T-474-17
Sentencia T-474/17
PROCESO
DE HOMOLOGACION DE LA FIJACION PROVISIONAL DE CUOTA ALIMENTARIA-Debida notificación como garantía de defensa y contradicción
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
Conforme a la
jurisprudencia de este tribunal, el defecto procedimental alude a todos
aquellos eventos en los que el juez accionado, al momento de dictar su decisión,
o durante los actos o diligencias previas conducentes a ella, desatiende o deja
de aplicar las reglas procesales que según el caso resultan pertinentes,
defraudando así la confianza legítima de las partes involucradas, quienes,
naturalmente, esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las normas
procesales aplicables. Este solo hecho implica un desconocimiento del derecho
de acceder a la justicia, que garantiza el artículo 229 de la Constitución.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial (i) sigue un
trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes; o (iii) pasa por
alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación
a los derechos fundamentales.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL
O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corporación
ha entendido que el defecto sustantivo o material se presenta cuando la decisión
que toma el juez ordinario desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto. Este defecto se configura cuando: (i) la
norma utilizada ya había sido derogada y no produce ningún efecto jurídico o
había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (ii) porque la
norma es abiertamente inconstitucional para el caso en concreto y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; o (iii)
porque, a pesar de que la norma está vigente y es constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó.
DEBIDA NOTIFICACION-Presupuesto para la garantía del derecho de
defensa y contradicción
Cualquier falla en el procedimiento de
notificación es una grave omisión procedimental de tal entidad que vicia
completamente la actuación judicial “porque desconoce groseramente los derechos
que tienen los ciudadanos a participar en las actuaciones judiciales de las que
son parte y a ejercer los recursos que la ley les asigna”. Es por lo anterior
que la Corte ha llegado a reconocer que la debida notificación es un ejercicio
judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad cuya finalidad es
“garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación
judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho
de defensa, contradicción e impugnación”. Con todo, la notificación además de
pretender formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada
actuación, busca legitimar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y
proteger las garantías procesales intrínsecamente relacionadas con el derecho a
la defensa. Su omisión o realización indebida se considera como una grave
afectación del derecho de defensa y contradicción, contrariando así la garantía
del derecho fundamental al debido proceso.
HOMOLOGACION DE LA FIJACION PROVISIONAL DE CUOTA ALIMENTARIA-Normatividad aplicable
CUOTA ALIMENTARIA-Reglas
que deberán observarse para la fijación
HOMOLOGACION
DE DECISIONES DE DEFENSORES DE FAMILIA-Alcance
HOMOLOGACION DE LA FIJACION PROVISIONAL DE CUOTA ALIMENTARIA-Procedimiento
PROCESO DE ALIMENTOS-Proceso verbal sumario
PRINCIPIO
DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración constitucional e
internacional
HOMOLOGACION
DE DECISIONES DE DEFENSORES DE FAMILIA-Reiteración
de jurisprudencia
HOMOLOGACION
DE DECISIONES DE DEFENSORES DE FAMILIA-Control
formal y material
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA
FIJACION PROVISIONAL DE CUOTA ALIMENTARIA-Procedencia
por defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto por aplicar norma
derogada y seguir un trámite totalmente ajeno al proceso de homologación, de
conformidad con la normatividad vigente
Referencia:
Expediente T-6.069.580
Acción de
tutela instaurada por María Nubia Martínez Villanueva en nombre propio y como representante
legal de su hijo Jefrey Wilchez Villanueva contra el Juzgado Quince de Familia
de Bogotá D.C.
Magistrado
Ponente (e.)
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá D.C.,
veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Sexta de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada
por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y los Magistrados Alberto Rojas
Ríos e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior de
Bogotá en primera instancia y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en
segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por María Nubia
Villanueva Martínez en nombre propio y como representante legal de su hijo Jefrey
Wilchez Villanueva contra el Juzgado Quince de Familia de Bogotá.
I.    ANTECEDENTES
El 20 de octubre de
2016 la señora María Nubia Villanueva Martínez, actuando  de forma personal  y en
representación de su hijo Jefrey Wilchez Villanueva, presentó acción de tutela
contra el Juzgado Quince de Familia de Bogotá, al considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y contradicción. Para sustentar
su demanda relató el siguiente acontecer fáctico.
1.
Hechos
1.1.
Manifiesta que es madre del menor Jefrey
Wilchez Villanueva, quien tiene 17 años de edad y nació fruto de la relación que
sostuvo con el señor Carlos Julio Wilchez Moreno, de quien se separó hace
aproximadamente 10 años.
1.2.
Indica que desde el año 2006 y hasta la
presentación de la tutela no ha sido posible que el padre del menor cumpla con
las obligaciones alimentarias que le corresponden, por lo que el 10 de
septiembre de 2015 radicó una solicitud de conciliación ante la Comisaría de
Familia núm.19 de la Localidad Ciudad Bolívar, con el fin de establecer una
cuota alimentaria, y fijar la custodia y el régimen de visitas de su hijo.
1.3.
Sostiene que la Comisaría de Familia núm. 19
remitió cuatro citaciones en las fechas de 10 de septiembre de 2015, 5 de
octubre de 2015, 11 de marzo de 2016 y 18 de mayo de 2016 dirigidas al señor
Carlos Julio Wilchez Moreno, con el fin de que asistiera a la diligencia de
conciliación, la cual se efectuó solo hasta el 15 de junio de 2016. En dicha
fecha, al no haberse llegado a un acuerdo entre las partes, la Comisaría
procedió a expedir el Auto de fijación de alimentos provisionales R.U.G. núm.
2574-15, por medio del cual dispuso lo siguiente:
“…Fijar como CUOTA PROVISIONAL DE ALIMENTOS a favor de JEFREY WILCHEZ
VILLANUEVA, la suma de  TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE ($344.727) PESOS MENSUALES, suma de dinero que el señor CARLOS
JULIO WILCHEZ MORENO deberá entregar personalmente a la señora MARIA NUBIA
VILLANUEVA MARTÍNEZ, entre los días primero (1) y cinco (5) de cada mes, frente
a lo cual la señora MARÍA NUBIA VILLANUEVA MARTÍNEZ queda obligada a
proporcionarle al señor CARLOS JULIO WILCHEZ MORENO, un comprobante de cada
suma de dinero recibida. Los gastos de educación, salud y vestuario quedan
incluidos dentro de la cuota provisional fijada…”.
1.4.
Agrega que dicha cuota alimentaria fue
debidamente cancelada por el padre del menor durante los meses de julio y
agosto de 2016.
1.5.
Refiere que el 20 de junio de 2016 el señor
Carlos Julio Wilchez Moreno presentó escrito de inconformidad en contra de la
decisión adoptada por la Comisaría el 15 de junio de 2016, por lo que esta
última procedió a remitir el proceso a los juzgados de familia para que se
surtiera el correspondiente proceso de homologación de alimentos, asunto que
fue repartido al Juzgado Quince de Familia de Bogotá.
1.6.
Aduce que ese Despacho asumió el conocimiento
del proceso el 5 de julio de 2016 y mediante Auto de esa fecha dispuso citar a
las partes con el fin de dar cumplimiento a la audiencia de conciliación
judicial consagrada en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001. En el mismo
proveído ordenó correr traslado a la Procuraduría Judicial y al Defensor de
Familia, a fin de que se emitieran un concepto sobre el caso.
1.7.
Sostiene que de acuerdo al informe presentado
el 11 de julio de 2016 por la notificadora del Despacho, no se encontró en el
expediente la dirección de su domicilio para proceder a enviar la respectiva notificación
según lo ordenado en el Auto del 5 de julio de 2016. Afirma que el 8 de agosto
de 2016, nuevamente la notificadora del juzgado demandado presentó un informe
en el cual dejó constancia de que había tratado de comunicarse telefónicamente
con la Comisaría 19 de Familia con el fin de obtener la dirección de domicilio
para enviar la correspondiente citación, sin que fuera posible establecer dicha
comunicación.
1.8.
Señala  que mediante Auto del 11 de agosto de
2016, el Juzgado Quince de Familia de Bogotá requirió al señor Carlos Julio
Wilchez Moreno, con el fin de que informara de manera inmediata la
dirección de notificación, comunicación que se libró el 24 de agosto de 2016
sin que se obtuviera respuesta alguna.
1.9.
Arguye que  a pesar de lo anterior, el Juzgado
Quince de Familia de Bogotá profirió el Auto del 29 de agosto de 2016, en el
cual resolvió “No Homologar la decisión adoptada por la Comisaría 19 de
Familia de Bogotá” y, en su lugar, “Modificó la cuota provisional de
alimentos fijada en audiencia del 15 de junio de 2016 por la Comisaría de
Familia No 19 de Bogotá, a la suma de  doscientos veinte mil pesos ($220.000)
mensuales”.
1.10.
En razón a lo anterior, considera que el
Juzgado Quince de Familia de Bogotá incurrió en los siguientes defectos:
-
El trámite surtido para conciliación judicial
establecido en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001[1],
para el momento de los hechos, ya se encontraba derogado por la Ley 1564 de
2012.
-
El traslado ordenado para la Procuraduría y la
Defensoría de Familia nunca se surtió.
-
A pesar de no obrar en el expediente la dirección
de domicilio para que le fuera notificado el trámite, el juzgado accionado se
limitó a remitir al solicitante de la homologación de alimentos una
comunicación tan solo dos días antes de la diligencia que se llevó a cabo el 29
de agosto de 2016, sin que se hubiese requerido formalmente a la Comisaría 19
de Familia de Bogotá en donde se adelantó el proceso previo y en el cual
reposaban sus datos de contacto.
-
La audiencia del 29 de agosto de 2016 se llevó a
cabo sin que concurrieran ninguna de las partes y se adoptó una decisión que afectó
a su hijo, quien no pudo ser representado en dicha diligencia.
-
No fueron decretadas pruebas que permitieran
establecer las necesidades básicas de su hijo y que evidenciaran sumariamente
que la condición económica del señor Carlos Julio Wilchez Moreno le impedía
cumplir con la cuota fijada por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá.
1.11.
Además de los yerros señalados, la accionante
infiere que no se tuvo en cuenta por parte del Juzgado 15 de Familia de Bogotá que
el menor Jefrey Wilchez Villanueva fue diagnosticado con “Hiperplasia
suprarrenal congénita, Conjuntivitis alérgica, Parálisis facial derecha,
Trastornos Adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática, Sinusitis
crónica y Asma”, patologías que requieren del suministro de medicamentos
como son: “Hidrocortisona, Fludrocortisona, Beclometazona y Loratadina”,
los cuales tienen un costo mensual de $150.000. A su juicio, no se tuvo en
cuenta que dentro de los gastos del menor se encuentran los traslados a citas
médicas mensuales, así como los gastos correspondientes a su estudio,
manutención y vestuario.
1.12.
Afirma que fue diagnosticada con “Artrosis
degenerativa”, lo que le impide tener un trabajo estable de jornada
continua, por lo que para solventar sus necesidades básicas realiza venta de
productos por catálogo.
1.13.
Con sustento en lo descrito, solicita que se
conceda la protección de los derechos fundamentales a la defensa y
contradicción, al debido proceso, a la salud y a la seguridad social, y que se
ordene: (i) al Juzgado Quince de Familia de Bogotá declarar la nulidad de la
decisión adoptada mediante Acta de Audiencia del 29 de agosto de 2016, dentro
del proceso de homologación de alimentos; y (ii) compulsar copias al Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de que inicie la investigación a que haya
lugar con ocasión a los hechos narrados.
2.
Trámite procesal
Mediante
Auto del 21 de octubre de 2016 el Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción
de tutela y dispuso vincular a todos los intervinientes en el proceso ordinario
para que se pronunciaran sobre lo expuesto en la demanda.
3.
Contestación de las entidades accionadas
3.1.
Juzgado Quince de Familia de Bogotá.
Señaló
que mediante Auto del 5 de julio de 2016 avocó el conocimiento del trámite de homologación
de cuota alimentaria proveniente de la Comisaría 19 de Familia de Bogotá,
decisión en la cual convocó a María Nubia Villanueva y Carlos Julio Wilchez
para el 29 de agosto de 2016 a las 2:30 p.m., con el propósito de dirimir las
diferencias existentes con relación a la cuota alimentaria del menor Jefrey
Wilchez Villanueva, y decidir si se homologaba la establecida por la Comisaría
19 de Familia.
Expuso
que efectuó varios requerimientos al señor Carlos Julio Wilchez y a la
Comisaría 19 de Familia para que informaran la dirección de notificación de
María Nubia Villanueva, los cuales fueron infructuosos. Explicó que debido a
ello, procedió a la práctica de la diligencia el 29 de agosto de 2016 en la que
dispuso no homologar la cuota alimentaria fijada por la Comisaría 19 de Familia
y, en su lugar, modificar la suma a un valor de $220.000 mensuales, teniendo
como sustento lo solicitado por la señora María Nubia Villanueva el 15 de junio
de 2016, quien en uso de la palabra manifestó “solicito una cuota
alimentaria de doscientos veinte mil pesos M/CTE ($220.000) mensuales, debido a
que tengo muchos gastos con mi hijo”.
Agregó
que en el proceso no hubo decreto de pruebas debido a que el trámite adelantado
es el de homologar o no la decisión adoptada por la Comisaría 19 de Familia,
previo control de legalidad el cual “condujo a tomar la decisión antes
anotada”.
Finalmente,
consideró que ante la inconformidad presentada por la accionante  en cuanto a
la modificación de la cuota alimentaria, puede acudir a la vía de la revisión
de la cuota alimentaria, teniendo en cuenta que los alimentos no hacen tránsito
a cosa juzgada y lo homologado es una cuota provisional.
3.2.
Comisaría 19 de Familia de Bogotá.
Indicó que dentro del trámite
procedimental efectuado puso en conocimiento de los padres del joven Jefrey
Wilchez Villanueva las obligaciones y derechos que a cada uno les correspondían,
los cuales están estipulados en Código de Infancia y Adolescencia, en el Código
Civil y demás normas concordantes.
De igual forma, sostuvo que les informó
a los progenitores del menor que contra la decisión de fijación provisional de
cuota alimentaria adoptada por esa Comisaría no procedía ningún recurso, pero
que cualquiera de las partes podría presentar la correspondiente inconformidad
en el término de 5 días hábiles contados a partir de la decisión para que el superior
jerárquico realizara la homologación o no de la cuota alimentaria fijada.
3.3.    Secretaría
Distrital de Integración Social- SDIS
Manifestó que no le constan los
hechos expuestos en la demanda de tutela, puesto que las actuaciones surtidas
al interior de las Comisarías de Familia son autónomas e independientes y, por
tanto, no tiene injerencia en las mismas. Por lo anterior, solicitó la
desvinculación.
3.4.    Carlos
Julio Wilches Moreno.
Refirió que son falsas las
afirmaciones expuestas por la señora María Nubia Villanueva Martínez en la
presente acción de tutela, ya que como padre del joven agenciado ha estado
pendiente de todo lo relacionado con su hijo. Señaló que aportó los documentos
necesarios para demostrar que el dinero que percibe es de un salario mínimo
mensual del cual depende económicamente su señora madre, por lo que no es
cierto que perciba más ingresos como lo busca demostrar la accionante. Agregó
que, a pesar de esto, ha aceptado la cuota fijada y que si bien su hijo padece
de varias patologías este se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud,
toda vez que la señora María Nubia Villanueva no ha permitido que sea afiliado
al régimen contributivo como su beneficiario. De igual forma, señaló que la
empresa donde trabajaba le entregó a la accionante una tarjeta para que fuera
ella quien manejara el subsidio familiar de la caja de compensación. Resaltó,
además, que ha tratado de acercarse a su hijo pero la madre del menor no ha
permitido que lo visite.
Finalmente, mencionó que desde el
mes de noviembre de 2016 quedó desempleado, pero aun así ha venido cumpliendo
con el pago de la cuota alimentaria que fue fijada en la suma de $220.000
mensuales.
3.5.
María Nubia Villanueva
En réplica a la respuesta
allegada por el señor Carlos Wilchez Moreno, la accionante adujo que son cinco
los hijos que atienden las necesidades económicas de la madre de aquél, razón
por la cual no es acertada su afirmación según la cual depende únicamente de
él.
En cuanto a la afiliación del
sistema de seguridad social en salud sostuvo que como quiera que el señor
Wilchez Moreno presenta continuos cambios de empleo y, por lo tanto, existen
épocas del año que no tiene seguridad social, se concertó que el menor
permaneciera afiliado al régimen subsidiado, dada su condición médica. Aclaró
que si bien le fue entregada una tarjeta para administrar el subsidio familiar
esta no tiene recursos como quiera que el señor Wilchez cesó su relación
laboral y no aparece afiliado a la caja de compensación.
Por último, destacó que su hijo
es un joven de 17 años quien tiene plena libertad para recibir llamadas en su
celular y atender cualquier comunicación que su padre quiera tener con él, por
lo que se desvirtúan sus afirmaciones sobre la relación paterno-filial.
4.  Sentencias de tutela
objeto de revisión.
4.1.
Primera instancia
Mediante providencia del 19 de
enero de 2016 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá negó el
amparo invocado luego de concluir que no es suficiente para alegar la
vulneración de los derechos fundamentales referidos, producto de la falta  de
notificación de la actuación de homologación surtida por el Juzgado Quince de
Familia de Bogotá, puesto que la accionante, al haber participado activamente
en el trámite administrativo ante la Comisaría 19 de Familia de Bogotá, pudo
haberse enterado que la actuación había sido remitida a los jueces de familia
para surtir la homologación de la cuota alimentaria fijada de manera provisional.
Por otro lado, evidenció que el juzgado
sí notificó al Defensor de Familia y al agente del Ministerio Público adscritos
al despacho, solo que los mismos no hicieron manifestación alguna durante el
trámite.
De igual manera, apreció que si
bien el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, con fundamento en el cual la
autoridad accionada convocó a las partes para la audiencia de conciliación
judicial, fue derogado por la Ley 1564 de 2012, lo cierto es que tal yerro no
abre paso a una acción constitucional. A su juicio, lo que demuestra es una
actitud proactiva de la funcionaria judicial para remediar el conflicto que
existe entre los padres del joven Jefrey Wilchez Villanueva, por lo que el uso
de un mecanismo alternativo de solución de conflicto no fue inapropiado.
En cuanto a la falta de decreto
de pruebas que alega la señora María Nubia Villanueva, el Tribunal observó que no
es una carga imperativa del trámite de homologación, además que la juzgadora no
lo consideró necesario para emitir su decisión. Finalmente, recordó que la
accionante puede solicitar la revisión de la cuota alimentaria con miras a
pretender su aumento.
4.2. Impugnación.
La señora María Nubia Villanueva
mencionó que si bien es cierto que se dejó constancia de la imposibilidad de
comunicarle la citación para la audiencia del 29 de agosto de 2016, ese trámite
no se hizo de forma adecuada, por cuanto dentro de las diligencias surtidas
ante la Comisaría 19 de Familia aparece su dirección de notificación a folio 1
del cuaderno. Recordó que según fue manifestado por dicha Comisaria, las
diligencias surtidas con ocasión del proceso realizado en esa instancia fueron
remitidas de forma íntegra, por lo que no existe justificación alguna para que el
Juzgado Quince de Familia de Bogotá no accediera a los documentos en donde
consta toda la información personal de las partes, entre esta, las direcciones
de notificación personal.
4.3.  Segunda instancia
Mediante providencia del 3 de
marzo de 2017 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión de primera instancia bajo los mismos argumentos del a quo.
Sobre la presunta irregularidad
por la falta de vinculación al proceso de homologación, consideró que la misma
no se configuraba en este caso, en tanto que la actora participó activamente en
el trámite administrativo adelantado ante la Comisaría 19 de Familia de Bogotá,
por lo que podía enterarse de la solicitud presentada por Carlos Julio Wilchez
Moreno, máxime cuando la norma especial, esto es, la Ley 1098 de 2006, no
contempla dicha notificación.
Por otro lado, estimó que las
consideraciones y fundamentos de la decisión censurada no resultaron
arbitrarios o caprichosos, pues obedeció a la interpretación del ordenamiento
legal vigente y se adoptó luego de una adecuada valoración probatoria. Además,
aclaró que el fallo atacado no hace tránsito a cosa juzgada, por lo que, de
cambiar las circunstancias de los padres y variar las condiciones económicas y
las necesidades alimentarias del menor, la accionante puede acudir a la
justicia ordinaria para que revise la cuota alimentaria.
5.
Pruebas
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la tarjeta de identidad de Jefrey Wilchez
Villanueva. (Cuaderno principal, folio 25).
-
Copia del carné de afiliación del menor Jefrey
Wilchez Villanueva a la EPS Capital Salud en el régimen subsidiado en salud.
(Cuaderno principal, folio 25).
-
Copia de la historia clínica del menor Jefrey
Wilches Villanueva, en donde consta cada una de las patologías que sufre y los
procedimientos y tratamientos recomendados hasta el 11 de agosto de 2016. (Cuaderno
principal, folios 6 al 24).
-
Copia de las órdenes de medicamentos formulados a
Jefrey Wilches Villanueva. (Cuaderno principal, folios 1 al 5).
-
Copia de los exámenes médicos realizados a Jefrey
Wilchez Villanueva. (Cuaderno principal, folios 6 al 24).
-
Copia del certificado de estudios expedido por el
Colegio Cundinamarca, Institución Educativa Distrital- Bilingüe, en el cual
consta que Jefrey Wilchez Villanueva se encuentra matriculado en dicha
institución y cursa el grado undécimo. (Cuaderno principal, folio 26).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de María Nubia
Villanueva. (Cuaderno principal, folio 28).
-
Copia del carné de afiliación de la accionante a la
EPS Capital Salud en el régimen subsidiado en salud. (Cuaderno principal, folio
28).
-
Copia de la historia clínica de  María Nubia
Villanueva, en donde reposa cada una de las enfermedades que padece y los
tratamientos realizados hasta el 7 de junio de 2016. (Cuaderno principal, folio
27).
-
Copia del proceso de homologación de alimentos núm.
110013110015201600161-00, que curso en el Juzgado Quince de Familia de Bogotá.
(Cuaderno 2, folios 1 a 40).
-
Copia del audio en 1 CD de la diligencia celebrada
el día 29 de agosto de 2016, dentro del proceso de homologación de alimentos.
(Cuaderno principal, folio 114).
-
Copia de las diligencias surtidas ante la Comisaría
19 de Familia de Bogotá, que consta de los siguientes documentos: (i) documento
mediante el cual se objeta la cuota alimentaria fijada por la Comisaría; (ii) acta
de conciliación de custodia y cuidado personal y visitas núm. 20061 de 2016, en
la cual se acordó el régimen de visitas; (iii) certificado del empleador del
señor Carlos Wilchez Moreno, en el cual se informa que este recibe un salario
mínimo mensual vigente a fecha del 9 de junio de 2016; (iv) comprobante de pago
del salario del Carlos Wilchez Moreno del mes de mayo de 2016; y (v) citaciones
realizadas por parte de la Comisaría 19 de Familia de Bogotá a los padres del
joven Jefrey Wilchez Villanueva para efectuar audiencia de conciliación.
(Cuaderno principal, folios 53 al 62).
6.
Trámite en sede de revisión
Mediante Auto del 17 de abril de
2017, notificado el 4 de mayo de 2017, la Sala de Selección de Tutelas número
Cuatro seleccionó el presente asunto para su revisión.
Luego de ser asignado el expediente
al magistrado sustanciador, a través de Auto del 29 de junio de 2017 se dispuso
ordenar al Juzgado Quince de Familia de
Bogotá que remitiera a esta Corporación en calidad de préstamo el
expediente de homologación de alimentos correspondiente al proceso promovido
por María Nubia Villanueva Martínez contra Carlos Julio Wilchez Moreno. Lo
anterior, con el fin de tener acceso al líbelo original para verificar cada una
de las actuaciones surtidas por esa autoridad judicial.
En oficio remitido el 6 de julio
de 2017 el Juzgado Quince de Familia de Bogotá informó que ofició a la
Comisaría 19 de Familia para que remitiera el expediente solicitado a esta
Corporación, por cuanto el mismo había sido devuelto a esa comisaría el 3 de
febrero de 2017. El juzgado anexó el oficio de requerimiento enviado a la
Comisaría 19 de Familia d Bogotá.
Vencido el término otorgado por
este Tribunal no se allegó el expediente solicitado en préstamo. Por lo
anterior, la Sala realizará el análisis del caso concreto y adoptará la
decisión con base en la copia del trámite de homologación que se encuentra
incorporada en el expediente de tutela.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala es competente para analizar el fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico
Conforme a los hechos y pruebas recaudadas la
Sala Sexta de Revisión formula el siguiente interrogante: ¿vulneró el Juzgado
Quince de Familia de Bogotá el derecho fundamental al debido proceso de María
Nubia Villanueva Martínez y del menor Jefrey Wilchez Villanueva (i) al ordenar
la práctica de una audiencia de conciliación en un proceso de homologación de
alimentos con sustento en una norma que se encontraba derogada; y (ii) por
llevar a cabo dicha diligencia sin haber notificado a la accionante de la misma
y sin la comparecencia de alguna de las partes?
Para resolver el problema jurídico planteado la Corte analizará los
siguientes asuntos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) defecto procedimental como
causal específica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iii) defecto material o sustantivo como causal
específica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iv) homologación de la fijación provisional de la
cuota alimentaria. Con base en ello, (v) resolverá el caso concreto.
3.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[2]
3.1.
En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se
ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por lo que ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la
materia.
El artículo 86 de la Carta Política establece que a través
de ese mecanismo constitucional puede reclamarse la protección de los derechos
fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad
pública. De la lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente de
1991 no realizó distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública
en los cuales tales derechos podrían resultar vulnerados. Por ello, la acción
de tutela procede contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de
la función jurisdiccional.
Ha señalado la Corte que esa regla se deriva del texto de
la Constitución Política en concordancia con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (aprobada mediante la Ley 16 de 1972) y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (aprobado mediante la Ley 74 de 1968), que
reconocen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y
efectivos que la amparen contra la violación de sus derechos, aún si esta se
causa por quienes actúan en ejercicio de funciones oficiales.
3.2.
Ante el aumento del uso de la acción de tutela
contra esta clase de decisiones, la jurisprudencia constitucional se vio en la
necesidad de imponer unos límites a su ejercicio. Es así como en la sentencia
C-543 de 1992 la Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991, que como regla general permitían la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Determinó que si bien los funcionarios judiciales son
autoridades públicas, ante la importancia de principios como la seguridad
jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal
procedencia debía ostentar un carácter excepcional frente a las “actuaciones
de hecho” que impliquen una grave vulneración a los derechos fundamentales.
Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta Corporación se sostuvo que
tal procedencia era permitida únicamente en los casos en que se incurriera en
una “vía de hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y
caprichosa y, por lo tanto, abiertamente violatoria del texto superior”[3].
Más adelante, la Corte redefinió el espectro de afectación
de los derechos fundamentales y manifestó que “va más allá de la burda
transgresión de la Constitución”, incluyendo entonces los casos en los que,
por ejemplo, el juez se aparta de los precedentes sin la debida justificación o
cuando “la interpretación que desarrolla se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados”[4].
3.3.
Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la
Corte declaró inexequible la expresión “ni acción”, contenida en el
artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía ejercer la acción de tutela
contra decisiones de casación en materia penal.
En dicha providencia, partiendo de la
excepcionalidad de este mecanismo, acompasado con el propósito de asegurar el
equilibro entre los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía
e independencia judicial, se sistematizaron diferentes requisitos denominados “criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”,
dentro de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter
específico.
Los primeros han sido fijados como restricciones de
carácter procedimental o presupuestos indispensables para que el juez de tutela
aborde el análisis de fondo, es decir, aquellos que habilitan la interposición
de la acción, los cuales fueron definidos por la Corte como “requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales”. A
continuación, se reseña la clasificación realizada en la mencionada
sentencia:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).
En cuanto a los requisitos específicos, la citada
providencia mencionó que una vez acreditados los requisitos generales, el juez
debía entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada por vía de tutela
configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su intervención. Así,
mediante las denominadas “causales especiales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales”, la Corte identificó cuáles serían tales
vicios, en los siguientes términos:
“25. Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
3.4.
Con base en lo anterior, para el análisis de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario
tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de una posibilidad de carácter
excepcional, sujeto al cumplimiento de los parámetros formales y materiales
fijados por esta Corporación. Además, deben encontrarse acreditados cada uno de
los requisitos generales expuestos, que le permitan al juez de tutela realizar
un examen constitucional de las decisiones judiciales puestas a su
conocimiento. Asimismo, habrá de demostrarse la existencia de, por lo menos,
una de las causales específicas o defectos enunciados.
4.
Defecto procedimental como
causal específica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
4.1.
De conformidad con los pronunciamientos de la
Corte, el defecto procedimental es aquel que se enmarca dentro del derecho al
debido proceso, que entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener
el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada
juicio y, dentro del derecho de acceso a la administración de justicia, que
implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización
de la justicia material en la aplicación del derecho procesal[5].
Al respecto, ha sostenido lo siguiente:
“Conforme a la jurisprudencia de este tribunal, el defecto
procedimental alude a todos aquellos eventos en los que el juez accionado, al
momento de dictar su decisión, o durante los actos o diligencias previas
conducentes a ella, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que
según el caso resultan pertinentes, defraudando así la confianza legítima de
las partes involucradas, quienes, naturalmente, esperan que el trámite se
conduzca dentro del marco de las normas procesales aplicables. Este solo hecho
implica un desconocimiento del derecho de acceder a la justicia, que garantiza
el artículo 229 de la Constitución”[6].
Bajo esa línea, el
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial (i)
sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia;
(ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes; o (iii) pasa
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación
a los derechos fundamentales[7].
Esta Corporación ha
señalado que para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales por defecto procedimental absoluto, deben acreditarse los siguientes
requisitos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales[8]. En todo caso, la
Corte ha sido enfática en sostener que en ningún caso procederá la tutela
cuando el defecto que se alega es atribuible al afectado.
4.2.
La Corte ha mencionado igualmente que el defecto
procedimental implica la vulneración del derecho de defensa y contradicción de
una de las partes cuando la ausencia de una etapa
procesal o de alguna formalidad desconoce las garantías previstas en la ley
para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que
ejerza el derecho a una defensa técnica; que no se le comunique la iniciación
del proceso y no se permita su participación en el mismo; o que no se le
notifiquen todas las providencias proferidas por el juez que, de conformidad
con la ley, deban ser notificadas[9].
Sobre este punto ha referido lo siguiente:
“En
todo caso, existe gran diversidad de situaciones en las que este defecto
absoluto puede presentarse, dependiendo de las circunstancias particulares de
las distintas reglas aplicables a cada tipo de procesos, que eventualmente
serían desatendidas. Como ejemplos frecuentes de ellos la Corte ha
señalado, entre otros, los siguientes: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la
oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de
notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un
error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo
cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por
otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación
injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de
las mismas por parte del juez; (iii) cuando la autoridad judicial pretermite la
recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido
ordenada; y (iv) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en
materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la
defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado”[10].
Con
todo, es importante reiterar que el solo hecho de
apartarse, de manera notoria y determinante, de las reglas procesales
aplicables, es en sí mismo censurable, por lo que usualmente, puede ser
corregido mediante la acción de tutela. Pero más allá de ello, es evidente que
el error o desviación en materia de procedimiento puede además, según las
circunstancias, dar lugar a una decisión contraria a derecho, distinta a la que
naturalmente correspondería, circunstancia que, sin duda, añade adicional
gravedad a este defecto[11].
5.  Defecto sustantivo o material como causal
específica de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
5.1.
Esta Corporación ha entendido que el defecto
sustantivo o material se presenta cuando la decisión que toma el juez ordinario
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. Este defecto
se configura cuando: (i) la norma utilizada ya había sido derogada y no produce ningún
efecto jurídico o había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional;
(ii) porque la norma es abiertamente inconstitucional para el caso en concreto
y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; o
(iii) porque, a pesar de que la norma está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó[12].  Particularmente, ha sostenido:
“También, la jurisprudencia de este Tribunal ha perfilado que se está
ante un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada
se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por
ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente
por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma
en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma
desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es
inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no
obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a
la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[13].
5.2.
La jurisprudencia constitucional ha entendido que
el defecto sustantivo o material se presenta, además, cuando el juez profiere una
providencia sin un mínimo de justificación o, cuando sin un mínimo de
argumentación, desconoce el precedente judicial. En estos casos, ha enfatizado
que la autonomía judicial para la aplicación e interpretación de la ley no es ilimitada
ni absoluta, sino que debe estar circunscrita al orden jurídico vigente y, en
especial, al ordenamiento constitucional que contiene los valores, principios y
derechos que conforman el Estado Social de Derecho[14].
En definitiva, el defecto sustantivo “parte del reconocimiento de
que las autoridades judiciales son autónomas para establecer cuál es la norma
que fundamenta la solución del caso puesto bajo su conocimiento, del mismo modo
que les corresponde interpretar y aplicar las disposiciones normativas con
autonomía e independencia”[15]. Sin embargo, la Corte ha sostenido
que estos principios que amparan la actividad del juez no son absolutos y, por
eso, excepcionalmente el juez de tutela debe intervenir para garantizar la
vigencia de los derechos fundamentales y de la Constitución. Siendo así, para
que se configure un defecto sustantivo debe demostrarse que la decisión del
juez respecto del fundamento normativo es evidentemente irrazonable[16].
6.
La debida notificación como presupuesto para
la garantía del derecho de defensa y contradicción
6.1.    El artículo 29 de la Constitución
Política consagra el derecho fundamental al debido proceso el cual, según el
precepto, “se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.
La jurisprudencia constitucional ha
decantado el alcance de este derecho como el deber de las autoridades, tanto
judiciales como administrativas, de respetar y garantizar el ejercicio de los
derechos de defensa y contradicción[17]. Así mismo, lo
ha definido como un principio inherente al Estado de Derecho que “posee una
estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como
defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del
poder público y barrera de contención a la arbitrariedad”[18].
6.2.    Uno de los actos procesales que se
considera necesario y elemental para garantizar la efectividad del derecho al
debido proceso es la notificación. Sobre el particular esta Corporación ha
sostenido que toda actuación judicial debe emplear medios idóneos para darles
estabilidad y seguridad a los ciudadanos que acuden a la justicia para resolver
sus controversias[19] y
la notificación en debida forma, tanto judicial como administrativa, “asegura
que las personas interesadas puedan conocer con certeza la decisiones oficiales
de las autoridades y de esta manera aseguran la posibilidad de emplear los
medios judiciales que tengan disponibles para salvaguardar sus intereses”[20]. En palabras de la Corte:
“Desde
el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación,
entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o
interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias
que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene
por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial
del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y
administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta”[21].
Según ha sido reconocido por este Tribunal, las
decisiones judiciales son actos esencialmente comunicativos, razón por la cual
el Legislador diseñó diferentes instrumentos a partir de los cuales el juez
puede hacer efectivo el derecho de las partes a comparecer ante cualquier
requerimiento. En ese sentido, el aparato jurisdiccional tiene la obligación de
dar a conocer los contenidos de sus decisiones porque de no hacerlo estaría
privando a los ciudadanos de conocer de su existencia y por lo tanto participar
en su debate, principio fundamental del derecho al debido proceso[22].
Bajo ese entendido, cualquier falla en el
procedimiento de notificación es una grave omisión procedimental de tal entidad
que vicia completamente la actuación judicial “porque desconoce groseramente
los derechos que tienen los ciudadanos a participar en las actuaciones
judiciales de las que son parte y a ejercer los recursos que la ley les asigna”[23]. Es por lo anterior
que la Corte ha llegado a reconocer que la debida notificación es un ejercicio
judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad cuya finalidad es
“garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación
judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho
de defensa, contradicción e impugnación”[24].
6.3.    Con
todo, la notificación además de pretender formalizar la comunicación del inicio
y desarrollo de una determinada actuación, busca legitimar las decisiones de
las autoridades jurisdiccionales y proteger las garantías procesales
intrínsecamente relacionadas con el derecho a la defensa. Su omisión o
realización indebida se considera como una grave afectación del derecho de
defensa y contradicción, contrariando así la garantía del derecho fundamental
al debido proceso.
7.
Proceso de homologación de la fijación provisional
de cuota alimentaria
Para mayor claridad y con el fin de dar solución al caso que ocupa a la
Sala en esta oportunidad, es preciso hacer referencia a la normatividad vigente
sobre la fijación provisional de la cuota alimentaria por parte de las
comisarías de familia y la homologación de dicho trámite ante los juzgados de
familia. De igual forma, se recordará la jurisprudencia constitucional sobre la
naturaleza del trámite de homologación y la garantía del interés superior del
menor en esta clase de decisiones.
7.1.
Normatividad aplicable a la materia
7.1.1.
La Ley 1098 de 2006, por la cual se expide
el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece en el artículo 96 que
corresponde a los defensores de familia y a los comisarios de familia procurar
y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los
tratados internacionales, en la Constitución Política y en ese Código.
El artículo 99 dispone que la actuación administrativa para tal fin
podrá iniciarla el representante legal del niño, niña o adolescente, o la
persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, ante el defensor o comisario
de familia o en su defecto ante el inspector de policía; y que también podrá
hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.
El trámite de dicha actuación administrativa se encuentra regulado en
el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, en los siguientes términos:
(i) Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el
comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a las
partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá
efectuarse dentro de los diez días siguientes al conocimiento de los hechos. Si
las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo
conciliado y de su aprobación.
(ii) Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo
previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se
trate de asuntos que no la admitan, el funcionario citado procederá establecer
mediante resolución motivada las obligaciones de protección al menor,
incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia.
(iii) El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días,
a las demás personas interesadas o implicadas, para que se pronuncien y aporten
las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas
que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las
reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución
susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la
audiencia, por quienes asistieron en la misma, y para quienes no asistieron se
les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del
Código de Procedimiento Civil.
(iv) Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para
interponerlo, el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para
homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria
alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las
razones en que se funda la inconformidad, el Juez resolverá en un término
no superior a 10 días.
Puntualmente, el artículo 111 de la Ley 1098 de 2006 establece las
reglas que deberán observarse para la fijación de cuota alimentaria, en los
siguientes términos:
(i) La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está
por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya
reconocido la paternidad.
(ii) Siempre que se
conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el obligado a
suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a audiencia
de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la demanda
y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso.
(iii) Cuando
habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido,
o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, fijará cuota
provisional de alimentos, pero solo se remitirá el informe al juez si alguna de
las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
(iv) Cuando se
logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el monto de la
cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la forma
de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales,
las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen necesarios
para asegurar el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria. De ser el
caso, la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas
y demás aspectos conexos.
Ahora bien, el
artículo 119 de la Ley 1098 de 2006 -Libro I, Título II, Capítulo V -sobre
procedimiento judicial y reglas especiales- hace referencia a la competencia
del juez de familia en única instancia, la cual le fue asignada en los
siguientes casos: (i) la homologación de la resolución que declara la
adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes; (ii) la revisión de las
decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia o el comisario
de familia, en los casos previstos en esta ley; (iii) de la restitución
internacional de niños, niñas y adolescentes; y (iv) resolver sobre el
restablecimiento de derechos cuando el defensor o el comisario de familia haya
perdido competencia.
Sobre el procedimiento
a seguir en el caso de alimentos, el artículo 129 define las siguientes reglas:
(i) En el auto que
corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez
fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que
origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia
económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su
patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se
presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.
(ii) La sentencia
podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución
de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple
la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la
forma indicada en el siguiente punto.
(iii) El juez
deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto
en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en
la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo
y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con
sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. El embargo se levantará si el
obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que garantice el pago de
las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.
(iv) Cuando se
trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél
o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo
ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo
sucesivo se causen.
(v) Cuando se tenga
información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de
pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya
conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al
Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país
hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación
alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo.
(vi) La cuota
alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en
acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y
anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al
consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo,
establezcan otra fórmula de reajuste periódico. Con todo, cuando haya
variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del
alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria,
y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último
caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia
informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en
que haya sido señalada.
7.1.2.
El artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, referente a
la vigencia de esa normatividad, establece que ese Código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor a excepción
de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos. No obstante,
mediante el literal c, del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 o Código General
del Proceso, fueron derogadas dichas disposiciones que la Ley 1098 de 2006
había dejado vigentes, es decir, aquellas relativas al juicio especial de
alimentos.
7.1.3.
Siendo así y por ser la normatividad vigente al
momento del trámite de homologación que ahora se ataca, es preciso hacer
mención a lo regulado sobre el particular en la Ley 1564 de 2012 o Código
General del Proceso.
El artículo 390 de ese Código señala que se tramitarán por el
procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y,
entre otros, los de fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y
restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido señalados
judicialmente.
En cuanto al trámite en esa clase de procesos, el artículo 392
establece que en firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término
de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las
actividades previstas en los artículos 372 y 373 de ese Código, en lo
pertinente. De igual forma, dispone que en el mismo auto en el que el juez cite
a la audiencia decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio
considere.
El referido artículo 372, referente a la audiencia inicial de todo
proceso verbal, establece las siguientes reglas:
(i) El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para
que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las
consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán
interrogatorios a las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:
-
Oportunidad. El juez señalará fecha y hora para la
audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la
reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o
resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia, o
realizada la notificación, citación o traslado que el juez ordene al resolver
dichas excepciones, según el caso.
El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por
estado y no tendrá recursos. En la misma providencia, el
juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir
interrogatorio, a la conciliación, y los demás asuntos relacionados con la
audiencia.
-
Intervinientes. Además de las partes, a la
audiencia deberán concurrir sus apoderados. La audiencia se realizará aunque no
concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, se
realizará con aquellas. Si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de
las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a
cabo con su apoderado, quien tendrá facultad para confesar, conciliar,
transigir, desistir y, en general, para disponer del derecho en litigio.
-
Inasistencia. La inasistencia de las partes o de
sus apoderados a esta audiencia, por hechos anteriores a la misma, solo podrá
justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa.
-
Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia
injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan
las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de
confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de
confesión en que se funde la demanda. Cuando ninguna de las partes concurra
a la audiencia, esta no podrá celebrarse, y vencido el término sin que se
justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarará terminado el proceso.
-
Conciliación. Desde el inicio de la audiencia y
en cualquier etapa de ella el juez exhortará diligentemente a las partes a
conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de
arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.
-
Interrogatorio de las partes, práctica de otras
pruebas y fijación del litigio. Los interrogatorios de las partes se
practicarán en la audiencia inicial. El juez oficiosamente y de manera
obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del
proceso. También podrá ordenar el careo. El juez podrá decretar y practicar en
esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible, siempre y cuando estén
presentes las partes. A continuación el juez requerirá a las partes y a sus
apoderados para que determine los hechos en los que están de acuerdo y que
fueren susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio,
precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser
probados.
-
Control de legalidad. El juez ejercerá el control
de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que puedan
acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que
se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Además
deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario.
-
Sentencia. Salvo que se requiera la práctica de
otras pruebas, a continuación, en la misma audiencia y oídas las partes hasta
por veinte (20) minutos cada una, el juez dictará sentencia. El juez, por
solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para
rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la
igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso
alguno.
-
Decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas
solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones
previstas en el artículo 168. Así mismo, prescindirá de las pruebas relacionadas
con los hechos que declaró probados. Si decreta dictamen pericial señalará el
término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no
menos de diez (10) días de antelación a la audiencia de instrucción y
juzgamiento.
-
Fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento.
El juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia
de instrucción y juzgamiento, y dispondrá todo lo necesario para que en ella se
practiquen las pruebas[25].
7.1.4.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Juzgado
Quince de Familia de Bogotá, en el trámite de homologación que ahora se cuestiona,
citó a las partes del proceso para que antes de definir sobre la homologación
de la decisión de la Comisaría 19 de Familia se surtieran las diferencias
existentes con relación a los alimentos del menor agenciado, citando para ello
el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, es preciso hacer referencia a lo
dispuesto en esa disposición.
Resulta necesario
mencionar que el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 fue derogado por el literal
c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso. En todo
caso, esa disposición señalaba lo siguiente:
“Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se realice
audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo, el
juez, de oficio, podrá citar a audiencia.
En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus
diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin
que ello signifique prejuzgamiento. El
incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con
el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo
aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta
de conciliación.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez
dictará un auto declarando terminado el proceso, en caso contrario, el proceso
continuará respecto de lo no conciliado.
<Inciso adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. El
nuevo texto es el siguiente:> En materia de lo contencioso administrativo,
cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el
mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar
a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la
concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.
PARÁGRAFO. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará
desierto el recurso”.
Aclarado el trámite
de homologación de las decisiones adoptadas por los defensores o comisarios de
familia, la Corte se referirá a la jurisprudencia constitucional sobre la
naturaleza y la finalidad de esa clase de procesos.
7.2.
Jurisprudencia constitucional sobre
la naturaleza del trámite de homologación y el interés superior del menor
7.2.1. El artículo 44 de la Constitución Política establece la
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los de los
demás. A su vez, el Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 8,
define el interés superior del menor como un imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral de los derechos humanos de los
niñas, niñas y adolescentes, bajo su concepción de garantías universales,
prevalentes e interdependientes. Esta prerrogativa se sustenta, además, en lo
consagrado en diferentes instrumentos internacionales en virtud de los cuales
aquellos merecen una especial protección por parte del Estado y de la sociedad[26].
Esta Corporación ha señalado que si bien las autoridades
administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés
superior de los niños cuentan con un margen de discrecionalidad importante para
evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención
a las circunstancias fácticas de los niños implicados, cuál es la solución que
mejor satisface dicho interés, “también tienen límites y deberes
constitucionales y legales respecto de la preservación del bienestar integral
de los niños que requieren su protección, [deberes] que obligan a los jueces y
funcionarios administrativos a aplicar un grado especial de diligencia, celo y
cuidado al momento de adoptar sus decisiones, especialmente tratándose de niños
de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma
definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses
y derechos”[27].
Una de las finalidades que persigue la protección prevalente del
interés superior del menor es el equilibrio entre los derechos de los niños y
los derechos de sus padres. Al respecto, la Corte ha sostenido que “cuando
quiera que dicho equilibrio se altere, y se presente un conflicto que no pueda
resolverse mediante la armonización en el caso concreto, la solución deberá ser
la que mejor satisfaga el interés superior del niño”[28].
Para esta Corporación, la forma en que se deben armonizar los derechos
y resolver los conflictos entre los intereses de los padres y los intereses del
niño, no puede ser establecida en abstracto, sino en función de las
circunstancias de cada caso particular y sin que pueda ponerse en riesgo la
vida, salud, estabilidad o desarrollo integral del niño, ni generar riesgos prohibidos
para su desarrollo, so pena de que el Estado intervenga para resguardar los
intereses prevalecientes del niño en riesgo.
7.2.2. Ahora bien, este Tribunal se ha pronunciado en diversas
ocasiones sobre la naturaleza del proceso de homologación de las decisiones que
son adoptadas por las autoridades administrativas en materia de familia.
En
un primer momento, cuando se encontraba en vigencia el Código del
Menor (Decreto 2737 de 1989), la
Corte explicó que la posibilidad de homologar una decisión de un defensor de
familia ante los jueces de la misma especialidad tenía un alcance restringido,
pues consideró que estos únicamente podían realizar un control de legalidad,
con el objeto de garantizar los derechos procesales de las partes y subsanar los
defectos en que hubiere podido incurrir la autoridad administrativa[29].
Tal fue el caso de la sentencia T-079 de 1993 en el que este Tribunal
señaló que “aunque el trámite de la homologación tiene por objeto revisar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso,
al juez le está vedado examinar el fondo de la decisión. Contra la sentencia de
homologación no procede recurso alguno (C. del M., art. 63)”.
No obstante, tiempo después y a partir de la
sentencia del 30 de junio de 2005 de la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, se presentó una nueva postura que entendía que
la homologación realizada por el juez de familia también abarcaba un control
material. En esa decisión, el citado Tribunal consideró que “el juez de
familia como ejecutor de la función de policía que debe ejercer el Estado para
la protección de los derechos de menores, debe en virtud de la homologación, ir
más allá de la simple revisión del cumplimiento de los requisitos del debido
proceso y las exigencias del trámite administrativo, y debe hacer una revisión
de los requisitos sustanciales del asunto, estos es, establecer si la decisión
no viola los derechos fundamentales de los menores sometidos a la decisión, o
lo que es lo mismo, establecer si la medida adoptada es oportuna, conducente y
conveniente según las circunstancias especialísimas que rodean al niño (…)”[30].
Del mismo modo, la Corte Constitucional varió su postura inicial,
al considerar que se debía incluir dentro de ese tipo de decisiones la
valoración acerca de si la actuación del defensor o comisario de familia
atiende el interés superior del niño, niña o adolescente. Al respecto, en la
sentencia T-671 de 2010 adujo lo siguiente: “el
asunto merece la mayor consideración y adecuado escrutinio de la autoridad
judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garantía de los
derechos fundamentales del niño, la niña o el adolescente involucrado y de su
interés superior”[31].
Bajo
ese entendido, para esta Corporación la solicitud de homologación supone no
solo un control formal derivado del respeto de las reglas de procedimiento que
rigen el trámite de restablecimiento de derechos, “sino también un examen
material dirigido a confrontar que la decisión adoptada en sede administrativa
sea razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados, en términos acordes con el interés superior de los
menores de edad”[32]. Lo anterior, con fundamento en los
fines del Estado de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución (art. 2 C.P.) y que, en el caso de los menores de edad, por su
propia naturaleza, tienen un carácter prevalente (art. 44 C.P.)[33].
7.2.3. En
definitiva, es preciso señalar que en todo trámite de homologación, la
autoridad judicial debe verificar no solo que se hayan garantizado los derechos
y etapas procesales en el marco de la actuación administrativa previa, sino que
debe analizar de fondo la decisión adoptada por la autoridad administrativa de
tal forma que le permita corroborar la real garantía de los derechos
fundamentales y el interés superior del menor.
8.
Caso concreto.
8.1.
Breve presentación del asunto
8.1.1.
La señora María Nubia Villanueva Martínez,
actuando  de forma personal  y en representación de su hijo Jefrey Wilchez
Villanueva, presentó acción de tutela contra el Juzgado Quince de Familia de
Bogotá.
Señaló haber solicitado una conciliación ante la Comisaría de Familia
núm. 19 de la Localidad Ciudad Bolívar, con el fin de establecer el régimen de
alimentos, custodia y visitas de su hijo, diligencia que se efectuó el 15 de
junio de 2016 en la cual las partes no llegaron a un acuerdo, razón por la cual
la Comisaría procedió a fijar alimentos provisionales a cargo del señor Carlos
Julio Wilchez en la suma de $344.727 mensuales.
Sostuvo que el 20 de junio de 2016 el señor Carlos Julio Wilchez
presentó escrito de inconformidad en contra de la decisión adoptada por la
Comisaría, por lo que esta última procedió a remitir el proceso a los juzgados
de familia para que se surtiera el correspondiente proceso de homologación de
alimentos, asunto que fue repartido al Juzgado Quince de Familia de Bogotá.
Adujo que ese Despacho asumió el conocimiento del proceso y mediante
Auto del 5 de julio de 2016 citó a las partes a la audiencia de conciliación
judicial consagrada en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001. En el mismo
proveído ordenó correr traslado a la Procuraduría Judicial y al Defensor de
Familia, a fin de que emitieran un concepto sobre el caso. Posteriormente, en
Auto del 29 de agosto de 2016, el juzgado accionado resolvió “No Homologar
la decisión adoptada por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá” y en su
lugar “Modificó la cuota provisional de alimentos fijada en audiencia del 15
de junio de 2016 por la Comisaría de Familia No 19 de Bogotá, a la suma de
doscientos veinte mil pesos ($220.000) mensuales”.
A juicio de la accionante, ese Despacho incurrió en los siguientes
defectos: (i) el trámite surtido para conciliación judicial establecido en el
artículo 43 de la Ley 640 de 2001, para el momento de los hechos, ya se
encontraba derogado por la Ley 1564 de 2012; (ii) a pesar que dentro de las
diligencias realizadas no obraba la dirección de domicilio para informar el
trámite, el juzgado accionado solo se limitó a remitir al solicitante de la
homologación de alimentos una comunicación que fue enviada dos días antes de la
diligencia, sin que se hubiese requerido formalmente a la Comisaría 19 de
Familia de Bogotá en donde se adelantó el proceso previo y en el cual reposaban
los datos de contacto de la demandante; (iii) la decisión adoptada en la
diligencia del 29 de agosto de 2016 se llevó a cabo sin que concurrieran
ninguna de las partes y, a pesar de esto, se adoptó una decisión que considera
afecta a su hijo, por cuanto no pudo ser representado en dicha diligencia; y
(iv) no fueron decretadas pruebas que permitieran establecer las necesidades
básicas de su hijo y que evidenciaran sumariamente que la condición del señor
Carlos Julio Wilches Moreno le impide cumplir con la cuota fijada por la
Comisaría 19 de Familia.
8.1.2. En contestación a la demanda de tutela, el Juzgado Quince de Familia de
Bogotá señaló que efectuó varios requerimientos al señor Carlos Julio
Wilchez y a la Comisaría 19 de Familia para que informaran la dirección de
notificación de María Nubia Villanueva, los cuales fueron infructuosos. Explicó
que debido a ello, procedió a la práctica de la diligencia el 29 de agosto de
2016 en la que dispuso no homologar la cuota alimentaria fijada por la
Comisaría 19 de Familia y en su lugar modificar la suma a un valor de $220.000
mensuales, teniendo como sustento lo solicitado por la señora María Nubia
Villanueva el 16 de junio de 2016, quien en uso de la palabra manifestó “solicito
una cuota alimentaria de doscientos veinte mil pesos M/CTE ($220.000)
mensuales, debido a que tengo muchos gastos con mi hijo”. Agregó que en el
proceso no hubo decreto de pruebas debido a que el trámite adelantado es el de
homologar o no la decisión adoptada por la Comisaría 19 de Familia, previo
control de legalidad el cual “condujo a tomar la decisión antes anotada”.
Finalmente, consideró que la accionante  podía acudir a la revisión de la cuota
alimentaria, teniendo en cuenta que los alimentos no hacen tránsito a cosa
juzgada y lo homologado es una cuota provisional.
La
Comisaría 19 de Familia de Bogotá indicó que puso en conocimiento de los padres
del joven las obligaciones y derechos que a cada uno les correspondían. De
igual forma, sostuvo que les informó a los progenitores del menor que contra la
decisión de fijación provisional de cuota alimentaria adoptada por esa
Comisaría no procedía ningún recurso, pero que cualquiera de las partes podría
presentar la correspondiente inconformidad en el término de 5 días hábiles
contados a partir de la decisión para que el superior jerárquico realizara la
homologación o no de la cuota alimentaria fijada.
El
señor Carlos Julio Wilchez señaló que aportó los documentos necesarios para
demostrar que el dinero que percibe es de un salario mínimo mensual del cual
depende económicamente su señora madre. Agregó que su hijo se encuentra
afiliado al régimen subsidiado de salud, porque la actora no ha permitido que
sea afiliado al régimen contributivo. De igual forma, afirmó que la empresa
donde él trabajaba le entregó a la accionante una tarjeta para que fuera ella
quien manejara el subsidio familiar de la caja de compensación. Resaltó,
además, que ha tratado de acercarse a su hijo pero la madre del menor no ha
permitido que lo visite.
En
réplica a lo anterior, la señora María Nubia Villanueva adujo que son cinco los
hijos que atienden las necesidades económicas de la madre del señor Wilchez.
Aclaró que como este presenta continuos cambios de empleo y, por lo tanto,
existen épocas del año que no tiene seguridad social, se concertó que el menor
permaneciera afiliado al régimen subsidiado, dada su condición médica; además, si
bien le fue entregada una tarjeta para administrar el subsidio familiar esta no
tiene recursos. Por último, destacó que su hijo es un joven de 17 años quien
tiene plena libertad para recibir llamadas en su celular y atender cualquier
comunicación que su padre quiera tener con él, por lo que se desvirtúan sus
afirmaciones sobre la relación paterno-filial.
8.1.3. El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá negó el amparo invocado luego
de concluir que no era suficiente la falta de notificación de la actuación de
homologación para alegar la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
ya que al haber participado activamente en el trámite administrativo adelantado
por su solicitud ante la Comisaría 19 de Familia de Bogotá, pudo haberse
enterado de que la actuación había sido remitida a los jueces de familia para
surtir la homologación de la decisión.
Destacó
que si bien el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 fue derogado por la Ley 1564
de 2012, lo cierto es que tal yerro no abre paso a una acción constitucional,
porque lo que demuestra es una actitud proactiva de la funcionaria judicial
para remediar el conflicto que existe entre las partes. Finalmente, recordó que
la accionante puede solicitar la revisión de la cuota alimentaria con miras a
pretender su aumento.
Esta
decisión fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia bajo
los mismos argumentos del a quo.
8.2.
Procedibilidad de la acción de tutela en el
caso concreto.
7.2.1.
Análisis de los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Con base en los
hechos descritos, la Sala Sexta debe determinar en primer lugar si en el
presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
De conformidad con
la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la
acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de
autoridades judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales
que le permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que
ahora se estudia, la Sala encuentra que la tutela interpuesta por la señora
María Nubia Villanueva Martínez cumple con esos requisitos de procedibilidad,
como se pasa a exponer.
Relevancia constitucional de asunto.
El caso que ahora
es de conocimiento de la Sala cumple con este requisito porque la discusión se
circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
específicamente, el derecho de defensa y contradicción ante una indebida
notificación. Lo anterior, en el marco de un proceso de homologación de
alimentos a favor de un menor de edad y en el cual, al parecer, se incurrió en
varias irregularidades que de acreditarse darían lugar a la configuración de
los defectos procedimental (norma inaplicable) y sustantivo (trámite
inadecuado) de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Agotamiento de
los recursos judiciales.
La providencia que
ahora se ataca fue proferida en el marco de un proceso de única instancia, por
lo que contra la decisión adoptada no procede recurso alguno. Bajo ese
entendido, considera la Sala que en esta oportunidad se agotaron los recursos
judiciales del trámite en cuestión.
Ahora bien, uno de
los argumentos expuestos por los jueces de instancia en sede de tutela para
negar el amparo invocado fue que la accionante podía solicitar la
revisión de la cuota alimentaria con miras a pretender su aumento, teniendo en
cuenta que esa decisión no hace tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, es
preciso señalar que de configurarse las causales alegadas por la accionante
estas no se subsanarían por el hecho de que la actora tenga la posibilidad de
acudir ante los jueces de familia para el aumento de la cuota alimentaria. En
otras palabras, la presunta vulneración del derecho al debido proceso no puede
subsanarse acudiendo a nuevos procesos judiciales. Como se verá,
independientemente de que esa clase de trámites no haga tránsito a cosa
juzgada, no por ello se podrían avalar las irregularidades en las que
eventualmente haya incurrido el fallador ordinario en el trámite anterior,
máxime si las fallas alegadas implican la posible transgresión del derecho de
defensa y contradicción.
Principio de
inmediatez.
Esta Corporación
encuentra acreditado el requisito de inmediatez, en tanto la decisión que se
ataca, adoptada el 29 de agosto de 2016, fue notificada personalmente a la
señora María Nubia Villanueva Martínez el 11 de octubre de 2016 -según obra en
el informe secretarial del Juzgado Quince de Familia de Bogotá RUG 2574-15-, y
la acción de tutela fue interpuesta 9 días después de dicha notificación, esto
es, el 20 de octubre de 2016.
El fallo
controvertido no es una sentencia de tutela.
Como se ha
indicado, la providencia que se censura hizo parte de un proceso de homologación
de cuota alimentaria.
7.2.2.
Análisis de los requisitos específicos de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
alegados en el caso de la referencia
Una vez definidos los puntos que hacen procedente la acción de tutela
de la referencia, entra la Sala al análisis de los requisitos especiales de
procedibilidad contra providencias judiciales, específicamente, los defectos
procedimental y sustantivo, resolviendo el siguiente problema jurídico: ¿vulneró el Juzgado Quince de Familia de
Bogotá el derecho fundamental al debido proceso de María Nubia Villanueva
Martínez y del menor Jefrey Wilchez Villanueva (i) al ordenar la práctica de
una audiencia de conciliación en un proceso de homologación de alimentos con
sustento en una norma que se encontraba derogada; y (ii) por llevar a cabo
dicha diligencia sin haber notificado a la accionante de la misma y sin la
comparecencia de alguna de las partes?
7.2.2.1.
Actuaciones
evidenciadas con las pruebas allegadas al expediente
Con el fin de determinar si en el presente
caso se configuraron las referidas causales específicas de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario
traer a colación el trámite surtido por el Juzgado Quince de Familia de Bogotá
desde el momento en que avocó conocimiento del proceso de homologación, así
como los argumentos esbozados por esa autoridad judicial en la audiencia
celebrada el 29 de agosto de 2016, que trajo como resultado la no homologación
de la decisión adoptada por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá y la
consecuente modificación de la cuota provisional de alimentos.
(i) Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2016 ante la Comisaría
19 de Familia de Bogotá, el señor Carlos Julio Wilchez Moreno manifestó su
inconformidad con la cuota alimentaria fijada por esa autoridad el 15 de junio
de 2016. En ese documento solicitó que se realizara una nueva conciliación para
“poder llegar a un acuerdo justo”[34].
El señor Wilchez anexó a esa petición a) copia del registro civil de nacimiento
de Jefrey Wilchez Villanueva; b) un comprobante de pago expedido por su
empleadora, correspondiente al mes de mayo de 2016, donde se evidencia un total
devengado, luego de las deducciones correspondientes, de $711.998; c) una
certificación laboral expedida el 9 de junio de 2016 por la señora Nelsy
Cortazar Peña donde consta que el señor Wilchez trabaja como conductor en un
vehículo de su propiedad, mediante contrato de trabajo a término indefinido y
con una asignación básica mensual de $689.454; d) copia del acta de
conciliación de custodia, cuidado personal y visitas celebrada entre él y la
señora María Nubia Villanueva el 15 de junio de 2016; y e) copia del Auto de
fijación de alimentos provisionales proferido por la Comisaría 19 de Familia de
Bogotá el 15 de junio de 2016[35].
(ii) En oficio del 22 de junio de 2016, la Comisaría 19 de Familia de
Bogotá remitió el escrito de inconformidad junto con sus anexos a los juzgados
de familia para que se surtiera “el grado de consulta”[36].
(iii) El 28 de junio de 2016 fue repartido el expediente al Juzgado
Quince de Familia de Bogotá[37].
(iv) Mediante Auto del 5 de julio de 2016 el Juzgado Quince de Familia
de Bogotá avocó conocimiento de las diligencias remitidas, “en atención a lo
dispuesto en el art. 111 del C. de la Infancia y la Adolescencia en
concordancia con el art. 100 ibídem”. En ese proveído, notificado por
estado núm. 070 del 6 de julio de 2016, el juzgado ordenó lo siguiente[38]:
“Antes de disponer sobre la homologación o no
de la decisión adoptada por la funcionaria administrativa, y bajo el
presupuesto de la solución alternativa de conflictos estipulada en el art. 43
de la Ley 640 de 2001, se DISPONE:
CITAR TELEGRÁFICAMENTE a los señores MARÍA NUBIA VILLANUEVA MARTÍNEZ
y CARLOS JULIO WILCHEZ MORENO para que el día 29 a la hora de las 2:30 del
mes de agosto del año 2016, a fin de que en este estrado judicial se surtan las
diferencias existentes con relación a los alimentos del hijo en común
Jefrey Wilchez Villanueva.
Correr traslado a la Procuraduría Judicial y
al Defensor de Familia asignados a este despacho a fin de que emitan su
concepto sobre el particular (…)”. (Resaltado fuera de texto).
(v) En informe secretarial del 11 de julio de
2016 la notificadora del juzgado consignó: “Me permito informar al Despacho
que (…) al revisar el expediente no es posible encontrar la dirección de
notificación de la señora María Nubia Villanueva Martínez, por lo tanto no es
posible elaborar y enviar la comunicación ordenada”[39].
Este proveído fue comunicado al señor Carlos Julio Wilchez Moreno mediante
telegrama del 13 de julio de 2016[40].
(vi) Posteriormente, en Auto del 4 de agosto
de 2016 la jueza dispuso lo siguiente: “El informe secretarial que obra a
folio 10 se pone en conocimiento de las partes para los fines legales a que
haya lugar”. Este proveído fue notificado por estado núm. 090 del 5 de
agosto de 2016[41].
(vii) En informe secretarial del 8 de agosto
de 2016 la notificadora del juzgado consignó: “me permito informar al
despacho que a los días 5 de agosto y 8 de agosto, se intentó establecer
comunicación con la Comisaría Diecinueve de Familia de la Localidad de Ciudad
Bolívar por medio de los siguientes números telefónicos (…) y el número de
celular (…) en consecuencia no fue posible establecer comunicación con la
entidad mencionada, lo anterior debido a que en informe anterior se comunicó al
despacho que dentro de las presentes diligencias no obra dirección o número
telefónico de la señora María Nubia Villanueva Martínez, por lo que se procedió
a llamar a la Comisaría de Familia con el fin de que nos suministraran alguna
dirección y/o número de contacto de la persona aludida”[42].
(viii) Más adelante, en Auto del 11 de agosto
de 2016 el Juzgado Quince de Familia de Bogotá ordenó, en atención al último
informe secretarial, requerir mediante telegrama al señor Carlos Julio Wilchez
Moreno, con el propósito de que informara de manera inmediata la dirección de
notificación de la señora María Nubia Villanueva. Este proveído fue notificado
por estado núm. 095 del 12 de agosto de 2016[43]. Para
el efecto, fueron emitidas las correspondientes comunicaciones el 24 de agosto
de 2016[44].
(ix) Acto seguido, el 29 de agosto de 2016 el
juzgado llevó a cabo la “audiencia de homologación de alimentos” en el
proceso de alimentos. En esa oportunidad, la autoridad judicial accionada se
pronunció en los siguientes términos[45]:
“Se instala la audiencia dentro del
expediente número (…) correspondiente a la homologación de alimentos
instaurado por el señor Carlos Julio Wilchez Moreno contra la señora María
Nubia Villanueva Martínez. Se trata de los alimentos del menor Jefrey Wilchez Villanueva,
proceso que viene de la Comisaría de Familia 19 de Bogotá y del que deberé
llevar a cabo el trámite que nos establece el Código de Infancia y Adolescencia
en virtud a que la parte demandada, convocada inicialmente a los alimentos ante
la Comisaría de Familia no estuvo de acuerdo con la cuota fijada por la señora
Comisaria, entonces llegaron las diligencias a este estrado judicial para
conocer de la homologación, avocando conocimiento el 5 de julio de 2016 y
señalando el día de hoy para llevar a cabo dichas diligencias. La notificación
de la actuación se hizo al demandante en el proceso tal como obra en autos. De
tal forma que procederé a pronunciarme sobre ello toda vez que ninguna de las
partes se hizo presente a la hora señalada para escucharlas a las mismas.
En virtud a ello debo señalar que los hechos
relevantes que han sucedido para llegar al proceso a este estrado es que frente
a la Comisaría de Familia 19 de Bogotá se llevó a cabo la conciliación entre
los señores María Nubia Villanueva y Carlos Wilchez Moreno, el día 15 de junio
de 2016 esta diligencia de conciliación resultó fracasada, en virtud a la falta
de acuerdo de las partes y allí la señora María Nubia Villanueva solicitó cuota
de alimentos para su hijo y a cargo del progenitor en un monto de doscientos
veinte mil pesos. El señor Carlos Julio Wilchez asistió a la audiencia y en
virtud a ello y al fracaso de la audiencia la Defensora de Familia fijo una
cuota de trecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veinte siete pesos.
El señor Carlos Julio Wilchez solicitó a
través de escrito con fecha 20 de junio de 2016 se modificara dicho valor por
cuanto no está de acuerdo con la cuota señalada por la señora Comisaria de
Familia. Este estrado por Auto de 5 de julio de 2016 requirió al interesado con
el fin de que allegara copia autentica del registro civil de nacimiento de
Jefrey Wilchez Villanueva y se fijó fecha para llevar a cabo conciliación
entre las partes con respecto de las diferencias surgidas en cuanto a los
alimentos de dicho menor.
Los fundamentos jurídicos que se han de tener
en cuenta por este estrado en resumen son los siguientes:
El menor Jefrey Wilchez Villanueva es hijo de
María Nubia Villanueva y Carlos Julio Wilchez, quien se encuentra bajo la
tenencia y cuidad personal de su progenitora.
El numeral 2 del art. 411 del Código Civil
establece que se deben alimentos a los descendientes por lo que la doctrina ha
venido señalando que los alimentos constituyen la satisfacción de las
necesidades básicas propias en el proceso de crianza y desarrollo integral de
un menor y la obligación que queda en cabeza necesariamente de los padres
encargados de asumir con obligación el rol de un buen padre de familia.
El art. 86, numeral 5 y el artículo 111 del
Código de la Infancia y Adolescencia facultan a los Comisarios de familia para
que en diligencia de conciliación prejudicial con ocasión a los alimentos de un
menor de edad establezca o se fije la cuota provisional en favor del niño o
adolescente. Los parámetros establecidos en el art. 100 del Código de la
Infancia y la Adolescencia han señalado que los alimentos son un asunto
conciliable pero que al declararse fracasada la misma el funcionario
administrativo deberá fijar de manera provisional unos alimentos a cargo del
alimentante.
Acogiendo dichas circunstancias es que se permita
también inferir la capacidad económica y la necesidades del alimentario en
ejercicio de la prevalencia de los derechos del menor, los cuales deben
garantizarse por todos los funcionarios administrativos y judiciales, mandatos
mandado por el artículo 44 Superior y el art. 9 de la Ley 1098 de 2006 y demás
disposiciones concordantes.
Ante lo manifestado por el progenitor del
menor Carlos Julio Wilchez de no estar de acuerdo con la cuota fijada por la
funcionaria de la Comisaría en favor de Jefrey Wilchez Villanueva, considera el
despacho que la fijación de alimentos realizada por la Comisaría de Familia en
mención no se encuentra ajustado a los postulados que establece el art. 153 del
Código del menor, en el que en su numeral 1 dispone que cuando el obligado a
suministrar los alimentos fuera asalariado el juez podrá ordenar al respectivo
pagador o al patrono descontar o consignar a órdenes de la entidad hasta el 50%
de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado y hasta el mismo
porcentaje de sus prestaciones sociales luego de las deducciones de ley.
Para el presente caso debe tenerse en cuenta
que si bien es cierto se puede aplicar lo dispuesto en la norma antes citada,
también lo es que lo allí indicado no es una camisa de fuerza para señalar una
cuota alimentaria teniendo en cuenta que se puede fijar una cuota afectando
hasta el 50% del salario siendo este el tope máximo fijado por la ley en que se
puede señalar la obligación, y sumado al hecho que la progenitora del menor
solicitó una cuota alimentaria por un monto de $220.000 entendiéndose con ello
que la obligación alimentaria de su menor hijo se encontraría satisfecha con el
aporte de dicha suma por parte del progenitor, por lo que se disminuirá la
cuota provisional fijada por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá a la suma
de 220 pesos en atención a lo solicitado por la progenitora del menor, la cual
será cancelada en la forma indicada en el acta de conciliación donde se fijó la
cuota provisional de fecha 15 de junio de 2016.
Esos valores deberán ser incrementados
anualmente conforme lo autorice en Gobierno Nacional y a partir de enero de
2017. Resulta entonces así que es suficiente argumentación para que este
estrado judicial no homologue la decisión adoptada por la señora Comisaria de
Familia, sin desconocer que la parte interesada, la progenitora del menor puede
solicitar la regulación de alimentos respectiva ante autoridad judicial,
donde pueden considerarse las amplias facultades que tiene para debatir allí la
parte probatoria y acreditar los presupuestos propios del proceso de alimentos,
sea para disminuir o incluso para aumentar, así como también se asiste el
derecho al alimentante en un eventual caso.
Lo anterior por cuanto también la señora Comisaria
19 de familia de Bogotá no tuvo en cuenta en la fijación que hiciera de la
cuota alimentaria que se parte de los descuentos de ley sino que hizo la toma
del 50% directo sin tener en cuenta que al momento de partir de la presunción
que establece del Código de Infancia y Adolescencia en el sentido de tomar como
base el salario mínimo legal mensual vigente frente a que no se probara la
capacidad económica del demandado debió hacerse la fijación luego de los
descuentos de ley.
Bajo esos parámetros trascendentes como es el
valor que solicitó la señora María Nubia Villanueva y como lo es el que
partiendo del salario mínimo no se dedujo los descuentos de ley, es que esta
juzgadora no homologará la cuota alimentaria fijada por la señora comisaria 19
de familia de Bogotá y entrará a tomar las decisiones pertinentes, ceñido el
trámite que nos establece el art. 11 del CIA.
La Juez Quince de Familia de Oralidad de Bogotá,
administrando justicia a nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de
la ley, resuelve: Primero: no homologar la decisión adoptada por la
señora Comisaria 19 de Familia de Bogotá. Segundo: modificar la cuota
provisional de alimentos fijada el 15 de junio de 2016 por la Comisaría 19
de Familia de Bogotá en la suma de $220.000 pesos mensuales, suma que será
cancelada como ya se dijo en la forma indicada en el acta levantada por la
comisaría de familia. Los anteriores valores serán incrementados anualmente
conforme lo establece el incremento del salario mínimo legal mensual vigente a
partir del 1 de enero de 2017. Tercero: se ordena devolver las presentes
diligencias a su lugar de origen dejando las constancias del caso. Cuarto: en
virtud a que las partes no comparecieron a esta diligencia, la Comisaría de
Familia deberá notificar a las partes de lo aquí decidido. La anterior
decisión se notifica en estrados. Siendo las 3:14 de la tarde se da por
precluída la diligencias sin más motivos por resolver”.
(x) Esta decisión fue notificada personalmente
al señor Carlos Julio Wilchez el 10 de octubre de 2016 y a la señora María
Nubia Villanueva el 11 de octubre de 2016, según consta en los informes
expedidos por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá.
7.2.2.2.
Análisis de
las pruebas contenidas en el expediente
(i) Según lo señalado por la accionante en su escrito de tutela, el
Juzgado Quince de Familia de Bogotá incurrió en las siguientes irregularidades
en el marco del trámite de homologación de la fijación provisional de cuota
alimentaria surtido ante esa instancia judicial:
-
El trámite para conciliación judicial establecido
en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, para el momento de los hechos, ya se
encontraba derogado por la Ley 1564 de 2012.
-
El traslado ordenado para la Procuraduría y la
Defensoría de Familia nunca se surtió.
-
A pesar de no obrar en el expediente la dirección
de domicilio para que le fuera notificado el trámite, el juzgado accionado se
limitó a remitir al solicitante de la homologación de alimentos una
comunicación tan solo dos días antes de la diligencia que se llevó a cabo el 29
de agosto de 2016, sin que se hubiese requerido formalmente a la Comisaría 19
de Familia de Bogotá en donde se adelantó el proceso previo y en el cual
reposaban sus datos de contacto.
-
La audiencia del 29 de agosto de 2016 se llevó a cabo
sin que concurrieran ninguna de las partes y se adoptó una decisión que afectó
a su hijo, quien no pudo ser representado en dicha diligencia.
-
No fueron decretadas pruebas que permitieran
establecer las necesidades básicas de su hijo y que evidenciaran sumariamente
que la condición económica del señor Carlos Julio Wilchez Moreno le impedía
cumplir con la cuota fijada por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá.
(ii) Sea lo primero señalar, en cuanto a la afirmación según la
cual el traslado ordenado para la Procuraduría y la Defensoría de Familia nunca
se surtió, que no le asiste razón a la accionante en tanto se trata de
una irregularidad que no se evidencia en el expediente. Revisado el Auto del 5
de julio de 2016 mediante el cual se citó a las partes a la audiencia del 29 de
agosto de 2016, en el mismo constan los sellos de notificación a dichas
entidades con las correspondientes firmas: a) la Defensoría de Familia el 27 de
julio de 2016; y b) el Ministerio Público el 2 de agosto de 2016[46].
A pesar de ello, estas autoridades convocadas no asistieron a la audiencia de
conciliación ni se pronunciaron sobre el asunto.
Ahora bien, lo anterior no significa que dicha conducta no sea
reprochable constitucionalmente, en tanto la intervención de los representantes
de ambas entidades resultaba de gran importancia teniendo en cuenta que estaba dirigida
a garantizar el interés superior del menor Jefrey Wilchez Villanueva, más aun
considerando que se trata de un sujeto de especial protección constitucional
que requiere de especiales cuidados debido a que padece de hiperplasia
suprarrenal congénita, rinitis alérgica, entre otras patologías, según consta
en la historia clínica que obra en el expediente[47].
Bajo ese entendido, la Sala considera pertinente llamar la atención a estas
entidades para que en lo sucesivo procuren asistir a esta clase de trámites
procesales, dada la importancia de su intervención como garantes de los
derechos fundamentales de las partes y, especialmente, de los menores
involucrados en los mismos.
(iii) En cuanto al reparo concerniente a la citación a una
audiencia de conciliación con sustento en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001,
es preciso resaltar que esta disposición se encuentra por fuera del
ordenamiento jurídico al haber sido derogada por el literal c) del artículo 626
de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso. En criterio de los jueces
de instancia en sede de tutela, si bien esa norma se encontraba derogada al
momento en el que se citó a la audiencia de conciliación, lo cierto es que
hacer referencia a la misma no constituye un yerro de tal entidad que implique
la procedencia de las pretensiones de la acción de tutela. A juicio de los
falladores, lo que demuestra es una actitud proactiva de la funcionaria
judicial para remediar un conflicto existente entre las partes y, por lo tanto,
el uso de un mecanismo alternativo de solución de conflictos no fue
inapropiado.
La Sala difiere del razonamiento de los jueces de tutela y, por el
contrario, considera censurable que el Juzgado Quince de Familia de Bogotá cite
a una audiencia de conciliación con sustento en una norma derogada.
Al respecto, es preciso aclarar que la legislación vigente sobre la
materia establece que desde el inicio del proceso de homologación y en
cualquier etapa del mismo el juez exhortará diligentemente a las partes a
conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo,
sin que ello signifique prejuzgamiento (art. 372 Código General del Proceso). Siendo
así, podría afirmarse que la norma derogada y la vigente tienen la misma
finalidad, esto es, procurar dirimir las controversias entre las partes durante
el proceso.
Sin embargo, no por ello deja de existir la irregularidad procesal y,
con ello, la configuración de un defecto sustantivo, pues un operador judicial
está sustentando una providencia en una norma que no produce ningún efecto en
el ordenamiento jurídico. Por otro lado, como se explicará más adelante, al
acudir a dicha norma inexistente la jueza dio inicio a un trámite equivocado e
inadecuado de conformidad con las reglas procesales que rigen los procesos de
homologación, desencadenando con ello otra serie de irregularidades a lo largo
de trámite.
La primera de ellas está relacionada con el Auto que avocó conocimiento
del proceso de homologación; la segunda, con el señalamiento referente a la
falta de notificación de la accionante de la audiencia que se celebró el 29 de
agosto de 2016; y, la tercera, con la decisión adoptada por el juzgado
accionado en esa diligencia.
(iv) Sobre el Auto que avocó conocimiento del proceso de
homologación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 1098 de 2006 -que establece las reglas que
deberán observar los comisarios o defensores de familia para la fijación de
cuota alimentaria-, siempre que se conozca la dirección donde puede recibir
notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de
familia lo citará a audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe
que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie
el respectivo proceso. La norma indica que cuando habiendo sido debidamente
citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido
no se haya logrado la conciliación, fijará cuota provisional de alimentos y
solo se remitirá el mencionado informe al juez si alguna de las partes lo
solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Esto último fue lo que sucedió en el proceso que ahora se revisa. Como
se observa del líbelo de alimentos, en este caso la persona obligada, esto es,
el señor Carlos Julio Wilchez Moreno, acudió a la audiencia pero en ella no se
logró la conciliación, por lo que la Comisaría 19 de Familia fijó de manera
provisional una cuota de alimentos. Acto seguido y dado que el señor Wilchez
presentó su inconformidad en el término establecido en la norma, la Comisaría
remitió el informe que suple la demanda a los juzgados de familia, para que se
iniciara el respectivo proceso de homologación, de conformidad con lo
establecido en la normatividad.
Repartido el proceso al Juzgado Quince de Familia, este, mediante Auto
del 15 de junio de 2016 “avocó conocimiento de las diligencias
provenientes de la Comisaría 19 de Familia, en atención a lo dispuesto en
el art. 111 del Código de la Infancia y la Adolescencia”, sin tener en
cuenta que no se trataba de la continuación de una diligencia, sino que el
informe remitido por la Comisaría suplía la demanda y, por lo tanto, debía el
juez de familia dar inicio al respectivo proceso profiriendo el respectivo auto
admisorio de la demanda. En otras palabras, el Juzgado Quince de Familia no
debió avocar conocimiento de una diligencia proveniente de otra autoridad, sino
dar inicio al proceso verbal sumario correspondiente, a través del auto
admisorio de la demanda y con las formalidades propias de ese proceso, tal como
lo disponen los artículos 369 y siguientes del Código General del Proceso.
(v) Lo anterior, conllevó a la segunda irregularidad concerniente a la falta de notificación de la accionante de la audiencia que
se celebró el 29 de agosto de 2016. De conformidad con lo establecido
en el artículo 290 del Código General del Proceso (CGP) al demandado o a su
representante legal deberán hacerse personalmente las notificaciones del auto
admisorio de la demanda. El artículo 292 siguiente indica que cuando no se
pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda, se hará
por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se
notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las
partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
En el numeral quinto del Auto de fijación de alimentos provisionales
proferido el 15 de junio de 2016 por la Comisaría 19 de Familia de Bogotá, esta
autoridad administrativa dispuso lo siguiente: “se advierte a las partes que
tienen cinco días hábiles a partir de la fecha para manifestar ante este
despacho su inconformidad con la cuota fijada, caso en el cual se enviará el RUG
ante el juez de familia, quien resolverá al respecto”, decisión que fue
notificada a las partes en estrados. A juicio de los jueces de instancia en
sede de tutela, con ello la señora María Nubia Villanueva tenía pleno
conocimiento de la posibilidad que les asistía a ella y al señor Carlos Julio
Wilchez de presentar dicha inconformidad, por lo que le era posible enterarse
de aquella que fue radicada por el señor Wilchez el 20 de junio de 2016 y del
consecuente traslado a los juzgados de familia.
La Sala no comparte dicha conclusión y, por el contrario, estima que además
de haberse dado el trámite a través de un auto admisorio de la demanda, el
juzgado debió notificar del mismo a la señora María Nubia Villanueva de manera
personal y, en caso de no ser posible, a través de aviso. Si bien es cierto que
la accionante tenía conocimiento de la posibilidad que les asiste a las partes
de presentar la inconformidad de la cuota fijada provisionalmente, no por ello
los operadores judiciales pueden omitir las actuaciones procesales que
corresponden a cada trámite y, por lo mismo, deben cumplir con su deber de
notificar debida y adecuadamente a las partes.
En este caso, se emitió un informe
secretarial del 11 de julio de 2016 en el que la notificadora del juzgado
consignó: “Me permito informar al Despacho que (…) al revisar el expediente
no es posible encontrar la dirección de notificación de la señora María Nubia
Villanueva Martínez, por lo tanto no es posible elaborar y enviar la
comunicación ordenada”. Este proveído fue comunicado al señor Carlos Julio
Wilchez Moreno mediante telegrama del 13 de julio de 2016. Posteriormente, en Auto del 4 de agosto de 2016 la
jueza dispuso lo siguiente: “El informe secretarial que obra a folio 10 se
pone en conocimiento de las partes para los fines legales a que haya lugar”.
Este proveído fue notificado por estado núm. 090 del 5 de agosto de 2016.
Más adelante, en informe secretarial del 8 de
agosto de 2016 la notificadora del juzgado consignó: “me permito informar al
despacho que a los días 5 de agosto y 8 de agosto, se intentó establecer
comunicación con la Comisaría Diecinueve de Familia de la Localidad de Ciudad
Bolívar por medio de los siguientes números telefónicos (…) y el número de
celular (…) en consecuencia no fue posible establecer comunicación con la
entidad mencionada, lo anterior debido a que en informe anterior se comunicó al
despacho que dentro de las presentes diligencias no obra dirección o número
telefónico de la señora María Nubia Villanueva Martínez, por lo que se procedió
a llamar a la Comisaría de Familia con el fin de que nos suministraran alguna
dirección y/o número de contacto de la persona aludida”. Después, en Auto
del 11 de agosto de 2016 el Juzgado Quince de Familia de Bogotá ordenó, en
atención al último informe secretarial, requerir mediante telegrama al señor
Carlos Julio Wilchez Moreno, con el propósito de que informara de manera
inmediata la dirección de notificación de la señora María Nubia Villanueva.
Este proveído fue notificado por estado núm. 095 del 12 de agosto de 2016. Para
el efecto, fueron emitidas las correspondientes comunicaciones el 24 de agosto
de 2016.
A juicio de esta Corporación, el Juzgado
Quince de Familia realizó un trámite inadecuado de notificación. Una llamada a
la Comisaría 19 de Familia no es un trámite suficiente para obtener una
dirección de notificación; lo correcto era requerir mediante una providencia a
esa autoridad para que remitiera el expediente del trámite llevado a cabo en
esa comisaría con el fin de obtener todos los datos necesarios que permitieran
notificar adecuadamente a las partes. Tampoco resultaba suficiente requerir al
señor Carlos Julio Wilchez mediante telegrama, mucho menos una semana antes de
la fecha fijada para la realización de la audiencia.
Aunado a todo lo anterior y a pesar de la
imposibilidad de notificar a la señora Villanueva, el 29 de agosto de 2016 el
juzgado llevó a cabo la audiencia de homologación de alimentos sin intentar
realizar la notificación por aviso, vulnerando de ese modo el derecho de
defensa y contradicción, no solo de la demandada en el proceso de alimentos,
sino de su hijo menor de edad cuyos intereses no pudieron ser representados.
(vi) Lo descrito llevó a otra irregularidad,
esta vez, relacionada con la decisión adoptada por
el juzgado accionado en la audiencia del 29 de agosto de 2016. Teniendo en cuenta que el trámite especial de alimentos contenido en el
Código del Menor fue derogado por el CGP, es este último ordenamiento el
aplicable para el trámite de homologación.
Según el artículo 392 del CGP, en firme el auto
admisorio de la demanda y vencido el término de traslado, el juez en una sola
audiencia practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373. El primero
de ellos dispone que para todo proceso verbal sumario -a través del cual se
tramita un proceso de homologación- el juez debe convocar a las partes para que
concurran a una audiencia inicial. Esta citación será a través de auto, en el
que se señalará fecha y hora para la audiencia, se notificará por estado y no
tendrá recursos. En esa providencia, el juez citará a las partes para que
concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación y los demás
asuntos relacionados con la audiencia. Esa disposición señala, además, que
cuando ninguna de las partes concurra a la misma, esta no podrá celebrarse, y
vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de
auto, declarará terminado el proceso.
El Juzgado Quince de Familia luego de admitir la demanda y una vez en
firme el auto admisorio, debía convocar a las partes a una audiencia en la que
se practicarían las actividades previamente señaladas. En lugar de ello, el
juzgado accionado convocó a una audiencia de conciliación “a fin de que se
surtieran las diferencias existentes con relación a los alimentos del hijo en
común”, pero en ningún momento indicó que en esa misma diligencia se adoptaría
la decisión de fondo. Entonces, la audiencia de conciliación a la que convocó a
las partes el juzgado accionado es muy diferente a la audiencia inicial en el
proceso verbal sumario para surtir el trámite de homologación.
Bajo ese entendido, encuentra la Corte que la autoridad judicial
accionada convirtió la audiencia convocada con la finalidad de establecer una
conciliación entre las partes, en la audiencia inicial del proceso de
homologación, cercenando la posibilidad de los convocados de ejercer su derecho
de defensa, de aportar las pruebas que consideraran necesarias y de participar
en la decisión que les afectaba.
Según la norma citada, el proceder del juez de familia debió ser citar
a la audiencia inicial del proceso verbal que daría lugar al desarrollo de
todas las etapas procesales correspondientes y, en caso de que ninguna de las
partes asistiera sin ninguna justificación, dar por terminado el proceso sin
lugar a decidir de fondo el asunto. A pesar de ello, el juzgado convirtió la
audiencia que citó inicialmente como una conciliación en una audiencia de
fallo, sin haber emitido una providencia indicando a las partes tal
determinación.
Lo anterior, no solo vulneró los derechos de los convocados a la
audiencia, sino que desconoció los postulados constitucionales y la
normatividad vigente sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Al celebrar la audiencia sin la presencia de ninguna de las
partes, contrarió el procedimiento establecido para esta clase de procesos y
permitió que los intereses del joven Jefrey Wilchez Villanueva no fueran
representados, situación que se agrava si se tiene en cuenta que ni siquiera
asistieron los funcionarios de la Defensoría y del Ministerio Público adscritos
al juzgado.
Como se expuso en acápites anteriores, la finalidad del proceso de
homologación es que la autoridad judicial verifique
no solo que se hayan garantizado los derechos y etapas procesales en el marco
de la actuación administrativa previa, sino que analice de fondo la decisión
adoptada por la autoridad administrativa de tal forma que le permita corroborar
la real garantía de los derechos fundamentales y el interés superior del menor.
Al revisar la decisión adoptada por la Jueza Quince de Familia de
Bogotá esta manifestó que se podía fijar una cuota
afectando hasta el 50% del salario, siendo este el tope máximo
fijado por la ley en que se puede señalar la obligación, y teniendo en cuenta
que la progenitora del menor había solicitado inicialmente una cuota por un
monto de $220.000 ante la Comisaría, se entendía que la obligación alimentaria
de su menor hijo se encontraría satisfecha con el aporte de dicha suma. A
juicio de la falladora tal argumentación resultó suficiente para no homologar
la decisión adoptada por la Comisaria 19 de Familia de Bogotá.
En parecer de esta Corporación, esta justificación en nada se acompasa
con el interés superior del menor, pues se sustentó en el interés de la parte
que presentó su inconformidad, esto es, el padre del joven, sin analizar a
fondo si esa merma de la cuota alimentaria era la mejor decisión para las
particularidades socio económicas del menor. Al no estar presentes las partes
en la audiencia, los intereses de Jefrey Wilchez Villanueva no pudieron ser
representados y no fue posible, por ejemplo, para la señora María Nubia
Villanueva aportar las pruebas que consideraba necesarias para acreditar el
valor de la cuota que consideraba ajustada a las necesidades de su hijo.
Según lo ha sostenido esta Corte, una de las
finalidades de la protección prevalente del interés superior del menor es el
equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos de sus padres, pero
cuando quiera que dicho equilibrio se altere y se presente un conflicto que no
pueda resolverse mediante la armonización en el caso concreto, la solución
deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del niño. La forma de
realizar dicha armonización debe ser en función de las circunstancias de cada
caso particular y sin que pueda, en ningún caso, poner  en riesgo la vida,
salud, estabilidad o desarrollo integral del niño.
En este caso, ni siquiera se dio la oportunidad de realizar dicho
debate probatorio y se adoptó una decisión en la cual no se analizó de fondo si
era la que protegía en mayor medida los intereses del menor.
Ahora bien, es preciso aclarar que independientemente de la decisión
que se adopte en el trámite de homologación, esto es, sea que se aumente, se
disminuya o se mantenga la cuota alimentaria, la determinación debe ser producto
de un análisis material del asunto que permita constatar, sin lugar a dudas,
que se está protegiendo el interés superior del menor. Por el contrario, como
se dijo, en esta oportunidad se dio prevalencia al bienestar de uno de los
progenitores sin elaborar mayores argumentos para ello.
7.2.2.3.
Conclusiones
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en este caso se configuraron
los defectos sustantivo y procedimental absoluto en el marco del proceso de
homologación surtido ante el Juzgado Quince de Familia, no solo por utilizar
una norma derogada y que, por lo tanto, no producía ningún efecto jurídico,
sino por seguir un trámite totalmente ajeno al proceso de homologación de
conformidad con la normatividad vigente. Lo anterior, en tanto:
-
Citó a una audiencia de conciliación prejudicial
con sustento en una norma derogada, irregularidad procesal con la que además
dio inicio a un trámite equivocado e inadecuado de conformidad con las reglas
procesales que rigen los procesos de homologación[48],
desencadenando con ello otra serie de irregularidades a lo largo de trámite.
-
Profirió un auto mediante el cual avocó
conocimiento del asunto sin tener en cuenta que no se
trataba de la continuación de una diligencia, sino que el informe remitido por
la Comisaría suplía la demanda y, por lo tanto, debía dar inicio al respectivo
proceso profiriendo el auto admisorio de la demanda.
-
No solo procedió con un trámite de notificación
inadecuado e insuficiente, sino que además, a pesar de la imposibilidad de notificar a la señora
Villanueva, citó a conciliación y adelantó la audiencia sin la asistencia de
las partes y decidió de fondo el asunto. Con ello vulneró el derecho de defensa
y contradicción, no solo de la demandada en el proceso de alimentos, sino también
de su hijo menor de edad cuyos intereses no pudieron ser representados.
-
A pesar de haber convocado a una audiencia con la
finalidad de establecer una conciliación entre las partes, una vez iniciada esa
diligencia la convirtió en la audiencia inicial del proceso de homologación,
cercenando la posibilidad de los convocados de ejercer su derecho de defensa,
de aportar las pruebas que consideraran necesarias y de participar en la
decisión que les afectaba.
-
Sustentó su decisión en el interés de la parte que
presentó su inconformidad, esto es, el padre del joven Jefrey Wilchez Villanueva,
sin analizar a fondo si esa merma de la cuota alimentaria era la mejor decisión
que se acompasaba con las particularidades socio económicas del menor. Al no
estar presentes las partes en la audiencia, los intereses de este último no
pudieron ser representados.
-
Si bien es cierto que la parte interesada, en este
caso, la progenitora del menor, puede solicitar la regulación de alimentos respectiva
ante autoridad judicial o solicitar nuevamente la fijación de la cuota
alimentaria ante el cambio de las circunstancias del alimentado o del
alimentante, también lo es que la existencia de otro mecanismo judicial para
ello no subsana las irregularidades en las que incurrió el Juzgado Quince de Familia
de Bogotá, es decir, no por ello se puede admitir la vulneración del derecho al
debido proceso.
Visto lo anterior, esta Corporación procederá a revocar las decisiones
adoptadas por los jueces de instancia en sede de tutela y, en su lugar,
concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso de la señora
María Nubia Villanueva Martínez y del menor Jefrey Wilchez Villanueva. En
consecuencia, dejará sin efecto todo lo actuado en la homologación de
alimentos correspondiente al proceso promovido por María Nubia Villanueva
Martínez contra Carlos Julio Wilchez Moreno desde el auto que
avocó conocimiento del asunto. Luego de ello, ordenará al Juzgado Quince de
Familia de Bogotá que realice nuevamente el trámite correspondiente, siguiendo
la normatividad vigente sobre la materia y atendiendo al interés superior del
menor, de conformidad  con lo establecido en la parte considerativa de esta
providencia. Esto significa que hasta que se surta nuevamente el trámite se
entiende vigente la cuota alimentaria fijada de manera provisional por la
Comisaría 19 de Familia de Bogotá.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida en
segunda instancia por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 3 de
marzo de 2017, así como la decisión emitida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá el 19 de enero de 2017 en primera instancia, mediante la cual se le negó el amparo a la accionante. En su lugar, CONCEDER la protección del
derecho fundamental al debido proceso de la señora María Nubia Villanueva
Martínez y del menor Jefrey Wilchez Villanueva.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado en
el proceso de homologación de alimentos radicado 1100131100120160016100,
correspondiente al proceso promovido por María Nubia Villanueva Martínez contra
Carlos Julio Wilchez Moreno, desde el auto que avocó
conocimiento. En su lugar, ORDENAR al Juzgado Quince de Familia de
Bogotá que de manera inmediata realice nuevamente el trámite correspondiente,
siguiendo la normatividad vigente sobre la materia y atendiendo al interés
superior del menor, de conformidad  con lo establecido en la parte
considerativa de esta providencia, cumpliendo con la debida notificación, de
tal manera que se garantice el derecho de defensa y contradicción, y observando
las reglas procesales correspondientes. Lo anterior significa que, hasta que se
surta nuevamente el trámite, se entiende vigente la cuota alimentaria fijada de
manera provisional el 15 de junio de 2016 por la Comisaría 19 de Familia de
Bogotá.
TERCERO: LLAMAR
LA ATENCIÓN a la Procuraduría Judicial y a la
Defensoría de Familia adscritas al Juzgado Quince de Familia de Bogotá para que
en lo sucesivo asistan e intervengan en los trámites procesales de alimentos,
dada la importancia de su intervención como garantes de los derechos
fundamentales de las partes y, especialmente, de los menores involucrados en
los mismos.
CUARTO: LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones previstas en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (e.)
[1] Artículo 43 de la ley 640 de 2001. Oportunidad para la
audiencia de conciliación judicial. <Artículo
derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o.
de enero de 2014. En los términos del numeral 6) del artículo 627, El cual establecía que_ “Las partes de
común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en
cualquier etapa de proceso. Con todo, el juez, de oficio, podrá citar a
audiencia”.
[2] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las
sentencias SU-917 de 2010, SU-195 de 2012, SU-515 de 2013 y SU-769 de 2014. Por
tanto, mantiene la postura uniforme y reciente de esta Corporación sobre la
materia.
[3] Sentencia C-543 de 1992.
[4] Ibídem.
[5] Sentencia SU-406 de 2016.
[6] Sentencia SU-490 de 2016.
[7] Sentencia T-643 de 2016. Cfr.
Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005, T-737 de 2007, T-264 de 2009, T-620
de 2013, entre otras.
[8] Ibídem.
[9] Sentencia SU-612 de 2016. Cfr.
SU-159 de 2002
[10] Sentencia SU-490 de 2016.
[11] Ibídem.
[12] Sentencia T-643 de 2016.
[13] Sentencia SU-406 de 2016.
[14] Ibídem.
[15] Sentencia T-123 de 2016.
[16] Ibídem.
[17] Sentencia T-581 de 2004.
[18] Sentencia C-035 de 2014. Cfr.
Sentencia 1263 de 2001. En esta última providencia la Corte explicó que “el derecho fundamental al debido proceso se
consagra constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un
proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado pretenda
comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo
sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso
constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda
-legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al
abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector
de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a
los juicios criminales”.
[19] Sentencia T-140 de 1993.
[20] Sentencia T-099 de 1995.
[21] Ibídem.
[22] Sentencia T-400 de 2004.
[23] Sentencia T-397 de 2015.
[24] Sentencia C-980 de 2010.
[25] El artículo 373 por su parte hace referencia al trámite a seguir en
dicha audiencia de instrucción y juzgamiento.
[26] Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en la
Convención sobre los Derechos del Niño; en el artículo 24.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño y en el artículo 25.2 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Cfr. Sentencias T-260 de 2012 y T-730 de
2015.
[27] Sentencia T-502 de 2011.
[28] Ibídem.
[29] Sentencia T-730 de 2016.
[30] Cfr. Sentencia T-730 de 2016.
[31] Estas consideraciones han sido reiteradas en las sentencia T-502 de 2011, T-664 de 2012, T-212 de 2014 y T-730 de 2015.
[32] Sentencia T-730 de 2015.
[33] Ibídem.
[34] Proceso de homologación 1100131100120160016100.
Folio 1.
[35] Ibídem. Folios 2 a 6.
[36] Ibídem. Folio 7.
[37] Ibídem. Folio 8.
[38] Ibídem. Folio 9.
[39] Ibídem. Folio 10.
[40] Ibídem. Folio 11.
[41] Ibídem. Folio 12.
[42] Ibídem. Folio 13.
[43] Ibídem. Folio 14.
[44] Ibídem. Folio 15.
[45] Ibídem. Folio 16. Ver además cuaderno principal, folio 114. CD contentivo del audio de la audiencia celebrada el
29 de agosto de 2016 en el Juzgado Quince de Familia de Bogotá dentro del
proceso de homologación de alimentos.
[46] Proceso de homologación 1100131100120160016100.
Folio 9, reverso.
[47] Cuaderno principal, folios 1 a
24.
[48] Artículos 392 y ss del Código General del Proceso, y artículo 111 del
Código de la Infancia y la Adolescencia.