T-193-00
Sentencia T-193/00
Sentencia T-193/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
En muchas ocasiones esta Corte ha dicho que
la acción de tutela no es el mecanismo para lograr el pago de deudas laborales,
debido a su carácter eminentemente subsidiario. No obstante, de manera
excepcional se ha aceptado la viabilidad del amparo constitucional cuando,
entre otras hipótesis, se lesione el mínimo vital.
DERECHO A LA
SUBSISTENCIA DE EXTRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios y prestaciones
Referencia:
expediente T-254814
Acción de tutela
incoada por Maria del Carmen Medina Rodríguez contra Rafael Hernández en
calidad de Gerente Administrador de "Servi Master Ltda".
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado 30
Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
María del Carmen Medina Rodríguez instauró
acción de tutela contra Rafael Hernández, en su condición de representante
legal de "Servi Master Ltda.".
Afirmó la peticionaria que el 22 de mayo de
1997 celebró un contrato laboral con la empresa demandada. Debido a su mal
estado de salud la accionante pidió vacaciones, y a su  regreso -19 de julio de
1999- la empresa le informó que no tenía trabajo para ella. Aseveró que desde
la aludida fecha el empleador no le ha definido su situación, no le ha
cancelado los salarios y prestaciones adeudados ni ha transferido las cuotas
destinadas a la seguridad social.
Solicitó el pago de los salarios adeudados
y los correspondientes al tiempo que lleva sin trabajar, así como la
cancelación de las prestaciones sociales a que tiene derecho.
Por su parte, la empresa demandada,
mediante oficio del 7 de septiembre de 1999, informó al Juzgado que la
peticionaria estuvo vinculada a la empresa desde el 22 de mayo de 1997 en
virtud de un contrato de trabajo inferior a un año, por un período inicial de
nueve (9) meses, con jornada laboral de cuatro (4) horas diarias de lunes a
sábado, con un salario mínimo legal de $86.003 más el subsidio de transporte de
$17.250. Aseveró que la demandante fue afiliada al Seguro Social y a la ARP
"Seguro de Vida Atlas S.A.", que la empresa efectuó los descuentos de
ley hasta julio de 1999, y que el pago de agosto se haría dentro de los diez primeros
días de septiembre de 1999.
Agregó la empresa que el vínculo laboral se
extendió hasta el 22 de agosto de 1999; que lo correspondiente al mes de julio
de 1999 ya se encuentra a disposición de la trabajadora en las oficinas de la
empresa y que se le adeuda el mes de agosto, y que la liquidación también puede
ser reclamada en sus instalaciones.
Cabe agregar que la Sociedad demandada no
aportó prueba alguna al proceso acerca del pago de acreencias laborales ni de
la cancelación de aportes en seguridad social.
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado 30 Civil del Circuito de Santa
Fe de Bogotá, mediante providencia del 10 de septiembre de 1999, negó la
protección solicitada, puesto que para lograr el pago de salarios y
prestaciones existen otras vías ordinarias, pero estimó pertinente oficiar al
Ministerio del Trabajo y a la Superintedencia de Vigilancia para que
verificaran el cumplimiento de las normas laborales por parte del empleador.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
La no procedencia de la tutela para obtener
el pago de deudas laborales salvo cuando se afecta el mínimo vital
En el presente asunto se trata de
establecer si el no pago de los salarios y prestaciones a una trabajadora que
devengaba el salario mínimo vulnera o no su derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas y el derecho al mínimo vital.
En muchas ocasiones esta Corte ha dicho que
la acción de tutela no es el mecanismo para lograr el pago de deudas laborales,
debido a su carácter eminentemente subsidiario (artículo 86 C.P.). No obstante,
de manera excepcional se ha aceptado la viabilidad del amparo constitucional
cuando, entre otras hipótesis, se lesione el mínimo vital, y esto es
precisamente lo que ocurre en el caso que ahora se analiza, puesto que es
importante destacar que la trabajadora recibía durante la vigencia del contrato
laboral un salario de $86.003, y que actualmente se encuentra en mal estado de
salud. Es indudable que lo poco que percibía estaba destinado a su modesta subsistencia.
Además, debe tenerse en cuenta que la
empresa no demostró que le había pagado los salarios y prestaciones adeudadas a
la peticionaria, así como tampoco probó que hubiese hecho los aportes al
sistema de seguridad social.
La Sala no desconoce que el sistema
jurídico ha previsto una serie de mecanismos para lograr el pago de salarios y
prestaciones, pero tampoco puede ignorar la situación de una persona que ya no
recibe ni siquiera lo mínimo para lograr la subsistencia a pesar de
haber prestado sus servicios en desarrollo de un contrato de trabajo.
En este orden de ideas se ordenará a la
empresa demandada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación  del presente fallo, proceda a pagar lo adeudado a la
demandante.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo del 10 de septiembre de 1999, proferido por el Juzgado Treinta
Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por medio del cual se negó la
protección solicitada.
En su lugar, SE
CONCEDE la tutela del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En
consecuencia, SE ORDENA a "Servi Master Ltda." que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
Sentencia, proceda a pagar los salarios y prestaciones a Maria del Carmen
Medina Rodríguez.
Segundo.- DESE
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO                                             FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General