era, hasta su desvinculación de
TELECOM, quien sostenía financieramente a su familia, integrada por ella, por
su cónyuge y sus dos padres, uno de los cuales falleció en el año 2009, antes
de presentar este amparo.
El
señor Reinaldo Tulio Benítez Álvarez también prueba de forma sumaria que cuando
fue desvinculado de TELECOM su familia dependía económicamente de los ingresos
que devengaba. Su familia está integrada por él, su cónyuge y sus dos hijos
menores. En el caso del señor Yanib Ramírez Hurtado se aprecia que al momento
de ser desvinculado de TELECOM era quien proveía los recursos dinerarios para
el sostenimiento de su familia, integrada por él, su compañera y sus dos hijos
menores. Obra prueba sumaria de que el señor Gustavo Adolfo Lopera Giraldo,
cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía patrimonialmente a su familia,
integrada por él, su cónyuge y su hijo menor de edad. En el caso del señor
Alberto Chaverra Murillo consta que al ser removido del cargo que desempeñaba
en TELECOM dejó de suministrar inmediatamente ingresos de los cuales dependía
su familia, integrada por él, su compañera y sus cuatro hijos. El señor Carlos
Alberto Olivella Gómez aporta medio de prueba sumaria de que, al momento de ser
removido del cargo que ocupaba en TELECOM, era quien proveía los recursos
dinerarios para el sostenimiento de su familia, integrada por él, su cónyuge,
sus cuatro hijos y su señora madre.
La
señora Olga Ruth Gañán Parra prueba sumariamente ser quien vela por el bienestar
de su hija menor y de sus dos padres. Manifiesta además, también sumariamente,
que una vez perdió su empleo se vio enfrentada a la obligación de cumplir
algunas deudas que había contraído, pero sin trabajo.  Hay prueba de que no
vive con su compañero. Tiene además una declaración, en la cual afirma que ha
sido internada en centros de reposo. Las pruebas obrantes indican que el señor
Jesús Eduardo Peña Armenta, cuando fue desvinculado de TELECOM, sostenía a su
familia integrada por él mismo, su esposa y sus dos hijos, uno de los cuales
padece ceguera congénita, médicamente acreditada en el proceso. La señora Flor
María Vásquez Polanco aporta también prueba sumaria de que al ser removida de
su cargo quedaron, tanto ella como sus dos hijos menores y su padre, sin el
sustento económico que se derivaba de sus ingresos como trabajadora de TELECOM.
En una declaración juramentada afirma que se le diagnosticó un cáncer luego de
la terminación de su vínculo con TELECOM. No aporta un certificado médico de
esta situación. Dice en una declaración extra juicio, y bajo la gravedad de
juramento, que su desvinculación le trajo “como consecuencia
desmejoramiento, deterioro de [su] estado emocional, moral y económico
trayendo consigo enfermedades (cáncer) por causa del alto estés, a[l] que
[se vio] sometida por dicha situación”.  En lo atinente al caso del señor José Eduardo Peña Armenta, se aportaron pruebas
de que dependen de él su cónyuge, la señora Luz Elena Vega Villazón, y sus
hijos Jesús Eduardo y Eduardo José Peña Vega, quienes tienen 20 y 15 años de
edad respectivamente. Este último sufre de “ceguera congénita”,
certificada por el Centro de Rehabilitación Integral Ángeles.
***
EXPEDIENTE T-2546795
I. Información general
Actores:
José Gabriel Padilla Castro, Jaime Ernesto Alfonso Alfonso, Jorge Luis
Almanza, Amalfi de Jesús Almario López, Santiago Alberto Álvarez Bello, Carlos
Segundo Álvarez Díaz, María Eugenia Álvarez Gallego, Juan Carlos Anaya Álvarez,
Leyla Carmen Ángel Vitola, Rosa Sofía Araújo Mendoza, Luis Alberto Ariza
Blanco, Tomás Baena López, Efraín Ballesteros Garcés, Santander de Jesús
Cadrazco Blanquicet, Carlos Efrén Camacho Carrascal, Gloria Edilma Ceballos
González, Guillermo José Coneo Álvarez, Silky Cuan Camargo, Wilson José Daza
Daza, Diana Patricia Demoya Petro, Deisy Stella Duarte Espitia, Antonio Javier
Espinosa Guzmán, Liber Antonio García González, Myriam García Londoño,
Anastasio García Paternita, Lenines Emiliano García Pineda, Germán Padilla
Neida Rosa, Denis del Carmén González Polo, Adelfa María del Rosario Guerra
Montes de Oca, Álvaro Hoyos Pérez, Cristóbal Enrique López Segura, Luz Marina
Luna Ceballos, Herme Antonio Luna Villalba, Vitelio José Martínez García,
Meisel Fernández Margarita Rosa, Ramón Arturo Montaño Flores, Jairo Moreno
Garcés, Marlon Gustavo Olave Pico, María Bernarda Olmos Romero, Erasmo Otero
Zuleta, Dorismel Pacheco Caballero, Arturo Manuel Petro Pérez, Oswaldo Manuel
Puente Gómez Cáceres, Enriqueta Susana Sierra Pinedo, María Patricia Tabares
García, Aniano Manuel Tirado Arabia, Jairo Alfonso Torres Herazo, Eduviges
Elena Tous Torrens, Ales Adalberto Urueta Ortiz y Rafael Francisco Yepes
Ortega.
Demandado: PAR Telecom.
Fecha
de presentación de la tutela: 4
de noviembre de 2009.
Derechos
vulnerados: vida, dignidad
humana, salud, trabajo, igualdad, seguridad social, mínimo vital  y los
derechos fundamentales de los niños.
Asunto:
retén social.
Abogado: Jorge Iván Godín Ojeda.
II. Hechos relevantes
Los peticionarios dicen haber estado vinculados a
Telecom cuando esta compañía se convirtió en empresa industrial y comercial del
Estado. Aseguran que luego fueron desvinculados, a partir del contexto de
liquidación de la entidad.  Sostienen que tenían derecho, en virtud del
artículo 12 de la Ley 790 de 2002, a continuar vinculados laboralmente por el
término máximo derivado del retén social. Alegan que entonces tienen derecho al
pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de desvinculación
hasta la vigencia del retén social. Solicitan en consecuencia que se ordene al
PAR pagarles los salarios y demás beneficios convencionales dejados de
percibir, como prestaciones sociales, conformidad con la
Ley 790 de 2002.
III. Respuesta PAR
El
PAR se opuso a la tutela. Reconoció que los peticionarios fueron beneficiados
por el retén social en su momento, por haberse dicho que tenían la calidad de
padres y madres cabeza de familia. Como consecuencia de ello, dijo el PAR que
estuvieron vinculados a la hoy extinta Telecom hasta el 31 de enero de 2006; es
decir, hasta que se terminó la existencia jurídica de la empresa. Por lo
anterior, solicitó que se declarara improcedente la acción. Sostuvo que hay un
precedente de esta Corte, en el cual se ha establecido para casos así una
solución en ese mismo sentido. Además, el PAR indicó en su contestación que a
los peticionarios se les reconocieron sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones hasta el 31 de enero de 2006.
Aparte,
manifestó que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional las acciones de
tutela instauradas, como esta, después de tanto tiempo, deben declararse
improcedentes por falta de inmediatez. Dijo que los peticionarios cuentan de
cualquier forma con la vía judicial ordinaria para solicitar sus pretensiones,
y que el PAR no ostenta la calidad de sucesor ni subrogatario de la liquidada
empresa, y que nunca ha tenido ningún tipo de relación con los accionantes, y
que todos estos motivos deben ser suficientes para no conceder la tutela.
Solicita finalmente declarar improcedente la acción porque la protección a los
padres y madres cabezas de familia dejó de existir a partir del 31 de enero de
2006, fecha en la cual dejó de existir jurídicamente la empresa.
IV. Fallo de primera instancia
El
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre, mediante sentencia
del 18 de noviembre de 2009 tuteló los derechos fundamentales de los
peticionarios. En consecuencia, le ordenó al PAR reintegrar a sus labores a los
accionantes a sus labores como beneficiarios del retén social, hasta la
terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa. Para llegar a
esa conclusión, adujo que los peticionarios son padres y madres cabezas de hogar
y que no se les puede aplicar un límite temporal a la protección que merecen,
pues en su criterio así lo dispuso la Corte en la sentencia C-991 de 2004. Los
peticionarios son a su juicio personas en un estado de desigualdad material
frente a una persona en condiciones normales, así que deben recibir del Estado
un trato más generoso en aras de llegar a una igualdad real.
V. Fallo de segunda instancia
Impugnado
el fallo, en segunda instancia el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos,
Sucre, lo confirmó parcialmente mediante sentencia del 10 de diciembre del
2009. No dejó vigente la orden de reintegro. Pero le ordenó al PAR reconocer,
liquidar y pagarles a los accionantes los salarios y demás prestaciones que por
ley y convención colectiva dejaron de percibir los actores desde el 1 de julio
de 2003 hasta que efectivamente desaparezca el PAR. Además, que se le ordene
pagarles los reajustes establecidos por Ley, con la respectiva indexación, al
igual que los otros emolumento dejado de percibir, en la cuantía que resulte de
la respectiva liquidación, todo a título de indemnización y ante la
imposibilidad de reintégralos a sus labores.   Consideró, para llegar a esa
decisión, que la tutela debía proceder porque un proceso ordinario sería
inidóneo en vista de que el PAR se extingue el 31 de diciembre de 2009. Además,
señaló que la acción de tutela procede de forma excepcional para solicitar el
pago de salarios dejados de cancelar, como instrumento para evitar un perjuicio
irremediable.
Finalmente,
sostuvo que el PAR es el ente encargado de responder por el pago de las
acreencias laborales de los peticionarios debido a que en el contrato de
Fiducia Mercantil se señala que el PAR está destinado a atender los procesos
judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado
contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre del proceso
liquidatorio y la extinción jurídica de las mismas, y además a asumir y
ejecutar las otras obligaciones remanentes a cargo de Telecom en liquidación y
Teleasociadas en liquidación, posteriores al cierre de los procesos
liquidatorios, que se indiquen en términos de referencia, en el contrato de
fiducia mercantil o en la Ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35
de la Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la
Ley 1105 de 2006.
VI. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Nombre de los accionantes
Fecha de nacimiento
Fecha de desvinculación
Fecha de interposición de la tutela
Pago de indemnización
y prestaciones
al final de la relación
1
José Gabriel
Padilla Castro
3/18/1971
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
2
Jaime Ernesto
Alfonso Alfonso
9/18/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
3
Jorge Luis
Almanza
1/12/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
4
Amalfi de Jesús
Almario López
2/20/1966
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
5
Santiago
Alberto Álvarez Bello
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
6
Carlos Segundo
Álvarez Díaz
6/8/1967
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
7
María Eugenia
Álvarez Gallego
10/18/1965
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
8
Juan Carlos
Anaya Álvarez
4/1/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
9
Leyla Carmen
Ángel Vitola
4/8/1971
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
10
Rosa Sofía
Araújo Mendoza
10/1/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
11
Luis Alberto
Ariza Blanco
11/6/1961
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
12
Tomás Baena
López
11/21/1965
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
13
Efraín
Ballesteros Garcés
12/27/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
14
Santander de
Jesús Cadrazco Blanquicet
4/10/1958
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
15
Carlos Efrén
Camacho Carrascal
4/19/1962
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
16
Gloria Edilma
Ceballos González
5/10/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
17
Guillermo José
Coneo Álvarez
6/25/1964
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
18
Silky Cuan
Camargo
9/25/1966
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
19
Wilson José
Daza Daza
3/20/1959
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
20
Diana Patricia
Demoya Petro
3/1/1975
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
21
Deisy Stella
Duarte Espitia
9/26/1960
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
22
Antonio Javier
Espinosa Guzmán
10/22/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
23
Liber Antonio
García González
7/12/1965
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
24
Myriam García
Londoño
9/30/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
25
Anastasio García
Paternita
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
26
Lenines
Emiliano García Pineda
2/4/1958
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
27
Germán Padilla
Neida Rosa
10/13/1963
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
28
Denis del
Carmen González Polo
7/8/1966
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
29
Adelfa María
del Rosario Guerra Montes de Oca
6/17/1966
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
30
Álvaro E. Hoyos
Pérez
2/4/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
31
Cristóbal
Enrique López Segura
5/17/1961
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
32
Luz Marina Luna
Ceballos
4/29/1969
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
33
Herme Antonio Luna Villalba
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
34
Vitelio José
Martínez García
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
35
Meisel
Fernández Margarita Rosa
10/30/1957
Febrero 1 de 2004
Noviembre 4 de 2009
36
Ramón Arturo
Montaño Flores
10/31/1962
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
37
Jairo Moreno
Garcés
4/8/1963
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
38
Marlon Gustavo
Olave Pico
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
39
María Bernarda
Olmos Romero
3/2/1967
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
40
Erasmo Otero
Zuleta
1/29/1951
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
41
Dorismel
Pacheco Caballero
3/2/1962
Agosto 5 de 2004
Noviembre 4 de 2009
42
Arturo Manuel
Petro Pérez
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
43
Oswaldo Manuel
Puente Gómez Cáceres
7/15/1969
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
44
Enriqueta
Susana Sierra Pinedo
8/8/1956
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
45
María Patricia
Tabares García
12/14/1964
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
46
Aniano Manuel
Tirado Arabia
N/F
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
47
Jairo Alfonso
Torres Herazo
3/17/1962
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
48
Eduviges Elena
Tous Torres
8/18/1959
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
49
Ales Adalberto
Urueta Ortiz
N/F
Enero 31 de 2006
Noviembre 4 de 2009
50
Rafael
Francisco Yepes Ortega
2/19/1964
Julio 25 de 2003
Noviembre 4 de 2009
En
los expedientes acumulados no obran poderes para actuar extendidos directamente
por los señores Santiago Alberto Álvarez Bello, Carlos Segundo Álvarez Díaz,
Juan Carlos Anaya Álvarez, Tomás Baena López, Efraín Ballesteros Garcés,
Guillermo José Coneo Álvarez, Anastacio García Paternina, Cristóbal Enrique
López Segura, Herme Antonio Luna Villalba, Jairo Moreno Garcés, Marlon Gustavo
Olave Pico, José Gabriel Padilla Castro, Arturo Manuel Petro Pérez, Oswaldo
Manuel Puente Gómez y Ales Adalberto Urueta Ortiz. Constan poderes extendidos
por terceras personas a nombre de las recién mencionadas, sin acreditar si
carecían de capacidad para otorgar los poderes directamente.
Constan
pruebas documentales, presentadas por el señor Osvaldo Manuel Puente Gómez
Casseres, que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia
(créditos, facturas de servicios públicos). En lo que respecta a la señora
María Eugenia Álvarez Gallego se observa que fue incluida en el retén social,
en calidad de madre cabeza de familia, el 22 de septiembre de 2003. Los señores
Lenines Emiliano García Pineda, Jairo Alfonso Torres Erazo, Rafael Francisco
Yepes Ortega, Carlos Efrén Camacho Carrascal, Santander de Jesús Cadrazo
Blanquicet, Margarita Rosa Meisel Fernández, Jaime Ernesto Alfonso
Alfonso, Aniano Manuel Tirado Arabia, Tomás Baena López, Marlon Gustavo Olave
Pico, Santiago Alberto Álvarez Bello, Herme Antonio Luna Villalba, Carlos
Segundo Álvarez Díaz, Enriqueta Susana Sierra Pinedo, Erasmo Otero Zuleta,
Anastacio García Paternina y Ramón Arturo Montaño Flores no aportan un acto
administrativo o judicial ejecutoriado, que los califique o les niegue su
condición de padres o madres cabeza de familia o prepensionados. Adjuntan
documentos que acreditan obligaciones dinerarias a cargo suyo o de su familia
(créditos bancarios, facturas de servicios públicos, o títulos valores).
Consta
que el señor Jairo Moreno Garcés interpuso derecho de petición el 24 de octubre
de 2003, con el fin de ser incluido en el retén social como padre cabeza de
familia. Igualmente obran pruebas de que el señor Vitelio José Martínez García
fue incluido en el retén social, en calidad de padre cabeza de familia, el 23
de junio de 2005. La señora María Patricia Tabares García, lo mismo que la
señora Neida Rosa Germán Padilla, fueron incluidas en el retén social, en
calidad de madres cabeza de familia; la primera el 7 de junio de 2005, y la
segunda en fecha que no se alcanza a leer. Los elementos obrantes en el proceso
indican que la señora María Bernarda Olmos Romero fue incluida en el retén
social, en calidad de madre cabeza de familia, el 10 de junio de 2005. En el
caso de Amalfi de Jesús Almario López se encuentra que fue aceptada su
inclusión en el retén social el 7 de junio de 2005. La señora Adelfa María
Guerra Montes de Oca fue incluida en el retén social el 10 de junio de 2005, en
calidad de madre cabeza de familia. Consta en el proceso que la señora Denis
del Carmen González Polo fue incluida en el retén social, en calidad madre
cabeza de familia, 15 de junio de 2005. La señora Gloria Edilma Ceballos
González fue incluida en el retén social, luego de la sentencia SU-388 de 2005,
en calidad de madre cabeza de familia. Las señoras Leyla del Carmen Ángel
Vitola, Rosa Sofía Araujo Mendoza y Silky Cuan Camargo fueron también incluidas
en el retén social luego de la expedición de la sentencia SU-388 de 2005.
Consta que el señor Álvaro Enrique Hoyos Pérez fue incluido en el retén social
el 16 de diciembre de 2005.
El
señor Wilson José Daza Daza fue incluido en el retén social en calidad de padre
cabeza de familia, durante el proceso liquidatorio de TELECOM, tras expedirse
las sentencias SU-388 de 2005 y SU-389 de 2005.  Actualmente tiene a su cargo a
su madre, la señora Raquel del Socorro Daza Molina, y además cuatro hijos:
Wilson José (20 años) y Luciana Daza Duarte (13 años), y Lissa Milenis (12
años) y Andrés Felipe Daza Bruges (8 años).  Acreditó que uno de sus hijos, que
tiene 20 años de edad, padece una discapacidad de orden síquico (se dice en el
proceso que de una deficiencia mental), médicamente certificada por su médico
tratante de la EPS Sanitas. Adjunta diagnósticos periódicos formulados durante
la vida de su hijo, en los que se advierten conclusiones médicas tales como “Paciente
con trastornos de conducta y lenguaje”.  En lo que respecta a la señora
Diana Patricia Demoya Petro, su inclusión en el retén social se dio
efectivamente, en cumplimiento de la sentencia T-964 de 2004 expedida por esta
Corte. En esta última providencia se le reconoció la condición de madre cabeza
de familia, con derecho a ser beneficiaria del marco de garantías del retén
social. Actualmente es soltera, y tiene a su cargo dos hijos César Andrés y Lorena
Andrea Bravo Demoya, quienes cuentan respectivamente con 15 y 12 años en la
actualidad.
La
señora Myriam García Londoño  fue incluida en el retén social, luego de la
sentencia SU-388 de 2005, en calidad de madre cabeza de familia. Se puede
observar que el 13 de marzo de 2007 se le dio respuesta a un derecho de
petición, en el cual solicitaba que se le reconocieran determinadas
prestaciones. Se observa que actualmente tiene una hija a su cargo, Kimberly
Gouffray García, con 15 años de edad. De la peticionaria dependen además sus
padres Ernesto García y Alcira Londoño, con 85 y 76 años de edad
respectivamente. Los elementos obrantes en el proceso indican que el señor
Antonio Javier Espinosa Guzmán fue incluido en el retén social el 21 de julio
de 2005. Prueba que su hijo Roger Antonio Espinosa, quien nació el 15 de julio
de 1993, padece autismo médicamente certificado por el Centro
Neurológico de Antioquia y por la Fundación Instituto de Atención Integral
Infantil. De él dependen también su cónyuge, y otros dos hijos. La condición
especial de salud de uno de sus hijos, demanda atención particular de parte de
la cónyuge del actor. Consta que se le pagó, al finalizar la relación con
TELECOM, una suma de $101.709.996 por concepto de liquidación de prestaciones sociales,
aparte de la indemnización referida.
Auto
503/15
Referencia: Solicitud
de aclaración y adición de la sentencia SU-377 de 2014,
expedientes              T-2587255, T-2451880, T-2471216, T-2471345, T-2471346,
T-2475114, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2492726, T-2500881, T-2501214,
T-2507052, T-2531642, T-2531654, T-2537041, T-2537070, T-2537078, T-2546795,
T-2564079, T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587286, T-2597351 y T-2871322
Acciones de tutela instauradas por Ruth
Virginia Montero y otros contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
TELECOM, PAR, y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones.
Magistrada Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, resuelve lo pertinente respecto de la solicitud de
aclaración y adición de la sentencia SU-377 de 2014.
I. ANTECEDENTES
El Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM,[250] a
través de apoderada, solicita la aclaración y adición de la sentencia SU-377 de
2014 porque, a su juicio, existen apartes de su motivación y resolución que
ofrecen razones objetivas de duda, además de que, en su concepto, la Sala Plena
omitió decidir sobre problemas jurídicos relevantes que presentaban las
partes.
A
continuación se hará una exposición general de lo resuelto en la sentencia
SU-377 de 2014 y de las solicitudes mencionadas.
1.
De la sentencia SU-377 de 2014
1.1.
Seiscientos nueve (609) ex empleados de TELECOM interpusieron diversas acciones
de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de dicha entidad,
pretendiendo el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales. Se
presentaron tres clases de solicitudes. En
primer lugar, un grupo de ex trabajadores de la empresa planteó problemas
relacionados con el Plan de Pensión Anticipada (en adelante PPA) que ofreció
TELECOM a sus trabajadores. En segundo término, otro grupo de personas afirmó
que se les desconocieron las garantías del fuero sindical. Y en tercer lugar,
algunos  actores juzgaban vulnerados sus derechos fundamentales por no
habérseles reconocido y garantizado el retén social.[251]
1.2.
En relación con el PPA, los demandantes pretendían el amparo de sus
derechos a la vida, a la igualdad, al
mínimo vital, a la seguridad social, a la protección especial por ser personas
de la tercera edad, al debido proceso y a la garantía de los derechos
adquiridos. La mayoría solicitó, a través de la tutela objeto de la decisión
contenida en la sentencia SU-377 de 2014, el reconocimiento y pago de la
pensión anticipada. Otros dos accionantes pidieron la pensión de jubilación y
las mesadas dejadas de percibir desde el momento en que dejaron de prestar sus
servicios en la extinta empresa TELECOM hasta que les fuera reconocida. Otro
peticionario solicitó la reliquidación de la pensión anticipada, incluidos los
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  Otro
actor pretendió el pago de las mesadas de la pensión anticipada dejadas de
percibir como consecuencia de la suspensión unilateral efectuada por el PAR.
1.3.
En lo referente a las garantías del fuero sindical, los accionantes
reclamaron la protección de sus derechos
a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al
debido proceso, a  la seguridad social, a la asociación sindical, al trabajo, a
la remuneración mínima vital y móvil, a prestaciones convencionales, a la
estabilidad familiar y al acceso a la administración de justicia. Consideraban
que TELECOM se los desconoció al desvincularlos de la extinta empresa, sin
respetar su condición de aforados sindicales.
1.4.
Y en cuanto al retén social, los
demandantes pretendían la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a
la igualdad, al mínimo vital, al trabajo, a la familia, a la seguridad social y
a los derechos de los niños. Los peticionarios pedían el pago de los salarios y
demás beneficios convencionales dejados de percibir desde la fecha de
desvinculación de la liquidada TELECOM, por considerar que ostentaban la
condición de padres o madres cabeza de familia o prepensionados, lo cual los
hacía destinatarios del retén social.
1.5.
Para resolver los diversos problemas jurídicos, la Sala Plena examinó la
procedencia de las acciones de tutela presentadas en contra del PAR, y luego
estudió de fondo aquellas reclamaciones que cumplían los presupuestos mínimos
de procedibilidad. Así mismo, realizó consideraciones generales acerca del
contexto jurídico y fáctico de la liquidación de TELECOM y la asunción de
obligaciones por parte del PAR; además, se refirió a las pensiones anticipadas
de TELECOM, la desvinculación de aforados sindicales en procesos de liquidación
de entidades, y la desvinculación de trabajadores amparados por el retén social
(madres y padres cabeza de familia y prepensionados).
1.6.
Un amplio número de acciones de tutela no se encontraron aptas para ser
falladas de fondo (548), por (i) ausencia de legitimación en la causa; (ii)
cosa juzgada y/o temeridad en el uso de la acción de tutela; (iii) falta de
inmediatez en la presentación de las reclamaciones; o (iv) incumplimiento del presupuesto
de subsidiariedad.
(i)
Por ausencia de legitimación en la causa, la Sala Plena declaró
improcedentes las solicitudes presentadas por ciento y una (101) personas, pues
quienes actuaron a nombre de ellas no tenían las calidades de representantes judiciales
o agentes oficiosos para hacerlo adecuadamente. Al respecto, se sostuvo que “[…]
no resultan
válidos los poderes para actuar extendidos en esos expedientes por quienes
dijeron ser agentes oficiosos de los ex empleados de TELECOM, porque en estos
casos no constan las razones por las cuales los titulares de los derechos
estaban imposibilitados incluso para otorgar directamente el respectivo poder
judicial. Por ende, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte
procederá a declarar improcedentes las tutelas de estos casos, debido a que
quien interpuso las solicitudes a su nombre carecía de legitimación por activa
para ello.”
(ii)
Por concurrencia de cosa juzgada y temeridad, la Sala Plena declaró
improcedentes un total de setenta y tres (73) acciones de tutela. Cuarenta y
nueve (49) de ellas porque existía cosa juzgada, en tanto planteaban asuntos ya
resueltos por la justicia ordinaria mediante sentencias ejecutoriadas, además
no se demandaron a través de la tutela específicamente dichas providencias,
sino que se replanteó el asunto contenido en ellas. Y veinticuatro (24)
restantes, porque se configuró la cosa juzgada constitucional y/o temeridad. En
torno a ellas se sostuvo: “[l]a Sala encuentra también un grupo de tutelas interpuestas por
personas que, o bien interpusieron simultáneamente otras solicitudes de amparo
idénticas y cuyos procesos aún no han concluido definitivamente, o bien tienen
a la fecha un fallo con carácter definitivo, emitido por la justicia
constitucional (es decir, por jueces de tutela) sobre la misma controversia,
entre las mismas partes, por los mismos fundamentos e igual pretensión. En
cualquiera de estos casos, esta sería entonces cuando menos su segunda acción
de tutela sobre la misma controversia, con identidad de partes, de causa y de
pretensión. A todos los que la presentaron, por razones de seguridad jurídica,
y en algunos casos de buena fe, debe declarárseles improcedente su tutela.”
(iii) Por falta de inmediatez, se declararon
improcedentes trescientas cincuenta y siete (357) solicitudes de amparo. Se
expuso que en el contexto del PAR en liquidación, “[…] es en principio
irrazonable dejar trascurrir un tiempo amplio (dos o más años) para reclamar
prestaciones patrimoniales. Los trámites de liquidación, de gestión de pasivos
y de remanentes avanzan. Y con el tiempo los entes concernidos experimentan un
progresivo decremento en sus capacidades para cumplir obligaciones; por ejemplo
de reintegro [...]” Por ende, se declararon improcedentes diversas
acciones, sobre las cuales ni siquiera se justificó suficientemente la
tardanza, como cuando se “[…] ha obrado con diligencia en la defensa de sus derechos, o ha
estado sometido a fuerza mayor, o si era desproporcionado en su caso
adjudicarle la carga de acudir a un juez con prontitud, debido a su estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física.”
(iv) Por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad,
la Corte halló que debían declararse improcedentes diecisiete (17) acciones de
tutela. En general, se argumentó que para la protección de derechos de carácter
laboral existían mecanismos de defensa idóneos y eficaces en la jurisdicción
ordinaria laboral. La mayoría de las acciones declaradas improcedentes por este
motivo versaban sobre fuero sindical, ante lo cual se sostuvo: “[…] la tutela es improcedente
frente a la desvinculación de aforados sindicales, excepto cuando se plantea la
violación del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del
contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, y
además se prueba una conducta antisindical, o cuando
media la vulneración grave de otros derechos fundamentales no susceptibles de
protección mediante la acción de reintegro, ante la existencia de un perjuicio
irremediable. Procede a su vez en ciertos casos para que se cumplan órdenes
judiciales ordinarias de reintegro de aforados, o para cuestionar sentencias
–que no sean de tutela- que concluyan procesos derivados del fuero, si se dan
las demás condiciones establecidas para ello.”
Respecto de
solicitudes de reconocimiento pensional o sobre el PPA, se sostuvo que la
tutela era improcedente para reclamar “[…] el cumplimiento de una orden
emitida a su vez por otro juez de tutela, si no presenta ninguna diferencia
relevante con la acción constitucional que lo provocó. No es procedente prima facie para pedir
una pensión de jubilación a una entidad administradora de pensiones que sigue
existiendo y no está en liquidación, salvo perjuicio irremediable. Y es en principio procedente en los
demás casos que plantea este proceso si se persigue una prestación, de la cual
dependa el goce efectivo de derechos fundamentales, cuando la entidad a cargo
de asegurarla se encuentre próxima a extinguirse, y se den los demás requisitos
definidos en esta providencia.”
1.7. Una vez definidas
las acciones de tutela que debían declararse improcedentes, la Sala Plena pasó
a examinar los casos que eran aptos para ser resueltos de fondo. En este punto
se estudiaron sesenta y una (61) solicitudes de amparo, y respecto de cada una
se explicó por qué debía considerarse procedente y si prosperaban o no las
pretensiones. Se estudiaron (i) cincuenta y dos (52) asuntos relacionados con
el PPA, (ii) dos (2) con el fuero sindical, y (iii) siete (7) con el retén
social.
(i)
Estudio de fondo de acciones sobre PPA. En la parte considerativa de la
sentencia se explicó que el Plan de Pensión Anticipada estaba dirigido a dos
clases de servidores: “[…] Primero, a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de
los regímenes especiales de pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo
de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la
pensión.  Los regímenes especiales eran tres (3), de acuerdo con el
Instructivo. Uno, permitía pensionarse con veinte (20) años al servicio del
Estado y cincuenta (50) años de edad; otro con veinticinco (25) años al
servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con veinte (20) años en cargos
de excepción y cualquier edad. Para estar en uno de ellos, el PPA exigía
cumplir con otros requisitos. Por una parte, el trabajador debía estar cubierto
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por otra, haber estado
vinculado a la planta de personal de TELECOM al momento de transformarse en
Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29)
de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Segundo, el PPA se
dirigía a los trabajadores en cargos de excepción, que al treinta y uno (31) de
marzo de dos mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de servicio
a Telecom en uno de esos cargos”. A estos grupos se dirigía el PPA.
Quienes incumplían uno o más de estos requisitos, quedaban fuera del ámbito del
PPA.” A partir de
estas condiciones, a cincuenta y un (51) peticionarios se les denegó el amparo
porque no reunían alguno o varios de los requisitos mencionados, y al actor
restante, que reclamaba la reliquidación de la pensión anticipada ya
reconocida, también se le negó la protección constitucional, porque no demostró
la razón por la cual, en su concepto, era equivocada la forma en que se calculó
el monto de su prestación.
(ii) Estudio de fondo de acciones sobre fuero sindical.
En relación a este tema, la Sala Plena explicó que “[…] los aforados
sindicales tienen derecho, incluso en contextos de liquidación, a no ser
desvinculados sin autorización del juez laboral.  Cuando se les desconoce
esa garantía tienen derecho al reintegro o, cuando este deviene física y
jurídicamente imposible por la liquidación definitiva, a una indemnización
según la ley. Esta indemnización es la que fija el artículo 116 del Código
Sustantivo del Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero Sindical’, del Capítulo
XVI sobre ‘Procedimientos Especiales’, y asciende a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y
prestaciones legales” (CPT
art. 116).” Con base en lo anterior, se ampararon los derechos
fundamentales de dos (2) accionantes que reclamaban la protección de sus
garantías sindicales, pues habían sido desvinculados sin que mediara una
autorización judicial.
(iii) Estudio de fondo de acciones sobre retén social.
La Corte expuso en la parte considerativa de la sentencia que el retén social “[…]
tiene la virtualidad de trascender la liquidación definitiva de la entidad,
incluso para quienes son padres o madres cabeza de familia.  Lo que ocurre
es que la protección, después de la clausura del ente, no tiene la presentación
de una estabilidad laboral reforzada, y por tanto estas personas -como ha dicho
la jurisprudencia constitucional- no cuentan con el derecho a ser reintegrados
a sus cargos, pues la desaparición de la entidad lo hace imposible fáctica y
jurídicamente.  En sus casos, la protección especial se manifiesta, cuanto menos, en el derecho a que durante el
proceso de liquidación, pero antes del término de sus vínculos al final del
trámite, se hubiese adoptado una política de reubicación ocupacional.” Como en el contexto de
liquidación de TELECOM no se adoptó una política de reubicación para las
personas beneficiarias del retén social, la Sala Plena amparó los derechos de
seis (6) accionantes que contaban con la calidad de padres o madres cabeza de
familia, y a la peticionaria restante no se le otorgó el amparo, porque de las
pruebas obrantes en el expediente no se podía colegir que fuera madre cabeza de
familia.
1.8. En total se ampararon los derechos fundamentales de ocho
(8) accionantes. Dos (2) en relación al fuero sindical, y seis (6) que eran
beneficiarios del retén social.
1.9.
Por último, la Sala Plena realizó dos precisiones. (i) La primera, relativa a
la competencia de los jueces de tutela por el factor territorial, pues el PAR
manifestó en sus intervenciones que diversas solicitudes de amparo se
presentaron en lugares diferentes a donde supuestamente ocurrió la violación a
los derechos fundamentales, o donde se surtían sus efectos, por lo que debía
anularse el trámite de tutela. Al respecto, se sostuvo que no procedía la
nulidad del proceso porque el PAR no demostró suficientemente las razones por
las cuales consideraba que los jueces eran incompetentes por el factor
territorial, pero de todas formas ordenó informar a las autoridades de control
de “los patrones inusuales” que se siguieron para la presentación de las
acciones de tutela en ciertos municipios del País. (ii) La segunda precisión
estaba orientada a esclarecer si los jueces de tutela de instancia estaban
facultados para emitir órdenes de embargo sobre altas sumas de dinero del PAR,
para asegurar el cumplimiento de sus fallos. Sobre este aspecto, la Corte
afirmó que los jueces no estaban facultados para emitir dichas órdenes, entre
otras cosas, porque “[…] no sólo resultaba poco fundamentada, dado el carácter
preferente y sumario del procedimiento de tutela, sino que además implicaba una
violación al derecho de defensa del demandado, toda vez que no contó con
oportunidades procesales amplias y suficientes para controvertir las
estimaciones dinerarias presentadas.”[252] En consecuencia, en la parte resolutiva de la
sentencia se revocaron dichas órdenes de embargo.
1.10.
Con base en las consideraciones anteriores, la Sala Plena dispuso en la parte
resolutiva treinta y cinco (35) numerales, entre los cuales desarrolló las
respectivas decisiones en relación a las sentencias de instancia y el amparo o
no de los derechos fundamentales, además de establecer los remedios
constitucionales que consideró adecuados para garantizar la protección de los derechos
tutelados.[253]
1.11.
Las órdenes que impartió a favor de aquellos peticionarios a quienes se les
concedió el amparo constitucional fueron las siguientes:
(i)
En relación al fuero sindical
“Décimo
noveno.- […] ORDENAR al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el término máximo de los cinco (5) días siguientes a
la notificación de esta sentencia, les pague a los
señores Remberto
Ballestas Mendoza y Benjamín José
Corrales Benítez (T-2471216) una suma de dinero equivalente a seis (6) meses del salario que
devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo con TELECOM.  En
cualquier caso, las decisiones adoptadas en los procesos iniciados por los
demandantes ante la justicia laboral ordinaria, sean anteriores o posteriores a
este fallo, prevalecerán sobre las que sean dictadas en este.”
(ii)
En relación al retén social
Vigésimo noveno.-  ORDENAR al
Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el
término máximo de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, si aún no lo ha hecho, les pague la indemnización de que trata
el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los señores Wilson José Daza Daza
(T-2546795), Diana Patricia Demoya (T-2546795), Myriam García Londoño
(T-2546795), Antonio Javier Espinosa Guzmán (T-2546795), Olga
Ruth Gañán Parra (T-2531642) y José Eduardo Peña Armenta (T-2531642).”
Trigésimo.- ORDENAR al
Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el
término máximo de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, adopte un plan de reubicación de las
madres y padres cabeza de familia desvinculadas de TELECOM, e incluir en él con
prioridad a los señores Wilson José Daza Daza(T-2546795), Diana
Patricia Demoya (T-2546795), Myriam García Londoño (T-2546795), Antonio
Javier Espinosa Guzmán (T-2546795), Olga Ruth
Gañán Parra (T-2531642) y José Eduardo
Peña Armenta (T-2531642). Ese plan deberá asegurarles a
estas personas, en el plazo máximo de un (1) año contado desde el momento en
que se notifique este fallo, un derecho preferencial a ingresar a un empleo en
condiciones al menos iguales al que tenían en la hoy liquidada TELECOM.
Ello no obsta para que en los casos en que los empleos estén sujetos al ingreso
por carrera administrativa, tales personas deban, mientras no se haya convocado
concurso, ser nombradas provisionalidad o, cuando sea convocado el concurso de
méritos, presentar las pruebas correspondientes para ser vinculadas.”
1.12.
De igual forma, se impartieron órdenes adicionales tendientes a compulsar
copias a entes de control por los hechos irregulares encontrados en el trámite
de revisión, y a autorizar a terceros para la reclamación de algunas garantías
sindicales, así:
(i) Orden de compulsar copias
“Trigésimo segundo.- ORDENAR a
la Secretaría General de la Corte Constitucional que una vez se publique esta
sentencia, envíe copia de la misma a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y a la Fiscalía General de
la Nación, con el fin de que investiguen y, si es el caso, sancionen a los
abogados y jueces que intervinieron en la interposición y resolución de la
acción de tutela que dio origen al expediente T-2451880.”
(ii) Órdenes adicionales
“Trigésimo tercero.- ORDENAR a la Oficina de Prensa
de la Corte Constitucional que, una vez se publique esta sentencia, ponga en un
lugar visible de la página web de esta Corporación, la siguiente información.
Las personas que hubieren tenido fuero sindical al momento de ser desvinculadas
de TELECOM en su proceso de liquidación definitiva, y que cuenten con
providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero
o de reintegro sindical, si no han instaurado acciones de tutela contra las
mismas, podrán interponer sólo una acción de tutela contra esa providencia, en
caso de que se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela
contra sentencias.
Trigésimo cuarto.- PREVENIR a todos los
jueces de la República, para que en los procesos instaurados de conformidad con
la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de
esta sentencia, cuenten la inmediatez desde la publicación de la presente
providencia, y no desde antes.  Esta decisión tendrá efectos inter
comunis, y ha de aplicarse a todos los que se encuentren en las condiciones
previstas en la resolución Trigésimo tercera de la parte
dispositiva de esta sentencia, y no sólo a los accionantes de este proceso.”
2.
Solicitud de aclaración y adición
Por
medio de escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional,
la apoderada general del PAR de TELECOM[254]
presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia SU-377 de 2014. Allí
expuso que, en su concepto, dicha providencia debe clarificarse en cuatro
aspectos, y adicionarse en otro:
2.1.
En primer lugar, afirmó que el numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva de
la sentencia[255]
“[…] ofrece razones objetivas de duda que impiden el entendimiento del
mismo”, pues aun cuando en la primera parte de dicha disposición se
mantuvieron las medidas de protección que el juez de segunda instancia le
brindó a los señores Wilson José Daza y Antonio Javier Espinosa Guzmán, al
final se ordenó revocar cualquier protección que dicha autoridad judicial
hubiere impartido. Por tanto, pide que se aclare la vigencia de las órdenes que
amparan los intereses de los actores mencionados.
2.2.
En segundo término, manifestó que debe aclararse lo decidido en la sentencia
SU-377 de 2014 en relación con la señora Flor María Vásquez, ya que en la
consideración 173.7 se estableció que no tenía derechos a la protección
constitucional como madre cabeza de familia,[256]
pero luego en el párrafo 184.25 se le incluyó en el grupo de personas a las
cuales se les concedía el amparo constitucional.[257] Posteriormente, en el
numeral vigésimo séptimo de la parte resolutiva se dispuso negarle el amparo.[258] A
juicio de la apoderada del PAR:
“[…] la sentencia SU-377 de 2014 ofrece razones
objetivas de duda que impiden el entendimiento de la misma respecto de la
decisión adoptada por la Corte Constitucional frente a la solicitud de amparo
realizada por la señora Flor María Vásquez. Esto, en razón a que en los
acápites del fallo previamente citados se anuncia la adopción de decisiones
distintas y contrarias entre sí […]. Para el PAR, una interpretación
sistemática de los acápites considerativos y de los puntos resolutivos de la
sentencia SU-377 de 2014, conduciría a que se considere que se negó el amparo
solicitado por la señora Flor María Vásquez.”
2.3.
En tercer lugar, dijo que el numeral trigésimo de la parte resolutiva de la
sentencia debe aclararse,[259]
en tanto dispuso la implementación de un plan de reubicación a favor de las
madres y los padres cabeza de familia desvinculados de TELECOM, pero no explicó
“[…] si se debe realizar un nuevo estudio de retén social, frente a las
personas que en el trámite de liquidación de Telecom fueron reconocidos como
padres y madres cabeza de familia, para establecer si aún conservan tal
condición.” Al respecto, indicó que es importante considerar que ha transcurrido
un lapso prolongado entre la liquidación de TELECOM y la emisión de la
sentencia SU-377 de 2014, por lo que es posible que las condiciones que
justificaron la inclusión del grupo en cuestión en el retén social hubieren
variado.
2.4.
En cuarto lugar, la representante del PAR solicitó aclaración respecto de los
efectos de la sentencia SU-377 de 2014 sobre otros procesos de tutela que no
fueron seleccionados, y en los cuales los jueces de instancia ordenaron el pago
de grandes sumas de dinero a favor de los peticionarios:
“Con posterioridad a la emisión del Auto del 12 de
mayo de 2010, la H. Corte Constitucional decidió no seleccionar más tutelas,
referidas a los temas en cuestión, en las que el accionado fuera el PAR. Lo
anterior obedeció a la decisión de emitir una sentencia unificadora y
moduladora que tendría efectos respecto de las solicitudes de amparo
seleccionadas y también sobre aquellas, con contenido análogo, que no fueron
objeto de selección para revisión. […] En el segundo grupo se encuentran 7
acciones de tutela. En dichos trámites los jueces de instancia ordenaron el
pago de sumas que en conjunto alcanzan los $61.203.288.514 millones de pesos.[260] […]
El punto en cuestión ofrece razones objetivas de duda, que recaen sobre los
efectos de la sentencia SU-377 de 2014 sobre las 7 acciones de tutela que no
fueron objeto de selección.”
2.5. Por último, la apoderada pidió a la Corte que adicione
a la parte resolutiva una orden tendiente a la restitución de los montos
pagados con ocasión del cumplimiento de las sentencias de instancia, que luego
en la sentencia SU-377 de 2014 se revocaron. A su juicio:
“[en la sentencia SU-377 de 2014] se
omitió la orden consistente en la devolución al PAR de todos los valores que
hubiese erogado como consecuencia de los fallos revocados mediante la decisión
de la referencia (incluyendo pagos de seguridad social). Tal cuestión cuenta
con especial relevancia respecto del pronunciamiento que le corresponde a la
Corte, en sede de revisión, frente a las decisiones de instancia. Se trata de
un aspecto esencial para asegurar la unidad sistémica constitucional, en
relación con el alcance de la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones laborales.”
3. Actuaciones de la Sala
3.1.
Una vez presentada la solicitud de aclaración y adición del PAR, la Secretaría
General de la Corte Constitucional ofició a los juzgados que resolvieron en
primera instancia las respectivas acciones de tutela, para que certificaran las
fechas en que había sido notificada la sentencia SU-377 de 2014 a los
interesados.
3.2.
En relación al PAR, la primera notificación la hizo Juzgado Promiscuo Municipal
de Ayapel el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), dentro del
trámite de los expedientes T-2451880, T-2476358 y T-2476359.
II.
CONSIDERACIONES
4.
Procedencia de las solicitudes de aclaración, corrección de errores
mecanográficos y adición de fallos proferidos por la Corte Constitucional
4.1. El
artículo 285 del Código General del Proceso dispone expresamente que la “sentencia
no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”. Esta
Corporación ha expresado en reiterada jurisprudencia que la providencia con la
cual se culmina la actividad jurisdiccional no es susceptible de ser modificada
por la autoridad que la emitió, entre otras cosas, porque uno de los principios
fundamentales del derecho procesal prescribe el agotamiento de la competencia
funcional del juzgador una vez dictada la sentencia, para garantizar los
efectos de la cosa juzgada y promover la seguridad jurídica.[261]
4.2. Ahora
bien, dicha interpretación no es absoluta, pues la sentencia puede ser aclarada
y/o adicionada dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte legitimada para ello, siempre que no se afecten notoriamente sus puntos
esenciales.
4.3. Una providencia es susceptible de aclaración en
auto complementario, si en la misma hay conceptos o frases que ofrecen
verdadero motivo de duda, y cuando las mismas estén contenidas en la parte
resolutiva o que influyan en ella.[262]
La Corte ha fundado tal posibilidad en lo
dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado
por el artículo 626 del Código General del Proceso, cuyo artículo 285 entró a
sustituir en los siguientes términos:
“Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es
revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser
aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o influyan en ella. || En las mismas circunstancias
procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición
de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. || La
providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de
su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto
de aclaración”.
4.4.
Conforme a la norma antes señalada, “se aclara lo que ofrece duda, lo que es
ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y,
solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en
la parte motiva influye en aquélla”,[263]
sin que en ningún momento se restrinja, amplíe o modifique el alcance de lo
resuelto en la sentencia y el marco de protección de los derechos
fundamentales.
4.5. De otra
parte, una sentencia puede ser objeto de corrección si en la misma se
incurrió en errores aritméticos o mecanográficos, como de omisión, cambio o
alteración de palabras. Para que proceda la corrección es necesario que el
error esté contenido en la parte resolutiva o, que estando en la parte motiva,
influya en la primera. El artículo 286 del Código General del Proceso explica
esta figura de la siguiente forma:
“Artículo 286. Corrección de errores
aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error
puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo,
de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. // Si la corrección se hiciere
luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. // Lo dispuesto
en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio
de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva o influyan en ella.”
4.6. Por
otro lado, una providencia puede adicionarse cuando en ella se omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis o de cualquier otro aspecto que de conformidad con
la ley debía ser objeto de pronunciamiento.[264] Esta
figura la ha fundamentado la Corte en el artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil, derogado por el artículo 626 del Código General del
Proceso, que en su lugar dispuso en el artículo 287 lo siguiente:
“Artículo 287.
Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de
la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la
misma oportunidad. || El juez de segunda instancia deberá complementar la
sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya
apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
|| Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. || Dentro
del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”
4.7. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que procede la
adición “cuando la falta de pronunciamiento sobre un extremo de la litis
implique la vulneración del derecho al debido proceso del actor, bien sea
porque se trata de un asunto de relevancia constitucional o porque tiene tal
importancia que su desconocimiento implica que el sentido de la decisión
hubiera sido distinto al adoptado”.[265]
4.8. Es preciso señalar que tanto la solicitud de aclaración como
la de corrección y adición deben presentarse en el término de ejecutoria de la
sentencia y por una persona legitimada para ello. Eso significa que para el
caso de las sentencias proferidas en sede de revisión por la Corte
Constitucional, la respectiva solicitud se considera procedente si (i) se
interpone oportunamente dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la sentencia cuestionada,[266] y (ii)
por una persona que esté legitimada, es decir, que haya participado en el trámite
de tutela como sujeto procesal.[267] Así mismo, el juez constitucional
está facultado para interpretar la solicitud presentada, en aras ofrecer la
mejor solución posible a las pretensiones de los recurrentes. Por tanto,
independientemente de si la persona cataloga su escrito como una solicitud de
aclaración, corrección o adición, es factible que el juez le otorgue el alcance
que considere pertinente.
4.9. En suma, puede
afirmarse que la Corte Constitucional ha admitido, con carácter excepcional, la
procedencia de la aclaración y/o adición de sentencias de tutela proferidas en
sede de revisión, cuando se cumplen las siguientes condiciones: (i) que la
solicitud sea presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia, esto
es, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, y por una persona
legitimada para tal fin, que haya sido parte en el proceso; (ii) que se
solicite la aclaración respecto de conceptos o frases que objetivamente
ofrezcan duda, ya sea porque provienen de una redacción ininteligible o de la
falta de claridad acerca de su alcance, siempre que estén ubicadas en la parte
resolutiva, o en la motiva si influyen en aquella;[268] y (iii) que se requiera
la adición ante la
omisión de la Corte de resolver cualquiera de los extremos de la litis o de
otro aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento.
5.
De la solicitud de aclaración y adición presentada por el PAR en relación a la
sentencia SU-377 de 2014
Antes
de examinar la solicitud de fondo, la Sala debe verificar si la misma es
formalmente apta para provocar un pronunciamiento de esta Corte. Al respecto,
la Sala Plena observa, en primer lugar, que la solicitud de aclaración y
adición se interpuso dentro del término de ejecutoria de la sentencia SU-377 de
2014, pues el PAR la presentó en la Secretaría General de la Corte
Constitucional el veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014), y
antes de esa fecha no había sido notificada formalmente del fallo.[269] Con
la presentación del escrito el PAR se notificó por conducta concluyente de la
sentencia SU-377 de 2014, por lo que puede afirmarse que la solicitud resulta
oportuna. En segundo término, se constata que la apoderada general del PAR está
legitimada en la causa para solicitar la aclaración y adición de la sentencia,
en tanto el ente a nombre del cual actúa hizo parte del proceso.
Es
entonces formalmente apta la solicitud para ser examinada de fondo. Por tanto,
la Sala Plena debe resolver si la sentencia SU-377 de 2014 contiene frases que
generan dudas en su intelección y si en la misma se omitió el estudio de
problemas jurídicos relevantes.
5.1. Solicitud de aclaración del numeral vigésimo octavo de la parte
resolutiva
5.1.1.
El PAR solicita que se aclare el numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva
de la sentencia SU-377 de 2014, porque considera que la orden allí contenida
ofrece razones objetivas de duda que impiden su entendimiento. En concreto,
afirma que la disposición no es clara en cuanto a si las órdenes de protección
dictadas por los jueces de instancia a favor de Wilson José Daza y Antonio
Javier Espinosa Guzmán están vigentes, o si por el contrario deben entenderse
revocadas. Explica que en la primera parte del numeral en cuestión la Sala
Plena mantuvo las medidas de protección que se les brindaron a los actores
mencionados, pero que al final de la misma disposición ordenó revocar cualquier
medida que dicha autoridad judicial hubiere impartido.
Por
este motivo asegura que no es evidente, por ejemplo, si la Corte mantuvo la
orden de “reconocer, liquidar y pagarles a
los accionantes los salarios y demás prestaciones que por ley y convención
colectiva dejaron de percibir los actores desde el 1 de julio de 2003 hasta que
efectivamente desaparezca el PAR”, en los términos dictados por el
juez de segunda instancia. O si debe comprenderse que ese mecanismo de
protección desapareció.
5.1.2.
El numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de
2014 contiene la decisión de la Corte en relación con algunos accionantes,
amparándose los derechos fundamentales únicamente en lo que atañe a los señores
Wilson José Daza y Antonio Javier Espinosa Guzmán, pero se revoca “cualquier
orden de protección que se hubiera impartido en el proceso de la referencia”,
incluso en lo que a estas personas respecta. Debe precisarse que en dicho
numeral se tutelan los derechos fundamentales de los accionantes mencionados,
pero los remedios constitucionales procedentes para materializar el amparo no
son los ofrecidos por los jueces de instancia, sino los expuestos en la
sentencia SU-377 de 2014, específicamente, en los numerales vigésimo noveno y
trigésimo.
5.1.3.
El numeral vigésimo noveno precisa la protección otorgada, así: “ORDENAR al
Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que en el
término máximo de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, si aún no lo ha hecho, les pague la indemnización de que trata el
artículo 24 del Decreto 1615 de 2003 a los señores Wilson José Daza Daza (T-2546795) […] y Antonio Javier Espinosa Guzmán (T-2546795).” En este
numeral se estableció, entonces, la forma como debía liquidarse la
indemnización que correspondía a estos accionantes. Posteriormente, en el
numeral trigésimo, se le ordenó al PAR de Telecom que, en coordinación con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyera a
estos accionantes en el plan de reubicación como padres cabeza de familia.
5.1.4.
Así, debe comprenderse que la forma de proteger los derechos de Wilson José Daza Daza y Antonio Javier Espinosa se
estableció en la sentencia SU-377 de 2014, al ordenar el reconocimiento y pago
de la indemnización consagrada en el artículo 24 del
Decreto 1615 de 2003[270]
y adopción para ellos, de un plan de reubicación laboral.
5.1.5.
Esta interpretación se acompasa con lo expuesto
en la parte motiva de la sentencia SU-377 de 2014 sobre el alcance de la
protección a los trabajadores amparados por el retén social. Allí se indicó que
la indemnización de la cual son titulares los ex trabajadores de TELECOM que
hacen parte del retén social es la dispuesta en el artículo 24 del Decreto 1615
de 2003; además del derecho a un plan de reubicación laboral como medida
adicional.[271]
En ningún aparte se hace mención a que los beneficiarios del retén social están
facultados para reclamar salarios y prestaciones desde el primero (1º) de julio
de 2003 hasta que definitivamente desaparezca el PAR, entre otras cosas, porque
incluso en el aparte 34 de la parte considerativa se explicó que “[…] la
propia reglamentación sobre el proceso liquidatorio de TELECOM prevé que la
indemnización para los ex trabajadores de esa compañía, es incompatible con
cualquier otra indemnización establecida para la terminación unilateral del
vínculo sin justa causa (Dcto 1615 de 2003 art. 25)”. Limitación que está
justificada por las condiciones financieras que llevaron al ente a su
liquidación.
5.1.6. Bajo estas consideraciones, la Sala precisa que en lo
que atañe a la sentencias de instancia (i) no se revocó la protección otorgada
a los señores Wilson José Daza Daza y Antonio Javier Espinosa, (ii) pero sí las
órdenes a propósito de la forma como debía realizarse la liquidación de las indemnizaciones
correspondientes. Para salvaguardar los
derechos fundamentales de los señores Daza y Espinosa, la Sala emitió dos
órdenes diferentes en los numerales vigésimo noveno y trigésimo de la parte
resolutiva. (iii) Con respecto a los demás accionantes, en la sentencia SU-377
de 2014 se revocaron las sentencias de instancia, no solo frente a la
protección otorgada, sino también en lo relativo a las órdenes. En los
anteriores términos queda resuelta la solicitud de aclaración.
5.2. Solicitud de aclaración del numeral 184.25 de la parte motiva, en
relación a la accionante Flor María Vásquez
5.2.1.
El PAR considera que debe aclararse lo decidido en la sentencia SU-377 de 2014
en relación a la señora Flor María Vásquez, pues, a su juicio, en diferentes acápites
del fallo se anuncia la adopción de decisiones distintas sobre el amparo o no
de sus derechos fundamentales. Sostiene que en la consideración 173.7 de la
parte motiva, la Sala Plena concluyó que la accionante no tiene derecho a los
beneficios derivados del retén social por no haber demostrado que era madre
cabeza de familia,[272]
pero que luego en el párrafo 184.25 se le incluyó en el grupo de personas a las
cuales se les concedía el amparo por estar protegidas por el retén social.[273]
Posteriormente, señala que en el numeral vigésimo séptimo de la parte
resolutiva se dispuso negarle a dicha accionante la tutela de sus derechos
constitucionales.[274]
Asegura la representante del PAR que haber incluido a Flor María Vásquez en el
párrafo 184.25 como una de las personas a quienes se les concedería el amparo,
hace surgir una duda en la intelección del numeral vigésimo séptimo de la parte
resolutiva, en el cual se dispone algo totalmente diferente al negarse la
tutela.
5.2.2.
En este caso, la Sala observa que, en efecto, se presentó un error involuntario
de transcripción en algunos apartes de las consideraciones de la sentencia
SU-377 de 2014. En el párrafo 173.7 de la parte motiva se argumentó que la
señora Flor María Vásquez no podía ser amparada como madre cabeza de familia
porque sus hijos tenían 18 y 25 años de edad al momento relevante; pero luego
en el considerando 184.25, en relación al expediente T-2531642, del que dicha
accionante hacía parte, se dijo que se “concederá la tutela a los señores Olga
Ruth Gañán Parra, Flor María
Vásquez y José Eduardo
Peña Armenta”. Sin
embargo, en concordancia con el considerando 173.7, en el numeral vigésimo
séptimo de la parte resolutiva de la sentencia, la Corte decidió “NEGAR el amparo a los señores Ómar Elías Salgado Mora, Flor María Vásquez, Emilse de Jesús Mendoza Yepes, Hernán Gutiérez Díaz, Jhon
Jairo Gómez, Juan Manuel Daza Velaides, Gabriel Ángel Cueto Castillo, Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández y Narciso Blanco Pertuz”.
5.2.3.
Esa inconsistencia, en efecto, fue producto de un error mecanográfico de
transcripción en el párrafo 184.25 de la parte motiva, pues se incluyó
accidentalmente a la señora Flor María Vásquez en la lista de personas a
proteger, a pesar de que previamente se había explicado que no tenía derecho a
los beneficios derivados del retén social. Y es que debe tenerse presente que
en la sentencia SU-377 de 2014 se acumularon veintiséis (26) casos, para un
total de seiscientos nueve (609) actores. El expediente contaba con ocho (8) cuadernos de pruebas, y un total de cuatro
mil quinientos doce (4512) folios relacionados. Además, se aportaron seis (6)
cuadernos de anexos, con mil ochocientos cincuenta y cinco (1855) folios
adicionales. Estas razones bastan para excusar el error de transcripción de la
sentencia indicado por el PAR.
5.2.4.
Con respecto a este error mecanográfico existen suficientes elementos de
interpretación disponibles para superarlo. De una lectura en conjunto del fallo
puede concluirse razonablemente que la peticionaria no tenía derecho a los
beneficios derivados del retén social, y que esa fue la decisión sustantiva
adoptada por la Corte en forma razonada para su caso concreto, mientras que su
inclusión en la lista del considerando 184.25 fue una equivocación mecánica
durante el proceso de transcripción. De modo que la inconsistencia presentada,
si bien a primera vista pareciera dificultar su entendimiento, no es
insuperable.
5.2.5.
Ahora bien, en aras de ofrecer total claridad y evitar que los destinatarios de
las órdenes interpreten equivocadamente lo resuelto por la Corte en relación a
Flor María Vásquez, pues la inclusión de su nombre en el párrafo 184.25 dentro
de las personas a proteger influye en la comprensión de la parte resolutiva, la
Sala considera pertinente corregir el error que se presenta. Como a ella se le
negó la protección conforme a lo expuesto en el considerando 173.7 y el numeral
vigésimo séptimo de la parte resolutiva, el nuevo texto la integrará en aquel
grupo donde se niega el amparo. En otras palabras, se corrige formalmente la
sentencia SU-377 de 2014 en el sentido de excluir el nombre de Flor María
Vásquez de la enunciación contenida en el considerando 184.25.
5.3. Solicitud de aclaración del numeral trigésimo de la parte
resolutiva
5.3.1.
Estima la apoderada general del PAR que el numeral trigésimo de la parte
resolutiva de la sentencia debe aclararse, en tanto dispuso la implementación
de un plan de reubicación a favor de las madres y los padres cabeza de familia
desvinculados de TELECOM, pero no explicó “[…] si [el PAR] debe realizar un
nuevo estudio de retén social, frente a las personas que en el trámite de
liquidación de Telecom fueron reconocidos como padres y madres cabeza de
familia, para establecer si aún conservan tal condición.” Señaló que es
importante considerar que ha transcurrido un lapso prolongado entre la
liquidación de TELECOM y la emisión de la sentencia SU-377 de 2014, por lo que
es posible que las condiciones que en su momento justificaron la inclusión en
el retén social hubieren variado.
5.3.2.
A juicio de la Corte, el numeral trigésimo no contiene fragmentos de difícil
intelección o que den lugar a ambigüedad, en los términos planteados por la
solicitante. Es claro que el PAR debe adoptar un plan de “reubicación de las madres y padres cabeza de familia
desvinculadas de TELECOM”, e incluir en él con prioridad a los seis (6)
accionantes mencionados específicamente en la sentencia SU-377 de 2014.
5.3.3.
En la sentencia SU-377 de 2014 se sostuvo que la orden de adoptar una política
de reubicación laboral se justificaba, entre otras, en la necesidad de proteger
los intereses de las personas que al momento de su desvinculación estaban en
situación de vulnerabilidad con respecto a sus familias por tener menores a su
cargo, o personas de la tercera edad, o hijos con disminuciones físicas,
síquicas y sensoriales, a quienes debía prestárseles especial atención (arts.
44, 46 y 47, CP).[275]
Por ende, para identificar los beneficiarios de la orden trigésima de la
sentencia en cuestión, lo relevante es observar si la persona reclamante hacía
parte del retén social al momento de su desvinculación, pues fue en ese
instante que se vulneraron sus derechos constitucionales si no se atendió su
especial situación que determinaba que fueran personas sujetas a protección
reforzada.
5.3.4.
Ese derecho no puede desconocerse luego por el juez constitucional, bajo el
argumento de que en el transcurso de los procesos judiciales interpuestos para
reclamarlo la persona eventualmente superó la condición de madre o padre cabeza
de familia, pues le trasladaría sin justificación alguna la carga de asumir las
consecuencias negativas del tiempo que la administración de justicia se ha
tomado para ofrecer una respuesta a sus pretensiones. Es entonces claro que la protección otorgada en el numeral trigésimo de
la parte resolutiva se extiende a las personas que al momento de su
desvinculación hacían parte del retén social, y que ese derecho judicialmente
protegido no se pierde con el trascurso del tiempo.
5.3.5.
Así las cosas, la Sala estima que las dudas planteadas por la apoderada general
del PAR con respecto a este punto no son susceptibles de aclaración. En el numeral
trigésimo de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014 se ordena al
PAR, en primer lugar, adoptar un plan de reubicación para las personas cabezas
de familia desvinculadas de TELECOM. Y luego se dispone otra orden más
específica señalando que a unas personas determinadas las debe incluir
prioritariamente dentro del plan, porque está claro que cuentan con las
calidades para hacer parte del mismo, y lo requieren dadas sus situaciones
especiales.
5.4. Solicitud de aclaración ‘de los efectos de la sentencia SU-377 de
2014 sobre otros procesos de tutela no seleccionados’
5.4.1.
La representante del PAR considera que la parte resolutiva de la sentencia
SU-377 de 2014 debe aclararse sobre los efectos que tiene respecto de otros
procesos de tutela que no fueron seleccionados para revisión, y en los cuales
los jueces de instancia ordenaron el pago de grandes sumas de dinero a favor de
los peticionarios. Concretamente, indica que hay un grupo de siete (7)
expedientes de tutela que no se estudiaron en la sentencia SU-377 de 2014
porque fueron excluidos para revisión por la Corte Constitucional, y en los
cuales los jueces de instancia ordenaron al PAR cancelar a los actores un monto
“[…] que en conjunto alcanzan los $61.203.288.514 millones de pesos.” A
su juicio, en la parte resolutiva debió dejarse claro si esas providencias judiciales
continuaban o no vigentes, y si el PAR estaba en la obligación de cumplirlas.
5.4.2.
Las sentencias de los jueces de tutela tienen efectos inter partes.[276] Es
decir, que solo definen o modifican las circunstancias jurídicas de las
personas que fueron parte del proceso constitucional, sin que puedan asignarle
un derecho o crearle una obligación a algún tercero que no ha sido convocado.[277] Los
efectos de la decisión se limitan al caso que se estudia, y todas las órdenes
que se emitan deben estar dirigidas para que “aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo” (art. 86, CP).
5.4.3.
Excepcionalmente la Corte Constitucional emite sentencias con efectos inter
comunis, cuya implicación es extender las órdenes que en ella se imparten hacia
personas que no son accionantes, pero se encuentran en condiciones comunes a
las de los afectados que sí son parte en el proceso.[278] En la sentencia SU-377
de 2014 se profirió una orden con este tipo de efectos (trigésimo cuarta), en
relación a los ex empleados de TELECOM- en liquidación- que estuvieran en
situación similar a la de los accionantes protegidos por el fuero sindical.
5.4.4.
Como bien lo afirma la solicitante, en la sentencia SU-377 de 2014 la Corte no
analizó, fuera de lo antes mencionado, algún problema jurídico en relación con
los expedientes excluidos para revisión. La solicitud de aclaración, por tanto,
versa sobre un asunto que no fue objeto de controversia en el proceso de
tutela, y nada de lo establecido en la sentencia SU-377 de 2014 permite inferir
que los efectos de lo decidido allí se extienden a otros procesos de tutela.
5.4.5.
En consecuencia, se advierte que el pronunciamiento que solicita la
peticionaria no hace relación a la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de
2014, ni a las razones que directamente llevaron a tomar las respectivas
órdenes, por lo que la solicitud es improcedente. El carácter excepcional y
restringido de la aclaración impide que a través de este mecanismo la Corte se
pronuncie sobre problemas jurídicos que no han sido objeto de análisis en la
sentencia cuestionada, pues sobre la misma recae la fuerza de la cosa juzgada.
5.5. Solicitud de adición de la parte resolutiva
5.5.1. Por último, la representante del PAR solicita a la
Corte que adicione a la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014
una orden tendiente a la restitución de las sumas de dinero pagadas con ocasión
del cumplimiento de las providencias de instancia, que luego en la sentencia de
unificación fueron revocadas. A su juicio, “[en la sentencia SU-377 de 2014]
se omitió la orden consistente en la devolución al PAR de todos los valores que
hubiese erogado como consecuencia de los fallos revocados mediante la decisión
de la referencia (incluyendo pagos de seguridad social). Tal cuestión cuenta
con especial relevancia respecto del pronunciamiento que le corresponde a la
Corte, en sede de revisión, frente a las decisiones de instancia.”
5.5.2. En el apartado cuarto de esta providencia se expuso
que conforme al artículo 287 del Código General del Proceso, la solicitud de
adición de una sentencia procede cuando en ella se omita la resolución
de cualquiera de los extremos de la litis o de cualquier otro aspecto
que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, ya sea
porque tiene relevancia constitucional o su desconocimiento implique que la
decisión hubiese sido diferente a la adoptada.
5.5.3.
En la sentencia SU-377 de 2014, la Sala Plena examinó seiscientos nueve (609)
casos de personas que reclamaban mediante tutela la protección de sus derechos
laborales contra el PAR de TELECOM, derivados de las garantías del PPA, el
fuero sindical y el retén social. Con ocasión de dicho examen, se revocaron una
serie de decisiones de instancia y se dejaron en firme otras, solo en cuanto
ampararon los derechos fundamentales de personas que acreditaron la
procedibilidad de sus acciones y ser titulares del derecho reclamado.
5.5.4.
El hecho de que el PAR hubiere cancelado sumas de dinero a favor de algunos
peticionarios en cumplimiento de las sentencias de instancia, a pesar de que
las mismas eran objeto de revisión por la Corte, no impacta la resolución a los
problemas jurídicos que se plantearon, ni tampoco significa que se omitió
resolver algunos de los extremos de la litis. La Sala Plena no dispuso
la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, porque dicha entidad
puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición para
lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del
enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación desapareció.
Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para
entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas carecen de
justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las cosas al
estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el
ordenamiento jurídico para ello.
5.5.5. Así
las cosas, la Sala Plena negará la solicitud de adición planteada por el PAR de
TELECOM, pues no se cumplen los requisitos dispuestos en la normativa vigente y
la jurisprudencia constitucional. La facultad de adicionar órdenes luego de
emitida la sentencia es restringida, y no puede utilizarse para resolver
asuntos ajenos a los extremos de la litis que no impactan notoriamente
el sentido de la decisión.
6.
Conclusión
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional aclarará el
numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014,
en los términos expuestos en el aparte 5.2 de este auto; y corregirá el párrafo
184.25 de la parte motiva de la sentencia SU-377 de 2014, en tanto se ingresó a
la señora Flor María Vásquez en el grupo de personas a quienes se les amparaba
sus derechos fundamentales, aun cuando debió habérsele integrado en el grupo de
personas a quienes se les denegaban las pretensiones, precisamente porque no
cumplía los presupuestos para beneficiarse del retén social como madre cabeza
de familia.
Respecto
de las demás solicitudes de aclaración y adición presentadas por la apoderada
del PAR en relación a la sentencia SU-377 de 2014, esta Sala las negará porque
no cumplen los requisitos para prosperar.
III. DECISIÓN
Con
base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional,
RESUELVE
Primero.-
ACLARAR la sentencia SU-377 de 2014,
en el sentido de que en el numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva, en
lo que atañe a los fallos de instancia, (i) no
se revocó la protección otorgada a los señores Wilson José Daza Daza y Antonio
Javier Espinosa, (ii) pero sí las órdenes a propósito de la forma como debía
realizarse la liquidación de las indemnizaciones correspondientes. Para
salvaguardar los derechos fundamentales de los señores Daza y Espinosa, la Sala
emitió dos órdenes diferentes en los numerales vigésimo noveno y trigésimo de
la parte resolutiva. (iii) Con respecto a los demás accionantes, en la
sentencia SU-377 de 2014 se revocaron las sentencias de instancia, no solo
frente a la protección otorgada, sino también en lo relativo a las órdenes.
Segundo.-
CORREGIR el error mecanográfico que
se presentó en el párrafo 184.25 de la parte motiva de la sentencia SU-377 de
2014, consistente en que en él se incluyó a Flor María Vásquez en el grupo de
personas a quienes se les tuteló los derechos fundamentales, cuando ciertamente
a ella se le había denegado el amparo constitucional, conforme a lo expuesto en
el considerando 173.7  y la decisión adoptada en el numeral vigésimo séptimo de
la decisión. Ese apartado quedará corregido entonces así:
“184.25. En el expediente T-2531642, la tutela presentada por la señora Martha Ruiz
González y otros fue concedida
en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de noviembre
de dos mil nueve (2009). En segunda instancia, mediante sentencia del veintiuno
(21) de diciembre de dos mil nueve (2009), el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté,
Córdoba, confirmó parcialmente la decisión, excepto que se dejó de proteger a
los señores Martha
Ruiz González y Fabián
Vergara del Valle. Debido a que,
conforme a lo dicho en esta sentencia, esas decisiones no se corresponden con
las conclusiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se procederá a
revocar en su totalidad las decisiones de instancia. En su lugar, negará el
amparo a los señores Ómar
Elías Salgado Mora, Flor María
Vásquez, Emilse
de Jesús Mendoza Yepes, Hernán
Gutiérrez Díaz, Jhon
Jairo Gómez, Juan
Manuel Daza Velaides, Gabriel Ángel
Cueto Castillo, Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández y Narciso Blanco Pertuz; y declarará improcedente la tutela en cuanto se refiere a
los señores Marta
Ruíz González, Reinaldo
Tulio Benítez Álvarez, Giovanni
Alberto Chaverra Murillo, Raúl Eduardo
Ibern Cotes, Gustavo Adolfo Lopera Giraldo, Alba Stella
Menco Canchilla, Rafael
Antonio Méndez Díaz, Roberto
Carlos Narváez Vergara, Carlos
Alberto Olivella Gómez, Rita Rosa
Pineda Román, Yanib Ramírez
Hurtado, Henry Samir Ramos Palacios, Silena de
Jesús Rosado Toncel, Carlos
Alberto Santofimio Tinoco, Diego Alberto
Vasco Vélez, Cecilio Venté
Saavedra y Fabián
Ricardo Vergara del Valle. Por consiguiente, revocará las órdenes de
amparo impartidas a favor de estos peticionarios. Finalmente, concederá la tutela a los señores Olga
Ruth Gañán Parra y José Eduardo
Peña Armenta.  Las órdenes de
protección a su favor se enunciarán en el acápite siguiente.”
Tercero.-
ORDENAR a la Secretaría General y la
Relatoría de la Corte Constitucional que modifiquen el párrafo 184.25 de la
parte motiva de la sentencia SU-377 de 2014, conforme a la corrección dispuesta
en el numeral anterior.
Cuarto.-
NEGAR las demás solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia SU-377 de 2014 presentadas por la
apoderada del PAR de TELECOM, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Quinto.-
COMUNÍQUESE esta providencia a los
interesados, incluyendo a los jueces de primera instancia de los respectivos
procesos que se revisaron en la sentencia SU-377 de 2014, para efectos de su
cumplimiento.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
MYRIAM ÁVILA ROLDAN
Magistrada (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Salvo que expresamente se diga lo contrario, entiéndase que los folios a los
que se hace referencia en lo sucesivo, corresponden al cuaderno principal de
cada expediente de tutela.
[2] Auto
proferido el 17 de marzo de 2010 que
decidió suspender las órdenes impartidas por el Juzgado Penal del Circuito de
Lorica (Córdoba) el 17 y 30 de noviembre, respectivamente, con el fin de evitar
la concreción de un perjuicio irremediable.
[3]
Autos proferidos por las Salas Segunda y Quinta de Revisión,
el 7 de mayo y 17 de marzo de 2010, respectivamente.
[4]
Con excepción del expediente T-2871322, que fue seleccionado posteriormente en
auto del 10 de noviembre de 2010 y acumulado el 2 de febrero de 2011.
[5]
Autos 243 de 2010 y 105 de 2011, respectivamente.
[6] Las partes de este proceso remitieron intervenciones
ante la Corte en un número aproximado de doscientos setenta y cuatro (274)
cuadernos, con aproximadamente setenta mil (70000) folios.  Se han presentado
numerosos derechos de petición sobre el trámite de revisión. Asimismo, durante
el proceso, el 6 de julio de 2010, la Magistrada a la cual le correspondió la
sustanciación del asunto presentó ante la Sala Plena de la Corporación un
escrito, manifestando un impedimento. Se basó en el hecho de que dentro del
trámite de instancia fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S. A., entidad en
la cual La Previsora S.A. compañía de seguros tiene aproximadamente el 99.9% de
su capital social, y en la que se desempeñó como Vicepresidenta Jurídica y
representante legal hasta el 23 de abril de 2009. Consideró entonces que
probablemente se configuraba la causal prevista en el Código de Procedimiento
Penal, artículo 56, numeral 4°.[6] Advirtió que, en
su oportunidad, ya había puesto de presente la misma situación ante la Sala
Primera de Revisión dentro del expediente T-2431280, no siendo este aceptado,
como se dejó consignado en proveído del 10 de febrero de 2010. La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en sesión del 6 de julio de 2010, decidió seguir ese
mismo razonamiento y no aceptar el impedimento.
[7]
El concepto de cargo de excepción hace referencia a “los
operadores de radio y telégrafo, los jefes de oficina de radio y telégrafos,
los jefes de líneas, los revisores, los plegadores, los clasificadores y mecánicos
de oficina de radio y telégrafo, en el sector de las comunicaciones”, cargos
relacionados con actividades de alto riesgo, quienes mantienen la normatividad
especial (el régimen excepcional) con fundamento en el Decreto 3135 de 1968 y
el D.L. 1570 de 1973 y conservan los beneficios especiales con base en normas
anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Ver: Consejo de Estado. Sala de
Consulta y Servicio Civil. No. de radicación 1369 (RAD 2005-N1369), octubre 18
de 2001. CP. Ricardo H. Monroy Church, a propósito de la consulta formulada por
el Ministerio de Comunicaciones en relación con el tiempo de servicio para el
reconocimiento de pensiones de jubilación de personas vinculadas a Telecom.
[8]
El PAR aportó copia del Instructivo del Plan de Pensión Anticipada en cada uno
de los procesos objeto de revisión.  Por ejemplo, en el expediente T-2587255,
el Instructivo se encuentra en los folios 1274 a 1281 del cuaderno principal.
En adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte
del cuaderno principal a menos que se diga expresamente otra cosa
[9]
Instructivo del Plan de Pensión Anticipada, folios 1274 a 1281 del expediente
T-2587255.
[10] El Instructivo explicaba
así en qué consistía el Acta Especial de Conciliación: “[…] 18. ¿Qué contiene
el Acta Especial de Conciliación? El Acta Especial de Conciliación contiene
además de la ratificación de las partes de terminar por mutuo acuerdo el
contrato de trabajo, lo siguiente: 18.1. La voluntad de las partes de otorgar
por parte de la Empresa una pensión de jubilación anticipada y del trabajador
de aceptar la misma, que se estima y calcula con base a los parámetros
señalados en el presente documento. 18.2. La suma que por concepto de bonificación
recibirá el trabajador. 18.3. Los beneficios adicionales derivados del plan de
pensión anticipada; 18.4. La obligación de la persona de presentar ante
Caprecom o la entidad que haga sus veces solicitud para el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, dentro de los treinta (30) días siguientes a
que cumpla con los requisitos de edad y tiempo de cotización dentro del régimen
especial de Telecom. En caso de no cumplir con este requisito, la Empresa
solicitará ante Caprecom el reconocimiento de la pensión”.
[11]
Instructivo del Plan de Pensión Anticipada, folios 1274 a 1281 del expediente
T-2587255.
[12]
Instructivo del Plan de Pensión Anticipada, folios 1274 a 1281 del expediente
T-2587255.
[13]
MP. José Gregorio Hernández Galindo. SV. Jorge Arango Mejía, Hernando Herrera
Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa. AV. Fabio Morón Díaz.
[14]
MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[15]
MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Jaime Araujo Rentería.
[16]
En el caso del señor Luis Fernando Rocha Villanueva.
[17] Decisión adoptada, en
segunda instancia, en el expediente No. T-2471345 por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el 24 de septiembre de 2009.
En esta, el juez de instancia ordenó: “Adiciónese el fallo de tutela del (2)
de septiembre del presente año, proferido por el Juzgado Promiscuo de San
Antero, Córdoba, el incremento al total pagado por parte del PAR a los
accionantes va con la respectiva indexación y no indemnización como
consecuencia de ello se ordena el pago de las mesadas desde julio 23 de 2003 y
febrero 1° de 2006 a los accionantes por parte de la entidad accionada y que la
liquidación a pagar a los accionantes es en cuantía de $8.252.883.637,oo, por
parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes, tal como fue aportada en este
procedimiento.” (Folio 58 del cuaderno de segunda instancia).
[18]
Señor Miguel Antonio Giraldo.
[19]
Acción de tutela interpuesta por Jairo Patiño Agudelo. (Expediente T-2871322).
[20]
Folio 83, expediente T-2871322. Para sustentar esta afirmación, el PAR cita una
información del diario El Universal.
[21] Folio 73.
[22]
Sergio Antonio Téllez Rodas y Neftalí Carmelo Zapata Suárez.
(Expediente T-2471216).
[23]
Folio 702, expediente T-2471216.
[24] La Corte Constitucional ha adoptado algunos criterios
para definir cuáles personas pertenecen a la tercera edad. El primero de ellos
está relacionado con la esperanza de vida al nacer de la población colombiana,
la cual, según proyecciones del DANE, para el quinquenio 2010-2015 estaba
estimada en 73.08 años para los hombres, y en 78.54 años para las mujeres. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf, pg. 5. consultado el 28 de octubre de 2013) Según
este criterio, son personas de la tercera edad aquellas con edades superiores a
la esperanza de vida al nacer de la población colombiana. Este criterio ha sido
expuesto, entre otras, en la sentencia T-138 de 2010 (MP. Mauricio González
Cuervo). Otro criterio que ha adoptado esta Corporación, es el de remitirse a
las normas legales que han definido el concepto de tercera edad o adulto mayor.
Con este fin, la Corte se ha remitido a la Ley 1276 de 2009 “a través de la
cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos
criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida”, norma
en la que se define que el adulto mayor, “[e]s aquella persona que cuenta
con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los
centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo
menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico,
vital y psicológico así lo determinen”. Con fundamento en esta definición,
la Corte Constitucional ha considerado que son personas de la tercera edad
aquellas que superan la edad establecida en la norma citada. (Ver, por ejemplo,
la sentencia T-266 de 2011). En la sentencia del Tribunal referido, que falló
en segunda instancia estos procesos otorgando el amparo, no se encuentran más
razones ni cita alguna de precedentes jurisprudenciales de Cortes de cierre,
para sostener esta tesis.
[25]
Folio 710, expediente T-2471216.
[26]
Folio 710, expediente T-2471216.
[27]
Folio 714, expediente T-2471216.
[28]
Expedientes T-2471216, T-2471346, T-2492726, T-2501214, T-2531654 y T-2537041.
[29] Los
tutelantes manifiestan que, a partir de 1994, el sindicato y Telecom
suscribieron varias convenciones colectivas de trabajo que regulaban las
relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa, entre las cuales se
encontraba lo relacionado con la estabilidad laboral reforzada y el
procedimiento previo al despido por justa causa. Las mencionadas convenciones
tuvieron la siguiente vigencia: 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001,
2002-2003.
[30] El Decreto 1615 de 2003,
‘por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y
se ordena su liquidación, dice en su artículo 17: “Para efectos de la
desvinculación del personal que goza de la garantía de fuero sindical, el
Liquidador adelantará los procesos de levantamiento del fuero sindical. Será
responsabilidad del Liquidador iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes
a la expedición de este Decreto los respectivos procesos de levantamiento del
fuero sindical. Una vez obtenidos los pronunciamientos correspondientes en los
mencionados procesos, se terminará la relación laboral”.
[31] El artículo 8 del Decreto 254 de 2000, ‘Por el cual se expide el
régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional’,
dice: “Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
en que asuma funciones el liquidador, éste elaborará, y si es del caso,
presentará a la junta liquidadora un programa de supresión de cargos,
determinando el personal que con la naturaleza de las funciones desarrolladas
debe acompañar el proceso de liquidación. || No
obstante, al vencimiento del término de liquidación quedarán automáticamente
suprimidos los cargos existentes y terminarán los contratos de trabajo de
acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable”.
[32]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[33]
MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[34]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35]
MP. Jaime Araujo Rentería.
[36]
Expedientes T-2475114,  T-2531642 y T-2546795.
[37]
Expedientes T-2475114 y T-2500881.
[38]
No obstante, precisa que había ingresado a laborar al servicio
del Ministerio de Comunicación es  el 20 de febrero de 1979.
[39] Folio
394.
[40] La Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad del artículo 2° del Decreto 4781 de 2005, que disponía lo
siguiente: “[…] Artículo 2°. Aclárese y modifícase el artículo 9° del Decreto
1615 de 2003, el cual quedará así: || ‘Artículo 9°. Masa de la liquidación. La
masa de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom
en Liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de Telecom en
Liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto-ley 254 de 2000 y
la contraprestación que pague el, Gestor del Servicio en virtud del contrato de
explotación a que se refiere el artículo anterior. || Parágrafo. Dada su
especial destinación legal y la obligación constitucional de garantizar la
prestación continua del servicio público de telecomunicaciones, los bienes
afectos al servicio no están comprendidos dentro de la masa de la liquidación,
por tanto y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 12.2 del
presente decreto, su inventario técnico y avalúo no son necesarios para efectos
de proceder al cierre de la Liquidación, no obstante, dichas actividades
continuarán adelantándose posteriormente por parte del Patrimonio Autónomo de
Remanentes a que se refiere el numeral 12.29 del artículo 12 del presente
decreto, el cual se denominará PAR. || Una vez se produzca el cierre del
proceso liquidatorio el PAR se subrogará automáticamente en los derechos y
obligaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en
Liquidación en relación con el convenio suscrito con el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo - Fonade para elaborar el inventario y realizar el
avalúo de los bienes afectos al servicio’”. Sentencia del 22 de marzo de 2012
(CP. María Elizabeth González García). Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00037-00
(acumulados). El artículo 1° de dicho Decreto, que era el que fijaba el término
de duración del proceso de liquidación de Telecom, también fue objeto de la
acción de nulidad, pero el Consejo de Estado negó la pretensión en ese punto,
razón por la cual la fecha final de terminación fijada en aquél no ha sido
declarada inválida.
[41] El Gobierno Nacional tuvo esto en cuenta, según la
exposición de motivos del Decreto 1615 de 2003: “Que en los Documentos Conpes número 3145 de diciembre
de 2001 y 3184 de julio de 2002 se examinó la viabilidad global de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones Telecom, concluyendo que, no obstante la
ejecución de un plan de ajuste, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Telecom no era viable ni solvente y que a pesar de los esfuerzos
gubernamentales no se generó mejoría en la viabilidad financiera,
comprometiendo la garantía en la prestación del servicio y generando una mayor
pérdida en el valor patrimonial de la Nación; Que en la evaluación de la
viabilidad financiera de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom
realizada por la Contraloría General de la República, contenida en el Informe
de Auditoría Gubernamental con enfoque integral abreviada sobre la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones¿ de agosto de 2002, revela que la empresa
enfrenta problemas estructurales que hacen incierta su sostenibilidad, tales
como el elevado pasivo pensional y que las inflexibilidades administrativas que
enfrenta, tanto a nivel interno como externo, impedirían una necesaria
reestructuración; Que de acuerdo con el documento técnico elaborado por el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comunicaciones
Lineamientos para la reestructuración integral del sector descentralizado del
orden nacional
prestatario del servicio de
telecomunicaciones de fecha junio 11 de 2003, la actual estructura operacional
del sector administrativo del orden nacional que interviene en la prestación de
servicios de telecomunicaciones, en la cual la responsabilidad de la prestación
de los servicios de telecomunicaciones está dispersa entre la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones Telecom, sus veintisiete (27) gerencias departamentales y
las catorce (14) Teleasociadas, ha generado una serie de ineficiencias que no
permiten el desarrollo de todo el potencial de los activos e inversiones del
Estado en el sector ni la obtención de necesarias economías de escala y que se
traducen en sobrecostos por la duplicidad de funciones y la imposibilidad de
ejercer el debido control gerencial, razón por la cual las recomendaciones
incluyen la liquidación de Telecom y de las empresas Teleasociadas”.
[42] El artículo 35 del Decreto ley 254 de 2000 ‘por el
cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del
orden nacional’, tal como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1105
de 2006, dice: “A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador
podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el
cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los
enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso
siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes
recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo. || La entidad
fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador
a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma
que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad
con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley. || Si pagadas las
obligaciones a cargo de la entidad en liquidación quedaren activos o dinero en
poder de la entidad fiduciaria contratada, esta los entregará al Fopep o al
Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y
oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la
liquidación o en uno que lo complemente. || Pagados los pasivos o cuando los
bienes entregados en fiducia sean suficientes para atenderlos, los demás
activos que no hayan sido objeto de fiducia, se traspasarán al Ministerio, Departamento
Administrativo o entidad descentralizada que determine la ley o el acto
administrativo expedido por el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de
que cuando se enajenen bienes, su producto se entregue al Fopep o al Fondo de
Reserva de Bonos Pensionales, según lo determine el Gobierno Nacional. ||
Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual
se pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se
indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio
autónomo de conformidad con el presente artículo, así como los pasivos que se
pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las obligaciones que asuman
otras entidades con sujeción a lo previsto en el presente decreto. || Si al
terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las
contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que
se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el
efecto. Lo anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad
asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley”.
[43] En el proceso obran los
siguientes otrosíes. El Otrosí No. 2 fue suscrito el 30 de enero de 2008 y
extendió la vigencia del contrato de fiducia hasta el 31 de mayo de 2008. El
Otrosí No. 3 se suscribió el 30 de mayo de 2008 y prorrogó su vigencia hasta el
31 de diciembre de 2008. El Otrosí No. 4 lo suscribieron las partes el 19 de
diciembre de 2008 y prorrogó de nuevo la vigencia del contrato, esta vez hasta
el 30 de junio de 2009. El Otrosí No. 5 amplió la vigencia hasta diciembre de
2009. El Otrosí No. 6 fue suscrito 21 de diciembre de 2009, para prorrogar la
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.  El Otrosí No. 7 se suscribió el 29
de diciembre de 2010, y prorrogó la vigencia por seis meses. El Otrosí No. 8
fue suscrito el 30 de junio de 2011, y prorrogó de nuevo su vigencia por un
plazo de 6 meses. El Otrosí No. 9 lo suscribieron el 30 de diciembre de 2011
por un plazo de un año, para ampliar la vigencia hasta 2012.
[44] Patrimonio Autónomo de
Remanentes: Informe de Gestión, Octubre de 2009.
[45] Informes de Gestión del
Patrimonio Autónomo de Remanentes correspondientes a los años 2010, 2011 y
2012.
[46] Dice el artículo 406 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 12, Ley 584 de 2000: “Trabajadores
amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero sindical: a) Los
fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6)
meses; || b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el
registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el
mismo tiempo que para los fundadores; || c) Los miembros de la junta directiva
y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos,
sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este
amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;
|| d) Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que
designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el
mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa
más de una (1) comisión estatutaria de reclamos.  PARAGRAFO 1o. Gozan de la garantía
del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil,
política o cargos de dirección o administración. […]”.
[47] Sentencia C-593 de 1993 (MP. Carlos Gaviria  Díaz.
SV. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro
Naranjo Mesa). En esa ocasión la Corte declaró inexequible una norma del Código
Sustantivo del Trabajo que excluía del fuero sindical: a los empleados públicos
y a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñaran puestos de
dirección, confianza o manejo. La Corte Constitucional señaló que esas
restricciones, hechas de un modo general, resultaban contrarias a los artículos
39, 53 y 93 de la Constitución, en concordancia con los Convenios No. 87 y 98 de
la Organización Internacional del Trabajo, ratificados
por Colombia  mediante las Leyes 26 de 1976 y 50 de 1990.
[48] Dice el artículo 7, inc.
3: “Los jueces laborales deberán adelantar los procesos tendientes a obtener
permiso para despedir a un trabajador amparado con fuero sindical, de las
entidades que se encuentren en liquidación, dentro de los términos establecidos
en la ley y con prelación a cualquier asunto de naturaleza diferente, con
excepción de la acción de tutela.  El incumplimiento de esta disposición será
causal de mala conducta.”
[49] Sentencia T-029 de 2004
(MP. Álvaro Tafur Galvis). La Corporación señaló, sobre el particular: “No fue motivo de discusión entre las partes, y tampoco
objeto de la alzada, la existencia del vínculo laboral que rigió la relación
por razón del servicio entre la señora Tovar Garzón y la entidad pública
liquidada, tampoco lo fue lo relativo a la vigencia del fuero sindical, y quedó
claro que la demandada no solicitó el levantamiento de dicho fuero, como
era su deber” (Énfasis añadido).
[50]Sentencia T-253 de 2005
(MP. Jaime Araújo Rentería). Dijo la Corte, en lo relevante: “[…] los demandantes al momento de ser despedidos gozaban
del beneficio del fuero sindical que consagra el artículo 405 del Código
Sustantivo del Trabajo, por lo que la Industria Licorera del Huila, entonces en
liquidación, debió solicitar el permiso judicial previo para despedirlos”.
[51] Sentencia T-285 de 2006
(MP. Álvaro Tafur Galvis). La Sala sostuvo que “[…] el trabajador no podía ser
despedido sin previo levantamiento del fuero sindical, dada su calidad de
trabajador aforado”.
[52] El artículo 1 del
Decreto 2160 del 2004, “por el cual se reglamenta el artículo 8 del
Decreto-Ley 254 de 2000”, dispuso: “Dispuesta la supresión de cargos de
la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8º del Decreto-Ley 254
de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez laboral, para
retirar a los servidores amparados por fuero sindical. El término de
prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día
siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo”.
[53] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Segunda. Sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos
mil seis (2006). Radicación nro. 110010322500020050020050000100. (CP. Alejandro
Ordóñez Maldonado). Entonces se demandaba mediante acción de nulidad el Decreto
2160 de 2004 “por el cual se reglamenta el artículo 8º del Decreto Ley 254 de
2000”, por supuestamente trasgredir el artículo 118A del Código Sustantivo del
Trabajo. Luego de otras consideraciones, la Sala sostuvo: “[…] Obsérvese que la
norma trascrita señala la regla general según la cual las acciones que emanan
del fuero sindical prescriben en dos meses, plazo que para el empleador se
cuenta desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como
justa causa, el cual, para el caso de liquidación de entidades públicas del
orden nacional empieza a correr a partir del día siguiente al de la publicación
del acto que ordena la supresión. No altera el contenido de las normas
generales que regulan la materia, menos  revive el término que insinúa el
demandante”.
[54] Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia  del veintiuno
(21) de agosto de dos mil ocho (2008). Radicación nro. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05).
(CP. Gerardo Arenas Monsalve). En esa ocasión también se acusaba justamente de
simple nulidad  el Decreto 2160 de 2004 por violar entre otras normas los
artículos 13 y 39 de la Constitución. La Sección Segunda negó la nulidad, y para
sustentar su decisión expuso esa razón, entre otras.
[55] Sentencia T-253 de 2005
(MP. Jaime Araújo Rentería). En ese fallo, la Corte  decidía el caso de varios
aforados despedidos sin previa autorización judicial en el contexto de una
liquidación. Dijo, sobre la imposibilidad del reintegro y la adaptación de las
órdenes judiciales a esa circunstancia: “[…] tratándose
en el presente caso de una liquidación administrativa que fue real o verdadera,
no es viable jurídicamente que el Juez Laboral ordene el reintegro de los
demandantes, por la imposibilidad física y jurídica de hacerlo, y en
consecuencia los trabajadores afectados tienen el derecho de obtener, en el
mismo proceso especial de fuero sindical, una indemnización por la terminación
unilateral de su contrato de trabajo sin justa causa, sustitutiva del
reintegro, la cual deberá comprender los salarios, con sus incrementos y las
prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a partir de la fecha
del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la Industria
Licorera del Huila por haber concluido su liquidación”.
[56] En el
Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos especiales’, Título II sobre ‘Fuero
sindical’, el artículo 116 dice cuál es el contenido de la sentencia debe ser
el siguiente: “[c]uando la sentencia fuere adversa al patrono, deberá
contener a cargo de éste la obligación alternativa de conservar al trabajador o
de prescindir de sus servicios mediante el pago, a título de indemnización
especial, de una cantidad líquida de dinero equivalente a seis meses de
salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales”.
[57] Sentencia
T-323 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa decisión, esta Corte concedió
el amparo interpuesto por un trabajador con fuero sindical, al que una decisión
de la justicia ordinaria había ordenado reintegrar a una entidad en
liquidación, y esta última decidió no reincorporar por considerar imposible
acatar dicha orden. La Corte Constitucional sostuvo que no estaba dentro de las
atribuciones de la autoridad condenada elegir entre acatar o no la orden de
reintegro. En concreto manifestó: “La
entidad dio cumplimiento a lo atinente a la cancelación de los salarios, pero
se sustrajo de cumplir la orden de reintegro por imposibilidad jurídica y
material y así lo declaró mediante la Resolución No. 2875 del 28 de junio de
2002. Es decir que nuevamente omitió iniciar el procedimiento judicial
correspondiente, cuando su deber era promover un proceso laboral ordinario en
el cual se determinara que el reintegro efectivamente no era posible y se
estableciera, en consecuencia, la indemnización que al trabajador correspondía
en compensación, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación
arriba reseñada. || Concluye, entonces, esta Sala de Revisión que al no dar
cumplimiento a las decisiones judiciales, la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en liquidación violó los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, al cumplimiento de sentencias y al trabajo del
ciudadano Hernando Ramírez Arboleda, así como también desconoció sus derechos
adquiridos como trabajador sindicalizado”.
[58] Sentencia T-732 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corporación  tuteló los derechos al
debido proceso y a acceder a la justicia de varios ex trabajadores de una
entidad en restructuración, a quienes un juez laboral había ordenado reintegrar
en un proceso ordinario y, a pesar de que no se cumplió esta orden, iniciaron
un proceso ejecutivo en el cual se resolvió no librar mandamiento ejecutivo. La
Corte sostuvo que no era competencia ni siquiera del juez ejecutivo resolver si
acatar o no la orden de reintegro dictada por el juez. En sus palabras: “la providencia constituye una vía de hecho por defecto
orgánico y sustancial, dado que el Tribunal no tenía competencia para llegar a
esa conclusión dentro del proceso ejecutivo. Como se señaló anteriormente,
cuando la Administración no instaura oportunamente el proceso laboral ordinario
dirigido a lograr que el juez declare la imposibilidad de cumplimiento de la
sentencia de reintegro por violación del fuero sindical, los trabajadores
pueden iniciar un proceso ejecutivo con el propósito de que la orden de
reintegro se haga efectiva, sin que en esta ocasión la Administración pueda
proponer la excepción de imposibilidad de cumplimiento y sin que el juez pueda
declararla motu propio”.
[59]
Sentencia C-1039 de 2003 (MP. Alfredo Beltrán Sierra. Unánime).
[60]
Sentencia C-044 de 2004 (MP. Jaime Araújo Rentería. Unánime).
[61] (MP.
Clara Inés Vargas Hernández. SPV Jaime Araújo Rentería). En esta providencia la
Corte estudió varios casos de mujeres que habían sido desvinculadas de la
extinta Telecom, antes de que la empresa se liquidara definitivamente, a pesar
de ser madres cabeza de familia sin una alternativa económica.
[62] Sentencia SU-388 de 2005
(MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV Jaime Araújo Rentería). En
esa ocasión, para identificar las características de una mujer cabeza de
familia, la Corte tuvo en cuenta especialmente la definición contenida en el
artículo 2 de la Ley 82 de 1993 ‘por la cual se expiden normas para apoyar
de manera especial a la mujer cabeza de familia’. El articulo 2° original
de esta ley disponía al respecto: “[p]ara los efectos de la presente ley,
entiéndase por 'Mujer Cabeza de Familia', quien siendo soltera o casada, tenga
bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar”. Conviene señalar que esta disposición fue
modificada por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 “Por la cual se
modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras
disposiciones”. Dicho artículo 1° dice. El artículo 2 de la Ley 82 de
1993 quedará así. Artículo 2: Jefatura femenina de hogar. Para los
efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría
social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos,
culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura
familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres
que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción
social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones
estatales, privadas y sectores de la sociedad civil. || En concordancia con lo
anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la
jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar. || Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación
de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias
básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo”.”
[63] Sentencia SU-389 de 2005
(MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Jaime Araújo Rentería). En esa ocasión, la
Corte estudiaba las acciones de tutela interpuestas por un grupo de ex
trabajadores de TELECOM, quienes fueron desvinculados de esta última en
desarrollo del Plan de Renovación de la Administración Pública, a pesar de que
consideraban tener las condiciones para ser considerados padres cabeza de
familia. Para resolver las acciones de tutela, algunas de las cuales fueron
concedidas, la Corporación expuso esos criterios definitorios de la condición
de padres cabeza de familia.
[64]
Sentencia SU-389 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Jaime Araújo
Rentería).
[65] La norma citada dice literalmente: “Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de la Ley
790 de 2002 y del presente decreto, se entiende por: […] 1.4 Persona
con limitación física, mental, visual o auditiva: Aquella que por
tener comprometida de manera irreversible la función de un órgano, tiene
igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus
interacciones con el entorno laboral, social y cultural. De conformidad con la
valoración médica de que se trata más adelante, se considera: a) Limitación
auditiva: A partir de la pérdida bilateral auditiva moderada / severa,
esto es, cuando la persona sólo escucha sonidos a partir de 51 decibeles, con
amplificación, lo cual genera dificultades en situaciones que requieren
comunicación verbal especialmente en grupos grandes; puede o no haber originado
demoras en el desarrollo del lenguaje hablado que reduce la inteligibilidad de
su habla si no hay intervención y amplificación; b) Limitación visual: A
partir de la pérdida bilateral visual desde un rango del 20/60 hasta la no
percepción visual junto con un compromiso de la vía óptica que produce
alteraciones del campo visual desde el 10 grado del punto de fijación. Los
estados ópticos del ojo, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo,
por ser condiciones orgánicas reversibles mediante el uso de anteojos, lentes
de contacto o cirugía, no se predican como limitaciones; c) Limitación
física o mental: Quien sea calificado con una pérdida de capacidad
laboral en un rango entre el veinticinco (25) por ciento y el cincuenta (50)
por ciento, teniendo en cuenta los factores de deficiencia, discapacidad y
minusvalía.”
[66] Sentencia T-849 de 2010
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión la Corte juzgó que una mujer
tenía derecho al retén social “en virtud de sus
serios padecimientos de salud (cáncer pulmonar y “limitación auditiva severa
neurosensorial y bilateral”)”. Pero consideró que este derecho se le
había respetado a la tutelante, en tanto se la había mantenido en el cargo “hasta el último acto de liquidación de la entidad
-incluso casi un mes después-”. Por ese motivo, no concedió la tutela
impetrada.
[67] Cita de la sentencia
T-849 de 2010: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13
del Decreto 190 de 2003, reglamentario de la Ley 790 de 2002, para hacer
efectivo el derecho a la estabilidad laboral reforzada, en el caso de las
personas con limitación física, mental, visual o auditiva, se debía adelantar
los siguientes trámites según la circunstancia particular: “b)
Personas con limitación visual o auditiva: los servidores públicos que
consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de
limitación, deben solicitar la valoración de dicha circunstancia, a través de
la Empresa Promotora de Salud, EPS, a la cual estén afiliados y radicar ante el
jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación. El
organismo o entidad, en caso de duda, solicitará por conducto del jefe de
personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la valoración
presentada al Instituto Nacional para Ciegos (INCI) para las limitaciones
visuales; y al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) para las limitaciones
auditivas; || c) Personas con limitación física o mental: Los servidores
públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de
estos tipos de limitación, deben obtener el dictamen de calificación del equipo
interdisciplinario de calificación de invalidez de la Empresa Promotora de
Salud, EPS, o Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, a la cual estén
afiliados, o de no existir este organismo, de la Junta de Calificación de
Invalidez y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la
correspondiente certificación. El organismo o entidad, podrá solicitar por
conducto del jefe de personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la
valoración presentada a las Juntas de Calificación de Invalidez;” En
consideración de estas disposiciones, en la sentencia T-1031 de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte concluyó: “Lo anterior muestra con
claridad que, de acuerdo con las normas generales que reglamentan los
beneficios de estabilidad laboral regulados en el artículo 12 de la Ley 790 de
2002 y, con la disposición especial que regula el proceso de liquidación de la
Empresa Editorial de Cundinamarca Antonio Nariño (EDICUNDI), los beneficios de
la acción afirmativa de estabilidad laboral reforzada se aplican a los
servidores públicos con limitación física, mental, visual o auditiva, cuya
condición debe demostrarse mediante la calificación médica de la EPS y/o las
Juntas calificadoras correspondientes a la Empresa Promotora de Salud o a la
administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado el
trabajador.” […]”.
[68] Cita de la sentencia
T-849 de 2010: “Ver sentencia T-513 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.
[69] Cita de la sentencia
T-849 de 2010: “Sentencias T-1167 de 2007, T-1038 de 2007, T-206
de 2006, T, 602 de 2005 y T-792 de 2004”.
[70]
Sentencia T-849 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[71]
La Ley 790 de 2002 se publicó en el Diario Oficial 45.046 del 27 de diciembre
de 2002.
[72] Sentencia
SU-897 de 2012 (MP. Alexei Julio Estrada. AV. María Victoria Calle Correa). En
esa ocasión la Corte unificó los criterios para definir si una persona tiene
calidad de pre pensionada.  Sostuvo que en virtud de los tratados
internacionales sobre derechos humanos y el mandato de favorabilidad, era
preciso acoger la interpretación referida. Dijo al resumir: “Recuerda la Sala que, dentro de las posibles
interpretaciones del contexto normativo existente para los casos que se
resuelven, i) la primera de ellas sostiene que el término de los tres años
–como elemento esencial para determinar si existe derecho a al protección- debe
ser contabilizado a partir del momento en que se decreta la liquidación de la
entidad; mientras que ii) la segunda, cuenta este término a partir del momento
en que efectivamente se presenta la necesidad de suprimir el cargo ocupado por
una persona próxima a pensionarse. || A juicio de la Corte, y dentro de las
estrictas posibilidades que abre la interpretación conforme a la Constitución
de las disposiciones legales, la
norma más garantista y que, por tanto, se ajusta en mejor forma al contenido
esencial del derecho a la seguridad social será aquella que cuenta el término
de tres años desde el momento en que se concreta la necesidad de suprimir el
cargo”.
[73] Ese término era de seis
(6) meses, contados a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002, pues el
artículo 16 de la misma decía expresamente sobre el término de las facultades
extraordinarias: “[f]acultades
extraordinarias. De
conformidad con el artículo 150 numeral
10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados
a partir de la fecha de publicación de la presente ley”.
[74] Sentencia
C-991 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. Unánime). La sentencia decidía
una demanda de inconstitucionalidad justamente contra el artículo 13 (parcial)
de la Ley 790 de 2002, y la Corte resolvió inhibirse de emitir un
pronunciamiento de mérito en consideración a que, por tratarse de una norma
derogada, había “carencia actual de objeto”.
[75] Sentencia
C-991 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. Unánime). En la parte resolutiva
dispuso: “[…] TERCERO. – DECLARAR
INEXEQUIBLE el artículo 8, literal D. último inciso en el aparte
que señala “aplicarán hasta el
31 de enero de 2004”.”
[76] Sentencia
T-792 de 2004 (MP. Jaime Araújo Rentería). La Sala de revisión eestudió el caso de una mujer cabeza de familia con un
alto porcentaje de incapacidad laboral, que había sido desvinculada en virtud
de la norma contenida en la Ley 812 de 2003. Concluyó que el plazo establecido
desconocía el derecho a la igualdad de la peticionaria sin razón suficiente, y
concedió la tutela.
[77] Decreto 190 de 2003 ‘Por
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002’: “[a]rtículo  14. Pérdida
del derecho. La  estabilidad laboral a la que hace referencia
este capítulo cesará cuando se constate que el ex empleado ya no hace parte del
grupo de personas beneficiarias de la protección especial. || En todo caso, la
estabilidad laboral cesará una vez finalice el Programa de Renovación de la
Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 16 del
presente decreto. || [a]rtículo  16. Aplicación en el tiempo. Salvo lo dispuesto en el artículo
anterior sobre la supresión de cargos vacantes y en el capítulo II sobre el
reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica, las
disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a partir del 1° de
septiembre de 2002, dentro del Programa de Renovación de la Administración
Pública del orden nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá exceder,
en todo caso, el 31 de enero de 2004”.
[78] El Decreto 1615 de 2003 ‘por el cual se suprime la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación’, artículo
16, dice: “[…] La supresión de
los empleos y cargos dará lugar a la terminación de los contratos de trabajo de
los trabajadores oficiales y del vínculo legal y reglamentario de los empleados
públicos, en los términos previstos en las normas vigentes. || El personal
amparado por la protección especial de que trata el artículo 12 la Ley 790 de
2002, continuará vinculado laboralmente por el término máximo previsto en el
Decreto 190 de 2003 o las normas que lo adicionen o modifiquen.”
[79] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia
del diecinueve (19) de abril de dos mil cinco (2005). (CP. Ana Margarita Olaya
Forero). Radicación número: 11001-03-25-000-2003-00351-01(3701-03).
En lo relevante dijo el Consejo de Estado: “[…] como se colige de la decisión de la Corte [sentencia C-991 de 2004],
desapareció del ordenamiento jurídico el límite temporal de protección para los
discapacitados, mujeres embarazadas y para las mujeres cabeza de familia, es
decir, fue suprimida del mundo jurídico la norma que sirve de sustento del
Decreto que se acusa en esta litis en los artículos 14 inciso final y  16,
luego es forzoso concluir que tales normas deben correr igual suerte, pues se
produce el fenómeno de inconstitucionalidad por consecuencia, lo que impone su
declaratoria de nulidad, al tenor del artículo 84 inciso 2 del C.C.A.”. Y
resolvió declarar la nulidad de las siguientes normas del Decreto: “artículo
14 “...En todo caso la estabilidad laboral cesará una vez finalice el programa
de renovación de la administración pública, conforme a lo establecido en el
artículo 16 del presente decreto”. “artículo 16 “Salvo lo dispuesto en el
artículo anterior sobre la comprensión de cargos vacantes y en el Capitulo II
sobre el reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica
las disposiciones contenidas el presente Decreto se aplican  a partir del 1 de
septiembre de 2002, dentro del programa de renovación de la administración
pública del orden nacional, y hasta su culminación, en todo caso, el 31 de enero
de 2004””.
[80] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil once
(2011). Rad. nro: 11001-03-25-000-2005-00158. (CP. Alfonso Vargas Rincón).
[81]
Sentencia T-849 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), antes referida.
[82] Sentencia
T-645 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). En ese fallo la Corte negó la
solicitud de reintegro a una mujer que cumplía los requisitos para tener la
calidad de prepensionada y, aun así, fue desvinculada de TELECOM el último día
de existencia jurídica de esta compañía. La Corte sostuvo que “al haber terminado la existencia jurídica de Telecom
el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), la estabilidad laboral
de que gozaba la demandante cesó ese día”, razón por la cual no procedía el
reintegro.
[83]
Sentencia SU-897 de 2012 (MP. Alexei Julio Estrada. AV. María
Victoria Calle Correa), antes referida.
[84] Sentencia
SU-388 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. AV. Jaime Araújo Rentería).
Esta aserción está inserta en un contexto en el cual la Corte Constitucional
sostenía que la mejor forma de proteger a las madres cabeza de familia, en
virtud del retén social, es el reintegro, mientras subsista la entidad. Lo dijo
también de otra forma: “[…] el Estado
tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a proteger de manera especial
a los trabajadores que por sus condiciones de debilidad manifiesta o
discriminación histórica así lo demandan, entre los cuales sobresalen las
madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible por su permanencia en
la entidad de manera tal que la indemnización constituya la última alternativa”.
[85] El artículo
24 del Decreto 1615 de 2003 dice expresamente, sobre el punto: “Indemnizaciones.
A los trabajadores oficiales a quienes se les termine el contrato de trabajo
como consecuencia de la supresión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Telecom, se les reconocerá y pagará una indemnización, de conformidad con lo
previsto en la tabla contenida en el artículo 5° de la Convención Colectiva
suscrita entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y sus
trabajadores el día dieciocho (18) de febrero de 1994. Dicha indemnización será
cancelada en el término máximo establecido en el Decreto 797 de 1949”.
[86]
Sentencia SU-897 de 2012 (MP. Alexei Julio Estrada. AV. María
Victoria Calle Correa), antes referida.
[87] Sentencia T-849 de 2010
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva). Al resolver el amparo de un trabajador que
alegaba tener limitaciones físicas y, en tal virtud, derecho al retén social,
la Corte dijo que la protección especial a su favor no sólo se traduce en estabilidad
laboral reforzada sino que también “la
administración debe adelantar acciones orientadas a:“i) permit[ir] la
reubicación, traslado e incluso el licenciamiento de los disminuidos físicos,
mentales y sensoriales, con autorización de “la oficina de trabajo”, mientras
dura la imposibilidad de desempeñarse en su labor habitual y ii) prev[er] en
caso de desvinculaciones, temporales o permanentes, el derecho de la persona
con limitaciones a percibir, sin solución de continuidad, una pensión que
consulte el porcentaje de la invalidez que la aqueja, previamente declarada”.
[88]
Sentencia T-645 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). Antes
citada.
[89] Dice el artículo 25 del Decreto 1615 de 2003: “Incompatibilidad con otras indemnizaciones.
Las indemnizaciones a las
que se refiere el presente decreto son incompatibles con cualquier otra de las
establecidas para la terminación unilateral y sin justa causa de los contratos
de trabajo”.
[90] Las
políticas de reubicación ocupacional no son ajenas al ordenamiento jurídico, y
en algunas hipótesis tienen no sólo sustento constitucional sino también legal.
Recientemente, en la Ley 1444 de 2011 ‘por
medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades
extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de
la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación y se dictan otras disposiciones’,
el artículo 18 parágrafo 3° prevé un deber general de reubicación, en
los contextos de liquidación: “Esta ley garantiza la protección integral de
los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del
Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si
fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán
reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes”.
Deberes específicos de reubicación, se han consagrado por ejemplo en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 ‘Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones’. No obstante,
el ámbito de aplicación de están última disposición es específico: “[l]os empleados públicos de carrera administrativa, que como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una
entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los
cargos de los cuales sean titulares, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el
reconocimiento de la indemnización”. También el artículo 52 de esta última Ley
prevé: “[c]uando por razones de
violencia un empleado con derechos de carrera administrativa demuestre su
condición de desplazado ante la autoridad competente, de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y las normas que la modifiquen
o complementen, la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenará su reubicación”.
[91] Artículo
10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí mismo o a través de
representantes. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. […] También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
[92] Sentencia
T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó
la acción de tutela interpuesta por una persona, entre otras razones porque no
tenía la condición de apoderado judicial. Para sostener ese punto, señaló que
el apoderamiento judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes
condiciones: “[…] Dentro de los elementos
del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un
acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta
en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder
para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv)
El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan
origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional”.
[93] Auto 030 de 1996 (MP.
Jorge Arango Mejía). Según la Carta el Ministerio Público debe ser ejercido,
entre otros, “por los personeros municipales” (CP art. 118). A los
personeros les corresponde, como parte del Ministerio Público, la “guarda y
promoción de los derechos humanos” (ídem). Para cumplir esos fines, el
Decreto 2591 de 1991 les confirió legitimidad para instaurar acciones de tutela
a nombre de otras personas, si estas se lo solicitan. Además, dejó abierta la
posibilidad de que el Defensor del Pueblo ratificara esa posibilidad, mediante
la delegación en los personeros de la facultad que la Constitución directamente
le asigna, y tal es la razón por la cual el artículo 49 autorizó a cada
personero municipal para interponer acciones de tutela, “por delegación
expresa del Defensor del Pueblo”. Esa delegación expresa –ha dicho la
Corte- se surtió mediante la Resolución 001 de 1992, expedida por el Defensor
del Pueblo, mediante la cual ésta última autoridad delegó en los Personeros
Municipales de todo el país “la facultad para  interponer acción de
tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o se encuentre en
situación de indefensión”.
[94] Sentencia T-1072 de 2008
(MP. Jaime Córdoba Triviño). En ese caso la Corte consideró que un apoderado
judicial tenía legitimación en la causa por activa, pese a que el poder no se
lo había otorgado directamente el titular de los derechos invocados, sino un
agente oficioso de este último (su hermana). El punto relevante, de acuerdo con
la Corte, era que el titular de los derechos era una persona incapaz absoluta
y, en su caso, de acuerdo con el ordenamiento los poderes que otorgara
directamente debían considerarse nulos.
[95] Sentencia T-452 de 2001
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa ocasión la Corte reconoció que se
daban las condiciones de la agencia oficiosa para interponer la tutela, a pesar
de que no se había dicho expresamente que el titular estaba imposibilitado para
defender por sí mismo sus derechos, pues tácitamente se decía que el titular de
los derechos no estaba en condiciones de promover directamente el amparo.
[96] Sentencia T-240 de 1995
(MP. Hernando Herrera Vergara). En ese fallo la Corte sostuvo que un apoderado
carecía parcialmente de legitimación en la causa, pues el poder que tenía se lo
había otorgado una persona a nombre de otras sin tener las condiciones (por
ejemplo, de agente oficioso) para hacerlo conforme a Derecho.
[97] Sentencia T-207 de 1997
(MP. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte decidió que una persona que
decía interponer tutela en calidad de agente oficioso de otro, carecía de
legitimación en la causa por activa pues no había demostrado que el agenciado
estuviese imposibilitado para promover por sí mismo la defensa de sus derechos.
Sólo había probado que el titular de los derechos agenciados se encontraba en
dificultades para hacerlo. La Corte sostuvo: “[…] Tampoco
es admisible el argumento que expone uno de los abogados, en virtud del cual
éste dice actuar como agente oficioso, ya que, según él, la dificultad de
desplazamiento de éstos a la capital de la República, lugar donde se propuso la
acción, es causal que justifica su agencia. Considera la Sala que en este
evento no existe imposibilidad, y ni siquiera dificultad alguna, para que los
interesados hubieran otorgado en debida forma un poder desde la ciudad en la
cual residen, y que luego fuera enviado a esta ciudad por correo u otro
conducto eficaz.”
[98] Dijo la Sala de Casación
Civil, al respecto: “[…] No erró, entonces,
al verificar la falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el entendido
de que la fiduciaria obró contractualmente en la condición de fiduciario y de
esa misma manera debió demandarse atendidas las explicaciones precedentes que,
si bien no coinciden exactamente con las dadas por el ad quem, permiten
concluir también que no era dable demandar directamente a la nombrada sociedad
fiduciaria, o a quien hoy hace sus veces, para hacer recaer los efectos de la
renovación del contrato en sus propios bienes, sino a ella como vinculada a ese
patrimonio autónomo en el carácter indicado”. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil. Sentencia del tres (3) de agosto de dos mil cinco
(2005).  (MP. Silvio Fernando Trejos). Expediente No. 1909.
[99] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del tres (3) de agosto de dos mil
cinco (2005).  (MP. Silvio Fernando Trejos). Expediente No. 1909.
[100] El artículo 1226 del Código de Comercio dice
expresamente: “[l]a fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual
una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o
enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en
provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. || Una
persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. || Solo los
establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios”.
[101] Sentencia
T-798 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[102] En la parte resolutiva,
la Corte impartió la siguiente orden al gerente del PAR: “[…] Tercero. En
consecuencia, ORDENAR al gerente del Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación que, en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, liquide y pague a los demandantes la indemnización por despido
injustificado a que tenían derecho como consecuencia de la terminación
injustificada de sus contratos de trabajo con la Empresa de Telecomunicaciones
de Nariño S.A. -E.S.P.-”. Sentencia T-798 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[103] Auto A-143 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto). En esta providencia la Corte estudió un conflicto negativo de
competencia generado entre un juzgado municipal de Bucaramanga y un juzgado
civil municipal de Bogotá. El juzgado de Bucaramanga consideró que era
incompetente para conocer de la acción, porque en su concepto, la vulneración
de los derechos de la actora se estaban presentando en la ciudad de Bogotá, ya
que ese era su lugar de domicilio. En consecuencia, remitió el expediente a
esta ciudad para que fuera sometido a reparto, y planteó el conflicto negativo
de competencia. Por su parte, el juzgado de Bogotá al que le fue repartido el
caso se limitó a aceptar el conflicto y remitió el expediente a la Corte
Constitucional. En sus consideraciones la Corte señaló: “En efecto, a partir
de una interpretación con observancia del principio pro homine de las citadas
normativas, esta Corporación ha establecido que son varias las
posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor
territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos
invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere
la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con
jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o
amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.” Con
fundamento en los argumentos expuestos, la Corte consideró que el domicilio del
accionante no es factor de competencia, razón por la cual dejó sin efectos el
auto proferido por el juzgado de Bucaramanga, y le ordenó que resolviera de
fondo la solicitud de amparo presentada por la actora. En el mismo
sentido, se pueden revisar los autos 247 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), 060 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), 190 de 2011 (Nilson
Pinilla Pinilla), 223 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y 244 de
2011 (MP. María Victoria Calle Correa).
[104] Auto 196 de 2011 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva). En este auto la Sala Plena de esta Corporación
revisó un fallo de tutela proferido por un juez penal municipal de Cartagena,
dentro de una acción de tutela interpuesta en contra de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia por la presunta vulneración del derecho al debido
proceso de una persona con la decisión de la Corporación accionada de habilitar
unos días de vacancia judicial para la contabilización de los términos de
notificación de una providencia dentro de un proceso penal. El Juez asumió la
competencia de la acción, porque consideró que así lo permitía la
jurisprudencia constitucional sobre el alcance de las reglas de reparto. En sus
consideraciones, la Corte señaló que aunque el desconocimiento de las reglas de
reparto consagradas en el Decreto 1382 de 2000 “no puede ser invocado como
vicio de competencia que genere nulidad”, estas reglas constituyen
criterios vinculantes para los operadores jurídicos, que “imprime[n]
objetividad, ordena[n] y racionaliza[n] la distribución del trabajo judicial,
excluyendo la arbitrariedad y el capricho en la asignación de los procesos”. Asimismo,
señaló que la falta de competencia fundada en el factor territorial constituye
una nulidad saneable que debe ser resuelta conforme a las reglas citadas. Sin
embargo, encontró que en el caso objeto de estudio no podía sanearse la
nulidad, porque la entidad accionada puso de presente la irregularidad desde el
trámite de reparto y solicitó que se declarara la nulidad. Por lo tanto, la
Sala encontró que la actuación del juez de instancia desconoció el factor
territorial consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que determina
la competencia en materia de tutela, y por lo tanto, declaró la nulidad de todo
lo actuado desde el auto admisorio de la tutela y ordenó la remisión de las
actuaciones a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema.
[105] Sentencia
T-087 de 2012 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa ocasión, la Corte no sólo se
declaró competente, sino que revisó efectivamente los fallos de tutela, a pesar
de que en su concepto “existió un deplorable desconocimiento de
regulaciones claras sobre la competencia [territorial]”. La Corte
decidió “descart[ar] un pronunciamiento de nulidad por
incompetencia, en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia propios de la acción de tutela”.
[106] Sentencia
T-087 de 2012 (MP. Humberto Sierra Porto). En la parte resolutiva de esa
providencia se puede leer lo que decidió la Corte, lo cual dista de un decreto
judicial de anulación del proceso: “[…] REVOCAR la sentencia de julio 14 de 2011 proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la dictada en mayo 25 del mismo año
por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad, que concedió la tutela
pedida contra ECOPETROL por los señores Oscar Manuel Monsalve Jaimes y John Harvey
Vega Fonnegra y la señora Mayra Alejandra Joya Bueno, mediante apoderado (expediente
T-3195272). En su lugar, se dispone DECLARAR
IMPROCEDENTE dicha acción.”
[107]
Sentencia T-675 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
aunque la Sala de Revisión advirtió que había una
[108] Sentencia
T-418 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa). En ella la Corte estudió la
situación de varios residentes de la vereda San Antonio, en el municipio de
Arbeláez, que desde hacía varios años no tenían acceso a agua, por estar en una
zona rural, y a pesar de que en múltiples oportunidades solicitaron a la
alcaldía la prestación del servicio, e incluso, ofrecieron asumir el costo de
parte de las obras de las redes necesarias para tal efecto; y también, a pesar
del hecho de que algunos residentes de la misma zona, no muchos, si disfrutaban
del suministro. La petición se originó porque algunos integrantes de las
familias afectadas se enfermaron por falta de acceso a agua potable, y sufrían
alto riesgo de sufrir infección intestinal. La Corte consideró que el
problema de falta de adecuación de la infraestructura era técnico y financiero,
y no podía ser imputado a los accionantes y sus familias, y en ese orden de
ideas, concluyó que la alcaldía del municipio vulneró los derecho fundamentales
al agua, a la vida y a la salud de los peticionarios y de sus familias, y le
ordenó adecuar el acueducto municipal, en orden de ofrecer a los peticionarios
el servicio de agua. En las consideraciones más importantes que contiene esta
sentencia, se hizo un estudio sobre los tipos de órdenes que puede adoptar un
juez constitucional, y específicamente, sobre la clasificación de las mismas
por su grado de complejidad.
[109] Sentencia T-086 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
En aquella oportunidad se examinó la competencia de un juez que resolvió un
incidente de desacato y las condiciones para modificar la orden original para
asegurar la protección efectiva de los derechos tutelados. La Corte protegió
parcialmente el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, bajo el
entendido de que el juez de desacato tenía competencia para modificar la orden
impartida originalmente en sede de tutela, sin embargo, con su decisión
disminuyó el grado de protección sin antes adoptar medidas compensatorias.
[110] Sentencia T-493 de 2005
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte revisó un grupo
de sentencias proferidas en sendas acciones de tutela, las cuales fueron
interpuestas por algunas trabajadoras que fueron desvinculadas de Telecom
dentro del proceso de liquidación de esa entidad, sin tener en cuenta que eran
madres cabeza de familia. Luego de hacer referencia a la modulación por parte
de la Corte Constitucional de los efectos de sus sentencias, la Sala de
Revisión tuteló los derechos fundamentales de las actoras a la estabilidad
laboral reforzada y a la igualdad, e hizo extensivos los efectos de las órdenes
proferidas en la sentencia SU-388 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández.
SPV. Jaime Araujo Rentería), a las actoras en los procesos objeto de revisión,
ya que en esa sentencia se protegió el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de las madres cabeza de familia al servicio de Telecom, y se hizo
extensivos los efectos de las órdenes emitidas a las personas que se
encontraban en la misma situación de las actoras.
[111] Respecto
de los derechos de los trabajadores que laboraban en TELECOM y que fueron
desvinculados dentro del proceso de liquidación de esta entidad, la Corte ha
proferido diversas sentencias de unificación, como por ejemplo, las sentencias
SU-388 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Jaime Araujo Rentería) y
la sentencia SU-389 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería.  AV. Jaime Araujo
Rentería), sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las madres y
padres cabeza de familia que fueron desvinculadas de TELECOM dentro del proceso
de liquidación de esa entidad.
[112] Sentencia T-538 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto). En esa oportunidad la Corte revisaba unos fallos de tutela, dentro de
los cuales había uno que decretó un embargo de las cuentas del PAR con el fin
de proteger a un grupo de ex trabajadores de TELECOM, quienes alegaba haber
sido despedidos con violación de su fuero. La Corte censuró el embargo de las
cuentas, en el siguiente sentido: “(…) las bondades de la acción de amparo,
en términos de sencillez, celeridad y antiformalismo, no pueden ser
aprovechadas por los ciudadanos y los abogados para la consecución de fines
mezquinos o ilegales. Al mismo tiempo, los jueces constitucionales no pueden
prestarse para ello, y mucho menos ejercer sus competencias por fuera del
ordenamiento jurídico, so pretexto de lograr el amparo efectivo de supuestos
derechos fundamentales. Tales comportamientos, coadyuvan a deslegitimar la
administración de justicia ante la comunidad y configuran un abuso del derecho
fundamental de acceder a aquélla. || En tal sentido, el decreto de medidas
provisionales, reservado para los casos verdaderamente urgentes y de real
amenaza para los derechos fundamentales, no puede convertirse en un instrumento
para lograr el embargo y el pago de inexistentes acreencias laborales. || En el
caso concreto, como se explicó, con la presentación de unas simples liquidaciones
laborales, elaboradas por los peticionarios, el juez de amparo decidió, como
medida provisional, decretar un embargo por $ 1.300.000.000 millones de pesos,
en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. Posteriormente,
antes del fallo, y sin que las pruebas hubiesen sido controvertidas por la
entidad accionada, la medida cautelar se amplió en la suma de $ 227.789.369
pesos. Es más, al momento de fallarse la nulidad de todo lo actuado, por parte
del juez de segunda instancia, el dinero había sido ya entregado a los
peticionarios. En otras palabras, sin contar con verdaderos elementos de
prueba, y ante un riesgo inexistente, un juez ordenó embargar y pagar unas
cuantiosas cantidades de dinero por vía de tutela”.
[113] Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
Artículo 38. Actuación temeraria. “Cuando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas la solicitudes.|| El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesionales, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
[114] MP. Rodrigo Escobar
Gil. SV. Jaime Araujo Rentería. En aquella oportunidad la Corte revisó las
sentencias proferidas por los jueces de tutela de instancia, en el proceso
promovido por una empresa en contra de una entidad pública por la presunta
vulneración de, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso dentro de
un proceso licitatorio. La sociedad accionante había interpuesto dos procesos
de tutela anteriores contra la misma entidad, en los que solicitó la protección
de su derecho al debido proceso. La Corte, luego de hacer algunas
consideraciones sobre la temeridad en la interposición de la acción de tutela,
concluyó que en ese caso no se presentaba uno de los presupuestos para declarar
la temeridad, ya que los hechos en que se fundamentaron las otras acciones de
tutela eran distintos. Luego de hacer algunas consideraciones sobre la
procedencia de la acción de tutela para resolver el problema jurídico que el
caso planteaba, la Corte declaró la carencia de objeto por haberse proferido un
acto administrativo que ordenó dar por terminado el contrato que se adjudicó
dentro del proceso licitatorio que dio origen a la interposición de la acción,
y que convocó a un nuevo proceso licitatorio.
[115] Esto último ya se había
sostenido en la sentencia C-054 de 1993 (MP. Alejandro Martínez Caballero.
Unánime): “[…] Se estudia ahora por parte de esta Corporación la denominada
‘actuación temeraria’ por la presentación de varias tutelas por un mismo hecho.
|| Al cotejar las normas constitucionales con la norma acusada se advierte ésta
se adecua a aquellas. || [...] En efecto, esta Corporación reitera aquí
lo que ya ha establecido en Sala de Revisión de Tutela, a propósito de la
actuación temeraria, cuando sostuvo que con base en los artículos 83, 95 y 209
de la Constitución, la actuación temeraria debe ser controlada en aras de
lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado. En aquella
oportunidad esta Corporación sostuvo que el abuso desmedido e irracional del
recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir
de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de
un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento
en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos,
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad
judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad
civil”.
[116] Dispone el artículo 4°
del Decreto 306 de 1992: “Para la interpretación de las disposiciones sobre
trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo
aquello que no sean contrarios a dicho decreto (...)”.
[117] Sentencia T-443 de 1995
(MP. Alejandro Martínez Caballero).
[118] Sentencia T-149 de 1995
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[119] Sentencia T-308 de 1995
(MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[120] Sentencia T-443 de 1995
(MP. Alejandro Martínez Caballero).
[121] Sentencia T-001 de 1997
(MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[122] Sentencia SU–713 de
2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araujo Rentería).
[123] Sentencia
T-184 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esa oportunidad se estudió una
acción de tutela interpuesta por una persona que solicitó la protección de su
derecho a la vivienda digna, el cual consideró que estaba siendo vulnerado por
una entidad financiera con quien había adquirido un crédito hipotecario, porque
esa entidad adelantó un proceso ejecutivo para el cobro del pagaré suscrito por
la actora, proceso que llevó al remate del inmueble y al desalojo de la actora.
Dentro del trámite de la acción la Corte constató que la actora había
adelantado una acción previa, la cual tenía identidad de partes, hechos y
pretensiones de la acción objeto de estudio. Sin embargo, concluyó que la
acción no era temeraria porque la actora actuó bajo un estado de necesidad que
desvirtuaba la mala fe de la actora en el ejercicio sucesivo de la tutela.
[124] Al respecto, ver la
sentencia SU-713 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araujo Rentería).
Antes citada.
[125] Sentencia
SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas
Hernández). Dijo al respecto: “[…] 5.1 Admitir que los fallos de tutela
definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una
nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte
Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya
concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley
(art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia
(arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y
reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido
de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de
tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el
lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para
revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento
Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la
Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido”.
[126]
Sentencia SU-389 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería. AV. Jaime
Araujo Rentería).
[127] Sentencia T-098 de 2009
(MP. Clara Inés Vargas Hernández). Dijo al respecto: “[…]
Nótese que la sentencia T-592 de 2006 no autorizó o dispuso de manera alguna la
interposición indiscriminada de varias o múltiples acciones de tutela sin
límite en el tiempo, para controvertir los derechos de los padres o las madres
cabeza de familia. No. Por el contrario, la sentencia es clara en determinar,
como lo dispuso la Sala Plena en la sentencia de unificación, que debido al
efecto inter comunis inmerso en la misma, era viable que las personas
que hubieren reclamado la protección de sus derechos antes de la SU-389,
volvieran a interponer un nuevo y único amparo oportuno para exigir la
aplicación de las subreglas previstas en ésta. En otras palabras, siguiendo la
argumentación que compone la sentencia T-592, la actuación temeraria quedaría
excluida en la medida en que la nueva tutela perseguiría ahora el aseguramiento
de los efectos contenidos en la sentencia de unificación”.
[128] Sentencia C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández Galindo; SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). En este caso declaró
inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se
establecía un término de caducidad para presentar la acción de tutela contra
sentencias, pues consideró que salvo aquellos casos en los que el funcionario
hubiese actuado por vías de hecho, que violen derechos fundamentales, la acción
de tutela no procede contra providencias judiciales. Sentencia C-590 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño). En esa ocasión declaró inexequible la
expresión  “ni acción” del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. [Artículo
185. Decisión. Cuando la Corte [Suprema] aceptara como demostrada alguna
de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60)  días
siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún
recurso ni acción, salvo la de revisión]. Dijo: “[…] no es cierto que
la Corte, en el fallo citado, haya descartado, de manera absoluta, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.  Lo que hizo
en esa oportunidad fue excluir del ordenamiento jurídico unos preceptos
normativos que afirmaban la procedencia de ese mecanismo contra las sentencias
como regla general y no como excepción.  De allí que la Corte, en la motivación
de ese pronunciamiento, haya delineado genéricamente los supuestos en los que
de manera excepcional procedía la acción de tutela contra tales decisiones. ||
29. Por otra parte, la postura que se comenta desconoce la doctrina
constitucional pues esta Corporación no sólo ha realizado una interpretación
autorizada de la Sentencia C-543-92, sino que, como se indicó en precedencia,
ha construido una uniforme línea jurisprudencial que desarrolla los supuestos
excepcionales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales.”
[129] Sentencia
T-916 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esa ocasión, la Corte se abstuvo de
conceder la tutela instaurada por una persona, por considerar que el asunto ya
había sido juzgado por la justicia ordinaria mediante sentencia que había hecho
tránsito a cosa juzgada. En ese contexto dijo –y reiteró en ello lo sostenido
anteriormente en la sentencia T-450 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil)-: “[…]
Por todo lo anterior, encuentra la
Corte que el debate que se quiere suscitar por el demandante en esta vía, ya
fue resuelto por la jurisdicción ordinaria, lo que permite concluir que la
decisión del Tribunal Superior de Bogotá se encuentra en firme, y por lo mismo
hizo tránsito a cosa juzgada, razón por la cual no es la acción de tutela la
llamada ni a sustituir, ni a complementar un procedimiento judicial que ha
fenecido en legal forma, pues estaría atentando de esta manera con el principio
constitucional de la seguridad jurídica. || Esta Sala mediante Sentencia T-450
de 2004, resolvió un caso similar en el que se pretendía por vía de tutela
reabrir un debate suscitado ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En esa oportunidad el demandante buscaba la reliquidación de
las cesantías incluyendo el valor de la prima técnica a la que tenía derecho,
por haberse acogido al régimen prestacional previsto en el Decreto 057 de 1993,
controversia que había sido resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, al denegar las pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho propuesta, por considerar que no se había agotado
el requisito de procedibilidad -vía gubernativa-, previsto en el Código
Contencioso Administrativo”.
[130] En efecto, según el
artículo 118 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la
acción de reintegro del aforado sindical se ha de tramitar conforme al
procedimiento de los artículos 113 y siguientes de la misma codificación. El
artículo 114 dice: “Recibida la demanda, el juez en providencia que se
notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes, ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia.
Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5o.) día hábil siguiente a
la notificación, el demandado contestará la demanda y propondrá las excepciones
que considere tener a su favor. Acto seguido y en la misma audiencia se
decidirá las excepciones previas y se adelantará el saneamiento del proceso y
la fijación del litigio. A continuación y también en la misma audiencia se decretarán
y practicarán las pruebas y se pronunciará el correspondiente fallo. Si no
fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que
tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes”.
[131] Sentencia T-845 de 2008
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa ocasión la Corte reiteró que la
tutela es por regla general improcedente para solicitar la protección de los
aforados despedidos sin autorización de juez. Dijo, al declarar improcedente el
amparo promovido por un trabajador con fuero que había sido desvinculado sin
orden de juez: “[…] Esta Corporación ha
determinado que la acción de tutela es improcedente para remediar la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador despedido mientras
gozaba de la garantía de fuero sin seguir el procedimiento previo de
autorización ante el juez laboral. Lo anterior en virtud de que la legislación
procesal laboral consagra la acción
de reintegro como un
mecanismo ágil, idóneo y efectivo para la garantía de los derechos
fundamentales de asociación y libertad sindical, que pueden verse afectados con
tal proceder”.
[132] Sentencia
T-764 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esa oportunidad, la Corte tuteló el
derecho a la asociación sindical de un cierto número de trabajadores a quienes
se había desvinculado irregularmente, dentro de un probado “designio antisindical
que t[enía] la capacidad de afectar el
derecho de asociación sindical”. Esto justifica la
procedencia de la tutela, cuando entre los despedidos haya aforados sindicales.
Caso similar se presentó en la sentencia T-616 de 2012 (MP: Humberto Sierra Porto).
[133] Sentencia
T-845 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte
dijo que la jurisprudencia constitucional ha insistido en el “carácter
excepcional [de la tutela] para casos en los que la acción de reintegro no
puede lograr el resarcimiento pleno de otros derechos fundamentales vulnerados
o se avista una grave afectación de los derechos fundamentales de la persona,
que merece ser atendida en forma inmediata. La anterior conclusión es plasmada
en la sentencia T-1209 de 2000, en la que se aduce que la procedencia de la
acción de tutela en materia de fuero sindical no se encuentra excluida
definitivamente, sólo que debe demostrarse plenamente la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.” En esa ocasión, la Sala de la Corte no encontró
acreditada esa hipótesis, razón por la cual declaró improcedente el amparo
presentado por un trabajador amparado con el fuero sindical que alegaba
violación de sus garantías.
[134] Sentencia
T-326 de 1999 (MP. Fabio Morón Díaz). En ese fallo, la Corte declaró
improcedentes varias acciones de tutela, interpuestas por ex trabajadores que
alegaban ser aforados sindicales, y pese a eso haber sido desvinculados sin que
se observaran las garantías constitucionales propias de su fuero sindical. La
Corte constató que al momento de resolver las tutelas, estaban pendientes
sendos procesos de reintegro sindical ante la justicia laboral ordinaria y por
eso, al no haberse comprobado el riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, se
abstuvo de pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de amparo. Dijo: “[…]en el acervo probatorio obrante en el expediente
acumulado, aparece un memorial dirigido al Despacho del Magistrado Sustanciador
de este proceso de fecha 23 de marzo de 1999, suscrito por el apoderado de la
parte demandada, en donde éste acompaña sendas copias de las demandas de fuero
sindical presentadas por los actores mediante apoderado judicial y admitidos
por autos de fechas 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 de septiembre de 1998, ante
diferentes Juzgados Laborales de Santafé de Bogotá, así como las contestaciones
a las mismas por parte de la empresa demandada […]. || En consecuencia, estima
esta Sala de Revisión, que, al estar pendiente el trámite de las mismas,
fundamentadas en el despido de trabajadores amparados por el fuero sindical,
ante las autoridades competentes de la justicia laboral, es claro entonces, que
existe otro medio de defensa judicial, que, por lo mismo, excluye la acción de
tutela. La Sala reitera entonces que, estando en curso varios procesos
especiales de fuero sindical, no son procedentes las acciones de tutela
acumuladas en el presente caso. Pues, repárese que el Juez de tutela no puede
invadir órbitas y competencias de la justicia ordinaria”.
[135] Sentencia
T-323 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto). En ese caso, la Corte tuteló los
derechos de un aforado sindical a quien en un proceso laboral se le
reconocieron sus derechos al reintegro y al pago de los salarios dejados de
percibir y, a pesar de ello, su empleador se abstuvo de reintegrarlo. La Corte
dijo: “[…] Concluye, entonces, esta Sala
de Revisión que al no dar cumplimiento a las decisiones judiciales, la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación violó los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al cumplimiento de
sentencias y al trabajo del ciudadano Hernando Ramírez Arboleda, así como
también desconoció sus derechos adquiridos como trabajador sindicalizado”.
[136] Sentencia T-205 de 2004 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández). La Corte en ese fallo tuteló los derechos de un grupo
de trabajadores con fuero sindical, a quienes jueces laborales ordinarios les
dejaron de reconocer su derecho al reintegro pese a haber sido desvinculados
sin orden de juez. La Corporación sostuvo, para sustentar sus órdenes de
protección: “[…] En este orden de ideas, la Sala de Revisión considera que en los casos
de reestructuración de pasivos de entidades públicas, la Administración tiene
el deber de acudir previamente ante el juez laboral cuando quiera que sea
necesario suprimir un cargo que viene siendo ocupado por un trabajador aforado.
Así pues, el funcionario judicial determinará si el proceso de reestructuración
constituye o no una justa causa para levantar la garantía constitucional del
fuero a un dirigente sindical. || De tal suerte que no tramitar previamente una
autorización judicial para despedir al trabajador aforado, incluso en los casos
de reestructuración de pasivos, constituye una omisión que genera una
vulneración al debido proceso y a los derechos de asociación, libertad y fuero
sindicales”.
[137] Sentencia T-538 de 2009
(MP. Humberto Sierra Porto). La Corporación resolvió en ese caso declarar
improcedentes las tutelas promovidas por ex empleados de TELECOM que alegaban
haber tenido fuero
sindical cuando fueron
desvinculados de la empresa, y que a pesar de eso no se iniciaron los procesos
de levantamiento del fuero. Entre las razones para sustentar la improcedencia,
la Corte señaló la siguiente: “[…] una
vez desvinculados de la empresa, los ex trabajadores contaron con la facultad
de acudir ante la justicia laboral ordinaria, en sede de acción de reintegro
por fuero sindical, lo cual tampoco hicieron”. Sentencia T-135a de
2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). En esta ocasión, la Corte declaró
improcedente la tutela instaurada por los ex trabajadores de TELECOM que
solicitaba protección de sus garantías como aforados sindicales. Para resolver
algunos casos, la Corte tuvo en cuenta que se habían incumplido el requisito de
subsidiariedad en vista de que ciertos demandantes habían decidido “[…]
no acudir a las vías ordinarias de defensa
judicial y dejar pasar más de 3 años desde que fue liquidada la empresa, por lo
tanto también se considerará improcedente la acción de tutela respecto a las
pretensiones de la señalada actora”
[138]  Sentencia
T-1198 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En ese fallo, la Corte declaró
improcedente una tutela, interpuesta por alguien con base en que una entidad
había dejado de cumplir con las órdenes de protección que le había impartido un
juez de tutela en otro proceso. Dijo: “[…] En supuestos en los cuales el
ciudadano solicita el amparo constitucional con fundamento en la convicción de
que en efecto el demandado incurrió en una nueva vulneración de sus garantías
básicas, habría lugar a establecer la improcedencia de la demanda y no la
temeridad en la interposición de la misma”. Y también: “[…] cuando
se está en presencia de la desatención de una orden de tutela […] el juez que
en primera instancia conoció del proceso mantendría la competencia para hacer
cumplir a cabalidad la orden que profirió”.
[139] Sentencia
T-598 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). En esa oportunidad, una Sala de
Revisión de la Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por una mujer contra CAPRECOM, luego advertir precisamente que no
cumplía con los requisitos usuales de procedencia; es decir, “[…] al no estar demostrada la existencia del perjuicio
irremediable y ante la presencia
de un procedimiento ordinario eficaz para la resolver la petición particular de
la accionante”.
[140] Sentencia T-551 de 2009
(MP. Mauricio González Cuervo). En esa oportunidad, una Sala de Revisión de la
Corte sostuvo que la tutela presentada por ex empleados de TELECOM era
improcedente, porque los hechos desvirtuaban que hubiese existido un perjuicio
irremediable, requisito necesario a su juicio para estudiar el fondo de una
solicitud de amparo.
[141] Sentencia
T-134a de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). La Corte declaró improcedentes las
tutelas, esencialmente sobre la base de que eran temerarias. Sin embargo,
manifestó que “[r]especto a la
subsidiariedad […], a manera de ilustración considera la Sala que de no haber
resultado temeraria la presente acción de tutela, los jueces de instancia
debieron realizar un estudio de fondo respecto a la procedencia de la acción,
atendiendo el principio de subsidiariedad dado que en el expediente no obra
documento alguno que acredite que hubieran utilizado previamente otros medios
de defensa judicial, que ciertamente se hallaban a su alcance”.
[142] Sentencia
T-274 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa). En esa ocasión la Corte
sostuvo: “[…] en el asunto que
se analiza se debe considerar el hecho de que ninguno de los accionantes
ejerció los mecanismos o acciones propias de la vía ordinaria y tampoco
aportaron pruebas en el sentido de demostrar que la vía judicial era
ineficiente para la protección de los derechos alegados. […] De manera que la acción de tutela no es el
medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales,
ni es una instancia adicional a las existentes”.
[143] Sentencia
T-589 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). La tutela estudiada en ese caso
por un ex trabajador de TELECOM contra el PAR fue declarada improcedente, “[…]
al no estar demostrada la
existencia del perjuicio irremediable y
ante la presencia de un procedimiento ordinario eficaz para la resolver la
petición particular de la accionante”. La Corte concluyó que la tutela no era el medio de defensa
judicial apropiado en ese contexto.
[144] Sentencia
T-302 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo). En esa decisión, la Corte se
abstuvo de tutelar los derechos invocados por un ex trabajador de TELECOM
frente el PAR, porque en su criterio la tardanza para presentar el amparo
desvirtuaba el posible perjuicio irremediable, necesario para la procedencia de
la tutela. En ese caso, la Corte debía resolver si la suspensión de un beneficio convencional, como la
prestación del plan complementario de salud, entrañaba una violación del
derecho a la salud.
[145] Sentencia
T-645 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). En concreto, la Corte manifestó:
“[…] En su jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para obtener la protección de los derechos de personas que se encuentren
revestidas por la protección laboral que deviene del retén social. En este
sentido, de conformidad con la SU-389 de 2005, debido a que se trata de una
garantía de estabilidad laboral temporal, es evidente el acaecimiento de un
perjuicio irremediable. || Así las cosas, la mencionada acción es procedente
para aplicar las normas que regulan el retén social, las cuales tienen como
objetivo proteger a personas que se encuentran en condiciones de especial
vulnerabilidad. Así, ningún mecanismo tiene mayor idoneidad que la tutela, pues
conlleva un rápido y efectivo amparo de los derechos fundamentales, que
garantizaría la protección antes de que la entidad fuera liquidada”. Resolvió: “DENEGAR el amparo
solicitado”.
[146] El artículo 6 numeral
1° del Decreto 2591 de 1991 ofrece un desarrollo admisible de la Constitución
Política, y de acuerdo con su texto, la disponibilidad de dichos medios debe
ser “apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante” (Dcto 2591 de 1991, art.
6.1).
[147] Sentencia SU-961 de
1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En esa ocasión, la Corte debía
definir si una acción contenciosa era eficaz para resolver una determinada
pretensión, y concluyó que no lo era. Por esa razón, juzgó que la acción de
tutela debía considerarse el medio de defensa idóneo. En ese contexto definió
los criterios para determinar si los otros medios de defensa judicial,
distintos a la tutela, son eficaces. Lo hizo en el siguiente sentido: “[…] En cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone.  Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras
distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad
es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un
remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”.
[148] Sentencia SU-961 de
1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). Atrás referida.
[149] Sentencia SU-388 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Jaime Araújo Rentería).
[150] Cita de la sentencia SU-388 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández. SPV. Jaime Araújo Rentería): “Sentencia T-500 de 2002 MP.
Eduardo Montealegre Lynett.  Al analizar una exigencia que ECOPETROL hacía para
la afiliación como beneficiarios de los cónyuges de las trabajadoras, que no estaba
prevista para las esposas de los trabajadores varones, la Corte explicó que en
ciertos casos el factor temporal es determinante para establecer la procedencia
o no de la tutela. Dijo entonces: ‘Ahora bien, una de las características
esenciales de la tutela es precisamente la celeridad y brevedad con que la
persona obtiene una decisión judicial.  Pero esa sola circunstancia no
significa per se que pueda desplazar cualquier otro mecanismo, porque se
llegaría al absurdo de anular el sistema procesal diseñado por el legislador,
más aún cuando la protección de derechos fundamentales no es un asunto
reservado únicamente al juez constitucional en sede de tutela, sino que debe
inspirar todo el ordenamiento con independencia del mecanismo por medio del
cual se haya puesto en funcionamiento la administración de justicia.  Sin
embargo, en algunos casos y bajo ciertas condiciones el factor temporal
constituye un elemento relevante al momento de analizar la procedencia o no de
la tutela. (...)’. Ver también las sentencias T-391 de 2001 y T-1169 de 2003,
MP. Clara Inés Vargas Hernández”.
[151] Cita de la sentencia SU-388 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández. SPV. Jaime Araújo Rentería): “Dijo la Corte: ‘Así las cosas, de someter al señor Ramírez
a la duración de un proceso ordinario laboral sería altamente probable que para
el momento de la decisión, y en el evento en que ella fuere favorable a sus
pretensiones, la entidad careciera de los recursos suficientes para asegurar el
pago de sus acreencias, cuando precisamente entró en liquidación ante la
insuficiencia de fondos para cubrir todas sus obligaciones patrimoniales.|| En
este caso el factor temporal adquiere especial relevancia si se tiene en que
antes de la presentación de la tutela el trámite liquidatorio se encontraba
culminado al menos en un 85%, y desde el año 1999 la Superintendencia calificó
y graduó las obligaciones patrimoniales de la empresa y dispuso hacer las
reservas presupuestales sobre los asuntos litigiosos’.
[152] Las características del perjuicio irremediable fueron
delimitadas por la Corte desde la sentencia T-225 de 1993 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa). Luego fueron reconocidas por la Sala Plena de la Corte en la
sentencia C-531 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. Jorge Arango Mejía,
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara). En aquella se dijo: “[a]l examinar cada uno de los términos que
son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable,
nos encontramos con lo siguiente: || A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior
se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las
cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se
contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles:
cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con
el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa
que está produciendo la inminencia. || B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está
por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud
dan señalan la oportunidad de la urgencia. || C). No basta cualquier
perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad,
por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en
la indefinición jurídica, a toda luz inconveniente|| D).La urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que
ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de
ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de
la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio
social”.
[153] Sentencia T-1316 de
2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).  En esta sentencia se estudiaba si era
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta
que el accionante había presentado una demanda ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, para solicitar el incremento de su mesada pensional. En este
caso, la Corte resolvió confirmar los fallos de instancia, que negaron el
amparo del derecho, pues consideró que en el caso en concreto no se configuraba
una situación irremediable.
[154] Sentencia SU-388 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Jaime Araújo Rentería).
[155] Sentencia T-645 de 2009 (MP: Juan Carlos Henao
Pérez). En ese caso los demandados mediante tutela eran Fiduagraria S.A. y Fidupopular, “en su condición de integrantes del
Consorcio de Remanentes de Telecom, ente encargado del manejo y administración
del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom – PAR”. Como se refirió,
en esa oportunidad la tutela la instauró una madre cabeza de familia, con el
fin de que se le reconociera su derecho a la estabilidad laboral reforzada. La
Corte, a pesar de que finalmente adoptó una decisión de mérito adversa a la
tutelante, declaró procedente el amparo justo con base en la jurisprudencia
establecida en la sentencia SU-388 de 2005. Dijo al respecto: “[…] En su jurisprudencia, la Corte
Constitucional ha reconocido que la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para obtener la protección de los derechos de personas que se encuentren
revestidas por la protección laboral que deviene del retén social[1].
En este sentido, de conformidad con la SU-389 de 2005, debido a que se trata de
una garantía de estabilidad laboral temporal, es evidente el acaecimiento de un
perjuicio irremediable. Así las cosas, la mencionada acción es procedente para
aplicar las normas que regulan el retén social, las cuales tienen como objetivo
proteger a personas que se encuentran en condiciones de especial
vulnerabilidad. Así, ningún mecanismo tiene mayor idoneidad que la tutela, pues
conlleva un rápido y efectivo amparo de los derechos fundamentales, que
garantizaría la protección antes de que la entidad fuera liquidada.”
[156] Sentencia
T-1169 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). La demandada era la empresa Pfaff de Colombia S.A., en
liquidación. La Corte estudió de fondo la
tutela de un ex trabajador contra una persona jurídica próxima a extinguirse,
para que le reliquidara su pensión. A diferencia de lo ocurrido en la sentencia
SU-388 de 2005, quien demandaba no era una madre o padre cabeza de familia, ni
pedía tampoco un reintegro, sino la reliquidación de su primera mesada
pensional. La Corte sostuvo entonces la doctrina que luego habría de aplicar en
la sentencia SU-388 de 2005: “[…]
Así las cosas, de someter al señor Ramírez a la duración de un proceso
ordinario laboral sería altamente probable que para el momento de la decisión,
y en el evento en que ella fuere favorable a sus pretensiones, la entidad
careciera de los recursos suficientes para asegurar el pago de sus acreencias,
cuando precisamente entró en liquidación ante la insuficiencia de fondos para
cubrir todas sus obligaciones patrimoniales.|| En este caso el factor temporal
adquiere especial relevancia si se tiene en [cuenta] que antes de la
presentación de la tutela el trámite liquidatorio se encontraba culminado al
menos en un 85%, y desde el año 1999 la Superintendencia calificó y graduó las
obligaciones patrimoniales de la empresa y dispuso hacer las reservas
presupuestales sobre los asuntos litigiosos’”.
[157]  La experiencia
acumulada en la jurisprudencia de esta Corte muestra con suficiencia que las
obligaciones laborales o de orden pensional que incumplen las entidades en
liquidación, no siempre son cumplidas por otras entidades del Estado aunque
existan fallos que les ordenen hacerlo. Por ejemplo, cuando estaba en curso la
liquidación de la Fundación San Juan de Dios, la Corte estudió en la sentencia
SU-484 de 2008 (MP. Jaime Araújo Rentería. Unánime) las tutelas de varios
trabajadores del Hospital Materno Infantil o del Hospital San Juan de Dios, a
quienes se les había interrumpido el pago de prestaciones laborales o
pensionales a causa de las dificultades financieras por las cuales atravesaba la
Fundación. La Corte dispuso en esa ocasión que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público era “el responsable del pago
y en consecuencia de los desembolsos, frente a los trabajadores, [de] las
obligaciones relacionadas por concepto del pasivo pensional, los salarios, prestaciones sociales
diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones”. No obstante,
luego de esa orden, la Corte ha conocido acciones de tutela de trabajadores de
estos hospitales contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las
cuales se reclaman derechos pensionales o laborales no respetados por este
último Ministerio. Uno de esos casos, fue resuelto en la sentencia T-361 de
2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[158] Sentencia
T-845 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte
dijo la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en el “carácter excepcional
[de la tutela] para casos en los que la acción de reintegro no puede lograr el
resarcimiento pleno de otros derechos fundamentales vulnerados o se avista una
grave afectación de los derechos fundamentales de la persona, que merece ser
atendida en forma inmediata. La anterior conclusión es plasmada en la sentencia
T-1209 de 2000, en la que se aduce que la procedencia de la acción de tutela en
materia de fuero sindical no se encuentra excluida definitivamente, sólo que
debe demostrarse plenamente la ocurrencia de un perjuicio irremediable.” En esa
ocasión, la Sala de la Corte no encontró acreditada esa hipótesis, razón por la
cual declaró improcedente el amparo presentado por un trabajador amparado con
el fuero sindical que alegaba violación de sus garantías.
[159] Sentencia
T-551 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo). En ese caso, la Corte concluyó
que había problemas de inmediatez, por una parte, porque “[…] observado el lapso transcurrido entre las fechas de
desvinculación de los accionantes, que en unos casos se remontan a los días
25 y 26 de julio de 2003 y en los demás asuntos datan del 1º de
febrero de 2006, y tomando en cuenta que la acción constitucional fue
instaurada conjuntamente solo hasta el 15 de diciembre de 2008, se aprecia
desvirtuado el requisito de la inmediatez que debe concurrir en la acción de
tutela”. Pero no bastó con eso, sino que además advirtió que en ese lapso
trascurrido hasta la presentación del amparo, los actores no habían actuado con
diligencia.
[160] Sentencia T-1062 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). En esa ocasión, el caso era en síntesis el siguiente: “[…] Los tutelantes argumentan que las entidades accionadas
han vulnerado sus derechos fundamentales ya que ostentaban la calidad de padres
cabeza de familia y fueron despedidos de la empresa Telecartagena desconociendo
el beneficio del retén social al que creen que tenían derecho”. En cuanto al
problema de inmediatez que entonces advirtió en las solicitudes de amparo, dijo
la Corte: “[…] Finalmente, la presente acción de tutela fue interpuesta
el 10 de mayo de 2007, es decir, casi cuatro años después de que fueran
retirados de sus cargos. || De acuerdo a lo anterior, la solicitud de la
protección de un derecho fundamental que se cree vulnerado cuatro años después
de que sucedieron los hechos a todas luces incumple el principio de inmediatez
y por lo tanto con un requisito de procedibilidad de la acción de tutela”.
[161] Sentencia T-135a de
2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad había varios accionantes,
y cada uno tenía circunstancias particulares. En uno de ellos, la tutela se
había interpuesto menos de dos años después de concluido un proceso ordinario
iniciado por el actor, y la Corte la declaró improcedente por falta de inmediatez,
contando para ello los tiempos desde el momento de expedición de la sentencia
de segunda instancia en el proceso ordinario. Dijo: “[…] el actor no cumple con el requisito de la inmediatez,
pues como quedó demostrado, la decisión del Tribunal es de septiembre 12 de
2007 y tan solo en julio 10 de 2009 se realizó el reclamo mediante la presente
acción de tutela”. En otro caso también analizado en esa sentencia, la
Corte advirtió que la tutelante no había iniciado proceso ordinario, y contó el
término de la inmediatez desde el momento de liquidación de la compañía: “[…] Acerca de María
Elsy Zaa Borja, la Sala no encontró que haya iniciado algún proceso ante la
jurisdicción laboral, lo cual de todas formas repercute en que no cumple con
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, al no acudir a las vías
ordinarias de defensa judicial y dejar pasar más de 3 años desde que fue
liquidada la empresa, por lo tanto también se considerará improcedente la
acción de tutela respecto a las pretensiones de la señalada actora.”
[162] Sentencia T-645 de 2009
(MP. Juan Carlos Henao Pérez). La sentencia resolvió la tutela instaurada por
una mujer que invocaba su condición de madre cabeza de familia, para
beneficiarse del retén social. Había sido desvinculada de TELECOM el 31 de
enero de 2006, y la tutela la interpuso en febrero de 2009. La Corte
Constitucional estudió de fondo el amparo: “la
mencionada acción es procedente para aplicar las normas que regulan el retén
social”. No obstante, la Sala de Revisión negó el amparo invocado.
[163] Sentencia T-247 de 2010
(MP. María Victoria Calle Correa). En esa caso la Corte dijo: “[…] Teniendo en cuenta lo alegado por los demandantes y la
supuesta inminencia del perjuicio irremediable, éste debió haber sido
manifestado en el momento mismo en que Telecom decidió no incluir a los
accionantes como posibles beneficiarios del Plan (marzo de 2003) y no estando
próximo el vencimiento del plazo de
los encargos fiduciarios y los fondos previstos para los pagos en diciembre de
2009. […] En esa medida, resulta claro que no se está en realidad ante una
amenaza grave e inminente que sólo pueda conjurarse a través de la acción de
tutela, como quiera que han pasando seis (6) años, durante los cuales los
accionantes han permanecido inactivos sin utilizar los mecanismos ordinarios
existentes para evitar el  prejuicio irremediable […]”.
[164] Sentencia T-538 de 2009
(MP. Humberto Sierra Porto). La Corte negó el amparo, por considerar que
perseguía “fines espurios”. No consideró que fuera, ante todo,
improcedente por falta de inmediatez, aun cuando había sido interpuesto en
octubre de 2008, invocando hechos ocurridos en enero de 2006.
[165] Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro
Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). En ese caso dice la Corte que “resulta
palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para
ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando
señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente
para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es
inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”.
[166] Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa. Unánime). En ese fallo la Corte Constitucional resolvió no
conceder una tutela que había sido instaurada después de dos años y medio de
haber tenido lugar la actuación que supuestamente violaba sus derechos
fundamentales. Para llegar a esa conclusión, la Corporación tuvo en cuenta “[…]
la inexistencia de un término de caducidad”. No obstante, indicó que este “[…]
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un
plazo razonable.  […] Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción”.
[167] La
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que
no tiene término de caducidad.  La consecuencia de ello es que el juez no
puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de
entrar a estudiar el asunto de fondo.  Sin embargo, el problema jurídico
que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba
concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha
tenido lugar la violación del derecho fundamental? || Las consecuencias de la
premisa inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier
tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su
admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la
sentencia.  Todo fallo está determinada por los hechos, y dentro de estos
puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede
que sea irrelevante.|| La relevancia del tiempo en el cual se interpone la
acción de tutela es muy clara en algunos casos, como lo ha reconocido la Corte,
por ejemplo, cuando existe un hecho superado: “Así las cosas, a los padres de
familia, accionantes en el caso sub judice, se les
ha protegido el derecho a la educación de sus hijos, a través de la actuación
surtida por el secretario de Educación del Departamento del Tolima, que asignó
los docentes faltantes, tanto en el plantel educativo objeto de tutela como en
otros centros educativos. Por ello, los hijos de los accionantes están
recibiendo las clases respectivas, quedando así superada la pretensión de los
actores de la presente tutela. En consecuencia, cualquier mandato que profiera
el juez constitucional, en el caso sub lite, para la defensa del
derecho fundamental conculcado, quedaría sin ningún efecto; es decir, la acción
de tutela perdería, ciertamente, su razón de ser, pues se trata de un hecho que
ya está superado. (…) Corte Constitucional. Sentencia T-519 del 16 de
septiembre de 1992. M.P.: magistrado doctor José Gregorio Hernández
Galindo. ||  “Como lo ha dejado sentado esta Corporación en su amplia
jurisprudencia, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la
efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues,
ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez constitucional,
una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la
defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo
para ello. Pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ya
ha sido superada, la decisión que pueda proferir el juez de tutela  no
tendría ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión de la autoridad
pública, pues, como se mencionó, a los afectados ya se les satisfizo lo
pretendido en el escrito de tutela, mediante la actuación positiva de las
autoridades públicas al garantizar eficazmente el derecho fundamental, en el
caso presente el de la educación, considerado por la doctrina constitucional
como un derecho de aplicación inmediata” (Sentencia 463 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo).|| Hay otro supuesto en el cual, sin que se trate de hechos superados,
el tiempo, en conjunto con otros factores, puede jugar un papel
determinante.  Se trata de casos en los cuales la tutela, por no haberse
ejercido dentro de un plazo razonable, vulnera derechos de terceros.  Ello
hace que se rompa la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de
las personas. Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre
medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar
que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable.  La razonabilidad de este plazo está determinada por la
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
[168] Recientemente, la Sala Plena reiteró esta posición,
en la sentencia SU-189 de 2012, con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. El cumplimiento
del requisito de la inmediatez le corresponde verificarlo al juez de tutela en
cada caso concreto. Dicho operador jurídico debe tomar en cuenta las
condiciones del accionante, así como las circunstancias que rodean los hechos
para determinar lo que debería considerarse como plazo razonable. Para ello,
debe valorar las pruebas aportadas de acuerdo a los principios de la sana
crítica, con el fin de determinar si hay una causal que justifique la
inactividad del accionante.
[169]
Sentencia T-463 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). La Corte, en esa ocasión,
declaró improcedente por falta de inmediatez la acción de tutela presentada por
una persona contra una entidad en liquidación, por no haberla incluida en el
retén social.
[170]
Sentencia T-551 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo). En ese fallo, la Corte
declaró improcedente por carecer de inmediatez la tutela interpuesta por un
grupo de ex trabajadores de TELECOM -para entonces liquidado- contra el PAR.
[171] Sentencia T-815 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes). En ese fallo
la Corte Constitucional estudió de fondo una acción de tutela, en un caso en el
cual estaba en duda si cumplía con la inmediatez. La Corporación dijo que sí
cumplía porque el término de inmediatez debía contarse desde cuando surgió el
fundamento normativo para demandar, que era una sentencia de unificación de
esta Corte. Expresó, entonces, que para verificar si se cumplía con la
inmediatez era preciso verificar “si transcurrió un lapso breve entre la
sentencia de unificación de la corte constitucional y el recurso de amparo”.
[172] Sentencia T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa
ocasión, la Corte Constitucional  resolvió de fondo una tutela instaurada
contra providencia judicial, pese a cuestionamientos acerca de si cumplía con
el requisito de la inmediatez, luego de constatar que el amparo se había
interpuesto poco tiempo después de haberse expedido una providencia que le
servía como fundamento a la tutelante para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales.
[173] Sentencia T-835 de 2007
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa ocasión, una Sala de Revisión
resolvió de fondo la tutela interpuesta por una persona condenada penalmente en
ausencia, después de un año y varios meses de expedirse la sentencia
condenatoria. La Corte Suprema de Justicia, que había conocido de la tutela en
instancias, sostuvo que era improcedente por falta de inmediatez. La Corte
Constitucional consideró que no lo era, pues durante algunos de esos meses la
tutelante desconocía por completo la existencia de un fallo penal condenatorio
en su contra. Entonces computó el término desde cuando se enteró del mismo. Y
dijo: “[…] dado que la actora nunca fue
informada sobre la existencia del proceso en su contra, debe aceptarse su
aseveración acerca de que solamente se enteró sobre la existencia del mismo
cuando fue decomisada la grúa en Manizales, a finales de agosto de 2006. De
esta manera, puesto que la acción de tutela fue presentada el 8 de septiembre
de 2006, cabe concluir que ella cumplió con el requisito de la inmediatez dado
que transcurrió menos de un mes entre el hecho que le permite informarse de la
existencia de la sentencia penal y la fecha de presentación de la acción.”
[174] Sentencia T-681 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa
oportunidad la Corporación declaró improcedente una tutela por falta de
inmediatez, y para ello valoró la razonabilidad de la tardanza en la
interposición del amparo con fundamento en cómo se había valorado la
razonabilidad de los términos en decisiones precedentes (fallos que resolvían
casos iguales).
[175] Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En
ese caso, antes referido, la Corte Constitucional formuló algunos criterios
para definir si el ejercicio inoportuno de la acción implicaba la violación de
derechos de terceros. Dijo, en concreto: “[…] La
razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está determinada,
tanto en su aspecto positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad
entre medios y fines.  […]  Dentro de los aspectos que debe
considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la acción implique una
eventual violación de los derechos de terceros.  Para hacerlo, el juez
debe constatar: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados”. Estos criterios los aplicó a los casos estudiados, y
concluyó que la tutela no cumplía con la inmediatez.
[176] Sentencia
T-079 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En este fallo, la Corte declaró
improcedente, por tardía, una tutela interpuesta meses después contra un acto
que a juicio del demandante violaba sus derechos fundamentales. La Corte
sostuvo entonces que “[…] Revisando los
distintos elementos de juicio que ha desarrollado la Corporación para
determinar la razonabilidad del plazo, lo primero que debe mencionarse es que
se exige que quien pretende la protección haya sido diligente, es decir, que
haya perseguido la protección del derecho de forma inmediata”. Como en esa ocasión el actor no obró con diligencia, ni concurría
otra causal de justificación de la demora, decidió declarar improcedente el
amparo por falta de inmediatez.
[177] Sentencia
T-468 de 2006 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa ocasión, la Corte
Constitucional estudió de fondo la tutela interpuesta por una persona contra un
acto administrativo que había sido expedido años atrás, entre otras razones
porque se trataba de una mujer desplazada, en condiciones de indefensión. En
ese contexto señaló que una de los factores que justifica la tardanza en la
presentación del amparo es “la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”
[178] Sentencia
T-1028 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa oportunidad, esta Corte debía dirimir una controversia
sobre la inmediatez de la tutela promovida por una persona contra una
providencia, que había resuelto negarle la pensión de sobrevivientes reclamada.
Habían transcurrido dos años y ochos meses entre la expedición del fallo demandado
y la presentación de la tutela. La Sala Octava de Revisión estimó que la tutela
debía considerarse procedente porque en el caso concreto, la alegada violación
era continua y permanente.
[179] Sentencia T-381 de 2012
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esa ocasión el demandado era el Grupo
Interno para la Gestión de Pasivos de la Empresa Puertos de Colombia, porque se
había decidido suspender el pago de unas pensiones. La Corte sostuvo entonces,
en lo referente a accionantes debidamente identificados: “[…] transcurrieron
aproximadamente dos años entre el acto supuestamente violatorio de los derechos
fundamentales invocados, y la interposición de la acción de tutela”. Como
consecuencia de ello, declaró improcedentes las acciones de tutela correspondientes
por falta de inmediatez. También se dejó de aplicar esa doctrina de la
continuidad del daño en la sentencia T-411 de 2012 (MP. Mauricio González
Cuervo). En esta se demandaba a Cajanal –en liquidación-, y se pedía una
reliquidación pensional. En uno de los casos la Corte declaró improcedente la
tutela por falta de inmediatez, tras advertir que había sido interpuesta luego
de 4 años de la última respuesta de la accionada: “[…] si se tomara a la respuesta negativa de CAJANAL a la solicitud de
reliquidación presentada por el actor como la fuente más reciente de la
presunta vulneración alegada, ésta fue proferida por la entidad el 16 de agosto
de 2007 y el tiempo transcurrido
entre la presunta afectación al debido proceso administrativo y la presentación
de la acción, no es razonable para esta Sala. ”
[180] Sentencia T-385 de 2012
(MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Entonces, la Corte Constitucional no
consideró que hubiese problemas de inmediatez en una tutela dirigida contra
Cajanal -en liquidación-, pese a que se había instaurado 2 años y medio después
de que se le hubiese negado una indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez. La razón para ello fue precisamente, entre otras, que “[…] la vulneración de sus garantías permanece en el tiempo
ya que la circunstancia que afecta su mínimo vital continúa”.
[181]
Comunicación del 6 de mayo de 2011.
[182] Según da cuenta el
folio N° 1 del cuaderno de revisión, el despacho de segunda instancia remitió a
la Corte para eventual revisión dos (2) cuadernos con 43 y 426 folios, en los
que no obran los poderes.
Téngase en
cuenta que según lo afirmado por el PAR, en escrito allegado a esta Corporación
el 17 de marzo
de 2010
(anexo N° 1), los señores Edgar  Enrique Guifo Ríos y José Antonio Casallas
Moreno se encuentran pensionados desde el 1° de febrero de 2006. De igual
manera, indicó que el señor José Miguel Ortega Pitalua fue destinatario del
plan de retiro ofrecido por la extinta TELECOM en el año 1995.
[183] Sentencia T-480A de
2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En ese caso, el supuesto apoderado judicial
no acreditó un poder adecuado. Con fundamento en ese hecho, la Corte confirmó
la sentencia de instancia que había justamente denegado la tutela. Dijo,
para sostener su conclusión: “Por lo anterior, al carecer el abogado de
poder especial para interponer la acción de tutela, el a-quo no debió darle
curso a la presente acción; por esta razón, ante la ausencia de legitimación
por activa, habrá de confirmarse la sentencia proferida dentro de este trámite
constitucional”. Ver asimismo la antes citada sentencia
T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[184]
Folios 181 a 200 del cuaderno anexo No. 1, del expediente T-2587255.
[185]
Folios 434 – 448 del cuaderno de revisión, del expediente T-2564079.
S Según la pruebas acopiadas por esta
Corporación, la señora Bermúdez Franco presentó acción de tutela resuelta en
última instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
mediante providencia del 27 de enero de 2009.
[187]
Folios 476 y 497, cuaderno de pruebas No. 8.
[188] Dijo textualmente el
Tribunal citado: “la razón esgrimida por el apelante y señalada inicialmente al
instaurar la demanda, no es motivo suficiente para que el empleador de facto
tome la decisión de despedir a dicha trabajadora, sin embargo, como la entidad
s[í] efectuó dicho trámite de pretender el levantamiento del fuero sindical, y
no obtuvo en concreto la autorización se podría argumentar que no estaba
facultado para despedir a la trabajadora. || Pero, una posición inflexible en
este tema, no sería coherente con la lógica de la situación, toda vez que si
desapareció del mundo jurídico una de las partes que sostienen este vínculo
laboral, no se puede, dejar de lado dicha situación y entrar a restablecer una
relación jurídica sin la existencia de una de las partes. || Por lo anterior se
considera que la garantía foral debe permanecer, mientras subsista[n] las
partes originarias de la misma, y solo excepcionalmente en los casos de
sustitución patronal pudiese subsistir, pero cuando desaparece por liquidación
definitiva, como ocurrió en el presente caso, la otra parte que conforma la
relación jurídica, resulta ilógico pretender restablecer el contrato”. Folios
419-428 del Cuaderno de pruebas No. 5.
[189] Folio 14, cuaderno 3
del expediente T-2492726. El tribunal agrega: “[a]nte lo expuesto, sólo cabía
el pago por indemnización por el despido sin justa causa del artículo 24 del
Decreto 1615/03, el cual se hizo, no habiendo lugar a la prosperidad de la
demanda, de lo contrario habría un doble pago por un mismo concepto, el cual se
repite, no tiene sustento legal ni jurisprudencial, por lo que se revocará la
sentencia apelada, condenando en costa de ambas instancias a los demandantes,
art. 392 del C.P.C.”
[190] Dice el artículo 406 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 12, Ley 584 de 2000: “Trabajadores
amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero sindical: a) Los
fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6)
meses; || b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el
registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el
mismo tiempo que para los fundadores; || c) Los miembros de la junta directiva
y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos,
sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este
amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;
|| d) Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que
designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el
mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa
más de una (1) comisión estatutaria de reclamos.  PARAGRAFO 1o. Gozan de la garantía
del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil,
política o cargos de dirección o administración. […]”.
[191] Sentencia C-593 de 1993 (MP. Carlos Gaviria  Díaz.
SV. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro
Naranjo Mesa). En esa ocasión la Corte declaró inexequible una norma del Código
Sustantivo del Trabajo que excluía del fuero sindical: a los empleados públicos
y a los trabajadores oficiales y particulares que desempeñaran puestos de
dirección, confianza o manejo. La Corte Constitucional señaló que esas
restricciones, hechas de un modo general, resultaban contrarias a los artículos
39, 53 y 93 de la Constitución, en concordancia con los Convenios No. 87 y 98
de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados
por Colombia  mediante las Leyes 26 de 1976 y 50 de 1990.
[192] Dice el artículo 7,
inc. 3: “Los jueces laborales deberán adelantar los procesos tendientes a
obtener permiso para despedir a un trabajador amparado con fuero sindical, de
las entidades que se encuentren en liquidación, dentro de los términos
establecidos en la ley y con prelación a cualquier asunto de naturaleza
diferente, con excepción de la acción de tutela. El incumplimiento de esta
disposición será causal de mala conducta.”
[193] Sentencia T-253 de 2005
(MP. Jaime Araújo Rentería). En ese fallo, la Corte  decidía el caso de varios
aforados despedidos sin previa autorización judicial en el contexto de una
liquidación. Dijo, sobre la imposibilidad del reintegro y la adaptación de las
órdenes judiciales a esa circunstancia: “[…]
tratándose en el presente caso de una liquidación administrativa que fue real o
verdadera, no es viable jurídicamente que el Juez Laboral ordene el reintegro
de los demandantes, por la imposibilidad física y jurídica de hacerlo, y en
consecuencia los trabajadores afectados tienen el derecho de obtener, en el
mismo proceso especial de fuero sindical, una indemnización por la terminación
unilateral de su contrato de trabajo sin justa causa, sustitutiva del
reintegro, la cual deberá comprender los salarios, con sus incrementos y las
prestaciones sociales, tanto legales como convencionales, a partir de la fecha
del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica de la Industria
Licorera del Huila por haber concluido su liquidación”.
[194] En el
Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos especiales’, Título II sobre ‘Fuero
sindical’, el artículo 116 dice cuál es el contenido de la sentencia debe ser
el siguiente: “[c]uando la sentencia fuere adversa al patrono, deberá
contener a cargo de éste la obligación alternativa de conservar al trabajador o
de prescindir de sus servicios mediante el pago, a título de indemnización
especial, de una cantidad líquida de dinero equivalente a seis meses de
salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales”.
[195] Sentencia
T-323 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa decisión, esta Corte concedió
el amparo interpuesto por un trabajador con fuero sindical, al que una decisión
de la justicia ordinaria había ordenado reintegrar a una entidad en
liquidación, y esta última decidió no reincorporar por considerar imposible
acatar dicha orden. La Corte Constitucional sostuvo que no estaba dentro de las
atribuciones de la autoridad condenada elegir entre acatar o no la orden de
reintegro. En concreto manifestó: “La
entidad dio cumplimiento a lo atinente a la cancelación de los salarios, pero
se sustrajo de cumplir la orden de reintegro por imposibilidad jurídica y
material y así lo declaró mediante la Resolución No. 2875 del 28 de junio de
2002. Es decir que nuevamente omitió iniciar el procedimiento judicial
correspondiente, cuando su deber era promover un proceso laboral ordinario en
el cual se determinara que el reintegro efectivamente no era posible y se
estableciera, en consecuencia, la indemnización que al trabajador correspondía
en compensación, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación
arriba reseñada. || Concluye, entonces, esta Sala de Revisión que al no dar
cumplimiento a las decisiones judiciales, la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en liquidación violó los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, al cumplimiento de sentencias y al trabajo del
ciudadano Hernando Ramírez Arboleda, así como también desconoció sus derechos
adquiridos como trabajador sindicalizado”.
[196] Sentencia T-732 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corporación  tuteló los derechos al
debido proceso y a acceder a la justicia de varios ex trabajadores de una
entidad en restructuración, a quienes un juez laboral había ordenado reintegrar
en un proceso ordinario y, a pesar de que no se cumplió esta orden, iniciaron
un proceso ejecutivo en el cual se resolvió no librar mandamiento ejecutivo. La
Corte sostuvo que no era competencia ni siquiera del juez ejecutivo resolver si
acatar o no la orden de reintegro dictada por el juez. En sus palabras: “la providencia constituye una vía de hecho por defecto
orgánico y sustancial, dado que el Tribunal no tenía competencia para llegar a
esa conclusión dentro del proceso ejecutivo. Como se señaló anteriormente,
cuando la Administración no instaura oportunamente el proceso laboral ordinario
dirigido a lograr que el juez declare la imposibilidad de cumplimiento de la
sentencia de reintegro por violación del fuero sindical, los trabajadores
pueden iniciar un proceso ejecutivo con el propósito de que la orden de
reintegro se haga efectiva, sin que en esta ocasión la Administración pueda
proponer la excepción de imposibilidad de cumplimiento y sin que el juez pueda
declararla motu propio”.
[197] Por ejemplo, en la sentencia SU-389 de 2005, antes
referida, al decidir tutelas instauradas por varios ex trabajadores de TELECOM,
quienes aducían una violación de sus derechos en el proceso liquidatorio por
cuanto se les había irrespetado el retén social con el que a su juicio contaban
por ser padres cabeza de familia, la Corte dictó un fallo con orientación protectora
y dispuso que sus efectos no sólo se aplicaban a los demandantes que hacían
parte del proceso sino en general a quienes se hallaren en la misma situación
de hecho que las madres cabeza de familia afectadas por la liquidación de
TELECOM. Y admitía también, por virtud del derecho a la igualdad (CP art. 13),
que a quienes se les hubiera negado el amparo previamente por estos hechos, les
asistía el derecho a interponer una nueva tutela, sólo una, para pedir la
aplicación de las reglas sentadas por la Corte en esa decisión. Con base en
esta jurisprudencia, la Corte llegó a conceder la tutela a personas que
previamente habían promovido el amparo con fundamento en hechos materialmente
semejantes, aunque esto supusiera admitir la presentación de dos solicitudes de
tutela. Por ejemplo, en la sentencia T-592 de 2006, al conocer una acción que
cumplía con esas características, la Corte advirtió que el peticionario había
acudido al juez constitucional antes de proferirse los fallos de unificación en
materia de retén social de TELECOM, y que había recibido respuesta negativa a
sus pretensiones.  El demandante interpuso una nueva acción de tutela, y a
pesar de sus identidades la Corte la consideró procedente y, de hecho, concedió
el amparo.  Entre una y otra acción había pues similitudes innegables.  Pero se
diferenciaban en que la segunda había sido interpuesta después de las
sentencias de unificación de esta Corte, y pedían un derecho expresamente
reconocido en estas últimas. Esta diferencia era relevante y suficiente para
desvirtuar la cosa juzgada. Fue, como se ve, una habilitación excepcional,
instituida por las circunstancias singulares y específicas que advirtió la
Corte en el proceso de liquidación de TELECOM.
[198] En la jurisprudencia de
la Corte se ha admitido que, en casos excepcionales, el juez de tutela reviva
oportunidades ya concluidas. En el caso de las acciones ordinarias o los
recursos contra providencias judiciales, ver por ejemplo la sentencia T-294 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta decisión se abrió una oportunidad
legal, que ya se había cerrado, para interponer demanda de revisión. Dijo al
respecto: “la Corte ha considerado
que, en algunos casos en los cuales los derechos fundamentales de los
accionantes pueden ser protegidos de manera más adecuada a través de[ otro]
trámite judicial […], es viable permitir para el caso específico que el
accionante, en aras de la realización de la justicia material, pueda interponer
los recursos judiciales pertinentes que ya han vencido”. Este mismo
principio de decisión es aplicable, mutatis mutandis, a asuntos de
tutela como los que aquí se consideran.
[199] En la
sentencia de primera instancia, el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería
consideró “que la acción de tutela no procede en el presente caso, dado que
existe para el accionante otra vía ordinaria, a la que debió recurrirse de
manera previa a esta vía excepcional, máxima cuando la omisión vulneradora
ocurrió desde hace varios años atrás, esto es, -según el hecho primero de la
solicitud de amparo constitucional- en el año 2003, cuando la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones – TELECOM ofreció un plan de pensión anticipada del que
los querellantes resultaron excluidos. […] Dada la literalidad de las expresas
peticiones, no puede más que concluirse[,] como ya se dijo, que por involucrar
definición de asunto de naturaleza patrimonial de índole laboral, debe y pueden
los accionantes suplicar ante el juez competente, pues no es asunto que deba
ser debatido en sede de tutela, máxime cuando no elevaron su voz de protesta
contra esas decisiones, en el momento de su expedición, transcurso destiempo
que en  este momento impide que pueda hablarse de perjuicio irremediable u de
inminencia de daño, por encontrar ausente el elemento inmediatez, intrínseco y
determinante de la viabilidad de la protección supralegal.” (folios 114 – 119
del cuaderno principal del expediente T-2451880. Los apartes citados se
encuentran expresamente en el folio 118).
[200] En el folio 118 del
cuaderno anexo No. 3 obra copia del Oficio 1173 del 12 de junio de 2009, por
medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, Córdoba,
informa que “CONFIRMÓ en todas sus partes la decisión de [p]rimera [i]nstancia
emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el día 13 de [m]ayo
de 2009, en razón de que la [a]cción de [t]utela prestada por la parte actora
es improcedente.”
[201] En la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el juez
consideró “que la acción de tutela no procede en el presente caso, dado que
existe para el accionante otra vía ordinaria, a la que debió recurrirse de
manera previa a esta vía excepcional, máxima cuando la omisión vulneradora
ocurrió desde hace varios años atrás, esto es, -según el hecho primero de la
solicitud de amparo constitucional- en el año 2003, cuando la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones – TELECOM ofreció un plan de pensión anticipada del que
los querellantes resultaron excluidos. […] Dada la literalidad de las expresas
peticiones, no puede más que concluirse[,] como ya se dijo, que por involucrar
definición de asunto de naturaleza patrimonial de índole laboral, debe y pueden
los accionantes suplicar ante el juez competente, pues no es asunto que deba
ser debatido en sede de tutela, máxime cuando no elevaron su voz de protesta
contra esas decisiones, en el momento de su expedición, transcurso destiempo
que en  este momento impide que pueda hablarse de perjuicio irremediable u de
inminencia de daño, por encontrar ausente el elemento inmediatez, intrínseco y
determinante de la viabilidad de la protección supralegal.” (folios 114 – 119
del cuaderno principal del expediente T-2451880. Los apartes citados se
encuentran expresamente en el folio 118).
[202] En el folio 118 del
cuaderno anexo No. 3 obra copia del Oficio 1173 del 12 de junio de 2009, por
medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, Córdoba,
informa que “CONFIRMÓ en todas sus partes la decisión de [p]rimera [i]nstancia
emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el día 13 de [m]ayo
de 2009, en razón de que la [a]cción de [t]utela prestada por la parte actora
es improcedente.”
[203]
Folios 212 – 235, del cuaderno anexo No. 3.
[204] En las consideraciones
de la sentencia,  el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbo, Antioquia,
manifestó: “[e]l asunto que se plasmó en la acción de tutela era netamente
litigioso y además de una alta complejidad. Exigía, consecuentemente,
valoraciones probatorias a la luz del Sistema General de Pensiones y decisiones
de rango legal que al juez constitucional le estaba vedado desconocer.
Pretender darle aplicación al artículo 228 de la Constitución Nacional para restarle
eficacia a las normas que en TELECOM regularon lo atinente con el régimen
pensional debe reputarse absurdo en aras a proteger un derecho sustancial que
los accionantes moldearon a su amaño; es decir, extrajeron de las normas
convencionales y del Plan de Pensión Anticipada todo aquello que había en su
favor para crear una norma híbrida, autónoma e independiente de claros
principios constitucionales y legales.” (fls. 190-200, del cuaderno anexo No.
3).
[205] En la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el juez
consideró “que la acción de tutela no procede en el presente caso, dado que
existe para el accionante otra vía ordinaria, a la que debió recurrirse de
manera previa a esta vía excepcional, máxima cuando la omisión vulneradora
ocurrió desde hace varios años atrás, esto es, -según el hecho primero de la
solicitud de amparo constitucional- en el año 2003, cuando la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones – TELECOM ofreció un plan de pensión anticipada del que
los querellantes resultaron excluidos. […] Dada la literalidad de las expresas
peticiones, no puede más que concluirse[,] como ya se dijo, que por involucrar
definición de asunto de naturaleza patrimonial de índole laboral, debe y pueden
los accionantes suplicar ante el juez competente, pues no es asunto que deba
ser debatido en sede de tutela, máxime cuando no elevaron su voz de protesta
contra esas decisiones, en el momento de su expedición, transcurso destiempo
que en  este momento impide que pueda hablarse de perjuicio irremediable u de
inminencia de daño, por encontrar ausente el elemento inmediatez, intrínseco y
determinante de la viabilidad de la protección supralegal.” (folios 112 – 117
del cuaderno anexo No. 3 del expediente T-2579968. Los apartes citados se
encuentran expresamente en el folio 116).
[206] En el folio 118 del
cuaderno anexo No. 3 obra copia del Oficio 1173 del 12 de junio de 2009, por
medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, Córdoba,
informa que “CONFIRMÓ en todas sus partes la decisión de [p]rimera [i]nstancia
emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el día 13 de [m]ayo
de 2009, en razón de que la [a]cción de [t]utela prestada por la parte actora
es improcedente.”
[207] El fallo del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Cereté dice: “en el caso […] no se configuran
los presupuestos fácticos para ordenar por vía de tutela el ofrecimiento del
Plan de pensiones Anticipada y el correspondiente para de las mesadas causadas
desde el 1 de febrero de 2006, hasta el día que CAPRECOM le reconozca la
pensión definitiva por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES, al
accionante, por cuanto no estamos ante una obligación legalmente exigible a
ésta por haber precluido la oportunidad para demostrar los requisitos para
hacerse acreedor al derecho de pensión anticipada, como tampoco se ajustó al
principio de inmediatez y porque atendiendo el carácter residual de la acción
protectora, se considera que existen otros mecanismos de defensa judicial,
mediante el cual se puede cuestionar la conducta omisiva de la accionada frente
a las pretensiones los actores. En consecuencia declarará improcedente la
presente acción por no demostración de la afectación de los derechos
fundamentales constitucionales alegados.” (fls. 169-177, del cuaderno anexo No.
3 del expediente T-2579968).
[208] La parte resolutiva de esa decisión fue trascrita por
la Corte Constitucional en la sentencia T-538 de 2009, de la siguiente manera:
“PRIMERO. Tutelar transitoriamente los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, trabajo y mínimo vital de los señores ÁLVARO JOSÉ OVIEDO ARGEL, ANGEL RAMÓN
GÓMEZ SOLERA, CARLOS EDUARDO LÓPEZ MILLÁN, GUSTAVO A. AYALA ARRIETA, NATALY V.
MEJÍA GEOVO, LISIPO SEGUNDO PUCHE OLIVERO, ÁLVARO ENRIQUE ARAUJO ORTEGA E IVÁN
MANUEL CASTILLO SALGADO, incoado por el doctor CAMILO TORRES BECERRA, mediante
acción de tutela interpuesta contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR,
por lo expuesto en precedencia. || SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior,
ratifíquese la medida previa concedida dentro de esta acción de tutela, en la
que se ordenó el embargo de $ 1.300.000.000 suma de dinero esta, tendientes
(sic) al pago efectivo de los dineros, que por concepto de salarios, los que
según la liquidación presentada por el doctor CAMILO TORRES BECERRA, es
insuficiente para cubrir la totalidad de la obligación, que la entidad
accionada adeuda a los accionantes en este asunto, haciéndose necesario ordenar
el embargo de $ 227.789.369, mas para el cumplimiento total de dicha obligación
liquidada hasta el momento, a los que por intermedio de su apoderado, esta
judicatura les hará entrega material, como parte de la protección a través de
esta acción se les concede y se ordena a la empresa PAR PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES, realizar los pagos expuestos en la liquidación de salarios y
prestaciones sociales incorporada dentro del proceso y se ordenara (sic) de
igual manera el pago de la seguridad social dejada de cancelar desde el despido
hasta la fecha de cumplimiento de tal obligación; se le concede un término de
48 horas a partir de la notificación de la presente providencia. || TERCERO. Se
ordenará como medida de preservación de los derechos fundamentales vulnerados a
la (sic) empresa accionada, que de no iniciar los trámites pertinentes para
levantar el fuero sindical, seguirá cancelando todos los meses, a partir del
mes de octubre del presente año a los accionantes, sueldos y prestaciones
sociales. || CUARTO. Se le concede un término de cuatro meses (4) contados a
partir de la notificación de esta providencia, a los accionantes, para que
inicien el respectivo proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa u
ordinaria laboral, como se indico (sic) en precedencia. || QUINTO. Contra esta
providencia procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este
fallo, remítase el cuaderno original a la Corte Constitucional para su eventual
revisión”.
[209] En la sentencia
T-538 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto), el problema a resolver, según fue
presentado por la Sala Octava de Revisión de la Corte, era el siguiente: “[…] En el presente caso se trata de un grupo de ocho
personas, quienes alegan haber sido trabajadores amparados por fuero sindical
de la liquidada Telecom. Aseguran haber sido despedidos el 31 de enero de 2006, sin justa
causa y sin previo levantamiento de su fuero sindical, lo cual consideran una
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la salud, al buen nombre, al trabajo. Solicitaron amparo transitorio” En sus consideraciones la Corte señaló que: “(i) la acción de
tutela era extemporánea, por cuanto los peticionarios laboraron para la entidad
hasta el 31 de enero de 2006, es decir, dejaron pasar más de dos años para
acudir ante el juez constitucional; (ii) tomando en consideración las
cuantiosas indemnizaciones que recibieron, difícilmente se puede afirmar que su
derecho al mínimo vital se encontraba vulnerado; (iii) una vez desvinculados de
la empresa, los extrabajadores contaron con la facultad de acudir ante la
justicia laboral ordinaria, en sede de acción de reintegro por fuero sindical,
lo cual tampoco hicieron; y (iv) no se aportaron pruebas en el sentido de
demostrar que la otra vía judicial era ineficiente para lograr la protección de
los derechos alegados.”
[210] En ella se dispuso proteger los derechos
fundamentales de los accionantes. El Juzgado ordenó entonces al PAR que pagara
a los actores los salarios dejados de percibir durante el lapso que estuvieron
cesantes, y a título de reparación integral dispuso que dada la imposibilidad
de un reintegro, debía la cancelación de reajustes y prestaciones, así como
cualquier otro valor dejado de percibir como consecuencia directa de la
desvinculación. Se puede leer lo siguiente en el fallo mencionado: “[…] los
accionantes laboraron para la empresa durante más de 15 años, son personas que
superan los 53 años de edad, que difícilmente podrán ser contratados por otras
empresas, creándoles para ellos un sin número de problemas económicos, pues no
se encontraban preparados para quedar sin empleo, con unas obligaciones que
superan el salario mínimo, por ello insisten en la violación al mínimo vital; y
quienes en estos momentos están en una situación económica apremiante que no da
espera, motivando la presente acción pues son personas pobres que en estos
momentos no están pagando seguridad social, vivían de lo que ganaban como
empleados de la extinta Telecom.” En ese mismo pronunciamiento se decidió
“oficiar al Juzgado Primero Promiscuo del Municipio de Cereté –primera
instancia-, para que se le haga la entrega del título judicial, como se
estableció en la parte motiva de este fallo”. Sobre esta segunda orden, el
juez explicó que como no cabía el reintegro por la liquidación de la empresa,
era pertinente ordenar al PAR el pago de salarios, reajustes y prestaciones y
cualquier otro valor dejado de percibir durante el tiempo en que estuvieron
cesantes, y que estos se harían efectivos con arreglo a un título judicial que
en su criterio reposaba en el juzgado de primera instancia.
[211] Folios 152-160 del
cuaderno de revisión del expediente T-2531654. El aparte citado se encuentra
específicamente en el folio 160.
[212]
Sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté el 17 de
febrero de 2009 (Folios 137–145, del cuaderno de revisión del expediente
T-2531654).
[213] En el fallo se puede
leer: “[…] se puede afirmar que desde que los accionantes fueron abruptamente
expulsados de sus puestos de trabajo, no solamente les coartaron este derecho,
a pesar de la protección especial que gozaban frente al Estado y el carácter de
valor y principio dispuesto desde el preámbulo y el artículo primero
constitucional, por ser considerado como uno de los bienes que para todos
pretende conseguir el Estado y para quien lo ha alcanzado, garantizarle su
permanencia, sino que además frente a esa usurpación, desconocieron las más
elementales garantías procesales, pues el hecho de que estuviese en este último
estado, no se pueden pretermitir los procedimientos legales y constitucionales
previstos a favor de los trabajadores aforados. Ahora, que estuviésemos ante
una entidad jurídicamente inexistente, y con ello, la imposibilidad para
efectuar el reintegro, ello no era óbice para que no se les restablecieran los
derechos conculcados a través del pago a título de indemnización de los
salarios y prestaciones sociales correspondientes al tiempo en que se mantienen
desvinculados, como consecuencia del despido injusto”. Folio 144, cuaderno de
revisión del expediente T-2531654.
[214]
Folios 122-123 cuaderno de revisión, del expediente T-2531654.
[215]
Folios 124-134 cuaderno de revisión, del expediente T-2531654.
[216]
Folios 476 y 497, cuaderno de pruebas No. 8.
[217]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[218] Sentencia
T-551 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo). En ese caso, la Corte concluyó
que había problemas de inmediatez, por una parte, porque “[…] observado el lapso transcurrido entre las fechas de
desvinculación de los accionantes, que en unos casos se remontan a los días
25 y 26 de julio de 2003 y en los demás asuntos datan del 1º de
febrero de 2006, y tomando en cuenta que la acción constitucional fue
instaurada conjuntamente solo hasta el 15 de diciembre de 2008, se aprecia
desvirtuado el requisito de la inmediatez que debe concurrir en la acción de
tutela”. Pero no bastó con eso, sino que además advirtió que en ese lapso
trascurrido hasta la presentación del amparo, los actores no habían actuado con
diligencia.
[219]
Folios 388 – 395 del  cuaderno anexo de pruebas No. 2.
[220]
Folios 401 – 412 del  cuaderno anexo de pruebas No. 2.
[221]
Folio 142 del cuaderno principal del expediente T-2484301.
[222]
Folios 617 y 618 del cuaderno principal del expediente
T-2537041.
[223] Sentencia T-389 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). En ese caso, la Corte sostuvo que una peticionaria de prestación
pensional era de la tercera edad con 60 años. Justificó así su postura: “Ahora bien, la Sala estima que la doctrina
constitucional de esta Corporación ha sido enfática en fijar la edad de 75 años
para considerar a una persona como de la tercera edad, por ser esa edad el
promedio de expectativa de vida en Colombia. Sin embargo, la posición no es
constante, pues la Corte Constitucional en ciertos casos, de acuerdo con otros
factores distintos de la edad, ha dado el trato de sujetos de especial
protección constitucional a personas que cuentan con menos de 71 años.  || Sin
embargo, en virtud de los artículos 1° y 7° de Ley 1276 del 2009 se entiende
que son personas de la tercera edad o adultos mayores quienes tengan 60 años o
más”. Esta postura se ha reiterado por
ejemplo en las sentencia T-758 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), al
reconocer como de la tercera edad a una persona con 63 años. Sin embargo, en la
sentencia T-138 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo), la Corte sostuvo que
una persona con 68 años que acudía a la tutela pretendiendo que se le
reconociera la pensión de vejez, no era de la tercera edad ya que su edad no era
superior a la esperanza de vida al nacer de la población colombiana.
[224] A los tres demandantes
se les ofreció el PPA en el primer semestre de 2003, y todos fueron
desvinculados en el mes de julio de ese mismo año. Todos, sin embargo,
esperaron hasta el segundo semestre del año 2009 para instaurar sus solicitudes
de amparo. Lo cual significa que dejaron trascurrir al menos 6 años para
promover la tutela, contados desde su desvinculación o desde el ofrecimiento
del PPA, o al menos 3 años computados desde la conclusión del proceso
liquidatorio de TELECOM.
[225] Sentencia T-135a de
2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad había varios accionantes,
y cada uno tenía circunstancias particulares. En uno de ellos, la tutela se
había interpuesto menos de dos años después de concluido un proceso ordinario
iniciado por el actor, y la Corte la declaró improcedente por falta de
inmediatez, contando para ello los tiempos desde el momento de expedición de la
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario. Dijo: “[…] el actor no cumple con el requisito de la inmediatez,
pues como quedó demostrado, la decisión del Tribunal es de septiembre 12 de
2007 y tan solo en julio 10 de 2009 se realizó el reclamo mediante la presente
acción de tutela”. En otro caso también analizado en esa sentencia, la
Corte advirtió que la tutelante no había iniciado proceso ordinario, y contó el
término de la inmediatez desde el momento de liquidación de la compañía: “[…] Acerca de María
Elsy Zaa Borja, la Sala no encontró que haya iniciado algún proceso ante la
jurisdicción laboral, lo cual de todas formas repercute en que no cumple con
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, al no acudir a las vías
ordinarias de defensa judicial y dejar pasar más de 3 años desde que fue
liquidada la empresa, por lo tanto también se considerará improcedente la
acción de tutela respecto a las pretensiones de la señalada actora.”
[226]
Folios 53 y 54 del cuaderno principal del expediente No.
T-2492726.
[227] Sentencia T-1062 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). En esa ocasión, el caso era en síntesis el siguiente: “[…] Los tutelantes argumentan que las entidades accionadas
han vulnerado sus derechos fundamentales ya que ostentaban la calidad de padres
cabeza de familia y fueron despedidos de la empresa Telecartagena desconociendo
el beneficio del retén social al que creen que tenían derecho”. En cuanto al
problema de inmediatez que entonces advirtió en las solicitudes de amparo, dijo
la Corte: “[…] Finalmente, la presente acción de tutela fue interpuesta
el 10 de mayo de 2007, es decir, casi cuatro años después de que fueran
retirados de sus cargos. || De acuerdo a lo anterior, la solicitud de la
protección de un derecho fundamental que se cree vulnerado cuatro años después
de que sucedieron los hechos a todas luces incumple el principio de inmediatez
y por lo tanto con un requisito de procedibilidad de la acción de tutela”.
[228]
Folios 651 – 653 del cuaderno principal del expediente
T-2531642.
[229]
Folios 672 y 673 del cuaderno principal del expediente
T-2531642.
[230] Sentencia
T-845 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corte
dijo la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en el “carácter excepcional
[de la tutela] para casos en los que la acción de reintegro no puede lograr el
resarcimiento pleno de otros derechos fundamentales vulnerados o se avista una
grave afectación de los derechos fundamentales de la persona, que merece ser
atendida en forma inmediata. La anterior conclusión es plasmada en la sentencia
T-1209 de 2000, en la que se aduce que la procedencia de la acción de tutela en
materia de fuero sindical no se encuentra excluida definitivamente, sólo que
debe demostrarse plenamente la ocurrencia de un perjuicio irremediable.” En esa
ocasión, la Sala de la Corte no encontró acreditada esa hipótesis, razón por la
cual declaró improcedente el amparo presentado por un trabajador amparado con
el fuero sindical que alegaba violación de sus garantías.
[231] Ello,
con base en los principios de informalidad y eficacia de la tutela consagrados
en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.
[232]
Los actores fueron desvinculados del servicio el 31 de enero de 2006, e
interpusieron la acción de tutela el 20 de agosto de 2009.
[233] Una demanda previa
había dado lugar a un trámite luego declarado ilegal, por supuesta falta de
legitimación por pasiva del PAR.
[234] Sentencia T-538 de 2009
(MP. Humberto Sierra Porto). Entre otras razones, para sostener que la tutela
era improcedente la Corte esgrimió las siguientes: “[…] resulta evidente que (i) la acción de tutela era extemporánea, por cuanto
los peticionarios laboraron para la entidad hasta el 31 de enero de 2006, es
decir, dejaron pasar más de dos años para acudir ante el juez constitucional;
(ii) tomando en consideración las cuantiosas indemnizaciones que recibieron,
difícilmente se puede afirmar que su derecho al mínimo vital se encontraba
vulnerado; (iii) una vez desvinculados de la empresa, los extrabajadores
contaron con la facultad de acudir ante la justicia laboral ordinaria, en sede
de acción de reintegro por fuero sindical, lo cual tampoco hicieron; y (iv) no
se aportaron pruebas en el sentido de demostrar que la otra vía judicial era
ineficiente para lograr la protección de los derechos alegados.”
[235] También obra copia de
otro auto, dictado a propósito de una demanda similar anterior, promovida por
los señores Enrique Garzón Gómez, Jairo Angarita Crespo, Héctor Fernando Romero
Rodríguez y Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez. En dicho auto se declara la
ilegalidad de lo actuado en el proceso al que dio lugar dicha demanda, sobre la
base de que el PAR no tenía legitimación en la causa por pasiva.
[236] También obra copia de
otro auto, dictado a propósito de una demanda similar anterior, promovida por
los señores Enrique Garzón Gómez, Jairo Angarita Crespo, Héctor Fernando Romero
Rodríguez y Franklin Cenón Rodríguez Rodríguez. En dicho auto se declara la
ilegalidad de lo actuado en el proceso al que dio lugar dicha demanda, sobre la
base de que el PAR no tenía legitimación en la causa por pasiva.
[237]
Folios 417-428,  Cuaderno de pruebas  No. 8.
[238] Código Procesal del
Trabajo: “[a]rtículo 116. Contenido de la sentencia. Cuando la sentencia fuere adversa al
patrono, deberá contener a cargo de éste la obligación alternativa de conservar
al trabajador o de prescindir de sus servicios mediante el pago, a título de
indemnización especial, de una cantidad líquida de dinero equivalente a seis
meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales”.
[239]
Folios 564, 571-576, del expediente T-2531642.
[240] Folio 528, del expediente T-2531642.
[241]
Folios 564, 571-576, del expediente T-2531642.
[242]
Folio 528, del expediente T-2531642.
[243] Sentencia
T-675 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), aunque la Sala de Revisión
advirtió que había un problema de
desconocimiento de las normas sobre competencia territorial en materia de
tutela, consideró que como en ese caso  “(i)
[…] no se presentó conflicto negativo de competencia; (ii) que no se
evidenció un reparto caprichoso de la acción y, además (iii) en aplicación del
principio de la perpetuatio jurisdictionis”, la Corte podía “convalida[r]
la actuación”.
[244] Para asumir el
conocimiento de la acción, se sostuvo: “[…] los decretos reglamentarios del
artículo 86 de la Constitución Nacional, no exigen que para el caso de que un
ex trabajador esté reclamando la protección de un derecho fundamental, lo haga
ante el Juez del Municipio donde prestó el servicio. Lo que dice la norma del
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, es que será competente el juez del
domicilio del accionante o en aquel donde se vienen surtiendo los efectos
negativos de la conducta. || Sin embargo, en providencia expedida por la Sala
Plena de la Corte Constitucional de fecha marzo 25 de 2009, […] advirtió que
los únicos conflictos de competencia que existen en esa materia, son los que se
presentan por la aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que
regula la competencia por el factor territorial y les asigna a los Jueces del
Circuito el conocimiento de las tutelas contra los medios de comunicación. Esta
decisión implica que, en adelante,  los jueces no podrán escudarse en
controversias sobre la interpretación del Decreto 1382 de 2000, para resolver
el amparo constitucional. Si lo hacen o decretan nulidades por ese motivo,
incurrirán en sanciones disciplinarias por perjudicar derechos fundamentales de
las personas y desconocer la informalidad que caracteriza a la acción de
tutela. Además, recordó que el Decreto 1382 no contempla norma de competencia
sino de reparto. En consecuencia, su aplicación le corresponde a los empleados
de la oficina de apoyo judicial. || De otra parte, este Juzgado es competente
porque el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, conforme el Decreto 4781 de
2006, se subrogó en los derechos y obligaciones de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones TELECOM en Liquidación, que prestaba el servicio público de
Telecomunicaciones en todo el territorio nacional […]. Así que en cualquier
parte del territorio colombiano se puede demandar los actos u omisiones de
dicha entidad, que se consideren violatorios de alguno de los derechos
fundamentales de sus ex trabajadores”.
[245] La Sala Plena de la Corporación profirió el Auto 241
de 2010, en el cual ordenó suspender las decisiones proferidas por los jueces
de tutela de los expedientes objeto de revisión que se enlistan a continuación:
T-2451880, T-2471345, T-2476358, T-2476359, T-2484301, T-2507052, T-2537070,
T-2537078, T-2564079,     T-2566146, T-2579968, T-2581607, T-2587255, T-2587286
y T-2597351. Por medio del Auto 105 de 2011, la Sala Plena de esta Corte
extendió la suspensión provisional decretada en el Auto 241 de 2010 a los
expedientes T-2471216, T-2471346, T-2492726, T-2500881, T-2501214, T-2531642,
T-2531654, T-2537041 y T-2546795, referentes al tema de fuero sindical.  En
consecuencia, resolvió suspender de inmediato las órdenes impartidas por los
jueces que habían fallado las acciones de tutela de tales procesos hasta tanto
la Sala Plena de la Corte adoptara una decisión definitiva.
[246] Lo hizo, por ejemplo,
en la sentencia T-086 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), en los siguientes términos: “[…] La misión primordial que la Constitución encomienda al juez de tutela es
decidir si en cada caso concreto el derecho invocado por el accionante ha sido
violado o amenazado y, en caso de que así sea, es su deber tutelarlo y, en consecuencia, tomar las medidas
necesarias para que cese la violación o la amenaza. Entonces, se pueden
distinguir dos partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la
determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la acción de
tutela, y la orden específica y necesaria para
garantizar el goce efectivo del derecho amparado”.
[247] Fue
destinataria del retén social como madre cabeza de familia, en virtud de la
sentencia SU-388 de 2005.
[248] En
documentos enviados a la Corte por el apoderado en el expediente T-2531654, se
anexó copia de la sentencia del 28 de mayo de 2008 (con SV), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la que la
sala resolvió el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria expedida
por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 29 de junio de
2007 (absolvió al PAR de todas las pretensiones incoadas y declaró probada la
excepción de imposibilidad jurídica y de hecho para proceder al reintegro
propuesta por la demandada y condenó en costas a la parte vencida). En este
proceso (acción de reintegro) promovido por los señores Alonso Quintero Pérez y
Moisés García Parra, el Tribunal decidió revocar el numeral primero de la
sentencia apelada y confirmar el numeral segundo en cuanto declara probada la
excepción de imposibilidad de reintegro, pero la adiciona en el sentido de
condenar a Fiduagraria y a la Fiduciaria Popular como integrantes del PAR a
pagar a los demandantes los salarios dejados de percibir a partir de la fecha
de despido, esto es, el 31 de enero de 2006 hasta la fecha de ejecutoria de
esta sentencia. En esta oportunidad, el Tribunal estimó que dado que el
reintegro no puede ordenarse, porque las demandadas (fiduciarias que conforman
el PAR) no tienen por objeto social el mismo que cumplía la extinta Telecom,
sino que su función es la de administrar, conservar y custodiar los bienes, si
resulta procedente la indemnización económica como consecuencia del proceder
ilegal al romper el contrato de trabajo de trabajadores que gozan de fuero
sindical, sin haber obtenido previa autorización judicial.
[249]
Comunicación del 6 de mayo de 2011.
[250] En
adelante PAR.
[251] Como se explicó en la sentencia SU-377 de 2014: “[l]a acumulación de estos procesos significa que en esta
ocasión veintiséis (26) expedientes, contentivo cada uno de una acción de tutela
con uno o más accionantes. En total hay seiscientos nueve (609) nombres de
actores, algunos de los cuales se repiten en distintos expedientes. Durante la
revisión de los fallos que resolvieron las tutelas, la Corte Constitucional
decretó pruebas y solicitó informes que consideraba relevantes para adoptar la
presente decisión.  Hay ocho (8) cuadernos de pruebas, y un total de
cuatro mil quinientos doce (4512) folios relacionados. Se aportaron seis (6)
cuadernos de anexos, con un total de mil ochocientos cincuenta y cinco (1855)
folios.”
[252] Concretamente, la Sala Plena expresó: “[e]n este caso, a juicio de la Corte, no estaban dadas
las condiciones necesarias y suficientes para adoptar una medida de embargo
sobre las cuentas del PAR. Primero que todo, porque el embargo resultaba
injustificado asumir como probable un incumplimiento, por parte del PAR, a las
resoluciones de un juez de tutela.  Segundo, porque el embargo afectaba el
cumplimiento de otras obligaciones anteriores, y además el programa de
cancelación de pasivos y administración de remanentes, en algunos casos sin
estar aún concluido el proceso.  Tercero, debido a que incluso si se
hubiera presentado un fundado temor de incumplimiento, había instrumentos al
servicio de la eficacia de la decisión, previstos en la ley, razón por la cual
el embargo resultaba innecesario  (Dcto 2591 de 1991 arts. 27, 52 y ss).
Finalmente, en consideración a que el embargo de sumas específicas de dinero no
sólo resultaba poco fundamentada, dado el carácter preferente y sumario del
procedimiento de tutela, sino que además implicaba una violación al derecho de
defensa del demandado, toda vez que no contó con oportunidades procesales
amplias y suficientes para controvertir las estimaciones dinerarias
presentadas. Por estos motivos, se revocarán todas las órdenes de embargo.”
[253] La Sala Plena de la Corte explicó para este asunto,
que la parte resolutiva de las sentencias de tutela estaba compuesta por dos
aspectos: la decisión y las órdenes. Al respecto, dijo: “[l]a decisión consiste fundamentalmente en determinar si
se concede o no la tutela, y si se confirman o no las decisiones judiciales
objeto de revisión.  Las órdenes son las medidas que el juez adopta como
remedios. La Sala Plena pasará a continuación a exponer, en primer término,
cuáles habrán de ser las decisiones respecto de cada uno de los accionantes, y
de las sentencias que resolvieron sus tutelas en instancias, agrupándolos en
función del expediente en el que se encuentran sus solicitudes de amparo. En
segundo término, enunciará las órdenes encaminadas a enfrentar situaciones
irregulares advertidas en este proceso y señaladas en la presente
sentencia.”
[254] A folio 39 del expediente obra copia autenticada de
la escritura pública contentiva del poder general entregado por el PAR a la
señora Hilda Terán Calvache.
[255] El numeral vigésimo octavo de la parte resolutiva de
la sentencia SU-377 de 2014 dispone: “Vigésimo octavo.- En el
expediente T-2546795, REVOCAR, salvo en lo
que atañe a la protección que se les dio a los señores Wilson José Daza Daza y Antonio Javier Espinosa Guzmán, las sentencias expedidas, en primera instancia,
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre, el dieciocho
(18) de noviembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, el diez (10) de diciembre
del dos mil nueve (2009).  En consecuencia, NEGAR la protección
solicitada a los señores José Gabriel Padilla Castro, Santiago Alberto
Álvarez Bello, Juan Carlos Anaya Álvarez, Tomás Baena López, Efraín Ballesteros
Garcés, Guillermo José Coneo Álvarez, Anastasio García Paternita, Cristóbal
Enrique López Segura, Herme Antonio Luna Villalba, Jairo Moreno Garcés, Marlon
Gustavo Olave Pico, Arturo Manuel Petro Pérez, Oswaldo Manuel Puente Gómez
Cáceres y Ales Adalberto Urueta Ortiz; y DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo de los señores Jaime Ernesto Alfonso,
Jorge Luis Almanza, Amalfi de Jesús Almario López, Carlos Segundo Álvarez Díaz,
María Eugenia Álvarez Gallego, Leyla Carmen Ángel Vitola, Rosa Sofía Araújo Mendoza,
Luis Alberto Ariza Blanco, Santander de Jesús Cadrazco Blanquicet, Carlos Efrén
Camacho Carrascal, Gloria Edilma Ceballos González, Silky Cuan Camargo, Deisy
Stella Duarte Espitia, Liber Antonio García González, Lenines Emiliano García
Pineda, Germán Padilla Neida Rosa, Denis del Carmén González Polo, Adelfa María
del Rosario Guerra Montes de Oca, Álvaro Hoyos Pérez, Luz Marina Luna Ceballos,
Vitelio José Martínez García, Meisel Fernández Margarita Rosa, Ramón Arturo
Montaño Flores, María Bernarda Olmos Romero, Erasmo Otero Zuleta, Dorismel
Pacheco Caballero, Enriqueta Susana Sierra Pinedo, María Patricia Tabares
García, Aniano Manuel Tirado Arabia, Jairo Alfonso Torres Herazo, Eduviges
Elena Tous Torrens y Rafael Francisco Yepes Ortega. Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección que se hubiera impartido en el proceso de la referencia a
favor de estos actores.  Finalmente, CONCEDER la tutela a
los señores Wilson José Daza Daza, Diana Patricia Demoya, Myriam García Londoño
y Antonio Javier Espinosa Guzmán.”
[256] En
dicho aparte de la sentencia se expresó lo siguiente: “173.7. En lo que respecta a la señora Flor María Vásquez (T-2531642),
se observa que nació el 16 de julio de 1961. De ella dependen sus dos hijos,
José Javier y Vanessa Andrea Carrascal Vásquez, de 18 y 25 años de edad
respectivamente. Dice en una declaración extra juicio, y bajo la gravedad de
juramento, que su desvinculación le trajo “como consecuencia
desmejoramiento, deterioro de [su] estado emocional, moral y económico trayendo consigo enfermedades
(cáncer) por causa del alto estrés, a[l] que [se
vio] sometida por dicha situación”. Aunque está en
condiciones de salud especiales, no es una mujer que pueda considerarse cabeza
de familia, pues una condición indispensable para ello es tener “a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar” (SU-388
de 2005).  Ese presupuesto no se da en este caso. En esa medida, por no
ser de acuerdo con las pruebas una madre cabeza de familia, no tiene derecho a
las indemnizaciones correspondientes, o a ser incluida con  prioridad en
el plan de reubicación al que se ha referido la Corte en esta providencia.”
[257] En ese párrafo la Sala Plena sostuvo: “184.25. En el
expediente T-2531642, la tutela
presentada por la señora Martha Ruiz González y otros fue concedida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de noviembre de dos mil
nueve (2009).  En segunda instancia, mediante sentencia del veintiuno (21)
de diciembre de dos mil nueve (2009), el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté,
Córdoba, confirmó parcialmente la decisión, excepto que se dejó de proteger a
los señores Martha
Ruiz González y Fabián
Vergara del Valle. Debido a que,
conforme a lo dicho en esta sentencia, esas decisiones no se corresponden con
las conclusiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, se procederá a
revocar en su totalidad las decisiones de instancia.  En su lugar, negará
el amparo a los señores Ómar
Elías Salgado Mora, Emilse de
Jesús Mendoza Yepes, Hernán
Gutiérrez Díaz, Jhon
Jairo Gómez, Juan
Manuel Daza Velaides, Gabriel Ángel
Cueto Castillo, Giovanni
Pompilio Cáceres Hernández yNarciso Blanco Pertuz; y declarará improcedente la tutela en cuanto se refiere a
los señores Marta
Ruíz González, Reinaldo
Tulio Benítez Álvarez, Giovanni
Alberto Chaverra Murillo, Raúl Eduardo
Ibern Cotes,Gustavo Adolfo Lopera Giraldo, Alba Stella
Menco Canchilla, Rafael
Antonio Méndez Díaz, Roberto
Carlos Narváez Vergara, Carlos
Alberto Olivella Gómez, Rita Rosa
Pineda Román, Yanib Ramírez
Hurtado, Henry Samir Ramos Palacios, Silena de
Jesús Rosado Toncel, Carlos
Alberto Santofimio Tinoco, Diego Alberto
Vasco Vélez, Cecilio Venté
Saavedra y Fabián
Ricardo Vergara del Valle. Por consiguiente, revocará las órdenes de
amparo impartidas a favor de estos peticionarios. Finalmente, concederá la tutela a los señores Olga
Ruth Gañán Parra, Flor María
Vásquez y José Eduardo
Peña Armenta.  Las órdenes de protección a su favor se enunciarán en el acápite
siguiente.” (Subrayado fuera del texto original)
[258] El
numeral vigésimo séptimo de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014
dispone: “Vigésimo séptimo.- En el expediente T-2531642, REVOCAR en su totalidad las
sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo el diez (10) de noviembre de dos mil
nueve (2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté,
Córdoba, el  veintiuno (21) de diciembre de dos mil  nueve
(2009).  En su lugar, NEGAR el amparo a los señores Ómar Elías Salgado Mora, Flor María
Vásquez, Emilse de Jesús
Mendoza Yepes, Hernán Gutiérez Díaz, Jhon Jairo Gómez, Juan Manuel Daza
Velaides, Gabriel Ángel Cueto Castillo, Giovanni Pompilio Cáceres Hernández y
Narciso Blanco Pertuz; y DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela a los señores
Marta Ruíz González, Reinaldo Tulio Benítez Álvarez, Édgar Ceferino Fragozo Díaz, Giovanni
Alberto Chaverra Murillo, Raúl Eduardo Ibern Cotes, Gustavo Adolfo Lopera
Giraldo, Alba Stella Menco Canchilla, Rafael Antonio Méndez Díaz, Roberto
Carlos Narváez Vergara, Carlos Alberto Olivella Gómez, Rita Rosa Pineda Román,
Yanib Ramírez Hurtado, Henry Samir Ramos Palacios, Silena de Jesús Rosado
Toncel, Carlos Alberto Santofimio Tinoco, Diego Alberto Vasco Vélez, Cecilio
Venté Saavedra y Fabián Ricardo Vergara del Valle. Por consiguiente, REVOCAR cualquier
orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en el
proceso de la referencia. Finalmente, CONCEDER la tutela a los señores Olga Ruth Gañán Parra y José Eduardo
Peña Armenta.” (Subrayado fuera del texto original).
[259] Este numeral se transcribió completamente en el
apartado 1.11. de esta providencia, a propósito de las órdenes de protección
que adoptó la Corte para las personas beneficiarias del retén social.
[260] En
este punto, el PAR hace referencia a los siguientes procesos de tutela:
T-2452705, T-2581608, T-2600104, T-2611092, T-2639209, T-2649513, y T-2650777.
[261] Al respecto, véase el auto A-285 de 2006 (MP Alfredo
Beltrán Sierra).
[262] Sobre la aclaración de sentencias de la Corte
Constitucional en las cuales habían fragmentos de difícil intelección, pueden
verse, entre otros, los siguientes autos: A-075 de 1999 (MP Alfredo Beltrán
Sierra), A-016 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), A-056 de 2011 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), A-112 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), A-167 de
2012 (MP María Victoria Calle Correa), A-197 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), A-108 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), A-009 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), A-025 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
A-060 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo).
[263] Al respecto, consúltese, entre otros, los autos A-008
de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), A-041 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y A-067 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), mediante los cuales
se rechazaron unas solicitudes de aclaración por extemporáneas, en tanto se
presentaron fuera del término de ejecutoria de las sentencias censuradas (3
días luego de la notificación). Igualmente, véase el auto A-026 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[264] Acerca de la adición de sentencias de la Corte
Constitucional pueden consultarse, entre otros, los autos A-297 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa) y A-378 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[265] Auto A-130 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[266] Sobre la oportunidad para presentar las solicitudes
de aclaración y adición de las sentencias de la Corte Constitucional, véanse,
entre otros, los autos A-243 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), A-317 de
2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), A-283 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica),
A-042 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En todos ellos se declararon
improcedentes las solicitudes de aclaración y/o adición presentadas contra
providencias de la Corte Constitucional, bajo el argumento de que eran
extemporáneas porque no se presentaron en el término de ejecutoria (3 días
luego de notificada).
[267] En relación a la falta de legitimación por activa
para solicitar la aclaración de una sentencia de la Corte Constitucional,
cuando no se fue parte dentro del proceso, véanse, entre otros, los siguientes
autos: A-183 de 2006 (MP Jaime Araújo Rentería), A-339 de 2010 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), A-121 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[268] En tal sentido, véanse los Autos 339 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), 049 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), 153 de 2008 (MP
Jaime Araujo Rentería), 041 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería), 165 de 2007 (MP
Humberto Sierra Porto), 004 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[269] Como se expuso en el apartado tercero de esta
providencia, la primera notificación realizada al PAR la hizo el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce
(2014). Un día después de que el PAR presentara el escrito de aclaración ante
la Secretaría General de la Corte Constitucional.
[270] Por el cual se suprime la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y se ordena su liquidación.
[271] Sobre este punto, véanse los párrafos 32 al 37 de la
parte considerativa de la sentencia SU-377 de 2014.
[272] Ver pie de página Nº 7 de esta providencia.
[273] Ver pie de página Nº 8 de esta providencia.
[274] Ver pie de página Nº 9 de esta providencia.
[275] Véase el párrafo 35 de la parte considerativa de la
sentencia SU-377 de 2014.
[276] Desde sus inicios la Corte Constitucional
señaló que las sentencias de tutela tienen efectos inter partes. Por
ejemplo, en las sentencias T-321 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-367 de
1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y T-382 de 1993 (MP Alejandro Martínez
Caballero), la Corte sostuvo que el juez de tutela no estaba facultado para
pronunciarse de forma impersonal, general y abstracta, puesto que la
controversia que se llevaba para su conocimiento buscaba la protección de un
interés individual, particular y concreto. Esta postura fue reiterada
constantemente por las Salas de Revisión de esta Corporación, entre muchas
otras, vale la pena mencionar las sentencias T-643 de 1998 (MP Antonio Barrera
Carbonell), T-187 de 2002 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-583 de 2006 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[277] Sobre
este punto en especial, puede observarse la sentencia de la Corte
Constitucional T-643 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), mediante la cual
se revocó la decisión de un juez de instancia de extender los efectos de su
sentencia a otras personas que eventualmente podían estar en la misma
situación. A juicio de la Corte, “(…) la tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a título
individual y la decisión que se adopta tiene efectos entre las partes que
concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relación con otras personas
que eventualmente puedan encontrarse en la misma situación.”.
[278] En
relación a los efectos inter comunis puede observarse la sentencia
SU-1023 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño), mediante la cual se extendieron
por primera vez las consecuencias jurídicas de un fallo a “todos los pensionados [que] pertenecen a una
comunidad, en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar
entre ellos desequilibrios injustificados.” Al respecto dijo: “[...] hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la
vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del
tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela,
siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de
derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento
de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en
condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular
accionado”.