T-291-09
1
Sentencia T-291/09
DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance frente a grupos tradicionalmente
discriminados o marginados
La igualdad es uno de los pilares sobre los que se
funda el Estado colombiano. La Constitución reconoce la igualdad, como un
principio, como un valor, y como un derecho fundamental, que va más allá de la
clásica formula de igualdad ante la ley, para erigirse en un postulado que
apunta a la realización de condiciones de igualdad material. Bajo esta
perspectiva, un propósito central de la cláusula de igualdad, es la protección
de grupos tradicionalmente discriminados o marginados; protección que en un
Estado social de derecho, se expresa en una doble dimensión: por un lado, como
mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios (mandato de
abstención) y, por el otro, como un mandato de intervención, a través del cual
el Estado está obligado a realizar acciones tendentes a superar las condiciones
de desigualdad material que enfrentan dichos grupos (mandato de intervención).
En relación con el primero, existe un deber de la administración de abstenerse
de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas que conduzcan
a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginamiento o discriminación
de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad. Esto se deriva
principalmente de la cláusula de igualdad formal y del principio de no
discriminación establecido en el inciso primero del artículo 13.
DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminaciones directas e indirectas de
grupos marginados o discriminados
Un punto que merece la pena resaltarse, por ser objeto
de controversia en el caso que ocupa a la Corte, es que el mandato de
abstención que se deriva del primer inciso del artículo 13 constitucional, no
se dirige exclusivamente a evitar que la administración adopte medidas,
programas o políticas, abiertamente discriminatorias. También va encaminado a
evitar que medidas, programas o políticas, así éstas hayan sido adoptadas bajo
el marco de presupuestos generales y abstractos, impacten desproporcionadamente
a grupos marginados o discriminados o, en otras palabras, los coloque en una
situación de mayor adversidad. Es decir, que la Constitución prohíbe, tanto las
llamadas discriminaciones directas –actos que apelan a criterios sospechosos o
potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de
personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio,
como las discriminaciones indirectas – las que se derivan de la aplicación de
normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto
adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o
discriminado.
IGUALDAD SUSTANCIAL-Alcance
GRUPOS MARGINADOS O
DISCRIMINADOS-Adopción de medidas a su favor o acciones afirmativas
POLITICA PUBLICA-Condiciones básicas
a la luz de la Constitución Política
La jurisprudencia constitucional ha precisado tres
condiciones básicas, a la luz de la Constitución Política, que debe observar
toda política pública orientada a garantizar un derecho constitucional: (i) que
la política efectivamente exista; (ii) que la finalidad de la política pública
debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho; y (iii) que
los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la
política pública permitan la participación democrática. En cuanto a la primera
condición ha señalado la Corte que “no se puede tratar de unas ideas o
conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de acción estructurado que le
permita a la autoridad responsable adoptar las medidas adecuadas y necesarias a
que haya lugar.” Por eso, se viola una obligación constitucional de carácter
prestacional y programática, derivada de un derecho fundamental, “cuando ni
siquiera se cuenta con un plan para progresivamente cumplirla. La relación con
la segunda condición, la Corte ha reiterado que. “no puede tratarse de una
política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de acciones reales
y concretas.” En esta medida, se viola la Constitución cuando existe un plan o
un programa, pero se constata que (i) “sólo está escrito y no ha sido iniciada
su ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea evidentemente inane,
bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los
titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido
indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable”. En cuanto a la
tercera condición, la jurisprudencia ha considerado inaceptable
constitucionalmente que exista un plan (i) ‘que no abra espacios de
participación para las diferentes etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde
espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación
intrascendente.’ El grado mínimo de participación que se debe garantizar a las
personas en cada caso concreto, depende de la situación específica de que se
trate, en atención al tipo de decisiones a tomar.
GRUPOS DISCRIMINADOS O MARGINADOS-Criterios relevantes
para entender la noción
RECICLADORES-Hacen
parte de un grupo marginado y discriminado sujetos de actuaciones positivas por
parte de las autoridades
SERVICIO PUBLICO DE
ASEO-Marco normativo
DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración a los recicladores informales
tras el incumplimiento de las actas de acuerdo ante el cerramiento del botadero
Navarro
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA-Vulneración
por incumplimiento de compromisos que adquirieron con los recicladores
INTERVENCION ECONOMICA EN SERVICIOS
PUBLICOS-Límites
ACCION DE TUTELA-Deber de la Alcaldía por intermedio de sus
Secretarías de Educación, Salud y Bienestar Social de adoptar las medidas
necesarias para asegurar el goce de los derechos constitucionales a la salud,
acceso a la educación, vivienda digna y a la alimentación de los recicladores
de Navarro
ACCION DE TUTELA-EMSIRVA ESP o la empresa que la sustituya
deberá hacer posible la participación real y efectiva de los recicladores de la
ciudad de Cali en la convocatoria pública para la operación y explotación de
los residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, gestión comercial
y otras actividades
ACCION DE TUTELA-EMSIRVA ESP o la empresa que la sustituya deberá
conformar un comité para la inclusión de los recicladores a la economía formal
del aseo en la ciudad de Cali
ACCION DE TUTELA-El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Cali deberá culminar el censo de los recicladores de
Navarro
Referencia: expedientes T-2043683 y acumulados[1]
Acciones de tutela instauradas por Cecilio Cesar Caicedo Izquierdo; Neisy Gómez Vargas; Mariela Tenorio
Carabalí; Conrado de Jesús Cardona; Julio César Gómez Ramos; Grecia Valencia
Viáfara; José Armando Arias; Álvaro Castillo Quiñónez; Fabio Andrés Velasco
Martínez; María Victoria Carlosama; José Hernando Miranda Rodríguez; Freddy
Orlando Tenorio Quiñones; Alexander Mayorga; Raquel Tamayo Cáceres; Segundo
Camilo Quiñonez; Fernando Ramírez; Luz Mery Rodríguez Valentierra; Safra Ruth
Méndez Muñoz; Ana Beiva Bejarano; Ninfa Rosalba Ramírez; Lucena Vargas; Ayda López
Jojoa; Ángela María Alzate; Diego Ruiz Angulo; Leidy Johana Torres, contra la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali “EMSIRVA
ESP”, la Corporación Autónoma
Regional del Valle ‑ CVC, el Departamento Administrativo del Medio ambiente ‑ DAGMA, y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de
la Alcaldía Municipal de Cali
Magistrada Ponente (e):
Dra. CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ.
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de
Abril de dos mil nueve (2009)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Clara Elena Reales
Gutiérrez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luís Ernesto Vargas Silva en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, por el
juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (T-2094526); Juzgado Diecinueve
Penal del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2094503);
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali (T-2043683); Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali (T-2088107); Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali (T-2100533); Juzgado Primero de Familia de Cali y
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (T-2094109); Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali (T-2100590); Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2100537); Juzgado Cuarto Civil del
Circuito y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2100536); Juzgado
once Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali (T-2100659); Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de
Familia (T-2088003); Juzgado Sexto de Familia de Cali y Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca (T-2085999); Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2100591);
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali (T-2092631); Juzgado Séptimo Civil del Circuito y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2092630); Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2092148);
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali (T-2092004); Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali y
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (T-2090545); Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
(T-2088111); Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Cali y Tribunal
Contencioso Administrativo de Cali (T-2079744); Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cali (T-2084644); Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Cali (T-2070143); Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal (T-2079694); Juzgado
Dieciocho Penal del Circuito de Cali (T-2140927); Juzgado Dieciocho Penal del
Circuito de Cali (T-2146448).
Mediante auto del nueve (9) de octubre de dos mil ocho
(2008) proferido por la Sala de Selección número Diez de la Corte
Constitucional seleccionó el expediente T-2043683.
Mediante auto del cinco (5) de noviembre de dos mil
ocho (2008) proferido por la Sala de Selección número once de la Corte
Constitucional seleccionó los expedientes T-2070143, T-2079744, T-2079694 y
T-2084644 y los acumuló entre sí por presentar unidad de materia.
Mediante auto del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil ocho (2008) proferido por la Sala de Selección número Once
de la Corte Constitucional seleccionó los expedientes T-2085999, T-2088003,
T-2088111, T-2088107, T-2092004, T-2092148, T-2094503, T-2094526, T-2090545,
T-2094109, T-2092630, T-2092631, T-2100533, T-2100536, T-2100537, T-2100590,
T-2100591 y T-2100659 y los acumuló entre sí por presentar unidad de materia.
Finalmente mediante auto del veintinueve (29) de enero
de dos mil nueve (2009) proferido por la Sala de Selección número Uno de la
Corte Constitucional seleccionó los expedientes T-2140927 y T-2146448 y los
acumuló entre sí por presentar unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES.
Un grupo de recicladores del basurero de Navarro,[2]
en la ciudad de Cali, interpusieron acciones de tutela para solicitar la
protección de su derecho a la vida digna en conexidad con el derecho al
trabajo. Las acciones de tutela fueron interpuestas de manera individual y la
Corte Constitucional seleccionó varios de los cientos de casos que fueron
enviados para su eventual revisión. Las acciones de tutela fueron presentadas
en formatos idénticos y, en general, están acompañadas de las mismas pruebas.
Por esta razón se narrarán los hechos que suscitan estas tutelas de manera
general y en el Anexo de esta sentencia, se incluirá un cuadro con los nombres
de los tutelantes, las decisiones de instancia y las particularidades que,
eventualmente, cada caso pueda presentar en cuanto al acervo probatorio. El
mismo procedimiento se aplicará a las respuestas de las entidades demandadas
que son idénticas en todos los casos.
1.
La demanda de tutela.
Relata la acción de tutela que desde 1976 Navarro
funciona como un vertedero de residuos domiciliarios, época desde la cual más de
mil familias han derivado su sustento rescatando: “(…) todos los materiales
que son ingreso para industrias como la del plástico, los papeles, los vidrios,
siderúrgicas, entre otras.” Señala que si bien esta actividad ha sido
desarrollada en condiciones infrahumanas ha significado un ingreso digno para
estas familias.
Desde hace varios años se ha venido hablando del
cierre del relleno sanitario: “(…) ya que los lixiviados caen por debajo del
relleno contaminando el río Cauca, el cual llega hasta la planta de tratamiento
de Puerto Mallarino, por ser agua intratable, esto no es culpa de los
recicladores, ni del reciclaje, ya que no se han usado técnicas adecuadas como
son las de separar residuos sólidos entiéndase por ello plástico, vidrio,
cartones y realizar un proceso de inoculación de bacterias con el principio de
los termógenos, convierte una asada de 6 toneladas de material orgánico, en una
tonelada de abono con características homogéneas recuperador de suelos”. Lo
anterior, a pesar de que: “Esta tecnología ha sido presentada a EMSIRVA en
varias ocasiones sin ser escuchada y tiene éxito en otras partes del mundo, con
estas técnicas se producirían miles de empleos y se recuperarían tierras
agobiadas por el monocultivo.”
El trece (13) de junio de 2008 se realizó una reunión
entre los recicladores del basurero de Navarro y algunas autoridades del
Municipio para precisar soluciones al problema que se generaría para las
familias que se quedarían sin opciones de trabajo con el cierre definitivo del
relleno sanitario. A esta reunión, por parte de las autoridades asistieron: “la
doctora Eliana Salamanca, Secretaria de Gobierno; el doctor Héctor Guillermo
Banguero, Director del Dagma;
doctor José William Garzón, Director de la CVC y doctor David Millán Orozco,
Subdirector del POT”. Los compromisos acordados entre los recicladores y
las autoridades municipales fueron:
•     “Despacho del
Alcalde: reconvención laboral de 200 recicladores del basurero de Navarro
•     Dagma: oferta de empleo, dependiente
del traslado por parte de la CVC, 50 trabajos para corte de prados y
enlucimiento de zonas verdes
•     Secretaría de
educación: educación gratuita para los hijos de esta población.
•     Secretaría de
bienestar social: vivienda para las madres cabeza de hogar
•     Vivienda: 100
familias a otros proyectos
•     Planeación
Municipal: acompañamiento en la agremiación de recicladores incluido el plan de
gestión integral PGIRS
•     CVC: ochocientos
quince millones de pesos, para ser ejecutados por la entidad y proyectos que
generen empleo relacionado única y exclusivamente con el reciclaje
•     ESMIRVA: plantea
que vinculará 150 recicladores extendida a 2090 para las labores de recolección
y barrido.”
El 25 de junio de 2008 fue clausurado definitivamente
el relleno sanitario de Navarro, día para el que estaba previsto que se
hubieran efectuado las contrataciones, sin embargo, afirman los recicladores: “Hoy
18 de julio de 2008, después de 23 días, sin la oportunidad de obtener el menor
ingreso por el trabajo que me fue arrebatado, vemos en peligro la vida de
nuestros hijos y la propia por causa de la falta de alimento ya que es muy poco
lo que podemos conseguir. De igual forma la vida de toda la familia está en
riesgo a causa de no poder acceder a los servicios de salud.”
Consideran los recicladores que esta situación
constituye “(…) una violación del derecho al trabajo (art. 25 CP), y por
consiguiente de los derechos a la vida (art. 11 CP), a la salud (art. 49 CP) y
a la seguridad social (art. 48 CP) y el derecho a la subsistencia (…).”
Con base en los hechos descritos, eleva las siguientes
pretensiones:
“(…) tutelar los derechos fundamentales
invocados en la presente acción de tutela y en consecuencia ordénese a las
entidades demandadas o a quien corresponda en virtud del principio de confianza
legítima que nos permitió por varios años realizar la labor de reciclaje
estableciendo ésta como nuestra única fuente de ingreso y por ende de
subsistencia, lo siguiente:
1. Se ponga en marcha de manera inmediata
por parte de las entidades demandadas o a quien corresponda, en coordinación
con las autoridades municipales pertinentes, un plan inmediato de reubicación
laboral digna que impida el deterioro de nuestra calidad de vida y nos
garantice el acceso a nuestros derechos constitucionales.
2. Se garantice el derecho a la vida digna
de mis hijos y toda mi familia que se encuentra en inminente riesgo, derecho
que está siendo vulnerado al ser arrebatado nuestra única fuente de empleo
desarrollada por tantos años.
3. Se reconozca el salario correspondiente
a brazos caídos por cada día que he dejado de laborar en el basurero de
Navarro, donde generaba ingresos promedio de $50.000 diarios trabajando de
lunes a sábado, en concordancia con lo establecido en la legislación laboral
vigente en Colombia.
4. Se de un tratamiento laboral especial a
las personas pertenecientes a grupos vulnerables como son los discapacitados y
adultos mayores que no se encuentran en igualdad de condiciones pero que
también obtenían su sustento de la labor en el basurero de Navarro.
5. Se brinde especial protección a los
menores involucrados para que tengan acceso a sus derechos fundamentales.”[3]
Dentro de los procesos de tutela fueron adoptadas
diferentes decisiones por los jueces de primera y segunda instancia, en algunos
casos fue concedido y en otros denegado el amparo. Estas decisiones se
encuentran en el anexo que acompaña la presente sentencia.
2.
Intervenciones de las autoridades demandadas.
2.1.
Intervención de la Empresa de Servicio
Público de Aseo, EMSIRVA ESP.
La Empresa de Servicio Público se Aseo de Calí
“EMSIRVA ESP” intervino ante el Juez de primera instancia para oponerse a las
pretensiones, debido a que, según la entidad, “no existe ninguna relación
contractual o legal del accionante con mi representada, por ende tampoco se
puede endilgar ningún tipo de responsabilidad frente a los hechos.”
Relata que EMSIRVA es una empresa industrial y
comercial del municipio que, en el marco de la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de
2001, tiene como objeto: “la recolección de residuos, principalmente
sólidos, con los componentes, modalidades, clases y sus actividades
complementarias de trasporte, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y
disposición final de tales residuos”. Esta actividad es desarrollada en el
Municipio de Santiago de Cali, como parte de un mercado en el que se compite
libremente con aproximadamente diez empresas que desarrollan la misma
actividad.
Afirma que antes de la Ley 142 de 1994 la disposición
final de residuos se realizaba principalmente en botaderos a cielo abierto con
resultados muy ineficientes durante todo el proceso. Durante la década de los
90 se adoptaron diversas regulaciones relacionadas con temas de protección del
medio ambiente, entre ellas: “(…) mediante la Resolución 336 de septiembre
15 de 1999, la CVC impuso un plan de manejo, recuperación y restauración
ambiental para la clausura y sellado del basurero de Navarro y recuperación de
un relleno sanitario transitorio en el Municipio de Santiago de Cali,
disponiendo el acto administrativo citado que la medida de construcción del
relleno transitorio en Navarro, constituía una medida de carácter estrictamente
transitoria, ante la inexistencia actual de otro lugar adecuado para hacer la
disposición final de residuos sólidos del Municipio, y que por tanto en un
término máximo de tres (03) años la administración Municipal, EMSIRVA ESP y la
empresa de Servicios y Técnicas Medioambientales SERVIAMBIENTALES, deberían
localizar y acondicionar un sitio apropiado para la correcta disposición y
manejo de los residuos sólidos generados por el municipio de Cali (…).”
Entre estas normas, orientadas a mejorar las
condiciones de disposición final de residuos sólidos, también se adoptaron el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento básico, RAS, el
Decreto 1713 de 2002 (artículo 86) y el Decreto 838 de 2005 (artículo décimo,
numeral 9), a través de los cuales se determinó que: “(…) en los sitios
donde se opera esta actividad se prohíbe el acceso y convivencia de personas
dentro del mismo, así como también se prohíbe que en estos sitios donde se
realiza dicha actividad complementaria del servicio de aseo de disposición
final, se realicen actividades de reciclaje en los frentes de trabajo del
relleno.” Debido a esta circunstancia en muchas oportunidades se requirió
apoyo de la fuerza pública para garantizar el desarrollo de la disposición de
residuos, lo que a su juicio mostró que: “(…) mientras se efectuara la
disposición final en Navarro no se podría dar cumplimiento a las disposiciones
legales que rigen la operación de los sitios donde se opera el sistema de relleno
sanitario bajo la normatividad anteriormente mencionada y especialmente lo
referido a las normas ambientales (…)”.
Dentro del contrato suscrito por EMSIRVA, en todo caso
se estipularon medidas para proteger la actividad de los recicladores, reconocida
como una actividad económica. Señala la empresa: “(…) se pactó que estos
implementarían un sistema donde la población que se dedica a dicha actividad
pudiera realizar la actividad económica de reciclaje mediante unas bandas que
no les permitieran estar al frente donde se opera la disposición final, como
una medida transitoria y con el objeto de atenuar la situación de cumplimiento
a los normativos citados, bajo los cuales siempre se le imputó
responsabilidades al operador del sitio de disposición final en navarro por la
presencia de recicladores; sin que ello fuera de su responsabilidad por
tratarse de una obligación de la órbita de la autoridad pública y de orden
social, y a pesar de haber solicitado a la autoridad municipal su intervención
en el tema no fue posible encontrar una solución a esta problemática social.”
La creación de sistemas de aprovechamiento de residuos
sólidos fue delegada en los municipios, según el Decreto 1713 de 2002 (Título
I, capítulo VII, artículos 67 a 87), los cuales deben, mediante el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, definir: “(…) un conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos por
el ente territorial (…)” dirigidos a la recuperación y aprovechamiento de
los residuos sólidos. Estos Planes, en concordancia con la Política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, deben atender a los siguientes principios:
» Gestión integrada de residuos sólidos,
GIRS, (reducir en el origen, aprovechamiento y valorización, tratamiento y
trasformación y disposición final controlada.)
» Análisis integral del ciclo del producto.
» Gestión diferencial de residuos
aprovechables y basuras.
» Identificación de los diferentes grados
de responsabilidad.
» Planificación.
» Gradualidad.
En este marco regulatorio, considera que el reciclaje
es una actividad económica que puede ser desarrollada por cualquiera en un
mercado libre: “(…) si bien la actividad de recuperación y aprovechamiento,
se encuentra regulada y debe estar contenida en los PGIRS de cada Municipio, la
realización u operación de ella, constituye una actividad económica que debe
ser realizada de manera libre, pero en cumplimiento de las normas que la
regulan como actividad, por cualquier persona natural o jurídica, de hecho el
artículo 68 del Decreto 1713 de 2002 dispone que, la actividad de
aprovechamiento de los residuos sólidos puede ser realizado por las empresas
prestadoras del servicio público, por personas naturales o jurídicas.”
De todo lo anterior concluye que EMSIRVA no ha
vulnerado ningún derecho fundamental y, por el contrario, ha dado estricto
cumplimiento a las normas de protección del medio ambiente en esta materia. Los
recicladores puede seguir desempeñando la labor que desarrollaban antes del
cierre del basurero de Navarro, dentro de los estándares fijados por la
normatividad vigente: “(…) el problema planteado por el accionante en esta
acción constitucional, es un problema de índole social y de reincursión en la
escala laboral, soportado en una supuesta falta de fuente de trabajo, situación
que como se expresó en el párrafo anterior, no corresponde a la realidad porque
la actividad de aprovechamiento o recuperación como tal bajo condiciones
técnicas no ha sido prohibida, estas personas pueden realizar y ejecutar su
oficio como todos en Colombia, procurándose sus propios clientes y no de manera
autoritaria como antes lo hacían en Navarro bajo el uso de la fuerza (…)”.
En relación con los hechos presentados en la demanda
afirma que: “Es cierto que la actividad de disposición final en Navarro se
ha realizado por espacio de mas de treinta años, y que tal como se expresó en
los antecedentes jurídicos formulados al inicio de este escrito, como para la
época en que inició dicha actividad, no existían las diferentes normas y
procedimientos técnicos que regulan la operación de sitios de disposición final
de relleno sanitario que hoy prohíben la actividad de reciclaje en los frentes
de trabajo de esta actividad, si ello se ha desarrollado ha sido en total
contravía de la normatividad ambiental vigente y ha contribuido a generar la
problemática de salubridad pública en Navarro (…).”
Señala que no es cierto que el cierre del basurero de
Navarro obedezca a malos manejos en el aspecto técnico sino a que, desde el año
1996, este fue definido como un relleno sanitario transitorio: “(…) desde el
año 1996 en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de
medio ambiente, la autoridad ambiental competente impuso un plan de manejo
ambiental, donde de manera clara y teniendo en cuanta dicha normatividad,
autorizó la disposición final en Navarro bajo la tecnología de relleno
sanitario transitorio (…)”.
En relación con los compromisos adquiridos por la
administración con los recicladores afirmó: “(…) es cierto que con ocasión
del cierre del sitio de disposición final, el señor Alcalde del Municipio de
Santiago de Cali, como máxima autoridad administrativa y a quien compete
atender y determinar políticas sociales dentro de su territorio, teniendo en
cuenta los requerimientos y peticiones efectuadas por los recicladores de
manera individual y colectiva por quienes se encuentran agrupados a través de
cooperativas, ha convocado a diferentes reuniones en aras de analizar y tratar
de buscar alternativas a las diferentes situaciones planteadas por quienes se
han dedicado a la actividad de reciclaje, y que dentro de ellas se han lanzado
diferentes propuestas o planteamientos por las personas que participan en
dichas reuniones, preocupados por los problemas sociales que aquejan a una
parte de la comunidad. EMSIRVA ESP. y otras instancias han asistido en algunas
oportunidades a las convocatorias Municipales, sin que ello signifique que está
empresa pueda de manera licita prescindir de 200 trabajadores legalmente
vinculados a la entidad para atender a una problemática de tipo social y
vincular en su reemplazo personas con las cuales no tiene vinculo jurídico
alguno, lo planteado en las reuniones efectuadas constituyen hipótesis respecto
de una posible colaboración, en la medida en que las condiciones de
reorganización empresarial y disponibilidad de recursos lo permitan en
desarrollo del actual esquema de intervención de esta empresa por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”
Según EMSIRVA se debe distinguir entre la actividad
económica consistente en la recolección y transporte de desechos sólidos, que
es la que realizan empresas como EMSIRVA, y la actividad económica de
aprovechamiento y recuperación de residuos sólidos que pueden o no realizar
estas mismas empresas y en las que puede participar cualquiera que cumpla con
las especificaciones de las normas ambientales. Considera, que no existen
razones constitucionales o legales que exijan la protección del desarrollo de
esta actividad económica exclusivamente por los recicladores. Se explica: “(…)
la actividad de reciclaje y lo reclamado por el accionante no constituye un
imperativo para el operador en la actividad de disposición final, ni para
ninguna de las empresas que se encargan de la prestación del servicio de aseo
en las actividades de recolección y transporte en cuento que, dichos desechos
deban ser entregados a determinadas personas como el accionante, pues como
actividad económica libre podría ser aprovechada por las mismas empresas
prestadoras de servicio público o por cualquier  otra persona natural o
jurídica que elija desarrollar el ejercicio de la actividad liberal; sin que exista,
por ello obligación constitucional o legal de garantizar o proteger la
actividad económica a unos cuantos (…).”
Concluye que no se vulnera ningún derecho fundamental
por cuanto no existe ningún tipo de relación contractual con los recicladores y
se está dando cumplimiento a normas legales sobre protección del medio
ambiente. La acción de tutela, a su juicio, debería declararse improcedente por
cuanto el recurso constitucional idóneo para este tipo de casos es la acción
popular.
Solicitan para terminar: “(…) ser desvinculados de
la presente acción de orden constitucional” y, en razón del numero de
tutelas que se han presentado con identidad de objeto: “se acumulen las
acciones que corresponde conocer a su despacho”.
2.2.
Intervención de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC – se pronunció sobre los hechos esgrimidos en la demanda para manifestar
que entre esa entidad y los recicladores del basurero de Navarro no ha habido “ninguna
relación contractual”.
Sobre las razones técnicas que explican el cierre del
basurero de Navarro señala que:
“(…) la decisión de la clausura y cierre
definitivo del basurero de Navarro se originó por no ser el sitio mas adecuado
desde el punto de vista técnico y del uso del suelo para realizar la actividad
de disposición final de residuos sólidos, la cual se materializó mediante Auto
de trámite de diciembre 20 de 2006 expedida por la Dirección de gestión
ambiental Suroccidente en concordancia con el Auto de trámite de junio 4 de
2008 expedido por el Director General donde se ordenó la cesación inmediata de
la disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitoria – vaso 7 y se
prohíbe la disposición final de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA ESP, ubicado en el corregimiento de Navarro, municipio de Santiago de
Cali, por haberse agotado su vida útil y por tener serias limitaciones
ambientales y técnicas y ser considerada la zona como futura área de expansión
urbana para el municipio de Cali, conforme al plan de ordenamiento territorial
del municipio de Santiago de Cali, para continuar realizando la disposición
final de  residuos sólidos de la ciudad de Cali y de otros municipios. Así
mismo por estar el basurero construido desde el punto de vista ambiental en el
sistema acuífero del Cauca; hidrológicamente esta ubicado en una zona de
humedal sobre una madrevieja del Río Cauca, cuerpo de agua que de acuerdo con
los reportes de la Corporación se encuentran contaminados por las actividades
de la mala operación y disposición de residuos sólidos; geológicamente, la zona
pertenece al depósito aluvial cuaternario del Río Cauca, conformado por
intercalación de arenas, gravas, limos y arcillar, construyéndose el terreno en
delgadas capas de arcilla no suficientes para cubrir las necesidades de
material de cobertura; hidrogeológicamente el nivel freático de la zona en
tiempo de invierno varía entre 1.00 y 2.00 metros de profundidad y en verano la
zona se encuentra en 2.00 y 4.000 metros, profundidades no aptas para la
localización de un relleno sanitario profundo ni mucho menos de basurero
alguno; contaminación del acuífero por presentar altas concentraciones de
cloruros, hierro, dureza, fenoles y coniformes fecales muy por encima de los
valores admisibles establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
para agua potable, con presencia de nitritos, nitratos y metales pesados,
características que indican que existe un proceso de contaminación a gran
escala; el acueducto de Puerto Mallarino, que abastece el 75% de la población
de Cali, se encuentra localizado a 4 Km. de la desembocadura del canal interceptor
Sur de Aguablanca, conocido como Canal de Navarro, el cual presenta
contaminación por lixiviados, provenientes de las zonas de disposición, aunado
al hecho de loa ineficiente operación, la falta de cubrimiento diario de las
basuras, presencia de aves de rapiña, roedores, ventores, presencia ilegal de
recicladores en el frente de trabajo lo cual impedía las labores de cubrimiento
diario. No implementación de un sistema de tratamiento de lixiviados los cuales
se almacenaron en lagunas que se rebosan en la época de invierno y son
bombeadas  a canal interceptor que llega al río Cauca, actividades que atentan
contra la vida, el ambiente y la salubridad pública, conforme al concepto
técnico expedido por la señora Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial de fecha de enero 16 de 2003, donde se avala desde el punto de
vista técnico todas las actuaciones administrativas tendientes a la clausura y
sellado definitivo, instando al municipio de Santiago de Cali como responsable
de la disposición final de residuos sólidos generados en la ciudad y en otros
municipios, para que en coordinación con las entidades que prestan el servicio
público de aseo, adelanten el proceso de consecución de un lote o sitio en el
cual se pueda realizar la disposición final, solución que debe ser técnica y
ambientalmente viable y cuyo proceso debe tener presente, que este tipo de
proyectos requieren de licencia ambiental de conformidad con lo establecido en la
Ley 99 de 1993 y la norma actual Decreto 1220 de 2005.”
En relación con los compromisos adquiridos con los
recicladores con anterioridad al cierre del basurero, señala que: “(…) en el
instructivo no se soportó ni reposa prueba alguna que señale el compromiso de la
Corporación para solucionar la problemática de los recicladores teniendo en
cuenta que no existe ni ha existido relación contractual alguna y mucho menos
está dentro de nuestras funciones ambientales el solucionar problemáticas
sociales generadas por la prestación de servicios públicos (…)”, ya que su
objeto es, específicamente: “(…) administrador del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, con fines plenamente definidos de impulsar una relación
de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir como autoridad
ambiental las políticas y las regulaciones para la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento del territorio, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente e imposición y ejecución de
las medidas de policía, multas, preventivas sancionatorias a que haya lugar
(…)”.
Sobre el nuevo basurero de Yotocó, afirma que cuenta
con toda la viabilidad ambiental, pero no se prevé la participación de los
recicladores del antiguo basurero de Navarro. Indica la intervención: “(…)
los residuos sólidos depositados en el lote de Yotocó, es un sitio debidamente
licenciado conforme al Decreto 1220 de 2005 en concordancia con el Decreto 838
de marzo 23 de 2005, para ser operado técnicamente bajo la tecnología de
relleno sanitario, que dentro de las condiciones para operar no se
contempla la posibilidad de permanecer o ingresar ningún reciclador para
realizar la separación en la fuente de residuos, teniendo en cuenta que su
presencia impide las labores de cubrimiento, de compactación de basura,
conformación de taludes y confinamiento de residuo, generando retardos en el frente
de operación de trabajo además de riesgos a la salud y la vida de quien realiza
esta actividad.”
Concluye afirmando que carece de cualquier
responsabilidad frente a la situación de las personas que se dedicaban al
reciclaje en el basurero de Navarro y señala los que, a su juicio, deben buscar
soluciones para el problema social que representan: “(…) mi representada no
medio o estableció relación laboral o contractual con el accionante se pueda
endilgar violación a derecho fundamental alguno por parte de la Corporación y
mucho menos por la actividad individual realizada motu propio en un sitio no
apto para esa actividad, destacando mediante Resolución SGA No 336 de 1.999
articulo 3 se impuso como obligación y medida de mitigación del posible impacto
social que generaría la clausura y sellado definitivo del basurero Navarro, el
deber de implementar un Plan de Gestión Social que involucrara a los
recicladores, obligación que insisto se encuentra en cabeza del municipio y de Emsirva ESP., que para el caso concreto
la acción de tutela se torna improcedente como quiera que la controversia
planteada resulta de aquellas de orden legal que deben resolverse a través de
otros mecanismos que prevé la ley ordinaria para tal efecto (…)”. Por estas
razones, solicita: “(…) se exonere de responsabilidad y se denieguen todas y
cada una de las pretensiones y condenas solicitadas por la parte accionante
(…)”
Anexa a su intervención:
- La Resolución SGA (Subdirección de
Gestión Ambiental) 336 de 1999 de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca “Por la cual se
impone un plan de manejo y recuperación y restauración ambiental para la
clausura y sellado del basurero de Navarro, construcción de un relleno
sanitario transitorio en el Municipio de Santiago de Cali”.
- La Resolución SGA (Subdirección de
Gestión Ambiental) 394 de 1999 de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca “Por medio de la
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución SGA
No 336 de Septiembre 15 de 1999”.
- La Resolución DG (Director General) 412
de 1999 de la Corporación Autónoma Regional “Por la cual se resulten los recursos de apelación
interpuestos contra la Resolución SGA No. 336 de septiembre 15 de1999”.
- Concepto suscrito por Cecilia Rodríguez
González Rubio, Ministra del Medio Ambiente por invitación de la Alcaldía de
Santiago de Cali.
- Auto de trámite de diciembre 20 de 2006
de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca “Por
el cual se declara el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
Resolución Darsuroccidente No. 000183 DE 2005 y se ordena la cesación inmediata
de la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario transitorio de
Navarro”.
- Resolución DG (Director General) 052 de
noviembre 2 de 2007 “Por la
cual se reasume una facultad delegada y se imponen una sanción y unas
obligaciones a la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali ESP EMSIRVA ESP”.
- Resolución DG (Director General) 079 de
febrero 5 de 2008 “Por
medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una investigación y
se formulan cargos contra la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali ESP-
EMSIRVA ESP jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali”.
- Resolución DG (Director General) 084 de
febrero 7 de 2008 “Por
medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100 No.
00711-0079 de 2008 y se toman otras decisiones”.
- Auto de trámite DG (Director General) “Por el cual se declara el cumplimiento del
plazo establecido en la Resolución 0100 No. 711-0084 de febrero 7 de 2008 y se
ordena la cesación inmediata de la disposición final de residuos sólidos; el
cierre definitivo del antiguo vertedero, del relleno sanitario transitorio y de
la celda transitorio-vaso7-, y se prohíbe la disposición final de residuos
sólidos en el lote de propiedad de EMSIRVA ESP, ubicado en el corregimiento de
Navarro, Municipio de Santiago de Cali Navarro”
2.3.
Intervención del Departamento
Administrativo del medio ambiente, DAGMA.
El Departamento Administrativo del Medio Ambiente
–DAGMA- inicia su intervención describiendo el desarrollo histórico de la
actividad económica de los recicladores en el basurero de Navarro: “Navarro
desde su inicio en 1967 funcionó como vertedero de residuos domiciliarios, por
eso, año tras año se presentó el incremento de su extensión y por ende el
aumento de la población que contribuyó en el manejo de todos los materiales que
se podían rescatar tales como plásticos, papeles, vidrios, siderúrgicos entre
otros, por lo tanto el Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAGMA –
desde su creación a partir del Acuerdo No18 del 30 de diciembre de 1994 y en
calidad de sus funciones entre cuales se encuentra la de reformular e
implementar políticas cobijadas bajo las normas ambientales superiores y
realizar seguimiento y control de dichas disposiciones frente a todas las
empresas y personas susceptibles de producir contaminación a los suelos, aguas,
aire, la flora, la fauna y la comunidad, con respecto a la zona de Navarro, se
ha encargado de velar por el cuidado y manejo ambiental que se le ha dado al
vertimiento de basuras junto con el impacto ambiental que causa dicha zona, mas
no ha intervenido en la infraestructura laboral que se creó a partir del inicio
en la zona de Navarro con la recolección de materiales reciclables.”.
En relación con los compromisos adquiridos con los
recicladores de Navarro indica que: “(…) el DAGMA por NO poseer
recursos económicos propios no podría ser una entidad generadora de empleos
directos, por lo tanto como solución, se planteó contando con el aval de
traslado de recursos por parte de la CVC a nuestra entidad, podríamos generar
soluciones a la problemática social vinculando a los recicladores en las
cuadrillas de trabajo para el corte de prado y enlucimiento de zonas verdes (50
trabajadores) donde la presente propuesta no fue aceptada por el señor Director
de la CVC, por lo tanto el DAGMA no podrá en adelante seguir con sus
compromisos frente a los recicladores, hasta tanto no se llegue a un acuerdo
con la dirección de la CVC.”
Resalta que el cierre del basurero de Navarro responde
a una orden impartida dentro de una acción popular y a la solicitud reiterada
de los habitantes de la ciudad de Cali. Con todo, no hace ninguna solicitud
frente a la acción de tutela.
Anexa a su intervención copia del Acta “Reunión entre los representantes de los
recicladores de Navarro, representantes de la administración municipal, CVC,
EMSIRVA y Personería”
celebrada el 13 de junio de 2008.
2.4.
Intervención de la Dirección Territorial
de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca.
Inicia esta entidad su intervención señalando que es
ella, “(…) por competencia
funcional [a quien] le corresponde atender todo lo relacionado con el sitio de
disposición final de Navarro (…)” la cual sin embargo “(…)
revisados los expedientes correspondientes al seguimiento y control ambiental
del sitio de disposición final de residuos sólidos de Navarro, no se encontró
acta de fecha junio 13 de 2008, firmada por el Director General de la
Corporación.”
Esta intervención es en su totalidad, réplica de la
presentada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, transcrita
más arriba por lo que para efectos de su intervención se remitirá a lo señalado
en el apartado 2.2.
II.
PRUEBAS.
1.
Pruebas solicitadas por la Sala.
Mediante Auto de Febrero 13 de 2009, la Sala solicitó
las siguientes pruebas:
“Primero.- Mediante la Secretaría General
de esta Corporación solicitar a la Alcaldía de Cali, al Departamento
Administrativo de Gestión Ambiental de Cali, a la Empresa de Servicio Público
de Aseo de Cali, al Departamento Administrativo de Planeación Municipal y a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en el término de cinco
(05) días contados a partir de la notificación del presente auto informe a la
Sala:
1. Cuáles han sido los avances que se han
realizado en relación con el cumplimiento de los compromisos suscritos con los
representantes de los recicladores del basurero Navarro, el 13 de junio y el 8
de agosto de 2008, especificando acciones frente a cada uno de los compromisos,
fecha de cumplimiento y beneficiarios. Así mismo deberán indicar cuáles de los
compromisos suscritos con los recicladores no han sido cumplidos aún y cuáles
son las razones que justifican dicho incumplimiento o bien cuál es el
cronograma de cumplimiento que ha sido establecido por la entidad.
Segundo.-. mediante a la Secretaría General
de esta Corporación solicitar a la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali,
Serviambientales, Plan Social y Ufprame que en el término de cinco (05)
días contados a partir de la notificación del presente auto informe a la Sala:
1. Si ha realizado algún
censo entre la población de recicladores del basurero de Navarro.
2. Si ha realizado algún proceso de
carnetización de la misma población.
3. Qué beneficios se
otorgan por pertenecer a dicho censo o tener carné de la entidad.
4. Cuál es el listado completo de las
personas censadas o carnetizadas.”
2.
Respuesta de EMSIRVA SA.
En cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, la
Empresa de Servicio público de Aseo de Cali, EMSIRVA ESP relaciona las
siguientes actividades:
- Se estudió la posibilidad de celebrar un contrato de
comodato para que los recicladores usaran unas bandas de reciclaje instaladas
en Navarro. Sin embargo, los estudios procedibilidad y legalidad mostraron que “(…) sobre estas bandas de reciclaje
EMSIRVA ESP no puede ejercer actos de propiedad, ni dominio, mucho menos de
disposición (…)”, ya que
son propiedad de SERVIAMBIENTALES SA ESP.
- Se inició un programa piloto de separación en la fuente en el barrio Brisas de los Álamos comuna
No 2, con aproximadamente 3500 suscriptores en 35 manzanas que consiste en: “(…) generar una cadena de abastecimiento
de los residuos aprovechables, generadores, recuperadores, comerciales. EMSIRVA
ESP se dio a la tarea de sensibilización ciudadana dirigida a todos los
sectores del barrio; con los comerciales del sector se gestionaron recursos
para financiar insumos como la tula azul para cada vivienda, definida por la
comunidad y presentada a una funcionaria del PGIRS; los recuperadores o
recicladores del sector, con su carreta e identificados con una camiseta del
logo del programa, en forma organizada y en condiciones mas dignas se encargan
de recoger selectivamente los residuos sólidos que las casas entregan
separadamente en una tula para el reciclaje con elementos reciclables como
papel, cartón, plástico, vidrio y metal debidamente lavado y escurrido. (…)”
- Se pretende implementar un programa de ruta
selectiva en 6 comunas de la zona norte, en el cual: “(…) se tiene definido el vehículo
recolector R105, vehículo con capacidad para 7 toneladas  modelo 1998 y s
encuentra en este momento en reparación mecánica para el alistamiento a partir
de la primera semana de diciembre. Se tiene una propuesta de logo para colocar
en el vehículo. Se encuentra en la definición la micro y la macro ruta.”
- Se celebró un contrato de comodato entre EMSIRVA ESP
y la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, para permitir el uso de una
báscula camionera de plataforma propiedad de EMSIRVA ESP en el Centro
Mecanizado de Recuperación de Residuos CMR.
- “A través de las firmas EJERSER CTA y ACERTAR, y en
la medida en que los interesados allegaron los documentos requeridos, se
gestionó la contratación, inicial de 85 recicladores en noviembre de 2008,
llegando a 112 a enero de 2009 para desarrollar actividades de barrido,
recolección y motoristas de Cali. Además con la Cooperativa UFPRAME se gestionó
la contratación de 25 recicladores, para desarrollar actividades de corte de
zonas verdes, limpieza de vías canales de aguas lluvias y control ambiental.” A lo cual agrega: “Es de aclarar que en razón a que a partir
del 6 de febrero de 2009 ingresaron a ejecutar recolección en zonas oriente,
sur y centro, los tres nuevos operadores, el personal de recicladores
contratado por las empresas EJERSER y ACERTAR trabajó hasta el día 5 de febrero
de 2009” Los cuales sin
embargo: “(…) tratarán de contratar aproximadamente 30 recicladores cada uno
a medida que se requieran”.
Sobre este mismo punto finalmente hace el siguiente
balance:
·
En la zona norte,
que sigue siendo operada por EMSIRVA ESP, quedaron contratadas 10 personas.
·
En Navarro, y por
intermedio de la Cooperativa Ufprame,
continúan contratados los 25 recicladores.
·
Con el consorcio
sellado Navarro 2008, empresa que ejecuta el contrato No. 105 de 2008 (…)
también se llegó al acuerdo de contratar entre 30 y 35 trabajadores más.
En relación con la realización de censos y procesos de
carnetización, EMSIRVA reconoce la realización de un censo entre la población
de recicladores del basurero de Navarro, el cual no fue acompañado, según
indica, de ningún proceso de carnetización: “El Municipio de Cali, a través del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal (como coordinador del PGIRS) en
cumplimiento de lo establecido en su línea estratégica 4 – (calidad en la
prestación del servicio de aseo) que contempla en el subprograma de
Fortalecimiento y Organización de recicladores y carretilleros, formuló el
proyecto “censo y caracterización de los recicladores y de la actividad de
reciclaje en el municipio de santiago de Cali”, con el fin de establecer los
aspectos culturales, sociales, económicos y demás componentes que influyen en
esta actividad para promover la organización formal de los recicladores y
bodegueros posibilitando su participación en la recuperación, aprovechamiento y
comercialización de residuos sólidos, si relación con el municipio y las
personas prestadoras del servicio.”. Sin embargo, como se dijo, este censo no fue
acompañado de ningún proceso de carnetización.
Anexa a su respuesta un listado del personal de
recicladores, 112 personas, contratado al 05 de febrero de 2008 por intermedio
de EJERSER y ACERTAR y un listado del personal laborando en EMSIRVA ESP, 25
personas, laborando en el sitio de disposición final de Navarro por medo de la
Cooperativa Ufprame mediante
órdenes de servicio.
3.     Respuesta
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de
Santiago de Cali.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal
de la Alcaldía de Santiago de Cali describe así los avances en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos con los recicladores:
“El compromiso No uno (1) adquirido por
parte de EMSIRVA ESP, plasmado en el Acta del 8 de agosto de 2008 para entregar
en comodato bandas transportadores a los recicladores NO SE CUMPLIÓ por formar
parte estas de un litigio no se puede entregar a terceros, siendo estas
reemplazadas por una báscula que servirá para opera el centro de acopio piloto
en asocio con el municipio de Santiago de Cali y recicladores.
El compromiso No dos (2) adquirido por
parte del Municipio de Santiago de Cali y EMSIRVA ESP, plasmado en el acta de 8
de agosto de 2008, para entregar permanentemente un volumen identificado de
residuos para el funcionamiento de las bandas NO SE HA CUMPLIDO por lo señalado
en el compromiso No 1 PERO SI SE CUMPLIO con la conformación del Comité de
Gestión Empresarial para apoyar el emprendimiento de la asociación de
Recicladores de Navarro, con participación de EMSIRVA ESP, el Municipio de
Santiago de Cali, la Personería Municipal de Cali, la Asociación de
Recicladores y la Arquidiócesis de Cali.
El compromiso No tres (3) plasmado en el
Acta de 8 de agosto de 2008 relacionado con la entrega en funcionamiento de la
planta de separación de residuos en el término de 90 días NO SE CUMPLIÓ se
encuentra en proceso de fortalecimiento el montaje del Centro de Recuperación
de Residuos Sólidos Inorgánicos  en la comuna cuatro (4), mediante la cual se
vincularon entre 25 y 30 recicladores para el proceso de selección,
clasificación y beneficio del material reciclable.
El compromiso No cuatro (4) plasmado en el
acta de 8 de agosto de 2008, donde la Alcaldía de Santiago de Cali, se
compromete a dar 375 empleaos por tres (3) meses SE CUMPLIO en su totalidad con
todos los contratos para los recicladores beneficiarios y fueron remunerados
plenamente, dicha labor se efectuó a través del DAGMA, con el apoyo de la
Arquidiócesis en la sede educativa de Santa Isabel de Hungría, así el Municipio
cumple 100%”. Agrega que
prolongará por dos meses más “(…)
los empleos de emergencias para los mismos 375 recicladores (…)”
En materia de salud señala que esa dependencia “(…) ha censado a través del SISBEN un
numero de personas de 1247 en la cabecera de Navarro en el programa de
recicladores”. Sobre las
otras entidades afirma que:
“EMSIRVA ESP cumple con ciento diez (110)
empleos de los doscientos veinte (220) ofrecidos, cumple en un 50%; la CVC
cumplió con los 30 empleos de emergencia por un lapso de tiempo de tres meses,
es decir, cumple con el 100%.
Adicionalmente a través de la Secretaría de
Bienestar Social, se realizó la vinculación de noventa (90) mujeres
pertenecientes a la comunidad de recicladores a un proyecto de desarrollo
social empresarial.”
En relación con los demás compromisos continúa:
“El compromiso No cinco (5) plasmado en el
Acta de 8 de agosto de 2008, de gestionar por parte de la CVC la suma de
$815.000.000.00 NO SE CUMPLIÓ a la fecha se encuentra pendiente por parte de
esa corporación dicho desembolso los cuales serán destinados para la comunidad
de recicladores para atender proyecto de capacitación y organización de los
recicladores de Navarro.
En el tema de educación se tramitaron
solicitudes de ingreso de educación para hijos de recicladores de veinte (20)
cupos.
El Municipio de Santiago de Cali –
Secretaría de Vivienda Social realizó gestión ante el Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo para obtener 375 subsidios, en el marco del Plan nacional
de vivienda para recicladores.
La administración municipal en el Centro de
Salud Navarro, realizó para su población una jornada de atención en salud.
La Alcaldía de Santiago de Cali –
Departamento Administrativo de Planeación el 30 de diciembre de 2008, en las
instalaciones del Consejo Municipal, ofreció un encuentro con los recicladores
de Navarro vinculados a los programas de apoyo ofrecidos por la Alcaldía en
coordinación con EMSIRVA y la CVC. Fue un espacio para la integración y
presentación de resultados alcanzados con la comunidad recicladota al cierre de
la vigencia fiscal 2008, del cual se adjunta copia.”
4.     Respuesta
de la Dirección Territorial de la Dirección ambiental Regional Suroccidente de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Antes de referirse al cumplimiento de lo compromisos
adquiridos con los recicladores, se exponen todas las razones por las cuales la
entidad considera que carece de responsabilidad en la materia y de otro lado,
carecen los recicladores de derechos frente al desarrollo de la actividad
productiva de reciclaje.
Ahora bien, frente a los compromisos contenidos en el
Acta, afirma: “Con respecto al cumplimiento del compromiso de provisión de
empleos, de que trata el punto 4 del Acta de compromiso del 8 de agosto de 2008
esta no fue firmada ni suscrita por esta Corporación teniendo en cuenta que no
existen obligaciones laborales ni contractuales con dichas personas.”  Sin
embargo, al parecer por su pura liberalidad, de conformidad con el Plan
Operativo del Proyecto 1500 “(…)
se tuvo en cuenta a 30 personas de los listados oficiales de Alcaldía los que
presuntamente ejercían el oficio de recicladores en el botadero de Navarro por
un término de tres (3) meses iniciado el 5 de enero de los corrientes (…)”.
También afirma que, relacionado con el punto anterior:
“La Corporación realizó un
proceso de capacitación y socialización pedagógica en materia de recuperación
de zonas verdes impactadas por escombros, donde temporalmente se les brindará
la oportunidad de trabajar por tres meses y posterior a ello podrán presentar
propuestas para continuar con la recuperación de las zonas verdes de la ciudad
de Cali.”
5.     Respuesta
liquidador de Serviambientales SA.
Afirma que su relación contractual con el Municipio de
Cali se extendió hasta el año 2002 y actualmente se encuentra en proceso
liquidatorio de conformidad con la Ley 222 de 1995 por lo que solicita que: “(…) se excluya a la sociedad
Serviambientales SA, en la coordinación de la inclusión de proyectos
productivos, de vivienda, actividades laborales, al igual que el suministro de
auxilios, réditos u otros estímulos que tengan disponible en este momento o
hacia el futuro (…)”.
6.     Respuesta
de la Cooperativa de Trabajo Asociado Unidos hacia el Futuro Protegiendo el
Medio Ambiente, UFPRAME CTA.
La Cooperativa de Trabajo Asociado Unidos hacia el
Futuro Protegiendo el Medio Ambiente, UFPRAME CTA, intervino para explicar
brevemente el proceso de creación de la cooperativa, el proceso de
carnetización y los beneficios derivados del mismo:
“1- En el año 2003 con el animo de ser
escuchados el gremio de recicladores se vio en la necesidad de crear un ente
jurídico que los representara de ahí nace UFPRAME CTA, y como tal en las
posteriores mesas de negociación que se realizaron con los diferentes entes
municipales, con el fin de ser reconocidos ante los mismos, se realizó un censo
organizativo el resultado de este fue 29 grupos o EAT de recicladores cada uno
conformado con 20 personas para un total de 625 recicladores reconocidos
municipalmente.
2- La carnetización que se realizó al
personal reciclador en el año de 2006, debido al orden que deseaba imponer la
empresa de Emsirva al ingreso
único de recicladores pertenecientes al Plan Social de Relleno Sanitario de
Navarro con el fin de impedir que se filtrara personal ajeno a este, esta
carnetización no se logro en un cien por ciento (100%) ya que es un personal
bastante reacio a seguir reglas, en el momento se encuentran archivados 313
carnés sin entregar, por motivos de la no cancelación del carné, del aporte de
admisión y aportes mensuales que como asociados a la cooperativa deben cumplir
de acuerdo a los estatutos que nos rigen como cooperativa.
3- Las personas que se encuentran asociados
a nuestra cooperativa y realizan sus respectivos aportes además de pertenecer
al Plan Social reconocido por la Personería Municipal tienen derecho a:
- Participar en los
diferentes beneficios que otorga la Alcaldía Municipal y sus diferentes entes
hacia el gremio reciclador como:
- Trabajo Digno
(contratos directos con la cooperativa)
- Vivienda
- Capacitación.”
A su intervención, anexa un listado “(…) de los 29 grupos creados en la mesa de negociación
interpuesta en el año 2003 ante la Alcaldía Municipal y reconocidos por
Personería Municipal cabe anotar que de ese listado solo 22 recicladores se
encuentran activos a [sic]
nuestra cooperativa.”
7.     Respuesta
de la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
DAGMA.
La Dirección del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, en su intervención reconoce la suscripción
de dos actas de compromiso con los recicladores, una el 13 de junio y otra el 8
de agosto, ambas de 2008.
Sobre la primera afirma que se han adelantado varias
actividades tendientes a acompañar el gremio de los recicladores de Cali:
“1.2 En el compromiso suscrito el 13 de
junio pasado entre la Administración Municipal y los recicladores, se
menciona que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago
de Calí; cuyo Director es el Doctor: JOHANNIO MARULANDA ARBELAEZ está llevando
a cabo el acompañamiento a la agremiación de los recicladores de Calí, proyecto
incluido en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Igualmente esta en
ejecución sendos contratos con el Comunicador Social y Magíster en
Administración de Empresas Señor Ernesto José Piedrahita y el Señor Espolito
Murillo por parte de Planeación Municipal que tiene como fin el apoyo al
fortalecimiento gremial del sector reciclador de Cali, ellos vienen adelantando
un plan de apoyo al sector que ha consistido, para el caso de los recicladores
de Navarro en:
1.2.1 Coordinación y apoyo del proceso de
suministro alimentario a recicladores (entrega de tres paquetes de mercados
para un total de 2050 mercados dentro de un total pactado de cuatro entregas
(una por semana).
1.2.2 Apoyo a los procesos de concertación
entre la Alcaldía y los recicladores de Navarro, adelantados hasta la fecha en
tres Reuniones dentro del CAM, dos (02) en la plazoleta del CAM una sesión del
Consejo.
1.2.3 Gestión ante las dependencias de las
solicitudes puntuales presentadas por los recicladores de Navarro.
1.2.4 Análisis y consolidación de las bases
de datos de planeación el SISBEN y de las organizaciones de recicladores de
Navarro, con el fin de ofrecer los apoyos respectivos dentro del plan social de
apoyo contemplado por el Municipio.
1.2.5 Coordinación en asocio con la
Secretaria de Salud de una jornada de atención en salud realizada por los
habitantes del sector de Navarro y los recicladores en el puesto de salud de la
ciudad de Córdoba.
1.2.6 Realización de reuniones con el apoyo
de la Iglesia Católica (Arquidiócesis) para la organización de los recicladores
y suministro de información.
1.2.7 Gestión ante el Sena Nacional y
Seccional en representación de la Alcaldía para el Diseño y puesta en Marcha de
planes de capacitación con una meta esperada de doscientos recicladores de
Navarro y trescientos de los recicladores urbanos.
1.2.8 Este equipo (el conformado por los
Señores Piedrahita y Murillo), vienen trabajando desde el PGIRS, también en el
diseño de una propuesta socio empresarial con los recicladores de Navarro que
involucre la participación de entidades como EMSIRVA, CVC, SENA y otras.
Agrega otras actuaciones adelantadas por la
administración Municipal en relación con el mejoramiento de la situación en las
áreas de vivienda y generación de empleo:
“2. La Administración Municipal ha
dispuesto por Acuerdo No 237 del tres (03) Julio de 2008 "POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOTA EL PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 PARA VIVIR LA VIDA DIGNAMENTE”
CAPITULO IV “CALI ES MI CASA” numeral 4.4.4 MACROPROYECTO: NAVARRO NUEVA ECO –
CIUDAD. Lineamiento de política. De acuerdo con la vocación natural y las
dinámicas socioculturales del territorio, se genera un nuevo modelo de eco –
ciudad mediante la aplicación de las figuras de los macroproyectos de interés
nacional, con no menos de treinta mil (30.000) UNIDADES HABITACIONALES,
alrededor del territorio denominado Parque Río Cauca, con posibilidades de
desarrollo de actividades productivas, recreativas, administrativas y de
vivienda; en el marco de respuestas a las determinaciones del calentamiento
global, las crisis de abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la
desaparición del empleo convencional y la recuperación del agro, con el
concurso de comunidades raizales, y estructurando el desarrollo del sector de la
Eco- Ciudad para la organización comunitaria como soporte de una visión
integral de la vivienda y el hábitat.
Objetivos:
·
Promover una
intervención integral en el corregimiento de Navarro
·
Promover la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
·
Destinar las zonas
con vocación agrícola para proyectos de seguridad y soberanía Alimentaría.
3. Hacia el medio día del miércoles 06
de agosto de 2008, el señor Alcalde se reunió con los recicladores en la
Iglesia de Ermita y les hizo la siguiente oferta, el pago de seiscientos mil
pesos ($600.000) M/C. mensuales por limpiar zonas verdes y recolectar basura en
Calí, hasta que empiece a funcionar la primera planta de reciclaje de la
ciudad, se trataría de trescientos empleos adicionales a los doscientos que
EMSIRVA le prometió a los recicladores de Navarro y a los treinta (30)
ofrecidos por la CVC oferta que no fue aceptada por los recicladores.
En relación con los compromisos adquiridos mediante
acta de 8 de agosto de 2008, trascribe los compromisos adquiridos sin referirse
a su cumplimiento, para concluir: “Conforme a lo anterior y a pesar de que
los compromisos institucionales están claros y corresponden a las demandas de
los recicladores, en las primeras reuniones sostenidas se presentaron factores
externos a la comunidad de recicladores, presentes en la mesa trabajo, en
calidad de asesores de los voceros del grupo de recicladores, quienes no
permitieron llegar a un término prudente de concertación. Solo hasta el día
ocho (08) del mes de Agoto se firmó el ACTA DE COMPROMISO, antes indicada.”
Finaliza haciendo un listado de las actividades
efectivamente desarrolladas, por diferentes entidades, en relación con los
recicladores del basurero de Navarro:
“IV.- ACCIONES DESARROLLADAS: Me permito señalarle al despacho las
actividades que se han venido cumpliendo de acuerdo con los compromisos
suscritos, según informe entregado por el Ing. Ernesto Piedrahita, Magíster en
Administración, quien actualmente se desempeña en calidad de Contratista de
Área de manejo de Residuos Sólidos del Dagma:
- En cuanto a los compromisos suscritos el
13 de enero de 2008 el Municipio ha adelantado las siguientes acciones.
1. Desarrollo de un programa de generación
de empresas para 50 mujeres cabezas de familia, pertenecientes a la comunidad
de Navarro a través de la Secretaría de Bienestar Social.
2. Gestión de 365 subsidios de vivienda
ante el Ministerio de Ambiente y Vivienda por parte de la Secretaría de
Vivienda del Municipio.
3. Realización de una jornada de salud en
la zona de Navarro por parte de la Secretaría de Salud.
4. Inscripción de 25 niños y jóvenes hijos
de los recicladores de Navarro, en programas gratuitos de educación básica y
media por parte de la Secretaría de Educación.
5. Entrega de 2.400 mercados de un promedio
de $30.000 de valor unitario para las familias recicladoras.
En cuanto a los compromisos suscritos el 8
de agosto de 2008:
Los recicladores del antiguo botadero de
Navarro han recibido beneficios del
1. Plan de Empleos de Emergencia durante
cuatro meses a través del enganche de 375 personas, de las 625 que pertenecen
al Censo de Recicladores desarrollados por la misma comunidad. Este programa
tuvo un costo de $ 2.400 millones.
2. De esta forma se ha dado un cumplimiento
del 100% al compromiso adquirido por el Municipio a través del DAGMA en materia
de empleo con los recicladores. Sin embargo, el Dagma con la directriz del alcalde Jorge Iván Ospina,
adelanta el proceso de contratación por dos meses adicionales para igual número
de recicladores. Esta inversión alcanzará los $800 millones.
3. Para dar cumplimiento al compromiso del
Municipio en relación con la instalación de una planta de recuperación de
residuos sólidos, se reservaron recursos por 1.300 millones de pesos para 2009
del presupuesto del DAGMA, los cuales están en proceso de contratación para
poner en operación un centro de acopio en la zona norte de la ciudad y
posteriormente, una planta de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. En
este espacio funcionara una báscula de Emsirva,
que reemplazará la banda transportadora que en principio estaba previsto
operara en el sitio.
4. El centro de acopio iniciará operaciones
en el segundo semestre de 2009 con una mano de obra del sector reciclador de
Navarro, de entre 50 y 60 personas. Actualmente se encuentran en fase de diseño
con Emsirva y Ciudad Limpia
(Empresas del Servicio Público de Aseo de la Ciudad), las rutas de recolección
selectiva en las zonas norte y centro de la ciudad, sector que abastecerá el
centro de acopio.
5. Se trabaja también actualmente en el
diseño organizacional de la empresa que se encargará del manejo del centro de
acopio. En la empresa participarán los recicladores no solo como operarios sino
también como socios de la misma, también se proveerá la participación de
empresarios del reciclaje de la ciudad, incluidos los bodegueros formalizados.
6. Adicionalmente, y aunque no estaba en
los compromisos suscritos con los recicladores se ha ofrecido apoyo con
subsidios de $750 mil cada uno, a 40 familias recicladoras de Navarro que
invadieron el Carillón del río Cauca, a través de la Secretaria de Vivienda.”
8.     Amicus
Curiae presentado por la Fundación CIVISOL.
La Fundación Civisol “Fundación para  la
construcción cívico-solidaria de un cambio sistémico” presentó un Amicus
curie suscrito por Adriana Ruiz-Restrepo ciudadana colombiana identificada con
la de cedula de ciudadanía 66.836.163, Arbeláez, ciudadana colombiana
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31 539836;
Camilo Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.871.866; Sebastian
Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.874.049; Maria López
Castaño identificada con cédula de ciudadanía No. 53.905.239 y Claudia
Benavides Hurtado identificada con cédula de ciudadanía No. 67.019.163 y
Shailly Barnes, ciudadana estadounidense identificada con un numero de
seguridad social terminado en 469.
La intervención comienza explicando las condiciones de
pobreza y marginación en las que se encuentran los recicladores de la ciudad de
Cali, desde hace varias décadas cuando comenzó a desarrollarse esta actividad
productiva como un medio de supervivencia para muchas familias:
“En el ámbito de la pobreza urbana, los
recicladores son los pobres entre los pobres. Desde hace varias generaciones,
ancianos, hombres, mujeres y niños colombianos, muchos de ellos bisnietos de
los desplazados por la violencia  de mediados del siglo XX, llegaron a las
ciudades a refugiarse de la violencia que los sacó del campo. Para ellos, como
para sus bisnietos, sólo las bolsas de basura y los botaderos a cielo abierto
han ofrecido una oportunidad de subsistencia en la ciudad. En las pilas de
desperdicios del resto de la sociedad, estas personas marginadas aprendieron
desde hace décadas a escarbar y seleccionar el material que podían recuperar
para su propio consumo o para venderlo a negocios. Boticas o farmacias que, por
ejemplo, se interesaban en comprar frascos para envasar menjurjes y fórmulas
magistrales, entre otros comercios que compraban también cartón, latas de metal
y, papel periódico, ese que muchos años antes de que las bolsas plásticas
invadieran masivamente el comercio sirvió para empacar la mercancía que se
vendía al detal.
Con el crecimiento de los municipios y la
población, vino el incremento en la producción de basura y las ciudades
tuvieron que crear grandes vertederos centrales en donde depositar la basura de
toda la sociedad. El municipio de Cali comenzó a operar el botadero o basurero
de Navarro, en 1967. Naturalmente, las personas sin ninguna otra oportunidad de
subsistencia que rebuscarse la vida en los desechos de los demás, siguieron la
basura a su nuevo destino, el botadero de Navarro. Una extensión gigante de
desperdicios con montañas de basura fresca revuelta y un piso hecho de
desperdicios sólidos compactados por el tiempo. Un paisaje vigilado por
gallinazos, el paraíso de las ratas y las cucarachas y la única opción de vida
para miles de familias caleñas, que, como otros colombianos y latinoamericanos,
tienen la desgracia de vivir en una de las regiones naturalmente más ricas de
la tierra y humanamente mas inequitativas del mundo.
En Cali, otro tipo de recicladores,
igualmente pobres, y desde hace muchos más años que los recicladores de
botadero, vienen también recuperando y separando material reciclable a lo largo
de las calles de la ciudad. Lo hacen directamente de las bolsas y contenedores
de basura que los usuarios del servicio de aseo dejan en los andenes de la
calle para su recolección pública. Estos recicladores de calle se cargan
kilómetros el material al hombro en costales, y en ocasiones emplean
carretillas de tracción humana o mejor de tracción familiar. Otras veces,
cuando prospera el miserable negocio, logran inclusive hacerse a un triste y
débil caballo de fuerza, y así con ayuda de tracción animal pueden arrastrar
más material para venderle a las bodegas intermediarias y las grandes
industrias compradoras. En efecto, los grandes actores de este negocio de la
basura compran residuos sólidos aprovechables a los más pobres de la ciudad
para luego volverlos materia prima secundaria y reingresarlos al ciclo
económico de producción.
En ambos casos, basurero o calle, muchas de
las mujeres recicladoras que están lactando aun, y los padres que no tienen
adonde dejar sus hijos, se ven forzados a llevar a sus pequeños al trabajo, o
tienen que dejarlos solos, cuidándose entre hermanos, o confiándolos a algún
vecino. Por eso, por la extrema pobreza y desamparo de estos adultos, es que
los niños de padres sin oportunidades, sumidos en la pobreza, nacen y crecen en
circunstancias tan difíciles que luego, paradójicamente, aterran y conmueven a
toda la sociedad que se entera de la desnutrición o victimización sexual de sus
niños más indefensos. El abandono que es la pobreza, y la urgencia de la supervivencia,
son las razones que explican por qué los hijos de los recicladores empiezan en
el negocio de escarbar basura desde tan temprana edad. Al fin y al cabo es el
negocio de sus padres y abuelos, el oficio que desde inicios del siglo pasado
vienen desarrollando las familias más pobres y excluidas de nuestro país. Esto,
por supuesto, cuando no es que la ley los persigue, la sociedad los discrimina,
los perros los muerden, la policía los acosa, la opinión los insulta, la prensa
los invisibiliza y la administración les quita el acceso a la basura sin darles
ninguna otra opción de seguir viviendo”.
A juicio de los intervinientes, estas condiciones de
pobreza histórica propias de los recicladores, se acentuaron para los de
Navarro debido al cierre del botadero, que no estuvo acompañado de ninguna
medida para reducir el impacto de la decisión:
“Para la administración no debería ser
difícil imaginarse que si alguien depende de la basura y se la quitan, se
arriesga su vida. Tampoco debería ser difícil imaginar que si uno sólo
encuentra oportunidades en los desperdicios de los demás, es porque no tiene
otras opciones de trabajo y sustento a su disposición.
Precisamente la gran vulnerabilidad de la
población recicladora explica que la decisión del cierre del botadero, haya
terminado por crear empobrecimiento en personas que ya de por si están en
situación de pobreza, y de paso aumentar el riesgo a su mínimo vital. (…)
Haber cerrado el basurero de Navarro sin
ofrecer alternativas adecuadas que garanticen el mínimo vital de las personas
que pierden su fuente de trabajo y sustento, equivale a cerrar, aun más, la
trampa de pobreza en la que han vivido, y no ofrecerles salida alguna. Cerrar
una fuente de economía informal en un país en desarrollo y en situación de conflicto
es estrechar la ciudadanía de los colombianos en pobreza hasta asfixiarles el
espacio que ocupan para vivir en el país”
Se describen las condiciones en las que fue encontrada
esta población en la ciudad de Cali:
“Con ocasión de la visita a los recicladores
de Cali para ayudar en la recopilación de material probatorio para la Corte,
CiViSOL pudo constatar el mayor empobrecimiento de los recicladores y la
angustia de estar en un callejón sin salida. Muchas de estas personas
manifestaron estar alimentándose de la caridad o de las sobras que quedan
abandonadas en el piso en la galería de Cali. Muchos de ellos que habían
logrado tener un techo sobre sus cabezas se enfrentan hoy al corte de los
servicios públicos domiciliarios legales por mora, y al posible desalojo de sus
viviendas por el no pago de sus obligaciones arrendatarias. El alimento para
sus hijos escasea y, o aguantan hambre, o tienen que separar sus familias y
mandar a los pequeños donde un pariente en otra ciudad que les pueda asegurar
comida y abrigo. (Ver testimonios en video de CiViSOL para la Corte
Constitucional adjunto)
En su visita a campo CiViSOL pudo constatar
que muchas de las personas visitadas son madres cabezas de familia, algunos
discapacitados, un porcentaje alto de adulto mayor y un sector importante de
población afro descendiente. También, y con gran preocupación, se pudo observar
que un sector importante de los recicladores se compone de jóvenes entre 20 y
35 años que buscan una oportunidad para poder realizar sus sueños, pero que,
bajo el entendido de que el trabajo que habían realizado durante varios años ha
desparecido, algunos manifestaron que se les estaba obligando a recurrir a la
delincuencia para poder subsistir.”
Posteriormente, en la intervención se hace una
cronología de la situación de los recicladores desde el inicio de la actividad
en la década de los 60 hasta la última reunión realizada entre los recicladores
y las autoridades municipales, con posterioridad al cierre del botadero, el 8
de agosto de 2008. Respecto de los compromisos adquiridos por las autoridades
en esta última, se hace una agrupación en tres categorías: (1) soluciones
temporales de trabajo para garantizar la subsistencia, (2) soluciones de
negocio para garantizar la subsistencia y (3) soluciones periféricas a la
subsistencia.
Se resalta la exclusión de responsabilidad frente al
problema de los recicladores que afirman las autoridades intervinientes. En
relación con la intervención de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, trascriben algunos apartes de su intervención y señalan:
“Contrario a lo que señala la CVC en el expediente,
la corporación sí estaba obligada a tomar parte en la prevención de la crisis
social tanto por su mandato de velar por la armonía hombre-medio ambiente como
por el artículo 3 de la Resolución SGA No. 336 de 1999. En dicho artículo la
CVC, en 1999, impuso la obligación al municipio de implementar un plan social.
Y, como toda política, una vez formulada, se espera no sólo que se dé su
implementación por quien corresponde, sino que quien la impuso realice su
evaluación, es decir verificar si cumplió su objetivo. Así pues CiViSOL no
entiende por qué la CVC no monitoreó la implementación e impacto de la
obligación que ella misma impuso al municipio. Menos aún puede entenderse cómo
y por qué, sin haber verificado que se hubiera implementado el plan de gestión
social pre-cierre de Navarro, o habiendo verificado que era insuficiente, la
CVC, en todo caso procedió, cojeando, con media política incompleta, a cerrar
el basurero y quitarle la fuente de comida y trabajo a los recicladores. Máxime
cuando tuvo 10 (diez) años para hacerlo bien hecho, diez años que han corrido
ya desde la expedición de la resolución hasta la fecha.”
Sobre el proceder de la Empresa d Servicio Público de
Aseo de Cali, EMSRVA, señalan:
“(…) para CiViSOL resulta sorprendente que
una funcionaria nacional de tal jerarquía, desconociera que sus actuaciones
deben ajustarse a un Estado Social de Derecho. Y que no sólo de una relación
contractual se desprenden obligaciones, sino que como autoridad estatal está
sujeta a la Constitución Política y por tanto en sus decisiones y actuaciones
debe tener como fin esencial proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su vida, bienes y demás derechos y facilitar la participación de
todos en la vida económica de la Nación y las decisiones que los afectan. Lo
anterior es particularmente cierto y vinculante para EMSIRVA en tanto
elaborador de los términos de referencia del servicios de aseo público
domiciliario de la ciudad de Cali, una actividad intrínsecamente ligada a la
población recicladora de la ciudad. Es decir, EMSIRVA es la autoridad que
determina el desarrollo de la recolección y el transporte de residuos y su
disposición vía estación de transferencia hasta el entierro en el relleno
sanitario de Yotocó, así como los contratos de interventoría. Y, por supuesto,
quien formula el desarrollo del componente de reciclaje o aprovechamiento de
residuos sólidos en la ciudad.
Sorprende también que sea la propia Agente
Especial de la Superintendencia, la señora Susana Correa Borrero, la persona
quien, con absoluto conocimiento, control y capacidad de decisión sobre
EMSIRVA, haya firmado el acta del 8 de agosto en la que promete entregar a los
recicladores de Navarro, mediante comodato de 10 años, las bandas
transportadoras de reciclaje debidamente instaladas y técnicamente adecuadas
para su operación y funcionamiento  así como algo, “un volumen”, de basura. No
se entiende como al requerimiento de la Corte sobre el cumplimiento de EMSIRVA,
esta entidad pueda contestar que no las ha entregado, que no puede cumplir
porque “(…) dichas bandas hacen parte del inventario de bienes entregados por
la firma Serviambientales [antiguo operador de Navarro] a EMSIRVA ESP para su
operación y custodia, pudiéndolos (sic) utilizar mientras fuese
Serviambientales SA ESP quien desarrollara la operación de la disposición final
del municipio de Santiago de Cali, lo cual a la fecha no lo hace, pues esa
operación se desarrolla por un tercero [el tercero es Interaseo, la empresa a
la adjudicó la concesión de Yotocó- Contrato 010 de de 2008 ]”
De lo anterior se concluye que, o bien la
agente interventora y responsable de EMSIRVA la Señora Susana Correa Borrero
(a) olvidó que ya había firmado contrato con Interaseo hacia apenas unos meses
y por tanto no podía comprometer las bandas, o bien (b) la señora Correa
Borrero abusó de la buena fe de los recicladores de la toma de la Ermita y para
conjurar rápidamente la situación optó por prometer lo que fuera, inclusive
algo que no podía cumplir. CiViSOL desconsidera que la Agente Especial no sabía
lo que hacía en la medida en que es una funcionaria de alto nivel del orden
nacional actuando en representación de la Superintendencia de Servicios y por
ende del Presidente de la República de Colombia.”
Finalmente, en relación con la intervención del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA / Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, indica:
“Al respecto CiViSOL no puede sino lamentar
que la Alcaldía de Cali, representada por estos dos departamentos parezca no
entender que el mínimo vital es el derecho a vivir una vida digna a lo largo
del tiempo y no en forma fraccionada, incierta y en zozobra permanente.
Sorprende también la evasiva de responsabilidad del DAGMA por no tener recursos
propios, como si todo dependiera de girar dinero para crear empleo y no tuviera
a su alcance, como autoridad que es, otras muchas formas de buscar proteger a
los ciudadanos. En la misma línea Planeación Municipal parece creer, como todas
las autoridades, que la aspiración máxima de una persona en pobreza es sólo
hacerse a un salario mínimo. No parece haber ni innovación ni voluntad
política, en encontrarles sustento a través de la reorganización de su propio
negocio, es decir vía el derecho a emprender que tienen todos los colombianos.
CiViSOL destaca que sí hay un censo de navarro y que este comprendió a 1274
personas.”
Prosigue la intervención a recordar las obligaciones
que se derivan en el diseño e implementación de políticas en un Estado Social
de derecho que implican, como mínimo, que se orienten a reducir las
desigualdades existentes y a no profundizarlas. Sobre el caso concreto señala
que estas obligaciones fueron incumplidas y la política ambiental que incluía
el cierre del botadero de Navarro terminó por profundizar la pobreza y la
marginalidad de los recicladores:
“En este sentido, es claro que para el caso
concreto las políticas públicas en materia de servicios públicos y medio
ambiente que llevaron al cierre del vertedero de Navarro -como decisión de
política de saneamiento ambiental- las autoridades involucradas estaban
obligadas a actuar, desde cada orilla, en función de Estado social de derecho.
Todo el conjunto de decisiones y actos públicos -el Estado en acción- tenía que
mejorar las condiciones materiales de los recicladores de Navarro y no
empeorarlas, es decir, empobrecerlos legalmente como en efecto ocurrió y se
evidenció.
Considerando la marginalidad y la
vulnerabilidad de los recicladores de Navarro, hechos de conocimiento público,
el Estado en el nivel local, previendo el cierre de Navarro por razones de
interés general y que cortaría el acceso al sustento de los recicladores debió
haber configurado y ofrecido medidas alternativas para preservar su mínimo
vital. Tender una mano cuando se suelta la otra; ofrecer medidas que
permitieran a los recicladores mantener una confianza legítima en las
autoridades que siempre conocieron su modo de vida y con las que tanto han ya
interactuado a lo largo de su trabajo y esfuerzos de participación.
En efecto, dentro del caso objeto de
estudio se constata como, tanto para la accionante, como para muchas personas
más, la forma en que la administración ha formulado la política pública de
desalojo del vertedero de Navarro, ha terminado por violar la confianza que
estos caleños legítimamente tenían en su administración. Si bien, las labores
de reciclaje efectuadas por la accionante, y los otros antiguos habitantes del
vertedero de Navarro, se califican como irregulares por los accionados en el
expediente, se trata en realidad de una actividad informal que fue efectuada
durante más de cuarenta años en Navarro, y que fue tácitamente permitida o por
lo menos tolerada por la administración. Es decir, una actuación pública que
resulta en la creación de “(…) derechos particulares consolidados y
fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundada en hechos externos de
la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente
legalidad de la conducta desarrollada por el particular”.”
Afirman que en el presente caso resulta aplicable la
doctrina constitucional de la confianza legítima, no sólo en razón del
incumplimiento por parte de las autoridades de los compromisos adquiridos con
los recicladores, sino por toda una historia de esfuerzos de participación por
parte de los recicladores que les permitía confiar en que la política de
disposición de las basuras sería incluyente:
“(i) consta en el expediente que en el año
de 2003 se crearon 29 empresas asociativas de trabajo para participar en las
mesas de negociación; (ii) que tanto la promulgación de la Ley 511 de 1999 como
el PGIRS constituyen promesas normativas que dieron a entender a los recicladores
que se avecinaba un horizonte de inclusión y articulación de su economía
informal a la de los servicios públicos; (iii) que las actas del 13 de junio no
son sólo hipótesis como las califica EMSIRVA ni actos caritativos de
generosidad personal, sino que constituyen compromisos públicos del Estado en
el nivel local que generan por ende, expectativas ciertas y reales en los
ciudadanos. Además de tener que basarse en un principio de legalidad, que
pareciera equivocadamente ser interpretado como marcial, rígido y vacío por la
administración, las autoridades del Estado Social de derecho, tiene que también
actuar de buena fe. Recordar entonces que su poder sólo se justifica en la
medida en que busca un interés general pero enderezado siempre a un propósito
social, es decir un Estado para el que –y por encima de las formas jurídicas de
los textos- prima la justicia material de quienes lo constituyen.
Contrario a lo que lamentablemente no vio
el a quo en este caso, los recicladores de Navarro de buena fe sí creyeron en
que la tolerancia y múltiples propuestas de soluciones paralelas al desalojo de
Navarro desembocarían en una solución de vida. Promesas que el día de hoy no
han sido cumplidas por los promitentes, son insuficientes, sólo han sido
cumplidas por un corto periodo de tiempo o sólo respecto de una parte de la
población.
Todo lo anterior demuestra que la
administración abusó de la confianza que sus administrados más pobres y
necesitados de protección, habían legítimamente depositado en la CVC, EMSIRVA y
la Alcaldía del Municipio de Cali.”
Concluye que: “(…) una medida alternativa que a su
vez constituya una acción afirmativa para los recicladores no debería ser un
asunto ni difícil ni complejo. Esto dado que (a) el mercado del reciclaje de
basura -que tan bien conocen los recicladores- actualmente se puede explotar
económicamente de modo formal en un mercado que además de rentable es
creciente, y porque (b) este no es un mercado autónomamente privado. Al
contrario, la extensión, dinamismo y rentabilidad del mercado de aseo y todos
sus componentes (transporte, recolección, disposición final, tratamiento,
aprovechamiento) dependen completamente de la regulación que haga o no el Estado
a través de su política pública de servicios públicos domiciliarios. Es decir,
de las reglas de juego que cree el Estado, y los actores que invite a jugar al
mercado o juego que se arma a través de los espacios, condiciones y tarifas que
el Estado diseñe, imponga y ofrezca o deje abandonados y libres al sector
privado. Un juego que se crea no para afirmar el poder del Estado, ni para la
alegría de los jugadores del sistema de servicio públicos, sino para beneficiar
a los colombianos usuarios de servicios públicos tales como el de aseo
domiciliario.”
Después de los anteriores análisis en la intervención
se reconstruye el marco, descriptivo y normativo, en el que habrían de
adoptarse las órdenes en el caso concreto, con miras no sólo a superar la
vulneración del mínimo vital de la cual son sujeto actualmente los
recicladores, sino hacia el futuro las condiciones de inserción en la actividad
productiva. Como contexto de las órdenes que solicita adoptar, afirma:
“La ventaja de ordenar una acción
afirmativa de inclusión económica de los recicladores a la economía formal de
servicios públicos por parte de la Corte es que existe un mercado
multimillonario que el Estado, la sociedad y el mercado podrían compartir con
aquellos que antes que cualquier otro actor detectaron, trabajaron y
aprovecharon el mercado desde el siglo pasado. Durante décadas ya, los
recicladores han contribuido a prevenir, en silencio y grandes privaciones, un
mayor deterioro ambiental en el país.
Bien vale la pena que la Corte considere
entonces, reiterar una prohibición de empobrecimiento legal de los pobres y de
paso impartir una orden que empodere jurídicamente a los sectores pobres que,
como los recicladores, tratan de sobrevivir honestamente en medio de un
maremágnum de normas, políticas y la desidia estatal. Una decisión que de paso
reitere que las políticas públicas no son la materialización de todas las
ocurrencias del funcionario de turno, sino la cadena de acciones y decisiones que,
como eslabones articulados, atan al Estado con sus constituyentes, inclusive, y
sobre todo, los que están en marginación, vulnerabilidad o indefensión. Y que
se reitere, por tanto, que es deber estructural de un Estado Social de Derecho
consultar sus decisiones y formular soluciones con los constituyentes,
particularmente, si están atrapados en pobreza, y para que las decisiones del
Estado que los afecten no terminen por asfixiarlos más, sino que al contrario
creen para ellos ventanas de oportunidad que les permitan progresivamente ir
escapando de la pobreza.
Sería contrario a la costumbre como fuente
de derecho en Colombia, a la identidad laboral y social que han forjado los
recicladores a lo largo del tiempo mediante un trabajo honesto y legítimo desarrollado
con la aquiescencia  del Estado y la sociedad, así como contrario a la
participación efectiva y al fomento a la Economía Solidaria, que la
administración no considerara la inclusión efectiva de los recicladores en la
economía del aseo de Cali, y la Corte lo asegurara mediante una orden judicial.
En este punto, CiViSOL quiere insistir que
sin una decisión firme de la Corte y órdenes claras y precisas, la fuerza del
lucro, la inversión y en ocasiones la codicia terminarán por arrancar
completamente el mercado del reciclaje de colombianos trabajadores y honestos
que, aunque en pobreza y marginación, ya llevan casi un siglo en el mercado de
la basura, asegurándose la vida y forjándose una identidad.
Si cuando la basura finalmente adquiere
valor en Colombia esta no se logra compartir con los compatriotas que más
oportunidad y protección necesitan, entonces, una frase del Nobel colombiano García
Márquez, será ante todo una premonición: “(…) ya lo verán, decía, se volverán a
repartir todo (...) y nada para los pobres, por supuesto, porque estos estarán
siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres
nacerán sin culo, ya lo verán (…)”.
Considerando que, como se evidencia en el
expediente del caso en referencia, y por análisis de contexto también se
constató, no ha habido ni a quo, ni Consejo Seccional, ni Alcaldía, ni la CVC,
ni EMSIRVA, ni Superintendente que logre proteger el mínimo vital, el trabajo,
la salud y la seguridad social y el derecho al desarrollo de los recicladores
tutelantes y demás recicladores de Cali, comedida y respetuosamente, CiViSOL
solicita a la Corte tutelar los derechos mencionados e impartir órdenes que
garanticen acciones afirmativa de inclusión para estos y los demás recicladores
de Cali, como garantía también de su derecho al desarrollo.(…)”
Finalmente solicita a la Corte Constitucional adoptar
las siguientes órdenes dentro del presente proceso:
“1. Ordenar, a titulo de medida cautelar,
la no implementación, ejecución y puesta en marcha de la ruta selectiva
adjudicada por EMSIRVA-intervenida o liquidada, en la medida en que la
adjudicación del servicio público de aseo en su modalidad especial, o de
aprovechamiento, se realizó en contravía de la Constitución, sin base legal y
en contravía de la voluntad municipal y una población vulnerable ya incluida.
Se prohibirá que los concesionarios empiecen a operar. En todo caso de
conflicto los derechos de los recicladores a ser incluidos en la ruta selectiva
son de mayor rango, de naturaleza legal y priman en el tiempo sobre los de los
concesionarios que en todo caso no podrían haber adquirido ninguno por carecer,
la adjudicación de ruta selectiva, de fundamento legal. En todo caso, de haber
lugar a acciones de responsabilidad estas recaerían sobre las decisiones que
tomó el agente especial interventor y no sobre la entidad intervenida que
perdió control frente a este.
2. Ordenar que en el término de dos semanas
se conforme en la ciudad de Cali un Comité Municipal para la inclusión de los
recicladores a la economía formal del aseo. Dicho Comité estará co-presidido
por el Alcalde Municipal y el Defensor Regional de Derechos humanos y el
Director de DANSOCIAL o su delegado con voz y voto, así como por un
representante del DAGMA, un representante de la entidad que coordine el PGIRS ;
el/la representante legal de FERESURCO, el /la representante legal de UPFRAME;
el/la representante legal de la Asociación de Recicladores de Navarro; el/la
representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores y el/la
representante legal de la Asociación de Recicladores de Bogotá, organización
invitada con voz y voto al Comité por su experiencia en la situación similar de
Bogotá y por su reconocido liderazgo internacional (Premio UNHABITAT). En todos
los casos los recicladores podrán asistir acompañados de sus asesores.
A las reuniones podrán asistir también con
voz pero sin voto un delegado de la Arquidiócesis de Cali, uno de la
Universidad del Valle y uno de la Fundación Carvajal en representación de la
sociedad civil organizada de Cali y aparecer como acompañantes del proceso en
el expediente y la investigación. En la medida que para el momento de esta
decisión EMSIRVA haya sido liquidada, su liquidador, por carecer de
competencias más allá de la función de liquidar, podrá participar pero no
decidir como parte del comité. En todo caso, y como consecuencia del Estado
Social de Derecho que también representa, deberá buscar el mayor impacto social
en las decisiones, que con carácter técnico, tome al momento de liquidar. El
comité informar periódicamente a la Corte Constitucional el avance de su
gestión, el alcance de sus decisiones y los tiempos de implementación.
3. Ordenar que el Comité de Inclusión sea
el responsable de decidir y configurar las acciones afirmativas en un lapso de
6 meses que luego la administración de Cali implementara, dentro del término
perentorio que defina el Comité. El Comité está obligado a configurar
soluciones que abarquen a los ex-recicladores de Navarro y los recicladores de
calle.
Se tendrán por ex-recicladores de Navarro
todas aquellas personas que el DAPM censó y subsidiariamente podrán tenerse
como ex-recicladores de Navarro las personas que figuran en las bases de datos
de las cooperativas, EATs y otras organizaciones que funcionaron en Navarro y
que aparezcan inscritos con anterioridad al 1 de marzo de 2009. De igual forma
se procederá para determinar quiénes son recicladores de calle en la ciudad de
Cali.
De declararse inexequible la Ley 1259/08,
tendrán prelación en la inclusión los ex -recicladores de Navarro en el
negocio.
Entre muchas otras alternativas el Comité
deberá evaluar y decidir sobre la factibilidad de entregar el total de ruta
selectiva  a los recicladores organizados de la ciudad de Cali, o si lo hace
parcialmente y si lo uno o lo otro se hará en forma escalonada. Asimismo
decidirán sobre la necesidad y procedencia de un esquema de negocio que atraiga
la inversión del sector privado a la economía solidaria de los recicladores.
Así mismo este Comité decidirá
sobre los Centros de acopio o Plantas de Separación de materiales que funcionen
en Cali.
En la medida en que, como lo
señalara el Consejo de Estado, la basura es propiedad del Estado y puede
cederse a quien en su representación la recoja en la calle, el municipio la
cederá los       recicladores organizados que operen las rutas selectivas y/o
los centros de acopio según decida el comité.
El SENA, llegado el momento,
concurrirá a la capacitación y puesta en marcha de las decisiones técnicas.
4. Exhortar al Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
DANSOCIAL a convocar a un foro nacional en donde se convoque a la sociedad
civil y la academia a discutir la mejor forma de aprovechamiento de residuos
sólidos. Los recicladores tendrán un espacio para explicar su visión de negocio
como estrategia de reducción de la pobreza. Los empresarios e inversionistas en
aseo expondrán la proyección del negocio y los nichos de oportunidades. Como
resultado de este foro las entidades convocantes elaboraran un plan de
aprovechamiento de residuos sólidos con inclusión social que en forma
inequívoca sirva para orientar a las entidades territoriales en el desarrollo
del quinto propósito de la política de aprovechamiento. Con debida antelación
se anunciará la presentación del borrador en el canal institucional que luego
se difundirá ampliamente y se someterá a la participación efectiva de la
sociedad civil. La política de aprovechamiento de residuos sólidos con
inclusión social se transmitirá ampliamente por el canal institucional.
Especial atención requerirá la decisión del
aprovechamiento como componente tarifario de aseo, la libre competencia en el
mercado de la basura y el titular o cesionario del valor económico que
propósito de inclusión que sirva a corregir la pobreza y de no adoptar medidas
regresivas. El derecho y la política pública comparada habrán de servir para
ampliar el horizonte de alternativas.
5. Ordenar a la Agente Especial de EMSIRVA
a gestionar ante el gobierno nacional, en el termino de 2 semanas, las ayudas
sociales para los ex -recicladores de Navarro a los que se comprometió en el
acta del 8 de agosto.
6. Ordenar a la CVC a afectar la partida
que quedó consignada en el acta del 8 de agosto para proyectos empresariales de
los ex -recicladores de Navarro en un término perentorio de un mes.
7. Exhortar a los concesionarios a que, a
la luz del deber constitucional de solidaridad de los colombianos y en función
de la Responsabilidad Social Empresarial, como practica de gestión empresarial
en boga, vinculen a los ex -recicladores de Navarro a su operación concesionada
por el Municipio.
8. Exhortar a las Corporaciones Autónomas y
demás autoridades ambientales a que desarrollen su mandato de velar por la
armonía en la relación del hombre y naturaleza, a la luz del Estado Social de
Derecho. Esto es, comprometerse a que, sus medidas programas y políticas, tanto
generales como técnicas, no resulten socialmente regresivas para la sociedad y
se enderecen en cambio, y en la medida de lo posible, a la reducción de la
pobreza y el logro de una mayor justicia social en el país.
9. Ordenar a la Administración de Cali la
suspensión de nuevos desalojos en la zona de Navarro, conforme lo solicitó el
Defensor regional hasta que no se conjure la crisis social causada por la
desidia de las autoridades accionadas.
10. Ordenar al DAGMA crear y promover -con
el concurso de las Organizaciones de la Sociedad Civil que a bien tengan unirse
en su esfuerzo- campañas de civismo y solidaridad dirigidas a la ciudadanía de
Cali, con miras a que los usuarios del servicio de aseo de la ciudad (a)
empiecen a separar en la fuente y (b) a ceder a los recicladores organizados la
propiedad de su basura reciclable y en tanto se inician la operación de las
rutas selectivas en la Ciudad. Para el efecto podrá facilitar, trasporte
automotor y espacios de los que disponga el municipio donde desarrollar la
tarea de separación y facilitar la carnetización del gremio de recicladores de
oficio en la ciudad.
11. Ordenar a las autoridades accionadas
extender y/o renovar los contratos que tuvieren con los accionantes de este
proceso hasta tanto, no empiecen a operar los negocios de los recicladores de
Cali que darán integración prioritaria a los accionantes en este proceso.
12. Ordenar al ICBF articular una campaña,
en coordinación con el Defensor Regional que asegure, sin necesidad de separar
a los menores de edad de sus familias, el mínimo vital de todos los menores en
riesgo hijos de ex – recicladores de Navarro y habitantes del carreteable del
que fuera el botadero de Navarro.”
III.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial reseñada, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problemas
jurídicos.
En el presente caso un grupo de recicladores de la
Ciudad de Cali interpuso acción de tutela en contra de varias entidades
municipales por considerar que éstas han vulnerado sus derechos al trabajo y a
la vida digna, con el cierre del basurero de Navarro, lugar en el que
desarrollaban desde hace 30 años la actividad económica del reciclaje, para
proveer un sustento para sí y para sus familias. Afirman que si bien dos
semanas antes del cierre del basurero las autoridades accedieron a hablar con
ellos y suscribieron un acta en la que se comprometieron a ofrecerles, entre
otras, oportunidades de empleo, de capacitación, de salud y de educación, tales
compromisos no fueron  honrados. Insisten, que al día de hoy no tiene
oportunidades de trabajo, ni medios de subsistencia.
Por su parte, la Fundación Civisol, interviniente en
este proceso, apoya la demanda, y agrega que la violación de los derechos
fundamentales de los actores no se genera exclusivamente por la omisión de las
autoridades accionadas de adoptar medidas a favor de los recicladores, tras el
cierre de Navarro, sino también por un conjunto de acciones encaminadas a
excluir a los recicladores de la participación de una actividad económica
lucrativa, como lo es el reciclaje de residuos sólidos.
Frente a estos cargos, las entidades demandas expresan
que no han violado los derechos fundamentales de los actores, porque, en primer
lugar, sus actuaciones están enmarcadas en distintas normas generales y
abstractas, expedidas con la finalidad de proteger el medio ambiente y
garantizar la eficiencia en la recolección, tratamiento y aprovechamiento de
recursos sólidos. En segundo lugar, porque no le han cerrado la puerta a los
actores para que participen de la actividad económica del reciclaje.
Simplemente, se han determinado unas reglas generales y abstractas, que deberán
ser cumplidas por todos aquellos que deseen participar en el libre mercado de
la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos. En tercer lugar, porque a
juicio de las entidades demandadas, ellas no están obligadas a realizar
acciones positivas frente a los recicladores de Navarro, porque no tienen una
relación contractual con ellos y porque dadas sus competencias en materia
ambiental, no se encuentran obligadas a solucionar los problemas sociales que
puedan haberse generado tras el cierre del botadero.
A luz de lo anterior, y aunque los actores no refieran
específicamente un cargo de igualdad en sus demandas,[4]
para la Corte es claro que este caso debe ser analizado principalmente a la luz
del artículo 13 de la Constitución, pues lo que se expresa en las distintas
acciones de tutela, al igual que en el amicus presentado por la organización
Civisol, es que en la toma de decisiones sobre el cierre de Navarra, la
apertura del botadero de Yotocó, y los procesos licitatorios para el manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos de la ciudad de Cali, las entidades
demandadas no sólo incurrieron en tratos discriminatorios, al excluir a los
actores de la posibilidad de participar en una actividad económica lucrativa,
sino que también han omitido su deber de adoptar medidas positivas, para
compensar el grado de marginamiento al que se vieron avocados tras el cierre
del botadero de Navarro.
Adicionalmente, dado el alegado incumplimiento de los
compromisos adquiridos por las entidades accionantes, el presente caso, plantea
un problema de confianza legítima frente a los actos realizados por la
administración, que deberá ser analizado por la Corte.
En este contexto, los problemas jurídicos relevantes
en el presente caso son los siguientes:
·
¿Se vulnera el derecho
a la igualdad cuando una medida, programa o política de la administración
impacta desproporcionadamente a un grupo marginado, y no se adoptan mecanismos
para mitigar dicho impacto?
·
¿Se vulnera el derecho
a la igualdad cuando i) se adoptan medidas en principio impersonales, generales
y abstractas, que generan como efecto impedir el desarrollo de una actividad
productiva a un grupo que históricamente lo ha venido desarrollando y ii) este
grupo se encuentra en condiciones de especial vulnerabilidad?
·
¿Se vulnera la
confianza legítima de los recicladores cuando, con anterioridad al cierre del
basurero del que derivan sus sustento, las autoridades suscriben con ellos
compromisos relativos a la generación de nuevos empleos, capacitación,
educación y salud, entre otros, y las autoridades los incumplen con el
argumento de no son contratistas formales y que dadas sus competencias
ambientales no tiene obligaciones sociales para con ellos?
Para proceder a resolver estos interrogantes, la Corte
comenzará por reiterar su jurisprudencia en relación con grupos marginados y
discriminados, para luego analizar el caso concreto.
3.     Los
deberes de las autoridades en torno al derecho a la igualdad de grupos
marginados.
La igualdad es uno de los pilares sobre los que se
funda el Estado colombiano. La Constitución reconoce la igualdad, como un
principio, como un valor, y como un derecho fundamental, que va más allá de la
clásica formula de igualdad ante la ley, para erigirse en un postulado que
apunta a la realización de condiciones de igualdad material. Bajo esta
perspectiva, un propósito central de la cláusula de igualdad, es la protección
de grupos tradicionalmente discriminados o marginados; protección que en un
Estado social de derecho, se expresa en una doble dimensión: por un lado, como
mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios (mandato de
abstención) y, por el otro, como un mandato de intervención, a través del cual
el Estado está obligado a realizar acciones tendentes a superar las condiciones
de desigualdad material que enfrentan dichos grupos (mandato de intervención).
En relación con el primero, existe un deber de la
administración de abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas,
programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de
exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente
desventajados en la sociedad. Esto se deriva principalmente de la cláusula de
igualdad formal y del principio de no discriminación establecido en el inciso
primero del artículo 13.
Un punto que merece la pena resaltarse, por ser objeto
de controversia en el caso que ocupa a la Corte, es que el mandato de
abstención que se deriva del primer inciso del artículo 13 constitucional, no
se dirige exclusivamente a evitar que la administración adopte medidas,
programas o políticas, abiertamente discriminatorias. También va encaminado a
evitar que medidas, programas o políticas, así éstas hayan sido adoptadas bajo
el marco de presupuestos generales y abstractos, impacten desproporcionadamente
a grupos marginados o discriminados o, en otras palabras, los coloque en una situación
de mayor adversidad. Es decir, que la Constitución prohíbe, tanto las llamadas
discriminaciones directas –actos que apelan a criterios sospechosos o
potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de
personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio,
como las discriminaciones indirectas –  las que se derivan de la aplicación de
normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto
adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o
discriminado.
Lo anterior no significa que toda medida que genere un
impacto adverso en un grupo marginado o discriminado esté proscrita por la
Constitución. Pero sí significa que frente a dicho impacto, a la administración
le corresponde demostrar que a pesar de la afectación desproporcionada para un
grupo marginado, la medida, programa o política responde a condiciones de
razonabilidad y proporcionalidad, y que la misma ha venido acompañada por otras
acciones dirigidas a contrarrestar el efecto adverso que ha podido generar en
un grupo marginado o discriminado. En tanto están en juego los derechos de
grupos de especial protección, en estos casos opera prima facie una
presunción de discriminación, a la luz de la cual es a la administración a
quien le corresponde desvirtuar esta presunción,[5] superando un
escrutinio judicial estricto.[6] Es decir, que debe
demostrar que su actuación, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo
marginado o discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es
necesaria para lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de
no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras
de promover la finalidad.[7]
Adicionalmente, como se pasará a explicar, en función
del mandato de intervención, la administración deberá demostrar que adoptó
medidas adecuadas para mitigar el impacto y promover las condiciones en las que
se encuentra el grupo que afectó con su determinación.
En efecto, la cláusula de igualdad también
impone un mandato de intervención, pues como bien lo reconoció el
constituyente, no basta con exigir conductas negativas para corregir las
enormes desigualdades que subsisten en nuestra sociedad. Es necesario que el
Estado intervenga y despliegue actuaciones positivas para garantizar
condiciones de igualdad real y efectiva. Al respecto, señala el segundo y
tercer inciso del artículo 13: “El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos
discriminados o marginados”, “El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos
que contra ellas se comentan. Como lo expresó  la Corte en la Sentencia C-952
de 2000[8]:
“La igualdad sustancial alude, pues, no
sólo al compromiso del Estado[9], sino de los particulares
de remover los obstáculos que en el plano humano económico y social configuran
efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del
derecho. Las causas que subyacen a situaciones de esta índole tienen que ver,
entre otros aspectos, con la escasez[10], con necesidades
no satisfechas del ser humano[11], con fenómenos
históricos de segregación y marginación o con injusticias del pasado que
se pretende subsanar[12]. La igualdad sustancial
revela, un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y
defensivo[13] de personas y de grupos
ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones
positivas de los poderes públicos y de la comunidad en general (…)
Esa constatación de que ciertos individuos
y grupos, pese a ser iguales ante la ley no lo son en la realidad, ejerce
notable influjo sobre la misma norma que, en ocasiones, abandona las
tradicionales características de generalidad, abstracción, universalidad y
permanencia, tornándose específica, esto es, dirigida a sectores concretos de
la población, o temporal, en cuanto agota sus efectos en un determinado lapso;
todo con miras a elevar las condiciones sociales o económicas de sus
particulares destinatarios.
En síntesis: la igualdad sustancial,
consagrada en el Estatuto Superior de algunos Estados, se percibe apenas como
un objetivo o finalidad del sistema político, que vincula, tanto a los poderes
públicos como a los ciudadanos, en la transformación del modelo de sociedad
existente en otro ideal, más propicio a la satisfacción de las aspiraciones
humanas en sus múltiples facetas.”
De igual forma, en la sentencia T-724 de 2003[14],
se expresó:
Así, el artículo 13-2 de la Constitución
Política señala como una obligación del Estado[15] la de
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando
medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
De manera que las diferentes autoridades
del Estado están obligadas, cuando se encuentran en presencia de grupos en
condiciones de marginalidad y discriminación, a adoptar todas aquellas medidas
necesarias para lograr una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en sus
decisiones tratamientos acordes con tales situaciones. Pasar por alto ese mandato, no contemplando
medidas afirmativas a favor de grupos que pueden verse afectados por las
decisiones adoptadas, significa quebrantar el derecho a la igualdad, que
impone, precisamente, su adopción. (Subrayas fuera de texto).
4.     Las
políticas públicas como expresión del Estado social de derecho
4.1. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la
sentencia T-722 de 2003 hizo precisiones importantes frente al alcance del
Estado social de derecho, y de las dos dimensiones de la igualdad descritas, en
un caso que guarda similitudes con las tensiones constitucionales que se
presentan en el asunto que aquí se examina; es decir, analizó el tema de las
consecuencias negativas que pueden derivarse para grupos marginados o
discriminados de la ejecución de programas, medidas o políticas públicas.[16]
Particularmente en dicha providencia, la Corte estudió el caso de los
vendedores ambulantes en Bogotá, que en el marco de la política de recuperación
del espacio público fueron desalojados del lugar donde ejercían su actividad,
sin ofrecérseles oportunidades alternativas para continuar laborando y poder
garantizar, en consecuencia, una mínima subsistencia para sí y para sus
familias. A la luz de este asunto, la Corte consideró que toda política,
programa o medida diseñada y ejecutada por las autoridades en un Estado de
Derecho, debe reunir unos requisitos mínimos de racionalidad que permitan
contrarrestar efectivamente las consecuencias negativas de su ejecución, en
particular si las personas afectadas por las mismas se encuentran en condiciones
de especial vulnerabilidad.  Dado que lo dicho por la Corte es pertinente para
analizar el presente asunto, se procederá en éste acápite a transcribir in
extenso dicha jurisprudencia.
En efecto, en la sentencia citada la Corte partió de
la caracterización del estado social de derecho en la Constitución de 1991 y
sus implicaciones sustantivas en cuanto a la relación entre los ciudadanos y el
Estado. Entre sus conclusiones reiteró la jurisprudencia de la Corte, en el
sentido de que existen dos deberes diferenciados para el estado, el primero
consistente en la adopción de medidas para lograr igualdad real entre los
asociados, y el segundo consistente en la prohibición de adoptar medidas que
impliquen retrocesos para estos mismos grupos:
“De lo anterior se derivan dos clases de
deberes diferenciables para el Estado: (i) por una parte, debe adoptar e
implementar las políticas, programas o medidas positivas encaminadas a lograr
una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, dando así
cumplimiento a sus obligaciones internacionales y constitucionales de lucha
contra la pobreza y progresiva satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la
jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las
injusticias presentes”-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar,
promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y
directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, y
agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores de la
sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones económicas
precarias; mucho más si, como consecuencia de tales políticas, programas o
medidas, se acaba por empeorar la situación material de quienes ya están en
circunstancias extremas de subsistencia. (…)”
En caso de que existan fines constitucionalmente
imperiosos que obliguen a adoptar políticas que puedan implicar retrocesos en
el bienestar de ciertos grupos vulnerables por sus condiciones de pobreza, se
insistió expresamente en la necesidad de adoptar mecanismos complementarios
para mitigar estos efectos negativos:
“En este orden de ideas, resalta la Sala
que las políticas, programas o medidas estatales cuya ejecución se convierta en
una fuente de pobreza para los afectados, y que no prevean mecanismos
complementarios para contrarrestar en forma proporcionada y eficaz dichos
efectos negativos, resultan injustificables a la luz de las obligaciones
internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales, así como a la luz del principio constitucional del
Estado Social de Derecho y sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta
. Por lo mismo, el diseño y la ejecución de tales políticas, programas o
medidas constituyen, prima facie, un desconocimiento del deber estatal de
erradicar las injusticias presentes y mejorar las condiciones de vida de la
población, dado su carácter intrínsecamente regresivo, que no encuentra soporte
alguno en el marco del orden constitucional instaurado en Colombia a partir de 1991.”
De allí, que resulte fundamental que todas las
políticas públicas que se formulan en el Estado Social de Derecho deban atender
al contexto en el cual van a ser aplicadas y partan de una evaluación razonable
y cuidadosa de la realidad:
“Por lo anterior, las políticas públicas,
programas o medidas diseñadas y ejecutadas por las autoridades de un Estado
Social de Derecho, han de partir de una evaluación razonable y cuidadosa de la
realidad sobre la cual dichas autoridades efectuarán su intervención, y
formularse de manera tal que atiendan a los resultados fácticos derivados de la
evaluación en cuestión, no a un estado de cosas ideal o desactualizado, en
forma tal que no se afecte indebidamente el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas. En otras palabras, al momento de su formulación
y ejecución, se deben haber estudiado, en lo que sea técnicamente posible,
todas las dimensiones de dicha realidad que resultarán afectadas por la
política, programa o medida en cuestión, incluida la situación de las personas
que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se deberá ubicar, por
consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a soportar una carga
pública desproporcionada; con mayor razón si quienes se encuentran afectados
por las políticas, programas o medidas pertinentes están en situación de
especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o
precariedad económica: frente a estas personas o grupos se deberán adelantar,
en forma simultánea a la ejecución de la política en cuestión, las medidas
necesarias para minimizar el daño recibido, de tal manera que se respete el
núcleo esencial de su derecho al mínimo vital y a la subsistencia en
condiciones de dignidad.”
En conclusión, para la Corte Constitucional: “(…)
las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar
políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio
público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar
siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii)
deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar
precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de
tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para  guardar
correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a
asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no
se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el
derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la
población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades
económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que
tienen a su disposición.”
4.2. En este punto también resulta pertinente recordar
la doctrina de esta Corporación según la cual es inconstitucional que las
autoridades posterguen de manera indefinida – o hasta que el Estado cuente con los recursos
suficientes y la capacidad administrativa adecuada ‑ el cumplimiento y
ejecución de políticas públicas que estén relacionadas con el avance gradual y
progresivo de un derecho. Si bien es cierto que la obligación de intervención a
favor de grupos marginados que ordena el artículo 13 de la Carta tiene una
marcada dimensión prestacional,[17]
este hecho, tal como lo ha señalado la Corte, no excusa a las autoridades de
adoptar medidas que aseguren de manera gradual el goce efectivo del derecho.
La Corte Constitucional ha considerado de manera
reiterada que el hecho de que Colombia sea un Estado Social de Derecho “(…) le
imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la organización
estatal en su conjunto, y que resulta –en consecuencia- vinculante para las
autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos
particulares propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas
para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se
presentan en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo.”[18]
La progresividad justifica la imposibilidad de exigir
judicialmente en casos individuales y concretos, el inmediato cumplimiento de
todas las obligaciones que se derivarían del ámbito de protección de un derecho
constitucional, pero no es un permiso al Estado para que deje de adoptar las
medidas adecuadas y necesarias orientadas a cumplir las obligaciones en
cuestión, valga repetir, progresivamente. Para la jurisprudencia “el que una
prestación amparada por un derecho sea de carácter programático no quiere decir
que no sea exigible o que eternamente pueda incumplirse.”[19]
Al respecto ha dicho la Corte que no todas las facetas
positivas de un derecho – las que implican obligaciones de hacer ‑ estén
siempre sometidas a una protección gradual y progresiva.[20]
‘Cuando la omisión en el cumplimiento de las obligaciones correlativas
mínimas coloca al titular del derecho ante la inminencia de sufrir un daño
injustificado’, éste puede reclamar la protección judicial inmediata del
derecho. El criterio propuesto por la jurisprudencia para determinar cuándo se
está ante tal situación es el de urgencia, el cual fue expuesto en la
sentencia T-595 de 2002 en los siguientes términos,
“(…) La urgencia de la situación en la
que se encuentra la persona activa la exigibilidad judicial del derecho
respecto de la prestación cuyo cumplimiento es necesario para evitar un
perjuicio irremediable. El criterio de la urgencia torna objetiva y
judicialmente reconocible la necesidad de ejecutar de forma inmediata la
prestación que, de otra forma, permanece dentro de la esfera decisoria del
obligado (…).[21]”
La Corte también ha reconocido que la defensa de
muchas de las facetas prestacionales de un derecho constitucional requiere
acciones variadas y complejas por parte del Estado. También ha reconocido que
les compete a las autoridades constitucionalmente establecidas para tal labor,
decidir cuáles son las acciones y medidas necesarias para que se garantice el
derecho del accionante.[22]
Garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, sean estos de
libertad o sociales, es un mandato constitucional que irradia el ejercicio del
poder público y determina una de sus funciones principales en un Estado Social
de Derecho.[23]
Para la jurisprudencia constitucional, cuando el goce
efectivo de un derecho constitucional fundamental depende del desarrollo
progresivo, “lo mínimo que debe hacer [la autoridad responsable] para
proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión
positiva de [un derecho fundamental] en un Estado Social de Derecho y en
una democracia participativa, es, precisamente, contar con un programa o con un
plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos.[24]
En consecuencia, se desconocen las obligaciones constitucionales de carácter
prestacional y programático, derivadas de un derecho fundamental, cuando la
entidad responsable de garantizar el goce de un derecho ni siquiera cuenta con
un programa o con una política pública que le permita avanzar progresivamente
en el cumplimiento de sus obligaciones correlativas.
Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres condiciones básicas, a la luz de la Constitución Política, que
debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho
constitucional: (i) que la política efectivamente exista; (ii) que la finalidad
de la política pública debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo
del derecho; y (iii) que los procesos de decisión, elaboración, implementación
y evaluación de la política pública permitan la participación democrática.
En cuanto a la primera condición ha señalado la Corte
que “no se puede tratar de unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer,
sino un programa de acción estructurado que le permita a la autoridad
responsable adoptar las medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar.”
Por eso, se viola una obligación constitucional de carácter prestacional y
programática, derivada de un derecho fundamental, “cuando ni siquiera se
cuenta con un plan para progresivamente cumplirla.[25]
La relación con la segunda condición, la Corte ha
reiterado que. “no puede tratarse de una política pública tan sólo
simbólica, que no esté acompañada de acciones reales y concretas.[26]”
En esta medida, se viola la Constitución cuando existe un plan o un programa,
pero se constata que (i) “sólo está escrito y no ha sido iniciada su
ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea evidentemente inane,
bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los
titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido
indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable”.[27]
En cuanto a la tercera condición, la jurisprudencia ha
considerado inaceptable constitucionalmente que exista un plan (i) ‘que no
abra espacios de participación para las diferentes etapas del plan’, o (ii)
‘que sí brinde espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una
participación intrascendente.’[28]
El grado mínimo de participación que se debe garantizar a las personas en cada
caso concreto, depende de la situación específica de que se trate, en atención
al tipo de decisiones a tomar. [29]
También ha señalado la Corte que cuando el juez de
tutela constata la violación de una faceta prestacional de un derecho
fundamental, debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a garantizar su goce
efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso público de debate,
decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia. Por tanto, no es
su deber indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han de ser
las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el goce efectivo del
derecho, pero sí debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales
medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez la participación ciudadana.[30]
Sobre las base de estas consideraciones, pasará a
analizar la Corte si las medidas y actuaciones de las autoridades acusadas en
relación con las determinaciones adoptadas en materia de manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos en Cali,  son acordes con la
Constitución.
5.     Los
recicladores de Navarro como grupo marginado y discriminado que requiere
especial protección constitucional
Antes de analizar las actuaciones de los entes
demandados, la Corte debe partir de una precisión sobre el carácter de los
actores, dado que uno de los jueces de instancia consideró que no era dable
conceder la tutela en la medida en que ellos hacían parte de un grupo abierto,
frente al cual no era posible concretar una prestación. Como se entrará a
mostrar, contrario a esta apreciación, en relación con los actores, no sólo ha
quedado demostrada su condición de miembros de un grupo marginado y
discriminado, sino que en este caso no es posible señalar que estamos en
presencia de un grupo abierto, frente al cual, no hay posibilidad de establecer
cuáles son los miembros que lo componen.
En efecto, aunque la Constitución no define
puntualmente qué debe entenderse por grupo marginado o discriminado, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han hecho importantes precisiones para poder
identificar cuándo se está en presencia de uno de estos grupos. Así, por
ejemplo, dos de los más influyentes doctrinantes en materia de igualdad y no
discriminación, Owen Fiss e Iris Marion Young, ofrecen criterios relevantes
para comprender con claridad la noción.
El primero refiere que para hablar de un “grupo
desventajado” se deben tener en cuenta tres características: i) Se trata de
“un grupo social”, que como tal “va más allá de una serie de
individuos, que por tomar un ejemplo extremo, se encuentran, por azar, en la
misma esquina, en el mismo momento”. Es decir, que un grupo social es una
entidad que tiene una identidad propia, de manera que es posible hablar del
grupo, sin necesidad de entrar a hacer referencia particular a cada uno de los
miembros que lo componen. Así mismo, la connotación de grupo social se
distingue por “la condición de interdependencia”, pues “la identidad
y el bienestar de los miembros del grupo y la identidad y bienestar del grupo
se encuentran interrelacionadas.” Los miembros del grupo se autoidentifican
–explican quienes son- refiriéndose a su condición de miembros del grupo; y su
estatus resulta determinado en parte por el estatus del grupo.  ii) Se trata de
un grupo que ha estado en una situación de subordinación prolongada y iii) el
poder político del grupo se encuentra severamente limitado, bien sea por
condiciones socioeconómicas, por haber sido relegados a una posición de clase
inferior, o por objeto de “perjuicio” de los demás.
Por su parte, Iris Maria Young[31]
hace referencia a “grupos oprimidos”, como grupos sociales frente a los
cuales una o más de las siguientes condiciones es aplicable a la totalidad o a
una gran parte de sus miembros: “i) Los beneficios derivados de su trabajo o
energía van a otras personas sin que éstas les recompensen recíprocamente por
ello (explotación); ii) están excluidos de la participación en las principales
actividades sociales lo que en nuestra sociedad significa básicamente un lugar
de trabajo (marginación); iii) viven y trabajan bajo la autoridad de otras
personas (falta de poder); iv) como grupo están estereotipados y, a la vez, su
experiencia y situación resultan invisibles en el conjunto de la sociedad, por
lo que tienen poca oportunidad y poca audiencia para expresar su experiencia y
perspectiva sobre los sucesos sociales (imperialismo cultural); v) los miembros
del grupo sufren violencia y hostigamiento al azar merced al miedo o al odio
hacia éste.”
Esta Corporación también ha señalado pautas relevantes
para determinar si se está en presencia de un grupo marginado o discriminado,
que guardan relación con las anteriormente descritas. A este respecto, vale la
pena reiterar, lo expuesto por la Corte en la sentencia C-741 de 2003[32]:
“Aun cuando la Constitución no define qué
debe entenderse por “grupo marginado o discriminado” (Artículo 13, inciso 2,
CP), la jurisprudencia de esta Corporación ha tutelado los derechos de personas
pertenecientes a grupos marginados o discriminados, y a partir de estos fallos
es posible identificar criterios para determinar cuándo se está ante estos
grupos. Así, por ejemplo, ha protegido los derechos de minusválidos;[33]
de personas afectadas por enfermedades que causan discriminación, como la lepra
o el VIH/SIDA;[34] de sectores marginados
por razón de su condición de pobreza extrema;[35] de personas
de la tercera edad, y de otros grupos en condiciones de debilidad manifiesta.[36]
De conformidad con la jurisprudencia de
esta Corporación, y tan solo a manera de ejemplo, un grupo marginado puede
estar compuesto por (i) personas que por su condición económica, física o
mental, se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta;[37]
(ii) personas que en razón de la situación desventajosa en la que se
encuentran, suelen ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos
fundamentales;[38] (iii) diminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos que son objeto de aislamiento, estigmatización,
maltrato, incomprensión o discriminación lo cual conduce a su marginamiento;[39]
(iv) población en situación de extrema pobreza, o en condiciones de manifiesta
injusticia material y vulneración de la dignidad humana;[40]
o (v) un grupo de la población que no está en capacidad de participar del
debate público y que, por lo tanto, no tiene voz propia en la adopción de las
decisiones políticas que lo afectan.[41] Así, el concepto de
grupo marginado es más amplio que el de grupo discriminado. Comprende no solo a
personas que han sido colocadas en una situación de desventaja por decisiones
estatales, políticas públicas o prejuicios sociales, sino además a quienes
dadas las condiciones reales en que viven, sin importar la causa, están en una
situación de exclusión social, no se han incorporado a las actividades
económicas acudiendo a las formas ordinarias para ello o están en la
imposibilidad material de acceder a los beneficios de una sociedad organizada.
Bajo esta perspectiva, es válido preguntarse: ¿Es
posible entender a los “recicladores” y, en este caso a los “recicladores de
Navarro”, como un grupo marginado y discriminado, que debe ser objeto de
especial protección a la luz del artículo 13 de la Constitución? La respuesta a
este interrogante solo puede ser afirmativa.
Los actores de esta acción de tutela se identifican a
sí mismos como “recicladores de Navarro”. Si se hiciera una pregunta
desprevenida a una persona del común, sobre qué entiende por “recicladores”, no
es aventurado anticipar, que contestaría que son aquellas personas que realizan
una actividad en función de las basuras. No sería necesario especificar los
nombres de quienes realizan dicha actividad, para tener una idea clara de
quiénes quedan comprendidos bajo el término: aquellas mujeres, hombres, niños,
ancianos, que encuentran en las basuras una forma de sobrevivir. Y si se
preguntara a los caleños, quiénes son los recicladores de Navarro, con
seguridad contestarían que son quienes viven de las basuras del botadero de
Navarro. Porque es indudable que los recicladores son un grupo social, con
identidad propia, que como lo refiere Fiss, permite hablar de él, sin necesidad
de hacer referencia a cada uno de los miembros que lo componen. Es indudable,
además, que dada la larga existencia del botadero de Navarro, y la presencia
por décadas de personas que escarbaban entre sus basuras para proveerse una
fuente de ingreso, se ha configurado un grupo con identidad propia, cuyos
miembros comprenden que sus condiciones de vida, dependen en buena parte de las
condiciones que pueden generar como colectividad.
La configuración de los recicladores como
grupo social es de vieja data. Desde comienzos del siglo XX, miles de personas
se han dedicado a recolectar de manera informal los residuos sólidos urbanos
desechados por otros, a clasificarlos para abastecerse de lo útil y a vender lo
de valor reciclable o reusable en el mercado. Como lo explica Martín Medina,
este surgimiento y crecimiento de recicladores informales en América Latina,
obedece a múltiples causas: i) al aumento de desechos sólidos como consecuencia
de los procesos de urbanización, industrialización, y cambio de hábito de
consumo de la población a favor de productos manufacturados; ii) a la creciente
demanda de materias primas baratas para fabricar esos productos de consumo,
tales como papel, metales, vidrio y plásticos; iii) al aumento de las tasas de
migración a las ciudades, y iv) a la incapacidad de las economías de las región
para generar suficientes empleos formales. Bajo esta conjunción de factores, la
recuperación de materiales de desecho para ser reciclados  ha sido, y continúa
siendo,  una de esas ocupaciones informales por medio de las cuales los
individuos desempleados, y familias enteras, pueden sobrevivir. Este es el
caso, de los recicladores de Navarro, quienes, desde la apertura del botadero
en 1967, encontraron en él una forma para ‘rebuscarse’ la vida. Tal ha sido la
identificación de estos recicladores como grupo social, que incluso hay
estudios internacionales de los años 70 que empiezan a analizar las condiciones
de vida de los “Recicladores de Navarro”[42].
Ahora bien: no hace falta hacer mayor
análisis para concluir que los actores hacen parte de un grupo social
tradicionalmente marginado y discriminado. Buena parte de los recicladores en
Colombia – tanto los que trabajan en los basureros, como los llamados
recicladores de calle – vive en condiciones de extrema pobreza,[43]
marcados por altos niveles de discriminación y exclusión[44].
Esta es una población, que ha recurrido al reciclaje informal ante la
imposibilidad de encontrar otros medios de subsistencia. Como lo señala uno de
los intervinientes en este proceso, no debe sorprender que si las personas “sólo
encuentran oportunidades en los desperdicios de los demás, es porque no tienen
otras opciones de trabajo y de sustento a su disposición”.
No es difícil comprender que los
recicladores informales  sobreviven en un ambiente físico y social hostil.[45]
Por un lado tienen que enfrentar los múltiples estigmas sociales, que se
generan por la simple asociación de una actividad, con elementos que la
sociedad desecha. Como señala Medina el hecho de que los recicladores vivan y
sobrevivan de los restos que para otros son inútiles, de lo que el otro
desprecia, genera un problema, en términos de construcción de imaginarios
sociales. La sociedad rechaza la basura y extiende dicho rechazo a quienes
trabajan con ella. Por eso, predominan una serie de estereotipos que terminan
por ubicar a los recicladores en lo más bajo de la sociedad y por generar una
visión de que son molestos, huelen mal, suelen robar, entorpecen el tránsito,
ensucian la ciudad.[46] Los prejuicios en contra
de los recicladores son de tal magnitud que se ha llegado hasta el punto de
adelantar campañas de “limpieza social” para ‘deshacerse’ de ellos.[47]
Un aspecto que no puede ser desatendido
sobre la situación de marginamiento al que se ven avocados los recicladores,
tiene que ver con la invisibilidad de su trabajo en términos de utilidad
social. La actividad que han realizado los recicladores durante años, ha traído
indiscutibles beneficios a la sociedad, al haber mitigado, en buena parte, los
efectos ambientales generados por los indiscriminados procesos de
industrialización y de asentamiento urbano. Pero lejos de ser valorados, cada
día más se les invisibiliza y se les excluye de las posibilidades de participar
del mercado que conocen. Porque lo que es cierto, es que si bien esta es una
población que no ha contado con mayores oportunidades, que carece en buena
parte de educación y formación ocupacional, producto de una larga experiencia
en la realización de una actividad informal, conoce bien de qué se trata el
reciclaje.
Lo anterior muestra de manera incuestionable que los
actores hacen parte de un grupo marginado y discriminado, frente al cual, como
bien lo ha señalado la jurisprudencia, las autoridades deben no sólo abstenerse
de perpetuar y agravar su situación, sino la de realizar actuaciones positivas
para promover su status en la sociedad y  mejorar sus condiciones de vida. El
hecho de que no se cuente con un censo que especifique quienes son los miembros
individuales que componen un grupo marginado o discriminado, no desvirtúa la
existencia del mismo. Tal apreciación llevaría al absurdo de señalar que el
Estado no debería adoptar, por ejemplo, medidas a favor de las mujeres, o de
las minorías étnicas, porque no es posible determinar con precisión cuáles son
las mujeres o los miembros de minorías étnicas a proteger; o estimar que no es
posible beneficiar a la población desplazada, mientras subsistan los altos
índices de subregistro.
La presencia de un grupo marginado o discriminado, no
se analiza a partir de la diligencia que haya podido tener la administración
para censarlo; se mide a partir de hechos objetivos como los que se acaban de
señalar. Pero además, como ya lo ha puesto de presente esta Corporación, es que
no se debe olvidar que una de las formas como se expresa la exclusión, es a
través de la invisibilidad en los datos oficiales y extraoficiales.
Ahora bien, incluso, si en gracia de discusión se
admitiera la tesis de uno de los jueces de tutela en este proceso, no estamos
en frente de un grupo abierto, en relación con el cual no es posible
identificar a las personas que lo conforman. De hecho, como se deriva de la
misma intervención de la Alcaldía de Cali, la administración municipal en el
2006 realizó un Censo a través del Sisben, que si bien requiere de ser
actualizado y ampliado, permite inferir, que es posible identificar a los
miembros que componen esta población.  Además, si bien en un estado de organización
que dista del ideal, existen organizaciones que agremian a los recicladores de
Cali, como por ejemplo UFRAME, que facilitarían los esfuerzos para ubicar a la
población beneficiaria de las decisiones del juez de tutela.
6.
El marco normativo relativo al servicio público de aseo, el
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y su impacto frente a los
recicladores informales.
6.1. Como se mencionó al inicio de esta providencia,
uno de los primeros cargos se dirige a cuestionar la decisión de cerrar el
Sanitario de Navarro sin brindar alternativas económicas para los recicladores
que operaban allí. Las autoridades señalan - entre otros argumentos que serán
examinados más adelante- que no se puede predicar una violación de los derechos
fundamentales de los actores, pues ésta es una decisión que se tomó en atención
a consideraciones ambientales imperiosas y en virtud de diferentes normas
generales y abstractas que regulan el manejo de residuos sólidos.
Para examinar, el cargo, la Corte comenzará por
explicar el marco normativo que gobierna el servicio público de aseo, pues no
solo la labor del reciclaje, que es la actividad económica principal de los
actores, hace parte de dicho servicio público, sino que la determinación del
cerramiento del Sanitario de Navarro, se enmarca en disposiciones sobre la
prestación del mismo. Posteriormente, entrará a determinar, si a pesar de que
en principio dicha normatividad es de carácter general, su aplicación genera un
impacto desproporcionado en los recicladores informales, para finalmente entrar
a analizar si en éste caso, las actuaciones de las autoridades demandadas han
estado acordes a la Constitución.
6.2. Desde hace varios años en Colombia, como en otros
lugares del mundo, ha existido una preocupación central por el adecuado manejo
y gestión de los residuos sólidos. Desde 1974, año en el que primera vez se
legisló sobre la materia en Colombia, se consideró necesario entrar a
establecer una reglamentación técnica que contribuyera a minimizar la
generación de residuos sólidos y el impacto ambiental que de un mal manejo de
ellos se pudiera derivar. Esta normatividad quedó consignada en el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y
con posterioridad, en el llamado Código Sanitario Nacional.[48]
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, se estableció el marco general para la
prestación del servicio público de aseo, que entre otras actividades comprende
el manejo de residuos sólidos. De conformidad con la Carta, le corresponde al
legislador expedir las leyes que regirán la prestación de los servicios
públicos (CP, Art. 150-23), determinando, entre otros aspectos, la extensión y
cobertura del servicio público, los sujetos encargados de su prestación, la
condiciones para garantizar calidad y la eficiencia en el servicio y la manera
como el Estado ejerce la inspección, el control y la vigilancia de su
prestación.[49] Con base en esta
atribución, el legislador expidió la Ley 142 de 1994, a través de la cual se
dispone el régimen general de los servicios públicos domiciliarios. Entre
muchas otras disposiciones, en dicha ley se estableció expresamente, que el
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos hace parte del servicio público
domiciliario de aseo,[50] y que en los municipios
recae la responsabilidad de asegurar que los servicios públicos domiciliarios
se presten de manera eficiente a todos sus habitantes.[51]
6.3. Para efectos de desarrollar lo dispuesto en la
Ley 142 de 1994 en materia de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos,
distintas normas tanto del orden nacional como local han sido expedidas. En el
ámbito nacional, entre otras disposiciones, merece resaltarse el decreto 1713
de 2002, por el cual se reglamenta la
Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley
99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Este
decreto, consagra diferentes disposiciones orientadas a reglamentar la gestión
integral de los residuos sólidos, en materias “referentes a sus componentes,
niveles, clases, modalidades, calidad y régimen de las personas prestadoras del
servicio y de los usuarios”.[52] Con especial relevancia, se dispone en esta
normatividad que para efectos de cumplir con la obligación de asegurar la
prestación del servicio público de aseo mediante procedimientos eficientes, que
no pongan en peligro la salud humana o afecten el medio ambiente, las
entidades territoriales deberán adoptar un instrumento de planificación
denominado “Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS”,
mediante el cual las entidades territoriales deben establecer estrategias,
programas y proyectos sostenibles a corto, mediano y largo plazo.[53]
6.4. Adicionalmente, a nivel nacional se han expedido
otras disposiciones que desarrollan la Ley 142 de 1994 en materia de manejo de
residuos sólidos, entre otras: i) el decreto MAVDT 1140 de 2003, que modificó
parcialmente el decreto 1713 de 2002, en relación con las unidades de
almacenamiento; ii) el decreto MAVDT 1505 de 2003, que introdujo modificaciones
relativas a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-; iii) la
Resolución MAVDT 1045 de 2003, que, entre otras disposiciones, adoptó la metodología
para la elaboración y ejecución de los PGIRS y dispuso un plazos para la
clausura y restauración ambiental de botaderos a cielo abierto; iv) la
Resolución MAVDT 1390 de 2005 que estableció “directrices y pautas para el
cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios
(…)”; v) el decreto MAVDT 838 de 2005 que define mecanismos para la
planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de
residuos sólidos mediante la tecnología del relleno sanitario; y vi)  la Ley
1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”.
6.5. En el ámbito local, es importante
resaltar que en el 2004, mediante el Decreto 0475, expedido por la Alcaldía de
Cali, se adoptó el PGIRS del municipio de Cali, 2004-2019, con fundamento en
las obligaciones y lineamientos que se expresan en la normatividad nacional.
Aunque más adelante en esta providencia se hará referencia a varias de sus
disposiciones, y de hecho se analizará su cumplimiento en relación con los
actores en este proceso, por ahora baste señalar que de manera general, el PGIRS
de Cali, tal y como se expresa desde su inicio busca que Santiago de Cali sea
un municipio que “minimiza la generación de residuos sólidos en el origen,
maximiza su aprovechamiento, reduce y trata adecuadamente los residuos no
aprovechables y los dispone tecnológicamente.” Para lograrlo, se contemplan
cinco líneas estratégicas: i) cultura ciudadana; ii) producción más limpia;
iii) valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos; iv) calidad
en la prestación de servicio de aseo; 5) disposición final adecuada. Como
arriba se señaló, a la luz de las normas nacionales, el servicio de recolección
de residuos se deberá prestar de acuerdo con lo establecido en el PGIRS.
6.6. Ahora bien, de la lectura de la
normatividad referida, se derivan ciertas consideraciones importantes para el
asunto que ocupa a la Corte. En primer lugar, que la regulación del servicio público
de aseo incluye tanto la recolección como el aprovechamiento de las basuras. En
segundo lugar, que el servicio público de aseo está enmarcado en normas
generales del orden nacional, y en regulaciones locales, como quiera que es
responsabilidad de las autoridades locales velar por la adecuada prestación de
este servicio público. En tercer lugar, que las normas mencionadas, tanto del
nivel nacional, como local, se presentan con un objetivo común: garantizar que
la gestión integral de los residuos sólidos no sólo sea eficiente, sino que no
ponga en peligro la salud humana o afecte el medio ambiente. En cuarto lugar
que, como se entrará a explicar, si bien la mayor parte de estas disposiciones
son de carácter general, algunas de sus disposiciones no sólo hacen referencia
expresa a los recicladores –en algunas ocasiones para prohibir cierta
actividad, en otras con el ánimo de promover su participación en el manejo y
aprovechamiento de residuos sólidos-, sino que varias de ellas, a pesar de no
mencionarlos expresamente, los impacta directamente, más que a cualquier otro
grupo poblacional.
En efecto, sin ánimo de ser exhaustivo, sólo baste
señalar algunas de las disposiciones que se consagran en la normatividad
reseñada. Por ejemplo, es evidente que la disposiciones que ordenan la clausura
y restauración ambiental de los lugares que han sido utilizados como
“botaderos”,[54] al margen de las
evidentes consideraciones ambientales, es una medida que afecta a los
recicladores informales, especialmente a aquellos que derivan su sustento de
los botaderos. Si el botadero se cierra, estas personas quedan sin su lugar
ordinario de trabajo. De igual forma, normas  que prohíben separar y clasificar
en las vías públicas la basura[55], o “destapar extraer,
parcialmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y recipientes
para la basura, una vez colocadas para su recolección (…)”[56],
a pesar de su redacción en términos neutros, definitivamente están dirigidas a
los recicladores informales, pues no hace falta mayor análisis, para concluir
que es este grupo, especialmente los llamados recicladores de calle, quien abre
las bolsas para separar y clasificar la basura en las vías públicas. En el
mismo sentido, disposiciones que exigen que el transporte de basura se haga en
vehículos cerrados, a prueba de agua,[57] o que prohíben el
transporte de desechos en vehículos “no aptos o adecuados”,[58]
sin duda impactan a los recicladores informales, más que a cualquier otra
persona, pues es bien conocido, que dada sus condiciones de pobreza, los
vehículos a su disposición son los llamados de tracción animal. En el mismo
sentido, una disposición como la que se consagra en el decreto 1505 de 2003,
que hace responsable por los impactos negativos que se ocasionen a la salud
humana y al medio ambiente a quien entregue residuos a personas o entidades no
autorizadas para tal fin, afecta principalmente a los recicladores, pues
desincentiva a los particulares a cederles sus desechos, pues su actividad se
realiza en la informalidad.
Sin embargo, como arriba se señaló, el conjunto de
normas que regulan el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, no sólo
establecen disposiciones en lenguaje neutral, que impactan desproporcionadamente
a los recicladores, sino que también establecen normas que los mencionan
expresamente. Este es el caso, del artículo 86 del decreto 1713 de 2002
(modificado por el art. 9 del decreto 1505 de 2003) que dispone: Se prohíbe
la presencia de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios.
6.7. Ahora bien, a pesar de que las disposiciones que
se acaban de mencionar, generan un impacto adverso en los recicladores
informales, es preciso en este aparte notar que en relación con la normatividad
nacional y local que regula el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos,
también se encuentran disposiciones encaminadas a promover los derechos de los
recicladores informales. Entre otras disposiciones, por ejemplo, se encuentra el
artículo 67, numeral 5 del decreto 1713 de 2002 (adicionado por el artículo 7
del decreto 1505 de 2003) que dispone como propósito de la recuperación y el
aprovechamiento de los residuos sólidos: “Garantizar la participación de los
recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación y
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y
mejorar sus condiciones de vida” o el artículo 81 del mismo decreto (modificado por el artículo 8 del
decreto 1505 de 2003) que expresa: “los Municipios y Distritos y los
prestadores del servicio de aseo promoverán la participación de los
recicladores que vienen efectuando actividades asociadas con el aprovechamiento
en armonía con la prestación del servicio de aseo”.
Por su parte, en el ámbito local, el PGIRS de Cali establece
distintas normas encaminadas a promover la participación de los recicladores. Entre
otras, en la línea estratégica de “valorización de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos”, en el numeral 4º del subprograma de recuperación
de residuos sólidos estableció: “Promover la participación de los
recicladores organizados en la recuperación de los residuos sólidos”. En el
mismo sentido, en el subprograma de aprovechamiento y comercialización, en el
numeral 5º se dijo: “Propiciar la participación de los recicladores,
carretilleros y del sector solidario en las actividades de recuperación y
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y
mejorar sus condiciones de vida”. Igualmente, en el numeral 8º del mismo
subprograma se indicó: “Incentivar la participación de grupos vulnerables
para el desarrollo de iniciativas productivas orientadas al aprovechamiento de
los residuos sólidos”.
6.8. En síntesis, este recuento normativo es esencial
para analizar las actuaciones de las autoridades acusadas en este proceso, pues
por un lado, muestra, que a pesar de sus actuaciones puedan estar enmarcadas en
disposiciones de carácter general en materia de manejo y aprovechamiento de
residuos sólidos, muchas de estas disposiciones afectan de manera
desproporcionada a un grupo marginado como lo es el conformado por los
recicladores informales. De manera tal, que como se señaló con anterioridad en
esta providencia, frente a dicho impacto, se debe demostrar que a pesar de la
afectación desproporcionada, las medidas o políticas adoptadas responden a
condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, y están acompañadas por otras
acciones dirigidas a contrarrestar los efectos adversos que para el grupo
marginado puedan derivarse. Por otro lado, de este recuento normativo, queda
expresado con claridad, que existen además obligaciones precisas para las
autoridades de promover la participación de los recicladores en las actividades
de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos.
Con base lo expuesto hasta aquí, pasa la Corte a
analizar las actuaciones puntuales de las autoridades accionadas, que se cuestionan
en este proceso.
7.
El cerramiento de Navarro: una decisión que compromete el
mínimo vital de los actores, por lo cual ha debido estar acompañada de medidas
complementarias para mitigar los efectos negativos de esta decisión.
7.1. Ya se ha señalado aquí, que el hecho
desencadenante de las diversas acciones de tutela objeto de la presente
decisión, es el cerramiento del Sanitario de Navarro, del que los actores
obtenían las basuras para encontrar residuos aprovechables, que vendían en el
mercado secundario.
Frente a este hecho, para la Corte no hay duda que la
decisión de cerrar el botadero de Navarro obedece a una finalidad
constitucional imperiosa, cual es la de garantizar condiciones ambientales y de
salubridad pública. Como se señaló, de tiempo atrás se reconoce que los
basureros de cielo abierto, causan problemas ambientales, entre ellos de
contaminación atmosférica y de erosión de los suelos, como efectos nocivos en
la salud de la población pues, entre otras razones, por el desarrollo de plagas
transmisoras de enfermedades. En el caso del Sanitario de Navarro, su
inviabilidad es, además, conocida de tiempo atrás, cuando se advirtió que dicho
botadero filtraba lixiviados que caían por debajo del relleno contaminando el Río
Cauca. Por esta razón 10 años atrás, la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca –una de las entidades acusadas en este proceso- expidió  la Resolución SCA N° 336 de septiembre 15 de 1999,  “por
la cual se impone un plan de manejo y recuperación y restauración ambiental
para la clausura y sellado del basurero de Navarro, construcción de un relleno
sanitario transitorio en el Municipio de Santiago de Cali”. Debe señalarse
además, que para evitar los efectos nocivos de la operación de dicho botadero,
el cerramiento de Navarro no sólo era una medida adecuada, sino necesaria, pues
ya no había nada que hacer para permitir su operación en condiciones
ambientalmente óptimas.
Ahora bien, así como es un hecho la comprobada amenaza
del Sanitario de Navarro para la salud de los caleños y para el medio ambiente,
también es un hecho incuestionable que la decisión de cerrar el botadero generó
un impacto social, de grandes proporciones, para las personas cuyo mínimo vital
dependía de este Sanitario. Como se ha venido señalando, los actores de este
proceso, y otros recicladores, derivaban su única fuente de ingreso de la venta
de material reciclable que obtenían de Navarro, por lo cual sus necesidades
básicas, como la alimentación, la vivienda, el vestido, quedaron comprometidas
con su clausura. Es decir, que en este caso, estamos en presencia de una
decisión, que si bien obedece a consideraciones de interés general, generara un
impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo marginado y discriminado, por
lo cual ha debido venir acompañada de medidas complementarias para mitigar los
efectos de la decisión. Como ya se refirió, cuando una medida, programa o
política de la administración afecte a grupos que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad, entre otras por sus condiciones de pobreza o
precariedad económica, se deberán adelantar en forma paralela a la ejecución de
la medida, programa o política en cuestión, “las medidas necesarias para
minimizar el daño recibido, de manera que se respete el núcleo esencial de su
derecho al mínimo vital y a la subsistencia en condiciones de igualdad”.[59]
Además, como también ha quedado expresado en la
jurisprudencia de esta Corporación, a luz de la Constitución la intervención de
las autoridades no debe limitarse a contrarrestar el daño causado, sino que
debe estar acompañada de medidas encaminadas a promover las condiciones de vida
del grupo marginado o discriminado. Sobre el particular, vale la pena recordar lo
señalado por la Corte en la sentencia T-724 de 2003, que al examinar una acción
de tutela interpuesta por un grupo de recicladores, insistió en que las medidas
afirmativas  tiene que ser efectivas y propender, en la medida de lo
posible, a permitir que dichas personas continúen con la actividad que venían
desarrollando, o, en términos de la sentencia precitada, “medidas tendientes a mantener
y fortalecer la actividad que venían desarrollando a través del tiempo.”
Sobre estas consideraciones, se pregunta la Corte:
¿Las entidades acusadas han actuado conforme a la constitución, adoptando
medidas efectivas para contrarrestar los efectos sociales adversos que se
generaron tras el cerramiento de Navarro, y para fortalecer las actividades que
los recicladores que allí operaban han desarrollado a través del tiempo? La
respuesta, como se pasará a mostrar, es evidentemente negativa. A pesar de que
el cerramiento de Navarro era ineludible y obedece a una finalidad imperiosa en
función del interés general, las autoridades acusadas i) fueron negligentes a
la hora de diseñar una respuesta adecuada frente a las consecuencias sociales
generadas por el cerramiento de Navarro; ii) omitieron su deber de brindar
especial protección a un grupo marginado que se vio especialmente afectado con esta
decisión; iii) incumplieron los compromisos que adquiridos con esta población,
desconociendo la confianza que legítimamente los recicladores habían depositado
en ellas.  Al día de hoy, tal y como obra en las pruebas aportadas a la Corte,
los recicladores, después del cerramiento de Navarro, se encuentran sumidos en
la miseria.
Lo primero que hay que señalar, es que desde hace diez
años, cuando se tomó la decisión de cerrar  Navarro, era claro que existía un
problema social latente en relación con los recicladores. Por eso, en la
Resolución SCA N° 336 de septiembre 15 de 1999,  la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca dispuso que el plan de manejo, recuperación y
restauración ambiental para la clausura y sellado del basurero, deberían
contemplar un plan de gestión social. Textualmente ordenó la Resolución: “Como
medida de mitigación de impacto social que generará la clausura y sellamiento
del actual basurero de Navarro, el Municipio de Cali y la empresa EMSIRVA ESP,
deberán implementar un plan de gestión social y generación de empleo, para
todas las familias que han derivado sus subsistencia como recicladores en este
sitio.”
Si bien, durante un tiempo el tema del impacto social
del cerramiento de Navarro no fue abordado por las autoridades locales, en el
2004, como se reseño en el acápite séptimo de esta providencia, se adoptó el
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Aquél no sólo contó en su
diseño y formulación con la participación activa de los recicladores, sino que
su situación a futuro fue abordada en extenso. Sobre este punto, vale la pena
insistir en algunas de sus disposiciones.
Así, por ejemplo, en la Línea estratégica 3,
valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, se señaló en el
propósito: “en el Municipio de Santiago de Cali los residuos sólidos son
reincorporados al ciclo productivo, con participación de los diferentes
generadores, las organizaciones de recicladores, sector solidario, la academia,
las empresas prestadoras del servicio de aseo y demás gremios y entidades que
contribuyan en la gestión de los residuos sólidos.”. Dentro de esta misma
línea estratégica, en el Programa recuperación, aprovechamiento y
comercialización, indica: “4. Promover la participación de los
recicladores organizados en la recuperación de los residuos sólidos.” y en
el Subprograma aprovechamiento y comercialización: “5. Propiciar la
participación de los recicladores, carretilleros y del sector solidario en las
actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar
productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida.” Y,
así mismo, “8. Incentivar la participación de grupos vulnerables para el
desarrollo de iniciativas productivas orientadas al aprovechamiento de los
residuos sólidos.”
En la línea estratégica 4, calidad en la prestación
del servicio de aseo, se incluyo un subprograma específico denominado Subprograma
fortalecimiento y organización de recicladores y carretilleros, que incluye
las siguientes acciones:
1. Elaborar el censo y diagnóstico
socioeconómico de los recicladores y carretilleros.
2. Capacitar en economía solidaria al
gremio de los recicladores y carretilleros.
3. Promover la organización formal de
recicladores y carretilleros que posibilite su participación en la recuperación,
aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos, su relación con el
municipio y la(s) persona(s) prestadoras del servicio.
Finalmente, la línea estratégica 5, disposición final adecuada, se
incluyo el deber de “3.
Propiciar condiciones de readaptación laboral para el grupo de recicladores del
vertedero de Navarro.” y “4.
Gestionar recursos de financiación para la clausura y cierre del vertedero de
Navarro, incluyendo programa social.”
Es claro para la Corte que lo dispuesto en la
Resolución SCA N° 336 de septiembre 15 de 1999 y especialmente en el PGIRS,
aunque con ciertas deficiencias,[60] iba en el camino
correcto. Contrario a lo que hoy sostienen algunas de las entidades acusadas,
en Cali se comprendía que las decisiones sobre el manejo de residuos sólidos
debían ser pensadas, no sólo en términos de eficiencia y de manejo ambiental
adecuado, sino también de impacto y mejoramiento social. Sin embargo, a pesar
de que el PGIRS establecía unas líneas de acción adecuadas, que reconocía la
necesidad e importancia de integrar a los recicladores formalmente al proceso
productivo de separación y aprovechamiento de residuos sólidos, como más
adelante se precisará, hasta el momento no ha venido acompañado de actos
concretos que lo hagan realizable. En otras palabras el PGIRS a la fecha,
frente a los propósitos de integración y mejoramiento de las condiciones de los
recicladores informales, no ha dejado de ser un saludo a la bandera.
Ahora bien, en relación con lo expuesto, sea
el momento para hacer una primera reflexión frente a la respuesta de las
entidades accionadas en este proceso. Como queda expuesto en el acápite de
antecedentes, algunas de las entidades acusadas, refieren que no tienen que
desarrollar actividades para mitigar el impacto del cerramiento de Navarro,
pues ellas son entidades ambientales, a quienes no corresponde entrar a ofrecer
soluciones a los problemas sociales que pudieran haberse derivado por la
clausura del botadero. Sorprende la afirmación, por varias razones: primero,
porque deja expuesta una visión muy limitada del medio ambiente, como si el
hombre no hiciera parte de él y las autoridades ambientales no tuvieran que
considerar las relaciones que se generan entre el hombre y la naturaleza;  segundo,
porque parece contradictorio que la CVC expida una resolución exigiéndole a
EMSIRVA ESP diseñar un plan de gestión social para responder al cerramiento del
botadero, y hoy estas entidades nieguen cualquier responsabilidad de “gestión
social” frente a los recicladores; tercero, porque no tiene sentido que las
entidades accionadas hayan participado en la elaboración de una norma ambiental
como el PGIRS, que obliga a tener en cuenta los intereses y problemáticas de
los recicladores, y desconozcan ahora lo expresado allí y, cuarto, porque sus
actuaciones desvirtúan tal afirmación. Para la Corte, con base en la
información que reposa en el expediente, es claro que las autoridades
accionadas no sólo sabían que con el cerramiento de Navarro generaría un
impacto adverso y desproporcionado para los recicladores, sino que también eran
conscientes de que estaban obligadas a tomar medidas para mitigar dicho
impacto. De hecho, unos meses antes del cierre el Defensor del Pueblo –Regional
Valle del Cauca - le había recordado a la administración del Valle la necesidad
de adoptar soluciones para evitar que se vulneraran los derechos de los
accionados tras el cerramiento de Navarro.[61]
El hecho es que a pesar de que de tiempo
atrás era conocida la problemática social que podría generarse con el
cerramiento de Navarro y a pesar de que era claro que los actores tras dicha
decisión verían comprometido su mínimo vital, tan sólo dos semanas antes del
cierre del botadero, se decidió convocar a una reunión para “conocer las
necesidades del grupo de recicladores de Navarro con relación al cierre del
sitio de disposición y adquirir compromisos por parte del Municipio, CVC, Emsirva, para dar solución a la
problemática generada.”
Es decir, a pesar de que habían
transcurrido 10 años desde la decisión de cerrar el Botadero de Navarro y de
que se exigiera un plan de gestión social para mitigar sus impactos, sólo dos
semanas antes, cuando las autoridades accionadas se vieron expuestas a una
tensión social que amenazaba con retrasar el cierre del basurero, decidieron
sentarse con los recicladores para conocer sus necesidades y asumir
compromisos. Obviamente, el espacio de concertación que permitieron las
autoridades, dejó a los actores en la posición de adoptar sin mayores reparos
los ofrecimientos de la administración. Estos ofrecimientos quedaron consignados
en un acta del 13 de junio de 2008 firmada por las entidades acusadas que se
transcribe a continuación:
“Una vez se escucharon los planteamientos
de los representantes de los recicladores con relación al tema del cierre, los
representantes del gabinete Municipal presentes en la mesa, la CVC en cabeza de
su director y la gerente de EMSIRVA ESP, se comprometen a:
Despacho del señor Alcalde.
·
Gestión ante la
dirección del SENA en relación con la Propuesta de cofinanciación entre las dos
entidades, para ejecutar programas de formación de recicladores con el
propósito de avanzar en la reconversión laboral de 200 recicladores de Navarro.
DAGMA
·
Oferta de empleo
(dependiendo del traslado de recursos por parte de la CVC) para vincular a los
recicladores en las cuadrillas de trabajo para el corte de prado y enlucimiento
de zonas verdes (50 trabajadores). Esta propuesta no fue aceptada por el
director de la CVC.
Secretaría de educación.
·
Incorporación de
niños, jóvenes y adultos de la población de recicladores a los programas de
educación gratuitos de la secretaría de Educación Municipal, en el marco de la
política de inclusión directa de la población por fuera del sistema educativo.
Se disponen los recursos a partir de la población.
Secretaría de Bienestar social.
·
Vincular con
prioridad a las madres cabeza de hogar a los programas de la secretaría
ejecutados en Potrero Grande y otras zonas de la ciudad.
Salud.
·
Con la ESE Oriente,
desarrollar todos los programas ejecutados por la Secretaría de Salud en
población adolescente, niños, adultos mayores, programas de prevención en
salud, vacunación y otros.
·
Actualización de la
base de datos del SISBEN. Registro de documentos.
·
Se trabaja en la
caracterización de la población infantil.
Vivienda.
·
Se ofrece la incorporación
de 100 familias a los programas habitacionales de la secretaría de vivienda en
los proyectos potrero grande  y Santa Elena.
·
Se estudiará la
incorporación de más familias en otros proyectos de la secretaría.
Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.
·
Se está llevando a
cabo la ejecución del proyecto de acompañamiento en la agremiación de
recicladores, incluido el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.
CVC
·
La CVC aportará
$815.000.000 (ochocientos quince millones de pesos), para proyectos que generen
empleo y sean ejecutados por los recicladores.
EMSIRVA
·
Plantea que se
vincularán 150 recicladores, extendida a 200 para labores de recolección y
barrido.”
Ahora bien, como consta en el expediente, después de
la firma de dicha acta, y del cerramiento de Navarro el 25 de junio de 2008,
los actores realizaron una protesta en la parroquia de la Ermita, para reclamar
por el incumplimiento de lo acordado. Por tal razón, las entidades demandadas
accedieron a una nueva reunión y como consecuencia de la misma, suscribieron el
acta del 8 de agosto de 2008. En ella se consignó lo siguiente:
“a. En atención a que el 5 de agosto del
presente año, la Asociación de Recicladores de Navarro, hicieron presencia
pacífica en las instalaciones de la iglesia la ermita, con un conjunto de
demandas asociadas a la situación del cierre del “basuro” de Navarro, realizado
el 25 de junio del año en curso.
b. Teniendo en cuenta que el día 13 de
junio del presente año se construyó mediante acta pública una ruta de trabajo
para enfrentar los perjuicios sociales que el cierre del “basuro” de Navarro
pudiera acarrear; y que los voceros de la Asociación de Recicladores de Navarro
abajo firmantes, respaldados por firmas, consideran fundamental habilitar
espacios para hacer seguimiento y agilizar los compromisos establecidos.
Se firma el presente Acuerdo Compromisorio
1. La empresa municipal de servicios
públicos de Aseo EMSIRVA, se compromete a entregar  a los recicladores de
Navarro, instaladas y adecuadas técnicamente para su operación y
funcionamiento, las bandas transportadoras de reciclaje existentes en navarro
por medio de un contrato de comodato de diez años.
2. Igualmente, para el funcionamiento del
proceso de reciclaje, la Alcaldía de Santiago de Cali y EMSIRVA, se comprometen
a entregar permanentemente, un volumen identificado de residuos sólidos para la
alimentación de las bandas anteriormente mencionadas, coordinando la operación
mediante concertación con el Comité de seguimiento. La arquidiócesis de Cali
entrega en donación diez millones de pesos ($10.000.000) y EMSIRVA, la Alcaldía
de Santiago de Cali, la Arquidiócesis de Cali y la Personería Municipal
conformarán un Comité de gestión empresarial, para apoyar el emprendimiento de la
Asociación de Recicladores de Navarro.
3. La Alcaldía de Santiago de Cali se
compromete a entregar en funcionamiento la planta de separación de residuos en
el término de 90 días.
4. Las instituciones presentes en la mesa,
se comprometen a proveer 625 empleos de carácter contingente en el área de
escombros, barrido, limpieza de la ciudad y zonas verdes, teniendo en cuenta
las condiciones específicas de la población de recicladores de Navarro,
incluyendo discapacitados y adultos mayores.
Emsirva: 220 empleos a partir de la fecha.
Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC: 30 empleos a partir de la fecha.
Alcaldía de Santiago de Cali: 375 empleos
por tres meses, a partir de la primera semana de septiembre. El contrato de
trabajo en esta alternativa definirá entregar como anticipo el 50% de la
primera asignación mensual a partir del perfeccionamiento del contrato que no
podrá excederse de la primera semana de septiembre.
5. La CVC mantiene el compromiso firmado el
13 de junio de gestionar la suma de 815 millones de pesos para la capacitación
y organización de los recicladores de Navarro en la generación de empleo.
6. La doctora Susana Correa, agente
interventora de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Aseo, EMSIRVA, se
compromete a gestionar subsidios y recursos de subsistencia para el grupo de
recicladores de Navarro que implique garantizar el derecho a la vida de ellos y
sus familias.
7. Se nombrara e instalará una comisión
permanente de seguimiento y agilización de los compromisos establecidos, de tal
manera que se de desarrollo integral a lo acordado. Esta comisión se instalará
el día 15 de agosto de 2008 a las 2:00 p.m. en el Salón Simón Bolívar de la
Alcaldía de Santiago de Cali, formarán parte de este equipo de seguimiento las
siguientes entidades: Alcaldía de Santiago de Cali, la Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Aseo EMSIRVA, la CVC, la Personería Municipal, la
Defensoría Regional del Valle del Cauca, La Procuraduría Provincial  de
Santiago de Cali, la Asociación de Recicladores de Navarro y sus asesores y la
Arquidiócesis de Cali.
8. Los manifestantes se comprometen a
retirarse de la iglesia de la Ermita de manera pacífica a la firma del presente
documento.
9. La municipalidad se compromete a no
judicializar a los ocupantes de la Iglesia la Ermita ni a tomar ninguna otra
medida.
10. Una vez se de la firma de este
documento, la municipalidad, los organismos del ministerio público y la iglesia
recibirán las instalaciones de la iglesia la Ermita, constatando sus
condiciones físicas.”
Para la Corte muchos de estos compromisos
sólo ofrecen una solución coyuntural y parcial a la crisis social que hoy
enfrentan los recicladores. Por ejemplo, dar empleos contingentes a un
porcentaje bajo de recicladores está lejos de garantizar la obligación del
Estado de brindar para esta población alternativas económicas duraderas. Ni
siquiera se contempla cuál será su suerte laboral después de esos tres meses, teniendo
en cuenta que sus competencias son en labores de reciclaje y, como se mostrará
más adelante, se ha limitado al extremo su participación en dicha actividad.
Además, no se debe olvidar que los recicladores, así fuera de manera informal,
actuaban como empresarios, de manera que una alternativa adecuada, más que
convertirlos en empleados de las grandes empresas de reciclaje, es permitirles
un espacio para que puedan seguir actuando como empresarios, promoviendo su
capacidad organizativa y fortaleciendo sus capacidades y oportunidades para
ejercer adecuadamente la actividad que venían desarrollando a través del
tiempo. No obstante, bajo esta misma consideración, es posible señalar, que a
pesar de lo limitado de algunos de los compromisos, otros sí apuntaban a
garantizar una ocupación para los recicladotes en la actividad que conocen. Es
el caso de EMSIRVA, que se compromete a entregar a los recicladores de Navarro,
instaladas y adecuadas técnicamente, unas bandas transportadoras de reciclaje,
y a entregar permanentemente un volumen de residuos sólidos para la
alimentación de las bandas anteriormente mencionadas.
Sin embargo, y al margen de la discusión sobre si
estos compromisos efectivamente ayudan a mitigar el impacto para los actores de
las decisiones de la administración en relación con el manejo y aprovechamiento
de residuos sólidos en Cali y contribuyen a promover las condiciones de vida de
dicha población, lo cierto es que en este caso, ni siquiera los compromisos
adquiridos han sido cumplidos a cabalidad. Como se ilustra en el aparte de
pruebas de esta sentencia, la Corte ofició a las entidades accionadas para que
señalaran qué se había cumplido y qué no de los compromisos que se consignan en
las actas del 13 de junio de 2008 y del 8 de agosto de 2008. La conclusión es
que en buena parte han sido incumplidos.
Por ejemplo no se ha cumplido en absoluto con el compromiso de suministrar las bandas de
reciclaje a los recicladores para que puedan continuar con la actividad de
separación de residuos, con el argumento de que los estudios de viabilidad
adelantados por EMSIRVA muestran que las bandas no son de EMSIRVA sino de
Serviambientales. En consecuencia tampoco se entregó un porcentaje de basura
para que los recicladores hicieran separación, ni se cumplió con el compromiso
de entregar una planta de separación de residuos sólidos, ni con la gestión de
815 millones para la capacitación y generación de empleo de los recicladores.
Aunque como se dijo, es bastante limitada la oferta de
generación de empleo temporal, frente a ella ha habido un cumplimiento parcial.
Por ejemplo EMSIRVA ESP afirma que se contrataron 112 recicladores para
barrido, recolección y motoristas y 25 más para embellecimiento de zonas verdes
(hasta febrero 5 de 2009). El Departamento Administrativo de Planeación
Municipal afirma que EMSIRVA ofreció 110 empleos de 220 que prometió y la CVC
ofreció, a su vez, otros 30. La Alcaldía indica que contrató 375 trabajadores
por tres meses con posibilidad de prolongarlo 2 meses más.
En el tema de escolarización de los menores
pertenecientes al grupo de recicladores, se han gestionado apenas solicitudes
de ingreso para 20 cupos escolares, sin que se indique por ejemplo, cuántos
menores fueron identificados, en qué consiste la “gestión” de cupos (en su
asignación efectiva o simplemente en la solicitud) y cuál es el plan a seguir
con los demás menores a quienes no se les ha gestionado el cupo. En cuanto a la
salud se indica que el SISBEN ha censado 1247 recicladores, pero no se
específica si este corresponde a la totalidad de recicladores y cuántos de
ellos se encuentran el régimen subsidiado.
Este escenario muestra que difícilmente podría hablarse
de un cumplimiento, aunque fuera parcial, de los compromisos adquiridos por la
administración. Estas entidades propiciaron, como se señaló, los espacios de
negociación con los recicladores en momentos de tensión que hubieran podido
retrasar el cierre del basurero. Un primer momento de negociación dos semanas
antes del cierre y un segundo momento de negociación, cuando fue tomada
pacíficamente la parroquia la Ermita. Sin embargo, una vez desarticulada la
manifestación de fuerza de los recicladores las autoridades administrativas han
omitido cumplir sus compromisos. Incluso adquirieron compromisos que al parecer
no estaban dispuestos a cumplir, como la entrega de las bandas de reciclaje de
Navarro, cuyo embargo se conoce desde hace varios años.
Bajo esta perspectiva, no queda otro camino que
concluir que efectivamente las autoridades acusadas violaron el derecho a la
igualdad de los actores, al igual que la confianza legítima que depositaron en
ellas, tras la suscripción de las actas de acuerdo. Si bien la Corte acepta que
el cierre del botadero obedece a razones ambientales ampliamente sustentadas en
documentos técnicos, como puede leerse en las pruebas trascritas antes y en las
consideraciones de las diversas regulaciones que han sustentado el proceso, las
autoridades estaban en la obligación no sólo de minimizar el daño que generó
tal determinación para los actores, sino también, de adoptar medidas positivas
para promover a este grupo marginado. Por el contrario, a pesar de contar con
10 años para diseñar una política de reciclaje de residuos sólidos que
respondiera al impacto social, las entidades demandadas actuaron de manera
ligera, adoptaron una decisión que al margen de su necesidad agravó la
situación de pobreza y marginalidad de una población de por sí pobre y
marginada, sin contrarrestar, a través de medidas positivas, sus efectos.
A la luz de una difícil realidad, llama la atención a la
Corte la indiferencia con la que las entidades demandadas responden a los
cargos de igualdad que plantean los actores. Para evadir su responsabilidad,
EMSIRVA EPS, por ejemplo señala que si bien participó en las reuniones del 13
de junio y del 8 de agosto de 2008, los acuerdos a los que se llegó, eran meras
“hipótesis respecto de una posible colaboración, en la medida en que las
condiciones de reorganización empresarial y disponibilidad de recursos lo
permitan en desarrollo del actual esquema de intervención de esta empresa por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.” La
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca fue mas lejos y desconoció por
completo estos compromisos afirmando que los mismos no habían sido probados en
el expediente, aún cuando era una resolución suya la que ordenaba la
implementación de este componente en la política: “(…) en el instructivo no
se soportó ni reposa prueba alguna que señale el compromiso de la Corporación
para solucionar la problemática de los recicladores teniendo en cuenta que no
existe ni ha existido relación contractual alguna y mucho menos está dentro de
nuestras funciones ambientales el solucionar problemáticas sociales generadas
por la prestación de servicios públicos (…)”. Por s parte, el Departamento
Administrativo de la Gestión Ambiental, DAGMA, indicó, tal y como consta en las
actas antes trascritas, que por carecer de recursos propios sus actuaciones
dependían del traslado de recursos de la CVC, el cual no fue aceptado por el
director de esa entidad, “por lo tanto el DAGMA no podrá en adelante seguir
con sus compromisos frente a los recicladores, hasta tanto no se llegue a un
acuerdo con la dirección de la CVC.”
La Corte ya ha puesto de presente la debilidad del
argumento de las competencias ambientales, como excusa para que las autoridades
accionadas omitan su deber de tomar medidas positivas a favor de los
demandantes. Sin embargo, es preciso señalar, que las demás razones para
justificarlo, tampoco son de recibo, por lo siguiente:
En primer lugar, porque al margen de que los
recicladores sean o no contratistas de las entidades acusadas, la Constitución
obliga a todas las autoridades no sólo a abstenerse de adoptar medidas que
agraven o perpetúen las condiciones de marginamiento o subordinación de un
grupo desventajado, sino también a actuar positivamente para promover en su
favor condiciones de igualdad material, más aún, cuando éste ha podido verse
afectado por sus decisiones o actuaciones.[62] En este
sentido es importante recordarle a las entidades accionadas, que no sólo no es
potestativo tomar medidas a favor de los accionantes, sino que éstas deben ir
más allá de formular meras “hipótesis” de trabajo respecto a una “posible
colaboración”, como los sugiere EMSIRVA ESP, en este proceso.
En segundo lugar, porque en este caso,  ha operado la
figura de la confianza legítima, pues, por un lado, si bien los recicladores
realizaban en Navarro una actividad informal, su actividad fue no sólo
permitida por más de 30 años, sino también aplaudida por la administración.
Como lo señala una de las entidades demandadas en su intervención, esta
población “contribuyó en el manejo de todos los materiales que se podían
rescatar tales como plásticos, papeles, vidrios, siderúrgicos entre otros”.[63]
Es decir, que los actos de la administración, permitieron que operara una
convicción objetiva en los recicladores de que la actividad que realizaban no
sólo no era prohibida, sino valorada. Sobre este particular, vale la pena
recordar lo expuesto por esta Corporación, en materia de confianza legítima.
Así, por ejemplo, en la sentencia T-321 de 2007,[64]
expresó:
“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, las relaciones
entre sujetos jurídicos debe regirse por el principio de buena fe, que comporta
de una parte, un deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y,
de otra, el derecho a esperar que los demás procedan de la misma forma[65].
(…) La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto por el acto propio
contiene el deber de comportarse de manera consecuente con las actuaciones
precedentes de manera que no se sorprenda a la otra parte con conductas que,
por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente fundadas.
Por otro lado, respecto del principio de la
confianza legítima la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que
éste consiste esencialmente en que el Estado y las autoridades que lo
representan, no pueden modificar de manera inconsulta, las reglas de juego que
gobiernan sus relaciones con los particulares.[66] (…)
La Sala debe manifestar que la aplicación
del principio de confianza legítima presupone la existencia de expectativas
serias y fundadas, cuya conformación debe ser consecuente con actuaciones
precedentes de la administración que generen la convicción de estabilidad en el
estado de cosas anterior. No obstante, de este principio no se puede derivar la
intangibilidad e inmutabilidad de las relaciones jurídicas que generan
expectativas para los administrados; por el contrario, la interpretación del
mismo debe hacerse bajo el entendido de que no aplica sobre derechos
adquiridos, sino respecto de situaciones jurídicas susceptibles de
modificación, de manera que la alteración de las mismas no puede suceder de
forma abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la administración, la
asunción de medidas para que el cambio suceda de la forma menos traumática para
el afectado.[67]
Este principio de confianza legítima ha
sido aplicado por esta Corporación en diferentes escenarios, de los cuales vale
la pena citar el de los vendedores ambulantes, en el que se suscitaba un
conflicto entre el derecho al trabajo y el espacio público, que si bien se
resolvía, en favor del interés general, por virtud del principio de confianza
legítima se ordenaba a la administración asumir una serie de medidas tendientes
a procurar la reubicación de los mismos.
En sentencia SU-360 de 1999, se dijo lo
siguiente:
“Este principio se
aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y
privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo
tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la
actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse”.[68]
En dicha providencia, respecto del caso de
los vendedores ambulantes, la Corporación arribó a las siguientes conclusiones
que pueden aplicarse al presente caso: “Así
las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos. En
primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés
público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente
en la relación entre la administración y los administrados; por último, la
necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual
situación a la nueva realidad”.[69] De
allí que, en las relaciones entre las autoridades del Estado y los
particulares, en seguimiento del principio de la buena fe, sea exigible una
coherencia en las actuaciones y un respeto por los compromisos adquiridos.
Pero además de lo anterior, el principio de buena fe y
de confianza legítima, también se les ha vulnerado a los actores por el
incumplimiento de las expectativas que la administración ha generado a través
de diferentes actos. Como ya se mostró, hace 10 años, en la Resolución SCA N°
336 de septiembre 15 de 1999, se anunció un plan social para contrarrestar el
impacto del cerramiento de Navarro; el PGIRS, no sólo permitió la participación
activa de este grupo en su diseño, sino que señaló unos lineamientos de
política altamente favorables para él, y en julio y agosto de 2008, como se
refirió, las diferentes entidades accionadas suscribieron actas adoptando
varios “compromisos” en diversas materias como empleo, educación y salud[70].
Por eso sorprende que las entidades acusadas digan ahora que no tienen
responsabilidades frente a los recicladores, cuando fueron ellas mismas las que
generaron diversas expectativas de acción en su favor.
Sobre este punto, no sobra agregar los señalado por la
Corte en la sentencia T-760 de 2008, en el sentido de que para que las
políticas públicas estén acordes con la Constitución, no sólo se necesita que
existan y permitan la participación democrática en los procesos de decisión,
elaboración, implementación y evaluación de la misma, sino que es necesario que
la política pública tenga como prioridad el goce efectivo del derecho. Es decir,
no puede “no puede tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no
esté acompañada de acciones reales y concretas.[71] Así pues,
(…) se viola la Constitución cuando existe un plan o un programa, pero se
constata que (i) “sólo está escrito y no haya sido iniciada su
ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea evidentemente inane,
bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los
titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido
indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable”.[72]
Este es precisamente el caso de las determinaciones de política que frente a
los recicladores se han adoptado en Cali.
Por último, lo anterior sirve también para dar
respuesta a otro de los argumentos elevados por los accionantes, de que no
puede existir responsabilidad alguna frente a los accionantes, pues ellas han
actuado en cumplimiento de normas legales, generales y abstractas. Para la
Corte es cierto, como arriba se refirió, que existen diferentes normas, en
principio, como lo dicen los accionantes, generales y abstractas, que hacen
cambiar la forma en que se disponen los desechos, y la forma en la que se
deberá hacer el reciclaje de residuos sólidos. Por ejemplo, es evidente que
existen normas prohibiendo los basureros a cielo abierto, y la presencia humana
en el frente de los rellenos sanitarios. Sin embargo, y a pesar de que la
existencia y cumplimiento de por lo menos estas disposiciones que refieren los
actores no se cuestiona, lo que si se cuestiona es que se haya sido selectivo
en el cumplimiento de la normatividad en la materia. Porque lo cierto, es que
de la mano de disposiciones como las que se comentan hay un cúmulo de normas,
que exigen incluir formalmente a los recicladores al proceso de reciclaje,
darle alternativas, fortalecer sus capacidades organizativas adoptar medidas
positivas en su favor. En este punto, principalmente EMSIRVA ESP una vez
intervenida por la nación ha pasado de largo disposiciones de obligatorio
cumplimiento como el PGIRS de Cali. En otras palabras el hecho de que la
entidad encargada del aseo en Cali haya sido intervenida por la nación y se
haya iniciado frente a ella un proceso liquidatorio, no excusa al agente
liquidador de incumplir el PGIR de Cali, máxime cuando éste fue expedido de
conformidad con disposiciones emitidas por el mismo nivel central.
8.     La
violación al derecho a la igualdad, a la libertad económica y a la libre
empresa, por la exclusión de los recicladores de un mercado rentable, sin que
tal exclusión esté amparada por condiciones de razonabilidad y
proporcionalidad.
Ya se ha dicho en esta providencia que la orden de
cerrar el botadero de Navarro sin brindar alternativas viable de subsistencia a
los recicladores, va en contravía de la cláusula del Estado Social de Derecho y
del derecho a la igualdad, tanto desde la perspectiva del principio de no
discriminación, como desde la perspectiva de la obligación de intervención que
tiene el Estado a favor de grupos marginados y discriminados. También se ha
señalado, que además de estos derechos constitucionales, las entidades
accionadas, por haber incumplido, entre otras cosas, los compromisos que
adquirieron con los recicladores, violaron los principios constitucionales de
la buena fe y de la confianza legítima.
Más allá de lo anterior, lo que observa la Corte es
que la violación de los derechos de los actores no se limita al cerramiento del
botadero sin que se hayan adoptado medidas dirigidas a mitigar el impacto de
dicho acto. También obedece a que a la luz del conjunto de actuaciones que
vienen tomando las autoridades en materia de aseo y principalmente en materia
de reciclaje de residuos sólidos, se ha tendido a excluir de una
actividad económica lucrativa a los recicladores -no sólo a los de Navarro,
sino también a los múltiples recicladores de calle que existen en Cali. Esta
exclusión de una actividad económica a un grupo marginado, se justificaría sólo
si se lograra demostrar, bajo un estándar estricto de constitucionalidad, que
obedece a consideraciones de razonabilidad y proporcionalidad. Esto no sucede
en este caso.
Para explicar el punto, vale la pena, recordar lo
sostenido por EMSIRVA ESP en su intervención ante la Corte, que demuestra lo
lejos que está su apreciación del cumplimiento de la exigencia constitucional
de que todas las políticas públicas, programas o medidas diseñadas y ejecutadas
en un Estado social de derecho, partan de una evaluación razonable y cuidadosa
de la realidad y se formulen sin afectar indebidamente el goce efectivo de los
derechos fundamentales de las personas. Dice EMSIRVA ESP:“(…) el problema
planteado por el accionante en esta acción constitucional es un problema de
índole social y de reincursión en la escala laboral, soportado en una supuesta
falta de fuente de trabajo, situación que como se expresó en el párrafo
anterior, no corresponde a la realidad porque la actividad de aprovechamiento o
recuperación como tal bajo condiciones técnicas no ha sido prohibida, estas
personas pueden realizar y ejecutar su oficio como todos en Colombia,
procurándose sus propios clientes (…)”
El argumento de EMSIRVA ESP hace recordar la irónica
frase del escritor francés Anatole France: “el derecho, en su majestuosa
igualdad, le prohíbe por igual a ricos y pobres dormir bajo los puentes, pedir
limosna en la calle, o robar pan”. Porque lo que es cierto, es que algunas
de las restricciones que se han establecido en materia de manejo y
aprovechamiento de residuos sólidos y los requisitos que ha establecido EMSIRVA
ESP para participar del mercado de las basuras, aun cuando están redactadas en
lenguaje neutral y no establecen una prohibición expresa para que los
recicladores ejerzan la actividad de manejo y aprovechamiento de residuos
sólidos, lo cierto es que bajo las condiciones actuales, quienes han realizado
por años esta actividad económica, sólo podrían continuar participando del
mercado del reciclaje, si reciben un apoyo decidido de las autoridades.
Sólo basta con mirar la situación actual de los recicladores
de Navarro. Por un lado no pueden conseguir material reciclable del basurero en
el que operaban; ni pueden trabajar en el nuevo relleno sanitario, no sólo
porque Yotocó está muy lejos de Cali, sino porque que bajo el decreto 1713 de
2002 (modificado por el art. 9 del decreto 1505 de 2003) se prohíbe la
presencia humana en los frentes de los rellenos sanitarios. Adicionalmente, las
estaciones de separación que se prometieron construir en el nuevo relleno
sanitario de Yotocó, no  han entrado en funcionamiento, y no hay indicios de
que en el momento que lo hagan se permita a los recicladores operar en ellas.
Por otro lado, si no es en el basurero, podría
entonces pensarse que los recicladores de Navarro podrían buscar la basura de
lo que los hogares desechan en la calle; pero esta opción no sólo no es
deseable sino que, como anteriormente se expresó, esta posibilidad tampoco está
disponible a la luz de la normatividad actual. No es deseable, pues esto
generaría un enfrentamiento innecesario con otro grupo igualmente marginado,
los recicladores de calle, de manera que, como lo señala uno de los
intervinientes, podría generarse una difícil tensión social y de paso no
corregirse la problemática de la informalidad en la ocupación. Pero tampoco es
posible, porque a la luz de disposiciones como las que se establecen en los
artículos 4 y 6 de la Ley 1259 de 2008, no se pueden abrir bolsas de basura en
la calle, ni se puede movilizar la basura en vehículos de tracción animal,
actividades, que dada las condiciones de marginalidad, son propias de los
recicladores.
Sumado a lo anterior, cualquier oportunidad de
trabajar en condiciones de formalidad les está siendo negada. Los requisitos
que EMSIRVA ESP ha establecido para la adjudicación del contrato “para la
operación y explotación de los servicios de recolección de los residuos
sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la gestión
comercial y otras actividades en la zona N° 1 de Cali”, dan cuenta de ello.
Entre otros requisitos, en la Convocatoria pública N° 002 de 2009 se exige a
los proponentes: i) pagar una prima de saneamiento empresarial la cual no podrá
ser inferior a dos mil quinientos millones de pesos, ii) demostrar que poseen
un patrimonio (activo total menos pasivo total) de al menos ocho mil millones
de pesos; iii) presentar una garantía bancaria por un valor mínimo de dos mil
quinientos millones de pesos; iv) poseer experiencia en recolección y barrido
de residuos ordinarios, en contratos o proyectos operados al menos durante tres
años consecutivos y demostrar experiencia en gestión comercial en los
componentes de manejo del catastro de 100.000 suscriptores o usuarios en
servicios públicos domiciliarios, al menos durante tres años consecutivos. Es
evidente, que los recicladores, incluso aquellos que puedan encontrarse
agremiados, no pueden cumplir, bajo las condiciones actuales, ninguno de éstos
requisitos.
Como se ha señalado en esta providencia, si bien es
cierto que la regulación de los servicios públicos compete al legislador, y que
el Estado puede tomar determinaciones que limiten la participación, la libre
empresa y la libre competencia en la búsqueda de la eficiencia en su
prestación, de la calidad del servicio o de la ampliación de su cobertura, lo
cierto es que toda restricción al ejercicio de un derecho debe estar precedida
por condiciones de razonabilidad y proporcionalidad.[73]
Como arriba se señaló, si bien ordinariamente el análisis de las restricciones
a la libertad económica, se analizan en principio bajo un estándar leve, cuando
dichas restricciones impactan el ejercicio de derechos de personas ubicadas en
condiciones de marginalidad y discriminación, el estándar de evaluación debe
ser más riguroso. Es decir que las autoridades  están obligadas a demostrar que
dicha restricción (i) obedece a una finalidad imperiosa, (ii) necesaria ante la
inexistencia de mecanismos alternativos menos onerosos en término de sacrificio
de derechos, y (iii) proporcionada en sentido estricto.
Aunque la Corte no desconoce la necesidad de que los
servicios de aseo y recolección de residuos sólidos se realicen en condiciones
de eficiencia y protección del medio ambiente, lo cierto es que la
administración, a quien le corresponde la carga de la prueba, no ha demostrado
en este proceso por qué excluir a los recicladores de las actividad de manejo y
aprovechamiento de residuos sólidos es necesaria, o por qué es conveniente
limitar su participación en términos de la finalidad de prestar un servicio
eficiente y bajo estándares ambientales óptimos, o por qué, si los recicladores
antes realizaban una actividad empresarial informal conforme a la protección
del medio ambiente, ahora no pueden seguir haciéndolo. Y es que, como resalta
uno de los intervinientes en este proceso, resulta un tanto sorprendente que
mientras que la actividad del reciclaje no era apreciada como una actividad
económica rentable, se permitiera a los recicladores ejercerla –y de hecho se
aplaudiera su función- pero hoy, cuando es claro que es una actividad altamente
lucrativa,[74] se excluye de cualquier
participación a quienes ejercían esta actividad por años.
Con todo, y si en gracia de discusión se señalara que
dicha exclusión obedece a criterios de eficiencia y protección ambientales en
la prestación de un servicio público, no se observa cómo la participación de
los recicladores en el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, en un
contexto como el colombiano, atenta contra la eficiencia y la protección del
medio ambiente. Por el contrario, lo que observa la Corte es que en países en
los que no existe cultura de separación de residuos en la fuente, como es el
caso de nuestro país,  los recicladores tienen mucho que aportar en la materia.
De hecho, existen varias experiencias exitosas que
demuestran que es posible garantizar procesos de manejo y aprovechamiento de
residuos sólidos que sean eficientes y que cumplan con altos estándares en
términos de protección al medio ambiente, y al mismo tiempo, promuevan la
inclusión de los recicladores. En otras palabras, eficiencia y protección al
medio ambiente, no chocan con la participación de los recicladores en estos
procesos. En otros lugares, se ha entendido bien, que lejos de excluir a una
población marginada, lo que hay que hacer es fortalecer sus redes asociativas,
formalizar su actividad, y cualificar su participación. Este es el caso, por
ejemplo, de Brasil, que tanto a nivel federal como local ha adoptado normas
para promover la actividad de los recicladores como una actividad empresarial.
Entre otras disposiciones, por ejemplo, se reconoce la actividad de los
recicladores como una profesión, se permite al Estado contratar sin licitación
a las asociaciones de recicladores para cumplir algunas funciones relacionadas
con la separación de residuos, y se reservan las basuras generadas en los
edificios federales para que los recicladores tengan con qué trabajar.[75]
En este mismo sentido se pronuncia el investigador
Martín Medina[76] al estudiar los procesos
de reciclaje en América Latina:
“Abundan ejemplos de países en desarrollo
en los que las tecnologías provenientes de las naciones industrializada no
están acordes con las condiciones y necesidades de los primeros”, entre otras
razones, por la composición de los desechos generados en comparación con los
países industrializados (…) un manejo integrad de los desechos considera al
reciclaje como una acción más socialmente deseable que la disposición masiva de
desechos en rellenos sanitarios. A pesar de su deseabilidad, pocas ciudades
latinoamericanas tienen políticas y programas que promuevan el reciclaje y
concentren sus esfuerzos y recursos en la recolección de residuos y su
disposición en rellenos sanitarios. Las actividades de reciclaje informal
constituyen una fuente importante de ingresos para individuos de un nivel
educativo bajo y migrantes, suministran materias primas baratas a la industria
y disminuyen la cantidad de residuos que deben recogerse, transportarse y
disponerse en basureros/rellenos sanitarios. Desgraciadamente, a menudo las
autoridades municipales no observan los beneficios sociales, económicos y
ambientales del reciclaje informal (…)” Las cooperativas de recicladores
pueden ser un medio para promover un desarrollo de base y de disminuir el
impacto ambiental negativo de los procesos de producción y consumo de una forma
que ayude a resolver el problema del manejo de residuos sólidos de forma
económicamente viable, socialmente deseable y ambientalmente adecuada. El
reciclaje informal puede contribuir en el logro de un desarrollo sostenible.
Apoyar y promover el reciclaje informal en América Latina sería un paso en la
dirección correcta.” (Subraya fuera de texto)
En síntesis, de lo anterior es posible concluir, que
si bien la regulación de los servicios públicos corresponde al Estado, la
competencia para definir en que marco entran los particulares a participar de la
prestación de un determinado servicio público, no puede tomarse en desmedro de
una población marginada y discriminada, máxime cuando ésta tiene mucho que
aportar en la prestación eficiente y con calidad del mismo servicio. El Estado,
no puede cerrar completamente la participación de los recicladores en una
actividad económica, así ésta esté enmarcada en la prestación de un servicio
público, sin demostrar que dicha exclusión obedece a consideraciones de
razonabilidad y proporcionalidad. Aquí ha quedado acreditado que tales consideraciones
no se dan.[77]
9.
Resumen de las órdenes a impartir
Con base en las anteriores consideraciones, en la
presente sentencia se adoptarán dos tipos de órdenes. En primer lugar, aquellas
orientadas a resolver los casos concretos de las tutelas acumuladas en la
presente sentencia. En segundo lugar, se adoptarán órdenes complejas dirigidas
a resolver los problemas planteados frente a los recicladores de Navarro y con
la situación de los recicladores en la ciudad de Cali en general.
9.1.
Órdenes puntuales para garantizar los
derechos de los accionantes en el presente proceso.
9.1.1. En razón de las consideraciones expuestas a lo largo de la parte
motiva de esta providencia, la Corte considera que, en efecto, las autoridades
municipales de Cali vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna en conexidad con el derecho
al trabajo de los recicladores
de basurero de Navarro. Por esta razón, en los casos concretos acumulados en la
presente providencia se procederá a conceder la tutela interpuesta por los
recicladores. Así:
1.
En el proceso
T-2094526, se revocará de decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo del Municipio de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Cecilio Cesar Caicedo Izquierdo y su núcleo familiar.
2.
En el proceso T-2094503,
se revocará de decisión adoptada por Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali que revocó la decisión del Juzgado
diecinueve (19) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali que
había concedido el amparo, y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Neisy Gómez Vargas y su núcleo familiar.
3.
En el proceso
T-2043683, se revocará de decisión adoptada por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de de Mariela Tenorio Carabalí y su núcleo familiar
4.
En el proceso T-2088107,
se revocará de decisión adoptada por la Sala de Decisión Civil. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali que denegó el amparo, decisión que no
fue apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Conrado de Jesús Cardona y su núcleo familiar.
5.
En el proceso
T-2100533, se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue apelada
por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de
Julio Cesar Gómez Ramos y su núcleo familiar.
6.
En el proceso
T-2094109, se revocará de decisión adoptada por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cali que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Primero
de Familia  de Cali en primera instancia, y denegó el amparo, y en su lugar, se
protegerán los derechos fundamentales de Grecia Valencia Viáfara y su núcleo
familiar.
7.
En el proceso
T-2100590, se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no
fue apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de José Armando Arias y su núcleo familiar.
8.
En el proceso T-2100537,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Álvaro Castillo Quiñónez y su núcleo familiar.
9.
En el proceso
T-2100536, se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no
fue apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Fabio Andrés Velasco Martínez y su núcleo familiar.
10.
En el proceso T-2100659,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de María Victoria Carlosama y su núcleo familiar.
11.
En el proceso T-2088003,
se revocará de decisión adoptada por la Sala de Familia-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue apelada por
el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de José
Hernando Miranda Rodríguez y su núcleo familiar.
12.
En el proceso
T-2085999, se revocará de decisión adoptada por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue apelada por el
demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Freddy
Orlando Tenorio Quiñones y su núcleo familiar.
13.
En el proceso T-2100591,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Alexander Mayorga y su núcleo familiar.
14.
En el proceso T-2092631,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Laboral-Tribunal Superior del
distrito Judicial Santiago de Cali que revocó la decisión adoptada por el
Juzgado Doce Laboral del circuito de Cali en primera instancia, y denegó el
amparo, y en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Raquel
Tamayo Cáceres y su núcleo familiar.
15.
En el proceso T-2092630,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Segundo Camilo Quiñónez y su núcleo familiar.
16.
En el proceso T-2092148,
se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Fernando Ramírez y su núcleo familiar.
17.
En el proceso T-
2092004, se revocará de decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali que revocó la decisión adoptada por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali en primera instancia, y denegó el
amparo, y en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Luz Mery
Rodríguez Valentierra y su núcleo familiar.
18.
En el proceso
T-2090545, se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no
fue apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Safra Ruth Méndez Muñoz y su núcleo familiar.
19.
En el proceso
T-2088111, se revocará de decisión adoptada por la Sala Civil-Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santiago de Cali que denegó el amparo, decisión que no
fue apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Ana Beiva Bejarano y su núcleo familiar.
20.
En el proceso
T-2079744, se revocará de decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle que revocó la decisión adoptada por el
Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Cali en primera instancia, y denegó
el amparo, y en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Ninfa
Rosalba Ramírez y su núcleo familiar.
21.
En el proceso
T-2084644, se revocará de decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cali que denegó el amparo, decisión que no fue
apelada por el demandante y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Lucena Vargas y su núcleo familiar.
22.
En el proceso T-2070143,
se revocará de decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Cali que denegó el amparo, decisión que no fue apelada por el demandante y, en
su lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Ayda López Jojoa y su
núcleo familiar.
23.
En el proceso T-2079694,
se revocará de decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito de Cali
que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cali denegando el amparo y, en su lugar, se protegerán los derechos fundamentales
de Ángela María Alzate y su núcleo familiar.
24.
En el proceso T-2140927,
se revocará de decisión adoptada por el Juzgado 18 penal del Circuito de Cali
que denegó el amparo, decisión que no fue apelada por el demandante y, en su
lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Diego Ruiz Angulo y su
núcleo familiar.
25.
En el proceso T-2146448,
se revocará de decisión adoptada por el Juzgado 18 penal del Circuito de Cali
que denegó el amparo, decisión que no fue apelada por el demandante y, en su
lugar, se protegerán los derechos fundamentales de Leidy Johana Torres y su
núcleo familiar.
9.1.2. Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los
accionantes y sus familias, la alcaldía de Cali, por intermedio de sus
Secretarías de Educación, Salud y Bienestar Social, adoptará dentro de los dos
(2) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, las medidas
necesarias para asegurar el goce efectivo de sus derechos constitucionales a la
salud, a la educación, a la vivienda digna y a la alimentación, verificando en
cada caso concreto la afiliación o vinculación al sistema de seguridad social
en salud, el acceso a la educación para los hijos menores de edad, y su
inclusión en los programas sociales de la alcaldía en materia de alimentación y
vivienda. Igualmente, la Alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali “EMSIRVA ESP”, o la empresa que la
reemplace, la Corporación
Autónoma Regional del Valle ‑ CVC, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente ‑
DAGMA vinculará a los
accionantes a las alternativas laborales y de subsistencia prometidas en las
actas del 13 de junio y 8 de agosto de 2008 y en el PGIRS, a saber, (1)
soluciones temporales de trabajo para garantizar la subsistencia, (2)
soluciones de negocio para garantizar la subsistencia y (3) soluciones
periféricas a la subsistencia. Sobre el cumplimiento de estas órdenes, el
alcalde municipal de Cali deberá presentar un informe detallado a la Corte
Constitucional el día 10 de agosto de 2009.
9.2.
Órdenes
complejas para garantizar el proceso de inclusión de los recicladores de
Navarro y de los llamados recicladores de calle de la ciudad de Cali
9.2.1. Las órdenes que se adoptarán en la presente sentencia tienen dos
finalidades. La primera es enfrentar las precarias condiciones materiales en
las que han quedado los recicladores en razón de los incumplimientos de la
administración de Cali. La segunda es adoptar medidas para frenar el impacto
desproporcionado que generan sobre los recicladores del basurero de Navarro las
normas jurídicas adoptadas en materia de disposición final de residuos y la
nueva configuración de los procesos de recolección y disposición final de
residuos.
9.2.2. Por esta razón, en la parte resolutiva de esta providencia confirmará
la decisión adoptada en la medida cautelar para que EMSIRVA ESP, o la empresa
que la sustituya, y en consecuencia ordenará la suspensión de la Convocatoria
pública No. 002 de 2009 Contrato para la operación y explotación de los
servicios de recolección de los residuos sólidos, el barrido y la limpieza de
vías y áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades en la zona  N°
1 de la ciudad de Cali, por tres (3) meses contados a partir de la
notificación del presente fallo, durante los cuales se deberán reformular los
términos de dicho proceso licitatorio como se señala a continuación.
En esta convocatoria pública EMSIRVA ESP, o la empresa
que la sustituya, deberá hacer posible la participación real y efectiva de los
recicladores de la ciudad de Cali en la misma. La convocatoria deberá cumplir
los estándares de inclusión fijados por el PGIRS y establecer condiciones para
la recuperación y aprovechamiento de residuos, que permitan a los recicladores
participar de manera efectiva en esta actividad. La participación real y
efectiva depende de la definición de estándares alcanzables por los
recicladores de acuerdo a sus condiciones específicas: capacidad organizativa,
ausencia de capitales de inversión, conocimiento técnico en matera de
contratación pública. Como mínimo deberá:
1.
Establecer dentro de
los términos de referencia condiciones para la recuperación y aprovechamiento
de residuos que permitan a los recicladores participar de manera efectiva en
esta actividad, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia. Esta participación no puede ser estimulada buscando sólo su
incorporación como empleados sino que debe contemplar la posibilidad de que puedan
continuar su desempeño como empresarios de la basura.
2.
EMSIRVA ESP, o la
empresa de aseo que asuma sus funciones, y la Alcaldía de Cali, deberán brindar
acompañamiento serio y permanente durante todo el proceso licitatorio para
garantizar que los recicladores puedan participar en el proceso de licitación,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Para asegurar la
inclusión de los recicladores en la actividad productiva de recolección y
aprovechamiento de residuos sólidos, se debe brindar acompañamiento permanente
a los recicladores no sólo en los aspectos técnicos que se requiera para
cumplir con el proceso, sino también financieros y organizativos, favoreciendo
las formas de organización asociativa o solidaria.
3.
En ningún caso los
recicladores de Navarro y los llamados recicladores de calle pueden quedar
completamente excluidos de la actividad de aprovechamiento de residuos.
Paralelo a la reformulación de la licitación se deben adoptar medidas para evitar
que otros recicladores diferentes a los del basurero de Navarro se vean
afectados desproporcionadamente por las normas que actualmente regulan la
recolección y aprovechamiento de residuos y puedan también ser incluidos de
manera progresiva en el proceso de aprovechamiento de residuos.
4.
Las convocatorias
futuras que se realicen para la recolección de basuras y el aprovechamiento de
residuos sólidos en la ciudad de Cali deberán privilegiar y tratar de preservar
la calidad de empresarios autónomos de los recicladores.
5.
También debe adoptarse
como criterio de puntuación de la licitación para la recolección de basuras y
el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Cali, la inclusión de
recicladores puedan presentar los diferentes licitantes no sólo como empleados
temporales o permanentes, sino especialmente cuando favorezcan formas
asociativas que aseguren la continuidad de la calidad de empresarios de la
basura que tienen los recicladores informales de botadero y de calle de la
ciudad de Cali.
6.
En cualquier proceso de
licitación de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que
se realice en el futuro se deben tener en cuenta los estándares fijados en esta
providencia y en la regulación.
7.
Se solicitará al
Defensor del Pueblo, regional Valle del Cauca, que en desarrollo de sus
funciones vigile el cumplimiento de la presente orden, e informe a la Corte
Constitucional sobre los avances, retrocesos o estancamientos de este proceso.
9.2.3. Una vez el proceso licitatorio haya finalizado, EMSIRVA ESP, o la
empresa que la sustituya deberá enviar a la Corte Constitucional, el 1 de
septiembre de 2009 un informe en el que, como mínimo, responda a los siguientes
interrogantes:
-
¿Cuáles fueron las
medidas concretas de inclusión de los recicladores en el proceso de recolección
de basuras y de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Cali adoptadas
para dar cumplimiento a la presente orden?
-
El número de
recicladores efectivamente incluidos ‑ individualmente considerados y a
través de asociaciones de recicladores ‑ en la recolección y
aprovechamiento de residuos y las modalidades de inclusión de los mismos.
-
Principales obstáculos
para hacer efectiva la inclusión de los recicladores en el proceso de
recolección de basuras y de aprovechamiento de recursos sólidos, y las medidas
adoptadas para superar dichos obstáculos.
9.2.4. Adicionalmente, para garantizar que la inclusión de los recicladores
sea efectiva, se ordenará a EMSIRVA ESP, o a la empresa que desarrolle sus
funciones en el futuro, a la Alcaldía de Cali y a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca que dentro del término de seis (6) meses contados
a partir de la notificación de la presente sentencia, diseñen, adopten y pongan
en marcha una política de inclusión efectiva de los recicladores de Cali en los
programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de residuos que
fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización solidaria.
9.2.5. Así mismo, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los
recicladores de Navarro censados en el 2003 y carnetizados en el 2006 y a sus
familias, así no hayan interpuesto acción de tutela para la protección de sus
derechos, la alcaldía de Cali, por intermedio de sus Secretarías de Educación,
Salud y Bienestar Social, adoptará dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la presente sentencia, las medidas necesarias para asegurar el
goce efectivo de sus derechos constitucionales a la salud, a la educación, a la
vivienda digna y a la alimentación, verificando en cada caso concreto la
afiliación o vinculación al sistema de seguridad social en salud, el acceso a
la educación para los hijos menores de edad, y su inclusión en los programas
sociales de la alcaldía en materia de alimentación y vivienda.
Igualmente, la Alcaldía Municipal de Cali en
coordinación con la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali “EMSIRVA ESP”,
o la empresa que la reemplace, la Corporación Autónoma Regional del Valle ‑ CVC, y el Departamento Administrativo del Medio
Ambiente ‑ DAGMA
vinculará a los accionantes a las alternativas laborales y de subsistencia
prometidas en las actas del 13 de junio y 8 de agosto de 2008 y en el PGIRS, a
saber, (1) soluciones temporales de trabajo para garantizar la subsistencia,
(2) soluciones de negocio para garantizar la subsistencia y (3) soluciones
periféricas a la subsistencia. Sobre los resultados de este proceso, la
alcaldía de Cali deberá presentar un informe detallado a la Corte
Constitucional a más tardar el un informe el 18 de enero de 2010.
9.2.6. Mientras este conjunto de medidas son efectivamente adoptadas, para
evitar el impacto desproporcionado que generan sobre los recicladores, se
ordenará a la inaplicación del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, el artículo
24 del Decreto 838 de 2005 y los artículos 4 y 6 de la Ley 1259 de 2008, hasta
tanto las anteriores medidas hayan sido adoptadas satisfactoriamente en su
totalidad.
El Alcalde de Cali podrá emplear la excepción de
inconstitucionalidad en los casos en que la aplicación de una norma de orden
legal vulnere el derecho al goce efectivo del saneamiento ambiental de los
ciudadanos o los derechos fundamentales de los recicladores o de manera
específica, inevitablemente resulte en un impedimento para la protección
efectiva de estas personas. La Corte entiende que en muchas situaciones, los
funcionarios administrativos tienen dificultades para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad. No obstante, la situación es diferente cuando se trata de
dar cumplimiento a una sentencia que protege los derechos fundamentales de un
grupo vulnerable como el de los recicladores y se encuentran obstáculos de
rango legal o administrativo. En este escenario, debe aplicarse la prevalencia
de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha establecido como criterios
que han de ser tenidos en cuenta para inaplicar normas, los siguientes: (1) que
el contenido normativo de la disposición sea evidentemente contrario a la
Constitución, y (2) que la norma claramente comprometa derechos fundamentales.
La excepción se debe aplicar cuando se presenten las siguientes condiciones,
las cuales deben ser objeto de motivación en un acto administrativo:
i. Que se constate que la aplicación de las
normas administrativas o legales amenaza o impide la protección de los derechos
constitucionales.
ii. Que no existe vía alternativa
igualmente eficaz para remover el obstáculo en el momento necesario.
iii. Que se deduce claramente de la
Constitución la necesidad de garantizar un derecho constitucional, en este caso
el goce efectivo del saneamiento ambiental o los derechos fundamentales de los
recicladores, siempre que el obstáculo normativo para avanzar sea
específicamente señalado.
La excepción de inconstitucionalidad debe ser aplicada
por el Alcalde de Cali. No obstante, este podrá previamente informar al Consejo
Municipal sobre las normas legales o administrativas que inaplicará y las
razones, con el fin de verificar si existe alguna objeción.
La excepción ha de servir exclusivamente para superar
un obstáculo infranqueable de otra manera, como reformar el acto administrativo
o modificar la ley dentro del plazo necesario para adoptar las decisiones
conducentes a atender las condiciones materiales de los recicladores, contratar
servicios de aseo temporalmente mientras se rehace la licitación, cumplir una
orden específica impartida por la Corte o proteger de manera efectiva los
derechos fundamentales de los recicladores, y no puede ser utilizada ni como consecuencia
de una omisión, ni simplemente para corregir la ley.
9.2.7. Con el fin de asegurar que el proceso de inclusión de
los recicladores de sea participativo, la Sala Segunda de Revisión
ordenará al Alcalde Municipal de Cali y al representante legal de EMSIRVA o de
la empresa que la sustituya, que en el término de dos (2) semanas contadas a
partir de la notificación del presente fallo, conformen un comité para la
inclusión de los recicladores a la economía formal del aseo en la ciudad de
Cali, en el que participen un representante de DANSOCIAL, un representante del
DAGMA, un representante de la entidad que coordine el PGIRS, un representante
de la Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, el/la representante legal de FERESURCO,
el /la representante legal de UPFRAME; el/la representante legal de la
Asociación de Recicladores de Navarro, el/la representante legal de la
Asociación Nacional de Recicladores. En dicho comité también podrán participar
el Defensor Regional de Derechos Humanos y un representante de Civisol. Este
comité participará en el diseño e implementación del plan de inclusión de los
recicladores de Cali a la economía formal del aseo, así como en el diseño de
las acciones afirmativas que sean necesarias para asegurar que dicha inclusión
sea efectiva. El plan de inclusión de los recicladores que diseñe el comité
deberá estar listo y en funcionamiento a más tardar el 23 de noviembre de 2009.
El alcalde municipal de Cali deberá enviar a la Corte el 1 de diciembre de 2009
un informe con el plan diseñado y las acciones afirmativas adoptadas y
adelantadas, así como con los indicadores de resultado que se diseñen para
mostrar los avances del proceso de inclusión y el goce efectivo de derechos de
los recicladores y sus familias.
9.2.8. Con el fin de asegurar la racionalidad del procedimiento de inclusión
de los recicladores de Cali, la Sala Segunda de Revisión ordenará al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, culminar el censo
de los recicladores de Navarro, e incluir en él a todas aquellas personas
inicialmente censadas, así como los recicladores de Navarro que figuran en las
bases de datos de las cooperativas, EATs y otras organizaciones que funcionaron
en Navarro y que aparezcan inscritos en dichas bases con anterioridad al 1 de
marzo de 2009. Igualmente ordenará al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, diseñar y realizar un censo de los recicladores de calle en la
ciudad de Cali, de tal forma que la información recabada permita avanzar en el
proceso de inclusión de éstos en la economía formal del aseo.
9.2.9. Con el fin de aumentar la sensibilidad social y el mayor compromiso
social, la Sala Segunda de Revisión ordenará  al DAGMA y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle, crear y promover -con el concurso de las
organizaciones de la sociedad civil que a bien tengan unirse en su esfuerzo-
campañas de civismo y solidaridad dirigidas a la ciudadanía de Cali, con miras
a que los usuarios del servicio de aseo de la ciudad (a) empiecen a separar en
la fuente y (b) a ceder a los recicladores organizados la propiedad de su basura
reciclable y en tanto se inician la operación de las rutas selectivas en la
Ciudad.
IV.
DECISION
En mérito de lo anterior, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-. En relación con cada uno de los casos individuales
acumulados en el presente proceso:
1.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado
Diecisiete (17) Administrativo del Municipio de Cali dentro del proceso
T-2094526 que denegó el amparo y, en su lugar proteger los derechos
fundamentales de Cecilio Cesar Caicedo Izquierdo y su núcleo familiar.
2.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del
proceso T- 2094503 que denegó el amparo, y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Neisy Gómez Vargas y su núcleo familiar.
3.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Cali dentro del proceso T-2043683, que denegó el
amparo y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Mariela Tenorio Carabalí
y su núcleo familiar.
4.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala de
Decisión Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del
proceso T- 2088107, que denegó el amparo y, en su lugar, se proteger los
derechos fundamentales de Conrado de Jesús Cardona y su núcleo familiar.
5.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso
T-2100533 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Julio Cesar Gómez Ramos y su núcleo familiar.
6.
REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cali dentro del proceso T-2094109, que denegó el
amparo, y en su lugar proteger los derechos fundamentales de Grecia Valencia Viáfara
y su núcleo familiar.
7.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T-2100590 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de José Armando Arias y su núcleo familiar.
8.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T- 2100537 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Álvaro Castillo Quiñónez y su núcleo familiar.
9.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T-2100536 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Fabio Andrés Velasco Martínez y su núcleo familiar.
10.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T- 2100659 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de María Victoria Carlosama y su núcleo familiar.
11.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala de
Familia-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso T-
2088003 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de José Hernando Miranda Rodríguez y su núcleo familiar.
12.
REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cali dentro del proceso T-2085999 que denegó el
amparo y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Freddy Orlando
Tenorio Quiñones y su núcleo familiar.
13.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T- 2100591 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Alexander Mayorga y su núcleo familiar.
14.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Laboral-Tribunal Superior del distrito Judicial Santiago de Cali dentro del
proceso T- 2092631 que denegó el amparo y en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Raquel Tamayo Cáceres y su núcleo familiar.
15.
REVOCAR la decisión adoptada la Sala Civil-Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali por dentro del proceso T-
2092630 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Segundo Camilo Quiñónez y su núcleo familiar.
16.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T- 2092148 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Fernando Ramírez y su núcleo familiar.
17.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso T- 2092004
que denegó el amparo, y en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Luz
Mery Rodríguez Valentierra y su núcleo familiar.
18.
REVOCAR la decisión adoptada la Sala Civil-Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali por dentro del proceso
T-2090545 que denegó el amparo en su lugar, proteger los derechos fundamentales
de Safra Ruth Méndez Muñoz y su núcleo familiar.
19.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala
Civil-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali dentro del
proceso T-2088111 que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos
fundamentales de Ana Beiva Bejarano y su núcleo familiar.
20.
REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Penal del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle dentro del proceso T-2079744 que
denegó el amparo, y en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Ninfa
Rosalba Ramírez y su núcleo familiar.
21.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Cali dentro del proceso T-2084644
que denegó el amparo y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de
Lucena Vargas y su núcleo familiar.
22.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Cali dentro del proceso T. 2070143 que denegó el amparo
y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Ayda López Jojoa y su
núcleo familiar.
23.
REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal
Superior del Distrito de Cali dentro del proceso T. 2079694 que denegó el
amparo y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Ángela María
Alzate y su núcleo familiar.
24.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado 18
penal del Circuito de Cali dentro del proceso T. 2140927 que denegó el amparo
y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Diego Ruiz Angulo y su
núcleo familiar.
25.
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado 18
penal del Circuito de Cali dentro del proceso T. 2146448 que denegó el amparo
y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de Leidy Johana Torres y su
núcleo familiar.
SEGUNDO.- En relación con cada uno de los casos individuales
acumulados en el presente proceso y señalados en el ordinal anterior, ORDENAR
a la Alcaldía Municipal de
Cali, por intermedio de sus Secretarías de Educación, Salud y Bienestar Social,
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la presente
sentencia, adopte las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de sus
derechos constitucionales a la salud, a la educación y a la alimentación,
verificando en cada caso concreto la afiliación o vinculación al sistema de
seguridad social en salud, el acceso a la educación para los hijos menores de
edad, y su inclusión en los programas sociales de la alcaldía en materia de
alimentación, vivienda, recreación, capacitación laboral y deporte. Igualmente,
ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la Empresa
de Servicio Público de Aseo de Cali “EMSIRVA ESP”, o la empresa que la
reemplace, la Corporación
Autónoma Regional del Valle ‑ CVC, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente ‑
DAGMA vinculará a los
accionantes a las alternativas laborales y de subsistencia prometidas en las
actas del 13 de junio y 8 de agosto de 2008 y en el PGIRS, a saber, (1) soluciones
temporales de trabajo para garantizar la subsistencia, (2) soluciones de
negocio para garantizar la subsistencia y (3) soluciones periféricas a la
subsistencia. Sobre el cumplimiento de estas órdenes, el alcalde municipal de
Cali deberá presentar un informe detallado a la Corte Constitucional el día 10
de agosto de 2009.
TERCERO.- ORDENAR a EMSIRVA ESP, o la empresa que la sustituya, mantener
suspendida la Convocatoria pública No. 002 de 2009 Contrato para la
operación y explotación de los servicios de recolección de los residuos
sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la gestión
comercial y otras actividades en la zona  N° 1 de la ciudad de Cali, por
tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente fallo, durante
los cuales se deberán reformular los términos de dicho proceso licitatorio como
se señala en la sección 9.2.2. de la presente sentencia. Una vez el proceso
licitatorio haya finalizado, EMSIRVA ESP, o la empresa que la sustituya
deberá enviar a la Corte Constitucional, el 1 de septiembre de 2009 un informe
detallado de conformidad con los lineamientos señalados en la sección 9.2.3. de
la presente sentencia.
CUARTO.- ORDENAR a EMSIRVA ESP, o a la empresa que
desarrolle sus funciones en el futuro, a la Alcaldía de Cali y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca que dentro del término de seis (6) meses
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, diseñen, adopten
y pongan en marcha una política de inclusión efectiva de los recicladores de
Cali en los programas de recolección, aprovechamiento y comercialización de
residuos que fortalezca su calidad de empresarios y las formas de organización
solidaria.
QUINTO.- ORDENAR a la
Alcaldía de Cali, por intermedio de sus Secretarías de Educación, Salud y
Bienestar Social, adoptar dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la presente sentencia, las medidas necesarias para asegurar a
los recicladores de Navarro censados en el año 2003 y carnetizados en el año 2006
el goce efectivo de sus derechos constitucionales a la salud, a la educación, a
la vivienda digna y a la alimentación, verificando en cada caso concreto la
afiliación o vinculación al sistema de seguridad social en salud, el acceso a
la educación para los hijos menores de edad, y su inclusión en los programas
sociales de la alcaldía en materia de alimentación y vivienda.
SEXTO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali “EMSIRVA ESP”, o la empresa que la
reemplace, la Corporación
Autónoma Regional del Valle ‑ CVC, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente ‑
DAGMA vincular a los
recicladores de Navarro censados en el año 2003 y carnetizados en el año 2006 a
las alternativas laborales y de subsistencia prometidas en las actas del 13 de
junio y 8 de agosto de 2008 y en el PGIRS, a saber, (1) soluciones temporales
de trabajo para garantizar la subsistencia, (2) soluciones de negocio para
garantizar la subsistencia y (3) soluciones periféricas a la subsistencia.
Sobre los resultados de este proceso, la alcaldía de Cali deberá presentar un
informe detallado a la Corte Constitucional a más tardar el un informe el 18 de
enero de 2010.
Septimo.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Cali que aplique la excepción de
inconstitucionalidad cuando ello sea necesario para lograr el goce efectivo de
los derechos de los recicladores de Navarro y de los recicladores de calle de
la ciudad de Cali, de conformidad con los parámetros señalados en el 9.2.6. de
la presente sentencia. El Alcalde Municipal de Cali informará el 18 de enero de
2010a la Corte Constitucional sobre la utilización de esta figura.
OCTAVO.- ORDENAR al Alcalde Municipal de Cali y al representante legal de EMSIRVA o de
la empresa que la sustituya, que en el término de dos (2) semanas contadas a
partir de la notificación del presente fallo, conformen un comité para la
inclusión de los recicladores a la economía formal del aseo en la ciudad de
Cali, en el que participen un representante de DANSOCIAL, un representante del
DAGMA, un representante de la entidad que coordine el PGIRS, un representante
de la Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, el/la representante legal de FERESURCO,
el /la representante legal de UPFRAME; el/la representante legal de la
Asociación de Recicladores de Navarro, el/la representante legal de la
Asociación Nacional de Recicladores. En dicho comité también podrán participar
el Defensor Regional de Derechos Humanos y un representante de Civisol. Este
comité participará en el diseño e implementación del plan de inclusión de los
recicladores de Cali a la economía formal del aseo, así como en el diseño de
las acciones afirmativas que sean necesarias para asegurar que dicha inclusión
sea efectiva. El plan de inclusión de los recicladores que diseñe el comité
deberá estar listo y en funcionamiento a más tardar el 23 de noviembre de 2009.
El alcalde municipal de Cali deberá enviar a la Corte el 1 de diciembre de 2009
un informe con el plan diseñado y las acciones afirmativas adoptadas y
adelantadas, así como con los indicadores de resultado que se diseñen para
mostrar los avances del proceso de inclusión y el goce efectivo de derechos de
los recicladores y sus familias.
NOVENO.- ORDENAR al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal de Cali, culminar el censo de los recicladores de Navarro, e incluir
en él a todas aquellas personas inicialmente censadas, así como los
recicladores de Navarro que figuran en las bases de datos de las cooperativas,
EATs y otras organizaciones que funcionaron en Navarro y que aparezcan
inscritos en dichas bases con anterioridad al 1 de marzo de 2009. Igualmente
ordenará al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, diseñar y
realizar un censo de los recicladores de calle en la ciudad de Cali, de tal
forma que la información recabada permita avanzar en el proceso de inclusión de
éstos en la economía formal del aseo.
DECIMO.- ORDENAR al DAGMA y a la Corporación Autónoma Regional del
Valle, crear y promover -con el concurso de las organizaciones de la sociedad
civil que a bien tengan unirse en su esfuerzo- campañas de civismo y
solidaridad dirigidas a la ciudadanía de Cali, con miras a que los usuarios del
servicio de aseo de la ciudad (a) empiecen a separar en la fuente y (b) a ceder
a los recicladores organizados la propiedad de su basura reciclable y en tanto
se inician la operación de las rutas selectivas en la Ciudad.
UNDECIMO.- SOLICITAR al Defensor del Pueblo, regional
Valle del Cauca, a que dentro del ámbito de sus competencias, haga seguimiento
a las acciones adelantadas para asegurar la inclusión de los recicladores de
Navarro y de los recicladores de calle de la ciudad de Cali en la actividad
productiva de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos, de conformidad
con los parámetros establecidos en la presente sentencia  y envíe a la Corte
Constitucional los informes de seguimiento que estime pertinentes.
DECIMO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente sentencia a la
organización CIVISOL la presente sentencia e INVITARLA a
continuar apoyando a las organizaciones de recicladores de la ciudad de Cali y
a enviar informes periódicos a la Corte Constitucional sobre los avances del
proceso de inclusión de los recicladores de Navarro y de los recicladores de
calle de la ciudad de Cali en la actividad productiva de recolección y
aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Cali.
DECIMO TERCERO.- Para garantizar la efectividad de
la acción de tutela, los juzgados: el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Cali (T-2094526); Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Cali
(T-2094503); Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali (T-2043683);
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali (T-2088107); Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Cali (T-2100533); Juzgado Primero de Familia de Cali
(T-2094109); Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali (T-2100590); Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cali (T-2100537); Juzgado Cuarto Civil del
Circuito (T-2100536); Juzgado Once Civil del Circuito de Cali (T-2100659);
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia (T-2088003);
Juzgado Sexto de Familia de Cali (T-2085999); Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Cali (T-2100591); Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali (T-
2092631); Juzgado Séptimo Civil del Circuito (T-2092630); Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de Cali (T-2092148); Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Cali (T- 2092004); Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali (T-2090545);
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali (T-2088111); Juez Cuarto
Administrativo del Circuito de Cali (T-2079744); Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cali (T-2084644); Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Cali (T- 2070143); Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali (T-2079694);
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Cali ( T-2140927); Juzgado Dieciocho
Penal del Circuito de Cali (T-2146448), notificarán esta sentencia dentro del
término de los cinco (5) días siguientes a haber recibido la comunicación, de
conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA ELENA REALES GUTIERREZ
Magistrada (E)
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ANEXO
Numero de Expediente
Demandante
Pruebas
Condiciones de Vulnerabilidad
Decisión
T-2094526
Cecilio Cesar
Caicedo Izquierdo[78].
1.
Acción de Tutela.
2.
Informe de EMSIRVA.
3.
Informe de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
4.
Informe del
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA).
5.
Informe de la
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de
Cali.
6.
Acta  reunión con
fecha del 13 de junio de 2008.
7.
Acta de compromiso
Agosto 08 de  2008.
Es cabeza de hogar, y tiene a su cargo cuatro
menores de edad:
-Yeison Andrés
Caicedo.
-Tatiana Caicedo
-Brandon Yiret
Caicedo.
-Daniel Alfonso
Caicedo
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de primera Instancia: Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo del Municipio de Cali, niega. Afirma que  (i) no existe
prueba de la calidad de cabeza de hogar del accionante; (ii)  el actor cuenta
con otros procesos especiales o ordinarios; (iii) previene al municipio de
Santiago de Cali y a la empresa de servicio público de aseo de Cali (EMSIRVA)
E.S.P que cumpla lo establecido en la Resolución No. SGA 336 del 15 de
septiembre de 1999 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle.
Art. 3.[79]
T- 2094503
Neisy Gómez
Vargas
1. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca.
2. Resolución S.G.A No. 336 de 1999.
3. Resolución No. 0711 0521 del 02 de noviembre de
2007 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “Por
la cual se reasume una facultad delegada y se imponen una sanción y unas
obligaciones a la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali EMSIRVA E.S.P”.
4. Resolución 0100 No. 0711-0079 del 05 de febrero
de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una
investigación y se formulan cargos en contra de la empresa de servicio público
de aseo de Cali E.S.P. –EMSIRVA E.S.P. Jurisdicción del municipio de Santiago
de Cali”.
5. Resolución 0100 No. 0710-0084 del 07 de febrero
de 2008, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
“Por medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100
No. 711-0079 de 2008 y se toman otras disposiciones.
6. Auto de tramite de fecha 04 de junio de 2008,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “ Por la
cual se declara el cumplimiento del plazo establecido en la Resolución 0100
No. 0711-0084 de febrero 07 de 2008 y se ordena la cesación inmediata de la
disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitorio-vaso 7, y se
prohíbe la disposición final  de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA E.S.P., ubicado en el corregimiento de Navarro, Municipio de Santiago
de Cali Navarro.”
7. Comunicación Auto de Tramite.
8. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión Ambiental (DAGMA).
9. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali (EMSIRVA E.S.P.)
10. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
11. Informe de la Secretaria de Gobierno,
Convivencia y Seguridad. Subsecretaria de Policía y Justicia.
12. Comunicación Ministerio del Medio
ambiente-Alcaldía Municipal de Cali.
Es cabeza de hogar, y cuenta con tres hijos menores
de edad. Su sustento económico lo devenga exclusivamente como reciclador del
Relleno Sanitario Navarro.
El Juez de Primera Instancia: Juzgado diecinueve
(19) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali, concede. Afirma
que la Alcaldía Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y EMSIRVA han vulnerado el principio de confianza legítima depositada
con la suscripción del acta adiada al 13 de junio de 2008.[80]
Juez de Segunda Instancia. Sala de Decisión Penal.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, revoca. Afirma que (i)
frente a los compromisos o gestiones  son  una serie de promesa de gestión y
no genera obligaciones para las partes.[81]
T-2043683
Mariela Tenorio
Carabalí
1. Copia Carnet No. 0583  expedido por Plan Social
2. Copia Cedula de Ciudadanía.
3. Copia Carnet de Cooperativa de Trabajo Asociado
UFPRAME. Afiliación No. 113.
4. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali (EMSIRVA).
5. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC).
6. Resolución SGA. No. 336 de septiembre 1 de 1999
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) “ Por
la cual se impone un plan de manejo, recuperación y restauración ambiental
para la clausura y sellado del basurero de Navarro, y construcción de un
relleno sanitario transitorio, Municipio de Santiago de Cali” .
7. Resolución SGA. No. 394 de 28 de noviembre de
1999 “Por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
8. Resolución DG No. 412 de diciembre 7 de 1999 “Por
la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la
Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
9. Auto de tramite de fecha 04 de junio de 2008,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “ Por la
cual se declara el cumplimiento del plazo establecido en la Resolución 0100
No. 0711-0084 de febrero 07 de 2008 y se ordena la cesación inmediata de la
disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitorio-vaso 7, y se
prohíbe la disposición final  de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA ESP., ubicado en el corregimiento de Navarro, Municipio de Santiago
de Cali Navarro”.
10. Comunicación Auto de Tramite.
11. Resolución 0100 No. 0711-0079 del 05 de febrero
de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una
investigación y se formulan cargos en contra de la empresa de servicio público
de aseo de Cali ESP. –EMSIRVA ESP. Jurisdicción del municipio de Santiago de
Cali”.
12. Resolución 0100 No. 0710-0084 del 07 de febrero
de 2008, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
“Por medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100
No. 711-0079 de 2008 y se toman otras disposiciones.
Es cabeza de hogar, y cuenta con dos hijos menores
de edad. Su sustento económico lo devenga exclusivamente como reciclador del
Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera
Instancia.
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali,
niega. Afirma que (i) la acción de tutela es en principio el mecanismo
idóneo para estudiar si procede la protección de los derechos fundamentales
en los cuales se controvierten aspectos de estas personas que han derivado
sus sustento del relleno sanitario denominado el Basurero de Navarro, en
calidad de recicladores; (ii) le corresponde al Estado planificar la forma de
conservar el ambiente sano, el cual para el caso de la ciudad de Santiago de
Cali, corresponde a EMSIRVA ESP; (iii) no existe ninguna disposición legal o
contractual que obligue a las entidades accionas para que procedan a otorgar
empleos a las personas que obtenían sus sustento en el reciclaje; (iv) en
relación a la reunión se observa que no genera ninguna obligatoriedad legal y
contractual para resolver la situación acaecida con el cierre definitivo del
Basurero de Navarro, puesto que no se desprende una obligación exigible; (v)
en relación a la “teoría de la confianza legitima” donde se
expreso que ésta se fundamento en el principio de la buena fe, el cual no
impide a la Administración que en aras del interés general, modifique ciertas
situaciones pero la obliga a tener en cuenta los intereses de los
administrados[82]: (vi) no se puede
desconocer que la actora ha derivado su sustento de la labor del reciclaje,
que es un trabajo informal, como también tiene una familia a quien sostener,
pero la situación no genera la obligación legal y contractual de darle
empleo.
T- 2088107
Conrado de Jesús
Cardona
1. Acción de Tutela.
2. Copia Carnet No. 0715 expedido por Plan Social.
3. Copia Carnet 288 expedido por SERVIAMBIENTALES
S.A. ESP.
4. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
5. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC).
6. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali (EMSIRVA).
7. Informe de la Secretaria de Gobierno, Convivencia
y Seguridad. Subsecretaria de Policía y Justicia del Municipio de Santiago de
Cali.
8. Informe de la Personería Municipal de Santiago de
Cali[83].
9. Informe del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal[84].
Es cabeza de hogar, y tiene cinco hijos menores de
edad a su cargo:
-
Ana Milena Cardona
-
Jesús Fabián Cardona.
-
Jhon Fredi Cardona.
-
Brayan Cardona
-
Stiven Cardona.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El juez de Primera Instancia. Sala de Decisión
Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que [85]
no se acredito dentro de la actuación el ingreso del accionante al basurero
con anterioridad al año de 1.999, lo que rompería el principio de confianza legítima.[86]
T-2100533
Julio Cesar
Gómez Ramos
1. Acción de tutela.
2. Copia de la Cedula de Ciudadanía.
3. Copia Carnet  expedido por EAT FRASPEL.
4. Copia Carnet 288 expedido por SERVIAMBIENTALES
S.A. ESP.
5. Copia Carnet No. 124 expedido por UFRAME
Cooperativa de Trabajo Asociado.
6. Informe de la
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali EMSIRVA.
7. Informe de la
Corporación Autónoma regional del valle del cauca (CVC).
8.Informe del Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente (DAGMA)
9. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
Es cabeza de hogar, y tiene dos hijos menores de
edad:
-Karen Yizela Gómez Arroyo.
-Wuendi Yuliza Gómez Godoy
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Primera Instancia: Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que (i) la realización de
este tipo de acuerdos, no genera un derecho adquirido de índole
constitucional que pueda ser amparado mediante tutela; (ii) se han adelantado
acciones por parte de las entidades accionadas, tendientes a solucionar la
problemática de los recicladores afectados por el cierre del basurero de
Navarro.
T-2094109
Grecia Valencia
Viafara
1. Copia Carnet  expedido por EAT RECIRCALI.
2. Copia Carnet 24. expedido por SERVIAMBIENTALES
S.A. ESP.
3. Acción de Tutela.
4. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC).
5. Resolución SGA. No. 336 de septiembre 1 de 1999
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) “Por
la cual se impone un plan de manejo, recuperación y restauración ambiental para
la clausura y sellado del basurero de Navarro, y construcción de un relleno
sanitario transitorio, Municipio de Santiago de Cali”.
6. Resolución SGA. No. 394 de 28 de noviembre de
1999 “Por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
7. Resolución D.G No. 412 de diciembre 7 de 1999
“Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la
Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
8. Concepto del Ministerio del Medio Ambiente a la
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.
9. Auto de tramite de fecha 04 de junio de 2008,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “ Por la
cual se declara el cumplimiento del plazo establecido en la Resolución 0100
No. 0711-0084 de febrero 07 de 2008 y se ordena la cesación inmediata de la
disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitorio-vaso 7, y se
prohíbe la disposición final  de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA ESP., ubicado en el corregimiento de Navarro, Municipio de Santiago
de Cali Navarro.”.
10. Comunicación Auto de Tramite.
11. Resolución 0100 No. 0711 0521 de noviembre 02 de
2007 “Por la cual se reasume una facultad delegada y se imponen una sanción y
unas obligaciones a la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali ESP.
EMSIRVA ESP.”.
12. Resolución 0100 No. 0711-0079 del 05 de febrero
de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una
investigación y se formulan cargos en contra de la empresa de servicio público
de aseo de Cali ESP. –EMSIRVA ESP. Jurisdicción del municipio de Santiago de
Cali”.
13. Resolución 0100 No. 0711-0079 de febrero 05 de
2008.
14. Resolución 0100 No. 0710-0084 del 07 de febrero
de 2008, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “
Por medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100
No. 711-0079 de 2008 y se toman otras disposiciones.
15. Informe de la Empresa de Servicio Público de
Aseo de Cali EMSIRVA
16. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
Es cabeza de hogar, tiene cuatro hijos menores de
edad:
-Miguel Valencia
- Marcelen Valencia.
- Dora Valencia.
- Mercedes Valencia
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia[87]:
Juzgado Primero de Familia, concede, porque considera que las
entidades responsables del proceso del cierre del relleno sanitario de
Navarro, han incumplido con la obligación que les asiste, solidariamente,
para mitigar el impacto social, frente a la peticionaria en su condición de
recicladota, sin que hasta el momento se halla po9dido dar respuesta a las
necesidades Básicas, ya que no existen alternativas de solución para lograr
una actividad de la que sustitutivamente pueda derivar su subsistencia y la
de su familia.
Segunda Instancia Tribunal Contencioso
Administrativo, Revoca, Afirma que se ha superado la situación que
generaba la vulneración de los derechos Fundamentales conculcados, teniendo
en cuenta que las entidades accionadas suscribieron un compromiso que
comprende medidas a corto plazo de carácter social, para la reubicación
laboral de los Recicladores de Navarro.
T-2100590
José Armando
Arias
1. Copia Cedula de Ciudadanía
2. Copia del Carnet No. 035 expedido por UFPRAME
Cooperativa de Trabajo Asociado.
3. Acción de Tutela
4. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
5.Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
5. Informe de la Corporación Autónoma regional del
Valle (CVC)
Es cabeza de hogar tiene un hijo menor de edad a su
cargo:
- Brayan Armando Arias Velásquez
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Primera Instancia: Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali, niega. Afirma que (i) no es por
la vía de tutela que se tiene que hacer valer los mencionados acuerdos; (ii)
no procede la tutela por cuanto se han adelantado acciones por parte de las
entidades accionadas, tendientes a solucionar la problemática de los
recicladores afectados con el cierre del basurero.
T- 2100537
Álvaro Castillo
Quiñónez
1.Acción de Tutela
2. Copia de carnet No. 0916 expedido por Plan Social
3. Copia de carnet expedido por EAR Asociación de
Recicladores
4. Copia de Carnet No. 598 expedido por Cooperativa
de Trabajo Asociado UFPRAME.
5. Copia de la Cedula de Ciudadanía
6. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca
7. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
8.Informe del Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente (DAGMA).
Es cabeza de hogar, tiene tres hijos menores de edad
a su cargo:
-Gina Solanyi Quiñones
-Robert Fabián Quiñones
-Emerso Ailton Quiñones.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Primera Instancia: Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cal   i, niega. Afirma que (i) no es
por la vía de tutela que se tiene que hacer valer los mencionados acuerdos;
(ii) no procede la tutela por cuanto se han adelantado acciones por parte de
las entidades accionadas, tendientes a solucionar la problemática de los
recicladores afectados con el cierre del basurero.
T-2100536
Fabio Andrés
Velasco Martínez
1. Copia de la contraseña
2. Copia del carnet del Sistema de Seguridad Social
en Salud “COOSALUD E.S.S.”
3. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA
4. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca
5. Informe del departamento Administrativo del Medio
Ambiente (DAGMA)
6. Informe del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal
7. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
Es cabeza de hogar tiene dos hijos menores de edad a
su cargo:
-
Jaupier Torres
-
Uguendi Martines
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Primera Instancia: Sala Civil-Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santiago de Cali, niega. Afirma que (i) no es por
la vía de tutela que se tiene que hacer valer los mencionados acuerdos; (ii)
no procede la tutela por cuanto se han adelantado acciones por parte de las
entidades accionadas, tendientes a solucionar la problemática de los
recicladores afectados con el cierre del basurero.
T- 2100659
María Victoria
Carlosama
1. Copia carnet
No. 0450 expedido por Plan Social.
2. Copia carnet
expedido por EAR APCOIRIS.
3. Copia Cedula
de Ciudadanía
4.  Copia carnet
Sistema General de Seguridad Social en Salud “CALISALUD EPS”
5. Acta de
reunión de junio 13 de 2008.
6. Informe de la
Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali EMSIRVA
6. Informe de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
7. Informe del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
8. Informe de la
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro
El juez de Primera Instancia. Sala de Decisión
Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma
que no se acredito dentro de la actuación el ingreso del accionante al
basurero con anterioridad al año de 1.999, lo que rompería el principio de
confianza legítima.
T- 2088003
José Hernando
Miranda Rodríguez
1. Acción de Tutela.
2. Copia Cedula de Ciudadanía.
3. Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
3. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca.
4. Informe de la Empresa de Servicios Públicos de
Aseo de Cali EMSIRVA.
5. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Angy Miranda Sanboni.
-
Kevin Yesid Miranda
Caravali.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia: Sala de Familia-Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma (i) que las
entidades accionadas tiene entre sus atribuciones la de conceder mesadas, que
impliquen la creación ad hominem de seguros de desempleo; (ii) no hay prueba
alguna dentro de la actuación que el demandante haya desempeñado la actividad
de reciclador en el botadero de Navarro.[88]
T-2085999
Freddy Orlando
Tenorio Quiñones
1. Acción de Tutela.
2. Copia documento de identificación.
3. Copia carnet No. 217 Cooperativa de Trabajo
Asociado UFPRAME.
4. Informe de la Empresa de Servicio Público de Cali
EMSIRVA.
5. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del cauca (CVC)
6. Resolución 0100 No. 0711-0079 del 05 de febrero
de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una
investigación y se formulan cargos en contra de la empresa de servicio público
de aseo de Cali ESP. –EMSIRVA ESP. Jurisdicción del municipio de Santiago de
Cali”.
7. Resolución 0100 No. 0710-0084 del 07 de febrero
de 2008, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “
Por medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100
No. 711-0079 de 2008 y se toman otras disposiciones.
8. Auto de tramite de fecha 04 de junio de 2008,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “ Por la
cual se declara el cumplimiento del plazo establecido en la Resolución 0100
No. 0711-0084 de febrero 07 de 2008 y se ordena la cesación inmediata de la
disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitorio-vaso 7, y se
prohíbe la disposición final  de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA ESP., ubicado en el corregimiento de Navarro, Municipio de Santiago
de Cali Navarro.”
9. Comunicación Auto de Tramite.
10. Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) “ Por
la cual se impone un plan de manejo, recuperación y restauración ambiental
para la clausura y sellado del basurero de Navarro, y construcción de un
relleno sanitario transitorio, Municipio de Santiago de Cali”
11. Resolución SGA. No. 394 de 28 de noviembre de
1999 “ Por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
12. Resolución D.G No. 412 de diciembre 7 de 1999 “
Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la
Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
13. Concepto del Ministerio del Medio Ambiente a la
Alcaldía Municipal de Cali.
14. Acta de compromiso agosto 08 de 2008.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Marcela Tenorio
-
Cesar Tenorio
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia: Tribunal Contencioso
Administrativo, niega. Afirma que se considera que se ha superado la
situación que generaba la vulneración de los derechos fundamentales
conculcados, teniendo en cuenta que las entidades accionadas suscribieron un
compromiso que comprende medidas a corto plazo de carácter social, para la
reubicación laboral de los Recicladores de Navarro.
T- 2100591
Alexander
Mayorga
1. Acción de Tutela.
2. Acta de Reunión con fecha junio 13 de 2008.
3. Copia del documento de identificación.
4. Copia carnet No. 108 Cooperativa de Trabajo
Asociado.
5. Copia carnet No. 0618 expedido por Plan Social.
6. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
7. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del
9. Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) “ Por
la cual se impone un plan de manejo, recuperación y restauración ambiental
para la clausura y sellado del basurero de Navarro, y construcción de un
relleno sanitario transitorio, Municipio de Santiago de Cali”
10. Resolución SGA. No. 394 de 28 de noviembre de
1999 “ Por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
11. Resolución D.G No. 412 de diciembre 7 de 1999 “
Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la
Resolución SGA. No. 336 de septiembre 15 de 1999”.
12. Concepto del Ministerio del Medio Ambiente a la
Alcaldía Municipal de Cali.
13. Auto de tramite de fecha 04 de junio de 2008,
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “ Por la
cual se declara el cumplimiento del plazo establecido en la Resolución 0100
No. 0711-0084 de febrero 07 de 2008 y se ordena la cesación inmediata de la
disposición de residuos sólidos; el cierre definitivo del antiguo vertedero,
del relleno sanitario transitorio y de la celda transitorio-vaso 7, y se
prohíbe la disposición final  de residuos sólidos en el lote de propiedad de
EMSIRVA ESP., ubicado en el corregimiento de Navarro, Municipio de Santiago
de Cali Navarro.”
14. Comunicación Auto de Tramite.
15. Resolución 0100 No. 0711 0521 de noviembre 02 de
2007 “ Por la cual se reasume una facultad delegada y se imponen una sanción
y unas obligaciones a la empresa de servicio público de aseo de Cali E.S.P
EMSIRVA E.S.P”
16. Resolución 0100 No. 0711-0079 del 05 de febrero
de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se abre una
investigación y se formulan cargos en contra de la empresa de servicio público
de aseo de Cali ESP. –EMSIRVA ESP. Jurisdicción del municipio de Santiago de
Cali”.
17. Resolución 0100 No. 0711-0079 de febrero 05 de
2008.
18. Resolución 0100 No. 0710-0084 del 07 de febrero
de 2008, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
“Por medio de la cual se modifica parcialmente de oficio la Resolución 0100
No. 711-0079 de 2008 y se toman otras disposiciones.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Yuli Nicolle Mayorga
Ortiz.
-
Brayan Andres Castro
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El juez de Primera Instancia. Sala de Decisión
Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma
que no se acredito dentro de la actuación el ingreso del accionante al
basurero con anterioridad al año de 1.999, lo que rompería el principio de
confianza legítima.
T- 2092631
Raquel Tamayo
Cáceres
1.  Acción de tutela.
2. Copia Documento de Identificación.
3. Copia carnet No. 0480 expedido por Plan Social.
4. Informe de la Corporación regional del Valle del
cauca (CVC).
5. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
6. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Juan Pablo Filigrana
-
Raquel Tamayo
Filigrana
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de primera Instancia. Juzgado Doce Laboral del
circuito de Cali, concede. Afirma que resulta claro que las entidades
accionadas se comprometieron en la estructuración de una Plan que aliviara el
impacto social que se produciría a los recicladores y a sus familias.
Juez de Segunda Instancia. Sala Laboral-Tribunal
Superior del distrito Judicial Santiago de Cali, revoca. Afirma que
(i) no existe vinculo laboral o contractual con el Municipio de Santiago de
Cali, EMSIRVA ESP y CVC; (ii) no existe prueba sumaria de la que se infiera
con certeza que la accionante ejerciera la actividad de reciclaje; (iii) la
accionante ejerció la actividad de reciclaje en el “basurero de navarro, lo
hizo en un sitio no permitido legalmente para ello.
T- 2092630
Segundo Camilo Quiñónez
1. Copia carnet No. 0704 expedido por Plan Social.
2. Acción de Tutela.
3. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali.
4. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle (CVC).
Es cabeza de hogar, tiene un hijo menor de edad a su
cargo:
- Camilo Quiñónez, 14 años
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia. Sala Civil- Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que la
Administración Municipal [89].
T- 2092148
Fernando Ramírez
1. Acción de Tutela.
2. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del cauca (CVC).
3. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
4. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
5. Copia Acta de Compromiso de Agosto 08 de 2008.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia. Sala Civil-Tribunal
Superior Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que (i) quienes
desempeñaban labores de reciclaje en el lugar tuvieron tiempo y oportunidad
suficientes para entenderse y estar debidamente informados de la prohibición
legal de continuar en ese lugar, circunstancia que bien puede desvirtuar la
aplicación del principio de confianza legitima en cuanto no se afecto las
expectativas de los particulares; (ii) las propuestas no han sido
formalizadas ni incorporadas a planes concretos de ejecución, que cuenten con
asignación presupuestal y fiscal para su efectiva realización; (iii) la
Administración Municipal ha adoptado medidas transitorias de mitigación.
T- 2092004
Luz Mery
Rodríguez Valentierra
1. Acción de Tutela.
2. Copia de Comprobante de Documento en Trámite.
3. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
4. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene un hijo menor de edad a su
cargo:
- José Andres Parra Rodríguez
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Primera Instancia. Juzgado Séptimo Penal del
Circuito, concede. Afirma que la actividad que (i) ejercía la
accionante y demás personas que ejercían la labor de reciclaje en el Basurero
de navarro generaba empleo para un grupo mayor de familias que dependía para
su subsistencia de este tipo de actividades, es necesario insistir en la
necesidad de proteger el derecho fundamental de trabajo de esas personas;
(ii) el Municipio de Santiago de Cali debe implementar planes y programas que
permitan la coexistencia armónica de los intereses que colisionan, toda vez
que de no ser así, tal situación suscitaría el incremento de la problemática
de desamparo de estas familias, máxime cuando como en el caso de la
accionante es madre cabeza de familia.
Juez de Segunda instancia. Sala Penal. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, revoca. Afirma que (i) el
acuerdo firmado por las entidades accionadas no se constituyo en una carga de
estricto cumplimiento; [90] (ii) la accionante no
tenia ninguna vinculación con entidades ambientales o administradoras del
relleno sanitario; (iii) la accionante no logró demostrar a un permiso,
licencia o alguna clase de consentimiento por parte de las entidades
accionadas, no se puede dar aplicación al principio de confianza legitima. Su
presencia es de su exclusiva voluntad.
T-2090545
Safra Ruth
Méndez Muñoz
1. Acción de tutela.
2. Copia Acta de Reunión de junio 13 de 2008.
3. Copia Documento de Identificación.
4. Copia Carnet No. 0865 expedido por Plan Social.
5. Copia Carnet SERVIAMBIENTALES S.A. ESP.
6. Copia Carnet expedido por EAT NUESTRO PORVENIR.
7. Copia Carnet expedido por Plan Social.
8. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali.
9. Informe Personería Municipal Santiago de Cali.
10. Informe del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal.
11. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente.
12. Informe de la Secretaria de Gobierno,
Convivencia y Seguridad. Subsecretaria de Policía y Justicia.
13. Informe de la Corporación Autónoma Regional del
Valle (CVC).
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Leydi Jhoana Méndez
Muños.
-
Gustavo Antonio Carmona
Méndez
Su sustento económico lo devenga exclusivamente
como reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera Instancia. Sala Civil-Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que (i) no es por la
vía de tutela que se tiene que hacer valer los acuerdos; (ii) no procede la
tutela es por cuanto las entidades accionadas han adelantado accionadas
tendientes a solucionar la problemática de los recicladores afectados por el
cierre del basurero de Navarro.
T-2088111
Ana Beiva
Bejarano
1. Acción de Tutela.
2. Copia Documento de Identificación.
3. Informe del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente.
4. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
5. Informe de la Corporación Autónoma del Valle
(CVC).
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El juez de Primera Instancia. Sala de Decisión
Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, niega. Afirma que no
se acredito dentro de la actuación el ingreso del accionante al basurero con
anterioridad al año de 1.999, lo que rompería el principio de confianza
legítima.
T-2079744
Ninfa Rosalba Ramírez
1. Acta de 13 de junio suscrita por las entidades
accionadas, Alcaldía, CVC, EMSIRVA y DAGMA.
2. Copia de Resolución SGA 336 del 15 de septiembre
de 1999.
3. copia oficio 0001-2-12 del 16 de enero de 2003,
proferido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
4. Copia Auto de trámite del 20 de diciembre de
2006.
5. copia de resolución 0100 N. 0711-0521 del 2 de
noviembre de 2007.
6. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene tres hijos menores de edad
a su cargo:
-
Jirali Lizeth Ramírez
-
Brandon Stiben Ramírez.
-
Yarli Iván Ramírez
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El juez de Primera Instancia Juez Cuarto
Administrativo del Circuito de Cali, rechazar, por considerar que tiene
otros mecanismos para la protección de sus derechos, sin embargo se exhorta a
la administración para que se vincule o inscriba a la accionante y a su
familia como beneficiaria del sistema general de seguridad social a través
del régimen subsidiado. Segunda Instancia, Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle, niega,  por considerar que existen otros
mecanismos de defensa judicial.
T-2084644
Lucena Vargas
1.copia de Documento de Identificación.
2. copia de carné N. 8050286434 UFPRAME.
3. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Cristian Alexander
Vargas
-
Estiwar Andres
Vargas.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El juez de primera instancia Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Cali, niega por considerar que no
se encuentra prueba que demuestre la existencia de vulneración alguna de
derechos fundamentales.
T. 2070143
Ayda López Jojoa
1. copia de comprobante de documento en trámite.
2. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene cinco hijos menores de
edad a su cargo:
-
Julieth F. Montes
López.
-
Katherine Montes
López.
-
Andrés F. Montes
López.
-
Miguel A. Montes
López.
-
Lina M. Montes López.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
El Juez de primera Instancia, Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Cali, niega,  por considerar que existen otros
mecanismos de defensa judicial, y no se encuentra razón alguna para
considerar que se vulnero un derecho fundamental de la accionante ya que el
cierre no fue repentino.
T. 2079694
Ángela María
Alzate
1. copia de Documento de Identificación.
2. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Francisco José
Alzate.
-
Esmeralda Alzate.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de Primera instancia, Juzgado Primero Penal del
Circuito de Cali, niega, por considerar que, existen otros mecanismos
de defensa judicial para la protección de sus derechos.
Segunda Instancia, Tribunal Superior del Distrito de
Cali, confirma la decisión.
T. 2140927
Diego Ruiz
Angulo
1. Copia de Documento de identificación.
2. copia carné N. 0720 de Plan Social.
3. Acta de reunión entre los representantes de los
recicladores de Navarro y los representantes de la administración municipal,
CVC y EMSIRVA.
4. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
5. Declaración del Accionante ante el juzgado.
Es cabeza de hogar, tiene cinco hijos menores de
edad a su cargo:
-
Diego Armando Ruiz.
-
Yihan Ruiz.
-
Nilson Ruiz
-
Kerwin Alexander Ruiz
-
Jhon Bairon Ruiz
-
Kerlin Dayan Ruiz
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de primera instancia, Juzgado 18 penal del
Circuito de Cali, niega, por considerar que, existe otro mecanismo de
defensa judicial para la protección de los derechos del accionante, y además
no existe razón alguna para concederla como mecanismo transitoria.
T. 2146448
Leidy Johana
Torres
1. Informe de la Empresa de Servicio Público de Aseo
de Cali EMSIRVA.
Es cabeza de hogar, tiene dos hijos menores de edad
a su cargo:
-
Sara Yuliza Quiñones.
-
Tifanni Valeria
Quiñones. 3 años y 4 meses.
Su sustento económico lo devenga exclusivamente como
reciclador del Relleno Sanitario Navarro.
Juez de primera instancia, Juzgado 18 Penal del
Circuito, niega, por considerar que, existe otro mecanismo de defensa
judicial para la protección de los derechos del accionante, y además no
existe razón alguna para concederla como mecanismo transitorio.
[1]
Expedientes acumulados T-2094526; T-2094503; T-2088107; T-2100533; T-2094109; T-2100590;
T-2100537; T-2100536; T-2100659; T-2088003; T-2085999; T-2100591; T-2092631;
T-2092630; T-2092148; T-2092004; T-2090545; T-2088111; T-2079744; T-2084644;
T-2070143; T-2079694; T-2140927; y T-2146448.
[2]
Los detalles de cada expediente acumulado en el presente
proceso se encuentran en la tabla anexa, la cual hace parte integral del mismo.
[3]
Las pretensiones de la demanda de tutela fueron presentadas
posteriormente como un anexo.
[4]
Ver entre otras Corte las sentencias T-492 de 1992, MP:
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, T-554 de 1994, MP: Jorge
Arango Mejía, T-532 de 1994, Jorge Arango Mejía, T-501 de 1994, MP: Vladimiro
Naranjo Mesa; T-463 de 1996, MP: José Gregorio Hernández Galindo, T-390 de 1997
MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-684 de 2001, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa, T-358 de 2004, MP: Alfredo Beltrán Sierra, T-227 de 2006, MP: Jaime
Córdoba Triviño; T-501 de 2007, MP: Manuel José Cepeda Espinosa T-137 de 2008, MP: Jaime Córdoba Triviño;
[5]
Así, por ejemplo, en la sentencia C-225 de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz,
se expresó: “En efecto, en estos eventos, como en los que se refieren a la
protección del mínimo vital de la población más pobre y marginada, le
corresponde a las autoridades públicas demostrar los hechos que conduzcan a la
exoneración de su responsabilidad constitucional.
[6]
Ver entre otras, las sentencias C-275 de 1999, MP: Alfredo
Beltrán Sierra; C-371 de 2000, MP. Carlos Gaviria Díaz; T-500 de 2002, MP:
Eduardo Montealegre Lynett; C-401 y C-964 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis,
C-667 de 2006, MP: Jaime Araujo Rentería; C-075 de 2007, MP: Rodrigo Escobar
Gil
[7] En relación con lo anterior, es importante reiterar que
la presunción de discriminación y el juicio estricto de igualdad, se predica no
sólo de diferenciaciones basadas explícitamente en un criterio sospechoso o
potencialmente prohibido, sino que también se deriva de normas o actuaciones
que pueden generar un impacto adverso y desproporcionado frente a un grupo
marginado y discriminado. La precisión es importante, pues este impacto es el
resultado de la aplicación de normas en principio neutras, que podrían llevar
al juez a pensar que la intensidad que corresponde al juicio de igualdad debe
ser leve.[7] Por eso debe resaltar la
Corte, que cuando se presenta un cargo de igualdad que se funda en los efectos
adversos y desproporcionados que se generan para un grupo marginado o
discriminado, por la aplicación de un norma aparentemente neutra, es a la
autoridad acusada, a quien le corresponde entrar a demostrar, o bien que no
existe el alegado impacto adverso y desproporcionado, o que a pesar de que se
presenta, de todas formas la medida cumple con una finalidad imperiosa que no
puede ser alcanzada por medios menos onerosos en términos de la afectación de
determinado grupo poblacional.
[8]
MP. Carlos Gaviria Díaz.
[9] Cfr. Sentencia C-021 de 1993. MP. Ciro Angarita
Barón.  Esta sentencia se encarga de señalar el papel activo predicable del
Estado como garante del derecho a la Igualdad en los siguientes términos: "Debe
aplicarse en todo su esplendor la filosofía esencial del Estado Social de
Derecho, que se traduce, -entre otras- en medidas  que debe  tomar el
Estado en favor de los débiles y necesitados  para hacer que la igualdad sea
real y efectiva".
[10]
Cfr. Sentencia SU-995 de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz. En dicha oportunidad,
al unificar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de salarios
la Corte señaló que la escasez -de recursos en este caso- no era razón
suficiente para que el Estado se excusara de cumplir con las obligaciones
adquiridas, en la medida en que dicho argumento curiosamente se traducía en el
desconocimiento del derecho al salario de sólo un grupo de trabajadores,
curiosamente aquéllos que,  dentro de la organización laboral reciben los
menores ingresos.  En palabras de la Corte: "[L]a alegada insolvencia o crisis económica del Estado no es
justificación suficiente para el no pago o el pago retardado de sus
obligaciones, en la misma exacta medida en que resultan explicaciones
inaceptables cuando son expuestas por el deudor particular que desea excusar de
esta forma su incumplimiento".
[11]
Ibídem.
[12]
Cfr. Sentencia C-371 de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz. Esta sentencia se
encarga  de recoger buena parte de la línea jurisprudencial trazada por la
Corte Constitucional respecto del derecho a la igualdad; si bien el análisis se
centra en el estudio de las acciones positivas como mecanismos constitucionales
para la protección de grupos tradicionalmente discriminados –las mujeres-, allí
se hace clara referencia a la necesidad de crear formas de alcanzar la igualdad
sustancial entre diversos grupos sociales.
[13]
Cfr. la pluricitada sentencia C-410 de 1994. MP. Carlos Gaviria Díaz.
[14]
MP. Jaime Araujo Rentería.
[15]
Por Estado debe entenderse aquí, en su acepción más amplia, los diversos
niveles que lo integran: el nacional y el territorial (departamental, distrital
o municipal).
[16]
Puntualmente, la sentencia estudió el caso de los vendedores ambulantes en
Bogotá, que en el marco de la política de recuperación del espacio público,
fueron desalojados del lugar que ejercían su actividad y se les decomisaron sus
implementos de trabajo, sin brindarles oportunidades reales para que
continuaran laborando y recibiendo ingresos para sostener a su familia.
[17] La jurisprudencia constitucional considera
entonces, que la condición de ‘prestacional’ no se predica de la
categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un derecho.’ T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en
este caso se tuteló el derecho a la libertad de locomoción de un discapacitado,
en una de sus facetas prestacionales. En la sentencia T-427 de 1992 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz) consideró lo siguiente: “Los derechos prestacionales de
rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales,
económicos y culturales del capítulo 2, título II de la Constitución, pero no
se identifican con ellos. También los derechos de libertad —derechos
civiles y políticos fundamentales— pueden
contener un elemento prestacional. En términos generales, el carácter
prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los
poderes públicos y, en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o
dar derivada del mismo texto constitucional.” Ver también las sentencias T-792 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-133 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-884 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
T-276 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-520 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-680 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2004 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-087 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-792 de
2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-133 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[18]
Ver T-595 de 2002 y T-760 de 2008 MP: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[19] Al respecto, en
la sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), dice: “(…) si
la exigibilidad de la prestación protegida por la dimensión positiva del
derecho fundamental depende del paso del tiempo, no es aceptable que en el año
2002, por ejemplo, una entidad del Estado dé la misma respuesta que daba en
1992 cuando se le exigía el cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su
obligación hacer cumplir. A medida que pasan los años, si las autoridades
encargadas no han tomado medidas efectivas que aseguren avances en la
realización de las prestaciones protegidas por los derechos constitucionales,
gradualmente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el
paso del tiempo.” Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-739 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño) –en este caso se
precisó el alcance del principio de progresividad, a propósito de la
continuidad en las condiciones de acceso al servicio de salud–, y
la sentencia T-884 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) –este
caso precisó los alcances del principio al acceso a la educación para personas
con discapacidad–.
[20] En
la sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa se indicó al respecto
lo siguiente: “No poder garantizar de manera instantánea el contenido
prestacional del derecho es entendible por las razones expuestas; pero carecer
de un programa que de forma razonable y adecuada conduzca a garantizar los
derechos en cuestión es inadmisible constitucionalmente. El carácter progresivo
de la prestación no puede ser invocado para justificar la inacción continuada,
ni mucho menos absoluta, del Estado. Precisamente por el hecho de tratarse de
garantías que suponen el diseño e implementación de una política pública, el no
haber comenzado siquiera a elaborar un plan es una violación de la Carta
Política que exige al Estado no sólo discutir o diseñar una política de
integración social [para discapacitados], sino adelantarla.” “(…) Esta es la consecuencia lógica que se sigue de la
jurisprudencia constitucional en materia de prestaciones programáticas, que
establece que la plena realización de éstas será gradual. La jurisprudencia ha
indicado así que el alcance de exigibilidad debe aumentar con el paso del
tiempo, con el mejoramiento de las capacidades de gestión administrativa, con
la disponibilidad de recursos y, lo que es especialmente relevante en el
presente caso, con las decisiones democráticamente adoptadas y plasmadas en
leyes de la República, mediante las cuales el Congreso fija metas y señala la
magnitud de los compromisos encaminados a lograr el goce efectivo de tales
prestaciones.”
[21] En la sentencia
T-1279 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[22] En la sentencia T-595 de 2002 la Corte
señaló al respecto los siguiente, “Decidir cuál es la mejor forma de remover
las cargas excesivas que pesan sobre este grupo de personas conlleva, necesariamente, el diseño de
una política pública mediante la cual se tomen las medidas adecuadas para
cumplir el mandato constitucional de proteger especialmente a los
discapacitados y garantizar su integración social. Es pues, tarea de la
Administración Pública destinar los recursos humanos y materiales para que,
dentro de un marco de participación democrática, se conciban los programas y
apropien los recursos con los cuales se financiará la implementación de las
medidas que se adopten para atender esta demanda social. (…). || No es pues competencia del juez de tutela
(…) decidir la forma como deben ser removidas estas cargas excesivas que se le
imponen a este grupo social para acceder al servicio de transporte masivo
(…).”
[23] Sentencia T-772
de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en este caso la Corte decidió, con
base en su jurisprudencia que “(…) las autoridades sí tienen el deber y la
potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orien­tadas
a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y
medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a
los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima
de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa
evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el
seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su
alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce
efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se
pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho
al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni
de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en
el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su
disposición.”
[24] Corte
Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); al
respecto, la Corte señaló lo siguiente: “Si bien Transmilenio S.A. no puede
de manera inmediata e instantánea, garantizar el acceso de Daniel Arturo
Bermúdez Urrego al Sistema de transporte sin tener que soportar cargas
excesivas, lo mínimo que debe hacer para proteger la prestación de carácter
programático derivada de la dimensión positiva de la libertad de locomoción en
un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa, es,
precisamente, contar con un programa o con un plan encaminado a asegurar el
goce efectivo de sus derechos, como de los demás discapacitados físicos.”
[25] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); dice la
Corte al respecto: “Primero, como se dijo, debe existir una política
pública, generalmente plasmada en un plan. Es lo mínimo que debe hacer quien
tiene la obligación de garantizar la prestación invocada. Se desconoce entonces
la dimensión positiva de un derecho fundamental en sus implicaciones
programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un plan que
conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizarlo y protegerlo.”
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); dice la
Corte al respecto: “Segundo, el plan debe estar encaminado a garantizar el
goce efectivo del derecho; el artículo 2° de la Constitución fija con toda
claridad este derrotero. La defensa de los derechos no puede ser formal. La
misión del Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que
reconozcan, tan sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La
racionalidad estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones
reales. Estos deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y
ejercer cabalmente los derechos que les fueron reconocidos en la Constitución.”
[27] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[28] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al
respecto, la Corte señaló específicamente lo siguiente: “Tercero, el plan
debe ser sensible a la participación ciudadana cuando así lo ordene la
Constitución o la ley. Este mandato proviene de diversas normas
constitucionales, entre las cuales se destaca nuevamente el artículo 2°, en
donde se indica que es un fin esencial del Estado ‘(…) facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la nación; (…)’, lo cual
concuerda con la definición de la democracia colombiana como participativa
(artículo 1° C.P.).”
[29] Por ejemplo, en la sentencia T-595 de
2002, (MP Manuel José Cepeda Espinosa) a propósito de la protección de la
libertad de locomoción en el contexto del transporte público, la Corte indicó,
con base en el pronunciamiento expreso del legislador, que el alcance mínimo
que se debía dar a la participación ciudadana en esta área, debía contemplar “por
lo menos, a la ejecución y al sistema de evaluación del plan que se haya
elegido.” La Corte resolvió proteger el derecho a la participación del
accionante, en su condición de miembro de organizaciones para la defensa de las
personas con discapacidad. En consecuencia, resolvió,
entre otras cosas, ordenar a Transmilenio S.A. que informara cada tres meses al
accionante, en su condición de miembro de la junta directiva de ASCOPAR
(Asociación Colombiana para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad),
del avance del plan dispuesto para garantizar el acceso de los discapacitados
al sistema de transporte, para que al igual que el representante de la
Asociación, pudiera participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación.
[30] En
la sentencia T-595 de 2002, la Corte resolvió ordenar a la entidad acusada que
en el término máximo de dos años, diseñara un plan orientado a garantizar el acceso
del accionante al Sistema de transporte público básico de Bogotá, sin tener
que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas. Luego de considerar el orden constitucional vigente
aplicable al caso, la Corte consideró que “el ámbito de protección de la
libertad de locomoción de una persona discapacitada contempla la posibilidad de
acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de
igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas
excesivas”.
[31]
Young, Iris. 1996. Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal
de ciudadanía universal. En: Castells Carmen (compiladora) Perspectivas
feministas en teoría política. Paidos, Buenos Aires.
[32]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33]
Ver por ejemplo, las sentencias T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa,
en donde la Corte tuteló el derecho a acceder a un medio de transporte público
de una persona que debía desplazarse en silla de ruedas, debido a que los buses
alimentadores del Sistema Troncal de Transmilenio, que son los que circulan
cerca al lugar de residencia del accionante, no eran accesibles para personas
que como él, deben desplazarse en una silla de ruedas. T-255 de 2001, MP: José
Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte tutela el derecho a la educación
de un menor de edad a quien no se le había renovado el cupo en el colegio,
porque el centro educativo afirmaba no estar preparado para impartir educación
especial a un niño hiperactivo.
[34]
Ver por ejemplo la sentencia T-411 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la
Corte tuteló los derechos de varios enfermos de lepra y empleados del Sanatorio
de Agua de Dios, porque éste había suspendido de manera unilateral el pago del
subsidio de tratamiento para los enfermos de lepra, con el argumento de que
ellos contaban con una remuneración estable, a pesar de que diferentes
servidores públicos del Municipio de Agua de Dios que se encontraban en
condiciones similares seguían recibiendo el mencionado subsidio. T-177 de 1999,
MP: Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte tuteló los derechos de un enfermo de
SIDA a quien se le negó el tratamiento médico requerido por estar pendiente su
inscripción como beneficiario del SISBEN y la expedición del carné respectivo.
Al enfermo y su familia se le exige pagar por su tratamiento médico, a pesar de
que el enfermo depende económicamente de su madre, una mujer de 81 años que se
dedica a lavar ropa en casas de familia y quien no recibe suficientes recursos
para pagar el tratamiento. El enfermo fallece durante el transcurso de la
tutela, sin que hubiera recibido el tratamiento requerido.
[35]
Ver por ejemplo la sentencia T-149 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la
Corte tutela los derechos a la vida y a la seguridad social de un adulto
cercano a la tercera edad quien padece una enfermedad grave que le impide
trabajar para asegurar su propia subsistencia y la de su familia, y a quien se
le niega la posibilidad de acceder a un auxilio para personas de la tercera
edad en situación de pobreza extrema, al no suministrarle la información
necesaria para acceder a dicha prestación.
[36]
Ver por ejemplo la sentencia SU-225 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde
la Corte tutela los derechos de un grupo de padres de familia y de menores de
edad, pertenecientes al sector informal de Puente Aranda, cuyos derechos habían
sido vulnerados por la negativa del Ministerio de Salud y de la Secretaría
Distrital de Salud de suministrarles a sus hijos, en forma gratuita, la vacuna
contra los virus que producen las enfermedades conocidas como meningitis
Meningococcica y meningitis por Haemophilus Influenzae.
[37]
Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1992, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz,
donde se tutelaron los derechos de convictos inimputables sujetos a una injusta
y prolongada privación de su libertad, a pesar de haber cesado el motivo de la
correspondiente medida de seguridad.
[38]
Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa,
ya citada.
[39]
Corte Constitucional, Sentencia T-255 de 2001, MP: José Gregorio Hernández
Galindo, donde la Corte tutela el derecho a la educación de un menor de edad a
quien no se le había renovado el cupo en el colegio, porque el centro educativo
afirmaba no estar preparado para impartir educación especial a un niño
hiperactivo.
[40]
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, ya
citada.
[41]
Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ya
citada.
[42] Birkbeck, C. 1979. “Garbage, Industry, and the ‘VULTURES’ OF CALI Colombia.
En: Bromley R. and Ferry C. (eds). Casual Work and Poverty in Third World
Cities. New York: John Wiley and Sons.
[43]
La Fundación Civisol suministró a la corte, diferentes videos que ilustran las
condiciones de vida de varios de los recicladores de Navarro.
[44] Varios estudios dan cuenta de que la informalidad en
las actividades económicas genera exclusión social. A este respecto puede
consultarse, entre otros, Carpio
Jorge, Klein Emilio e Irene Novacovsky, Informalidad y Exclusión Social. La
economía informal: Mario Tejeriro. Abril 30 de 2004. Consultado en http://www.cep.org.ar
[45]
Martín Medina. Reciclaje de Desechos Sólidos en América Latina. Consultado en:
http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN21/1-f21
[46]
Ibíd.
[47]
Los hechos de violencia a los recicladores en Colombia, son ampliamente
reseñados por los estudiosos de los fenómenos sociales del reciclaje informal.
Sólo basta recordar el infame descubrimiento de 40 cadáveres de recicladores en
la Universidad Libre de Barranquilla. Estos recicladores se les asesinó con el
propósito de vender sus órganos para transportes, y el resto de sus cuerpos
vendidos para ser disectados por estudiantes de medicina.
[48]
Mediante el Decreto 2811 de 1974 se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente y en el Título III de la Parte IV se establecieron unas
directrices para el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Dice
el artículo 34º.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y
desperdicios, se observarán las siguientes reglas:
a.- Se utilizarán los
mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para
la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos,
basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.
b.- La investigación
científica y técnica se fomentará para:
1.- Desarrollar los métodos
más adecuados para la defensa del ambiente, del hombre y de los demás seres
vivientes;
2.- Reintegrar al proceso
natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes
de industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en general;
3.- Sustituir la producción
o importación de productos de difícil eliminación o reincorporación al proceso
productivo;
4.- Perfeccionar y
desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, depósito, y
disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no susceptibles
de nueva utilización.
c.- Se señalarán medios
adecuados para eliminar y controlar los focos productores del mal olor.
Posteriormente mediante la Ley 9 de 1979 se buscó
tomar algunas medidas sanitarias para proteger el medio ambiente y dedicó un
apartado al tema del manejo de los residuos sólidos. Así, en el artículo 23º de
la citada ley se prohibió la separación y clasificación de basuras en las vías
públicas. De igual manera, se impusieron medidas para que las empresas de aseo
recolectaran las basuras correctamente, de manera que no causaran daños
ambientales. Por ejemplo, en el artículo 33º se establecieron unas
características específicas para los vehículos encargados de trasportar la
basura, a saber: “los vehículos destinados al transporte de
basuras reunirán las especificaciones técnicas que reglamente el Ministerio de
Salud. Preferiblemente, deberán ser de tipo cerrado a prueba de agua y de carga
a baja altura. Únicamente se podrán transportar en vehículos de tipo abierto
desechos que por sus características especiales no puedan ser arrastrados por
el viento.
[49] Ver entre otras, las sentencias C-284 de 1997,
MP: Antonio Barrera Carbonell, C-263 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell;
y C-517
de 1992, MP: Ciro Angarita Barón.
[50]
Textualmente dice el artículo 14 de la Ley 142 de 1994
(modificado por el artículo 1° de la ley 689 de 2001): “Servicio público
domiciliario de aseo: es el servicio de recolección municipal de residuos,
principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final
de tales residuos.”
[51] Dice el artículo 5: “Competencia de los municipios en
cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los
municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los
concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el
artículo siguiente.
5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la
participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades
que prestan los servicios públicos en el municipio.
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley.
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de
acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa
numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse
los servicios públicos.
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos
descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los
departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia.
5.7. Las demás que les asigne la ley.
[52]
Artículo 2.
[53] Artículo 8° (modificado por el Art.
2, Decreto Nacional 1505 de 2003).
[54]
Vid, artículo 130 del Decreto 1713 de 2002, artículo 21 del
Decreto 838 de 2005, y resolución 1390 de 2005.
[55]
Artículo 23. Ley 9 de 1979.
[56]
Artículo 5, numeral 6, de la Ley 1259 de 2008.
[57]
Artículo 33, Ley 9 de 1979.
[58]
Artículo 5, numeral 15, de la Ley 1259 de 2008,
[59]
Sentencia T-772 de 2004. MP. Manuel José Cepeda.
[60]
Entre ellas debe llamar la Corte la atención de que el PGIRS si bien cuneta con
indicadores de proceso, no cuenta con indicadores de resultado que permitan
medir el goce efectivo de los derechos de los recicladores. La ausencia de
dichos indicadores impide a la administración medir qué tan efectiva es su
política.
[61] Resalta
la Sala la Carta que reseña Civisol en su intervención, en el sentido de que la
Defensoría del Pueblo- Regional Valle del Cauca—había llamado la atención sobre
la violación de los derechos fundamentales de los actores. El Ministerio
Público, en carta enviada al alcalde en febrero 26 de 2009, y después de un
informe de la Policía Nacional en el que señalaba que el costo de las
operaciones de desalojo era de $324.474.000, discriminada, en transporte,
alimentación, combustible y alojamiento para los agentes, insistió en que “ante
la información presentada por la Policía nacional respecto al costo que implica
el desalojo, se cuestiona por parte de este Ministerio Público el por qué no se
invierte todo ese dinero en Planes Sociales y Programas de Desarrollo para
atender a la población en mención y dar solución de fondo a los problemas
presentados.”
[62]
Vid, entre otras, sentencia T-724 de 2003. MP. Jaime Araujo Rentería.
[63]
Intervención del DAGMA.
[64]
MP. Rodrigo Escobar Gil.
[65]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-544 de 1994 y C-496 de 1997, MP. Jorge
Arango Mejía.
[66]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-689 de 2005, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[67]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-130 de 2004, MP. Clara Inés Vargas.
[68]
Corte Constitucional, Sentencia SU-360 de 1999, MP. Alejandro Martínez
Caballero.
[69]
Corte Constitucional, Sentencia SU-360 de 1999, MP. Alejandro Martínez
Caballero.
[70]
Llama la atención, que varios de los jueces de tutela, hayan negado las
acciones correspondientes, con el argumento de que las entidades demandadas no
habían adquirido compromisos frente a los recicladores, sino que se trataba de
“promesas de gestión”. Basta con leer las actas respectivas para concluir que
los jueces de instancia están equivocados. En ellas expresamente se habla de
compromisos de las entidades acusadas frente a los recicladores.
[71] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); dice la
Corte al respecto: “Segundo, el plan debe estar encaminado a garantizar el
goce efectivo del derecho; el artículo 2° de la Constitución fija con toda
claridad este derrotero. La defensa de los derechos no puede ser formal. La
misión del Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que
reconozcan, tan sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La
racionalidad estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones
reales. Estos deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y
ejercer cabalmente los derechos que les fueron reconocidos en la Constitución.”
[72] Corte
Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[73] Sobre
este punto, es importante señalar, que contrario a lo que señala EMSIRVA ESP la
prestación de un servicio público domiciliario, como lo es el de aseo –y
comprendido en él, el de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, en
virtud de la Carta, no ha sido dejado completamente al ámbito de libre mercado.
Muy por el contrario, como lo señaló la Corte en la sentencia C-615 de 2002, en
tanto que los servicios públicos son una actividad económica que compromete las
necesidades básicas de la población, “la intervención del Estado en la actividad de los particulares que asumen
empresas dedicadas a este fin es particularmente intensa, y su
prestación se somete a especial regulación y control” (subrayas fuera de texto). De hecho, como la Corte lo
ha referido, la intervención estatal, se justifica de manera especial, entre
otras circunstancias, “para dar pleno empleo a los recursos humanos” y
“asegurar que todas las personas, en particular las de menos ingresos, tengan
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”.
[74]
De acuerdo con el profesor César Rodríguez, en Colombia, en 1990, el dinero
generado por el conjunto de actividades que componen el circuito del reciclaje,
esto es, la recolección, la transformación y el transporte de los materiales,
fue de 22 millones de dólares (Fundación Social 1990. 45). Rodríguez Garavito
César. En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: el caso
de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia. En: Boaventura de
Sousa Santos y Mauricio García Villegas (ed). Emancipación social y violencia en
Colombia. Bogotá, Norma 2004.
[75] Al
respecto, vid:  Dias,
Sonia M. & Alves, Fabio C.G. 2008. "Integration of the Informal Recycling Sector in
Solid Waste Management in Brazil. Study prepared for the GTZ´s sector project
"Promotion of concepts for pro-poor and environmentally friendly
closed-loop approaches in solid waste management".
[76]
Medina, Martín. Reciclaje de Desechos Sólidos en América Latina. Consultado en:
http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN21/1-f21_Reciclaje_desechos_solidos_en_America_Latina.pdf.
[77] De hecho, esta Corte ya ha insistido en la obligación
del Estado de adoptar medidas afirmativas en los procesos licitatorios para
garantizar la participación de grupos marginados y discriminados. Bajo esa
perspectiva, en la sentencia T-724 de 2003, la Corte estimó que el Distrito
Capital había violado el derecho a la igualdad de los recicladores por no haber
contemplado en el pliego de condiciones para la adjudicación de contratos de
aseo, con el fin de realizar recolección de material recuperable, mediante una ruta de recolección selectiva y
disposición de los mismos en los centros de reciclaje o de acopio, ninguna
medida efectiva que permitiera la participación de la Asociación de
Recicladores de Bogotá, tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la
actividad que han venido desarrollando a través del tiempo, como medio de
subsistencia.
Un
punto importante que se trató en la decisión mencionada, y sobre el cual debe
hacerse especial énfasis para el asunto que se analiza, es que las medidas
afirmativas en procesos licitatorios en los que estén en juego los derechos de
personas marginadas o discriminadas, tienen que ser efectivas y
propender, en la medida de lo posible, a permitir que dichas personas continúen
con la actividad que venían realizado, o en términos de la sentencia precitada,
medidas tendientes a mantener y fortalecer la actividad que
venían desarrollando a través del tiempo. Como consecuencia, en dicha decisión la
Corte consideró que no garantizaba los derechos del grupo de recicladores, ni
una protección eficaz a la actividad de reciclaje que venían desempeñando,  la
simple consagración en el pliego de condiciones, de que los concesionarios que
resulten seleccionados, deberán tener en cuenta que el 15% de los operarios que
se requieran para la realización de la actividad de corte de césped deberán ser
seleccionada entre población de recicladores y desplazada.
[78]
El accionante en la diligencia de ampliación, corrección y ratificación de la
acción de tutela afirma que ha recibido de la Administración Municipal la suma
de $535.000 “ (…) Manifiesta al despacho si usted ha tenido
alguna vinculación laboral con el Municipio de Cali, la Corporación Autónoma
regional del Valle del Cauca o EMSIRVA E.S.P. y si alguna de ellas se
comprometió con usted por escrito a garantizarle su trabajo después de que se
produjera el cierre del llamado “basurero de Navarro” y en caso positivo, si
Usted tiene alguna copia de la misma o la puede aportar prontamente al tramite?
CONTESTO: no, no he tenido vinculo laboral con ninguno, en EMSIRVA me dijeron
que el basurero había que abrirlo la primera vez que se hizo el cierre hicimos
un arreglo con ellos y el alcalde que salio nos dio a cada uno $535.000 para
cerrarlo 8 días y a los 8 días arreglamos y lo volvieron a abrir (…).”
[79]
Resolución No. SGA 336 del 15 de septiembre de 1999 “Por la cual se impuso un
Plan de manejo, recuperación y restauración ambiental para la clausura y
sellado del Basurero de Navarro y construcción de un relleno sanitario transitorio,
Municipio de Santiago” Art. 3 “ordenó que como medida de mitigación del impacto
social que habría de generar la Clausura y Sellamiento del actual basurero de
navarro, el Municipio de Cali y la empresa EMSIRVA deberían implementar un Plan
de Gestión Social y de Generación de Empleo para todas las familias que han
derivado su subsistencia como recicladores en este sitio de trabajo”
[80]
El cierre del basurero de Navarro fue consecuencia de la
afectación al interés general y su nueva destinación a favor de la
colectividad, razón por la cual los entes en aras de preservar el interés
generar sin afectar el gran numero de familias que durante décadas han obtenido
su sustento diario a través del reciclaje en la cerrada zona de Navarro
suscribió un Acta donde los distintos entes se comprometen a solucionar la
problemática social generada con los recicladores que no solamente sobrevivían
de las basuras, sino que también en forma infrahumana residen sobre el sitio de
disposición de basuras de Navarro, reunión donde se comprometieron a brindarles
oportunidad de trabajo, educación especialmente a niños jóvenes (...) sin embargo
la misma ha sido incumplida generando desprotección laboral, desconcierto en un
gran número de personas que dependen del reciclaje, y vulneración al principio
denominado confianza legitima, pues lo que los representantes de los
recicladores con dicha acta entendieron que los distintos entes administrativos
participes de la reunión del 13 de junio irían a cumplir los compromisos
planteados y aceptados conforme lo signado en el acápite final de dicho
documento.
[81]
Tampoco se podría hablar de vulneración de garantías constitucionales,
por el hecho de que entre los representantes de los recicladores y las
entidades accionadas se haya suscrito un Acta, contentiva de una serie de
compromisos o gestiones que ha futuro se podrían llegar a cumplir o ejecutar
por las demandadas, pues precisamente al ser estas una serie de promesa de
gestión, con las que se pretende poner fin al conflicto generado por el cierre
del basurero de Navarro, no se desprenden derechos ni obligaciones para las
partes, lo que significa que tampoco existe relación laboral alguna que pueda
ser exigible a través de esta acción pública de constitucionalidad, máxime, si
se tiene en cuenta que la actora desarrollaba la actividad de recicladota de
manera independiente, esto es, bajo su propia cuenta, lo que a su vez quiere
significar que como recicladota del vertedero de Navarro no tenia vinculación
legal con entidades o administradoras como las aquí demandadas y menos relación
laboral o contractual (…)
[82] siempre y cuando el mismo Estado le haya otorgado con
hechos externos y suficientemente concluyentes una imagen de aparente legalidad
de la conducta desarrollado por el particular que lo lleve a consolidar un
derecho partiendo de la confianza que le dio el Estado y de su buena fe (…) Se
entiende por hechos externos el otorgamiento de un permiso de manera expresa,
una licencia, o un programa de sensibilización donde se le dieran expectativas
concretas de reubicación laboral a los recicladores de la ciudad de Santiago de
Cali, en virtud de alguna obligación legal.
[83]
“La asistencia de la Personería Municipal a la reunión entre los representantes
de los recicladotes y los de la Administración Municipal, C.V.C. y Emsirva, se
reduce a la función de seguimiento que le corresponde en su condición de
representante del Ministerio Publico, sin que tenga participación activa de las
decisiones que allí se toman, de suerte que si bien he suscrito el acta de
correspondiente, lo he hecho solo en mi condición de asistente con la función
de seguimiento (..).”
[84] “En el compromiso suscrito el 13 de junio pasado
entre la Administración Municipal y los recicladores, se menciona que la
Dirección de Planeación Municipal se está llevando a cabo el acompañamiento a
la agremiación de los recicladores de Cali, proyecto incluido en el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos.
Efectivamente,
están en ejecución  sendos contratos con el Comunicador Social y Mg en
Administración de Empresas, Ernesto José Piedrahita y el señor Espólito Murillo,
por parte de esta dependencia que tienen como fin el apoyo al fortalecimiento
gremial del sector reciclador en Cali. Ellos viene adelantando un Plan de Apoyo
al sector que ha constituido, para el caso de los recicladores de Navarro (…)”
[85]
1. La decisión de cerrar el basurero, se adoptó en aras de proteger a la
comunidad, y luego de concluirse que el sitio era nocivo para la salubridad
pública, pues se había agotado su vida útil (…).
2. Se evidencia la
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la
administración y los ciudadanos, por cuanto, permitida la actividad de los
recicladores desde vieja data en el basurero, según se afirma y no es discutido
por las accionadas desde 1.967, fue ordenado su cierre mediante la Resolución
336 de 1.999 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
en la cual se determinó el plan de cierre del basurero y la construcción de un
relleno sanitario transitorio donde se dispuso que el Municipio y Emsirva
debían implementar un plan de gestión social y generación de empleo para los
recicladores.
La Fecha de ingreso de la
accionante resulta determinante para negar y/o acceder a la prosperidad de la
acción de tutela, en la medida que al exteriorizar la Corporación Autónoma
Regional del Valle, su decisión de cerrar el basurero en el año 1.999, la cual
fue divulgada por los medios de comunicación de la localidad convirtiéndola en
un hecho notorio, cualquier ingreso en fecha posterior, despoja de buena fe a
quién en lugar de atender las ordenes de la administración, se proclama en
rebeldía, ocupando sitios y desarrollando actividades que de antemano sabe que
e alguna fecha no podrá seguir ejecutando.
También es un hecho notorio
que la Alcaldía a través del Departamento de Planeación Municipal has esbozado
políticas públicas tendiente a solucionar el impacto social generado con el
cierre del basurero (…)
[87]
[88]
(…) y que , en tal caso, ella le hubiese producido unos
determinados ingresos, suficientes para la vida digna que pretende le sea
protegida, de tal forma que el procedimiento administrativo del cierre de dicho
relleno sanitario, sea, el mismo, causante de la conculcación de un derecho
fundamental.
[89]
(…) la Administración Municipal ha elaborado el PGIRS 2004-2009, en cuya línea
estratégica 5 se contempla la “readaptación laboral” dentro del programa de
clausura y sellado del vertedero de Navarro, a cuyo amparo se han adquirido una
serie de compromisos como los recogidos en las actas del 13 de junio y 8 de
agosto de los cursantes, en donde junto con las entidades accionantes y la
Asociación de Recicladores de navarro, se propende por garantizar la
continuidad de la actividad de los recicladores dentro de los plazos allí
establecidos, y proveer empleos de carácter contingente, a quines acrediten su
condición a través del censo realizado.
[90]
Si bien es cierto, el 13 de junio de 2008 las entidades
accionadas firmaron un Acta en la que se plasmaron unos compromisos, también lo
es que ese acuerdo no constituyó en una carga de estrito cumplimiento, si no
que desarrollaría en la medida en que se implementarían los recursos económicos
y se hicieran los tramites necesarios para mitigar el impacto social que
generaría la clausura y sellamiento del relleno sanitario de Navarro.