T-277-15
Sentencia T-277/15
DERECHO A LA
INTIMIDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Caso
en que se solicita eliminar resultados de buscadores de internet, sobre
información de una captura y supuesta participación en hechos delictivos
relacionados con la trata de personas
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Protección por tutela
La jurisprudencia de esta Corporación
ha sido consistente en declarar la procedencia de acciones de tutela
presentadas para proteger los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre, cuando estos resultan afectados por la publicación de información en
medios masivos de comunicación.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto
Esta
Corporación no ha hecho una separación categórica del significado y contenido
de los derechos a la honra y al buen nombre, pues los mismos se encuentran en
una relación estrecha y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea
una lesión al otro. Bajo este entendido, se ha manifestado que el derecho al
buen nombre cobija la reputación, mientras que la honra se estructuraría en
torno a la consideración que toda persona merece por su condición de miembro de
la especie humana. De otra parte, se ha vinculado el derecho al buen
nombre a las actividades desplegadas de forma pública por alguien.
Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo social hace de
sus comportamientos públicos. En cambio, el derecho a la honra se ha utilizado
para referirse a aspectos más relacionados con la vida privada de las personas
y a su valor intrínseco.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Ligados al respeto de la dignidad humana
DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y A LA
INFORMACION-Protección
constitucional
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET
La
libertad de expresión se deriva de que este derecho no solo faculta a las
personas para manifestar sus ideas y opiniones, y para transmitir información,
sino que también protege que el contenido expresado se difunda y llegue a otros.
Así las cosas, imponer responsabilidades a los intermediarios de Internet por
los contenidos transmitidos limitaría de forma importante la difusión de ideas
por este medio de comunicación, pues les daría el poder para regular el flujo
de información en la red.
DERECHO
AL HABEAS DATA-Concepto
DERECHO
AL HABEAS DATA-Protección
DERECHO
AL HABEAS DATA-Contenido
Al examinar de cerca el contenido esencial del derecho al habeas data, se advierte que este
tiene como elementos centrales la posibilidad de conocer, rectificar y
actualizar las informaciones que sobre una persona reposen en bancos de datos
públicos o privados. Así las cosas, pareciera ser que en relación con la
información publicada por los medios de comunicación el derecho a la
información provee algunas de las prerrogativas que protege el derecho al habeas data. El derecho a conocer
las informaciones se encuentra resguardado por el derecho a la información,
pues cualquier persona puede acceder a aquello que publican los medios de
comunicación en relación con su nombre y otros datos personales. De igual
forma, en cuanto a la posibilidad de actualizar y rectificar, existe un derecho
a que lo publicado por los medios sea veraz e imparcial o, en su defecto, a que
se rectifique la información suministrada en condiciones de equidad.
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Contenido y alcance
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
PUBLICACION DE INFORMACIONES SOBRE HECHOS DELICTIVOS O
PROCESOS JUDICIALES POR PARTE DE MEDIOS DE COMUNICACION
En
cuanto a la comunicación de informaciones sobre procesos penales y actos
constitutivos de delito, se puede establecer que: (i) ésta debe ser tratada con
cuidado y diligencia adicionales, especialmente en términos de veracidad e
imparcialidad; (ii) sin embargo, el nivel de diligencia exigido a los medios de
comunicación no implica una obligación de usar lenguaje técnico ni de asumir un
manejo particular del lenguaje coloquial, salvo que no hacerlo implique mala
intención y ánimo de dañar; (iii) el medio de comunicación debe abstenerse de
hacer análisis infundados, pues ello puede generar vulneraciones a derechos
fundamentales; (iv) al informar sobre situaciones que involucren procesos de
naturaleza penal, el medio de comunicación debe abstenerse de afirmar la
responsabilidad de los sujetos involucrados, hasta tanto exista una sentencia
condenatoria ejecutoriada.
INTERMEDIARIOS
DE INTERNET-No son responsables por el contenido que publican sus
usuarios
DERECHO A LA
INTIMIDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Orden a medio de comunicación,
actualizar información publicada en página web respecto a los
hechos que relacionan a la accionante con el delito de trata de personas, de
tal manera que se informe que la misma no fue vencida en juicio
DERECHO A LA
INTIMIDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Orden a medio de comunicación
hacer uso de una herramienta técnica que evite que por medio de los buscadores
de internet pueda accederse a la noticia que narra la captura y procesamiento
de la accionante por el delito de trata de personas
Referencia: Expediente T-4296509
Acción de tutela instaurada
por Gloria contra la Casa Editorial El Tiempo.[1]
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos
mil quince (2015).
La Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle
Correa, y los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del
fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali, el once (11) de octubre de dos mil trece (2013), y en segunda instancia
por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Penal, el dos (2) de diciembre
de dos mil trece (2013), dentro de la acción de tutela promovida por Gloria
contra la Casa Editorial El Tiempo.
El expediente de la referencia
fue seleccionado para revisión mediante Auto del nueve (9) de abril de dos mil
catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro.
I. ANTECEDENTES
Gloria interpuso acción de tutela contra
la Casa Editorial El Tiempo por considerar violados sus derechos fundamentales
al buen nombre, la intimidad, el debido proceso, de petición y al trabajo. La
alegada vulneración se habría derivado de la publicación de una nota
periodística en la que se informaba sobre la supuesta participación de la
accionante en hechos constitutivos de delito, en relación con los cuales nunca
fue declarada culpable, así como la posterior indexación de dicho contenido por
el motor de búsqueda Google.com.
1. Hechos
1.1.
La
accionante afirma que en el año dos mil (2000) trabajaba para una agencia de viajes
en calidad de vendedora.[2]
1.2.
Señala que
vendía tiquetes aéreos a un comprador que resultó estar vinculado con una red
dedicada al delito de trata de personas.[3]
1.3.
Sostiene,
de igual forma, que debido a dichas transacciones la Fiscalía la vinculó a un
proceso penal, del cual resultó “exonerada” debido a la prescripción de la acción
penal.[4]
1.4.
La
anterior situación fue puesta en conocimiento del público por medio de una nota
periodística de la casa editorial accionada, que sigue estando disponible en
internet.[5] Sin que se
hubiese informado sobre la prescripción de la acción penal en favor de la
tutelante.
1.5.
La
situación expuesta, a juicio de la actora, la somete a tener un registro
negativo ante la sociedad colombiana, lo que a su vez le genera traumatismos a
ella y su familia para desarrollar actividades en su vida diaria, como la
realización de trámites ante entidades financieras o la búsqueda de empleo.[6]
1.6.
La actora
aduce que se puso en contacto con la entidad accionante por medio de derecho de
petición en el que solicitaba la eliminación del contenido, sin haber recibido
hasta el momento una respuesta satisfactoria, pues el medio sostiene que la
noticia es veraz e imparcial.[7]
1.7.
Con base
en los hechos narrados, la accionante solicita al juez constitucional que
ordene a la Casa Editorial El Tiempo bajar y borrar de todos los motores de
búsqueda disponibles y, específicamente, de Google.com cualquier información
negativa en relación con la supuesta comisión del delito de trata de personas.[8]
2. Respuesta de la entidad
demandada
Mediante auto proferido el
veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013),[9]
el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali
avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado a la Casa Editorial El Tiempo, para que
dentro del término de un (1) día ejerciera su defensa.
2.1. Respuesta de la Casa
Editorial El Tiempo
Por medio de memorial
allegado al despacho el veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013),[10] el medio de comunicación tutelado
dio respuesta a la acción constitucional y solicitó que se negase lo pretendido
en ella.[11] De acuerdo
con El Tiempo, según lo consagrado en el Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, el juzgado era incompetente
para conocer de dicho caso, toda vez que este correspondería a un juez del
circuito, al interponerse la tutela contra un medio de comunicación.[12] Sostuvo además que la accionante no
aportó las pruebas con las cuales pretende controvertir la información
publicada por la compañía tutelada, no siendo suficiente la mera afirmación de
la señora Gloria de que los mismos no correspondían a la realidad.[13]
Se expresó que la tutela no
cumplía con los requisitos formales para ser instaurada contra un medio de
comunicación, toda vez que a aquella no se anexó: (i) copia de la publicación
cuya rectificación se pretende; (ii) la solicitud de rectificación de la
información publicada.[14]
De manera adicional, el medio
de comunicación señaló que la veracidad de la información no fue controvertida
por la tutelante y que la misma es veraz.[15]
También llamó la atención en el escrito respecto a que la jurisprudencia
constitucional ha dicho que no resulta procedente ordenar la eliminación de
información publicada cuando los hechos que dieron lugar a la misma fueron
objeto de modificación, pues en aquellos casos solo resulta viable solicitar
que se realicen aclaraciones o precisiones al respecto.[16] Por último, la Casa Editorial alegó
ausencia de legitimación por pasiva, puesto que no tiene control sobre los
motores de búsqueda en línea, de los cuales la accionante peticionaba la
eliminación de la información en comento.[17]
2.2. Declaratoria de Falta de
Competencia
Por medio de auto de
veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), el Juzgado 30 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías, declaró que la competencia
para decidir la acción constitucional estaba radicada en el juez de circuito,
por lo que dispuso “(…) REMITIR POR COMPETENCIA, las diligencias a los
JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE CALI…”[18]
(Mayúsculas en el texto).
2.3. Admisión de la tutela y
oficio remisorio
A través de auto de primero
(1°) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria y dispuso
notificar a la parte accionada.[19]
El primero (1°) de octubre de
dos mil trece (2013), el Juzgado 30 Penal Municipal con Función de Garantías de
Cali remitió escrito datado el treinta (30) de septiembre de la misma
anualidad, remitido por la Casa Editorial El Tiempo, que consistía en los
mismos documentos ofrecidos por el medio de comunicación en respuesta a la
tutela.[20]
3. Decisiones que se revisan
3.1 Sentencia de Primera
instancia
El Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Cali, en fallo del once (11) de octubre de dos mil trece (2013),[21]
concedió el amparo deprecado y ordenó a El Tiempo publicar una rectificación
informando que la tutelante no fue vencida en juicio, por lo que se presume su
inocencia, ello con el fin de garantizar sus derechos a la dignidad y al buen
nombre.[22]
De acuerdo con la decisión
judicial, el derecho a la honra y al buen nombre faculta al ciudadano para
demandar la rectificación de la información que sobre aquel se haya publicado si
no corresponde a la realidad. Por lo anterior, consideró improcedente ordenar
que se eliminara la información, pero estimó, sin embargo, que el medio sí
debería rectificar lo ocurrido pues, pese a conocer que la actora no fue
vencida en juicio, no respondió de fondo a la solicitud presentada por esta.
3.2. Impugnación
3.2.1. Escrito de Impugnación de
Gloria
La accionante impugnó el fallo
de primera instancia y solicitó que la misma se revocara por no guardar
congruencia con lo pedido en la tutela.[23]
De acuerdo con la recurrente, el juez de tutela debió ordenar la eliminación de
la información sobre ella disponible en internet y relacionada con su supuesta
vinculación con una red de trata de personas y no una mera rectificación, a
través de una nota marginal que, entre otras cosas, no resultaría posible en
medios electrónicos, según relata la accionante.
3.3.
Sentencia de segunda instancia
El dos (2) de diciembre de dos
mil trece (2013), el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, profirió sentencia,
por medio de la cual adicionó el fallo de tutela de primera instancia y ordenó
a El Tiempo eliminar de su portal de Internet toda información negativa
relacionada con la investigación en contra de Gloria por el delito de trata de
personas.[24] Consideró el
Tribunal que si bien el medio de comunicación tiene dentro de sus prerrogativas
el derecho a la libertad de expresión, este no es absoluto, pues encuentra como
límites los derechos de otros ciudadanos. De la misma manera, estimó que si
bien la noticia publicada por la Casa Editorial El Tiempo no era falsa, solo se
refería al hecho de la captura de la accionante, mas no a lo acontecido en el
juicio, donde no fue vencida. También expresó que adicionar dicha información a
la publicación no satisfaría los derechos de la tutelante, por lo que ordenó su
eliminación.
3.4. Trámite ante la Corte Constitucional
Mediante auto de veintitrés
(23) de julio de dos mil catorce (2014), la Sala Primera de Revisión ordenó
vincular a Google Colombia Limitada al proceso, para que se pronunciase sobre
los hechos y pretensiones de la acción constitucional.[25] El mismo auto dispuso invitar al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad —DeJusticia—, la Fundación
Karisma, la Corporación Colombia Digital, la Fundación para la Libertad de
Prensa —FLIP—, la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes y la Facultad de Derecho de la Universidad Externado
de Colombia, para que rindiesen concepto dentro del mencionado proceso.[26]
3.4.1. Respuesta de Google
Colombia Limitada
La apoderada general de Google
Colombia Ltda.[27] se pronunció
respecto a los hechos del caso, indicando que ninguno le constaba, y se opuso a
las pretensiones planteadas por la tutelante.[28] A
juicio de la vinculada, no cabe responsabilidad alguna a la compañía, toda vez
que la misma no ha “(…) realizado ninguna publicación ni indexación de
sitios o contenidos de terceros, relacionada con los hechos de la presente
acción de tutela.”[29]
El escrito puso de presente que el manejo y control del buscador de Google y de
los dominios www.google.com  y www.google.com.co corresponde a Google Inc.,
compañía constituida en los Estados Unidos de América y con domicilio en dicho
país.[30]
Google Colombia adujo que carece
de legitimación por pasiva, al no ser esta compañía una sucursal ni representar
jurídicamente a Google Inc., por lo que de impartirse una orden a Google Inc.,
esta no podría ser cumplida por Google Colombia, al no tener control sobre las
acciones de su sociedad matriz.[31] De forma
adicional, la sociedad vinculada señaló que la única responsable de la
publicación es la Casa Editorial El Tiempo, titular del portal de Internet donde
se encuentra dicho contenido. Para sustentar este punto, la compañía vinculada
explicó de forma sucinta la manera en la que funciona el motor de búsqueda y su
relación con las distintas páginas de internet indexadas. En este orden de
ideas, la sociedad tuvo oportunidad de aclarar que los titulares de los
contenidos pueden decidir qué parte de estos pueden indexarse por los motores
de búsqueda.[32]
Ahora bien, la vinculada indicó
además que en el caso en cuestión se ha configurado una carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que en cumplimiento de las órdenes
judiciales proferidas por los jueces de instancia, el artículo publicado por el
periódico El Tiempo fue modificado y posteriormente suprimido, por lo que no
figura en los resultados del motor de búsqueda. Por demás, también puso en
conocimiento de esta Sala que la Casa Editorial El Tiempo, por medio de la
herramienta “robots.txt” impidió que Google indexase el contenido de la
nota periodística objeto de controversia.[33]
3.4.2. Intervención de la
Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Por medio de escrito allegado a
la Secretaría General de la Corporación el veintiséis (26) de agosto de dos mil
catorce (2014), el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad
Externado de Colombia presentó concepto sobre la situación planteada en la
acción de tutela. De acuerdo con esta, la solicitud de la tutelante referida a
la eliminación del artículo de prensa publicado por el periódico El Tiempo no
está llamada a prosperar, como tampoco lo está la solicitud de suprimir dicha
información de los motores de búsqueda de internet. A juicio del Departamento,
esos requerimientos no harían parte del objeto de protección del derecho al
buen nombre.[34]
La intervención aduce que el
marco legal en el cual ha de resolverse este caso corresponde al referido al
buen nombre y no al habeas data, puesto que la Ley Estatutaria 1581 de
2012, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales”, explícitamente, en su artículo 2º contempla una excepción
para aplicar el régimen de protección de datos personal, de acuerdo con la cual
dicha ley no aplica para las bases de datos y archivos de información
periodística y otros contenidos editoriales.[35]
Los intervinientes estiman que
de hallarse que la información suministrada en el artículo de prensa es
incompleta y que por ese motivo afecta el derecho al buen nombre de la
peticionaria, para hacer cesar la vulneración deberían hacerse disponibles
nuevos datos que complementen la publicación inicial.
3.4.3. Intervención de
ANDIARIOS
La señora Nora Lucía Sanín,
obrando como representante legal de la Asociación Colombiana de Editores de
Diarios y Medios Informativos —ANDIARIOS—, solicitó a la Sala de Revisión
declarar improcedente la acción de tutela.[36] A
juicio de la organización, la prohibición de censura constituye un límite
absoluto, que no encuentra excepción alguna, ni siquiera para proteger el
derecho al buen nombre. Estima además que en casos de información rectificada,
lo que puede exigirse al medio de comunicación es que vuelva a informar o que actualice
la información, sin que se le obligue a eliminar contenido.
3.4.4. Intervención Pontificia
Universidad Javeriana
La Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Javeriana intervino en el proceso de revisión de tutela para
solicitar a la Sala que se revoque el fallo de segunda instancia, dejando en
firme la decisión tomada por el juez que conoció el asunto en un primer
momento.[37] Dice, en su memorial,
que en este caso se presenta una colisión entre los derechos fundamentales de
la tutelante y del medio tutelado, que han de ponderarse y resolverse de
acuerdo a las circunstancias concretas del caso, sin que se llegue a la
eliminación del contenido publicado.
Adicionalmente, estimó que los
sitios de Internet y los motores de búsqueda podrían ser responsables por el       tratamiento
de los datos personales y, por lo tanto, estar obligados a garantizar las
prerrogativas derivadas del derecho al habeas data, incluyendo el
derecho al olvido. Empero, también estableció que de dicha responsabilidad se
excluyen las bases de datos referidas a información periodística y con otros
contenidos editoriales, los cuales han de regirse por el derecho a la libertad
de expresión.
3.4.5. Intervención Universidad
de los Andes
El Observatorio Ciro Angarita
Barón, Sobre la Protección de Datos Personales en Colombia, intervino en el
proceso de referencia para aportar elementos de juicio en relación con el caso,
sin proponer una solución para el mismo.[38] En
su intervención, la Universidad de los Andes se refirió al derecho al olvido y
explicó el alcance que le ha otorgado la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, señaló que tanto los medios de comunicación como los motores de
búsqueda tratan datos personales, por lo que están vinculados por las
obligaciones que la Constitución y la ley les imponen en desarrollo de dicha
actividad. Por último, hizo mención al caso C-131/12 referido a la decisión del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a la controversia suscitada
entre Google Spain, S.L. Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), como referente para la solución de casos como el que debe analizar la
Sala.
3.4.6. Intervención de la Fundación
para la Libertad de Prensa, FLIP.
La Fundación para la Libertad
de Prensa, FLIP, intervino en el proceso objeto de revisión.[39]
En un primer momento, se refirió a la libertad de expresión en internet,
respecto a la cual enfatizó que en dicho medio este derecho se aplica del mismo
modo que en cualquier otro. De igual forma, se refirió al derecho a la
rectificación como manera de garantizar los derechos a la honra y al buen
nombre, que pueden resultar comprometidos en ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, y a cómo el mismo puede armonizarse con esta última
prerrogativa.
Sostuvo, en relación con el
caso concreto, que cualquier tipo de vulneración iusfundamental que
pudiera haberse presentado en contra de la  accionante no es imputable a
Google. Agregó, por demás, que en la situación objeto de estudio, al haberse
cumplido con los requisitos de veracidad e imparcialidad al momento de la
publicación del artículo periodístico, lo que resultaría procedente sería una
actualización en una nota adicional, que informe sobre los desarrollos del
proceso judicial surtido en contra de la tutelante.
De manera posterior, el once
(11) de noviembre de dos mil catorce (2014), la FLIP remitió copia de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de veintiocho (28) de
octubre de dos mil catorce (2014), en el marco del proceso promovido por María
Belén Rodríguez contra Google Inc. y Yahoo de Argentina SRL[40],
como referente para el fallo de este proceso.
3.4.7. Intervención de la
Fundación Karisma
El Grupo Derecho, Internet y
Sociedad de la Fundación Karisma, intervino en el proceso de revisión.[41]
En su concepto técnico, explicó cómo funciona internet y el rol que cumple cada
uno de los actores que hacen posible la transmisión de datos a través de la
red. A paso seguido, hizo referencia al efecto democratizador de internet y el
principio de neutralidad de la red, los cuales se relacionan de manera estrecha
con el libre tránsito y acceso de ideas a la red.
Sobre la responsabilidad de los
intermediarios por los contenidos que publican los usuarios de internet, la
Fundación explicó que los ordenamientos han elegido distintas alternativas de
regulación en torno a este tema, que van desde la concesión de inmunidad en
relación con las actividades de los usuarios hasta regímenes de responsabilidad
civil objetiva donde los daños causados se imputan a los intermediarios, con
independencia de su conducta. En torno a este punto, se hace especial
referencia a los puertos seguros, modelo en el cual se otorga inmunidad a los
intermediarios, siempre que los mismos cumplan con una serie de condiciones.
Por último, expuso los principales retos que se tienen respecto al manejo de la
información disponible en internet y la preservación de la neutralidad de la
red.
3.4.8. Intervención de la
Universidad del Rosario
La Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario presentó concepto dentro del proceso de la
referencia.[42] De acuerdo
con el escrito, en este caso nos encontramos frente a una tensión entre los
derechos a la dignidad humana, buen nombre, honra y habeas data, por un
lado, y las libertades de expresión e información, por el otro. En este orden
de ideas, la intervención desarrolló sucintamente el contenido básico de estos
derechos, tomando como eje central el derecho al olvido en Internet y la ya
mencionada sentencia C-131 de mayo de dos mil catorce (2014), del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
Respecto al caso concreto, el
concepto manifiesta que no ha de procederse a la rectificación, sino a la
actualización de la noticia emitida por la Casa Editorial El Tiempo, para informar
lo que sucedió con posterioridad al momento en que el artículo pasó a ser de
conocimiento público, actualización que deberá ser accesible en los mismos
términos de la noticia anterior y estar enlazada a esta.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Sala es competente para revisar los fallos de tutela referidos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y
problemas jurídicos
2.1. De conformidad con los antecedentes
expuestos, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la
información incompleta publicada por la Casa Editorial El Tiempo en su portal
de Internet sobre la captura y vinculación de la señora Gloria a un proceso
penal por el delito de trata de personas, vulnera los derechos de la accionante
a la honra, buen nombre, intimidad y debido proceso, por cuanto no se informa
en la publicación que la accionante no fue vencida en juicio, debido a que se
presentó la prescripción de la acción penal.
2.2. En segundo lugar, deberá decidir si
la indexación del portal de Internet donde se publicó la noticia de la Casa
Editorial El Tiempo por parte del buscador lesiona los derechos fundamentales
de la tutelante.
2.3. El tercer lugar, y en caso de que se
responda de manera afirmativa a cualquiera de los problemas iniciales, deberá
establecer cuál es el remedio constitucional que ha de destinarse para superar
la lesión a las garantías fundamentales comprometidas, en consideración a las
libertades de expresión, información y prensa.
2.4. Para el análisis del caso se aplicará
la siguiente metodología: en primer lugar, se analizará la procedencia de la
acción de tutela. Luego, se harán algunas consideraciones conceptuales y
doctrinarias respecto a los derechos a la honra y al buen nombre, así como a
las libertades de expresión e información. Acto seguido, se precisará el
fundamento y alcance del derecho a la libertad de expresión en internet, así
como del derecho al habeas data. A continuación, se hará un recuento de
la jurisprudencia constitucional sobre casos en que la publicación de
informaciones sobre procesos judiciales o hechos delictivos desencadenó en una
vulneración de derechos fundamentales de terceros, y se dedicará un aparte
especial a la decisión C-131/14 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por
último, se abordará y resolverá el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de
tutela
La señora Gloria acude ante el
juez constitucional para lograr en sede de tutela que se reivindiquen sus
derechos a la honra, el buen nombre, la intimidad y el debido proceso. A juicio
de la accionante, sus garantías fundamentales fueron desconocidas por la Casa
Editorial El Tiempo al publicar y mantener en su portal de Internet una nota
periodística donde se narra su captura y vinculación a un proceso penal por el
delito de trata de personas, sin tener en cuenta que no fue vencida en juicio,
debido a la prescripción de la acción penal. Sea entonces lo primero aclarar si
el instrumento jurídico utilizado por la accionante resulta adecuado en el caso
concreto.
3.1. La acción de tutela es un
mecanismo de protección de derechos que encuentra consagración directa en la
Constitución Política. Goza de un trámite preferente y sumario que permite
acceder a un remedio judicial efectivo e impostergable, de encontrarse
amenazados derechos fundamentales.[43] Precisamente
por el tipo de intereses que protege y la celeridad con que opera, la acción de
tutela es una alternativa jurídica que ha de ser utilizada de manera
subsidiaria, solo en uno de estos escenarios: (i) cuando no existan otros
mecanismos de defensa judicial que permitan al individuo o grupo afectado
buscar protección a su derecho; (ii) cuando, aun existiendo otros medios de
defensa, los mismos no sean idóneos o eficaces en el caso concreto para el
mismo fin; o (iii), cuando se busque evitar la configuración un perjuicio
irremediable.[44]
La acción de tutela es
procedente en la situación que ocupa a la Sala, dado que a la accionante no le
asiste ningún otro mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz
para proteger sus derechos, encontrándose cumplido, por esta razón, el
requisito de subsidiariedad de la acción constitucional.
3.2. La jurisprudencia de esta
Corporación ha sido consistente en declarar la procedencia de acciones de
tutela presentadas para proteger los derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre, cuando estos resultan afectados por la publicación de información
en medios masivos de comunicación. La sentencia T-219 de 2012[45]
resolvió, por ejemplo, una acción de tutela promovida por un ciudadano contra una
revista, al considerar violados sus derechos a la honra, la intimidad y el buen
nombre debido a una publicación en dicho medio de comunicación que lo vinculaba
a él y a su compañía (sociedad comercial) en hechos de corrupción. En aquella
ocasión, la Corte declaró que la tutela era procedente para salvaguardar los
derechos del tutelante y procedió al estudio de fondo de la solicitud.
Una situación similar tuvo
lugar en la sentencia T-088 de 2013,[46] en la que se
decidió una acción de tutela interpuesta por una comunidad indígena de San
Vicente del Caguán en contra de un medio de comunicación, por considerar
lesionados sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la
rectificación de información, luego de que una columna publicada en ese medio
relacionara a la comunidad con hechos de despojo de tierras por parte de grupos
al margen de la ley. En relación con la procedencia de la tutela y el requisito
de subsidiariedad la Corporación expresó que “(a)l solicitarse la protección de los derechos al buen
nombre y a la honra, pidiendo la rectificación de la nota periodística (…) la
Comunidad Indígena accionante no busca establecer responsabilidades civiles o
penales, sino estrictamente buscar el restablecimiento de los derechos a la
honra, al buen nombre y a la rectificación, presuntamente vulnerados con la
publicación. En este sentido, no existe mecanismo judicial distinto de la
acción de tutela para conseguir lo pretendido por la actora.”[47] Así las cosas, no existe duda de que en
este caso el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho.
3.3. En cuanto al requisito de inmediatez
de la tutela,[48] la
jurisprudencia constitucional desarrolló su contenido señalando que si bien no
existen límites temporales estrictos que limiten la interposición de una acción
de este tipo, la misma resultará viable siempre y cuando se intente dentro de
un término razonable y proporcionado, que se cuenta a partir de la vulneración
o amenaza al derecho fundamental comprometido. La exigencia de este requisito
tendría como fundamento: (i) prevenir la afectación de derechos de terceras
personas; (ii) verificar el respeto por la cosa juzgada; y (iii) dar vigencia
al principio de seguridad jurídica.[49] A
continuación, se procede a analizar la presente acción de tutela a la luz del
principio de inmediatez.
De acuerdo a los documentos que obran en
el expediente, la noticia titulada “Empresa de Trata de Blancas”, fue
publicada el veintinueve (29) de agosto de dos mil (2000) por la Casa Editorial
El Tiempo.[50] A su vez, la
prescripción de la acción penal a favor de Gloria fue declarada el dieciocho
(18) de enero de dos mil ocho (2008), por medio de auto interlocutorio 004
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Santiago de
Cali.[51] Por su
parte, la solicitud de eliminación de la noticia tuvo lugar el trece (13) de
diciembre de dos mil doce (2012) y la interposición de la tutela tuvo lugar en
septiembre de dos mil trece (2013).
De conformidad con estos hechos, podría pensarse
que se encuentra insatisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que han
transcurrido alrededor de doce (12) años desde el momento de la publicación
hasta la solicitud de eliminación de la noticia ante el medio de comunicación.
Sin embargo, la Sala considera que en el caso concreto el requisito se
encuentra acreditado, en la medida que la vulneración alegada por la actora
persiste en el tiempo, si se considera que la información aún se encuentra
disponible para ser accedida a través de internet.
En la tutela se afirma que la publicación
ha “(…) causado un perjuicio grave a la señora Gloria, primero que todo
condenándola arbitrariamente a un registro negativo ante la sociedad
colombiana, especialmente con todas las entidades Bancarias y Comerciales. La
razón de ello es que cada vez que ante una entidad bancaria solicita una cuenta
de ahorros o corriente, los bancos revisan el historial de sus clientes en
“internet” y aparece que ella está relacionada con un delito de trata de
personas, lo cual es una alerta para los administradores de riesgos de las
entidades financieras para deducir que aquí puede existir la posibilidad de que
mi cliente este envuelta en actividades de ‘lavado de activos y financiación
del terrorismo’ un delito bastante grave.”[52] Se
sostiene que a lo largo del tiempo se ha afectado la dignidad y demás derechos
fundamentales.
3.4. La Casa Editorial El Tiempo dice que
la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en
el Decreto 2591 de 1991, debido a que dicha normatividad exige, para efectos de
solicitar rectificación de informaciones vía tutela, que se anexe copia de la
publicación que se pretende rectificar, así como una trascripción de la
corrección solicitada, lo que no habría hecho la accionante en este caso.[53]
En relación con los requisitos referidos, consta en el expediente copia de la
publicación que ocasiona la controversia[54], de la
solicitud de rectificación dirigida por la accionante a la casa Editorial El
Tiempo y de la respuesta del medio de comunicación, razón por la cual no existe
obstáculo para que se estudie de fondo de la tutela.
La Sala estima que la solicitud específica
que hace la accionante de eliminar la noticia de los motores de búsqueda de
internet, fundada en los efectos negativos que actualmente le produce la
existencia del artículo, merece un pronunciamiento de fondo por parte de esta
Corporación, por lo que, a continuación, se dará paso al mismo.
4. Derechos a la honra y al
buen nombre
La señora Gloria considera que
la publicación de la Casa Editorial El Tiempo y su posterior indexación por el
motor de búsqueda Google, en la que se la vincula con hechos delictivos,
vulnera sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, toda vez que
aquellos se encuentran disponibles para los usuarios de Internet, pese a que no
explica que la accionante nunca fue vencida en juicio. Una lectura de los
hechos permite identificar que en esta controversia podrían estar
comprometidos, por un lado, los derechos a la honra y al buen nombre, y por
otro, los derechos a la libertad de expresión y de información.
4.1. El derecho a la honra está
incorporado en el artículo 21 de la C.P., el cual establece que se respetará la
honra de las personas y que la ley determinará su forma de protección. Sin
embargo, esta no es la única mención que la Carta hace del mencionado derecho.
Así, el inciso segundo del artículo 2 establece como uno de los objetivos de
las autoridades públicas la protección de la honra. Adicionalmente, el inciso
segundo del art. 42 Superior consagra la inviolabilidad de la honra, dignidad e
intimidad de la familia. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos contempla en su art. 11 la garantía para los ciudadanos de los Estados partes
del derecho a la honra y a la dignidad.
La
jurisprudencia constitucional ha afirmado en torno al derecho a la honra, que “(a)unque en
gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles” y añadió que
“la Corte [la ha definido] como la estimación o deferencia con la
que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la
Corte que, en este contexto, la honra es un derecho ‘... que debe ser protegido
con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y
valoración de las personas dentro de la colectividad’.”[55]
4.2. De otra parte, el derecho
al buen nombre se encuentra en el artículo 15 de la Carta Política, junto con
los derechos a la intimidad individual y familiar. En relación con este derecho,
esta Corporación ha afirmado que “(e)l buen nombre ha sido
entendido (…) como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los
demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir
como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o
tendenciosas…”[56]
Esta Corporación no ha hecho
una separación categórica del significado y contenido de los derechos a la
honra y al buen nombre, pues los mismos se encuentran en una relación estrecha
y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea una lesión al otro.
Bajo este entendido, se ha manifestado que el derecho al buen nombre cobija la
reputación, mientras que la honra se estructuraría en torno a la consideración
que toda persona merece por su condición de miembro de la especie humana.[57]
De otra parte, se ha vinculado el derecho al buen nombre a las actividades
desplegadas de forma pública por alguien. Sosteniéndose que el mismo integraría
la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos. En
cambio, el derecho a la honra se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados
con la vida privada de las personas y a su valor intrínseco.
4.3. De lo anterior se
desprende que tanto el derecho al buen nombre, como el derecho a la honra, se
encuentran íntimamente ligados a la dignidad humana. La jurisprudencia
constitucional[58] ha sostenido
que la dignidad humana, en cuanto derecho, se concreta en tres dimensiones que
resultan indispensables para la vida de todo ser humano: (i) el derecho a vivir
como se quiera, que consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida
de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien,
que comprende el contar con unas condiciones mínimas de existencia; y (iii) el
derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones del
poder de los demás.[59] Toda
Constitución está llamada a regir en sociedades donde hay necesariamente
relaciones de poder muy diversas. No es posible que estas relaciones se
desarrollen de manera que el sujeto débil de la relación sea degradado a la
condición de mero objeto.
En cuanto a la relación de los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre con el principio de la
dignidad humana, se ha señalado que “(…) tratándose de la honra, la
relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que involucra
tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración
de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal y
familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una cercana relación con
la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege
a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la
persona en el ámbito público o colectivo.”[60]
Es por esta
vía que los derechos al buen nombre y a la honra se erigen a su vez como
mecanismos que permiten garantizar el equilibrio y la paz social, pues estipulan
mínimos de respeto y consideración hacia aquellos aspectos centrales
relacionados con las esferas pública y privada del individuo. Sobra por demás
advertir que el
derecho a la honra también se encuentra ligado de manera estrecha al derecho a
la intimidad, que a su vez es un límite jurídico que la Constitución impone a
la injerencia de terceras personas y el Estado en determinadas esferas vitales
que se encuentran por fuera del dominio público.
En el entorno social, la
garantía del derecho a la honra y al buen nombre es un prerrequisito para
disfrutar de muchos otros derechos. Así, por ejemplo, tratos oprobiosos o
desobligantes que ofendan el buen crédito de una persona o minen el respeto por
su imagen, tienen la potencialidad de disminuir sus oportunidades laborales,
impidiéndole desarrollar un oficio o encontrar un empleo acorde con sus
capacidades. Es por tanto necesario que el ordenamiento destine mecanismos de
protección encaminados a garantizar que no se afecten de forma desproporcionada
o arbitraria estos derechos.
Sin embargo, es preciso
referirnos al otro extremo de los derechos en tensión, los derechos
fundamentales a la libertad de expresión e información.
5. Libertades de expresión e
información
5.1. El artículo 20 de la Constitución Política establece: “(s)e garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” Esta es la consagración normativa que la Carta
hace de las libertades de expresión, opinión, información, prensa, así como del
derecho a la rectificación en condiciones de equidad y de la prohibición de
censura previa.
De manera adicional, se tiene que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorpora dentro de sus normas el
respeto por las aducidas libertades.[61]
El artículo 19 de la Convención integra en sus garantías la libertad de
expresión y señala que si bien puede estar sujeta a restricciones, estas deben
estar previstas en la ley y resultar necesarias para: (i) proteger derechos de
terceros; (ii) velar por la integridad de la seguridad nacional, el orden, la
salud o la moral públicas. En este sentido, el tratado mencionado establece un
catálogo de razones específicas que pueden servir como fundamento válido para
limitar este derecho y supedita su restricción a un juicio de necesidad.
En esa misma línea, es preciso hacer eco de lo
dispuesto en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[62] Este instrumento
también resguarda las mencionadas libertades y, adicionalmente, señala ciertas
acciones prohibidas que pueden atentar contra el goce efectivo de estos
derechos. A ello debe sumarse que su artículo 14 se ocupa del derecho a la
rectificación o respuesta para aquellas personas que hubiesen sido dañadas a
causa de informaciones inexactas o que generen agravio.[63]
5.2. La forma en la que los referidos
textos normativos, tanto a nivel de legislación interna como en el ámbito del
derecho internacional parecen entender la relación entre los derechos a la
libertad de expresión y a las libertades de información y opinión podría ser concebida
en un sentido amplio o lato y otro estricto. El primero de estos, garantizaría
el derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e
incluiría no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también
las libertades de opinión, información y prensa. Por otro lado, en sentido
estricto,  el mencionado derecho se limitaría a la comunicación de ideas y
opiniones, siendo estas personales y estrechamente vinculadas al derecho a la
libertad de pensamiento, por oposición a la comunicación de informaciones,
entendidas como datos que describen una situación con sustento empírico, no
constituyendo una mera opinión. Este último tipo de comunicaciones estaría
cobijado por los derechos a la libertad de prensa e información.
5.3. En torno a las
restricciones del derecho a la libertad de expresión, la Observación General
Número Diez (10) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado
que “(e)l párrafo 3 subraya expresamente que el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y por esta
razón se permiten ciertas restricciones del derecho en interés de terceros o de
la comunidad en su conjunto. No obstante, cuando un Estado Parte considera
procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de
expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo. El
párrafo 3 establece tres condiciones que han de cumplir las restricciones: las
restricciones deberán estar "fijadas por la ley"; únicamente pueden
imponerse por una de las razones establecidas en los apartados a) y b) del
párrafo 3; y deben justificarse como ‘necesarias’ a fin de que el Estado Parte
alcance uno de estos propósitos”.[64]
5.4. De forma posterior, la
Observación General Número 34 hizo énfasis en las libertades de opinión y
expresión como condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la persona,
el funcionamiento óptimo de la sociedad.[65] Caracterizándose
la libertad de expresión como un presupuesto para el mantenimiento de la
transparencia y responsabilidad de los gobiernos, a su vez base para velar por
la vigencia de los derechos humanos. La libertad de expresión también se
enmarca como uno de los ejes fundamentales de los derechos a la libre
asociación y reunión, así como para la participación política individual y
organizada, por medio del sufragio y determinados medios de movilización. Además,
la Observación General menciona los distintos tipos de discurso que se
encuentran protegidos por la libertad de expresión, dentro de los que se incluyen
el político, el de asuntos propios, el que versa sobre temas de interés
público, el de campañas, el de enseñanza, el periodístico y el científico.
El mencionado instrumento
también abordó la libertad de prensa, señalando que la existencia de medios de
comunicación libres, sin censura o trabas, es imperiosa para el respeto de la
libertad de expresión y de opinión. También advirtió sobre los desafíos que
plantean los desarrollos tecnológicos en materia de transferencia de
información y telecomunicaciones para la garantía de la libertad de expresión,
por lo que recomienda enfáticamente a los Estados que hagan prevalecer la
independencia de Internet y otros medios de comunicación, y que realicen
acciones tendientes a lograr que las personas puedan acceder de forma real y
efectiva a estos servicios.[66]
5.5. En cuanto al tema
específico del funcionamiento de Internet, el comentario general citado estableció
que las limitaciones a los contenidos o normal operación de la red están
sujetos a los requisitos establecidos en el art. 3 del Pacto, de acuerdo con
los cuales su restricción debe estar consagrada en una norma legal; debe
perseguir fines considerados admisible en esa normativa, y respetar el
principio de necesidad.[67]
Una vez hechas estas
consideraciones en relación con los derechos a la honra, buen nombre, libertad
de expresión y libertad de información, es preciso que nos refirmamos a la
forma en que estas facultades son protegidas en el ámbito de internet.
6. Libertad de expresión en
internet
La tutela presentada por la
señora Gloria pretende, entre otras cosas, que se ordene a la Casa Editorial El
Tiempo que elimine de los resultados de los buscadores de internet y, en
especial de Google.com, la información referida a su captura y supuesta
participación en hechos delictivos relacionados con la trata de personas. Esta
solicitud plantea un interesante conflicto entre los derechos de la accionante
y la libertad de expresión, en especial aquella que se desarrolla en el
ciberespacio. Por lo anterior, se proceden a formular algunos elementos de
juicio relevantes respecto al derecho a la libre expresión en Internet.
6.1. El acceso masivo de
personas a Internet, sin lugar a dudas, ha representado un cambio en la forma
en que se lleva a la práctica el derecho a la libertad de expresión. La
revolución informática ha alterado los medios a través de los cuales el mundo
se comunica, pues ha hecho viable la transmisión de datos en tiempo real a
través de múltiples formatos, de tal suerte que resulta posible para dos
personas en lejanas ubicaciones geográficas tener contacto inmediato. Es por ello
que Internet ha jugado un papel central en la reducción o eliminación de las
distancias que hasta buena parte del siglo XX apartaron a los pueblos.[68]
6.2. Dentro
de las características que hacen de Internet un espacio idóneo para la
manifestación de diversas formas de expresión se incluyen: (i) libertad de
acceso; (ii) multiplicidad de formatos de información; (iii) descentralización
en la producción y consumo de información; (iv) posibilidad de interacción de
los usuarios en tiempo real; (v) neutralidad en cuanto al tipo de información
compartida, entre otras. En consecuencia, no se tiene duda de la importancia
que tiene internet para la garantía de la libertad de expresión en el siglo
XXI.
En cuanto a
la libertad de acceso, Internet ha creado espacios para que cualquier persona pueda
construir el suyo en la red. Los blogs, la creación de perfiles en redes
sociales, o de canales en servicios de transmisión de video en vivo, han
facilitado un conjunto de posibilidades para que los usuarios interactúen unos
con otros. La libertad de acceso en este sentido busca que la conexión a Internet
se encuentre disponible desde cualquier lugar del mundo. También tiene como
objetivo que el ingreso al servicio sea universal, sin condicionamientos de
ningún tipo que puedan resultar sospechosos. De igual manera, se pretende que
los costos del servicio de Internet y de los equipos necesarios para conectarse
sean bajos, de forma que no existan barreras de entrada para aquellas personas
que tienen menor capacidad de pago.
No puede
desconocerse que existen dificultades técnicas y financieras que impiden a
ciertas personas, en especial aquellas que no cuentan con los equipos o
servicios de conexión necesarios, tener libre acceso a la red. Sin embargo,
estas barreras cada día pierden terreno, a medida que la cobertura,
asequibilidad y calidad de los servicios de internet mejora.[69]
Al ser una
red descentralizada, los mensajes y contenidos producidos se transmiten de
manera tal que la censura o la revisión previa de contenidos por una autoridad
central, es difícil. Si bien esta resulta ser, en principio, una de las grandes
fortalezas de Internet, pues hace del mismo un entorno plural y libre, ello sin
duda presenta desafíos en aspectos sensibles como aquellos relacionados con el
control de contenidos prohibidos por normas supranacionales, como la
pornografía infantil, o aquellos susceptibles de afectar la intimidad, la
honra, el derecho a la imagen y el buen nombre de las personas.
Internet no solo ha generado
enormes ventajas para sus usuarios, sino que también ha creado retos para los
gobiernos. La capacidad que tiene para reinventarse por medio de la
creación de nuevas plataformas, aplicaciones y programas, se mueve a una
velocidad que es difícil de alcanzar por aquella que asiste a los Estados,
puesto que su facultad regulatoria se encuentra concentrada y ha de seguir
pautas estrictas a la hora de intervenir en la red. Lo anterior implica que su
capacidad de respuesta en relación con avances en el funcionamiento de Internet
es limitada.
6.3. La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) presentó una serie de principios orientadores del
funcionamiento de la red, para guiar las medidas de los gobiernos en relación
con esta, todo ello con el fin de conservar las cualidades que han hecho de
internet un espacio propicio para que las personas compartan ideas,
informaciones y opiniones. Los aducidos principios rectores son: (i) acceso en
condiciones de igualdad;[70]
(ii) pluralismo;[71]
(iii) no discriminación;[72]
y (iv) privacidad.[73]
6.4.
Conviene en este momento hacer mención a la Declaración Conjunta sobre Libertad
de Expresión e Internet, adoptada por el Relator Especial de Naciones Unidas
para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad
de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados
Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la
Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos.[74]
En este documento, los expertos sobre libertad de expresión acogieron como
principio que“(l)a libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo
que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de
expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los
estándares internacionales…”[75]  Lo que significa que esta
garantía debe ser respetada por los Estados y protegida de intromisiones
ilegítimas por parte de terceros. En torno al goce del derecho a la libertad de
expresión en Internet, en esta declaración hay dos elementos que son de
especial relevancia para el caso que nos convoca; el primero se refiere al
principio de neutralidad de la red. El segundo, a la responsabilidad que cabe a
los intermediarios de internet.
6.5. Respecto a la
neutralidad, se tiene que este es un aspecto que integra elementos del
principio de no discriminación, así como de aquel referido al acceso en
condiciones de igualdad. Se ha afirmado que “(e)l
tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún
tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido,
autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.”[76] Lo anterior demanda, además, que los intermediarios
de Internet actúen de manera transparente en el manejo de la información de los
usuarios, situación que a su vez precisa que los protocolos y prácticas para
dicho manejo sean públicas y accesibles para cualquier persona.
El principio
de neutralidad se orienta a evitar situaciones de bloqueo, interferencia o
filtración, toda vez que la ausencia de controles previos y censura es una conditio
sine qua non para el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión
en este entorno.[77] Si bien este estándar debe ser
de aplicación general para todo el tráfico de información en la red, el mismo
admite casos especiales. Respecto a estos la Relatoría Especial sobre Libertad
de Expresión de la CIDH ha señalado tres excepciones al principio de
neutralidad: (i) cuando sea necesario para mantener la seguridad y
funcionamiento de internet; (ii) con el fin de evitar transferencia de datos no
queridos por el usuario y siempre que este lo solicite de forma libre y expresa;
(iii) para lidiar con problemas de congestión de internet.[78]
6.6. Ahora bien, en torno a la
responsabilidad que cabe a los intermediarios de Internet,[79]
la mencionada declaración conjunta señala que “(n)inguna persona que
ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o
conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por
contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos
servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se
niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en
condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión")”.[80]
Es decir que
se propende por dotar a los intermediarios de Internet de cierta inmunidad, de
tal forma que no se les haga responsables por los contenidos y actividades que
los usuarios del sistema desarrollan. Lo anterior se explica porque atribuir
responsabilidad a quienes prestan estos servicios, por lo general actores
privados, podría afectar la neutralidad de Internet y sus principios de no
discriminación y acceso en condiciones de igualdad, al convertir a los intermediarios
en censores que controlarían el contenido y tipo de información que comparten
los usuarios.[81]
La relación existente entre el
libre tráfico de ideas en la red y la libertad de expresión se deriva de que
este derecho no solo faculta a las personas para manifestar sus ideas y
opiniones, y para transmitir información, sino que también protege que el
contenido expresado se difunda y llegue a otros. Así las cosas, imponer
responsabilidades a los intermediarios de Internet por los contenidos
transmitidos limitaría de forma importante la difusión de ideas por este medio
de comunicación, pues les daría el poder para regular el flujo de información
en la red. En cuanto a quienes generan la información, la Relatoría para la
Libertad de Prensa ha indicado que las responsabilidades ulteriores solamente
pueden ser impuestas a los autores de lo expresado en internet, es decir, a
quienes son directamente responsables de la expresión ofensiva. [82]
Luego de esta reflexión en
torno a la libertad de expresión en internet, es preciso que nos refiramos al
derecho al habeas data. Lo anterior debido a que algunos de los
intervinientes plantearon que este caso debe ser enmarcado en la órbita de
protección del mencionado derecho.
7. Derecho al habeas data
7.1. El
derecho al habeas data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política. Allí se indica que todas las personas “(…) tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.”[83]
7.2. La Ley
Estatutaria 1581 de 2010, “Por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales”, pretende regular la forma en que se
realizará el tratamiento de datos personales al interior del territorio. La
mencionada ley estatutaria adoptó una serie de principios aplicables a todas
las bases de datos, dentro de los cuales se encuentran: (i) legalidad en el
tratamiento de datos; (ii) finalidad; (iii) libertad; (iv) veracidad; (v)
transparencia; (vi) acceso y circulación restringida; (vii) seguridad; (viii)
circulación restringida.[84]
También estableció un conjunto de derechos para los titulares de datos
personales,[85]
e hizo énfasis en la necesidad de contar, por regla general, con autorización
del titular de forma previa al tratamiento de datos. De manera adicional, se
impusieron una serie de deberes a cargo tanto de los responsables como de los
encargados del tratamiento.[86]
7.3. Ahora
bien, en relación con el tratamiento de datos por parte de medios de
comunicación, la ley establece que “(…) (e)l régimen de protección de datos
personales que se establece en la presente ley no será de aplicación: (…) d) A
las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos
editoriales…”,[87]
lo que excluye, en principio, la posibilidad de estimar que dentro de los
ámbitos cobijados por la ley se encuentren los bancos de datos de información
periodística, ello en consideración a la función social que desarrollan los
medios de comunicación.
Lo anterior
no descarta que con sus publicaciones los medios de comunicación puedan afectar
el derecho de terceras personas al habeas data, pues este derecho tiene
un rango constitucional y no requiere ser desarrollado legalmente para que
pueda hacerse valer. Ello tan solo significa que la normatividad de la ley
estatutaria no aplica a las bases de datos de información periodística, no
pudiendo esta ser la fuente jurídica para proteger el derecho al habeas data
respecto a este tipo de información.[88]
Así, en relación con los medios de comunicación, la aplicación del derecho al habeas
data tendrá que darse con base en las disposiciones constitucionales que
regulan de forma genérica esta garantía, por lo menos hasta que el legislador
estatutario, por medio de desarrollos específicos y adicionales en materia de
protección de este derecho, regule lo referente al mismo respecto a  los medios
de comunicación.
7.4. En este orden de
ideas, al examinar de cerca el contenido esencial del derecho al habeas data,
se advierte que este tiene como elementos centrales la posibilidad de conocer,
rectificar y actualizar las informaciones que sobre una persona reposen en bancos
de datos públicos o privados. Así las cosas, pareciera ser que en relación con
la información publicada por los medios de comunicación el derecho a la
información provee algunas de las prerrogativas que protege el derecho al habeas
data. El derecho a conocer las informaciones se encuentra resguardado por
el derecho a la información, pues cualquier persona puede acceder a aquello que
publican los medios de comunicación en relación con su nombre y otros datos
personales. De igual forma, en cuanto a la posibilidad de actualizar y
rectificar, existe un derecho a que lo publicado por los medios sea veraz e
imparcial o, en su defecto, a que se rectifique la información suministrada en
condiciones de equidad.
Por lo anterior la Sala
estima que en este caso la tutela ha de fundarse en los derechos a la honra,
buen nombre y dignidad humana, así como a la libertad de información. De
conformidad, se procede al estudio de la jurisprudencia sobre publicación de
informaciones sobre hechos delictivos o procesos judiciales.
8. Publicación de informaciones
sobre hechos delictivos o procesos judiciales por parte de medios de
comunicación
8.1. Pocas situaciones pueden
tener un impacto más fuerte en los derechos al buen nombre y a la honra que el
inicio de investigaciones penales en contra de una persona. La investigación,
procesamiento y sanción por la comisión de hechos constitutivos de delito
tienen la potencialidad de producir complejos efectos sociales y personales
tanto en aquella persona vinculada al proceso penal como de los que le rodean.
Sobre este punto, conviene
traer a colación el principio de presunción de inocencia y cómo este tiene una
dimensión extra-procesal que no puede
pasarse por alto. De acuerdo con el inciso 4 del art. 29 de la Constitución, “Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable…”[89], lo
que quiere decir que hasta tanto no exista una decisión judicial ejecutoriada en
su contra no puede hablarse de la comisión de un delito. La presunción de
inocencia es un principio que se proyecta hasta tanto la persona no haya sido
vencida en juicio, sino que tampoco resultaría conforme a este principio
imponer sanciones sociales, o extrajurídicas de cualquier tipo, a una persona
que se presume inocente.
8.2. Pese a ello, no puede esta
Corporación desconocer que existen formas de estigmatización asociadas a
personas que, si bien no han sido declaradas penalmente responsables, por la
simple sospecha son valoradas de forma negativa por el entorno social, ello en
detrimento de sus derechos al buen nombre y a la honra. Conforme a esta
comprensión, el estigma de la criminalización desciende como una celda
prematura sobre aquellas personas que se encuentran inmersas en una
investigación. Ser sentenciado ante los demás miembros de la sociedad como
una persona que potencialmente infringió la ley penal tiene efectos importantes
en el goce los derechos a la honra y al buen nombre, pues expone al titular de
estos derechos a un cuestionamiento social derivado de la valoración moral que
se hace en torno a los actos violatorios de la ley. Ello resulta todavía más
claro en situaciones en la que la presunta participación de un ciudadano en
actos constitutivos de delito es puesta en conocimiento del público a través de
la labor informativa que desarrollan los medios de comunicación.
8.3. En múltiples ocasiones esta
Corte ha abordado asuntos en los que informaciones emitidas por los medios de
comunicación, con ocasión de procesos judiciales o la supuesta comisión de
delitos, han dado lugar a tensiones entre el derecho a la libertad de expresión
e información y los derechos a la honra y al buen nombre. A continuación, se
hará un sucinto recuento de la jurisprudencia constitucional en la materia.
8.4. Para empezar, la sentencia
T-332 de 1993[90] se refirió
al caso de una funcionaria pública que interpuso acción de tutela contra un
medio de comunicación, debido a que este publicó una noticia en la cual se
señalaba que a dos funcionarios públicos, dentro de los que se encontraba la
accionante, se les habían comprobado nexos con grupos al margen de la ley, sin
que ello fuese cierto. La actora pidió la rectificación de la información, a lo
que el medio no accedió. La Corte Constitucional ordenó al accionado acreditar
que en efecto probó lo afirmado en relación con la pertenencia de la
funcionaria al mencionado grupo, de acuerdo a una serie de criterios dados por
la Corporación. Además, estipuló que de no poderse acreditar dicha situación,
habría de procederse a la rectificación de lo informado, por medio de una
declaración pública de igual despliegue.
8.5. En la sentencia T-369 de
1993,[91] la Corte
Constitucional revisó dos acciones de tutela. La primera fue interpuesta por un
ciudadano contra un director de noticias, al considerar violados sus derechos
al buen nombre, a la rectificación y a la honra, toda vez que el mismo, en una
emisión radial, declaró que el accionante había reconocido ante la Comisión
Quinta del Senado que evadió ciento treinta y dos millones de pesos
($132.000.000) en impuestos, afirmación que a juicio del actor resultaba falsa,
injuriosa y temeraria. En consecuencia, solicitó que se hiciera una rectificación
por medio de una nota de prensa adicional de acuerdo a un modelo aportado en la
tutela. Por su parte, la segunda tutela fue presentada por un ciudadano en
contra de Radio Sucesos RCN de Arauca-Emisión Gigante, debido a que en una
alocución un periodista se refirió a la irresponsabilidad del alcalde,
tachándolo de ser el más deshonesto de los últimos tiempos, al haber llegado a
arreglos con todos los concejales del municipio en cuestión. El tutelante
solicitó la corrección al medio de comunicación, así como la copia de las
denuncias formuladas.
En aquella ocasión, el Tribunal
Constitucional amparó los derechos del primer accionante y, por lo tanto,
ordenó que se procediera a la rectificación de la información en un horario
específico. Para efectos de la corrección, la sentencia proveyó pautas
generales indicativas respecto a cómo hacerlo, consistentes en sostener que el
exministro no reconoció haber evadido impuestos. En relación con el segundo
caso, la Corte se negó a acceder a lo solicitado por el accionante, por lo que
confirmó la sentencia de segunda instancia.
La providencia afirmó el
carácter fundamental de los derechos a recibir información imparcial, a opinar,
a la honra y al buen nombre. Se planteó además la diferencia entre los derechos
a opinar y a informar, conectando el primero con la posibilidad de emitir
juicios o compartir ideas acerca de personas o situaciones, y ligando el
segundo a la posibilidad de reproducir en la comunicación hechos y
circunstancias fácticas. Así las cosas, expresó la sentencia que la
rectificación en condiciones de equidad es un derecho fundamental garantizado
por el art. 20 de la Constitución.[92]
La Corporación estimó que las
afirmaciones emitidas por el periodista no correspondían a la realidad y que
las mismas no podían entenderse como constitutivas de una opinión, toda vez que
no reflejan un juicio de valor en torno a un hecho o persona. A continuación,
la sentencia caracterizó la libertad de información como un derecho-deber,
puesto que su ejercicio impone al titular un conjunto de condicionamientos
como, por ejemplo, que la información que se provea sea cierta y se presente de
manera objetiva. Se hizo hincapié en que la veracidad e imparcialidad es de
especial relevancia en cuanto al ejercicio de la actividad periodística, toda
vez que aquella cumple una función social, por lo que la ausencia de estas
características podría hacer que por medio del desarrollo de dicha labor se
lesionen derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, pese a que el juez
constitucional consideró probado que la información suministrada no era veraz,
la decisión advirtió que no era procedente indicarle al medio de comunicación
la forma exacta en la que habría de hacerse la rectificación, sino que tan solo
habría de proveer las bases para la realización de la misma.[93]
De otro lado, en relación con
el segundo expediente, la Corte consideró que la alocución que tuvo lugar en un
noticiero de radio fue una opinión y no una información, toda vez que la misma
se limitó a proferir un juicio en relación con una encuesta en que la
administración municipal no resultó bien librada. En consecuencia, aclaró la
Corte que no era posible afirmar que se hubiese lesionado el derecho a la
información veraz e imparcial. Asimismo, al tratarse de una opinión y no de una
información, el derecho a la rectificación no resultaba procedente, puesto que
es no es dable solicitar a alguien que rectifique una apreciación subjetiva, no
calificable en términos de verdad o falsedad.
8.6. La sentencia T-074 de 1995,[94]
por su parte, resolvió una acción de tutela interpuesta por un ciudadano en
contra de un medio de comunicación, luego que este al referirse a la influencia
del narcotráfico en el fútbol, mencionase que el accionante había sido pedido
en extradición por la República del Perú, situación que no tenía sustento
fáctico, de acuerdo con el actor. Ante ello, el solicitante pidió la
rectificación de la publicación, pese a lo cual el medio se limitó a publicar
apartes de la carta remitida por aquel y agregó una nota en la que se
mencionaban ciertas situaciones relacionadas con su situación. En este orden de
ideas, para proteger su derecho al buen nombre, la tutela pretendía que se
ordenase al medio rectificar las informaciones publicadas en dos de sus
ediciones. La Corte Constitucional decidió tutelar los derechos del actor y, en
consecuencia, confirmó la decisión judicial de instancia y ordenó además
rectificar la información referida a la supuesta solicitud de extradición del
actor, en el sentido de que de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del
Derecho, esta no había sido solicitada por ningún país.
8.7. En sentencia T-1225 de
2003,[95] se resolvió
el conflicto desatado luego de que se informase en un medio de comunicación de
la captura y vinculación a un proceso penal de dos ciudadanos por el hurto de
un camión en un municipio del departamento de Cauca. De acuerdo con los
accionantes, la información suministrada por el medio lesionó su derecho al
buen nombre, por lo que solicitaron la rectificación de la misma puesto que
consideraron que las expresiones “sindicado” y “cogido con la mano en
la masa” no correspondían a la realidad de lo acontecido. Empero, la Corte
Constitucional ratificó las sentencias de instancia, toda vez que la noticia se
restringía a informar de las acciones desarrolladas por la fuerza pública,
siendo en este sentido veraz e imparcial.
En relación con el derecho a
informar hechos delictivos y procesos judiciales, la sentencia advirtió que los
principios de veracidad e imparcial adquieren mayor importancia en estos
contextos, ello debido a los efectos que el contenido del mensaje puede tener
tanto en la comunidad y su funcionamiento, como en los derechos de las personas
vinculadas a las mencionadas actividades al margen de la ley.
Ahora bien, la Corporación hizo
dos consideraciones relevantes en torno al ejercicio informativo de situaciones
relacionadas con la comisión de delitos. De una parte señaló que si bien los
medios de comunicación tienen un deber de proveer información veraz e
imparcial, ello no los obliga a utilizar un lenguaje jurídico técnico, propio
de expertos en la materia, dado que ello supondría imponerles un deber
desproporcionado y una restricción excesiva al ejercicio de la libertad de
expresión. También tuvo oportunidad la Corte de referirse al uso del lenguaje
coloquial para informar en relación con la supuesta comisión de actos
delictivos. En torno a esto se advirtió que solo la mala intención del medio,
tendiente a informar de forma parcial o inexacta constituye un abuso de la
libertad de información en relación con el uso del lenguaje coloquial para
informar sobre hechos relacionados con procesos judiciales.[96]
Por otro lado, la Corte también
sostuvo que si bien no pueden establecerse usos correctos del lenguaje
coloquial o imponer el uso del lenguaje técnico a los medios de comunicación a
la hora de informar, ello no significa que no existan cargas para estos cuando
informan sobre asuntos relacionados con procesos judiciales. Así, se advirtió,
por ejemplo, que no es facultad de los medios afirmar la responsabilidad penal
de una persona, hasta que no exista una sentencia judicial ejecutoriada que la
declare, pues ello implicaría desconocer la presunción de inocencia. De manera
concomitante, la sentencia se refirió a los límites constitucionales de la
libertad de prensa, especialmente cuando entra en pugna con los derechos a la
honra y al buen nombre. La providencia advirtió de los graves efectos que las
informaciones difundidas por los medios de comunicación pueden ocasionar en la
vida de las personas, pues un uso irresponsable de esta facultad puede
comprometer la paz social, su buen nombre e integridad física.[97]
8.8. También es propicio
mencionar la sentencia T-626 de 2007,[98] en la cual
la Corte decidió una acción de tutela interpuesta por un funcionario público en
contra de un medio de comunicación, a raíz de una emisión televisiva en la que una
periodista del canal hizo acusaciones relacionadas con episodios de corrupción
en contra del accionante, consideradas como lesivas de sus derechos a la
integridad personal, igualdad, intimidad personal y familiar, buen nombre,
honra e informar y recibir información imparcial. Ante esta situación, el
tutelante solicitó la rectificación de las informaciones que faltaban a la
verdad, pese a lo cual la periodista decidió no rectificar y, por el contrario,
respondió con afirmaciones que el actor califica de injuriosas y calumniosas.
En consecuencia, el actor solicitó de nuevo la rectificación de lo informado en
el noticiero, el cual no procedió a corregir, sino que continuó efectuando
señalamientos en contra suya. La Corte amparó los derechos del tutelante y
ordenó al medio de comunicación rectificar las informaciones suministradas. De
acuerdo con el juez constitucional, el derecho a la información no solo protege
la posibilidad de transmitir información a otros, sino que también demanda que
dicho ejercicio comunicativo se lleve a cabo de forma libre, plural y en
equidad, ello en la medida que este derecho no se encuentra radicado solo en
cabeza de quien informa, sino también de quien es informado.
La mencionada sentencia hizo
énfasis en la veracidad y la imparcialidad como límites del derecho a informar.
En relación el primero de estos límites señaló que se refiere a que lo
comunicado sea verificable en la realidad, aclarando además que en aquellos
eventos en los que se informa sobre hechos de difícil constatación, se lesiona
el principio de veracidad cuando se manifiesta que lo informado corresponde a
situaciones finales o definitivas. Igualmente, la Corporación expuso
consideraciones específicas respecto al principio de veracidad en el ejercicio
informativo de los medios de comunicación, cuando lo informado se refiere a
hechos objeto de investigación judicial. En torno a esto se adujo que “(…) la
jurisprudencia de esta Corte ha considerado que estos hechos pueden y deben ser
dados a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, en
razón del interés general que entrañan. Sin embargo, el manejo de esta
información es muy delicado y merece especial cuidado por parte del emisor. En
estas materias, los medios de comunicación deben limitarse a hacer la
exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis
infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes reciben la
información.”[99]
8.9. De
forma similar, en la sentencia T-439 de 2009,[100] la Corte revisó
una acción de tutela interpuesta por una mujer en contra de dos medios de
comunicación por considerar violados sus derechos fundamentales a la intimidad,
buen nombre, honra e imagen, toda vez que concedió una entrevista bajo la
condición de que se le distorsionara la voz y el rostro de tal forma que no
pudiera ser identificada, a lo que el medio habría accedido. Pese a esto,
varios años después, las tomas fueron utilizadas en un documental sin las
modificaciones pactadas con la tutelante, lo que le obligó a desplazarse del
municipio donde vivía, debido al prejuicio social que enfrentaba y le generó
problemas familiares, pues sus seres queridos no tenían conocimiento de los
hechos narrados en el documental. En vista de lo anterior, solicitó al juez de
tutela que se eliminara del mercado el mencionado video. La Corte, por su parte,
concedió la acción de tutela impetrada y tuteló los derechos fundamentales a la
propia imagen, intimidad y derechos de los niños. En consecuencia, ordenó a los
medios de comunicación cubrir la imagen y distorsionar la voz de la accionante
en el documental.
La mencionada decisión señaló que, en aras de determinar si el derecho a la
información ha de prevalecer sobre los derechos a la intimidad y a honra, es
preciso evaluar de la información: (i) su relevancia desde la perspectiva del
interés público; (ii) si la misma es veraz; (iii) si responde a una
presentación objetiva; (iv) si aquella es oportuna. De la misma manera, la providencia
hizo un desarrollo importante sobre la incidencia del tiempo en relación con la
relevancia de la información. En este sentido, se mencionan tres decisiones
judiciales extranjeras, en las cuales se consideró que el poner en conocimiento
o informar sobre hechos que habían rodeado la vida de las personas años atrás y
que no tenían ninguna incidencia en sus vidas actuales lesionaba derechos
fundamentales. De acuerdo a la providencia, esa situación se enmarca en el
derecho a la identidad, pues se caracteriza a las personas de una forma que no
se ajusta a la forma de ser que actualmente tienen.[101]
8.10. En la sentencia T-260 de 2010,[102]
se analizó el caso de una tutela interpuesta por un funcionario judicial en
contra de un medio de comunicación, debido a que en uno de sus programas
presentó una nota de prensa en la que se refirió a la ocurrencia de actos de
corrupción en un despacho judicial, donde supuestamente se exigía dinero a los
usuarios para agilizar sus trámites ante la administración de justicia. Aunque
el funcionario había presentado solicitud de retractación y aclaración ante el
medio, a lo que este accedió, el texto de rectificación no satisfizo las
expectativas del actor, debido a que no afirmó categóricamente que lo relatado
en la noticia fuera falso, ni llevaba consigo la presentación de excusas. Ante
esta situación, el actor interpuso acción de tutela para proteger sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre.
En aquella oportunidad, la Corte no otorgó el amparo
solicitado. Para fundamentar su decisión, diferenció la protección otorgada a
las expresiones comprendidas en los derechos a la libertad de expresión en
sentido estricto y a la libertad de información. En relación con este punto,
expuso que las cargas con las que ha de cumplir una persona cuando comunica un
mensaje en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión son menores que
cuando realiza una actividad comprendida dentro del derecho a informar. A la hora de
resolver el caso concreto, la Corporación hizo un análisis de proporcionalidad
de la información suministrada por el medio de comunicación, en términos de
evaluar de qué manera el uso de las palabras desplegado por el medio de
comunicación se acercaba o no a la realidad de los hechos acaecidos. En este
punto, la providencia fue precavida en advertir que el principio de veracidad
no requiere a quien informa contar con prueba definitiva de la certeza e
imparcialidad de los hechos descritos, pues este requisito apunta a imponer un
estándar de razonabilidad en el manejo de la información.
8.11. En la sentencia T-319 de 2012[103]
se resolvió el caso de un empresario que interpuso acción de tutela contra una
revista, luego de que ésta, al referirse a hechos de corrupción en la capital
de la república, afirmase que el accionante estuvo en prisión por asuntos
relacionados con el narcotráfico y que la compañía que él representa movía
recursos de comisiones de un sonado escándalo de corrupción. El actor solicitó
al medio que rectificase la noticia, sin obtener respuesta alguna a su
petición, por lo que interpuso acción de tutela debido a vulneración a sus
derechos a la intimidad, buen nombre, honra, libertad de opinión, prensa e
información. La sentencia, por su parte, decidió salvaguardar los derechos del
accionante y ordenó al medio rectificar parte de la información publicada y
buscar evidencia que sustentara aquella parte cuya corrección no se ordenó de
forma inmediata, de suerte que, de no hallarse prueba, se procediera a corregir
esta parte de la información de la misma manera.
En la parte motiva de la decisión, la Corte tuvo oportunidad
de concretar los espacios de protección comprendidos dentro del derecho a la
información. En este sentido expresó: “(…) Respecto del emisor, este
derecho garantiza (i) la libertad de informar; (ii) la libertad de fundar
medios masivos de comunicación; (iii) la protección de la actividad periodística;
(iv) la prohibición de censura. En lo que atañe al receptor de la información,
este derecho garantiza que la información suministrada sea oportuna, veraz e
imparcial y en caso de que ello no suceda, cuenta con la posibilidad de
solicitar la rectificación.”[104]
De la misma
manera, la decisión puso de manifiesto que el derecho a la información goza de
una especial consideración, de tal suerte que cualquier limitación del mismo se
presume inconstitucional y que en casos de colisión entre el derecho a informar
y otro derecho, en principio ha de dársele prevalencia al primero. Ahora bien, al referirse al
derecho a la rectificación, la Corte consideró necesario advertir que es deber
de la autoridad judicial que ordene la rectificación proporcionar lineamientos
precisos respecto a la forma en la que habrá de corregirse la información
publicada por el medio de comunicación, de tal suerte que se garantice de forma
efectiva los derechos fundamentales afectados en el ejercicio de la libertad de
información.
8.12. En la sentencia T-040 de
2013[105] se abordó
el caso de una persona que interpuso acción de tutela contra un medio de
comunicación y una sociedad administradora de un motor de búsqueda, debido a
que el mismo consideró que se habían lesionado sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, intimidad personal y familiar, buen nombre, honra y debido
proceso (presunción de inocencia), a raíz de un artículo noticioso donde se
mencionaba al tutelante como miembro de una organización al margen de la ley y dedicada
al tráfico de narcóticos, sin que ello fuera cierto.
El peticionario sostuvo que no
tenía relación con la alegada estructura criminal; que en el proceso se declaró
a su favor la prescripción de la acción penal, y se ordenó cesar el
procedimiento y borrar los registros que afectaran su buen nombre en las
entidades estatales. De acuerdo con el actor, la información relativa publicada
por el medio de comunicación fue mantenida en su página de Internet y al buscar
su nombre en el motor de búsqueda de Google aparecía el resultado mencionado.
El accionante solicitó, por
medio de derechos de petición a las compañías accionadas, que eliminaran la
información, pese a lo cual dicho requerimiento no fue contestado. El tutelante
pidió al juez de tutela ordenar a los accionados eliminar de sus registros el mencionado
artículo de prensa y asegurar que nunca más volvería a aparecer. La Corte
Constitucional decidió conceder la tutela deprecada y, en consecuencia, ordenó
al medio de comunicación modificar el título de la noticia para que no indujese
al error sobre los hechos narrados. Adicionalmente, se dispuso cambiar una
frase del artículo de acuerdo a una indicación específica sobre cómo habría de
quedar el texto. Además, ordenó incluir en la noticia un relato de los hechos y
razones por las cuales se incluyó al tutelante y su relación con el contexto de
los hechos descritos en la noticia.
En relación con el hecho
vulnerador que se atacaba por medio de la interposición de la acción de tutela
(la no eliminación del nombre del accionante de la noticia, pese a haberse
ordenado la terminación del proceso penal en su contra), la Corte estimó que
aquel no resultó conjurado por la publicación por parte del medio de
comunicación de una actualización de la noticia donde se mencionaba que la
investigación penal había llegado a su fin, ello debido a que la forma en la
que se presentó la información originalmente no se acogía al principio de
veracidad que rige el ejercicio del derecho a la información, pues ésta no
expuso los hechos sino que los presentó de una forma tal que inducía a error,
lo que hacía necesario introducir cambios al contenido. Específicamente, en
relación con el principio de veracidad en asuntos relacionados con
investigaciones penales o la comisión de hechos delictivos, la sentencia puso
de manifiesto que el incumplimiento del aludido principio en relación con estos
temas no solo constituye un abuso del derecho a informar sino que puede llegar
a afectar el derecho a la presunción de inocencia, al dar por ciertos hechos no
probador en sede judicial.
8.13. Finalmente, en la
sentencia T-135 de 2014,[106] se
conocieron dos acciones de tutela interpuestas por un parlamentario del Valle
del Cauca y la presidenta del Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje-SINSENA
en contra de un medio de comunicación y un establecimiento público del orden
nacional, debido a que dicho medio difundió una noticia donde, al parecer, se señalaba
que los accionantes estaban persiguiendo aspiraciones políticas por medio de la
manipulación de estudiantes de dicha entidad. Luego de solicitar la
rectificación de la información suministrada, una presentadora del medio de
comunicación leyó apartes de la petición de rectificación enviada por uno de
los actores.
Sin embargo, a juicio del
tutelante ello no constituyó una auténtica rectificación. Por lo anterior, remitió
un derecho de petición, solicitando copia de la emisión del noticiero, además
de las pruebas que sustentaban las alegadas acusaciones. Ante esto, el medio
facilitó copia de los videos, pero no proporcionó ningún otro documento bajo el
argumento de reserva de fuentes. A su vez, la otra tutelante también solicitó
rectificación ante el noticiero. Por estos hechos, los afectados interpusieron
acción de tutela para salvaguardar sus derechos al buen nombre, honra y
rectificación en condiciones de equidad. Al resolver el caso, la Corte
Constitucional tuteló los derechos de los accionantes y ordenó al medio de
comunicación incluir en la página web que contiene el resumen de noticias del
programa en el cual se emitió la información una nota aclaratoria en la que se
advierta al consumidor que la nota de prensa fue rectificada, incluyendo un ‘link’
(vínculo digital) que remitiera a la corrección.
Luego de
exponer los principales rasgos de los derechos a la libertad de expresión e
información en nuestro sistema constitucional, la providencia se enfocó en
definir cuatro límites concretos la labor de los medios de comunicación, los
cuales se encuentran atados al principio de responsabilidad social que la
Constitución les impone, a saber: (i) distinción entre informaciones y
opiniones; (ii) veracidad; (iii) imparcialidad; (iv) derecho a la
rectificación.
Así mismo,
la decisión identificó distintos tipos especiales de discurso que se rigen por
reglas específicas en relación con su ejercicio y protección. El primero de
estos está dado por el discurso político y sobre figuras públicas, que contaría
con una protección especial e incluiría discursos sobre: (i) temas de interés
público; (ii) funcionarios públicos en hechos relacionados con la función que desempeñan;
(iii) aspectos que configuran un elemento central de la identidad de un
individuo. En relación con el primero de estos discursos, se tiene que el
carácter de interés público estaría dado por la calidad de la persona
(funcionario público o persona que realiza una actividad de relevancia social),
y el contenido de la información (que resulte pertinente y relevante, real,
serio y actual para la sociedad).
En segundo
lugar, se discutió la información referida a los hechos sometidos a
investigaciones judiciales, o relacionados con la comisión de conductas
punibles, pues estos generan grandes impactos en los usuarios de la información
y pueden acarrear consecuencias de gran magnitud para los implicados. En
relación con este tipo de informaciones, se estipuló que los medios de
comunicación tienen derecho a hacer públicos los hechos aunque no exista una
sentencia judicial al respecto, pero no están facultados para suplantar la
labor del juez y declarando responsabilidades de aquellas personas que se
encuentran investigadas.[107]
8.14. De la reconstrucción
jurisprudencial realizada es posible llegar a un conjunto de conclusiones en
torno a tres ejes centrales: (i) alcance de las libertades de expresión e
información; (ii) alcance del derecho a la rectificación en condiciones de
equidad; (iii) estándares jurisprudenciales respecto a informaciones referidas
a procesos judiciales o hechos delictivos. Se procede a exponer las
consideraciones en torno a estos tres espacios de análisis.
8.15. En torno al contenido y
alcance de las libertades de expresión e información se concluye que: (i) se ha
mantenido una división conceptual en la jurisprudencia constitucional entre las
libertades de expresión y de información, estando la primera referida a la
comunicación de ideas y opiniones y la segunda a la comunicación de hechos o
sucesos que tienen un sustento fáctico; (ii) la libertad de información cobija
el derecho a informar, a fundar medios masivos de comunicación, la profesión
periodística, la prohibición de censura, el derecho a recibir información
veraz, oportuna e imparcial, y el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad; (iii) toda comunicación se entiende, en principio, cobijada por los
derechos a la libertad de expresión e información; (iv) cualquier restricción
de la libertad de expresión se presume, de hecho, inconstitucional; (v) cualquier
control sobre el contenido de la información se presume como una forma de
censura; (vi) en casos de colisión entre el derecho a la libertad de expresión
y otros derechos, en principio habrá de prevalecer aquella; (vii) cualquier
restricción del derecho a la libertad de expresión debe estar pre-establecida
en la ley y ser necesaria para proteger derechos de terceros o la seguridad, el
orden, la moral o la salud públicas; (viii) existen tipos especiales de
discurso, que cuentan con una mayor protección constitucional, dentro de los
cuales se incluyen el de interés público y el relacionado con funcionarios públicos;
(ix) el derecho a la información es un derecho-deber, en tanto quien informa
tiene la carga de garantizar que la información suministrada sea veraz e
imparcial; (x) el principio de veracidad no se exige de manera absoluta, sino
que se encuentra mediado por un rasero de razonabilidad; (xi) cuando lo que
informan los medios de comunicación es un asunto de difícil constatación, no se
debe afirmar que lo comunicado es cierto o definitivo; (xii) el derecho a
informar debe llevarse a la práctica de manera libre, plural y en equidad, de
conformidad a la función social que cumplen los medios de comunicación; (xiii) el
derecho a la libertad de información se vulnera cuando se mezclan opiniones y
hechos sin que se advierta al receptor del mensaje, pues esto entraña inexactitud
al informar; (xiv) vulnera derechos fundamentales informar sobre hechos pasados
que rodearon la vida de una persona y que no tienen incidencia sobre la
situación actual del sujeto.
8.16. Ahora bien, en cuanto al
derecho a la rectificación se debe considerar que: (i) la rectificación en
condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho fundamental autónomo,
pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a la honra; (ii) existe
un derecho a la rectificación en condiciones de equidad en aquellos eventos en
los que la información suministrada por un medio de comunicación resulta falsa,
tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los medios de comunicación son
responsables por la calidad de la información que les proveen sus fuentes
informativas; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad
implica que la corrección tenga un despliegue comunicativo similar al inicial, que
se haga dentro de un tiempo razonable y que el medio de comunicación reconozca su
error.
8.17. Por su parte, en cuanto a
la comunicación de informaciones sobre procesos penales y actos constitutivos
de delito, se puede establecer que: (i) ésta debe ser tratada con cuidado y
diligencia adicionales, especialmente en términos de veracidad e imparcialidad;
(ii) sin embargo, el nivel de diligencia exigido a los medios de comunicación no
implica una obligación de usar lenguaje técnico ni de asumir un manejo
particular del lenguaje coloquial, salvo que no hacerlo implique mala intención
y ánimo de dañar; (iii) el medio de comunicación debe abstenerse de hacer
análisis infundados, pues ello puede generar vulneraciones a derechos
fundamentales; (iv) al informar sobre situaciones que involucren procesos de
naturaleza penal, el medio de comunicación debe abstenerse de afirmar la
responsabilidad de los sujetos involucrados, hasta tanto exista una sentencia
condenatoria ejecutoriada;
8.18. Adicionalmente, la
reconstrucción jurisprudencial que antecede también nos permite concretar
algunas consideraciones en torno al tipo de medidas que la Corte Constitucional
ha ordenado en casos en los que con la comunicación de informaciones respecto a
procesos judiciales o conductas sancionadas por la ley se han afectado derechos
fundamentales como la honra y el buen nombre. En estas situaciones la Corte ha
ordenado a los medios de comunicación: (i) que prueben de acuerdo a parámetros
específicos que lo afirmado por ellos corresponde a la realidad o, en su
defecto, que rectifiquen lo dicho; (ii) que rectifiquen la información de
acuerdo a pautas generales indicativas en cuanto al contenido de la corrección;
(iii) que rectifiquen siguiendo parámetros estrictos respecto a la forma en la
que se ha de corregir la información no veraz o parcial; (iv) adicionar hechos
o elementos a la noticia; (v) en casos de información en formado audiovisual,
hacer modificaciones a la multimedia en términos de alterarla para proteger la
identidad de quien aparece en ella. Las anteriores reglas tienen como
fundamento el deber incorporado en la jurisprudencia constitucional de acuerdo
con el cual en ocasiones donde se informe de procesos judiciales o hechos
delictivos existe un deber para el medio de comunicación de actualizar y
presentar de manera completa la información que suministran, ello en
situaciones donde se produzcan hechos nuevos o haya debido darse paso a una
rectificación.
Luego de realizar la referencia
a la jurisprudencia constitucional, y tomando en cuenta que varios
intervinientes se refirieron al asunto Costeja v. AEPD, resuelto por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en decisión del trece (13) de mayo de
dos mil catorce (2014), la Corte procederá al análisis de la misma, con el fin
de investigar si pueden extraerse de ella parámetros o estándares que resulten
útiles para la resolución la situación que nos ocupa.
8.19. Caso Costeja v. AEPD,
resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en decisión del trece
(13) de mayo de dos mil catorce (2014).
Se hace mención de la decisión
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque constituye un ejemplo de la
manera en que la jurisprudencia comparada ha resuelto la tensión que se plantea
en casos similares a la presente controversia y ofrece elementos de juicio para
fundamentar la decisión que se adoptará en el presente caso. Sin embargo, se
precisa que tal decisión no constituye precedente vinculante para este proceso
toda vez que se trata de un asunto concreto fallado con base en un instrumento
normativo (Directiva 95/46 del Parlamento Europeo) que no rige para Colombia.
En este caso, un ciudadano
español presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos-AEPD- en contra de un medio de comunicación y Google España y Google
Inc., toda vez que al digitar su nombre en el motor de búsqueda de Google,
dentro de los resultados se mostraba un anuncio referido a un remate de muebles
por deudas a la seguridad social a cargo del accionante, quien aparecía
identificado con su nombre completo. Por lo anterior, este último solicitó que
se modificara o eliminara del medio de comunicación la información referida a
sus datos personales, y que el gestor suprimiera sus datos personales, de tal
forma que no aparecieran dentro de los resultados de búsqueda y dejasen de
estar ligados a la página del medio de comunicación. La AEPD desestimó las
pretensiones en contra del medio, pero las concedió en relación con el intermediario
de internet, al considerar que estos están sujetos al régimen de protección de
datos y que por tanto la AEPD estaba facultada para ordenar la eliminación
cuando la información pudiese afectar los derechos de una persona, que incluyen
la potestad de decidir qué datos propios no pueden ser conocidos por otros. Luego
de esto, los accionados apelaron la decisión ante la Audiencia Nacional, la
cual suspendió el procedimiento y planteó una cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que indagaba por las
obligaciones de los gestores de búsqueda de internet respecto a la protección
de datos personales de sujetos que no quieren que los mismos sean localizados,
indexados y puestos a disposición de quienes navegan en la red por parte de los
buscadores.
En respuesta a esta cuestión,
el Tribunal determinó que los motores de búsqueda deben considerarse como
responsables del tratamiento de datos personales, pese a que en el desarrollo
de su labor de indexación los mismos no diferencian entre informaciones correspondientes
a datos personales y aquellas que no corresponden a los mismos, cuando con
ocasión de una búsqueda suministran vínculos de páginas web a los usuarios. De
igual manera, estimó que “(…) los artículos 12, letra b) y 14,
párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el
sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones,
siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el
gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de
resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen
información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre
o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web,
y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.”[108]
Así las cosas,
el Tribunal de Justicia estimó que los motores de búsqueda realizan tratamiento
de datos personales. También consideró que los gestores son responsables de
dicho tratamiento y que los usuarios pueden exigir al intermediario que suprima
los resultados obtenidos luego de utilizar descriptores correspondientes a
datos personales, aun en eventos en los que no se ha ordenado a los propietarios
de las páginas de Internet indexadas que procedan a eliminar la información que
el titular no quiere que sea conocida por terceros.
Con esto dicho, es menester que
se aborde el caso concreto.
9. Caso concreto
9.1. La señora Gloria solicitó
al juez de tutela que protegiese sus derechos fundamentales al buen nombre,
intimidad, debido proceso, petición y al trabajo, que consideró lesionados por
parte de la Casa Editorial El Tiempo, luego de que en una publicación aquel
medio informara de la captura y posterior vinculación de la accionante a un
proceso penal por el delito de trata de personas.
A juicio de la accionante, la
negativa de El Tiempo a eliminar dicha publicación, pese a conocer que la
actora nunca fue vencida en juicio hace necesaria la intervención del juez de
tutela. Adicionalmente, la señora Gloria planteó como una situación de vulneración
de sus derechos, el que el portal de Internet del medio que contiene la noticia
apareciese dentro de los resultados que arroja el motor de búsqueda Google, al
utilizar su nombre como descriptor. En consecuencia, pide que se ordene a la
Casa Editorial El Tiempo que “baje” y borre de los motores de búsqueda de
internet, y en especial de Google.com, cualquier información negativa respecto
a su captura y supuesta relación con el delito de trata de personas.
9.2. Procede la Sala a atender
el primero de los problemas jurídicos planteados,  es decir, si el medio de
comunicación tutelado vulneró los derechos fundamentales de la accionante al
mantener publicado en su página de internet la noticia relacionada con la captura
y vinculación de la señora Gloria a un proceso penal, pese a que ella nunca fue
declarada culpable por medio de sentencia judicial. Sea lo primero advertir que
la Sala estima que en este caso existe una colisión de derechos fundamentales
que involucra, de un lado, los derechos a la libertad de expresión de la Casa
Editorial El Tiempo y a la información de toda la sociedad, y de otro, los
derechos a la honra y al buen nombre de la señora Gloria, por lo que se pasa a
resolver la tensión iusfundamental planteada.
9.3. En la publicación del
periódico El Tiempo titulada “Empresa de Trata de Blancas”, se relata
que luego de una interceptación de comunicaciones por parte de las fuerzas del
orden, se descubrió lo que al parecer era una red de trata de personas,
dedicada a reclutar mujeres en Colombia para enviarlas a otros países a
realizar trabajo sexual contra su voluntad. La noticia sostiene que se
capturaron un total de dieciséis (16) personas “sindicadas” de cometer
el delito de “trata de blancas” y provee los nombres completos de estas,
entre los que se encuentra el de la tutelante. Luego de citar como fuente a la
Fiscalía, la noticia informa sobre la supuesta forma en que la banda operaba y
que los capturados afirmaron ser inocentes. Por último, se adicionan datos
sobre la investigación que llevó a la captura de los supuestos miembros de la
banda.[109]
9.4. Al estudiar la información
suministrada por el medio de comunicación en el artículo, se desprende que el
mismo no afirma como cierta la responsabilidad penal de los capturados, sino
que se limita a informar sobre los hechos acontecidos (captura), así como a
replicar la información que recibió por parte de las autoridades. Así las
cosas, en principio, no puede decirse que la información no era veraz o imparcial,
toda vez que la misma se refería en forma escueta a los hechos acontecidos, sin
mezclar lo informado con sus opiniones personales, ni proveer al lector datos
falsos.
Sin embargo, al verificar de
forma más detenida los hechos, nos encontramos con que la información
suministrada por El Tiempo resulta incompleta. Como sostiene la tutelante, esta
no fue vencida en juicio y su presunción de inocencia se mantiene intacta, sin
que ello se informe en la publicación. Este hecho no puede ser pasado por alto
en el análisis constitucional del caso, como en efecto lo hizo el medio de
comunicación al no incluir dentro de su noticia la actual situación jurídica de
la accionante.
Adicionalmente, ha de
considerarse una circunstancia que particulariza la situación de la accionante,
consistente en que la información suministrada por el medio de comunicación,
que resultaría lesiva de sus derechos fundamentales, se encuentra disponible de
forma permanente al estar publicada en internet. La constante accesibilidad de
la noticia hace que el deber de actualización a cargo de su autor se vuelva
particularmente sensible, pues haber sido objeto de una publicación noticiosa
cuya disponibilidad para terceros ha decaído con el paso del tiempo no entraña
las mismas consecuencias desde una perspectiva de derechos fundamentales que el
estar sujeto de forma ininterrumpida al escrutinio público debido a que dicha
información puede ser conocida por todos en cualquier momento, pese a que no
aparece completa porque informa parte de los hechos pero no su desenlace.
Conviene en este punto retomar
las consideraciones realizadas previamente, en torno a casos de vulneración de
derechos fundamentales por medio de publicaciones noticiosas sobre procesos
judiciales o hechos delictivos. Como se manifestó, este tipo de informaciones
imponen a los medios de comunicación unos deberes específicos -más rigurosos-
al momento de su publicación, especialmente en cuanto a su veracidad e
imparcialidad. Lo dicho, estima la Sala, incluye el deber de actualizar la
información relacionada con procesos o investigaciones penales, en particular
cuando se conozca que ha concluido el trámite a favor del inculpado, por
cualquiera de las formas de terminación de la investigación o el proceso. De
esta manera, la falta de actualización de la información suministrada da lugar
a que la misma carezca de veracidad con el paso del tiempo, lo que a su vez
genera que el contenido hecho público deje de estar protegido por el derecho a
la información.
9.5. El deber de actualización
de informaciones relativas a procesos penales publicadas por los medios de
comunicación persiste hasta tanto se declare la responsabilidad penal del
acusado. Esto tiene como fundamento no solo el derecho a la presunción de
inocencia incorporada en el art. 29 de la Constitución, sino también el derecho
a la información que tienen los receptores de las noticias hechas públicas por
los periodistas, programadoras, canales de televisión y radio, entre otras. Ello
se debe a que si bien los medios de comunicación tienen la facultad de decidir
con libertad qué contenidos tienen relevancia pública, de manera correlativa a
los mismos les asiste el deber de actualizar la información comunicada a los usuarios.
El derecho a la información, como
garantía para quien es informado, supone el derecho a recibir contenidos
veraces e imparciales. Estima la Sala, asimismo, que el principio de veracidad en
el plano de noticias referidas a procesos judiciales y hechos delictivos
implica la posibilidad de tener información actualizada de los mismos, pues
precisamente por la forma en que se desenvuelven los procesos judiciales, estos
dan lugar a “noticias en desarrollo” hasta tanto exista una providencia que
declare la responsabilidad penal, la inocencia o el fin del procedimiento judicial.
En consecuencia, el constante cambio en el contexto que rodea los hechos iniciales
del caso o proceso implica, a su vez, que la falta de actualización implica de
por sí una forma de inexactitud, que lesiona también el principio de veracidad,
esencial para resguardar el derecho a la información de los usuarios de los
medios de comunicación.
Por ello, en el caso concreto, el
principio de veracidad se incumplió al desatenderse el deber de actualización,
por lo que la accionante tiene derecho, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 20 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, a recibir
una rectificación en condiciones de equidad, para de esta manera hacer valer
sus derechos a la honra y al buen nombre.
9.6. En relación con la lesión
a los derechos fundamentales de la actora, conviene resaltar que la misma
informa en su tutela que no solo su buen nombre y honra se han visto comprometidos
por la publicación de El Tiempo y su posterior indexación por los motores de
búsqueda en internet, sino que también otras garantías como el derecho al
trabajo se encuentran comprometidas. Como bien advirtió la Sala, el ser señalado
como responsable por la comisión de un delito puede afectar el derecho a la
dignidad humana, pues impone al individuo un duro señalamiento. Así las cosas,
es deber del juez constitucional disponer un remedio constitucional adecuado
para garantizar los derechos fundamentales afectados.[110]
9.7. La Sala coincide con la
decisión de segunda instancia, en cuanto a la necesidad de otorgar el amparo
solicitado. Pero resulta preciso examinar si la orden impartida por el Tribunal
Superior de Cali-Sala Penal, actuando como juez de segunda instancia, resuelve
de un modo constitucionalmente admisible la tensión que se plantea entre los
derechos fundamentales en conflicto. Esta decisión ordenó a la Casa Editorial
El Tiempo eliminar de la página web toda la información negativa en torno a la
captura de la señora Gloria y la investigación penal en su contra por el delito
de trata de personas. Si bien se trata de una medida que busca proteger los derechos
de la tutelante, no debe perderse de vista que también impone una restricción
al derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación, toda vez que
suprime la información publicada.[111]
9.8. Como se explicó con
anterioridad, toda restricción de derechos fundamentales, para considerarse
legítima, ha de estar sometida a un test de proporcionalidad. El test indaga
por tres elementos básicos: (i) el fin perseguido por la medida restrictiva de
derechos; (ii) el tipo de medio empleado para conseguirlo; y (iii) el análisis
de la relación entre el fin y el medio. A su vez, el test de proporcionalidad varía
su rigor de acuerdo al tipo de valores constitucionales en juego y el grado de
limitación que se pretenda imponer sobre aquellos. Así, se ha hablado de tres
tipos de test: leve, intermedio y estricto.[112]
De igual manera, en el sistema
interamericano de protección de derechos humanos se ha desarrollado un examen
que debe ser aplicado a casos donde se restrinja la libertad de expresión,
conocido como prueba tripartita, el cual demanda que la imposición de una
limitación a dicho derecho cumpla con tres requisitos para considerarse
legítima: (i) que la limitación se encuentre contemplada en la ley; (ii) que la
misma pretenda garantizar unos determinados objetivos, considerados admisibles;
(iii) que aquella sea necesaria para lograr dicho fin.
Al ser este un asunto que tiene
la potencialidad de comprometer la libertad de expresión de un medio de
comunicación, la Sala estima que ha de darse aplicación al examen de prueba
tripartita desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en la medida que este se encuentra diseñado de forma
específica para valorar si una limitación de la restricción del derecho a la
libertad de expresión constituye a su vez una vulneración ilegítima de este
derecho. A continuación, se procederá a efectuar dicho test para verificar si
la orden impartida en la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por
el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal se ajusta a dicho estándar.
El primer elemento de la prueba
tripartita exige que la limitación del derecho a la libertad de expresión se
encuentre contemplada en la ley. Aunque el derecho a la rectificación no es
una limitación del derecho a la libertad de expresión en estricto sentido, se
encuentra contemplado en el art. 20 de la Carta Política, como en el art. 14 de
la Convención Americana sobre Derechos humanos, textos que garantizan el
derecho a la rectificación de informaciones agraviantes o inexactas.
En segundo lugar, se exige que con
la limitación se pretenda garantizar el respeto por los derechos o la
reputación de los demás, o la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas. En este caso, con la restricción del derecho a la
libertad de expresión de la Casa Editorial El Tiempo se busca garantizar los
derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana de la
tutelante, por lo que el fin perseguido se encuentra comprendido dentro de
aquellos admisibles conforme a los artículos 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. De esta manera, se estima cumplido el segundo elemento del test.
En tercer lugar, se debe
analizar la necesidad de la medida adoptada para garantizar el fin
pretendido. Para el juez de segunda instancia, la eliminación de la información
relativa a los hechos por los cuales la actora fue capturada resultaba
necesaria para salvaguardar sus derechos fundamentales. Sin embargo, es preciso
verificar si existen otros medios constitucionalmente admisibles que resulten
igualmente idóneos para el objetivo propuesto y sean menos lesivos para el
derecho a la libertad de expresión de la Casa Editorial El Tiempo.
9.8.1. La primera de las
medidas alternativas que se entra a considerar es la dispuesta por el juez de
primera instancia, el cual ordenó al medio de comunicación publicar una
rectificación que informara que la señora Gloria no fue vencida en juicio, por
lo que se presume inocente. En torno a esta posibilidad, la Corte comparte la
consideración expuesta por el juez de segunda instancia en relación a que la
misma, por si sola, no resulta suficiente para garantizar los derechos de la
actora. Su tutela no pretendía que se rectificase la noticia, sino que se
eliminara. No es una solicitud caprichosa de la tutelante, sino que responde a la
necesidad de evitar que se le continúe estigmatizando como responsable de un
delito que conlleva un gran reproche social.
Como se ha mencionado a lo
largo del escrito, si bien la presunción de inocencia en el marco de procesos
penales garantiza, entre otros, el buen nombre de las personas hasta que sean
declarados culpables por medio de una sentencia judicial ejecutoriada, en la
práctica las relaciones sociales de las personas sí resultan impactadas por la
investigación y procesamiento penal. El señalamiento social puede, en este
sentido, anteceder la declaración de responsabilidad penal e incluso, como
parece ocurrir en este caso, acompañar a la persona aun cuando la misma no haya
sido vencida en juicio. Conforme a esta comprensión, una simple rectificación
en los términos de afirmar que la presunción de inocencia de la señora Gloria
no fue desvirtuada, no le garantizará el nivel de protección que sus derechos
fundamentales demandan.
9.8.2. Una segunda alternativa
que puede considerarse es la solicitada por la tutelante, en cuanto a que se
ordene al gestor de búsqueda que des-indexe la página web en que reposa su
información,[113] de tal
suerte que al realizar una búsqueda con sus datos personales, estos no resulten
vinculados a dicha página.
Esta sería una solución similar
a la adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la decisión
del 13 de mayo de 2014, en el caso Costeja v. AEPD. Sin embargo, la Sala
encuentra dos razones que permiten afirmar que esta medida no resulta idónea en
el caso concreta. La primera tiene que ver con el hecho de que aun si se
utilizan herramientas para evitar que el sitio web resulte indexado por el
gestor y sea arrojado como un resultado de búsqueda, el mismo continuará siendo
accesible si se conoce la dirección exacta del sitio web, lo que de todas
formas expone a la accionante a un riesgo de ver comprometidos sus derechos
fundamentales a la honra, buen nombre y vida digna. La segunda razón radica en
la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión en internet, que
se encuentra atado al principio de neutralidad de la red. Como quedó
expuesto, este último se orienta a garantizar el acceso a internet en condiciones
de igualdad para todas las personas que se valen de este medio para expresar
sus ideas y opiniones. Lo anterior demanda evitar situaciones de bloqueo,
interferencia o filtración, que puedan llegar a implicar tratamientos
diferenciales entre quienes pretenden hacer uso de la red. Esto a su vez,
implica la eliminación de controles previos o de cualquier tipo de censura,
salvo en aquellos supuestos específicos contemplados en la ley, por ejemplo,
para evitar la difusión de pornografía infantil, entre otros.
Estima la Sala que ordenar al
motor de búsqueda Google.com que bloquee de sus resultados el portal de
Internet del medio de comunicación donde se informa de la captura e
investigación penal en contra de Gloria, supondría implementar una modalidad de
control previo contraria al principio de neutralidad.
Además de hacerle responsable
por una información que aquel no generó y por la que no debe endilgársele
responsabilidad, esta medida entraña la posibilidad de convertir al motor de
búsqueda en un censor o controlador de los contenidos publicados por los
usuarios que acceden a la red. Esto, a juicio de la Sala, y como lo advierten
varios de los intervinientes, puede afectar la arquitectura de Internet por la
vía de desconocer sus principios rectores de acceso en condiciones de igualdad,
no discriminación, y pluralismo. A su vez, se declara que una intervención de
este tipo no solo tiene una mera influencia técnica en el funcionamiento de un
medio de comunicación sino que compromete, además, el derecho a la información
de las personas que acceden al servicio, es decir, todos los ciudadanos.
No existe duda que la
neutralidad de Internet, así como sus principios básicos de funcionamiento, se
encuentran protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información,
a su vez consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos y
normas constitucionales como aquella contemplada en el art. 20 de la Carta Política.
De lo anterior se colige que una afectación de la neutralidad de la red implica
a su vez una intromisión con el derecho fundamental a la libertad de expresión
e información de todos los usuarios de la red que, por lo tanto, ha de estar
sujeta a la prueba tripartita antes mencionada. En vista de lo anterior, la
posibilidad de ordenar al motor de búsqueda Google.com que proceda a
des-indexar o bloquear de sus resultados la página web correspondiente a la
noticia publicada por la Casa Editorial El Tiempo no debe ser aplicada al caso
en comento, pues representa una afectación quizá más gravosa al derecho a la
libertad de expresión que la misma eliminación de contenidos.
En ese orden de ideas, una
solución como la adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
caso Costeja v. AEPD, si bien representa un mecanismo de garantía del
derecho al buen nombre de la persona afectada por la difusión de la noticia,
implica a la vez un sacrificio innecesario del principio de neutralidad de
internet y, con ello, de las libertades de expresión e información. De hecho,
en las consideraciones de esta sentencia no se hace explícita una ponderación o
una fórmula orientada a establecer un adecuado balance entre los derechos en
conflicto. Sus motivaciones se orientan en exclusiva a  determinar cómo debía
interpretarse el contenido de una Directiva Comunitaria relativa al tratamiento
de datos. En consecuencia, es preciso que esta Sala prosiga la búsqueda de
alternativas de protección que logren dicho balance.
9.8.3. El siguiente remedio
constitucional que podría intentarse a efectos de garantizar los derechos de la
señora Gloria respondería a una orden para que, sin sacrificar la publicación
de la noticia por la Casa Editorial El Tiempo, se garantice el derecho al buen
nombre de la demandante. Un remedio en tal sentido consistiría en permitir que
la noticia permanezca publicada en la página web de la Casa Editorial El
Tiempo, pero limitando su difusión a través de internet.
Al respecto, la Sala toma nota
de la respuesta de Google Colombia Ltda., en la cual se señala que por medio
del uso de herramientas como técnicas como “robots.txt” y “metatags”,
es posible para los titulares y administradores de un sitio web impedir que
contenidos específicos sean mostrados como resultados al realizar una consulta
por medio de un buscador de internet. En relación con este asunto, la vinculada
manifiesta que “(u)tilizando la herramienta robots.txt”, lo que se logra es
que un determinado contenido no sea rastreado por el buscador. Sin embargo,
pese al uso de dicha herramienta, el buscador sigue reconociendo que el
buscador existe y, por ende, puede llegar a mostrar el título de la nota o URL
en los resultados de búsqueda, aunque no se podría acceder a la misma por no
estar indexado el contenido.”[114]
De igual forma, en relación con el uso de metatags, expresa que “(…) lo que se
logra es que un determinado URL, pese a ser indexado, no sea mostrado como
resultado de búsqueda.”[115]
De lo anterior se colige que
por medio del uso de estas herramientas técnicas es factible mantener la
publicación de la noticia, sin que se corra el riesgo de alterar la verdad
histórica y evitando, en todo caso, que el dato negativo que afecta los
derechos de la accionante resulte accesible de manera indiscriminada a partir
de la mera digitación de su nombre en un buscador de internet. Así las cosas,
se tiene conocimiento de la existencia de recursos técnicos que permiten
encontrar un balance entre el derecho del medio de comunicación a publicar la
noticia que informa sobre la captura de la accionante y del derecho de la señora
Gloria a proteger su intimidad.
En este orden de ideas, la Sala
estima que debe ordenarse al medio de comunicación que proceda a hacer uso de
una herramienta técnica como “robots.txt”, “metatags” u otra
similar, para evitar que por medio de los buscadores de internet pueda
accederse a la noticia que narra la captura y procesamiento de la accionante
por el delito de trata de personas, por ser esta la alternativa que mejor
permite equilibrar los principios constitucionales en tensión.
Se cuenta con dos razones en el
presente caso que justifican que, más allá de la actualización de la
información reflejada en la noticia, deba procederse a limitar su difusión en
internet. En primera medida, la conducta por la cual se investigó y procesó a
la accionante, la trata de personas, es un delito que, a diferencia de otros,
recibe un rechazo especialmente grave por parte de la comunidad, por lo que
para una persona el simple hecho de haber estado relacionado con una
investigación penal por este delito puede tener serias repercusiones en sus
relaciones personales, familiares y laborales.
En segundo lugar, también debe
considerarse la forma en la que concluyó el proceso, ya que finalizó por
prescripción. Si bien esta situación no tiene efectos en relación con la
presunción de inocencia que ostenta la accionante, la Sala no puede desconocer
los efectos que este dato genera en cuanto a la percepción que terceras
personas puedan tener de la actora. La tutelante se encuentra en una situación
en la cual sus posibilidades de defenderse de cuestionamientos en su contra por
el proceso penal que fue adelantado es limitada, por lo que es preciso buscar
alternativas para proteger sus derechos fundamentales, dado que a diferencia de
quien tiene a su favor una sentencia absolutoria, la señora Gloria no contó con
un pronunciamiento judicial definitivo.
En torno a este punto, se
considera útil mencionar la sentencia T-020 de 2014,[116]
en la cual se decidió una acción de tutela interpuesta por una mujer en contra
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien consideró vulnerados
sus derechos fundamentales al habeas data, dignidad humana y la igualdad. La
accionante fue condenada penalmente por los delitos de concusión, falsedad
material de particular en documento público y fraude procesal. Luego de cumplir
con su pena se declaró su extinción. No obstante, al buscar su nombre en el
motor de búsqueda Google descubrió que en la página web de la Corte Suprema de
Justicia figuraban anotaciones relativas al proceso penal. Al solicitar que se
borrase dicha información, la autoridad judicial no accedió, alegando para ello
el deber de publicidad de las sentencias. La Sala Tercera de Revisión dispuso
conceder el amparo solicitado y reemplazar el nombre de la accionante por
números o letras de tal forma que no se pudiese identificarla.
Al igual que en presente caso,
en la providencia mencionada se enfatizó la necesidad de restringir la difusión
de los datos personales a través de la publicación en internet de la sentencia
condenatoria, debido a los efectos que la consulta irrestricta de dicha
información por parte de terceros tenía en el goce efectivos de los derechos
fundamentales de la accionante. En dicho sentido se dijo:
“En el caso
sometido a decisión, como se pone de presente por la accionante, la exposición
a la que se encuentra sometida como consecuencia de la divulga-ción masiva a
través de medios tecnológicos de la sentencia en la que fue condenada por la
comisión de varias conductas punibles, a pesar de que frente a las sanciones
impuestas ya se declaró su extinción y rehabilitación entre los años 2003 y
2007, más allá de realizar los fines propios que justifican el acceso público a
los fallos judiciales, como lo son las razones de pedagogía y control social
previamente expuestas, está imponiendo una carga despropor-cionada en su
contra, creando una nueva fuente de consulta de antecedentes judiciales, por
fuera de los controles limitados que existen sobre la materia, especialmente en
términos de acceso restringido y funciones que cumple dicha información. Esta
circunstancia ha generado una situación de estigmatización, por virtud de la
cual ha visto frustradas oportunidades laborales y comerciales.”[117]
Adicionalmente,
la Sala estableció que toda vez que la sentencia judicial no solo contenía
datos públicos como el nombre actora, sino también otros de carácter
semiprivado (antecedentes penales), la publicación del fallo, que hizo
accesible los datos a través de internet, desconocía los principios de
finalidad y circulación restringida de los datos personales.
En
consecuencia, al tener en cuenta las consideraciones planteadas en la sentencia
T-020 de 2014, la Sala considera que es necesario precisar las condiciones y
los casos en que la restricción de acceso a la información resulta procedente,
en relación con las noticias que informen al público sobre hechos delictivos o
procesos judiciales.
El tipo
eventos en los que dicha limitación procede responderían a casos de publicación
de noticias referidas a procesos de naturaleza penal o que den cuenta de la
comisión de delitos por parte de personas determinadas, pues en estos asuntos
los implicados se encuentran expuestos a ver lesionados sus derechos
fundamentales debido a la difusión de datos que los asocian con violaciones de
normas de carácter penal. Adicionalmente, la restricción de acceso resulta
procedente en eventos en los cuales la posibilidad de consultar la noticia
permanece de forma constante e ininterrumpida en el tiempo, por ejemplo, debido
a estar publicada en internet y ser ubicable por medio de los buscadores web.
Por último, se aclara que si se trata de un personaje con notoriedad pública o
un servidor público, o los hechos que registra la noticia responden a la
comisión de delitos de lesa humanidad o que hayan lesionado de forma grave los
derechos humanos, el acceso a la información generada no debe restringirse,
pues estos sucesos hacen parte del proceso de construcción de memoria histórica
nacional, por lo que su difusión excede el interés personal del individuo.
En cuanto a
las condiciones de restricción, se debe considerar la posibilidad de que el
medio de comunicación que publicó la noticia relativa al proceso penal o al
hecho delictivo no se encuentre al tanto del avance del proceso y, por lo tanto,
escape a su conocimiento la conclusión del procedimiento judicial de forma
favorable para el acusado por cualquier causa (absolución, prescripción u otra)
o el cumplimiento de la pena por parte de este. Si bien el derecho de la
persona a que se restrinja el acceso a la información relativa a la conducta
que quebrantó las normas penales se origina desde el momento mismo en que el
procedimiento penal concluye a su favor, si el medio desconoce dicha situación,
deberá proceder de forma oficiosa a limitar el acceso a la información, tan pronto
se entere de dicha situación o cuando lo solicita la persona interesada.
En consecuencia, la Sala estima
que para lograr una protección efectiva de los derechos de la accionante, el
medio de comunicación deberá, por
medio de la herramienta técnica “robots.txt”, “metatags” u otra
similar, limitar el libre acceso a la noticia “Empresa de Trata de Blancas”,
ello para neutralizar la posibilidad de libre acceso a partir del nombre de
la accionante, sin perjuicio de que la información actualizada se mantenga
intacta. Si bien esta
medida representa una limitación al derecho a la libertad de expresión de la
Casa Editorial El Tiempo, esta es menos lesiva que aquella que ordena la
eliminación de la información de red, por cuanto al menos permite que el suceso
que dio lugar a la noticia sea publicado, sin que se altere la verdad histórica
en relación con los sucesos acontecidos.
De igual manera, esta medida
debe ir acompañada de la actualización del artículo, de tal forma que se
garantice el derecho de los receptores de la comunicación a acceder a
información veraz e imparcial. Debe entonces, reportarse en forma completa el
desenlace del proceso al cual fue vinculada la actora.
9.10. Ahora bien, en relación
con el segundo problema jurídico, referido a la responsabilidad que cabe al
motor de búsqueda Google por la lesión a los derechos fundamentales de la
señora Gloria, la Sala considera necesario traer de nuevo a colación la
sentencia T-040 de 2013, en la que se resolvió un caso similar a este. Se
determinó allí que: “(…) en el caso concreto, el responsable de la
información emitida, y por ende de su posible rectificación, es el medio de
comunicación que recolectó, analizó, procesó y divulgó la noticia, es decir, la
casa Editorial El Tiempo, a través de su página electrónica oficial. En ese
orden a quien procede realizar la rectificación, en caso dado, es a esta
entidad. Por el contrario, para la Sala de Revisión, Google Colombia S.A.
no es responsable de la noticia “Los hombres de la mafia de los llanos”,
pues como bien lo explicó esta empresa en el escrito de contestación, Google
presta un servicio de búsqueda de la información que hay en toda la red, y no
es quien redacta o publica tal información, sino que es un simple motor de
búsqueda al cual no se le puede endilgar la responsabilidad sobre la veracidad
o imparcialidad de un respectivo artículo, noticia o columna que aparezca en
sus resultados.”[118]
Y a continuación se expresó
que: “(e)n virtud de ello, por los
elementos fácticos y para efectos de resolver el caso sub examine, no
es competencia ni responsabilidad de Google, rectificar, corregir, eliminar o
complementar la información que arroja una búsqueda concreta, sino del medio de
comunicación, escritor, columnista, etc., que incluye y procesa la información
en internet. Sin perjuicio de que, por características distintas, haya casos
donde una base de datos que cumple la función de Google, pueda generar alguna
vulneración de un derecho fundamental por la información que administra.”[119]
La Sala
coincide con la decisión adoptada en la T-040 de 2013, en el sentido de
considerar que la vulneración del derecho fundamental no es imputable en este
caso a Google en tanto no es responsable de producir la información.
Adicionalmente, estima necesario señalar que la razón para no acceder a la
desindexación consiste en la protección del principio de neutralidad de la red
que, como ya se mencionó, solo puede ser restringida en situaciones
excepcionales, ya citadas previamente.
En
consecuencia, la Sala estima que no fue la indexación de la página de Internet
por parte del gestor lo que determinó la vulneración de derechos fundamentales
de la accionante, sino la difusión de información desactualizada por parte de
la Casa Editorial El Tiempo, por lo que no emitirá órdenes en relación con el
buscador.
9.11. Con fundamento en lo
expuesto, la
Sala de Revisión confirmará parcialmente la sentencia del dos (02) de diciembre de dos
mil trece (2013) proferida por el Tribunal Superior de Cali-Sala Penal, que a
su vez adicionó el fallo del once (11) de octubre de dos mil trece (2013)
dictado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali, el cual concedió el
amparo solicitado por la señora Gloria y dispondrá de medidas para garantizar
los derechos fundamentales de la accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
del presente proceso de tutela, ordenada mediante auto de veintitrés (23) de julio
de dos mil catorce (2014).
Segundo.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la
sentencia del
dos (02) de diciembre de dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal
Superior de Cali-Sala Penal, que a su vez confirmó el fallo del once (11) de
octubre de dos mil trece (2013) dictado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Cali, la cual concedió del amparo de los derechos fundamentales a la
intimidad, debido proceso y petición de la señora Gloria.
Tercero.- REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Cali-Sala Penal, el cual ordenó adicionar
el fallo del juez de primera instancia en el sentido de ordenar a la Casa
Editorial El Tiempo  eliminar y borrar de su página web la información negativa
acerca de la señora Gloria, en relación con la investigación penal por el
delito de trata de personas y concierto para delinquir. Para en su lugar, ORDENAR
a la Casa Editorial El Tiempo que actualice la información publicada en su
página web respecto a los hechos que relacionan a la accionante con el delito
de trata de personas, de tal manera que se informe que la misma no fue vencida
en juicio. De igual forma, se dispone ORDENAR a la Casa Editorial el
Tiempo que, por medio de la herramienta técnica “robots.txt”, “metatags”
u otra similar, neutralice la posibilidad de libre acceso a la noticia “Empresa
de Trata de Blancas” a partir de la mera digitación del nombre de la
accionante en los buscadores de internet.
Cuarto.- Por la Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-277
DE 2015
LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Requisitos de veracidad e imparcialidad
(Salvamento de voto)
El ejercicio de las libertades de información y prensa requiere el
cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad, a la par del
respeto de los derechos de fundamentales de terceros. Cualquier requisito
adicional no contemplado ni en la Constitución, la Ley o la jurisprudencia es
equivalente a la imposición de una medida restrictiva de la libertad de
expresión en sentido lato, que debe cumplir unos mínimos de proporcionalidad,
so pena de vulnerar los derechos que lo comprenden.
La sentencia de la que me aparto creó un nuevo requisito para el
desarrollo de las libertades de información y prensa, que definió como aquel “de
acuerdo con el cual en ocasiones donde se informe de procesos judiciales o
hechos delictivos existe un deber para el medio de comunicación de actualizar y
presentar de manera completa la información que suministran, ello en
situaciones donde se produzcan hechos nuevos […]”. Este deber, impuesto
por una Sala de Tutela de la Corte Constitucional no cuenta con precedente en
esta Corte, e implica importantes afectaciones para el ejercicio de las
libertades, lo que lo coloca en el campo de una medida
restrictiva de las libertades de información y prensa.
LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Cargas y limitaciones (Salvamento de
voto)
La sentencia impone la obligación de restringir el
acceso a la información de manera oficiosa. Estas afirmaciones que pretenden imponerse como reglas a través de
la sentencia, implican graves cargas y limitaciones a las libertades de
información y prensa que terminan reprimiendo gravemente a los medios de
comunicación en el ejercicio de su labor informativa.
PRINCIPIO DE
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACION-Alcance (Salvamento de voto)
La evaluación de los requisitos de
veracidad e imparcialidad ha de realizarse al momento de la emisión o
preparación de la información. Así, una información que nace siendo veraz no
deja de serlo por un hecho sobreviniente y es contrario a los derechos
fundamentales involucrados en el proceso comunicativo, retirar la protección
que la Constitución y el ordenamiento jurídico internacional dispone, por
motivos extraños a la normativa aplicable al ejercicio
informativo. Con el fallo del que me aparto se desconoce la presunción
constitucional a favor de la libertad de expresión, que tiene cuatro efectos
fundamentales: (i) presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de
protección del derecho constitucional; (ii) presunción de primacía de la
libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios
constitucionales en casos de conflicto; (iii) sospecha de inconstitucionalidad
de las limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control
de constitucionalidad estricto; y (iv) prohibición de la censura en tanto
presunción imbatible.
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE-No existió vulneración de los
derechos del accionante puesto que la información presentada por el medio de
comunicación no careció en su momento de veracidad o imparcialidad (Salvamento de voto)
Puesto que la información presentada por el medio de
comunicación no careció en su momento de veracidad o imparcialidad resultaba
imposible ordenar una rectificación en el sentido constitucional del término.
LIBERTAD DE INFORMACION-Caso en que sentencia desconoce el precedente constitucional sobre el contenido y
alcance de la libertad de información (Salvamento de voto)
La premisa fundamental de la
sentencia no es compatible ni con la constitución ni con la jurisprudencia
constitucional, no se basa en la jurisprudencia en vigor y desatiende el
precedente que sobre el contenido y alcance de la libertad de información que
ha sabido construir la Corte Constitucional, constituyendo esta la razón
fundamental de mi apartamiento frente a la decisión mayoritaria.
Me aparto de la decisión adoptada por la Sala Primera
de Revisión en la Sentencia T-277 de 2015, que confirmó parcialmente el fallo del
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali que concedió la tutela promovida por
la ciudadana Gloria contra la Casa Editorial El Tiempo, por los
siguientes motivos:
1. Las libertades de información y prensa.
1.1. La jurisprudencia
constitucional ha definido el derecho fundamental a la información como el que “protege la comunicación de versiones sobre hechos,
eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,  personas, grupos y en
general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está
ocurriendo”[120], con el fin de que ejerza efectivamente su
ciudadanía. Ha dicho la Corte que el “objeto jurídico protegido
es la información de la verdad, lo cual supone la necesaria imparcialidad”[121],
que debe garantizarse “siempre y cuando no vulnere valores sustanciales como
el buen nombre, la intimidad, el orden público, y el bien común, que es
la  expresión del interés general”[122], elementos
a partir de los cuales se ha establecido que:
“Las principales obligaciones que impone
el ejercicio de esta libertad, así como los derechos correlativos de los
receptores de la información, se refieren a las características de la
información que se transmite – dicha información ha de ser “veraz e imparcial”,
y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la
intimidad y al buen nombre”[123].
Esta definición muestra tres elementos especialmente
relevantes frente al presente caso, para que una expresión sea considerada
ejercicio del derecho a informar:
a.
Cumplimiento del
requisito de veracidad.
b.
Cumplimiento del
requisito de imparcialidad.
c.
Respeto por los
derechos fundamentales de terceros, especialmente los de buen nombre e
intimidad.
1.2. Se ha definido la libertad de
prensa como el contenido del artículo 20 Constitucional que “incluye tanto la libertad de fundar
medios masivos de comunicación como la libertad de estos medios de funcionar
sin interferencias indebidas, de forma tal que puedan cumplir sus cruciales
funciones dentro de la sociedad democrática”[124], y que adquiere
sustancia con el ejercicio expresivo, tanto en las modalidades de opinión o
información, que se hacen a través suyo. El ejercicio de esta libertad implica
una responsabilidad social en cabeza del medio de comunicación que se concreta
en lo relevante en “los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii)
distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de
rectificación”[125].
1.3. De lo dicho, es claro que son requisitos elementales para la
realización y ejercicio de las libertades de información y prensa, son los de
veracidad e imparcialidad. En el presente caso se acreditó su cumplimiento pues
la nota periodística resulta ajustada a las exigencias constitucionales pues la
propia sentencia T-277 de 2015, al referirse al contenido informativo, indica:
“9.4. Al estudiar la información
suministrada por el medio de comunicación en el artículo, se desprende que el
mismo no afirma como cierta la responsabilidad penal de los capturados, sino
que se limita a informar sobre los hechos acontecidos (captura), así como a
replicar la información que recibió por parte de las autoridades, Así las
cosas, en principio, no puede decirse que la información no era veraz o
imparcial, toda vez que la misma se refería en forma escueta a los hechos
acontecidos, sin mezclar lo informado con sus opiniones personales, ni proveer
al lector datos falsos”[126].
1.4. A pesar del cumplimiento de
los requisitos que la Constitución, la jurisprudencia y la Ley han previsto
para el ejercicio de las libertades de información y prensa, la sentencia T-277
de 2015 determinó que en su ejercicio, el medio de comunicación accionado
habría quebrantado los derechos a la honra, buen nombre e intimidad de la
señora Gloria. Este resultado imposible desde el punto de vista de la
jurisprudencia en vigor, fue explicado por la mayoría argumentando que “la falta de actualización de la
información suministrada da lugar a que la misma carezca de veracidad con el
paso del tiempo, lo que a su vez genera que el contenido hecho público deje de
estar protegido por el derecho a la información”[127].
Lo que en realidad ocurrió, y es mi primera y mayor
objeción, fue que la sentencia T-277 de 2015 impuso nuevos requisitos para el
ejercicio de la libertad de información, como se verá a continuación.
2. Las obligaciones derivadas del ejercicio del
derecho a la información y la libertad de prensa.
2.1. El ejercicio de las libertades
de información y prensa requiere el cumplimiento de los requisitos de veracidad
e imparcialidad, a la par del respeto de los derechos fundamentales de
terceros. Cualquier requisito adicional no contemplado ni en la Constitución,
la Ley o la jurisprudencia es equivalente a la imposición de una medida
restrictiva de la libertad de expresión en sentido lato, que debe cumplir unos
mínimos de proporcionalidad, so pena de vulnerar los derechos que lo
comprenden.
Así, con el fin de que dichas medidas resulten
admisibles, la sentencia T-277 de 2015 recuerda que la medida restrictiva de la
libre expresión debe superar la “prueba tripartita”[128],
que tiene en cuenta tres elementos: “(i) que la limitación se encuentre
contemplada en la ley; (ii) que la misma pretenda garantizar unos determinados
objetivos, considerados admisibles, y (iii) que aquella sea necesaria para
lograr dicho fin”[129].
2.2. La sentencia de la que me
aparto creó un nuevo requisito para el desarrollo de las libertades de
información y prensa, que definió como aquel “de
acuerdo con el cual en ocasiones donde se informe de procesos judiciales o
hechos delictivos existe un deber para el medio de comunicación de actualizar y
presentar de manera completa la información que suministran, ello en
situaciones donde se produzcan hechos nuevos […]”[130].
Este deber, impuesto por una Sala de Tutela de la Corte Constitucional no
cuenta con precedente en esta Corte, e implica importantes afectaciones para el
ejercicio de las libertades, lo que lo coloca en el campo de una medida
restrictiva de las libertades de información y prensa.
2.3. A este respecto, no es posible derivar del
contenido constitucional o jurisprudencial, un deber de hacer seguimiento a los
casos difundidos, o de informar sobre tales desarrollos. A partir de este
entendimiento, es posible afirmar que el medio no actúa por fuera de la
protección del derecho a informar si decide comunicar asuntos solo sobre una
determinada etapa de un juicio o investigación -prescindiendo de las demás-,
pues no hace parte de los deberes de los medios de comunicación hacer
seguimiento procesal de casos reportados en el pasado. Imponer un deber de esta
naturaleza, como hace la sentencia T-277 de 2015, implica la exigencia de una
carga desproporcionada para los informadores, que termina por cohibirlos de
realizar la importante labor que la Constitución les asigna, afectando sus
derechos y los del colectivo como receptor de la información.
2.4. Las negativas implicaciones de
esta regla jurisprudencial se hacen más
gravosas, pues la sentencia T-277 de 2015 impone la obligación de restringir
el acceso a la información de manera oficiosa. Al respecto se dijo
en el fallo del que me aparto:
“Si bien el derecho de la persona a
que se restrinja el acceso a la información relativa a la conducta que
quebrantó las normas penales se origina desde el momento mismo en que el
procedimiento penal concluye a su favor,  si el medio desconoce dicha
situación, deberá proceder de forma oficiosa a limitar el acceso a la
información, tan pronto se entere de dicha situación o cuando lo solicita la
persona interesada” (subrayas fuera del texto original).
2.5. Es grave que igualmente que se hubiera afirmado
que “[e]l deber de actualización de informaciones relativas a procesos
penales publicadas por los medios de comunicación persiste hasta tanto se
declare la responsabilidad penal del acusado”[131],
como también que “el constante cambio en el contexto que rodea los hechos
iniciales del caso o  proceso implica, a su vez, que la falta de actualización
implica de por sí una forma de inexactitud, que lesiona también el principio de
veracidad”[132].
Estas afirmaciones que pretenden
imponerse como reglas a través de la sentencia T-277 de 2015, implican graves
cargas y limitaciones a las libertades de información y prensa que terminan
reprimiendo gravemente a los medios de comunicación en el ejercicio de su labor
informativa.
2.6. Estos novedosos requisitos
violan la Constitución pues: (i) no se encuentran contemplados en los tratados, la Constitución,
la Ley o la jurisprudencia; (ii) tampoco se encaminan a proteger derechos
fundamentales, pues el contenido informativo no los vulneró en virtud del
cumplimiento de las cargas de veracidad e imparcialidad; y (iii) no se cumple
el requisito de necesidad de las medidas, pues es perfectamente compatible con
el orden constitucional vigente el mantenimiento del contenido noticioso sin infringir
los derechos fundamentales de la accionante[133]. Además,
la sentencia T-277 de 2015 no fundamentó  mínimamente  el apartamiento frente
al precedente, ni las razones que harían imperiosa la imposición de requisitos
nuevos.
3. Desconocimiento de las presunciones que favorecen
la libertad de expresión.
3.1. Se dijo en la sentencia de la
que me aparto que “la falta de actualización de la
información suministrada da lugar a que la misma carezca de veracidad con el
paso del tiempo, lo que a su vez genera que el contenido hecho público deje de
estar protegido por el derecho a la información”[134].
Respecto de esta afirmación hay que resaltar que la evaluación de los
requisitos de veracidad e imparcialidad ha de realizarse al momento de la
emisión o preparación de la información[135]. Así, una
información que nace siendo veraz no deja de serlo por un hecho sobreviniente y
es contrario a los derechos fundamentales involucrados en el proceso
comunicativo, retirar la protección que la Constitución y el ordenamiento
jurídico internacional dispone, por motivos extraños a la normativa aplicable
al ejercicio informativo[136].
3.2. Con el fallo del que me aparto se desconoce la
presunción constitucional a favor de la libertad de expresión, que tiene cuatro
efectos fundamentales: (i) presunción de cobertura de una expresión por el
ámbito de protección del derecho constitucional; (ii) presunción de primacía de
la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios
constitucionales en casos de conflicto; (iii) sospecha de inconstitucionalidad
de las limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control
de constitucionalidad estricto; y (iv) prohibición de la censura en tanto
presunción imbatible[137].
En el análisis realizado en la sentencia se desconocen
por completo los dos primeros efectos de esta presunción, pues se afirma
injustificadamente que la nota periodística legítimamente difundida por el
medio de comunicación, dejó de estar protegida por el derecho a la información.
Esto es así, pues a pesar de que no existe un desconocimiento de los derechos
al buen nombre, la honra o la dignidad de la señora Gloria, se prefirió
limitar el ejercicio de informar en pos de una pretensión que no se encamina a
la protección de derechos fundamentales y, por ende, no ha debido tutelarse.
4. Exclusión de la rectificación.
La sentencia de la que me aparto descarta la
aplicación del remedio que el artículo 20 de la Carta dispone para situaciones
de supuesta afectación de los derechos a la honra y al buen nombre, que es la
rectificación, y prefiere la creación de un nuevo mecanismo de “actualización”
que impone al medio de comunicación restricciones del ámbito de difusión de la
información, obligando a la eliminación de parte del contenido informado -el
nombre de la accionante-, y dificultando el acceso del colectivo a la
información que considera relevante. Estas limitaciones al contenido y el
ámbito de difusión de la información implican, contrario a lo que ocurre con la
rectificación, una verdadera vulneración del derecho a la información del medio
de comunicación.
5. Ausencia de afectación de la presunción de
inocencia por la información respecto de investigaciones penales.
5.1. Sostiene la sentencia que “[p]ocas situaciones
pueden tener un impacto más fuerte en los derechos al buen nombre y a la honra
que el inicio de investigaciones penales en contra de una persona”, y
señala la afectación de la presunción de inocencia[138].
5.2. Yo diría que, por el contrario, el inicio de
investigaciones penales en contra de una persona no implica per se la
afectación de sus derechos fundamentales, pues en el marco del proceso penal la
presunción de inocencia siempre se mantiene incólume y en vigencia -por virtud
del derecho al debido proceso-, hasta declaración judicial en contrario. En el
mismo sentido, si no se desconoce la presunción de inocencia con el inicio de
una investigación penal, tampoco resulta cierto que informar sobre tal
situación equivalga a la imposición de “sanciones sociales, o extrajudiciales”[139]
por parte de los medios de comunicación, como parece sugerir el fallo.
6. La inaplicabilidad al caso concreto de las
subreglas del habeas data.
6.1. La sentencia T-277 de 2015 analizó la colisión de
las libertades de información y prensa frente a los derechos al buen nombre y
la intimidad, pero no elaboró consideraciones sobre un eventual conflicto de
derechos que involucrara el habeas data. A pesar de esto, en la
resolución del caso concreto respaldó sus órdenes en lo decidido por la Sala
Tercera de Revisión en la sentencia T-020 de 2014.
6.2. La sentencia T-020 de 2014 difiere en un elemento
fundamental con respecto al caso resuelto mediante la sentencia de la que me
aparto, pues en ella se tuteló el derecho de habeas data frente a una
autoridad pública[140] (Art. 15 de la Carta),
mientras que en el caso resuelto en la sentencia T-277 de 2015, la ratio
decidendi gira en torno a los elementos del derecho fundamental a la
libertad de información, y el accionado es un medio de comunicación. Estas dos
circunstancias fundamentales hacen imposible trasladar directamente y sin
consideraciones adicionales las soluciones dadas en el primer caso al presente.
6.3. Frente a la aproximación basada a partir del
derecho de habeas data, quiero destacar además que esta Corte en la
sentencia C-748 de 2011, al estudiar la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”,
avaló la constitucionalidad del artículo 2 de dicha norma, que excluye de su
ámbito de aplicación “A las bases de datos y archivos de información
periodística y otros contenidos editoriales”[141].
La sentencia C-748 de 2011 diferenció los contenidos periodísticos de otros,
como los de las bases de datos de las entidades públicas, destacando que:
“En concordancia, el literal d) del artículo 2 pretende
evitar que las bases de datos y archivos de carácter periodísticos se vean
sometidos a los mismos límites que la información general, lo que podría
traducirse en una limitación desproporcionada de la libertad de prensa, e
incluso en censura -piénsese por ejemplo en la posibilidad de la obligación de
revelar las fuentes. No obstante, debe esta Sala reiterar que en razón de
la especial consideración que el constituyente otorgó a la libertad de
expresión, las posibles colisiones con el derecho al habeas data deben ser
resueltas por una regulación especial.
Debe también aclararse que las bases de datos a las
que se refiere el literal d) del artículo 2, son aquellas de contenido
eminentemente periodístico, y no aquellas que están en poder del medio de
comunicaciones en virtud de otras actividades, como aquellas encaminadas a
fines comerciales o publicitarios. Así, las bases de datos con la información
de los suscriptores de un periódico sí estarán sujetas a la regulación de la
futura ley estatutaria”[142].
6.4. Así, incluso si la solución propuesta por la
sentencia de la que me aparto se basara en las reglas del habeas data,
la imposición de condiciones como las ordenadas frente al dato de archivo
periodístico, consistentes en desfigurar la información y dificultar el acceso
a la verdad histórica, no tendrían sustento desde el punto de vista
constitucional ni desde la función de la actividad periodística[143].
7. La ausencia de vulneración de derechos
fundamentales en el caso concreto.
7.1. En el presente caso se debía evaluar si “existe
una colisión de derechos fundamentales que involucra, de un lado, los derechos
a la libertad de expresión de la Casa Editorial El Tiempo y a la información de
toda la sociedad, y de otro, los derechos a la honra y al buen nombre de la
señora Gloria”. La respuesta a este interrogante es que no existió una
verdadera colisión de derechos por ausencia de vulneraciones a los derechos
accionante.
7.2. En casos análogos al presente, esta Corte ha
manifestado:
“3. Para efectos de identificar qué
principios jurídicos se encuentran enfrentados en un determinado caso, es
indispensable verificar que la tensión entre ellos sea real. Esto implica que
los derechos enfrentados estén dentro del ámbito en el cual son susceptibles de
ser protegidos jurídicamente. Así, a manera de ejemplo, respecto del derecho
al buen nombre y el derecho a la libertad de información, la jurisprudencia ha
establecido que no hay tal enfrentamiento cuando las informaciones dadas por el
respectivo medio de comunicación sean veraces.
[…]
“Desde luego, supuesto necesario de la
prosperidad de la acción en tales casos es el de que las especies divulgadas no
correspondan a la verdad, razón por la cual lesionan de manera infundada e
injusta el patrimonio moral de la familia.
“(…)
“En ese orden de ideas, no se
vulneran los aludidos derechos si las afirmaciones que se hagan están fundadas en
sentencias judiciales o en hechos innegables respecto de los cuales no cabe
ninguna duda.” Sentencia T-259 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo”[144]
7.3. Como se mostró anteriormente, la sentencia de la
que me aparto sostiene que “no puede decirse que la información no era veraz
o imparcial, toda vez que la misma se refería en forma escueta a los hechos
acontecidos, sin mezclar lo informado con sus opiniones personales, ni proveer
al lector datos falsos”[145].
En consonancia con lo anterior, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte, no
podía concluirse válidamente que en el caso se evidenciara una afectación de
los derechos de la señora Gloria al buen nombre, la honra o la
intimidad.
7.4. La ausencia de vulneración se hace visible,
además, en el mecanismo de solución dispuesto por la sentencia T-277 de 2015,
pues ante la ausencia de afectación de los derechos invocados no era posible la
aplicación de la rectificación. Así, puesto que la información presentada por
el medio de comunicación no careció en su momento de veracidad o imparcialidad
resultaba imposible ordenar una rectificación en el sentido constitucional del
término[146]. Al respecto la
jurisprudencia ha dicho:
“[L]a Corte también ha sostenido que la
rectificación sólo procede cuando objetivamente aparezca que se trata de una
información falsa, errada, inexacta, pues si la misma obedece a supuestos
fácticos sustentados en circunstancias verdaderas, mal se puede rectificar lo
que a la verdad se ajusta, de ahí, que el medio informativo pueda negarse a la
rectificación que se solicita, por estar convencido de la veracidad de lo
informado”[147]
8. El prejuzgamiento en la formulación del problema
jurídico de la sentencia T-277 de 2015.
8.1. Debo manifestar mi desacuerdo con el problema
jurídico de la sentencia T-277 de 2015, pues prejuzga al preguntarse si “la
información incompleta publicada por la Casa Editorial El Tiempo”[148],
vulnera los derechos a la honra, el buen nombre, la intimidad y el debido
proceso de la accionante. Tal consideración sobre el contenido informativo
debía, si acaso, deducirse en el análisis del caso y no partirse de ello antes
de resolver el asunto.
8.2. Además, tal como quedó dicho anteriormente, es
claro que la información publicada por la Casa Editorial El Tiempo en la nota “Empresa
de Trata de Blancas” fue completa, veraz e imparcial en el momento de su publicación,
y por lo mismo, compatible con el ejercicio adecuado del derecho a la
información; el medio de comunicación se limitó a reportar la vinculación de la
accionante a un proceso penal adelantado por el delito de trata de personas[149],
como en efecto ocurrió, sin afirmar su responsabilidad, por lo que “su
presunción de inocencia se mantiene intacta”[150].
9. Conclusiones.
9.1. La sentencia T-277 de 2015 desconoce las reglas
jurisprudenciales sobre las libertades de información y prensa en tanto impone
requisitos adicionales a la veracidad, la imparcialidad y el respeto por los
derechos de terceros para su ejercicio.
9.2. El requisito creado por la sentencia T-277 de 2015, consistente en
un deber del medio de comunicación frente a las informaciones relacionadas con
procesos penales “de actualizar y presentar de manera completa la
información que suministran, ello en situaciones donde se produzcan hechos
nuevos […]”[151]
implica afectación al derecho a la
información pues: (i) no se encuentra contemplado en los
tratados, la Constitución, la Ley o la jurisprudencia; (ii) tampoco se encamina
a proteger derechos fundamentales, pues basta con el cumplimiento de los
requisitos de veracidad e imparcialidad; y (iii) no es una medida necesaria en
tanto se verificó que en el presente caso no se vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante, y no se fundamentó  mínimamente  ni el
apartamiento frente al precedente, ni las razones que harían imperiosa la
imposición de requisitos nuevos.
9.3. La sentencia de la que me aparo sienta un
precedente incompatible con la jurisprudencia en vigor en tanto (i) desconoce
que la veracidad y la imparcialidad de la información deben ser evaluadas al
momento de la preparación o difusión de la misma y no posteriormente, y mucho
menos tomando como parámetro hechos sobrevinientes; (ii) desconoce la
presunción de veracidad que implica el ejercicio de la libertad de expresión en
sentido lato; y (iii) resta validez al mecanismo constitucional de la
rectificación como remedio a la afectación de los derechos a la honra y el buen
nombre por el ejercicio de la libertad de expresión.
9.4. La aceptación de la regla de decisión de la
sentencia T-277 de 2015 conlleva la predeterminación de los contenidos
informativos y la posibilidad de obligar judicialmente a un medio de
comunicación a destinar su esfuerzo no a la búsqueda y el reportaje de hechos
relevantes para la colectividad en el marco del pluralismo informativo, sino
concentrarse en actualizar informaciones que aunque veraces e imparciales, por
decisión judicial injustificada se tornan en contenidos carentes de protección
constitucional.
9.5. La presunción de inocencia no se afecta por la
difusión de informaciones relacionadas con la apertura de investigaciones
penales. El ejercicio informativo no propende por el establecimiento de
responsabilidades ni por la asignación de culpa o dolo sino que se encamina la
realización de la libertad, brindando a la colectividad las informaciones de
relevancia en un tono pluralista y responsable.
9.6. La sentencia T-277 de 2015 adolece de defectos
que la hacen imposible de suscribir: (i) es incongruente al pretender aplicar
las soluciones propias de un caso de habeas data a un escenario de
análisis propio de las libertades de información y prensa; (ii) prejuzga al
partir en la elaboración del problema jurídico de que la información presentada
resultaba “incompleta”; y (iii) desde el punto de vista de la
jurisprudencia en vigor, no era posible derivar de la situación analizada un
conflicto entre las libertades de información y prensa y los derechos a la
honra, el buen nombre y la intimidad de la accionante, de modo que no había
derecho vulnerado y la tutela resultaba improcedente.
Por estas razones, debo manifestar que la premisa
fundamental de la sentencia T-277 de 2015 no es compatible ni con la constitución
ni con la jurisprudencia constitucional, no se basa en la jurisprudencia en
vigor y desatiende el precedente que sobre el contenido y alcance de la
libertad de información que ha sabido construir la Corte Constitucional,
constituyendo esta la razón fundamental de mi apartamiento frente a la decisión
mayoritaria.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] Con el fin de garantizar el derecho a la
intimidad de la accionante, se cambiará su nombre por uno ficticio, de tal
forma que no pueda identificársele en la versión publicada de esta providencia.
[2] Folio 1 del cuaderno principal. En
adelante, cuando se haga mención a un folio, se entenderá que hace parte del
cuaderno principal a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Folios 1 y 2.
[4] Folios 3 y 21 a 31.
[5] Folios 3 y 65.
[6] Folios 3 y 4.
[7] Folios 9 y 10.
[8] Folios 4 y 5.
[9] Folio 17.
[10] Folios 33 a 54.
[11] Folio 38.
[12] Folios 33 y 34.
[13] Folios 34 y 35.
[14] Folios 35 y 36.
[15] Folio 36.
[16] Folios 36 y 37.
[17] Folio 37 y 38.
[18] Folio 55.
[19] Folio 61.
[20] Folios 69 a 83.
[21] Folios 84 a 96.
[22] Folio 95.
[23] Folios 142 y 143.
[24] Folios 150 a 163.
[25] Cuaderno de revisión, folio 10.
[26] Cuaderno de revisión, folio 10.
[27] La doctora Patricia Arrázola Bustillo.
[28] Cuaderno de revisión, folios 21 a 67.
[29] Cuaderno de revisión, folio 22.
[30] Cuaderno de revisión, folios 22 y 23.
[31] Cuaderno de revisión, folios 23 a 25.
[32] Folios 26 a 33.
[33] Folios 32 y 33.
[34] Folios 70 a 79.
[35] Folios 70 a 72.
[36] Cuaderno de revisión, folios 83 a 92.
[37] Cuaderno de revisión, folios 96 a 113.
[38] Cuaderno de revisión, folios 133 a 143.
[39] Cuaderno de revisión, folios 147 a 165.
[40] Cuaderno de revisión, folios 225 a 271.
[41] Cuaderno de revisión, folios 167 a 185.
[42] Cuaderno de revisión, folios 188 a 213.
[43] “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.” Constitución Política de 1991, art. 86
[44] “Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante…” Decreto 2591
de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
art. 86 de la Constitución Política”, art. 6.
[45] Sentencia T-219 de 2012, M. P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[46] Sentencia T-088 de 2013, M. P. Mauricio
González Cuervo.
[47] Sentencia T-088 de 2013, M. P. Mauricio
González Cuervo.
[48] Sentencia T-219 de 2012, M. P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[49] Sentencia T-219 de 2012, M. P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[50] Folio 65.
[51] Folios 72 a 83.
[52] Folio 3.
[53] “La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se
solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se
deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren
la eficacia de la misma.” Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”,
art. 42, numeral 7.
[54] Folio 65.
[55] Sentencia C-489 de 2002, M. P. Rodrigo
Escobar Gil. A. V. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta sentencia se resolvió
una acción pública de inconstitucionalidad contra los arts.82 numeral 8 y 225
del Código Penal, referidos a la retractación como forma de extinción de la
acción penal. A juicio del actor, las normas mencionadas, al disponer la
extinción de la acción penal en algunos de los delitos contra la honra cuando
el actor se retractara, vulneraban las disposiciones constitucionales referidas
a los derechos a la honra, buen nombre y acceso a la administración de
justicia. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas
acusadas.
[56] Sentencia C-489 de 2002, M. P. Rodrigo
Escobar Gil. A. V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[57] Sentencia C-442 de 2011, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto, S. V. Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle
Correa. En esta sentencia se resolvió una acción pública de
inconstitucionalidad contra los arts. 22, 220, 221 y 223 a 227 del Código
Penal, referidos a los delitos de injuria y calumnia. A juicio del actor, las
disposiciones acusadas vulneraban los arts. 20, 29 y 93 de la Constitución y 9
y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional
declaró exequibles los arts. por considerar que no desconocían las garantías
mencionadas.
[58] Sentencia T-881 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta
sentencia se decidieron dos acciones de tutela, la primera interpuesta por
internos de una cárcel en Cartagena y la segunda por el Personero de un
municipio en el departamento de Bolívar. En ambos casos los accionantes
argumentaban que continuos cortes y racionamientos de energía eléctrica a la
que eran sometidos los presos y habitantes de las zonas afectadas vulneraba sus
derechos fundamentales. La Corte encontró que la discontinuidad en la
prestación del servicio de energía eléctrica vulneraba el derecho a la dignidad
humana de los usuarios y por lo tanto dispuso titular los derechos de los
accionantes.
[59] “A partir de esta serie de
pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala concluye que el referente
concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la
persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de
elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas
condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales
necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo
y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para
la realización del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección
integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas
constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre
“dignidad”, principalmente el contenido en el artículo 1 (Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria,...fundada en el
respeto de la dignidad humana...), y de manera secundaria los contenidos en los
artículos 25 (Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas), 42 (la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables) y 51 (Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna).”  Sentencia T-881 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[60] Sentencia C-442 de 2011, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto, S. V. Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle
Correa.
[61] De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos: “1. Nadie podrá
ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el
párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19.
[62] El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972,
establece: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a)  el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” Convención
Americana sobre Derechos Humanos, art. 13.
[63] El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972,
establece: “1. Toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión
legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho
a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las
condiciones que establezca la ley.  2. En ningún caso la rectificación o la
respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese
incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión
tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni
disponga de fuero especial.” Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.
14.
[64] Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Comentario general Número 10, “Libertad de Opinión (Artículo
19)”.
[65] Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Comentario General Número 34, “Libertad de Opinión y Libertad de
Expresión”.
[66] “Los Estados partes deberían tener en
cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la
comunicación, como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la
información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de
la comunicación en todo el mundo. Ahora existe una red mundial en la que
intercambiar ideas y opiniones, que no se basa necesariamente en la
intermediación de los medios de comunicación de masas. Los Estados partes
deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de
esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares.” Naciones
Unidas, Comité de Derechos Humanos, Comentario general
Número 10, “Libertad de Opinión (Artículo 19)”.
[67] “Toda limitación al funcionamiento de los sitios web,
los blogs u otros sistemas de difusión de información en Internet,
electrónicos o similares, incluidos los sistemas de apoyo a estas
comunicaciones, como los proveedores de servicios de Internet o los motores de
búsqueda, solo serán admisibles en la medida en que sean compatibles con el
párrafo 3. Las restricciones permisibles se deben referir en general a un
contenido concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos
sitios y sistemas no son compatibles con el párrafo 3. Tampoco es compatible
con el párrafo 3 prohibir que un sitio o un sistema de difusión de la
información publique material por el mero hecho de que ese material pueda
contener críticas al gobierno o al sistema político al que este se adhiere
{§104}.”.  Naciones Unidas, Comité de Derechos
Humanos, Comentario general Número 10, “Libertad de
Opinión (Artículo 19)”.
[68] “En la
actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un
instrumento único para desplegar, /incrementalmente, su enorme potencial en
amplios sectores de la población. En términos del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión, Internet, como ningún medio de comunicación antes, ha
permitido a los individuos comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha
tenido un impacto dramático en el periodismo y en la forma en que compartimos y
accedemos a la información y las ideas.” Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de
Expresión en Internet”, párr. 10.
[69] De acuerdo con datos del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el segundo
trimestre de dos mil catorce (2014) había nueve millones novecientos tres mil
cuatrocientos cuarenta y un suscriptores a internet en Colombia, lo que sin
duda representa un nivel de acceso importante, aunque aún queda un largo camino
por recorrer para que pueda hablarse de disfrute universal. Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Estadísticas del sector
TIC”, disponible en:  http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=34 Fecha de consulta: veintiocho (28) de
enero de dos mil quince (2015).
[70] “El principio
de acceso universal se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y
el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad
adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las TIC, en
todo el territorio del Estado, tal como ha sido reconocido por los jefes de
Estado en las Cumbres de las Américas. Le corresponde al Estado decidir cuáles
son los medios más adecuados, bajo las circunstancias, para asegurar la
implementación de este principio. Sin embargo, como se explica adelante, esta
oficina otorga particular importancia a aquellas medidas que buscan asegurar
que las estructuras de precios sean inclusivas, para no dificultar el acceso;
que la conectividad se extienda a todo el territorio, para promover de manera
efectiva el acceso de los usuarios rurales y de comunidades marginales; que las
comunidades tengan acceso a centros de tecnologías de la información y
comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público; y que los
esfuerzos de capacitación y educación sean reforzados, en especial en sectores
pobres, rurales y entre la población mayor. El acceso universal supone también,
de manera prioritaria, asegurar el acceso equitativo en términos de género así
como el acceso incluyente de personas en situación de discapacidad y/o
pertenecientes a comunidades marginadas.” Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de
Expresión en Internet”, párr. 15.
[71] “Maximizar el
número y la diversidad de voces que puedan participar de la deliberación
pública es al mismo tiempo condición y finalidad esencial del proceso
democrático. En este sentido, las garantías robustas para el ejercicio de la
libertad de expresión a través de Internet son, en la actualidad, una condición
de posibilidad para esa apertura de la esfera pública” Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad
de Expresión en Internet”, párr. 18.
[72] “De conformidad
con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, los Estados están
obligados a “adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de
cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la
libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no
discriminación”. Esta obligación de no discriminación se traduce, entre otros,
en el deber del Estado de remover los obstáculos que impidan a los ciudadanos –
o a un sector en particular – difundir sus opiniones e informaciones. En el
entorno digital, la obligación de no discriminación implica, además de los
deberes de acceso y pluralismo ya referidos, la adopción de medidas, a través
de todos los medios apropiados, para garantizar que todas las personas –
especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o que expresan
visiones críticas sobre asuntos de interés público – puedan difundir contenidos
y opiniones en igualdad de condiciones. En estos términos, resulta necesario
asegurar que no haya un trato discriminatorio a favor de ciertos contenidos en
Internet, en detrimento de aquellos difundidos por determinados sectores. Un
desarrollo de este principio es el principio de neutralidad de la red, que será
estudiado más adelante en este informe (infra, párr. 25 y ss.).” Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”, párr. 20 y 21.
[73] “Tal y como fue
observado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución “El
derecho a la privacidad en la era digital”, adoptada por consenso, los Estados
tienen la obligación de respetar y proteger el derecho a la privacidad de
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en
el contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, como será desarrollado
más adelante, las autoridades deben, de una parte, abstenerse de hacer
intromisiones arbitrarias en la órbita del individuo, su información personal y
sus comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que otros actores se
abstengan de realizar tales conductas abusivas. Por ejemplo, se debe promover
la existencia de espacios en línea libres de observación o documentación de la
actividad e identidad de los ciudadanos. Esto incluye, por ejemplo, la
preservación de plataformas anónimas para el intercambio de contenidos y el uso
de servicios de autenticación proporcionales. Este punto está estrechamente
ligado a la obligación estatal de crear un ambiente protegido para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión, toda vez que la vulneración de la
privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno
ejercicio del derecho a comunicarse. Cabe destacar, en este sentido, la
mencionada Resolución aprobada por consenso por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la cual los Estados reconocieron que las prácticas de
vigilancia y la intercepción y recopilación ilícita o arbitraria de datos
personales no sólo afectan el derecho a la privacidad y a la libertad de
expresión sino que también pueden ser contrarios a los preceptos de una
sociedad democrática.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”,
párr. 23.
[74] Relator Especial de Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, “Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet”,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849. Fecha de consulta: veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015)
[75] Relator Especial de Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, “Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet”,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849. Fecha de consulta: veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015), párr. 1. A).
[76] Relator Especial de Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
“Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet”,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849. Fecha de consulta: veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015), párr. 5. A).
[77] “(…) Lo que
persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los usuarios
de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o
servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o
restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia. Se trata de una
condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet en los términos
del artículo 13 de la Convención Americana y, a la vez, de un componente
transversal de los principios orientadores antes mencionados.” Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”, párr. 25.
[78] “No debe haber
discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico
de Internet, a menos que sea estrictamente necesario y proporcional para
preservar la integridad y seguridad de la red; para prevenir la transmisión de
contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no incentivada– del
usuario; y para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red.
En este último caso, las medidas empleadas no deben discriminar entre tipos de
aplicaciones o servicios. Asimismo, en algunas normas ya se ha establecido que
las medidas de gestión de tráfico deben ser necesarias para un uso eficiente y
seguro de Internet y no pueden discriminar arbitrariamente a un determinado
proveedor de contenidos o servicios, o a un grupo de éstos, frente a otros
proveedores. Además, la propuesta de la Comisión Europea para la regulación del
mercado único europeo para comunicaciones electrónicas reconoce que “la gestión
razonable de tráfico incluye la prevención o impedimento de crímenes graves,
incluidas las acciones voluntarias de proveedores para prevenir el acceso y la
distribución de la pornografía infantil”.” Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de
Expresión en Internet”, párr. 30.
[79] “El ejercicio
del derecho a la libertad de expresión en Internet depende, en gran medida, de
un amplio espectro de actores, principalmente privados, que actúan como
intermediarios al brindar servicios como el acceso y la interconexión; la transmisión,
procesamiento y encaminamiento del tráfico; el alojamiento de material
publicado por terceros y el acceso a este, la referencia a contenidos o la
búsqueda de materiales en la red; la realización de transacciones financieras;
y la conexión entre usuarios a través de plataformas de redes sociales, entre
otros. Existe una gran cantidad de intermediarios y distintas maneras de
clasificarlos; entre los más relevantes se incluyen a los proveedores de
servicios de Internet (PSI), los proveedores de alojamiento de sitios Web, las
plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda.” Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”, párr. 91.
[80] Relator Especial de Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, “Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet”,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849. Fecha de consulta: veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015), párr. 2. A).
[81] Sobre este asunto, señala la Comisión Interamericana que “(e)n efecto, con el objetivo de controlar
distintos tipo de expresiones, tanto el Estado como actores privados han
buscado aprovechar la posición que ocupan los intermediarios como puntos de
control del acceso y uso de Internet. El interés en utilizar a los
intermediarios como puntos de control se motiva, entre otras cosas, en que a
los Estados y actores privados les resulta más fácil identificar y coaccionar a
estos actores que a los responsables directos de la expresión que se busca
inhibir o controlar. Esto se debe a la cantidad de usuarios, a que
frecuentemente no se encuentran identificados o a que pueden encontrarse en
múltiples jurisdicciones. Asimismo, existe un mayor incentivo económico en
buscar la responsabilidad de un intermediario que en buscar la de un usuario
individual. De ese modo, algunos Estados han adoptado esquemas que responsabilizan
a los intermediarios por las expresiones generadas por los usuarios de sus
servicios.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”,
párr. 93.
[82] “A este
respecto, no sobra recordar que la Corte Interamericana ha enfatizado que la
libertad de expresión no se agota en el derecho abstracto a hablar o escribir,
sino que abarca inseparablemente el derecho a la difusión del pensamiento, la
información, las ideas y las opiniones por cualesquiera medios apropiados que
se elijan para hacerlo, incluyendo el derecho de llegar al mayor número de
destinatarios. Para garantizar efectivamente esta libertad el Estado no debe
restringir la difusión a través de la prohibición o regulación desproporcionada
o irrazonable de los medios. En ese sentido, limitaciones desproporcionadas,
que desnaturalicen el funcionamiento de Internet y limiten su potencial
democratizador como medio al alcance de un universo expansivo de personas,
constituyen directamente y en la misma medida, una afectación de la libertad de
expresión. Por todas las razones expuestas, esta Relatoría ha indicado que las
responsabilidades ulteriores solamente deben ser impuestas a los autores de la
expresión en Internet, es decir, a quienes son directamente responsables de la
expresión ofensiva.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión en Internet”,
párr. 101 y 102.
[83] Constitución Política de 1991, art. 15.
[84] “En el desarrollo, interpretación y
aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral, los
siguientes principios: a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento
de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad
reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás
disposiciones que la desarrollen; b) Principio de finalidad: El
Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la
Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; c) Principio
de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento,
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal
o judicial que releve el consentimiento; d) Principio de veracidad o
calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado
del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca
de la existencia de datos que le conciernan; f) Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la
presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas
en la presente ley; Los datos personales, salvo la información pública, no
podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para
brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados
conforme a la presente ley; g) Principio de seguridad: La información
sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del
Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad
a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento; h) Principio de confidencialidad: Todas las
personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la
naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información,
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que
comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades
autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.” Ley Estatutaria
1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”, art. 4.
[85] “El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la
autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente
se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 de la presente ley; c) Ser informado por el Responsable del
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley
y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.”
Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales”, art. 8.
[86] Señalan los arts. 17 y 18 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012:
“Artículo 17. Deberes de los Responsables del
Tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la
presente ley y en otras que rijan su actividad: a) Garantizar al Titular, en
todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; b)
Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia
de la respectiva autorización otorgada por el Titular; c) Informar debidamente
al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten
por virtud de la autorización otorgada; d) Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; e) Garantizar que la
información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible; f) Actualizar la información,
comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades
respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada; g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo
pertinente al Encargado del Tratamiento; h) Suministrar al Encargado del
Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente
autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; i) Exigir al
Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular; j) Tramitar las consultas
y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley; k) Adoptar
un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y
reclamos; l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada
información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya
presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo; m)
Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; n) Informar a
la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información
de los Titulares. o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la
Superintendencia de Industria y Comercio. Artículo 18. Deberes de los
Encargados del Tratamiento. Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir
los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en
la presente ley y en otras que rijan su actividad: a) Garantizar al Titular, en
todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; b)
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento; c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o
supresión de los datos en los términos de la presente ley; d) Actualizar la
información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco
(5) días hábiles contados a partir de su recibo; e) Tramitar las consultas y
los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la
presente ley; f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para
garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención
de consultas y reclamos por parte de los Titulares; g) Registrar en la base de
datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula
en la presente ley; h) Insertar en la base de datos la leyenda
"información en discusión judicial" una vez notificado por parte de
la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad
del dato personal; i) Abstenerse de circular información que esté siendo
controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia
de Industria y Comercio; j) Permitir el acceso a la información únicamente a
las personas que pueden tener acceso a ella; k) Informar a la Superintendencia
de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los
Titulares; l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la
Superintendencia de Industria y Comercio. Parágrafo. En el evento en que
concurran las calidades de Responsable del Tratamiento y Encargado del
Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los
deberes previstos para cada uno.” Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”,
arts. 17 y 18.
[87] Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”,
art. 2, literal d).
[88] Lo mismo puede decirse en relación con la
Ley Estatutaria 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones
generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios, y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones”.
[89] Constitución Política de 1991, art. 29.
[90] Sentencia T-332 de 1993, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[91] Sentencia T-369 de 1993, M. P. Antonio
Barrera Carbonell.
[92] Además, se expresó que “(…) la equidad
obra, cuando examinadas y estimadas todas las características y circunstancias
propias del caso concreto, la aclaración que sobre los hechos se hace, permite
concluir, dentro de un juicio espontáneo, que dicha rectificación ha sido
eficaz y equitativa, esto es, que resultó ser un procedimiento adecuado para lograr
el propósito perseguido, cual es, el de que se informe la verdad de los hechos
y de esta forma, se protejan los derechos que con la información inexacta o
errónea fueron lesionados u ofendidos.” Sentencia T-369 de 1993, M. P. Antonio
Barrera Carbonell.
[93] En torno a esto se adujo: “Con el fin de no menoscabar ni
interferir la autonomía en la información y la libertad de expresión del
periodista, no se considera procedente, en el presente caso, dadas las
circunstancias que se han evaluado, que se deba imponer al medio de comunicación
radial demandado, los términos exactos en que debe producirse la rectificación,
pues confía en el profesionalismo y en la responsabilidad social que es
connatural con la actividad periodística.” Sentencia
T-369 de 1993, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[94] Sentencia T-074 de 1995, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[95] Sentencia T-1225 de 2003, M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[96] Sentencia T-1225 de 2003, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[97] Sentencia T-1225 de 2003, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[98] Sentencia T-626 de 2007, MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[99] Sentencia T-626 de 2007, MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[100] Sentencia T-439 de 2009, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] Se advirtió que: “(…) ciertamente recava
la importancia y la trascendencia del derecho a la información libre, pero no
deja de llamar la atención y alertar a los periodistas y a los medios sobre la
necesidad de desarrollar una profunda sensibilidad, tener un cuidado especial y
adoptar medidas preventivas extremas cuando exista o pueda existir una
confrontación y una contradicción con otros derechos fundamentales de los niños
o de otras personas, como el derecho a la intimidad y el buen nombre.” Sentencia T-439 de 2009, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[102] Sentencia T-206 de 2010, MP. Mauricio
González Cuervo.
[103] Sentencia T-319 de 2012, MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[104] Sentencia T-219 de 2012, MP. Juan Carlos
Henao.
[105] Sentencia T-040 de 2013, MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Alexei Egor Julio Estrada.
[106] Sentencia T-134 de 2014. MP. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[107] “La jurisprudencia constitucional, en
consecuencia, ha valorado positivamente cuando las denuncias o noticias en
proceso de investigación se presentan en términos dubitativos, con expresiones
como “al parecer (….)”. De esta forma se evita que la publicación induzca en
error a los lectores o televidentes. Asimismo, es posible que luego de presentar
la situación, se invite a un profesional del derecho para que explique, de
forma pedagógica y sin hacer ningún tipo de incriminación particular, los tipos
penales que podrían tener relevancia en el análisis.” Sentencia T-134 de 2014.
MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[108] Tribunal de Justicia Europeo, Gran Sala,
Caso C-131/12, trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), párr. 88.
[109] Folios 65 a 67.
[110] En cuanto a esto, conviene recordar las
palabras del Morelly, citado por Luigi Ferrajoli: “Concluida la pena, afirmó
aún más radicalmente Morelly en su Code de la Nature, estará prohibido a
cualquier ciudadano hacer el más mínimo reproche a la persona que la ha
cumplido o a sus parientes, informar de ella a las personas que la ignoran e
incluso mostrar el más mínimo desprecio hacia los culpables, en su presencia o
ausencia, bajo la pena de sufrir el mismo castigo.” Ferrajoli, Luigi.
“Derecho y Razón”, editorial Trotta, 2005, p. 340.
[111] Ley 1712 de 2014, “Por Medio de la Cual
se crea la Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública
Nacional y se Dictan Otras Disposiciones”
[112] Sentencia C-673 de 2001, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV.
Álvaro Tafur Galvis y Jaime Araujo Rentería.
[113] Folio 4.
[114] Cuaderno de revisión, folio 31.
[115] Cuaderno de revisión, folio 31.
[116] M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. S.
V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[117] T-020 de 2014, M. P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. A. V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[118] Sentencia T-040 de 2013, MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Alexei Egor Julio Estrada.
[119] Sentencia T-040 de 2013, MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV. Alexei Egor Julio Estrada.
[120] Sentencia T-391/07.
[121] Sentencia C-488/93.
[122] Ibíd.
[123] Sentencia T-391/07.
[124] Ibíd.
[125] Ibíd.
[126] (Subrayas fuera del texto original).
[127] Sentencia T-277 de 2015, II. 9.4., p.42
[128] Cfr. Sentencia T-277 de 2015, II. 9.8., p. 44.
[129] Ibíd.
[130] Sentencia T-277 de 2015, II. 8.18., p. 39.
[131] Sentencia T-277 de 2015, II. 9.5., p.42
[132] Sentencia T-277 de 2015, II. 9.5., p.43
[133] Al respecto se puede consultar la propia sentencia T-277 de 2015
en su numeral II. 9.8., pp. 43-45.
[134] Sentencia T-277 de 2015, II. 9.4., p.42
[135] Al respecto, la Corte ha dicho, por ejemplo que: “cuando se
exige que la libertad de información se ejerza conforme al requisito de
veracidad, se está estableciendo, por una parte, un deber específico de
diligencia a cargo del informador, quien solo debe transmitir como hechos, lo
que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos, y por otra
parte, se privan de garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de
todos a la información, actúa con desconocimiento de la veracidad o falsedad de
lo comunicado” Sentencia T-256/13 (subrayas fuera del texto original).
[136] Debo reiterar que no vulnera el derecho a la información el hecho
de que se informe sobre un acontecimiento, atendiendo los requisitos de
veracidad e imparcialidad, pues en tales requisitos se agota la carga para el
medio y la comunidad beneficiaria de la información: de ahí en adelante, la
información adecuadamente creada y difundida goza, y debe seguir haciéndolo, de
protección constitucional, pues a través de ella el pueblo se reconoce, identifica
y construye su identidad política y social[136].
[137] Cfr. Sentencia T-391/07.
[138] Sentencia T-277 de 2015, II. 8.1., p. 27.
[139] Sentencia T-277 de 2015, II. 8.1., p. 28
[140] En la sentencia T-020 de 2014 se dijo: “[…] la forma como
actualmente se permite la consulta de las sentencias judiciales, en algunos
casos particulares, como el que es objeto de pronunciamiento, también implica
el desconocimiento del habeas data en lo que respecta al principio de acceso
y circulación restringida. En efecto, el literal f) del artículo 4 de la Ley
1581 de 2012 dispone que “los datos personales, salvo la información
pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a
la presente ley”. […] || Por lo anterior, en el asunto sub-judice,
encuentra la Corte que efectivamente se desconoce el citado principio, en
cuanto a través del acceso generalizado a la consulta de decisiones judiciales,
a partir del uso de los actuales sistemas de publicación, se permite que terceras
personas puedan acceder –sin ninguna restricción– a los soportes en donde
constan datos semiprivados, como lo es la información sobre los antecedentes
penales de la accionante.” (subrayas fuera del texto original). La cita
anterior es muestra fehaciente de que la razón de la decisión de la sentencia
T-020 de 2014 no es compatible con lo decidido en la sentencia T-277 de 2015, y
en tal sentido no era posible aplicar las subreglas jurisprudenciales al caso,
como en efecto se hizo.
[141] L.1581/12, Art. 2, lit. d. (subrayas fuera del texto original).
[142] Sentencia C-748/11 (subrayas fuera del texto original).
[143] “La regulación estatal de la materia, así como las decisiones
adoptadas por parte de las autoridades, deben respetar el elemento crucial de
libertad de expresión que está presente en este tipo de servicios públicos, y
por lo tanto no puede, ni directa ni indirecta ni consecuencialmente, llegar a
constituir un modo proscrito de censura o de control previo sobre los
contenidos de la comunicación. La naturaleza de servicio público de estos
medios de comunicación no puede invocarse, en ningún caso, como justificación
para intervenir sobre el contenido de la expresión, y mucho menos para
restringirla o limitarla en su alcance – al contrario, por medio de la
promoción de la eficacia, calidad y accesibilidad de estos medios, se ha de
promover el libre flujo de expresiones diversas en la sociedad colombiana”
(Sentencia T-391/07).
[144] Sentencia T-1000/00 (subrayas fuera del texto original).
[145] (Subrayas fuera del texto original).
[146] En la sentencia C-489 de 2002 se dijo que “La protección
constitucional de los derechos a la intimidad, al buen nombre o a la honra de
las personas se encuentra en permanente tensión con las libertades de expresión
y de opinión, y la jurisprudencia constitucional ha otorgado a estas últimas
una prevalencia sobre las primeras, en atención a su importancia para la vida
democrática y para el libre intercambio de ideas. // No obstante lo anterior,
la propia Constitución ha previsto modalidades de protección de la honra y el
buen nombre de las personas frente a las lesiones que tales derechos puedan
sufrir como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión. En
particular, el propio artículo 20 de la Carta, que consagra la libertad de
expresión, garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
// La rectificación procede cuando a través de un medio de comunicación se
ha difundido una información que no corresponde a la verdad, o que presenta una
visión parcializada o incompleta de los hechos, de manera que se afecte a una
persona en su imagen o reputación” (subrayas fuera del texto original).
[147] Sentencia T-775/05
[148] Sentencia T-277 de 2015, II. 2.1., p.9. (subrayas fuera del texto
original).
[149] Cfr. Sentencia T-277 de 2015, I. 1.2 y 1.3., p.2.
[150] Sentencia T-277 de 2015, II. 9.4., p.41.
[151] Sentencia T-277 de 2015, II. 8.18., p. 39.