SU773-14
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 259 de fecha 22 de mayo de 2019, el cual se
anexa en la parte final, se ordena suprimir los datos del solicitante y
reemplazarlos por las letras J.D.
Sentencia SU773/14
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Jurisprudencia
constitucional en materia de competencia jurisdiccional
Se tiene que por
mandato constitucional y legal, la Superintendencia de Sociedades está provista
de facultades jurisdiccionales, por lo que sus decisiones constituyen
providencias judiciales, las cuales pueden, eventualmente, llegar a constituir
vías de hecho, siempre que no estén ajustadas a los principios y derechos
constitucionales. De haberse presentado irregularidades en las decisiones
judiciales de la Superintendencia de Sociedades, que implique un ejercicio
arbitrario de sus funciones,  es viable a los ciudadanos acudir a la acción de
tutela en aras de salvaguardar los fundamentos superiores. Una vez definida la
habilitación constitucional y legal de la Superintendencia de Sociedades para
ejercer funciones jurisdiccionales, así como el carácter de sus
pronunciamientos en ejercicio de esa competencia, resulta pertinente reiterar
las reglas sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales.
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Naturaleza
de los actos en el trámite del proceso de liquidación judicial de la ley 1116
de 2006
El proceso de
liquidación judicial, como su nombre lo indica, es un proceso jurisdiccional
del que conoce la Superintendencia de Sociedades en uso de la facultad consagrada
en el artículo 116 de la Constitución Política, por lo que sus pronunciamientos
constituyen providencias judiciales, las cuales deben estar supeditadas a los
mandatos de la Ley General del Proceso. Por tal razón, la Superintendencia de
Sociedades, como juez del concurso en Colombia, debe asegurarse que las
actuaciones surtidas en el marco de dicho proceso, cumplan con los requisitos
de la normativa aplicable.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Procedencia debe
analizarse bajo las mismas reglas aplicables a la acción de tutela contra
providencias judiciales
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto
procedimental absoluto se configura cuando el funcionario judicial haya actuado
completamente al margen del procedimiento establecido en el ordenamiento
jurídico. Además de lo anterior, también se puede decir que esta causal además
tiene una naturaleza cualificada, pues para su configuración se debe cumplir
con la exigencia de que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido
bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran
aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responda únicamente al
capricho y a la arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia,
desconozca el derecho fundamental al debido proceso.
DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO-Elementos
DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido
PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA EN COLOMBIA-Trámite
Respecto al
trámite del proceso de liquidación judicial, se tiene que éste puede iniciarse
ante la Superintendencia de Sociedades, en el caso de las sociedades
comerciales del sector real, empresas unipersonales, sucursales de sociedades
extranjeras, y personas naturales comerciantes que lo soliciten (o a
prevención). Así mismo, puede iniciarse ante los jueces civiles del circuito
del domicilio del deudor, en el caso de las personas naturales comerciantes que
lo soliciten y los demás casos no excluidos del régimen. En cuanto a la apertura
de la liquidación, la ley colombiana se refiere al proceso de liquidación
judicial y al proceso de liquidación judicial inmediata -artículos 47 y 49 de
la Ley 1116 de 2006 respectivamente-, cuya diferenciación tiene especial
relevancia respecto de las causas de apertura del proceso liquidatorio, ya que
desde el punto de vista procesal constituyen una misma liquidación judicial.
Acerca del inicio del proceso de liquidación judicial, el artículo 47 de la Ley
1116 de 2006 estipula que este proceso judicial iniciará por (i) incumplimiento
del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un
acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999; y (ii) las
causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley 1116 de 2006.
REGIMEN DE
INSOLVENCIA EMPRESARIAL-Finalidad/PROCESOS CONCURSALES-Finalidad
PROCESO LIQUIDATORIO
INMEDIATO-Finalidad
INICIACION DE
PROCESO LIQUIDATORIO-Efectos
de la iniciación del proceso/INICIACION DE PROCESO LIQUIDATORIO-Preferencia
de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le
sea contraria
La
normatividad prevé los siguientes efectos de la apertura o iniciación de la
liquidación judicial: (i) la disolución de la persona jurídica, (ii) la
terminación de contratos, (iii) la finalización de encargos fiduciarios, (iv)
la interrupción de los términos de prescripción y la inoperancia de la
caducidad, (v) la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor,
(vi) la prohibición de disposición de cualquier bien que forme parte del
patrimonio liquidable, (vii) la remisión al juez del concurso de todos los
procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, con el objeto que
sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos
de voto, de manera que la continuación de los mismos por fuera del proceso de
liquidación será nula y corresponde ser declarada por el juez del concurso,
(viii) la preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre
cualquier otra que le sea contraria. Otro de los efectos de naturaleza procesal
de la iniciación del proceso de liquidación judicial, consiste en la preferencia
de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le
sea contraria. Este efecto implica no solo que las normas del proceso concursal
tienen carácter especial y preferente frente a las demás normas de carácter
procesal general, sino también que por tener el proceso liquidatorio una
vocación universal tiene preferencia sobre cualquier otro proceso en el cual se
trate de hacer efectivas las obligaciones en contra del deudor. Por lo tanto,
una vez iniciado el proceso concursal, no puede admitirse demanda alguna en la
cual se pretenda la apertura de otro proceso concursal o de uno de
reorganización, ni tampoco es posible que una vez iniciada la liquidación
judicial haya lugar a la ejecución extraconcursal mediante procesos ejecutivos.
INICIACION DE
PROCESO LIQUIDATORIO-Providencia
judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del proceso de
liquidación judicial no admite ningún recurso, salvo algunas excepciones
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-Elementos
para su configuración
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-No
se configuró temeridad, por cuanto en anterior tutela no existió
pronunciamiento de fondo, ya que se presentó desistimiento
Para
que exista temeridad, además de presentarse identidad de
partes, de causa petendi, y de
objeto, es necesario que exista una decisión anterior del juez
constitucional. Entonces, “no podrá calificarse de temeraria una actuación en
sede constitucional, cuando la misma ha finalizado por modos diferentes a la
sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de los derechos
fundamentales invocados en el amparo. En esos casos, al no existir un
pronunciamiento de fondo, no se compromete el principio de seguridad jurídica
ni la recta capacidad de la administración de justicia”.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO
ADELANTA TRAMITE LIQUIDATORIO-Procedencia por vulneración del debido
proceso, al haber admitido a trámite la liquidación judicial de la sociedad,
sin atender el mandato del artículo 85 del C.P.C. que ordena el rechazo cuando
se presenta de manera extemporánea
La
Superintendencia de Sociedades, sin razón justificada, actuó en contravía de lo
ordenado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, pues aunque la
subsanación de los requisitos de procedencia de la solicitud de liquidación
judicial se realizó después de un mes, y no en cinco días como lo consagra la
norma en comento, la obligación del ente de inspección, vigilancia y control
era rechazarla, y no admitirla como efectivamente lo hizo. Por tanto, la
decisión de la Superintendencia de Sociedades representa una violación al
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, que debe ser amparado a
través de esta acción constitucional, por cuanto, no cuenta con otro mecanismo
judicial de defensa, pues en virtud del numeral 8 del artículo 49 de la
Ley 1116 de 2006, la providencia judicial que decreta la apertura inmediata del
trámite del proceso de liquidación judicial no admite ningún recurso.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO
ADELANTA TRAMITE LIQUIDATORIO-Procedencia por defecto procedimental
absoluto, al haber admitido a trámite la liquidación judicial de la sociedad,
sin atender el mandato del artículo 85 del C.P.C. que ordena el rechazo cuando
se presenta de manera extemporánea
La
Sala encuentra que el hecho de que la Superintendencia de Sociedades haya
admitido a trámite la liquidación judicial de la Sociedad, sin tener en cuenta
que para la subsanación de los requisitos de procedencia, el abogado de dicha
sociedad tardó más de un mes, y no cinco días como lo consagra la norma en
comento, constituye
una actuación que adolece de un defecto procedimental absoluto
Referencia: Expediente  T-
3763680
Acción de Tutela
instaurada por la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT
S.A., contra la Superintendencia de Sociedades.
Tema: procedencia
de la acción de tutela para revocar y dejar sin efectos un auto emitido por la
Superintendencia de Sociedades, mediante el cual decretó la apertura de
liquidación judicial de una sociedad mercantil.
Problema jurídico:
¿la acción de tutela es procedente para revocar y dejar sin efectos el auto del
27 de enero de 2012, emitido por la Superintendencia de Sociedades, mediante el
cual decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Sociedad
Granos Piraquive S.A., por haber violentado presuntamente los preceptos
contenidos en la Ley 1116 de 2006 y en el Código de Procedimiento Civil? De ser
procedente la acción de tutela para revocar y dejar sin efectos el auto de que
se trata, el problema
jurídico a resolver será: ¿la Superintendencia de Sociedades vulneró el derecho
al debido proceso de la accionada al decretar la apertura del trámite de
liquidación judicial de los bienes de la Sociedad Granos Piraquive S.A., aun
cuando ésta subsanó extemporáneamente la solicitud de apertura?
Derechos
fundamentales invocados:
igualdad, debido proceso, acceso a la justicia, propiedad y libre empresa.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  dieciséis
(16) de octubre de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva –quien la preside–, María Victoria
Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Sáchica Méndez, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos el 8 de octubre de 2012, por la Sala Cuarta
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, quien revocó
la sentencia proferida el 13 de agosto de 2012, por el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito Judicial de Cartagena, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la
propiedad y a la libre empresa de la accionante.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con
el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992, por el cual se adopta el reglamento de
la Corte Constitucional, y en razón a que la acción de tutela de la referencia trata un asunto
de la mayor trascendencia constitucional, en sesión del 5 de septiembre de 2013, la
Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del
expediente de la referencia, suspendiéndose los términos para fallar.
1.1
SOLICITUD
La
Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., en
adelante CMT, interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia, a la
propiedad y a la libre empresa, presuntamente afectados por la Superintendencia
de Sociedades Delegada para Procedimientos Mercantiles, en adelante Superintendencia
de Sociedades, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.1.1     Hechos y
argumentos de derecho
1.1.1.1.  Manifiesta la
accionante que mediante escritura pública N° 2895 del 14 de noviembre de 2008
de la Notaría 52 de Bogotá, la Sociedad Granos Piraquive S.A. fue declarada
disuelta, por lo que se inició un proceso de liquidación privada. Dicha
decisión fue registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 20 de
noviembre de 2008, bajo el N° 1256987 del libro IX.
1.1.1.2.  Expresa que dentro
de los trámites que pretendió gestionar el liquidador privado de la sociedad Granos
Piraquive S.A. dentro del proceso de liquidación privada, fue la terminación de
un contrato de arrendamiento que había celebrado con la sociedad Operador
Portuario Internacional EU por un término de 50 años, sobre un inmueble ubicado
en Cartagena, el cual serviría de zona adyacente al desarrollo de una actividad
portuaria en el Distrito, contrato que posteriormente fue cedido a CMT (actual
accionante).
1.1.1.3.  Arguye que el
liquidador privado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, no logró en el
trámite de liquidación privada la terminación del contrato de arrendamiento, ya
que el arrendador y el arrendatario en su momento habían celebrado un pacto de
preferencia a favor del arrendatario, que operaría cuando se decidiera vender
el inmueble o continuar el arriendo con los accionistas adjudicatarios del
bien, en el evento en que éste les fuera adjudicado en una liquidación privada,
todo en aras de dar seguridad jurídica al arrendatario en las inversiones de la
concesión portuaria para el desarrollo del puerto.
1.1.1.4.  Dice que al no
tener en el escenario del proceso de liquidación privada  herramientas para
desconocer el contrato de arrendamiento y “para arrebatarle el lote a CMT,
desconociendo el pacto de preferencia que les daba derecho a comprar el
inmueble”, los accionistas y el liquidador privado decidieron, “en
esguince a lo acordado en el contrato, solicitar a la Superintendencia de
Sociedades que mutara la liquidación privada de Granos Piraquive S.A. en un
proceso de liquidación judicial, para verse cobijados por el beneficio
contemplado en el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006”, que
establece, dentro de los procesos de liquidación judicial, un efecto inmediato
de dar por terminado todos los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los
activos; norma que les permitiría a los accionistas desconocer las cláusulas
contractuales pactadas en el contrato de arrendamiento, las del contrato de
permanencia en el lote en el proyecto portuario, e ir en contra de la seguridad
jurídica que revestía la inversión portuaria, mutando en este contexto, la liquidación
privada en judicial.
1.1.1.5.  Indica que sin
haberse realizado la liquidación voluntaria antes relacionada, el liquidador de
Granos Piraquive S.A., mediante escrito de fecha 1° de noviembre de 2011,
radicado bajo el N° 2011-01-322217, presentó solicitud ante la Superintendencia
de Sociedades como juez de los concursos judiciales en Colombia, para que
admitiera a la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación privada, a un
proceso de liquidación judicial, bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006. Para
ello, se presentó un balance con corte al 30 de septiembre de 2011, con el fin
de que sirviera de base a la Superintendencia de Sociedades para revisar los
requisitos de admisión.
1.1.1.6.  Sostiene que la
Superintendencia de Sociedades al revisar los documentos aportados por Granos
Piraquive S.A., procedió a inadmitir la solicitud mediante auto 405-01792 del 11
de noviembre de 2011. No obstante la inadmisión, la Superintendencia de Sociedades
dio aplicación a lo establecido en el artículo 85 del CPC, por lo que confirió
un término de 5 días a la Sociedad Granos Piraquive S.A. para que completara la
información aludida, so pena de rechazar su solicitud. Dicho auto se notificó
por estado el 16 de noviembre de 2011.
1.1.1.7.  Expresa que el
apoderado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, pasado más de un mes desde
la inadmisión de la solicitud de liquidación judicial, aportó los documentos
que acreditaban la existencia de las obligaciones a su cargo con más de 90 días
de vencidas, sin que hubiesen sido canceladas (la Superintendencia de Sociedades
inadmitió la solicitud de liquidación judicial mediante auto 405-01792 del 11
de noviembre de 2011, y confirió término de 5 días para completar la
información aludida, so pena de rechazo de la solicitud; dicho auto fue
notificado en estado N° 210 del 16 de noviembre de la misma anualidad. Granos
Piraquive S.A. subsanó su solicitud mediante escrito radicado extemporáneamente
el 20 de diciembre de 2011)[1].
Para ello, mantiene las dos (2) obligaciones anotadas en la solicitud inicial
para demostrar la cesación del pago de obligaciones ciertas y exigibles como
requisito de admisión, como lo son la sanción de la DIAN reducida a
$3.506.350.000, y los honorarios de abogados; además, agrega una obligación que
no había citado como requisito de admisión, la cual corresponde a la deuda por
impuesto predial por $755.818.123.
1.1.1.8.  Indica que con fundamento
en el estudio del escrito mencionado, la Superintendencia de Sociedades en vez
de darle los efectos de rechazo que ordena el artículo 85 del CPC (“el juez señalará
los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término
de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda”), procedió a
revisar y verificar los documentos aportados por Granos Piraquive S.A., y
expidió el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual decretó
la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, y
advirtió que “de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 la
declaración de apertura de proceso de liquidación judicial produce la
terminación unilateral de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de
activos (…)”.
1.1.1.9.  Manifiesta la
accionante que “la Supersociedades incurrió en vía de hecho por admitir
extemporáneamente la solicitud de liquidación judicial, y por evaluar indebidamente
las pruebas aportadas por Granos Piraquive S.A. para demostrar los supuestos
legales y los requisitos sustanciales mínimos que la legitimaban para acceder a
un proceso de liquidación judicial, en franca violación de la Ley 1116 de 2006”.
1.1.1.10.      Sostiene la
accionante que cuando la Superintendencia de Sociedades mediante auto
405-017929 del 11 de noviembre de 2011 inadmitió la solicitud de liquidación
judicial porque en su concepto, la Sociedad Granos Piraquive S.A. no había
demostrado en el balance presentado los supuestos para ser admitido a un
proceso de liquidación judicial, toda vez que no fueron allegados los anexos o
soportes que acreditaran el incumplimiento de pago de obligaciones de 2 o más
acreedores por más de 90 días, que representaran no menos del 10% del pasivo
total, lo que estaba requiriendo de la Sociedad Granos Piraquive S.A., es que
se presentara prueba de las obligaciones relevadas en el pasivo de los estados
financieros presentadas con corte a 30 de septiembre de 2011, que había citado
como requisito de admisión.
1.1.1.11.      Arguye que el
liquidador privado de Granos Piraquive S.A. al subsanar extemporáneamente la
solicitud, procedió a allegar pruebas documentales que no podían servir para
que la Superintendencia de Sociedades admitiera a la sociedad a liquidación
judicial, porque los documentos anexados extemporáneamente no podían ser útil
para el respaldo del pasivo revelado en el balance, ya sea porque el documento
demostraba que la obligación soportaba obligaciones no vencidas que no le eran
exigibles a la sociedad (como la deuda contingente con la DIAN), o porque los documentos
que respaldaban la obligación de los abogados fueron expedidos con
posterioridad al cierre del balance de septiembre de 2011, y por tanto, tampoco
eran exigibles a esa fecha.
1.1.1.12.      Manifiesta la
accionante que lo anteriormente reseñado supone la existencia de graves
defectos en los que incurrió la Superintendencia de Sociedades, los que dan
lugar a que se deje sin efectos el auto que admite a liquidación judicial a
Granos Piraquive S.A., el cual atenta contra sus derechos a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la justicia, a la propiedad y a la libre empresa.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1.   Admitidas las
solicitudes de tutela, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena corrió
traslado de la misma a los accionados, para que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de la demanda, ejercieran su derecho de defensa y
contradicción.
1.2.2.   De igual manera se
vinculó como accionados al señor Hernán Bermúdez Velasco, en calidad de Gerente
Liquidador de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.2.3.   También se dispuso
recibir declaraciones a los señores Hernán Bermúdez Velasco y J.D., al igual
que oficiar a la Superintendencia de Sociedades, al Consejo de Estado, a la
Fiscalía 52 de Patrimonio Económico de Barranquilla, a la Fiscalía 58 de Patrimonio
Económico de Barranquilla y a la Notaría 52 del Círculo de Bogotá.
1.2.4.   Dentro del término
concedido,
la Delegada para los Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades
dio
respuesta a la demanda. Destacó que la entidad ejerce tanto funciones
administrativas de inspección, vigilancia y control de las sociedades
mercantiles, como funciones jurisdiccionales, las cuales constituyen verdaderas
decisiones judiciales no susceptibles de atacar vía tutela.
Posteriormente
hizo referencia a la naturaleza y objeto del proceso liquidatorio, aparte en el
que se dedicó a nombrar los principios que orientan el proceso concursal.
También
se refirió a las actuaciones relacionadas con la tutela, adelantadas por el
juez del concurso en el proceso de liquidación de la concursada. Al respecto,
remitió copia de las diferentes actuaciones que obran en el proceso, dentro de
las cuales se tienen: i) copia del auto que decretó la apertura del trámite de
liquidación judicial de los bienes de la Sociedad Granos Piraquive S.A.; ii)
auto 400-005306 del 31 de mayo de 2012, mediante el cual la Superintendencia de
Sociedades no reconoció personería jurídica a la apoderada de CMT y rechazó la
solicitud de ilegalidad y de nulidad presentada mediante escrito radicado el 12
de marzo de 2012; y iii) auto del 9 de julio de 2012, el cual resolvió el
recurso de reposición presentado contra la anterior providencia.
1.2.5.   La Sociedad Granos
Piraquive S.A. en liquidación judicial, a través de liquidador designado,
solicitó la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela de la referencia,
aduciendo falta de competencia del Juzgado Sexto Laboral de Circuito de
Cartagena, porque, según afirma, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza
que motivare la solicitud. También adujo que el Decreto 1382 de 2000 consagra
que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad
pública del orden nacional, serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de la ciudad en
donde se encuentre la entidad accionada.
Concluyó
este punto diciendo que la competencia para conocer de la presente acción de
tutela se radica en cabeza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, ciudad en donde se encuentra ubicada la entidad accionada, la Sociedad
Granos Piraquive S.A, y en donde han tenido lugar los hechos objeto de la
solicitud de amparo.
Así
mismo, puso de manifiesto la inexistencia de un perjuicio irremediable, aduciendo
que la parte actora se encuentra constituida como un acreedor más dentro del
concurso de liquidación de la Sociedad Granos Piraquive S.A., por tanto, al
tener vocación para la repartición de los activos, debe dársele el mismo trato
que a los demás acreedores, “y no realizar actividades que busquen
interrumpir el normal desarrollo del proceso de liquidación”.
1.2.6.   El señor Nicolás Muñoz
Escobar, apoderado judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación
judicial, en calidad de tercero interesado, coadyuvó la solicitud de nulidad
presentada por el liquidador de dicha sociedad. Para ello, sostuvo que la Superintendencia
de Sociedades tiene la categoría de Juez Civil del Circuito, por lo que sus
actos no pueden ser juzgados, ni siquiera en sede de tutela, por un juez de
igual categoría.
Entonces,
manifestó que “como quiera que el superior funcional de tal juez es el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Civil, a éste le
corresponde conocer de la acción”.
Como
sustento de su intervención, hizo alusión a la Ley 1116 de 2006, que “es
clara en asimilar a la Superintendencia de Sociedades a la categoría de Juez
Civil del Circuito”. Así mismo, trajo a colación el parágrafo 3° del
artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, que manifiesta que “las apelaciones se
resuelven por la autoridad superior funcional del juez que hubiese sido
competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la
providencia fuere apelable”.
En
el mismo sentido, expresó que “el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012,
derogó expresamente el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 que disponía que el
fallo definitivo de las entidades con funciones jurisdiccionales es apelable
ante las mismas, por lo cual se abrió paso a asimilar las actuaciones de las
Superintendencias a la de los Jueces Civiles del Circuito, permitiéndose por la
Corte Constitucional que el conocimiento de las apelaciones les correspondiera
a las Salas Civiles de los Tribunales Superiores”.
Por
otra parte, en cuanto a la determinación del factor territorial, adujo que el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “son competentes
para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud”; precepto que fue reglamentado por
el Decreto 1382 de 2000, que en su artículo 1° consagra que “para los
efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la
acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos”.
En
virtud de lo anterior, concluye que “si bien la accionante elige a la ciudad
de Cartagena por ser el sitio de ubicación del inmueble, la esencia del proceso
y su naturaleza en sí no es el bien raíz, sino el efecto del concurso frente al
Empresario y sus acreedores”.
El
interviniente también hizo referencia a la inexistencia de perjuicio
irremediable en el presente caso. Frente a ello, expresó que “el efecto
directo que pretende la accionante es económico, para lo cual la acción de
tutela es improcedente, pues para ello existen los medios ordinarios de defensa
judicial”.
Por
último, sostuvo que CMT carece de legitimación por activa para interponer la
presente acción, toda vez que sustenta la misma en el hecho de ser el
arrendatario y tenedor de un lote de terreno de propiedad de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., en el cual supuestamente ha realizado múltiples y cuantiosas
inversiones; sin embargo, “en diligencia de secuestro del referido inmueble,
adelantada el 24 de julio de 2012, antes de que se radicara la tutela objeto de
este proceso, se constató que la sociedad accionante no detentaba la tenencia
del referido bien, y que en el mismo se encontraba el señor Alberto Grandett de
Lima, quien dijo ser poseedor del mismo”.
1.3.
DECISIONES
DE INSTANCIA
1.3.1.   Sentencia de
primera instancia
1.3.1.1.     Mediante fallo del
13 de agosto de 2012, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
decidió tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a la justicia, a la propiedad y a la libre empresa de la accionante,
bajo el argumento de que “al examinarse el contrato, centramos la atención
en la cláusula octava que establece que el arrendamiento o canon anual será el
equivalente al 10% de las utilidades liquidas que obtenga el arrendatario en
desarrollo del objeto social… Entonces ya la renta no dependería del canon
acordado, sino de las utilidades que deje la explotación del inmueble y la
explotación de las mejoras que el arrendador autorizó al arrendatario realizar,
para integrar un conjunto de bienes dispuestos a una empresa que sería
administrada por el arrendatario, pero en beneficio de las dos partes
contratantes.
Es
importante esta observación de los hechos porque permite comprender que, a
pesar que el documento se tituló contrato de arrendamiento, en realidad
contiene un contrato innominado, que en el Código de Comercio aparece como DE
LAS CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, en el artículo 507 y 509, donde se establece que
no constituirá persona jurídica”.
1.3.1.2.     Así mismo, sostuvo
que en virtud del objeto de la Ley 1116 de 2006, el cual es la protección del
crédito y la recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y
fuente generadora de empleo, es que se puede entender el artículo 3 de la misma
norma, el cual consagra que “no están sujetas al régimen de insolvencia
previsto en la presente ley: (…)Las empresas desarrolladas mediante contratos
que no tengan como efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios
autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del
proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o
respectivos deudores”.
En
efecto, sostuvo el a quo que la única alternativa para proteger los
derechos de la accionante es ordenar dejar sin efecto el auto que decretó la
apertura del trámite de liquidación judicial de bienes de la sociedad Granos
Piraquive S.A. y las actuaciones posteriores, por cuanto, la Superintendencia
de Sociedades dispuso la liquidación de un contrato innominado, lo cual es abiertamente
contrario a la ley.
Por
último, expresó que permitir la continuación del trámite de liquidación
judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A., constituiría un perjuicio
irremediable en cabeza de la accionante, pues se continuaría con la violación
de su derecho al debido proceso, por someterla a un juicio que no es el
autorizado por la ley.
1.3.2.   Impugnación
1.3.2.1.     El 17 de agosto de
2011, la Sociedad Granos Piraquive S.A., a través de su representante legal,
presentó recurso de impugnación en contra de la decisión de primera instancia,
argumentando que, sin motivo expresamente justificado, existe en curso otra
acción de tutela presentada por el mismo accionante, con base en los mismos
hechos y cuya demanda introductoria es exactamente igual a la que dio origen a
esta actuación, de la cual conoció el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá.
Manifiesta
que pese a que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena tenía
conocimiento de la actuación temeraria, guardó silencio, cuando “lo correcto
era haber rechazado el trámite o decidirlo desfavorablemente”.
1.3.2.2.     Por otra parte,
expresa el representante legal de la Sociedad Granos Piraquive S.A., que el
juez de primera instancia violó el principio de congruencia, por cuanto no se
pronunció respecto a lo solicitado por la accionante, ni sobre los supuestos de
hecho sobre los que se funda la petición. “En efecto, declaró mediante un
fallo de tutela que el contrato de arrendamiento que supuestamente legitima a
la accionante para presentar la acción de tutela es en realidad un contrato de
cuentas en participación de conformidad con lo establecido en los artículos 507
y 509 del Código de Comercio, que está excluido de una liquidación judicial, de
conformidad con el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1116 de 2006. (…)
Entonces, de la simple confrontación de los fundamentos de la acción de tutela
se establece que la naturaleza del contrato de arrendamiento jamás fue puesta
en duda por el accionantes menos aun este expuso como elemento que ocasionase
la vulneración de algún derecho fundamental tutelable el hecho de que el mismo
debía estar excluido de los alcances del régimen de insolvencia empresarial por
ser de naturaleza uno de CUENTAS EN PARTICIPACIÓN”. (SIC).
Respecto
a este aspecto, concluyó afirmando que “no puede haber equivocación más
grande por parte del Despacho al manifestar que con el trámite de liquidación
judicial de una sociedad comercial como lo es Granos Piraquive S.A., se esté
disponiendo la liquidación de un contrato innominado”.
1.3.2.3.     De la misma
manera, el representante legal de la Sociedad Granos Piraquive S.A., sostuvo
que el juez de primera instancia contrarió abiertamente el artículo 27 del
Código Civil, el cual consagra que cuando el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal. Entonces, “al interpretar el artículo 3 de la
Ley 1116 de 2006, el juez de primera instancia violó el mencionado artículo del
Código Civil, y dicha disposición no admitía interpretación pues es de
meridiana claridad”.
1.3.2.4.     Siguiendo con su
línea argumentativa, el representante legal de la Sociedad Granos Piraquive
S.A., dijo que en ninguna parte del fallo el juez de primera instancia analizó
ni demostró cuáles fueron los derechos fundamentales vulnerados por la Superintendencia
de Sociedades, y menos aún, cuál es el nexo causal entre “la exótica
consideración” de cambiarle la naturaleza a un indiscutido contrato de
arrendamiento por la de un contrato de cuentas en participación.
1.3.2.5.     Sumado a lo
anterior, el representante legal de la Sociedad Granos Piraquive S.A., esgrimió
que en el fallo de primera instancia existe una causal de nulidad, pues no se
notificó en debida forma a terceros interesados, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, quebranta el debido proceso. En efecto, expresó que
la DIAN, la Alcaldía de Cartagena y otros acreedores han aceptado su calidad de
convocados al proceso, por lo que el juez de instancia se encontraba en el
deber de vincularlos para que expresaran su opinión frente a las decisiones
interlocutorias que ya gozan de absoluta firmeza.
1.3.2.6.     Por último sostuvo
que “en el párrafo segundo de la página 8 del fallo, manifiesta el Despacho
que la solicitud de la accionante se sustenta en contrato de arrendamiento que
no ha sido tachado de falso, lo cual constituye un error por parte del
fallador, toda vez que en la contestación de la tutela presentada por el
suscrito se realizó una amplia exposición de la denuncia penal interpuesta por
la sociedad que represento en contra de J.D., Ramiro Castellanos, Cesar Eugenio
Jaramillo y Cesar Augusto Muñoz Villegas precisamente por la falsedad de dicho
contrato”.
1.3.2.7.     El 1° de agosto de
2012, el señor Nicolás Muñoz Escobar, apoderado judicial de la Sociedad Granos
Piraquive S.A. en liquidación, impugnó el fallo de primera instancia, y
solicitó que se rechace o decida desfavorablemente la presente acción de
tutela, debido a que existe en curso otra acción de tutela presentada por el
mismo accionante, con base en los mismos hechos y cuya demanda introductoria es
exactamente igual a la que da origen a esta actuación.
1.3.2.8.     Además de lo
anterior, el apoderado judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en
liquidación, coadyuvó al liquidador de dicha Sociedad respecto a las
manifestaciones por él surtidas en el trámite de impugnación.
1.3.2.9.     El 22 de agosto de
2012, la Superintendencia de Sociedades presentó su escrito de impugnación en
contra de la decisión de primera instancia. Para ello allegó el mismo documento
mediante el cual respondió la presente acción de tutela, el cual fue resumido
en precedencia.
1.3.3.   Sentencia de
segunda instancia
1.3.3.1.     Mediante fallo del
8 de octubre de 2012, la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena revocó el fallo impugnado, y en su lugar denegó el amparo
solicitado por la accionante, tras considerar que la presente tutela es
improcedente, toda vez que el accionante no interpuso todos los recursos que
tenía a su alcance para la defensa de sus derechos, que para este caso era el
recurso de reposición.
1.3.3.2.     En efecto señaló
que “considera esta Sala que no existen los supuestos jurídicos para la
procedencia de la presente acción, habida consideración que el accionante no
interpuso todos los recursos que tenía a su alcance, y que para el caso
presente era la reposición”.
1.3.3.3.     Concluyó el ad
quem afirmando que “no puede admitirse que se acuda a la tutela si no se
han respetado los mecanismos que ha dado la ley, pues se convirtió la misma en
un mecanismo de protección alternativo, y por ello se usurpó las competencias
de la misma Super Intendencia de Sociedades”. (SIC).
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron, entre otras, las siguientes
pruebas relevantes:
1.4.1.   Copia de la solicitud
de admisión a trámite de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A., dirigida a la Superintendencia de Sociedades, de fecha 1° de noviembre de
2011.
1.4.2.   Copia de
certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos de
la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación, expedida por la Cámara de
Comercio de Bogotá, de fecha 31 de octubre de 2011.
1.4.3.   Copia del acta de
la Asamblea de Accionistas de Granos Piraquive S.A. en liquidación, del 27 de
septiembre de 2011.
1.4.4.   Copia de estado de
resultados de prueba de Granos Piraquive S.A. en liquidación, de fecha 9 de
septiembre de 2011.
1.4.5.   Copia de notas a
los estados financieros de Granos Piraquive S.A. en liquidación,
correspondientes al periodo comprendido entre el primero de enero y el 30 de
septiembre de 2011.
1.4.6.   Copia de la
certificación de los estados financieros elaborados por los contadores de
Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.4.7.   Copia del informe
del Revisor Fiscal de Granos Piraquive S.A. en liquidación, Jairo Yesid Yate
Segura, de fecha 20 de marzo de 2010.
1.4.8.   Copia del balance
de prueba 2009 de Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.4.9.   Copia del estado
de resultados de prueba 2009 de Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.4.10.   Copia de las notas
a los estados financieros de prueba, correspondientes al periodo comprendido
entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2009, de la Sociedad Granos
Piraquive S.A.
1.4.11.   Copia del informe
del Revisor Fiscal de Granos Piraquive S.A. en liquidación, de fecha 23 de
febrero de 2011.
1.4.12.   Copia del balance
general 2010 de Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.4.13.   Copia de estado de
resultados del primero de enero al 31 de diciembre de 2010 de la Sociedad
Granos Piraquive S.A. en liquidación.
1.4.14.   Copia del auto de
apertura de liquidación judicial de fecha 27 de enero de 2013 de Granos
Piraquive S.A. en liquidación, expedido por la Superintendencia de Sociedades.
1.4.15.   Copia del memorial
mediante el cual se subsana la solicitud de trámite de liquidación judicial,
dirigido por el apoderado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, a la
Superintendencia de Sociedades, de fecha 20 de diciembre de 2011.
1.4.16.   Copia de la
resolución número 900005 del 23 de diciembre de 2008, expedida por la DIAN, por
medio de la cual se falla el recurso de reconsideración, interpuesto en contra
de la liquidación oficial de revisión número 300642007000133 del 19 de
diciembre de 2007 de la Sociedad Granos Piraquive S.A., en el que se confirma
la liquidación impugnada.
1.4.17.   Copia del estado
de cuenta del predio 011005890004000, de propiedad de Granos Piraquive S.A. en
liquidación, de fecha 1° de julio de 2008.
1.4.18.   Copia de solicitud
de embargo a órdenes de la Superintendencia de Sociedades, del inmueble de
propiedad de Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 060.13767, ubicado en el municipio de
Cartagena, dirigido a la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de
Cartagena, de fecha 13 de febrero de 2012.
1.4.19.   Copia del oficio
de fecha 2 de febrero de 2012, dirigido a la Delgada para Inspección, Vigilancia
y Control de la Superintendencia de Sociedades, por parte de la Coordinadora de
Apoyo Judicial, mediante el cual se remite copia del auto 400-000836, en el que
se decreta la apertura de la liquidación judicial de Granos Piraquive S.A. en
liquidación judicial.
1.4.20.   Copia del auto de
posesión de Rubén Silva Gómez como liquidador de Granos Piraquive S.A. en
liquidación, de fecha 2 de febrero de 2012.
1.4.21.   Copia del oficio
de fecha 2 de febrero de 2012, dirigido a la DIAN, en el que se remite copia
del auto 400-000836, mediante el cual se decreta la apertura de la liquidación
judicial de Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, remitida por Gloria
Lucia Vélez Arango, en calidad de Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial.
1.4.22.   Copia del oficio
de fecha 2 de febrero de 2012, dirigido a Fanny Stella Torres, en calidad de Coordinadora
del Grupo de Relaciones Laborales Individuales y Colectivas del Ministerio de
Protección Social, en el que se remite copia del auto 400-000836, mediante el
cual se decreta la apertura de la liquidación judicial de Granos Piraquive S.A.
en liquidación judicial, remitida por Gloria Lucia Vélez Arango, en calidad de
Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial.
1.4.23.   Copia del oficio
dirigido a la Coordinadora del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de
Sociedades, en el que se le informa del poder especial concedido al abogado
Roberto Emilio Mozo Sánchez por parte de César Eugenio Jaramillo Gutiérrez,
para que represente los intereses de Granos Piraquive S.A. en liquidación, en
su proceso de liquidación judicial.
1.4.24.   Copia de oficio
dirigido por Juan de Jesús Piraquive Laguna en calidad de presidente de  Granos
Piraquive S.A., a Ramiro Castellanos, en el que se autoriza el arriendo de un
predio denominado Vikingos, ubicado en Cartagena, de fecha noviembre de 2006.
1.4.25.   Copia de la
relación de saldos y número de obligaciones de Granos Piraquive S.A. en
liquidación, expedida por la DIAN. Años consultados: 2006 al 2012.
1.4.26.   Copia de consulta
de obligación financiera, a cargo de Granos Piraquive S.A. en liquidación,
correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del año 2007, de
fecha 6 de febrero de 2012.
1.4.27.   Copia de consulta
de obligación financiera a cargo de Granos Piraquive S.A. en liquidación,
correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del año 2008, de
fecha 6 de febrero de 2012.
1.4.28.   Copia de consulta
de obligación financiera a cargo de Granos Piraquive S.A. en liquidación,
correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del año 2011, de
fecha 6 de febrero de 2012.
1.4.29.   Copia de
certificado de existencia y representación de la  Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal – CMT S.A., expedido por la Cámara de Comercio de
Cartagena, de fecha 30 de enero de 2012.
1.4.30.   Copia del contrato
de arrendamiento celebrado entre Ramiro Castellanos Martínez, como
representante legal de Granos Piraquive S.A., en calidad de arrendador y Cesar
Augusto Muñoz Villegas, como representante legal de la sociedad Operador
Portuario Internacional E.U., en calidad de arrendatario; sobre el predio
número 060-13767, ubicado en la ciudad de Cartagena.
1.4.31.   Copia de cesión de
contrato de arrendamiento, en virtud del cual el señor César Augusto Muñoz
Villegas, representante legal de la sociedad Operador Portuario Internacional
S.A., le cede su calidad de arrendatario a la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose
Terminal –CMT S.A., el inmueble número 060-13767, ubicado en la ciudad de
Cartagena.
1.4.32.   Copia de solicitud
dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá, para que inscriba al señor Rubén
Silva Gómez como liquidador de Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial,
de fecha 8 de febrero de 2012.
1.4.33.   Copia de oficio
remitido a la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que se le informa la apertura
de liquidación de Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, por parte de
Gloria Lucia Vélez Arango, Coordinadora de Grupo Apoyo Judicial, de fecha 8 de
febrero de 2012.
1.4.34.   Oficio de fecha 8
de febrero de 2012, dirigido a Martha Ruth Ardila, como Coordinadora del Grupo
de Liquidaciones de la Superintendencia de Sociedades, donde se le informa de
algunos procesos en los que se encuentra incursa la sociedad Granos Piraquive
S.A.
1.4.35.   Copia de informe
de actuaciones judiciales de Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial,
dirigido a Rubén Silva Gómez, de fecha 8 de febrero de 2012.
1.4.36.   Copia de oficio de
fecha 7 de febrero de 2012, dirigido a Martha Ruth Ardila, como Coordinadora
del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de Sociedades, en el que se
le informa la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre Granos
Piraquive S.A. y Operador Portuario Internacional E.U., firmado por el
liquidador Rubén Silva Gómez.
1.4.37.   Copia de oficio de
fecha 7 de febrero de 2012, dirigido a César Eugenio Jaramillo Gutiérrez,
representante legal de la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal
–CMT S.A., en el que se le notifica la terminación del contrato de
arrendamiento.
1.4.38.   Copia de oficio de
fecha 7 de febrero de 2012, dirigido a Martha Ruth Ardila Herrera, como
Coordinadora del Grupo de Liquidaciones  de la Superintendencia de Sociedades,
mediante el cual se le remiten los dos documentos que se relacionan a
continuación:
1.4.38.1.
Copia
de Póliza de Seguros expedida por Seguros del Estado S.A., tomada por Rubén
Silva Gómez, en el que consta que Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial
es el asegurado.
1.4.38.2.
Caución
ordenada por la Superintendencia de Sociedades, de fecha 7 de febrero de 2012.
1.4.38.3. Copia de recibo de pago expedida
por Seguros del Estado S.A., por un valor de $1’904.989.
1.4.39.   Copia de oficio
dirigido a Gloria Lucia Vélez Arango, como Coordinadora del Grupo de Apoyo
Judicial de la Superintendencia de Sociedades, en el que se le informa la
fijación del aviso de admisión al trámite de liquidación judicial de Granos
Piraquive S.A. en liquidación judicial.
1.4.40.
Copia
del auto de la Superintendencia de Sociedades, de fecha 21 de febrero de 2012,
mediante el cual se requiere al liquidador de Granos Piraquive S.A. en
liquidación judicial, para que allegue copia legible de los contratos suscritos
por la mencionada sociedad.
1.4.41.   Copia del auto
mediante el cual la Superintendencia de Sociedades inadmitió la solicitud de
apertura de liquidación de la Sociedad Granos Piraquive S.A, elevada por el
señor Nicolás Muñoz Escobar, apoderado de la sociedad.
1.4.42.   Copia del informe
expedido por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el que hace saber que
en la Fiscalía 52 de Patrimonio Económico cursa una investigación en contra del
señor Nicolás Muñoz Escobar, por el delito de falsedad en documento privado y
fraude procesal.
1.4.43.   Copia del
Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad Portuaria de
Cartagena, expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla.
1.4.44.   Copia del balance
general de la Sociedad Granos Piraquive S.A., a septiembre de 2011.
1.4.45.   Copia de los estados
financieros de la Sociedad Granos Piraquive S.A., a septiembre de 2011.
1.4.46.   Copia del informe
de Revisor Fiscal de la Sociedad Granos Piraquive S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008.
1.4.47.   Copia del estado
de resultados de la Sociedad Granos Piraquive S.A., de prueba 2009.
1.4.48.   Copia del informe
de Revisor Fiscal de la Sociedad Granos Piraquive S.A., al 31 de diciembre de
2010 y 2009.
1.4.49.   Copia del balance
general de la Sociedad Granos Piraquive S.A., a 2010.
1.4.50.   Copia del
Certificado de Existencia y Representación legal de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla.
1.4.51.   Copia de la
resolución N° 900005 de 2008, expedida por la DIAN, mediante la cual se falla
un recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de diciembre de
2007 de la Sociedad Granos Piraquive S.A.
1.4.52.   Copias de algunas
facturas de ventas, en las que constan algunas obligaciones de Granos Piraquive
S.A.
1.4.53.   Copia de la
resolución N° 318 de 2010, en la cual se indican los términos en los que se
podrá otorgar una concesión portuaria a la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A.
1.4.54.   Copia del auto de
apertura de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A., expedido
por la Supersociedades el 27 de enero de 2012.
1.4.55.   Copia del acta de
diligencia de embargo y secuestro de bienes de la Sociedad Granos Piraquive
S.A. en liquidación judicial, expedida por la Superintendencia de Sociedades el
12 de julio de 2012.
1.4.56.   Copia del auto
mediante el cual la Superintendencia de Sociedades rechaza la solicitud de
nulidad presentada por la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal
CMT S.A., en contra de la decisión de apertura del proceso de liquidación de la
Sociedad Granos Piraquive S.A.
1.4.57.   Copia del análisis
de los estados financieros de la Sociedad Granos Piraquive S.A., realizado por
el consultor asesor, señor, Eder Arrieta Pérez.
1.4.58.   Copia de la
declaración de renta de la Sociedad Granos Piraquive S.A.
1.4.59.   Copia del
certificado de la situación jurídica del inmueble arrendado por la Sociedad
Granos Piraquive S.A. a CMT, expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena.
1.4.60.   Copia de la acción
de nulidad y restablecimiento de derechos iniciada por la Sociedad Granos
Piraquive S.A., en contra de 2 actos administrativos de liquidación oficial
expedidos por la DIAN.
1.4.61.   Copia del auto de
apertura de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A., expedido
por la Superintendencia de Sociedades de Bogotá el 27 de enero de 2012.
1.5.
ACTUACIONES
SURTIDAS POR LA SALA DE REVISIÓN
1.5.1.   Mediante Auto del
20 de junio de 2013, el despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y
pretensiones referidos por el accionante, consideró necesario lo siguiente:
“PRIMERO:
REQUERIR, por
medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Juzgado 23 Civil del
Circuito de Bogotá, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a
partir del recibo de la comunicación del presente auto, ENVIE  copia de
la totalidad del expediente correspondiente a la acción de tutela radicada bajo
el número 2012527, interpuesta  por  la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A., contra la Superintendencia de Sociedades”.
1.5.2.   Mediante Auto del
5 de julio de 2013, el despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y pretensiones
referidos por el accionante, consideró necesario lo siguiente:
“PRIMERO.
ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga
en conocimiento de la DIAN, del Distrito de Cartagena, de la Sociedad Gómez
Gómez Abogados Consultores Ltda., de Jairo Yate Segura y de la Notaría 36 de
Bogotá, la solicitud de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para
que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación, expresen lo que estimen conveniente.
SEGUNDO.
ORDENAR
a la Supersociedades y la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación, que
fijen un aviso en sus carteleras por un término de tres (3) días, contados a
partir de la notificación de este auto, mediante el cual comuniquen a los acreedores
de dicha sociedad y, en general, a toda persona que pueda resultar afectada con
la decisión a proferir, el proceso de la referencia, con el fin de que ejerzan
su derecho de defensa y contradicción. Con este objeto, estas personas podrán
presentar en dicho término (3 días), en la Secretaría de la Corte
Constitucional, escrito de intervención.
TERCERO.
COMUNICAR
esta decisión a las partes dentro del proceso de la referencia”.
1.6.
PRUEBAS
Y RESPUESTAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.6.1.
El
20 de junio de 2013, el Juez Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, envió
informe a esta Corporación, mediante el cual manifestó que la acción de tutela
N° 2012-00527, repartida a ese despacho, y promovida por la Sociedad Portuaria
de Cartagena contra la Superintendencia de Sociedades, fue desistida por el
señor Ramiro Castellanos Martínez, a quien se le entregó la demanda y sus
anexos. Como constancia anexó copia del reporte “sistema siglo XXI de la
Rama Judicial”.
1.6.2.
Mediante
escrito radicado en esta Corporación, el señor Javier Hernández Chacón
Oliveros, Asesor Jurídico de la Notaría 36 del Círculo de Bogotá, expresó que “el
notario titular es el Dr. Claret Antonio Perea Figueroa, desde el 17 de
septiembre de 2012”, para lo cual adjuntó copia de su nombramiento.
1.6.3.
El
15 de julio de 2013, el señor Rubén Silva Gómez, liquidador y representante
legal de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación, mediante escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación, expresó que la presente
acción de tutela es improcedente, por cuanto CMT tenía otro medio de defensa
judicial a su alcance, pues “tuvo la oportunidad de controvertir la
actuación que hasta el momento había adelantado la Superintendencia de
Sociedades, a través de la formulación del incidente de nulidad contra el auto
que admitió a Granos Piraquive S.A., a liquidación judicial, el cual fue
presentado y resuelto por el juez del concurso, con todas las garantías
procesales”.
1.6.3.1.
Por
otra parte, expresó el interviniente que “no ha existido vulneración de
derechos fundamentales, pues el juez del concurso actuó de acuerdo al
procedimiento legal, para tal efecto, así: se le recibió el incidente de
nulidad propuesto; se tramitó de acuerdo al procedimiento establecido para el
efecto, incluso, sin que CMT tuviera legitimación; se resolvió por parte del
juez del concurso, con la debida fundamentación y sustentación legal; no
existió en consecuencia, violación a sus derechos fundamentales”.
1.6.3.2.
También
manifestó que “el evento de presentar fuera del plazo concedido los
documentos adicionales solicitados por la Superintendencia de Sociedades para
estudiar la admisión de la sociedad al trámite de liquidación judicial no
genera ninguna ilegalidad, ni vulnera ningún derecho fundamental, pues en ese
momento el acto en sí no tiene la virtualidad de afectar a nadie más que al
mismo interesado. Considerar que ese inocuo formalismo es causal para, por vía
de tutela, decretar la revocatoria por vulneración a un derecho fundamental
inexistente, sería echar por la borda todo el régimen de insolvencia
empresarial”.
1.6.3.3.
Por
último, arguyó que “los intereses de un solo interesado, esto es, CMT, que
alega la inexistencia vulneración de derechos fundamentales porque en virtud de
la ley de insolvencia se dio por terminado un contrato, no puede perjudicar a
todos los demás acreedores, incluidas entidades estatales” (SIC).
Como fundamento del argumento anterior, el
liquidador y representante legal de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en
liquidación, anexó un listado de créditos en los cuales su representada aparece
como deudora de unas sumas de dinero. Entre los acreedores se encuentran:
Colpensiones, Porvenir S.A., DIAN, Alcaldía Mayor de Cartagena, Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., entre otros.
1.6.4.
En
escrito adiado 15 de julio de 2013, la Superintendencia de Sociedades informó
que procedió, de conformidad con las órdenes impartidas en el auto del 5 de
julio de 2013, a fijar un aviso en su cartelera, a través del cual comunicó a
los creedores de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación, y en
general, a toda persona que pueda resultar afectada, la existencia de este
proceso, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
Como prueba de lo anterior anexó copia del aviso.
1.6.5.
El
16 de julio de 2013, el señor Alonso Paredes Hernández, actuando como acreedor
reconocido dentro del proceso de liquidación judicial de la Sociedad Granos
Piraquive en liquidación judicial, manifestó que “la Superintendencia de
Sociedades cuenta con suficientes facultades para dirigir y adecuar el
procedimiento con el fin de hacer efectivas las normas que rigen el trámite de
insolvencia. El artículo 5° en el numeral 11 establece las atribuciones
suficientes para dirigir el proceso y que se logren las finalidades del mismo,
pero que además para el momento en que se inadmite una solicitud aún no se ha
integrado la contradicción con todos los acreedores que son llamados a
participar en el trámite, motivo por el cual no se puede hablar de la
vulneración de un derecho que aún no ha surgido para personas que aún no son
parte dentro de un trámite judicial”.
1.6.5.1.
Adicionalmente
alude que “rechazar un procedimiento por motivos estrictamente formales,
cuando finalmente el proceso debe presentarse y frente a un único juez, es un
total despropósito. Además, debe tenerse en cuenta que en este caso
efectivamente se dan los requisitos para dar inicio a la liquidación judicial
de la Sociedad Granos Piraquive en Liquidación Judicial, toda vez que se han
presentado 14 acreencias insolutas a dicho trámite, de donde se desprende que
efectivamente la referida sociedad se encuentra en una situación que amerita
dicho trámite, por lo que no puede entenderse cuál es el reparo en el que el
mismo se adelante en la forma en que se ha venido haciendo”.
1.6.5.2.
Por
otra parte, el interviniente expresó que la presente acción de tutela no es
procedente por cuanto: i) existen otros medios de defensa; ii) la accionante no
tiene legitimación para interponer la tutela, toda vez que “no detentaba la
tenencia del referido inmueble”; iii) la accionante no es titular de
derechos adquiridos en virtud de una concesión portuaria, debido a que la
Agencia Nacional de Infraestructura negó dicha solicitud de concesión mediante
las resoluciones N° 516 y 517 de 2012, y confirmó su rechazo mediante las
Resoluciones N° 315 y 316 de 2013, de las cuales adjuntó copia; y iv) existe
una actuación temeraria de la accionante, pues ha hecho directamente, o a
través de sus empleados, el uso de la tutela, hasta el punto en que la
Superintendencia de Sociedades, mediante oficios 400-075437 y 400-075438,
ofició a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investigaran dichas
conductas.
1.6.6.
Escrito
del 01 de agosto de 2013, por medio del cual el Doctor César Eugenio Jaramillo
Gutiérrez, en calidad de representante legal de CMT, solicita que se decrete
medida provisional, así como copias de los expedientes aportados por terceros
en virtud del auto de 24 de julio de 2013, dictado en el trámite de revisión.
1.6.7.
Escrito
del 9 de septiembre de 2013, por medio del cual el Doctor César Eugenio
Jaramillo Gutiérrez, en calidad de representante legal de CMT se pronunció
frente a los memoriales presentados por el Doctor Rubén Silva Gómez, liquidador
judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, y el
Señor Alonso paredes Hernández, acreedor de la Sociedad Granos Piraquive S.A.
en liquidación judicial.
1.6.8.
Copia
de la sentencia de tutela del 15 de agosto de 2013, del Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Barranquilla, interpuesta por CMT S.A. contra la Superintendencia
de Sociedades -intendencia regional de Barranquilla-, en la cual se “[deja]
sin valor la decisión tomada por en el auto No. 630-00207 del 8 de abril de
2013, que revocó el auto No 630-000125 de 8 de marzo de 2013 a través del cual
se ordenó al liquidador de la sociedad GRANOS PIRAQUIVE. S.A. en liquidación
judicial, por vulnerar abiertamente el debido proceso del accionante”.
1.6.9.
Copia
de escrito de impugnación presentado por la Doctora Alba Luz Gómez Montes, en
calidad de apoderada especial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. frente a la
sentencia de tutela del 15 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Barranquilla, interpuesta por CMT contra la
Superintendencia de Sociedades -intendencia regional de Barranquilla-.
1.6.10.
Copia
de la sentencia de tutela del 30 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado
Quince Penal Municipal de Barranquilla con funciones de control de garantías,
interpuesta por el señor Martín Carpio Malave contra Rubén Silva Gómez, en la
cual se “tutela el derecho al trabajo y mínimo vital como mecanismo
transitorio del [accionante] hasta tanto la justicia ordinaria resuelva el
fondo del conflicto contractual entre el arrendador Rubén Silva Gómez y el
arrendatario sociedad CMT S.A. […] mediante el proceso abreviado de restitución
de inmueble arrendado”.
1.6.11.
Escrito
del 19 de julio de 2013, radicado bajo el número 2013-01-229093, por medio del
cual Ángela María Echeverri Ramírez, en calidad de Superintendente Delegada
para Procedimientos de Insolvencia, presenta “solicitud [de] investigación
contra el Sr. Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez- representante legal de la
sociedad portuaria Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A.” y “solicitud de
cambio de radicación investigación contra los Doctores Saida Sigrid Bautista,
Juan Carlos Herrera, Martha Rosa Ochoa, Ángela María Echeverri Ramírez” las
cuales se están adelantando en Barranquilla, para que las mismas sean
trasladadas a la ciudad de Bogotá y de esta manera se pueda “ejercer en debida
forma el debido proceso y derecho de defensa”.
1.6.12.
Copia
de escrito de acusación en contra del señor Ramiro Castellanos Martínez,
adelantado por Beatriz Sierra Cruz, en calidad de Fiscal 160 Seccional de la
Unidad Tercera de Fe Pública y Patrimonio Económico.
1.6.13.   Mediante escrito
del 13 de noviembre de 2013, Alonso Paredes Hernández, acreedor de la Sociedad
Granos Piraquive S.A., en calidad de tercero interesado, allegó al despacho del
Magistrado Sustanciador “copia de todas las acciones de tutela presentadas
por la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal S.A. –CMT S.A.
directamente o a través de supuestos empleados, todas ellas tendientes a
dilatar y entorpecer la entrega del inmueble de propiedad de la sociedad
concursada, único activo con el que cuenta la liquidación para atender los
pasivos de la misma”. De las pruebas anexadas se lee que:
1.6.13.1.
En
la tutela número 1, con número de radicación 2012-527, en la que fungió como
accionante la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT,
como accionada la Superintendencia de Sociedades, y que fue conocida por el Juzgado
2° Administrativo del Circuito de Cartagena- Juzgado 23 Civil del Circuito de
Bogotá, se evidencia que:
“El
escrito introductorio de la ésta (SIC) tutela es exactamente igual a la que
curso (SIC) en el Juzgado 6° Laboral del Circuito de Cartagena, y que hoy es
objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional- temeridad”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por CMT contra
la Delegada para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de
Sociedades el 23 de julio de 2012, en el cual se manifestó que:
“(…)
Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez, representante de la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose CMT S.A. (…) manifiesto a usted que por medio del
presente escrito instauro acción de tutela contra la entidad pública de la
referencia, en los siguientes términos:
(…)
La
persona accionante: CMT S.A.
La
entidad accionada es la Nación: Superintendencia de Sociedades.
Petición:
Revocar y dejar sin efectos el auto N°. 400-000836 del 27 de enero del año 2011
firmado por la Dra. Ángela María Echeverri Ramírez, Superintendente Delegada
para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades , mediante
el cual se decretó la apertura del proceso de liquidación judicial y todo el
trámite procesal surtido consecuentemente hacia futuro por haber la
funcionaria, incurrido en DEFECTOS Y VÍA DE HECHO, en franca violación a los
requisitos sustanciales y formales (probatorios) consagrados por la Ley 1116 de
2006, y al Código de Procedimiento Civil y perturbando los derechos
fundamentales y colaterales invocados.
(…)
Hechos:
4.3. Mediante
escritura pública N° 2895 del 14 de noviembre de 2008 de la Notaría 52 de
Bogotá, la Sociedad Granos Piraquive S.A. fue declarada disuelta, por lo que se
inició un proceso de liquidación privada. Dicha decisión fue registrada en la
Cámara de Comercio de Barranquilla el 20 de noviembre de 2008, bajo el N°
1256987 del libro IX.
4.4.
Dentro
de los trámites que pretendió gestionar el liquidador privado de la sociedad
Granos Piraquive S.A. dentro del proceso de liquidación privada, fue la
terminación de un contrato de arrendamiento que había celebrado con la sociedad
Operador Portuario Internacional EU por un término de 50 años, sobre un
inmueble ubicado en Cartagena, el cual serviría de zona adyacente al desarrollo
de una actividad portuaria en el Distrito, contrato  que posteriormente fue
cedido a CMT (actual accionante).
4.5.
El
liquidador privado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, no logró en el
trámite de liquidación privada la terminación del contrato de arrendamiento, ya
que el arrendador y el arrendatario en su momento habían celebrado un pacto de
preferencia a favor del arrendatario, que operaría cuando se decidiera vender
el inmueble o continuar el arriendo con los accionistas adjudicatarios del
bien, en el evento en que éste les fuera adjudicado en una liquidación privada,
todo en aras de dar seguridad jurídica al arrendatario en las inversiones de la
concesión portuaria para el desarrollo del puerto.
4.6.
Al
no tener en el escenario del proceso de liquidación privada  herramientas para
desconocer el contrato de arrendamiento y para arrebatarle el lote a CMT,
desconociendo el pacto de preferencia que les daba derecho a comprar el
inmueble, los accionistas y el liquidador privado decidieron, en esguince a lo
acordado en el contrato, solicitar a la Superintendencia de Sociedades que
mutara la liquidación privada de Granos Piraquive S.A. en un proceso de
liquidación judicial, para verse cobijados por el beneficio contemplado en el
numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, que establece, dentro de los
procesos de liquidación judicial, un efecto inmediato de dar por terminado
todos los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución
instantánea, no necesarios para la preservación de los activos; norma que les
permitiría a los accionistas desconocer las cláusulas contractuales pactadas en
el contrato de arrendamiento, las del contrato de permanencia en el lote en el
proyecto portuario, e ir en contra de la seguridad jurídica que revestía la
inversión portuaria, mutando en este contexto, la  liquidación privada en
judicial.
4.7.
Sin
haberse realizado la liquidación voluntaria antes relacionada, el liquidador de
Granos Piraquive S.A., mediante escrito de fecha 1° de noviembre de 2011,
radicado bajo el N° 2011-01-322217, presentó solicitud ante la Superintendencia
de Sociedades como juez de los concursos judiciales en Colombia, para que
admitiera a la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación privada, a un
proceso de liquidación judicial, bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006. Para
ello, se presentó un balance con corte al 30 de septiembre de 2011, con el fin
de que sirviera de base a la Superintendencia de Sociedades para revisar los
requisitos de admisión.
4.8.
La
Superintendencia de Sociedades, al revisar los documentos aportados por Granos
Piraquive S.A., procedió a inadmitir la solicitud mediante auto 405-01792 del
11 de noviembre de 2011. No obstante la inadmisión, la Superintendencia de sociedades
dio aplicación a lo establecido en el artículo 85 del CPC, por lo que confirió
un término de 5 días a la Sociedad Granos Piraquive S.A. para que completara la
información aludida, so pena de rechazar su solicitud. Dicho auto se notificó
por estado el 16 de noviembre de 2011.
4.9.
El
apoderado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, pasado más de un mes desde
la inadmisión de la solicitud de liquidación judicial, aportó los documentos
que acreditaban la existencia de las obligaciones a su cargo con más de 90 días
de vencidas, sin que hubiesen sido canceladas (la Superintendencia de Sociedades
inadmitió la solicitud de liquidación judicial mediante auto 405-01792 del 11
de noviembre de 2011, y confirió término de 5 días para completar la
información aludida, so pena de rechazo de la solicitud; dicho auto fue
notificado en estado N° 210 del 16 de noviembre de la misma anualidad. Granos
Piraquive S.A. subsanó su solicitud mediante escrito radicado extemporáneamente
el 20 de diciembre de 2011)[2].
Para ello, mantiene las dos (2) obligaciones anotadas en la solicitud inicial
para demostrar la cesación del pago de obligaciones ciertas y exigibles como
requisito de admisión, como lo son la sanción de la DIAN reducida a
$3.506.350.000, y los honorarios de abogados; además, agrega una obligación que
no había citado como requisito de admisión, la cual corresponde a la deuda por
impuesto predial por $755.818.123.
4.10.
Con
fundamento en el estudio del escrito mencionado, la Superintendencia de Sociedades
en vez de darle los efectos de rechazo que ordena el artículo 85 del CPC (el juez señalará
los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término
de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda), procedió a
revisar y verificar los documentos aportados por  Granos Piraquive S.A., y
expidió el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual decretó
la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, y
advirtió que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 la
declaración de apertura de proceso de liquidación judicial produce la
terminación unilateral de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de
activos.
4.11.
Manifiesta
la accionante que la Superintendencia de Sociedades incurrió en vía de hecho
por admitir extemporáneamente la solicitud de liquidación judicial, y por
evaluar indebidamente las pruebas aportadas por Granos Piraquive S.A. para
demostrar los supuestos legales y los requisitos sustanciales mínimos que la
legitimaban para acceder a un proceso de liquidación judicial, en franca
violación de la Ley 1116 de 2006.
4.12.
La
accionante que cuando la Superintendencia de Sociedades mediante auto
405-017929 del 11 de noviembre de 2011 inadmitió la solicitud de liquidación
judicial porque en su concepto, la Sociedad Granos Piraquive S.A. no había
demostrado en el balance presentado los supuestos para ser admitido a un
proceso de liquidación judicial, toda vez que no fueron allegados los anexos o
soportes que acreditaran el incumplimiento de pago de obligaciones de 2 o más
acreedores por más de 90 días, que representaran no menos del 10% del pasivo
total, lo que estaba requiriendo de la Sociedad Granos Piraquive S.A., es que
se presentara prueba de las obligaciones relevadas en el pasivo de los estados
financieros presentadas con corte a 30 de septiembre de 2011, que había citado
como requisito de admisión.
4.13.
El
liquidador privado de Granos Piraquive S.A., al subsanar extemporáneamente la
solicitud, procedió a allegar pruebas documentales que no podían servir para
que la Superintendencia de Sociedades admitiera a la sociedad a la liquidación
judicial, porque los documentos anexados extemporáneamente no podían ser útil
para el respaldo del pasivo revelado en el balance, ya sea porque el documento
demostraba que la obligación soportaba obligaciones no vencidas que no le eran
exigibles a la sociedad (como la deuda contingente con la DIAN), o porque los
documentos que respaldaban la obligación de los abogados fueron expedidos con
posterioridad al cierre del balance de septiembre de 2011, y por tanto, tampoco
eran exigibles a esa fecha”.
(…)
Solicitud
especial de medida cautelar: suspender de manera inmediata y urgente las
actuaciones derivadas de la situación de liquidación judicial, como embargos,
secuestros, ventas, adjudicaciones, etc. de los bienes de propiedad de la
sociedad concursada y todas aquellas que puedan generar una vulneración
inminente e irremediable frente a la sociedad CMT S.A.,(…)”. (Subrayado fuera
del texto).
Respecto
a esta tutela, el señor Paredes Hernández también anexó Auto del 27 de julio de
2012, expedido por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, mediante
el cual se “avocó el conocimiento de la presente acción constitucional que
fue remitida por competencia del Juzgado 2° Administrativo del Circuito de
Cartagena”.
1.6.13.2.      En la tutela
número 2, con número de radicación 00314-00, en la que fungió como accionante
la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT, como
accionada la Superintendencia de Sociedades, y que fue conocida por el Juzgado
6°  Laboral del Circuito de Cartagena, se evidencia que:
“El
escrito introductorio de la ésta (SIC) tutela es exactamente igual a la que
curso (SIC) en el Juzgado 6° Laboral del Circuito de Cartagena, y que hoy es
objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional- temeridad”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por CMT contra
la Superintendencia de Sociedades el 25 de julio de 2012, el cual es
exactamente igual al escrito de tutela antes referenciado.
También se anexó Auto del 25 de julio de
2012, expedido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante
el cual se “ADMITIÓ la acción de tutela de la referencia”.
Además, el señor Paredes Hernández anexó
copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso
de la referencia,  por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena el 13
de agosto de 2012, y por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena el 8 de octubre de la misma anualidad, a las
cuales se hará referencia posteriormente, dado que son el objeto de revisión de
este fallo.
1.6.13.3.
En
la tutela número 3, con número de radicación 0008-2013, en la que fungió como
accionante la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT,
como accionada la Superintendencia de Sociedades, y que fue conocida por el Juzgado
6° Civil del Circuito de Cartagena, se evidencia que:
“Esta
es una tutela presentada el 21 de enero de 2013, con la cual se buscaba dejar
sin efecto la diligencia de secuestro ordenada por la Superintendencia de Sociedades,
dentro del trámite de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A.
en liquidación judicial realizada nuevamente el 21 de diciembre de 2012”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por CMT contra
la Superintendencia de Sociedades el 21 de enero de 2013, en el cual se
manifestó que:
“Hechos:
1. La Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., que
desarrolla su labor comercial en el inmueble en donde se llevó a cabo una
diligencia de secuestro ordenada por la Superintendencia de Sociedades, el día
21 de Diciembre de 2012.
2.
La
Superintendencia de Sociedades, el día viernes 21 de diciembre de 2012 a las
9:00 am, adelantaron diligencia de secuestro, sobre el bien inmueble localizado
en Cartagena, el que se encuentra en posesión de la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., y lugar donde funciona y desarrolla
su actividad comercial.
ARTÍCULO
686 OPOSICIONES AL SECUESTRO.
PARÁGRAFO
2. OPOSICIONES. Podrá oponerse al secuestro la persona que alegue posesión
material en nombre propio o tenencia a nombre de un tercero poseedor (…).
3.
En
fecha 6 de diciembre de 2012 la Inspectora de Policía N° 11 del Distrito de
Cartagena, resolvió abstenerse de realizar lo atinente a una presunta
perturbación del inmueble por parte de la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A., diligencia solicitada por Granos Piraquive
S.A., en el cual, de acuerdo con las probanzas mostradas, mi representada tiene
una legítima posesión, ya que se dio cuenta que se hacía improcedente la
querella solicitada ante la ausencia del requisito necesario para el amparo
policivo, como es la posesión del predio, que comprende que ella debe ser
ostentada físicamente por el querellante (Granos Piraquive S.A.) y no era así.
4.
Amén
de lo anterior, se presentó prueba documental en copia auténtica de la
TRANSACCIÓN suscrita entre la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose
Terminal CMT S.A., y el señor Alfredo Grandet de Lima, en la que el Juzgado 10
Civil Municipal de Cartagena, mediante providencia del 18 de diciembre de 2012,
aprobó la transacción a la que llegaron, y en la cual la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., se queda con la posesión del bien.
5.
A
pesar de lo anterior, la Superintendencia de Sociedades representada por la
señora Saida Sigrid Bautista Acosta, desconoció los derechos de posesión que la
Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. tiene sobre el
inmueble (…), por lo que excedieron su competencia de acuerdo  con el artículo
121 de la Carta Política (…).
Respecto
a esta tutela, el señor Paredes Hernández también anexó la sentencia del 4 de
febrero de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cartagena, que decidió en primera instancia negar el amparo solicitado, tras
argumentar que “Observase del material probatorio arrimado por las partes en
este asunto, que en el aludido proceso liquidatario se encuentra pendiente de
resolver la solicitud planteada por el señor Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez,
en su calidad de representante legal de la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A., atinente a la declaratoria de nulidad de todo
lo actuado dentro de la diligencia de secuestro del ya referido bien inmueble,
circunstancia esta que nos permite concluir la improcedencia de la tutela,
atendiendo su carácter residual y subsidiario, pues mal haría ésta judicatura
en abordar un tema procedimental o sustantivo que es materia de aquel asunto y
que debe ser resuelto por el Juez natural, es decir, por el Juez del
Concursal”.
Igualmente,
el interviniente anexó la sentencia del 22 de marzo de 2013, proferida por la
Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
mediante la cual, al resolver la sentencia de segunda instancia en el proceso
de la referencia, decidió confirmar el fallo impugnado, argumentando que “(…)
existe un proceso de liquidación judicial en contra de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., que en el curso del proceso se ordenó por parte de la
Superintendencia de Sociedades el secuestro de los bienes de la sociedad en
liquidación para lo concerniente al pago de lo adeudado, y que el inmueble que
ocupa la sociedad Portuaria de Cartagena es inmueble de propiedad de ésta, por
lo tanto se realizó esta diligencia. Este proceso de liquidación judicial está
siendo adelantado ante la Superintendencia de Sociedades, tal como lo establece
la Ley 1116 de 2006 en su artículo 6° (…)  Entonces, por los mismos hechos de
la acción de tutela, fue interpuesta por la Sociedad Portuaria de Cartagena un
incidente de nulidad al interior de aquel trámite, el cual hasta la fecha no ha
sido resuelto por el juez ante quien se interpuso, lo que nos lleva a inferir
que no existe la subsidiariedad dentro del mecanismo constitucional (…)”.
1.6.13.4.      En la tutela
número 4, con radicado 00059-01, en la que fungió como accionante la Sociedad
Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT y Alejandro Álvarez
López, como accionado Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, y que fue
conocida por el Juzgado 1° Promiscuo del Circuito de Turbaco, se tiene que:
“Esta
tutela tiene como peculiaridad, que los accionantes dicen tener su domicilio en
la ciudad de Turbaco, cuando en realidad CMT S.A. tiene su domicilio en
Barranquilla, y Alejandro Álvarez López parece tenerlo en la ciudad de
Cartagena, porque así lo afirma en una actuación que efectúa como abogado del
señor Martín Carpio Malave ante la Inspectora de Policía del Barrio 20 de
Julio. Mienten sobre su domicilio para manipular al juez. Igualmente, la
Sociedad CMT S.A. manifestó a la Intendencia Regional de Barranquilla que no
tenía empleados, y este señor Álvarez dice ser empleado de CMT S.A.”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por Alejandro
Álvarez López y César Eugenio Jaramillo Gutiérrez, representante de CMT, contra
el liquidador judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. el 19 de febrero de
2013, en el cual se manifestó que:
“Hechos:
5.1. Entre las partes se firmó en Cartagena de Indias el 27 de diciembre de
2012, un contrato de arrendamiento entre el liquidador de Granos Piraquive S.A.
como arrendador y la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT
S.A. como arrendatario, el cual está vigente y es el que actualmente se está
dando por terminado por parte del liquidador prenombrado; por una causal
inexistente como es la mora en el pago del canon de arrendamiento. Amén de no
haber realizado en forma legal el preaviso, porque ello le daría el derecho a
la sociedad que represento a una renovación del contrato (…).
5.2.
El señor liquidador-secuestre celebró el contrato de arrendamiento con la
sociedad CMT S.A., que represento, el cual fue firmado por el representante
legal de la Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., uno
de los accionistas (…).
5.3.
Ahora bien, si el señor liquidador-arrendador considera que hay causal para dar
por terminado el contrato de arrendamiento por el (SIC)
celebrado, debe promover el condigno proceso de restitución de inmueble (…).
5.4.
Adicionalmente a lo anterior la Sociedad co-accionante, por causa del proceso
de insolvencia que tramita la Sociedad Granos Piraquive S.A., se ha visto
avocada a consecuencias funestas para el desarrollo de la actividad para la
cual fue creada, dificultando por tal hecho, el normal pago de sus obligaciones
contractuales.
5.5.
En virtud de lo anterior, se solicitó un proceso de reorganización en los
términos de la Ley 1116 de 2006, a lo cual accedió la Superintendencia de
Sociedades, Intendencia Regional de Barranquilla, mediante auto N° 630-00894
del 29 de noviembre de 2011 admitiendo a la Sociedad CMT S.A. a un proceso de
validación judicial de un acuerdo de reorganización.
5.6.
(…) el liquidador con clara violación del artículo 21 de la Ley 1116 de 2006
que prevé la continuación de los contratos en las sociedades que adelantan
procesos de reorganización, mediante comunicación fechada el día 5 de febrero
de 2013, exige de manera anticipada la entrega de dicho bien inmueble, no
obstante que a esa fecha, además, se encuentra vigente el nuevo contrato que en
representación de la sociedad Granos Piraquive S.A., firmara con mi
representada por el término de un mes, el cual fue prorrogado por un término
igual hasta el 21 de febrero de 2013, con un canon mensual de $15.000.000.
Respecto
a esta tutela, el señor Paredes Hernández anexó certificación expedida por la
Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. en noviembre de
2012, en la que consta que “CMT S.A. no cuenta en su nómina con trabajadores
afiliados a empresas promotoras de salud, fondos de pensiones y administradoras
de riesgos profesionales, los que laboran en ella lo hacen por prestación de
servicios (…)”.
Así
mismo, el señor Paredes Hernández allegó como prueba la sentencia del 4 de marzo
de 2013, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbaco, que
decidió en primera instancia negar por improcedente el amparo solicitado, tras
argumentar que “(…) la controversia es sobre el contrato resuelto y cuya
restitución de inmueble se exige por el liquidador hoy encartado. Y se reitera
que estas decisiones de contratación han de ventilarse ante instancias
ordinarias, aún sabiendo que no se ha demostrado un perjuicio palpable e
irremediable”.
Igualmente,
el interviniente anexó la sentencia del 22 de agosto de 2013,  proferida por la
Sala de Decisión Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, mediante la cual, al resolver la sentencia de segunda instancia en
el proceso de la referencia, decidió confirmar el fallo impugnado, argumentando
que “(…) no se encuentra acreditado ninguno de los requisitos que hagan
viable la acción de tutela contra particulares, y en todo caso, ser (SIC)
la acción de tutela de carácter subsidiario no acreditándose la existencia de
un eventual perjuicio irremediable de no intervenir el juez constitucional, el
amparo debe denegarse por improcedente (…)”.
1.6.13.5.      En la tutela
número 5, radicado 00050-2013, en la que fungió como accionante el señor
Jhon Jairo Mendoza Guardia, como accionado Granos Piraquive S.A. en liquidación
judicial, y que fue conocida por el Juzgado 12 Penal Municipal de Barranquilla
con Función de Garantías, se tiene que:
“Ésta
tutela tiene como peculiaridad que es presentada por un supuesto empleado de
CMT S.A. siendo que le dijeron a la Intendencia Regional de Barranquilla que no
tenía empleados.
Dentro
del trámite de esta tutela se vincula al proceso a CMT S.A. quien coadyuva
obviamente la posición del accionante, es una forma indirecta de que CMT S.A.,
a través de una persona natural, presente una tutela exactamente igual a la que
ya había presentado en Turbaco, y luego interviene en la misma, para evitar que
les nieguen el amparo por temeridad (…)”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por “Jhon
Jairo Mendoza Guardia, trabajador de CMT S.A., contra Rubén Silva Gómez,
arrendador”[3],
en el cual se manifestó que:
“Hechos:
3.1. Entre las partes se firmó en Cartagena de Indias el 27 de diciembre de
2012, un contrato de arrendamiento entre Rubén Silva Gómez, como arrendador y
el señor Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez como arrendatario, el cual está
vigente y es el que actualmente se está dando por terminado por parte del
liquidador prenombrado; por una causal inexistente como es la mora en el pago
del canon de arrendamiento. Amén de no haber realizado en forma legal el
preaviso, porque ello le daría el derecho a la sociedad que represento a una
renovación del contrato (…).
3.2.
El señor liquidador-secuestre celebró el contrato de arrendamiento con mi
empleador Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez de la sociedad para la cual
trabajo, el cual fue firmado por  mi empleador en esta ciudad de manera
unilateral sin autorización de ninguna otra persona (SIC) (…). Esta
razón nos lleva a decir que se debe iniciar un proceso de restitución de
inmueble tal como lo señala el Código de Comercio y el C.P.C.; y como la misma
Ley 1116 de 2006 en su artículo 74 num.1.
3.3
Adicional a lo anterior, mi empleador, me manifiesta que si se le restituye el
bien, me quedaré sin trabajo y sin que mantener a mi familia y eso traerá
consecuencias funestas para el desarrollo de la actividad para la cual fue
creada la empresa, y no puede continuar con el pago de sus obligaciones (…)”.
Respecto
a esta tutela, el señor Paredes Hernández anexó sentencia del 21 de marzo de
2013, proferida por el Juzgado Doce Penal Municipal de Barranquilla con Función
de Garantías, que decidió en primera instancia tutelar los derechos invocados,
tras argumentar que “(…) para el caso sub judice, frente a la agresión
causada por el arrendador, el actor se encuentra en estado de indefensión,
debido a que con su conducta se está afectando grave y directamente el interés
colectivo. (…) Se colige entonces, que frente a los hechos causados por el
arrendador ha violado (SIC) flagrantemente los derechos al debido
proceso por el no lleno de los requisitos para realizar la diligencia de
lanzamiento, pues como se observa en el plenario, el arrendatario viene
ocupando el inmueble desde diciembre de 2012, donde ha transcurrido menos del
tiempo estipulado en el artículo 518 del Código de Comercio que establece que
los locales comerciales ocupados a título de arrendamiento en los que han
transcurrido más de dos años, donde se desprende que el plazo es el consagrado
por la ley por se un contrato de tracto sucesivo (SIC) ”.
Igualmente,
el interviniente anexó la sentencia del 23 de mayo de 2013,  proferida por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, mediante
la cual, al resolver la sentencia de segunda instancia en el proceso de la
referencia, decidió revocar y negar por improcedente el amparo deprecado,
argumentando que “(…) el señor Silva Gómez no tiene posibilidad de vulnerar
el derecho al trabajo del accionante, pues no es su empleador. El hecho de que
esta persona haya solicitado la entrega del inmueble, no tiene la entidad de
vulnerar tal derecho fundamental del actor. Amparar los derechos fundamentales
del actor, llevaría al traste toda la doctrina sobre libertad contractual y
contratos de arrendamiento en especial, pues nunca se podría dar por terminado
un contrato, o decidir no prorrogar uno, bajo el prurito de que los
trabajadores que allí laboran se quedarían sin empleo (…)”.
1.6.13.6.      En la tutela
número 6, radicado 00032-00, en la que fungió como accionante el señor Martín
Carpio Malave, como accionado Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, y
que fue conocida por el Juzgado 15 Penal Municipal de Barranquilla con Función
de Garantías, se encuentra que:
“Ésta
tutela tiene como peculiaridad que es presentada por un supuesto empleado de
CMT S.A. siendo que le dijeron a la Intendencia Regional de Barranquilla que no
tenía empleados (…).
Dentro
del trámite de esta tutela se vincula al proceso a CMT S.A. quien coadyuva
obviamente la posición del accionante, es una forma indirecta de que CMT S.A.,
a través de una persona natural, presente una tutela exactamente igual a la que
ya había presentado en Turbaco, y luego interviene en la misma, para evitar que
les nieguen el amparo por temeridad”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por Martín
Carpio Malave “trabajador del señor empleador Cesar U. Jaramillo G.”,
contra Rubén Silva Gómez el 7 de mayo de 2013, en el cual se manifestó
que:
“Hechos:
3. Entre las partes se firmó en Cartagena de Indias el 27 de diciembre de 2012,
un contrato de arrendamiento entre Rubén Silva Gómez, como arrendador y el
señor Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez como arrendatario, el cual está vigente
y es el que actualmente se está dando por terminado por parte del liquidador
prenombrado; por una causal inexistente como es la mora en el pago del canon de
arrendamiento. Amén de no haber realizado en forma legal el preaviso, porque
ello le daría el derecho a la sociedad que represento a una renovación del
contrato (…).
El
señor liquidador-secuestre celebró el contrato de arrendamiento con mi
empleador Cesar Eugenio Jaramillo Gutiérrez de la sociedad para la cual
trabajo, el cual fue firmado por  mi empleador en esta ciudad de manera
unilateral sin autorización de ninguna otra persona (SIC) (…). Esta
razón nos lleva a decir que se debe iniciar un proceso de restitución de
inmueble tal como lo señala el Código de Comercio y el C.P.C.; y como la misma
Ley 1116 de 2006 en su artículo 74 num.1.
Adicional
a lo anterior, mi empleador, me manifiesta que si se le restituye el bien, me
quedaré sin trabajo y sin que mantener a mi familia y eso traerá consecuencias
funestas para el desarrollo de la actividad para la cual fue creada la empresa,
y no puede continuar con el pago de sus obligaciones (…)”.
Respecto
a esta tutela, el señor Paredes Hernández anexó sentencia del 30 de mayo de
2013, proferida por el Juzgado Quince Penal Municipal de Barranquilla con
Función de Control de Garantías, que decidió en primera instancia tutelar los
derechos invocados, tras argumentar que “(…)el derecho al trabajo del señor
Martín Carpio Malave, tenemos que su sustento (SIC) depende única y
exclusivamente de la labor desarrollada en la sociedad y de considerar la
solución planteada por el arrendador de dar por terminado de forma unilateral
el contrato de arrendamiento desconociendo el debido proceso atentaría de
manera transitoria contra el derecho fundamental al trabajo y por ende al
mínimo vital (…)”.
Igualmente,
el interviniente anexó la sentencia del 10 de julio de 2013,  proferida por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla, mediante la cual, al
resolver la sentencia de segunda instancia en el proceso de la referencia,
decidió revocar parcialmente el fallo impugnado, argumentando que “(…) en el
presente caso no es procedente la acción de tutela, ni aún como mecanismo
transitorio, por la existencia de otro medio judicial idóneo de defensa y por
no estar acreditada la inminencia de un perjuicio irremediable (…)”.
1.6.13.7.      En la tutela
número 7, radicado 00094-2013, en la que fungió como accionante el señor
Manuel de Jesús Varela Conrado, como accionado Granos Piraquive S.A. en
liquidación judicial, y que fue conocida por el  Juzgado 20 Civil del Circuito
de Barranquilla, se tiene que:
“Ésta
tutela tiene como peculiaridad que es presentada por un supuesto empleado de
CMT S.A. siendo que le dijeron a la Intendencia Regional de Barranquilla que no
tenía empleados.
Dentro
del trámite de esta tutela se vincula al proceso a CMT S.A. quien coadyuva
obviamente la posición del accionante, es una forma indirecta de que CMT S.A.,
a través de una persona natural, presente una tutela exactamente igual a la que
ya había presentado en Turbaco, la que se presentó al Juez 12 Penal Municipal
de Barranquilla y luego interviene en la misma, para evitar que les nieguen el
amparo por temeridad”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó la sentencia
del 2 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Barranquilla, que decidió en primera instancia negar los derechos invocados,
tras argumentar que “(…) aunque el demandante manifiesta en la acción de
tutela que actúa en nombre propio, no posee la titularidad de los derechos
fundamentales que afirma fueron vulnerados por el Secuestre Liquidador de
Granos Piraquive S.A. Su posición es la de empleado de la Sociedad Portuaria de
Cartagena CMT S.A., quien es la titular de los derechos fundamentales que
podrían llegar a ser vulnerados por la actuación del doctor Rubén Silva Gómez
Secuestre Liquidador. De tal manera que el accionante carece de legitimidad por
activa, para invocar de manera directa, la vulneración de unos derechos
fundamentales de los cuales no es titular (…)”.
1.6.13.8.      En la tutela
número 8, radicado 00337-2013, en la que fungió como accionante la Sociedad
Portuaria de Cartagena Multiporpuse Terminal S.A., como accionada la
Intendencia Regional de Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades, y
que fue conocida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Barranquilla, se
encuentra que:
“Ésta
tutela tiene como peculiaridad que en su parte resolutiva se lee el mismo texto
que en el fallo de tutela del Juzgado 15 Penal Municipal de Barranquilla, como
se (SIC)
hubiese sido ese mismo despacho el que la profirió, situación que no parece
accidental si se tiene en cuenta que dicho despacho había fallado hace un par
de semanas una tutela en contra de la sociedad Granos Piraquive.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por César
Eugenio Jaramillo Gutiérrez, representante de CMT, contra la Superintendencia
de Sociedades-Intendencia Regional de Barranquilla[4], en
el cual se manifestó que:
“Hechos: La Sociedad Granos Piraquive
S.A., arrendó a la Sociedad CMT S.A. un bien inmueble localizado en la ciudad
de Cartagena, por el término de 50 años. Luego decidió dar por terminado dicho
contrato y, en lugar de acudir a la justicia ordinaria, los accionistas de
Granos Piraquive S.A., declararon su liquidación privada.
En virtud de lo anterior, y con el único
fin de dar por terminado dicho contrato, solicitaron a la Superintendencia de
Sociedades de Bogotá, la admisión a liquidación judicial de la Sociedad Granos
Piraquive S.A.
Fue así como mediante auto del 27 de enero
de 2012, la Sociedad Granos Piraquive S.A., fue admitida al trámite de una
liquidación judicial. Ante las anteriores circunstancias, el liquidador
confirmó la terminación del contrato de arrendamiento suscrito con CMT S.A. por
el término de 50 años.
La situación anterior hizo que CMT
incumpliera sus obligaciones, encontrándose en cesación de pagos. Esta
circunstancia la obligó a presentar ante la misma Superintendencia de
Sociedades, pero ante la Intendencia Regional de Barranquilla, lugar de su
domicilio, un proceso de validación judicial de un acuerdo de reorganización. Entonces,
desde el 29 de noviembre de 2011, CMT S.A. se encuentra cobijada por las normas
que gobiernan el proceso de reorganización, las cuales impiden a todas luces la
terminación de contratos y la restitución de los bienes inmuebles donde la
arrendataria (deudora) desarrolla su labor.
A pesar de encontrarse mi representada
adelantando un proceso de reorganización, el liquidador de la sociedad
arrendador Granos Piraquive S.A., dio por terminado el último contrato de
arrendamiento firmado el 27 de diciembre del año 2012.
(…) Mi representada en aras de proteger
sus intereses y de evitar el fracaso del proceso de validación judicial que
viene adelantando ante la Intendencia Regional de la Superintendencia de
Sociedades Barranquilla, solicitó al juez de dicho proceso la suspensión de la
orden de entrega de dicho bien inmueble por parte del liquidador de la sociedad
arrendadora Granos Piraquive S.A.
Ante la petición anterior, el Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades de Barranquilla acató nuestra
petición (…) Sin embargo, Granos Piraquive presentó fuera de término recurso de
reposición contra la decisión consignada en dicho auto, el cual fue rechazado
por extemporáneo. (…) No obstante, el juez del proceso a pesar de encontrarse
en firme esta providencia por haber dejado los interesados vencer los términos
para recurrirlo, revocó su propia decisión.
El juez del proceso argumentó su decisión
de revocatoria, en la inconveniencia que la decisión en él contenida
representaba no, para el proceso de reorganización de la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., sino para la arrendadora Granos
Piraquive”.
El
señor Paredes Hernández sentencia del 15 de agosto de 2013,  proferida por el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, que decidió en primera
instancia tutelar al accionante su derecho al debido proceso, y reiniciar toda
la actuación judicial, en procura de garantizar los derechos de la accionante,
ello en virtud de que “la terminación del contrato y el desalojo del bien
inmueble representa un perjuicio irremediable para la sociedad en
reorganización, más aún cuando existen otras medidas que pueden adoptarse para
el éxito del proceso y satisfacción de los acreedores dentro del proceso
liquidatorio de Granos Piraquive S.A. (…)”.
Igualmente,
el interviniente anexó la sentencia del 11 de octubre de 2013, proferida por la
Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, mediante la cual, al resolver la sentencia de segunda instancia
en el proceso de la referencia, decidió no tutelar los derechos invocados,
argumentando que:
“(…)
Es claro entonces que la función del lote arrendado es la de servir
exclusivamente de parqueadero de vehículos, actividad que en nada desarrolla el
objeto social de la accionante, luego no es predicable en el presente asunto
las prohibiciones contenidas en el artículo 22 de la Ley 1116 de 2006.
Además
de lo anterior es de anotar que la Agencia Nacional de Infraestructura, a través
de las resoluciones 516 y 517 de septiembre de 2012, negó las solicitudes de
concesión portuaria solicitada por la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A., y ordenó el archivo del expediente, por lo que
en este momento la accionante no cuenta con la concesión portuaria que alega en
su escrito de tutela, y por tanto el bien inmueble arrendado no tiene el
carácter de uso público y necesario para el desarrollo del objeto social de la
entidad accionante.
Finalmente,
hay que resaltar que el contrato de arrendamiento fue firmado por la hoy
accionante aun sabiendo que la entidad arrendadora se encontraba inmersa desde
hacía casi un año en proceso de liquidación judicial; por tanto, se debe
aceptar la posibilidad de dar por terminado el contrato, pues aceptarse lo
contrario sería darle carácter de obligación irremediable al contrato de
arrendamiento suscrito entre las partes (…)”.
1.6.13.9.
En
la tutela número 9, radicado 00104-2013, en la que fungió como  accionante la
Sociedad Portuaria de Cartagena Multiporpuse Terminal S.A., como accionado
Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, y que fue conocida por el Juzgado
16 Penal Municipal de Barranquilla, se tiene que:
“Ésta
tutela tiene como peculiaridad que una vez vinculada la Superintendencia de
Sociedades se debió remitir el expediente por competencia a un juez del
circuito como en efecto se solicitó, sin embargo, el despacho continuó con el
trámite y profirió fallo amparando los derechos supuestamente vulnerados”.
Como sustento de lo anterior, el
interviniente anexó el escrito de demanda de tutela presentada por César
Eugenio Jaramillo Gutiérrez,  representante de CMT, contra Rubén Silva Gómez[5],
en el cual se manifestó que:
“Hechos:
La Sociedad Granos Piraquive S.A. arrendó a la Sociedad CMT un bien inmueble en
la ciudad de Cartagena, por el término de 50 años. Luego decidió dar por
terminado dicho contrato, y en su lugar acudir a la justicia ordinaria.
Mediante una diligencia de secuestro se permitió realizar a su vez un lanzamiento
sin que mediara sentencia proferida por un juez ordinario.
En
virtud de lo anterior y para dar por terminado dicho contrato, solicitaron a la
Superintendencia de Sociedades de Bogotá una diligencia para secuestrar el bien
inmueble. Fue así como el liquidador-arrendador da por terminado anteriormente
a esta diligencia el contrato (SIC) el contrato firmado por las
partes.
Concomitante
con lo anterior, CMT actualmente se encuentra adelantando proceso de validación
judicial de un acuerdo de reorganización ante la Intendencia Regional de la
Superintendencia de Sociedades de Barranquilla, y las normas que gobiernan
dicho acuerdo impiden la terminación de contratos y la restitución de los
bienes inmuebles donde la arrendataria (deudora) desarrolla su objeto social.
A
pesar de encontrarse mi representada adelantando un proceso de reorganización,
y sin reparar que dentro del mismo, las normas que lo rigen prohíben la
terminación y de los (SIC)
contratos de tracto sucesivo y restitución de los inmuebles donde la sociedad
ejerce su objeto social, el liquidador de la sociedad arrendadora Granos
Piraquive S.A. dio por terminado el último contrato de arrendamiento firmado el
27 de diciembre del año 2012”.
El
señor Paredes Hernández anexó la sentencia del 1° de octubre de 2013, proferida
por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla, que decidió en primera instancia tutelar el derecho fundamental
al debido proceso de la accionante, tras argumentar que “(…) se desprende de
la diligencia de secuestro aportada con la demanda de tutela que efectivamente
por parte de quienes realizaron la diligencia de secuestro violaron el derecho
fundamental alegado por el accionante, máxime si se tiene en cuenta que CMT
tiene la calidad de arrendatario y que desarrolla allí su objeto social. El
impedir que continúe con el desarrollo de sus actividades le ocasionaría los
perjuicios económicos señalados por el actor”.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
La
Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591
de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
2.2.1.   Corresponde a esta
Sala establecer si ¿la acción de tutela es procedente para revocar y dejar sin
efectos el auto del 27 de enero de 2012, emitido por la Superintendencia de Sociedades,
mediante el cual decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la
Sociedad Granos Piraquive S.A., por haber violentado presuntamente los preceptos
contenidos en la Ley 1116 de 2006 y en el Código de Procedimiento Civil? De ser
procedente la acción de tutela para revocar y dejar sin efectos el auto de que
se trata, el problema
jurídico a resolver será: ¿la Superintendencia de Sociedades vulneró el derecho
al debido proceso de la accionante al decretar la apertura del trámite de
liquidación judicial de los bienes de la Sociedad Granos Piraquive S.A., aun
cuando ésta subsanó extemporáneamente la solicitud de apertura?
2.2.2.   Para resolver el
problema jurídico planteado en este caso, la Sala analizará: i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela en contra de fallos dictados por la
Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria de
sociedades; ii)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; iii) el defecto procedimental como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv)
el derecho al debido proceso; y v) breve caracterización del proceso de
liquidación judicial en Colombia. Posteriormente, la Sala pasará a estudiar
el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE FALLOS DICTADOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE
SOCIEDADES
2.3.1.   El artículo 116 de
la Constitución Política de Colombia, establece que “excepcionalmente la ley
podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la
instrucción de sumarios ni juzgar delitos”. En esa medida, se justifica
constitucionalmente la administración de justicia por autoridades diferentes a
los jueces, aun cuando se restringe la posibilidad de juzgar causas criminales.
Sobre
el particular, la Corte explicó en la sentencia C-415 de 2000, el alcance que
tiene la excepción consagrada en el artículo 116 Superior. Al respecto indicó que:
“en
esta disposición el Constituyente consagró de forma clara y precisa, que si
bien dentro de la estructura del Estado corresponde al poder judicial la
administración de justicia, excepcionalmente la ley puede atribuirle facultades
jurisdiccionales a las autoridades administrativas”.
2.3.2.   En efecto, el
legislador ha desarrollado la atribución de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia
de Sociedades, de manera general, en la ley 222 de 1995, la cual fue derogada
en algunos de sus apartes por la Ley 1116 de 2006; no obstante, la facultad
jurisdiccional en cabeza de la Superintendencia de Sociedades se mantuvo,
señalándose que ésta conocerá del proceso de liquidación judicial, como juez
del concurso, en el caso de las sociedades, empresas unipersonales y sucursales
de sociedades extranjeras.
2.3.3.   De acuerdo con el
contenido de los artículos citados, esta Corporación ha sostenido que[6]
la naturaleza de la función judicial que ejerce la Superintendencia de
Sociedades, por asignación legal de competencia según el artículo 116 de la
Constitución, debe garantizar, dentro del trámite que la misma ley le
estableció, el respeto de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se
encuentra el debido proceso de los administrados. En palabras del Alto Tribunal
de lo Constitucional:
“Sobre
el particular, la Corte estima que el proceso de liquidación obligatoria de empresas
debe adecuarse para garantizar los principios y derechos consagrados en la
Constitución Política.
(…)
las decisiones que dicte la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de
funciones jurisdiccionales deben estar ajustadas a los principios y derechos de
origen constitucional so pena de que sea procedente contra ellas la acción de
tutela en aras de salvaguardar dichos fundamentos superiores”.
2.3.4.   En concreto, la
Corte Constitucional ha
avalado el ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia
de Sociedades, bajo el entendido de que no impide la interposición de la acción
de tutela contra las providencias adoptadas por dicha entidad en ejercicio de
funciones jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso
que actuare excediendo sus competencias jurisdiccionales.
2.3.5.   Al respecto, la
sentencia T-954 de 2004 advirtió que “la acción de tutela viene a ser el
mecanismo apropiado para defender los derechos fundamentales involucrados en
los asuntos jurisdiccionales, confiados a la Superintendencia, en especial
porque no existen mecanismos ordinarios de defensa judicial contra sus
decisiones”.
2.3.6.   A la atribución
jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades también se refirió la sentencia T-757 de 2009. En
ésta, la Sala Sexta de Revisión declaró la configuración de un defecto
procedimental por cuanto la Superintendencia de Sociedades actuó desconociendo
el procedimiento establecido en materia de nulidades e irregularidades, al
excluir un crédito laboral del proceso liquidatorio, por encontrar
indebidamente representado al acreedor, cuando previamente había reconocido a
su apoderado. Sobre el tema, expuso en esa ocasión esta Corte que:
“Queda
entonces claro que la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa de
orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y control de las
sociedades no vigiladas por otras Superintendencias, desempeña funciones de
tipo jurisdiccional en el desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de
sociedades mercantiles, y que sus decisiones, por lo tanto, constituyen
providencias judiciales, lo que indica que, eventualmente, éstas pueden llegar
a constituir vías de hecho y pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la
acción de tutela. Sin embargo, para verificar la procedencia excepcional de la
acción de tutela en tal hipótesis, es necesario que la Sala realice un estudio
de los medios judiciales de defensa de los que disponen las partes que
intervienen en los procesos de liquidación obligatoria”[7].
2.3.7.   En reiteración de
lo anterior, la sentencia T-568 de 2011, precisó que las decisiones de la
Superintendencia de Sociedades en trámites concursales equivalen a sentencias
judiciales contra las cuales procede la acción de tutela. Al respecto, el Alto
Tribunal señaló lo siguiente:
“(…)
toda decisión proferida dentro de las funciones jurisdiccionales de los
trámites concursales cuyo conocimiento le fue asignado a la Superintendencia de
Sociedades por la mencionada ley, equivalen a una providencia judicial, contra
la cual de haberse presentado irregularidades, es viable a los ciudadanos
acudir a la acción de tutela.
(…)
En consideración a los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte
Constitucional ha explicado que (i) los autos proferidos por la Superintendencia
de Sociedades, actuando como juez concursal, tienen carácter jurisdiccional,
así que no son susceptibles de control por la vía gubernativa, ni a través de
las acciones contenciosas previstas por la Ley para controlar la legalidad de
los actos administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de tutela resulta
procedente para controvertir tales providencias, siempre que se evidencie
amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan agotado
los medios de control de legalidad previsto por el legislador para cada
procedimiento.
Así
las cosas, procede la acción de tutela contra los autos proferidos por la
Superintendencia de sociedades durante los procesos concursales”.
2.3.8.   Así las cosas, se
tiene que por mandato constitucional y legal, la Superintendencia de Sociedades
está provista de facultades jurisdiccionales, por lo que sus decisiones
constituyen providencias judiciales, las cuales pueden, eventualmente, llegar a
constituir vías de hecho, siempre que no estén ajustadas a los principios y
derechos constitucionales.
Entonces,
de haberse presentado irregularidades en las decisiones judiciales de la
Superintendencia de Sociedades, que implique un ejercicio arbitrario de sus
funciones,  es viable a los ciudadanos acudir a la acción de tutela en aras de
salvaguardar los fundamentos superiores.
2.3.9.   Una vez definida
la habilitación constitucional y legal de la Superintendencia de Sociedades para
ejercer funciones jurisdiccionales, así como el carácter de sus
pronunciamientos en ejercicio de esa competencia, resulta pertinente reiterar
las reglas sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales.
2.4.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.4.1.   Atendiendo los
parámetros establecidos en los artículos 86 de la Constitución Política, 2° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[8],
esta Corte ha decantado progresivamente pautas respecto a las condiciones
excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
2.4.2.   Según lo ha
expresado esta Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, es de
alcance excepcional y restringido[9]
y se predica solo de aquellos eventos en los que pueda considerarse que una
actuación del juzgador, es manifiestamente contraria al orden jurídico o al
precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Afirmación que encuentra un claro fundamento en la implementación por
parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional
basado, concretamente, “(i) en el carácter normativo y supremo
de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en
el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii)
en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la
interpretación de la Constitución y la protección de los derechos
fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para
promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus
derechos fundamentales”[10].
2.4.3.   La Sala Plena de
la Corte en la sentencia C-590 de 2005[11],
expuso el precedente vigente sobre la materia, en ella se distingue entre
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Los primeros tienen que ver con las condiciones fácticas y de
procedimiento, que buscan hacer compatible el amparo con la eficacia de valores
de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que
la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama
jurisdiccional. Los segundos, se refieren a la descripción de los defectos en
que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
2.4.4.   Los requisitos
generales y específicos de la acción de tutela contra sentencias, según lo
expuso la sentencia C-590 de 2005[12], son los
siguientes:
“Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para
la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría
sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad
comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio
correspondiente.
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente,
sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.
Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala
respectiva, se tornan definitivas”.
2.4.5.   Los requisitos
específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en
virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos
constitucionales. Estos defectos son los siguientes:
“Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada,
pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la
plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la
arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho
fundamental al debido proceso[13].
Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Al respecto,
debe recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para su
comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Ello debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno
de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es una
tarea que involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias
jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo,
sino también la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario
judicial, a partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área
del derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de
sana crítica.
Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto.
Esta misma falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o
sustantivo apela a la necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte
racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas
constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia
entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos preceptos de
derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y debidamente
recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del conocimiento[14].
Error
inducido, tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia” que
se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales[15].
Sentencia
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no
se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia
y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo
decidido. Es evidente que una exigencia de racionalidad mínima de toda
actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la decisión
correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la
sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso.
Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[16].
Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
2.4.6.   El estudio
jurisprudencial permite advertir que el asunto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias judiciales “se muestra complejo, puesto que la
adecuada protección de los principios y valores constitucionales implica un ejercicio
de ponderación entre la eficacia de la mencionada acción -presupuesto del
Estado Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e
independencia judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica”[17].
2.4.7.   En resumen, como
ha sido señalado en reciente jurisprudencia “la acción de tutela contra
sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar
aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es
concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia”[18].
2.5.
EL
DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.5.1.   La causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto procedimental, encuentra su sustento en los
artículos 29 y 228 de la Constitución, que se refieren a los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, y al principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
2.5.2.   En principio, este
defecto se materializa cuando se desconocen las formas propias de cada juicio;
pero también pude producirse por un exceso ritual manifiesto, en virtud del
cual se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los individuos por
motivos formales. Así, existen dos tipos de defectos procedimentales: uno
denominado defecto procedimental absoluto, y el otro que es un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
2.5.3.   El defecto
procedimental absoluto se configura cuando “el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de
un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente
ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso”[19].
2.5.4.   En relación con
esta materia, debe insistirse en que “la irregularidad procesal debe ser de
tal magnitud que sus consecuencias resulten materialmente lesivas a los
derechos fundamentales, en especial el debido proceso” [20].
Así, si a pesar de existir una irregularidad, ésta carece del efecto
mencionado, en tanto no interfiere en el contenido y alcance de ese derecho, no
podrá predicarse la estructuración del defecto de que se trata.
2.5.5.   Ahora bien, es de
anotarse que la trascendencia del defecto procedimental absoluto como condición
para declarar su incompatibilidad con la eficacia del derecho al debido
proceso, es un asunto tratado por la Corte en distintas oportunidades.
Sobre el tópico la jurisprudencia ha determinado que “la acreditación de ese
defecto depende del cumplimiento de dos requisitos concomitantes: (i) que se
trate de un error de procedimiento grave, que tenga incidencia cierta y directa
en la decisión de fondo adoptada por el funcionario judicial correspondiente,
de modo tal que de no haber incurrido en el error el sentido del fallo hubiera
sido distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con el
defecto fáctico antes estudiado; y (ii) que tal deficiencia no sea atribuible a
quien alega la vulneración del derecho al debido proceso”[21].
2.5.6.   En forma de
síntesis se puede decir que el defecto procedimental absoluto se configura
cuando el funcionario judicial haya actuado completamente al margen del
procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Además de lo anterior,
también se puede decir que esta causal además tiene una naturaleza cualificada,
pues para su configuración se debe cumplir con la exigencia de que se esté ante
un trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las
reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión
adoptada responda únicamente al capricho y a la arbitrariedad del funcionario
judicial y, en consecuencia, desconozca el derecho fundamental al debido
proceso.
2.6.
EL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
2.6.1.   El debido proceso
es un derecho fundamental[22],
que se ha definido como “una serie de garantías que tienen por fin sujetar
las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas
específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos
e intereses de las personas en ellas involucrados”[23]. En
este sentido, la Corte Constitucional ha señalado:
“El respeto al
derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de
la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus
actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos,
“con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se
encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la
actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la
imposición de una sanción"[24]
2.6.2.   Este derecho tiene
por finalidad fundamental: “la defensa y preservación del valor material de
la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la
preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)”[25].
2.6.3.   Por lo anterior,
la importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo,
por lo cual deben respetarse los principios procesales de publicidad,
inmediatez, libre apreciación de la prueba y, lo más importante: el derecho
mismo[26]. En este sentido,
esta Corporación ha señalado:
“El
debido proceso compendia la garantía de que todos los demás derechos
reconocidos en la Carta serán rigurosamente respetados por el juez al resolver
asuntos sometidos a su competencia, como única forma de asegurar la materialización
de la justicia, meta última y razón de ser del ordenamiento positivo”[27].
2.6.4.   Las garantías que
integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de
estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas,
pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción del
proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún
ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la
conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia
pervirtiendo el camino que conduce a ella[28].
2.6.5.   Debe destacarse
que la tutela constitucional de este derecho no se dirige a proteger el
riguroso seguimiento de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de
reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente,
es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde
el simplemente legal[29].
2.6.6.   La jurisprudencia
de esa Corporación ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso[30]:
i)
El
derecho al juez natural, es decir, al juez legalmente competente para
adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva, con carácter
definitivo; dicho juez debe ser funcionalmente independiente e imparcial y por
ello solo está sometido al imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.). Este
principio se ve materializado en el derecho a ser juzgado por el juez competente
de acuerdo a la ley.
ii)      El derecho a ser
juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio. Dentro de estos
elementos se destaca el establecimiento de esas reglas mínimas procesales[31],
entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según
la naturaleza del juicio, determinan  los procedimientos o trámites que deben
surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.”[32].
De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de
legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al
principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por
consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem”[33].
iii)    El derecho a la
defensa,
que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que
se alleguen en su contra, formular  peticiones y alegaciones e impugnar
las decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como
presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones
para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o
de los auxiliares de la justicia,  y las notificaciones, comunicaciones y
publicaciones de las decisiones adoptadas.
iv)    El derecho a
obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los
principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del
juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C.
Pol.)
v)       El derecho a que
las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones
injustificadas.
2.7.
BREVE
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL EN COLOMBIA
2.7.1.   La
empresa es la base del desarrollo[34], fuente de empleo y de bienes y
servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad[35],
por ello tiene una función social que implica obligaciones con sus trabajadores
y con la sociedad[36], que exige el pago de salarios justos
y el suministro de bienes y servicios que sean cuantitativa y cualitativamente
aptos para el bienestar de los habitantes[37].
2.7.2.   Por lo
anterior, le corresponde al Estado, no solamente exigir el cumplimiento de esta
función, sino también estimular el desarrollo empresarial[38]
y promover su reactivación en aquellos eventos en los cuales la empresa se
encuentre en una situación especial[39].
2.7.3.   La
actividad económica de las empresas es fundamental para el Estado y por ello
éste puede establecer legítimamente políticas de estímulo y protección de las
que se beneficiarían los operadores económicos que sigan sus pautas:
“El resultado económico de las empresas no es indiferente para el
Estado. En algunos casos se desearía favorecer la industrialización de una
determinada región; en otros, los objetivos de la política económica, pueden
orientarse a desestimular ciertas iniciativas y empresas, ya sea por una
excesiva oferta en el mercado o por sus efectos perjudiciales en términos de
absorción de determinadas materias primas o recursos financieros. En estos
casos, aparte de los medios de intervención directa, el Estado puede
legítimamente establecer políticas de estímulo de las que se beneficiarían los
operadores económicos que sigan sus pautas. El conjunto de estas políticas –
créditos de fomento, exenciones tributarias, garantías, autorizaciones
especiales, facilidades crediticias y cambiarias, contratos-programa, premios,
inversiones en el capital social etc. -, sin duda, amplía la esfera de la
empresa y le imprime materialmente a su actividad, en la medida en que ella
efectivamente secunde los objetivos de la intervención estatal, una función social
específica. Cabe concluir que en ciertos casos la función social de la empresa,
se logra como una contrapartida a los incentivos económicos que el legislador
decide otorgar con vistas a alcanzar determinados objetivos económicos de
interés general”[40].
2.7.4.   En
este sentido, la función que cumple la empresa en una sociedad es el fundamento
de un sinnúmero de intervenciones legítimas del Estado[41],
dentro del marco de un Estado Social de Derecho y de una economía social de
mercado:
“Conforme a lo dispuesto por el artículo 334 de la Carta Política,
al Estado le corresponde la dirección general de la economía y, en tal virtud,
el legislador se encuentra autorizado para dictar normas de intervención en
ella que garanticen que la actividad económica se desarrolle sin menoscabo de
los principios y valores adoptados por el Constituyente de 1991. Ello
significa, entonces, que ha de preservarse la organización democrática de las
empresas, el cumplimiento de la función social de éstas, el fomento del empleo,
el respeto a los derechos fundamentales, el derecho de participación en todas
sus manifestaciones, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
la igualdad de oportunidades y el estímulo a las actividades empresariales,
dentro del marco de un Estado social de Derecho y una economía social de
mercado”[42] .
2.7.5.   En
este marco surgen las medidas de reactivación empresarial, las cuales  se
fundamentan en la competencia constitucional del Estado para intervenir en la
economía, a  fin de lograr la reactivación de las empresas, en atención a
que desde la óptica constitucional son consideradas como la base del
desarrollo, según lo dispuesto en los artículos 333 y 334 de la Carta Política[43].
2.7.6.   Dentro
de este contexto, ha de entenderse que los procesos concursales, como procesos
de carácter universal, no solo se encaminan a hacer efectivas las obligaciones
del deudor en estado de insolvencia, sino que persiguen, en lo fundamental, que
la empresa que por diversas circunstancias se encuentre en él, no se vea
avocada de manera ineludible a su liquidación. Es decir, se sustituyen los
intereses particulares para obtener a toda costa el pago de obligaciones
insolutas, por otro de interés general, de contenido social, a fin de que la
empresa supere dificultades transitorias económicas, y  continúe con sus
actividades, de las cuales no ha de beneficiarse únicamente el empresario sino
la sociedad.
2.7.7.   No
obstante lo anterior, pese a que el régimen de insolvencia empresarial se
enmarca dentro de la política de estimular el desarrollo empresarial, por lo
que tiene una clara preferencia sobre la recuperación de la empresa antes que
su liquidación, la Ley 1116 de 2006 en su artículo 49, ha creado un sistema de
liquidación obligatoria, para cuando se da un incumplimiento del acuerdo
concursal o para cuando exista alguna de las causales de liquidación inmediata
que la misma ley establece.
2.7.8.   En este sentido, el
proceso de liquidación judicial regulado en la Ley 1116 de 2006, está dirigido
a volver líquidos los bienes del deudor, para que los recursos que con ello se
obtengan, sean destinados al pago de sus obligaciones. Entonces, “el proceso
de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el
aprovechamiento del deudor”[44].
2.7.9.   Respecto al
trámite del proceso de liquidación judicial, se tiene que éste puede
iniciarse ante la Superintendencia de Sociedades, en el caso de las
sociedades comerciales del sector real, empresas unipersonales, sucursales de
sociedades extranjeras, y personas naturales comerciantes que lo soliciten (o a
prevención). Así mismo, puede iniciarse ante los jueces civiles del circuito
del domicilio del deudor, en el caso de las personas naturales comerciantes
que lo soliciten y los demás casos no excluidos del régimen.
2.7.10.   En cuanto a la apertura
de la liquidación, la ley colombiana se refiere al proceso de
liquidación judicial y al proceso de liquidación judicial inmediata
-artículos 47 y 49 de la Ley 1116 de 2006 respectivamente-, cuya diferenciación
tiene especial relevancia respecto de las causas de apertura del proceso
liquidatorio, ya que desde el punto de vista procesal constituyen una misma
liquidación judicial.
2.7.11.   Acerca del inicio
del proceso de liquidación judicial, el artículo 47 de la Ley 1116 de 2006
estipula que este proceso judicial iniciará por (i) incumplimiento del acuerdo
de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de
reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999; y (ii) las causales
de liquidación judicial inmediata previstas en la ley 1116 de 2006.
2.7.12.   Por su parte, el
artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 prevé que la providencia de apertura
del proceso de liquidación judicial dispondrá (i) el nombramiento de un
liquidador, quien tendrá la representación legal, cuya gestión deberá ser
austera y eficaz; (ii) la prohibición para que el deudor realice operaciones en
desarrollo de su objeto, so pena de ser ineficaces de pleno derecho, con
excepción de los actos jurídicos necesarios para la inmediata liquidación y los
que busquen la adecuada preservación de los activos; (iii) las medidas
cautelares sobre los bienes del deudor y la orden de inscripción del proceso;
(iv) la fijación por un término de diez (10) días de un aviso que informe sobre
el proceso de liquidación; (v) un plazo de veinte (20) días, contados a partir
de la desfijación del aviso que informa sobre el inicio del proceso de
liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al
liquidador. Transcurrido este plazo el liquidador dentro de un plazo entre un
(1) mes y tres (3) meses, deberá presentar ante el juez el proyecto de
graduación y calificación de créditos y derechos de voto, para que el juez,
dentro de los quince (15) días siguientes, emita auto que reconozca los mismos;
(vi) la orden de oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o
de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia; (vii) la orden al
liquidador para que elabore el inventario de los activos del deudor dentro de
un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión, así como el
avalúo de los bienes por expertos designados; entre otros.
2.7.13.   El proceso
liquidatorio inmediato se encuentra contemplado en el artículo 49 de la
Ley 1116 de 2006, el cual prevé la apertura inmediata del proceso de
liquidación en los siguientes eventos: (i) cuando el deudor lo solicite
directamente, o cuando incumpla su obligación de entregar oportunamente la
documentación requerida, como consecuencia de la solicitud de un proceso de
insolvencia por parte de un acreedor; (ii) cuando el deudor abandone sus
negocios; (iii) por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la
respectiva empresa; (iv) por decisión motivada de la Superintendencia de
Sociedades; (v) por solicitud conjunta del deudor y de un número plural de
acreedores titulares de no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo
externo; (vi) por solicitud expresa de inicio de trámite del proceso de
liquidación judicial por parte de una autoridad o representante extranjero; (vii)
cuando se tenga a cargo obligaciones vencidas por concepto de mesadas pensionales,
retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos
efectuados a los trabajadores, o aportes al sistema de seguridad social.
2.7.14.   En cuanto a la
designación del promotor o liquidador dentro del proceso concursal, el artículo
63 de la Ley 1116 de 2006 dispone que al iniciar el proceso de insolvencia el
juez del concurso designará por sorteo público al promotor o liquidador en
calidad de auxiliar de la justicia, escogido de la lista elaborada para tal
efecto por la Superintendencia de Sociedades.
2.7.15.   Se estipula
igualmente en el numeral 8 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, que la
providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del proceso
de liquidación judicial no admite ningún recurso, con excepción de las causales
relativas al abandono de los negocios por parte del deudor y de las
obligaciones vencidas por concepto de mesadas pensionales o aportes al sistema
de seguridad social, eventos en los cuales contra dicha providencia cabrá
recurso de reposición.
El
parágrafo 2º del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006 dispone que la solicitud de
inicio del proceso de liquidación judicial por parte del deudor o de éste y sus
acreedores debe acompañarse de los estados financieros y un estado de
inventario de activos y pasivos.
2.7.16.   En relación con la
apertura del proceso liquidatorio y los efectos de la iniciación del proceso
de liquidación judicial, el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 establece
una serie de consecuencias jurídicas de la mayor relevancia, que tienen que ver
con aspectos relacionados (i) con la persona del deudor y su actividad; (ii)
con las obligaciones a su cargo; (iii) con sus bienes; (iv) con cuestiones de
orden estrictamente procesal.
Entre
otros, la normatividad prevé los siguientes efectos de la apertura o iniciación
de la liquidación judicial: (i) la disolución de la persona jurídica, (ii) la
terminación de contratos, (iii) la finalización de encargos fiduciarios, (iv)
la interrupción de los términos de prescripción y la inoperancia de la caducidad,
(v) la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor, (vi) la
prohibición de disposición de cualquier bien que forme parte del patrimonio
liquidable, (vii) la remisión al juez del concurso de todos los procesos de
ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, con el objeto que sean
tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de
voto, de manera que la continuación de los mismos por fuera del proceso de
liquidación será nula y corresponde ser declarada por el juez del concurso,
(viii) la preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre
cualquier otra que le sea contraria.
2.7.17.   Otro de los
efectos de naturaleza procesal de la iniciación del proceso de liquidación
judicial, consiste en la preferencia de las normas del proceso de liquidación
judicial sobre cualquier otra que le sea contraria. Este efecto implica no solo
que las normas del proceso concursal tienen carácter especial y preferente
frente a las demás normas de carácter procesal general, sino también que por
tener el proceso liquidatorio una vocación universal tiene preferencia sobre
cualquier otro proceso en el cual se trate de hacer efectivas las obligaciones
en contra del deudor. Por lo tanto, una vez iniciado el proceso concursal, no puede
admitirse demanda alguna en la cual se pretenda la apertura de otro proceso
concursal o de uno de reorganización, ni tampoco es posible que una vez
iniciada la liquidación judicial haya lugar a la ejecución extraconcursal
mediante procesos ejecutivos, como ya se mencionó en el apartado anterior.
2.7.18.   Respecto del inventario
de bienes, el reconocimiento de créditos y derechos de voto, el artículo 53 de
la Ley 1116 de 2006 establece que el liquidador procederá a actualizar los
créditos reconocidos y graduados y el inventario de los bienes en el acuerdo de
reorganización y a incorporar los créditos calificados y graduados en el
concordato, si fuere el caso, los derechos de voto y los créditos en el acuerdo
de reorganización fallido y a realizar el inventario de bienes en estos dos
últimos, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la de inicio del
proceso de liquidación judicial. Así mismo, dispone esta norma que en el caso
del proceso de liquidación judicial inmediata, se aplicará lo dispuesto por la
Ley 1116 de 2006 en materia de elaboración de inventarios por parte del
liquidador, presentación de acreencias, reconocimiento de créditos, inventario
de los bienes del deudor y objeciones a los mismos.
2.7.19.   La adjudicación de
bienes del deudor se
encuentra regulada en el artículo 58 de la Ley 1116 de 2006, el cual contempla
que estos bienes serán adjudicados a los acreedores mediante providencia
motivada, teniendo en cuenta la prelación legal de créditos, la igualdad
entre los acreedores y la adjudicación proporcional a sus créditos. Establece
dicho precepto que con la adjudicación los acreedores adquieren el dominio
de los bienes y que para la transferencia del derecho del dominio basta la
inscripción de la providencia de adjudicación en el correspondiente registro.
2.7.20.   La terminación del
proceso de liquidación judicial tiene lugar (i) una vez se encuentre
ejecutoriada la providencia de adjudicación, y (ii) por la celebración de un
acuerdo de reorganización. Una vez cumplido con el proceso se dispondrá el
archivo del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
que proceda contra el deudor, los administradores, socios y el liquidador,
y se ordenará la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el
que corresponda. Todo ello de conformidad con el artículo 63 de la Ley 1116 de
2006.
2.7.21.   Finalmente, el
artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, establece los términos para la entrada en
vigencia de la misma ley, y consagra una regla de prevalencia de las normas
relativas al régimen de insolvencia, reiterando que las normas del régimen en
esa ley, que son normas especiales, “prevalecerán sobre cualquiera otra de
carácter ordinario que le sea contraria”.
2.7.22.   Ahora bien, valga
aclarar que el proceso de liquidación judicial, como su nombre lo indica, es un
proceso jurisdiccional del que conoce la Superintendencia de Sociedades en uso
de la facultad consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política, por
lo que sus pronunciamientos constituyen providencias judiciales, las cuales
deben estar supeditadas
a los mandatos de la Ley General del Proceso.
Por tal razón, la Superintendencia de Sociedades,
como juez del concurso en Colombia, debe asegurarse que las actuaciones
surtidas en el marco de dicho proceso, cumplan con los requisitos de la
normativa aplicable.
2.7.23.   Respecto al tema
particular del auto de admisión a trámite de una  liquidación judicial de una
sociedad, la Superintendencia de Sociedades, ni puede exigir requisitos
adicionales a los que la ley determina, ni puede entrar en consideraciones
ni análisis relacionados con el contenido de la información para resolver si
admite o rechaza la solicitud. La labor de esa entidad, es cerciorarse que
la sociedad deudora –quien se va a liquidar-  cumpla todos los requisitos,
tanto sustanciales como formales, exigidos en la Ley 1116 de 2006 para efectos
de su liquidación judicial.
2.7.24.   En caso de que no
se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
aplicable para adelantar la liquidación judicial de una sociedad, la Superintendencia
de Sociedades deberá dar plena aplicación de los preceptos legales del Código
de Procedimiento Civil, que en su artículo 85 establece:
“ARTÍCULO
85. INADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA. Artículo derogado por
el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del
1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627.
Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es
el siguiente: El juez declarará inadmisible la demanda:
1.
Cuando no reúna los requisitos formales.
2.
Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3.
Cuando la acumulación de pretensiones en ella contenida no reúna los requisitos
exigidos por los tres numerales del primer inciso del artículo 82.
4.
Cuando no se hubiere presentado en legal forma.
5.
Cuando el poder conferido no sea suficiente.
6.
En asuntos en que el derecho de postulación procesal esté reservado por la ley
a abogados, cuando el actor que no tenga esta calidad presente la demanda por
sí mismo o por conducto de apoderado general o representante que tampoco la
tenga.
7.
Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
En
estos casos, el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el
demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará
la demanda.
El
juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de
competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o
sus anexos aparece que el término está vencido.
Si
el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, el juez la enviará
con sus anexos al que considere competente; en los demás casos, al rechazar la
demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.
La
apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquel que negó su
admisión, y se concederá en el efecto suspensivo”.
2.7.25.   Conforme a la
norma transcrita, encuentra la Sala que el término en ella
señalado para la subsanación de la demanda, constituye una carga procesal para
la parte demandante, la cual debe asumir so pena de comprometer el goce
efectivo de su derecho al acceso a la justicia.
2.7.26.   Sobre el
particular, esta Corporación ha establecido que “con ocasión del
ejercicio del derecho de acceso a la justicia, una persona puede tener que
asumir deberes procesales que acarreen el soportar cargas necesarias, útiles o
pertinentes para el correcto desarrollo de un proceso judicial, siendo
indispensable además, para que la carga se tenga por constitucional, que sea
razonable y proporcionada, para lo cual se ha de evaluar, entre otras cosas:
(i) si la limitación o definición normativa persigue una finalidad que no se
encuentra prohibida por el ordenamiento constitucional; (ii) si la definición
normativa propuesta es potencialmente adecuada para cumplir el fin estimado, y
(iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es, que la restricción no
sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada”[45].
2.7.27.   En este orden de
ideas, cabe precisar que
“la carga procesal, como característica predominante, supone un proceder
potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta,
impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla (…). Ahora bien, la
omisión de la realización de la carga procesal está llamada a traer
consecuencias desfavorables para quien debe asumirla, tales como la preclusión
de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive la pérdida del derecho
material, toda vez que la sujeción a las reglas procedimentales, en cuanto formas
propias del respectivo juicio, no es meramente optativa para quienes acuden al
proceso con el fin de resolver sus conflictos jurídicos, ya que de esa
subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la
efectividad de los derechos sustanciales”[46].
2.7.28.   No se puede perder
de vista entonces, que la observancia de las formas propias de cada juicio
supone el desarrollo de los principios de economía, oportunidad, lealtad,
imparcialidad y celeridad procesales, en aras de la igualdad de las personas,
éste último gracias al sometimiento de las causas idénticas a procedimientos
uniformes. “Obviar tales formas en las actuaciones judiciales o
administrativas preestablecidas, impide alegar el desconocimiento del derecho
sustancial reclamado, ya que se estaría sustentando la frustración del interés
perseguido en la propia culpa o negligencia”[47].
2.7.29.   Entonces, el
establecimiento de cargas procesales y el consecuente señalamiento de efectos
desfavorables derivados del incumplimiento de las mismas, se fundamentan en el
deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales, que en
el plano procesal se proyecta en la obligación de la parte demandante de
coadyuvar e interesarse por la marcha del proceso en el que pretende la defensa
de sus derechos e intereses legítimos, so pena de correr con las consecuencias
legales adversas que se derivan de su inactividad.
2.8.
CASO
CONCRETO
2.8.1.   Resumen de los
hechos
2.8.1.1.     Manifiesta la
accionante que mediante escritura pública N° 2895 del 14 de noviembre de 2008
de la Notaría 52 de Bogotá, la Sociedad Granos Piraquive S.A. fue declarada
disuelta, por lo que se inició un proceso de liquidación privada.
2.8.1.2.     Expresa que dentro
de los trámites que pretendió gestionar el liquidador privado de la sociedad en
mención dentro del proceso de liquidación privada, fue la terminación de un
contrato de arrendamiento que había celebrado la sociedad por un término de 50
años con la sociedad Operador Portuario Internacional EU, que posteriormente
fue cedido a CMT (actual accionante), para que el inmueble sirviera de zona
adyacente al desarrollo de una actividad portuaria en el Distrito de Cartagena.
2.8.1.3.     Arguye que el
liquidador privado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, no logró en el
trámite de liquidación privada la terminación del contrato de arrendamiento, ya
que el arrendador y el arrendatario en su momento habían celebrado un pacto de
preferencia a favor del arrendatario, que operaría cuando se decidiera vender
el inmueble o continuar el arriendo con los accionistas adjudicatarios del
bien, en el evento en que éste les fuera adjudicado en una liquidación privada,
todo en aras de dar seguridad jurídica al arrendatario en las inversiones de la
concesión portuaria para el desarrollo del puerto.
2.8.1.4.     Dice que al no
tener en el escenario del proceso de liquidación privada  herramientas para
desconocer el contrato de arrendamiento, el liquidador de Granos Piraquive
S.A., mediante escrito de fecha 1° de noviembre de 2011, radicado bajo el N°
2011-01-322217, presentó solicitud ante la Superintendencia de Sociedades como
juez de los concursos judiciales en Colombia, para que admitiera a la Sociedad
Granos Piraquive S.A. en liquidación privada, a un proceso de liquidación
judicial.
2.8.1.5.     Sostiene que la
Superintendencia de Sociedades, al revisar los documentos aportados por Granos
Piraquive S.A., procedió a inadmitir la solicitud mediante auto 405-01792 del
11 de noviembre de 2011. No obstante, confirió un término de 5 días a la
Sociedad Granos Piraquive S.A. para que completara la información aludida.
2.8.1.6.     Expresa que el
apoderado de Granos Piraquive S.A. en liquidación, pasado más de un mes desde
la inadmisión de la solicitud de liquidación judicial, mediante escrito
radicado extemporáneamente el 20 de diciembre de 2011, aportó los documentos
que acreditaban la existencia de las obligaciones a su cargo con más de 90 días
de vencidas, sin que hubiesen sido canceladas.
2.8.1.7.     Indica que con
fundamento en el estudio del escrito mencionado, la Superintendencia de Sociedades
en vez de darle los efectos de rechazo que ordena el artículo 85 del CPC,
procedió a revisar y verificar los documentos aportados por  Granos Piraquive
S.A., y expidió el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual
decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la
sociedad, vulnerando el derecho al debido proceso de CMT.
2.9.
REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES
2.9.1.   El asunto debatido
reviste relevancia constitucional
2.9.1.1.
La
Sala considera que la cuestión que el tutelante discute, cumple con este
requisito de procedibilidad, debido a que dicha controversia versa sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental del accionante al debido proceso,
generada con la decisión judicial de la Superintendencia de Sociedades de abrir
a trámite el proceso de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A., pese a que la subsanación de los requisitos para tal fin se realizó de
manera extemporánea, en contravía del mandado consagrado en el artículo 85 del
Código de Procedimiento Civil.
2.9.1.2.
Entonces,
en principio, el cargo presentado es suficiente para abordar el estudio de la
posible vulneración de derechos por parte de la Superintendencia de Sociedades,
máxime si se tiene en cuenta que esta providencia (auto de apertura), tiene el
poder de definir el alcance de los derechos de la sociedad accionante, pues “contiene
determinaciones de la mayor envergadura para aquel, relacionadas con la
publicidad, con los órganos del proceso, con los bienes del deudor, con los créditos
y los votos, y con otros procesos que en contra del mismo deudor puedan estar
en curso”[48].
Además, de la elemental aplicación del derecho al debido proceso en este
procedimiento especial, se debe tener en cuenta que el mismo no solo implica la
definición de derechos patrimoniales sino también el planteamiento de las
atribuciones mínimas para que en él se hagan realidad los parámetros democráticos
del Estado Social de Derecho.
2.9.1.3.     En efecto, del
planeamiento del caso que ahora nos ocupa, se puede concluir que la gravedad de
los hechos antes narrados, son de tal magnitud que hacen impostergable el
amparo de tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata del
derecho que resulta gravemente amenazado.
2.9.2.   El tutelante agotó
todos los medios de defensa judicial a su alcance
2.9.2.1.     Con respecto al
requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha restringido la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a la
ocurrencia de una de las hipótesis que a continuación se nombran:
“a)
Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa
previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos
de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo
de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de
enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades
vencidas al interior de un proceso judicial.
b)
Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción.
c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas
las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna
medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá
intervenir de manera provisional”[49].
2.9.2.2.     Observa la Sala
que con relación a este importante aspecto, en el caso bajo examen se deben
hacer las siguientes consideraciones:
2.9.2.2.1. Como primera medida, debe tenerse
de presente que en
el numeral 8 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, se establece que la
providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del proceso
de liquidación judicial no admite ningún recurso, con excepción de las
causales relativas al abandono de los negocios por parte del deudor y de las obligaciones
vencidas, por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter obligatorio
a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes
al Sistema de Seguridad Social, eventos en los cuales contra dicha providencia cabrá
recurso de reposición.
En el caso sub examine se tiene
que: i) la liquidación de la Sociedad Granos Piraquive S.A. se decretó por
petición directa de la sociedad deudora; y ii) no existe prueba de que la
Sociedad Granos Piraquive S.A. haya demostrado ante la Superintendencia de Sociedades,
con la solicitud de liquidación judicial[50], que tenía
obligaciones vencidas por concepto de mesadas pensionales y retenciones de
carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales[51]. Por lo anterior,
se concluye que contra la decisión que aquí se controvierte, no procede
ningún recurso.
Frente a este punto, debe anotarse que pese
a que CMT tenía conocimiento que contra el auto dictado por la Superintendencia
de Sociedades, mediante el cual admitió a trámite la liquidación judicial de la
Sociedad Granos Piraquive S.A., no procedía ningún recurso, el 24 de febrero de
2012[52]
elevó un escrito ante el juez del concurso (Superintendencia de Sociedades), a
través del cual le solicitó que reconociera la ilegalidad de su propia
providencia o en su defecto, declarara la nulidad de ella[53]; no
obstante, el ente de vigilancia y control resolvió rechazar la solicitud de
nulidad mediante auto 400-005306 del 31 de mayo de la misma anualidad[54],
contra el que la Sociedad CMT presentó “recurso de reposición” en
memorial radicado el 6 de julio de 2012, bajo el número 2012-01-008712, el cual
fue resuelto por la Superintendencia de Sociedades a través de auto 400-006848
del 9 de julio de 2012[55],
en el sentido de desestimar el “recurso de reposición”, alegando que la
providencia se expidió de conformidad con lo establecido en parágrafo 1° del
artículo 49 de la Ley 1116 de 2006.
Entonces, se tiene que al no proceder ningún
recurso judicial contra el auto que admitió a trámite la liquidación judicial
de la Sociedad Granos Piraquive S.A., la acción de tutela se convierte en el único
mecanismo de defensa que tiene CMT para hacer valer su derecho al debido
proceso, presuntamente vulnerado por la Superintendencia de Sociedades.
2.9.2.2.2. Por otra parte, aunque se podría
llegar a asumir que existen otros mecanismos de defensa judicial que proceden
contra las decisiones de la Superintendencia de Sociedades, al considerar que ésta
es una autoridad administrativa y que sus decisiones al tener el mismo carácter
serían objeto de los recursos en sede administrativa y posteriormente de las
acciones contenciosas, es indiscutible que esta opción no es viable, por cuanto
aunque la naturaleza de la entidad es administrativa, en este caso está
ejerciendo sus funciones jurisdiccionales.
Al respecto se pronunció esta Corte en la
sentencia T- 079 de 2010[56],
en la que se especificó que:
“En consideración a
los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte Constitucional ha
explicado que (i) los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades,
actuando como juez concursal, tienen carácter jurisdiccional, así que no son
susceptibles de control por la vía gubernativa, ni a través de las acciones
contenciosas previstas por la Ley para controlar la legalidad de los actos
administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de tutela resulta procedente
para controvertir tales providencias, siempre que se evidencie amenaza o
desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan agotado los medios
de control de legalidad previsto por el legislador para cada procedimiento”.
2.9.2.2.3. En conclusión, dado que la eventual
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de la Superintendencia
de Sociedades en desarrollo de su función jurisdiccional atribuida por la Ley
1116 de 2006, depende del cumplimiento del requisito de subsiadiariedad,
encuentra la sala que en el caso sub examine se debe tener por cumplido
este requisito, pues ciertamente la accionante no cuenta con ningún otro
medio de defensa, ni jurisdiccional ni administrativo, contra el auto de
apertura a trámite del proceso de liquidación judicial de la Sociedad Granos
Piraquive S.A. -que al entender del actor, lesiona sus derechos
fundamentales-, por lo que la tutela se convierte en la única opción que tiene
CMT para solicitar el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
2.9.3.   Existió inmediatez
entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela
2.9.3.1.     La inmediatez es
una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de esta acción un medio de amparo de
derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
2.9.3.2.     Por ello, es
indispensable estudiar en cada caso en concreto, si la tutela es presentada
cuando aún es vigente la vulneración, toda vez que es necesario que la acción
sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la
ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos
fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión
o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada demora en la
interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo extraordinario.
2.9.3.3.     Entonces, en el
presente caso se tiene que el hecho generador de la presunta vulneración de los
derechos de la accionante, el cual es la expedición de parte de la Superintendencia
de Sociedades del auto que admite a trámite la liquidación judicial de Granos
Piraquive S.A., fue el 27 de enero de 2012, y la acción de tutela se interpuso
el 25 de julio de la misma anualidad, es decir, 6 meses y dos días después.
2.9.3.4.     Entonces, si bien
en principio se podría decir que la acción de tutela no se interpuso dentro de
un término prudencial y razonable desde la ocurrencia de los hechos que
presuntamente vulneraron los derechos de la interesada, la Sala encuentra que
obra en el expediente prueba de que la accionante mediante escrito del 24 de
febrero de 2012[57]
solicitó a la Superintendencia de Sociedades que reconociera la ilegalidad de
su propia providencia o en su defecto, declarara la nulidad de ella, pero el
ente de vigilancia y control resolvió rechazar la solicitud de nulidad mediante
auto 400-005306 del 31 de mayo de la misma anualidad, contra el que la Sociedad
CMT presentó recurso de reposición en memorial radicado el 7 de julio de 2012,
el cual fue resuelto por la Superintendencia de Sociedades a través de auto
400-006848 del 9 de julio de 2012[58],
en el sentido de desestimar el recurso de reposición.
2.9.3.5.     Por consiguiente,
si bien pasaron 6 meses desde la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron
los derechos de la accionante y la interposición de la presente acción de
tutela, en dicho interregno CMT  ejerció otras actuaciones tendientes a la
protección de sus derechos, lo que demuestra que la transgresión era actual en
el momento en que se hizo uso de la tutela para el amparo de los derechos.
2.9.4.   En caso de
tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales
2.9.4.1.
La
anomalía propuesta por CMT es la existencia de un defecto procedimental
absoluto, el cual estaría presente en la decisión de la Superintendencia de Sociedades
al haber admitido a trámite la liquidación judicial de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., sin atender el mandato del artículo 85 del Código de
Procedimiento Civil.
2.9.4.2.
De
lo anterior se deriva que la accionante sí dejó en claro que la irregularidad
procesal aludida tuvo un efecto determinante en la providencia atacada, y que
afecta su derecho fundamental al debido proceso, pues de no presentarse dicho
vicio, la solicitud de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A. se hubiese rechazado, lo que se traduce en que esa sociedad no hubiese
quedado cobijada por los beneficios del numeral 4° del artículo 50 de la Ley
1116 de 2006, que establece, dentro de los efectos de la liquidación judicial,
el de poder dar por terminado todos los contratos de tracto sucesivo, de
cumplimiento diferido o de ejecución instantánea no necesaria para la preservación
de los activos de la empresa deudora.
2.9.4.3.     Es decir, la Sociedad
Granos Piraquive S.A. no hubiese podido desconocer las cláusulas contractuales
pactadas entre ella y la accionante en el marco del contrato de arrendamiento
del bien inmueble que le servía de zona adyacente para el desarrollo de la actividad
portuaria en el Distrito de Cartagena a CMT.
2.9.4.4.     Conforme a esto,
la Sala aprecia que la tutela cumple con este requisito en la medida en que la
supuesta irregularidad constituye un elemento decisivo en el acto atacado.
2.9.5.   Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados
2.9.5.1.     La accionante ha
identificado razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración, como
los derechos vulnerados.
2.9.6.   La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
2.9.6.1.     La presente acción
de tutela se dirige contra la decisión adoptada por la Superintendencia de Sociedades
en un proceso de liquidación de una sociedad y no contra un fallo de tutela.
2.9.7.   En conclusión,
encontramos que el caso que aquí se estudia, cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Pasará la Sala a revisar si sucede lo mismo con los requisitos especiales, no
sin antes referirse a ciertas cuestiones que resultan de suma importancia para
la resolución de este caso.
2.10.     CUESTIONES PREVIAS
2.10.1.
La
Sala encuentra la necesidad de referirse a si existe o no temeridad en el caso
que se revisa, pues la Sociedad Granos Piraquive S.A., a través de su representante
legal, manifestó que “sin motivo
expresamente justificado, existe en curso otra acción de tutela presentada por
el mismo accionante, con base en los mismos hechos y cuya demanda introductoria
es exactamente igual a la que dio origen a esta actuación, de la cual  conoció el
Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá”.
2.10.2.
Así
mismo, el
señor Alonso Paredes Hernández, acreedor de la Sociedad Granos Piraquive S.A.,
en calidad de tercero interesado en el proceso de la referencia, mediante escrito
del 13 de noviembre de 2013, sostuvo que “la actuación de CMT ha sido
temeraria”, lo cual quiere demostrar a través de las “copias de todas
las acciones de tutela presentadas por la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal S.A. –CMT S.A. (…)”, allegadas al despacho del
Magistrado Sustanciador.
2.10.3.
En
este orden de ideas, considerando
lo establecido en los artículos 2, 4 (inciso 2), 83 y 95 (numeral 1 y 7)
Constitucional, los titulares de las acciones constitucionales y legales consagradas
en el ordenamiento para garantizar la efectividad de los derechos, deben
mostrar una lealtad mínima en el cumplimiento de los deberes y cargas
correlativas.
2.10.4.   En el mismo
sentido, en virtud de los principios de buena fe y economía procesal y,  a
su vez, para evitar el uso desmedido de la acción de tutela,
el Decreto 2591 de 1991 reprocha en su artículo 38 las actuaciones
temerarias, que son aquellas que se presentan cuando (…) sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales.
2.10.5.   Esta Corporación
ha sido recurrente[59]
al señalar que las actuaciones temerarias contrarían el principio de la buena
fe y constituyen una forma de abuso del derecho. En la sentencia T-1215 de 2003[60]
esta Corporación expresó:
“(…)
la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo
una actitud indebida para satisfacer un interés individual a toda costa y que
expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se
instaura nuevamente una acción de tutela”.
2.10.6.   Teniendo en cuenta
que la buena fe se presume, en la sentencia citada anteriormente la Corte
precisó que una declaración de temeridad requiere un análisis detallado de la
pretensión, los hechos que la fundamentan y los elementos probatorios que
constan en el proceso. La Corte expresó:
(…)
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia
que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse
plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la
tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de
un examen minucioso de la pretensión de amparo,  de los hechos  en
que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso. (Negrillas fuera
de texto).
2.10.7.   La Corte también
ha manifestado que el juez de tutela deberá declarar improcedente la acción,
cuando encuentre que la situación bajo estudio es idéntica en su contenido
mínimo a un asunto que ya ha sido fallado o cuyo fallo está pendiente, y que
deberá observar detenidamente la argumentación de las acciones que se cotejan,
ya que habrá temeridad cuando mediante estrategias argumentales se busque
ocultar la identidad entre ellas. Así, en la sentencia T-1104 de 2008, precisó
esta Corporación:
(...)
cuando se interpone una nueva acción de amparo respecto de un caso que
guarda identidad con otro anterior, procurando mediante técnicas y estrategias
argumentales ocultar la mencionada identidad, es presumible prima facie el uso
temerario de la acción de tutela. Esto por cuanto el cambio de estrategia
argumental o la relación de hechos que en realidad ni son nuevos ni fueron
omitidos en el fallo anterior, conlleva la intención de hacer incurrir en error
al juez, y sacar beneficio de ello. Resulta pues inaceptable que con dicho
interés se haga uso del mecanismo judicial de la tutela. Por ello si el juez de
amparo detecta que el caso jurídico que se le presenta, en su contenido mínimo
(pretensión, motivación y partes) guarda identidad con otro pendiente de fallo
o ya fallado, debe declarar improcedente la acción. Aunque, no solo esto,
sino además si llegase a determinar que por medio de la interposición de la
tutela se persiguen fines fraudulentos, deberá entonces tomar las medidas
sancionatorias que para estos casos dispone el ordenamiento jurídico. (Negrillas fuera
de texto).
2.10.8.   Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que cuando se
invocan nuevos hechos, como cuando la autoridad demandada continúa vulnerando
los derechos del accionante, o cuando el rechazo de la primera tutela es
atribuible a errores en el trámite de la tutela por parte del juez, puede
adelantarse un nuevo recurso de amparo sin que se dé lugar a una conducta
temeraria[61].
2.10.9.
En
este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando el actor o
su apoderado judicial interponen varias acciones de tutela con relación a los
mismos hechos, para requerir la protección de los mismos derechos, en
diferentes oportunidades, independientemente que sea ante el mismo o distinto
juez, y cuando la reiteración en la presentación del recurso de amparo se lleva
a cabo sin acreditar un motivo razonable que justifique la nueva acción,
incurrirán en una conducta temeraria.
2.10.10.
En resumen, la Corte ha señalado que para que se presente una
actuación temeraria en el ejercicio del recurso de amparo es preciso que concurran
los elementos que a continuación se señalan:
“i) Identidad de partes, es decir, que las acciones sean
presentadas por el mismo accionante y contra el mismo accionado.
ii) Identidad en la causa
petendi, esto es, que la solicitud  tenga fundamento en los mismos hechos,
lo que también envuelve la situación en la que mediante técnicas y
estrategias argumentales se pretende ocultar tal identidad.
iii) Identidad de objeto, lo cual implica que la protección
solicitada en las acciones de tutela sea la misma, o que con ellas se pretenda
el amparo del mismo derecho fundamental”[62].
Si la actuación cuestionada cumple con los
anteriores requisitos, puede concluirse que se trata de una actuación temeraria
que lesiona los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, así como
también los mandatos constitucionales de buena fe, el no abuso de los derechos
propios y el deber de colaboración para el funcionamiento de la administración
de justicia.
2.10.11.
Lo
anterior impone que exista una decisión anterior del juez constitucional
para que se pueda configurar la temeridad. Entonces, “no podrá
calificarse de temeraria una actuación en sede constitucional, cuando la misma
ha finalizado por modos diferentes a la sentencia de instancia que resuelva
sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados en el amparo.
En esos casos, al no existir un pronunciamiento de fondo, no se compromete el
principio de seguridad jurídica ni la recta capacidad de la administración de
justicia”[63].
2.10.12.
A
este respecto, advierte la Sala que en el caso concreto, el Juzgado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá radicó informe en Secretaría de esta Corporación
el día 20 de junio de 2013, mediante el cual manifestó que la acción de tutela
N° 2012-00527, repartida a ese despacho, y promovida por la Sociedad Portuaria
de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. contra la Superintendencia de
Sociedades, fue desistida por el señor Ramiro Castellanos Martínez, a
quien se le entregó la demanda y sus anexos[64].
2.10.13.   Así las cosas, se
puede concluir, de
acuerdo con lo expuesto en líneas precedentes, que lo alegado por la Sociedad
Granos Piraquive S.A., respecto a la supuesta temeridad existente en este caso,
derivada de la tutela interpuesta por CMT en su contra, ante el Juzgado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá, se encuentra desvirtuado, pues la Sala encuentra
que a pesar
de existir duplicidad en las acciones de tutela y de cumplir con la identidad
de hechos, sujetos y pretensiones, en el presente caso no se configura una
acción temeraria por cuanto en la primera tutela impetrada no existió un
pronunciamiento de fondo que estructurara el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, lo cual se traduce en que el caso en últimas solo fue tramitado
y resuelto una sola vez por el juez constitucional con ocasión de la segunda
tutela presentada.
2.10.14.
Con
relación a las nueve acciones de tutela interpuestas por CMT por sí o por
interpuesta persona, en contra de la Sociedad Granos Piraquive S.A. y la Superintendencia
de Sociedades, las cuales, según el señor Alonso Paredes Hernández, constituyen
temeridad, la Sala considera que:
2.10.14.1.     Respecto a la
acción de tutela en la cual funge como accionante “la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT”, como accionada “la
Superintendencia de Sociedades”, y como juez del caso el 23 Civil del
Circuito de Bogotá, la Sala encuentra que si bien es exactamente igual a la que
hoy revisa esta Corporación, no existe temeridad, pues tal como se expresó en
precedencia, dicho juzgado informó el 20 de junio de 2013, que “la acción de
tutela N° 2012-00527, repartida a ese estrado judicial, y promovida por la
Sociedad Portuaria de Cartagena contra la Superintendencia de Sociedades, fue
desistida”; es decir, no hubo un pronunciamiento
de fondo que estructurara la cosa juzgada constitucional y que activara el
fenómeno de la temeridad frente a la segunda tutela, que es la que hoy se revisa
por esta Corporación.
2.10.14.2.     Respecto a las
acciones de tutela identificadas así: i) “Accionante: Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal S.A.-CMT. Accionado: Superintendencia de Sociedades.
Despacho: Juzgado 6° Civil del Circuito de Cartagena. Decisión: 4 de febrero de
2013”; ii)
“Accionante: Sociedad Portuaria Cartagena Multipurpose Terminal S.A.-CMT y
Alejandro Álvarez López. Accionado: Granos Piraquive S.A. en liquidación
judicial. Despacho: Juzgado 1° Promiscuo del Circuito de Turbaco. Decisión: 4
de marzo de 2013”; iii) “Accionante: Jhon Jairo Mendoza Guardia.
Accionado: Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial. Despacho: Juzgado 12
Penal Municipal de Barranquilla con Función de Garantías. Decisión: 21 de marzo
de 2013”; iv) “Accionante: Martín Carpio Malave. Accionado: Granos
Piraquive S.A. en liquidación judicial. Despacho: Juzgado 15 Penal Municipal de
Barranquilla con Función de Garantías. Decisión: 30 de mayo de 2013”; v)
“Accionante: Manuel de Jesús Varela Conrado. Accionado: Granos Piraquive
S.A. en liquidación judicial. Despacho: Juzgado 20 Civil del Circuito de
Barranquilla. Decisión: 2 de mayo de 2013”; vi) “Accionante:
Sociedad Portuaria de Cartagena Multiporpuse Terminal S.A. Accionado:
Intendencia Regional de Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades.
Despacho: Juzgado 4 Laboral del Circuito de Barranquilla. Decisión: 15 de
agosto de 2013”; y vii) “Accionante: Sociedad Portuaria de
Cartagena Multiporpuse Terminal S.A. Accionado: Granos Piraquive S.A. en
liquidación judicial. Despacho: Juzgado 16 Penal Municipal de Barranquilla.
Decisión: 1 de octubre de 2013”, la Sala encuentra que tampoco se configura
la temeridad, pues todas éstas fueron presentadas y decididas en una fecha
posterior a la fecha de la tutela que en esta oportunidad se revisa.
2.10.15.   En este orden de
ideas, como ya se dijo, para que exista temeridad, además de presentarse
identidad de partes, de causa petendi, y de objeto, es
necesario que exista una decisión anterior del juez constitucional.
Entonces, como las acciones de tutela a las que hace referencia el señor
Paredes Hernández son posteriores a la revisada por la Corte Constitucional en
esta oportunidad, la cual fue presentada el 25 de julio de 2012, y fallada en
primera instancia el 13 de agosto de 2012, se concluye que no se configura la
temeridad como circunstancia que obligue prima facie al rechazo o decisión
desfavorable del
asunto estudiado.
2.10.16.   Por otra parte,
tenemos que la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación judicial, a través
de liquidador designado, solicitó la nulidad de todo lo actuado en la acción de
tutela de la referencia, aduciendo falta de competencia en el Juzgado Sexto Laboral
de Circuito de Cartagena, porque, según afirma, el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991 establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, los
jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o
amenaza que motivare la solicitud. También adujo que el Decreto 1382 de 2000
consagra que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier
autoridad pública del orden nacional, serán repartidas para su conocimiento en
primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de la
ciudad en donde se encuentre la entidad accionada.
Concluyó
este punto diciendo que la competencia para conocer de la presente acción de
tutela se radica en cabeza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, ciudad en donde se encuentra ubicada la entidad accionada, la Sociedad
Granos Piraquive S.A, y en donde han tenido lugar los hechos objeto de la
solicitud de amparo.
2.10.17.   Sobre las
afirmaciones de la Sociedad Granos Piraquive S.A., es preciso aclarar que el
juez competente para conocer en primera instancia el asunto debatido, sí era el
Sexto Laboral de Circuito de Cartagena, por cuanto es el juez con jurisdicción
en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motiva la solicitud.
2.10.17.1.     En este sentido, la
Sala encuentra que si bien la presente demanda de tutela la interpuso CMT
contra la Superintendencia de Sociedades (órgano cuya sede ésta ubicada en
Bogotá), por la vulneración de su derecho al debido proceso, a la libertad de
empresa, a la propiedad y al acceso a la justicia, derivada de la actuación
desplegada por el ente de inspección, vigilancia y control, según la cual
admitió a trámite la liquidación judicial de Granos Piraquive S.A. pese a que
la subsanación de los requisitos de admisibilidad fue extemporánea, el
trasfondo del asunto está en que con esta demanda CMT busca evitar la
terminación unilateral del contrato de arrendamiento existente entre ella y Granos
Piraquive S.A., “el cual fue celebrado para que por un término de 50 años se
le permitiera a CMT el uso de un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, el
cual sirve de zona adyacente al desarrollo de una actividad portuaria en ese
Distrito”.
2.10.17.2.     Observa la Sala
que en el presente caso se presenta la demanda en un lugar distinto al
domicilio de la sociedad demandada, lo cual es a todas luces acertado, pues el
efecto de la actuación de la Superintendencia de Sociedades se proyecta en el
domicilio de la sociedad demandante, traducido como uno de los lugares donde
ocurren los hechos constitutivos de la violación de los derechos de la
interesada.
Entonces,
al presentarse la demanda en uno de los lugares donde ocurren los hechos, su
elección en este sentido, resulta perfectamente válida.
2.10.17.3.
Ahora bien, respecto a la
regla traída a colación por el liquidador designado de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., según la cual el Decreto 1382 de 2000 consagra que las acciones
de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden
nacional, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial de la ciudad en donde se encuentre
la entidad accionada, la Sala ve la necesidad de citar el artículo 1, inciso 1
de dicho decreto, el cual reza: “conocerán
de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública
del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas
para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de
distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura. A
los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su
conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan
contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios
del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”. (Subrayado fuera del texto).
2.10.17.4.     Por su parte, el
artículo 38 de la Ley 489 de 1998 establece que el sector descentralizado por
servicios está constituido por “c) Las superintendencias y las unidades
administrativas especiales con personería jurídica”; y la Superintendencia
de Sociedades es “un organismo técnico, adscrito al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio”[65].
2.10.17.5.     En este sentido la
Sala encuentra que en virtud de lo establecido en el artículo 1, inciso 1 del
Decreto 1382 de 2000, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena sí era
competente para conocer en primera instancia del asunto de que se trata.
2.11.      ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.11.1.   Para empezar, la
Sala considera necesario resaltar que una vez se presente la solicitud de
apertura de liquidación judicial de una sociedad ante la Superintendencia de
Sociedades, le corresponde a ésta proferir el auto mediante el cual admite o
rechaza dicha solicitud.
2.11.2.   Se tiene entonces
que, la función del juez del concurso en esta etapa del proceso consiste en
verificar que la solicitud cumpla con los requisitos y supuestos que la ley exige
para ello. Siendo ello así, el juez ni puede solicitar más requisitos de los
exigidos por la ley, ni obviar los requeridos por ésta, so pena de actuar en
contravía del procedimiento creado por el legislador para regular la materia.
2.11.3.   En este sentido, no
se puede perder de vista que el Código de Procedimiento Civil, norma que por
constituir pilar del debido proceso es de aplicación imperativa por el juez del
concurso, dispone que “al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener
en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos
reconocidos por la ley sustancial”[66],
por lo que debe cumplir plenamente con sus mandatos.
2.11.4.   Entonces, la
finalidad de los artículos del Código de Procedimiento Civil y de la Ley 1116
de 2006 (como norma que regula el régimen de insolvencia empresarial en
Colombia, sujeta a los mandatos del debido proceso contemplados tanto en la
Constitución y en la ley), es la efectividad de los derechos sustanciales de
los sujetos que de una u otra manera intervienen o están interesados en el
proceso de liquidación judicial de que se trata, lo cual se consigue con la
observancia de las formas de cada juicio.
2.11.5.   En este orden de
ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine se tiene que la
Superintendencia de Sociedades, mediante auto del 11 de noviembre de 2011, “inadmitió
la solicitud elevada por el doctor Nicolás Muñoz Escobar, actuando en calidad
de apoderado de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación, en el sentido
de decretar su liquidación judicial”[67],
ello en razón a que “revisados los documentos aportados por la Sociedad
Granos Piraquive S.A., el despacho aclara que de acuerdo con lo previsto en la
Ley 1116 de 2006 artículo 9 numeral 1, la sociedad no demuestra los supuestos
para ser admitido al proceso de liquidación judicial, toda vez que no fueron
allegados los soportes o anexos (mandamientos de pagos, resoluciones) que
permitiesen acreditar la existencia del incumplimiento de pagos de
obligaciones, de 2 o más acreedores por más de 90 días; que representen no
menos del 10 % del pasivo total”.
En
el mismo auto, la Superintendencia de sociedades manifestó que “De
conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Código de Procedimiento
Civil, el solicitante cuenta con un término de cinco (5) días para completar la
información aludida, so pena de rechazo de la solicitud”.
2.11.6.   Pese a lo
anterior, Granos Piraquive S.A. subsanó su solicitud mediante escrito radicado
extemporáneamente el 20 de diciembre de 2011[68]. Para ello, mantuvo las
dos (2) obligaciones anotadas en la solicitud inicial para demostrar la
cesación del pago de obligaciones ciertas y exigibles como requisito de
admisión, como lo son la sanción de la DIAN reducida a $3.506.350.000, y los
honorarios de abogados, y agregó una obligación que no había citado como
requisito de admisión, la cual corresponde a la deuda por impuesto predial por
$755.818.123.
2.11.7.   Por su parte, la
Superintendencia de Sociedades, en vez de darle los efectos de rechazo que
ordena el artículo 85 del CPC (“el juez señalará los defectos de que
adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no
lo hiciere, rechazará la demanda”), procedió a revisar y verificar los
documentos aportados por  Granos Piraquive S.A., y expidió el auto N°
400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual decretó la apertura del
trámite de liquidación judicial de los bienes de la sociedad, y advirtió que “de
conformidad con el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 la declaración de
apertura de proceso de liquidación judicial produce la terminación unilateral
de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución
instantánea, no necesarios para la preservación de activos”.
2.11.8.   Así las cosas, la
Sala encuentra que el hecho de que la Superintendencia de Sociedades haya
admitido a trámite la liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A., sin
tener en cuenta que para la subsanación de los requisitos de procedencia, el
abogado de dicha sociedad tardó más de un mes[69], y no cinco días como lo
consagra la norma en comento (la Superintendencia de Sociedades inadmitió la
solicitud de liquidación judicial mediante auto 405-01792 del 11 de noviembre
de 2011, y confirió término de 5 días para completar la información aludida, so
pena de rechazo de la solicitud; dicho auto fue notificado en estado N° 210 del
16 de noviembre de la misma anualidad. Granos Piraquive S.A. subsanó su
solicitud mediante escrito radicado extemporáneamente el 20 de diciembre de
2011)[70],
constituye
una actuación que adolece de un defecto procedimental absoluto.
2.11.9.   En este sentido,
tal
como se expuso precedentemente, el defecto procedimental absoluto se presenta
cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque
se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del
asunto-, o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso.
2.11.10.   De lo anterior se
deriva entonces, que la Superintendencia de Sociedades, sin razón justificada, actuó
en contravía de lo ordenado por el artículo 85 del Código de Procedimiento
Civil, pues dado que la subsanación de los requisitos de procedencia de la
solicitud de liquidación judicial se realizó después de los cinco días de que
trata el artículo en mención, la obligación del ente de inspección, vigilancia
y control era rechazarla, y no admitirla como efectivamente lo hizo.
2.11.11.   Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala estima que la decisión de la Superintendencia
de Sociedades representa una violación al derecho fundamental al debido proceso
de la accionante, que debe ser amparado a través de esta acción constitucional,
por cuanto, como ya se dijo, no cuenta con otro mecanismo judicial de defensa.
2.11.12.   En virtud de lo
mencionado, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida el ocho (8) de
octubre de 2012 por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, la cual revocó la decisión del trece (13) de agosto de
2012, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y, en su
lugar, concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
Sociedad Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., conforme a lo esgrimido
en la parte considerativa de esta sentencia.
2.11.13.   Dado que el amparo
se concederá en los términos de esta sentencia, se dejará sin efectos la
sentencia del 13 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena.
2.11.14.   También se dejarán
sin efectos el auto N° 400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual
la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de
liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A., por las razones
expuestas en esta providencia. Por lo anterior, la solicitud de liquidación
judicial presentada por la Sociedad Granos Piraquive S.A., se entenderá
rechazada por haber sido subsanada de manera extemporánea, y lo actuado en ese
proceso de liquidación judicial, quedará sin efectos.
2.11.15.   Sobre el
particular, debe aclararse que tanto la Sociedad Granos Piraquive S.A. como
cualquiera de sus acreedores, puede volver a solicitar ante la Superintendencia
de Sociedades su liquidación judicial, ello en virtud de que: i) el auto que
rechaza la solicitud por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, “no
produce efectos de cosa juzgada”[71];
ii) ni el Código de Procedimiento Civil ni el de Comercio, como normas
general de aplicación en los procesos de liquidación de empresas –por remisión
de la Ley 1116 de 2006-, ni la Ley 1116 de 2006, como precepto legal de
contenido especial aplicable a dicho proceso, prohíben esta posibilidad; y iii) como se expuso en
el resumen de los hechos de esta tutela, la Sociedad Granos Piraquive S.A., mediante
la escritura pública N° 2895 del 14 de noviembre de 2008, de la Notaría 52 de
Bogotá, fue declarada disuelta[72],
lo que supone su desaparición y la paralización de sus actividades comerciales,
excepto  las que estén encaminadas
a su liquidación, es decir, al pago de las obligaciones pendientes con los
acreedores y socios y a su cierre definitivo.
2.11.16.   Entonces, se puede
concluir que, estando la Sociedad Granos Piraquive S.A. disuelta, procede su
liquidación privada o judicial. Dado que en este caso se solicitó la
liquidación judicial ante el juez del concurso, pero el auto que la admitió a
trámite se dejará sin efectos en esta providencia -lo que se asimila a su
rechazo-, por las razones esgrimidas, nada obsta para que se vuelva a solicitar
la liquidación judicial de la misma ante la Superintendencia de Sociedades,
máxime si se tiene en cuenta que tal como se manifestó en precedencia, el auto
que rechaza la solicitud no hace tránsito a cosa juzgada, por lo que no está
prohibido ni por el Código de Procedimiento Civil, ni por el Código de
Comercio, ni por la Ley 1116 de 2006, que la solicitud de liquidación judicial
se vuelva a presentar.
2.11.17.   Respecto a lo
anterior, la Sala llamará la atención a la Superintendencia de Sociedades para
que, en caso de que se presente nuevamente la solicitud de liquidación judicial
de la Sociedad Granos Piraquive S.A., actúe con plena observancia de los
mandatos legales que regulan la materia.
2.12.     CONCLUSIONES
2.12.1.   Por mandato
constitucional y legal, la Superintendencia de Sociedades está provista de
facultades jurisdiccionales, por lo que sus decisiones constituyen providencias
judiciales, las cuales pueden, eventualmente, llegar a constituir vías de
hecho, siempre que no estén ajustadas a los principios y derechos
constitucionales. En ejercicio de esa competencia, resulta pertinente reiterar
las reglas sobre la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales.
2.12.2.   La acción de
tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a
enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra
decisión judicial es concebida como un juicio de validez del fallo cuestionado,
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia.
2.12.3.   El defecto
procedimental absoluto se configura cuando se está ante un trámite judicial que
se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que
le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responda únicamente
al capricho y a la arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia,
desconozca el derecho fundamental al debido proceso.
2.12.4.   En el presente
caso no se configuró la temeridad respecto a las acciones de tutela reveladas
por el señor
Alonso Paredes Hernández y por el representante legal de la Sociedad Granos
Piraquive S.A., pues la tutela que compartía identidad de partes, de causa
petendi y de objeto con la que en esta oportunidad se revisa, fue
desistida, por lo que se concluye que no hubo un pronunciamiento
de fondo que estructurara la cosa juzgada constitucional y que activara el
fenómeno de la temeridad.
Respecto
a las demás acciones de tutela a las que hace referencia el señor Paredes Hernández,
se tiene que son posteriores a la revisada por la Corte Constitucional en esta
oportunidad,
por lo que se concluye que no se configura la temeridad.
2.12.5.   Pese a
que el régimen de insolvencia empresarial se enmarca dentro de la política de
estimular el desarrollo empresarial, por lo que tiene una clara preferencia
sobre la recuperación de la empresa antes que su liquidación, la Ley 1116 de
2006 en su artículo 49, ha creado un sistema de liquidación obligatoria, para
cuando se da un incumplimiento del acuerdo concursal o para cuando exista
alguna de las causales de liquidación inmediata que la misma ley establece.
2.12.6.   El proceso de
liquidación judicial, como su nombre lo indica, es un proceso jurisdiccional
del que conoce la Superintendencia de Sociedades en uso de la facultad
consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política, por lo que sus
pronunciamientos constituyen providencias judiciales, las cuales deben estar supeditadas a los
mandatos de la Ley General del Proceso. Entonces, respecto al tema particular
del auto de admisión a trámite de una  liquidación judicial de una sociedad, la
Superintendencia de Sociedades, ni puede exigir requisitos adicionales a los
que la ley determina, ni puede entrar en consideraciones ni análisis
relacionados con el contenido de la información para resolver si admite o
rechaza la solicitud. La labor de esa entidad, es cerciorarse que la
sociedad deudora –quien se va a liquidar-  cumpla todos los requisitos, tanto
sustanciales como formales, exigidos en la Ley 1116 de 2006 para efectos de su
liquidación judicial.
2.12.7.   En caso de que no
se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
aplicable para adelantar la liquidación judicial de una sociedad, la
Superintendencia de Sociedades deberá dar plena aplicación de los preceptos
legales del Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 85 establece: “inadmisibilidad
y rechazo de plano de la demanda: (…) En estos casos, el juez señalará los
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de
cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda. (…)”.
2.12.8.   La
Superintendencia de Sociedades, sin razón justificada, actuó en contravía de lo
ordenado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, pues aunque la
subsanación de los requisitos de procedencia de la solicitud de liquidación
judicial se realizó después de un mes[73], y no en cinco
días como lo consagra la norma en comento, la obligación del ente de
inspección, vigilancia y control era rechazarla, y no admitirla como
efectivamente lo hizo. Por tanto, la decisión de la Superintendencia de
Sociedades representa una violación al derecho fundamental al debido proceso de
la accionante, que debe ser amparado a través de esta acción constitucional,
por cuanto, no cuenta con otro mecanismo judicial de defensa, pues en virtud del numeral 8 del
artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, la providencia judicial que decreta la
apertura inmediata del trámite del proceso de liquidación judicial no admite
ningún recurso.
2.12.9.   En virtud de lo
anterior, se procederá a amparar el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, y se dejará sin efectos el auto N° 400-000836 de
27 de enero de 2012, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades decretó
la apertura del trámite de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A., por haber sido expedido en contravía del mandato legal del artículo 85
del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, la solicitud de liquidación
judicial presentada por la Sociedad Granos Piraquive S.A., se entenderá
rechazada por haber sido subsanada de manera extemporánea, y lo actuado en ese
proceso de liquidación judicial, quedará sin efectos
2.12.10.   Estando la
Sociedad Granos Piraquive S.A. disuelta, procede su liquidación privada o
judicial. Dado que en este caso se solicitó la liquidación judicial ante el juez
del concurso, pero el auto que la admitió a trámite se dejará sin efectos en
esta providencia -lo que se asimila a su rechazo-, por las razones esgrimidas,
nada obsta para que se vuelva a solicitar la liquidación judicial de la misma
ante la Superintendencia de Sociedades, máxime si se tiene en cuenta que tal
como se manifestó en precedencia, el auto que rechaza la solicitud no hace
tránsito a cosa juzgada, por lo que no está prohibido ni por el Código de
Procedimiento Civil, ni por el Código de Comercio, ni por la Ley 1116 de 2006,
que la solicitud de liquidación judicial se vuelva a presentar.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la
suspensión de términos decretada en el presente proceso.
SEGUNDO.-REVOCAR, por la razones
expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el ocho (8) de
octubre de 2012 por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, la cual revocó a su vez la decisión del trece (13) de
agosto de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena y, en su lugar, CONCEDER, en los términos de esta sentencia,
el derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A.
TERCERO.- DEJAR
SIN EFECTOS la
sentencia de tutela proferida el 13 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.
CUARTO.- DEJAR SIN
EFECTOS el
auto N°
400-000836 de 27 de enero de 2012, mediante el cual la Superintendencia de
Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de la
Sociedad Granos Piraquive S.A., por las razones expuestas en esta providencia. Por
lo anterior, la solicitud de liquidación judicial presentada por la Sociedad
Granos Piraquive S.A., se entenderá rechazada por haber sido subsanada de
manera extemporánea, y lo actuado en ese proceso de liquidación judicial,
quedará sin efectos.
QUINTO.- LLAMAR LA ATENCIÓN a la
Superintendencia de Sociedades para que, en caso de que se presente nuevamente
la solicitud de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A.,
actúe con plena observancia de los mandatos legales que regulan la materia.
SEXTO.- Líbrense por
Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, y
cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA              MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ        GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado                                                                                 Magistrado
Ausente en comisión
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO              JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrada                                                              Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB      MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
Auto
259/19
Referencia:
Expediente T-3.763.680. Acción de tutela interpuesta por la Sociedad Portuaria
de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. contra la Superintendencia de
Sociedades.
Asunto:
Solicitud de reserva de nombre en la publicación del auto 248 de 2017
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá
D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere el presente
auto para resolver la solicitud de reserva de nombre en la publicación del auto
248 de 2017, de conformidad con los siguientes:
I.    ANTECEDENTES
1.   Trámite
del expediente T-3.763.680 en la Corte Constitucional - Sentencia SU-773 de
2014
1.1.     La
acción de tutela interpuesta por la Sociedad Portuaria de Cartagena
Multipurpose Terminal CMT S.A., contra la Superintendencia de Sociedades fue
radicada en 18 de enero de 2013 y le correspondió el número T-3.763.680.
1.2.     Conforme
a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte
Constitucional seleccionó, para efectos de su revisión, el expediente
T-3.763.680 mediante auto del 15 de abril de 2013 y correspondió por reparto al
Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
1.3.     La
Sala Plena de la Corte Constitucional analizó el siguiente problema jurídico:
¿La
Superintendencia de Sociedades vulneró el derecho al debido proceso de la
accionada al decretar la apertura del trámite de liquidación judicial de los
bienes de la Sociedad Granos Piraquive S.A., aun cuando ésta subsanó
extemporáneamente la solicitud de apertura?
1.4.     En la
sentencia SU-773 de 2014,[74] la Corte Constitucional concedió el
amparo del derecho fundamental al debido proceso de la Sociedad Portuaria de
Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A. En consecuencia, dejó sin efectos el
auto N° 400-000836 del 27 de enero de 2012 en el que la Superintendencia de
Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de la
Sociedad Granos Piraquive S.A.
1.5.     Así
pues, la solicitud de liquidación judicial presentada por la Sociedad Granos
Piraquive S.A. se entendió rechazada por haber sido subsanada de manera
extemporánea y lo actuado en ese proceso de liquidación judicial se dejó sin
efectos.
1.6.     Finalmente,
la Sala Plena resolvió llamar la atención a la Superintendencia de Sociedades
para que actuara con plena observancia de los mandatos legales que regulan la
materia, en caso de que se presentara una nueva solicitud de liquidación
judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A.
2.   Solicitud
de Nulidad de la Sentencia SU-773 de 2014
2.1.     El
apoderado judicial de la Sociedad Granos Piraquive S.A. en liquidación radicó
el 27 de noviembre de 2014 en la Secretaría General de la Corte Constitucional
incidente de nulidad contra la sentencia SU-773 de 2014 y pidió que la
solicitud fuera resuelta por conjueces dado que los magistrados intervinieron
en el fallo cuestionado.
2.2.     Mediante
auto 248 de 2017,[75] la Sala Plena de la Corte denegó la
petición de nulidad formulada.
3.   Solicitud
de reserva de nombre
3.1.     Mediante
escritos remitidos por la Secretaría General de la Corte Constitucional al
despacho de la suscrita Magistrada sustanciadora los días 20 de marzo y 23 de
abril de 2019, el peticionario solicitó que se remplace o sustituya su nombre “por
una sucesión de letras o números que impidan su identificación de las versiones
que se encuentran publicadas en internet del documento titulado ‘Referencia:
solicitud de nulidad de la sentencia SU-773 de 2014’”.[76]
3.2.     El
peticionario solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la honra,
al buen nombre, a la intimidad, al trabajo y al habeas data, de manera que se
acceda a su pretensión de reserva de nombre pues ello no perturba la libertad
de publicidad de los fallos.
3.3.     Para
sustentar su pretensión mencionó la sentencia T-020 de 2014,[77] en la
que se hace un análisis de la protección del derecho al habeas data en casos en
que se publican datos personales en sentencias judiciales.
3.4.     El
solicitante también se refirió a la sentencia SU-458 de 2012[78] que
desarrolló el tema del derecho al habeas data tratándose de la publicación de
información atinente a antecedentes penales y, finalmente, señaló lo siguiente:
“[L]a permanencia del documento titulado ‘Referencia: solicitud de
nulidad de la sentencia SU-773 de 2014’, en los buscadores Google, Yahoo y
Bing, en los términos en que está, afecta mis derechos fundamentales al buen
nombre, identidad y trabajo, en la medida que por mi actividad laboral, la
proyección de mi perfil en sitios antes señalados, son la puerta para acceder a
entidades financieras, de inversión, societaria entre otros campos”.[79]
II.     CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer, tramitar y decidir la presente solicitud de reserva
de nombre en la publicación del auto 248 de 2017, de conformidad con el
artículo 62 del
Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unificó y actualizó el Reglamento
Interno de esta Corporación.
2.   Procedencia
de las solicitudes de reserva de nombre en la publicación de autos y sentencias
de la Corte Constitucional
2.1.     La
potestad de omitir los nombres en las providencias de esta Corporación se
encuentra en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unificó
y actualizó el Reglamento Interno de la Corte Constitucional, que establece lo
siguiente:
“Artículo
62. Publicación de providencias. En la publicación de sus providencias,
las Salas de la Corte o el Magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer
que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes”.
2.2.     La
Corte Constitucional ha protegido el derecho a la intimidad cuando profiere una
providencia y en su publicación decide mantener en reserva los nombres reales
de los accionantes e intervinientes de un proceso de tutela. Lo anterior ha
ocurrido en casos en que están involucrados niños, niñas y adolescentes,
personas con diagnóstico de VIH/SIDA u otras afecciones de salud, personas
intersexuales o con ambigüedad genital, parejas del mismo sexo o de la
población LGBT y de personas que han estado vinculadas en investigaciones de
naturaleza penal.[80]
2.3.     No
obstante, corresponde estudiar qué ocurre cuando esta Corporación no adopta
dicha medida y una persona solicita la reserva de su nombre en un auto o una
sentencia.
2.4.     El
Código General del Proceso establece que las providencias pueden ser
modificadas mediante aclaración (art. 285 CGP), corrección de errores
aritméticos y otros (art. 286 CGP) y adición (art. 287 CGP).
2.5.     Sin
embargo, tal como se expondrá a continuación, las solicitudes de reserva de
nombre en autos y sentencias no se enmarcan dentro de los supuestos de las
figuras antes enunciadas.
2.6.     Para
empezar, la aclaración[81] procede de oficio o a petición de
parte dentro del término de ejecutoria y en los eventos en que la providencia
“contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.
2.7.     Por su
parte, la corrección[82] de providencias resulta aplicable en
cualquier tiempo respecto de errores aritméticos o de errores “por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella”.
2.8.     Finalmente,
la adición[83] procede de oficio o a petición de
parte dentro del término de ejecutoria en los eventos en que se “omita
resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro
punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”.
2.9.     La
jurisprudencia constitucional establece que aunque la posibilidad de modificar
el texto de una sentencia en firme de la Corte Constitucional solo es posible
mediante la “corrección de errores aritméticos y otros” de la que trata
el artículo 286 del Código General del Proceso,[84]
“ello no impide que la Corte Constitucional adopte medidas
adicionales para impedir que se vulneren los derechos de los tutelantes”[85] e
intervinientes dentro de las acciones de amparo, en atención a que con ello no
se altera el fondo de lo que se resuelve.[86]
2.10.    La
decisión de mantener en reserva los nombres reales de los accionantes e
intervinientes de un proceso de tutela implica un conflicto entre el derecho a
la intimidad y el principio de publicidad propio de los procesos judiciales que
se encuentra consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política. Sin
embargo, esta Corporación ya resolvió esta tensión y ha admitido estas
solicitudes “cuando la providencia a la que se refiere la solicitud[87]:
(i) comprende aspectos íntimos de la persona, o (ii) su contenido puede generar
el deterioro innecesario de la imagen del solicitante frente a sí mismo o a la
sociedad[88], es decir, cuando la sentencia
tiene un impacto para la intimidad, la honra o el buen nombre de una persona[89]”.
2.11.    Como
se ha dicho de manera reiterada por este Alto Tribunal, la reserva de identidad
no supone “la modificación de una sentencia en firme mediante la supresión
del nombre e identificación del peticionario y su reemplazo por datos
ficticios, sino […] la expedición de una sentencia para los fines de
publicidad a través de la página Web de la Corte Constitucional de contenido
similar a la original pero con nombres ficticios para la protección del derecho
a la intimidad del peticionario”.[90]
2.12.    Adicionalmente,
en el auto 150A de 2018,[91] la Sala Cuarta de Revisión estimó que
para que proceda una solicitud de reserva de nombre es necesario que el
interesado “argumente por qué, en su caso concreto, la regla general de
publicación íntegra de la providencia debe ceder, imponiéndose un deber de
demostración mínima al solicitante. En
efecto, quien pida a la Corte la reserva de su nombre debe exponer cómo la
publicación sin reservas de las providencias implica un impacto de relevancia
constitucional en sus derechos fundamentales”.
La Sala adujo que la
procedencia de una solicitud de reserva de nombres en una providencia de la
Corte Constitucional impone el análisis de tres elementos, a saber:
(i)
Legitimación en la causa. La petición debe ser
presentada directamente por quien encuentre afectados sus derechos a la
intimidad, a la honra o al buen nombre o por intermedio de apoderado.
Excepcionalmente procedería la figura de la agencia oficiosa pero en estos
casos el tercero tiene la carga de argumentar por qué el afectado no acude a
solicitar la protección de sus garantías fundamentales.
(ii)      Oportunidad.
La solicitud debe ser interpuesta en un término prudencial por lo que “una
demora injustificada en su presentación es un indicio fuerte de que los
derechos a la intimidad, la honra o el buen nombre no sufren una afectación
sustancial que amerite excepciones a la regla general de publicidad de las
providencias”.
(iii)   Carga
argumentativa. El solicitante debe presentar argumentos o los motivos por los
cuales se debe acceder a la pretensión de reserva de nombre. No obstante, “lo
anterior implica que es insuficiente la mera manifestación de pertenencia a un
determinado grupo poblacional para acceder a la solicitud de cambio de
nombres”.
2.13.    En
suma, el artículo 62 del Acuerdo
02 de 2015 permite a las diferentes Salas de la Corte Constitucional o a los
Magistrados sustanciadores reservar el nombre de las
partes, los intervinientes o los terceros en la publicación de sus providencias
para garantizar sus derechos fundamentales.
2.13.1.   Esta
Corporación ha manifestado de manera reiterada y pacífica que las solicitudes
de reserva de identidad o de nombres proceden incluso respecto de providencias
que se encuentran en firme y representan un conflicto o ejercicio de
armonización entre el derecho a la intimidad y el principio de publicidad de
los procesos judiciales consagrado en el artículo 228 de la Constitución
Política.
2.13.2.   En
estos casos, no se trata de una corrección en los términos del artículo 286 del
Código General del Proceso ni de la modificación de la providencia. Por el
contrario, lo que se impone es la expedición de un nuevo auto o una nueva
sentencia para los fines de publicidad a través de la página Web de la Corte
Constitucional con contenido similar al del texto original, salvo por los
cambios adoptados para proteger el derecho a la intimidad del peticionario y
sin que de ninguna manera se altere el fondo de la decisión.
2.13.3.   Finalmente,
en el auto 150A de 2018,[92] la Sala Cuarta de Revisión determino
que ante una solicitud de reserva de nombres en una providencia proferida por
la Corte Constitucional, resulta indispensable que la Sala o el Magistrado
evalué (i) la legitimación en la causa del peticionario, (ii) la oportunidad en
la presentación de la petición y (iii) si el interesado presentó razones y
argumentos para que se acceda a su pretensión.
3.   Los
derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data en el marco de la
publicación de providencias judiciales
3.1.     La
jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en algunos casos sobre la
protección del derecho a la intimidad y al habeas data ante la publicación del
nombre y otros datos que permiten la identificación de las
partes, los intervinientes o los terceros en sentencias y autos.
3.2.     Sobre
el particular, en la sentencia SU-337 de 1999, la Sala Plena estudió la tutela
presentada por la madre de una persona intersexual menor de 18 años. En la
providencia existe un acápite denominado “la protección de la intimidad del
menor y su familia y la publicidad parcial del proceso en curso” en el que
se expone lo siguiente:
“[L]os
procesos judiciales deben ser públicos. Además, la Corte Constitucional revisa
eventualmente las acciones de tutela con el propósito esencial de unificar la
doctrina constitucional para de esa manera orientar la actividad de los
distintos jueces en la materia. La protección del sosiego familiar de la peticionaria
no puede entonces llevar a la prohibición de la publicación de la presente
sentencia, o a la total reserva del expediente, por cuanto se estarían
afectando de manera desproporcionada el principio de publicidad de los procesos
y la propia función institucional de esta Corte Constitucional. Es pues
necesario armonizar la protección de la intimidad de la peticionaria con los
intereses generales de la justicia, por lo cual esta Corporación concluye que
la única determinación razonable es la siguiente: de un lado, y con el fin de
amparar la intimidad, en la sentencia se suprimen todos los datos que puedan
permitir la identificación de la menor o de la peticionaria, lo cual explica no
sólo que no aparezcan sus nombres ni el de su médico tratante sino que, además,
se haya eliminado la referencia al lugar de los hechos y la denominación del
juez de tutela que inicialmente decidió el caso. Igualmente, y por la misma
razón, el presente expediente, que será devuelto al juzgado de origen, queda
bajo absoluta reserva y sólo podrá ser consultado por las partes
específicamente afectadas por la decisión, esto es, por la madre, el médico
tratante y el representante del I.S.S, y, como es obvio, estos últimos se
encuentran obligados a proteger esa confidencialidad”.
3.3.     Posteriormente,
la Corte Constitucional en la SU-458 de 2012[93]
se refirió al derecho al habeas data tratándose de publicación de información
atinente a antecedentes penales, así como la administración de datos personales
y señaló lo que se cita a continuación:
“[L]a
Corte considera que la publicidad indiscriminada de la información sobre
antecedentes penales no cumple una finalidad legal o constitucional, no es útil
ni necesaria. Por el contrario, considera la Corte que dicha información
facilita el ejercicio incontrolado del poder informático, constituye una
barrera de facto para el acceso o la conservación del empleo y facilita
prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la
Constitución”.
3.4.     En la
sentencia T-020 de 2014,[94] la Sala  Tercera de Revisión hizo un
análisis de la protección del derecho al habeas data en casos en que se
publican datos personales en sentencias judiciales. En dicho caso, la
accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Corte Suprema de
Justicia que mantenía información en su página web sobre una condena penal
impuesta en su contra. La actora manifestó que debido a dicho registro sufrió
actos de discriminación y había visto frustradas varias oportunidades laborales
y comerciales pese a que ya se había declarado la extinción de la pena mediante auto del 14 de marzo de 2003.
3.4.1.  La
Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos fundamentales al concluir
que existe un deber constitucional y legal de publicar las providencias
judiciales en firme.
3.4.2.  En
sede de revisión, la Sala Tercera de Revisión se refirió a la naturaleza
jurídica, el contenido y el alcance del derecho al habeas data y expuso lo
siguiente:
“[E]s
claro que las facultades que confiere el habeas data varían según la naturaleza
de la información y la finalidad que justifica su tratamiento. Dos ejemplos
desarrollados aquí y relevantes para los efectos de esta sentencia, son la
autorización y la supresión. En la primera, no se exige dicha condición cuando
se está en presencia del uso de datos vinculados con la información requerida
por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial o cuando se trata de datos públicos; mientras que, en la segunda, se
pueden presentar fenómenos de supresión total o de supresión parcial de la
información, a partir de la finalidad que cumple el dato y de las reglas que
rigen su circulación”.
3.4.3.  La
Sala dijo que “una sentencia, además de estar caracterizada por
quién la profiere, también es susceptible de ser analizada desde la perspectiva
del habeas data, ya que al consultarla, es posible tender un vínculo entre una
persona y los datos que reflejan una precisa situación jurídica. Así las cosas,
es innegable que, por ejemplo, en el ámbito penal, y desde la perspectiva de la
información, una decisión condenatoria asocia a una persona con la comisión de
un determinado comportamiento punible”.
3.4.4.  Sobre la
exposición de datos personales en providencias judiciales, en la sentencia se
concluyó lo que se cita a continuación:
“[A]un
cuando se entiende que las sentencias son públicas, y así deben seguir
siéndolo, la información personal contenida en ellas está sometida a los
principios de la administración de datos, por lo que eventualmente pueden
incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya circulación y acceso deben
cumplirse los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que
rigen el derecho al habeas data. Esta última circunstancia habilita la
supresión relativa de información, con miras a proteger la intimidad, el
derecho al trabajo o la reinserción de las personas en la sociedad, a través de
medidas que garanticen la imposibilidad de proceder a su identificación, en
concreto en las versiones que se publiquen en la Web de una providencia.
3.4.5.  Por
último, la Sala Tercera de Revisión revocó la sentencia de instancia y concedió
el amparo del derecho fundamental al habeas data, en lo que respecta a la
protección de los principios de finalidad y circulación restringida. En
consecuencia, ordenó a la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia que respecto de los soportes de la Rama Judicial,
reemplazara o sustituyera de las versiones que se encuentra publicadas en
internet de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia del 15 de noviembre de 2000, el nombre de la accionante,
por una sucesión de letras o números que impidan su identificación.
III.  ESTUDIO
DE LA SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE EN LA PUBLICACIÓN DEL AUTO 248 DE 2017
1.   Legitimación
en la causa
1.1.     El
peticionario, quien actuó directamente, se encuentra legitimado en este asunto
ya que la solicitud de reserva de nombre procede para garantizar los derechos
fundamentales de las partes, los intervinientes o los terceros mencionados en
providencias de la Corte Constitucional.
1.2.     Además,
tal como se comprobó, el nombre solicitante aparece en los textos publicado de
la sentencia SU-773 de 2014 y el auto 248 de 2017.
2.   Oportunidad
para presentar la solicitud de reserva de nombre
2.1.  En el
presente caso, el nombre del peticionario aparece en dos providencias
proferidas por la Sala Plena de esta Corporación, a saber: (i) la sentencia
SU-773 del 16 de octubre de 2014 y (ii) el auto 248 del 24 de mayo de 2017.
2.2. Por su
parte, el solicitante presentó las peticiones de reserva de nombre el 18 de
marzo y el 22 de abril de 2019 y estas fueron remitidas al despacho de la
suscrita Magistrada sustanciadora el 20 de marzo y 23 de abril de
2019.
2.3. Lo
anterior indica que entre la fecha en que la sentencia SU-773 del 16 de
octubre de 2014 fue proferida y el momento en que se presentó la primera
solicitud de reserva de nombre (20 de marzo de 2019) transcurrieron 4 años, 5
meses y 4 días.
2.4. Además,
entre la fecha en que fue proferido el auto 248 de 2017 (24 de mayo de 2017) y
el momento en que se presentó la primera solicitud de reserva de nombre (20 de
marzo de 2019) transcurrió un año, 9 meses y 24 días.
2.5. Aunque
el interesado dejó transcurrir un tiempo prolongado para presentar la solicitud
de reserva de nombre, para esta Sala no puede perderse de vista que el
peticionario asegura que la mención que se hace de él en las providencias
afecta sus derechos fundamentales y puede constituir una barrera para conseguir
un empleo, acceder a entidades financieras y afectarlo en su actividad laboral.
2.6. Así
las cosas, la Sala debe pronunciarse de fondo en atención a que el acceso a la
información del solicitante en las providencias enunciadas representa una
afectación actual que puede prolongarse indefinidamente.
3.   Resolución
de la solicitud de reserva de nombre en la publicación del auto 248 de 2017
3.1.     El
peticionario solicitó que se remplace o sustituya su nombre “por
una sucesión de letras o números que impidan su identificación de las versiones
que se encuentran publicadas en internet del documento titulado ‘Referencia:
solicitud de nulidad de la sentencia SU-773 de 2014’”. Para sustentar su
pretensión expuso que:
“[L]a permanencia del documento titulado ‘Referencia: solicitud de
nulidad de la sentencia SU-773 de 2014’, en los buscadores Google, Yahoo y
Bing, en los términos en que está, afecta mis derechos fundamentales al buen
nombre, identidad y trabajo, en la medida que por mi actividad laboral, la
proyección de mi perfil en sitios antes señalados, son la puerta para acceder a
entidades financieras, de inversión, societaria entre otros campos”.[95]
3.2.     Tal
como se corroboró, en el texto de la sentencia SU-773 de 2014 (Acción de tutela instaurada por la Sociedad
Portuaria de Cartagena Multipurpose Terminal CMT S.A., contra la
Superintendencia de Sociedades) se encuentra el nombre del peticionario y se
indica que se interpuso una denuncia penal en su contra.
3.3.     De la misma manera, se pudo constatar
que en el texto del auto 248 de 2017 (Solicitud de nulidad de la sentencia
SU-773 de 2014) se encuentra el nombre del solicitante, se hace mención a unas
supuestas conductas ilícitas cometidas por él y el estado del proceso penal que
se surtía en su contra.
3.4.     Ahora
bien, como se estableció en el sistema denominado “Consulta de
procesos” de la Rama Judicial, efectivamente existió un proceso penal
contra el peticionario y mediante auto del juzgado penal del circuito de
conocimiento de Bogotá se decidió precluir la  investigación. En la anotación
correspondiente se consignó lo siguiente:
“EL
DESPACHO INSTALA LA AUDIENCIA Y PRECUYE LA INVESTIGACIÓN A FAVOR DE [tres
personas entre las que se encuentra el aquí solicitante], DELITOM (sic) ABUSO
DE COMF (sic), Y OTRO. AVISO DE LEY. ARCHIVO DEFINIT (sic). SR”.[96]
3.5.     Para
la Sala, la solicitud interpuesta está llamada a prosperar pues se ajusta a la
jurisprudencia constitucional sobre la reserva de nombre en la
publicación de autos y sentencias de la Corte Constitucional.
3.6.     En
este caso es necesario adoptar medidas para la armonización entre el principio
de publicidad de los procesos judiciales consagrado en el artículo 228 de la
Constitución Política y los derechos de intimidad y habeas data de quien solicitó
la reserva de su nombre.
3.7.     Está
claro que en la sentencia SU-773 de 2014 y en el auto 248 de 2017 se hace mención a un proceso penal
en contra del solicitante en el que, posteriormente, no fue encontrado
culpable. Así pues, no es posible mantener esta
información indefinidamente en los documentos publicados de estas providencias
pues dicha decisión (i) no descansaría en una finalidad legítima, (ii) afectaría
los derechos fundamentales al habeas data, a la intimidad, a la
honra y al buen nombre del peticionario y (iii) generaría que el solicitante
pueda ver frustradas oportunidades laborales, emprendimientos comerciales o el
acceso a canales de financiamiento, entre otras cosas.
3.8.     Ahora
bien, aunque el interesado solo pidió que en el auto 248 de 2017 se remplazara
y sustituyera su nombre por una sucesión de letras o números que impidan su
identificación, lo cierto es que la primera mención que se hace a él está en la
sentencia SU-773 de 2014. En tal virtud, la Sala Plena ordenará la reserva de
su nombre y la supresión de los datos que permitan su identificación en las dos
providencias para garantizar la efectiva protección de sus derechos
fundamentales.
3.9.     En
consecuencia, se ordenará que, por medio de la Secretaría General de esta
Corporación, se proceda a suprimir el nombre del solicitante de la sentencia
SU-773 de 2014 y el auto 248 de 2017 por las letras J.D., así como de toda
publicación futura dentro del proceso con radicado T-3.763.680.
3.10.    Finalmente,
se ordenará a la Relatoría de la Corte Constitucional que proceda a remplazar
las versiones que se encuentra en la página web de la Corte Constitucional de
la sentencia SU-773 de 2014 y el auto 248 de 2017 por
las que resulten de cambiar el nombre del peticionario.
IV.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.- ORDENAR que, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, se
proceda a suprimir el nombre del solicitante de la sentencia SU-773 de 2014 y
el auto 248 de 2017 por las letras J.D., así como de toda publicación futura
dentro del proceso con radicado T-3.763.680.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Relatoría de la Corte Constitucional que proceda a remplazar
las versiones que se encuentra en la página web de la Corte Constitucional de
la sentencia SU-773 de 2014 y el auto 248 de 2017 por las que resulten de
cambiar el nombre del solicitante, en los términos señalados en el ordinal
primero de este auto.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 2 y 4 del cuaderno 2.
[2] Folio 2 y 4 del cuaderno 2.
[3] Ni en el escrito de demanda de tutela, ni en el auto que
la admitió a trámite, existe fecha de su presentación ante el Juzgado Doce
Penal Municipal de Barranquilla con Función de Garantías.
[4] No se encuentra prueba de la fecha en que se presentó esta
demanda de tutela.
[5] No se encuentra prueba de la fecha en que se presentó esta
demanda de tutela.
[6] Sentencia T-114 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.
[7] Ver además, la sentencia T-803 de 2004.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] Artículo
25. “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar
las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso”.
[9] Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra: alcance excepcional y restringido que “se justifica en razón a
los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa
juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la
independencia y autonomía de los jueces y el sometimientos general de los
conflictos a las competencias ordinarias de éstos”.
[10] Sentencia T-078 de 2010, M.P. Luis
Ernesto Vargas.
[11] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… solo
en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio
del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Solo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[14] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “…
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.
[15] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es
posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por
defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de
aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”
[16] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[17] Sentencia T-310 del 30 abril de 2009, M.P.
Luis Ernesto Vargas.
[18] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[19]Sentencia
T-327 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Sentencia T-565 A de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Sentencia T-267 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[22] Sentencia C-980
de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[23] Sentencia T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-458 de
1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-339 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez;
C-1512 de 2000  M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-383 de 2005,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-980
de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[24] Sentencia C-980
de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[25] Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[26] Sentencia T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[27] Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[28] Sentencia C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29] Sentencia T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[30] Sentencias C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y
T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[31] Sentencia C-383
de 05, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32] Sentencia C-562
de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-383 de 2005,  M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[33] Sentencia T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanín Grafestein.
[34] Sentencias C-1319 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-645 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-870
de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-100 de 2005, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; C-242 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-823 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; C-823 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-992 de
2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[35] Sentencia C-870 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[36] Sentencias C-1319 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-586 de 2001, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; C-100 de 2005, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; C-823 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[37] Sentencia C-870 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[38] Sentencia C-242 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[39] Sentencias C-1319 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-586 de
2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-1143 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[40] Sentencias C-254 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-100 de
2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis y; C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[41] Sentencias C-100 de 2005, M.P Álvaro Tafur Galvis y C-992 de
2006, M.P  Álvaro Tafur Galvis.
[42] Sentencia C-854 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[43] Sentencia C-1143 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[44] Isaza Upegui, Álvaro; Londoño Restrepo Álvaro,
“Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”, N° 3, 2011, Editorial
Legis, 2011.
[45] Sentencia C-807 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] Sentencia C-123 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[47] Ibídem.
[48] Isaza Upegui, Álvaro; Londoño Restrepo Álvaro,
“Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”, N° 3, 2011, Editorial
Legis, 2011.
[49] Sentencia T- 598 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[50] La Sociedad Granos Piraquive S.A, con la solicitud de
liquidación judicial,  anexó los siguientes documentos: “Certificación de
existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá;
Copia del acta de asamblea de accionistas, donde adoptan decisión de promover
la admisión al proceso de liquidación judicial de la Sociedad Granos Piraquive
S.A.; Estados financieros básicos correspondientes a los tres últimos
ejercicios y dictámenes respectivos; los cinco estados financieros básicos,
cortados a último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud; memoria explicativa firmada por el apoderado; inventario; y
certificación de los estados financieros”. Ver folio 40 y 41 del cuaderno
2.
[51] La Sociedad Granos Piraquive S.A., a través del memorial
presentado ante la Supersociedades el 20 de diciembre de 2011, “subsanó los
vicios de la solicitud de trámite de la liquidación judicial”, aportando
copia de los siguientes documentos: “Resolución N° 900005 del 23 de
diciembre de 2008, proferida por la DIAN, mediante la cual se agotó la vía
gubernativa contra la sanción impuesta por dicha entidad por valor de
$3.506.350.000; estado de cuenta pendiente de pago con el Distrito de Cartagena
por concepto de impuesto predial sobre inmueble de propiedad de la sociedad
Granos Piraquive  S.A., que en la actualidad asciende a la suma de
$755.818.123; y facturas adeudadas a la firma abogados Gómez Gómez Abogados
Consultores Ltda”. Ver folio 43 del cuaderno 2.
[52] Folio 17 del cuaderno 2.
[53] Folio 47 del cuaderno 2.
[54] Folio 407 del cuaderno 2.
[55] Folio 469 del cuaderno 2.
[56] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] Folio 17 del cuaderno 2.
[58] Folio 469 del cuaderno 2.
[59] Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-145 de 1995. M.P.
Jorge Arango Mejía, T-308 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-091
de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,  T-001 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, y T-741 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[61] Sentencia T-741 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] Sentencia T-1233 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] Sentencia T-718 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[64] Ver folio 13 del cuaderno 1.
[65] http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280.
[66] Artículo 4.
[67] Ver folios  40-42 del cuaderno 2.
[68] Folio 2 y 4 del cuaderno 2.
[69] Folio 2 del cuaderno 2.
[70] Folio 2 y 4 del cuaderno 2.
[71] Isaza Upegui, Álvaro; Londoño Restrepo Álvaro,
“Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”, N° 3, 2011, Editorial
Legis, 2011. Pág. 82. “En el evento en que el deudor que ha presentado la
solicitud de apertura no cumpla los requisitos que le fueron exigidos, el juez
debe rechazarla. En este caso nada impide que el deudor presente una nueva
solicitud, por cuanto el auto que la rechaza no produce efectos de cosa
juzgada. Diferente es la situación que se presente cuando el deudor no cumple
el requerimiento que por segunda vez le hace el juez, cuando la solicitud
proviene de los acreedores, pues en este caso lo que se dispone por el
legislador es que el mismo juez deberá ordenar la apertura del proceso de
liquidación judicial o (SIC) ordenará la remisión inmediata de los
administradores, en virtud del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006”.
[72]El artículo 457
del Código de Comercio consagra como causales de disolución de las sociedades
anónimas las siguientes: “1) Por las causales indicadas en el artículo 218;
2) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito, y  3) Cuando el noventa y cinco por
ciento o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo
accionista”. Por su parte, el artículo 218 del mismo código manifiesta        que:
“La sociedad comercial se disolverá:  1) Por vencimiento del término
previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente
antes de su expiración;  2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa
social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas
cuya explotación constituye su objeto;  3) Por reducción del número de
asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o
por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley;  4) Por la
declaración de quiebra de la sociedad;  5) Por las causales que expresa y
claramente se estipulen en el contrato; 6) Por decisión de los asociados,
adoptada conforme a las leyes y al contrato social;  7) Por decisión de
autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y  8)
Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o
algunas de las formas de sociedad que regula este Código”.
[73] Folio 2 del cuaderno 2.
[74] Corte Constitucional, sentencia SU-773 de 2014 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[75] Corte Constitucional, auto 248 de 2017 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).
[76] Folio 1 de la solicitud de reserva de nombre.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-020 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[78] Corte Constitucional, sentencia SU-458 de 2012 (MP Adriana María
Guillén Arango; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SVP Nilson Pinilla Pinilla y
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[79] Folio 4 de la solicitud de reserva de nombre.
[80] Corte Constitucional, auto 522 de 2015 (MP María Victoria Calle
Correa), en el que se citan casos en los que esta Corporación protegió “el
derecho a la intimidad de los sujetos implicados en trámites de tutela, a
través de la supresión de los datos que puedan permitir su identificación”.
[81] La figura de aclaración de providencias se encuentra regulada en
el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012 del Código General del Proceso.
[82] La figura de corrección de providencias se encuentra regulada en
el artículo 286 de la Ley 1564 de 2012 del Código General del Proceso.
[83] La figura de adición de providencias se encuentra regulada en el
artículo 287 de la Ley 1564 de 2012 del Código General del Proceso.
[84] La figura de “corrección de errores aritméticos y otros” antes se
encontraba contenida en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil,
[85] Corte Constitucional, auto 286 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa).
[86] Corte Constitucional, auto 134 de 2011 (MP Mauricio González
Cuervo).
[87] Ver, entre otros, Autos A-539/17; A-094/17; A-522/15.
[88] Ver también autos A-094/17,
[89] Cfr. Autos A-094/17 y A-026/18.
[90] Corte Constitucional, autos 286 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa), 134 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), 204 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), 241 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), 213 de 2012
(MP Mauricio González Cuervo), 522 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo), 094
de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos), 539 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera) y 026 de
2018 (MP Alberto Rojas Ríos).
[91] Corte Constitucional, auto 150A
de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[92] Corte Constitucional, auto 150A
de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[93] Corte Constitucional, sentencia SU-458 de 2012 (MP Adriana María
Guillén Arango; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SVP Nilson Pinilla Pinilla y
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[94] Corte Constitucional, sentencia T-020 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[95] Folio 4 de la solicitud de reserva de nombre.
[96] El comprobante de la indagación hecha en el sistema de “Consulta
de procesos” de la Rama Judicial se anexó junto con las solicitudes presentadas
por el peticionario.