C-543-92
Sentencia No
Sentencia
C-543/92
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS/CADUCIDAD
Resulta palpable
la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer
la acción y lo estatuído en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que
ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para
declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible
el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta
Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede
el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la
autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de
justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas
jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo  y afecta el interés
general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la
cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento
jurídico.
ACCION DE TUTELA-Naturaleza
La acción de
tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con
vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
COSA
JUZGADA/PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA
La cosa juzgada,
que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito
individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la
seguridad jurídica,  la cual para estos efectos, reside en la certeza
por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de
los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces. El principio de la
cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no
se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29  de la Constitución.
Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las
partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de
la solución judicial a su conflicto.  En consecuencia, hay un verdadero derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de
la cosa juzgada.
COSA JUZGADA
MATERIAL/COSA JUZGADA FORMAL-Diferencias
Se distingue
entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las denominaciones de
cosa juzgada material y cosa juzgada formal.  La segunda hace que no se pueda
volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del
mismo proceso y por los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal
resolución, mientras que la primera, también conocida como cosa juzgada
sustancial, implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme, no ya
dentro de un proceso determinado, sino ante cualquier otro proceso y  en
relación  con cualquier  motivo o  fundamento,  pues a  ella se accede por el
agotamiento de todas las posibilidades procesales y supone, por tanto, que la
actividad jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la
materia debatida.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
Si la
Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el
mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta
incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias
ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso
culminado. Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las
razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez
impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su
Despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y
al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato,
en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado,
con la inequívoca  consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas
anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del
litigio. No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial,
con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este
evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que
adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de
actuaciones judiciales distintas de las providencias.
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
El acceso a la
administración de justicia requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un
sistema jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con
certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los
derechos.  Pero, además, implica que los jueces vayan resolviendo los asuntos
puestos a su consideración de tal modo que, evacuados los que se definen,
puedan prestar atención a nuevos procesos.  Los pleitos interminables acaparan
y obstruyen el aparato judicial y por lo tanto impiden a otras personas acceder
a la administración de justicia, causando simultáneamente daño al interés
general.
AUTORIDAD
PUBLICA/ACCION DE TUTELA/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PRINCIPIO DE AUTONOMIA
FUNCIONAL DEL JUEZ
De conformidad
con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los
jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función  de administrar
justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también
para el Estado.  En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales,
lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así,
por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales,
ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.   En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del
juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso,
adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función,
quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho
referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la
tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la
cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho
que allí se controvierte.
UNIDAD NORMATIVA
No desconoce la
Corte la existencia del artículo 40, perteneciente al mismo decreto del cual
hacen parte las normas demandadas, disposición que establece la competencia
especial para conocer sobre acciones de tutela cuando esta sea ejercida contra
sentencias proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  Esto genera una obvia e
inescindible unidad normativa entre ella y el artículo 11, hallado contrario a
la Constitución, puesto que la materia que constituye núcleo esencial de los
preceptos no es otra que la examinada en este fallo, es decir, la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En desarrollo de lo
previsto por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte declarará  que,
habida cuenta de la unidad normativa, también dicho artículo es
inconstitucional.
INDEMNIZACION DE
PERJUICIOS
Ningún motivo de
inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a
indicar la natural consecuencia atribuída por el Derecho, en aplicación de
criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u
omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo
de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución.
Considera la Corte que no es el artículo acusado el que puede tildarse de
contrario a la preceptiva superior, toda vez que en él no se dispone ni
autoriza que la actuación judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas
constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y
más bien lo supone.
SALA PLENA
Ref.:  Expedientes
D-056 y D-092
(Acumulados)
Demandas de
inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991.
Actores:  LUIS
EDUARDO MARIÑO OCHOA y
ALVARO PALACIOS
SANCHEZ.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada mediante
acta en Santa Fe de Bogotá, D.C., el primero de octubre  de mil novecientos
noventa y dos (1992)
I.  LAS NORMAS
DEMANDADAS
Los ciudadanos LUIS
EDUARDO MARIÑO OCHOA y ALVARO PALACIOS SANCHEZ, haciendo uso del
derecho que les confiere el artículo 241 de la Carta Política, presentaron a la
Corte sendas demandas de inconstitucionalidad, el primero contra los artículos
11 y 12, el segundo contra los artículos 11 y 25 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala Plena de la
Corporación, en sesión efectuada el 14 de mayo del presente año, resolvió
acumular las dos demandas para que fueran tramitadas y resueltas de manera
conjunta (artículo 5º Decreto 2067 de 1991).
Cumplidos como están
todos los trámites y requisitos previstos en el Decreto que rige los procesos
de constitucionalidad, entra la Corte a resolver de manera definitiva sobre las
normas acusadas, cuyo texto es el siguiente:
"DECRETO NUMERO 2591
(noviembre 19)
Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el
literal b) del artículo Transitorio 5 de la Constitución Nacional oida y
llevado a cabo el trámite de que trata el artículo Transitorio 6, ante la
Comisión Especial,
D E C R E T A :
---------------------------------------------------
Artículo 11.-
Caducidad.  La acción de
tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.
Artículo 12.-
Efectos de la caducidad. La
caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la
actuación mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la
ley.
---------------------------------------------------
Artículo 25.-
Indemnizaciones y costas.
Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del
derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria,
además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda
la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la
indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar
el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso.  La
liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite
incidental dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que
hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la
actuación.
La condena será
contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si
se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin
perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que haya incurrido.
Si la tutela fuere
rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las
costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad".
II.  LAS DEMANDAS
a)  Cargos contra
el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991
El ciudadano LUIS
EDUARDO MARIÑO OCHOA subraya en su demanda únicamente la parte del artículo
11 que dice:  "... la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la
providencia correspondiente".
No obstante, el
actor no circunscribe a esa expresión su solicitud de inconstitucionalidad ni
tampoco la argumentación que busca sustentarla, pues una y otra aluden a la
integridad de la norma.
En consideración a
lo dicho y a la circunstancia de haber sido acusado el resto del artículo por
el otro demandante, ALVARO PALACIOS SANCHEZ, la Corte Constitucional
proferirá sentencia sobre la totalidad del mismo.
Para el primero de
los ciudadanos en mención, este precepto, en cuanto preve un término de
caducidad, riñe con el artículo 86 de la Constitución, pues la voluntad del
Constituyente consistió en que la acción de tutela pudiera ejercerse en
cualquier tiempo contra la decisión de cualquier autoridad pública; además,
porque de acuerdo con lo establecido en el artículo demandado se quedarían sin
acción de tutela todas las providencias judiciales anteriores a su vigencia.
En concepto del
segundo de los demandantes, la disposición es inconstitucional en cuanto
permite que se instaure acción de tutela contra sentencias o providencias
judiciales pues la protección que busca la Carta está referida a actos
administrativos, que se pueden concretar en acción u omisión, pero no puede
convertirse en flagrante desconocimiento del principio de la cosa juzgada, ni
en una dualidad de funciones entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema
de Justicia.
Es claro -afirma-
que el fallo puede ser objeto de recursos pero nunca de tutela, ya que ésta es
únicamente una medida preventiva.
b)  Cargos contra
el artículo 12 del Decreto 2591 de 1991
Según el demandante MARIÑO
OCHOA, este artículo es violatorio del 29 de la Constitución Nacional, el
cual confiere derecho al sindicado para impugnar la sentencia condenatoria y
las impugnaciones no pueden tener término ni causales en la ley, "ya que
el referido artículo 29 es una norma general, en la que no se expresa que la
ley reglamentará, luego mal puede el artículo 12 del Decreto 2591 de 1991 hacer
salvedad alguna en cuanto a la caducidad de la acción de tutela y el ejercicio
constitucional de los recursos a que tiene derecho el sindicado...".
c)  Cargos contra
el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991
En el criterio del
demandante PALACIOS SANCHEZ, es imposible deducir del artículo 86 de la
Constitución Nacional que en la acción de tutela sea procedente la condena a
indemnizaciones y costas, pues estas solo pueden ser resultado del debido
proceso, el cual según el inciso 1º del artículo 29 de la Carta se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y supone la presunción
de inocencia y la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo
hecho.
A su juicio, la
acción de tutela concebida contra sentencias y providencias y con la
posibilidad de producir indemnizaciones y costas, se convierte sin duda en un
doble juzgamiento y en violación de principios como la cosa juzgada, el derecho
de contradicción, el debido proceso, el de no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho y el de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido
en legal juicio.
III.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Jefe del
Ministerio Público, en concepto Nº 038 de julio 13 de 1992, solicita a la Corte
Constitucional que declare exequibles los artículos demandados, con base en los
siguientes argumentos:
1.  El término de caducidad señalado en los
artículos 11 y 12 acusados, así como los efectos de dicha figura frente a la
acción de tutela dirigida contra sentencias o providencias judiciales que
pongan fin a un proceso, se ajustan a la Constitución.
"En efecto, aún
cuando del tenor literal del artículo 86 pareciere inferirse, al disponer que
"toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar" que esta no tiene límite temporal para su
accesibilidad, también es cierto que una interpretación racional del texto con
los demás del Ordenamiento Superior, en especial con los artículos 5 Transitorio
y 214-9 nos enseñan, que la misma Carta defirió en el legislador la posibilidad
de reglamentar este novedoso instrumento para la garantía de los derechos
constitucionales, reglamento en el cual se halla ínsita la facultad para
determinar la oportunidad en que deberá intentarse la misma".
2.  Estima el Procurador que la acción de
tutela es procedente contra las sentencias o providencias que le pongan fin a
un proceso, pues los órganos o autoridades que administran justicia son
autoridades públicas que pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales
de las personas y que no pueden sustraerse al ámbito de aplicación de la
institución plasmada en el artículo 86 de la Constitución.
La acción de tutela
es, en su parecer, de carácter judicial y no solamente cumple una función
cautelar; dependiendo de si se ejerce como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable o no, en el primer caso se está ante un remedio
accesorio y transitorio del derecho amenazado o vulnerado y en el segundo ante
un juzgamiento definitivo del derecho controvertido.
Constitucionalmente
hablando -dice el Procurador- no se evidencia incompatibilidad o
quebrantamiento alguno de la preceptiva superior con la procedencia de la
acción de tutela contra las sentencias o providencias que le ponen fin a un
proceso.
3.  En lo relativo a la caducidad expresa:
"Así pues, para
este Despacho, la figura de la caducidad es el punto de equilibrio entre el
principio de la cosa juzgada y la procedencia de la acción de tutela, contra
las sentencias o providencias que le ponen fin a un proceso, -entendida ésta
como el plazo perentorio e improrrogable, establecido por la ley para iniciar
ciertos procesos-, en razón de que se ampararán o tutelarán los derechos
fundamentales que se hayan puesto en peligro, como consecuencia directa
de tales providencias, cuando no puedan ser protegidos por un mecanismo
judicial idóneo, y de otra parte, se evita la indefinición en el tiempo
de las controversias objeto de la litis.
Es importante que la
Corte, en esta oportunidad se pronuncie acerca del término exacto en que opera
la caducidad, entratándose de la acción de tutela, contra las sentencias o
providencias que le ponen fin a un proceso, en razón de que el artículo 11 del
Decreto objeto de estudio la establece en un término de dos meses, mientras que
en el parágrafo 1, del artículo 40 ibídem, el término para interponer la acción
es de 60 días, contados a partir del día siguiente a la firmeza de la
providencia, que hubiere puesto fin al proceso.
Los presupuestos
consagrados en ambas normas son los mismos, ya que de una parte, según el
artículo 11 interpretándolo conjuntamente con el numeral 1 del artículo 6, la
acción de tutela, procede en el evento de que, en el caso concreto, no existan
otros recursos o medios de defensa judiciales salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, al igual que el
requisito contenido en el artículo 40.
Y dado que en
aplicación del artículo 62 del C. de R.P.M. los términos señalados en días se
consideran hábiles al paso que los que se indican en meses y en años son
calendario, el término de dos meses, consagrado en la primera de las normas es
diverso del de 60 días de la segunda.
Por lo tanto, para
este despacho, por ser norma posterior el artículo 40, el término que debe
aplicarse para efectos de la procedencia de la acción de tutela, contra las
providencias que le pongan fin a un proceso, es de 60 días".
4.  En torno al artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, dice la Procuraduría:
"En el evento
que en un proceso de tutela, se establezca que el Estado, sus organismos,
autoridades o funcionarios, o un particular, agredió o amenazó un derecho
fundamental de una persona, y que como consecuencia de ello, causó un
perjuicio, éste debe ser indemnizado de conformidad con los artículos 6 y 90 de
la Carta Política, y con las normas legales dispuestas para el efecto en cada
ordenamiento.
Ahora bien, teniendo
en cuenta, que la tutela se consagró para que mediante un proceso preferente y
sumario, se proteja inmediatamente a las personas objeto del agravio, en sus
derechos constitucionales fundamentales, disponiendo el juez de sólo diez (10)
días para su resolución, contados a partir de la solicitud (art. 86 C.N.), en
los cuales no podría pronunciarse en concreto acerca de los perjuicios
ocasionados con la lesión, porque si bien, en el presente caso el juez debe
tener la certeza, de que se causaron éstos y que además de ello, es necesaria
su indemnización para que se proteja el derecho conculcado, en tan corto tiempo
no podría establecer su monto y se violaría el derecho de defensa de quien
estuviera en la obligación de responder por el daño inferido al perjudicado.
Respecto de la
condena en costas, considera este despacho que se encuentran ajustadas a la
preceptiva constitucional, toda vez que el artículo 29 dejó en manos de la ley
su inclusión, al punto que aunque las partes no lo hayan solicitado, el juez,
en todos los ordenamientos esté facultado para decretarlas".
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
Las disposiciones
acusadas hacen parte de un decreto expedido por el Presidente de la República
en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea
Nacional Constituyente (artículo Transitorio 5, literal b), de la Constitución
Política).
Según el artículo
Transitorio 10, los decretos dictados con apoyo en tales facultades tienen
fuerza de ley y son objeto del control de constitucionalidad a cargo de esta
Corporación.
2.  Los cargos de
inconstitucionalidad
El artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991 tiene un doble aspecto, tal como puede observarse a partir
de las dos demandas que dan lugar a la presente sentencia: a) La
limitación en el tiempo de las posibilidades de acudir a la acción de tutela
(caducidad); b) El supuesto -del cual parte y al cual se refiere la
aludida caducidad- de que es procedente la tutela contra sentencias que pongan
fin a un proceso judicial.
La Corte se ocupará
de estos dos asuntos de manera independiente, tomando en consideración los
argumentos de los actores.
a)  Inconstitucionalidad
de la caducidad
El artículo 86 de la
Constitución Política establece que toda persona "tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...) la
protección inmediata de sus derechos fundamentales...".
El artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991 reitera la disposición constitucional cuando expresa que
tal acción "podrá ejercerse en todo tiempo", pero introduce una
excepción: "... salvo la dirigida contra sentencias o providencias
judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de
ejecutoriada la providencia correspondiente".
La figura jurídica de
la caducidad, bien conocida en el Derecho Procesal, ha sido objeto de distintas
definiciones:
Según el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua es "una presunción legal de que los
litigantes han abandonado sus pretensiones cuando, por determinado plazo se
abstienen de gestionar en los autos".
Ennecerus la entendió como un plazo, transcurrido el
cual el derecho del que se trata ha dejado de existir.
Von Tuhr afirma que la caducidad es "la
pérdida de un derecho como consecuencia legal de un acto del titular", al
paso que, según Castán, ella tiene lugar "cuando la ley o la
voluntad de los particulares señalan un término fijo para la terminación de un
derecho, de tal modo que transcurrido, éste último no puede ya ser
ejercitado"[1].
Para Alessandri y
Somarriva[2], la caducidad
"es la extinción ipso jure de la facultad de ejercer un derecho o celebrar
un acto, por no haberse ejercido o realizado  dentro de un plazo de carácter
fatal que la ley establece".
La jurisprudencia
nacional se ha ocupado del tema, dentro del que ha sido imprescindible hacer
una distinción con otra institución similar -la prescripción extintiva-
definida por los ya citados Alessandri y Somarriva como "una forma de
extinguir los derechos y acciones por no haberlos ejercitado el acreedor
durante cierto espacio de tiempo, unido a los demás requisitos legales" o
como "un modo de extinción de los derechos resultante del silencio de la
relación jurídica de que emanan, durante el tiempo marcado por la ley".
La Corte Suprema de
Justicia en sentencia del 1 de octubre de 1946 dijo al respecto: "...es
obvio que existe aquí una confusión entre dos órdenes de instituciones
jurídicas de características esenciales bien diferenciadas, como se ha puesto
de relieve por la doctrina de los autores y las creaciones de la
jurisprudencia.  En efecto, al lado de la prescripción liberatoria, como medio
de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo y con
mayores o menores reservas por parte de los tribunales de justicia el de la
caducidad o término perentorio, el cual puede producir -es verdad- los mismos
efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su régimen en la actuación
positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella figura.  En
otras palabras, y de acuerdo con esta concepción, la prescripción civil no viene
a ser el único medio -sino simplemente uno de los medios jurídicos- de
extinguir las acciones por el transcurso del tiempo".
"Si la
caducidad -según definición de los expertos- es la extinción del derecho o la
acción por cualquier causa -como el transcurso del tiempo- muy clara resulta la
diferencia substancial con la prescripción extintiva o liberatoria...  La
caducidad es toda extinción; en tanto que la prescripción liberatoria
únicamente puede sobrevenir por el transcurso del tiempo..."[3].
Igualmente el
Consejo de Estado se pronunció sobre el controvertido tema indicando:
"Caducidad, del
latín  "caducus", lo decrépito o muy anciano, lo poco durable.
Caducidad es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, pierde su
efecto o vigor, por expiración del plazo señalado en la ley".
"...
"Hay caducidad
de la acción, cuando ha expirado el plazo fijo señalado por la ley para ejercerla,
lo cual ocurre fatalmente, sin suspensión, sin interrupción, sin proposición y
sin necesidad de investigar negligencia.
"...
"La caducidad
tanto se da en el derecho privado como en el derecho público y en ambos tiene
carácter de orden público, pues su organización obedece a la necesidad social
derivada de razones de interés general de obtener en tiempos breves la
definición de ciertos derechos"[4].
Por su parte, esta
Corporación ya ha tenido oportunidad de referirse al tema  y lo ha hecho
dejando en claro los siguientes criterios:
"Consiste la
caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no
incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio
establecido por el ordenamiento jurídico para ello.  Opera la caducidad ipso
jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando
verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado
en la ley para iniciar la acción.  Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya
que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de
la prescripción civil,  medio éste de extinguir las acciones de esta
clase"[5].
En este orden de
ideas, la caducidad corresponde a un término que se otorga para realizar un
acto o para hacer uso de un derecho, generalmente por razones de orden público,
con miras a no dejar en suspenso por mucho tiempo el ejercicio del derecho o la
ejecución del acto de que se trata.
Como se observa,
aplicado a las acciones, el término de caducidad es el que -señalado por la
ley- una vez transcurrido, aunque no debe confundirse con la prescripción
extintiva, impide que la correspondiente acción se ejerza.
Lo cual significa
que prever un tiempo de caducidad para el ejercicio de la acción de tutela implica
necesariamente que tan solo dentro de él puede tal acción interponerse.  En
otras palabras, quiere decir la norma cuestionada que la acción de tutela
cuando se dirija contra sentencias que pongan fin a un proceso no puede
ejercerse en cualquier tiempo sino únicamente dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria.
En la presente
providencia se resolverá también si procede la tutela contra fallos
ejecutoriados pero, independientemente de ello, resulta palpable la oposición
entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo
hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991.
Apartándose de la
tesis sostenida por el Procurador General de la Nación, no cree la Corte que
esta contradicción entre el texto legal y el mandato de la Constitución pueda
considerarse saneada en razón de las facultades confiadas al legislador para
reglamentar la acción de tutela, pues, por una parte, las competencias para
reglamentar o desarrollar un precepto superior jamás pueden incluir las de
modificarlo y, por otra, en el caso que nos ocupa, la amplitud del
Constituyente en cuanto al tiempo para acudir a este instrumento resulta ser
tan clara que no da lugar ni admite forma alguna de regulación legal en
contrario.  Aceptar en este caso la  generosa interpretación del Ministerio
Público equivaldría a sostener que las leyes ostentan la misma jerarquía
normativa de la Constitución.
Deducida la
inconstitucionalidad de la norma objeto de examen, carece de sentido que la
Corte entre a definir, como desea el Procurador, si el término de la caducidad
debe ser de dos meses o de sesenta días, en especial si se tiene en cuenta lo
que en esta providencia se concluye en relación con el artículo 40 del Decreto
2591 de 1991.
Así, pues, dada su
relación con la mencionada norma, que constituye su supuesto, también es inconstitucional
el artículo 12 del mismo estatuto, enderezado a estipular los efectos de la
caducidad, declarando que ésta no es obstáculo para impugnar el acto o la
actuación mediante otra acción.
b)
Inconstitucionalidad de la acción de tutela contra sentencias
Una de las demandas
sobre las cuales se pronuncia la Corte en esta oportunidad se halla
estructurada sobre la base de que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991
quebranta los preceptos constitucionales no tanto por introducir un término de
caducidad sino por permitir que se ejerzan acciones de tutela contra sentencias
amparadas por el principio de la cosa juzgada.
A este respecto, la
Corte Constitucional formula las siguientes consideraciones:
Carácter
subsidiario e inmediato de la acción de tutela
El artículo 86 de la
Constitución consagra la acción de tutela como un procedimiento preferente y
sumario para la protección de los derechos constitucionales fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
autoridades públicas o de particulares.
La Corte ha señalado
que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento
jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:  la
primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio
o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser
alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio
judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable
(artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción
de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace
preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza.[6]  Luego no es
propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales.
En otros términos,
la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y
oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara
indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho
fundamental.  De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución,
tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste
último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el
pago de una indemnización (artículo 6º  del Decreto 2591 de 1991).
Así, pues, la tutela
no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia
entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción
dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela
no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea
el último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció
de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si
tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.
Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición,
tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter
subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a
propósito de casos concretos:
"Quien no ha
hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece
para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona
voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su
conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza
de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión
propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños
causados por el propio descuido procesal"[7]
Vistas así las
cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de
aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan
implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es
decir, constituyen por definición "otros medios de defensa judicial"
que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la
acción de tutela.
La Corte acoge en
este aspecto lo expresado por el Magistrado Jaime Sanín Greiffenstein en la aclaración
de voto formulada el dos (2) de junio de mil novecientos noventa y dos
(1992) en los siguientes términos:
"Ahora bien, es
fácil comprender que si prevalece la acción ordinaria y no procede la de
tutela, la preferencia de la Constitución por este remedio es clara y que no se
entendería que después de manifestar esa preeminencia y remitir el asunto a esa
vía, venga luego a someter el resultado de su ejercicio, trámite y decisión al
sistema que desde el principio desechó.
Inclusive cuando por
la circunstancia especial anotada (la del perjuicio irremediable) procede la
acción de tutela, así acontece para que tenga efectos efímeros, esto es, hasta
cuando la ordinaria defina, por preferencia del mismo constituyente, el
punto"[8].
Subsistencia
del orden jurídico compatible con la Carta
Debe tenerse en
cuenta que, como ya lo dijo esta Corte[9], la Constitución
de 1991 no contiene una cláusula por medio de la cual haya sido derogada en
bloque la legislación que estaba vigente al momento de su expedición.  El
artículo 380 se limitó a derogar la Carta de 1886 con todas sus reformas.  Es
decir, los cambios se produjeron en el nivel constitucional; las demás escalas
de la jerarquía normativa siguen vigentes mientras no sean incompatibles con la
nueva Constitución (artículo 4º C.N.).
Es claro que las
leyes por medio de las cuales han sido establecidas las competencias de los
jueces en las diversas materias objeto de su función, los procedimientos
previos a las decisiones que adoptan y los recursos que pueden intentarse
contra tales decisiones en nada desconocen la preceptiva constitucional y, por
el contrario, son desarrollo de las normas contenidas en el Título VIII de la
Carta.
En ese orden de
ideas, la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia
paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor.  El
entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo
resultan coherentes y ajustados a los fines que le son propios si se lo
armoniza con el sistema.  De allí que no sea comprensible como medio judicial
capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o
especiales, pues ello llevaría a un caos no querido por el Constituyente.
La tutela
contra sentencias ante el principio de la cosa juzgada
La Carta Política,
al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos
para su efectivo respaldo, dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están
destinados a fortalecer, lejos de debilitar el Estado de Derecho y los valores
jurídicos esenciales que lo inspiran. Es inadmisible que, por haberse
instituido una figura como la acción de tutela,  cuyo fin está exclusivamente
relacionado con el amparo inmediato y cierto de los derechos ante situaciones
no previstas por los medios ordinarios, se haya puesto fin a la vigencia de los
postulados básicos en los cuales se ha fundado y desarrollado nuestra
civilización jurídica.  Uno de ellos es el principio  de la cosa juzgada,
que se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y
obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las
condiciones y requisitos previstos por la ley.
El fin primordial de
este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva
revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se
reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter,
con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y
certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos
asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales.
La cosa juzgada, que
confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito
individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad
jurídica,  la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la
colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos
que se llevan al conocimiento de los jueces.
Considera la Corte
que no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a
la sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decisiones
judiciales, o, como dice RADBRUCH, un "orden superindividual (...) para
dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva" [10],
es decir, la plena conciencia en torno a que los juicios lleguen a su fin
mediante resoluciones fijas y estables que precisen el derecho.  La actividad
de la jurisdicción  no puede moverse eternamente en el terreno de lo
provisional.  El punto final,  después de agotados todos los momentos
procesales,  se erige en factor insustituible de la convivencia, en cuanto
implica la consolidación real del  criterio de justicia.
La introducción de
elementos que desconozcan este postulado y que, por tanto, lesionen el valor de
la seguridad jurídica,  impide la vigencia del orden justo al que aspira la
Carta Política tanto en el Preámbulo como en su artículo 2o., pues el logro de
aquél exige momentos de definición judicial que otorguen al conglomerado la
confianza en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones
que provoquen la indefinida reanudación de procesos nunca culminados.
GUASP, para quien la
cosa juzgada es "la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los
resultados procesales", afirma la necesidad de esta institución en
términos que comparte la Corte:  "El ordenamiento procesal no puede
renunciar a la institución de la cosa juzgada sin incurrir en una contradicción
esencial de sus bases.  Cuando el derecho del proceso otorga fuerza a una
decisión judicial es porque entiende que con ella la finalidad peculiar del
proceso, la satisfacción de pretensiones, ha quedado alcanzada.  Si admitiera
luego la renovación integral del litigio tendría que destruir  ese
principio"[11]
La función estatal
de administrar justicia lleva implícito el concepto de la  cosa juzgada aún
antes de su consagración en normas positivas, pues resulta esencial a los fines
que persigue. Si es propio de la potestad atribuida al juez la capacidad de
definir el derecho en el asunto materia de su competencia, sus facultades se
actualizan y concretan  en el momento en que resuelve y su resolución es
vinculante.
La Corte
Constitucional no podría compartir una interpretación jurídica en cuyo
desarrollo se hiciera posible sacrificar el supremo valor de la justicia en
aras de un orden o de una seguridad que no la realizaran, pero reconoce a estos
valores, razonablemente entendidos, el carácter de presupuestos indispensables
para que la justicia se haga realidad concreta en el seno de la sociedad.  Así
entendida, la seguridad jurídica no se contrapone a la justicia sino que se
integra con ella.
En este sentido, no
está  equivocado LEGAZ Y LACAMBRA cuando afirma que, si bien la justicia es un
valor más alto que el orden y la seguridad, los cuales no pueden existir al
margen de ella, tales valores son ontológica y ónticamente condicionantes de la
justicia: "Sólo sobre la base de un orden se puede hablar de justicia o
injusticia en la sociedad; si ese orden no existe, entonces se puede hablar de
ideas de justicia, pero no de justicia existente en las relaciones de la vida,
pues desde el momento que se admite que la vida social está regida por la
justicia, se presupone que existe un orden establecido precisamente por el
Derecho en cuanto que es Derecho"[12].
Mediante la
observancia del principio de la cosa juzgada  -cuyo carácter metapositivo hace
que deba entenderse incluido en la Carta como intrínseco a los valores que la
inspiran y la fundamentan[13]- se manifiesta
la autoridad del Estado traducida en decisiones eficaces de los jueces, quienes
administran justicia en nombre suyo.  Como expresa COUTURE, "donde hay
cosa juzgada hay jurisdicción y donde no hay cosa juzgada no existe
jurisdicción", de tal manera que negar el principio es negar la función
misma, pues la administración de justicia tiene concreción en la providencia
por cuyo conducto el juez dice la verdad final sobre la controversia planteada,
realizando en ese asunto la previsión general consagrada en el texto de la ley.
Por otra parte,
desde el punto de vista individual, las partes dentro de un proceso judicial
buscan la definición acerca de sus pretensiones y, por tanto, la sentencia
constituye para ellas objetivo de su actividad y normal culminación de sus
expectativas.
La sentencia con
autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un  título dotado
de plena validez y oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica
indiscutible a partir de la firmeza del fallo.
Debe distinguirse
entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las denominaciones de cosa
juzgada material y cosa juzgada formal.  La segunda hace que no se
pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro
del mismo proceso y por los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal
resolución, mientras que la primera, también conocida como cosa juzgada sustancial,
implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme, no ya dentro de un
proceso determinado, sino ante cualquier otro proceso y  en  relación  con
cualquier  motivo o  fundamento,  pues a  ella se accede por el agotamiento de
todas las posibilidades procesales y supone, por tanto, que la actividad
jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la materia
debatida.
Es claro que la
acción de tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la
reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las
decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en
consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa
juzgada material.  En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa
del derecho en cuestión, como cuando se pide revisar, en virtud de hechos
nuevos o de cambio de circunstancias, la liquidación de obligaciones
alimentarias periódicas o el régimen de visitas de los esposos separados a sus
hijos comunes.  En la segunda hipótesis, por la esencia misma del concepto de
cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente, en cuanto a todos
los aspectos del asunto controvertido, el trámite del proceso como medio idóneo
para ventilarlo ante la justicia.
La falacia del
error judicial
La sentencia no es
simplemente un documento suscrito por el juez sino el resultado de una génesis
que tiene lugar en dos planos diversos: el objetivo, que es propiamente
el proceso considerado en sentido jurídico, integrado por las varias etapas que
la ley contempla, y el subjetivo, que corresponde a la operación mental
efectuada por el fallador, en cuyo fondo lógico hay un silogismo que tiene como
premisa mayor la norma general y abstracta de la ley, por premisa menor los
hechos controvertidos y por conclusión la parte resolutiva del fallo, que se
constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes fueron partes dentro
del proceso.
Tal razonamiento,
sin embargo, no encierra únicamente el desarrollo  de una operación lógica sino
que requiere, para alcanzar el nivel de lo justo, como exigen los fines del
Derecho, de una interpretación sobre el contenido de las normas aplicables y de
una valoración consciente de las pruebas llevadas al proceso para definir la
solución que, en el sentir del juez, se acomoda a las exigencias de la
Constitución y de la ley.
Habida cuenta de las
dificultades inherentes a esta actividad, mal pueden desconocerse las
posibilidades  de error judicial por apreciación equivocada de los hechos tanto
como por indebida interpretación de las leyes y aún por violación abierta de
sus disposiciones.  El principio de la cosa juzgada no parte del supuesto de la
perfección del juez, ya que resulta imperativo el reconocimiento de su
naturaleza humana y, por tanto, falible.
Tampoco podría
negarse que las equivocaciones de los jueces, cuando en ellas incurren,
constituyen fuente de injusticias y de violaciones a los derechos de quienes
tienen interés en los resultados del proceso, razón que justifica la existencia
de múltiples medios de control previos, concomitantes y posteriores a la
adopción de los fallos, a fin de asegurar que quien se considere lesionado en
sus derechos pueda obtener que se corrija el rumbo del proceso, impugnar el
fallo que le es adverso y verificar en diferentes momentos procesales si el
juicio se ajusta a las prescripciones constitucionales y legales, dentro de un
conjunto de garantías que nuestra Carta Política cobija bajo la institución del
debido proceso consagrada en su artículo 29.  La ley en su desarrollo,
establece recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, impedimentos,
recusaciones, principios de valoración y contradicción de las pruebas,
nulidades y oportunidades de impugnación contra las providencias proferidas por
el juez, entre otros medios cuyo objeto es el de verificar la observancia de la
legalidad, la imparcialidad del juzgador, el respeto a los derechos de los
afectados por sus decisiones y el mayor grado de justicia en el contenido de
éstas, además de las formas de responsabilidad patrimonial del Estado y del
propio juez por los perjuicios que ocasione un yerro judicial debidamente
establecido por la jurisdicción correspondiente.
Pero la misma idea
de justicia sugiere la de un punto definitivo a partir del cual la sentencia no
pueda ser modificada.  Habiéndose llegado a él, una vez agotados todos los
momentos procesales, concluidas las instancias de verificación jurídica sobre
lo actuado y surtidos, si eran procedentes, los recursos extraordinarios
previstos en la ley, no puede haber nuevas opciones de revisión del proceso, en
cuanto la posibilidad de que así suceda compromete en alto grado la prevalencia
del interés general (artículo 1º C.N.), representado en la necesaria
certidumbre de las decisiones judiciales.
Agréguese a lo dicho
que, si de naturaleza humana hablamos, no es menos falible la del juez que
actúa en sede de tutela que la del juez encargado de fallar en los procesos
ordinarios.  Repárese en que, a la luz de la Constitución, son los mismos
jueces encargados de fallar los procesos ordinarios los que, por mandato
expreso del Constituyente tienen bajo su responsabilidad la decisión de las
demandas de tutela, por lo cual es cuando menos inverosímil suponer que si un
determinado juez actúa dentro del proceso ordinario está en capacidad de
lesionar los derechos fundamentales por su equivocación o por su dolo, pero que
no corren tales riesgos las sentencias que ese mismo juez profiera cuando lo
haga a propósito de las acciones previstas en el artículo 86 de la
Constitución.  Téngase presente que, tal como lo estatuye el  Decreto 2591 de
1991, sus competencias para efectos de tutela no están distribuidas por
especialidades, lo cual permite que en gran parte de los casos se acuda en
ejercicio de esta acción ante un juez de especialidad diferente al de
conocimiento; más aún, la disposición del artículo 40 de dicho estatuto, cuando
se trate de sentencias emanadas de salas especializadas de los tribunales,
dispone que conozca de la acción contra sus providencias otra sala, necesariamente
encargada de administrar justicia en un ramo diferente. En estas
circunstancias, agravadas por el perentorio término de diez (10) días dentro de
los cuales tiene que resolverse sobre la demanda de tutela, no existe nunguna
garantía de menor error judicial y, menos aún, de perfecta protección de los
derechos cuando se defiende la tutela contra sentencias como única fórmula para
implantar la justicia supuestamente ignorada en el proceso.
Pero, además, no es
lícito acudir a los casos singulares de equivocación judicial como instrumento
dialéctico para presumir que todos los jueces aplican errónea o indebidamente
la normatividad jurídica, que todos prevarican o que todos cometen injusticia
en sus fallos. Suponer que la regla general es la decisión judicial desacertada
e incorrecta,
implica una descalificación anticipada sobre la idoneidad de la administración
de justicia y de los numerosos medios de defensa judicial previstos por  el
ordenamiento jurídico para realizar en los casos concretos los fines propios
del Derecho.
En este aspecto,
asiste la razón al Procurador General, cuando, en concepto rendido ante esta
Corte en proceso diferente, afirma que se viola la Constitución (artículo 83)
si se supone por vía general que los jueces no actúan razonablemente en
derecho.[14]
Por otra parte
cuando, como corresponde a la Corte, se hace una interpretación de las normas
constitucionales para establecer su verdadero sentido, ha de emplearse un
método objetivo, que implique la consideración general y abstracta de la
preceptiva analizada en sus alcances generales y abstractos. No puede partirse
del casuismo, que utiliza la formulación de eventos extremos y excepcionales,
con la aspiración de tomar supuestos que corresponden a circunstancias
insulares como aplicables al entendimiento común de las disposiciones materia
del examen.
De allí que no
resulten aceptables para efectos del presente juicio de constitucionalidad
ciertos ejemplos, invocados para sustentar la tesis que favorece la procedencia
de acciones de tutela contra sentencias. Situaciones de error judicial
exagerado, en muchas de las cuales  juega más la imaginación que el rigor
científico -como ocurre con la planteada frecuentemente sobre una teórica
sentencia mediante la cual una persona pudiera ser condenada a la pena de
muerte o a la cadena perpétua- debilitan ellas mismas el argumento que pretenden
apoyar, en cuanto escapan de la realidad cotidiana y construyen el análisis
jurídico, que de suyo exige ponderación, sobre la base deleznable de hechos
ficticios, o en relación con unos pocos casos tomados de la realidad y de
contornos hábilmente dramatizados, cuya singularidad los caracteriza
precisamente como excepcionales.
Agréguese a lo dicho
que la acción de tutela no es el único mecanismo orientado a la protección de
la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad
del aparato judicial tienen ese mismo fin, de donde se desprende la falacia de
los argumentos que tienden a presentar el conjunto de garantías representadas
en la idea misma del proceso (artículo 29 de la C.N.) como un rígido esquema
formalista que sacrifica al hombre y desconoce sus derechos. Si así fuera, la
propia Carta, lejos de exigir que la verdad jurídica con efectos concretos se
dedujera siguiendo "las formas propias de cada juicio", habría
prohibido los procesos, sustituyéndolos por la tutela, lo cual no acaeció.
El principio de
especialidad, que sirvió de base a la creación y perfeccionamiento de las
distintas jurisdicciones, estaría igualmente siendo amenazado toda vez que al
permitirse el ejercicio de la acción de tutela en forma indiscriminada contra
cualquier tipo de sentencias judiciales, llegaría el momento en que el
mecanismo "subsidiario" se convertiría en principal medio para ser
interpuesto no sólo en diferentes instancias del proceso, sino a cambio de
éste, viniendo así a suplir todos los medios que permiten acceder normalmente a
la administración de justicia y, lo que es más grave, llegando a convertirse en
un instrumento único de petición ante los jueces, con menoscabo de la
estructura judicial.
La coherencia es
rasgo  característico de todo orden y es evidente que, como ya se ha
dicho, un sistema jurídico, cuyo  sentido y razón radican precisamente
en el imperativo de introducir criterios ordenadores  de la vida en sociedad
con arreglo a los principios y valores que la inspiran y sostienen, está
llamado a ser coherente para no caer en el absurdo de convertirse -precisamente
él- en motivo de confusión.
Así, pues, no
corresponde a las reglas de hermenéutica ni se compadece con los principios de
la lógica asumir que el Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como
medio  de defensa contra los resultados de los procesos que él mismo
hizo indispensables en el artículo 29 de la Constitución para asegurar los
derechos de todas las personas. Debe entenderse, por el contrario , como lo ha
entendido desde su instauración el Constitucionalismo, que los procesos han
sido instituídos en guarda de la justicia y  la equidad, con el propósito de
asegurar a los gobernados que el Estado únicamente resolverá las controversias
que entre ellos se susciten dentro de límites clara y anticipadamente
establecidos por la ley, con el objeto de evitar los atropellos y las
resoluciones arbitrarias, desde luego dentro de la razonable concepción, hoy
acogida en el artículo 228 de la Carta, sobre prevalencia del derecho
sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar los procesos sino en impedir
que el exagerado culto a las ritualidades desconozca el contenido esencial y la
teleología de las instituciones jurídicas.
Así concebido, el
proceso cumple una función garantizadora del Derecho y no al contrario, razón
por la cual no puede afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las
decisiones que con base en él se adoptan tengan menor importancia para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que el instituto
previsto en el artículo 86  de la Constitución.
Fundamentos
constitucionales del principio de la cosa juzgada
Que la Constitución
no destine uno de sus artículos a proclamar expresamente y para toda clase de
procesos el principio de la cosa juzgada, en nada disminuye la raigambre
constitucional del mismo ni su carácter vinculante para el legislador, cuyos
actos no pueden contrariarlo.
Debe observarse que
el concepto  esencial de cosa juzgada se halla explícitamente acogido
por la actual Carta Política  cuando en el artículo 243 declara:
"Los fallos que
la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional".
Si el Constituyente
resolvió especificar bajo el calificativo de "constitucional" la cosa
juzgada que ampara esta clase de sentencias, es porque supuso el principio
genérico y adoptó, para tales juicios,  los fundamentos y las consecuencias
jurídicas en él incorporadas.
El principio de la
cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no
se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29  de la Constitución.
Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las
partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de
la solución judicial a su conflicto.  En consecuencia, hay un verdadero derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de
la cosa juzgada.
Pero, además, si la
Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el
mismo hecho -"non bis in idem"-, con esa garantía procesal resulta
incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias
ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso
culminado.
Por otra parte, el
Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales
se orienta la autoridad del Estado colombiano, el de "asegurar a
sus integrantes (...)  la justicia,  (...) dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice un orden (...) justo..."
.
A juicio de la
Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo
si el marco jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre
la base de la incertidumbre.
El artículo 1º de la
Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los
del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.
El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia
de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan
inciertos los derechos deducidos en juicio.  Al segundo se opone la
inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de
la seguridad jurídica.
La efectividad de
los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la
culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa
la garantía de los derechos procesales.  Por el contrario, resulta vulnerada
cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.
El acceso a la
administración de justicia (artículo 229 de la Constitución) requiere, para
que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento
procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran
sean aptas para la concreción de los derechos.  Pero, además, implica que los
jueces vayan resolviendo los asuntos puestos a su consideración de tal modo
que, evacuados los que se definen, puedan prestar atención a nuevos procesos.
Los pleitos interminables acaparan y obstruyen el aparato judicial y por lo
tanto impiden a otras personas acceder a la administración de justicia,
causando simultáneamente daño al interés general.
La tutela contra
otras providencias judiciales frente al principio de la autonomía de los jueces
El principio
democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente
reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales
sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta.
Aún cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia
apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado
por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su
inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar
motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada
por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su
criterio personal en relación con el asunto controvertido.  De ningún modo se
podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la
República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara
expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez
ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y,
además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el
ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios.
Téngase  presente
que en el Estado de Derecho no son admisibles las atribuciones implícitas ni
las facultades de alcance indeterminado,  lo cual equivale al rechazo del acto
proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por norma
positiva para actuar en la materia correspondiente (artículos 6º, 122 y 123 de
la Constitución).
De este postulado se
concluye con facilidad que en el campo de la administración de justicia quien
cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo revestido de
jurisdicción y competencia.  Ya que la segunda tiene a la primera por
presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la competencia para
fallar en el caso concreto.
Como se puede advertir,
habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas
(Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de
ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de
la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto
de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito
que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la
contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o
estuvieron al cuidado de estas. Considerar que semejante opción se aviene a lo
preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró
jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad
vigente.
Aunque se admitiera,
en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera
procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en
relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de
todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de
la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la
orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la
inequívoca  consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas
anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del
litigio.
No es posible
establecer con precisión qué clase de órdenes podrían darse en estos casos, lo
cual implica que en cabeza de los jueces de tutela, si en efecto gozaran
constitucionalmente  del poder que les atribuyen las normas demandadas, se
habrían concentrado ilimitadas atribuciones, en ejercicio de las cuales
estarían autorizados para invadir los procesos que se tramitan en las
diferentes órbitas de la jurisdicción, horadando y destruyendo el esquema que
la ley por mandato de la Carta (artículos 29 y 150, numeral 2) ha establecido
para cada uno de ellos. La gama de posibilidades es muy amplia, pues sobre el
supuesto, no aceptado por la Corte, de que las sentencias  son vulnerables a la
acción de tutela, ésta no encontraría linderos en relación con los distintos
momentos procesales que antecedieron al fallo y, por ende, las perspectivas de
revisión de lo actuado cubrirían desde la reiniciación del proceso, a partir de
la primera instancia, hasta la corrección de lo resuelto de fondo en la
sentencia definitiva, pasando por eventuales modificaciones de providencias
intermedias,  cumplidas o no, y de sentencias que fueron objeto de recursos,
así como la declaración de nulidades, a todo lo cual se agregaría, en sede de
tutela, la resolución inicial, la impugnación del fallo  proferido en la
primera instancia y, además, la eventual revisión por parte de la Corte
Constitucional.  En cada una de estas etapas podrían producirse  decisiones
contrarias y, en consecuencia, lejos de alcanzarse la finalidad de una
justicia  efectiva tal como lo ordena la Constitución (Preámbulo y artículos
2º, 29 y 228), se generaría la confusión en las relaciones jurídicas y, por
consecuencia, desaparecería  todo asomo de orden justo.
Como ya se ha
señalado, la acción de tutela cabe, según la Constitución, contra actos u
omisiones de autoridades públicas o de particulares.
Ha entendido esta
Corporación el concepto de autoridades de la siguiente manera:
"La autoridad,
en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se
halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que
adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados.  Esa autoridad
es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad
con las instituciones que lo rigen.
Subjetivamente
hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce
esa potestad.
El artículo 123 de
la Carta Política de modo general define quiénes son servidores públicos,
denominación ésta que comprende a todos los empleados estatales, abstracción
hecha de su nivel jerárquico y de sus competencias específicas.
(...)
"... mientras
las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para referirse a
todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del
poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas o
por servicios, los términos "autoridades públicas" se reservan para
designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del
ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o
decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados".[15]
Respecto de
particulares, la acción de tutela no procede por regla general sino únicamente
en los casos previstos por la ley y dentro de las condiciones que contempla el
último inciso de la norma constitucional mencionada[16].
Ahora bien, de
conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.
Pero, en cambio, no
está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el
trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las
que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal
posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e
independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se
ha hecho referencia.
De ningún modo es
admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de
decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto,
proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias
judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias
por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la
órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque,
al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las
formas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y
gravemente los principios constitucionales del debido proceso.  Lo anterior sin
tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la
nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión
con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de
los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en
los despachos judiciales.
De las razones
anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna
providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde
luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la
decisión definitiva que adopte el juez competente.
Los
antecedentes constitucionales
Un recto sentido de
la acción de tutela no puede conducir a excesos como los descritos, ya que el
fundamento de su consagración, según los registros correspondientes a los
debates efectuados en la Comisión correspondiente y en la Plenaria de la
Asamblea Nacional Constituyente, consistió en la protección oportuna y eficaz
de los derechos para hacer justicia en circunstancias que escapaban a las
previsiones del ordenamiento jurídico anterior, pero no en la desestabilización
de los medios procesales que ya habían sido especialmente contemplados también
para la defensa y efectividad de los derechos.
De gran importancia
resulta en este caso la consideración de los antecedentes constitucionales.
En la Asamblea Nacional Constituyente se perfiló desde el comienzo el alcance
del mecanismo hoy consagrado  en el artículo 86 de la Carta como oponible a
actos u omisiones de autoridades públicas, pero no a las sentencias
ejecutoriadas. Apenas motivos relacionados con la forma o redacción del
articulado llevaron a suprimir la limitación expresa en este sentido, de lo
cual obra constancia de indudable precisión y autenticidad.
"Con el
criterio de simplificar el artículo, en la comisión se suprimieron ciertos
aspectos.  Unos, como la referencia expresa a los derechos colectivos, porque
serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones
populares.  Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la
institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso
de la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente
a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada
(Subraya la Corte).
En estos últimos
casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos bien
sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación o
porque hay una decisión definitiva de la autoridad competente (...).  Por esta
razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió
simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte
consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la
norma tal como se aprobó en la Comisión"[17].(Se
subraya)
Existió, pues, en el
seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción sobre el verdadero
entendimiento del artículo aprobado:  se consagraba la acción de tutela como
forma nueva de protección judicial de los derechos, pero no contra las
decisiones dictadas por los jueces para resolver sobre los litigios a su cargo.
Que hayan sido negadas proposiciones tendientes a consagrar de modo expreso tal
limitación no supone que el Constituyente hubiese elevado a norma
constitucional la tesis contraria a la que tales propuestas hubiesen deseado
plasmar  literalmente. El rechazo de ellas apenas  significa la improbación de
textos determinados , probablemente acogiendo la tesis del informe-ponencia
citado en el sentido de que su inclusión no era necesaria, pero de ninguna
manera sería lícito inferir de dicha negativa la actual vigencia de un
"mandato implícito" en el que pueda apoyarse la tutela contra los
proveídos judiciales.
Advierte también la
Corte que, en una concepción claramente restrictiva, dentro del propósito
inicial que guió al Gobierno Nacional como promotor del proceso que condujo a
la expedición de una nueva Carta Política, no estuvo comprendida la posibilidad
de diseñar la acción de tutela como mecanismo que pudiera incoarse contra
decisiones judiciales.  Así, el proyecto de acto reformatorio de la
Constitución sometido por el Gobierno a consideración de la Asamblea Nacional
Constituyente, contiene una parte dedicada a los instrumentos para la eficacia
de los derechos, siendo uno de aquellos el "derecho de amparo" en
virtud del cual, según el texto de la propuesta, "cualquier persona podrá
solicitar, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien la represente,
ante una autoridad judicial el amparo de sus derechos constitucionales
directamente aplicables cuando sean violados o amenazados por actos, hechos u
omisiones de cualquier autoridad pública".  Más adelante, al fijar el alcance
del proyecto, en la exposición de motivos se lee que "para efectos del
artículo propuesto, autoridades públicas serían los órganos,
corporaciones o dependencias de la rama ejecutiva del poder público, las
entidades descentralizadas, los órganos de control, los órganos electorales y
las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas.
Cualquier acto, hecho u omisión de estas autoridades públicas podría dar lugar
al ejercicio del derecho de amparo"[18]
Obsérvese que el
criterio que se cita estuvo orientado en un sentido más restringido que el
finalmente acogido por la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora
interpreta la Corte Constitucional en esta providencia, haciendo posible la
acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las
providencias.
El tema en
estudio frente al derecho comparado
No escapa a la Corte
Constitucional que en otras latitudes existen especiales modelos
institucionales que establecen vías, procedimientos y, en algunos casos,
órganos de control y examen de la constitucionalidad de las actuaciones
judiciales; empero, también es cierto que en ellos se contemplan, por principio
general que corresponde a todo Estado de Derecho, las garantías a la seguridad
jurídica, a la unidad del ordenamiento y a la autonomía de la organización
jurisdiccional.  Dichas vías o instancias se erigen de modo específico con
fundamento en el supuesto según el cual la Constitución es un conjunto armónico
de regulaciones coherentes que debe regir las actuaciones de todas las
autoridades públicas, incluso las judiciales, para ofrecer a los asociados la
oportunidad de obtener justicia constitucional, no siendo de recibo en tales
modelos, elementos desarticuladores, inarmónicos y anárquicos que descompongan
la unidad misma de la Carta.   Así,  se conocen por ejemplo, entre otros, la
cuestión prejudicial de constitucionalidad en el caso del régimen italiano de
control concentrado ante la Corte Constitucional; el recurso extraordinario de
amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales Español; el recurso de
amparo ante la Corte Suprema Federal Argentina o el amparo-casación ante la
Sala Constitucional de la Suprema Corte Federal Mejicana; igualmente se conoce
el modelo de apelaciones sucesivas por razones de constitucionalidad y de
garantías de los derechos fundamentales en el caso del control judicial
norteamericano, que permite la unificación jurisprudencial ante la Suprema
Corte Federal por virtud de la institución del "cerciorary".  Ninguno
de estos sistemas sacrifica, en aras de un amparo exento de controles y pautas
nítidamente establecidas, la estructura de la administración de justicia ni
cuestiona el principio de autonomía funcional del juez.
En la Constitución
española de 1978, en cuya enfática defensa de los derechos se ha insistido para
reclamar el reconocimiento de una especie de modelo seguido por el
Constituyente colombiano en 1991, aparece la autonomía del juez como elemento
esencial de la estructura jurídica (artículos 24 y 117), según puede observarse
de los expresado a propósito del tema por el magistrado José Manuel
Sánchez-Cruzat:
"Por ello
podemos afirmar tajantemente, sin ninguna ambiguedad, que la Constitución
española de 1978 considera la independencia del juez, la independencia de los
tribunales de justicia, como un valor fundamental al mismo orden
jurídico-político del Estado, considera la independencia de los tribunales como
el principio que permite descubrir la justicia y la organización del Estado; valor
que se erige en pieza esencial para consolidar un Estado de Derecho que asegure
el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, en palabras del
Preámbulo de la Constitución.  Y de esta aseveración surge la obligación de
todos los poderes estatales de respetar la independencia del juez; nace el
compromiso puntual de velar por la efectividad del principio de independencia
judicial y de abstenerse de cualquier conducta de injerencia o intromisión en
esa esfera constitucionalmente protegida de la independencia judicial.
En el plano
normativo, este principio vicia de inconstitucional a cualquier ley que
pretenda inmiscuirse o desvalorizar la independencia del juez y anula
radicalmente cualquier reglamentación que intente conculcarla.
El Tribunal
Constitucional no duda que la independencia de jueces y magistrados constituya
un principio constitucional -y así lo expresa la sentencia de 17 de
abril de 1986-, y que constituye una pieza esencial de nuestro ordenamiento
como del de todo Estado de Derecho, como se declara en la sentencia de 26
de julio de 1986; pero también considera el principio de la independencia
judicial como un derecho subjetivo de los ciudadanos exigible en el
proceso, y así de la sentencia de 12 de julio de 1982 se infiere que el
derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado
en el artículo 24, trata de garantizar la independencia e imparcialidad del
órgano judicial  ayudándose el Alto Tribunal en su razonamiento del
contenido del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y del artículo 6.1 del Convenio europeo para la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales que lo reconocen
expresamente-"[19] (Ha
subrayado la Corte).
En todos los modelos
conocidos de justicia constitucional prevalecen las nociones de seguridad y
certeza en las relaciones jurídicas de los asociados y los mecanismos que se
establecen en el sentido expresado, son específicos, directos, subjetivos y
concretos, regulados de manera precisa, con el solo fin de preservar la
vigencia de la Constitución en las controversias judiciales, respetando la
unidad y la coherencia de las jurisdicciones e instituyendo las reglas
orientadas a regir de manera cierta las posibilidades de revisión.
Es inadmisible en el
derecho comparado, la existencia de estructuras judiciales paralelas,
transversales y contradictorias como la que entre nosotros han pretendido
introducir los artículos demandados.
Resulta por ello
impertinente aducir la existencia de semejantes previsiones en otros
ordenamientos como un motivo para hacer decir a la Constitución colombiana lo
que no dice, edificando, a contrapelo de sus mandatos, la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales.
Ciertamente, si la
Corte Constitucional encontrara que el artículo 86 de la Carta prevé ese
remedio extraordinario contra los fallos de los jueces, así lo declararía sin
titubeos, pero tal cosa no acontece y el deber de la Corporación consiste en
guardar la integridad y supremacía de la Constitución tal como ella es, razón
por la cual, como su intérprete auténtica, goza de autoridad para retirar del
ordenamiento jurídico las disposiciones que se oponen a su preceptiva.
La unidad
normativa
Conclusión forzosa
de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11
del Decreto 2591 de 1991.  Esta norma contraviene la Carta Política, además de
lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por
el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a la
administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura descentralizada
y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la
preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés
general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el
principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del
ordenamiento jurídico.
No desconoce la Corte
la existencia del artículo 40, perteneciente al mismo decreto del cual hacen
parte las normas demandadas, disposición que establece la competencia especial
para conocer sobre acciones de tutela cuando esta sea ejercida contra
sentencias proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  Esto genera una obvia e
inescindible unidad normativa entre ella y el artículo 11, hallado contrario a
la Constitución, puesto que la materia que constituye núcleo esencial de los
preceptos no es otra que la examinada en este fallo, es decir, la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
En desarrollo de lo
previsto por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte declarará  que,
habida cuenta de la unidad normativa, también dicho artículo es
inconstitucional.
En relación con este
precepto debe formular la Corte algunas observaciones:
En su texto se
consagra que la tutela cabe contra las sentencias y demás providencias judiciales
que pongan término a un proceso, "cuando la lesión del derecho sea
consecuencia directa de éstas por deducirse de manera manifiesta y directa de
su parte resolutiva, se hubiesen agotado todos los recursos en la vía judicial
y no exista mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado
o amenazado".
Como puede
percibirse de la transcripción que antecede, la procedencia de la acción contra
sentencias se encuentra allí impropiamente condicionada.
La primera condición
para que proceda es la de que tendrá lugar únicamente "cuando la lesión
del  derecho sea consecuencia directa de éstas (las providencias judiciales)
por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva".  La
parte resolutiva de las sentencias, según se ha señalado, contiene la decisión
sobre la litis a que llegue el juez luego de considerar los hechos y el derecho
y no puede ser objeto de racional valoración sin tener en cuenta las
consideraciones en que se funda.  En esta parte resolutiva se "declara"
la existencia o inexistencia del derecho y no le es dable al juez de tutela,
como pretende la condición examinada, desvirtuar la decisión declarativa que
por competencia constitucional y legal le corresponde a la autoridad judicial,
mediante un fallo que, por su naturaleza y finalidades (artículo 86 de la C.N.)
sólo puede prevenir o remediar directamente la vulneración o
amenaza del derecho fundamental mas no declarar la existencia o
inexistencia del derecho; si lo uno hizo el juez que profirió la decisión que
se revisa, no puede declarar lo contrario el juez de tutela, como se colige de
precedentes contenidos de este fallo.
La segunda condición
que trae el parágrafo indica que sólo procederá cuando "se hubieren
agotado todos los recursos en la vía judicial".  El legislador al expedir
el precepto pretendió conservar -por lo menos formalmente- el carácter
subsidiario de la acción de tutela, pero no pudo lograrlo desde el punto de
vista material, toda vez que -como ya se ha visto- lo que consiguió fue
adicionar una nueva instancia a las actuaciones procesales ya cumplidas, lo
cual hace manifiesta su oposición al artículo 86 de la Constitución.  Lo dicho
resulta confirmado si se repara en una contradicción esencial resultante de
admitir que proceda la tutela contra sentencias o providencias judiciales que
pongan fin a un proceso: si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio,
según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no
sólo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y
medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva
que puso fin al mismo; luego, por sustracción de materia, no tiene operancia en
la hipótesis la subsidiariedad prevista en la Constitución Política.
La tercera condición
que trae el parágrafo se refiere a que "no exista otro mecanismo idóneo
para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado".  La
expresión "otro mecanismo idóneo" permite concluir, vista la
condición anterior, que se trata de un mecanismo no judicial,  que
pudiera existir para evitar la demandada violación o amenaza del derecho
fundamental; es decir, en este aspecto la norma parte de un supuesto
inconstitucional:  el de la existencia de medios no judiciales para evitar el
cumplimiento de las sentencias, enunciado que contraría flagrantemente el
principio fundamental de orden jurídico-político acogido en el artículo 113 de
la Carta sobre separación de funciones entre las ramas del poder público y, de
nuevo, el postulado de autonomía judicial, estatuído en los artículos 228 y 230
de la Constitución.
Así, pues, estas
tres condiciones para que proceda la acción de tutela contra las sentencias o
las providencias judiciales que pongan fin a un proceso infringen abiertamente
el orden constitucional.
c) La
indemnización de perjuicios causada por la violación del derecho.
Ningún motivo de
inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar
la natural consecuencia atribuída por el Derecho, en aplicación de criterios de
justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión
antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien
lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución.  Se trata de
reparar, por orden judicial, el daño emergente causado si ello fuere necesario
para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el afectado no disponga de
otro medio judicial, la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara
e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que justifican y aún exigen que el
fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo
concerniente.
Desde luego, no se
trata  de sustituir a la jurisdicción especializada ya que el juez de tutela
tan sólo tiene autorización para ordenar la condena en abstracto y su
liquidación corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o al
juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales.
Tiene razón uno de
los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y
costas sólo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveración
no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el
proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena
observancia de las previsiones generales consagradas en el artículo 29 de la
Constitución, de las cuales no ha sido ni podría haber sido excluido en cuanto
se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso específico tales
requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior
ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporación, para revocar la
correspondiente decisión judicial.
Considera la Corte
que no es el artículo acusado el que puede tildarse de contrario a la
preceptiva superior, toda vez que en él no se dispone ni autoriza que la
actuación judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas constitucionales
aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y más bien lo
supone, razón por la cual no es admisible la tesis del actor sobre posible
desconocimiento de las normas fundamentales que lo consagran.
Tampoco es contrario
a la Carta Política que se disponga el pago de las costas procesales a cargo
del responsable de la violación o del peticionario que incurrió en temeridad,
según el caso, pues ello es apenas lógico y equitativo tratándose de procesos
judiciales.
V.  DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, oído el
concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que ordena
el Decreto 2067 de 1991,
R E S U E L V E :
Primero:  Decláranse INEXEQUIBLES, por ser
contrarios a la Constitución, los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991.
Segundo:  Declárase INEXEQUIBLE, dada su
unidad normativa con los preceptos mencionados, el artículo 40 del mismo
Decreto.
Tercero:  Declárase EXEQUIBLE el artículo 25
del Decreto en mención.
Cópiese, comuníquese
al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO ANGARITA BARON             EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                               Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO           FABIO
MORON DIAZ
Magistrado                                     Magistrado
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
COMUNICADO Sentencia C-543
MAGISTRADOS DISIDENTES
En relación con
informaciones que han sido divulgadas a través de diferentes medios de
comunicación acerca de la sentencia de esta Corte del 1o. de octubre de 1992,
mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 40 del Decreto
2591 de 1991 (Tutela contra sentencias) y el salvamento de voto, los
magistrados que suscribieron éste último, se permiten formular las siguientes
precisiones:
1. En el salvamento
de voto no se consignan acusaciones -que no existen- contra la mayoría sino que
se exponen libremente las razones jurídicas y los motivos por los cuales los
magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
se apartaron de la decisión mayoritaria;
2. En el salvamento
de voto no se acusa -como de manera inexacta y ligera se ha interpretado en
algunos medios de comunicación- a los demás magistrados de haber alterado o
cambiado el Fallo. Simplemente, se hacen comentarios y se desarrollan
argumentos a partir de textos que aparecen en la versión definitiva del fallo y
que, a juicio de los disidentes, tienen una importancia capital y en su opinión
han debido reflejarse en la parte resolutiva. Se trata de un argumento
adicional del salvamento que no entraña acusación alguna contra la mayoría y no
puede ser utilizado -por fuera del contexto natural del debate en detrimento de
su dignidad y rectitud. De hecho, en el salvamento se reconoce que la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, a la cual se refieren los textos aludidos, es el punto
de acuerdo de todos los magistrados de la Corporación.
3. En los cuerpos
colegiados y en los asuntos jurídicos es corriente que respecto de ciertas
materias no exista unanimidad.
Sin embargo, en
esencial que se adopte, después de un razonado debate, una decisión definitiva.
4. La decisión
definitiva fue acogida por cuatro votos contra tres y como sentencia merece el
respeto y acatamiento de todos los magistrados, incluídos los que se apartaron
de la misma.
Por lo anterior, se
solicita a los medios que en aras de la transparencia y correcta divulgación de
las sentencias de esta Corporación, los análisis y argumentos jurídicos se
divulguen objetivamente.
CIRO ANGARITA BARON                   EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                                   Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-543
COSA JUZGADA (Salvamento de voto)
La sentencia que
pone fin al proceso puede traducir un comportamiento del Juez que irroga
agravio a los derechos fundamentales de una persona. El otro medio de
defensa judicial en este caso no puede ser ni el antecedente de la
sentencia - por definición anterior al agravio - ni esta última - por
definición causa del agravio -, por elementales razones de orden temporal,
tratándose del primero y, lógico, tratándose de aquélla. El deplorable error de
la mayoría se acompaña de una pérdida acusada de poder focalizador. El proceso
no se dirige contra el Juez; lo falla el Juez. La acción de tutela contra
sentencias, en cambio, sí se dirige contra el Juez y lo falla otro Juez.
Cómo, sin confundir irremisiblemente una y otra cosa, puede sostenerse que el primer
proceso es el medio de defensa  de la persona frente a las vulneraciones de
sus derechos fundamentales originadas en la actuación judicial?.
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Salvamento de voto)
El derecho fundamental
de acceso efectivo a la administración de justicia impone a los jueces
el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las
partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para que
una parte  pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero
requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho
fundamental a ser notificado de conformidad  con la ley de manera efectiva y
real.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS
(Salvamento de voto)
La acción de
tutela prevista en el artículo  86  de la Constitución Política es un medio
procesal especial que complementa  el derecho sustantivo constitucional,
mediante la concesión de un arma  poderosa a las personas que vean sus derechos
fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren
estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el
eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se
torne inimpugnable e  irrevocable  no obstante el flagrante desconocimiento del
mínimo de justicia material  que debe expresar toda sentencia y que sólo
se da cuando se respetan y se hacen efectivos  los derechos fundamentales. La
acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias  que pongan
término a un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de
Justicia y Consejo  de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o
amenacen  por acción u omisión cualquier  derecho constitucional fundamental.
COSA JUZGADA (Salvamento de voto)
La cosa juzgada,
como límite de lo  inimpugnable e inmutable, puede  ser objeto de mudanza  por
la ley  al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo  caso la
cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá
un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios  y
causas tengan un fin  y "se pronuncie la última palabra". Si la ley
puede producir el anotado desplazamiento  - en  cualquiera de los sentidos - de
la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede
hacer el constituyente al incluir una acción - en este caso la acción de tutela
como mecanismo idóneo - contra las sentencias que violen los derechos
fundamentales. En este caso el límite  de la cosa juzgada se desplaza hacia
adelante y sólo luego  de la decisión que desate el procedimiento  que se
instaura con ocasión  de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor
de cosa juzgada.
PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/PRIMACIA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES (Salvamento
de voto)
La interpretación
constitucional debe favorecer la coexistencia y máximo desenvolvimiento de los
valores y fines constitucionales. La sentencia de la Corte, lamentablemente,
sacrifica el interés general, la justicia y la primacía de los derechos
fundamentales - que dice defender - en aras de una espuria seguridad jurídica,
representada por las sentencias violatorias de los derechos fundamentales
devenidas inimpugnables. A este respecto, la mayoría eludió todo esfuerzo
interpretativo enderezado a conciliar la certeza jurídica - que privilegia en
su sentencia por encima de cualquier otra consideración y valor - y la Justicia
- que la supedita a una subalterna necesidad de "certidumbre
jurídica". Anteponer la seguridad jurídica a la justicia material - mal
interpretada porque una comunidad donde la violación de los derechos
fundamentales permanezca impune no reúne ninguna condición mínima de seguridad
- es un recurso truculento inspirado únicamente en la lógica ciega del poder y
en el inconfesado deseo de conservar feudos intocados dentro del Estado. Si la
seguridad jurídica fuese un principio "metapositivo", como lo afirma
la sentencia - sin aportar prueba de su aserto -, es decir si estuviese por
encima de las contingencias propias del derecho creado por los hombres, nada de
la evolución descrita habría tenido lugar.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS/JUEZ DE TUTELA-Actuación (Salvamento de voto)
La acción de
tutela contra sentencias se ejerce ante un Juez - el llamado Juez de Tutela - y
se dirige contra el Juez que dictó la sentencia que el afectado considera
vulnera un derecho fundamental. La denominada "cuestión litigiosa" no
es objeto de la acción de tutela contra sentencias, sino la actuación o la
omisión del juzgador que ha causado la presunta lesión a un derecho
fundamental. No es posible ni jurídico dejar que sea el Juez
"acusado" el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su
propio comportamiento y determine si cometió o no una arbitrariedad contra la
persona; sería como librar a la parte la definición de su propia causa. Cuando
el Juez de tutela se pronuncia sobre la conducta del "Juez acusado"
no infringe la autonomía ni la independencia judicial de éste último salvo que
se entienda que ellas autorizan a violar impunemente con ocasión del
cumplimiento de su función los derechos fundamentales de las personas. Con
apoyo en semejante interpretación del principio de "autonomía funcional
del juez", no sería posible que un juez penal conociera del prevaricato
cometido por otro Juez al dictar una sentencia.
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL (Salvamento
de voto)
La Jurisdicción
Constitucional se ha establecido por la misma Constitución como función
pública asignada a ciertos órganos  dotados de competencias judiciales
especiales cuyo cometido  consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Constitución. La Jurisdicción Constitucional es la garantía básica del
Estado constitucional de derecho. Asegura que efectivamente todos los poderes
públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las
sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios
constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el
correcto  y legítimo  ejercicio de una función constitucional. Esta Jurisdicción
Constitucional asume como competencia  especialísima  la guarda  de los
derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de
todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad
frente a todos los órganos del poder público.
COMPETENCIA DE
TUTELA/PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE SALAS (Salvamento de voto)
La asignación de
competencias  en materia de acción de tutela a las salas de la Corte Suprema de
Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus salas en órganos a
través de los cuales se ejerce en Colombia  la Jurisdicción Constitucional. La
tesis de la diversidad y especialización de las salas, que se esgrime contra la
posibilidad de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia
proferida por otra,  desconoce que es la materia constitucional exclusivamente
la que suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata
por tanto de entrar a conocer del proceso tallado por otra Sala, sino que el
juez constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS/PRINCIPIO DE JERARQUIA/SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION (Salvamento de voto)
Si se admitiera
que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal acción y eventual
revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían procedentes. Las
exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se imponen  sobre las
derivadas de cualquier principio jerárquico.
REVISION FALLO DE
TUTELA-Objeto/JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL (Salvamento de voto)
La competencia
de la Corte para revisar  sentencias de tutela es una manifestación  de su
posición  como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la
necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales.
La actuación de esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción
Constitucional, permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la
aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones.
La Jurisprudencia  Constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los
efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia
irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución
frente a otras normas.
DERECHO A LA
PROTECCION INMEDIATA DE DERECHOS FUNDAMENTALES (Salvamento de voto)
El derecho
fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales entraña
un mandato perentorio al legislador para que adopte los procedimientos necesarios
y ágiles para la protección de los derechos individuales, de grupo o
colectivos. La acción de tutela es uno de los medios a través de los cuales se
pretende satisfacer el mencionado derecho fundamental, pero su utilización se
subordina, en primer término, a la condición de que el afectado "no
disponga de otro medio de defensa judicial".
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Eficacia
(Salvamento de voto)
La
"efectividad" del medio judicial es una combinación de la sencilles y
la rapidez, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se
relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y
a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos
alternativos, cuál puede satisfacer  en mayor grado el interés concreto del
afectado,  lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino
establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o
de amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio
y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o
inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la
eficaz protección de los derechos lesionados.
ACCION DE TUTELA-Finalidad (Salvamento de voto)
La acción de
tutela se concibe  como medio último y extraordinario de protección al cual se
puede recurrir  sólo en ausencia efectiva de un medio judicial ordinario capaz
de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la tutela a los afectados que
han agotado en vano los medios judiciales ordinarios sin encontrar protección
efectiva a sus derechos constitucionales conculcados. Consideraciones de
equidad, que se encuentran en la base de la acción de tutela, militan
igualmente en favor de su concesión  en esta situación extrema, de modo que al
término de la vía judicial ordinaria se abra la vía de la Jurisdicción
Constitucional. No puede ser de otra manera cuando la Constitución ve en el
respeto a la dignidad  humana y la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales
el valor fundante y el fin esencial del estado.
JUEZ DE TUTELA-Facultades (Salvamento de voto)
Cuando la acción
de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se
circunscribe  al examen  y decisión de la materia constitucional con
prescindencia  de todo aquello que no  tenga que ver con la vulneración o
amenaza de vulneración  del derecho constitucional fundamental. La acción de
tutela no representa frente a los respectivos  procesos judiciales instancia ni
recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con
ocasión del trámite  de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y
desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia
de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente  la
conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto  ésta haya violado un
derecho fundamental o amenace con hacerlo. Este es el único asunto que tiene
relevancia constitucional. De la naturaleza y de las  funciones  del juez
constitucional se desprende un compromiso ético esencial: velar por la
integridad de la Constitución y por la efectividad de los derechos
fundamentales, los valores y principios constitucionales y toda la organización
estatal derivada de ellos.
CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Salvamento de voto)
Al haberse
agotado en Colombia -por supresión de materia- el control vía acción de tutela
de las providencias judiciales, queda expedito el camino para que, ante la
violación de un derecho constitucional fundamental por parte de una decisión de
los jueces, se recurra ante la Corte Interamericana. En consecuencia, a pesar
de la decisión de mayoría de la Corte Constitucional en este negocio, queda aún
un recurso judicial para las víctimas de las violaciones por parte de las
providencias judiciales.
A LA SENTENCIA DEL 1o. DE OCTUBRE DE 1992
PROFERIDA POR LA SALA PLENA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrados: CIRO
ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
"No habiendo
podido lograr que lo justo sea también lo fuerte, se ha hecho que lo fuerte sea
lo justo". Blas Pascal (Pensées, 298)
Los suscritos
magistrados exponen a continuación las razones de su salvamento de voto a la
sentencia del 1o. de octubre de 1992 proferida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional. Ellas son el resultado de una divergencia de fondo, que no sólo
involucra un problema específico de interpretación constitucional, sino que
también cuestiona una empecinada concepción del derecho que se resiste al
cambio introducido por la nueva Constitución.
Los fundamentos
jurídicos que sustentan el salvamento de voto se agrupan bajo los siguientes
títulos: Una interpretación constitucional sesgada - desfiguración y reducción
de la acción de tutela para propiciar su inexequibilidad - el valor
constitucional del principio de la cosa juzgada - seguridad jurídica y
justicia: el triunfo de una visión opresiva del interés general - desconfianza
en el juez constitucional y descaecida fe en la justicia - lectura autoritaria
de la Constitución - autonomía funcional del Juez y protección de los derechos
fundamentales - la definitiva y cabal intención del Constituyente -
jurisdicción constitucional - justicia abstracta y justicia concreta:
naturaleza y alcance de la tutela - procedencia del control constitucional
sobre sentencias en el derecho comparado - un viraje inesperado -
consideraciones finales.
Una
interpretación constitucional sesgada
1. La sentencia de
la Corte Constitucional exhibe desbordado celo de guardián de su integridad y
primacía al encontrar "palpable la oposición entre el establecimiento
de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo
86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo
momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que
es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1992".
"Apartándose de
la tesis sostenida - agrega la Corporación - por el Procurador General de la
Nación, no cree la Corte que esta contradicción entre el texto legal y el
mandato de la Constitución pueda considerarse saneada en razón de las
facultades confiadas al Legislador para reglamentar la acción de tutela, pues la
amplitud del Constituyente en cuanto al tiempo para acudir a este instrumento
resulta ser tan clara que no da lugar ni admite forma alguna de regulación en
contrario. Aceptar en este caso la generosa interpretación del Ministerio
Público equivaldría a sostener que las leyes ostentan la misma jerarquía
normativa de la Constitución".
2. Ciertamente, el
artículo 86 de la CP contiene dos expresiones inequívocas: La primera, "en
todo momento y lugar", frase que la mayoría está presta a reivindicar
y que, en su sentir, excluye inclusive el establecimiento de un término de
caducidad; la segunda, "cualquier autoridad pública", palabras
que no merecen análoga actitud por parte de la misma mayoría, al punto que
excluyen - a propósito de la acción de tutela contra sentencias - de esa
categoría a los jueces, pese a que apelando a la misma definición suministrada
por la sentencia aquéllos "ejercen poder de mando o decisión dentro del
ordenamiento jurídico".
3. Si la mayoría
hubiera aplicado idéntico celo guardián respecto de la segunda frase -
"cualquier autoridad pública" -, no habría podido declarar la
inexequibilidad de la norma, que precisamente contemplaba la acción de tutela
contra sentencias en el entendido, por todos compartido, que "los jueces
son autoridades públicas". Como quiera que el "tenor literal",
en un caso, conviene a la opción tomada por la mayoría, se exige el respeto a
la frase, se declara la inexequibilidad y, de paso, se desestima desdeñosamente
la actitud contraria del Procurador encontrándola excesivamente
"generosa". La otra expresión "cualquier autoridad
pública" - no puede correr la misma suerte, pues arruinaría la
alternativa asumida por esa mayoría, que de reclamar acatamiento para la misma,
se vería forzada a aceptar ajustada a la Constitución la tutela contra
sentencias.
4. Cuando el
guardián de la Constitución, a su talante y según la opción que desea
favorecer, reivindica el tenor de una expresión de la Constitución que conviene
a la tesis que desea relievar y olvida otra expresión que la obligaría a
cambiar de posición, erosiona su autoridad y mina su imparcialidad. El
ciudadano debe poder distinguir al juez del mero litigante. La Corte
Constitucional no podía, dada la meridiana claridad de la expresión "cualquier
autoridad pública", eliminar la acción de tutela contra los jueces.
¿Lo hizo por "generosidad"? La severidad de guardián que mostró para
defender la expresión "en todo momento", se echa de menos respecto de
la expresión "cualquier autoridad pública". Esto prueba que el ánimo
de rígido guardián de la Constitución pertenece más al mundo de los
"gestos", de las "máscaras", en suma, del teatro, que a la
convicción profunda y sinceramente arraigada que debe caracterizar al Juez
Constitucional.
Desfiguración y
reducción de la tutela para propiciar su inexequibilidad
5. La mayoría
renuncia a demostrar la supuesta inconstitucionalidad de la consagración
normativa de la acción de tutela contra sentencias. En cambio, sin suministrar
justificación alguna, gratuitamente asocia a la acción de tutela contra
sentencias, características y presupuestos, que da por sentados y con base en
los cuales, incurriendo en una típica petición de principio, descalifica esta
modalidad de tutela. Por este camino, bastará en el futuro reunir, ayuno de cualquier
criterio científico, determinados prejuicios y vincularlos a una institución y
ésta podrá así perder súbitamente sustento constitucional. La elocuente falta
de rigor de la Corte no se compadece con ningún canon de interpretación
constitucional. Si se desfigura deliberadamente el precepto legal acusado, su
confrontación con la Constitución no puede arrojar un resultado cierto y justo.
También la hermenéutica constitucional se resiente cuando se alteran los
"pesos y medidas" de las normas sujetas a su sereno y objetivo
examen.
6. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin aportar prueba alguna de su
aserto - sustituye y remplaza los procesos ordinarios y especiales.
La acción de tutela
contra sentencias, lejos de sustituir o remplazar los procesos ordinarios y
especiales, los presupone, pues sin ellos no se producirían sentencias y
aquélla carecería de objeto.
Justamente el
artículo 11 del DL 2591 declarado inexequible disponía: "La acción de
tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a
los dos meses de ejecutoriada la providencia respectiva". Mal puede
aseverarse que la acción de tutela contra sentencias sustituya o reemplace los
procesos ordinarios y especiales, si ella sólo opera gracias a su iniciación y
únicamente después de su culminación. Menos todavía, a la luz del precepto
legal, puede afirmarse que dicha acción de tutela contra sentencias, constituye
un sistema de justicia paralelo si ella sólo versa sobre providencias
judiciales que hubieren puesto fin a un proceso. El derecho positivo, que
la Corte olímpicamente ignoró en su afán de desfigurar la institución y por
esta vía apurar la declaratoria de inexequibilidad, no permite inferir la
existencia de un sistema paralelo de justicia como consecuencia de esta
modalidad de tutela.
La acción de tutela
contra sentencias no estaba llamada a sustituir los procesos dentro de los
cuales éstas últimas se hubieren dictado. La relación procesal y litigiosa
entre las partes, en principio, debería ser ajena al Juez de tutela. La
actuación del Juez ordinario - necesariamente materializada en la sentencia -
debía ser el único objeto de la acción de tutela y sólo en la medida en que la
misma fuere la causa de una vulneración de derechos constitucionales
fundamentales de una persona. La acción de tutela contra sentencias es una
forma elíptica de aludir a su verdadero objeto: el comportamiento
constitucional del juez y bajo la exclusiva óptica de su respeto a los derechos
fundamentales.
Se comprende la
velada metamorfosis que se produce cuando se imputa a la acción de tutela
contra sentencias el efecto de sustituir los procesos ordinarios y especiales.
Se parte de la equivocada premisa de que es el proceso el objeto de esta
acción de tutela. Se imagina que es el proceso el autor de la
vulneración del derecho fundamental. No. El proceso no es sujeto.
El proceso es sólo coordinación y agregado de actos. Al proceso
no puede adscribírsele actos u omisiones lesivos de los derechos fundamentales
de las personas. El proceso no es autoridad pública. La única
autoridad pública, que en este contexto, puede violar los derechos humanos es
el Juez y por ello sólo contra él se dirige la acción de tutela.
Ahora, la generosa
actitud de la mayoría, para mantener una inmunidad y un privilegio odiosos en
el marco constitucional, decide esquivar la acción de tutela contra los jueces
alegando que ésta sustituye y reemplaza los procesos.
Olvida la mayoría que la acción de tutela contra sentencias es ante todo un
contencioso constitucional de la conducta del juez y que este no puede
confundirse con el proceso ni servirse del mismo como refugio para eludir su
responsabilidad frente al respeto de los derechos fundamentales. En todo caso
resulta trágico que sean los guardianes de la Constitución los que con base en
tan fingida argumentación ayuden a franquear a los jueces la puerta de la
impunidad constitucional.
7. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin aportar prueba alguna de su
aserto - se convierte en medio alternativo a los medios judiciales ordinarios.
Si los medios
judiciales ordinarios no son idóneos para proteger eficazmente el derecho
fundamental vulnerado, es legítimo recurrir a la acción de tutela cuya función
precisamente estriba en servir como alternativa última o única en casos de
indefensión, y así cumple su propósito.
La burda estrategia
hermenéutica interesada en presentar la acción de tutela contra sentencias como
grotesco y contrahecho mecanismo procesal, seguramente impidió a la mayoría
detenerse a analizar las exigencias con que el Legislador Extraordinario quiso
rodear a este tipo de acción de tutela. En efecto, se lee en el parágrafo 1o.
del artículo 40 del DL 2591 de 1991 declarado inexequible, "La acción de
tutela contra tales providencias judiciales sólo procederá (...) cuando se
hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro
mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado".
Tratándose de esta modalidad de tutela, la condición para su procedencia es más
estricta que en la generalidad de los casos. El texto de la norma no autoriza
se atribuya a la acción de tutela la característica de ser alternativa del
medio judicial ordinario - que de todas maneras no sería constitucionalmente
censurable - pues no puede ser más meridiano que tiene el carácter de medio de
defensa último y único como quiera que supone el agotamiento
previo de todos los recursos ordinarios y la inexistencia de otros mecanismos
idóneos de protección.
8. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin aportar prueba alguna de su
aserto - se torna en recurso último al alcance del actor.
Es evidente que si
contra una sentencia dictada  por el Juez en abierta violación de los derechos
constitucionales fundamentales, se ejercen todos los medios de impugnación
ordinarios y, no obstante, la vulneración persiste, no disponiendo el afectado
de otro medio de defensa judicial - se han agotado todos - sólo le queda la
acción de tutela que, según el artículo 86 de la CP "Sólo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial". En este caso -
persistencia de la vulneración de un derecho fundamental pese al agotamiento de
los recursos ordinarios - el único y último medio de protección es la
acción de tutela.
La mayoría parte de
la falsa premisa de que la acción de tutela se consagró en la Constitución con
el único propósito de llenar los vacíos que pudiera tener el ordenamiento jurídico
en materia de mecanismos de protección de derechos. En otras palabras, la
función de la tutela sería la de llenar lagunas de protección. De ahí que -
sostiene la mayoría - si el ordenamiento objetivo consagra una acción o
recurso, no puede caber en ese caso la acción de tutela que sería eminentemente
subsidiaria. Según esta tesis, en el campo judicial, la sola existencia del proceso
y la regulación del mismo en el Derecho positivo, significa que la acción de
tutela - subsidiaria en términos abstractos y formales - no sería procedente.
En el campo administrativo, la consagración de las diferentes acciones de
nulidad, restablecimiento del derecho, indemnización y reparación directa,
reguladas en el Código Contencioso Administrativo, que cubren el universo de la
actuación administrativa, convierte a la acción de tutela - subsidiaria en
términos abstractos y formales - en un mecanismo absolutamente residual y
marginal.
La tesis de la Corte
conduce al marchitamiento de la acción de tutela. Para disimular la desaparición
de la acción de tutela contra la actuación judicial y su virtual e inevitable
aniquilamiento en relación con la actuación administrativa, esto es, su
extinción, la mayoría bondadosamente acota el terreno donde ella puede actuar:
"La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de
las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de
ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho". Según la nueva doctrina de la Corte Constitucional - que de tajo
ha eliminado la sólida jurisprudencia de sus Salas de Tutela - no procede la
acción de tutela contra los actos administrativos ni contra las sentencias. En
el primer caso, "el sistema jurídico" contempla la acción de nulidad
y la suspensión provisional y, en el segundo, el proceso mismo y su regulación
legal son de por sí suficiente protección. Excluyéndose la tutela frente a las
decisiones judiciales y administrativas, cómo pueden los Honorables Magistrados
de la mayoría, en reciente comunicado exculpatorio, informarle a la opinión
pública que la acción de tutela permanece incólume en un porcentaje, que ellos
con exactitud matemática, se atreven a precisar en el 98%?.
Luego de sustraerle
a la acción de tutela - instrumento de los débiles y de las víctimas de los
desafueros de las autoridades públicas - el 98% de su potencial reivindicativo,
había podido ahorrarse la mayoría precisiones más expresas y precisas de su
designio nulificador y desvastador de la acción de tutela. La mayoría no tiene
rubor en plantear los nuevos términos de intercambio:  La acción de tutela no
procederá contra las sentencias judiciales, pero sí contra las situaciones
de hecho. Las situaciones de hecho se presentan por la mayoría como  premio
de consolación de la marchita tutela. Limitando la acción de tutela a las tropelías
físicas (abuso de la fuerza y de la posición), la mayoría ha querido
desconocer que las violaciones de los derechos fundamentales en un Estado de
Derecho surgen ordinariamente de las decisiones de sus autoridades
amparadas normalmente bajo las formas y procedimientos regulares (abuso del
derecho y de las formas jurídicas), pese a entrañar las más variadas y abiertas
violaciones a la Constitución. Desde luego en el Estado horda la acción
de tutela así concebida sí se hubiera manifestado como eficiente y general
mecanismo de protección de los derechos, por lo menos frente a los más
fuertes.
La mayoría no se
limita, en este punto, a desnaturalizar la acción de tutela en su vertiente
legal. El otro extremo de la confrontación, el constitucional, es asimismo
mutado. La interpretación de la Corte desatiende el texto y el espíritu de la
Constitución y reduce el alcance de la Jurisdicción Constitucional.
La acción de tutela
fue introducida en la Constitución como instrumento de garantía del derecho
fundamental a la protección efectiva de los derechos que ella consagra. En la
mente del Constituyente, así surge del examen de sus antecedentes, no influyó
el propósito de "llenar vacíos" de la legislación ordinaria sino el
de entregar a la persona un poderoso mecanismo para defender eficazmente sus derechos
frente a las actuaciones u omisiones arbitrarias de las autoridades. La acción
de tutela es una de las concreciones más importantes de la "efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" (CP
art. 2), la cual, en razón del valor central y privilegiado de la persona y de
su dignidad en el nuevo marco constitucional, ha sido elevada a fin esencial
del Estado. El trasfondo axiológico y finalista que resplandece en la
Constitución, no autoriza sin traicionar su genuino sentido, se supedite la
procedencia de la acción de tutela a la inexistencia de un medio de defensa
judicial ordinario, independientemente de su efectividad y eficacia como
mecanismo de protección. El artículo 86 reconoce a toda persona un derecho a
la protección inmediata de sus derechos fundamentales. No se trata del
simple derecho de acceso a la justicia (CP art. 229), sino a que ésta le brinde
a la persona amparo inmediato frente a cualquier violación de un derecho
fundamental. Por esta razón, el medio judicial ordinario prevalece sobre la
acción de tutela sólo si y sólo si por su conducto se garantiza una eficiente y
eficaz defensa a la persona afectada que, de no ser así, tendrá siempre derecho
a ejercer la acción de tutela. Se comprende lo distante que se encuentra del
texto y del espíritu de la Constitución, la postura de la mayoría que con un
criterio formalista y abstracto condiciona la procedencia de la acción de
tutela a la inexistencia - vacío del sistema - en el ordenamiento de un medio
de defensa ordinario, que en todo caso se preferiría sin entrar a considerar su
eficacia y efectividad para proteger el derecho conculcado.
Circunscribir la
acción de tutela a las situaciones de hecho y a los obstáculos de hecho, sirve
bien a los intereses corporativos de las cabezas de las jurisdicciones
ordinaria y Contencioso administrativa - mantiene la intangibilidad de sus
competencias y garantiza su inmunidad constitucional - pero cercena la propia
Jurisdicción constitucional y el derecho fundamental del pueblo a la primacía e
integridad de la Constitución.
En efecto, quedan
por fuera del control constitucional y de la eventual revisión de la Corte
Constitucional, el universo de las decisiones administrativas y el universo de
las decisiones judiciales, esto es, el Estado-Administrador y el Estado-Juez,
así vulneren los derechos fundamentales. Sólo cuando la actuación
inconstitucional de la autoridad revista las características de situación de
hecho u obstáculo de hecho - pugilato directo con la víctima - la jurisdicción
constitucional, según la novedosa doctrina de la Corte, entra en
funcionamiento; pero, aún en este caso, el Juez Penal podrá remplazar al
Constitucional.
La generosidad de la
mayoría - por lo indebida e inconsulta, sin antecedentes en ningún Tribunal
Constitucional del mundo - con las jurisdicciones ordinaria y contencioso
administrativa, se ha hecho a costa de reducir el ámbito de la jurisdicción
constitucional y debilitar hasta su mínima expresión la acción de tutela, arma
que el constituyente quiso entregar directamente a la persona para ponerla al
abrigo de la arbitrariedad del Estado, de sus administradores y de sus jueces.
9. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin aportar prueba de su aserto - da
lugar a que una misma persona pueda ser juzgada dos veces por el mismo hecho.
Si la acción de
tutela contra sentencias se ejerce contra el juez en razón de actos u
omisiones suyos violatorios de los derechos fundamentales del afectado, no
puede sostenerse en sana lógica que se está juzgando dos veces a una misma
persona. La mayoría no puede ignorar que toda acción de tutela se dirige contra
una autoridad y, en ningún caso,  contra las eventuales partes de un proceso.
La afirmación, por cierto gratuita, no tiene otro objetivo que desfigurar la
acción de tutela contra sentencias, a fin de que la misma no resista la
confrontación con la norma constitucional.
10. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin aportar prueba de su aserto -
lleva a la indefinición e incertidumbre jurídicas y da lugar a "pleitos
interminables".
La mayoría vuelve
aquí  a servirle de eco a algunas voces que se levantaron contra la acción de
tutela y amenazaron a la población civil con el "caos" - palabra que
se repite varias veces en la sentencia - y la amenaza de la incertidumbre, que
se apoderarían del país de abrírsele paso a esta modalidad de tutela. El efecto
inhibitorio buscado que sólo pretendía mantener a los jueces al margen de la
Constitución y exonerados de todo contencioso constitucional, finalmente
encontró en la mayoría respuesta positiva.
La mayoría
dócilmente resignó inclusive el más elemental celo investigativo. El artículo
86 de la CP señala que "en ningún caso podrán transcurrir más de diez
días entre la solicitud de tutela y su resolución". El artículo 11 del
DL 2591 declarado inexequible, establecía un término de caducidad de la acción
de tutela contra sentencias de dos meses contados a partir de su ejecutoria.
Por su parte, el artículo 32 del mismo Decreto, dispone que el Juez que conozca
de la impugnación del fallo de tutela deberá decidirla dentro de los 20 días
siguientes a la recepción del expediente. La revisión eventual de una sentencia
de tutela, por parte de la Corte Constitucional, deberá hacerse en un término
de tres meses (DL 2591, art. 23). Finalmente, no cabe la tutela contra fallos
de tutela (DL 2591 de 1991, art. 40, parágrafo 4o.).
El carácter
preferente y sumario de la acción de tutela, ordenado por la Constitución, y
regulado de manera precisa y sujeto a términos breves y perentorios, contradice
completamente la afirmación de la mayoría, empecinada en mostrar una acción de
tutela contra sentencias que no corresponde a su esencia ni a su marco
regulatorio.
11. La acción de
tutela contra sentencias - dice la mayoría sin probar su aserto - no es
procedente pues en este caso el medio judicial ordinario existe y es el  proceso.
La sentencia que
pone fin al proceso puede traducir un comportamiento del Juez que irroga
agravio a los derechos fundamentales de una persona. El otro medio de
defensa judicial en este caso no puede ser ni el antecedente de la
sentencia - por definición anterior al agravio - ni esta última - por
definición causa del agravio -, por elementales razones de orden temporal,
tratándose del primero y, lógico, tratándose de aquélla.
El deplorable error
de la mayoría se acompaña de una pérdida acusada de poder focalizador. El proceso
no se dirige contra el Juez; lo falla el Juez. La acción de tutela contra
sentencias, en cambio, sí se dirige contra el Juez y lo falla otro Juez.
Cómo, sin confundir irremisiblemente una y otra cosa, puede sostenerse que el primer
proceso es el medio de defensa  de la persona frente a las vulneraciones de
sus derechos fundamentales originadas en la actuación judicial?.
El valor
constitucional del principio de la cosa juzgada
12. El formalismo y
la estólida servidumbre a la autoridad, notas características de esta sentencia
- paradójicamente proferida bajo la égida de la Constitución de 1991 cuyo eje
es el derecho sustancial y el respeto a la persona y a sus derechos -, llegan a
un momento de éxtasis cuando, la mayoría, sin aportar prueba alguna de su
aserto, proclama que la cosa juzgada tiene "carácter
metapositivo" y que "hay un verdadero derecho constitucional
fundamental a la sentencia firme y, por tanto a la autoridad de la cosa
juzgada".
13. No obstante que
la Constitución tiene pleno valor normativo y se postula ella misma "norma
de normas" (CP art. 4), las sentencias "firmes" pueden vulnerar
un derecho constitucional fundamental, y no ser objeto del control
constitucional representado por la acción de tutela. La cosa juzgada así
entrañe una flagrante inconstitucionalidad, se sitúa más allá del derecho y se
impone, ella y el Juez que profiere la sentencia, sobre la misma Constitución.
La sentencia adquiere un valor supranormativo y supraconstitucional y el
Juez un poder mayor que el propio del Constituyente, pues así las sentencias
riñan con la Constitución la cosa juzgada  las inmuniza de cualquier
ataque y garantiza su intangibilidad.
14. El supuesto
"derecho constitucional fundamental a la sentencia firme", tendría primacía
sobre todos los demás derechos fundamentales, incluido el derecho al debido
proceso, que de acuerdo con el criterio de la mayoría consagra de manera
implícita el principio de la cosa juzgada. La sentencia puede violar
derechos fundamentales de una persona, pero en razón de su valor como cosa
juzgada  se pone al amparo de cualquier ataque. Se puede llegar al absurdo
de que la sentencia menoscabe el derecho fundamental al debido proceso (CP art.
29), fundamento según la mayoría de este supuesto "derecho a la cosa
juzgada", y aquél resultará sacrificado por éste. Tal la fuerza
avasallante de este derecho procesal que se impone sobre su propio fundamento.
Se invierte el principio matriz del artículo 228 de la CP que favorece en la
administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial, y se
lo sustituye por el predominio de la forma.
15. La
intangibilidad de las sentencias, así vulneren los derechos fundamentales,
socava el fin esencial del Estado de garantizar su efectividad (CP art. 2) y
niega la primacía (CP art. 5) que la Constitución les reconoce. Esta
tesis de la mayoría concuerda con la sostenida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, en su sentencia del 9 de diciembre de 1991.
Las dos Cortes finalmente han coincidido, equivocadamente, en atribuir a la
cosa juzgada un valor metapositivo - casi místico - capaz de imponerse sobre la
Constitución y los derechos fundamentales de las personas. En esa oportunidad
la Corte Suprema de Justicia pretendió igualmente construir un derecho
constitucional a la cosa juzgada - en su sentir, "derecho inherente a la
persona humana" -, apelando en su caso a lo dispuesto en el artículo 94 de
la Constitución. Los argumentos formulados por la Corte Constitucional en su
sentencia del 12 de mayo de los corrientes, son pertinentes para refutar la
posición análoga a la de la Corte Suprema de Justicia que ahora prohija la
mayoría:
"55. Resta una
mención expresa al valor del principio de la cosa juzgada esgrimido por la
Corte Suprema de Justicia para negar que la acción de tutela pueda dirigirse
contra sentencias. El primer argumento, apenas esbozado por la Corte, se
relaciona con la intangibilidad de la cosa juzgada que sufriría  quebranto de
aceptarse su procedencia.
56.
Según la Corte Suprema de
Justicia la cosa juzgada responde a un  principio no escrito de valor
universal, cuyo apoyo constitucional lo ofrecería el artículo 94 de la Carta
Política. Este precepto constitucional afirma la vigencia en el  ordenamiento
de los derechos y garantías  que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en el texto de la Constitución  y en los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
57. Como derecho
o garantía inherente a la persona humana la cosa juzgada, de acuerdo con
esta postura,  adquiriría una fuerza supraconstitucional. En efecto, cerrar la
vía a la acción de  tutela contra sentencias cuando éstas violen derechos
fundamentales expresos,  equivale a eludir  toda confrontación entre aquél derecho
o garantía inherente a la persona humana y  los mencionados derechos
fundamentales expresos,  para de esta manera mantener la intangibilidad de
la cosa juzgada que asumiría una posición de primacía constitucional, hasta el
punto  de clausurar ab initio  el debate sobre la eventual vulneración
de  tales derechos por parte de la sentencia.
58. Si el principio
de la cosa juzgada tiene el alcance que sostiene la Corte Suprema de Justicia,
debe averiguarse su naturaleza y determinarse si él corresponde a una emanación
de la personalidad humana y si como tal se impone a  los derechos
constitucionales expresos  pese a que frente a éstos sólo exhiba el
carácter de un derecho o garantía constitucional implícita.
59.
Se dice que una sentencia
tiene fuerza de cosa juzgada cuando ella se torna  inmutable y definitiva  y no
puede ser modificada o revocada por ningún  medio jurídico, ordinario o
extraordinario, dentro o fuera del proceso  en que se produjo.
Las diversas teorías
que se han expuesto sobre la naturaleza y fundamento de la cosa juzgada no la
hacen depender de un supuesto  derecho o garantía a la persona humana,  como
afirma la Corte Suprema de Justicia. Un rápido repaso y comentario a las
principales  teorías sobre la materia,  desde las clásicas hasta las modernas,
sirve  para confirmar el aserto.
En el Derecho Romano
primitivo, dada su influencia religiosa se imputaba a la divinidad el poder de
hacer las leyes y decidir  los litigios. "Una disputa surgia entre dos
ciudadanos:  solamente la divinidad, por intermedio de sus ministros , los
Pontífices, podía ponerle fin. Pero para obtener el juicio divino era aún
necesario utilizar ciertas formas, hacer ciertos gestos. Si las formas
exigidas  habían  sido regularmente  cumplidas, los Pontífices no tardaban  en
expresar la voluntad divina. Si, por el contrario, las formas se habían
cumplido imperfectamente, la voluntad de los dioses no se revelaba. Pero en
todos los casos  estaba prohibido renovar  el procedimiento. Quién hubiera
osado  ofender  a los Dioses, formulando dos veces la misma cuestión?"
(Jean Dumitresco, L'autorité de la chose jugée et ses applications en
matiére des  personnes physiques, citado por Esteban Ymaz, en "La
esencia  de la cosa juzgada y otros  ensayos",  ed Arayú, Buenos Aires, p.
7). La cosa juzgada tiene aquí una  explicación mágico-religiosa  y en ella
está ausente toda consideración a su origen humano. El mismo Derecho Romano, en
su evolución  posterior, superó esta primera visión y redujo la pretensión de
la cosa juzgada  a la de una presunción  de verdad condensada  en la conocida
fórmula "res iudicata pro veritate accipitur" (la cosa juzgada es
admitida como verdad). El fundamento mítico fue sustituido por otro de orden
mundano y de carácter acendradamente  práctico,  desde entonces  alegado como
cimiento de la cosa juzgada: la necesidad de darle certeza al  derecho y
mantener la paz social de suyo inconciliable con las múltiples  sentencias
contradictorias y la indefinida prolongación  de los procesos. Tampoco esta
justificación  tiene filiación  con un pretendido derecho inherente a la
persona humana sino que obedece  sencillamente  a un criterio práctico de
conveniencia  general.
El código de
Napoleón, como es suficientemente sabido, consagró  legalmente la concepción
de la cosa juzgada proveniente del  Derecho Romano (CC arts 1350-1352)
confiriéndole  el carácter de una presunción  iuris et de iure, o sea
sin dar lugar a admitir  prueba alguna contra lo decidido en ella. En este
orden de ideas, la sentencia mantiene  su status de verdad legal pese a que en
muchos casos contraríe la realidad o el juez haya incurrido en  error de
derecho. No se descubre en esta concepción legal una  explicación diferente a
la ya mencionada del Derecho Romano. Cabe resaltar que ahora el principio de la
cosa juzgada se convierte en derecho positivo y que es el estado, a través de
su  instrumento natural, la ley, el que otorga a ciertas sentencias  el valor
de presunción de derecho y el que niega a otras esta  autoridad y, finalmente,
será también el Estado el llamado a consagrar excepciones  a dicha presunción.
No subyace a esta  manifestación del derecho estatal, ningún  ligamen con un
supuesto derecho inherente a la persona humana. Por el contrario,  antes
que reafirmar un derecho de la personalidad,  la cosa juzgada  consagrada en la
ley reivindica el poder de jurisdicción  del estado que se ejerce a través de
los jueces. La cosa juzgada se  trata no como derecho de los individuos sino
como algo que por  antonomasia pertenece al derecho público y donde campea una
voluntad  supraindividual que como acto de imperio otorga  y despoja, a su
arbitrio, contenido  de verdad  a sus  manifestaciones, de suerte que cuando
decide que ciertas decisiones de los jueces son definitivas e inmutables,
ellas  valen como verdad, lo que representa simplemente  un llamado a
su  acatamiento y una técnica persuasiva o un excesivo recurso de legitimación
que puede tal vez ser eficaz. Detrás de la presunción puede que sólo haya
metáfora  y metalenguaje, pero en últimas siempre  será posible exigir el
cumplimiento  de las sentencias no porque  éstas sean la verdad  sino
porque provienen de uno de los poderes  públicos, o sea están dotadas de autoridad.
En el Código Civil Francés, y en los Códigos inspirados en él, el aspecto
de autoridad propio de una decisión judicial definitiva e inmutable,
quiso ser asociado con la noción de verdad, pretensión  que refleja el
deseo del estado no de consagrar un derecho inherente a la persona humana sino
de reclamar  para una de sus  manifestaciones existenciales- las decisiones de
sus jueces - el  mayor y máximo respeto y observancia, toda vez que ellas  -
aquí  estriba su pretensión - no pueden ser miradas solamente como  meras
manifestaciones de su autoridad sino como muestras absolutas de verdad.  Si
ante  un fallo con autoridad de cosa juzgada, no vale implorar derechos de la
persona por el cercenados, pues sobre ellos el Estado  reclama   para las
decisiones  de los jueces  incondicional  obedecimiento como mandatos  que
reúnen auctoritas y veritas, ¿cómo puede sostenerse que estas
cualidades  de las sentencias se deriven de un supuesto  derecho  inherente
a la persona humana?.
Adoptando una
perspectiva diversa, algunos doctrinantes  han preferido explicar el fenómeno
de la cosa juzgada recurriendo a la figura de la ficción como más
apropiada que la de la presunción de derecho. El estado simplemente supone
(de ahí la idea de la ficción) que el contenido de la sentencia
corresponde  a la verdad, independientemente que ello sea o no cierto. La
teoría de la ficción,  que no entra esta Corte a criticar o avalar,  no sugiere
que la cosa juzgada sea la proyección de un derecho inherente a la persona
humana. Al igual que las restantes teorías su función es explicar y
justificar el carácter definitivo e inmutable que la ley otorga a ciertas
decisiones judiciales.  En todo caso, nada estará más alejado de un derecho
inherente a la persona humana que "una ficción de verdad". Los
derechos fundamentales no pueden construirse a partir de este tipo de
ficciones. Menos todavía cuando ellas pretenden dar una base de legitimidad
social a dictados provenientes del  imperio del estado. Solamente a partir de
un completo sojuzgamiento del individuo por el estado - alienación total -, es
dable construir la categoría  de los derechos fundamentales de la persona
humana sobre la apropiación e internalización  en la órbita de esta última de
todas aquellas necesidades  funcionales y existenciales  del aparato estatal,
como lo es la necesidad que llegue un momento en que los jueces del estado
deban pronunciar, en los  asuntos que se les sometan, la última palabra.
Una concepción
diferente vincula la cosa juzgada a los efectos de la sentencia  de modo que
aquella se la hace residir en la fuerza  vinculante de la declaración de
certeza que ésta contiene, la cual es especialmente  obligatoria para los
jueces que deben  sujetarse a ella en cualquier debate posterior sobre el mismo
asunto decidido.
Otra teoría postula
que las sentencias irrevisables  no se limitan  a declarar el derecho objetivo
sino que tienen  virtualidad configuradora y transformadora de las relaciones
jurídicas debatidas.
Ambas teorías
vinculan la cosa juzgada a la declaración  de certeza realizada por el juez, la
primera de ellas circunscribiendo su eficacia en términos puramente procesales
y la segunda otorgándole efectos sustantivos en lo que hace al reconocimiento y
extinción  de relaciones jurídicas. En últimas, la cosa juzgada se conecta  con
el efecto de la sentencia que genera una indiscutible  declaración de certeza
ya sea que ésta tenga  una vigencia reducida  al plano procesal o se predique
del ámbito de los derechos que reconoce  o extingue.  En ninguno de los casos
la cosa juzgada se entiende como emanación  de un derecho inherente a la
persona humana. Por el contrario,  el fundamento de la cosa juzgada se
reivindica como campo  particular del derecho  procesal del estado, según  la
primera de las teorías estudiadas. Y, de acuerdo con la última, la cosa juzgada
se manifiesta en la configuración  directa por la sentencia de relaciones
jurídicas  sin ser ella misma, aparte de forjadora de relaciones  jurídicas,
derivada de un supuesto derecho inherente a la persona humana.
Finalmente, a partir
de una concepción puramente normativa, la sentencia se contempla como norma
individual y el problema de la cosa juzgada se plantea en términos de su
vigencia en el tiempo,  concretándose  en la prohibición  existente para
ciertos casos de la derogación de esta especie de norma individual judicial por
otras normas posteriores, con el objetivo de garantizar la  estabilidad
jurídica del sistema. La prohibición aquí tampoco obedece a un pretendido derecho
inherente a la persona  sino a  una norma positiva que establece la
prohibición derogatoria y de esta manera fundamenta la cosa juzgada.
60. El recuento de
algunas de la principales teorías  acerca del fundamento de la cosa juzgada
demuestra que no deriva este principio de un pretendido derecho inherente a
la persona humana. Las teorías  modernas se ocupan de justificar la figura
a partir de su expresa consagración  legal y de criterios prácticos de
conveniencia general inspirados en la necesidad de mantener los valores de
certeza jurídica y paz social.
Los diferentes
códigos de procedimiento han consagrado  expresamente la figura de la cosa
juzgada. En los indicados  códigos se regula el ejercicio de la jurisdicción
por parte del estado y de manera especial el efecto de las sentencias,
principal acto a través del cual el órgano jurisdiccional cumple  la obligación
correlativa al derecho de acción y ésta a su vez  realiza su objeto y
simultáneamente se da cabida y responde  al derecho de contradicción.
En Colombia no se
hace necesario recurrir a principios universales o a tratados internacionales
para descubrir la figura  de la cosa juzgada. El Congreso, en ejercicio de su
atribución  constitucional de dictar las leyes y, particularmente, de su
función de "expedir códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones" (CP art. 150, numerales 1 y 2),  ha consagrado
y precisado  los contornos de esta figura.
Entre otras normas
legales que regulan la cosa juzgada basta citar las siguientes : artículos 9 y
16 del Código Penal; artículo 17 del Código de Procedimiento Penal;  artículos
332 y 333 del Código de Procedimiento Civil; artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo.
La definición de la
cosa juzgada  en los diferentes procesos  y sus efectos, la determinación  de
sus requisitos, el señalamiento de las sentencias que constituyen  y no
constituyen  cosa juzgada, y sus excepciones, son aspectos que integran una
materia que, en nuestro ordenamiento, es de orden legal y carece de jerarquía
constitucional. Entre otras razones, la rigidez propia del texto constitucional
no aconseja someter una  materia tan dinámica a la normativa constitucional.
Por eso el Constituyente abandonó su tratamiento concreto a la ley y no es
difícil verificar que su regulación se aloja en los códigos de  procedimiento.
61. Las leyes que
consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la Constitución. La
regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía o status superior a
la Constitución  y su interpretación  debe hacerse según  el sentido que mejor
armonice con sus principios y preceptos.
Parecería  la
aclaración anterior una ociosa reiteración del  principio de supremacía de la
Constitución sobre las leyes. Se impone hacerla sin embargo por la persistencia
del arraigo mítico que la cosa juzgada todavía  suscita en la jurisprudencia
nacional y que recuerda esa fase del Derecho Romano primitivo brevemente
reseñada en esta sentencia.  De hecho el intento que se ha  demostrado fallido
de sustentar la cosa juzgada en el artículo 94 de la Constitución Política como
derecho inherente a la persona humana expresa una  creencia en un
equivocado y distante valor supranormativo y supraconstitucional de dicha
figura.
De otra parte, la
aclaración pretende dejar  bien establecido que  los linderos entre
Constitución y ley no se suprimen ni se extinguen por confusión cuando esta
última refleja  y desarrolla valores y principios constitucionales. Los valores
y principios constitucionales - como los de paz, prevalencia del interés
general y vigencia de un orden justo - están llamados a inspirar y permear todo
el ordenamiento  jurídico, sin que por ello las leyes que sirvan de vehículo
para su realización práctica adquieran rango constitucional. Aún más, en caso
de conflicto entre dichos valores y la eficacia de los derechos fundamentales
el constituyente ha optado por la primacía de los derechos inalienables de la
persona (art. 5).
La regulación de la
cosa juzgada por la ley puede justificarse en criterios de interés
general y de conservación  de la paz social. De allí no se sigue que esa ley
y la materia regulada, la cosa juzgada, adquieran status
constitucional. Hacer caso omiso de la posible violación  de los derechos
constitucionales fundamentales a fin de mantener la intangibilidad de las cosa
juzgada es  supeditar la Constitución a la ley e invertir la pirámide
normativa. El raciocinio de la Corte Suprema de Justicia obra en la ley una
extraña metamorfosis pues la convierte en principio supranormativo y como  tal
condicionante y subordinante  de la Constitución, para lo cual apela a la idea
de la cosa juzgada como derecho inherente a la persona humana, extremo
que ha resultado carecer de todo fundamento.
El camino lógico que
debe transitarse es el de entender cabalmente el contenido y alcance legal de
la cosa juzgada y dar una interpretación de la misma conforme a la Constitución.
De este modo se podrá determinar si la institución de la cosa juzgada  puede
conciliarse - y de qué manera - con el respeto a  los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución y cuyo  cumplimiento coactivo puede surtirse a
través de la acción de tutela.
62. En este orden de
ideas, la exacta delimitación del problema  constitucional que suscita la
regulación legal de la cosa juzgada, exige detenerse a examinar la tensión que
subyace a esta figura así como a la dinámica de sus elementos.
Los litigios y
controversias cuya resolución pacífica se somete  a la decisión de los jueces,
deben tener un fin y reclaman una  pronta composición por parte del estado. Así
se satisfacen  los deberes del estado frente a las demandas de estabilidad
jurídica y paz social. Llega un momento en que las sentencias deben  adquirir
irrevocabilidad e inmutabilidad, para no poner en peligro la estabilidad
jurídica. De otra parte, para asegurar la agilidad que debe caracterizar  al
estado en la definición de los procesos, la Constitución Política ordena a los
jueces cumplir diligentemente los términos procesales (CP art. 228), pues de lo
contrario no solamente se pierde la utilidad y la oportunidad de la justicia
sino se incuba un germen de desorganización social que puede quebrantar la paz.
Pero la paz también  exige que la decisión  de los jueces sea justa como quiera
que la injusticia es la mayor  causa de congoja e insatisfacción  que puede
soportar un pueblo.
Definir el problema
planteado supone tener en cuenta los elementos mencionados sobre los cuales la
Constitución se pronuncia de manera expresa. Se garantiza  el derecho de toda
persona para solicitar la tutela de la justicia (CP art. 229). La
Administración de Justicia debe tomar decisiones sobre los asuntos que
se someten a su consideración y hacerlo de manera imparcial (CP art.
228). Los jueces deben actuar con prontitud y diligencia (CP art.
228). Las sentencias de los jueces deben ser justas  dado que ellos son
uno de los principales instrumentos del estado para asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo (CP art. 2).
De ahí que el
verdadero problema constitucional que plantea la cosa juzgada no sea el
vislumbrado por la Corte Suprema de Justicia  pues es evidente  que la
regulación legal de la misma debe someterse a la Constitución y por ende
respetar los derechos fundamentales y ser objeto de escrutinio especial para
tal efecto, sino el de la compatibilidad de dicha regulación legal de la cosa
juzgada  con la exigencia que impone la Constitución a los jueces: que sus
sentencias aseguren la convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo.
63. El fin del
proceso debe ser la sentencia justa (CP art. 2): No la cosa juzgada a
secas.
Se admite sin
embargo que entre ese fin y su resultado concreto siempre existirá un margen de
diferencia atribuible a la falibilidad  del juicio humano y a las limitaciones
de orden  técnico y probatorio inherentes al instrumental del cual se sirve  el
juez  y que en cierto modo se tornan muchas veces insuperables.
Repárese solamente
en las variadas limitaciones intrínsecas y circunstanciales que exhiben los
diferentes medios de prueba (testimoniales, documentales etc.) para apreciar la
dificultad que enfrenta el juez que sólo por su conducto puede acceder al
conocimiento de los hechos que sustentan las pretensiones de las  partes o
conforman la base real e histórica de las causas sobre las cuales debe decidir.
Añádase a lo
anterior, el deber  imperioso de fallar que pesa  sobre el juez, so pena  de
incurrir en caso contrario en denegación de justicia (Ley 153 de 1887, art. 48;
artículo 150 del Código Penal),  independientemente de la deficiencia del
material probatorio y del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley a
aplicar.
La búsqueda de la
justicia y la verdad podría no tener término. Razones prácticas ya mencionadas
llevan a la necesidad de clausurar en un momento dado las controversias y a que
sobre  ellas se pronuncie la última palabra por parte del juez, no obstante las
deficiencias e inseguridades anotadas. La cosa juzgada  precisamente se edifica
sobre la precariedad objetiva y subjetiva de la tarea secular de administrar
justicia y se hace  cargo de tal precariedad, inmunizando las decisiones
judiciales  que la ley determina, contra los ataques e impugnaciones
posteriores que contra ellas se dirijan.  Esas decisiones que hacen tránsito a
cosa juzgada, pese a su no-verdad o no completa verdad, valen como verdad y
deben cumplirse. Lo que se expresa en la conocida expresión res iudicata pro
veritate habetur.
La cosa juzgada es
en últimas una fórmula de compromiso, quizá imperfecta pero en todo caso
práctica,  entre las exigencias  de justicia y paz, y la certeza jurídica y
agilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La cuestión que tiene
directa relevancia  constitucional es la de determinar cuánta justicia y cuánta
paz deben sacrificarse  en aras de la certeza  jurídica y de la agilidad de la
función jurisdiccional. Esta pregunta es forzosa  en el nuevo marco
constitucional que asigna a los jueces la  misión de administrar justicia y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art.
2o).
64. El sentido de la
entera obra del Constituyente  se orienta al  establecimiento de un orden
social justo. Por consiguiente entre las alternativas de solución de un
caso, el Juez debe  inclinarse  por la que produzca el resultado más justo y
resuelva de fondo la controversia dando prevalencia al derecho sustancial (CP
Preámbulo, arts. 2 y 228). No cabe duda que a la luz de la Constitución  debe
afirmarse como valor orientador de la actividad judicial el favorecimiento de
la justicia material que se condensa en la consigna pro iustitia.
En razón del
principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en
aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El juez
como instrumento de la justicia y de la paz y no solamente de la ley positiva
tiene, en la nueva Constitución, la delicada y excelsa misión de ser con
ocasión de cada caso concreto sometido a su decisión, el artífice de ese orden
social justo. Lo que cubre la cosa juzgada con su firmeza debe en su mayor
extensión  responder a un contenido de justicia material. El mero
"decisionismo", no corresponde  a la filosofía que anima la Constitución.
Frente al problema
planteado conviene avanzar en un doble sentido. Primero, determinando unos
criterios generales que apunten a la progresiva construcción  de la justicia
material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión justa
que la mera inmunidad que protege una decisión de estado. Y es que la cosa
juzgada,  en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no  como  razón de
estado sino como expresión de justicia. Segundo, señalando  específicamente lo
que en ningún caso puede  ser sacrificado en función de la certeza o seguridad
jurídica y que corresponde al "mínimo de justicia material"
que debe contener una sentencia. Sólo de esta manera se puede delimitar el
ámbito de seguridad jurídica que permite sustraer a una decisión  judicial
cubierta por la cosa juzgada de los ataques  e impugnaciones  de que puede ser
objeto por su ilegalidad o injusticia.
65. La progresiva
construcción de justicia  por los jueces enriquece la cosa juzgada pues sus
fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Los criterios
generales de justicia material, cuya elaboración debe hacerse a partir de la
Constitución, están llamados a consagrarse  en el curso de una  evolución
histórica que tenga siempre presente la realidad del país. Sin embargo, desde
ahora pueden esbozarse algunas pautas de justicia que surgen  directamente del
texto constitucional y cuya incorporación  a la faena judicial no hará sino,
como acaba  de decirse, enriquecer la cosa juzgada.
Los artículos 228 y
229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el  derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración justicia. Por esta
vía los particulares solicitan a los jueces la protección de sus derechos tanto
de los consagrados en la Constitución como en otras normas. Este derecho se
asienta sobre  la concepción de un Estado material de derecho que por
definición no agota su pretensión  ordenadora en la proclamación formal de los
derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva
realización.
El derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia  comprende
en su ámbito las sucesivas  fases de tramitación  de las peticiones  de
actuación  que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en
cada caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre
los dos "tramos" que corresponden respectivamente a los momentos de
tramitación y resolución de peticiones.
En lo que reLa
sentencia que pone fin al proceso puede traducir un comportamiento del Juez que
irroga agravio a los derechos fundamentales de una persona. El otro medio de
defensa judicial en este caso no puede ser ni el antecedente de la
sentencia - por definición anterior al agravio - ni esta última - por
definición causa del agravio -, por elementales razones de orden temporal,
tratándose del primero y, lógico, tratándose de aquélla.
El deplorable error
de la mayoría se acompaña de una pérdida acusada de poder focalizador. El proceso
no se dirige contra el Juez; lo falla el Juez. La acción de tutela contra
sentencias, en cambio, sí se dirige contra el Juez y lo falla otro Juez.
Cómo, sin confundir irremisiblemente una y otra cosa, puede sostenerse que el primer
proceso es el medio de defensa  de la persona frente a las vulneraciones de
sus derechos fundamentales originadas en la actuación judicial?.
specta al primer
momento, debe comenzarse por afirmar que en virtud de lo establecido en el
artículo 228 de la Constitución Política, se ha constitucionalizado el
principio de interpretación según el  cual la ley procesal debe
interpretarse teniendo en cuenta  que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Con esta
idea en mente pueden destacarse  otros principios con efectos inmediatos  en el
desenvolvimiento  del proceso.
Las dilaciones
indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la
justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el artículo
228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las
personas  dentro de unos plazos razonables. Sopesando   factores inherentes a
la Administración de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento  de
las peticiones  y que están vinculados con un sano criterio de seguridad
jurídica, conjuntamente  con otros de orden externo propios del medio y de las
condiciones materiales de funcionamiento del respectivo Despacho judicial,
pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del
rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho
fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos.
El derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia impone a
los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial
de las partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para
que una parte  pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a
mero requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho
fundamental a ser notificado de conformidad  con la ley de manera efectiva y
real.
La igualdad
sustancial  de las partes y el respeto a sus derechos fundamentales obliga al
juez a abstenerse de decretar y prácticar ciertas pruebas que resulten
incompatibles con el ordenamiento constitucional. Pero, sin perjuicio de lo
anterior, el juez en términos  generales tiene la obligación positiva de
decretar y prácticar las pruebas que sean necesarias para determinar la verdad
material, pues esta es la única manera para llegar a una  decisión de fondo que
resuelva la controversia planteada y en la que prime el derecho sustancial y el
valor justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución
Política. En este sentido, debe  reinterpretarse a la luz de la Constitución,
el alcance de la carga de la prueba regulada por algunos códigos de
procedimiento.
Independientemente
de la aplicación general del indicado principio probatorio, en algunos casos el
Juez en atención a la necesidad  de promover la efectividad de los derechos
fundamentales y en razón del principio pro iustitia podrá disponer que
la prueba de un hecho, dadas las circunstancias  concretas y excepcionales de
la causa, no recaiga sobre quien lo alega sino sobre la parte que esté en
mejores condiciones  o posibilidades de probarlo.
En lo que respecta
al segundo momento, o sea el de la resolución de las controversias, debe
tenerse en cuenta que la aplicación  e interpretación del derecho debe hacerse
conforme a la Constitución. La norma que primero y en grado mayor obliga al
juez es la Constitución. Si bien los jueces en sus providencias  sólo están
sometidos al imperio de la ley (CP art. 230), en todo caso de
incompatibilidad  entre la Constitución y la ley  u otra norma jurídica,
se aplicarán sus disposiciones (CP art. 4). Las normas constitucionales
están llamadas a ser aplicadas directamente a las controversias  y para ello,
por regla general, no requieren de la mediación  de la ley por cuanto tienen
un contenido normativo propio y autosuficiente. Las leyes y demás normas del
ordenamiento no deben aplicarse si resultan  incompatibles con el sentido de la
Constitución y, en todo caso,  deberán interpretarse del modo que más armonicen
con el texto constitucional. La Constitución aspira a tener una plenitud de
sentido y a permear con sus principios y valores el entero  ordenamiento.
Cualquier pieza normativa del ordenamiento, por ende, para subsistir en él y reclamar
obediencia debe  conciliarse con la letra y el espíritu de la Constitución. Esa
decisiva  verificación  es una de las tareas más delicadas que el Estado confía
al poder judicial, en el momento en que éste procede a decidir los asuntos que
se someten a su consideración.
No se trata de una
mecánica y formal aplicación del derecho a los hechos. La Constitución pretende
que el juez - obligado portador de los principios y valores incorporados
positivamente al texto constitucional - al decidir la controversia busque
materializar en el mayor grado posible tales principios y valores de modo que
su sentencia asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
En la sociedad democrática que establece la Constitución la misión del juez se
concreta en la de ser un instrumento eficaz de justicia material.
66. De lo dicho
puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede
mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente
bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso
sacrifique cada vez menos justicia en aras de la consecución de la necesaria
estabilidad jurídica. En otras palabras, en cada momento histórico habrá un
"precio" límite en términos de justicia sacrificada a partir del cual
no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad
jurídica.
Los criterios de
justicia material extraídos de la Constitución, llamados a gobernar el proceso
y su resolución - o sea, los momentos de tramitación de los pedidos de justicia
y de decisión de las controversias - están destinados a ganar para la justicia
material un mayor espacio. El acatamiento de las indicadas pautas de justicia
hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada tengan un mayor
contenido intrínseco de justicia.
Aparte de los
criterios constitucionales aplicables a la tramitación y decisión de los
procesos, cuya finalidad es incorporar a la sentencia el máximo contenido de
justicia, la Constitución determina un ámbito que representa el mínimo de
justicia material que ella debe contener y que en ningún caso puede
sacrificarse en aras de la seguridad jurídica. Ese ámbito merecedor de tan
especial protección corresponde a los derechos fundamentales cuya efectividad
se eleva a fin esencial del estado y a razón de ser de sus autoridades (CP
arts. 1 y 2).
Los derechos
fundamentales previstos en la Constitución abarcan igualmente los momentos de
trámite de los procesos - garantía del debido proceso - así como de decisión de
la controversia que deben enderezarse hacia la efectividad de los mismos.
La sentencia que se
produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales - tanto
de orden sustantivo como procesal -, por no incorporar el mínimo  de
justicia material exigido por  el ordenamiento constitucional, no puede
pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por
lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter.
La violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la convivencia,
quebranta la paz social. La  violación o desconocimiento de los derechos
fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad
jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera
será siempre frágil. El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole
los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en
arbitrariedad. La jurisdicción del estado como todo poder público se origina en
la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo  y no puede ejercerse para
desconocer o violar sus derechos fundamentales. Todo lo anterior explica
suficientemente porqué se desintegra la cosa juzgada cuando ella afecta el mínimo
de justicia material dado por los derechos fundamentales. Ninguno de los
elementos cuyo equilibrio conforma y regula la cosa juzgada -paz social,
justicia, seguridad jurídica,  autoridad judicial- se mantiene en pie cuando la
sentencia vulnera o desconoce los derechos fundamentales.
67. La Constitución
y la ley promueven a través de la consagración de diversos recursos la
consecución de un resultado justo como desarrollo de la actividad judicial. El
ordenamiento, a través de la organización de recursos, pretende
"maximizar" las posibilidades de arribar a una decisión justa. Se
quiere que la cosa juzgada, pese a las dificultades objetivas y subjetivas de
todo orden, exprese el mayor contenido posible de justicia.
La nueva
Constitución asigna a los recursos ordinarios y extraordinarios que puedan
proponerse contra las providencias judiciales una importancia decisiva como
mecanismos que permiten al aparato judicial depurar los contenidos de
injusticia de sus proveídos. De ahí que el artículo 31 de la Constitución
Política establezca que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagre la ley. La impugnación y la consulta son la
regla general con el fin de asegurar - con las limitaciones propias de lo
humano - la justicia y ponderación de las decisiones finales de los jueces.
Apuntando los recursos a la  obtención  de justicia  material y teniendo
prioridad la  efectividad de los derechos y la aplicación del derecho
sustancial, la concesión de los recursos no debe supeditarse a un excesivo
ritualismo y sobrecarga de requisitos formales, como  ocurre con el recurso de
casación. Por el contrario, existe una clara correlación entre la concesión  de
derechos por la  Constitución  y la ley y la entrega a las personas de recursos
y  medios procesales para hacerlos valer.
En este contexto la
acción de tutela prevista en el artículo  86  de la Constitución Política es un
medio procesal especial que complementa  el derecho sustantivo constitucional,
mediante la concesión de un arma  poderosa a las personas que vean sus derechos
fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren
estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el
eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se
torne inimpugnable e  irrevocable  no obstante el flagrante desconocimiento del
mínimo de justicia material  que debe expresar toda sentencia y que sólo
se da cuando se respetan y se hacen efectivos  los derechos fundamentales.
68. El análisis
anterior permite acotar un terreno en el cual no son inconciliables  las
instituciones de los derechos fundamentales - la acción de tutela que es el
instrumento especial de su defensa es a su turno  y por esta razón  un derecho
fundamental - y la cosa juzgada. Hemos visto que encontrarlo es indispensable
para la sobrevivencia constitucional de la cosa juzgada que debe interpretarse
siempre de conformidad con la Constitución.
La cosa juzgada
marca el límite que la ley establece a las impugnaciones y mutaciones de que
puede ser objeto una sentencia  judicial. Hay sentencias que están expuestas  a
cambios  y modificaciones y no hacen tránsito  a cosa juzgada. Existen otras
que  no pueden luego de ejecutoriadas ser objeto de recurso alguno, pero que
admiten su revisión extraordinaria como es el caso de los recursos
extraordinarios de revisión y anulación. Cuando  ya no cabe recurso alguno,
dentro ni fuera del proceso, se habla en estricto rigor de cosa juzgada. La cosa
juzgada, como límite de lo  inimpugnable e inmutable, puede  ser objeto de
mudanza  por la ley  al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en
cuyo  caso la cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que
siempre habrá un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que
los litigios  y causas tengan un fin  y "se pronuncie la última
palabra".
Si la ley puede
producir el anotado desplazamiento  - en  cualquiera de los sentidos - de la
cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede
hacer el constituyente al incluir una acción - en este caso la acción de tutela
como mecanismo idóneo - contra las sentencias que violen los derechos
fundamentales. En este caso el límite  de la cosa juzgada se desplaza hacia
adelante y sólo luego  de la decisión que desate el procedimiento  que se
instaura con ocasión  de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor
de cosa juzgada.
De la manera
señalada, la cosa juzgada no se elimina y por el contrario se enriquece  pues
si prospera la acción de tutela y por ende se modifica la sentencia judicial,
ésta incorporará ese mínimo de justicia material sin el cual la cosa
juzgada por sí sola no se sostiene frente  a la nueva Constitución.
Finalmente, es importante
destacar que la acción de tutela no se superpone  a la cosa juzgada, en cuanto
el objeto de la primera es la acción o abstención del juez que en el sentir del
actor viola sus derechos fundamentales y así mismo el sujeto  frente  al cual
ella se dirige es el mismo juez a quien se imputa tal acción  o abstención. Lo
que ocurre es que el contencioso constitucional  a que da lugar  la acción de
tutela - la conducta  inconstitucional  del juez - necesariamente se refleja en
la sentencia y por esta  razón, de prosperar, acarrea su revocatoria y el
consiguiente  desplazamiento de la cosa juzgada".
Seguridad
jurídica y Justicia: el triunfo de una visión opresiva y falsa del interés
general
16. La idea de
justicia y de interés general se vincula exclusivamente, por la mayoría,
"con la necesaria certidumbre de las decisiones judiciales".
La sentencia
proferida por la Corte Constitucional se inspira en el temor de que la acción de
tutela contra sentencias violatorias de los derechos fundamentales, afecte la
seguridad jurídica y, consiguientemente, el interés general y la justicia
misma.
De haber profesado
la mayoría no un concepto puramente formalista y autoritario del interés general
y de la justicia, seguramente habría disipado su infundado temor. Repudia al
interés general y a la justicia que se mantengan y desplieguen toda su
eficacia, sentencias dictadas en abierto desacato de la Constitución y
profanando los derechos fundamentales de las personas. Por el contrario, el
interés general y la justicia se favorecen con la implantación de mecanismos -
como la tutela contra sentencias - orientados a depurar el contenido de
injusticia y de inconstitucionalidad de las sentencias.
La interpretación
constitucional debe favorecer la coexistencia y máximo desenvolvimiento de los
valores y fines constitucionales. La sentencia de la Corte, lamentablemente,
sacrifica el interés general, la justicia y la primacía de los derechos
fundamentales - que dice defender - en aras de una espuria seguridad jurídica,
representada por las sentencias violatorias de los derechos fundamentales
devenidas inimpugnables. A este respecto, la mayoría eludió todo esfuerzo
interpretativo enderezado a conciliar la certeza jurídica - que privilegia en
su sentencia por encima de cualquier otra consideración y valor - y la Justicia
- que la supedita a una subalterna necesidad de "certidumbre
jurídica". Por ello dejó de reflexionar sobre las características de
preferencia y sumariedad de la acción de tutela y la consagración de breves y
perentorios términos para su ejercicio, impugnación y revisión, y la existencia
misma de un término corto de caducidad, todo lo cual ofrecía al intérprete una
base material suficiente para conciliar la verdadera exigencia de certeza con
la necesidad de justicia. Pero, ya se ha visto, fue otro el camino escogido por
la mayoría. Desacreditar la acción de tutela contra sentencias, atribuirle a
ella características inexistentes y omitir sus rasgos propios derivados de la
Constitución y de la ley, y así tornar expedita, fácil y ligera la obra de
ultimar su inexequibilidad.
Como la mayoría no
puede negar "que las equivocaciones de los jueces constituyen fuente de
injusticias y de violaciones a los derechos", la inimpugnabilidad de las
sentencias basadas precisamente en esas "equivocaciones", condición
para no afectar el "interés general", resulta a la postre
sacrificando a las víctimas de los desafueros judiciales, de quienes se
pretende un ulterior acto de inmolación, a fin de que la justicia-andamiaje no
sucumba, y ese acto es que renuncien a la acción de tutela.
Haciendo un rápido
recuento de algunas situaciones examinadas por esta Corte al revocar sentencias
violatorias de derechos fundamentales, bajo la nueva óptica que ofrece la
novedosa doctrina acogida por la mayoría, debió la Corporación, en lugar de
haber ordenado la revocatoria de la sentencia que aumentaba la pena del
apelante único de 18 meses de prisión a cuatro años dos meses, haber convencido
al afectado, señor MOISES TUATY, a que permaneciera 36 meses más en prisión
contribuyendo a evitar que el interés general se viera expuesto a peligro y que
el caos se apoderara del sólido sistema judicial colombiano que no sería capaz
de asimilar una rectificación de este error judicial.
Por su parte, la
señora ESTHER VARELA, en aras del interés general, no ha debido ejercer la
acción de tutela para impedir que se consumara la entrega del 50% del inmueble
que venía poseyendo ininterrumpidamente desde hacia 21 años y que,
desconociendo su aporte laboral a la sociedad de hecho conformada con su
concubino fallecido, se había adjudicado judicialmente a la heredera única de
este último.
Tampoco SOL ANYUL
RIOS ZAPATA, agente oficiosa y única persona que en este momento protege a la
menor de edad LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, sobrina suya, ha debido solicitar
mediante la acción de tutela la protección de sus derechos constitucionales
conculcados con la sentencia de un juez de familia que se negó a suspender la
potestad parental del padre por no encontrar probado el abandono de la menor
pese a que éste fue declarado reo ausente en el proceso penal en el que se le
sindica de haber dado muerte a la madre de aquélla y no se hizo presente, en
ningún momento, en el proceso de suspensión de la potestad parental, en el
curso del cual se le debió designar curador ad litem. SOL ANYUL RIOS ZAPATA
todavía ignora que la revocatoria de la sentencia, por ella solicitada como
mecanismo de protección, ha causado caos en el sistema judicial colombiano y
que ha debido, bien miradas las cosas, abstenerse de formular su petición
constitucional de protección de los derechos de la menor, a fin de evitar
tamaña afrenta al interés general.
Igualmente, en mala
hora y sin pensar ni considerar el interés general - quizá por su estado de
enfermos mentales -, en un acto de egoísmo un grupo de inimputables privados de
la libertad por más de 22, 26 y 30 años se revelaron contra las decisiones
judiciales que, sin atender los dictámenes médicos que los favorecían, les
habían impuesto en la realidad una medida de seguridad perpétua, y ejercieron
la acción de tutela que condujo a una sentencia de revisión de la Corte
Constitucional que ordenó la revocatoria de tales decisiones, inaugurando una
era de caos en la administración de justicia, a la cual la mayoría friamente -
sin el "dramatismo" que ella repudia -  ha querido poner fin.
La justicia, como
toda obra humana debe obedecer a un diseño, así sea elemental. El interés
general y la justicia, erigidos sobre el sacrificio irredimible de las víctimas
de los administradores y jueces del Estado, no corresponde a un esquema que
pueda perpetuarse sin aceptar que la ignominia y el oprobio sean el sustento
del derecho. El interés de todos que reclame el sacrificio de una minoría es
tiranía. La administración de justicia que exija, como condición esencial de
funcionamiento, la conservación de situaciones como las mencionadas, no es
justicia o es inoperante y caduca y, en todo caso, es manifiestamente cínica.
Por eso los Magistrados que salvamos el voto advertimos al país que anteponer
la seguridad jurídica a la justicia material - mal interpretada porque una
comunidad donde la violación de los derechos fundamentales permanezca impune no
reúne ninguna condición mínima de seguridad - es un recurso truculento
inspirado únicamente en la lógica ciega del poder y en el inconfesado deseo de
conservar feudos intocados dentro del Estado.
Desconfianza en
el juez constitucional y descaecida fe en la justicia
17. El formalismo es
una mera técnica de dominación social, lamentablemente muy extendida entre los
jueces del país. Como toda ideología de esa estirpe sólo confía en el nudo
procedimiento del poder del cual emana y al cual sirve. No puede por tanto creer
en la justicia material. No falta en la sentencia la confesión de ese credo y
la reserva mental inextinguible que profesan sus ilustres conmilitones:
"(...) si de naturaleza humana hablamos, no es menos falible la del Juez
que actúa en sede de tutela que la del Juez encargado de fallar en los procesos
ordinarios".
18. El escepticismo
autoritario de la mayoría es el mayor mentis que ha recibido la
Constitución de 1991 como que no puede ignorarse porque procede de sus guardianes.
No se tiene por cierto que los Jueces puedan ser instrumentos de
justicia material. De plano, sin aportar prueba de su aserto, los cuatro guardianes
desestiman la capacidad del aparato judicial para administrar justicia
constitucional. La Constitución, en cambio, cree en la persona humana, defiende
su dignidad y confía al Juez la protección de sus derechos. Esta convicción es
la esencia de la Constitución. La Constitución es la defensa de esta
convicción. La Constitución, así como reivindica la dignidad de la persona
humana, cree en el Juez, sin parar mientes en su especialidad, como defensor de
sus derechos. Un Juez puede, por tanto, examinar la actuación de otro Juez y
determinar si respetó o vulneró los derechos fundamentales de una persona y al
hacerlo está cumpliendo el sagrado ministerio que se ha impuesto el Estado
social de derecho: preservar la dignidad humana y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y su
acatamiento por todas las autoridades públicas, sin excepción.
19. Con
prescindencia de la actitud sicológica del Juez constitucional, ésta no puede
convertirse por sí sola en pauta o referencia constitucional, contra la cual se
examine la constitucionalidad del precepto acusado. La Constitución
expresamente organiza un sistema de defensa de los derechos humanos
caracterizada por la prontitud - en diez días debe resolver sobre la solicitud
de protección - y la existencia de dos instancias y de una eventual revisión a
cargo de la Corte Constitucional. La visceral desconfianza de la mente
autoritaria en la justicia terrenal no puede desautorizar el sistema cuya
ingeniería fue obra del mismo constituyente. No pueden los guardianes de
la Constitución con apoyo en sus propios prejuicios dejar de lado el texto de
la Constitución y cercenar, por sí y ante sí, las oportunidades que él brinda a
sucesivos jueces y a la misma Corte para hacer justicia, desde luego dentro de
las posibilidades humanas. Con tanta desconfianza hacia el juez constitucional
¿para qué justicia?
Lectura
autoritaria de la Constitución
20. La lectura de la
Constitución que realiza la mayoría recupera únicamente vocablos y expresiones
que en ella evocan poder y autoridad. La función de guarda de la
Constitución se confunde con la preservación del orden y la autoridad.
Por vía de ilustración de este significativo matiz de la sentencia, a
continuación se describe un paisaje de la misma respetando la negrillas con las
que la mayoría quiso resaltar y marcar un énfasis: "(...) el preámbulo de
la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta la
autoridad del Estado Colombiano, el de "asegurar a sus integrantes
(...) la Justicia, (...) dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden (...) justo (...)".
Aparte de que se
omite del preámbulo la importante mención que hace a la vida, la convivencia,
el trabajo, la libertad y la paz, llama la atención que sólo se subraye lo que
tiene que ver con la seguridad y el orden. El principio
democrático y la justicia, no recibe el idéntico énfasis por parte de la
mayoría.
21. La lectura
autoritaria de la Constitución lleva inexorablemente a una interpretación
autoritaria, que no es la que corresponde a la verdadera semántica de ese
texto, el cual se altera con una lectura tan deliberadamente segmentada como
hace la mayoría. Y es que orden político, económico y social justo, no
es lo mismo que orden. Igualmente, asegurar un orden no es
equivalente a asegurar un orden político, económico y social justo. Este
orden justo es un orden ontológicamente cualificado como lo es también el Estado
social de derecho. En los dos casos, orden y Estado, lo que
determina una esencia diferente es su necesario contenido de justicia.
No sorprende que esa lectura autoritaria desprovista de la carga axiológica y
finalista de la nueva Constitución y, por lo tanto, alejada de su semántica
sustancial y de su sentido histórico renovador, hable de la cosa juzgada
"a secas" sin exigir que para que lo sea deba incorporar un mínimo
de justicia material representado por el respeto a los derechos
fundamentales. Tampoco escandaliza, teniendo presente la lectura segmentada
hecha por la mayoría, que de acuerdo con ella pueda el juez en su sentencia
vulnerar los derechos fundamentales y no obstante conservar su intangibilidad,
pues, para la mayoría su función estriba en asegurar un orden y no en
ser instrumento de un orden justo y como tal estar también limitado por
ese orden justo. El aseguramiento del orden  puede pasar por el
despotismo - a ello conduce la violación de los derechos fundamentales por
parte de la autoridad -, pero eso no preocupa a la mayoría, al punto que
intentar actuar contra él y cuestionar a través de una acción judicial ese
ejercicio torcido del poder es estigmatizado como fermento del caos.
Autonomía
funcional del Juez y protección de los derechos fundamentales
22. La acción de
tutela contra sentencias, a juicio de la mayoría, quebranta "el principio
democrático de la autonomía funcional del Juez" que "busca evitar que
las decisiones  judiciales sean el resultado de mandatos o presiones sobre el
funcionario que las adopta". Más adelante agrega la mayoría: "De
ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda
su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa
que se debate en el proceso, o en relación con el derecho que allí se
controvierte. No puede, por tanto, proferir decisiones que interfieran u
obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez del conocimiento,
ni modificar providencias por él dictadas (...) por cuanto ello representaría
una invasión en la órbita del Juzgador y en la independencia y desconcentración
que caracterizan a la administración de justicia (art. 228 C.N.)".
23. La acción de
tutela contra sentencias se ejerce ante un Juez - el llamado Juez de Tutela - y
se dirige contra el Juez que dictó la sentencia que el afectado considera
vulnera un derecho fundamental. La denominada "cuestión litigiosa" no
es objeto de la acción de tutela contra sentencias, sino la actuación o la
omisión del juzgador que ha causado la presunta lesión a un derecho
fundamental. No es posible ni jurídico dejar que sea el Juez
"acusado" el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su
propio comportamiento y determine si cometió o no una arbitrariedad contra la
persona; sería como librar a la parte la definición de su propia causa. Cuando
el Juez de tutela se pronuncia sobre la conducta del "Juez acusado"
no infringe la autonomía ni la independencia judicial de éste último salvo que
se entienda que ellas autorizan a violar impunemente con ocasión del
cumplimiento de su función los derechos fundamentales de las personas. Con
apoyo en semejante interpretación del principio de "autonomía funcional
del juez", no sería posible que un juez penal conociera del prevaricato
cometido por otro Juez al dictar una sentencia.
24. La mención que
hace la mayoría sobre posibles excesos e intromisiones del Juez de tutela
respecto de "diligencias judiciales ya ordenadas" o "
providencias ya dictadas", parece desconcertante si ella rechaza la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias, con lo cual tales
interferencias o "presiones" teóricamente no podrían presentarse".
En verdad, las consideraciones de la mayoría no están dirigidas a soportar
directamente la decisión que se adopta en el fallo. Ellas solo adquieren
sentido frente a lo decidido en algunas sentencias de revisión dictadas por
varias Salas de Tutela de esta Corporación  que dispusieron la revocatoria de
sentencias violatorias de los derechos fundamentales. Estas sentencias
suscitaron la crítica pública por parte de algunos voceros de los altos
tribunales que alertaron sobre presuntos excesos y dejaron entrever la investigación
penal de los Magistrados incursos en tales "extralimitaciones". La
mayoría ha creído oportuna esta ocasión para reiterar en un lenguaje, no por
abstracto y general menos comprensible y acusador, los cargos y censuras de que
hemos sido objeto los Magistrados que suscribimos este salvamento de voto. Como
pieza a la cual puede apelarse en el futuro, parece que no quería
desaprovecharse la oportunidad de verter estas consideraciones - ciertamente
innecesarias desde el punto de vista del fallo adoptado- en el cuerpo de una
sentencia que haría tránsito a cosa juzgada constitucional.
25. De todas maneras
las medidas tomadas en las sentencias de revisión referidas no pretendían
interferir en ámbitos legítimos de la independencia judicial. Su sentido no era
otro que el de proteger los derechos fundamentales de las personas que, en los
diferentes casos, habían sido víctimas de diversa suerte de arbitrariedades
judiciales. En los propios términos de la Constitución, la función de
protección es consustancial a la acción de tutela y no puede, por tanto, ser
ajena a la Corte Constitucional cuando revisa fallos de tutela y decide
revocarlos, precisamente en razón de su "autonomía e independencia
funcional", para utilizar aquí de manera exacta y correcta la expresión
usada por la mayoría.
La definitiva y
cabal intención del Constituyente
26. La
interpretación de la mayoría no solo distorsiona la figura de la acción de
tutela contra sentencias y modifica el sentido y alcance de la Constitución.
Termina por introducir una versión incompleta e inexacta de sus antecedentes en
la Asamblea Nacional Constituyente, que en modo alguno autoriza a la Corte para
sostener orondamente como lo hace que "existió, pues, en el seno de la
Asamblea Constituyente la plena convicción sobre el verdadero entendimiento del
artículo aprobado: se consagraba la acción de tutela como forma nueva de
protección judicial de los derechos, pero no contra las decisiones dictadas por
los jueces para resolver los litigios a su cargo."
Sobre este
particular se precisó en la Sentencia de esta Corte del 12 de mayo de los
corrientes, lo siguiente:
"En el seno de
la Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que
buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que
aparece en el texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo
cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de
articulado presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la
pretendida limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de
tutela a las autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael
Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes
Arcila y Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el contrario,
adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha acción a
cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo debate en
Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a
las acciones u omisiones de las autoridades administrativas la
interposición de la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar
los derechos fundamentales, la cual fue nuevamente derrotada al aprobarse
definitivamente  el actual artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta
sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila,
Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y
María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18)".
De otra parte,
coincide con la apreciación anterior el doctor MANUEL JOSE CEPEDA, Consejero
Presidencial para la Reforma Constitucional, en su libro "La Tutela
Materiales y reflexiones sobre su significado", (Imprenta Nacional de
Colombia 1992), en el cual se expresó:
"El polémico
tema de si procede la tutela frente a sentencias se ve esclarecido al revisar
lo sucedido dentro de la Asamblea.
En el trámite del
artículo 86 hay dos hechos trascendentales que vale la pena resaltar.
El primero es que la
Comisión Primera propuso a la Plenaria un artículo sobre la acción de tutela en
el cual no se decía nada sobre su procedencia frente a las sentencias y las
demás providencias judiciales o sobre el principio de la cosa juzgada. La
subcomisión de la Comisión Primera que elaboró el primer borrador trató de
prohibir este tipo de tutelas en su proyecto preparatorio, que según el
reglamento de la Asamblea carece del valor para reformar parte de los debates
formales puesto que responden tan solo a informe de los ponentes cuya labor era
la de preparar documentos que sirvieran de puente de partida en la Comisión
correspondiente. Sin embargo, la misma Comisión Primera suprimió dicha
restricción, según la cual "esta acción no procederá en relación con
situaciones consumadas o irreversibles o sobre las cuales se haya producido una
decisión con autoridad de cosa juzgada". De tal manera, que el debate se
inició sin que la Asamblea contemplara formalmente siquiera esa restricción a
la acción de tutela. En esos términos se aprobó desde el Primer Debate.
En la Comisión
Codificadora se abordó el tema de la tutela frente a sentencias. Algunos
delegatarios como Hernando Yepes Arcila propusieron que se impidiera este tipo
de tutelas cambiando la expresión "autoridad pública" por "autoridad
administrativa". Otros delegatarios como Alvaro Echeverry Uruburu y el
Gobierno se opusieron a una exclusión constitucional de esta naturaleza.
Finalmente, se mantuvo la expresión "autoridad pública". En el
Segundo Debate, el constituyente Hernando Yepes, junto con otros tres
delegatarios del Partido Social Conservador y la constituyente María Teresa
Garcés, presentaron a la Plenaria una proposición sustitutiva que cambiaba la
expresión "autoridad pública" por la de "autoridad administrativa",
precisamente para llevar ante toda la Asamblea la sugerencia que se había
formulado en el seno de la Comisión Codificadora. La Plenaria prefirió adoptar
el artículo ya aprobado en Primer Debate y mantenido por la Comisión
Codificadora.
De la evolución de
la norma contenida en el artículo 86 de la Carta en la Asamblea Constituyente
se deriva una conclusión clara: Cuando la Plenaria tuvo la oportunidad expresa
de excluir la acción de tutela frente a autoridades judiciales prefirió no
hacerlo".
La Comisión Especial
Legislativa, intérprete cercano del Constituyente, en desarrollo de las
facultades constitucionales para reglamentar la acción de tutela, se pronunció
favorablemente y consagró la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. La mayoría de esta Corte hizo caso omiso de la decisión democrática
del Legislador Especial, el cual desarrolló en el artículo 40 del Decreto 2591
de 1991, declarado inexequible, la intención del constituyente.
Jurisdicción
constitucional
27. El celo guardián
de la Constitución y de los derechos fundamentales, se ve suplantado en la
sentencia de la mayoría, por un obsesivo designio de conservar, a costa de la
Jurisdicción Constitucional, las competencias de las Jurisdicciones Ordinaria y
Contencioso Administrativa. No responde a la esencia del principio de autonomía
judicial, pregonado por la mayoría, sacrificar el derecho a la primacía e
integridad de la Constitución y, consiguientemente la Jurisdicción
Constitucional. Cabe aquí reiterar lo que sobre la materia se expresó en la
sentencia de tutela del 12 de mayo de 1992:
"34. La
Constitución realiza su objetivo cuando el discurrir comunitario y estatal se
conforma a sus dictados y acredita su primacía en cuanto sea capaz de imponerse
sobre las conductas que contradigan o ataquen el orden que pretende establecer.
La idea de Constitución es inseparable del atributo de prevalencia con el que
enfrenta las manifestaciones de la vida estatal o comunitaria que la nieguen.
La existencia de la
Constitución, como sistema o conjunto de normas, no es independiente de su
efectiva aplicación a la realidad concreta que pretende modelar. La deliberada
configuración normativa de la Constitución - norma de normas - exige la
institucionalización  de una eficiente y organizada reacción contra su
incumplimiento. Como lo expresaran los constituyentes ponentes del tema sobre
Control de Constitucionalidad "el corolario lógico de la jerarquía  de
normas en cuya cima se encuentra la Constitución, es la necesidad de un control
de constitucionalidad que vuelva eficaz el principio de la superioridad  de las
normas  constitucionales. Así en caso de contradicción entre la ley inferior y
la ley superior, es esta última la que deben aplicar los tribunales, los cuales
rehusarán aplicar la ley inferior o bien declararán su inconformidad con la
Constitución". (Ponencia sobre Control de Constitucionalidad, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado. María Teresa Garcés Lloreda y José
María Velasco Guerrero. Gaceta Constitucional No. 36 p.2).
La Jurisdicción
Constitucional se ha establecido por la misma Constitución como función
pública asignada a ciertos órganos  dotados de competencias judiciales
especiales cuyo cometido  consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Constitución.
El ejercicio de la
función de defensa del orden constitucional  confiada a la Jurisdicción
Constitucional contribuye de manera eficaz a configurar la realidad
constitucional, como quiera que su misión es la de que la Constitución
trascienda su expresión formal y se convierta en Constitución  en sentido
material.
Sin ella la
Constitución no sería norma de normas y carecería de carácter coercitivo. Este
carácter  que puede en ciertos eventos evidenciarse a través del uso de la
fuerza, en materia constitucional generalmente se hace visible con ocasión del
ejercicio de la Jurisdicción Constitucional que excluye del mundo
jurídico o impone la inaplicación de las normas contrarias a la Constitución y
sujeta a sus dictados las conductas transgresoras.
La Jurisdicción
Constitucional se pone en movimiento en los eventos previstos en la
Constitución. En algunos de ellos sólo se requiere de una iniciativa ciudadana
- acción de inexequibilidad - o de la petición de la persona agraviada - acción
de tutela.
Con lo anterior
quiere destacarse que la integridad y primacía de la Constitución, consagrada
por virtud del querer soberano del pueblo, es un derecho fundamental de las
personas que bajo distintas formas -acción de inexequibilidad, acción de
nulidad,  excepción de constitucionalidad, acción de tutela etc.- se concede a
ellas por la Constitución con miras a vigilar su cumplimiento y obtener, cuando
no sea así, que los poderes  públicos ejerzan sus competencias dentro de los
límites de la Constitución, se inspiren en sus valores y principios y respeten,
en todas las circunstancias, los derechos y garantías  de las personas.
Con independencia de
la necesidad institucional de la Jurisdicción Constitucional, inherente
a la condición normativa de la Constitución, ésta se instituye con el objeto de
hacer posible  el ejercicio del derecho fundamental de todas las personas a
la integridad y primacía de la Constitución. No sobra relievar la
naturaleza  fundamental de este derecho. En la Constitución se consagran las
reglas básicas de la convivencia pacífica y de la organización y ejercicio de
los poderes públicos. A través de la Jurisdicción Constitucional se
asegura su respeto.
35. La Jurisdicción
Constitucional, bien comprendido su objeto, debe entenderse en sentido
material, máxime si se tiene en cuenta  que las competencias específicas sobre
el particular no se radican en un único órgano judicial. De otra parte, sólo el
conjunto de las competencias en punto de control  constitucional, permite
extraer las características  y finalidades propias de la Jurisdicción
Constitucional, las cuales brevemente esbozamos a continuación.
36. Las principales
competencias en materia constitucional son  conferidas a los diferentes órganos
judiciales de manera directa por la Constitución.
El artículo 241 de
la Constitución Política confía a la Corte Constitucional la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución y enumera los asuntos  de
constitucionalidad sobre los cuales debe pronunciarse.
El artículo 237 de
la Constitución Política atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el
Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
De otra parte, según la misma norma, como Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley, le corresponde
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la actuación administrativa.
De conformidad con
el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
Con base en lo
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política, en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, los
jueces deberán aplicar las disposiciones  constitucionales.
La configuración de
la Jurisdicción Constitucional es una tarea que acomete  directamente la
Constitución y lo hace con base  en criterios materiales. Todas las competencias
de la Corte Constitucional integran la Jurisdicción Constitucional, pero no
todos los asuntos que pertenecen a ésta última se han adscrito a su
conocimiento. En todo caso, el ejercicio de las competencias en materia de
control constitucional, independientemente del órgano judicial que las ejerza,
se proponen de manera inmediata asegurar la primacía e integridad  de la
Constitución y conforman por ello la Jurisdicción Constitucional. Correlativamente,
la Jurisdicción Constitucional sólo  establecida del modo indicado, o
sea en términos materiales, corresponde a la extensión  del derecho
fundamental de toda persona a la integridad y primacía de la Constitución,  que
exige que en los distintos ámbitos de la vida pública y privada la Constitución
pueda desplegar en concreto su máxima eficacia ordenadora como suprema
condición de la paz social y pueda convertirse así en Constitución material,
con lo cual satisface su objetivo esta jurisdicción.
37. El derecho
fundamental a la integridad y primacía de la Constitución y las normas que
articulan la Jurisdicción Constitucional, deben interpretarse de manera
que potencien  al máximo la defensa y cumplimiento de la Constitución. Basta
observar que la Jurisdicción Constitucional  tiene una significación esencial
para el perfeccionamiento y vigencia del estado constitucional de derecho, la
división y equilibrio de las ramas del poder público, la distinción entre poder
constituyente y poderes constituidos, la división vertical del poder del estado
y el respeto de los derechos fundamentales.
38. La Jurisdicción
Constitucional es la garantía básica del Estado constitucional de derecho.
El poder público en todas sus manifestaciones - estado-legislador,
estado-administrador y estado-juez - se origina en el pueblo y se ejerce en
los términos que la Constitución establece (CP art. 3o.). La Jurisdicción
Constitucional asegura que efectivamente todos los poderes  públicos
sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las
sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios
constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el
correcto  y legítimo  ejercicio de una función constitucional.
El ejercicio de la Jurisdicción
Constitucional, indispensable en el estado de derecho, es hoy además
crucial a fin de mantener un adecuado equilibrio de poderes y salvaguardar la
esfera de la libertad y los derechos de grupos y minorías carentes de
influencia real en el proceso de toma de decisiones. La intervención creciente
del estado en sectores de la vida económica y social, antes alejados de su
interferencia, ha multiplicado el tamaño  y poder de la administración y
modificado el papel de la ley y la función  del Congreso. A lo anterior se suma
el grado variable de incidencia de los grupos privados organizados sobre las
dos ramas que concentran los más importantes recursos de poder en la sociedad.
La rama judicial, a través de la Jurisdicción Constitucional, está
llamada a contrapesar  inteligente y responsablemente  el crecimiento del
legislativo y del ejecutivo modernos. El estado de derecho requiere del igual
fortalecimiento de las tres ramas del poder público.
39. La  Jurisdicción
Constitucional,  y el derecho fundamental a la integridad y primacía de
la Constitución, se orientan a preservar la división, que nunca debe
soslayarse, entre poder constituyente y poderes constituidos. Esta función
esencial se cumple por la Jurisdicción Constitucional, al impedir que
los poderes  constituidos (ramas legislativa, ejecutiva y judicial) se aparten
de los mandatos y cauces de actuación establecidos en la Constitución. La
ausencia de control, tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia en
relación con las sentencias, lleva a que se esfumen los contornos de esta
división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución.
40. La Jurisdicción
Constitucional garantiza el respeto y adecuada distribución de competencias
entre la administración central del estado y las entidades territoriales de
modo que no se lesione su autonomía. Leyes y actos administrativos que
desconozcan el grado de autonomía constitucionalmente reconocido a las
entidades  territoriales, que expresan una forma de división vertical del poder
del estado, se exponen a ser proscritos del ordenamiento al ponerse en marcha
variados mecanismos de control constitucional.
41. La Jurisdicción
Constitucional está llamada a asegurar la primacía del núcleo esencial de
la Constitución que corresponde a la consagración  de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas. La enunciación de derechos fundamentales sería
proclama vacía si no se hubieren contemplado vigorosos mecanismos  de defensa
constitucional de tales derechos. La Jurisdicción Constitucional asume
como competencia  especialísima  la guarda  de los derechos fundamentales
buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de todos los
constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad frente a
todos los órganos del poder público.
La defensa
constitucional de los derechos puede plantearse por vía general a través de las
acciones de inexequibilidad o nulidad, dependiendo de si la ofensa a los
derechos se origina en una ley o en un acto de la administración,
respectivamente. Ante violaciones  concretas  de derechos fundamentales
producidas por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, la persona
agraviada tiene la acción de tutela, a la cual se refiere  el artículo 86 de la
Carta Política.
42. En los
considerandos anteriores se ha demostrado extensamente  que la tesis sostenida
por la Corte Suprema de Justicia, desconoce el texto de la Constitución y los
principios fundamentales del ordenamiento constitucional que tienen  que ver
con la separación de los poderes, la preferencia por el derecho sustancial, el
valor normativo de la Constitución, la efectividad de los derechos, la
intangibilidad del contenido material de la Constitución, la conciencia  de los
fines del estado y la pretensión de vigencia de la Constitución.
Sólo resta hacer
referencia a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia que se esgrimen
contra la sujeción de las sentencias a la acción de tutela: el alcance de esta
acción dadas sus características y el valor de la cosa juzgada.
43. La acción de
tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias  que pongan término a
un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y
Consejo  de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen
por acción u omisión cualquier  derecho constitucional fundamental.
44. La asignación de
competencias al pleno de la Corte Suprema de Justicia y a sus salas, en materia
de tutela, no viola el artículo 234 de la Constitución Política. La norma que
lleva a cabo la distribución de competencias tiene fuerza de ley. De otra
parte, el criterio de separación se mantiene. En efecto, el conocimiento
de la acción de tutela  dirigida contra la sentencia de una sala, compete a la
sala que le sigue en orden; la impugnación contra la sentencia de tutela de
ésta última, se atribuye a la Sala Plena. El conocimiento de la acción de
tutela y la impugnación se adscriben como competencias separadas a la
Corte en pleno y a las salas respectivas.
45. La ley puede, en
el marco de la Constitución, adicionar las atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia (CP art. 235-7) y determinar su distribución  entre la Corte en pleno
y sus salas (CP art. 234).
Dado que las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia pueden ser objeto de la acción de
tutela, se hacía necesario que la norma reglamentaria  de esta acción asignara
nuevas competencias a la Corte Suprema de Justicia y articulara un sistema
separado de conocimiento de la acción e impugnación del fallo de tutela.
La Corte Suprema de
Justicia en su carácter  de Juez Colegiado  no podía sustraerse del
conocimiento de las acciones de tutela. El artículo 86 de la Constitución
Política compromete a todos los Jueces en la defensa de los derechos
fundamentales. La nueva atribución  que adiciona las competencias de la
Corte Suprema de Justicia, no es sino la refrendación de un mandato
organizativo de la Constitución.
Corresponde al
legislador, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución, perfeccionar  el
mecanismo procesal más adecuado para que las personas  agraviadas puedan
obtener la protección de sus derechos fundamentales. Entre las distintas
alternativas posibles de regulación, el Legislador histórico optó por una que a
juicio de esta Corte consulta la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y
de los otros altos  cuerpos colegiados de la Justicia y que conjuga a su vez,
dentro de los límites de la Constitución y el prioritario respeto que merecen
los derechos fundamentales, la debida consideración a su rango e independencia.
En efecto, otras fórmulas en materia de tutela cuyo objeto fuesen sentencias de
la Corte Suprema de Justicia acusadas de violar derechos fundamentales, habrían
podido concluir en la institucionalización de controles judiciales  externos a
dicha Corte para asumir la doble función - ordenada en la Constitución - de
conocimiento de la acción de tutela e impugnación del respectivo fallo.
46. La asignación de
competencias  en materia de acción de tutela a las salas de la Corte Suprema de
Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus salas en órganos a
través de los cuales se ejerce en Colombia  la Jurisdicción Constitucional.
La tesis de la
diversidad y especialización de las salas, que se esgrime contra la posibilidad
de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia proferida por otra,
desconoce que es la materia constitucional exclusivamente  la que
suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata por
tanto de entrar a conocer del proceso tallado por otra Sala, sino que el juez
constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
La violación actual
o potencial  de un derecho constitucional fundamental es primariamente un
asunto constitucional y el ejercicio de la acción de tutela se convierte en
el presupuesto para que su resolución corresponda a la Jurisdicción
Constitucional. Los momentos de ejercicio de la acción, impugnación del
fallo de tutela y eventual revisión de éste último, son tramos de la indicada
jurisdicción y los órganos judiciales encargados de cada momento pertenecen
materialmente a la Jurisdicción Constitucional y aplican Justicia
Constitucional.
Los distintos
planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre diversidad,
especialización, igualdad, autonomía e independencia de las salas, desconocen
su importante ubicación en la Jurisdicción Constitucional  y la forma
particular de estructuración de esta Jurisdicción en el país, que se sirve,
como se ha visto, del aparato judicial ordinario para el cumplimiento de su
alta misión, lo cual debe llevar a distinguir  respecto de cada órgano judicial
los asuntos que se incluyen en la esfera de su respectiva jurisdicción y los
que pertenecen a la esfera de la Jurisdicción Constitucional. Nada más
alejado del querer constituyente, que un órgano judicial ordinario reniegue de
su función como Organo de la Jurisdicción Constitucional anteponiendo
criterios de especialidad, diversidad, igualdad y autonomía, propios y
exclusivos de su esfera ordinaria de actuación.
En fin, teniendo
entidad propia y diferenciada la materia constitucional, la Jurisdicción
Constitucional y la Justicia Constitucional, el argumento de la diversidad
igualitaria de las salas no puede prosperar. Queda claro que en el orden
constitucional, un órgano puede cumplir distintas funciones y una misma función
puede ser ejercida por distintos órganos, en cuyo caso una interdependencia
organizativa y sistemática de los órganos entre sí no es incompatible con la
normal independencia jurídica con la que uno de tales órganos en particular
realiza sus funciones ordinarias.
47. Tampoco están
destinados a prosperar los múltiples argumentos  de la Corte Suprema de
Justicia que tienen su raíz en un supuesto principio jerárquico que se
desvirtuaría de permitirse la acción de tutela contra sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, así como por librarse su decisión a la sala que le siga en
orden, asignarse la definición  de su impugnación  a la Sala Plena y mantenerse
la revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional.
La acción de tutela,
la impugnación y revisión consiguientes, se inspiran  en la configuración de un
eficaz sistema de defensa de los derechos fundamentales que trasciende la mera
satisfacción de los intereses concretos en juego y se constituye en un control
objetivo de constitucionalidad. En consecuencia, los diferentes jueces que
intervienen en las sucesivas fases judiciales de la tutela no ejercen entre sí
una suerte de control jerárquico. El fallo de tutela no expresa la voluntad del
juez que lo emite ni su propósito de dirigir y coordinar la actuación del juez
(o sala) que profirió la sentencia objeto de la tutela, del mismo modo como se
desata un recurso jerárquico. Por el contrario, este fallo - y lo mismo puede
predicarse del que define su impugnación  y el de revisión - se pronuncia en
condiciones de independencia para la realización  y garantía del derecho
constitucional objetivo y por conducto de un órgano judicial que en cada caso
representa la soberanía  del estado aplicada a la función de administrar
Justicia Constitucional. La independencia  en este caso está
completamente desligada de la jerarquía y quiere decir que el juez, en
materia de tutela, sólo depende de la norma constitucional y circunscribe su
función, no a la realización de un control jerárquico, sino a la protección de
los derechos fundamentales. La revocatoria  de una sentencia de una sala de la
Corte Suprema de Justicia producida por otra en ejercicio de la acción de
tutela, no es la señal de un control jerárquico, a todas luces inexistente,
sino la prueba y consecuencia de su patente  inconstitucionalidad.
Pero, si en gracia
de discusión, se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal
acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían
procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se
imponen  sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico. Si se lleva el
conflicto hasta sus últimas consecuencias  y se plantea la no coexistencia  en
dado caso de estos dos extremos, el criterio  jerárquico sucumbe ante la
necesidad  de salvaguardar la primacía de la Constitución. Este conflicto,
primacía de la Constitución - jerarquía, ya ha sido resuelto en favor de la
primera por la misma Constitución en su artículo 91: "En caso de
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta".
Por lo demás, el texto del artículo 4o.  de la Constitución Política, tantas
veces citado, impone la supremacía  de la Constitución por encima de cualquier
acto de las autoridades públicas.
48. La revisión de
las sentencias de tutela originadas en la Corte Suprema de Justicia por parte
de la Corte Constitucional no va en detrimento de la condición de la Corte
Suprema de Justicia como máximo Tribunal de la Jurisdicción  Ordinaria y, en su
caso, del Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.
Se trata, en primer
término, de una competencia  expresamente  asignada a la Corte Constitucional
por la misma Constitución (CP arts 86 y 241-9). De otra parte, la paridad
jurídica de los máximos tribunales es compatible con el predominio de uno de
ellos en el ejercicio de las funciones que tengan relación más directa e
inmediata con sus competencias ordinarias. A diferencia de los otros altos
tribunales, la Jurisdicción Constitucional es para la Corte Constitucional su
competencia única. De idéntica manera, como acontece con las otras
jurisdicciones, la Constitución señala para la Jurisdicción Constitucional
a la Corte Constitucional como máximo  tribunal en esa materia, al confiarle de
manera expresa "la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución" (CP art 241).
La competencia  de
la Corte para revisar  sentencias de tutela es una manifestación  de su
posición  como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la
necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales.
La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción
a que pertenezcan, son para estos efectos jueces constitucionales - con
lo que se ha querido ampliar la Jurisdicción Constitucional  a fin de
otorgar la máxima protección a los derechos fundamentales - torna más necesaria
aún la unificación de la Jurisdicción Constitucional.
Por lo demás, la
actuación de la Corte Constitucional como máximo Tribunal de la Jurisdicción
Constitucional, permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la
aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones.
La Jurisprudencia  Constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los
efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia
irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución
frente a otras normas. Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la
constitucionalidad de las leyes y de las normas con fuerza de ley, provee a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la ordinaria la base legal
depurada conforme a la cual se juzgará la actuación administrativa y la
aplicación de la ley a los casos concretos, respectivamente.
49. El derecho
fundamental a la integridad y supremacía de la Constitución se traduce en
materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección
inmediata de los derechos fundamentales. De conformidad con lo estipulado
en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el
constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca
el derecho sustancial. La acción de tutela - al igual que los restantes
mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales
- deben interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de
cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la
mayor  efectividad  del derecho fundamental a la protección inmediata de los
derechos fundamentales.  La Corte Suprema de Justicia, por el contrario,
interpreta la acción de tutela, con una visión tan restrictiva que frusta su
naturaleza, finalidad y sentido y desconoce la materialidad del derecho
sustancial que dicha acción pretende amparar".
Justicia
abstracta y justicia concreta: naturaleza y alcance de la tutela
28. El sistemático
afán demostrado por la mayoría de conservar - siguiendo un desueto esquema
feudal de adscripción de poderes - las competencias de las Jurisdicciones
ordinaria y contencioso Administrativa, rinde su fruto y en efecto logra el
pretendido marchitamiento de la tutela. En los términos del artículo 86 de la
C.P., bajo la novísima interpretación, la acción de tutela no procede si el
ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción, así ésta
atendidas las circunstancias concretas relativas a la víctima de la vulneración
del derecho fundamental no resulte ser un medio apto, idóneo y eficaz de
defensa judicial. La extensión "teórica" del ordenamiento legal
brinda sólo "posibilidades teóricas" de protección. Si la
interpretación formalista y abstracta de la mayoría se impone, la acción de
tutela no será solamente "subsidiaria" sino también una acción
eminentemente "residual" y "marginal". Resulta procedente recalcar
lo que esta misma Corte expuso en la sentencia del 12 de mayo de 1992:
"50. El
derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales entraña
un mandato perentorio al legislador para que adopte los procedimientos
necesarios y ágiles para la protección de los derechos individuales, de grupo o
colectivos (CP arts. 86, 98 y 152-a).
La acción de tutela
es uno de los medios a través de los cuales se pretende satisfacer el
mencionado derecho fundamental, pero su utilización se subordina, en primer
término, a la condición de que el afectado "no disponga de otro medio de
defensa judicial".
Para determinar si
se dispone de "otro medio de defensa judicial", no se debe verificar únicamente,
como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, si el ordenamiento contempla
expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar
simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia" (CP art. 229), sino el derecho
fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En
consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal
alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de
los derechos vulnerados o amenazados.
Esta interpretación
consulta, de otra parte, la Convención  Americana de Derechos Humanos, suscrita
por Colombia, que en su artículo 25 ordena: "Toda persona tiene derecho a
un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención,  aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales".
Y no de otra manera
podría ser ya que como lo expresara el legislador  especial - Comisión Especial
Legislativa -  en su momento "la real existencia de medios judiciales de
defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta
pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la
vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que
lo hace ineficaz, determina la procedencia de la acción" (Informe Ponencia
para Debate en Plenaria. Informe de Mayoría. Ponentes Germán Sarmiento Palacio,
Hidela Avila de Zuluaga, Armando Novoa García. Comisión Especial Legislativa,
Gaceta Legislativa No. 18 p. 5).
Es imperioso, a
voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los derechos y deberes
constitucionales de conformidad  con los tratados internacionales  sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. En este orden de ideas, es
importante destacar que las notas de "sencillez", "rapidez"
y "efectividad", son  determinantes para establecer si un
procedimiento legal,  diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para
brindar a los afectados la protección inmediata de sus derechos
constitucionales vulnerados o amenazados.
No es lógico ni
jurídico que Colombia sólo cumpla la Convención  Americana de los Derechos
Humanos, cuando no exista en la ley medio judicial alguno de protección de los
derechos, en cuyo caso sería procedente la acción de tutela - que sí reune las
mencionadas notas de aptitud para brindar la protección inmediata - y deje de
cumplirla en los demás casos en los cuales no sería procedente la acción de
tutela por existir un medio judicial ordinario, pese a que este no reuna las
indicadas características.
La
"sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor
complejidad del procedimiento y las limitaciones  de orden práctico que ello
suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y
mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas,
culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre.
Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los
grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la
acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la
desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13).
La
"rapidez" del medio judicial está relacionada con la mayor o menor
duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener  sobre la
actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y
perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual  deberán examinarse las
circunstancias del caso.
La
"efectividad" del medio judicial es una combinación de las dos notas
anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se
relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y
a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos
alternativos, cuál puede satisfacer  en mayor grado el interés concreto del
afectado,  lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino
establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o
de amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio
y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o
inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la
eficaz protección de los derechos lesionados.
51. Es evidente que
si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios
hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos
constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá "de
otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través
de la acción de tutela. En este caso,  es necesario que la protección de los
derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes  instancias
judiciales. La acción de tutela se concibe  como medio último y extraordinario
de protección al cual se puede recurrir  sólo en ausencia efectiva de un medio
judicial ordinario capaz de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la
tutela a los afectados que han agotado en vano los medios judiciales ordinarios
sin encontrar protección efectiva a sus derechos constitucionales conculcados.
Consideraciones de equidad (CP art. 230), que se encuentran en la base de la
acción de tutela, militan igualmente en favor de su concesión  en esta
situación extrema, de modo que al término de la vía judicial ordinaria se abra
la vía de la Jurisdicción Constitucional. No puede ser de otra manera
cuando la Constitución ve en el respeto a la dignidad  humana y la consiguiente
efectividad de los derechos fundamentales  el valor fundante y el fin esencial
del estado.
52. La lesión de los
derechos constitucionales  fundamentales puede producirse en el curso de
cualquier  proceso judicial o a su término, sin que necesariamente el mismo se
haya instaurado con miras a la protección de un derecho de esta naturaleza. En
estos casos, el autor de la vulneración de un derecho o de su amenaza es el
juez. Las providencias judiciales respectivas pueden en estas condiciones ser
objeto de acción de tutela si no existe otro medio judicial idóneo para
proteger el derecho conculcado. De persistir la violación, pese a la
interposición de los recursos correspondientes, el agotamiento de la vía
judicial ordinaria,  permitirá al afectado acceder a la Jurisdicción
Constitucional.
53. Cuando la acción
de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se
circunscribe  al examen  y decisión de la materia constitucional con
prescindencia  de todo aquello que no  tenga que ver con la vulneración o
amenaza de vulneración  del derecho constitucional fundamental. La acción de
tutela no representa frente a los respectivos  procesos judiciales instancia ni
recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con
ocasión del trámite  de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y
desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia
de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente  la
conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto  ésta haya violado un
derecho fundamental o amenace con hacerlo. Este es el único asunto que tiene
relevancia constitucional.
54. La acción de
tutela da lugar a un verdadero proceso judicial,  es decir, formulada la
petición de protección, se requiere de una serie de actos coordinados  y
regulados por el derecho cuyo  cumplimiento es necesario  para la declaración o
ejecución del  derecho. La Constitución señala que ese medio a través del cual
se persigue la efectividad de la pretensión  - en este caso la declaración  y
protección de un derecho fundamental - tenga las características de un procedimiento
preferente y sumario.
La intervención de
los jueces para la definición de la acción de tutela y de su impugnación,
aunada a la revisión eventual de la Corte Constitucional y a que todas las
actuaciones anteriores  rematan  en sentencias, le resta toda
verosimilitud a la tesis de la Corte Suprema de Justicia que pretende asimilar
la acción de tutela y su resultado a un simple trámite policivo que arroja
medidas a lo sumo precautelativas. Desconoce, de otra parte, la Corte Suprema
de Justicia que la Constitución en el mismo artículo 86 está sujetando a la
competencia judicial y no administrativa la definición de
controversias sobre la vulneración o amenaza de derechos constitucionales
fundamentales. Después de que el constituyente consagrara una reserva
judicial en esta materia, precisamente para asegurar y fortalecer la
defensa de los derechos, núcleo esencial de la carta, no es posible reducir la
actuación judicial y su resultado -  que se expresa en sentencias y en un
procedimiento  de doble instancia - a un asunto puramente policivo.
La acción de tutela
busca la efectividad de la protección del derecho fundamental vulnerado o
amenazado  y como medio de protección debe interpretarse atendiendo el
cumplimiento de su finalidad. Corresponde a la regulación y a los jueces,
considerando las circunstancias del caso, graduar los efectos de las sentencias
que pueden ser definitivos (generalmente en los casos en los cuales no haya
otro medio judicial), temporales, suspensivos o transitorios (cuando se utilice
como mecanismo transitorio).
La variabilidad de
los efectos de las sentencias de tutela y la naturaleza preferente y sumaria de
su procedimiento,  no desvirtúa su carácter judicial - que es la razón  de ser
de su garantía - sino que responde a la exigencia de asegurar la efectividad
de los derechos constitucionales fundamentales de manera que se haga
justicia al caso concreto y ésta sea cumplida y pronta".
Procedencia del
control constitucional sobre sentencias en el derecho comparado
29. En la sentencia
se hace referencia, no ciertamente con mucha claridad, al derecho comparado.
Se dice en el fallo,
que si bien en otros ordenamientos "existen especiales modelos
institucionales que establecen vías, procedimientos y, en algunos casos,
órganos de control y examen de la constitucionalidad de las actuaciones
judiciales; empero, también es cierto que en ellos se contemplan por principio
general que corresponde a todo estado de derecho, las garantías a la seguridad
jurídica, a la unidad del ordenamiento y a la autonomía de la organización
jurisdiccional...no siendo de recibo en tales modelos, elementos
desarticuladores, inarmónicos y anárquicos que descompongan la unidad misma de
la Carta"
Después de tan
categórica afirmación, la sentencia omite mencionar las razones concretas que
hacen que en los ordenamientos que se citan, el amparo o tutela constitucional
contra sentencias judiciales no se convierta en un mecanismo caótico, que
vulnere los principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada, mientras que la
figura en Colombia, sí es considerada como "elemento desarticulador,
inarmónico, y anárquico", hasta el punto de descomponer "la unidad
misma de la Carta".
En su argumentación,
la mayoría se limita simplemente, a señalar que en los modelos de jurisdicción
constitucional de varios países, los mecanismos que se establecen son
"específicos, directos, subjetivos y concretos", siendo inadmisible,
"en el derecho comparado, la existencia de estructuras judiciales
paralelas, transversales y contradictorias como las que entre nosotros han
pretendido introducir los artículos demandados".
Como se ha visto en
este salvamento, poco tiene de paralela, trasversal y contradictoria la
estructura judicial que crea el mecanismo de la tutela contra sentencias judiciales,
y aunque esto fuera así, sería este un argumento de conveniencia y no de
constitucionalidad, por lo que la Corte no podría entrar a proscribirlo.
Ahora bien, parecen
ignorar los magistrados que conformaron la mayoría en este fallo, que en el
derecho comparado y particularmente en los ordenamientos por ellos citados, la
vía de control constitucional mediante amparo o tutela de las sentencias
judiciales opera, generalmente, bajo los mismos principios que sustentan los
artículos declarados inexequibles.
En todos los
ordenamientos jurídicos a los que se alude existe, de manera concentrada o
difusa el control constitucional de los fallos judiciales, mediante una acción
ciudadana. En la mayoría de dichos ordenamientos esta figura es considerada
como una de las piezas claves del sistema de protección a los derechos
fundamentales. Opera fundamentalmente contra sentencias ejecutoriadas de única
o última instancia, y el control lo ejercen bien los Jueces y Tribunales
ordinarios, - México y Estados Unidos - o la respectiva Corte Constitucional -
Alemánica y España.
En los ordenamientos
en los que existe una jurisdicción constitucional especial, -Alemania y España-
los respectivos Tribunales constitucionales conocen de las sentencias
judiciales, no solo por violación del debido proceso sino, por la correcta
interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, y ello, no
interfiere la autonomía funcional del juez.
Por el contrario,
queda claro que es enteramente compatible, y así lo han manifestado jueces,
tribunales y tratadistas de los distintos países, que la creación de una
jurisdicción constitucional  que tiene como una de sus funciones el control de
las sentencias judiciales y principalmente de aquellas contra las que no
procede recurso ordinario alguno, en nada atenta contra la independencia
funcional del juez.
Dada la confusa
referencia al derecho comparado que trae el  fallo del que nos apartamos, nos
parece de especial pertinencia citar a tratadistas de incuestionable
trayectoria, para que ellos mismos sean los encargados de aclarar las dudas que
se plantean con la lectura del mencionado fallo.
En Alemania no solo
la Constitución (art. 19, parágrafo1, frase 4 Ley Fundamental de Bonn) sino las
distintas leyes que establecen procedimientos y competencias, constituyen la
posibilidad de amparo o tutela contra las decisiones judiciales que vulneren
los derechos fundamentales.
Muchos son los
tratadistas que han explicado el funcionamiento del sistema que, en lo que se
refiere al control y efectos de los fallos del Tribunal Constitucional respecto
a las sentencias judiciales, en poco se diferencia del Colombiano. En aras de
la claridad y brevedad, nos permitimos citar al Profesor Hans Peter Schneider,
quien de manera transparente explica la figura que aquí se debate:
"Finalmente,
también la jurisprudencia está obligada por la Constitución a aplicar
directamente los derechos fundamentales. Esto es indiscutible, en primer lugar,
en cuanto a los derechos fundamentales del procedimiento judicial...así como
también para las prerrogativas judiciales garantizadas constitucionalmente.
Pero a la hora de adoptar decisiones judiciales han de tenerse en cuenta
también los derechos fundamentales como elementos objetivos del sistema. Ellos
inciden sobre el derecho privado cuando se interpretan las cláusulas generales,
y éste, a su vez, hay que entenderlo a la luz de los derechos fundamentales
(efecto de reciprocidad)". (Hans Peter Schneider. Democracia y Constitución,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pag 80-81)
Y continua el autor:
" dado que por consiguiente los derechos fundamentales pueden ser
vulnerados por resoluciones del poder judicial, se le concede al particular
incluso el recurso de amparo contra decisiones judiciales una vez agotadas
todas las vías jurídicas". (Ibídem, pág 81)
"Según esto los
Tribunales concretamente tienen que tener en cuenta, en la interpretación y
aplicación del derecho común, especialmente en la de las cláusulas generales,
los contenidos normativos de los derechos fundamentales. Si un Tribunal no
sigue estas directrices viola, como órgano estatal y sujeto del poder público,
la Ley fundamental, su sentencia debe ser revocada por el Tribunal
Constitucional Federal a través de un recurso de amparo". (Ibídem, pág139)
"(P)uesto que
también la jurisdicción, al igual que todo poder público, esta sometida
directamente a los derechos fundamentales, como consecuencia obligada de este
efecto vinculante se puede iniciar el camino de Karlsruhe (recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional Federal) incluso contra las más elevadas
sentencias judiciales, de modo que al Tribunal Constitucional Federal le
coresponde prácticamente el papel de una <<súper instancia de revisión>>."
(Ibidem Pag134)
Y no podía ser de
otra forma, si la eficacia normativa de los derechos fundamentales obliga a una
interpretación del ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, la
cual para que sea coherente y homogénea debe provenir de un cuerpo con
suficiente poder vinculante para revisar los fallos y ajustarlos a la nueva
axiología constitucional. En este sentido señala Schneider: " el campo de
ejercicio apropiado para un desarrollo posterior de la interpretación de los
derechos fundamentales es más bien el control de las sentencias judiciales que
la legislación." (Ibídem pag 149)
En punto de la
autonomía del Juez, agrega el profesor Schneider: "Desde hace tiempo
resulta familiar a la ciencia, el reconocimiento de que el problema de la
separación de poderes se plantea de una nueva manera con la existencia de la
jurisdicción constitucional, a las que están atribuidas las funciones de
control abstracto de las normas, así como la decisión sobre conflictos de
competencia entre órganos y sobre recursos contra leyes o resoluciones
constitucionales". (Ibídem pag 195)
No queda claro
entonces porqué, para la mayoría, la tutela contra sentencias judiciales de
ultima instancia, en Colombia, vulnera el principio de autonomía funcional del
juez, mientras que en el ordenamiento alemán, en el que dicho control es
riguroso, sí se respeta dicha autonomía. Parecería más bien que la creación en
Colombia de una jurisdicción Constitucional, garantía plena de los derechos
fundamentales, no ha sido todavía cabalmente comprendida.
En el ordenamiento
jurídico Español, se establece también un riguroso control de las sentencias
judiciales respecto a los derechos constitucionales fundamentales. El tribunal
Constitucional, separado estructuralmente del poder judicial ordinario, tiene a
su cargo, en virtud del art. 53 de la Constitución y del art. 44.1.b de su Ley
Orgánica, el control de las sentencias de los jueces y tribunales cuando éstas
violen un derecho fundamental, y en ningún caso se ha discutido que por ello se
vulnere la autonomía funcional del juez.
Por el contrario,
sólo gracias a este mecanismo de control, según afirmaciones de importantes
juristas españoles, la Constitución se convirtió en norma de obligatorio
cumplimiento en todas las esferas de aplicación del derecho, y los derechos
fundamentales han podido desplegar una importante eficacia vinculante.
En materia de la
relación que existe entre Tribunal Constitucional y poder judicial en España,
relación que se desarrolla fundamentalmente a partir del recurso de amparo
contra sentencias judiciales, el profesor Eduardo García de Enterría señala
como el Tribunal Constitucional ha de entenderse en España como un órgano
materialmente jurisdiccional, pero diferenciado del poder judicial, "como
nuestra constitución, por lo demás, parece aceptar al regular al Tribunal
Constitucional en un título distinto, el IX, del que dedica al poder judicial
(título VI), de cuya organización está totalmente exento y al que, en último
extremo fiscaliza (arts. 44, 59-3, y 73 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional). (La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ed.
Civitas, Madrid 1991, pag. 199-200).
Inexplicablemente,
la mayoría entiende y acepta que el control del Tribunal Constitucional español
sobre las sentencias judiciales, se realiza sin menoscabo de la autonomía
funcional del juez, pero niega que en Colombia, la misma pueda hacerse sin
vulnerar este principio.
La única razón que
podría argumentarse, para referirse ella a la diferencia fundamental entre el
amparo español y la tutela colombiana, es que mientras en España se dispone de
un control concentrado, en Colombia se parte de un control difuso, puesto que
todos los Jueces de la República están encargados de controlar el debido
respeto de los derechos fundamentales en las sentencias judiciales.
Si este fuera el
argumento para señalar que en Colombia la tutela vulnera la autonomía funcional
del juez, bastaría con citar a uno de los más autorizados tratadistas
españoles, Enrique Alonso García, letrado del Consejo de Estado Español, quien
al respecto afirma:
"Existe un
problema todavía mayor cuando es el propio Juez el que infringe las garantías
procesales o constitucionales, toda vez que en esos supuestos no hay vía
preferente y sumaria alguna, debiendo pura y simplemente agotarse los recursos
que existan contra el acto judicial (final o de trámite) infractor del derecho
fundamental en el seno de un proceso ordinario. La cuestión no tendría más
trascendencia por que se supone que será más breve el procedimiento, ya que, a
diferencia de lo que ocurre con otras violaciones de los derechos
fundamentales, ya está puesto en marcha un procedimiento en el seno del cual el
juez infringe los derechos fundamentales. Sin embargo, si se constata que en un
porcentaje elevadísimo de las violaciones de los derechos fundamentales se
producen por los propios Jueces (el artículo 24 de la Constitución ha sido el
más desarrollado, con muchísima diferencia, por el Tribunal Constitucional), se
llegará a la conclusión de que, como el tribunal Constitucional ha insinuado e
incluso pedido en numerosas ocasiones, deberá regularse un procedimiento
especial que permita a los tribunales superiores examinar preferente y
sumariamente dichas violaciones del artículo 24, para evitar el colapso, a su
vez, del propio Tribunal Constitucional". (La Garantía Constitucional de
los Derechos Fundamentales, Antonio López Pina, Editor, Ed Civitas, Madrid 1991
pag. 225-226).
Así las cosas,
mientras para la mayoría de esta Corte Constitucional, la existencia en nuestro
país de un control difuso de constitucionalidad sobre las sentencias
judiciales, es la razón del caos judicial y la creación de una justicia
paralela, transversal y contradictoria, "inadmisible en el derecho
comparado", en España, no sólo los mas importantes tratadistas de Derecho
Constitucional, sino los propios miembros del poder judicial así como el
Tribunal Constitucional, reconocen la necesidad de dotar de competencia a los
Tribunales para que conozcan del recurso de amparo contra sentencias
judiciales, como un paso previo al control del Tribunal Constitucional.
Por su parte, en los
Estados Unidos de América, son los propios jueces superiores los encargados de
controlar que las sentencias se ajusten a los derechos fundamentales, hasta
culminar el sistema en la Suprema Corte Federal que, como en Colombia a través
de la Corte Constitucional, es la encargada de unificar la jurisprudencia
constitucional.
Por último, extraña
también la cita del modelo mexicano, pues en el sistema jurídico de dicho país,
no solo existe el recurso de amparo contra sentencias judiciales sino que son
los propios jueces los encargados, en una primera instancia, de tramitarlo
mediante un procedimiento especial, preferente y sumario.
En este país, el
amparo procede contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, sin que
proceda contra ellas ningún recurso ordinario, contra sentencias u otras
resoluciones judiciales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del
juicio o después de concluido, o contra actos judiciales que afecten a personas
extrañas al juicio (art. 107, No 5 y 6 de la Constitución Mexicana).  Dicho
recurso se interpone ante el juez del Distrito de la jurisdicción del lugar en
que el acto reclamado se ejecute, y se tramita en audiencia, en la que se
reciben las pruebas ofrecidas por las partes, se oyen los alegatos y se
pronuncia la sentencia. Las sentencias de los jueces, son a su vez revisables
por la Suprema Corte de Justicia.
Podría hacerse aquí
un recuento de otros sistemas jurídicos, férreamente consolidados, en los que
difícilmente puede advertirse caos, o la existencia de una justicia paralela,
por la mera existencia de una jurisdicción constitucional encargada de conocer
los recursos de amparo o tutela contra sentencias judiciales. En fin, sólo el
desconocimiento del derecho comparado puede llevar a sostener lo que se lee en
la sentencia de la que nos apartamos.
No es ciertamente la
existencia de la figura la que genera el caos, pues la mayoría comprueba su
viabilidad y validez en otros ordenamientos. Tampoco es el control por parte de
la Corte Constitucional lo que vulnera el principio de autonomía funcional del
juez, pues en países como Alemania y España, donde existe, por cierto de forma
harto exigente, según el fallo, no hay vulneración de dicho principio. De otra
parte, la existencia de una jurisdicción constitucional difusa no puede ser
responsable de tales paralelismos y contradicciones, pues citan los
magistrados  casos de jurisdicción difusa y a su juicio el sistema funciona
debidamente. ¿Cuáles son las razones para argumentar que en Colombia la tutela
contra sentencias judiciales suscita caos, si al tiempo se reconoce que en
otros países independientemente del tipo de jurisdicción difusa o concentrada,
el control constitucional de las sentencias no es causa de traumatismo alguno
en el sistema judicial?
Un inesperado
viraje
30. La crítica
expresada por algunos sectores de la sociedad civil a la posición de la mayoría
y a la manera como ésta condujo el debate[20], quizá pudo
contribuir en parte a una reflexión más explícita y al inesperado viraje que da
cuenta el fallo de la Corte en su versión definitiva, que en los fragmentos que
se resaltan de la transcripción que a continuación se hace no fue objeto
expreso de consideración ni de decisión en la Sala Plena del 1o. de octubre de
los corrientes, a la cual se sometió el texto de la ponencia original.
"Ahora bien, -
advierte la Corporación en el texto final de la sentencia - de conformidad con
el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los
jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar
justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también
para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales,
lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación  injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual si esta
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).
(...)
De las razones
anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna
providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde
luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la
decisión definitiva que adopte el juez competente".
Si al momento de
tomar la decisión se hubiera sometido el agregado tardío que se introdujo
después al redactar la versión definitiva, los suscritos Magistrados, por lo
menos, habríamos manifestado nuestro acuerdo con la mayoría en lo que respecta
a la procedencia de la tutela contra sentencias como mecanismo transitorio y
para evitar un perjuicio irremediable, como lo establece la Constitución y la
ley. Trátase de un aspecto fundamental del fallo que no ha debido librarse a
una simple adición circunstancial sino que merecía ser objeto expreso de debate
y votación. La adición de última hora, como ineluctablemente ocurre con los
suplementos de su género, introduce contradicciones insalvables con el resto
del texto y, particularmente, con la parte resolutiva. En efecto, de ser
consecuente la mayoría luego de su inesperado viraje ha debido también
modificar la parte resolutiva, declarando la exequibilidad parcial o
condicional de los preceptos acusados, dado que ella misma reconoce, así sea
tardíamente, la constitucionalidad de la acción de tutela contra sentencias y
demás decisiones judiciales como mecanismo transitorio y a fin de evitar un
perjuicio irremediable. La ubicación de la morosa reflexión de la mayoría en la
parte motiva - y no en la resolutiva que es la que resulta decisiva - muestra
que es un gesto irresoluto y desesperado de cara a la tribuna que
instintivamente rechazó la sentencia por contrariar la esencia democrática de
la nueva Constitución y los derechos fundamentales que en ella son su nervio
vital. De todas maneras, lo escrito escrito está, y haciendo caso omiso de sus
motivaciones próximas, de la marchita tutela se conserva la acción de tutela
contra sentencias como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, la cual por surgir de la misma Constitución y reiterarse por la
Corte Constitucional puede ser utilizada desde ahora por las personas afectadas
por las decisiones judiciales que vulneren sus derechos fundamentales.
En todo caso, de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución, los pactos y convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del
ordenamiento interno con carácter supralegal  y también con finalidades
interpretativas. Uno de tales instrumentos es la Convención americana sobre
Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", ratificado por
Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
Este Pacto establece
que cuando se agota el ordenamiento interno de un Estado parte, se puede acudir
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regulada en el Capítulo VIII de
la Convención, artículos 52 a 69. Concretamente los artículos 61 y 63 regulan
la competencia, requisitos y alcance de los fallos.
En este sentido, al
haberse agotado en Colombia -por supresión de materia- el control vía acción de
tutela de las providencias judiciales, queda expedito el camino para que, ante
la violación de un derecho constitucional fundamental por parte de una decisión
de los jueces, se recurra ante la Corte Interamericana. En consecuencia, a
pesar de la decisión de mayoría de la Corte Constitucional en este negocio,
queda aún un recurso judicial para las víctimas de las violaciones por parte de
las providencias judiciales.
Por último se
exponen algunas consideraciones a manera de recapitulación.
Consideraciones
finales:
Constitución y
voluntad constitucional
31. Una Constitución
es ante todo -como dijo el juez Oliver W. Holmes- el conjunto de
interpretaciones que los jueces hacen de los textos constitucionales. La
interpretación constitucional cambia cuando cambian la percepción que se tiene
sobre los valores, los principios, los derechos y la organización del poder.
Para lograr el cambio de la interpretación no basta con modificar los textos
constitucionales, se precisa de una nueva sensibilidad, acorde con  una nueva
visión del mundo y un nuevo punto de referencia.
La historia
constitucional colombiana ilustra un régimen restringido de derechos, en el
cual una prolífica discursividad  en pro de  los derechos individuales se ha
combinado con una asidua práctica en favor de la seguridad jurídica y de los
intereses institucionales.  Esta combinación ha sido utilizada estratégicamente
para disociar los beneficios políticos de la promulgación de normas
reivindicadoras de derechos ciudadanos, de los compromisos institucionales
derivados de tales promulgaciones.
La  Asamblea Nacional
Constituyente recogió esta preocupación e hizo un esfuerzo sin precedentes por
acercar la Constitución a los ciudadanos. Prueba de ello es la insistencia del
texto constitucional en la efectividad de los derechos y en los mecanismos de
protección de los derechos fundamentales.
Pero la promulgación
de una constitución no siempre basta para cambiar la realidad, se necesita,
además, que los jueces tengan la voluntad de aplicarla; que los jueces crean en
ella.
La intransigencia de
los sectores tradicionales, dentro y fuera de la comunidad jurídica colombiana,
no ha permitido que los nuevos textos constitucionales respondan a sus
objetivos implícitos y produzcan los cambios que el constituyente pretendió con
su elaboración.  De este modo, el nuevo derecho constitucional es interpretado
bajo los viejos supuestos interpretativos, dando como resultado un derecho
constitucional aún más alejado de la realidad que el anterior y una realidad
colmada por  los atropellos y felonías de siempre.
La función social
y moral del juez constitucional
32. El desmonte del
absolutismo y la instauración del ejercicio democrático del poder es un proceso
que coincide con la eliminación del principio de la infalibilidad de aquellos
que detantan el poder. Así por ejemplo en el ámbito ejecutivo el ejercicio del
poder estaba fundado en la idea de delegación o de representación divina.
Durante los siglos XVII y XVIII se produce en Inglaterra y Francia el desmonte
del absolutismo con la caida de Carlos I y de Luis XVI.
Siguiendo esta evolución
en el siglo XIX en Francia, la rama ejecutiva fue objeto del control de
legalidad de sus actos, incluso ante ausencia de norma positiva que así lo
dijese, por creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, en el
célebre fallo Blanco, del 8 de febrero de 1873. Desde entonces y hasta
nuestro días, se tiene también como supuesto la falibilidad de la rama
ejecutivo.
La rama legislativa
también fue despojada de su pretensión de infalibilidad. El fallo Bonham'a case
del juez inglés Eduard Coke en 1610 primero y luego en América el caso Madinson
vs Marbury, del juez Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en
1803, establecieron la posibilidad del control de los actos del legislador.
El Control de los
actos judiciales dentro del cual se enmarca la posibilidad de tutelar las
sentencias que vulneren los derechos fundamentales de las personas, es una
consecuencia de la evolución anotada y del principio de la supremacía de la
constitución. Sin embargo, la posición de mayoría de la Corte Constitucional,
de la cual nos separamos por medio de este salvamento de voto, todavía piensa,
haciendo eco de las posiciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, que los jueces colombianos son una especie de ungidos por la
providencia para ser infalibles y, por tanto, les permite estar por fuera del
control judicial -vía tutela- de sus providencias.
En la democracia
constitucional la soberanía se ejerce en los términos que la constitución
establece. Por esta razón, mientras no se presente una situación de crisis, el
ejercicio cotidiano de los poderes no puede tener otro parámetro que el
previsto por la Carta. El juez constitucional es el encargado de que esta
vinculación se lleve a cabo. Su conocimiento del derecho y su vinculación con
los casos concretos y con la vida cotidiana de las personas hacen de él un
defensor inmejorable del orden y de los derechos constitucionales.
De la naturaleza y
de las  funciones  del juez constitucional se desprende un compromiso ético
esencial: velar por la integridad de la Constitución y por la efectividad de
los derechos fundamentales, los valores y principios constitucionales y toda la
organización estatal derivada de ellos.
Con la decisión
tomada por esta Corte no sólo pierde fuerza un mecanismo de protección de los
derechos fundamentales, además, y esto es lo peor, se derrumba una concepción,
una interpretación constitucional según la cual las instituciones jurídicas
están al servicio de las personas y no a la inversa. Esta concepción tiene sus
orígenes en la filosofía estoica y en la doctrina cristiana y se consolidó como
valor fundamental en la teoría democrática de los siglos XVII y XVIII en
Inglaterra y Francia.  La decisión mayoritaria tomada por la Corte, haciendo
caso omiso de esta evolución milenaria en beneficio de los derechos y en
detrimento de formalismo ocioso,  subordina la  protección de los derechos
fundamentales de las personas a la protección de los intereses funcionales e
institucionales de la más conspicua tradición judicial colombiana, y de esta
manera se rescata el sigiloso propósito de varios estamentos e instituciones de
evitar una reforma constitucional de la carta de 1886.
Si se hace un
intento por reconstruir los argumentos, nunca presentados de manera coherente,
que subyacen en la decisión mayoritaria para preferir la institución jurídica
de la cosa juzgada sobre la protección de los derechos fundamentales, hay que
recurrir a la vieja discusión jurídica relativa al enfrentamiento entre los
valores de la seguridad  y justicia en el derecho.
Todo sistema
jurídico debe mantener un delicado balance entre justicia y seguridad, so pena
de caer en el oscurantismo de las formas insulsas o en la incertidumbre de las
soluciones políticas. Cada época, con su concepción de los valores y su
apreciación del derecho, establece dicho balance. La acusación histórica contra
la decisión tomada por la Corte, no proviene del hecho de querer proteger la
seguridad jurídica, ello es perfectamente legítimo; proviene del hecho de
querer proteger una idea anacrónica e indolente de la seguridad jurídica.
El valor de la
seguridad jurídica como el valor de la dignidad de la persona, ha cambiado con
el tiempo y no existe duda alguna sobre el sentido de la evolución que han
tenido ambos valores. Max Weber explica la historia del derecho como un proceso
de racionalización de las formas jurídicas que atraviesa por cuatro períodos,
desde el derecho carismático, pasando por el derecho sagrado y el  derecho  de
los notables,  hasta llegar al derecho del Estado burocrático. El trayecto
recorrido puede ser descrito como un paulatino abandono de formas tozudas y
míticas en beneficio de formas racionales y de contenidos humanitarios. El
sentido de esta evolución permitió en Grecia y en Babilonia la sustitución del
oráculo por el juez civil; permitió  en la edad media la sustitución de las
ordalías por las pruebas de investigación racional; permitió en el siglo XVIII
la eliminación de la responsabilidad objetiva del delincuente y del suplicio,
en favor de la idea  culpabilidad y de la humanización de las penas; permitió
en los albores del siglo XX la adopción, en el derecho constitucional, del
principio de la igualdad material como complemento de la simple igualdad ante la
ley.
Si la seguridad
jurídica fuese un principio "metapositivo", como lo afirma la
sentencia - sin aportar prueba de su aserto -, es decir si estuviese por encima
de las contingencias propias del derecho creado por los hombres, nada de la
evolución descrita habría tenido lugar.
Al incursionar
temerariamente en los ámbitos de la ontología jurídica con la idea del
principio metapositivo, la sentencia desconoce conceptos y principios que el
más burdo y primario iusnaturalismo decimonónico, por no ir más lejos, tenía en
cuenta.  En efecto,  todo iusnaturalismo, de corte teocrático o racionalista,
condiciona la validez, o por lo menos la justicia, del derecho positivo, a la
aceptación de valores considerados como metapositivos, inmutables, universales.
Nunca hubo acuerdo en el catálogo de valores que hacían parte de tal categoría,
pero, en todo caso, siempre se trató de delimitar un conjunto de derechos
inmodificables a partir de la naturaleza misma del hombre. La escuela del
derecho natural, como su nombre lo señala, indica la existencia metapositiva de
derechos inherentes a la condición humana. Suponer que una institución jurídica
o un tipo de organización o un procedimiento, hacen parte de la naturaleza
inmodificable del hombre, es no sólo un exceso inaceptable a la luz de
cualquier iusnaturalismo, sino también un absurdo lógico que desconoce la
diferencia entre los derechos humanos como fines en sí mismos y los principios
de organización como medios para llevar a cabo tales fines.
La relación entre seguridad
jurídica y justicia ha sido bien descrita por Luis Recassens Siches un clásico
defensor de valores metapositivos, quien se refería a dicha relación en un
texto publicado 1956, en los siguientes términos:
"(...) las
ideas de certeza y seguridad son meramente formales, por sí solas son
adiáforas, son indiferentes respecto de sus contenidos, respecto de lo que
determinen con certidumbre y de lo que garanticen con seguridad".
Consecuencias de
la sentencia
33. Los efectos de
la desviación del sentido del texto constitucional que consagra la tutela, no
se reducen al ámbito constitucional. Toda reforma constitucional crea y recrea
un espíritu colectivo que se manifiesta en las expectativas y derechos
derivadas de los nuevos textos. Una visión restrictiva y retardataria de los
derechos ciudadanos, como la que inspira la sentencia en cuestión, tiene el
efecto de agregar una frustración más en la conciencia ciudadana y en su
percepción y confianza en las instituciones.  Con el derrumbe de la esperanza
caerá también la confianza.
Prioridad de los
derechos fundamentales
34. La consideración
de la persona humana y de su dignidad es el centro de gravedad del Estado
constitucional. Todo lo relacionado con la organización del poder, con su
ejercicio y su funcionamiento, deriva de allí su sentido y su alcance. El poder
normativo del contenido material de la  Constitución proviene de la voluntad
del constituyente expresada en el artículo 228 y debe inspirar el comportamiento
y la disposición de todos los organismos estatales. Pretender, como lo hace la
decisión mayoritaria, que existe un derecho fundamental a la cosa juzgada que
prima sobre cualquier otro derecho fundamental violado por una autoridad
judicial, es un despropósito lógico y axiológico, es tomar el medio por el fin
y es supeditar la decisión judicial al simple procedimiento para lograrla.
La acción de tutela
no sólo introduce un nuevo y eficaz instrumento de protección de los derechos
fundamentales, también trae consigo una nueva manera de ver tales derechos. Se
trata de un cambio de perspectiva, de énfasis, de acento y estos son los
cambios que producen interpretaciones diferentes, estos son los cambios reales.
La acción de tutela
agrega a la tradicional concepción de la supremacía de la Constitución, un
énfasis en el carácter normativo de sus textos; en la permanencia y
obligatoriedad de su cumplimiento. Sólo de esta manera, el ordenamiento
jurídico resulta siendo coherente y resulta obedeciendo a un catálogo axiológico
único y conexo. Cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por
medio de un acción de tutela,  el parámetro esencial e inmediato de
interpretación es el texto constitucional y no sólo la legislación ordinaria
vigente. Quizás lo más sorprendente de la decisión mayoritaria  consiste en su
falta de  aprecio por el valor del texto constitucional frente a las demás
normas del ordenamiento jurídico. El derecho constitucional es visto como un
conjunto de reglas cuyo sentido se acomoda al resto del derecho y no, como debe
ser,  como un derecho con normas que proporcionan sentido al resto del
ordenamiento.
La decisión
mayoritaria, friamente, - sin dramatismo - desconoce  el verdadero sentido y
alcance del concepto de Estado social de derecho en el constitucionalismo
contemporáneo del cual la Constitución colombiana es tributaria y, como
consecuencia de ello, desatiende  la importancia de la consagración de la
acción de tutela como mecanismo jurídico que responde al propósito de acentuar
la fuerza normativa de la Constitución en todos los ámbitos de la vida jurídica
nacional y como instrumento de constitucionalización del poder. la decisión
mayoritaria ignora incluso los numerosos fallos en los cuales  esta Corte  se
ha mostrado consciente de las implicaciones y exigencias concretas del Estado
social de derecho.
Después de
contradecir el contenido y alcance de la Constitución, nada podía evitar que se
contradijera consigo misma y por eso nuestras voces fueron desoidas y nuestras
razones soslayadas.
[1]
Enciclopedia Jurídica OMEBA.  Buenos Aires.  Ancalo S.A.  1976.  Tomo II. Pág.
481.
[2]
ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel. "Curso de Derecho Civil" tomo
III. Ed. Nascimiento. Santiago de Chile. 1941.
[3]
Corte Suprema de Justicia. Sentencia Sala de Negocios Generales del 1 de
octubre de 1946. G.J. No. 2040.  Pág.587.
[4]
Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Tercera.
Sentencia del 17 de julio de 1986.
[5]
Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-433. Sala Sexta de Revisión. 24 de junio
de 1992.  Ponente: Magistrado Simón Rodríguez Rodríguez.
[6]
Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3
de mil novecientos noventa y dos (1992)
[7] Cfr. Corte
Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo No. T-520. 16 de Septiembre de
1992.
[8]
Cfr. SANIN GREIFFENSTEIN, Jaime.  Aclaración de Voto.  Corte Constitucional.
Sentencia Nº T-223 del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y dos
(1992).
[9]
Cfr. Corte Constitucional.  Sala Plena. Sentencia Nº C-434. Junio veinticinco
(25) de mil novecientos noventa y dos (1992), Magistrado Ponente:  Dr.Fabio
Morón Díaz.
[10]
Cfr. RADBRUCH, Gustav, citado por PACHECO, Máximo en "Teoría del
Derecho". Santiago. Editorial  Jurídica de Chile. 1988. Pág 752.
[11]Cfr. GUASP, Jaime.
"Derecho Procesal Civil". Madrid. 1968.
[12] Cte
LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: Filosofía del Derecho. Bosch, Casa Editorial
Barcelona. 1979. Quinta Edición. Pág 604.
[13]
Cfr.  SANIN GREIFFENSTEIN, Jaime: Aclaración de voto citada.
[14]ARRIETA, Carlos
Gustavo.  Concepto ante la Corte Constitucional dentro del proceso R.E.-006.
Revisión constitucional del Decreto 1155 de 1992.
[15]
Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-501 del veintiuno (21) de agosto de
mil novecientos noventa y dos (1992).
[16]
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-492 del doce
(12) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).
[17]
Cfr.  Asamblea Nacional Constituyente.  Informe-Ponencia  "Mecanismos
de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico".
Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.  Gaceta
Constitucional Nº 77.  Mayo 20 de 1991.  Págs. 9 y 10.
[18]Presidencia de la
República.  Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de
Colombia.  Febrero de 1991. págs. 203 y 205.
[19]BANDRES, José
Manuel.  "Poder Judicial y Constitución". Bosch Casa Editorial.
Barcelona. 1987. págs. 24 y 25.
[20]El contexto
dentro del cual se profirió la sentencia, los actores y los intereses se
reflejan en el contenido y móviles subyacentes del intruso comunicado que a
continuación se transcribe:
"Los magistrados de las altas
corporaciones de la Rama Judicial que integran la Comisión Técnica para la
elaboración del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
registran con inquietud la exposición pública de dictámenes, sin vinculación
con los episodios procesales que constituyen la oportunidad de pronunciamiento
legítimo de los jueces, que sobre asuntos de trascendencia nacional, sometido
actualmente a examen de la Honorable Corte Constitucional, hicieron tres
Honorables magistrados de esta alta corporación a cerca de la exequibilidad del
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991.
Esperamos que en acatamiento al efecto
inhibitorio que el ordenamiento jurídico ineludiblemente anexa a los
pronunciamientos anticipados de cualquier fallador, los Honorables magistrados
se separen del conocimiento del proceso cuya materia litigiosa fue objeto de su
prejuzgamiento". (Comunicado dado a conocer a la opinión pública por parte
de los Presidentes de las Altas Corporaciones de la Rama Judicial, doctores
HERNANDO YEPES ARCILA, PEDRO LAFONT PIANETA y ALVARO LECOMPTE LUNA. El Tiempo,
septiembre 15 de 1992)