T-325-17
Sentencia
T-325/17
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION
DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia
MEDIO
AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DE 1991-Contenido
DERECHO AL AMBIENTE SANO-Relación con derechos a la salud y a la vida
MEDIO
AMBIENTE SANO-Instrumentos internacionales
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección
constitucional
PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE-Fin esencial del Estado
CONSTITUCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Jurisprudencia constitucional
MEDIO
AMBIENTE SANO-Deber de conservación por el Estado/MEDIO AMBIENTE SANO-Derecho
deber
CONSTITUCION
ECOLOGICA-Dimensiones
La
Corte ha atendido a la necesidad que propugna por la defensa del ambiente y de
los ecosistemas, por lo que ha calificado al ambiente como un bien jurídico
constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: “(i) es
un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al
Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo
económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho
constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías
judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto
con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya
realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender
por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país;
y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado,
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes
de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de
las medidas de protección”.
MEDIO
AMBIENTE-Deberes primordiales del Estado
La sentencia C-259 de 2016, al hacer
lectura sistemática de la Carta Política, volvió a analizar los deberes del
Estado respecto al ambiente, agrupándolos en cuatro categorías, a saber: la
prevención, la mitigación, la indemnización o reparación y la punición.
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE-Carácter de interés superior
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Procedencia excepcional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección internacional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido
DERECHO FUNDAMENTAL
AL AGUA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A LA ALIMENTACION-Contenido
DERECHO
A LA ALIMENTACION-Fundamental
DERECHO
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Instrumentos internacionales
DERECHO
A LA ALIMENTACION-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO AL AGUA, A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AL
MEDIO AMBIENTE SANO DE COMUNIDAD CONFORMADA POR SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Vulneración al cercar con alambres
eléctricos y construir jarillones que impiden a las personas acceder a la
ciénaga en la que ejercían la actividad pesquera y se abastecían de agua
Referencia:
Expediente T-5.603.544
Acción
de tutela instaurada por Orlando Jiménez Cáceres, en representación de la
comunidad residente en la región Salinas del Municipio de Rionegro, Santander,
contra los propietarios de la Hacienda La Yaruma.
Magistrado
Ponente:
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecisiete
(2017)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e)-quien
la preside-, Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido el 11 de
marzo de 2016 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bucaramanga, que declaró improcedente el amparo de los derechos
fundamentales al
agua, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la vida en condiciones
dignas y al trabajo del accionante
y de la comunidad que representa. El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección número Seis de la Corte
Constitucional, mediante auto del treinta (30) de junio de 2016.[1]
Aclaración previa
Mediante auto del 28 de septiembre de 2015, la Sala de
Selección de Tutelas número Nueve,[2]
seleccionó para su revisión el expediente T-5148572, correspondiente a la
acción de tutela interpuesta por el señor Orlando Jiménez Cáceres en
representación de la comunidad residente en la región Salina del Municipio de
Rionegro, Santander, contra los propietarios de la hacienda La Yaruma. Dicho
proceso correspondió por reparto a la Magistrada María Victoria Calle Correa,
quien mediante Auto 035 de 2016, de fecha tres (3) de febrero de 2016, declaró
la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso por no haber sido notificada
una de las partes en la oportunidad procesal correspondiente. Con base en ello,
en dicho Auto se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, para que
notificara la acción en debida forma a los propietarios de la hacienda La
Yaruma. Surtido el trámite anterior,[3]
la tutela de la referencia fue seleccionada nuevamente por la Corte Constitucional
mediante auto del 30 de junio de 2016 - Sala de Selección de Tutelas número
Seis-, bajo el radicado T-5603544, correspondiéndole para su sustanciación a
este despacho.
I. ANTECEDENTES
El señor Orlando Jiménez Cáceres, en nombre propio y en representación de la comunidad
residente en la región Salinas del Municipio de Rionegro, Santander, interpuso
acción de tutela por considerar
vulnerados los derechos de la comunidad al agua, a la seguridad alimentaria, a la
vida en condiciones dignas y al trabajo, presuntamente afectados por los propietarios de la hacienda
La Yaruma, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.  Hechos
El señor Orlando
Jiménez Cáceres, en nombre propio y
en representación de la comunidad residente en la región Salinas del Municipio
de Rionegro, Santander, señaló que el lugar donde residen “era la
parte del lecho del Rio Lebrija”, zona que era aprovechada habitualmente
por la comunidad para realizar actividades de pesca artesanal, de la cual 67
familias derivaban su subsistencia. Adujo que, por un lado, las circunstancias
climáticas hicieron que parte del lecho del río se secara, por lo que “la
actividad se acabó, y las área fueron aprovechadas para cultivar”; y por el
otro, los administradores y propietarios de la hacienda La Yaruma, “se han
dado la tarea de perseguirnos, encerrando con muralla las fuentes hídricas
dejadas por el Rio Lebrija, y tratando por todos los medios de apoderarse de
los humedales que éste dejó para extender sus latifundios y así desplazarnos de
la región”. Refirieron que estas personas “con máquina secaron la
ciénaga donde habitualmente pescábamos, para que nos muramos de hambre y nos
vayamos de la región; así mismo, cercaron con alambre eléctrico las orillas del
rio, poniendo en peligro la vida de los niños y adultos mayores”, [4] lo que afecta
la seguridad alimentaria de la comunidad a la que representa, la cual se
encuentra constituida en gran parte por niños y adultos mayores, dado que dichas
fuentes de agua son para el uso y aprovechamiento de sus actividades diarias de
sostenimiento.
Conforme a lo anterior,
solicitó que: i) se tutelen los derechos fundamentales al agua, a la seguridad
alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo de los miembros de la comunidad, para que “en
el menor tiempo posible se despejen los humedales, ósea, el área total donde
nos encontramos residiendo con nuestras familias, lo que es el centro de
nuestra actividad pesquera y agrícola; ii) exigir a los supuestos propietarios
de la hacienda La Yaruma, que presenten las escrituras legales que amparan la
propiedad de los humedales que dejó el Rio Lebrija al secarse, y de no tener
dichos documentos, se le exija que retiren definitivamente la cerca eléctrica;
y iii) ordenar a los demandados dejarnos seguir trabajando y residiendo en esa
zona, dado que lo único que queremos es producir en el campo y evitarnos un
desplazamiento forzado a las ciudades”.
2. Traslado y
contestación de la demanda
Admitida la solicitud de tutela, el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, corrió traslado
de la misma a los propietarios de la hacienda La Yaruma, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS), al Municipio de
Rionegro Santander y a la Defensoría del Pueblo, para que ejercieran su derecho
de defensa y contradicción.
2.1. Dentro del término
concedido, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga –CDMB- dio respuesta a la presente acción de tutela,[5] haciendo un
recuento de su naturaleza jurídica, de su creación y del marco normativo que le
asigna competencia, para finalmente pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones de este caso. Al respecto, sostuvo que se opone a las pretensiones
de los accionantes, dado a que no tenía conocimiento de esta problemática, ya
que no se registra petición o queja alguna. Por lo que, para su intervención a
través de una visita al predio, solicita que se establezca con claridad la
ubicación del mismo. De otra parte, manifestó que es necesario vincular a la
autoridad municipal con el fin de indagar si tiene conocimiento de estos
hechos, ya que pueden concurrir varias jurisdicciones municipales en las
concesiones de aguas. También manifiesta la necesidad de conocer si la
comunidad tiene autorización por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca –AUNAP- para ejercer la labor de pesca.
2.1.1. En cuanto a la conformación del ecosistema en la
zona de la Región Salina en Rionegro Santander, indicó que “la parte baja de
la cuenca del Rio Lebrija está comprendida por un sinnúmero de bajos
inundables, lagunas o ciénagas temporales y permanentes, las cuales están
conectadas al río mediante estrechos canales (…). Añade que la importancia de
estos ecosistemas radica en la biodiversidad acuática que ellos mantienen (…).
Así mismo, precisa que la conservación de estas zonas es prioritaria para
cumplir con los objetivos de protección contemplados en tratados
internacionales de los cuales Colombia es parte”. Agregó que para responder
al reto de conservar y aprovechar sosteniblemente los ecosistemas del país, se
formuló la política para los humedales interiores, como estrategia para el
majeo de la tierra, el agua, los recursos vivos, y para mantener o restaurar
los sistemas naturales, de manera que se promueva la conservación y el uso
sostenible de los recursos ecológicos, por lo que “teniendo en cuenta estas
funciones ecológicas claras, así como la presencia de varios cuerpos de agua de
carácter permanente, y la función reguladora del régimen fluvial del Rio
Lebrija, propone que esta zona sea objeto de protección especial”.
2.1.2. Por otra parte se resaltaron algunos avances. Se
sostuvo que “con base en el estudio elaborado por el Consorcio GRADEX INPO
sobre el diagnostico, evaluación, zonificación y manejo de humedales y ciénagas
del medio y bajo Lebrija, la Corporación inició el proceso de declaratoria de
áreas protegidas en los humedales del medio y bajo Lebrija (…). Igualmente, la
CDMB concertó con la Administración Municipal de Rionegro, el plan básico de
ordenamiento territorial, mediante resolución 0464 del 22 de junio de 2000, y
fue aprobado a través de Acuerdo N°. 011 del 28 de junio de 2000 del Concejo
Municipal”.  Finalmente, se advirtió que al revisar la base de datos de la
entidad, “no se encontró permiso ambiental para la utilización de recursos
hídricos a ninguna persona natural ni jurídica, entre la que se encuentra la hacienda
La Yaruma”.
2.2. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.
E.S.P. –EMPAS S.A.- en su escrito de contestación manifestó que las
pretensiones de la presente acción de tutela no están llamadas a prosperar,
dado que no desconoció ningún derecho fundamental de la parte accionante. Solicita
ser desvinculado de este proceso.[6]
2.3. Mediante
representante legal, la Alcaldía de Rionegro, Santander, contestó la presente
acción de tutela.[7]
Solicita ser desvinculada de la presente acción, pues manifiesta no haber
vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes. A modo de información,
manifiesta que “los usos clasificados para esta zona son los de área de
producción agrícola y ganadera y explotación de recursos naturales, igualmente,
áreas de especial importancia ecosistémica, definidas en el Decreto 3600 de
2007 (…)”. Por último, dijo no tener conocimiento de la problemática que se
viene presentando entre las familias actoras y los propietarios de la hacienda
La Yaruma.
2.4. La Defensoría del
Pueblo Regional Santander, manifestó que hasta la fecha no ha recibido
ninguna solicitud o petición del accionante relacionada con los hechos que dan
origen a la acción de tutela. [8]
Por otra parte, sostuvo que se deben tener en cuenta las siguientes tres consideraciones
antes de fallar el presente caso. Primera, pese a que el Decreto 2591 permite
tener por ciertos los hechos ante situaciones como la renuencia a contestar la
tutela, es importante tener de presente que aun cuando se den por ciertas las
afirmaciones del accionante, hay circunstancias que deben ser objeto de prueba,
y que por su complejidad se alejan del trámite propio de la acción de tutela.
En tal sentido, precisó que “basta con observar las peticiones hechas por la
Corte a los entes vinculados, que reviste de tal minucia técnica que sin ellos
no se puede decidir sin que peligre la eficacia de los derechos. Por tanto, con
las pruebas que obran hasta ahora, no es posible establecer con claridad la
violación a derechos fundamentales, sin embargo, sí ponen de relieve una
amenaza a derechos de intereses colectivos”. Segunda, en cuanto a que el
actor no tiene potestad para acudir a la tutela en representación de la
comunidad, manifestó que lo que importa a la justicia constitucional es la
supremacía de los derechos humanos. Tercera, adujo que en su decisión la Corte
podría conminar al Ministerio Público al acompañamiento de la comunidad para
adelantar una acción popular, y mientras se resuelve la misma, conceder
temporalmente el amparo como medida cautelar.
3. Decisión de instancia
Mediante fallo del 11 de marzo de 2016, el Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga declaró improcedente
el amparo solicitado. Argumentó que la comunidad accionante puede acudir a la
acción popular para la protección de sus derechos fundamentales, pues a su
parecer se trata de una controversia de “absoluto” resorte de la justicia
contencioso administrativa. Considera que esta petición desborda la naturaleza
y esencia de este mecanismo de carácter residual, a menos que se tratara de un
amparo transitorio ante la inminencia de un perjuicio irremediable, lo cual, se
dijo, no fue demostrado por los actores. En este orden de ideas, sostuvo que la
resolución del caso bajo análisis a todas luces depende de profusas
disquisiciones de índole probatorio, lo cual debe llevarse a cabo ante la
justicia ordinaria o contencioso administrativa según la entidad a demandar,
por lo que la especialidad jurídica del juez de tutela y la ausencia de
términos impide la incorporación del material probatorio y la etapa de
contradicción necesaria para tomar una decisión conforme a derecho.
4. Actuaciones en
sede de revisión
La Sala Séptima de Revisión profirió autos el 2 de noviembre
y el 15 de diciembre de 2016, por medio de los cuales vinculó al Municipio de
Puerto Wilches, al Municipio de Rionegro, a la
Corporación Autónoma Regional Santander, al Departamento de Policía de
Santander, a la Inspección de
Policía del municipio de Puerto Wilches, a la Inspección de Policía del municipio de Rionegro,
a la Defensoría del Pueblo Regional Santander, a la Personería de Rionegro, a
la Personería de Puerto Wilches, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del
Interior,   y comisionó la práctica de una inspección judicial en el punto conocido como “Las Marías”, con el fin de verificar si en dicho lugar se encuentran
ubicadas las familias accionantes, y si
persiste la vulneración o amenaza de los derechos de estas personas.
4.1. Mediante escrito
del ocho (8) de noviembre de 2016, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías del Ministerio del Interior, manifestó que “(…) no se registran
comunidades ni resguardos indígenas en el municipio de Rionegro, Santander.
Igualmente, consultando el Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC)
No se registra el ciudadano Orlando Jiménez Cáceres (sin documento de
identidad)”.[9]
4.2. La Corporación
Autónoma Regional Santander el diecinueve (19) de diciembre de 2016, manifestó
que “(…) de conformidad con la visita de inspección ocular realizada los
días 22 al 24 de noviembre de la presente anualidad, a la región de Las
Salinas, jurisdicción del Municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander,
se encontró que en el punto georeferenciado con las coordenadas N: 1´350.998
E.1´034.365 y una altura de 60 m.s.n.m., se observó una Hacienda, que según los
pescadores, es La Yaruma; en esta zona se forma el complejo de humedales del
Magdalena Medio, conformados por agua del rio Lebrija y del Magdalena, sus
brazos y brazuelos, diferentes caños que lo alimentan y varias ciénagas que se
conforman en toda el área. Así mismo, una vez revisado el SIG de la CAS, el
complejo de humedales del Magdalena Medio, hace parte de los ecosistemas
estratégicos de la Corporación Autónoma Regional Santander –CAS- y las
coordenadas tomadas el día de la inspección técnica, se encuentran sobre este
complejo”. [10]
Agrega que “revisada la base de datos de la Corporación, no se registra
ningún tipo de solicitud de permiso para aprovechamiento de los recursos
hídricos que tenga que ver con la región Las Salinas, hacienda La Yaruma,
correspondiente al municipio de Puerto Wilches, Santander”.   Finalmente sostiene que “(…) se están tomando
las medidas necesarias y de competencia, entre las cuales se ordenará la
comisión de un equipo multidisciplinario para que evalúe los posibles daños
ocasionados al ecosistema por las intervenciones que se logren evidenciar y
probar de manera irregular por los residentes en la vereda Las Salinas, a su
vez se procederá a iniciar las investigaciones y sanciones que dentro de
nuestra competencia se deriven con el fin de mitigar y resarcir los daños que
se prueben por parte de esta autoridad ambiental”.
4.3. Mediante “Auto
SAA N°. 1152-16”,[11]
la Corporación Autónoma Regional Santander “ordena la apertura de una
indagación preliminar” en el caso de la referencia, con base en las
siguientes consideraciones: “(i) una vez realizada la visita de inspección
ocular en la región Las Salinas, correspondiente al municipio de Puerto
Wilches, Santander, se evidenció un jarillón construido en el área de
humedales, y que proviene de la hacienda La Yaruma, donde se tomaron las
respectivas coordenadas, las cuales todas pertenecen al municipio de Puerto
Wilches, por lo que es competencia de la Corporación Autónoma Regional
Santander –CAS-. El jarillón fue construido hace aproximadamente 15 años desde
la hacienda La Yaruma, y pasa por las coordenadas N: 1´350.9980 E: 1´034.365 y
una altura de 60 m.s.n.m., atravesando caños y zonas de humedales (…); (ii) que
revisado el SIG de la CAS, el complejo de humedales del Magdalena Medio hace
parte de los ecosistemas estratégicos de la CAS y las coordenadas tomadas el
día de la inspección se encuentran sobre este complejo; (iii) según los señores
Orlando Jiménez Cáceres, vicepresidente de la Asociación ASOCAÑOGRANDE, Segundo
Beleño, asociado; Eibel Oliveros, asociado; Henry Soaraca, asociado; Nancy
Beleño, asociada, y de acuerdo con los confirmado en la visita en el área se
ubican alrededor de 67 familias que derivan su sustento de la pesca artesanal
de los diferentes ríos, caños y ciénagas existentes en la región, los cuales se
han visto afectados en los últimos años por la desecación de amplias zonas, por
parte de finqueros, con el objetivo de ampliar sus fronteras agrícolas y
ganaderas; (iv) en el recorrido se evidenció una deforestación en el punto
georeferenciado con las coordenadas N: 1´355.933; E: 1´034.387 y una altura de 55
m.s.n.m., y un taponamiento del caño la Batalla, en las coordenadas N:
1´355.448; E: 1´034.516 y una altura de 55 m.s.n.m., que alimenta a la ciénaga
la Consulta o ciénaga la Montañita según los integrantes de la asociación de
pescadores, fue realizada por el señor Evangelista Parada; y (v) que revisado
el mapa de amenazas del esquema de ordenamiento territorial del municipio de
Puerto Wilches, esta área se encuentra en amenaza media y alta por inundación”.[12]
4.4. El 22 de febrero
de 2017, la Defensoría del Pueblo remitió informe de acompañamiento a la visita
de inspección judicial realizada a la hacienda La Yaruma, en el que manifestó
que: “(…) el 14 de febrero del año en curso se dio inicio a la diligencia de
inspección judicial (…) en el desarrollo de esta nos reunimos con el
accionante, señor Orlando Jiménez Cáceres y 15 pescadores más, quienes
manifestaron hacer parte de la comunidad (…), en el punto conocido como Ciénaga
o Caño Batalla, se verificó la existencia de un jarillón o muro construido por
otro finquero de la zona distinto a la hacienda La Yaruma (…). Se puede
concluir que no se observó de forma directa la restricción ni impedimento por
parte de la hacienda La Yaruma del derecho a la actividad pesquera y agrícola
de las familias accionantes (…)”.[13]
4.5. El 27 de febrero
de 2017, la Personería Municipal de Puerto Wilches, Santander, informó sobre la
inspección judicial realizada, destacando que “los argumentos planteados por
los pecadores son razonables, ya que se pudo observar que realmente el río ha
dejado mucha tierra en su sequía, y que los propietarios de la hacienda La
Yaruma, aparte de tener este terreno, tienen varios predios para ejercer sus
labores, por lo que se solicita que la Corte verifique este hecho y de
comprobarse que hay más de mil hectáreas que no tienen dueño, aplicando la Ley
1448 de 2011, se les debe permitir a los campesinos ejercer la labor de su
sustento diario (...)". La Personería anexa el acta de diligencia de
inspección judicial, en la que se lee que “(…) se verifica la existencia de
un jarillón, el muro presuntamente realizado por la hacienda La Yaruma
denominado la muralla que taponaba o afectaba la ciénaga colindante, construido
por un finquero de la zona diferente a la hacienda La Yaruma (…)”.[14]
4.6. El 7 de marzo de
2017, la Corporación Autónoma Regional Santander dio a conocer el concepto
técnico de la visita de inspección ocular de la hacienda La Yaruma, en el que
se lee que: “(i) dentro de la hacienda no ha existido ningún cuerpo cenagoso
según mapas del IGAC; (ii) el rio Lebrija se desvió en el sitio conocido como
San José de Los Chorros, y en la actualidad está discurriendo por el costado
occidental de la finca La Yaruma, tomando el antiguo cauce del Caño Grande, y
dentro del citado predio se bifurcó en varios canales, formando numerosos
islotes, y en algunos de ellos los pescadores han sembrado cultivo de plátano,
los cuales resultan afectados por el pastoreo; (iii) la muralla o jarillón a la
que hace referencia el señor Orlando Jiménez Cáceres fue construida hace
aproximadamente 15 o 20 años, de acuerdo a los vestigios de árboles que han
crecido y se han desarrollado sobre ella, y para su construcción no existe
ninguna autorización de la Corporación Autónoma Regional de Santander; (iv) La
Corporación Autónoma Regional de Santander no ha autorizado a los propietarios
de los predios de la hacienda La Yaruma para la construcción de cercas
paralelas al rio Lebirja, pero al momento de la diligencia no se encontró
ninguna cerca construida; (v) en el recorrido no se evidenció que los
propietarios de la hacienda La Yaruma estén haciendo un uso inadecuado del
recurso hídrico del río Lebrija; (vi) según los mapas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, los cuerpos cenagosos existentes en el área se encuentran localizados
al costado nor-oriental del antiguo cauce del rio Lebrija, fuera de los límites
de la hacienda La Yaruma; y (vii) se deja constancia que en el momento de la
diligencia fue imposible verificar que los dueños de la hacienda La Yaruma
hayan imposibilitado o interrumpido las labores de la pesca que ejerce la
comunidad, por cuanto no hay obras que obstaculicen el flujo normal de las
aguas e imposibiliten el tránsito de canoas”.[15]
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia y
procedencia
1.1. La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar
los fallos de tutela adoptados en los procesos de esta referencia.
1.2. La acción de tutela es un
mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser
utilizado ante la vulneración o amenaza de garantías fundamentales por parte de
un poder público o privado, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la
protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de
defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional para evitar un
perjuicio irremediable.[16]
1.2.1. La Sala de Revisión considera que se cumple el requisito de
subsidiariedad en la presente acción de tutela, por cuanto el otro medio de
defensa judicial que eventualmente tendrían a su alcance (acción popular) no
será efectivo para garantizar sus derechos fundamentales involucrados en el
presente caso. Si bien existe una dimensión propia de derechos colectivos,
justiciables mediante acción de tutela, en el presente caso hay también
involucrados derechos fundamentales que requieren especial atención. En efecto,
se trata de una comunidad conformada por sujetos de especial protección
constitucional, dado que (a) gran parte de sus miembros son niños y adultos
mayores; (b) la comunidad en general afronta una precaria situación económica,
ya que se dedicaba a la actividad de pesca artesanal para su subsistencia, pero
ésta se terminó “porque la hacienda accionada secó con máquinas la ciénaga
donde realizaban la actividad”; (c) dada la situación de indefensión en que
se encuentra dicha comunidad frente a la parte accionada, en el sentido en que
se le imposibilita tomar medidas para responder a la
violación de sus derechos; (d) no cuentan con los recursos
económicos para sufragar los gastos de abogados que ejerzan la defensa de sus
derechos frente a la parte accionada; y (e) no tienen tiempo para esperar la
resolución de esta controversia, pues mientras ello sucede, no pueden acceder a
los recursos naturales de los que derivaban su manutención.
Contrario a lo
señalado por el juez de instancia (que la comunidad accionante puede acudir a
la acción popular para solicitar el amparo de sus derechos, por lo que la
controversia es del resorte de la justicia de lo contencioso administrativo), insiste
la Sala, la acción de tutela es el medio adecuado para ventilar este caso, pues
se trata de la protección de los derechos de las personas de la comunidad en
cuestión, en sus dimensiones fundamentales. Están en conexidad con la
protección inmediata de la dignidad humana, del ambiente sano, del derecho al
agua, a la seguridad alimentaria y al trabajo. En efecto, la acción popular puede ser
eficaz para la protección del derecho colectivo, pero no para el resguardo de
uno de rango fundamental, para lo cual es idónea y eficaz la acción de tutela.
Teniendo en cuenta las especificidades de la situación de los
peticionarios, como (i) su necesidad de abastecerse de manera
urgente de agua, la cual es una necesidad inherente a la vida digna de las
personas; (ii) la necesidad de pescar en el rio para su propia subsistencia;
(iii) la difícil situación económica que enfrentan, que les impide proveerse dichos
recursos de otra manera; y (iv) tratándose de una comunidad conformada en su
gran mayoría por niños y adultos mayores,  la Sala observa que los otros
mecanismos de defensa a los que eventualmente puede acceder dicha comunidad, no
son idóneos para lograr de manera oportuna la protección de sus derechos
fundamentales.
1.2.2. El señor Orlando
Jiménez Cáceres interpuso la presente acción de tutela en nombre propio y como
miembro de la comunidad residente en la región Salinas del Municipio de
Rionegro, Santander, por las violaciones a los derechos de las personas que
forman parte de esta comunidad, la cual está constituida por 67 familias
-conformadas en su mayoría por niños y adultos mayores-. En la visita de
inspección ocular realizada en este caso, por disposición de esta Sala de
Revisión, la Corporación Autónoma Regional de Santander constató que el señor
Orlando Jiménez Cáceres es Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal
ASOCAÑOGRANDE, comunidad a la cual pertenecen las familias de pescadores
accionantes en la presente tutela.[17]
Quienes forman parte de la comunidad, dieron consentimiento amplio para que
el señor Jiménez Cáceres interpusiera la presente acción de tutela,[18] además de
las labores de defensa que viene realizando. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las organizaciones comunitarias
pueden intermediar a favor de la protección de los derechos de sus comunidades,[19]
es claro que el señor Orlando Jiménez Cáceres puede interponer la presente acción
de tutela en su nombre y en el de su comunidad.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional
ha defendido que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer acción de tutela en
nombre de un menor de edad, siempre que en el relato de los hechos de la
demanda conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del
niño.[20]  Ello
se explica por la situación de vulnerabilidad e indefensión en que se
encuentran los menores de edad, razón por la que los
jueces deben propender hacia la prevalencia de sus derechos, para garantizar
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Así las cosas, el señor Jiménez Cáceres sí puede interponer una
acción de tutela en defensa de los derechos de los niños de su comunidad, como
efectivamente lo hizo, pues la mayoría de los miembros de las 67 familias
afectadas por el cambio de las condiciones de acceso al agua, son menores de
edad.
1.2.3. En el presente
caso, la acción de tutela se presenta contra las personas propietarias de la
hacienda La Yaruma, una entidad de derecho privado (un particular), frente a la
cual la comunidad está en estado de
indefensión, en cuanto a las
conductas que afectan gravemente sus intereses individuales y comunitarios, y
que a su vez repercuten en sus derechos fundamentales subjetivamente
considerados. No hay forma de oponerse a ellas.
1.2.4.
En lo que respecta al cumplimiento del requisito de inmediatez, debe señalarse
que con el mismo se procura que el amparo sea interpuesto oportunamente, de tal
suerte que se asegure el cumplimiento del objetivo de protección actual,
inmediata y efectiva de garantías fundamentales. En el presente caso se debe tener en cuenta que la vulneración de los
derechos de la comunidad accionante se ha prolongado en el tiempo, precisamente
porque la hacienda La Yaruma no ha permitido ni permite actualmente que la
comunidad se abastezca de agua del rio Lebrija,
ni que realice actividades de pesca para su manutención. La situación es
aún más grave si se tiene en cuenta que la comunidad afronta una difícil
situación económica, por lo que hoy día no tienen como subsistir. Así pues, la
presente acción de tutela busca la protección judicial inmediata frente a una
violación presente y constante.
1.2.5. En conclusión,
la acción de tutela presentada por el señor Jiménez Cáceres en su defensa y la
de su comunidad es procedente.
2. Problema jurídico
2.1. Con base en el relato de los hechos expuesto y el
resto de los antecedentes, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:
¿los propietarios de una hacienda (La Yaruma), vulneran los derechos
fundamentales al agua, a la seguridad
alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo del accionante y de
la comunidad a la que representa y que habita en la zona,[21]
al haber tomado medidas para conservar un bien de su propiedad (cercar
con alambre eléctrico las orillas del río y construir jarillones para evitar
inundaciones) que restringieron su acceso
a la ciénaga en la que ejercían la actividad pesquera y se abastecían de agua?
2.2. Para resolver la cuestión planteada, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas analizará: (i) el derecho a un ambiente sano;
(ii) el derecho fundamental al agua y la
procedencia de la acción de tutela para su protección; (iii) el derecho a la seguridad alimentaria; para posteriormente
(iv) resolver el caso concreto.
3. La Constitución
de 1991, una Constitución ecológica
En este aparte de la
sentencia la Sala abordará algunos aspectos de
la manera como la Constitución Política de 1991, algunos instrumentos
internacionales y la jurisprudencia constitucional han entendido el derecho al ambiente
sano, lo cual es pertinente por cuanto en este caso es posible que exista
afectación del ambiente conforme a los siguientes datos: (i) la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB- y la Corporación
Autónoma Regional Santander, en respuesta a la presente acción de tutela,
manifestaron que los humedales y ciénagas del medio y bajo Lebrija fueron declarados
zonas protegidas por ambas Corporaciones, por lo que, para la utilización de
dichos recursos hídricos es necesario un permiso ambiental, el cual no se encuentra
otorgado a ninguna persona natural ni jurídica;[22]
(ii) la Corporación Autónoma Regional Santander ve la necesidad de conformar un
equipo multidisciplinario que evalúe los posibles daños ocasionados al
ecosistema por las intervenciones que se logren evidenciar y probar de manera
irregular por los residentes en la vereda Las Salinas; así mismo, dicha
Corporación señaló que era necesario tomar medidas sancionatorias y de
resarcimiento de los daños ambientales producidos;[23]
(iii) la Corporación Autónoma Regional Santander manifestó que revisado su sistema
de información general se encontró que el sistema de humedales del Magdalena
Medio, dada su riqueza en biodiversidad,  hace parte de los ecosistemas
estratégicos que deben ser protegidos prioritariamente por el Estado, y que
precisamente éstos vienen siendo afectados por la mano del hombre,[24]
quien ha desviado el cauce de las fuentes hídricas para su aprovechamiento,
ocasionando un grave perjuicio a la naturaleza.
3.1. Desde finales del
siglo XX, es claro para la jurisprudencia constitucional, que la protección y
el mejoramiento del ambiente se ha convertido en un verdadero desafío para los
Estados que buscan evitar la destrucción del entorno ecológico, con miras a la
consecución de un ambiente sano que asegure “la salud, la vida y la
disponibilidad de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras”.[25]
3.2. La protección del ambiente
tiene en la Constitución Política de Colombia un carácter de prioridad dentro
de los fines del Estado, en razón a su íntima relación con el derecho a la
salud y a la vida. Es así como nuestra Carta Política en los artículos 8, 79, 80 y 95 numeral 8, determina los principios,
derechos y deberes generales que deben regir una correcta relación entre las
personas y el ambiente. Como derecho, la Constitución clasifica el ambiente, dentro de la categoría
de los derechos colectivos
(art. 79 CP), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de
las acciones populares (art. 88 CP). La ubicación del ambiente en esa
categoría, resulta particularmente importante, “ya que los derechos
colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto
son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de
los llamados derechos humanos de ‘tercera generación’, sino que se le deben
incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del
futuro tiene derecho a que se le conserve el planeta desde hoy, en un ambiente
adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho”.[26]  Pese
a que la Carta Política reconoce al ambiente como un derecho colectivo, dada la
incidencia que pueden tener los efectos dañinos del ecosistema en la humanidad,
la Corte ha sostenido que “el mismo tiene también el carácter de derecho
fundamental, al resultar ligado indefectiblemente con los derechos individuales
a la vida y a la salud de las personas”.[27]
3.3. Ahora bien, estos mandatos constitucionales
deben ser comprendidos como parte de los desarrollos jurídicos internacionales
y regionales que se venían dando desde antes y aún continúan. Se trata de instrumentos de derecho cuyo objetivo es el de “establecer
una alianza mundial y de cooperación entre los Estados, en interés de todos los
países, para proteger la integridad del sistema ambiental, responder al
fenómeno de la degradación y garantizar un desarrollo sostenible para las
generaciones presentes y futuras”,[28] entre los cuales se
encuentran: (i) la Declaración de Estocolmo sobre el
Medio Ambiente Humano (adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humano de 1972); (ii) la Carta Mundial de la Naturaleza de
las Naciones Unidas  de 1982; (iii) el Protocolo de Montreal, relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987; (iv) la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas
de 1992; (v) la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992; (vi) el
Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático de 1997; (vii) la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas de 2000; y (viii) el Acuerdo de Copenhague de 2009.
Estos instrumentos exponen el interés universal por la protección de un ambiente
sano, consagran y desarrollan los principios, objetivos, herramientas e
instituciones de gestión ambiental y los principales compromisos que deben ser
tenidos en cuenta por los Estados para lograr el fin propuesto de garantizar la
diversidad e integridad de los ecosistemas y la protección del ambiente. Éstos
han sido utilizados por la jurisprudencia como parámetros de interpretación
constitucional.
3.4. Como
se dijo, la protección al ambiente
sano ocupa un lugar de suma importancia en el ordenamiento jurídico colombiano,
pues nuestra Constitución Política configura una “constitución ecológica” o
“constitución verde” [29] que establece el derecho al ambiente sano como un fin
esencial en virtud de la relación antes descrita entre este derecho y el
derecho a la
salud y a la vida. Dicha relación fue
claramente explicada por la Corte en una de sus primeras decisiones, en la cual
se reconoció el derecho al ambiente sano como un derecho fundamental para la
existencia de la humanidad (sentencia T-092 de 1993).[30] Expresamente señaló que “El derecho al medio
ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las
personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan
daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que
el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la
humanidad.  A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la
incidencia del medio ambiente en la vida de toda persona y por ello se ha
afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”.[31]
3.5. A
partir de los citados mandatos, la jurisprudencia ha señalado que una de las
principales creaciones de la Constitución Política de 1991, es la promoción de
la conservación y protección del ambiente para la supervivencia de la
humanidad. Es por ello que la Corte ha identificado “unos deberes estatales
encaminados a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la
conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la
educación para obtener esos fines, que comportan igualmente una planificación
del manejo y del aprovechamiento de los recursos naturales de manera que se garantice
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental (…)”.[32]
Entre dichos deberes, se resalta “la facultad de intervención que por
mandato de la ley tiene el Estado en ciertas actividades como director general
de la economía, como ocurre con la explotación de los recursos naturales en
aras de la preservación de un medio ambiente sano”.[33] De parte de los particulares, el deber está
encaminado a “los actos de participación para la consecución
de los objetivos en materia ambiental; en virtud de lo cual, los ciudadanos
pueden tomar parte en las decisiones que afecten el medio ambiente debiendo a
su vez proteger los recursos naturales y velar por la conservación del mismo,
sin olvidar que la potestad de todos a gozar de un ambiente sano constituye un
derecho de carácter colectivo en la forma de un derecho-deber”.[34]
3.6. Dentro de este marco, esta Corporación en la sentencia C-671
de 2001, señaló que “el derecho al medio ambiente
no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De
hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables
en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente
es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad (…)”.[35]
3.7. En
sentencia T-760 de 2007,[36] la Corte nuevamente hizo
referencia a la Constitución “ecológica o verde”, aludiendo a que a
partir de 1991 se creó un nuevo paradigma normativo que impone nuevas obligaciones
al Estado y a los particulares respecto a sus relaciones con la naturaleza.
Sobre el particular, en esta sentencia esta Corporación precisó que “Los
recursos de la naturaleza no están ya a la disposición arbitraria de la mujer y
del hombre sino al cuidado de los mismos.  La Constitución, eso es claro,
no reduce la protección del medio ambiente o cualquiera de sus componentes a
una visión liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden disponer a su
antojo de los demás seres vivos o los recursos naturales, sino que reconoce que
el vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas pautas o
requisitos que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la protección de
la diversidad e integridad ambiental (art. 79 C.P.)”.[37]
La
Corte ha atendido a la necesidad que propugna por la defensa del ambiente y de
los ecosistemas, por lo que ha calificado al ambiente como un bien jurídico
constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: “(i) es
un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al
Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo
económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional
de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público,
erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo
social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial
de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del
país; y (iv) aparece
como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la
responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de
protección”.[38]
3.8. La sentencia C-259 de 2016,[39] al hacer lectura sistemática de la
Carta Política, volvió a analizar los deberes del Estado respecto al ambiente,
agrupándolos en cuatro categorías, a saber: la prevención, la mitigación, la
indemnización o reparación y la punición. En cuanto al (i) deber de prevenir
los daños ambientales, sostuvo que se soporta de los siguientes preceptos
constitucionales: “(a) en el mandato de evitar factores de deterioro
ambiental (CP art. 80.2), esto es, adoptando de forma anticipada un conjunto de
medidas o de políticas públicas que, a través de la planificación, cautelen o
impidan el daño al ecosistema y a los recursos naturales;[40] o que, en caso de existir,
permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren asegurar su
aprovechamiento en condiciones congruentes y afines con el desarrollo
sostenible.[41]
Este deber también se expresa en el (b) fomento a la educación ambiental (CP
arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar el medio ambiente (CP art. 79)”.
3.8.1. Respecto al (ii) deber de mitigar
los daños ambientales, precisó que este “se manifiesta en el control a los
factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), en términos concordantes con el
artículo 334 del Texto Superior, el cual autoriza al Estado a intervenir, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, y en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de
racionalizar la economía en aras de mejorar la calidad de vida de los
habitantes, y lograr los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano. Por esta vía, por ejemplo, se destaca la existencia de los
planes de manejo ambiental y de las licencias ambientales, que en relación con
actividades que pueden producir un deterioro al ecosistema o a los recursos
naturales, consagran acciones para minimizar los impactos y efectos negativos
de un proyecto, obra o actividad”.
3.8.2. En cuanto al (iii) deber de
indemnizar o reparar los daños ambientales, manifestó la sentencia que éste “encuentra
respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art.
90), como en el precepto constitucional que permite consagrar hipótesis de
responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos
colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el artículo 80 del Texto Superior le
impone al Estado el deber de exigir la reparación de los daños causados al
ambiente. Por esta vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la
exequibilidad de medidas compensatorias, que lejos de tener un componente
sancionatorio, buscan aminorar y restaurar el daño o impacto causado a los
recursos naturales”.[42]
3.8.3. En cuanto al (iv) deber de
punición frente a los daños ambientales, expresó que éste “se consagra
igualmente en el artículo 80 de la Constitución, en el que se señala la
posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con la ley. De este precepto emana
la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es el de
garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del medio
ambiente y de los recursos naturales. Esta atribución, como manifestación del ius
puniendi, admite su ejercicio tanto por la vía del derecho administrativo
sancionador (lo que incluye el derecho contravencional [43] y el derecho correccional[44]) como a través del derecho
punitivo del Estado”.
3.9. A manera de conclusión, se
tiene que la protección del ambiente sano tiene un carácter de interés superior
en el ordenamiento jurídico colombiano, determinado por la misma Constitución
de 1991, la cual, a través de su amplio catálogo de normas, que configuran la
llamada constitución ecológica o verde, persigue el objetivo de proteger el ambiente con el
fin de que la humanidad pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le
permita desarrollar su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de
vida. La defensa del ambiente constituye un
objetivo primordial dentro del Estado Social de Derecho, ya que constituye el
contexto vital del ser humano, indispensable para su supervivencia y la de las
generaciones futuras. Por tanto, el derecho al ambiente sano no se puede
desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas, razón por la que
esta Corte, al valorar la incidencia del ambiente en la vida de los hombres, ha
afirmado que el derecho al ambiente es un derecho fundamental de la humanidad
que es susceptible de ser protegido vía acción de tutela cuando compromete
directamente los derechos y la dignidad de las personas.
Bajo ese entendido, una de las
principales obligaciones del Estado es la de proteger su diversidad e
integridad, así como salvaguardar las riquezas naturales de la Nación,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación
ambiental, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las
sanciones y exigir la reparación de los daños causados al ambiente.
4. El derecho fundamental al
agua y la procedencia de la acción de tutela para su protección. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1.
En la Constitución Política de 1991 no se consagra expresamente
el agua como
un derecho fundamental. No obstante, se entiende incluido en los mandatos de la
Carta Política si se deduce de una lectura sistemática de la misma.[45]
En efecto, “esta garantía es entendida como un derecho constitucional complejo
en atención a la importancia que el mismo tiene como presupuesto de los demás
derechos fundamentales y de su goce efectivo”.[46] Se
concluye entonces que “Aunque el agua no es reconocida como un derecho
constitucional autónomo en una disposición específica de la Constitución
Política, así se deduce de una lectura sistemática de la misma; así se concluye
si se tiene en cuenta el Preámbulo de la misma, la fórmula política de un
estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la
dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar
privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce
efectivo del servicio público del agua potable y saneamiento básico”.[47]
4.2. Dicha
garantía también se entiende incorporada al ordenamiento jurídico interno como
parte del capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior, en virtud de
la figura del bloque de constitucionalidad.[48]
Sobre el particular, se tiene que el derecho al agua ha sido reconocido
por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su artículo 11 dispone que: “1.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho (…)”.
4.3. A pesar de que en el artículo 11 del PIDESC no se reconoce de
manera expresa el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas –órgano encargado de verificar el
cumplimiento del Pacto- ha entendido que la lista es enunciativa e incluye el
derecho al agua, pues es una condición fundamental para la supervivencia
humana. Así lo explicó en la Observación
general No. 15 en noviembre de
2002:
“En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie
de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y son indispensables para su
realización. El uso de la palabra
"incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser
exhaustiva. El derecho al agua se
encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, (i) el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). (ii) El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) (iii) y al derecho a una vivienda
y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). (iv) Este derecho también debe considerarse
conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de
Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana”.
4.4. Aunque
ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en el Protocolo Adicional
a la Convención Americana o Protocolo de San Salvador se hace mención expresa
al derecho al agua, “podría decirse, haciendo una interpretación sistemática
de estos instrumentos, que éste se encuentra implícito en el artículo 4 de la
Convención Americana, por cuanto el no acceso al agua impide la consecución de
una existencia digna, y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, se
establece que toda persona
tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos”.[49]
4.5. Respecto del
contenido obligacional del derecho al agua, como el de todos los derechos
humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido
que el Estado tiene tres
tipos de obligaciones: respetar, proteger y cumplir.[50]
4.5.1.
La obligación de proteger, por su parte, “implica el
deber de adoptar las medidas que sean necesarias y que, de acuerdo a las
circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio de esos derechos
e impedir la interferencia de terceros, es decir, esta obligación se concreta,
en un deber del Estado de regular el comportamiento de terceros, ya sean
individuos, grupos, empresas y otras entidades, con el objetivo de impedir que
estos interfieran o menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho. Esta
obligación (i) involucra la adopción de medidas legislativas o de otra índole
que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso
al agua en condiciones de igualdad y contaminen o exploten de forma no
equitativa los recursos de agua; (ii) demanda a los Estados impedir que
terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo
razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables, cuando estos
controlen los servicios de suministro de agua; y (iii) exige la promulgación de
legislación en aras de la protección y funcionamiento eficaz del sistema
judicial con el fin de resguardar el goce del derecho al agua frente a
afectaciones provenientes de terceros”.[51]
4.5.2.
La obligación de cumplir “requiere que se reconozcan los derechos en
los sistemas legales y se adopten políticas y medidas, de cualquier índole,
destinadas a satisfacerlos. Ésta se subdivide en las obligaciones de
facilitar, que consiste en el deber de iniciar actividades con el fin de
fortalecer el acceso al derecho o su disfrute, o ayudar a los particulares para
lograr tales fines. El deber de promover implica realizar acciones
tendientes a difundir, educar, o capacitar a la población para el ejercicio de
los mismos. Por último, surge la obligación de proporcionar, que
supone asegurar que el titular del derecho acceda al bien protegido por un
derecho cuando un grupo o individuo por circunstancias ajenas a su control, no
pueda disfrutar el mismo”.[52]
4.6. La Corte Constitucional por su parte, ha considerado que el
derecho de toda persona al agua es un derecho fundamental que debe ser objeto
de protección mediante la acción de tutela en muchas de sus dimensiones, en
especial cuando está destinada al consumo humano. Esta protección ha sido
amplia y ha sido otorgada por esta Corporación, incluso desde sus inicios. En la sentencia T-406 de 1992,[53] este Tribunal manifestó que
"El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la
vida de la población son finalidades sociales del Estado, por lo que será
objetivo fundamental de su actividad, la solución de las necesidades
insatisfechas (…) de agua".
En las sentencias T-578 de 1992,[54] T- 140 de 1994[55] y T- 207 de 1995,[56] manifestó que “el agua constituye fuente de vida y su falta atenta directamente
contra el derecho fundamental a la vida de las personas; así pues, en tanto que
afecta a la vida de las personas, es un derecho constitucional fundamental, y como
tal, puede ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. [57] Esta posición ha sido reiterada por este Tribunal en múltiples
providencias,[58] en las que ha sostenido que al
ser el agua imprescindible para garantizar la vida en condiciones dignas, la
salud, la salubridad y la alimentación sana “de los seres
humanos y de todos los seres vivos, este líquido preciado es indiscutiblemente
una necesidad biológica de todo ser viviente”.[59]
Por lo tanto, “es éste un derecho fundamental cuando se utiliza para
el consumo humano, por lo que resulta procedente la acción de tutela para su
salvaguarda”.[60]
4.7. En cuanto a la limitación o privación
injusta y desproporcionada a una comunidad para beneficiarse del
aprovechamiento de recursos hídricos en fuentes naturales, dada la actividad de
un particular, la Corte en la sentencia T-309 de 1999,[61] al estudiar el caso de unos
demandantes que a través de acción de tutela manifestaron que dado el inicio de
la construcción de una casa y una represa de propiedad de sus vecinos, se obstruyó el cauce
natural de la quebrada que bajaba por sus predios y terminaba en un río, de la
cual se abastecían de agua para la satisfacción de sus necesidades, sostuvo
que:
“(…)
el recurso natural sobre cuya privación se alega por los actores en la presente
tutela, es un bien escaso y vital. Entonces, si por obra de otros, se priva
injustamente a quienes de él se beneficiaban, se está en presencia de la
vulneración de derechos fundamentales y del abuso del derecho. Este tema ha sido tratado en
la sentencia T-244 de 1994,[62] en la que la Corte se refirió a
la construcción de obras de aprovechamiento del agua por parte de particulares.
Allí se dijo que ´el cauce de la quebrada se ha
visto afectado por la construcción de una obra de represamiento de las aguas
por parte de los accionados, y
este hecho los beneficia en forma desproporcionada e injusta. Y, en consecuencia, no puede concebirse cómo una
comunidad pueda verse desmejorada en sus derechos, y en particular en cuanto al
disfrute y uso del agua, en detrimento de un usuario. Esto desconoce los
principios de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 13 de la
Carta Política´. También en la sentencia T-375 de 1996, la Corte abordó
el tema concreto de la privación del consumo del agua a otros, y dijo, en lo
pertinente: ´No cabe duda de que la persona que en virtud de su poder jurídico
o material, esté en condiciones de privar de agua a una entera comunidad o de
sujetarla a acceder a una fuente de agua altamente contaminada y peligrosa para
su salud y vida, se encuentra en una situación de supremacía y contra él pueden
entablarse acciones de tutela si con sus acciones injustamente afecta o amenaza
derechos fundamentales. En este orden de ideas, el sujeto titular de tamaño
poder no puede obrar con la lógica absoluta de señor y dueño, pues junto a sus
derechos derivados de la ley civil, se encuentra vinculado por el respeto de
los derechos fundamentales´”.[63]
4.8. Pese a la categorización del derecho al agua
como derecho fundamental, se encuentra que en algunas ocasiones esta Corte ha
determinado que el agua tiene carácter colectivo, por lo que en sentencia T-381 de 2009,[64] este Tribunal zanjó toda
duda sobre el tema, reiterando las reglas según las cuales se considera dicha
garantía como derecho fundamental, susceptible de ser amparado no mediante la
acción popular, sino a través de la tutela. Al respecto, señaló la Corte que:
“(i) el derecho al
agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el
derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la
acción de tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental
al agua potable, solamente cuando
ella es necesaria para preservar la vida,
la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras
actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados;
(iii) cuando el agua es necesaria para preservar a la vida, la salud o la
salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido
a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la
autoridad pública como contra el particular o particulares que estén afectando
arbitrariamente el derecho; (iv) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la
acción popular, cuando existe
afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o
múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio
irremediable en la órbita de este derecho fundamental; (v) de conformidad con
los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y
suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua, y la accesibilidad física,
económica e igualitaria a ella”.[65]
4.9. En
cuanto a la permanencia y periodicidad en que debe ser suministra el agua para
la satisfacción de las necesidades humanas, la sentencia T-143 de 2010,[66]
al estudiar la tutela instaurada por pueblos indígenas a quienes la entidad
territorial se abstuvo de proveerles agua diaria, en cantidades mínimas,
mientras se superaba definitivamente una emergencia por la cual atravesaban
debido al quebrantamiento,  no imputable a ellos, de las fuentes hídricas
de las cuales se alimentaban, esta Corporación señaló que: “se vulneró el
derecho fundamental al agua de esta comunidad, al haberles suspendido el suministro en un corto período
(aproximadamente 45 días), sin que ellos tuvieran una posibilidad real de
acceder a cantidades vitales por otra fuente, violándoles sus derechos
fundamentales al consumo de agua, y el de las Comunidades Indígenas en cuanto
tales a la integridad cultural”.
4.10. En la sentencia T- 418 de
2010,[67]
la Corte al estudiar el caso de unas personas que presentaron acción de tutela en contra de la Administración
Municipal de Arbeláez para
que se les protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad y a la salud
pública en conexidad con el derecho a la vida, el cual estaba siendo vulnerado
como consecuencia del actuar omisivo y  arbitrario de la Administración, que se
negó a la prestación del servicio de agua potable en razón a que ellos se
encontraban en el sector rural, a pesar de que a algunos de los vecinos que
también se encontraban en dicha zona sí se les prestó el servicio, esta
Corporación hizo alusión a que el derecho al agua es un derecho de todas y cada
una de las personas, pero que en el caso de algunos sujetos de especial
protección, da lugar a obligaciones especiales y específicas de respeto,
protección o garantía. Al respecto manifestó la Corte:
“(…) El derecho al agua es
un derecho humano, un derecho fundamental de toda persona, para poder contar
con una existencia digna. Sin embargo, como se indicó previamente, es un
derecho que tiene también facetas de carácter colectivo. Hay dimensiones del
derecho que generan obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de
las cuales no son titulares las personas individualmente, sino colectivamente.
Las protecciones de las fuentes hídricas de las cuales puede depender
eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda,
de los ámbitos de protección del derecho al agua, pero no se trata de un
derecho individual.
De
acuerdo con la Constitución y con la Carta Internacional de Derechos, el
derecho al agua es un derecho de todas y cada una de las personas, pero que en
el caso de algunos sujetos de especial protección, da lugar a obligaciones
especiales y específicas de respeto, protección o garantía. Así, el Estado debe
prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños,
los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los
solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes,
los presos y los detenidos (…).
Las
obligaciones derivadas de un derecho fundamental suponen por lo menos, las
obligaciones de respetar, proteger y garantizar. En el caso del agua, el Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, observó que las obligaciones de
respetar implican abstenerse de injerir directa o indirectamente en el
ejercicio del derecho al agua; las obligaciones de proteger implican
impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al
agua; y las obligaciones de garantizar (‘de cumplir’), que a su vez divide
en diversas medidas, de carácter positivo y complejo muchas de ellas,
orientadas especialmente a asegurar el derecho de quienes no se pueden proveer
el derecho por sí mismos. También indica en qué casos se entienden
violadas las obligaciones derivadas del derecho al agua”.
4.11. También la
Corte ha determinado que el derecho al agua tiene una faceta subjetiva y
objetiva. En efecto, en sentencia C-220 de 2011,[68] la
Corporación estableció que: “como derecho fundamental, el agua tiene tanto un alcance subjetivo como
objetivo. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace
referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En
efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores
positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las
autoridades, incluido el Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser
reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por
parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata
de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha
dado lugar, por ejemplo, a una amplia protección por medio de la acción de
tutela”.
4.12. Respecto al
significado de los criterios que constituyen el contenido del derecho al agua,
esta Corte en sentencia T-891 de 2014,[69]
precisó, de conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el contenido de esta
garantía de la siguiente manera: se debe contar con disponibilidad, calidad,
accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. “Respecto a la disponibilidad
se tiene que esta haría referencia al abastecimiento del líquido en cantidades
idóneas para satisfacer las necesidades de las personas y hogares, que debe
ajustarse de conformidad a las particularidades de los sujetos y del contexto.
Por su parte, la calidad refleja la potabilidad del recurso, es decir que el
mismo esté libre de agentes que puedan poner en riesgo la vida o la salud de
quien la consuma. En cuanto a la accesibilidad y la asequibilidad, se ha dicho
que estos remiten a la ausencia de medidas discriminatorias y a la no
interposición de barreras físicas o económicas, así como al acceso a
información sobre el líquido. Por último, la aceptabilidad incluye el respeto
por los valores culturales del sitio donde se accede al suministro y por
prerrogativas como la intimidad de los usuario”.[70] Según la Corte,
todos estos constituyen espacios de protección constitucional vía acción de
tutela.
4.13. Por otra
parte, la Corte Constitucional ha sostenido que determinados grupos de personas
o comunidades gozan de una garantía reforzada al derecho fundamental al agua. En efecto, esta Corporación en
sentencia T-760 de 2015,[71]
señaló que “el Juez constitucional que decida sobre el suministro del
preciado líquido, debe tener especial precaución cuando se encuentra frente a
niños o niñas, personas de la tercera edad, discapacitadas o enfermas, mujeres
en estado de embarazo o lactancia, o en condición de debilidad manifiesta (…).
En conclusión, para esta Corporación, los sujetos de especial protección
constitucional, entre ellos los niños y niñas, gozan de un contenido mínimo al
derecho al agua que no es susceptible de restricción bajo ninguna hipótesis
(…)”.
4.14. En sentencia T-302 de 2017,[72]
la Corte estudió la acción de tutela interpuesta a favor de los
niños y niñas wayúu contra varias entidades del orden nacional y territorial,
quienes con su acción u omisión han afectado sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, a la salud y al agua, en el sentido en que les han producido una
situación generalizada de desnutrición y muerte por la imposibilidad de acceder
al agua potable, a la alimentación adecuada y al sistema de salud. En este
caso, la Corte manifestó que el derecho constitucional al agua ha sido
protegido por la jurisprudencia constitucional no sólo desde un ámbito
individual sino también a partir de un enfoque colectivo, pues se trata de un
derecho que está en cabeza de los individuos y de la comunidad; esta situación
se presenta cuando han sido comunidades enteras las afectadas por la
contaminación o la ausencia de ese recurso hídrico indispensable para la vida
humana. Sobre el particular, la Corte estableció que el agua constituye un
derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en
condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano, y que “(…) no
existe duda que sin el acceso a agua las poblaciones, además de no poder tomar
líquido, tampoco pueden cocinar, y en consecuencia, tampoco subsistir. Así, se
ha determinado que el riesgo de inseguridad alimentaria aumenta cuando las
comunidades no cuentan con fuentes hídricas”.
4.15. En fin, el agua es un derecho fundamental siempre que
esté destinada al consumo humano, ya que este recurso que es utilizado por las
personas diariamente, es indispensable para garantizar la vida misma y la
dignidad humana. Adicionalmente, resulta evidente que el agua es un presupuesto
esencial del derecho a la vida y a la salud, así como del derecho a una
alimentación sana y a un ambiente sano. Por lo tanto, al ser éste un derecho
fundamental, resulta procedente su amparo a través de la acción de tutela, de
acuerdo con las garantías mínimas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y
no discriminación en la distribución. El estudio del
derecho fundamental al agua debe hacerse a la luz de los lineamientos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, en conjunto con las
garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, así como las interpretaciones y recomendaciones que de éste
realiza el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que propenden
porque todas las personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con
el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además
se prevengan problemas de salud y en general sanitarios.
En cuanto a los lineamientos de esta Corte respecto al
derecho al agua, se tiene que en casos como el que se analiza en esta
sentencia, en que las comunidades afectadas están integradas por personas de
especial protección (como las mujeres en estado de embarazo o lactancia, niños,
ancianos y personas en situación de discapacidad), el derecho al agua tiene una
protección reforzada, según la cual, debe garantizárseles a estos grupos de
personas, que reciban  una efectiva satisfacción del mismo, con el fin que
puedan llevar a cabo sus respectivos proyectos de vida.
5. El derecho a la seguridad alimentaria. Reiteración de
jurisprudencia.
5.1. La Constitución de 1991 consagra el derecho a la alimentación
equilibrada como un derecho fundamental de los niños (artículo 44) y de la
mujer en estado de embarazo (artículo 43). En cuanto a la protección especial a
la producción alimentaria y mecanismos para lograrlo, la Constitución establece
en los artículos 64, 65, 66, 78, y 81 los deberes del Estado en esta materia.
5.2. La seguridad alimentaria es un derecho
fundamental reconocido por varios
instrumentos internacionales de derechos humanos.[73] Entre los principales se
encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
que consagra en su artículo 11.1 el deber de los Estados de reconocer a toda
persona una calidad de vida adecuada incluyendo una sana alimentación y el
derecho fundamental de toda persona a ser protegida contra el hambre.[74] Para dar alcance a lo referido, la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura- FAO de 1996, propuso por primera vez el concepto
de “soberanía alimentaria”, que hace referencia al derecho de cada
pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de
producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen una
alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los medios campesinos, pesqueros, étnicos e
indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.[75]
5.2.1. El Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su parte, ha afirmado que el derecho a la
alimentación implica la capacidad de tener acceso a alimentos sanos que
aseguren una nutrición digna, e incluye en ello el derecho de los grupos vulnerables
y discriminados a tener acceso a la tierra, a la producción en pequeña escala,
a participar de los mercados locales y rurales, a las áreas tradicionales de
pesca, entre otros. La garantía de esos derechos se realiza, además en el marco
de la libre elección de prácticas de subsistencia de las comunidades.[76]
5.2.2. Por su
parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como órgano
competente para la interpretación del mencionado instrumento, en su Observación
General No. 12, estableció que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce “cuando todo hombre, mujer o
niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.
La Observación General, adicionalmente reconoce que para erradicar el problema
del hambre y la malnutrición, no basta con incrementar la producción de
alimentos, sino que también es necesario garantizar que la población más
vulnerable tenga disponibilidad y acceso a ellos. Por eso, el Comité precisó
que el derecho a la alimentación tiene cuatro aristas: i) la disponibilidad, b)
la accesibilidad, c) la estabilidad y d) la utilización de los alimentos.
5.2.3. Respecto a
las dos primeras aristas, la Observación General No. 12, señala que por disponibilidad “se entienden las
posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente,
explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o
mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que
funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de
producción a donde sea necesario según la demanda”; y la accesibilidad hace
referencia a que los individuos tengan acceso a alimentos adecuados, tanto en
términos económicos como físicos. Tanto la disponibilidad de alimentos como el
acceso sostenible a ellos, están determinados, entre otros factores, por las
condiciones de sostenibilidad ambiental, las cuales se aseguran si existe una
gestión pública y comunitaria prudente de los recursos que aseguren la
disponibilidad de alimentos a las generaciones presentes y futuras.[77]
5.3. La seguridad
alimentaria como derecho al reconocimiento y a la protección especial de los
derechos de las comunidades agrícolas a trabajar y subsistir de los recursos
que les ofrece el ambiente donde se encuentran, y sobre el que garantizan su
derecho a la alimentación, ha sido un tema tratado en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional desde sus inicios. Así, en la sentencia C-262 de 1996,[78] la Corte estudió la Ley 243 de 1995 “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales –UPOV”. En dicha providencia, la Corte haciendo
alusión a la especial protección de la producción alimentaria, manifestó que este tipo de actividades
encuentran su fundamento en el otorgamiento de prioridad al desarrollo integral
de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales
para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con
el propósito de incrementar la productividad. Expresamente este Tribunal
sostuvo que era necesario proteger las prácticas tradicionales de producción
para la consecución de la protección de la biodiversidad, pues dicha protección
es posible “en gran medida, gracias a la acción sostenible de las culturas
minoritarias (indígenas, negros y campesinos) sobre los recursos naturales”. En torno a este punto la Corte afirmó:
"La importancia de estas
prácticas autóctonas es de tal grado que se ha afirmado que las necesidades de
un 80% de la población del mundo, así como el suministro de alimentos de cerca
de la mitad de los habitantes de la Tierra, depende del conocimiento y
plantaciones indígenas. Lo anterior ha determinado la necesidad de relacionar
la noción de desarrollo sostenible con el reconocimiento y la importancia de la
diversidad cultural especialmente en cuanto se refiere a las diversas formas de
relación entre el hombre y la naturaleza. De este modo, se concluye que la
protección de la biodiversidad depende, en gran medida, de la preservación de
las prácticas tradicionales a través de las cuales una determinada cultura se
relaciona con los recursos biológicos a los que accede”.[79]
La
especial protección que la Corte quiere darle a las prácticas tradicionales de
producción de los grupos minoritarios, está dada por la relación que existe
entre ellos y los recursos naturales con los que ejercen su oficio, teniendo
particular relevancia la importancia que estos grupos le imprimen al deber
constitucional de resguardar y preservar la diversidad cultural y biológica de
la Nación. En efecto, impedirles a estos grupos étnicos que exploten los
recursos naturales a través de sus métodos de producción, puede producir efectos
negativos que tienen consecuencias perversas para la comunidad minoritaria como
la desintegración cultural, la desnutrición, la no satisfacción de las
necesidades básicas, la desprotección de su derecho al trabajo, y en general la
amenaza a la supervivencia de la población. Por lo tanto, en esa sentencia, la
Corte Constitucional estableció como criterio para resaltar, “la relación de
subsistencia que tienen las comunidades étnicas y campesinas con los recursos
naturales, y en esa medida, llamó la atención sobre la necesidad de que en los
proyectos o decisiones sobre desarrollo sostenible, se de prevalencia a los
intereses de estas comunidades cuando su alimento depende de los recursos que
explotan y producen tradicionalmente”.[80]
5.3.1. Posteriormente,
la Corte Constitucional en sentencia T-574 de 1996,[81] revisó el caso de una
acción de tutela interpuesta por un grupo de pescadores contra ECOPETROL, a
quien le endilgaban la afectación de sus derechos fundamentales a la libertad
de oficio y a la ecología marítima, en virtud del derramamiento de crudo en el
sector la playa del Departamento de Nariño, el cual tuvo lugar por la falta de
mantenimiento de unas mangueras submarinas de propiedad de la empresa. Los
accionantes alegaron que ellos y sus familias subsistían única y exclusivamente
de la pesca, actividad que no podían volver a realizar por la contaminación de
las aguas. En esa oportunidad, este Tribunal evidenció que la comunidad
accionante subsistía exclusivamente de la pesca tradicional, por lo que, al no
poder volver a realizar dicha actividad, resultaban conculcados sus derechos a
la alimentación, a la subsistencia y a la libertad de oficio. Así las cosas,
sostuvo el Alto Tribunal:
“El desarrollo sostenible
ocupó un lugar importante en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, (Comisión Brundtland - 1987) que lo definió así: “Es
el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.
||  Según esta definición, el desarrollo sostenible tiene como objetivo
principal la equidad intergeneracional. ‘El desarrollo sostenible reconoce
la responsabilidad de cada generación de ser justa con la siguiente generación,
mediante la entrega de una herencia de riqueza que no puede ser menor que la
que ellos mismos han recibido. Alcanzar este objetivo, como mínimo, requerirá
hacer énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales para las
generaciones siguientes y en evitar cualquier daño ambiental de carácter
irreversible”.[82]
||  […] se debe comprender como
propósito fundamental del desarrollo sostenible, el mantener la productividad
de los sistemas naturales y el satisfacer las necesidades esenciales de la
población, en especial de los sectores menos favorecidos. Este último punto se
hace más importante en países como los nuestros, donde la pobreza mayoritaria
está unida a la escasez, pues no habrá desarrollo sostenible mientras casi la
mitad de la población viva en niveles de extrema pobreza.
||  […] De ahí que la sostenibilidad
ecológica exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la
diversidad biológica y los recursos biológicos; la sostenibilidad social
pretende que el desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas
y se mantenga la identidad de la comunidad; la sostenibilidad cultural exige
que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos
afectados y la sostenibilidad económica que pretende que el desarrollo sea
económicamente eficiente y que sea equitativo dentro y entre generaciones.”.[83]
Conforme a las
consideraciones anteriores, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la
libertad de oficio y al ambiente de los pescadores, y ordenó a Ecopetrol
efectuar un monitoreo en el sector del vertimiento para superar sus efectos,
exigiendo que dicho monitoreo fuera realizado por una “comisión
interinstitucional” en la que estuvieran los representantes de los
pescadores.
5.3.2. En la
sentencia C-864 de 2006,[84]
la Corte al estudiar la Ley 1000 de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de complementación
económica suscrito entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, de la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los Gobiernos de la
República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el Primer
Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias”, sobre la
producción de alimentos sostuvo:
“Esta Corporación desde la sentencia T-506 de
1992, ha señalado que se vulnera el deber de seguridad alimentaria reconocido
en el artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce ‘el grado de garantía
que debe tener toda la población, de poder disponer y tener acceso oportuno y
permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales,
tratando de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la
conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio de las generaciones
futuras’”.[85]
Para esta
Corporación, resulta compatible con el mandato imperativo constitucional de
brindar una especial protección a la producción de alimentos y a la industria
alimenticia (C.P. art. 65), la medida que permite reestablecer los desequilibrios
que se llegasen a producir por la limitación o impedimento a la población, de
disponer y tener acceso a los recursos naturales dispuestos a su alrededor para
la siembra, producción, pesca y distribución de alimentos para su fuente de
ingresos y como garantía de su derecho a la alimentación.
5.3.3. En la
sentencia T-348 de 2012,[86]
la Corte revisó el caso de una comunidad de pescadores que interpuso acción de
tutela contra el Distrito Turístico de Cartagena, el Consorcio Vía al Mar, el
INCO, la DIMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por
considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la paz, a la salud mental, a
la vida digna, a la libre escogencia de profesión u oficio, los derechos de los
adultos mayores y de las minorías étnicas, a la protección de la diversidad
cultural y a la dignidad humana, en virtud de que las entidades accionadas no
les consultaron la realización del proyecto de infraestructura “Anillo Vial
Malecón de Crespo”, a partir del cual se les impidió seguir desarrollando la
pesca artesanal en las playas que se encuentran frente a la obra. Afirmaron que
en esa zona realizaban actividades como la comercialización de los frutos del
mar y reuniones de la Asociación, y utilizaban el espacio para parquear sus
botes mientras pescaban, lo cual no habían podido seguir haciendo por la
construcción. En
esa oportunidad, la Corte hizo alusión a la especial importancia que adquiere
la protección de las “economías tradicionales de subsistencia”, “en la
medida en que quienes las ejercen son comunidades generalmente pequeñas que han
dedicado su vida a una actividad de producción específica, como la pesca, y con
ella aseguran su mínimo vital, entendido este, como una garantía de ingresos y
medios de subsistencia, porque venden los frutos del mar que toman en el
ejercicio de su práctica, y adicionalmente, tienen acceso permanente al
alimento para su vida y la de sus familias”. Al respecto sostuvo
este Tribunal:
“En suma, las comunidades de pescadores y todas aquellas que
dependen de los recursos del medio ambiente, merecen una especial atención por
parte de los Estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayoría de
bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la
alimentación y a su mínimo vital. De hecho, es evidente la relación íntima que
adquieren estas comunidades con los ecosistemas, que junto con el ejercicio de
su oficio tradicional, crean una identidad cultural. Por lo anterior, debe
destacarse la importancia del concepto de la soberanía alimentaria, que
involucra el respeto de la producción a pequeña escala de alimentos y la
diversidad de su producción, en reconocimiento de los modelos campesinos
tradicionales y artesanales”.[87]
Finalmente,
en esta sentencia la Corte al hacer un análisis de la ya citada sentencia T-574
de 1996, resaltó la importancia de: “(a) el derecho a la participación
y concertación de medidas con las comunidades, en general en las
decisiones que impliquen una afectación al medio ambiente donde habitan o
ejercen sus actividades tradicionales; (b) el desarrollo sostenible como
proceso que exige mantener la productividad de los sistemas naturales,
procurando mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades que
se verán afectadas en su eventual intervención, y la preservación de las
prácticas tradicionales de producción; c) la obligación del Estado de proteger
el “espacio vital” como una ubicación laboral, en donde la comunidad
pesquera ejerce su oficio tradicional; y d) el deber del Estado de fomentar y
proteger especialmente la actividad pesquera, acorde con el artículo 65 de
la Constitución Política”.
5.3.4. En la sentencia C-644 de 2012,[88] la Corte estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 1450
de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”,
por cuanto permiten
la venta de tierras originalmente baldías y facultan su aporte a sociedades
comerciales autorizando la posibilidad de consolidar una propiedad con áreas superiores
a las fijadas para la Unidad Agrícola Familiar, pese a que ello está prohibido en
el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. En esa oportunidad esta Corporación reiteró
la citada sentencia T-348 de 2012, destacando que en ella
la Corte se refirió al concepto
de soberanía alimentaria en comunidades vulnerables, desde la perspectiva de
las comunidades rurales que subsisten del cultivo, producción y distribución de
alimentos obtenidos de la naturaleza. En particular, señala en dicha
providencia este Tribunal resaltó, con base en los artículos 64, 65 y 66
Constitucional, que “La
soberanía alimentaria, comprende, no sólo la libre potestad de los Estados y
los pueblos de determinar sus procesos de producción de alimentos; también
implica que esos procesos de producción garanticen el respeto y la preservación
de las comunidades de producción artesanales y de pequeña escala, acorde con
sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos y pesqueros”.
5.3.5.
En la sentencia T-606 de 2015,[89] la
Corte estudió el caso de una comunidad de pescadores artesanales que ejercían
su actividad pesquera en una playa del Parque Nacional Tayrona, a quienes el
Director de la Unidad Especial de Parques Naturales de Santa Marta, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Unidad
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales, les prohibió la
pesca artesanal en la zona y ordenó el decomiso de sus redes de pesca. Los accionantes consideraron que
dicha medida preventiva excedió los límites que deben observarse al expedir un
acto administrativo, ya que no se tuvo en cuenta la gravedad de la infracción,
ni ningún criterio de proporcionalidad. También adujeron que desde la
prohibición están padeciendo dificultades y penurias económicas. En esa
oportunidad la Corte destacó la importancia de la conservación de los
ecosistemas y de la actividad de pesca tradicional como medio de producción que
genera bajo impacto en el ambiente y que permite el sostenimiento de decenas de grupos sociales
vulnerables. En palabras del Alto Tribunal:
“(…) el desarrollo sostenible es
un proceso que exige proteger los ecosistemas en los cuales las comunidades
pesqueras ejercen su actividad, en especial cuando de la intervención estatal o
particular puedan afectarse las prácticas tradicionales de subsistencia. Así,
en caso de intervenciones en su medio de trabajo debe garantizarse la
“sostenibilidad social”, en el sentido de elevar el control que la gente tiene
sobre sus vidas y mantener la identidad y cultura de cada comunidad; (ii) es una
obligación del Estado proteger el “espacio vital”, como una ubicación laboral,
en donde la comunidad pesquera ejerce su oficio tradicional; y (iii) existe
el deber de las autoridades de fomentar y proteger especialmente la actividad
pesquera, acorde con el artículo 65 de la Constitución Política”.[90]
5.3.6. En la sentencia T-622 de 2016,[91]
la Corte revisó el caso de una acción de tutela interpuesta por algunas
comunidades étnicas asentadas en el Departamento del Chocó, que buscaban, por
medio de esta acción, detener
el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de
explotación forestal ilegales, que incluían maquinaria pesada -dragas y
retroexcavadoras- y sustancias altamente tóxicas -como el mercurio- en el río
Atrato (Chocó), ya que sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes, se habían
venido contaminando, lo que afectaba los derechos fundamentales de las
comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios. En esa
oportunidad, la Corte sostuvo que “el derecho al ambiente sano, los derechos
bioculturales y el desarrollo sostenible están atados al reconocimiento y a la
protección especial de los derechos de las comunidades agrícolas, sean
indígenas, étnicas o campesinas, a trabajar y subsistir de los recursos que les
ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre el que garantizan su derecho a
la alimentación. Las prácticas y actividades que desarrollan tradicionalmente
hacen parte de su desarrollo de vida y, de alguna manera, esa relación entre el
oficio, las tradiciones y el espacio en el que lo desarrollan y subsisten, los
constituye como comunidades con una misma identidad cultural”. Respecto a la seguridad alimentaria, reiteró la sentencia
T-348 de 2012, recalcando que desde la perspectiva de las comunidades étnicas,
indígenas y rurales que subsisten del cultivo, producción y distribución de
alimentos obtenidos de la naturaleza, es pertinente señalar que “la soberanía alimentaria,
comprende, no solo la libre potestad de los Estados y los pueblos de determinar
sus procesos de producción de alimentos; también implica que esos procesos de
producción garanticen el respeto y la preservación de las comunidades de
producción artesanales y de pequeña escala, acorde con sus propias culturas y
la diversidad de los modos campesinos y pesqueros”.
5.3.7. En
la citada sentencia T-302 de 2017,[92]
la Corte precisó las obligaciones de los
Estados en relación con el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria
de sus habitantes. Al respecto manifestó que: “La primera, se dirige al
deber de adoptar medidas para lograr progresivamente el acceso mínimo de
alimentos esenciales suficientes y nutritivamente adecuados para proteger a las
personas del hambre. La segunda obligación es la de respetar, la cual implica
que los Estados no tomen medidas de ningún tipo que tengan como resultado
impedir el acceso libre y adecuado a la alimentación. La tercera obligación, es
la de proteger, la cual requiere adoptar medidas para velar que los
particulares o empresas no priven a las personas del acceso a los alimentos. La
cuarta obligación es la de realizar o facilitar, que exige “que el Estado procure
iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por
parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida,
incluida la seguridad alimentaria. La quinta obligación es la de hacer efectivo
el derecho, es decir, que cuando un individuo o grupo de población sea incapaz
de autoabastecerse por sus propios medios por distintas razones, los Estados
tienen la obligación de realizar o hacer efectivo ese derecho de forma directa”.
Finalmente, sostuvo que “la seguridad alimentaria debe ser garantizada por
el Estado a través de las distintas políticas, tanto a nivel nacional como
local. El Estado no se limita a asegurarles a los individuos la seguridad
alimentaria, sino que debe tenerse en cuenta sus prácticas tradicionales y los
alimentos que acostumbran consumir acordes con sus actividades propias de
subsistencia. Así, es relevante que se observe con el mayor respeto las tradiciones
culturales alimenticias de las comunidades para fortalecer sus prácticas
tradicionales de subsistencia. En ese sentido, estas acciones deben tener en
cuenta las causas que han generado la situación de escasez de alimentos, con el
objeto de no caer en políticas asistencialistas sino en soluciones de largo
plazo que aseguren a las comunidades la disponibilidad, la accesibilidad y la
calidad alimentaria”.
5.4. A modo de conclusión, se tiene
que la seguridad alimentaria es un derecho reconocido a nivel constitucional a
partir de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, que
deviene de la necesidad de proteger a la población rural en el acceso oportuno
y permanente a los recursos que ofrece el ambiente donde se encuentran, y sobre
el que se garantiza la consecución de alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, tomando en consideración
la conservación y equilibrio del ecosistema para beneficio propio y de las
generaciones futuras. La protección especial que se le da a los grupos minoritarios en
cuanto a la producción y obtención de alimentos, no solamente está relacionada
con su supervivencia, sino también con la relación que existe entre ellos y los
recursos naturales, obteniendo particular relevancia la importancia que estos
grupos le imprimen al deber constitucional de resguardar y preservar la
diversidad cultural y biológica de la Nación. Por ello, las comunidades que dependen de los recursos
proporcionados por el ambiente, entre las que se encuentran los pescadores,
gozan de una especial protección de parte del Estado, de suerte que se les
permite participar y concertar las decisiones y medidas que impliquen una
afectación al medio en el que habitan.
6. Se violan los derechos fundamentales al agua, al ambiente sano, a la seguridad
alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo, al cercar con
alambres eléctricos y construir jarillones que impiden a las personas acceder a la ciénaga en la que ejercían la actividad pesquera y se
abastecían de agua.
6.1. De acuerdo con el material probatorio que consta en el
expediente, para la Sala se encuentra probado lo siguiente:
6.1.1. De conformidad con el escrito del 17 de noviembre de 2016, de la
Corporación Autónoma Regional Santander, [93] se
advierte que con número de matrícula inmobiliaria 300-64404, se encuentra
registrado un lote denominado La Yaruma, ubicado en el paraje de Montañitas en
el municipio de Rionegro, Santander, que coincide con las declaraciones
rendidas por el accionante.  No obstante, en escrito del
19 de diciembre de 2016, también de la Corporación Autónoma Regional Santander,[94]
ésta indicó que en la visita de inspección ocular realizada los días 22 al 24
de noviembre de 2016 a la región Las Salinas, jurisdicción del Municipio de
Puerto Wilches, Santander, se encontró que en el punto georeferenciado con las
coordenadas N: 1´350.998 E.1´034.365 y una altura de 60 m.s.n.m., se observó
una hacienda, que según los pescadores, es La Yaruma. Esto hace deducir
que la hacienda La Yaruma se extiende en jurisdicción del municipio de Puerto
Wilches y de Rio Negro, Santander, por lo que, tanto la Corporación Autónoma
Regional Santander como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, tienen competencia para intervenir en la preservación de
los ecosistemas de la zona.
6.1.2. Por otra parte, del informe remitido
a esta Corte por parte de la Defensoría del Pueblo sobre la inspección judicial realizada a la hacienda La Yaruma el 14 de febrero de 2017,[95]
se advierte que a dicha inspección asistieron tanto el señor Orlando Jiménez
Cáceres como 15 pescadores más, miembros de la comunidad accionante. Así mismo,
a través de “Auto SAA N°. 1152-16”, la Corporación Autónoma Regional Santander
manifestó a esta Corte que, realizada la visita de inspección ocular en la
región Las Salinas, se confirma la ubicación en el área, de alrededor de 67
familias que derivan su sustento de la pesca artesanal de los diferentes ríos,
caños y ciénagas existentes en la región, los cuales se han visto afectados en
los últimos años por la desecación de amplias zonas, al parecer, por parte de
finqueros, con el objetivo de ampliar sus fronteras agrícolas y ganaderas. Lo
anterior permitió constatar judicialmente la existencia de las 67 familias
accionantes y la real afectación de sus derechos fundamentales, derivada de la
imposibilidad de acceder a riachuelos, ciénagas, y en general, a afluentes de
agua dejados por el cambio de curso de los ríos Magdalena y Lebrija, por el
secado de dichas fuentes por la mano del hombre y por la construcción de
murallas que impiden el acceso a ellos.
6.1.3. Del escrito del 19 de diciembre de
2016, de la Corporación Autónoma Regional Santander,[96]
consta que en la zona que coincide con las coordenadas donde se encuentra la
hacienda La Yaruma, se forma el complejo de humedales
del Magdalena Medio, conformados por agua del rio Lebrija y del Magdalena, por
sus brazos y brazuelos, por los diferentes caños que lo alimentan y por varias
ciénagas que se conforman en toda el área. Dicho complejo de humedales, “hace
parte de los ecosistemas estratégicos de la Corporación Autónoma Regional
Santander –CAS- y las coordenadas tomadas el día de la inspección técnica, se
encuentran sobre este complejo”. Sobre el particular, agrega la CAS que “revisada
la base de datos de la Corporación, no se registra ningún tipo de solicitud de
permiso para aprovechamiento de los recursos hídricos que tenga que ver con la
región Las Salinas, hacienda La Yaruma”. Así mismo, mediante “Auto SAA N°. 1152-16”,[97] la
Corporación Autónoma Regional Santander una vez realizada la visita de
inspección ocular en la región Las Salinas, correspondiente al municipio de
Puerto Wilches, Santander, manifestó que se evidenció un jarillón construido en
el área de humedales, el cual fue construido hace aproximadamente 15 años desde
la hacienda La Yaruma, el cual atraviesa caños y zonas de humedales. Con base en esto, la CAS ordenó la comisión
de un equipo multidisciplinario para que evaluara los posibles daños
ocasionados al ecosistema por las intervenciones que se lograran evidenciar y
probar de manera irregular por los residentes en la vereda Las Salinas, lo cual
se encuentra actualmente en trámite.
Por otra parte, en el escrito de
contestación de la tutela,[98] la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, manifestó que la parte baja de
la cuenca del Rio Lebrija está comprendida por un sinnúmero de bajos
inundables, lagunas o ciénagas temporales y permanentes, las cuales están
conectadas al río mediante estrechos canales, los cuales constituyen un
ecosistema rico en biodiversidad acuática, cuya conservación debe ser prioridad
para el Estado, pues de ello depende que se cumpla con los objetivos de resguardo
contemplados en tratados internacionales de los cuales Colombia es parte. Con
base en lo anterior, sostuvo la entidad que, dado a que no se encontró permiso
ambiental para la utilización de recursos hídricos a ninguna persona natural ni
jurídica, entre la que se encuentra la hacienda La Yaruma, y en virtud del
hallazgo de varios cuerpos de agua de carácter permanente en la zona, los
cuales vienen siendo afectados por la mano del hombre, es determinante para la
protección del ambiente que dicho lugar sea objeto de protección especial.
6.1.4. Dejando de lado el carácter legal y
reglamentario de las acciones realizadas, para la Sala es claro que el uso y
aprovechamiento de las cuencas de los ríos Magdalena y Lebrija por parte de algunos
propietarios de latifundios en la zona ha tenido un impacto en el ambiente y en
el goce efectivo de los derechos fundamentales de personas amparadas
especialmente por la Constitución.
Al respecto, la Sala observa específicamente que en este
caso se presentan los siguientes problemas: (i) los ríos en el desvió natural
de su cauce, dejan extensas zonas secas que son usadas por los propietarios de
terrenos aledaños para ampliar sus inmuebles mediante el traslado de cercas;
(ii) la desecación por la mano del hombre -mediante el uso de maquinaria
especializada-, de las pequeñas fuentes hídricas dejadas por el paso de los
ríos, con el propósito de ampliar las fronteras de sus propiedades y de
cultivar dichas zonas; y (iii) la construcción de murallas o jarillones y el
cercamiento con alambre eléctrico de las orillas del río -para supuestamente evitar
inundaciones-, que impiden que los pescadores de la zona accedan a éste a
realizar las actividades de pesca y abastecimiento de agua que ejercían
habitualmente para su subsistencia y la de sus familias. En efecto, la Sala
advierte que los cuerpos de agua que componen el sistema de humedales del Magdalena Medio, vienen siendo
persistentemente manipulados por los particulares, que se niegan a aceptar las
características geográficas propias de esta cuenca aluvial, como las más
convenientes para la conservación de los ecosistemas en los que viven, o que
simplemente no están interesados en la conservación de los mismos, degradando
no solo el ambiente, sino también afectando a la población que habita la zona,
que antes completaban su dieta de subsistencia con el consumo del pescado que
sacaban del río y ejercían su derecho al trabajo mediante la venta de los
recursos pescados en dicha fuente hídrica.
6.1.5. Resalta la Sala la importancia de que los
propietarios de grandes latifundios en la zona del Magdalena Medio cumplan con
su deber constitucional de proteger las riquezas naturales de la Nación, y que
las autoridades competentes impidan la desecación de los cuerpos de agua y la
apropiación particular de las áreas secas resultantes. A este factor degradante
del ambiente, se suma en el presente caso, como ya se manifestó, el hecho de
que a los pescadores y campesinos de la zona, personas que se hallan en condiciones
socioeconómicas precarias y que dependen de la pesca para subsistir, se les
haya obstaculizado el acceso al río, a los humedales y ciénagas para realizar
dicha actividad.
No obstante, la Sala no desconoce la posibilidad de que los
jarillones construidos en las orillas del rio Lebrija por los finqueros de la
zona, se deba a la necesidad de evitar el desbordamiento de éste y las nefastas
consecuencias que ello traería, pues tal como fue informado por la Corporación Autónoma Regional Santander mediante “Auto SAA N°.
1152-16”, “esta área se encuentra en amenaza media y alta por inundación”.
6.1.6. En efecto, como puede evidenciarse, en
este caso debe analizarse por un lado, la real afectación de los derechos de la
comunidad, y por el otro, el derecho de los finqueros a la protección de sus bienes,
la cual a su vez puede generar deterioro del ambiente en desmedro de las
garantías fundamentales de los habitantes de la zona. Por tanto, este es el
escenario en el que la participación de la
comunidad, de los finqueros y de las autoridades competentes, cobra
importancia, pues es necesario llevar a cabo una evaluación comprensiva de la situación,
con la intervención de los tres actores, que concluya con un buen diagnóstico
de las reales afectaciones de derechos, y con la concertación oportuna para la
ejecución de determinada decisión.
6.1.7.
Por otra parte, también resulta preocupante que ni la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga ni la Corporación Autónoma Regional Santander, hayan cumplido en
tiempo su obligación de prevención, en el sentido en que pese a tener conocimiento
de la importancia ecosistémica del complejo de humedales formados por los ríos
Lebrija y Magdalena en el Magdalena Medio, especialmente en la región Las
Salinas, no tomaron medidas eficaces ni suficientes para monitorear que las
condiciones básicas ambientales en la zona se mantuvieran, lo cual generó
grandes riesgos para el ambiente sano, para la preservación de la calidad de
vida y del bienestar general de la comunidad que allí habita y para la paz
social.
6.2. La necesidad de impartir
órdenes complejas en el caso concreto
Esta Corte ha podido determinar, con las pruebas obrantes en
el proceso, que más allá de la afectación analizada, existe una situación
compleja de mayor envergadura que afecta a un grupo poblacional más amplio, e
incluso tiene graves repercusiones sobre el ambiente en general. Sin embargo, dicha
situación no puede ser resuelta con los elementos probatorios hasta ahora
recolectados, ni en los términos expeditos de la acción de tutela, pues la
solución requiere buscar un equilibrio que proteja los derechos e intereses de
los implicados, y que no ponga en riesgo el ambiente o los derechos de otras
personas. Por tanto, se hace indispensable, a fin de no dejar sin amparo
constitucional una grave situación que afecta derechos fundamentales, llevar a
cabo un proceso de órdenes complejas para superar las barreras al goce efectivo
de los derechos de todos los afectados. En efecto, encuentra la Sala que en este caso el juez constitucional no puede
eludir su obligación de proteger el goce efectivo de los derechos fundamentales
que se ven comprometidos; sino que, por el contrario, debe asumir el amparo de éstos
mediante órdenes complejas que implican acción de la Administración Pública,
por ejemplo, a través de la evaluación y control de la difícil situación objeto
de debate, y de la elaboración e implementación de las medidas específicas que
ayuden a superar el estado de vulneración.
Para la Corte
Constitucional, las órdenes complejas “son mandatos de hacer que generalmente requieren del transcurso de un
lapso significativo de tiempo, y dependen de procesos decisorios y acciones
administrativas que pueden requerir el concurso de diferentes autoridades y
llegar a representar un gasto considerable de recursos”.[99]
Entonces, el juez constitucional, una vez verificada la vulneración o amenaza
contra los derechos fundamentales, “no puede limitar su labor a reconocer la
complejidad y los desafíos de diversa índole que plantea la situación, y
admitir que el asunto implica trámites y procedimientos administrativos,
compromete cuantiosos recursos presupuestales y, consecuencialmente abstenerse
de impartir las órdenes que eviten la vulneración o su amenaza. Por el
contrario, tiene el deber de preguntarse -valido de su independencia y
autonomía, y sobre todo del carácter vinculante y perentorio de su decisión-
qué tipo de órdenes puede dar para subsanar las omisiones, negligencias o
simples trabas burocráticas que impiden tomar las medidas para eliminar o
atenuar el riesgo de que se presente una nueva y grave vulneración de derechos
fundamentales”.[100]
La Corte Constitucional ha proferido sentencias con órdenes
complejas en dos situaciones particulares: (i) cuando utiliza la figura del estado de cosas inconstitucional para enfrentar una
violación estructural y masiva de los derechos fundamentales individuales de un
grupo de personas y de ciertas comunidades. En estos casos, se ha reconocido
que ante un estado de cosas en el que se compromete la garantía del goce
efectivo de derechos fundamentales, que en ocasiones no es un hecho o un acto
la causa de la violación o la amenaza, sino todo un ‘estado de cosas’ que es
contrario al orden constitucional vigente, o una situación estructural que no
se supera por la acción concreta y específica de una entidad o institución
específica. En tales asuntos, las órdenes que se imparten deben estar
orientadas, precisamente, a superar ese ‘estado de cosas’ y a
transformarlo, para lograr tener un nuevo estado de cosas, pero ahora sí
compatible con la Constitución; [101] y
(ii) cuando sin declarar el estado de cosas inconstitucional, la afectación de
los derechos fundamentales es de tal magnitud, que se requiere la concertación
de varias autoridades y no sólo de la parte directamente tutelada para superar
las afectaciones de los derechos involucrados.
6.2.1. Respecto del primer grupo, se tiene
que la Corte Constitucional empleó la figura del estado de cosas
inconstitucional y profirió órdenes complejas, entre otras, en las sentencias:
(i) SU-559 de 1997;[102]
(ii) T-068 de
1998;[103]
(iii) T-153 de
1998;[104]
(iv) T-025 de 2004;[105]
(v) T-760 de 2008;[106]
(vi) T-1234 de 2008;[107] y
(vii) T-388 de 2013.[108]
En estos casos, la Corte al considerar la presencia de los
factores que definen un estado de cosas inconstitucional,[109] procedió
a declararlo, y para superarlo, profirió ordenes complejas encaminadas a
establecer o perfeccionar políticas públicas frente a situaciones en las que
evidenció afectaciones constitucionales y estructurales de derechos
fundamentales.
6.2.2. El segundo grupo lo conforman los fallos en los que la
Corte sin declarar el estado de cosas inconstitucional, decide proferir una
serie de órdenes complejas para superar las afectaciones de derechos
fundamentales, las cuales requieren la concurrencia de varias autoridades. Este
es el caso de la citada sentencia T-418 de 2010,[110]
en la que la Corte analizó los parámetros fijados por la jurisprudencia
constitucional para impartir órdenes complejas, entre los que se encuentran:
que la orden conlleve un
conjunto de acciones u omisiones que sobrepasen la órbita de control exclusivo
de la persona destinataria de la misma, que requieran de un plazo superior a 48
horas para que el cumplimiento sea pleno, que dependan de procesos decisorios y acciones administrativas
que puedan requerir el concurso de diferentes autoridades y que puedan llegar a
representar un gasto considerable de recursos, todo lo cual suele enmarcarse
dentro de una determinada política pública. Con base en lo anterior, en esta
sentencia se ordenó a la Alcaldía de Arbeláez que adoptara las medidas
adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico para la comunidad rural
a la que pertenecen los accionantes, para asegurarles que no sean los últimos
de la fila en acceder al servicio de agua. El Plan debía diseñarse de acuerdo
con lo dispuesto en el Plan Departamental de Aguas, el cual, no podía
desconocer los lineamientos generales de las políticas que en materia de agua
se hubieran trazado, los cuales, a la vez, debían ser ajustados, para respetar
el derecho al agua necesaria para asegurar un mínimo vital en dignidad a la
comunidad en cuestión.
6.2.2.1. También en la sentencia T-348 de
2012[111] la Corte usó la figura de las órdenes
complejas. En esta oportunidad el Alto Tribunal revisó la acción de tutela
presentada por una comunidad de pescadores que interpuso acción de tutela
contra el Distrito Turístico de Cartagena, el Consorcio Vía al Mar, el INCO, la
DIMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dado que no les
consultaron la realización del proyecto de infraestructura “Anillo Vial Malecón
de Crespo”, a partir del cual se les impidió seguir desarrollando la pesca
artesanal en las playas que se encuentran frente a la obra. En esta
oportunidad, este Tribunal determinó que debía negar el amparo solicitado
respecto al derecho fundamental a la consulta previa, por cuanto la comunidad
de pescadores no hacen parte de pueblos indígenas o tribales, o comunidades
afrodescendientes. También desestimó la pretensión sobre la indemnización
económica, puesto que es improcedente a través de la acción de tutela. Sin
perjuicio de lo anterior, la Sala consideró que las entidades demandadas
sí vulneraron los derechos fundamentales a la participación, al trabajo, a la
libre escogencia de oficio y a la alimentación de los accionantes, ya que “las comunidades de pescadores
artesanales son poblaciones que deben ser especialmente escuchadas en proyectos
de infraestructura que intervienen el espacio donde ejercen el oficio. Lo
anterior por cuanto se trata de grupos de personas que permanentemente se
dedican a pescar, con el fin de tener la seguridad del alimento y el sustento
económico para sus familias, y en ese sentido, el área del mar o la playa que
utilizan para pescar se vuelve un espacio vital”.  En consecuencia ordenó al Consorcio Vía al Mar, teniendo en cuenta
los impactos de las actividades de obra en el proyecto, garantizar espacios de
concertación con los pescadores, en los que se tuvieran en cuenta sus
opiniones, así como el diseño en conjunto con ellos, de las medidas de compensación,
las cuales deberían ser acordes con la calidad del oficio desarrollado como
pescadores artesanales. Agregó la Sala que las entidades deberían allegar un informe detallado al juez de primera instancia sobre las
reuniones realizadas, los temas debatidos y las medidas de compensación, de
corrección o reparación que se hubieran concertado con la Asociación de
Pescadores. Finalmente, la Sala advirtió a las autoridades competentes, sobre
todo a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, que en futuros proyectos de
infraestructura que intervengan las áreas de pesca en las playas, a pesar de
que se trate de bienes de uso público, garantice espacios de concertación entre
el constructor y la comunidad pesquera, para que se adopten medidas adecuadas y
conforme a un estudio de impacto nativo.
6.2.2.2. Otro ejemplo es la sentencia T-871 de
2013,[112]
en la que esta Corporación revisó la acción de tutela presentada  por unos
educadores indígenas de la etnia Pijao, que solicitaban el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la identidad étnica y
cultural de las comunidades, vulnerados por la Secretaria de Educación y
Cultura del Departamento del Tolima, que se
negaba a vincularlos en propiedad en cada uno de sus cargos como docentes étnicos, por cuanto manifestaban que era imposible nombrar en propiedad a
etnoeducadores. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que el derecho a la educación especial de las
comunidades indígenas es una forma de asegurar su autonomía y
autodeterminación, pues es a través de la prestación de un servicio de
educación diferenciado que se puede garantizar que estas comunidades enseñen a
las nuevas generaciones sus propias lenguas, costumbres, historias y creencias,
con el propósito de mantener viva su identidad cultural. También precisó que el Estado tiene la obligación de adoptar todas
las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas, para crear un
sistema de profesionalización que regule el ingreso, ascenso y retiro de los
profesores que van a prestar el servicio de educación a las comunidades
étnicas, por lo que ordenó a la Secretaría de Educación y Cultura de la
Gobernación del Tolima que en coordinación con
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, adelantara
el proceso de concertación a través del mecanismo de consulta previa con la
comunidad étnica de los accionantes, para establecer si los docentes en
provisionalidad son autorizados como etnoeducadores que pudieran ser nombrados
en propiedad. También se
ordenó a la Defensoría del Pueblo que asesorara y acompañara a la comunidad
étnica e indígena Pijao en el proceso de nombramiento de sus etnoeducadores.
6.2.2.3. Por último, se puede citar como ejemplo la sentencia T-478 de 2015,[113] en la que
la Corte estudió el caso de una señora  que presentó acción de tutela a nombre
propio y en representación de su difunto hijo, en contra de una Institución
Educativa de Bogotá, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la
Comisaría Décima de Familia de Engativá, por considerar que las directivas de
la institución educativa demandada promovieron conductas sistemáticas de
discriminación en contra su hijo, motivadas por su orientación sexual, que
favorecieron inicialmente su suicidio y que resultaron finalmente lesivas de
sus derechos fundamentales. Frente a las demás entidades, estima que éstas
desplegaron una conducta omisiva ante las diferentes denuncias que se
realizaron con fundamento en las actuaciones equivocadas de la institución
educativa, por lo que incurrieron a su vez, en la violación de los derechos
fundamentales del menor de edad. Al resolver el caso concreto, la Sala
determinó que la Institución educativa violó los derechos fundamentales de la accionante y su hijo
al debido proceso, al buen nombre y a la igualdad, al adelantar un proceso
disciplinario por el supuesto incumplimiento del Manual de Convivencia en
atención a las manifestaciones de amor del joven con otro compañero de curso,
que presentó diversas irregularidades en su ejecución, lesionando el libre
desarrollo de la personalidad y el buen nombre y la intimidad del hijo de la
peticionaria. También advirtió el Tribunal, que el colegio, igualmente, con
posterioridad a la muerte del joven, incurrió en la violación de su derecho al
buen nombre e intimidad, al realizar declaraciones públicas acerca de su
proyecto de vida, razón por la que acogió la solicitud elevada por la actora de
realizar un acto público de desagravio a la memoria del joven, que incluya un
reconocimiento a la validez de su proyecto de vida y el otorgamiento de un
grado póstumo. Por otro lado, y atendiendo el déficit de protección que
enfrentan las víctimas de acoso escolar en el país, ante la falta de
operatividad de la política pública de convivencia escolar, la Sala le dio al
Ministerio de Educación, como ente coordinador de esa, una serie de órdenes
tendientes a implementar en un plazo razonable mecanismos de detección
temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento a casos de acoso
escolar. Así mismo, invitó a las Defensorías Delegadas para Asuntos
Constitucionales y Legales y para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la
Defensoría del Pueblo para que acompañaran y le hicieran seguimiento a la
implementación de las medidas descritas en esta sentencia.
6.2.3. De lo anterior se concluye que la Corte puede dictar
órdenes complejas para superar una deficiencia estructural que implique la
vulneración de derechos fundamentales en sus facetas positivas y negativas, cuando,
aunque no sea necesario declarar la existencia de un estado de cosas
inconstitucional, la urgencia de proteger derechos fundamentales requiere la imbricación de varias  entidades -encargadas
de cumplir con los mandatos constitucionales- para adoptar las medidas que sean conducentes a fin de obtener una garantía
real y efectiva de los derechos que fueron desconocidos.
6.2.4. En el presente asunto, la Corte ha podido constatar,
del cúmulo de pruebas recaudadas, que en la zona en que se encuentran las
comunidades afectadas se han modificado las estructuras naturales de los ríos
Lebrija y Magdalena, así como de los cuerpos de agua de la región, generando
con ello afectaciones al ambiente y restricciones considerables al agua y a la
pesca para los habitantes de la zona. Estas acciones contrarias al derecho, al
parecer adelantadas por algunos propietarios de haciendas vecinas, se han dado
entre otras razones, aprovechando las dificultades de acceso que las
autoridades tienen a la zona, y la consecuente falta de control y vigilancia
sobre el manejo medio ambiental que dichas haciendas hacen de los recursos
naturales. Por otra parte, las modificaciones hechas en el terreno han generado
cambios que no pueden reversarse sin tomar en consideración, previamente, los
efectos que ello genere y los correspondientes riesgos que implique. En
consecuencia, la Corte considera indispensable tomar medidas complejas a fin de
superar las graves consecuencias de la situación encontrada.
6.3. Órdenes a impartir
El conjunto de los elementos descritos ponen de presente la
necesidad de que la Corte ordene adoptar medidas, contenidas en un plan
preciso, para salvaguardar los derechos de los accionantes, y así evitar una
situación más grave que se pueda presentar en el lugar de los hechos. Esto
implica que esta Sala de Revisión profiera órdenes complejas que le den
solución definitiva y estructural a la delicada situación de los miembros de la
comunidad accionante.
6.3.1. Con
relación a las medidas a adoptar, la Sala advierte la necesidad de que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
Santander, adelanten un proceso de identificación de los actores que han
participado en la deforestación, construcción de jarillones, desvío de causes
hídricos y desecación de fuentes hídricas en la zona en la que se extiende la
hacienda La Yaruma en jurisdicción de los municipios de Puerto Wilches y
Rionegro, Santander, especialmente en la región Salinas, lugar donde habitan
los actores de la presente acción de tutela.
6.3.2. Así mismo, adelanten estudios
especializados y de tal minucia técnica, que precisen la necesidad de
que en los terrenos aledaños al río, existan jarillones o muros de contención
para evitar que las aguas se salgan de su caudal y ocasiones perjuicios más
graves a la comunidad que habita en sus riveras y a las propiedades limítrofes,
como lo son inundaciones, pérdidas humanas, pérdidas materiales y la
proliferación de enfermedades. En el mismo sentido, las investigaciones deben
estar guiadas a la identificación del daño, respecto de
los efectos derivados de estas actividades en el ambiente y en el acceso al
agua y a la pesca de quienes habitan la región. También que se analice la
posibilidad de medios idóneos para reversar las acciones que han generado
modificaciones del ambiente, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos
que ello pueda causar. Finalmente, que adelanten junto con las Alcaldías y
Personerías de los municipios de Puerto Wilches y Rionegro, Santander, y con la
Defensoría del Pueblo, procesos de concertación en que participen todos los
afectados (finqueros y comunidad afectada), a fin de tomar medidas necesarias
para la protección de los derechos de las personas involucradas, generando el
menor impacto ambiental posible.
6.3.3. En virtud de lo anterior, la Sala debe amparar los
derechos fundamentales de los accionantes al ambiente sano, al agua, a la
seguridad alimentaria, al trabajo y a la vida en condiciones dignas, razón por
la que revocará el fallo del 11 de marzo de 2016, proferido
por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga. En consecuencia ordenará:
(i) A la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional Santander, en un término no mayor a
tres (3) meses siguientes a la notificación de la presente providencia, lleven
a cabo un proceso de identificación de los actores que han
participado en la deforestación, construcción de jarillones, desvío de causes
hídricos y desecación de fuentes hídricas en la zona en la que se extiende la
hacienda La Yaruma en jurisdicción de los municipios de Puerto Wilches y
Rionegro, Santander, especialmente en la región Salinas, lugar donde habitan
los actores de la presente acción de tutela;
(ii) A la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional Santander,
en un término no mayor a tres (3) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia, adelanten estudios técnicos especializados
que
precisen la necesidad de que en los terrenos aledaños al río, existan
jarillones o muros de contención para evitar que las aguas se salgan de su
caudal y ocasiones perjuicios más graves a la comunidad que habita en sus
riveras y a las propiedades limítrofes;
(iii) A la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional Santander, en un término no mayor a
tres (3) meses siguientes a la notificación de la presente providencia, identifiquen el eventual daño ocasionado a la comunidad accionante, al ambiente, al
acceso al agua y a la pesca de quienes habitan la región, tal como aparece
haber ocurrido según las conclusiones técnicas allegadas a esta Corporación;
(iv) A la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional Santander, en un término no mayor a
tres (3) meses siguientes a la notificación de la presente providencia,
analicen la posibilidad de utilizar medios idóneos para
reversar las acciones que han generado modificaciones del cauce del rio y del ambiente,
teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que ello pueda causar;
(v) A la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional Santander, las Alcaldías y Personerías de
los municipios de Puerto Wilches y Rionegro, Santander, y con la Defensoría del
Pueblo, en un término no mayor a un (1) mes, contado desde la
terminación del plazo inicial de los tres (3) meses otorgados para identificar a
los actores, el daño, las medidas de reversión, y las medidas necesarias de
protección, anotadas en las órdenes anteriores, adelanten
procesos de concertación en que participen todos los afectados (finqueros y
comunidad afectada), a fin de tomar medidas necesarias para la protección de
los derechos de las personas involucradas, generando el menor impacto ambiental
posible; y
(vi) A la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional Santander, en
un término no mayor a tres (3) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia, evalúen la necesidad de que en las
orillas del rio Lebrija, ciénagas y humedales aledaños, existan jarillones o
muros de contención para evitar posibles inundaciones de los predios limítrofes,
derivadas del desbordamiento del rio, y en caso tal de que exista dicha
necesidad, tomen las medidas pertinentes que a la vez garanticen los derechos
de la comunidad a acceder a estas fuentes a realizar las actividades de
pesca y abastecimiento de agua que ejercían habitualmente para su subsistencia
y la de sus familias.
III. DECISIÓN
Se les vulneran
sus derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria, a la vida en condiciones
dignas y al trabajo de los miembros de una
comunidad de pescadores conformada por sujetos de especial protección
constitucional (por ejemplo, porque sus integrantes son niños y adultos
mayores en su mayoría), dada la precaria situación económica que afrontan y de
indefensión en que se encuentran, al poner obstáculos insuperables para acceder al agua
necesaria para su digna existencia (construírseles muros de contención y cercar
con alambre eléctrico las orillas de un río en el que realizaban habitualmente actividades
de pesca y abastecimiento de agua para el consumo y manutención de sus
familias, y al desecar, mediante el uso de maquinaria especializada, las
pequeñas fuentes hídricas dejadas por el paso del río, impidiendo su acceso a
la zona para realizar sus actividades).
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión de términos contenida en Auto de fecha del 2 de noviembre de 2016,
proferido por la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo judicial del 11 de marzo de 2016, proferido por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, y en su lugar CONCEDER el amparo a los
derechos fundamentales al agua, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la vida en
condiciones dignas y al trabajo, invocados
por la comunidad residente en la
región Salinas del Municipio de Rionegro, Santander.
TERCERO.- ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional Santander, en un término no mayor a tres (3) meses siguientes a la
notificación de la presente providencia, lleven a cabo un proceso de
identificación de los actores que
han participado en la deforestación, construcción de jarillones, desvío de
causes hídricos y desecación de fuentes hídricas en la zona en la que se
extiende la hacienda La Yaruma en jurisdicción de los municipios de Puerto
Wilches y Rionegro, Santander, especialmente en la región Salinas, lugar donde
habitan los actores de la presente acción de tutela.
CUARTO.- ORDENAR a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto
con la Corporación Autónoma Regional Santander,
en un término no mayor a tres (3) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia, adelanten
estudios técnicos especializados  que precisen la necesidad de que en
los terrenos aledaños al río, existan jarillones o muros de contención para
evitar que las aguas se salgan de su caudal y ocasiones perjuicios más graves a
la comunidad que habita en sus riveras y a las propiedades limítrofes.
QUINTO.- ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
Santander, en un término no mayor a tres (3)
meses siguientes a la notificación de la presente providencia, identifiquen
el daño ocasionado a la comunidad
accionante, al ambiente, al acceso al agua y a la pesca de quienes habitan la
región, mediante la determinación de los efectos derivados de estas
actividades.
SEXTO.- ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
Santander, en un término no mayor a tres (3)
meses siguientes a la notificación de la presente providencia, analicen la posibilidad de medios idóneos para reversar
las acciones que han generado modificaciones del ambiente, teniendo en cuenta
los posibles efectos negativos que ello pueda causar.
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
Santander, las Alcaldías y Personerías de los municipios de Puerto Wilches y
Rionegro, Santander, y con la Defensoría del Pueblo, en un término no mayor a un (1) mes, contado desde la
terminación del plazo inicial de los tres (3) meses otorgados para identificar
a los actores, el daño, las medidas de reversión, y las medidas necesarias de
protección, anotadas en las órdenes anteriores, adelanten procesos de concertación en que participen todos
los afectados (finqueros y comunidad afectada), a fin de tomar medidas
necesarias para la protección de los derechos de las personas involucradas,
generando el menor impacto ambiental posible.
OCTAVO.- ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga, que en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
Santander, en un término no mayor a tres (3)
meses siguientes a la notificación de la presente providencia, evalúen la necesidad de que en las orillas del
rio Lebrija, ciénagas y humedales aledaños, existan jarillones o muros de
contención para evitar posibles inundaciones de los predios limítrofes,
derivadas del desbordamiento del rio, y en caso tal de que exista dicha
necesidad, tomen las medidas pertinentes que a la vez garanticen los derechos
de la comunidad a acceder a estas fuentes a
realizar las actividades de pesca y abastecimiento de agua que ejercían
habitualmente para su subsistencia y la de sus familias.
NOVENO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las
partes a través del juez de primera instancia –, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Conformada para entonces por los Magistrados María Victoria Calle
Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[2] Conformada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[3] En cumplimiento a los dispuesto por la Corte Constitucional (Sala
Primera de Revisión), mediante auto del 29 de enero de 2016, el Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, a efectos
de integrar debidamente el contradictorio, ordenó la vinculación de los
propietarios de la Hacienda La Yaruma, de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), de la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander (EMPAS), del Municipio de Rionegro Santander y de
la Defensoría del Pueblo. Asimismo ofició a la Personería Municipal de Rionegro
con el fin de que se trasladaran a las instalaciones de la Hacienda La Yaruma,
en aras de verificar si persistía la vulneración o amenaza de los derechos de
los actores.
[4] En el folio 41 del cuaderno 3 del expediente consta certificación
proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la que anexa la
carta catastral N°. 96-11-A, donde se ubica el predio N°. 00-02-0008-0077-000,
perteneciente al municipio de Puerto Wilches, Santander, y carta catastral N°.
96-11-A-3, donde se ubica el predio N°. 00-02-0010-0034-000, perteneciente al
municipio de Rionegro Santander. En este documento también se resalta que “con
el nombre Hacienda La Yaruma o La Yaruma, no se encontró predio alguno en los
municipios de Rionegro y Puerto Wilches, sin embargo, bajo el nombre Yaruma 2
se encontró el N°. 00-02-0008-0077-000, pertenecientes al municipio de Puerto
Wilches, y bajo el nombre Yaruma 3 se encontró el N°. 00-02-0010-0034-000,
pertenecientes al municipio de Rionegro, los cuales se encuentran sobre el rio
La Lebrija”. || En los folios 186-188 del cuaderno 2 del expediente, consta
certificado de existencia y representación legal de “Yaruma Limitada”, con
fecha de renovación el 26 de marzo de 2015, y con objeto social “compra y venta
de bienes inmuebles rurales, la cría, levante y comercialización de ganado, la
explotación agrícola y avícola, y la participación como socia en sociedades
administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y en Entidades Financieras”.
[5] Folios 52-68 del cuaderno 2 del expediente.
[6] Folios 69-71 del cuaderno 2 del expediente.
[7] Folios 82-87 del cuaderno 2 del expediente.
[8] Folios 97 y 98 del cuaderno 2 del expediente.
[9] Folio 50 del cuaderno 1 del expediente. También requirió
“suministrar el número de cédula de ciudadanía del señor Jiménez Cáceres para
consultar el censo sistematizado que custodia la dirección (…)”. || Folio 51
del cuaderno 1 del expediente. Por escrito del nueve (9) de noviembre de 2016,
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó “el
suministro de la cédula de ciudadanía del accionante, toda vez que ninguna de
nuestras bases de información, empezando por el RUV, arroja resultado alguno
que corresponda a dicho nombre”. || Folios 54-56 del cuaderno 1 del expediente.
Por escrito del dieciséis (16) de noviembre de 2016, la Fiscalía General de la
Nación, manifestó “que en el Sistema de Gestión Documental no aparecen
registros que den cuenta de la acción de tutela interpuesta por el señor
Orlando Jiménez Cáceres”. También manifestó que “(…) el auto del 2 de
noviembre de 2016 fue trasladado por competencia, en los términos del artículo
21 de la Ley 1755 de 2015, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander
(…)”, quien dispuso “(…) la designación de servidores de policía judicial con
el propósito de adelantar las respectivas labores de verificación (…)”. ||
Folios 66-75 del cuaderno 1 del expediente. La Dirección Seccional de Fiscalías
de Santander informó que: “(i) los servidores del CTI adelantaron las pesquisas
necesarias, e informaron que teniendo en cuenta que al señor Orlando Jiménez
Cáceres no le figura número de cédula, dato importante para lograr su
ubicación, se consultó en la página web de la Registraduría, y dice que le fue
asignado el cupo 13xxxx, y que su residencia es en la finca La Salinas Z, con
teléfono 65xxx (…); y (ii) (…) en nuestro sistema de información (SPOA) no hay
registro alguno sobre denuncia instaurada por el señor Orlando Jiménez Cáceres
(…)”. || Folios 76-93 del cuaderno 1 del expediente. Mediante escrito del
diecisiete (17) de noviembre de 2016, la Corporación Autónoma Regional
Santander, expresó que “(…) el certificado con número de matrícula inmobiliaria
300-64404 en el que se evidencia el registro de un lote denominado La Yaruma,
ubicado en el paraje de Montañitas en el municipio de Rionegro, coincide con
las declaraciones rendidas por el accionante (…). Por la ubicación del predio
La Yaruma, la Corporación Autónoma Regional Santander no tiene jurisdicción,
pues el Municipio de Rionegro es competencia de la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga CDBM (…)”. También sostuvo que: “(i) (…) con la finalidad de
obtener más información sobre la ubicación de la hacienda La Yaruma, nos
comunicamos con la señora Alba Luz Gómez, quien manifestó no conocer la
ubicación exacta de la hacienda La Yaruma, y que debíamos comunicarnos con su
esposo el señor Orlando Jiménez Cáceres, quien luego de varias llamadas
contestó y manifestó que para llegar al sitio objeto de la presente acción de
tutela, es necesario desplazarse hasta San Alberto (Cesar), y transitar por
varios lugares dentro de los cuales mencionó El Barro, Congo, San José,
Terraplén y posteriormente de ahí desplazarnos en chalupas para llegar a la
hacienda La Yaruma (…); (ii) la Corporación nunca tuvo conocimiento sobre los
hechos plasmados en la acción  de tutela (…); y (iii) la zona del magdalena
medio de acuerdo a su geografía, se presenta un complejo de humedales, los
cuales sólo podrán verificarse con la visita de campo que realice la
Corporación (…)”. Finalmente anexó copia del certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria N°. 300-64404, perteneciente a un “lote ubicado en el
paraje Montañitas, cuya extensión es aproximadamente de 80 hectáreas, con linderos
(…) al rio Lebrija (…), de propiedad de Yaruma Limitada (…)”. || Folios 102-190
del cuaderno 1 del expediente. El Ministerio de Defensa nacional-Policía
Nacional, mediante escrito del 21 de noviembre de 2016, manifestó que “(…) el
ciudadano en mención no reside en Puerto Wilches y que revisadas las bases de
datos de hacienda, donde se registran todas las propiedades del municipio
(fincas y haciendas), no se registra ninguna propiedad con nombre Yaruma (…)”.
|| Folios 127-128 del cuaderno 1 del expediente. A través de escrito del
veintitrés (23) de noviembre de 2016, la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches,
Santander, sostuvo que “(…) el día jueves 17 de noviembre, a través del celular
N°. 315xxx, se recibió una llamada del señor Orlando Jiménez Cáceres, quien dio
una general explicación sobre el caso, manifestando en términos generales que
gracias a la acción de tutela instaurada, por el momento, habían cesado los
hechos denunciados por él en la citada acción constitucional (…)”.  A folios
317-319 del cuaderno 1, la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches, Santander,
hace llegar a esta Corte la misma prueba, con fecha del 8 de marzo de 2017. ||
Folios 135-139 del cuaderno 1 del expediente. Mediante escrito del primero (1)
de diciembre de 2016, el Departamento Nacional de Planeación manifestó que “(…)
consultado en la última base de dato nacional consolidada, certificada y
avalada por el DNP, correspondiente al corte del 21 de octubre de 2016, por los
nombres: Orlando Jiménez Cáceres, arroja el siguiente resultado: el señor
Orlando Jiménez Cáceres se encuentra reportado en la base certificada del Sisben,
con lugar registrado al instante de aplicar a la encuesta, en Rio Negro,
Santander, en la Vereda La Salina (…)”. || Folios 142-145 del cuaderno 1 del
expediente. Por escrito del 2 de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, solicitó a la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional subcomisionar al Juzgado
Promiscuo Municipal de Puerto Wilches para la práctica de la inspección
judicial delegada al punto conocido como Las Marías, en jurisdicción de Puerto
Wilches”. La solicitud de subcomisión se basa en que: “(i) ese despacho es la autoridad de la localidad en la que corresponde
realizar la diligencia; (ii) el artículo 40 del Código General del Proceso
consagra que el comisionado tiene las mismas facultades del comitente en la
relación con la diligencia que se le delegue; (iii) conforme a lo establecido
en el artículo 171 del Código General del Proceso, está prohibido comisionar
para la realización de inspecciones judiciales por fuera de la jurisdicción
territorial del juzgado, correspondiendo a este despacho judicial lo atinente
al municipio de Bucaramanga; (iv) el suscrito desconoce la localidad de Puerto
Wilches, y además debe gestionar la logística del traslado, tramitar comisión
de servicios ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y
pedir la autorización de viáticos y traslado correspondiente a la dirección
ejecutiva; y (v) el suscrito debe solicitar el visto bueno de la Juez
Coordinadora para ausentarse de sus labores como Juez Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías durante las fechas que dure la inspección
judicial a realizar, dado que este despacho depende del reparto de audiencias
preliminares que sea asignado por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de esta ciudad”.
[10] Folios 201-208 del cuaderno 1 del expediente.
[11] Folios 227-229 del cuaderno 1 del expediente.
[12] Folios 227-229 del cuaderno 1 del expediente. La Corporación
Autónoma Regional Santander dispuso: “PRIMERO: Ordenar la indagación preliminar
con el fin de establecer si existe mérito o no para iniciar el procedimiento
sancionatorio ambiental sobre los hechos indicados en la parte motiva del
presente acto administrativo y los que sean conexos, así como identificar al
responsable o responsables de los mismos; SEGUNDO: Como consecuencia de lo
anterior, realizar una visita técnica y demás diligencias que se estimen pertinentes
para la verificación de los hechos objeto de la presente indagación preliminar
teniendo en consideración: 1. Determinar el nombre y domicilio de la persona o
personas responsables de los daños a los recursos naturales del lugar; 2.
Determinar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas de
protección ambiental o por daño al medio ambiente; y 3. Determinar la fecha de
inicio y fecha de terminación de las actividades o hechos si son conocidas y
medios por el cual se verifica o se pueden determinar las respectivas fechas si
es del caso (…)”. || Folios 293-294 del cuaderno 1 del expediente. La
Corporación Autónoma Regional Santander, mediante escrito del 7 de febrero de
2017, manifestó que “(…) en este caso la responsabilidad es culpa exclusiva de
un tercero, pues tal y como se evidencia en el escrito de tutela, la afectación
es causada por los propietarios de la hacienda La Yaruma, quienes directamente
están generando el daño a la accionante y a la comunidad que representa, al evitar
que la comunidad que reside en la vereda las Salinas pueda trabajar y buscar su
sustento con la pesca y cultivos (…)”.
[13] Folios 301-304 del cuaderno 1 del expediente.
[14] Folios 305-310 del cuaderno 1 del expediente.
[15] Folios 321-326 del cuaderno 1 del expediente.
[16] Corte Constitucional, sentencia T-420 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa). Ver la línea jurisprudencial trazada entre otras, en las sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa), T-1670 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), SU-544 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-827 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), SU-1070 de
2003 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Clara Inés Vargas Hernández; AV Alfredo Beltrán
Sierra, Jaime Araujo Rentería), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y
T-1225 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Siendo la acción de tutela el
mecanismo judicial transitorio con idoneidad para la protección de derechos
fundamentales en los casos de referencia.
[17] Folios 227-229 del cuaderno 1 del expediente.
[18] En los folios 5-8 del cuaderno 3 del expediente consta el
consentimiento otorgado por la comunidad al señor Jiménez Cáceres, para que
interpusiera la presente acción.
[19] Corte Constitucional, sentencias
C-580 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández). También se pueden ver, entre
otras, las Sentencias C-520 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jaime Araújo
Rentería) y T-139 de 2016 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En los casos en
mención, se manifiesta la importancia de las juntas de acción comunal para la
protección de los derechos de las comunidades, del mismo modo la
representatividad que poseen como asociación en el ordenamiento jurídico.
[20] Corte Constitucional, sentencia T-408 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). También se pueden ver, entre otras, las Sentencias T-705
de 2013 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla), T-139 de 2016 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), en las que la
Corte determinó que la efectiva protección de los derechos de los niños se
encuentra en cabeza de quien tenga la legitimidad para actuar en causa de
ellos, bien sea un agente oficioso con interés, o parientes de consanguineidad
como abuelos, como se menciona de manera evidente en las sentencias, dado que
existe un interés superior a favor de los menores, por el hecho de serlos.
[21] En el área donde está la Yaruma, región
salina del municipio de Rionegro.
[22] Folios 52-68 del cuaderno 2 del expediente y folios 201-208 del
cuaderno 1 del expediente.
[23] Folios 201-208 del cuaderno 1 del expediente.
[24] Folios 227-229 del cuaderno 1 del expediente.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-257 de 1996 (MP Antonio Barrera
Carbonell), en este fallo se hace referencia a la procedencia de la acción de
tutela para la protección del derecho al medio ambiente sano.
[26] Corte Constitucional, sentencia C-401 de 1995 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa).
[27] Corte Constitucional, sentencia C-
595 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En el mismo sentido se pueden
consultar las siguientes sentencias: T-092 de 1993 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez), C-432 de 2000 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-671 de 2001 MP Jaime
Araujo Rentería), C-293 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra), C-339 de 2002
(Jaime Araujo Rentería), T-760 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y C-486
de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). Las anteriores referencias hacen
alusión a la importancia de la protección y cuidado del medio ambiente, el cual
no solo se encuentra en cabeza del Estado, sino de la población colombiana en
general. Así mismo, se refieren a la responsabilidad de las entidades estatales
de derecho privado o público de salvaguardar dicha garantía.
[28] Corte Constitucional, sentencia C-
245 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería). Ver
también, entre otras, las sentencias C-671 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería),
C-703 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Mauricio González
Cuervo), y C-632 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En dichas
providencias se señaló la importancia del cuidado del medio ambiente como un
derecho fundamental, que se debe salvaguardar para las generaciones presentes y
futuras, en concordancia con la referencia de la Constitución de 1991. Del
mismo modo, se reitera la importancia de los tratados ratificados por el Estado
para dicha finalidad.
[29] Así lo expresó la Corte Constitucional por primera vez en la
sentencia T-411 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero), en la que señaló que “la Constitución no es sólo el fundamento de
validez del ordenamiento -en la medida que regula la creación jurídica-, sino
que contiene el orden jurídico básico de los diversos sectores de la vida
social y política. Ella prefigura un modelo de sociedad. Por lo tanto en ella
surge una Constitución económica, con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa;
una Constitución social, con la legislación de sus relaciones; una Constitución
ecológica y una Constitución cultural (…)”. El concepto de Constitución
Ecológica surge, según esta sentencia, “de una lectura sistemática, axiológica
y finalista de 3-4 disposiciones constitucionales entre los que se resaltan los
artículos 8, 58, 79 y 95 numeral 8”.
[30] Corte Constitucional, sentencia T-092 de 1993 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez). Esta sentencia fue reiterada, entre otras, en el fallo T-366 de 1993
(MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-671 de 2001 (MP
Jaime Araujo Rentería), T-851 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-197
de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[31] Corte Constitucional, sentencia T-092 de 1993 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez).
[32] Corte Constitucional, sentencia T-046 de 1999 (MP Hernando
Herrera Vergara). Al respecto ver también la sentencia C-431 de 2000 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa). En éstas, la Corte determinó que la defensa del medio
ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del
Estado Social de Derecho.
[33] Corte Constitucional, sentencia T-046 de 1999 (MP Hernando
Herrera Vergara). Al respecto ver también la sentencia C-431 de 2000 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[34] Corte Constitucional, sentencia T-046 de 1999 (MP Hernando
Herrera Vergara). Al respecto ver también la sentencia C-431 de 2000 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[35] Corte Constitucional, sentencia C-671 de 2001 (MP Jaime Araujo
Rentería). En esta sentencia se precisa que el Estado está obligado a velar por
la conservación y debida protección del medio ambiente, procurando que el
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2007 (MP Clara Inés
Vargas Hernández).
[37] Corte Constitucional, sentencia T-760
de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[38] Corte Constitucional, sentencia C-632 de 2011 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). Esta sentencia fue reiterada en el fallo C-449 de 2015 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio). En dichas providencias, la Corte señaló que desde
el punto de vista constitucional, el medio ambiente es un bien jurídicamente
protegido, por cuanto es un principio, un
derecho constitucional, un servicio público y constituye también uno de los
fines del Estado.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-259 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SV Jorge Iván Palacio Palacio). En esta sentencia la Corte
precisa los cuatro deberes primordiales que asume el Estado colombiano respecto
a la protección del medio ambiente, los cuales son: la prevención, la mitigación, la indemnización o reparación y la
punición.
[40] Ver también la sentencia C-035 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; SPV y AV María Victoria Calle Correa,
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio; SPV Alberto Rojas Ríos; APV Gloria
Stella Ortiz Delgado y Luis Ernesto Vargas Silva).
[41] Ver también la Sentencia C-123 de 2014 (MP Alberto Rojas
Ríos; SV. Luis Ernesto Vargas
Silva, Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Iván
Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos, Conjuez Ligia López Díaz).
[42] Ver también las Sentencias C-703 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV
Mauricio González Cuervo), y C-632 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[43] Ver también la Sentencia C-1112 de 2000 (MP Carlos Gaviria
Díaz).
[44] Ver también la Sentencia C-632 de 2011 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[45] Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria
Cale Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En este fallo la Corporación
expresó que el agua es un derecho fundamental que puede ser objeto de
protección mediante la acción de tutela.
[46] Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria
Cale Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[47] Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria
Cale Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[48] Artículo 93, CP.
[49] Corte Constitucional, sentencia T-740 de 2011 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto). En esta sentencia la Corte precisó que si bien el agua
expresamente no se ubica en los derechos de primera generación en la
Constitución Política de Colombia, la protección que le otorga el ordenamiento
constitucional a dicha garantía, se complementa y fortalece por lo dispuesto en
el ámbito internacional, adherido al Bloque de Constitucionalidad.
[50] La obligación de respetar implica: “(…) el deber por
parte del Estado de abstenerse de interferir, obstaculizar, o impedir el
ejercicio de cualquier derecho, es decir que éste ente no adopte medidas que
impidan el acceso a los derechos o menoscaben el disfrute de los mismos. La obligación
de respeto en lo que respecta al derecho al agua se configura como un
deber de abstención por parte del Estado, con el objetivo de que se inhiba de
injerir directa o indirectamente de manera negativa en el disfrute del derecho
a disponer de agua, lo que significa evitar medidas que obstaculicen o impidan
la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo, así
como de grupos o colectividades que buscan satisfacer sus necesidades básicas,
concretamente en el goce del derecho al agua. Y Así las cosas, dicha obligación
prohíbe al Estado o a quien obre en su nombre: (i) toda práctica o actividades
que deniegue o restrinja el acceso al agua en condiciones de igualdad; (ii)
inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de
distribución del agua; (iii) reducir o contaminar ilícitamente el agua
como  por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones
pertenecientes al Estado o botaderos municipales que contaminen fuentes
hídricas o mediante el empleo y los ensayos de armas de cualquier tipo, y (iv)
limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o
destruirlos como medida punitiva”. Corte Constitucional, sentencia T-740 de
2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[51] Corte Constitucional, sentencia T-740 de 2011 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[52] Corte Constitucional, sentencia T-740 de 2011 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[53] Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón,
AV José Gregorio Hernández Galindo).
[54] Corte Constitucional, sentencias T-578 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[55] Corte Constitucional, sentencia T-140 de 1994 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa).
[56] Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[57] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992(MP Alejandro
Martínez Caballero). Esta sentencia fue reiterada en los fallos T-140 de 1994
(MP Vladimiro Naranjo Mesa), T- 207 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-740 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-028 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En las anteriores
sentencias se reitera la protección al suministro de agua potable apta para el
consumo humano, y la obligación de las prestadoras del servicio de
suministrarla de manera regular y constante.
[58] Corte Constitucional, sentencia
C- 150 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería; SPV
Alfredo Beltrán Sierra), reiterada en los fallos T-1150 de 2001 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-1225 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-636 de 2002 (MP
Alfredo Beltrán Sierra), T-490 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-270
de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-915 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-546 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa),  T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-717 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo) y, C-220 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretil Chaljub; AV Mauricio González Cuervo), entre muchas otras.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-1104 de 2005(MP Jaime Araújo
Rentería), reiterada en la sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En estas sentencias se reitera
que el derecho al agua es el derecho de todos a disponer del preciado líquido
de manera suficiente, cuyo pleno ejercicio involucra tres factores:
disponibilidad, calidad y accesibilidad.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Ver también
la sentencia T-055 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[61] Corte Constitucional, sentencia T-309 de 1999 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[62] Corte Constitucional, sentencia
T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara).
[63] Corte Constitucional, sentencia T-309 de 1999 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[64] Corte Constitucional, sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). Esta sentencia se reiteró entre otros, en los fallos T-980 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV. Alexei
Julio Estrada), y T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[65] Corte Constitucional, sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). En esta sentencia la Corte hizo un recuento jurisprudencial
sobre el derecho al agua, destacando que el agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte
del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas, es decir,
cuando está destinada al consumo humano.
[66] Corte Constitucional, sentencia T-143
de 2010 (MP María Victoria Calle Correa).
[67] Corte Constitucional, sentencia T- 418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa).
[68] Reiterada entre otras en las sentencias T-312 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Corte Constitucional, sentencia T-891
de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[70] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González
Cuervo). Ver también las sentencias T-891 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa) y T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[71] Corte Constitucional, sentencia T-760
de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[72] Corte Constitucional, sentencia T-302 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez).
[73] La Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 25), la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer de 1979 (preámbulo), la Convención
sobre Derechos del Niño de 1989 (artículos 6 y 24), la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad de 2006 (artículo 28), el Protocolo
adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de “San Salvador” de 1988
(artículo 12), entre otros. Sobre el derecho a la alimentación concretamente,
pueden mencionarse los siguientes: Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición de 1974, la Declaración Mundial sobre la Nutrición
de 1992, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966,
la Resolución 2004/19 de la Asamblea general de las Naciones Unidas y las
Directrices Voluntarias de la FAO de 2004.
[74] “1. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. // 2. Los
Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos
los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo
que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales; b)
Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con
las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.
[75] Véase,
Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 7 de septiembre
de 2001. Disponible en: http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH290_Sp.pdf. Ver también las sentencias T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) y T-606 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[76] “Estudio del Comité Asesor del Consejo de
Derechos Humanos sobre la discriminación en el contexto del derecho a la
alimentación”. Versión virtual en el internet consultada por la Sala, en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.40_sp.pdf. Al respecto ver también la sentencia T-606 de 2015 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[77] “Guía para legislar sobre el
derecho a la alimentación”. Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación – FAO (2010). Disponible en:
http://www.fao.org/3/a-i0815s.pdf Ver también las sentencias T-348 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-606 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[78] Corte Constitucional, sentencia C-262 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[79] Corte Constitucional, sentencia C-137 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[80] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[81] Corte Constitucional, sentencia T-574 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[82]  David Hunter et al. Concepts and Principles of International
Environmental Law: An Introduction. Geneva, UNEP,
1994, p.9.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-574 de 1996 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[84] Corte Constitucional, sentencia
C-864 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[85] Corte Constitucional, sentencia
C-864 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[86] Corte Constitucional, sentencia
T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[87] Corte Constitucional, sentencia
T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[88] Corte Constitucional, sentencia C-644 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango, SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Humberto Antonio
Sierra Porto). En esta sentencia la
Corporación reiteró
el fallo T-348 de 2012, destacando que la
soberanía alimentaria consagrada en los artículos 64, 65 y 66 Constitucional,
hace referencia a la posibilidad del Estado y de las comunidades de determinar
sus procesos de producción de alimentos, los cuales deben ser
respetuosos del medio ambiente y de la preservación de la producción
artesanales y de pequeña escala desarrollada por las comunidades étnicas,
campesinas, agrícolas y pesqueras acorde con sus propias culturas.
[89]Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[90] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). En esta sentencia la Corte destacó la necesidad de protección
de los ecosistemas pesqueros, pues de ellos las
comunidades pesqueras tradicionales derivan su sustento, razón por la que sentó
en cabeza del Estado, la obligación de velar por la administración, el uso y
aprovechamiento racional de dichos recursos.
[91] Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). En cuanto a la soberanía alimentaria, la Corte en esta
sentencia reiteró el hecho de que, con relación
al derecho a la alimentación, las comunidades que se dedican a las economías
tradicionales de subsistencia, en su mayoría son indígenas, étnicas y rurales,
las cuales se han enfrentado a un gran crecimiento y tecnificación de la
industria de producción de alimentos, a la exploración y explotación de
recursos naturales para la realización de megaproyectos de desarrollo, al
desplazamiento de sus territorios y la contaminación de las fuentes naturales,
lo que les ha puesto en peligro su subsistencia. Ello además, ha ocasionado un
detrimento en las prácticas tradicionales de agricultura, acuicultura y pesca,
provocando el aislamiento del oficio y producción de comunidades tradicionales
del mercado de alimentos, y con ello, la afectación de las economías
tradicionales de subsistencia.
[92] Corte Constitucional, sentencia T-302 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez).
[93] Folios 76-93 del cuaderno 1 del expediente.
[94] Folios 201-208 del cuaderno 1 del expediente.
[95] Folios 301-304 del cuaderno 1 del expediente.
[96] Folios 201-208 del cuaderno 1 del expediente.
[97] Folios 227-229 del cuaderno 1 del expediente.
[98] Folios 52-68 del cuaderno 2 del expediente.
[99] Corte Constitucional, sentencia T-086
de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[100] Corte Constitucional, sentencia
T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[101] Corte Constitucional, sentencia SU-559 de 1997 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[102] Corte Constitucional, sentencia SU-559 de 1997 (MP Álvaro Tafur
Galvis), al determinar que la no afiliación a
docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, era un comportamiento omisivo generalizado
en muchas entidades territoriales, por lo que ordenó a las autoridades públicas
competentes que adoptaran las medidas conducentes a eliminar el estado de cosas
inconstitucional. En esta
sentencia la Corte precisó que los derechos reclamados por las personas
accionantes eran de carácter individual, pero estaban siendo desconocidos de
forma general. Por ello indicó que era claro que la irregularidad de las autoridades de no afiliar al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a los docentes, era un comportamiento omisivo no solo
de las autoridades de los municipios de Zambrano y
María la Baja, sino que era un comportamiento generalizado en muchas entidades
territoriales, por lo que  la orden de amparo en
estos casos estuvo dirigida a las autoridades públicas competentes, con el
objeto de que a la mayor brevedad adoptaran las medidas conducentes a fin de
eliminar los factores que incidían en generar un estado de cosas que resultaba
abiertamente inconstitucional.
[103] Corte Constitucional, sentencia T-068 de 1998 (MP Alejandro
Martínez Caballero). en la que se refirió a un estado de cosas inconstitucional a propósito de
los derechos pensionales de las personas vinculadas a CAJANAL, a quienes se les vulneraron sus
derechos a la igualdad, a la seguridad social y a la salud, toda vez que la
entidad no había resuelto las peticiones efectuadas en relación con
reliquidaciones, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación. En
esa oportunidad, la Corte enfrentó también una situación estructural que
requería una solución, también estructural. En este
caso la Corte decidió que: “la situación presentada en la entidad demandada
produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos
individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino
también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta
en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.
[104] Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz). en la que, a propósito de la
situación de indignidad en que se mantenía a la mayor parte de las personas
privadas de la libertad, la Corte resolvió declarar y notificar la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario a las diferentes
autoridades públicas, por lo que decidió adoptar órdenes dirigidas a las
diferentes autoridades y entidades encargadas del sistema, como lo es, diseñar
un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo, un lugar
especial para los miembros de la fuerza pública, separar a los sindicados de
los condenados, investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad a las cárceles de Bellavista y la Modelo, en
Medellín y Bogotá, y adoptar medidas de protección urgentes mientras se
adoptaban las medidas de carácter estructural y permanente.
[105] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), en la que la Corte revisó el
caso de familias desplazadas que solicitaban la atención de distintas
autoridades para recibir ayudas humanitarias. En esta oportunidad, la Corte, para superar la vulneración
masiva y continua de los derechos de la población desplazada, originada en
factores estructurales, declaró la existencia de un estado de cosas
inconstitucional y lo comunicó a las autoridades con responsabilidades en el
tema, para que adoptaran, dentro de la órbita de sus competencias, y en un
tiempo razonable, los correctivos que fueren necesarios. En este caso la Corte revisó 108 casos
correspondientes a 1150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la población
desplazada, que solicitaban la atención de distintas autoridades para recibir
ayudas humanitarias, para acceder a auxilios de vivienda, para acceder a
capacitación en procesos productivos, y para tener acceso a los programas de
atención al desplazado. La Sala dio dos tipos de órdenes. Unas órdenes de ejecución
compleja, relacionadas con el estado de cosas inconstitucional y dirigidas a
garantizar los derechos de toda la población desplazada, independientemente de
que hayan o no acudido a la acción de tutela para la protección de sus
derechos. Tales órdenes tenían como finalidad que las entidades encargadas de
atender a la población desplazada establecieran, en un plazo prudencial, y
dentro de la órbita de sus competencias, los correctivos que fueran necesarios
para superar los problemas de insuficiencia de recursos destinados y de
precariedad de la capacidad institucional para implementar la política estatal
de atención a la población desplazada. Las órdenes de carácter simple que
también se dictaron en este proceso, estaban dirigidas a responder las
peticiones concretas de los actores en la presente acción de tutela, y
resultaban compatibles con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
para la protección de los derechos de la población en situación de
desplazamiento.
[106] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Corte
declaró un estado de cosas inconstitucional respecto al sistema de salud
en Colombia, por lo que profirió órdenes generales atinentes a corregir
dichos problemas, como lo fue que el Ministerio de la
Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud y al Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, adoptaran las medidas necesarias para asegurar la
cobertura universal sostenible del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Sostuvo la Sala que el hecho de que por más de
una década las personas han tenido que acudir a la acción de tutela para que la
justicia resuelva controversias que habrían podido ser dirimidas de manera
general por los órganos competentes de regulación, muestra un claro indicio
acerca de las fallas en la regulación del sistema de salud, lo cual a su vez es
el fundamento de las órdenes generales atinentes a corregir dichos problemas. Por esta razón, en la parte resolutiva de esta sentencia la Sala
tuteló los derechos fundamentales de los actores, ordenando al Ministerio de la
Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud y al Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud, la adopción de medidas necesarias para asegurar
la cobertura universal sostenible del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y que informaran cada seis meses a la Corte Constitucional y a la
Defensoría del Pueblo sobre los avances parciales que se obtuvieran en el
proceso de cumplimiento de esa meta.
[107] Corte Constitucional, sentencia T-1234 de 2008 (MP Rodrigo
Escobar Gil). En esta sentencia la Corporación
analizó el problema estructural que aquejaba a CAJANAL, el cual le impedía que
en general, las solicitudes que se presentaban a la entidad fueran atendidas de
manera oportuna, por lo que se declaró el estado de cosas inconstitucional, y
se tomó como medida para superarlo, que la entidad creara un plan concreto de acción que
contuviera al menos los tiempos estimados de respuesta según los distintos
tipos de solicitud. La Corte
determinó que mientras
no se resuelva el problema estructural que afecta a CAJANAL y que dio lugar a
la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, no se considerará una
violación del derecho de petición susceptible de amparo constitucional, la
demora en la respuesta que no exceda del plazo requerido estimado por la
entidad, siempre que éste se considere razonable por el juez
constitucional. Entonces, manifestó que no habría lugar a imponer
sanciones por desacato cuando la orden de tutela incumplida se haya proferido
antes de vencido el plazo que la entidad ha estimado e informado al
peticionario. No obstante, se dispuso que en un plazo de 60 días a partir de la
notificación de esta providencia, CAJANAL debía presente a esta Sala un plan
concreto de acción que contuviera al menos, los siguientes elementos: una
evaluación sobre el impacto que en los tiempos promedio de respuesta han tenido
las medidas hasta ahora adoptadas; una relación de medidas concretas orientadas
a superar gradualmente, en un horizonte de tiempo determinado el atraso en
CAJANAL; y el señalamiento de los tiempos estimados de respuesta, según los
distintos tipos de solicitud.
[108] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo). En esta
sentencia la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario del país, dado el problema de infraestructura de las
cárceles, de hacinamiento, y de no atención en salud para los reclusos. En
efecto, dada la gravedad de la situación y la
especial protección constitucional de las personas privadas de la libertad, se
ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho
y al INPEC, que convocara al Consejo Superior de Política Criminal para que
continuara tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de
cosas inconstitucional. en la que la Corte declaró el
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del
país, dado el problema de infraestructura de las cárceles, de hacinamiento, y
de no atención en salud para los reclusos. En efecto, dada la gravedad de la situación y la especial protección
constitucional de las personas privadas de la libertad, se ordenó al Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que
convocara al Consejo Superior de Política Criminal para que continuara tomando
las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas
inconstitucional.
[109] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio
González Cuervo). Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si
existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: “(i) la vulneración masiva y
generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número
significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el
cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la
adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de
tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; iv)
la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (v) la existencia de un
problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades,
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige
un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante;
(vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una
mayor congestión judicial”.
[110] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa), en la que la Corte estudió el caso de unas personas que
presentaron acción de tutela en
contra de la Administración Municipal de Arbeláez para que se les protegieran sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la salud pública en conexidad con el derecho a la vida, el cual
estaba siendo vulnerado como consecuencia del actuar omisivo y  arbitrario de
la Administración, que se negó a la prestación del servicio de agua
potable en razón a que ellos se encontraban en el sector rural, a pesar de que
a algunos de los vecinos que también se encontraban en dicha zona sí se les
prestó el servicio.
[111] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[112] Corte Constitucional, sentencia T-871 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[113] Corte Constitucional, sentencia T-478 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).