T-978-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-978/11
ACCION DE TUTELA CONTRA CUALQUIER AUTORIDAD PUBLICA-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Al no admitir su
trámite las diferentes salas de casación vulneran derechos fundamentales
CORTE CONSTITUCIONAL-Función de revisar las decisiones judiciales
relacionadas con la acción de tutela
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Consejo Seccional de la Judicatura es competente para
conocer y tramitar acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, según
auto 004 de 2004 y 100 de 2008
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia excepcional
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Precedente constitucional fijado en la C-862 y C-891A
de 2006
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Se ordena calcular su monto acorde a la fórmula adoptada en la
sentencia T-098 de 2005
Referencia: expedientes acumulados T-2.634.609, T-2.634.613 y T-2.683.628.
Actores: Carlos Eduardo Chaves
Torres, Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz Ceballos
Demandados: Almacenes Generales
de Depósito de Café, ALMACAFE S.A., Banco Cafetero, en liquidación, Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y otros.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil
once (2011)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos proferidos, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria dentro de las acciones de tutela instauradas
por Carlos Eduardo Chaves Torres, Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz
Ceballos, en contra de Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S.A.,
el Banco Cafetero, en liquidación, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y otros, que fueron decididas en primera instancia por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria.
La
Sala de Selección Número Seis, mediante auto de dos (2) de junio de dos mil
diez (2010), resolvió acumular los expedientes de la referencia, “por presentar
unidad de materia” y para que fueran “fallados en una sola sentencia, si así lo
considera la correspondiente Sala de Selección”.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-2.634.609: acción de tutela presentada por Carlos Eduardo Chaves
Torres
1.1
Hechos
El
8 de octubre de 2009, el señor Carlos Eduardo Chaves Torres, de 77 años de
edad, instauró acción de tutela en contra de la empresa Almacenes Generales de
Depósito de Café, ALMACAFE S.A., y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, con fundamento en los siguientes hechos:
-Manifiesta
el actor que laboró para la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café,
ALMACAFE S.A., hasta el 31 de marzo de 1981, cuando se retiró voluntariamente.
-Agrega
que a la fecha de su retiro devengaba como salario la suma de $29.001.44 y que,
teniendo como referencia el salario mínimo legal mensual vigente de ese año,
esa suma equivalía a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
-Informa
que al retirarse tenía 49 años de edad, por lo cual no había alcanzado la edad
de jubilación que para la época era de 55 años, de modo que tuvo que esperar
varios años, pues solo contaba con el requisito del tiempo laborado.
-Cuando
cumplió la edad para acceder a la pensión de jubilación, la empresa demandada
le reconoció una por un valor de $65.190.00 que equivalía a un salario mínimo
legal vigente, con efectividad a partir del 6 de febrero de 1992.
-Señala
que con ese monto ha tenido que subsistir hasta la fecha, cuando ha sobrepasado
los 77 años de edad y ha visto afectada su salud, así como disminuidos sus
ingresos, pues la empresa demandada olvidó que para la liquidación del monto de
la pensión debió tener en cuenta lo efectivamente devengado que equivalía a 5
salarios mínimos legales mensuales vigentes y hacer un reajuste de conformidad
con el índice de precios al consumidor.
-Sostiene
que el desequilibrio es evidente y que el monto de la pensión fue fijado “de
manera unilateral y caprichosa, sin sustento legal o justificación alguna.
-Añade
que, por esta causa, instauró acción ordinaria laboral que prosperó en primera
y segunda instancia, mas no en sede de casación, ya que la Corte Suprema de
Justicia negó las pretensiones y admite haber presentado una acción de tutela
que, pese a haberle sido fallada favorablemente, fue declarada nula en segunda
instancia por no haberse vinculado a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia e informa que, finalmente, el amparo deprecado fue
rechazado de plano, por las Salas de Casación Civil y Penal, motivo por el cual
considera que no actúa con temeridad.
-Aduce
que acude a la tutela, dado que “las bases normativas y jurisprudenciales han
variado, pues pronunciamientos de la Corte constitucional, acogidos por la
Corte Suprema de Justicia, hacen referencia al deber de reliquidar e indexar
las mesadas pensionales y al efecto cita la Sentencia C-862 de 2006, mediante
la cual se declaró la exequibilidad de la expresión “salarios devengados en el
último año de servicios”, contenida en el numeral 1º del artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo y en el numeral 2º de la misma disposición, bajo
el entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional deberá ser actualizado con base en la variación del índice de predios
al consumidor, certificado por el DANE.
-Indica
que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha acogido este criterio
y que, de igual manera, el Ministerio de la Protección Social en concepto del
19 de abril de 2007, al resolver una consulta sobre su caso, consideró que las
empresas deben proceder a reliquidar las pensiones, por cuanto el artículo 260
del Código Laboral fue reformado por la Sentencia C-862 de 2006.
-Considera
que la situación expuesta vulnera sus derechos a la igualdad, al mínimo vital y
a la aplicación de la norma más favorable al trabajador y solicita la
indexación de la primera mesada pensional y que, en forma provisional, se
ordene a la empresa demandada reajustar la mesada pensional.
1.2.
Contestación de los demandados
Por
auto del 13 de octubre de 2009 el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, admitió la acción de tutela,
dispuso vincular a las autoridades demandadas y oficiarles, así como a sus
intervinientes, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.
1.2.1.
Contestación de la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE
S.A.
El
representante legal de la empresa demandada se opuso a las pretensiones
deducidas en tutela y al efecto expuso la imposibilidad de revivir la solicitud
de amparo, pues, en su criterio, el tema ya fue conocido por los jueces, en
razón de una acción de tutela promovida en 2007 por el ahora actor y de la cual
conoció el Juzgado 37 Penal de Bogotá con Función de Control de Garantías, cuya
actuación fue declarada nula por el Juez 48 Penal del Circuito de Bogotá y
tampoco tuvo éxito en la Corte Suprema de Justicia.
Alega
que han transcurrido más de 15 años de vigencia de la Constitución, más de 25
desde el momento de haber sido otorgada la pensión por ALMACAFE, más de 9
después de haberse dictado sentencia de casación y dos años desde la primera
acción de tutela promovida por el demandante, de lo que se deduce el
incumplimiento del principio de inmediatez.
Señala
que “el pago pensional hecho por ALMACAFE, se produjo con ocasión de
situaciones consolidadas antes de la vigencia de la Constitución Nacional de
1991 y de la Ley 100 de 1993” y explica que la Constitución se aplica a todos
los hechos producidos después de su promulgación.
Sostiene
que ALMACAFE pagó al demandante “sus mesadas pensionales a partir del 6 de
Febrero de 1987” y que, por ello, “los pronunciamientos jurisprudenciales en
los cuales esta persona funda su acción de tutela no son aplicables a
situaciones anteriormente consolidadas”, como lo ha reconocido la Corte
Constitucional al indicar que antes de la Constitución vigente no había
sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación
pensional y la Corte Suprema de Justicia al denegar las pretensiones del actor
en sede de casación.
Añade
que “el día 15 de agosto de 2008 mediante decisión pronunciada por el Juzgado
12 Laboral del Circuito de Bogotá, ese despacho condenó al Instituto de Seguros
Sociales a pagar a Carlos Eduardo Chaves la pensión de vejez reconocida
inicialmente por ALMACAFE, correspondiéndole a aquel Instituto la indexación de
la pensión que ella misma debe pagar”.
Expresa
que, según el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990, los trabajadores que al
momento de iniciarse la obligación de asegurarse al Instituto de Seguros
Sociales llevaran 10 años o más de servicios continuos o discontinuos en una
misma empresa de capital de $800.000.00 ingresarían al seguro obligatorio como
afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte, de modo que al cumplirse
el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para pensiones plenas o
especiales, podían exigir la jubilación a cargo del patrono, quien estaría
obligado a pagar la pensión y podía continuar cotizando hasta cuando el
trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez, momento en el cual el Instituto procedía a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al
pensionado.
Con
base en lo anterior explica que “el señor Chaves cumplió los 60 años de edad el
6 de febrero de 1992 y por no tener las 500 semanas en los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, la empresa lo pensionó a partir del
cumplimiento de la edad y continuó efectuando aportes por él hasta el
cumplimiento de las 1000 semanas de cotización, hecho que se dio el 30 de noviembre
de 2001, existiendo el deber a cargo del Instituto de pagar la pensión de vejez
a partir del 1º de diciembre de 2001”.
Informa
que ALMACAFE promovió demanda y que el Juzgado 12 Laboral del Circuito de
Bogotá condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle y pagarle al
señor Chaves la pensión de vejez, a partir del 1º de diciembre de 2001, momento
desde el cual “precisamente el actor pide indexar una mesada pensional en la
cuantía que se lee en la sentencia (…), con los reajustes de ley y las mesadas
adicionales de junio y diciembre, junto con los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, todo como consecuencia de haber
operado la subrogación por ministerio de la ley”.
Asevera
que actualmente la sentencia se encuentra al conocimiento de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, en razón de la “impugnación promovida por los
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ, ALMACAFE S.A., pues consideramos que
la cuantía indicada en la parte resolutiva de la pensión era un valor inferior
que tenía que ser acorde al valor realmente solicitado, superior”.
Así
pues, la empresa demandada no puede ser obligada al pago del valor indexado de
una pensión que no es su obligación pagar, como judicialmente se ha reconocido,
fuera de que la cuantía de la mesada es susceptible de definirse judicialmente
en el proceso que cursa.
Adicionalmente
señala que “a la finalización del contrato de trabajo que existió con el señor
Carlos Eduardo Chaves Torres, entre las partes se suscribió acta de
conciliación ante autoridad competente, decisión definitiva que ha conducido a
que preceda cosa juzgada, especialmente si se trata de asuntos eminentemente
económicos, que el mismo actor aceptó y que hace que se contraiga la buena fe a
nuestro favor, como base de nuestro derecho”.
A
continuación puntualiza que el 2 de abril de 1981 se suscribió acta de
conciliación ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, en la cual
el ahora demandante “declara a paz y salvo por todo concepto laboral a los
Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S.A., y demás entidades que
hacen parte de este grupo, quedando exoneradas de cualquier concepto
proveniente de salarios, descansos dominicales y en días festivos, trabajo
durante esos mismos días, vacaciones, primas legales y extralegales, cesantía,
intereses sobre cesantía, subsidios, viáticos, gastos de transporte,
indemnizaciones de cualquier género, prestaciones asistenciales por enfermedad
o de todas aquellas a cargo del Instituto de Seguros Sociales y en general
cualquier otro concepto salarial, prestacional o indemnizatorio de carácter
legal, contractual o convencional, quedando redimidos y conciliados todos los
conceptos laborales que se hubieren causado dentro de la ejecución y
terminación del contrato de trabajo”.
Destaca
que en el acta de conciliación no se discute el derecho pensional, pues no es
conciliable, pero que es posible conciliar la cuantificación de las mesadas, de
modo que si no se afecta el mínimo vital es viable definir anticipadamente que
cualquier pretensión económica o prestacional, o cualquier situación que de
lugar a ella se considere definitivamente redimida y conciliada, a lo que,
efectivamente, procedieron las partes.
Aduce
que la cuantificación de la primera mesada pensional fue conciliada, motivo por
el cual “cualquier pretensión económica entre las partes ha quedado
definitivamente redimida, conciliada, compensada y pagada por razón de la suma
conciliatoria que el actor recibió al momento de finalizar la relación contractual
laboral que tuvo con la empresa”, suma que se elevó a la cantidad de
$1.076.670.23 que, en ese momento equivalía a 189 salarios mínimos y a la fecha
de la acción a $86.278.500.00.
De
este modo, el dinero entregado en 1981 “cubre, paga, compensa cualquier
pretensión de indexación” y no reconocerlo así constituye “un abuso del derecho
y un enriquecimiento sin causa por parte del actor, en detrimento de ALMACAFE
que actuó de buena fe”.
Sostiene
que “sin que implique reconocimiento de derecho alguno, de todas maneras el
recaudo de cualquier suma de dinero está sujeto a otros efectos del paso del
tiempo, como lo es la prescripción que estoy aduciendo a nuestro favor de
conformidad con las normas laborales” y, finalmente, agrega que “es fundamental
tomar atenta nota de que en la actualidad los Almacenes Generales de Depósito
de Café, ALMACAFE S.A., no pagan al señor Carlos Eduardo Chaves ninguna mesada
pensional”, pues la obligación no es suya por haber operado la conmutación de la
totalidad del pasivo pensional de ALMACAFE a la Aseguradora Colseguros de Vida
S.A.
Apunta
que, una vez realizada la conmutación pensional total, la empresa queda
liberada de la obligación de pago de la pensión y, por lo tanto, si actualmente
no paga ninguna pensión, “muchísimo menos debe proceder al pago nuevamente
cuantificado de la primera mesada”.
1.2.2.
Contestación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Los
Magistrados integrantes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia manifestaron que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no podía asumir el conocimiento de
la acción de tutela.
Señalaron
que, según el artículo 235 de la Constitución, el conocimiento del recurso de
revisión es atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y que, por lo
tanto, ningún otro órgano ni corporación de justicia puede actuar como tribunal
de casación, ni producir decisiones en este campo.
Sostuvieron
que, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de
Justicia es un órgano límite, por lo cual sus decisiones no pueden ser
modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, razones por las
cuales el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carece de
competencia para conocer una acción de tutela instaurada contra la Corte
Suprema de Justicia, más aún si se tiene en cuenta que, según el Decreto 1382
de 2000, lo accionado contra la propia Corporación se reparte a la misma y se
decide por la correspondiente Sala de Decisión.
Agregan
que el decreto no fue declarado nulo y que “si existe una clara disposición que
atribuye a la propia Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las acciones
de tutela que se intentan contra sus decisiones y dicho precepto está en vigor
y es de obligatoria observancia, no tiene ningún efecto jurídico la atribución
de competencias efectuada por la Corte Constitucional para conocer de esas
acciones a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas por el
ordenamiento legal”.
Concluyen
que se “debe declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia para
conocer de la presente acción de tutela y rechazarla, o en su defecto,
desestimarla por improcedente, máxime si se tiene en cuenta el tiempo que ha
transcurrido desde cuando se produjo la sentencia cuestionada, 15 de febrero de
2000”.
1.3.
Las providencias proferidas
1.3.1.
Primera instancia
Mediante
providencia del 14 de 0ctubre de 2009, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, decidió negar la medida
provisional solicitada, por no contar con elementos de juicio acerca de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y de la urgencia manifiesta
de la orden demandada.
En
sentencia proferida el 27 de octubre de 2009, resolvió “negar la solicitud de
nulidad de la presente acción constitucional efectuada por la Sala de Casación
laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues este Consejo es competente para
conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con el Auto 004 de
fecha 3 de febrero de 2004 emitido por la H. Corte Constitucional y “tutelar a
favor del señor Carlos Eduardo Chaves Torres los derechos fundamentales al
debido proceso, la seguridad social, a la igualdad, y al derecho universal de
los jubilados a la indexación de la primera mesada pensional” y “en
consecuencia, dejar sin efecto la sentencia del 15 de febrero de 2000 proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del
proceso laboral ordinario promovido por el accionante y, por tanto, solicitar a
la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitir nuevo fallo de
casación de conformidad con las consideraciones hechas en este proveído y sobre
todo de la doctrina constitucional vinculante citada en la parte considerativa,
así como de conformidad con su propia jurisprudencia dictada en las sentencias
radicadas números 29470 y 312222 del 20 de abril y el 13 de diciembre de 2007,
respectivamente”.
Así
mismo, declaró que “en caso de no emitir un nuevo fallo de casación como supra
indicado” la “sentencia emitida el 25 de junio de 1998 por el Juzgado 17
Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del ordinario laboral referido, recobra
plena vigencia”. Además, ordenó a los Almacenes Generales de Depósito de Café,
ALMACAFE S.A., que en el término de 48 horas, procediera “a modificar la
resolución mediante la cual reconoció a favor del señor Carlos Eduardo Chaves
Torres la pensión mensual de jubilación y efectúe el pago correspondiente a la
indexación de la primera mesada pensional, acorde con la fórmula aquí señalada
y dentro de los diez (10) días siguientes, cancele el retroactivo del monto
total adeudado por dicho concepto, y cuyos derechos no hayan prescrito conforme
al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo”.
En
primer lugar, el juez de primera instancia se refirió a su competencia para
conocer de la acción de tutela impetrada y, tras invocar lo dispuesto en el
Auto 004 de 2004, destacó que la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte
Suprema de Justicia, por Auto del 27 de noviembre de 2007, resolvió rechazar la
demanda planteada y omitió enviar su decisión para la eventual revisión por
parte de la Corte Constitucional, con lo cual denegó el acceso a la administración
de justicia, establecido en el artículo 228 superior.
Estimó
que, aún cuando es deber constitucional y legal reconocer a la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia como la última instancia en materia de casación
laboral”, si en ejercicio de sus funciones desconoce derechos fundamentales,
“la última palabra la tiene la jurisdicción constitucional”, motivo suficiente
para considerar que la Sala tiene competencia para tramitar la acción, por
encontrarse constitucionalmente autorizada.
A
continuación estimó que no puede alegarse falta de inmediatez, pues desde la
Sentencia C-862 de 2006 la Corte Constitucional dejó en claro que “los derechos
a la indexación de la primera mesada pensional y actualización del poder
adquisitivo de las pensiones son de carácter fundamental y están garantizados
expresamente en el artículo 53 de la Constitución”.
En
cuanto a la presunta temeridad, el fallador de primera instancia puso de
presente que la tutela fallada favorablemente por el Juzgado 37 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías fue anulada por no haberse vinculado a la
actuación a la Corte Suprema de Justicia, entidad que luego rechazó la demanda,
de donde se desprende que “la pretensión perseguida por el actor con este nuevo
libelo aún no ha sido objeto de pronunciamiento y, en tanto, con la
presentación de esta nueva demanda no se pretende pregonar que existe alguna
actuación que pueda considerarse como temeraria de su parte”.
Sobre
el caso concreto, estimó que existen construcciones jurisprudenciales de la
Corte Constitucional, que han sido convalidadas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y al efecto, cita las
siguientes: (i) la congelación del salario para acceder a la pensión de
jubilación, no se encuentra prevista en norma legal alguna, pues el artículo
261 del Código Sustantivo del Trabajo que la establecía para quienes
continuaban vinculados al mismo empleador habiendo cumplido el tiempo de
servicio, fue derogado por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961 y no ha sido
restablecido”, (ii) para asuntos del derecho al trabajo no contemplados
explícitamente en el ordenamiento jurídico rige el principio pro operario, en
cuanto las decisiones judiciales se deben tomar a favor de la parte débil en
las relaciones de trabajo, para equilibrarlas, (iii) en lo relativo al vacío
existente sobre la forma de reconocer el ingreso base de la pensión de vejez,
la Corte Constitucional ha reconocido que corresponde al juez remediar la
injusticia en que se encuentran quienes no han percibido asignación del
empleador ni cotizado al seguro en el lapso comprendido entre el cumplimiento
de los 20 años de servicio y la edad requerida para acceder a la prestación,
(iv) el principio de equidad es un criterio auxiliar de la actividad judicial,
como lo han considerado la Corte Constitucional y la propia Sala de Casación
Laboral que (v) en otras ocasiones ha reconocido la indexación de la primera
mesada pensional, en decisiones que dependen de la conformación de la Sala, de
tal manera que si se respeta el principio de igualdad, la citada indexación no
puede ser desconocida, pues de serlo, (vi) se desconoce el precedente judicial
sentado por la Corte Constitucional, como lo ha reconocido la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y (vii) lo
ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2006 que, además,
proclamó el “derecho universal de los jubilados a la indexación de la primera
mesada pensional, sin excepcionar las pensiones obtenidas antes de la
Constitución de 1991, pero reconocidas en vigencia de ésta”.
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, el juez de primera instancia
consideró que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía
de hecho, una de cuyas formas “la constituye el desconocimiento del precedente
constitucional sobre el contenido esencial de un derecho fundamental”, a lo
cual se suma que la decisión objeto de acción “no admite recurso judicial
alguno, con lo cual tal vía quedó cerrada en el estricto marco de jurisdicción
correspondiente”.
Así,
la Corte Suprema de Justicia, al casar y reiterar la tesis de la improcedencia
de la indexación para eventos como el aquí tratado, desconoció el desarrollo de
la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales, que es
obligatoria para todos los jueces de la República, incluidos los que integran
el Tribunal de Casación del país.
Adicionalmente,
al negar la indexación, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia
quebrantó los artículos 2, 13, 29, 48, 53, 58, 228, 230 y 333 de la
Constitución, “los cuales obligan a los jueces a guiar sus decisiones hacia la
realización del principio de justicia material, según lo analizara in
extenso la Corte Constitucional, en su Sentencia SU-120 de 2003”.
Finalmente,
ante la eventual renuencia de la Corte Suprema de Justicia a cumplir el fallo
de tutela, el fallador de primera instancia ordenó que la empresa demandada
procediera a indexar la pensión del accionante de conformidad con la siguiente
fórmula utilizada por la Corte Constitucional:
R=
Rh índice final
índice inicial
Según
la cual “el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) que es el promedio de lo devengado por el demandante
durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se
reconoció la pensión, entre el índice inicial”.
Añadió
el juez que después se establecerá “la diferencia resultante entre lo que debía
pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la
pensión”, de modo que “la suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de
ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación
de esta sentencia”, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=
Rh índice final
índice inicial
Donde
“el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de
notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al
causarse cada mesada pensional”, a lo que añadió que “por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones”.
1.3.2.
Impugnación
El
representante legal de ALMACAFE impugnó la anterior sentencia y, con tal
finalidad, reiteró los argumentos vertidos en el escrito de contestación de la
demanda y expresó que ninguno de los planteamientos relacionados con los hechos
en que se fundó la acción fue evaluado.
De
nuevo recordó que el Instituto de Seguros Sociales resultó condenado a pagarle
al actor la pensión de vejez y que al Instituto le corresponde la indexación
que, por lo tanto, no es un deber de ALMACAFE, pues en la actualidad no paga al
señor Chaves ninguna mesada pensional. Igualmente hace referencia a la
conmutación pensional total que tuvo lugar y a la suma que a la finalización
del contrato de trabajo fue entregada al demandante, quien declaró a paz y
salvo por todo concepto a la empresa demandada, de donde se desprende que fue
conciliada la cuantificación de la primera mesada pensional.
1.3.3.
Trámite en segunda instancia
En
providencia del 3 de diciembre de 2009 el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria declaró la nulidad de lo actuado, a partir
del trámite de notificación del auto admisorio, “con excepción de la prueba
recaudada”, para que se procediera a notificar en debida forma esa decisión a
todos los accionados y terceros interesados.
La
Sala verificó que, “en aras a garantizar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, la jurisdicción disciplinaria adquirió competencia
en primera y en segunda instancia, para fallar de fondo la solicitud de
tutela”, pero advirtió que el Instituto de Seguros Sociales no fue vinculado al
trámite, lo que prueba la existencia de una causal de nulidad insaneable.
1.3.4.
Nuevo trámite en primera instancia
Por
auto de 25 de enero de 2010, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria dio cumplimiento a lo ordenado
por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y,
tras admitir la acción, ordenó vincular a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, a los Almacenes Generales de Depósito de Café,
ALMACAFE S.A., y, como terceros intervinientes, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, al Juzgado 17 Laboral del Circuito
de la misma ciudad y al Instituto de Seguros Sociales.
El
demandante manifestó no entender cómo fue adelantada toda una actuación
ordinaria laboral, en la cual se estaba definiendo su situación pensional, bajo
el más absoluto silencio y sin que se pudiera alegar desconocimiento de su
lugar de residencia. Indica que una vez enterado del nuevo proceso inicialmente
tramitado en el Juzgado 12 laboral del Circuito de Bogotá, acudió a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, en donde se enteró de que el negocio se
encuentra para decisión de segunda instancia, motivo por el cual el fallo
proferido no se encuentra en firme y no produce efectos.
Pidió
mantener el sentido de la decisión proferida a su favor e indicó que “si la
Sala Laboral del Tribunal confirma la decisión de ordenar al ISS que asuma la
carga pensional, será un trámite diferente al que aquí interesa, pues ha sido a
través de estos años el propio ALMACAFE quien ha cancelado tal acreencia”, con
fundamento en una liquidación errada, “tal como se ventiló en un ordinario
laboral ante el Juzgado 17 ya indicado, la Sala Laboral del Tribunal Superior,
y la Sala similar de la Honorable Corte Suprema de Justicia”.
Por
su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró
los argumentos ya presentados sobre la incompetencia del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca para conocer de la acción de tutela y la empresa
demandada igualmente reiteró el contenido de la contestación y de la
impugnación inicialmente presentada.
El
5 de febrero de 2010, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria profirió sentencia de primera instancia y,
con ese fin, se valió de las mismas consideraciones realizadas en el fallo
afectado por la nulidad y profirió las mismas órdenes, después de considerar
que “dentro del proceso ordinario número 1059-2007 de Almacenes Generales de
Depósito de Café ‘Almacafé S.A.’, contra el Instituto del Seguro Social del que
conoció en primera instancia el Juzgado Doce Laboral del Circuito el aquí
accionante no hace parte, luego debe considerarse que la decisión adoptada el
15 de agosto de 2008 se trata de un asunto distinto al aquí controvertido,
cuyas consecuencias jurídicas no tienen porque (sic) afectar la decisión que
este Juez constitucional adopta dentro de la presente acción constitucional”.
1.3.5.
Nueva impugnación
El
representante legal de ALMACAFE S.A. impugnó la anterior decisión y solicitó
tener en cuenta que el demandante “en ningún momento ha solicitado el pago de
los valores retroactivos correspondientes a las mesadas pensionales debidamente
indexadas” e insistió en que a la empresa no le corresponde el pago de la
pensión, pues “se produjo la conmutación de los derechos y deberes pensionales
a cargo de la Aseguradora de Vida Colseguros S.A., de modo que la obligación no
es suya.
Reiteró
lo referente al acta de conciliación suscrita con al ahora actor, acuerdo sobre
el cual no se ha ejercitado “ninguna acción tendiente a procurar su nulidad”,
luego su contenido persiste con fuerza de cosa juzgada y recordó que el señor
Chaves recibió una “suma conciliatoria imputable a cualquier suma salarial,
prestacional o indemnizatoria, o emanada de la relación de trabajo”.
Manifiesta
tener derecho a que se diga que en este caso opera la compensación entre la
suma de dinero recibida y la que eventualmente la empresa pueda resultar
adeudándole por concepto de mesadas retroactivas indexadas e indica que, como
consecuencia de lo ordenado en la sentencia inicial, ALMACAFE, mediante
resolución 01 de 4 de noviembre de 2009 procedió a modificar la Resolución No.
009 del 24 de marzo de 1993 e indexó la mesada.
1.3.6.
Sentencia de segunda instancia
Mediante
sentencia del 10 de marzo de 2010 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria resolvió revocar la providencia impugnada.
La
Sala afirmó su competencia para conocer de la acción de tutela en segunda
instancia y precisó que la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia de rechazar la acción, “no se adecua a ninguna de las causales de
rechazo de la solicitud de tutela, establecidas en forma taxativa por el
Decreto 2591 de 1991, lo cual implica que la acción de tutela, en este caso,
permanezca en estado de indefinición”.
A
continuación, el juez de segunda instancia se refirió a los requisitos de
procedibilidad y enfatizó que el requisito de inmediatez “no es aplicable para
este tipo de solicitudes de los pensionados que buscan obtener el mantenimiento
del poder adquisitivo de su pensión, pues la vulneración del derecho invocado
es permanente”.
Se
refirió luego a las causales genéricas de procedibilidad y, al abordar el caso
concreto, consideró que “las pretensiones deprecadas por el actor se
despacharán desfavorablemente, pese a la postura que en el pasado había asumido
esta Sala con relación a la indexación pensional, variación interpretativa que
obedece al cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional”, toda vez que
la Sentencia T-819 de 2009 ha de informar las decisiones sobre la materia
sometida a examen.
A
juicio del fallador, la citada providencia “modificó la tesis jurídica que
había primado para la indexación de la primera mesada pensional” y adoptó otra
ya utilizada por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual en caso de
que no se utilice la fórmula de indexación empleada por la Corte
Constitucional, no hay vulneración de derechos fundamentales, pues el artículo
53 de la Carta no fija la fórmula para lograr la actualización, razón por la
cual no puede surgir una violación directa de la Constitución por la escogencia
de una determinada forma de hacer el cálculo matemático de la indexación.
En
atención a lo expuesto, la Sala considera que según la Corte Constitucional, la
determinación de la fórmula usada para la indexación de la primera mesada
pensional obedece a los criterios de independencia y autonomía funcional que
ostenta la colegiatura accionada, siendo dicha determinación producto de una
interpretación razonable en la aplicación del derecho vigente al momento de
adoptar la decisión.
Así
las cosas, “la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no omitió en su
juicio de valoración las reglas y fórmulas, conllevando a que en su fallo no se
configure un defecto por inaplicación del precedente”, pues “los jueces dentro
de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, facultad
constitucional que se extiende a la valoración probatoria y la aplicación del
derecho frente al caso concreto”.
2.
Expediente T-2.634.613: acción de tutela presentada por Nelson Rodríguez
Fontalvo
El
señor Nelson Rodríguez Fontalvo, actuando mediante apoderado, impetró acción de
tutela en contra del Juzgado 6º Laboral del Circuito, de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
2.1.
Hechos
-Manifiesta
el actor que prestó sus servicios al Banco Cafetero, desde el 3 de abril de
1972 y hasta el 15 de marzo de 1993, para un total de 20 años, 11 meses y 13
días.
-Señala
que al momento de su desvinculación devengaba un sueldo promedio de $524.828,
que equivalía a 6.44 salarios mínimos mensuales, según el Decreto 2061 de 1992.
-Indica
que el 4 de mayo de 2001, el Banco Cafetero le otorgó pensión de jubilación por
la suma de $393.621.00, monto equivalente a 1.3 salarios mínimos mensuales de
la época.
-Informa
que, infructuosamente, reclamó ante el Banco Cafetero y que, por ello, presentó
demanda ordinaria laboral, con la finalidad de obtener la indexación de su
pensión y el pago de los intereses moratorios.
-El
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 30 de junio de
2006, condenó al Banco Cafetero a reajustar la pensión en la suma inicial de
$1.285.652.00 y a partir del 5 de noviembre de 2000. En cuanto a los intereses
moratorios absolvió a la entidad demandada.
-El
demandante interpuso recurso de apelación en procura de que le fueran
reconocidos los intereses moratorios y el Tribunal Superior de Bogotá -Sala
Laboral-, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2006 condenó a la parte
demandada al pago de los intereses moratorios respecto de todas las diferencias
de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, pero modificó la sentencia
recurrida e indicó que la pensión debidamente indexada lo era por la suma de
$783.220.66 y a partir del 5 de noviembre de 2000, junto con las mesadas
adicionales de junio y diciembre y los aumentos dispuestos en la Ley 100 de
1993, e igualmente ordenó el pago de las sumas generadas como consecuencia de
la reliquidación de todas las mesadas ordinarias y adicionales de junio y
diciembre.
-Por
haber disminuido las dos terceras partes del valor real de la pensión, el actor
interpuso recurso de casación en lo referente a la fórmula de liquidación
empleada y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó
parcialmente la sentencia para revocar el pago de los intereses moratorios,
pero mantuvo la pensión liquidada con una fórmula distinta a la empleada por la
Corte Constitucional, decisión de la que se apartaron dos magistrados, por
considerar que cabía el pago de los intereses moratorios.
-El
demandante estima que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia
le irrogó perjuicios y desconoció el artículo 53 de la Carta, de acuerdo con el
cual “el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las
pensiones legales”, habida cuenta de que se utilizó una fórmula de liquidación
que le representa al pensionado la pérdida de más del 40% de su pensión y se
revocaron los intereses moratorios con desconocimiento de la Sentencia C-601 de
2000 que reconoció esos intereses a todos los pensionados y para toda clase de
pensiones.
-El
actor estima que son dos los motivos de violación de sus derechos
fundamentales, el primero de ellos referente a la utilización de una fórmula
que no indexa la mesada pensional de acuerdo con criterios justos y el segundo
referente al pago de intereses moratorios.
-En
cuanto a lo primero, aduce que se aplicó una fórmula diferente de la que
utiliza la Corte Constitucional que, últimamente, también ha sido empleada por
la Corte Suprema de Justicia, desde sentencia de 13 de diciembre de 2007.
-Añade
que el derecho constitucional a la indexación pensional no puede ser reconocido
parcialmente, pues no puede existir una verdadera aplicación de la indexación
como mecanismo de conservación de la capacidad adquisitiva de las mesadas
pensionales, si este mecanismo no mantiene el poder adquisitivo real, conforme
lo certifiquen entidades como el DANE y puntualiza que el derecho a obtener una
pensión correctamente liquidada ha sido protegido por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
-Tratándose
de la falta de reconocimiento de los intereses moratorios, el demandante alega
que en la Sentencia C-601 de 2000, la Corte Constitucional precisó que tales
intereses son aplicables a todo tipo de pensiones y que, al apartarse de ese
criterio, la Corte Suprema de Justicia desconoció la jurisprudencia
constitucional y los artículo 53 y 13 superiores, pues, de una parte, se
vulnera el pago oportuno de las pensiones y, de la otra, se introduce un trato
diferencial de situaciones iguales.
-Expresa
que la Sala de Casación Laboral negó los intereses argumentado que la pensión
concedida “no es con sujeción integral a la ley 100 de 1993” y, con ello, le
otorga una interpretación “restringida y distante del querer del legislador”,
como lo hicieron ver los magistrados que salvaron el voto, quienes apuntaron
que si los intereses moratorios se originan para las pensiones obtenidas con
sujeción integral a la Ley 100 de 1993, únicamente cabría otorgar intereses de
mora a partir del año 2014 y no como lo dispone el artículo 141 de la
mencionada Ley 100 que ordena su reconocimiento a partir del 1º de enero de
1994 y alude a los pagos parciales y a la omisión del pago.
-El
demandante hace énfasis en que se trata de una pensión reconocida durante la
vigencia de la Constitución de 1991 y en que, por tanto, se debió mantener la
decisión del Tribunal que condenó al pago de los intereses moratorios sobre las
sumas adeudadas, pues no hacerlo es contrario a la Carta y afecta los derechos
de quien tiene que asumir un largo proceso judicial, al término del cual no
recibe los comentados intereses.
2.2.
Solicitudes
El
actor considera que, por todo lo anterior, se generó una vía de hecho por
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, sin que haya otro remedio
judicial, motivo por el cual solicitó:
-Declarar
sin efecto o valor alguno, la sentencia de 28 de abril de 2009 proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
-Declarar
ejecutoriado el numeral 1º de la sentencia de 30 de junio de 2006, emitida por
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó el pago de la
pensión en suma inicial de $1.285.652.00, a partir del 5 de noviembre de 2000,
“pero aclarándole a la entidad accionada que deberá pagar igualmente desde esa
fecha, las mesadas adicionales de junio y diciembre, y los aumentos dispuestos
en la Ley 100 de 1993”, así como “las sumas que se generaron como consecuencia
de la reliquidación de todas las mesadas ordinarias y adicionales de junio y
diciembre”, dejándola sin efecto en lo demás.
-Declarar
ejecutoriado el numeral 1º de la sentencia del 14 de noviembre de 2006, emitida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó el pago de los
intereses moratorios respecto de todas las mesadas pensionales ordinarias y
adicionales, dejándola sin efecto en lo demás.
Añade
el demandante que se le ha irrogado un perjuicio que es irremediable y
vitalicio, dado que la pensión se paga “por instalamentos y cada vez que se
liquide una mesada sufrirá el perjuicio que aquí se reclama”.
2.3.
Contestación de los demandados
2.3.1.
Del gerente liquidador del Banco Cafetero
El
gerente liquidador del Banco Cafetero, en liquidación, contestó la acción de
tutela y se opuso a las pretensiones deducidas por el demandante. Con tal
finalidad, puntualizó que el Banco dio cumplimiento al fallo proferido por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que reajustó el valor de la
mesada y pagó el valor del correspondiente retroactivo.
Señala
que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada y que, siendo la respectiva
sentencia definitiva e inmodificable, no es posible iniciar un litigio
posterior entre las mismas partes, a fin de obtener un reajuste adicional sobre
el ingreso base de la liquidación de la pensión, cuando tal tópico fue desatado
mediante sentencia judicial que accedió a dicho reajuste.
Acto
seguido efectúa una exposición sobre las causales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales e indica que la parte demandante no ha
acreditado los requisitos generales, porque “la cuestión que se discute no
tiene relevancia constitucional como quiera que lo que se pretende es el cambio
de fórmula con que ya fue indexada la pensión y el pago de unos intereses
moratorios, temas respecto de los cuales operó el fenómeno de la cosa juzgada y
que se refieren única y exclusivamente a un interés económico del
accionante”.
Añade
que la acción incumple el requisito de la inmediatez, por cuanto el actor dejó
pasar más de seis meses desde el momento en que fue proferida la sentencia de
casación por la Corte Suprema de Justicia y hace énfasis en que “la parte
actora tampoco acredita que se esté en presencia de alguna de las causales
específicas para que proceda el amparo”, pues la decisión de la Corte Suprema
de Justicia no acredita defecto orgánico, procedimental, fáctico, material o
sustantivo, como tampoco un error inducido, una decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente, ni mucho menos una violación directa de la
Constitución”.
A
su juicio, la providencia atacada obedece a una valoración judicial de las
pruebas y a la aplicación de las normas legales que regulan el tema, de modo
que no se observa que la Corte Suprema de Justicia haya impuesto su personal
interés o voluntad, sino que responde a la libertad que tiene el juez para
proferir los actos mediante los cuales administra justicia, dentro de las
reglas de la jurisdicción y de la competencia.
Acota
que la acción de tutela no puede ser el mecanismo para acceder al
reconocimiento de un beneficio económico en cuantía mayor, cuando ya el juez
natural accedió al derecho, tal y como ocurrió en el presente caso, pues la
sentencia atacada no hizo otra cosa que reconocer el derecho al ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación, mediante el empleo de la fórmula de
indexación sentada de tiempo atrás por la jurisprudencia”.
A
continuación cita jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se
declara improcedente el amparo dirigido a obtener la aplicación de una fórmula
diferente a la empleada por los jueces dentro del proceso ordinario laboral y
afirma que las sentencias citadas por el demandante tienen efectos inter partes
y no son de unificación.
Asevera
que no existe violación del derecho a la igualdad, ya que la Corte Suprema de
Justicia, de tiempo atrás, aplica la fórmula con que fue actualizado el ingreso
base de la liquidación de la pensión correspondiente al actor y “cada
controversia judicial debe finalizar con decisión judicial en firme, por lo que
no puede pretenderse que ante un nuevo pronunciamiento de una sala de selección
de la Corte Constitucional se aplique la misma teoría a un proceso ordinario
laboral culminado años atrás, bajo el argumento del derecho fundamental a la
igualdad”.
Dado
que la igualdad “se predica entre personas que tengan iguales derechos y se
encuentren en iguales condiciones, a nuestro juicio, ni la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ni esta entidad han vulnerado en momento
alguno el derecho a la igualdad”.
En
el siguiente apartado se realiza una presentación de sentencias proferidas por
la Corte Constitucional, en las cuales “se ha denegado el amparo al pretender
cambio de la fórmula aplicada por la jurisdicción ordinaria laboral para
liquidar la indexación de la primera mesada pensional” y, con posterioridad, se
indica que, según el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los intereses
moratorios se refieren a la mora “en el pago de las mesadas pensionales de que
trata esta ley” y la pensión reconocida al actor se funda en la Ley 33 de 1985,
luego mal puede haber condena por intereses moratorios establecidos en norma
diferente.
Sostiene
que el Banco no incurrió en mora, puesto que “reconoció oportunamente el
derecho pensional y mes a mes ha pagado el valor de la pensión, siendo
situación diferente que, al haberse reconocido con fundamento en la Ley 33 de
1985, no se haya actualizado el ingreso base de la liquidación” y debiéndose
destacar que “una vez dispuesta mediante sentencia judicial, se procedió a
indexar la primera mesada pensional y a pagar los valores que resultaron a
favor del pensionado”.
Manifiesta
que en la Sentencia C-601 de 2000 fueron declaradas exequibles las expresiones
“a partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidas en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que los intereses moratorios
únicamente proceden respecto de aquellas pensiones contempladas por el sistema
de seguridad social integral creado a partir del 1º de abril de 1994, fuera de
lo cual el objetivo de los intereses moratorios es proteger a las personas de
la tercera edad, quienes, por sus condiciones, no tienen posibilidad de obtener
otros recursos para su subsistencia y la de su familia.
Después
señala que es improcedente ordenar el pago de intereses moratorios de forma
concurrente con la indexación que busca actualizar el valor de las obligaciones
en dinero no satisfechas oportunamente, pues no es equitativo cobrar además del
interés moratorio la indexación.
Finalmente
pide que, en caso de que la sentencia fuera desfavorable al Banco, se tenga en
cuenta lo establecido en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y
de la Seguridad Social, porque ha operado el fenómeno de la prescripción
respecto de las eventuales diferencias en las mesadas pensionales e intereses
moratorios, en razón del lapso transcurrido desde el momento en que se hizo
exigible el supuesto derecho del accionante, la fecha en que se inició el
proceso ordinario laboral y la actual fecha.
2.3.2.
De la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Los
magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
informan que la acción de tutela fue intentada inicialmente ante la Sala Penal
de esa Corporación, que negó el amparo solicitado, de donde se desprende que lo
pretendido fue materia de una decisión definitiva proferida por la autoridad
competente.
Sostienen
que el conocimiento del recurso de casación está atribuido exclusivamente a la
Corte Suprema de Justicia que es órgano límite, cuyas decisiones no pueden ser
modificadas, anuladas, o desconocidas por ninguna autoridad, pues la propia
Constitución “les da el sello de intangibilidad”.
De
conformidad con lo expuesto, estiman que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura carece de competencia para conocer de
una acción instaurada en contra de la Corte Suprema de Justicia y más aún si se
tiene en cuenta que el Decreto 1382 de 2000 ordena que lo accionado contra la
Corte se le reparta a la misma Corporación, Decreto que no ha sido declarado
nulo y que debe ser inexorablemente cumplido por las autoridades.
Apuntan
que la Corte Constitucional carece de facultades constitucionales y legales
para conferir competencia a otros funcionarios judiciales y que esa arbitraria
atribución equivale a “inducir a error al usuario del servicio ocasionando
absurdas congestiones en los órganos judiciales y prohijando el desconocimiento
ciudadano de la normatividad vigente”, tal como ha sido expresado por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Añaden
que el precepto que le otorga competencia a la Corte Suprema de Justicia está
en vigor y que no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias
efectuada por la Corte Constitucional, con desconocimiento del principio de
legalidad “e invitando a que los jueces se sustraigan al imperativo de aplicar
normas vigentes y que ya surtieron el examen de constitucionalidad y legalidad
por el órgano competente para el efecto”, por todo lo cual solicitan que se
declare la nulidad de lo actuado y se rechace la acción de tutela.
2.3.3.
Contestación del Magistrado Javier Zapata Ortiz
El
Magistrado de la Sala de Casación Penal Javier Zapata Ortiz señaló que
actualmente la teoría del órgano límite solo es acogida por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, lo que implica “que los asuntos de primera instancia
que llegan a esa colegiatura o las impugnaciones que les corresponden, se
rechacen in límine, ante lo cual los accionantes hacen uso de la posibilidad
que les dio la Corte Constitucional en Auto 004 de 2004, es decir, presentarlas
nuevamente ante cualquier juez”.
Ante
esa situación considera que la salida que la Corte Constitucional procuró dar
ante la aplicación de la teoría del órgano límite “debe replantearse en vista
de que, de las tres salas que integran la Corte Suprema de Justicia, en este
momento solo la Civil aplica el mencionado criterio”, por lo cual ha cambiado
“el fundamento histórico del Auto 004 de 2004, dictado en un momento en el cual
ninguna de las Salas conocía de tutelas contra decisiones de órgano límite”.
Así
las cosas, la Sala Laboral y Penal pueden tramitar y resolver con decisión de
fondo los asuntos de tutela, por lo que no hay razón para que estos salgan del
ámbito de la Corte Suprema de Justicia, siendo lo adecuado remitirlos a la
secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, para que se haga el reparto
por Sala Plena, para evitar que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura desconozca las reglas de reparto e impida armonizarlas con el
acceso a la administración de justicia que hace parte de los fundamentos del
Auto 004 de 2004.
2.3.4.
Contestación del Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia
El
Magistrado William Namen Vargas, obrando como Presidente de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, expuso que el Consejo de Estado
determinó que era ajustada a la Carta Política la regla que determina la
competencia para el conocimiento de las acciones de tutela contra las
providencias de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, de modo
que “cuando el juez constitucional ha definido que una norma se ajusta a la
Constitución, está vedado a los jueces, cualquiera sea su naturaleza, dejar de
aplicarla o invocar la excepción de inconstitucionalidad”.
De
acuerdo con lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
carece de competencia para conocer la acción de tutela y de llegar a admitir
este tipo de solicitudes las jurisdicciones previstas en la Constitución se
reducirían tan solo a una, que sería el centro de unificación de la
jurisprudencia nacional en todas las materias, con lo cual se suprimiría el
recurso de casación y el control de constitucionalidad y legalidad que ejerce
la jurisdicción disciplinaria.
Puntualiza
que la función del juez disciplinario no es la de unificar la jurisprudencia,
pues esta tarea la cumple el recurso extraordinario de casación y recuerda que,
según el Decreto 1382 de 2000 compete a la Sala especializada de la Corte
Suprema de Justicia conocer en primera y segunda instancia de las acciones de
amparo en su contra, “por lo cual, aún en la hipótesis que su despacho asuma
conocimiento, la eventual impugnación no puede conocerse por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
2.4.
Sentencias proferidas
2.4.1.
Primera instancia
La
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2009, resolvió “no
declarar la nulidad de la acción, conforme a lo solicitado por los H.H.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y, además, negar la tutela
solicitada.
El
juez de primera instancia consideró, en primer lugar, que a las Salas
Jurisdiccionales de los Consejos Seccionales de la Judicatura, como órganos
integrantes de la rama judicial, les asiste la facultad de administrar
justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de
tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos
fundamentales presuntamente conculcados”.
Tras
reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, el
fallador se consideró competente para conocer de la acción de tutela y negó la nulidad
solicitada, “al no haberse generado causal alguna que deba ser declarada”.
A
continuación estimó que el peticionario hizo uso de todos los recursos con los
que contaba ante la jurisdicción ordinaria “para la obtención de las
pretensiones que ahora reclama, sin que cuente actualmente con mecanismos
adicionales para tales efectos, así como que el asunto puesto de presente se
refiere a un derecho pensional, lo que torna el tema de especial relevancia
constitucional, se superará el juicio de procedibilidad en el presente asunto”.
Respecto
de la fórmula empleada para indexar la primera mesada pensional, consideró que
“en el caso no están dados los presupuestos para la emisión de una orden de
amparo, al no evidenciarse lesionada garantía constitucional alguna que deba
ser objeto de protección por parte de esta instancia, pues, como se dejó dicho,
no existe afectación alguna por el hecho de que la autoridad accionada optara
por una fórmula de indexación, cuando la misma aparece suficientemente
respaldada en el asunto puesto de presente y encuentra soporte en la
normatividad aplicable a la materia”.
En
relación con los intereses moratorios, la Sala puso de presente que
“independientemente de que se comparta o no el planteamiento vertido por la
autoridad de casación accionada, lo cierto es que no están dados los
presupuestos para predicar que la misma lesiona las garantías fundamentales del
actor, tornándose indispensable la intervención de esta autoridad
constitucional, cuando el razonamiento que llevó a desestimar la posibilidad de
acceder a los intereses reclamados, encuentra asidero en la razonada y
razonable interpretación de un precepto normativo”.
2.4.2.
Impugnación
La
parte demandante insistió en los argumentos vertidos en la solicitud de tutela
e impugnó la anterior decisión, mientras que el apoderado del Banco Cafetero en
liquidación remitió copia de la Sentencia T-919 de 2009, para demostrar que
resulta improcedente el amparo destinado a obtener el cambio de la fórmula con
la que fue indexada la primera mesada pensional, ante lo cual, el apoderado de
la parte actora adujo jurisprudencia en sentido contrario, en la que se afirma
que la fórmula utilizada por la Corte Suprema de Justicia no garantiza la
actualización de la mesada pensional.
2.4.3.
Sentencia de segunda instancia
La
impugnación fue desatada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura que, en sentencia del 24 de febrero de 2010, decidió
confirmar la sentencia de primera instancia.
En
cuanto a la competencia, el juez de segunda instancia destacó que “el artículo
86 de la Constitución Política otorgó la misma de manera genérica a todos los
Jueces de la República para conocer indiscriminadamente de las peticiones de
amparo constitucional que se impetren sin importar la materia o la entidad
accionada, respetando eso sí, las reglas de reparto contenidas en el Decreto
1382 de 2000”.
A
continuación hizo referencia al Auto 004 de 2004, proferido por la Corte
Constitucional y concluyó que “encontrándonos ante una idéntica situación
fáctica, es decir, el rechazo de la presente acción de tutela por parte de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 15 de
octubre de 2009, no puede desconocerse el parámetro reseñado en precedencia y
fijado por el máximo órgano constitucional y en virtud del cual, esta
Jurisdicción Disciplinaria adquiere competencia para conocer de la presente
acción de tutela”.
La
Sala hizo referencia a las causales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales, según la jurisprudencia constitucional y al
abordar el caso concreto aludió, en primer término, a los intereses moratorios
e indicó que el fallo de casación dictado “fue conforme no solo a derecho, sino
a la libre interpretación de las normas que en ejercicio de la hermenéutica
jurídica corresponde dentro de la órbita jurídica de las competencias de los
Magistrados que conforman dicha Sala”.
Así
las cosas, no se incurrió en vía de hecho, sino que en la sentencia de casación
“se esgrimieron las razones por las cuales dicha Corporación considera que al
actor no le es dable el reconocimiento de intereses moratorios”, sin que el
presunto desconocimiento de la Sentencia C-601 de 2000 tenga la entidad
suficiente “para demostrar la existencia de irregularidad alguna en la decisión
atacada, pues tal y como se transcribió anteriormente, la Sala de Casación
Laboral esgrimió claramente las razones, no solo por las cuales se había
apartado de su propio precedente en el tema de los intereses moratorios y había
asumido una nueva decisión y había asumido una nueva posición sobre el tema,
sino también por qué consideraba que lo esgrimido por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-601 de 2000 no era aplicable a casos como el del actor”.
En
lo atinente a la indexación de la mesada pensional, el juez de segunda
instancia señaló que el recurso de casación no fue utilizado debidamente y de
conformidad con la técnica existente para tal efecto, “razón por la cual su
petición de indexación de la mesada pensional, no fue analizada de fondo por la
Corte Suprema de Justicia”, de modo que el demandante “no puede ser gratificado
con la prosperidad de la presente acción de amparo constitucional, pues el
carácter subsidiario de la misma impone al accionante la obligación de
demostrar que utilizó adecuadamente y puso en marcha todos los medios
ordinarios de defensa ofrecidos por el ordenamiento, pero, pese a ello no le
fue posible obtener la protección requerida o eventualmente no le sería posible
hacerlo -si lo que quiere evitar es la ocurrencia de un perjuicio irremediable-
lo cual no es del caso”.
3.
Expediente T-2.683.628: acción de tutela presentada por Uriel Muñoz Ceballos
Mediante
apoderado, el señor Uriel Muñoz Ceballos, de 68 años de edad, impetró acción de
tutela en contra del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, el Tribunal
Superior de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, e informa que la Sala de Casación Civil de esta última Corporación no
admitió a trámite la solicitud de amparo, por lo cual solicita que, en virtud
del derecho de acceso a la administración de justicia, se avoque el
conocimiento de su causa y se decida de fondo.
3.1.
Hechos
-Informa
que trabajó para TELECOM del 16 de julio de 1956 al 16 de julio de 1959, para
el Banco Popular del 22 de octubre de 1959 al 21 de octubre de 1960 y para el
Banco Cafetero, hoy en liquidación, del 2 de octubre de 1961 al 1º de marzo de
1979.
-Indica
que al momento de su desvinculación devengaba un sueldo promedio de $29.537.00
que equivalía a 8.5 salarios mínimos mensuales, según el Decreto 2831 de 1978.
-Señala
que el Banco Cafetero le otorgó pensión de jubilación, mediante resolución del
15 de enero de 1997 y que fijó como primera mesada pensional la suma de
$142.125.00, equivalente a un salario mínimo y pagadera desde el 22 de
diciembre de 1996.
-Dado
que reclamó ante el Banco Cafetero que se negó a indexar, instauró demanda
ordinaria laboral con la finalidad de que se indexara su pensión y el Juzgado
13 Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 14 de marzo de 2001 ordenó
“absolver a las entidades de las pretensiones incoadas en su contra”.
-Inconforme
con la decisión, la apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá que, en sentencia
del 13 de julio de 2001, confirmó la decisión absolutoria, ante lo cual
interpuso recurso extraordinario de casación y obtuvo que la Corte Suprema de
Justicia casara la sentencia, “pero otorgándole al actor una pensión inicial,
por valor de $284.662.20, es decir, una pensión primigenia disminuida o
depreciada en casi un 70% de su valor real”.
-Considera
que la sentencia de casación le ocasiona un perjuicio vitalicio, contrario al
artículo 53 de la Constitución, pues “la fórmula con la que se liquidó la
primera mesada del pensionado en manera alguna garantiza el derecho
constitucional a la indexación pensional, ya que considerar que una fórmula que
le representa al pensionado perder más de la mitad de su pensión no puede ser
un resultado que se acompase con la Carta Magna, concretamente con su artículo
53, que garantiza plena y no parcialmente el derecho constitucional a la
indexación pensional”.
-Puntualiza
que en su caso se aplicó una fórmula “que no se encuentra contemplada en
normatividad alguna”, sino solo en la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia que “se aplicaba a los pensionados por
encima y sin reparo del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, norma
que, por remisión analógica, permite llegar al artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo y, por ende, a la fórmula que con sustento legal
aplica el H. Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, el H. Consejo de Estado, la H. Corte Constitucional, y ahora
último la propia Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”.
-Enfatiza
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 20 de abril de 2007, varió su jurisprudencia, allanándose así a
lo expuesto en las sentencias C-862 y 891A de 2006, proferidas por la Corte
Constitucional, que declararon el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, pronunciamientos a los cuales se suman algunos de tutela en los que
se emplea la “fórmula que verdaderamente indexa una pensión”.
-Estima
que existe una situación de desigualdad, pues se crearon dos categorías de
pensionados: los que realmente fueron indexados y aquellos que, encontrándose
en la misma situación, después de un trámite judicial reciben una pensión desvalorizada,
lo cual impone la protección del derecho fundamental a la igualdad, “con
fundamento en esa máxima del derecho que consagra que frente a iguales hechos
deben existir iguales derechos”.
-Reitera
que, con posterioridad al proceso ordinario adelantado, la Corte Constitucional
fijó su posición respecto de la fórmula de indexación que aplicaba sin sustento
legal alguno la Corte Suprema de Justicia y plasmó en algunas sentencias “la
fórmula que se debe utilizar para liquidar correctamente la primera mesada
pensional”.
-Aduce
que el derecho a la indexación pensional, “como todos los derechos no puede ser
reconocido parcialmente, es decir, no puede existir una verdadera aplicación de
indexación como mecanismo de conservación de la capacidad adquisitiva de las
mesadas pensionales, si este mecanismo no mantiene el poder adquisitivo real
conforme lo certifiquen entidades como el DANE”.
-Destaca
que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en casos como este no
puede hablarse de inmediatez, porque subsiste la vulneración del derecho y,
tratándose de una prestación vitalicia, es irrelevante el tiempo transcurrido,
luego el amparo no pierde actualidad y, por haberse consolidado una doctrina
constitucional obligatoria después de culminado el proceso laboral, se debe
reconocer el derecho a la indexación pensional.
-A
continuación transcribe algunos apartes de la Sentencia C-862 de 2006 y señala
que el derecho a obtener una pensión correctamente liquidada ya ha sido
protegido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria y, tras hacer un listado de tutelas concedidas, manifiesta que
cumple los requisitos jurisprudenciales que hacen posible el reconocimiento de
la indexación pensional, por cuanto adquirió el status de pensionado en 1997
mediante resolución del Banco Cafetero, agotó todos los mecanismos ordinarios y
extraordinarios que tenía a su alcance, es persona de la tercera edad, pues
tiene 68 años, no se exige el cumplimiento del requisito de la inmediatez y se
ha afectado su mínimo vital, ya que la pensión desde su reconocimiento está
depreciada en un 70%.
-Indica
que se ha generado una vía de hecho por defecto sustantivo y que ya no tiene
otro recurso legal para obtener el derecho que le fue negado, razón por la cual
solicita tutelar los derechos a la igualdad, al mínimo vital y móvil, al pago
oportuno y reajuste periódico de las pensiones, a la seguridad social y a los
derechos adquiridos.
3.2.
Solicitudes
Por
lo expuesto, el actor pide que se dejen sin efecto las sentencias proferidas
por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá, el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
para que en su lugar, y en el término de 48 horas, se ordene al Banco Cafetero
indexar directamente la pensión, “de conformidad con la fórmula explicitada por
la Corte Constitucional e igualmente liquidar el salario base de la primera
mesada pensional desde la fecha en que el actor agotó la vía gubernativa, así
como ordenar al Banco Popular y a CAPRECOM a que concurran en la cuota parte
que le corresponde a cada uno, en los mismos términos que lo debe hacer el
Banco Cafetero, en liquidación”.
Finalmente
apunta que el perjuicio causado es vitalicio, “ya que la pensión se paga por
instalamentos y cada vez que se liquide una mesada sufrirá el perjuicio que
aquí se reclama”.
3.3.
Contestación de los demandados
3.3.1.
Del Banco Cafetero, en liquidación
El
gerente liquidador del Banco Cafetero indicó que, mediante Resolución 015 de
1997 el banco le reconoció al actor una pensión en cuantía inicial de
$142.125.00 y a partir del 22 de diciembre de 1996. Señala que en la mencionada
Resolución quedó consignado que, una vez reunidos los requisitos establecidos,
el pensionado quedaba obligado a tramitar el reconocimiento de la pensión ante
el Instituto de Seguros Sociales o ante la entidad administradora de pensiones
a la que se encuentre afiliado, de modo que, cuando obtuviera la pensión al
Banco solo le asistiría la obligación de reconocer la diferencia entre la
pensión otorgada por el otro organismo y la que esté pagando BANCAFE, si esta
fuere mayor, y nada debería pagar si la pensión otorgada por el otro organismo
fuere superior.
Además,
quedó consignado que, una vez fuera reconocida la pensión por el otro
organismo, el pensionado quedaría obligado a reintegrar al Banco los valores
que se originen por concepto de pago doble de la pensión o parte de esta,
ocasionado por mesadas ya cubiertas por el Banco o por cualquier valor que el
Banco pague de más a título de salario u otro similar, quedando el Banco
expresamente autorizado para descontar la totalidad de dichos valores de la
mesada del pensionado, hasta la cancelación de la deuda a su cargo.
Anota
que en contra de la anterior resolución el demandante no interpuso recursos y
hace el recuento del proceso ordinario laboral entablado por el actor, para
destacar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó
la sentencia de segunda instancia, revocó parcialmente el fallo de primera
instancia y condenó al Banco a reajustar la pensión de jubilación a la suma de
$231.465.69 a partir del 22 de diciembre de 1996.
El
gerente liquidador del Banco Cafetero considera que “la sentencia contra la
cual se dirige la presente acción de tutela es la sentencia en donde se accedió
a indexar la mesada pensional del señor Muñoz Ceballos” y apunta que, en
cumplimiento de ese fallo, se procedió a efectuar la reliquidación y
reconciliación de valores, operación que arrojó un total de $20.685.971.85 a
favor del actor, suma pagada y que “corresponde a los reajustes en las mesadas
desde el 22 de diciembre de 1996 y el 31 de enero de 2003, incluidas las
mesadas adicionales”.
Informa
que “el ISS mediante resolución 021326 de 2002 le reconoció al señor Muñoz
Ceballos una pensión de vejez a partir del 1º de octubre de 2002, en cuantía
inicial de $1.698.246” y que, “mediante la resolución 029512 del 1º de
diciembre de 2003, el ISS procedió a modificar la resolución anterior en el
sentido de causar la pensión a partir del 1 de enero de 2002”.
Indica
que “en el año 2009 el Banco Cafetero en liquidación tuvo conocimiento del
reconocimiento de la pensión de vejez al accionante desde el año 2002, (…) por la
solicitud que esta entidad elevó ante el ISS” y que, enterado, procedió “a
extinguir el derecho a la pensión de jubilación oficial del accionante a partir
del 1º de enero de 2002, y exigió al pensionado la suma de $68.381.233”, fuera
de lo cual aclara que “el accionante -pese a que era su obligación- nunca puso
en conocimiento del Banco Cafetero hoy en liquidación el reconocimiento de la
pensión de vejez a su favor”.
Añade
que el ahora demandante interpuso recurso de reposición y que la resolución por
la cual el Banco extinguió el derecho a la pensión de jubilación fue confirmada
en todas sus partes, de lo cual se notificó al actor el 19 de octubre de 2009.
Anota
que “por expresa disposición legal contemplada por la Ley 90 de 1946, Decreto
3041 de 1996 y Decreto 758 de 1990, en el caso del accionante procedía la
compartibilidad pensional entre la pensión de vejez que reconoció el ISS y la
pensión oficial que reconoció el Banco, en virtud de lo cual, como la pensión
otorgada por el Instituto de Seguros Sociales fue superior a la que pagaba el
Banco, ningún valor quedó a cargo de esta entidad” y destaca que la
compartibilidad pensional opera ipso iure, por lo cual no se necesitaba
autorización judicial o proceso judicial alguno que así lo autorizara.
Señala
que, como consecuencia de lo anterior, el demandante adeuda al Banco una suma
por concepto de mayores valores recibidos por él, “dado que recibió de forma
simultánea la pensión de vejez junto con la pensión de jubilación oficial que
esta entidad le había reconocido, y en tanto que nunca informó a esta entidad
del reconocimiento de la pensión de vejez pese a que era su obligación legal,
tal y como quedó plasmado en la resolución de reconocimiento”.
Precisa
que por estos hechos las autoridades competentes fueron informadas a fin de que
se investigue la posible comisión de un delito y que sería absurdo que el Banco
fuera obligado a cambiar la fórmula con que fue indexada la primera mesada
pensional e indica que la entidad no fue informada de la acción de tutela
iniciada en la Corte Suprema de Justicia.
A
continuación hace énfasis en que existe cosa juzgada respecto de la indexación
de la primera mesada pensional, por cuanto a esa pretensión accedió la Corte
Suprema de Justicia y también señala que no se configura ninguna de las
causales de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales, a más de lo cual se incumple el requisito de inmediatez, pues la
Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia atacada más de 6 años antes de
la instauración de la acción de tutela, “lo que deja en evidencia que la acción
de tutela no fue interpuesta dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que supuestamente originó la vulneración de los derechos del
accionante”.
Además,
manifiesta que no existe violación del derecho a la igualdad, pues no se ha
presentado discriminación entre iguales y, “de tiempo atrás”, la Corte Suprema
de Justicia ha aplicado la fórmula con que fue actualizado el ingreso base de
liquidación, sin que se pueda pretender que “ante un nuevo pronunciamiento de
una sala de selección de la Corte Constitucional se aplique la misma teoría a
un proceso ordinario laboral culminado años atrás, bajo el argumento del
derecho fundamental a la igualdad”.
Agrega
que en caso de que la tutela llegue a prosperar, solicita “un pronunciamiento
especial frente al tema de la prescripción”, pues tal fenómeno ha operado
“respecto de las eventuales diferencias en las mesadas pensionales, en razón
del lapso de tiempo transcurrido desde el momento que se hizo exigible el
supuesto derecho del accionante, la fecha en que se inició el proceso ordinario
laboral, la fecha en que culminó y la actual fecha”.
3.3.2.
De la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
La
referida Sala manifiesta que, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1382 de 2000, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria carece de competencia para asumir el conocimiento
de la acción de tutela de la referencia.
Destaca
que el actor antepone a la decisión de la Sala de Casación Laboral fallos y
pronunciamientos de la Corte Constitucional “que datan hasta cinco años
después, alegando que esta corporación no observó sus derechos fundamentales constitucionales
descritos, en un argumento que no tiene sustento jurídico puesto que cuando se
tomó la decisión en torno a su caso, no se habían proferido las decisiones
judiciales que hoy expone como referencia”.
Indica
que se pretende que se ordene al Banco Cafetero efectuar una nueva liquidación
de la primera mesada pensional, “cuando para esta nueva oportunidad no se ha
dirigido a esa entidad, por medio de una reclamación administrativa a solicitar
dicho reajuste sino que acude de manera directa en vía de tutela en procura de
que se ordene lo pretendido”.
Finalmente
apunta que “nueve años después de proferida la decisión de la Sala de Casación
Laboral, el accionante instaura ante su despacho la presente reclamación, en lo
que a todas luces configura una ostensible extemporaneidad aspecto procesal que
torna improcedente el reclamo tutelar”.
3.4.
Las sentencias proferidas
3.4.1.
Primera instancia
El
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2009 resolvió negar la
solicitud de nulidad efectuada por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y tutelar los derechos fundamentales invocados, para lo
cual dejó sin efecto la sentencia de 13 de diciembre de 2002 proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ordenó al Banco
Cafetero que, en el término de 48 horas, procediera a reliquidar el monto de la
primera mesada pensional, de conformidad con la fórmula adoptada por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-098 de 2005 y cancelar, dentro de los 10 días siguientes, el
retroactivo del monto total adeudado por dicho concepto.
En
primer término, la Sala se consideró competente para conocer de la acción de
tutela, según lo dispuesto en el Auto 004 de 2004 y dado que la Corte Suprema
de Justicia la rechazó y omitió enviar la decisión para su eventual revisión
por la Corte Constitucional.
En
cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, el fallador de primera
instancia se remite a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que
“establece la fórmula con la cual se debe indexar una pensión”, así como a la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Enfatiza
que no puede alegarse la falta de inmediatez, pues “los derechos a la
indexación de la primera mesada pensional y actualización del poder adquisitivo
de las pensiones son de carácter fundamental y están garantizados expresamente
en el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
A
continuación alude a la obligatoriedad de la cosa juzgada constitucional y de
la jurisprudencia especializada, de donde surge que la congelación del salario
para acceder a la pensión no se encuentra prevista en norma alguna, que en
asuntos del derecho al trabajo no contemplados explícitamente rige el principio
pro operario, que el principio de equidad es un criterio auxiliar de la
actividad judicial, que según la sentencia C-862 de 2006 la expresión “salarios
devengados en el último año de servicios” del artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo es constitucional, siempre y cuando se entienda que el
salario base para la liquidación de la primera mesada pensional debe ser actualizado
con base en la variación del IPC certificada por el DANE, que la Corte
Constitucional ha acogido la fórmula de indexación utilizada en la Sentencia
T-098 de 2005 y si se respeta el principio de igualdad no puede negarse la
aplicación de esa fórmula.
La
fórmula utilizada por la Corte Constitucional es la siguiente:
R=
Rh índice final
índice inicial
Según
la cual “el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) que es el promedio de lo devengado por el demandante
durante el último años de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se
reconoció la pensión, entre el índice inicial”.
Añadió
el juez que después se establecerá “la diferencia resultante entre lo que debía
pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la
pensión”, de modo que “la suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de
ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación
de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=
Rh índice final
índice inicial
Donde
“el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha
de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente
al causarse cada mesada pensional”, a lo que añadió que, “por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones”.
Puntualiza
que la fórmula transcrita es la utilizada por la Corte Constitucional y por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura e
indica que “aún cuando la sentencia aquí atacada” es anterior a los
pronunciamientos citados, “no se puede desconocer que la misma Corte Suprema de
Justicia en la sentencia radicado número 31222 del 13 de diciembre de 2007
ordenó recoger todo pronunciamiento anterior que resultara contrario con
respecto de la fórmula que se hubiere empleado en casos similares donde no se
contempló la forma de actualizar la mesada pensional, postura que, se repite,
ha sido adoptada, también por nuestro Superior funcional”.
Así
pues, en aplicación del principio de favorabilidad y para asegurar el derecho a
la igualdad, el juez de primera instancia procedió a conceder el amparo
deprecado y respecto de la prescripción anotó que la oportunidad para alegarla
se agotó en el trámite del proceso laboral ordinario, motivo por el cual si
allí no fue debatido, al juez constitucional no le corresponde pronunciarse
sobre el particular.
Así
mismo, en relación con la compartibilidad de la pensión de jubilación con la de
vejez que presuntamente percibe, anotó que “el problema jurídico aquí planteado
hace referencia exclusivamente a la aplicación de la fórmula al momento de
indexarse la primera mesadas pensional” y que “no es tema que corresponde a
este juez constitucional estudiar, máxime cuando en la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia no se hace referencia a tal eventualidad”.
La
magistrada Martha Inés Montaña Suárez salvó el voto, porque consideró que el
asunto debatido hizo tránsito a cosa juzgada, mientras que el magistrado Alvaro
Obando Moncayo aclaró el voto y el efecto señaló que “en el fallo se confunden
situaciones diferentes, al referirse a la fórmula para la indexación de la
primera mesada pensional, pues “es necesario distinguir entre aquellos casos en
que los administrados cumplieron los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación antes de entrar a regir la actual Constitución Política, y aquellos
en que el cumplimiento de los requisitos se hubiese dado después de entrar en
vigencia dicho estatuto”, porque “la Corte Suprema de Justicia no ha aceptado
la indexación de la primera mesada pensional para el primer caso, pero sí,
finalmente, aceptó la indexación para el segundo caso” y ha aplicado “una
fórmula distinta de actualización del valor en tratándose del segundo grupo de
casos”.
Manifiesta
estar de acuerdo con el fallo, “pero porque estamos ante un asunto  del primer
grupo, en el que la Corte Suprema de Justicia ha mantenido incólume su postura
inicial, negando la posibilidad de indexación porque, a su juicio, el orden
jurídico anterior no lo preveía”, de modo que “el problema no corresponde a una
confrontación de fórmulas” y “para resolverlo no era necesario acudir a
precedentes jurisprudenciales que no venían al caso”, sino que bastaba “aplicar
la fórmula adoptada por el Consejo de Estado de antaño, acogida por la Corte
Constitucional prácticamente desde su comienzo”.
3.4.2.
Impugnación
El
gerente liquidador del Banco Cafetero impugnó la sentencia y para tal efecto
reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda e insistió en que la
mesada pensional ya fue indexada y que a la fecha el demandante le debe una
suma al Banco. Además puntualizó que no existe violación del derecho a la
igualdad, que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, que no se configura
ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la solicitud no cumple el requisito de la inmediatez y que la
Corte Constitucional ha denegado el amparo cuando se ha pretendido el cambio de
la fórmula aplicada por la jurisdicción ordinaria laboral para liquidar la
indexación de la primera mesada pensional.
Por
su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó
que “sostiene la posición sentada en su sentencia de casación del 13 de
diciembre de 2002 y los planteamientos expuestos con posterioridad dentro del
trámite de la acción de tutela”.
3.4.3.
Segunda instancia
El
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante
sentencia del 8 de febrero de 2010 resolvió revocar el fallo impugnado y “dejar
sin valor y efecto jurídico las actuaciones administrativas y decisiones
judiciales que se hubieren proferido con fundamento en la decisión de instancia
revocada”.
La
Sala reafirmó su competencia para resolver la impugnación y estimó que cambia
la posición jurisprudencial que hasta entonces había mantenido, por cuanto la
Corte Constitucional, en Sentencia T-819 de 2009 “modificó sustancialmente la
postura jurídica con la cual se abordaba el tema de la indexación de la primera
mesada pensional por parte de esta Colegiatura, cuando el debate gira en torno
a determinar cuál debe ser la fórmula a aplicar para alcanzar el reconocimiento
de tal garantía constitucional”.
Afirma
que, de acuerdo con la sentencia citada, “la Corte Constitucional estima que la
determinación de la fórmula usada para la indexación de la primera mesada
pensional obedece a los criterios de independencia y autonomía funcional que
ostenta la Colegiatura accionada, siendo dicha determinación producto de una
interpretación razonable en la aplicación del derecho vigente al momento que se
adoptó la decisión, sin que pueda alegarse como causal de procedencia de la
tutela contra sentencias judiciales, la modificación de la jurisprudencia por
parte de la Sala de Casación cuestionada, pues dicha variación de precedente no
tiene la entidad suficiente para ser calificado como una trasgresión al sistema
jurídico”.
La
magistrada Julia Emma Garzón de Gómez aclaró el voto y expuso que “la nueva
posición de la Corte Constitucional en materia de indexación pensional obliga a
esta Sala como precedente jurisprudencial a adoptar en el futuro una posición
unívoca y consecuente con los lineamientos trazados por la Guardiana
Constitucional; de allí que exista un cambio de postura, motivado en la
sentencia T-819 de 2009”.
El
magistrado Angelino Lizcano Rivera salvó el voto, pues consideró que desde las
Sentencias T-789 de 2008 y C-862 de 2006 que fueron alegadas como hechos nuevos
para sustentar la presentación de la acción de tutela, transcurrieron más de 12
meses, por lo cual “es dable aseverar que la acción de tutela no fue incoada
dentro de un tiempo pertinente y prudencial, de cara a los nuevos hechos
alegados”.
III.
ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISION
1. Por auto del 30 de septiembre de 2010, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional decidió oficiar a los Juzgados
Diecisiete Laboral, Sexto Laboral y Trece del Circuito de Bogotá, para que en
el término de tres días hábiles, contados desde la notificación, enviaran los
expedientes contentivos de los procesos ordinarios respectivamente promovidos
por los señores Carlos Eduardo Chaves Torres, Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel
Muñoz Ceballos, los que efectivamente fueron remitidos a la Sala. En la misma
providencia se dispuso “suspender los términos del presente proceso hasta tanto
las pruebas solicitadas sean remitidas y analizadas por esta Sala de
Revisión”.
2.
Por auto del 14 de marzo del año en
curso, la Sala Cuarta de Revisión ordenó a la Secretaría General de la
Corporación poner en conocimiento del Banco Popular y de CAPRECOM el contenido
de la acción de tutela instaurada por el señor Uriel Muñoz Ceballos, por cuanto
ambas entidades podrían verse afectadas por lo resuelto en sede de revisión, ya
que concurren, junto con el Banco Cafetero, en liquidación, en el pago de la
pensión reconocida al ahora demandante en tutela.
2.1.
El 23 de marzo de 2011, la
Asistente de Asuntos Laborales del Banco Popular dio respuesta y solicitó
rechazar la acción de tutela, porque ese mecanismo no fue creado como una
instancia adicional o paralela a las establecidas legalmente, ni sirve para
lograr la reapertura de procesos ya fallados o corregir las deficiencias que se
hubieren presentado en su trámite.
Hizo
un recuento del proceso ordinario laboral adelantado e indicó que existen
precedentes en los cuales no se accede a pretensiones como las deducidas en la
acción y pide que se aplique el derecho a la igualdad, así como tener en cuenta
que la discusión planteada radica en un problema de interpretación legal que no
tiene la fuerza suficiente para desplazar la interpretación vertida en la
sentencia cuestionada, por todo lo cual ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada.
Llamó
la atención acerca de la autonomía de los jueces de la República, señaló que la
acción de tutela no procede en contra de providencias judiciales, por no
haberlo contemplado así el artículo 86 de la Carta, ni el Decreto 2591 de 1991
y, por último, puntualizó que no existe vulneración de los derechos invocados y
tampoco amenaza de sufrir un perjuicio irremediable, fuera de lo cual se
vulnera el requisito de la inmediatez, pues transcurrieron casi siete años
desde el momento en que profirió la sentencia atacada hasta la presentación de
la acción de tutela.
Señala
que, en caso de ser concedido el amparo se deben tener en cuenta los valores ya
cancelados, la aplicación de la compartibilidad, así como los valores afectados
por la prescripción, a fin de que el Banco Cafetero pueda realizar los
descuentos de esos valores al reliquidar la pensión y repetir contra el Banco
Popular en lo relativo a la cuota parte.
2.2.
El 18 de marzo de 2011, la
Coordinadora de la División de Prestaciones económicas de CAPRECOM al responder
precisó que fue concurrente en la cuota parte pensional a prorrata de 1081 días
y que, con posterioridad, el Banco Cafetero extinguió la pensión de jubilación
por haberla reconocido el Seguro Social, motivo por el cual, CAPRECOM  no
concurre con la prestación reconocida por el ISS, no fue parte en el proceso
ordinario laboral y, por ello, “la decisión que pueda tomar esa Corporación no
afecta los intereses de CAPRECOM”, por lo cual esta entidad debe ser
desvinculada del proceso de tutela.
IV.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta
Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestiones preliminares
Los
tres expedientes acumulados por la Sala de Selección Número Seis comparten dos
cuestiones que previamente han sido tratadas en la jurisprudencia de esta
Corporación. La primera de ellas tiene que ver con la competencia para conocer
de las respectivas acciones de tutela, habida cuenta de que la Corte Suprema de
Justicia ha rechazado las solicitudes inicialmente presentadas y ha omitido el
envío de las respectivas providencias a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, mientras que la segunda cuestión se relaciona con las
razones en las que la Corte Suprema de Justicia funda su decisión de rechazo y
de abstenerse de enviar a esta Corte las actuaciones surtidas.
Los
dos asuntos mencionados comprometen la competencia de los jueces que finalmente
fallaron de fondo las acciones de tutela y, así mismo, determinan el alcance de
la revisión confiada a esta Sala de la Corte Constitucional, motivos por los
cuales, antes de abordar el contenido de las solicitudes de amparo
constitucional, resulta indispensable dilucidarlas como cuestiones
preliminares.
2.1.
La declaración de improcedencia de las acciones de tutela presentadas y la decisión
de no enviar las respectivas providencias para su eventual revisión por la
Corte Constitucional
El
señor Carlos Eduardo Chaves Torres manifiesta en el escrito introductorio de la
acción de tutela que en dos ocasiones ha presentado su solicitud y consta en el
expediente que, en la primera oportunidad, el Juzgado 37 Penal Municipal de
Bogotá con Función de Control de Garantías le concedió la protección pedida y
ordenó reliquidar e indexar la primera mesada pensional, mediante sentencia del
10 de septiembre de 2007 que, posteriormente, quedó sin efecto en razón de la
decisión adoptada por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, pues en
providencia del 22 de octubre del 2007, declaró la nulidad de lo actuado por el
despacho de primera instancia, “a partir del auto que admitió la demanda y sin
perjuicio de las pruebas recopiladas, para que se vincule al mismo a la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral; sin perjuicio de que se
reasigne su conocimiento a la entidad judicial correspondiente según las reglas
de competencia fijadas en el Decreto 1382 de 2000”.
La
acción de tutela fue presentada de nuevo y la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, en proveído del 27 de
noviembre de 2007, resolvió “rechazar la demanda instaurada por el señor Carlos
Eduardo Chaves Torres, contra los Almacenes Generales de Depósito de Café
‘Almacafé ’, en actuación que comprende a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá”,
ordenó notificar de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto
2591 de 1991 y dispuso que “contra el presente auto no procede recurso alguno”.
En
el caso de la acción de tutela impetrada por el señor Nelson Rodríguez
Fontalvo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo
calendado el 8 de septiembre de 2009 denegó el amparo solicitado, tras
considerar que la determinación de la fórmula para proceder a indexar las
mesadas pensionales es ajena a las competencias del juez de tutela y, al
conocer la impugnación, el magistrado de la Sala de Casación Civil a quien
correspondió el asunto, en auto del 15 de octubre de 2009, resolvió “declarar
la nulidad de la actuación desde el auto que avocó el conocimiento de la acción
de tutela” y “no admitir a trámite la solicitud de amparo constitucional
formulada, a través de apoderado judicial, por Nelson Rodríguez Fontalvo”.
En
cuanto hace a la solicitud de tutela formulada por el señor Uriel Muñoz
Ceballos, en fallo proferido el 1º de septiembre de 2009, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo deprecado por el
demandante y la magistrada de la Sala de Casación Civil a la que se le repartió
el asunto, al conocer la impugnación y en providencia del 26 de octubre de
2009, resolvió “declarar la nulidad de la actuación desde el auto que avocó el
conocimiento de la acción de tutela” y “no admitir a trámite la solicitud de
amparo constitucional presentada por Uriel Muñoz Ceballos”.
Ante
el rechazo de las respectivas acciones, cada uno de los demandantes presentó su
solicitud de amparo ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que les impartió el trámite pertinente y produjo
las decisiones de fondo. Después de haberse surtido la notificación de los
procesos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia contestó
las demandas y al efecto adujo la incompetencia del Consejo para conocer de
acciones de tutelas instauradas contra sentencias proferidas por el máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria, por la misma condición de la Corte
Suprema como órgano límite y porque el Decreto 1382 de 2000 establece, en el
numeral 2º de su artículo 1º, que lo accionado contra la propia Corporación se
reparte a la misma y se decide por la correspondiente Sala de Decisión.
En
el proceso iniciado con base en la petición del señor Nelson Rodríguez Fontalvo
a la tesis esgrimida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia se sumó el Presidente de la Sala de Casación Civil, mientras que el
Magistrado Javier Zapata Ortiz, de la Sala de Casación Penal, sostuvo que solo
la Sala Civil aplica el rechazo in límine, de modo que otras salas
pueden resolver los asuntos, sin necesidad de que salgan de la Corte Suprema de
Justicia.
Por
su parte, la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S.A.,
indicó que, tratándose del señor Carlos Eduardo Chaves Torres, la situación ya
había sido conocida por los jueces y, en particular, por los juzgados 37 Penal
Municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías y 48 Civil del Circuito
de Bogotá, así como por la propia Corte Suprema de Justicia.
Tratándose
del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, de acuerdo con cuyas
voces “lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o
el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será
repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección
o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 4º del presente Decreto”, la Corte Constitucional, en
Sentencia T-1274 de 2008[1],
resumió su jurisprudencia de la siguiente manera:
“En distintas ocasiones la Corte Constitucional invocó
la excepción de inconstitucionalidad e inaplicó el Decreto 1382 de julio 12 de
2000, por considerarlo manifiestamente contrario a la Constitución[2]. En aquellas
oportunidades consideró la Corte que el Presidente de la República carecía de
facultades para introducir, mediante decreto reglamentario, modificaciones al
decreto 2591 de 1991, cuyas ‘normas tienen la categoría de ley en sentido
material’[3].
“Dentro de las modificaciones que, a juicio de la
Corte, introdujo el Decreto 1382 de 2000 se encuentra la del artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 referente a la competencia en materia de tutela. Así,
mientras que de acuerdo con el citado artículo 37, de la acción de tutela
conocen ‘a prevención, los jueces y tribunales con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud’, el Decreto 1382 de 2000 fijó ‘unas reglas nuevas de competencia
teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra
cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal’ y, de otra
parte, en su artículo 1º, numeral 2º ‘dicta nuevas normas que fijan la
competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra
funcionarios o corporaciones judiciales’[4].
“Además, la Corte hizo énfasis en que el artículo 86
superior establece el derecho de toda persona a ejercer la acción de tutela ‘en
todo momento y lugar’, en tanto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000
‘limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios
judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra
las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no
podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en
cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado
artículo 86 de la Constitución’[5].
“De la anotada manera, concluyó la Corte que el
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 no sólo desplazó al Congreso de la
República al introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
sino que también varió, ‘sin atribución alguna el artículo 86 de la
Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los
procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la
Constitución’[6].
“Más tarde, mediante Auto No. 071 de 2001, la Corte
Constitucional estimó que ante el abundante número de providencias en las
cuales la Corporación había inaplicado el Decreto 1382 de 2000, en lo sucesivo
resultaba indispensable dotar a esas decisiones de efectos inter pares,
siempre y cuando se cumplieran las condiciones que allí mismo fueron precisadas[7].
“Interesa destacar que en esa oportunidad la Corte
consideró insuficientes los efectos inter partes normalmente adscritos a
la excepción de inconstitucionalidad, pero también desechó el otorgamiento de
efectos erga omnes, por cuanto de aplicarlos habría excedido la órbita
de su competencia, dado que la Constitución atribuye ‘al Consejo de Estado la
competencia para conocer de las acciones de nulidad y de las acciones de
inconstitucionalidad contra actos administrativos’ y, según sus palabras, la
Corte no podía ‘obligar al máximo tribunal de lo contencioso administrativo a
declarar que la norma que ella ha inaplicado es inconstitucional o ilegal’, sin
exceder el marco de sus competencias[8].
“En concordancia con los anteriores argumentos, la
Corte Constitucional puntualizó que cuando la norma inaplicada fuera demandada
en ejercicio de una acción pública, la decisión finalmente adoptada por el
Consejo de Estado prevalecería ‘por tener efectos erga omnes’ y que, en
tal caso, la Corte acataría la decisión del supremo tribunal de lo contencioso
administrativo[9].
“Por sentencia del 18 de julio de 2000 la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[10] declaró la
nulidad del inciso 4º del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de
2000 y así mismo la del inciso segundo del artículo 3º del mismo decreto, de
donde se desprende que la competencia de la Corte Suprema de Justicia para
conocer ‘de lo accionado’ contra ella misma se mantuvo, como, por lo demás, lo
ha reconocido la Corte Constitucional que, en diferentes ocasiones, ha dado
‘aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000’, en
pleno ‘acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida’[11].
“Para sustentar el mantenimiento del numeral 2º del
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 dentro del ordenamiento jurídico, el
Consejo de Estado señaló que la censura contenía ‘en sí misma una contradicción
insuperable, que conduce en cualquier caso a resultados contrarios a la
Constitución Política’ y explicó que, si la competencia para conocer de las
acciones de tutela en contra de las acciones u omisiones de los órganos
supremos de la rama judicial no se le asignaba a autoridad alguna ‘tales
acciones u omisiones quedarían sustraídas a la acción de tutela, lo que sería
contrario al artículo 86’, pero que, si de otra parte, la mencionada
competencia se hubiera asignado a una autoridad distinta se habría violado “el
artículo 228, como también el artículo 50 de la Ley Estatutaria, que proclama
el funcionamiento autónomo de las diversas jurisdicciones’, motivos por los
cuales ‘resultaba necesario reglamentar lo concerniente a la competencia para
las acciones de tutela contra acciones u omisiones de los máximos tribunales, y
así lo hizo el Presidente de la República, con observancia de los principios
constitucionales y legales, defiriéndolas a la propia corporación’[12]”.
Como
lo destacó esta Corporación en la sentencia que se acaba de citar, en ejercicio
de la competencia otorgada por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382
de 2000, algunas salas de la Corte Suprema de Justicia han rechazado in
límine las acciones de tutela presentadas en contra de sentencias de la
misma Corporación, motivo por el cual la Corte Constitucional ha adoptado
medidas para impedir que se torne nugatorio el derecho de los demandantes a
acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos
invocados en las respectivas solicitudes. Acerca de estas medidas la Corte
expuso:
“En efecto, en Auto 004 de 2004, la Sala Plena de la
Corporación, tras corroborar que la no admisión a trámite de las solicitudes de
tutela intentadas en contra de sentencias dictadas por la Corte Suprema de
Justicia en sede de casación quebranta los derechos de los demandantes a
acceder a la administración de justicia y obtener la tutela judicial efectiva,
proveyó un mecanismo que juzgó adecuado para impedir la ‘violación advertida’
y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
reconoció a los actores ‘el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal
o colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la
tutela del derecho fundamental que consideran violado’[13].
“A lo anterior se añadió que el juez seleccionado por
la parte actora no podía ‘suscitar conflicto de competencias con la Corte
Suprema de Justicia, pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto
no admitir su trámite’ y que tampoco podía negar la tutela ‘con fundamento en
la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no
existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de
acceso a la administración de justicia justifica la nueva interposición de la
acción de tutela’[14].
“En la misma providencia se ordenó que el mecanismo
dispuesto fuera aplicable cuando existiera ‘la misma situación de vulneración
del derecho de acceso a la administración de justicia y la no tutela efectiva
de sus derechos fundamentales’[15].
Sin embargo, algunos jueces plantearon “sucesivos conflictos de competencia” y
los asuntos expuestos por los demandantes en las demandas de tutela quedaban
pendientes de resolución, a pesar de que el interesado había acudido ‘a la vía
prevista en el Auto 004 antes citado’[16]”.
En
las anotadas condiciones, la Corte profirió el Auto No. 100 de 2008, cuyo
alcance también ha sido resumido en la Sentencia T-1274 de 2008, en los
términos que a continuación se transcriben:
“…la Corte Constitucional, en Auto No. 100 de 2008
consideró que las providencias mediante las cuales la Corte Suprema de Justicia
considera improcedente el amparo constitucional solicitado y lo rechaza in
límine, suscitan la competencia del máximo juez constitucional para
proceder a la revisión que la Carta le encomienda, por cuanto se trata de
‘decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
fundamentales’, respecto de las cuales, según el artículo 241-9 superior,
procede el ejercicio de la competencia de revisión, que la Corte Constitucional
debe adelantar ‘en la forma que determine la ley’[17].
“En la citada providencia, la Sala Plena puntualizó
que, ‘desde el punto de vista material’, una decisión que rechaza la petición
de amparo equivale a un fallo que declara ‘absolutamente improcedente la acción
de tutela’ y, por lo tanto, debe ser sometida al trámite fijado para el proceso
de selección de fallos de tutela en la Corte Constitucional, con la finalidad
de que la Sala de Selección correspondiente pueda ejercer sus competencias y
adoptar una decisión sobre su selección para revisión’[18].
“Así las cosas, la Corte Constitucional puso a
disposición de los demandantes la posibilidad de solicitarle a la Secretaría
General de la Corporación ‘que radique para selección la decisión proferida por
la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, acompañada de la correspondiente acción de tutela y
de la providencia objeto de la misma, con el fin de que surta el trámite fijado
en las normas correspondientes al proceso de selección’[19].
“Pero, además, la Corte reiteró lo decidido en el Auto
004 de 2004 y les otorgó a los actores la posibilidad de escoger entre la
radicación para selección y la alternativa de ‘acudir a la regla fijada en el
Auto 004 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia’[20]”.
Es
evidente que en los casos que ahora se examinan los demandantes optaron por
presentar de nuevo la acción de tutela y lo hicieron en el Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que, con
fundamento en lo expuesto por la Corte Constitucional en los citados Autos 004
de 2004 y 100 de 2008 se declaró competente para conocer las acciones y se
abstuvo de decretar la nulidad pedida por la Sala de Casación Laboral, en razón
del rechazo del que previamente fueron objeto en la corporación que, según las
comentadas previsiones del Decreto 1382 de 2000, está dotada de la competencia
para conocer de lo accionado en contra de las providencias dictadas por sus
distintas salas.
Son
suficientes las consideraciones vertidas en los dos autos proferidos por la
Corte Constitucional para justificar la competencia de la Sala Jurisdiccional
Disciplinara del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, así como
para concluir que no debía plantear conflicto de competencia con la Corte
Suprema de Justicia y que los actores no han incurrido en temeridad al impetrar
de nuevo la acción, lo que tiene especial relevancia tratándose del señor
Carlos Eduardo Chaves Torres, quien antes de instaurar la acción rechazada en
la Corte Suprema de Justicia, presentó una anterior que no condujo a una
decisión de fondo, ya que, en segunda instancia, el Juzgado 48 Civil del
Circuito de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio
de la demanda, por cuanto no se había vinculado a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia y sin perjuicio de la reasignación del caso, de
conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000.
2.2.
Las razones de la no admisión a trámite de las acciones de tutela instauradas
Dilucidada
la primera de las cuestiones preliminares, resta considerar la segunda que,
según lo anunciado, se refiere a las razones esgrimidas por la Corte Suprema de
Justicia para rechazar las tutelas presentadas en contra de providencias
dictadas por sus salas.
En
el caso del señor Carlos Eduardo Chaves Torres, la Sala de Casación Penal, Sala
de Decisión de Tutelas, en auto del 27 de noviembre de 2007, consideró que “las
decisiones judiciales de la Sala de Casación Laboral, proferidas en el campo de
las funciones que le corresponden como órgano límite de la jurisdicción común
en materia laboral, no pueden controvertirse por ninguna otra autoridad
judicial, porque no existe corporación, entidad o despacho que tenga jerarquía
superior en esa área funcional” y añadió que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 235 de la Constitución, los autos y sentencias dictados por la Sala
Laboral son intangibles y que “desborda la legalidad la pretensión de
introducir una instancia más a los procesos que dicha Corporación finiquita, so
pretexto de la acción de tutela”.
Tratándose
de la solicitud de protección presentada por el señor Nelson Rodríguez
Fontalvo, el magistrado de la Sala de Casación Civil que conoció de la
impugnación de la sentencia que en primera instancia profirió la Sala de
Casación Penal, consideró, en auto del 15 de octubre de 2009, que “la presente
acción pública no debió admitirse a trámite, por cuanto, estando en firme,
ejecutoriada y dotada del carácter de cosa juzgada la sentencia que resolvió el
recurso de casación”, resultaba “evidente que la Corte ya se pronunció en torno
a los hechos y fundamentos en que el actor soporta la queja constitucional, no
siendo pertinente reabrir el debate sobre un aspecto ya definido por la máxima
autoridad en la especialidad laboral, por cuanto se desconocerían sus funciones
constitucionales privativas, el debido proceso, el carácter ‘intangible e
inmutable’ de sus decisiones, la cosa juzgada, la seguridad jurídica y su
naturaleza de ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’ (artículo 234 de
la Constitución Política)”, motivos por los cuales decidió anular lo actuado,
no admitir a trámite la solicitud y no remitir la decisión a la Corte
Constitucional, debido “a no tratarse de una sentencia y a que en su contra no
procede recurso alguno”.
Dentro
de la tutela instaurada por el señor Uriel Muñoz Ceballos, la magistrada de la
Sala de Casación Civil a quien correspondió tramitar la impugnación en contra
de la decisión de primera instancia, estimó, en auto del 26 de octubre de 2009,
que la acción no debió admitirse a trámite, por cuanto la decisión cuestionada
se encontraba en firme, ejecutoriada y dotada del carácter de cosa juzgada,
fuera de lo cual se desconocería el debido proceso y el carácter intangible e
inmutable de las decisiones del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, e
igualmente decretó la nulidad de lo actuado y no le impartió trámite a la
acción.
Con
fundamento en argumentos distintos de los esgrimidos en la Corte Suprema de
Justicia para justificar el rechazo, los actores enderezaron sus acciones en
contra de las sentencias adoptadas en los procesos que promovieron ante la
jurisdicción ordinaria laboral para ventilar sus inquietudes referentes a la
indexación de las mesadas pensionales y, singularmente, en contra de las
sentencias de casación que en cada uno de esos procesos fueron dictadas, en
sentido contrario al pretendido por quienes luego acudieron a la acción de
tutela aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales.
Ciertamente
la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y
40 del Decreto 2591 de 1991 que regulaban la acción de tutela en contra de
providencias judiciales[21],
por cuanto estimó que esa previsión desconocía el principio de separación de
jurisdicciones y también el de seguridad jurídica, pero también es cierto que,
en la misma sentencia, la Corporación reconoció la posibilidad de intentar el
mecanismo de protección de los derechos fundamentales, contemplado en el
artículo 86 superior, en contra de actuaciones judiciales que, amparadas bajo
la forma de las providencias judiciales, en realidad encubrieran vías de hecho.
A
partir de ese reconocimiento, distintas salas de revisión aceptaron la procedencia
de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales constitutivas de vías
de hecho y bajo el entendimiento de que la protección de los derechos
fundamentales es prevalente y obliga a todas las autoridades públicas,
incluidos los jueces, fuera de lo cual los principios de seguridad jurídica y
de cosa juzgada no pueden ser utilizados para conferirles intangibilidad a
decisiones contrarias a la Constitución y a los propios principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, porque “es evidente que una vía de hecho constituye
una clara amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del derecho, por
lo que, la defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento del
mismo en el caso concreto”. A lo anterior se suma que los jueces deben adoptar
sus decisiones en armonía con la Constitución y la ley, de modo que la
autonomía judicial no se confunde con el ejercicio arbitrario de la función
judicial, cuyo cumplimiento ha de ser conforme a la Carta que permea el
ordenamiento y, especialmente, la interpretación y aplicación de la ley[22].
Sucesivos
desarrollos de la doctrina de las vías de hecho condujeron al señalamiento de
algunos defectos que podían afectar las providencias judiciales y se estimó que
se configura un defecto orgánico cuando el juez carece de competencia para
adoptar la decisión, un defecto sustantivo siempre que la decisión se funde en
disposiciones claramente inaplicables al caso, un defecto fáctico, cuando se
falla sin el sustento probatorio suficiente y un defecto procedimental cuando
se desconoce el procedimiento señalado para tramitar cada asunto y, por
contera, se vulnera el debido proceso[23].
Una
evolución posterior de la jurisprudencia llevó a perfilar el más amplio
concepto de causales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, con el propósito de propiciar “una comprensión
diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita armonizar la
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos
valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la
necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”[24].
Con
base en este replanteamiento, a los tradicionales defectos se sumaron otras
causales, entre las que sobresalen el error inducido en el que incurre el juez
que ha sido engañado, la decisión carente de motivación, es decir, aquella que
no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, el
desconocimiento del precedente sin que se ofrezca un mínimo de argumentación y
la violación directa de la Constitución[25].
La
indicación de nuevas causales, así como la paulatina concreción de las ya
existentes ha dado lugar a una nutrida jurisprudencia que parte de considerar
que la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales
es completamente excepcional, pues requiere de la efectiva configuración de los
motivos que en el desarrollo de la jurisprudencia la Corte ha identificado como
vulneradores de los derechos fundamentales protegidos mediante la acción de
tutela.
Empero,
el proclamado carácter excepcional de la acción de tutela ha llevado a que,
antes de examinar el fondo de la cuestión planteada y de verificar la
ocurrencia de alguna causal específica, se constate el cumplimiento de unos
requisitos genéricos de procedibilidad del amparo contra providencias
judiciales, que, según la enunciación contenida en la citada Sentencia C-590 de
2005, consisten en que (i) no se ataquen sentencias de tutela, (ii) se hayan
agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que el
demandante tuvo a su alcance, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, (iii) se cumpla el requisito de inmediatez mediante la
instauración la acción en un término razonable, contado a partir del hecho
generador de la vulneración alegada, (iv) se identifiquen de manera razonable
los hechos causantes de la vulneración y los derechos conculcados, en forma tal
que, de haber sido posible, la vulneración se haya alegado en el respectivo
proceso judicial, (v) la cuestión discutida resulte de evidente relevancia
constitucional y, (vi) tratándose de una irregularidad procesal, se demuestre
que la misma tuvo un efecto decisivo o determinante en la providencia que se
impugna y que afectó derechos fundamentales.
Es
claro, entonces, que jurídicamente no es factible dejar de admitir a trámite
una acción de tutela o declarar improcedente el amparo por el simple hecho de
que se haya instaurado en contra de una providencia judicial y que lo debido es
conocer del asunto y determinar si cabe o no el otorgamiento de la protección
solicitada, luego de examinar el cumplimiento de los requisitos genéricos y, si
procede, de las causales específicas que dan lugar a la procedencia excepcional
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Con
fundamento en las anteriores consideraciones entra la Sala e examinar las
cuestiones propuestas por los actores en sus respectivas acciones de tutela.
3.
Las solicitudes presentadas y la procedencia de la acción de tutela
Tienen
en común los expedientes acumulados que en las respectivas solicitudes se proponen
asuntos relacionados con la indexación de las mesadas pensionales, aunque no se
plantea una misma cuestión. En efecto, mediante la instauración de la acción de
tutela, el señor Carlos Eduardo Chaves Torres pretende que se le indexe la
primera mesada pensional, mientras que las peticiones presentadas por los
señores Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz Ceballos tienen que ver con la
fórmula utilizada para indexar que, a su juicio, es distinta de la empleada por
la Corte Constitucional en jurisprudencia precedente y les causa una notable
disminución del valor que reciben por concepto de pensión.
Los
dos asuntos que los demandantes esgrimen han sido tratados por esta Corporación
en sede de revisión de tutelas, luego procede examinar los requisitos genéricos
de procedencia del mecanismo protector establecido en el artículo 86 de la
Carta y, en caso de que se satisfaga esta exigencia inicial, la Sala pasará al
examen de los requisitos específicos o causales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales.
3.1.
Las solicitudes presentadas y los requisitos genéricos de procedencia de la
acción de tutela
3.1.1.
Según el orden de la enunciación de los requisitos genéricos que, con
fundamento en la Sentencia C-590 de 2005, se ha hecho en esta providencia, es
evidente que en ninguno de los tres casos examinados se ha instaurado la acción
de tutela en contra de sentencias mediante las cuales se hayan decidido
acciones de tutela anteriores y, como quiera que se acata la prohibición de
intentar la tutela en contra de tutela, este primer requisito se encuentra
satisfecho.
3.1.2.
El segundo requisito genérico consiste en el agotamiento de los medios
judiciales ordinarios y extraordinarios que el demandante en tutela haya
tenido a su alcance y en cada uno de los casos que ahora ocupan la atención de
la Sala se puede constatar que tales medios fueron agotados. Así, en cuanto
hace a la solicitud del señor Carlos Eduardo Chaves Torres se encuentra
acreditado que para ventilar su inconformidad referente a la falta de
indexación de la primera mesada pensional demandó ante la jurisdicción
ordinaria laboral y aún cuando en la primera y en la segunda instancia, que se
surtieron ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior
de la misma ciudad, prosperó su pretensión, no ocurrió así en sede de casación,
pues la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de
segunda instancia y absolvió a la parte demandada de todas las pretensiones
incoadas.
Tratándose
del señor Nelson Rodríguez Fontalvo está probado que presentó demanda ordinaria
laboral en contra del Banco Cafetero y que el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá condenó a la parte demandada a reajustar el valor de la
primera mesada pensional, mediante providencia que luego fue revocada por el
Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de reconocer los intereses moratorios
al actor y de modificar la cuantía inicial de la pensión indexada a una suma
menor, lo que fue controvertido por el ahora demandante en tutela en ejercicio
del recurso de casación que fue decidido en el sentido de casar parcialmente la
sentencia recurrida en lo atinente a los intereses moratorios, manteniéndola en
lo demás.
Por
su parte, el señor Uriel Muñoz Ceballos instauró demanda ordinaria laboral en
contra del Banco Cafetero a fin de que se declarara su derecho a la
reliquidación de la pensión reconocida y al consiguiente reajuste de la primera
mesada pensional, pretensiones que no tuvieron éxito, pues el Juzgado 13
Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la parte demandada de las
pretensiones incoadas en su contra y, habiendo apelado, el Tribunal Superior de
Bogotá confirmó lo decidido en primera instancia, por lo cual el ahora actor en
tutela interpuso recurso de casación que fue resuelto en el sentido de casar la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y, en sede de instancia, revocar
parcialmente, el fallo del Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, para, en
su lugar, condenar a BANCAFE, a CAPRECOM y al Banco Popular a reajustar el
valor inicial de la pensión de jubilación, en los montos allí señalados y con
los incrementos legales causados con posterioridad del 22 de diciembre de 1996,
como también las mesadas adicionales consagradas legalmente, previo descuento
de las sumas canceladas por concepto de pensión de jubilación.
Así
las cosas, después de haberse surtido el recurso de casación, fuera de la
acción de tutela no existe posibilidad de ventilar judicialmente los asuntos
que dieron lugar a las demandas presentadas ante la jurisdicción ordinaria
laboral, luego el requisito de procedencia está cumplido y procede examinar el
siguiente que es el relacionado con la inmediatez en la presentación de la
tutela.
3.1.3.
Tiene bien establecido la jurisprudencia constitucional que la acción de tutela
es un mecanismo para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, siempre que estos sean amenazados o vulnerados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, de ahí que su importancia como remedio
judicial radique en la presentación oportuna orientada a que, por virtud de
orden judicial producida en breve término, cese la amenaza, se interrumpa la
actuación que origina la violación o se ordene el obrar cuando la vulneración
consista en una omisión.
Se
trata, entonces, de proporcionar una protección rápida y eficaz que, dada la
urgencia de poner término al actual desconocimiento de los derechos
fundamentales, requiere del afectado una especial diligencia para poner en
movimiento el aparato judicial del Estado mediante el ejercicio de la acción de
tutela, pues el injustificado retardo en su empleo desvirtúa el carácter
urgente de la protección, que viene exigido por la importancia de los derechos
como bienes jurídicos dotados de primacía en el orden constitucional y por la
gravedad que implica la afectación de esos bienes.
Sin
perjuicio de lo anterior, también ha reconocido la jurisprudencia que en
determinadas situaciones, pese a que se recurra a la acción de tutela con
alguna tardanza, tal demora puede estar justificada o no incidir en el
desconocimiento del requisito de inmediatez, por el hecho de que la vulneración
de los derechos fundamentales se proyecta en el tiempo y tiene efectos negativos
que prolongan el desconocimiento durante un lapso considerable, como acontece,
por ejemplo, cuando el causante de la violación incurre en omisión y la
mantiene, ya que en esa hipótesis solo su actuación tiene la capacidad de hacer
cesar la vulneración que radica en su inactividad contraria a los derechos
fundamentales de quien la padece.
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a examinar los casos
que ahora ocupan su atención. Sobre el particular cabe destacar que el señor Carlos
Eduardo Chaves Torres instauró la acción ordinaria laboral y que las sentencias
del Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá que fueron favorables a su
pretensión de obtener la indexación de la primera mesada pensional,
respectivamente datan del 25 de junio y del 30 de 0ctubre de 1998, mientras que
la sentencia de casación, adversa a sus pretensiones, aparece calendada el 15
de febrero de 2000.
El
actor instauró una primera acción de tutela en 2007 que le fue fallada, en
primera instancia, por el Juzgado 37 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, mediante sentencia de 10 de septiembre de ese año, en la
cual se ordenó reliquidar e indexar la primera mesada pensional, de acuerdo con
la fórmula empleada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, como ha
quedado anotado, el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá declaró la nulidad
de lo actuado a fin de que se vinculara a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de la reasignación del conocimiento a
la entidad judicial correspondiente, de conformidad con las reglas establecidas
en el Decreto 1382 de 2000.
Conforme
ha quedado consignado en otros apartes de esta providencia, la acción de tutela
fue presentada nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de
Decisión de Tutelas, por auto del 27 de noviembre de 2007, la rechazó y por tal
motivo, el señor Chaves Torres la instauró, por tercera vez, ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
el 9 de octubre de 2009.
El
señor Nelson Rodríguez Fontalvo acudió ante la jurisdicción ordinaria laboral
y, en sentencia del 30 de junio de 2006, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
condenó a la parte demandada a reajustar el valor de la primera mesada
pensional, mientras que el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 14 de
noviembre de 2006, modificó la cuantía inicial de la pensión a una suma menor y
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia del
28 de abril de 2009, mantuvo la decisión recurrida, salvo en lo referente a los
intereses moratorios.
El
demandante presentó acción de tutela que, según los datos que obran en el
respectivo expediente, en auto del 15 de octubre de 2009 no fue admitida a
trámite por el magistrado de la Sala de Casación Civil a quien le correspondía
desatar la impugnación del fallo proferido en primera instancia, el 8 de
septiembre de ese año, por la Sala de Casación Penal, razón por la cual el 28
de octubre de 2009 el señor Rodríguez Fontalvo presentó de nuevo su solicitud
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria.
Igualmente,
el señor Uriel Muñoz Ceballos instauró demanda ante la jurisdicción ordinaria
laboral y el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
14 de marzo de 2001, absolvió al Banco Cafetero, a CAPRECOM y al Banco Popular
de las peticiones incoadas en su contra y, en segunda instancia, el Tribunal Superior
de Bogotá, en providencia del 13 de julio de 2001, confirmó la decisión de
primera instancia, mientras que la Sala de Casación Laboral, en sentencia del
13 de diciembre de 2002, accedió a la indexación, pero con base en una fórmula
cuya utilización no comparte el actor.
El
demandante impetró acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia y la
magistrada a quien correspondió conocer de la impugnación de la sentencia
proferida por la Sala Civil el 1º de septiembre de 2009, no admitió a trámite
la acción, según consta en providencia del 26 de octubre del mismo año, de
manera que el señor Muñoz Ceballos volvió a instaurarla el 29 de octubre de
2009 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria.
Vistas
las fechas en que se produjeron las sentencias judiciales que pusieron término
a los procesos que los demandantes iniciaron ante la jurisdicción ordinaria
laboral, claramente se nota que el señor Nelson Rodríguez Fontalvo acudió con
mayor prontitud a la acción de tutela, dado que la sentencia de casación es del
28 de abril de 2009 y la impugnación de su primera petición de amparo fue
decidida el 15 de octubre de ese mismo año en el sentido de no admitir a
trámite la acción, por lo cual el 28 de octubre la volvió a radicar ante el
Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria.
De
lo anterior se deduce que el señor Rodríguez Fontalvo presentó su solicitud de
protección dentro de un término razonable y que no puede obrar en su contra el
lapso durante el cual se tramitó la primera instancia de la acción finalmente
no admitida a trámite en la Corte Suprema de Justicia, por lo que, en este
caso, el simple transcurso del tiempo no alcanza a desvirtuar el cumplimiento del
requisito de inmediatez, que también tendría que darse por satisfecho si se
toma en cuenta la fecha en que la acción se instauró de nuevo ante la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Desde
la perspectiva del paso del tiempo distinta es la situación de los señores
Carlos Eduardo Chaves Torres y Uriel Muñoz Ceballos, puesto que las sentencias
de casación fueron proferidas el 15 de febrero de 2000 y el 13 de diciembre de
2002, respectivamente, mientras que las primeras acciones de tutela que ambos
intentaron, fueron presentadas en el año de 2007 por el señor Chaves Torres y
en 2009 por el señor Muñoz Ceballos.
En
principio, cabría pensar que en estos dos casos no se dio cumplimiento al
requisito de inmediatez, por cuanto habría transcurrido un tiempo considerable
entre la sentencia de casación que definió la cuestión planteada en los
respectivos procesos laborales y el momento en el cual instauraron la acción de
tutela. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que en sede de control de
constitucionalidad, la Corte consideró que “el derecho a la actualización de la
mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas
categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza
carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato
discriminatorio” y añadió que “desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho
constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el
Legislador determine”[26].
Con
fundamento en lo anterior, al analizar el cumplimiento del requisito de
inmediatez la Corte ha señalado que “en sentencia C-862 consideró que en los
supuestos en donde la acción de tutela se dirigía a conseguir el mantenimiento
del poder adquisitivo de la pensión, así como la indexación de la primera
mesada pensional, no cabía hacer ningún trato diferenciado, ni siquiera por el
transcurso del tiempo”[27].
Este criterio ha sido desarrollado en otros fallos, en los que se ha sostenido
que en eventos como los analizados, “la inmediatez no es argumento que permita
declarar la improcedencia”, porque “subsiste la vulneración del derecho
constitucional y “no es procedente alegar inmediatez cuando el desconocimiento
de un derecho constitucional se ha prolongado en el tiempo y no se ha dado el
cumplimiento de tal derecho”, por lo cual “es irrelevante el tiempo
transcurrido”[28].
En
este sentido la jurisprudencia también ha destacado que “la solicitud de amparo
se sustenta en la afectación actual de derechos fundamentales, en la medida en
que subsiste una oposición objetiva entre el contenido de las decisiones
judiciales y la Constitución, como consecuencia del no reconocimiento del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, por un lado, y de la
aplicación de una fórmula que no se aviene a los criterios fijados por la Corte
Constitucional para actualizar el valor del salario base de liquidación, por
otro”[29].
Y,
además, explicó la Corte que “la vulneración se predica, no a partir de lo ya
decidido en sede de la jurisdicción ordinaria laboral, sino en el hecho de que
se produjo una evolución jurisprudencial que supuso el cambio de la realidad
objetiva en relación con el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional y el empleo de mecanismos que la materialicen como verdaderas
garantías reconocidas por la Constitución”, tratándose, entonces, del
“planteamiento de una pretensión nueva”, basada en las Sentencias C-862 y C-891
A de 2006 y “amparada en el criterio de que la actualización de la pensión no
se encuentra condicionada a término alguno de prescripción y de que existen
elementos fácticos y jurídicos nuevos en un ordenamiento constitucional y
laboral disímil al anterior, lo cual permitiría admitir que las citadas
decisiones de constitucionalidad permiten fundar una nueva pretensión de
actualización de la primera mesada pensional, distinta de aquella que había
sido negada por decisiones judiciales del pasado y justiciable, ahora, por vía
de acción de tutela”[30].
Por
lo demás, en la sentencia C-891 A de 2006, la Corporación puntualizó que “las
prestaciones periódicas son susceptibles de revisión -por lo cual no
constituyen situaciones totalmente definidas y cerradas-” y, en concordancia
con ese planteamiento, se ha estimado que aún cuando las controversias
planteadas fueron decididas en su momento por los jueces laborales, “el efecto
de dichas decisiones todavía se proyecta sobre la cuantía de una prestación que
es actual y cuyo deterioro en el tiempo supone un problema jurídico, no ya de
índole meramente legal, sino de indiscutible relevancia desde la perspectiva
constitucional”[31].
3.1.4.
Con fundamento en las consideraciones precedentes procede dar por cumplido el
requisito de inmediatez y pasar a examinar si los hechos causantes de la
vulneración alegada han sido identificados por los actores y fueron ventilados
en los respectivos procesos que promovieron ante la jurisdicción ordinaria
laboral. Al respecto cabe recordar que la pretensión del señor Carlos
Eduardo Chaves Torres consiste en la actualización de la primera mesada pensional,
mientras que los señores Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz Ceballos
fundan su inconformidad en la fórmula empleada para la indexación de sus
pensiones, fórmula que, en su criterio, disminuye notablemente y es distinta de
la utilizada por la Corte Constitucional en algunas de sus decisiones
proferidas en sede de tutela.
Identificados
así los motivos a los cuales los demandantes atribuyen la vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales, resta apuntar que la acción que el
señor Carlos Eduardo Chaves Torres instauró ante la jurisdicción ordinaria
laboral tuvo por pretensión la de que al reliquidar el valor inicial de la
pensión se le aplicara al salario promedio devengado durante el último año de
servicios “la devaluación monetaria causada desde la fecha de terminación del
contrato de trabajo hasta cuando empezó a pagársele la prestación” y, habiendo
obtenido decisión favorable en primera y segunda instancia, mediante apoderado
presentó alegato de réplica a la demanda de casación interpuesta por Almacafé,
como entidad demandada y en tal alegato insistió, sin éxito, en que se le
protegiera la indexación de la primera mesada pensional.
En
la demanda que presentó ante la jurisdicción ordinaria laboral, el señor Nelson
Rodríguez Fontalvo puso de presente que su pensión de jubilación debió
liquidarse con base en el salario promedio del último año, aplicándole la
indexación certificada por el DANE y solicitó que en esas condiciones se le
ordenara al Banco Cafetero efectuar el correspondiente reajuste. En primera
instancia se ordenó la indexación y, al desatar la apelación interpuesta por
ambas partes, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la sentencia recurrida en
el sentido de que la pensión debidamente indexada arrojaba un menor valor del reconocido
en la sentencia apelada, de manera que al sustentar el recurso de apelación
infructuosamente se solicitó casar parcialmente la sentencia de segunda
instancia por haber modificado la de primera que había otorgado la indexación
por un mayor valor.
El
señor Uriel Muñoz Ceballos buscó ante la jurisdicción ordinaria laboral que
fuera reajustada la primera mesada pensional mediante la actualización del 75%
de lo devengado en el último año de servicios, con base en el índice de precios
al consumidor, total nacional, arrojado entre la fecha de su desvinculación del
Banco Cafetero y la fecha en que cumplió la edad establecida por la ley para
disfrutar de la pensión de jubilación. La parte demandada fue absuelta mediante
fallo de primera instancia, confirmado en segunda, por lo cual el demandante
recurrió en casación y en esa sede obtuvo un reajuste del valor inicial de la
pensión que luego cuestionó en ejercicio de la acción de tutela, porque, a su
juicio, se le otorgó una pensión “disminuida o depreciada en casi un 70% de su
valor real”, lo que se evitaría si se aplicara la fórmula de indexación
utilizada por la Corte Constitucional.
Del
anterior recuento se desprende que las razones por las cuales los actores
estiman conculcados sus derechos fundamentales fueron puestas de presente en
los procesos que cursaron en la jurisdicción ordinaria laboral y que en el caso
del señor Uriel Muñoz Ceballos su desacuerdo con la fórmula de indexación
utilizada en la sentencia de casación ya no tenía forma de ser ventilado, como
no fuera mediante el ejercicio de la acción de tutela.
3.1.5.
Así pues, de los requisitos genéricos de procedencia de la acción de tutela en
contra de sentencias judiciales queda por examinar la relevancia
constitucional de los asuntos planteados que ya ha sido considerada en sede
de revisión[32]
y también en sede de control de constitucionalidad[33] al afirmar, con
fundamento en los artículos 48 y 53 de la Constitución, el derecho a la
actualización de las pensiones y a mantener su poder adquisitivo, “dentro de
cuyo ámbito de conducta protegida se encuentra el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, el derecho a la vida digna, el mínimo vital, la seguridad
social, entre otros”[34],
que pueden verse afectados por las decisiones de la justicia ordinaria que no
concedieron la indexación de la primera mesada pensional o el reajuste de
acuerdo con una fórmula de indexación más favorable al pensionado.
3.2.
Los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela en los casos
examinados
Habiéndose
comprobado, en cada uno de los tres casos analizados, el cumplimiento de los
requisitos genéricos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, procede la Sala a examinar los asuntos planteados en las
respectivas solicitudes de protección, para determinar si se configura alguno
de los requisitos específicos de procedencia. Puesto que, tal como se ha indicado,
el primero de los casos tiene que ver con la indexación de la primera mesada
pensional, mientras que en los dos restantes se aduce una situación referente a
la fórmula de indexación, en ese orden la Sala abordará las cuestiones
planteadas.
3.2.1.
Expediente T-2.634.609
El
señor Carlos Eduardo Chaves Torres indica que laboró para la empresa Almacenes
Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S.A., hasta el 31 de marzo de 1981,
habiendo devengado como último salario la suma de $29.001.44 que, teniendo como
referencia el salario mínimo legal entonces vigente, correspondía a cinco
salarios mínimos legales.
Agrega
que al retirarse tenía 49 años de edad y no alcanzaba la edad de jubilación,
por lo cual, cuando la cumplió, la empresa le reconoció una pensión,
otorgándole al efecto una mesada por el valor de $65.190.00, equivalente a un
salario mínimo legal mensual, y con efectividad al 6 de febrero de 1992, monto
con el que ha tenido que subsistir hasta la fecha en que impetró la acción de
tutela que ahora se estudia, cuando sobrepasaba los 77 años de edad y ya
enfrentaba problemas de salud.
Reclama
una liquidación que tenga como base lo efectivamente devengado en el momento de
retirarse, es decir, cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, y señala
que, aún cuando su acción ordinaria laboral prosperó en primera y segunda
instancia, no le fue favorable la sentencia que resolvió el recurso de casación
interpuesto por la parte demandada, razón por la cual pide que se le ampare
mediante la orden de indexar la primera mesada pensional, “reconocimiento que
obviamente debe ser retroactivo al momento mismo en que me fue adjudicada la
asignación pensional, respetando, obviamente, los lineamientos legales en
cuanto al fenómeno de la prescripción”.
En
la sentencia de 15 de febrero de 2000 la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia señaló que “en sentencia de fecha 18 de agosto de 1999
radicada con el número 11818 modificó la jurisprudencia sentada en la de 5 de
agosto de 1996 que le dio fundamento a la indexación de la primera mesada” y,
con fundamento en esa variación jurisprudencial, casó la sentencia de segunda
instancia, decisión de la cual se apartaron los magistrados Francisco Escobar
Henríquez, Luis Gonzalo Toro Correa y Fernando Vásquez Botero, por considerar
que, “desde el año de 1996, en sentencia del 5 de agosto de esa anualidad
radicación Nro. 8616, esta Sala de la Corte, por mayoría que, ahora queda en
minoría, aceptó la procedencia de la actualización judicial de la base salarial
que de acuerdo con la ley debe tenerse en cuenta para liquidar la pensión de
jubilación, que es lo que tradicionalmente se le ha dado la denominación de
‘indexación de la primera mesada pensional’ ”.
Así
las cosas el problema jurídico que se debe resolver consiste en establecer si
la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia incurre en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales, por no haber accedido a
indexar la primera mesada de la pensión reconocida por ALMACAFE al señor Carlos
Eduardo Chaves Torres.
Para
resolver el problema jurídico enunciado, la Sala, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, precisará el alcance del derecho a la indexación
de la primera mesada pensional, confrontará los criterios plasmados en la
jurisprudencia de la Corte con la situación planteada por el actor y, después
de resolver algunas inquietudes formuladas en la contestación a la demanda de
tutela, decidirá si procede o no conceder el amparo deprecado.
3.2.1.1.
El derecho a la indexación de la primera mesada pensional
En
decisiones de tutela, y especialmente en la sentencia SU-120 de 2003, con base
en los artículos 13, 48 y 53 de la Carta, que impone al Estado la obligación de
garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales, la jurisprudencia de esta Corporación empezó a reconocer la existencia
de un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo
de su mesada pensional, cuyo desconocimiento acarrea el del derecho al mínimo
vital y, por lo general, también el de los derechos de las personas de la
tercera edad, en cuanto sujetos de especial protección constitucional.
Posteriormente,
ya en sede de control de constitucionalidad de las leyes, la Corte profirió las
sentencias C-862 y C-891 A de 2006, en las que afirmó, con efecto erga omnes,
la existencia de tal derecho y su derivación de los citados artículos
superiores y de las exigencias propias del Estado Social de Derecho.
El
mencionado derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones “no se
limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido
reconocidas por la entidad competente”, ya que su contenido también abarca la
actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada o,
concretamente el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, habida
cuenta de que la indexación “es el criterio empleado de manera preferente por
el Congreso de la República para mantener la capacidad adquisitiva de las
mesadas pensionales”[35].
El
derecho a la indexación de la primera mesada pensional cobra especial
relevancia respecto de aquellos casos en los que los trabajadores se retiraban
de sus labores una vez cumplido el requisito de tiempo de servicio para acceder
a una pensión, pero no la edad exigida con dicha finalidad, por lo cual “al
momento de la consolidación de su derecho veían reducido el monto de su
pensión, con respecto al último salario devengado, justificado en la ausencia
de norma legal que permitiera actualizar su primera mesada pensional”[36].
Así
pues, cuando el trabajador cumplía el requisito faltante, “la mesada
correspondía nominalmente al último salario devengado al momento de retirarse
del servicio, pero cuando cumplía el requisito de edad, esta cifra resultaba
menor en términos reales a la última decidida, por causa atribuible,
generalmente, a la pérdida del valor adquisitivo de las unidades monetarias” y,
por lo tanto, “la actualización del valor correspondiente a la primera mesada
se hacía necesaria por efecto de la inflación registrada en el periodo
comprendido desde la fecha de retiro del servicio y el reconocimiento de la
pensión, lo cual generaba una pérdida de su poder adquisitivo”, pues “la
primera mesada pensional correspondía a un valor significativamente menor a lo
que recibía años atrás por concepto de salario”[37].
En
la Sentencia C-862 de 2006, la Corte declaró la constitucionalidad de la
expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en los
numerales 1º y 2º del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, “en el
entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la
variación del Indice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el DANE”.
La
Corporación ha explicado que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional “ha existido desde la expedición misma de la Constitución de 1991 y
por esta razón lo único que han hecho las sentencias emitidas por la Corte
Constitucional es declarar la existencia del mismo”, de donde se desprende que
“tales fallos tienen, por tanto, una naturaleza meramente declarativa y no
constitutiva”[38].
3.2.1.2.
La indexación de la primera mesada pensional y el caso concreto
Al
confrontar los anteriores planteamientos con la situación puesta de presente
por el actor en su escrito de tutela, claramente se advierte que le asiste el
derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional y que tal
derecho le ha sido desconocido tanto por la empresa que le reconoció la
pensión, como en la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que, en razón de un cambio jurisprudencial ocurrido
en 1999, le negó la actualización solicitada.
En
efecto, habiendo cumplido el tiempo requerido para la pensión, el señor Chaves
Torres se retiró de su trabajo en 1981 y unos años después cumplió el requisito
de edad, situación que condujo a que el reconocimiento se le hiciera con
fundamento en un salario mínimo y no, como ha debido ser, con base en una
cantidad que tuviera equivalencia con lo que devengaba en 1981, por lo cual
recibió una pensión depreciada a causa de la inflación y, como todavía sufre
los efectos nocivos de esa situación, tiene derecho a la actualización de la
primera mesada.
En
reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido que cuando se demuestra que no
se ha procedido a la actualización de la mesada pensional, se presume la
afectación del mínimo vital, porque la mesada pensional “en tanto prestación
periódica dineraria que permite acceder al conjunto de prestaciones
constitutivas del mínimo vital, es un mecanismo que garantiza este derecho a
las personas de la tercera edad, razón por la cual se justifica el
establecimiento de presunciones tales como que el no pago de la mesada
pensional vulnera el derecho al mínimo vital” y que esa vulneración también se
produce cuando existe “una evidente desproporción resultante de la comparación
del valor de la mesada pensional que actualmente se les reconoce a los actores,
producto del no reconocimiento de la indexación”[39].
Como
se alcanza a señalar en los apartes transcritos, la falta de indexación de la
primera mesada pensional también afecta los derechos de las personas de la
tercera edad y ello es evidente en el caso que ahora ocupa la atención de la
Sala, dado que al momento de presentar su acción de tutela el señor Chaves
Torres superaba los 77 años de edad.
La
violación que así se configura proviene de la actitud de ALMACAFE, pero también
de la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia que fue adversa a la pretensión deducida por el ahora demandante en
tutela ante la jurisdicción ordinaria laboral. Tratándose de los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales la Corte Constitucional ha apuntado que el desconocimiento del
derecho constitucional de los actores a la indexación de su primera mesada
pensional, “constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, indebida
aplicación normativa y omisión en la aplicación directa de la Constitución”[40].
Repárese
en que el derecho se protege en razón de su previsión constitucional y por
ello, la concesión del amparo “no significa conferir efectos retroactivos a la
Sentencia C-862 de 2006, sino admitir que el derecho de indexación deriva del
artículo 53 superior así como de otros preceptos constitucionales”, cuya
efectividad “puede alegarse en acción de tutela”, pues, conforme se ha anotado,
sentencias como la citada se limitaron a declarar el derecho ya presente en la
normatividad superior, mas no a constituirlo[41].
Tanto
es cierto lo anterior que la propia Corte Suprema de Justicia ha mantenido
diversas posiciones respecto de la indexación de la primera mesada pensional,
como que “pasó de extender la tesis de la indexación de obligaciones
pecuniarias a la actualización de la primera mesada pensional, a sostener que,
si entre las partes no se acordaba ningún tipo de actualización de la mesada,
al juez no le correspondía modificar el salario base para la liquidación de la
pensión mediante la indexación” y, últimamente, ha sostenido que procede la
actualización de la base salarial siempre y cuando las pensiones se hayan
causado con posterioridad a la fecha en la cual entró en vigencia la
Constitución que ahora rige e incluso después de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993[42].
Frente
a lo anterior la Corte Constitucional ha señalado que si bien es cierto que el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional tiene expreso fundamento
en la Constitución de 1991, también lo es que tanto las disposiciones vigentes
antes de la Carta, como los efectos actuales de preceptos derogados tienen que
adecuarse a la nueva Carta y que así ocurre con la omisión legislativa resuelta
mediante la Sentencia C-862 de 2006, pues de lo contrario se produciría “una
vulneración flagrante del principio de especial protección a las personas de la
tercera edad, porque los pensionados nacidos, retirados del servicio, o con la
edad de jubilación cumplida con anterioridad a la vigencia de la Carta,
quedarían obligados a sobrevivir con pensiones depreciadas por la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda en detrimento de su mínimo vital y en desigualdad
con otros adultos mayores que cumplieron esos requisitos con posterioridad al 7
de julio de 1991”[43].
3.2.1.3.
Algunas inquietudes planteadas en la contestación de la demanda
Precisamente
ALMACAFE, al dar contestación a la demanda de tutela, adujo que como pagó las
mesadas pensionales a partir de 6 de febrero de 1987, “los pronunciamientos
jurisprudenciales en los cuales esta persona funda su acción de tutela no son
aplicables a situaciones anteriormente consolidadas”. Para la Sala no puede ser
un dato irrelevante que el reconocimiento de la pensión se haya hecho mediante
resolución del 24 de marzo de 1993, modificada posteriormente para reconocer la
pensión desde el 6 de febrero de 1987, pero en todo caso después de haber
entrado en vigencia la Constitución de 1991.
Conforme
lo ha aceptado la Corporación, en distintas oportunidades se les ha protegido
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional a personas a quienes
les fue reconocido el derecho a la pensión antes de la entrada en vigencia de
la Carta de 1991, como aconteció en el caso de la Sentencia T-098 de 2005, en
el cual “el actor se había retirado del trabajo el 27 de enero de 1974 y la
pensión de jubilación le fue reconocida el 10 de diciembre de 1980” y también
en la Sentencia T-045 de 2007, en cuyo caso “el actor se retiró del banco en el
cual trabajaba el 20 de octubre de 1984 y la pensión le fue reconocida mediante
resolución del 27 de octubre de 1988”[44].
El
sustento de la protección del derecho en las circunstancias que se dejan
anotadas radica, de una parte, en la actualidad de una violación prolongada en
el tiempo y, de la otra, en el carácter universal del derecho a la indexación
de la primera mesada pensional, pues la Carta lo reconoce a todos los
pensionados, sin que se pueda excluir a algunos de ellos “por razones derivadas
del tránsito legislativo” o de otras causas, “ya que los efectos económicos de
la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, generan el
mismo efecto negativo sobre todas las pensiones” y la exclusión “constituiría
un trato discriminatorio hacia los pensionados excluidos y una vulneración de
los principios anteriormente enunciados”[45].
Así
surge de la Sentencia C-862 de 2009 en la que “nunca se dijo que tal derecho no
se reconocería a quienes se les había causado o consolidado el reconocimiento
de la pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de una u otra norma,
sino que por el contrario se proclamó la universalidad del mismo dentro de
todas las categorías de pensionados”, tal como se había hecho en la Sentencia
SU-120 de 2003 en la que se expusieron “principios generales del derecho, y argumentos
y criterios auxiliares de la actividad judicial como la equidad, el principio
de favorabilidad laboral”, fuera de lo cual se puso de presente que “la
congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación era una idea
que no tenía asidero en el ordenamiento y que además no se encontraba prevista
en ninguna norma”[46].
Además,
el representante de ALMACAFE aduce que a la finalización del contrato de
trabajo entre las partes se suscribió acta de conciliación, decisión que
considera definitiva y tiene el efecto de cosa juzgada, especialmente si se
trata de asuntos eminentemente económicos que el actor aceptó y aunque reconoce
que el derecho pensional no es conciliable, es posible conciliar la
cuantificación de las mesadas, máxime si en el acta respectiva se estipuló que
“en razón a que el señor Carlos Eduardo Chaves Torres, al 31 de marzo de 1981,
fecha de su retiro, cuenta con más de veinte (20) años de servicios a la
Entidad, la pensión de jubilación le será liquidada conforme a las disposiciones
legales que rijan en el momento de la causación de esta prestación”.
Aún
cuando al contestar la demanda laboral y al sustentar el recurso de apelación
la parte demandada hizo referencia a la conciliación, lo cierto es que las
sentencias de primera y segunda instancia limitaron la cuestión a resolver
sobre la indexación de la primera mesada pensional y fundaron las respectivas
decisiones en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia que por entonces
prohijaba la Corte Suprema de Justicia.
Así,
el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, en su sentencia de 25 de junio de
1998 indicó que el juez, “por virtud de la Constitución Nacional está
supeditado al imperio de la ley cuando ella es expresa”, pues, de lo contrario,
“debe consultar los principios auxiliares de la actividad judicial como son la
equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho”, habida
cuenta de que “la nueva Constitución Nacional precisamente al proteger al
pensionado y a la persona de la tercera edad, está exigiendo del juzgador un
entendimiento amplio, ecuánime y pionero en defensa de las pautas
constitucionales por encima de los vacíos legales” y de que “la Corte Suprema
de Justicia en las sentencias número 8616 del cinco de agosto de 1996 y número
9083 del once de diciembre de 1996 ha sentado un determinante precedente”.
Por
lo demás, también la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se limitó a
definir lo relativo a la indexación de la primera mesada pensional y, según se
ha visto, lo hizo con base en un precedente opuesto al citado por el juez de
primera instancia y ciñéndose a los cargos planteados al sustentar el recurso
de apelación que en nada tocan la conciliación traída a cuento, cuyos términos
escapan, por lo tanto, a la consideración del juez de tutela que debe limitarse
a lo efectivamente tratado y decidido en la sentencia acusada de vulnerar
derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de tutela.
Otras
cuestiones que no fueron debatidas en el proceso ordinario laboral adelantado y
que tampoco constituyeron objeto de decisión en las sentencias proferidas, como
son las referentes a la presunta obligación del Instituto de Seguros Sociales
de asumir el pago de la pensión desde el momento en que el trabajador cumpla
con los requisitos mínimos exigidos, quedando el patrono obligado a pagar el
mayor valor si lo hubiere y a la conmutación pensional, pese a que fueron
puestos de presente en la contestación de la demanda de tutela, no pueden ser
abordados por el juez de tutela, cuya competencia está limitada a lo que se
debatió y fue resuelto en las sentencias acusadas de constituir vías de hecho o
de dar lugar a la configuración de alguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
En
definitiva, el tema que es objeto de tratamiento es el relativo a la indexación
de la primera mesada pensional y del alcance de las responsabilidades que, de
conformidad con lo que se decida, está llamada a asumir la empresa ALMACAFE
como empleadora del señor Chaves Torres, quien, de acuerdo con lo expuesto,
tiene el derecho a que se le actualice la base que sirvió para la liquidación
de su pensión de jubilación por la parte que, finalmente y en contra de la
Constitución, resultó absuelta de esa pretensión. Cualquiera otro asunto
pendiente que tenga ALMACAFE con otras entidades o personas respecto del pago
completo de la pensión, deben ser ventilados y definidos por esta empresa, sin
afectar los derechos de su antiguo trabajador que, se repite, tiene derecho a
que se le pague el total de la pensión y la ha reclamado del primeramente
obligado a su reconocimiento y pago total.
Finalmente,
el señor Chaves Torres pide la indexación de la primera mesada pensional,
“respetando, obviamente los lineamientos legales en cuanto al fenómeno de la
prescripción”, el representante de ALMACAFE alega la prescripción a favor de la
empresa y las decisiones judiciales en las que inicialmente fue concedida la
protección señalaron que procedía el pago de las mesadas, con excepción de
aquellas que hubieran prescrito, motivo por el cual, esta Sala reitera lo que
sobre el tema de la prescripción fue expresado en la Sentencia T-098 de 2005,
en la cual se estimó que, tratándose de las mesadas pensionales atrasadas,
procede reconocer y ordenar el pago de las no prescritas, pues el pago
retroactivo de la indexación pondría en riesgo la estabilidad financiera del
Sistema General de Pensiones y, cabe agregar ahora, también desconocería el
principio de sostenibilidad fiscal, establecido en el artículo 334 superior, de
acuerdo con cuyas voces “la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y
órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de
colaboración armónica”.
Así
pues, la Sala considera que debe ordenar el pago retroactivo de las mesadas
pensionales no prescritas, contando dicho término a partir de la fecha de
presentación de la respectiva acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social.
Procede,
entonces, conceder el amparo deprecado por el señor Carlos Eduardo Chaves
Torres, disponer la indexación de su primera mesada pensional e impartir, con
tal finalidad, las órdenes que se precisarán después de analizar los casos
restantes.
3.2.2.
Expedientes T-2.634.613 y T-2.683.628
En
su escrito de tutela el señor Nelson Rodríguez Fontalvo informa que habiendo
recibido pensión del Banco Cafetero, por un monto equivalente a la suma de 1.3
salarios mínimos legales mensuales, pese a haber devengado al momento de
retirarse el equivalente a 6.44 salarios mínimos mensuales, instauró acción
ordinaria laboral en procura de obtener la indexación de su pensión y que el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 30 de junio
de 2006, condenó al Banco a reajustar la pensión a la suma de $1.285.652.00 que
luego fue reducida, en segunda instancia, a la suma de $783.220.66, lo que le
implicó la disminución de las dos terceras partes del valor de la pensión.
La
Corte Suprema de Justicia mantuvo la pensión en la forma como fue ordenada en
la sentencia de segunda instancia y el señor Rodríguez Fontalvo instauró acción
de tutela por haberse utilizado una pensión liquidada con una fórmula distinta
a la empleada por la Corte Constitucional y, con tal propósito, solicita dejar
sin efecto la sentencia de 28 de abril de 2009 proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, declarar ejecutoriada la
sentencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto ordenó el
pago de la pensión en la suma inicial de $1.285.652.00, pero aclarándole a la
entidad demandada que deberá pagar las mesadas adicionales de junio y diciembre
y los aumentos dispuestos en la Ley 100 de 1993, así como las sumas que se
generaron como consecuencia de la reliquidación de todas las mesadas ordinarias
y adicionales de junio y diciembre y declarar ejecutoriado el numeral 1º de la
sentencia del 14 de noviembre de 2006 del Tribunal Superior de Bogotá que
ordenó el pago de los intereses moratorios respecto de todas las mesadas
pensionales ordinarias y adicionales.
Por
su parte, el señor Uriel Muñoz Ceballos informa que trabajó para TELECOM y para
el Banco Cafetero y que al momento de su desvinculación devengaba un sueldo que
equivalía a 8.5 salarios mínimos legales mensuales, pese a lo cual el Banco
Cafetero le otorgó pensión por una suma equivalente a un salario mínimo, lo que
le llevó a instaurar proceso ordinario laboral que no tuvo éxito ni en primera
ni en segunda instancia y tampoco en casación, pues aunque la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ordenó aumentar el monto de la pensión, estima que
la fórmula con la que se liquidó la primera mesada “en manera alguna garantiza
el derecho constitucional a la indexación pensional”, pues le representa la
pérdida de más de la mitad de su pensión, razón por la que pide se ordene la
indexación de conformidad con la fórmula utilizada por la Corte Constitucional.
Así
las cosas, el problema jurídico que estas pretensiones plantean consiste en
establecer si la aplicación de un método para indexar que arroja una suma
inferior a la que se obtiene mediante la utilización de la fórmula aplicada en
algunas de sus sentencias por la Corte Constitucional da lugar a la
configuración de una causal de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales por vulneración de derechos fundamentales. Para
absolver la cuestión una vez más tendrá que referirse la Sala al alcance del
derecho a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional y, determinado
ese alcance a la luz de la jurisprudencia, estará en condiciones de establecer
si las providencias acusadas vulneran derechos fundamentales.
3.2.2.1.
El derecho a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional y la fórmula
empleada para proceder a la indexación
Ya
al estudiar el primer caso se hizo alusión a la raigambre constitucional del
derecho a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional y se indicó que
comprende el derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional,
así como el derecho a la actualización de las mesadas pensionales una vez ha
sido reconocida la pensión por la entidad llamada a hacer ese reconocimiento y
también se puso de manifiesto la existencia de una presunción de conformidad
con la cual siempre que se deje de pagar la mesada pensional o no se reconozca
la indexación de la primera mesada se afecta el mínimo vital del pensionado y,
por lo general, los derechos de las personas de la tercera edad, pues suelen
tener la condición de pensionados.
Pero,
de acuerdo con jurisprudencia que ha sido prohijada por esta Sala, el derecho
al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones comprende, además, la
utilización de un método apropiado para tasar el monto de la prestación y, por
lo tanto, opera la presunción de afectación del mínimo vital y de los derechos
correspondientes a las personas de la tercera edad cuando se evidencia una
“desproporción” al comparar el resultado proveniente “de la aplicación de una
metodología matemática que hace nugatoria la actualización del salario base de
la liquidación de la pensión de jubilación” con “el valor que debería
reconocérseles, como resultado de la aplicación de los criterios señalados en
la jurisprudencia constitucional para el efecto”[47].
En
cuanto a los criterios señalados en la jurisprudencia constitucional, la
Corporación advirtió que en algunas acciones de tutela “se ponía de presente la
inexistencia de un mecanismo dirigido a regular aquellas situaciones en las que
se solicitaba la actualización de la base de liquidación de la primera mesada
pensional” y debido a ello “esta Corte adoptó una fórmula que, ajustada a los
criterios de justicia, equidad y a los principios generales del derecho
laboral, reconociera una verdadera actualización de la primera mesada pensional
y asegurara que efectivamente la capacidad adquisitiva no se deteriorara por el
paso del tiempo”[48].
Precisamente,
en la Sentencia T-098 de 2005, la Corte, tras invocar la Sentencia SU-120 de
2003, en la cual se expuso que “a la luz de lo previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, cuando existan dos o más fuentes formales del derecho
aplicables a una situación laboral, deberá aplicarse aquella que es más
favorable al trabajador” y que “con base en el artículo 230 de la Constitución,
el principio pro operario es un referente obligado del juez para dirimir
cuestiones del derecho laboral no contempladas expresamente en el ordenamiento,
con miras a proteger a la parte débil de ese tipo de relaciones”, estimó que
“calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el
extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la
pensión, contraría el mandato superior de equidad, el derecho a percibir una
pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos
inflacionarios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del dinero, así
como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad
del pensionado cuando, aun después de haber agotado todos los medios de
justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que la
violación de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un
fallo judicial”.
En
la sentencia citada, la Corporación dio aplicación a una fórmula que el Consejo
de Estado ha utilizado y la expresó de la siguiente manera:
“La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de
ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación
de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=   Rh    índice final
índice inicial
“Donde el valor presente de la condena (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al
pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia,  entre el
índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
“Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la
entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por
la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los
demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el
vigente al causarse cada una de las prestaciones”.
Como
lo explicó la Sala en la Sentencia T-425 de 2009, la fórmula así expuesta “ha
sido aplicada en sede de control concreto de constitucionalidad, en aquellos
eventos en los que los supuestos fácticos y jurídicos son similares”, tal como
ha sucedido en el caso “de los precedentes sentados por esta Corporación a
través de las sentencias T-425 de 2007, T-815 de 2007, T-311 de 2008 y T-789 de
2008 entre otras” y también en el caso de las Sentencias T-02 y T-076 de 2010
en las que se ordenó “reliquidar el monto de la primera mesada pensional (…)
tomando como base la fórmula adoptada por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia T-098 de 2005”.
3.2.2.2.
Los casos concretos
Tratándose
del señor Nelson Rodríguez Fontalvo, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá para la liquidación de la pensión tuvo en cuenta “el salario devengado
por el accionante durante el último año de servicios”, mientras que el Tribunal
reconoció el derecho a la indexación, pero con fundamento en una fórmula
distinta a la empleada por el Consejo de Estado con base en el artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo, lo que, según se ha expuesto, arrojó una
disminución del valor de la mesada, pues de la suma de $1.285.652.00 mensuales
se pasó a $783.220.66 y así fue mantenida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Al
señor Uriel Muñoz Ceballos le fue denegada la indexación de su pensión por el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá e igualmente por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, de modo que solamente en la sentencia de
casación se reconoció su derecho a la indexación, pero mediante la aplicación
de una fórmula que tomó como base el salario promedio devengado durante el
último año de servicios, lo que arrojó una suma de $29.537.00 que se
actualizaría anualmente desde el 2 de marzo de 1979, día siguiente a su
desvinculación hasta el 22 de diciembre de 1996, fecha en la cual fue
pensionado.
Para
proceder a la actualización se utilizó la siguiente fórmula: S.B.C., X I.P.C.
de 1979 a 1996, multiplicado por el número de días a indexar en la
correspondiente anualidad, dividido por el número de días contados desde la
fecha de la desvinculación y la del cumplimiento de la edad de jubilación,
fórmula cuya aplicación dio como resultado la suma de $.284.662, valor de la
pensión al que, según la sentencia, tiene derecho el actor a partir del 22 de
diciembre de 1996.
Consta
en autos que el señor Nelson Rodríguez Fontalvo supera los 66 años de edad,
mientras que el señor Uriel Muñoz Ceballos ha alcanzado los 69 y es claro que
al depender la satisfacción de su mínimo vital, y el de las personas a su
cargo, de lo que reciben por concepto de pensión, “la desproporción entre la
expectativa pensional derivada de la aplicación de la fórmula empleada en la
Sentencia T-098 de 2005 y el monto realmente reconocido” es “de eminente
relevancia constitucional, pues “la indexación del salario base de liquidación
del actor con apoyo en una fórmula adoptada por la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no consulta los criterios de
equidad y favorabilidad en materia laboral, y, en la medida en que no conduce a
garantizar que la pensión (…) refleje en términos actuales el valor del salario
que dio lugar a la misma”, quedan comprometidos “los principios
constitucionales del artículo 53, que al establecer los derechos al salario
vital y móvil y al reajuste periódico de las pensiones, se convierten en una
garantía para el trabajador de que su salario y sus pensiones se verán
protegidos frente al deterioro de la moneda”[49].
Procede,
entonces, conceder el amparo deprecado por los actores en lo referente a la
aplicación de la fórmula de indexación que esta Corporación dejó consignada en
la Sentencia T-098 de 2005 y las órdenes que con al finalidad serán impartidas,
se precisarán en el apartado siguiente, no sin antes anotar que pretensiones
diferentes a la fórmula de indexación, como las relativas a los intereses
moratorios no pueden ser objeto de discusión en sede de tutela, como quiera que
su sede natural es la jurisdicción ordinaria y que, por regla general, la
acción de tutela no procede para obtener el reconocimiento y pago de sumas
dinerarias ni para la definición de derechos litigiosos.
La
protección de prestaciones referentes al derecho de actualización de las
mesadas pensionales parte de la proclamada índole constitucional del derecho y
de la clara definición de que a los demandantes se les ha reconocido el derecho
a recibir una pensión, por haber cumplido los pertinentes requisitos, de modo
que la discusión no versa sobre el derecho a obtener pensión, sino sobre su
actualización que puede verse afectada, como en los casos examinados, por no
haber procedido a indexar la primera mesada pensional o por la utilización de
una fórmula que reduce sustancialmente el monto de la mesada pensional y que es
distinta de la empleada por la Corte Constitucional.
4.
Las decisiones a adoptar
4.1.
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2010, al señor Carlos Eduardo Chaves
Torres la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura le negó, en segunda instancia, la protección del derecho a obtener
la indexación de la primera mesada pensional que le había sido concedida, en
primera instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en sentencia del 5 de febrero de
2010.
La
Sala revocará la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, concederá el
amparo solicitado, lo cual conduce a dejar sin efecto la sentencia de 15 de
febrero de 2000, proferida, dentro del proceso laboral promovido por el actor
en contra de la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S.
A., por la Sala de Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en la cual
resolvió casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá que había sido favorable a la pretensión de obtener la indexación de
la primera mesada pensional, en cuanto confirmó la decisión proferida, en primera
instancia, por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá que había
despachado favorablemente la solicitud del actor.
Como
quiera que en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal advierte sobre
algunas diferencias con la manera como se procedió a la liquidación y resolvió
confirmar la sentencia solo por haber actuado como único apelante la parte
demandada y no tener potestades ultra y extra petita, esta Sala de Revisión de
la Corte Constitucional ordenará al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá
que, dentro de la semana siguiente a la notificación de esta sentencia, calcule
el monto de la primera mesada pensional que corresponde al señor Carlos Eduardo
Chaves Torres, para lo cual tendrá en cuenta la fórmula adoptada por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005 y también ordenará
a la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S. A., acoger y
cumplir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente
notificación, la determinación que profiera el mencionado despacho judicial y,
en consecuencia, reconocer y pagar el monto de la primera mesada pensional, al
igual que las diferencias en las mesadas siguientes, todo de conformidad con
las consideraciones vertidas en la presente sentencia y, en especial, con la
referentes a la prescripción.
4.2.
Por sentencia del 24 de febrero de 2010, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura negó la protección solicitada por el
señor Nelson Rodríguez Fontalvo al confirmar la decisión proferida, en primera
instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca.
Esta
Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, concederá el
amparo del derecho a la indexación de la pensión, de conformidad con la fórmula
utilizada por la Corte Constitucional y, por lo tanto, dejará sin efectos la
sentencia de 28 de abril de 2009, proferida por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en lo relativo a la fórmula empleada para proceder a la
indexación de la pensión del señor Rodríguez Fontalvo. En consecuencia, al
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá se le ordenará reliquidar el monto
de la primera mesada pensional reconocida al señor Nelson Rodríguez Fontalvo,
para lo cual tendrá en cuenta la fórmula adoptada por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005 y también se le ordenará al Banco
Cafetero S. A., en liquidación, acoger y cumplir, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la correspondiente notificación, la determinación que
profiera el mencionado despacho judicial y, en consecuencia, reconocer y pagar
el monto de la primera mesada pensional, al igual que las diferencias en las
mesadas siguientes, todo de conformidad con las consideraciones vertidas en la
presente sentencia y, en especial, con las referentes a la prescripción.
4.3.
En cuanto hace al señor Uriel Muñoz Ceballos, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 8 de
febrero de 2010, le negó la protección solicitada al revocar la providencia
dictada, en primera instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinara del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional revocará la decisión
proferida en segunda instancia y, en su lugar, concederá el amparo del derecho
a la indexación de la pensión, de conformidad con la fórmula utilizada por la
Corte Constitucional, lo que conduce a dejar sin efectos la sentencia dictada
por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de
diciembre de 2002 en lo referente a la fórmula utilizada para indexar la
pensión.
También
ordenará, al Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá reliquidar el monto de
la primera mesada pensional reconocida al señor Uriel Muñoz Ceballos, para lo
cual tendrá en cuenta la fórmula adoptada por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005 y al Banco Cafetero S. A., en
liquidación, así como a CAPRECOM y al Banco Popular, acoger y cumplir, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación, la
determinación que profiera el mencionado despacho judicial y, en consecuencia,
reconocer y pagar el monto de la primera mesada pensional, al igual que las
diferencias en las mesadas siguientes, todo de conformidad con las
consideraciones vertidas en la presente sentencia y, en especial, con las
referentes a la prescripción.
Dado
que los apoderados de los actores Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz
Ceballos informaron que el proceso liquidatorio del Banco Cafetero culminó, las
respectivas órdenes se impartirán al Banco y a la entidad o entidades en las
que se haya constituido el respectivo patrimonio autónomo a cuyo cargo se
garantizarán los derechos de los antiguos trabajadores del Banco.
IV.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos
ordenada en este proceso.
SEGUNDO.-
REVOCAR la sentencia proferida el 10
de marzo de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el
señor Carlos Eduardo Chaves Torres y, en su lugar, conceder la protección del
derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional.
TERCERO.-
Como consecuencia de lo dispuesto en
el numeral anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 15 de febrero de
2000, proferida, dentro del proceso laboral promovido por el actor en contra de
la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S. A., por la Sala
de Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en la cual resolvió casar la
sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que había
sido favorable a la pretensión de obtener la indexación de la primera mesada
pensional, en cuanto confirmó la decisión proferida, en primera instancia, por
el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá que había despachado
favorablemente la solicitud del actor.
CUARTO.-
ORDENAR al Juzgado 17 Laboral del
Circuito de Bogotá que, dentro de la semana siguiente a la notificación de esta
sentencia, calcule el monto de la primera mesada pensional que corresponde al
señor Carlos Eduardo Chaves Torres, para lo cual tendrá en cuenta la fórmula
adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-098 de 4 de febrero de
2005 y a la empresa Almacenes Generales de Depósito de Café, ALMACAFE S. A.,
por conducto de su respectivo representante legal, acoger y cumplir, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación, la
determinación que profiera el mencionado despacho judicial y, en consecuencia, reconocer
y pagar el monto de la primera mesada pensional, al igual que las diferencias
en las mesadas siguientes, todo de conformidad con las consideraciones vertidas
en la presente sentencia y, en especial, con la referentes a la prescripción.
QUINTO.-
REVOCAR la sentencia del 24 de
febrero de 2010, proferida por  la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por el señor Nelson Rodríguez Fontalvo y, en su lugar, conceder la
protección del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, de
conformidad con la fórmula utilizada por la Corte Constitucional.
SEXTO.-
Como consecuencia de lo dispuesto en
el numeral anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 28 de abril de 2009,
proferida, dentro del proceso laboral incoado por el señor Nelson Rodríguez
Fontalvo en contra del Banco Cafetero S. A., en liquidación, por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo relativo a la fórmula empleada
para proceder a la indexación de la pensión del señor Rodríguez Fontalvo.
SEPTIMO.-
ORDENAR al Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá, reliquidar el monto de la primera mesada pensional
reconocida al señor Nelson Rodríguez Fontalvo, para lo cual tendrá en cuenta la
fórmula adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-098 de 4 de
febrero de 2005 y al Banco Cafetero S. A., en liquidación, o a la entidad o
entidades encargadas de garantizar los derechos de los antiguos trabajadores
del Banco, por conducto del respectivo representante legal, acoger y cumplir,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente
notificación, la determinación que profiera el mencionado despacho judicial y,
en consecuencia, reconocer y pagar el monto de la primera mesada pensional, al
igual que las diferencias en las mesadas siguientes, todo de conformidad con
las consideraciones vertidas en la presente sentencia y, en especial, con las
referentes a la prescripción.
OCTAVO.-
REVOCAR la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 8
de febrero de 2010, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el
señor Uriel Muñoz Ceballos y, en su lugar, conceder la protección del derecho a
la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con la fórmula
utilizada por la Corte Constitucional.
NOVENO.-
Como consecuencia de lo dispuesto en
el numeral anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de diciembre de 2002
en lo referente a la fórmula utilizada para indexar la pensión, en el proceso
laboral que el actor instauró en contra del Banco Cafetero, en liquidación.
DECIMO.-
ORDENAR al Juzgado 13 Laboral del
Circuito de Bogotá reliquidar el monto de la primera mesada pensional
reconocida al señor Uriel Muñoz Ceballos, para lo cual tendrá en cuenta la
fórmula adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-098 de 4 de
febrero de 2005 y al Banco Cafetero S. A., en liquidación o a la entidad o
entidades encargadas de garantizar los derechos de los antiguos trabajadores
del Banco, así como a CAPRECOM y al Banco Popular, por conducto del respectivo
representante legal, acoger y cumplir, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la correspondiente notificación, la determinación que profiera el
mencionado despacho judicial y, en consecuencia, reconocer y pagar el monto de
la primera mesada pensional, al igual que las diferencias en las mesadas
siguientes, todo de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente
sentencia y, en especial, con las referentes a la prescripción.
UNDECIMO.-
LÍBRENSE, por Secretaría, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Impedimento aceptado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-978/11
Referencia: expedientes acumulados T-2634609,
T-2634613 y T-2683628.
Acciones de tutela presentadas por los señores Carlos
Eduardo Chávez Torres, Nelson Rodríguez Fontalvo y Uriel Muñoz Ceballos.
Magistrado sustanciador:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo necesario
consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en
el presente asunto.
Si bien participo de las resoluciones acogidas, por
cuanto comparto la percepción de que las tutelas fueron presentadas, en estos
casos, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales a la igualdad
y al mínimo vital, en torno a la conservación del poder adquisitivo de la
pensión y la indexación de la primera mesada pensional de los actores, debo
aclarar mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la
noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[50],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales (consideración 3.1), a partir de las cuales podría
evocarse la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de
cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo
invoca directamente como parte de la fundamentación, al referirse a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (a partir de
la página 46), radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de
tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más)
nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el
respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de
protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente
de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación
con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea
jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se
dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en
realidad ese pronunciamiento[51],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se
consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no
puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba
contra la seguridad jurídica y contra otros importantes valores
constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía funcional
del juez”, “la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia” y “la función garantizadora del Derecho”
que cumple el proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva
que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio
listado de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización de
alguna de ellas, en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí le
está permitido remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si
aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su
carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad
jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que las decisiones adoptadas con
mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal
índole, que no comparto, aclaro el voto en los casos de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Sobre el particular véanse los Autos 087 de 2000.M. P. Carlos
Gaviria Díaz, 089 de 2000. M. P. Fabio Morón Díaz y 094 de 200. M. P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[3] Cfr. Corte Constitucional, Auto No. 085 de 2000. M. P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7] Cfr. Corte Constitucional, Auto No. 071 de 2001. M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[8] Ibídem.
[9] Ibídem.
[10] C. P. Camilo Arciniegas Andrade.
[11] Cfr. Corte Constitucional, Auto No. 108B de 2002. M. P. Alvaro
Tafur Galvis.
[12] Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 18 de julio de 2002. C. P. Camilo Arciniegas
Andrade.
[13] Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 004 de 2004.
[14] Ibídem.
[15] Ibídem.
[16] Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Auto No. 100 de 2008.
[17] Ibídem.
[18] Ibídem.
[19] Ibídem.
[20] Ibídem.
[21] Cfr. Sentencia C.543 de 1992.
[22] Cfr. Sentencia T-589 de 2007.
[23] Cfr. Sentencia T.231 de 2004.
[24] Cfr. Sentencia T-462 de 2003.
[25] Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[26] Cfr. Sentencia C-862 de 2006.
[27] Cfr. Sentencia T-139 de 2009.
[28] Cfr. Sentencia T-1059 de 2007.
[29] Cfr. Sentencia T-425 de 2009.
[30] Ibídem.
[31] Ibídem.
[32] Véase por todas, la Sentencia SU-120 de 2003.
[33] Cfr. Sentencias C-862 y 891 A de 2006
[34] Cfr. Sentencia T-130 de 2009.
[35] Cfr. Sentencia T-130 de 2009.
[36] Cfr. Sentencia T-425 de 2009.
[37] Ibídem.
[38] Cfr. Sentencia T-130 de 2009.
[39] Cfr. Sentencia T-425 de 2009.
[40] Cfr. Sentencia T-901 de 2010.
[41] Cfr. Sentencia T-130 de 2009.
[42] Cfr. Sentencia T-901 de 2010.
[43] Ibídem.
[44] Ibídem.
[45] Ibídem.
[46] Ibídem.
[47] Cfr. Sentencia T-425 de 2009.
[48] Ibídem.
[49] Cfr. Sentencia T-425 de 2009.
[50] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 de 2012.
[51] C-590 de 2005.