C-147-17
Sentencia
C-147/17
NORMA QUE
ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Expresión “al discapacitado”
vulnera el principio de la dignidad humana al tratar un lenguaje que no
responde a criterios de técnica jurídica por cuanto parte de visiones
reduccionistas y de marginación/NORMA QUE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD-Expresión “al discapacitado” desconoce el modelo social
de discapacidad
DEMANDA CONTRA
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Sustitución
de la
expresión “al discapacitado” por la expresión “persona en condición
de discapacidad” contenida
en el artículo 2 de la Ley 1145 de 2007
DIGNIDAD HUMANA-Reconocimiento
constitucional/DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Dimensiones/PRINCIPIO DE LA
DIGNIDAD HUMANA-Consagración
constitucional/DERECHO
A LA DIGNIDAD HUMANA-Alcance
LENGUAJE LEGAL-Relevancia
constitucional/LENGUAJE-Importancia/LENGUAJE-Alcance/LENGUAJE
Y DISCRIMINACION-Relación
LENGUAJE-Uso en un
contexto oficial/LENGUAJE OFICIAL-Alcance
CONTROL
CONSTITUCIONAL DEL LEXICO DEL LEGISLADOR-Reiteración de jurisprudencia
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESION LINGÜISTICA-Alcance/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESION LINGÜISTICA-Jurisprudencia
constitucional
DERECHOS DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional
DERECHOS DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Bloque de constitucionalidad
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD-Stricto sensu y Lato sensu/BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Funciones
DERECHOS DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Normas internacionales sobre
protección/CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Tiene como objetivo
la eliminación de la discriminación/DISCAPACIDAD-Instrumentos
internacionales de derechos humanos
DERECHOS DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Consagración constitucional
DISCAPACIDAD-Modelos/DISCAPACIDAD-Modelo
de la prescindencia y modelo de la marginación/DISCAPACIDAD-Modelo
médico o
de rehabilitación/DISCAPACIDAD-Modelo
social/MODELOS DE DISCAPACIDAD-Relevancia
PROHIBICION DE
LA DISCRIMINACION-Consagración
constitucional/LEGISLADOR-Le está vedado expedir leyes que utilicen
expresiones discriminatorias de personas en situación de discapacidad/LEGISLADOR-Debe
promover acciones positivas en favor de personas en situación de discapacidad
DISCAPACIDAD-Modelo comprendido como
barrera social
EXPRESIONES
CONTENIDAS EN DISPOSICIONES JURIDICAS QUE OTORGAN BENEFICIOS A LA POBLACION EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD-Control constitucional
Referencia:
Expediente D-11569
Demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 2º (parcial) de la Ley 1145 de
2007.
Demandantes:
Wbeimar Samaca Rangel y Fabiola Patricia Acelas Castillo
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos
mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
Aquiles Arrieta Gómez, María Victoria Calle Correa, José Antonio Cepeda Amaris,
Alejandro Linares Cantillo, Iván Humberto Escrucería Mayolo, Antonio José
Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, así como de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Wbeimar Samaca Rangel y Fabiola Patricia Acelas
Castillo presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra
la expresión “al discapacitado,” contenida en el inciso noveno del
artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, “[p]or medio de la cual se organiza el
Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones.”
La demanda fue admitida a través de Auto
del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), únicamente en
relación con el cargo por violación al principio de dignidad humana. Sin
embargo, respecto a la acusación por transgresión al principio de igualdad, la
Magistrada Sustanciadora resolvió inadmitir la demanda y conceder a los
accionantes un término de tres (3) días para su corrección, el cual venció en
silencio.
Por tal razón, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, se ordenó el rechazo de la demanda
respecto de la acusación por vulneración al derecho a la igualdad, mediante
Auto de treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016). En esta misma
providencia se comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República, al Congreso de la República, a los Ministros del Interior y de Salud
y al Consejo Nacional de Discapacidad, en virtud de lo contemplado en el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Adicionalmente, se ordenó la
comunicación del proceso al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social -PAIIS- de la Universidad de los Andes, a la Dirección de la Maestría en
Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, al
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, al
Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana; a las
facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Javeriana, Externado,
de los Andes, Libre y de Antioquia; a las facultades de filosofía de las
universidades Javeriana y del Rosario, así como a la Fundación Saldarriaga
Concha.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de procesos y proferido el concepto de rigor
por la señora Procuradora General de la Nación (E), procede la Corte a decidir
de fondo la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el inciso
9° del artículo 2º, de la Ley 1145 de 2007 y se resalta el aparte acusado:
“LEY 1145 DE 2007
Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional
de Discapacidad y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO
2o. Para efectos de la presente ley, las siguientes definiciones tendrán el
alcance indicado a continuación de cada una de ellas:
(…)
Equiparación
de oportunidades: Conjunto de
medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden
físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al
discapacitado el goce y disfrute de sus derechos.”
III. LA DEMANDA
Los accionantes consideraron que la
norma acusada implica un desconocimiento de las personas en condición de
discapacidad como sujetos plenos de derechos, pues el uso de palabras
discriminatorias, peyorativas y vejatorias como la expresión “al
discapacitado,” son contrarias al principio de la dignidad humana. Sobre el
particular, indicaron que el lenguaje, como forma en la que se manifiestan las
leyes, es influyente en la construcción y preservación de estructuras sociales
y culturales. Expresaron que la utilización del vocablo discapacitado para
referirse a una persona en situación de discapacidad equivale a la utilización
de expresiones como “(…) el ladrón, el homicida, el violador, el incestuoso,
etc., o decirle el delincuente” por parte del derecho penal. Sostuvieron
además que “la discapacidad de una persona no debe recaer sobre el que se
encuentre en esta situación, sino que por el contrario esta recae sobre la
sociedad.”
Así mismo, afirman que el aparte
demandado desconoce la obligación  internacional contraída por el Estado
colombiano en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, toda vez que ésta incluye el deber de adoptar medidas
legislativas ejemplarizantes en su finalidad y lenguaje, dirigidas a la
protección de la dignidad humana.
Adicionalmente, los actores resaltaron
que el principal fundamento de su demanda es la sentencia C-458 de 2015[1],
en la que esta Corporación resolvió de una parte, declarar la exequibilidad
condicionada de una serie de expresiones lingüísticas contenidas en distintos
cuerpos normativos y de otra, reemplazarlos por las de “personas en
situación de discapacidad física, psíquica y sensorial”, “persona con
discapacidad auditiva”, “persona en situación de discapacidad”, “discapacidad”
e “invalidez.”
En esa medida, solicitan a la Corte “Declarar
la inconstitucionalidad condicionada (sic) de la expresión AL
DISCAPACITADO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1145 DE 2011 en el
entendido de que se remplace por la expresión ‘persona en situación de
discapacidad”[2].
IV.
INTERVENCIONES
1. Intervenciones institucionales:
1.1. Ministerio de Justicia y del
Derecho
La entidad solicita a la Corte declarar
la exequibilidad condicionada del aparte demandado.
El Ministerio de Justicia aseguró que el
segmento acusado corresponde a un lenguaje proscrito por la jurisprudencia
constitucional, al vulnerar la dignidad humana de las personas en situación de
discapacidad, identificándolas por sus limitaciones y no por su valor en sí
mismas, por lo que resulta procedente que se emita, por la Corte
Constitucional, una sentencia integradora que sustituya la expresión “al
discapacitado” por la de “a la persona en situación de discapacidad.”
En apoyo de su postura, reprodujo, in
extenso, varios de los fragmentos de la sentencia C-458 de 2015 y estimó
que no resulta ajustado a la Constitución el hecho de referirse a las personas
con discapacidad con un lenguaje que no reconozca su valor como individuos en
sí mismos, sino que los identifica con una condición que no les es propia y
que, más bien, se refiere a las falencias del entorno en el que se
desenvuelven.
Finalmente, destacó que la Ley 1145 de
2007, en la que se ubica el precepto acusado, está dirigida a promover y
garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, por lo
cual la expresión demandada resulta incoherente con el resto de la norma
jurídica en la que se encuentra incluida.
1.2 Ministerio de Salud y Protección
Social
El Ministerio de Salud y Protección
Social se pronunció a favor de declarar la inexequibilidad de la norma
acusada.
Indicó que el fragmento normativo
demandado genera la marginación de un grupo social que debe ser objeto de
protección por el Legislador y el Gobierno Nacional. Adicionalmente, resaltó
que la discapacidad debe ser comprendida como un fenómeno complejo, que refleja
la interacción entre las características del ser humano y la sociedad en la que
vive. Por ende, no es procedente referirse a la discapacidad como un
sufrimiento o padecimiento de la persona, o como un atributo o condición
inherente a ningún individuo. Para finalizar, la institución recordó que la Ley
1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad.
2. Intervenciones ciudadanas
1. El Programa de Acción por la Igualdad
y la Inclusión Social -PAIIS- de la Universidad de los Andes solicitó a esta
Corporación declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión
demandada y que la misma sea remplazada por otra que tenga concordancia con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La clínica jurídica hizo un recuento de
las normas internacionales y nacionales sobre discapacidad, en el marco del
cual enfatizó las obligaciones internacionales contraídas por Colombia mediante
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A continuación, se refirió a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente a las sentencias C-006
de 2013[3]
y C-458 de 2015. Al respecto, resaltó que el fragmento normativo demandado es
incompatible con la Carta, de acuerdo con los pronunciamientos de esta
Corporación. Además, indicó que el presente caso es una oportunidad para que el
Tribunal Constitucional continúe con la promoción de los derechos de las
personas en situación de discapacidad mediante la adopción de un lenguaje incluyente.
PAIIS resaltó que el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad formuló varias observaciones sobre la
situación de Colombia; en particular, llamó la atención acerca de la necesidad
de materializar los avances obtenidos por la población con discapacidad en el
plano jurídico. El interviniente destacó que las afectaciones a la dignidad
pueden empezar por el lenguaje, que es el reflejo de prácticas sociales
arraigadas. Sin embargo, anotó que estas modificaciones formales deben
acompañarse de esfuerzos pedagógicos para que la población tome conciencia del
significado de los términos que reemplazan aquellos que se consideran
vejatorios.
2. El Grupo de Acciones Públicas (GAP)
de la Universidad del Rosario intervino en favor de la inexequibilidad
parcial de la norma demandada.
En primer lugar, los intervinientes
manifestaron que Colombia es parte de diversos tratados de derechos humanos que
consagran obligaciones de protección a la población con discapacidad. En
particular, refirieron la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad.
En segundo lugar, abordaron la
definición de discapacidad y su evolución en el tiempo, a partir de lo cual
desarrollaron una recopilación jurisprudencial acerca del uso del lenguaje
jurídico y la dignidad humana. En este contexto, recordaron que esta
Corporación ha declarado inexequibles palabras y expresiones como “recursos
humanos,”[4]
“criado,”[5]
“robo de la mujer,”[6]
“furiosos locos, mentecatos,” e “idiotas, cretinos o baldados,”[7]
por considerar que menoscaban los derechos fundamentales y la dignidad humana.
Finalmente, formularon una serie de
criterios, que se infieren de las decisiones de la Corte Constitucional y los
propuso a esta Corporación. Así, una palabra o expresión será abiertamente
inconstitucional como consecuencia del uso del lenguaje cuando: (i) se utilice
para causar tratos denigrantes, discriminatorios o insultantes que perpetúen
prácticas sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales; (ii) se
utilice el lenguaje para vulnerar y/o transgredir la dignidad humana; y, (iii)
no exista alguna interpretación adicional de la norma cuestionable, es decir,
que no pueda aplicarse el principio de conservación del derecho.
3. El Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre de
Colombia se pronunció en defensa de la exequibilidad condicionada de la
expresión acusada, bajo el entendido de que la misma resulta inapropiada para
referirse a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es necesario su
reemplazo por la expresión “personas en situación de discapacidad,” de
acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Los intervinientes manifestaron que el
lenguaje legal no escapa al control judicial, a partir de lo establecido por la
Corte en la sentencia C-458 de 2015. Por tanto, el aparte acusado resulta
violatorio de la dignidad humana, toda vez que se trata de un término
reduccionista e inapropiado que no da cuenta de la integridad de la persona.
Además, estimaron que la expresión demandada no reconoce de manera adecuada a
la población con discapacidad, lo que implica la profundización de la
desigualdad que padecen estas personas en la sociedad.
4. La ciudadana María Fernanda Infante
Murcia solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el
segmento normativo demandado, por desconocer los artículos 1º y 13 de la
Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su
concepto, el hecho de tener una discapacidad (físico-motora, auditiva, visual o
intelectual) no hace a una persona “discapacitada” o “incapacitada.”
Afirma que las discapacidades no se sufren ni se padecen, sino que simplemente
se tienen, por lo que se debe reconocer que éstas forman parte de la diversidad
humana.
5. La ciudadana Melissa Alejandra
Arévalo Castillo pidió a esta Corporación declarar la inexequibilidad
del aparte acusado y que éste se reemplace por la expresión “personas en
situación de discapacidad.” La interviniente manifestó que, al referirse a
alguien como “discapacitado,” se identifica a una persona por una
situación física o mental, en lugar de su condición humana. Añadió que, en
otras oportunidades, la Corte se ha pronunciado en favor de reemplazar términos
como el que fue demandado en esta ocasión.
6. El ciudadano Andrés Felipe Troya
España se manifestó en favor de la inexequibilidad de la expresión “al
discapacitado,” contenida en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007. Para
sustentar su postura, mencionó el principio de dignidad humana, los convenios
internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y el derecho
comparado. Señaló que la Corte Constitucional, en sentencia C-458 de 2015,
concluyó que vocablos como el que fue demandado en esta oportunidad, tienen una
connotación peyorativa que lesiona el ordenamiento.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE
LA NACIÓN (E)
La Procuradora General de la Nación (E)
pidió a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de
la expresión “al discapacitado”, contenida en el artículo 2º de la Ley
1145 de 2007, de tal manera que se entienda como una referencia exclusiva a una
determinada condición o situación fáctica en la que se encuentran las personas
con algún tipo de discapacidad y no un juicio valorativo sobre las mismas y su
dignidad humana. Subsidiariamente, solicitó proferir una sentencia
sustitutiva, en la cual se reemplace el aparte demando por “a la persona
con discapacidad.”
La Jefe del Ministerio Público advirtió
que previamente se pronunció sobre dos demandas de constitucionalidad en contra
de expresiones contenidas en normas legales que hacen referencia a personas con
discapacidad[8].
En este caso, la Procuradora General estimó necesario reiterar las
consideraciones realizadas en aquellas ocasiones, en el sentido que la dignidad
humana es un pilar fundamental del Estado colombiano y la misma se ve
menoscabada por una errada construcción social en torno a la persona con
discapacidad, situación que se ve alimentada por el uso de un lenguaje para
referirse a ella, que no resulta apropiado en la actualidad.
A continuación, recordó que la Corte
Constitucional es competente para realizar juicios de constitucionalidad sobre
el lenguaje empleado en una norma jurídica, toda vez que el mismo posee un
contenido emotivo. Añadió que, de acuerdo con la jurisprudencia del propio
Tribunal, para que un aparte normativo pueda ser expulsado parcial o
integralmente en razón del lenguaje empleado por el mismo, es necesario que no
exista ninguna interpretación constitucionalmente admisible de dicha expresión.
Para la Vista Fiscal, la intención del
Legislador cuando empleó la expresión “al discapacitado” fue
eminentemente descriptiva, sin que tuviera por objeto hacer ningún juicio de
valor. Sin embargo, el lenguaje utilizado permite que el fragmento normativo
acusado se perciba de forma equivocada, por lo cual se puede interpretar de
manera peyorativa o vejatoria lo que, a su vez, genera la necesidad de
reemplazar o sustituir la expresión acusada por otra que no sea despectiva y
que respete los derechos fundamentales.
En efecto, en criterio de la Procuradora
General, existen barreras que dificultan a la población con discapacidad el
ejercicio de sus derechos, motivo por el cual el Estado debe asumir un papel
más activo y garantista en relación con sus prerrogativas.
En consecuencia, a juicio de la Jefe del
Ministerio Público, el aparte demandado desconoce el lenguaje
constitucionalmente admisible, pues implica referirse negativamente a un grupo
poblacional determinado, que además goza de una especial protección
constitucional. Por lo tanto, plantea que la expresión acusada debe ser
sustituida por una que denote la situación fáctica en la que se encuentran las
personas con algún tipo de discapacidad.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En virtud del
artículo 241.4 de la Carta Política, esta Corporación es competente para
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión demandada, como quiera
se trata de enunciados contenidos en leyes de la República.
Asunto bajo revisión
2. La demanda que
conoce la Corte en esta oportunidad cuestiona la constitucionalidad de la
expresión “al discapacitado” contenida en el artículo 2º de la Ley 1145
de 2007[9],
para referirse al destinatario de las medidas de equiparación de oportunidades,
es decir, el beneficiario de las acciones orientadas a eliminar las barreras de
acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural
que le impide el goce y disfrute de sus derechos.
Los demandantes fundamentaron el
concepto de violación que sustenta el único cargo admitido por la Corte, con
base en que la expresión censurada desconoce el principio de dignidad humana,
porque es contraria al modelo de discapacidad como barrera social y reduce al
individuo a su particular condición. En igual sentido se pronunciaron algunos
intervinientes[10].
Por estas razones, solicitan a la Corte la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA, de la disposición jurídica acusada, en el sentido de que se
reemplace por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
Para otros intervinientes[11],
la disposición acusada debe ser declarada INEXEQUIBLE con fundamento en
que la expresión “discapacitado” hace que se identifique a una persona
por una situación física o mental, en lugar de su condición humana, y además,
configura una connotación peyorativa que desconoce el ordenamiento
constitucional.
La Procuraduría General de la Nación
solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión
demandada, por cuanto: i) hace referencia exclusiva a una determinada condición
o situación fáctica en la que se encuentran las personas con alguna clase de
discapacidad; y, ii) la dignidad humana es un pilar fundamental del Estado
colombiano y se ve menoscabada por una errada construcción social en torno a la
persona con discapacidad, que se configura por cuenta de un lenguaje peyorativo
y vejatorio. Con fundamento en lo anterior, solicita que el aparte normativo
objeto de censura se sustituya por la expresión “a la persona con
discapacidad”.
Planteamiento del problema jurídico
3. La Corte
considera que conforme a la demanda y los argumentos que sustentan el único
cargo de violación admitido, las intervenciones y el concepto del Ministerio
Público, el problema jurídico que corresponde resolver es el siguiente ¿la
expresión “al discapacitado”,  contenida en una disposición jurídica que
define el concepto de equiparación de oportunidades dentro de una ley que
organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, para referirse a los
destinatarios de las medidas allí previstas, viola el principio de dignidad
humana, porque, presuntamente, configura una visión reduccionista del individuo
a su condición particular y desconoce el modelo social de discapacidad?
4. Para dar
solución a la cuestión planteada, la Sala abordará los siguientes temas: i) la
dignidad humana y sus dimensiones; ii) la relevancia constitucional del
lenguaje legal y el alcance del control de constitucionalidad sobre el léxico
del Legislador; iii) la protección constitucional de las personas en condición
de discapacidad; iv) el análisis de las definiciones técnico jurídicas que
regulan situaciones jurídicas que otorgan beneficios a la población en
condición de discapacidad; y v) las expresiones lingüísticas que no son
neutrales para referirse a las personas con discapacidad. Finalmente, vi) la
Corte analizará la constitucionalidad del fragmento normativo objeto de
reproche.
La dignidad humana y sus dimensiones
5. El artículo 1°
de la Carta, consagra que la dignidad humana justifica la
existencia del Estado y en razón a su naturaleza de valor Superior y principio
fundante, exige el reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un
trato acorde a su naturaleza humana. En ese sentido, constituye uno de los
fundamentos del ordenamiento jurídico, pues es un pilar determinante para el
Estado Social de Derecho, la democracia constitucional y los derechos humanos y
fundamentales en términos generales[12].
De esta manera, en sentencia C-143 de
2015[13],
la Corte reiteró que el derecho a la dignidad humana debe entenderse bajo dos
(2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su
funcionalidad normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha
identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad
humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida como
ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad
humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad
física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan
vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de
vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal en la mencionada providencia,
identificó tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho
fundamental autónomo.
De igual manera, esta Corporación
consideró que la consagración constitucional del principio de la dignidad
humana impone el deber de un trato especial hacia el individuo, ya que la
persona es un fin para el Estado, por lo que todos los poderes públicos deben
asumir una carga de acción positiva[14]
para maximizar en el mayor grado posible su efectividad.
6. En resumen, el
derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones necesarias para
una existencia materialmente apropiada y acorde con el proyecto de vida que
cada ciudadano le imprime a su devenir, por lo que existe un mandato imperativo
de las autoridades públicas y de los particulares, para que adopten las medidas
necesarias de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos
más preciados para el Estado[15],
especialmente, para otorgar a la persona un trato acorde a su condición
deontológica.
Relevancia constitucional del lenguaje
legal
Importancia del lenguaje
7. La
utilidad del lenguaje trasciende el escenario típicamente comunicativo, en el
que se orienta al intercambio de pensamientos e ideas, en el marco de la
literalidad de lo expresado por la nomenclatura de cada palabra y por la
gramática de cada frase. La palabra no se reduce al signo y a su funcionalidad
gramática, sintáctica o a su utilización práctica, en la medida en que no solo
atiende a su significado concreto, sino a la función que se predica de ella en
una oración o al contexto en el que se emite o se recibe.
La
palabras no solo responden a su significado formal[16], sino
que este se encuentra ligado al contexto, responde al uso comúnmente aceptado y
a la valoración social de la cosa referida[17]. De este modo hablar del
lenguaje no solo implica hablar de significados en abstracto, sino de un
conjunto de referentes sociales con un alto poder simbólico.
Entonces
la potencialidad del lenguaje no solo se encuentra referida a la capacidad de
comunicar ideas, sino también a la posibilidad de crear, transformar o
extinguir percepciones sobre las cosas a las que se refieren las palabras. En
ese sentido la palabra crea realidad y la difunde[18], pues
asienta socialmente representaciones sobre las cosas nombradas que serán
aceptadas o rechazadas conforme la escala axiológica de los emisores y
receptores de los mensajes.
8. El lenguaje no es únicamente una
herramienta para crear símbolos e interpretarlos. Su alcance no se limita a la
descripción de hechos ni a ser un medio de comunicación formal. También tiene
capacidad de crear realidades, deconstruirlas o perpetuarlas, pues la cultura y
el poder se moldean, en muchas ocasiones, desde los términos en los que se
desarrolla una expresión y los discursos[19], y a la vez,
aquellas definen el alcance del lenguaje. En ese sentido, expertos de la
comunicación y lingüistas han identificado que determinados discursos tienen
una carga valorativa, que crea privilegios o que excluye y discrimina. Es
decir, no solo tienen una fuerte carga emotiva, sino que además se proyecta con
efectos conductuales, inclusive jurídicos.
9. El académico TEUN VAN DIJK
estudió la especial relación que existe entre el lenguaje y la discriminación.
Él sostiene que el lenguaje “(…) no es simplemente un instrumento de
comunicación entre individuos anteriores a él (…), [p]or el contrario, posee
(…) un papel fundante dado su potencial creativo y ordenador”[20].
Bajo esa premisa, explica que la desigualdad puede venir de las mismas
expresiones lingüísticas que se presentan como descripción de la realidad abstraída
de cualquier influencia. Considera que “(…) la coartada discriminatoria
induce a concebir las desigualdades como resultado de la naturaleza y no como
construcción cultural.”[21]
En ese sentido, resalta que la realidad no tiene identidad con la construcción
simbólica de lo que en el lenguaje se expresa como una descripción de la
realidad, pues la utilización de determinados símbolos o palabras puede tener
una carga valorativa para llevar a cierto resultado. En palabras del académico,
“(…) debería plantearse que entre lo real y lo que el sujeto percibe
como su realidad se ubica precisamente una mediación simbólica a partir de la
cual se inducirán, entre otras, las discriminaciones negativas (…)”[22].
A su juicio, esa carga valorativa del lenguaje, ha sido determinante para que
en ciertas épocas un concepto, una condición o una característica se torne
inferior, diferente o meritoria de exclusión.
Por ejemplo, varios estudios han
relacionado el lenguaje con la reproducción del racismo en el que se considera
que el consenso social está condicionado por determinadas ideologías dominantes[23]
que se representan a través del lenguaje, el cual, a su turno “(…)
excluye
u oscurece a algunos sujetos sociales, no sólo representa
lingüísticamente la negación de los mismos, sino que contribuye a la
reproducción y permanencia de prejuicios comunes”[24].
10. El uso del
lenguaje tienen un fuerte impacto en el ideario de cognición social, pues la
evaluación del mismo genera la necesidad de la representación, es decir,
aquellos contenidos y estructuras de los modelos que la gente elabora para cada
suceso social. Se trata entonces de un proceso comunicativo multidimensional
que está incrustado en las construcciones sociales y culturales, y que en
ocasiones genera escenarios de control y resistencia entre grupos[25].
El lenguaje oficial
11. El Estado y su
estructura jerarquizada, es un agente muy importante en el proceso
comunicativo, pues desde su labor de regulación define gran parte de la
interacción social. En efecto, desde los debates gubernamentales y
parlamentarios, las deliberaciones y la toma de decisiones hasta las acciones
legislativas[26],
el lenguaje juega un papel trascendental, pues no solo sirve como parámetro
referencial para la regulación conductual, sino que configura la representación
pública y legítima de la realidad.
Cuando
el lenguaje y las palabras se usan en un contexto oficial que, como el
Legislativo, tiene la posibilidad de incluir representaciones sobre las cosas
con fuerza de autoridad, porque las valora, las regula y las hace efectivas con
fundamento en su poder legítimo, por lo que la fuerza creadora de las palabras
se intensifica y las nociones sobre las cosas adquieren un poder simbólico
mayor. En la medida en que el lenguaje oficial invoca lo que socialmente es
aceptado o debería ser aceptado, aquel se proyecta como “el poder sobre la
representación legítima de la realidad”[27]. En esa medida, el uso
del lenguaje por personas o entidades como el Congreso representa una potestad
social y normativa para fijar representaciones sobre determinados aspectos que
inciden en la vida comunitaria a través de las palabras, por lo que el mismo
está sometido a las limitaciones que le impone el ordenamiento jurídico,
especialmente el texto Constitucional.
En ese sentido, es posible encontrar en
el discurso oficial la utilización de lenguaje que de manera muy sutil, exprese
actitudes negativas frente a los miembros de grupos minoritarios que provocan
acciones discriminatorias en contra de ellos[28], es decir,
se trata de expresiones lingüísticas contenidas en normas jurídicas y que no
solo comprenden una carga emotiva intensa, sino que tienen la entidad
suficiente para generar efectos jurídicos nocivos en el ejercicio de los
derechos para una colectividad determinada.
El control constitucional del léxico del
Legislador. Reiteración de jurisprudencia
12. Desde sus
inicios esta Corporación ha sostenido que el análisis de constitucionalidad
consiste en efectuar una comparación de las normas de rango legal frente a la
Constitución aun cuando sus decisiones se concreten exclusivamente frente a un
fragmento o una expresión que hace parte del texto jurídico analizado. Es
decir, la labor de análisis que desarrolla la Corte radica en comparar normas
jurídicas y excluir del ordenamiento aquellas que resulten incompatibles con la
Carta. Sin embargo, ello no significa que su decisión, necesariamente y en
todos los casos, se refleje sobre todo el texto de una proposición jurídica.
Por el contrario, la decisión puede
limitarse a expulsar del sistema jurídico una expresión lingüística, o incluso
una interpretación de la misma, por lo que el resto del texto se mantiene
dentro del respectivo  cuerpo jurídico, si con ello se puede corregir el vicio
de inconstitucionalidad. Esto significa que el objeto del control judicial que
ejerce este Tribunal puede hacerse sobre fragmentos de proposiciones e incluso
sobre expresiones lingüísticas aisladas, siempre y cuando sean susceptibles de
producir efectos jurídicos.
En tal orden de ideas, la Corte se ha
pronunciado sobre palabras, e incluso sobre conjunciones como lo hizo en la sentencia
C-966 de 2012[29],
al analizar las palabras “y” y “o”. Sin embargo, lo ha hecho
cuando la decisión sobre dichas expresiones tiene la capacidad de alterar no
sólo el significado del texto en el cual están insertas, sino su sentido
normativo. Esto significa que, al margen del texto sobre el cual verse la
decisión, en principio el objeto del análisis de constitucionalidad debe ser
normativo.
13. No obstante, la
Corte, excepcionalmente, también ha evaluado la constitucionalidad de
expresiones lingüísticas aisladas, al margen de sus efectos normativos o
jurídicos. Esta posibilidad tiene justificación como consecuencia del carácter
de norma sui generis de la Constitución Política y del efecto simbólico
del lenguaje contenido en las disposiciones jurídicas. En efecto, como lo ha
reconocido desde sus inicios la jurisprudencia de este Tribunal, la Carta no es
sólo un conjunto de proposiciones jurídicas, sino que a ella subyace un sistema
axiológico y teleológico, integrado tanto por reglas como por principios,
valores y objetivos constitucionales. En esa medida, al margen de sus efectos
jurídicos, una expresión lingüística puede contener una carga semántica que
resulte contraria a los valores y objetivos contenidos en la Constitución.
Sobre este particular, la sentencia C-078 de 2007[30],
que recoge la jurisprudencia sobre la materia sostuvo:
“5.
La Corte Constitucional ya ha señalado que en principio el control
constitucional se ejerce sobre el contenido normativo de una determinada
disposición y no sobre el lenguaje escogido por el legislador, la estructura
gramatical adoptada o los problemas de técnica legislativa que puedan
afectarla. Sin embargo, en algunos casos el uso del lenguaje, la
estructura ambigua de las normas u otros problemas de técnica legislativa, pueden
comprometer bienes constitucionalmente protegidos y afectar entonces la
constitucionalidad de la correspondiente disposición. Uno de estos casos
se presenta cuando el legislador utiliza expresiones abiertamente
discriminatorias o que comprometen la dignidad o derechos de personas o de
grupos poblacionales determinados.” (Resaltado fuera de texto original)
Más adelante se refirió explícitamente a
que el fundamento de una decisión semejante radica en que la Constitución no es
un conjunto de reglas, sino que es un sistema normativo al cual le es inherente
un “contenido axiológico”. A tal efecto expresó que:
“7.
Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la Corte ha desarrollado
una doctrina constitucional específica sobre el alcance del control de
constitucionalidad del lenguaje legislativo. En aplicación de esta doctrina, ha
declarado la constitucionalidad condicionada o la inexequibilidad simple de
numerosas expresiones legales que no corresponden ‘al contenido axiológico
del nuevo ordenamiento constitucional’” (resaltado fuera de texto
original)
14. Ahora bien, aun
cuando la línea jurisprudencial sobre el análisis del lenguaje utilizado por el
Legislador ha variado en términos del rigor con el cual evalúa las expresiones
legales, la posibilidad de declarar la inexequibilidad de contenidos
lingüísticos que no están inmersos en una norma jurídica, pero que pueden
proyectar sus efectos jurídicos por el desconocimiento de la Constitución, ha
estado presente desde los primeros años de la Corte. En efecto, la sentencia
C-037 de 1996[31]
declaró la inconstitucionalidad de la expresión “recursos humanos”, pues
aun cuando la misma no hacía parte de una norma jurídica, sino de un título de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, resultaba contraria a la
dignidad del ser humano, como valor fundamental del componente axiológico de la
Carta Política. Al respecto dijo:
“Parecería
insólito retirar de un proyecto de norma, la denominación de un título. No
obstante la Corte procederá a hacerlo con la expresión ‘De los recursos humanos
de la Rama Judicial’, de la disposición que se analiza, por las razones que
brevemente se exponen a continuación.
El
artículo 1o de la Constitución consagra ‘el respeto de la dignidad humana’ como
uno de los fundamentos de nuestro Estado social de derecho. Y no es ese un
concepto vano, sino al revés, lleno de contenido ético y político. Porque el
reconocimiento de la dignidad humana implica la concepción de la persona como
un fin en sí misma y no como un medio para un fin. En otras palabras, como un
ser que no es manipulable, ni utilizable en vista de un fin, así se juzgue éste
muy plausible. El Estado está a su servicio y no a la inversa. Llamar ‘recursos
humanos’ a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la
perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más
generalizado pugne por legitimar la expresión.
“Es
deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a
nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el
legislador no la contradiga.”
Asimismo, en la sentencia C-320 de
1997[32],
la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de fragmentos normativos
que aludían a la transferencia de deportistas, en la medida en que se
desconocía su dignidad. En aquella oportunidad, sostuvo:
“El lenguaje de las normas legales
revisadas es incompatible con la Constitución ya que desconoce la dignidad de
los deportistas, a quienes cosifica, y vulnera la terminante prohibición de la
esclavitud y de la trata de personas, pues parece convertir a los clubes en
propietarios de individuos.”
15. Si bien este
Tribunal ha avalado la posibilidad de examinar la constitucionalidad del
lenguaje utilizado por el Legislador al margen de sus efectos normativos, esta
posibilidad es excepcional. Una parte importante del ordenamiento jurídico del
país no utiliza un lenguaje técnico especializado, sino que recurre al llamado
lenguaje natural o lenguaje ordinario, que evoluciona de manera espontánea
entre la población general, al margen de las comunidades epistémicas, como los
abogados, las demás profesiones o las ciencias especializadas. También puede
ocurrir que una expresión técnica se convierta una expresión coloquial, y al
hacerlo, adquiera una connotación peyorativa. Así reconoció esta Corporación en
la sentencia C-478 de 2003[33],
al afirmar que:
“El
problema jurídico consiste entonces en determinar si la permanencia en la
legislación civil de expresiones que si bien en su momento correspondieron a
los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud,
en la actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos, y por
ende, contrarios al principio de dignidad humana, y en consecuencia, deberían
ser expulsados del ordenamiento jurídico colombiano, siempre y cuando la
disposición respectiva no pierda sentido, y se preserven otros principios
constitucionales, en especial la igualdad, para no caer en un estado de
desprotección legal de los incapaces, igualmente contrario a la Constitución.
En efecto, si la norma legal emplea términos científicos revaluados, pero éstos
hacen parte de una institución civil encaminada a asegurar una igualdad de
trato a los incapaces, el juez constitucional debe acudir al principio
constitucional de conservación del derecho, examinando la posibilidad de
expulsión de los términos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho
a la igualdad o el sentido de la disposición correspondiente.”
Tal es el caso del término “cretino”,
cuya acepción original alude a una enfermedad de la glándula tiroides que
conlleva un retraso en el crecimiento físico y mental, lo que produce además
algunas deformidades físicas. Sin embargo, en el lenguaje ordinario la
expresión adquirió una connotación peyorativa, que ameritó la expulsión del
ordenamiento jurídico del literal b) del artículo 7º de la Ley 48 de 1920,
mediante la sentencia C-258 de 2016[34]. En ese
orden de ideas, una expresión originalmente utilizada para describir una
condición determinada puede adquirir, con el paso del tiempo, una connotación
peyorativa.
16. Aun así, la
sola carga vejatoria de una expresión no es suficiente para expulsar la
expresión del ordenamiento jurídico. El principio democrático consagrado en el
artículo 1º de la Carta Política exige que sea el Legislador, y no el juez
constitucional, quien crea las leyes, y ello supone también la escogencia del
lenguaje empleado en la ley. En esa medida, la intensidad semántica o
connotación del lenguaje utilizado por el Legislador no es suficiente para que
la Corte declare la inconstitucionalidad de un término o expresión elegida por
los representantes del pueblo para construir normas jurídicas. Para tal efecto
es necesario que también produzca efectos jurídicos porque su uso oficial
genera escenarios denigrantes contrarios al sistema de valores y objetivos
propugnado por la Constitución. Ahora bien, para entender cómo ocurre esto,
debe reconocerse que al margen de su carácter instrumental, el lenguaje
utilizado en la ley tiene también un efecto simbólico. La Corte llegó a tal
conclusión en la sentencia C-804 de 2006[35],
al manifestar que:
“El
lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que
constituye el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio
de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es
símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un
contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual se
configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los
hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticulan quienes contribuyen por
medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas
jurídicas en una sociedad determinada.”
17. En aquella
oportunidad la Corte sólo se refirió a la dimensión simbólica del lenguaje
legal en términos de ser reflejo de una realidad social y cultural existente en
el momento de su creación. Ello resulta comprensible en el contexto específico
en el cual la Corte efectuó el análisis de constitucionalidad, puesto que en
aquel entonces le correspondió estudiar la expresión antigua, en particular la
de “hombre”, como denotativa de los dos sexos, contenida en el artículo
33 del Código Civil.  Sin embargo, las funciones simbólicas del lenguaje van
mucho más allá, pues aquel no es un simple reflejo de una realidad histórica.
Se aprehende gran parte de la realidad social mediante el lenguaje, y por ende,
éste tiene una función constitutiva de la misma.
En esa medida los términos utilizados en
la ley no son solamente reflejo de una representación social o cultural
preexistente, sino que contribuyen a mantener determinadas formas de entender
la realidad, y a crear nuevas maneras de comprenderla. En otra oportunidad, en
la sentencia C-078 de 2007[36]
ya mencionada, la Corte reconoció este elemento creador de la función simbólica
del lenguaje. Al respecto dijo:
“6.
En efecto, la Corte ha reconocido expresamente que el lenguaje legislativo
tiene no sólo un efecto jurídico-normativo sino un poder simbólico que no puede
pasar desapercibido al tribunal constitucional. El poder simbólico del
lenguaje apareja un doble efecto: tiende a legitimar prácticas culturales y
configura nuevas realidades y sujetos (a esto se ha referido la Corte al
estudiar el carácter preformativo (sic) del lenguaje).  En esa medida,
la lucha por el lenguaje no se reduce a un asunto de estética en la escritura o
de alcance y eficacia jurídica de la norma. Se trata de revisar el uso de
expresiones que reproducen y/o constituyen realidades simbólicas o culturales
inconstitucionales. En ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante,
discriminatorio o insultante, tiende a legitimar e incluso constituir prácticas
sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales. Un lenguaje
respetuoso de los valores y principios constitucionales, sin embargo, tiende a
poner en evidencia esas prácticas reprochables y a constituir – al menos
simbólicamente – un sujeto dignificado.”
18. No obstante, el
lenguaje utilizado a diario puede incidir en mayor o menor medida sobre la
manera como se entiende y valora el mundo. Para el profesor de lingüística GEORGE
LAKOFF los términos que usan para referirse a la realidad constituyen
marcos cognitivos complejos, en la medida en que explícita e implícitamente se
relacionan con otros conceptos o categorías[37].
Estas interacciones permiten llevar a
cabo asociaciones –en muchos casos de manera inconsciente-, que generan juicios
de valor frente a la realidad que denotan, es decir, moldean connotaciones.
Para explicar la manera cómo funcionan estos marcos cognitivos, el citado autor
pone el ejemplo de la expresión “alivio tributario”, y explica la razón
por la cual ha sido utilizada exitosamente como bandera de algunas campañas
políticas. Tal expresión enmarca los tributos como una enfermedad, como un
dolor o un padecimiento, en lugar de plantearlos como una cuestión de solidaridad,
o como un deber cívico. Al tratarse de enfermedades o dolores, es necesario
buscar una cura o un paliativo. En esa medida, expresiones como éstas son
utilizadas exitosamente en campañas políticas, porque ponen a los detractores
de exenciones tributarias a defender algo que ya ha sido presentado como un
padecimiento, mientras sus defensores son quienes proveen los remedios o
paliativos.
Por lo tanto, más allá del referente que
una expresión lingüística denota, lo cierto es que sus relaciones con otros
conceptos fijan los marcos cognitivos a través de los cuales se valora la
realidad. Desde este punto de vista, resulta ilusorio en la mayoría de los
casos hablar de un “lenguaje neutral”, al menos en las expresiones de
uso cotidiano. Por lo tanto, la sola carga emotiva o connotación negativa de
una expresión lingüística no es suficiente para declarar su
inconstitucionalidad, pues aquella debe tener la potencialidad de afectar el
sistema axiológico sobre el que descansa la Constitución.
19. Es necesario
además, que la expresión utilizada por el Legislador produzca efectos sociales
o culturales, claros y específicos, que afecten los fines, valores, principios
y demás normas constitucionales. En efecto, en algunos casos la utilización del
lenguaje incide también sobre la manera como los seres humanos, actúan, es
decir, cualquier tipo de consecuencia en el plano meramente cognitivo, no
genera, per se, que el léxico legal resulte inconstitucional. Así lo ha
reconocido esta Corporación en su jurisprudencia.
Al respecto, la sentencia C-078 de
2007, citada con antelación, sostuvo que en virtud del principio
democrático le está prohibido al juez constitucional excluir del ordenamiento
una expresión lingüística al margen de su contenido normativo, solamente por
deficiencias sintácticas o semánticas. Es necesario que éstas incidan
negativamente sobre valores o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos:
“No
obstante, la Corte también ha entendido que al estudiar la constitucionalidad
del lenguaje del legislador es necesario tener presente la importancia que la
Carta asigna al principio democrático – del cual se deriva el principio de
conservación del derecho - , así como el efecto normativo de la disposición
estudiada. Por ello, para que una disposición pueda ser parcial o
integralmente expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje
legislativo, es necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente
denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su dignidad”[38],
que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación
constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto
social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional.
Como se verá adelante, para que la Corte pueda expulsar del ordenamiento
parcial o integralmente una norma en razón del lenguaje en ella empleado, es
necesario que no exista ninguna interpretación constitucional de las
expresiones utilizadas. Adicionalmente el juez debe ponderar el efecto negativo
del lenguaje – su poder simbólico -  respecto del efecto jurídico de la norma
demandada, a fin de adoptar una decisión que no desproteja sectores
particularmente protegidos o que no desconozca, en todo caso, el principio
democrático de conservación del derecho. Pasa la Corte a recordar la doctrina
constitucional vigente en la materia.”
20. En efecto, como
se dijo anteriormente, más allá de sus efectos normativos el lenguaje tiene un
efecto cognitivo que permite entender el mundo, y tal comprensión tiene
incidencia en las actuaciones e interacciones de las personas en sociedad. En
esa medida, una expresión que induce a tratar a los demás de formas contrarias
a los valores y objetivos consagrados en la Constitución, como por ejemplo con
violencia o de manera prejuiciada, o que de alguna manera legítima este tipo de
comportamientos, puede resultar inconstitucional. Esto por supuesto no
significa que el solo cambio en el uso del lenguaje es suficiente para
transformar la realidad material subyacente. Por el contrario, la modificación
en el uso del lenguaje puede hacer surgir nuevas formas de discriminación, más
velada y aceptada, que hacen que sea más difícil erradicar estas problemáticas.
Por ello, en filosofía del discurso existen quienes afirman que la única manera
de enfrentar discursos excluyentes es aquella en la que las personas afectadas
se apropian de los términos denigrantes, para subvertir y transformar el
alcance de las expresiones históricamente impuestas por terceros en connotaciones
positivas. Por ejemplo, el vocablo en inglés “queer”, palabra con un
alcance peyorativo que significa extraño o desviado, y que es usada para
referirse a los miembros de la comunidad LGBTI, ha sido apropiada y
resignificada positivamente por distintos movimientos sociales LGBTI para
posicionarse políticamente[39].
21. En virtud del
carácter dinámico en el uso del lenguaje, y de la capacidad del ser humano para
dotarlo de nuevos significados y utilizarlo de modos diferentes, el control de
constitucionalidad debe ser especialmente cuidadoso. En particular, en estos
casos el juez constitucional debe estar atento al contexto en el cual son
utilizadas las expresiones estudiadas. Efectivamente, más allá del análisis semántico
del lenguaje utilizado en normas jurídicas, que se enfoca en su significado
general o más usual, el estudio de constitucionalidad debe en lo que se
denomina de uso práctico, es decir, la manera como se usa un término dentro de
un contexto específico. Por tal razón, el juicio abstracto de validez comprende
la forma en que el contexto en el cual es utilizada una expresión le da
significado a la misma y si sus efectos jurídicos se proyectan de forma que
desconozcan la base axiológica del texto Superior. De lo contrario, se corre el
riesgo de cosificar el lenguaje, para atribuirle de manera ficticia un
significado esencial ajeno al su realidad sociolingüística, lo que impide su
apropiación y resignificación por parte de la sociedad.
22. La Corte en la sentencia C-458 de
2015[40],
se ocupó del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra una serie de
expresiones contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de
1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de
2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012. En esa oportunidad, se cuestionó la aptitud
de la demanda, porque, presuntamente, aquella proponía un debate de orden
terminológico que carecía de relevancia constitucional.
En
la mencionada providencia, este Tribunal consideró que los signos lingüísticos
en un enunciado legal cumplen una función referencial, tienen una dimensión
connotativa y una carga emotiva e ideológica, por lo que su utilización dentro
de las prescripciones jurídicas podría generar la transmisión de mensajes
paralelos o adicionales a la regla jurídica establecida en el enunciado y
desconocer el deber de neutralidad que el sistema constitucional le asigna al
Legislador.
De
esta manera, manifestó que las expresiones acusadas en aquel momento sí eran
susceptibles de ser destinatarias del control abstracto de constitucionalidad,
puesto que la función de los tribunales sobre la materia está dirigida a
identificar estos enunciados implícitos que se transmiten a través de signos
lingüísticos con altas cargas emotivas e ideológicas, que pueden configurar una
violación a la Carta.
23. El estudio
sobre la constitucionalidad de expresiones lingüísticas contenidas en
disposiciones jurídicas revela las complejidades sobre el alcance del control
judicial que debe efectuar la Corte. En efecto, la jurisprudencia de esta
Corporación pone en evidencia las dificultades metodológicas para establecer la
viabilidad del escrutinio del lenguaje legal, así como los parámetros de
valoración del léxico del derecho positivo.
Este Tribunal, en una primera línea
jurisprudencial, sostuvo que el escrutinio judicial recaía únicamente sobre el
contenido normativo de los enunciados legales y no sobre la terminología en la
que se expresan las prescripciones jurídicas, puesto que aquella dimensión
lingüística del derecho, carece, en principio, de relevancia normativa.
Ante una demanda de inconstitucionalidad
de una palabra aisladamente considerada, la Corte debe evaluar su faceta
regulativa a partir de la integración de la expresión en el enunciado del que
hace parte, y de esta manera determinar su compatibilidad con el ordenamiento
Superior. Por lo que esta Corporación no podría ejercer su función
jurisdiccional en sede de control abstracto, sobre signos lingüísticos que no
tuvieran una dimensión normativa a partir de su inclusión en la disposición
jurídica en la que está contenida[41].
En contraste con lo anterior, este
Tribunal manifestó, en algunas ocasiones, que el juicio de confrontación
abstracta de normas se puede ejercer sobre la terminología legal, puesto que el
léxico jurídico no se reduce a una función instrumental para regular la
conducta humana, sino que también cumple finalidades simbólicas, bajo el
entendido que los discursos jurídicos representan, reproducen, crean, definen y
perpetúan “(…) concepciones del mundo, valores, (…) ideas, cosmovisiones,
valores y normas”[42].
Con base en esta postura hermenéutica, la Corte realizó el control
constitucional de la terminología y de la meta-normatividad de las expresiones
que están contenidas en el sistema jurídico[43], pues
aquellas pueden desconocer el sistema axiológico que sustenta la Carta.
La protección constitucional de los
derechos de las personas en situación de discapacidad
24. El marco
normativo de protección de los derechos de las personas en condición de
discapacidad está constituido por las disposiciones jurídicas de orden interno
así como aquellas de naturaleza internacional, que conforman un entramado en
constante evolución e interacción, a través del concepto de bloque de
constitucionalidad[44].
25. Este Tribunal
ha sido enfático en afirmar que la fuerza vinculante de la normativa
constitucional no es exclusiva de los artículos que formalmente conforman el
texto Superior, pues, según la doctrina y la jurisprudencia, la Carta está
compuesta por un grupo más amplio de principios, reglas y normas, que integran
el denominado “bloque de constitucionalidad”[45].
En efecto, la Constitución no se agota
en su texto formal, sino que existen otras disposiciones normativas que sin
hacer parte del mismo, tienen la misma jerarquía superior, lo que implica que
en conjunto configuran los parámetros de interpretación y de control de
constitucionalidad.
26. De esta manera,
pueden distinguirse dos acepciones del bloque de constitucionalidad: i) stricto
sensu: conformado por aquellos principios y normas que han sido integrados
a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por tal
razón tienen rango superior; y ii) lato sensu: que recoge a las
disposiciones que tienen una posición preferente en el sistema de fuentes
frente a las leyes ordinarias, sin que tengan naturaleza constitucional, como
es el caso de las leyes estatutarias y orgánicas, las cuales además, sirven de
referente necesario para la creación legal y para el control constitucional[46].
27. La principal
función que cumple el mencionado instrumento es la de servir de parámetro para
determinar la validez constitucional de las disposiciones sometidas a su
control[47].
Adicionalmente, cumple una labor interpretativa, pues sirve de referente
hermenéutico sobre el contenido de las disposiciones constitucionales y en la
identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales. A
su vez, tiene una función integradora, que brinda una provisión de los marcos
específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones superiores
expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 de la Carta[48].
De igual manera, orienta las políticas
públicas de conformidad con la normativa internacional incorporada al
ordenamiento interno; es complementario, por cuanto amplia el alcance del
contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el texto, y de no
existir, los incorpora al mismo. Y finalmente, actualiza la labor hermenéutica
de los derechos fundamentales constitucionales[49].
28. En conclusión,
el texto superior, con fundamento en el bloque de constitucionalidad, está conformado
por una serie de principios, preceptos y valores que irradian el derecho
interno y las decisiones judiciales. De esta manera, todo el ordenamiento
jurídico, tanto en su expedición, aplicación e interpretación, debe ajustarse y
realizar una labor hermenéutica a la luz de las disposiciones de jerarquía
superior que conforman el mencionado cuerpo normativo.
Normas internacionales sobre la
protección de los sujetos en condición de discapacidad
29. Teniendo en cuenta la noción de
bloque de constitucionalidad, es importante mencionar algunas normas
internacionales sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad
que han sido referidas por la jurisprudencia de esta Corte[50]. Varios instrumentos
son parte del soft law, sin embargo resultan relevantes por demostrar
las tendencias del Derecho Internacional sobre la especial protección y
búsqueda de efectividad de los derechos de las personas en situación de
discapacidad, además son un parámetro interpretativo para los Estados. Con todo, el contenido y
la naturaleza de las medidas concretas que el Estado debe adoptar, es objeto de
discusión en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH), debido a la vulnerabilidad de este grupo poblacional y el tipo de
discriminación que lo afecta, ligada a la posición social frente a su
situación. En efecto, las personas en situación de discapacidad han tenido que
enfrentar distintas barreras que les han impedido el goce efectivo de sus
derechos. Se han presentado obstáculos culturales -que perpetúan los
prejuicios-, físicos -que limitan la movilidad, la integración social y la
efectiva participación comunitaria-, y legales -que impiden los avances
normativos en distintas materias-[51].
Uno de los documentos regionales más relevantes y
que ha sido constantemente mencionado por la jurisprudencia constitucional es la Convención Interamericana Para La
Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con
Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, en ciudad de Guatemala el 6 de julio de 1999, e
incorporada al derecho interno mediante la Ley 762 de 2002[52].
Ésta tiene como objetivo central contribuir a la eliminación de la
discriminación[53]
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración a la
sociedad.
Otros instrumentos internacionales sobre los derechos de
este grupo[54]
son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –documento del
sistema universal de protección de derechos humanos que se considera que ha
asumido un enfoque de vanguardia-[55],
la Convención sobre los Derechos del Niño[56] (art. 23). También existen
numerosas declaraciones y recomendaciones: la Declaración de los
Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas de 1948, la Declaración de
los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de las
Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de
diciembre de 1975, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, la
Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación
de 1983, la recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT “sobre
la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado
mediante la Ley 82 de 1988[57]; la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de
1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, las Declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en
lo Social, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
la Declaración de Copenhague[58],
la Observación General No. 5 sobre las
personas en situación de discapacidad proferida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros[59].
30. Sin embargo, una somera
revisión de los instrumentos internacionales de derechos humanos, han utilizado
vocablos como el que es objeto de censura en esta oportunidad. Hasta hace unos
años se usaban locuciones como “limitados” o “personas con limitación”,
tal como consta en la Declaración de los Derechos de las Personas con
Limitación de la ONU del año 1975 y en la Declaración de las Naciones Unidas
concerniente a las Personas con Limitación de 1983. De igual modo, la expresión
“inválido” tiene un fuerte arraigo en las instituciones afines al
derecho social, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la
utiliza con frecuencia y sin reservas, tal como consta en el Convenio 159 y en
la Recomendación 168 de dicha organización. Del mismo modo han sido redactados
otros referentes normativos como la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental (ONU, 1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos (ONU,
1975), el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas
Inválidas (OIT, 1983), los Principios para la Protección de los Enfermos
Mentales y el Mejoramiento de la Atención en la Salud Mental (ONU, 1991) o la
Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas
Especiales (UNESCO, 1994). La Organización Mundial de la Salud, por su parte,
distingue claramente las expresiones “discapacidad” y “minusvalía”,
y ambas hacen parte de su léxico común[60].
En este marco, un lector desprevenido
que se aproxima a la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las
Personas con Limitación de 1983, a los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención en la Salud Mental de la ONU
de 1991, puede encontrar vocabulario que no corresponde con el usado en el modelo
actual de comprensión y abordaje de la situación de las personas en condición
de discapacidad. No obstante, el uso del lenguaje ha cambiado y se ha
posicionado como elemento para eliminar la discriminación y, sin duda, es
relevante para la construcción e interpretación de las normas[61].
La Constitución frente a los derechos de las personas en
condición de discapacidad
31. La Constitución Política de 1991,
estructuró una concepción encaminada a permitir la protección y el amparo
reforzado de las personas en situación de discapacidad a fin de garantizar el
goce pleno de sus derechos fundamentales. Además de la figura del bloque de
constitucionalidad, la Carta prevé varias disposiciones específicas sobre la
materia.
Los
artículos 13[62]
-mandato a las autoridades para que adopten todas las medidas orientadas a
asegurar igualdad real-, 47[63]
-obligación para el Estado de implementar una política pública de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos-, 54[64]
-deber de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran y de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con
sus condiciones de salud- y 68[65]
-obligación de fomentar la educación de personas con limitaciones físicas
o mentales, o con capacidades excepcionales[66]-
establecieron, entre otras cosas, una serie de obligaciones a cargo del Estado,
tendientes
a adoptar medidas para lograr una igualdad real de trato, condiciones,
protección y oportunidades de todas las personas, con un especial interés en la
promoción, protección y garantía de quienes se encuentran en condición de
discapacidad[67].
32. En sentencias
recientes la Corte ha analizado los diferentes modelos de discapacidad. Aun
cuando la manera de distinguir y clasificar dichos sistemas ha variado en la
jurisprudencia, pueden identificarse algunas características comunes que
permiten integrar las primeras dos formas: el de prescindencia y el de
marginación.
Los enfoques descritos se caracterizan
porque la sociedad excluye a quienes están en situación de discapacidad
considerándolos personas incapaces de desenvolverse por sí mismas. Al respecto,
en la sentencia C-804 de 2009[68],
la Corte los describió del siguiente modo:
“El
modelo de la prescindencia, descansa principalmente sobre la idea de que la
persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser
improductivo y además una carga tanto para sus familiares cercanos como para la
comunidad. Bajo este modelo, la diversidad funcional de una persona es vista
como una desgracia -e incluso como castigo divino- que la inhabilita para
cualquier actividad en la sociedad. Bajo este modelo se da por supuesto que una
persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, ni puede
vivir una vida lo suficientemente digna.”
“En
el modelo de la marginación, las personas con discapacidad son equiparadas a
seres anormales, que dependen de otros y por tanto son tratadas como objeto de
caridad y sujetos de asistencia. No sobra señalar que esta idea sobre la
persona con discapacidad ha llevado a justificar prácticas de marginación
social, fundadas en que a las personas con discapacidad se deben mantener
aisladas de la vida social.”
33. Un segundo
modelo, usualmente llamado “médico” o de “rehabilitación”, que
considera la discapacidad como un problema exclusivamente interno del sujeto, a
quien la sociedad pretende normalizar (ya no excluir o simplemente proteger).
La Corte lo describió de la siguiente manera en la sentencia mencionada
previamente:
“En
respuesta a los dos enfoques anteriores, surge el modelo médico o
rehabilitador, que examina el fenómeno de la discapacidad desde disciplinas
científicas. Bajo este enfoque, la diversidad funcional, será tratada no ya
como un castigo divino, sino abordada en términos de enfermedad. Es decir, se
asume que la persona con discapacidad es una enferma, y que su aporte a la
sociedad estará signado por las posibilidades de “cura”, rehabilitación o
normalización. Esta perspectiva médica, que ha sido prevalente durante buena
parte del pasado y presente siglo hasta la década de los años 90, concentra su
atención en el déficit de la persona o, en otras palabras en las actividades
que no puede realizar. Como señala Catherine Seelman, en el modelo médico, el
llamado “problema” esta (sic) ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad,
el sesgo del modelo médico es la percepción biológica y médica de normalidad.”
34. Finalmente,
existe un tercer modelo, que considera que la discapacidad es un problema
social, producto de una sociedad que desconoce las diferencias de las personas
en dicha situación. De esta manera, es la sociedad y no el individuo en
situación de discapacidad, la principal obligada a llevar a cabo las
adecuaciones razonables para permitirles desenvolverse adecuadamente en los
distintos planos de la vida social, económica y cultural.
“En
segundo lugar, aunque los demandantes insisten en que las normas cuestionadas
no hacen explícitos los presupuestos conceptuales e ideológicos del modelo
social de la discapacidad, es importante aclarar que para la Corte este enfoque
no es relevante desde el punto de vista de la discusión académica, sino que
cobra preeminencia constitucional debido a su marcada irradiación en los
tratados de DIDH más recientes sobre la materia. En ese sentido, el modelo
social es un asunto de relevancia constitucional debido a que corresponde a una
tendencia acogida en tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. De tal
suerte, la normativa que incorpora esta visión de la discapacidad no es
soslayable en nuestro sistema de fuentes y en la función hermenéutica que
nuestro ordenamiento le atribuye al bloque de constitucionalidad que, como ya
fue expuesto, determina no sólo parámetros de control constitucional, sino
estándares interpretativos.”[69]
35. La relevancia
de estos modelos de discapacidad puede apreciarse si se consideran las fuentes
utilizadas por esta Corporación para analizar la constitucionalidad de las
expresiones lingüísticas usadas para referirse a las personas con discapacidad.
De una parte, ha empleado el texto de la Constitución, no sólo aquellas
disposiciones que se refieren específicamente a las personas en situación de
discapacidad, sino de otra parte, ha utilizado las que se refieren a los
principios de dignidad humana y a la igualdad.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido
que si bien es cierto la Constitución utiliza términos que corresponden a los
modelos de prescindencia y de marginación, también lo es que el artículo 2º
establece como fin del Estado “facilitar la participación de todos en (…) la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.”. De la
misma manera, ha tenido en cuenta que el inciso 1° del artículo 13 contiene, en
primer lugar, un deber de igualdad de trato hacia todas las personas, y una
prohibición de discriminación en cabeza de las autoridades. Asimismo, el inciso
2° consagra que es obligación del Estado, y por tanto del Legislador, promover
“las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” y adoptar “medidas
en favor de grupos discriminados o marginados.” Finalmente, el inciso 3°
del mencionado artículo también ordena la protección especial de las personas
en situación de discapacidad.
En virtud de la prohibición de la
discriminación establecida en el inciso 1° del artículo 13 de la Carta, al
Legislador, como autoridad del Estado, le está vedado expedir leyes que
utilicen expresiones discriminatorias de las personas en situación de
discapacidad. Por ende, una ley que utilice un lenguaje discriminatorio
configura el incumplimiento de un deber constitucional en cabeza del Congreso.
36. De otra parte,
tanto en virtud del artículo 2º como de los incisos 2° y 3° del artículo 13, el
Legislador tiene el deber de promover acciones positivas en favor de las
personas en situación de discapacidad. En virtud de la obligación establecida
en cabeza del Estado en dichas disposiciones, para la Corte el modelo que
concibe la discapacidad como una barrera social resulta más acorde con la Carta
Política. Por el contrario, en la medida en que el modelo de rehabilitación
concibe la discapacidad como un problema del individuo, y asume que le
corresponde a éste rehabilitarse para poder adaptarse a la vida en sociedad,
enfoque que niega la existencia de un deber de establecer medidas de adecuación
razonable en cabeza del Estado. Es decir, el modelo de rehabilitación invierte
las cargas que le corresponde asumir al Estado en materia de discapacidad
conforme a la Constitución, y se las atribuye exclusivamente al individuo,
quien debe adaptarse a la realidad existente, lo que resultaría, en principio,
contrario a la Constitución.
37. En particular,
esta Corporación ha sostenido que en materia de protección de los derechos de
las personas con discapacidades se ha producido una transformación acelerada a
nivel internacional, la cual incluye un cambio de paradigma conceptual frente a
esta realidad. Sin embargo, las modificaciones en el uso del lenguaje no se
presentan de manera simultánea. Por el contrario, está rezagado y se mantienen
usos ambivalentes de términos como los de “discapacitado” y “minusválido”,
al tiempo con otros más acordes con el nuevo modelo de comprensión como barrera
social. En esta medida, el análisis de constitucionalidad sobre términos
utilizados, tanto en la legislación interna como en los instrumentos
internacionales, debe ser especialmente cuidadoso, y estar atento al contexto
normativo en el cual se insertan las expresiones utilizadas. El papel del juez
constitucional no es el de impulsar el adecuado uso de un nuevo lenguaje, sino
evitar que conduzca a situaciones de discriminación, o contrarias a la dignidad
humana, o que niegue el deber estatal de crear medidas para que la igualdad sea
real.
El análisis constitucional de las
expresiones contenidas en disposiciones jurídicas que otorgan beneficios a la
población en condición de discapacidad
38. Este Tribunal
ha identificado que los vocablos utilizados por el Legislador en un determinado
subsistema jurídico, pueden tener la naturaleza de definiciones
técnico-jurídicas, pues se refieren a normas específicas que regulan
situaciones que otorgan beneficios a la población en condición de discapacidad.
En efecto, pueden tratarse de
expresiones que hacen parte de cuerpos normativos que buscan definir
determinados aspectos para atribuir consecuencias jurídicas relacionadas con la
seguridad social, integración, educación y demás medidas de protección. En
otras palabras, se trata de definiciones técnicas a través de las cuales se
pueden consolidar situaciones jurídicas que otorgan beneficios, buscan la
protección de ciertos sujetos, o reconocen la necesidad de adoptar medidas
especiales para un grupo específico. Por lo general, son elementos normativos
de disposiciones que regulan sistemas complejos, que interactúan constantemente
con otros.
En estos casos, la vulneración de la
Constitución puede producirse porque se perpetua la exclusión de una población
especialmente protegida sin ninguna razón, o porque atenta contra la
neutralidad propia de la ley al generar un lenguaje peyorativo que desconoce
los artículos 1º y 13 de la Carta.
En sentencia C-458 de 2015[70],
la Corte estableció las siguientes subreglas de análisis para normas que tengan
un contenido técnico jurídico: i) la identificación del subsistema al que
pertenece y sus finalidades; ii) la verificación del cumplimiento de objetivos
constitucionalmente valiosos; y iii) la ponderación de las consecuencias de una
declaratoria de inconstitucionalidad frente a los mayores o menores beneficios
que tal decisión genere en la población en condición de discapacidad.
En ese mismo sentido, en sentencia
C-042 de 2017[71],
esta Corporación analizó las expresiones “discapacidad mental absoluta”,
“afectado”, “padece” y “sufre”, contenidas en los artículos 2o, 8o, 10°, 12, 14, 15, 16, 17 y
32 de la Ley 1306 de 2009[72].
En esta oportunidad, la Corte consideró
que el sentido de una expresión y su eventual contradicción con la
Constitución, debe analizarse a partir del tejido normativo y verificar al
menos tres aspectos: i) la función de la norma, su contexto y el objetivo
perseguido.
Con fundamento en lo anterior, concluyó
que las expresiones demandadas tenían un sentido referencial sin ninguna carga
agraviante, y algunas de ellas eran compatibles con la Constitución y el modelo
social de la discapacidad, por lo que declaró su exequibilidad.
39. De otra parte,
existen expresiones que no son neutrales, pues no se refieren a términos
técnicos o científicos, pero son utilizadas para referirse a las personas en
condición de discapacidad y pueden resultar violatorias del derecho a la
dignidad humana, pues son formas lingüísticas escogidas para identificar a ciertos
sujetos o grupos, pero que configuran un tipo de marginación sutil y
silenciosa, con un enfoque reduccionista del ser que hace radicar su esencia en
la situación de discapacidad.
Bajo este supuesto, se trata de palabras
que fueron incluidas en normas jurídicas por parte del Legislador y que se
caracterizan por: i) no ser neutrales en términos peyorativos; ii) tienen un
alto contenido emotivo o ideológico; ii) producen efectos normativos, en el
sentido de que configuran una afrenta al sistema axiológico que sustenta la
Carta; y iv) constituyen un escenario reduccionista y deshumanizante de la
persona a quien pretende identificar.
Análisis de constitucionalidad de la
expresión demandada
Recapitulación
40. La demanda que
conoce la Corte en esta oportunidad cuestiona la constitucionalidad de la
expresión “al discapacitado” contenida en el artículo 2º de la Ley 1145
de 2007[73],
para referirse al destinatario de las acciones que configuran una equiparación
de oportunidades, entendidas como el conjunto de medidas orientadas a eliminar
las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social,
económico y cultural que le impide el goce y disfrute de sus derechos.
Los demandantes fundamentaron el
concepto de la violación que sustenta el único cargo admitido por la Corte, con
base en que la expresión censurada desconoce el principio de dignidad humana,
puesto que es contraria al modelo de discapacidad como barrera social y reduce
al individuo a su situación de inferioridad. Por estas razones, solicitan a la
Corte, - al igual que algunos intervinientes[74],
así como la Procuraduría General de la Nación,-   la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA, de la disposición jurídica acusada, en el sentido de que se
reemplace por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
Para otros intervinientes[75],
la disposición acusada debe ser declarada INEXEQUIBLE con fundamento en
que la expresión discapacitado hace que se identifique a una persona por una
situación física o mental, en lugar de su condición humana, y además, configura
una connotación peyorativa que desconoce el ordenamiento constitucional.
Análisis de los efectos jurídicos de la
expresión acusada
41. La expresión “al
discapacitado”, demandada en esta oportunidad está inserta en la definición
del concepto de equiparación de oportunidades, contenido, junto con otras
definiciones en el artículo 2º de la Ley 1145 de 2007, mediante la cual se
organiza el Sistema Nacional de Discapacidad.
Su artículo 1º establece que las normas
consagradas en la mencionada ley, tienen por objeto impulsar la formulación e
implementación de la política pública sobre la discapacidad, en forma
coordinada entre las distintas entidades públicas, las organizaciones de
personas con y en situación de discapacidad, con el fin de promocionar y
garantizar sus derechos fundamentales.
Por su parte, el artículo 2º consagra el
alcance interpretativo de las definiciones contenidas en la ley citada
previamente, entre las que se encuentra el concepto de “equiparación de
oportunidades”.
La expresión “al discapacitado”
hace parte de la definición del concepto de equiparación de oportunidades y se
refiere a la identificación de los beneficiarios de las medidas orientadas a
eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental,
social, económico y cultural, con el fin de garantizar el goce y disfrute de
sus derechos.
42.
Conforme al contenido de la disposición acusada y a las consideraciones
generales expuestas previamente, para la Sala la expresión demandada presenta
los siguientes caracteres relevantes:
i)
Está contenida en una ley que fija la política pública para la
atención de las personas en condición de discapacidad;
ii)
Constituye un criterio de interpretación, pues identifica a los “discapacitados”
como los beneficiarios de las medidas de equiparación, contenidas
adicionalmente en los artículos 5[76] y 17[77]
de la misma ley.
iii)
No se refiere a definiciones técnicas jurídicas o científicas, pues simplemente establece los beneficiarios de las
acciones públicas de equiparación establecidas en la ley.
La expresión demandada
viola el principio de la dignidad humana y desconoce el modelo social de
discapacidad
43.
Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra necesario aplicar en este caso las
subreglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia C-458 de 2015. En
aquella oportunidad, la Corte analizó una sentencia de constitucionalidad
contra algunas expresiones lingüísticas contenidas en diferentes normas, entre
las que se encontraba la palabra “discapacitado”.
Esta Corporación
estableció que esta expresión hacer parte de subsistemas normativas que buscan
la protección de las personas en condición de discapacidad, sin embargo, el
lenguaje utilizado atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no
responden a criterios técnicos jurídicos o científicos, sino que fueron
utilizadas para referirse a ciertos grupos o situaciones que desconocen los
enfoques más respetuosos de la dignidad humana[78].
De esta manera, en el
presente asunto, la expresión objeto de censura constitucional atenta contra la
dignidad humana, pues al igual que el caso analizado en la sentencia C-458
de 2015[79], no se trata de un lenguaje que
responda a criterios definitorios de técnica jurídica, sino que, por el
contrario, se trata de un léxico jurídico insensible a los enfoques más
respetuosos del ser humano, pues evidencia un elemento de identificación de la
persona en razón a su condición de discapacidad.
El fragmento acusado es
la expresión de un escenario de exclusión velado y oculto, que configura una
expresión reduccionista sobre una sola de las características de la persona,
que además no les es imputable, puesto que aquella recae en una sociedad que no
se adapta a la diversidad funcional de los seres humanos.
La Corte llama la
atención en relación con la ubicación normativa de la expresión demandada, pues
hace parte de una ley que establece la política pública para la atención de las
personas en condición de discapacidad, y que además constituye un criterio
hermenéutico transversal a la misma, bajo el entendido de que los beneficiarios
de las medidas de equiparación de oportunidades serán los “discapacitados”.
En efecto, la presencia
del fragmento acusado en la norma previamente descrita, genera un escenario
nocivo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en
condición de discapacidad, pues traza directrices inconstitucionales para la
implementación y ejecución de las políticas públicas en la materia, debido a la
configuración de criterios interpretativos que identifican a los beneficiarios
de las mismas a partir de visiones reduccionistas y de marginación por su
especial situación, y que además distorsiona el concepto de diversidad
funcional, propia del sistema social de discapacidad.
En ese sentido, se
trata de un léxico legal que genera una mayor adversidad para las personas en
situación de discapacidad, más aun si proviene de la ley que regula las
políticas públicas de las cuales son destinatarios, pues ubican su situación
como un defecto personal, que además, los convierte en seres con capacidades
limitadas y con un valor social reducido. Esta carga peyorativa y vejatoria,
propia de la palabra en cuestión, hace más difíciles los procesos de
dignificación, integración e igualdad de este especial grupo.
La expresión usada por
el Legislador no es neutral, pues tiene una carga peyorativa que además,
desconoce el enfoque social de la discapacidad. En ese sentido, la palabra
contenida en la disposición normativa mencionada previamente, impide reconocer
a las personas en condición de discapacidad como sujetos de plenos derechos,
con capacidades funcionales diversas, que requieren de un entorno que les
permita desenvolverse con la mayor autonomía posible y ser parte de la sociedad
si aquella se adapta a sus singularidades y les da el valor que les corresponde
como personas.
De esta manera, la
efectividad de la dignidad humana, exige la implementación de ajustes
razonables, que en este caso fueron eludidos por el Congreso al establecer
expresiones denigrantes para referirse a este especial grupo, que por demás,
tiene una especial protección constitucional.
44.
En conclusión, la expresión acusada es inconstitucional por utilizar un
lenguaje degradante que desconoce la dignidad humana y el enfoque social de la
discapacidad.
45.
Sin embargo, la Corte debe ponderar, tal como lo hizo en la sentencia C-458
de 2015[80], si la ausencia del texto que es
inexequible puede resultar más gravosa que su presencia, debido al vacío
normativo que se generaría en la protección de los derechos de las personas en
situación de discapacidad.
Conforme a lo expuesto,
retirar la expresión “al discapacitado” del artículo 2º de la Ley 1145
de 2007, genera la indefinición de los beneficiarios de las medidas de
equiparación de oportunidades, lo que configura un déficit de protección
intolerable en términos constitucionales. Por tal razón, y en atención a la
necesidad de no generar contradicciones sistémicas insalvables y de respetar el
principio democrático y la labor del Legislador, en esta oportunidad, la Corte
reiterará la sentencia C-458 de 2015[81]
y proferirá una sentencia integradora interpretativa, en el sentido de que el
fragmento demandado deberá ser reemplazado por una formula lingüística que no
tenga esa carga peyorativa a la que se quiere referir, esto es, se declarará la
inexequibilidad de la expresión “al discapacitado” y se sustituirá por
la expresión “persona en situación de discapacidad”.
Conclusiones
46.
La Corte dio respuesta al problema jurídico planteado en los siguientes
términos:
a.
El control constitucional se puede extender a expresiones lingüísticas
contenidas en normas legales, pues aquellas pueden implicar una vulneración del
contenido axiológico de la Constitución.
b.
Existe un marco normativo constitucional de protección de la población en
condición de discapacidad, el cual, a partir del concepto de bloque de
constitucionalidad, proscribe cualquier forma de desconocimiento de la dignidad
humana, incluido el léxico utilizado en las normas.
c.
La expresión demandada es inconstitucional pues desconoció el deber de
neutralidad del Legislador y no tiene la naturaleza de definición técnico
jurídica. Por el contrario, configuró un escenario de vulneración de la
dignidad humana de las personas en condición de discapacidad, pues redujo su
identificación a su condición de discapacidad y desconoció su esencia misma de
ser humano.
De igual manera, se
apartó de los artículos 1° y 13 de la Constitución porque no introdujo el
modelo social de la discapacidad como referente de interpretación que trate a
las personas con dignidad, en el sentido de que el Legislador utilizó una
expresión que desconoció la diversidad funcional de las personas.
d. La norma acusada en esta oportunidad permite aplicar el
precedente contenido en la sentencia C-458 de 2015, en el sentido de
declarar inexequibilidad de la expresión “discapacitado”[82], para sustituirla por la expresión “persona
en situación de discapacidad”.
VII.       DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia y en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de
la expresión “al discapacitado”, contenida en el artículo 2° de la Ley
1145 de 2007, y SUSTITUIRLA por la expresión “persona en condición de
discapacidad”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
Con
salvamento de voto
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARIS
Magistrado
(E)
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(E)
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia C-458 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[2] Los
accionantes radicaron en la Secretaría General de esta Corporación, el veinte
(20) de febrero de 2017, un escrito en el que presentaban “alegatos a la
demanda de inconstitucionalidad”. La Corte se abstiene de darle curso al
mismo, por cuanto, dicha actuación procesal no está contemplada en el Decreto
2067 de 1991.
[3] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Sentencia C-320 de 1997. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[5] Sentencia C-379 de 1998. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[6] Sentencia C-007 de 2001. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[7] Sentencia C-258 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[8] Se trata de los conceptos C-5885 del 2
de marzo de 2015 (rendido en el proceso que culminó con la Sentencia C-458 de
2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y C-6157 del 30 de agosto de 2016.
[9] Por
medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones.
[10] Ministerio de Justicia y el Derecho, El
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAISS-, la
universidad Libre.
[11] Ministerio
de Salud y Protección Social, la universidad del Rosario y los ciudadanos María
Fernanda Infante Murcia, Melissa Alejandra Arévalo Castillo y Andrés Felipe
Troya.
[12] Sentencia
C-143 de 2015 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[13] M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva.
[14] Ibídem.
[15] Ibídem.
[16] FOUCAULT,
Michel. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas.
Siglo XXI. Buenos Aires, 1968. P. 45.
[17] En
la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure, se trata de los denominados
significantes y significados del signo lingüístico. Ver: ZORRAQUINO, María
Antonia Martín. El Cours de linguistique générale (1916) de Ferdinand de
Saussure: algunas reflexiones, desde la lingüística hispánica, en el centenario
de su publicación. Universidad de Zaragoza, 2016.
[18] BOURDIEU,
Pierre. ¿Qué significa hablar?. Ediciones AKAL, 2008: “(…) el lenguaje es el
primer mecanismo formal cuyas capacidades generativas no tienen límite”. Además
FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias
humanas. Siglo XXI. Buenos Aires, 1968. P. 46: “Pues era muy posible que antes
de Babel, antes del Diluvio, hubiera una escritura compuesta por las marcas
mismas de la naturaleza, de modo que estos caracteres tendrían el poder de
actuar directamente sobre las cosas, de atraerlas o rechazarlas, de figurar sus
propiedades, sus virtudes y sus secretos.”
[19] Leach, Edmund. Cultura y
comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos. México: Siglo
Ventiuno Editores, 1985.
[20] Van Dijk, Teun A. El lenguaje y el
status quo en Lenguaje y Discriminación, de Islas Azaïs, Héctor.
[21] Van Dijk, Teun A. Lenguaje, cultura y discriminación. Teun Van Dijk.
[22] Van Dijk, Teun A. El lenguaje y el
status quo en Lenguaje y Discriminación, de Islas Azaïs, Héctor.
[23] Van Dijk, Teun A. Discurso y racismo
en Persona y sociedad, 2001.
[24] Tapia-Arizmendi, Margarita; Romani, Patrizia. Lengua y
género en documentos académicos. Revista de Ciencias Sociales,
vol. 19, núm. 59, mayo-agosto, 2012, pp. 69-86 Universidad Autónoma
del Estado de México, Toluca, México.
[25] Van
Dijk, Teun A. Discurso y desigualdad. Estudios de periodismo, universidad de La
Laguna, 1992. Pág. 19-20.
[26] Van
Dijk, Teun A. El discurso y la reproducción del racismo. Lenguaje en Contexto,
Universidad de buenos Aires, 1 (1-2), 1988, pp 132-133.
[27] BOURDIEU,
Pierre. Sobre el Estado: cursos en el Collége de France (1989-1992). Anagrama,
2014. P. 451
[28] Ibídem.
[29] M.P. María Victoria Calle Correa
[30] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[31] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[32] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[33] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[34] M.P. María Victoria Calle Correa.
[35] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Lakoff,
George. 1990. Women, Fire and Dangerous Things: what Categories reveal about
the Mind. University of Chicago Press.
[38] Cfr. Entre otras la sentencia C-1088 de
2004 “(…) al poder político ya no le está permitido aludir a los seres
humanos, sea cual sea su condición, con una terminología que los despoje de su
dignidad, que los relegue al derecho de las cosas”. Y añadió, “expresiones de
esa índole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante
y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia
constitucional y deben ser retirados del ordenamiento jurídico”.
[39] Butler,
Judith. 2011. Bodies that Matter: on the Discursive Limits of Sex.
Routledge.
[40] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado
[41] Al
respecto ver las sentencias C-970 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
C-105 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, C-966 de 2012 M.P. María
Victoria Calle Correa, C-507 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-1298
de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-534 de 2005 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, C-320 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-804 de 2009
M.P. María Victoria Calle Correa, C-379 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, C-066 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42]  Sentencia
C-804 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] Al
respecto ver las sentencias C-804 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
C-478 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-1235 de 2005 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-078 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett y C-253 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, entre
otras.
[44] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[45] Sentencia C-018 de 2015 M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, C-458 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[47] Sentencia C-307 de 2009 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[48] Sentencias C-750 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[49] Sentencia C-394 de 2007 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[50] C-804 de 2009.
M.P. María Victoria Calle; C-935 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos; C-131
de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[51] Sentencia
C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52]  Declarada
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-401 de 2003
[53]  “Discriminación contra las personas con
discapacidad” es “toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales.” (artículo 2)
[54] De acuerdo con el segundo inciso del
artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, las personas con discapacidad son “aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
[55] Al
respecto el literal b del numeral 1° del artículo 4° establece: “Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad”
[56] Adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
aprobada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991.
[57] Revisada por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-824 de 2011.
[58] Instrumentos
citados en la sentencia T-051 de 2011; MP Jorge Iván Palacio.
[59] Sentencia
C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[60] Ibídem.
[61] Sentencia
C-458 de 2015.
[62] Artículo 13. Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
[63] Artículo 47. El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran.
[64] Artículo 54. Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.
[65] Artículo
64. (…)La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.
[66] C-804
de 2009 M.P. María Victoria Calle y T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda.
[67] Sentencia
C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] M.P. María Victoria Calle Correa
[69] Sentencia
C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa
[70] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[71] M.P. Aquiles Arrieta Gómez
[72] “por la cual se dictan normas para
la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de
la representación legal de incapaces emancipados.”
[73] Por
medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones.
[74] Ministerio de Justicia y el Derecho, EL
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAISS-, la
universidad Libre.
[75] Ministerio
de Salud y Protección Social, la universidad del Rosario y los ciudadanos María
Fernanda Infante Murcia, Melissa Alejandra Arévalo Castillo y Andrés Felipe
Troya.
[76] ARTÍCULO 5o. Para
garantizar en el nivel nacional y territorial la articulación de las políticas,
los recursos y la atención a la población con y en situación de discapacidad
conforme los principios enumerados en el artículo 3o de
esta ley, organízase el Sistema Nacional de Discapacidad, SND, como el mecanismo
de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración
social de esta población, en el marco de los Derechos Humanos, con el fin de
racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de
programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo
su organización, así como la de las organizaciones públicas y de la sociedad
civil que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración,
normalización, promoción/prevención, habilitación/rehabilitación,
investigación, y equiparación de oportunidades.
[77] ARTÍCULO 17. De
conformidad con la Ley 715 de 2001 o las normas que hagan
sus veces o la complementen, los departamentos, distritos, municipios y
localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en sus planes de
desarrollo sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes
de la Política Pública para la Discapacidad y del Plan Nacional de Intervención
al mismo, los adaptarán a su realidad y asumirán la gestión y ejecución de
acciones dirigidas al logro de los objetivos y propósitos planteados en los
componentes de promoción de entornos protectores y prevención de la
discapacidad, habilitación, rehabilitación, y equiparación de oportunidades.
[78] Sentencia
C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[79] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81] Ibídem.
[82] Contenida
en los artículos 26 y 157 de la Ley 100 de 1993, 4° de la Ley 119 de 1994 y 66
de la Ley 1438 de 2011.