T-276-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-276/14
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia excepcional
Procede la acción de tutela
contra un particular cuando el solicitante se encuentra en una situación de
subordinación respecto a este. Según la jurisprudencia de esta Corte, en
materia laboral, tal subordinación alude a la relación de dependencia
jurídica que existe entre el trabajador y el empleador y, que se manifiesta en
la sujeción del primero a las órdenes y a la dirección del segundo en el
desarrollo de su actividad. Se entiende que hay subordinación entre el
tutelante y el empleador demandado incluso cuando, con ocasión de la
terminación del contrato de trabajo, la relación no existía para la fecha en
que se interpuso la acción de tutela. Tal interpretación extiende en el tiempo
los efectos de la subordinación para amparar al trabajador frente a un despido
injusto.
ACCION DE
TUTELA EN LOS CASOS DE DESVINCULACION LABORAL DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional
Es regla general que la acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral puesto
que estas controversias pueden ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y
contenciosa administrativa, según la naturaleza de la vinculación. Sin embargo,
esta Corporación ha sostenido que dicha acción es procedente cuando se trata de
(i) personas en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su
condición económica, física o mental; o (ii) sujetos de especial protección
constitucional que, a raíz de tal condición, pueden ser acreedores de una
estabilidad laboral reforzada. En ambos eventos, la ineficacia o
inidoneidad de los otros medios judiciales de defensa radica en las cargas
procesales y los tiempos que les imponen a personas que no están en capacidad
de soportarlas.
ACCION DE
TUTELA FRENTE A MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia excepcional como
mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable
Independientemente de que la
acción de tutela sea propuesta por una persona en situación de debilidad
manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, sólo será
procedente si, como resultado de un perjuicio irremediable, los medios
ordinarios de defensa resultan ineficaces o inidóneos a la luz del caso
concreto. Su análisis y la evaluación del perjuicio irremediable deben
realizarse con el ánimo de preservar la naturaleza de la acción de tutela. Esto
es, (i) evitar que desplace a los mecanismos ordinarios al ser estos los
espacios preferentes para invocar la protección de los derechos
constitucionales; y (ii) garantizar que opere únicamente como el último recurso
cuando, en una circunstancia específica, se requiere suplir los vacíos de
defensa que presenta el orden jurídico para la protección de los derechos
fundamentales.
PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA-Reglas
jurisprudenciales
El principio de legalidad ordena
que las conductas prohibidas, las sanciones aplicables, los criterios para su
determinación y los procedimientos previstos para su imposición estén definidos
en un instrumento normativo previo a la comisión de los hechos cuyo juicio se
pretende adelantar. El principio de tipicidad, establece que las infracciones,
las sanciones aplicables y la correlación que debe haber entre las unas y las
otras deben estar descritas de forma clara, expresa e inequívoca.
Particularmente, este principio trata sobre el nivel de claridad que debe haber
en (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con o sin intención); (ii)
la gravedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve,
grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima,
media o máxima según la intensidad del comportamiento).
MORAL
SOCIAL-Referente legislativo para definir situaciones jurídicas/MORAL
SOCIAL-Referente legislativo para restringir ejercicio de libertades
Se refiere a un conjunto
puntual de valores que una sociedad específica defiende unánimemente para
facilitar la convivencia pacífica entre morales individuales distintas. Consiste,
por ende, en el mantenimiento  de una conducta, no ya solamente
individual, inmanente, sino colectiva, que se ajuste a ciertos principios
éticos y a lo que esa sociedad considera deben ser reglas de conducta que
conduzcan a una convivencia armónica, al mutuo respeto entre los asociados y,
en última instancia, al logro de la paz tanto a nivel interno como a nivel
colectivo. De esta manera, la moral social evita que cada individuo, en un mal
entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ejerza
su absoluta voluntad en contravía de los intereses comunes y de terceros.
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por despido
al exhibir disfraz en el parqueadero de la empresa, sin observar atentamente
los elementos de culpabilidad, y proporcionalidad que caracterizan a la función
disciplinaria
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD HUMANA-Orden de reintegro
transitorio a un cargo en iguales o similares condiciones al que desempeñaba al
momento del despido
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD HUMANA-Orden de pagar todos los salarios,
prestaciones sociales y aportes a salud y pensiones a que tenga derecho
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
INDEFENSION-Orden de modificar el Reglamento Interno de Trabajo con el ánimo
de precisar de manera clara, expresa e inequívoca los comportamientos
considerados como “inmorales”
Referencia: expediente T-4000264
Acción de tutela presentada por Osvaldo Manuel Laborde Álvarez
contra C.I. Prodeco S.A.
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá D.C.,
seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014)
La Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previas al cumplimiento
de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta el diecisiete (17) de abril de dos
mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el diez (10) de mayo de dos mil
trece (2013), en el proceso de tutela iniciado por el señor Osvaldo Manuel
Laborde Álvarez en contra de C.I. Prodeco S.A.
I.
ANTECEDENTES
El señor
Laborde Álvarez interpuso acción de tutela contra C.I. Prodeco S.A. (en
adelante Prodeco) por considerar que esta empresa vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Según el tutelante, la vulneración aconteció
cuando la compañía: (i) lo despidió arguyendo una falta a la moral por haber
exhibido un disfraz en el parqueadero de la empresa dejando al descubierto sus
nalgas; (ii) no observó el procedimiento establecido para el despido de
personal y la proporcionalidad entre faltas y sanciones, consagrados en la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y
Energética, Seccional Santa Marta (SINTRAMINERGÉTICA)[1]; (iii) no solicitó autorización
al Ministerio del Trabajo para realizar su despido a pesar de que, en su
entender, gozaba de estabilidad laboral reforzada por padecer diferentes
enfermedades; y (iv) no tuvo en cuenta que el salario devengado era su único
ingreso, así como el sustento de dos (2) de sus hijos menores de edad.
1.
Hechos
1.1. Osvaldo
Manuel Laborde Álvarez es una persona de cincuenta y ocho (58) años de edad[2].
Estuvo vinculado laboralmente a Prodeco S.A. por medio de un contrato de
trabajo a término indefinido desde el dos (2) de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998)[3]
hasta el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013). Antes de su
despido, se desempeñaba como Patrón de Bote[4].
Como último salario mensual, percibió un total de un millón novecientos mil
trescientos ochenta y dos ($1.900.382) pesos. Hizo
parte de SINTRAMINERGÉTICA desde el veintiuno (21) de diciembre de dos mil
nueve (2009)[5]
hasta la fecha de retiro.
1.2. Con ocasión
de las fiestas que se realizaban en la ciudad de Santa Marta el día domingo diez
(10) de febrero de dos mil trece (2013), el tutelante exhibió un disfraz
delante de sus compañeros en el parqueadero de su trabajo cuando se disponía a
abordar el bus de la empresa de regreso hacia su casa[6]. El disfraz
constaba de una peluca de color rosa, unas gafas oscuras con un marco blanco,
un “top” de color negro con relleno en el pecho y una tanga tipo “hilo dental”
de color piel que dejaba al descubierto sus nalgas[7]. Dicho
atuendo está registrado en cuatro (4) fotografías. En la primera, se ve al
señor Laborde mirando y sonriendo hacia a la cámara utilizando la peluca, las gafas,
el “top” y una camisa abierta. En el fondo, se ven otros trabajadores
conversando y riendo. En la segunda, aparece de perfil en frente de dos (2)
buses utilizando el mismo atuendo con la camisa abierta y un pantalón a la
altura de la cintura. En la tercera, se ve al tutelante de espaldas subiendo a
uno de los vehículos con la peluca, el “top”, la tanga y los pantalones a la
altura de las rodillas exhibiendo sus nalgas. En la cuarta, aparece de perfil
mirando hacia la cámara en la entrada del bus en una fotografía de cuerpo
entero utilizando la peluca, las gafas, el “top”, la tanga y el pantalón hasta
la altura de las rodillas mostrando la parte de su cuerpo ya mencionada.
1.3. Mediante
comunicación escrita, el día quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) la
empresa llamó al accionante a rendir descargos en una audiencia programada para
el día siguiente por la presunta violación del Reglamento Interno de Trabajo. No
obstante, el peticionario no pudo asistir por problemas de salud. Razón por la
cual, la audiencia fue reprogramada para el veinte (20) de febrero de dos mil
trece (2013) mediante citación expedida el día diecinueve (19) del mismo mes.
1.4. En el marco
de dicha audiencia, el actor rindió descargos en compañía de dos (2) representantes del sindicato SINTRAMINERGETICA. Allí señaló
que, con ocasión del carnaval, había exhibido su disfraz para entretener a sus
compañeros y no para ofenderlos o perjudicarlos.[8]
1.5. Mediante
comunicación del veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), Prodeco
S.A. le informó al señor Laborde que con su actuación “quebrantó en forma
grave el reglamento interno de trabajo vigente, no siendo admisibles sus
respuestas (…) puesto que dicho comportamiento de ninguna manera es correcto,
ni puede ser tolerado en instalaciones o buses al servicio de la empresa”.[9]
Por lo anterior, se dio por terminada la relación de trabajo en esa misma fecha
de forma unilateral y arguyendo justa causa.
1.6. Según el
Reglamento Interno de Trabajo de la compañía, son obligaciones especiales del
trabajador (i) “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con
sus superiores y compañeros”; y (ii) “observar buenas costumbres durante
el servicio y fuera de él”. Constituye falta grave la (i) “ejecución de
un acto inmoral o cualquier otro que demuestre falta de probidad u honradez”;
y (ii) la “violación de obligaciones o prohibiciones especiales previstas en
el reglamento interno”. Finalmente, es justa causa de despido “todo acto
inmoral en lugar de trabajo”.[10]
1.7. El señor
Laborde consideró que la empresa no observó el procedimiento establecido
en la Convención Colectiva de Trabajo para realizar su despido. Consecuentemente,
el accionante arguyó que la compañía violó su derecho al debido proceso en
cuanto (i) desacató los plazos previstos para realizar la audiencia de
descargos al citarlo a comparecer inmediatamente, y no en el último día del
plazo establecido en la mencionada Convención; y (ii) aplicó una sanción
desproporcionada sin tener en cuenta que era la primera falta que cometía.
Según dicha Convención, la empresa debía escuchar los descargos del trabajador “dentro
de los seis (6) días hábiles siguientes de conocida la falta”, comunicarle “al
empleado su decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes” e
imponer la sanción correspondiente de acuerdo a una escala predefinida, según la
cual, le correspondía un llamado de atención por no tener antecedentes.[11] Por
estipulación de la misma Convención, de ser irrespetadas total o parcialmente
las normas descritas, se daría lugar a la anulación de la falta.
1.8. Asimismo,
el tutelante argumentó que, para ser despedido, el empleador debía obtener
previamente autorización por parte del Ministerio del Trabajo pues, a su
entender, gozaba de una estabilidad laboral reforzada por presentar un
deteriorado estado de salud.
1.9. El señor
Laborde fue diagnosticado con un disco lumbar con radiculopatía, estenosis del
canal neural por tejido conjuntivo, diabetes mellitus, lesión de hombro y
problemas respiratorios asociados al consumo de tabaco.[12] Como
consecuencia de lo anterior, el tutelante acudió el nueve (9) de marzo de dos
mil trece (2013) a consulta con un especialista en medicina interna, quien le
diagnosticó trastorno de disco lumbar con radiculopatía y le expidió una
incapacidad laboral por siete (7) días.[13]
Con posterioridad al despido, el once (11) de marzo de dos mil trece (2013) fue
valorado por un médico neurocirujano,[14]
quien confirmó el diagnóstico anterior y le expidió una incapacidad laboral por
quince (15) días[15].
Por último, el doce (12) de marzo de dos mil trece (2013), el actor ingresó por
urgencias a la Clínica Santa Marta con un diagnóstico inicial de lumbago no
especificado y, luego de ser valorado por un neurocirujano,[16] se ordenó su
hospitalización hasta el dieciséis (16) de marzo del mismo año con un
diagnóstico de egreso de “desplazamientos del disco intervertebral,
especificado”.[17]
1.10. Finalmente,
el tutelante consideró que su despido pone en riesgo su mínimo vital y el de su
núcleo familiar, en especial, el de sus dos (2) hijos menores de edad de cuatro
(4) y once (11) años, respectivamente, que dependen directa y únicamente de él[18]
pues, a pesar de tener una compañera permanente, su salario era el único
ingreso familiar ya que ella, actualmente, no trabaja.
1.11. Con
fundamento en los hechos expuestos, el señor Laborde solicitó su reintegro, así
como el pago de todas las acreencias laborales causadas durante el
tiempo que estuvo cesante.
2. Respuesta
de la entidad accionada
2.1. Mediante
memorial del quince (15) de abril de dos mil trece (2013), Prodeco solicitó declarar
la improcedencia de la acción objeto de estudio por considerar que al actor se
le había respetado el derecho al debido proceso. A este respecto, la empresa
señaló lo siguiente:
“No es cierto que mi representada haya
violado, durante el procedimiento disciplinario del actor, el debido proceso
del mismo. Por el contrario, mi representada, en cumplimiento del procedimiento
extralegal vigente en la compañía, (i) citó en descargo al actor y se le
comunicó de lo anterior al sindicato; (ii) lo escuchó en descargos dentro de
los 3 días siguientes a la ocurrencia de la falta, luego de haberse
interrumpido el mismo por causa imputable a usted que no le permitieron acudir
al trabajo; (iii) en la diligencia, los representantes del sindicato que
asistieron, fueron escuchados en cuanto a sus argumentos o explicaciones sobre
los hechos en cuestión y; (iv) dentro de los 3 días siguientes a la diligencia
de descargos, se tomó la decisión respectiva de terminar el contrato de trabajo
con justa causa comprobada imputable al empleado, comunicándosele al actor ese
mismo día de tal decisión”.
2.2. Adicionalmente,
Prodeco afirmó que (i) el actor no tenía derecho a la estabilidad laboral
reforzada porque la empresa no contaba con restricciones laborales
prescritas por su ARL o EPS, no estaba calificado como inválido por las juntas
respectivas y “su patología y las incapacidades derivadas
de [la] mism[a], eran menores”[19] (limitación equivalente al 7.41%.); (ii) la empresa desconocía el estado de salud del accionante en el
momento de despido, no pudiendo ser esta la causa de la terminación de su
contrato de trabajo; y (iii) los medios ordinarios de defensa eran idóneos y
eficaces puesto que la terminación del contrato no le causó un perjuicio
irremediable al actor en cuanto la empresa le canceló la liquidación respectiva
de manera oportuna.
3.
Sentencia de primera instancia
3.1. Mediante
sentencia del trece (13) de abril de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Santa Marta, Magdalena, negó el amparo de los derechos alegados.
El Despacho declaró la existencia de un procedimiento disciplinario garantista
del derecho a la defensa y respetuoso del Reglamento Interno de Trabajo, así
como de la Convención Colectiva. A su juicio, se cumplió con el plazo para
rendir descargos, se permitió la asistencia de dos (2) representantes
sindicales y se aplicó debidamente el reglamento pues, de acuerdo con su tenor
literal, un acto inmoral constituye justa causa de despido. No obstante, el
Juzgado no explicó por qué portar y exhibir un disfraz en un día de carnaval era
un acto inmoral.
3.2. Así mismo, el
Juzgado señaló que (i) no hubo nexo causal entre el estado de salud del actor y
su despido al ser el primero posterior al segundo; (ii) el juez de tutela no es
competente para calificar si el tutelante actuó de forma inmoral ya que esto es
asunto de la jurisdicción laboral; y (iii) no hubo prueba de un perjuicio
irremediable que ameritara descartar los otros medios de defensa.
4.
Impugnación
En el escrito de
impugnación, el señor Laborde manifestó que Prodeco conocía de su estado de
salud con antelación a su despido. Desde el primero (1) de octubre de dos mil
seis (2006), el actor había sido diagnosticado con sacroileitis
bilateral con cuadro de lumbo-sacralgia de tres (3) años con evolución
progresiva a miembro inferior izquierdo asociado a parestesia del mismo.
5. Sentencia
de segunda instancia
Mediante
sentencia del diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Magdalena, confirmó
la sentencia de primera instancia. La Corporación consideró que (i) la acción
de tutela era improcedente pues no había perjuicio irremediable; (ii) no se
violó el derecho al debido proceso porque se dió cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva; (iii) no se puso
en riesgo el mínimo vital del actor en cuanto este no acreditó la imposibilidad
inmediata de mantener a sus hijos menores; y (iv) existían, para ese entonces,
otros medios de defensa judiciales disponibles.
6. Trámite ante la Corte
Constitucional
6.1.
Mediante Auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013)[20],
la Corte Constitucional le solicitó a Prodeco aportar copia de (i) la historia
laboral del señor Laborde; (ii) la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con
SINTRAMINERGETICA; (iii) la certificación de afiliación del tutelante a dicho
sindicato; iv) el régimen disciplinario aplicable a los trabajadores de la
empresa; e (v) información sobre si se conocía la situación de salud del actor
al momento de su despido. Asimismo, la Corte le pidió al actor aportar copia de
su historia clínica antes de la fecha de terminación de su contrato de trabajo
e informar si había comunicado a su empleador su situación de salud antes de la
terminación del vínculo laboral.
6.2.
En respuesta a la providencia señalada, el día dieciséis (16) de diciembre de dos
mil trece (2013), se recibió (i) copia de la Convención Colectiva del Trabajo;
(ii) certificado de afiliación del señor Laborde a SINTRAMINERGETICA; (iii)
copia del Reglamento Interno de Trabajo; y (iv) copia de la historia laboral
del tutelante. Según este último documento, el actor gozó de dieciséis (16)
días de incapacidad distribuidos en nueve (9) periodos comprendidos entre el diez
(10) de abril de dos mil siete (2007) y el veintitrés (23) de mayo de dos mil
doce (2012).[21]
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
referencia con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el
numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y formulación del problema
jurídico
2.1. En la acción
de tutela de referencia, el actor fue despedido de su lugar de trabajo
por portar y exhibir un disfraz mientras abordaba el transporte de la compañía
de regreso hacia su casa un domingo de carnaval cuando había finalizado su
jornada laboral. Este acto fue considerado inmoral por el empleador y,
consecuentemente, clasificado como una violación a las obligaciones especiales
del trabajador. Dicha decisión fue sustentada en el Reglamento Interno de
Trabajo, según el cual, todo acto de este tipo constituye una falta grave y
justa causa de despido sin previo aviso. Argumentando estar enfermo y sufrir
una afectación al mínimo vital propio y de su familia compuesta por su compañera
permanente, que no labora, y sus hijos menores de cuatro (4) y once (11) años,
respectivamente, el tutelante solicitó su reintegro y el pago de las acreencias
laborales causadas durante el tiempo cesante. No obstante, los jueces de
primera y segunda instancia negaron el amparo solicitado por considerar que la
empresa llevó a cabo un proceso disciplinario adecuado, no existió un perjuicio
irremediable, no hubo un nexo causal entre el despido y el estado de salud del
actor, no se acreditó una afectación al mínimo vital y existían, para ese
entonces, otros medios judiciales de defensa disponibles.
2.2. Teniendo en cuenta los
presupuestos fácticos del caso, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional entrará a resolver la tensión existente entre el derecho al
debido proceso y el poder disciplinario del empleador, dando respuesta al siguiente
problema jurídico:
2.2.1. ¿Viola el derecho
fundamental al debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana una entidad
que despide a un trabajador por exhibir ante sus compañeros de trabajo en el
parqueadero de la compañía una vez terminada su jornada laboral un disfraz que
deja al descubierto sus nalgas, a pesar de que este incidente no generó ningún
daño a la empresa o a un tercero, el actor no actuó con dolo, no tenía
antecedes disciplinarios y llevaba trabajando para dicha compañía más de 15
años?
2.3. Antes de decidir este
problema, la Corte analizará si la acción de tutela objeto de estudio es
procedente. En este sentido, la Sala se detendrá en la procedibilidad del
recurso refiriéndose a la interposición de la acción contra particulares y como
mecanismo subsidiario para solicitar el reintegro a un cargo y evitar un
perjuicio irremediable.
3. Interposición de la acción
de tutela contra particulares – reiteración de jurisprudencia
3.1. La acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial diseñado para proteger de manera inmediata los
derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos
señalados por la Ley.[22]
3.2. De acuerdo con el inciso
final del artículo 86 superior y artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela puede ser interpuesta contra las acciones u omisiones de los particulares
en la medida en que el respeto a los derechos fundamentales no sólo le es
exigible al Estado, sino, también, a todos los ciudadanos.[23] Particularmente, el
numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala que procede la
acción de tutela contra un particular cuando el solicitante se encuentra en una
situación de subordinación respecto a este. Según la jurisprudencia de esta
Corte, en materia laboral, tal subordinación alude a la relación de dependencia jurídica
que existe entre el trabajador y el empleador y, que se manifiesta en la
sujeción del primero a las órdenes y a la dirección del segundo en el
desarrollo de su actividad[24].
3.3. Se entiende que hay subordinación entre el
tutelante y el empleador demandado incluso cuando, con ocasión de la
terminación del contrato de trabajo, la relación no existía para la fecha en
que se interpuso la acción de tutela. Tal interpretación extiende en el tiempo
los efectos de la subordinación para amparar al trabajador frente a un despido
injusto[25].
4.  Interposición de la acción
de tutela como mecanismo subsidiario para solicitar el reintegro laboral y evitar
un perjuicio irremediable – reiteración de jurisprudencia
4.1. La acción de tutela es
procedente si se emplea (i) como mecanismo principal cuando el actor no dispone
de otro medio judicial de defensa; (ii) cuando se interpone como mecanismo
subsidiario ante la existencia de otros medios que resultan inidóneos o
ineficaces, o (iii) como mecanismo subsidiario para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable. En el primer y segundo caso, la protección
constitucional tiene un carácter definitivo, en el tercero, uno transitorio. En
ésta última situación, el accionante adquiere la obligación de acudir
posteriormente a las instancias ordinarias para que allí se desarrolle el
debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su demanda[26].
4.2. Debido a esto, es regla general que la acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral puesto que estas
controversias pueden ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y contenciosa
administrativa, según la naturaleza de la vinculación. Sin embargo, esta
Corporación ha sostenido que dicha acción es procedente cuando se trata de (i) personas
en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física
o mental; o (ii) sujetos de especial protección constitucional que, a raíz de
tal condición, pueden ser acreedores de una estabilidad laboral reforzada.[27]
En ambos eventos, la ineficacia o inidoneidad de los otros medios judiciales de
defensa radica en las cargas procesales y los tiempos que les imponen a
personas que no están en capacidad de soportarlas.
4.3. Ahora bien, independientemente
de que la acción de tutela sea propuesta por una persona en situación de
debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, sólo
será procedente si, como resultado de un perjuicio irremediable, los medios
ordinarios de defensa resultan ineficaces o inidóneos a la luz del caso
concreto. Su análisis y la evaluación del perjuicio irremediable debe realizarse
con el ánimo de preservar la naturaleza de la acción de tutela. Esto es, (i)
evitar que desplace a los mecanismos ordinarios al ser estos
los espacios preferentes para invocar la protección de los derechos
constitucionales[28];
y (ii) garantizar que opere únicamente como el último recurso cuando, en una
circunstancia específica, se requiere suplir los vacíos de defensa que presenta
el orden jurídico para la protección de los derechos fundamentales.[29]
4.4. La determinación de la eficacia e
idoneidad de los recursos ordinarios no debe obedecer a un análisis abstracto y
general[30].
Es competencia del juez constitucional analizar la funcionalidad y eficacia de
tales mecanismos a la luz del caso concreto y de la situación del accionante para
determinar si ellos, realmente, permiten asegurar la protección efectiva
de los derechos constitucionales fundamentales cuyo amparo se pretende.[31]
En relación con la situación del actor, entiéndase, por ejemplo, su edad, su
estado de salud o el de su familia, sus condiciones económicas y la
posibilidad de que para el momento del fallo definitivo por la vía ordinaria,
la decisión del juez sea inoportuna o inocua.[32]
4.5. El perjuicio irremediable,
por su parte, es un daño a un bien que se deteriora irreversiblemente hasta el
punto en que ya no puede ser recuperado en su
integridad[33].
En este sentido, debe (i) ser inminente; (ii) ser grave; (iii) requerir de
medidas urgentes para su supresión; y (iv) demandar la acción de tutela como
una medida impostergable.[34]
4.5.1.
Por inminencia[35],
se ha entendido algo que amenaza o que está por suceder
prontamente.  Esto es, un daño cierto y predecible cuya ocurrencia se
pronostica objetivamente en el corto plazo a partir de evidencia fáctica y que,
por esta razón, justifica la toma de medidas prudentes y oportunas para evitar
su realización. No es, por el contrario, una simple expectativa o hipótesis.
4.5.2. La
urgencia[36],
por su parte, se ha predicado de las medidas precisas que se requieren para
evitar la pronta consumación del perjuicio irremediable y la consecuente
vulneración del derecho cuyo amparo se pretende. Por esta razón, la urgencia
está directamente ligada a la inminencia. La primera hace relación a la
prontitud del evento y la segunda alude a la respuesta célere y concreta que se
requiere.
4.5.3. La
gravedad[37]
se refiere al nivel de intensidad que debe ostentar el daño. Esto es, a la
importancia del bien jurídico tutelado. Esta exigencia busca garantizar que la
amenaza sea motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y
diligente por parte de las autoridades públicas.
4.5.4. Por último,
la impostergabilidad[38]
de la acción de tutela ha sido definido como la consecuencia de la urgencia y
la gravedad bajo el entendido de que su postergabilidad conlleva a su
ineficacia por inoportuna y, consecuentemente, a la vulneración del derecho
fundamental.
4.6. Para demostrar el perjuicio
irremediable, el actor debe indicarle al juez constitucional los hechos que
permiten deducir su pronta ocurrencia. De esta manera, la informalidad
de la acción de tutela no exonera al accionante de probar, aunque sea de manera
sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones[39]
pues no todo daño se convierte, automáticamente, en
irreparable.[40]
4.7. A la hora de determinar si
existe un perjuicio irremediable, el juez de tutela debe ser más flexible
cuando el actor es un sujeto de especial protección constitucional o cuando se
encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta[41]. En desarrollo del derecho fundamental a la igualdad,
el juez de tutela debe ofrecer un tratamiento diferencial positivo y analizar
la constitución del perjuicio irremediable desde
una óptica igual de rigurosa, pero menos estricta pues el actor no puede soportar las cargas y los
tiempos procesales de los medios judiciales ordinarios de defensa de igual
forma que el resto de la sociedad[42].
No obstante, no todos los daños constituyen un perjuicio irremediable por el
simple hecho de tratarse de sujetos de especial protección o personas en circunstancias
de debilidad manifiesta.[43]
4.8. En el
caso concreto, a pesar de la existencia de medios judiciales de defensa
ordinarios para reclamar el reintegro laboral y el pago de acreencias
laborales, la Sala considera que la acción de tutela objeto de revisión es
procedente por (i) tratarse de un tema eminentemente constitucional que
conlleva a la aplicación directa de la Carta Política y, adicionalmente, (ii) por
tratarse de un perjuicio irremediable con ocasión de su despido.
4.9. Respecto
al primer punto, la violación alegada al derecho fundamental al debido proceso
remite al juez de tutela a un debate constitucional. Más allá de los argumentos
que presenta el accionante sobre el incumplimiento de los plazos previstos en
el reglamento de la compañía, el primer problema jurídico se refiere a la
aplicación de un Reglamento Interno de Trabajo que establece un proceso
disciplinario que consagra como causal de despido y falta grave la comisión de
actos inmorales sin determinar de manera clara y precisa el tipo de conductas
prohibidas y sin ofrecer criterios para la evaluación de los comportamientos
respectivos. El caso pone de presente, por un lado, la tensión existente entre
el principio de legalidad y la facultad disciplinaria del empleador y, por el
otro, la consecuente desproporción entre la falta y la sanción.
4.10. La Corte
en ocasiones semejantes, ha resuelto casos anteriores al considerar que existe una diferencia de objeto entre la defensa y exigibilidad por vía
judicial de los derechos laborales de origen puramente legal y la efectividad
de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos son afectados de
manera directa por conductas u omisiones respecto de las cuales no es
suficiente el poder de decisión de los jueces ordinarios a la luz de las leyes
que aplican.[44]
4.11. Dicho
esto, la Sala encuentra que la acción es, adicionalmente, procedente en cuanto Prodeco
es una persona jurídica particular[45]
que celebró[46] y dió por terminado unilateralmente[47] un
contrato de trabajo a término indefinido con el accionante. Si bien finalizó la relación laboral antes de la interposición de
la acción de tutela, se entiende que la subordinación sobrevive hasta la fecha
en virtud de que la supuesta vulneración aconteció con ocasión del despido del
trabajador.
4.12. Así
mismo, la acción es procedente dado que el actor se encuentra en una situación
de debilidad manifiesta por el hecho de ser el jefe de un hogar compuesto por
su compañera permanente y dos (2) hijos menores de cuatro (4) y once (11) años[48],
depender exclusivamente de su salario para vivir, estar desempleado y tener
reducidas expectativas laborales debido a que padece de diabetes mellitus[49],
tiene cincuenta y ocho (58) años[50]
y cuenta con una limitada experiencia profesional circunscrita a la labor que
ha realizado durante cerca de quince (15) años (la de patrón de bote). Teniendo
esto en cuenta, la Sala considera que el señor Laborde enfrentará serias dificultades
para conseguir un nuevo trabajo y, consecuentemente, para
superar su estado de debilidad. Según el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) y el Ministerio del Trabajo, la tasa de desempleo de las
personas mayores de cincuenta y cinco (55) años es menor a aquella de los demás
grupos etários[51].
Su nivel de ingresos promedio es, a la vez, mayor que aquel de personas más
jóvenes[52].
Sin embargo, cuando una persona adulta es despedida, encuentra más obstáculos
para regresar al mercado laboral. Razón por la cual, las personas mayores de cincuenta
y un (51) años permanecen casi el doble de tiempo desempleadas.[53] Como
consecuencia de esto, un mayor número de adultos recurre a la informalidad,
deja de cotizar al Sistema de Seguridad Social y termina por no obtener una
pensión.[54]
4.13. Teniendo
en cuenta lo anterior, el despido del actor de su empleo da inicio a la ocurrencia
de un perjuicio irremediable pues se afecta su mínimo
vital y el de su familia, compuesta por su compañera permanente y sus dos (2)
hijos menores de cuatro (4) y once (11) años. Al no contar con un trabajo u otra
fuente de ingresos, el accionante no podrá solventar sus necesidades diarias y
las de su familia, así como tampoco correr con los gastos necesarios para
tratar su enfermedad. Teniendo en cuenta lo anterior, al señor Laborde le es
considerablemente más gravoso soportar las cargas y los tiempos propios de los
medios ordinarios de defensa judicial pues, para el momento del fallo en la
jurisdicción competente su situación familiar y de salud podrían estar
seriamente afectadas. Por ello, los medios ordinarios devienen en ineficaces,
siéndole constitucionalmente admisible al actor solicitar la toma de medidas
urgentes con el ánimo de regresar al mercado de trabajo mientras el juez laboral
se pronuncia sobre el fondo del problema. La acción de tutela se torna, de esta
manera, en procedente como mecanismo subsidiario y transitorio.[55]
5. El
principio de legalidad y tipicidad como un límite a las facultades
disciplinarias del empleador
5.1. El derecho fundamental al debido proceso debe ser garantizado
y respetado en toda actuación judicial o administrativa sin perjuicio del
carácter público o privado de las partes involucradas[56]. Su
contenido está definido, entre otros, por los principios de legalidad y
tipicidad. El primero de estos ordena que las conductas prohibidas, las
sanciones aplicables, los criterios para su determinación y los procedimientos
previstos para su imposición estén definidos en un instrumento normativo previo
a la comisión de los hechos cuyo juicio se pretende adelantar.[57] El principio de
tipicidad, por su parte, establece que las infracciones, las sanciones
aplicables y la correlación que debe haber entre las unas y las otras deben
estar descritas de forma clara, expresa e inequívoca[58]. Particularmente, este
principio trata sobre el nivel de claridad que debe haber en (i) el grado de
culpabilidad del agente (si actuó con o sin intención); (ii) la gravedad de su
conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o
gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o
máxima según la intensidad del comportamiento).[59]
5.2.
De acuerdo con lo anterior, mientras el primer principio se ocupa del aspecto
formal y temporal (que no haya sanción sin norma anterior), el segundo
establece los parámetros sustanciales mínimos que debe revestir la norma
descrita para evitar la restricción injusta de los derechos del sujeto
disciplinado. Esto es, la posibilidad de ser sancionado por normas tan amplias,
ambiguas u oscuras que le hayan impedido saber si actuaba correcta o
incorrectamente. De esta manera, la interrelación entre estos dos principios
busca[60]
(i) ofrecer seguridad jurídica informando al sujeto sobre las consecuencias de
sus actos antes de que los realice; (ii) homogenizar las decisiones que tome la
autoridad competente restringiendo la arbitrariedad judicial o administrativa
en la amonestación de las prácticas prohibidas; y (iii) asegurar la igualdad de
trato hacia todos aquellos que han incurrido en la misma conducta.
5.3.
Atendiendo las diferencias en la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la finalidad de las sanciones,
los sujetos procesados y los efectos jurídicos que se producen en la comunidad,
el principio de legalidad y, especialmente, el de tipicidad, se desarrollan de
una manera más flexible en materia disciplinaria que penal[61]. Por esta razón,
teniendo en cuenta que el derecho disciplinario carece de completud y
autonomía, se exige menor precisión en la definición de las conductas y,
consecuentemente, se otorga mayor amplitud a quien falla para adelantar el
proceso de adecuación típica de estas (determinar si la norma es o no aplicable
al caso concreto según los hechos probados).[62]
Por último y en relación con la menor precisión, se admite la adopción de
faltas disciplinarias que consagren tipos abiertos o conceptos jurídicos
indeterminados.[63]
5.4. El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace alusión a
aquellas infracciones disciplinarias que, para evitar la trascripción de todas
las obligaciones y prohibiciones de los sujetos disciplinados en las faltas
disciplinarias, hacen una remisión a estas últimas bajo la forma “todo aquel
que incumpla con las obligaciones descritas en A, incurriría en B”[64].
Así, una sanción disciplinaria de tipo abierto es aquella según la cual se
considera como falta la violación de los deberes especiales del trabajador. A
quien falla, por su parte, le corresponde hacer una lectura sistemática del
instrumento normativo integrando en el análisis no sólo la norma que establece
la falta sino, además, las normas complementarias a las que esta alude. Estas
últimas, por su puesto, están igualmente sujetas a los principios de tipicidad
y legalidad y deben, como consecuencia, ofrecer una descripción precisa de los
elementos que contribuyen a determina una falta.
5.5. Dentro de la categoría de “conceptos jurídicos indeterminados”,
por su parte, se incluyen los conceptos de valor o de experiencia que, a pesar
de no contar con un enunciado que defina claramente sus límites, deben poder
ser precisados en el caso concreto a la luz de los valores, los principios y
las reglas de Derecho.[65]
Por esta razón, la aplicación de un concepto indeterminado no puede responder a
una apreciación discrecional de quien falla sino, por el contrario, a la
interpretación respectiva que ofrece la órbita legal y constitucional y que,
consecuentemente, debe llevar a quien toma la decisión a una única y correcta
respuesta.[66]
Como consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha admitido
expresamente que en materia disciplinaria sea válido el uso de conceptos
jurídicos indeterminados, siempre y cuando, la forma típica tenga un
carácter determinable al momento de su aplicación.
5.6.
Para lograr esto, es necesario que en el ordenamiento jurídico, en la Constitución,
en la Ley o en el Reglamento Interno de Trabajo se encuentren los criterios
objetivos que permitan complementar o concretar las normas disciplinarias de
manera razonable y proporcionada.[67]
De lo contrario, esto es, si el concepto es a tal punto abierto que no puede
ser concretado en forma razonable, se desconocerá el principio de legalidad pues
la definición del comportamiento prohibido quedará abandonada a la
discrecionalidad de quien juzga violando consecuentemente el derecho
fundamental al debido proceso.[68]
5.7.
En sede de control abstracto, la Corte Constitucional ha señalando
reiteradamente la inconstitucionalidad del uso de conceptos jurídicos
indeterminados del tipo “acto inmoral” o “buenas costumbres” en materia
disciplinaria cuando no son acompañados de una descripción detallada, clara y
precisa de la conducta prohibida, o de criterios o métodos objetivos de
interpretación que permitan determinar cuáles comportamientos constituyen
faltas disciplinarias.
5.8.
En la Sentencia C-431 de 2004[69]
esta Corporación declaró la inconstitucionalidad de varios apartes de la Ley
836 de 2003 por medio de la cual se expidió el Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Militares. Particularmente, al referirse al numeral 10º del artículo 58
y al numeral 1º del artículo 59 de dicho reglamento (que clasificaban como
falta gravísima y como falta grave, respectivamente, “observar conducta
depravada” y desarrollar “actos contra la moral o las buenas costumbres
dentro de cualquier establecimiento militar”), la Corte declaró
inexequibles las expresiones descritas por considerar que eran demasiado
imprecisas al no indicar cuáles actos concretos eran sancionables. Situación
que se prestaba para la arbitrariedad de quien juzgaba la conducta.[70]
5.9. Al resolver
una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 842 de 2004, mediante la cual
se modificó la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adoptó el Código de
Ética Profesional y se dictaron otras disposiciones, la Corte declaró la
inexequibilidad del literal e) del artículo 32 mediante el cual se prohibía a
todos los profesionales ejecutar en el lugar donde ejerciesen su profesión “actos
que atenten contra la moral y las buenas costumbres”. A través de la Sentencia
C-570 de 2004[71],
la Corte consideró que las normas acusadas excedieron el grado de
indeterminación aceptable constitucionalmente pues describieron conductas
sancionables por medio de conceptos imprecisos que le permitían al juzgador
llenarlos de contenido de manera subjetiva.[72]
5.10. Finalmente, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 9º
del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el
Código Disciplinario Único y se estableció como prohibición para todo servidor
público “ejecutar
en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas
costumbres”, la Corte
declaró la inexequibilidad de dicha norma por utilizar los conceptos jurídicos
indeterminables de “moral” y “buenas costumbres”.
5.11. A través de la Sentencia C-350 de 2009,[73]
la Corte consideró que, a pesar de la importancia constitucional del concepto
de “moralidad pública”, las expresiones “moral” y “buenas costumbres” en un
régimen disciplinario (i) violaban el principio de legalidad y tipicidad y
afectaban la seguridad jurídica de los servidores públicos como resultado de su
vaguedad y ambigüedad; y (ii) no se relacionaban directamente con el ejercicio
de las funciones de dichos trabajadores.[74]
5.12. En
este último pronunciamiento, la Corte reiteró su línea jurisprudencial sobre la
aplicación restringida de la “moral social”. Esta se refiere a un conjunto puntual de valores que una sociedad específica defiende
unánimemente para facilitar la convivencia pacífica entre morales individuales
distintas.[75]
Consiste, por ende, en “el mantenimiento  de
una conducta, no ya solamente individual, inmanente, sino colectiva, que se
ajuste a ciertos principios éticos y a lo que esa sociedad considera deben ser
reglas de conducta que conduzcan a una convivencia armónica, al mutuo respeto
entre los asociados y, en última instancia, al logro de la paz tanto a nivel
interno como a nivel colectivo”.[76]
De esta manera, la moral social evita que cada individuo, en un mal
entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ejerza
su absoluta voluntad en contravía de los intereses comunes y de terceros.[77]
Debido a esto, la Corte ha desechado la adopción jurídica de sistemas morales
particulares, pero “ha convalidado en cambio la noción de “moral social”,
como criterio al cual puede acudir el juez constitucional para determinar la
conformidad con la Carta de las normas que persiguen la defensa de  un
principio de moralidad”.[78]
5.13. A este respecto, esta Corporación precisó que “no
puede el juez constitucional olvidar que muchas veces las razones de tipo
moral, aunque están de acuerdo con la opinión preeminente en algún momento,
pueden vulnerar el derecho a la autonomía de los sujetos cuyo plan de vida no
está en consonancia con los proyectos vitales aceptados por la generalidad de
los ciudadanos”.[79]
5.14. La moral social puede restringir el libre desarrollo de la
personalidad únicamente cuando resulta racionalmente necesaria para “armonizar
proyectos individuales de vida que, pese a ser absolutamente contradictorios,
resultan compatibles con una democracia constitucional”.[80]  La
Constitución expresamente señala que los derechos de los demás y el orden
jurídico limitan el goce de los derechos individuales. En tales condiciones, no
puede negarse a la autoridad competente la atribución de dictar reglas
necesarias a fin de preservar el orden público o la convivencia, uno de cuyos
componentes esenciales es, precisamente, la moral social.[81] No obstante,
esto no quiere decir que cualquier regla moral sirva para tales efectos o que
toda restricción resulte constitucionalmente legítima. Es esencial definir el
alcance de cada uno de los términos y realizar tantas distinciones como resulte
necesario para no originar atropellos inmensos en contra del libre desarrollo
de la personalidad de personas que, en ejercicio de su autonomía, no comparten
los principios de la mayoría.[82]
Debido a esto, el concepto de moral social utilizado de manera abstracta (esto
es, sin ser concretado previamente en comportamientos aceptados y prohibidos), no
puede ser empleado para exigirle a un individuo un comportamiento específico,
así como tampoco para reprender su comportamiento. Sobre este punto, la Corte
se pronunció en la Sentencia C-404 de 2008[83]
al señalar que:
“En el contexto de la sociedad plural y multicultural, la
preferencia por la libertad - y esto es fundamental - no puede sucumbir ante
una visión que sólo se sustente en el prejuicio, la ignorancia, la simple
preferencia generalizada o el mero dictado de una religión o cosmogonía que no
pueda ser extendido a los no creyentes. Igualmente, el costo de imponer o
mantener la moralidad pública no puede traducirse en la instrumentalización de
ninguna persona ni en su pérdida de dignidad y autoestima”.
5.15. Por esta razón, a pesar de que la “moral social” es un
concepto jurídico indeterminado con un mayor grado de concreción y desarrollo
que la “moral” a secas o las “buenas costumbres”, es igualmente inadmisible en
un régimen disciplinario[84].
Aunque su contenido es menos impreciso, su aplicación en un caso concreto
permite la arbitrariedad pues puede ser entendido y utilizado de distintas
maneras.[85]
Hecho que, por las razones expuestas, atenta contra el debido proceso.
5.16.
Ahora bien, en sede de tutela, esta Corporación ha resulto dos (2) casos en
donde se han utilizado, equívocamente, conceptos jurídicos indeterminados en
Reglamentos Internos de Trabajo. En el primero, cuestionó la admisibilidad de dichos
conceptos. En el segundo, reparó sobre la ligereza del empleador cuando este
aplicó un reglamento sin observar el objetivo ulterior de este instrumento, el
impacto de la conducta que pretendía sancionar y el contexto en el cual se
cometió.
5.17.
En la Sentencia T-768 de 2008,[86]
la Corte se ocupó del caso de un trabajador de un banco que fue despedido por
besar apasionadamente a una compañera de trabajo en las instalaciones de la
empresa y por haber actuado, consecuentemente, en contra del Reglamento Interno
de Trabajo, que consideraba una falta disciplinaria la realización de actos
inmorales. A pesar de que en dicha sentencia la Corte decidió no tutelar el
derecho al debido proceso por considerar que el trabajador había incurrido en
faltas adicionales (como haber puesto en riesgo la seguridad del banco al haber
bloqueado reiteradamente las cámaras de vigilancia para besar a su compañera),
ordenó modificar el Reglamento Interno de Trabajo por contener la expresión
“actos inmorales”. Esto en cuanto dicha expresión revestía un nivel de vaguedad
y amplitud inadmisible constitucionalmente pues permitía, como sucedió en dicho
caso, la interpretación y aplicación arbitraria del régimen. A este respecto,
señaló la Corte:
“la expresión acto inmoral o conducta inmoral es
muy amplia y vaga adoleciendo de indeterminación y vulnerando de tal
manera el principio de tipicidad. En efecto, no se consagra la determinación
concreta de los comportamientos inmorales que pueden ser objeto de
una justa causa de terminación del contrato por parte del banco, o los
criterios objetivos para su determinación, permitiendo abarcar una gran
cantidad y diversa de conductas o actos, que apreciables de manera subjetiva
por el banco, pueden dar lugar a que se consideren inmorales con el fin de dar
por terminada unilateralmente la relación laboral con justa causa, como
aconteció en el caso concreto, en el que se consideró acto inmoral el besar
apasionadamente a una compañera de trabajo, acto que por sí solo en las
relaciones personales no tiene dicha connotación y menos con el alcance de ser
el motivo para la terminación unilateral de la relación laboral.
(…)
Por lo tanto, si bien no se accederá a la tutela en el
presente caso, la Corte ordenará al Banco Popular que corrija el
Reglamento Interno de Trabajo en el sentido de determinar con claridad cuál es
la conducta que da lugar a terminación unilateral del contrato de trabajo, con
justa causa, por parte del banco. Lo anterior en el entendido de que de los
trabajadores deben poder saber previamente cuáles son las características esenciales
del comportamiento que será objeto de la terminación unilateral del contrato de
trabajo con justa causa”[87].
5.18. Por último, la Corte ha resuelto casos análogos a aquellos de
la órbita disciplinaria señalando la inadmisibilidad constitucional de Manuales
de Convivencia de instituciones educativas cuando estos consagran el concepto
de “moral” en sus faltas disciplinarias. Si bien este campo ostenta sus diferencias
con el laboral, el análisis efectuado en sede de tutela resulta aplicable al
caso concreto.
5.19. En la Sentencia T-917 de 2006,[88] esta
Corporación se ocupó de un caso donde varios jóvenes, en el marco de un paseo
escolar, desnudaron a un compañero sosteniéndolo de los pies y haciéndole
cosquillas para finalmente arrojarle uvas sobre el trasero y pisárselas. Los
estudiantes fueron sancionados con la cancelación de su matrícula y su consecuente
no renovación por haber cometido un acto contra la moral cristiana y las buenas
costumbres, entre otros. La Corte decidió conceder el amparo solicitado
revocando las sentencias de tutela que confirmaban la decisión tomada por el
plantel educativo para, posteriormente, autorizar el ingreso de los estudiantes
a la entidad y ordenar la corrección del Manual de Convivencia con el ánimo de
especificar las conductas prohibidas. A este respecto, esta Corporación se
pronunció de la siguiente manera:
“La falta remite a dos conceptos: la “moral cristiana” o “moral” y
las “buenas costumbres”. Los dos, son conceptos amplios que pueden abarcar
cualquier cantidad y diversidad de conductas y que no encuentran, de manera
autónoma, un parámetro objetivo para su determinación en el propio Manual de
Convivencia. Así, para que la conducta sancionada hubiera podido ser
previamente determinable ésta debía haber sido acompañada de los correlativos
deberes incumplidos y consagrados en el Manual de Convivencia.
Así mismo, la Sala encuentra que aún cuando la conducta imputada
hubiere sido la que contempla el Manual de Convivencia “todo acto contra la
moral y las buenas costumbres” ésta tampoco cumple con un grado de
determinación suficiente ya que de la misma o de la remisión a unos deberes
específicos predeterminados, no se puede establecer cuál es la conducta
prohibida”.
6. La culpabilidad del actor, la graduación de la falta y la
proporcionalidad de la sanción en materia disciplinaria
6.1. De acuerdo
con las similitudes que existen entre el derecho penal y el derecho disciplinario,
a este último le resultan aplicables los principios de culpabilidad, graduación
y proporcionalidad. Independientemente de la naturaleza pública o privada de la
autoridad encargada de ejercer la potestad sancionadora, ésta debe observar (i)
el tipo de falta cometida, particularmente, si es leve, grave o gravísima; (ii)
si el sujeto que está siendo disciplinado actuó con dolo o con culpa; (iii) si
con su comportamiento tenía la intención de incumplir los deberes a él exigibles
o si, por el contrario, no era éste su propósito, y (iv) la correspondencia
entre la gravedad del hecho cometido y la severidad del castigo impuesto.
6.2. Particularmente,
el segundo y tercer punto (culpabilidad y proporcionalidad), están
estrechamente ligados. Estando proscrita todo tipo de responsabilidad objetiva,
y debiendo haber una coherencia entre la reacción y la falta cometida,
en el momento de la determinación de la sanción “la culpabilidad se
constituye en un límite que impide que la gravedad de la sanción supere la del
hecho cometido; siendo, por tanto, función primordial de la culpabilidad
limitar la responsabilidad”.[89]
En esta medida, no es jurídicamente admisible imponer una sanción mayor a
la que correspondería buscando un efecto ejemplificador. Una sanción
proporcionada no puede ser aquella que castigue con la máxima pena posible una
falta cometida de manera imprudente, pues el reproche no puede ser el mismo de quien
actúa de manera dolosa y verdaderamente busca infringir la norma de conducta.
6.3. En un sentido similar, la
Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en sede de control
abstracto. En la Sentencia C-285 de 1997[90],
al ocuparse de una demanda contra la Ley 295 de 1996, por medio de la cual se desarrolló el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictaron normas para prevenir, remediar y sancionar
la violencia intrafamiliar, la Corte analizó la creación de dos tipos penales
(violencia intrafamiliar y violencia sexual entre cónyuges) y declaró
únicamente la exequibilidad del primero. Esto por considerar que cuando el
segundo castigaba de la misma forma la violencia sexual desplegada contra un
miembro de la familia, que contra un desconocido, lesionaba el principio de
proporcionalidad por resultar de mayor gravedad el agravio a la libertad sexual
a una persona que, habiendo sido afectada, puede acabar el vínculo familiar. A
este respecto, la Corte indicó que “en un Estado de Derecho el poder punitivo tiene unos
límites dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la
graduación, en abstracto y en concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo
con la gravedad del injusto, y el grado de culpabilidad”.
6.4. Por otro lado, en la Sentencia
C-708 de 1999[91],
al ocuparse de una demanda contra la Ley 200 de 1995, por medio del cual se
expidió el Código Disciplinario Único, la Corte declaró la exequibilidad del
artículo 27 que incluía dentro los criterios para determinar la gravedad o
levedad de la falta el grado de culpabilidad, el grado de perturbación del
servicio, los motivos determinantes y las modalidades o circunstancias en las
que se cometió la falta, entre muchas otras. A este respecto, esta Corporación
señaló que una vez graduada la falta entre gravísima, grave y leve, el fallador
debe atenerse a los límites dados por el principio de proporcionalidad, en
virtud del cual, un juicio de responsabilidad, bien en materia penal o
disciplinaria, no es completo sin el de la culpabilidad pertinente a cargo de
la respectiva autoridad pública o privada. De esta forma, indicó que“nuestro ordenamiento superior, optó por
la presunción de inocencia del enjuiciado por la comisión de un hecho punible,
hasta tanto sea declarado judicialmente culpable (C.P., art. 29). Lo anterior
parte de la necesaria demostración de una responsabilidad subjetiva en la
actuación investigada, y aplicable en idénticos términos al juicio
disciplinario en donde el fallador deberá adoptar una decisión atado a ese
grado de culpabilidad del disciplinado”.
6.5. Igualmente,
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se ocupó de una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Policía Nacional
por uno de sus miembros que había sido destituido e inhabilitado por diez (10)
años por haber abandonado momentáneamente su puesto de trabajo cuando se dispuso
a pagar los servicios públicos de su casa en un banco cercano. La entidad demandada
sancionó al accionante a pesar de que este prestaba sus servicios a la
institución desde hace más de diecinueve (19) años, no tenía ningún antecedente
en su hoja de vida y gozaba de varias distinciones y reconocimientos. Razón por
la cual, el Tribunal consideró que la entidad demandada había pasado por alto
el reducido grado de culpabilidad del actor y, consecuentemente, había impuesto
una sanción desproporcional al optar por el castigo más severo. Teniendo en
cuenta que “a) el actor no actuó con el ánimo de incurrir en la falta
disciplinaria ni de afectar el servicio, sino movido por la urgencia en la que
se encontraba por el posible corte de los servicios públicos; b) que el Banco
se encontraba a menos de un kilómetro del sitio de facción; c) que la
diligencia tardó aproximadamente 5 minutos; (…) y e) la trayectoria, hoja de
vida y tiempo de servicios del señor (…)”[92].
La Corporación consideró que el demandante no actuó con dolo, sino con culpa
grave por inobservar el cuidado necesario que cualquier persona del común debe
imprimir a sus actuaciones. Razón por la cual, declaró la nulidad de los fallos
disciplinarios y ordenó el reintegro del actor.
6.6. Se sostuvo en el fallo que
la sanción proporcional a la culpabilidad, es la única sanción útil.[93] Esto es, que
cualquier valoración que no sea seria, conjunta, razonada y ponderada conduce a
una inadecuada determinación de la forma de culpabilidad y, en consecuencia, a
una sanción desproporcionada y lesiva del derecho fundamental al debido
proceso. La culpabilidad, por su parte, debe ser entendida como un concepto
dual en donde el contexto en el que se cometió la falta es de vital importancia
pues integra un carácter individual y social en la medida en que el sujeto es
responsable en un contexto histórico concreto, en una organización social determinada
y en función de una gama de condiciones de diverso orden que inciden en su
comportamiento como sujeto individualmente considerado.
6.7. En la Sentencia
T-657 de 2009[94]
la Corte resolvió un caso de un trabajador que fue suspendido de su cargo por
haber leído y repartido un documento sindical dentro de su jornada laboral y
haber contrariado, de esta forma, el reglamento interno; instrumento según el
cuál su conducta constituía una falta disciplinaria “suspender labores
para tratar asuntos ajenos al trabajo, perder tiempo o conversar frecuentemente
en horas de trabajo”, así como “distribuir periódicos, hojas, volantes,
circulares, o exhibir afiches o carteleras no ordenadas o autorizadas por la
empresa dentro de las instalaciones”. En dicha oportunidad, la Corte
concedió el amparo de los derechos alegados al considerar que la potestad
disciplinaria del empleador no podía desconocer el debido proceso. Más
concretamente, esta Corporación señaló la importancia de que las normas
disciplinarias propias de los reglamentos internos de trabajo (i) incluyan
una determinación clara y precisa de las conductas susceptibles de ser
sancionadas; (ii)
sean interpretadas a la luz del objetivo ulterior de todo reglamento de
trabajo, a saber, preservar las condiciones necesarias para el buen
funcionamiento de la empresa y no, únicamente, a partir de su tenor literal; y
(iii) sean aplicadas teniendo en cuenta el verdadero impacto de la conducta del trabajador sobre la
actividad que desarrolla y el contexto y las circunstancias en las cuales se
cometió la falta que se pretende sancionar. De esta forma, señaló la Corte:
“Es
claro que para la aplicación de las sanciones previstas en los reglamentos de
trabajo es preciso respetar el debido proceso, lo cual implica no sólo
ajustarse a los procedimientos que se hayan contemplado para el efecto, sino
que, además, exige una determinación clara y precisa de las conductas
susceptibles de ser sancionadas, al punto que se desconoce el principio de
legalidad de las infracciones y de las penas, que hace parte de la garantía del
debido proceso establecida en el artículo 29 de la Constitución, cuando en los
reglamentos se incluyen como punibles conductas altamente indeterminadas y no
se prevén mecanismos que permitan a sus destinatarios conocer de antemano el
alcance de esas conductas que se consideran  transgresoras del reglamento
y constitutivas de falta disciplinaria.
(…)
Así,
por ejemplo, de acuerdo con el numeral
5º del artículo 76 del Reglamento Interno de Trabajo, está prohibido a los
trabajadores “… suspender labores para tratar asuntos ajenos al trabajo,
perder tiempo o conversar frecuentemente en horas de trabajo …”.  A la luz
de ese texto, resultaría evidente que, como se afirma por la empresa en su
escrito de impugnación de la decisión de primera instancia, si los
trabajadores, en cualquier momento, suspenden o cesan sus actividades laborales
dentro de su turno de trabajo, para dedicarse a la libre expresión y a la
difusión de las opiniones del sindicato al que pertenecen, se generaría un caos
en la empresa, que afectaría su cometido propio e incluso los derechos de las
personas ajenas a la actividad sindical.
No obstante lo anterior, para la Corte también
resulta evidente, que la situación descrita por la empresa incorpora algunos
elementos valorativos que no se tuvieron en cuenta en el momento de imponer la
sanción al accionante. Así, en primer lugar, hay una dimensión temporal que
resulta relevante y que tiene varias manifestaciones puesto que tiene que ver
con la frecuencia, la duración y la oportunidad de las actividades,
circunstancia que está expresamente prevista en la norma cuando alude, por ejemplo,
al hecho de “conversar frecuentemente”. Es evidente, en este último caso,
que no está proscrita toda forma de comunicación entre los trabajadores durante
los turnos de trabajo, sino que para que haya una infracción del reglamento, se
requiere que ésta sea frecuente, de manera que se afecte la adecuada marcha de
las actividades empresariales. En segundo lugar, como se desprende de lo
expresado, también es necesario valorar el impacto de la conducta sobre la
actividad que debe desarrollar el empleado. Dos trabajadores que, sin suspender
la labor que les ha sido encomendada, intercambian, de manera habitual
comentarios ligeros, que no afectan el desempeño de su actividad, no se
encontrarían en la hipótesis de la norma, pese a que, de acuerdo con su tenor
literal, la falta se configura por el sólo hecho de conversar frecuentemente en
horas de trabajo.
(…)
También
resulta problemática para la Sala la ausencia en el reglamento de una instancia
que permita avanzar en un adecuado entendimiento de los aspectos que puedan
resultar ambiguos o indeterminados en sus disposiciones. Así por ejemplo, la
prohibición de perder tiempo o de hacer llamadas telefónicas no autorizadas,
según el contexto de la función y el nivel del empleado pueden dar lugar a muy
distintas interpretaciones.
Para
ello resultaría útil la pedagogía de la amonestación, que no está prevista en
el reglamento de la empresa para este tipo de conductas, puesto que la potestad
disciplinaria, aunque prerrogativa del empleador, implica también un
espacio de dialogo que permita, frente a cláusulas abiertas e indeterminadas,
decantar unos contenidos en torno a los cuales, tanto empleador como empleados,
coincidan en que traspasan el límite entre lo que está permitido o resulta
admisible y aquello que se considera falta disciplinaria”.[95]
7. Resolución del caso concreto
7.1. En el caso concreto, Prodeco despidió al tutelante por
haber exhibido un disfraz en el parqueadero de la empresa después de finalizar
su turno de trabajo y mientras abordaba el bus de regreso hacia su casa un
domingo de carnaval. A partir de estos hechos, el empleador consideró que el
trabajador cometió “un acto inmoral” al dejar al descubierto sus nalgas y,
consecuentemente, violó sus obligaciones especiales, cometió una falta grave e
incurrió en una causal de despido con justa causa. El despido se produjo después
de un proceso disciplinario en el que el trabajador rindió descargos en
compañía de dos (2) representantes sindicales al 8º día hábil de ocurrida la
falta, pues por problemas de salud acreditados, no pudo hacerlo cuando fue
citado días antes en el plazo reglamentario. La decisión disciplinaria, por su
parte, fue notificada y motivada por escrito al tercer día hábil después de la
audiencia descrita.
7.2.
La decisión de despido se tomó con base en el régimen
disciplinario de la compañía, el cual hace parte de su Reglamento Interno de
Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo pactada con SINTRAMINERGÉTICA
mediante laudo arbitral, la cual tenía vigencia hasta el veintiséis (26) de
noviembre del dos mil ocho (2008).[96]
El reglamento incluye en su artículo 14, 15 y 67 el concepto jurídico
indeterminado de moral.
7.3.
Según el literal f) del numeral 1º del artículo 14 del Reglamento Interno de
Trabajo, la empresa podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo, sin previo aviso, cuando el trabajador realice cualquier “acto
inmoral o delictuoso (…) en el establecimiento o lugar de trabajo o
fuera de éste en el desempeño de sus laborales”[97]. Esta disposición se
encuentra reiterada en el literal g) del artículo 15 del mismo instrumento,
donde se considerada falta grave y justa causa de despido: […] “si el
trabajador ejecutare algún acto inmoral o cualesquiera otro hecho que demuestre
falta de probidad u honradez […]”[98].
Por último, según el literal c) del artículo 67 del
reglamento, es una obligación del trabajador “guardar
rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros”.[99]
7.4.
La Convención Colectiva, por su parte, establece una escala de sanciones sin
especificar el tipo de faltas a las que se aplica. Según esta, “en caso de
que la determinación sea la aplicación de una sanción disciplinaria, LA EMPRESA
(…) aplicará la siguiente escala de sanciones: 1. Primer falta, llamado de
atención. 2. Segunda falta, suspensión de 1 día. 3. Tercera falta, suspensión
de 2 días. 4. Cuarta falta, suspensión de 3 días. 5. Quinta falta, suspensión
de 8 días. 6. Faltas superior a la quinta vez hasta por 30 días de suspensión”[100].
7.5.
Mediante la acción de tutela, el actor manifestó su inconformidad con dicha
decisión aduciendo una violación a su derecho fundamental al debido proceso. A
su juicio, Prodeco (i) no tuvo en cuenta los plazos que estableció la
Convención Colectiva de Trabajo en relación con los procesos disciplinarios, a
saber, la realización de la rendición de descargos “durante los 6 días
hábiles siguientes de conocida la falta”[101]
pues, según entendió el actor, este no podía ser citado inmediatamente durante
esta franja de tiempo, sino sólo hasta el sexto y último día; (ii) aplicó
una sanción desproporcionada desconociendo que nunca había incurrido en una
falta disciplinaria durante sus quince (15) años de servicio a la compañía;
(iii) desconoció, seguidamente, la escala de sanciones prevista en la
Convención Colectiva de Trabajo y, según la cual, la primer falta disciplinaria
debía ser castigada con un llamado de atención[102], y (iv) pasó por alto
su deteriorado estado de salud en conjunto con la estabilidad reforzada que lo amparaba
por su situación, despidiéndolo sin obtener ni tramitar autorización previa
ante el Ministerio del Trabajo.
7.6.
De la lectura del reglamento de la empresa, puede colegirse que, en efecto, en
este se entiende de manera explícita que la comisión de actos inmorales es una
falta grave y una causal de despido, pero no se precisan, desarrollan o clasifican
las conductas inmorales específicas que están prohibidas, ni tampoco se ofrecen
criterios para determinarlas. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la
Corte, en el acápite quinto de esta providencia, el término “moral” es un
concepto jurídico excesivamente indeterminado que lesiona la seguridad jurídica
y el principio de legalidad y tipicidad cuando es empleado en materia
disciplinaria sin mayores precisiones sobre las conductas prohibidas.[103] De
esta manera, este concepto se presta para la interpretación subjetiva del
empleador, por una parte, y le impide al trabajador prever qué tipo de
comportamientos están prohibidos y pueden ser sancionados, por la otra.
7.7.
El Código Sustantivo del Trabajo, igualmente, incluye normas que, sin ofrecer
un mayor desarrollo del término, sancionan con despido la comisión de actos
inmorales[104].
En este mismo sentido, se inscribe la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, el artículo 62 y 63 del
actual Código Sustantivo del Trabajo[105],
“consagra el acto inmoral como justa causa de despido en forma independiente
de la violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que
incumben al trabajador y que se encuentran descritas en los reglamentos,
contratos, convenciones y otros documentos de estirpe rigurosamente laboral, lo
cual permite concluir que algunos actos, pese a no estar expresamente prohibidos,
pueden constituir justa causa de despido si configuran un acto inmoral (…)”[106].
7.8. Esta lectura de la
legislación laboral debe ser armonizada con la Constitución de 1991 y los
principios que rigen el derecho fundamental al debido proceso por ser de rango superior
y posterior.[107]
7.9. En sede de tutela, la Corte
ha hecho afirmaciones relacionadas estrictamente con el numeral 5º de los
artículos 62 y 63 del Código de Trabajo. Sobre este aspecto, es necesario recordar
la ya citada Sentencia T-768 de 2008[108]
en donde la Corporación, al conocer del despido de un trabajador que besó
apasionadamente a una compañera de trabajo, señaló que “la
expresión acto inmoral o conducta inmoral es muy amplia y
vaga adoleciendo de indeterminación y vulnerando de tal manera el
principio de tipicidad” y ordenó la modificación
del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa demandada.
7.10.
Ahora bien, en cuanto a la resolución del problema jurídico, observa la Sala
que la violación concreta a la que este se refiere (la trasgresión del debido
proceso con ocasión del despido del actor) es resultado del comportamiento del
empleador, el cual se basó en (i) el reglamento descrito que vulnera el
principio de legalidad y tipicidad pues en el caso concreto ejemplifica la aplicación
de una norma disciplinaria excesivamente indeterminada, y (ii) la imposición de
una sanción desproporcionada que desconoció el grado de culpabilidad del actor,
el contexto en el que se cometió la falta, el efecto que tuvo y la hoja de vida
y trayectoria del actor, quien no había recibido en quince (15) años de trabajo
ni una llamada de atención.
7.11.
La indeterminación del tipo sancionatorio le impidió al actor prever que su
comportamiento podía ser juzgado a la luz de la falta referida. Teniendo en
cuenta el contexto en el que esta se cometió, la intención con la que se
practicó, el impacto de la conducta y el fin ulterior del régimen disciplinario,
el tutelante no podía anticipar que iba a violar el Reglamento Interno de
Trabajo si exhibía un disfraz que dejara al descubierto sus nalgas. Los hechos
ocurrieron un domingo de carnaval en el parqueadero de la empresa después de que
finalizó el turno de trabajo y frente a un grupo de adultos que celebraron el
comportamiento del accionante entendiéndole como una broma. De esta manera, el
incidente (i) no obstaculizó el correcto desarrollo de sus propias funciones,
así como tampoco el de sus compañeros pues todos habían terminado de trabajar y
se disponían a regresar hacia sus casas; (ii) no buscó ni logró incitar al
desorden; (iii) no obstaculizó las actividades comerciales de la compañía ni le
ocasionó perjuicio alguno teniendo en cuenta que esta no reportó eventos
similares o efectos negativos del comportamiento del accionante en otros
trabajadores o en terceros, y (iv) no desconoció el fin último del Reglamento
Interno de Trabajo (garantizar el buen desarrollo de la empresa y de sus
trabajadores[109])
pues en nada contribuyó a preservar o impedir el deterioro de las buenas
relaciones laborales entre los trabajadores.
7.12.
De los anteriores hechos se infiere que el autor no actuó con dolo. Por el
contrario, si bien fue imprudente al hacer una broma por fuera del horario
laboral en vísperas de una festividad local, se le impuso como respuesta la
máxima sanción disponible como reproche a un comportamiento que objetiva y
subjetivamente no ostentaba la tal gravedad. Con este proceder se desconoció,
por ende, el principio de culpabilidad que hace parte del derecho disciplinario
y que implica que la causa del reproche y el castigo sean proporcionales. Según
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, mencionada
en el acápite sexto de esta providencia, no es jurídicamente admisible imponer
una sanción mayor a la que correspondería buscando un efecto ejemplificador. Una
sanción proporcionada no puede ser aquella que castigue con la máxima pena
posible una falta cometida de manera imprudente, pues el reproche no puede ser
el mismo para quien actúa de manera dolosa y verdaderamente busca infringir la
norma de conducta, que para quien no sabía y no quería incurrir en ella.[110]
7.13.
Adicionalmente, la empresa ignoró que el trabajador llevaba más de quince (15)
años de servicio en la compañía sin tener sanciones en su historial. Situación
que hace más gravosa la imposición de una falta tan drástica, como lo es el
despido, pues el señor Laborde nunca antes había incumplido con sus deberes. Así
mismo, la empresa no explicó por qué no era aplicable la escala de sanciones
prevista en la Convención Colectiva pactada con SINTRAMINERGÉTICA.[111] De
esta manera, además de contrariar el principio de legalidad y tipicidad con un
tipo disciplinario excesivamente abierto e impreciso, el despido del accionante
resulta ostensiblemente desproporcionado y, consecuentemente, lesivo de su
derecho al debido proceso pues, no teniendo su comportamiento ninguna
repercusión perceptible sobre la imagen, el funcionamiento o el éxito de la
empresa, fue despojado de su trabajo y de su única fuente de ingresos después
de muchos años de servicio, teniendo cincuenta y ocho (58) años,[112] siendo responsable de una familia a su cargo compuesta por
su compañera permanente, que no labora, y sus dos hijos menores de cuatro (4) y
once (11) años, y debiendo atender los gastos que requiere una diabetes
mellitus.
7.14.
En un sentido similar, la desproporcionalidad de la sanción encuentra asidero,
además, en el hecho de que el empleador no se pronunció sobre la existencia de
tres (3) atenuantes. De acuerdo con el artículo 93 del Reglamento Interno de
Trabajo de Prodeco, toda sanción disciplinaria debe ser establecida con una
mayor ponderación si el trabajador (i) observó una buena conducta antes de los
hechos; (ii) no registraba faltas cometidas en los últimos doce (12) meses, y
(iii) no faltó al trabajo por ninguna causa, excepto por vacaciones, en los
últimos doce (12) meses. De la historia laboral del actor se infiere que este
observó una buena conducta antes de los hechos, no cometió faltas
disciplinarias durante los últimos doce (12) meses y se ausentó del trabajo en
dicho periodo únicamente en cuatro (4) ocasiones por un total de cuatro (4)
días con previa autorización de la empresa.[113]
Sin embargo, a pesar de la concurrencia de estos tres (3) elementos, el
empleador no hizo ninguna referencia al respecto en la audiencia de descargos,
en la carta de despido o en el escrito de contestación.
7.15.
A la luz de las consideraciones expuestas, una conducta como la que fue objeto
del proceso disciplinario que ocupa  la Sala, debió haber sido analizada
teniendo en cuenta la racionalidad y proporcionalidad que deben orientar todo
reproche a un acto que se considere inadecuado. El hecho de disfrazarse en el
parqueadero de la empresa un domingo de carnaval al final del turno de trabajo
(que como ya se expresó), no tuvo repercusiones en el correcto comportamiento
de los demás trabajadores o en el adecuado funcionamiento de la compañía.[114] Según
la jurisprudencia de esta Corporación, existe una estrecha relación entre la libertad individual y la dignidad humana que se concreta en la
posibilidad que tiene cada persona de elegir su propio destino, siempre y cuando
no incida directamente en la órbita de los derechos ajenos.[115] Por
consiguiente, teniendo en cuenta que el señor Laborde no lesionó con su
comportamiento los intereses de otras personas naturales o jurídicas, encuentra
la Corte que Prodeco sancionó sus actos a la luz de una visión moral indefinida
e imprevisible.
7.16. En resumen, la Corte
encuentra que el despido del señor Laborde lesionó su derecho fundamental al
debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana por ser arbitrario y
desproporcionado. Este hecho fue consecuencia de la aplicación del Reglamento
Interno de Trabajo de la compañía sin observar atentamente los elementos de
culpabilidad, y proporcionalidad que caracterizan a la función disciplinaria.
7.17.
En cuanto a las órdenes a impartir, esta Corporación ha señalado que, en
relación con el reintegro laboral, “el juez de tutela está habilitado para
conceder la protección de manera definitiva, si por la gravedad de las
circunstancias del caso resulta inoperante asistir al debate ante la
jurisdicción laboral, o transitoria, cuando el asunto objeto de discusión puede
ser discutido en última instancia ante la jurisdicción laboral”[116].
Teniendo en cuenta que la violación detectada en la presente sentencia se relaciona,
principalmente, con una falta al debido proceso como consecuencia del diseño y
la aplicación desproporcionada y arbitraria de un Reglamento Interno de
Trabajo, la Sala, tutelará el derecho al trabajo del actor, ordenará para ese
efecto su reintegro de manera transitoria, en iguales o similares condiciones a
las que tenía al momento de su desvinculación, cesando el amparo si en el
término de cuatro (4) meses no ha interpuesto la acción ordinaria
correspondiente ante el juez laboral.  Así mismo, la Sala ordenará que se le
cancelen los salarios, las prestaciones sociales y los aportes a salud y
pensiones causados desde el momento de su despido y hasta la fecha de
reintegro.
7.18.
En sede de tutela, la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema a
través de la Sentencia SU-036 de 1999.[117]
En dicha providencia, resolvió el caso de dos (2) directivos sindicales que,
tras participar en un cese ilegal de actividades, fueron despedidos. Sin tener
en cuenta el fuero sindical del que gozaban los accionantes, la Corte resolvió
amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo por
considerar que sus empleadores habían omitido realizar un procedimiento previo para
individualizar su asistencia efectiva al cese de actividades y
para establecer su grado de participación en el mismo. Gracias a esto, la
Corte ordenó el reintegro inmediato de los accionantes. A este
respecto, señaló esta Corporación:
“Si no se verifica la actuación previa al despido, en la que se
individualice la conducta del servidor público en el cese de actividades
declarado ilegal, y se le permita el pleno ejercicio de su derecho a la
defensa, el acto administrativo que ordene su “remoción” del cargo no podrá surtir
ningún efecto, por contrariar los postulados constitucionales de protección y
garantía del derecho al debido proceso y defensa.
No bastará,  entonces,  que el ente estatal demuestre que
el grado de participación o intervención del servidor público en el cese de
actividades declarado ilegal justificaba su despido, sino que ha de probar que
su decisión fue precedida por una actuación, en la que se permitió la
intervención y defensa de éste. Si ello no se demuestra, el acto administrativo
por ser contrario a la Constitución será inaplicable, con las consecuencias que
ello genera para la administración y para el funcionario que lo expidió.
(…)
Dentro de este contexto, la vulneración del derecho al debido
proceso en el que incurrieron los entes demandados, al no agotar el proceso
disciplinario que señala la ley 200 de 1995, y en el que era preciso demostrar
la participación activa de los actores en el cese de actividades declarado ilegal,
hace de los actos administrativos que ordenaron su remoción como empleados de
las entidades acusadas,  contrarios a los enunciados del artículo 29 de la
Constitución, hecho que, en si mismo, justifica la procedencia de  la
acción de tutela, a fin de dejar sin efectos los actos en los que se ordenó la
remoción de los actores y, en consecuencia, ordenar su reintegro.”
Por lo
expuesto, la Sala de Revisión revocará el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta
el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia,
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta
el diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela
interpuesta por el señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez en contra de C.I.
Prodeco S.A., por medio de los cuales se negó el amparo de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana
por considerarse que (i) la entidad demandaba había respetado todas las
garantías procesales del accionante cuando decidió despedirlo; (ii) por ser la
definición de un comportamiento inmoral en el lugar de trabajo un asunto propio
de la jurisdicción laboral, y (iii) por estar disponibles otros medios de defensa
judicial.
En
este sentido, la Sala (i) ordenará el reintegro transitorio del
señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez a un cargo en iguales o similares
condiciones al que desempeñaba al momento de su despido. Dicho reintegro deberá
producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación
de esta providencia. El amparo cesará si en el término de cuatro (4) meses el
actor no instaura la acción ordinaria ante el juez laboral para que se decida definitivamente
la controversia; (ii) ordenará a C.I. Prodeco S.A. a cancelarle al señor
Osvaldo Manuel Laborde Álvarez todos los salarios, prestaciones sociales y
aportes a salud y pensiones a que tiene derecho, causadas a su favor entre el veinticinco
(25) de febrero de dos mil trece (2013) y la fecha de reintegro, sumas que
deberán cancelarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación de esta sentencia y (iii) ordenará a C.I. Prodeco S.A.
modificar su Reglamento Interno de Trabajo con el ánimo de precisar de manera
clara, expresa e inequívoca los comportamientos considerados como “inmorales” y
catalogados como faltas disciplinarias graves, establecer las clases de faltas,
los criterios para evaluar las conductas. Estableciendo un sistema que permita
la clasificación de la falta y la graduación de la sanción.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos.
Segundo.-
REVOCAR los fallos proferidos en primera instancia por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Santa Marta el diecisiete (17) de abril de dos mil
trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta el diez (10) de mayo de dos mil trece (2013),
en los cuales se negó el amparo por considerarse que no había perjuicio
irremediable, que se había respetado el derecho al debido proceso y que
existían otros medios judiciales de defensa disponibles y, en su lugar, CONCEDER
transitoriamente al actor el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, al trabajo y a la dignidad humana.
Tercero.-
ORDENAR el reintegro transitorio del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez a
un cargo en iguales o similares condiciones al que desempeñaba al momento de su
despido. Dicho reintegro deberá producirse dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. El amparo cesará si
en el término de cuatro (4) meses el actor no instaura la acción ordinaria ante
el juez laboral para que se decida definitivamente la controversia.
Cuarto.-
ORDENAR el pago al señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez de todos los
salarios, prestaciones sociales y aportes a salud y pensiones a que tenga
derecho, causados entre el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) y
la fecha de reintegro, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación de esta sentencia.
Quinto.-
ORDENAR la modificación del Reglamento Interno de Trabajo de C.I. Prodeco
S.A. con el ánimo de precisar de manera clara, expresa e inequívoca los
comportamientos considerados como “inmorales” y catalogados como faltas
disciplinarias graves, establecer las clases de faltas y los criterios para
evaluarlas a través de un sistema que permita la graduación de las sanciones.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento de
voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-276/14
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Integrada por todos los jueces de la República
(Salvamento de voto)
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES-La sustentación en cifras estadísticas acerca de
la dificultad para conseguir empleo por parte del accionante en razón de su
edad es un fundamento insuficiente para sustentar la procedencia de la tutela
(Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-4.000.264
Accionante:
Osvaldo Manuel Laborde Álvarez.
Accionado:
C.I. Prodeco S.A.
Magistrado
Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A continuación salvo mi voto a la
presente providencia de acuerdo con las siguientes consideraciones.
Si bien el amparo a los derechos
fundamentales se otorgó de manera transitoria, debo apartarme de dicha decisión
toda vez que no comparto los argumentos presentados para sustentar la
procedibilidad de la presente acción constitucional. En primer lugar, se expuso
que el objeto de la acción de tutela era un tema “eminentemente
constitucional” y por lo tanto, de resolución del juez de tutela. No
comparto dicha afirmación toda vez que los asuntos constitucionales, no sólo
pueden sino deben, ser analizados y resueltos por parte de todos los jueces sin
distinción de su jurisdicción. La Constitución Política -como lo señala el
artículo 4º superior- “es norma de normas” y en consecuencia, los jueces
ordinarios también tienen la obligación de garantizar su prevalencia y
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en cualquiera de los
asuntos que sean de su conocimiento. Así entonces, el hecho de que el tema sea
puramente constitucional -situación natural debido a que se está en el marco de
una acción de tutela- no implica que el caso no pueda ser resuelto por los
jueces laborales.
Por su parte, no comparto la
apreciación en relación con la aparente situación de debilidad por parte del
accionante. Es indispensable tener en consideración que el actor tiene 58 años
de edad, lo cual impide clasificarlo dentro de alguno de los grupos de especial
protección, como sería, por ejemplo, aquella población perteneciente a la
tercera edad. Así mismo, considero que el argumento presentado con base en
estudios estadísticos con el objetivo de señalar la dificultad para conseguir
empleo por parte del accionante, es un fundamento insuficiente. Si bien puede
exponerse un promedio en el que se señale que el tiempo que dura una persona
mayor a 55 años para emplearse es superior en comparación con otros grupos,
también -como lo expresa la sentencia- es el segmento poblacional con menor
tasa de desempleo y mayor capacidad económica. Por lo tanto, sin intención de
realizar una afirmación generalizada, la sustentación en cifras estadísticas no
parece ser la forma más adecuada para sustentar la procedencia de la presente
acción de tutela.
En razón a las
anteriores consideraciones, salvo mi voto en la decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
[1]
Como respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte Constitucional el
veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013,) Prodeco
S.A. aportó copia de la Convención Colectiva de Trabajo adoptada mediante laudo
arbitral y suscrita entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética
“SINTRAMINERGÉTICA”, Seccional Santa Marta (folio 7-24 del cuarto cuaderno).
[2] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la cédula
de ciudadanía del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez. En este documento
consta que el actor nació el diez (10) de julio de mil novecientos cincuenta y
cinco (1955) (folio 14 del primer cuaderno. De ahora en adelante, siempre que
se haga alusión a un folio, se entenderá que pertenece al primer cuaderno,
salvo que expresamente se diga otra cosa).
[3]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del contrato individual
de trabajo a término indefinido. Este tiene con fecha de inicio el dos (2) de
octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) (folio 48 del primer
cuaderno). Así mismo, obra copia del Certificado Laboral expedido por el señor
Sebastián Fernández Berrío, en su calidad de Jefe de Gestión Humana de Prodeco
S.A., con fecha del siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) (folio 25).
[4] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la carta
de despido del veinticinco (25) de febrero del dos mil trece (2013) (folio 23).
[5] En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte
Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013),
Prodeco S.A. allegó copia de la historia laboral del tutelante. En este archivo
se encuentra la constancia de afiliación al sindicato de referencia (folio 79
del cuarto cuaderno).
[6] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del acta de
descargos del día veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) (folio 15 a
18).
[7] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de cuatro
(4) fotografías en donde se ve al señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez disfrazado
delante de sus compañeros de trabajo e ingresando al bus de la Compañía (folio
19 a 22).
[8] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del acta de descargos del día
veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) (folio 15 a 18). A continuación, se trascribe parte de la audiencia:
“PREGUNTA: ¿Conoce el reglamento interno de la
compañía?
RESPUESTA: Sí.
PREGUNTA: ¿Conoce los motivos por los cuales se le
llama a rendir descargos?
RESPUESTA: Sí.
PREGUNTA: ¿Podría usted describir los eventos
sucedidos el domingo diez (10) de febrero en la mañana en momentos previos de
tomar la ruta de recorrido hacia su casa?
RESPUESTA: Yo debajo de mi traje de salida, llevaba un
disfraz y los compañeros en el momento de estar en la buseta, me dijeron que
mostrara el disfraz, el cual mostré sin motivo de ofender ni de dañar a nadie
ni perjudicarlos.
PREGUNTA: ¿Cree usted que es correcto enseñar los glúteos
de manera voluntaria en las instalaciones de la empresa a sus compañeros?
RESPUESTA: Bueno yo digo yo en ese momento había
entregado mi turno y en una forma jocosa lo hice debido a que era domingo de
carnaval.
PREGUNTA: En este momento de la diligencia se le
exponen las fotos preguntando, ¿qué explicación tiene usted a estas fotos?
RESPUESTA: Pues, ese era el disfraz y con ese disfraz
no quise ofender a nadie, me entiende.
PREGUNTA: ¿Reconoce usted que con su proceder está
contraviniendo el reglamento interno de trabajo, los procedimientos, políticas
e instrucciones de la compañía?
RESPUESTA: No, porque en ningún momento lo hice de
mala fe.
PREGUNTA: El artículo 67 de los literales c) y g),
habla de lo siguiente: guardar rigurosamente la moral en relaciones con sus
superiores y compañeros y el g) habla observar buenas costumbres dentro del
servicio y fuera de él. ¿Reconoces que estás contraviniendo estos artículos?
RESPUESTA: No, porque lo hice de una forma jocosa y
carnestolendas.
PREGUNTA: ¿Tiene algo más que agregar?
RESPUESTA: Ninguna de las
personas, me dijo, las personas lo cogieron en forma de risa, no de que yo
estaba haciendo algo indebido”.
[9]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la carta de
terminación unilateral del contrato de trabajo (folios 23 y 24).
[10] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del
Reglamento Interno de Trabajo de Prodeco S.A. (folios 51 a 61. Las obligaciones
citadas se encuentran, específicamente, en los artículos 14, 15 y 67).
[11]
Las normas descritas se encuentra específicamente en el folio 10 del cuarto
cuaderno. La escala de faltas a la que se hace mención establece lo siguiente: “En
caso de que la determinación sea la aplicación de una sanción disciplinaria, LA
EMPRESA (…) aplicará la siguiente escala de sanciones: 1. Primer falta, llamado
de atención. 2. Segunda falta, suspensión de 1 día. 3. Tercera falta,
suspensión de 2 días. 4. Cuarta falta, suspensión de 3 días. 5. Quinta falta,
suspensión de 8 días. 6. Faltas superior a la quinta vez hasta por 30 días de
suspensión”.
[12]
Como documentos anexos al escrito de tutela, obra copia de los siguientes exámenes:
1. Examen médico ocupacional de retiro practicado el primero (1) de marzo de
dos mil trece (2013)  en donde se le informó al actor que padecía de diabetes mellitus no especificada sin mención de complicación,
lesión de hombro no especificada, lumbago no especificado y problemas
relacionados con el uso de tabaco. Todas enfermedades comunes sin correlación
ocupacional (folio 26). 2. Examen médico del diez (10) de enero de dos
mil seis (2006) mediante el cual se diagnosticó sacroileitis bilateral con cuadro
de lumbo-sacralgia de tres (3) años con evolución progresiva a miembro inferior
izquierdo asociado a parestesia del mismo, se ordenó no alzar objetos pesados y
se remitió a neurocirugía para puntualizar diagnóstico y conducta definitiva
(folio 127). 3. Diagnóstico proferido por su EPS después de su ingreso al
servicio de urgencias el treinta (30) de diciembre de dos mil cinco (2005) en
donde se observó disminución del espacio intervertebral con pinzamiento
posterior a nivel de L5, S1, disminución de los espacios articulares
sacroiliacos bilaterales con esclerosis adyacente y osteofito marginales
anteriores en L4, L5 (folio 28 y 128).
[13]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la historia clínica
del señor Laborde Álvarez. Específicamente, se encuentra constancia de la
consulta médica practicada el día nueve (9) de marzo de dos mil trece (2013)
por el doctor Héctor de la Torre Hasbun, médico especialista en medicina
interna, en la que fue diagnosticado con trastorno de disco lumbar y otros, con
radiculopatía y hernia L5, S1 sintomática limitante por dolor y paresia de
pierna izquierda. De acuerdo a este diagnóstico, se le expidió una incapacidad
laboral por siete (7) días (folio 39).
[14]
El Doctor Vladimir De la Cruz Restrepo.
[15]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la historia clínica
del señor Laborde Álvarez. Específicamente, se encuentra copia de la consulta
médica practicada el once (11) de marzo de dos mil trece
(2013) por un neurocirujano que le diagnosticó trastorno de disco lumbar y
otros con radiculopatia y dolor crónico intratable (folio 36).
[16]
El Doctor Jesús Alberto Diazgranados.
[17]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la historia clínica
del señor Laborde. Específicamente, se encuentra copia de las consultas médicas
practicadas entre los días doce (12) y dieciséis (16) de marzo
de dos mil trece (2013) durante su hospitalización en la clínica Santa Marta
(folio 29 a 33).
[18]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de los registros de
nacimiento de los dos (2) hijos del señor Laborde, nacidos el veintidós (22) de
agosto de dos mil dos (2002) y el primero (1) de octubre de dos mil nueve
(2009), respectivamente (folio 49 y 50).
[19]
Obra en el expediente el memorial original de contestación (folio 73 a 81).
[20] Véase el Auto de Pruebas que profirió la Corte Constitucional el
veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013) (folios 8 a 10 del tercer
cuaderno).
[21]
En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte
Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco
S.A. aportó copia de la historia laboral del señor laborde. Como introducción a
dicho archivo, se señalan las fechas en los que el actor estuvo incapacitado
(folio 3 del cuarto cuaderno).
[22]
Sentencia T-752 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[23] Sentencias T-160 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-171 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[24]Sentencias T-593
de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-161 de 1993 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell), T-230 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-083 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-160 de 2010 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-582 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[25] Sentencias T-516 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-271 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[26]
Ver sentencia T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[27]Sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero),
T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-700 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-417
de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-633 de 2011
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[28]
Sentencias T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[29]
Sentencias T-262 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[30]
Sentencia T-303 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[31] Sentencias T-100 de
1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-228 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-338 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), SU-086 de 1999 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-999 de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P.
Humberto Sierra Porto) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[32]
Sentencia T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra
Porto).
[33] Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[34]
Sentencias T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-424 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[35] Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[36]
Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-206
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[37]
Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-206
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[38]
Sentencia T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[39]
Sentencias T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-424 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-225 de 2012
(M.P. Humberto Sierra Porto).
[40]
Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[41] Sentencias T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1088 de 2007 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de 2010 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),
T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-225
de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[42] Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes),
T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de
2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-167 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-202 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)
y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[43]
Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-529 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[44]
Sentencia SU- 667 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Esta tesis fue reiterada en la Sentencia SU-036 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra).
[45] Como documento anexo a la contestación de la tutela, obra copia
del Certificado de Existencia y Representación Legal de C.I. Prodeco S.A.
(folios 84 a 98).
[46]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del contrato individual
de trabajo a término indefinido con fecha de inicio del dos (2) de octubre de
mil novecientos noventa y ocho (1998) (folio 48), así como copia del
Certificado Laboral expedido por el señor Sebastián Fernández Berrío, en su
calidad de Jefe de Gestión Humana de Prodeco S.A., con fecha del siete (7) de
febrero de dos mil trece (2013) (folio 25).
[47]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del
acta de descargos del día veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) (folio
15 a 18), así como copia de la carta de terminación unilateral del contrato de
trabajo (folios 23 y 24).
[48]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de los registros de
nacimiento de los dos (2) hijos del señor Laborde, nacidos el veintidós (22) de
agosto de dos mil dos (2002) y el primero (1) de octubre de dos mil nueve
(2009), respectivamente (folio 49 y 50).
[49]
Como documentos anexos al escrito de tutela, obra copia del examen médico
ocupacional de retiro practicado el primero (1) de marzo de dos mil trece
(2013)  por el Doctor Leonardo Guzmán Hincapié, en donde se le informó al actor
que padecía de diabetes mellitus no especificada sin mención
de complicación, entre otras enfermedades comunes sin correlación ocupacional
(folio 26).
[50]
Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la
cédula de ciudadanía del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez. En este
documento consta que el actor nació el diez (10) de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco (1955) (folio 14).
[51]
Según el Ministerio del Trabajo, para dos mil once (2011)
habían dos millones novecientos sesenta y tres mil setecientos noventa y ocho
(2.963.798) hombres mayores de cincuenta y cinco (55) años en edad de trabajar.
De estos, un millón setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y
cinco (1.785.435) estaban ocupados como asalariados o trabajadores
independientes. Su tasa de ocupación (número de ocupados sobre población en
edad de trabajar) era  del 60.2% y su tasa de desempleo era del 6.2%. Cifra notablemente
menor a la tasa de desempleo a nivel nacional sin distinción de sexo o edad:
10.8%. Ver “Indicadores del Mercado Laboral” en http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-mercado-laboral.html
[52]
Juan Carlos Guataquí, Andrés Felipe García y Mauricio Rodríguez.
2009. Estimaciones de los determinantes de los ingresos laborales en Colombia
con consideraciones diferenciales para asalariados y cuenta propia. Universidad
del Rosario, Facultad de Economía. http://www.urosario.edu.co/urosario_files/92/924d7a77-2ee8-49d0-80b7-f910b406801e.pdf
(2 de marzo de 2014).
[53] Jaime Tenjo Galarza, Martha Misas Arango, Alfredo
Contreras Eitner, Alejandro Gaviria Jaramillo. 2012. Duración del Desempleo en
Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. http://virtual.utadeo.edu.co/programas/pregrados/economia/working_paper/duracion_%20del_desempleo_en_colombia_julio_2012.pdf
(1 de marzo de 2014); Juan Carlos Guataquí, Nohora Forero y Andrés Felipe
García. 2009 ¿A quiénes afecta el desempleo? Análisis de la tasa de incidencia
en Colombia. Lecturas de Economía No. 70. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2257/1818 (1 de marzo de 2014).
[54]
Hugo López Castaño. 2010. El Mercado Laboral Colombiano:
Tendencias de largo plazo y sugerencias de política. Banco de la República,
Borradores de Economía. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra606.pdf (2 de marzo
de 2014).
[55]
Es necesario aclarar que la
procedibilidad de la tutela interpuesta por el señor Laborde responde a la
especial situación laboral y familiar que atraviesa, y no, como pretendía el
actor, a una supuesta discapacidad que lo revista con la calidad de sujeto de
especial protección constitucional y que lo haga acreedor de una estabilidad
laboral reforzada. No siendo obvia la pérdida de capacidad laboral, no
habiendo una calificación de invalidez que certifique tal pérdida, no estando
ante un padecimiento que por sí mismo genere discriminación y no habiendo un nexo causal entre el deterioro del estado de salud del
actor y su despido, el accionante no hace parte de dicho grupo poblacional.
Razón por la cual, el trato preferencial que se le reconoce responde a una
especialísima condición de debilidad manifiesta producida por su despido y las
reducidas expectativas laborales que amenazan la salud, el mínimo vital del
actor y el de sus dos (2) hijos menores
[56] Constitución Política de 1991, artículo 29.
[57] Sentencias C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil;
AV. Jaime Araujo Rentería) y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV.
María Victoria Calle Correa). En la Sentencia C-818 de 2005, la Corte se ocupó
de una demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario
Único. La norma demandada clasificaba como falta gravísima “participar en la etapa precontractual o en
la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. Para responder a dicha demanda, la Corte
inició con un resumen detallado de las principales características del Derecho
disciplinario que, por su especificidad, resultó útil para formular las
consideraciones generales de la presente providencia. Por el otro lado, en la
Sentencia C-030 de 2012, esta Corporación resolvió una demanda de
inconstitucionalidad instaurada contra el numeral 2º y 6º del artículo 34 y el
numeral 45 del artículo 48 de la misma Ley. En dichas normas se consagraban
algunos de los deberes y faltas disciplinarias aplicables a los servidores
públicos. Nuevamente, para realizar el análisis de fondo, la Corte se vió en la
obligación de resumir y explicar algunas de las principales características del
Derecho disciplinario. Estos apartes fueron, igualmente, útiles para la
formulación de esta Sentencia.
[58]
Sentencias C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería)
y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle
Correa).
[59]
Sentencias C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería)
y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle
Correa).
[60] Sentencias C-530 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), C-818 de 2005 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería) y C-030 de 2012 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle Correa).
[61] Sentencias C-404 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; SV. Jaime Araujo Rentería), T-1093 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV.
Jaime Araujo Rentería) y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV.
María Victoria Calle Correa).
[62]
Sentencias C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería)
y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle
Correa).
[63]
Sentencias C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería)
y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle
Correa).
[64] Sentencias C-404 de
2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-948 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV.
María Victoria Calle Correa).
[65]
Sentencias C-371 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-818
de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Araujo Rentería) y C-030 de 2012
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle Correa).
[66] Sentencias C-371 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), C-818 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-762 de
2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle
Correa).
[67] Sentencias C-530 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), C-406 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C- 762
de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y C-030 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. María Victoria Calle Correa).
[68] Sentencias C-530 de 2003 (M.P.  Eduardo
Montealegre Lynett), C-406 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-030 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV.
María Victoria Calle Correa).
[69]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SV. Jaime Araujo Rentería; SV. Rodrigo Escobar
Gil; SV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Clara Inés Vargas Hernández
[70] Concretamente,
en la sentencia C-431 de 2004, la Corte se pronunció de la siguiente manera: “Así
pues tratándose de la definición jurídica de comportamientos sancionables, como
es el caso de las faltas disciplinarias, la inclusión de referentes morales
objetivos debe revestirse de absoluta precisión. A diferencia de lo que sucede
en otros casos en que el legislador utiliza referencias o criterios morales
para determinar situaciones jurídicas, conceder derechos o limitarlos, eventos
en los cuales estas referencias legislativas admiten cierto grado de
indeterminación,  cuando se trata de la actividad punitiva o sancionatoria
del Estado la utilización de estas referencias debe hacerse de manera concreta
y precisa, indicando cuáles son los comportamientos concretos que el legislador
estima jurídicamente sancionables por ser considerados socialmente inmorales,
so pena del desconocimiento de las garantías del debido proceso, especialmente
de la de legalidad de las faltas y sanciones. En el caso presente, la
descripción de la conducta sancionable como falta disciplinaria carece siquiera
de una mínima precisión, pues el tener costumbres viciadas o hábitos moralmente
reprochables abarca una serie amplia de comportamientos, que pueden asumirse en
diversos grados de reprobabilidad moral. Es decir, no sólo es indeterminado el
número y clase de “vicios” o comportamientos moralmente reprobables, sino que además
estos comportamientos viciados admiten diversos niveles de degradación moral,
de manera tal que queda al juicio de quien impone la sanción establecer cuáles
son esos vicios y hasta dónde la frecuencia de ellos hace que la conducta de la
persona pueda calificarse de “depravada”. (…) En cuanto a la acusación que se formula en contra del numeral primero
del artículo 59, según el cual es falta grave “ejecutar actos contra la moral o
las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar”, expresión
sobre la cual recae el cargo general de resultar contraria al orden justo y a
la dignidad humana, por regular actividades personalísimas e íntimas de los
militares, además de ser indeterminada y por lo tanto vulneratoria del
principio de legalidad, la Corte considera que sucede lo mismo que acontece con
la disposición contenida en el numeral 10° del artículo 58 de la Ley 836 de
2003, que se acaba de examinar. Es decir, la Corporación estima que si bien el
legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos
que repudian a la moral social entendida como “la que prevalece en cada
pueblo en su propia circunstancia”, y proscribir estos comportamientos en
el ámbito de las instalaciones militares, al hacerlo debe establecer clara y precisamente
cuáles son aquellos actos “inmorales” que eleva a la categoría de falta
disciplinaria”.
[71] MP. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Rodrigo Escobar Gil.
[72]
Puntualmente, en la sentencia C-570 de 2004, la Corte afirmó
lo siguiente: “Como se observa, la jurisprudencia de esta Corporación ha
aceptado la validez constitucional de normas disciplinarias incompletas, e
incluso ha manifestado que una de las peculiaridades del derecho disciplinario
es su recurrencia a los tipos indeterminados Lo anterior haría suponer que
no puede prosperar el argumento de la actora acerca de que la imprecisión de
las normas  acusadas hace que sean inconstitucionales. Sin embargo, la Corte
observa que las normas atacadas superan el grado de indeterminación que es
aceptable constitucionalmente. En efecto, los literales acusados describen
conductas sancionables a través de conceptos absolutamente imprecisos, lo cual
conduce a que sea el juzgador, según sus criterios subjetivos, el que los llene
de contenido. De esta manera, esos tipos disciplinarios vulneran el principio
de legalidad de las normas sancionatorias. Así, el literal c) del artículo 31 impone el deber de tratar con
“respeto, imparcialidad y rectitud” a todas las personas. Estas nociones pueden
ser interpretadas de las más diversas formas, lo cual significa que los
profesionales no tendrán ninguna certidumbre acerca de cuáles son las conductas
exigidas y cuáles las punibles, decisión que quedará entonces librada a la
subjetividad del funcionario disciplinante. El mismo argumento se aplica a los
demás literales: El literal e) del artículo 32
prohíbe ejecutar en el lugar de ejercicio de la profesión “actos contra la
moral y las buenas costumbres (…)”.
[73] MP. María Victoria Calle Correa.
[74] En
dicha sentencia (C-350 de 200 M.P. María Victoria Calle Correa), la Corte
estableció que: “De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se viola la prohibición de tipos
sancionatorios disciplinarios indeterminados cuando estos emplean conceptos que
no tienen un ‘grado de indeterminación aceptable constitucionalmente’, en
especial, cuando se trata de normas que tipifican como faltas conductas que no
tengan una relación con las exigencias propias del desempeño profesional ni
afecten la integridad de la profesión como tal. Concretamente, la Corte ha
considerado inconstitucionales normas sancionatorias disciplinarias que
prohíben cometer actos contra ‘la moral’ o contra ‘las buenas costumbres’. (…) La norma acusada tiene por objeto prohibir a todo
funcionario que incurra en actos que ‘atenten’ contra ‘la moral’ o contra ‘las
buenas costumbres’. Ambos conceptos, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional en varios de los precedentes citados, son vagos y ambiguos, no
son claros y precisos. Son ambiguos porque en ambos casos pueden existir
diferentes formas de entender y usar los conceptos. Esta ambigüedad es tal, que
ni siquiera haciendo precisiones tales como decir que en realidad no se trata
de ‘moral’ a secas, sino de ‘moral social’. En tal caso, aún persistirían dudas
con relación a cuál es la forma específica como se usa dicho concepto. De otra
parte, ambos conceptos también son vagos, pues incluso si se eligiera y
determinara específicamente cuál es el uso específico que se hace del concepto,
reduciendo así la ambigüedad, no se podría establecer con precisión en que
casos puede usarse y en que casos no. Es decir, incluso si se acordara que por
moral se entenderá ‘moral social’ y se especificara cómo se va a entender dicho
concepto,  ante los casos concretos las dudas de cuándo algo es moral y
cuándo no persistirían. En efecto, si bien en muchos casos habría acuerdo sobre
cuáles conductas son morales y cuáles no, seguiría existiendo una enorme zona
de penumbra. El grado de indeterminación de los conceptos acusados, en un
contexto sancionatorio, ofrece un amplio margen de discrecionalidad a la
autoridad encargada de establecer si un servidor incurrió o no en tal
prohibición, de suerte que las personas no cuentan con un criterio que les
permita prever con certeza si una determinada actuación atenta o no contra
tales conceptos. La penumbra que deben enfrentar los ciudadanos en estos casos
es constitucionalmente inadmisible. Representa un desconocimiento claro del
principio de legalidad y tipicidad en materia sancionatoria, suscitando una
inseguridad jurídica tal, que  los ciudadanos carecen de referentes para
saber cuál es la conducta que de ellos se demanda, o cuál la que se les
permite. La indeterminación de estos conceptos, y la incertidumbre que pueden
generar, han sido resaltadas por la doctrina, incluso en otras áreas del
derecho diversas al derecho penal o sancionatorio.
Además, la prohibición de actos contra la moral y las buenas costumbres también
implica tipificar como faltas del servidor público, conductas que carecen de
una relación con las exigencias propias de su desempeño. Se terminaría
entonces, comprometiendo ámbitos individuales en los que las personas
desarrollan libremente su personalidad. El concepto de moral, en especial el de
‘moral pública’ o ‘moralidad pública’, son importantes y relevantes
constitucionalmente. Tal como lo señala la Constitución, y fue resaltado en la
presente sentencia, las acciones populares protegen, entre otros valores
jurídicos, la ‘moralidad pública’ (art. 88, CP) y  la ‘moralidad’, en sí
misma considerada, constituye uno de los principios que fundamenta la función
administrativa (art. 209, CP). Por tanto, no puede entenderse la presente
decisión que se adopta en esta sentencia, en modo alguno, como un
desconocimiento del alto valor que tiene la moralidad pública en un estado
social de derecho. Lo que se defiende, es que la protección de este valor constitucional
no se haga mediante normas con un grado de indeterminación tal que generen
inseguridad jurídica y pongan en riesgo los derechos fundamentales de las
personas.”
[75] Sentencia
C-224 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía) y
C-814 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sv. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo Montealegre Lynett; Av. y Sv. Jaime
Araujo Rentería).
[76]
Sentencia T-620 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[77] Sentencia
T-366 de 1997 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).
[78] Sentencia
C-814 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; Sv. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo
Montealegre Lynett; Av. y Sv. Jaime Araujo Rentería).
[79]
Sentencia T-301 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[80] Sentencia
C-814 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; Sv. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo
Montealegre Lynett; Av. y Sv. Jaime Araujo Rentería).
[81]
C-404 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz; AV. Antonio
Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero y
Carlos Gaviria Díaz; AV. Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez
Caballero y Carlos Gaviria Díaz).
[82]
C-404 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz; AV. Antonio
Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero y
Carlos Gaviria Díaz; AV. Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez
Caballero y Carlos Gaviria Díaz).
[83]
M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz; AV.
Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero
y Carlos Gaviria Díaz; AV. Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez
Caballero y Carlos Gaviria Díaz.
[84]
Sentencia C-350 de 2009 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[85]
Sentencia C-350 de 2009 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[86] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[87] Sentencia T-768 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[88]
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[89]
DE PALA DEL TESTO, Ángeles, “El Principio de Culpabilidad en
el Derecho Administrativo Sancionador”. Editorial Tecno. Madrid (España), 1996.
Pág. 45 y 46.
[90]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[91]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[92] Ver Sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil catorce
(2014) de la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado con radicado 2746-2012.
[93]
La frase original citada por el Consejo de Estado es “la pena
proporcional a la culpabilidad, es la única pena útil” y fue extraída de DE
PALA DEL TESTO, Ángeles, “El Principio de Culpabilidad en el Derecho
Administrativo Sancionador”. Editorial Tecno. Madrid (España), 1996. Pág. 44 y
45.
[94] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[95] Sentencia T-657 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[96]
Ver folio 22 del cuarto cuaderno.
[97] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del
Reglamento Interno de Trabajo de Prodeco (folios 51 a 61). La obligación citada
se encuentra específicamente en el literal f) del artículo 14, folio 54).
[98] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del
Reglamento Interno de Trabajo de Prodeco (folios 51 a 61). La obligación citada
se encuentra específicamente en el literal g) del artículo 15, folio 54).
[99] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia del
Reglamento Interno de Trabajo de Prodeco (folios 51 a 61 del primer cuaderno.
La obligación citada se encuentra específicamente en el literal c) del artículo
67, folio 58).
[100]
En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte
Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco
S.A. aportó copia de la Convención Colectiva de Trabajo fijada a través de
laudo arbitral (folios 7 a 24 del cuarto cuaderno. La norma transcrita se
encuentra específicamente en el folio 10).
[101] En respuesta al Auto de Pruebas que emitió la Corte
Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco
S.A. aportó la Convención Colectiva de Trabajo pactada con SINTRAMINERGÉTICA
mediante laudo arbitral. Los términos para realizar los procesos disciplinarios
de despido con justa causa se encuentran regulados en el parágrafo 1º de la
cláusula 4ª de esta Convención. Este dice lo siguiente: “Cuando LA EMPRESA
C.I. Prodeco Productos de Colombia S.A. considere que alguno de los
trabajadores beneficiarios de esta convención ha cometido alguna falta que
pueda dar lugar a aplicar una sanción disciplinaria se obliga a efectuar el
siguiente procedimiento: 1. Le comunicará por escrito dentro de los seis (6)
días hábiles siguientes de cometida y/o conocida la falta, al trabajador
inculpado y al SINDICATO, para que aquél rinda sus descargos, en la fecha
señalada en dicha comunicación, la cual debe llevarse a cabo dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes al recibo de la misma. El trabajador estará
acompañado de dos representantes del SINDICATO, quienes podrán expresar los
argumentos de defensa del trabajador. La diligencia de descargos se consignará
en un acta en la cual se dejará constancia tanto de los cargos como de los descargos.
2. En caso de que la determinación sea la aplicación de una sanción
disciplinaria, LA EMPRESA le comunicará su decisión por escrito al trabajador
inculpado con copia al SINDICATO, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes. El trabajador podrá apelar ante el Jefe del Departamento
respectivo, o quien esté desempeñando sus funciones, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación de la sanción. En todo caso la decisión no
quedará en firme hasta que no quede resuelta la apelación. No producirá efecto
alguno la sanción disciplinaria que el empleador imponga pretermitiendo este
trámite. En consecuencia al trabajador le quedan expeditas las acciones legales
pertinentes para hacer valer sus derechos laborales (…) Parágrafo primero: En
caso de despidos con justa causa LA EMPRESA escuchará en descargos al
trabajador dentro de los seis (6) días hábiles siguientes de conocida la falta.
El trabajador estará asistido por dos representantes del SINDICATO, quienes
podrán expresar sus argumentos en defensa del trabajador. Escuchados tales
descargos, LA EMPRESA le comunicará al empleado su decisión dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno
ante la EMPRESA, pero al trabajador le quedan expeditas las acciones que la ley
establece. Queda entendido que este procedimiento es aplicable solamente para
aquellos trabajadores que cometan faltas contra la disciplina de LA EMPRESA,
caso en el cual LA EMPRESA se compromete a seguirlo cuando vaya a terminar el
contrato de trabajo por este hecho. ” (folio 10 del cuarto cuaderno).
[102] En respuesta al Auto de Pruebas que
profirió la Corte Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
trece (2013), Prodeco S.A. aportó copia
de la Convención Colectiva de Trabajo fijada a través de laudo arbitral (folios
7 a 24 del cuarto cuaderno. La norma transcrita se encuentra específicamente en
el folio 10). Específicamente, esta norma establece: “En caso de que la
determinación sea la aplicación de una sanción disciplinaria, LA EMPRESA (…)
aplicará la siguiente escala de sanciones: 1. Primer falta, llamado de
atención. 2. Segunda falta, suspensión de 1 día. 3. Tercera falta, suspensión
de 2 días. 4. Cuarta falta, suspensión de 3 días. 5. Quinta falta, suspensión
de 8 días. 6. Faltas superior a la quinta vez hasta por 30 días de suspensión”.
[103] Ver sentencia
C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Ignacio Pretelt y Nilson Pinilla Pinilla). En esa ocasión, se presentó acción
de inconstitucionalidad contra el numeral 9° del artículo 35 del Código
Disciplinario Único –Ley 734 de 2002–, por considerar que establecía una
sanción con base en dos conceptos muy amplios, el de ‘moral’ y el de ‘buenas
costumbres’, lo cual a su juicio conllevaba una violación constitucional de los
principios de tipicidad y claridad al cual deben acogerse las normas
sancionatorias. La Corte le dio la razón
al demandante, tras sostener que la norma acusada contemplaba una
prohibición disciplinaria con expresiones cuyo grado de indeterminación no es
aceptable constitucionalmente.
[104]
El Código Sustantivo del Trabajo sanciona con despido la comisión de actos
inmorales en tres oportunidades: 1. Cuando la considera justa causa para la
terminación del contrato de trabajo. 2. Cuando establece que, siendo una
obligación especial del trabajador guardar la moral en sus relaciones
laborales, cualquier violación grave a dichos deberes constituye justa causa de
despido. 3. Cuando le otorgar la facultad al empleador de adoptar otras justas
causas mediante pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos
de trabajo o reglamentos. Así, el numeral 5º del literal a) de los artículos 62
y 63 del Código Sustantivo del Trabajo señala como justa causa para la
terminación unilateral del contrato “todo acto
inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o
lugar de trabajo, o en el desempeño de sus labores”. Por otro lado, el numeral 4º del artículo 58 del Código describe
como un deber del trabajador “guardar rigurosamente la moral en las
relaciones con sus superiores y compañeros”. Seguidamente, el numeral 6º
del literal a) del artículo 62 y 63 establece como justa causa de despido “cualquier
violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que (le)
incumben”. Finalmente, en el numeral anterior, se considera justa causa de
despido “(…) cualquier falta grave calificada como tal en pactos o
convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o
reglamentos” (paréntesis fuera del texto).
[105]
Antes numeral 5º del artículo 7º del Decreto 2351 de
1965.
[106]
Sentencia del dieciocho (18) de junio de mil novecientos
noventa y siete (1997) de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia (rad. 9017), citada a su vez, en la Sentencia del quince (15) de
septiembre de dos mil cuatro (2004) de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación.
[107]
Según el artículo 4º de la Carta Política, “la
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”.
[108]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[109]
La introducción del Reglamento Interno de Trabajo de Prodeco
señala que: “LA EMPRESA está plenamente convencida que su desarrollo, y por
ende el de todos y cada uno de sus trabajadores, está íntimamente ligado el uso
que por igual le demos a las normas de este Reglamento y a las disposiciones
concordantes. LA EMPRESA está comprometida en una política de respeto al
trabajador, de sus convicciones y su integridad moral, fomentando la
satisfacción de sus labores, la eficiencia, la igualdad y el comportamiento
ético hacia el trabajador y la comunidad misma. Igualmente, LA EMPRESA tiene la
certeza que los trabajadores, al compartir estos principios y propósitos,
desarrollarán sus labores y comportamientos sobre las bases de recíproco
respeto en las relaciones, el fiel cumplimiento de sus obligaciones para la
justa exigencia y otorgamiento de sus derechos”. (folio 31del tercer
cuaderno).
[110]
Ver sentencias C-285 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
y C-708 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) de la Corte Constitucional, y la
sentencia del 20 de marzo de 2014 de la Subsección B de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicado
2746-2012.
[111]
Ver folio 10 del cuarto cuaderno.
[112] Como documento anexo al escrito de tutela, obra copia de la cédula
de ciudadanía del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez. En este documento
consta que el actor nació el diez (10) de julio de mil novecientos cincuenta y
cinco (1955) (folio 14).
[113] Como respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte
Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco
S.A. allegó copia de la historia laboral del accionante. En dicho archivo, obra
copia de dos (2) incapacidades de un día emitidas por la Corporación IPS
Saludcoop el veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) y el veintiuno
(21) de junio del mismo año (folio 100 y 101 del cuarto cuaderno) y dos (2)
autorizaciones para ausentarse por un día por calamidad doméstica expedidas por
la empresa los días siete (7) y diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012)
(folios 98 y 99 del cuarto cuaderno).
[114] Según la reiterada jurisprudencia de esta
Corte y, en especial, la Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), una síntesis de la configuración jurisprudencial del contenido de la
expresión “dignidad humana” como entidad normativa “puede presentarse de dos
maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su
funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo
de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables:
(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
(ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas
de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la
funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha
identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la
dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental
autónomo”.
[115]
Ver Sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), C-239
de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz; S.V. Hernando Herrera Vergara; S.V. Eduardo
Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa), T-296 de 1998 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), C-521 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-556 de
1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-565 de 1999 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-012 de 2001 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez) y T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[116]
Ver Sentencias T-009 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-116 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[117]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra