T-322-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-322/93
DERECHO A LA
EDUCACION-Obligación del
Estado/EDUCACION A DISTANCIA
Los estudiantes
presentan su situación desde un sólo ángulo: la obligación del Estado para
suministrar  toda clase de elementos. Pero se olvidan que, en el delicado tema
de la educación, existe para cada persona, para cada alumno, la posibilidad de
que, con su propio esfuerzo, pueda suplir las deficiencias de los centros educativos,
más tratándose de la educación abierta y a distancia, donde se requiere un gran
despliegue de iniciativa por parte del alumno interesado. Así, de la suma de
los esfuerzos del Estado y de los estudiantes, resultaría el remedio de las
deficiencias.
REF: T- 12112
PETICIONARIOS: ZORAYDA E. CASTAÑEDA, VICTOR HUGO LOPEZ Y
OTROS. ESTUDIANTES DE LA UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA (UNISUR) CREAD
ENVIGADO.
PROCEDENCIA: CONSEJO DE ESTADO
MAGISTRADO
PONENTE: JORGE ARANGO
MEJIA
Aprobada, según
consta en el acta número once (11), correspondiente a la sesión de la Sala
Primera de Revisión, celebrada a los once (11) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y tres (1993).
Procede la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, a
revisar el fallo proferido por el Consejo de Estado, el 3 de marzo de 1993.
El expediente llegó
a conocimiento de esta Sala de Revisión, por remisión que hizo el Consejo de
Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
De acuerdo con los
artículos 86, de la Constitución, y 33, del mencionado decreto, la Sala de
Selección de la Corte eligió, para efectos de revisión, el expediente de la
referencia.
I.      ANTECEDENTES.
a)      Algunos estudiantes de la Unidad
Universitaria del Sur de Bogotá (UNISUR), CREAD en Envigado, presentaron acción
de tutela ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 21 de enero de 1993,
con el fin de que dicho Tribunal ordene a las directivas de UNISUR que se les
garantice, con base en el artículo 86 de la Constitución y en sus decretos
reglamentarios, lo siguiente:
"... a la
comunidad Universitaria la ubicación de una planta física adecuada y permanente
para el desarrollo de las actividades universitarias, planta física en la cual
se cuente con los elementos mínimos para el desarrollo de las citadas
actividades como son Biblioteca, departamento de bienestar universitario, aulas
de clase, computadores, etc.
"Igualmente que
se garantice la prestación del servicio de laboratorios para prácticas en todos
los sentidos y la estabilidad en cuanto a la prestación del servicio de
Tutorias (sic). Así mismo el que recibamos oportunamente el material didáctico
como son los módulos, fotocopias, etc."
b)
Los peticionarios basan su acción en los
siguientes hechos:
- Mediante la ley 52
de 1981, se creó la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. Inicialmente
funcionaba únicamente en esta ciudad.
- Mediante Acuerdo
Nro. 193, la Junta Directiva del ICFES facultó a la Dirección del ICFES para
decidir sobre las solicitudes de autorización de funcionamineto de Centros
Regionales de Educación Abierta y a Distancia - CREAD.
- El 2 de agosto de
1990, la Rectora de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá presentó la
documentación requerida para solicitar la autorización para el funcionamiento
de 14 CREAD.
- Con Resolución
001856, del 30 de agosto de 1990, el Director del ICFES autorizó el
funcionamiento del CREAD en Envigado y en 13 ciudades más.
- Unisur de Envigado
tiene matriculados 820 estudiantes para los diferentes programas académicos. El
personal docente se denomina TUTORES, pagados por Unisur. Las instalaciones
donde funciona el CREAD de Envigado son de propiedad de la Cooperativa Femenina
de dicho municipio.
- Para el desarrollo
de las investigaciones prácticas, Unisur celebró un convenio con la Universidad
de Antioquia y con el Centro Administrativo de Servicios Docentes (CADS). Pero
Unisur ha incumplido a tales instituciones con los pagos correspondientes, y
por tal incumplimiento, a los estudiantes no se les ha permitido continuar las
prácticas en los laboratorios, ni asisten los técnicos de laboratorio. Por
tratarse de programas de educación abierta y a distancia, son importantes las
reuniones periódicas con los tutores, pero éstos no asisten.
- Así mismo, por
carecer de planta física propia, no cuentan con biblioteca ni laboratorios.
Esto está violando el reglamento de bienestar universitario.
- Los módulos y
materiales son suministrados por Unisur, Bogotá, a través del almacén central,
previa consignación por parte de los estudiantes a la cuenta Unisur, Envigado.
Sin embargo, desde hace un tiempo no se les ha suministrado el material
oportunamente, lo que los ha llevado a tener que sacar fotocopias con sus
propios recursos.
- El Alcalde de
Envigado, en comunicación del 21 de agosto de 1992, manifestó al Rector de
Unisur, en Bogotá su descontento por la forma como está funcionando Unisur, por
lo que solicita iniciar los trámites correspondientes para el desmonte de la
actual infraestructura.
Finalizan los
estudiantes señalando que las dificultades no son por falta de recursos de
Unisur Envigado, sino por displicencia de las directivas, pues como prueba de
que el CREAD de Envigado cuenta con los recursos suficientes, transcriben
apartes del oficio Nro. 000318 de agosto 19 de 1992, suscrito por el Rector de
Unisur al Alcalde de Envigado: "4- Si bien el Cread de Envigado tiene
ingresos superiores a sus egresos, la realidad es que existen en el pais (sic)
otros Cread que necesitan de la ayuda para poder funcionar ... Por esa razón es
que se hace indispensable que los ingresos por matriculas (sic) sean
consignados por todos a la cuenta de Unisur. Lo que si podemos dejar como
ingresos para el Cread de Envigado son aquellos provenientes de los cursos de
extención (sic), seminarios y congresos que alli (sic) se realicen." (esta
transcripción no es tomada de la carta original sino de la hecha por los estudiantes
en su solicitud de acción de tutela.)
Por todo lo
anterior, los estudiantes presentan su acción de tutela, pues consideran que
las directivas de de Unisur les han violado las normas constitucionales y los
derechos fundamentales a que ellas se refieren:
1o.    El Preámbulo
de la Constitución, en la parte correspondiente a que se asegure a los
integrantes de la Nación el acceso al conocimiento. Acceder al conocimiento es
imposible para los estudiantes de tecnología de alimentos, pues no tienen
laboratorios para realizar prácticas; lo mismo que para los de ciencias
administrativas, carrera que tiene dentro de sus programas las cátedras de
informática e introducción a los computadores, pues no tienen ni un solo
computador.
2o.    El artículo
27 de la Constitución, ya que los estudiantes manifiestan que las directivas de
Unisur, que es una institución oficial, están violando la Carta al no prestar
los elementos mínimos para acceder al aprendizaje y a la investigación.
3o.    El artículo
67, en lo que se refiere a que la educación es un derecho de la persona y un
servicio público, el cual tiene una función social. Lo mismo que lo dispuesto
en el inciso 5o. del mismo artículo.
4o.    El artículo
13, pues las condiciones en que desarrollan su actividad académica son inferiores
a las condiciones de los estudiantes de las otras universidades.
En su escrito, los
estudiantes adjuntaron algunos documentos.
II.     SENTENCIA
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
El Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 29 de enero de 1993, NEGO
la tutela presentada por los estudiantes de la referencia. Algunas de las
consideraciones que el Tribunal tuvo en cuenta, son:
"En cuanto al
derecho a la educación, previsto en el artículo 67 de la Constitución Nacional,
debe tenerse presente que se trata de aquellos derechos denominados de segunda
generación, esto es, de aquellos "que reciben el nombre de "derechos
asistenciales", cuya principal característica es la de que no son
simples posibilidades de acción individual, sino que imponen además una carga u
obligación al Estado, frente al cual el individuo es situado en el marco social
en la condición de acreedor de ciertos bienes que debe dispensarle el aparato
político, principalmente a través de la función administrativa, que con
adopción garantizadora comentada, viene a ocupar un amplio espacio en el poder
político." Corte Constitucional. Sala quinta de revisión. Sentencia T-08
de mayo 18 de 1992.""
El Tribunal
Administrativo analiza así lo transcrito en esta sentencia de la Corte:
"Tratándose de
éste y de otros derechos, cree la Sala que su protección esta (sic) supeditada
por las nociones de razonabilidad y proporcionalidad, entendiendo estos
conceptos en el sentido de que ningún derecho es absoluto, en lo que toca con
su ejercicio, y que su protección debe consultar las necesidades y realidades
del medio en que el mismo se ejerce.
"Dentro de la
lógica de lo razonable, se puede concluir que peticiones como las formuladas no
pueden ser atendidas a través del derecho de tutela, pues las obligaciones del
Estado se cumplen en la medida de sus recursos físicos, técnicos, económicos,
presupuestales, etc., etc."
También el Tribunal
transcribe apartes de otra sentencia de esta Corte y sobre las diferencias que
existen entre los conceptos de garantía y el derecho por él incorporado, para
finalizar así:
"Miradas las
cosas desde este punto de vista, no puede hablarse de que tales derechos hayan
sido violados por la Universidad pues su ejercicio mismo no está siendo
limitado, conculcado, reglamentado o vulnerado a través de conducta positiva
alguna, amen (sic) de que si esto implicara una obligación de hacer la misma
deberá analizarse a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad
ya expuestos.
"Por último, no
se encuentra violación del principio de la igualdad porque como puede verse de
los documentos anexos a la solicitud, el trato dado a los estudiantes de la
Sede de Envigado consulta la existencia de otras seccionales, lo que exige un
tratamiento uniforme para todas ellas, según los recursos insuficientes con que
cuenta la Universidad."
III.    IMPUGNACION
Uno de los actores
presentó escrito de impugnación contra el fallo del Tribunal, básicamente con
los siguientes argumentos:
- El derecho a la
educación es, indiscutiblemente, un derecho fundamental, lo cual ha sido
reiterado en múltiples sentencias de la Corte Constitucional.
-  El incumplimiento
reiterado de las directivas de la Universidad para cumplir con el desarrollo normal
de las actividades académicas está vulnerando el derecho a la educación de la
totalidad de los estudiantes allí matriculados.
- La institución
universitaria es oficial. Cuando el Estado decidió crearla por ley adquirió la
obligación, al momento de de expedir el presupuesto de rentas y gastos de la
Nación, de incorporar las partidas indispensables para el cumplimiento de tal
ley, todo dentro de la nueva concepción de "Estado Social de
Derecho", teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1o. de la
Constitución, así como lo dispuesto en el artículo 366 de la Carta.
- Unisur de Envigado
genera un superavit, por lo que no es razonable ni justificado el
incumplimiento para el desarrollo de los programas.
- El derecho a la
educación sí se encuentra amenazado al no contar con laboratorios, además
conociendo la intención de la administración municipal de Envigado de no
permitir que la Universidad siga funcionando en las instalaciones cedidas por
el municipio debido al incumplimiento de Unisur, máxime si se tiene en cuenta
que no se cuenta con sede propia.
- Si el Estado se
comprometió a ofrecer a la ciudadanía el tipo de educación de Unisur, no se
pueden aceptar los argumentos de tipo económico que manifiesta el Tribunal,
para no tutelar la acción.
- El derecho a la
igualdad sí se vulneró no en relación con el trato que las directivas de Unisur
otorgan a cada uno de los centros regionales, "sino en relación al
conjunto de ciudadanos matriculados en los programas de Educación Superior de las
Universidades del país. El artículo 13 de la Constitución dice:..."
IV.    FALLO DEL
CONSEJO DE ESTADO
Mediante sentencia
del 3 de marzo de 1993, el Consejo de Estado CONFIRMO la providencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
El Consejo resumió
lo dicho por el Tribunal y por la impugnación, y concluyó:
"Para decidir,
se considera:
"La impugnación
no está llamada a prosperar, y como consecuencia de ello habrá de confirmarse
la decisión del a - quo, por cuanto, de una parte, realmente el derecho a la
educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución no es un derecho de
aplicación inmediata, según el artículo 85 de la misma, debiendo, por tanto,
lograrse su efectividad en los términos en que señale la ley, y, por cuanto, de
otro lado, como bien lo han expresado esta Corporación y la Corte
Constitucional en reiteradas ocasiones, no es un derecho fundamental sino un
derecho que forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales, los
cuales no son exigibles mediante la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta.
"Por lo demás,
ninguno de los argumentos expuestos por el impugnante desvirtúan las
consideraciones que llevaron al a - quo a negar la tutela solicitada."
Vale la pena señalar
que tres Consejeros presentaron salvamento de voto. Uno de ellos consideró que
los derechos invocados sí son fundamentales y que en el caso sub-examine, la
Universidad debe disponer de los medios aptos para cumplir con su fin. Otro
Consejero manifestó que no comparte lo afirmado en la sentencia en el sentido
de que los únicos derechos constitucionales fundamentales son los consagrados
en el Capítulo 1 del Título II de la Carta. El tercer Consejero acogió lo dicho
por los otros dos.
V.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera
Competencia
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte para proferir sentencia en relación con el fallo
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución y el decreto 2591 de 1991.
Segunda      La
materia objeto de la tutela
Los accionantes
invocaron en su petición la violación de los siguientes derechos fundamentales:
- El Preámbulo de la
Constitución en lo que hace relación a "asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la seguridad, el conocimiento,
la libertad.... (se resalta)
- El artículo 27,
que dice:
"El Estado
garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra."
- El artículo 67,
incisos primero y quinto:
Inciso primero:
"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura."
Inciso quinto:
"Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos..."
- El artículo 13 en
lo que se refiere a la igualdad.
Tercera
El derecho a la educación es un derecho fundamental
En la sentencia
objeto de la presente revisión, el Consejo de Estado dijo que el derecho a la
educación no es un derecho fundamental, y que esto lo ha reiterado la Corte
Constitucional, por lo que no es procedente su protección a través de la acción
de tutela. Se transcribe lo dicho allí:
"La impugnación
no está llamada a prosperar, y como consecuencia de ello habrá de confirmarse
la decisión del a - quo, por cuanto, de una parte, realmente el derecho a la
educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución no es un derecho
de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la misma, debiendo, por
tanto, lograrse su efectividad en los términos en que señale la ley, y, por
cuanto, de otro lado, como bien lo han expresado esta Corporación y la Corte
Constitucional en reiteradas ocasiones, no es un derecho fundamental sino
un derecho que forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales, los
cuales no son exigibles mediante la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta." (se resalta)
Sin embargo esta
afirmación hecha por el Consejo, sin más explicaciones que la anterior
trancripción, no se ajusta a la realidad, pues la Corte Constitucional desde
sus inicios, como se puede apreciar en la Sentencia T-002 de 1992, explicó por
qué el derecho a la educación es un derecho fundamental.
Esta consideración
se ve claramente en algunas de las sentencias que tratan este tema:
- Año de 1992:
T-002, T-09, T-15, T-402, T-419, T-420, T-421, T-450, T-488, T-492, T-493,
T-500, T-524, T-539, T-612.
- Año de 1993:
T-36, T-37, T-64.
Al  respecto, vale
la pena citar, a modo de ejemplo, sólo una de ellas, la sentencia de la Corte
Constitucional T-36 del 9 de febrero de 1993, que hace referencia a este
aspecto, y que explica, además, que no es únicamente fundamental cuando se
refiere a los niños:
"Una vez más
debe observar la Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende
exclusivamente de la ubicación del artículo que lo consagra dentro de los
títulos y capítulos de la Constitución, sino ante todo de su contenido
material.
"Ha sostenido
la jurisprudencia constitucional que la circunscripción de los derechos
fundamentales a aquellos que se encuentran en la Carta Política bajo el título
que lleva ese mismo nombre, excluyendo de tal condición cualquier otro derecho
que se indique en un lugar distinto del texto, no es aceptable como único y
determinante criterio, pues desvirtúa el sentido garantizador que a los
mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el
Constituyente de 1991, específicamente cuando declaró en el artículo 93 que
"la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución
y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos" (subraya la Corte).
"En el caso
específico de la educación, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
reconocerla como derecho inherente a la persona y, por ende, fundamental.
"...
"De aceptarse
ese limitado criterio, se tendría que la educación no gozaría de identidad
propia como derecho fundamental y que tan sólo los niños tendrían derecho a
ella.
"Por el
contrario, considera la Corte que el derecho a la educación no ha sido
reconocido exclusivamente a favor de los niños como parece entenderlo la juez.
Tiene su propio valor y entidad como derecho de toda persona, con independencia
de la edad, como resulta de la norma que lo consagra (artículo 67 C.N.) y su
desconocimiento o amenaza es tutelable, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución."
En el presente caso
queda, pues, claro que para la Corte Constitucional el derecho a la educación
es un derecho fundamental. Sin embargo, no quiere esto decir que con solo
invocarlo, en forma automática, se deba tutelar. No, hay que entrar a analizar
el caso concreto, como es el de Unisur de Envigado.
Orígenes de Unisur
CREAD de Envigado.
Según la ley 52 de
1981 que creó Unisur de Bogotá, el decreto 3078 de 1990, por el cual se vincula
al proceso de educación abierta y a distancia a los planteles educativos
nacionales, la Resolución 001856 de 1990 del ICFES, que autoriza el
funcionamiento de los CREAD, comunicaciones de los accionantes y el Rector, y
de éste y el Alcalde de Envigado, así como múltiples comunicados de los
estudiantes de la Universidad, se puede observar que el CREAD de Envigado se
encuentra en plena etapa de desarrollo, y que está funcionado sólo desde el 21
de noviembre de 1990.
¿Los estudiantes
de la Universidad, matriculados en el programa CREAD  de Envigado, se
encuentran en una situación de amenaza o de vulneración de sus derechos
fundamentales, producto de la acción u omisión de las directivas de la
institución?
Para responder esta
pregunta, es necesario examinar lo que piden los accionantes que se tutele.
Según las
constancias de los folios 6 y 7, lo que pretenden es lo siguiente:
- Planta física
adecuada y permanente, con biblioteca, departamento de bienestar universitario,
aulas de clase, computadores, etc.
-  Prestación del
servicio de laboratorios para prácticas "en todos los sentidos".
- Estabilidad en
cuanto al servicio de tutorías.
Estas peticiones son
conocidas por las directivas de la Universidad, ya que se observa en el
expediente, entre otras comunicaciones sobre el mismo tema, la del 20 de
febrero de 1992, suscrita por el Rector de Unisur y dirigida a los estudiantes.
Allí se lee:
"Una vez
estudiada su comunicación, considero necesario clarificarles, en primer lugar,
que desde el año 1988, por las condiciones presupuestales de Unisur, y en
concordancia con las directrices del Gobierno nacional, en el sentido de que
las universidades oficiales tienen que gestionar su financiación, ha sido
política de nuestra universidad hacer presencia en una región, sólo si las
fuerzas gubernamentales se comprometen a apoyar el funcionamiento de los
Centros Regionales.
"...
"Ahora bien,
respecto de los demás problemas enunciados por ustedes, los cuales se pueden
resumir en la disminución de horas-tutorías y en la suspensión de dos cargos
administrativos, es importante informarles que esta decisión obedece a la
necesidad de racionalizar los insuficientes recursos con que cuenta la
Universidad, los cuales se reflejan en el recorte de $142 millones de pesos,
que para la actual vigencia, hizo en el presupuesto de la Universidad el
Gobierno Nacional.
"Además, por la
naturaleza y características de la estrategia a distancia se impone la
necesidad de replantear la acción tutorial que se ha dado y que cada vez más
nos acercaba a una cultura de presencialidad, en detrimento de la generación de
innovaciones que permitan la innovación científica y tecnológica que fomenten
el verdadero aprendizaje autodirigido.
"Por esta razón
se ha acordado una política de disminuir la presencialidad al mismo tiempo que
se proyecta incetivar y diversificar la producción de medios de aprendizaje.
"Sin embargo la
Universidad es conciente que aún tiene muchos problemas por resolver ..."
También es cierto
que los problemas se encajan en el proceso de desarrollo lógico que tiene toda
institución que se inicia. En comunicación del 18 de agosto de 1992, del
Alcalde de Envigado al Rector de la Universidad, le solicita "entregar una
propuesta que con criterios de autonomía administrativa y financiera, permita
un mejor desarrollo del proyecto educativo en la localidad."
El Rector de la
Universidad, el 19 de agosto de 1992, dio respuesta a los planteamientos del
Alcalde y, en comunicación del 6 de noviembre de 1992,  contestó a los
estudiantes, que son los mismos accionantes de la tutela, sobre los temas
planteados por ellos al declarar la "anormalidad académica
indefinida" en el Cread de Envigado.
Todo este cruce de
comunicaciones, y otros documentos que se encuentran en el expediente, muestran
que la Universidad se encuentra en proceso de desarrollo.
Así mismo, no se
observan por parte de las directivas de la Universidad acciones u omisiones
antijurídicas, que sean objeto de una orden del juez de tutela para que tales
directivas se abstengan de continuarlas realizando o que deban hacerlas. Por
consiguiente, situaciones como las mencionadas por los accionantes, no son
objeto de la acción de tutela descrita en el artículo 86 de la Constitución,
por no encajar dentro de su espíritu.
Es claro que, en
general, tales peticiones contribuirán a mejorar el entorno de su educación,
pero no se puede afirmar que por no contar con todos los elementos educativos,
se les están violando sus derechos fundamentales. Las cosas tienen un
desarrollo lógico.
En relación con los
tutores, la explicación ofrecida por el Rector para replantear la acción de
ellos, se sale de la órbita del juez de tutela para decidir sobre su
conveniencia o no, pues es un asunto ajeno a lo jurídico. Es decir, el juez de
tutela, en este caso concreto, no puede ordenar a la Universidad adoptar una
decisión sobre los tutores. No es asunto de su competencia.
Tampoco puede
señalarse que se ha violado el derecho a  la igualdad frente a lo que ocurre en
los otros centros universitarios del país, pues por la propia naturaleza de las
cosas, los profesores, tutores, instalaciones físicas, laboratorios, etc., son
diferentes.
Así mismo, vale la
pena señalar que en el presente caso, los estudiantes, al parecer, presentan su
situación desde un sólo ángulo: la obligación del Estado para suministrar  toda
clase de elementos. Pero se olvidan que, en el delicado tema de la educación,
existe para cada persona, para cada alumno, la posibilidad de que, con su
propio esfuerzo, pueda suplir las deficiencias de los centros educativos, más
tratándose de la educación abierta y a distancia, donde se requiere un gran
despliegue de iniciativa por parte del alumno interesado. Así, de la suma de
los esfuerzos del Estado y de los estudiantes, resultaría el remedio de las
deficiencias.
Por todas las
consideraciones anotadas, la Sala coincide con lo manifestado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sus consideraciones para el presente caso:
"Tratándose de
éste y de otros derechos, cree la Sala que su protección esta (sic) supeditada
por las nociones de razonabilidad y proporcionalidad, entendiendo estos
conceptos en el sentido de que ningún derecho es absoluto, en lo que toca con
su ejercicio, y que su protección debe consultar las necesidades y realidades
del medio en que el mismo se ejerce.
"Dentro de la
lógica de lo razonable, se puede concluir que peticiones como las formuladas no
pueden ser atendidas a través del derecho de tutela, pues las obligaciones del
Estado se cumplen en la medida de sus recursos físicos, técnicos, económicos, presupuestales,
etc., etc."
Pero, como de todas
maneras al Estado corresponde "regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos;" (inciso 5o., art. 67 de la Constitución), la Corte
estima procedente enviar copia de este fallo a la señora Ministra de Educación,
para que lleve a cabo el ánalisis de la situación de Unisur, concretamente
CREAD de Envigado, en el plazo de seis (6) meses, contado a partir de la
ejecutoria de este fallo.
VI.
CONCLUSION
La Corte
Constitucional, en muchas sentencias, aproximadamente 18, ha manifestado que el
derecho a la educación es un derecho fundamental. Es decir, no es exacto lo
expresado por el Consejo de Estado en la sentencia objeto de revisión, en el
sentido de que no es un derecho fundamental, y que así lo ha sostenido la Corte
en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, tal
reconocimiento como derecho fundamental, no significa que su sola invocación
para solicitar elementos que permitirían un mejor desarrollo del derecho a la
educación, como es el caso de los computadores, planta física, acceso a
laboratorios, etc., haga procedente su tutela.
Para los efectos del
inciso 5o. del artículo 67 de la Constitución, copia del presente fallo será
enviado a la señora Ministra de Educación, para que se lleve a cabo en Unisur,
CREAD de Envigado, el análisis correspondiente a la situación de dicho
establecimiento educativo.
VII.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:        CONFIRMAR
la sentencia proferida por
el Consejo de Estado el tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y tres
(1993), pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO:
COMUNICAR la presente
decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que sea notificada a las
partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
TERCERO: ENVIAR a la señora Ministra de Educación copia de
esta sentencia, para los efectos indicados en su parte motiva.
Cópiese, publíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General