T-256-17
Sentencia T-256/17
ACCION
DE TUTELA PARA RECLAMAR PRESTACIONES ECONOMICAS PENSIONALES-Reglas
jurisprudenciales para la procedencia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Reiteración
de jurisprudencia
REGIMEN
DE TRANSICION-Vigencia hasta 2014 a partir de la promulgación del Acto
Legislativo 01 de 2005
PENSION
DE VEJEZ BAJO EL REGIMEN CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 049 DE 1990-Posibilidad
de acumular tiempos de servicios prestados en entidades públicas cotizados en
cajas o fondos de previsión social con los aportes realizados al ISS
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantía fundamental
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedencia
por desconocimiento del precedente constitucional respecto de la acumulación de
tiempos de servicios prestados tanto en el sector privado como en el sector
público
A partir de la Sentencia SU-769 de
2014, esta Corte adoptó un precedente unificado, según el cual, para efectos
del cómputo de semanas previstas en el Acuerdo 049 de 1990 se deben tener en
cuenta no solamente las aportadas al ISS, sino también a otras cajas y los
tiempos de servicios prestados.
DERECHO
A LA PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones reconocer de
manera definitiva pensión de vejez
Referencia: Expediente T-5.892.627
Demandante:
Giraldo Fidel Cantillo Ortiz
Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Magistrado
Ponente:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C.,
veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José
Lizarazo Ocampo, Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.) y Gloria Stella Ortiz
Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de la decisión judicial
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que revocó la dictada
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, dentro
del expediente T-5.892.627.
El
presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número
Doce por medio de Auto del 14 de diciembre de 2016 y repartido a la Sala Cuarta
de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
Giraldo
Fidel Cantillo Ortiz, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de
tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante
Colpensiones, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso,
presuntamente vulnerados por dicha entidad al negarle el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, a pesar de ser beneficiario del régimen transición y
acreditar el requisito exigido en el literal b, del artículo 12 del Acuerdo 049
de 1990, el cual exige tener 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años
anteriores a la edad requerida.
2. Hechos
2.1. El señor Giraldo Fidel Cantillo Ortiz,
tiene 74 años de edad y durante su vida laboral realizó aportes con fines
pensionales a Colpensiones y prestó sus servicios al municipio de Fundación,
Magdalena, alcanzando, a su parecer, a completar 906 semanas.
2.2. Debido a lo anterior, el 21 de abril de
2015, le solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez en tanto que, a su juicio, cumplía con los requisitos para
consolidarla.
2.3. Sin embargo, su pedimento le fue negado
mediante Resolución No. GNR 379431 del 26 de noviembre de 2015 por la falta del
cumplimiento de las exigencias legales que contemplaban las normas que regulaban
la pensión pretendida.
Lo
anterior, sin que tuvieran en cuenta que por pertenecer al régimen de
transición se le debe aplicar la disposición más favorable que, para su caso,
es el Acuerdo 049 de 1990, el cual prevé unos requisitos que cumple si le
permiten el cómputo de semanas y tiempos de servicios como lo ha avalado la
jurisprudencia constitucional[1], habida cuenta que al hacer su
sumatoria acredita 819 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la
edad mínima.
2.4. Por tanto, debido a que padece unas
condiciones particulares que le impiden esperar las resultas de un proceso
ordinario como quiera que, por un lado, sobrepasa el índice de expectativa de
vida promedio de los colombianos y, por el otro, padece una situación económica
precaria pues no tiene ningún ingreso económico para suplir sus necesidades
básicas, acudió a la acción de tutela procurando el amparo de sus derechos y,
en consecuencia, el reconocimiento prestacional pretendido, acumulando los
periodos cotizados al ISS y tiempos de servicios prestados al municipio de
Fundación y a la empresa pública EMPOMAG de la misma ciudad.
3. Pretensiones
El demandante
pretende que por medio de la acción de tutela se le amparen sus derechos y se
ordene a Colpensiones realizar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
en aplicación de la norma que le resulta más favorable, por ser beneficiario
del régimen de transición, la cual, para su caso, es el Acuerdo 049 de 1990 y,
dentro de la misma, se realice su estudio de cara a la exigencia de acreditar
500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores a la edad mínima.
Pedimento que
cumple si se da aplicación del precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional que permite, para su cómputo, tener en cuenta no sólo las
semanas cotizadas al ISS, sino también a otras entidades y los tiempos de
servicios prestados.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-      Poder autenticado conferido a un abogado para que presente la actual
acción de tutela (Folio 1 del cuaderno 2).
-      Acta de declaración extraprocesal rendida por el señor Pablo Emilio
Gómez Castiblanco ante la Notaría Única del Círculo de Fundación en la que da
fe, en pleno goce de todas sus facultades mentales y en ejercicio de sus
capacidades volitivas y discernimiento exento de vicio, que conoce de vista,
trato y comunicación directa al accionante en esta causa y que le consta su
edad avanzada, que carece de un empleo y que se encuentra en una condición
económica precaria por lo que no cuenta con recursos para su sostenimiento
(Folio 8 del cuaderno 2).
-      Fotocopia simple de la Resolución No. GNR 379431 del 26 de noviembre de
2015, por medio de la cual Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez al demandante (Folio 9 y 10 del cuaderno 2).
-      Copia del Registro Civil de Nacimiento del peticionario en el que
consta que nació el 9 de mayo de 1942 (Folio 11 del cuaderno 2).
-      Fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante (Folio 12 del
cuaderno 2).
5. Respuesta de
la entidad accionada
Frente a los
requerimientos señalados por el actor en su escrito de demanda, Colpensiones
guardó silencio[2].
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión de
primera instancia
El asunto le fue
repartido, en primera instancia, al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta que mediante providencia del 13 de junio de 2016, concedió la
medida de amparo pretendida por el señor Cantillo, como quiera que, a su
juicio, el actor sí cumple con los requisitos señalados en el Acuerdo 049 de
1990, habida cuenta que, en el artículo 12 de la precedida norma, no se hace
mención a que las semanas de cotización deben ser aportadas, exclusivamente, al
Instituto de Seguro Sociales.
En ese sentido, al
constatar que el accionante era beneficiario del régimen de transición y que
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad contaba con más de
las 500 semanas exigidas, procedió a ordenar el reconocimiento y pago de la
prestación económica alegada.
2. Impugnación
Colpensiones, por
intermedio de su Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones, asignado
temporalmente al cargo de Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la
entidad, impugnó el fallo proferido, en primera instancia, reiterando el
estudio legal que se le realizó al actor en la resolución que le negó su
prestación.
En efecto, en el
comentado acto administrativo, Colpensiones reconoció que el actor es
beneficiario del régimen de transición, no sólo por acreditar el cumplimiento
de los requisitos que señalaba la Ley 100 de 1993, sino también, porque al 25
de julio de 2005, tenía cotizadas más de 750 semanas o su equivalente en tiempo
de servicios (Acto Legislativo 01 de 2005).
Por tanto, teniendo
en cuenta lo anterior, realizaron el estudio prestacional pretendido de cara a
las previsiones que contemplaba la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994, la
Ley 33 de 1985, el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 797 de 2003, cuyo resultado les
permitió concluir que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos
previstos en alguna de las precedidas disposiciones para consolidar el derecho
prestacional.
En relación con el
estudio del caso a la luz de las directrices contenidas en el Acuerdo 049 de
1990, la entidad acusada, señaló la imposibilidad de efectuar el reconocimiento
de conformidad con lo requerido en el artículo 12, literal b, como quiera que
el asegurado únicamente cuenta con 484 semanas de cotización exclusivas al ISS,
las cuales le resultan insuficientes por cuanto la densidad fue fijada en 500.
A lo anterior se
sumó, el alegato de la entidad encaminado a solicitar la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela en este asunto, toda vez que el actor no
ha agotado los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para
reclamar lo pretendido en sede de tutela.
3. Decisión de
segunda instancia
Dicha impugnación
fue conocida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, cuerpo colegiado que
mediante pronunciamiento efectuado el 25 de julio de 2016, decidió revocar el
fallo proferido en primera instancia.
Como soporte de su
decisión, adujo que el actor no cumplía con ninguno de los requisitos que
prevén las distintas normas que regulan la pensión de vejez y, adicionó, que la
negativa de tener en cuenta el tiempo de servicio y las semanas cotizadas al
ISS a efectos de demostrar el cumplimiento del literal b, del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, no es caprichosa, ni arbitraria, pues tiene asidero en las
posturas jurisprudenciales sostenidas por la Corte Suprema de Justicia,
destacando, puntualmente, la sentencia del 18 de mayo de 2016, radicado No.
53913[3],
en la que indicó que las semanas a la que hace mención el precedido aparte
legal, deben haberse aportado “exclusivamente” al ISS.
Por tanto, teniendo
en cuenta el incumplimiento de los requisitos legales para materializar su
derecho y que el actor no demostró dentro del expediente que se encontrara
padeciendo unas circunstancias gravosas, consideró el tribunal que no se logró
establecer que los medios judiciales ordinarios no fueran eficaces y, por lo
mismo, no puede usarse la tutela para sustituirlos sin fundamento.
III. PRUEBAS
DECRETADAS POR LA CORTE
Mediante auto del
21 de febrero de 2017, el Magistrado
sustanciador
consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar los supuestos de
hecho que originaron la presente solicitud. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO.
ORDENAR, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, a
Colpensiones que en el término de tres (3) días contados a partir de la
comunicación de este Auto, allegue a este Despacho copia del historial laboral
detallado de semanas cotizadas de Giraldo Fidel Cantillo Ortiz, identificado
con la cédula ciudadanía No. 5.026.446 de Fundación.
SEGUNDO. ORDENAR, por conducto de la
Secretaría General de esta Corporación, al señor Giraldo Fidel Cantillo Ortiz que,
en el término de tres (3) días contados a partir de la comunicación del
presente Auto, informe a la Sala lo siguiente:
●
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y
cuántos?
●
Quiénes integran actualmente su núcleo familiar,
de qué derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u
oficio?
●
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles,
indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de
ellos?
●
Cuál es su situación económica actual?
●
Informe si se encuentra afiliado a alguna
entidad de salud y, en caso afirmativo, señale si es en calidad de cotizante o
beneficiario?
●
La relación de gastos mensuales por todo
concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos,
etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.
Adicionalmente,
sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al
presente requerimiento y, del mismo modo, allegue copia de su historial laboral
detallado de semanas cotizadas.”[4].
Frente a lo
anterior, la Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones, dentro del
término referido remitió la copia del historial de semanas cotizadas del señor
Giraldo Fidel Cantillo Ortiz[5].
Respecto del actor,
dentro del término concedido no dio respuesta a los requerimientos.
IV. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala de Revisión, la Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del
proceso de la referencia.
2.
Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86 de
la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En consonancia con la norma superior, el artículo 10° del Decreto 2591
de 1991[6],
establece lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
En esta
oportunidad, la acción de tutela fue presentada mediante apoderado judicial por
Giraldo Fidel Cantillo Ortiz, quien alega la violación de sus derechos
fundamentales, razón por cual se encuentra legitimado para actuar en esta
causa.
2.2.
Legitimación pasiva
Colpensiones es una
entidad pública, por tanto, de conformidad con el numeral 2° del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el proceso de
tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye la violación de los derechos
fundamentales en discusión.
3. Problema
Jurídico
En el presente
caso, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión establecer si la entidad
demandada vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social y al debido proceso del actor con la decisión adoptada de negarle la
pensión de vejez con fundamento en que las semanas previstas en el Acuerdo 049
de 1990 para consolidarla deben ser cotizadas exclusivamente al ISS.
Para ello, la Sala
examinará: (i) la procedencia de la acción de tutela para obtener
el reconocimiento pago de una prestación económica, (ii) el régimen de
transición que consagró la Ley 100 de 1993, (iii) la pensión de vejez en
el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular semanas en tal régimen, (iv)
el debido proceso administrativo y su vulneración por desconocimiento del
precedente judicial  y, por último, (v) el análisis del caso concreto.
4. Procedencia
de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de una prestación
económica
La acción de tutela
no fue consagrada como el procedimiento judicial al que los ciudadanos deban
acudir a efectos de obtener el reconocimiento y pago de una prestación
económica, pues para ello, el legislador diseñó un proceso común.
Tal planteamiento
surgió de lo que consagró la Asamblea Nacional Constituyente en el artículo 86
Superior, toda vez que en este se denota que la acción de amparo sólo resulta
procedente cuando el afectado no cuente en el ordenamiento jurídico con otro
mecanismo de defensa judicial al cual recurrir de cara a evitar el daño causado
a sus prerrogativas básicas.
Sin embargo, de la
lectura del mismo artículo, se desprende la excepción a la regla general
comentada, la cual se configura en tanto el accionante demuestre la falta de idoneidad
del mecanismo ordinario para atender las circunstancias particulares que padece
y, por ende, que recurre a ésta en aras de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable a sus derechos básicos.
Es por eso, que la
persona que acuda a la tutela con el propósito de obtener una pensión, ajuste o
corrección de una pretensión económica debe demostrar el padecimiento de unas
circunstancias fácticas particulares que evidencien la necesidad, indefectible,
de desplazar las facultades del juez ordinario con la intención de evitar un
perjuicio irremediable[7] a sus derechos o de cualquier otra
situación que ponga en entredicho la idoneidad y efectividad del proceso
ordinario para prevenir la transgresión o evitar una afección mayor a sus
prerrogativas fundamentales.
En ese sentido, el
rol del juez constitucional se contrae a analizar el caso concreto y el
material probatorio obrante en el expediente por medio del cual se puede
justificar o no la necesidad de obtener una medida de protección transitoria o
definitiva en sede de tutela, luego, cuando las pruebas no le permitan tener la
claridad suficiente respecto del daño inminente que alega en el escrito de
demanda, puede proceder a decretar las que considere pertinentes y conducentes
para clarificar las condiciones del recurrente.
Ello es así, porque
de no cumplir tales circunstancias se estaría desplazando la competencia legal
del juez común de manera caprichosa, lo que atentaría contra: (i) la
tutela judicial efectiva y (ii) el derecho de quienes de manera
diligente agotan los procesos comunes para el amparo de sus derechos. A lo que
se suma que promovería una mayor congestión judicial.
Adicional a lo
anterior, al operador judicial constitucional le corresponde corroborar y
ponderar la existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han
dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta o no
necesario amparar y reconocer, de manera transitoria o definitiva, un derecho
de índole prestacional a quien por este mecanismo lo requiere.
Tales exigencias,
son descritas en abundante jurisprudencia y compiladas particularmente, entre
otras, en la Sentencia SU-023 de 2015[8], así:
(i) Se trata de una persona de la tercera
edad, considerada sujeto de especial  protección;
(ii) El estado de salud del solicitante y
su familia;
(iii) Las condiciones económicas del
peticionario
(iv) La falta de pago de la prestación o
su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital.
(v) El afectado ha desplegado cierta
actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus
derechos, y
(vi) El interesado acredita, siquiera
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados.
5. El régimen de
transición que consagró la Ley 100 de 1993
Con
la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Seguridad Social, por medio
del cual el legislativo procuró por adoptar un modelo que le permitiera a las
personas afiliadas cumplir con sus expectativas pensionales en aras de prevenir
las contingencias que son propias de la naturaleza humana como la vejez,
viudez, invalidez y muerte, entre otras.
Sin
embargo, al mismo tiempo dentro de la norma comentada se estableció un régimen
de transición con el propósito de asegurar el respeto de las expectativas de
todos aquellos trabajadores que, debido al cambio legal, pueden ver truncadas
sus aspiraciones con la exigencia de unos requisitos diferentes a los que el
marco legal previo les imponía para consolidar su derecho prestacional.
Así
las cosas, en el artículo 36 de la ley referida, se permitió una
transicionalidad en la aplicación de tal norma, para quienes, a su entrada en
vigencia, 1º de abril de 1994, acreditaran alguno de los siguientes requisitos:
tener 35 años de edad si es mujer o 40 años de edad si es hombre o, 15 años o
más de servicios cotizados.
Por
tanto, los ciudadanos que estuvieran dentro de tal excepción, gozaban de un
beneficio consistente en la posibilidad de consolidar su derecho prestacional
con la acreditación del cumplimiento de los requisitos mínimos que señalaban
las normas previas a la Ley 100 de 1993 o, la que le resultara más favorable a
sus pretensiones.
Sin
embargo, tal posibilidad no tuvo una vocación de permanencia en nuestro
ordenamiento, como quiera que a través de la reforma constitucional (Acto
Legislativo 01 de 2005) que se le introdujo al artículo 48 Superior, fue
impuesto un término máximo de duración. Al respecto, dicha enmienda, en lo
pertinente, textualmente señaló:
“(…)
Parágrafo
transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales
se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Los
requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen
(…)”[9].
Sobre
este punto, resulta importante destacar que esta Corporación en Sentencia T-652
de 2014[10],
al estudiar una solicitud de traslado pensional, enfatizó con relación al
alcance de la disposición transcrita, lo siguiente:
“
(…) significa entonces que el régimen de transición pensional perdió
vigencia a partir del 31 de julio de 2010. Por lo tanto, las personas
que siendo beneficiarias de dicho régimen no lograron acreditar, antes de la
fecha señalada, los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez
conforme con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, perdieron
cualquier posibilidad de pensionarse bajo el régimen de transición y, en
consecuencia, solo podrán adquirir su derecho de acuerdo con los lineamientos
de la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la complementan o adicionan.
Cosa distinta sucede con los sujetos del régimen de transición que a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a 25 de julio de
2005, tenían al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios,
pues según el citado acto legislativo, no pierden el régimen de transición el
31 de julio de 2010, sino que el mismo se extiende “hasta el año 2014”, concretamente, hasta el 31 de diciembre de 2014[11].
En ese sentido, si cumplen con los requisitos pensionales del respectivo
régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de esta última fecha,
conservarán el régimen de transición; en caso contrario, perderán
definitivamente dicho beneficio, de tal suerte que deberán someterse a las
exigencias de la Ley 100 de 1993 para efectos de obtener su derecho pensional.
5.7.
Así las cosas, ha de concluirse que superado el primer plazo establecido
por el Acto Legislativo 01 de 2005 para su desmonte definitivo, el régimen
de transición pensional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, solo
para los sujetos de dicho régimen que tengan cotizadas al menos 750 semanas o
su equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de 2005 y, además, cumplan
con los requisitos de pensión del régimen anterior al cual se encontraban
afiliados antes del 31 de diciembre de 2014.”
(Subrayas propias)
Por
ende, concluyó que el régimen de transición estaba llamado a desaparecer el 31
de diciembre de 2014 y sus beneficiarios por tiempo de servicios cotizados que
se hayan trasladado o se trasladen al RAIS, podrán hacer efectivo tal derecho
solo hasta el 31 de diciembre de 2014.
Al
respecto, la aludida providencia[12] indicó:
“Como
ya se mencionó en el acápite precedente, en virtud de lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición está llamado a desaparecer
definitivamente a partir del 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en
materia de traslado de régimen pensional, puede decirse que sus efectos se
extienden y repercuten sobre la única categoría de trabajadores que al
trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de
prima media con prestación definida, siguen conservando el régimen de
transición, es decir, los beneficiarios por tiempo de servicios cotizados.
Lo
anterior significa entonces que, los sujetos del régimen de transición por
tiempo de servicios cotizados que se hayan trasladado o se trasladen del
régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida, conservarán dicho beneficio solo hasta el 31 de diciembre
de 2014, de tal suerte que si antes de esa fecha no cumplen con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con las normas
anteriores que los cobijaban, pese a su retorno al régimen de prima media con
la expectativa de pensionarse en condiciones más beneficiosas, necesariamente
les será aplicada la Ley 100 de 1993 para tales efectos.”
Por
consiguiente, resulta claro que en la actualidad no existe el régimen de
transición y, por ende, ninguno de sus privilegios se aplica a los afiliados
actuales del sistema pensional, salvo para aquellos sujetos que eran
beneficiarios por el tiempo de servicio cotizado y que completaron los
requisitos para acceder a la pensión antes del 31 de diciembre de 2014.
6. La pensión de
vejez en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular semanas en tal
régimen.
Con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, una de las
disposiciones legales que regulaba la pensión de vejez era el Acuerdo 049 de
1990, cuyo contenido exigía para efectuar el referido reconocimiento
prestacional, acreditar los siguientes requisitos:
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco
(55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas,
o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.”
Sin embargo, en la
aplicación del comentado régimen se generaron algunas divergencias en tanto que
habían planteamientos encontrados pues, por un lado existían posturas que
señalaban que la densidad de semanas que este exigía debían haberse aportado,
de manera exclusiva, al ISS, por lo que no era viable solicitar su aplicación
si el afiliado efectuó parte de los aportes a otras cajas pensionales o
mediante la acreditación de tiempos de servicio.
Tal tesis se
sustentó en la consideración según la cual el Acuerdo 049 de 1990 fue expedido
por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios con la finalidad de
reglamentar las prestaciones económicas reconocidas por tal entidad, sin que
fuera viable el cómputo de semanas cotizadas con otras entidades del sector
oficial, pues esa posibilidad solo fue prevista en el régimen que contemplaba
la Ley 71 de 1988.
Adicionalmente,
planteó que el reconocimiento prestacional del literal b, del artículo 12 de la
disposición pluricomentada, acreditando 500 semanas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, se consagró como un método de transición
para todos aquellos trabajadores antiguos a quienes sus empleadores no les
habían concedido ninguna pensión por lo que no era viable hacerlo extensivo a
todos los trabajadores.
Sin embargo, de
manera simultánea sobresalió otra postura según la cual, de la lectura del
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, no se puede concluir la exclusividad de
aportes al ISS.
Tal exégesis, tenía
fundamento en principios constitucionales como el de favorabilidad, según el
cual, ante la duda, se torna necesario adoptar la interpretación que mejor se
ajuste a los intereses del trabajador y, en ese sentido, es viable que se
admita el cómputo compartido de semanas pues, finalmente, una medida así en
nada va a generar un detrimento financiero, como quiera que las entidades a las
que se efectuaron los aportes todas son estatales y, por ende, todos los montos
van al erario público.
El anterior
entendimiento se fortaleció con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, mediante el cual se dispuso:
“Para
efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso
primero del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de
Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del
sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos
cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio” (Subrayas propias)
Dicha situación
llevó a que muchas personas acudieran a la tutela, oportunidad que sirvió para
que esta Corte analizara la problemática, existiendo, inicialmente, disparidad
de criterios y decisiones por las salas de revisión respecto a la posibilidad
de permitir el cómputo de semanas para el cumplimiento de las exigencias
señaladas en el Acuerdo 049 de 1990.
Sin embargo, con
posterioridad, se unificó el criterio y la Sala Plena[13]
consideró viable permitir la acumulación de semanas cotizadas entre el sector
oficial y el ISS, así como también los tiempos de servicio al sector público a
efectos de consolidar el derecho pensional descrito en el Acuerdo 049 de 1990.
Ahora, resulta
importante tener en cuenta que las posturas que permitieron la posibilidad de
acumulación, inicialmente, se aplican para el cumplimiento del requisito que
exigía 1000 semanas de cotización y no para demostrar las 500 cotizadas dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.
Respecto de la
línea jurisprudencial manejada por esta Corte, de manera previa a la
unificación del criterio, puede observarse lo indicado en la Sentencia T-201 de
2012[14],
en torno a los casos concretos en los que se solicitó, en sede de tutela, el
cómputo de semanas para acreditar las 1000 exigidas en el Acuerdo 049 de 1990,
pues en dicha providencia se analizaron varios antecedentes en los que esta
Corte, realizando un estudio articulado de las disposiciones constitucionales y
del sistema pensional contemplado en la Ley 100 de 1993, permitió acumular
periodos cotizados a efectos de consolidar la pensión de vejez, con
independencia de que el recaudo lo haya efectuado de manera exclusiva el ISS, o
en concurrencia con algún otro fondo oficial.
No obstante, como
se indicó previamente, dicha exégesis no se aplicó, a los casos en los que se
pretendía la acumulación de semanas a efectos de solicitar la prestación
pensional en cumplimiento del requisito de 500 semanas de cotización dentro de
los 20 años anteriores a la edad mínima.
Lo anterior, a
pesar de que esta Corporación en la Sentencia T-637 de 2011[15],
reconoció de manera transitoria, el derecho pensional de vejez de quien, en esa
oportunidad, solicitó el cómputo de semanas para acreditar las 500 exigidas.
Sin embargo, con posterioridad, en la Sentencia T-201 de 2012[16],
aclaró dicho criterio y denegó la solicitud de acumulación de semanas entre el
sector oficial y el ISS de una persona que la requería para cumplir con el
requisito de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la edad
mínima requerida. En efecto, la providencia referida señaló:
“Así,
como se anotó en precedencia, de acuerdo con la regla reiterada por esta Corte,
sí es posible acumular semanas cotizadas al ISS y a otras entidades de
previsión social, para otorgar pensiones de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990,
en aplicación del régimen de transición, cuando se cumplen los requisitos de 1000
semanas de cotización y la edad requerida, que no es este caso, por lo cual se
concluye que no hay violación al derecho a la igualdad, pues la situación
fáctica no es equiparable.”
Contra dicha
providencia se presentó solicitud de nulidad, la cual fue estudiada por la Sala
Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 024 de 2013 y despachada
desfavorablemente.
Sin embargo, esta
Corporación consideró necesario unificar su criterio y, con ese propósito,
profirió la sentencia SU-769 de 2014[17], en la que, en lo que interesa a esta
providencia, sentó la tesis según la cual es posible efectuar el cómputo de las
semanas cotizadas, señalando que:
“es
un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar
solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un
tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores,
reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la
pensión de vejez.”.
Por tanto, “es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de
previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de
Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se
trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.”.
Y, finalmente
indicó el fallo, que tal planteamiento es el “que mejor se ajusta a la Constitución
y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía
del derecho fundamental a la seguridad social (…)”, como
consecuencia de lo anterior, concluyó que “(…) tal acumulación es válida
no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un
total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de
la edad requerida.” (Subrayas propias).
7. El debido proceso administrativo
El debido proceso
surge como una garantía fundamental que procura que tanto la administración,
como las autoridades judiciales, en sus actuaciones, aseguren el respeto a las
disposiciones legales que nuestro ordenamiento jurídico prevé.
En ese sentido,
desde una esfera judicial, el debido proceso busca la protección del individuo
que es sometido a un proceso de modo tal que durante su desarrollo se le hagan
valer sus garantías sustanciales y se le brinden todas las etapas procesales y
formalidades propias del juicio.
Y, desde una esfera
de la administración, la garantía mencionada toma relevancia en tanto que
impone el deber de que su obrar se encuentre ajustado tanto al ordenamiento
jurídico, como al precedente jurisprudencial que regula la aplicación de
principios constitucionales[18], convirtiéndose en una manifestación
del principio de legalidad y la erradicación de la arbitrariedad.
En ese sentido, el
debido proceso debe perseguir la materialización de los principios de la
función pública, dentro de los que se destacan, entre otros, los de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, publicidad, celeridad e imparcialidad[19].
Por lo tanto, el
respeto de la garantía bajo estudio se debe asegurar en todas las actuaciones y
procedimientos que sean adelantados por la administración y que impliquen
consecuencias para los individuos de modo tal que se les garantice la totalidad
de sus elementos inherentes.
Ahora, cuando se
acuda a la tutela de cara a cuestionar un acto administrativo, esta Corte ha
indicado que, en su estudio, se le debe dar el mismo tratamiento que el
otorgado al análisis que se le realiza al uso del recurso de amparo para el
cuestionamiento de providencias judiciales.
En ese sentido, ha
señalado esta Corte, entre otras, en la Sentencia T-209 de 2015[20],
que en tratándose de actos administrativos se deben acreditar las exigencias
descritas en la Sentencia C-590 de 2005[21] la cual prevé la necesidad de
acreditar en el asunto el cumplimiento de los requisitos generales y al menos
uno de los específicos.
En efecto, es deber
constitucional comprobar: (i) que la cuestión resulta de relevancia constitucional; (ii) que se
agotaron los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial que
prevé el ordenamiento, a menos que se demuestre que se procura evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de
la inmediatez, (iv) que se trate de una irregularidad procesal determinante en
la adopción de la decisión que resulta violatoria de los derechos fundamentales
y, por último, (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos afectados y que la
misma se hubiere alegado en el proceso, siempre que esto hubiera sido posible.
Adicional a lo
anterior, dentro de los requisitos especiales se tienen:
“(i) el defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario que profirió la decisión impugnada, carece de competencia para
ello;
(ii) el defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el funcionario actuó completamente por fuera del procedimiento
establecido;
(iii) el defecto fáctico, que surge cuando el funcionario
administrativo carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que sustenta la decisión;
(iv) el defecto material o sustantivo, que se configura
cuando la decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión;
(v) el error inducido, que se da cuando el funcionario es
víctima de un engaño, por parte de terceros, que lo conduce a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) la decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los funcionarios de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos;
(vii) el desconocimiento del precedente, que se
origina cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el funcionario administrativo aplica una ley que limita
sustancialmente dicho alcance; y
(viii) la violación directa de la Constitución, que es el
defecto resultante de infringir directamente una o varias disposiciones
constitucionales o normas razonablemente vinculables a la Constitución.”[22].
Por tanto, para que
proceda la tutela en contra de un acto administrativo, se torna imperioso que
el actor demuestre que cumple los requisitos formales de procedibilidad, uno o
varios de los genéricos y la necesidad de adoptar una medida pronta y urgente
con la intención de evitar la consumación de un perjuicio irremediable a sus
garantías fundamentales.
8. Caso concreto
El presente asunto
versa sobre la acción de amparo constitucional impetrada a través de apoderado
judicial, por Giraldo Fidel Cantillo Ortiz, en la que solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital,
presuntamente transgredidos por Colpensiones al negarle el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez, que considera le asiste si le realizan el estudio
de su pedimento en sujeción a la norma más favorable por ser beneficiario del
régimen de transición, entiéndase, el literal b, del artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990.
Adicionalmente, el
actor pidió en su escrito de demanda, que el análisis de la norma referida se
haga de cara a las directrices jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha
señalado y que permiten, para efectos del conteo de semanas, acumular las
aportadas al ISS, a otras cajas y los tiempos de servicios prestados al sector
público.
Al respecto,
resulta importante tener en cuenta que el actor, de manera previa a la acción
de tutela, elevó una petición a la entidad demandada encaminada a obtener lo
que se alega en este asunto, la cual le fue negada por cuanto no acreditó las
500 semanas cotizadas al ISS dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento
de la edad mínima.
Debido a lo
anterior, el juez constitucional de primera instancia, despachó favorablemente
sus pretensiones, al considerar que cumplía con la cantidad de semanas
requeridas, pues la norma en comento no expone en ninguna parte que estas
debieran cotizarse al ISS, por lo que tal exigencia carece de soporte legal.
Este fallo fue
impugnado por Colpensiones alegando la imperiosidad de que los aportes para
consolidar las expectativas pensionales bajo el Acuerdo 049 de 1990, se coticen
exclusivamente al ISS y, agregó, una solicitud encaminada a que el recurso de
amparo fuera declarado improcedente pues, a su juicio, dentro del plenario no
se avizoró prueba alguna que permitiera demostrar las condiciones reales del
actor y que las mismas lo exponen a padecer un perjuicio irremediable de no
adoptarse una medida de amparo pronta.
Acto seguido, el
Tribunal Administrativo del Magdalena, revocó la decisión del a quo
pues, a su juicio, la exigencia de exclusividad de aportes al ISS para la
aplicación de la plurimencionada norma tiene asidero en los señalamientos
jurisprudenciales sostenidos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales,
hasta el momento, se han mantenido en la necesidad de que el trabajador que
solicite el pago de la prestación de vejez prevista en el acuerdo demuestre que
todas las semanas con las que cumple los requisitos fueron cotizadas al ISS.
Al analizar el caso
en sede de revisión, esta Sala encuentra que versa sobre la posibilidad de
consolidar el derecho pensional de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
siempre y cuando, se permita el cómputo de tiempos de servicio y las semanas
cotizadas al ISS como lo ha avalado la jurisprudencia de esta Corte, lo cual, a
juicio del actor fue desconocido en el acto administrativo que le negó la
prestación, en clara contravención de su derecho al debido proceso administrativo.
Por tanto, esta
Sala analizará el cumplimiento de los requisitos generales y la existencia de
al menos uno de los especiales de conformidad con lo indicado en la parte
motiva de esta providencia para determinar la afectación de la aludida garantía.
A saber:
-      Relevancia constitucional.
El asunto bajo
examen resulta relevante desde una perspectiva constitucional en tanto que la
entidad acusada no le da prelación a las disposiciones constitucionales que
permiten adoptar una interpretación más favorable para el trabajador que
procura el cómputo de semanas que prevé el Acuerdo 049 de 1990.
-      Agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
Respecto de este
planteamiento, se debe tener en cuenta que el actor no estaba obligado a agotar
los procedimientos ordinarios de defensa en tanto que los mismos no se tornaban
eficaces ni idóneos para garantizar la protección de los derechos fundamentales
alegados.
En efecto, aunque existe un procedimiento ordinario para la protección
de sus derechos, lo cierto es que este, de cara al caso concreto, no resulta
idóneo para asegurar la materialización de los postulados constitucionales que
le asisten y, por lo mismo, se torna imperioso que se realice el desplazamiento
de sus competencias en aras de evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.
Lo anterior, por cuanto remitir al peticionario a que agote el
procedimiento común, por la edad que tiene, a no dudarlo, lo expondría a una
afectación mayor a sus prerrogativas como quiera que, como señaló en su escrito
de demanda y ratificó mediante declaración juramentada el señor Pablo Emilio
Gómez Castiblanco, no tiene otro medio económico del cual pueda suplir sus
necesidades básicas y por su avanzada edad no puede acceder al mercado laboral.
Adicionalmente, por cuanto, como lo alegó el fallador de segunda
instancia, en su momento, el máximo órgano de esa jurisdicción no ha cambiado
el planteamiento según el cual no es posible acumular semanas en el Acuerdo 049
de 1990, a pesar del precedente jurisprudencial unificado dictado por esta
Corporación, luego, sería infructuoso remitirlo al agotamiento de tal proceso,
a pesar de que alega un daño irreparable a sus derechos fundamentales, máxime
si se tiene en cuenta que el mismo no le brinda la posibilidad de obtener el
éxito en sus pretensiones.
-      Inmediatez.
Se cumple por cuanto entre la fecha de expedición del acto
administrativo cuestionado (26 de noviembre de 2015) y la interposición de la
acción de tutela (27 de mayo de 2016) transcurrieron seis meses, periodo que
resulta razonable si se tienen en cuenta que las condiciones particulares de
edad avanzada y ausencia de una fuente de ingresos para asegurar su mínimo
vital hacen que el actor sea considerado un sujeto de especial protección
constitucional y acreedor de un mayor y acentuado amparo máxime si se tiene en
cuenta que el daño, a pesar del transcurso del tiempo, se sigue generando pues
este se causa con la falta de pago de una prestación económica periódica
necesaria para suplir sus necesidades básicas.
-      Identificación razonable de los hechos.
Tal requerimiento fue acreditado por el demandante en tanto que los
señaló con claridad y demostró la afectación que sufre en sus prerrogativas
fundamentales con la falta del reconocimiento prestacional pretendido pues no
tiene un trabajo u otra fuente de ingresos financieros, tiene una edad avanzada
y personas a cargo que dependen de él.
-      La irregularidad tuvo incidencia en la decisión.
Este supuesto se cumple en tanto que la entidad negó el reconocimiento
pensional al considerar que para el cumplimiento de los requisitos previstos en
el Acuerdo 049 de 1990 no se permite el cómputo de semanas cotizadas al ISS y
las aportadas a otras cajas o tiempos de servicios. Lo anterior, en
contravención del precedente constitucional unificado de esta Corte.
Desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
En efecto, resulta relevante tener en cuenta que al constatar el
historial laboral del actor se puede evidenciar que, inicialmente fue
beneficiario del régimen de transición por edad, como quiera que, al 1 de abril
de 1994, tenía más de 45 años, el cual mantuvo pues, al 25 de junio de 2005,
contaba con más de 750 semanas cotizadas, información que, además, fue admitida
por Colpensiones dentro de la Resolución No. GNR 379431 del 26 de noviembre de
2015.
Debido a lo anterior, le realizaron su estudio pensional en observación
a los pedimentos establecidos en distintas normas, a saber: Ley 71 de 1988, Ley
33 de 1985, Ley 797 de 2003 y Acuerdo 049 de 1990, concluyendo que bajo ninguno
de dichos apartes acreditaba el cumplimiento de los requisitos que preveían
para consolidar el derecho a la pensión de vejez, a pesar de que contar con la
densidad de semanas exigidas en el literal b del artículo 12 de la última
disposición, si hubieran realizado una interpretación que permitiera el cómputo
entre semanas y tiempo de servicio.
Inconformidad que desató que acudiera a la tutela al no compartir la
forma en que se analizó un aparte del Acuerdo 049 de 1990, pues no se tuvo en
cuenta el tiempo de servicio que prestó al sector público.
Al respecto, a partir de la Sentencia SU-769 de 2014, esta Corte adoptó
un precedente unificado, según el cual, para efectos del cómputo de semanas
previstas en el Acuerdo 049 de 1990 se deben tener en cuenta no solamente las
aportadas al ISS, sino también a otras cajas y los tiempos de servicios
prestados.
Lo anterior, por cuanto, como se señaló en la parte motiva de este
fallo, en la norma en comento no se manifiesta la exigencia de exclusividad de
aportes al ISS, y una interpretación que permita la acumulación, es la que
mejor se ajusta a los preceptos constitucionales, al principio de
favorabilidad, al de interpretación pro persona y maximiza la garantía
de la prerrogativa fundamental de la seguridad social la cual fue desconocida
por la entidad acusada, generando una infracción directa a la Constitución.
Postura que no ha sido acogida por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria
y, consecuentemente con ello, por los operadores judiciales.
Por tanto, para
esta Sala de Revisión, al demandante le asiste el derecho pensional pretendido
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia, y porque con
el acto administrativo cuestionado se le vulneró su derecho al debido proceso
por cuanto este desconoció el precedente constitucional unificado contenido en
la Sentencia SU-769 de 2014.
Lo anterior, aunado
a que el acuerdo aludido no descarta tal posibilidad, la cual, por lo demás,
fue consagrada en la Ley 100 de 1993, artículo 33, que permite acumular
tiempos, como una respuesta a la desarticulación entre los diferentes regímenes
que durante un tiempo hizo imposible sumar periodos de servicio con diferentes
empleadores, lo que redujo considerablemente la posibilidad de acceso a la
pensión de vejez.
En ese sentido,
teniendo en cuenta que al analizar el historial laboral del trabajador este
demuestra que, entre las semanas que cotizó al ISS y los tiempos de servicio
que prestó a la Alcaldía Municipal de Fundación dentro de los 20 años
anteriores tiene cerca de 862 semanas, por ende, cumple con el requisito
contemplado en el literal b, del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, y que con
la negativo de la accionada se transgredió su derecho al debido proceso
administrativo.
Esta Sala de
Revisión concluye que al demandante le asiste el derecho pretendido y, por
ende, cabe el amparo de sus derechos fundamentales. En consecuencia, procederá
a revocar la decisión de segunda instancia proferida y, en su lugar, declarará
procedente el amparo respecto a los derechos al mínimo vital, a la seguridad
social y al debido proceso.
Por tanto, ordenará
a Colpensiones que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a
partir de la notificación de la presente decisión, revoque el acto
administrativo por medio del cual le negaron el derecho prestacional al actor,
en tanto que con tal decisión se desconoció el precedente constitucional
señalado en la Sentencia SU-769 de 2014, lo que, además, implicó la vulneración
de su derecho al debido proceso administrativo.
Una vez surtido lo
anterior, inicie los trámites pertinentes para que en el término máximo de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte
un nuevo acto administrativo en el que reconozca de manera definitiva y empiece
a pagar al señor Giraldo Fidel Cantillo Ortiz la pensión de vejez, cubriendo
todas aquellas mesadas causadas y dejadas de percibir dentro de los tres años
anteriores a la presentación de esta tutela (26 de mayo de 2016) que, para los
efectos del reconocimiento constitucional que aquí se hace, se consideran no
prescritas.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR
el fallo de tutela proferido, en segunda instancia,
por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en consecuencia, amparar los
derechos fundamentales del señor Giraldo Fidel Cantillo Ortiz al mínimo vital,
al debido proceso y a la seguridad social.
SEGUNDO. ORDENAR
a Colpensiones que en el término de cuarenta y ocho
horas (48), contadas a partir de la notificación de la presente decisión,
revoque el acto administrativo por medio del cual le negaron el derecho
prestacional al actor y, una vez surtido lo anterior, inicie los trámites
pertinentes para que en el término máximo de un (1) mes, contado a partir de la
notificación de la presente providencia, dicte un nuevo acto administrativo en
el que reconozca de manera definitiva y empiece a pagar al señor Giraldo Fidel
Cantillo Ortiz la pensión de vejez, cubriendo todas aquellas mesadas causadas y
dejadas de percibir dentro de los tres años anteriores a la presentación de
esta tutela (26 de mayo de 2016), que para los efectos del reconocimiento
constitucional que aquí se hace se consideran no prescritas.
TERCERO. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e.)
[1] El actor no realiza mención de alguna providencia en particular.
[2] La notificación a Colpensiones de la admisión
demanda se encuentra visible en los folios 16 y 17 del cuaderno 2.
[3] M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
[4] Folio 16 del cuaderno 1.
[5] Folios 19 al 21 del cuaderno 1.
[6] Decreto 2591 de 1991: “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
[7] Con relación a los elementos que deben
configurarse para considerar que la persona se encuentra frente a la
posibilidad de padecer un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional desde
la Sentencia T-225 de 1993 indicó los siguientes: la inminencia, la gravedad,
la urgencia y la impostergabilidad.
[8] M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez (e.).
[9] Parágrafo transitorio cuarto del Acto
Legislativo 01 de 2005.
[10] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[11] Según el concepto No. 2194, del 10 de
diciembre de 2013, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, C.P. William Zambrano Cetina, la expresión “hasta el año 2014”
contenida en el parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución
Política, “es comprensiva y no excluyente del año allí referido; además al
no señalarse un día o un mes en ese año, se debe entender que la aplicación del
régimen de transición se puede hacer efectivo hasta el último día de dicho año
2014”.
[12] Sentencia T-652 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[13] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 769 de 2014. M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[14] M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[15] M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[17] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-278 de 2012. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[19] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-103 de 2006. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[20] M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[21] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-209 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.