T-833-05
SENTENCIA No
Sentencia
T-833/05
DERECHO A LA SALUD DE
PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Suministro
de medicamentos excluidos del POS
Es evidente que la
afectación del derecho a la salud (física o psíquica) de las personas de la
tercera edad se constituye en un derecho fundamental, pues la falta de
suministro de los medicamentos que les permitan recuperarla o mantenerla,
produce indudablemente la vulneración al derecho fundamental a una vida digna y
los coloca en una situación de debilidad manifiesta, razón por la que la acción
de tutela está llamada a prosperar para conjurar la violación de sus derechos
fundamentales.
Referencia: expediente
T-1124922
Acción de tutela
instaurada por la señora Cefora Mena Palacios, contra Saludcoop EPS seccional
Quibdó - Choco.
Procedencia: Juzgado
Segundo Civil Municipal de Quibdó.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., once
(11) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra,
Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del
fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó, dentro del
trámite de la acción de tutela instaurada por la señora Cefora Mena Palacios en
contra de la entidad Saludcoop EPS de Quibdó, en el asunto que originó la
tutela de la referencia.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que se hizo la secretaría del Juzgado, en virtud
de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
I.
ANTECEDENTES
La
señora Cefora Mena Palacios presentó acción de tutela el día nueve (9) de marzo
de 2005, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó (reparto), aduciendo
la vulneración de los derechos a la vida y a la salud, por los hechos que
resumen a continuación:
A.    Hechos
La actora manifiesta que tiene 78
años de edad, es pensionada de Cajanal y debido a la liquidación de la entidad,
ahora se encuentra inscrita al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a través de Saludcoop EPS desde el diez (10) de
octubre de 2004.
Padece de Hipertensión Arterial “Hiperlipidemica”,
por consiguiente presenta problemas cardiacos, fue intervenida quirúrgicamente
en el año 2003, y posteriormente le ordenaron el suministro de los medicamentos
denominados  Betaloc 20 Mg., Plavix 75 Mg., Renisec 20 Mg., y Norvas 10 Mg.,
los cuales eran entregados con anterioridad por “Cajanal”, pero Saludcoop EPS
se niega a suministrarlos argumentando que se encuentran por fuera del POS.
Finalmente expresó que es una
persona de escasos recursos económicos, razón por la cual no cuenta con los
medios para cubrir los gastos mínimos a los que se ve obligada debido a la
enfermedad que padece.
B. Trámite procesal
Una
vez admitida la acción, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó ordenó la
notificación a la entidad demandada, a fin de que se pronuncie  sobre los
hechos que dieron origen a la tutela. Advirtió a Saludcoop EPS que si no
rindiere informe dentro del término de tres días, se tendrán por ciertos los
hechos de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
decreto 2591 de 1991.
C. Respuesta  de la entidad
demandada al juez de tutela.
Una vez notificada de la acción
de tutela instaurada en su contra, Saludcoop EPS seccional Quibdó, mediante
escrito de fecha 6 de abril de 2005, dirigido al Juzgado de conocimiento, se
opuso a la procedencia de la acción argumentando que la señora Cefora Mena
Palacios solicita con formula médica de Marzo de 2003, posterior a la
intervención quirúrgica que le fue practicada, se le suministren los
medicamentos denominados  Betaloc 20 Mg., Plavix 75 Mg., Renisec 20 Mg., y
Norvas 10 Mg., pero a la fecha no tiene indicación médica precisa de los
medicamentos que solicita, por lo que se recomienda una evaluación médica
actualizada que permita establecer el uso de los medicamentos necesarios para
el tratamiento de su patología.
Respecto a los medicamentos
solicitados con formula médica de 2003 adujo que:
·
Betaloc: es un medicamento
comercial cuya denominación genérica se encuentra   incluida dentro del POS,
con la denominación Metropolol, medicamento que contiene el mismo
principio activo del comercial.
·
Plavix: El POS ofrece
alternativas para cubrir la misma indicación médica como es el Acido Acetil
Salicilico.
Finaliza afirmando que los
argumentos esbozados por la accionante al manifestar que “Cajanal” le
suministraba los medicamentos, carecen de validez ya que Saludcoop EPS se rige
por la normatividad vigente para el suministro de medicamentos.
D. Sentencia de instancia
Mediante sentencia del siete (7)
de junio de dos mil cinco (2005), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó,
negó la tutela instaurada por la señora Cefora Mena Palacios, aduciendo como
fundamento de su decisión, los argumentos que a continuación se resumen:
El juez constitucional manifiesta
que el presente caso no cumple con las condiciones exigidas por la Corte para
que proceda el amparo, toda vez que no está probado que en la actualidad ese
sea el tratamiento que requiere la accionante, además, el medicamento no ha
sido prescrito por un médico adscrito a la EPS, sino por un especialista en
forma particular, en el mes de marzo de 2003; de acuerdo al informe allegado
por la accionada, los medicamentos excluidos pueden ser sustituidos por otros
genéricos  que tienen el mismo principio activo del medicamento que está por
fuera del POS. Por lo que, no puede concluirse que haya vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Cefora Mena Palacios, y en consecuencia, no
puede accederse a la tutela reclamada.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala es competente
para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral
9º., de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda.  Lo que se debate.
Como se desprende de los antecedentes, la
actora, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, vida y
seguridad social, debido a la omisión de la entidad demandada, al negar el
suministro de los medicamentos que requiere para la estabilidad de su salud.
El juez de instancia negó la tutela de
la referencia argumentando que los medicamentos excluidos pueden ser
sustituidos por otros genéricos  que tienen el mismo principio activo del
medicamento que está por fuera del POS. Además, no está probado que en la actualidad ese sea el
tratamiento que requiere la accionante.
Tercera. Protección especial a
las personas de la tercera edad.
Así como lo ha manifestado en
diferentes oportunidades esta corporación,  en
sentencia T-624 de 2004 M.P Alfredo
Beltrán Sierra expresó que :
"En los casos en
que esté amenazado o se haya producido una vulneración del derecho a llevar una
vida digna, las personas de la tercera edad gozan de una protección
excepcional, que hace procedente la tutela, a pesar de la existencia de otros medios
de defensa, cuando constituya un mecanismo necesario para prevenir la
consumación de un perjuicio irremediable. Esta sub-norma constitucional, que se
ha formulado como un principio de cautela, para asegurar la vigencia de los
derechos de las personas que por sus condiciones físicas no se encuentran en
condiciones de igualdad con la generalidad de la población, está fundamentada
en el carácter prevalente que la propia axiología constitucional le otorga a la
protección de los derechos fundamentales, como soporte y razón de ser del
Estado social de derecho".
Dado el carácter
prestacional del derecho a la salud, éste no reviste la categoría de
fundamental, por lo que en principio la acción de tutela es improcedente para
protegerlo. Sin embargo, también se ha señalado que puede tornarse fundamental
cuando el mismo se encuentra en estrecha relación con algún derecho
fundamental, como la integridad personal y la vida en condiciones dignas.
Al respecto, señaló
que:
“Esta
Corporación ha sostenido, que si bien el derecho a la salud no es en si mismo
un derecho fundamental, si puede llegar a ser efectivamente protegido,  cuando
la inescindibilidad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan
necesario garantizar éste último, a través de la recuperación del primero, a
fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De ahí que el
derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente, en los eventos
en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración
de la vida u otros derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, la
atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las cirugías, la entrega
de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en
situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el
carácter de derecho fundamental”.
Para el efecto, la
Corte precisó los siguientes criterios: “a) La persona  debe poseer un
derecho subjetivo a la prestación que solicita y por tanto, la posición
jurídica que detenta le permite exigirle a otra el cumplimiento de la
obligación; b) El derecho que se reclama debe estar en conexión directa con un
derecho reconocido como fundamental; c) no debe existir otro medio de defensa
judicial o, de existir éste, no es idóneo para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable”.
Esto sucede, por
ejemplo, cuando ante la ausencia de un tratamiento, examen, intervención,
medicamento o diagnóstico, se ponen en peligro los derechos inherentes a la
condición de ser humano. En diferentes oportunidades la Corte ha señalado que
las normas que contemplan y regulan la exclusión de algunos medicamentos del
listado del Plan Obligatorio de Salud, tienen su razón de ser en el respeto a
los principios que rigen el sistema general de seguridad social –eficiencia,
universalidad y solidaridad[1]- y en la consolidación del
equilibrio económico del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud,
mediante el establecimiento de ciertas restricciones tales como pagos
compartidos, cuotas moderadoras, periodos mínimos de cotización y la limitación
del suministro de fármacos y procedimientos médicos, restricciones que
viabilizan financieramente el sistema, siendo en consecuencia, de obligatorio
cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud.
Sin embargo, es claro
para la Corte que si por la aplicación estricta de la reglamentación legal que
impone la exclusión de ciertos tratamientos, procedimientos o medicamentos del
P.O.S., se amenazan o vulneran los derechos fundamentales de los afiliados o
beneficiarios de una entidad de previsión social, la acción de tutela se torna
procedente para proteger el derecho a la salud en conexidad con el derecho
fundamental a un vida digna, siempre y cuando se atiendan los criterios
establecidos por la jurisprudencia constitucional para dar aplicación directa a
los mandatos de orden superior (art. 4 Constitución Política), sobre las normas
infraconstitucionales que vulneren en el caso concreto los derechos
fundamentales del peticionario, lo cual es posible debido al efecto normativo
de la Carta, que irradia el contenido de todo el ordenamiento jurídico. Los
criterios a los cuales se hace referencia son los siguientes:
“Que la
falta del medicamento o el procedimiento excluido por la norma legal o
reglamentaria amenace los derechos fundamentales de la vida o la integridad
personal del interesado.
“Que se
trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de
los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo
sustituirse, no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan,
siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el
mínimo vital del paciente.
“Que el
paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento
requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro modo o sistema.
“Que el
medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la
E.P.S. a la cual se halle afiliado el demandante.”[2]
Adicionalmente, si de
la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad
se trata, el margen de protección que prodiga nuestra Carta Fundamental se
amplia, en tanto para estas personas se predica un doble deber de protección:
por una parte, por la consagración expresa del deber de protección que a favor
de ellas, se estableció por parte del Estado, la sociedad y la familia en el
art. 46 de la Constitución y por la otra, por la garantía consagrada en  los
artículos 13 y 47 de la Carta, que señalan una protección de carácter especial
frente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan, y adelantando una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos a quienes debe prestárseles la atención especializada que requieran [3].
Es evidente entonces,
que la afectación del derecho a la salud (física o psíquica) de las personas de
la tercera edad se constituye en un derecho fundamental, pues la falta de
suministro de los medicamentos que les permitan recuperarla o mantenerla,
produce indudablemente la vulneración al derecho fundamental a una vida digna y
los coloca en una situación de debilidad manifiesta, razón por la que la acción
de tutela está llamada a prosperar para conjurar la violación de sus derechos
fundamentales.
Se ha expresado en
este sentido lo siguiente:
“El
derecho a la salud es fundamental respecto de  menores y de personas de la
tercera edad en razón de su condición de vulnerabilidad que requiere de una
especial atención y consideración como la misma Carta Política lo reconoce al
consagrar derechos especiales que los protegen prioritariamente”[4].
En éste punto es
necesario reiterar que el amparo constitucional es procedente cuando se
presenta la falta del medicamento que amenace o vulnere los derechos
fundamentales a la vida o a la integridad personal del cotizante o
beneficiario, pues,  no sólo existe cuando está en inminente riesgo de muerte
sino también cuando tal situación altera las condiciones de vida digna del
sujeto, pues no se garantiza el respeto al derecho a la dignidad, si se lo
ubica en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señala en cuanto ser
humano[5], dado que la protección
constitucional de éste derecho fundamental no enmarca la mera existencia
biológica, es decir, “no significa la simple posibilidad de existir sin
tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el
contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el
individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y
espirituales”
Por lo tanto, la negativa de la
entidad accionada de no proporcionar el medicamento prescrito por el médico
tratante es una flagrante violación a los derechos fundamentales de la
demandante; como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación en
varias ocasiones, el ser humano necesita ciertos niveles de salud para
sobrevivir y poder desempeñarse dignamente, de modo que cuando surgen
anomalías que alteran la salud de las personas es válido que deben existir
esperanzas que alivien las dolencias y logren nuevamente el equilibrio en
salud.
Cuarta. Análisis del
caso concreto.
En el presente caso, es claro que
la pretensión de la actora, difiere de la decisión del juez de tutela, quien no
tiene en cuenta, la posibilidad de presentarse el empeoramiento de su
enfermedad, ya que se trata de un padecimiento que ha tenido que soportar y
debe sobrellevar por el resto de su vida.
Es
necesario tener presente, que la demandante es una persona de la tercera edad,
que padece de Hipertensión
Arterial “Hiperlipidemica” por ende, la
negativa de suministrarle los medicamentos que requiere puede poner en riesgo
sus derechos a la salud, la dignidad humana e incluso a la vida, razones que a
juicio de la Corte, son suficientes para considerar que en este caso es viable
el amparo constitucional al cual acude la accionante. En otras palabras,
la falta de suministro de la droga por parte de la E.P.S. demandada, vulnera a
la actora su derecho a la salud en conexidad con su derecho a una vida digna.
Como lo ha dicho esta Corporación: “el
tratamiento que debe proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está
dirigido a obtener su curación; cuando se trata de enfermedades crónicas, y aún
en las terminales, la persona tiene derecho a recibir todos los cuidados
médicos dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se
produce la muerte, y a paliar las afecciones inevitables de los estados
morbosos crónicos, que muchas veces son también degenerativos”.
Además, existe certeza que los
medicamentos ordenados a la señora Cefora Mena debido a la enfermedad que
padece son realmente necesarios, ya que de lo contrario inicialmente los
conceptos médicos emitidos habrían sido diferentes ordenando los medicamentos
sustitutos a los que se ha referido la entidad demandada en la respuesta
allegada al expediente.
Por consiguiente, y en aras de
proteger los derechos vulnerados, se ordenará a la entidad Saludcoop EPS
seccional Quibdo, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a
partir de la notificación de esta providencia,  autorice el suministro de los
medicamentos denominados  Betaloc 20 Mg., Plavix 75 Mg., Renisec 20 Mg., y
Norvas 10 Mg., requeridos por la actora, mientras se realiza la valoración
médica actual, a espera de la emisión de una nueva orden de los medicamentos
por parte del médico tratante y en consecuencia  se brinde la atención
medica integral que requiera para el tratamiento de la enfermedad que padece,
para así evitar la continuidad del perjuicio que se ha venido causando.
Se
autorizara a la entidad Saludcoop EPS seccional Quibdo para que repita contra
el FOSYGA, por los gastos en los que incurra.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVÓCASE el
fallo proferido el día 7 de  abril de 2005, por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Quibdo – Chocó, que denegó la acción de tutela instaurada por la
señora Cefora Mena Palacios en contra de entidad Saludcoop EPS seccional
Quibdo. En consecuencia, CONCÉDASE la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Segundo: ORDÉNASE a la entidad Saludcoop
EPS seccional Quibdo, a través de su representante o de quien haga sus veces,
que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice los medicamentos solicitados por
Cefora Mena Palacios, y en consecuencia  se brinde la atención médica
integral que requiera para el tratamiento de la enfermedad que padece, según lo
disponga el médico tratante.
La entidad demandada podrá
repetir contra el FOSYGA, por los gastos en los que incurra, pago que deberá
verificarse en el término de seis meses (6) contados a partir de la respectiva
solicitud.
Tercero: Por Secretaria
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Artículo 48 Constitución Política de Colombia.
[2]
Sentencia T-300/01, T-593/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[3]
Sentencia T-1019 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4]
Sentencia T-540/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[5]
T-1181/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra