T-650-17
Sentencia T-650/17
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE
COMUNIDADES INDIGENAS-Procedencia
Se tiene que esta Corte ha reconocido que, en los eventos en
que las autoridades estatales despliegan una conducta de acción u omisión que
tenga la virtualidad de afectar los derechos de representación y autonomía de
una comunidad indígena, el único mecanismo a través del cual es posible obtener
la protección de sus garantías fundamentales es la acción de tutela.
DERECHO A LA AUTONOMIA INDIGENA-Ámbitos de protección
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la
autonomía de los pueblos indígenas se garantiza en tres ámbitos de protección,
a saber: (i) ámbito
externo, conforme al cual se reconoce el derecho de las comunidades a
participar en las decisiones que los afectan (consulta previa), (ii) participación política de
las comunidades, en el Congreso y, (iii) ámbito de orden interno, el cual se relaciona con las
formas de autogobierno y autodeterminación al interior de las comunidades
indígenas.
DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno
AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Reiteración de jurisprudencia en relación con los criterios para
solución de conflictos
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER
INSCRIPCION DE JUNTA DIRECTIVA DE UNA COMUNIDAD INDIGENA-Improcedencia por cuanto se evidencia
conflicto dentro de la comunidad indígena, y se debe resolver la controversia
por la misma comunidad antes de realizar registro
En el presente caso, no se materializan los supuestos
establecidos que ameritan la intromisión de las autoridades estatales en la
problemática, pues se estima que (i)se trata de una discusión que debe ser resuelta de
manera autónoma por la misma comunidad, (ii) no se ha visto comprometido el núcleo esencial de
los derechos fundamentales de sus miembros, y (iii) efectivamente cuentan con el medio para dar
resolución a la controversia, esto es, acudir a la gestión del máximo órgano de
representación de la comunidad, la Asamblea General.
Referencia: Expediente T-6.208.834.
Acción
de tutela presentada por HERNANDO JULIO BARRETO MOLINA y otros, en contra del
MINISTERIO DEL INTERIOR –DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MINORÍAS Y ROM.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., diecinueve
(19) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo
Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de
San Marcos –Sucre-, el 24 de febrero de 2017, en el trámite de la acción de
tutela incoada por Hernando Julio Barreto Molina y otros, en contra del
Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante Auto del 30 de junio de 2017, proferido por
la Sala de Selección de Tutelas Número Seis, integrada por las Magistradas
Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera, y asumido mediante reparto
por el Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos como sustanciador de su
trámite y decisión.
I.       ANTECEDENTES
El 10 de febrero de 2017, los
ciudadanos Hernando Julio Barreto Molina, Victor Pinto
Villegas, Laura Nuñez Acosta, Lacides Rodríguez Suarez, Manuel Barreto, Alvaro
Cotera Sierra, Ubaldo Ricardo Baldovino, Leonel Marichal Guerrero, Alma Cerro
de Cárdenas y Nuris Lara Zambrano, en su condición de integrantes del Cabildo
Indígena Maruza de la etnia Zenú, interpusieron acción de
tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la autonomía
de las comunidades indígenas y a la libre autodeterminación, que consideran han
sido desconocidos por la entidad accionada al negarse a inscribir la elección
realizada por el Cabildo Indígena Maruza de la etnia Zenú el día 4 de diciembre
de 2016.
De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes
en el expediente, los actores sustentan sus pretensiones en los siguientes:
1.    Hechos
1.1.
La Comunidad Indígena Maruza de la etnia Zenú, ubicada en el
Municipio de San Marcos, Departamento de Sucre, es una población indígena
reconocida y registrada ante el Ministerio del Interior mediante Resolución
No.034 del 2 de junio de 2009 y actualmente se encuentra conformada por más de
1440 personas, las cuales están organizadas en más de 308 familias.
1.2.
Dicha comunidad tiene un sistema de adopción de decisiones
democráticas. En el año 2016, la Asamblea General del Cabildo eligió a la
señora Lícida Lucía López como Capitana del Cabildo, esto es, quien, de
conformidad con los estatutos de la comunidad, ese año obró como líder de la
Junta Directa del Cabildo y como su representante legal.
1.3.
Aducen los accionantes que, en su calidad de miembros del Cabildo
Indígena Maruza de la etnia Zenú y con ocasión a unas presuntas irregularidades
en la gestión de la Capitana Lícida Lucía López, solicitaron los buenos oficios
de la ONG Acción Humana y, a su vez, del Ministerio del Interior, de manera que
estos brindaran acompañamiento y sirvieran de mediadores en dicha problemática.
Lo anterior, pues los actores evidenciaron la existencia de problemas
relacionados con: (i) manejos inadecuados de los recursos públicos, (ii)
expulsión ilegal de miembros del cabildo y (iii) algunas denuncias
penales por delitos como “estafa”.
1.4.
Los peticionarios afirman que fueron objeto de malos tratos,
debido a las constantes denuncias que realizaban y, finalmente, el día 14 de
agosto de 2016, fueron expulsados del Cabildo Indígena Maruza por decisión de
la Asamblea General del Cabildo, e iniciativa de la Capitana Lícida Lucía
López.
1.5.
El 28 de julio de 2016, como contestación a la solicitud de
intervención presentada, el Ministerio del Interior indicó que, en razón a que
las mencionadas denuncias sobrepasaban sus competencias, remitió copia de ellas
a las autoridades correspondientes[1]. Respecto de lo que se enmarca en el
ejercicio de sus funciones, señaló que la única solución posible era propiciar
espacios de diálogo con los demás miembros del cabildo y, en especial, con la
Asamblea General. Esto, pues las controversias relativas a la dirección del
cabildo y a la conformación del censo de quienes son parte de él, son asuntos
cobijados por la autonomía constitucionalmente otorgada a estas comunidades y
no admiten la intervención de autoridades no tradicionales.
1.6.
Con ocasión al conflicto interno que venían viviendo en la
comunidad y al enfrentarse ante la imposibilidad de resolver la controversia a
través del diálogo, pues afirman que la capitana se rehusó a rendir cuentas
ante la Asamblea General, el día 07 de agosto de 2016, los accionantes
decidieron separarse de la administración vigente en ese momento y organizarse
como una Junta Directiva Provisional.
1.7.
Manifiestan que el día 7 de agosto del año 2016, la Junta
Directiva Provisional convocó a la Asamblea General del Cabildo Indígena
Maruza, la cual, como máxima autoridad de la Comunidad: (i) revocó el
mandato de la entonces capitana y su junta directiva, y (ii) ratificó la
Junta Directiva Provisional creada por los accionantes, hasta que se eligiera
la Junta correspondiente al periodo del año 2017.
1.8.
Debido a las denuncias formuladas y, en general, ante los hechos
que habían tenido lugar, el Ministerio del Interior citó a las partes en
conflicto a una reunión que tuvo lugar el 25 de octubre de 2016, en la que,
debido a la complejidad de las problemáticas, no fue posible lograr una
solución definitiva al conflicto; motivo por el cual, de mutuo acuerdo, esto
es, con el consentimiento de la anterior y la nueva administración, se pactó
una mesa de concertación posterior en donde se buscaría una resolución
definitiva al conflicto a través del diálogo.
1.9.
El 29 de noviembre de 2016, el Ministerio del Interior informó a
los accionantes que la ciudadana Lícida Lucía López, en su condición de
capitana registrada del cabildo, canceló de manera unilateral la reunión
acordada.
1.10.
Ante la actuación anteriormente descrita y al considerar que no
sería posible llegar a algún acuerdo, los accionantes, en su condición de Junta
Directiva Provisional, decidieron convocar a elecciones el día 4 de diciembre
de 2016 para el año 2017.
1.11.
Una vez realizadas las elecciones convocadas, concluyeron que
contaban con el quorum requerido y eligieron al señor Hernando Julio
Barreto Molina como su nuevo capitán.
1.12.
Manifiestan los accionantes que como consecuencia de dicha
elección, solicitaron a la Alcaldía Municipal de San Marcos que tramitara el
acta de posesión correspondiente a los miembros de la Junta Directiva del
Cabildo Indígena Maruza de la etnia Zenú, de conformidad con el artículo 3º de
la Ley 89 de 1890.
1.13.
Por su parte, la Alcaldía Municipal de San Marcos, mediante Acta
No. 040 del 5 de diciembre de 2016, posesionó a los accionantes como Junta Directiva
del Cabildo Indígena Maruza para el año 2017.
1.14.
Inconforme con lo sucedido, el 6 de diciembre de 2016, la señora Lícida
Lucía López impugnó la elección y posesión realizada ante el Alcalde Municipal
de San Marcos, por considerar que ésta se hizo de manera ilegal y por una
sección minoritaria del cabildo.
1.15.
Como producto de lo acontecido, el 15 de diciembre de 2016, la
señora Lícida Lucía López convocó a sus propias elecciones para que fueran
llevadas a cabo el día 13 de enero de 2017.
1.16.
Aducen los accionantes que, con posterioridad a las elecciones que
realizaron el 4 de diciembre de 2016, solicitaron al Ministerio del Interior la
inscripción de la nueva Junta Directiva; entidad que se abstuvo de hacerlo en
cuanto consideró que, al existir dos autoridades tradicionales diferentes, no
había claridad sobre cuál de estas representa a la comunidad.
1.17.
El 4 de enero de 2017, los accionantes radicaron ante el
Ministerio del Interior una solicitud en la que reprocharon la omisión de esta
entidad en inscribir la elección realizada el 4 de diciembre de 2016, en la que
se fijó la Junta Directiva del Cabildo Indígena Maruza para el año 2017, y que
ésta sería encabezada por el señor Hernando Barreto Molina. En ella,
solicitaron la realización de la inscripción y manifestaron considerar
desconocidas sus determinaciones y autonomía como comunidad indígena pues,
contrario a lo que indican los funcionarios del Ministerio del Interior, sólo
existe una “Junta Directiva legítima del Cabildo Indígena Maruza”.
1.18.
Afirman los accionantes que el 8 de enero de 2017, convocaron a la
Asamblea General del Cabildo para realizar el empalme de funciones con la
administración anterior del cabildo, esto es, aquella liderada por la señora Lícida
Lucía López, pero que ninguno de los que la conformaban se hicieron presentes.
1.19.
El 13 de enero de 2017, la señora Lícida Lucía López reunió su
propia Asamblea General y realizó elecciones para la Junta Directiva del
Cabildo. En ellas se concluyó que se había satisfecho el quorum decisorio
requerido por los estatutos de la comunidad y fue reelegida como Capitana para
el año 2017.
1.20.
Mediante escrito del 31 de enero de 2017, el Ministerio del
Interior expresó que no procederá a inscribir la elección de ninguna de las
Juntas Directivas existentes, pues evidencia que hay una controversia al
interior del cabildo que debe ser resuelta autónomamente por la comunidad, pues
cualquier actuación que avale a alguna de los grupos en conflicto solo
terminaría por escalar la controversia existente.
2.
Material
probatorio obrante en el expediente
2.1.
Circular Externa
No. CIR15-000000044-DAI-2200 del 29 de diciembre de 2015, en la que el
Ministerio del Interior se dirige a las Alcaldías Municipales, Gobernaciones
Departamentales y Autoridades de los Cabildos Indígenas y profiere una
directriz sobre el procedimiento a seguir para la posesión de las autoridades
de los cabildos que sean elegidos por sus comunidades. En dicha circular, se indica,
entre otras cosas, que las autoridades municipales deberán verificar que no
exista discrepancia o conflicto interno en la realización de los procesos de
elección.[2]
2.2.
Copia del
Reglamento Interno del Cabildo Indígena Maruza, de la etnia Zenú, en el que se
evidencia que el órgano máximo de decisión del cabildo es la Asamblea General y
que esta toma decisiones a partir del establecimiento de un Quorum
Deliberatorio en virtud del cual se constituye con “la mitad más uno del
número de familias censadas en el cabildo” y un Quorum Decisorio que
constituye “una (1) tercera parte de los miembros de la asamblea presente en
la asamblea general”.[3]
2.3.
Copia de las
denuncias presentadas por la ONG Acción Humana del 30 de mayo y 18 de julio de
2016, en las que se pone en conocimiento del Presidente de la República, Juan
Manuel Santos Calderón, y del Ministerio del Interior la situación que en ese
momento atravesaba el Cabildo Indígena Maruza y las supuestas irregularidades
en su administración.
2.4.
Copia del derecho
de petición presentado el 20 de junio de 2016, por los ciudadanos Víctor
Augusto Pinto Villegas, Hernando Julio Barreto Molina, Astrid Candelaria
Cárdenas Cerro, Aurora Rodríguez Suarez y otros, en el que solicitaron al
Ministerio del Interior informar si habían sido efectivamente expulsados del
censo del Cabildo Indígena Maruza, así como los motivos por los cuales la
señora capitana Lícida Lucía López se niega a rendir cuentas respecto de su gestión
al interior del cabildo[4].
2.5.
Copia del escrito
del 18 de julio de 2016, en el que los ciudadanos Víctor Augusto Pinto
Villegas, Hernando Julio Barreto Molina, Astrid Candelaria Cárdenas Cerro,
Aurora Rodríguez Suarez y otros, quienes, en calidad de miembros del Cabildo
Indígena Maruza de la etnia Zenú, solicitaron al Ministerio del Interior su
intervención y acompañamiento para “llegar a unos correctivos que den
solución definitiva al conflicto que tanto agobia a esta comunidad”.
2.6.
Copia de la
contestación del 28 de julio de 2016, en la que el Ministerio del Interior
indica a la ONG Acción Humana que los asuntos relativos a la realización del
censo de las comunidades indígenas “son un ejercicio autónomo que hacen las
comunidades indígenas a través de sus autoridades para ejercer un control de la
composición social”, motivo por el cual no está dentro de sus competencias
intervenir ellos, pues hacerlo implicaría desconocer la autonomía que la Carta
Política ha otorgado a las comunidades indígenas. Por ello, decide únicamente
exhortar a los solicitantes para que lleven sus inquietudes ante las
autoridades de la Comunidad Indígena de manera que sean estas quienes resuelvan
conforme a sus usos y costumbres sobre las supuestas irregularidades que
declaran.
2.7.
Copia de la
denuncia penal por el delito de Hurto[5] realizada el 7 de agosto de 2016 por
la señora Lícida Lucía López, Capitana del Cabildo Indígena Maruza, en contra
del señor Víctor Augusto Pinto Villegas, pues considera que éste, ese mismo
día, se había apropiado irregularmente del “libro de actas” del cabildo
indígena que representa, absteniéndose de devolverlo cuando lo solicitó de
vuelta[6].
2.8.
Copia del Acta 001
del 7 de agosto de 2016, en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena
Maruza, dirigida por el ciudadano Hernando Julio Barreto, etnia Zenú, revocó el
nombramiento de la señora Lícida López Domínguez como Capitana del Cabildo
Indígena Maruza, así como de su junta directiva. Ello, por varios motivos,
entre otros: (i) comportamientos inadecuados que constituyen delitos
como la estafa, (ii) por haber modificado las escrituras de la Casa
Indígena y apropiarse de un sector de ésta, (iii) hacer negocios
“dudosos” en los que se perdieron 45 millones de pesos de propiedad del
cabildo, (iv) expulsar cabildantes sin justificación, y (v) por
otros abusos y omisiones en el ejercicio de las funciones que le fueron
encomendadas.
Por lo anterior, deciden
imponerle a los afectados ciertas sanciones[7] y nombrar capitán y junta directiva
temporal, esto es, mientras inicia el nuevo periodo (año 2017).
2.9.
Copia del Acta 002
del 14 de agosto de 2016, en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena
Maruza, etnia Zenú, ratificó la revocatoria de la capitana Lícida López Domínguez
y su Junta Directiva. En ella se deja constancia de que ese día, en las horas
de la mañana, la señora Lícida López pretendió ingresar a la casa indígena en
compañía de “forasteros”[8] a los que se les impidió la entrada
y, por eso, se rehusó a entrar sin ellos.
2.10.    Copia de la denuncia penal presentada el 18
de agosto de 2016, ante la Unidad Básica de Investigación Criminal del
Municipio de San Marcos –Sucre por parte de la ciudadana Nellys del Carmen
Vides Salcedo, en la que asevera que la señora Lícida Lucía López Domínguez,
Capitana Indígena del Cabildo Maruza de la etnia Zenú, perdió “45 millones
de pesos para beneficiar a 85 familias para comprar unos lotes”, dinero
presuntamente donado por “la señora Yamina Pestana senadora de la república
en el año 2014”. De igual manera, denunció la supuesta recolección de
10.000 pesos por miembro para la escritura de unos inmuebles colectivos, pero
que esos dineros fueron usados para la compra de dos taxis.[9]
2.11.    Copia del escrito presentado el 23 de
agosto de 2016 ante la Contraloría General de la República por parte los
ciudadanos Hernando Julio Barreto Molina (en su calidad de Capitán Temporal del
Cabildo Indígena Maruza), Victor Pinto Villegas (en su condición de Fiscal
Temporal) y Alma Cerro de Cárdena (actuando como Alguacil Temporal), en el que
amplían la denuncia No. 2016-102615-80704-SC del 07 de agosto de 2016. Al
respecto, manifiestan que la capitana del cabildo (i) se niega a rendir
informe por la pérdida 45 millones de pesos que habían sido donados a la
comunidad en el año 2014 y que iban a ser destinados a la compra de unos lotes
que favorecerían a unas 85 familias, así como por la malversación de otros
recursos con los que se contaba; (ii) ha desplegado conductas
constitutivas de delitos como la estafa y (iii) ante las constantes
denuncias de los miembros del cabildo, ha optado por expulsar del censo del
cabildo a quienes se le oponen.
2.12.    Copia del comunicado del 2 de septiembre de
2016, en el que la ONG Internacional – Acción Humana manifiesta “apoyar” al
Cabildo Indígena Maruza y reprocha el accionar de la señora Lícida Lucia López
Domínguez, excapitana del cabildo indígena y quien fue revocada de su cargo de
manera unánime.
2.13.    Copia del Acta 003 del 4 de septiembre de
2016, en la que se reúne la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, etnia
Zenú, y llama la atención sobre la ausencia de la señora Lícida Lucía López
Domínguez desde el 7 de agosto de ese año, cuando se le revocó del cargo como
Capitana Indígena del Cabildo. Adicionalmente, trata temas relativos al
funcionamiento del Cabildo y ratifica por tercera vez la Junta Directiva
provisional, nombrada ante la destitución de la anterior.
2.14.    Copia del Acta del 25 de octubre de 2016,
en la que el Ministerio del Interior reunió a las partes en conflicto, esto es,
la Junta Directiva del Cabildo Indígena Maruza elegida para el periodo 2016 y
liderada por la “Capitana” Lícida Lucía López y la Junta Directiva Provisional
dirigida por el “Capitán Provisional” Hernando Julio Barreto Molina, y
propendió por generar un espacio de dialogó que permitiera superar la
controversia.
Se tiene que el señor Hernando
Barreto Molina adujo haber denunciado unas presuntas irregularidades en la
administración del cabildo y que, como consecuencia de ello, fue expulsado del
cabildo al igual que otros miembros de la comunidad, motivo por el cual, al
intentar infructuosamente resolver la problemática a través del diálogo,
decidieron revocar el mandato de la capitana electa.
Por su parte, la señora Lícida
Lucía López indicó que el 7 de agosto de 2016 se reunió en Asamblea General un
grupo de personas que no alcanzó a satisfacer el Quorum Decisorio y
determinaron, sin la capacidad para ello, su revocatoria y la elección de una
nueva junta directiva, la cual reputa de “falsa”.
Al observar que, por la
complejidad y diversidad de problemáticas al interior de la comunidad, no sería
posible arribar a una solución inmediata, se pactó realizar una reunión
posterior en la que se presentaron únicamente 5 personas de cada sector
poblacional en controversia.
2.15.    Copia del escrito del 25 de noviembre de
2016, en el que el Ministerio del Interior solicitó a la Capitana del Cabildo
Indígena Maruza, Lícida Lucía López, que notifique por escrito la decisión de
no llevar a cabo la reunión pactada el 25 de octubre de 2016.
2.16.    Copia de las contestaciones del 29 de
noviembre y 23 de diciembre de 2016 por parte del Ministerio del Interior, con
radicados externos EXTMI16-00044243[10] y EXTMI 16-0064002[11],
en las que se indica que si bien, con ocasión a las tensiones existentes al
interior del cabildo indígena Maruza, se fijó una “reunión preparatoria
previa Asamblea eleccionaria” con el fin de que la transición en la
dirección del cabildo se diera en el marco del diálogo, ésta fue cancelada en
razón a la manifestación de la entonces capitana del cabildo, quien afirmó que
se había decidido no llevar a cabo la reunión preparada.
Adicional, se expresó que las
elecciones que se llevaron a cabo el 4 de diciembre fueron impugnadas por la
actual capitana del cabildo.
2.17.    Copia del Acta 004 de Elección de Capitán y
Junta Directiva del 4 de diciembre de 2016, en la que se dejó constancia del
proceso de elección que se llevó a cabo para el periodo de 2017, y en el que
ganó el señor Hernando Barreto Molina y su fórmula, con 101 votos (de un total
de 111 votantes)[12].
2.18.    Copia del Acta de posesión No. 040 del 5 de
diciembre de 2016, en la que, de conformidad con el Acta de Elección No. 004
del 4 de diciembre de 2016, el Alcalde Municipal de San Marcos – Sucre
posesionó en el cargo de “Capitan del Cabildo Indígena Maruza Etnia Zenú”
al ciudadano Hernando Barreto Molina para el periodo 2017.[13]
2.19.    Copia del Acta de Posesión del 5 de
diciembre de 2016, en la que, de conformidad con el Acta de Elección No. 004
del 4 de diciembre de 2016, el Alcalde Municipal de San Marcos – Sucre
posesionó a los accionantes como quienes conformarían la Junta Directiva del
Cabildo Indígena Maruza etnia Zenú para el año 2017.[14]
2.20.    Copia de la solicitud presentada por la
señora Lícida Lucía López, en su calidad de capitana del Cabildo Indígena
Maruza, ante el Ministerio del Interior, en la que, el 6 de diciembre de 2016,
denuncia la elección ilegal que se hizo el pasado 4 de diciembre de ese año,
por una sección del cabildo y que desconoció los usos y costumbres que los
rigen. En ese sentido, solicita que no se de validez a dicha elección y “se
abstenga de dar cualquiera información a estos impostores”.
2.21.    Copia del Acta del 15 de diciembre de 2016,
en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, etnia Zenú (dirigida
por la señora Lícida Lucía López), convocó a una reunión general a efectos de
llevar a cabo las elecciones de la Junta Directiva del Cabildo para el año 2017[15].
2.22.    Copia de la denuncia presentada por la ONG
Acción Humana el 15 de diciembre de 2016 ante el Ministerio del Interior, en la
que llaman la atención respecto del desconocimiento que se hizo de la decisión
electoral de la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza y solicitan
nuevamente el acompañamiento del Ministerio a efectos de que sea posible
superar el conflicto que actualmente viven.
2.23.    Copia de la contestación del Ministerio del
Interior del 23 de diciembre de 2016 a la solicitud de intervención presentada
por la ONG Acción Humana, en la que informaron que, en ejercicio de sus
funciones, convocaron a las partes en conflicto a una reunión que tendría lugar
el día 25 de octubre de 2016, la cual fue cancelada por la comunidad; motivo
por el cual no les resulta posible realizar acciones diferentes a mostrarse
prestos a la colaboración en la resolución pacífica del conflicto, so pena de
que un actuar adicional se muestre invasivo de la autonomía constitucionalmente
otorgada a estas formas de organización social.
2.24.    Copia de la respuesta al oficio de Radicado
Externo EXTMI 10-0064002 del 23 de diciembre de 2016, en el que el Ministerio
del Interior informa que se realizó una visita de acompañamiento el día 25 de
octubre de 2016, en la cual fueron expuestas las inconformidades que
constituyen las causas del conflicto interno de la comunidad y en la que se
determinó que varios asuntos de esta problemática sobrepasan las competencia
del Ministerio[16].
2.25.    Copia del escrito del 4 de enero de 2017,
en el que los miembros de la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza
expresan su descontento con el Ministerio del Interior ante la negativa de
realizar su inscripción. Frente a esto, manifiestan que la Asamblea General
funge como máxima autoridad del Cabildo y que, en ejercicio de sus funciones se
sancionó a la señora Lícida Lucía López Domínguez, anterior capitana del
cabildo, por sus abusos en el ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido,
estiman que sus determinaciones están siendo desconocidas flagrantemente por el
Ministerio del Interior al dar prelación a las manifestaciones de una capitana
destituida sobre las de la máxima autoridad del cabildo, esto es, la Asamblea
General. En conclusión, solicitan que se inscriban las elecciones realizadas
para el año 2017.
2.26.    Copia del Acta 005 del 8 de enero de 2017,
en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, etnia Zenú,
pretendió realizar el empalme y entrega de funciones de la anterior
administración a la nueva, pero que las personas pertenecientes a la anterior
Junta Directiva no se presentaron.
2.27.    Copia del Acta 008 del 13 de enero de 2017,
en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, etnia Zenú, concluye
que (i) se habían presentado 110 familias, motivo por el cual existían quorum
decisorio y, por ello, (ii) eligieron como Capitana a la señora Lícida Lucía
López y a su Junta Directiva dirigir el cabildo en el año 2017.
2.28.    Copia de la respuesta a los Radicados
Externos EXTMI 16-0062753 y EXTMI 17-942, del 31 de enero de 2017[17],
en la que el Ministerio del Interior indica que no procederá a realizar la
inscripción de la elección realizada del señor Hernando Julio Barreto
Molina el 4 de diciembre de 2016, como Capitán del Cabildo Indígena Maruza en razón
a que las elecciones tuvieron lugar sin que finalizara el periodo de la anterior
Capitana, el cual se extendía hasta el 31 de diciembre de 2016.
Adicionalmente, indica que, en
razón al estado actual de las relaciones entre los miembros del cabildo, así
como a las numerosas denuncias de retiros presuntamente ilegales que se han
realizado del censo oficial respecto de miembros de la comunidad, considera que
la inscripción de dichas elecciones solo llevará al escalamiento del conflicto,
por lo que reitera su oferta de buscar espacios de diálogo como propuso en la
reunión del 25 de octubre de 2016.
2.29.    Contestación del 31 de enero de 2017, en la
que el Ministerio del Interior, en relación con la solicitud de radicado
EXTMI17-4537, informa a la señora Lícida Lucía López que la elección que se
llevó a cabo el 13 de enero de 2017, y en la que fue nombrada nuevamente como
Capitana del Cabildo Indígena Maruza, de la etnia Zenú, tampoco puede ser
registrada hasta que el conflicto interno por el que está pasando el cabildo
sea resuelto, ello so pena de promover el escalamiento del conflicto.
3.    Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
Los accionantes acuden a este especial mecanismo de
protección en aras de obtener la garantía de sus derechos fundamentales a la
autonomía y a la libre auto-determinación que caracteriza a los pueblos
indígenas, en específico, de la comunidad Indígena Maruza, los cuales estiman
han sido desconocidos por el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos
Indígenas, Minorías y ROM al negarse a inscribir a la Junta Directiva del
Cabildo para el año 2017, la cual fue elegida el 4 de diciembre de 2016.
Consideran que no es posible aducir la existencia de
una controversia interna en el cabildo, pues la señora Lícida Lucía López fue
destituida de su cargo como capitana del cabildo en agosto de 2016, motivo por
el cual no cuenta con la legitimidad para impugnar las elecciones realizadas.
4.    Respuesta
de las autoridades con interés en el trámite
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías del Ministerio del Interior
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior respondió a la presente acción de tutela y
solicitó se negaran las pretensiones de los accionantes en cuanto considera
haber actuado conforme a derecho al abstenerse de inscribir la elección del
presunto nuevo capitán del Cabildo Indígena Maruza de la etnia Zenú. Ello, pues
existe una gran problemática interna que debe ser solucionada previo a efectuar
cualquier inscripción, pues, de otra manera, se terminaría por escalar el
conflicto en que se encuentran.
Sobre el particular, expuso que, desde
que tuvieron conocimiento de la situación del Cabildo Indígena Maruza, han
desplegado las actuaciones que, dentro de sus competencias, les permiten
propender por la superación de dicha situación de la manera menos traumática
para la comunidad y a través del diálogo y la resolución pacífica de las
controversias.
En ese sentido, justificó su negativa de
registrar al presunto nuevo capitán del cabildo pues: (i) la elección
del 4 de diciembre de 2016 no cumplió con el requisito de que la convocatoria
hubiese sido realizada por el cabildo saliente “tal y como lo contempla el
artículo 3 de la de 89 de 1980 [sic]”; (ii) se desconocieron los
acuerdos logrados en la reunión del 25 de octubre de 2016 para resolver los
problemas de la comunidad, motivo por el cual realizar la inscripción solo
llevaría a escalar el conflicto; y (iii) hasta el momento no existe
claridad sobre “la situación censal de las personas que se han hecho elegir
como ‘Nueva Junta Directiva’, ya que muchos de ellos figuran por fuera del
censo, pues en asambleas internas de la comunidad y por mayoría en la misma han
retirado del mismo a algunos miembros de la comunidad”.
Estimó que si bien los accionantes
justifican sus pretensiones en “la autonomía de los pueblos indígenas”, la
jurisprudencia constitucional ha entendido que ésta encuentra límites en (i)
cumplir con lo señalado en la Ley 89 de 1890 y (ii) el respeto al debido
proceso, tanto en la adopción de sanciones, como en los procesos electorales.
En consecuencia, reiteró su solicitud
relativa a que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues inscribir la
elección realizada en el estado actual de la controversia existente al interior
del cabildo “puede redundar en el escalamiento del conflicto y no a la
resolución del mismo, lo cual consideramos es el interés de todos”.
Manifestó que cuenta con la total disposición de colaborar, a través de las
facultades que le han sido conferidas, en la resolución pacífica y efectiva del
conflicto interno que atraviesan.
Capitana del Cabildo Indígena Maruza,
etnia Zenú, periodo 2016, Lícida Lucía López
Lícida Lucía López presentó escrito de
contestación a la presente acción de tutela y solicitó se nieguen las
pretensiones invocadas en cuanto consideró que los accionantes han actuado por
fuera del amparo de la ley y de sus tradiciones, pues si bien el Cabildo
Indígena Maruza de la etnia Zenú está organizado de manera democrática, los
solicitantes se constituyen en una “minoría que transgrede todos los
principios de participación democrática”; y la cual: (i) “se tomó
por la fuerza y con reprochables actos violentos, desde el día 7 de agosto de
2016, las instalaciones de nuestra sede de la casa indígena” y (ii) “armados
con machetes, garrotes y armas corto punzantes, amedrentaron nuestra guardia
indígena y les arrebataron por la fuerza nuestros libros de actas, registro de
afiliados y demás, destruyéndolos y/o mal utilizándolos; igualmente procedieron
a ocupar por la fuerza las instalaciones de esta sede, amenazando de muerte a
todo el que se le opusiera”.
Llamó la atención en que los accionantes
han irrespetado los usos y costumbres de la comunidad al citar a asambleas que
no cuentan con ninguno de los quórums con los que tradicionalmente adoptan sus
decisiones y que, lo más grave de todo es que muchos de los miembros de la
Junta Directiva que se pretende sea posesionada ni siquiera hacen parte del
cabildo, pues fueron previamente expulsados por la Asamblea General.
En conclusión, consideró que las
pretensiones de los accionantes deben ser negadas en razón a que la autonomía
indígena de la que aducen ser titulares, se encuentra supeditada a que las
comunidades se ajusten en la adopción de sus determinaciones a sus usos y
costumbres, los cuales, en su criterio, fueron flagrantemente desconocidos por
los actores.
5.
Sentencia objeto de revisión
Única Instancia
El Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos - Sucre, mediante sentencia del 24
de febrero de 2017, declaró la improcedencia del amparo solicitado por
considerar que los accionantes cuentan con los mecanismos judiciales ordinarios
para acceder a sus pretensiones. Consideró que, al pretender ser inscritos como
los representantes de una comunidad indígena, primero tienen que acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa con el fin de resolver las
controversias que existen en relación con la representatividad del cabildo, en
específico en lo relativo a (i) la expulsión de muchos de
sus miembros del censo del cabildo y (ii) las impugnaciones que se
hicieron de la elección que se pretende inscribir.
Estimó que, al
estar en discusión decisiones adoptadas por una autoridad indígena (la Asamblea
General del Cabildo Maruza), es necesario que los actores acudan a la justicia
contencioso administrativa a efectos de que puedan poner un fin al conflicto y
normalizar la situación de representatividad en que se encuentran inmiscuidos.
Impugnación
Inconformes con
lo resuelto, los accionantes impugnaron la decisión de primera instancia en
razón a que, a su juicio, dicho fallo desconoce su autonomía como comunidad
indígena y que adoptaron una determinación soberana como cabildo y eligieron
una Junta Directiva; decisión que debe ser respetada por las autoridades
administrativas y judiciales no tradicionales.
Se llama la
atención en que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos –
Sucre, mediante Auto del 7 de marzo de 2017, decidió negar la impugnación
solicitada en cuanto fue presentada extemporáneamente, esto es, en el cuarto
día hábil posterior a la notificación que se hizo de la decisión.
6.
Actuaciones en Sede de Revisión
Mediante Auto del
04 de septiembre de 2017, el Magistrado Sustanciador vinculó a la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) al trámite judicial objeto de revisión, en
razón a que la especial naturaleza del conflicto que centra el interés de la
Corte se encuentra en estrecha relación con sus funciones y competencias.
Adicionalmente, en dicha actuación se optó por decretar una serie de pruebas a
efectos de comprender de mejor manera y desde una óptica que no desconozca la
cosmovisión de los implicados, la problemática a decidir.
En ese sentido,
se solicitaron, entre otras cosas, informes por parte de:
-
El ICANH sobre los usos y costumbres de la comunidad
indígena Maruza de la etnia Zenú, en especial lo relativo a la manera en que
adoptan sus decisiones e imponen sanciones.
-
Los grupos poblacionales en conflicto al interior de
la comunidad indígena Maruza, respecto de: (i) los hechos que desde la
presentación de la acción a la actualidad han tenido lugar, (ii) sobre
sus formas de gobierno, administración y representación, (iii) los
procedimientos a través de los cuales toman determinaciones políticas y
sancionatorias.
-
El Ministerio del Interior sobre las actuaciones que
ha desplegado en relación con los hechos que circunscriben la presente
controversia.
-
La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de
San Marcos, para que, desde sus competencias rindan concepto sobre las
pretensiones y los problemas jurídicos que son objeto de discusión.
-
La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría
General de la República, para que expongan el trámite otorgado a unas denuncias
de su competencia, que con ocasión a los hechos objeto de estudio fueron
realizadas.
-
La ONG Acción Humana, sobre las actuaciones que ha
desplegado para procurar la solución pacífica del conflicto interno en la
comunidad indígena Maruza de la etnia Zenú.
Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
En respuesta al
auto del 04 de septiembre de 2017, indicó que la Constitución Política otorgó a
las comunidades indígenas un amplio nivel de autonomía a efectos de que sea
posible su supervivencia como comunidades culturalmente diferenciadas y que
ello ha sido reconocido en reiteradas oportunidades por parte de la Corte
Constitucional.
Reconoce que si
bien esta autonomía tiene límites reconocidos y no puede derivar en la tiranía
y la coerción social por parte de parcialidades de la comunidad, la
jurisprudencia ha optado por una posición que maximice la autonomía y le de
prevalencia.
Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
El ICANH
respondió al requerimiento realizado e indicó que si bien no cuenta con
estudios específicos de la comunidad indígena Maruza, responderá a los
cuestionamientos formulados desde la información con la que cuenta en relación
con la organización y la justicia tradicional del pueblo Zenú en su conjunto.
Comienza por
indicar que los Zenú se caracterizan por tener un sistema organizativo disperso
que carece de estructuras de gobierno centralizadas y que, si bien, a partir de
las transformaciones que con el paso del tiempo han ido teniendo, se ha
constituido un cabildo regional[18], no todas las
comunidades se encuentran adscritas a él, y, en específico, el cabildo Maruza
no se encuentra vinculado a este, por lo que, al menos en principio, la
Asamblea General del cabildo es el “mayor organismo para la toma de
decisiones y resolución de conflictos” de la comunidad.
Considera que si
bien el cabildo indígena Maruza no pertenece a la agrupación de cabildos que
dio lugar al Cabildo Regional de Sotavento[19], los mandatos
emitidos por dichas autoridades terminan por, en la mayoría de los casos,
servir de guía para la expedición de las normas propias de cada cabildo menor
no vinculado a él.
De igual manera,
señala que si bien el Cabildo Indígena Maruza no pertenece al Cabildo Mayor de
Sotavento, dicho Cabildo sí se encuentra organizado a través de la denominada Asociación
de Cabildos Menores del San Jorge a la cual también pertenecen los cabildos de
El Oasis, Caño de la Cruz y Cuiva-Caño Viejo.
De otro lado,
destaca que el Cabildo Regional tiene tres instancias judiciales de resolución
de conflictos, primero, ante los capitanes de los cabildos menores, quienes
imparten justicia en cada parcialidad, luego ante el Tribunal de Justicia
Propia del pueblo Zenú y finalmente, el Consejo Supremo de Justicia del Pueblo
Zenú como mayor instancia de resolución de conflictos.
Asimismo, ante la
complejización de las estructuras sociales, recientemente el Cabildo Mayor
Regional ha optado por la creación de figuras como el Panaguá[20] y los Mohanes[21] que buscan
permitir un mayor control social, político y de los recursos propios del
cabildo, pero los cuales se advierte no necesariamente existen dentro de la
comunidad Maruza.
Señala que la
justicia tradicional en las comunidades Zenú suele incluir un trámite que
involucra: (i) la presentación de la queja, (ii) la notificación
del acusado, (iii) el desarrollo de una audiencia para presentar los
cargos y descargos, y en la que es posible que el acusado acepte su
culpabilidad, (iv) en el caso en el que no haya aceptación se inicia un
proceso indagatorio en el que se tiene en cuenta “el punto de vista de las
comunidades”[22], y (v) se
hace una segunda audiencia de resolución en la que se define la situación, en
la que, de ser el caso, se puede imponer una sanción que oscila entre el: (1)
consejo verbal, (2) cepo, (3) calabozo, (4) indemnización
y compensación económica, (5) cárcel y (6) el destierro.
Finalmente, indican que
si bien las costumbres e instituciones del Cabildo Mayor Regional Zenú de San Andrés de Sotavento no necesariamente
corresponden con aquellas existentes al interior del cabildo menor Maruza, así
como que sus autoridades no se encuentran subordinadas jerárquicamente a lo que
éste pueda disponer, el Cabildo Regional puede servir de apoyo para la
resolución de los conflictos que atraviesen las distintas comunidades del mismo
pueblo.
Sección del Cabildo
Indígena Maruza representado por la ciudadana Lícida Lucía López
La Sección del Cabildo
Indígena Maruza, representado por la señora Lícida Lucía López presentó tres
escritos de contestación a lo solicitado por este despacho, los cuales pueden
ser reseñados de la siguiente manera:
Oficio del 07 de septiembre de 2017
En él, la señora Lícida
Lucía López realiza un breve recuento de la situación fáctica que circunscribe
el conflicto interno que afecta al cabildo. Hace relación a las irregulares
actuaciones de los accionantes y destaca: (i) la toma de la Casa indígena y del
libro de actas, y (ii) las elecciones ilegitimas que hicieron.
Oficio del 15 de septiembre de 2017
La señora Lícida Lucía
López indica que el conflicto inició en el año 2015 con unos dineros que le
acusan haber malversado, pero que afirma eran de su propiedad y había pedido
prestados a título personal, con la intención de donarlos para la realización
de un proyecto de vivienda en la comunidad. Por ello, considera que, el hecho
de que hayan sido robados, no afecta de ninguna manera los intereses del
cabildo.
Destaca que otro de los
inconvenientes que dio origen a la controversia es el del territorio de la casa
indígena del cabildo, pero afirma que ella simplemente aclaraba los linderos
del predio a lo establecido en las escrituras públicas.
Narra que el día 7 de
agosto de 2016 tan solo habían llegado a la Asamblea General 16 personas,
motivo por el que no había quorum, pero que llegó el señor Victo Pinto (fiscal
de la junta directiva cabildo disidente) y se tomó el libro de actas por la
fuerza y diciendo que “había dado golpe de estado a la capitana”.
Expresa que, ante lo
sucedido, se retiró de la casa indígena y convocó a reunión el día 14 de agosto
para la resolución de la controversia, pero que, ese día, al pretender entrar
no se le permitió ingresar a la casa indígena al señor Gilberto Rizo en su
calidad de asesor del cabildo y, por ello, decidieron no entrar. Por lo
expuesto, decidieron reunirse en Asamblea General en la esquina de la casa y
expulsaron del censo del cabildo a los disidentes y a sus núcleos familiares.
El 25 de octubre de 2016
se reunieron con un agente del Ministerio del Interior e intentaron una
resolución del conflicto a partir de una conciliación pero éste si situó de
lado de los disidentes y limitaron su participación, por ello, afirma que fue
obligada a concertar una nueva reunión entre representantes de cada uno de los bloques,
pero luego optó por cancelarla pues estimó que los disidentes ya no eran parte
del cabildo y, por tanto, no tenía que negociar con ellos.
Aduce que el día 4 de
diciembre de 2016 se efectuaron unas elecciones ilegales, motivo por el cual
las impugnó y el 15 de diciembre posterior se surtieron las elecciones
legítimas del cabildo pero que el Ministerio del Interior y la Alcaldía
Municipal de San Marcos se ha negado a inscribirlas.
Finalmente, destaca que
la controversia suscitada ha afectado de manera grave al cabildo pues la falta
de reconocimiento por la Administración le ha impedido participar en procesos
de consulta previa.
A su vez, allegó
numerosos documentos, entre los que se destacan:
-
Solicitud
del 23 de mayo de 2017, presentada ante el Ministerio del Interior, en la que,
entre otras cosas, se pretende el reconocimiento jurídico de la Junta Directiva
para el año 2017 que ella representa y del censo de 2016, como el único oficial
del cabildo.
-
Copia
de una denuncia presentada el 21 de diciembre de 2016, ante la Procuraduría
General de la Nación, en la que se solicita la investigación del señor Bladimir
Sierra Ochoa, Alcalde del Municipio de San Marcos, Sucre, por haber participado
en la elección de la Junta Directiva de los disidentes y desconocer las normas
y tradiciones del cabildo.
-
Acta
01 del 07 de agosto de 2016, en la que la Junta Directiva del Cabildo Indígena
Maruza, liderada por la señora Lícida Lucía López, dejó constancia de que al
reunirse en la Casa Indigena del Cabildo, los accionantes se tomaron el control
del lugar y se robaron el libro de actas aduciendo que habían realizado un
golpe de estado. De igual manera, afirman que (i) los disidentes
únicamente eran 33 personas y, por tanto, no tenían el quorum requerido para
adoptar decisiones, y (ii) con su conducta incumplieron varias normas
del cabildo, como atentar contra el patrimonio del cabildo (al robarse el libro
de actas), realizar escándalos bochornosos que atenten contra el cabildo,
amenazar la integridad física y moral de los miembros del cabildo y falsificar
las actas del cabildo.
-
Acta
02 del 12 de agosto del 2016 en la que la Junta Directiva del Cabildo Indígena
Maruza llevo a cabo un “operativo” a los señores Alvaro Cotera, Leonel Marichal
y Hernando Barreto por pasar en un carro haciendo perifoneo y desautorizando a
la capitana Lícida Lucía López al indicar que la próxima convocatoria de la
Asamblea General del Cabildo no tendría lugar el día 14 de agosto 2016 (como
fue citado por la capitana) sino el 21 siguiente. A través de este “operativo”,
se obligó a los mencionados señores a detener el perifoneo que realizaban con
ayuda del Personero Municipal, el ciudadano Carlos Mendoza.
-
Acta
03 del 14 de agosto de 2017 en la que la Asamblea General del Cabildo Indígena
Maruza, representada por la señora Lícida Lucía López en la que dejan
constancia que, cuando pretendieron reunirse ese día, el grupo que constituye
los ahora accionantes se tomaron la casa indígena y no permitieron el acceso
del señor Gilberto Rizo, quien si bien no es parte del cabildo, fue invitado en
su calidad de asesor indígena y, por ello, decidieron no entrar a la casa y
celebrar su propia Asamblea General en las afueras de la casa indígena.
En
ella, decidieron expulsar del cabildo a los disidentes y a sus núcleos
familiares “por ser personas disociadoras, problemáticas no respetan a nadie
[sic], susplantadoras de cargos [sic]  invadieron la casa
indígenas sin dejar entrar a la capitana y a la junta directiva…”, así como
por desconocer las normativas indígenas y alzar acusaciones falsas sobre los
miembros de la junta directiva.
-
Acta
06 de la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, del 26 de octubre de
2016, firmada únicamente por la capitana Lícida Lucía López, en la que se
ratifica la expulsión de los accionantes y de sus núcleos familiares por
considerarse que incumplían los reglamentos, calumniaban a la capitana y
retrasaban los procesos de desarrollo del cabildo. Adicionalmente, se indica
que se intentaron gestiones de diálogo y concertación, pero que ellos optaron
por tomarse el poder por la fuerza.
-
Acta
07 de la Asamblea General del Cabildo Indígena Maruza, del 15 de diciembre de
2016, en la que 158 asistentes deciden, en adición a lo pactado en la otra acta
y asamblea que tuvo lugar ese mismo día, que se ratifica la expulsión de los
disidentes, en cuanto “se propasaron y no entiende [sic] ni van a
entender que ellos tienen que someterse a las leyes indígena [sic] y a
los reglamentos internos del cabildo”.
Indican
que llevan año y medio calumniando a la capitana y atrasando los proyectos del
cabildo y, además, no solo se tomaron la casa indígena por la fuerza, cuestión
que afirman no será tolerada por el cabildo, sino que adicionalmente, usurparon
los títulos de autoridad del cabildo y aducen actuar en su nombre y
representación.
-
Video
sobre las actuaciones que tuvieron lugar el día 14 de agosto de 2016 respecto
de la población que no entró a la Casa Indígena del Cabildo Maruza en el que se
evidencia que:
o
Los
accionantes se encontraban dentro de la Casa Indígena del Cabildo Maruza y si
bien admitieron la entrada de los miembros de la comunidad y promovieron el
diálogo con ellos a efectos de llegar a una concertación, no permitieron entrar
al señor Gilberto Rizo (quien se afirma es el asesor del cabildo), motivo por
el cual los demás miembros decidieron no entrar y reunirse en las calles que
circunscriben la Casa Indígena.
o
Se
inicia la recolección de firmas por parte de los miembros del cabildo.
o
Hay
afirmaciones de estudiantes universitarios del cabildo en las que se indica que
por la omisión del Ministerio del Interior de registrar el nuevo censo, no han
podido hacerse acreedores a subsidios educativos y becas.
o
Se
asevera que los Cabildos Indígenas de Oasis, Caño Viejo Cuiva, Callo de la Cruz
hicieron presencia a través de sus capitanes para apoyar a la Junta Directiva
electa para el año 2016 en la lucha por el restablecimiento del cabildo y, para
ello, cada uno llevó a su Guardia Indígena.
o
Se
indica que se recogieron 150 firmas para demostrar que son mayoría al interior
del cabildo y que “con ellas se expulsará” a quienes en ese momento se tomaron
la casa indígena del cabildo.
-
Video
de lo ocurrido al interior de la Casa Indígena del Cabildo Maruza, el día 14 de
agosto de 2016, en la reunión convocada por el señor Hernando Julio Barreto
Molina. En ella, se informó a los asistentes que:
o
La
ONG Acción Humana ofreció apoyo logístico y de capacitaciones sobre Derechos
Humanos a los miembros del cabildo.
o
La
Junta Directiva Provisional estuvo en Bogotá, reunida con líderes de cabildos
de otras comunidades y estas ofrecieron su apoyo para el fortalecimiento del
cabildo
o
Deberían
realizar un censo ante el DANE que determine adecuadamente quienes son los
miembros del cabildo, de manera que les sea posible solicitar la inscripción de
la comunidad en el “SISBEN indígena”.
o
Existe
la necesidad de hacer el nombramiento de docentes indígenas, lo cual ha sido
dilatado por la anterior administración.
o
Hay
un problema que si siguen con tantos procesos de corrupción y no hacen nada al
respecto, estas van a acudir al Ministerio del Interior a solicitar la
cancelación de la resolución de reconocimiento del Cabildo.
o
Es
necesario desplegar las actuaciones del cabildo con transparencia, por ello,
afirma que a pesar de que montaron una Junta Directiva Provisional, esta deberá
ser ratificada después a través de elecciones para el año 2017 y,
adicionalmente, propone que ésta pueda ser re-elegida por máximo 2 años,
porque, a su parecer, es importante que las autoridades no se perpetúen en el
poder.
-
Video
demostrativo de las intervenciones realizadas por el Ministerio del Interior y
por el señor Hernando Julio Bareto en la reunión del Cabildo Indígena Maruza
del 25 de octubre de 2016 que contó con la participación de ambos grupos en conflicto
y el representante del Ministerio del Interior. En ella, el representante del
Ministerio empezó por hablar de la necesidad de unificarse como un solo cabildo
que pueda tener mayores posibilidades de injerencia en los asuntos locales, por
ello, propone que la reunión se maneje con respeto por cada uno de los
presentes y se evite hacer acusaciones e incurrir en ofensas.
El
señor Hernando Julio Barreto comienza su intervención en su condición de
Capitán Provisional del Cabildo Indígena Maruza, afirmando que ha habido
problemas con la Capitana del Cabildo Indígena Maruza, la señora Lícida Lucía
López, en cuanto han intentado realizar denuncias sobre presuntos malos manejos
en los recursos económicos del Cabildos, pero ella ha intentado acallar sus
denuncias con amenazas de expulsión. Afirman que, ante tal situación,
decidieron arrogarse la representación del Cabildo y destituir a la Junta
Directiva electa para el año 2016.
Oficio del 29 de septiembre de 2017
La ciudadana Lícida Lucía
López indica que el Cabildo Indígena Maruza inició su historia en el año 2005
en el que, entre varias familias Zenú decidieron crear un nuevo cabildo, luego,
en el año 2009, el Ministerio del Interior reconoció su existencia a partir de
la Resolución No. 0034 del 2 de junio de 2009 y, desde entonces, ella ha sido
capitana del cabildo de manera ininterrumpida.
Llama la atención en que,
a su parecer, el Auto del 04 de septiembre de 2017 proferido por el Magistrado
Sustanciador en sede de revisión, le ordenó al cabildo que representa
vincularse a la ONIC, sin que puedan ser obligados al efecto.[23]
Sección del Cabildo
Indígena Maruza, representado por el señor Hernando Julio Barreto
Por su parte, el señor
Hernando Julio Barreto, comienza por describir la problemática a la actualmente
que se enfrenta la comunidad y por reiterar sus denuncias por las presuntas
irregularidades cometidas por la administración del cabildo indígena que
lideraba la señora Lícida Lucía López. Destaca que con ocasión a las denuncias
presentadas ante la Alcaldía Municipal de San Marcos, la Gobernación
Departamental de Sucre y el Ministerio del Interior, tuvieron una reunión el
día 28 de abril de 2016 a efectos de estudiar la problemática del cabildo.
Indica que en la reunión efectuada no fue posible llegar a ninguna solución y
se omitió estudiar la validez de la elección, motivo por el cual se sienten,
como comunidad, defraudados por las autoridades del Estado.
Afirma que, con posterioridad
a la reunión del 28 de abril y ante la omisión de las autoridades de destituir
a la señora Lícida Lucía López y, en general, ante la impunidad de la que goza,
ésta los amenazó e intentó expulsarlos del cabildo, motivo por el cual
considera que se vieron forzados a revocar el mandato de la capitana electa.
Por lo expuesto,
considera que el Ministerio del Interior desconoce su autonomía como comunidad
indígena al no aceptar la revocatoria que hicieron y la posterior elección de
la junta directiva, pues estima que dichas actuaciones se ajustan a los
estatutos y a las tradiciones del cabildo que contemplan la posibilidad de
efectuar la revocatoria del mandato.
Aduce que, en la
actualidad se encuentran sin la certificación del Ministerio del Interior,
motivo por el cual la comunidad entera está viéndose afectada, pues no han
podido participar en los programas del Gobierno Nacional, ni tampoco en los de
Consulta Previa que se han efectuado por proyectos que se dan en lugares
aledaños a los que habitan.
Indica que la señora Lícida
Lucía López no ha regresado a ninguna de las Asambleas Generales del cabildo en
el año 2017, motivo por el cual es falso entender que la Comunidad Indígena
Maruza se encuentra en conflicto, pues considera que están organizados y son la
única autoridad legítima del cabildo.
Aclara que: (i) el
cabildo se rige por los Estatutos y es representado por el capitán, no
obstante, la máxima autoridad es la Asamblea General, compuesta por “todos los
comuneros”, la cual tiene el poder de elegir al capitán o revocarlo; (ii) hacen
parte de la asamblea general del cabildo “todos aquellos comuneros que hacen
parte del censo” y son mayores de edad; (iii) “nunca asisten la
mitad más uno de las familias censadas en el cabildo, esto es el Quorum
deliberatorio, por diferentes motivos, unos trabajan otros en el momento están
ocupados, para tomar decisiones. Existe Quorums Decisorio, se constituye con
una tercera parte de los miembros de la asamblea presentes en la asamblea
general”; (iv) la comunidad no cuenta con una autoridad judicial
diferente a la Asamblea General del Cabildo para la resolución de las
controversias de carácter judicial.
Adicional a los
documentos obrantes en el expediente, allegaron copia de:
-
Acta
de Aclaración del Proceso de Elección de la Junta Directiva del Cabildo
Indígena Maruza para el año 2016, en la que asistieron 70 personas del Cabildo
y se contó con la asistencia del Secretario de Gobierno del Municipio de San
Marcos, el Personero Municipal de San Marcos, la Coordinadora de Registro de la
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y la Asesora de
Asuntos Étnicos de la Gobernación de Sucre.
Esta
reunión tuvo lugar con ocasión a numerosas denuncias presentadas por varios
miembros del cabildo en relación con la elección de la Junta Directiva del
cabildo para el año 2016 relativas a, entre otras cosas, la expulsión irregular
de miembros del cabildo, la inscripción de otros que no tenían vínculos con la
comunidad, el presuntamente inapropiado manejo de los recursos y bienes del
cabildo, así como el incumplimiento de los quórums y mayorías requeridas para
ser elegida.
En
ella se dejó constancia que se escuchó tanto a quienes presentaban las quejas,
como a la administración del cabildo en defensa de sus actuaciones.
Se
hizo un llamado por parte de las autoridades Estatales para que, en ejercicio
de su autonomía, la administración vigente del cabildo y quienes realizan las
denuncias dialoguen para obtener una solución definitiva al problema, pues se
afirmó que existía una “profunda división al interior del cabildo” y
adicionalmente se evidencia una muy baja participación en las Asambleas
Generales. En ese sentido, se les exhortó a revisar sus instituciones y
estatutos a efectos de que hubiera claridad en los procedimientos de elección y
de conformación del censo, de manera que se siga un debido proceso y, en
últimas, se promueva la participación de la comunidad.
En
últimas, se concluye que las autoridades Estatales no ratifican las elecciones
indígenas, sino que es la Asamblea General quien adopta ese tipo de
determinaciones, motivo por el cual se recomendó la convocatoria de una reunión
en la que se procure conciliar las problemáticas existentes y sea la Asamblea
General la que determine el curso que el cabildo habrá de adoptar.
Ministerio del
Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM
Inicia por realizar un
recuento de las actuaciones que, con anterioridad a la presentación de la
acción de tutela, desplegó en aras de obtener la solución del conflicto interno
que afecta al Cabildo Indígena Maruza, las cuales llevaron a la reunión del 25
de octubre de 2016. Indicó que, en dicha ocasión, tras escuchar a las partes
expresar sus inconformidades, concluyó que para solventar el problema de
representatividad que los convoca es menester primero revisar la estructura del
censo y de los retiros que fueron realizados, de manera que se evalúe si, en la
interposición de las sanciones que llevaron a su modificación, se siguió el
debido proceso que corresponde a este tipo de actuaciones al interior de la
comunidad.
Por lo expuesto, asevera
que en la reunión del 25 de octubre de 2016 sugirió a las partes en conflicto
la revisión de la situación en que se encuentran desde los estatutos de la
comunidad y que, en el caso en el que estos no puedan dar respuesta a la
controversia, se haga una revisión estructural de estos de manera que se creen
unas reglas claras que permitan desplegar un proceso electoral para la vigencia
del 2017. Motivo por el cual citaron a una nueva reunión para el día 30 de
noviembre, la cual fue cancelada unilateralmente por la sección del cabildo
representada por la señora Lícida Lucía López.
Indica que con posterioridad a esa fecha cada uno de los bloques del
cabildo en conflicto enviaron solicitudes de registro y reconocimiento de las
juntas directivas que individualmente habían elegido para representarlos, pero
el Ministerio (i) se rehusó a inscribirlas por considerar que ello solo
escalaría el conflicto e implicaría desconocer la autoridad de la comunidad
para auto-determinarse y (ii) instó a cada una de las partes para que
gestionaran una solución pacífica y concertada a la controversia, haciendo
énfasis para ello en la necesidad de resolver la situación censal del cabildo,
pues es necesario que se revisen las sanciones impuestas y se determine si en
su interposición se respetó el debido proceso de la comunidad, el cual, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 89 de 1990 debe ser garantizado a
efectos de que sea posible adoptar sanciones y, en general, tomar
determinaciones.
Para finalizar, ratifica
su voluntad de servir como agente mediador del conflicto y brindar su
acompañamiento a las partes en controversia, de manera que, a partir de una
revisión del reglamento interno del cabildo, sea posible resolver el problema
de censo que tienen y, con posterioridad, el de representatividad.
Defensoría del
Pueblo
Referencia que, a partir
de las solicitudes que ante ella han sido radicadas por los miembros disidentes
del Cabildo Indígena Maruza, ha procurado participar en el proceso de
superación de la controversia existente y, en conjunto con las autoridades del
Ministerio del interior, promovieron la creación de espacios de diálogo a
efectos de verificar la situación de quienes fueron expulsados del censo del
cabildo, pero no ha sido posible obtener la participación de ambas partes del
conflicto. Motivo por el cual se ha limitado a brindarles información respecto
de la situación jurídica en que se encuentran y a proponerles vías de solución
y superación de la controversia, las cuales no han sido atendidas por la
comunidad.
Contraloría General
de la República
Por su parte, indicó que,
con ocasión a la denuncias formuladas por la presuntamente irregular gestión de
los dineros del Cabildo Indígena Maruza, la Contraloría evidenció su
incompetencia para efectuar pronunciamiento alguno en cuanto, del análisis de
los hechos denunciados, resulta diáfano que, el manejo e inversión de los
recursos económicos de un cabildo indígena, no es objeto de control por parte
de dicha entidad. Destacó que dichos dineros no tienen la condición de
“públicos”, motivo por el cual, realizar un pronunciamiento en relación con
ellos implicaría desconocer la autonomía de la comunidad para auto-gestionarse.
Procuraduría
General de la Nación, Delegada para Asuntos Étnicos
Indicó que, a su parecer,
en el presente caso es menester tener mayores elementos de juicio en relación
con las costumbres de la Comunidad Indígena Maruza y su manera de adoptar
decisiones electorales y sancionatorias a efectos de que sea posible decidir en
un sentido determinado que favorezca a alguna de las partes en conflicto.
Por ello, considera que,
ante la ausencia de dichos elementos de convencimiento, es menester que se
respete la autonomía de la comunidad, de forma que no termine por fragmentarse
el grupo étnico en cuestión y, así, se entorpezca su independencia.
Expresa que: “al no
tener claridad o medios de prueba que den cuenta del desarrollo de las
costumbres y usos de la Comunidad Indígena Maruza de la Etnia Zenú en relación
con sus formas de elección, de autogobierno, de revocatoria, de quorum, de
expulsión de miembros de la comunidad, etc., mal podría sostenerse o inclinarse
por una posición que conlleve a la vulneración de la autonomía de dicho
colectivo étnico; siendo imperativo abstenerse de interferir en la toma de sus
propias decisiones y, en consecuencia, vulnerar sus propios y debidos procesos”.
Con todo, afirma que,
siempre que lo solicite la comunidad en el marco de su autonomía, se encuentra
atenta para participar como facilitadora en la solución del conflicto interno
por el que pasa el cabildo.
De otro lado, indica que
en sus bases de datos no reposa documento alguno en el que se haya solicitado
por parte de la Comunidad Indígena Maruza la intervención de la Procuraduría,
motivo por el cual no han desplegado gestión alguna en resolución de la
controversia.
Personería
Municipal de San Marcos - Sucre
Considera que la solución
al conflicto interno del Cabildo Indígena Maruza debe surgir de la misma
comunidad, motivo por el cual debe respetarse al máximo sus usos y costumbres,
sin que la solución a la diferencias provenga de una autoridad ordinaria
externa; lo cual podría podría llevar al escalamiento del conflicto y al
fraccionamiento de la comunidad.
Afirma que la Personería
ha fungido como facilitadora para una resolución dialógica del conflicto, pero
que, hasta el momento, no ha sido posible obtenerla.
Fiscalía General de
la Nación – Fiscal Quinto Local de San Marcos
Envió copia de los
informes ejecutivos que, en relación con las denuncias penales realizadas en
relación con los hechos de la presente acción de tutela.
Código Único de Investigación 70-708-60-01043-2016-00203
En relación la denuncia
formulada el 7 de agosto de 2016, por la ciudadana Lícida Lucía López, con
ocasión al presunto hurto del libro de actas del cabildo por parte del señor
Víctor Pinto, la Fiscalía resolvió archivar dicho proceso por “atipicidad de la
conducta”, pues se consideró que se trata de un asunto que debe ventilarse
dentro del cabildo, de conformidad con sus Estatutos y en ejercicio de la
Jurisdicción Especial Indígena. De otro lado, concluyó que “la intención del
presunto infractor era la de impedir la reunión, mas no la de hurtar elementos
patrimoniales”.
Código Único de Investigación 70-708-60-01043-2016-2012
Respecto de la denuncia
formulada por la ciudadana Nellys del Carmen Vides Salcedo, en contra de Lícida
Lucía López y Jhon Jairo González Ruíz, por la presunta comisión del delito de
estafa en cuanto se tomaron 45 millones de pesos que eran del Cabildo Indígena
Maruza e iban a ser destinados a la compra de unos lotes, se evidencia que dicha
actuación se encuentra en etapa de “indagación” en razón a que no existen
materiales probatorios que sustenten las afirmaciones de la querellante y ni
siquiera es clara la competencia del ente fiscal, pues se afirma que los
involucrados pertenecen al Cabildo Indígena Maruza, sin que dicha condición
esté acreditada.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.    Competencia
La Corte Constitucional es competente
para pronunciarse en sede de revisión en relación con el presente fallo de
tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico
Con el objetivo de dar solución a la situación fáctica planteada, esta
Corporación deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes
jurídicos:
(i) ¿Es procedente una acción de tutela que se interpone para obtener la
inscripción de la Junta Directiva de una comunidad indígena por parte del
Ministerio del Interior, cuando la comunidad en cuestión se encuentra
atravesando un conflicto interno de representatividad?
De hallarse que la respuesta a la anterior interrogante es afirmativa,
deberá estudiarse si:
(ii) ¿Desconoce el Ministerio del Interior los derechos fundamentales
a la autonomía, así como al ejercicio de sus derechos políticos a elegir y ser
elegidos, del Cabildo Indígena Maruza, de la etnia Zenú, y de sus miembros, al
negarse a inscribir la elección realizada por algunos de los miembros de la
comunidad, cuando existe al interior de ésta un problema de representatividad
que aún no ha sido aclarado y en virtud del cual resulta imposible tener
certeza sobre cuáles son las autoridades tradicionales de la comunidad?
Para dar solución a estas interrogantes, la Sala
procederá a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre: (i) la procedencia de
la acción de tutela para la protección de los derechos de las comunidades
indígenas; y (ii) la autonomía política,
administrativa y judicial de los pueblos indígenas, como principio y derecho
fundamental dentro del ordenamiento jurídico Colombiano; para, así, poder
pasar a dar (iii) solución al caso en concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela para la protección de
los derechos de las comunidades indígenas
El ordenamiento jurídico superior ha establecido la acción de
tutela como el mecanismo a partir del cual es posible obtener la efectiva
garantía de los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, por
regla general, se ha aceptado que este especial tipo de acción únicamente
procede para la protección de derechos subjetivos de raigambre fundamental.
Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido que las comunidades indígenas y sus miembros deben ser concebidos
como “sujetos colectivos” que, por sí mismos, son titulares de derechos
fundamentales[24] y, en ese orden de ideas, pueden acudir a la acción de
tutela en aras de la protección de los derechos que, como la consulta previa,
la autonomía en su administración política, social y cultural, les han sido
reconocidos expresamente como fundamentales. En la Sentencia T-380 de 1993, se
expresó: “La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una
simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o
intereses difusos o colectivos.”
En consonancia con lo
expuesto, y con el fin de materializar el reconocimiento y protección de la
diversidad étnica y cultural establecida en el artículo 7 Superior, el Estado
ha reconocido a las comunidades indígenas, en sí mismas consideradas,
determinados derechos fundamentales como entidad colectiva y, a su vez,
reconoce que los miembros de la misma gozan de todos los derechos que se
garantizan a los colombianos[25].
Una vez esclarecida la posibilidad con que cuentan las
comunidades indígenas y sus miembros de acudir a la acción de tutela en aras de
obtener la protección de los derechos que les han sido reconocidos como
fundamentales, se hace necesario estudiar lo relativo a la procedencia
específica de este especial mecanismo de protección para la resolución de
conflictos relativos a la omisión de las autoridades del Estado Central en
reconocerlos, ya sea como comunidad, o a sus autoridades tradicionales, con las
consecuencias que omitir dicho reconocimiento conlleva.
Como primera medida, se recuerda que la
acción de tutela fue concebida como un mecanismo jurisdiccional residual y
subsidiario que tiende por la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales de los individuos, motivo por el cual, por regla general, ésta
solo es procedente cuando quien la invoca no cuenta con otro medio de defensa a
través del cual pueda obtener la protección requerida.
Con todo, se tiene que, cuando, con ocasión a la conducta de
una autoridad estatal (en este caso su omisión de realizar la inscripción de la
nueva Junta Directiva del Cabildo), exista un conflicto que involucre el
ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, así como a la
posibilidad con que cuentan las comunidades indígenas de ejercer autónomamente
su administración y de que sus decisiones sean respetadas, se hace necesario
concluir que estas comunidades no cuentan con la posibilidad de resolver en su
interior dicha controversia, pues no tienen la competencia para compeler a las
autoridades a las que se les reprocha su obrar, a efectos de obtener la
inscripción o reconocimiento que en estos eventos se pretende, esto es, las
comunidades indígenas no pueden forzar el accionar de las autoridades Estatales
a efectos de que se inscriba la elección que realizaron.
En ese sentido, esta Corte ha aceptado que, en razón a que
las comunidades indígenas no disponen de mecanismos internos de protección a
los cuales les sea posible acudir en este tipo de eventos, la acción de tutela
debe ser entendida como el único medio de protección con el que cuentan[26].
Adicionalmente, se tiene que esta Corte, en Sentencia T-973
de 2009, indicó que cuando lo que se cuestiona es el acto de inscripción o la
omisión en su expedición por parte de las autoridades Estatales, dicho acto se
constituye en una formalidad de trámite que, en la práctica, publicita los
resultados de actuaciones autónomas de las comunidades indígenas pero que no
constituye un acto administrativo susceptible de ser atacado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativa.
En igual sentido, es necesario entender que si bien los
accionantes tendrían la posibilidad de exigir, a través de la acción de
cumplimiento, la materialización del proceso de inscripción de la elección
realizada, dicho procedimiento prevé expresamente su improcedencia cuando se
trata de derechos que pueden ser garantizados a través de la tutela[27], motivo por el cual, ante la afectación de derechos de
raigambre fundamental, resulta necesario concluir que la acción de amparo se
constituye en el mecanismo idóneo para obtener la protección requerida.
En
consecuencia, se tiene que esta Corte ha reconocido que, en los eventos en que
las autoridades estatales despliegan una conducta de acción u omisión que tenga
la virtualidad de afectar los derechos de representación y autonomía de una
comunidad indígena, el único mecanismo a través del cual es posible obtener la
protección de sus garantías fundamentales es la acción de tutela.
4.
La autonomía política, administrativa y
judicial de los pueblos indígenas, como principio y derecho fundamental dentro
del ordenamiento jurídico Colombiano
4.1. Con la
expedición de la Constitución de 1991 el Estado Colombiano siguió
la corriente latinoamericana vigente a la época en que fue expedida y en virtud
de la cual se tendía por el establecimiento de una sociedad pluralista y
multicultural que no solo reconociera, sino protegiera, la diversidad étnica y
cultural que históricamente nos ha caracterizado. Protección que fue fijada con
el objetivo de permitir que las poblaciones étnicas cuenten con la posibilidad
de desarrollarse conforme a su cosmovisión y concepción del mundo, de manera
que se respetara la multiplicidad de estilos de vida, el pluralismo y la diversidad
cultural[28].
En ese sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 plasmó
numerosos contenidos normativos en los que se hizo manifiesto dicho
reconocimiento, entre los que podría destacarse: (i) el artículo 7, que
reconoce y protege expresamente la diversidad étnica y cultural de la nación;
(ii) el artículo 10 consagra como oficiales las lenguas y los dialectos de
los grupos étnicos; (iii) el artículo 70 establece la igualdad de las
culturas que conviven en el país; (iv) los artículos 171 y 176 refieren
a la participación especial en el Senado de la República y la Cámara de
Representantes; (v) el artículo 246 prescribe la jurisdicción especial
indígena; (vi) el artículo 286 estipula que los resguardos indígenas son
entidades territoriales con autonomía administrativa y presupuestal, así como
con capacidad para ser representados judicial y extrajudicialmente; y, (vii)
el artículo 330 prevé el derecho a gobernarse por consejos indígenas y
autoridades por ellos elegidas, según sus usos y costumbres y a determinar sus
propias instituciones jurídicas.
En materia de derecho
internacional[29], el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (en adelante OIT) sobre pueblos indígenas y tribales[30],
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a la participación,
a la educación, a la cultura, al desarrollo y a la protección de su identidad.
A su vez, establece la obligación que tienen los estados de desarrollar
acciones coordinadas con las comunidades indígenas, enfocadas a proteger los
derechos de estos pueblos y su integridad[31].
A su vez, la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[32],
establece que tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de esta
prerrogativa establecen libremente su condición política y persiguen su
desarrollo económico, social y cultural.
Así las cosas, el Estado
Colombiano tiene el deber de adoptar un papel activo con el objetivo de lograr
que las comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional, asuman el
control de sus instituciones, formas de vida y desarrollo económico.
4.2. La autonomía de las comunidades indígenas es la capacidad con la
que cuentan de darse su propia organización social, económica y política, es
decir, el derecho que tienen a decidir sobre los asuntos culturales,
espirituales, políticos y jurídicos de la comunidad, de conformidad con sus
referentes culturales y cosmovisión. Ello, como consecuencia del pluralismo, y
las garantías a la diversidad étnica y cultural[33].
La jurisprudencia de esta Corporación[34]
ha señalado que la autonomía de los pueblos indígenas se garantiza en tres
ámbitos de protección, a saber: (i) ámbito externo, conforme al cual se
reconoce el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los
afectan (consulta previa), (ii) participación política de las comunidades,
en el Congreso y, (iii) ámbito de orden interno, el cual se relaciona
con las formas de autogobierno y autodeterminación al interior de las
comunidades indígenas.
Respecto de este último ámbito de protección, la Corte ha señalado
que implica el derecho de las comunidades “(i) a decidir su
forma de gobierno (CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y,
(iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y
territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley”[35].
De esa autonomía se desprenden las siguientes facultades: (i)
escogencia de la modalidad de gobierno que los rige; (ii)
consolidación y determinación de sus instituciones políticas y autoridades
tradicionales; (iii) posibilidad de establecer las funciones que
corresponden a dichas autoridades; (iv) determinación de los
procedimientos y requisitos de elección de sus autoridades, así como la
modificación y actualización de tales normas; (v) definición de las
instancias internas de resolución de sus conflictos electorales[36].
Este derecho a la autodeterminación política es fundamental para
la preservación de la cultura de los pueblos indígenas, de manera que el Estado
debe adoptar medidas en favor del cumplimiento de esta prerrogativa y es
necesario que se abstenga de realizar acciones tendientes a entrometerse de
manera indebida en las decisiones que los pueblos indígenas tomen frente a sus
autoridades tradicionales y sus representantes.
Al respecto, en Sentencia T-979 de 2006[37],
la Sala Segunda de Revisión de Tutelas sostuvo lo siguiente:
“[al Estado] le compete el deber de abstenerse de interferir
de cualquier manera en la toma de decisiones que en desarrollo de su autonomía
corresponde adoptar a los integrantes de las comunidades indígenas. Siendo sin
duda una de tales decisiones, e incluso una de las más importantes, la referente
a la elección de las autoridades que de conformidad con sus propias
tradiciones, usos y costumbres, habrán de gobernar a la comunidad indígena en
cuestión, dentro del ámbito de sus competencias reconocidas por la Constitución
de 1991”
Por otro lado, resulta claro a Sala que la autonomía política de
las comunidades indígenas está intrínsecamente relacionada con su posibilidad
de determinar quiénes serán sus autoridades tradicionales, así como fijar la
manera en que estas obraran. Es por ello, que a partir de dicha prerrogativa
tienen la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político de que son titulares los individuos que hacen parte de dicha
comunidad[38]. Este Tribunal ha señalado que la
participación ciudadana es un derecho fundamental, el cual no solo implica la
actividad encaminada a ejercer el derecho, sino acciones del Estado tendientes
a crear condiciones para que éste tenga lugar. Específicamente, en materia de
pueblos indígenas, es necesario que se garantice una “adecuada, consciente y
eficiente organización de los procesos electorales”[39],
de manera que todos los miembros de la comunidad puedan ejercer su derecho de
conformidad con sus tradiciones.
Resulta adecuado destacar que, en ocasiones, este Tribunal ha
reconocido la posibilidad de que los derechos de las comunidades indígenas, en
específico su autonomía, entren en colisión con los derechos fundamentales de
la sociedad mayoritaria. Sobre el particular, en Sentencia T-973 de 2014 se
recordó la posición que esta Corte había adoptado con anterioridad relativa a
que si bien es necesario realizar una ponderación entre los intereses jurídicos
en controversia, en virtud del principio de maximización de la autonomía, se ha
estimado que, en abstracto, los derechos de las comunidades gozan de un mayor
peso en su valoración.[40]
Ahora bien, velar por la garantía de la autonomía política de
las comunidades indígenas no es deber únicamente del Estado, ya que los pueblos
indígenas también deben propender por el goce efectivo de los derechos
políticos al interior de la comunidad, para lo cual deben procurar la cohesión
social de sus comunidades y la legitimidad de sus instituciones.
En materia de conflictos que se suscitan dentro de las
comunidades indígenas, en relación con procesos de elección y nombramiento de
autoridades, es importante precisar que el ordenamiento colombiano (Art. 330
C.P.) consagra que los pueblos indígenas son los primeros llamados a controlar
su desarrollo político, lo cual solo encuentra límites en los postulados
constitucionales.
Es de destacar que, en relación con los conflictos o
controversias internas que puedan surgir sobre el ejercicio de estos derechos, la
Corte, en Sentencia T-371 de 2013[41] expresó que los procesos
electorales realizados deben ser respetados por las autoridades administrativas
y, en el evento de una controversia sobre su realización, cuentan con el deber
de abstenerse de interferir directamente en la resolución del conflicto, motivo
por el cual su función se limita a servir como veedores o mediadores del
dialogo que internamente habrá de surgir.
Así, la Corte ha expresado que “las dificultades de resolver
los conflictos autónomamente por las mismas comunidades a la postre erosionan los
bienes más caros de estos pueblos, como son la autonomía, la integridad, la
cultura, la tradición y los derechos fundamentales”[42].
En esa medida, las autoridades no pueden permanecer impávidas
ante situaciones que amenazan los derechos fundamentales y colectivos de una
comunidad indígena y de sus integrantes, ya que, en estos eventos
excepcionales, es deber del Estado garantizar la efectividad de los derechos y
deberes contemplados en la Constitución Política, así como asegurar la
convivencia pacífica dentro de todo el territorio nacional. Para tal efecto,
las autoridades estatales deben ejercer las competencias que la ley les ha
otorgado[43]. En efecto, la Corte en Sentencia
T-188 de 1993 indicó que aunque es necesario respetar el principio de
autonomía, ello no puede entorpecer el deber que tiene el Estado Colombiano de
conservar la paz en todo el territorio nacional, por lo que es necesario que
las autoridades estatales ejerzan las competencias que les han sido asignadas
por ley, con el fin de garantizar la efectividad de dichos derechos, sin que
necesariamente ello signifique arrogarse potestades que son propias de la
comunidad.
En ese sentido, si bien la regla general propende por la maximización
de la autonomía de las comunidades indígenas, el Estado puede llegar a
verse compelido a intervenir cuando sea necesario salvaguardar intereses
superiores como lo es el núcleo esencial de los derechos fundamentales o la
supervivencia física o cultural de un pueblo indígena, por ejemplo, en los
eventos en que se comprueba que, con ocasión de un conflicto político interno,
se genera un vacío total de poder, que compromete de manera seria y cierta la
vida y la integridad física de sus integrantes, o algún otro derecho
fundamental de sus miembros. No obstante, con el fin de que las autoridades
estatales puedan intervenir, es necesario que se compruebe que la comunidad no
cuenta con las instancias o usos y costumbres que permitan solucionar por si
misma el conflicto, y que a pesar del interés y acompañamiento del Estado, no
fue posible, en un plazo razonable de tiempo, llegar a una solución concertada[44].
Ahora bien, es importante aclarar que esta Corte ha indicado de
manera clara los límites de esa intervención estatal en los siguientes
términos:
“[L]as
medidas estatales que se tomen, (v) deben estar
dentro del marco de actividades que autorice la Constitución y la ley; (vi) deben ser
medidas útiles y necesarias para la protección de los derechos fundamentales o
colectivos involucrados, y conforme con la regla de proporcionalidad
previamente expuesta, (vii) deben ser las medidas menos gravosa (SIC) para la
autonomía política de dichas comunidades étnicas[45],
so pena de lesionar el derecho a la diversidad. Las actuaciones de la
Administración en este sentido, son esencialmente regladas y están sujetas a
dicho principio de legalidad. El poder de actuación y decisión con la que
cuentan las autoridades, no puede utilizarse sin que exista una expresa
atribución competencial. De no ser así, se atentaría contra el interés general,
los fines esenciales del Estado y el respeto a los derechos y las libertades públicas
de los ciudadanos vinculados con decisiones de la Administración, ajenas a ese
principio. [46]“[47]
En conclusión, de acuerdo con la Constitución y la ley, en principio,
compete a las comunidades indígenas conseguir el ejercicio debido de los
derechos políticos de sus integrantes, así como la eficacia de su gobierno. No
obstante, en caso de que se verifique la imposibilidad de la comunidad para
resolver sus problemas, es procedente que se haga, en primera medida, un
acompañamiento por parte de la autoridad competente, en la actualidad la Dirección
de Asuntos Indígenas Minorías y ROM, entidad que debe generar espacios de
concertación y diálogo tendientes a solucionar el conflicto.
Posteriormente, si se llega a verificar que la situación
persiste, y, adicionalmente, se encuentra afectando no solo a la comunidad como
ente abstracto, sino que desdibuja la efectividad de los derechos fundamentales
de sus miembros, las autoridades estatales están compelidas a tomar medidas que
se enmarquen en la Constitución y la ley, en favor de los miembros de pueblos
indígenas, sin que ello implique que pueden entrar a resolver directamente las
controversias que los afectan, sino que únicamente deben buscar garantizar los
derechos fundamentales que se ven afectados.
Lo anterior, debe ser comprendido en el sentido de que se trata
de una actuación excepcional de las autoridades estatales[48]
que les implica abstenerse de realizar intervención directa que resuelva de
fondo el conflicto. Motivo por el cual, cuando quiera que se configure una
indebida intrusión por parte de los funcionarios del Estado en actos de
elección y posesión de dirigentes de un Cabildo, esto constituye una violación
a los derechos de independencia política de la comunidad y, en consecuencia, implica
la afectación a su diversidad étnica y cultural.
III.
CASO EN CONCRETO
1.    Recuento
fáctico
A continuación, se emprenderá el estudio
de la situación jurídica que circunscribe a un grupo poblacional del Cabildo
Indígena Maruza de la etnia Zenú, que considera desconocida su autonomía como
autoridad tradicional, con la conducta del Ministerio del Interior de negarse a
reconocerlos como la única Junta Directiva del Cabildo para el año 2017.
Llaman la atención en que con ocasión a
unos conflictos que surgieron entre un sector de la comunidad y la Junta
Directiva electa para el año 2016, terminaron por convocar a una Asamblea General
del cabildo, la cual, como máximo órgano de decisión y representación, optó por
revocar su mandato.
Con ocasión a lo acontecido, en diciembre
de ese mismo año realizaron elecciones para constituir la Junta Directiva que llenaría
el vacío existente para el año 2017, pero destacan que, a pesar de que la
Alcaldía Municipal reconoció su legitimidad, el Ministerio del Interior se ha
negado a hacerlo en cuanto optaron por desconocer la determinación autónoma de
la Asamblea General del Cabildo Indígena de revocar el mandato antedicho
y, en ese sentido, reconocieron la
existencia de otro sector poblacional que, en su parecer, de manera ilegítima,
aduce obrar como Junta Directiva del Cabildo Indígena Maruza.
2.     Análisis
de la vulneración ius-fundamental
De acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, así como con los supuestos fácticos
que circunscriben la controversia en discusión, se procederá a estudiar el caso
particular de los actores con el objetivo de determinar si existe o no la
presunta vulneración ius-fundamental en la que se alega están inmersos.
2.1.
Estudio de procedencia
Como primera medida compete a la Sala
determinar la procedencia del amparo invocado y si se satisfacen a cabalidad la
totalidad de requisitos que la jurisprudencia ha desarrollado para avalar la
excepcional intervención del juez constitucional a una situación en concreto.
En lo relacionado con el cumplimiento del
requisito de inmediatez, se tiene que la conducta que se reputa
vulneradora tuvo lugar en el mes de enero de 2017, momento en el cual la
accionada se abstuvo de registrar las elecciones realizadas el 04 de diciembre
de 2016; se evidencia que dicho requisito debe entenderse satisfecho en cuanto
la acción de amparo se incoó el 10 de febrero posterior, esto es, tan solo 1
mes después del acaecimiento de los hechos que dieron lugar a esta solicitud.
Al abordar el estudio de la legitimación
por activa, se tiene que los accionantes en su condición de miembros del
Cabildo Indígena Maruza (i) poseen individualmente derecho a reclamar la
definición de la situación jurídica de su comunidad, y (ii) aducen
ostentar la representación misma del cabildo, motivo por el cual dicho
requisito debe estimarse satisfecho. Ello, pues está acreditado que, con base
en el último censo registrado ante el Ministerio del Interior, hacen parte de
la comunidad y, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, cuentan
con la posibilidad de, individualmente considerados, reclamar la protección de
los derechos de los que son titulares, como, por ejemplo, conformar
autónomamente sus autoridades tradicionales.
Al abordar en análisis de la relevancia
constitucional requerida para que sea viable abordar la problemática en
sede de tutela, se tiene que, en el presente caso, está en discusión la
efectividad de los derechos fundamentales que han sido reconocidos en cabeza de
las comunidades indígenas y de sus miembros, derechos de especial relevancia
como lo son su posibilidad de determinarse y gobernarse autónomamente, así como
el normal ejercicio de sus derechos políticos. Cuestión que, adicionalmente y
dada la situación particular que los circunscribe, tiene una relación muy
íntima con otros derechos de igual raigambre fundamental, como la consulta
previa o la educación de sus miembros, pues, sin el reconocimiento Estatal se
ven limitados en su capacidad de negociación con las entidades que realizan
proyectos objeto de consulta y se ven imposibilitados para acceder a los
programas y subsidios ofertados por las autoridades Estatales.
Finalmente, en lo relativo a la subsidiaridad,
se tiene que, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
decisión, se ha reconocido que la acción de tutela es procedente siempre que se
pretenda la protección de los derechos ius-fundamentales de una
comunidad étnica con ocasión a la acción u omisión de una entidad Estatal que
tiende por afectar el ejercicio de sus derechos políticos y autodeterminación,
en especial cuando, a partir de dicha conducta, se ve en entredicho su
reconocimiento, su autoridad y su posibilidad de injerir en los asuntos de su
incumbencia y que tienen que ver con el Estado central.
En este caso se evidencia que la conducta
que se reputa vulneradora es la negativa del Ministerio del Interior de
abstenerse de registrar la elección de la nueva Junta Directiva del Cabildo
Indígena Maruza ante la existencia de una dualidad de autoridades que aducen
ostentar la representación del cabildo. En ese orden de ideas se evidencia que
se cuestiona es la conducta de la administración que ha impedido el
reconocimiento del organismo de representación del cabildo y, en consecuencia,
su posibilidad de desenvolverse con normalidad en sus actuaciones con (i)
otros cabildos, (ii) el Estado y (iii) los privados.
Por lo expuesto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido que, en estos eventos, las comunidades indígenas
no cuentan con procedimientos al interior de su jurisdicción a los que les sea
posible acudir, ni tampoco, por la naturaleza del acto que se reputa vulnerador,
un medio jurisdiccional ordinario que pueda resolver la controversia jurídica
propuesta. Lo anterior, en razón a que, a pesar de que dicho acto debe ser
entendido como uno de trámite[49] que, en sí
mismo, no es un acto administrativo susceptible de ser atacado ante la
jurisdicción contencioso administrativa, en la práctica tiene una especial
connotación que afecta en una amplia medida los intereses de la comunidad.
En conclusión, la Sala estima procedente
iniciar el estudio de fondo de la situación jurídica planteada y resolver si,
en efecto, se configuró la afectación a los derechos fundamentales alegada por los
accionantes.
2.2.
Análisis de la presunta vulneración ius-fundamental
2.2.1. Una vez superado el estudio de
procedencia de la presente solicitud de amparo, para la Sala resulta claro que,
si bien el Ministerio del Interior efectivamente se ha negado a registrar las
elecciones realizadas por los accionantes (cuestión que no fue objeto de
discusión), esta excusa su accionar en el hecho de que evidencian la existencia
de un conflicto interno en el cabildo, el cual debe ser solucionado de manera
previa a cualquier elección so pena de promover el escalamiento del conflicto y
un posible fraccionamiento de la comunidad.
Se tiene que si bien los accionantes (i)
niegan la existencia de cualquier conflicto, (ii) aducen ser la
única autoridad legítima del cabildo y (iii) que las elecciones fueron
realizadas en concordancia con los usos y costumbres de la comunidad, lo cierto
es que resulta evidente a la Corte (i) la existencia de otro grupo
poblacional que también hace parte de la comunidad, (ii) que aduce ser
el legítimo representante de sus intereses y (iii) que también afirma
haber respetado los usos y costumbres del cabildo.
Por lo anterior, esta Corporación
concuerda con la lógica expuesta por el Ministerio del Interior relativa a que,
ante la existencia de un conflicto de representatividad, resulta imposible
reconocer la legitimidad de alguna de las partes en controversia sin generar
una afectación desproporcionada en la autonomía de la comunidad, sus derechos e
integridad misma. En este
entendido, concluye la Sala que la accionada no vulneró con su obrar los
derechos fundamentales al autogobierno, a la autonomía política y a elegir y ser
elegido de los peticionarios, pues su decisión debe entenderse como justificada
y razonable, y, adicionalmente, como una que garantiza la efectividad misma de
los derechos que se aducen como desconocidos.
Ello,
con fundamento en que, las autoridades Estatales no pueden ser indiferentes a
las problemáticas internas por las que atraviesa una determinada comunidad y
omitir con ello tener en cuenta los usos y costumbres que a lo largo de su
historia han tenido.
Ahora
bien, en la parte considerativa de esta providencia se indicó que existían
eventos en los que las dificultades de una comunidad indígena en resolver sus
problemas internos pueden generar la grave afectación a los derechos
fundamentales de sus miembros, e incluso poner en riesgo la integridad y
autonomía de la comunidad. En estos eventos, la Corte ha considerado que, sin
que ello implique que resulta admisible una intromisión directa en la
resolución misma del conflicto, puede resultar necesaria intervención del
Estado con el objetivo de garantizar las garantías mínimas afectadas por la
imposibilidad de dar resolución a la controversia.
Al
respecto, se indicó que ello solo resultaba admisible en los eventos en que (i)
el conflicto compromete de manera seria y cierta el núcleo esencial de los
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad o pone en riesgo la
pervivencia misma de la comunidad; y (ii) las autoridades tradicionales
no cuentan con las instancias o mecanismos para solucionar por si mismas el
conflicto y evitar así el desconocimiento de los derechos afectados.
De
conformidad con lo expuesto, considera la Sala que, en el presente caso, no se
materializan los supuestos establecidos que ameritan la intromisión de las
autoridades estatales en la problemática[50],
pues se estima que (i) se trata de una discusión que debe ser resuelta
de manera autónoma por la misa comunidad, (ii) no se ha visto
comprometido el núcleo esencial de los derechos fundamentales de sus miembros,
y (iii) efectivamente cuentan con el medio para dar resolución a la
controversia, esto es, acudir a la gestión del máximo órgano de representación
de la comunidad, la Asamblea General.
En
ese sentido, en los eventos en los que el fundamento de la conducta presuntamente
vulneradora radica en el accionar mismo de las comunidades indígenas, las
autoridades Estatales no cuentan con la posibilidad de entrar a dirimir el
asunto y darle la razón a alguna de los grupos poblacionales en conflicto, pues
ello implicaría una restricción desmedida de la autodeterminación de la
comunidad indígena en cuestión.
Entonces,
evidencia la Sala que la omisión de registro por parte del Ministerio del
Interior se constituye en una conducta que no solo resulta conforme a los
derechos fundamentales del Cabildo Indígena Maruza, y constituye un “acto” en
virtud del cual se respetan sus usos y costumbres, sino que, adicionalmente,
permite preservar el interés general de mantener la paz y evitar la
maximización de la controversia, esto es, posibilita el despliegue de medios de
solución del conflicto en vez de cerrarlos y evita de esta manera la
fragmentación y atomización de las comunidades. De ahí que se considere que
registrar a una Junta Directiva cuando no se tiene certeza respecto de cuál es
la que en verdad representa los intereses del cabildo en su integridad,
conllevaría al escalamiento de la problemática de representatividad que se
presenta al interior de la comunidad.
No obstante, se tiene que si bien la compleja situación por la que
actualmente atraviesa el Cabildo Indígena Maruza debe ser resuelta de manera
autónoma, a través del diálogo y concertación por parte de los miembros del
cabildo, en este caso, la Sala Octava de Revisión opta por realizar un somero
análisis de la problemática, de forma que sea posible identificar y esclarecer
algunos de los aspectos que han causado la controversia y, así, sea posible realizar
sugerencias que faciliten su resolución por parte de la misma comunidad.
Es de destacar que la Corte Constitucional en este caso, si bien tiene
vedado entrar a dar una solución concreta al conflicto, pues ello implicaría
entrometerse y limitar la autonomía de la comunidad, sí cuenta con la
posibilidad de realizar propuestas respetuosas que orienten la solución de las
problemáticas que los aquejan, de manera que, de considerarlo conveniente, la
comunidad encuentre en estas sugerencias una vía efectiva para la solución de
la controversia.
Como primera medida, se evidencia que la comunidad actualmente está
dividida en dos bloques que se encuentran representados, uno por el accionante,
el señor Hernando Julio Barreto y otro por la ciudadana Lícida Lucía López,
quien aduce en igual medida representar los intereses del cabildo; ello, a
partir de una problemática que surgió desde inicios del año 2016.
Al respecto, resulta igualmente claro que la señora Lícida Lucía López
es integrante fundadora del cabildo y que, desde entonces, lo ha liderado como
su Capitana; a pesar de ello, se tiene que, en el año 2016, una vez efectuadas
las elecciones para ese periodo, se generó una disputa por la legalidad de las
elecciones pues se estimó que, de conformidad con los Estatutos, habían tenido
lugar irregularidades relativas a la conformación del Quorum y las mayorías
para decidir[51];
no obstante dicha situación no fue resuelta en su momento y no solo se avaló
por las autoridades Estatales la gestión realizada, sino que se legitimó la
elección realizada para ese periodo, motivo por el cual la controversia nunca
fue objeto de una efectiva resolución.
Resulta diáfano a la Sala que fue efectivamente esa falta de solución a
la problemática interna existente, la que llevó al escalamiento del conflicto y
a la división del cabildo en los dos grupos actualmente existentes. Con todo se
evidencia que la administración actualmente está efectuando ingentes esfuerzos
de mediación y resolución del conflicto a través de medios pacíficos y, como se
dijo con anterioridad, actualmente ha optado por una posición imparcial que
reconoce la existencia de la controversia y la necesidad de que sea
efectivamente resuelta antes de proceder a efectuar algún registro y, con ello,
legitimar el obrar de alguna de las partes en conflicto.
De otro lado, se evidencia que la problemática puesta de presente en la
impugnación de las elecciones del año 2016, así como la evidenciada en las
demás elecciones que se han efectuado desde entonces, tiene lugar con ocasión a
la contabilización de los quórums y mayorías para decidir, pues, por la manera
en que se ha empezado a hacer empleo de estos institutos, se están obviando las
disposiciones propias que contemplan los estatutos del mismo Cabildo y, como lo
dicen los mismos accionantes en su escrito de contestación al Auto de 04 de
septiembre de 2017[52],
el Quorum Deliberatorio no se está cumpliendo en cuanto “nunca asisten la mitad
más uno de las familias censadas en el cabildo (…) por diferentes
motivos, unos trabajan otros en el momento están ocupados (sic), para
tomar decisiones”.
Esto ha llevado a que, dada la irresoluta controversia
respecto de la manera de efectuar la contabilización de los Quorums y Mayorías
requeridas para adoptar decisiones en el cabildo, ambas secciones en conflicto
optaran por constituir su propia Asamblea General, cada una con
representaciones oscilantes entre los 70 y los 150 miembros, sin que, de alguna
manera, y de conformidad con sus propios estatutos, sean representativas de más
de la mitad de los 1400 integrantes del cabildo.
En ese sentido, se evidencia la necesidad de que las partes en
conflicto, en conjunto con el resto de la comunidad que se afirma no asisten a
las reuniones, centren sus esfuerzos en resolver y definir unas reglas de
discusión básicas, esto es, la manera en que serán contabilizados los Quorums y
Mayorías propias de la adopción de determinaciones que ellos mismos de manera
autónoma se han impuesto y, así, sea posible solventar la problemática
evidenciada y en virtud de la cual actualmente existen dos bloques al interior
de la comunidad y no solo ello, sino que además, existe la posibilidad de
constituir tantas Asambleas Generales como posiciones políticas puedan existir sobre
de una determinada decisión.
Por lo expuesto, para la Sala la actual controversia de
representatividad evidenciada en el cabildo, así como las demás que lo afectan,
como lo es la falta de definición de la situación censal, tiene raíz en un
profundo problema de gobernabilidad y, en virtud del cual, no existe claridad
sobre los mecanismos a través de los cuales se toman decisiones al interior del
cabildo.
En concordancia con lo expuesto, se considera importante sugerir al Cabildo
en cuestión que, a efectos de resolver al menos uno de los problemas que los
aquejan, se reúna y, a través del diálogo, concerte unas reglas básicas claras
que permitan la adopción de decisiones, de manera que, a partir de ello, sea
posible dar los primeros pasos en aras de poner fin de manera definitiva a la
problemática que actualmente afecta al Cabildo Indígena Maruza y que no solo
tiene injerencia respecto de éste como institución abstracta, sino también
termina por implicar perturbaciones a los derechos de sus miembros
individualmente considerados.
En conclusión, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de
Colombia REVOCARÁ la sentencia proferida, en única instancia, el 24 de febrero de 2017, por el Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos – Sucre,
que declaró la improcedencia del amparo solicitado. En ese sentido, se DENEGARÁ la protección de los
derechos fundamentales a la autonomía indígena, así como al ejercicio de
los derechos políticos a elegir y ser elegidos, de los accionantes en su
calidad de miembros de la Comunidad Indígena Maruza de la etnia Zenú, por
considerarse que el Ministerio del Interior obró conforme a derecho al
abstenerse de registrar la elección realizada por ambas secciones del cabildo
y, en ese sentido, evitar tomar partida dentro de una discusión que debe ser
resuelta por la comunidad misma en ejercicio de la autonomía que
Constitucionalmente le ha sido conferida.
Lo anterior, sin perjuicio de que, como
se expuso en la parte considerativa de esta providencia, en el evento en el que
se evidencie que, con ocasión a la controversia interna se vean afectados los
derechos fundamentales de los miembros del cabildo, el Estado cuente con la
posibilidad de intervenir de manera excepcional a efectos de permitir la
garantía de dichas prerrogativas, sin que ello implique la resolución de la controversia
existente.
Síntesis:
Corresponde a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional pronunciarse
sobre la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la auto-determinación
indígena, así como los derechos políticos a elegir y ser elegidos de un grupo
de personas que pertenecen al Cabildo Indígena Maruza de la etnia Zenú, quienes,
a pesar de que afirman ostentar la representación del cabildo, no han sido
inscritos y reconocidos como tales por parte del Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías. Destacan que, en la elección que
realizaron el día cuatro (04) de diciembre de 2016, fueron elegidos como
Capitán y miembros de la Junta Directiva del Cabildo, motivo por el cual, en
cuanto aseveran ser la única autoridad legítima de éste, es obligación de la
accionada reconocerles dicha calidad.
Por su parte, el Ministerio del Interior indica que, si bien
efectivamente se ha abstenido de efectuar la inscripción reclamada, ello ha
sido en razón a que evidencian la existencia de un conflicto interno en el
cabildo y, en virtud del cual, no solo existen dos bloques que aducen ambos ser
representantes del mismo, sino que adicionalmente cumplen satisfactoriamente
con todos los requisitos y tradiciones propias de su cultura.
Al realizar un estudio de la situación fáctica propuesta a la luz del
precedente de esta Corporación[53],
así como desde la protección que Constitucionalmente ha sido dispuesta para esta
clase de comunidades étnicas y para sus miembros, se considera necesario
concluir que el Ministerio del Interior no desconoció las prerrogativas
invocadas por los accionantes al negarse a inscribir las elecciones realizadas.
Se considera que una actuación en contrario habría derivado necesariamente en
el escalamiento del conflicto existente y posiblemente en la desintegración o
atomización del cabildo.
Adicionalmente, se tiene que si bien esta Corte ha reconocido que
existen eventos en los que, ante la existencia de esta clase de conflictos,
puede ser necesaria la intervención del Estado para evitar la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad o para
garantizar la pervivencia de la colectividad en su conjunto, en este caso no se
configuraron dichas circunstancias[54]
y, por ello, debe primar la autonomía de la comunidad para que dé resolución por
sí misma a la problemática que atraviesan.
De otro lado, se considera que es precisamente con el objetivo de
respetar la autonomía y los derechos alegados como desconocidos por los
accionantes, que el Ministerio del Interior se ha negado a inscribir las
elecciones realizadas, pues es menester que sea la comunidad misma la que
resuelva la controversia evidenciada, sin que medie la intervención de agentes
externos que pueden socavar dicha autonomía.
En consecuencia, resulta necesario negar el amparo ius-fundamental
invocado con el objetivo de respetar el auto-gobierno del Cabildo Indígena
Maruza y garantizar así la posibilidad de que sean ellos mismos quienes a
través de sus instituciones, usos y costumbres, den solución a la controversia.
Con todo, y a pesar de negar la protección solicitada, la Sala encuentra
pertinente abordar el estudio de la situación existente al interior del cabildo
y realizar un análisis de la
problemática evidenciada, con el objetivo de ayudar a esclarecer sus elementos
y, así, realizar sugerencias respetuosas orientadas a facilitar su resolución
por parte de la comunidad misma.
Al respecto, se considera que buena parte de la problemática por la que
atraviesa el cabildo radica específicamente en la falta de claridad respecto de
la aplicación de las reglas relativas a los quórums y las mayorías para la
adopción de decisiones, motivo por el cual ambos grupos en conflicto han optado
por desconocerlas y convocar cada uno su Asamblea General con su respectiva
Junta Directiva.
Por lo expuesto, y en relación con la autonomía constitucionalmente establecida
para estas comunidades, se propone a los miembros del Cabildo Indígena Maruza,
en su totalidad y no solo a los miembros de los bloques en controversia, que
una alternativa que puede contribuir a la solución de los conflictos de
representatividad que atraviesan es concertar unas reglas básicas para la
adopción de decisiones al interior el cabildo que respeten los usos y
costumbres de la comunidad, de manera que, una vez establecidas, sea posible a
través de ellas resolver las diversas controversias de gobernabilidad que lo
afectan.
IV.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida, en única instancia, el 24 de febrero de 2017, por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de
San Marcos – Sucre, que declaró la improcedencia del
amparo solicitado. En su lugar, se NIEGA la solicitud de amparo de los derechos fundamentales a
la autonomía indígena, así como al ejercicio de los derechos políticos a elegir
y ser elegidos de los accionantes en su calidad de miembros de la Comunidad
Indígena Maruza de la etnia Zenú, en los términos de esta sentencia.
SEGUNDO.-
Por
Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL
PULIDO
DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS-Se debieron amparar los derechos alegados, para ordenarle a las entidades
involucradas que, en el marco de sus competencias, adoptaran un papel activo
para proponer fórmulas que permitieran superar el conflicto (Salvamento parcial
de voto)
Considero que debieron ampararse los derechos alegados, no
para ordenar la inscripción de uno de los líderes en conflicto, sino para
ordenarle al Ministerio accionado y a las entidades territoriales involucradas
que, en el marco de sus competencias, adoptaran un papel activo para proponer
fórmulas que permitieran superar el conflicto y que, a su vez, le permitieran a
la comunidad adoptar las medidas que considerara apropiadas para impedir
conflictos similares en el futuro. Además de lo anterior, hubiera podido
valorarse la posibilidad de que ordenar medidas tendientes a incentivar la
participación mayoritaria de la Comunidad, pues del fallo se desprende que si
bien son alrededor de 1400 miembros, lo cierto es que la participación en la
toma de decisiones ha oscilado entre 70 y 150 personas, según lo que se dijo en
el fallo.
DERECHO A LA AUTONOMIA INDIGENA-No se debe descartar la intervención estatal, la cual puede
darse siempre que se agoten las vías de diálogo y concertación al interior de
la Comunidad (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Sentencia T-650 de 2017
(T-6.208.834)
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
En atención a la
decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión en la sentencia T-650 del 19
de octubre de 2017, me permito presentar Salvamento de Voto Parcial,
fundamentado en las siguientes consideraciones:
1.
Si
bien estoy de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la ponencia, lo cierto
es que no comparto la decisión adoptada, pues considero que no se llevó a cabo
en debida forma la subsunción del caso concreto en las reglas que la misma
providencia contiene, especialmente las que se tratan en las páginas 38 a 41 de
la sentencia. Esto resultaba importante porque la aplicación de esas reglas, a mi
juicio, si bien descartaba la posibilidad de intervenir directamente la
autonomía que se garantiza a las comunidades indígenas en lo que atañe a la
solución de sus conflictos electorales y de representatividad; también resaltaba
la necesidad de amparar los derechos fundamentales de los miembros de la
comunidad indígena que representan los accionantes, sobre quienes recaen los
efectos de no tener inscrito un representante legal, especialmente, en lo que
tiene que ver con las ayudas que el Estado brinda a las comunidades en el marco
de la legislación vigente y la Constitución Política.
2.
Considero
que debieron ampararse los derechos alegados, no para ordenar la inscripción de
uno de los líderes en conflicto, sino para ordenarle al Ministerio accionado y
a las entidades territoriales involucradas que, en el marco de sus
competencias, adoptaran un papel activo para proponer fórmulas que permitieran
superar el conflicto y que, a su vez, le permitieran a la comunidad adoptar las
medidas que considerara apropiadas para impedir conflictos similares en el
futuro. Además de lo anterior, hubiera podido valorarse la posibilidad de que
ordenar medidas tendientes a incentivar la participación mayoritaria de la
Comunidad, pues del fallo se desprende que si bien son alrededor de 1400
miembros, lo cierto es que la participación en la toma de decisiones ha
oscilado entre 70 y 150 personas, según lo que se dijo en el fallo.
3. En ese mismo
sentido, pienso que hubieran podido limitarse en el tiempo las etapas de
diálogo que se garantizar a las comunidades en conflicto. Primero, porque para
el periodo 2018 puede llegar a presentarse la misma situación y, segundo,
porque en todo caso la jurisprudencia de la Corte no descarta la intervención
estatal, la cual puede darse siempre que se agoten las vías de diálogo y
concertación al interior de la Comunidad (T-973/09).
Con el acostumbrado
respeto,
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
[1] Respecto de las denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación
y las fiscales a la Contraloría General de la República.
[2] Folio 174 Cuaderno Principal.
[3] Folio 200
Ibídem.
[4] Folio 88
Ibídem.
[5] Radicado No. 2016-102615-80704-SC.
[6] Folio 197 Ibídem.
[7] Se obliga a
la señora Lícida López Domínguez a devolver los dineros y propiedades
presuntamente hurtadas, a pedir excusas públicas y finalmente se le deja sin
derechos políticos, esto es, sin voz ni voto al interior del cabildo. En
relación con los demás miembros de la junta directiva, se les impide igualmente
ejercer su voz y voto en las decisiones que afectan al cabildo.
[8] Debe entenderse por el término “forastero”, toda persona que es ajena
a la comunidad indígena y que no hace parte de ella.
[9] Folio 14 Ibídem.
[10] Folio 8 Ibídem.
[11] Folio 12 Ibídem.
[12] Folio 40 Ibídem.
[13] Folio 6 Cuaderno Principal.
[14] Folio 7 Ibídem.
[15] Folio 185 Ibídem.
[16] Se consideró que varias de las denuncias realizadas eran de
competencia de las autoridades de control fiscal, disciplinario y penal.
[17] Folio 10 Ibídem.
[18] El Cabildo
Mayor Regional Zenú de San Andrés de Sotavento, el cual está conformado por más
de 286 cabildos menores.
[19] El cual se
constituye en una agrupación de aproximadamente 286 cabildos menores de
descendencia Zenú que reconocen una autoridad mayor a sus asociaciones locales.
[20] Los cuales
se encargan de coordinar las acciones de la guardia indígena, esto es, de
custodiar los centros de resocialización, armonización espiritual y reclusión,
así como velar por la seguridad del territorio y el cumplimiento de los
mandatos del cabildo mayor.
[21] Entendidos
como autoridades encargadas de velar por el adecuado uso de los recursos y la
integridad en el ejercicio de la función pública al interior del pueblo Zenú.
[22] Se indica
que para el pueblo Zenú es de suma importancia la percepción que la comunidad
en la que se desenvuelve el individuo tiene al respecto.
[23] Se destaca
que el Auto del 04 de septiembre de 2017 únicamente ordenó la vinculación de la
ONIC al proceso objeto de estudio, sin que en ningún momento ordenara al
Cabildo Indígena Maruza vincularse a dicha organización.
[24] En
Sentencia T-601 de 2011, se indicó que: “esos derechos no son equivalentes a los derechos
individuales de cada uno de sus miembros ni a la sumatoria de estos; y (…) los
derechos de las comunidades indígenas no son asimilables a los derechos
colectivos de otros grupos humanos” en cuanto son propiamente
fundamentales.
[25] Sobre el particular, en Sentencia T-973 de 2014 se indicó que, con
el objetivo de proteger los principios de diversidad étnica y cultural
consagrados en la Constitución “el Estado reconoce a estas
comunidades no solo las prerrogativas que están garantizadas a todos los
colombianos sino que también les confiere a estas comunidades derechos como
entidades colectivas”.
[26] Ver
Sentencia T-973 de 2009. En ella, se concluyó que: “…frente a las
comunidades indígenas y sus asuntos relacionados con éste derecho [el
derecho político a ser elegido] no existe acción electoral alguna y dado que
ante la ausencia de autoridad jurisdiccional indígena, –por estar en estos
casos inmersa en el conflicto–, no es posible resolver un situación semejante
al interior de la comunidad, sigue siendo la acción de tutela, el mecanismo
conducente para proteger los derechos invocados por el ciudadano cuando, como en este caso, la violación aparente es
imputada a una autoridad estatal.”
[27] La Ley 393
de 1997, en su artículo 9, dispone: “La Acción de Cumplimiento
no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados
mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud
el trámite correspondiente al derecho de Tutela.”
[28]
Multiculturalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas en la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional. Catalina Botero Marino.
[29] El artículo
93 de la Constitución Política establece que todos los derechos fundamentales
deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
[30] Aprobado por Colombia mediante Ley 21 de 1991.
[31]Convenio
169 de la OIT, Artículo 2.
[32] Artículo
3.
[33] En Sentencia T-973 de 2009 se indicó que, por “identidad étnica y
cultural” debe entenderse “la facultad de todo grupo indígena y de
sus miembros, a formar parte de un determinado patrimonio cultural tangible o
intangible y de no ser forzado a pertenecer a uno diferente o a ser asimilado
por uno distinto”.
[34] Ver, entre
otras, las Sentencias T-973 de 2009 y T-973 de 2014.
[35] Ver, entre
otras, las Sentencias T-973 de 2009 y T-973 de 2014.
[36] Sentencias C-292 de 2003, C-921 de 2007, T-973 de 2009 y T-973 de
2014.
[37] En esa oportunidad, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional analizó la acción de tutela interpuesta por Jaime de Jesús
Carlosama Fuentala y otros miembros de la comunidad del Resguardo Indígena de
Muellamués de Guachucal-Nariño contra la Alcaldía municipal de Guachucal –
Nariño, por considerar vulnerados sus derechos de petición, autonomía indígena
y el principio constitucional de diversidad étnica y cultural. Ello, con
ocasión a que la entidad demandada intervino para hacer posible la posesión del
Gobernador Cuastumal contra la voluntad y las normas internas de la comunidad
indígena. Al respecto, la Sala determinó que las actuaciones del Alcalde
Municipal de Guachucal afectaron el derecho fundamental a la autonomía política
de la comunidad indígena del Resguardo Muellamués. En consecuencia, concedió el
amparo de este derecho fundamental y ordenó al Alcalde abstenerse de realizar
cualquier actuación que pudiera implicar interferencia en el derecho de las
comunidades indígenas asentadas en el territorio de su jurisdicción, a elegir a
sus propias autoridades autónomamente, de conformidad con sus usos y
costumbres.
[38] Esto, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política.
[39] Sentencia T-487 de 2003.
[40] En
Sentencia T-903 de 2009 esta Corporación expresó que, en virtud del “principio
de maximización de la autonomía” “solo son admisibles las restricciones a la
autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para
salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas,
frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de las comunidades
étnicas. La evaluación sobre la jerarquía de los intereses en juego y la
inexistencia de medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta
las particularidades de cada comunidad”.
[41] Posición reiterada en la Sentencia T-973
de 2014.
[42] Sentencia T-973 de 2009. En esta providencia la Corte estudió la
acción de tutela interpuesta por José Narciso Jamioy Muchavisoy en contra del
Ministerio del Interior y de Justicia (en esa época) por considerar que esa
entidad había estimulado la división interna de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá del Municipio de Sibundoy (Putumayo), al inscribir
la elección del taita Miguel Chindoy Beusaquillo como Gobernador del pueblo, y
no la suya, a pesar de haber sido elegido también como Gobernador de esa
comunidad, para el año 2007. En esa oportunidad, la DAIRM se negó a inscribir
al accionante como Gobernador electo, dada la doble designación de autoridad
indígena existente al interior de la comunidad y bajo el argumento de que no
contaba con la mayoría de votantes necesarios. Con el fin de arribar a una
decisión la Corte hizo unas consideraciones relacionadas con los derechos a la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como a la autonomía
política. En tal sentido indicó que los pueblos indígenas gozan de plena
autonomía para la elección de sus autoridades tradicionales, por lo que las
diferencias que se pudieran presentar dentro de la comunidad por motivos
electorales, deben ser dirimidas, en principio, por estos mismos grupos
étnicos. Sin embargo, cuando los conflictos relacionados con proceso de
elección y nombramiento de las autoridades indígenas erosionan los derechos
fundamentales de estos pueblos, el Estado debe intervenir. No obstante, la
Corte encontró que el Ministerio tomó una posición en contra de los usos y
costumbres de la comunidad al avalar a un designado de la comunidad, sin que a
la fecha se hubiese obtenido una solución concertada por toda la comunidad
frente al problema de representatividad. En consecuencia, determinó que la
Dirección de Etnias había vulnerado los derechos a la diversidad e integridad
étnica y cultural de la comunidad, el debido proceso e igualdad del actor.
[43] Sentencia T-188 de 1993. En esa
oportunidad la Corte conoció de una tutela en la que los miembros de la
comunidad indígena Paso Ancho, asentada en la Vereda de Chicuambe, Municipio de
Ortega, Departamento del Tolima, solicitaron protección constitucional contra
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, seccional Tolima, por haber
omitido la realización de estudios socio-económicos y jurídicos tendientes a
constituir sendos resguardos sobre el predio Chicuambe, actualmente ocupado por
las comunidades de Paso Ancho y San Antonio, de manera que la mitad del área se
destine a los naturales de Paso Ancho. Los peticionarios sostenían que la
omisión de la autoridad pública además de desconocer la ley en lo atinente a la
constitución de resguardos, había contribuido a la violación y amenaza de los
derechos a la propiedad y a la vida de los integrantes de su comunidad, ante la
arremetida del grupo de San Antonio que  por amenazas y el uso de la
fuerza pretendía desalojarlos de su territorio. El Incora alegaba no haber
intervenido en el conflicto, sobre la base del respeto por la autonomía de las
comunidades indígenas. Al respecto dijo la Corte que: “Si bien las
autoridades deben respetar el principio de autonomía de los pueblos indígenas,
debe tenerse presente que éste no es absoluto ni soberano y tiene límites bien
definidos que no pueden interferir con la obligación estatal de conservar la
paz en todo el territorio nacional, sin excepciones. Con mayor razón deben las
autoridades ejercer las competencias que la ley les ha otorgado con miras a la
protección y defensa de los pueblos indígenas. En el caso objeto de la decisión
de tutela aquí revisada,  la negativa a dar curso, sin aducir ninguna
justificación válida, a la solicitud de constitución de sendos resguardos sobre
el predio de CHICUAMBE por parte del Incora, durante más de un año, contribuyó
indudablemente a aumentar el clima de tensión existente en la zona que tuvo su
primera víctima en la persona de uno de los miembros de la comunidad de Paso
Ancho”.
[44] Esto, en concordancia con el principio de “a mayor conservación de
usos y costumbres, mayor autonomía”. Este principio señala que el operador debe
distinguir entre aquellos grupos que conservan sus usos y costumbres y lo que
no los conservan. Esta diferenciación es importante puesto que a los primeros
se les debe respetar sus usos y costumbres, mientras que los segundos deben
regirse en un mayor grado por las leyes del Estado colombiano.
[45] Sentencia T-349 de 1996.
[46] Sentencia T-442
de 1992.
[47] Sentencia
T-973 de 2009. Sobre este punto se puede consultar también la Sentencia T-979
de 2006. En esa providencia la Corte Constitucional señaló que con el fin de
evitar que se cause una lesión mayor, la intervención estatal “debe hacerse
bajo el principio de la menor intervención posible, es decir, dicha actuación
deberá ser estrictamente proporcional a la naturaleza y gravedad de los hechos
que se deban controlar y con el único objetivo de proteger en debida forma la
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, individuales y de
la comunidad, que se encuentren en riesgo”.
[48] La cual
debe enmarcarse específicamente en la protección de los derechos fundamentales
que se estimen se están viendo afectados por la ausencia de resolución de la
controversia.
[49] En cuanto
no adopta determinación alguna, sino simplemente reconoce las decisiones
autónomamente adoptadas por la comunidad.
[50] Se
recuerda que la intervención Estatal en estos eventos siempre debe evitar la
resolución de la controversia en cuestión y debe limitarse a solventar los
efectos de la problemática y que están afectando los derechos de los
integrantes de la comunidad.
[51] Tal y como
consta en el Acta de Aclaración del Proceso de Elección de la Junta
Directiva del Cabildo Indígena Maruza para el año 2016, allegada en sede de
revisión.
[52] Proferido por el Magistrado Sustanciador
en el presente trámite de revisión.
[53] A partir de un análisis de, entre otras, las Sentencias C-292 de
2003, T-979 de 2006, C-921 de
2007, T-903 de 2009, T-973 de 2009 y T-973 de 2014, se plantea un estudio de (i)
la legitimación de los miembros de las comunidades indígenas para interponer
acciones de tutela en representación de la comunidad a la que hacen parte y (ii)
la autonomía de las comunidades indígenas.
[54] Al
respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sintetizado dos requisitos: (i) se encuentra en riesgo el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de los miembros del cabildo o la
existencia misma de éste último y (ii) el cabildo no cuenta con los
medios para resolver por sí mismo la controversia, circunstancias que se
considera no tienen lugar en el caso en concreto.