T-851-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-851/08
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por cuanto ya se prestó
atención médica requerida
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abuela en representación de nieto
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-No hay prueba del perjuicio ocasionado y la
accionante conserva el derecho de acudir a la autoridad judicial competente
Referencia: expediente T-1’838.120
Accionante: Dilia Josefa Miranda Torres en
representación del menor Diego Alejandro Bernal Hernández
Accionado: A.R.S. COMFENALCO y otro.
Procedencia: Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Itagüí-Antioquia
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de
dos mil ocho (2008).
La Sala Sexta de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados doctores Humberto Antonio Sierra Porto, Nilson
Pinilla Pinilla y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la tutela
número T-1’838.120, acción promovida por la señora Dilia Josefa Miranda Torres
en representación del menor Diego Alejandro Bernal Hernández contra la A.R.S.
Comfenalco y la Dirección Seccional de Salud. El fallo fue proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí-Antioquia el 15 de noviembre de
2007.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos:
La
accionante interpone acción de tutela como agente oficiosa de su nieto Diego
Alejandro Miranda Torres contra la A.R.S. Comfenalco y la Dirección Seccional
de Salud por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud en
conexidad con la vida, como consecuencia de la negativa de la entidad demandada
de autorizar la extracción de un elemento quirúrgico (lima separadora de
dientes) del estomago del menor.
Para fundamentar su solicitud de amparo,
puso de presente los siguientes hechos:
- Afirma la accionante que su nieto
pertenece al Régimen Subsidiado en Salud en el Sisben, Nivel 1.
- El 23 de octubre de 2007, la accionante llevó
a su nieto a una cita odontológica en el Hospital del Sur, allí fue atendido
por el odontólogo Juan Pablo Parra Jaramillo, quien afirma la señora Miranda,
le dejo caer una lima separadora de dientes a la garganta del menor, no
pudiendo ser extraída.
- Manifiesta la accionante que además le
dejó un pedazo de algodón con resina en el diente que le estaba obturando al
niño. Agregó que ese elemento continua en el estomago de su nieto, causándole
dolor y molestia.
- Por último, solicitó al odontólogo que
determinara el procedimiento por seguir para extraerle al niño la lima, a lo
que se le dijo que la lima salía sola del estomago “dándole parva y banano”.
Por lo anterior, la accionante solicita que
se le protejan como medida provisional los derechos fundamentales a la dignidad
humana y a la salud en conexidad con la vida, los cuales considera vulnerados
por la A.R.S. Comfenalco y la Dirección Seccional de Salud al no brindarle la
atención integral al menor.
2. Contestaciones de las Entidades
demandadas
El 8 de noviembre de 2007, la Caja de
Compensación Familiar “Comfenalco” manifestó al Juzgado de instancia lo
siguiente:
“El menor Diego Alejandro Bernal Hernández,
se encuentra afiliado a la EPS COMFENALCO programa régimen subsidiado en el
municipio de Itagüí, y en tal calidad tiene derecho a que se le presten las
atenciones incluidas en el Acuerdo 306 de 2005.
“Conforme el traslado de la acción, la
pretensión del (sic) accionante
va dirigida a que se le autorice cita a su representado con profesional de la
salud que extraiga del estómago del paciente instrumentos médicos quirúrgicos
de tratamiento odontológico.
“Al respecto se hace preciso indicar que la
Evaluación y control odontológico que originó que el paciente quedara con
material médico quirúrgico dentro de su cuerpo no fue autorizada por parte de
Comfenalco, razón por la cual, y dada la calidad de plan de beneficios
compartido, nos atrevemos a afirmar que dicha interconsulta fue autorizada y
cubierta con los subsidios a la demanda por parte de la DSSA, entidad esta
última que deberá orientar al usuario hacia su red de servicios contratada a
fin de que realicen la valoración, y si es del caso, extracción respectiva.”
- El 9 de noviembre de 2007, la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia “DSSA” procedió a contestar la acción de tutela
al Juzgado de instancia, señalando lo siguiente:
“1º De acuerdo con la base de datos de la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia el paciente ALEJANDRO BERNAL
HERNANDEZ, identificado con la Tarjeta de Identidad Nro. 1007222714, es
beneficiario del Régimen Subsidiado, afiliado a la Administradora del Régimen
Subsidiado COMFENALCO.
“2. Concepto médico de la Dirección
Seccional sobre la patología tutela: Paciente con diagnóstico de CUERPO EXTRAÑO
EN ESTOMAGO. No se anexo a la tutela la orden médica en el formato SIS412A,
para establecer el servicio que requiere el menor.
“3. Los fundamentos de hecho y de derecho
que exoneraron a la DSSA de la prestación del servicio tutelado, son los
siguientes:
“Es pertinente referir el hecho objeto de
tutela, esto es que el paciente  de 9 años, quien luego de una mala práctica en
odontología, el odontólogo adscrito a la red de servicios de la EPS-S Comfenalco,
ocasionó que una lima separadora de dientes fuera tragada por el paciente
durante la atención y consulta, la cual se encuentra en el estómago según los
RX realizados.
“Además se le dejó un algodón en el diente,
el que tuvo que ser retirado por el menor por las molestias y dolor ocasionado.
“En esta forma la EPS-S Comfenalco y el
odontólogo tratante deben asumir su directa responsabilidad ante la
complicación presentada en la atención y resolución como tal del problema
ocasionado y generado al menor. No es a DSSA la competente en este caso para
asumir atenciones que se han ocasionado por la mala práctica de un
procedimiento odontológico.
“En otras palabras, es la EPS-S la obligada
a autorizar todas las atenciones, procedimientos que requiera el menor.
“Por consiguiente, se hace necesario que el
accionante se presente ante la EPS-S  mencionada, a fin de que esta proceda a
ordenar la atención requerida, bien sea directamente o a través de su red
propia o contratada.”
3. Pruebas
- Copia de la Cédula de Ciudadanía de la
señora Dilia Josefa Miranda Torres, número de identificación 26664778 de Santa
Marta.
- Copia de la Tarjeta de Identidad del
menor Diego Alejandro Bernal Hernández, número de identificación 1007222714.
- Copia del Carné de afiliación, número
200700501, Nivel 1 de la A.R.S. Comfenalco, fecha de afiliación 01 de abril de 2004,
a nombre del menor Diego Alejandro Bernal Hernández.
- Copia del carné del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas
sociales “SISBEN”, número 0000337801102, a nombre del menor Diego Alejandro
Bernal Hernández.
- Declaración de ampliación de la tutela en
el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 6 de noviembre de 2007, por parte de la
señora Dilia Josefa Mirado Torres, quien manifestó:
“PREGUNTADO: Manifieste que concretamente
es lo que usted pretende con la presente acción. RESPUESTA: Para que ellos los
del hospital del Sur me respondan por el niño, yo le lleve para sacarle una
muela de leche y me dijeron que la sacaban sino que se la iban a curar y le
dejó una lima (la tutelante exhibe su dedo y señala aproximados 10
centímetros), yo no quiero que me lo atiendan más allá y que me le saquen esa
cosa que tiene allá adentro porque es metálica y al niño le duele y me lo puede
hasta matar. Cuando el odontólogo se dio cuenta que al niño se le fue la lima
dijo que eso no era nada, que normalmente eso lo votaban comiendo banano y
comiendo parva, no dijo más nada. PREGUNTADO: Manifieste si usted tiene algún
diagnóstico médico que indique cual es (sic) tratamiento a seguir. RESPUESTA: No, no lo
tengo. (…) PREGUNTADO: Le dijo usted al odontólogo de inmediato lo sucedido.
RESPUESTA. Yo le dije de inmediato y él me dijo que eso salía fácil en 3 u 8
días máximo. PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si por éste hecho a acudido
usted al hospital a reclamar atención médica para Diego Alejandro. RESPUESTA:
No, yo estaba esperando que me llamaran de  aquí de la tutela, que la puse el
viernes. PREGUNTADO. Manifieste al Despacho si ha puesto este hecho en
conocimiento de la autoridad administrativa del centro médico donde atendieron
a Diego Alejandro. RESPUESTA: Claro, todos se dieron de cuenta. PREGUNTADO:
Manifieste al Despacho, si con ocasión de haber ingerido la lima, el niño Diego
Alejandro presenta molestias. RESPUESTA: Si, le duele (la tutelante señala un
estómago parte bajo, no tiene fiebre ni nada mas raro (sic). PREGUNTADO:
Manifieste al Despacho si ha consultado usted a los médicos de la Institución
por el dolor sufrido por Diego Alejandro. RESPUESTA: Si, allá me lo atendió dos
veces una doctora y le mandó unas pastillas y le puso una inyección para el
dolor, no más y vio las radiografías, eso fue el miércoles y me dijo que lo
llevara a revisión el viernes y ése viernes le mandó otra radiografía y ya no
la tenía en el sitio donde la tenía, pero Diego dice que eso le duele, ahora
mismo le esta doliendo (se acerca en este momento el niño de 9 años y dice que
le duele y cuando hace un movimiento brusco le duelo (sic) y si se toca
duro siente que algo le chuza): PREGUNTADO. Manifieste al Despacho cuando usted
indica en las pretensiones que se autorice y realice inmediatamente la atención
requerida por el menor y se le brinde el tratamiento integral requerido que se
desprenda de dicha atención, a que concretamente se refiere? RESPUESTA: A que
me lo curen, a ver que dice el médico si es de operación o tiene la posibilidad
de sacar la lima de otra manera, que no sea operación, sino que se le haga
expulsar o alguna cosa. PREGUNTADO: Usted ha consultado al médico para saber
cual es el tratamiento o procedimiento a seguir para efectos de extraerle el
cuerpo (lima) a Diego Alejandro: RESPUESTA: No.”
- Escrito de la A.R.S. Comfenalco de
Antioquia de 8 de noviembre de 2007, dirigido al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Itagüí-Antioquia, manifestando lo siguiente:
“El menor Diego Alejandro Bernal Hernández,
se encuentra afiliado a la EPS COMFENALCO programa régimen subsidiado en el
municipio de Itagüí, y en tal calidad tiene derecho a que se le presten las
atenciones incluidas en el Acuerdo 306 de 2005.
“Conforme el traslado de la acción, la
pretensión del accionante va dirigida a que se le autorice cita a su
representado con profesional de la salud que extraiga del estómago del paciente
instrumentos médico quirúrgicos de tratamiento odontológico.
“Al respecto se hace preciso indicar que la
Evaluación y control odontológico que originó que el paciente quedara con
material médico quirúrgico dentro de su cuerpo, no fue autorizado por parte de
Comfenalco, razón por la cual, y dada localidad de plan de beneficios
compartidos, nos atrevemos a afirmar que dicha interconsulta fue autorizada y
cubierta con los subsidios a la demanda por parte de la DSSA, entidad esta
última que deberá orientar al usuario hacia su red de servicios contratada a
fin de que realicen la valoración, y si es del caso, extracción respectiva.
PETICION
Solicitamos al Despacho se integre el
contradictorio con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA), como
parte pasiva, en virtud de que dicha entidad ha contratado con el Estado el
aseguramiento de la prestación de los servicios que se encuentran por fuera del
Plan Obligatorio de Salud subsidiado.”
4. Sentencia objeto de revisión
El 15 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito denegó el amparo solicitado. El despacho consideró que la
solicitud de la accionante se fundamentó en que su nieto fuera atendido por
parte de la entidad demandada, sin embargo, no allegó pruebas con la cuales se demostrará
la vulneración a la salud del menor.
El Despacho agregó que la señora Dilia
Josefa Miranda mediante declaración rendida ante el mismo juzgado afirmó que no
había consultado a un médico para que se le determinará un tratamiento a
seguir, tornándose de esta manera improcedente la acción de tutela por cuanto
no se cumplen los requisitos exigidos para estos casos.
5. Pruebas solicitadas por esta Corporación
Mediante Autos fechados 23 de junio, 9 de
julio y 15 de julio del año en curso, esta Sala ordenó que por Secretaría
General de la Corte Constitucional se oficiara a la A.R.S. Comfenalco,
Seccional de Antioquia y la Dirección Seccional de Salud del mismo
Departamento, para que, en el término de tres (3) días hábiles, informarán:
“- Si a la fecha
se le ha realizado la extracción del instrumento quirúrgico de tratamiento
odontológico al menor Diego Alejandro Bernal Hernández.
-   Asimismo en caso de no haberse realizado el
procedimiento, se sirva explicar las razones por las cuáles no se ha hecho aún.”
- Contestaciones recibidas
- El 15 de julio de 2008, el apoderado de la
A.R.S. Comfenalco, manifestó lo siguiente:
“Además de indicar que el Dr. Juan Pablo
Parra Jaramillo no pertenece ni ha pertenecido a la red de odontólogos de
nuestra institución, …”
·
En el escrito que anexo
la A.R.S. Comfenalco fechado 14 de julio de 2008, el Odontólogo Juan Pablo
Parra Jaramillo, manifestó:
“… me permito informarles que a la fecha no
he recibido el auto al que ustedes hacen referencia con fecha del 23 de junio
de la anualidad, razón por la cual respetuosamente les solicito allegarme el
acuse de recibido respectivo, a fin de hacerle seguimiento y así dar respuesta
en los términos allí indicados, o en caso contrario allegar nuevamente copia
del auto de que se trata, a fin de obrar de conformidad.
“Finalmente, y dado el encabezado del
oficio que se responde, me permito aclarar que no tengo ni he tenido relación
laboral alguna con la EPS-S COMFENALCO Antioquia, y el vínculo que no unió fue
la relación laboral con la Red Local de Salud del Municipio de Itagüí
(Antioquia), la misma que a la fecha no se encuentra vigente.”
- La señora Dilia Josefa Miranda Torres
mediante escrito fechado 23 de julio de 2008, dio respuesta a este Despacho,
así:
“Por medio de esta carta doy respuesta a su
pregunta respecto a la salud actual del menor Diego Alejandro Bernal, en el
momento se encuentra en(sic)
bien de salud pero no fue ni operado, ni atendido por el hospital del sur
pues dicen no tener nada que ver con el niño ni con el caso.
(…)
“Solicito muy respetuosamente que el
odontólogo Juan Pablo Parra Jaramillo, me reconozca gastos de pasajes,
ecografías y perjuicios ocasionados a mi y a mi nieto, pues en el momento me
encuentro enferma debido al problema que tuve con mi nieto.”
- La A.R.S. Comfenalco Antioquia, el 24 de
julio de 2008, absolvió las inquietudes, así:
“1. Una vez la acudiente del paciente
reportó la situación conocida por la Alta Corte, la Institución encargada de la
atención del menor reportó la misma como evento adverso e inició las gestiones
médico científicas pertinentes para identificar el sitio exacto de ubicación
del material médico quirúrgico para poder proceder a su extracción.
“Es así como el 24 de octubre de 2007 se le
realiza al menor Diego Alejandro Resonancia de Abdomen Simple, donde se
evidencia la presencia de la lima en intestino delgado.
“Posteriormente, el 30 de noviembre de
2007, se le realiza al paciente Radiografía de Abdomen Simple, la cual
expresamente reporta:
“NO HAY EVIDENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS
RADIOPACOS. NO SE APRECIAN MASAS NI VISEROMEGALIAS. LAS ESTRUCTURAS OSEAS
VISIBLES SON NORMALES. CONCLUSION: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE NORMAL. NO HAY
EVIDENCIA DE CUERPOS EXTRAÑOS RADIOPACOS”
“En vista de lo anterior, la Institución
prestadora de servicios de salud, Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita
de Itagüí (Antioquia), a través de su cuerpo médico especializado conceptúa que
el menor expulsó de manera natural y a través de la materia fecal el material
médico quirúrgico.
“2. Conforme lo expuesto en el numeral
anterior, de acuerdo al resultado arrojado por la radiografía practicada al
menor 30 de noviembre del año inmediatamente anterior, no fue necesaria la
práctica de procedimiento de extracción de materia médico quirúrgico.”
II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
A. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar el
presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y
241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
B. Fundamentos jurídicos
1. Problema Jurídico.
Corresponde a la Sala
determinar si los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida
del menor Diego Alejandro Bernal Hernández han sido vulnerados por parte de la A.R.S.
Comfenalco y la Dirección Seccional de Salud al no autorizar el tratamiento para
la extracción del instrumento médico quirúrgico.
Para efectos
de resolver el problema jurídico, la Sala encuentra necesario previamente
establecer: i) si la señora Dilia Josefa Miranda Torres es legitimada para
actuar como agente oficioso; y ii) si al menor Diego Alejandro Bernal Hernández
se le vulneraron sus derechos fundamentales por parte de las entidades
demandadas.
2. Legitimación por activa en la acción de
tutela. La agencia oficiosa. Reiteración de jurisprudencia.
Esta Corporación ha manifestado que el
carácter informal de la acción de tutela no se traduce en la ausencia de
legitimación por activa y pasiva. Lo anterior significa que el accionante debe
demostrar la titularidad del derecho reclamado o la autorización debida para
representar a su titular.
De este modo, el artículo 86 de la
Constitución Política, dispone lo siguiente:
“Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.”[1] (subrayas fuera de texto)
Por su parte, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, establece:
“La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través
de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
“También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.” (subrayas fuera de texto)
Ahora bien, tanto las normas
pertinentes como la jurisprudencia constitucional consideran válidas tres vías
procesales para la interposición de la acción de tutela, cuando la misma no se
interpone por el titular del derecho:
(i)
A través
del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas
jurídicas);
(ii)
Por
intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato
expreso); y,
(iii)
Por medio
de agente oficioso.[2]
En cuanto a ésta última vía procesal, el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 han señalado
que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela
como consecuencia de la imposibilidad del titular de los derechos fundamentales
de promover su propia defensa.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, al respecto
dijo:
“Es decir, a fin de garantizar la protección y eficacia
de los derechos fundamentales del agenciado, la ley y la jurisprudencia admiten
la interposición de la acción de tutela a través de un tercero indeterminado[3] que actúe a su favor, sin la
mediación de poderes.”
En ese sentido, esta Corte ha manifestado que la
presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso tiene lugar
en los siguientes casos:
(i)
“El agente oficioso
manifiesta actuar en tal sentido; y,
(ii)
De los hechos y
circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los
derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias
físicas o mentales que le impiden su interposición directa.”[4]
Debe por otro lado recordarse que la agencia oficiosa, en
lo que respecta a los niños, tiene ciertas particularidades desarrolladas por
la jurisprudencia. Como ejemplo tenemos, la Sentencia T-137 de 2006[5],
en la que señaló que no se puede negar la protección de los derechos
fundamentales a los niños con el argumento de que la acción de tutela no fue
presentada por el representante legal del menor.
Agregó, la Corte que en los
procesos de tutelas no se pueden aplicar “las mismas exigencias formales ni
la representación que se contemplan en la ley para los fines de definir la legitimación de la parte activa en los
procesos ordinarios.”
Finalmente, dentro del mismo fallo, la
Corte consideró: “que cualquier persona puede interponer acción de tutela
ante la eventualidad de una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
del niño. La interpretación literal del último inciso del artículo
44 de la Carta, que permite a cualquier persona exigirle a la autoridad
competente el cumplimiento de su obligación de asistir y proteger al niño, no
puede dar lugar a restringir la intervención de terceros solamente a un
mecanismo específico de protección de los derechos, vgr. la acción de
cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución. Este
entendimiento de la norma limitaría los medios jurídicos instituidos para la
defensa de los derechos del menor, quien por su frágil condición debe recibir
una protección especial." (Sentencia T-462/93 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz)”
Por lo anterior, para que proceda la acción de tutela
mediante agente oficioso se requiere manifestar por la persona que actúa como
tal los motivos por los cuales el interesado de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados se encuentra imposibilitado para defenderlos por sí
mismo. Igualmente, la jurisprudencia señaló que el juez
constitucional deberá valorar en cada caso específico las circunstancias del
ejercicio legítimo de la agencia oficiosa[6],
recordando de esta manera que en lo referente a los niños, cualquier persona
puede interponer la acción de tutela a nombre de estos es decir, en principio,
cualquier persona puede actuar como agente oficioso de un menor amenazado en
sus derechos fundamentales.
3. Hecho superado. Reiteración
jurisprudencial.
En el caso estudiado se observa que se ha
superado el hecho que dio origen a la vulneración.
Desde sus inicios esta Corporación
desarrolló en su jurisprudencia la figura de hecho superado en los casos en que
el hecho fáctico que motivó la demanda de tutela desaparece al punto de no existir
vulneración alguna de los derechos fundamentales de los que se reclame la
protección constitucional.
La Sentencia T-519 de 1992[7],
sobre el tema señaló:
"En efecto, la acción de tutela tiene
por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o
amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en
sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la
persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que
si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en
términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado
está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en
consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo
cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86
de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela...” [8]
Al extinguirse el hecho que dio origen la
solicitud de la protección constitucional, la acción de tutela pierde su razón
de ser, por lo que no tendría ningún efecto, la decisión que pudiera impartir
el juez, al no encontrarse derecho fundamental vulnerado que se deba amparar
mediante esta acción.
En Sentencia T- 431 de 2007[9],
la Corte Constitucional dijo que la situación fáctica por amparar debe ser real,
es decir, no que sólo se haya presentado el hecho sino que efectivamente se
presente una vulneración actual. Al respecto señalo esta Corporación:
“La acción nociva o amenazante debe ser
real y actual, no simplemente que se haya presentado, pues no puede requerir
protección un hecho subsanado o algo que se había dejado de hacer pero ya se
realizó.
Así mismo expresó esta Corte, en el acápite
precisamente titulado “Improcedencia de la acción de tutela contra hechos
superados” de la parte motiva de la sentencia T-100 de marzo 8 de 1995, con
ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa:
"Sin embargo, si la situación de hecho
que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento
constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que
pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad
de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la
tutela resultaría entonces improcedente.”
En suma, “si la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo
esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar[10]”.
III. CASO CONCRETO
En el presente caso, la actora interpuso
acción de tutela como agente oficiosa de su menor nieto Diego Alejandro Bernal
Hernández, manifestando que el menor se encuentra inscrito en el Régimen
Subsidiado en Salud en el Sisben, Nivel 1, con cobertura en la A.R.S.
Comfenalco.
Manifestó que su nieto fue atendido en
odontología por el doctor Juan Pablo Parra Jaramillo, quien le dejó caer por la
garganta una lima separadora de dientes, causando en el menor dolor en el
estomago.
Además, en la ampliación de tutela,
manifestó que había solicitado cita médica para su nieto con el fin de que se
le determinará el tratamiento por seguir, recibiendo como respuesta que el instrumento
médico quirúrgico salía sólo del organismo, que no había nada que hacer y que
comiendo banano podría expulsarlo.
La entidad demandada realizó los exámenes y
no se encontró el elemento quirúrgico odontológico en razón a que ya había
salido del organismo. Sin embargo, la abuela solicita el reconocimiento de gastos
de peajes, ecografías y perjuicios ocasionados en que la accionante y su
agenciado han incurrido en búsqueda de la atención al menor.
Así las
cosas, considera la Sala que el hecho que dio inició a la presente acción de
tutela ya fue subsanado de acuerdo a lo anteriormente señalado, es decir, que
el menor Diego Alejandro Bernal se encuentra con buen estado de salud y en la
actualidad, no corre riesgo su vida. Motivo por el cual, la orden que pudiera
impartir el juez constitucional, ningún efecto podría tener en cuanto a la
efectividad de los derechos presuntamente vulnerados, por cuanto, el proceso carece
de objeto.
En relación
con la solicitud que la accionante realiza respecto al reconocimiento económico
de los gastos en que incurrió en la atención del menor, no es procedente el
resarcimiento de perjuicios, teniendo en cuenta que ésta no fue la solicitud
inicial contenida en el escrito de tutela, no hay prueba del perjuicio que se
ocasionó, y la accionante conserva el derecho de acudir a la autoridad
judicial competente para obtener el reconocimiento de las prestaciones
económicas.
En
consecuencia, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, por las
razones expuestas, confirmará la sentencia del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Itagüí, por encontrarse ante un
hecho superado.
III.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por esta Sala Sexta mediante Auto
de 23 de junio de 2008, para fallar en el presente asunto.
SEGUNDO. Por existir un hecho superado, CONFIRMAR la
providencia proferida el 15 de noviembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Itagüí, mediante la cual negó el amparo solicitado por la
señora Dilia Josefa Miranda Torres quien actúa como agente oficioso del niño
Diego Alejandro Bernal Hernández.
TERCERO. LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en comisión
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Ver entre otras Sentencias la T-458 de 1992. M.P. Jaime Sanin Greiffenstein y la
T-023 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
[2]
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-947 de 2006, T-798 de 2006,
T-552 de 2006, T-492 de 2006, y T-531 de 2002.
[3]
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que el ejercicio de la
agencia oficiosa, no implica la existencia de un vínculo formal, de filiación o
parentesco entre el agenciado y su agente. En la sentencia T-542 de 2006, la
Corte afirmó: “En efecto, es del caso destacar que el parentesco no
constituye per sé un fundamento suficiente para justificar la agencia de
derechos ajenos.  De manera específica, en casos en los que una madre pretende
representar a su hijo mayor de edad sin sustentar claramente el impedimento de
éste para interponer la tutela, la Corte ha negado la protección de los
derechos invocados.”  En el mismo sentido, se puede consultar la sentencia
T-041 de 1996.
[4]
Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693
de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996.
[5] M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[6] Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001 y T-301 de 2007.
[7] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[8] Entre otras, se pueden
consultar las siguientes Sentencias T-494 de 1993, T-467 de 1996, M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa y la T-495 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[10] Sentencias T-608 de 2002, T-552 de 2002,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.