C-344-17
Sentencia
C-344/17
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESION “MATERIALES Y
MORALES” CONTENIDA EN CODIGO PENAL SOBRE REPARACION DEL DAÑO POR
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE-Perjuicios son indicativos y no excluyen la reparación
integral de perjuicios a favor de las víctimas de delitos a través de
diferentes instrumentos
DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO CAUSADO-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA REPARACION INTEGRAL-Contenido
DAÑOS MATERIALES Y MORALES-Interpretación de su consagración en el artículo 94 de la Ley 599 de
2000 realizada por la Sala Penal de la Corte Suprema no excluye la reparación
integral
La Corte Suprema de Justicia ha entendido que el artículo
94 de la Ley 599 de 2000 no tiene por efecto el de limitar la reparación
integral de los perjuicios derivados del delito. Se trata de una interpretación
judicial consistente, ya que a pesar de existir diferentes maneras de
argumentación, la aceptación de la posibilidad de reparar perjuicios
inmateriales, diferentes del daño moral, resulta un común denominador en la
jurisprudencia actual. La interpretación se encuentra consolidada al no existir
actualmente providencias que exceptúen esta interpretación y es relevante para
darle sentido al artículo 94 de la Ley 906 de 2004 y, de esta manera, juzgar su
constitucionalidad.
RECONOCIMIENTO Y MONTO DE PERJUICIOS ANTE LA
INEXISTENCIA DE NORMA QUE PRECISE SUS CATEGORIAS-Rol del juez
Ante la inexistencia de una norma de rango legal que
precise las categorías de perjuicios que deben ser reconocidos por el juez a
efectos de reparar todos los perjuicios causados y que determine el quantum de
dichas condenas, ambas decisiones son confiadas al juez quien, con base en las
pruebas, de manera razonable, proporcionada y motivada, en ejercicio del
arbitrio iudicidis, debe precisar el alcance tanto horizontal (los perjuicios
reconocidos), como vertical (el monto acordado a cada categoría) de la
reparación. Es justamente el mandato de reparación integral, aunado con la
ausencia de fijación legal de la materia, lo que ha permitido la evolución
jurisprudencial en la Jurisdicción Ordinaria y en la de lo Contencioso
Administrativo, tanto en lo relativo a la tipología de los perjuicios
reparables, como en los montos mismos de cada una de dichas categorías, en lo
que respecta a las indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas
complementarias a los otros instrumentos de la reparación integral. Esta
evolución jurisprudencial en pro de la reparación integral de todos los
perjuicios causados, ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales,
diferentes del daño moral, conocido inicialmente.
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Obligación del Estado investigar, juzgar y
condenar a los responsables de violaciones
[Los] derechos a la verdad, la justicia y la
reparación adquieren una dimensión especial tratándose de graves violaciones de
derechos humanos. Esto se explica por cuanto existe una obligación internacional
de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, lo cual implica
que en caso de violación deban adelantar investigaciones para determinar lo
sucedido, juzgar a los responsables, imponer las sanciones proporcionales a la
vulneración y reparar adecuadamente a las víctimas.  Esa importancia especial
que adquieren los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos fue reconocida por el Acto Legislativo 01 de 2012, de acuerdo con el
cual los instrumentos de justicia transicional “garantizarán en el mayor nivel
posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación”. Así, estos derechos, tratándose de víctimas de graves violaciones
de derechos constitucionales, en la actualidad cuentan con reconocimiento
constitucional expreso.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación de investigar, procesar y sancionar
dentro de un “plazo razonable”
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Conexión existente según Corte Interamericana de
Derechos Humanos
La jurisprudencia constitucional ha entendido que los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación están estrechamente
relacionados y son interdependientes, a tal punto que la protección de alguno
contribuye a la realización de los otros. Así, tratándose del derecho a la
reparación integral, haciendo suyas las consideraciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido la Corte Constitucional que:
“Es de reiterar que la jurisprudencia de la [Corte IDH] ha destacado la
conexión intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a
la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas oportunidades que el derecho
de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos,
a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el
derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de los
responsables, hace parte de la reparación integral de las víctimas y constituye
un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a
la sociedad como un todo”.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pauta hermenéutica en materia de derechos
fundamentales
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS
VICTIMAS-Incluye medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL EN PROCESO
PENAL-Carácter fundamental
La jurisprudencia constitucional, de forma constante y
uniforme, ha afirmado que la reparación integral es de uno de los derechos
fundamentales reconocidos a las víctimas de una conducta punible. Al
interpretar este derecho, en un primer momento la Corte Constitucional resaltó
la vinculación del derecho de acceso a la administración de justicia con el
derecho a la reparación de las víctimas de las conductas punibles.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN PROCESO PENAL-Bajo el entendimiento de la dignidad humana, no pueden
limitarse a la indemnización económica
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Vía judicial y vía administrativa
La Corte Constitucional ha explicado que la reparación
a las víctimas de un delito puede lograrse a través de vías distintas: la
judicial y la administrativa. Cuando se realiza a través de un proceso penal,
la reparación se articula con la satisfacción de los derechos a la verdad y a
la justicia, en la medida que en esos procesos se investiga y establece lo
sucedido y se determinan responsables. De acuerdo con la Corte, “[l]a vía
judicial puede adelantarse ya sea a través del incidente de reparación dentro
del proceso penal adelantado contra el responsable del delito o ante la
jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción de reparación
directa”. La reparación por vía judicial procede respecto de cualquier tipo de
conducta punible. Por su parte, la reparación por vía administrativa es propia
de contextos de justicia transicional, en los que se pretende asignar una
compensación económica a un gran número de personas, atendiendo a criterios de
equidad.
REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DE DELITOS-Connotación general y específica de la
integralidad en el componente económico
En lo que respecta al componente netamente económico
del derecho a la reparación integral de los perjuicios causados a las víctimas
de los delitos, la integralidad tiene una doble connotación: una general,
relativa a la tipología de los perjuicios reconocidos y otra específica que se
refiere a los montos acordados para indemnizar, el perjuicio material o para
compensar, el perjuicio inmaterial.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL-Inexistencia de mandato constitucional que
determine su contenido
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL-Corresponde al legislador la fijación de topes
y los perjuicios reparables
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL-Admisibilidad de límites razonables y
proporcionados
Las medidas legislativas que delimiten el derecho a la
reparación integral deben ser razonables y proporcionadas, al tiempo que no
pueden afectar el núcleo esencial del derecho mismo el que implica la
posibilidad de reparar por medios pecuniarios y no pecuniarios, todos los
perjuicios que resulten probados, independientemente de su denominación o
calificación jurídica.
ELEMENTOS DE LA REPARACION A VICTIMAS SEGUN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Restitutio in integrum
Ha afirmado [la Corte IDH] que la violación de un
derecho requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la
afectación sufrida, es decir, la reparación in natura del perjuicio causado que
pretende dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba antes
del hecho victimizante. Igualmente, ha sostenido que cuando ello no sea
factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos
humanos, deberán otorgarse medidas para garantizar el restablecimiento y el
goce de los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las
infracciones produjeron. Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de
reparar de manera integral los daños ocasionados, la jurisprudencia
interamericana ha afirmado que, además de incluir compensaciones pecuniarias,
las reparaciones a las víctimas deben abordar medidas de restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
ELEMENTOS DE LA REPARACION A VICTIMAS SEGUN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Compensaciones pecuniarias
Con relación a las compensaciones pecuniarias, la
Corte IDH ha sostenido que ésta procede por dos conceptos: el “daño material” y
el “daño inmaterial”. Según dicho tribunal, el daño material abarca “la pérdida
o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo
de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo
causal con los hechos del caso”. Por su parte, el daño inmaterial “puede
comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima
directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia”.
ELEMENTOS DE LA REPARACION A VICTIMAS SEGUN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Medidas de carácter no pecuniario
Los componentes de satisfacción, rehabilitación y no
repetición buscan reparar el daño inmaterial a través de medidas de carácter no
pecuniario. Así, según la Corte IDH, las medidas de satisfacción tienen
repercusión pública, y entre ellas se incluyen medidas como las siguientes:
publicación de la sentencia de ese tribunal en la que se determina que
existieron violaciones a los derechos humanos, los actos públicos de
reconocimiento de verdad, la elaboración de documentales audiovisuales sobre
las violaciones de derechos humanos detectadas y la creación de un museo para
honrar a las víctimas de un caso. Por su parte, las medidas de rehabilitación
tienen como propósito garantizar una atención adecuada a los padecimientos
psicológicos y morales sufridos por las víctimas. Finalmente, las garantías de
no repetición tienen la finalidad de prevenir que las infracciones a los
derechos humanos vuelvan a ocurrir.
COMPONENTES BASICOS DE LA REPARACION-Jurisprudencia constitucional
Ha sostenido la Corte que la reparación involucra
distintos componentes: “Tales medidas han de incluir cinco componentes básicos:
(1) la restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la víctima
a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una
situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas
se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas.
De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación
a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero
además de éstas, la reparación integral incluye otras medidas como (3) la
rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica,
así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines;
(4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la
reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que (5)
garantías de no repetición, para asegurar que las organizaciones que
perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que
permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones
continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan”.
INDEMNIZACION POR DAÑOS DE CONDUCTA PUNIBLE-Daños morales subjetivos y objetivados como pretium
doloris
DERECHO VIVIENTE-Exigencias
para su observancia en providencias judiciales
Con el fin de que el derecho viviente en la
jurisprudencia se entienda conformado, se deben cumplir varios requisitos que
muestren la existencia de una orientación jurisprudencial dominante, bien
establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los siguientes: (1.) la
interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme
(si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de
un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias
jurisprudenciales); (2.) en segundo lugar, la interpretación judicial debe
estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría
insuficiente para apreciar si una interpretación determinada se ha extendido
dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3.) la interpretación judicial
debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o
para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma”
NECESIDAD PRACTICA DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-No
determina la competencia de la Corte Constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Observancia del derecho vivo
El control de constitucionalidad se realiza respecto
de las normas jurídicas que resultan de una determinada disposición, las que
pueden ser creadas por la interpretación constantemente adoptada por la
jurisprudencia y, en cierta medida, por la doctrina, a tal punto que pueda
aceptarse, bajo la teoría del derecho vivo o viviente, que fruto de la
interacción de la norma original, con el contexto de aplicación y, en manos de
sus operadores, la norma original habría sufrido una transformación, por lo que
resulta necesario que la Corte Constitucional juzgue la constitucionalidad de
las distintas normas que resultan de la disposición, incluida aquella fruto de
la interpretación dada por los jueces.
CONSECUENCIAS DE LA COMISION DE CONDUCTA
PUNIBLE-Daño público y daño
privado
En la sentencia C-277 de 1998 [la Corte] explicó que
una conducta punible produce consecuencias en dos planos distintos: por un
lado, ocasiona un daño público, relacionado con el incumplimiento de normas
penales establecidas por el legislador, necesarias para la convivencia
pacífica, a través del respeto de valores sensibles para la sociedad y, por
otro lado, ocasiona un daño privado, relacionado con la afectación de derechos
subjetivos de la víctima de la conducta punible […] sostuvo la Corte que del
daño público se desprendía la obligación del Estado de investigar y juzgar la
conducta punible, mientras que del daño privado nacía la acción civil para el
pago de los perjuicios ocasionados con el delito. En estos términos la Corte
sostuvo que ambas consecuencias de la conducta punible debían ser atendidas a
través del derecho de acceso a la administración de justicia.
DERECHO A LA VERDAD-Jurisprudencia constitucional
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Finalidad
Expediente:
D-11709
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la Ley 599 de 2000, Por
la cual se expide el Código Penal.
Actor:
Juan Sebastián Serna Cardona.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24)
de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.4 de la
Constitución, una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la Acción Pública consagrada en el artículo 241, numeral 5, de la
Constitución Política, el ciudadano Juan Sebastián Serna Cardona demanda la
declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 94 (parcial) de la Ley 599 de
2000, Por la cual se expide el Código Penal.
Mediante providencia del 31 de octubre de 2016, el Magistrado
sustanciador dispuso: admitir la demanda contra la norma en mención, por la posible
vulneración del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas y,
en particular, los artículos 2, 229 y 250 de la Constitución Política al
constatar que, respecto de estos cargos, se reunían los requisitos exigidos por
el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991; correr
traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera su concepto
en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución; fijar en
lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o
defendiera la norma y comunicar, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2067
de 1991, la iniciación del mismo al Presidente de la República, para los fines
previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al Presidente del Congreso y
al Ministro de Justicia y del Derecho.
Se
invitó a participar en el presente juicio a la Fiscalía General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo, a la ONG DeJusticia, a la ONG Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, a
la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Facultad de
Jurisprudencia y a la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del
Rosario, a la facultad de derecho de la Universidad de la Sabana, a la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, a la facultad de derecho de
la Universidad Libre, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Caldas, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, a
la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad del Norte y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la presente demanda.
A. NORMAS DEMANDADAS
El
siguiente es el texto del artículo 94 de la Ley 599 de 2000, Por la cual se
expide el Código Penal, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial
No. 47.097 de 24 de julio de 2000. Se resaltan los apartes demandados:
LEY 599 DE 2000
(julio 24)
Por la cual se
expide el Código Penal
“CAPITULO VI.
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA
CONDUCTA PUNIBLE
ARTICULO 94. REPARACIÓN DEL DAÑO. La conducta punible origina obligación
de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de
aquella”.
B. LA DEMANDA
El
demandante acusa el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 por considerar que
vulnera el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas, al
determinar únicamente que el juez penal ordenará la reparación de los
perjuicios materiales y morales, lo que, a su juicio, configura una omisión
legislativa relativa con efectos inconstitucionales. En su concepto, la norma
excluye, implícitamente, la reparación de otros perjuicios como a la salud, a
la vida de relación, a los bienes jurídicos de especial protección
constitucional y los fisiológicos, entre otros. La omisión determinaría
entonces una imposibilidad de reparación integral de los perjuicios. A su
turno, esta omisión desconocería los artículos 2 de la Constitución Política,
al ser, en su criterio, la garantía de la verdad, justicia y reparación de las
víctimas, un fin del Estado. También vulneraría el derecho de acceso a la
justicia, al excluir de la decisión del juez, un componente esencial de las
pretensiones de las víctimas. Igualmente, vulneraría el artículo 250-7 de la
Constitución Política al omitir los mecanismos jurídicos necesarios para
restablecer los derechos de justicia, verdad y reparación de las víctimas.
Explica
el accionante que el derecho de las víctimas a la reparación integral es una
construcción jurisprudencial presente, entre otras, en la sentencia C-228 de
2002, C-456 de 2006 y C-209 de 2007. Agrega que la tipología de los perjuicios
ha sido una tarea desarrollada por el Consejo de Estado y la Sala de Casación
Civil que no se restringe a las categorías enunciadas en la norma demandada.
Cita, por ejemplo, la sentencia de la Sala de Casación Civil SC10297-2015,
número de radicación es 11001310300320030066001, donde se reconocen varias
categorías de perjuicios que desbordan los patrimoniales y morales.
Por
otra parte, el demandante realiza un estudio de los elementos propios de la
omisión legislativa relativa, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte y
concluye que:
1.
La norma sobre la cual se predica
el cargo es el artículo 94 de la Ley 599 la que literalmente omite otras
categorías de perjuicios
2.    La norma omite incluir un ingrediente o condición que,
de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal
con la Constitución ya que, a su juicio, las categorías de perjuicios
implícitamente excluidos son los que permiten la realización de la reparación
integral, derecho derivado de la Constitución Política
3.    La omisión carece de un principio de razón suficiente
4.    La falta de justificación genera para los casos
excluidos desigualdad negativa, ya que si se tramitara ante la jurisdicción
civil o la de lo contencioso administrativo, las víctimas tendrían derecho a la
reparación integral de los perjuicios causados
5.
La omisión es el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto el constituyente al legislador
ya que considera que la Constitución exige la protección efectiva de los
derechos de las víctimas de acuerdo con las sentencia C-589 de 2013, dentro de
los cuales es fundamental el derecho a la reparación integral.
C. INTERVENCIONES
1. De entidades públicas
a. Fiscalía General de la Nación
El
Director Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales de la Fiscalía
General de la Nación[1],
solicita de manera principal la inhibición de la Corte Constitucional y, de
manera subsidiaria la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada.
Considera que la demanda es insuficiente porque no demuestra que la norma
excluye la reparación de otros perjuicios diferentes a los enunciados. Agrega
que el actor no explica por qué los perjuicios extra-patrimoniales en general,
no pueden entenderse comprendidos dentro de los daños morales, lo que considera
“denota ausencia de claridad conceptual”. El interviniente se pregunta
si de la categoría general de daños morales se derivan otros tipos de
perjuicios extra-patrimoniales.
Agrega
que el juicio de omisión legislativa es insuficiente porque los argumentos son
circulares. Considera que “El actor debía demostrar que existen dos
situaciones asimilables con un tratamiento diferente injustificado”. En su
concepto, la omisión alegada no existe porque el deber de reparar integralmente
se encuentra en otras normas del mismo Código, tales como el artículo 11 que
dispone la pronta e integral reparación de los daños sufridos. También el
artículo 22 impone en la Fiscalía y los jueces el deber de adoptar las medidas
necesarias para hacer cesar los efectos del delito y que las cosas vuelvan a su
estado anterior para restablecer los derechos quebrantados.
Para
el interviniente, el hecho de que la norma se encuentre bajo el capítulo XI
denominado “De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible”
indica que ésta debe seguir las mismas reglas de indemnización en materia
civil.
Para
defender la constitucionalidad de la norma, de manera subsidiaria, el
interviniente explica que la reparación integral está asegurada por otras
normas como los artículos 11, 22 y 102 del mismo Código, que desarrollan el
numeral 6 del artículo 250 de la Constitución Política.  Considera que en el
delito de lesiones personales, al variar la sanción dependiendo de la lesión,
se incluyen las categorías de perjuicios que el accionante echa de menos.
Explica
que el fundamento de la responsabilidad derivada del delito es el artículo 2341
del Código Civil y, por lo tanto, se basa en los mismos criterios que la
decidida por la Corte Suprema de Justicia en asuntos civiles. Precisa que la
víctima puede escoger la vía del proceso penal o del proceso civil para obtener
la reparación integral de los perjuicios y se trata de vías excluyentes y se
refiere tanto al sistema de constitución de parte civil en el proceso penal
(Ley 600 de 2000), como al actual incidente de reparación integral (artículos
102 y siguientes de la Ley 906 de 2004). Explica que, a pesar del cambio
procesal en cuanto a la forma de tramitar la responsabilidad civil derivada del
delito, su naturaleza civil ha permanecido idéntica en ambos sistemas.
Para
el interviniente de la Fiscalía, no existe la omisión legislativa alegada, ya
que la norma cuestionada no implica una exclusión, conclusión a la que se llega
a través de una interpretación sistemática de la norma. Se trataría de una
simple imprecisión conceptual que utiliza la expresión daños morales, en lugar
de daños inmateriales. Agrega que la norma debe ser interpretada a la luz de la
jurisprudencia constitucional que ha reconocido los derechos de las víctimas
que, en cuanto a la dimensión individual del derecho a la reparación “abarca
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima”, de acuerdo con las
sentencias C-454/06 y C-912 de 2006.
A
continuación, el interviniente expone la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en materia de daños indemnizables dentro del proceso penal, con el
objeto de demostrar que para la Corte Suprema, la norma demandada no
obstaculiza la reparación integral de los daños materiales e inmateriales.
b. Ministerio de Justicia
La
Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio
de Justicia[2]
intervino en el proceso para defender la constitucionalidad de la norma bajo
examen. Para esto, el interviniente argumenta que no existe la omisión
legislativa alegada ya que la sentencia C-916 de 2002 reconoció la reparación
integral como una de las características del sistema previsto en la Ley 599 de
2000.
Precisa
que existen varias opciones para que la víctima del delito acceda a la
reparación integral de los perjuicios que derivan del mismo, tales como el
incidente de reparación integral, que substituyó la constitución de parte civil
dentro del proceso penal, pero también la posibilidad de acudir a la
jurisdicción civil para demandar la responsabilidad extracontractual, con
fundamento en el artículo 2341 del Código Civil, independientemente incluso de
que la acción penal se haya extinguido con efectos de cosa juzgada.  De esta
manera, al existir más de una manera para obtener la reparación integral, no
existiría la omisión alegada por el demandante. Sustenta su afirmación en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho de las
víctimas a obtener la reparación integral de los perjuicios derivados del
delito.
2. Intervenciones de universidades e instituciones académicas
a. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
A través de uno de sus miembros[3],
el Instituto interviene para solicitar la inhibición de la Corte
Constitucional, al considerar que el presente juicio carece de necesidad.
Considera que el tenor literal de la norma no constituye un obstáculo para que
el juez penal condene a perjuicios distintos a los allí previstos ya que hay
otras normas que ordenan la reparación integral de los perjuicios, tales como
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y
sus artículos 102 y 518 y siguientes. Como fundamento de esto, cita algunas
sentencias en materia penal donde se ha ordenado la reparación de perjuicios
diferentes de los enunciados por la norma demandada.  En este sentido, concluye
que a pesar de compartir plenamente el planteamiento del demandante “un
pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional nada agrega a la situación
actual pues, la realidad judicial reconoce y garantiza el derecho a la
reparación integral”. De manera subsidiaria solicita que la norma sea
declarada exequible, en el entendido de que la obligación de reparar debe
contemplar la totalidad de los intereses y derechos de las víctimas que
actualmente se reconocen, como los que se llegue a reconocer.
b. Universidad Externado de Colombia
Una de las docentes de la Universidad Externado de Colombia[4]
interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad de la norma bajo
examen, en el entendido de que su tenor literal no excluye la reparación
integral de los perjuicios irrogados. Explica que, a pesar de alegar la
vulneración de varios artículos de la Constitución, se trata de un cargo único
ya que la demanda alega, en realidad, la vulneración del derecho fundamental a
la reparación integral. La interviniente relata la jurisprudencia
constitucional que ha reconocido este derecho, con base en instrumentos
internacionales ratificados por Colombia. Explica que si la reparación integral
busca dejar a la víctima en la situación anterior al perjuicio, desconocería
este derecho tanto la limitación de los perjuicios que son objeto de
reparación, como la reparación en proporción mayor al daño irrogado. Así,
considera que la norma demandada debe ser interpretada a la luz del derecho a
la reparación integral y no de manera literal. Precisa que si bien el
legislador goza en la materia de un cierto margen de configuración en la
determinación de los perjuicios reparables, dicha competencia debe respetar el
derecho fundamental a la reparación integral de los perjuicios. La interviniente
también desarrolla el concepto constitucional de reparación integral y las
distintas medidas que resultan cobijadas por este derecho, no sólo limitadas a
las medidas de carácter pecuniario. Finalmente, la interviniente mostró cómo ha
evolucionado la jurisprudencia civil, penal y de lo contencioso administrativo,
en materia de tipología de los perjuicios y pone de presente que incluso la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá han reconocido el derecho a la
reparación integral de los perjuicios, más allá de las categorías previstas en
la norma bajo examen. Por consiguiente, solicita que en virtud del principio de
conservación del derecho, la Corte declare la constitucionalidad condicionada
de la norma bajo examen, en el entendido de que la misma debe ser interpretada
a la luz del derecho fundamental de las víctimas a la reparación integral, tal
como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional, civil, penal y de
lo contencioso administrativo. Agrega que una interpretación exegética de la
norma bajo examen conduciría a concluir, de manera inconstitucional, que las
víctimas del conflicto armado tienen derecho a la reparación integral, mientras
que las víctimas de los delitos comunes no. Resalta que ni en la exposición de
motivos de la Ley 599 de 2000, ni en el tenor literal de la norma, se deduce la
intención de excluir otras categorías de perjuicios no expresamente incluidos
en dicha lista, la que resulta meramente enunciativa.
D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuradora General de la Nación (e), mediante el
concepto 006231, solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de la
norma, en el entendido de que “la protección será integral de los derechos,
en donde la víctima tiene derecho al restablecimiento, a la verdad y a la
justicia”.
Para fundamentar su solicitud, la Procuradora precisa
que la Constitución no establece la lista de perjuicios que deben ser
reparados, a pesar de reconocer el derecho de las víctimas a ser reparadas
integralmente, lo que quiere decir que el legislador goza de cierta libertad
para regular esta materia. Explica que la norma debe ser interpretada a la luz
de normas del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, en particular,
del artículo 11, que sitúa en el Estado la obligación de garantizar la
reparación integral de los daños causados por el delito; del artículo 132 que
se refiere al daño como consecuencia del delito, interpretado por la Corte
Constitucional como no limitado a los perjuicios de contenido patrimonial en
sentencia C-560 de 2007. Igualmente menciona el artículo 97 que exige la
reparación de los perjuicios que resulten probados en el proceso; el artículo
98 relativo a la oportunidad de la víctima para intervenir en el proceso; el
artículo 99 que se refiere a la extinción de la acción civil y el artículo 100
relativo a las medidas de comiso.
También en cuanto al Código de Procedimiento Penal, la
vista fiscal explica el contenido y alcances del incidente de reparación
integral como la forma en la que se regula el acceso a la justicia por parte de
las víctimas de la infracción penal y explica que en la regulación de dicho
incidente no existe límite a la indemnización por daños y perjuicios.
Considera que el legislador no habría podido, ni
hubiera sido conveniente, que éste determinada una lista cerrada de los
perjuicios reparables derivados del delito y, en este sentido, debe concluirse
que la expresión demandada sí propende por la reparación integral de los
perjuicios. Para sustentar esta afirmación, refiere la sentencia C-912 de 2016
donde se precisó el alcance de la indemnización integral de los perjuicios
derivados del delito. Explica que la evolución jurisprudencial de la materia
condujo al abandono de la indemnización pecuniaria como única forma de
reparación, para incluir formas distintas que realicen los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, de acuerdo con el
principio de dignidad humana. Agrega que estos derechos fueron explicados en la
sentencia C-228 de 2002.
Concluye la Procuradora que la norma es exequible en
cuanto que, con esas categorías se está garantizando el derecho a la reparación
de las víctimas ya que la indemnización pecuniaria no es la única forma de
reparar los perjuicios y, por lo tanto, el legislador no vulneró la
Constitución al limitar la indemnización a los daños material y moral.
II. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
1.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución Política, este tribunal es
competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse contra preceptos
contenidos en una norma con rango y fuerza de ley, la Ley 599 de 2000, expedida
por el Congreso de la República, Código Penal, la que resulta controlable, por
lo tanto, por esta Corte.
B. LA APTITUD DE LA DEMANDA
2.
Por razones diferentes, tanto la
Fiscalía General de la Nación, como el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, consideran que la demanda adolece de ineptitud sustancial, por lo que
la Corte debería inhibirse de proferir una decisión de fondo en el presente
asunto.
3.
Para la Fiscalía, la demanda es
insuficiente para generar una duda mínima respecto de su constitucionalidad porque
el demandante no logra demostrar que ella excluye el reconocimiento de otros
perjuicios diferentes a los allí previstos, en el entendido de que la expresión
perjuicios morales podría cubrir todos los extra patrimoniales. En su
opinión, la norma sólo habría incurrido en una imprecisión conceptual al
utilizar la expresión perjuicios morales, en lugar de la de extra
patrimoniales. Además, el deber de reparación integral estaría presente en
otras normas ya no del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal,
por lo que la demanda carecería de certeza, en razón de la indebida
interpretación de la norma acusada.
4.
En realidad el demandante no
realiza una indebida interpretación de la norma cuestionada, ya que si bien ésta
no utiliza expresiones que significarían que la intención del legislador haya
sido la de limitar la reparación de los perjuicios derivados de los delitos,
tales como sólo, solamente o únicamente, sí es cierto que su tenor literal es
claro: “La conducta punible origina obligación de reparar los daños
materiales y morales causados con ocasión de aquella” y concuerda
con la lectura lógica y razonable hecha por el demandante según la cual esto
podría significar que no es jurídicamente posible reparar perjuicios diferentes
a los allí previstos. Se trata de una lectura posible de la norma demandada,
que resulta compartida por el concepto rendido por la Procuradora General de la
Nación en el presente asunto. Para ella, a pesar de que con esta norma el
legislador sí quiso limitar los perjuicios que serían reparables como
consecuencia del delito, dicha limitación no sería inconstitucional teniendo en
cuenta que la reparación integral no se agota con las medidas de tipo
pecuniario, ya que existen otro tipo de instrumentos no monetarios, que son
ordenados por el juez y completan el carácter integral de la reparación.
5.
La diversidad de las opiniones
respecto del contenido de la norma demandada lo que demuestra es que el
demandante no incurrió en una lectura incierta de la norma, sino que ésta
permite al menos dos interpretaciones: la propuesta por el demandante que él
considera inconstitucional y es compartida por la Procuradora quien defiende su
exequibilidad, según la cual la norma habría limitado la reparación de los
perjuicios derivados del delito y, la otra, puesta de presente por algunos de
los intervinientes, según la cual  el entendimiento de dicha norma se habría
transformado por la interpretación sistemática de la misma, realizada por la
jurisprudencia. En estos términos, la Corte Constitucional se encuentra con dos
normas que surgen de la misma disposición: una que resulta de su tenor literal
y otra, aparentemente aceptada por la jurisprudencia, que habría transformado
su comprensión, más allá de su literalidad. Con este panorama, existe
plenamente materia para el control de constitucionalidad ya que le compete a la
corte constitucional examinar la constitucionalidad de estas normas o
interpretaciones, a efectos de verificar su constitucionalidad.
6.
El demandante no solicita la
constitucionalidad condicionada, lo que de acuerdo con la jurisprudencia en la
materia, haría inepta su demanda[5].
En su escrito explica que el derecho a la reparación integral de las víctimas
resulta vulnerado cuando el legislador excluye, como a su juicio ocurre en el
presente caso, la posibilidad de reparar otras categorías de perjuicios
diferentes a los materiales y a los morales. En particular, el accionante
refiere el daño a la vida de relación y el daño a la salud como ejemplos de
categorías que quedarían, en su sentir, excluidos de la reparación ordenada por
el juez penal.
Por su parte, el ICDP
solicita la inhibición no por la presencia de defectos en la demanda, sino
porque considera que el juicio de constitucionalidad, en el presente caso,
resulta innecesario. Explica que el asunto ya fue resuelto ya que al recurrir a
otras normas que prevén el derecho a la reparación integral, los operadores
jurídicos han entendido que la norma aquí cuestionada no es un obstáculo para
la reparación integral. A este respecto debe recordarse, en primer lugar, que la
necesidad práctica del control de constitucionalidad no es una cuestión que
determine la competencia de este tribunal, para juzgar la constitucionalidad de
las leyes, ya que su rol consiste fundamentalmente en garantizar la supremacía
constitucional, a través de la verificación de la validez de las normas con
fuerza y rango de ley. En segundo lugar, el hecho de que otros operadores
jurídicos hayan interpretado la norma demandada, no excluye per se el
control de constitucionalidad, ya que dichos pronunciamientos no hacen tránsito
a cosa juzgada constitucional que obstaculizara a esta Corte realizar el
presente juicio de constitucionalidad. Finalmente, tal como lo ha aceptado esta
Corte, el control de constitucionalidad se realiza respecto de las normas
jurídicas que resultan de una determinada disposición, las que pueden ser
creadas por la interpretación constantemente adoptada por la jurisprudencia y,
en cierta medida, por la doctrina, a tal punto que pueda aceptarse, bajo la
teoría del derecho vivo o viviente, que fruto de la interacción de la norma
original, con el contexto de aplicación y, en manos de sus operadores, la norma
original habría sufrido una transformación, por lo que resulta necesario que la
Corte Constitucional juzgue la constitucionalidad de las distintas normas que
resultan de la disposición, incluida aquella fruto de la interpretación dada
por los jueces[6].
El control de la constitucionalidad de la interpretación legal, bajo la teoría
del derecho vivo, conecta al juez constitucional con la realidad práctica y
evita así la toma de decisiones que puedan resultar inaplicables o con efectos
no queridos ya que “al
suponer un determinado sentido hipotético de la norma en cuestión, podría
declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con
la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones”[7].
Esto significa que el hecho de que la norma cuestionada haya sido objeto de
interpretaciones diferentes a la que surge de su tenor literal, la que es
compartida por el demandante y la vista fiscal, no conduce a la inhibición de este
tribunal, en el entendido que: “Le corresponde a la Corte Constitucional
decidir si recibe y adopta dicha interpretación”[8]. La inhibición en casos como el
que ahora se presenta configuraría una incompetencia negativa, es decir, una
renuncia reprochable al ejercicio de las competencias que le han sido
atribuidas a este tribunal para garantizar, con fuerza de cosa juzgada
constitucional, la supremacía de la Constitución (artículos 241-4 y 243 de la
Constitución).
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
7.
El accionante
cuestiona la constitucionalidad de algunos apartes del artículo 94 de la Ley
599 de 2000, mediante la cual se expidió el Código Penal, por considerar que
dicho artículo relativo a la “REPARACIÓN DEL DAÑO”
desconoce varios artículos de la Constitución Política (artículos 2 y 250), de
los que se deriva el derecho fundamental de las víctimas a la reparación
integral de los perjuicios, al haber previsto como perjuicios reparables
únicamente los “materiales y morales”. Con los mismos argumentos, el
demandante considera que esta norma habría incurrido en una omisión legislativa
relativa, al no incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con la Constitución, esto es, la previsión de las otras
categorías de perjuicios que, en nombre de la reparación integral, han sido reconocidas
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
8.
Ahora bien, a pesar
de que el demandante pareciera formular dos acusaciones diferentes respecto de
la norma bajo examen, en cumplimiento del deber que le asiste a todo juez de
interpretar la demanda[9],
para dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, constata la Sala
que, en realidad, se trata de una única acusación, tal como lo ponen de
presente algunos de los intervinientes y ésta se refiere al desconocimiento del
derecho fundamental de las víctimas de los delitos a la reparación integral de
perjuicios.  Algunos de los intervinientes consideran que tal desconocimiento
no existe porque, a pesar de la redacción de la norma, la que juzgan
infortunada, los operadores jurídicos han interpretado que dicha disposición no
contradice el derecho fundamental a la reparación integral. En estos términos,
le corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema
jurídico:
¿Vulnera el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 el
derecho fundamental de las víctimas a obtener la reparación integral de los
perjuicios derivados del delito, al disponer que la
conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y
morales causados con ocasión del mismo?
9.
Para responder este
problema jurídico, la Corte Constitucional determinará el alcance del derecho
fundamental de las víctimas a la reparación integral (sección D de la
sentencia), lo que le permitirá a continuación determinar la constitucionalidad
de la norma bajo examen, a la luz del derecho viviente (sección E de la
sentencia).
D. EL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS VÍCTIMAS A LA REPARACIÓN INTEGRAL
a. El fundamento del derecho
fundamental de las víctimas a la reparación integral del daño causado.
Evolución normativa y jurisprudencial
La Constitución
Política de 1991 no consagró de forma expresa un derecho de las víctimas de
conductas punibles a obtener reparación por el daño sufrido. Con todo, el
artículo 94 de la misma previó el carácter no taxativo ni excluyente de los
derechos fundamentales expresamente reconocidos por el texto superior o
el bloque de constitucionalidad, al disponer que “La enunciación de
los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
10.
De esta manera, la
jurisprudencia constitucional, de forma constante y uniforme, ha afirmado que la
reparación integral es de uno de los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas
de una conducta punible. Al interpretar este derecho, en un primer momento la
Corte Constitucional resaltó la vinculación del derecho de acceso a la
administración de justicia con el derecho a la reparación de las víctimas de
las conductas punibles. Al respecto, en la sentencia C-277 de 1998 explicó que
una conducta punible produce consecuencias en dos planos distintos: por un
lado, ocasiona un daño público, relacionado con el incumplimiento de normas
penales establecidas por el legislador, necesarias para la convivencia
pacífica, a través del respeto de valores sensibles para la sociedad y, por
otro lado, ocasiona un daño privado, relacionado con la afectación de derechos
subjetivos de la víctima de la conducta punible. Sostuvo la Corte que del daño público
se desprendía la obligación del Estado de investigar y juzgar la conducta
punible, mientras que del daño privado nacía la acción civil para el pago de
los perjuicios ocasionados con el delito. En estos términos la Corte sostuvo
que ambas consecuencias de la conducta punible debían ser atendidas a través
del derecho de acceso a la administración de justicia, respecto del cual afirmó
que:
“no puede ser interpretado como una simple atribución formal de
acudir a las autoridades judiciales, sino como una garantía que obliga al juez
de la causa a resolver integralmente sobre el fondo del asunto planteado. Así,
las víctimas y perjudicados con el delito, como manifestación del derecho a
acceder a la administración de justicia, tienen también un derecho constitucional
a participar en el proceso penal que el Estado está en la obligación de
adelantar, derecho que no debe limitarse a la declaratoria de responsabilidad
penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de la reparación del
daño cuando este se encuentre probado”[10].
11.
En el mismo sentido, la
sentencia C-1149 de 2001, al realizar el control de constitucionalidad de
algunas disposiciones del Código Penal Militar, se insistió en que
“El acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) no es
sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le
reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los
daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a
conocer la verdad de lo sucedido”.
12.
Con posterioridad, la
Corte reiteró que el acceso a la justicia no se basta con la posibilidad de formular
pretensiones, presentar demandadas o denuncias, sino que cobija incluso el
derecho a obtener una decisión de fondo, en un tiempo razonable y que satisfaga
el valor de la justicia material. De esta manera, a partir de la sentencia
C-228 de 2002 en la que se juzgó la constitucionalidad de la constitución de
parte civil en el proceso penal, entendió la Corte que en el campo punitivo, el
acceso a la justicia “puede comprender
diversos remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten
adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los responsables
y la reparación material de los daños sufridos”[11].
En dicha sentencia, la Corte Constitucional afirmó que
la adopción de la Constitución de 1991 había supuesto un cambio de paradigma en
el ordenamiento jurídico colombiano en materia de reconocimiento de los
derechos de las víctimas de una conducta punible, ya que antes de la
Constitución, se entendía que el interés de las víctimas en un proceso penal se
limitaba a obtener una reparación económica por el perjuicio sufrido. Con la
expedición de la Constitución de 1991, el ordenamiento colombiano acogió la “tendencia
mundial”[12]
de acuerdo con la cual las víctimas no solo tienen un interés a la reparación
económica del perjuicio que se les ha causado, sino también se les reconoce el
derecho a que se establezca la verdad de lo sucedido y a que se haga justicia[13].
13.
Cabe resaltar que ya en la
sentencia mencionada, para justificar este entendimiento amplio de los derechos
de las víctimas, la Corte acudió a distintas disposiciones constitucionales y
otras del derecho internacional de los derechos humanos, vinculantes para
Colombia. De todas ellas, hizo un énfasis especial en el principio de dignidad
humana (artículo 1º de la Constitución) y su relación con las finalidades del
proceso penal, al entender que:
“El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y
bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia
pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una
tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los
perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha
optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno
restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón a la
comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que
protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano”.
14.
Por consiguiente, afirmó
en esa oportunidad la Corte que ese entendimiento de la dignidad humana, según
el cual el interés de las víctimas no debe interpretarse limitado a la
indemnización económica, debe ser tomado en cuenta para interpretar el alcance
del “derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”
(artículo 229 de la Constitución). Por esa razón, el legislador, al establecer
los procedimientos judiciales que considere oportunos, debe tener en cuenta que
ellos han de ser adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción
de los responsables y la reparación material de los daños sufridos. Igualmente,
en esa misma sentencia, la Corte tuvo en cuenta que de los fines
constitucionales del Estado (artículo 2 de la Constitución), del derecho al
buen nombre (artículo 15 de la Constitución), del derecho a la participación
(artículo 40 de la Constitución), del bloque de constitucionalidad (artículo 93
de la Constitución) y del diseño constitucional del procedimiento penal
(artículo 250 de la Constitución) también se desprenden los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
15.
Igualmente, en dicha
oportunidad la Corte advirtió que en el derecho internacional existe una
tendencia a reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación. Para ello, tuvo en cuenta normas de derechos humanos del sistema
universal y de distintos sistemas regionales, así como otras de derecho penal
internacional. Así, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
impone a los Estados la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar
adecuadamente las violaciones de derechos humanos (artículo 1), lo cual exige a
los Estados establecer en sus legislaciones internas recursos que sean
efectivos para que se establezca la verdad de lo sucedido, se asignen las
responsabilidades por esos hechos y se repare a los perjudicados (artículos 2,
8 y 25). A su vez, recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó por consenso la Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, según la cual las
víctimas “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una
pronta reparación del daño que hayan sufrido”. Igualmente, recordó esa
decisión que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se incluyeron
distintas disposiciones relacionadas con las víctimas, tales como la facultad
de presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad
de la causa, el derecho a que se haga una presentación completa de los hechos
de la causa en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a que se
proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta sus opiniones y
observaciones, a ser reparadas materialmente y apelar ciertas decisiones que
afecten sus intereses[14].
16.
Se aprecia entonces que
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación fueron identificados por
la jurisprudencia a partir de distintas cláusulas constitucionales y del bloque
de constitucionalidad. Al no haber sido reconocidos expresamente en alguna de
ellas, puede afirmarse que en su origen fueron considerados derechos
innominados, como derechos intrínsecos al ser humano, a la luz del artículo 94
de la Constitución.
17.
Ahora bien, con la
aprobación del Acto Legislativo 02 de 2002, mediante el cual se reformó la
Constitución con el propósito de establecer el sistema penal acusatorio, se
hizo referencia expresa al derecho de las víctimas a obtener una reparación
integral. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, modificado
por dicha enmienda constitucional, la Fiscalía General de la Nación tiene la
función de “[s]olicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales
necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito” (negrillas no originales). De esta manera, el constituyente derivado
tomo acto del reconocimiento jurisprudencial del derecho de las víctimas a la
reparación integral y precisó además que su protección se extiende a las
medidas necesarias para el restablecimiento del derecho conculcado.
18.
Ahora bien, en cuanto a la
identidad de cada uno de los derechos fundamentales de las víctimas, la
jurisprudencia constitucional ha entendido que los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación están estrechamente relacionados y son
interdependientes, a tal punto que la protección de alguno contribuye a la
realización de los otros. Así, tratándose del derecho a la reparación integral,
haciendo suyas las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, “la Corte IDH”), ha sostenido la Corte Constitucional
que:
“Es de reiterar que la jurisprudencia de la [Corte IDH] ha destacado
la conexión intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho
a la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas oportunidades que el
derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los
hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, así como
también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de
los responsables, hace parte de la reparación integral de las víctimas y
constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus
familiares y a la sociedad como un todo”[15]
19.
De esta manera, a partir
de la consideración según la cual la reparación integral no se refiere sólo a
indemnizaciones pecuniarias, el establecimiento del vínculo entre los distintos
derechos de las víctimas permitió comprender la justicia y la verdad, como
formas de reparar a las víctimas del delito. Con todo, estos derechos a la
verdad, la justicia y la reparación adquieren una dimensión especial tratándose
de graves violaciones de derechos humanos. Esto se explica por cuanto existe
una obligación internacional de los Estados de respetar y garantizar los
derechos humanos[16],
lo cual implica que en caso de violación deban adelantar investigaciones para
determinar lo sucedido, juzgar a los responsables, imponer las sanciones
proporcionales a la vulneración y reparar adecuadamente a las víctimas.  Esa
importancia especial que adquieren los derechos de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos fue reconocida por el Acto Legislativo 01 de
2012, de acuerdo con el cual los instrumentos de justicia transicional “garantizarán
en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación”. Así, estos derechos, tratándose de víctimas de
graves violaciones de derechos constitucionales, en la actualidad cuentan con
reconocimiento constitucional expreso.
20.
No obstante, la especial
importancia de la reparación integral en el caso de las graves violaciones de
derechos humanos, no puede significar, desde el punto de vista constitucional,
que la reparación de las víctimas de delitos comunes no deba cumplir con los
estándares que permitan su calificación como integral y satisfactoria ya que,
como quedó explicado, el derecho fundamental a la reparación integral de las
víctimas de cualquier delito encuentra fundamento en varias disposiciones
constitucionales, tales como el artículo 1, relativo a la dignidad humana, principio
del Estado Social de Derecho en el que prevalecen los derechos fundamentales;
el artículo 2, en lo concerniente al fin esencial de Estado de propender por la
efectividad de los derechos constitucionales y de proteger a todas las personas
en su vida, honra y bienes, así como el de buscar la vigencia de un orden justo;
el artículo 29 relativo al debido proceso; el artículo 93, en razón de los
instrumentos internacionales que sustentan este derecho, se integran al orden
interno y guían la interpretación de los derechos de las personas y deberes de
las autoridades públicas; el artículo 229 que garantiza el derecho de acceso a
la justicia; y el artículo 250, numerales 6 y 7 en los que expresamente se
refirió el derecho a la reparación integral[17].
b. El contenido del derecho
fundamental a la reparación integral
21.
Como se ha observado, el
derecho a la reparación, al igual que los derechos a la verdad y a la justicia,
tienen fundamento en normas constitucionales, así como en instrumentos
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Por esa razón,
la Corte ha entendido que para determinar el alcance de estos derechos es
necesario tomar en cuenta tales normas internacionales. En particular, en su
jurisprudencia ha acudido en repetidas ocasiones a las consideraciones que la
Corte IDH ha realizado sobre este asunto, atendiendo a su calidad de máximo
intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sección,
por su relevancia para el análisis del problema jurídico revisado en esta
oportunidad, la Corte se referirá especialmente a la jurisprudencia
interamericana en materia del derecho a la reparación, pauta hermenéutica[18] en materia de
derechos fundamentales.
22.
El fundamento normativo de
las decisiones de la Corte IDH en materia de reparación de las vulneraciones a
los derechos humanos se encuentra en el artículo 63.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que dispone:
“Cuando [la Corte IDH] decida que hubo
violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
23.
Con base en esta disposición,
la Corte IDH ha establecido distintas reglas en materia del derecho a la
reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Así, como
principio fundamental, ha afirmado que la violación de un derecho requiere,
siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum),
que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la afectación
sufrida, es decir, la reparación in natura del perjuicio causado que
pretende dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba antes
del hecho victimizante. Igualmente, ha sostenido que cuando ello no sea
factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos
humanos, deberán otorgarse medidas para garantizar el restablecimiento y el
goce de los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las
infracciones produjeron[19].
24.
Teniendo en cuenta lo
anterior, con el propósito de reparar de manera integral los daños ocasionados,
la jurisprudencia interamericana ha afirmado que, además de incluir
compensaciones pecuniarias, las reparaciones a las víctimas deben abordar
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. A continuación se explican estos elementos de la reparación.
25.
Con relación a las compensaciones
pecuniarias, la Corte IDH ha sostenido que ésta procede por dos conceptos:
el “daño material” y el “daño inmaterial”. Según dicho tribunal,
el daño material abarca “la pérdida o detrimento de los ingresos de las
víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”[20].
Por su parte, el daño inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y
las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo
de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de
carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su
familia”[21].
26.
A su vez, los componentes
de satisfacción, rehabilitación y no repetición buscan reparar el daño
inmaterial a través de medidas de carácter no pecuniario[22]. Así, según
la Corte IDH, las medidas de satisfacción tienen repercusión pública[23],
y entre ellas se incluyen medidas como las siguientes: publicación de la
sentencia de ese tribunal en la que se determina que existieron violaciones a
los derechos humanos[24],
los actos públicos de reconocimiento de verdad[25],
la elaboración de documentales audiovisuales sobre las violaciones de derechos
humanos detectadas[26]
y la creación de un museo para honrar a las víctimas de un caso[27]. Por su
parte, las medidas de rehabilitación tienen como propósito garantizar una
atención adecuada a los padecimientos psicológicos y morales sufridos por las
víctimas[28].
Finalmente, las garantías de no repetición tienen la finalidad de prevenir que
las infracciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir.
27.
Siguiendo esta doctrina de
la Corte IDH, la Corte Constitucional ha señalado también que la reparación a
las víctimas no puede limitarse simplemente a una compensación económica, sino
que debe estar destinada también a garantizar verdad y justicia y a que se
atienda en su integralidad el daño que se les ha causado. Al respecto, ha
sostenido la Corte que la reparación involucra distintos componentes:
“Tales medidas han de incluir
cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, que hace referencia al
restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la
violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos
fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las
tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De no ser posible tal
restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de medidas
como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero además de éstas, la
reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el
daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la prestación
de otros servicios sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción, a
través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de
la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición, para
asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean
desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de
evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se
repitan”[29].
Estas consideraciones explican que la jurisprudencia
constitucional haya caracterizado el derecho de las víctimas a obtener una
reparación integral, como un “derecho complejo”[30], a la vez que
fundamental, al propender por la tutela de la dignidad humana.
28.
De manera plenamente
congruente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado resoluciones
en las que ha determinado que el derecho a la reparación integral o plena,
adecuada, efectiva, rápida y proporcional se compone de medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Así,
la Resolución A/RES/56/83 del 12 de diciembre de 2001, relativa a la
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos incluyó un
anexo preparado por la Comisión de Derecho Internacional donde, a título de
proyecto se prevé: “Artículo 34. Formas de reparación. La reparación íntegra
del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma
de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o
combinada, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo”. Por
su parte, la Resolución A/RES/60/147, aprobada por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 2005, relativa a los principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, definió cada uno los
componentes de la reparación integral: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
29.
La Corte Constitucional ha
explicado que la reparación a las víctimas de un delito puede lograrse a través
de vías distintas: la judicial y la administrativa. Cuando se realiza a través
de un proceso penal, la reparación se articula con la satisfacción de los
derechos a la verdad y a la justicia, en la medida que en esos procesos se
investiga y establece lo sucedido y se determinan responsables. De acuerdo con
la Corte, “[l]a vía judicial puede adelantarse ya sea a través del incidente
de reparación dentro del proceso penal adelantado contra el responsable del
delito o ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción
de reparación directa”. La reparación por vía judicial procede respecto de
cualquier tipo de conducta punible. Por su parte, la reparación por vía
administrativa es propia de contextos de justicia transicional, en los que se
pretende asignar una compensación económica a un gran número de personas,
atendiendo a criterios de equidad[31].
30.
Con este panorama, desde
el punto de vista constitucional, en lo relativo a los derechos de las
víctimas, se supera la visión clásica de la reparación integral, entendida
desde el derecho de las obligaciones como el reconocimiento de equivalentes
pecuniarios al perjuicio causado[32],
cuyo patrón para determinar dichos montos es el daño mismo[33].
31.
Ahora bien, en lo que
respecta al componente netamente económico del derecho a la reparación integral
de los perjuicios causados a las víctimas de los delitos, la integralidad tiene
una doble connotación: una general, relativa a la tipología de los perjuicios
reconocidos y otra específica que se refiere a los montos acordados para
indemnizar, el perjuicio material o para compensar, el perjuicio inmaterial.
32.
En estas materias, ante la
inexistencia de una norma de rango legal que precise las categorías de
perjuicios que deben ser reconocidos por el juez a efectos de reparar todos los
perjuicios causados y que determine el quantum de dichas condenas[34], ambas decisiones son
confiadas al juez quien, con base en las pruebas, de manera razonable,
proporcionada y motivada, en ejercicio del arbitrio iudicidis, debe precisar
el alcance tanto horizontal (los perjuicios reconocidos), como vertical (el
monto acordado a cada categoría) de la reparación. Es justamente el mandato de
reparación integral, aunado con la ausencia de fijación legal de la materia, lo
que ha permitido la evolución jurisprudencial en la Jurisdicción Ordinaria[35] y en la de lo
Contencioso Administrativo[36],
tanto en lo relativo a la tipología de los perjuicios reparables, como en los
montos mismos de cada una de dichas categorías, en lo que respecta a las
indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas complementarias a
los otros instrumentos de la reparación integral. Esta evolución
jurisprudencial en pro de la reparación integral de todos los perjuicios causados,
ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales, diferentes del daño
moral, conocido inicialmente como pretium doloris.
E. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA BAJO EXAMEN, A LA
LUZ DEL DERECHO VIVIENTE
33.
El artículo 94 de la Ley
599 de 2000 permite dos interpretaciones lógicas y razonables: una según la
cual el legislador habría limitado la reparación integral de las víctimas en lo
relativo a las categorías de los perjuicios objeto de reparación y otra según
la cual, a la luz del derecho viviente, dicha disposición no tendría por objeto
fijar límites a los perjuicios reparables como consecuencia del delito. A
continuación esta Sala realizará el examen de la constitucionalidad de ambas
interpretaciones.
a) La norma habría limitado la
reparación integral de las víctimas
34.
En el entendido de que los
derechos constitucionales no son absolutos y admiten limitaciones razonables y
proporcionadas, podría pensarse que no existiría inconstitucionalidad prima
facie en una norma de rango legal que fijara límites al derecho fundamental
a obtener una “reparación plena y justa”[37], a condición de
tratarse de medidas razonables y estrictamente proporcionadas.
35.
En este sentido, la
sentencia C-916 de 2002 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, en la que se
establece que “En relación con el daño derivado de la conducta punible el
juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda
nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta
factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los
daños materiales deben probarse en el proceso”.
36.
En esa ocasión la Corte aceptó prima
facie la posibilidad de limitar el monto de la condena en responsabilidad
civil[38],
pero advirtió que dichas medidas no podían ser arbitrarias:
“6.1 Advierte la Corte, de manera previa, que las
limitaciones admisibles no pueden desnaturalizar el derecho a la indemnización
justa y plena. En efecto, cuando se dice que la reparación ha de ser integral
se esta garantizando que es equivalente a la medida del daño de tal manera que
se cumpla la función reparatoria de la indemnización a plenitud para que el
perjudicado quede, si ello fuere posible, indemne. Probablemente este objetivo
no se logre respecto de los daños morales, caso en el cual la
indemnización de tales daños adquiere una función compensatoria”[39].
37.
Al tratarse a su
turno de una medida sometida a límites y que no puede afectar el núcleo
esencial del derecho fundamental a la reparación integral de los perjuicios,
determinó la Corte Constitucional que:
“(…) el legislador, al definir
el alcance de la “reparación integral” puede determinar cuáles daños deben ser
tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como parte de la
reparación integral los daños materiales directos, el lucro cesante, las
oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales como el dolor o
el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a la
reputación de las personas, o también los llamados daños punitivos, dentro de
límites razonables. Puede también el legislador fijar reglas especiales para su
cuantificación y criterios para reducir los riesgos de arbitrariedad del juez.
Estos criterios pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en
parámetros que orienten al juez, en límites variables para ciertos perjuicios
en razón a lo probado dentro del proceso para otra clase de perjuicios, o en
topes fijos razonables y proporcionados” (negrillas no originales).
38.
En el caso juzgado en esa ocasión,
la Corte Constitucional concluyó que la medida legislativa que fijaba topes al
reconocimiento en responsabilidad civil perseguía fines legítimos, tales como
la racionalización del debate procesal, la exclusión de la arbitrariedad judicial
y evitar que el delito se convirtiera en fuente de enriquecimiento para la
víctima y que dicho tope sólo podría predicarse de aquellos perjuicios en los
que no existiera la posibilidad de una tasación objetiva, a partir del material
probatorio recaudado. Esto quiere decir que la Corte entendió que la limitación
relativa al monto no podía predicarse ni de los perjuicios materiales, ni de
aquellos morales considerados como “objetivados”, que permiten una
valoración objetiva, tales como la afectación del buen nombre. Esto quiere
decir que la Corte Constitucional protegió el derecho a la reparación de los
perjuicios que resultaren probados en el proceso, por lo que la limitación de
los montos sólo se predica de aquellos en los que la determinación del monto
quede en las manos del juez[40].
39.
Esta posición
jurisprudencial que admite la posibilidad de la limitación legislativa de la
reparación integral fue reiterada por la sentencia C-965 de 2003 en donde se
sostuvo que “el
derecho a la reparación es un derecho regulable y materia de configuración
legislativa” y se
explicó que “en la medida en que la Constitución política no define ni
precisa el concepto de reparación integral, es al Congreso de la República, en
desarrollo de la libertad de configuración política, a quien compete regular
técnicamente ese régimen de responsabilidad, las modalidades del daño y todo lo
relacionado con los métodos para cuantificarlo”. Sin embargo, dicha
limitación no se verificó en el caso que se examinaba y, por lo tanto, no es
posible extraer de dicho pronunciamiento una regla más precisa en cuanto a los
límites del legislador en cuanto a la reparación integral.
40.
Finalmente, la sentencia
C-753/03 declaró la constitucionalidad de las limitaciones relativas a los
montos reconocidos en materia de reparación administrativa de las víctimas guiadas
por la sostenibilidad fiscal, teniendo en cuenta que:
“(…) en contextos de justicia
transicional, no existe una obligación de carácter internacional que obligue a
los Estados en los programas administrativos, a indemnizar con los mismos
montos de la reparación judicial. Especialmente en escenarios de violaciones
masivas que incluyen un extenso universo de víctimas, es prácticamente imposible
que un Estado pueda financiar una reparación en dichos términos, es decir, sin
admitir ciertas restricciones. Lo anterior, sin embargo, no implica que se
desconozca la naturaleza fundamental de los derechos de las víctimas.
Precisamente la implementación de este tipo de programas administrativos parte
de dicho reconocimiento y de la necesidad de garantizar la reparación de todas
las personas en condiciones de igualdad”.
(…)
“(…) cuando la indemnización se
otorga a las víctimas por la vía administrativa, además de tener en cuenta la
gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad de las víctimas, el
Estado también debe considerar el universo de beneficiarios y el monto total de
la reparación para garantizar el presupuesto para su implementación, la
sostenibilidad y viabilidad del programa. En efecto, en un contexto de escasos
recursos y violaciones masivas de derechos, en los que adicionalmente existen
otras poblaciones vulnerables que requieren atención, es importante que las autoridades
sean responsables fiscalmente y, sin desconocer los derechos fundamentales de
las víctimas, establezcan estrategias de reparación con montos justos y
adecuados, en plazos razonables para permitir la compensación de todas las
víctimas.
Considerar que el derecho a la
indemnización administrativa de las víctimas no puede ser restringido
atendiendo a criterios diversos tales como la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, la gravedad del daño producido, la
situación de vulnerabilidad de las víctimas, supondría la existencia de un
derecho ilimitado en el marco de procesos administrativos, lo cual además de
ser inviable, iría en detrimento de los derechos de las víctimas porque haría
imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debería
hacerse en este tipo de programas”.
(…)
“En este sentido y solamente bajo el entendido de que el
criterio de estabilidad fiscal que invoca la norma legal alude a la imperativa
necesidad de que la política pública estatal de reparación a las víctimas sea
viable y proporcional al número de víctimas y a la magnitud del daño sufrido
por ellas, las disposiciones acusadas serán declaradas exequibles”.
41.
De la jurisprudencia referida es
posible extraer los siguientes elementos: (i) el derecho fundamental a la
reparación integral, como los otros derechos constitucionales, no es un derecho
absoluto que excluya per se toda posibilidad de limitación. (ii) No
existe un mandato constitucional que determine el contenido de la reparación
integral, razón por la cual la determinación de dicho asunto (iii) le
corresponde al legislador quien dispone en la materia de un margen de
configuración para determinar los perjuicios reparables, así como la fijación
de topes a los reconocimientos pecuniarios para dichas categorías. No obstante
(iv) las medidas legislativas que delimiten el derecho a la reparación integral
deben ser razonables y proporcionadas, al tiempo que no pueden afectar el núcleo
esencial del derecho mismo el que implica la posibilidad de reparar por medios
pecuniarios y no pecuniarios, todos los perjuicios que resulten probados,
independientemente de su denominación o calificación jurídica. (v) Estas
limitaciones son únicamente predicables de las medidas pecuniarias de
reparación, pero no excluyen las medidas no pecuniarias que han sido
reconocidas como formas constitucionalmente exigibles para lograr la reparación
integral, (restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición) a las que se hizo referencia en esta sentencia.
42.
Ahora bien, hasta ahora esta Corte
sólo ha juzgado la constitucionalidad de medidas que imponen topes monetarios a
los reconocimientos indemnizatorios o compensatorios, pero no que limitan las
categorías de perjuicios objeto de reparación, como pareciera ser el caso bajo
examen. Para resolver la constitucionalidad de esta norma (interpretación de la
disposición bajo examen), será necesario estudiar su razonabilidad y
proporcionalidad, en tanto que limitación de un derecho fundamental.
43.
En lo relativo a la teleología de
la medida, no existen datos en los antecedentes legislativos que permitan
identificar la finalidad perseguida por el legislador en la adopción del
artículo 94 de la Ley 599 de 2000. Dicha limitación no perseguiría un fin
legítimo ni imperioso, ya que difícilmente podría concluirse que ésta persigue
limitar la discrecionalidad del juez en la materia o proteger un fin de
equilibrio fiscal, como en los casos examinados anteriormente. Esto quiere
decir que la interpretación según la cual el objeto de la norma bajo examen
sería el de limitar la reparación integral a la indemnización de los daños
materiales, así como a la compensación de los perjuicios morales y excluir por
esta vía la reparación de otros perjuicios inmateriales, resulta contraria al
derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas ya que, a más de
no deducirse una finalidad constitucionalmente válida e imperiosa, dicha norma
impediría la adopción de otras medidas pecuniarias y no pecuniarias que
pretendan restablecer la dignidad de la víctima del delito. Por consiguiente,
esta interpretación que es compartida por la vista fiscal, deberá ser excluida
del ordenamiento jurídico.
b) La norma no limitó la
reparación integral
44.
Habiendo excluido la constitucionalidad
de la interpretación literal de la norma bajo examen, pasa la Corte
Constitucional a examinar la exequibilidad de la norma en el sentido otorgado
por los distintos operadores jurídicos de la misma. Se trata de determinar la
constitucionalidad del objeto normativo bajo examen, tal como resulta de la
transformación en su contenido, a la luz de la teoría del derecho viviente,
metáfora propia del realismo jurídico que conduce al juez a valorar las normas
no sólo a partir de su exégesis, sino del contenido otorgado por los órganos
encargados de aplicarlas, en el contexto de la realidad y fruto de su
interacción práctica[41].
45.
La primera sentencia en la que la
Corte Constitucional acudió a la teoría del derecho vivo, fijó el derrotero
para el control de la constitucionalidad de las normas que resultan de la
interpretación judicial en los siguientes términos:
“(…)
cuando una norma puede ser interpretada en
más de un sentido y entre las interpretaciones plausibles hay una incompatible
con la Constitución -como sucede en este caso a juicio del demandante- la
interpretación jurisprudencial y doctrinaria del texto normativo demandado debe
ser tenida en cuenta para fijar el sentido, los alcances, los efectos, o la
función de la norma objeto del control constitucional en un proceso, tal y como
ha sido aplicada en la realidad.  Si esta interpretación jurisprudencial y
doctrinaria representa una orientación dominante bien establecida, el juez
constitucional debe, en principio, acogerla salvo que sea incompatible con la
Constitución”[42].
46.
La jurisprudencia ha identificado los
requisitos que debe reunir la interpretación judicial de una norma para
permitir concluir que ha operado una transformación en la misma[43]:
“Con el fin de que el derecho
viviente en la jurisprudencia se entienda conformado, se deben cumplir varios
requisitos que muestren la existencia de una orientación jurisprudencial
dominante, bien establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los siguientes: (1.) la
interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme
(si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de
un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias
jurisprudenciales); (2.) en segundo lugar, la interpretación judicial debe
estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría
insuficiente para apreciar si una interpretación determinada se ha extendido
dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3.) la interpretación judicial
debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o
para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma”[44].
47.
A pesar del tenor literal de la
norma bajo examen, el estudio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, operador jurídico natural de la misma, permite
identificar cómo ésta ha reconocido que la responsabilidad civil derivada del
delito genera la obligación de reparar integralmente tanto los perjuicios
materiales, como incluso perjuicios inmateriales, diferentes de los morales,
sin que el artículo 94 de la Ley 599 de 2000, haya constituido un obstáculo
para que los jueces ordenen la reparación integral de perjuicios. Para esto, la
Corte Suprema ha considerado que la expresión perjuicios morales debía ser
interpretada, en realidad, como haciendo referencia a los perjuicios
inmateriales:
“(…) es evidente que el nuevo Código Penal al igual
que el derogado consagra dos clases de daños, los materiales y los morales;
entendidos los primeros como aquellos que afectan el patrimonio del
perjudicado, y los segundos, los que inciden en cualquiera de las esferas de
la persona diferentes a la patrimonial” (negrillas no originales)[45].
48.
También por momentos la Corte
Suprema ha preferido no interpretar la expresión daños morales como relativa a
los inmateriales, sino que ha acudido a diferenciar los daños morales
subjetivos de los objetivados, ambos reparables:
“La ley penal consagra dos clases de daños: i) los
materiales que están integrados por el daño emergente y el lucro cesante y ii)
los morales a su vez divididos en objetivados y subjetivados. Los primeros son
de contenido patrimonial, mientras que los segundos afectan a la persona en
esferas distintas a aquel”[46].
49.
Así, en la jurisprudencia de la Sala
Penal de la Corte Suprema se encuentra una interpretación según la cual las
categorías del artículo 94 del Código Penal no excluyen la reparación integral
de perjuicios no expresamente previstos por esa norma:
“Es de anotar que el artículo 94 del estatuto punitivo
contempla solamente el deber de reparar los daños materiales y morales. Sin
embargo, de conformidad con lo visto, será imperativo también del juzgador
penal reconocer aquellos que se producen a la vida de relación, siempre y
cuando aparezcan demostrados en el proceso. Se trata, por lo demás, (…) de
una obligación proveniente de las normas constitucionales y legales que
establecen el derecho de las víctimas a obtener la reparación integral de los
perjuicios causados con la conducta punible”[47].
50.
Debe resaltarse que, en estricto
sentido, el daño a la vida de relación[48]
no cabría dentro de la categoría de los perjuicios morales, ni siquiera
objetivados. Así, ese tribunal ha resaltado el carácter dinámico y evolutivo de
las categorías de los perjuicios, lo que ha permitido que, a pesar de la
literalidad de la norma examinada, se reconozcan perjuicios inmateriales
diferentes al moral:
“El derecho a la reparación del perjuicio
ocasionado por quien ha sido declarado responsable por la comisión de un
delito, ha evolucionado abandonando las tradicionales categorías de daño
patrimonial (emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral), para articular
modernos conceptos que se vinculan al resarcimiento integral del perjuicio.
De esa manera, surge la necesidad de reconocer que la
conducta ilícita, en ocasiones, además de producir afectación al patrimonio de
la víctima, la salud, o la integridad psicológica, altera, en forma
trascendental, el modo como el individuo se relaciona social, familiar, laboral
y afectivamente, siendo ésta una categoría que continúa en construcción y que
ha sido denominada: el daño a la vida de relación”[49].
51.
En cuanto a la especificidad del
daño a la vida de relación, ese mismo tribunal ha indicado que:
“(…) cuando se invoca el daño a la vida
de relación, resulta necesario acreditar que el hecho lesivo produjo en el ser
humano afectación en su ámbito interior, emocional, espiritual o afectivo que
tiene repercusión en su forma de relacionarse con la sociedad, si en cuenta se
tiene que esta forma de daño inmaterial alude a una modificación sustancial en
las relaciones sociales y desenvolvimiento de la víctima en comunidad,
comprometiendo su desarrollo personal, profesional o familiar”[50].
52.
De esta manera, la Corte Suprema
de Justicia ha entendido que el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 no tiene por
efecto el de limitar la reparación integral de los perjuicios derivados del
delito. Se trata de una interpretación judicial consistente, ya que a
pesar de existir diferentes maneras de argumentación, la aceptación de la
posibilidad de reparar perjuicios inmateriales, diferentes del daño moral,
resulta un común denominador en la jurisprudencia actual. La interpretación se
encuentra consolidada al no existir actualmente providencias que
exceptúen esta interpretación y es relevante para darle sentido al
artículo 94 de la Ley 906 de 2004 y, de esta manera, juzgar su
constitucionalidad.
53.
Dicha interpretación resulta
conforme a la Constitución Política, al resultar de una lectura sistemática del
ordenamiento jurídico en pro de materializar el derecho fundamental de las
víctimas a la reparación integral de los perjuicios. Así, el artículo 250 de la
Constitución Política atribuye a la Fiscalía la responsabilidad de tomar las
medidas necesarias para garantizar la reparación integral de los perjuicios de
las víctimas[51].
También el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 establece la reparación integral,
al lado de la equidad, como los criterios que deben ser tomados en
consideración para la valoración de los perjuicios en cualquier proceso que se
adelante[52].
Dicho artículo fue interpretado por la Corte Constitucional teniendo en cuenta
que su ámbito de aplicación no es restringido, sino que se convierte en un
mandato para todas las jurisdicciones. Concluyó la Corte que “(…) independientemente
de la jurisdicción encargada de establecer el cuantum de una
indemnización de perjuicios, el operador jurídico deberá propender porque la
reparación sea integral, es decir que cubra los daños materiales y morales
causados, ya que a las autoridades judiciales les asiste el compromiso de
investigar y juzgar los delitos, no sólo con el ánimo de protección de aquellos
bienes jurídicamente tutelados de singular importancia  para la comunidad, sino
también para administrar justicia en forma que mejor proteja los intereses del
perjudicado, quien es concretamente, el titular del bien jurídico afectado”[53].
A pesar de que dicha sentencia sólo se refirió a los perjuicios morales, como
forma de los daños inmateriales, se trató de una referencia meramente
ejemplificativa, ya que la intención era la de indicar el carácter transversal
y interogáncio del deber de propender por la reparación integral de los
perjuicios.
54.
También el deber de reparación
integral que moduló el entendimiento de la norma bajo examen se funda en otras
normas de rango legal, previstas en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal, las que, a pesar de no referirse expresamente al deber de reparar la
integralidad de los perjuicios inmateriales, sí insistió en el carácter
integral de la reparación en materia penal. Así la reparación integral está
consagrada expresamente en el artículo 11 del estatuto procesal penal[54]
y en el artículo 22 en el que se encarga a la Fiscalía y los jueces del deber
de tomar las medidas necesarias para restablecer plenamente los derechos de las
víctimas para dejarlas, si es posible, en la misma situación en la que se
encontraban antes del delito[55].
Por su parte el capítulo IV del Código de Procedimiento Penal regula lo
relativo al incidente de reparación, a partir del artículo 102 de dicha
codificación, que es el instrumento previsto por el legislador para que, luego
de la condena, ante el juez penal, se pueda completar el derecho a la
reparación integral de los perjuicios[56],
teniendo en cuenta que la verdad y la justicia que produce la sentencia
condenatoria ya son, en sí mismos, elementos de la reparación.
55.
Además, no hay que olvidar que las
víctimas del delito no se encuentran obligadas a acudir al incidente de
reparación integral, sino que disponen de la posibilidad de iniciar una acción
civil de responsabilidad, independiente del proceso penal, donde obtendrán la
reparación integral de sus perjuicios[57].
Esto explica por qué no es posible entender que el acudir al incidente de
reparación integral de la legislación procesal penal, podría implicar la
disminución del componente reparador, lo que carecería de razonabilidad.
56.
En razón del carácter evolutivo y
cambiante de las categorías de perjuicios, teniendo en cuenta su creación
netamente jurisprudencial, la interpretación conforme a la Constitución implica
entender que la mención que realiza dicha norma es meramente indicativa y no excluye
que el juez, en aras de la tutela efectiva del principio de dignidad humana,
ordene la reparación integral de los perjuicios que se encuentren debidamente
probados, a la luz de las categorías reconocidas jurisprudencialmente en su
momento. Este carácter evolutivo es el que justifica que la Resolución
A/RES/60/147, aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, en
lo relativo a la indemnización, refirió que se trata de una medida necesaria
cuando la restitución no resulta posible y los perjuicios son evaluables
económicamente y a título meramente enunciativo refirió el deber de reparar
todos los perjuicios “tales como lo siguientes: a ) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y
prestaciones sociales; c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos,
incluido el lucro cesante; d ) Los perjuicios morales; e ) Los gastos de
asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios
psicológicos y sociales”. El carácter simplemente enunciativo de dichas
categorías de perjuicios se acompasa con el “Efecto no derogatorio” que
se predica de dichos principios, según el cual su enunciación, no debe ser
interpretada como restricción del derecho a interponer recursos y a obtener una
reparación integral[58].
57.
58.
Esta interpretación constante y
consistente del artículo 94 de la Ley 599 de 2000, bajo control de
constitucionalidad, resulta conforme al derecho fundamental a la reparación
integral de las víctimas y, por lo tanto, teniendo en cuenta que se encontró
que la interpretación según la cual la norma habría introducido límites a la
reparación integral de los perjuicios derivados del delito resulta inconstitucional,
se declarará la constitucionalidad de la norma bajo examen, en el entendido de que
estas categorías son meramente indicativas y no excluyen la reparación integral
de perjuicios a favor de las víctimas de los delitos, a través de diferentes
instrumentos tanto monetarios como no monetarios.
III. DECISIÓN
En mérito a las
consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Único.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo
analizado, los apartes demandados del artículo 94 de la Ley 599 de 2000, en el
entendido de que las categorías de perjuicios allí indicadas son meramente
indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto
materiales, como inmateriales, que hayan sido causados a las víctimas como
consecuencia del delito y resulten debidamente probados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Vicepresidente
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrado
CARLOS
LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
JOSÉ ANTONIO
CEPEDA AMARÍS
Magistrado (E)
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E)
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIAN
Secretaria
General (E)
[1] Andrea Liliana Romero López.
[2] Diana Alexandra Remolina Botía.
[3] José Fernando Mestre Ordóñez.
[4] Docente Aída Patricia Hernández Silva. Página 74 y siguientes del
expediente.
[5] Cfr. Entre otras las sentencias C-1299/05 y C-864/08.
[6] “5.2.2. Además, observar el derecho viviente en las
providencias judiciales es necesario para evaluar si el sentido de una norma
que el juez constitucional considera el más plausible, es realmente el que se
acoge o patrocina en las instancias judiciales.  Por ello, atender el
derecho vivo es una garantía de que la norma sometida a su control realmente
tiene el sentido, los alcances, los efectos o la función que el juez
constitucional le atribuye”: Corte Constitucional, sentencia C-557/01.
[7] Idem.
[8] Idem.
[9] “(…) sin duda alguna, el juez tiene el deber de interpretar
la demanda con el fin de precisar el asunto objeto de decisión”: Corte
Constitucional, sentencia T-733/13.
[10] En similar sentido, Corte Constitucional,
sentencia C-163/00.
[11] Corte Constitucional, sentencia C-228/02.
[12] “En 1948, tanto la Declaración Americana de Derechos del
Hombre como la Declaración Universal de Derechos Humanos, marcan el inicio
de una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que
garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de
sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan reparación por el daño
sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia”:
Corte Constitucional, sentencia C-228/02.
[13] Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2002.
[14] Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4, Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una
corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012.
[16] En lo establecen, entre otros, el artículo 1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[17] Cfr. Corte Constitucional, sentencia
C-406/06.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-715/12.
[19] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de
Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 543.
[20] Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de
2009. Serie C No. 204, párr. 111; Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de
septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 182.
[21] Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C
No. 77, párr. 84; Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285,
párr. 257.
[22] Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 255.
[23] Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 67.
[24] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de
Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párrs. 572 y 573; Corte
IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Solicitud de Interpretación de la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2012. Serie C No. 254, párr. 259.
[25] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de
Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párrs. 572 y 576; Corte
IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Solicitud de Interpretación de la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2012. Serie C No. 254, párr. 263.
[26] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de
Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párrs. 572 y 579.
[27] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012.
Serie C No. 250, párr. 279 y 280.
[28] Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 269.
[29] Corte Constitucional, sentencia SU-254 de
2013, reiterada en la sentencia C-161 de 2016. La restitución de tierras, como
una de las medidas de reparación integral había sido reconocida en la sentencia
C-715/12.
[30] Corte Constitucional, sentencia C-753/13.
[31] Ibíd.
[32] La versión original del numeral 1 del
artículo 250 de la Constitución, anterior a la reforma introducida por el Acto
Legislativo 3 de 2002, al referirse a la indemnización, parecía resultar de
dicha tradición: Son funciones de la Fiscalía General de la Nación  “1.
Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las
necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
[33] El artículo 2341 del Código Civil dispone
que “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
imponga por la culpa o el delito cometido” (negrillas no originales). Ya la
paradigmática sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de agosto de
1924, León F. Villaveces ordenó que para la reparación del daño moral, a más
del reconocimiento de una suma de dinero, debía construirse un monumento a la
memoria de la esposa del señor Villaveces.
[34] El artículo 95 del Código Penal de 1936 establecía un tope para la
compensación del daño moral en 2000 pesos.
[35] El daño a la vida de relación fue reconocido por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia del 4 de abril de 1962. Recientemente, dicho perjuicio
fue reparado a partir de la sentencia de la Sala de Casación del 13 de mayo de 2008, Rad. n.° 1997-09327-01.
También cabe resaltar que la sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de
septiembre de 2016, SC-139252016 (05001310300320050017401) amplió las
categorías de los perjuicios objeto de reparación, en nombre de la
constitucionalización del derecho, y reconoció el daño a los bienes superiores
como una categoría autónoma que desarrolla el principio de la reparación
integral.
[36] A este respecto resulta interesante
identificar algunos hitos en la evolución en el reconocimiento de los
perjuicios inmateriales. Así, a más del daño moral, en 1993, la jurisprudencia
reconoció el perjuicio fisiológico (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del
6 de mayo de 1993, exp. 7428), el que en el año 2000 fue denominado como daño a
la vida de relación (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 19 de julio de
2000, exp. 11842).  En el año 2002 se reconoce el perjuicio denominado
alteración en las condiciones de existencia (Consejo de Estado, Sección 3,
sentencia del 15 de agosto de 2002, exp. 14357). En el año 2010 las categorías
anteriores se redefinen en el denominado perjuicio por alteración de bienes
jurídicos constitucionales (Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 18 de
marzo de 2010, exp. 32651). En el año 2011 se reconoció el daño a la salud
(Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 14 de septiembre de 2011, ref.
19.031 y 38.222).  En la actualidad, los perjuicios inmateriales reconocidos en
dicha jurisdicción son los recogidos en la sentencia de unificación de la
Sección 3 del 28 de agosto de 2014, rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251),
así: daño moral, perjuicio por afectación relevante de bienes o derechos
convencional o constitucionalmente amparados y daño a la salud. En lo relativo
a la manera de reparar el perjuicio denominado por afectación relevante de
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, esta sentencia
de unificación precisó que “En casos excepcionales, cuando las medidas de
satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación
integral podrá otorgarse una indemnización,  única y exclusivamente a la
victima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta
100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido
reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse
por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.
[37] Corte Constitucional, sentencia C-916/02.
[38] Luego de reiterar la importancia del derecho
fundamental a la reparación integral, la Corte se preguntó “¿Significa lo
anterior que el derecho a la reparación integral de perjuicios es un derecho
absoluto que no admite limitaciones? La Corte considera que ello no es así”:
Corte Constitucional, sentencia C-916/02.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-916/02. En esa misma sentencia, la Corte
explicó que la reparación integral “(…) incluye tanto daños materiales como
morales. Comprende tradicionalmente el damnum emergens, el lucrum
cesens y el pretium doloris, incluye la posibilidad de
exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de la sentencia
judicial”.
[40] “Por lo anterior, si se entendiera que el límite fijado por
el inciso primero del artículo 97 cobija los perjuicios materiales, ello
resultaría contrario a nuestro ordenamiento constitucional por ser
manifiestamente desproporcionado”: Corte Constitucional, sentencia C-916/02.
[41] “Esta idea se relaciona con el derecho viviente, pues esta metáfora
expresa que frente al derecho de los libros (o de los códigos), existe otro que
surge de las dinámicas sociales y que es el que se aplica a partir de la
interpretación de los órganos autorizados”: Corte Constitucional, sentencia
C-418/14.
[42] Corte Constitucional, sentencia C-557/01.
[43] Cf.  Entre otras, sentencias C-557/01, C-426/02,
C-569/04, C-987/05, C-258/13, C-390/14, C-418/14 y C-284/15.
[44] Corte Constitucional, sentencia C-557/01.
[45] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de
junio de 2002, rad. 19464.
[46] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 12 de
diciembre de 2015, rad. 24011.
[47] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de
abril de 2011, 386754, rad 34547.
[48] Entre otras, el reconocimiento de ese perjuicio puede encontrarse en:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 6 de junio de
2012, n. 35637; sentencia del 24 de octubre de 2016, SP15267-2016, Rad. 46.075,
aprobado acta Nº 334, caso Salvatore Mancuso Gómez y otros.
[49] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia
SP8854-2016 del 29 de julio de 2016, 489863, proceso 46181, caso Masacre de
Flor Amarillo.
[50] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia
SP17091-2015 del 10 de diciembre de 2015,
Rad. 46672, aprobado Acta No. 437, caso alias
“Andrés, Camilo, 21, tigre o mata tigre”.
[51] “(…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la
Nación, deberá: (…) 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito”: artículo 250, n. 6 de la Constitución.
[52] “Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante
la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas
y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y
observará los criterios técnicos actuariales”: artículo 16 de la Ley 446 de
1998.
[53] Corte Constitucional, sentencia C-163/00.
[54] “Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las
víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este
código. c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo
del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los
términos de este código”: artículo 11, lit. c de la Ley 906 de 2004.
[55] “Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía
General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para
hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado
anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos
quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal”: artículo 22
de la Ley 906 de 2004.
[56] “40. Cuando el Legislador, producto de la transformación del
sistema penal contemplada en la reforma constitucional del año 2002, decidió
excluir del proceso penal en cuanto tal, la discusión sobre la reparación civil
y la transfirió al incidente último de reparación integral, una vez definida la
responsabilidad penal correspondiente, obró en el marco de su poder de
configuración legislativa. ǁ Sin embargo, una vez diseñado éste,
como forma procesal mediante la cual se hace posible una solución efectiva y
oportuna de reparación, el incidente  adquiere un valor inmenso, en particular
para la víctima, dejando de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o
secundarias y al contrario, constituyendo la oportunidad final, única,
brevísima, dentro del proceso penal, para reclamar ni más ni menos que la
reparación integral de la víctima por el  daño causado por el hecho típico,
antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable. Se convierte
así el incidente en la instancia procesal para hacer efectiva la indemnización
por parte de quien o quienes pueden ser considerados civilmente responsables o
deban sufragar los costos de tales condenas (el declarado penalmente
responsable, el tercero civilmente responsable y la aseguradora)”: Corte
Constitucional, sentencia C-409/09.
[57] Para los procesos regidos por la Ley 600 de 2000, el inciso 5
del artículo 56 dispone que “Cuando obre prueba de que el ofendido ha
promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá
condenar al pago de perjuicios. En caso de hacerlo, será ineficaz la condena
impuesta”. Para los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, la posibilidad
de iniciar separadamente un proceso civil de responsabilidad se fundamenta en
el carácter rogado de la apertura del incidente de reparación integral de
acuerdo con el artículo 102 de dicho código según el cual “Emitido el
sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a
instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de
reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará
a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes” (negrillas no
originales).
[58] “XII. Efecto no derogatorio 26. Nada de lo dispuesto en los
presentes Principios y directrices básicos se interpretará en el sentido de que
restringe o deroga cualquiera de los derechos u obligaciones dimanantes del
derecho interno y del derecho internacional. En particular, se entiende que los
presentes Principios y directrices básicos se aplicarán sin perjuicio del
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Se
entiende además que los presentes Principios y directrices básicos se aplicarán
sin perjuicio de las normas especiales del derecho internacional”: Resolución
A/RES/60/147 relativa a los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.