C-320-06
Referencia: expediente D-5983
NOTA DE LA RELATORIA: MEDIANTE AUTO 239 DE 2006, SE CORRIGIERON EN LA PARTE
MOTIVA DE LA SENTENCIA C-320 DE 2006, UNOS ERRORES MECANOGRAFICOS CONSISTENTES
EN LA ALUSION A UNAS PROVIDENCIAS DE LA CORPORACION.
Sentencia C-320/06
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA DE INVERSION EXTRANJERA-Límites
En virtud de la intervención del Estado en la
economía, el legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa
en materia de regulación de la inversión extranjera en Colombia. En efecto, el
capital extranjero en nuestro país interviene activamente en vastos sectores de
su economía ( finanzas, industria, comercio, hidrocarburos y servicios, entre
otros), lo cual, sin lugar a equívocos, trae grandes beneficios para el país y,
particularmente, para las empresas nacionales, en cuanto colabora decididamente
con su crecimiento, desarrollo y expansión. La amplia facultad de que dispone
el legislador para regular la inversión extranjera o nacional en Colombia, bien
sea mediante leyes o instrumentos internacionales, no puede (i) desconocer la
Constitución, en especial, los derechos fundamentales, como tampoco los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, muy
particularmente, aquellos referentes a los derechos de los trabajadores. De
igual manera, le está vedado al legislador (ii) establecer mecanismos de
protección a la inversión foránea que impliquen el reconocimiento y pago de
indemnizaciones pecuniarias irrazonables, desproporcionadas, exorbitantes o
infundadas, que atenten contra la salvaguarda del interés general; (iii) que
despojen a los jueces nacionales de sus competencias constitucionales; y (iv)
que impliquen una vulneración del principio de separación de poderes.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN CONTRATO DE
ESTABILIDAD JURIDICA-No
vulneración al establecer trato diferente a favor de un grupo determinado de
inversionistas
La selección de sectores productivos concretos por el
legislador en relación con los cuales se pueden celebrar contratos de
estabilidad jurídica con quienes decidan  realizar inversiones nuevas o ampliar
las existentes, a condición de que el monto invertido sea igual o superior a
7.500 smlmv,. En efecto, si bien el artículo 13 Superior establece el deber de
propender por la realización de una igualdad material, en el sentido de adoptar
medidas positivas a favor de los grupos discriminados y marginados, el
cumplimiento de tal obligación de rango constitucional no se opone a que el
legislador pueda otorgarle un tratamiento diferente, y más favorable, a un
determinado grupo de inversionistas, quienes (i) asumen elevados riesgos
físicos y económicos; (ii) deben suscribir una prima a favor de la Nación;
(iii) aceptan someter sus controversias a la justicia colombiana; y ( iv )
sobre todo, con la inversión de sus capitales en el país están impulsando el
desarrollo económico y social del conjunto de la población, incluyendo, por
supuesto, la más desfavorecida.
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y CONTRATO
DE ESTABILIDAD JURIDICA-Distinción
Conviene aclarar que la estabilidad jurídica, en los
términos de la citada normatividad, resulta ser distinta al concepto de
seguridad jurídica. En efecto, la estabilidad jurídica alude a la permanencia
provisional, merced a la suscripción de un contrato estatal, de un determinado
marco normativo favorable para las grandes inversiones, y por ende, aquellas
que implican un mayor riesgo de pérdida. No se trata, por tanto, de
inmutabilidad del ordenamiento jurídico, sino de una aplicación de un régimen
jurídico, previamente acordado y delimitado en el clausulado del contrato. Por
el contrario, la seguridad jurídica es entendida, en una de sus
manifestaciones, como un principio en virtud del cual se cuenta con la
necesaria certeza, en un momento histórico determinado, de cuáles son las
normas que regulan una determinada situación jurídica. En otros términos, la
seguridad jurídica es un concepto dinámico por naturaleza.
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA EN DERECHO
COMPARADO-Latinoamérica
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Características
PRINCIPIO DEMOCRATICO-Fundamento del principio de temporalidad de
la ley
AUTOLIMITACION LEGISLATIVA-Prohibición
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Modificación de leyes
La Corte considera que el artículo legal demandado
debe ser entendido en el sentido de que mediante los contratos de estabilidad
jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de la
ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del acuerdo
celebrado con el Estado, las mismas condiciones legales existentes al momento
de la celebración de aquél, de tal manera que en caso de modificación de dicha
normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se
prevé la posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar
que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó o en últimas a
una decisión judicial. La verdadera fuente de la garantía de estabilidad
jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada
de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por
autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de
dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad
jurídica de la inversión. Luego en el fondo, de acuerdo con el artículo 58
constitucional, no se garantiza de esta manera meras expectativas, sino el
derecho de los inversionistas que se adquieren por este contrato de estabilidad
jurídica, el cual consiste en que los derechos que surjan de las inversiones se
rijan por las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de
estabilidad jurídica y no por las leyes posteriores que eventualmente las
modifiquen.
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Asuntos que no pueden ser objeto
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA-No se opone a modificación de leyes
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES-Cumplimiento de la Constitución y la ley
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-No desconocimiento  del principio
democrático ni soberanía popular/CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Competencia
normativa de órganos del Estado se conserva plenamente aún sobre normas
identificadas como determinantes de la inversión
El artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no habilita o
faculta a un determinado grupo de personas para que incumplan la Constitución o
la ley. De igual manera, el artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no desconoce los
principios democrático y de soberanía popular, como quiera que no le impide
a los representantes del pueblo manifestar la voluntad del mismo en un momento
histórico determinado mediante la modificación de las leyes, siempre y cuando
se sometan para ello a la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso. En
este orden de ideas, la Corte declarará exequible el artículo 1º de la Ley 963
de 2005, por el cargo analizado en esta sentencia, en el entendido de que los
órganos del Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso
sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, sin
perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas.
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Estipulación de cláusula compromisoria
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURIDICA-Aplicación de normas laborales
La Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas
en Colombia, no puede conducir a la suscripción de contratos estatales que
afecten las condiciones laborales de los trabajadores. De allí que las normas
laborales que, con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad
jurídica, conlleven un avance en la materia a favor de los trabajadores,
deberán aplicarse inmediatamente a las relaciones que éstos tengan con los
inversionistas nacionales o extranjeros.  En otras palabras, uno es el ámbito
de aplicación de la ley y otro aquel de las obligaciones contractuales asumidas
por el Estado.
Referencia: expediente D-5983
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1, 2, 3, 4 y 6 ( parciales ) de la Ley 963 de 2005 “Por la cual se
instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia
Demandante: Héctor Hernán Mondragón Báez.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C.,  veinticuatro (24) de abril de dos mil
seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad
que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano Héctor Hernán
Mondragón Báez contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 (parciales) de la Ley 963 de
2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los
inversionistas en Colombia”.
I.
TEXTO DE LA
NORMAS ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de las
disposiciones objeto de la presente demanda, tal y como aparecen publicadas en
el Diario Oficial 45.963 de 08 de julio de 2005.
LEY 963 DE 2005
(julio 8)
Por la cual se instaura una ley de estabilidad
jurídica para los inversionistas en Colombia
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. Se
establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover
inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.
Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los
inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en
forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los
contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho
a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del
contrato respectivo.
Para todos los efectos, por modificación se entiende
cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se
trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata
de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación
vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.
ARTÍCULO 2o. INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. Podrán ser
parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y
extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los
consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el
territorio nacional, por un monto igual o superior a la suma de siete mil
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv), para
desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de
exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación;
zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones,
desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos
de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe
el Comité de que trata el artículo 4 literal b). Se excluyen las inversiones
extranjeras de portafolio.
ARTÍCULO 3o. NORMAS E INTERPRETACIONES OBJETO DE LOS CONTRATOS DE
ESTABILIDAD JURÍDICA. En los contratos de estabilidad jurídica deberán
indicarse de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones
vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas
determinantes de la inversión.
Podrán ser objeto de los contratos de estabilidad
jurídica los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos
específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general,
concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes
efectuadas por los organismos y entidades de los sectores central y
descentralizado por servicios que integran la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Comisiones de Regulación y los
organismos estatales sujetos a regímenes especiales contemplados en el artículo
40 de la misma ley, exceptuando al Banco de la República.
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley se entienden
como inversiones nuevas, aquellas que se hagan en proyectos que entren en
operación con posterioridad a la vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 4o. REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD
JURÍDICA. Los contratos de estabilidad jurídica deberán cumplir con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a) El inversionista presentará una solicitud de
contrato que deberá cumplir con los requisitos contenidos en los literales c),
d) y e) de este artículo, y deberá acompañarse de un estudio en el que se
demuestre el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las
nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al igual que una
descripción detallada y precisa de la actividad, acompañada de los estudios de
factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y
el número de empleos que se proyecta generar;
b) La solicitud de contrato será evaluada por un
Comité que aprobará o improbará la suscripción del contrato conforme a lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para
tal efecto se expida. Este Comité estará conformado por:
- El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su
delegado.
- El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su
delegado.
- El Ministro del ramo en el que se efectúe la
inversión, o su delegado.
- El Director del Departamento Nacional de Planeación,
o su delegado.
- El Director de la entidad autónoma, o su delegado,
cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades.
c) En los contratos se establecerá expresamente la
obligación del inversionista de realizar una inversión nueva o una de
ampliación, conforme al artículo 2 de la presente ley, se señalará el plazo
máximo para efectuar la inversión y se indicará el término de duración del
contrato;
d) En las cláusulas contractuales deberán
transcribirse los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y
parágrafos de las normas emitidas por los organismos y entidades determinados
en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes, sobre
los cuales se asegurará la estabilidad, y se expondrán las razones por las que
tales normas e interpretaciones son esenciales en la decisión de invertir;
e) En los contratos de estabilidad jurídica se deberá
establecer el monto de la prima a que se refiere el artículo 5 , la forma de
pago y demás características de la misma;
f) Los contratos deberán suscribirse por el Ministro
del ramo en el que se efectúe la inversión, según lo disponga el Comité. Esta
firma no podrá ser delegada. El Ministerio tendrá cuatro (4) meses, a partir de
la solicitud del inversionista, para suscribir el contrato o para señalar las
razones por las cuales la solicitud no reúne los requisitos señalados en esta
ley;
g) En caso de presentarse subrogación o cesión en la
titularidad de la inversión, el nuevo titular deberá contar con la aprobación
del Comité, para efecto de mantener los derechos y obligaciones adquiridos en
los contratos de estabilidad jurídica.
PARÁGRAFO. Además de los requisitos
contemplados en los literales c), d) y e), el inversionista que pretenda
acogerse a los beneficios que la presente ley establece, estará obligado a:
a) Cumplir de manera estricta las disposiciones
legales y reglamentarias que regulen la actividad vinculada con el tipo de
actividad de que se trate y pagar puntualmente los impuestos, tasas y
contribuciones y demás cargos sociales y laborales a que está sujeta la
empresa;
b) Cumplir fielmente con el conjunto de normas
establecidas o que establezca el Estado para orientar, condicionar y determinar
la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del ambiente y los recursos
naturales;
c) Cumplir con todas las obligaciones legales y
reglamentarias de orden tributario y laboral adquiridas de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 6o. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. Los
contratos de estabilidad jurídica empezarán a regir desde su firma y
permanecerán vigentes durante el término de duración establecido en el
contrato, el cual no podrá ser inferior a tres (3) años, ni superior a veinte
(20) años.
II.   LA DEMANDA
El ciudadano Héctor Hernán Mondragón Báez sostiene que
las disposiciones legales acusadas vulneran los artículos 1, 3, 13, 95, 132,
150.1, 189 numeral 11 y 190 constitucionales.
Sostiene que las disposiciones cuya declaratoria de
inexequibilidad se solicita, conducen a que mediante un simple contrato se puedan
limitar las competencias del Congreso para interpretar, reformar y derogar las
leyes, concediéndole tal atribución a un comité que aprueba contratos. Otro
tanto sucedería con la potestad reglamentaria del Presidente de la República.
De igual manera, las normas acusadas conllevan a una
vulneración del principio de igualdad, por cuanto determinadas personas
poseedoras de grandes capitales, durante un período que oscila entre tres ( 3 )
y veinte (20) años tengan amparadas meras expectativas de lucro, violándose
además el artículo 95 Superior, según el cual “Toda persona está obligada a
cumplir la Constitución y las leyes”.
Por último, el demandante sostiene que “la suspensión
privilegiada por contrato del imperio de la ley al limitar las funciones legislativas
del Congreso elegido cada cuatro años por el pueblo y representante de éste,
está de hecho contrariando el artículo 3º de la Constitución Política, cuando
dice que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo” y mal puede
interrumpirse o limitarse por un contrato que convierta meras expectativas en
derechos. El pueblo tiene la potestad soberana de cambiar los congresistas y
las mayorías que aprueban o cambian las leyes que rigen al país. Pretender que
un contrato puede limitar esta potestad soberana es la más abierta violación
del artículo 3º de la Constitución y además quiebra el principio democrático de
la organización del estado     ( artículo 1º de la Constitución ), cual es la
elección por un período limitado de tiempo de los congresistas ( art. 132 ) y
el Presidente de la República ( artículo 190 ), quienes en representación del
pueblo soberano pueden modificar las leyes y decretos, de acuerdo con sus
respectivas competencias”.
III. INTERVENCIONES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES
PÚBLICAS.
1. Universidad del Rosario.
Juan Jacobo Calderón Villegas, Profesor de Carrera
Académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
considera que el demandante formula diversas acusaciones contra las normas
demandadas, varias de ellas no constitutivas de verdaderos cargos de
inconstitucionalidad.
Así, el argumento según el cual la duración de los
contratos de estabilidad desconoce el artículo 95 Superior, en cuanto éste
último obliga a cumplir la Constitución y la ley, es decir, quien celebra un
contrato de estabilidad estaría escapando a la aplicación de nuevas leyes,
resulta ser vago, indeterminado y abstracto. Otro tanto sucede con la acusación
por violación al artículo 13 constitucional, ya que el actor no define de
manera clara los términos de comparación al amparo de los cuales debía llevarse
a cabo el juicio de igualdad.
En este orden de ideas, del examen del texto de la
demanda, el interviniente entiende que existiría un único cargo de
inconstitucionalidad, planteado de la siguiente manera: “Considerando que la
celebración de los contratos de estabilidad jurídica que se regulan en las
normas acusadas se orienta, en general, a garantizar la inaplicación de normas
que sean expedidas posteriormente (i) por el Congreso de la República, en
desarrollo de la cláusula general de competencia y, en su caso (ii) por el
Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones legislativas
(Arts. 212. 213, 214, 215, 150. 10 entre otros) y reglamentarias (Art. 189. 11)
se termina desconociendo la capacidad permanente de regulación conferida a
tales órganos y, por esta vía,  el principio democrático (Art. 1) y la
definición constitucional que establece que la soberanía radica en el pueblo”.
En otras palabras ¿puede el Congreso de la República, mediante la expedición de
una ley ordinaria, restringir su propia competencia?.
En tal sentido, el interviniente considera que el
primer inciso del artículo 150 constitucional reserva al Congreso de la
República la facultad de expedir normas con categoría de ley, salvo las
hipótesis exceptivas previstas expresamente en el texto de la Constitución, tal
y como ocurre con los decretos ley y los legislativos. Dicha facultad es, prima
facie, permanente, dado que la Constitución no impone ningún límite
temporal para su ejercicio.
Así las cosas, la actividad del Congreso, cuando actúa
como legislador ordinario, no puede ser limitada temporalmente, es decir, que
en cualquier momento puede activar dicha facultad, lo que apareja, en
consecuencia, la permisión de expedir, modificar, derogar o interpretar las
leyes en los casos que estime conveniente.
En relación con el primer artículo de la Ley 963 de
2005, el interviniente sostiene que aquél puede ser interpretado de dos formas
posibles:
a.
El Congreso de la
República se encuentra inhabilitado, en todos los casos para intervenir
legislativamente de manera general o especial, a través de la expedición de una
ley ordinaria, en las relaciones jurídicas nacidas en procesos de inversión
amparados por un contrato de estabilidad jurídica.
b.
Sin perjuicio de la
responsabilidad que sea posible imputarle y del deber de respeto a los derechos
adquiridos, el Congreso de la República se encuentra inhabilitado para, a través
de la expedición de una ley ordinaria, intervenir legislativamente de manera
general o especial, en las relaciones jurídicas nacidas de procesos de
inversión amparados por un contrato de estabilidad jurídica.
Concluye entonces afirmando que sólo la segunda de
dichas interpretaciones es conforme con la Constitución, en la medida en que no
desconoce la competencia legislativa intemporal del Congreso de la República y,
al mismo tiempo, permite asignarle un efecto concreto a la norma demandada,
garantizándose de esta forma la estabilidad jurídica y, al mismo tiempo, el
principio democrático.
2. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
ANDI.
El representante legal suplente de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, interviene en el proceso de la
referencia para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas
legales acusadas.
Afirma que la seguridad jurídica, así no constituya un
principio o derecho absoluto, resulta fundamental dentro de un Estado de
Democrático, ya que impide la arbitrariedad de las autoridades públicas; sin
aquélla, resultaría imposible el crecimiento económico, puesto que la inversión
productiva precisa de un mínimo de estabilidad y certeza.
Agrega que la confianza legítima es una institución
proveniente de la buena fe y de la seguridad jurídica, en los términos de
numerosos fallos de la Corte Constitucional. En tal sentido, la confianza
legítima constituye una contraprestación a una cuantiosa inversión.
Señala que la confianza legítima no es absoluta, ya
que tiene límites temporales ( la duración del contrato ) y materiales, es
decir, que la estabilidad sólo comprende normas expresamente identificadas en
el contrato, y además, ampara el régimen de seguridad social, la obligación de
declarar y pagar impuestos, las inversiones forzosas del Gobierno bajo estados
de excepción, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector
financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.
Concluye afirmando que no es cierta la afirmación del
demandante, en el sentido de que la Ley 963 de 2005 limite la competencia del
Congreso para modificar, derogar o subrogar una ley,
3. Ciudadana Martha Lucía Casas de Montoya.
La ciudadana Martha Lucía Casas de Montoya interviene
en el proceso de la referencia solicitándole a la Corte declarar exequibles las
normas acusadas, con base en los siguientes argumentos.
Afirma que la Ley 963 de 2005 es una clara
manifestación de la voluntad del Estado de intervenir en la conducción de la
economía para los efectos previstos en el artículo 334 Superior, es decir,
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo,
dar pleno empleo a los recursos humanos, etc.
Asegura que las normas acusadas no vulneran los
artículos 1, 3, 95, 150.1 y 189.11, por cuanto la facultades del Congreso para
expedir leyes y las del Presidente para reglamentarlas, permanecen incólumes
frente al acuerdo de voluntades que suscriban el Estado y el inversionista, ya
que lo que se pretende con el contrato es que la ley o decreto determinante
para la inversión, en caso de sufrir modificaciones que puedan afectar la
inversión, no se aplicará a esa inversión concreta, pero sí a las demás que no
se encuentren cobijadas por el contrato de estabilidad jurídica.
En lo que concierne al derecho a la igualdad es
necesario tener en cuenta que la finalidad de la ley es incentivar la
inversión, que es considerada un factor importante de generación de empleo,
transferencia de tecnología y de conocimiento, mejorando la calidad de vida de
la población. De igual manera, el Congreso es competente para acordar un
tratamiento diferente entre los diversos actores económicos.
4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte
declarar exequibles las normas legales acusadas.
En lo que concierne al derecho a la igualdad sostiene
que las disposiciones demandadas presentan un equilibrio entre el fin que se
pretende lograr, la medida propuesta para alcanzarlo y la idoneidad de la
medida respecto al fin.
Sobre el particular afirma que la materia regulada por
la ley es de carácter económico y su fin es incentivar la inversión nacional y
extranjera, debiendo llevarse a cabo un test de razonabilidad leve. En
tal sentido, explica que el fin perseguido por las normas acusadas es estimular
la inversión, constituyéndose en un medio para aumentar el crecimiento
económico, el desarrollo y el bienestar social. De igual forma, el medio
resulta ser idóneo para la consecución del fin.
Asegura que la finalidad de alcanzar la estabilidad
jurídica necesaria para la inversión consiste en la suscripción de contratos de
estabilidad, los cuales no están prohibidos por la Constitución o por la ley,
siendo elementos idóneos para alcanzar ciertos propósitos admitidos y
garantizados por la Constitución.
Aunado a lo anterior, la Ley 963 de 2005 es un
instrumento jurídico incluyente, por cuanto una inversión de 7.500 smlmv “es
manejada en el mundo de los negocios por un gran número de inversionistas de
todos los tamaños”, no constituyendo una suma arbitraria y caprichosa, sino
el resultado de un amplio debate en el Congreso de la República. En últimas, “el
grupo de personas al se le aplica la Ley 963 de 2005 es sumamente variado e
incluyente, lo que demuestra un esfuerzo para que dentro del grupo particular
de los inversionistas, se respete el derecho a la igualdad”.
Señala que los contratos de estabilidad jurídica, en
los términos de la Ley 963 de 2005, deben estar en armonía con los derechos,
garantías y deberes consagrados en la Constitución y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
Agrega que, en la actualidad, Colombia presenta unos
niveles internacionales bajos para invertir, tal y como lo señalan los Governance
indicadores del Banco Mundial, según los cuales el país ofrece índices
negativos de inversión en cuanto a estabilidad política, efectividad del
gobierno, calidad de regulación, Estado de Derecho y control de la corrupción.
En tal sentido, según los estudios realizados por el Fraser Institute,
Colombia ocupa el lugar número 103 entre 123 países en materia de clima
favorable para la inversión debido, entre otros factores, a su inestabilidad
jurídica.
Así las cosas, los contratos de estabilidad jurídica
se presentan como una herramienta idónea para fomentar la inversión, puesto que
responden a una de las preocupaciones más importantes de los inversionistas: la
inestabilidad jurídica que afronta el país.
Por otra parte, el interviniente señala que la Ley 963
de 2005 en ningún momento restringe las potestades legislativas del Congreso de
la República.
Al respecto explica que “el hecho de que se
produzca el congelamiento de las normas específicamente señaladas en el
contrato de estabilidad jurídica, si éstas son modificadas de una forma adversa
al inversionista durante el término de duración del contrato, no implica de
ninguna forma que el Congreso pierda su facultad de legislar, dentro de sus
competencias constitucionales”.
Afirma que tanto la Ley 963 de 2005, en virtud de la
cual se celebran los contratos de estabilidad jurídica y la ley posterior que
modifica o deroga una disposición sobre la cual se otorgó la estabilidad en
dicho contrato, tienen validez y vigencia diferentes e independientes, por lo
que al aplicar las dos leyes al mismo tiempo en sus ámbitos respectivos de
aplicación, se está respetando la voluntad del legislador de regular dos
situaciones diversas de diferente forma.
Aunado a lo anterior, indica que, una modificación en
una ley sobre la cual se otorgó estabilidad jurídica no contraría ni es
incompatible con la Ley 963 de 2005, que dice que dicha modificación no será
aplicable en virtud de los contratos de estabilidad, pues la naturaleza misma
del régimen de estabilidad jurídica más que evitar los cambios en el
ordenamiento jurídico, los prevé.
De igual manera, el interviniente señala que, en
cualquier momento, el Congreso de la República puede derogar o modificar la Ley
963 de 2005, si considera, en cualquier momento, que la misma no ha sido un
instrumento idóneo para alcanzar los fines constitucionales que se propone, en
especial, aumentar la inversión, lograr un crecimiento económico y brindar
seguridad jurídica.
Así mismo, en lo que concierne a las facultades
normativas del Presidente de la República, indica que éstas en ningún momento
son vulneradas por las normas demandadas por cuanto “La Ley 963 en ningún
momento ni le prohíbe al presidente expedir decretos, ni sujeta el uso de su
potestad reglamentaria a condición alguna”.
En lo que concierne las supuestas vulneraciones de los
artículos 3 y 95 Superiores, el interviniente sostiene que “como es la misma
ley la que crea el régimen de estabilidad jurídica, todos sus efectos se
desprenden de la ley, por lo que no es de recibo que la ley objeto de revisión
le permita a ciertos inversionistas no cumplir la ley”.
5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público interviene en el proceso de la referencia, solicitándole a la Corte que
se declare inhibida de fallar por inepta demanda, o en su defecto, declare la
exequibilidad de las normas acusadas.
Al respecto afirma que el actor no justifica
claramente los argumentos de la violación sino que se limita a realizar
elucubraciones teóricas relacionadas con el Estado Social de Derecho y la
soberanía del pueblo, desconociendo que fue el Congreso de la República en
virtud de la delegación efectuada por el pueblo quien promulgó la norma
demandada.
En lo que concierne al derecho a la igualdad, sostiene
el interviniente que las normas acusadas no lo vulneran ya que, de conformidad
con un test de razonabilidad, es clara la existencia de un objetivo
perseguido a través del establecimiento del trato desigual, cual es fomentar la
inversión.
De igual manera, en lo que concierne a la validez de
dicho objetivo a la luz de la Constitución, se tiene que el propósito de las
normas demandadas es dar soporte a proyectos que tienen un impacto importante
en la economía, la generación del empleo, y en el largo plazo, aumentar el
recaudo tributario.
Así mismo, la relación de proporcionalidad entre ese
trato y el fin perseguido, se ve claramente justificada por las condiciones que
debe cumplir quien pretenda acogerse a la normatividad presentada, puesto que
el impacto que la misma genera contribuye al desarrollo económico y social del
país.
Por último, señala que no se violan los principios de
soberanía popular y democrático, por cuanto la Ley 963 de 2005 fue discutida y
aprobada de conformidad con la Constitución.
6. Academia Colombiana de Jurisprudencia.
El ciudadano Mauricio Plazas Vega, en nombre de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, rindió concepto en el proceso de la
referencia, solicitándole a la Corte declarar exequibles las normas demandadas.
Sostiene que  el problema fundamental para los países
en vía de desarrollo es, sin lugar a dudas, el nivel de riesgo que puedan
representar los eventuales inversionistas de capital.
Agrega que dos factores pueden incidir, de modo
sustancial, en las decisiones tomadas por los inversionistas, a saber: el nivel
de riesgo desde el punto de vista de la seguridad nacional y la política de
paz, y en segundo lugar, el nivel de riesgo de la estabilidad jurídica.
Asegura que Colombia, como es de todos sabido, es un
país calificado como de alto riesgo en lo que tiene que ver con riesgos debido
a la seguridad. De allí las dificultades para atraer capitales extranjeros
hacia el país.
Señala que, ya ha ocurrido, que existan leyes que han
establecido exenciones del impuesto de renta para que tengan vigencia durante
varios años, no habiendo sido contrarias a la Constitución. Se trata, por
tanto, de una autolimitación para unos casos concretos que implican la
celebración de un contrato.
De igual manera, indica que rigió el artículo 240.1
del Estatuto Tributario sobre estabilidad tributaria, el cual tuvo vigencia
durante varios años y que permitió a los inversionistas contar con seguridad en
materia de impuestos. Cita en el mismo sentido los casos de Chile, Perú,
Venezuela y Panamá.
No cree tampoco que se viole el artículo 150 Superior
por cuanto la Ley 963 es un acto emanado del Congreso de la República, por
medio del cual el legislador señaló los parámetros para garantizar a los
inversionistas interesados estabilidad jurídica e impuso condiciones
pecuniarias como contrapartida para que no se les apliquen las modificaciones
al régimen cuya estabilidad se asegure.
Asegura que tampoco se viola el artículo 95
constitucional por cuanto todas las personas residentes en Colombia tienen el
deber de cumplir la Constitución y la ley. En otras palabras, no es que el
inversionista quede inhabilitado, en virtud del contrato, para desobedecer el
derecho positivo, sino que queda sometido a un ordenamiento jurídico conocido y
estable que ha sido determinante para que realice la inversión correspondiente.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación (e) le solicita a
la Corte declarar exequibles las normas acusadas, con base en las siguientes
consideraciones.
A juicio de la Vista Fiscal que la ley de estabilidad
jurídica es una regulación contractual de inversiones que se expide en virtud
de la soberanía popular y del principio democrático ejercidos mediante la
representación, y con la finalidad de promover la prosperidad general y generar
empleo de acuerdo con lo establecido en los planes de desarrollo, a cambio de
la confianza  legítima de quienes invierten bajo el estímulo esencial de un
marco normativo favorable.
En tal sentido, sostiene que la Ley 963 de 2005 fue
expedida con la finalidad de promover las nuevas inversiones y ampliar las
existentes en el territorio nacional, además de generar empleo. Como
contraprestación, el Estado se compromete a que, durante la vigencia
contractual, se seguirán aplicando las normas pactadas inicialmente como
determinantes de la inversión, cuando fueren modificadas por leyes adversas,
con exclusión de las leyes sobre seguridad social, impuestos indirectos,
regulación prudencial del sector financiero y régimen tarifario de los
servicios públicos.
Ahora bien, se trata de contratos de inversiones
directas, en donde el Estado ofrece como contraprestación mantener las
condiciones jurídicas iniciales por las cuales el inversionista decidió sembrar
sus capitales en Colombia y no en otro país, lo cual obedece al principio de
que los contratos se rigen por las normas vigentes al tiempo de su celebración.
Afirma la Vista Fiscal que el principio de la
confianza legítima se sustenta en la buena fe, a la cual deben ceñirse las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. La confianza
legítima se reclama ante decisiones sorpresivas, que no fueron previstas por
los ciudadanos, y se aplica como mecanismo de solución de controversias entre
el interés general que representan las autoridades y el particular del
administrado, ante eventos en que se le ha creado a éste expectativas
favorables para luego ser sorprendido con la eliminación de las mismas.
En tal sentido, asegura el Procurador General de la
Nación (e), en el presente caso el espíritu implícito de los contratos de
seguridad jurídica para las inversiones hace alusión al tema de la confianza
legítima que tienen los administrados frente a las intervenciones del Estado en
la economía, cuando de generar estímulos a la inversión se trata. Al respecto
señala que la Corte se ha pronunciado en materia de exenciones tributarias.
Agrega que no se vulneran los principios de soberanía
popular y democrático, por cuanto dicha ley fue expedida por el Congreso de la
República, en representación del pueblo y regula un marco contractual del
Estado para atraer inversiones a cambio de garantizar seguridad jurídica.
Señala que la competencia del legislador para
interpretar, modificar y derogar las leyes permanece incólume en relación con
las normas que ha expedido y que han sido objeto del contrato de estabilidad,
las cuales por antonomasia deben ser ajustadas al orden constitucional
vigente.  Lo mismo  sucede con las normas administrativas nacionales generales
y las interpretaciones vinculantes, sin que se desconozca la potestad
reglamentaria del Presidente de la República.
Afirma que los contratos de estabilidad se deben
ajustar al orden normativo vigente al momento de su celebración, y en ese
sentido, resulta válida la preservación de la confianza legítima de los
inversionistas, que para nada comprometen la cláusula general de competencia
del Congreso de la República.
De igual manera, explica, el contexto económico y la
finalidad de la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia
permite una delimitación de los beneficiarios de los contratos de estabilidad
jurídica según un monto mínimo de inversión, sin que por ello se vulnere el
principio de igualdad.
Sobre el particular afirma que, si bien existe un
trato diferente, en la medidas en que no todos los inversionistas pueden
celebrar contratos de estabilidad jurídica, dicha distinción se justifica
debido a que el espíritu de dichos contratos responde a un ánimo competitivo
del Estado colombiano por la inversión nacional y extranjera en función del
desarrollo y la generación de empleo.
Agrega que el trato distinto responde a un contexto de
globalización económica en el cual el Estado colombiano debe entrar a competir,
para evitar que los capitales se trasladen hacia otros países con mejores condiciones
para las inversiones. En pocas palabras, “el trato legal diferente analizado
en relación con el concepto de inversionista que tiene derecho a celebrar
contratos de estabilidad jurídica es razonable legal y constitucionalmente,
porque obedece a la finalidad de promover inversiones directas de alto grado de
confiabilidad técnica, con dineros lícitos, conformes con el plan nacional de
desarrollo y destinadas a generar empleo, lo cual se ajusta a la promoción
laboral, el desarrollo del país y la competencia del Estado con el resto de
países del mundo por las inversiones”.
En suma, sostiene que, desde el punto de vista de la
proporcionalidad, los contratos de estabilidad jurídica resultan adecuados,
necesarios y proporcionales en sentido estricto para los fines legales y
constitucionales que se persiguen.
V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad
de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la
República, en este caso, de la Ley 963 de 2005.
2.
Problemas
jurídicos.
2.1. Normas acusadas.
El ciudadano Héctor Hernán Mondragón Báez sostiene que
los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 (parciales) de la Ley 963 de 2005  vulneran los
artículos 1, 3, 13, 95, 132, 150.1, 189 numeral 11 y 190 constitucionales.
A juicio del demandante,  las normas acusadas, al
disponer que mediante contratos de estabilidad jurídica, el Estado se
compromete con los inversionistas que los suscriban a que si durante la
vigencia de aquéllos se modifican de forma adversa las normas jurídicas que
fueron consideradas determinantes para la inversión, los inversionistas tendrán
derecho a que les sigan aplicando, por el término del contrato, las
disposiciones que determinaron la inversión, conlleva a vulnerar las facultades
del Congreso de la República para interpretar, reformar y derogar las leyes, al
igual que la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
vulnerándose además de esta forma los principios democrático y de soberanía
popular.
De igual manera, asegura que las normas acusadas
conllevan a una vulneración del principio de igualdad, por cuanto determinadas
personas poseedoras de grandes capitales, durante un período que oscila entre
tres (3) y veinte (20) años tengan amparadas meras expectativas de lucro,
violándose además el artículo 95 Superior, según el cual “Toda persona está
obligada a cumplir la Constitución y las leyes”.
Así mismo sostiene que las normas acusadas vulneran
los principios democrático (art. 1 de la C.P. ) y de soberanía popular ( art. 3
de la C.P. ) al igual que los artículos 132 y
190 Superiores, por cuanto, a su juicio un contrato no puede vulnerar la
potestad soberana que tiene el pueblo de “cambiar a sus congresistas y las
mayorías que aprueban o cambian las leyes que rigen el país”.
Las diversas autoridades públicas que intervinieron en
el proceso de la referencia, consideran que los cargos de inconstitucionalidad
no están llamados a prosperar por cuanto la autolimitación que se impuso el
Congreso de la República no contraría el ejercicio de sus competencias para
crear, interpretar y modificar las leyes, ni tampoco afectan el ejercicio de la
potestad reglamentaria del Presidente de la República. Aseguran asimismo que el
trato diferente que se acuerda entre los inversionistas, responde al interés
por incentivar el ingreso de capitales extranjeros al país.
De igual manera, los particulares que presentaron sus
respectivas intervenciones, salvo la Universidad del Rosario, sostienen que los
contratos de estabilidad económica no vulneran las competencias del Congreso ni
del Presidente de la República, y que se trata de un figura que igualmente se
encuentra en el derecho comparado, en tanto que mecanismo para hacer más
competitivos a los Estados.
En igual sentido se pronuncia el Procurador General de
la Nación (e), quien considera que no le asiste razón al demandante por cuanto
la ley persigue como objetivo central incentivar la inversión en Colombia, y
para ello, estructura unos contratos de estabilidad jurídica, amparados en el
principio de la confianza legítima, según el cual, los asociados tienen una
expectativa legítima del mantenimiento de unas condiciones legales favorables
existentes al momento de invertir.
Ahora bien, un examen de la demanda de
inconstitucionalidad presentada por el señor Héctor Hernán Mondragón Báez,
evidencia que, en relación con las supuestas vulneraciones de los artículos 132
y 190 constitucionales, el demandante realmente no estructuró cargo de
inconstitucionalidad alguno, ya que se trata de simples afirmaciones que no
constituyen un ataque directo y concreto contra las normas legales acusadas.
Así las cosas, en esta oportunidad corresponde a la
Corte resolver los siguientes problemas jurídicos:
1.
Si, en relación con el
cargo de igualdad procede hacer un pronunciamiento de fondo, dado el contenido
de la sentencia       C- 242 de 2006.
2.
¿Puede el legislador,
sin que aquello constituya una vulneración de los artículos 1, 3, 95, 150.1,
189.11 constitucionales, autorizar al Estado para que suscriba contratos de
estabilidad con unos determinados inversionistas nacionales y extranjeros,
según los cuales durante el tiempo de vigencia del contrato ( entre 3 y 20 años
), se les mantendrán vigentes las leyes, decretos, actos administrativos de
carácter general, así como las interpretaciones administrativas vinculantes
efectuadas por los organismos y entidades de los sectores central y
descentralizado por servicios, que resultaron determinantes para realizar la
inversión, ante modificaciones adversas?
Para tales efectos, la Corte (i) analizará si en
relación con el cargo de igualdad ha operado o no el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, teniendo en cuenta lo resuelto en sentencia C- 242 de
2006; (ii) analizará los fines de la Ley 963 de 2005, tomando como base los
antecedentes de la misma; (iii) examinará el tema de los contratos de
estabilidad jurídica en el derecho comparado; (iv) analizará si realmente con
la expedición de las normas acusadas de la Ley 963 de 2005 el Congreso está
limitando su competencia para legislar, al igual que el ejercicio de la
potestad reglamentaria del Presidente de la República, e igualmente, si la
habilitación legislativa para suscribir contratos de estabilidad jurídica
vulnera o no el deber constitucional que tiene toda persona de cumplir la
Constitución y la ley vigentes.
2.2.
Operancia del
fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con el cargo por
violación del derecho a la igualdad.
La cosa juzgada constitucional, en términos
generales, hace referencia a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional,
su carácter inmutable y a la imposibilidad de presentar recursos en contra de
las decisiones en ellas consagradas. De allí que, el efecto general de la cosa
juzgada constitucional se traduce en la imposibilidad jurídica de reabrir el
juicio de constitucionalidad sobre  la norma que ya ha sido objeto de examen
por la Corte.
De igual manera, la Corte ha considerado que cuando en
un determinado fallo no se otorga a la  decisión  efectos  de  cosa  juzgada
relativa  a  los cargos analizados en la sentencia, ni “ésta puede deducirse
claramente de la parte motiva de la misma”[1], en virtud de
la presunción de control integral, y salvo la existencia de cosa juzgada
aparente por carencia de análisis o motivación del fallo, se considera que la
decisión tiene carácter de cosa juzgada absoluta.
Ahora bien, en el caso concreto, la Corte debe
examinar si, en relación con los segmentos normativos de la Ley 963 de 2005
acusados por el demandante, referentes a (i) el monto de la inversión, (ii) las
normas e interpretaciones objeto de los contratos de estabilidad jurídica,
(iii) el contenido de la solicitud de suscripción de los mismos, (iv) la
conformación del Comité competente para darle curso a las mismas, (v) así como
la duración de los mencionados contratos, contenidos en los artículos 1, 2, 3,
4 y 6 de la Ley  963 de 2005, ha operado o no el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional absoluta, teniendo en cuenta lo decidido en  sentencia C- 242 de
2006.
Así pues, en sentencia C-242 de 2006, la Corte examinó
la constitucionalidad de diversas expresiones de la Ley 963 de 2005, en
relación con un cargo de igualdad según el cual el legislador habría acordado
un trato diferente no justificado, violatorio del artículo 13 Superior, por
cuanto (i) habría privilegiado a un grupo de grandes inversionistas nacionales
y extranjeros sobre todos aquellos que realizan pequeñas inversiones; y (ii)
seleccionó tan sólo algunos sectores productivos en relación con los cuales se
pueden suscribir contratos de estabilidad jurídica, dejando de lado otros sin
justificación alguna. En tal sentido, declaró exequibles, únicamente respecto
de los cargos formulados y analizados en relación con el derecho a la igualdad,
“ el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante
su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya
sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los
inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas
por el término de duración del contrato respectivo” del artículo 1º, el
artículo 2º y el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 963 de 2005. En
efecto, para la Corte la diferenciación prevista en la ley para ciertos
inversionistas se encuentra justificada constitucionalmente y no vulnera el
derecho a la igualdad, en cuanto a las actividades económicas que cobija y los
destinatarios de esas medidas de estabilidad jurídica.
En el presente caso, de igual manera, el ciudadano
plantea, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley 963 de 2005 un cargo de
inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad, estructurado en
el sentido de que el legislador privilegió, sin razón constitucionalmente
válida, a un grupo de grandes inversionistas sobre los demás, es decir, plantea
idéntica acusación a la ya examinada por la Corte en sentencia C-242 de 2006,
razón por la cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en
tanto que en lo que concierne a las expresiones acusadas de los artículos 4 y 6
de la misma normatividad realmente no estructuró un cargo de
inconstitucionalidad por vulneración del derecho a la igualdad, motivo por el
cual no procede la Corte a adelantar un examen de fondo al respecto.
En este orden de ideas, la Corte declarará
estarse a lo resuelto en la sentencia C-242 de 2006, mediante la cual se
declararon exequibles, únicamente en relación con el derecho a la igualdad, las
expresiones “el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que
si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las
normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la
inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando
dichas normas por el término de duración del contrato respectivo” del
artículo 1º, el artículo 2º y el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 963
de 2005.
3. Competencia del legislador para regular la
inversión en Colombia.
En virtud de la intervención del Estado en la
economía, el legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa
en materia de regulación de la inversión extranjera en Colombia. En efecto, el
capital extranjero en nuestro país interviene activamente en vastos sectores de
su economía (finanzas, industria, comercio, hidrocarburos y servicios, entre
otros), lo cual, sin lugar a equívocos, trae grandes beneficios para el país y,
particularmente, para las empresas nacionales, en cuanto colabora decididamente
con su crecimiento, desarrollo y expansión. Tal como lo ha sostenido la Corte
en sentencia C- 089 de 1999, "Es un hecho notorio que los grandes
proyectos de infraestructura, de los cuales depende en gran medida el
crecimiento económico del país, no serían posibles sin la contribución del capital
y la tecnología extranjeros. "
En tal sentido, ya la Ley 223 de 1995, en su artículo 169[2],
posteriormente derogado mediante Ley 633 de 2000, había creado un régimen de
estabilidad jurídica, por medio del cual las empresas, nacionales o
extranjeras, podían contar con seguridad jurídica en sus cargas tributarias,
por un período hasta de 10 años, a cambio de aceptar una tarifa superior en dos
puntos porcentuales en el impuesto sobre la renta, previo contrato celebrado
con la DIAN. En tal sentido, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo
de Estado[3] en la materia, dicho
régimen de estabilidad tributaria se caracteriza por (i) aplicarse
exclusivamente a contribuyentes personas jurídicas que manifestaran acogerse al
mismo; (ii) una vez el interesado ingresaba al régimen, la tarifa del impuesto
de renta y complementarios se aumentaba en el 2% de la general vigente al
momento de suscribirse el contrato o de operar el silencio administrativo
positivo; (iii) la duración era hasta por 10 años; (iv) no se le aplicaba al
contribuyente cualquier tributo o contribución del orden nacional que se
estableciera con posterioridad al momento de ingresar al régimen o durante su
vigencia, ni las tarifas superiores en el impuesto de renta y complementarios diferentes
de las pactadas que fuesen decretadas durante el mismo plazo; (v) si se
disminuía la tarifa del impuesto de renta y complementarios, la aplicable era
la nueva tarifa aumentada en el 2%; y (vi) se permitía la renuncia al régimen.
Sobre el particular, cabe señalar que con la
introducción en la reforma tributaria de 1995 de dicho régimen de estabilidad
jurídica se buscaba otorgar tranquilidad a los inversionistas, especialmente
extranjeros[4], en relación con los
tributos a los cuales se encuentran sometidos, en especial, en lo atinente a la
tarifa máxima aplicable en el impuesto sobre la renta y complementarios, medida
que se estimó en su momento necesaria y útil en atención a las constantes
reformas tributarias a que se encuentran sujetos los contribuyentes, las cuales
impiden tener certeza sobre su situación fiscal a corto y a mediano plazo.
De igual manera, en los últimos años, el Estado
colombiano ha suscrito diversos tratados internacionales[5]
encaminados a reconocerle al inversionista extranjero unos determinados
derechos de carácter sustantivo, derivados de cláusulas convencionales tales
como aquella de la nación más favorecida, del trato nacional y garantías de
repatriación de capitales, al igual que protección judicial de sus inversiones
y mecanismos de solución de controversias[6].
En tal sentido, bien sea mediante una ley o un tratado
internacional, el Estado colombiano regula el régimen de la inversión
extranjera, estableciendo requisitos para el ingreso de la misma, controles,
mecanismos de protección, obligaciones, entre otras. La finalidad de dichas
regulaciones es esencialmente la misma: crear un contexto jurídico favorable
para el ingreso y la permanencia de grandes capitales, así como promover la
transferencia de nuevas tecnologías, indispensables para el desarrollo
económico y social del país.
Ahora bien, la amplia facultad de que dispone el
legislador para regular la inversión extranjera o nacional en Colombia, bien
sea mediante leyes o instrumentos internacionales, no puede (i) desconocer la
Constitución, en especial, los derechos fundamentales, como tampoco los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, muy
particularmente, aquellos referentes a los derechos de los trabajadores. De
igual manera, le está vedado al legislador (ii) establecer mecanismos de
protección a la inversión foránea que impliquen el reconocimiento y pago de
indemnizaciones pecuniarias irrazonables, desproporcionadas, exorbitantes o
infundadas, que atenten contra la salvaguarda del interés general; (iii) que
despojen a los jueces nacionales de sus competencias constitucionales; y (iv)
que impliquen una vulneración del principio de separación de poderes.
Al respecto cabe precisar que, la selección de
sectores productivos concretos por el legislador en relación con los cuales se
pueden celebrar contratos de estabilidad jurídica con quienes decidan  realizar
inversiones nuevas o ampliar las existentes, a condición de que el monto invertido
sea igual o superior a 7.500 smlmv ( aproximadamente $ 3.000.000.000 de pesos
de hoy ), no constituye una vulneración alguna del derecho a la igualdad. En
efecto, si bien el artículo 13 Superior le establece al Estado el deber de
propender por la realización de una igualdad material, en el sentido de adoptar
medidas positivas a favor de los grupos discriminados y marginados, el
cumplimiento de tal obligación de rango constitucional no se opone a que el
legislador pueda otorgarle un tratamiento diferente, y más favorable, a un
determinado grupo de inversionistas, quienes (i) asumen elevados riesgos
físicos y económicos; (ii) deben suscribir una prima a favor de la Nación[7];
(iii) aceptan someter sus controversias a la justicia colombiana; y ( iv )
sobre todo, con la inversión de sus capitales en el país están impulsando el
desarrollo económico y social del conjunto de la población, incluyendo, por
supuesto, la más desfavorecida.
En este orden de ideas, la ley de “estabilidad
jurídica para los inversionistas en Colombia” constituye un instrumento más
diseñado por el legislador para fomentar el ingreso de importantes capitales al
país, indispensables, como se ha señalado, para lograr el bienestar de la
población. En tal sentido, conviene aclarar que la estabilidad jurídica, en los
términos de la citada normatividad, resulta ser distinta al concepto de
seguridad jurídica. En efecto, la estabilidad jurídica alude a la permanencia
provisional, merced a la suscripción de un contrato estatal, de un determinado
marco normativo favorable para las grandes inversiones, y por ende, aquellas
que implican un mayor riesgo de pérdida. No se trata, por tanto, de
inmutabilidad del ordenamiento jurídico, sino de una aplicación de un régimen
jurídico, previamente acordado y delimitado en el clausulado del contrato. Por
el contrario, la seguridad jurídica es entendida, en una de sus
manifestaciones, como un principio en virtud del cual se cuenta con la
necesaria certeza, en un momento histórico determinado, de cuáles son las
normas que regulan una determinada situación jurídica. En otros términos, la
seguridad jurídica es un concepto dinámico por naturaleza.
4. Los fines de la Ley 963 de 2005.
El Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros
de Hacienda y Crédito Público y Comercio Industria y Turismo, presentó ante el
Senado de la República un proyecto de ley núm. 15 “por la cual se instaura la
ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”, cuya
finalidad era crear confianza entre los inversionistas nacionales y
extranjeros, mediante la expedición de una normatividad encaminada a
garantizarles que, durante un determinado tiempo y mediando la suscripción de
un contrato, se les mantendrían las condiciones iniciales que los motivaron a
llevar a cabo la inversión. Así mismo, el proyecto preveía que, el Gobierno
Nacional obligaba a indemnizar los perjuicios que se produjeran por causa de
los cambios legislativos, por una cuantía “igual al desembolso realmente
efectuado”[8].
Durante el debate que tuvo lugar en el seno de la
Comisión Tercera Permanente del Senado, se planteó la necesidad de fijar unos
montos de inversión inferiores a los inicialmente propuestos por el Gobierno
Nacional, se insistió en la necesidad de adoptar una legislación que le
ofreciera a los inversionistas la seguridad jurídica necesaria para traer sus
capitales a Colombia, y asimismo, se examinó si la ley debía cobijar sólo
nuevas inversiones, o si por el contrario, debía cobijar las existentes.
Finalmente, el texto que resultó aprobado por la mencionada Comisión, disponía
que la estabilidad jurídica versaría sobre normas relativas a la determinación
de los impuestos sobre el patrimonio, renta y complementarios.[9]
Posteriormente, durante el debate que tuvo lugar en la
Plenaria del Senado, se discutió acerca de (i) el tiempo de vigencia de los
contratos de estabilidad jurídica, en especial, la necesidad de ampliarlos para
atraer aún más el capital foráneo; (ii) la necesidad de precisar con exactitud
en el texto de los contratos las normas jurídicas que permanecerían vigentes
para el inversionista; (iii) la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores
pudiesen suscribirlos, y (iv) la necesidad de incluir cláusulas compromisorias
con el propósito de que fuesen resueltas controversias futuras entre las
partes, desapareciendo del proyecto, por el contrario, la inicial alusión al
reconocimiento y pago de indemnizaciones a favor de los inversionistas.
En el texto de la ponencia para primer debate en la
Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se explica que con el proyecto
de ley sobre estabilidad jurídica se busca (i) estimular nueva inversión que
contribuya al crecimiento del país del orden del 4% anual; (ii) responder a una
de las necesidades más apremiantes de los inversionistas, cual es, hacerle
frente a los riesgos jurídicos derivados de cambios normativos imprevisibles; y
(iii) lograr un equilibrio entre los intereses de los inversionistas y el
interés general, en el sentido de que “se mantiene intacta la capacidad
legislativa del Congreso y la capacidad regulatoria del Ejecutivo, pues
mediante los contratos de estabilidad jurídica se congelan temporalmente las
normas determinantes en los mismos, pero de ninguna manera se le impide al
Congreso continuar legislando o al Ejecutivo implementar las normas
determinadas en los contratos”[10].
En este orden de ideas, el propósito principal de la
Ley 963 de 2005 consiste en establecer una herramienta jurídica mediante la
cual se incentive la inversión extranjera en Colombia, y de esta forma
incrementar el crecimiento económico del país, haciéndole frente a uno de los
mayores inhibidores de la misma, como son los riesgos jurídicos, los cuales,
resultan ser imprevisibles y difícilmente cuantificables, a diferencia de los
físicos y económicos.
5. Los contratos de estabilidad jurídica en el derecho
comparado.
En derecho internacional es común encontrar Estados
que han celebrado contratos de estabilidad jurídica con empresas
multinacionales, convenios que tienen por finalidad atraer inversión extranjera
hacia determinados sectores económicos estratégicos.
En efecto, junto a las denominadas cláusulas de
intangibilidad, es usual encontrar la suscripción de contratos de
estabilización, por medio de los cuales un Estado se compromete con un
determinado inversionista extranjero a no modificar unilateralmente el régimen
jurídico aplicable a un contrato de concesión, en especial, en materia de hidrocarburos.
En tal sentido, un tribunal de arbitramento internacional, proferido en 1958,
en el asunto Sociedad ARAMCO contra Arabia Saudí,  consideró que nada se
opone a que un Estado, en ejercicio de su soberanía, se vinculara, mediante las
cláusulas de un contrato de concesión, a no modificar unilateralmente los
presupuestos jurídicos que sirvieron de fundamento al mismo[11].
En derecho comparado latinoamericano, de igual manera,
es común hallar  leyes de estabilidad jurídica, enfocadas a aspectos
tributarios. Así, en Chile, en 1974 se profirió, mediante Decreto Ley núm. 600,
el “Estatuto de la Inversión Extranjera”[12], según el
cual los inversionistas extranjeros tenían derecho a que, “en sus respectivos
contratos”, se estableciera que se les mantendrían invariables, por diez años
contados a partir de la instalación de la empresa, “una tasa del 42% como carga
impositiva efectiva total a la renta.considerando para estos efectos los
impuestos de la Ley de Renta que corresponde aplicar conforme a las normas
legales vigentes a la fecha de celebración del contrato”. Dichos contratos eran
suscritos por un Comité de Inversiones Extranjeras, quedando facultado el
inversionista a renunciar a la invariabilidad, integrándose al régimen
impositivo común.
De manera semejante, en Perú, mediante Decreto Supremo
núm. 162 de 1992, se aprobó el “Reglamento de los Regímenes de Garantía a la
Inversión Privada”, según el cual se otorgan determinadas garantías de estabilidad
jurídica en diversas materias, tales como, régimen tributario, libre
disponibilidad de divisas, derecho de libre remesa de utilidades y régimen de
contratación. Al respecto, cabe precisar que la estabilidad jurídica en
aspectos tributarios implica  la suscripción de un convenio cuyo objeto
consiste en que “quienes se encuentren amparados por convenios de estabilidad
jurídica se les seguirá aplicando la misma legislación que regía al momento de
la suscripción del convenio, sin que les afecten las modificaciones que se
introduzcan a la misma sobre materias y por el plazo previsto en dicho
convenio, incluida la derogatoria de las normas legales, así se trate de
disposiciones que resulten menos o más favorables” [13].
Posteriormente en Ecuador se expidió la Ley
núm. 46 del 19 de diciembre de 1997 sobre “Promoción y garantía de inversiones”[14],
la cual en su Título VII, dispone que, los titulares de inversiones sean estos
nacionales o extranjeros, “tendrán derecho a beneficiarse de la estabilidad
tributaria, entendida como el mantenimiento, por un período determinado, de la
tarifa aplicable del impuesto a la renta existente al momento de efectuarse la
inversión”, estabilidad que se extiende por un período de 10 años.
Adicionalmente, la mencionada ley prevé la suscripción de unos contratos de
inversión con el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y
Pesca, los cuales son elevados a escritura pública.
Al año siguiente, Panamá expidió una ley de estabilidad
jurídica de las inversiones, según la cual “Las personas naturales o jurídicas,
que lleven a cabo inversiones en Panamá, gozarán por un plazo de diez años de
beneficios de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria nacional,
estabilidad tributaria municipal así como estabilidad de los regímenes
aduaneros, estabilidad en el régimen laboral. Para este fin se crea en el
Ministerio de Comercio e Industria, el Consejo Consultivo de Estabilidad
Jurídica de las Inversiones, integrado por representantes de los diferentes
entes empresariales panameños”[15], siendo necesario para
acogerse a los beneficios de la ley, invertir la suma mínima de dos millones de
balboas.
En este orden de ideas, con el correr de los años, los
países latinoamericanos han venido adoptando leyes de estabilidad jurídica
caracterizadas por (i) buscar atraer capitales extranjeros hacia sectores
claves de sus economías; (ii) enfocarse hacia aspectos tributarios; (iii)
disponer la suscripción de convenios o contratos entre los inversionistas y el
correspondiente Estado, cuyo objeto consiste en que, por determinado tiempo, a
los primeros se les continuarán aplicando las leyes vigentes al momento de la
celebración de aquéllos mas no las normas posteriores; (iv) en ciertos casos,
se ha previsto que el inversionista pueda renunciar al tratamiento tributario
más favorable.
6. Examen de constitucionalidad de las normas acusadas
a la luz de los artículos 1, 3, 95, 150.1 y 189.11 constitucionales.
El ciudadano demandante plantea un cargo de
inconstitucionalidad de carácter global contra determinados apartes de los
artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 963 de 2005, por cuanto, a su juicio,
al legislador le está vedado disponer que el Estado pueda suscribir unos
contratos de estabilidad jurídica con unos determinados inversionistas
nacionales y extranjeros, según los cuales durante el tiempo de vigencia del
contrato (entre 3 y 20 años), se les continuarán aplicando determinadas leyes,
decretos, actos administrativos de carácter general, así como las
interpretaciones administrativas vinculantes efectuadas por los organismos y
entidades de los sectores central y descentralizado por servicios, que
resultaron determinantes para realizar la inversión, por cuanto el Congreso de
la República no puede, bajo pena de vulnerar el principio democrático y aquel
de la soberanía popular, autolimitar su competencia constitucional para
legislar, ni tampoco puede hacer lo propio con la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, ni mucho menos determinar que ciertos
inversionistas nacionales o extranjeros que suscriban los contratos de
estabilidad jurídica terminen “escapando a la aplicación de las nuevas leyes
por un período de 3 a 20 años”, vulnerándose de esta manera el deber ciudadano
de cumplir la Constitución y las leyes. En otras palabras, el ciudadano plantea
un cargo de inconstitucionalidad de carácter global contra diversas expresiones
de la Ley 963 de 2005, por vulnerar los artículos 1, 3, 95, 150.1 y 189.11
constitucionales.
Pues bien, dado que los segmentos normativos acusados
del artículo 1º de la Ley 963 de 2005 carecen de sentido autónomo, la Corte
considera necesario examinar la constitucionalidad de toda la norma de la cual
aquéllos hacen parte, disposición ésta que, al ser cardinal puesto que en ella
se define el concepto de contrato de estabilidad jurídica, será estudiada
aisladamente, para luego decidir, de manera conjunta, sobre la exequibilidad de
las demás normas legales acusadas, las cuales constituyen desarrollos lógicos
de aquélla.
6.1. Análisis del artículo 1º de la Ley 963 de 2005.
Exequibilidad condicionada de la norma acusada.
El artículo 1º de la Ley 963 de 2005 define los
contratos de estabilidad jurídica en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 1o. CONTRATOS DE ESTABILIDAD
JURÍDICA. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la
finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el
territorio nacional.
Mediante estos contratos, el Estado
garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se
modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada
en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán
derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de
duración del contrato respectivo.
Para todos los efectos, por modificación se
entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador
si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se
trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la
interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa
competente
Pues bien, tal y como lo sostiene el demandante, la
norma acusada podría ser entendida en el sentido de que el Congreso de la
República, mediante la expedición de aquélla, vulneró los artículos 1º
(Principio democrático) y 3 constitucionales ( principio de soberanía popular
), puesto que estaría autolimitando su competencia constitucional para
legislar; que otro tanto sucedería con la potestad reglamentaria del Presidente
de la República, y que igualmente la aplicación de la norma legal conduciría a
que determinados inversionistas nacionales o extranjeros que suscriban los
contratos de estabilidad jurídica terminen “escapando a la aplicación de las
nuevas leyes por un período de 3 a 20 años”, vulnerándose de esta manera el
deber ciudadano de cumplir la Constitución y las leyes (art. 95
constitucional). La anterior interpretación de la norma acusada vulneraría
efectivamente los artículos 1, 3, 150.1 y 189.11 Superiores. Una segunda
interpretación, por el contrario, apuntaría a que la disposición demandada es
conforme con la Constitución si se entiende que los órganos del Estado
conservan plenamente sus competencias normativas, incluso sobre las normas
identificadas como determinantes de la inversión, sin perjuicio de las acciones
judiciales a que tengan derecho los inversionistas, hermenéutica que es acogida
por la Corte, por las razones que pasan a explicarse.
Los contratos de estabilidad jurídica son de carácter
administrativo, con objeto lícito, sinalagmáticos, suscrito entre el Estado y
un determinado inversionista nacional o extranjero, mediante el cual, de
conformidad con diversos artículos de la Ley 963 de 2005, el primero se
compromete a garantizarle al segundo que, durante un determinado tiempo (entre
3 y 20 años), se le continuarán aplicando unas determinadas normas jurídicas
expresas y precisas estipuladas en el texto del contrato, y sus
correspondientes interpretaciones, las cuales fueron consideradas determinantes
para realizar la inversión; a cambio, el inversionista se compromete a (i)
llevar a cabo una nueva inversión o a ampliar una existente; (ii) presentar  un
estudio en el que se demuestre el origen de los recursos con los cuales se
pretenden realizar las nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al
igual que una descripción detallada y precisa de la actividad, acompañada de
los estudios de factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto
requiera o amerite y el número de empleos que se proyecta generar; (iii), en
caso de presentarse subrogación o cesión en la titularidad de la inversión, el
nuevo titular deberá contar con la aprobación de un Comité creado por la ley,
para efecto de mantener los derechos y obligaciones adquiridos en los contratos
de estabilidad jurídica; (iv) cumplir de manera estricta las disposiciones
legales y reglamentarias que regulen la actividad vinculada con el tipo de
actividad de que se trate y pagar puntualmente los impuestos, tasas y
contribuciones y demás cargos sociales y laborales a que está sujeta la
empresa; (v) acatar fielmente con el conjunto de normas establecidas o que
establezca el Estado para orientar, condicionar y determinar la conservación,
uso, manejo y aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales; y (vi) cumplir
“con todas las obligaciones legales y reglamentarias de orden tributario y
laboral adquiridas de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.”
Ahora bien, de conformidad con el artículo 1º
Superior, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado democráticamente,
en tanto que el artículo 3º Superior dispone que la soberanía reside en el
pueblo, el cual la ejerce directamente o mediante sus representantes. Al
respecto, cabe señalar que la Corte, en numerosas ocasiones se ha referido a
los contenidos de los mencionados principios constitucionales[16].
En tal sentido, existe una clara línea jurisprudencial en cuanto a que una de las
características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la
Constitución de 1991, consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no
sólo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino
también a ejercerlo y controlarlo, tal y como fue estipulado en el artículo 40
constitucional. A la par con lo anterior, en nuestro actual régimen político
sigue conservándose la figura de la representación, la cual debe ser
interpretada con los principios de la democracia participativa. En virtud de lo
anterior, las decisiones adoptadas en el seno de los órganos colegiados deben
basarse en el principio de las mayorías, respetando por supuesto los derechos
de las minorías políticas. De allí que la ley sea la manifestación de la
voluntad soberana del pueblo, expresada en el Congreso de la República mediante
sus representantes, con sujeción estricta a la Constitución y al Reglamento
Interior del mismo, con pleno respeto por los derechos de los grupos
minoritarios.  Sobre el particular, la Corte en sentencia C- 816 de 2004, al
referirse a los vicios de procedimiento en la formación de la voluntad del
Congreso de la República, estimó que “la soberanía popular hoy se expresa,
en gran medida, a través de deliberaciones y decisiones sometidas a reglas
procedimentales, que buscan asegurar la formación de una voluntad democrática
de las asambleas representantivas, que exprese obviamente la decisión
mayoritaria, pero de tal manera que esas decisiones colectivas, que vinculan a
toda la sociedad, sea un producto de una discusión pública, que haya permitido
además la participación de las minorías.” De tal suerte que desconocería
los principios democrático y de soberanía popular, una ley que le impidiese a
los representantes del pueblo expresar, con sometimiento al principio de las
mayorías, la voluntad de aquél en un momento histórico determinado.
Ahora bien, como desarrollo de los principios
democrático y de soberanía popular, el artículo 150.1 Superior, establece que
el Congreso de la República tiene competencia, en cualquier tiempo, para
interpretar, reformar y modificar las leyes, margen de discrecionalidad que se
restringe en la medida en que exista una mayor regulación constitucional del
asunto de que se trate. De igual manera, desde el punto de vista material, la
ley ordinaria, como categoría normativa que es, puede regular cualquier aspecto
del ordenamiento jurídico, siempre y cuando respete la Constitución, y en
concreto, no regule aquellos temas expresamente reservados por la Constitución
a una variedad especial de ley con fuerza pasiva reforzada, como es el caso de
las leyes orgánicas y estatutarias. Quiere ello decir que, mediante la
expedición de una ley ordinaria, no se puede garantizar que en el futuro el
Congreso de la República se abstenga de ejercer sus competencias
constitucionales para interpretar, reformar o modificar textos normativos de
idéntica jerarquía, y mucho menos, cualesquiera superior a ella. De tal suerte
que cualquier interpretación que permita el desconocimiento de la fuerza activa
de las leyes sería una negación del concepto mismo de ley, y por tanto,
inconstitucional en los términos del artículo 1 Superior. En efecto, el
principio democrático es el fundamento del principio de temporalidad de la ley.
En tal sentido, la regla de solución de antinomias según la cual “lex
posteriori derogat priori”, constituye una manifestación del principio
democrático, en el sentido de que la voluntad posterior del pueblo prevalece
sobre la anterior.
Sobre el particular la Corte, en sentencia C-341 de
1998 consideró que “El legislador no puede prohibirse a sí mismo el futuro
ejercicio de una facultad que la propia Constitución le confiere. Pues si la
atribución correspondiente está contemplada por el Constituyente, a menos que
éste supedite su ejercicio a la previa existencia de una disposición legal
-como acontece con la sujeción de las funciones legislativas a las leyes
orgánicas-, las restricciones al mismo consagradas en un estatuto de jerarquía
legal implican reforma de la Constitución y por lo tanto exigen el pleno
cumplimiento de los requisitos correspondientes”[17].
Así mismo, en fallo C- 1071 de 2003 esta Corporación, citando la anterior
sentencia, respondió negativamente a la pregunta según la cual ¿Puede el
legislador mediante una ley ordinaria autolimitar su propia potestad impositiva
general?, afirmando que “Si se arribara a la conclusión de que el legislador
podría prohibirse así mismo el ejercicio de su potestad legislativa, se
afectaría, por una parte, la estabilidad financiera de la Nación, en perjuicio
del interés colectivo y, por otra, no existiría un margen de control
constitucional sobre la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas
impositivas adoptadas por el legislador frente al conjunto sistemático de la
Carta Fundamental.”
En este orden de ideas, la Corte considera que el
artículo legal demandado debe ser entendido en el sentido de que mediante los
contratos de estabilidad jurídica no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad
de la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del
acuerdo celebrado con el Estado, las mismas condiciones legales existentes al
momento de la celebración de aquél, de tal manera que en caso de modificación
de dicha normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este
aspecto, se prevé la posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos
a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó o en
últimas a una decisión judicial. Es decir, es posible que se presente la
eventual modificación del régimen de inversiones tenido en cuenta en un
contrato de estabilidad jurídica. Pero su ocurrencia, si bien no impide su
eficacia, trae como consecuencia que los inversionistas puedan acudir a las
acciones judiciales que estimen convenientes. De tal suerte que la
incorporación de unas normas legales en un contrato estatal no impide la
posterior modificación de las mismas por la autoridad competente.
Ahora, esa incorporación de la ley al contrato, no
sólo es un principio general de la regulación de los contratos, sino que
también es perfectamente conveniente, tanto en los contratos particulares como
estatales. Por lo tanto, la verdadera fuente de la garantía de estabilidad
jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada
de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por
autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de
dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad
jurídica de la inversión. Luego en el fondo, de acuerdo con el artículo 58
constitucional, no se garantiza de esta manera meras expectativas, sino el
derecho de los inversionistas que se adquieren por este contrato de estabilidad
jurídica, el cual consiste en que los derechos que surjan de las inversiones se
rijan por las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de
estabilidad jurídica y no por las leyes posteriores que eventualmente las
modifiquen.
Por las anteriores razones, la norma acusada prescribe
que frente a los inversionistas nacionales o extranjeros que celebren los contratos
de estabilidad jurídica, el Estado entra a garantizarles que, si durante la
vigencia de estos últimos, es decir, entre 3 y 20 años,  se les modifica alguna
de las normas que hayan sido identificadas en los contratos como determinantes
para llevar a cabo la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se
les continúen aplicando “dichas normas por el término de duración del
contrato respectivo”, normas jurídicas que, a su vez, comprenden
determinados artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos
específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, así
como las interpretaciones administrativas vinculantes efectuadas por los
organismos y entidades de los sectores central y descentralizado por servicios
que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional a los que
se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Comisiones de Regulación y
los organismos estatales sujetos a regímenes especiales contemplados en el
artículo 4º de la misma ley, exceptuando el Banco de la República.
De igual manera, cabe indicar que la ley excluye
expresamente del objeto de los contratos de estabilidad jurídica (i) el régimen
de seguridad social; (ii) la obligación de declarar y pagar tributos los
tributos que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción; (iii) los
impuestos indirectos; (iv) la regulación prudencial del sector financiero; y
(v) el régimen tarifario de los servicios públicos. Tampoco podrá recaer sobre
normas declaradas inconstitucionales o ilegales por los tribunales colombianos
durante el término de duración de los contratos de estabilidad.
Al respecto, la Corte considera necesario aclarar que
el ámbito de regulación de la ley está determinado por la Constitución, en
tanto que la disposición transcrita parecería indicar que el Congreso podía
entrar a fijar los alcances de los fallos de constitucionalidad, labor que, de
conformidad con la Carta Política, le corresponde adelantar exclusivamente a la
Corte Constitucional.
Ahora bien, tal y como quedó dicho, si esta garantía
de estabilidad jurídica descansa, de una parte, en el interés general de
asegurar la inversión en pro del desarrollo económico del país, y de otro, en
interés particular de los inversionistas que reciben dicha garantía del
contrato de estabilidad jurídica, se concluye que se ajusta a las normas
constitucionales antes indicadas. Por eso en el presente caso, y a diferencia
de lo sostenido por los diversos intervinientes y la Vista Fiscal, no sólo se
está ante un problema de confianza legítima, que alude a la protección de
determinadas expectativas de los ciudadanos frente a los cambios intempestivos
en el comportamiento de las autoridades públicas, incluido el legislador, sino
más aún, ante la protección de los derechos que se adquieren con el contrato de
estabilidad jurídica del inversor. Al respecto, la Corte en sentencia C-131 de
2004 consideró lo siguiente:
“Así pues, en esencia, la confianza
legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio
jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller[18],
este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas,
que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado
comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su
conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de
autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de
preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los
particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo
interés público imperioso contrario.
Se trata, por tanto, que el particular debe
ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las
autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las
cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición
jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se
trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o
regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre,
en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo
razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.
(… )
De igual manera, la Corte ha insistido en
que el garantía de la confianza legítima, de forma alguna se opone a que el
Congreso de la República modifique las leyes existentes, lo cual iría en contra
del principio democrático.  No se trata, por tanto, de petrificar el sistema
jurídico. De tal suerte que, en el ámbito tributario, esta Corporación ha
considerado que únicamente es viable predicar la vigencia del citado principio
cuando quiera que existan realmente razones objetivas para confiar en la
durabilidad de la regulación, como por ejemplo, cuando la norma en cuestión ha
estado vigente por un largo período, no ha estado sujeta a modificaciones ni se
ha  propuesto su reforma, su existencia es obligatoria “es decir, no es
discrecional para las autoridades responsables suprimir el beneficio” y ha generado
“efectos previsibles significativos”, esto es, que los particulares han
acomodado su comportamiento a lo prescrito por la norma.
En el presente caso, por el contrario, no se discute
que los inversionistas nacionales o extranjeros cuenten con una expectativa
válida de permanencia de una determinada regulación, sino que son titulares de
un derecho subjetivo que tiene como fuente un contrato de estabilidad jurídica
suscrito con el Estado, el cual, en caso de presentarse un incumplimiento podrá
ser demandado el mismo ante las instancias judiciales.
Siendo ello así, a fortiori, no se desconoce la
potestad reglamentaria del Presidente de la República, por cuanto, se insiste,
el artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no le impide desarrollar el texto de ley
ordinaria alguna. Lo que sucede es que, al igual que con el legislador, la
responsabilidad del Estado se puede ver comprometida por la aplicación de
reglamentos posteriores a los inversionistas que habían suscrito contratos de
estabilidad jurídica comprensivos de aquéllos, en virtud de los cuales, se les
mantendrían por un determinado tiempo un régimen jurídico que consideran
adecuado para realizar la inversión.
De igual manera,  el artículo 1º de la Ley 963 de
2005, no conduce a que los inversionistas nacionales o extranjeros que
suscriban los contratos de estabilidad jurídica terminarían “escapando a la
aplicación de las nuevas leyes por un período de 3 a 20 años”, vulnerándose
de esta manera el deber ciudadano de cumplir la Constitución y las leyes
(artículo 95 constitucional). En efecto, en diversas ocasiones la Corte se ha
pronunciado en relación con el contenido y el alcance del deber constitucional
de obedecer la Constitución y la ley. Así, en sentencia C- 651 de 1997 estimó
que “La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de
cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la
convivencia comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita.”
Luego, en sentencia SU 747 de 1998 esta Corporación consideró que “En
distintas sentencias la Corte se ha referido a los deberes constitucionales, a
los cuales define como aquellas conductas o comportamientos de carácter
público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen
prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de
su libertad personal.
Posteriormente, en sentencia SU-259 de 1999, la Corte
Constitucional se refirió a los límites a los deberes en un Estado Social y
Democrático de Derecho. En tal oportunidad, reiteró que los deberes
constitucionales que vinculan a los ciudadanos no pueden hacerse tan rigurosos
e invasivos, que  dejen sin efectos sus derechos fundamentales. En aplicación
del principio general de derecho, según el cual  "Ad imposibilita nemo
tanetur", el cumplimiento de una obligación prescrita en la Carta
Fundamental no puede llevarse hasta los límites irrazonables de la amenaza y
vulneración de la propia integridad y seguridad.
Más recientemente, esta Corporación en sentencia C-
242 de 2006 consideró que en estricto sentido, la única obligación
constitucional es la que prescribe el cumplimiento de la carta y de las leyes
(artículo 95 C.N.). Los deberes, en cambio, serían patrones de configuración
legislativa, a los cuales debe darse una interpretación restrictiva, de tal
manera que no tengan como consecuencia la afectación del núcleo básico de los
derechos fundamentales.
Pues bien, en el caso del artículo 1º de la Ley 963 de
2005 el legislador no está eximiendo a un grupo privilegiado de inversionistas
nacionales o extranjeros de cumplir la Constitución o las leyes. De hecho, el
artículo 11 de la citada normatividad dispone que “Los contratos de estabilidad
deben estar en armonía con los derechos, garantías y deberes consagrados en la
Constitución Política y respetar los tratados internacionales ratificados por
el Estado colombiano”. De allí que, quienes suscriban los contratos de
estabilidad jurídica quedan sometidos al imperio de las nuevas leyes que no
hayan sido objeto de los mismos, e igualmente, deben acatar todas aquellas
disposiciones que hayan sido incluidas en los mencionados contratos. En otras
palabras, el artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no habilita o faculta a un
determinado grupo de personas para que incumplan la Constitución o la ley. De
igual manera, el artículo 1º de la Ley 963 de 2005 no desconoce los principios
democrático y de soberanía popular, como quiera que no le impide a los
representantes del pueblo manifestar la voluntad del mismo en un momento
histórico determinado mediante la modificación de las leyes, siempre y cuando
se sometan para ello a la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequible
el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, por el cargo analizado en esta sentencia,
en el entendido de que los órganos del Estado conservan plenamente sus competencias
normativas, incluso sobre las normas identificadas como determinantes de la
inversión, sin perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los
inversionistas.
6.2 Examen de constitucionalidad de otras
disposiciones de la Ley 963 de 2005, contenidas en sus artículos  2º, 3º, 4º  y
6º,  frente al cargo global de inconstitucionalidad planteado.
El demandante considera que determinados segmentos
normativos de la Ley 963 de 2005, contenidos en su artículos 2º, 3º, 4º y 6º,
referentes a (i) el monto de la inversión, (ii) las normas e interpretaciones
objeto de los contratos de estabilidad jurídica, (iii) el contenido de la
solicitud de suscripción de los mismos, (iv) la conformación del Comité
competente para darle curso a las mismas, (v) así como la duración de los
mencionados contratos, conducen todas ellas, al igual que el artículo 1º de la
Ley 963 de 2005, a desconocer el principio de soberanía popular, así como el
ejercicio pleno de las competencias normativas del Congreso de la República y del
Presidente de la República, atribuidas en los artículos 150, numeral 1 y 189
numeral 11 constitucionales. No comparte la Corte tales afirmaciones, por las
razones que pasan a explicarse.
Tal y como se ha señalado, a diferencia de lo
sostenido por el demandante, la Ley 963 de 2005 no le está impidiendo al
Congreso de la República ejercer su competencia en el futuro para reformar las
leyes ordinarias, incluso el texto mismo de la ley sobre contratos de
estabilidad jurídica, o aquellos artículos, incisos, ordinales, numerales o
parágrafos específicos de las mismas que sean objeto de un contrato de
estabilidad jurídica; lo que sucede es que, dichas modificaciones, llegado el
caso, pueden dar origen a controversias con los inversionistas, para cuya
solución las partes pueden incluir una cláusula compromisoria mediante la cual
se prevé la conformación de un tribunal de arbitramento. En otras palabras, no
se está garantizando una inmutabilidad del ordenamiento jurídico colombiano,
por cuanto, de llegar a entendida de esa manera, se vulneraría el principio
democrático, consagrado en el artículo 1 Superior. De allí que la Ley 963 de
2005 no puede ser entendida como una cesión al ejercicio de la soberanía
nacional. Tampoco se está “negociando el ordenamiento jurídico”, como lo
sostiene el demandante, ya que el Estado conserva plenamente sus competencias
para modificar las leyes existentes. En efecto, el legislador no podría
comprometerse a no ejercer, a futuro, sus competencias constitucionales. La ley
es una categoría normativa que no puede establecer límites o condiciones para
la expedición de normas de igual jerarquía. Lo que sucede, se insiste, es que
se está ante un contrato, en virtud del cual el Estado se comprometió a
mantener unas condiciones normativas favorables, aplicables únicamente en el
contexto de dicho acuerdo particular, equilibrio económico que podría verse
alterado por la adopción de una norma aplicable a la inversión realizada, caso
en el cual el Estado podría ver comprometida su responsabilidad.
En igual sentido, cabe señalar que, en su artículo 3º,
la Ley de 963 de 2005 dispone que en los contratos de estabilidad jurídica
deberán indicarse de manera expresa y taxativa las normas e interpretaciones
vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas
determinantes para la inversión. Al respecto, es necesario precisar que las
interpretaciones que adelanta la administración no tienen rango de ley  y que
no pueden oponerse a la interpretación adelantada por los jueces de la República,
cuya independencia está amparada por los artículos 228 y 230 constitucionales.
En otras palabras, le está vedado al legislador determinar los efectos que
tendrán los fallos proferidos por la Corte Constitucional. De igual manera, es
preciso aclarar que aquellas interpretaciones vinculantes realizadas por vía
administrativa deben ser conformes con la Constitución y la ley; en caso
contrario, se estaría ante un contrato administrativo cuyo objeto sería
ilícito.
Así mismo, la ley dispone que en los contratos de
estabilidad jurídica se podrá incluir una cláusula compromisoria mediante la
cual, en caso de suscitarse una controversia derivada de los mismos, se
conformará un tribunal de arbitramento nacional, regido exclusivamente por
leyes colombianas, es decir, se prevé un mecanismo de solución de controversias
para aquellos casos en que se suscite un conflicto entre las partes que
suscribieron el contrato de estabilidad jurídica.
Al respecto, la Corte considera que si bien en el
texto del contrato de estabilidad jurídica se puede incluir una cláusula
compromisoria, mediante la cual se prevé la conformación de un tribunal de
arbitramento para resolver las diferencias que se presenten entre los
contratantes, también lo es que se trata tan sólo de una facultad de que
disponen las partes, pero que de manera alguna pueden desconocer las
competencias constitucionales del Consejo de Estado, y además,  en caso de que
el correspondiente laudo arbitral incurra en un vía de hecho, procederá la
acción de tutela contra el mismo.
Cabe asimismo señalar que el artículo 11 de la Ley 963
de 2005 dispone que “Los contratos de estabilidad deben estar en armonía con
los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política y
respetar los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano”.
A primera vista, se podría pensar que se trata de una previsión legal
superflua, dado es que evidente que ningún contrato suscrito por el Estado
colombiano puede vulnerar la Constitución o los tratados internacionales ratificados
por el mismo, so pena de nulidad absoluta por violación de normas de orden
público. Con todo, la Corte considera necesario resaltar que la Ley de
estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, no puede conducir a
la suscripción de contratos estatales que afecten las condiciones laborales de
los trabajadores. De allí que las normas laborales que, con posterioridad a la
suscripción del contrato de estabilidad jurídica, conlleven un avance en la
materia a favor de los trabajadores, deberán aplicarse inmediatamente a las
relaciones que éstos tengan con los inversionistas nacionales o extranjeros.
En otras palabras, uno es el ámbito de aplicación de la ley y otro aquel de las
obligaciones contractuales asumidas por el Estado.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequibles,
por el cargo global analizado en la presente sentencia, los apartes
normativos acusados de los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 963 de
2005.
VI. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-242 de 2006, mediante la
cual se declararon exequibles, únicamente en relación con el derecho a la
igualdad, las expresiones “… el Estado garantiza a los inversionistas que
los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos
alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como
determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les
continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato
respectivo”  del artículo 1º, el artículo 2º y el inciso segundo del
artículo 3º de la Ley 963 de 2005.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 963
de 2005, por el cargo analizado en esta sentencia, en el entendido que los
órganos del Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso
sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, sin
perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo global
analizado  en la presente sentencia, los apartes normativos acusados de los
artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 963 de 2005.
Cópiese, notifíquese,
publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
CON ACLARACION DE VOTO
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO  MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA CON RELACIÓN A LA SENTENCIA
C-320 DE 25 DE ABRIL DE 2006
(Expediente D-5983)
LEY DE ESTABILIDAD JURIDICA PARA LOS
INVERSIONISTAS EN COLOMBIA-Desconoce
el principio de soberanía del Estado (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado
por las decisiones de la Corte Constitucional, y tal como lo hice en relación
con lo resuelto en la sentencia C-242 de 2006, salvo el voto en esta
oportunidad con respecto a lo decidido en la sentencia C-320 de 25 de abril de
2006, por cuanto desde el punto de vista sustancial las razones de la
discrepancia son idénticas. Así:
1. Mediante la sentencia
C-242 de 29 de marzo de 2006, se declara la exequibilidad parcial del artículo
1º de la Ley 963 de 2005, así como también se declaran exequibles el artículo
2º y el inciso 2º del artículo 3º de la misma Ley.
2. Ahora, en la sentencia
C-320 de 25 de abril de 2006 se decidió estar a lo resuelto en la sentencia
C-242 de 2006, y, además, declarar la exequibilidad de los artículos 2º, 3º, 4º
y 6º de la Ley 963 de 2005 “por el cargo global analizado”, y el artículo 1º de
la misma Ley “en el entendido que los órganos del Estado conservan plenamente
sus competencias normativas, incluso sobre las normas identificadas como
determinantes de la inversión, sin perjuicio de las acciones judiciales a que
tengan derecho los inversionistas”.
3. A mi juicio, y tal como
lo expresé en el salvamento de voto a la sentencia C-242 de 2006, las normas
que ahora se declaran exequibles por la Corte en la sentencia aludida, así como
en su integridad ese cuerpo normativo, violan de manera palmaria y grave la
Constitución Política.
Como puede observarse,
mediante la Ley 963 de 2005 se establecen “los contratos de estabilidad
jurídica”, en virtud de los cuales “el Estado garantiza a los inversionistas
que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a éstos
alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como
determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les
continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato
respectivo” (art. 1º), norma ésta que tiene desarrollo luego en el texto de
la Ley.
Significa lo anterior que,
en virtud de lo dispuesto en la norma  acabada de mencionar, se impone al
legislador en el futuro una limitación al ejercicio de la potestad legislativa,
inadmisible frente a la Constitución Política. El Estado no puede realizar con
los particulares un pacto según el cual se abstiene el Congreso de la República
de ejercer la función pública de interpretar, reformar y derogar las leyes, que
se le atribuye por el artículo 150 de la Constitución. La soberanía, como
atributo del Estado según las enseñanzas clásicas de Bodino, de John Locke, de
Rousseau y de Montesquieu, es inalienable, no está en el comercio, no puede ser
objeto de negociación con los particulares, como aquí se autoriza mediante la
Ley 963 de 2005 según el artículo transcrito, el cual guarda relación
inescindible con el artículo 3º en el que expresamente se indica que “podrán
ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica los artículos, incisos,
ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o
actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como
las interpretaciones administrativas vinculantes efectuadas por los organismos
y entidades de los Sectores Central y Descentralizado por Servicios que
integran la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden Nacional, a los que se
refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las Comisiones de Regulación y
los organismos estatales sujetos a regímenes especiales”.
Es claro, entonces, que la
legislación puede ser objeto según esa Ley de negociación con los
inversionistas privados cuando éstos consideren que la petrificación normativa
resulta favorable a sus intereses, aún en el caso de que esa modificación
legislativa sea favorable al interés general. Ello es así, por cuanto el propio
texto del artículo 1º de la Ley 963 de 2005, de manera inequívoca señala que el
Estado les garantiza a tales inversionistas que no se modifica la Ley cuando le
sea “adversa a éstos”, o, dicho de otra manera, se puede ejercer la función de
hacer las leyes pero sólo cuando les sea a ellos favorable. Es esa una
claudicación inaudita de un Estado soberano frente al capital extranjero,
lesiva no sólo de la Constitución sino de la propia dignidad nacional.
Las normas acusadas
quebrantan el Preámbulo de la Constitución, y simultáneamente con éste el
artículo 3º, pues de allí en adelante ya no es cierto que la soberanía resida
exclusivamente en el pueblo y que de éste emane el poder público, pues se
traslada como sujeto de la misma a los inversionistas privados y la legitimidad
de la ley no surgirá de la Constitución sino de que se ajuste al contrato de
estabilidad jurídica celebrado con ellos. Es evidente, que si una norma se
incluyó entre aquéllas que puedan ser objeto de ese singular tipo contractual,
el Estado queda obligado a no modificarla en forma adversa al contratista, lo
que quiere decir que si lo hace incurrirá en responsabilidad por el
incumplimiento del contrato. Es decir, se sustituye la soberanía popular por
las cláusulas contractuales con inversionistas que, además, sólo admitirán que
se legisle cuando las normas no le sean “adversas a éstos”. Toda otra
legislación resultará ilegítima, aun cuando el Estado invocara para dictarla su
condición de soberano, pues ésta habrá desaparecido.
La celebración de los
contratos de estabilidad jurídica sepulta entonces la primacía de la
Constitución para abrirle paso a la primacía del contrato de estabilidad
jurídica. Se sustituye el deber de los nacionales y extranjeros de acatar la
Constitución y las leyes de Colombia, por el respeto íntegro al contrato de
estabilidad jurídica mediante el cual entra en las leyes del mercado la
potestad legislativa del Estado soberano. Ello resulta, por supuesto violatorio
del artículo 4º de la Constitución.
En virtud del contrato de
estabilidad jurídica, no podría en adelante el Congreso de la República expedir
normas nuevas para establecer contribuciones parafiscales conforme lo autoriza
el artículo 150, numeral 12 de la Constitución, pues el inversionista privado
podría enervar la potestad legislativa bajo la alegación de que una nueva
contribución de esta especie constituye una modificación legislativa que le
resulta “adversa”; si el Congreso le impartiera aprobación a un Tratado
Internacional en ejercicio de la atribución que le asigna el artículo 150,
numeral 16 de la Constitución y un inversionista privado llegare a considerar
que ese instrumento internacional lesiona sus intereses, podría entonces aducir
contra él que se introdujo una modificación “en forma adversa” a sus intereses,
con violación del contrato de estabilidad jurídica que lo prohibía; si el
Congreso de la República como representante del pueblo decidiera mediante una
ley dictar normas para señalar los objetivos y criterios a los cuales deba
sujetarse el gobierno para organizar el crédito público, o para regular el
comercio exterior o para señalar el régimen de cambios, o para introducir
modificaciones a la política comercial a los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas, o para regular de una manera
distinta la actividad financiera, bursátil o aseguradora, o para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, se le podría acusar
por el inversionista privado de haber introducido modificaciones a la
legislación preexistente no compatibles con el contrato de estabilidad jurídica
en la medida en que por él se considere que se legisló “en forma adversa” al
interés particular del cual es titular; si el Congreso resuelve expedir
mediante una ley, normas de intervención económica respecto de la explotación
de los recursos naturales, o sobre el uso del suelo, o para regular la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios
públicos y privados o para racionalizar la economía para mejorar la calidad de
vida de los colombianos, efectuar una distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo o para preservar y hacer efectivo
el derecho a un ambiente sano, se le podría formular la objeción de la
intangibilidad de la legislación anterior en virtud de la celebración del
contrato de estabilidad jurídica, con lo cual se harían nugatorias las
atribuciones del Congreso consagradas para este efecto en el artículo 150,
numeral 21 y en el artículo 334 de la Carta, pues la dirección general de la
economía no quedaría así sujeta a los intereses generales sino a los intereses
particulares del inversionista privado; si el Congreso optara por dictar normas
especiales en materias económicas y sociales para las zonas de frontera como lo
autoriza el artículo 337 de la Constitución, podría aducirse que existe una
obligación de no hacer pactada en un contrato de estabilidad jurídica para
impedir los efectos generales inmediatos de la ley y aducir su inaplicabilidad
al inversionista privado si le resulta “adversa” según su alegación; si se
dictara por el Congreso de la República una norma sobre servicios públicos, las
compañías privadas podrían aducir la inmodificabilidad de la legislación
anterior, si consideran la nueva ley expedida “en forma adversa” a sus
intereses particulares; si se les confirieran nuevos derechos a los usuarios de
los servicios públicos mediante la expedición de una ley que señalara un
régimen nuevo para su protección y las formas de participación en la gestión y
fiscalización de las empresas prestadoras de ellos, el inversionista privado
podría elevar su reclamo por violación del contrato de estabilidad jurídica.
Los anteriores, son apenas
algunos ejemplos, pues es claro que la fértil imaginación de los inversionistas
privados podrá extender el campo de aplicación de los contratos de estabilidad
jurídica cada vez más, para excluir la aplicación de cualquier norma que, a su
juicio, fuere expedida “en forma adversa” a sus muy importantes intereses, que
sin embargo, sólo serán intereses privados por encima de los cuales siempre
deberá estar el interés general, las normas de derecho Público y la soberanía
nacional.
4. Si los novedosos
contratos de estabilidad jurídica hubieran existido para la época, se
conservarían todavía las normas discriminatorias y opresoras que regulaban las
instituciones de la mita y la encomienda durante la colonia; de igual manera,
persistirían entonces las normas reguladoras de la esclavitud, pues la ley de
21 de mayo de 1851 les resultaba adversa a los propietarios y comerciantes de
esclavos; en nombre de la estabilidad jurídica, no podría haberse introducido
ninguna norma reguladora de los contratos que para la construcción de ferrocarriles
y para el impulso de la navegación se suscribieron a lo largo del Siglo XIX;
con contrato de estabilidad jurídica, no podrían haberse introducido
modificaciones a la legislación que permitió la explotación inmisericorde de
los caucheros por la Casa Arana en los Llanos Orientales, a la que se refiere
José Eustasio Rivera en La Vorágine; conforme a contratos de este linaje,
resultaría intangible la legislación para explotar el trabajo y negar la
seguridad social a los campesinos de la zona bananera objeto de matanza a mano
de las fuerzas oficiales al servicio de la United Fruit Company que denunció en
el Congreso de Colombia Jorge Eliécer Gaitán en 1928; con contratos de
estabilidad jurídica como los que ahora se regulan por la Ley 963 de 2005, la explotación
del petróleo y de los hidrocarburos, no podría haber sido objeto de
modificación alguna, pues las compañías extranjeras, como inversionistas
privados, podrían invocar a su favor la legislación preexistente frente a la
nueva, si ésta les fuere adversa a sus intocables intereses; sometido el Estado
a un contrato de estabilidad jurídica, no podría expedir ahora una ley como la
de la Colombianización de la Banca de 1975, ni crear contribuciones
parafiscales como la que se creó con destino a la protección de la niñez a
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ni podría modificar
tampoco la legislación que pudiera afectar a las compañías trasnacionales que
operan en el cada día más creciente campo de las telecomunicaciones.
5. En la sentencia C-320 de
2006 a la cual se refiere este salvamento de voto, se afirma en su numeral 3º
de la parte resolutiva que la declaración de exequibilidad del artículo 1º de
la Ley 963 de 2005 se realiza en forma condicional, pues se entiende que los
órganos del Estado “conservan plenamente sus competencias normativas, incluso
sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, sin
perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas”.
Es decir, se reafirma lo que se había dicho ya en el salvamento de la sentencia
C-242 de 2006 en cuanto a que si el Congreso de la República ejerce la
soberanía del Estado para modificar las normas que en opinión de los
inversionistas no les sean favorables, podrán ejercer acciones judiciales contra
el Estado Colombiano. Aquí se despeja cualquier asomo de discusión y, de manera
contundente y sin ambages se les dice que si el Congreso de Colombia osa
legislar en lo que aparentemente les fuere desfavorable, quedan legitimados
para demandar al Estado y obtener las indemnizaciones correspondientes, con lo
cual se descorre el velo protector no de los derechos de Colombia sino de los
acuciosos contratistas en desmedro de los superiores intereses de la República.
Si anteriormente salvé el
voto, ahora lo hago con mucha mayor razón, pues  mi discrepancia con la
existencia misma de los contratos de estabilidad jurídica que regula la Ley 963
de 2005 es absoluta por razones de dignidad nacional, por la afectación muy
grave a la soberanía del Estado y por la violación ostensible de la
Constitución.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO
DEL MAGISTRADO  JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO A LA SENTENCIA
C-320 DE 2006.
LEY DE ESTABILIDAD JURIDICA PARA LOS
INVERSIONISTAS EN COLOMBIA-Vulneración
del principio de igualdad en la libre competencia económica (Aclaración de
voto)
Considero que el artículo 2° de la Ley es
inconstitucional  por violación del principio de igualdad que debe regir la
libre competencia. La norma consagra una desigualdad de trato en favor de un
sector que  interactúa dentro de la economía de mercado, mediante la
instauración de  un régimen especial de estabilidad jurídica que le reportará
beneficio económicos. Los beneficios económicos que se derivan de ese especialísimo
régimen jurídico se concentran en un privilegiado grupo conformado por los
grandes inversionistas. Los criterios cuantitativos que establece la norma y
las limitaciones que paralelamente introduce a determinados sectores de la
economía, excluyen renglones de inversión sin que se demuestre una razón
suficiente que justifique ese trato diferenciado. La exclusión de unos
beneficios – estabilidad jurídica con repercusiones económicas – respecto de
algunos operadores económicos que previamente se encuentran en una situación
menos privilegiada que aquellos a quienes ampara el beneficio, estructura un
indicio de inequidad en la norma.
La presente sentencia declara estarse a lo resuelto en
la sentencia C-242 de 2006, mediante la cual se declararon exequibles, en
relación con cargos  por violación del derecho a la igualdad, algunas
expresiones de los artículos 1°, 2° , 3° inciso 2°, de la Ley 963 de 2005. En
aquella oportunidad expresé mi disentimiento sobre  la exequibilidad del
artículo 2° de esta Ley. En acatamiento al precedente, suscribo la presente
sentencia, pero aclaro mi voto reiterando los argumentos que me llevaron a
salvar el voto en aquella oportunidad:
Considero que el artículo 2° de la Ley es
inconstitucional  por violación del principio de igualdad que debe regir la
libre competencia. La norma consagra una desigualdad de trato en favor de un
sector que  interactúa dentro de la economía de mercado, mediante la
instauración de  un régimen especial de estabilidad jurídica que le
reportará beneficio económicos. Los beneficios económicos que se derivan de ese
especialísimo régimen jurídico se concentran en un privilegiado grupo
conformado por los grandes inversionistas.  Los criterios cuantitativos que
establece la norma y las limitaciones que paralelamente introduce a
determinados sectores de la economía, excluyen renglones de inversión sin que
se demuestre una razón suficiente que justifique ese trato diferenciado.
La exclusión de unos beneficios –
estabilidad jurídica con repercusiones económicas – respecto de algunos
operadores económicos que previamente se encuentran en una situación menos
privilegiada que aquellos a quienes ampara el beneficio, estructura un indicio
de inequidad en la norma.
La  norma acusada afecta así, prima
facie, el principio de igualdad en la libre competencia económica
establecido en la Carta como fundamento y condición de un sistema económico
equitativo, eficiente y productivo. Esa afectación trasciende lo que podría
considerarse un efecto normal de una medida de intervención estatal en la
economía, hasta el punto que se constituye en un indicio de inequidad que debe
ser desvirtuado mediante la identificación de un motivo suficiente para su
expedición.
La norma no plantea un trato diferente
para sujetos que se encuentren en una situación análoga; contempla un trato
discriminatorio a favor de sujetos que se encuentran en una situación
privilegiada (los grandes inversionistas). La Corte debió desvirtuar ese
indicio de inequidad demostrando que la exclusión de algunos sectores menos
favorecidos de la economía, del beneficio de ser cobijados por un régimen
normativo de estabilidad jurídica, obedecía a una razón de ser que la hiciera
admisible frente a la Constitución. El indicio de inequidad que surge del
establecimiento de un trato normativo desigual no fue desvirtuado por la
sentencia, lo cual confirma el quebranto al principio de igualdad.
De otra parte, se advierte en la norma un
indicio de arbitrariedad, que redunda igualmente  en afectación del
principio de igualdad, el cual se erige en el más importante límite a la
intervención estatal para la regulación de la economía, conforme lo establece
el artículo 334 de la Carta, que señala criterios de “racionalización” de
la economía y “distribución equitativa de oportunidades”, los cuales
vinculan al legislador. No existe ningún criterio razonable que justifique la
exclusión de actividades que resultan igualmente productivas a aquellas que se
relacionan en la norma. No existe una razón válida aparente para que se
excluyan otros competidores, del régimen jurídico especial creado en la norma a
favor de unos determinados operadores económicos.
Las leyes de intervención suelen tener
efectos variados en la oferta y demanda de bienes y servicios en un mercado de
libre competencia. Sin embargo, trasciende este efecto normal, la norma de
intervención que dentro de un determinado mercado establece ventajas jurídicas
para unos operadores que de hecho y previamente a la medida, ya se encuentran
en una situación privilegiada por su mayor capacidad de inversión. El
legislador crea así  privilegios adicionales para quienes se encuentran en una
situación ventajosa, y excluye, sin razón válida, a operadores económicos
respecto de los cuales incluso, estaría más legitimada una acción estatal orientada
a fines promocionales.
En estos términos, la intervención
unilateral que realiza el Estado a través de una norma que excluye de un trato
privilegiado otras actividades igualmente productivas, sin que exista para ello
un sustento racional o razonable, puede calificarse objetivamente como
arbitraria, inaceptable, o no soportable  frente al principio de igualdad que
debe regir la libre competencia. La norma genera así una ventaja competitiva a favor
de unos operadores específicos en el mercado, lo que a su vez introduce una
grave e ilegítima distorsión al ejercicio de la libre competencia.
Éste el sentido de mi aclaración,
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-320 DEL 2006 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
LEY DE ESTABILIDAD JURIDICA PARA LOS
INVERSIONISTAS EN COLOMBIA (Salvamento
de voto)
Referencia: expediente D-5983
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1, 2, 3, 4 y 6 (parciales) de la Ley 963 de 2005 “Por la cual se
instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente
sentencia, con fundamento en las siguientes razones:
1. En primer lugar, considero que el Congreso no puede
negociar la voluntad general, como en efecto lo haría si renunciase a legislar
por un determinado tiempo y en ciertas materias, tal como se propone en la
presente ley.
2. En segundo lugar, una de las principales
dificultades de esta ley radica, a mi juicio, en que la modificación legal que
se adversa al inversionista no produce ningún efecto sobre los contratos de
estabilidad jurídica, mientras que sí lo tendría la que sea favorable.
Favorabilidad jurídica no equivale, a mi entender, a seguridad jurídica.
Considero que afirmar la potestad legislativa pero sin
producir efectos jurídicos equivale a no legislar y atenta contra cualquier
definición de ley, como expresión de la voluntad general, y en todo caso, la
última expresión es la que prima –ley posterior deroga la anterior-, sea
favorable o desfavorable a ciertos sectores.
3. En tercer lugar, el contrato sinalagmático implica
equilibrio entre las partes y en este caso, en mi concepto, todos los
beneficios se encuentran consagrados en favor de los inversionistas, mientras
que si éstos incumplen sólo se produce la terminación del contrato. En este
caso basta que un Comité del Ejecutivo defina qué actividades pueden ser objeto
de esos contratos, para que queden excluidos del ordenamiento jurídico.
En este caso, se trata de grandes inversionistas, que a
mi juicio, se encuentran en condiciones de desigualdad privilegiada frente a
otros sectores como los trabajadores y el propio Estado, pues si llegaren a
verse afectados los inversionistas, éstos podrían pedir indemnización si están
probados los perjuicios, mientras que si el perjuicio es para el Estado no se
prevé ninguna consecuencia.
Por lo tanto, los contratos de que trata la ley bajo
estudio, constituyen, en mi criterio, contratos de privilegios financieros y no
realmente de estabilidad jurídica.
4. En cuarto lugar, considero que el condicionamiento
que se propone en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta sentencia
resulta contradictorio, toda vez que el supuesto general es que el legislador
nunca puede renunciar a su facultad de legislar y que la misma produzca efectos
jurídicos, además de que con la garantía concedida en la ley bajo estudio no
puede haber indemnización, pues no habrá afectación de los inversionistas.
5. En quinto lugar, considero que en este caso la
afectación de los intereses del  país y del Estado resulta más grave puesto que
se trata de contratos a largo plazo (20 o 30 años), durante los cuales se
afectaría no sólo la potestad de legislar del legislador acerca de ciertas
materias, sino también la macroeconomía de varios gobiernos, pues se trata de
un mandato al legislador del futuro, en cuanto dichos contratos no podrían
afectarse ni siquiera por la Ley del Plan de Desarrollo.
A mi juicio, un Estado Social de Derecho, que debe
intervenir en ciertas áreas y ámbitos para salvaguardar el interés general y a
ciertos sectores vulnerables no puede entregar a los particulares todos los
sectores de la economía, pues debe reservarse algunos sectores sensibles como
lo estipula el artículo 365 C.P.
6. Finalmente y en concordancia con los argumentos
expuestos, me permito reiterar las razones presentadas en Salvamento de Voto
frente a la sentencia C-242 de 2006.
Por lo anterior manifiesto mi discrepancia con la
presente decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Auto 239/06
Referencia: expediente D-5983
Corrección en la parte motiva de la
Sentencia C- 320 de 2006
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1,2,3,4 y 6 ( parciales ) de la Ley 963 de 2005, “Por la cual se
instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”.
Demandante: Héctor Hernán Mondragón Báez.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil seis
(2006).
El suscrito Magistrado, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales,
CONSIDERANDO
Primero: Que en la parte motiva de la Sentencia C-320 de 2006,
expediente D-5983, p. 38, por error mecanográfico involuntario, en el último párrafo
se dice lo siguiente:
“Posteriormente, en sentencia SU-259 de
1999, la Corte Constitucional se refirió a los límites a los deberes en un
Estado Social y Democrático de Derecho.”
Cuando en realidad, la Corte alude a la
sentencia C- 776 de 2001.
Segundo: Que igualmente, en la parte motiva de la Sentencia
C-320 de 2006, expediente D-5983, p. 39, segundo párrafo, por error
mecanográfico involuntario, en el primer párrafo se dice lo siguiente:
“Más recientemente, esta Corporación en
sentencia C-249 de 202 consideró que en estricto sentido, la única obligación
constitucional es la que prescribe el cumplimiento de la carta y de las leyes
(artículo 95 C.N.).
Cuando en realidad, esta Corporación alude
a la sentencia C-246 de 2002.
Tercero:  Que resulta necesario corregir los anteriores
errores mecanográficos involuntarios
RESUELVE
Primero. Corregir la parte motiva de la sentencia C-320 de
2006, expediente D- 5983, p. 38, último párrafo, cuyo texto es el siguiente
“Posteriormente, en sentencia C-776 de
2001, la Corte Constitucional se refirió a los límites a los deberes en un
Estado Social y Democrático de Derecho.”
Segundo. Corregir la parte motiva de la sentencia C-320 de
2006, expediente D- 5983, p. 39, último párrafo, cuyo texto es el siguiente
“Más recientemente, esta Corporación en
sentencia C-246 de 2002 consideró que en estricto sentido, la única obligación
constitucional es la que prescribe el cumplimiento de la carta y de las leyes
(artículo 95 C.N.).
Notifíquese
y cúmplase
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
AUSENTE CON EXCUSA
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C- 709 de 2002 reiterada en fallo C-070 de
2003.
[2] ARTÍCULO 169. RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 240-1. RÉGIMEN
ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA. Créase el régimen especial de estabilidad
tributaria aplicable a los contribuyentes personas jurídicas que opten por
acogerse a él. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del
régimen especial de estabilidad, será superior en dos puntos porcentuales (2%),
a la tarifa del impuesto de renta y complementarios general vigente al momento
de la suscripción del contrato individual respectivo.
La estabilidad tributaria se otorgará en cada caso mediante
la suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el término de
diez (10) años. Cualquier tributo o contribución del orden nacional que se
estableciera con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la
vigencia del mismo, o cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta
y complementarios, por encima de las tarifas pactadas, que se decretare durante
tal lapso, no le será aplicable a los contribuyentes sometidos a este régimen
especial.
Cuando en el lapso de duración del contrato se reduzca la
tarifa del impuesto de renta y complementarios, la tarifa aplicable al
contribuyente sometido al régimen de estabilidad tributaria, será igual la
nueva tarifa aumentada en los dos puntos porcentuales.
Los contribuyentes podrán renunciar por una vez al régimen
especial de estabilidad antes señalado y acogerse al régimen general, perdiendo
la posibilidad de someterse nuevamente al régimen especial.
Las solicitudes que formulen los contribuyentes para
acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria, deberán presentarse
ante el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, quien
suscribirá el contrato respectivo, dentro de los 2 meses siguientes a la
formulación de la solicitud. Si el contrato no se suscribiere en este lapso, la
solicitud se entenderá resuelta a favor del contribuyente, el cual quedará
cobijado por el régimen especial de estabilidad tributaria.
Los contratos
que se celebren en virtud del presente artículo deben referirse a ejercicios
gravables completos.
[3] Ver especialmente, Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia del 24 de agosto de 2001, actor: Rosa Elvira Velandia Mariño, M.P.
Germán Ayala Mantilla, y Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de
agosto de 2002, Actor: Exporfaro S.A., M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
[4] Cámara de Comercio de Bogotá, “Reforma Tributaria
de 1995. Comentarios y explicaciones”, p. 259.
[5] Ver entre otras, sentencias C- 358 de 1996, C- 379 de
1996, C- 008 de 1997 y C- 294 de 2002.
[6] Por ejemplo, el "Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, por el cual se promueven y protegen las inversiones",
suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994; el Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y
protección recíproca de inversiones", suscrito en Bogotá el 16 de julio de
1994, y el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Perú sobre Promoción y Protección Reciproca de
Inversiones”, suscrito en lima el 26 de abril de 1994.
[7] Art. 5 de la Ley 963 de 2005.
[8] Proyecto de Ley núm. 15 “Por la cual se instaura la
ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”, Gaceta núm.
61 del 10 de marzo de 2004.
[9] Texto definitivo al proyecto de ley núm. 15 de 2003
Senado, Gaceta del Congreso núm. 264 del 10 de junio de 2004.
[10] Ponencia para primer debate al proyecto de ley 15 de 2003
Senado “Por la cual se instaura la ley de estabilidad jurídica para los
inversionistas en Colombia”, Gaceta del Congreso núm. 283 del 20 de mayo de
2005.
[11] Tribunal Internacional de Arbitramento, asunto ARAMCO
vs. Arabia Saudí, laudo arbitral del 23 de agosto de 1958, citado por
Patrick Daillier y Allain Pellet, Droit Internacional Public, París,
2004.
[12] Estatuto de la Inversión Extranjera, Decreto Ley núm.
600 de 1974, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2006.
[13] Decreto Supremo núm. 162 de 1992, “Reglamento de los
Regímenes de Garantía a la Inversión Privada”, Sistema de Información sobre
Comercio Exterior, 2006.
[14] Ley núm. 46 del 19 de diciembre de 1997 sobre
“Promoción y garantía de inversiones”, Sistema de Información sobre Comercio
Exterior, 2006.
[15] Ley de Estabilidad Jurídica núm. 54 del 22 de
septiembre de 1998, Sistema de Información sobre Comercio Exterior,
2006.
[16] Ver entre otras Sentencias T-03, T-439, T-469 y C-607
de 1992, T-383 y C-537 de 1993, C-71, C-89, C-89ª y C- 180 de 1994.
[17] En el caso de la
sentencia C- 341 de 1998 se trataba de una acción pública de
inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 37 de la Ley 383 de 1997,
disposición mediante la cual se disponía lo siguiente: “La exención prevista en
el artículo 6 de la Ley 218 de 1995 no cobija las materias primas agropecuarias
o pesqueras, ni las materias primas industriales producidas en la Subregión
Andina. Tampoco es aplicable a los equipos o enseres que no se destinen en
forma directa a la producción, tales como los vehículos, muebles y otros
elementos destinados a la administración de la empresa y a la comercialización
de los productos. Cuando la producción Subregional Andina sea altamente
insuficiente, el Consejo Superior de Comercio Exterior podrá establecer
exenciones sobre las mercancías mencionadas en este artículo, caso en el cual
dichos beneficios tendrán el tratamiento establecido en el artículo 6 de la Ley
218 de 1995".
[18] Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 17 de diciembre de 1992,
asunto Holtbecker, en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de
Justice des Communautés Européennes, París, Dalloz, 1993, p. 77.  En este fallo
el Tribunal consideró que el principio de la confianza legítima se definía como
la situación en la cual se encuentra un ciudadano al cual la administración comunitaria,
con su comportamiento, le había creado unas esperanzas fundadas de que una
determinada situación jurídica o regulación no sería objeto de modificación
alguna.