C-372-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-372/04
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA ACTOS REFORMATORIOS DE LA CONSTITUCION-Oportunidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO
REFORMATORIO DE LA CONSTITUCION-Carácter rogado
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO
LEGISLATIVO-Parámetros de
referencia
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Presentación y trámite
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Exigencias constitucionales a observarse
durante el trámite
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO
LEGISLATIVO-Alcance
El control de constitucionalidad que se ejerce sobre
los actos legislativos se circunscribe, en principio, a la verificación de
posibles vulneraciones de cualesquiera de las disposiciones consagradas en el
artículo 375 de la Constitución y la Ley 5ª de 1992, en lo pertinente al
trámite legislativo al cual se sujetan esta variedad de reformas.  Así mismo,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley 5ª de 1992, la Corte
podrá constatar si en el trámite de un proyecto de Acto Legislativo se vulneró
alguna disposición del procedimiento legislativo ordinario que le sea
aplicable.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Límites constitucionales impuestos al
Congreso durante la segunda vuelta del trámite
ACTO LEGISLATIVO RELATIVO AL SECRETARIO
GENERAL DE LAS CAMARAS-Ampliación
del periodo institucional y prórroga del periodo de los actuales
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Durante el segundo periodo solo podrán
debatirse iniciativas presentadas en el primero
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Principios que orientan el trámite
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE
ACTO LEGISLATIVO-Alcance
En lo que concierne al principio de consecutividad,
como ya lo ha considerado la Corte, significa para el caso concreto, que el
articulado de un proyecto de acto legislativo tiene que surtir los ocho debates
en forma sucesiva, es decir tanto en las comisiones como en las plenarias,
tanto en la primera como en la segunda vuelta sin excepción. Al respecto cabe
señalar que la Corte ha mantenido una clara línea jurisprudencial en el sentido
de que los actos legislativos deben surtir dos vueltas y ocho debates, lo cual
no es óbice para que al proyecto inicial se le puedan introducir, de manera
excepcional, adiciones, supresiones o modificaciones, tal y como lo autoriza el
artículo 160 constitucional, a condición de que el tema hubiese sido por lo
menos discutido en la respectiva Comisión.
ACTO LEGISLATIVO-Tema no objeto de debate en comisiones
primera del Senado y la Cámara durante la segunda vuelta
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Aprobación de propuesta de exclusión de
varios artículos
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE
ACTO LEGISLATIVO-Elusión
de un debate reglamentario
PRINCIPIO DE IDENTIDAD RELATIVA EN PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance
En lo que respecta al principio de
identidad relativa, es preciso señalar que en virtud del artículo 160
constitucional las Plenarias pueden introducir a un proyecto las
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias, las cuales solo
resultan constitucionalmente viables cuando el asunto o materia a que se
refiere haya sido objeto de aprobación en primer debate. En tal sentido, no
puede la plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo
no guarda unidad temática con el tema que se ha debatido y aprobado en las comisiones,
toda vez que en ese caso se desconocería la Constitución. En virtud del
principio de identidad relativa, que flexibiliza el trámite legislativo, las
Plenarias pueden introducir al proyecto las modificaciones, supresiones y
adiciones que juzgue necesarias. No obstante, como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación, esos cambios introducidos por las Plenarias
deben guardar una estrecha relación con los diversos temas debatidos y
aprobados en el debate surtido en las respectivas comisiones. Se debe tratar,
en consecuencia, de artículos, que sin haber surtido un debate reglamentario,
pueden ser incorporados como nuevos por las Plenarias debido a la estrecha
conexidad existente entre éste y el tema o asunto que si fue discutido y
aprobado en comisiones.
PRINCIPIO DE IDENTIDAD RELATIVA EN PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Desconocimiento
por no tratarse de un tema novedoso o de un artículo nuevo
En sentencia la Corte consideró que, so pretexto de
proponer modificaciones o adiciones en las plenarias, como lo autoriza el
artículo 160 de la Constitución, no puede tergiversarse la significación de
dicha norma para introducir como artículo nuevo un texto que ya de novedoso no
tiene absolutamente nada porque había sido presentado en las Comisiones, y no fue
votado por ellas, previo acuerdo para ello. En dicha sentencia también se dijo
que ése es un texto antiguo, y que, presentarlo como nuevo es en realidad un
artificio para burlar el artículo 157 de la Constitución pretextando darle
aplicación al artículo 160 de la misma. Considera la Corte que las Plenarias de
Cámara y Senado no podían argumentar que se trataba de un tema “novedoso” o de
un “artículo nuevo”, completamente desconocido, y por ende, no estaban
facultadas para introducirlo en el texto del articulado de la reforma política.
Así pues, se terminó vulnerando el principio de identidad relativa.
Referencia: expediente D-4835
Demanda de inconstitucionalidad contra  el
artículo 7º del Acto Legislativo No. 01 de 2003, "por el cual se adopta
una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones".
Actor: Manuel Alberto Restrepo Medina
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C.,  veintisiete (27) de abril de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en los
artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Manuel
Alberto Restrepo Medina solicita a la Corte declarar inexequible el artículo 7º
del Acto Legislativo 01 de 2003 "por el cual se adopta una Reforma
Política y se dictan otras disposiciones".
La Magistrada Sustanciadora, mediante auto del
veintinueve (29) de agosto de 2003, admitió la demanda de la referencia por
cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de
1991.  En dicha providencia decretó la práctica de algunas pruebas.  Así,
ordenó a las Secretarías Generales del H. Senado de la República y la H. Cámara
de Representantes, remitir los antecedentes legislativos, copia de los
originales o copias auténticas de las gacetas y las Actas en las que conste lo
correspondiente al trámite surtido en el Congreso de la República del Acto
Legislativo 01 de 2003.  Así mismo, les solicitó que se certificaran las fechas
de las sesiones correspondientes, el quórum deliberatorio y decisorio, así como
de los resultados de las votaciones del proyecto de Acto Legislativo en las
distintas etapas en Comisiones y Plenarias de cada Corporación legislativa.
Una vez allegadas en su totalidad las pruebas
solicitadas, la Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 6 de octubre de
2003, ordenó la fijación en lista de las normas acusadas y el traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto.
Al mismo tiempo resolvió comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso e invitar,
de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, al Ministerio del
Interior y de Justicia, la Academia Nacional de Jurisprudencia y a los
Departamentos de Derecho Público de las Universidades Nacional, Rosario y
Externado de Colombia, a fin de que emitieran su concepto en relación con la
demanda de la referencia.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de inconstitucionalidad, y previo concepto de la
Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir en
relación con la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
Se transcribe a continuación el texto del artículo 7º
del Acto Legislativo 01 de 2003 "por el cual se adopta una Reforma
Política Constitucional y se dictan otras disposiciones", según
publicación en el Diario Oficial No. 45.237 del 3 de julio de 2003.
Artículo 7°. Facultades de las Cámaras. El
numeral 2, del artículo 135 de la Constitución Política quedará así:
2. Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
Parágrafo transitorio. Para efecto de lo
dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período comenzará a regir a
partir del 20 de julio de 2002.
III.    FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El ciudadano Manuel Alberto Restrepo Medina demanda el
artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003, por considerar que
desconoce los artículos 151 y 157 de la Constitución Política.
El actor señala que en el trámite legislativo del
artículo 7º demandado, se vulneraron los artículos 157 de la Constitución y 147
y 177 de la Ley 5ª de 1992 y, en consecuencia el artículo 151 Superior, por
cuanto el texto del artículo acusado, a pesar de haber sido negado en primer
debate en segunda vuelta por parte de la Comisión Primera del Senado y la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue incluido y aprobado por
las Plenarias de ambas Cámaras. A su juicio, las Plenarias debían devolverlo a
las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes con el fin de que
reconsideraran la novedad.  Así entonces, considera que es inconstitucional por
no haber surtido los debates reglamentarios exigidos.
Después de hacer un recuento del trámite que surtió el
artículo demandado en el Congreso, el actor reitera que en segunda vuelta, éste
fue votado negativamente en forma expresa por las Comisiones Primeras de ambas
Cámaras, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento
del Congreso, esto es, sin haber devuelto el proyecto legislativo para su
reconsideración por parte de la Comisión Constitucional Permanente, "de
modo que la aprobación del artículo con omisión del cumplimiento de este
requisito reglamentario implica una vulneración del artículo 151 de la Carta,
puesto que el propio Congreso desconoció una norma de su reglamento, al cual
"estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa".
En suma, afirma que el artículo 7º del Acto
Legislativo 01 de 2003 únicamente fue aprobado en 6 de los 8 debates
reglamentarios, toda vez que su aprobación en segundo debate, durante el
segundo período, en las Plenarias del Senado y la Cámara fue irregular.  Por lo
anterior, solicita se declare su inexequibilidad.
IV.    INTERVENCION
1. Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia
El ciudadano Luis Fernando Marín Molina, obrando en
calidad de apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, interviene en
el presente proceso con el fin de defender la constitucionalidad de la norma
acusada.
Señala que revisadas las Gacetas del Congreso No. 406,
437, 540 y 567 de 2002, así como la publicación efectuada a través del Decreto
99 de 2002, se observa que el texto "(similar, no idéntico") del
artículo demandado figura en todas las ponencias del proyecto que culminó con
el Acto Legislativo 01 de 2003, así como en la publicación del Gobierno.
Así mismo, después de hacer un recuento del trámite
que surtió el precepto demandado en segunda vuelta, afirma que éste fue
plenamente conocido tanto por los integrantes de las Comisiones Primeras
Permanentes Constitucionales de cada cámara como por las Plenarias de las
mismas, en todos y cada uno de los ocho debates que sufrió el texto definitivo
del Acto Legislativo.
Así las cosas considera que el hecho de que la
inclusión del texto del artículo 7º demandado no haya sido aprobada por las
Comisiones Primeras en los debates dados en ellas en segunda vuelta, no es
razón para que dicho artículo esté afectado de inconstitucionalidad.  Lo
anterior, por cuanto el mismo fue conocido por los Congresistas que decidieron
votar negativamente su permanencia en el proyecto de Acto Legislativo.
A su juicio, no se requiere que los proyectos de Actos
Legislativos tengan el mismo texto durante los ocho debates.  La única
limitación que establece la Carta Política consiste en que lo que no aparezca
en el texto aprobado en la primera vuelta y publicado al culminar ésta no tiene
cabida en el segundo período ordinario de sesiones ni pueden introducirse temas
nuevos.  Aunado a lo anterior, explica que de una interpretación armónica de
los artículos 158, 160 y 161 Superiores, puede concluirse que en las comisiones
y en las Plenarias se pueden introducir modificaciones al texto del proyecto de
Acto Legislativo, siempre y cuando conserven la identidad del proyecto y que en
el segundo período solamente se podrán estudiar y modificar los temas aprobados
en el primero.
Considera que no existe ningún vicio de forma en el
trámite en la formación del artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003, "por
cuanto el Congreso de la República tramitó este precepto de acuerdo a lo
dispuesto por la Constitución; fue publicado antes de darle trámite en las
comisiones respectiva; aprobado en primero y segundo debate en cada una de las
cámaras legislativas; las ponencias respectivas tanto en las comisiones como en
las Plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates
correspondientes; entre el primero y segundo debate en cada Cámara mediaron los
términos a que alude el artículo 160 de la Constitución y, se aprobó con el
quórum constitucional requerido en las Plenarias de cada Cámara, como parte del
texto conciliado por la Comisión nombrada a tal fin por las mesas directivas
del Senado y de la Cámara."
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Vista Fiscal rinde concepto,
solicitando se declare la inexequibilidad del artículo 7º del Acto Legislativo
01 de 2003, modificatorio del artículo 135 de la Constitución Política, por
considerar que desconoce los artículos 151, 157 y 375 Superiores, así como los
artículos 147 y 177 de la Ley 5ª de 1992.
En primer término señala que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional y el artículo 277 de la Ley 5ª de 1995, el
trámite relativo al procedimiento legislativo ordinario que no sea incompatible
con las regulaciones constitucionales, tendrá aplicación en el trámite
relacionado con las reformas constitucionales.  Así, considera válido que el
actor, como fundamento de su cargo, haga referencia a algunos preceptos de la
Ley 5ª de 1992.
Indica que las dos vueltas para la aprobación de un
Acto Legislativo, exigidas por el artículo 375 de la Constitución, deben
sujetarse a lo prescrito en el artículo 157 constitucional, en tanto que en la
primera vuelta como en la segunda, los proyectos de Acto Legislativo requieren
ser aprobados en los cuatro debates reglamentarios, previa publicación en la
Gaceta del Congreso.
Con base en lo anterior, afirma que el artículo 7º
demandado requería haber sido aprobado durante los ocho debates, y al ser
negado expresamente en dos de ellos, no se dio cumplimiento al artículo 157
constitucional, que exige que todo proyecto debe ser aprobado en primer debate
en las comisiones constitucionales respectivas.
Anota que, teniendo en cuenta que la norma acusada fue
negada en el primer y en el tercer debate de la segunda vuelta, si las
Plenarias consideraban pertinente su inclusión nuevamente, debieron haber
agotado el trámite que exige el artículo 177 de la Ley 5ª de 1992, es decir,
remitir el artículo a la Comisión para su reconsideración.
Finalmente indica que como el artículo demandado fue
eliminado en segunda vuelta en las Comisiones Constitucionales Permanentes de
ambas Cámaras, las Plenarias no podían, en virtud del artículo 160 de la
Constitución, introducir modificaciones o adiciones al proyecto, toda vez que
estas últimas no pueden, como lo señala el artículo 177 de la Ley 5ª de 1992,
corresponder a temas nuevos, pues ello violaría el principio de unidad de
materia, o temas rechazados o expresamente negados, lo que desconocería no sólo
el artículo 157 de la Constitución sino también el principio de representación.
VI. CONSIDERACIONES.
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de
conformidad con el numeral 1º del artículo 241 de la Constitución Política, por
estar dirigida contra una disposición que forma parte de un acto reformatorio
de la Constitución.
2. Oportunidad de la acción
El inciso 2º del artículo 379 Superior señala que la
acción pública contra los actos reformatorios de la Constitución sólo procederá
dentro del año siguiente a su promulgación.  El Acto Legislativo 01 de 2003 “por
el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras
disposiciones” fue publicado el tres (3) de julio de 2003 en el Diario
oficial No. 45.237.   La presente demanda se presentó el quince (15) de agosto
de 2003, esto es, dentro del término establecido constitucionalmente.
3. Cargos de inconstitucionalidad presentados en la
demanda
El actor argumenta que durante el trámite
surtido por el artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003 en el Congreso de la
República, se vulneró lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución, por
cuanto pese de haber sido excluido por las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes, durante el segundo período, las Plenarias de ambas Cámaras lo
incluyeron nuevamente. Así mismo, aduce que se desconoció el artículo 151 de la
Constitución, al no haberse aplicado lo dispuesto en los artículos 147 y 177 de
la Ley 5ª de 1992.  El primero de ellos, en tanto reproduce el contenido del
artículo 157 Superior y, el segundo, pues a su juicio las Plenarias debieron
solicitar a las Comisiones, la reconsideración del texto del artículo 7º del
Acto Legislativo, aprobado en aquellas oportunidades.  Finalmente, afirma que
el artículo acusado no surtió los 8 debates reglamentarios, exigidos en el
artículo 375 de la Constitución.
4. Problemas Jurídicos
Corresponde a la Corte determinar lo siguiente:
a) Si el hecho de que el artículo 7º del Acto Legislativo
01 de 2003 no haya sido aprobado en las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes, durante el primer debate de la segunda vuelta,  constituía una
limitante para que, por Plenarias se introdujeren modificaciones o adiciones.
b) Si el artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2002
surtió o no los 8 debates constitucionales.
Con el fin de resolver los anteriores interrogantes,
la Corte analizará: i) el trámite que surtieron las normas consagradas
en el artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003; ii) el alcance del
control de constitucionalidad sobre los proyectos de Acto Legislativo; iii)
los límites constitucionales que tiene el Congreso de la República durante el
trámite de la segunda vuelta de una reforma constitucional y iv) si
finalmente se observaron o no las disposiciones constitucionales y
reglamentarias que rigen el procedimiento legislativo constituyente.
5. Trámite surtido por el proyecto de Acto Legislativo
No. 01 de 2002-Senado y 136 de 2002-Cámara, en especial lo relacionado con el
artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003.
5.1. TRÁMITE EN PRIMERA VUELTA
5.1.1. Primer debate en la Comisión Primera
Constitucional del Senado.
El 20 de julio de 2002, un grupo de más de diez
Senadores radicó en la Secretaría General del Senado de la República el
proyecto de Acto Legislativo No. 01 de 2002 –Senado “por medio del cual se
adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones”,
el que conjuntamente con su exposición de motivos fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 303 del 29 de julio de 2002.[1]
Los temas centrales de este proyecto se relacionaban con el régimen de los
partidos políticos, algunos aspectos de la estructura del Estado, el
funcionamiento del Congreso y régimen de los Congresistas.
En el  mencionado proyecto, el artículo demandado
correspondía al artículo 10º, el cual determinaba lo siguiente:
"Artículo 10.  Los servidores
administrativos y técnicos de las Cámaras.
El artículo 135 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 135. Son funciones de cada Cámara:
(.. .)
2) Elegir a su Secretario General, para
períodos de dos años contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las
mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara “  (subrayado
fuera del texto)
El 15 de
agosto de 2002, otro grupo de Senadores radicó ante la Secretaría General del
Senado de la República el proyecto de Acto Legislativo 03 de 2002-Senado “por
el cual se adopta una Reforma Política Constitucional”, el cual con
la respectiva exposición de motivos fue publicado en la Gaceta del Congreso No.
344 del 20 de agosto de 2002.[2]
Los temas centrales de este proyecto se relacionaban con el fortalecimiento de
los partidos políticos, el funcionamiento del Congreso y el régimen de los
congresistas, la objeción presidencial, la participación del Gobierno en el
procedimiento legislativo y su relación con el Congreso y el régimen
electoral.  A su vez, consagraba una incompatibilidad para ejercer cargos
públicos o celebrar contratos con el Estado para quienes hayan sido condenados
por la Comisión de delitos contra el patrimonio público.
En la
exposición de motivos se destacan entre los objetivos más importantes de este
proyecto de reforma, el fortalecimiento de la democracia y la recuperación del
equilibrio entre los poderes públicos. En este proyecto de Acto Legislativo el
artículo demandado correspondía al artículo 10º, el cual señalaba lo
siguiente:
“Artículo 10. Adiciónese el artículo 135 de la
Constitución Política, con el siguiente numeral décimo:
Son facultades del Congreso de la República:
10. Participar activamente en la dirección y
control de los ingresos y los gastos públicos, entre otros:
a) En la discusión y aprobación del plan de
inversiones públicas, que comprenderán tanto el análisis y la decisión sobre la
inversión global como sobre la regional;
b) En la discusión y
aprobación del presupuesto nacional;
c) En ejercicio del control
político, en audiencias públicas especiales que se podrán celebrar máximo una
vez a la semana y a las que deberán acudir los ministros a responder conforme a
la ley y al reglamento. En ellas, los congresistas formularán al Gobierno, en
intervenciones cortas y precisas, los reclamos y aspiraciones de sus
comunidades.
Lo dispuesto en este ordinal
se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las Asambleas Departamentales y
los Concejos Municipales.”
Obsérvese que ninguno de los anteriores proyectos de Acto
Legislativo proponían reformar el numeral 2º del artículo 135 de la
Constitución Política, pues si bien se incluyó en el proyecto de reforma y en
las ponencias, el texto propuesto es igual al texto de la Constitución, cuyo
tenor en aquella oportunidad era el siguiente:
“Artículo 135.  Son
facultades de cada Cámara: (…)
2. Elegir a su Secretario General, para
períodos de dos año, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las
mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara. (…)
En la Gaceta del Congreso No. 406 del 1º de octubre de
2002 se publicó la ponencia para primer debate en el Senado de la República del
proyecto de Acto Legislativo No. 01 de 2002, acumulado con los proyectos 03 y
07 de 2002, con el correspondiente pliego de modificaciones. En el texto del
proyecto propuesto por los Senadores ponentes no se planteaba modificación
alguna al numeral 2º del artículo 135, referente a las facultades de cada
Cámara de elegir sus respectivos Secretarios Generales para períodos de dos
años.  El precepto demandado correspondió al artículo 11 del proyecto, cuya
redacción era la siguiente[3]:
Artículo 11. Facultades de las Cámaras.
El artículo 135 de la Constitución Política quedará
así:
(…)
2. Elegir a su
Secretario General, para períodos de dos años contados a partir del 20 de julio
, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara.
(…)
En la Gaceta No. 102 del 11 de marzo de 2003 se
publicó el Acta No. 09 correspondiente a la sesión del 8 de octubre de 2002 de
la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, en la cual en
relación con el artículo 11 del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002-Senado,
aparece la siguiente constancia: “Leído el artículo once del pliego de
modificaciones, abierta y cerrada su discusión y sometido a votación es
aprobado por los miembros de la Comisión”[4],
es decir que durante el primer debate de la primera vuelta en el Senado, el
numeral 2º del artículo 135 de la Constitución que consagra la facultad de cada
Cámara de elegir a su Secretario General por un período de 2 años, permaneció
incólume.
El texto del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002
aprobado en primer debate– primer período, por la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado, aparece publicado en la Gaceta del
Congreso No. 437 del 22 de octubre de 2002.[5]
El contenido de la disposición acusada en aquella oportunidad, según consta en
el Acta No. 10 correspondiente a la sesión del 16 de octubre de 2002, publicada
en la Gaceta No. 103 del 11 de marzo de 2003[6],
era el siguiente:
“Artículo 11.  Facultades de las Cámaras.
El artículo 135 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 135.  Son facultades de cada
Cámara: (…)
2. Elegir a su Secretario General, para
períodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir
las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara. (…)
5.1.2. Segundo Debate en la Plenaria
del Senado.
La ponencia para segundo debate en
plenaria del Senado se encuentra publicada en la Gaceta 437 del 22 de octubre
de 2002. En aquella oportunidad los Senadores no presentaron pliego de
modificaciones, es decir, que en relación con el numeral 2º del artículo 135 de
la Constitución no se planteó cambio alguno. No obstante, durante el segundo
debate se introdujeron algunas modificaciones al proyecto de Acto Legislativo
01 de 2002 acumulado con el 03 y 07 del mismo año, aprobado en la Comisión
Primera Permanente del Senado.
En la sesión de la plenaria realizada el 30 de octubre
de 2003, que consta en el Acta No. 20, publicada en la Gaceta 526 del 20 de
noviembre de 2002,  el Senador Ciro Ramírez, con el respaldo de 50 Senadores,
presentó una proposición sustitutiva relacionada con el numeral 2º del artículo
135 de la Constitución que consagra la facultad de cada Cámara de elegir a su
Secretario General, en el sentido de modificar el período del mismo de dos (2)
a cuatro (4) años.  La ampliación del término obedeció a que a juicio del
proponente, el Secretario es el funcionario que tiene mayores
responsabilidades. Tal modificación fue discutida y aprobada por la plenaria de
esta manera:[7]
“…En cuanto se refiere al Subsecretario la
Ley 5ª dice: El Subsecretario será elegido por la respectiva Cámara para el
período constitucional de esta o sea que es de 4 años y en la Ley 3ª en el
artículo 11 habla lo siguiente; en cada Comisión Constitucional Permanente
habrá un secretario elegido por la mayoría de los votos de los asistentes para
el respectivo período constitucional de la Comisiones Permanentes, o sea que
todos los secretarios son nombrados por cuatro años, por eso señor Presidente
quiero presentar este artículo, esta proposición sustitutiva del artículo 11
que dice; y en el cual está respaldado por más de 50 Senadores que dice: “Elegir
al Secretario General para períodos de 4 años contados a partir del 20 de
julio; quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de
la respectiva Cámara”.  Yo hago esta propuesta indudablemente que el
Secretario es el que tiene mayores responsabilidades que los demás funcionarios
y por eso le pido a todos los colegas que apoyemos esta proposición sustitutiva
(…)
… Para
expresarle a la plenaria que no tenemos ninguna objeción a esa proposición
sustitutiva del numeral correspondiente del artículo  que estamos discutiendo,
me parece que lo complementa bien (…)
… La Presidencia somete a consideración de
la plenaria la proposición sustitutiva del artículo 11, presentada por el
honorable Senador Ciro Ramírez Pinzón, y cerrada si discusión pregunta:
¿Adopta la plenaria la modificación
propuesta?
Y esta le imparte su aprobación. ”
(subrayado fuera del texto)
En la Gaceta del Congreso No. 481 del 8
de noviembre de 2002 se publicó el texto definitivo del proyecto de Acto
Legislativo No. 01 de 2002, aprobado en las sesiones de la Plenaria del Senado
de la República, en el cual aparece el artículo 11, cuyo numeral segundo
consagra como facultad de las Cámaras elegir al Secretario General para un
período de cuatro (4) años.  El texto del artículo aprobado en la plenaria del
Senado durante el primer período es el siguiente[8]:
"Artículo 11. Facultades de las
Cámaras.  El artículo 135 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 135. Son facultades de las
Cámaras. (…)
2. Elegir al Secretario General para
periodos de cuatro (4) años contados a partir del 20 de julio; quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva
Cámara"
5.1.3. Primer Debate en la Comisión Primera
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.
La ponencia para primer debate– primer período del
proyecto de Acto Legislativo No. 01 de 2002- Senado y 136 de 2002- Cámara, en
la Comisión Primera Permanente de la Cámara de Representantes se publicó, junto
con el pliego de modificaciones, en la Gaceta del Congreso No. 540 de noviembre
22 de 2002.  En este último el numeral 2º del artículo 135 de la Constitución
fue adicionado con la expresión “de 2002”.  El texto del precepto
acusado el cual correspondía al artículo 11 del proyecto era el siguiente:[9]
“Artículo 11. Facultades de las Cámaras.
El artículo 135 de la Constitución Política, quedará así:
(…)
2. Elegir al Secretario General, para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio de 2002,
quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara.
El numeral 2º del artículo 135 de la Constitución,
modificado por el artículo 11 del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002
relacionado con la facultad de cada Cámara de elegir a su Secretario General
fue discutido y aprobado por la Comisión Primera Permanente de la Cámara de
Representantes en primer debate-primer período, en la sesión del 25 de
noviembre de 2002, la cual consta en el Acta No. 10 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta No. 305 del 19 de junio de 2003.[10]  La discusión y
aprobación se dio de la siguiente manera:
“…Continúe con la
lectura del siguiente artículo, señor Secretario. Secretario:
Artículo 11. Facultades de las Cámaras.  El
artículo 135 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 135. Son facultades de cada
Cámara
(…)
2. Elegir al Secretario General, para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio de 2002,
quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara.
(…)
…Gracias señor
Presidente. El numeral dos del futuro artículo 135 dice: "Elegir al
Secretario General, para períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20
de julio de 2002"  ese es un hecho pasado.
Si bien es cierto la
Constitución es intemporal, en este caso no aplicaría salvo que le quieran
prorrogar el período al actual secretario, que entiendo que por reglamento
tiene un período de dos años. Lo lógico es que diga, lo constitucional, a
partir del 2006.
Me parece que es la
fecha, porque este es un hecho pasado, este Acto Legislativo va a salir el
próximo año, en el 2003 y nos estamos refiriendo a una fecha que ya pasó, de
una elección que no podría producirse porque ya se efectuó.
Entonces, lo técnico
por hermenéutica jurídica, señor Presidente, sería el que se refiriera a la
fecha 2002 a 2006, se cambiara simplemente.
La Presidencia concede
una intervención al H.R. Reginaldo Montes para explicar el punto en cuestión.
Doctor Arcila, usted
llegó al tema, doctor Arcila, lo que estamos buscando es que el Congreso no
caiga nuevamente en una elección, porque casi todos los períodos están a cuatro
años.
Entonces, expresamente
estamos dejando contemplado que los secretarios de Senado y Cámara actuales
quedarían cobijados por la norma de los cuatro años, esa es la razón de ser y
no caigamos en el desgaste de una campaña porque así lo estamos haciendo en
todas las instancias.
Interpela el H.R. José
Luis Arcila: Señor Presidente, me parece que la intención es buena, me parece
perfecto; pero tiene que ser un hecho futuro a partir del 2006, eso es lo
técnico, lo demás es cómo deberían colocar una ratificación o una reelección
del actual secretario.
Sí manifiesto mi
disenso en el evento de que se mantenga la redacción, simplemente pido voto
nominal para ese artículo, señor Presidente.
La Presidencia concede
el uso de la palabra al H.R. Jesús Ignacio García para una constancia.
Es para decirle al
doctor Arcila que este Acto Legislativo es complementario del referendo y si el
referendo está modificando las pensiones que se decretaron hace 10 años, por
qué aquí no se va a poder modificar el período de un secretario que fue elegido
hace dos? Gracias señor Presidente.
Presidente:         En
consideración el artículo, pidieron votación nominal, hay una proposición del
doctor Telésforo.
(…)
Votación nominal
entonces para el numeral segundo del artículo 11.
Interviene el H.R.
Reginaldo Montes: Señor Presidente, el artículo tiene varios numerales,
entonces ya fue excluido lo que pidió el doctor Telésforo, solicite votación
para la integralidad del artículo en forma nominal como lo solicitaron.
(…)
La Presidencia concede
una intervención para una moción de orden, el H.R. José Luis Arcila: Señor
Presidente, para que de cumplimiento con el inciso primero del artículo 158 si
algún miembro propone el que se vote por partes, en ese sentido solicito que se
vote por partes, en contravía de lo que sugiere el doctor Reginaldo.
Presidente:         Entonces,
las partes que pide el doctor Arcila son: el numeral segundo una parte y el
resto, otra parte.
Vamos a votar el
numeral segundo, de acuerdo a la solicitud del doctor Arcila, los que estén de
acuerdo con el numeral segundo, como está en la ponencia, favor levanta la
mano.
Por la afirmativa :                                   DIECISIETE
(17) VOTOS
Por la Negativa:                                      SIETE
(7) VOTOS
En consecuencia ha
sido aprobado el numeral segundo de artículo 11.”
El texto del proyecto de Acto Legislativo 01 de
2002-Senado y 136 de 2002- Cámara, aprobado en primer debate- primer período
por la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes fue publicado en la Gaceta No. 567 del 6 de diciembre de 2002.
El artículo 11 del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002, por medio del cual
se  modificaba el numeral 2º del artículo 135, en el primer debate –primer
período de la Cámara de Representantes fue aprobado tal y como fue presentado
en el pliego de modificaciones, es decir, varió en relación con el año a partir
del cual comienzan a contar los cuatro (4) años del período del Secretario
General.  Su contenido era el siguiente[11]:
“Artículo 11. Facultades de las Cámaras. El
artículo 135 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 135.  Son facultades de cada
Cámara:
(...)
2. Elegir al Secretario General) para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio de 2002,
quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara.”
5.1.4. Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de
Representantes.
El informe de ponencia para segundo debate –primer
período del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002-Senado y 136 de 2002-
Cámara, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se encuentra publicada
en la Gaceta No. 567 del 6 de diciembre de 2002. En el pliego de modificaciones
no se presenta cambio alguno en relación con el precepto demandado, es decir,
conserva la redacción del aprobado en primer debate.[12]
En la sesión del 9 de diciembre de 2002, que consta en
el Acta No. 32, publicada en la Gaceta No. 59 del 14 de febrero de 2003, fue
discutido y aprobado el contenido del artículo acusado.  En el transcurso de
aquélla, el Representante Gustavo Petro presentó las siguiente proposición:[13]
“Proposición: El numeral dos del
artículo trece quedará así:
Dos.  Elegir al Secretario General para
períodos de dos años.”
Una vez discutida la anterior proposición, fue
rechazada y el texto completo del artículo donde aparece la expresión demandada
fue aprobado igual que en primer debate en la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes.
El texto definitivo del proyecto de Acto Legislativo
01 de 2002- Senado y 136 de 2002- Cámara, aprobado en la Plenaria de la Cámara
de Representantes, durante el segundo debate-primer período, fue publicado en
la Gaceta del Congreso No. 592 del 16 de diciembre de 2002.  El texto del
artículo 11 del proyecto, por medio del cual se modifica el artículo 135 de la
Constitución era el siguiente:[14]
“Artículo 11. Facultades de las Cámaras. El
artículo 135 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 135.  Son facultades de cada
Cámara:
(...)
2. Elegir al Secretario General) para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio de 2002, quien
deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva
Cámara.”
5.1.5. Conciliación
Teniendo en cuenta que los textos del proyecto da Acto
Legislativo 01 de 2002 –Senado y 136 de 2002 –Cámara aprobados en las Plenarias
del Senado y la Cámara de Representantes eran diferentes, el 13 de diciembre de
2002 se reunió la respectiva Comisión de Conciliación conformada por Senadores
y representantes.  En el Acta de Conciliación aparece en relación con el
numeral 2º del artículo 135 de la Constitución modificado por el artículo 11
del Acto Legislativo 01 de 2002-Senado y 136 de 2002-Cámara, la siguiente
constancia: “La Comisión acoge el texto aprobado por la plenaria de la
honorable Cámara de Representantes, respecto de los numerales 2, 8 y 9 que se
reforman…”.
Debe aclararse, que si bien se dijo acoger el texto de
la Cámara de Representantes, lo que realmente se acogió la Comisión de
conciliación fue el contenido normativo propuesto respecto de la prórroga del
período de los actuales secretaros, para proponer un parágrafo nuevo.
El texto del artículo 11 del proyecto de Acto Legislativo
01 de 2002-Senado y 136 de 2002-Cámara que modificaba el numeral 2º del
artículo 135 de la Constitución, en cuanto a la facultad de las Cámara de
elegir su Secretario General, adoptado por la Comisión de Conciliación era el
siguiente:
“Artículo 11. Facultades de
las Cámaras. (…)
2. Elegir al Secretario
General para períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio,
quien deberá reunir las mismas calidades para ser miembro de la respectiva
Cámara.
(…)
Parágrafo transitorio.  Para
efecto de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período
comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2002.”
El informe de conciliación fue
sometido a consideración y aprobación de la Plenaria del Senado en la sesión
ordinaria del 16 de diciembre de 2002 que consta en el Acta No. 39 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta No. 32 del 4 de febrero de  2003.  Para el mismo
efecto, se presentó ante la Plenaria de la Cámara de Representantes en la
sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2002, la cual consta en el Acta No. 36
de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 81 del 5 de marzo de 2003.
5.1.6. Publicación por parte del Gobierno.
Así como lo exige el artículo 375 de la Constitución,
el 22 de enero de 2003 fue publicado en el Diario Oficial No. 45.071, el
decreto 099 de 2003 “por el cual se ordena la publicación del proyecto da
Acto Legislativo, por el cual se adopta una reforma política constitucional y
se dictan otras disposiciones”.   El contenido del artículo 11 que modifica
el numeral 2º del artículo 135 de la Constitución publicado es el siguiente[15]:
“Artículo 11. Facultades de las Cámaras.
Los numerales 2, 4, 8 y 9 del artículo 135 quedarán así:
(…)
2.  Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva
Cámara.”
(…)
Parágrafo Transitorio.  Para efecto de lo
dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período comenzará a regir a
partir del 20 de julio de 2002.”
5.2. TRÁMITE EN SEGUNDA
VUELTA DEL ARTÍCULO ACUSADO
5.2.1. Primer debate en la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado.
En la Gaceta del Congreso No. 146 del 3 de abril de
2003 se publicó la ponencia para primer debate- segundo período del proyecto de
Acto Legislativo No. 136 de 2002 Cámara - 01 de 2002 Senado, acumulado con los
proyectos de Acto Legislativo 03 y 07 de 2002.  El texto del artículo acusado
propuesto en el pliego de modificaciones era el mismo del  aprobado en la
primera vuelta, es decir:[16].
“Artículo 11.  Facultades de las Cámaras.
Los numerales 2, 4, 8 y 9 del artículo 135 quedarán así:
(…)
2.  Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
(…)
Parágrafo transitorio.  Para efecto de lo
dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período comenzará a regir
del 20 de julio de 2002.”
En lo que concierne específicamente al
artículo referente a las facultades de las Cámaras, según consta en el Acta No.
27 del 9 de abril de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso No. 216 del 22
de mayo de 2003, sucedió lo siguiente:
“Lectura de ponencias y consideración
de proyectos para primer debate.
“1. Proyecto de Acto Legislativo número
01 de 2002 Senado, 136 de 2002 Cámara, por el cual se adopta una Reforma
Política Constitucional y se dictan otras disposiciones. (Segunda vuelta).
Respecto a este punto la
Presidencia interviene para manifestar lo siguiente:
Damos pues inicio al primer punto y único
del Orden del Día Trámite del Acto Legislativo número 01 del año 2002. Como
todos ustedes saben se reunió desde las 9:30 de la mañana una Comisión que
estuvo debatiendo y tratando de aproximar los diferentes puntos de vista en
relación con el trámite de esta iniciativa. Le pregunto a alguno de los
miembros que hizo parte de dicha Comisión, Senador González, por ejemplo, si
pueden rendirnos algún informe al respecto, o tiene alguna propuesta concreta
sobre la materia.
La Presidencia concede el uso de la palabra
al honorable Senador Andrés González Díaz:
Sí señor Presidente, hemos avanzando en
un primer aspecto que consiste en determinar los temas que habrían de ser
excluidos de la consideración y aprobación y la determinación de otro tipo de
temas que serán objeto de análisis y de discusión.
De manera tal que propondría que en la
primera parte de esta sesión procedamos a definir esos temas a través de una
proposición que excluye aquellos artículos del texto propuesto por la ponencia
y a renglón seguido ocuparnos de los temas que quedan restantes. De manera que
esa sería la propuesta concreta, una vez se apruebe la proposición.
La Presidencia cierra la discusión de la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia y sometido a
votación es aprobado por los miembros de la Comisión. ( Subrayado fuera de
texto ).
Posteriormente, intervinieron los Senadores  Claudia
Blum de Barberi, Luis Alfredo Ramos, Oswaldo Darío Martínez Betancourt, Rodrigo
Rivera y Andrés González Díaz, quienes fijaron sus respectivas posiciones en
relación con el proyecto de reforma política. Acto seguido, la Presidencia de
la Comisión le concedió el uso de la palabra al Senador Andrés González Díaz,
quien expresó lo siguiente:
“Suprímase los siguientes artículos del texto
propuesto por los Ponentes, les rogaría a ustedes si tienen a bien se siga la
publicación, voy a leer el artículo y el acápite de los mismos cuando él
existe, para que no haya duda sobre el particular.
Suprímase entonces los artículos:
Séptimo. Relativo al fortalecimiento del
régimen de inhabilidades para los servidores públicos.
Noveno. Sobre el funcionamiento del
Congreso y de las Corporaciones Públicas y el Régimen de los Congresistas.
Décimo. Del funcionamiento del Congreso y
las Corporaciones Públicas y Régimen de los Congresistas.
Undécimo. Facultades de las Cámaras.
Duodécimo. Restricción y control de los
viajes al exterior.
Decimoquinto. Restricción a temas nuevos en
Plenarias.
Decimosexto. Conciliación Legislativa.
Decimoséptimo. Reformas a la objeción
presidencial.
Decimoctavo. Composición del Senado de la
República.
Decimonoveno. Composición de la Cámara de
Representantes.
Vigésimo. Inhabilidades de los
Congresistas.
Vigésimo primero. Incompatibilidades de los
Congresistas.
Vigésimo segundo. Fortalecimiento del
régimen de pérdida de investidura.
Vigésimo tercero. De los Ministros y
Directores de los Departamentos Administrativos.
Vigésimo quinto. De la integración de las
Corporaciones Públicas.
Vigésimo noveno. Ejercicio del control
fiscal.
Trigésimo. Relativo a la vigilancia de la
gestión fiscal de la Contraloría.
Trigésimo primero. Elección de Procurador.
Trigésimo segundo. Defensor del Pueblo.
Trigésimo quinto. Relativo al artículo 300
de la Constitución.
Trigésimo sexto. Relativo al artículo 305
de la Constitución.
Trigésimo octavo. Sobre el artículo 313 de
la Constitución y control político a nivel local.
Cuadragésimo. Aditivo del 339 de la
Constitución Política.
Cuadragésimo segundo. Sobre el presupuesto,
tema ya contenido en el Referendo.
Cuadragésimo tercero. Sobre Banco de la
República.
Cuadragésimo quinto. Sobre vigencia, sobre
el cual habría una sustitutiva.
Esa es la proposición señor Presidente. El
dos sería objeto de una sustitutiva, que a continuación vamos a someter a
consideración. Sí, porque es tema y hay una sustitutiva con el tema de la cifra
repartidora en el primer artículo que se refiera al 107, 108 y al 263.
La Presidencia somete a consideración de la
Comisión la proposición leída y la Presidencia concede el  uso de la palabra al
honorable Senador Hernán Andrade Serrano:
Moción de orden, doctor González, si el
artículo 25 no va, tenemos la siguiente duda. Nosotros tenemos una proposición
que tiene que ver con el famoso voto preferente. Entonces, la duda nuestra es
normal. Sobre qué artículo trabajaríamos y qué parte podríamos complementar No
lo discutimos acá, negado. Tocaría reabrir para después incorporar, nos queda
la duda de orden.
Con la venia de la Presidencia y del orador
interpela el honorable Senador Andrés González Díaz:
Yo pensaría, pero quisiera la ilustración
de la Presidencia, de la Secretaría, porque sobre este artículo también a
continuación una sustitutiva. Entonces, si es el caso primero excluimos y luego
la sustitutiva.
La Presidencia somete a consideración la
proposición con la modificación formulada por el honorable Senador Hernán
Andrade y cerrada su discusión la Comisión le imparte su aprobación con la
mayoría requerida constitucionalmente. ( Subrayado fuera de texto ).
El texto del proyecto de Acto Legislativo No. 01 de
2002-Senado y 136 – Cámara, aprobado en Comisión Primera del Senado durante el
segundo período, fue publicado en las Gacetas No. 315 del 1º de julio de 2003[17] y 169 del 22 de abril
de 2003.[18]
En él no aparece el texto del artículo relacionado con las facultades de las
Cámaras para elegir Secretario General.
5.2.2.  Segundo Debate en la Plenaria del Senado de la
República.
En la Gaceta del Congreso No. 169 del 22 de abril de
2003, se publicó el informe de ponencia para segundo debate-segundo período en
el Senado de la República.  En éste se encuentra una relación de los artículos
suprimidos en primer debate- segundo período, de los cuales hacía parte el
texto del artículo cuestionado referente a las facultades de las cámaras.
En la sesión del 5 de mayo, la cual consta en el Acta
No. 53, publicada en la Gaceta No. 222 del 26 de mayo de 2003, el Senador Ciro
Ramírez Pinzón, respaldado por un grupo de más de 80 Senadores, propuso a la
plenaria del Senado introducir nuevamente dentro de las facultades de las
cámaras, consagradas en el artículo 135 de la Constitución, la siguiente: “Elegir
al Secretario General para período de 4 años, contados a partir del 20 de
julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de
la respectiva Cámara.” Sometida a consideración la proposición, ésta fue
discutida y aprobada así:[19]
“… Con la venia de la Presidencia hace uso
de la palabra el honorable Senador Ciro Ramírez Pinzón:
Gracias señor Presidente, es una
proposición que tiene la firma de más de 80 Senadores, y toca hacer una
modificación porque es un Acto Legislativo, y precisamente lo llevamos aquí a
la reforma política que dice: Los suscritos Senadores proponemos a la plenaria
de la Corporación se introduzca un artículo en el texto  de la reforma
política, el cual quedará así:
Facultades de la Cámara, y numerales 2, 4,
8, 9 del artículo 135 de la Constitución Política quedará así:
Elegir al Secretario General para período
de 4 años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas
calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
Hago esta pequeña sustentación señor
Presidente habida cuenta, que el señor Subsecretario que está aquí presente, es
nombrado por 4 años, todos los Secretarios de Comisiones del Senado y de la
Cámara son nombrados por 4 años; hubo una discriminación cuando se hizo este
Acto
Legislativo de que solamente el Secretario
era por dos años; por eso presento esta proposición que tiene firmas de 80
Senadores.
Por instrucciones de la Presidencia, la
Secretaría da lectura al artículo nuevo propuesto por el honorable Senador Ciro
Ramírez Pinzón.
El artículo dice así: Los suscritos
Senadores proponemos a la Plenaria de la Corporación se introduzca un artículo
en el texto de la Reforma Política, el cual quedará así. Facultades de las
Cámaras; el numeral 2 de la Constitución Política quedará así del artículo 135:
Elegir al Secretario General para períodos
de 4 años contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas
calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.  Esta leída la
proposición señor Presidente.
La Presidencia somete a consideración de la
plenaria el artículo nuevo presentado por el honorable Senador Ciro Ramírez
Pinzón y pregunta:
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto)
Y esta responde afirmativamente con la
mayoría reglamentaria constitucional.”
En la Gaceta del Congreso No. 190 del 7 de mayo de
2003, se publicó el texto definitivo al proyecto de Acto Legislativo No. 01 de
2002 Senado y 136 de 2002-Cámara, aprobado por la Plenaria del Senado de la
República los días 23, 28, 29 y 30 de abril y 5 de mayo de 2003.  En esta
publicación aparece nuevamente el texto del numeral 2º del artículo 135, el
cual corresponde al artículo 5º  del proyecto, cuyo tenor es el siguiente:[20]
"Artículo 5. El numeral 2º del
artículo 135 de la Constitución Política quedará así:
Elegir a su Secretario General para períodos
de cuatro (4) años contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las
mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara."
5.2.3. Primer debate en la Comisión Primera
Constitucional de la Cámara de Representantes.
En la Gaceta del Congreso No. 220 del 23
de mayo de 2003, se publicó el informe de ponencia para primer debate en
segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo número 01 de 2002- Senado y 136
de 2002- Cámara en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
En el pliego de modificaciones no aparece cambio alguno del contenido de la
disposición en cuestión, sólo varió el número del artículo del Acto
Legislativo, que en esta ocasión correspondía al artículo 6º.[21]
En lo que concierne a la norma demandada, cabe señalar
que durante la sesión del 3 de junio de 2003, la cual consta en el Acta No. 26,
publicada en la Gaceta No. 391 del 6 de agosto de 2003, sucedió lo siguiente:
Por solicitud del Presidente el Secretario
procede con la lectura del artículo 6º:
Artículo 6º. El numeral 2 del artículo 135
de la Constitución Política, quedará así:
2. Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro (4) años contados a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
Para este artículo hay una
proposición aditiva, que me permito leer:
Adiciónese un parágrafo transitorio al
artículo 6º de la ponencia, modificatorio del artículo 135 de la Constitución
Política, con el siguiente contenido:
Parágrafo transitorio. El período de los
actuales Secretarios Generales de la Cámara de Representantes y el Senado de la
República concluirá el 20 de julio de 2006
.
Está suscrito por los honorables
Representantes: Rosmery Martínez, Javier Vargas, Homero Giraldo, Jesús Ignacio
García, Zamir Silva, Clara Pinillos.
Hay como quince firmas, señor Presidente.
Tiene la palabra el honorable Representante
Arboleda:
Gracias señor Presidente. Mi firma en la
ponencia está; pero en la reunión que hicimos, sobre este punto yo quise
reservarme; lo recuerdan los compañeros Ponentes.
A mí me parece que este punto no debe ir en
la reforma de la Constitución; eso será objeto de modificar la Ley 5ª o de otro
mecanismo; pero yo pido (como no tengo papel aquí que me permita presentarla
por escrito, señor Presidente) este numeral de la reforma sea retirado, señor
Presidente.
Presidente:
Continúa la discusión; anuncio que va a
cerrarse.
Se le concede el uso de la palabra al
honorable Representante Eduardo Enríquez Maya:
Adhiero a la proposición del Representante
Arboleda y si es posible en esa proposición se le aumentara.
No estoy de acuerdo con solucionar
problemas individuales y que se tenga como base una reforma constitucional.
Yo creo que eso no es de buena presentación
y, repito, adhiero a la proposición de Arboleda. Muchas gracias.
El Presidente concede el uso de la palabra
al honorable Representante Almendra Velasco Lorenzo:
Gracias; también para adherirme a la
propuesta de algunos compañeros, de que eso no es de Constitución, sino de...
no se entiende... de leyes.
El honorable Representante Ramón Elejalde
pide la palabra:
Señor Presidente, para manifestarle que yo
soy consecuente con mi discurso. Me opuse a la ampliación de períodos de los
Alcaldes, Gobernadores, Diputados y Concejales y me opongo a esta ampliación; y
además discrepo de los compañeros que dicen que eso no es de Constitución sino
de leyes.
Es que quien señala el período de años es
el numeral 2 del artículo que está citado allí.
A continuación el honorable Representante
Arcila Córdoba José Luis:
Sí señor Presidente, precisamente lo que
señalaba el doctor Elejalde al final, este es un tema por excelencia la
Constitución lo trae el actual texto y no sería bueno hacer una reforma que
solo entre a regir a partir del 2006.
Es de manera inmediata la vigencia de esta
reforma política y no puede ser indiferido.
Por esa razón, me parece que es procedente
la proposición que se ha presentado. Gracias señor Presidente.
Presidente:
Se cierra la discusión. Vamos a votar en
primer lugar la proposición que suprime el artículo como viene propuesto en la
ponencia.
Dice la proposición presentada por el
doctor Oscar Arboleda, Eduardo Enríquez y el doctor Elejalde:
Proposición
Retírase el artículo 6º del informe de
ponencia del Acto Legislativo 01 de 2002 Senado y 136 de 2002 Cámara.
Quienes estén por la afirmativa de esta
supresión, ponerse de pie.
El Secretario:
Informa al Presidente que por la supresión
del artículo 6º del proyecto hay diecisiete (17) votos, por la supresiva.
Presidente:
Les sugiero que permanezcan de pie para
volverlos a contar; por favor, los honorables Parlamentarios ocupar sus
curules, para proceder a la votación.
Los que estén por la afirmativa de suprimir
el artículo 6º, ponerse de pie.
Secretario:
Suprimir el artículo 6º del período de los
Secretarios.
Veinticuatro (24) votos por la supresiva.
Presidente:
Quienes estén por la negativa de la
supresiva, por favor, ponerse de pie.
Secretario:
Seis (6) honorables parlamentarios por la
negativa.
Ha sido retirado el artículo de acuerdo con
la proposición de los honorables Representantes Arboleda, Elejalde... ( Subrayado fuera de texto ).
5.2.4.  Segundo Debate en Plenaria de la Cámara de
Representantes.
En la Gaceta del Congreso No. 271 de junio 11 de 2003,
se publicó la ponencia para segundo debate- segundo período en la Cámara de
Representantes del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002- Senado 136 de
2002-Cámara. En esta ponencia aparece el texto definitivo aprobado por la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde se eliminó el texto
de la disposición cuestionada. En el pliego de modificaciones presentado ante
la plenaria de la Cámara de Representantes no aparece referencia alguna a la
facultad de cada Cámara de elegir Secretario General.  No obstante durante el
debate se presentó una modificación al proyecto en este sentido.
En la sesión del 17 de junio de 2003 que consta en el
Acta No 58 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 378 del 31 de julio de
2003, en la plenaria del Senado fue propuesta nuevamente como facultad de las
cámaras, elegir al Secretario General por período de 4 años. La discusión y
aprobación de la anterior proposición se dio de la siguiente forma:
“…Hay una proposición con un artículo nuevo
que dice: Facultades de las Cámaras.  El numeral dos del artículo 135 de la
Constitución Política quedará así:
Dos: Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir
las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
Parágrafo transitorio. Para efecto de lo
dispuesto en el numeral dos del presente artículo el período comenzará a partir
del 20 de julio de 2002.  Tiene muchas firmas Presidente, está leído el texto.
Dirección de la sesión por la Presidencia:
En votación nominal se pronunciará la
Corporación.
El honorable Representante Omar Armando
Baquero Soler, expresa:
Señor Presidente veo que es viable el
artículo, pero no  puede ser retroactivo, no podemos aprobar esto, cuidado
compañeros en ese sentido, yo quisiera que el doctor Angelino esté aquí por
ocho años, pero estamos tomando una medida con efectos retroactivos al año
2002, lo cual me parece que si queremos que él sea el que continúe debemos
buscarle otro tipo de redacción, pero no que estemos legalizando una elección
ya realizada poniéndole fecha del 2002. Quiero dejar esa advertencia
únicamente.
Dirección de la sesión por la Presidencia:
Señor Representante Negret.
Intervención del honorable Representante
César Negre Mosquera:
Señor Presidente, aquí acabamos de
prorrogar un período y no hubo ninguna dificultad, en la Cámara todos los
Presidentes de las Comisiones son de cuatro años, lo que se quiere es unificar
los períodos tanto en Senado como en Cámara, hay mucho ambiente para el tema,
creo que hay que votarlo Presidente…”
El artículo propuesto fue aprobado por 100 votos a
favor y 7 en contra, su contenido era el siguiente:[22]
“Facultades de las Cámaras.  El numeral dos
del artículo 135 de la Constitución quedará así:
Dos: Elegir al Secretario General para
períodos de cuatro años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir
las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva cámara.
Parágrafo transitorio.  Para efecto de lo
dispuesto en el numeral dos del presente artículo, el período comenzará a
partir del 20 de julio de 2002.”
En la Gaceta del Congreso No. 301 del 18 de junio de
2003 se publicó el texto definitivo del Acto Legislativo 01 de 2002- Senado y
136 de 2002 Cámara, aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes,
cuyo artículo 15, denominado "nuevo" preceptúa (página 8):
“Artículo 15. (Nuevo). Facultades de las
Cámaras.  El numeral 2 del artículo 135 de la Constitución Política quedará
así:
2. Elegir al Secretario General para
periodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá
reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
Parágrafo Transitorio. Para efectos de lo
dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el periodo comenzará a regir a
partir del 20 de julio de 2002. "
5.2.5. Conciliación
Debido a que los textos del proyecto de Acto
Legislativo 01 de 2002 –Senado y 136 de 2002 –Cámara aprobados en las Plenarias
del Senado y la Cámara de Representantes eran diferentes, el 19 de junio de
2003 se reunió la respectiva Comisión de Conciliación conformada por Senadores
y representantes.  En el Acta de Conciliación, en lo relacionado con la reforma
del artículo 135 de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 01 de
2002-Senado y 136 de 2002-Cámara, aparece la siguiente constancia:
“Explicación de la
conciliación tomando como texto base el aprobado por la Plenaria de la Cámara
de Representantes
(…)
Artículo 15.  Artículo
135 de la Constitución Política: Se acoge el texto de Cámara.
El texto del artículo 7 del proyecto de Acto Legislativo
01 de 2002-Senado y 136 de 2002-Cámara que modifica el numeral 2º del artículo
135 de la Constitución, en lo concerniente a la facultad de las Cámara de
elegir su Secretario General, adoptado por la Comisión de Conciliación fue el
siguiente:
“Artículo 7º. Facultades de
las Cámaras.  El numeral 2 del artículo 135 de la Constitución Política quedará
así:
2. Elegir al Secretario
General para períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio,
quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara.
Parágrafo transitorio.  Para
efecto de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período
comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2002.”
En la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes, sobre la cual se elaboró el Acta número 60 de junio 19 de 2003,
publicada en la Gaceta del Congreso 395 de 2003, se debatió y aprobó el Acta de
Conciliación en segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo 136 de 2002
Cámara, 01 de 2002 Senado, en donde el artículo 7º de dicha Acta, corresponde
al artículo 7º  del Acto Legislativo 01 de 2003 y el texto acogido fue aquel de
la Cámara de Representantes.
El texto acogido por la Comisión de Conciliación fue
aprobado en la plenaria del Senado el 19 de junio de 2003 según consta en el
Acta No. 66 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 328 del 11 de julio
de 2003.
5.2.6. Publicación en el Diario Oficial
El Acto Legislativo 01 de 2003 “por el cual se
adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones” fue
publicado en el Diario Oficial No. 45.237 del 3 de julio de 2003.
6. Contenido y alcance del control de
constitucionalidad que se adelanta sobre reformas a la Carta Política por vía
de actos legislativos
El artículo 241 Superior consagra la
facultad de la Corte Constitucional de  proteger la integridad y supremacía de
la Constitución.  En cumplimiento de esta función, a esta Corporación le
corresponde “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución,
cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su
formación”.  Al respecto, la Corte en sentencia C-543 de 1998, con ponencia
del Magistrado Carlos Gaviria Díaz consideró que no se trataba de un control de
constitucionalidad oficioso sino rogado, y por ende, “la Corporación en
estos casos tan sólo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los
demandantes”.
En lo que concierne a los parámetros que
se deben seguir para adelantar el mencionado control, de conformidad con lo
establecido en el artículo 379 Superior se tiene que los actos legislativos sólo
podrán ser declarados inconstitucionales cuando violen los requisitos
establecidos en el Título XIII de la Carta Política. Al respecto, la Corte
consideró en sentencia       C-387 de 1997, con ponencia del Magistrado Fabio
Morón Díaz, que el adverbio “sólo” no podía ser tomado en su sentido
literal por cuanto “es obvio que otras normas de la Carta y del reglamento
del Congreso resultan aplicables al trámite complejo que se cumple con ocasión
de los proyectos conducentes a la modificación de la Carta y que la
inobservancia de esas otras normas compatibles con el proceso de reforma
constitucional, puede derivar en la inconstitucionalidad del acto reformatorio,
situación que adquiere una especial relevancia tratándose del reglamento del
Congreso, pues pese a su carácter infraconstitucional, su desconocimiento es
susceptible de generar una vulneración de la Carta, por cuanto teniendo la
naturaleza de ley orgánica, a sus dictados ha de someterse el Congreso al
ejercer su actividad (art. 151 C.P.).”
Más recientemente, en sentencia C-1200 de 2003, con
ponencia de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil,
la Corte  consideró que “el parámetro de referencia para el control de
constitucionalidad de un acto reformatorio de la Constitución está integrado
por las normas del Título XIII de la Constitución que regulan el respectivo
procedimiento; las normas constitucionales y orgánicas que resulten pertinentes
en función del mecanismo de reforma constitucional de que se trate, y las
normas constitucionales que regulan la competencia en materia de reforma
constitucional.”
Cabe asimismo señalar que el primer inciso del
artículo 375 Superior señala que podrán presentar proyectos de Acto
Legislativo, el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de
los concejales o de los diputados y un número de ciudadanos equivalente por lo
menos al 5% del censo electoral vigente ( artículo 223 de la Ley 5ª de 1992 ).
Así mismo, dispone que el trámite de un proyecto de Acto Legislativo se surtirá
en dos períodos ordinarios y consecutivos.  En cuanto a la votación, señala que
en el primer período, el proyecto deberá ser aprobado por la mayoría de los
asistentes y posteriormente, publicado por el Gobierno; en el segundo período
la aprobación del mismo requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada
Cámara.  En relación con las posibles modificaciones que pueden
introducírsele, el artículo 375 constitucional establece que en el segundo
período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. El
artículo 226 de la Ley 5ª de 1992 complementa la anterior disposición, en la
medida en que precisa que las iniciativas negadas en el primer período, no
podrán ser consideradas nuevamente y que los cambios introducidos en la segunda
“vuelta” no podrán alterar la esencia de lo aprobado inicialmente.
Al respecto la Corte, en un esfuerzo de
sistematización, en sentencia C-543 de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos
Gaviria Díaz, señaló cuáles son las exigencias constitucionales que deben ser
respetadas durante el trámite de un proyecto de Acto Legislativo, y que ha venido
reiterando posteriormente en sentencias C-487 de 2002, C-313 de 2004, en los
siguientes términos:
“- Iniciativa. Los proyectos de Acto
Legislativo pueden provenir del Gobierno, de los miembros del Congreso en
número no inferior a 10, del veinte por ciento de los concejales o de los
diputados, y de los ciudadanos en un número equivalente al menos al cinco por
ciento del censo electoral vigente (art. 375 C.P.)
- Publicación en la Gaceta. El proyecto de Acto Legislativo debe
publicarse en la Gaceta del Congreso antes de darle curso en la Comisión
respectiva (art. 157-1 C.P y art.144 ley 5/92)
- Informe de ponencia. El Acto Legislativo deberá tener informe
de ponencia en la respectiva Comisión encargada de tramitarlo, y a él deberá
dársele el curso correspondiente (art. 160 C.P.)
- Aprobación. El Acto Legislativo
deberá aprobarse en dos períodos ordinarios y consecutivos, así: en la primera
legislatura por la mayoría de los asistentes y en la segunda por la mayoría de
los miembros de cada Cámara (art. 375 C.P.)
-Publicación. Aprobado el proyecto en el primer período, el
Gobierno deberá publicarlo (art. 375 C.P.)
- Debate e iniciativas. En el
segundo período sólo pueden debatirse iniciativas presentadas en el primero
(art. 375 C.P.)
- Términos. Entre el primero y segundo debate deberá mediar un
lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de
las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo
menos quince días (art. 160 C.P.)
- Modificaciones. Durante el segundo debate cada Cámara podrá
introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue
necesarias (art. 160 C.P.)
- Rechazo de propuestas. En el informe para la Cámara plena en
segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que
fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo
(art. 160 C.P.)
- Unidad de materia. Los Actos Legislativos también deben
cumplir con esta exigencia constitucional, en cuyo caso, como ya lo expresó la
Corte[23]
el "asunto predominante del que ellos se ocupan, no es otro que la reforma
de determinados títulos, capítulos o artículos de la Constitución, o la adición
de ella con disposiciones que no están incorporadas en la Carta pero que se
pretende incluir en su preceptiva" (art. 158 C.P.)
- Título. El título del Acto
Legislativo deberá corresponder exActamente a su contenido, y a su texto
precederá esta fórmula : "El Congreso de Colombia,
DECRETA :" (art. 169 C.P.)
De igual manera, de conformidad con las sentencias
C-222 de 1997, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, y
C- 387 del mismo año, con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, atendiendo
a las características de la función constituyente atribuida al Congreso de la
República para la expedición de actos legislativos, no resultan aplicables las
disposiciones relativas al mensaje de urgencia, las sesiones conjuntas de las
Comisiones Constitucionales ni la objeción presidencial.
Así entonces, el control de constitucionalidad que se
ejerce sobre los actos legislativos se circunscribe, en principio, a la
verificación de posibles vulneraciones de cualesquiera de las disposiciones
consagradas en el artículo 375 de la Constitución y la Ley 5ª de 1992, en lo
pertinente al trámite legislativo al cual se sujetan esta variedad de
reformas.  Así mismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley
5ª de 1992, la Corte podrá constatar si en el trámite de un proyecto de Acto
Legislativo se vulneró alguna disposición del procedimiento legislativo
ordinario que le sea aplicable.[24]
7.      Límites
constitucionales a los que se encuentra sometido el Congreso de la República
durante la segunda vuelta del trámite de un Acto Legislativo.
Los cargos
de inconstitucionalidad planteados por el ciudadano se encaminan a plantear la
existencia de un vicio de procedimiento que habría tenido ocurrencia durante la
segunda vuelta del  trámite que surtió el artículo 7° del Acto Legislativo 01
de 2003. Por ello, la Corte centrará su examen en los límites que la
Constitución le impone al Congreso de la República durante esta segunda etapa
de formación de un acto reformatorio de la Carta Política.
En tal
sentido, es preciso señalar que la norma demandada modifica una de las facultades
de las Cámaras, cual es la de elegir sus respectivos Secretarios Generales, en
un doble sentido: por una parte el período institucional fue extendido de dos a
cuatro años; por otra, aunque se mantuvo la fecha del 20 de julio como inicio
del período de los mencionados funcionarios, mediante un parágrafo transitorio,
se dispuso que aquél comenzará a regir “a partir del 20 de julio de
2002”, en tanto que no se presentó modificación alguna en cuanto a las
calidades que debe reunir quien aspire a ocupar el mencionado cargo. En otras
palabras, mediante un Acto Legislativo, se amplió el período
institucional de los Secretarios Generales de cada Cámara, e igualmente, se prorrogó
por dos años el período de quienes actualmente vienen desempeñando esos cargos
públicos.
Ahora bien,
de conformidad con el artículo 375 constitucional, durante el segundo período
sólo podrán debatirse iniciativas presentadas a lo largo de  la primera vuelta.
De conformidad con el Diario Oficial núm. 45.071 del 22 de enero de 2003, p. 3,
la reforma al artículo 135 constitucional, relativo a las facultades de las
Cámaras,  fue aprobado en los siguientes términos:
Articulo 11.
Facultades de las Cámaras.  Los numerales 2, 4, 8 y 9 del artículo 135 de la
Constitución  Política quedarán así:
2. Elegir al
Secretario General para períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20
de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro
de la respectiva cámara.
4. Determinar la celebración de sesiones
reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los
congresistas a los Ministros y a las respuestas de éstos.
El reglamento regulará la materia.
8. En ejercicio del control político: Proponer
moción de censura respecto de los Ministros, directores de Departamento
Administrativo, los presidentes de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, los directores y miembros de las juntas de los Organismos Autónomos e
Independientes del Estado y los directores de Institutos Descentralizados del
orden Nacional, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La
moción de censura, si hubiera lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la
décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara.  La votación se
hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate,
en Congreso pleno, con audiencia de los funcionarios respectivos. Una
aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara.
Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo.  Si fuere
rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la
motiven hechos nuevos.
Como sanción, la moción de censura tiene carácter
individual y mientras este procedimiento se encuentre en trámite, no será
admisible ni la presentación ni la aceptación de la renuncia al cargo.
9. Citar y requerir a los Ministros, Directores de
Departamentos Administrativo y Directores de Institutos Descentralizados del
Orden Nacional y los Directores y Miembros de las Juntas de los Organismos
Autónomos e independientes del Estado para que concurran a las sesiones.  Las
citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y
formularse precisando el objeto de la citación. En caso de que los funcionarios
no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva cámara, esta podrá proponer
moción de censura.  Los funcionarios deberán ser oídos en la sesión para la
cual fueron citados.  El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al objeto de
la sesión y deberá encabezar el orden del día de la misma.
Parágrafo
transitorio. Para efecto de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo,
el período comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2002.   (subrayado fuera del texto).
Una vez
dilucidado que durante la segunda vuelta el Congreso de la República solo podía
discutir las iniciativas de la ampliación del período institucional y de la
prórroga de los actuales Secretarios Generales de las Cámaras, entra la Sala a
examinar, y en relación con los cargos propuestos, si durante aquélla se
respetaron o no los principios que orientan el trámite legislativo y que
resultan aplicables, en lo pertinente, al curso que debe seguir un proyecto de
Acto Legislativo, es decir, los principios de consecutividad e identidad
relativa.
En lo que concierne al principio de consecutividad,
como ya lo ha considerado la Corte, significa para el caso concreto, que el
articulado de un proyecto de acto legislativo tiene que surtir los ocho debates
en forma sucesiva, es decir tanto en las comisiones como en las plenarias,
tanto en la primera como en la segunda vuelta sin excepción[25]. Al respecto cabe
señalar que la Corte ha mantenido una clara línea jurisprudencial en el sentido
de que los actos legislativos deben surtir dos vueltas y ocho debates[26], lo cual no es óbice
para que al proyecto inicial se le puedan introducir, de manera excepcional,
adiciones, supresiones o modificaciones, tal y como lo autoriza el artículo 160
constitucional, a condición de que el tema hubiese sido por lo menos discutido
en la respectiva Comisión.
Así mismo, es necesario indicar que la sentencia C-
222 de 1997, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, la
Corte insistió en la necesidad de que fueran surtidos los ocho debates
constitucionales correspondientes, en los siguientes términos:
“Algo muy importante, derivado de la
exigencia constitucional de un cierto número de debates -cuatro para las leyes
(art. 107 C.P.) y ocho para los actos legislativos (art. 375 C.P.)- es el
imperativo de llevarlos a cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que
pueda entenderse que lo hecho es válido, de modo tal que, si llegare a faltar
uno de los debates exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del
mismo, según la Carta Política o el Reglamento, queda viciado de
inconstitucionalidad todo el trámite y así habrá de declararlo la Corte en
ejercicio de su función de control.”  ( subrayado fuera de texto ).
Más recientemente, en sentencia C- 801 de 2003, con
ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, la Corte estimó que en virtud
del principio de consecutividad “la totalidad del articulado propuesto en la
ponencia presentada debe ser discutido, debatido y aprobado o improbado
por la Comisión constitucional permanente o por la plenaria, según sea el caso.
En cuanto a las proposiciones modificatorias o aditivas que se planteen en el
curso del debate, así como las supresiones, deben igualmente ser objeto de
discusión, debate y votación, salvo que el autor de la propuesta decida
retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 1992. Es preciso
que se adopte una decisión y no se eluda la misma respecto de un tema, so pena
de que se propicie un vacío en el trámite legislativo que vulnere el principio
de consecutividad” ( subrayado fuera de texto ).
Pues bien, del
examen de las pruebas que reposan en el expediente, la Corte encuentra que a lo
largo del trámite que conoció la norma demandada durante la segunda vuelta se
desconoció el principio de consecutividad, como pasa a
explicarse.
Los temas la ampliación
del período institucional de los Secretarios Generales de las Cámaras y de la prórroga
de los actuales, no fueron objeto de debate alguno en las Comisiones
Primera del Senado y Primera de la Cámara de Representantes, durante la segunda
vuelta.
En efecto, de
conformidad con el Acta No. 27 del 9 de abril de 2003, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 216 del 22 de mayo de 2003, un grupo de Senadores se había
reunido con el propósito de determinar  “los temas que habrían
de ser excluidos de la consideración y aprobación y la determinación de
otro tipo de temas que serán objeto de análisis y de discusión.”  Dentro de
esos temas figuraban, precisamente, aquellos referidos a los períodos de los
actuales y futuros Secretarios de las Cámaras.  En otros términos, se llegó a
un acuerdo político previo para que el mencionado tema no fuera objeto de
debate en la mencionada Comisión, como de hecho no lo fue, es decir, que por
tal acuerdo político en la respectiva Comisión se propuso por el Senador Andrés
Gonzalez Días, se aprobara la exclusión de varios artículos, entre los cuales
aparece el que se analiza, proposición de exclusión que fue aprobada por la
mayoría requerida constitucionalmente.
Por lo tanto, el
demandante se equivoca al afirmar que la norma demandada fue negada en la
Comisión Primera del Senado durante la segunda vuelta, por cuanto lo que
sucedió, se insiste, es que se votó la propuesta de exclusión y fue aprobada.
En otras palabras, se trata de un caso de elusión de un debate
reglamentario, que vulnera de esta manera el principio de consecutividad[27].
Otro tanto
sucedió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En  efecto, un
examen del contenido de la Gaceta del Congreso núm. 391 de 2003, p. 33,
evidencia que respecto de la norma demandada lo que se propuso por parte del
Representante Arboleda fue suprimir dicho artículo del proyecto, proposición
que sometida a votación fue aprobada por 17 votos.
En lo que respecta al principio de
identidad relativa, es preciso señalar que en virtud del artículo 160
constitucional las Plenarias pueden introducir a un proyecto las
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias, las cuales solo
resultan constitucionalmente viables cuando el asunto o materia a que se
refiere haya sido objeto de aprobación en primer debate. En tal sentido, no
puede la plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo
no guarda unidad temática con el tema que se ha debatido y aprobado en las
comisiones, toda vez que en ese caso se desconocería la Constitución[28]
Ahora bien, en el caso concreto, el
interrogante que surge es si las Plenarias de Cámara y Senado podían o no
adicionar un artículo al proyecto de Acto Legislativo, referente a la
ampliación del período institucional de los Secretarios Generales de las
Cámaras y a la prórroga de los actuales, amparándose en el artículo 160
constitucional.  La respuesta es negativa por las razones que pasan a
explicarse.
Como se ha visto, en virtud del principio
de identidad relativa, que flexibiliza el trámite legislativo, las
Plenarias pueden introducir al proyecto las modificaciones, supresiones y
adiciones que juzgue necesarias. No obstante, como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación[29],
esos cambios introducidos por las Plenarias deben guardar una estrecha relación
con los diversos temas debatidos y aprobados en el debate surtido en las
respectivas comisiones. Se debe tratar, en consecuencia, de artículos, que sin
haber surtido un debate reglamentario, pueden ser incorporados como nuevos por
las Plenarias debido a la estrecha conexidad existente entre éste y el tema o
asunto que si fue discutido y aprobado en comisiones.
En el presente caso, se está ante los
temas de la ampliación del período de los secretarios de las Cámaras y la
prórroga del período de los actuales, que si fueron conocido por la Comisiones,
en la segunda vuelta, pero no fue votado por ellas, previo acuerdo para su
retiro de la ponencia respectiva. Al respecto, en la sentencia C-1056 de 2003,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte consideró que, so pretexto de proponer modificaciones
o adiciones en las plenarias, como lo autoriza el artículo 160 de la
Constitución, no puede tergiversarse la significación de dicha norma para
introducir como artículo nuevo un texto que ya de novedoso no tiene
absolutamente nada porque había sido presentado en las Comisiones, y no fue
votado por ellas, previo acuerdo para ello. En dicha sentencia también se
dijo que ése es un texto antiguo, y que, presentarlo como nuevo es en
realidad un artificio para burlar el artículo 157 de la Constitución
pretextando darle aplicación al artículo 160 de la misma.
En este orden de ideas, considera la
Corte que las Plenarias de Cámara y Senado no podían argumentar que se trataba
de un tema “novedoso” o de un “artículo nuevo”, completamente
desconocido, y por ende, no estaban facultadas para introducirlo en el texto
del articulado de la reforma política. Así pues, se terminó vulnerando el principio
de identidad relativa.
En suma, la Corte considera que durante
el trámite que surtió el artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003 se
violaron los principios de consecutividad e identidad relativa, razón por la
cual será declarado inexequible.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el
artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2003 “por el cual se adopta una
reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
El Honorable Magistrado doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, no firma la presente sentencia por encontrarse de
comisión en el exterior.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Salvamento de voto a la
Sentencia C-372/04
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Efectos nocivos de la expansión de la
doctrina sobre elusión del debate/PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Efectos
nocivos de la expansión de la doctrina sobre elusión del debate (Salvamento de
voto)
La doctrina de la elusión del debate y la votación
parlamentaria ha tenido una evolución que indica que ésta nació para evitar
hipótesis extremas de renuencia a ejercer la función parlamentaria y se
convirtió en una tesis excesivamente estricta que restringe los espacios de
deliberación democrática y le cierra las puertas a la dinámica política en la
formación de las leyes, lo cual tiene el efecto nocivo de castigar la
creatividad parlamentaria y de petrificar los proyectos de ley a lo decidido en
el primer debate.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Evolución de la doctrina sobre elusión
del debate y la votación parlamentaria (Salvamento de voto)
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-No elusión del debate por trámite con
el pleno consentimiento de los congresistas (Salvamento de voto)
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Contexto dentro del cual se presentó
la proposición supresiva (Salvamento de voto)
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Tesis de la elusión del debate/PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Criterio esencial en tesis de elusión del debate/PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO-Criterio esencial en tesis de elusión del debate (Salvamento de
voto)
La tesis
de la elusión del debate o de la votación no debe depender exclusivamente de la
forma jurídica mediante la cual una comisión o una plenaria adopta una decisión
sobre un proyecto de ley. El criterio esencial debe ser de orden material, con
el fin de valorar también el trámite en su conjunto y el contexto dentro del
cual se tomó una determinada decisión. Sólo así se puede distinguir realmente
entre la elusión de la responsabilidad parlamentaria, de un lado, y el
ejercicio conciente y legítimo de las funciones de representación política, de
otro. Y solo así podrá la Corte evitar sucumbir a las tentaciones del formalismo.
Referencia:
expediente D-4835
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 7° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, “por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones”
Actor: Manuel Alberto Restrepo Medina
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Con el acostumbrado respeto salvo el voto. Si bien
acompañé la sentencia C-801 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en la cual se
sentó por primera vez la doctrina según la cual está prohibido eludir el debate
parlamentario en cualquiera de sus etapas, considero que gradualmente esta
jurisprudencia se ha ido expandiendo más allá de las hipótesis en las cuales se
justifica aplicarla rigurosamente.
La doctrina de la elusión del debate y la votación
parlamentaria ha tenido una evolución que indica que ésta nació para evitar
hipótesis extremas de renuencia a ejercer la función parlamentaria y se
convirtió en una tesis excesivamente estricta que restringe los espacios de
deliberación democrática y le cierra las puertas a la dinámica política en la
formación de las leyes, lo cual tiene el efecto nocivo de castigar la
creatividad parlamentaria y de petrificar los proyectos de ley a lo decidido en
el primer debate. De manera esquemática dicha evolución se resume en las
siguientes etapas: 1) En la primera etapa, se encuentran los casos claros de
elusión del debate. En ellos, el contexto de la formación de la ley y el
análisis del trámite legislativo en su conjunto permitieron concluir que las
comisiones o las plenarias tuvieron la intención de evadir sus
responsabilidades. Así ocurrió en la C-801 de 2003,[30] en donde la Corte declaró
la inexequibilidad del artículo 47 de la Ley 789 de 2003, relativo a las
cesantías del sector público, que había sido propuesto en el curso del primer
debate ante las comisiones constitucionales permanentes reunidas en sesión
conjunta, pero frente al cual las comisiones trasladaron su responsabilidad de
debatir y votar a las plenarias, y una éstas a la comisión de conciliación. 2)
En la segunda etapa, se extendió el concepto de elusión a dos hipótesis
distintas: (i) La primera hipótesis se presenta cuando hay aplazamiento, ya no
del debate sino  de la votación. Esto fue lo que ocurrió en la sentencia C-1056
de 2003,[31]
en donde la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 797 de
2003. Este artículo fue ampliamente discutido en los cuatro debates, votado y
aprobado por las plenarias, pero su votación en las comisiones fue iniciada y
suspendida ante la declaración de impedimentos de algunos congresistas, en
acatamiento de la Constitución ante un eventual conflicto de intereses, asunto que
fue resuelto posteriormente por las Plenarias. Si bien la Corte examinó el
contexto del debate, concluyó que el aplazamiento de la votación constituía
evasión de sus responsabilidades. Salvé entonces el voto porque estimé que era
razonable que los congresistas obraran conforme a una interpretación legítima
de su deber ante una prohibición constitucional. Y del contexto, así como del
conjunto del trámite, no se constataba que había habido elusión. (ii) La
segunda hipótesis se presenta cuando se retira del debate parlamentario una
norma por la vía de una proposición “supresiva”, esto es, de una proposición
sustitutiva encaminada a suprimir un artículo del proyecto de tal forma que su
contenido nunca es sometido formalmente a votación. Esto fue lo que ocurrió con
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 11 de Ley 797 de 2003 en la
sentencia C-1056 de 2003.[32]
El artículo 11 hacía parte del proyecto original y fue incluido en la ponencia
para primer debate en las comisiones, pero no fue votado en comisiones porque
se presentó una proposición “supresiva” encaminada a eliminarlo del proyecto.
Como esta proposición fue aprobada, el contenido del artículo 11 nunca fue
sometido formalmente a votación en comisiones; 3) En la tercera etapa, el
concepto de elusión se extiende a la eliminación de un artículo en la ponencia
que se presenta a las comisiones o a las plenarias. Esto fue lo que ocurrió en
la sentencia C-1147 de 2003,[33]
en donde la Corte declaró inexequible el artículo 115 de la Ley 788 de 2003,
que consagraba un gravamen a los juegos de suerte y azar. Esta disposición se
encontraba en el proyecto original presentado por el Gobierno Nacional ante las
Comisiones Económicas, fue excluido en la ponencia para primer debate y
posteriormente reintroducida mediante una proposición aditiva presentada
durante el debate en las comisiones. Fue aprobada en las Comisiones Tercera y
Cuarta de la Cámara, negada por la Comisión Tercera del Senado luego que
persistiera un empate, y la Comisión Cuarta del Senado se abstuvo de votarla.
Para la Corte, todas las proposiciones presentadas en el curso de los debates,
ya sea modificatorias, aditivas o supresivas deben ser consideradas, debatidas
y votadas, a menos que sean retiradas por su autor. Por ello, la circunstancia
de que en la Comisión Cuarta del Senado de la República no se hubiera votado la
proposición sobre el gravamen a los juegos de suerte y azar, constituía
elusión. 4) En la cuarta etapa, se extiende esta concepción de elusión al
trámite de los actos legislativos, sin examinar el contexto o el trámite
legislativo en su conjunto. Ejemplo de esta última etapa es la sentencia C-313
de 2004,[34]
que declaró la inexequibilidad del artículo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003,
porque a pesar de haber sido aprobado en los cuatro debates en la primera
vuelta, así como en la Comisión y en la Plenaria del Senado con algunas
modificaciones durante la segunda vuelta, fue suprimido en la ponencia
presentada ante la comisión constitucional permanente de la Cámara, razón por
la cual ni la Comisión ni la plenaria de la Cámara se pronunciaron sobre ese
artículo.
En la presente sentencia, la Corte decidió aplicar la
tesis de la elusión del debate o de la votación a una reforma constitucional
que fue tramitado con el pleno consentimiento de los congresistas sin que
exista evidencia de que en alguna de las etapas del procedimiento legislativo
la mayoría de ellos haya buscado evadir su responsabilidad parlamentaria.
La prueba de la elusión en este caso es meramente
formal: la aprobación de una proposición supresiva tanto en la comisión primera
del Senado como en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Sin
embargo, esta prueba solo muestra que realmente los miembros de cada una de
estas comisiones adoptaron concientemente la decisión de que la Constitución no
fuera reformada en el punto referente al periodo de el Secretario General de
cada una de las cámaras. No se entiende como decidir sobre un tema equivale a
eludir el debate y la votación sobre el mismo.
En las sentencias en las cuales se esbozó la tesis de
la elusión mencionadas anteriormente, resultaba claro que la proposición
supresiva buscaba trasladar a la plenaria o a la otra cámara una decisión difícil
que los miembros de la comisión respectiva no querían tomar. A esa conclusión
llegó la Corte después de analizar la formación de la ley en su conjunto así
como el contexto dentro del cual se presentó la proposición supresiva o
eliminativa. El criterio entonces no fue meramente formal.
Si se hubiera tenido en cuenta el contexto dentro del
cual se presentó la proposición supresiva en la formación del artículo de la
reforma constitucional acusado, se volverían especialmente relevantes los
siguientes hechos:
1) El artículo relativo al periodo del Secretario
General de cada una de las cámaras, fue un asunto discutido ampliamente en los
cuatro debates de la primera vuelta del Acto Legislativo N° 1 de 2003. También
fue votado en las cuatro etapas del procedimiento legislativo. Por lo tanto, en
las comisiones primeras se conocían sus alcances y sus implicaciones así como
los argumentos a favor y en contra de que dicho tema fuera reformado.
2) En la segunda vuelta del Acto Legislativo hubo
razones políticas para eliminar de la reforma el artículo 7° durante el debate
en las comisiones primeras. En el Senado, la comisión primera había tratado de
buscar un acercamiento entre fuerzas políticas en torno a otros asuntos que se
consideraron en ese momento prioritarios. La eliminación del artículo 7° buscó
facilitar ese acercamiento y sacar de la agenda de la comisión un tema que
podría dividir a las fuerzas que se habían acercado políticamente. Es esta una
razón legítima y un móvil políticamente razonable. En cualquier caso, no se
trató en dicho debate de eludir la discusión o la votación. Por el contrario:
la proposición supresiva fue sometida a debate y votada. En la Cámara, la
comisión primera tuvo que volver sobre el punto porque en la plenaria del
Senado el artículo 7° fue también debatido, votado y por lo tanto reincorporado
al texto del Acto Legislativo 1 de 2003. En dicha comisión también se presentó
una proposición supresiva con el argumento de que el tema del periodo del
Secretario General de cada una de las cámaras no debería tener rango
constitucional. Es esta otra razón legítima que dista mucho del ánimo de eludir
un asunto polémico. En dicha comisión la proposición también fue sometida a
debate y votada, lo cual indica que sus miembros en ningún momento evadieron su
responsabilidad parlamentaria.
3) En materia de formación de los actos legislativos
existe norma expresa encaminada a hacer menos rígida, que antes de 1991, la
segunda vuelta. En efecto, el último inciso del artículo 375 de la Constitución
dice que “en este segundo periodo sólo podrán debatirse iniciativas presentadas
en el primero” se advierte que no exige esta norma que la iniciativa haya sido
debatida ni mucho menos votada en el primer periodo de formación del acto
legislativo, lo cual no significa que pueda versar sobre un tema completamente
nuevo y ajeno al texto adoptado en la primera vuelta. Esta norma queda
convertida en letra muerta si la Corte sólo permite que los textos debatidos y
votados en las comisiones primeras sean, en caso de ser negados, revividos en
las plenarias o si impiden que iniciativas presentadas en el primer periodo,
pero no incorporadas al texto aprobado de la primera vuelta sean luego
debatidas y aprobadas en el segundo periodo legislativo que han de surtir los
actos legislativos en su formación.
Si la tesis de la elusión del debate se lleva a estos
extremos también perderá fuerza normativa el inciso segundo del artículo 160,
adoptado por la Asamblea Constituyente precisamente para quitarle rigideces al
trámite parlamentario que impiden que de la deliberación democrática surjan
fórmulas de solución a los problemas nacionales, se construyan colectivamente
respuestas legislativas, e, inclusive, se deriven cambios en la posición de los
miembros del Congreso como resultado de los argumentos planteados a lo largo de
la formación de una ley o un acto legislativo. Si las plenarias no pueden
agregarle a los proyectos que vienen de las comisiones artículos nuevos en qué
queda la regla constitucional según la cual “durante el segundo debate cada
cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones
que juzgue necesarias”? es más, si las proposiciones eliminativas siempre
conducen a la inexequibilidad del artículo eliminado qué sentido tiene que la
Constitución faculte a cada cámara para introducirle al proyecto las
“supresiones que juzgue necesarias”. Es cierto que las normas del Reglamento
del Congreso, o sea de la Ley 5ª de 1992, no desarrollan plenamente la mayor
flexibilidad en el procedimiento legislativo que inspiró al Constituyente de
1991. Sin embargo, estas normas legales deben ser interpretadas armónicamente
con la Constitución y debe prevalecer el criterio final adoptado por el propio
reglamento en consonancia con la Carta según el cual cuando subsistan las
discrepancias entre comisión y plenaria, prima lo resuelto por la Corporación
en pleno (artículo 177 y 178).
Adicionalmente, de llevarse al extremo la tesis de que
una proposición eliminativa o supresiva prueba de manera irrefutable e ineludible
que lo que se buscó con ella fue eludir el debate o la votación, la Corte
debería declarar inconstitucional o a lo menos aplicar la excepción de
inconstitucional en el caso que corresponda,  de todas las normas de la Ley 5ª
de 1992 que permiten de manera expresa o en forma implícita las “supresiones”,
empezando por el artículo 114 que clasifica las proposiciones. En dicho
artículo la definición de proposición sustitutiva comprende la posibilidad de
que se proponga eliminar o suprimir un artículo.
La definición de si existió elusión parlamentaria, no
depende de la forma que haya adquirido la proposición para negar un artículo,
sino de la constatación de que se evitó debatir o decidir sobre cierta
disposición o asunto. Se presenta elusión del debate cuando para evitar
discutir un asunto se difiere la controversia para otra etapa del trámite
parlamentario, lo cual puede ocurrir de diferentes formas como por ejemplo
sustrayendo un artículo de la ponencia sin proponer eliminarlo o dejando una
disposición como constancia para que sea debatida en la siguiente etapa de la
formación del proyecto de ley.[35]
En cambio no hay elusión del debate cuando en el articulado propuesto por el
ponente se encuentra la disposición acusada, y ésta es sometida a debate
siguiendo las reglas de la Ley 5ª de 1992. Los congresistas no están obligados
a opinar sobre cada artículo del proyecto sometido a su consideración y la
Corte no es el juez de la suficiencia, calidad o profundidad de las razones
esgrimidas en el debate. Adicionalmente, hay elusión de la votación cuando una
disposición no es sometida, sin razón constitucional que lo justifique, a votación
después de abierto y cerrado el debate. Esto puede suceder por diferentes vías
políticas y formales que habrán de ser apreciadas en cada caso. Sin embargo, no
se presenta elusión de la votación cuando después de debatido el tema tratado
en un artículo, éste es sometido a la decisión de la comisión mediante la
técnica de la eliminación para que no sea aprobado sino negado. Ninguna norma
constitucional ni legal prohíbe las proposiciones sustitutivas encaminadas a
eliminar un artículo de un proyecto de ley. Lo que la Constitución prohíbe es
que se eluda la votación, no que dicha votación se lleve a cabo efectivamente a
partir de una proposición sustitutiva encaminada a eliminar o suprimir un
artículo.
En suma, creo que la tesis de la elusión del debate o
de la votación no debe depender exclusivamente de la forma jurídica mediante la
cual una comisión o una plenaria adopta una decisión sobre un proyecto de ley.
El criterio esencial debe ser de orden material, con el fin de valorar también
el trámite en su conjunto y el contexto dentro del cual se tomó una determinada
decisión. Sólo así se puede distinguir realmente entre la elusión de la
responsabilidad parlamentaria, de un lado, y el ejercicio conciente y legítimo
de las funciones de representación política, de otro. Y solo así podrá la Corte
evitar sucumbir a las tentaciones del formalismo.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT A LA
SENTENCIA C-372 DE 2004
PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO-Configuración real de la elusión del
debate (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance
respecto de la elusión del debate (Salvamento de voto)
PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO-Principios (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE IDENTIDAD EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance
(Salvamento de voto)
PRINCIPIOS
DE IDENTIDAD Y CONSECUTIVIDAD EN PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Referencia al tema específico mas no al artículo (Salvamento de
voto)
PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO-Concepto de elusión del debate debe
aplicarse para casos extremos (Salvamento de voto)
El concepto de elusión del
debate debe aplicarse para casos extremos en los que sea evidente que la
voluntad de la respectiva célula legislativa fue la de sustraer el artículo o
el tema de la deliberación y votación, es decir de eludir el debate.
PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Inexistencia de elusión del
debate (Salvamento de voto)
1.- Con el acostumbrado respeto por la
postura mayoritaria de la Sala, procedo a sustentar el salvamento de voto que
fue manifestado en la Sala Plena del día 27 de abril de 2004, respecto de la
sentencia C-372 de 2004.
2.- En
dicha providencia, se resolvió declarar inexequible el artículo 7 del
Acto Legislativo 01 de 2003, “Por el cual se adopta
una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”. Los
fundamentos para tal decisión se basan en que este artículo no surtió los ocho
debates que exige la Constitución para la aprobación de un acto legislativo. En
la segunda vuelta las comisiones primera de la Cámara y el Senado no debatieron
ni votaron el contenido material del artículo referido, que contenía los temas
autónomos de la ampliación del período de los secretarios de las cámaras y la
prórroga del período de los actuales, sino que lo que se propuso y aprobó fue
su eliminación de la ponencia, faltando de esta manera los debates 5 y 7 en
comisiones -segunda vuelta-. Por lo tanto, las plenarias de Cámara y Senado no
podían, en ése momento, introducir el artículo séptimo como artículo nuevo,
pues no había sido debatido en las comisiones respectivas en primer debate
-segunda vuelta-. Además, tampoco se trataba de un tema “novedoso” o de un
“artículo nuevo” pues se había ya tratado en las comisiones y se eludió su
debate previo acuerdo. Por ende, las plenarias de cada cámara no estaban
facultadas para introducirlo en el texto del articulado de la reforma política.
Fueron vulnerados entonces los principios de consecutividad e identidad
relativa.
3.- Teniendo en cuenta los argumentos de la
mayoría y las temáticas a que se refieren, en este salvamento estudiaré los
conceptos de identidad y consecutividad. Así, los argumentos principales y la
metodología de este salvamento serán similares a los expuestos en ocasiones
anteriores[36].
En primer lugar haré un breve estudio del procedimiento legislativo y los
principios que lo guían, tales como la identidad, consecutividad, la unidad de
materia, para luego hacer el análisis del artículo 7 acusado y mostrar que no
es inconstitucional por vicios de procedimiento en su formación. Obviamente,
aunque este salvamento retome puntos de otros elaborados previamente, es de
resaltar que este caso es diferente por tratarse de un acto legislativo. Así,
las particularidades del mismo serán tenidas en cuenta.
4.- Como ya fue mencionado, la principal
razón para declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 fue la supuesta
elusión del debate por parte de las comisiones permanentes de cada Cámara en la
segunda vuelta del trámite del acto legislativo.
Aunque estoy de acuerdo con la posición
mayoritaria, según la cual los congresistas están obligados a adelantar los
debates y las votaciones correspondientes a fin de respetar el principio
democrático y otros valores de suma importancia, considero que deben hacerse
ciertas precisiones a fin de respetar el trabajo legislativo y mantener la
primacía de la Constitución. En mi opinión, la elusión se torna
inconstitucional, es decir, se configura realmente, si los congresistas evaden
el debate acerca de un tema.
Así, en virtud del principio de consecutividad[37] -que guía el
proceso de formación de las leyes y en este caso de actos legislativos- tanto
las comisiones como las plenarias de una y otra cámara están en la obligación
de estudiar y debatir todos los temas que hayan sido puestos a su consideración
y no pueden renunciar a ese deber ni trasladar su competencia a otra célula
legislativa con el fin de que posteriormente sea considerado un asunto. No
obstante, considero que no siempre que deje de adelantarse un debate o deje de
practicarse una votación se configura una elusión que lleve a la declaratoria
de inconstitucionalidad de las normas. Cuando se trata de actos legislativos
aparece una previsión adicional contenida en el artículo 375 de la Constitución
según el cual, en el segundo período sólo podrán debatirse iniciativas
presentadas en el primero.
Pienso que en presencia de justificaciones
razonables o cuando la supuesta elusión sea consecuencia de la armonización de
interpretaciones de diversas normas, no cabría endilgar a la norma expedida
mediante este procedimiento ningún vicio. Pero cabe preguntarse acerca del
entendimiento de la razonabilidad. Ésta calidad implica que la interpretación
realizada no puede ser tan libre que acabe por desnaturalizar la noción de
procedimiento legislativo. Por tanto, una interpretación puede tenerse como
razonable siempre y cuando, el principio que la formalidad violada quería
proteger se mantenga a salvo. Lo anterior se basa en principios que esta Corte
ha tratado en diferentes ocasiones tales como la razonabilidad, la
instrumentalidad de las formas y la prevalencia del derecho sustancial[38].
Por tanto, una conducta derivada de una
interpretación razonable por parte del Congreso no puede acarrear la
inconstitucionalidad de una norma, pues el estudio adelantado por la Corte debe
tener en cuenta que las interpretaciones razonables de las disposiciones
legales están encaminadas a proteger principios y valores constitucionales de suma
importancia. De otro lado, la razonabilidad impide cubrir omisiones a pasos
fundamentales dentro del proceso de formación de las leyes. Por tanto, mal
podría la Corte declarar la inconstitucionalidad de una norma por vicios de
procedimiento en su formación, ante una supuesta elusión, cuando tal situación
se ha generado en virtud de una interpretación que no desborda los límites de
lo razonable y que pretende respetar la Constitución como norma de normas (art.
4 C.P.).
Visto lo anterior, no en todos los casos en
que el Congreso omita alguna formalidad del trámite legislativo incurre en una
elusión que lleve a la inconstitucionalidad de la norma. Con todo, es necesario
hacer algunas precisiones en cuanto al proceso de formación de actos
legislativos, pues la argumentación anterior sólo puede ser realmente aplicada
una vez se analice el caso concreto, pues sólo así pueden establecerse la
razonabilidad y la necesidad de armonizar diversas normas del ordenamiento. En
primer lugar nos referiremos a los principios de identidad y consecutividad.
5.- El proceso de formación de las leyes
está guiado por los principios de identidad y consecutividad. En el caso de las
leyes, el principio de identidad ha sido relativizado al facultar a los
congresistas para que durante el segundo debate puedan introducir al proyecto
las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren necesarias[39], siempre que durante
el primer debate en la comisión constitucional permanente se haya aprobado el asunto
o materia a que se refiera la adición o modificación[40]. En el caso de actos
legilsativos, debe entenderse que la restricción contenida en el artículo 375,
consistente en que “en el segundo período sólo podrán debatirse iniciativas
presentadas en el primero”, no implica que durante la segunda vuelta no
puedan presentarse modificaciones o sean incorporadas regulaciones
complementarias (sentencia C-614 de 2002). Ello es permitido cuando no haya
cambios esenciales sobre lo aprobado durante la primera vuelta. Lo anterior
implica darle preponderancia al principio de consecutividad, en cuanto
es factible conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin
afectar la esencia misma del proceso de este tipo de actos, pues lo importante
es que el legislador no vaya a debatir iniciativas que no fueron presentadas en
el primer período. Así, el principio de identidad en actos legislativos busca
que no sean incluidas en el segundo período iniciativas que no hayan sido
debatidas en el primero, pues debe existir una relación entre los temas
discutidos desde el inicio del proceso legislativo. En cambio, el principio de
consecutividad intenta asegurar el desarrollo de todos los debates para aprobar
un proyecto de acto legislativo.
Visto lo anterior, es menester recordar las
normas e interpretaciones sobre el trámite legislativo, pues de acuerdo con lo
dicho anteriormente, éste no puede convertirse en una camisa de fuerza que
impida el trabajo del Congreso y tampoco puede ser una fórmula sacramental que
llegue a sacrificar valores constitucionales por el solo respeto a la
formalidad. Con todo, su importancia es innegable, pues fue diseñado para
garantizar transparencia, organización y debate real al interior del Congreso.
En especial cuando se trata de una reforma constitucional, pues el carácter
estricto del procedimiento se justifica por la trascenencia de este tipo de
actos.
La Corte ha reconocido que los principios
generales de formación de las leyes son aplicables para el trámite de actos
legislativos (sentencia C-614 de 2002 y C-1092 de 2003). Principios que
enunciaré a continuación.
El principio de identidad cambió con
la expedición de la actual Carta, tal como la Corte lo ha reconocido[41]. Este principio no
significa, entonces, que un determinado proyecto de acto legisaltivo deba
permanecer idéntico durante los debates reglamentarios ni que un precepto allí
incluido deba ser exacto desde que se inicia el trámite legislativo hasta que
éste termina. Significa que, entre los distintos contenidos normativos que
se propongan respecto de un mismo artículo, además de existir la debida unidad
de materia[42],
el tema específico sea el mismo durante el trámite legislativo. Además, las
iniciativas que se debatan en el seguno período deben haber sido presentadas en
el primero. En resumen, durante el segundo preíodo del trámite de un acto
legislativo, tanto las comisiones constitucionales como las plenarias de las
cámaras, tal como lo prevé el artículo 161 de la Carta, pueden modificar,
suprimir o adicionar el proyecto, si se trata de asuntos aprobados durante el
primer período.
Estos temas se relacionan estrechamente con
el principio de unidad de materia, que a su vez guardan estrecha relación con
los principios de consecutividad y de identidad -aunque este último exija un
mayor grado de concreción o especificidad-. Además, también se predica de los
proyectos de ley o de su articulado considerado en conjunto y no de los
distintos artículos mirados de manera aislada[43].
No puede olvidarse que esta Corte siempre ha interpretado de manera amplia la
noción de materia con el fin de determinar si un artículo desconoce o no la
regla de identidad temática, o si un proyecto respetó en su trámite dicho
principio. Así, esta Corporación ha dicho que la interpretación del principio
de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular
el principio democrático[44].
En el caso de actos legislativos, este principio adquiere un nuevo matiz, pues
por tratarse de una reforma a la Carta pueden presentarse ejes temáticos
diversos.
En cuanto a la elusión, debe anotarse que
lo que protege la prohibición de la elusión es la deliberación democrática y
todo lo que ella implica; por tanto, la elusión de un debate se tornaría
inconstitucional si se evade la votación de un tema que hace parte de la
cuerpo normativo, mas no si se deja de votar un artículo en particular,
siempre y cuando éste guarde unidad de materia con los demás asuntos tratados.
Salvo que se trate de un artículo que en sí mismo constituya un tema nuevo, no
existiría un vicio que pudiera afectar de inconstitucionalidad el trámite de
formación de una ley si no hay votación de un artículo, pues ha sido cumplido
el propósito que la regla de procedimiento pretende proteger. En el caso de
actos legislativos debe recordarse el requisito de iniciativas presentadas en
el primer período.
6.- Es entonces condición necesaria para
que un vicio en el proceso legislativo se convierta en causal de
inconstitucionalidad, que se erija en una violación al principio que la formalidad
del trámite desea asegurar, teniendo en cuenta que el procedimiento en el
Congreso tiene varias etapas, y un vicio puede ser subsanado en las etapas
subsiguientes, cuando posteriormente se asegura la protección de los valores a
los cuales sirve el procedimiento.
Las
reglas constitucionales sobre formación de las leyes adquieren pleno sentido si
se tienen en cuenta esos objetivos, pues muestran que esas disposiciones
superiores no son formas vacías. Ellas pretenden proteger la forma de gobierno
establecido por el Constituyente, al mismo tiempo que buscan potenciar el
principio democrático, a fin de que el debate en el Congreso sea amplio,
transparente y racional.
De acuerdo con lo visto anteriormente,
considero que el principio de identidad implica que una materia específica
debe haber surgido desde el primer debate legislativo. De allí el
lazo de este postulado con la consecutividad, que pretende asegurar que se
adelanten todos los debates para cada proyecto de ley. Así, el tema
específico debe haber cumplido entonces todos los debates, mas no el artículo,
pues éste puede modificarse o adicionarse. En resumen, la
consecutividad no se define por artículos sino por temas específicos teniendo
en cuenta que el rigor exigido por la consecutividad es mayor que el impuesto
por la unidad de materia. Además, en los actos legislativos lo importante es
cumplir lo previsto en el artículo 375 que establece lo siguiente
“Podrán
presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del
Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los
ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo
electoral vigente.
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos
períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la
mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el
segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros
de cada Cámara.
En este segundo período sólo podrán
debatirse iniciativas presentadas en el primero.”
Visto lo anterior, me referiré al artículo
7 declarado inconstitucional.
7.- En mi opinión, la elusión citada por la
mayoría no vicia la norma de inconstitucionalidad. El concepto de elusión del
debate debe aplicarse para casos extremos en los que sea evidente que la
voluntad de la respectiva célula legislativa fue la de sustraer el artículo o
el tema de la deliberación y votación, es decir de eludir el debate. Además, la
interpretación de las normas de trámite de un acto legislativo debe tener en
cuenta lo previsto en el artículo 375 de la Carta. En este caso el artículo 7
había sido aprobado en la primera vuelta (diario oficial 45071 de 2003). De
ello se sigue que podía ser debatido en la segunda vuelta, pues es una
iniciativa que fue no sólo presentada y debatida en la primera, sino que además
fue aprobada. El hecho de que no se haya considerado por las comisiones en el
primer debate de la segunda vuelta no implica inobservancia alguna de las
normas constitucionales sobre procedimiento.
Considero que no hubo violación al
principio de consecutividad, ya que el artículo 7, a pesar de no haber sido
considerado por las comisiones en el primer debate de la segunda vuelta, ya
había sido considerado en la primera vuelta. Era entonces un tema que había
sido discutido como parte de la reforma política y como asunto particular de la
misma. Además, la presentación de estos artículos en las plenarias durante la
segunda vuelta no altera en nada las cosas, pues la esencia del principio de
consecutividad en actos legislativos es asegurar el debate democrático y que no
sean incluidos -en etapas tardías del proceso constituyente- inciativas que no
hayan sido presentadas en la primera vuelta.
De otra parte, para saber si existe elusión
al retirar un artículo, debe acogerse un criterio material. Es decir, si este
retiro puede ser equiparado materialmente a una negativa del artículo, mal
puede hablarse de una elusión, pues Congreso puede en ciertos casos negar un
artículo y volverlo a introducir en un momento posterior del trámite. Así, un
argumento analógico permite afirmar que si es posible que un artículo
expresamente negado pueda ser revivido posteriormente, debe ser posible que una
norma que no fue negada expresamente, pero que fue eliminada de la discusión,
es decir, negada materialmente, pueda ser objeto de debate en otras etapas del
proceso. Ello es posible por cuanto la no consideración equivaldría a una
negación en sentido material, y si el ordenamiento constitucional permite que
normas negadas puedan ser discutidas en etapas posteriores del proceso
legislativo, deberá ser permitido en el caso de una norma que ha sido excluida,
pues esto implica que fue negada en sentido material.
En consecuencia, no existen, para el
suscrito Magistrado, razones de peso que permitan excluir del ordenamiento el
artículo 7 del acto legislativo estudiado, pues no hubo elusión del debate.
Fecha ut supra,
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
Salvamento
de voto a la Sentencia C-372/04
Ref. Expediente D-4835
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 7° del Acto Legislativo No. 01 de
2003, “por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan
otras disposiciones”.
Magistrada
Ponente:
Dra.
Clara Inés Vargas Hernández
Por compartir plenamente las
consideraciones expresadas en el salvamento de voto presentado por el Doctor
Manuel José Cepeda Espinosa, adhiero integralmente al contenido de las mismas.
Fecha ut supra.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] Páginas 1 a la 6.
[2] Páginas 1 a la 9.
[3] Página 8.
[4] Página 30.
[5]  Página 5
[6]  Página 6.
[7] Página 28 de la Gaceta 526 del 20 de
noviembre de 2002.
[8] Página 18.
[9] Página 6.
[10]  Páginas 31 y 32.
[11] Página 2.
[12] Página 10.
[13]  Páginas 47 a la 49.
[14]  Página 10.
[15] Página 3 del Diario Oficial No. 45071 del
22 de enero de 2003.
[16] Página 8.
[17]  Página 53.
[18] Página 16.
[19] Página 30.
[20] Página 15.
[21] Página 3.
[22] Gaceta No. 378 del 31 de julio de 2003,
página 87.
[23] Sent. C-222/97 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[24] Ley 5ª de 1992: Artículo 227 – “Reglas
de procedimiento aplicables. Las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores
referidas al proceso legislativo ordinario que no sean incompatibles con las
regulaciones constitucionales, tendrán en el trámite legislativo constituyente
plena aplicación y vigencia.”. Al respecto, pueden consultarse las
sentencias  C-227 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C- 543 de
1998, M.P. Carlos Gaviria Días  y C-487 de 2002, M.P. Álvaro Táfur Galvis, en
las cuales la Corte enunció algunas disposiciones aplicables al procedimiento
legislativo constituyente, relacionadas con el principio de publicidad, el
informe de ponencia, las modificaciones al proyecto y lo referente a las
comisiones de conciliación, entre otros asuntos. La sentencia C-543 de 1992
tiene un salvamento de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa.
[25] Ver por ejemplo la Sentencia C-1174 de 2003
[26] Ver por ejemplo, sentencia C- 487 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[27] Ver Sentencia C-1152 de 2003
[28] Ver entre otras la sentencia  C-1147 de 2003
[29] Ver especialmente la sentencia C- 1147 de
2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[30] MP: Jaime Córdoba Triviño, (SV parcial: Clara Inés Vargas
Hernández, SV: Alfredo Beltrán Sierra.
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-1056 de 2003, MP: Alfredo Beltrán
Sierra, (SV parcial: Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández; SV y AV: Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Eduardo Montealegre
Lynett y Rodrigo Escobar Gil).
[32] Corte Constitucional, Sentencia C-1056
de 2003, precitada.
[33]
Corte Constitucional, Sentencia C-1147 de 2003, MP: Rodrigo Escobar Gil,
SV: Eduardo Montealegre Lynett, AV: Manuel José Cepeda Espinosa.
[34] Corte Constitucional, C-313 de 2004,
MP: Jaime Córdoba Triviño, SV: Eduardo Montealegre Lynett.
[35] Ver las sentencias C-801 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño,
precitada y C-839 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[36] Salvamento parcial de voto a la sentencia C-1056 de 2003 y
salvamento de voto a la sentencia C-1152 de 2003.
[37] Ver la sentencia C-801 de 2003.
[38] Ver la sentencia C-727 de 2001.
[39] Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución.
[40] Sentencia C-702 de 1999.
[41] C-702 de 1999.
[42] C-1190 de 2001. También se puede consultar la Sentencia C-950 de
2001.
[43] Sentencia C-376 de 1995.
[44] Sentencia C-025 de 1993.