T-475-19
Sentencia T-475/19
HOMONIMIA O SUPLANTACION DE IDENTIDAD EN
PROCESO PENAL-Jurisprudencia
sobre las condiciones bajo las cuales es procedente la acción de tutela
i. Cuando
de los medios de prueba disponibles y debidamente allegados al proceso, resulte
evidente que se presenta un caso de homonimia ii.  Cuando
se concluya que acudir a los medios ordinarios para enmendar el error en que
incurrió el Estado, constituye una carga desproporcionada, en perjuicio del
ciudadano, por ejemplo, porque requiere trasladarse a una ciudad distante para
activar dichos instrumentos
JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Competencia para conocer procesos de suplantación de personas y
homonimia
ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Procedencia
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance y
concepto
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Accionante recobró la libertad, en caso de homonimia
Referencia:
Expediente T-7.204.324
Acción de tutela
interpuesta por Héctor Enrique Buitrago Soler en contra del Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos
mil diecinueve (2019).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En trámite de revisión del fallo proferido
en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca,
el dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y, en segunda instancia
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el once (11) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018).
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El señor Héctor Enrique Buitrago Soler,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela[1] en contra del Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, con el propósito de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y a la libertad personal, presuntamente vulnerados por
la autoridad accionada, con base en los siguientes:
B.   HECHOS RELEVANTES
1. Héctor Enrique Buitrago Soler[2]
relata que el 17 de julio de 2018 fue privado de la
libertad, en cumplimiento de la orden de detención preventiva, expedida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, dentro del
proceso No. 25000 31 002 2011 00017, por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida,
desplazamiento forzado y otros.
2. La captura se formalizó
dentro de las labores de vigilancia que desarrolló la Policía Nacional, al
verificar los antecedentes de los pasajeros de un vehículo de transporte intermunicipal
y, al encontrar que sobre el señor Buitrago Soler pesaba el requerimiento dentro de los radicados 2343 de la
Fiscalía 43 Especializada de Unidad Nacional de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario de Villavicencio, así como, la vinculación al proceso
4378 de la Fiscalía 29 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario de Bogotá.
3. Bajo estas
circunstancias, considera que existió una vinculación ilegal, dado que, al parecer,
la persona requerida por la autoridad judicial responde al nombre de Héctor José
Buitrago Rodríguez[3], conocido con los alias de “el viejo”, “el barrigas”,
“gordo lindo”, “el patrón”, recluido actualmente en la cárcel de
Cómbita, Boyacá y, quien es ampliamente reconocido como miembro fundador de las
autodefensas campesinas del Casanare.
4. Refirió que ha
sido afectado por un grave error de homonimia, dado que no ha participado en
grupos al margen de la ley y, menos aún, en los hechos que aparece investigado
y con condenas de 40 años de prisión, sanciones disciplinarias y un proceso de
cobro coactivo, por la suma de $4.294´012.320, a favor de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas[4].
5. Señaló que nació
en Páez, Boyacá, el 21 de abril de 1949[5]. Que toda su vida se ha dedicado a la agricultura y a la
construcción; ha vivido en el municipio de Tauramena, Casanare; tiene 5 hijos y
que no ha hecho parte de una organización delincuencial, contrario a lo
manifestado por la autoridad accionada. Por ello, aporta al expediente
declaraciones extra juicio de personas que viven en la región[6] y quienes refieren que lo conocen, así como las certificaciones
emitidas por el Alcalde Municipal de Tauramena[7] y el Párroco de la Diócesis de Yopal,[8] en igual sentido.
6. Luego de exponer los hechos que motivan la interposición de esta acción
de tutela, el accionante solicitó que, a través de ella, se revoque la
sentencia emitida el 30 de abril de 2013, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca con radicado bajo el proceso
No.25000 31 002 2011 0001 (sic) “ordenando la anulación de todas las piezas procesales
que sustentan esa vinculación que genera la privación ilegal de la libertad y
con ella la anulación de los antecedentes de todo orden, incluidos los
disciplinarios y los procesos de cobro coactivo, así como reactivar sus
derechos políticos”.
7. Mediante Auto del 22
de octubre de 2018[9], la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, admitió la
demanda de tutela, vinculó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, al Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal
Acusatorio de Girardot, al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Girardot, o quien haga sus veces y, al Comandante de la
Estación de Policía de Fontibón, Bogotá[10]. En el término otorgado, se
presentaron las siguientes contestaciones:
C.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
8. La Jueza Segunda
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca[11] brindó respuesta a la acción en donde solicitó denegar las
pretensiones de la demanda, al considerar que ese estrado judicial no le ha
vulnerado derecho fundamental alguno al accionante[12]. Frente a los hechos de la demanda, explicó lo siguiente:
“1.
El 12 de junio de 2007, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, Fiscalía 43 Especializada de Villavicencio – Meta,
ordenó vincular mediante indagatoria al señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER
alias “tripas” identificado con cédula de ciudadanía No. 9.650.452 de Yopal. Se
libró orden de captura No. 524.
2.
El 18 de enero de 2010, la Fiscalía 29 Especializada UDH/DIH de Bogotá declaró
a HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER alias “tripas” identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.650.452 de Yopal, PERSONA AUSENTE, designándole
defensor de oficio.
3.
El 11 de marzo de 2011, la misma delegada Fiscal calificó el mérito del sumario
respecto de HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER por los delitos de
Desaparición Forzada agravada, homicidio en persona protegida, desplazamiento
forzado y concierto para delinquir agravado.
4.
El 30 de abril de 2013, dentro del proceso bajo radicado No.
250003107002-2011-00017, sumario 4378, el extinto Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado Adjunto de descongestión de Cundinamarca condenó al
señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER identificado con cédula de
ciudadanía No.9.650.452 a 40 años de prisión, a la pena de multa de 7.284,16
s.m.l.m.v y a la interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años, al
hallarlo responsable de los delitos de desplazamiento forzado, desaparición
forzada agravada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir
agravado, y tortura en persona protegida en concurso heterogéneo, a título de
coautor impropio. Esta decisión cobró ejecutoria el 28 de mayo de 2013.
Teniendo
en cuenta que por parte de los patrulleros de vigilancia de la estación de
policía de Monterrey (Casanare) se estaba dejando a disposición al mencionado
señor, el 18 de julio de 2018 se libró boleta de detención No. J02-002 dentro
del proceso de la referencia”.
D.
RESPUESTA DE LOS TERCEROS VINCULADOS
El Centro de Servicios Judiciales de
Girardot, Cundinamarca
9. El Centro de
Servicios Judiciales de Girardot, Cundinamarca[13] informó que al revisar la base de datos y libros radicadores, “no
se encontró actuación alguna identificado (sic) con el CIU:
2500031002201100017 seguida en contra del señor Héctor Enrique Buitrago Soler”,
por lo tanto, consideró que no era posible dar respuesta a los hechos objeto de
tutela[14].
El Juzgado Tercero Penal Municipal de Girardot, Cundinamarca
10. El Juzgado Tercero
Penal Municipal de Girardot, Cundinamarca[15], igualmente informó que, revisados los archivos que se llevan en
ese despacho, no se encontró anotación alguna en contra de Héctor Enrique
Buitrago. Señaló que al revisar los diferentes documentos aportados con la
demanda, no se pudo establecer la razón por la cual ese despacho fue vinculado
a la acción de tutela.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá
11. El Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá[16] refirió que los hechos alegados por Héctor Enrique Buitrago Soler dentro
de la acción de tutela, no guardan relación con lo actuado por ese despacho.
Informó que, a pesar de que se ordenó la vinculación del Juzgado, “lo cierto
es que la persona que promueve la acción NO se encuentra privada de la libertad
a disposición de este despacho y esta sede judicial, no tiene, ni ha tenido
bajo su conocimiento la ejecución de su condena”. Tampoco ha adquirido a su
cargo la “ejecución de la sentencia del proceso No.25000310700220110001700 que
se refiere a la demanda,” ni ha conocido sentencias proferidas contra el
actor.
La Policía Nacional Metropolitana de Bogotá- Ministerio de Defensa
Nacional
12. La Policía Nacional
Metropolitana de Bogotá[17] dio respuesta a la acción de tutela. Explicó que al revisar los
archivos que reposan en la Estación de Policía de Fontibón no encontró ningún
tipo de antecedente relacionado con el caso expuesto por vía de tutela[18]. Refirió que no existe, por parte de la institución, vulneración
alguna de los derechos invocados y, en razón de ello, solicitó la declaratoria
de improcedencia de la acción.
La Policía Nacional – Departamento de Casanare - Ministerio de
Defensa Nacional
13. La Policía Nacional
– Departamento de Casanare - Ministerio de Defensa Nacional[19] allegó un escrito referente a los hechos de la acción de tutela,
dado que la oficina de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá
le remitió los respectivos oficios[20].
Señaló
que en el caso específico en cumplimiento de la misión establecida para la
institución, se dio la captura del señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER,
identificado con cédula de ciudadanía No.9.650.452 de Yopal, Casanare, el día
17 de julio de 2018, en el Municipio de Monterey, Casanare, al realizar la
labor de prevención y control en vehículo intermunicipal, donde le solicitó “antecedentes
a la central de radio del Departamento de Policía de Casanare, esta le informa
que el señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER presenta una orden de captura
vigente de fecha 12-06-2007 proceso 2343, autoridad fiscalía especializada
No.43 de Villavicencio – Meta, delitos: desaparición forzada y homicidio
agravado, y en la sección impedimento y medida de aseguramiento le figura:
medida de aseguramiento número de proceso 4378, autoridad que falla fiscalía
seccional unidad derechos humanos No. 29 de Bogotá, delitos desaparición
forzada homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida”,
motivo por el cual, realizó el procedimiento de judicialización y lo puso a disposición
del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca, dado que ese despacho, libró
la respectiva boleta de encarcelamiento.
Informó
que la Policía Nacional, a través de las Secciones de Investigación Criminal, funge
como depositaria de la información y como administradora del sistema de antecedentes,
por lo tanto, la autoridad no está facultada para actualizar, cancelar y/o
modificar la base de datos sistematizada de antecedentes penales “sin orden
de autoridad judicial competente”. En el caso concreto, refirió que no
reposa oficio del ente judicial competente en el que se requiera la cancelación
de la orden de captura del señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER. Así las cosas, consideró
que se debe declarar improcedente la acción de tutela, puesto que no se
constata alguna afectación por parte de la entidad, ya que la orden de captura
se desarrolló en cumplimiento de sus funciones asignadas por la Constitución y
la Ley.
Finalmente,
explicó que por vía de tutela existe la necesidad de probar los hechos en que
se fundamenta la reclamación de la violación o amenaza y, en la medida en que
no existe una relación de causalidad entre los mismos, debe declararse la
improcedencia del amparo solicitado.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
14. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC[21] dio contestación a la acción de tutela[22]. Señaló que, en el caso particular, ha garantizado los derechos alegados
por el actor y efectúa las siguientes precisiones:
“ – La PPL se
encuentra en establecimiento desde el 19/07/2018, a órdenes del Juzgado 1 de
Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Yopal, condenado por los delitos
de Desplazamiento forzado, Homicidio en persona protegida, Concierto para
delinquir, Tortura en persona protegida, Concierto para delinquir Agravado a la
pena de 40 años de prisión (anexo cartilla Biográfica).
-  Verificados los registros del establecimiento la PPL fue ingresado
al establecimiento en cumplimiento a la boleta de detención J02-002 del
18/07/2018 emitida por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca.
-  De acuerdo con lo descrito se concluye que en la actualidad el
accionante se encuentra recluido en el EPC Yopal en cumplimiento al mandato
legal, emitido por parte de autoridad competente”.
Por lo tanto, solicitó la desvinculación de
la acción de tutela.
La
Procuraduría General de la Nación
15. La Procuraduría
General de la Nación[23], después de narrar los hechos de la demanda, manifestó que la
acción de tutela se torna improcedente respecto del amparo pretendido, dado que
el actor no le ha solicitado directamente al Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, adelantar trámite incidental, para que en el
menor término posible, proceda a la verificación de su identidad y
correspondiente corrección, si a ello hay lugar, de la sentencia emitida el 30
de abril de 2013 o, en su defecto, pueda acudir a la acción de revisión, en el
evento en que se configure algunas de las causales contempladas en la ley.
La Fiscalía General de la Nación
16. La Fiscalía General
de la Nación[24] consideró que la acción de tutela es improcedente dado que “el
informe de Policía Judicial del 20 de septiembre de 2006 lo relaciona como
integrante del grupo delictivo o persona que financia al grupo dirigido por
Héctor José Buitrago Rodríguez”[25].
Adicionalmente
señaló que “se allegan a la investigación diferentes informes de policía
judicial relacionando la estructura del Grupo de las Autodefensas Campesinas
del Casanare “ACC” entregando identificación del señor Héctor José Buitrago
Rodríguez algunas veces con identificación de la cédula de ciudadanía No.1.087.468
de Miraflores, Boyacá y en otras con la cédula de ciudadanía No. 9.650.452 de
Yopal – Casanare, y en otras ocasiones se relacionó al señor Héctor Enrique
Buitrago Soler” (subrayado fuera de texto), no obstante, el sentido de la
investigación consistió en identificar a los cabecillas de este grupo armado
ilegal.
Así
las cosas, asegura que, a pesar de que en algunos momentos se identificaba a “Héctor
José Buitrago Rodríguez con la cédula de Héctor Enrique Buitrago Soler, se
trataba de personas al margen de la ley que no habían sido capturadas al
momento de su vinculación a la investigación y se ha podido generar en alguna
confusión…”, la única vía judicial que tiene el actor para modificar el
fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca, es a través de la acción de revisión.
E.
PRUEBAS RELEVANTES APORTADAS AL PROCESO
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Héctor
Enrique Buitrago Soler[26].
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los
hijos del accionante:
-
Erika Aliet Buitrago Martínez[27],
-
María Lanixe Buitrago Martínez[28],
-
Javier Buitrago Martínez[29],
-
Héctor Gilberto Buitrago Martínez R.[30],
-
Yanit Buitrago Martínez[31].
-
Historia clínica por consulta externa con
fecha de ingreso del 09 de marzo de 2016, en la que se refiere el tratamiento
médico que recibió el actor, por una enfermedad crónica que le afectó el
corazón[32].
-
Copia de certificado catastral emitido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde señala la inscripción del señor
Héctor Enrique Buitrago Soler en la base de datos catastral y relaciona dos (2)
predios ubicados en el Departamento de Casanare dentro del listado de
propietarios[33].
-
Resolución emitida por la Fiscal 29 de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por
medio de la cual declara como persona ausente a Héctor Enrique Buitrago Soler,
dentro del sumario 4378, con fecha del 18 de enero de 2010.
-
Resolución de Acusación del 11 de marzo de
2011, emitida por la Fiscal 29 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
-
Certificación emitida el 25 de agosto de 2014,
por la Fiscalía 61 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario – Regional Meta, en la que refiere que, a la fecha, el actor no es
procesado, ni pesa contra él, orden de captura dentro del proceso 4123, por los
argumentos que expone a continuación:
“Que en la fecha y siendo las 9:40 horas, comparece al despacho
el señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER identificado con cédula de ciudadanía
9.650.452 de El Yopal, quien aduce que en repetidas ocasiones lo han requerido
por que (sic) pesa contra él orden de captura dentro del proceso 2143 y
una vez revisados los cuadernos de las investigaciones se puede evidenciar que
mediante resolución de fecha 12 de junio de 2007, obrando a folio 196 y ss del
C-8 se dispuso la vinculación de HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER identificado con
cédula de ciudadanía 9.650.452 de El Yopal Casanare, el mismo que en resolución
de fecha 26 de junio de 2009, vista a folio 101 y ss del C-10 fue vinculado
mediante declaratoria de persona ausente y no habiéndose certeza que (sic)
esta sea la verdadera identificación de Héctor Buitrago, Alias barriga, se
dispuso de acuerdo a lo previsto en el art. 15 de la ley 600 de 2000, revocar ambas
resoluciones en lo atinente a HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER, a folio
238 reposa oficio 117 de fecha 19 de abril de 210 (sic) donde da cuenta
que se emitieron las comunicaciones al CTI, SIJIN, D.A.S., SIAN, donde se
ordena la cancelación de esta orden de captura”[34] (negrillas fuera de texto).
-
Copia del escrito presentado por Héctor
Enrique Buitrago Soler el 25 de agosto de 2015 ante la Policía Nacional de
Colombia, donde solicitó, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución
Política, explicación del porqué de su detención o privación de la libertad,
durante los días 25 de octubre de 2011 y el 24 de agosto de 2015, así mismo, pidió
copias de las órdenes de captura en que se fundamentaron las detenciones[35].
-
Respuesta del Comandante de Estación de
Policía frente a la petición anterior, de fecha del 7 de septiembre de 2015. En
dicha respuesta referencia los hechos acaecidos el 24 de agosto de 2015, a las
16:30 horas, de la siguiente manera:
“… se
acerca a las instalaciones policiales el señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER identificado
con C.C. 9.650.452 De Yopal Casanare donde voluntariamente manifiesta
que le soliciten antecedentes, el Jefe de Información y Radio Operador de la
Estación de Policía de Tauramena le solicitó el documento de identificación y
procedió a solicitarle antecedentes con el documento en mano al C.A.D. Donde le
informa la Central que registra orden de captura vigente” (…) “No.
orden: 524, No. Sumario: 2343, consecutivo: 730608, fecha decisión 12-06-2007,
fecha de los hechos: 24-02-2003, nombre de autoridad Fiscalía Especializada
No.43, ciudad: Villavicencio, Meta” (…) “motivo captura: Para
indagatoria. (…) Reiteración radicado 4378 de la Fiscalía 29 Unidad Nal DD.HH Y
D.I.H. Bogotá. Alias “tripas”. Con los antecedentes antes en mención el Jefe de
Información procede a ingresarlo a sala de reflexión reteniéndolo transitoriamente.”
(…) “siendo aproximadamente las 17:30 se acercó la señora esposa del señor
HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER con un documento que al parecer es la boleta de
cancelación proceso no.4123 de la Fiscalía, en el momento no se le dio salida
hasta verificar la veracidad del documento antes en mención, al no lograrse
establecer comunicación con la fiscalía y con base al documento que presenta se
procede a retirar la medida transitoria.” (Negrilla fuera de texto).
-
Auto No. 2846 del 6 de octubre de 2015, por medio
del cual la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV, libró mandamiento de pago en contra de
Héctor Enrique Buitrago Soler, identificado con cédula de ciudadanía 9´650.452,
por la suma de $4.294´012.320 M/cte, más los intereses moratorios causados
sobre el capital[36].
-
Citación emitida por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Unidad Para la Atención y Reparación integral a las
Víctimas – UARIV, elaborada el 04 de septiembre de 2019 dentro del proceso de
cobro coactivo No. 20141122722272, dirigida al actor a su lugar de residencia, con
el propósito de que acuda a la entidad y se notifique de manera personal del
Auto del 10 de junio de 2015 por medio del cual “se libró mandamiento de
pago”[37].
-
Certificación emitida el 29 de mayo de 2018 por
el Alcalde Municipal de Tauramena, Casanare[38], en la que señala que “conoce de vista y trato desde hace más
de treinta años al señor Héctor Enrique Buitrago Soler” (…) “siendo una
persona trabajadora, honesta y cumplidora de los trabajos encomendados”;
refiere el número de identificación y la dirección de residencia.
-
Certificación del 23 de mayo de 2018, emitida
por el Párroco de la Diócesis de San Cayetano de Yopal, Casanare, donde hace constar
que conoce al accionante de vista y trato y, que en el tiempo que lo distingue ha
podido percibir que “es una persona aceptada por la comunidad de la cual
nunca he visto y escuchado malas referencias que puedan desdecir de su honradez
y buen comportamiento en su entorno social” [39].
-
Ficha de afiliación al Sisbén de Héctor
Enrique Buitrago Soler en el Departamento del Casanare, con 31.71 de puntaje[40].
-
Certificación emitida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, donde señala que, a la fecha[41], en el archivo nacional de identificación, el documento de
identificación relacionado presenta la siguiente información:
“Estado:                          VIGENTE CON
PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Resolución:                   12682
Fecha de Resolución:              27/11/2013
Sentencia:                      201100017
Lugar de Novedad.                 BOGOTÁ D.C. –
CUNDINAMARCA
Informante:                   JUEZ 02 PENAL DEL
CIRCUITO”[42]
-
Certificado Ordinario de Antecedentes expedido
el 16 de mayo de 2018 por la Procuraduría General de la Nación[43], donde da cuenta de que el actor presenta tres (3) tipos de
sanciones que devienen de la providencia emitida el 30 de abril de 2013 y que
consisten en:
Sanción
Término
Clase de sanción
MULTA
EN SMLV
7.248, 16 SMLV
PRINCIPAL
PRISIÓN
40 años
PRINCIPAL
INHABILIDADES
PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS
20 años
ACCESORIA
-
Declaraciones extra juicio de María Paula Vera
Páez[44], Adolfo Ortiz Galindo[45], Ruth Zorro Bermúdez[46] y Alicia Turmequé Rincón[47] quienes aseguran conocer al accionante por un espacio de 38 años
o más; refieren su número de cédula y la dirección de residencia.
-
Providencia del 6 de diciembre de 2018, proferida
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca[48], mediante la cual dispuso aclarar la sentencia del treinta (30) de
abril de dos mil trece (2013), en el entendido de que, cuando se hace mención a
Héctor Enrique Buitrago Soler con cédula de ciudadanía No. 9.650.452, “no
corresponde a la persona que cometió los ilícitos”, puesto que fue
vinculado a esta actuación por un error en las actividades que adelantó la
Fiscalía. En razón de lo anterior, ofició al Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare, para que adoptara la decisión
que correspondía en este caso.
-
Auto emitido por el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, del 7 de diciembre de 2018[49], por medio de la cual concede la libertad inmediata de Héctor
Enrique Buitrago Soler y, ordena librar boleta de libertad, con la respectiva
notificación de manera personal al sentenciado, en su lugar de reclusión.
F.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca – Sala Penal
17. El dos (02) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018), el juez de la primera instancia declaró improcedente
la acción de tutela, al no cumplir con los presupuesto de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales.
En
sustento de lo anterior, consideró que por regla general la acción de tutela tiene
un carácter subsidiario y residual, que imposibilita la intervención en los
procesos, dada la autonomía e independencia que rige en la actividad judicial.
En el caso concreto señaló que el relato del actor deja entrever que era
consciente de la investigación que se surtía en su contra, no obstante, omitió
todo el trámite y por el contrario se mostró renuente a su asistencia a las
diligencias bajo la figura de persona ausente, de manera que, el mecanismo constitucional,
no es una tercera instancia que supla su desidia, incuria o negligencia en la
utilización de los mecanismos establecidos para buscar la protección de sus
derechos. Aclaró que en todo momento se le garantizó la asistencia de un
profesional del derecho en el proceso penal, dado que allegó oportunamente alegatos
de conclusión y solicitó la absolución de su prohijado, de modo que, no es
posible atribuirle al profesional del derecho, ni al ente acusador, alguna
afectación u omisión vulneradora, con fundamento en los cuestionamientos por él
señalados[50].
De lo anterior concluye que en el presente evento no se cumplen los
presupuestos para la procedencia de la acción de tutela.
Impugnación
18. El accionante
impugnó el fallo de tutela[51];
refirió que es una víctima del sistema, porque lo
vincularon como persona ausente a un proceso penal, sin practicar la mínima
labor de identificación o individualización. Por lo tanto, considera que fue juzgado
injustamente. Señaló que, de manera extraña, no tuvo conocimiento de citaciones
dentro del proceso penal pero, en cambio, la Unidad para la Atención y
Reparación a las Victimas, sí pudo citarlo y enviarle órdenes de cobro coactivo
a su residencia, después de que se produjo la sentencia condenatoria. Informó
que no es el autor, ni partícipe en los delitos por los cuales fue investigado,
puesto que la persona de la que se hablaba era de Héctor José Buitrago
Rodríguez alias “Tripas” o “Barrigas” o “Don Héctor”. Explicó
que no fue negligente en sus actuaciones, ya que la sentencia que lo condena
data del 30 de abril de 2013 y, por ello, cuando se enteró de que tenía un
proceso penal a través de una comunicación remitida por la Policía Nacional el
7 de septiembre de 2015, no pudo atacar dicha decisión, porque la sentencia
estaba en firme. Refirió que el
profesional del derecho que ejerció su defensa lo hizo de manera precaria,
además de haber estado inmerso en un conflicto de intereses, puesto que
representó a tres sindicados dentro de un mismo proceso, lo que va en contravía
de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 600 de 2000.
Manifestó,
finalmente, que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de
sus derechos constitucionales, dado que está expuesto a
un perjuicio irremediable actual y latente, como lo es la privación de libertad,
derivado de una grave vulneración al debido proceso y al derecho de defensa por
parte de los accionados. También resaltó que no existe otro mecanismo judicial
o legal para la situación, reiterando que sus derechos fundamentales fueron
violentados[52].
Segunda
instancia: Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia
19. Mediante fallo
proferido el once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), revocó la
decisión de primera instancia, para conceder, de manera transitoria, el amparo
constitucional de los derechos fundamentales de los que es titular el señor Héctor
Enrique Buitrago Soler. En consecuencia suspendió por el término de seis (6)
meses contados a partir de la notificación de la providencia, los efectos de la
decisión emitida el 30 de abril de 2013, por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca, para que el
actor interponga la acción de revisión dentro del proceso penal, so pena de
cesar los efectos del amparo concedido.
El fallador de segunda instancia delimitó el
problema jurídico en determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca, vulneró los derechos fundamentales del accionante, al no decretar
la nulidad de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal Especializado
de Cundinamarca, por evidenciarse un posible caso de homonimia[53]. Lo primero que destacó
fue el carácter subsidiario de la acción de tutela, el que no puede desconocerse,
ya que en diversas decisiones existe una posición jurisprudencial ya
establecida frente a casos de homonimia que implica la improcedencia por regla
general de la acción de tutela. Explicó que al tratar de remover la
intangibilidad de la cosa juzgada, era menester acreditar suficientemente que
no fue la persona que cometió el ilícito y para esto, el medio idóneo no era la
acción de tutela, sino la acción de revisión.
Después
de analizar el material probatorio allegado al expediente refirió que “no existe
en este asunto la claridad suficiente que permita vislumbrar que efectivamente
se trata de un caso de suplantación u homonimia y por lo tanto no es posible
inaplicar de manera excepcional el requisito de subsidiariedad que exige esta
acción constitucional”. Por ello, indicó que en el caso particular, es necesario
que se resuelva su situación a través de la acción de revisión, en razón a la
presunción de acierto y legalidad que acompañan las decisiones proferidas por
autoridad judicial en su función de administrar justicia y si bien se evidencia
un yerro, este debe ser evaluado mediante la figura jurídica instituida para
tal fin.
Al
tener en cuenta que en proveído del 7 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal le concedió la libertad al
accionante, señaló que en lo relativo a la libertad se debía declarar el hecho
superado[54].
Finalmente, refirió que en “atención a que existe un mecanismo judicial
eficaz para la protección definitiva de sus garantías, es menester que sea el
juez natural competente el encargado de decidir si la sentencia condenatoria
proferida en contra del demandante debe ser anulada” y, en ese orden de
ideas, decidió suspender, por el término de seis meses, para que interpusiera
la acción de revisión, los efectos de la sentencia emitida el 30 de abril de
2013 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de
Descongestión de Cundinamarca que condenó a Héctor Enrique Buitrago Soler a 40
años de prisión. Advirtió que una vez finalizara el referido lapso, cesarían
los efectos del fallo[55].
G.  ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Solicitud de selección del asunto,
por parte del Procurador Delegado ante la Corte Constitucional
20. El Procurador Delegado[56]
en calidad de interviniente dentro del proceso, presentó ante la Corte
Constitucional, un escrito en el que solicitó la selección de la tutela[57]. Advirtió el yerro en la identidad del condenado y la vinculación al proceso
penal del señor Héctor Enrique Buitrago Soler. Se mostró en desacuerdo
con el fallo emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, al conceder de manera transitoria el amparo
constitucional, porque dejó supeditada la protección de los derechos fundamentales
a los resultados del trámite de la acción de revisión. Por lo tanto, consideró
que no se garantizaron de manera plena y oportuna los derechos, al buen nombre,
la honra y el habeas data, puesto que se mantienen actualmente los
registros en las bases de datos. Señaló que, de acuerdo con la nueva línea
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, los eventos de posible
homonimia deben ser conocidos por el juez con función de conocimiento que
profirió la sentencia o, como establecía el precedente constitucional, esta
actuación corresponde a las facultades del juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad. No obstante, consideró que, en el presente caso, es necesario determinar un amparo a través de una decisión judicial que
le permita al señor Héctor Enrique Buitrago Soler recuperar los derechos
fundamentales.
Auto del 27 de marzo de 2019
21. El 27 de marzo de
2019[58],
la Sala Cuarta de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y con el ánimo de garantizar el derecho al debido proceso y obtener
los elementos de juicio necesarios para adoptar una mejor decisión, tomó las
siguientes determinaciones: vinculó a la Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas – UARIV, a la Fiscalía General de la Nación, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y a la Procuraduría
General de la Nación. Adicionalmente, al Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Yopal[59]
se le solicitó copia de la sentencia emitida el 30 de abril de 2013, así como
información relacionada con el proceso penal adelantado en contra del
accionante y, los trámites que se han surtido respecto de los antecedentes en
materia de derechos políticos y de cobro coactivo. A la Unidad Para la Atención
y Reparación Integral a las Victimas – UARIV[60] se le pidió información respecto del estado
del procedimiento de cobro coactivo. Se ofició a la Fiscalía General de la Nación[61],
para que informe si tiene conocimiento de la sentencia y si existe actualmente
algún antecedente vigente en contra del accionante. Al Instituto Penitenciario
y Carcelario – INPEC[62],
se le solicitó información respecto de la fecha efectiva de libertad y si
persiste algún antecedente en contra del accionante. Finalmente,
a la Procuraduría General de la Nación[63], se le remitió oficio para
que brindara información respecto de los antecedentes disciplinarios del actor.
22. Como respuesta de lo
anterior, el doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría
General de esta corporación[64],
puso en conocimiento del Magistrado Sustanciador las comunicaciones del Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, la Procuraduría
General de la Nación, el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC, la
Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Yopal y, la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas – UARIV, que se recibieron durante el término establecido en el auto
anterior. A continuación se relaciona cada una de las respuestas dadas a los
requerimientos:
Respuesta del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca[65]
23. La Jueza Segunda
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca precisó que el despacho
conoció del trámite incidental propuesto por el agente del Ministerio Público
dentro del sumario 4378 para la corrección de la sentencia en cuanto a la plena
identidad e individualización del condenado. En razón de lo anterior, mediante
auto aclaró la sentencia del 30 de abril de 2013 en el entendido de que “cuando
se hace mención a HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER con cédula de ciudadanía No.
9.650.452 no corresponde a la persona que cometió los ilícitos, pues fue
vinculada a esta actuación por error en las actividades pesquisitorias que
adelantó la Fiscalía”, y, dispuso oficiar al Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare, para que adoptara la
decisión correspondiente. Igualmente ordenó remitir copia de la decisión a la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al cumplir con el trámite de impugnación
de tutela promovido por el señor Buitrago Soler.
Informó,
finalmente, que ese estrado judicial no ha adelantado trámite alguno en
relación con la elaboración de comunicaciones al CTI, SIJIN DAS, SIAN
Procuraduría y, UARIV. Tampoco ha realizado diligencias respecto de los
antecedentes disciplinarios del accionante “porque como se dio a conocer en
el numeral 4, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, por vía de tutela se
circunscribió a suspender por el término de seis (6) meses los efectos de la
sentencia de 30 de abril de 2013, mientras el señor Buitrago Soler, instauraba
la acción de revisión que cursa actualmente en el Tribunal Superior de
Cundinamarca, la cual a la fecha no ha sido resuelta”. Anexó lo siguiente:
-
Documento impreso en un folio, extraído de la
página de internet de la Rama judicial del Consejo Superior de la judicatura,
donde consta la consulta de proceso No. 25000220400020190009500 y en el que
refiere la acción de revisión instaurada por el señor Héctor Enrique Buitrago
Soler ante el Tribunal Superior de Cundinamarca- Sala Penal, radicada el 05 de
marzo de 2019.
-
Copia de la sentencia emitida el 30 de abril de
2013 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de
Descongestión de Cundinamarca, en medio magnético (CD).
Respuesta de la Procuraduría General de la Nación[66]
24. La Procuraduría
General de la Nación[67] refirió, respecto del accionante, que en el
sistema reporta la siguiente información:
Siri
Formulario
Documento sancionado
Sancionado
Proceso
Fecha de Ejecutoria
Anotación
Sanciones
20081427
Penal
9650452
HÉCTOR BUITRAGO
25003107002201100017
28/05/2013
Vigente
PRISIÓN 40 años E INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE
DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 20 años y (MULTA EN SMLV)
Señaló
que al verificar el módulo de radicado del sistema de Información de Registro
de Sanciones y Causas de inhabilidad SIRI, no evidenció oficio alguno, suscrito
por autoridad competente, que ordene la eliminación del registro de la sanción
penal realizado a nombre del señor Buitrago Soler.
Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC[68]
25. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC[69]
explicó que al verificar “la Base de datos SISIPEC WEB se pudo establecer
que el PPL BUITRAGO SOLER HÉCTOR ENRIQUE estuvo recluido en el EPC YOPAL,
ingresó el 19 de julio de 2018 y salió por LIBERTAD INMEDIATA ORDENADA POR
EL JUEZ EPM DE YOPAL el 07 de Diciembre de 2018, por lo tanto se encuentra
en BAJAS en el sistema” (subrayado fuera del texto). Finalmente, indicó que
en el presente asunto existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, dado
que los hechos de la demanda, no involucran a la entidad vinculada. Anexó cartilla
biográfica del interno.
Respuesta de la Fiscalía General de la
Nación[70]
26. La Fiscalía General
de la Nación[71]
señaló, en primer lugar, que no tenía conocimiento de la sentencia emitida el 6
de diciembre de 2018. En segundo lugar informó que según la Ley 4057 de 2011
las funciones correspondientes a al DAS fueron trasladadas a la Policía
Nacional, por lo tanto, a esta última entidad le corresponde certificar la
existencia de antecedentes judiciales y/ penales. Respecto del caso bajo
estudio, recalcó la improcedencia del amparo por ausencia de subsidiariedad,
dado que la revocatoria de la decisión condenatoria sólo es susceptible de ser
estudiada y ordenada a través de la acción de revisión. Allegó el oficio No.
069 – F73 DECVDH del 2 de abril de 2019 suscrito por la Fiscalía 79
Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos en donde explica
aspectos importantes del proceso penal.
La Fiscalía 79 Especializada Contra
Violaciones a los Derechos Humanos[72]
27. El Fiscal 79
Especializado Contra Violaciones a los Derechos Humanos explicó que tiene
asignada la investigación bajo el radicado No.4378 y, que no tuvo conocimiento
de la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2018. Que el señor Héctor
Enrique Buitrago Soler identificado con C.C 9´650.452 de Yopal, Casanare, no es
requerido en las investigaciones que adelanta la Fiscalía 73 especializada de
la DECVDH y la Fiscalía de apoyo en la Dirección Especializada contra
violaciones a los derechos humanos.
Respuesta del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal[73]
28. El Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal indicó que el expediente
de la referencia fue remitido por competencia al Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cundinamarca, de acuerdo a lo ordenado en auto
interlocutorio del 7 de diciembre de 2018. Allegó (i) resultado de trámite
incidental promovido por la Procuraduría General de la Nación, (ii) auto
interlocutorio del 7 de diciembre de 2018, (iii) boleta de libertad y, (iv)
oficio remisorio por competencia.
Respuesta de la Unidad Para la Atención
y Reparación Integral a las Victimas – UARIV[74]
29. La Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV[75] refirió que no tiene conocimiento alguno de la sentencia del 6 de
diciembre de 2018. Explicó que dentro del proceso de cobro coactivo No. 2014-1122
722272 que se adelanta en contra del señor Héctor Enrique Buitrago Soler, se
han desplegado las siguientes actuaciones:
-
Auto de cumplimiento de requisitos No. 895 del
03/09/2014.
-
Auto que libra mandamiento de pago No. 2846 del
10/06/2015.
-
Auto que decreta medidas cautelares No. 7753 del
18/07/2017.
-
Auto que ordena continuar con la ejecución
No.13017del 24/08/2018.
Informó que actualmente cumple con el
trámite de notificar el auto que ordena continuar con la ejecución. Para
cumplir con la orden de la Corte Constitucional anexó los autos emitidos. Explicó
que el procedimiento de cobro coactivo “contra el accionante se dio con
fundamento en los documentos judiciales y legales en firme para la época en que
fue proferida la condena contra él. En tal sentido, la Unidad para la Victimas
ha actuado de buena fe y en uso de sus competencias legales en esta materia”.
Finalmente, solicitó la desvinculación de la acción de tutela por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
Auto del 30 de abril de 2019
30. El día 30 de abril
de 2019[76],
la Sala Cuarta de Revisión señaló que, de acuerdo a la información allegada,
resultaba necesario oficiar al señor Héctor Enrique Buitrago Soler[77], a la Policía Nacional
de Colombia – Ministerio de Defensa Nacional[78]
y, al Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala Penal[79] para que respondan una serie de interrogantes indispensables para tomar una decisión en el presente caso.
Adicionalmente se suspendieron los términos, hasta tanto se reunieran las pruebas pertinentes y sean valoradas
por el despacho.
31. Como respuesta de lo
anterior, el catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría
General de esta corporación[80],
informó que el término probatorio otorgado venció en silencio.
32. El dieciséis (16) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta corporación[81], pasó al despacho del
Magistrado sustanciador el oficio remitido por el Tribunal Superior de
Cundinamarca – Sala Penal.
Respuesta del Tribunal Superior de Cundinamarca
– Sala Penal[82]
33. Informó que a la
Sala que preside[83]
le correspondió conocer de la acción de revisión interpuesta por el Procurador
175 Judicial II Penal de la Ciudad de Bogotá, actuando en representación de las
garantías del señor Héctor Enrique Buitrago Soler. Señaló que atendiendo los
lineamientos del artículo 223 de la Ley 600 de 2000, el despacho, a través de
providencia del 10 de mayo de 2019, admitió la demanda y le solicitó al Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca la remisión del expediente
original No. 2500-31-07002-2011-00017. Por lo tanto, el recurso de revisión se
ciñe a lo previsto en el artículo 224 de la norma antes referida y, en razón de
lo anterior, no es factible señalar una fecha probable en la cual se falle esa
acción, dado que no se cuenta con dato específico respecto de cuánto tardará la
remisión del expediente y se desconoce si alguna de las partes solicita el aplazamiento
de alguna de las diligencias. Finalmente, explicó que a pesar de la carga que
tiene el despacho, está pendiente de resolver la acción en el menor tiempo
posible.
34. El veinte (20) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta corporación[84], puso en conocimiento
del Magistrado sustanciador la comunicación allegada por Héctor Enrique
Buitrago Soler.
Respuesta
de Héctor Enrique Buitrago Soler[85]
35. Explicó que su
estado de salud es precario, dado que sufre de Chagas[86] y vértigo; en cuanto a
su sostenimiento señaló que percibe $750.000 mensuales con los cuales tiene que
solventar su sostenimiento y el de su esposa que igualmente es de la tercera
edad. Señaló que los recursos los obtiene del arriendo de la casa de Villanueva
$600.000 y la ayuda que le provee uno de sus hijos, por un monto mensual de
$150.000. Refirió que no cuenta con ingresos fijos. Que su hogar está
conformado por 5 hijos mayores de edad (Yanith, de 48 años, María Laxine, de 43
años, Érika, de 29 años, Héctor Gilberto, de 47años y Javier, de 45 años) y 6
nietos. Que posee 2 casas en el Departamento del Casanare, una en Tauramena,
donde vive en obra negra y, otra en Villanueva. Expresó el temor que siente de
perder los predios antes referidos, porque están a su nombre, en el momento en
que se dé el embargo de los bienes inmuebles. Corroboró la presentación de la acción
de revisión con la colaboración de una abogada quien no le ha cobrado
honorarios y lo ha apoyado en sus dificultades. Frente a la orden de embargo
dada por la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas -UARIV,
mencionó que en la cuenta bancaria no tiene dinero depositado y, con relación a
la moto embargada, no le afecta porque fue vendida hace varios años, pero al
parecer quien la compró no tramitó el traspaso. Luego el afectado es un
tercero. Para corroborar la anterior información anexó copia de la historia
clínica[87],
certificación de ingresos expedida por contador público[88], certificado de
retención en la fuente del Banco Agrario sin saldo y sin movimientos durante el
año 2018[89]
y copia de la acción de revisión presentada ante el Tribunal Superior de
Cundinamarca[90].
36. El once (11) de junio
de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta corporación[91] allegó al despacho del
Magistrado sustanciador el oficio remitido por el Técnico de Identificación y
Registro de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía
Nacional.
Respuesta
de la Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e Interpol -
Ministerio de Defensa Nacional [92]
37. El Técnico de
identificación y registro informó que, al consultar la información
sistematizada de antecedentes penales y/o anotaciones, así como órdenes de
captura de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), a nombre
del accionante y por su número de cédula, aparecen varias anotaciones; las
órdenes de captura no están vigentes, pero sí una medida de detención
provisional[93].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
38. Esta Corte es
competente para conocer del expediente de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así
como en virtud del Auto del veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019),
proferido por la Sala de Selección de Tutela Número Dos de esta Corte, que
decidió someter a revisión las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de
instancia y asignar su sustanciación al Magistrado Ponente.
B.
CUESTIÓN PREVIA
Procedencia de
la acción de tutela
a)
Legitimación por activa
39. El artículo 86
de la Constitución Política[94]
dispone que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido
vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en
nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. En el
presente caso, Héctor Enrique Buitrago Soler interpone
la acción de tutela, para defender sus derechos, de manera que se encuentra cumplido el requisito de la
legitimación en la causa por activa.
b)
Legitimación por pasiva:
40. El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[95] establece que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública
que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. En este sentido, la demanda
se dirigió en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca, al haber emitido la orden de captura del accionante. Se trata
entonces de una autoridad judicial que puede ser demandable mediante acción de
tutela.
c)
Inmediatez:
41. Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de
interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto de
la acción u omisión que causa la afectación de sus derechos fundamentales[96]. En el caso concreto, la Sala observa que el hecho vulnerador alegado por el
señor Héctor Enrique Buitrago Soler, es decir, la captura, se presentó el 17 de julio de 2018 en el Municipio de Monterey, Casanare, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 17 de octubre
del mismo año[97]; plazo que ni siquiera supera tres meses, por lo que la Sala,
considera que este lapso corresponde a una adecuada diligencia para solicitar
el amparo de los derechos presuntamente vulnerados.
d)
Subsidiariedad:
42. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y
los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene
un carácter residual y subsidiario, es decir,
únicamente será admisible cuando no exista otro medio de defensa judicial, o
cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable. En cualquier caso, deberá verificarse si los mecanismos
judiciales ordinarios resultan eficaces para la protección del derecho, pues en
caso de que así no sea, la acción de tutela se torna procedente[98].
En ese sentido, procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo
-cuando el titular de los derechos no disponga de otro medio de defensa
judicial o cuando existiendo ese medio, carece de idoneidad o eficacia. El
amparo será transitorio cuando se interponga para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable-, en cuyo caso la protección se extenderá hasta
tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez natural.
43. En este caso, la
acción de tutela se fundamenta en la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
libertad del señor Héctor Enrique Buitrago Soler, presuntamente afectados por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, al haber emitido, en su
contra, una orden de detención el 17 de julio de 2018 y, al encontrarse por ese
hecho recluido en el Establecimiento Carcelario de Yopal, Casanare, para la época en que presentó la demanda
de tutela[99].
Luego, pretende el accionante mediante la
acción de tutela: (i) que se ordene la libertad; (ii) se anulen los
antecedentes de todo orden, incluida la privación de derechos políticos y (iii)
se suspendan los procesos de cobro coactivo.
La acción de tutela, en casos de homonimia, procede
únicamente de manera excepcional.- Reiteración de jurisprudencia-
44. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha manifestado, en reiteradas oportunidades que, en principio,
la acción de tutela es improcedente para resolver solicitudes de libertad y de
corrección de registro de antecedentes, en el caso en el que el condenado
alegue ser víctima de homonimia. Se trata de una posición que acoge el criterio
establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[100],
según la cual:
“En materia de
protección de derechos fundamentales relacionados con situaciones de
suplantación de personas o de homónimos esta Corporación ha sostenido que
existen otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la acción de tutela,
como son en su orden: la petición directa al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad competente y la acción de revisión.
El primero de
los trámites es la vía más idónea no sólo en términos de celeridad sino también
de oportunidad, porque ese funcionario judicial tiene la competencia para
atender asuntos concernientes al cumplimiento y trámite posterior a la
sentencia condenatoria, motivo por el cual tiene la posibilidad de practicar
pruebas técnicas y de verificar informaciones necesarias para establecer si se
está frente a una suplantación, es decir, tiene un mayor margen de acción en
asuntos que en la mayoría de los casos debido a las circunstancias fácticas y
probatorias se tornan complejos, situación que desplaza a la acción de tutela
porque ésta debe resolverse en un término perentorio de 10 días.”[101].
45. Esta doctrina fue acogida por
la Corte Constitucional en la
sentencia T-949 de 2003[102], al analizar el caso de un señor de 32 años, quien acudió a
solicitar sus antecedentes judiciales[103],
luego de enterarse que su nombre aparecía vinculado a
un proceso penal en la ciudad de Medellín y había sido condenado a una pena
privativa de la libertad, por los delitos de hurto calificado y agravado y
porte ilegal de armas de fuego. En dicha oportunidad esta Corte refirió que:
“Vistos los
precedentes contentivos de la doctrina de la Sala Penal en la materia,
considera la Corte Constitucional que hay razones constitucionales para
mantenerla. En primer lugar, porque existe una atribución de competencia
expresa en cabeza del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, como
autoridad encargada de definir los asuntos relativos al cumplimiento y trámite
posterior a la sentencia condenatoria (artículos 469 y ss., del Código de
procedimiento penal); y en segundo lugar, porque este funcionario, al mantener
contacto directo con el expediente del respectivo proceso penal, una vez se ha
proferido sentencia condenatoria y tener la facultad de solicitar las pruebas
conducentes y pertinentes, está en mejores condiciones jurídicas para resolver
integralmente los problemas que este tipo de asuntos aparejan”.
46. Los anteriores argumentos
fueron igualmente expuestos en la sentencia T-540 de 2004, que se
pronunció frente a la tutela de un ciudadano que acudió, en diferentes
oportunidades, al Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., con el
propósito de obtener su certificado judicial, encontrando la presencia de antecedentes penales por una sentencia proferida,
en la cual se le condenó a 12 meses de prisión por el delito de porte ilegal de
armas. Al analizar la procedencia de la acción la Corte Constitucional advirtió
que:
“Así las
cosas, ha señalado que por regla general la acción de tutela es improcedente
por existir otro mecanismo de defensa, como es acudir ante el juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad o ejercer la acción de revisión.
En efecto, la
solicitud que se pueda elevar ante el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad competente, para efectos de obtener la corrección de la sentencia
condenatoria, se constituye en un mecanismo idóneo y eficaz para la protección
pretendida, no sólo por sus características de celeridad, sino de oportunidad y
de competencia. Es precisamente dicho funcionario judicial el encargado de
resolver los asuntos concernientes al cumplimiento y trámite posterior de la
sentencia condenatoria y quien además tiene la posibilidad de practicar las
pruebas técnicas necesarias y de verificar las informaciones indispensables
para concluir si se está o no ante un caso de homonimia o de suplantación. Tal
trámite permite un mayor margen de maniobra para dilucidar el asunto, el cual
puede tornarse en ciertas circunstancias complejo y por ello desplazaría a la
acción de tutela como mecanismo apto para obtener una resolución en atención a
que los términos dentro de los cuales ésta debe ser decidida son perentorios.
De otra parte,
el interesado también puede acudir a la acción de revisión en el evento en que
se configure alguna de las causales contempladas en el artículo 220 del Código
de Procedimiento Penal. Dicha acción es “un derecho que surge para cambiar una
situación que ha sido considerada como verdad indiscutible en el proceso en
razón a la presunción de acierto y legalidad que acompañan las decisiones
proferidas por autoridad judicial en su función de administrar justicia”.
47. La jurisprudencia
constitucional también ha considerado que la tutela puede resultar procedente,
de manera excepcional, a partir de una valoración particular de los hechos
relevantes de cada caso[104]:
i.
Cuando de los medios de prueba disponibles y
debidamente allegados al proceso, resulte evidente que se presenta un caso de
homonimia.
ii.
Cuando se concluya que acudir a los medios
ordinarios para enmendar el error en que incurrió el Estado, constituye una
carga desproporcionada, en perjuicio del ciudadano, por ejemplo, porque
requiere trasladarse a una ciudad distante para activar dichos instrumentos[105].
48. De manera que, es preciso resaltar
que la protección constitucional invocada es excepcionalísima y no se orienta a
soslayar los medios judiciales ordinarios con que cuenta el accionante
(solicitud directa ante el juez que profirió la condena, al juez de ejecución
de penas o la interposición del recurso extraordinario de revisión), sino a
garantizar la efectividad de los derechos a la libertad, al debido proceso y a
la defensa, conforme lo dispone la Constitución Política, cuando resulte
fácilmente identificable que la homonimia alegada se encuentra probada, se
trata de un error indiscutible y, considerando la situación particular del
accionante, se concluye que resultaría desproporcionado hacerle soportar la
carga de acudir a los medios ordinarios para la corrección del yerro judicial.
49. Salvo dichos casos
excepcionalísimos, debe concluirse entonces que el actor debe acudir a la petición
directa al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad competente o a la
acción de revisión; mecanismos que se estudian a continuación:
La petición directa al juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad competente
50. El artículo 79 de la Ley 600 de
2000[106]
establece la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad para conocer entre otras, de las sentencias condenatorias que
impongan sanciones penales. Así mismo, el artículo 469
del mismo Código[107]
prevé que la ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia
ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión
y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en
coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
En este orden de ideas, al proferir la
sentencia condenatoria que define la pena que debe cumplir la persona hallada
responsable de cometer un hecho punible y, una vez queda en firme la misma,
entra a operar la justicia de ejecución de penas y medidas de seguridad, la
cual tiene la labor de vigilar el cumplimiento de la pena, así como velar por
el respeto de los derechos y garantías de las personas que han sido condenadas[108].
Adicionalmente, la presencia de la autoridad judicial durante la ejecución de
la condena es una garantía para quien es condenado y privado de la libertad. Por
ello, el juez de ejecución de penas, respecto de los casos de homonimia “al
mantener contacto directo con el expediente del respectivo proceso penal, una
vez se ha proferido sentencia condenatoria y tener la facultad de solicitar las
pruebas conducentes y pertinentes, está en mejores condiciones jurídicas para
resolver integralmente los problemas que este tipo de asuntos aparejan”[109].
La acción de revisión
51.  La acción de revisión es un
mecanismo de defensa judicial en materia penal que procede contra sentencias
ejecutoriadas y constituye un “medio extraordinario de impugnación,
instituido por el legislador, que tiende a remover una sentencia condenatoria
injusta que hizo tránsito a cosa juzgada, mediante un nuevo debate
probatorio, por haber sido proferida con base en un típico error de hecho
sobre la verdad histórica del acontecimiento delictivo que dio origen al
proceso y fue tema de éste”[110]
(negrilla fuera de texto). “(…) es un derecho que surge para cambiar una
situación que ha sido considerada como verdad indiscutible en el proceso en
razón a la presunción de acierto y legalidad que acompañan las decisiones
proferidas por autoridad judicial en su función de administrar justicia”[111].
52. Dado que la revisión está
llamada a modificar providencias amparadas por la cosa juzgada, este mecanismo
exige un debate probatorio respecto de las nuevas circunstancias o elementos
que hacen inferir que el fallo ejecutoriado es injusto o equivocado, no porque
el juez no haya aplicado las normas jurídicas correspondientes, o las haya
aplicado indebidamente, o interpretado erróneamente, sino por tratarse de
hechos que no se conocían en el proceso[112].
53. La acción de revisión de la
sentencia condenatoria debe tener entonces una dimensión sustancial y no
meramente formal, en la que el análisis se debe extender no sólo a los
fundamentos normativos del fallo incriminatorio, sino a los elementos de prueba
y a los hechos que sirvieron de base a la condena[113].
54. Las causales de revisión de las
sentencias penales están contempladas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000,
que rige para los delitos cometidos con anterioridad al 1º de enero de 2005.
Con posterioridad a esta fecha, el artículo aplicable es el artículo 192 de la Ley 906 de 2004. En el
presente caso, los hechos que fueron materia de investigación por parte de la
Fiscalía General de la Nación datan del año 2002[114], por lo
anterior, se hará referencia a lo dispuesto en la Ley 600 del 2000. Procede por
seis causales, con el fin de proteger preferentemente los derechos del
procesado.
“Artículo 220 de la Ley 600 de 2000. PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas,
en los siguientes casos:
1. Cuando
se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una
misma conducta punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un
número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se
hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en
proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por
falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal
de extinción de la acción penal.
3. Cuando
después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas,
no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del
condenado, o su inimputabilidad.
4. Cuando con
posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el
fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero.
5. Cuando se
demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión
se fundamentó en prueba falsa.
6. Cuando
mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el
criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
Lo dispuesto
en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria” (negrillas no originales).
55. La acción de revisión puede ser
promovida e cualquier tiempo por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor
y demás intervinientes, siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido
legalmente reconocidos dentro de la actuación materia de revisión[115].
Estos últimos podrán hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio. En
los demás casos se requerirá poder especial para el efecto.
56. La competencia la
asume la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando la
sentencia o la preclusión ejecutoriada haya sido proferida en única o segunda
instancia por esa corporación o por los Tribunales Superiores de Distrito,[116]
en tanto, si la sentencia ha sido proferida por los jueces penales de circuito
especializados o jueces penales del circuito o municipal, la acción de revisión es de conocimiento de los Tribunales Superiores del Distrito[117].
(i) La acción de
tutela presentada por el señor Héctor Enrique Buitrago Soler satisface el
carácter subsidiario respecto a la pretensión de obtener la libertad
57. En consideración de lo anterior
y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, resulta necesario determinar
si en el presente caso se encuentran reunidas las exigencias establecidas
jurisprudencialmente para admitir la procedencia excepcional de la acción de
tutela en lo que respecta a las solicitudes de libertad, mediante acción de
tutela, en casos de homonimia.
58. Al revisar el
material probatorio recaudado se evidenció lo
siguiente:
(i)
La providencia emitida el 6 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca aclaró la sentencia
del 30 de abril de 2013 en el entendido de que “cuando se hace mención a
HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER con cédula de ciudadanía No. 9.650.452 no
corresponde a la persona que cometió los ilícitos, pues fue vinculada a este actuación
por error en las actividades pesquisitorias que adelantó la Fiscalía”.
(ii)
En la actualidad el accionante reside en el municipio de Tauramena,
Casanare, lo que le implica un desplazamiento a la
ciudad de Bogotá, donde funciona el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca. Igualmente, es en la ciudad de Bogotá donde está
ubicado el Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala Penal, quien tiene a su
cargo la acción de revisión.
59. Así las cosas, aunque se
reitera que la acción de tutela no es el medio ordinario para amparar la
libertad personal cuando ésta ha sido afectada por orden de autoridades
judiciales, en desarrollo de un proceso penal, este mecanismo procede
excepcionalmente para amparar este derecho fundamental, cuando el error por
homonimia sea evidente o palmario, de manera tal que el juez de tutela no
requiera realizar valoraciones probatorias complejas, propias de los medios
ordinarios destinados a corregir las sentencias proferidas en materia penal.
Igualmente, se requiere constatar que, por las razones particulares del caso,
en particular, considerando la situación del accionante, resulte
desproporcionado exigirle que acuda a los medios ordinarios de defensa.
60. Así, en el presente asunto, se
reúnen las exigencias establecidas en la sentencia T-949 de 2003 para hacer
procedente el amparo en lo relativo a la libertad personal, considerando que el
mismo juez que profirió la sentencia en razón de la cual el accionante perdió
su libertad, reconoció claramente que se trata de un error y, por lo tanto,
profirió un auto mediante el cual aclaró que el señor Buitrago Soler no es
quien cometió las conductas punibles en cuestión. Esto implica que la homonimia
es clara y, por lo tanto, se reúne el primero de los requisitos. Por otra parte,
debe tenerse en cuenta que el señor Buitrago Soler es una persona de 69 años,
que durante su vida se ha dedicado a la agricultura y a labores de construcción
y que habita en el municipio de Tauramena, en el Departamento del Casanare,
razón por la cual exigirle la interposición del recurso extraordinario de
revisión en la ciudad de Bogotá para obtener el amparo de su derecho a la
libertad, implica hacerlo incurrir en gastos y desplazamientos que, en su
situación particular, resultan desproporcionados para alguien que evidentemente
no ha cometido delito alguno. Por consiguiente, desde la primera instancia
debió declararse la procedencia de la acción de tutela en lo que respecta a la
libertad personal y, por lo tanto, así se declarará en la parte resolutiva de
la presente sentencia.
(ii) La acción de tutela presentada por el señor Héctor
Enrique Buitrago Soler no satisface su carácter subsidiario respecto a las
pretensiones de anular los antecedentes de todo orden y la suspensión de los
procesos de cobro coactivo
61. En el presente caso, las
restantes pretensiones de la acción de tutela se encaminaron a anular los
antecedentes penales y la privación de derechos políticos por una duración de
20 años, que se ocasionaron con la condena de 40 años de prisión y a hacer
cesar los efectos del cobro coactivo llevado a cabo por el monto de $4.294´012.320, a favor de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, por haber incurrido
presuntamente en los punibles de desaparición forzada
agravada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y otros.
62. Respecto de este
punto, el juez de primera instancia concluyó que la acción impetrada era
improcedente por falta de material probatorio, en tanto que el juez de segunda
instancia revocó la decisión para conceder de manera transitoria el amparo
constitucional y suspender por el término de seis (6) meses los efectos de la
decisión del 30 de abril de 2013, para que el accionante instaure la acción de
revisión.
63. Dentro de la acción
de tutela se verificó que actualmente cursa la acción de revisión No. 2019-0095
en el Tribunal Superior de Cundinamarca - Sala Penal,[118] la cual fue admitida y, a través de auto del 10 de mayo de 2019 el
despacho sustanciador solicitó la remisión original del expediente dentro del
proceso penal, lo que demuestra avance en el trámite de la acción de revisión.
Esto implica que las pretensiones relativas a los antecedentes penales y al
desarrollo del proceso de cobro coactivo se encuentran siendo analizadas por la
justicia ordinaria penal, mecanismo judicial lo
suficientemente idóneo en la medida en que, dentro del desarrollo de
dicho proceso podrán presentarse argumentos con la profundidad necesaria y
aportarse elementos probatorios pertinentes destinados a lograr la anulación de
la sentencia emitida el 30 de abril de 2013, junto con sus efectos. Es en desarrollo
de dicho instrumento que es posible desvirtuar la presunción de veracidad
propia de las sentencias judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo
tanto, ordenar la cesación de los efectos que produjo la sentencia penal que,
en la actualidad, no ha sido aún revocada o anulada.
64. La modificación de
los antecedentes penales y la rehabilitación del derecho a ejercer cargos o
empleos públicos es una facultad reservada a las autoridades que tienen la
función de hacer incluir allí información relativa a condenas penales y a privación
de derechos políticos razón por la cual, en el caso bajo estudio, se constata
que no le corresponde al juez de tutela sustituir la función del juez que
profiere la condena, del juez de ejecución de penas o del tribunal encargado de
resolver la acción de revisión, porque se trata de poderes propios ligados al
cumplimiento de sus funciones. Igual ocurre en lo relativo al desarrollo de los
procesos de cobro coactivo, considerando que es el juez penal el encargado de
librar las comunicaciones con base en las cuales se inicia dicho procedimiento
e, igualmente, una de sus facultades consiste en comunicar la corrección de la sentencia
y, por consiguiente, la pérdida de sustento para el desarrollo del
procedimiento en cuestión. En otras palabras, el juez ordinario penal cuenta
con los poderes suficientes para despachar completamente las pretensiones de modificación
de antecedentes penales, rehabilitación y suspensión del cobro coactivo. A la
vez, se constata que frente a la situación particular del accionante, el
mecanismo previsto en la justicia ordinaria es eficaz: la duración de la
acción de revisión[119] es razonable puesto que el término para decidir es de
aproximadamente 90 días, de acuerdo con la información recaudada durante la
instrucción del presente asunto. En efecto, a la fecha, a partir de los
promedios establecidos, esperar la decisión del asunto no significaría una carga
desproporcionada para el accionante.
65. Permitir que el
asunto sea decidido de fondo por el juez ordinario que actualmente lo conoce,
consulta el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, al mismo
tiempo que reconoce que los antecedentes penales, la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas y el desarrollo de procedimientos de
cobro coactivo por las multas impuestas, son consecuencias derivadas de la
fuerza de cosa juzgada que se predica de la sentencia judicial, la que
corresponde ser confirmada o desvirtuada por el juez ordinario penal. Es de
advertir que, en el presente asunto, la aclaración proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca no tuvo la consecuencia
jurídica de privar de fuerza de cosa juzgada a la sentencia condenatoria que
acarreó las consecuencias que son controvertidas mediante la acción de tutela.
Igualmente, no existen elementos de juicio que permitan entrever el riesgo de
configuración de un perjuicio irremediable, que justifique la intervención
transitoria del juez constitucional, por las siguientes razones:
-
Frente al riesgo de embargo de los bienes del
accionante mediante el procedimiento de cobro coactivo, es necesario tener en
cuenta que el accionante tiene cinco hijos mayores de edad y, en esa medida, existe
el deber de solidaridad de los hijos para con los padres, puesto que son los
primeros llamados a responder por el sostenimiento del hogar, ante la ausencia
de ingresos de parte de los padres.
-
A pesar de que el accionante tiene 70 años y su
estado de salud se ve comprometido porque sufre de Chagas y de vértigo, según
la historia clínica, la enfermedad coronaria está siendo atendida, de modo que no se encuentra frente a una
situación de vulnerabilidad que le impida adelantar la
acción de revisión, la que se encuentra actualmente en curso.
-
El accionante explicó que tiene a su nombre dos
inmuebles ubicados en el Departamento de Casanare, uno en Tauramena, donde
reside y, otro en Villanueva, del cual percibe un arriendo[120]. Así mismo, al revisar la respuesta dada por la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV
no se constata que sobre estos predios recaiga alguna medida cautelar dentro
del proceso de cobro coactivo, por lo que actualmente no existe una amenaza al
derecho a la vivienda digna, ni se encuentra en riesgo su mínimo vital.
-
No se halla involucrada su subsistencia con las
medidas adoptadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas – UARIV, puesto que, no tiene dineros depositados en la cuenta
embargada del Banco Agrario y, respecto de la moto de placa DGS36A, igualmente
embargada por la entidad, refirió que fue vendida hace varios años.
-
Durante la instrucción del proceso ante la Corte
Constitucional, el accionante refirió que no es contratista del Estado, ni
pretende serlo y que no aspira a acceder al desempeño de cargos o funciones
públicas, razón por la cual, salvo en lo que concierne el derecho al voto[121], la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, no
materializa, en su caso, una afectación que implique, con urgencia, la
intervención del juez de tutela.
66. Cabe recordar que, el
Tribunal Superior de Cundinamarca es el ente competente para resolver la acción
de revisión, dado que la sentencia que se cuestiona fue emitida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Dicha autoridad
judicial tiene un contacto directo con el expediente, puesto que ha tenido
conocimiento del trámite del proceso y, en cierta medida, se le puede exigir un
mayor rigor de análisis de las pruebas, a fin de establecer si la sentencia que
actualmente no ha sido invalidada, incurrió en un vicio y, por lo tanto, se
pueda desvirtuar la cosa juzgada de la que se derivan los efectos que el
accionante pretende hacer cesar mediante la acción de tutela.
67. De lo anterior se concluye que el accionante no probó alguna situación
que justifique la intervención del juez de tutela, para evitar la consumación
de un perjuicio que pueda ser grave, urgente, inminente e impostergable. Aunque
la inhabilitación para el ejercicio de derechos o funciones públicas priva
igualmente al accionante del derecho al voto, lo que sí constituiría una
afectación grave que exigiría en principio la intervención del juez
constitucional, debe recordarse que dicha afectación se deriva de una condena
proferida por un juez penal, que hizo tránsito a cosa juzgada y que, aunque
cursa actualmente un proceso de acción de revisión, dicha sentencia no ha sido
corregida o anulada por los jueces correspondientes; la presente acción de
tutela no corresponde a un mecanismo de amparo contra providencias judiciales
y, por lo tanto, no le corresponde al juez de tutela, de oficio, indagar
respecto de los vicios en los que pudo haber incurrido la sentencia judicial y,
sin el cumplimiento de las correspondientes cargas exigidas para atacar
providencias judiciales, dejar sin efectos la condena judicial.
68. En suma, el propósito de la acción de revisión ante el Tribunal Superior de
Cundinamarca – Sala Penal, es precisamente que, a través de un debate
probatorio, se corrija la sentencia que actualmente se encuentra revestida de
la fuerza de la cosa juzgada, de la cual se derivan los antecedentes penales,
la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y el cobro
de una multa. Por lo tanto, la acción de tutela presentada por el señor
Héctor Enrique Buitrago Soler es improcedente en lo relativo a dichas
pretensiones, puesto que existen medios de defensa judicial, idóneos y eficaces
para resolver este tipo de solicitudes cuya resolución implica desvirtuar la
fuerza de cosa juzgada de la sentencia proferida en el proceso penal y no
existe riesgo de configuración de un perjuicio para sus derechos, que no pueda
ser posteriormente remediado. Así las cosas, no resulta admisible que el juez de tutela desplace, en estas
circunstancias, las competencias dadas por el legislador para resolver este
tipo de controversias.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y
ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
69. Acorde
con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta sentencia, le
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si el Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Cundinamarca, vulneró el derecho fundamental
a la libertad personal del señor Héctor Enrique Buitrago Soler.
70. Con
el fin de resolver el problema jurídico planteado por la Sala, por una parte,
esta procederá a analizar el alcance del derecho a la libertad personal y, en
segundo lugar, examinará si existe vulneración actual del derecho a la libertad
personal del señor Buitrago Soler.
El derecho
fundamental a la libertad personal
71. En la sentencia C-303 de 2019 la Corte Constitucional
explicó cómo la Constitución Política le asignó a la libertad, varias calidades
constitucionales, dado que puede ser analizado, como un valor, un principio y
un derecho fundamental:
“En la Constitución Política de 1991, la
libertad adquirió un carácter central y transversal del régimen constitucional,
al tratarse, a la vez, (i) de un valor constitucional, incluido en el Preámbulo
de la norma suprema, al lado, entre otros, de la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad y la paz; (ii) un
principio que irradia toda la acción estatal y se sustenta en varios contenidos
constitucionales: en la protección de las libertades, como fin esencial del
Estado -artículo 2-, en el establecimiento de la Constitución y la ley no como
habilitantes, sino como límites a la libertad, cuyo desconocimiento genera
responsabilidad de las personas -artículo 6- y, en la declaración formal, según
la cual “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” -artículo 13-;
y, (iii) una serie de derechos-libertades fundamentales, como la libertad
personal, fundada en la idea de que “Toda persona es libre” -artículo 28-, la
libertad de locomoción -artículo 24-, el libre desarrollo de la personalidad
-artículo 16-, la libertad de consciencia -artículo 18-, la libertad de cultos
-artículo 19-, las libertades de expresión y de información -artículo 20-, la libertad
de locomoción -artículo 24-, de escoger profesión u oficio -artículo 26- y de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra -artículo 27-. Se trata, todas,
de libertades mínimas de un Estado democrático, como el colombiano. Esta triple
calidad constitucional de valor, principio y derecho, permite afirmar que en
nuestro sistema jurídico la libertad es la regla y, por lo tanto, sus
restricciones deben ser excepcionales”.
72. La
Constitución Política atribuyó gran importancia a la libertad física o
personal, establecida en el artículo 28 de la Constitución Política, al
disponer que “toda persona es libre”. La libertad personal consiste en “la
posibilidad de encontrarse en situación material de autodeterminarse y ejercer
las otras libertades y derechos reconocidos expresamente o inherentes al ser
humano”[122].
73. Este derecho se ve afectado cuando se priva de la libertad a una
persona, ya sea a través de una aprehensión, retención, detención o captura,
entre otras. Por ello, la restricción del
derecho a la libertad de una persona está condicionada a que exista, (i) un “mandamiento escrito de
autoridad judicial competente” y (ii) que la orden se efectúe “con las formalidades legales”, por ello “toda persona detenida
preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley”[123].
En el caso bajo
revisión, existe carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la
pretensión de obtener la libertad
74. En el caso bajo
revisión, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, dentro
del trámite incidental propuesto por el Procurador Judicial 175 II Penal de
Bogotá, emitió la providencia del 6 de diciembre de 2018 en la que anuncia la
aclaración de la sentencia emitida el 30 de abril de 2013 por los siguientes
argumentos, entre otros:
“1. Dentro de
la actividad pesquisitoria, con informe No.310/CTI. UADH.DIH de 23 de junio de
2006, suscrito por Francy Villarraga B, Investigador Criminal VII, en el ítem
2.1.11 plasmó lo siguiente: Al numeral diez mediante consulta en las diferentes
oficinas de inteligencia de esta ciudad, se obtuvo información de los
cabecillas de las Autodefensas del Casanare, así: HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO
RODRIGUEZ CC 9.650.452 de Yopal, Alias “El Patrón” o K1 cabecilla principal.
En este
informe se observa que se consignó erróneamente la identificación del señor
HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRIGUEZ, toda vez que de acuerdo al informe No.093 de
UNDH-DIH, comisión especial, impuso desaparición forzada, su número de cédula
de ciudadanía corresponde al No. 1.087.468 de Miraflores (Boyacá).
El número de
cédula de ciudadanía que en dicho informe se plasmó es decir, 9.650.452 corresponde
en realidad al señor HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER”.
75. Explicó el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca que el yerro persistía en el
organigrama de las Autodefensas Campesinas. Refirió el material probatorio en
el que se incurre en errores en la etapa investigativa, para concluir que “no
puede corregir la sentencia como pretende el incidentante en el sentido de
señalar que quien cometió los delitos de desplazamiento forzado, desaparición
forzada agravada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir
agravado y tortura agravada a título de coautor impropio por hechos ocurridos
en Chámeza y Recetor, Casanare, fue HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía No.1.087.468 de Miraflores (Boyacá), pues ello
implicaría una flagrante violación del derecho al debido proceso, defensa y
contradicción de aquel, e incursión en una vía de hecho, pues estaría siendo
condenado por un proceso penal al cual no fue vinculado en debida forma”.
76. En lugar de corregir la
condena, el Juzgado aclaró la sentencia del 30 de abril de 2013 en el entendido
de que “cuando se hace mención a HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER con cédula de
ciudadanía No. 9.650.452 no corresponde a la persona que cometió los ilícitos,
pues fue vinculada a esta actuación por error en las actividades pesquisitorias
que adelantó la Fiscalía”. Ordenó oficiar al Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal para que adoptara la decisión que
correspondía en el caso concreto, después de que verificara el yerro puesto de
presente.
77. En cumplimiento de lo anterior,
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal el 7
de diciembre de 2018 dispuso: “PRIMERO: CONCEDER la LIBERTAD
INMEDIATA a HÉCTOR ENRIQUE BUITRAGO SOLER dentro de la presente
causa, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia LIBRAR boleta de libertad a favor de HÉCTOR ENRIQUE
BUITRAGO SOLER, ante el Director del Establecimiento Carcelario de Yopal
(Casanare), siempre y cuando no esté requerido por otra autoridad judicial.”
78. El INPEC, al dar respuesta a
los interrogantes formulados por la Corte Constitucional en Auto del 27 de
marzo de 2019, señaló que al verificar “la Base de datos SISIPEC WEB se pudo
establecer que el PPL BUITRAGO SOLER HÉCTOR ENRIQUE estuvo recluido en el EPC
YOPAL, ingreso el 19 de julio de 2018 y salió por LIBERTAD INMEDIATA
ORDENADA POR EL JUEZ EPM DE YOPAL el 07 de Diciembre de 2018, por lo tanto
se encuentra en BAJAS en el sistema” (Subrayado fuera texto).
79. Como
consecuencia de lo anterior, se observa que no existe afectación
del
derecho a la libertad (CP. 28) del señor Héctor Enrique Buitrago Soler, toda
vez que, el 7 de diciembre de 2018 recuperó su libertad, al salir del
Establecimiento Carcelario de Yopal, Casanare. Igualmente, aunque el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, mediante providencia del 6 de diciembre de 2018 aclaró la
sentencia del 30 de abril de 2013 en el entendido de que cuando se hace mención
al actor, no corresponde a la persona que cometió los ilícitos, no corrigió el yerro en la
sentencia, respecto de la identidad del procesado, ni frente a la libertad del
accionante. Sin embargo, ese despacho, remitió las actuaciones adelantadas
dentro del trámite incidental al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Yopal, para que resolviera lo pertinente, esto es, la
libertad del accionante[124]; orden que finalmente se cumplió a
través del INPEC.
80. Adicionalmente
dentro del expediente obra certificación emitida el
25 de agosto de 2014, por la Fiscalía 61 Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Regional Meta, en la que
refiere que, a la fecha, el actor no es procesado, ni pesa contra él, orden de
captura dentro del proceso 4123[125];
así mismo de las pruebas que obran el proceso de tutela se observa que, la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía en el oficio que
remitió a la Corte Constitucional el 11 de junio de 2019 al despacho del
Magistrado Ponente, certificó que las órdenes de captura fueron canceladas
dentro de los proceso No.2343, 2143 y, 23441[126].
De
manera que en la actualidad el accionante se encuentra en situación de libertad
y las órdenes de captura que estaban vigentes para la época en que presentó la acción
de tutela y por la cual fue privado de la libertad el 17 de julio de 2018,
dentro del proceso de investigación No.2343, ya fueron canceladas.
81. Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior,
constata la Sala que en el presente caso se configura el fenómeno de la carencia
actual de objeto bajo la modalidad de hecho superado, en la medida en
que, el derecho a la libertad (CP. 28) del señor Héctor Enrique Buitrago Soler
no se encuentra vulnerado ni amenazado, toda vez que salió del Establecimiento
Carcelario de Yopal, Casanare, el 7 de diciembre de 2018 y que la pretensión
principal aquí estudiada ya se encuentra satisfecha, de conformidad con lo
anteriormente señalado.
82. Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la
vulneración de derechos fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad
de que el juez constitucional profiera órdenes que conduzcan a restablecer el
derecho vulnerado o a evitar su afectación inminente o irreparable[127]. Por lo tanto, al
desaparecer la conducta que presuntamente generó la vulneración o amenaza de
los derechos de Héctor Enrique Buitrago Soler y, que en este caso correspondía
a la privación de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Yopal,
Casanare, carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes que no
conducen a la protección de los derechos de las personas, puesto que el hecho
vulnerador cesó, y se extinguió el objeto actual del pronunciamiento como era
el derecho fundamental a la libertad, haciendo inocuo el fallo de fondo del juez
constitucional al respecto.
83. En conclusión y en
consideración de todo lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional declarará la improcedencia de la
acción de tutela, en lo que concierne las pretensiones de corrección de los
antecedentes penales, el restablecimiento de los derechos políticos y la
suspensión del proceso de cobro coactivo, ya que el
actor está en condiciones de soportar las cargas que implica la acción de
revisión que actualmente cursa ante el Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala
Penal dentro del proceso 2019 -00095, medio idóneo y eficaz para resolver las
solicitudes presentadas mediante la acción de tutela. Por el contrario, en lo
que respecta a la pretensión de libertad, aunque se verifica el cumplimiento de
los requisitos que hacen excepcionalmente procedente la acción de tutela para
este tipo de solicitudes, en casos de homonimia, se constata la existencia de
una carencia actual de objeto, por hecho superado y así se declarará en la
parte resolutiva de la presente sentencia. En ese
orden de ideas, se revocarán las sentencia de primera y
segunda instancia proferidas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca – Sala Penal el dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el once (11) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018).
D.
SÍNTESIS
84. Héctor Enrique Buitrago Soler
presentó acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, por la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la libertad, en razón de la
expedición y ejecución de la sentencia del 30 de abril de 2013 que lo condenó a
cumplir 40 años de prisión, a pagar una multa de $4.294.012.320,
a favor de la UARIV y, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por 20 años, por haber incurrido presuntamente
en los punibles de desaparición forzada agravada,
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y otros. Pretendía el
accionante obtener: (i) la libertad; (ii) la anulación de los antecedentes de
todo orden; (iii) la suspensión de los procesos de cobro coactivo, así como, (iv)
la reactivación de los derechos políticos.
85. Dentro del trámite de tutela,
se constató que respecto a la libertad personal, la acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que aunque la acción de tutela
no es el medio principal para este tipo de solicitudes, procede
excepcionalmente cuando existan suficientes pruebas que demuestren una evidente
homonimia y, además, se concluya que, en el caso concreto, acudir a los medios
ordinarios de defensa constituye una exigencia desproporcionada. Constató la
Sala Cuarta de Revisión que existe material probatorio suficiente para identificar
una hipótesis de
homonimia y, en consideración de su situación particular (edad, estado de salud,
lugar de residencia y recursos), se concluyó que el ejercicio de la acción de
revisión para obtener la libertad es una carga desproporcionada. Al estudiar el fondo del asunto se constató que el actor obtuvo su libertad el 7 de diciembre de 2018, con ocasión del
trámite incidental propuesto por el Procurador Judicial, por lo tanto, se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
86. Respecto de la segunda
pretensión encaminada a la anulación de los antecedentes penales, la suspensión
del proceso de cobro coactivo y la reactivación de los derechos políticos, no
se encontró el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
dado que frente a este tipo de solicitudes existe otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz y se trata de consecuencias de una sentencia judicial,
revestida de la fuerza de cosa juzgada, por lo que no es la acción de tutela el
medio idóneo para proferir las órdenes de supresión de los antecedentes
penales, la rehabilitación de derechos políticos y la suspensión de cobros de
multas.
87. Actualmente se encuentra en
curso la acción de revisión ante el Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala
Penal, medio idóneo y eficaz para resolver estas cuestiones jurídicas. Se
concluyó que acudir a estos mecanismos no supone una carga desproporcionada para el actor, puesto que existen
factores positivos que demuestran que es resiliente
para satisfacer sus necesidades básicas y para soportar
el trámite de la acción de revisión. Adicionalmente, Héctor
Enrique Buitrago Soler no se encuentra en situación de amenaza de perjuicio irremediable de algún derecho fundamental, que imponga la intervención del juez
constitucional, dado que cuenta con 5 hijos mayores de edad, tiene propiedades
de la cual deviene su sustento, no están en riesgo de perder los bienes, porque
actualmente no existe una orden de embargo vigente sobre estos, las medidas
cautelares decretadas en el proceso de cobro coactivo no le afectan, puesto que
no posee dineros en el Banco Agrario y respecto de la moto de placa DGS36A fue vendida por el accionante hace
varios años. Por último, el actor no refirió que contratara con el Estado y que
su subsistencia dependiera de alguna actividad relacionada con los derechos
políticos. Por lo tanto, al existir otros medios de
defensa judicial idóneo y eficaz, la acción de tutela
no satisface su carácter subsidiario para hacer procedente el amparo
constitucional.
88. En
consecuencia, se revocarán las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca – Sala Penal el dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el once (11) de diciembre de
dos mil dieciocho (2018)
para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela
frente a la anulación de los antecedentes penales, la suspensión de los
procesos de cobro coactivo y la rehabilitación de sus derechos políticos, dado
que la acción de revisión es el medio idóneo y eficaz para tramitar este tipo
de solicitudes. En lo que respecta al derecho a la libertad personal, se
declarará la carencia actual de objeto, por hecho superado.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para fallar el presente
proceso, mediante Auto del treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019),
proferido por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.
Segundo.- REVOCAR las sentencias emitidas por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca – Sala Penal el dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el once (11) de diciembre de
dos mil dieciocho (2018); para en su lugar, DECLARAR (i) improcedente la
acción de tutela frente a la pretensión de supresión de los antecedentes
penales, la suspensión de los procesos de cobro coactivo y la rehabilitación de
sus derechos políticos y (ii) la carencia actual de objeto, por hecho superado,
en lo relativo al derecho fundamental a la libertad personal.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con
salvamento de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Fecha de presentación de la demanda 17 de octubre de 2018. Folios 1
a 16. Cuaderno No. 1.
[2] Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con cédula de ciudadanía
número 9.0650.452 de Yopal - Casanare. Folio 52. Cuaderno No. 1.
[3] Héctor José Buitrago Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía
número 1.087.468.
[4] A folio 41. Cuaderno No.1. Obra la citación
enviada al actor dentro del proceso No. 2014-1122 722272
[5] Actualmente tiene 69 años.
[6] Folios 60 a 63. Cuaderno No.1.
[7] Folio 45. Cuaderno No.1.
[8] Folio 46. Cuaderno No. 1.
[9] El auto admisorio de la tutela, presenta un error mecanográfico
dado que en la parte motiva refiere como accionante a Luis Eduardo Gallego
Restrepo, cuando en realidad corresponde a Héctor Enrique Buitrago Soler.
[10] Folio 75. Cuaderno No.1.
[11] Con oficio D-060 del 23 de octubre de 2018.
[12] Folio 88. Cuaderno 1.
[13]A través de la Coordinadora del Centro de Servicios.
[14] Folio 112. Cuaderno No.1.
[15] Folio 114. Cuaderno No. 1.
[16] Folio 117. Cuaderno No. 1.
[17] Respuesta emitida por el Intendente Jefe de la oficina de Asunto
Jurídicos Folios 118 a 134.
[18] Folios 118 a 134. Cuaderno No. 1.
[19] A través del Comandante de Estación de Policía de Monterrey del
Departamento de Casanare.
[20] Folios 137 a 139. Cuaderno No. 1.
[21] El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal
- Casanare.
[22] Folios 149 a 151. Cuaderno No.1
[23] A través del Procurador 175 Judicial Penal II.
[24] Da respuesta por intermedio del Fiscal 79 Especializado de la
Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, en apoyo de
la Fiscalía 73 Especializada de la DECVDH.
[25] Folios 172 a 173. Cuaderno No. 1.
[26] Folio 31. Cuaderno 1.
[27] Folio 53. Cuaderno No.1.
[28] Folio 54. Cuaderno No.1.
[29] Folio 55. Cuaderno No.1.
[30] Folio 56. Cuaderno 1.
[31] Folio 57. Cuaderno 1.
[32] Folios 17 a 27. Cuaderno 1.
[33] Folio 28. Cuaderno 1.
[34] Folio 33 Cuaderno 1.
[35] Folio 34. Cuaderno 1.
[36] Folio 43. Cuaderno No.1.
[37] Folio 41. Cuaderno No.1.
[38] Folio 45. Cuaderno No. 1.
[39] Folio 46. Cuaderno No.1.
[40] Folio 47. Cuaderno No.1.
[41] Fecha de la certificación 16 de mayo de 2018.
[42] Folio 48. Cuaderno No.1.
[43] Folio 58. Cuaderno No.1
[44] Folio 60. Cuaderno No.1.
[45] Folio 61. Cuaderno No.1.
[46] Folio 62. Cuaderno No.1.
[47] Folio 63. Cuaderno No.1.
[48] Folios 113 a 118. Cuaderno No.2.
[49] Folio 120. Cuaderno No.2
[50] Sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala Penal.
Folios 177 a 190. Cuaderno No.1.
[51] Mediante escrito radicado el dieciséis
(16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
[52] Escrito de impugnación. Folios 139 a 147. Cuaderno No.1.
[53] Problema jurídico erróneo dado que el accionante no dirige la
acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Cundinamarca, tampoco
solicitó la nulidad de la sentencia.
[54] La parte resolutiva de la sentencia emitida el 11 de diciembre
2018, no declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
[55] Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 3. Folios 122 a 162. Cuaderno
No.2.
[56] Procurador 175 Judicial II Penal de la ciudad de Bogotá.
[57] Folios 3 a 13. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[58] Folios 80 y 81. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional
[59]Se ofició al Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cundinamarca y al Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Yopal para solicitarle:
“a) Allegar copia de la sentencia
proferida el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de
Cundinamarca.
b) Informar si con posterioridad a la
providencia emitida el siete (07) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) por
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal ¿Qué
otras actuaciones han desarrollado los despachos judiciales?
c) Frente al caso del señor Héctor Enrique
Buitrago Soler identificado con cédula de ciudadanía No.9.650.452 de Yopal –
Casanare ¿Han elaborado comunicaciones con destino al CTI, a la SIJIN, al DAS,
al SIAN, a la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad Para la Atención
y Reparación Integral a las Victimas – UARIV? En caso afirmativo ¿Señale el
estado actual de los oficios?
d) ¿Qué trámites se han adelanto respecto de los antecedentes
disciplinarios, de cobro coactivo y restablecimiento de derechos políticos,
respecto del señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con cédula de
ciudadanía No.9.650.452 de Yopal - Casanare?”
[60] Se ofició a la Unidad Para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas – UARIV para que informara lo siguiente:
“ a) ¿Tiene conocimiento de la sentencia
emitida el 06 de diciembre de 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca donde aclaró la sentencia emitida el 30 de abril
de 2013 en el entendido de que, cuando se hace mención a Héctor Enrique
Buitrago Soler con cédula de ciudadanía No.9.650.452 “no corresponde a la
persona que cometió los ilícitos”, puesto que fue vinculado a esta actuación
por un error en las actividades que adelantó la Fiscalía?
b)
¿Qué trámites se
han adelantado dentro del proceso de cobro coactivo No. 2014-1122 722272,
adelantado en contra del señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con
cédula de ciudadanía No.9.650.452?
c)
¿Cuál es el
estado actual del mencionado proceso?”.
Adjunte prueba de los eventuales actos administrativos
que se han proferido dentro del proceso de cobro coactivo antes referido.”
[61] A la Fiscalía General
de la Nación, se le preguntó:
“a) ¿Tiene conocimiento de la sentencia
emitida el 06 de diciembre de 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca donde aclaró la sentencia emitida el 30 de abril
de 2013 en el entendido de que, cuando se hace mención a Héctor Enrique
Buitrago Soler con cédula de ciudadanía No.9.650.452 “no corresponde a la
persona que cometió los ilícitos”, puesto que fue vinculado a esta actuación
por un error en las actividades que adelantó la Fiscalía?
¿Actualmente existe algún antecedente vigente,
respecto del señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con cédula de
ciudadanía No.9.650.452 de Yopal - Casanare? En caso afirmativo, ¿Cuál?”.
[62] Al Instituto Penitenciario y Carcelario –
INPEC, se ofició para que informara:
“a) ¿En qué fecha fue puesto en libertad
de forma efectiva el señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con
cédula de ciudadanía No.9.650.452, de Yopal – Casanare?
¿Actualmente existe algún antecedente o requerimiento
vigente sobre el señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con cédula de
ciudadanía No.9.650.452 de Yopal - Casanare?”.
[63] Finalmente a la
Procuraduría General de la Nación, se le indagó lo siguiente:
“a) ¿Actualmente existe algún
antecedente disciplinario vigente sobre el señor Héctor Enrique Buitrago Soler
identificado con cédula de ciudadanía No.9.650.452 de Yopal - Casanare? En caso
afirmativo, ¿Cuál?
¿La Procuraduría ha recibido algún oficio tendiente a
eliminar los antecedentes disciplinarios y para ordenar el restablecimiento de
derechos políticos del señor Héctor Enrique Buitrago Soler, identificado con
cédula de ciudadanía No.9.650.452 de Yopal, Casanare?”.
[64] Folio 95. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[65] Folio 39 y 40. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[66] Folios 53 a 56. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[67] En representación de la entidad brindó
respuesta el Coordinador Grupo Siri,
[68] Folios 57 a 60. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[69] Por intermedio de Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica.
[70] Folios 65 a 73. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[71] A través de la Coordinación de Conceptos y Asuntos Constitucionales
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad.
[72] Folio 74. Cuaderno de Revisión en la Corte Constitucional.
[73] Folios 98 a 100. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[74] Folios 103 a 112. Cuaderno de Revisión en la Corte
Constitucional.
[75] Por intermedio del Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad.
[76] Folios 114 y 115. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[77] Se ofició al señor Héctor Enrique Buitrago
Soler, para que, complemente la información suministrada en la acción de tutela
y responda de manera concreta lo siguiente:
“(i)          ¿Cuál es su estado actual de salud?
Si lo estima pertinente aporte copia de cualquier documento que soporte su
respuesta. En caso de padecer alguna enfermedad señalar el tratamiento que
recibe y si toma algún tipo de medicamento.
(ii)
¿Cuáles son sus
ingresos y gastos mensuales y a cuánto ascienden? Para el efecto, se sirva
aportar las pruebas que acrediten su dicho.
(iii)
¿De dónde
obtiene dichos ingresos? explique ¿Qué profesión tiene y, a que se dedica
actualmente?
(iv)
En el caso de no
contar con un ingreso fijo. Explique a esta Corte, ¿Cómo solventa sus gastos
mensuales de sostenimiento?
(v)
¿Quiénes
integran su grupo familiar, qué edad tiene cada uno, qué actividades realizan y
de ellos, quiénes se encuentran a su cargo?
(vi)
¿Qué bienes
muebles e inmuebles posee a su nombre?
(vii)
Teniendo en
cuenta que aportó con la demanda certificado expedido por el Instituto Agustín
Codazzi donde relacionan dos predios en el Departamento del Casanare, indique:
¿Posee actualmente vivienda propia? y, ¿Existe algún riesgo de perder su
vivienda con ocasión al proceso coactivo que adelanta la UARIV?
(viii)
Explique a este
despacho si ha iniciado acción de revisión ante el Tribunal Superior de
Cundinamarca por los hechos referidos en la acción de tutela interpuesta y, si
es del caso, ¿En qué estado se encuentra dicho trámite? Señale a este despacho,
si actualmente se ve afectado con el Auto No. 7753 del 18 de julio de 2017 por
medio del cual la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
– UARIV decretó el embargo y secuestro frente a un vehículo automotor de placas
DGS36A, así como la medida cautelar respecto de los productos bancarios que
tiene en el Banco Agrario. Explique de qué manera concreta lo afecta esta
decisión”.
[78] Igualmente se ofició a la Policía
Nacional de Colombia – Ministerio de Defensa Nacional para que aclare:
“(i)       ¿Actualmente existe algún
requerimiento por autoridad judicial vigente sobre el señor Héctor Enrique
Buitrago Soler identificado con cédula de ciudadanía No.9.650.452 de Yopal -
Casanare? En caso afirmativo, ¿Cuál?
(ii)       ¿En la actualidad existe algún antecedente
sobre el señor Héctor Enrique Buitrago Soler identificado con cédula de
ciudadanía No.9.650.452 de Yopal - Casanare? En caso afirmativo indique, ¿Cuál?”.
[79] Al Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala
Penal se ofició para que explique:
“(i)       ¿En qué estado se encuentra
la acción de revisión presentada por el señor Héctor Enrique Buitrago, radicada
bajo el consecutivo No. 25000 220 4000 2019 00095 00?
(ii)    ¿Cuál es el promedio que se demora el Tribunal
Superior de Cundinamarca – Sala Penal en resolver una acción de revisión dentro
de un proceso penal? y, de ser posible, ¿En qué fecha se proyecta que se
fallará la acción de revisión relacionada en el numeral anterior?”.
[80] Folio 121. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[81] Folio 124. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[82] Folios 122 y 123. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[83] Dr. Joselyn Gómez Granados, Magistrado ponente del Tribunal
Superior de Cundinamarca – Sala Penal.
[84] Folio 183. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[85] Folios 125 a 126. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[86] Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es
una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo “Trypanosoma
cruzi”. https://www.who.int/topics/chagas_disease/es/
[87] Folios 127 a 147. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[88] Folios 148 a 151. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[89] Folio 152. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[90] Folios 153 a 182. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[91] Folio 184. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[92] Folios 185 a 188. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[93] El documento refiere que la información contenida en ese
mensaje incluidos los archivos adjuntos son de uso exclusivo del destinatario y
puede contener información que no es de carácter público.
[94] Constitución Política, Artículo 86 “toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[95] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”.
[96] Corte Constitucional, sentencia SU-961/99.
[97] Acta individual de reparto. Folio 31. Cuaderno No.1.
[98] En virtud de su naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha
descartado que “la utilización de la tutela como vía preferente para el
restablecimiento de los derechos” y ha reconocido que tal calidad “obliga a los
asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la
situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la
acción como vía preferente o instancia adicional de protección”. Corte
Constitucional, sentencia T-603/15.
[99] Fecha de presentación de la demanda de tutela 17 de octubre
de 2018.
[100] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 5
de agosto de 1999, acción de tutela de Omar Manuel Acosta contra el Juez
Regional de Medellín; expediente 5886.
[101] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 15
de junio de 2010.
[102]Corte Constitucional sentencia T-949/03
refiere que “El punto central de dicha doctrina es
el de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, que consiste en la
solicitud respectiva ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
competente. Para la Sala Penal, esta es la vía más idónea, no sólo en términos
de celeridad, sino también de oportunidad y de competencia, debido a las (en la
mayoría de ocasiones) complejas circunstancias fácticas y probatorias que
rodean este tipo de asuntos.”.
[103] De conformidad con el numeral 12 del artículo 2 del Decreto 643 de
2004 le correspondía al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS “Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y
expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los
informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de
la República”. Funciones trasladadas al Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional en virtud del numeral 3.3 del artículo 3
del Decreto Ley 4057 de 2011.
[104] En la “suplantación u homonimia, es aceptable jurídicamente que
la acción de tutela pierda su carácter de subsidiariedad y se contemple como
mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales afectados”:
Corte Constitucional, sentencias T-578/10 y T-014/11.
[105] Corte Constitucional, sentencia
T-1216/08.
[106] En la Ley 906 de 2004 corresponde al artículo 38.
[107] En la Ley 906 de 2004 corresponde al artículo 459.
[108] Corte Constitucional, sentencia T-470/96.
[109] Corte Constitucional, sentencia T-949/03
[110] Corte Constitucional, sentencia C-252/01.
[111] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8
de agosto de 1995. Expediente 8987.
[112] Corte Constitucional, sentencia C-252/01.
[113] Corte Constitucional, sentencia C-792/14.
[114] En la sentencia el 30 de abril de 2013 enuncia dentro de los
hechos que la investigación se originó con ocasión a las denuncias presentadas
por desaparición forzada entre el segundo semestre del año 2002 y el primer
semestre del 2003.
[115] Ley 600 de 2000, artículo 221.
[116] Ley 600 de 2000, Artículo 75, numeral 2.
[117] Ley 600 de 2000. Artículos 76, numeral 3.
[118]Folio 40 Cuaderno de Revisión en la Corte Constitucional.
[119] Ley 600 de 2000. Artículo 222 y siguientes.
[120] En la base de datos catastral del IGAC, aparecen los siguientes
predios a nombre del accionante:
“                  DEPARTAMENTO:
85 CASANARE                                          MATRICULA:
MUNICIPIO: 410- TAURAMENA                                                  AREA
DEL TERRENO: 0 HA. 00M
NÚMERO PREDIAL:
01-00-00-00-0295-0013-5-00-00-0001 AREA CONSTRUIDA: 96.0 m
NÚMERO DE PREDIAL ANTERIOR:
01-00-0295-0013-001.  AVALUÓ: $13,794.000
DIRECCIÓN: C 17A 3 23 BR BUENOS
AIRES”
DEPARTAMENTO: 85 CASANARE                                               MATRICULA:
470-0030745
MUNICIPIO: 440- VILLANUEVA                                   AREA
DEL TERRENO: 0 HA. 00M
NÚMERO PREDIAL:
01-00-00-00-0064-0010-0-00-00-0000 AREA CONSTRUIDA: 96.0 m
NÚMERO DE PREDIAL ANTERIOR:
01-00-064-0010-000.    AVALUÓ: $13,116.000
DIRECCIÓN: K 11 15 02 06”.
[121] De acuerdo con el artículo 44 del Código Penal, “La pena
de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al
penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro
derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las
entidades oficiales”.
[122] Corte Constitucional. Sentencias C-024/94 y C-303/19.
[123] Corte Constitucional. Sentencia T-347/10.
[124] El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Yopal ordenó la libertad del señor Héctor Enrique Buitrago dentro del proceso No. 25000 31 002 2011 00017, al haberse aclarado la
sentencia emitida el 30 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cundinamarca en el entendido de que cuando se hace mención al actor, no corresponde a la persona que
cometió los ilícitos. En la sentencia del 30 de abril de 2013, en el acápite
número 4 que trata de la acusación, explicó que ese proceso se adelantó por la
acusación efectuada el 12 de junio de 2007 por la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado No.2343, en
Villavicencio, instrucción remitida el 19 de agosto de 2008 a la Fiscalía 29 de
las misma Unidad, para que se continuara en conexidad con el radicado No.4378
en Bogotá. De modo que la privación de la libertad, se generó por dos
investigaciones que fueron acumuladas por conexidad dentro del proceso con
radicado No. 25000 31 002 2011 00017.
[125] La certificación hace alusión a la investigación adelantada
dentro del proceso No.2143 de la Fiscalía 61 Especializado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Regional
Meta, no obstante, más adelante, certifica que el actor no es procesado, ni pesa contra él, orden de captura dentro del
proceso No.4123, por un posible error de transcripción.
[126] Folios 185 a 188. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[127] Como lo señaló la Corte Constitucional en su sentencia SU-225/13 “(…) cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela, desaparece o se
modifica en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en
principio, podría generar la vulneración de los derechos fundamentales, la
solicitud de amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto
jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela. En
consecuencia, cualquier orden de protección sería inocua.”