T-570-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-570/11
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Configuración
El defecto procedimental se presenta en dos dimensiones: el
primero, cuando se omite la aplicación de las normas o garantías procesales
definidas en la ley, y el segundo, cuando la aplicación del procedimiento
soslaya o limita injustificada y desproporcionadamente la vigencia del derecho
sustancial.
DEFECTO
SUSTANTIVO-Configuración
Existe un
defecto sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación controvertida
desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las
razones de ley,  (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el contenido  de la
disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También
puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede
darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la
decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución. Igualmente
se considera defecto sustantivo (v) el hecho que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; o (vi) cuando
se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese
acogido la jurisprudencia; entre otros.
ACCION DE
TUTELA CONTRA TRIBUNAL SUPERIOR-Improcedencia por cuanto accionante no
interpuso recurso de adición
Referencia:
expediente T-3007844
Acción de
tutela instaurada por Fabiola Muñoz de Erazo contra la Sala de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Circuito Judicial de Popayán.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio
de dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Elías Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados por las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
La ciudadana Fabiola Muñoz de Erazo presentó escrito
de acción de tutela el 13 de diciembre de 2010, contra la providencia dictada el
30 de septiembre de 2010 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral que ella
inició en contra de la Caja de Compensación Familiar del Cauca –Comfacauca-.  Sustenta
su solicitud en los siguientes
1.  Hechos y requerimientos:
Para mayor claridad, los hechos
que sustentan la presente solicitud de amparo constitucional se han dividido en
dos: primero, los que sustentaron el inicio del proceso ordinario laboral y,
segundo, aquellos que definen la providencia que habría vulnerado los derechos
fundamentales. Posteriormente, se definirán los requerimientos y se señalarán
los criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que son invocados por la actora.
1.1.  Hechos que precedieron
la presentación del proceso ordinario laboral contra Comfacauca.
La señora Muñoz de Erazo indica
que se vinculó mediante contrato a término indefinido con Comfacauca el 07 de
enero de 1980.
Posteriormente, dentro de la
vigencia del vínculo laboral, la Caja de Compensación ofreció un plan de retiro
voluntario dirigido a los trabajadores con contrato a término indefinido.
Relata que, al considerar la
oferta, diligenció un formato de aceptación con fecha 30 de abril de 2007, que
fuere aprobado el 29 de junio del mismo año.
Advierte que el 04 de julio de
2007, antes de celebrarse la conciliación ante el Inspector del Trabajo, se
retractó de la oferta de retiro voluntario ya que afectaba su situación
pensional; decisión que le comunicó al empleador.
Sin embargo, el 23 de julio de
2007, la Caja de Compensación procedió a informar la decisión de terminar el
contrato de trabajo.
Previene que al momento del
despido se estaba negociando entre la empresa y un grupo de trabajadores no
sindicalizados, un pacto colectivo de trabajo que había sido denunciado por los
beneficiarios.  Uno de los negociadores de este trámite era la actora, por
tanto, considera que se encontraba amparada por el fuero circunstancial
previsto en el artículo 25 del decreto 2351 de 1965.
En respuesta a la terminación del
contrato, indica que elevó ante el empleador solicitud de reintegro por
violación del fuero circunstancial y sindical.
1.2.  Hechos que definen qué
providencia vulneró los derechos fundamentales
La actora anota que recibió
respuesta negativa de la solicitud de reintegro por parte de la Caja de
Compensación.  Por tanto, tomó la decisión de iniciar un proceso ordinario
laboral en procura de la declaratoria de ineficacia del despido por la
violación del fuero circunstancial y, en forma subsidiaria, requirió que su
despido fuera juzgado como injusto.
Indica que Comfacauca respondió
la demanda y, entre otras, propuso la excepción de prescripción de la acción de
reintegro.
Expresa que en primera instancia
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán desestimó las pretensiones
de la demanda, al considerar que ella se había acogido al plan de retiro
voluntario y que el mismo no podía ser objeto de retracto.
Como consecuencia, interpuso
recurso de apelación contra tal providencia, en el cual se argumentó que sí era
posible retractarse del plan de retiro ya que su decisión no quedaba en firme
hasta tanto no se surtiera la conciliación en el Ministerio de la Protección
Social.
Sin embargo, advierte que aunque el
Tribunal Superior de Popayán aceptó que la fuerza del retiro voluntario dependía
de la conciliación ante el Ministerio, terminó por declarar la prescripción de
la acción de reintegro, sin pronunciarse sobre la ineficacia del despido por
haberse originado dentro de la negociación del pliego de peticiones.
Considera que lo anterior, es decir,
la omisión de pronunciamiento sobre el fuero circunstancial, vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y a
la seguridad social.
Aclara que con la modificación de
la cuantía para impugnar en casación, no le es posible acudir a dicho recurso.
1.3.  Requerimientos
En aras de proteger los derechos
fundamentales invocados, la actora solicita que se deje sin efectos la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
“de fecha 30 de septiembre de 2.010 dentro del proceso ordinario laboral de
FABIOLA MUÑOZ DE ERAZO contra COMFACAUCA y en su lugar ordenar al accionado
proferir nueva decisión de segunda instancia que resuelva de fondo los
argumentos y las pretensiones de la parte demandante al igual que los de la
parte demandada con respeto del principio de congruencia para las dos, en
especial respecto a los hechos, pretensiones y pruebas relacionados con la
violación del FUERO CIRCUNSTANCIAL (…)”.
1.4.  Causal de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales aplicable al caso
De acuerdo a la demandante, la
providencia censurada adolece “una irregularidad procesal”.  Precisa el cargo
en los siguientes argumentos:
“4. Como
es apenas lógico en términos de congruencia, la apelación se dirige a demostrar
que la mera manifestación de voluntad para acogerse a un retiro voluntario no
tiene la fuerza jurídica para dar por terminado el contrato de trabajo, menos
cuando se ha pactado que debe firmarse un acta de conciliación con la que se
termine la relación laboral.  Demostrado esto en la apelación, se solicita al
ad quem que revoque el fallo recurrido y resuelva la totalidad de las
pretensiones de la demanda inicial haciendo pronunciamiento estimatorio de las
mismas.
“(…) Creemos
respetable y válido que el tribunal sin que fuera objeto de apelación se
ocupara de estudiar esta excepción, pero al mismo tiempo y para dar igualdad de
condiciones a las partes, el Tribunal debía abordar la totalidad de las
pretensiones de la demandada por cuanto así se le solicitó en el recurso de
apelación, ello implicaba estudiar la violación del FUERO CIRCUNSTANCIAL que
amparaba a la suscrita demandante por negociadora de un conflicto colectivo de
trabajo que estaba en curso en los términos del artículo 25 del Decreto 2351 de
1.965, argumento por el cual se demandaba la ineficacia del despido y el
reintegro de la suscrita demandante sin solución de continuidad.  Esta
pretensión no podía entenderse subsumida en la prescripción de tres meses que
solo aplica para el reintegro de quienes se vincularon antes del 1º de enero de
1.981, pero que no aplica para el fuero circunstancial cuya prescripción es de
3 años.
“5.  Al
omitir el Tribunal estudiar la totalidad de las pretensiones de la demanda
inicial y considerarlas afectadas por la prescripción trimensual, incurrió en
una irregularidad procesal con entidad suficiente para vulnerar el derecho de
igualdad de la parte demandante frente a la parte demandada en el proceso e
igualmente violó el derecho al debido proceso por cuanto salió de la esfera del
principio de congruencia a favor de la parte demandada pero no hizo lo propio
con las pretensiones de la parte demandante que en la apelación así lo solicitó.
De manera indirecta se vulneró el derecho al trabajo y a la seguridad social de
la actora que estaban expresados en la totalidad de las pretensiones de la
demanda inicial”.
Más adelante precisa que el
criterio específico de procedibilidad de la acción de tutela contra la
providencia demandada se encuadra en una “decisión sin motivación” y
para el efecto afirma lo siguiente:
“En el
presente caso, el Tribunal desestimó la pretensión de INEFICACIA DEL DESPIDO Y
REINTEGRO DE LA DEMANDANTE por haberse violado por parte de la empresa
demandada el FUERO CIRCUNSTANCIAL establecido en el artículo 25 del decreto
2351 de 1.965 sin hacer en la sentencia ninguna motivación sobre este hecho y
los argumentos jurídicos expuestos en la demanda para sustentar la pretensión
de reintegro sin solución de continuidad por esta razón.”
Por último, de manera sucinta la
actora plantea que en la providencia el Tribunal habría desconocido “los
precedentes sobre FUERO CIRCUNSTANCIAL especialmente los que tienen génesis en
la sentencia del 5 de octubre de 1998 con ponencia del Doctor GERMAN VALDEZ
SANCHEZ”.
2.  Respuesta de las autoridades
judiciales accionadas
De las entidades demandadas en la
acción de tutela, sólo presentó contestación Comfacauca, oponiéndose de manera
extemporanea a la protección de los derechos fundamentales invocados.  Consideró
que no existe “vía de hecho” que sustente la procedencia de la acción, ya que
en ninguna de las instancias se transgredió alguna de las etapas procesales.
Precisó que de la providencia de segunda instancia no se puede evidenciar la
existencia de una “burda y grosera interpretación de la ley” sino, al
contrario, está sustentada en la “realidad probatoria”.
II.  DECISIONES OBJETO
DE REVISIÓN
1.  Primera Instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia advirtió que la procedencia de la acción de tutela es
excepcional y no puede constituir una fórmula para desconocer la independencia
judicial: “Aun cuando esta Sala ha morigerado su postura y ya admite la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, sigue
siendo valor primordial que tal instrumento no puede ser medio ni pretexto para
abolir la independencia del juez natural, consagrada en el artículo 228 de la
Carta Política, sustituyéndolo”.  Bajo tal condición, esa Sala resaltó que
frente a la censura contra el fallo de segunda instancia, la actora pudo
solicitar la adición de la sentencia, conforme al artículo 311 del CPC
2.  Impugnación
La actora presentó impugnación
contra el fallo de primera instancia, en el cual reiteró los argumentos de la
acción de tutela.
3.  Segunda Instancia
La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 1º de marzo de 2011,
confirmó la sentencia de primera instancia.  Reiteró los requisitos para que de
manera “excepcionalísima” proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales; específicamente, citó la sentencia C-590 de 2005, advirtió que no
todo conflicto tiene relevancia constitucional y concluyó que en este caso “las
censuras planteadas carecen de una debida demostración”.  Explicó que el
planteamiento de la demanda  “descuida demostrar, primero, por qué se imputa
al Tribunal accionado haber revisado un asunto por su propia iniciativa, si en
la apelación (…) se aprecia sin dificultad que el tema de la aplicación
del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo fue propuesto expresamente
por la parte apelante, sin que hubiese sucedido lo mismo con el tema del fuero
circunstancial, que directamente no fue objeto de alzada (…) si el
asunto no fue objeto de una argumentación concreta al momento de apelar, no
puede exigirse al respecto ningún pronunciamiento por el encargado de resolver
la impugnación”.  Finalmente, resaltó que la actora no hizo uso de los
todos los medios ordinarios para hacer valer sus pretensiones, ya que no agotó
la solicitud de adición de la sentencia.
III.  PRUEBAS
En el trámite de la acción de
tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.     Copia
simple del proceso ordinario laboral adelantado por Fabiola Muñoz de Erazo
contra Comfacauca (889 folios).
IV.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241
numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
La presente acción constitucional
tiene fundamento en la sentencia proferida por un Tribunal Superior de Distrito
Judicial en segunda instancia, en la que se negó la declaración de ineficacia
de un despido por la existencia de un ‘fuero circunstancial’.  En su lugar, la
autoridad judicial accionada declaró la prescripción de la acción de reintegro
por despido injusto.  De acuerdo a la actora, la providencia no atiende la
totalidad de las pretensiones que se habían propuesto en la demanda ordinaria
laboral y que no habrían prescrito, lo que vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso, específicamente el que se derivaría del principio de
congruencia, al trabajo en condiciones dignas y a la seguridad social.
Las Salas de Casación
que conocieron de la acción constitucional denegaron la protección de derechos,
ya que evidenciaron que la actora no interpuso la solicitud de adición de la
demanda y, además, consideraron que la formulación de cargos contenida en el
recurso de apelación no invocó con claridad la ineficacia del despido por la
existencia de fuero circunstancial.
Este escenario fáctico y
jurídico conlleva a que la Sala se plantee los siguientes problemas jurídicos:
-  ¿La acción de tutela
contra providencias judiciales es procedente aunque la actora no haya
solicitado la adición de la sentencia?
-  ¿Una autoridad
judicial de segunda instancia vulnera los derechos fundamentales invocados, al denegar
el reintegro de una trabajadora a partir de la declaratoria de la existencia de
una prescripción sin tener en cuenta otras pretensiones que fueron contenidas
en la demanda inicial pero que no están consignadas de manera clara en la
sustentación del recurso de apelación?
Para responder estos interrogantes
la Sala hará mención de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, haciendo breve énfasis en los defectos procedimental
y sustantivo, en especial aquel relativo a la ausencia de motivación de las
sentencias.  Luego, siempre que el presente caso cumpla con los requisitos
generales de procedibilidad, efectuará algunas precisiones acerca de la
naturaleza y los alcances del recurso de apelación.
3.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Defecto
sustantivo por falta de motivación.  Reiteración de jurisprudencia[1].
3.1.  En la sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró
inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.  Dicha
decisión planteó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando quiera que éstas configuren una “actuación de
hecho”.  La Corte infirió, en atención a los principios de autonomía judicial,
seguridad jurídica y la cosa juzgada, que sólo bajo esa condición es posible
evidenciar la amenaza de los derechos fundamentales por parte de los operadores
jurisdiccionales.  La sentencia en comento expresó lo siguiente:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable,
(...).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia”.
Conforme a tal razonamiento, a partir de la sentencia T-079 de 1993 se
comenzaron a desarrollar los criterios de procedibilidad excepcional que rigen
la acción constitucional en contra de las providencias que dictan los
diferentes operadores judiciales.  Para ello ha sido necesario precisar un
conjunto de causales constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo
de los derechos fundamentales en los diferentes trámites de carácter
jurisdiccional.
En las primeras decisiones sobre el tema, esta Corporación enfatizó y
definió que el punto en el que giraba la viabilidad del examen de las
decisiones judiciales a través de la tutela lo constituía la ‘vía de hecho’,
definida como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[2],
producto de la carencia de fundamentación legal y constitucionalmente
relevante.
No obstante, con la síntesis de los diferentes casos atendidos por las
Salas de Revisión de la Corte Constitucional, la jurisprudencia ha avanzado
hacia los denominados “criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales”.  Al respecto, la sentencia T-949 de 2003
señaló lo siguiente:
“Esta Corte
en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2,
13, 86, 228 y 230 C.P.).
En esta
tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la
de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de
que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado.”
La sistematización de los criterios a partir de los cuales es posible
justificar la procedencia de una tutela contra una decisión judicial, ha
mermado la definición tradicional de ‘vía de hecho’ y ha generado varias
obligaciones específicas en cabeza de los operadores.  En efecto, en paralelo a
su deber de aplicar la ley y de dar alcance a las pruebas que hayan sido
aportadas legalmente dentro del proceso, la jurisprudencia ha rescatado la obligación
de respetar los precedentes, así como la de guardar respeto y armonía entre su
discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución[3].  En suma, cada una de
dichas pautas ha llevado a que esta Corporación adscriba al ejercicio
jurisdiccional, el compromiso de argumentar suficientemente cada una de las decisiones
y también de ponderar con claridad los valores superiores que se encuentren en
disputa.
Agregado a lo anterior, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar
que existen unos requisitos generales de procedencia de la acción,
que hacen las veces de presupuestos previos a través de los cuales se determina
la viabilidad del examen constitucional de las providencias.  En la sentencia
C-590 de 2005, se hizo un ejercicio de sistematización sobre este punto.  Al
respecto se indicó:
“24.  Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6].  De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[7].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[9].  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.
Evacuados dichos
ingredientes se estableció que además resulta necesario acreditar la existencia
de –por lo menos- una causal o defecto específico de procedibilidad.  La
sentencia C-590 de 2005 enunció los vicios que son atendibles a través de la
acción de tutela de la siguiente manera:
“25.  Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
“c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
“i.  Violación
directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del texto original.)”.
Posteriormente, la sentencia en
comento advirtió que la sistematización de los defectos, sirve como herramienta
base para definir la existencia de un fallo judicial ilegítimo.  En efecto, en
la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los anteriores vicios  “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”
En conclusión, dichos criterios
constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible justificar de
manera excepcional si procede o no la tutela contra providencias judiciales.
3.2.  Defecto procedimental
La sentencia T-267 de 2009 concretó los alcances del defecto
procedimental, partiendo de una base esencial: éste se presenta cuando el
operador judicial se aparta de manera evidente y sin que esto sea imputable al
afectado, de las normas procesales aplicables al caso y que afectan de manera
trascendental el resultado del proceso o la participación de una de las partes
en el mismo.  Estas particularidades llevaron a que en la sentencia se definiera
esta anomalía de la siguiente manera:
“El
defecto procedimental se presenta cuando en desarrollo de la actividad judicial
el funcionario se aparta de manera evidente de las normas procesales
aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la
ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos
fundamentales[12]. No obstante, el
desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para
configurar el defecto bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia
directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no
atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura un defecto procedimental
cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte
pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión[13].
Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales
importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo
verdaderamente un efecto real – por ejemplo por que el afectado tuvo
oportunidad de conocer el acto por otros medios –,  no procederá la tutela[14].
“Otro de
los eventos típicos de vía de hecho por defecto procesal se produce a raíz de
la dilación injustificada tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del funcionario judicial[15].
“También
se ha señalado que incurre en defecto procedimental la autoridad
judicial que pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica
previamente había sido ordenada[16].”
Desde otro punto de vista, en la sentencia T-268 de 2010 esta Sala de
Revisión abordó algunas de las formas adscritas al defecto procedimental
absoluto basadas en el ‘exceso ritual manifiesto’.  En aquella oportunidad, hizo
explícito el contenido del artículo 228 Superior, haciendo énfasis en el
mandato de “prevalencia del derecho sustancial sobre las formas” y aclarando
que éstas son sólo un instrumento para la realización de aquel.  Parafraseando
la sentencia C-029 de 1995, sostuvo lo siguiente: “las normas procesales
son  un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no
son fines en sí mismas”.  Posteriormente, en aplicación de tal premisa, inspeccionó
algunos casos y sintetizó los alcances del defecto procedimental, de la
siguiente manera:
“Más
recientemente, en sentencia T- 264 de 2009, esta Corporación precisó que puede
“producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario
judicial, por un apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de
impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son
medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La
Corte al conocer en sede de revisión la providencia atacada, consideró que el
Tribunal había incurrido en un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto”, actuando en “contra de su papel de director del proceso y del rol
protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a
pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía
llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la
autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la
peticionaria,  olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la
búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de
decisiones justas”.
Igualmente,
indicó que la jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto por “exceso
ritual” en eventos en los cuales el juez  vulnera el principio de
prevalencia de derecho sustancial o el derecho al acceso a la administración de
justicia por “(i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a
la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el
cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”. En
consecuencia, (i) concedió el amparo constitucional, (ii) ordenó dejar sin
efecto el fallo para que la autoridad judicial demandada abriera “un término
probatorio adicional con el fin de ejercer sus deberes para arribar a la verdad
y adoptar un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real”.
4.3. En
conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta
cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de
las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en
los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y
del principio de la prevalencia del derecho sustancial.”
Como se observa, en términos generales el defecto procedimental se
presenta en dos dimensiones: el primero, cuando se omite la aplicación de las
normas o garantías procesales definidas en la ley, y el segundo, cuando la
aplicación del procedimiento soslaya o limita injustificada y
desproporcionadamente la vigencia del derecho sustancial.
3.3.  Defecto sustantivo[17].
Existe un defecto
sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación controvertida
desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[18],
ya sea porque[19]
(i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[20],  (ii) es
inconstitucional[21],
(iii) o porque el contenido  de la disposición no tiene conexidad material con
los presupuestos del caso[22].
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma[23], el cual
puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[24].
Igualmente se
considera defecto sustantivo (v) el hecho que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentación
o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales[25];
o (vi) cuando se desconoce el precedente judicial[26]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[27];
entre otros.
Respecto de
la necesidad de argumentar suficientemente las decisiones judiciales, la
sentencia T-1130 de 2003 fijó unos parámetros mínimos de carácter hermenéutico
que, aunque limitan la autonomía del juez, aseguran el carácter público, objetivo
y justo de cualquier determinación[28].  De aquella providencia
vale la pena destacar los siguientes párrafos:
“(…) una
interpretación que reconozca los contenidos constitucionales debe ser acorde
con ciertas reglas, de cuya comprobación se deriva la validez del ejercicio
hermenéutico:  razonabilidad, ausencia de capricho y de arbitrariedad[29]
y cumplimiento de requisitos de argumentación mínima, relacionados con la
inexistencia de las causales que la jurisprudencia constitucional estima
procedentes para la acción de tutela contra decisiones judiciales[30].
15. Se
entiende que una decisión es razonable cuando, en primera medida, las
conclusiones resultantes de la interpretación del texto normativo ante el caso
concreto son admisibles y demuestran cierto grado de corrección, que se
verifica a través de su consonancia con el plexo de principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución.  Por lo tanto, la decisión
judicial es caprichosa en aquellos eventos en que la conclusión a la que llega
el intérprete no es lógicamente compatible con el contenido de la norma
aplicada[31].  Entonces, la
actividad judicial debe demostrar, a través de una argumentación mínima y
suficiente, que dicha conclusión puede imputarse razonablemente del texto
jurídico utilizado.  En caso que esta situación no pueda verificarse, se
está ante un ejercicio hermenéutico indebido, que sólo pretende incluir en la
decisión “las simples inclinaciones o prejuicios de quien debe resolver el
asunto”[32].
16.
Mientras que el capricho en la decisión judicial se deriva de la
incompatibilidad entre las disposiciones invocadas y las conclusiones a las que
arriba el funcionario judicial, la arbitrariedad comporta el desconocimiento
por el juez de normas de mayor jerarquía, entre ellas, y en un lugar
preeminente, los postulados contenidos en la Carta Política, como consecuencia
del desborde en la discrecionalidad interpretativa.  Esta conducta
contrae, al menos, dos consecuencias importantes.  La primera, el
desconocimiento del principio de supremacía constitucional consagrado en el
artículo 4 C.P. y, la segunda, el incumplimiento del deber que el mismo Texto
Superior impone a las autoridades públicas, entre ellas los funcionarios
judiciales, de lograr la efectividad de los mandatos superiores (Art. 2 C.P.)” (negrilla fuera de texto original).
Obviamente,
debido a su vínculo con la autonomía de los jueces, la Corte ha advertido que
la valoración que se puede efectuar en sede de tutela frente a la argumentación
que presentan los operadores judiciales, tiene un carácter restringido.  En la
sentencia T-233 de 2007 se abordó esta prevención de la siguiente manera:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del
principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte
reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los
casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”. (Subrayado fuera de texto original).
Bajo tales
condiciones la Sala pasará a estudiar los cargos presentados contra la
providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.
Tal y como se ha señalado, en primer lugar se verificará el cumplimiento de
todos los requisitos generales de procedibilidad para luego confrontar si
presenta alguno de los defectos alegados.
4.  Caso concreto
La señora Fabiola Muñoz de Erazo presenta
acción de tutela en contra de la decisión de segunda instancia proferida dentro
del proceso ordinario laboral incoado por ella en contra de Comfacauca, ya que
considera que la misma desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso,
específicamente el que se derivaría del principio de congruencia, al trabajo en
condiciones dignas y a la seguridad social.  Explica que la misma incurre en un
defecto procesal y en ausencia de argumentación, debido a que el Tribunal
Superior de Popayán no habría estudiado la totalidad de las pretensiones
contenidas en la demanda.
Las instancias que conocieron de
la acción constitucional denegaron el amparo solicitado.  Ambas concluyeron que
la actora no utilizó todos los medios a su alcance para la defensa de sus
derechos dentro del proceso ordinario y consideraron que la formulación de
cargos contenida en el recurso de apelación no invocó con claridad la
ineficacia del despido por la existencia de fuero circunstancial.
Así las cosas, previo a abordar
las censuras presentadas por la señora Fabiola Muñoz de Erazo, la Sala definirá
si el caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
-  Relevancia constitucional
del asunto.  La Sala considera que este caso cumple con este requisito de procedibilidad
debido a que en él se plantea la presunta vulneración de los derechos
fundamentales generada en la omisión en la que habría incurrido una autoridad
judicial, al no haber estudiado la totalidad de las pretensiones contenidas en
la demanda dentro del trámite de una segunda instancia.  El enfoque
constitucional del caso no se limita a definir cuestiones de índole legal, si
tenemos en cuenta que la censura principal se refiere al alcance del recurso de
apelación y a las obligaciones aplicables a un a quem, aspectos íntimamente
legados al contenido del debido proceso previsto en la Constitución.
-  Agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. Esta exigencia fue
desarrollada, entre otras, en la sentencia T-874 de 2000, en la que se destacó
el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los demás medios de
defensa judicial.  De acuerdo a la jurisprudencia, el requisito se hace más
riguroso en los eventos en que se interpone una acción de tutela contra una
providencia judicial, atendiendo el carácter excepcional de la figura y debido
a que el amparo no puede constituirse en el medio para excusar la inutilización
de las diferentes herramientas de las que disponen las partes para defender sus
intereses y, en todo caso, para justificar su negligencia.  La providencia en
mención se refirió al tema de la siguiente manera:
“(…) la
acción de tutela contra providencias judiciales supone una condición previa que
el presunto agraviado no puede dejar de cumplir. Ella consiste en agotar los
recursos y demás medidas judiciales a su alcance para solicitar que la
violación a sus derechos fundamentales, por obra directa de la administración
de justicia, sea verificada y resuelta, lo que entraña, si concurren los
presupuestos para ello, rectificar el acto que quebranta el derecho fundamental
o realizar la actividad que no puede omitirse sin generar lesión iusfundamental
a la parte o al tercero interesado.
Esta
oportunidad que se concede a los titulares de los órganos judiciales para
enderezar su comportamiento, de modo que éste sea en todo momento respetuoso de
los derechos fundamentales, no podría darse si no se exigiera correlativamente
a los interesados en reclamar por el atropello de sus derechos fundamentales el
agotamiento de los recursos ordinarios a partir de la primera oportunidad
procesal disponible para plantear su quebranto, lo que aparejaría, además,
mantener la pretensión impugnativa hasta que se adopte la decisión final. Así,
sólo en el evento de que la actuación judicial aparentemente lesiva de los
derechos fundamentales haya sido atacada por el interesado en la primera
oportunidad procesal que tuvo a su alcance para ello, y siempre que la pretensión
de impugnación se haya mantenido hasta la decisión final del proceso sin que
haya cesado la vulneración, podrá el interesado acudir a la acción de tutela,
amparado en la configuración de una vía de hecho judicial.”
Asimismo, en la sentencia de unificación
SU-813 de 2007 la Corte relacionó las razones que justifican exigir el
agotamiento de las herramientas de las que disponen las partes para la defensa
de sus derechos fundamentales.  Además, advirtió que esta regla jurisprudencial
puede ser exceptuada en aquellos eventos en que se demuestre que el
peticionario no tuvo la oportunidad material de aprovechar tales mecanismos.
De dicha decisión vale la pena rescatar los siguientes argumentos:
“El
segundo requisito exige que la persona afectada haya acudido a los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado,
en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental
que aduce en sede de tutela. Este requisito impone al deudor una carga procesal
mínima: tiene que demostrar una cierta diligencia en la defensa de sus propios
derechos y ello, al menos, por tres razones fundamentales. En primer lugar
porque la acción de tutela no es un mecanismo para suplir la inactividad por
negligencia o incuria de las partes procesales. Si no fuera así, se estarían
sacrificando los principios de eficiencia y eficacia de la administración de
justicia y patrocinando el uso abusivo de un bien público escaso en nuestro
país: la justicia. En segundo lugar, porque la inactividad procesal tiene
efectos claros en materia de derechos e intereses legítimos de terceros que el
ordenamiento jurídico no puede simplemente desatender. Así por ejemplo, un
proceso ejecutivo que dada la inactividad de una de las partes termina con la
entrega de un bien a un tercero de buena fe, no puede retrotraerse simplemente
porque la parte vencida decide de manera inoportuna hacerse cargo de sus
propios intereses. Y, finalmente, porque como ya se dijo, uno de los propósitos
de la subsidiariedad de la tutela contra providencias judiciales, radica en que
el juez ordinario pueda pronunciarse, en primera instancia, sobre la cuestión
constitucional debatida. Con ello se promueve, de forma cierta y eficaz, la
irradiación de los bienes, valores y derechos constitucionales sobre todo el
ordenamiento jurídico. Para ello, sin embargo, es necesario exigir a las partes
que antes de someter la cuestión debatida a sede constitucional, la sometan a
decisión del juez ordinario.
En
consecuencia,  cuando una de las partes ha sido negligente en la defensa
de sus derechos fundamentales en el proceso ordinario y no ha ejercido los
recursos en él previstos para que el juez pueda pronunciarse, pierde, en
principio y salvo claras excepciones, la oportunidad de acudir al juez
constitucional.
(…)
Finalmente,
la Corte ya ha señalado que el deber de diligencia mínima se disuelve frente a
casos de fuerza mayor o caso fortuito en los cuales a la persona afectada le
quedaba simplemente imposible ejercer – directa o indirectamente – la defensa
de sus derechos en el proceso ordinario. En estos casos, como ya lo ha
sostenido la Corte, el juez de tutela debe evaluar con extremo cuidado la circunstancia
de quien incurrió en una eventual falta de diligencia y relevar al actor de
este requisito cuando encuentra que durante todo el proceso le resultó física o
jurídicamente imposible actuar. Se trata, por ejemplo, de personas
secuestradas, desaparecidas, absolutamente incapaces, o a aquellas que debido a
su evidente debilidad económica no han podido tener una representación adecuada
de sus derechos[33]. En todos estos
casos, el juez constitucional debe evaluar la situación de la persona cuya
protección se solicita a fin de definir si resulta desproporcionado exigir la
carga mínima de diligencia exigida. En consecuencia, en estos casos
corresponderá a cada interesado invocar y demostrar una justificación razonable
y al juez de tutela decidir si admite, en cada caso, la correspondiente
excepción al requisito de procedibilidad que acá se estudia.”
En particular, esta Corporación
ha tenido la oportunidad de referirse a la herramienta contenida en el artículo
311 del Código de Procedimiento Civil[34], en la cual se define la
facultad para que las partes soliciten la adición de las sentencias cuando
quiera que se omita “cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”.
En la sentencia C-404 de 1997 se analizó el alcance de la figura a la luz del
principio de congruencia, bajo los siguientes razonamientos:
“Realmente,
como lo afirma el actor, el artículo 55 de la ley Estatutaria de la
administración de justicia, establece que las sentencias judiciales deberán
referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales.
Precisamente
el artículo 311, al permitir al juez adicionar la sentencia, dentro del término
de ejecutoria, con otra complementaria, permite que se cumpla esta obligación
de resolver sobre todos los hechos y asuntos debatidos en el proceso. Obsérvese
que el artículo supone que el debate se cumplió siguiendo las reglas del debido
proceso, y que el juez, al momento de fallar, incurrió en una omisión. Sería
insensato, y contrario a la economía procesal, que la sentencia incompleta
hubiera de ejecutarse así y que el juez que la dictó no pudiera completarla, de
oficio o a petición de parte.  ¿Por qué afirmar que la sentencia incompleta es
inexistente?
También es
lógico, y ajustado al principio de la economía procesal, que el superior
complemente la sentencia cuando la parte perjudicada por la omisión haya
apelado o haya adherido a la apelación. Si no lo hizo, ello quiere decir que se
conformó con la decisión.”
De hecho, siguiendo tales
postulados, en la sentencia T-950 de 2006 se negó la procedencia de la acción
de tutela contra una providencia de naturaleza laboral proferida por un
Tribunal Superior, debido a que la actora no había acudido a la adición de la
sentencia, contenida en el artículo 311 de la Código de Procedimiento Civil.  En
tal providencia se argumentó lo siguiente:
“La Corte
Suprema de Justicia advierte en la sentencia de casación que ante el silencio
del Tribunal Superior de Bogotá respecto del reconocimiento de la indexación de
la primera mesada pensional, la demandante contaba con la herramienta del
artículo 311 del Código de Procedimiento Civil para obtener la adición de la
demanda. No obstante, la parte actora se abstuvo de solicitar la adición, por
lo que resulta inoperante acudir a la acción de tutela para enmendar ese
olvido.
(...)
El texto
del artículo en cuestión claramente ofrecía a la demandante la alternativa de
solicitar, dentro del término de ejecutoria de la sentencia, la adición de la
demanda en lo que el Tribunal dejó de resolver, esto es, la indexación de la
primera mesada pensional, por lo que la omisión de dicha diligencia no puede
ser enmendada en sede constitucional, habida cuenta de que la tutela es apenas
un mecanismo subsidiario de defensa, que opera cuando los demás han sido
utilizados sin éxito por el reclamante.
La
consideración precedente encuentra sustento en la jurisprudencia
constitucional. La tesis ha sido acogida por la Corte Constitucional y puede
detectarse en el siguiente aparte dedicado al tema de la congruencia de las
decisiones judiciales:
“Sólo si
concurren estas condiciones podrá predicarse un radical desajuste entre lo
debatido y lo finalmente resuelto, con suficiente entidad para hacer seguir de
la falta de contradicción, la violación del derecho de defensa de una de las
partes en el proceso que pueda ser ventilado a través de la acción de tutela. Si
dentro del procedimiento ordinario, atendidas las circunstancias del caso, la
indefensión producto del vicio de incongruencia, puede reconocerse e
impugnarse, la parte agraviada debe hacerlo; si no lo hace, no se configura el
estado de indefensión, pues mal puede alegarse esa circunstancia por quien ha
tenido los medios de defensa y se ha abstenido de utilizarlos. Es bien
sabido que si existen medios eficaces de defensa en la legislación ordinaria,
la acción de tutela es improcedente; tampoco prospera normalmente, en este
evento, como mecanismo transitorio, ya que la existencia de recursos puede
restarle la nota de irremediabilidad al perjuicio. La acción de tutela, en
suma, frente a vías de hecho judiciales, se reduce a los casos en los cuales
contra la providencia en la que se haga patente la arbitrariedad o defecto
absoluto antes aludido, no exista medio ordinario de defensa o que pese a estar
consagrado y a ejercitarse con ese objeto, la situación irregular se mantenga
y, por ende, el quebrantamiento del derecho fundamental subsista y los medios
ordinarios de defensa se encuentren ya agotados. (Sentencia T-231 de 1994)
El aparte
transcrito precisa entonces que no puede acudirse a la acción constitucional de
tutela cuando el afectado por una decisión judicial que considera incongruente
con las pretensiones, no ha agotado los mecanismos ordinarios que el sistema
jurídico ofrece con ese propósito.
La
conclusión precedente no pierde validez por el hecho de que el artículo 311 del
C.P.C. autorice al juez de instancia para adicionar de oficio la demanda, pues
es claro que dicha alternativa opera cuando el funcionario judicial se ha
percatado de la omisión; por manera que si eso no ocurre, es carga procesal del
interesado solicitar el pronunciamiento aditivo de la sentencia”.
En el presente caso la Sala evidencia
que la solicitud de la actora gira en torno a la presunta omisión en la que habría
incurrido el Tribunal Superior de Popayán, al no atender la totalidad de las
pretensiones contenidas en la demanda.  Como se observó, la censura que soporta
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales se enfoca en mostrar que durante
el trámite de la apelación la autoridad judicial solo estudió la pretensión
relativa al despido injusto y olvidó determinar la ineficacia del mismo en
virtud de la existencia de un posible fuero circunstancial.
Para el efecto es importante
tener en cuenta que el juez de segunda instancia dentro de la acción ordinaria
laboral, fundamentó su decisión en la configuración de un despido sin justa
causa y la prescripción de la acción de reintegro.  Vale la pena citar los
siguientes planteamientos:
“Colofón
de lo anterior, esta Sala se aparta de los planteamientos esbozados por el juez
de primer grado, sobre los cuales apoyo (sic) su decisión de declarar
probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas, a contrario
sen su, se estima que la misma no tiene vocación de prosperidad, por cuanto
conforme a los argumentos expuestos en precedencia, en principio hay que
ordenar el reintegro de la demandante tal como lo solicita en la demanda, por
encontrarse probado que el contrato de trabajo terminó sin justa causa por no
existir acuerdo conciliatorio –se itera- aprobado por funcionario competente
para el efecto, y porque adicionalmente la demandante para la fecha del despido
injusto, acreditaba los requisitos legales para la procedencia de la acción de
reintegro, como efecto del despido injusto”.
(…)
“Para
resolver lo que en derecho corresponda, es oportuno recordar que el numeral 7º
del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, prevé que la acción de reintegro que
consagra el numeral 5º del artículo 8º del decreto 2351 de 1965, prescribe en
el término de tres meses contado a partir de la fecha del despido, por tanto
sin dificultad alguna se puede afirmar que para el caso en estudio se
configura el fenómeno prescriptivo por cuanto, si tal como quedó
establecido en el cuerpo considerativo de este proveído, el contrato de trabajo
terminó el 1º de agosto de 2007, y la demanda fue presentada el 6 de febrero de
2008 (folio 83 cuaderno 1), sin dificultad alguna se advierte que los tres (3)
meses de que trata el aludido precepto normativo se cumplieron con anterioridad
al (sic) presentación del escrito demandatario, pues dicho término
feneció el 1º de noviembre de dicha anualidad (…)”. [negrilla fuera de
texto original]
Como consecuencia, el amparo de
los derechos persigue que se ordene proferir una providencia en la que se
estudien todas las solicitudes incluidas en la demanda, es decir, en la que se
valoren las censuras por desconocimiento del fuero circunstancial.
Frente a este contexto, la Corte
infiere que la herramienta contenida en el artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil sí constituyó un recurso judicial idóneo y eficaz para
atender la presunta vulneración de derechos fundamentales generada en el
trámite de la segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral
interpuesto por la señora Fabiola Muñoz de Erazo contra Comfacauca.  En efecto,
a través de la adición la actora bien pudo haber planteado la “omisión”
indicada, poniendo de presente los alcances del recurso de apelación conforme
al artículo 357 del mismo estatuto procesal[35], señalando las razones
por las cuales consideraba que el fuero circunstancial hacía parte del recurso
y precisando que la sustentación era suficiente para que fuera atendida por el
Tribunal, conforme al parágrafo 1º del artículo 352 ejusdem[36].
Bajo estas condiciones y
atendiendo que no se evidencia la existencia de un evento que logre justificar
la ausencia de la presentación de la solicitud de adición de la sentencia de
segunda instancia, la Sala concluye, al igual que las Salas de Casación Laboral
y Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el amparo interpuesto por la
señora Fabiola Muñoz de Erazo no cumple con el segundo requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales lo que, de
conformidad con la jurisprudencia anotada, en especial la sentencia C-590 de
2005, impide que se hagan más consideraciones sobre el caso.
Como consecuencia, la Sala
procederá a confirmar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, fechada 1º de marzo de 2011, que confirmó el fallo
proferido por la Sala de Casación Laboral del 18 de enero de 2011, en cuanto
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Fabiola Muñoz
de Erazo contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán.
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la
sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, fechada 1º de marzo de 2011, que confirmó el fallo proferido por la
Sala de Casación Laboral del 18 de enero de 2011, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por Fabiola Muñoz de Erazo contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Popayán.
Segundo. Por Secretaría líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Este marco dogmático fue presentado por la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-708 de 2010.
[2]  Ver sentencia T-008 de 1998.
[3] Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6.
[4]  Sentencia 173/93.
[5] Sentencia T-504/00.
[6] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[7] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[8] Sentencia T-658-98
[9] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[10] Sentencia T-522/01
[11] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[12] En este sentido señala la Corte. “...cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con
fundamento en su sola voluntad”. Corte Constitucional. Sentencia T-1180 de
2001. En el mismo sentido, Sentencia SU-478/97. Así por ejemplo en la sentencia
T-115 de 2007 sostuvo la Sala Novena de Revisión: “Haber cuestionado la
administración de los bienes a través de un proceso verbal sumario de única
instancia tiene la capacidad de desconocer la Constitución porque ello restringió la posibilidad de interponer el recurso de apelación
contra los autos y la sentencia, en detrimento del artículo 31 superior.  Más
aún, al haberse adoptado tal trámite se limitó el número de días para dar
contestación a la demanda, se adoptó un esquema que restringe la oportunidad
para alegar nulidades y se pasaron por alto los pasos para atender las
excepciones previas. Todo esto teniendo en cuenta que este tipo de casos debe
tramitarse a través de un proceso verbal. Situación que fue totalmente
desconocida por el juez de instancia”.
[13] Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se
configura defecto procedimental por indebida notificación en el proceso
penal cuando se verifica: (i) denotada negligencia del juez en la
realización de intentos de notificación, (ii) consecuente falta de notificación
de las diligencias en el proceso pena, (iii)  como consecuencia de lo anterior
se adelanta el proceso penal contra persona ausente.
[14] Corte Constitucional. Sentencia T-538/94; SU-478/97; T-654/98.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-055/94.
[16] Sentencia T-996 de 2003, en esa oportunidad la tutela había sido
impetrada contra un juzgado laboral el cual había ante la inasistencia de las
partes y de sus apoderados a la segunda audiencia de trámite en un proceso
ordinario laboral  había dado por concluido el período probatorio, sin que se
practicaran las pruebas decretadas en una audiencia anterior,  y ante la
ausencia de elementos que confirmaran la existencia de una relación laboral
había absuelto a la entidad estatal demandada.
[17]  Vid. Sentencia T-161 de 2010.
[18] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004.
[19] Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003.
[20] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
[22] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001.
[23] En la sentencia T-1031 de 2001 la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin
razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”. Puede verse además la
sentencia T-1285 de 2005 y la sentencia T-567 de 1998.
[24] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y
T-1031 de 2001.  También la T-047 de
2005. En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien le fija el alcance
a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios
y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o
más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[25] Sentencia T-114 de 2002, sentencia T- 1285 de 2005.
[26] Ver la sentencia T-292 de 2006. También las sentencias SU-640 de 1998
y  T-462 de 2003.
[27] Sobre el particular en la sentencia T-123 de 1995, esta Corporación
señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren
autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las
altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio
de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada
jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia T-949 de 2003.
[28]  Sobre el particular, la sentencia T-302 de 2008 explicó lo
siguiente: En un estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana,
la obligación de sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital
en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las
decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha
prescindido  de este deber,  garantiza que sea la voluntad de la ley
y no la del juez la que defina el conflicto jurídico.  En este sentido, la
motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente
que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que  constituye
una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción
del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad
de la providencia”.
[29]  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-546/02
[30]  Una recopilación de
estas causales de procedibilidad puede encontrarse en las Sentencias T-441/03 y
T-462/03
[31]  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-114/02
[32]  Corte Constitucional,
Sentencia T-607/00
[33]  Así por ejemplo, en la
sentencia T-378 de 1997, la Corte aclara que no es exigible a una persona
completamente incapaz que carece absolutamente de medios económicos, la
diligencia en el agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial que
se exige a quien esta en capacidad de defender sus derechos. Al respecto señala
la Corte “Quien no interpuso en forma oportuna los recursos administrativos
pertinentes que le hubieran permitido acceder a la jurisdicción contencioso
administrativa, es una persona que sufre de un grave retraso mental, a quien la Caja de Previsión Social le ha vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
igualdad. Sería a todas luces irrazonable y contraproducente que la Corte hiciera prevalecer, en el presente caso, una regla de carácter formal que persigue,
básicamente, la eficiencia en el funcionamiento de la administración de
justicia, sobre los derechos fundamentales antes mencionados.  Si la
actora no interpuso oportunamente los recursos administrativos contra los actos
que violaban sus derechos, no fue por incuria o negligencia. No se trató de un
error o de un intento de "fraude" respecto de los medios ordinarios
de protección judicial. Simplemente, por sus condiciones mentales, le resultaba
imposible acudir a las vías contenciosas o judiciales pertinentes. La Corte concederá la tutela transitoria.”. Mas adelante la Corte encontró aplicable esta regla a personas que se encuentran en absoluta incapacidad de defender sus derechos
como las personas desaparecidas o secuestradas.
[34]  Esta disposición señala lo siguiente: “ARTÍCULO
311. ADICION. (Artículo modificado por el artículo 1, numeral 141 del Decreto
2282 de 1989). Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada dentro del mismo término.
El
superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de
segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado
o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención
o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los autos
sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
[35]  En lo pertinente, esta norma dispone lo que sigue: “ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. (modificado
por el artículo 1, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989). La apelación se
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo,
cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.” (negrilla fuera de texto
original).
[36] ARTÍCULO 352. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS.
(Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 794 de 2003). (…) PARÁGRAFO 1o. El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba
resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos
359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del
recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las
razones de su inconformidad con la providencia.”