T-143-06
(Proyecto de circulación restringida)
Sentencia T-143/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Inexistencia de otros mecanismos de
defensa judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Verificación de causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defectos
ACCION DE TUTELA-No es mecanismo
alternativo de defensa judicial
ACCION DE TUTELA-Negligencia del
accionante no puede tratar de enmendarse con el ejercicio de la acción
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
cuando fallo se encuentra debidamente motivado
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No vulneración
por rechazo de excepciones propuestas contra mandamiento de pago
Referencia: expediente T-1166377
Acción de tutela interpuesta por Miguel María Gómez
Acosta y Flor María Acosta Urrego contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
veinticuatro (24) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados por las Sala de Casación Civil y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron la acción de tutela
promovida por Flor María Acosta Urrego y Miguel María Gómez Acosta contra el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos y
acción de tutela interpuesta
El 17 de mayo de
2005, Francisco Noe Gómez Díaz, actuando como apoderado judicial de los
ciudadanos Flor María Acosta Urrego y Miguel María
Gómez Acosta, interpuso Acción de Tutela  ante la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá y
la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por
considerar que estos despachos vulneraron los derechos fundamentales a la
vivienda digna (Art. 51 de la C.P) y al debido proceso (Art. 29 de la C.P) de
sus representados. Fundamentó su acción en los siguientes hechos y
consideraciones:
El 1 de abril
de 1997, Gladys Salas Perdomo e Iván Guillermo Usma adquirieron el dominio
sobre un bien inmueble de habitación, por la suma de $35.000.000. En el mismo acto
notarial, los nuevos propietarios manifestaron que cancelarían $24.500.000 del
valor de la compra del inmueble, con un préstamo en  Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPACS), otorgado por La Corporación de Ahorro y Vivienda
Las Villas. El Préstamo se garantizó con hipoteca abierta de primer grado sobre
el bien objeto del contrato.
El 29 de marzo
de 1999, los accionantes compraron el bien inmueble señalado por valor de
$45.000.000. La Escritura Pública estipuló que, los adquirentes del inmueble cancelarían
$30.272.666 del valor total de la compraventa con el producto del préstamo en
UPACS realizado por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas. Dicha
cantidad correspondía al saldo de la obligación que con garantía hipotecaria
suscribieron los anteriores propietarios del inmueble con la misma entidad
financiera.
El 26 de mayo de
1999, la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas suscribió un pagaré en el
que constaba la obligación adquirida por los actores en UPACS, y que según la
misma entidad, “anuló el que inicialmente habían realizado los señores
Gladys Salas Perdomo e Ivan Guillermo Usma Quevedo”.
El 30 de
diciembre de 1999, La Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, redenominó
en Unidades de Valor Real (UVRS) el crédito otorgado. En la misma fecha, la
entidad bancaria celebró un nuevo pagaré con los deudores hipotecarios conforme
a dicha unidad de medida, cuyas condiciones según los accionantes, fueron
impuestas unilateralmente por el banco. Los deudores se obligaron a pagar el capital
mutuado en 173 cuotas mensuales sucesivas desde el 26 de enero de 2000.
Como resultado
de la mora en el pago de las cuotas mensuales del mutuo comercial desde el día
26 de septiembre de 2000, el 19 de diciembre del mismo año, La Corporación de
Ahorro y Vivienda Las Villas presentó demanda ejecutiva contra los accionantes,
con base en las siguientes cantidades:
§  “Saldo
insoluto de la obligación del capital consistente en 319.419.9476 UVR,
(…) las UVRS mencionadas corresponden a $35.879.101.15.
§  Por
los intereses moratorios sobre el capital anterior, convenidos a la tasa del
20.87% anual efectivo desde la fecha de presentación de la demanda hasta cuando
el pago se produzca.
§  Las
costas del proceso”.
El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá, con posterioridad a la radicación de la
demanda en su despacho el día 17 de enero de 2001, profirió mandamiento de pago
el 24 de enero de la misma anualidad.
Los
accionantes dentro del proceso ejecutivo por intermedio de apoderado judicial,
presentaron excepciones de mérito contra el mandamiento de pago, las cuales
denominaron: “cobro de lo no debido en relación con las sumas no recibidas
por los demandados a título de mutuo comercial, cobro de lo no debido en
relación con los intereses y reconocimiento de pagos efectuados por los
demandados”.
Justificaron
tales excepciones en que el pagaré que sirvió de objeto de la acción ejecutiva
“registra una obligación por 339.889.7296 Unidades UVR, equivalentes en
moneda legal a $35.107.604.85 para el 26 de diciembre de 1999, incrementándose
la nueva obligación a cargo de los demandados, respecto de la obligación
subrogada, en $15.685.523.85, suma esta que mis representados niegan haber
recibido”. Además, que la reliquidación del préstamo efectuada por la
entidad financiera, se hizo en provecho propio pues “no se compadece
semejante incremento de la obligación, en más del 80%, entre el 19 de abril de
1999, cuando estos pagaron la cuota correspondiente a la obligación subrogada y
el 30 de diciembre del mismo, cuando estos iniciaron pagando la suma de
$546.934 con cargo a la nueva obligación”. Adicionalmente solicitaron la
readquisición del inmueble en el caso en que se llevara a cabo el remate,
conforme al artículo 46 de la ley 564 de 1999.
En el mismo
escrito, manifestaron que a pesar de que el pagaré determinó intereses
moratorios del 16%, la demanda ejecutiva obliga al pago de tales intereses por
valor del 20.87%, lo que implica que la entidad “está cobrando intereses de
usura y además los incluye como capital, sobre el cual vuelve a cobrar
intereses remuneratorios y moratorios, (…)apartándose de los intereses del
13.1%, que para los créditos de vivienda individual a largo plazo, en
desarrollo de la ley 546 de 1999, fijó la Resolución externa No 14 del 2000, del
Banco de la República”.
Igualmente,
consideran que la corporación demandante al momento de fijar el valor de la
ejecución, no tuvo en cuenta los abonos realizados por los ejecutados, lo que
viola en su criterio, las disposiciones contenidas en la ley 546 de 1999
respecto a la obligación que tienen las instituciones financieras de actualizar
la información de los créditos.
En auto con
fecha del 16 de octubre de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá, aclaró el mandamiento de pago, precisando que los intereses moratorios
del crédito debían liquidarse con las fluctuaciones de la tasa mensual ordenada
por la Superintendencia Bancaria, sin que aquellos sobrepasaran el tope de
usura, y no por el 20.87% planteado inicialmente por el ejecutante.
En sentencia
del 22 de octubre de 2003, El juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
decidió negar los fundamentos de las excepciones propuestas contra el
mandamiento ejecutivo; ordenó la venta en pública subasta del inmueble garante
de la obligación hipotecaria y la reliquidación del crédito teniendo en cuenta
el abono efectuado el 9 de mayo de 2001 por la suma de $733.000, imputando su
pago a intereses; advirtió, que la tasa de interés moratorio no podía superar
el 19.65% anual; y, condenó en costas a la parte demandada.
Apelada la
decisión de primera instancia por parte de los demandados, la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 28 de
febrero de 2005 confirmó la decisión del a quo. Adicionalmente, ordenó que se
tuvieran en cuenta para la liquidación de la suma a ejecutar, los abonos del 16
de febrero de 2001 por $1.000.000 y del 23 de enero del mismo año por $611.000.
Un magistrado
de la Sala Civil manifestó su Salvamento de voto, pues estimó que “la decisión
adoptada dejó de lado la inclusión de los parámetros, que para la liquidación
de los créditos pactados en UPAC, ha sentado la Honorable Corte Constitucional
y el H. Consejo de Estado”.
Por lo
anterior, el 17 de mayo de 2005, el apoderado judicial de los ciudadanos Flor María Acosta Urrego y Miguel María Gómez Acosta, interpuso
Acción de Tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá y la
Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. En su sentir,
tales despachos vulneraron los derechos fundamentales a
la vivienda digna (Art. 51 de la C.P) y al debido proceso (Art. 29 de la C.P)
de sus representados.
Considera que
los jueces incurrieron en una vía de hecho judicial al omitir
considerar en sus fallos que: (i) el valor del pagaré suscrito con AV VILLAS
como resultado del contrato de mutuo comercial y de la subrogación de la deuda
inicialmente otorgada por los vendedores, no les fue entregado de manera real;
(ii) la negativa de practicar las pruebas testimoniales solicitadas, orientadas
a demostrar que la entidad bancaria no hizo entrega efectiva y material del
préstamo de consumo; y, (iii) el rechazo de las excepciones propuestas contra
el mandamiento de pago por indebida aplicación de la ley y de la
jurisprudencia.
En
consecuencia, solicita al juez de tutela como medidas provisionales, ordenar
que el Juez Segundo Civil del Circuito de Bogotá disponga “la reliquidación
de la obligación hipotecaria a partir de marzo 29 de 1999 (fecha de la
subrogación), teniendo como base la suma que la entidad ejecutante prestó a los
vendedores iniciales el 1 de abril de 1997, esto es,  $24.500.000; además, “que
dentro de dicha liquidación, se tengan en cuenta todos los pagos hechos por los
demandados cuyo valor asciende a más de $6.053.111”.
2.
Decisiones judiciales objeto de revisión
La acción fue
tramitada en primera instancia ante la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, quien ordenó su notificación y comunicación al juez y a
los magistrados que intervinieron en la actuación atacada; además, por conducto
del secretario del juzgado tutelado,  su notificación a las partes dentro del
trámite cuestionado. Negó las medidas provisionales solicitadas al
estimar “que  de las circunstancias no se infiere la necesidad o urgencia de
decretarlas”.
En el término
para el traslado de la acción, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá se limitó a enviar el original del expediente, sin aportar la copia
de la notificación a la entidad bancaria ejecutante.
Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, no emitió pronunciamiento sobre la acción
interpuesta.
En sentencia
del 3 de junio de 2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia denegó el amparo solicitado. Para ello argumentó
que la acción de tutela procede excepcionalmente contra sentencias judiciales,
en los eventos en que se configure una vía de hecho, situación que no se
presenta en el trámite atacado pues “la Corte no
advierte que los funcionarios contra los cuales
se ha dirigido hayan incurrido en esa clase de yerro, teniendo en cuenta que en
ejercicio de la autonomía e independencia  de que están dotados por el propio
constituyente para interpretar y aplicar la ley, profirieron con plausible
argumentación las sentencias de primera y
segunda instancia a través de las cuales desestimaron las excepciones
propuestas por los ejecutados y la continuación del cobro forzado de la deuda,
sin que se advierta en ellas, prima facie, arbitrariedad”.
Sin embargo,
la Sala manifestó que “la conclusión eventualmente
pudiera ser diferente si se analizara (la acción
interpuesta) desde otra óptica interpretativa
admisible o con elementos de persuasión distintos a los que le sirvieron de
base para la formación de su convencimiento
sobre  el asunto fallado”, pues atacando la figura
de la subrogación de la deuda inicial, los accionantes no pueden demostrar el
error de hecho endilgado.
Con ocasión a
la interposición oportuna de la apelación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, procedió a su notificación
al Banco Comercial AV VILLAS, a los accionantes y a los jueces que
intervinieron en el trámite ejecutivo.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 15 de julio de 2005, confirmó la decisión del a quo. En su
criterio, “ La sola consideración de que la acción
de tutela que originó esta actuación se intenta contra providencias judiciales,
es suficiente para que se concluya que esta es
improcedente, porque en forma reiterada ha sostenido esta sala, aún antes del
fallo de inconstitucionalidad C-543 de la Corte Constitucional que declaró
inexequibles los artículos 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que
autorice el ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias
judiciales, que por virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan
de total independencia”.
3.
Integración del contradictorio y pruebas solicitadas por la Corte
Constitucional
Aunque la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la notificación de la acción al
Juzgado y al Tribunal demandados, y a las partes dentro del proceso ejecutivo,
en el expediente de tutela  no reposa la prueba de que efectivamente aquella se
haya surtido a la entidad financiera AV VILLAS. No obstante, posteriormente
dicha Sala notificó a AV VILLAS de la impugnación de la decisión de primera
instancia.
Con el fin de
garantizar plenamente el derecho fundamental al debido proceso de la entidad
financiera, la Sala Cuarta de Revisión mediante Auto del 7 de octubre de 2005,
dispuso que la Secretaría General de la Corporación informara al
representante legal del Banco Comercial AV VILLAS S.A, de  la existencia del
presente proceso de tutela. Adicionalmente solicitó que dicha entidad
respondiera los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Cuál es el procedimiento por medio del cual comunica a los
usuarios el proceso y el resultado de la reliquidación
del crédito de Unidades de Poder Adquisitivo Constante a Unidades de Valor
Real?
2.
¿Cuál es el trámite por medio del cual esta
entidad atiende y resuelve las eventuales inconformidades de los deudores de
préstamos para la adquisición de vivienda a largo
plazo,  respecto a las reliquidaciones de los créditos hipotecarios?
3.
¿Existe en el banco AV VILLAS, un mecanismo o
recurso a través del cual los deudores cuyo crédito haya sido reliquidado,
puedan impugnar dicha reliquidación?
4.
¿La entidad financiera
cuenta en su infraestructura técnica y humana, con alguna dependencia u oficina
que tenga entre sus funciones, la defensa de los intereses y derechos de los
usuarios del crédito financiero?
5.
¿Existe en el banco
alguna dependencia u oficina que tenga entre sus funciones, la de informar en
detalle al usuario del crédito financiero, sobre los aspectos técnicos y
jurídicos de la reliquidación de tales créditos, los derechos y los
procedimientos que puede ejercer para controvertir las
decisiones que al respecto adopte la entidad?
6.
En el presente caso, ¿Se le informó a los
deudores de la reliquidación del crédito?, ¿Cómo se surtió?
7.
¿Conoce usted si los deudores de la obligación
con garantía hipotecaria objeto del presente proceso de
tutela, controvirtieron ante el banco la reliquidación del crédito efectuada de
UPACS a UVRS? ¿Cuál fue el trámite seguido por el banco para atender la
solicitud de sus deudores?
8.
En el presente caso, ¿La reliquidación del crédito hipotecario, fue enviada a la
Superintendencia Bancaria para su revisión?
Con relación al
presente asunto objeto de revisión, el Banco Comercial AV VILLAS actuando por
intermedio de uno de sus representantes legales para asuntos judiciales y
extrajudiciales, afirmó que los deudores dentro del proceso ejecutivo
hipotecario demandado, entraron en mora de manera inmediata al otorgamiento del
crédito, razón por la cual, el 30 de diciembre de 1999, refinanciaron la
obligación por seis cuotas; es así como, “Teniendo en cuenta que el crédito
con la refinanciación quedó al día, esta entidad dando cumplimiento a lo
ordenando en la ley 546 de 1999 procedió a reliquidar el crédito y a aplicar el
resultado de alivio por la suma de $1.493.013 el 19 de enero de 2000”.
Sin embargo, y
aunque el resultado de la refinanciación del crédito había favorecido los
intereses de los deudores, estos reincidieron en la mora.  En virtud de ello,
el banco demandó a través del proceso ejecutivo el pago de la obligación
hipotecaria. En criterio de la entidad financiera, durante el trámite de dicho
proceso, los accionantes tuvieron la oportunidad de controvertir las
actuaciones judiciales que buscan cuestionar a través de la presente acción,
razón por la cual, ésta no está llamada a prosperar, pues  tales actuaciones “se
encuentran revestidas del principio procesal de la cosa juzgada, además de
encontrarse amparadas de la seguridad jurídica”.
A los
interrogantes planteados, AV VILLAS respondió que los deudores hipotecarios
fueron informados del cambio de denominación del crédito, por medio de
comunicaciones, en las que además, la entidad señaló los alivios aplicados e
informó de la existencia de una línea telefónica nacional, para que los
deudores interesados se comunicaran con el banco, en el caso en que tuvieran
inquietudes al respecto.
Explicó que el trámite por medio del cual, la entidad atiende y
resuelve las inconformidades de los deudores de
créditos hipotecarios, se surte a través de los Centros de Atención al Cliente;
estos centros “cuentan con personal calificado en
materia de liquidación y reliquidación de créditos, que atienden de manera
permanente las reclamaciones o inquietudes que
tengan los deudores”.
Sin embargo, si el cliente no comparte las indicaciones recibidas,
puede acudir a la Superintendencia Bancaria para que ésta verifique la sujeción
de la reliquidación realizada a las normas aplicables,
o en su defecto, puede instaurar las acciones judiciales pertinentes.
Afirmó que AV VILLAS, recepciona a través de los Centros de Atención
al Cliente señalados anteriormente, todas las quejas o inquietudes de los
deudores relacionadas con la reliquidación de sus
créditos.  En los casos en que existan solicitudes que no puedan ser atendidas
adecuadamente por el banco, los usuarios pueden acudir a la Defensoría del
Cliente Financiero o a la Superintendencia Bancaria.
Manifestó que la entidad financiera no
cuenta en su infraestructura técnica y humana, con dependencias que tengan
entre sus funciones taxativas, la protección de los intereses y derechos de los
usuarios del crédito financiero, pues tal labor es realizada por la Defensoría del Cliente Financiero. Esta institución ejerce la vocería
de los usuarios frente al banco, razón por la cual, lleva acabo sus funciones
de manera independiente y autónoma.
Sin embargo, “la Contraloría del Banco
(dependencia interna) y la Revisoría Fiscal
(Ente externo) verifican el cumplimiento de las normas legales e instructivos
que deben ser observados por el Banco”.
Expuso que entre las funciones de los Centros de Atención al Cliente
se encuentra la de informar al usuario del crédito financiero, sobre los aspectos que sean de su interés con relación a la
reliquidación de tales créditos. De igual forma, allí se les indica las
entidades a las cuales pueden acudir si desean la revisión de sus créditos por
parte de terceros.
La Entidad explicó que la ley 546 de 1999,
no dispuso un procedimiento adicional al ordenado en su artículo 41, para la
reliquidación de los créditos, pues en virtud de aquel, ésta se surtía de
manera automática.  La ley no contiene una norma que establezca un mecanismo
determinado para informar a los deudores, sobre el
cambio en la denominación de sus créditos.
Indicó que en los registros del banco no existen pruebas acerca de
solicitudes o quejas efectuadas por  los accionantes, elevadas ante esta
entidad o ante la Superintendencia Bancaria,
relacionadas con la reliquidación del crédito. La discusión sobre el monto de
dicha reliquidación, ya fue dirimida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, durante
el trámite del proceso ejecutivo.
Finalmente señaló que la reliquidación del crédito hipotecario de
los accionantes, y de los demás usuarios del banco, fue enviada para su
revisión a la Subdirección de Actuaría de la Superintendencia Bancaria. Mediante constancia No 200001009199-1 del 22 de mayo de 2001, la
Superintendencia Bancaria convalidó la legalidad de las 11.469 reliquidaciones
efectuadas por el banco.
En el Auto del
día  7 de octubre de 2005, esta Corporación solicitó que el ciudadano Francisco
Noe Gómez Díaz, apoderado judicial de los accionantes dentro del trámite de la
referencia, respondiera los siguientes cuestionamientos:
1. ¿La entidad financiera AV VILLAS le
informó a sus representados sobre  la reliquidación del crédito?, ¿Cómo se surtió?
2. ¿Sabe usted si sus poderdantes controvirtieron ante el banco la
reliquidación del crédito efectuada de UPACS a UVRS? ¿Conoce cuál fue el
trámite seguido por la entidad financiera para atender la solicitud de los
deudores?
3. ¿Sabe usted si la reliquidación del crédito
hipotecario del presente caso, fue enviada por el banco a la Superintendencia
Bancaria para su revisión?, ¿Sus poderdantes solicitaron dicha revisión ante la
Superintendencia Bancaria?
Francisco Noe Gómez Díaz, a propósito del
cuestionario remitido por la Corte Constitucional, sostuvo que la entidad financiera AV VILLAS no le informó a los accionantes
sobre  la reliquidación del crédito. El día 30 de diciembre de 1999, el banco
les comunicó telefónicamente que debían acercarse a las
oficinas del banco, para que procedieran a suscribir el pagaré que
posteriormente fue objeto de ejecución por el juez de instancia.
En el mismo sentido, manifestó que los
accionantes controvirtieron verbalmente ante el banco la reliquidación
efectuada, sin obtener respuesta por parte de la entidad.
Afirmó que en escrito del 28 de junio de 2005, la accionante Flor
María Acosta le manifestó a la entidad financiera, la difícil situación
económica en la que se encuentra, pues actualmente es  madre cabeza de familia,
lo que ha obstaculizado aún más la cancelación de la obligación crediticia. Sin
embargo y como consecuencia de la presión ejercida por el banco, formuló como
oferta de pago, la suma de $28.000.000.
Adicionalmente señaló que, el 1 de agosto de 2005 AV VILLAS les
envió una comunicación, en la que manifestó su interés de aceptar la
cancelación de  la obligación hipotecaria, si los deudores pagaban la suma de
$45.000.000, “y condonar la diferencia, que corresponde a $51.809.758 (…),
dado que al corte del 26 de julio de 2005, el saldo de su obligación asciende a
$96.809.758 (…)”. En aquel escrito, el banco advirtió que tal pago es
posible, si se realiza en un solo contado en efectivo o en cheque de gerencia
antes del 25 de agosto de 2005; además,  que  “el Banco se encuentra en
disposición de recibir en dación de pago el inmueble constituido en garantía
para cancelar el saldo total de la obligación hipotecaria indicada (…)”,
siempre y cuando asuman el pago de los trámites que se requieran para ello.
El 23 de agosto de 2005, AV VILLAS remitió a los accionantes otra
comunicación en el mismo sentido, pero aceptando la cancelación de  la
obligación hipotecaria con el pago de de $40.000.000, los cuales debían
sufragar antes del 30 del mismo mes, bajo similares condiciones.
Por último, manifestó que el 29 de agosto de 2005, su poderdante
dirigió un escrito a AV VILLAS, con el fin de que la entidad bancaria recibiera
“como última oferta de pago, la suma de $30.000.000”.
Subraya el mandatario, que el 3 de agosto de 2005, en escrito
dirigido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá, objetó el valor de la suma ejecutada. En su
sentir,  la reliquidación del crédito hipotecario llevada a cabo por el banco,
no obedeció a lo ordenado por la ley 546 de 1999 y la jurisprudencia
constitucional y administrativa pertinente.  En virtud de ello, solicitó que el
juez procediera a decretar una prueba pericial que permitiera establecer la
legalidad de dicha reliquidación.
Para contar con mayores elementos de juicio al momento de proferir
el fallo, mediante Auto del día 7 de octubre de 2005 la Corte solicitó al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, remitir el expediente contentivo
del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Comercial
AV VILLAS contra Flor María Acosta Urrego y Miguel María Gómez Acosta, y pudo
encontrar que este surtió las siguientes etapas procesales:
a.   Mediante auto del 24 de enero de 2001, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bogotá admitió la demanda ejecutiva
presentada por el Banco Comercial AV VILLAS y libró mandamiento de pago en
contra de Flor María Acosta Urrego y Miguel María Gómez Acosta, por las siguientes sumas de dinero (f.
28):
“319.419.9476 UVR que a diciembre 13 de 2000 equivalían a $35.879.101.15 como capital y los intereses de mora desde la
presentación de la demanda a su pago a la tasa de 20.87% anual a su pago,
liquidándolos con las fluctuaciones de la tasa mensual de la tarifa de la
Superbancaria y sin que sobrepase el tope de
usura”.
b.  En escrito del día 28 de 2001 los demandados presentaron contra la
demanda ejecutiva, las excepciones de “cobro de lo
no debido en relación con sumas no recibidas por los demandados a título de
mutuo comercial, cobro de lo no debido en relación
con los intereses y desconocimiento de pagos efectuados por los demandados” (f. 77).
c.   El día 18 de febrero de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bogotá, celebró una audiencia de conciliación entre las partes, la cual
declaró fracasada, dado
que “en las discusiones no llegan a ningún acuerdo
sobre el monto de la obligación constituida por el valor del desembolso cuando
obtuvieron el crédito a través de subrogación” (f.
121).
d. El 26 de agosto de 2002 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes dentro del proceso (f.126).
e.   El día 12 de febrero de 2002,  se llevó a cabo la diligencia de
secuestro del inmueble objeto de la garantía hipotecaria (f. 145).
f. El 22 de octubre de 2003, el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso
ejecutivo hipotecario. En ella, declaró no probadas las excepciones propuestas
por los demandados, y  ordenó el avalúo y venta en pública subasta del bien
propiedad de los demandados (f. 171).
g.   El 7 de noviembre de 2003, la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación”, contra la providencia de primera instancia (f. 178).
h.  Mediante sentencia del día 28 de febrero de 2005, la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, confirmó el fallo de primera
instancia.
i.
El día 15 de junio de 2005, el Banco comercial
AV VILLAS, presentó la liquidación actualizada del crédito demandado, por la
suma de $91.625.536.60”.
j.
El día 3 de agosto de 2005, el apoderado de
la parte demandante presentó un escrito ante el Juzgado Segundo Civil del
circuito, en el que objetó la liquidación presentada por la entidad ejecutante.
II.     CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en
el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la
Constitución.
2. Problema jurídico
Debe la Sala determinar si los despachos
judiciales demandados incurrieron en vía de hecho al omitir considerar en sus
decisiones que el valor del pagaré suscrito con Av-Villas como resultado del
contrato de mutuo comercial y de la subrogación de la deuda inicialmente
otorgada por los vendedores, no les fue otorgado de manera real, así como por
haberse negado a practicar las pruebas testimoniales solicitadas, orientadas a
demostrar que la entidad bancaria no hizo entrega efectiva y material del
préstamo de consumo; y por rechazar las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago por indebida aplicación de la ley y la jurisprudencia.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando el
juez ha incurrido en una vía de hecho y no existe otro mecanismo de defensa
judicial para la protección del derecho fundamental vulnerado
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene un carácter excepcional en atención a la intangibilidad de la cosa
juzgada y al respeto de la autonomía judicial[1].
Así las cosas, la acción puede intentarse cuando sea necesaria la intervención
del juez constitucional para atenuar los efectos de una decisión que aunque en
apariencia reviste la forma de sentencia judicial, objetivamente no lo es en
cuanto ha ocasionado una violación o perjuicio grave de los derechos
fundamentales de una persona[2].
En efecto, la jurisprudencia ha admitido la procedencia de la acción
de tutela contra aquellas decisiones judiciales que por corresponder a
actuaciones o interpretaciones groseras, arbitrarias y burdas del juez no hacen
otra cosa que quebrantar valores, principios y garantías constitucionales[3]. En estos casos se está
ante una verdadera vía de hecho que debe ser objeto de estudio por el
juez constitucional[4].
Sin embargo, para que la acción de tutela sea viable es necesario
que se verifiquen los presupuestos de procedibilidad ya señalados por la
jurisprudencia, es decir, que la conducta del agente carezca de fundamento
legal; que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien ostenta la
autoridad; que como consecuencia de ello se violen de manera grave e inminente
derechos fundamentales, y que no exista otro mecanismo de defensa para obtener
la protección, salvo que exista un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción procede como mecanismo transitorio, o que el juez constitucional
verifique que ese otro mecanismo de defensa no es eficaz para la protección de
los derechos[5].
De manera, pues, que no toda irregularidad o anomalía dentro del
proceso o inclusive cualquier desacierto judicial abre la posibilidad de que
por la vía de la acción de tutela se cuestione, reproche o se revoque una
determinada decisión[6].
Sólo cuando se compruebe que la decisión judicial de que se trate, dada su
gravedad e ilicitud, puede estructuralmente ser calificada como una clara vía
de hecho, puede el juez de tutela entrar a pronunciarse sobre la misma[7]. En ese evento la
acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y eficaz para contrarrestar
los efectos dañinos y nocivos de la decisión. Por ello la Corporación ha
admitido que de manera excepcional pueden ser tutelados los derechos
fundamentales desconocidos por decisiones judiciales cuando en realidad éstas, dada
su abrupta y franca incompatibilidad con las normas constitucionales o legales
aplicables al caso, constituyen verdades actuaciones de hecho[8].
Bajo esos parámetros la jurisprudencia ha sido clara en manifestar
que se está ante una vía de hecho y, por lo tanto, procede el amparo
constitucional, cuando ese comportamiento exageradamente deformado respecto del
postulado normativo adolece de alguno de los siguientes defectos: (i) defecto
sustantivo, que se genera cuando la decisión impugnada se funda en una
norma evidentemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que se presenta
cuando el juez aplica el derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal, es decir, cuando el funcionario judicial
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, que ocurre cuando
el funcionario judicial que adoptó la decisión carece, de manera absoluta, de
competencia para hacerlo, y (iv) defecto procedimental, que se presenta
cuando el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido[9]. También ha precisado
la Corporación que se configura una vía de hecho cuando el vicio que origina la
impugnación resulta evidente o incuestionable y que aquellos asuntos que puedan
ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones
superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la
descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada[10].
4. Análisis
del caso concreto
Los hechos que sustentan la presente acción de tutela pueden
resumirse de la siguiente manera:
Los ciudadanos Flor María Acosta y Miguel María Acosta adquirieron
el 29 de marzo de 1999 un bien inmueble por la suma de $45.000.000. En la
escritura pública donde consta esta transacción se estableció que los
adquirientes del inmueble cancelarían $30.272.666 del valor total de la
compraventa con el producto de un préstamo en UPAC realizado por la Corporación
de Ahorro y Vivienda Las Villas, esta cantidad correspondía al saldo de la
obligación que con garantía hipotecaria suscribieron los anteriores
propietarios de inmueble con la misma entidad financiera[11]. Posteriormente, el 30
de diciembre de 1999, la Corporación de Ahorro y Vivienda, redenominó la
obligación de los demandantes en Unidades de Valor Real (UVR), al tiempo, la
entidad financiera celebró un nuevo pagaré con los deudores hipotecarios
conforme a dicha medida, cuyas condiciones, a juicio de los demandantes, fueron
impuestas de manera unilateral por el banco, en este documento, los deudores se
obligaron a pagar el capital mutuado en 173 cuotas mensuales sucesivas a partir
de enero 26 de 2000.
Debido a la mora en que incurrieron los demandantes en el pago de
las cuotas del crédito hipotecario desde septiembre de 2000, la Corporación de
Ahorro y Vivienda Las Villas el 19 de diciembre del mismo año, presentó demanda
ejecutiva en su contra basada en los siguientes valores: “Saldo insoluto de
la obligación del capital consistente en 319.419.9476 UVR, (…) las UVRS
mencionadas corresponden a $35.879.101.15. Por los intereses moratorios sobre
el capital anterior, convenidos a la tasa del 20.87% anual efectivo desde la
fecha de presentación de la demanda hasta cuando el pago se produzca. Las
costas del proceso”. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
profirió mandamiento de pago el 24 de enero de 2001. Los accionantes
presentaron excepciones de mérito contra el mandamiento de pago, las cuales
denominaron: “cobro de lo no debido en relación con las sumas no recibidas
por los demandados a título de mutuo comercial, cobro de lo no debido en
relación con los intereses y reconocimiento de pagos efectuados por los
demandados”.
En sentencia
del 22 de octubre de 2003, El juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
decidió negar los fundamentos de las excepciones propuestas contra el
mandamiento ejecutivo; ordenó la venta en pública subasta del inmueble garante
de la obligación hipotecaria y la reliquidación del crédito teniendo en cuenta
el abono efectuado el 9 de mayo de 2001 por la suma de $733.000, imputando su
pago a intereses; advirtió, que la tasa de interés moratorio no podía superar
el 19.65% anual; y, condenó en costas a la parte demandada.
Apelada la
decisión de primera instancia por parte de los demandados, la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 28 de
febrero de 2005 confirmó la decisión del a quo. Adicionalmente, ordenó que se
tuvieran en cuenta para la liquidación de la suma a ejecutar, los abonos del 16
de febrero de 2001 por $1.000.000 y del 23 de enero del mismo año por $611.000.
Inconformes
con todas las decisiones proferidas en el proceso
ejecutivo, presentaron acción de tutela contra los despachos judiciales que
intervinieron en el proceso, alegando  una vía de hecho judicial porque (i) se rechazaron  las excepciones propuestas contra el mandamiento de
pago (ii) no les fue entregado de manera real el valor del pagaré suscrito con
AV VILLAS como resultado del contrato de mutuo comercial y de la subrogación de
la deuda inicialmente otorgada por los vendedores y (iii) se negó la práctica de unas pruebas testimoniales orientadas a demostrar que la entidad bancaria no hizo entrega
efectiva y material del préstamo de consumo.
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo solicitado tras
considerar que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra sentencias judiciales, en los eventos en que se configure una vía de
hecho, situación que no existe en el presente asunto. A su turno la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión del a
quo, pues en su criterio
“...no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que autorice el
ejercicio de la acción de tutela para enervar providencias judiciales, que por
virtud del artículo 228 de la Constitución Política gozan de total
independencia”.
Centrados los términos de la controversia planteada, son oportunas
las siguientes consideraciones.
- Los demandados
en el proceso ejecutivo ciertamente presentaron excepciones de mérito contra el
mandamiento de pago proferido dentro del proceso ejecutivo hipotecario seguido
en su contra, los argumentos esgrimidos en su escrito se concretaron en “COBRO
DE LO NO DEBIDO EN RELACIÓN CON SUMAS NO RECIBIDAS POR LOS DEMANDADOS A TITULO
DE MUTUO COMERCIAL; COBRO DE LO NO DEBIDO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES Y
RECONOCIMIENTO DE PAGOS EFECTUADOS POR LOS DEMANDADOS”. En primera
instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá rechazó las
excepciones propuestas y en segunda instancia la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá confirmó esa decisión. Tales providencias, tachadas de vías
de hecho,  no se observan arbitrarias ni alejadas de los presupuestos que la
ley consagra en aplicación a las normas que rigen los procesos ejecutivos.
En efecto, las
razones que llevaron a estos despachos judiciales a tomar la decisión de
rechazar las excepciones propuestas  contra el mandamiento de pago fueron las
siguientes:
a. Que los
demandados aceptaron subrogarse en el crédito a cargo de los primeros deudores
suscribiendo una nueva garantía en respaldo de la suma de $30.272.666,
equivalentes a 2063.5553 UPAC.
b. Los
$30.272.666 no fueron entregados de manera real y material a los vendedores del
inmueble, porque éste dinero constituía el saldo de la obligación contraída
inicialmente por ellos y de la cual se hicieron cargo los compradores al
subrogarse en la obligación, por lo que era evidente que con posterioridad a la
hipoteca se suscribiera un pagaré a su cargo.
c. La tasa de
interés ordenada por el juez de primer grado para ser aplicada a la obligación
de los demandantes es la regulada por el Banco de la República y la aplicable
para los créditos otorgados para financiación de vivienda a largo plazo.
d. La
afirmación hecha por los demandados en el proceso ejecutivo frente al supuesto incremento
injustificado de la obligación en $15.686.523 no tiene asidero, pues el monto
demandado es fiel reflejo de la convención aceptada de común acuerdo entre el
Banco Av-Villas y los señores Flor María Acosta Urrego
y Miguel María Gómez Acosta.
Se advierte así
que los fallos estuvieron debidamente motivados, con razones que además la
Corte entiende y avala por cuanto es claro que si los accionantes  se
subrogaron en una obligación, no recibirían dinero alguno, en tanto la
subrogación implica que, en su caso como compradores asumirían una obligación
dineraria adquirida por los vendedores, y a cambio recibirían, como en efecto
sucedió, el dominio sobre un bien inmueble. Por ello, la  decisión de los
jueces de instancia de rechazar las excepciones propuestas bajo estos
argumentos, en nada afecta los derechos reclamados por los demandantes.
Asimismo, frente al alegado cobro no debido de intereses y de capital, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, explicó de manera detallada en su fallo
la composición del monto cobrado, haciendo énfasis en que éste es legal y
corresponde efectivamente a la cantidad adeudada por los demandantes.
Ahora bien, un
elemento adicional que hace improcedente la presente acción de tutela, es la
utilización de este medio como mecanismo alternativo de defensa judicial,
cuando se ha dejado de hacer uso de recursos disponibles en la vía ordinaria.
En efecto, el
Tribunal en su decisión indicó “siendo aceptado por la parte demandada
que no impugnó el auto que le negó los testimonios pedidos, ni se hizo uso  del
término adicional de pruebas de que trata el artículo 184 del Código de
Procedimiento Civil, ni se solicitaron en oportunidad en esta instancia
(artículo 361 ibídem)” (subraya de la Sala). Así, es claro que los
demandantes no solo están elevando una reclamación que ya había sido resuelta
en derecho dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra, sino que además,
accedieron al juez constitucional luego de pretermitir el vencimiento de
términos que les daba la oportunidad de  interponer recursos con el objeto de
controvertir las decisiones que consideraran injustas.
La
Jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a esta situación en los
siguientes términos:
"quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos
o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos
que le son adversos.  De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni
puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado
no ejerció recurso constituya trasgresión u ofensa a unos derechos que,
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la
tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el
propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal."[12]
A tal efecto,
concluye la Sala, que en el caso objeto de estudio es menester reiterar la
jurisprudencia que sustentó este fallo, pues resulta evidente que lo perseguido
por los demandantes con la presente acción es en primer lugar remediar los
errores cometidos dentro del proceso ejecutivo que se siguió en su contra y en
segundo lugar, convertir la tutela en una instancia adicional dentro del
proceso ejecutivo.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de
julio de dos mil cinco (2005) por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual confirmó la decisión de la Sala de
Casación Civil que denegó el amparo a Miguel María Gómez Acosta y Flor María
Acosta Urrego, pero por las razones de la presente sentencia.
Segundo.- Ordenar que por Secretaría General de esta Corporación, se devuelva
al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, el expediente contentivo del
proceso ejecutivo seguido por el Banco Av-Villas contra Miguel María Flórez
Acosta y Flor María Acosta Urrego.
Tercero.- Levantar la suspensión de términos ordenada por esta Sala mediante
auto de octubre 7 de 2005.
Cuarto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).
[2] Sentencia T-320
de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[3] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias T-336 del 31 de julio de 1995 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa), T-094 del 27 de febrero de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), T-766 del 9 de diciembre de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) y T-188 del 14 de marzo de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[4] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia T-1220 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-327 del 15 de julio de 1994 (M.P. Vladimdiro
Naranjo Mesa).
[6] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia T-1220 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[7] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias T-442 del 12 de octubre de 1993 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell) y T-922 del 9 de octubre de 2003.
[8] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-01 del 14 de enero de 1999 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).
[9] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-008 del 22 de enero de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
y T-086 del 6 de febrero de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[10] Idem.
[11] El inmueble
adquirido por Flor María Acosta Urrego y Miguel María Gómez Acosta en marzo de
1999, había sido comprado por los señores Gladis Salas Perdomo e Iván Guillermo
Usma en abril de 1997, en ese momento el valor del inmueble fue de $35.000.000
de los cuales $24.500.000 se pagaron con un préstamo en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC) otorgado por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las
Villas.
[12] Corte
Constitucional, T-061de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.