C-198-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-198/02
COSA JUZGADA RELATIVA-Circunstancias de atenuación punitiva para
delito de aborto
COSA JUZGADA RELATIVA-Contenido material
CODIGO PENAL-Trámite legislativo/NORMA ACUSADA-Señalamiento
de vicio de procedimiento
ABORTO-Trámite legislativo en materia de circunstancias de
atenuación punitiva
PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Relativización/PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Preponderancia
La Corte ha dicho que con el fin de superar el
esquema  consagrado en la anterior Carta Política, que exigía que durante los
cuatro debates parlamentarios los proyectos de ley guardaran estricta
identidad, en  la Constitución de 1991 se decidió relativizar dicho principio
entregando a  los congresistas la facultad de introducir a los proyectos de ley
las modificaciones, adiciones o supresiones que  juzguen necesarias, siempre y
cuando guarden coherencia y se refieran a la materia o contenido mismo del
proyecto que se está discutiendo. Esto es lo que se conoce como el principio de
identidad. La relativización de dicho principio también implica darle
preponderancia al principio de consecutividad, en virtud del cual es factible
conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin afectar la
esencia misma del proceso legislativo establecido en el artículo 157 de la
Constitución.
COMISION ACCIDENTAL-Integración
PRINCIPIO DE IDENTIDAD TEMATICA-Flexibilización
COMISION ACCIDENTAL-Regulación de funcionamiento e integración
COMISION ACCIDENTAL-Funciones
La función de las comisiones accidentales de
conciliación consiste, entonces, en superar las discrepancias que se hayan
suscitado respecto de un proyecto, entendidas éstas como “las aprobaciones de
articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones
nuevas”.
COMISION ACCIDENTAL-Integración por quienes participaron
COMISION ACCIDENTAL-Existencia de discrepancias
La Corte ha afirmado que si no hay discrepancias entre
los proyectos aprobados por una y otra Cámara no se genera el presupuesto
necesario para que se integren y funcionen, en un caso determinado, las
mencionadas comisiones. También ha precisado que no todas las diferencias entre
los textos aprobados en una y otra cámara constituyen discrepancias. Por ello,
en  cada caso debe analizarse el contenido material de las disposiciones para
determinar si existen diferencias relevantes o verdaderos desacuerdos que
justifiquen la integración de una comisión accidental.
COMISION ACCIDENTAL-Problemas de transcripción o gramaticales
que no inciden en el contenido no constituyen “discrepancias”
Tiene claro la Corte que los problemas de
transcripción o gramaticales, que en nada inciden en el contenido material de
la norma, no constituyen discrepancias. “Pretender que una comisión accidental
o de conciliación se conforme con el único propósito de corregirlos,
desconocería la intención del constituyente de racionalizar y flexibilizar el trámite
de las leyes”.
COMISION ACCIDENTAL-Textos validamente aprobados aunque
diferentes en redacción
Las comisiones accidentales de conciliación
deben ejercer su función partiendo de textos validamente aprobados por las
cámaras, aunque diferentes en su redacción.
COMISION ACCIDENTAL-Límite material
En cuanto hace al límite material de la
actuación de las comisiones de mediación o conciliación,  la jurisprudencia ha
expresado que éste surge de la propia Constitución cuando en su artículo 158
exige que todo proyecto deberá referirse a una misma temática y serán
“inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con
ella”.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Interpretación amplia
Esta Corte siempre ha interpretado de
manera amplia la noción de materia con el fin de determinar si un artículo
desconoce o no la regla de identidad temática, o si un proyecto respetó en su
trámite dicho principio. Así, en forma reiterada esta Corporación ha dicho que
la interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su
finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente
de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano, por lo cual
únicamente “aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de
los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación
de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante
de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el
proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN TRAMITE
LEGISLATIVO Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance
COMISION ACCIDENTAL-Límites a la competencia
El principio de identidad flexible
“constituye uno de los límites a la competencia de las comisiones accidentales.
El segundo límite deriva de la propia naturaleza de esas comisiones, cuya
función es armonizar las discrepancias que surjan entre las dos cámaras.”.
COMISION ACCIDENTAL-Conciliación de textos divergentes/COMISION
ACCIDENTAL-Modificación de contenido a textos divergentes/COMISION
ACCIDENTAL-Creación de textos nuevos si permite superar las diferencias
Esta Corte ha dicho que la facultad de las comisiones
accidentales para conciliar textos divergentes las autoriza no sólo para
modificar su contenido, sino incluso para crear textos nuevos si de esta forma
se logran superar las diferencias.
COMISION ACCIDENTAL-Alcance de la función
Las comisiones accidentales de
conciliación  están autorizadas para superar las diferencias que se presenten
en los proyectos de ley aprobados válidamente por las plenarias de las
corporaciones legislativas, estando habilitadas para modificar e inclusive
adoptar textos nuevos siempre y cuando se encuentren vinculados con la materia
que dio origen al proyecto de ley correspondiente y no impliquen su
modificación sustancial. Por consiguiente, si las propuestas de  dicha
comisión, aún tratándose de textos nuevos, guardan conexidad temática con los
textos aprobados por las cámaras, y por ende no alteran su sentido y finalidad,
el texto correspondiente no estará viciado de inconstitucionalidad. Además, es
claro que la facultad para introducir modificaciones a los textos divergentes y
proponer, si es del caso, textos nuevos a efectos de resolver las discrepancias
surgidas, debe referirse a la misma temática sobre la cual versan aquellos para
que se entienda que guarda la unidad de materia que exige el artículo 158
constitucional y los principios de identidad y consecutividad implícitos en el
artículo 157 Superior.
COMISION ACCIDENTAL-Texto nuevo pero no novedoso y ajeno a
temática de textos aprobados
COMISION ACCIDENTAL-Texto nuevo con contenido normativo que
involucra tema de artículos aprobados
COMISION ACCIDENTAL-Relación teleológica y sistemática con la
materia
ABORTO-Circunstancias de atenuación punitiva/ABORTO-Extraordinarias
condiciones anormales de motivación
ABORTO-Extraordinarias condiciones anormales de motivación
tiene conexión con circunstancias especiales
COMISION ACCIDENTAL-Sujeción de texto conciliado a decisión
final en sesión plenaria de cada Cámara/COMISION ACCIDENTAL-Repetición
del segundo debate
PROYECTO DE LEY-Publicidad
COMISION ACCIDENTAL-Publicidad de propuestas/COMISION
ACCIDENTAL-Publicidad de propuestas se satisface con presentación ante
plenarias de Cámaras
COMISION ACCIDENTAL-No realización de previa publicación en
Gaceta del Congreso
COMISION ACCIDENTAL-Aprobación de texto único cumple requisito
de aprobación en segundo debate
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Inexistencia de “mico legislativo”
Referencia: expediente D-3664
Demanda de inconstitucionalidad contra el
parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el
Código Penal”
Demandante: Fernando Sabogal Viana
Magistrada Ponente:
Dra.
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve  (19) de marzo de dos mil dos
(2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y
trámites establecidos por el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en los
artículos 40-6, 241-4 y 242-1de la Constitución Política, el ciudadano Fernando
Sabogal Viana, solicita que esta Corporación declare  la inconstitucionalidad
del parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide
el Código Penal”.
Por auto del 9 de agosto del año 2001, se admitió la
demanda y en consecuencia se ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo,
se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que
rindiera su concepto, y se comunicó la iniciación del asunto al señor
Presidente de la República,  a los señores Presidentes del H. Senado de la
República y H. Cámara de Representantes, al señor Ministro de Justicia y del
Derecho, y al Fiscal General de la Nación, con el objeto que si lo estimaban
oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, y previo concepto del Procurador
General de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir en relación con
la demanda de la referencia.
II. LA NORMA ACUSADA
A continuación se reproduce íntegramente el texto del
artículo 124 del Código Penal, conforme a su publicación en el Diario Oficial
No.44.097  de 24 de julio de 2000, subrayando el parágrafo acusado:
Ley
599 de 2000
(julio 24)
“Por la cual se expide el Código
Penal”
DECRETA:
“Artículo 124.- Circunstancias de atenuación punitiva.
La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
“Parágrafo.-  En los eventos del inciso anterior, cuando se
realice el aborto en extraordinarias  condiciones anormales de motivación, el
funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte
necesaria en el caso concreto”.
III.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Para el actor, el parágrafo del artículo 124 del
Código Penal, en cuanto respecta a los vicios de trámite acaecidos en su
formación, ha infringido los artículos 157, numerales 2 y 3, y 161 de la
Constitución Política. En síntesis estos son sus argumentos:
Según el actor la formalidad señalada en el artículo
157 numerales 2 y 3  de la Carta, atinente a la aprobación en primer y segundo
debate de los proyectos de ley,  se refiere no sólo al proyecto de ley en su
conjunto, sino a cada uno de los contenidos temáticos de tal manera que el
Proyecto no resulte al final modificado sustancialmente o con un objetivo
distinto.
Precisa que cuando se integra una comisión accidental
con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado
de un proyecto, el texto que prepara para la aprobación de las plenarias –que
incluso puede ser novedoso al compararlo materialmente con lo aprobado en las
plenarias de cada una de las Cámaras–  debe versar únicamente sobre el objeto
de la discrepancia, sin que pueda ser admisible la incorporación de temáticas
nuevas.
Bajo estas premisas afirma que el iter
legislativo del artículo 124 del Código Penal, pone de presente que las
discrepancias en los textos debatidos y aprobados en el Senado de la República
y en la Cámara de Representantes, únicamente se referían a la inclusión o no,
como circunstancia de atenuación punitiva para el aborto, de patologías médicas
o genéticas en el feto, las que se originaron en las ponencias para primer
debate.
Sostiene que en la ponencia para primer debate en
Senado se propuso   –y así fue acogido–  suprimir esa circunstancia porque  “determinar
lo que resulta incompatible con la vida humana es asunto demasiado
problemático, por tanto, la norma debe quedar conforme a la regulación pero con
el último agregado” . Por su parte, la ponencia para primer debate
en la Cámara planteó  –y esto fue aceptado por la Comisión Primera– que se volviese  “a
la fórmula original del proyecto –esto es, la incorporación de la
circunstancia ‘eugenésica’ de atenuación punitiva para el aborto–  por
consultar mejor la realidad social”.
Afirma que independientemente de cuál sea la
naturaleza de la figura incorporada en el parágrafo del artículo 124 del Código
Penal  –sobre la cual existen interpretaciones oficiales divergentes entre la
Honorable Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría  y el Ministerio
de Justicia–  es evidente que no es una circunstancia de atenuación punitiva.
En su sentir, esta afirmación tiene como  presupuesto
normativo básico el hecho de que la competencia constitucional de las
comisiones accidentales, al tenor del artículo 161 de la Carta, se limita
exclusivamente a las discrepancias que surgieren en las Cámaras respecto de un
proyecto, entendidas como tales las aprobaciones de articulado de manera
distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas.
Expresa el actor que en el caso del artículo 124 del
Código Penal, la única discrepancia que existía entre los textos aprobados en
Senado y en Cámara, consistía en que si la atenuación punitiva para el aborto
se extendía o no al caso del feto con graves malformaciones médicas o
genéticas.  Ésta era la única materia que, por tanto, podía ser objeto de la
Comisión accidental de Conciliación.
En su parecer, las circunstancias de atenuación
punitiva difiere por completo de las causales de exclusión de la pena tal como
está reconocido  en la Sentencia C-647 del 20 de junio de 2001.
Dice que la reforma del artículo 124 del Proyecto de
Código Penal en la Comisión de Conciliación fue propuesta por el Ministro de
Justicia, quien en comunicación dirigida al Presidente de la Conferencia
Episcopal reconoce que la discrepancia existía únicamente sobre la disminución
de la pena para el aborto eugenésico, asunto que no guarda relación alguna con
el confuso parágrafo del artículo 124 del Código Penal.
Por lo anterior concluye, que a quien correspondía dar
los debates de rigor en torno a cualquier iniciativa de prescindir de la pena
para el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación u otro delito era a
las comisiones constitucionales permanentes de cada una de las Cámaras y a sus
Plenarias  y no a las Comisiones Accidentales de Mediación.
Manifiesta el actor que el parágrafo del artículo 124
del Código Penal no sólo es un texto nuevo por no haber sido propuesto ni
aprobado en ninguno de los debates y votaciones realizados en las comisiones y
plenarias del Senado y de la Cámara, sino que además por involucrar una
temática novedosa que altera sustancialmente la finalidad del artículo en el
cual surgían las discrepancias, en el cual se regulaban las causales de
disminución punitiva para el aborto.
En su parecer con la inclusión
el parágrafo acusado se desconoció el principio de la consecutividad lógica,
puesto que una causal de atenuación
punitiva, incluso mal
aplicada, no puede propiciar la impunidad.  Tal causal propiciará una
imposición de penas menores  -a pesar de los casos en que la pena debió haber
sido mayor-, pero esto es una realidad distinta de la impunidad, la cual
consiste en que una conducta criminal se quede sin una pena.
Considera, que la confusa redacción del parágrafo del
artículo 124 del Código Penal y las interpretaciones divergentes y opuestas que
se han realizado sobre su naturaleza y su aplicación, ponen de presente que a
la norma acusada además le faltó la depuración que proporcionan los cuatro
debates prescritos por el artículo 157 de la Carta.
En su opinión, la adición irregular de un parágrafo al
artículo 124 del Código Penal, también constituyó un desconocimiento del
principio democrático, puesto que respecto de una materia de la mayor
sensibilidad social y política  –como lo es la prescindencia de la pena para un
evento de aborto–,  la iniciativa no fue debatida en ninguna instancia pública,
ni conocida por la opinión nacional, ni siquiera puesta en conocimiento de
aquellos miembros del Congreso distintos de los que integraron la comisión
accidental.
Al
respecto, sostiene que  aún cuando en la respectiva  acta de la Sesión Plenaria
del Senado consta que el informe de la comisión accidental fue aprobado, lo
cierto es que allí apenas anuncia que se llegó a un texto de consenso, sin
explicar en qué consistió dicho consenso y cuál es el texto que será sometido a
repetición del segundo debate, puesto que no se explicaron los cambios  en
cuanto al aborto al incorporar la temática nueva de la prescindencia de la pena
para el aborto cuando el embarazo es fruto de un delito. Además la forma misma
como está redactada el acta de conciliación hizo imposible que ningún senador
pudiera saber cuál era el texto concreto convenido por la Comisión respecto de
las divergencias presentadas entre Senado y Cámara.
Concluye que sobre el parágrafo del artículo
124 del Código Penal no hubo repetición del segundo debate, ni ningún debate
democrático  –debates que son inherentes al trámite constitucional de las
leyes–  porque nadie conoció de la existencia de esa norma ni de las razones
que la motivaban.
IV.  INTERVENCIÓN DEL
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
La entidad interviniente advierte a la Corte
Constitucional sobre la competencia que tiene para realizar un nuevo
pronunciamiento respecto de la constitucionalidad del parágrafo acusado, pese a
que el mismo ya fue objeto de estudio por parte de esta Corporación, declarando
su exequibilidad en cuanto a su contenido material, pero guardando silencio en
relación con posibles vicios formales en su trámite, estructurándose lo que
judicialmente se ha denominado cosa juzgada relativa.
Manifiesta el señor Fiscal que esa entidad al rendir
concepto en el expediente D- 3292, solicitó la declaratoria de
constitucionalidad de la norma cuestionada, al considerar que la misma es una
manifestación estricta entre otros, del principio de culpabilidad establecido en
el artículo 29 Superior. Reitera dicha posición para el caso bajo estudio.
Finalmente, arguye que desde la perspectiva de la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 124 del Código Penal, cuyo
fundamento responde a elementos de justicia y de política criminal, corresponde
ahora a la Corte Constitucional determinar si el legislador incurrió en vicios
de procedimiento en su formación, los que de comprobarse lo harían inexequible
siguiendo los parámetros del artículo 157 de la Carta Política.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar exequible el parágrafo del artículo 124 del Código Penal, de
conformidad con los argumentos que a continuación se sintetizan:
Considera que la Comisión Accidental de mediación no
se extralimitó en su función al incorporar en el texto único sometido a la
aprobación de las plenarias del Senado y Cámara el parágrafo acusado, toda vez
que el mismo guarda una relación teleológica y sistemática con los textos
discordantes que dieron origen a su conformación.
Dice que no es cierto el argumento de la demanda según
el cual la comisión sólo tenía que circunscribirse a señalar las causales de
atenuación punitiva del delito de aborto, eliminado o agregando algunas de
ellas, pues precisamente la controversia se originó por el tratamiento que
debía darse a éstas, y específicamente a la que hacía referencia a “ que se
establezcan en el feto patologías médicas o genéticas de gravedad tal que sean
incompatibles con la vida humana”. Asunto éste que se dirimió para analizar
cada caso en concreto y definir la necesidad de la aplicación de la pena y por
ende, dejar de lado ésta. Redacción con la que se soslayó la discusión.
Recuerda la Vista Fiscal que la comisión accidental
tiene plena competencia no sólo para modificar, suprimir sino para crear
artículos nuevos, siempre que éstos guarden unidad temática con los textos
divergentes. En el caso de análisis, la materia de que trataban los preceptos
aprobados en Cámara y Senado hacían referencia al tratamiento punitivo que
debía dársele al aborto cuando el embarazo se encontraba precedido de ciertas
circunstancias, y por ende, la comisión optó por consagrar dos clases de
tratamiento punitivo: la atenuación de la pena, por una parte, y prescindir de
su aplicación, por la otra, cuando el funcionario judicial lo considere
pertinente siempre que se den las circunstancias que señala la misma norma,
asunto éste que fue aprobado por las dos plenarias tal como consta en las
Gacetas del Congreso 660 y 605 de 1999.
Señala, que de las actas de conciliación se desprende
que los textos aprobados en el Senado y Cámara fueron estudiados, y que
respecto de los capítulos y articulados sobre los delitos de manipulación
genética y aborto, el Ministro y Viceministro de Justicia y del Derecho y el
Secretario Jurídico de la presidencia de la República estuvieron de acuerdo con
el texto final del artículo (Gaceta del Congreso No 605 del 24 de diciembre de
1999).
Considera el señor Procurador General de la Nación que
por el aspecto puramente formal en el trámite del parágrafo del artículo 124
del Código Penal no existieron vicios de procedimiento en su formación, pues al
existir discrepancias entre los textos aprobados en Senado y Cámara respecto de
las circunstancias de atenuación punitiva para el delito de aborto lo
procedente era conformar una comisión accidental de mediación que dirimiera la
controversia, tal como lo dispone el artículo 161 de la Carta Política, y en
ese orden adicionar los artículos discutidos con disposiciones nuevas cuyo
único requisito consiste en que guarde unidad temática.
De otra parte, manifiesta que la comisión de
conciliación no desconoció el principio democrático al tramitar el parágrafo
del artículo demandado, toda vez que en el acta de conciliación demuestra que
el tema del aborto fue discutido y debidamente acordado y si bien en ella no se
plasmaron los pormenores del debate, la afirmación que se hace, en el sentido
de que existió acuerdo en el articulado, permite inferir que en el seno de la
propia comisión de conciliación existió debate sobre el tema, pues sin éste
hubiese sido imposible llegar a un consenso sobre el articulado.
Además, la precitada acta demuestra que el texto
aprobado y que corresponde al parágrafo del artículo 124 del Código Penal,
tenía por objeto dirimir la controversia que se presentó entre las dos Cámaras
respecto de la punibilidad para el delito de aborto, inclinándose por una vía
intermedia, consistente en atenuar la pena en los eventos contemplados en el
artículo acusado y excluir la pena cuando el aborto se realice en
extraordinarias condiciones anormales de motivación.
Finalmente destaca que en el expediente obran varias
de las comunicaciones dirigidas a la Comisión Primera del Senado de la
República solicitando no despenalizar el aborto, y otras pidiendo apoyar la
iniciativa de despenalización, lo que demuestra que el punto fue objeto de un
amplio debate en el órgano legislativo y por la opinión pública, debate que
también se dio en la comisión de mediación, tal como se demuestra con la
respectiva acta.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Dado que la acusación se dirige contra una disposición que forma
parte de una Ley de la República, compete a esta Corporación decidir sobre su
constitucionalidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 del Estatuto
Superior.
2.     Cosa juzgada relativa
Antes de proceder al examen de fondo, la
Corte debe señalar que mediante sentencia C-646 de 2001, con ponencia del
Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, se declaró la exequibilidad de toda la
Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, limitando los
efectos de ésta decisión a los cargos analizados en aquella oportunidad
atinentes a la competencia del  Fiscal General de la Nación para presentar
proyectos de ley de  Código Penal y de Procedimiento Penal como elementos del
diseño de la política criminal del Estado.
Así mismo, mediante Sentencia C-647 de
2001, esta Corporación con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra,
resolvió declarar exequible el parágrafo del artículo 124 de la Ley 599
de 2000, que se demanda, pero solamente desde el punto de vista de su contenido
material.
Quiere decir lo anterior que las
providencias en mención sólo han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional
en relación con dichos aspectos y, por lo tanto, no impiden que la Corte entre
nuevamente a examinar la validez constitucional del parágrafo del artículo 124
del Código Penal, esta vez frente a los cargos planteados por el actor que se
refieren a la existencia de supuestos vicios de procedimiento en la expedición
de la norma demandada.
3.     La materia sujeta a examen
La demanda que suscita la presente causa
constitucional plantea dos interrogantes fundamentales, a saber:
§  Si la Comisión Accidental de Conciliación que fue
designada para dirimir las discrepancias entre el Senado de la República y  la
Cámara de Representantes en la aprobación de la Ley 599 de 2000, se extralimitó
en el ejercicio de sus funciones constitucionales  al incorporar el parágrafo
del artículo 124 del Código Penal, desconociendo los artículos 157-2-3 y 161
Superiores, que exige la aprobación  de los proyectos de ley en primer debate
en la respectiva comisión permanente de cada cámara y la aprobación en cada
cámara en segundo debate.
§  Si  en la forma como lo ordena el artículo 161 de la
Carta Política, se repitió el segundo debate sobre el parágrafo del artículo
124 de la Ley 599 de 2000.
Con el objeto de
despejar estos cuestionamientos la Corte se referirá primero al trámite que
cumplió el proyecto de ley en lo que concierne al parágrafo censurado, para
después abordar lo relacionado con la competencia constitucional de las
comisiones accidentales de conciliación, y finalizar analizando el caso
concreto.
4.
Trámite de la Ley 599 de 2000 en el Congreso de la República
Teniendo en
cuenta que la acusación contra el parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de
2000 se refiere a vicios de procedimiento en su formación, es preciso hacer un
recorrido por el trámite que sufrió la Ley 599 de 2000 en cada una de las
cámaras legislativas:
a)
Ante el Senado de
la República el Fiscal General de la Nación presentó el Proyecto de Ley “Por
la cual se expide el Código Penal”, con su correspondiente exposición de
motivos, el cual fue radicado con el número 040 de 1998.[1]
En dicha propuesta el artículo 126 regulaba
las circunstancias de atenuación punitiva para el delito de aborto, en los
siguientes términos:
“Circunstancias de atenuación punitiva.
La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de
acceso carnal, sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
2. Que se establezcan en el feto patologías médicas o genéticas de
gravedad tal que sean incompatibles con la vida humana”.
Sobre el significado y alcance de esta
propuesta, el Fiscal General de la Nación expresó:
“El artículo 126 consagra dos circunstancias de atenuación punitiva
predicable del aborto: interrupción del embarazo producto de una
transferencia de óvulo no consentida; y, la existencia de patologías en el
feto, médicas o genéticas, que hagan incompatible la posterior vida
independiente del que está por nacer. La norma propuesta responde a las
motivaciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-013 de
1997 del siguiente tenor: “Dedúcese de lo dicho que, si la defensa de la vida
humana en todos sus estadios es obligación y responsabilidad de las autoridades
(preámbulo y artículos 2° y 11 Constitución Política), es plenamente legítima y
constitucional la decisión del órgano competente en el sentido de penalizar el
aborto provocado en cuento, en esencia e independientemente de las motivaciones
subjetivas de quien lo ocasiona las cuales, desde luego pueden dar lugar a la
disminución de la pena y al establecimiento de causales de justificación del
hecho o exculpación como en todos los delitos”[2].  (Se subraya)
b)
Previa publicación del
informe correspondiente en la Gaceta del Congreso No. 280 del 20 de noviembre
de 1998, en la Comisión Primera del Senado de la República se procedió a rendir
ponencia para primer debate con modificaciones al Proyecto de Ley No 040 de 1998.
En el artículo 126 del proyecto se
regularon las circunstancias de atenuación punitiva para el delito de aborto,
sin incluir como tal la existencia en el feto de “patologías
médicas o genéticas de gravedad tal que sean incompatibles con la vida humana”,
por cuanto se consideró que “determinar lo que resulta incompatible con la
vida humana es un asunto demasiado problemático”[3].
El texto propuesto del artículo 126 en
mención fue el siguiente:
“Circunstancias
de atenuación punitiva. La pena señalada para el
delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo
sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento,
abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas”
c)
Abierto el debate en la
Comisión Primera del Senado, sobre el artículo 126 del proyecto [4], intervino en especial
la Senadora Margarita Londoño Vélez para manifestar que “...el actual Código
Penal tiene penalizado el aborto, como todas las propuestas coinciden en eso,
tanto la mía, la de los ponentes, la del proyecto de Código y el actual Código
Penal, está penalizando, estamos de acuerdo en la pena de 1 a 3 años, en el
actual Código Penal existe una circunstancia especial, se llama así pero, que
de hecho es una circunstancia atenuante de la pena (...) Los ponentes proponen
volver al Código que está vigente, es decir, mantener un atenuante mas y mi
proposición es que se considere cuatro (4) causales excepcionales y esas causas
se conviertan en eximentes de responsabilidad ...”.  (Se
resalta)
Para responder la anterior inquietud se le
concedió el uso de la palabra al señor Vicefiscal General de la Nación quien
dijo: “...el debate se haría con profundidad cuando el proyecto pase a la
plenaria, se incluiría no como despenalización, sino como disminuentes de pena,
como atenuantes de punibilidad, las circunstancias de la violencia sexual o
acceso carnal violento, la inseminación artificial y la malformación genética,
o las malformaciones congénitas del feto que hagan incompatibles su vida con
una calidad digan. El tema del estado de necesidad por peligro de muerte,
creemos que está regulado en la parte general del código y no habría
necesidad de incluirlo en el correspondiente tipo penal porque ese tema se
resuelve por la parte general del código en el artículo correspondiente a las
causales de exclusión de responsabilidad...”.  (Se subraya)
Después de la intervención de varios
senadores, entre ellos Roberto Gerlein Echeverría, Miguel Pinedo y Rodrigo
Rivera, quienes aludieron a la dificultad del tema, volvió a intervenir la
Senadora Margarita Londoño para dejar la siguiente constancia por escrito:
“En particular mi proposición para eximir de responsabilidad  a quien
aborte o permitiere que otro se lo causare por las circunstancias de: 1. Que el
embarazo sea producto de acceso carnal sin consentimiento; 2. Que se
establezcan en el feto patologías médicas; 3. Que corra peligro la vida de la
madre; y 4. Que haya peligro para la salud física o sicológica dela mujer. Dejo
constancia de mi voto negativo a la aprobación del artículo 126 del Código
Penal”.  (Se resalta)
d)
Según consta en la
certificación expedida por el Secretario de la Comisión Primera del Senado
(folio 40), el proyecto de ley fue aprobado en esta célula legislativa los días
14 y 15 de diciembre de 1998.
En el texto definitivo del proyecto
aprobado en la Comisión Primera del Senado, las circunstancias de atenuación
punitiva para el delito de aborto ya no aparecen en el artículo 126 sino en el
artículo 125[5].
e)
Previa publicación del informe correspondiente
en la Gaceta No.063 del 23 de abril de 1999, se presentó ponencia para segundo
debate donde  se  recomendó un pliego de modificaciones al proyecto de ley [6].
f)
Abierta la discusión, la plenaria del Senado[7] procedió a votar el
texto del articulado propuesto, incluido su pliego modificatorio, a excepción
de algunos artículos que por solicitud de varios congresistas y con la
aprobación de la plenaria, fueron sometidos a consideración de una comisión
accidental, a find e que ésta rindiera un informe, entre ellos sobre el
artículo 125.
g)
En la sesión plenaria del día 18 de mayo de
1999, y luego de que la mencionada comisión presentara su informe, el Senado
aprobó el articulado propuesto [8].
El artículo 125 del proyecto -respecto del cual los miembros de la
comisión accidental no encontraron consenso [9]-,
fue aprobado por la plenaria del Senado conservando el mismo texto que había
sido adoptado por la Comisión Primera de esta corporación, que excluía como
circunstancia de atenuación punitiva para el delito de aborto que se
establezcan en el feto “patologías médicas o genéticas de gravedad
tal que sean incompatibles con la vida humana” [10].
h)
Surtido el trámite en
el Senado de la República, y previa publicación del informe correspondiente en
la Gaceta del Congreso No. 432 del 11 de noviembre de 1999, ante la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes se presentó ponencia para primer debate
al proyecto de ley.
En dicha ponencia el artículo 125 fue
modificado en el sentido de incluir como circunstancia de atenuación punitiva
para el aborto “que se establezcan en el feto patologías médicas o genéticas
de gravedad tal que sean incompatibles con la vida humana”, reviviendo de
esta forma la propuesta original presentada por el Fiscal General de la Nación.
El texto del artículo 125 es el siguiente:
“Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para
el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando ocurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
2. Que se establezcan en el feto patologías médicas o genéticas de
gravedad tal que sean incompatibles con la vida humana”.
La enmienda fue sustentada en los
siguientes términos:
“Se vuelve a la fórmula original del proyecto por consultar mejor la
realidad social.
“En efecto, es cierto que el problema del aborto no puede ser
manejado en un Estado Social y Democrático de Derecho como un problema de
control de natalidad, pero no es menos cierto que tampoco puede ser abordado el
tema desde un punto de vista puramente religioso, ético o moral.
“La clara diferencia que la filosofía del derecho del Estado Liberal
encontró entre los conceptos de derecho y los otros mencionados ha sido
consagrada en nuestra Carta Política en una fórmula con una fuerza
irreconocible y hasta sin antecedentes en cualquier ordenamiento jurídico del
mundo, puesto que en su artículo 16 sólo dispone como fundamento del injusto la
afectación de derechos de otras personas con el convergente quebrantamiento del
orden jurídico, sin que para nada juegue papel alguno la moral como sí sucede
en las constituciones alemana, italiana y española. Allí debe centrarse la
discusión para la construcción de los tipos penales.
“Por tanto, en las situaciones planteadas se encuentra una
colisión entre intereses y derechos fundamentales, que si bien se toma partida
en no despenalizarlos a priori- lo cual no excluye que en casos extremos la
conducta pueda ser justificada o exculpada-, si se tiene en cuenta que su
presentación puede producir y necesariamente tiene que hacerlo, efectos
benévolos en la tasación punitiva.
“Son circunstancias reconocidas en varios Códigos Penales del mundo,
incluso algunos como el español de 1995 llevándolas al campo de las
eximentes de pena, lo cual muestra a nuestra legislación anclada en los
puros criterios éticos o morales”[11]. Se subraya
i)
La Comisión Primera de
la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en primer debate el día
16 de noviembre de 1999[12].
j)
Previa publicación del informe correspondiente
en la Gaceta  del Congreso No. 510  del 3 de diciembre de 1999, la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia en segundo debate el
día 14 de diciembre de 1999 [13].
El
artículo referente a las circunstancias de atenuación punitiva  para el delito
de aborto (art.123) fue aprobado en los mismos términos en que lo hizo la
Comisión Primera Constitucional de esa célula legislativa, esto es, incluyendo
como causal de atenuación punitiva “que se establezcan en el feto patologías
médicas o genéticas de gravedad tal que sean incompatibles con la vida humana”[14].
k)
Como entre los textos
aprobados en el Senado y la Cámara se presentaron diferencias en relación con
algunos de los artículos del proyecto de ley de Código Penal, entre ellos el
artículo 125, se integró una comisión accidental de conciliación[15].
Esta Comisión de Conciliación propuso el
texto que actualmente corresponde al artículo 124 de la Ley 599 de 2000, que en
su primer inciso  contiene las circunstancias de atenuación punitiva, y en el
parágrafo estableció que cuando se realice el aborto en extraordinarias
condiciones normales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de
la pena cuando ella no resulte necesario en el caso concreto [16].
l)
Tal como consta en la
Gaceta del Congreso No. 605 del 24 de diciembre de 1999 (páginas 57 y 45), la
senadora Claudia Blum presentó a la plenaria del Senado el informe de mediación
que acordaron las comisiones designadas por los presidentes de ambas
corporaciones, para conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación del
proyecto de ley No. 40 de 1998 -Senado-, 238 de 1999 -Cámara-, “por la cual se
expide el Código Penal”, informe que fue leído en dos oportunidades según
aparece en el Acta correspondiente que se publicó en la citada Gaceta del
Congreso.
m)
A su turno según acta
que aparece publicada en la Gaceta No. 600 del 28 de diciembre de 1999 (página
45) el representante Luis  Fernando Velasco Chaves presentó a la plenaria de la
Cámara el informe de la conciliación sobre el articulado del Código Penal.
n)
Puesto en conocimiento
el informe de conciliación tanto en la Cámara como en el Senado, fue aprobado
en la sesión plenaria de estas corporaciones legislativas el día 15 diciembre
de 1999[17].
2.     Los principios de identidad y
consecutividad en el trámite legislativo. Las comisiones accidentales de
conciliación, fundamentos y límites a su actuación.
La Corte ha dicho que con el fin de superar el
esquema  consagrado en la anterior Carta Política, que exigía que durante los
cuatro debates parlamentarios los proyectos de ley guardaran estricta
identidad, en  la Constitución de 1991 se decidió relativizar dicho principio
entregando a  los congresistas la facultad de introducir a los proyectos de ley
las modificaciones, adiciones o supresiones que  juzguen necesarias [18], siempre y cuando
guarden coherencia y se refieran a la materia o contenido mismo del proyecto
que se está discutiendo. Esto es lo que se conoce como el principio de
identidad [19].
La relativización de dicho principio también implica
darle preponderancia al principio de consecutividad, en virtud del cual
es factible conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin
afectar la esencia misma del proceso legislativo establecido en el artículo 157
de la Constitución[20].
De ahí que el artículo 161 de la Carta Política[21] contemple expresamente
la posibilidad de integrar comisiones accidentales entre los miembros de una y
otra célula legislativa, con el fin de armonizar las discrepancias surgidas en
las cámaras.
Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional, dicho artículo 161 Superior fue introducido en la Carta
Política de 1991 con el fin de flexibilizar la rigidez del principio de
identidad temática imperante bajo la vigencia de la Carta de 1886, haciendo de
esta forma más expedita y dinámica la labor del órgano legislativo. En
Sentencia C-737 de 2001 se dijo sobre este particular:
“Estas
comisiones tienen como función flexibilizar y hacer más eficiente el proceso de
aprobación de las leyes. En efecto, tal y como esta Corte Constitucional lo ha
explicado[22],
durante la vigencia de la Constitución de 1886, la doctrina y la jurisprudencia
entendieron que un proyecto debía tener idéntico contenido en sus cuatro
debates, lo cual dificultaba la aprobación de las leyes, pues cambios menores
obligaban a rehacer todo el trámite. Ese ordenamiento preveía entonces un
principio de identidad rígido.
“La
Constitución de 1991 consagra variaciones importantes en este tema, pues
establece que las comisiones y las plenarias de las Cámaras puedan introducir
modificaciones a un proyecto (CP art. 160), y que las discrepancias entre lo
aprobado en una y otra Cámara no obligan a repetir todo el trámite, pues una
comisión accidental prepara un texto unificado que armonice las diferencias, y
que es entonces sometido a la aprobación de las plenarias.
“Conforme
a lo anterior, la Carta de 1991 abandonó el principio de identidad rígido en el
trámite de los proyectos, ya que éstos no deben tener exactamente el mismo
tenor durante los cuatro debates, pues las comisiones y las plenarias pueden
introducir modificaciones, y corresponde a las comisiones accidentales
armonizar las discrepancias surgidas entre las cámaras. Sin embargo, el
principio de identidad no ha desaparecido sino que se ha flexibilizado, pues la
Carta establece con claridad que todo proyecto debe referirse a una misma materia.
Por ello la Corte ha entendido que una interpretación sistemática de los
artículos 158, 160 y 161 de la Constitución permiten concluir que las plenarias
pueden introducir modificaciones a lo aprobado en la Comisión Permanente, pero
“siempre que se guarde relación con la materia propuesta y debatida”[23].  Igualmente, es claro
que una comisión permanente puede introducir modificaciones a lo aprobado en la
otra cámara, pero siempre y cuando conserve la identidad del proyecto. En ese
mismo sentido, este principio de identidad flexible también limita la
competencia de las comisiones accidentales, que pueden zanjar las discrepancias
entre los textos divergentes aprobados en las cámaras, siempre y cuando entre
ellos exista la correspondiente unidad temática.”
El funcionamiento y la integración de las comisiones
de conciliación se encuentra  regulado  en  los artículos  186 a 189  de  la
Ley  5ª  de  1992- Reglamento del Congreso de la República-, de la siguiente
manera:
a)
Su integración
corresponde a los presidentes de las Cámaras con el fin de superar
discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto;
b)
Preferencialmente deben
integrarse por miembros de las respectivas comisiones permanentes que
participaron en la discusión de los proyectos, así como por sus autores y
ponentes y quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las
plenarias;
c)
Deben preparar el texto
que será sometido a consideración de las Cámaras en el término que les fijen
sus presidentes;
d)
En el informe que
rindan a las plenarias deben expresar las razones acerca del proyecto
controvertido a fin de adoptarse por las corporaciones la decisión final y,
e)
Si repetido el segundo
debate en las Cámaras persistieren las diferencias sobre un proyecto de ley, se
considerará negado en los artículos o disposiciones materia de discrepancia “siempre
que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley”.
La
función de las comisiones accidentales de conciliación consiste, entonces, en
superar las discrepancias que se hayan suscitado
respecto de un proyecto, entendidas éstas como “las aprobaciones de articulado de manera distinta a
la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”[24]. De allí que para
facilitar y lograr su cometido, la ley haya dispuesto que estas comisiones
deban estar integradas por quienes participaron en la discusión de los
proyectos, sus autores y ponentes, así como quienes hayan formulado reparos,
observaciones o propuestas en las plenarias, pues son justamente estos miembros
del congreso quienes tienen un mejor conocimiento de la materia debatida y
exactamente de los puntos que son objeto de discrepancia. Y es ese
entendimiento que tienen los congresistas que integran esta comisión, por haber
participado activamente en el debate, lo que les permite con mayor efectividad
lograr hacer una propuesta orientada realmente a conciliar las divergencias
entre las cámaras.
La
Corte ha afirmado que si no hay discrepancias entre los proyectos aprobados por
una y otra Cámara no se genera el presupuesto necesario para que se integren y
funcionen, en un caso determinado, las mencionadas comisiones. También ha
precisado que no todas las diferencias entre los textos aprobados en una y otra
cámara constituyen discrepancias. Por ello, en  cada caso debe analizarse el
contenido material de las disposiciones para determinar si existen diferencias
relevantes o verdaderos desacuerdos que justifiquen la integración de una
comisión accidental.
Igualmente tiene claro la Corte que los problemas de
transcripción o gramaticales, que en nada inciden en el contenido material de
la norma, no constituyen discrepancias. “Pretender que una comisión
accidental o de conciliación se conforme con el único propósito de corregirlos,
desconocería la intención del constituyente de racionalizar y flexibilizar el
trámite de las leyes”[25].
Además las comisiones accidentales de
conciliación deben ejercer su función partiendo de textos validamente aprobados
por las cámaras, aunque diferentes en su redacción. En torno a este aspecto ha
dicho la Corte en sentencia C-760 de 2001:
“...la Corte, siguiendo los mismos
criterios anteriormente acogidos por la jurisprudencia constitucional, reitera
que las comisiones de conciliación solo pueden adelantar su actuación respecto
de textos válidamente aprobados por ambas cámaras legislativas, aunque
diferentes en su redacción, y que por lo tanto la inconstitucionalidad por
vicios de trámite no puede ser convalidada por el mecanismo de la conciliación.
De admitirse esta convalidación posterior del trámite, se pondrían en
entredicho caros intereses superiores vinculados a las exigencias de publicidad
de los textos de los proyectos y las proposiciones, a realización de los
debates parlamentarios, a la verificación de una votación con la mayoría
exigida en cada caso y, en general, al cumplimiento de los demás requisitos de
trámite que garantizan la participación de las minorías y el respeto del
principio mayoritario en la adopción de las decisiones, propios del sistema
democrático y representativo que adopta nuestra Constitución.”.
Y en cuanto hace al límite material de la
actuación de las comisiones de mediación o conciliación,  la
jurisprudencia también ha expresado que éste surge de la propia Constitución
cuando en su artículo 158 exige que todo proyecto deberá referirse a una misma
temática y serán “inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se
relacionen con ella”.
En Sentencia C-198 de 2001, dijo la Corte
sobre este punto:
“....resulta
forzoso determinar hasta dónde las comisiones accidentales pueden hacer
modificaciones o adiciones a un proyecto de ley e incluirlas en un texto
unificado sin desconocer los principios de identidad y consecutividad.
“Pues
bien, como ya tuvo oportunidad de explicarlo la Corte, es la propia
Constitución la que establece una competencia restrictiva para las comisiones
accidentales.  La primera limitación está prevista en el artículo 161 de la
Carta, cuando advierte que pueden ser conformadas, únicamente cuando surjan
discrepancias entre las Cámaras respecto de un proyecto.  Una segunda, pero no
menos importante condición, también consagrada en el artículo 161 citado, exige
que el texto unificado se someta a la consideración y aprobación por las
plenarias de Cámara y Senado.  Finalmente, el artículo 158 de la
Constitución señala que, las modificaciones a un proyecto de ley serán
inadmisibles cuando no se refieran a la misma materia.  Quiere decir lo
anterior que es necesario conservar el criterio de unidad e identidad de
materia o, dicho de otra forma, que las normas adicionadas o modificadas han
mantenerse estrechamente ligadas al objeto y contenido del proyecto debatido y
aprobado por las cámaras parlamentarias”.  Se subraya
Sobre este aspecto, no puede olvidarse que
esta Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia con el
fin de determinar si un artículo desconoce o no la regla de identidad temática,
o si un proyecto respetó en su trámite dicho principio. Así, en forma reiterada
esta Corporación ha dicho que la interpretación del principio de unidad de
materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio
democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del
Estado Colombiano, por lo cual únicamente “aquellos apartes, segmentos o
proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no
sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática
o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como
inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si
integran el cuerpo de la ley”[26].
Concretamente sobre el alcance del
principio de la unidad de materia en el trámite legislativo y en el control
constitucional, esta Corporación ha expresado:
“...el principio de unidad de materia tiene la virtualidad de
concretar el principio democrático en el proceso legislativo pues garantiza una
deliberación pública y transparente sobre temas conocidos desde el mismo
surgimiento de la propuesta.  Permite que la iniciativa, los debates y la
aprobación de las leyes se atengan a unas materias predefinidas y que en esa
dirección se canalicen las discusiones y los aportes previos a la promulgación
de la ley.  Esa conexión unitaria entre las materias que se someten al proceso
legislativo garantiza que su  producto sea resultado de un sano debate
democrático en el que los diversos puntos de regulación han sido objeto de
conocimiento y discernimiento.  Con ello se evita la aprobación de normas sobre
materias que no hacen parte o no se relacionan con aquellas que fueron
debatidas y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no
visibles en el proceso legislativo.  De este modo, al propiciar un ejercicio
transparente de la función legislativa, el principio de unidad de materia
contribuye a afianzar la legitimidad de la instancia parlamentaria.
“Finalmente, el principio de unidad de materia también tiene
implicaciones en el ámbito del control constitucional.  Cuando los tribunales
constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el
principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático
que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por
ejercer un control de diversa intensidad.  Esto es, el alcance que se le
reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad
del control constitucional pues la percepción que se tenga de él permite
inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de las
normas.  Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma
que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación
y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad, sólo
violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia
regulada.  La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación
democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia
que le asiste en materia legislativa.  Ante ello, debe optarse por un control
que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia
es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una Ley y que
entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una
relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable”[27].
Lo dicho permite concluir en torno a este
tópico que el principio de identidad flexible “constituye uno de los límites
a la competencia de las comisiones accidentales. El segundo límite deriva de la
propia naturaleza de esas comisiones, cuya función es armonizar las
discrepancias que surjan entre las dos cámaras.”[28].
Esta
Corte igualmente ha dicho que la facultad de las comisiones accidentales para
conciliar textos divergentes las autoriza no sólo para modificar su contenido, sino
incluso para crear textos nuevos si de esta forma se logran superar las
diferencias. Al respecto, en Sentencia C-1488 de 2000, se sentaron los
siguientes criterios:
“…..la conformación de estas comisiones tiene como presupuesto
principal que, en relación con un proyecto de ley específico, se presenten divergencias,
discrepancias entre el texto aprobado en una y otra Cámara, artículo 161 de
la Constitución. Divergencias o discrepancias producto natural de la facultad
que se reconoce a cada una de las Cámaras, de introducir las modificaciones,
las adiciones o supresiones que se juzguen necesarias,  a efectos de que el
proceso legislativo realmente sea democrático, producto del pluralismo que se
encarna en el órgano legislativo.
“En este sentido, tenemos que  si un proyecto de ley puede ser
reformado en una y otra Cámara, se presentarán, en la mayoría de los casos,
textos que no serán coincidentes al final del proceso legislativo y, como tal,
carentes de uno de los requisitos constitucionales esenciales para que puedan
ser tenidos como ley: aprobación en los cuatro debates reglamentarios.
Contingencia ésta que viene a subsanarse con la conformación de la comisión
accidental de que trata el artículo 161 de la Constitución, que tendrá la
función de preparar un texto que concilie las divergencias que presentan los
proyectos aprobados por las plenarias, y que  permita la aceptación de un texto
único, para que se entienda cumplido el requisito en mención y pueda así
concluirse ágilmente el trámite de aprobación de las leyes. Esto, a
diferencia de lo que sucedía en el régimen constitucional anterior, en donde la
jurisprudencia constitucional exigía que los proyectos de ley durante los
cuatro debates guardaran identidad (artículo 81 de la Constitución de 1886),
pues no se autorizaba a las plenarias introducir modificaciones a los proyectos
de ley ni la existencia de comisiones de conciliación, como sí lo hizo el
Constituyente de 1991.
“Dentro de este contexto, la competencia de la comisión
accidental, es de conciliación entre textos divergentes, lo que la faculta para
introducir modificaciones a los textos discordantes y  crear, si es del caso,
textos nuevos, si con ello se logran superar la divergencia. Sobre el
particular, se ha dicho  "...las comisiones
accidentales al conciliar los textos disímiles bien pueden introducirles las
reformas que consideren convenientes o crear nuevos textos en reemplazo de esos
artículos, siempre y cuando obtengan la aprobación de las Plenarias de las
Cámaras y no se modifique sustancialmente el proyecto o se cambie su
finalidad..." (sentencia C-282 de 1995). (Bastardilla original. Subrayas fuera de texto)
De lo anterior se concluye que las
comisiones accidentales de conciliación  están autorizadas para superar las
diferencias que se presenten en los proyectos de ley aprobados válidamente por
las plenarias de las corporaciones legislativas, estando habilitadas para
modificar e inclusive adoptar textos nuevos siempre y cuando se encuentren
vinculados con la materia que dio origen al proyecto de ley correspondiente y
no impliquen su modificación sustancial. Por consiguiente, si las propuestas
de  dicha comisión, aún tratándose de textos nuevos, guardan conexidad temática
con los textos aprobados por las cámaras, y por ende no alteran su sentido y
finalidad, el texto correspondiente no estará viciado de inconstitucionalidad.
Además, es claro que la facultad para
introducir modificaciones a los textos divergentes y proponer, si es del caso,
textos nuevos a efectos de resolver las discrepancias surgidas, debe referirse
a la misma temática sobre la cual versan aquellos para que se entienda que
guarda la unidad de materia que exige el artículo 158 constitucional y los
principios de identidad y consecutividad implícitos en el artículo 157
Superior.[29]
2.      El caso concreto
Los
antecedentes de la Ley 599 de 2000 muestran que en relación con el  artículo
que contiene el parágrafo acusado, la Cámara y el Senado de la República
válidamente aprobaron textos que contenían diferencias tan relevantes que se
constituían en un verdadero desacuerdo, motivo por el cual era procedente que
la Comisión de Conciliación integrada para zanjar las discrepancias de varios
artículos de la referida ley, ejerciera también su función respecto del
artículo 126 del proyecto de ley de Código Penal, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 161 de la Carta Política.
En efecto, a diferencia de lo previsto en
el anterior Código Penal-Decreto 100 de 1980-, el proyecto de ley presentado
por el Fiscal General de la Nación en relación con el delito de aborto
consideró las relativas al embarazo no consentido y la existencia de patologías
médicas o genéticas en el feto de gravedad tal que fueran incompatibles con la
vida humana, como circunstancias de atenuación punitiva, propuesta que se
motivó aludiendo a  que si bien era importante penalizar el aborto provocado,
tal como lo había definido la Corte Constitucional en Sentencia C-013 de 1997,
e independientemente de las motivaciones subjetivas de quien lo ocasiona, éstas
pueden dar lugar a la disminución de la pena o al establecimiento de causales
de justificación del hecho o exculpación como en todos los delitos.
El proyecto del ley también introdujo una
nueva orientación en materia punitiva, dentro del marco de la nueva política
del Estado de prevención del delito, consagrando como principios de la
imposición de la sanciones penales, junto con los de razonabilidad y
proporcionalidad, el de la necesidad, según el cual, el juez penal está
habilitado para valorar de acuerdo a los parámetros establecidos en el mismo
código, las circunstancias particulares del caso y determinar si se hace
necesaria la imposición de la pena
En el Senado de la República el ponente presentó un
artículo que consideraba como circunstancias de atenuación punitiva las
relativas al embarazo no consentido, por lo que el debate giró en torno a la
temática de la punibilidad del delito de aborto cometido en circunstancias
especiales a fin de establecer cuáles de ellas deberían considerarse como
atenuantes y cuales como causales excepcionales para que se convirtieran en
eximentes de responsabilidad.
Dada la complejidad del asunto, sobre este artículo en
la plenaria del Senado hubo necesidad de integrar una comisión accidental para
que rindiera un informe, luego del cual se aprobó la norma sin modificar el
texto aprobado en primer debate.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
nuevamente estuvo presente el tema de la forma como se consagraría en el Código
Penal la punibilidad del delito de aborto cometido en circunstancias
especiales, tanto así que se propuso nuevamente como atenuante el aborto
eugenésico y se debatió además la posibilidad de incluir causales de
justificación del hecho o exculpación como en todos los delitos.
Finalmente, en dicha comisión la punibilidad del
delito de aborto cometido en circunstancias especiales se aprobó incluyendo el
embarazo no consentido y el aborto eugenésico como causales de atenuación
punitiva. En estos términos, la propuesta fue también aprobada por la plenaria
de la Cámara de Representantes.
La comisión accidental de conciliación que
se designó para zanjar las  discrepancias  surgidas entre las plenarias de las
cámaras legislativas en relación con la punibilidad del delito de aborto
cometido en circunstancias especiales, decidió hacer una propuesta en el
sentido de no llegar hasta el extremo de despenalizar el aborto ni de incluir
específicamente para este delito causales eximentes de responsabilidad, sino de
consagrar circunstancias de atenuación punitiva y que el juez pudiera, en
circunstancias excepcionales, prescindir de la pena cuando ella no resulte
necesaria en el caso concreto.
De esta forma se evidencia que al hacer
dicha propuesta la Comisión de Conciliación no introdujo elementos novedosos,
sino que tuvo en cuenta los textos aprobados por las cámaras y los motivos de
discrepancia que sobre los mismos se apreciaron durante los debates
reglamentarios, conservando la unidad de materia con el articulado sometido a
conciliación.
En estos términos la propuesta -que si bien incluía un
texto nuevo pero no por ello novedoso y ajeno a la temática contenida en los
textos aprobados-  fue leída y puesta en consideración de las plenarias del
Senado y de la Cámara, siendo aprobada en los mismos términos en los que
aparece redactado el artículo 124 del Código Penal, cuyo primer inciso regula
las circunstancias de atenuación punitiva cuando el embarazo sea resultado de
una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas; y en el parágrafo la medida según la cual en los eventos
anteriores, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones
anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena
cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto.
Por lo anterior fuerza concluir que la
Comisión Accidental de Conciliación no se extralimitó en sus funciones al
proponer como texto para ser sometido a la aprobación de las plenarias de
Senado y Cámara el que finalmente fue aprobado por estas células legislativas
incluyendo el parágrafo acusado, pues si bien éste es un texto nuevo su
contenido normativo involucra el tema contenido en los artículos aprobados en
las cámaras y referente al tratamiento punitivo del delito de aborto cometido
en circunstancias especiales, guardando de esta manera relación teleológica y
sistemática con dicha materia.
Como bien lo anota el señor Procurador en
su concepto no le asiste razón al actor al afirmar que el parágrafo acusado
desconoce el principio de consecutividad de los proyectos de ley, por cuanto la
propuesta que efectuó la comisión accidental de mediación a los textos
divergentes aprobados por Senado y Cámara realmente concilió el tema del
tratamiento punitivo para el aborto cometido en circunstancias especiales,
según la aprobación que hicieron estas células legislativas.
Tampoco es cierto el argumento de la
demanda según el cual, en el caso que se analiza, la comisión de conciliación
tenía limitada su actuación al señalamiento del aborto eugenésico como
circunstancia de atenuación punitiva del delito de aborto, sin que pudiera
incluir, como en efecto lo hizo, la posibilidad de prescindir de la imposición
de la pena en el caso concreto cuando se trate de situaciones extraordinarias
anormales de motivación, pues éste tema tiene estrecha conexión con la materia
relativa a la penalización del delito de aborto cometido en circunstancias
especiales.
Igualmente, no le asiste razón al
accionante cuando afirma que la confusa redacción y las interpretaciones
divergentes sobre el significado del  parágrafo del artículo 124 del Código
Penal evidencian el desconocimiento del principio de identidad, puesto que el
debate sobre la naturaleza jurídica de la medida contenida en el parágrafo
impugnado fue dirimido por esta Corporación en la Sentencia C-647 de 2001, que
la consideró como una causal de impunibilidad legal perfectamente compatible
con la temática propuesta, debatida y aprobada.
En suma, no
encuentra la Corte Constitucional que al proponerse y aprobarse el artículo 124
de la Ley 599 de 2000, que incluyó un parágrafo, se hayan lesionado los
artículos 157 y 161 de la Carta Política; por el contrario, se advierte que
este texto fue producto del cumplimiento de las funciones propias de la
comisión de conciliación, que actuó dentro de su competencia y dentro del marco
que le señala la Constitución, y que recogió la voluntad legislativa del Senado
y la Cámara, quienes también actuaron en cumplimiento de los mandatos
constitucionales y legales que regulan el trámite de las leyes.
3.     Sobre la supuesta infracción del artículo
161 Superior por no haberse repetido el segundo debate respecto del parágrafo
del artículo 124 del Código Penal
Según el demandante, el Acta de la plenaria del Senado
de la República donde se aprobó el informe de la Comisión Accidental de
Conciliación del proyecto sobre el Código Penal, evidencia que respecto del
texto del parágrafo del artículo 124 no se repitió el segundo debate como manda
el artículo 161 de la Carta.
Para la Corte el cargo no está llamado a prosperar por
las siguientes razones:
De conformidad con el artículo 161 de la Constitución
Política, las comisiones accidentales que han sido integradas con el fin de
dirimir las discrepancias  en las cámaras respecto de un proyecto, deben
someter el texto que ha sido conciliado a la decisión final en sesión
plenaria de cada cámara; y agrega que si después de  la repetición
del segundo debate persisten las diferencias se considerará negado el
proyecto.
La Corte ha dicho que como requisito mínimo de racionalidad
deliberativa y decisoria es necesario poner en  conocimiento de los miembros
del Congreso el texto de los proyectos o propuestas que deben ser votadas. En
Sentencia C-760 de 20001 con ponencia de los Magistrados Marco Gerardo Monroy
Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa, se expresó:
“Así las cosas, el supuesto mínimo de
racionalidad deliberativa y decisoria es el conocimiento de los textos de los
proyectos y de las modificaciones propuestas respecto de los mismos. Por ello,
las normas constitucionales y orgánicas que regulan el trámite de las leyes,
señalan requisitos de publicidad que son necesarios para permitir el
conocimiento de tales textos”.[30]
Conviene observar que en situaciones como
la que ahora ocupa la atención  de la Corte, en las que se examina la actuación
de la comisión accidental de conciliación que fue integrada para dirimir las
discrepancias entre los textos aprobados por las cámaras en relación con el
proyecto de ley de Código Penal, particularmente en lo que respecta a la
aprobación del parágrafo del artículo 124 del Código Penal, la exigencia
constitucional de la publicidad de las propuestas como supuesto mínimo de
racionalidad deliberativa y decisoria se satisface cabalmente con la
presentación de las mismas ante las plenarias de las cámaras legislativas, sin
que haya lugar a realizar su previa publicación en la Gaceta del Congreso
puesto que éste es un requisito cuyo cumplimiento demanda la Carta Política
solamente tratándose de los debates constitucionales de los proyectos de
ley.
También es necesario tener presente que con
la aprobación del texto único del proyecto preparado por la comisión accidental
queda cumplido el requisito del segundo debate que exige el cano 161 Superior.
Sobre este punto la Corte ha precisado:
“Los artículos de un proyecto de ley aprobado por las cámaras, que
solamente figuren en el texto aprobado en segundo debate por una de las
cámaras, constituyen discrepancias respecto del proyecto, que dan lugar, a la
aplicación del artículo 161.  Como éste prevé expresamente la REPETICION DEL
SEGUNDO DEBATE en cada una de las cámaras, al aprobar éstas un texto
único del proyecto, preparado por las comisiones accidentales, queda cumplido
el requisito de la aprobación en SEGUNDO DEBATE del texto único del
proyecto.  Un texto igual del proyecto ha sido, por esta vía del artículo
161 de la Constitución, aprobado en segundo debate por la Cámara y el Senado”[31]. Se subraya
En el caso particular, y dilucidado como quedó que la
comisión accidental no desbordó su competencia al introducir el texto nuevo del
parágrafo impugnado, en el acta respectiva publicada en la Gaceta del Congreso
No. 600 del 28 de diciembre de 1999 consta que ante la plenaria de la Cámara el
Representante Luis Fernando Velasco Chaves presentó el informe de la
conciliación sobre el articulado del Código Penal y puesta a consideración por
el Presidente el acta de conciliación leída, la plenaria de ésta célula
legislativa le impartió su aprobación.
A su vez, según consta en el acta publicada en la
Gaceta del Congreso No. 605 del 24 de diciembre de 1999, la Senadora Claudia
Blum ante la plenaria del Senado, en una primera oportunidad, dio lectura al
informe de mediación que acordó la Comisión Accidental, el cual fue sometido a
consideración de la plenaria por parte de la Presidencia[32]. En este momento
intervinieron algunos Senadores para poner de presente la necesidad de realizar
un examen de las propuestas contenidas en el referido informe de conciliación.
Fue así como se escucharon las voces de los senadores Carlos Holguín Sardi,
Carlos Eduardo Corsi Otálora y Mario Uribe Escobar, éste último quien
expresamente reconoció abierto de hecho el debate luego de escuchar las
intervenciones de los mencionados senadores[33].
Luego de otras intervenciones y de la solicitud de precisión sobre el debate
que se estaba surtiendo, por segunda vez la mencionada Senadora presentó el
informe de conciliación y nuevamente se sometió a discusión por parte de la
Presidencia[34].
Lo anterior pone de presente que no es cierto que,
como se dice en la demanda, cuando se estaba discutiendo un proyecto de ley
sobre vivienda tan solo “se le dio una interpelación a la senadora Claudia
Blum, integrante de la comisión de conciliación para las discrepancias sobre el
proyecto de código penal”,  pues lo que refleja el acta correspondiente es
que discutido el proyecto de ley sobre vivienda, del cual era ponente el
Senador Aurelio Iragorri Hormaza, el Senador Mario Uribe Escobar solicitó a la
Presidencia que no se levantara la sesión sin que se aprobara el acta de
conciliación del Código Penal, que ya tenía suficiente discusión a lo que
finalmente se accedió. Puesto en conocimiento de la plenaria del Senado el
informe de mediación, por segunda vez, la presidencia abrió la discusión del
informe con el articulado, y la plenaria le impartió su aprobación.
El texto del referido informe de conciliación,  junto
con el  articulado del proyecto de ley de Código Penal, está reproducido
íntegramente en el acta de la sesión y en su encabezado se lee:
“Acta de conciliación. En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, a
los quince días de diciembre de 1999, se reunieron los honorables
Representantes a la Cámara, doctores Luis Fernando Velasco Chaves, Tarquino
Pacheco, Roberto Camacho, Franklin García y Juan Ignacio Castrillón y los
honorables Senadores Claudia Blum de Barberi, Francisco Mora Angarita y Rodrigo
Rivera, con el fin de conciliar los textos aprobados en Senado y Cámara del
proyecto de ley “por el cual se expide el Código Penal”. Estudiados los
dos textos, la Comisión Accidental de Conciliación decidió adoptar como texto
final del Código Penal el siguiente: (...)” [35]
(Se subraya)
De esta manera, se evidencia que la comisión de
conciliación estudió los dos textos puestos a su consideración, es decir, el
texto aprobado en la Cámara y el aprobado en el Senado en forma diferente, y se
procedió a conciliarlos adoptando como texto final el propuesto a las plenarias
y aprobado el que figura como texto final del código penal, con lo cual quedó
cumplido el requisito del segundo debate exigido por el artículo 161 Superior,
quedando desvirtuada la acusación atinente a este punto.
Siendo, pues, claro que en la aprobación de la norma
impugnada no se incurrió en ningún vicio de procedimiento, por cuanto si bien
la comisión de conciliación propuso un texto nuevo que hoy corresponde al del
parágrafo del artículo 124 del Código Penal, dicho texto no resultó novedoso ni
ajeno a la temática sobre la cual se debía conciliar y por ello el parágrafo en
cuestión no constituye uno de aquellos denominados “mico legislativo”,
por lo que con la aprobación de dicho artículo no se vio “afectada
materialmente la función legislativa” ni se desconoció “el principio de
consecutividad temporal y lógica de los proyectos de ley” ni “el
principio democrático”, tal como se afirma en la demanda, por lo que la
Corte decidirá declararlo ajustado al Estatuto Superior.
VII  DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Nacional,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE
el parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de 2000.
Cópiese,
publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no
firma la presente sentencia por cuanto en su momento le fue aceptado
impedimento para intervenir en la presente decisión.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia C-198/02
COMISION ACCIDENTAL-Texto nuevo no sometido a consideración de
comisiones ni de plenarias referente a tema no propuesto a consideración
(Salvamento de voto)
ABORTO EUGENESICO (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Texto nuevo sobre el cual no se presentó
propuesta alguna ni aprobado o improbado texto que hicieren mención (Salvamento
de voto)
ABORTO-Causal excluyente no presentada a consideración de
las cámaras legislativas/COMISION ACCIDENTAL-Texto nuevo que no formaba
parte del proyecto original ni fue adicionado (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Inexistencia de discrepancias/COMISION
ACCIDENTAL-Inexistencia de objetos de comparación no permite surgir discrepancias
(Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Exceso de competencia (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD Y CONSECUTIVIDAD EN
PROCESO LEGISLATIVO-No
permite a comisiones de conciliación agregar contenidos normativos no
considerados en comisiones y plenarias (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD Y CONSECUTIVIDAD EN
PROCESO LEGISLATIVO-No
proyección a etapa de conciliación para agregar contenidos nuevos (Salvamento
de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Simple aproximación temática no afirma
conexidad material de contenidos legislativos (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD Y CONSECUTIVIDAD EN
FASE CONCILIATORIA DE PROCESO LEGISLATIVO-No proyección para tolerar adición con contenidos
nuevos (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN PROCESO
LEGISLATIVO-Alcance/PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD EN PROCESO LEGISLATIVO-Alcance/PRINCIPIOS DE IDENTIDAD
Y CONSECUTIVIDAD EN PROCESO LEGISLATIVO-Aprobación de textos (Salvamento de
voto)
COMISION ACCIDENTAL-Caso de mayor discrepancia/COMISION
ACCIDENTAL-Texto aprobado por una de las cámaras y rechazado y no
considerado por la otra (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Activación de competencia al menos en una
de las dos cámaras (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Discrepancias sobre textos aprobados
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN COMISION
ACCIDENTAL-Textos
previamente aprobados al menos en una de las cámaras (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Textos previamente aprobados pero
divergentes en redacción (Salvamento de voto)
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-No justificación adecuada (Salvamento de
voto)
PRINCIPIO DEMOCRATICO-Recorte de proyección en trámite de
expedición de leyes (Salvamento de voto)
DEBATE PARLAMENTARIO-Importancia del primero y segundo
(Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL-Inexistencia de conexidad material
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Especificidad/PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD
PENAL-Alcance (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y
TAXATIVIDAD PENAL EN PROCESO LEGISLATIVO-Importancia (Salvamento de voto)
DELITO Y PENA EN DEBATE PARLAMENTARIO-Importancia (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN DELITO
PENAL-Escrutinio rígido
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN DELITO DE
ABORTO-Inexistencia en
exclusión de la pena (Salvamento de voto)
ABORTO POR VIOLACIÓN Y ABORTO EUGENESICO-Distinción (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL EN MATERIA DE DELITO DE
ABORTO-Inexistencia de
conexidad material por referencia a causal subjetiva excluyente de pena y no
atenuante (Salvamento de voto)
COMISION ACCIDENTAL EN MATERIA DE DELITO DE
ABORTO-Introducción de
causal de exclusión subjetiva de pena no incluida en propuesta inicial
(Salvamento de voto)
Referencia:
expediente D- 3664
Demanda de inconstitucionalidad contra el
parágrafo del artículo 124  de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el
Código Penal”
Actor: Fernando Sabogal Viana.
Magistrada Ponente:
Dra.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el habitual respeto por la decisiones de la Sala,
salvamos el voto en el asunto de la referencia, por las razones jurídicas que
pasamos a expresar:
1. En la presente oportunidad, la demanda aducía que
el parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal- era
inconstitucional por vicios en su formación al haber desconocido dos normas
superiores: en primer lugar, el artículo 157 de la Carta que exige que todo
proyecto de ley sea objeto de cuatro debates parlamentarios, dos en las
comisiones constitucionales de cada una de las cámaras y dos en las plenarias
de tales corporaciones; y en segundo término, el canon 161 de la Constitución
que define la competencia de las comisiones de conciliación. En sustento de
estos cargos, el actor afirmaba que la labor encomendada por la Constitución a
tales comisiones consiste en superar las discrepancias que surjan entre los
textos de los proyectos de ley, o de parte de ellos, aprobados finalmente por
las plenarias de cada una de la cámaras congresionales, pudiendo llegar incluso
a producir un texto novedoso respecto con lo aprobado por esas corporaciones,
pero siempre y cuando el mismo verse exclusivamente sobre el asunto o materia
de la discrepancia. Concretamente, con respecto a la norma que atacaba, el
demandante ponía de presente  que las divergencias que presentaba el texto
aprobado por el Senado respecto del adoptado por la Cámara, se referían
exclusivamente a la inclusión o no inclusión de una circunstancia de atenuación
punitiva para el delito de aborto eugenésico, no obstante lo cual la
disposición que finalmente vino a ser incorporada dentro del texto de la ley
trata de otro asunto completamente distinto, no examinado por el Congreso
durante los cuatro debates parlamentarios, como es el referente a una causal
excluyente de la pena para el aborto en caso de violación. Con ello, afirmaba
la demanda, se tenía que el parágrafo acusado no había sido objeto de los
cuatro debates reglamentarios, y que era producto de la iniciativa exclusiva de
la Comisión de Conciliación, la cual por este aspecto se había extralimitado en
el ejercicio de sus competencias.
2. A juicio de los suscritos la situación fáctica que
denuncia la demanda, esto es el hecho de la inclusión por parte de la Comisión
de Conciliación de un texto nuevo que no había sido sometido a consideración de
las comisiones ni de las plenarias del Congreso de la República, referente a un
tema no propuesto tampoco a su consideración como lo es la consagración de una
causal excluyente de la pena para el aborto en caso de acceso carnal no
consentido, resulta absolutamente incontrovertible. El examen del iter legislativo
que recorrió el proyecto revela nítidamente cómo en el proyecto inicial
presentado al Congreso de la República por el señor Fiscal General de la
Nación, el artículo que después devino en el 124 del actual Código Penal se
refería a las circunstancias de atenuación punitiva para el delito de aborto, y
que en tal proyecto la norma preveía dos circunstancias en las cuales la pena
por tal ilícito se vería reducida: una primera, correspondiente al primer
numeral de la disposición, para cuando el embarazo fuera resultado de acceso
carnal sin consentimiento o abusivo, o producto de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentida. Y otra relativa al llamado
aborto eugenésico, que se daría cuando se estableciera que el feto presentaba
“patologías médicas o genéticas de gravedad tal” que fueran “incompatibles con
la vida humana”. Este último numeral fue suprimido en la Comisión Primera del
Senado de la República, donde el proyecto de ley inició su trámite; de igual
manera la plenaria de la cámara alta aprobó el proyecto sin el referido
numeral, relativo, como se dijo, a la circunstancia de atenuación punitiva en
caso de aborto eugenésico. Por su parte, la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes decidió aprobar el proyecto de artículo con la atenuante por
aborto eugenésico, tal y como había sido propuesto por la Fiscalía, es decir
con el numeral segundo que el Senado de la República había eliminado. De igual
manera, la plenaria de esta misma Corporación dio su aprobación al texto  que
incluía el referido numeral.[36]
Hasta este punto la discrepancia que se presentaba
entre el texto aprobado por la Cámara y el acogido por el Senado consistía en
la inclusión o no inclusión de la causal de atenuación punitiva por aborto
eugenésico, y este era, por tanto, el asunto del cual debía ocuparse la
Comisión de Conciliación. No obstante, el texto finalmente incorporado a la Ley
599 de 2000 recoge una causal de exclusión total de la pena  en caso de aborto
por violación, sobre la cual no se había presentado propuesta alguna durante el
debate parlamentario, ni aprobado o improbado texto que de ella hiciera
siquiera mención.
Los siguientes cuadros ilustran claramente el tramite
que surtió el proyecto correspondiente al actual artículo 124 del Código Penal
en el Congreso de la República:
Trámite de la norma en el Senado de la República
PROYECTO
LEY  N°
040/98
SENADO
Gaceta Nº
139/98
6-06-98,
p.28.
PONENCIA
1er DEBATE
GACETA N°
280/98
20-11-1998,
p.68.
APROBADO EN
1er  DEBATE
Gaceta N°
10/99
3-03-1999,
p.17.
PONENCIA
2° DEBATE
Gaceta N°
63/1999
23-04-1999,
p. 17.
APROBADO EN
2° DEBATE
Gaceta N°
126/1999
27-05-1999,
p. 11.
ACTA DE
CONCILIACIÓN
(Acta Nº 31
de la Plenaria del Senado 15-12-1999)
Gaceta Nº
605/1999
24-12-1999,
p. 65.
Art. 126. Circunstancias
de atenuación punitiva.
La pena
señalada para el
delito de
aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1.Que el
embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal  sin
consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado  no consentidas.
2. Que se
establezcan en el feto patologías médicas o genéticas de gravedad tal  que
sean incompatibles con la vida humana.
Art. 126.   Circunstancias
de  atenuación       punitiva.  La pena señalada para el delito de aborto
se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de
una conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, abusivo  de
inseminación artificial  o transferencia de óvulo fecundado  no consentidas.
Art. 125. Circunstancias
de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se
disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, abusivo  de
inseminación artificial  o transferencia de óvulo fecundado  no consentidas.
Art. 126.  Circunstancias
de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se
disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, abusivo  de
inseminación artificial  o transferencia de óvulo fecundado  no consentidas.
Art. 125. Circunstancias
de atenuación punitiva.  La pena señalada para el delito de aborto se
disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, abusivo  de
inseminación artificial  o transferencia de óvulo fecundado  no consentidas.
Art. 124. Circunstancias
de atenuación punitiva.  La pena señalada para el delito de aborto se
disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso  carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo,  de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas.
Parágrafo.
En  los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en
extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial
podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso
concreto.
Trámite de la norma en la Cámara de Representantes
PROYECTO LEY  N°
238/99 CÁMARA
PONENCIA PARA
1er DEBATE
GACETA N° 432/1999
11-11-1999, P.13 Y 31
APROBADO EN
1er  DEBATE
Gaceta N° 464/1999
24-11-1999,p. 11
PONENCIA PARA 2° DEBATE
Gaceta N° 510/1999
3-12—1999, p. 19.
APROBADO EN
2° DEBATE
Gaceta N° 569/1999
22-12-1999, p.10.
ACTA DE CONCILIACIÓN
Gaceta N° 605/1999
24-12-1999, p. 65.
Art. 126. Circunstancias de atenuación punitiva.
La pena señalada para el
delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.Que el embarazo sea resultado de una conducta
constitutiva de acceso carnal  sin consentimiento, abusivo, de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado  no consentidas.
2. Que se establezcan en el feto patologías médicas
o genéticas de gravedad tal  que sean incompatibles con la vida humana.
Art. 125.   Circunstancias de  atenuación
punitiva.  La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las
tres cuartas partes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.Que el embarazo sea resultado de una conducta
constitutiva de acceso carnal    sin  consentimiento, abusivo, de
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado   no
consentidas.
2.  Que se establezcan en  el feto
patologías médicas o  genéticas de gravedad tal   que sean incompatibles con
la vida humana.
Art. 125. Circunstancias de atenuación punitiva. La
pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.Que el
embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal    sin
consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado  no  consentidas.
2.  Que se establezcan en  el feto patologías
médicas o  genéticas de gravedad tal   que sean incompatibles con la vida
humana.
Art. 125.  Circunstancias de atenuación punitiva. La
pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.Que el embarazo sea resultado de una conducta
constitutiva de acceso carnal    sin consentimiento, abusivo, de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado  no  consentidas.
2.  Que se establezcan en  el feto patologías
médicas o  genéticas de gravedad tal   que sean incompatibles con la vida
humana.
Art. 123. Circunstancias de atenuación punitiva.  La
pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas
partes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.Que el embarazo sea resultado de una conducta
constitutiva de acceso carnal    sin consentimiento, abusivo, de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado  no  consentidas.
2.  Que se establezcan en  el feto patologías
médicas o  genéticas de gravedad tal   que sean incompatibles con la vida
humana.
Art. 124. Circunstancias de atenuación punitiva.
La pena señalada para el delito de aborto se  disminuirá en las tres cuartas
partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de
acceso  carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo,  de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
Parágrafo.   En  los eventos del inciso anterior,
cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de
motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella
no resulte necesaria en el caso concreto.
3. Resulta entonces evidente que el texto del actual
parágrafo del artículo 124 de la Ley 599 de 2000, que consagra una causal
excluyente de la pena para el aborto en caso de violación, no fue presentado a
la consideración de las cámaras legislativas en ninguno de los cuatro debates,
puesto que ni las comisiones ni las plenarias conocieron el tenor de esta
propuesta legislativa, ni se pronunciaron sobre ella para aceptarla, rechazarla
o modificarla, dado que ella no formaba parte del proyecto original ni fue
adicionada durante estas cuatro etapas del trámite parlamentario. Desde este
punto de vista, por sustracción de materia era lógicamente imposible que en
este punto concreto existiera una discrepancia entre los proyectos aprobados
por la Cámara y por el Senado, pues la discrepancia supone un desacuerdo en
torno a un objeto. En efecto, según las voces del Diccionario de la Real
Academia Española, “discrepancia” es “diferencia o desigualdad que resulta de
la comparación de dos cosas entre sí”.[37]
De donde se deduce que si no existen objetos de comparación, no puede surgir
discrepancia alguna. Como sobre el tema de la exclusión de la pena para el
aborto en caso de violación no existía proyecto de texto legislativo alguno en
ninguna de las cámaras, forzoso es concluir que resulta lógicamente imposible
sostener que sobre tal asunto había discrepancias entre la Cámara y el Senado.
De lo anterior se extraen dos conclusiones sobre las
cuales el demandante fincó su acusación: i) que el parágrafo del artículo 124
de la Ley 599 de 2000, que consagra una causal excluyente de la pena para el
aborto en caso de violación, no fue sometido a los cuatro debates
parlamentarios exigidos por el artículo 157 de la Constitución, y  ii) que la
Comisión de Conciliación, al redactar dicho parágrafo, excedió su competencia
pues ella sólo existe “Cuando surgieren discrepancias en las cámaras” (C.P
artículo 161) y “para superar las discrepancias que surjan respecto del
articulado de un proyecto” (Ley 5ª de 1992, artículo186).
4. Lo que sorprende a los suscritos es que el fallo de
la Corte no desconoce la situación de hecho en que se fundaba la demanda y que
configuraba la violación de los preceptos constitucionales y estatutarios que
se acaban de mencionar. En efecto, la Sentencia describe todo el proceso
legislativo y pone de manifiesto cómo el parágrafo del artículo 124 no fue
propuesto a consideración de las comisiones ni de las plenarias del Congreso
durante los cuatro debates parlamentarios. No obstante, amparándose en la
circunstancia de que la causal de atenuación punitiva para el caso de aborto
eugenésico fue descartada por el Senado y acogida por la Cámara, sostiene que
existía una discrepancia conciliable que le otorgaba competencia  a la Comisión
para introducir dentro del texto del artículo un asunto bien distinto, cual es
el de la exclusión de la pena para el aborto en caso de violación.
En sustento de esta posición la Sentencia aduce que el
principio de identidad y el de consecutividad que regulan el proceso legislativo
permiten entender que la Comisión de Conciliación podía producir autónomamente
el texto del parágrafo que contiene la causal de exclusión de la pena para el
delito de aborto en caso de violación. A juicio de la mayoría de la Sala, el
principio de identidad en la Constitución vigente exige que todo proyecto se
refiera a una misma materia, por lo cual la facultad que tienen los
congresistas para introducir en los proyectos de ley modificaciones, adiciones
o supresiones, implica que las mismas guarden coherencia y se relacionen con la
materia del proyecto que se está discutiendo. Adicionalmente, afirma la
Sentencia, dicho principio de identidad se ve relativizado por el de
consecutividad, en virtud del cual es factible conciliar las diferencias surgidas
en el debate parlamentario sin afectar la esencia misma del proceso
legislativo, para lo cual se permite la integración de comisiones accidentales
de conciliación. Con fundamento en lo anterior, y estimando que existía una
conexidad temática entre el asunto a que se refiere el parágrafo añadido por la
Comisión de Conciliación y la materia del resto del texto del artículo 124 en
que fue insertado, concluye que dicha Comisión si podía llevar a cabo la
inclusión de esta novedad legislativa.
5. A juicio de los suscritos, el anterior raciocinio
parte de dos supuestos erróneos: de una lado pretender que los principios de
identidad y de consecutividad permiten a las comisiones de conciliación agregar
contenidos normativos no considerados por las comisiones constitucionales y las
plenarias del Congreso. Dichos principios, estudiados por la jurisprudencia
constitucional en múltiples pronunciamientos, gobiernan el proceso legislativo
que se surte durante los cuatro debates parlamentarios a que se refiere el
artículo 157 de la Constitución, mas no se proyectan a la ulterior etapa de
conciliación para conferir a la correspondiente comisión la facultad  de
agregar contenidos nuevos, ni aun si guardan conexidad temática, sistemática,
teleológica o causal con las disposiciones aprobadas divergentemente en cada
una de las cámaras legislativas, como más adelante se demostrará. De otro lado,
la mayoría se equivoca cuando encuentra un nexo entre el asunto de que trata el
parágrafo añadido por la Comisión y el resto de la disposición, especialmente
por tratarse de la definición de los elementos de un tipo penal, asunto en que
las simples aproximaciones temáticas no permiten afirmar la conexidad material
de los contenidos legislativos.
6. En cuanto a lo primero, es decir a la proyección de
los principios de identidad y consecutividad a la fase conciliatoria del
proceso legislativo para tolerar la adición del proyecto con contenidos nuevos,
dicha posibilidad resulta contraria a los textos mismos de la Carta y de la Ley
Orgánica que contiene el Reglamento del Congreso, y también a la jurisprudencia
precedente de esta Corporación. En efecto, dichos principios regulan la
actividad legislativa durante los cuatro debates reglamentarios, porque es
entonces cuando se pueden aprobar textos, y cuando en dicha actividad
pueden introducirse modificaciones, adiciones o supresiones respecto del
proyecto sometido a consideración de los legisladores, que deben referirse a la
misma materia propuesta y debatida. Los principios de identidad flexible y de
consecutividad, que implican  que si bien durante el trámite del proyecto éste
no tenga que tener en todas las etapas el mismo tenor pero si conservar en su
contenido material un hilo conductor de manera que las modificaciones no
alteren sustancialmente la propuesta, explican la existencia de las comisiones
de conciliación como mecanismo para superar las divergencias; pero dichos
principios no tienen el alcance de permitir a las comisiones accidentales de
conciliación agregar textos normativos no aprobados en las etapas anteriores
del proceso legislativo, ni aun si tales agregados guardaren algún vínculo de
conexidad con el proyecto de viene de las plenarias, por muy estrecho que tal
vínculo pudiera estimarse.
En efecto, la posibilidad de adicionar partes al
proyecto de ley respetando los aludidos principios de identidad flexible y
consecutividad, es facultad que la Constitución reconoce a las plenarias de
cada una de las cámaras durante el segundo debate, como bien lo señala el
artículo 160 superior cuando expresa: "Durante el segundo debate cada
Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias”. Esta posibilidad también es reconocida
a las comisiones constitucionales en donde se surte el primer debate
legislativo, como lo ponen de presente las normas de la Ley 5ª de 1992
referentes a las proposiciones de adición[38].
No así a las comisiones accidentales de conciliación. A ellas corresponde
exclusivamente “superar las discrepancias”[39]
que surjan en los proyectos de ley aprobados por cada una de las cámaras,
entendiendo por discrepancias  “las aprobaciones de articulado de manera
distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”[40]
Esta última expresión contenida en el artículo 186 de
la Ley 5ª de 1992, define con precisión en qué consisten las discrepancias que
son objeto de la actividad conciliatoria de la comisión accidental. Dicha
definición restringe y delimita las competencias de dichas comisiones.  Al
expresar que las discrepancias son “aprobaciones de articulado...”, pone de
presente con nitidez que sólo se pueden conciliar textos “aprobados” en alguno
de los debates legislativos. Sin que haya esa aprobación previa, no es posible
pues adelantar la labor conciliatoria. Además la disposición indica que dentro
del concepto de discrepancia se incluyen las aprobaciones de disposiciones
nuevas agregadas por una de las cámaras, con lo cual se extiende la labor de
las comisiones de conciliación al caso en el que un texto es aprobado por una
de las plenarias mas no por la otra. Este sería el caso de la mayor divergencia
posible, el cual de todas maneras supone que al menos una de las dos cámaras
haya dado su consentimiento sobre un texto concreto.
7. En este sentido se había pronunciado anteriormente
la Corporación en diversas oportunidades, como pasa a demostrarse:
- En la Sentencia C- 282
de 1997[41], la Corporación
admitió que la mayor divergencia o discrepancia que podía presentarse en la
aprobación de los proyectos de ley, que era justificativa de la intervención de
la labor de las comisiones de conciliación, era la que se daba cuando el texto
resultaba aprobado por una de las cámaras congresionales y rechazado o no
considerado por la otra. Pero aun en este caso, la competencia de la comisión
sólo se activaba por la aprobación de un texto al menos en una de las dos
cámaras. Dijo entonces la Corte:
“La mayor diferencia que puede surgir entre lo aprobado por
una cámara y lo resuelto en otra en torno a determinado texto consiste en
que una de las dos corporaciones lo haya acogido y la otra lo haya ignorado
totalmente, pues entonces lo que se tiene es un conflicto evidente entre el
ser y el no ser de la norma, a tal punto trascendental para lo relativo a su
vigencia que, si prevalece la decisión de una de las cámaras, el mandato que
contiene nace a la vida jurídica, al paso que, si impera la determinación de la
otra, ocurre exactamente lo contrario.
“En consecuencia, si el texto definitivo de lo aprobado en
una de las cámaras incluye como votada una norma y su correspondiente de la
otra cámara no lo hace, hay necesidad de dar aplicación al artículo 161 de la
Constitución, y si éste no se surte, el efecto es, forzosamente, el de que la
disposición no se convierte en ley de la República por falta de uno de los
requisitos esenciales para su aprobación.” (Negrillas fuera del original)
-En la Sentencia C-008 de
1995[42], mediante la cual se
efectuó la revisión constitucional del proyecto de Ley Estatutaria No. 127/93
senado, 127/93 Cámara “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el
ejercicio de la actividad de recolección, manejo, conservación y divulgación de
información comercial”, la Corte insistiendo en que la discrepancia llamada
a ser dirimida por las comisiones de conciliación sólo se presentaba sobre la
base de textos aprobados, sostuvo:
“Juzga la Corte a este respecto que la única manera de establecer
que en realidad existen discrepancias entre las cámaras en torno a determinado
proyecto, para los fines de constituir comisiones accidentales en los términos
del artículo 161 de la Carta, consiste en verificar que ellas resultan de
textos aprobados. Es decir, las comisiones de concertación y conciliación no
tendrían razón de ser antes de que en las dos cámaras se hubiera votado el
proyecto, pues no podría presumirse con base en elementos distintos a la
comprobación de la votación que en efecto los textos que prohijan una y otra
corporación son distintos. (Negrillas fuera del original)
“Así se colige, además del artículo 186 de la Ley 5a de 1992 (Reglamento del
Congreso), que dice:
“LEY 5a DE 1992
"ARTICULO 186. Comisiones accidentales. Para efecto de
lo previsto en el artículo 161 constitucional, corresponderá a los Presidentes
de las Cámaras integrar las Comisiones accidentales que sean necesarias, con el
fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un
proyecto.
“Las comisiones prepararán el texto que será sometido a
consideración de las cámaras en el término que les fijen sus Presidentes.
“Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de
articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones
nuevas." (Subraya la Corte).
- En el mismo sentido en la Sentencia C-702 de 1999,[43]
la Corte puso de presente con toda claridad cómo la función de las comisiones
accidentales de conciliación no puede llegar hasta el extremo de desconocer el
ordenamiento constitucional, pretermitiendo pasos del trámite exigidos
expresamente por el artículo 157 superior, que señala  que las propuestas
legislativas contenidas en un proyecto de ley deben surtir un debate tanto en
las comisiones constitucionales como en las plenarias de ambas cámaras. Al
respeto se dijo en esa ocasión:
“No cabe, pues, duda que el trámite del proyecto de  ley con las
facultades extraordinarias incluídas irregularmente, no sufrió ni el primer ni
el segundo debate en la Cámara de Representantes, es decir en la Comisión
Constitucional Permanente y en la Plenaria de esta Corporación y que con tal
omisión, se desconocieron evidentemente también los requisitos constitucionales
previstos en los numerales 2º. y 3º. del artículo 157 de la Carta para que un
proyecto se convierta en Ley de la República, relativos a los principios de
identidad relativa y consecutividad.
“En efecto, no puede ser de recibo, ni lógica ni racionalmente,
que lo dispuesto por una Comisión Accidental, cuyas funciones de conciliación
tienen, por fuerza, que ser limitadas a su objeto, según lo dispone la
Constitución Política y la Ley 5ª. de 1992 (Reglamento del Congreso), llegue
hasta el punto de sustituir y reemplazar unos requisitos constitucionales
formal y sustancialmente tan esenciales como los debates que se cumplen en la
Comisión Constitucional Permanente, primero, y luego en la propia Plenaria de
cada Cámara.
“Sobre este particular no pueden ser más claras y precisas las voces
del artículo  157 de la C.P. Lo cierto es que el proyecto no será ley sin
"2.  Haber sido aprobado en  primer debate en la correspondiente
comisión permanente de cada Cámara".
“De modo que unas Comisiones Accidentales integradas cuando surgen
discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, para que reunidas
conjuntamente, preparen el texto que será sometido a la decisión final en
sesión plenaria de cada Cámara, no pueden llenar con su actuación el vacío
producido por la falta de aprobación previa de la materia durante el  primer
debate en la Comisión Constitucional Permanente, y  durante el segundo debate
que se cumple en la Plenaria de cada Cámara.” (Negrillas fuera del original)
- De igual manera, en la Sentencia C-087 de 2001[44] se vertieron los
siguientes conceptos reiterativos de la jurisprudencia anterior, que proscribía
la inclusión por parte de las comisiones de conciliación de contenidos
normativos no aprobados previamente durante los debates reglamentarios:
“En relación con lo anterior, la Corte, después de verificar el
trámite surtido en el Congreso para la aprobación de este artículo, encuentra
que efectivamente el mismo fue aprobado con un texto igual en las plenarias de
ambas corporaciones legislativas, por lo cual no ha debido ser sometido a la
labor de la comisión de conciliación. Y, adicionalmente, detecta, como lo
indica el gobierno, que dicha comisión añadió el referido parágrafo 2° que por
tanto no surtió el trámite en las comisiones ni en las plenarias de ninguna de
las dos cámaras del Congreso. Por consiguiente, dicho parágrafo resulta
inexequible por violación de los artículo 157 y siguientes de la Constitución,
como lo admite igualmente el Congreso.”[45]
Nótese cómo en el caso del artículo conciliado a que
se refiere la Sentencia anterior, tanto la Corte Constitucional, el Gobierno
Nacional, y el Congreso de la República, coincidieron en que textos añadidos
que no habían surtido trámite en las comisiones constitucionales permanentes ni
en las plenarias, no podían ser introducidos por las comisiones de
conciliación.
8. Incluso los fallos que la Sentencia de la que
discrepamos cita como fundamento para admitir la competencia de las comisiones
de conciliación para adicionar textos nuevos a los proyectos de ley a partir de
su conexidad material con el resto del articulado, bien leídos lo que indican
es que sobre la base de textos previamente aprobados al menos en una de las
cámaras, la labor de conciliación de las comisiones accidentales debe
observar el principio de unidad de materia. En efecto, dichos fallos que se
citan en la Sentencia dicen así:
-“Conforme a lo anterior, la Carta de 1991 abandonó el principio de
identidad rígido en el trámite de los proyectos, ya que éstos no deben tener
exactamente el mismo tenor durante los cuatro debates, pues las comisiones y
las plenarias pueden introducir modificaciones, y corresponde a las comisiones
accidentales armonizar las discrepancias surgidas entre las cámaras. Sin
embargo, el principio de identidad no ha desaparecido sino que se ha
flexibilizado, pues la Carta establece con claridad que todo proyecto debe
referirse a una misma materia. Por ello la Corte ha entendido que una
interpretación sistemática de los artículos 158, 160 y 161 de la Constitución
permiten concluir que las plenarias pueden introducir modificaciones a lo
aprobado en la Comisión Permanente, pero “siempre que se guarde relación con la
materia propuesta y debatida”[46].
Igualmente, es claro que una comisión permanente puede introducir
modificaciones a lo aprobado en la otra cámara, pero siempre y cuando conserve
la identidad del proyecto. En ese mismo sentido, este principio de identidad
flexible también limita la competencia de las comisiones accidentales, que
pueden zanjar las discrepancias entre los textos divergentes aprobados
en las cámaras, siempre y cuando entre ellos exista la correspondiente unidad
temática.”[47]
(subrayado y resaltado fuera del original) (Nota: se trata del mismo aparte
citado en la Sentencia)
Los suscritos destacan que el fallo en cita, si bien
se refiere a la aplicación del principio de unidad de materia en la labor de
las comisiones de conciliación, indica también que dicha labor se adelanta
sobre textos divergentes aprobados previamente por las cámaras.
Y en otro de los fallos traídos a colación en la Sentencia
de la cual nos apartamos, se lee lo siguiente, (se trata del mismo aparte que
cita la Corte):
“De esta forma, la Corte, siguiendo los mismos criterios
anteriormente acogidos por la jurisprudencia constitucional, reitera que las
comisiones de conciliación solo pueden adelantar su actuación respecto de
textos válidamente aprobados por ambas cámaras legislativas, aunque
diferentes en su redacción, y que por lo tanto la inconstitucionalidad por
vicios de trámite no puede ser convalidada por el mecanismo de la conciliación.
De admitirse esta convalidación posterior del trámite, se pondrían en
entredicho caros intereses superiores vinculados a las exigencias de publicidad
de los textos de los proyectos y las proposiciones, a realización de los
debates parlamentarios, a la verificación de una votación con la mayoría
exigida en cada caso y, en general, al cumplimiento de los demás requisitos de
trámite que garantizan la participación de las minorías y el respeto del
principio mayoritario en la adopción de las decisiones, propios del sistema
democrático y representativo que adopta nuestra Constitución.”[48]
- Finalmente, los suscritos consideran que la
Sentencia C-1488 de 2000[49],
que el fallo del que discrepamos transcribe parcialmente para justificar la
supuesta facultad aditiva de las comisiones de conciliación, si bien se refiere
a la posibilidad que ellas tienen de “crear textos nuevos”, también es
clara en reconocer que esta posibilidad existe para “reemplazar”
aquellos otros previamente aprobados que resultaban divergentes. Es decir,
nuevamente sobre la base de textos previamente aprobados pero divergentes en su
redacción, el texto (es decir el tenor literal) puede ser innovado por la
comisión conciliatoria. Pero sin esa previa existencia del texto, no es posible
la “creación” a que alude la referida Sentencia. Léase con detenimiento dicha
jurisprudencia:
“Lo primero que ha de advertirse, es que la conformación de estas
comisiones tiene como presupuesto principal que, en relación con un proyecto de
ley específico, se presenten divergencias, discrepancias entre el texto
aprobado en una y otra Cámara, artículo 161 de la
Constitución. Divergencias o discrepancias producto natural  de la facultad que
se reconoce a cada una de las Cámaras, de introducir las modificaciones, las
adiciones o supresiones que se juzguen necesarias,  a efectos de que el
proceso legislativo realmente sea democrático, producto del pluralismo que se
encarna en el órgano legislativo.
“En este sentido, tenemos que  si un proyecto de ley puede ser
reformado en una y otra Cámara, se presentarán, en la mayoría de los casos,
textos que no serán coincidentes al final del proceso legislativo y, como tal,
carentes de uno de los requisitos constitucionales esenciales para que puedan
ser tenidos como ley: aprobación en los cuatro debates reglamentarios. Contingencia
ésta que viene a subsanarse con la conformación de la comisión accidental de
que trata el artículo 161 de la Constitución, que tendrá la función de preparar
un texto que concilie las divergencias que presentan los proyectos aprobados
por las plenarias, y que  permita la aceptación de un texto único, para que se
entienda cumplido el requisito en mención y pueda así concluirse ágilmente el
trámite de aprobación de las leyes. Esto, a diferencia de lo que sucedía en el
régimen constitucional anterior, en donde la jurisprudencia constitucional
exigía que los proyectos de ley durante los cuatro debates guardaran identidad
(artículo 81 de la Constitución de 1886), pues no se autorizaba a las plenarias
introducir modificaciones a los proyectos de ley ni la existencia de comisiones
de conciliación, como sí lo hizo el Constituyente de 1991.”
“Dentro de este contexto, la competencia de la comisión accidental,
es de conciliación entre textos divergentes, lo
que la faculta para introducir modificaciones a los textos discordantes y
crear, si es del caso, textos nuevos, si con ello se logran superar la
divergencia. Sobre el particular, se ha dicho  "...las comisiones accidentales al conciliar los textos
disímiles bien pueden introducirles las reformas que consideren convenientes o crear
nuevos textos en reemplazo de esos artículos, siempre y cuando obtengan la
aprobación de las Plenarias de las Cámaras y no se modifique sustancialmente el
proyecto o se cambie su finalidad..." (sentencia C-282 de 1995).
“Lo anterior significa que la facultad de las
comisiones accidentales de mediación se circunscribe a los textos no
coincidentes del proyecto aprobado en Cámara y el aprobado en el Senado  y, por
ende, sobre la materia de que éstos traten. Así, ha de entenderse, que existe un límite material a la
función de esta comisión, y el rebasamiento de este límite, habrá de entenderse
como la usurpación de una competencia que es exclusiva de las comisiones
constitucionales permanentes y de las cámaras en pleno.”
Los suscritos destacan con particular énfasis cómo la
posibilidad de producir o crear textos nuevos, se supedita, según la Sentencia
que se acaba de citar, a la previa aprobación por las cámaras de textos
divergentes, y al reemplazo de los mismos por otros nuevos y diferentes
redactados por la comisión conciliatoria. En el caso del parágrafo del artículo
124 del Código Penal, dicha circunstancia no se presentaba, pues la disposición
que consagraba la exclusión de la pena para el aborto en caso de violación, no
existía previamente en el proyecto, por lo cual su texto (inexistente), no
podía ser reemplazado por otro nuevo creado por la Comisión.
9. Así pues, las citas anteriores ponen de manifiesto
cómo reiterada jurisprudencia sentada por esta Corporación en torno a las
facultades de las comisiones de conciliación excluían la posibilidad de que
estas actuaran sin la previa presencia de textos previamente aprobados al menos
por una de las cámaras legislativas. Luego desde este punto de vista, la
Sentencia de la cual no apartamos tiene el alcance de un cambio jurisprudencial
no justificado adecuadamente, que recorta la proyección del principio
democrático en un asunto que viene a ser la espina dorsal del régimen
pluralista que propone la Constitución que nos rige, como lo es el trámite de expedición
de las leyes. En efecto, la voluntad general representada en el órgano
legislativo tiene unos cauces de expresión a través de dicho proceso, que para
ello contempla un trámite adecuado, surtido en cuatro debates pausados regidos
por el principio de publicidad, dentro de los cuales se salvaguarda de manera
muy especial la posibilidad de intervención de todos y cada uno de los
representantes del pueblo. El primer debate surtido en cada cámara es el
momento en el que la ley ofrece la posibilidad a los legisladores de llevar a
cabo un estudio más especializado y pormenorizado, al paso que el segundo
debate asegura a todos ellos, y especialmente a las minorías, la facultad de
intervenir en la definición de las fórmulas legales. El nuevo criterio adoptado
por la mayoría de la Sala en la Sentencia de la que nos apartamos, posibilita
la pretermisión de los cuatro debates reglamentarios, especialmente de los
primeros que deben surtirse en las comisiones constitucionales permanentes .
Pues si bien el informe de las comisiones de conciliación es sometido a la
consideración de las plenarias de ambas cámaras en lo que constituye una
repetición del segundo debate, en cambio el primero de ellos en cada cámara, y
su obligatoriedad, es completamente ignorado si se admite la facultad de las
comisiones accidentales –integradas por un reducido número de parlamentarios-
de agregar textos no aprobados antes en ninguno de los cuatro debates
ordinarios. Y aun respecto del segundo debate, si bien este puede considerarse
“repetido” al someter a votación el informe de la comisión de conciliación, el
carácter poco deliberativo que tiene la reunión para aprobación de este
informe, resta toda garantía a las minorías y eficacia al principio de
representación. Con ello, sin duda, se recortan las posibilidades democráticas
garantizadas por las normas superiores y reglamentarias que regulan la
discusión y aprobación de los proyectos de ley.
Además, de la recopilación jurisprudencial que se ha
hecho resulta claro que la conexidad material que un contenido normativo nuevo
agregado por las comisiones de conciliación pueda tener con el resto del
proyecto en el que resulta insertado, no justifica su inclusión por estas
comisiones, pues su competencia sólo se activa frente a textos aprobados en
instancias anteriores del trámite legislativo.
10. Pero si lo anterior no fuera bastante, resulta
además que en caso presente no existía la supuesta conexidad material que la
Sentencia encontró que se daba entre el parágrafo añadido por la Comisión y el
resto del texto del artículo en el que tal parágrafo se insertó. No existía por
las siguientes razones:
La divergencia que se presentaba entre el tenor
literal del artículo que devino en el 124 del Código Penal aprobado por el
Senado y el aprobado por la Cámara, se circunscribía a la inclusión o no
inclusión de una causal de atenuación punitiva para el delito de aborto
eugenésico. El Senado descartaba esta causal diminuente de la punibilidad, al
paso que la Cámara la aceptaba. Así, la competencia de la Comisión de
Conciliación  se restringía a definir si tal causal resultaría incluida o
excluida del texto del artículo. No obstante lo anterior, la Comisión de
Conciliación, a instancias del Ministro de Justicia, introdujo el parágrafo
relativo a la causal excluyente de la pena para el aso del delio de aborto en
caso de violación.
No es posible considerar que existe una conexidad
material entre la proposición normativa que atenúa la pena para el delito de
aborto eugenésico y la que excluye la imposición de la sanción para el delito
de aborto en caso de violación. Ello por cuanto la especificidad del principio
de legalidad en materia penal, exige la precisa descripción por parte del
legislador no sólo de las conductas punibles en todos sus elementos, sino también
el señalamiento preciso de las sanciones en sus montos máximos y mínimos, la
consagración expresa  de las circunstancias de atenuación punitiva y más aun
las de exclusión de la sanción. Esta especificidad del principio de legalidad
en materia penal ha sido llamado “principio de taxatividad penal” y a él se ha
referido la Corte precedentemente así:
“8- El principio de legalidad
penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues
constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos,
ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas
aplicables. De esa manera, ese principio
protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la
igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es
natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo
incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)[50].
“Esta Corte ha precisado además (Ver
sentencia C-559 de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamentos 15 y ss)
que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva
legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es
suficiente, y  debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido
estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad,
según el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no sólo previa sino
taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del
juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la
descripción abstracta realizada por la ley. Sólo de esa manera el principio de
legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo
así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder
punitivo estatal. En efecto, únicamente si las descripciones penales son
taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los
comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación
típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos probados en el
proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se le imputa.
“9- El principio de taxatavidad penal
implica no sólo que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente
sino que las sanciones a imponer deben estar también previamente
predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo
cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos
máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en
cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo.”[51]
11. Pudiera pensarse que los
principios de legalidad, tipicidad y taxatividad penal sólo tiene importancia
con posterioridad al proceso de expedición de la ley. Es decir, conforme a
estos principios lo importante sería que la ley, una vez expedida , determine
con precisión todos los elementos del tipo penal. Sin embargo esto no es así,
pues tales principios también cobran importancia en el trámite de las leyes que
consagran delitos y penas, justamente porque en la definición de estos asuntos,
cobra una particular importancia el principio democrático. El señalamiento de
una conducta como delito y su subsiguiente punición, es un asunto que de un
lado compromete los intereses públicos y el interés general pues justamente eso
es lo que primeramente se persigue al prohibir ciertas conductas que se
consideran atentatorias de la convivencia pacífica. Pero de otro lado, este
señalamiento limita también los derechos de las personas, y compromete
especialmente  la libertad personal. Por eso los delitos y las penas deben ser
definidos en un debate parlamentario amplio, especialmente garantista del pluralismo
y del principio de las mayorías.
Lo anterior repercute en el
rigor con el que debe examinarse la unidad de materia en el trámite de las
leyes que versan sobre consagración de delitos y de penas. En este punto el
escrutinio debe ser rígido, pues difícilmente puede considerarse que la materia
sobre la que versa un artículo definitorio de un tipo penal es conexa con la de
otro artículo referente a otra conducta distinta, así ambas se asemejen desde
algún punto de vista. En este orden de ideas, no sería posible, por ejemplo,
considerar que existe conexidad material entre el acceso carnal violento o no
consentido y el incesto, a pesar de que ambos son delitos se consuman con una
conducta materialmente similar. Como tampoco puede estimarse que si una
propuesta legislativa versa sobre homicidio culposo, el resultado final
plasmado en el texto de la ley pueda referirse a genocidio, aunque en uno y
otro caso las conductas reprimidas tienen que ver con la privación de la vida
de seres humanos. En estas materias un congresista no puede resultar
sorprendido con un resultado legislativo final, para cuya discusión inicial no
fue citado, ni conoció desde las primera fases del trámite un proyecto de ley
concreto, ni se le dio la oportunidad de participar en una discusión amplia,
pues la distinción entre las conductas penalizadas o despenalizadas exige un
debate propio e independiente por razones que tocan con el respeto del
pluralismo y la democracia.
En el caso presente la Sentencia
de la cual nos apartamos estableció que existía unidad de materia entre el tema
de la exclusión de la pena para el aborto en caso de embarazo producto de
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, y la atenuación
punitiva para el aborto eugenésico. Entre el aborto en caso de violación y el
aborto eugenésico existen tantas diferencias como las que pueden darse entre el
homicidio y la eutanasia. En el aborto eugenésico “existen malformaciones
genéticas detectables mediante técnicas actuales de diagnóstico precoz, que son
debidas a taras hereditarias, radiaciones atómicas, alimentos tóxicos, etc. El
medio de evitarlas será no permitir que la criatura, que nacería deformada, sea
fuente de sufrimientos para los demás y para ella misma.”[52]
La razón de este tipo de aborto pretende ser humanitaria, pues lo que busca el
agente es evitar el sufrimiento de un niño y de su familia. Su soporte
ideológico proviene del utilitarismo, que esboza la teoría de la “calidad de
vida” según la cual  algunas vidas humanas por carecer de  suficiente “calidad”
no merecen ser respetadas. El aborto eugenésico ha sido considerado
injusto, y nuestro Código Penal lo sanciona hoy sin atenuantes, pues significa
que sólo los que gozan de buena salud física tienen derecho a nacer, y que “el
título del derecho a la vida del saludable vale más que el título de quien es
deforme, lo que equivale a introducir la desigualdad en Derecho, y por
consiguiente, la arbitrariedad del más fuerte.”[53]
El aborto en caso de violación
se configura cuando la muerte del feto es causada habiéndose dado previamente
un “embarazo producto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentida”, como bien lo define el propio Código Penal en el inciso primero
del artículo 124, no acusado, que establece para esta conducta una
circunstancia de atenuación punitiva. No están presentes aquí las mismas
circunstancias en las que se lleva a cabo el aborto eugenésico, y en cambio
existen otros ingredientes que hacen que se configure una conducta distinta.
Las razones que militan para atenuar la responsabilidad en esta caso, tienen
que ver con la libertad o el honor de la madre, no con la calidad de vida que
probablemente vaya a llevar el que está por nacer, derivada de malformaciones o
enfermedades precozmente detectadas. Así, no sólo la conducta es distinta, sino
también lo son las razones de orden filosófico y ético que pueden justificar o
no la atenuación punitiva de estos comportamientos.
Por lo anterior es difícil
considerar que existe un hilo conductor o una unidad temática en el debate
sobre el delito de aborto en caso de violación y el de aborto eugenésico. Pero
adicionalmente, en el presente caso la inconexidad de materia resulta aun más
manifiesta cuando se detecta que la innovación legislativa introducida por la
Comisión de Conciliación se refiere a una causal subjetiva excluyente de la
pena y no a una causal atenuante de la misma como se proponía originalmente.
Las diferencias entre una causal atenuante de responsabilidad, en donde la
conducta resulta castigada pero con menor intensidad en atención a especiales
circunstancias que rodean la comisión del delito, y una causal subjetiva
excluyente de la pena, son tan obvias que casi no es necesario explicarlas. En
el primer caso siempre hay pena en el segundo no.
Lo que introdujo la Comisión de
Conciliación fue, como se ha dicho, una causal de exclusión subjetiva de la
punibilidad. Esta no se
incluía en la propuesta inicial, que sólo consagraba una atenuante de
responsabilidad para tal conducta, por lo cual en tal propuesta el aborto así
realizado siempre estaría penalizado. Y es que, como se dijo, es completamente
distinta la exclusión de la pena de la atenuación de la punibilidad. En el
primer caso, a pesar de que el delito se configura con todos sus elementos
esenciales, puede no haber castigo. En el segundo caso siempre lo hay. Así
mismo, es bien distinta la exclusión de la pena, de la posibilidad de que la
conducta pueda justificarse o concurran circunstancias de exclusión de la
responsabilidad. En estos dos últimos eventos el delito no se configura por
falta de unos de sus elementos esenciales, al paso que en el primero sí se
configura pero se faculta al juez para prescindir de la aplicación de la
sanción.
12. Los argumentos con base en los cuales se estima en
la Sentencia que existe unidad de materia entre el parágrafo agregado por la
Comisión de Conciliación y la causal de atenuación punitiva para el aborto
eugenésico propuesta inicialmente y acogida por la Cámara mas no por el Senado,
son esgrimidos a partir de lo dicho por algunos congresistas durante el debate en
el Congreso. En este aspecto la ponencia no lleva a cabo un examen sustancial
de las materias cuya vinculación temática se pretende establecer. Así, el fallo
dice que  en el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes,
uno de los intervinientes afirmó, refiriéndose al delito de aborto eugenésico,
que la conducta podría llegar a ser “justificada o exculpada”. Y en otro
aparte la Sentencia afirma que en el mismo debate en esta Comisión una senadora
propuso que las circunstancias atenuantes se convirtieran en “eximentes de
responsabilidad”. No obstante, a juicio de los suscritos, de estas
intervenciones no puede deducirse una unidad temática entre la atenuación del
aborto eugenésico y la exclusión subjetiva de la punibilidad en el aborto en caso
de violación, pues tal unidad temática es un asunto sustancial o de fondo, que
depende del contenido y alcance regulador de los textos propuestos y de los
finalmente consagrados, y no de los tangenciales comentarios llevados a cabo
durante el debate.
Al contrario de lo que sostuvo la mayoría en la Sala
Plena, la adición por la Comisión de la causal de exclusión de la pena para el
aborto en caso de violación sí rompe los principios de identidad flexible y de
consecutividad, pues altera sustancialmente el proyecto de artículo al
introducir una exclusión de puniblidad antes inexistente, permitiendo en
ciertos casos la despenalización del  aborto, y además una alteración de la
finalidad perseguida por el legislador que se da por cuanto el objetivo inicial
era atenuar el aborto eugenésico y ahora el objetivo es consagrar una excusa absolutoria para el aborto en caso de violación.
13. La facultad de la Comisión de Conciliación se
restringía a superar las divergencias respecto de los textos aprobados previamente.
Incluso puede llegar a admitirse, como antes se dijo, que esa competencia se
extiende hasta la posibilidad de proponer textos nuevos, pero sólo sobre la
materia sobre la que versó la discrepancia. En este caso es claro que en la
materia sobre la que versó la discrepancia, que era la inclusión o no inclusión
de la atenuación punitiva para el aborto eugenésico, la Comisión optó por
acoger la posición del Senado, esto es excluir tal circunstancia diminuente de
puniblidad. Con ello quedaba zanjada la diferencia y agotada la competencia de
la referida Comisión. No obstante, rebasando sus facultades redactó un texto
adicional referente a la exclusión de la pena para el aborto en caso de
violación, asunto que nunca fue objeto de debate ni en las plenarias ni en las
comisiones del Congreso.
Por todo lo anterior los suscritos estimamos que la
Comisión Accidental de Conciliación carecía de competencia para actuar como lo
hizo, y que con tal proceder se infringieron flagrantemente los artículos 157,
158 y 161 de la Constitución.
En los anteriores términos dejamos expresados los
motivos que nos llevan a salvar el voto.
Fecha ut supra,
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] Publicado en la Gaceta del Congreso No 139 del 6 de agosto de
1998
[2] Ibid. Página 9
[3] Gaceta del Congreso No. 280 de 1998. Página 68
[4] Acta de Comisión No.31 del 15 de diciembre de 1998, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 377 del 24 de diciembre de 1998. Páginas 1, 2 y 3.
[5] Gaceta del Congreso No. 010 del 3 de marzo de 1999, página 11
[6] Gaceta No. 063 del 23 de abril de 1999, página 13 y siguientes
[7] Acta No. 48 del 12 de mayo de1999, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 113 del 24 de mayo de 1999, página 18
[8] Gaceta del Congreso No. 114 del 24 de mayo de 1999, pagina 25
[9] Gaceta del Congreso No. 126 del 27 de mayo de 1999, página 1
[10] Informe final segundo debate, publicado en  la Gaceta del
Congreso No. 126 del 27 de mayo de 1999
[11] Gaceta del Congreso No. 432 del 11 de noviembre de 1999, páginas
13 y 14
[12] Acta No. 26 de la Comisión Primera Constitucional, publicada en
la Gaceta No. 104 del 6 de abril de 2000
[13] Acta 084 de la sesión plenaria,
publicada en la Gaceta del Congreso No 599 del 28 de diciembre de 1999
[14] Gaceta No. 569 del 22 de diciembre de 1999, donde aparece
publicado el texto definitivo del proyecto aprobado en segundo debate de la
Cámara
[15] Gaceta No. 599 del 28 de diciembre de 1999, página 40
[16] Ibíd. Página 65
[17] Gaceta del Congreso No. 605 del 24 de diciembre de 1999, página
55
[18] Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución
[19] Artículo 158 ibidem
[20] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-702/99 MP. Fabio Morón
Díaz.
[21]
El artículo 161 de la Constitución
Política dispone:  “Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto
de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas
conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión
plenaria de cada Cámara. Si después de la repetición del segundo debate
persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto”.
[22] Ver, entre otras, la sentencia C-922 de 2000 y C-1488 de 2000
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-922 de
2000. MP Antonio Barrera Carbonell.
[24] Inciso tercero del artículo 186 de la Ley 5 de 1992
[25] Sentencia C-371 de 2000
[26] Sentencia C-025 de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
43
[27] Sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[28] Sentencia C-737 de 2001
[29] Sentencias C- 282 de 1995 y C-1488 de 2000.
[30] Sentencia C- 557 de 2000, M. P Vladimiro Naranjo Mesa
[31] Sentencia C-376 de 1995
[32] Gaceta del Congreso No. 605 del 24 de diciembre de 1999, página
47
[33] Ibid. Página 48
[34] Gaceta del Congreso No. 605 del 24 de diciembre de 1999, página
55
[35] Ibid. Página 55
[36] Para verificar el trámite legislativo descrito, pueden
confrontarse las siguientes Gacetas del Congreso de la República:
-Proyecto de ley “Por la cual se
expide el Código Penal” y exposición de motivos correspondiente, presentada al
Congreso Nacional por el Fiscal General de la Nación: Gaceta del Congreso N°
139 del 6 de agosto de 1998.
- Ponencia para primer debate en el
Senado de la República al Proyecto de Ley N° 040 de 1998, Senado:  Gaceta del
Congreso N° 280 de 1998.
- Texto definitivo del proyecto
aprobado por al Comisión Primera del Senado de la República: Gaceta del Congreso
N° 010 de 3 de marzo de 1999.
- Ponencia para segundo debate en
el Senado de la República: Gaceta del congreso N°  063 de 23 abril de 1999.
- Acta correspondiente a la
discusión y votación surtida en la plenaria del Senado de la República el día 12
de mayo de 1999: Gaceta del Congreso N° 113 del 24 de mayo de 1999.
-Texto definitivo aprobado por la
plenaria del Senado de la República: Gaceta del Congreso N° 126 de 27 de mayo
de 1999.
-Ponencia para primer debate en la
Cámara de Representantes: Gaceta del Congreso N° 432 del 11 de noviembre de
1999.
-Texto definitivo aprobado en
primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el día 16
de noviembre de 1999: Gaceta del Congreso N° 104 del 6 de abril de 2000
- Ponencia para segundo debate en
la Cámara de Representantes: Gaceta del congreso N° 510 de 3 de diciembre de
1999
- Acta N° 84 correspondiente a  la
sesión plenaria en la cual se surtió el segundo debate en la Cámara de
Representes: Gaceta del Congreso N° 599 de 28 de diciembre de 1999
-Texto definitivo aprobado el 14 de
diciembre por la plenaria de la Cámara de Representantes: Gaceta del Congreso
N° 569 de 22 de diciembre de 1999.
- Informe de conciliación aprobado
por las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes el
día 15 de diciembre de 1999: Gaceta del Congreso N° 600 de 28 de diciembre de
1999 y 605 del 24 de diciembre de 1999.
[37] Real Academia Española. Diccionario Esencial. Madrid Ed. Espasa
Calpe 2001.
[38] Cf. Ley 5ª de 1993, artículos 160 y siguientes.
[39] Ley 5ª de 1992, artículo 186.
[40] Ibidem
[41] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[42] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[43] M.P Fabio Morón Díaz
[44] M.P (e) Cristina Pardo Schlesinger
[45] En esta sentencia se resolvieron las objeciones presidenciales
formuladas respecto del proyecto de ley N° 234 Senado, acumulados 038/98,
065/98, 081/98 Cámara, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de
1994.”
[46] Corte Constitucional, Sentencia C-922 de
2000. MP Antonio Barrera Carbonell.
[47] Sentencia C- 737 de 2001. M.P Eduardo Montealegre Lynett
[48] Sentencia C-760 de 2001. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel
José Cepeda Espinosa
[49] M.P Martha Victoria Sáchica
[50] Ver, entre otras, las sentencias  C-127 de 1993, C-344 de 1996 y
C-559 de 1999
[51] Sentencia C- 843 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero.
[52] CRUZ CRUZ, J. en “Tópicos abortistas” citado por HERRERA
FRANCISCO JOSÉ  en “El derecho a la vida y el aborto”. Bogotá, Centro Editorial
Universidad del Rosario 1999. pág. 258.
[53] HERRERA FRANCISCO JOSÉ.  “El derecho a la vida y el aborto”.
Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario 1999. pág. 258.