C-533-12
Sentencia C-533/12
Sentencia
C-533/12
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO-Inexistencia en norma que
hizo improcedente el reintegro por terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa/REINTEGRO DEL TRABAJADOR POR TERMINACION UNILATERAL
DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA-Improcedencia no constituye omisión
legislativa relativa/TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA CON
INDEMNIZACION-No constituye una vulneración de los derechos del trabajador
En el presente caso se
demandan por omisión legislativa relativa los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002,
normas que introdujeron reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que suprimieron
la posibilidad de que el juez laboral ordene el reintegro del trabajador cuando
es despedido sin justa causa, desconociendo la protección del derecho al trabajo
y algunos de los principios mínimos fundamentales que lo componen, como la
estabilidad y la no regresividad de los derechos sociales. Observa la Corte
Constitucional que efectivamente el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965
regulaba la terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa,
consagrando el derecho del trabajador a recibir una indemnización acorde con el
tipo de contrato y el tiempo laborado, e igualmente el numeral 5° de esa norma que
facultaba al juez laboral a (i) ordenar el reintegro de aquellos trabajadores
despedidos sin justa causa, que llevasen más de 10 años continuos de servicio,
junto con el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir; o (ii),
condenar al pago de la indemnización a que hubiese lugar. Esta norma fue
modificada inicialmente por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y,
posteriormente, por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, suprimiendo esa
facultad, pero conservando transitoriamente las garantías del numeral 5° del
artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, para los trabajadores que llevasen más de
10 años de servicio continuo al mismo empleador, a primero de enero de 1991,
cuando entró en vigencia la Ley 50 de 1990, encontrando la Corte  que no existe
la omisión legislativa alegada, en la medida en que no se ha incumplido un
deber constitucional, pues si bien la Constitución establece que (i) el derecho
al trabajo goza de especial protección por parte del Estado y (ii) el estatuto
respectivo debe contener entre sus principios mínimos fundamentales la
estabilidad en el empleo, el reintegro del trabajador que lleva más de 10 años
de servicio continuo no constituye la única forma de proteger la estabilidad,
al poder acudirse normativamente a la fijación de una indemnización de
perjuicios, u otros mecanismos legales para procurar aquella garantía, además
que las normas impugnadas reconocieron expresamente el derecho de los
trabajadores que cumpliesen con la exigencia de llevar más de 10 años de
servicio continuo con el empleador, a enero 1° de 1991, cuando entró en
vigencia la Ley 50 de 1990, por tratarse de derechos adquiridos, y no
concurriendo, en este caso específico, los elementos conducentes a configurar
la existencia de una omisión legislativa relativa, se declarará la
exequibilidad de los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de
2002, por el cargo de omisión legislativa analizado.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuestos
jurisprudenciales para su admisión
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias
mínimas de argumentación/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Examen
no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga
nugatorio el derecho ciudadano
El
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que
razonablemente deben contener las demandas de constitucionalidad para su
admisión, siendo menester señalar con claridad las normas que son censuradas
como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de
infringida, y explicar las razones por los cuales se estima que presuntamente
las primeras violan o desconocen la segunda. La adecuada presentación del
concepto de violación permite a la Corte desarrollar su función de defensa de la
Constitución en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el
respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una
restricción de los derechos políticos del demandante, siendo necesario que los argumentos
de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deban ser claros,
ciertos, específicos, pertinentes y suficientes, carga mínima de argumentación
que debe exponer el ciudadano, y que resulta indispensable para adelantar el juicio
de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que
caracteriza a la acción de inexequibilidad. La Corte ha explicado que en
aplicación del principio pro actione, la exigencia de los requisitos formales para
la presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga
nugatorio ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional
hacia un fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe
resolverse a favor del actor.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Razones de
procedencia
Esta Corporación ha
reconocido que una norma legal puede resultar violatoria de la Constitución, no
solo por la oposición que frente a ella pudiera derivarse de su contenido
material, sino por la ausencia de mandatos legales que, en desarrollo del texto
superior, serían indispensables para realizar la preceptiva constitucional
frente al tema específico.
OMISION LEGISLATIVA-Clases
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA Y ABSOLUTA-Distinción
La diferencia existente
entre la denominada omisión absoluta, en que en ella el Legislador no ha
producido norma alguna en relación con la materia de que se trate, en tanto que
en la omisión relativa, sí existe desarrollo legislativo vigente, pero
imperfecto, por ausencia de un enfoque concreto sobre algún aspecto o aspectos
específicos, no obstante el deber constitucional de desarrollarlo o
desarrollarlos.
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Características
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Eventos de
configuración/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Soluciones que se platean
Si bien lo más frecuente
es que las omisiones legislativas relativas acarreen discriminaciones y la
consecuencial vulneración del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha
aclarado que este no es el único escenario en el que aquéllas pueden platearse,
siendo posible observar situaciones en las que el precepto ignora algún tipo de
elemento normativo, que conforme al texto superior es imperativo regular. En
caso de acreditarse la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, la Corte
ha indicado que el remedio que restaura la integridad de la Constitución
depende de las particularidades del yerro encontrado y del contenido específico
de la norma de la cual se predica. Así, en algunos casos, la solución consiste
en la remoción, previa declaratoria de inexequibilidad, del ingrediente
normativo específico que puede considerarse el causante de la omisión, es
decir, aquel cuya presencia restringe injustificadamente el alcance del
precepto, excluyendo circunstancias que debieron quedar cobijadas. En otros, la
Corte Constitucional dicta una sentencia integradora o aditiva, en la que
declara que la disposición demandada es exequible, siempre y cuando su efecto
se entienda extendido a otras situaciones distintas y adicionales a las que la
norma expresamente contempló, precisamente a aquellas sobre las cuales se
encuentre probada la alegada omisión legislativa.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos esenciales que deben concurrir para su
procedencia
La Corte se ha referido
a las circunstancias que deben concurrir para que las posibles omisiones
legislativas relativas puedan tenerse por acreditadas, planteando la necesidad
de verificar la presencia de cinco elementos esenciales: (i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas
aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el
texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la
falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador.
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA SOBREVINIENTE-Concepto
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Elementos de configuración
Esta Corporación ha precisado
que para determinar la presencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional
material, es preciso examinar los siguientes elementos: (i) que un acto
jurídico haya sido previamente declarado inexequible; (ii) que la disposición
demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento
jurídico, esto es, que lo reproduzca, en cuanto el contenido material del texto
demandado sea igual a aquel que fue declarado inexequible; (iii) que el texto
de referencia anteriormente juzgado, con el cual se compara la reproducción,
haya sido declarado inconstitucional por razones de fondo,  lo cual significa que la ratio decidendi de
la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma; y (iv) que subsistan
las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de
fondo en el juicio previo de la Corte, sobre el cual se declaró la
inexequibilidad. Cuando estos elementos concurren, hay lugar a declarar cosa
juzgada material y, por consiguiente, la norma reproducida correrá igual suerte
de inexequibilidad, por desconocimiento de lo determinado en el inciso 2° del
artículo 243 superior, disposición que elimina la competencia del legislador
para expedir una disposición que ha sido declarada contraria a la Constitución.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Jurisprudencia sobre la potestad de ordenar el
reintegro de trabajador despedido sin justa causa, con más de diez años de
servicio continuo con un empleador
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia en relación con el cargo por omisión
legislativa relativa
Esta corporación encuentra
que ni en la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
ni en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha confrontado el
artículo 6° de la Ley 50 de 1990 frente a un cargo como el ahora planteado,
según el cual el legislador incurrió en una omisión legislativa que desconoce
los artículos 25 y 53 de la Constitución de 1991, por impedir que exista una
acción de reintegro frente al despido sin justa causa de los trabajadores que
tengan más de 10 años de servicio continuo con el mismo empleador, al igual que
con relación al artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 6°
de la Ley 50 de 1990, pues aún no ha sido objeto de un pronunciamiento por
parte de la Corte Constitucional, frente a un cargo por presunta omisión
legislativa relativa.
JUEZ LABORAL-Excepcionalidad
de la orden de reintegro por terminación unilateral del contrato de trabajo sin
justa causa/JUEZ LABORAL-Supresión de la facultad para ordenar el
reintegro por despido sin justa causa
Si
bien el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965 regulaba la terminación unilateral
de los contratos de trabajo, sin justa causa, consagrando el derecho del
trabajador a recibir una indemnización acorde con el tipo de contrato y el
tiempo laborado, el numeral 5° de esa norma facultaba al juez laboral a (i)
ordenar el reintegro de aquellos trabajadores despedidos sin justa causa, que
llevasen más de 10 años continuos de servicio, junto con el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir; o (ii), condenar al pago de las
indemnización a que hubiese lugar. Sin embargo, esta norma fue modificada
inicialmente por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y, posteriormente, por el
artículo 28 de la Ley 789 de 2002, suprimiendo esa facultad, pero conservando
transitoriamente las garantías del numeral 5° del artículo 8° del Decreto 2351
de 1965, para los trabajadores que llevasen más de 10 años de servicio continuo
al mismo empleador, a primero de enero de 1991, cuando entró en vigencia la Ley
50 de 1990. Así, en ciertos casos
excepcionales, el parágrafo transitorio del numeral 4° del artículo 6° de la
Ley 50 de 1990 continúa rigiendo, frente a aquellos trabajadores que en enero
1° de 1991 tenían 10 o más años de servicio continuo para un empleador, en
aplicación de la norma también transitoria del artículo 28 de la Ley 789 de
2002. En consecuencia, las disposiciones citadas, ahora demandadas, no
contemplan dentro del contexto normativo atacado la facultad para que el juez
laboral ordene un reintegro, sino exclusivamente en los casos de aquellos
trabajadores que para enero 1° de 1991 tuviesen 10 o más años de servicio.
ESTABILIDAD LABORAL-No es absoluta
DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS-Distinción
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE
REGRESIVIDAD-Garantías en los
derechos económicos, sociales y culturales/PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO
REGRESIVIDAD-Alcance en la jurisprudencia constitucional colombiana
PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD-Limitan la libertad de configuración legislativa, pero
no la petrifican
El principio de progresividad de los derechos
económicos, sociales y culturales se encamina a que el Estado reconozca
prestaciones mayores y superiores en esos campos, hasta llevar a una cobertura
universal. En tal sentido, la Corte ha puntualizado que una vez alcanzado un
nivel de satisfacción y salvaguarda de los derechos económicos, sociales y
culturales, está vedado al legislador, no obstante su margen de configuración,
retroceder en las conquistas alcanzadas en tales ámbitos, salvo imperiosas
razones. Es así como en el ámbito laboral y
particularmente en cuanto a la no regresividad, explicó que la disminución de
la protección de los derechos de los trabajadores resulta problemática
constitucionalmente, en la medida en que pueda afectar el principio de
progresividad, sin que ello signifique que regulaciones más estrictas devenga,
per se, en un retroceso frente a esas garantías y la facultad de configuración
del legislador “dista de ser plena, pues no sólo (i) no puede desconocer
derechos adquiridos sino que además (ii) debe respetar los principios
constitucional del trabajo y (iii) las medidas deben estar justificadas,
conforme al principio de proporcionalidad.
REINTEGRO DEL
TRABAJADOR POR TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA-Improcedencia no comprende casos de protección laboral
reforzada
Referencia: expediente D-8843
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 del 2002
Demandante: Nixon Torres Carcamo
Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá,
D.C., once (11) de julio de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, el ciudadano Nixon Torres Carcamo demandó los artículos 6° de la
Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, por las cuales se introdujeron
reformas al Código Sustantivo del Trabajo[1].
Mediante auto de diciembre 5 de 2011,
el Magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia, una vez
corregida por el actor[2], y dispuso que se fijara
en lista el presente proceso y se diera traslado al Procurador General de la
Nación para que rindiese su concepto.
También se ordenó comunicar
la iniciación del asunto a los señores Presidentes de la República y del
Congreso, al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, a los Presidentes de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, al igual que a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a la
Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho en Bogotá de las
Universidades Nacional de Colombia, Javeriana, Santo Tomás, Externado de
Colombia, del Rosario y de los Andes, al igual que de Antioquia e Industrial de
Santander, con el objeto de que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre
la exequibilidad de las normas demandadas.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de procesos, la Corte procede a decidir acerca
de la demanda en referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se trascribe
el texto de las normas demandadas.
“LEY 789 DE 2002
(diciembre 27)
Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo.
El CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
…   …   …
Artículo 28. Terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, quedará así:
‘Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición
resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a
cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y
el daño emergente.
En caso de terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar
a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas
causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización
en los términos que a continuación se señalan:
En los contratos a término fijo, el valor de los
salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo
estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra
o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a
quince (15) días.
En los contratos a término indefinido la indemnización
se pagará así:
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior
a diez (10) salarios mínimos mensuales legales:
1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador
tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de
servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre
los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o
superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador
tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de
servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre
los veinte (20) días básicos del numeral 1° anterior, por cada uno de los años
de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento
de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al
servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización
establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990,
exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los
trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
…   …   …”
III. LA DEMANDA
El ciudadano demandante
afirmó que la norma impugnada desconoce los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política, pues se incurrió en una omisión legislativa relativa al
suprimir la posibilidad de que el juez laboral ordene el reintegro del trabajador,
cuando es despedido sin justa causa.
Explicó que el artículo 8°
del Decreto 2351 de 1965[3] facultaba en ciertos
eventos al juez laboral para ordenar el reintegro del trabajador despedido sin
justa causa, pero al ser modificado por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, y
éste por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, se consagró únicamente la
indemnización por esa terminación unilateral, desconociendo la protección
constitucional al trabajo (artículo 25 Const.) y sus principios mínimos
fundamentales (artículo 53 ib.), entre ellos la estabilidad laboral en el
empleo.
Sintetizó que el legislador
falló en su ejercicio constitucional al expedir las Leyes 50 de 1990 -en
vigencia de la Constitución de 1886- y 789 de 2002 –bajo el actual texto
superior de 1991-, pues (i) existiendo la protección especial del trabajo como
un derecho y (ii) la estabilidad en el empleo como principio mínimo
fundamental, (iii) omitió consagrar el derecho al reintegro de un trabajador
despedido sin justa causa, bajo ciertas circunstancias.
Planteó entonces que la
legislación laboral debe armonizarse con un principio mínimo como es la
estabilidad laboral, permitiendo que mediante un proceso ordinario de esa
naturaleza se pueda solicitar el reintegro, evitando así la flexibilización de
las relaciones laborales que genera aumento del desempleo.
El actor indicó que el
legislador incurrió en una omisión grave, desconociendo su obligación
constitucional de proteger el trabajo, mediante la expedición de normas que
protejan las relaciones laborales, sin que para el efecto exista un fundamento
objetivo y justificable, generando una desigualdad frente a los servidores
públicos que cuentan con la acción contenciosa administrativa para solicitar su
reintegro o que su “contrato de trabajo se restablezca”[4].
Aseveró que la omisión
implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador, consagrado
en el artículo 2° superior, según el cual dentro de los fines esenciales del
Estado está el deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución.
Según lo expuesto, el actor
aseguró que se identifica (i) la existencia de dos normas superiores
desconocidas mediante la omisión alegada; (ii) la necesidad de llenar tal
desatención para armonizar la legislación con las máximas de la Constitución,
pues (iii) las normas demandadas excluyeron el reintegro sin una razón objetiva
y suficiente, generando una desigualdad injustificada.
En consecuencia, solicitó
declarar inexequible el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 porque vulnera los
artículos 25 y 53 superiores, por omisión legislativa, cuya inexequibilidad
conllevaría dejar vigente el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, el cual también
debe correr la misma suerte, por las razones expuestas.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención
ciudadana
En enero 17 de 2012, la
ciudadana Diana Fernanda Trujillo Chávez solicitó declarar inexequible el
artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el 6° de la Ley 50 de 1990, por
desconocer los artículos 25 y 53 de la Constitución[5].
Afirmó que al “elevarse
a derecho fundamental el trabajo, en nuestro ordenamiento jurídico, se erige
éste como una obligación social del Estado, que no solo encierra la posibilidad
de que exista como sustento social de los conciudadanos sino también como
dignificación de la población a través del trabajo, en el entendido, que siendo
derecho fundamental deben instaurarse garantías mínimas en la permanencia en el
tiempo”[6].
4.2. Asociación Nacional
Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social
Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC
El Presidente de ANTHOC,
Seccional Medellín, en enero 20 de 2012[7], coadyuvó la pretensión
del actor para que se declare inexequible la norma impugnada, por violar los
artículos 1°, 2°, 4°, 13, 25, 53, 58 y 93 superiores.
Consideró que se incurrió
en una omisión legislativa relativa al desconocerse la “protección jurídica
‘de reintegro’ de los trabajadores, como derecho mínimo e irrenunciable para
proteger el trabajo, consagrado en el Estatuto constitucional, al expulsar o
suprimir del ordenamiento jurídico el contenido del artículo 8° del Decreto Ley
2351 de 1965, a través de la reforma del artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y del
artículo 28 de la Ley 789 del 2002 y consecuencialmente por vía indirecta de
forma regresiva, acabó con la estabilidad laboral denominada reintegro”[8].
El interviniente indicó que
las normas demandadas producen unos efectos nocivos al conculcar el principio
de progresividad, como quiera que no extiende los derechos laborales, sino que
los restringe al suprimir el reintegro del trabajador despedido injustamente.
Dijo que la Corte debe
revivir, “con carácter de cláusula pétrea el reintegro de un trabajador
despedido injustamente por el empleador, de tal forma que se mantenga la
integridad del ordenamiento jurídico constitucional y legal”[9].
En consecuencia, solicitó
retirar del ordenamiento jurídico el artículo demandando o, en su defecto, que
se profiera una sentencia en la que se incluya normativamente el derecho al
reintegro[10].
4.3. Facultad de Derecho
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
En escrito de enero 26 de
2012[11], dos docentes de dicha
facultad solicitaron declarar la inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 789
de 2002, predicable también del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, porque
impiden al juez proteger efectivamente la estabilidad en el empleo, la
seguridad social y la igualdad.
Luego de reseñar los
supuestos sintetizados por la jurisprudencia de la Corte, para admitir la
excepcional procedencia de una demanda fundamentada en la omisión legislativa,
indicaron que el escrito de la referencia cumple con tales exigencias.
Sostienen que (i) se acusa en forma concreta dos normas legales sobre las
cuales se predica el cargo; (ii) se precisa que en los artículos impugnados se
omitió incluir un ingrediente o condición esencial para que armonicen con el
texto superior; (iii) tal elemento esencial es el derecho a la estabilidad
laboral establecido en el artículo 53 de la Constitución; (iv) su exclusión
carece de una razón suficiente y contraría el Estado social de derecho; (v) se
incumple un deber específico del legislador y (vi) genera una desigualdad
negativa para un grupo significativo de trabajadores[12].
Los intervinientes
explicaron que acorde con el artículo 53 superior, las normas demandadas
desconocen el “marco mínimo de principios fundamentales” que debe
contener el estatuto del trabajo, entre ellos, la estabilidad laboral, la
irrenunciabilidad de los derechos mínimos, el derecho a la condición más
beneficiosa y la garantía a la seguridad social[13].
Indicaron que los artículos
impugnados impiden al juez laboral examinar realmente las circunstancias que
rodearon el despido sin justa causa, al fijar como única sanción la
indemnización, por lo tanto en determinadas circunstancias el trabajador no
goza de una efectiva protección.
Agregaron que el Decreto
2351 de 1965 establecía el reintegro para los trabajadores que llevaran diez o
más años de servicio, como una forma de garantizar el derecho a la seguridad
social y en particular a obtener una pensión de jubilación. El régimen anterior
brindaba una protección más amplia a quienes habían cumplido con ese tiempo,
admitiendo el reintegro.
Puntualizaron que en la
actualidad el juez laboral no puede ordenar un reintegro, pues debe aplicar el
mismo “rasero indemnizatorio” a las personas despedidas durante una
incapacidad, o a quien lleva diez o más años de servicio, generando una “desigualdad
negativa”, que desconoce el artículo 13 superior y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 24).
Finalmente, advirtieron que
la omisión analizada es el resultado del desconocimiento de un imperativo de la
Constitución[14]:
“Las voces del
artículo 53 de la carta son inequívocas, directas y llevan consigo un deber
para el legislador: Dice el artículo ‘El Congreso expedirá’ y enseguida,
dispone: ‘La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos (sic) siguientes principios mínimos fundamentales…’
Es evidente que el constituyente impuso al Congreso la obligación de legislar
dentro (sic) unos lineamientos mínimos que enumera en su texto; la
estabilidad y la seguridad social son dos de los principios de obligatorio
desarrollo legal.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto 5304 de febrero
14 de 2012, el señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte
Constitucional inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud
sustantiva de la demanda[15].
Explicó que el actor no
estableció los elementos necesarios para estructurar un cargo por omisión
legislativa relativa, esto es, que “la norma demandada incurre en una
discriminación injustificada en términos constitucionales, que puede
desprenderse de un criterio sospechoso o irrazonable”[16].
Aseveró que el demandante
no precisó cuál es la omisión legislativa relativa, máxime que la “ausencia
de reglas legales sobre reintegro del trabajador, no discrimina per se a ningún
trabajador, pues la ausencia es igual para todos. Más que una omisión
legislativa relativa, lo que el actor censura es una omisión legislativa
absoluta, respecto de la cual la Corte carece de competencia para pronunciarse.
En vista de que la demanda se sustenta en interpretaciones y razonamientos que
no se infieren, ni pueden inferirse, del texto impugnado, para estructurar un
cargo de omisión legislativa relativa”, solicitó a esta corporación
inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo[17].
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.- Competencia
En virtud de lo dispuesto
por el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución, la Corte es competente
para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de contenido material o de fondo,
como por aquellos de carácter formal o procedimental suscitados en su
formación, siendo la presente acción fruto de la acusación contra los artículos
6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, por censuras correspondientes
a la primera clase de irregularidades referidas.
2.- Lo que se debate
Según el actor y algunos
intervinientes, los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de
2002 son inexequibles, porque se incurrió en una omisión legislativa relativa
al eliminar la posibilidad de que el juez laboral ordene, en ciertos eventos,
el reintegro del trabajador que ha sido despedido sin justa causa;
desconociendo la protección del derecho al trabajo y algunos de los principios
mínimos fundamentales que lo componen, como la estabilidad y la no regresividad
de los derechos sociales.
En contraposición con lo
expuesto por el actor y quienes intervinieron por la Facultad de Derecho de la
Universidad Santo Tomás de Bogotá, el Procurador General de la Nación afirmó
que la demanda no reúne los presupuestos mínimos que le permitan a la Corte
emitir un pronunciamiento de fondo.
Corresponde en primer lugar
a esta corporación determinar si la censura invocada en la demanda cumple con
los contenidos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y los demás
presupuestos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional
acerca de las omisiones legislativas, y constatado su cumplimiento, proceder al
respectivo análisis de fondo.
Con todo, atendiendo que
con relación a las diversas modificaciones al artículo 64 del Código Sustantivo
del Trabajo se han emitido múltiples pronunciamientos, tanto de la Corte
Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional, esta corporación expondrá
además que en el presente evento no existe cosa juzgada constitucional frente a
las normas demandadas, por el cargo de omisión legislativa relativa.
3. Los presupuestos
jurisprudenciales para la admisión de demandas por omisión legislativa relativa
3.1.
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991
establece los requisitos mínimos que razonablemente[18]
deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión. Según lo
allí indicado, es menester señalar con claridad las normas que son censuradas
como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de
infringida y explicar las razones por los cuales se estima que presuntamente
las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra
parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de
inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de
los distintos argumentos por las cuales el ciudadano demandante advierte que
aquéllas contrarían uno o más preceptos constitucionales. Al respecto, en
atención a lo cuestionado por el Procurador General de la Nación y como ya se
indicó en este mismo proceso (f. 96 v.), recuérdese que la jurisprudencia tiene
establecido que las razones presentadas por el actor para sustentar la
inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes[19].
La
adecuada presentación del concepto de violación permite a la Corte desarrollar
su función de defensa de la Constitución en debida forma, en tanto delimita el
campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que
ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí
el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un
fallo inhibitorio[20].
Reitérese,
en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[21]
en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de
las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo
conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda
y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda
habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos,
en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto
o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes,
ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma
superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su
aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los
elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda
sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta
carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta
indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la
naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad;
de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda,
su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud
sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello
implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el
establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional, para poder proferir un pronunciamiento de fondo[22].
Con todo, esta Corte ha
explicado que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los requisitos formales para la
presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio
ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un
fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a
favor del actor.
Al respecto, en la
sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original):
“No obstante, también ha resaltado, con base en el
principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la
demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos
de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la
Corte[23].
Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de
carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige
acreditar la condición de abogado[24];
en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo.’[25]”
3.2. Tratándose de la
admisibilidad de las demandas por omisión legislativa relativa, esta
corporación ha reconocido que una norma legal puede resultar violatoria de la
Constitución, no solo por la oposición que frente a ella pudiera derivarse de
su contenido material, sino por la ausencia de mandatos legales que, en
desarrollo del texto superior, serían indispensables para realizar la
preceptiva constitucional frente al tema específico.
En cuanto a la posible
inconstitucionalidad por la omisión en que pudiere haber incurrido el
legislador[26], cabe recordar la
diferencia existente entre la denominada omisión absoluta, si no ha
producido norma alguna en relación con la materia de que se trate, y la omisión
relativa, donde sí existe desarrollo legislativo vigente, pero imperfecto,
por ausencia de un enfoque concreto sobre algún aspecto o aspectos específicos,
no obstante el deber constitucional de desarrollarlo o desarrollarlos.
Respecto de la enunciada
distinción, la Corte ha señalado que carece de competencia para pronunciarse en
el caso de omisión absoluta[27], dado que es de la
esencia del juicio de constitucionalidad la existencia de una norma legal
específica, como referente sobre el cual debe recaer el análisis. Contrario
sensu, resulta procedente ocuparse de las eventuales omisiones relativas[28],
habida cuenta que en ese evento sí existe un precepto legal a considerar y es
factible llegar a una conclusión sobre su exequibilidad, a partir de su
confrontación con los textos superiores de los que emanaría el deber
constitucional incumplido por el legislador.
Esta corporación ha
resaltado la importancia del control sobre las omisiones legislativas
relativas, para asegurar la efectividad de la encomendada guarda de la
integridad de la Constitución (art. 241 Const.), pues de esta forma, sin
afectar la autonomía del órgano legislativo que ya ha decidido ocuparse de una
determinada materia, dentro de su facultad de configuración, se garantiza que
las normas así emanadas del representante de la voluntad general no ignoren los
criterios y deberes mínimos, que por decisión del constituyente deben atenderse
en relación con el tema de que se trate.
3.3. Ahora bien, pese a que
lo más frecuente es que las omisiones legislativas relativas acarreen
discriminaciones y la consecuencial vulneración del derecho a la igualdad, la
Corte Constitucional ha aclarado que este no es el único escenario en el que
aquéllas pueden platearse, siendo posible observar situaciones en las que el
precepto ignora algún tipo de elemento normativo, que conforme al texto
superior es imperativo regular.
Dentro de esas exigencias
constitucionales puede mencionarse la de incorporar determinados objetivos al
momento de regular una materia, incluir ciertas etapas esenciales en la
regulación de un procedimiento, brindar oportunidades de participación a
algunos sujetos previamente a la decisión sobre temas que pueden afectarlos, y
otras semejantes.
En sus decisiones sobre
posibles omisiones legislativas relativas, la Corte se ha referido a las
circunstancias que deben concurrir para que esta situación pueda tenerse por
acreditada, planteando la necesidad de verificar la presencia de cinco
elementos esenciales:
“(i) que exista
una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma
excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables,
tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el
precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.”[29]
En ese fallo que acaba de ser citado, continúa
explicando la Corte que la “doctrina de esta corporación ha definido que
sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa
relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo
texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que
el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada
al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo
impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al
proceso”.
Por otra parte, siempre que concurran los presupuestos
referidos, esta Corporación ha admitido el planteamiento de eventuales
omisiones legislativas relativas, incluso respecto de normas legales expedidas
con anterioridad a los preceptos superiores frente a los cuales se predicaría
la omisión, casos en los que tendría el carácter de sobreviniente[30].
3.4. La Corte ha indicado que en caso de acreditarse
la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, el remedio que restaura la
integridad de la Constitución depende de las particularidades del yerro
encontrado y del contenido específico de la norma de la cual se predica. En
algunos casos, la solución consiste en la remoción, previa declaratoria de
inexequibilidad, del ingrediente normativo específico que puede considerarse el
causante de la omisión, es decir, aquel cuya presencia restringe
injustificadamente el alcance del precepto, excluyendo circunstancias que
debieron quedar cobijadas.
En otros, la Corte Constitucional dicta una sentencia
integradora o aditiva, en la que declara que la disposición demandada es
exequible, siempre y cuando su efecto se entienda extendido a otras situaciones
distintas y adicionales a las que la norma expresamente contempló, precisamente
a aquellas sobre las cuales se encuentre probada la alegada omisión legislativa[31].
4. Aptitud sustantiva de la demanda en el presente
evento
4.1. Sintetizado lo
anterior, encuentra la Sala Plena que contrario a lo expuesto en el concepto
emitido por el Procurador General de la Nación, la demanda bajo análisis sí es
idónea para propiciar el fallo de fondo, como acertadamente indicaron los
docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá[32].
La demanda no sólo reúne
los requisitos formales y de fondo exigidos por el Decreto 2067 de 1991, sino
también, de manera explícita, los presupuestos desarrollados por la
jurisprudencia constitucional con relación a la omisión legislativa relativa,
pues sus planteamientos contra las normas impugnadas reúnen las exigencias básicas para
provocar un estudio de constitucionalidad, en la medida que además de
identificar los textos acusados y esbozar el cargo, había generado una duda
razonable sobre su exequibilidad, partiendo de la posible contradicción con los
textos superiores que invoca.
4.2. En efecto, el actor (i)
acusó concretamente dos normas legales contra las cuales dirige su censura, los
artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002; (ii) señaló en
forma precisa que esas disposiciones desconocen los artículos 25 y 53 de la Constitución, que consagran el
derecho al trabajo y los principios mínimos fundamentales que lo componen,
omitiendo, en su sentir, (iii) un ingrediente esencial como es la estabilidad
laboral, al no contemplar la posibilidad de ordenar el reintegro del
trabajador.
Indicó que tal omisión del
legislador conlleva (iv) el incumplimiento, sin fundamento objetivo
justificable, de un deber constitucional que le exige, además de velar por la
especial protección del trabajo, dictar el estatuto respectivo que contenga
entre otros principios mínimos la estabilidad laboral.
Explicó entonces que la
omisión invocada conlleva la inexequibilidad de las normas censuradas, o la
necesidad de armonizarlas con principios mínimos como la estabilidad laboral,
permitiendo que mediante un proceso ordinario de esa naturaleza se pueda
solicitar y ordenar el reintegro.
4.3.
Indicado lo anterior, la demanda cumple los presupuestos esenciales ampliamente
reseñados, delineando unos parámetros que informan adecuadamente a la Corte. Por el contrario, hacer mayores exigencias como se
propone, implicaría incluso desconocer el principio pro actione y
los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación
democrática.
Esta Corporación ha
expresado que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los requisitos formales para la
presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio
ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un
fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a
favor del actor.
Al respecto, en la
sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010[33], M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original):
“No obstante, también ha resaltado, con base en el
principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la
demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos
de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la
Corte[34].
Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de
carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige
acreditar la condición de abogado[35];
en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo.’[36]”
4.4. En
consecuencia, existiendo un cargo debidamente
formulado con relación al presunto desconocimiento de los artículos 25 y 53
superiores, procede efectuar el análisis de fondo respecto al cargo
formulado por omisión legislativa, sin que ello
implique que esté llamado a prosperar.
Empero, como se anuncio al
inició, tratándose de las diversas modificaciones al artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, se han emitido algunos pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, por ende, esta corporación
expondrá que en el presente evento no existe cosa juzgada constitucional frente
a las normas demandadas, por el cargo de omisión legislativa relativa.
5. La ausencia de cosa
juzgada constitucional absoluta por el cargo de omisión legislativa relativa,
frente a los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002
5.1. Según estatuye el artículo 243 superior, los
fallos que esta corporación profiera “en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. A su vez, el inciso 2° ibídem establece que ninguna
autoridad “podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución”.
De conformidad con dicho
precepto, esta Corporación ha sintetizado[37] que para determinar la
presencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional material, es preciso
examinar los siguientes elementos: “(i) que un acto jurídico haya sido
previamente declarado inexequible; (ii) que la disposición demandada se refiera
al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo
reproduzca, en cuanto el contenido material del texto demandado sea igual a
aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en
cuenta tanto la redacción de los artículos, como el contexto dentro del cual se
ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa
pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que
ha habido una reproducción; (iii) que el texto de referencia anteriormente
juzgado, con el cual se compara la reproducción, haya sido declarado
inconstitucional por razones de fondo,  lo
cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber
reposado en un vicio de forma; (iv) que subsistan las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el
juicio previo de la Corte, sobre el cual se declaró la inexequibilidad.”
Así
las cosas, cuando estos elementos concurren, hay lugar a declarar cosa juzgada
material y, por consiguiente, la norma reproducida correrá igual suerte de
inexequibilidad, por desconocimiento de lo determinado en el inciso 2° del
artículo 243 superior, disposición que elimina la competencia del legislador
para expedir una disposición que ha sido declarada contraria a la Constitución.
5.2. El accionante afirmó
que en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, como originalmente en el artículo
6° de Ley 50 de 1990, se incurrió en una omisión legislativa relativa, que
excluyó la potestad de ordenar el reintegro de aquellos trabajadores que lleven
más de 10 años de servicio continuo al empleador, como originalmente señalaba
el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965.
El demandante y quienes
intervinieron en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás
consideran que una eventual inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 789 de
2002, conllevaría revivir el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, modificado por
el legislador del 2002, el cual incurrió en la misma omisión, por lo tanto
también debería ser declarado inexequible.
5.3. Al respecto,
recuérdese que el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965 preceptuaba (no está en
negrillas en el texto original):
“Artículo 8.
Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
1. En todo
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de
lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable.
Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.
2. En caso de
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por
parte del patrono o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del
trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero
deberá al segundo por concepto de indemnización.
3. En los
contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo
que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso
determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual
la indemnización no será inferior a quince (15) días.
4. En los
contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así:
a) Cuarenta y
cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios
no mayor de un año, cualquiera que sea el capital de la empresa;
b) Si el
trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5),
se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y
cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio
subsiguientes, y proporcionalmente por fracción;
c) Si el
trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez
(10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta
y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio
subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción; y
d. Si el
trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán
treinta (30) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días
básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al
primero y proporcionalmente por fracción.
5. Con todo,
cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y
fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del
trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de
que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización
en dinero prevista en el numeral 4° literal d) de este artículo. Para decidir
entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta
las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta
que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas
por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización.
6. En las
empresas de capital inferior a un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000),
las indemnizaciones adicionales establecidas en los literales b), c) y d) serán
de un cincuenta por ciento (50%), y en las  de capital de un millón ochocientos
mil pesos ($ 1.800.000) hasta tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000),
dichas indemnizaciones serán de un setenta y cinco por ciento (75%).
7. Si es el
trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato, sin justa
causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización equivalente a
treinta (30) días de salario. El patrono depositará ante el juez el monto de
esta indemnización descontándolo de lo que le adeude al trabajador por
prestaciones sociales mientras la justicia decida.
8. No habrá lugar
a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las partes acuerdan
restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones que lo
regían en la fecha de su ruptura.”
5.4. Sin embargo, con las
modificaciones introducidas por la Ley 50 de 1990 y, años después, por la Ley
789 de 2002, tal facultad fue suprimida, claro está, incluyendo un parágrafo
transitorio que garantizaría el amparo reseñado en el citado numeral 5 del
artículo 8° del Decreto 2351 de 1965.
A continuación se
transcriben las normas referidas (no está en negrilla en el texto original):
Ley 50 de 1990 (art. 6°)
Ley 789 de 2002 (art. 28)
“Artículo
64. Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
1.
En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por
incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la
parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño
emergente.
2.
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los
términos que a continuación se señalan.
3.
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al
tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del
lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en
el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.
4.
En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así:
a).
Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo
de servicios no mayor de un año;
b).
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de
cinco (5), se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de
servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción;
c).
Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de
diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de
servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción; y
d).
Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le
pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco
(45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en
vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo
del empleador, seguirán amparados por el ordinal 5° del artículo 8° del
Decreto - ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de
acogerse al nuevo régimen.
5.
Si es el trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato, sin
justa causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización
equivalente a treinta (30) días de salario. El empleador podrá descontar el
monto de esta indemnización de lo que le adeude al trabajador por
prestaciones sociales. En caso de efectuar el descuento depositará ante el
juez el valor correspondiente mientras la justicia decida.
6.
No habrá lugar a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las
partes acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y
condiciones que lo regían en la fecha de su ruptura.”
“Articulo
64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento
de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte
responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño
emergente.
En
caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los
términos que a continuación se señalan:
En
los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al
tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del
lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en
el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.
En
los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:
a)
Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales:
1.
Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de
servicio no mayor de un (1) año.
2.
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán
veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del
numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción;
b)
Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10),
salarios mínimos legales mensuales.
1.
Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de
servicio no mayor de un (1) año.
2.
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le
pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días
básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en
vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo
del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los
literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el
parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que
tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.”
5.5. Con relación al
control de constitucionalidad que han afrontado los dos artículos citados, un
primer pronunciamiento fue proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 (rad. 2.304, M. P. Jaime Sanín Greffenstein), donde frente al artículo 6° de la Ley 50 de 1990 se declaró
exequible el literal d) del numeral 4 y la expresión “salvo que el
trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen” del
parágrafo transitorio de ese artículo.
En aquel momento, el
ciudadano demandante señaló que esas preceptivas, entre otras, no protegían “debidamente
a los trabajadores o vulneran sus derechos adquiridos, desconocen el designio
de obtención de la justicia social y el desarrollo de las clases proletarias
que las leyes deben tener o, en fin, desconocen el derecho a asociarse”[38].
Bajo esos lineamientos, el
allí actor consideró que aquellas preceptivas desconocían los derechos
adquiridos, protegidos por el artículo 58 de la Constitución de 1991[39],
sin embargo, la Corte Suprema de Justicia encontró que no le asistía razón
(tampoco está en negrilla en el texto original):
“2. Los derechos
adquiridos.
El artículo 58
constitucional enseña que ‘Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’.
Esta garantía,
por supuesto, se predica de los derechos laborales, de manera que una vez
consumada la situación jurídica subjetiva e individual y constituido así el
derecho concreto, ellos resultan infrangibles frente a la nueva legislación.
Esto no
significa, sin embargo, que la regulación legal no pueda cambiar y que toda
variación normativa desconozca derechos adquiridos, pues nadie tiene derecho a
una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en
materia laboral en la cual la regla general, que participa de la definición
general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a
todo contrato en curso, aún si tiene en cuenta aspectos pasados que aún no
están consumados y tiene, por lo tanto, efectos retrospectivos, de un lado, y
profuturo, del otro.
Por esto yerra
el actor cuando predica de todo cambio legislativo la crítica de que desconoce
derechos adquiridos, como, por ejemplo, en el caso del literal d) y de la parte
final del parágrafo transitorio del artículo 6º, pues estas consecuencias
jurídicas del despido sin justa causa de un trabajador con diez o más años de
servicios, aplicables como son solamente a los contratos aún no terminados y,
por disposición expresa, apenas cuando los diez años se cumplan después de la
vigencia del precepto, no conculcan ningún derecho, sino que, por el contrario,
exceden el respeto que sería constitucionalmente exigible; de otro lado, por
las razones ya dichas, la opción que se da al trabajador que hubiere cumplido
ya los diez años de servicios para elegir entre el sistema nuevo y el anterior
es legítima, tanto más si se recuerda que aún dentro del régimen pasado era
potestativo del trabajador despedido pedirle o no al juez el posible reintegro.”
Con fundamento en esos
argumentos, entre otros que se consignarán más adelante por resultar
pertinentes, la Corte Suprema de Justicia declaró exequible el literal d)[40]
del numeral 4° y la expresión “salvo que el trabajador manifieste su
voluntad de acogerse al nuevo régimen” del parágrafo transitorio del
artículo 6° de la Ley 50 de 1990.
5.6. Por su parte, la Corte
Constitucional resolvió estarse a lo resulto por aquella sentencia de la Corte
Suprema de Justicia en la C-569 de diciembre 9 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, “en lo que concierne al artículo 6º, literal d) del
numeral 4°, y a las expresiones ‘salvo que el trabajador manifieste su voluntad
de acogerse al nuevo régimen’, contenidas en su parágrafo transitorio, así como
en lo relativo a los artículos 18, numeral 2°, y 20, literal c), todos de la
Ley 50 de 1990”.
En aquella oportunidad el
accionante demandó el literal d) y el parágrafo transitorio del artículo 6° ibídem,
al considerar que, comparativamente, la normatividad anterior a la modificación
de 1990 resultaba más protectora de los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la Corte
Constitucional encontró que el fallo 115 de septiembre 26 de 1991 dio tránsito
a cosa juzgada absoluta: “La verificación de constitucionalidad efectuada
por la Corte Suprema de Justicia tuvo lugar en relación con la carta política
de 1991, aludió a aspectos materiales y en la parte resolutiva del fallo no se
hizo ninguna advertencia en cuya virtud se limitaran los efectos del mismo.”
Acorde con lo anterior, la
Corte Constitucional concluyó que “la aludida providencia hizo tránsito a
cosa juzgada absoluta, razón por la cual esta Corte se abstendrá de adelantar
un nuevo examen de los preceptos cobijados por aquella, ordenándose en
consecuencia estar a lo resuelto”.
Acto seguido esta
corporación analizó la exequibilidad del resto del parágrafo transitorio del
artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y concluyó que no menoscababa los derechos de
los trabajadores, al preservar los derechos adquiridos de los trabajadores que
contaran con más de 10 años de servicio continuos al empleador, al momento de
entrar en vigencia. En consecuencia, en el pronunciamiento citado se declararon
exequibles aquellos apartes del parágrafo que no habían sido objeto del fallo
de la Corte Suprema de Justicia.
5.7. Posteriormente,
mediante sentencia C-594 de noviembre 20 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional ordenó estarse a lo resuelto en los
fallos 115 de septiembre 26 de 1991 de la Corte Suprema de Justicia y C-569 de
1993 citado, al encontrar que los “dos pronunciamientos fueron proferidos
bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo cual ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional”.
5.8. Igualmente, en la
sentencia C-1507 de noviembre 8 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional resolvió (en el texto original únicamente están en
negrillas los vocablos “EXEQUIBLES”, “INEXEQUIBLES”
y “EXEQUIBLE”):
“1) Declarar EXEQUIBLES,
sólo en los términos de esta Sentencia, el literal h) del artículo 5 de la Ley
50 de 1990, así como los numerales 1, 2, 3, y los literales a), b) y c) del
numeral 4 del artículo 6 de la misma Ley. Bajo cualquiera otra interpretación,
tales como normas se declaran INEXEQUIBLES.
2) Declarar EXEQUIBLE
la palabra ‘no’ del artículo 6, numeral 6, de la Ley 50 de 1990.
3) En relación
con el literal d) del numeral 4 del artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990, así como respecto
del parágrafo transitorio de esa disposición, estése a lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia en Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991, y por la
Corte Constitucional en Fallo C-569 del 9 de diciembre de 1993.”
Allí, el actor consideró
que la facultad otorgada al empleador de terminar la relación laboral sin justa
causa, vulneraba el “derecho fundamental a conservar el puesto de trabajo en
condiciones dignas y justas, siempre que no surjan motivos suficientes para dar
por terminada la relación laboral”.
5.9. Reseñado lo hasta aquí
expuesto, encuentra esta corporación que ni en la jurisprudencia de la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, ni en los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, se ha confrontado el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 frente a
un cargo como el ahora planteado, según el cual el legislador incurrió en una omisión
legislativa que desconoce los artículos 25 y 53 de la Constitución de 1991, por
impedir que exista una acción de reintegro frente al despido sin justa causa de
los trabajadores que tengan más de 10 años de servicio continuo con el mismo
empleador.
5.10. Similar situación se
presenta con relación al artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el
artículo 6° de la Ley 50 de 1990, pues aún no ha sido objeto de un pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional, frente a un cargo por presunta omisión
legislativa relativa.
Esta corporación declaró
exequible toda la Ley 789 de 2002 en la sentencia C-658 de agosto 5 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, al no encontrar que en su trámite en el Congreso se hubiese
incurrido en vicios de procedimiento.
De otro lado, en fallo
C-038 de enero 27 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, declaró exequible
el artículo 28 de la Ley 789 en cuestión, únicamente por los cargos analizados[41],
pues el actor sostuvo que (i) la disminución del monto de la indemnización por
despido sin justa causa desconocía el principio de estabilidad en el empleo; y
(ii) conculcó el derecho a la igualdad, por crear un trato diferenciado con
relación al valor de la indemnización, entre quienes ganan más de diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes y quienes están por debajo de ese límite.
5.11. Posteriormente en la
sentencia C-175 de marzo 2 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta
corporación resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-038 de 2004, “la
cual declaró la exequibilidad de los incisos 5° a 12 del artículo 28 de la Ley
789 de 2002, por los cargos allí estudiados”, pues los accionantes también
invocaron el desconocimiento del derecho a la igualdad, dados los montos
establecidos con relación a la indemnización.
5.12. En el fallo C-257 de
marzo 12 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte resolvió: “ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-038 de 2004, que dispuso ‘declarar EXEQUIBLES,
pero únicamente por los cargos estudiados, los artículos 25, 26, 28…y 51 de la
Ley 789 de 2002.”
5.13. Resulta entonces
claro que esta Corte tampoco ha confrontado el artículo 28 ibídem,
frente a un cargo como el ahora planteado, por una presunta omisión legislativa
relativa que desconoce los artículos 25 y 53 superiores.
Aclarado todo lo anterior,
procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a determinar si existe la
omisión legislativa relativa que predican el actor en su demanda y algunos de
los intervinientes.
6. Análisis de los
elementos que configurarían la presunta omisión legislativa relativa
La Corte Constitucional se
ocupará de constatar la presencia de los dos primeros elementos referidos en la
jurisprudencia, antes reseñada, a saber, (i) la existencia de una norma legal
específica respecto de la cual cabría predicar la omisión y, (ii) la presunta
exclusión del contenido normativo por parte de dicha disposición, que echan de
menos el actor y algunos intervinientes.
De encontrar acreditados
esos dos elementos, se emprenderá el estudio de los tres restantes, con la
consecuencial profundización sobre la existencia de la omisión legislativa
relativa invocada.
6.1. Presencia de normas
que generarían una específica exclusión normativa
6.1.1. A efectos de
determinar si en el asunto objeto de análisis se presenta la omisión
legislativa invocada por el actor y algunos de los intervinientes, observa la
Corte Constitucional que efectivamente el artículo 8° del Decreto 2351 de 1965[42]
regulaba la terminación unilateral de los contratos de trabajo, sin justa
causa, consagrando el derecho del trabajador a recibir una indemnización acorde
con el tipo de contrato y el tiempo laborado.
Igualmente el numeral 5° de
esa norma facultaba -usando el vocablo “podrá”- al juez laboral a (i)
ordenar el reintegro de aquellos trabajadores despedidos sin justa causa, que
llevasen más de 10 años continuos de servicio, junto con el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir; o (ii), condenar al pago de la
indemnización a que hubiese lugar.
Con todo, esa norma fue
modificada inicialmente por el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y,
posteriormente, por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, suprimiendo esa
facultad, pero conservando transitoriamente las garantías del numeral 5° del
artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, para los trabajadores que llevasen más de
10 años de servicio continuo al mismo empleador, a primero de enero de 1991,
cuando entró en vigencia la Ley 50 de 1990.
6.1.2.
Puede observarse que, en ciertos casos excepcionales, el parágrafo transitorio
del numeral 4° del artículo 6° de la Ley 50 de 1990 continúa rigiendo, frente a
aquellos trabajadores que en enero 1° de 1991 tenían 10 o más años de servicio continuo
para un empleador, en aplicación de la norma también transitoria del artículo
28 de la Ley 789 de 2002[43].
Es
cierto entonces que las disposiciones citadas, ahora demandadas, no contemplan
dentro del contexto normativo atacado la facultad para que el juez laboral
ordene un reintegro, sino exclusivamente en los casos de aquellos trabajadores
que para enero 1° de 1991 tuviesen 10 o más años de servicios, como en opinión
del actor y algunos intervinientes debería estarlo, pues según ellos, esa
figura es la materialización de un principio mínimo fundamental del derecho al
trabajo, como es la estabilidad laboral.
6.1.3.
Prima facie, cabría tener por cumplidos dos presupuestos para la
existencia de una omisión legislativa relativa, (i) la existencia de unas
normas sobre las cuales se predica el cargo, los artículos 6° de la Ley 50 de
1990 y 28 de la Ley 789 de 2002; y (ii) que se excluye, presuntamente, un
ingrediente esencial para que esas disposiciones armonicen con la Constitución.
Sin
embargo, como se indicó en la precitada sentencia C-185 de 2002[44],
si bien la Corte Constitucional puede encontrar cumplidos esos presupuestos, en
particular el relacionado con la falta de un mandato que se echa de menos en la
demanda, y que el actor considera como constitucionalmente obligatorio, ello no
implica afirmar que su inclusión resulta “esencial para armonizar el texto
legal con los mandatos” superiores.
6.2. Razón suficiente para la exclusión normativa y presencia de un mandato
constitucional específico
6.2.1.
Al abordar este aspecto, la Corte analizará la existencia de los mandatos
constitucionales concretos de los cuales pudiera derivarse la exigencia de que,
tratándose de la terminación unilateral de un contrato de trabajo, sin justa
causa, por parte del empleador, deba admitirse normativamente la posibilidad de
que, en ciertos casos, la jurisdicción laboral ordene el reintegro, para salvaguardar
la estabilidad del trabajador. Sólo en el evento de acreditarse la existencia
de dicho imperativo constitucional, tiene sentido establecerla si eventualmente
fue desatendido por las normas demandadas.
6.2.2.
El actor y algunos intervinientes sostienen que los artículos 25 y 53
establecen, respectivamente: (i) el trabajo como un derecho que requiere
especial protección del Estado[45]
y (ii) la obligación del Congreso de expedir el estatuto del trabajo, donde se
deberán tener en cuenta por lo menos los principios mínimos fundamentales,
entre ellos, la estabilidad en el empleo[46].
Considerando lo anterior,
podrá establecerse si en realidad existe en este caso un mandamiento
constitucional, desatendido con la expedición de las normas demandadas, que
suprimieron la facultad del juez laboral para ordenar un reintegro, en ciertos
eventos, probado el despido sin justa causa.
6.2.3. Tratándose de la eliminación de la acción de
reintegro por parte de la Ley 50 de 1990, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia se pronunció en la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991, ya
referida, que por su relevancia para el presente asunto se cita in extenso,
con relación al cambio normativo propiciado sobre el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo (no está en negrilla en el texto original):
“Pero este
precepto [art. 6, L. 50/90] eliminó la acción de reintegro que como alternativa opcional concedía la ley anterior
al trabajador despedido sin justa causa, con relación a lo cual es posible
decir, como lo hace el actor, que los trabajadores perdieron ese derecho, pero
no es dable afirmar, como aquél lo hace, que se haya quebrantado la
Constitución. El nuevo precepto, que eleva de 30 a 40 días de salario la tabla de indemnizaciones, siguió con respecto a los trabajadores con 10 o
más años de servicio la misma línea de tratamiento de quienes tienen menos y
para todos dejó como única consecuencia la de los perjuicios compensatorios sin
posibilidad de restablecer las cosas al estado anterior. Esto, que le parece
inconveniente al actor, el legislador lo juzgó de otra manera en pos de lograr
que trabajadores antiguos no fuesen despedidos antes de los 10 años por el temor
patronal a esta acción en el futuro, lo cual no merece reparo constitucional, a
pesar de que el artículo 53 de la nueva Constitución haya comprendido dentro de
los principios que han de inspirar la legislación laboral el de que ésta
consagre el de la ‘estabilidad en el empleo’, pues no se trata de una
estabilidad absoluta e ilímite que solamente terminaría con la muerte, sino de
una protección razonable y prudente que conduzca a la preservación de la
vocación de permanencia que tiene la relación laboral, dentro de unas
condiciones económicas y de mercado concretas y prácticas, así como a lograr la
indemnidad del trabajador; no puede considerarse que la acción de
reintegro sea el único medio de lograr estas metas y que ella se eleva entonces
a la categoría de exigencia constitucional, a más de que afectaría
gravemente el mercado del trabajo y el pleno empleo por razón de las respuestas
de la otra parte del contrato que su implantación generalizada desataría, tal
como hubo oportunidad de verse a raíz de la que rigió para trabajadores de 10 o
más años de servicios; cree por el contrario la Corte que los propósitos de
estabilidad prudente y de indemnidad del trabajador se logran con el sistema
estudiado de la fijación anticipada de una indemnización que, por lo demás, es
pesada, sin que esto implique tampoco que este procedimiento sea el único que
eventualmente puede escoger el legislador.”
Adelante, la Corte Suprema
de Justicia reforzó su argumentación acerca de la constitucionalidad del
artículo 6° de la Ley 50 de 1990, explicando que esa disposición normativa
conservó el régimen anterior, por lo que no había lugar a analizar si se
desconocieron o no los derechos adquiridos.
Al respecto, en ese falló
se consignó: “De otro lado, como se dijo en otro aparte de esta providencia,
a los trabajadores que a la vigencia de la ley estuviesen en dicha situación de
tiempo de servicios se les conservó en el régimen anterior, de manera que como
también se observó, no cabe ni discutir si se violaron derechos adquiridos; y
se les dio la opción de acogerse al nuevo esquema, lo cual se analizó también
desde el punto de vista del principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos.”
En síntesis, acorde con lo
citado, se concretó que (i) eliminar la acción de reintegro consagrada en el
artículo 8° del Decreto 2351 de 1965, no contrarió la Constitución de 1991;
(ii) la estabilidad laboral para la permanencia en el empleo no es absoluta, en
ciertos casos; (iii) la acción de reintegro no es el único medio adoptado por
el legislador para garantizar ese tipo de estabilidad y, en consecuencia, su
sustracción no implica el incumplimiento de una exigencia constitucional.
6.2.4. Cabe recordar además que en dicho fallo la Corte
Suprema de Justicia estudió la exequibilidad de varias normas, entre ellas
algunos apartes del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, en aquel entonces
censuradas porque, en criterio del accionante, no protegían “debidamente a
los trabajadores o vulneran sus derechos adquiridos, desconocen el designio de
obtención de la justicia social y el desarrollo de las clases proletarias que
las leyes deben tener o, en fin, desconocen el derecho a asociarse”[47].
Igualmente, la Corte
Constitucional en el referido fallo C-569 de 1993, resolvió estarse a lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en lo concerniente al artículo 6°,
literal d) del numeral 4°, y a la expresión “salvo que el trabajador
manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen”, del parágrafo
transitorio de la Ley 50 de 1990.
En la sentencia C-569 de
1993, la Corte Constitucional encontró que el fallo 115 de septiembre 26 de
1991 tuvo tránsito a cosa juzgada absoluta: “La verificación de
constitucionalidad efectuada por la Corte Suprema de Justicia tuvo lugar en
relación con la carta política de 1991, aludió a aspectos materiales y en la
parte resolutiva del fallo no se hizo ninguna advertencia en cuya virtud se
limitaran los efectos del mismo.”
6.2.5. Resulta pertinente recordar además lo expuesto por
la Corte Constitucional en el referido fallo C-038 de 2004, que declaró
exequible el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, frente a la presunta
vulneración de los artículos 1°, 2°, 13 y 58 superiores, al disminuir el
porcentaje de la indemnización por despido sin justa causa.
En esa oportunidad, aunque esta
Corporación resaltó que tal norma, entre otras, resultaba menos favorable para
los trabajadores que las subrogadas en aquel entonces, el legislador, estando
facultado para ello, modificó las meras expectativas, más no los derechos
adquiridos.
Al respecto, luego de citar
decisiones relacionadas con los presupuestos para determinar cuándo se está
ante un derecho adquirido, en aquella providencia se explicó (no está en
negrilla en el texto original):
“Conforme a lo
anterior, en principio la ley no puede afectar una situación jurídica concreta
y consolidada, que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una
persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma
abstracta para el nacimiento de un derecho. Una modificación de esa situación
esta en principio prohibida por desconocer derechos adquiridos (CP art. 58).
Pero en cambio, la ley puede modificar las regulaciones abstractas, sin que
una persona pueda oponerse a ese cambio, aduciendo que la nueva regulación le
es menos favorable y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún
no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada
preveía para el nacimiento del derecho. En este caso, la persona tiene una
mera expectativa, que la ley puede modificar, ‘sin que en manera alguna pueda
afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos,
pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna
reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones’[48].
Y es que si se admitiera que una mera expectativa pudiera impedir el cambio
legislativo, llegaríamos prácticamente a la petrificación del ordenamiento,
pues frente a cada nueva regulación, alguna persona podría objetar que la
anterior normatividad le era más favorable y no podía entonces ser suprimida.”
En ese orden, la Corte
Constitucional ha puntualizado que el legislador está autorizado para realizar
modificaciones laborales, siempre que se respeten los derechos adquiridos y
demás principios mínimos fundamentales inherentes al derecho al trabajo,
incluidos los derivados del bloque de constitucionalidad, y atendiendo el deber
de desarrollo progresivo de los derechos sociales[49].
6.2.6.
En el fallo C-727 de octubre 24 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa, entre muchos otros, se explicó que existen dos grupos de
obligaciones estatales: (i) adoptar medidas positivas para lograr una igualdad
real de condiciones y oportunidades entre los asociados, acatando el deber
constitucional de satisfacer progresivamente sus derechos económicos, sociales
y culturales básicos (“cláusula de erradicación de las injusticias
presentes”); y (ii) abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas,
programas o medidas regresivas frente a esos derechos, para prevenir la
exclusión o marginación que pretende corregir, sin que ello impida avanzar
progresivamente hacia su pleno goce efectivo[50].
Así, en la sentencia C-727 de 2009, se indicó
que tratándose de este tipo de garantías, existen dos principios de gran
relevancia constitucional, a saber, la progresividad y la no regresividad
en la protección de esos derechos.
El principio de progresividad de los
derechos económicos, sociales y culturales se encamina a que el Estado reconozca
prestaciones mayores y superiores en esos campos, hasta llevar a una cobertura
universal. No se podrá tampoco retroceder en la forma de protección y
satisfacción de esas garantías, pues una decisión en tal sentido, prima
facie, sería inconstitucional, salvo que existan imperiosas razones que
tornen indefectible tal retroceso, debiendo asumir la carga argumentativa que
así lo justifique.
En ese orden, la Corte ha puntualizado que
una vez alcanzado un nivel de satisfacción y salvaguarda de los derechos
económicos, sociales y culturales, está vedado al legislador, no obstante su
margen de configuración, retroceder en las conquistas alcanzadas en tales
ámbitos, salvo imperiosas razones[51].
En el ámbito laboral y particularmente en
cuanto a la no regresividad, el fallo C-038 de enero 27 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, explicó que la disminución de la protección de los derechos
de los trabajadores resulta problemática constitucionalmente, en la medida en
que pueda afectar el principio de progresividad, sin que ello signifique que
regulaciones más estrictas devenga, per se, en un retroceso frente a
esas garantías.
Así, esta corporación ha indicado que en
asuntos laborales, la facultad de configuración del legislador “dista de ser
plena, pues no sólo (i) no puede desconocer derechos adquiridos sino que además
(ii) debe respetar los principios constitucionales del trabajo y (iii) las
medidas deben estar justificadas, conforme al principio de proporcionalidad”[52].
Con todo, el fallo C-727 de 2009 ya
referido, recordando lo consignado en la sentencia C-613 de noviembre 13 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló que la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales, entre ellos algunos de los trabajadores, no petrifica la
posibilidad de regular esa materia, en tanto el legislador dentro de su
potestad configurativa no está obligado a mantener en el tiempo las
expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un
momento determinado.
6.2.7.
El argumento de fondo propuesto, como se indicó, descansa en la premisa de que
las normas demandadas resultan violatorias de la Constitución, como quiera que
presuntamente se configura la omisión legislativa relativa, específicamente
frente a los artículos 25 y 53 superiores, al impedir acudir ante el juez
laboral a reclamar el reintegro del trabajador despedido sin justa causa, pese
a tener más de 10 años de servicio continuo.
Con todo, no existe la
omisión legislativa alegada, pues si bien la Constitución establece que (i) el
derecho al trabajo goza de especial protección por parte del Estado (art. 25) y
(ii) el estatuto respectivo debe contener entre sus principios mínimos
fundamentales la estabilidad en el empleo (art. 53), el reintegro del
trabajador que lleva más de 10 años de servicio continuo no constituye la única
forma de proteger la estabilidad, al poder acudirse normativamente a la
fijación de una indemnización de perjuicios, u otros mecanismos legales para
procurar aquella garantía.
Las normas impugnadas
reconocieron además, expresamente, el derecho de los trabajadores que
cumpliesen con la exigencia de llevar más de 10 años de servicio continuo con
el empleador, a enero 1° de 1991, cuando entró en vigencia la Ley 50 de 1990,
por tratarse de derechos adquiridos.
Se aclara que el análisis
ahora realizado no se extiende a otro tipo de reintegros por protección laboral
reforzada, que se fundamentan en presupuestos de raigambre constitucional, como
es la estabilidad de las mujeres embarazadas[53], las personas
discapacitadas o que padecen alguna clase de limitación[54],
o en aplicación del retén social o de otra situación especial que debe ser
protegida en aplicación estricta de la Constitución.
Acorde con todo lo
expuesto, no le asiste razón al demandante, ni a quienes sostienen la
existencia de la presunta omisión objeto del presente pronunciamiento, pues no
se ha incumplido un deber constitucional.
Así, en realidad no
concurren, en este caso específico, los elementos conducentes a configurar la
existencia de una omisión legislativa relativa, por lo cual se declarará la
exequibilidad de los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de
2002, por el cargo de omisión legislativa analizado.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los
artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, por el cargo
analizado en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y archívese el expediente. Cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA   MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO                                    Magistrada                                                Magistrado
ADRIANA GUILLÉN ARANGO              JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrada                                                Magistrado
Con salvamento de
voto
NILSON
PINILLA PINILLA          JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                          Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO        LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                    Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ADRIANA GUILLÉN ARANGO Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-533/12
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por cargo fundado en omisión legislativa
absoluta (Salvamento de voto)
En
el presente asunto debió adoptarse una decisión inhibitoria, en la medida en
que el cargo de inconstitucionalidad planteado estaba basado en una omisión
legislativa de carácter absoluto, que resultaba inasible a través de la acción
pública de inconstitucionalidad, la cual sólo puede impetrarse para el caso de
las omisiones de índole relativa y bajo el cumplimiento de estrictos
requisitos.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Requisitos para la
procedencia (Salvamento de voto)
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN ACCION DE REINTEGRO
POR DESPIDO INJUSTO-Inexistencia por
tratarse de un instituto jurídico derogado (Salvamento de voto)
Si
bien el núcleo del debate se centra en la decisión del legislador consistente
en la acción de reintegro del trabajador ante el despido injusto y su reemplazo
por una escala indemnizatoria a cargo del empleador, aplicable en aquellos
casos en que no existe causal para la terminación de la relación laboral,
estándose ante un instituto jurídico derogado en virtud de un tránsito de
legislación, de manera tal que no se cumpliría con el primer criterio de la
omisión legislativa relativa, consistente en que la regla de la que se derive
esa omisión sea verificable en el ordenamiento vigente.
Con
el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas por la Corte, manifestamos
nuestro salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la Sala Plena en el
fallo C-533 del 11 de julio de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), la cual
declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, de los artículos 6° de la
Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002.
1.
Contrario a lo concluido por la
mayoría, consideramos que en el presente asunto debió adoptase una decisión
inhibitoria, en la medida en que el demandante, en realidad, planteó un cargo
de inconstitucionalidad basado en una presunta omisión legislativa, de carácter
absoluto y por ello inasible a través de la acción pública de inconstitucionalidad,
la cual sólo puede impetrarse para el caso de las omisiones de índole relativa
y bajo el cumplimiento de estrictos requisitos, explicados en el fallo
mencionado.
La
sentencia, luego de hacer un juicioso análisis del precedente sobre la materia,
concluyó que el cargo por omisión legislativa era apto, en tanto el demandante “(i)
acusó concretamente dos normas legales contra las cuales dirige su censura, los
artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002; (ii) señaló en
forma precisa que esas disposiciones desconocen los artículos 25 y 53 de la
Constitución, que consagran el derecho al trabajo y los principios mínimos
fundamentales que lo componen, omitiendo, en su sentir, (iii) un ingrediente
esencial como es la estabilidad laboral, al no contemplar la posibilidad de
ordenar el reintegro del trabajador.║ Indicó que tal omisión del
legislador conlleva (iv) el incumplimiento, sin fundamento objetivo
justificable, de un deber constitucional que le exige, además de velar por la
especial protección del trabajo, dictar el estatuto respectivo que contenga
entre otros principios mínimos la estabilidad laboral.”
2.
Consideramos que, en oposición a
lo decidido por la Corte, en el caso analizado la comprobación de dichas
premisas llevaba a una conclusión opuesta, según la cual la omisión legislativa
advertida por el actor es de carácter absoluto.  De acuerdo con la
jurisprudencia reiterada por el fallo del que nos apartamos, para que pueda
predicarse la existencia de un cargo por omisión legislativa relativa deben cumplirse
con precisos requisitos argumentativos, referidos a (i) la existencia de una
norma jurídica sobre la que se predique el cargo; (ii) que la misma excluya un
supuesto de hecho, asimilable al objeto de regulación o imprescindible para la
armonización de una la norma legal con el Texto Constitucional; (iii) que esa
exclusión carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la ausencia de
regulación y por ende tratamiento equitativo para los casos excluidos, genere
una desigualdad negativa frente a los sujetos que se encuentran amparados por
las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador.
3.
Nótese que las condiciones para la
concurrencia de omisión legislativa relativa guardan unidad de sentido, de una
manera más amplia, con los requisitos para la comprobación de una
discriminación injustificada, esta vez por parte de la regulación legal.  Ello
debido a que el presupuesto esencial para efectuar un juicio de igualdad es la
identificación de los sujetos o situaciones jurídicas que deben recibir análogo
tratamiento jurídico y el criterio respecto del cual se predica su comparación,
denominado tradicionalmente tertiumcomparationis.
En el caso planteado, el núcleo del debate se centra
en la decisión del legislador consistente en la acción de reintegro del
trabajador ante el despido injusto y su reemplazo por un escala indemnizatoria
a cargo del empleador, aplicable en aquellos casos en que no existe causal para
la terminación de la relación laboral.  En ese sentido, se está ante un
instituto jurídico derogado en virtud de un trámite de legislación, de manera
tal que no se cumpliría con el primer criterio de la omisión legislativa
relativa, consistente en que la regla de la que se derive esa omisión sea
verificable en el ordenamiento vigente.  Con todo, el aspecto más importante
para el presente tópico consiste en que en el cargo propuesto se demostró la
existencia de extremos comparables, que para el caso serían sujetos y/o
situaciones fácticas en donde procediera la acción de reintegro y en otras en
que no operara, aunado a la identificación de un criterio de comparación entre
dichos sujetos o situaciones que exigiera un tratamiento legal paritario.
4.
En cambio, lo que plantea el
demandante es que el legislador omitió disponer una acción judicial que sí era
objeto de regulación en la normatividad laboral previa a la Ley 50 de 1990.  Es
decir, fundamentó su cargo en una omisión legislativa absoluta, en cuanto
respecta a la acción de reintegro ante el despido sin justa causa.  Por ende, la
Corte no estaba habilitada para pronunciarse sobre un cargo de esa naturaleza,
como lo ha sostenido uniformemente la jurisprudencia.
Con
todo, también debemos señalar que esta conclusión sobre la ineptitud del cargo
fundado en la omisión legislativa relativa, en modo alguno permite superar las
legítimas discusiones sobre la constitucionalidad de la derogatoria de instrumentos
como la acción de reintegro en materia laboral.  Sin embargo, estos
cuestionamientos apuntan a otros asuntos, como a compatibilidad de la norma
legal con el mandato de progresividad de los derechos sociales, como lo
expresaron en su oportunidad varios de los intervinientes.  No obstante, habida
consideración que estas particulares materias no fueron objeto de la demanda
formulada ante la Corte, no era viable asumirlos de manera oficios, de modo tal
que insistimos en que la decisión a adoptarse debió ser de naturaleza
inhibitoria.
Estos
son los motivos de nuestro disenso.
Fecha
ut supra,
ADRIANA GUILLÉN ARANGO
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] El actor dirigió su demanda contra el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y contra el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, pues en su sentir una eventual
declaratoria de inexequibilidad de este último, conllevaría dejar vigente el
primero (cfr. f. 100 cd. inicial).
[2] Mediante auto de noviembre 22 de 2011, el Magistrado sustanciador
inadmitió la demanda, posibilitando que el actor la corrigiera, como en efecto
hizo en escrito allegado el día 29 del mismo mes y año.
[3] El Decreto 2351 de 1965 reformó el Código Sustantivo del
Trabajo en Colombia; el numeral 5° de su artículo 8° señalaba: “Con todo,
cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y
fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del
trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de
que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la
indemnización en dinero prevista en el numeral 4, literal d) de este artículo.
Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y
tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa
apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las
incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago
de la indemnización.”
[4] F. 9 cd. inicial.
[5] Fs. 138 a 142 ib..
[6] F. 138 ib..
[7] Fs. fs. 144 a 148 ib..
[8] F. 145 ib..
[9] F. 147 ib..
[10] F. 148 ib..
[11] Fs. 150 a 159 ib..
[12] Fs. 154 y 155 ib..
[13] F. 155 ib..
[14] F. 158 ib..
[15] Cfr. fs. 161 a 164 ib..
[16] F. 163 ib..
[17] F. 164 ib..
[18] C-131 de abril 1° de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
[19] Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] C-1052 de 2001, previamente citada.
[21] Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de
octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia
del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[23] “Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
[24] “Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
[25] “Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
[26] Cfr. sobre la omisión legislativa, entre otros, los fallos
C-562 de junio 1°, M. P. Jaime Araújo Rentería y C-865 de septiembre 7 de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-800 de agosto 2, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, C-823 de agosto 10, M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-1154 de noviembre 15 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-891A de noviembre 1 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-208 de marzo 21, M. P. Rodrigo Escobar Gil, C-394 de mayo 23, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, C-831 de
octubre 10, M. P. Jaime Córdoba Triviño y C-1004 de noviembre 22 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-463 de mayo 14, Jaime Araújo Rentería, C-540 de mayo 28, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-542 de mayo 28 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de mayo 5 y C-522 de agosto 4 de 2009, ambas con ponencia de Nilson Pinilla
Pinilla; C-942 de noviembre 24 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez y C-373 de mayo 12, M. P. Nilson Pinilla Pinilla y C-881 de noviembre 23 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[27] Tratándose de la omisión legislativa absoluta, ver entre otros,
los fallos C-543 de octubre 16 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz; C-780 de septiembre 10 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1154 de noviembre 15
de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-192 de marzo 15 de 2006 y C-542
de mayo 28 de 2008, ambas con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
[28] Con relación a la omisión legislativa relativa se pueden
consultar, entre otros, los fallos C-185 de marzo 13 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-823 de 2005; C-891A de 2006; C-208 y C-394 de de 2007 y C-463 de
2008, todos ya referidos.
[29] Sentencia C-185 de 2002, reiterada en la C-942 de 2010, ambas ya referidas.
[30] Situación similar se analizó en las sentencias C-1549 de noviembre 21
de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez; C-562 y C-865 de 2004; C-891A de
2006; C-831 de 2007; C-540 y C-542 de 2008 y C-522 de 2009, todas ya reseñadas.
[31] Cfr. C-1230 de noviembre 29 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-038 de febrero 1 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[32] Cfr. fs. 154 y 155 ib..
[33] Reiterada recientemente en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de
julio 25 de 2012, ambos con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla,
entre otros.
[34] “Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
[35] “Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
[36] “Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
[37] Cfr. C-373 de mayo 12 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, donde se reiteró lo consignado en las sentencias C-427 de
septiembre 12 de 1996 y C-447 de septiembre 18 de 1997, ambas con ponencia del
Magistrado Alejandro Martínez Caballero y C-228 de abril 3 de 2002, Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett.
[38] Cfr. “La Acusación” sintetizada en los antecedentes de
la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 de la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia, ampliamente citada.
[39] Recuérdese que en la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991, la Corte Suprema de Justicia confrontó parte del contenido normativo de la Ley 50 de 1990, frente a la Constitución de 1991. Al respecto, nótese que la Corte Constitucional explicó en el fallo C-569 de diciembre 9 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, que aunque esa disposición fue expedida con antelación a
la carta política de 1991, el artículo 24 transitorio ibídem permitía
esa forma de control.
Al respecto, la Corte Constitucional indicó: “3) Una disposición expedida antes de la nueva carta y
declarada exequible o inexequible por la Corte Suprema de Justicia después del 7 de julio de 1991. Esta posibilidad existe en razón
del artículo 24 Transitorio de la Constitución, que, mientras se instalaba la Corte Constitucional, dispuso: ‘Las acciones públicas de inconstitucionalidad
instauradas antes del 1º de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y
deberán ser decididas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los plazas
señalados en el Decreto 432 de 1969’.
En tales
eventos, ante una nueva demanda, el fallo de la Corte Suprema de Justicia debe ser tomado como si se hubiera proferido por la propia Corte
Constitucional. Es decir, habrá definir, según las reglas generales, si la
sentencia se refirió a motivos de forma o de fondo y si el fallador la
circunscribió en la parte resolutiva a ciertos aspectos. Así se establecerá si
en el caso concreto se produjo el fenómeno de la cosa juzgada absoluta o si
ella es apenas relativa.”
[40] Recuérdese que dicha norma señaló: “d) Si el trabajador tuviere
diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días
adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal
a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.”
[41] La demanda que dio origen a la sentencia C-038 de 2004 se dirigió
contra los siguientes apartes del artículo 28 de la Ley 789 de 2002: “En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:
a) Para
trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales:
1. Treinta
(30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no
mayor de un (1) año.
2. Si el
trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte
(20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1,
por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción;
b) Para
trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios
mínimos legales mensuales.
1. Veinte
(20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no
mayor de un (1) año.
2. Si el
trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince
(15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral
1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente
ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les
aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del
artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual
se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el
primero de enero de 1991.”
[42] El artículo 8° del Decreto 2351 de 1965 modificó el artículo 64
del Código Sustantivo del Trabajo, que preceptuaba: “Articulo 64. Condición
resolutoria. 1. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición
resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a
cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el daño emergente y
el lucro cesante.
2. En caso de que el
patrono tenga que indemnizar perjuicios al trabajador por ruptura unilateral e
ilegal del contrato, el lucro cesante consiste en el monto de los salarios
correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o
presuntivo.”
[43] Recuérdese que el parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 preceptúa: “Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la
presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador,
se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y
d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio,
el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más
años el primero de enero de 1991.”
[44] Esa sentencia ha sido reiterada, entre muchas otras, en la C-314 de 2009 y C-373 de 2011, ya referidas.
[45] El artículo 25 de la Constitución preceptúa: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.”
[46] El artículo 53 de la Constitución consagra (no está en negrilla en el
texto original): “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.
El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.
La ley,
los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
[47] Cfr. “La Acusación” sintetizada en los antecedentes de
la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 de la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia, ampliamente citada.
[48] “Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, Fundamento 6. En el mismo sentido, ver Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena. Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991. M.P. Jaime Sanín Greffenstein.”
[49] Cfr. sentencia C-038 de 2004, ya citada.
[50] En el fallo C-727 de 2009, se reiteró el C-671 de agosto 20 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[51] Cfr. entre muchas otras, las sentencias C-671 de 2002 y C-727
de 2009, arriba reseñadas.
[52] C-038 de 2004, ya referida.
[53] El artículo 43 superior señala que la mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación, y durante el embarazo y después del
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado. Esa normativa
conlleva la creación y garantía de un amparo enfocado, no solo a preservar la
condición biológica singular, sino la vida y los derechos de quien está por
nacer.
La norma en mención, que
parte de la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre,
tiene su génesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra
para la maternidad y la infancia cuidados y asistencias especiales (art. 25,
num. 2°), disposición posteriormente desarrollada en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10, num. 2º), al disponer para
los Estados Partes el deber de “conceder especial protección a las madres
durante un período de tiempo razonable antes y después del parto”, además
de la concesión de licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de
seguridad social dentro de ese período.
Por otro lado, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se
establecieron compromisos de adopción de medidas de protección hacia la mujer
embarazada, como el aseguramiento efectivo del derecho a trabajar, la
prohibición de despido por razón de su estado y la implementación de la
licencia de maternidad, con “sueldo pagado o prestaciones sociales
similares”, sin que implique pérdida del empleo, ni efectos contra la
antigüedad y los beneficios sociales (art. 11 num. 2°, literales a y b).
Con fundamento en los
anteriores referentes normativos, la protección del embarazo cobra especial
realidad y efectividad y, necesariamente, por los derechos fundamentales en
custodia, implica una estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de gravidez,
que a su vez conlleva ‘la prohibición de ser despedida por razón del mismo’,
al ser un criterio discriminatorio que atenta contra el artículo 13 de la carta
política y deviene en afectación de los derechos de quien está por nacer y de
la familia (art. 42 ib.).
[54] El artículo 47 superior preceptúa que el Estado tiene el deber de “adelantar
políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran”. Así mismo, el artículo 13 ibídem
impone que el derecho a la igualdad de las personas con limitaciones sea real y
efectivo. En este sentido, ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos
discriminados o marginados, en especial aquellos que por su condición física o
mental se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha sido
llamado por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas.
Aunque esta
corporación acepta que el concepto de discapacidad no ha tenido un desarrollo
pacífico, ha concluido que en materia laboral “la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta
se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados” (cfr. T-1040
de septiembre 27 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil).
El amparo
cobija a quien sufre una disminución que dificulta o impide su desempeño
normal, por padecer: (i) una deficiencia entendida como una pérdida o
anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica
de estructura o función; (ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o
impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una
deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser
humano; o, (iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar
o impedir el cumplimiento de determinada función, acorde con la edad, sexo o
factores sociales o culturales (cfr. T-198 de marzo 16 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).