T-027-18
Sentencia T-027/18
ACCION DE
TUTELA CONTRA ACTOS DE CARACTER GENERAL, IMPERSONAL Y ABSTRACTO-Improcedencia
La acción de tutela
resulta improcedente “cuando
se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”, en
virtud de lo previsto por el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS-Procedencia
excepcional
La jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia
excepcional de la acción de tutela para solicitar el amparo de derechos
colectivos. Sin embargo, esta posibilidad se encuentra condicionada a que se
acredite una de las siguientes circunstancias: (i) “la relación de causalidad existente entre la acción u omisión que
afecta el interés colectivo y su propia circunstancia”, lo que
implica que la accionante demuestre la existencia de una vulneración o amenaza
real y concreta a sus derechos fundamentales; o (ii) la existencia de
un perjuicio irremediable.
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección
constitucional
En lo que se refiere a la educación
superior, la Corte ha considerado que los centros universitarios deben respetar
y garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad. Para lograr este propósito, el Legislador y la
administración han desarrollado el contenido de este derecho, y, en
consecuencia ha impuesto una serie de obligaciones en cabeza del Estado y de
las instituciones de educación superior, las cuales se analizarán a continuación.
PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Deberes
estatales y de las instituciones de educación
Los deberes del Estado y de las instituciones de educación superior
respecto de la atención a las personas en situación de discapacidad han sido
desarrollados por diversos instrumentos de derecho internacional de los
derechos humanos, y, en el ordenamiento jurídico interno.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Fundamento constitucional
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Ponderación
Tradicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha aplicado la ponderación para solucionar colisiones entre
derechos y principios fundamentales. Esta metodología debe ser utilizada por el
juez constitucional para resolver casos relacionados con la faceta prestacional
de los derechos fundamentales, como, por ejemplo, los derechos a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. También para estos
casos, la ponderación se ofrece como un criterio metodológico racional que
permite analizar la relación entre las libertades fundamentales y sus posibles
limitaciones.
PONDERACION-Análisis
de razonabilidad y proporcionalidad
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a
Universidad garantizar que los intérpretes que actualmente prestan sus
servicios a la accionante se familiaricen con los contenidos y vocabulario en
las áreas de conocimiento que les corresponde interpretar
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a
Universidad implementar un ajuste razonable a la estructura curricular de las
materias electivas de idiomas, a efectos de garantizar la adaptabilidad del
mismo a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad
auditiva
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a
Universidad implementar un programa o plataforma de educación virtual que
utilice los recursos didácticos y pedagógicos apropiados que garanticen la
inclusión educativa de personas en situación de discapacidad auditiva y su
acceso a los contenidos académicos
Referencia:
Expediente T-6.425.510
Acción de tutela instaurada por Luz Mary Quintero Carreño
en contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–, sede
Tunja.
Magistrado Ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho
(2018).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de única instancia de 8 de junio de 2017,
adoptado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, dentro del proceso
de tutela promovido por la señora Luz Mary Quintero Carreño en contra de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–, sede Tunja.
I.
ANTECEDENTES
1.
El 23 de mayo de 2017, la señora
Luz Mary Quintero Carreño interpuso acción de tutela en contra de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–, sede Tunja (en adelante, UPTC). En
esta, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la educación e
igualdad. Adujo que la UPTC desconoció los derechos antes señalados, en la
medida en que su “Política Institucional de Educación Inclusiva” vulneró
el acceso igualitario y equitativo de las personas en situación de discapacidad
a los servicios que presta la universidad.
1.       Hechos
2.
La señora Quintero Carreño tiene
45 años de edad y presenta diagnóstico de “hipoacusia neurosensorial severa
profunda”[1]
en su oído izquierdo. Esto le permite detectar sonidos a 80 decibeles[2], lo cual
mejora “con apoyo de lectura labio-facial”. Carece de capacidad de
audición en su oído izquierdo. En razón de su situación de discapacidad, la
accionante fue incluida dentro del “Registro para la Localización y
Caracterización de las Personas con Discapacidad del municipio de Tunja”[3].
3.
Mediante el Acuerdo No. 029 de 26
de mayo de 2015[4],
la UPTC adoptó la “Política Institucional de Educación Inclusiva”,
orientada a “la equiparación de oportunidades de los diversos grupos
poblacionales con dificultades en términos de acceso, permanencia y graduación
a la educación superior”. Dentro de los grupos poblacionales, el Acuerdo
incluyó a las “personas en [situación] de discapacidad y necesidades
educativas especiales”. Este grupo fue definido por el artículo 4 como “aquellas
personas que por su condición requieren en su proceso formativo recursos
educativos (humanos, pedagógicos, materiales, tecnológicos) adicionales a los
ofrecidos normalmente por la institución educativa, con el propósito de
compensar sus dificultades para el aprendizaje y posibilitar el desarrollo de
unas capacidades mayores de aprendizaje y desempeño”.
4.
En el segundo semestre del año
2016, la señora Quintero Carreño ingresó como estudiante al programa de derecho
de la UPTC. Para la fecha de interposición de la acción de tutela, la
accionante cursaba segundo semestre de derecho. En su solicitud de tutela,
manifestó que, “aunque cuent[a] con un dispositivo que [l]e
permite escuchar hasta cierto nivel, deb[e] tener permanente contacto
visual con el docente ya que el lenguaje corporal es de vital importancia y
permite un óptimo entendimiento para quienes padece[n] afecciones de
tipo auditivo”[5].
También, aclaró que esta situación le “ocasiona inconvenientes a la hora de
tomar y desarrollar las clases de tipo presencial, puesto que […] no hay
precaución a la hora de desarrollar [la] pedagogía educativa”.
5.
La accionante manifestó que “existe
una gran falta de material pedagógico de tipo físico visual” durante el
desarrollo de las clases. Señaló que, en virtud de esta situación, ha
presentado varias solicitudes verbales “a quienes les concierne”, las
cuales no han sido atendidas.
6.
La accionante señaló, además, que
“la obligación de tomar clases en un idioma electivo tal como inglés,
francés […]; genera gran dificultad a la hora de intentar aprenderla o
concretamente pronunciarla”. A juicio de la accionante, estas dificultades
ameritan que la UPTC incluya la lengua de señas como “materia electiva de
idiomas”.
7.
Por otra parte, la accionante
reconoció que la UPTC “ha dado facilidad de 1 intérprete por persona con
discapacidad auditiva para el acompañamiento a las clases”[6]. Sin embargo, manifestó
que esta medida resulta insuficiente, toda vez que la labor de los intérpretes
“requiere de un esfuerzo amplio físico y gesticulación, por lo cual se agotan
en no más de 30 minutos y las clases son de dos horas”.
8.
Asimismo, indicó que “respecto
a [la] carrera [de] derecho existe terminología
[especializada] que solo quienes se adentran en dicho campo pueden entender”.
En esta medida, para la accionante resulta indispensable que los intérpretes
tengan conocimientos sobre las materias que les corresponde interpretar para
garantizar “el correcto entendimiento” de las clases.
9.
La señora Quintero Carreño
advirtió que todas las deficiencias antes mencionadas han contribuido a que su
desempeño académico no sea el adecuado, “por lo que [s]e encuentr[a]
en riesgo de perder el cupo académico al que logr[ó] acceder”.
10.
Finalmente, señaló que el Acuerdo
029 de 2015 “no estipuló las normas mínimas de accesibilidad para personas
en condición de discapacidad, teniendo en cuenta las diferentes categorías y
clasificaciones frente a discapacidad”. Al respecto, en las consideraciones
de la acción de tutela, se refirió a la normativa sobre personas en situación
de discapacidad[7]
y a las Normas Técnicas Colombianas sobre “accesibilidad y ayudas técnicas
para personas con algún tipo de discapacidad”[8].
2.       Pretensiones
11.
La accionante solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. En consecuencia,
requirió que el juez de tutela le ordene a la UPTC lo siguiente:
11.1. Cumplir el Acuerdo 029 de 2015;
11.2. Instalar y adecuar las condiciones para la
accesibilidad física de “todas las dependencias y espacios dentro de la sede
central”;
11.3. Proveer, al menos, dos (2) intérpretes por cada
estudiante en situación de discapacidad auditiva;
11.4. Garantizar que los intérpretes tengan formación en el
área de conocimiento que les corresponde interpretar;
11.5. Ofrecer lenguaje de señas como una nueva electiva de
idiomas;
11.6. Incluir en el carné universitario información acerca
de la situación de discapacidad de los estudiantes. Esto con el fin de “que
el personal de la universidad les confiera [un] trato preferencial y
adecuado”;
11.7. Exigir que los docentes de la UPTC utilicen “apoyos
físico-visuales” en las cátedras educativas;
11.8. Capacitar y sensibilizar a su personal docente y administrativo,
así como también a sus estudiantes, acerca las necesidades de la población en
situación de discapacidad, especialmente, auditiva.
3.       Respuesta de la entidad accionada
12.
Mediante el auto de 25 de mayo de
2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja admitió la acción de
tutela de la referencia. Asimismo, dio traslado de esta a la UPTC[9] para que se
pronunciara sobre los hechos contenidos en ella.
13.
El 1 de junio de 2017, mediante
apoderado judicial, la UPTC contestó la acción de tutela de la referencia[10]. Frente a
los hechos, alegó que no ha violado “ningún derecho a [la] accionante”.
Por el contrario, a su juicio, “la universidad a la accionante le ha
suministrado un intérprete para que cumpla las funciones de acompañamiento a
las clases y facilite el entendimiento de la c[á]tedra que se le
suministra a la estudiante con discapacidad auditiva”. Asimismo, señaló que
la señora Quintero Carreño obtuvo un promedio de tres punto cinco (3.5) para el
segundo semestre de 2016[11],
lo que, a su juicio, se debió al “excelente desempeño de sus docentes, y por
ende al entendimiento y apoyo suministrado por la institución a la población
con discapacidad existente en la universidad”.
14.
Además, la accionada puso de
presente que la Ley 1618 de 2013 dispuso que el Ministerio de Educación
Nacional (en adelante, MEN) tendría un plazo de dos (2) años “para definir
las políticas y reglamentar el esquema de atención educativa a la población con
necesidades especiales [y] […] la apropiación de los recursos que se
requieren para la implementación y desarrollo de la aludida Ley”. No
obstante, manifestó que la entidad demandada, en cumplimiento a dicha norma, ha
implementado “un proyecto de acuerdo denominado <Política Pública de
Inclusión Social para la UPTC>, cuyo objetivo principal es brindar
accesibilidad a las personas que poseen algún tipo de discapacidad”. Así,
concluyó que la normativa desarrollada por la accionada (el Acuerdo 029 de
2015) no “contraviene lo establecido por la Constitución o las normas de carácter
general, al contrario, dentro de la universidad se desarrollan políticas que
fortalecen derechos […] como la educación, la igualdad y el debido
proceso”.
15.
Finalmente, se refirió a la relevancia
constitucional del principio de autonomía universitaria. Adujo que, en virtud
de este principio, “las universidades están autorizadas para crear sus
propias normas de funcionamiento a través de sus reglamentos internos […] así
como el procedimiento para vincular a su personal docente y administrativo”.
En esta medida, señaló que el reglamento académico debe ser analizado desde
tres perspectivas distintas: “(i) como desarrollo y regulación del
derecho-deber a la educación; (ii) como manifestación de la autonomía
universitaria; y (iii) como un instrumento normativo que integra el orden
jurídico colombiano”. Así, a su juicio, las normas legales y reglamentarias
“no pueden ser desconocid[a]s pues […] sería una intromisión
del Aparato Judicial […] [en] las normas que dirigen y direccionan el
funcionamiento [del] Ente Educativo”.
16.
En consecuencia, solicitó que se
declare la improcedencia de la presente acción de tutela, habida consideración
de que “en ningún momento la Universidad afectó algún derecho fundamental de
la accionante, al contrario, la Institución ha actuado dentro de lo [que] estipula
en su normatividad la cual no es violatoria de algún precepto constitucional o
legal”.
4.       Decisión objeto de revisión
17.
El 8 de junio de 2017, el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Tunja profirió sentencia de única instancia en
este asunto[12],
en la que declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación
por pasiva. A su juicio, la UPTC no es la única entidad “encargada de
decidir si es viable o no, cumplir con [los] requerimientos [de la
accionante], como los de sus demás compañeros”.
18.
En efecto, advirtió que son el MEN
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes deben realizar las
asignaciones presupuestales necesarias para satisfacer las pretensiones de la
accionante. Consideró que la acción de tutela estuvo referida al cumplimiento
de la Ley 1618 de 2013, la cual obliga, a estas entidades, entre otras, a “incorporar
en su presupuesto y planes de inversión, los recursos necesarios destinados a
implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con
discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social”.
19.
Así las cosas, determinó que la
UPTC no es “quien directamente debe designar el número de intérpretes que
requieran los estudiantes”, por lo que la señora Quintero Carreño debió “elevar
esta solicitud al nivel central y territorial”. En consecuencia, resolvió
rechazar por improcedente la acción de tutela, toda vez que “no fue posible
vincular” al MEN y al Ministerio de Hacienda.
20.
Al margen de la falta de
legitimidad por pasiva, advirtió que la entidad accionada “no ha sido ajena
a la limitación auditiva de la petente (Sic), en tanto […] que la
universidad le ha facilitado un intérprete para el acompañamiento a las clases,
[lo cual] ha menguado en gran medida los tropiezos propios de su
condición”. Finalmente, reconoció que la Política Institucional de
Educación Inclusiva es un “desarrollo del principio de autonomía
universitaria”, por lo que para la aprobación de las pretensiones de la
accionante “se ha de realizar el debido estudio de impacto económico-social
que podría sufrir la universidad”.
21.
Esta decisión no fue impugnada por
ninguna de las partes dentro del proceso.
5.       Actuaciones realizadas en sede de revisión
22.
La Sala de Selección de Tutelas
Número Diez[13],
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las
previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 33 del
Decreto 2591 de 1991 y 51, 52, 53, y 55 del Acuerdo 02 de 2015, profirió el
auto de 27 de octubre de 2017[14],
mediante el cual seleccionó para su revisión el expediente y lo repartió al
despacho del Magistrado Ponente de la sentencia que aquí se desarrolla.
5.1.    Pruebas decretadas en sede de revisión
23.
Mediante el auto de 28 de
noviembre de 2017[15],
el Magistrado Ponente ordenó que, por medio de la Secretaría General, se
recaudaran las siguientes pruebas:
23.1. A la UPTC, le ordenó realizar un informe que diera
cuenta de los siguientes asuntos: (i) el cumplimiento que esta entidad
le ha dado a la Ley 1618 de 2013; (ii) las condiciones físicas y de
accesibilidad de la Universidad; y (iii) los programas de capacitación y
sensibilización que esta ha realizado en relación con la población en situación
de discapacidad auditiva. En concreto, solicitó información sobre:
23.1.1.
Los planes, programas, proyectos,
medidas de inclusión o acciones afirmativas, pasados, presentes y futuros, de
esta entidad para dar cumplimiento a la Ley 1618 de 2013, “por medio de la
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad”. Especialmente, aquellos que se
hayan desarrollado en relación con (i) la población estudiantil en situación de
discapacidad auditiva; y, (ii) la accionante, la señora Luz Mary Quintero
Carreño.
23.1.2.
Los planes, programas o proyectos
institucionales implementados para la eliminación de barreras físicas
relacionadas con el acceso a las instalaciones por parte de la población
estudiantil en situación de discapacidad.
23.1.3.
Si, en desarrollo del Acuerdo 029
de 2015, esta entidad ha implementado: (i) programas de capacitación a su
personal docente y/o administrativo sobre las necesidades especiales de la
población estudiantil en situación de discapacidad, en particular, los tipos de
discapacidad auditiva; y, (ii) programas de sensibilización a la población
estudiantil acerca de las necesidades especiales de los estudiantes en
situación de discapacidad.
23.2. Asimismo, le ordenó a la UPTC que enviara un informe en
el que se refiriera a los siguientes asuntos: (i) el número estudiantes
en situación de discapacidad auditiva que se encuentran matriculados en la
UPTC; (ii) si la accionante ha radicado alguna solicitud ante las
autoridades universitarias relacionada con los hechos y pretensiones de la
presente acción; (iii) si otros estudiantes en situación de discapacidad
han radicado solicitudes similares; (iv) la situación académica de la
accionante, y (v) el programa de intérpretes ofrecido por la UPTC. En
concreto, solicitó:
23.2.1.
El número de estudiantes en
situación de discapacidad. Especialmente, respecto de aquellos en situación de
discapacidad auditiva que actualmente: (i) se encuentren matriculados en esta
institución; y, (ii) se encuentren matriculados como estudiantes de la Facultad
de Derecho.
23.2.2.
Si la señora Luz Mary Quintero
Carreño ha radicado alguna solicitud, petición, reclamo o queja relacionada con
los hechos y pretensiones señalados en la acción de tutela; y, de ser el caso,
cuál ha sido el trámite y la respuesta dada a las mismas.
23.2.3.
Las solicitudes, peticiones,
reclamos o quejas que los estudiantes en situación de discapacidad hubiesen
presentado, en lo relacionado con las necesidades especiales de este grupo
poblacional; cuál ha sido el trámite y cuáles las respuestas dadas a las
mismas.
23.2.4.
La situación académica de la
señora Luz Mary Quintero Carreño, especialmente información referida a: (i) la
fecha de ingreso; (ii) los criterios utilizados para su admisión e ingreso;
(iii) las condiciones exigidas para mantener el cupo estudiantil; (iv) el
historial de notas de la estudiante; y, (v) la jornada, horario e intensidad
horaria de la estudiante.
23.2.5.
La política institucional en
relación con el acompañamiento de intérpretes a los estudiantes en situación de
discapacidad. Especialmente en lo que se refiere a: (i) la fecha de
implementación de esta política; (ii) el número de intérpretes que actualmente
prestan dicho servicio; (iii) el tipo de servicio prestado a los estudiantes,
esto es, si la labor de acompañamiento se limita a las horas de clase, o si
este incluye el acompañamiento para la realización de trámites administrativos;
(iv) el costo financiero que implica la implementación de esta medida; y, (v)
¿cuál sería el costo financiero en caso de que la universidad conceda las
pretensiones de la accionante, es decir, proporcionar dos intérpretes por
estudiante en situación de discapacidad auditiva?
23.3. Además, le ordenó a la UPTC que enviara un informe
sobre el uso de material audiovisual por parte de los docentes. En concreto, le
solicitó:
23.3.1.
Los planes, programas o proyectos
institucionales implementados para la eliminación de barreras comunicativas,
mediante la utilización de las siguientes herramientas pedagógicas: (i) el
desarrollo y uso de una plataforma virtual de educación; (ii) el uso de
material audiovisual por parte de los docentes; y, (iii) la entrega de un
programa académico por parte de los docentes, respecto de sus materias y los
contenidos mínimos que este debe incluir.
23.4. Por otra parte, al MEN, le ordenó enviar a este
Despacho un informe que diera cuenta de lo siguiente:
23.4.1.
Las normas desarrolladas por esta
entidad, dirigidas a las Instituciones de Educación Superior, acerca de los
programas y políticas que se deben implementar en desarrollo de la Ley 1618 de
2013.
23.4.2.
Los reglamentos, directivas o
circulares proferidos por esta entidad, para efectos de garantizar el acceso y
permanencia en el sistema de Educación Superior a las personas en situación de
discapacidad, especialmente, de discapacidad auditiva.
23.4.3.
Las normativas en relación con la
inclusión de la situación o condición de discapacidad en los carnés de los
estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.
24.
El 29 de enero de 2018, la
Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó a este Despacho que,
vencido el término probatorio, se recibieron los informes solicitados a la UPTC
y al MEN[16].
5.2.    Respuesta de la UPTC y pruebas aportadas
25.
El 13 de diciembre de 2017, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio
OPT-A-2581/2017[17].
En esta comunicación, la UPTC, por medio de distintas direcciones y
dependencias, manifestó lo siguiente:
26.
La Dirección de Bienestar
Universitario indicó que, en desarrollo y cumplimiento del Acuerdo 029 de 2015,
la UPTC ha otorgado “cincuenta y dos (52) cupos semestrales en programas
académicos presenciales, más diecisiete (17) cupos en la Facultad de Estudios a
Distancia FESDA, asegurando la posibilidad de ingreso de un (1) estudiante por
cada programa académico semestralmente, otorgando cupo excepcional a Luz Mary
Quintero Carreño para ingresar al programa de Derecho en el año 2016,
igualmente a tres estudiantes más en [otros] programas”.
27.
Asimismo, indicó que “en la
actualidad se encuentran seis (6) estudiantes matriculados en la Universidad”,
en situación de discapacidad auditiva. A estos estudiantes les fue asignado “un
intérprete de lengua de señas colombiana” para garantizar la permanencia en
el sistema educativo. Lo anterior, a excepción de una estudiante, quien “no
requiere” intérprete.
28.
Sobre el programa de
acompañamiento de intérpretes, aseveró lo siguiente: (i) “en la
actualidad existen cuatro intérpretes prestando el servicio”; (ii)
el objeto contractual de los contratos de prestación de servicios de los
intérpretes es “interpretar lengua de señas colombiana en clase, acompañar
tareas y tutorías a estudiantes en condición de discapacidad auditiva, durante
el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de noviembre de 2017”;
y, (iii) la Dirección de Bienestar Universitario “solicitó adicionar
en tiempo y en dinero, los contrato[s] de los intérpretes hasta el
término del periodo académico”, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2017.
29.
En lo relacionado con los costos
financieros de la implementación del programa de intérpretes, indicó que: (i)
en atención a la prórroga referida en el párrafo anterior, el costo es de “un
total de sesenta y ocho millones de pesos ($68.000.000,oo) en la presente
vigencia [2017]”; y, (ii) en caso de acceder a las pretensiones de
la accionante “al solicitar que se asigne dos intérpretes por persona, se
estima un valor de ciento treinta y seis millones de pesos ($136.000.000,oo)
más el incremento del IPC para el año 2018”.
30.
Respecto de los programas de
capacitación al personal administrativo, docentes y estudiantes, señaló que,
desde el año 2015, la UPTC ha desarrollado “talleres, conversatorios, entre
otros de concienciación a la población universitaria […], con temáticas
enfocadas a informar sobre la política de educación inclusiva de la UPTC en la
Sede Central y Seccionales, buscando orientar a la población antes descrita el
proceder en las aulas y el entorno con población en condición de discapacidad”.
31.
Asimismo, anotó que la entidad
demandada permitió la participación de algunos estudiantes en situación de discapacidad
auditiva, entre los que se encuentra la accionante, “para asistir al Quinto
Encuentro Nacional de Sordos Universitarios”, el cual tuvo lugar en
Pereira, en noviembre de 2017.
32.
El jefe del Departamento de
Admisiones y Control de Registro Académico de la UPTC indicó que la pérdida del
cupo académico o condición de estudiante se encuentra regulada por el artículo
80 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 130 de 1998)[18].
33.
Finalmente, la Directora de
Planeación se pronunció sobre las condiciones de accesibilidad física de la
Universidad. Señaló que: (i) la Universidad ha “construido rampas de
acceso o ascensores [en] los edificios antiguos, así mismo [en]
la nueva infraestructura”; (ii) a partir del 2018, se implementarán
“medidas correctivas en rampas existentes y la construcción de nuevos
accesos”; y, (iii) en los diseños de los nuevos edificios “se
consideran vías de acceso para la población en mención”.
34.
En dicho informe, la UPTC también se
refirió a la situación académica de la accionante. Al respecto, manifestó lo
siguiente: Sobre el ingreso de la señora Quintero Carreño a la UPTC, indicó que
“se tuvo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 029 de 2015 y la Resolución
emitida por el Consejo Académico 2404 de 2016”. Aclaró que estas normas
prevén “la asignación de un cupo especial por programa a población en
condición de discapacidad”.
35.
En lo que guarda relación con el
acompañamiento a clases por parte de un intérprete, señaló que la accionante,
al momento de su ingreso a la universidad, “manifest[ó] de manera
verbal durante los dos primeros semestres de su programa académico NO necesitar
intérprete de señas para cumplir con sus actividades académicas”. No
obstante, al iniciar el segundo semestre académico del año 2017, “solicitó
acompañamiento de intérprete de señas por medio tiempo en algunas asignaturas
consideradas por ella; para lo cual la UPTC suscribió contrato de prestación de
servicios […] a fin de interpretar lengua de señas colombiana en clase,
acompañar tareas y tutorías a estudiantes en condición de discapacidad auditiva
especialmente a la estudiante Quintero”.
36.
Asimismo, aportó distintas
certificaciones que dan cuenta de lo siguiente: (i) la accionante “actualmente
cursa el tercer semestre de su carrera con 12 créditos inscritos”; (ii)
el promedio académico del primer semestre fue de “3.50”; (iii) el
promedio académico del segundo semestre fue de “2.80”; y, (iv) la
estudiante tiene un promedio acumulado de “3.20”, en una calificación
sobre 5.0.
5.3.    Respuesta del MEN
37.
El 14 de diciembre de 2017, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio
OPT-A-2582/2017[19].
En esta comunicación, el MEN señaló que, en desarrollo de la Ley 1618 de 2013,
las instituciones de educación superior “propugnarán por aplicar
progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos,
recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa
de personas con discapacidad y la calidad del servicio educativo”[20]. Igualmente,
indicó que la normativa referida previó que “dichas entidades deberán
diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean
necesarios” para que “no se excluya o limite el acceso en condiciones de
igualdad”[21].
38.
Sobre las instituciones de
educación superior que ofrecen programas de capacitación y formación
profesional a personas en situación de discapacidad auditiva o visual, advirtió
que estas deberán “tener en cuenta las particularidades lingüísticas y
comunicativas e incorporar el servicio de intérprete de Lengua de Señas y guía
intérprete”[22].
39.
Respecto de la existencia de
reglamentos, directivas o circulares que regulen el acceso y permanencia en el
sistema de Educación Superior a las personas en situación de discapacidad,
consideró que “los procesos de selección, admisión, asignación de apoyos y/o
becas a cada estudiante, son definidos por cada una de las Instituciones de
Educación Superior”, de conformidad con la autonomía universitaria (art. 69
de la C.P.). Sin embargo, resaltó que el MEN desarrolló el documento “Lineamientos
Política de Educación Superior Inclusiva”, por medio del cual prioriza a la
población en situación de discapacidad para el “acceso, permanencia y
graduación” en los programas universitarios.
40.
Finalmente, señaló que la
inclusión de la situación de discapacidad en los carnés de los estudiantes es
una cuestión que define cada establecimiento educativo, en consideración de la
autonomía universitaria.
II. CONSIDERACIONES
1.       Competencia
41.
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela dentro del
trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3º del
artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.       Problemas jurídicos
42.
De conformidad con los
antecedentes, la Sala Primera de Revisión encuentra que el caso sub examine
versa sobre la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación de la
accionante, quien es una persona en situación de discapacidad, como se
estudiará más adelante. En efecto, el caso plantea una discusión acerca de la
razonabilidad de los ‘ajustes’ y las medidas afirmativas que ha llevado a cabo
la UPTC en el marco de su Política Institucional de Educación Inclusiva. Esto,
en relación con las pretensiones concretas de la accionante, las cuales se
encuentran dirigidas a alcanzar un nivel de protección mayor al otorgado por la
entidad accionada.
43.
Así las cosas, la Sala Primera de
Revisión debe determinar cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción de
los derechos fundamentales cuyo amparo solicita la accionante, es decir, a
la igualdad y a la educación, por parte de la universidad demandada. En
consecuencia, le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el siguiente
problema jurídico:
43.1. ¿En
el caso sub examine, la UPTC amenaza o vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación de la accionante, en la medida en
que su Política Institucional de Educación Inclusiva no garantiza el nivel de
satisfacción de estos derechos pretendido por la accionante, según se
refiere en las pretensiones de la demanda? (ver párr. 11.1 a 11.8).
44.
Para resolver el anterior problema
jurídico, la Sala Primera de Revisión utilizará la siguiente metodología: (i)
examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y los aplicará al caso concreto; (ii) se pronunciará
sobre la protección constitucional de las personas en situación de discapacidad
en los centros universitarios; (iii) se referirá a la metodología de la
ponderación en relación con los niveles de satisfacción de los derechos
fundamentales; y, (iv) finalmente, resolverá el caso concreto.
3.       Requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
45.
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre”[23], para la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares. La acción de tutela resulta procedente
cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
46.
En esta medida, antes
de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez
constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) legitimación en la
causa por activa y por pasiva, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad.
3.1.    Legitimación en la causa
47.
Como se señaló en el párr.
45, el artículo 86 de la Constitución prevé que toda persona puede ejercer la acción
de tutela a fin de lograr la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. En este sentido, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991[24]
dispone que la acción de tutela puede ser ejercida “por cualquier persona
vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales”, quien podrá actuar
por sí misma, mediante representante o apoderado judicial, agente oficioso, el
Defensor del Pueblo o los personeros municipales. Este requisito de procedencia
tiene por finalidad garantizar que quien interponga la acción tenga un “interés
directo y particular” respecto de las pretensiones incoadas, de manera que
el juez constitucional pueda verificar que “lo reclamado es la protección de
un derecho fundamental del propio demandante y no de otro”[25]. A su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del
sujeto responsable de la presunta vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, sea este una autoridad pública o un particular.
48.
En el presente caso, se cumple con
el requisito de legitimación en la causa por activa. La accionante interpuso la
acción de tutela por cuanto estimó vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la educación. Luego de revisar las pruebas que obran en el
expediente, esta Sala de Revisión encuentra probado que la señora Quintero
Carreño (i) es estudiante de Derecho de la UPTC, (ii) está matriculada
desde el año 2016, y (iii) presenta una situación de discapacidad
auditiva, la cual es conocida por las autoridades universitarias. En
consecuencia, la accionante es la titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados y cuya protección solicita mediante la acción sub judice.
49.
La Sala también encuentra
acreditada la legitimación en la causa por pasiva. La acción de tutela fue interpuesta
en contra de la UPTC, Institución de Educación Superior en la cual la
accionante cursa actualmente el programa de Derecho. Además, la UPTC es la
entidad que profirió el Acuerdo 029 de 2015, y, en consecuencia, es la
encargada de diseñar e implementar dicha norma y, a su vez, la Política
Institucional de Educación Inclusiva, es decir, las normas que la señora
Quintero Carreño estima como insuficientes para garantizar el nivel de
satisfacción pretendido de sus derechos fundamentales.
3.2.    Inmediatez
50.
La jurisprudencia constitucional
ha señalado que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales. El requisito de la inmediatez tiene por finalidad
preservar la naturaleza de la acción de la acción de tutela, concebida como “un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de
los derechos invocados”[26].
51.
Esta Sala considera que la acción
de tutela presentada por la señora Quintero Carreño cumple con el requisito de
inmediatez. La accionante interpuso la acción de tutela el 23 de mayo de 2017,
fecha para la cual era (i) estudiante de la UPTC y (ii) beneficiaria
de la Política Institucional de Educación Inclusiva debido a su situación de
discapacidad auditiva. Además, dicha política, además, se encontraba vigente
desde ese momento. Por estas razones, y, en consideración al hecho de que
dichas condiciones no se han modificado, la Sala concluye que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante es actual. En
consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.
3.3.    Subsidiariedad
52.
La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus derechos
fundamentales o, en caso de existir tal, se ejerza como mecanismo transitorio
para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable[27].
El carácter subsidiario de esta acción “impone
al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en
marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo
ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a
la acción de amparo constitucional”[28].
53.
No obstante, la Corte ha advertido
que el estudio de la subsidiariedad de la acción de tutela no consiste en una
mera verificación formal de la existencia de otros mecanismos judiciales o
administrativos[29].
Le corresponde al juez constitucional analizar la situación particular y
concreta del accionante, a fin de comprobar si aquellos resultan eficaces y
adecuados para la protección de sus derechos fundamentales[30].
54.
Ahora bien, tal como se señaló en
el párr. 43, en el caso sub examine, la controversia gira en
torno al nivel de satisfacción de los derechos fundamentales a la
educación y a la igualdad. En efecto, la accionante cuestionó la Política
Institucional de Educación Inclusiva de la UPTC, toda vez que, a su juicio, resulta
insuficiente para garantizar los derechos antes mencionados. Por su parte, la
UPTC indicó que “en ningún momento la Universidad afectó algún derecho
fundamental de la accionante, al contrario, la Institución ha actuado dentro de
lo [que] estipula en su normatividad la cual no es violatoria de algún
precepto constitucional o legal”.
55.
En particular, es preciso reiterar
que la accionante formuló las siguientes pretensiones: (i) dar
cumplimiento al Acuerdo 029 de 2015; (ii) instalar y adecuar las
condiciones para la accesibilidad física de “todas las dependencias y
espacios dentro de la sede central de la UPTC”; (iii) proveer, al menos,
dos (2) intérpretes por estudiante en situación de discapacidad auditiva; (iv)
garantizar que los intérpretes tengan formación en el área de conocimiento
que les corresponde interpretar; (v) ofrecer el lenguaje de señas como materia
electiva de idiomas; (vi) incluir en el carné universitario información
acerca de la situación de discapacidad de los estudiantes; (vii) exigir
que los docentes de la UPTC utilicen “apoyos físico-visuales” en las
cátedras educativas; y (viii) capacitar al personal administrativo,
docente y a estudiantes acerca de las necesidades de la población en situación
de discapacidad, especialmente, auditiva.
56.
Así las cosas, debido a la variada
naturaleza de cada una de las pretensiones incoadas por la accionante, la Corte
debe analizar su procedencia mediante la acción de tutela, antes de
pronunciarse de fondo sobre las mismas.
3.3.1. Pretensiones improcedentes
57.
Dar cumplimiento al Acuerdo 029
de 2015. La Sala considera que esta
pretensión no cumple con el requisito de subsidiariedad. En efecto, esta está
relacionada con exigir el cumplimiento de un acto administrativo de contenido
general, como lo es el Acuerdo 029 de 2015 proferido por la UPTC, “por el
cual se adopta la Política Institucional de Educación Inclusiva”. Pues
bien, el medio judicial idóneo para dicha pretensión es la acción de
cumplimiento (art. 87 de la C.P.[31]
y Ley 393 de 1997[32]).
Además, la acción de tutela resulta improcedente “cuando se trate de actos
de carácter general, impersonal y abstracto”, en virtud de lo previsto por
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
58.
Solo en gracia de
discusión, para que esta pretensión fuese exigible, en los términos propuestos
por la accionante, mediante la acción de tutela se debió acreditar alguna de
las siguientes condiciones: (i) que esta pretensión se relacione, de manera
concreta, subjetiva e individual, con una amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante; (ii) la ineficacia de la acción de
cumplimiento en el caso concreto[33];
o, en su defecto, (iii) la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente, de manera excepcional y
transitoria, la acción de tutela interpuesta. Dado que esta Sala no encontró
probada ninguna de esas condiciones, la Corte no se pronunciará, de fondo,
sobre esta pretensión.
59.
Adicionalmente, la Sala encuentra
necesario precisar que, debido a la naturaleza de esta pretensión (ver párr.
57), era razonable que (i) la accionante acudiera, en primer lugar,
ante la entidad accionada para solicitar, de ser el caso, el cumplimiento del
Acuerdo 029 de 205. En todo caso, lo cierto es que, a falta de lo anterior, la
señora Quintero Carreño (ii) debió indicar, siquiera de manera sumaria,
en qué consiste el presunto incumplimiento de dicha norma por parte de la UPTC;
y (iii) cómo este afecta de manera concreta, particular, individual y
subjetiva sus derechos fundamentales. No obstante, de las pruebas que obran en
el expediente no se evidencia ninguna de las anteriores condiciones.
60.
Por el contrario, y, a manera de
ejemplo, al revisar el contenido normativo del Acuerdo 029 de 2015, se observa
que este prevé disposiciones generales relacionadas con la adopción de la
Política Institucional de Educación Inclusiva (art. 1)[34], el objetivo de esta
norma (art. 2)[35],
la entidad encargada de articular y fomentar esta política (art. 3)[36],
definiciones (art. 4)[37],
ámbitos (art. 5)[38],
enfoques (art. 6)[39],
principios (art. 7)[40],
líneas de acción (art. 8)[41],
vigencia (art. 17). Asimismo, los artículos 9 a 16 contienen previsiones
relativas al acceso a los programas académicos, por medio de un cupo
excepcional, a ciertos grupos, entre ellos, las personas en situación de
discapacidad (art. 9)[42].
En este orden de ideas, habida consideración de que la accionante ingresó a la
UPTC en virtud de uno de los cupos especiales o extraordinarios previstos por
el artículo 9 del Acuerdo 029 (ver párr. 26 y 34), prima facie,
la Sala tampoco encuentra posible colegir un incumplimiento de esta norma por
parte de la entidad accionada.
61.
Instalar y adecuar las
condiciones para la accesibilidad física de “todas las dependencias y espacios
dentro de la sede central de la UPTC”.
La Sala encuentra que esta pretensión tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad. La accionante indicó que la UPTC no ha dado cumplimiento a la
normativa referida a las condiciones de accesibilidad de las personas en
situación de discapacidad, desarrollada, entre otras, por las leyes 115 de
1994, 324 de 1996, 361 de 1997 y el Decreto 2082 de 1996. En estos términos, es
claro que la pretensión se enfoca en lograr el cumplimiento de leyes y actos
administrativos, es decir, “normas generales, impersonales y
abstractas”[43]. En consecuencia, esta pretensión resulta improcedente,
de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[44]. Además, para conseguir
el cumplimiento efectivo de dichas normativas resulta procedente la acción de
cumplimiento (art. 87 de la CP y Ley 393 de 1997). Por último, al igual que con
la pretensión anterior, la Sala no encuentra acreditadas las condiciones
referidas en el párr. 59, para efectos de que resulte procedente, de
manera excepcional, la acción de tutela sub examine.
62.
Por otra parte, esta pretensión
resultaría improcedente mediante acción de tutela, aún si se considera que no
se encuentra referida a exigir el cumplimiento de las normas, sino a que se
adecúen las instalaciones de la UPTC, es decir, a fin de garantizar las
condiciones de accesibilidad física de las mismas. En concreto, la accionante se
refirió a la obligación de la UPTC de “facilitar el acceso y tránsito seguro
de la población en general y en especial de las personas con limitación, […]
que las instalaciones y edificios ya existentes […] deberán además
contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales, […] que en
las edificaciones de varios niveles que no cuenten con ascensor, existan rampas
con las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas”[45]. Para la Sala, esta
pretensión, en los términos planteados por la solicitante, más que garantizar
la protección de un derecho fundamental, tiene por finalidad lograr la
protección de un derecho colectivo. En consecuencia, el medio judicial eficaz
es la acción popular (art. 88 de la C.P.[46]
y Ley 472 de 1998). Justamente por la existencia de este mecanismo de defensa
judicial, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 prevé que la acción de tutela
es improcedente para la protección de derechos colectivos.
63.
En efecto, el artículo 4 de la Ley
472 de 1998 dispone que son derechos colectivos, “entre otros, los
relacionados con: […] h) El
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…] m) La realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.
Así, esta Sala advierte que la pretensión de la accionante versa sobre el
derecho colectivo de accesibilidad de la población en situación de discapacidad
a la infraestructura de la UPTC. Pretensión frente a la cual, la acción
procedente es la popular, que no la tutela.
64.
Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la
acción de tutela para solicitar el amparo de derechos colectivos. Sin embargo,
esta posibilidad se encuentra condicionada a que se acredite una de las
siguientes circunstancias: (i) “la relación de causalidad existente entre la acción u omisión que
afecta el interés colectivo y su propia circunstancia”[47], lo que implica que la accionante demuestre la existencia de una
vulneración o amenaza real y concreta a sus derechos fundamentales; o (ii)
la existencia de un perjuicio irremediable[48].
65.
La acción de tutela sub
examine no acredita ninguna de dichas circunstancias. Primero, de las
pruebas allegadas al proceso no se evidencia que las condiciones físicas y de
accesibilidad de la infraestructura de la UPTC vulneren algún derecho
fundamental e individual de la accionante. Por una parte, estas condiciones no
guardan relación directa con la situación personal de discapacidad de la
accionante (discapacidad auditiva, que no física o motora); y, por otra parte, la
entidad accionada informó acerca de las adecuaciones que ha llevado a cabo en
las instalaciones y de los ajustes que se han realizado a los diseños de las
nuevas estructuras (ver párr. 33).
66.
Segundo, la accionante
no acreditó la existencia del perjuicio irremediable (inminente, grave, urgente
e impostergable[49])
que hiciera procedente, de manera
transitoria, la acción de tutela interpuesta. En efecto, la accionante simplemente se limitó a
solicitar la protección del derecho de acceso y tránsito seguro “a la
población en general y en especial de las personas con limitación”, sin que
explicara la relación directa de la presunta vulneración al derecho colectivo y
sus derechos fundamentales, de un lado, así como la entidad del perjuicio
irremediable que, excepcionalmente, daría lugar a la procedencia de la acción sub
judice y al amparo transitorio de sus derechos.
3.3.2. Pretensiones procedentes
67.
En lo que se refiere a las demás
pretensiones (ver párr. 11.3 a 11.8), la Sala encuentra que estas
cumplen el requisito de subsidiariedad por cinco razones examinadas en su
conjunto. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido
la procedencia de la acción de tutela cuando “quien exige la prestación del
derecho a la educación es una persona con limitación física, protegido
especialmente por la Constitución producto de una lectura sistemática de los
artículos 13 y 68”[50].
En el caso sub examine, la señora Quintero Carreño es (i) un
sujeto de especial protección constitucional, en razón de su situación de
discapacidad auditiva y (ii) presentó la acción de tutela para solicitar
la protección de sus derechos a la igualdad (art. 13 de la C.P.) y a la
educación (art. 68 de la C.P.).
68.
Segundo, la jurisprudencia
constitucional también ha reconocido la procedencia de la acción de tutela
cuando, posiblemente, a las personas en situación de discapacidad se les “niega un trato especial que les permita
acceder a bienes, servicios o beneficios, y ese trato especial es posible
mediante adaptaciones razonables”[51].
En este sentido, la accionante solicita que la UPTC ajuste su Política
Institucional de Educación Inclusiva a las necesidades “para la enseñanza a
personas con condiciones de discapacidad similares o iguales a la [suya]”.
69.
Tercero, estas pretensiones no se
dirigen a exigir el cumplimiento de normas de carácter general y abstracto, así
como tampoco a cuestionar la legalidad de las mismas. De hecho, las
pretensiones se encuentran relacionadas con el deber del Estado de
“desarrollar políticas específicas en materia educativa y laboral que permitan [la]
rehabilitación e integración social” de las personas en situación de
discapacidad. En este sentido, la accionante cuestiona la idoneidad de algunas
acciones afirmativas que ha desarrollado la UPTC; y solicita que la UPTC las
corrija, modifique o adicione, o, de ser el caso, realice implemente otras que
la beneficien, en el marco de su Política Institucional de Educación Inclusiva.
70.
Cuarto, estas pretensiones, en
particular, tienen clara incidencia en los derechos fundamentales de la
accionante, esto es, son pretensiones de amparo de carácter individual y
subjetivo, que no colectivo. En efecto, en su solicitud de tutela, la
accionante manifestó que, en razón de la falta de idoneidad de la Política
Institucional de Educación Inclusiva de la UPTC, “[s]e encuentra en riesgo
de perder el cupo académico al cual logr[ó] acceder, puesto que por la
falta de condiciones, mecanismos, instrucción y sensibilización del personal
docente, [su] comprensión de los temas es insuficiente”[52]. Es más, la
accionante relaciona cada una de estas pretensiones –lo que no sucede con las
pretensiones analizadas en la sección 3.3.1– con las limitaciones
propias de su discapacidad, así como con una mayor satisfacción de sus derechos
a la igualdad y a la educación.
71.
En efecto, a juicio de la
accionante: (i) es necesario que la UPTC provea, al menos, dos (2)
intérpretes por estudiante con discapacidad auditiva, habida consideración de
que la labor de interpretación requiere de un “esfuerzo amplio y físico de
gesticulación” para garantizar una interpretación idónea, por lo que un
solo intérprete resulta insuficiente para traducir una clase de dos horas; (ii)
la formación adicional del intérprete resulta indispensable para garantizar la
calidad y precisión conceptual de los contenidos de las clases a las que ella
asiste; (iii) ofrecer la lengua de señas como materia electiva de
idiomas puede ayudarle a superar las dificultades relativas a la “pronuncia[ción]”
de lenguas extranjeras; (iv) la inclusión de la situación de
discapacidad en el carné contribuye a que “el personal de la universidad [le]
confiera [un] trato preferencial y adecuado”; (v) el uso de
material o “apoyos físico-visuales” favorece las condiciones de
aprendizaje, en atención a su situación de discapacidad; y, finalmente (vi)
las capacitaciones, a juicio de la accionante, tienen por objeto “la no
diferenciación de la población con discapacidad; mas sí apoyo de acuerdo a sus
necesidades […] y así mismo de las medidas que pueden implementar para
el acompañamiento y aprendizaje de esta población”.
72.
Quinto, en atención a las razones
antes expuestas, esta Sala encuentra que no existe en el ordenamiento jurídico
un mecanismo judicial, distinto de la acción de tutela, que le permita a la
accionante solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a
la educación, y, sobre todo, en relación con las pretensiones, individuales y
subjetivas, que formuló. En efecto, el presente caso versa sobre el nivel de
satisfacción de los derechos a la igualdad y a la educación de la
accionante, respecto de una política de educación inclusiva implementada por
una institución de educación superior. En consecuencia, en lo que se refiere
a estas pretensiones, no existe otro mecanismo de defensa judicial, lo que
torna procedente la acción de tutela. Ciertamente,
tal como se señaló en los párr. 42 y 43, lo que se cuestiona, en
estricto sentido, es la razonabilidad, entendida en términos de adaptabilidad,
de los ajustes y medidas afirmativas que ha implementado la UPTC en el marco de
dicha política pública.
73.
Ahora bien, la Sala considera necesario
precisar que, si bien de las pruebas allegadas al proceso, no existe prueba
alguna que demuestre que la accionante, de manera previa a la fecha de
interposición de la acción de tutela (23 de mayo de 2017), hubiere elevado una
solicitud a la UPTC a efectos de que se modificara el Acuerdo 029 de 2015 o se
prestara algún servicio especial en el ámbito de su proceso educativo, por las
razones antes expuestas (ver párr. 67 a 72), la Sala estima procedentes
dichas pretensiones. Por lo tanto, la Sala procederá con el estudio de fondo de
las mismas.
74.
Habida consideración de lo
anterior, la procedencia de las pretensiones elevadas por la accionante puede
resumirse de la siguiente manera:
Pretensiones de la accionante
Requisitos de procedencia
1. Cumplir el acuerdo 029 de 2015
No cumple
2. Instalar y adecuar las condiciones para la
accesibilidad física de “todas las dependencias y espacios dentro de la
sede central de la UPTC”
No cumple
3. Proveer, al menos, dos (2) intérpretes por
estudiante en situación de discapacidad auditiva
Cumple
4. Garantizar que los intérpretes tengan formación
en el área de conocimiento que les corresponde interpretar
Cumple
5. Ofrecer el lenguaje de señas como una materia
electiva de idiomas
Cumple
6. Incluir en el carné universitario información
acerca de la situación de discapacidad de los estudiantes
Cumple
7. Exigir que los docentes de la UPTC utilicen “apoyos
físico-visuales” en las cátedras educativas
Cumple
8. Capacitar al personal administrativo, docente y a
estudiantes acerca de las necesidades las personas en situación de
discapacidad, especialmente, auditiva
Cumple
75.
Ahora bien, lo anterior no es
óbice para que la señora Quintero Carreño eleve estas solicitudes antes las
autoridades universitarias correspondientes.
4.     La
protección constitucional a las personas en situación de discapacidad en
centros universitarios
76.
El asunto sub judice versa
sobre la protección de las personas en situación de discapacidad,
particularmente en relación con su derecho a la educación en instituciones de
educación superior. Por esta razón, la Sala se referirá a los siguientes
asuntos: (i) las personas en situación de discapacidad como sujetos de
especial protección constitucional; (ii) el derecho a la educación de
las personas en situación de discapacidad; (iii) el desarrollo normativo
sobre los deberes del Estado y, en especial, de las instituciones de educación
superior respecto de la prestación del servicio de educación a las personas en
situación de discapacidad; y, (iv) la autonomía universitaria.
4.1.    Las personas en situación de discapacidad como
sujetos de especial protección constitucional
77.
La jurisprudencia constitucional
ha reconocido que las personas en situación de discapacidad son sujetos de
especial protección constitucional[53].  Este
reconocimiento se deriva del mandato de protección, fundado en el principio de
igualdad, previsto por el artículo 13.3 de la Constitución Política, el cual
señala que “[e]l Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de
debilidad manifiesta”.
78.
La Corte ha señalado que este
mandato se traduce en una “obligación de contenido positivo”[54], la cual comprende la necesidad de adoptar acciones
afirmativas que permitan “contrarrestar –equilibrar– los efectos negativos
que generan las discapacidades”[55]. Solo
así se puede garantizar una integración real que contribuya al ejercicio pleno
de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad y
que estas “responda[n] por sus obligaciones”[56]. En este sentido, garantizar la igualdad material a
estos sujetos de especial protección constitucional constituye un pilar
fundamental para la eficacia plena de sus derechos y deberes constitucionales.
79.
A su vez, este deber especial de
protección –y de igualación– es desarrollado por otras disposiciones
constitucionales. Por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución dispone que el
Estado debe adelantar una “política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Del mismo modo, el
artículo 54.2 ibid. señala que “[e]l Estado
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”. Asimismo, en lo que se refiere al derecho a la educación, el
artículo 68.5 de la Constitución dispone que “[l]a erradicación del
analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del
Estado”. Este último contenido será objeto de desarrollo en las secciones
subsiguientes.
80.
En
virtud de lo anterior, esta Corte ha indicado que estas disposiciones expresan
“la voluntad inequívoca del Constituyente de eliminar,
mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y
sutil marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad”[57]. Y,
de esta manera, alcanzar la igualdad material, entendida como un fin del Estado
social de derecho[58].
4.2.    El derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad
81.
El artículo 67 de la Constitución
dispone que “la educación es un derecho y un servicio público que tiene
función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura”.
Este se encuentra a cargo del Estado, la sociedad y la familia.
82.
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que el derecho a la educación “pertenece a la
categoría de los derechos fundamentales”[59].
Esto se explica por cuanto guarda una estrecha relación con la dignidad humana,
la autonomía individual[60]
y la satisfacción de otros derechos fundamentales, como el libre desarrollo de
la personalidad y la libertad de escogencia de profesión u oficio, entre otros.
Asimismo, “comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo
ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus
potencialidades”[61].
83.
A su vez, la educación
es un “servicio público que tiene función social”[62].
Esto significa que la educación es un “objetivo fundamental de la actividad
estatal […] por lo que adquiere el carácter de gasto público social”[63],
sometido al control y vigilancia por parte del Estado. De esto se deriva el
deber del Estado de desarrollar políticas públicas constantes, a fin de
garantizar la satisfacción del mismo, de forma “regular y continua”[64],
las cuales deben atender a principios que rigen la prestación de cualquier
servicio público: “la eficiencia, la continuidad, la calidad […], la
búsqueda del bienestar general, la distribución equitativa de oportunidades,
los beneficios del desarrollo y la elevación de la calidad de vida de toda la
población”[65].
84.
De esta doble dimensión del
derecho a la educación –como derecho fundamental y como servicio público–, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de una faceta
prestacional de este derecho, la cual se concreta en cuatro dimensiones[66]: (i)
la asequibilidad o disponibilidad del servicio, “que consiste en el deber
que tiene el Estado de proporcionar escuelas o instituciones educativas, de
conformidad con la necesidad poblacional”[67];
(ii) la aceptabilidad, “que consiste en el deber de brindar una buena
calidad de educación”[68];
(iii) la accesibilidad, que consiste en la obligación del Estado de
garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo “a todas las
personas, […] en igualdad de condiciones, […] y con la eliminación
de toda discriminación al respecto”[69];
y, finalmente, (iv) la adaptabilidad, la cual consiste en que la
educación debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, de manera que se
garantice su continuidad en el servicio educativo; en otras palabras, “la
adopción de medidas que adecúen […] los programas de aprendizaje a las
condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que
hacen parte de grupos poblacionales de especial protección”[70].
85.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional
también ha reconocido que el derecho a la educación tiene un carácter
programático. De esto se deriva que la exigibilidad de las prestaciones
asociadas al derecho no pueda demandarse de manera “inmediata”[71]. Sin
embargo, la Corte ha señalado que, en virtud del principio de progresividad,
esta exigibilidad debe “aumentar con el paso del tiempo, con el mejoramiento
de las capacidades de gestión administrativa y con la disponibilidad de
recursos”[72].
Como consecuencia de ello, el Estado debe promover la ampliación de la oferta
educativa en todos sus niveles –incluida, la educación superior–, garantizar el
cumplimiento de los deberes de vigilancia y control, así como exigir ciertos
estándares de calidad en la prestación del servicio[73]. En conclusión, “la garantía del derecho a
la educación como servicio público requiere de un desarrollo político, técnico
y reglamentario que no siempre puede darse inmediatamente”[74].
86.
Como se señaló en el párr. 79,
la Constitución previó de manera expresa un deber especial de protección “a
las personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales” para la garantía de su derecho a la educación (art. 68.5 de
la C.P.). Este deber debe concretarse mediante el desarrollo de una política
pública de educación inclusiva, la cual debe prever la implementación de
acciones afirmativas “para eliminar las barreras de acceso a la educación de
esta población”[75]
y propiciar su integración a la sociedad. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el Estado debe proveer los medios necesarios
para que estas personas “puedan aprovechar en mayor medida las
oportunidades, lo que incluye la prestación de ayudas audiovisuales, la
asignación de intérpretes o tutores especializados, entre otros”[76].
87.
La Corte, además, ha resaltado que
la educación inclusiva tiene por objeto garantizar el acceso y la permanencia
de las personas en situación de discapacidad dentro del sistema de educación.
Para ello, se debe permitir el disfrute del derecho a la educación
de estas personas en todas sus dimensiones, de manera que “puedan disfrutar en igualdad de condiciones
de una educación accesible, aceptable y adaptable”[77]. Entre otras, esto significa que es
necesario que el Estado y las instituciones educativas realicen los ajustes
razonables necesarios que permitan “que el proceso de aprendizaje se adapte
a sus condiciones y en este sentido pued[an] acceder al mismo como
cualquier persona”[78].
88.
En particular, en lo que se
refiere a la educación superior, la Corte ha considerado que los centros
universitarios deben respetar y garantizar el goce efectivo del derecho a la
educación de las personas en situación de discapacidad, en los términos
explicados en los párrafos anteriores. Para lograr este propósito, el Legislador
y la administración han desarrollado el contenido de este derecho, y, en
consecuencia ha impuesto una serie de obligaciones en cabeza del Estado y de
las instituciones de educación superior, las cuales se analizarán a
continuación.
4.3.    Deberes estatales y de las instituciones de
educación superior frente a la educación de las personas en situación de
discapacidad
89.
En
particular, los deberes del Estado y de las instituciones de educación superior
respecto de la atención a las personas en situación de discapacidad han sido
desarrollados por (a) diversos instrumentos de derecho internacional de
los derechos humanos, y, (b) en el ordenamiento jurídico interno, por
las Leyes 115 de 1994[79], 324 de 1996[80],
361 de 1997[81], 982 de 2005[82],
1346 de 2009[83] y 1618 de 2013[84],
así como por los decretos reglamentarios 2082 de 1996[85],
1068 de 1997[86] y 2369 de 1997[87].
a) Según el derecho internacional de los
derechos humanos
90.
Existen diversos
instrumentos internacionales que prevén y desarrollan las obligaciones de los
Estados respecto de la garantía del derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad. La finalidad que persiguen estas normas no se agota
en la prohibición de discriminación, sino que se extiende a la necesidad de que
exista una política de educación inclusiva y diferenciada. De forma
ilustrativa, que no taxativa, encontramos que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad prescribe
que los Estados deben garantizar un “sistema de educación
inclusivo a todos los niveles”. En el mismo sentido, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad señala que los Estados deben“eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad” y
“propiciar su plena integración en la
sociedad”.
91.
Por su parte,  las Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad dispone que para
alcanzar la integración e inclusión de las personas en situación de
discapacidad, los Estados deben, entre otras, (i) contar con una
política pública; (ii) permitir que los planes de estudio sean flexibles
y adaptables; y (iii) proporcionar materiales didácticos de calidad. Igualmente, la Resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas 37/52 de 1992, señala que los Estados deben “adoptar políticas que reconozcan los derechos de
las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en la educación
respecto a los demás [y] deben
ofrecer a las personas con discapacidad posibilidades de acceso al nivel
universitario”.
92.
En concreto, las
obligaciones de los Estados respecto del derecho a la educación de las personas
en situación de discapacidad son, principalmente, las siguientes: adoptar medidas legislativas, sociales, educativas,
laborales[88]
o de política pública[89];
garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo; permitir que los
planes de estudio sean flexibles y adaptables[90],
es decir, “que se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades
individuales”[91];
proporcionar materiales didácticos de calidad y promover la formación del
personal docente y de apoyo[92];
prestar el apoyo necesario para garantizar la formación efectiva, lo cual
incluye, medidas de apoyo personalizadas[93];
y sensibilizar a la población, por medio de medidas “encaminadas a eliminar
prejuicios, estereotipos y otras actitudes[94]”
que atenten en contra del derecho a la igualdad de estas personas.
b) Según el ordenamiento jurídico colombiano
93.
De conformidad con las
disposiciones previstas por los instrumentos internacionales (ver sección
4.3.a), la normativa interna tampoco se agota en la prohibición de discriminación,
sino que está orientada a la implementación de acciones específicas dirigidas a
garantizar la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el
sistema educativo.
94.
En primer lugar, la Ley
115 de 1994 prevé que la atención de las personas en situación de discapacidad
es una de las obligaciones a cargo de las instituciones educativas encargadas
de la prestación del servicio público educativo. Dicha obligación se concreta en:
(i) garantizar en todas las instituciones
de educación pública el acceso a la educación y la capacitación en los niveles
primario, secundario, profesional y técnico; (ii) ofrecer formación
integral dentro del ambiente más apropiado a las necesidades especiales del
estudiante; y, (iii) fomentar programas para la formación de docentes
idóneos para la adecuada atención educativa de los menores con capacidades o
talentos excepcionales.
95.
El Decreto reglamentario 2082 de 1996 dispone normas relacionadas
con la atención educativa para personas en situación de discapacidad o con
capacidades excepcionales. Entre otras, señala que, para lograr la integración
de estas personas, es necesario “ha[cer] uso de estrategias pedagógicas, de medios y
lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos
y tecnológicos, […] y
de flexibilidad en los requerimientos de edad, que respondan a sus
particularidades”[95].
Asimismo, de manera específica, dispone que las instituciones de educación
superior “tendrán en cuenta […] prácticas pedagógicas relacionadas
con la atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales en el momento de elaborar los correspondientes currículos
y planes de estudio”[96].
96.
La Ley 324 de 1996 prevé algunas disposiciones a favor de la
población en situación de discapacidad auditiva. En esta norma se señala que el
“Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea
éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los
servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución”[97]. Asimismo, impone al Estado el deber
de “auspici[ar] la investigación, la enseñanza y la difusión de la
Lengua Manual Colombiana” [98] o “lengua
de señas colombiana”[99].
97.
El Decreto reglamentario 2369 de 1997, a su vez, dispone normas
relacionadas con la lengua de señas colombiana, en particular, acerca de: (i)
los principios de igualdad de participación, autonomía lingüística y desarrollo
integral previstos para la atención de las personas en situación de
discapacidad[100]; (ii)
la enseñanza o formación de intérpretes de lengua de señas por parte de las
instituciones de educación superior, entre otras[101]; (iii) las condiciones generales para
ser reconocido por el MEN como intérprete de lengua de señas[102]; y (iv) la incorporación de un
programa de intérpretes para las personas en situación de discapacidad
auditiva, que garantice el acceso a los servicios públicos[103].
98.
Por su parte, la Ley 361 de 1997 regula algunos mecanismos para la
integración social de las personas en situación de discapacidad. En su capítulo
II establece una serie de obligaciones, a fin de garantizar el acceso de estas
personas a la educación en los niveles primario, secundario, profesional y
técnico. Entre otras, señala que el Gobierno Nacional deberá: (i)
adoptar acciones pedagógicas pertinentes para la integración académica de estas
personas[104]; y (ii)
dotar de materiales específicos que respondan a la situación de discapacidad de
los estudiantes a las instituciones encargadas de prestar el servicio educativo[105]. Por su parte, las instituciones de
educación superior “deberá[n] contar con los medios y recursos que
garanticen la atención educativa apropiada” a las personas en situación de discapacidad[106].
99.
La Ley 982 de 2005 instituyó una serie de medidas que deben ser
realizadas en favor de la población en situación de discapacidad auditiva y
discapacidad auditiva y visual. Son de especial relevancia las siguientes: (i)
El Gobierno Nacional y
las entidades territoriales deberán “respetar las diferencias lingüísticas
y comunicativas en las prácticas educativas”[107];
y que (ii) las
entidades territoriales deberán tomar medidas de planificación para “garantizar el servicio de interpretación a los
educandos sordos y sordociegos que se comunican en Lengua de Señas, en la
educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin de que
estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo”[108].
100.
La Ley 1346 de 2009,
por medio de la cual se aprobó la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, cuyo contenido fue analizado en la sección
4.3.a.
101.
Finalmente, la Ley 1618 de 2013 desarrolla, entre otros, el
derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad. Esta norma
dispone una serie de obligaciones en cabeza del MEN, las entidades
territoriales y las instituciones de educación superior. En lo que se refiere
al MEN, este debe: (i) consolidar la política de educación inclusiva y
equitativa para las instituciones de educación superior[109]; (ii) incentivar el diseño de programas de
formación de docentes regulares para la inclusión educativa y la
flexibilización curricular[110]; y, (iii) diseñar incentivos
para que los centros universitarios destinen recursos humanos y económicos al
desarrollo de “tecnologías inclusivas”[111].
102.       Respecto
de las instituciones de educación, dicha Ley prevé que deberán “propugnar por aplicar progresivamente
recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos
y pedagógicos que apoyen la inclusión educativa”[112]; promover la
capacitación y sensibilización del personal docente; y “asignar recursos
financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que utilicen las
nuevas tecnologías de la información”[113],
entre otras.
103.       Ahora
bien, en cumplimiento de la obligación prevista por la Ley 1618 de 2013 (ver párr.
101), el MEN desarrolló los “Lineamientos Política de Educación Superior
Inclusiva”. En este documento se resaltan los principios de integralidad y
flexibilidad, los cuales, “en el marco
de la autonomía universitaria, buscan promover el acceso, la permanencia y la
graduación de estudiantes pertenecientes a los diferentes grupos priorizados,
focalizándose en las barreras para el aprendizaje y la participación propias
del sistema”[114]. En
este orden de ideas, define el principio de integralidad como “la amplia
dimensión de estrategias y líneas de acción que deben ser identificadas”
para garantizar la inclusión. Este, a su vez, comprende los subprincipios de
calidad y pertinencia. Por su parte, el principio de flexibilidad “se
relaciona a la adaptabilidad para responder a la diversidad cultural y social […]
y por ello los lineamientos deben ser susceptibles de revisión, modificación
y permanente actualización como parte procesal de la educación inclusiva”.
4.4.    La autonomía universitaria
104.
La autonomía universitaria está
prevista por el artículo 69 de la Constitución, el cual señala que “[s]e garantiza la
autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Este principio
constitucional permite que el derecho a la educación se ejerza
“en un ambiente de independencia, libertad de pensamiento, libertad de cátedra,
investigación científica y tecnológica, entre otras características, con
capacidad de decisión frente a las entidades políticas que hacen parte del
poder público del Estado”[115].
105.
De
conformidad con lo dispuesto por la Ley 30 de 1992[116],
la jurisprudencia[117] ha señalado que este principio constitucional
se manifiesta en la facultad que tienen las instituciones de educación superior
de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) designar sus
autoridades académicas y administrativas; (iii) crear y desarrollar sus
programas académicos; (iv) expedir los correspondientes títulos; (v)
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión; (vi) vincular a sus docentes y admitir a sus
estudiantes; (vii) adoptar el régimen de alumnos y docentes; y, (viii)
manejar sus recursos “para el cumplimiento de su misión social y de su
función institucional”[118].
106.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la
autonomía universitaria es la “regla general […] de tal modo que las restricciones son
excepcionales y deben estar previstas en la ley”[119]. En particular, la Corte ha reconocido como límites
al ejercicio de la autonomía universitaria, los siguientes: (i) la
facultad de inspección y vigilancia de la Educación por parte del Estado (art.
67 de la C.P.); (ii) el contenido normativo de la educación desarrollado
por el Legislador, el cual no puede ser desconocido por los centros
universitarios al momento de expedir sus reglamentos y demás normas (art. 69 de
la C.P.); (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las
leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos en general (C.P.
art. 150-23); y, (iv) “el respeto por el ejercicio legítimo de los
derechos fundamentales”[120].
107.
Sobre este último punto, la Corte
ha reiterado que la autonomía universitaria debe ejercerse “en
el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la
ley y la Constitución”[121],
y, “especialmente, los derechos a la
educación y a la igualdad”[122].
Esto, habida consideración de que su ejercicio no puede ser utilizado como
fundamento para el desconocimiento de los derechos fundamentales[123],
cuyo contenido ha sido desarrollado, previamente, por el Legislador y la
administración. En todo caso, la colisión que se presente entre un derecho
fundamental y el ejercicio de la autonomía universitaria deberá ser estudiada y
decidida según las circunstancias de cada caso concreto.
5.       Ponderación entre los niveles razonables de
satisfacción de los derechos fundamentales
108.
Tradicionalmente, la
jurisprudencia constitucional ha aplicado la ponderación para solucionar
colisiones entre derechos y principios fundamentales. Esta metodología debe ser
utilizada por el juez constitucional para resolver casos relacionados con la
faceta prestacional de los derechos fundamentales, como, por ejemplo, los
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad.
También para estos casos, la ponderación se ofrece como un criterio
metodológico racional que permite analizar la relación entre las libertades
fundamentales y sus posibles limitaciones.
109.
Analizar la faceta prestacional de
los derechos, por lo general, implica la existencia de una posición jurídica,
en la que el titular del derecho exige que el obligado realice una determinada
acción, a efectos de alcanzar un determinado nivel de satisfacción del derecho (nivel
de satisfacción pretendido). En estos términos, la ponderación no se puede
estudiar, simplemente, como una colisión de derechos, sino que implica que el
juez constitucional deba ponderar entre distintos niveles razonables de
satisfacción de los derechos.
110.
Esto se explica porque la
Constitución prevé un amplio catálogo de derechos, los cuales tienen una clara
dimensión normativa; sin embargo, esta es abierta, en la medida que no define
cómo o en qué términos estos deben ser garantizados. Es más, la Constitución,
como regla general, no determina cuál debe ser el nivel –ya sea mínimo, máximo
o uno intermedio– de satisfacción de los derechos. Tampoco determina qué
políticas públicas, programas o acciones concretas deben implementarse para tal
efecto. Esta indeterminación resulta latente a la hora de evaluar cuál debe ser
la acción del obligado, a fin de satisfacer el contenido razonable del derecho
y, en consecuencia, poder concluir si existe o no una vulneración a un derecho
fundamental.
111.
Ahora bien, al ponderar la faceta
prestacional de los derechos fundamentales, el juez debe realizar una
interpretación de la Constitución de manera sistemática y armónica, la cual
debe atender a las características propias del Estado social de derecho. En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las autoridades
tienen el deber de “esforzarse en la construcción de las condiciones
indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna
dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance”[124].
Asimismo, ha reconocido que “primariamente, el Congreso tiene la
tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden
político, económico y social justo”[125].
112.
En tales términos, la finalidad
que persigue la aplicación de la ponderación a la faceta prestacional de los
derechos fundamentales consiste en determinar cuál debe ser el nivel
razonable de satisfacción del derecho, el cual corresponde al contenido
razonable atribuible al mismo. Este puede coincidir, o no, (i) con el nivel
de satisfacción pretendido, (ii) con el nivel de satisfacción provisto
por el obligado, o, de ser el caso, (iii) un nivel de satisfacción
distinto. La conclusión a la que se llegue dependerá de las circunstancias del
caso concreto.
113.
En conclusión, tal como se señaló
en los párrafos anteriores, con la aplicación de este principio se persigue
determinar cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción de los
derechos fundamentales. Este nivel razonable de satisfacción, a su vez,
también es indeterminado. Sin embargo, esta indeterminación se puede superar,
al aplicar la ponderación en dos pasos: (i) un análisis interpretativo
acerca del contenido del derecho, y, en consecuencia, del nivel de satisfacción
razonable del mismo –análisis de razonabilidad–; y, (ii) un análisis
empírico acerca del modo de satisfacción –análisis de proporcionalidad–.
(i)
El análisis de
razonabilidad
114.
El juez constitucional debe
realizar un estudio acerca del contenido del derecho previsto por el legislador
o por la administración. Esto, habida consideración de que en cabeza de ellos
se encuentra la obligación de desarrollar la normativa y las políticas
públicas, y, así, definir el contenido de los derechos fundamentales.
115.
Luego, el juez debe analizar la
pretensión concreta (nivel de satisfacción pretendido) y comprobar si, prima
facie, esta puede adscribirse al contenido normativo del derecho, en
atención al desarrollo realizado por el legislador o por la administración. La
interpretación de la norma debe hacerse de manera amplia, pero razonable.
Justamente, en el marco del análisis de razonabilidad, el juez puede encontrar
cuatro posibles supuestos.
115.1. Primer
supuesto. Cuando el nivel de
satisfacción pretendido por el titular (i) no sea
contraevidente, esto es, que por definición ya ha sido satisfecho por el sujeto
obligado o (ii) cuando se identifique con el contenido normativo del
derecho o pueda considerarse adscrito, prima facie, a él. En estos
casos, el juez debe proceder a verificar si la pretensión ya fue satisfecha o
si existe una razón constitucionalmente legítima que justifique que el
obligado garantice un nivel de satisfacción inferior al pretendido. Una
razón constitucionalmente legítima podría ser, por ejemplo, la satisfacción de
otro derecho fundamental o de un fin constitucional imperioso. En este
escenario, el juez debe proceder a evaluar la proporcionalidad del nivel de
satisfacción del derecho en relación con la razón constitucionalmente legítima.
Por el contrario, cuando no exista dicha razón, el juez debe concluir, sin más,
que debe garantizarse el nivel de satisfacción pretendido por el titular.
115.2. Segundo
supuesto. Cuando el nivel de
satisfacción pretendido por el titular (la pretensión) y el nivel de
satisfacción provisto por el obligado (la política pública, programa o
medida) se encuentran adscritos, prima facie, al contenido del derecho
y, por lo tanto, ambos son razonables. En este caso, el juez debe proceder a
estudiar la proporcionalidad de esos niveles razonables de satisfacción. Una
vez superado el análisis de proporcionalidad, el juez debe determinar cuál debe
ser el remedio judicial más apropiado que permita lograr la eficacia de los
derechos fundamentales, en consideración a las circunstancias del caso
concreto.
115.3. Tercer
supuesto. Cuando el juez
encuentre que el nivel de satisfacción pretendido no se encuentra
adscrito, prima facie, al contenido del derecho, pero evidencie que
existe una amenaza o vulneración al derecho fundamental del accionante que
amerita la intervención inmediata del juez constitucional. En este caso, el
juez tiene el deber de adoptar medidas que garanticen la eficacia de los
derechos fundamentales, habida consideración de las amplias facultades con las
que fue investido, entre ellas, la posibilidad de interpretar la solicitud de
tutela y la búsqueda de otros elementos normativos que permitan dar una
solución razonable y adecuada al caso concreto. Así, el juez debe estudiar si
existen otras alternativas razonables de satisfacción del derecho, distintas
a la pretendida.
115.4. Estas
alternativas deben plantearse de conformidad con los fundamentos fácticos del
caso concreto y los fundamentos jurídicos previstos por el legislador y la
administración. En efecto, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, “en
tales eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no solo la gravedad
de la violación del derecho fundamental a la luz de los textos
constitucionales, sino también las posibilidades económicas de solución del
problema dentro de una lógica de lo razonable, que tenga en cuenta, por un
lado, las condiciones de escasez de recursos y por el otro, los propósitos de
igualdad y justicia social que señala la Constitución”[126]. Así, una vez se
determinen las otras alternativas razonables de satisfacción del derecho, el
juez deberá proceder a estudiar la proporcionalidad de cada una de ellas.
Cuando se supere el análisis de proporcionalidad, el juez debe determinar cuál
debe ser el remedio judicial más apropiado que permita lograr la eficacia de
los derechos fundamentales, en consideración a las circunstancias del caso
concreto.
115.5. Cuarto
supuesto. Excepcionalmente, el
juez constitucional puede advertir que el contenido del derecho, aplicado al
caso concreto, resulta abiertamente irrazonable y, por lo tanto,
inconstitucional. Esto, bien porque el contenido del derecho desconoce la
Constitución o excluye irrazonable y desproporcionadamente a ciertos grupos,
entre otras razones. En este caso, el juez deberá adoptar el remedio judicial
más apropiado que permita lograr la eficacia de los derechos fundamentales, en
consideración a las circunstancias del caso concreto.
(ii)
El análisis de
proporcionalidad
116.
El análisis de proporcionalidad
debe aplicarse en atención al supuesto de razonabilidad que
determine el juez para cada caso concreto. Esto debe analizarse a la luz de los
subprincipios de (a) idoneidad, (b) necesidad y (c)
proporcionalidad en sentido estricto.
117.
En relación con la idoneidad, el
juez debe verificar que el nivel de satisfacción razonable pretendido
(la pretensión del accionante) o las otras alternativas razonables de
satisfacción sean adecuados para garantizar el nivel razonable de
satisfacción del derecho, de acuerdo con el contenido exigible, previamente
analizado.
118.
La necesidad, por su parte, supone
que el juez determine si, de todos los medios posibles que permiten satisfacer
el nivel razonable y exigible del derecho, en el caso concreto, el nivel
de satisfacción razonable pretendido o alguna de las otras alternativas
razonables de satisfacción son menos lesivas de la razón
constitucionalmente legítima que justifica que el obligado no proporcione dicho
nivel de satisfacción, sino uno distinto. Sobre este punto, es necesario
advertir que, en razón de las competencias de las autoridades para definir el
contenido de las políticas públicas (párr. 110), la interpretación
constitucional debe ser respetuosa del desarrollo normativo realizado por el
legislador y por la administración.
119.
Finalmente, el juicio de
proporcionalidad en sentido estricto se debe realizar en atención a la escala
tríadica del juicio de ponderación empleado por la jurisprudencia
constitucional (leve, medio e intenso). En este sentido, el juez constitucional
debe ponderar entre el grado de satisfacción del derecho –ya sea el nivel de
satisfacción pretendido u otro distinto–; respecto de la afectación que se
le causaría al obligado a satisfacer el derecho en ese nivel determinado.
120.
Así las cosas, el nivel
razonable de satisfacción del derecho –y, por lo tanto, exigible
judicialmente– debe ser: (i) razonable, en la medida en que dicho nivel
puede adscribirse al contenido del derecho en cuestión; y (ii)
proporcional, esto es, justificado en que la satisfacción del titular del
derecho al recibir el nivel razonable de satisfacción es mayor a la
afectación que se le ocasionaría al obligado al exigírsele garantizar dicho nivel
razonable de satisfacción.
121.
Este modelo de adjudicación de los
derechos fundamentales, fundado en los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, puede ser resumido de la siguiente manera:
Razonabilidad y proporcionalidad de los derechos
fundamentales
Presupuesto sustancial
Análisis de razonabilidad
Análisis de proporcionalidad
Remedio judicial
Que exista una amenaza o vulneración a un derecho
fundamental
1.
(a) es razonable*.
El juez debe verificar la existencia de (R).
No existe (R).
El juez debe ordenar que se dé cumplimiento al
contenido del derecho.
Sí existe (R). El
juez debe estudiar la proporcionalidad** entre (a) y (R).
El juez deberá adoptar el remedio judicial más
apropiado, en consideración a las circunstancias del caso concreto.
2.
(a) y (b) son razonables.
El juez debe
analizar la proporcionalidad de (a) y (b).
3.
(a) no es razonable.
Sin embargo, existen otras alternativas
razonables de satisfacción del derecho.
El juez debe
analizar la proporcionalidad de las otras alternativas razonables de
satisfacción del derecho.
4.
El contenido del derecho es abiertamente
irrazonable, desproporcionado y, por lo tanto, inconstitucional.
Convenciones
(a) – La
pretensión del titular del derecho (nivel de satisfacción pretendido)
(b) – La política
pública, programa o medida acusada (nivel de satisfacción provisto)
(R) – Razón
constitucionalmente legítima para no conceder (a)
* La
razonabilidad está determinada por la adscripción, prima facie, de
(a), (b) o las otras alternativas razonables de satisfacción al contenido del
derecho.
** La
proporcionalidad se determina a partir de la idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
6.       Caso Concreto
122.
La señora Luz Mary Quintero
Carreño interpuso acción de tutela en contra de la UPTC, habida consideración
de que, a su juicio, esta entidad vulnera sus derechos fundamentales a la
igualdad (art. 13 de la C.P.) y a la educación (art. 68 de la C.P.). En su
criterio, la Política Institucional de Educación Inclusiva, por ella adoptada, no
resulta idónea para garantizar su permanencia en el sistema de educación
superior. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (i) dar
cumplimiento al Acuerdo 029 de 2015; (ii) instalar y adecuar las
condiciones para la accesibilidad física de “todas las dependencias y
espacios dentro de la sede central de la UPTC”; (iii) proveer, al menos,
dos (2) intérpretes por estudiante en situación de discapacidad auditiva; (iv)
garantizar que los intérpretes tengan formación en el área de conocimiento
que les corresponde interpretar; (v) ofrecer el lenguaje de señas como
materia electiva de idiomas; (vi) incluir en el carné universitario
información acerca de la situación de discapacidad de los estudiantes; (vii)
exigir que los docentes de la UPTC utilicen “apoyos físico-visuales” en
las cátedras educativas; y (viii) capacitar al personal administrativo,
docente y a estudiantes sobre de las necesidades de la población en situación
de discapacidad, especialmente, auditiva. Tal como se señaló en la sección
3.3.1. las pretensiones (i), y (ii) son improcedentes.
123.
Por su parte, la UPTC manifestó
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y que ha cumplido
con las normas sobre educación inclusiva. En este sentido, advirtió que le ha
proporcionado a la accionante los medios idóneos para garantizar su acceso y
permanencia en el sistema educativo. En concreto, la UPTC afirmó que “en
ningún momento la Universidad afectó algún derecho fundamental de la
accionante, al contrario, la Institución ha actuado dentro de lo [que] estipula
en su normatividad la cual no es violatoria de algún precepto constitucional o
legal”.
124.
En este orden de ideas, la Sala
Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional observa que el caso sub
examine versa sobre el nivel de satisfacción de los derechos a la educación
y a la igualdad que deben garantizar las instituciones de educación superior a
los estudiantes en situación de discapacidad. En efecto, lo que se discute en
el presente asunto guarda relación con determinar si la Política Institucional
de Educación Inclusiva de la UPTC se ‘adapta’ a las necesidades de sus
estudiantes en situación de discapacidad, en concreto, aquellas expuestas por
la accionante en su solicitud de tutela; y, de esta manera, garantiza su
continuidad en el sistema educativo.
125.
Por esta razón, es necesario que
la Sala evalúe (i) la razonabilidad y, de ser el caso, (ii) la
proporcionalidad de los ajustes y medidas afirmativas implementadas por la UPTC
frente a los ajustes que la accionante considera como necesarios para
garantizar el nivel de satisfacción pretendido de sus derechos a la
igualdad y la educación.
126.
Ciertamente, esto implica evaluar si
las pretensiones de la accionante corresponden a “adaptaciones” o “ajustes” razonables
–y, en consecuencia, exigibles– a la luz del principio de autonomía
universitaria, el cual sustenta, entre otros, la Política Institucional de
Educación Inclusiva y las demás acciones afirmativas implementadas por la UPTC.
Es esta situación, precisamente, la que hace necesario aplicar la ponderación
entre los niveles de satisfacción de los derechos a la educación e igualdad.
127.
Así, la Sala procederá a aplicar la
metodología de la ponderación a los niveles de satisfacción del derecho
fundamental a la educación superior de las personas en situación de
discapacidad (ver sección 4); y, de esta manera, determinar cuál es el nivel
razonable de satisfacción del derecho exigible a las instituciones de
educación superior.
128.
En consecuencia, la Sala
analizará, en primer lugar, el contenido del derecho a la igualdad y a la
educación de las personas en situación de discapacidad en centros
universitarios, únicamente, en lo que guarda relación con las pretensiones
concretas de la accionante. Luego, determinará si dicha pretensión (i)
se adscribe al contenido del derecho, y, por lo tanto, si hace parte del nivel
razonable de satisfacción de los derechos mencionados. En caso
afirmativo, (ii) analizará la proporcionalidad de la pretensión de la
accionante, a la luz de los criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
129.
Finalmente, una vez superados los
análisis de razonabilidad y proporcionalidad, de ser el caso, para cada
pretensión de la accionante, en particular, (iii) se determinará
el remedio judicial idóneo. Al respecto, la Sala advierte que debido a la
naturaleza de las pretensiones y los derechos en discusión (educación e
igualdad), si bien la acción de tutela se encuentra referida al estudio de la
situación de la señora Quintero Carreño; lo cierto es que, eventualmente, las
órdenes que el juez pueda impartir en el caso concreto pueden incidir sobre los
derechos e intereses de otros estudiantes, sin que ello desvirtúe la naturaleza
iusfundamental –que no colectiva– de dichos derechos y de la presente acción.
6.1. La razonabilidad y la proporcionalidad de la
Política Institucional de Educación Inclusiva de la UPTC
130.
Como se señaló en la sección 5,
para poder determinar cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción
de un derecho, la Corte debe realizar un juicio de ponderación respecto de las
pretensiones de la accionante (máximo nivel de satisfacción pretendido por
la accionante), que cumplen con los requisitos de procedencia de la acción
de tutela. En particular, se analizarán las siguientes pretensiones formuladas
en la demanda: (a) proveer, al menos, dos (2) intérpretes por estudiante
en situación de discapacidad auditiva; (b) garantizar que los
intérpretes tengan formación en el área de conocimiento que les corresponde
interpretar; (c) ofrecer el lenguaje de señas como una materia electiva
de idiomas; (d) incluir en el carné universitario información acerca de
la situación de discapacidad de los estudiantes; (e) exigir que los
docentes de la UPTC utilicen “apoyos físico-visuales” en las cátedras
educativas; y (f) capacitar al personal administrativo, docente y a
estudiantes sobre las necesidades las personas en situación de discapacidad,
especialmente, auditiva.
131.
Así las cosas, la Sala procederá a
realizar el juicio de ponderación respecto de cada una de las anteriores
pretensiones, a fin de determinar: (i) si estas resultan razonables,
esto es, si, prima facie, dichas pretensiones pueden adscribirse al
contenido normativo de los derechos a la educación e igualdad de las personas
en situación de discapacidad, previsto por el legislador y la administración (ver
sección 5), y, en consecuencia si su satisfacción puede ser exigida, prima
facie, a la entidad accionada; y, (ii) si estas son proporcionales,
es decir, si estas permiten alcanzar el nivel razonable de satisfacción
de los derechos de la accionante, procurando la menor afectación posible al
principio de autonomía universitaria.
a)  La UPTC debe proveer, al menos, dos intérpretes de
lengua de señas a cada estudiante en situación de discapacidad auditiva
132.
Análisis de razonabilidad de la
pretensión. Esta pretensión, en
particular, corresponde a exigir que la entidad accionada provea intérpretes
que acompañen el proceso educativo de la accionante, especialmente, en las
clases y cátedras (nivel de satisfacción).
133.
En estos términos debe aplicarse
la metodología de la ponderación. Para ello, en primer lugar, la Sala debe
evaluar la razonabilidad del nivel de satisfacción pretendido por la
accionante; por lo que determinará: (i) si esta pretensión se puede
adscribir, prima facie, al contenido normativo del derecho; y, de ser el
caso, (ii) si está constitucionalmente justificado que la entidad
accionada garantice un nivel de satisfacción inferior al pretendido por la
accionante en el caso concreto.
134.
Como se señaló en la sección 4,
el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación en condiciones
de igualdad a las personas en situación de discapacidad (arts. 13.3 y 68 de la
C.P.). De conformidad con lo anterior, el Legislador ha dispuesto algunas
condiciones que deben cumplir las instituciones de educación superior, a fin de
garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en situación de
discapacidad auditiva.
135.
En relación con la obligación de
proveer intérpretes de lengua de señas, encontramos que el Estado y, en
particular, las instituciones de educación superior: (i) “deberá[n]
contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada
a las personas con limitaciones”[127];
(ii) “deberán tener en cuenta las particularidades lingüísticas y
comunicativas e incorporar el servicio de intérprete de Lengua de Señas y guía
intérprete en los programas que ofrecen”[128];
y, (iii) “garantizará[n] y proveerá[n] la ayuda de
intérpretes idóneos para que […] las personas [en situación de
discapacidad auditiva] puedan acceder a todos los servicios que como
ciudadanos les confiere la Constitución”[129].
136.
En tales términos, la Sala
advierte que las instituciones de educación superior sí tienen un deber de
proporcionar a sus estudiantes en situación de discapacidad auditiva “intérpretes”
en lengua de señas. Sin embargo, el contenido del derecho, desarrollado por el
Legislador y la administración, no determina cuál debe ser el número de
intérpretes que las autoridades universitarias deben proveer a cada estudiante
(modo de satisfacción). Ahora, a la luz de una lectura amplia de la normativa
sobre educación inclusiva, se encuentra que la única norma que prevé un mandato
de esta naturaleza se encuentra referida a la educación básica, la cual dispone
que las entidades territoriales tienen el deber de proveer: (i) “[u]n
(1) intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula
de mínimo diez (10) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en los
niveles de básica secundaria y media”[130];
y, (ii) [u]na (1) persona de apoyo pedagógico por cada estudiante con
sordo ceguera”[131].
137.
Así las cosas, la Sala encuentra
que en el caso concreto, por una parte, la señora Quintero Carreño solicita que
la UPTC provea, al menos, dos (2) intérpretes de lengua de señas por estudiante
en situación de discapacidad. Por otra parte, desde 2015, la UPTC ofrece un programa
de intérpretes, el cual prevé que un (1) intérprete de lengua de señas, quienes
tienen la obligación de “interpretar lengua de señas colombiana en clase,
acompañar tareas y tutorías a estudiantes en condición de discapacidad
auditiva”, y de esta manera, facilitar el proceso de aprendizaje de estos.
138.
Esta Sala constata que, prima
facie, la Política Institucional de Educación Inclusiva no es irrazonable,
en lo que se refiere al acompañamiento de un intérprete de lengua de señas. En
efecto, dicha política: (i) desarrolla el contenido normativo del
derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, el cual ha
sido determinado por el Legislador y la administración; y, (ii) la
determinación del número de intérpretes que proporciona la UPTC hace parte de
su autonomía universitaria. En efecto, esta decisión se encuentra relacionada
con la selección y vinculación del personal universitario, y con el manejo de
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función
institucional.
139.
Lo anterior, además, resulta razonable
a la luz del artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, que dispone que los centros
universitarios, “en cumplimiento de su misión institucional, en armonía con su
plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su
presupuesto para vincular recursos humanos […] apropiados que apoyen la
inclusión educativa de personas con discapacidad”. Al respecto, la UPTC
informó que, con la finalidad de “asegurar el acompañamiento hasta el
término del semestre académico”, prorrogó la vigencia de los contratos de
los intérpretes; y, a su vez, indicó que la satisfacción de la pretensión de la
accionante implicaría duplicar los recursos que anualmente destina a este
programa.
140.
Sin embargo, lo cierto es que la
pretensión de la accionante tampoco se advierte irrazonable, prima facie.
Por lo tanto, la Sala procederá a analizar la proporcionalidad de la medida, a efectos
de determinar si el programa de intérpretes de la UPTC garantiza el nivel razonable
de satisfacción de los derechos de la accionante. O, de ser el caso, si
existen otros modos de satisfacción de los derechos que, además de razonables,
resulten proporcionales para garantizar el derecho a la educación en
condiciones de igualdad de la accionante y, a su vez, sea respetuoso de la
autonomía universitaria.
141.
Análisis
de proporcionalidad. El juicio de proporcionalidad de la faceta
prestacional de los derechos fundamentales exige que el juez determine si la
satisfacción del titular del derecho al recibir el nivel de satisfacción
pretendido es mayor a la afectación que se le ocasiona al obligado al
exigírsele garantizar dicho nivel de satisfacción pretendido; o, al contrario. Para
ello, debe estudiar (i) la idoneidad, (ii) la necesidad y (iii)
la proporcionalidad de la pretensión de la accionante, respecto de las medidas
que ha realizado la UPTC para garantizar la satisfacción de los derechos a la
igualdad y a la educación; así como del principio de autonomía universitaria.
142.
Primero, la pretensión es idónea
para garantizar el derecho a la educación de la accionante. Que la UPTC
garantice el acompañamiento por parte de dos (2) intérpretes a las cátedras y
tutorías que requiera la señora Quintero Carreño, a priori, se presenta
como una medida adecuada para garantizar la continuidad y permanencia de la
accionante en el sistema educativo.
143.
No obstante su idoneidad, la
pretensión no satisface los sub principios de necesidad ni proporcionalidad en
sentido estricto. En efecto, existen otros medios que permitirían que la
accionante vea satisfecho su derecho a la educación como persona en situación de
discapacidad, los cuales no comprometen una afectación, prima facie, de
la autonomía universitaria de la UPTC. Uno de estos medios es justamente la
disposición de un (1) interprete, tal como lo ofrece actualmente la
universidad. Por lo demás, como se señaló en el párr. 138, la pretensión
de la accionante compromete, de manera evidente, la autonomía universitaria, la
cual está referida a la selección y vinculación del personal universitario, y al
manejo de sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función
institucional.
144.
La medida tampoco es proporcional
en sentido estricto. Esta Sala observa que la afectación de los derechos a la
igualdad y a la educación de la señora Quintero Carreño, al no recibir el nivel
de satisfacción pretendido por ella, es media, habida cuenta de que, en
todo caso, con la oferta institucional actual, ella dispone de un intérprete
que la asiste en sus compromisos académicos. Por el contrario, en caso de que
la UPTC fuese obligada a garantizar el nivel de satisfacción pretendido, se
generaría una afectación intensa a la autonomía universitaria, traducida en una
grave limitación a su facultad para determinar el manejo de sus recursos para
el cumplimiento de su misión social y su función institucional. Asimismo, se
generaría un costo previsiblemente alto para la Universidad, que tendría que
disponer de mayores recursos para la provisión de un intérprete adicional. Dado
lo anterior, esta Sala no concederá la pretensión en los términos pretendidos
por la accionante.
b)  La UPTC debe garantizar que los intérpretes tengan
formación en el área de conocimiento que les corresponde interpretar
145.
Análisis de razonabilidad de la
pretensión. En su solicitud de
tutela, la accionante indicó que, en virtud de que la carrera de derecho exige
“terminología especializada”, es necesario que la UPTC provea intérpretes
de lengua de señas, los cuales deberían tener una formación en el área de
conocimiento que les corresponde interpretar. En esta medida, la discusión gira
en torno a la formación de los intérpretes –específicamente, si es posible
exigirles una cualificación adicional y afín al derecho para el caso en
concreto– de manera que se garantice la calidad de la interpretación. Para
ello, la Sala analizará la razonabilidad y la proporcionalidad de esta
pretensión y, con ello, del nivel de satisfacción pretendido.
146.
El artículo 47 de la Constitución
dispone que el Estado debe adelantar “una política de previsión, rehabilitación
e integración social” a favor de las personas en situación de discapacidad.
En desarrollo de dicho precepto, la normativa (ver Sección 4) ha
desarrollado el deber de atención a la población en situación de discapacidad
auditiva. Este se encuentra referido, principalmente, a que el Estado y, en
especial, las instituciones de educación superior faciliten el acompañamiento
por parte de intérpretes de lengua de señas.
147.
Ahora bien, el Decreto 2369 de
1997 dispuso como único requisito para obtener el título de “intérpre[te]
oficia[l] de la lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana”
obtener un reconocimiento por parte del Instituto Nacional para Sordos (en
adelante, Insor) y del MEN, “previo el cumplimiento de los requisitos
académicos, de idoneidad y de solvencia lingüística”[132]. A su vez, la
Resolución 05274 de 2017 del MEN exige que la persona interesada en ser
reconocida como intérprete deberá acreditar un “título académico de
pregrado, del nivel técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario
[…] relacionado con la interpretación de Lengua de Señas Colombiana”[133].
148.
En este orden de ideas, se observa
que el contenido normativo del derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad, definido por el Legislador y la administración, no
exige que los intérpretes de lengua de señas tengan una formación profesional,
tecnológica o técnica distinta de la interpretación de la lengua de señas. Por
lo demás, esta Sala encuentra razonable el contenido normativo referido. Del acervo
probatorio obrante en el expediente no se advierte motivo alguno que permita
dudar de la razonabilidad de dicho contenido, ni de su implementación por parte
de la UPTC.
149.
Por el contrario, la pretensión de
la accionante no satisface el requisito de razonabilidad. En efecto, no puede
concluirse, como lo hace la accionante, que el derecho a la educación de las
personas en situación de discapacidad incluya, además del acompañamiento por
parte de intérpretes, que estos tengan una formación especializada y afín a la
materia a interpretar. Afirmar lo contrario implicaría imponer en las
instituciones de educación superior una carga irrazonable y desproporcionada a
la hora de cumplir su obligación constitucional y legal de contratar los
servicios de un intérprete de lengua de señas, que permita la inclusión de
estos estudiantes en el sistema educativo. Dicha carga, irrazonable y
desproporcional, también se extendería a los intérpretes, quienes para su
ejercicio profesional (circunstancial, en la mayoría de casos) se les exigiría
una doble acreditación profesional: la de profesional, tecnólogo o técnico en
interpretación de lenguaje de señas y la profesional propia del estudiante a quien
le presta sus servicios.
150.
Aunado a lo anterior, como se
analizó en la sección 4, el deber de las instituciones de educación
superior consiste en proveer intérpretes a los estudiantes en situación de
discapacidad, de manera que estos tengan “la posibilidad de entender en tiempo real lo
que se dice en clase, participar de los debates que se presenten en el aula y (…)
adelantar las asignaturas correspondientes a su plan de estudios sin necesidad
de un esfuerzo adicional que no le es exigido a sus compañeros”[134].
Para tal efecto, esta Sala advierte razonable la exigencia normativa para los intérpretes
relativa a la específica formación profesional, tecnológica o técnica en la
interpretación de lengua de señas colombiana. La pretensión de la accionante,
por el contrario, carece de razonabilidad, en los términos de su solicitud,
habida cuenta de las anteriores consideraciones.
151.
No
obstante lo anterior, lo cierto es que la calidad hace parte fundamental del
derecho a la educación en su dimensión de aceptabilidad –“deber de brindar
una buena calidad de educación”[135]–. En consecuencia, la sala debe
determinar si existe otra medida alternativa de satisfacción del derecho que,
por una parte, garantice la calidad en el servicio de interpretación; y, por
otra, que pueda ser considerada como un ajuste razonable y proporcionado a la
Política Institucional de Educación Inclusiva de la UPTC.
152.
La Sala encuentra que sí existen otras
alternativas razonables de satisfacción de los derechos. En efecto, los
intérpretes en lengua de señas deben acreditar una “solvencia lingüística” (ver
párr. 147). Este requisito debe ser analizado en relación con
cada caso concreto y la labor de interpretación que corresponda. Esto significa
que las Instituciones de Educación Superior pueden procurar que, además de
acreditar un título en interpretación de lengua de señas, los intérpretes se
familiaricen con los contenidos y vocabulario básico del área de conocimiento
que les corresponde interpretar.
153.
Este ajuste puede lograrse si la
UPTC: (i) facilita a los intérpretes un material de apoyo básico para
aquellas áreas del conocimiento, como Derecho, que utilicen lenguaje
especializado; y (ii) asegura que los intérpretes puedan tener acceso
previo al material y contenidos de las clases que les corresponde interpretar.
Asimismo, en caso de considerarlo necesario, podrá: (iii) proveer un
espacio de capacitación básico e idóneo para que los intérpretes puedan
familiarizarse con los contenidos de las áreas de conocimiento a su cargo; y (iv)
crear estrategias que permitan el diálogo entre docentes e intérpretes, a fin
de que estos conozcan los contenidos y vocabulario para contribuir en mejorar
la calidad y precisión de la labor de interpretación.
154.
Análisis de proporcionalidad. Al respecto, la Sala considera que la exigencia de
que la UPTC garantice y facilite las medidas señaladas en el párrafo anterior
satisfacen los subprinicpios de (i) idoneidad, (ii) necesidad y (iii)
proporcionalidad en sentido estricto.
155.
Primero, la medida es idónea. Esta
permite que los intérpretes adquieran herramientas básicas y necesarias que
mejoren la calidad y precisión de la labor de interpretación. En consecuencia,
se mejoraría el proceso de aprendizaje de la accionante y, con ello, se
garantizaría su continuidad y permanencia en el sistema educativo.
156.
Segundo, la medida es necesaria.
No se advierte otro modo de satisfacción del derecho que, a priori, garantice
los derechos a la igualdad y a la educación de la accionante y que, a su turno,
no comprometa una afectación prima facie, de la autonomía universitaria.
Esto, por cuanto esta medida no implica una verdadera intromisión a las
facultades fundamentales de la autonomía universitaria (ver párr. 105).
Por el contrario, atiende a la aplicación del principio de flexibilización
previsto por los lineamientos de la política inclusiva desarrollada por el MEN,
y que desarrolla la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación.
157.
Tercero, la medida es proporcional
en sentido estricto. La Sala observa que la satisfacción de los derechos a la
educación y a la igualdad de la señora Quintero Carreño es media. Esto, habida
cuenta de que si bien el intérprete no es un profesional del derecho –lo cual,
como se analizó en el párr. 149 resultaría una exigencia irrazonable y
desproporcionada para ellos– sí tendría conocimientos básicos para mejorar la
calidad de la interpretación. Por otra parte, la afectación a la autonomía
universitaria sería leve, puesto que no se imponen condiciones imposibles a la
UPTC para vincular a los intérpretes, y, de esta manera cumplir con su mandato
constitucional y legal.
158.
Así las cosas, la Sala ordenará a
la UPTC que, como ajuste razonable a la Política Institucional de Educación
Inclusiva, realice lo siguiente: (i) facilitar a los intérpretes un
material de apoyo básico para aquellas áreas del conocimiento, como Derecho,
que utilicen lenguaje especializado; y (ii) asegurar que los intérpretes
puedan tener acceso previo al material y contenidos de las clases que les
corresponde interpretar. Asimismo, en caso de considerarlo necesario, podrá: (iii)
proveer un espacio de capacitación idóneo para que los intérpretes puedan
familiarizarse con los contenidos de las áreas de conocimiento a su cargo; y (iv)
crear estrategias que permitan el diálogo entre docentes e intérpretes, a fin
de que estos conozcan los contenidos y vocabulario para contribuir en mejorar
la calidad y precisión de la labor de interpretación.
c)  La UPTC debe ofrecer el lenguaje de señas como una
materia electiva de idiomas
159.
Análisis de razonabilidad.  En este caso, el nivel y modo de satisfacción de
los derechos pretendidos por la accionante corresponde a que la entidad
accionada ofrezca el lenguaje de señas como materia electiva de idiomas. Esto,
en atención a que, como señaló la accionante en su solicitud de tutela, tiene “gran
dificultad a la hora de intentar aprende[r] o concretamente pronuncia[r]
otras lenguas extranjeras.
160.
La Constitución no prevé un
mandato específico acerca de la enseñanza de la lengua o idioma de señas[136],
especialmente, por parte de las instituciones de educación superior. Sin
embargo, este asunto sí ha sido objeto de desarrollo legal y reglamentario. Por
ejemplo, la Ley 324 de 1996 dispone que el Estado tiene las siguientes
obligaciones: (i) “auspicia[r] la investigación, la enseñanza y la
difusión de la Lengua Manual Colombiana”[137];
y, (ii) “promove[r] la creación de escuelas de formación de
intérpretes para sordos”[138].
161.
No obstante, estas
normas no se refieren a un deber general para la enseñanza de esta lengua, sino
a los programas de formación para acceder al título de “intérpretes
oficiales de la lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana”[139].
Y, en todo caso, ofrecer estos programas, o no, es una potestad de dichas
instituciones, que no una obligación. Esto, particularmente, en el caso de las
instituciones universitarias. En efecto, el Decreto 2369 de 1997 dispone que: (i)
“[l]a formación de intérpretes de la
lengua manual colombiana o lengua de señas colombiana, podrá ser
ofrecida por instituciones de educación superior”[140]; (ii) que las
instituciones de educación superior “podrán ofrecer programas académicos de formación avanzada a
nivel de especialización, sobre investigación y estudio de la lengua de señas
colombiana”[141]; y (iii) que estas “quedan autorizadas […] para diseñar y ejecutar programas especiales
de formación vocacional de intérpretes de la lengua manual colombiana o lengua
de señas colombiana”[142].
(Subrayas fuera de texto).
162.
En tales términos, resulta claro
que las instituciones de educación superior no se encuentran obligadas a
ofrecer la lengua de señas como programa de formación, y, en consecuencia,
tampoco existe una obligación de ofrecerla como materia electiva. Esta es una
facultad de las universidades, en atención a su autonomía universitaria, habida
cuenta de que la definición de las materias que se ofrecen en los programas se
encuentra referida a (i) la creación y desarrollo de los programas
académicos y (ii) a la definición de las labores académicas, docentes y
científicas de cada institución de educación superior.
163.
Así las cosas, la Sala advierte
que, prima facie, la Política Institucional de Educación Inclusiva es
razonable de cara a lo pretendido por la accionante. Por lo demás, según las
pruebas obrantes en el expediente, no se advierte que exista una amenaza o
vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de la
señora Quintero Carreño atribuible al hecho de que la UPTC no ofrezca la lengua
de señas como materia electiva de idiomas.
164.
Acceder a esta pretensión de la
accionante resultaría a todas luces irrazonable de cara al principio
constitucional de autonomía universitaria, en los términos señalados en la sección
cuarta. Esto, por cuanto implicaría limitar su potestad para diseñar sus
programas curriculares, así como para adoptar el modelo de asignación de
recursos institucionales, sin que se advierta (i) motivo alguno para
sospechar de la razonabilidad del contenido del derecho determinado por el
legislador, (ii) ni irrazonabilidad de la política institucional de
inclusión educativa de la UPTC.
165.
Sin embargo, la Sala encuentra que
si bien la UPTC no se encuentra obligada a ofrecer la lengua de señas como
materia electiva, en atención al principio de flexibilidad de las políticas de
educación inclusiva, sí tiene el deber de implementar ciertos ajustes
razonables. En concreto, la Sala observa que la accionante refiere que tiene “gran dificultad a la hora de intentar
aprender o concretamente pronunciar” los idiomas extranjeros. A priori,
exigir a una persona en situación de discapacidad auditiva el cumplimiento de
requisitos específicos de comunicación oral y comprensión auditiva que le son
exigibles a estudiantes que no están en dicha condición, no responde a la adaptabilidad y a la flexibilidad que
deben asegurar los programas de educación superior. Ciertamente, ello desconoce
la obligación que tienen las instituciones de educación superior de adoptar
medidas que “adecúen […] los programas de aprendizaje a las
condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que
hacen parte de grupos poblacionales de especial protección”[143].
166.
En este orden de ideas, la Sala
encuentra que la UPTC se encuentra obligada a implementar ajustes razonables a la metodología de enseñanza y de evaluación que se
utiliza en las clases de idiomas extranjeros, de forma que se  garanticen los derechos a la educación y a la
igualdad de la accionante. Esto se presenta como una alternativa
razonable de satisfacción del derecho. Sin embargo, estos ajustes
razonables deben realizarse de manera concertada con el docente y la
accionante, por cuanto ello permitirá identificar sus limitaciones reales en el
proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros. Tales ajustes comprenderán la
metodología de clase y de evaluación, en aras de superar los obstáculos de la
estudiante en su proceso de aprendizaje.
167.
Ahora, esta alternativa es razonable.
En efecto, esta se encuentra comprendida en las obligaciones propias de
protección e igualación del Estado (art. 13.3 de la C.P.) frente a las personas
en situación de discapacidad. Asimismo, se encuentra adscrita, prima facie,
al contenido normativo de los derechos a la igualdad y a la educación.
Especialmente, en lo que guarda relación con la implementación de “prácticas
pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas con
limitaciones […] al momento de elaborar los correspondientes currículos
y planes de estudio”[144].
Por lo tanto, la Sala procederá analizar la proporcionalidad esta alternativa
razonable de satisfacción.
168.
Análisis de proporcionalidad. Al respecto, la Sala considera que  ajustar las metodologías de enseñanza y evaluación de
las clases de idiomas, de forma que se flexibilice la exigencia al momento de
evaluar competencias orales y de comprensión auditiva –o, de ser el caso,
cualquier otra que se logre identificar–, es proporcional.
169.
Por una parte, la medida es
idónea, por cuanto es adecuada para eliminar ciertas barreras en su proceso
educativo, propias de su situación de discapacidad, y, con ello facilitarle el
aprendizaje de lenguas extranjeras. En consecuencia, a priori, permite
concluir que es apropiada para garantizar la permanencia de la accionante en el
sistema educativo. Asimismo, la medida es necesaria, en atención a que este se
advierte como un medio óptimo y razonable para facilitarle el aprendizaje de
lenguas extranjeras. En concreto, ella permite que las metodologías utilizadas
en dichas clases se ajusten a sus necesidades particulares. A su turno, la
medida es respetuosa de la autonomía universitaria. Finalmente, la medida es
proporcional en sentido estricto. El nivel de satisfacción del derecho de la
accionante es alto en comparación con una afectación leve de la autonomía
universitaria.
170.
En consecuencia, la Sala le
ordenará a la UPTC que lleve a cabo un ajuste razonable a la metodología de
enseñanza y de evaluación de las clases de idiomas. Este deberá realizarse de manera concertada con el docente
y la accionante, por cuanto que ello permitirá identificar sus limitaciones
reales en el proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros, y, en consecuencia,
realizar los ajustes necesarios y razonables para facilitar su proceso
educativo.
d)  La UPTC debe incluir en el carné universitario
información acerca de la situación de discapacidad
171.
Análisis de razonabilidad de la
pretensión. Como se señaló en el párr.
79, el Estado tiene el deber de implementar “una política de previsión,
rehabilitación e integración social” a favor de las personas en situación
de discapacidad. La Ley 361 de 1997 previó algunos mecanismos para garantizar la
“integración social” de estas personas. Entre ellas, se encuentra
el deber de las empresas promotoras en salud (en adelante, EPS) de “consignar
la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado”[145],
cuya finalidad es permitir la identificación de los usuarios del sistema.
172.
Esta obligación se encuentra
referida, únicamente, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y no alude
a las instituciones de educación superior. Esto, por lo demás, resulta a todas
luces razonable, habida cuenta de la relevancia médica de dicha información. Es
más, al regular las políticas de integración social en el sistema de educación,
la norma no prevé una disposición similar que exija que las instituciones
universitarias, o de cualquier otro nivel, consignen la situación de
discapacidad en los carnés u otros documentos de identificación.
173.
Ahora bien, la accionante señaló
que la inclusión de la situación de discapacidad en los carnés universitarios
tiene por objeto que “el personal de la universidad les confiera el trato
preferencial y adecuado”[146].
No obstante, la Corte debe aclarar que los carnés –en especial, el previsto por
la Ley 361 de 1997–  son “documento[s] de tipo declarativo y no
constitutivo”[147].
En esta medida, los derechos de las personas en situación de discapacidad no se
generan por la inclusión, o no, de la situación de discapacidad en ellos.
174.
Así las cosas, la Política
Institucional de Educación Inclusiva de la UPTC resulta, prima facie,
razonable, habida consideración de que la pretensión de la accionante no se
encuentra adscrita al contenido normativo del derecho desarrollado por el legislador
y la administración; contenido que, a su vez, tampoco se advierte irrazonable. Y,
en todo caso, como señaló el MEN en el informe rendido a esta Corte, la
decisión acerca de la información que deben contener los carnés de las
instituciones de educación superior es una decisión de cada centro
universitario.
175.
Es más, la Corte no puede
considerar que existe una obligación por parte de las instituciones de
educación superior de incluir la información de discapacidad en estos
documentos. Por una parte, como se señaló en los párr. anteriores, esta
pretensión no se deriva del contenido normativo del derecho; y, por otra parte,
la inclusión de “la limitación” en el carné universitario debe ser una
decisión personal de cada estudiante, que no colectiva. En efecto, esta debe
ser una decisión acordada con los otros estudiantes en situación de
discapacidad de la UPTC. Al respecto, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad dispone que “no constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado […] siempre que […] los
individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o
preferencia”[148].
En estos términos, habida consideración de que no existe prueba que permita dar
por acreditado el consentimiento de los demás estudiantes en situación de
discapacidad, la Corte se abstendrá de conceder la protección, en los términos
solicitados por la accionante.
176.
Ahora bien, al margen de lo
anterior, la Sala considera que esta pretensión puede ser analizada desde la
perspectiva individual y subjetiva de la accionante. En particular, puede
entenderse que la razonabilidad de esta pretensión se justifica, a juicio de la
accionante, en la necesidad de visibilizar su situación individual de
discapacidad y facilitar dicha situación ante las autoridades universitarias.
177.
Análisis
de proporcionalidad. La Sala Primera de Revisión de Tutelas encuentra que la
pretensión de la accionante es proporcional. Primero, la pretensión es idónea. En
efecto, la inclusión de la información sobre la situación de discapacidad
auditiva de la accionante (hipoacusia neurosensorial severa profunda) en
el carné universitario es una medida adecuada para visibilizar y facilitar la
acreditación de la situación de la accionante ante las autoridades universitarias.
Esto, bajo el entendido de que la titularidad y garantía de los derechos de la
señora Quintero Carreño no depende de la existencia o de la exhibición del
carné.
178.
Segundo,
la inclusión de la información de la situación de discapacidad en el carné satisface
el requisito de necesidad. La Corte advierte que este es un medio óptimo –y
deseado por la accionante– para visibilizar y facilitar la acreditación de
su situación de discapacidad, y que, a su vez, es respetuoso de la autonomía
universitaria. Sobre este punto, la Sala debe aclarar que si bien es cierto que
definir el contenido de los carnés u otros documentos de identificación es una
competencia de las autoridades universitarias; la pretensión de la accionante no
es lesiva de la autonomía universitaria, toda vez que esta decisión no cercena
el “campo de acción”[149] de la autonomía universitaria,
previamente definido por la Ley 30 de 1992.
179.
Finalmente,
la pretensión es proporcional en sentido estricto. La Sala considera que el
nivel de satisfacción del derecho de la accionante –referido, únicamente, a
visibilizar y facilitar la acreditación de su situación– es alta en comparación
con una afectación leve de la autonomía universitaria, de conformidad con lo
señalado en el párr. anterior.
180.
En
consecuencia, la Sala encuentra acreditada la razonabilidad y la
proporcionalidad de la pretensión de la accionante. Así, ordenará a la UPTC que
expida un nuevo carné universitario para la señora Luz Mary Quintero Carrero,
en el cual se incluya la información relevante y necesaria sobre su situación
de discapacidad.
e)  La UPTC debe exigir que sus docentes utilicen
apoyos físico-visuales en las cátedras educativas
181.
Análisis de razonabilidad de la
pretensión. Las entidades de
educación superior tienen la obligación de desarrollar planes de estudio
flexibles[150],
en los cuales “se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades
individuales”[151].
En esta medida, estas tienen una serie de obligaciones, como: (i)
proporcionar materiales audiovisuales, didácticos o pedagógicos de calidad; (ii)
“asignar recursos financieros para el diseño y ejecución de programas
educativos que utilicen las nuevas tecnologías de la información”; (iii)
“dota[r] de los materiales educativos que respondan a las necesidades específicas
según el tipo de limitación que presenten los
alumnos”[152]; y, (iv) “ha[cer]
uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos
apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos”[153].
182.
En este orden de ideas, la entidad
accionada tiene el deber de garantizar la adaptabilidad de los planes de
estudio a las condiciones propias de los estudiantes que se encuentran en
situación de discapacidad auditiva. Sin embargo, en lo que guarda relación con
el uso de medios y ayudas audiovisuales y la existencia y uso de una plataforma
de educación virtual (dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación),
esta Sala de Revisión encuentra que la política de la UPTC no garantiza el
nivel de satisfacción del derecho que, a priori, le ha sido asignado por
las normas que lo regulan.
183.
En efecto, mediante el auto de 28
de noviembre de 2017, se le ordenó a la UPTC “envi[ar] a este
Despacho un informe sobre: […] c) Los planes, programas o proyectos
institucionales implementados para la eliminación de barreras comunicativas,
mediante la utilización de las siguientes herramientas pedagógicas: (i) el desarrollo
y uso de una plataforma virtual de educación; (ii) el uso de material
audiovisual por parte de los docentes; y, (iii) la entrega de un
programa académico por parte de los docentes, respecto de sus materias y
los contenidos mínimos que este debe incluir” (Subraya fuera de texto). Sin
embargo, vencido el término para el envío de dicho informe, la UPTC no se
pronunció acerca de ninguno de esos tres elementos de su política pública. En
consecuencia, esta Sala da por ciertos los hechos relatados por la señora
Quintero Carreño en su acción de tutela, de conformidad con lo previsto por el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[154].
184.
Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que la presunción de veracidad está prevista como “un instrumento para
sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular
contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos eventos en los
que el juez de la acción requiere cierta información”[155].
Esta presunción encuentra justificación “en la
necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que
están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las
providencias judiciales”[156].
185.
Así las cosas, esta Sala no encuentra
que la UPTC prevea algún tipo de medida que se relacione con: (i) la
utilización de un plataforma de educación virtual que permita que la estudiante
participe y se relacione de manera activa con los contenidos de las materias
dentro de su plan de estudios; (ii) la utilización obligatoria de recursos
audiovisuales o didácticos por parte de los docentes, especialmente, de
aquellos que imparten clase a la accionante, cuyo proceso de formación
profesional requiere del empleo de “apoyos-físico visuales”, como afirmó en su
demanda; y, finalmente, (iii) no se prevé la entrega de un programa
académico que incluya los contenidos puntuales de cada materia, y, de esta
manera la estudiante pueda preparar, de manera anticipada, los contenidos
propios de dicha materia. En consecuencia, para la Sala, esta situación implica
una clara violación al contenido normativo del derecho a la educación de las
personas en situación de discapacidad auditiva, y, en consecuencia, de los
derechos de la accionante.
186.
Sumado a lo anterior, la Sala
tampoco encuentra que exista una razón constitucionalmente legítima que
justifique que la UPTC no haya adelantado los ajustes razonables para atender
las necesidades de la accionante, en razón de su situación de discapacidad. En
efecto, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, “las garantías constitucionales operan como barreras
infranqueables a la actividad de la[s] institucion[es]”[157]
de educación superior. En tales términos, en este caso, la autonomía
universitaria no se constituye en un fin legítimo que justifique el
desconocimiento de la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación,
especialmente, el de las personas en situación de discapacidad auditiva.
187.
En conclusión, esta Sala de
Revisión considera que, en relación con el la existencia de una plataforma de
educación virtual, el uso de medios y apoyos audiovisuales, y la entrega de un
programa académico por parte de cada docente, la UPTC vulnera los derechos a la
igualdad y a la educación de la accionante. Por lo tanto, se le ordenará a la
UPTC: (i) implementar un programa o plataforma de educación incluyente
que utilice los recursos didácticos y/o pedagógicos apropiados que permitan la
inclusión al sistema educativo de las personas en situación de discapacidad
auditiva; (ii) que regule el uso de material y apoyo audiovisual por
parte de los docentes, en cuyas aulas se encuentren presentes estudiantes en
situación de discapacidad, de tal manera que se garantice su acceso, en igualdad
de condiciones, a los contenidos académicos; y, (iii) que regule la
entrega de un programa académico por parte de cada docente, el cual deberá ser
suministrado a los estudiantes con antelación, y deberá contener la siguiente
información: (i) metodología de la clase; (ii) metodología de
evaluación; (iii) los contenidos de la materia; (iv) bibliografía
básica y sugerida; y (v) el horario de atención del docente a los
estudiantes, en caso que tengan dudas acerca de la clase.
f)  La UPTC debe capacitar al personal administrativo,
docente y a estudiantes acerca de las necesidades de las personas en situación
de discapacidad, especialmente, auditiva
188.
Finalmente, la accionante solicitó
que se ordene a la UPTC realizar capacitaciones y campañas de sensibilización
al personal administrativo, docente y a los estudiantes acerca de las
necesidades de las personas en situación de discapacidad, especialmente, auditiva
(ver párr. 11.8).
189.
El artículo 86 de la C.P. dispone
que la acción de tutela resulta procedente para garantizar “la protección
inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”[158].
En estos términos, la intervención del juez constitucional solo resulta
procedente cuando exista una amenaza o vulneración de un derecho
fundamental. Esto se explica por cuanto si no existe
“un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta
específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado”[159].
190.
En este orden de ideas, en el caso
sub examine, la pretensión de la accionante gira en torno a la
realización de capacitaciones acerca de las necesidades de la población
estudiantil en situación de discapacidad. Pues bien, de las pruebas allegadas
al proceso, se observa que la entidad accionada desde 2015 ha desarrollado “talleres,
conversatorios, entre otros de concienciación a la población universitaria […],
con temáticas enfocadas a informar sobre la política de educación inclusiva de
la UPTC en la Sede Central y Seccionales, buscando orientar a la población
antes descrita el proceder en las aulas y el entorno con población en condición
de discapacidad”, incluida la afectada en su audición. Asimismo, la UPTC
manifestó que ha permitido que los estudiantes en situación de discapacidad,
entre ellos, la accionante, participaran en eventos nacionales, tales como el “Quinto
Encuentro Nacional de Sordos Universitarios”.
191.
Así las cosas, en lo que se
refiere a la realización de capacitaciones o programas de sensibilización, en
el presente caso no se evidencia que exista una amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante, que haga procedente el amparo de dicha
pretensión. Por el contrario, la entidad accionada ha desarrollado “talleres
[y] conversatorios” de sensibilización sobre la población estudiantil en
situación de discapacidad. Asimismo, ha facilitado la participación de estos
estudiantes –entre ellos, la accionante– en Congresos relacionados con la
población estudiantil en situación de discapacidad. En consecuencia, la Sala
encuentra que esta pretensión no es razonable. Por el contrario, persigue que
se otorgue un nivel de satisfacción, el cual resulta contraevidente, en virtud
de que el mismo ya ha sido provisto por la entidad accionada.
192.
Dado lo anterior, esta Sala no
concederá la pretensión referida.
7.       Síntesis de la decisión
193.
La señora Luz Mary Quintero
Carreño interpuso acción de tutela en contra de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, habida consideración de que, a su juicio, la “Política
Institucional de Educación Inclusiva” desconoce sus derechos a la igualdad
y a la educación. Entre otras, la accionante manifestó que las acciones,
programas y planes que ha implementado la UPTC no se adaptan a sus necesidades
especiales, en razón de su situación de discapacidad auditiva.
194.
Por su parte, la UPTC advirtió
que, en el caso sub examine, no existe vulneración de los derechos
alegados por la accionante. En su criterio, ha dado cumplimiento a las normas
sobre educación incluyente. Advirtió que le ha proporcionado a la accionante
los medios idóneos para garantizar su acceso y permanencia en el sistema de
educación superior, entre ellos, el acompañamiento a clases por parte de un intérprete
de lenguaje de señas y la participación en actividades de capacitación sobre
discapacidad.
195.
La Sala Primera de Revisión de
Tutelas encontró que el caso sub examine versó acerca del nivel de
satisfacción de los derechos a la igualdad y a la educación que las
instituciones de educación superior deben garantizar a los estudiantes en
situación de discapacidad. Así, examinó, en primer lugar el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de cada una de las pretensiones de la accionante; y,
luego, estudió la razonabilidad y proporcionalidad de estas pretensiones, a la
luz del contenido normativo del derecho y del principio de autonomía
universitaria. En concreto, se refirió acerca de las siguientes solicitudes: (i)
el acompañamiento por parte de un intérprete de lengua de señas a clases,
tutorías y tareas; (ii) la formación adicional por parte de los
intérpretes; (iii) la lengua de señas como materia electiva de idiomas; (iv)
la inclusión de la situación de discapacidad en el carné universitario; (v)
la exigencia en el uso de material audiovisual por parte de los docentes; y (vi)
la capacitación al personal administrativo, docente y a estudiantes acerca de
las necesidades las personas en situación de discapacidad, especialmente,
auditiva.
196.
La Sala estudió la razonabilidad y
proporcionalidad de la pretensión (i). Encontró que la UPTC, al proveer
un intérprete de lengua de señas garantiza el nivel razonable de satisfacción
de los derechos a la educación y a la igualdad de la señora Quintero Carreño.
Por el contrario, al analizar la pretensión de la accionante determinó que esta
no era proporcional, en atención a que no era necesaria ni proporcional en
sentido estricto.
197.
Luego, estudió a las pretensiones (ii)
y (iii). En este caso concluyó que si bien solicitado por la accionante no
hace parte del contenido razonable de los derechos a la igualdad y educación de
las personas en situación de discapacidad en centros universitarios; existían
modos alternativos de satisfacción de los derechos, los cuales, además de
razonables, eran proporcionales. En consecuencia, profirió una serie de órdenes
dirigidas a que la UPTC implemente ajustes razonables que garanticen el acceso
y permanencia de la señora Quintero Carreño en el sistema educativo.
198.
Luego, analizó la razonabilidad y
la proporcionalidad de  la inclusión de la información sobre la situación de
discapacidad de la accionante en el carné universitario. La Sala determinó que
esta pretensión, además de razonable, es idónea, necesaria y proporcional, toda
vez que permite visibilizar y facilitar la acreditación de la situación de
discapacidad de la accionante ante las autoridades universitarias. Por
consiguiente, ordenó que la UPTC expida un nuevo carné a la accionante, en el
cual incluya la información sobre su situación de discapacidad.
199.
Asimismo, la Sala comprobó que, en
relación con el uso de medios y apoyos audiovisuales por parte de los docentes,
la política pública de la UPTC no resulta razonable. Esto, habida consideración
de que, en aplicación del principio de veracidad previsto por el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991, la UPTC no ha desarrollado una política que regule y
diseñe estrategias que garanticen la existencia de una plataforma virtual de
educación, el uso de medios audiovisuales por parte de sus docentes ni la
entrega de un programa académico de cada materia a los estudiantes, lo cual
desconoce el contenido normativo del derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad en centros universitarios. En consecuencia, ordenó a
la UPTC que (i) implemente una programa o plataforma de educación inclusiva
que utilice los recursos didácticos y/o pedagógicos apropiados que permitan la permanencia
en el sistema educativo de las personas en situación de discapacidad auditiva; (ii)
que regule el uso de material y apoyo audiovisual por parte de los docentes, en
cuyas aulas se encuentren presentes estudiantes en situación de discapacidad,
de tal manera que se garantice su acceso, en igualdad de condiciones, a los
contenidos académicos; y, (iii) que regule la entrega de un programa
académico por parte de cada docente, el cual deberá ser suministrado a los
estudiantes con antelación, especialmente, a aquellos en situación de
discapacidad, y deberá contener la información relevante acerca del contenido
de cada materia.
200.
Finalmente, la Sala determinó que,
frente a la pretensión de realizar capacitaciones, no se evidenció una amenaza
o vulneración a los derechos fundamentales de la accionante. Esto, por cuanto
el nivel de satisfacción exigido ya había sido garantizado por la UPTC.
III. DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Primera de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Tunja. En su lugar, CONCEDER PARCIALMENTE el amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de la señora Luz Mary Quintero
Carreño, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR
a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que
garantice que los intérpretes que actualmente prestan sus servicios a ella se
familiaricen con los contenidos y vocabulario en las áreas de conocimiento que
les corresponde interpretar. Para implementar este ajuste, la UPTC deberá
garantizar las siguientes condiciones: (i) facilitar a los intérpretes
un material de apoyo básico para aquellas áreas del conocimiento, como Derecho,
que utilicen lenguaje especializado; y (ii) asegurar que los intérpretes
puedan tener acceso previo al material y contenidos de las clases que les
corresponde interpretar. Asimismo, en caso de considerarlo necesario, podrá: (iii)
proveer un espacio de capacitación idóneo para que los intérpretes puedan
familiarizarse con los contenidos de las áreas de conocimiento a su cargo; y (iv)
crear estrategias que permitan el diálogo entre docentes e intérpretes, a fin
de que estos conozcan los contenidos y vocabulario para contribuir en mejorar
la calidad y precisión de la labor de interpretación.
Este ajuste deberá llevarse a cabo antes de que la accionante, la
señora Luz Mary Quintero Carreño, finalice su tercer semestre académico del
programa de Derecho.
Tercero.- ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que, en
atención a su autonomía universitaria y las normas y reglamentos internos,
implemente un ajuste razonable a la estructura curricular de las materias
electivas de idiomas, a efectos de garantizar la adaptabilidad del mismo a las
necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad auditiva, en
especial, de la señora Luz Mary Quintero Carreño.
Para implementar este ajuste, la UPTC, podrá optar por
implementar alguno de los siguientes ajustes: por un lado, (i) adaptar
los contenidos de las clases de idiomas, de manera que se flexibilice la
exigencia en la evaluación de las competencias orales y de comprensión auditiva
de los estudiantes en situación de discapacidad auditiva, en especial, de la
señora Luz Mary Quintero Carreño.
Este ajuste deberá llevarse a cabo antes de que la accionante, la
señora Luz Mary Quintero Carreño, finalice su tercer semestre académico del
programa de Derecho.
Cuarto.- ORDENAR
a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que, dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, expida un
nuevo carné universitario para la señora Luz Mary Quintero Carreño, el cual
deberá INCLUIR la información relevante y necesaria sobre su situación
de discapacidad.
Quinto.- ORDENAR
a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que IMPLEMENTE
un programa o plataforma de educación virtual que utilice los recursos
didácticos y pedagógicos apropiados que garanticen la inclusión educativa de
personas en situación de discapacidad auditiva y su acceso a los contenidos
académicos en igualdad de condiciones. Este ajuste deberá realizarse dentro de
los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia.
Sexto.- ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que regule y
diseñe estrategias que garanticen el uso de material y apoyos audiovisuales por
parte de los docentes, en cuyas clases se encuentren presentes estudiantes en
situación de discapacidad auditiva, a fin de satisfacer la dimensión de
adaptabilidad de su derecho a la educación.
Este ajuste deberá llevarse a cabo antes de que la accionante, la
señora Luz Mary Quintero Carreño, finalice su tercer semestre académico del
programa de Derecho.
Séptimo.- ORDENAR a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – sede Tunja que regule la
entrega de un programa académico por parte de cada docente, el cual deberá ser
suministrado a los estudiantes con antelación, especialmente a aquellos en
situación de discapacidad. Este programa deberá contener la siguiente
información: (i) metodología de la clase; (ii) metodología de
evaluación; (iii) los contenidos de la materia; (iv) bibliografía
básica y sugerida; y (v) el horario de atención del docente a los
estudiantes, en caso que tengan dudas acerca de la clase.
Este ajuste deberá llevarse a cabo antes de que la accionante, la
señora Luz Mary Quintero Carreño, finalice su tercer semestre académico del
programa de Derecho.
Octavo.- LIBRAR,
por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-027/18
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-La metodología empleada pone en riesgo el carácter normativo de la
Constitución Política y la eficacia de los derechos fundamentales (Salvamento
parcial de voto)
Que un derecho que no
esté desarrollado por una norma infra constitucional hace de la
petición sobre su satisfacción una solicitud irrazonable, desconoce el
carácter normativo de la Constitución Política. Es cierto que sus disposiciones
son, en general, de textura abierta y no determinan cuál es el nivel exacto de
satisfacción de los derechos; pero es precisamente para esto que la Corte
Constitucional fue diseñada y se le confirió el papel de ser su intérprete
autorizado, así el Legislador y la Administración permanezcan inactivos
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Se debió indagar a profundidad sobre las particularidades de contar con dos
intérpretes de señas para garantizar una comunicación efectiva (Salvamento
parcial de voto)
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD AUDITIVA-La Lengua de Señas
Colombiana (LSC) es un lenguaje completo que debería ser considerada dentro de
las opciones para satisfacer el requisito de segundo idioma (Salvamento parcial
de voto)
Una vez reconocida la
existencia del lenguaje de señas colombiano y definida su importancia para el
patrimonio cultural de los colombianos, el problema jurídico que debió haber
resuelto esta Corporación era establecer si había una justificación válida por parte
de la UPTC para no considerar esta lengua dentro de las alternativas que ofrece
para el requisito de segundo idioma
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Capacitación y
sensibilización sobre situación de personas en situación de discapacidad no se satisface
con la realización de eventos, si éstos no se reflejan en cambios
institucionales y actitudinales (Salvamento parcial de voto)
[160]
1.
Con el debido respeto
por las decisiones adoptadas por la mayoría, me permito presentar las razones
por las cuales me separo parcialmente de lo resuelto por la Sentencia T-027 de
2018. Comparto la decisión de amparar los derechos fundamentales a la igualdad
y a la educación de Luz Mary Quintero Carreño, pero lamento que la Sala de
Revisión no haya garantizado una igualdad de condiciones “real y efectiva” en
la educación superior para las personas en situación de discapacidad auditiva.
2.
Luz Mary es una
estudiante de Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), quien asegura que los ajustes realizados para atender su discapacidad
auditiva no han sido suficientes. Señala que hay obstáculos institucionales que
la sitúan en desventaja frente al resto de sus compañeros y que repercuten
negativamente en su desempeño académico.
3.
Por ello, solicitó: (i)
dar cumplimiento al Acuerdo 029 de 2015; (ii) adecuar las
condiciones para la accesibilidad física de “todas las dependencias y
espacios dentro de la sede central de la UPTC”; (iii) proveer, al menos,
dos intérpretes de señas por estudiante; (iv)garantizar que los
intérpretes tengan formación en el área de conocimiento que les corresponde
interpretar; (v) ofrecer el lenguaje de señas como materia electiva de
idiomas; (vi) incluir en el carné universitario información acerca de la
situación de discapacidad de los estudiantes; (vii) exigir que los
docentes de la UPTC utilicen “apoyos físico-visuales” en las cátedras
educativas; y (viii) capacitar al personal administrativo, docente y a
estudiantes sobre las necesidades de la población en situación de discapacidad.
La Sentencia declaró improcedentes las peticiones (i) y (ii), y negó aquellas
descritas en los numerales (iii), (v) y (viii).
4.
En esta oportunidad,
la posición mayoritaria muestra una comprensión reducida de los obstáculos
institucionales que se imponen a las personas con discapacidad auditiva y que
-como evidenció el caso de Luz Mary- impiden que miles de colombianos
desarrollen plenamente su potencial en el ámbito educativo y profesional[161].
5.
En particular,
discrepo de la Sentencia porque (i) parte de una concepción equivocada de los
conceptos de razonabilidad y proporcionalidad, cuyos riegos para la labor del
juez constitucional he advertido anteriormente[162]. Pero más
que una diferencia teórica, la metodología propuesta por la Sala Primera de
Revisión tiene repercusiones palpables sobre la concepción del derecho
constitucional y la supremacía de la Carta Política. Reduce el contenido de los
derechos y principios constitucionales a su desarrollo legislativo; y, además,
impone sobre las personas que acuden a la tutela una carga argumentativa
contraria al espíritu de esta acción. Me aparto también de la decisión por
cuanto, como consecuencia de lo anterior, llega a consecuencias equivocadas en
el caso concreto respecto a (ii) la posibilidad de proveer dos intérpretes;
(iii) la inclusión del lenguaje de señas como materia electiva de idiomas y
(iv) la solicitud de capacitación al personal administrativo, docente y
estudiantes de la UPTC.
I. La metodología empleada pone en riesgo el carácter
normativo de la Constitución Política y la eficacia de los derechos
fundamentales[163]
6.
La Sentencia parte de
una preocupación que puede resultar válida al derecho constitucional, producto
de la naturaleza misma, amplia e indeterminada, de las disposiciones
constitucionales: ¿cuál es el contenido específico de los derechos
fundamentales?, ¿cómo resolver los choques entre derechos?, ¿qué es lo razonable
y cómo se determina? Estas son preguntas difíciles que han ameritado
deliberaciones profundas al interior de esta Corporación. Sin embargo, la
providencia de la que me aparto reformula conceptos claves del
constitucionalismo de manera tal que, (i) reducen la fuerza normativa de la
Carta Política y (ii) dejan de
ser medios de control sobre las decisiones de las autoridades, para convertirse
en barreras de acceso para el ciudadano que acude al amparo. Esta postura
constituye una amenaza seria al nuevo constitucionalismo, dentro del cual la
Corte Constitucional Colombiana ha representado un exponente global[164].
7.
Uno de los mayores
logros que trajo consigo la expedición de la Carta Política de 1991 y la
creación de un tribunal constitucional especializado, fue dotar a la
Constitución de una fuerza normativa real. Cuando el artículo 4º del texto
Superior señala que “[l]a Constitución es norma de normas”, no
transmite un mero enunciado retórico. Esta cláusula reafirma su “máxima condición jerárquica en el sistema
de fuentes de derecho”[165],
lo que implica que no puede quedar suspendida indefinidamente a la voluntad del
Legislador. En palabras de la Corte se trata de:
“[Un] Nuevo modelo de Estado
constitucional democrático, en el que no puede aceptarse que la Constitución
continúe supeditada a la actividad del legislador para su operatividad,
convirtiéndose en la única garantía para el ciudadano el control de
constitucionalidad de la ley. Por el contrario, el nuevo Estado social de
derecho implica la aplicabilidad directa de todas sus normas como garantía para
todos los ciudadanos y por ende, el ajuste inmediato de todo el ordenamiento
jurídico a la norma de superior jerarquía // La fuerza normativa de la
Constitución significa entonces que se ha constituido de manera definitiva
en sí misma en fuente del derecho y por tanto aplicable directamente por los
jueces en el cumplimiento de la misión que les ha sido confiada, pasando de
ser norma de aplicación indirecta para ser norma que se aplica junto con la ley
o incluso frente a ella”[166]
(resaltado fuera del original).
8.
Por supuesto, su fuerza normativa dependerá de los
alcances interpretativos y de las particularidades de un caso concreto, “pero
de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son, ante todo
y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes, y no simples programas
de acción política o catálogos o recomendaciones a los poderes públicos”[167].
Esto, sobre todo tratándose de derechos económicos y sociales, los cuales han
sido históricamente relegados e indefinidamente aplazados.
9.
Es por ello que no
puedo compartir la postura
de esta Sentencia, que limita la labor del juez constitucional a realizar un “estudio
acerca del contenido del derecho [positivo] previsto por el
legislador o por la administración”; considerando que es en cabeza de las
otras ramas del poder público que “se encuentra la obligación de […] definir el contenido de los derechos
fundamentales”[168].
Es cierto que la
formulación de políticas públicas escapa en general a la competencia del juez[169],
pero no ocurre lo mismo con la definición del contenido de los derechos
fundamentales. En tanto guardiana de la supremacía de la Constitución[170],
esta Corporación está facultada y, es su deber, velar por la vigencia inmediata
de la Carta. Es más, desde sus inicios la Corte sentó un nuevo paradigma
constitucional que rompía con la antigua tradición jurídica que subordinaba la
justicia material a la Ley en su sentido formal:
“Estos cambios han producido en el derecho no sólo una
transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica, sino
también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de
interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente
manera: pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como
emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material
y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos.
Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del derecho
constitucional, debido a la generalidad de sus textos y a la consagración que
allí se hace de los principios básicos de la organización política. De aquí
la enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social
de derecho”[171].
10.
Suponer, como en
algunos fragmentos sugiere la Sentencia[172],
que un derecho que no esté desarrollado por una norma infra
constitucional hace de la petición sobre su satisfacción una solicitud irrazonable,
desconoce el carácter normativo de
la Constitución Política. Es
cierto que sus disposiciones son, en general, de textura abierta y no
determinan cuál es el nivel exacto de satisfacción de los derechos; pero es
precisamente para esto que la Corte Constitucional fue diseñada y se le
confirió el papel de ser su intérprete autorizado, así el Legislador y la
Administración permanezcan inactivos. Aceptar lo contrario, sería renunciar a
la existencia de derechos fundamentales cuya consagración y alcance no estén
precisamente delimitados por el texto constitucional. Muy distinta sería
entonces la historia del constitucionalismo colombiano en temas cruciales como
el derecho al mínimo vital, el acceso al agua potable, la atención a las
víctimas del desplazamiento forzado y la salud de los colombianos.
11.
Los principios
generales que incorpora la Constitución y la función integradora encomendada a
esta Corporación, permiten superar la indeterminación normativa, y dotar de
sentido a las normas constitucionales, para así resolver casos complejos
frente a los cuales no parecería prima facie haber una respuesta.
Como bien explicó la Sala Plena en su momento:
“[E]l principio de supremacía
constitucional cumple una función integradora del orden jurídico. La
Constitución fija el modelo de Estado como democrático y social
de Derecho, determina los valores fundantes de dicho modelo, propugna por
la primacía de la dignidad humana, la justicia y la eficacia de los derechos
fundamentales, así como garantiza el pluralismo, la participación, el
aseguramiento de la igualdad de oportunidades para todas las personas y el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural // Estos principios
esenciales, junto con otros, cumplen una función central frente al sistema de
fuentes: otorgan unidad de sentido a las diferentes normas jurídicas, las
cuales se tornan en instrumentos para la garantía concreta de los principios
fundantes del Estado Constitucional. En otras palabras, los principios en
comento son el fin último de la aplicación del derecho y la interpretación
jurídica subyacente. Las normas jurídicas, así comprendidas, deben actuar
coordinada y unívocamente, a fin de mantener la vigencia de los principios
constitucionales. De lo que se trata, en últimas, es que la interpretación de
las normas responda a una suerte de coherencia interna del orden jurídico en su
conjunto, vinculado a la realización de los principios centrales del Estado
Social y Democrático de Derecho”[173]
(resaltado fuera del original).
12.
Además de desconocer
el principio de supremacía de la Constitución, la propuesta metodológica que
trae la Sentencia de la que me aparto impacta negativamente en la naturaleza de
la acción de tutela. Desde la formulación del problema jurídico, la ponencia
revela la orientación de su análisis cuando señala: “la Sala Primera de Revisión debe determinar
cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción de los derechos fundamentales
cuyo amparo solicita la accionante”[174]. Resulta así que la razonabilidad ya no se
invoca como un medio de control al poder, sino como un primer requisito que
debe satisfacer el demandante. Antes que valorar los argumentos que expone la
entidad demandada para limitar un derecho, la Sentencia juzga la
“razonabilidad” de la petición de amparo.
13.
Establecer dónde
comienza el análisis del juez constitucional (si en la calificación de la
petición o en la justificación presentada por la parte demandada) pudiera
parecer un asunto menor para algunos, pues en últimas el test de
proporcionalidad pondera los argumentos de lado y lado. Pero esto sería
menospreciar una diferencia que es significativa. El principio pro homine
y la vocación protectora de la acción de tutela marcan un derrotero para el
juez constitucional, quien debe concentrar su análisis en la justificación que
presenta la entidad para desconocer o limitar un derecho.
14.
La acción de tutela
fue consagrada en el artículo 86 Superior como un instrumento desprovisto de
las formalidades propias de los recursos judiciales tradicionales, para así
hacerla accesible a todas las personas. No en vano, se ha convertido en una de
las instituciones más respetadas y apreciadas por los colombianos; y para
algunos, es la única oportunidad en su vida de acercarse al sistema de
justicia, pues confían en la eficacia de la acción de amparo, y saben que un
juez de la República escuchará, sin formalidades innecesarias, sus temores,
peticiones y reclamos.
15.
Desde su primer año
de funcionamiento, esta Corporación entendió que “el sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es
la persona humana”[175]
y en torno a esta es que los derechos,
los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos
adquieren sentido. En una sociedad profundamente desigual, con individuos que
atraviesan afanosas condiciones de subsistencia y marginalización, la Corte
reconoció la necesidad de contar con un instrumento “al alcance de todos y que no exige
formalismos o rigorismos procedimentales”[176].
16.
La tutela es la
herramienta con que cuentan todos los residentes del territorio colombiano para
exigir la protección a sus derechos fundamentales, sin tener conocimientos
especializados o requerir la colaboración de un abogado. En varias ocasiones,
esta Corporación ha defendido la notoria inclinación de la acción de amparo
hacia la informalidad y la celeridad, proscribiendo “la incorporación de
reglas, en el proceso de amparo, que hagan menos accesibles sus posibilidades
para las personas sin mayores conocimientos jurídicos”[177].
17.
Contrario a este
espíritu, la Sentencia T-027 de 2018 introduce complejas estructuras analíticas
y cargas argumentativas que demandan al ciudadano satisfacer; en lugar de
examinar el reclamo sustancial y las razones que la entidad demandada aduce
para negarse a cumplir. Cuando el
artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los principios
rectores de la acción de tutela “la prevalencia del derecho sustancial”,
está también abogando por un juez que
“se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada
realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales”[178].
18.
En 1992 un señor en
condición de indigencia acudió ante un Juez de la República y, oralmente,
solicitó una operación de ojos que le permitiera volver a trabajar, sin especificar contra quien dirigía la
tutela, quién era el obligado, cuál era el derecho fundamental menoscabado ni
los hechos que la motivaban. En sede de revisión, esta Corte completó el
escenario fáctico y fue capaz de entender la naturaleza iusfundamental
detrás su petición, para así conceder un amparo acorde con las particularidades
del caso[179].
Esta es la esencia protectora, activa e informal de la acción de amparo que
estoy convencida le corresponde a esta Corte defender. La búsqueda por una
metodología judicial para resolver los complejos casos que llegan a la Corte es
un ejercicio no solo válido, sino deseable; pero las categorías analíticas no
pueden servir de excusa para atenuar la fuerza normativa de la Carta Política e
imponer barreras de acceso a las personas que ven en la tutela, la única
herramienta de protección a su alcance.
II. En algunos escenarios particulares resulta
necesario contar con dos intérpretes de señas para garantizar una comunicación
efectiva
19.
Luz Mary Quintero
solicitó contar con dos intérpretes de señas, al considerar que el
acompañamiento de solo uno ha resultado insuficiente para su desempeño en el
programa académico de derecho que cursa en la UPTC y ha puesto en riesgo de
pérdida su cupo por bajo promedio. El fallo no accede a esta petición.
Siguiendo la metodología comentada, la Sentencia se centra en precisar las
obligaciones específicas de la Universidad demandada conforme al marco legal y
reglamentario respectivo, antes que en la maximización del derecho a la
educación de la accionante.
20.
Es así como la
Sentencia constata que el marco legal vigente (Ley 361 de 1997 y Ley 982 de
2005) consagra un deber de proporcionar “intérpretes” en lengua de
señas, pero no determina el número a proveer[180].
Para suplir el vacío normativo, el fallo toma entonces como referente el
Decreto 366 de 2009 -aplicable a la educación básica-  según el cual sería
suficiente un intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que
reporte mínimo diez (10) estudiantes con discapacidad auditiva.
21.
De este modo, la
solicitud de Luz Mary Quintero parece de entrada condenada al fracaso, por
cuanto el marco normativo no menciona expresamente la posibilidad de contratar
dos traductores de señas para atender las necesidades de un estudiante. Al
considerar las alternativas para atender el reclamo de la accionante, quien
manifiesta tener deficiencias en su aprendizaje por problemas de traducción, la
Sentencia simplemente señala que la
disposición de un intérprete es suficiente para satisfacer su derecho a la
educación[181].
22.
Ningún argumento
ofreció la posición mayoritaria para explicar el porqué es un ajuste razonable
lo que la misma accionante denuncia como insuficiente. Y tampoco podía hacerlo
sin más, pues se trata de un aspecto técnico, sobre el cual carece de la
experticia para pronunciarse. El análisis de la idoneidad y necesidad
de una medida requiere conocimientos extra jurídicos. De ahí que normalmente el
juez recurre a las experticias para constatar la idoneidad de una medida, así
como las alternativas que resultarían viables.
23.
Determinar si un solo
intérprete es suficiente para lograr que una estudiante de derecho comprenda
adecuadamente sus clases y desarrolle sus potencialidades, exige contar con
conceptos especializados en la materia; y no simplemente guiarnos por nuestras
percepciones subjetivas. Una revisión preliminar del servicio especializado de
traducción a señas advierte que, en algunos escenarios, es recomendable contar
con un equipo de dos traductores. Ello permite una traducción correcta de
discursos especializados (como puede ser una clase de derecho) y evita la
fatiga que ocasiona el movimiento físico repetitivo en los traductores; lo que
en jornadas extensas disminuye la calidad de la traducción. El lenguaje de
señas, a diferencia del lenguaje oral, emplea mayor cantidad de partes del
cuerpo y supone un desgaste mayor en quien sirve de intérprete, por lo que no
es asimilable con el servicio de traducción oral con el que estamos
familiarizados.
24.
De acuerdo con la
Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), la interpretación de
Lengua de Señas Colombiana (LSC) a castellano y viceversa “es una estrategia
de mediación comunicativa y cultural cuando se enfrentan individuos
pertenecientes a dos o más grupos lingüísticos y culturales”[182].
Este ejercicio resulta complejo en tanto busca crear un puente de comunicación
entre grupos lingüísticos distintos, y por ello requiere idealmente de dos
intérpretes para actividades o eventos con duración mayor a una hora[183].
25.
A nivel comparado, la
asociación Registry of Interpreters for the Deaf, Inc. (RID)[184]
ha venido diseñando una serie de documentos rectores para garantizar la
excelencia en el servicio de traducción al lenguaje de señas. Con respecto a la
necesidad de contar con un equipo de traductores, esta organización asegura que
ello puede ser necesario en algunos casos, dependiendo de factores como: (i) la
duración y complejidad del tema; (ii) las necesidades particulares del receptor
del servicio; (iii) las características del entorno en el que se realiza la
traducción; (iv) el deber de prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo en el
traductor[185].
26.
No descarto que al
analizar detalladamente el caso de Luz Mary pudiera haberse concluido que
disponer la contratación de dos traductores significara una carga
desproporcionada para la UPTC. Pero de lo que estoy convencida es que la
decisión debió haber indagado a profundidad sobre las particularidades del caso
(v.gr. jornada académica, intensidad y complejidad de los cursos), pues solo
así se habría podido llegar a una decisión sopesada e informada.
27.
En tanto seres humanos
somos propensos a calificar como razonable aquello que se ajusta a
nuestras convicciones. Esto no necesariamente es incorrecto. Pero como jueces
constitucionales debemos evitar convertir nuestras percepciones en la medida
universal de lo razonable. Definir
si la accionante podía ejercer plenamente su derecho a la educación pese a
contar con un solo traductor, no es un problema que se resuelva consultando
únicamente las leyes y decretos vigentes; era necesario, además, examinar la especificidad del
caso y buscar apoyo en fuentes especializadas. Como se observa en la Sentencia
de la que me aparto, esto no se hizo.
III. La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es un
lenguaje completo que debería ser considerada dentro de las opciones para
satisfacer el requisito de segundo idioma
28.
De acuerdo con la
posición mayoritaria no hay un mandato específico que obligue a la UPTC a
ofrecer la lengua de señas como requisito bilingüe[186]. Por esta
razón, negó la petición de la accionante, pese a que esta puso de presente los
grandes obstáculos que enfrenta para comprender y practicar las lenguas orales
extranjeras. Si bien el fallo dispuso “implementar ajustes razonables a la
metodología de enseñanza y de evaluación”, sin dar alguna indicación de
cómo esto sería posible, estimo que el asunto fue inadecuadamente abordado
desde su formulación.
29.
El problema no radica
en determinar si existe un fundamento normativo que obligue a la UPTC a ofrecer
un determinado idioma como segunda lengua, sino en establecer si hay una
justificación constitucionalmente válida para excluir el lenguaje de señas del
abanico de opciones que una Universidad puede ofertar. Sospecho que en este caso
no hay una justificación válida, sino una concepción que, por desconocimiento o
indiferencia con el tema, parte de restar valor al lenguaje de señas colombiano
y lo ve como un lenguaje menor; y así discrimina a una comunidad lingüística
que agrupa a cientos de miles de colombianos.
30.
Esta postura que
trata el lenguaje de señas como una expresión pobre y limitada refleja una
concepción que -aunque ya se ha superado en buena medida- ha dejado evidentes
rezagos en nuestra sociedad. Según una antigua y expandida noción, para comprender las ideas era necesario oír
las palabras; hablar y escuchar eran el insumo básico e imprescindible del
intelecto. De ahí que la sordera fuera calificada como “una de las
calamidades humanas más terribles”; peor que la ceguera, pues descomponía
el pensamiento y hacía imposible el intercambio de ideas[187]. Esta
postura se reflejó en el mundo jurídico, que por siglos consideró a las
personas sordomudas como incapaces de celebrar negocios jurídicos o de
participar plenamente en sociedad[188].
Las personas que no podían comunicarse oralmente eran vistas, en el mejor de
los casos, como “estatuas sensibles”[189].
31.
Fue quizá por esto
que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se insistió en “corregir”
a las personas con discapacidad auditiva por medio de intensas terapias con el
fin de que aprendieran a comunicarse oralmente[190], al tiempo
que se reprimió el lenguaje de señas en la esfera pública. La personalidad más importante e influyente
entre los oralistas fue curiosamente Alexander Graham Bell, genio de la
tecnología e inventor del teléfono, quien paradójicamente se hallaba vinculado
a una mezcla familiar extraña de sodera negada; tanto su madre como su esposa
eran sordas, pero no lo reconocieron nunca. Cuando Graham Bell puso todo el
peso de su autoridad y su prestigio al servicio del oralismo, la disputa entre
los defensores del lenguaje de señas y los oralistas se zanjó en favor
de estos últimos. Fue entonces cuando durante “el tristemente célebre Congreso
Internacional de Educadores de Sordos que se celebró en Milán en 1880 […]
triunfó el oralismo y se prohibió oficialmente el uso del lenguaje de señas en
las escuelas”[191].
32.
David Wright, poeta y
novelista surafricano que se quedó sordo a los siete años, asistió en la década
de 1920 a la Escuela oralista de Northampton, Inglaterra. Su testimonio
de lo que allí vivió es revelador del resultado contraproducente, aunque quizá
bien intencionado, de “corregir” a las personas con discapacidad auditiva y de
asimilarlas en el lenguaje verbal:
“La confusión aturde los ojos, los brazos
giran como aspas de molino en un huracán […] el silencioso y enérgico
vocabulario del cuerpo: aire, expresión, porte, forma de mirar; las manos
despliegan su mímica. Un pandemonio absolutamente fascinante […] Empiezo a
darme cuenta de lo que pasa. Ese blandir manos y brazos, coribántico en
apariencia, no es más que una convención, un código que aún no transmite nada.
En realidad es una especie de lengua vernácula. El colegio ha ido creando un
idioma peculiar o jerga propia, aunque no sea un idioma verbal […] La
comunicación debía ser toda oral en teoría. Nuestro argot de señas estaba
prohibido, por supuesto […] Pero estas reglas no podían imponerse cuando no
estaba presente el personal. Lo que acabo de describir no es cómo hablábamos
sino cómo hablábamos cuando no había entre nosotros ningún oyente. En esas
ocasiones nuestra conducta y nuestra conversación eran completamente distintas.
Nos liberábamos de las inhibiciones, no llevábamos máscara”[192].
33.
Una empatía mayor por
el otro, junto con una mejor comprensión del lenguaje de señas, permitió
superar esta fase de prohibición implacable. Ello ha hecho posible aproximarnos
a un “lenguaje sumamente
bello y expresivo”[193]
de un “pueblo con un lenguaje
diferenciado, con una sensibilidad y una cultura propias”[194].
En efecto, esta Corporación
se ha pronunciado sobre la riqueza cultural que representa el lenguaje de señas
para nuestro país, así como su potencial para describir la realidad e imaginar
otros mundos posibles. En su momento, la Sala Plena también advirtió los
prejuicios que constantemente le restan valor al lenguaje de señas:
“La importancia de un lenguaje de señas,
o de otro tipo que empleen personas como aquellas que son sordas y sordociegas,
no es solamente que les permite tener medios para poder comunicarse con los
demás, y tener acceso a los mensajes de otras lenguas mediante traducciones.
También es la posibilidad de crear y construir mundos y realidades propias. Una
poesía en lenguaje de señas puede emplear ciertos elementos de estética en la
‘forma en que se dicen las palabras’ que difícilmente se podrán traducir en un
lenguaje hablado. Un lenguaje como la lengua de señas, encierra, como en
cualquier otro caso, la posibilidad de crear y recrear lo humano. La opción de
imaginar y soñar con mundos posibles, a los cuales, en muchos casos sólo se
tendrá acceso si se decide aprender la lengua, así sea tan sólo parcialmente.
[…]
“La lengua de señas para sordos, al igual
que las lenguas indígenas, cuenta con las características y condiciones propias
de un lenguaje. No es un lenguaje menor o empobrecido. Son lenguas distintas
que, como se dijo, abren el mundo a formas de vida y mundos posibles diversos y
nuevos. Mundos por crear y desarrollar. Formas de ser de lo humano que
enriquecen la diversidad y multiplicidad cultural de la cual goza Colombia” (resaltado fuera del original)[195].
34.
El valor intrínseco
del lenguaje de señas ha sido confirmado por el Legislador mediante la Ley 982
de 2005[196].
Allí se consagró una definición que no permite equívocos sobre el lugar
destacado que ocupa la lengua de señas dentro del patrimonio cultural de los
colombianos:
“Es la lengua natural de una comunidad de
sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. // La
Lengua de Señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Como cualquiera
otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas,
sintaxis diferentes del español. Los elementos de esta lengua (las señas
individuales) son la configuración, la posición y la orientación de las manos
en relación con el cuerpo y con el individuo, la lengua también utiliza el
espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial
para ayudar a transmitir el significado del mensaje, esta es una lengua
visogestual.”[197]
(resaltado fuera del
original).
35.
La legislación
nacional es clara sobre los compromisos que tiene el Estado colombiano con
respecto a las personas que emplean la lengua de señas. Es su deber apoyar la “investigación,
enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en Colombia”[198] y fomentar
“una educación bilingüe de calidad”[199].
En efecto, la calidad de bilingüe no se predica únicamente en relación con las
lenguas orales, pues ello sería desconocer las varias formas en las que nos
comunicamos los seres humanos más allá de los sonidos que producen nuestras
cuerdas vocales[200].
Es más, la Ley 982 de 2005 trae una disposición lo suficientemente específica
sobre la obligación de considerar la Lengua de Señas Colombiana como una
segunda lengua dentro del sistema educativo:
“Todo sordo y/o sordociego hablante tendrá el derecho
de acceder a la Lengua de Señas Colombiana como su segunda lengua, si así lo
desea. En dicho
caso el Estado lo apoyará por medio de programas para tal propósito, sin
perjuicio alguno del derecho que tiene todo sordo hablante de preservar el
castellano oral como primera lengua”[201].
36.
Aunque pase
desapercibida entre el ruido de las ciudades, cientos de miles de colombianos
interactúan a través de la lengua de señas[202].
Y si bien no hay suficientes
testimonios escritos para precisar sus comienzos, sus orígenes se remontan a
1920[203].
Con casi 100 años
registrados de existencia, tiene razón el Instituto Caro y Cuervo cuando
asegura que el marco legal “no es más que una corroboración legal de lo que
esta comunidad ya sabía y los investigadores que han trabajado el tema
afirmaban hace muchos años: la lengua de señas es una lengua natural, con su
propia gramática, sintaxis, vocabulario, usada por una comunidad específica”[204].
37.
Una vez reconocida la
existencia del lenguaje de señas colombiano y definida su importancia para el
patrimonio cultural de los colombianos, el problema jurídico que debió haber
resuelto esta Corporación era establecer si había una justificación válida por parte
de la UPTC para no considerar esta lengua dentro de las alternativas que ofrece
para el requisito de segundo idioma. Por los argumentos normativos y fácticos
que he esbozado en este salvamento, considero que no los había. El
desconocimiento y la indiferencia frente a las características y al valor
cultural, que por fortuna ha comenzado a superarse, respecto al lenguaje de
señas es lo que impide entenderlo como un lenguaje pleno.
IV. La capacitación y sensibilización
sobre la situación de las personas en situación de discapacidad no se satisface
con la realización de eventos, si estos no se reflejan en cambios
institucionales y actitudinales
38.
El último asunto
analizado por la Sentencia fue la petición para capacitar al personal administrativo, docente y a
estudiantes de la UPTC acerca de las necesidades de las personas en situación
de discapacidad, especialmente, auditiva. De acuerdo con la postura
mayoritaria, esta petición carece de objeto pues la Universidad ya desarrolló “talleres
[y] conversatorios” de sensibilización[205].
39.
Al igual que mis
compañeros de Sala valoro positivamente que la UPTC cuente desde el año 2015
con una “Política
Institucional de Educación Inclusiva”[206]
y que haya realizado talleres para avanzar en una educación accesible para
todas y todos. En efecto, el primer paso para superar los escenarios de
discriminación es contar con una política pública que reconozca y exalte la
diferencia de habilidades que nos enriquece como comunidad. Pero la sola
formulación de una política pública no es suficiente, si no va acompañada de
acciones y transformaciones concretas.
40.
Una educación
inclusiva, sensible a las necesidades y habilidades particulares de cada quien,
es un esfuerzo de largo aliento. Como bien reseñó la ponencia, este mandato se traduce en una “obligación
de contenido positivo”[207]
que propende por el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Solo una
acción decidida por parte del Estado
y de la sociedad permitirá superar “la silenciosa y sutil marginación de las
personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo
más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes
en nuestro país”[208].
41.
El expediente
revisado demuestra, por el contrario, que pese a los talleres de sensibilización,
la comunidad universitaria no ha incluido plenamente a las personas con
discapacidad auditiva. Al momento de interponer la acción de amparo, la UPTC ya
había realizado los tallares, y sin embargo: (i) tenía un equipo limitado de
intérpretes de señas, los cuales no tenían acceso previo al material de los
cursos; (ii) no incluía materiales visuales de apoyo en las clases; (iii)
tampoco había previsto ajustes razonables para el aprendizaje de una lengua
extranjera; (iv) ni considerado siquiera la posibilidad de ofertar el lenguaje
de señas como requisito de segundo idioma. Este escenario de desprotección tan
solo fue corregido, parcialmente, con la Sentencia de revisión.
42.
Por esta misma razón,
tampoco comparto la decisión de declarar improcedente la solicitud de dar
cumplimiento al Acuerdo 029 de 2015. En casos como el presente, donde hay una
violación grave, directa e inminente a un derecho fundamental, no es razonable
enviar al accionante a la jurisdicción ordinaria, cuando por medio de la tutela
se puede proferir, al menos, un exhorto a las autoridades responsables de
cumplir una norma[209].
43.
Conceder un cupo para
una estudiante con discapacidad auditiva no debe verse como una actuación
excepcional[210]
y caritativa. Las acciones
afirmativas son deberes legales que se activan para contrarrestar los efectos
negativos que pueden generar las discapacidades en las interacciones sociales[211]:
“(…) el trato favorable no constituye un
privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad”[212].
44.
Es indispensable
superar el modelo asistencialista y entender que un proyecto inclusivo es aquel
que garantiza a todos la posibilidad
real y efectiva de acceder, participar, relacionarse e interactuar dentro del
sistema educativo. Es entender que la diferencia no es un obstáculo sino el
insumo que soporta la riqueza cultural de nuestra Nación. Los talleres de
sensibilización apuntan en la dirección correcta, pero mientras no se logre un
cambio de actitud y de organización de la vida académica no puede darse por
cerrada la discusión.
45.
De esta forma,
considero que (i) era procedente la petición de dar cumplimiento al Acuerdo 029
de 2015, cuya finalidad última de lograr “la equiparación de oportunidades”
aún está lejos de ser una realidad; (ii) era necesario contar con un equipo más
completo de traductores capaz de garantizar una comunicación efectiva; (iii)
era viable considerar el lenguaje de señas como requisito de segundo idioma; y
(iv) era necesario impulsar nuevos espacios de sensibilización en tanto los
tallares organizados por la UPTC aún no habían logrado transformar las
prácticas y actitudes que ponen en desventaja a los estudiantes con alguna
discapacidad.
Lamentablemente, la mayoría no comprendió
los alcances reales del derecho a una educación inclusiva. Es una oportunidad
que se pierde para avanzar en el mandato constitucional hacia una igualdad
material y efectiva. El derecho a una educación verdaderamente inclusiva no es
una promesa vacía de la Carta Política de 1991. La Constitución debe ser entendida “como una norma
aplicable aquí y ahora, y no como una recomendación solamente dirigida a
regular un futuro que puede no hacerse nunca presente”[213]. En los anteriores términos dejo
consignado mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra
Diana Fajardo Rivera
Magistrada
[1] Cno. 1. Fl. 16.
[2] El
artículo 1 de la Ley 982 de 2005 prevé lo siguiente: “<Hipoacusia>. Disminución de la capacidad auditiva de
algunas personas, la que puede clasificarse en leve, mediana y profunda. //
Leve. La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles. // Mediana. La
que oscila entre 40 y 70 decibeles. // Profunda. La que se ubica por encima de
los 80 decibeles y especialmente con curvas auditivas inclinadas”.
[3] Cno. 1. Fl. 13.
[4] Cno. 1. Fls. 12.
[5] Cno. 1. Fls. 3-8.
[6] Id.
[7] En
concreto, se refirió a las leyes 115 de 1994, 171 de 1994, 324 de 1996, 361 de
1997 y al Decreto 2082 de 1997.
[8] Cno. 1, fl. 7.
[9] Cno. 1. Fl. 17.
[10] Cno. 1. Fls. 21-36.
[11] Cno. 1. Fl. 36.
[12] Cno. 1. Fls. 37-46.
[13] Integrada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
[14] Cno. ppal. Fls. 2-16.
[15] Cno. ppal. fls. 19-20.
[16] Cno. ppal. Fl. 21
[17] Cno. ppal. Fls. 26-31.
[18] Artículo 80: “Pierde la calidad
de estudiante por bajo rendimiento académico y no se le renovará la matrícula a
quien se encuentre en una de las siguientes situaciones: a) Quien obtenga
durante cuatro (4) semestres, un Promedio Aritmético Acumulado inferior a tres
cero (3.0). b) Quien teniendo un Promedio Aritmético Acumulado inferior a tres
cero (3.0), obtenga un promedio aritmético semestral inferior a dos cero (2.0).
c) Quien pierda una asignatura que curse en calidad de repitente siendo su
Promedio Aritmético Acumulado inferior a tres cero (3.0). En el caso en que el
Promedio Aritmético Acumulado sea igual o superior a tres cero (3.0), la podrá
cursar por tercera y última vez. d) Quien pierda en un mismo período académico
dos asignaturas que se cursan en calidad de repitente. e) Quien pierda una
asignatura que cursa por tercera vez. PARÁGRAFO. Se exceptúan de la aplicación
del presente Artículo los estudiantes que hayan cursado y aprobado el 80% del
total de horas del respectivo plan de estudios. En este caso, se dará al
estudiante la oportunidad de matricularse por un semestre más. Si incurre de
nuevo en una de las situaciones consideradas en el presente artículo, perderá
definitivamente el derecho a matricularse en el mismo programa”.
[19] Cno. ppal. Fls. 32-43.
[20] Ley 1618 de 2013, artículo 11.
[21] Id.
[22] Ley 982 de 2005, artículo 38.
[23] Constitución de
Política, artículo 86.
[24] Decreto 2591 de 1991, artículo 10.
Legitimidad e interés: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[25] Corte Constitucional, Sentencias
T-678 de 2016 y T-176 de 2011.
[26] Corte Constitucional, Sentencia
SU-391 de 2016.
[27] Constitución
Política, artículo 86.
[28] Corte
Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009.
[29] Corte Constitucional, Sentencia
T-721 de 2012.
[30] Corte Constitucional, Sentencias
T-043 de 2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
[31] Constitución
Política, artículo 87: “Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la
acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido”.
[32] Ley
393 de 1997, artículo 1- Objeto: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad
judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”.
[33] Esta
situación debió ser demostrada en razón del carácter preferencial de la acción
de cumplimiento. Ver. Artículo 11 de la Ley 393 de 1997 y, en particular, la
sentencia T-233 de 2013.
[34] Artículo 1: “Adoptar la Política Institucional de
Educación Inclusiva orientada a la equiparación de oportunidades de los
diversos grupos poblacionales con dificultades en términos de acceso,
permanencia y graduación a la educación superior. Parágrafo. Grupos poblacionales:
[…] personas en condición de discapacidad y necesidades educativas especiales
[…]”.
[35] Artículo 2. Objetivo: “Desarrollar procedimientos
académicos administrativos que viabilicen el ingreso, permanencia y graduación
de los grupos poblacionales definidos en este Acuerdo”.
[36] Artículo 3: “La Unidad de Política Social a través
del proceso Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario, es el
encargado de articular y fomentar la Política de Educación Inclusiva a través
de programas de acompañamiento intra e interinstitucional”:
[37] Se
refiere, entre otras, a las definiciones de inclusión social, población con
dificultades en términos de acceso, permanencia y graduación; discapacidad,
población étnica, población desplazada, población con necesidades educativas
especiales.
[38] Artículo
5. Ámbitos: “orientan sus actividades a través de ejes articuladores que
determinan la participación y fortalecimiento del tejido social en torno a la
educación inclusiva […]”.
[39] Como
enfoques prevé “derechos y deberes” y “diversidad”.
[40] Como
principios dispone: igualdad, integralidad, calidad, pertinencia, flexibilidad,
participación y diferencia.
[41] Artículo
8. Líneas de acción: “son las estrategias para el cumplimiento de los objetivos
que garantizan el goce efectivo de los derechos de la comunidad upetecista, en
los ámbitos personal, familiar, social e institucional […]”
[42] Artículo 9: “Otorgar un cupo semestral para cada
programa académico de pregrado adicional a los cupos aprobados por el Consejo
Académico, a una persona con discapacidad que desea ingresar a la UPTC
[…]”.
[43] Corte
Constitucional, Sentencia C-193 de 1998: “Cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento
de la ley material, esto es, de normas generales, impersonales y abstractas, es
indudable que el instrumento de protección creado por el Constituyente -la
acción de cumplimiento- es el único mecanismo directo idóneo, razón por la cual
no le es permitido al legislador crear mecanismos subsidiarios o paralelos para
asegurar dicho cumplimiento. Iguales consideraciones son válidas con respecto a
los actos administrativos de contenido general que por contener normas de
carácter objetivo impersonal y abstracto, son equivalentes materialmente a las
leyes. Dada la generalidad de las leyes y actos administrativos, esto es, en
cuanto están referidos a una serie indeterminada de personas, situaciones o
cosas, no puede pensarse en que exista un afectado concreto por sus
disposiciones”.
[44] Decreto
2591 de 1991, artículo 6. Causales
de improcedencia de la tutela: “La acción de tutela no procederá: […]
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”
[45] Cno. 1. Fl. 6.
[46] Constitución Política, artículo 88: “La ley regulará las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se
definen en ella. // También regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las
correspondientes acciones particulares. // Así mismo, definirá los casos de
responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
colectivos”.
[47] Corte
Constitucional, Sentencia T-1205 de 2001.
[48] Corte
Constitucional, Sentencia T-437 de 1992.
[49] Corte
Constitucional, Sentencia SU-712 de 2013: “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento  sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica.
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente
a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.
[50] Corte
Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[51] Corte
Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[52] Cno.
1. Fl. 4.
[53] Dentro de esta categoría, la jurisprudencia ha
reconocido, entre otros, a los siguientes grupos: “a los niños y niñas, a
las madres cabeza de familia, […] a la población desplazada, a los adultos
mayores […]”. Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.
[54] Corte Constitucional, Sentencias T-476 de 2015 y
T-051 de 2011.
[55] Corte Constitucional, Sentencia T-476 de 2015.
[56] Corte Constitucional, Sentencia T-533 de 2011.
[57] Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2011 y
T-397 de 2004.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-823 de 2004.
[59] Corte Constitucional, Sentencias T-476 de 2015 y
T-202 de 2000.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2007.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2000. En
esta sentencia, la Corte reconoció que:“[La educación] (i) es una
herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo
13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades; (ii) es un
instrumento que permite la proyección social del ser humano y la realización de
otros de sus demás derechos fundamentales; (iii) es un elemento dignificador de
las personas; (iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y
económico; (v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y (vi)
es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras
características”.
[62] Constitución Política, artículo 67.
[63] Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1994.
[65] Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[66] En el mismo sentido, ver la Declaración Universal
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General
número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[67] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.
[69] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2010.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-476 de 2015.
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-476 de 2015.
[76] Corte Constitucional, Sentencia
T-476 de 2015.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 2016.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.
[79] “Por la cual se expide la ley general de educación”.
[80] “Por el cual se crean algunas normas a
favor de la población sorda”.
[81] “Por la cual se establecen mecanismos
de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones”.
[82] “Por la cual se establecen normas
tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones”.
[83] “Por medio de la
cual se aprueba la <Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad>, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006”.
[84] “Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad”:
[85]  "Por el
cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales".
[86] “Por el cual se
reglamenta el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación”.
[87] “Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 324 de 1996”.
[88] Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Personas con
Discapacidad.
[89] Naciones Unidas, Resolución 48 de
1996, art. 6. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.
[90] Id.
[91] Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 24.
[92] Naciones Unidas, Resolución 48 de
1996, art. 6. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.
[93] Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 24.
[94] Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Personas con
Discapacidad.
[95] Artículo
2.
[96] Artículo
18.
[97] Ley 324 de 1996, artículo 7.
[98] Ley 324 de 1996,
artículo 3. El artículo 1 de dicha norma, define la Lengua Manual Colombiana
como: “la que se expresa en la modalidad viso - manual. // Es el código cuyo
medio es el visual más que el auditivo. Como cualquiera otra lengua tiene su
propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes
del español. Los elementos de esta lengua (Las señas individuales) son la
configuración, la posición y la orientación de las manos en relación con el
cuerpo y con el individuo, la lengua también utiliza el espacio, dirección y
velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir
el significado del mensaje, esta es una lengua visogestual”.
[99] Decreto 2369 de 1997, artículo 3, parágrafo.
[100] Artículo 2.
[101] Artículo
8.
[102] Artículo
4.
[103] Artículo
6.
[104] Artículo
11.
[105] Artículo
13.
[106] Artículo
13, parágrafo.
[107] Artículo
9.
[108] Artículo
10.
[109] Artículo
11.
[110] Id.
[111] Id.
[112] Ley Estatutaria 1618 de 2013. Art.
11.
[113] Id.
[114]
MEN, Lineamientos Política de Educación Inclusiva, pág. 26.
[115] Corte Constitucional, Sentencia T-551 de 2011.
[116] Artículo  28. La
autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
función institucional. // Artículo  29. La
autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de
las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos: a) Darse y
modificar sus estatutos; b)Designar sus autoridades académicas y
administrativas; c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo
que expedir los correspondientes títulos; d) Definir y organizar sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión; e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus
alumnos; f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y, g) Arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado
en los literales a) y c) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, Icfes.
[117] Corte Constitucional, Sentencias T-476 de 2015 y
T-850 de 2014, entre otras.
[118] Corte Constitucional, Sentencia T-476 de 2015.
[119] Corte Constitucional, Sentencia T-1010 de 2010.
[120] Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2011.
[121] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 1999.
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2011.
[123] Corte Constitucional, Sentencia T-068 de 2012.
[124] Corte Constitucional, Sentencias T-716 de 2017 y
T-426 de 1992.
[125] Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992.
[126] Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.
[127] Ley 361 de 1997, artículo 13, parágrafo: “Todo
centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que
garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones. Ningún
centro educativo podrá negar los servicios educativos a personas limitadas
físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el
Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que
delegue esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de carácter
pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre del
establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional,
Departamental o Municipal según el caso.”
[128] Ley 982 de 2005, artículo 38: “Las entidades
tanto públicas como privadas que ofrecen programas de formación y capacitación profesional
a personas sordas y sordociegas tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, las universidades, centros educativos, deberán tener en cuenta las
particularidades lingüísticas y comunicativas e incorporar el servicio de
intérprete de Lengua de Señas y guía intérprete en los programas que ofrecen.”
[129] Ley 324 de 1996, artículo 7: “El Estado
garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un
medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los
servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para
ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por Convenios con Asociaciones
de Sordos, la
presencia de intérpretes para el acceso a los Servicios mencionados”.
[130] Decreto
366 de 2009, artículo 9.
[131] Decreto
366 de 2009, artículo 9.
[132] Decreto 2369 de 1997, artículo 4.
[133] Resolución 05274 de 2017, artículo 3.
[134] Corte
Constitucional, Sentencia T-476 de 2015.
[135]
Corte Constitucional, Sentencia
T-850 de 2014.
[136] Ley
982 de 2005, artículo 2: “La
Lengua de Señas en Colombia que necesariamente la utilizan quienes no pueden
desarrollar lenguaje oral, se entiende y se acepta como idioma necesario
de comunicación de las personas con pérdidas profundas de audición y, las
sordociegas, que no pueden consiguientemente por la gravedad de la lesión
desarrollar lenguaje oral, necesarios para el desarrollo del pensamiento y de
la inteligencia de la persona, por lo que debe ser reconocida por el Estado y
fortalecida por la lectura y la escritura del castellano, convirtiéndolos
propositivamente en bilinguales”. (Subrayas fuera de texto).
[137] Ley 324 de 1996, artículo 3.
[138] Ley 324 de 1996, artículo 7.
[139] Ley 324 de 1996, artículo
[140] Decreto 2369 de 1997, artículo 8.
[141] Decreto 2369 de 1997, artículo 10.
[142] Decreto 2369 de 1997, artículo 9.
[143]
Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2010.
[144]
Decreto 2081 de 1996, artículo 18.
[145] Ley 361 de 1997, artículo 5: “Las personas con limitación deberán
aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad
en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las
empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la
respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual
solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la
verificación a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no
sea evidente. // Dicho carné
especificará el carácter de persona con limitación y el grado
de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá
para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley.”
[146] Cno. 1, fl. 5.
[147] Corte Constitucional, Sentencia C-606 de 2012.
[148] Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
artículo 1.b.
[149] Ley
30 de 1992, artículo 29: “la autonomía de las instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará
determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los
siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos; b) Designar sus
autoridades académicas y administrativas; c) Crear, desarrollar sus programas
académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos; d) Definir y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales
y de extensión; e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus
alumnos; f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y g) Arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional”:
[150] Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las formas de discriminación en contra de las Personas con Discapacidad.
[151] Id.
[152] Ley 361 de 1997, artículo 11.
[153] Decreto
2082 de 1996, artículo 2.
[154] Decreto 2591 de 1991, artículo 20. Presunción de veracidad: “Si
el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa”.
[155] Corte
Constitucional, Sentencia T-1213 de 2005.
[156] Corte
Constitucional, Sentencias T-1244 de 2008 y T-229 de 2007.
[157] Corte
Constitucional, Sentencia T-544 de 2006.
[158] Constitución Política, artículo 86.
[159] Corte
Constitucional, Sentencia SU-975 de 2003.
[160] Poner título a los salvamentos y
aclaraciones de voto es una práctica instaurada por el Magistrado Ciro Angarita
Barón. En este caso se emplea el Lenguaje de Señas Colombiano para comunicar
“Lo-siento”, que se expresa así: “La mano en ‘5’ con la palma sobre el pecho
se mueve hacia adelante hasta quedar con la mano en diagonal, la palma
ligeramente hacia arriba y el borde externo hacia abajo. Los hombros se elevan,
se inclina la cabeza y se aprieta la boca”. Diccionario Básico de la Lengua
de Señas Colombiana.
[161] De acuerdo con el Censo del 2005 y
con las proyecciones poblacionales de 2015, de los 3.000.000 de Personas con
discapacidad (PcD) que tiene Colombia, el 52,3% está en edad de trabajar (cerca
de 1,6 millones de personas), pero solamente el 15,5%, (480.000 PcD) tiene
trabajo, y solo el 2,5% ganan un salario mínimo legal o más.1 Esto significa
una tasa de desocupación del 84,5%. Ministerio del Trabajo. Guía para el
proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. P.7 Disponible
en http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59111836/GUIA+PARA+EL+PROCESO+DE+INCLUSION+LABORAL+DE+PCD.pdf/1d8631c0-58d5-8626-69cb-780b169fcdf7?version=1.0
Consultado el 17 de octubre de 2018.
[162] Ver el salvamento de voto a la Sentencia
T-091 de 2018. MP. Carlos Bernal Pulido.
[163] Este apartado debe
leerse junto con el salvamento de voto a la sentencia T-091 de 2018, en el que
se profundizan algunos de estos argumentos.
[164] Ver, entre otros,
Carbonell, Miguel y García, Leonardo (Eds), El canon neoconstitucional.
Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Madrid, 2010; Cepeda
Espinosa, Manuel José y Landau, David, Colombian Constitutional Law.
Oxford University Press: Oxford, 2017.
[165] Sentencia C-054 de 2016. MP. Luis
Ernesto Vargas.
[166] Sentencia T-1094 de 2008. MP. Clara
Inés Vargas Hernández. Ver también Sentencias T-298 de 2008. MP. Jaime Córdoba
Triviño y T-267 de 2010. MP. Juan Carlos Henao.
[167] El canon neoconstitucional. Op.
Cit. p.160.
[168] Supra párrafo 114.
[169] Aunque esto no
obsta para que en algunos casos excepcionales de inacción o incumplimiento
estructural de obligaciones constitucionales, la Corte pueda, y deba, impulsar
y acompañar la formulación e implementación de políticas públicas para
garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales. Al respecto ver el
conjunto de órdenes complejas y seguimiento que la Corte ha emprendido en el
caso de víctimas de desplazamiento forzado (T-025 de 2004. MP. Manuel José
Cepeda), el sistema de salud (T-760 de 2008. MP. Manuel José Cepeda) y los
problemas de desnutrición y mortalidad en los niños, niñas y adolescentes de La
Guajira (T-302 de 2017. MP. Aquiles Arrieta).
[170] Constitución
Política, Art. 241.
[171] Sentencia T-406 de
1992. MP. Ciro Angarita Barón. En esta misma dirección, la Sala Plena reiteró
que: “El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el
“frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el
funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para
así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un
servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que
reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado
con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la
justicia material.” Sentencia SU-768 de 2014. MP. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[172] Por ejemplo, la Sentencia califica prima
facie como fuera de lo razonable (ver párrafo 149) la petición de la
accionante, para que los intérpretes tengan una formación básica en el área en
la que prestarían sus servicios.
[173] Sentencia C-054 de 2016. MP. Luis Ernesto
Vargas.
[174] Supra párrafo 43.
[175] Sentencia T-002 de 1992. MP.
Alejandro Martínez Caballero.
[176] Sentencia T-379 de 2005. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[177] Sentencia C-284 de 2014. MP. María
Victoria Calle.
[178] Sentencia SU-768
de 2014. MP. Jorge Iván Palacio.
[179] Sentencia T-533 de 1992. MP.
Eduardo Cifuentes.
[180] Supra párrafos 135 y 136.
[181] Supra párrafo 143.
[182] Disponible en https://fenascol.org.co/index.php/interpretacion.
[183] Ibídem.
[184] Disponible en https://www.rid.org/about-rid/.
[185] Disponible en https://www.rid.org/about-rid/about-interpreting/standard-practice-papers/.
[186] Supra. párrafos 160 y 165.
[187] Sacks, Oliver. Veo
una voz: viaje al mundo de los sordos. Barcelona: Anagrama, 2003. p.43.
[188] Ver artículo 62 del Código Civil y
el pronunciamiento de la Corte mediante Sentencia C-983 de 2002. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[189] Veo una voz:
viaje al mundo de los sordos. Op. Cit. p.57.
[190] “A los alumnos
sordos les estaba prohibido utilizar su propio lenguaje natural y se les
obligaba a aprender, como pudiesen, el lenguaje antinatural (para ellos) del
habla. Y quizá esto se correspondiese con el espíritu de la época, su
concepción presuntuosa de la ciencia como poder, de que había que imponerse a
la naturaleza sin someterse a ella”. Ibíd. p.65.
[191] Ibíd. p.64. Para profundizar en este episodio de la historia se puede
consultar también: Forbidden Signs: American Culture and the Campaign
against Sign Language. Douglas C. Baynton.
[192] Ibíd. p.47.
[193] J. Schuyler Long. Citada en Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. Ibíd.
[194] Ibíd. p.27.
[195] Sentencia C-605 de 2012. MP. María
Victoria Calle.
[196] “por la cual se establecen
normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones”.
[197] Ley 982 de 2005, Art.
1 (10).
[198] Ibíd. Art.3.
[199] Ibid. Art. 9.
[200] Ley
1346 de 2009, por medio de la cual se
aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006, artículo. 2º: “Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de
señas y otras formas de comunicación no verbal”.
[201] Ley 982 de 2005, Art.
23. Ver también Ley 1346 de 2009, Art.24 (b).
[202] Se calcula que en Colombia hay más
de 450.000 personas con una limitación para oír, entre los cuales algunos
emplean la lengua de señas como su propia lengua. Instituto Nacional de Sordos
y Ministerio de Educación. Disponible en http://www.insor.gov.co/observatorio/download/Infog_pan_sordos_Col_sept2016.pdf
[203] Instituto Caro y Cuervo, Ministerio de Educación
Nacional y el Instituto Nacional para Sordos. Diccionario Básico de la
Lengua de Señas Colombiana. Disponible
en http://www.insor.gov.co/descargar/diccionario_basico_completo.pdf
[204] Ibíd.
[205] Supra. Párrafo 191.
[206] UPTC. Acuerdo No. 029 de 26 de mayo de 2015.
[207] Supra. Párrafo 78. Sentencias T-051 de 2011. MP Jorge Iván
Palacio y T-397 de 2004. MP. Manuel José Cepeda.
[208] Sentencia T-397 de 2004. MP. Manuel José Cepeda.
[209] Recientemente, la Sentencia T-735
de 2017. MP. Antonio José Lizarazo exhortó al Comité Directivo del Plan Decenal
del Sistema de Justicia, a poner en marcha en el menor tiempo posible el
rediseño de las comisarías de familia previsto en el Plan, ante la violencia
institucional de género constatada por la Corte.
[210] Supra. Párrafo 26.
[211] Sentencia T-476 de 2015. MP. Myriam
Ávila Roldán.
[212] Sentencia T-553 de 2011. MP. Jorge
Ignacio Pretelt.
[213] Carbonell, Miguel. El canon
neoconstitucional. Op. Cit. p.163.