T-422-09
Sentencia T-422/09
Sentencia
T-422/09
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional
De acuerdo con esta jurisprudencia
reiterada, puede sostenerse que para que proceda el reconocimiento, reajuste o
pago de prestaciones pensionales en sede de tutela, el juez constitucional debe
verificar: i) Que la falta de reconocimiento o reajuste de la pensión de
jubilación o vejez se origine en actuaciones que, prima facie, desvirtúen la
presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración
pública; ii) que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios para que proceda el reconocimiento, pago o reajuste de
la pensión o que, sin encontrarse plenamente demostrado la reunión de los
mismos, exista un alto grado de certeza respecto de la procedencia de la
solicitud, iii) que la falta de reconocimiento, reajuste o pago de la pensión
vulnere o amenace un derecho fundamental y iv) que la acción de tutela resulte
necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
PENSION DE VEJEZ SE UBICA EN EL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA
MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
Dentro de las prestaciones
contempladas en el Sistema General de Pensiones, en el régimen solidario de
prima media con prestación definida, se encuentra la pensión de vejez cuyo
reconocimiento, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, se dirige
a garantizar al trabajador, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos de ley, el derecho a retirarse del trabajo, sin por ello perder los
ingresos regulares con los cuales atiende normalmente sus necesidades y las de
su núcleo familiar, bajo el entendido de que el trabajador se encuentra en una
época de la vida, cuando tras haber cumplido con el deber social del trabajo y
encontrar menguada su fuerza laboral, requiere de una compensación por su
esfuerzo y un trato especial en atención a su avanzada edad.
PENSION DE VEJEZ-Caso
en que no se dan los requisitos para que proceda el amparo por medio de la
acción de tutela
En el presente evento –considera  esta Sala-  no se reúnen los
requisitos para la procedencia del amparo en los anteriores términos. En este
sentido es necesario señalar que existen varias razones para ello. Inactividad
judicial del tutelante. Es necesario señalar que la negativa de reconocimiento
de la pensión de vejez del actor se hizo mediante  actos administrativos
proferidos en los años  2000 y 2008  y contra dichas decisiones. El actor no
interpuso recurso alguno contra las  decisiones así tomadas. Es decir, pese a
que el demandante contó con suficientes oportunidades para dirigirse
directamente a la entidad demandada para obtener lo que ahora pretende por vía
de tutela, no lo hizo, y acudió directamente a este mecanismo judicial –que
tiene carácter subsidiario- para buscar el reconocimiento de la pensión. Falta
de motivación del actor. En el caso del  señor, más allá de la somera
afirmación de que resulta imperativo el reconocimiento de la pensión por vía de
tutela, porque vive de la caridad de familiares, la Sala echa de menos la
existencia de un medio probatorio de carácter sumario que acredite tal
necesidad. Es decir, para la Corte la situación de afectación al mínimo vital
del actor no se encuentra probada ni podría ser imputada, dentro de la estricta
causalidad a  la entidad demandada. Existencia de un derecho litigioso. Además
de lo anterior, la Sala advierte que se trata en este caso de un verdadero
derecho litigioso entre  la entidad accionada  y el peticionario, que escapa al
conocimiento del juez de tutela. En efecto, el ISS afirma que por medio de la
Resolución 008885 del 28 de Septiembre de 2001, se concedió al accionante la
indemnización sustitutiva por cuanto éste previamente solicitó al ISS  que
“debido  a su edad   y al tiempo que le faltaba por cumplir, era mejor tomar la
indemnización sustitutiva como solución a su problema”.  El accionante sostiene
por su parte, que no ha recibido la indemnización sustitutiva y por tal motivo,
continuó cotizando a la entidad de previsión social. Es evidente, que no es la
Corte Constitucional el órgano encargado de solucionar tal litigio, por cuanto
no  cuenta con los  elementos de juicio ni  el material probatorio que
permitan dilucidar el caso. El juez de tutela, como lo ha dicho tantas veces
esta Corporación, frente a casos similares,  no está facultado para privilegiar
a priori, sin el correspondiente debate jurídico que corresponde adelantar ante
la jurisdicción ordinaria laboral, una posición a favor del actor y en contra
de la entidad accionada o viceversa.
PENSION DE VEJEZ-Caso
en que debe recurrirse a la justicia ordinaria laboral
Podría argumentarse que dada
la constitucionalización que dentro del ordenamiento jurídico ha tenido el
derecho al trabajo, todos los conflictos que surjan de las relaciones laborales
darían lugar a ser resueltos mediante el ejercicio de una acción de rango
constitucional como lo es la acción de tutela. Sin embargo, esa interpretación
no puede ser admitida por cuanto de esa manera no sólo se desvirtuaría por
completo la finalidad buscada por el Constituyente de 1991 con el
establecimiento de la tutela, de ser un mecanismo subsidiario que por su misma
naturaleza sólo procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa o,
cuando de existir el mismo resulte insuficiente o ineficaz para garantizar los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados; sino porque se vaciaría de
competencia la jurisdicción ordinaria laboral para suplirla por la jurisdicción
constitucional, resultado que iría en contra del fin de ésta última como es el
de velar por la guarda y supremacía de la Constitución.
Referencia: expediente
T- 2244032
Acción de Tutela instaurada por Luís Adán Clavijo Ramírez
contra el Instituto de los Seguros Sociales
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C.,  veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla
Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del
fallo de tutela proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali,
dentro de la acción de tutela instaurada por LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ contra
el Instituto de los Seguros Sociales.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ
1.1.1.  Hechos
base de la tutela
1.       El 25 de agosto de 2008,  el señor LUIS ADAN CLAVIJO
RAMIREZ instauró acción de tutela contra el Instituto de los Seguros
Sociales- Seccional Cali- por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y la seguridad social en conexidad con el
mínimo vital y la vida digna, como consecuencia de la negativa en el
reconocimiento de la pensión de vejez.
2.       El actor manifiesta que nació en el mes de agosto de
1.938 y  desde hace más de 30 años, se vinculó al Instituto de Seguros Sociales
como trabajador, a través de diferentes empleadores.
3.       En el año 2000 elevó ante el Seguro Social solicitud
de reconocimiento y pago de la pensión de vejez por contar con más de 60 años
y, a su juicio, tener el mínimo de semanas exigidas para ello. Su  petición fue
negada mediante Resolución No. 009930 de Julio 31 de 2000, por no cumplir con
el requisito de 1.000 semanas cotizadas al sistema, toda vez que sólo tenía 813
semanas válidas.
4.       El actor aduce que para hacer
frente a la objeción para el reconocimiento de su pensión y atendiendo la
respuesta del ISS, optó por acudir al Consorcio estatal PROSPERAR, donde
después de aportar todos los documentos requeridos, se le comunicó por parte
del Gerente General y mediante oficio No. 8430 de Agosto 27 de 2002 que había
sido aceptado como beneficiario del subsidio de pensiones en el Fondo de
Solidaridad Pensional.  En PROSPERAR permaneció hasta llegar a los 65 años de
edad y continuó cotizando de manera continua e ininterrumpida como persona
natural hasta Marzo de 2007, gracias a la colaboración de sus hijos, y
haciendo pagos sobre el salario mínimo tanto para salud como para pensión.
5.       Con la convicción de haber
cumplido  el requisito de tiempo de cotización al sistema, en Febrero de 2007,
solicitó “reactivación” del expediente al ISS con el fin de que se procediera
al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el momento en que cumplió
las mil (1000) semanas de cotización, porque la edad requerida ya la superaba
desde Agosto 11 de 1. 998.
6.       Afirma que el Jefe del
Departamento de Atención al Pensionado, Doctor Tomás Joaquín Reyes Millán, a su
juicio,  “en una absurda y nefasta decisión”, contenida en el Acto
Administrativo 1226 de Abril 9 de 2008, determina nuevamente negar la pensión y
dispone el archivo del expediente.
1.1.2.  Fundamentos
jurídicos de la acción y pretensiones
El accionante
considera que la forma como el Seguro Social le niega reiteradamente su pensión
de vejez,  atenta contra sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital,
por no contar con otra fuente de ingresos para atender sus necesidades  básicas
y las de su familia, y  el sometimiento a un proceso ordinario se convierte en
una carga excesiva en atención a su avanzada edad.
Sostiene que en el Acto Administrativo 1226 de Abril 9 de 2008,  el ente
accionado fundamenta la negativa en conceder la prestación solicitada,   en el
hecho de que al accionante ya se le había concedido la Indemnización
Sustitutiva a cambio de la pensión de vejez mediante la Resolución 008885 del
28 de septiembre de 2001.
Aclara el accionante  que nunca  ha solicitado  la Indemnización
Sustitutiva y mucho menos ha procedido a cobrarla; aduce que “jamás podría
haber incurrido en ello cuando sabía que contaba con aproximadamente 900
semanas cotizadas, además de estar gestionando directamente ante PROSPERAR la
admisión y pago del subsidio”. Afirma que para el pago de la Indemnización,
debe obrar la solicitud expresa y escrita del afiliado de estar requiriendo la
misma, además de una declaración juramentada ante Notario Público donde se
manifieste libremente estar en total imposibilidad de continuar afiliado, nada
de lo cual se ha hecho por su parte. Con respecto a lo anterior, se pregunta:
“¿por qué razón el SEGURO SOCIAL aceptó de nuevo mi afiliación primero a
través del Consorcio PROSPERAR y luego como persona natural?”.
Insiste en que su única posibilidad de sobrevivir es su pensión, porque
no tiene ingresos económicos, ni vivienda propia, encontrándose, junto a su
esposa, en total desprotección y viviendo de la generosa ayuda de sus
parientes. Sabe que dispone de otros medios judiciales para obtener el legítimo
reconocimiento de su derecho a la pensión, pero es consciente de que la demanda
ordinaria laboral es un trámite muy lento y engorroso, más aún considerando su
avanzada edad.
Por ello solicita: (i) que el Instituto de Seguros Sociales en la ciudad
de Cali, proceda a expedir la Resolución de reconocimiento y pago de la pensión
de vejez desde el momento en que  llegó al tope de las mil (1000) semanas de
cotización: (ii) solicita que el  ISS pruebe que efectivamente el accionante
hizo la petición de  la Indemnización Sustitutiva, con los documentos que la
soportan, y con la prueba del pago real de la suma allí indicada. Esto, por
cuanto reitera, no ha solicitado ni cobrado suma alguna por ese concepto.
1.1.3.  Contestación
de la Demanda
A pesar de
haber sido notificado de la demanda en su contra, el Seguro Social no  dio
respuesta a la acción de tutela.
1.1.4.  Pruebas
que obran en el expediente
Son relevantes las siguientes pruebas  aportadas por el accionante:
1.       Resolución No. 009930 de Julio 31
de 2000, donde se negó la pensión de vejez.
2.       Oficio No. 8430 de Agosto 27 de
2002 donde  el Consorcio PROSPERAR lo acepta como beneficiario del subsidio de
solidaridad pensional.
3.       Acto Administrativo No. 1226 de
Abril 9 de 2008, negando de nuevo la pensión y ordenando el archivo del
expediente.
4.       Relación de semanas cotizadas,
donde se acredita que con posterioridad al año 2000 estuvo vinculado al Seguro
Social para pensión.
5.
Copia de la última autoliquidación
cancelada  en Abril 2 de 2007, como persona  natural.
6.       Copia de la cédula de ciudadanía
del accionante.
2.
DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
2.1.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO
DE CALI
Mediante fallo
de 31 de octubre de 2008, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, negó
el amparo deprecado luego de sostener que el accionante tiene otras vías de
defensa judicial.
Sostuvo la
sentencia que la pensión reclamada por el peticionario  no puede obtenerse por
vía de tutela, toda vez que para su reconocimiento y pago existe  otra vía de
defensa judicial. El accionante, a juicio del juez de instancia, no afronta
ningún perjuicio irremediable, y por lo tanto,  debe someterse al lleno de los
requisitos exigidos por el ISS para  el reconocimiento de su pensión.
2.2.
IMPUGNACIÓN DEL FALLO
El accionante
impugnó la sentencia del Juzgado Décimo Laboral extemporáneamente y no hubo
fallo de segunda instancia.
3.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro
de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y
35 del Decreto 2591 de 1991.
3.2.
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.2.1.  Legitimación
activa
El artículo 86
de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo
de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, el accionante es
una persona mayor de edad que actúa en defensa de sus derechos e intereses,
razón por la cual se encuentra legitimado para presentar la acción.
3.2.2.  Legitimación
pasiva
El Instituto
de Seguros Sociales, de conformidad con el Decreto 2148 de 1992, es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica,
por lo que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 1, 2 y 13 del Decreto 2591 de 1991, está legitimado como parte pasiva
en el presente proceso de tutela, por tratarse de una autoridad pública.
3.3.
EL PROBLEMA JURÍDICO
3.3.1.  Planteamiento
del problema
Corresponde a la
Sala determinar si el Seguro Social ha vulnerado los derechos fundamentales  a
la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna del
accionante, como consecuencia de la negativa  de la Entidad  en el reconocimiento
de la pensión de vejez, bajo el argumento de habérsele concedido  ya la
indemnización sustitutiva.
3.3.2.  Consideración
previa: la falta de respuesta de la entidad accionada implica la presunción de
la veracidad de los hechos aducidos por el accionante
De acuerdo con el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991[1], se presumirá la
veracidad de los hechos narrados por el accionante cuando la entidad demandada
no rinda oportunamente el informe solicitado por el juez  de instancia, a menos
que la autoridad  judicial considere necesario indagar sobre algún aspecto.
Como quiera que en el caso objeto
de estudio, el Instituto de Seguros Sociales no rindió el  informe solicitado
por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali[2]
se  tendrán por ciertos los hechos relatados por el señor Luís Adán Clavijo
Ramírez.
3.4.
PROCEDIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
La Corte Constitucional ha establecido que el reconocimiento de la
pensión de vejez por vía de tutela es excepcional.
Al respecto ha precisado:
“De este modo, lo ha señalado esta Corporación, “aunque en principio
la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción
de tutela, la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per
se que ella deba ser denegada”[3]. En realidad, para
poder determinar cuál es el medio adecuado de protección, se hace
imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos
ciertos condicionamientos, “las acciones disponibles protegen eficazmente los
derechos de quien interpone la acción o si, por el contrario, los mecanismos
ordinarios carecen de tales características, evento en el cual el juez puede
otorgar el amparo.” [4]”[5]
Por otro lado,
la jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que proceda el
reconocimiento de una prestación de carácter pensional por vía de tutela, debe
acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para tal
fin, de manera que, no obstante haberlos reunido el interesado, la autoridad
encargada no ha procedido a otorgar el derecho prestacional solicitado[6].
Sobre el
particular, la Corte señaló:
“El excepcional reconocimiento del derecho pensional por vía de tutela
se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo
probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia
del derecho, a pesar de la cual la entidad encargada de responder no ha hecho
el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la
solicitud. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no se encuentre
plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los derechos
fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podrá reconocer de manera transitoria el
derecho pensional cuando exista un considerable grado de certeza sobre la
procedencia de la solicitud.
El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos:
en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del
sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no
reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, no ha
visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las
condiciones fácticas en las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este
requisito traza un claro límite a la actuación del juez de tutela, quien sólo
puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales
esté demostrada la procedencia del reconocimiento”[7].
De acuerdo con
esta jurisprudencia reiterada, puede sostenerse que para que proceda el
reconocimiento, reajuste o pago de prestaciones pensionales en sede de tutela,
el juez constitucional debe verificar: i) Que la falta de reconocimiento o
reajuste de la pensión de jubilación o vejez se origine en actuaciones que, prima
facie, desvirtúen la presunción de legalidad que recae sobre las
actuaciones de la administración pública; ii) que se encuentre acreditado el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para que proceda el
reconocimiento, pago o reajuste de la pensión o que, sin encontrarse plenamente
demostrado la reunión de los mismos, exista un alto grado de certeza respecto
de la procedencia de la solicitud, iii) que la falta de reconocimiento,
reajuste o pago de la pensión vulnere o amenace un derecho fundamental y iv)
que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[8].
3.5.
LA PENSIÓN DE VEJEZ SE UBICA EN EL RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA
MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA
Dentro de las
prestaciones contempladas en el Sistema General de Pensiones, en el régimen
solidario de prima media con prestación definida, se encuentra la pensión de
vejez cuyo reconocimiento, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, se dirige a garantizar al trabajador, previa verificación del cumplimiento
de los requisitos de ley, el derecho a retirarse del trabajo, sin por ello
perder los ingresos regulares con los cuales atiende normalmente sus
necesidades y las de su núcleo familiar, bajo el entendido de que el trabajador
se encuentra en una época de la vida, cuando tras haber cumplido con el deber
social del trabajo y encontrar menguada su fuerza laboral, requiere de una
compensación por su esfuerzo y un trato especial en atención a su avanzada edad[9].
3.5.1.  Concepto
de pensión de vejez
La Corte
Constitucional entiende la pensión de vejez como “un salario diferido del
trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20
años-, [es decir, que] el pago de una pensión no es una dádiva súbita de
la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos
años, es debido al trabajador”[10].
3.5.2.  Requisitos
1)
En cuanto a los requisitos para el acceso a la pensión de vejez, es
pertinente señalar, en primer lugar, que de acuerdo con el inciso primero del
artículo 17 de la Ley 100 de 1993, “[d]urante la vigencia de la relación
laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del
sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base
en el salario que aquéllos devenguen”. De igual forma, el artículo 18 ejusdem
dispone en su inciso primero que “[l]a base para calcular las cotizaciones a
que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual” y, en su
inciso segundo, que este salario, en el caso de los trabajadores particulares,
será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del
Trabajo.
2)
Por su parte, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 dispone que, para
tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado debe i) haber cumplido 55 años
de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre[11]
y ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo[12].
El parágrafo
segundo del artículo 33 en referencia, señala que para
los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por
semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el
cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada
período.
3.5.3.  Monto
El artículo 34
del mismo cuerpo normativo establece que “el monto
mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de
cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada
50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se
incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso
base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las
1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar
un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación”.
Finalmente, dentro de esta revisión de las normas que
regulan el reconocimiento de la pensión de vejez es pertinente señalar que el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece el régimen de transición en los
siguientes términos: “La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres”.
4.
CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CONCRETO
Se recuerda que en el presente caso, el accionante interpuso acción de
tutela tras considerar que  la entidad accionada, mediante actos
administrativos, negó su pensión de vejez aduciendo que ya se le había
reconocido la indemnización sustitutiva y por tal razón, no cabía el
reconocimiento de la pensión de vejez. El accionante afirma, que cotizó las
semanas completas para acceder a su pensión, atendiendo las indicaciones  del
Seguro Social en la primera ocasión que se negó su pensión y aclara que jamás
solicitó ni cobró la indemnización  sustitutiva.  Indicó igualmente en su
demanda, que la pensión es su único medio de subsistencia, y hasta ahora ha
vivido de la caridad de sus familiares. La entidad accionada no respondió la
demanda pese a los requerimientos del juez de tutela.
La sentencia objeto de revisión, dictada por el Juzgado Décimo
Laboral  del Circuito de Cali, negó la tutela al estimar que el accionante
tiene otra vía judicial para reclamar sus pretensiones.
4.1.
SOBRE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN
Como quedó dicho
en las consideraciones generales de esta sentencia, el reconocimiento de
pensiones está en principio fuera del ámbito de procedencia de la acción de
tutela, ya que, de acuerdo con el principio de subsidiaridad que estructura
este mecanismo judicial, la Corte ha dicho que las diferencias que se suscitan
en  el reconocimiento de dicho derecho pertenece al resorte del juez laboral.
Sin embargo –y
quedó así también anotado en las consideraciones generales-  tal principio de
improcedencia tiene excepciones y la principal de se relaciona con la necesidad
que a veces tiene el juez de derechos fundamentales de, dentro del marco de una
discusión como la que aquí se ventila, evitar un prejuicio irremediable y
conceder la tutela como mecanismo transitorio de protección de derechos
fundamentales.
En efecto, para la garantía definitiva del
reconocimiento a la pensión de jubilación o vejez por tutela, esta Corporación
ha señalado los siguientes: (i) no existencia de mecanismos de defensa
judiciales o acreditación de la falta de idoneidad y eficacia de los mismos;
(ii) se esté ante sujetos de especial protección constitucional como las
personas de la tercera edad o en circunstancias de debilidad manifiesta o
en  condiciones de  vulnerabilidad; (iii) se afecten derechos
fundamentales, en particular el mínimo vital, o se estructure una vía de hecho;
(iv) se hubiere desplegado cierta actividad administrativa o judicial o
resultare imposible hacerlo por motivos ajenos al peticionario, y (v) el no
reconocimiento se motive en una actuación claramente ilegal o inconstitucional
o que desvirtúe en principio la presunción de legalidad.[13]
En el presente evento –considera
esta Sala-  no se reúnen los requisitos para la procedencia del amparo en los
anteriores términos. En este sentido es necesario señalar que existen varias
razones para ello.
4.1.1.  Inactividad judicial
del tutelante
Según se vio, la
jurisprudencia de la Corporación exige, para la procedencia del amparo, que el
interesado haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente
a obtener la protección de sus derechos. De acuerdo con los hechos en relación
con los cuales se solicita la protección constitucional, el  señor ADAN CLAVIJO
no ha desplegado la actividad en comento. Es necesario señalar que la negativa
de reconocimiento de la pensión de vejez del actor se hizo mediante  actos
administrativos proferidos en los años  2000 y 2008  y contra dichas
decisiones. El actor no interpuso recurso alguno contra las  decisiones así
tomadas. Es decir, pese a que el demandante contó con suficientes oportunidades
para dirigirse directamente a la entidad demandada para obtener lo que ahora
pretende por vía de tutela, no lo hizo, y acudió directamente a este mecanismo
judicial –que tiene carácter subsidiario- para buscar el reconocimiento de la
pensión.
4.1.2. Falta de motivación del
actor
En segundo lugar,
la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que la procedencia del amparo está
sujeta a que el actor acredite sumariamente las razones por las cuales el medio
judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente afectados. En este sentido observa la Sala
–en un aspecto que está estrechamente ligado con la consideración  anterior- el
demandante no señala por qué en su momento no acudió al mecanismo judicial
ordinario ni por qué ahora se hace imperativo desestimar la vía usual por la
cual se ventila ordinariamente este tipo de asuntos.
Cuando esta
Corporación exige la existencia de prueba siquiera sumaria de la ineficacia del
mecanismo ordinario, quiere con ello señalar que existe una carga mínima en
cabeza del interesado; carga –mínima, se reitera- consistente en el deber de
dar algún elemento de juicio al juez para que éste, en el caso concreto,
examine la situación frente al principio de subsidiaridad de la acción de
tutela. En el caso del  señor ADAN CLAVIJO, más allá de la somera afirmación de
que resulta imperativo el reconocimiento de la pensión por vía de tutela,
porque vive de la caridad de familiares, la Sala echa de menos la existencia de
un medio probatorio de carácter sumario que acredite tal necesidad. Es decir,
para la Corte la situación de afectación al mínimo vital del actor no se
encuentra probada ni podría ser imputada, dentro de la estricta causalidad a
la entidad demandada.
4.1.3.  Existencia de un
derecho litigioso
Además de lo anterior,
la Sala advierte que se trata en este caso de un verdadero derecho litigioso
entre  la entidad accionada  y el peticionario, que escapa al conocimiento del
juez de tutela. En efecto, el ISS afirma que por medio de la Resolución 008885
del 28 de Septiembre de 2001, se concedió al accionante la indemnización
sustitutiva por cuanto éste previamente solicitó al ISS  que “debido  a su
edad   y al tiempo que le faltaba por cumplir, era mejor tomar la indemnización
sustitutiva como solución a su problema”.
El accionante sostiene por su parte, que no ha
recibido la indemnización sustitutiva y por tal motivo, continuó cotizando a la
entidad de previsión social. Es evidente, que no es la Corte Constitucional el
órgano encargado de solucionar tal litigio, por cuanto no  cuenta con los  elementos
de juicio ni  el material probatorio que  permitan dilucidar el caso. El juez
de tutela, como lo ha dicho tantas veces esta Corporación, frente a casos
similares,  no está facultado para privilegiar a priori, sin el correspondiente
debate jurídico que corresponde adelantar ante la jurisdicción ordinaria
laboral, una posición a favor del actor y en contra de la entidad accionada o
viceversa.
4.1.4.  Debe
recurrirse a la justicia ordinaria laboral
Podría
argumentarse que dada la constitucionalización que dentro del ordenamiento
jurídico ha tenido el derecho al trabajo, todos los conflictos que surjan de
las relaciones laborales darían lugar a ser resueltos mediante el ejercicio de
una acción de rango constitucional como lo es la acción de tutela. Sin embargo,
esa interpretación no puede ser admitida por cuanto de esa manera no sólo se
desvirtuaría por completo la finalidad buscada por el Constituyente de 1991 con
el establecimiento de la tutela, de ser un mecanismo subsidiario que por su
misma naturaleza sólo procede ante la inexistencia de un medio judicial de
defensa o, cuando de existir el mismo resulte insuficiente o ineficaz para
garantizar los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; sino porque se
vaciaría de competencia la jurisdicción ordinaria laboral para suplirla por la
jurisdicción constitucional, resultado que iría en contra del fin de ésta
última como es el de velar por la guarda y supremacía de la Constitución.
En este caso,
el accionante, que apenas alcanza a llegar a la tercer edad,  no probó que
estuvieran acreditados los requisitos para obtener su pensión de vejez y la
entidad accionada se mantiene en que ya se le pagó la indemnización
sustitutiva,  por ende no existe un derecho  cierto a su favor y es el juzgador
ordinario quien mediante pruebas practicadas con pleno respeto del
derecho de contradicción, puede  adquirir certeza respecto de los hechos y
tomar las  decisiones respectivas.
Así pues, con
fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala confirmará el fallo del
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali,  mediante el  cual se negó el
amparo en la acción de tutela iniciada por LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.  CONFIRMAR   la
sentencia  objeto de revisión, dictada por el Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Cali, dentro de la acción de tutela instaurada por LUIS ADAN
CLAVIJO RAMIREZ contra el Instituto de los Seguros Sociales.
Segundo. DAR cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado Ponente
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA
PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Decreto 2591 de 1991. “Articulo 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe
no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa”
[2] Folio 43 del expediente.
[3]
Sentencia T-433 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[4]
Sentencia Ibídem.
[5]
Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6]
Corte Constitucional, Sentencia T-836 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto
[7]
Corte Constitucional, Sentencia T-836 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[8]
Corte Constitucional, Sentencia T-851 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 1996, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[10]
Corte Constitucional, Sentencia C-546 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[11]
De acuerdo con la modificación realizada por la Ley 797 de 2003, a partir del
año 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer y 62 años para
el hombre.
[12]
Según la modificación realizada por la Ley 797 de 2003, a partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará
en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
[13] T-526 de 2008. M. P.
Mauricio González Cuervo.