SU069-18
Sentencia T-506/12
Sentencia SU069/18
DERECHO
A LA PROTECCION JUDICIAL EFECTIVA-Fundamento
El numeral 9º del artículo 241
Superior señala que la Corte tiene como función la de revisar “las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”,
en esas condiciones es deber de todos los jueces tramitar las demandas y “en
todo caso” remitirlas a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
El desconocimiento del precedente, sin una debida
justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad.
OBLIGATORIEDAD
DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa que debe asumir el juez de tutela para
apartarse del precedente constitucional
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
El precedente de la Corte Constitucional, por ser la
autoridad encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, debe acatarse por los funcionarios judiciales con prevalencia al
fijado por las demás autoridades judiciales. De no ser así, se incurre en
causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta causal de procedencia
específica de la acción de tutela se genera a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados.
DERECHO
A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA
EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991
La indexación de la primera mesada pensional fue reconocida
por la Corte Suprema de Justicia desde 1982, al garantizar el derecho con
fundamento en los postulados de justicia, equidad y los principios laborales.
DERECHO
A LA INDEXACION Y CONTABILIZACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION-Precedente
fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13
DERECHO
A LA INDEXACION O CORRECCION MONETARIA-Desarrollo en la
jurisprudencia constitucional y ordinaria
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación
directa de la Constitución por cuanto autoridades judiciales no accedieron al
reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
Se halló que las autoridades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad y al mínimo vital del actor, puesto que no aplicaron los mandatos
constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53 de la Carta, como los
principios del Estado social de derecho (art. 1º), la protección y asistencia a
las personas de la tercera edad (art. 46) y el derecho a la igualdad (art. 13).
Así entonces, se reiteró la posición que, a partir de la sentencia SU-1073 de
2012, unificó el Pleno de la Corte en torno al derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, incluso para casos donde la pensión se causó antes de
la vigencia de la Constitución de 1991. El desconocimiento de esta regla de
estirpe constitucional determina la incursión en un defecto por violación
directa de la Constitución.
Referencia: Expediente T-6.334.710
Acción de tutela instaurada por Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez contra
las Salas de Casación Laboral, Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 14 Laboral del Circuito
de la misma ciudad y las empresas West Pharmaceutical Services Colombia
S.A. y West Pharmaceutical Services Inc.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Estatutario 2591 de
1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido en única
instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado el 9 de junio de 2017, el
señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez interpuso acción de tutela contra las
Salas Laboral, Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá y las empresas West Pharmaceutical Services
Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc. invocando el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad.
Lo anterior, porque en la
sentencia del 22 de junio de 2010 la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia no casó el fallo del 31 de marzo de 2009 proferido por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el cual confirmó el de primera
instancia emitido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá -21 de mayo
de 2008- que absolvió a las empresas West Pharmaceutical Services
Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc., al considerar que no tenía
derecho a la indexación, por haber obtenido la pensión antes de la vigencia de la
Constitución de 1991, cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene
que “todas las personas beneficiarias del sistema pensional, incluso
aquellas que causaron su mesada con anterioridad a la actual Constitución
Política, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus
prestaciones”[1].
Indicó además, que en el año 2011 interpuso acción
de tutela contra las Salas de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y del Tribunal Superior de Bogotá; no obstante, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia decidió negar el derecho, cuando en anterior
oportunidad, esto es, el 14 de agosto de 2007, en un caso similar ordenó la
indexación de la primera mesada pensional al señor Julio César Torres, a través
del amparo constitucional.
Así mismo, acusó a la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia de violar el debido proceso constitucional porque al
conocer la segunda instancia de la mencionada tutela, anuló la actuación y no
la envió a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Para fundamentar la solicitud relató
los siguientes
Hechos[2]
1. Señaló que
prestó sus servicios como contador a las empresas West
Pharmaceutical Services Inc. (empresa matriz) y West Pharmaceutical Services
Colombia S.A., recibiendo un salario de $89.586 –equivalente a 25.96 smlmv-, desde
el 7 de enero de 1963 hasta el 31 de enero de 1979, cuando fue despedido sin justa causa.
2. Manifestó que en 1987 cumplió
los 50 años de edad y se le empezó a pagar la pensión sanción por haber
laborado por más de 15 años[3],
pero por un valor equivalente a 2.44 smlmv y actualmente es
inferior a 2 smlmv, puesto que no ha sido indexada. El 20 de febrero de 2007 solicitó
la indexación de su mesada pensional[4],
pero le fue negada a través del escrito GG-108-07 del 7 de marzo de 2007, en el
cual se le indicó que no era procedente su petición puesto que la pensión
sanción se otorgó con fundamento en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, la
cual no consagraba la mencionada figura[5].
3. Aseveró
que demandó a las empresas en proceso ordinario laboral para que se ordenara la
indexación de su primera mesada pensional. El Juzgado 14 Laboral del Circuito
de Bogotá, que por reparto conoció el asunto, en sentencia del 21 de mayo de
2008 negó sus pretensiones, al considerar que solo pueden reclamar los
pensionados que adquirieron el derecho en vigencia de la Constitución de 1991.
Ello, en aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia -fallo No. 11818 del 18 de agosto de 1999-.
Recurrida la
sentencia, en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
en providencia del 31 de marzo de 2009, confirmó la decisión de primera.
4. Indicó que
interpuso el recurso de casación, empero a través de providencia del 22 de
junio de 2010 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
decidió no casar la sentencia de segunda instancia, bajo la misma
interpretación.
5. Afirmó que
el 9 de abril de 2011 presentó acción de tutela contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado
14 Laboral del Circuito de la misma Ciudad, y las empresas West Pharmaceutical
Services Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc. En primera
instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “negó”
el amparo porque no cumplió con el requisito de inmediatez y, además, porque no
advertía vulneración alguna al derecho, y en segunda, la Sala de Casación Civil
de la misma Corporación, mediante providencia del 8 de junio de 2011, declaró
la nulidad de la actuación, al considerar que contra las decisiones de la
autoridad de cierre no procedía la acción de tutela.
6. Expresó que es una persona de
80 años de edad[6],
con complicaciones cardiacas y fibrosis pulmonar, las cuales le impiden laborar
para obtener un mayor ingreso, puesto que con $1.332.696 que recibe de pensión
no le alcanza para su sustento y el de su cónyuge, ya que $1.132.030 los
utiliza para el pago de los servicios públicos[7].
7. Solicitó se dejaran sin
efectos las sentencias proferidas por las Salas de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, así como la del
Juzgado 14 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Lo anterior, porque en su
sentir vulneraron su derecho al debido proceso, en tanto contrariaron el
artículo 53 Superior que reconoce el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional y desconocieron la jurisprudencia constitucional contenida en
sentencia C-862 de 2006.
8. Advirtió que si bien a partir
de 1991 se constitucionalizó el derecho a que las pensiones mantengan su poder
adquisitivo, no es menos cierto que la Corte Constitucional ha señalado que
todas las personas beneficiarias del sistema pensional tienen derecho a la
indexación, incluso quienes causaron su derecho con anterioridad a la Constitución
anterior[8].
En ese orden, consideró que se estructuran los defectos por desconocimiento del
precedente constitucional y violación directa de la Constitución.
De otro lado, alegó que las Salas
de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de las
providencias que resolvieron la primera acción de tutela en el año 2011,
desconocieron el precedente judicial y vulneraron el debido proceso
constitucional. En efecto, indicó que la Sala de Casación Penal, al negarle el
derecho a la indexación, desconoció el precedente de la misma Corporación,
cuando en providencia del 14 de agosto de 2007, emitida dentro del expediente
de tutela núm. 32151 interpuesta por Julio César Torres contra la Sala de
Casación Laboral, ordenó la indexación de la primera mesada pensional.
A la Sala de Casación Civil la
acusó de vulnerar el derecho al debido proceso constitucional porque no envió el
expediente contentivo de la primera acción de tutela a la Corte Constitucional
para su eventual revisión[9].
En ese orden, indicó que conforme con el Auto 100 de 2008 de esta Corporación
procedía a interponer nuevamente la solicitud de amparo.
Trámite de primera instancia y respuesta de las accionadas
10. A través de auto del 16 de junio
de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas.
11. La Representante Legal Suplente de la firma
West Pharmaceutical Services Colombia S.A.S. solicitó declarar improcedente el
amparo, ya que el proceso ordinario laboral se desarrolló normalmente, sin que
se hayan vulnerado los derechos del actor; además, no se cumplía con el
principio de inmediatez, puesto que habían transcurrido más de siete años desde
la última decisión. De otro lado, consideró que el actor incurrió en temeridad,
por haber presentado otra acción de tutela por los mismos hechos.
12. El Magistrado de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero Zuluaga, también invocó la
improcedencia de la tutela, puesto que no existe justificación para el tiempo
transcurrido entre la fecha de la providencia acusada y la interposición del
amparo. Adicionalmente, consideró que aunque el actor no esté de acuerdo con la
sentencia atacada, ella fue emitida con sujeción al ordenamiento jurídico, por
tanto, no es posible controvertirla a través de la acción constitucional.
13. La Jueza 14 Laboral del Circuito de Bogotá
indicó que se atenía a las actuaciones cumplidas dentro del proceso ordinario
laboral, en el cual se absolvió a la empresa, fallo que fue debidamente confirmado
por el Tribunal Superior de Bogotá y no casado por la Corte Suprema de Justicia.
Decisión de
tutela objeto de revisión
14. El 10 de
julio de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante acudió a este
amparo con el “propósito de prolongar un debate que se agotó en las
instancias y que culminó con la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral, para que el Juez Constitucional incursione en el examen del asunto
como si se tratara de una instancia adicional con facultad para revisar las
motivaciones del fallo cuestionado y resuelva la controversia conforme las
aspiraciones del libelista”[10].
Lo anterior,
por cuanto observó que la decisión censurada no era caprichosa y no advirtió
que el juzgador hubiese actuado con negligencia u omitido el análisis de los hechos,
las normas jurídicas y la jurisprudencia vigente para el momento en que se suscribió.
En atención a ello, consideró que la sentencia era razonable y, por tanto, no
le era permitido al juez constitucional controvertirla por tener un criterio
diferente.
Con relación a
la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que anuló
la primera acción de tutela y no la remitió a la Corte Constitucional, indicó
que estaba “cimentada en una interpretación razonable dentro de los
parámetros de la hermenéutica jurídica, y acorde con la jurisprudencia de la
corporación para la época en que se dispuso dicha anulación, y así lo plasmó
dicho juez colegiado en las consideraciones”[11].
Finalmente advirtió que la tutela no cumplía con el principio de
inmediatez, puesto que tanto la sentencia de la jurisdicción ordinaria como la
adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fueron
emitidas hace más de 6 años.
La sentencia no fue impugnada.
Pruebas
15. Entre las pruebas aportadas en el
trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
- Fotocopia de la liquidación del
contrato de trabajo del accionante[12].
- Solicitud de reconocimiento de
la pensión sanción[13].
- Respuesta a la anterior
solicitud -oficio GG-103-81 del 3/11/81.[14].
- Oficio GF-149-06 del 15/12/06 –pagos
del 1/08/87 al 31/12/05)[15].
- Solicitud
del 20/02/07 requiriendo la indexación a la empresa[16].
- Respuesta
(oficio GG-108-07 del 7 de marzo de 2007) a la solicitud anterior[17].
-
Copia demanda ordinaria laboral de Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez[18].
-
Copia auto del 15/05/07 del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, a través
del cual se admitió la demanda ordinaria laboral[19].
- Sentencia
absolutoria del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá[20].
-
Copia historia clínica del actor de la Fundación Cardioinfantil –Instituto de
Cardiología-[21].
-
Fotocopias de servicios públicos: gas natural, Codensa, aseo y acueducto, así
como de Directv[22].
- Sentencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[23].
-
Copia del auto del 8 de junio de 2011 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, por el cual se declaró la nulidad de la actuación cumplida
dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Hernando Rodríguez
Rodríguez[24].
II. TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE
REVISIÓN
Selección del expediente
16. Mediante escrito del 18 de octubre de 2017 se presentó insistencia[25] y a través de auto del 27 de octubre
de 2017, la Sala número diez[26] decidió seleccionar el expediente para
revisión.
Decreto
de pruebas
17. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 5 de diciembre de 2017,
decretó las siguientes pruebas:
- Solicitó copias
de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso laboral del actor.
- Solicitó copia
de la tarjeta alfabética de Jorge Hernando Rodríguez R.
En respuesta a dichas solicitudes, se allegaron las siguientes
pruebas relevantes:
- La Secretaria del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá
remitió copia del fallo emitido el 21 de mayo de 2008[27].
- La Registraduría
Nacional del Estado Civil envió copia simple de la tarjeta decadactilar del
actor[28].
- El
Representante Legal de la Empresa West Pharmaceutical Services Colombia S.A.S.,
en escrito del 11 de enero de 2018, reiteró que se oponía a la acción de tutela
y, en consecuencia, solicitó que se confirmara el fallo expedido por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el fallo de la
Sala de Casación Laboral se encuentra ajustado a derecho.
Consideró que
el actor incurrió en temeridad, ya que con anterioridad había interpuesto otra
acción de tutela por los mismos hechos y derechos, por tanto, el amparo ahora
invocado resulta improcedente. Así mismo, que no cumplió con el requisito de
inmediatez, toda vez que los fallos atacados fueron expedidos el 21 de mayo de
2008, 31 de marzo de 2009 y 22 de junio de 2010, lo que implica que el actor
dejó pasar más de 7 años.
Conocimiento
por Sala Plena y suspensión de términos
18. Con
fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional,
a través de auto del 28 de noviembre de 2017, la Sala Plena decidió asumir el
conocimiento de la acción de tutela. Allí mismo se suspendieron los términos
para fallar el asunto, a partir de esa fecha, conforme con lo establecido en
los artículos 59 y 61 del citado Reglamento.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
19. La Sala Plena es competente
para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Derecho
a la protección judicial efectiva
20. El numeral
9º del artículo 241 Superior señala que la Corte tiene como función la de
revisar “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de
los derechos constitucionales”, en esas condiciones es deber de todos los
jueces tramitar las demandas y “en todo caso”[29] remitirlas
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
No obstante
lo anterior, en algunos casos la Corte Suprema de Justicia se ha negado a
conocer las acciones de tutela, alegando que el citado mecanismo no procede
contra sentencias de las corporaciones de cierre y no las remiten a esta Corte
para su revisión. En esos eventos, la solución que inicialmente se dispuso se
relacionó con la posibilidad de que el accionante acudiera ante otra autoridad
judicial, conforme lo establece el Auto 004 de 2004[30].
Posteriormente,
en Auto 100 de 2008 se reiteró esa posición y, además, se proveyó una nueva
alternativa que permitiera a los actores acudir de manera directa a la
Secretaría General de la Corte Constitucional y solicitar que se radicara para
selección la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
En el caso que ahora nos ocupa, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia tramitó la primera instancia de la acción de
tutela y, tras declararla improcedente a través de providencia del 28 de abril
de 2011, la remitió ante la Sala de Casación Civil para que se desatara la
impugnación. Por su parte, la Sala de Casación Civil, por auto del 8 de junio
de 2011, decretó la nulidad de lo actuado, incluso del auto admisorio puesto
que  en su sentir “criterios derivados del alcance que corresponde darle al
ordenamiento constitucional impiden iniciar proceso alguno para impugnar las
providencias judiciales adoptadas por la autoridad de cierre de la jurisdicción
ordinaria”. Adicionalmente, se abstuvo de enviar el expediente a esta Corte[31].
La jurisprudencia constitucional
ha considerado que, en aquellos eventos donde no se admite la acción de tutela
o se anula el trámite argumentando que la misma no procede contra decisiones de
las altas Cortes, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el
acceso a la administración de justicia de los accionantes[32].
Considera esta Corporación que la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de la
providencia del 8 de junio de 2011, por medio de la cual decretó la nulidad del
trámite de tutela iniciado por su homóloga Penal, bajo la tesis que contra las
decisiones de los órganos de cierre de las jurisdicciones no procede la acción
tuitiva, desconoció los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la
administración de justicia, por tanto, el accionante estaba habilitado para
interponer nuevamente el amparo ante las autoridades judiciales, como
efectivamente ocurrió, sin que ello constituya temeridad.
Sobre la temeridad, la Corte ha
señalado que la misma se estructura cuando se interponen varias tutelas
idénticas, sin justificación alguna, contrariando el principio de la buena fe[33]. En el caso concreto, no se configura
la temeridad simplemente porque existe un motivo que justifica la interposición
de la segunda tutela, esto es, que el actor no ha recibido una respuesta de
fondo al problema jurídico planteado, razón de peso para considerar que tampoco
existe cosa juzgada constitucional.
En ese sentido, se hace necesario
que la Corte se pronuncie con relación a los derechos fundamentales
constitucionales presuntamente vulnerados por las autoridades laborales
accionadas.
Presentación
del caso
21. El accionante demandó el
amparo constitucional al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social[34],
a la igualdad[35],
al debido proceso[36] y
al mínimo vital[37].
Lo anterior, porque le negaron la indexación de la primera mesada pensional,
bajo el argumento de que solo es posible concederla a quienes adquirieron la
prestación con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991.
En ese orden, solicitó dejar sin
efectos las decisiones de las autoridades judiciales accionadas y acceder a las
pretensiones incoadas en la demanda ordinaria laboral, esto es, reajustar y
pagar la respectiva actualización de la pensión desde que se hizo exigible el
derecho, con base en el salario promedio devengado en el último año de servicios
y los incrementos anuales de ley.
21. Por su parte, las empresas
demandadas adujeron que no era aplicable la indexación porque no estaba
consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961. Las autoridades judiciales accionadas indicaron que la
citada figura estaba condicionada a que la pensión se hubiese consolidado en vigencia
de la Constitución Política de 1991, lo cual no sucedió en este evento.
Problema jurídico
23. De acuerdo con la
situación fáctica planteada y la decisión de instancia, corresponde a esta
Corporación resolver el
siguiente problema jurídico: ¿la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 14
Laboral del Circuito de la misma ciudad, incurrieron en un posible defecto por desconocimiento
del precedente constitucional o por violación directa de la Constitución del
accionante, al negar la indexación de la primera mesada pensional bajo el
argumento que no tenía derecho porque la pensión sanción se consolidó antes de
la Constitución de 1991?
24. Para resolver el
problema jurídico planteado, la Corte examinará los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De cumplirse con dichas exigencias,
se continuará con: (ii) el desconocimiento del
precedente constitucional como causal de procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (iii) la violación directa de
la Constitución como causal de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (iv) evolución normativa de la indexación; (v)
desarrollo de la indexación en la jurisprudencia constitucional y ordinaria; y (iv)
el análisis del caso concreto.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
25. La acción de tutela fue consagrada en el ordenamiento
colombiano a través de la Constitución Política de 1991 como un mecanismo
orientado a “la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o “particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión”[38].
El artículo 86 de la Carta fue reglamentado por el Decreto
Estatutario 2591 de 1991, el cual en el artículo 40 consagraba la competencia
especial para conocer de las acciones contra las decisiones proferidas por los
jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. Posteriormente, esta Corporación la declaró inexequible y señaló que el
amparo no procedía contra providencias judiciales, salvo que el funcionario
judicial incurra en actuaciones de hecho graves y ostensibles[39].
Es en esas circunstancias en que debe brindarse protección
a los derechos fundamentales de quienes los consideran vulnerados por medio de
una decisión judicial, sin que al respecto pueda negarse la tutela bajo el
pretexto de garantizar la seguridad jurídica y la autonomía judicial de los
funcionarios.
26. Con relación a la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, este Tribunal ha desarrollado una línea
jurisprudencial, que pacíficamente se mantiene, sobre las causales genéricas y
específicas que permiten examinar a profundidad las demandas y establecer la
vulneración o no de los derechos fundamentales invocados.
Las causales genéricas son aquellas que posibilitan
el estudio del fondo del asunto y fueron analizadas en la sentencia C-590 de
2005. Entre ellas, se conocen: (i) la inmediatez, (ii) el principio de
subsidiariedad, (iii) la importancia del caso para el derecho constitucional, (iv)
que no se trate de sentencia de tutela, (v) que en los casos en que se alegue
irregularidad procesal, sea determinante y amenace derechos fundamentales del
actor y (vi) se identifique razonablemente los hechos y derechos vulnerados,
los cuales debieron alegarse en el proceso judicial, de haber sido posible.
Breve caracterización del requisito de inmediatez
27. En torno a esta exigencia conviene observar que la
Corte ha insistido en que la tutela debe interponerse dentro de un término
oportuno y razonable, es decir, en un momento cercano a aquel en que se
presentó la vulneración o amenaza. No obstante, también ha considerado que en
los eventos donde la afectación permanece en el tiempo el requisito debe
flexibilizarse no solo porque la posición desfavorable es continua y actual,
sino por la situación de debilidad en que puede hallarse el accionante. Si se
limitara el amparo “se afectaría el alcance jurídico dado por el
Constituyente a la acción de tutela, y se desvirtuaría su fin de protección
actual, inmediata y efectiva de tales derechos”[40].
Así mismo, en
sentencia SU-1073 de 2012, esta Corporación unificó su posición sobre este
requisito y entendió que cuando se trata de amparar el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional, la exigencia se considera satisfecha mientras
no se haya actualizado el ingreso base de liquidación, en el entendido que la
vulneración al derecho fundamental se mantiene[41].
Posteriormente,
en sentencia SU-415 de 2015, se precisó que dado el carácter de imprescriptible
del derecho a la seguridad social, la no actualización de las prestaciones, conlleva
la no aplicación del requisito de inmediatez. En ese sentido, señaló: “Cabe
precisar que en materia de indexación de la primera mesada pensional, la Corte
Constitucional ha sostenido que dado el carácter de imprescriptible del derecho
a la seguridad social, la vulneración que se presente en relación con la
salvaguarda del poder adquisitivo de las mesadas siempre es actual. Por tanto,
dijo que en casos como este no aplica el presupuesto de inmediatez porque se supone
que la no actualización  monetaria de las mesadas afecta día a día el derecho
al mínimo vital de los interesados”.
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad
también fueron desarrolladas en la misma sentencia, estableciendo que para la
procedencia de la tutela se requiere la presencia de por lo menos una de ellas,
debidamente demostrada[42].
Breve caracterización del defecto por desconocimiento del
precedente judicial y constitucional como causal autónoma de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales
28. La Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen la función constitucional de
unificar la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción, según lo establecen
los artículos 234, 237 y 241 de la Carta. En ese sentido, sus decisiones se
constituyen en precedente judicial de cumplimiento obligatorio no solo por los
jueces sino por las mismas cortes.
El precedente es el mecanismo que le da
facultades a los funcionarios judiciales para resolver los casos con fundamento
en decisiones anteriores, puesto que existen similitudes entre los hechos, los
temas constitucionales, las normas y los problemas jurídicos planteados. Así, el
precedente se ha definido como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[43].
29.
La Corte ha reconocido tres clases de precedente: el horizontal, el vertical y
el constitucional. El primero, se refiere a las providencias producidas por
autoridades de la misma jerarquía o el propio funcionario. El segundo, se
estructura a partir de las decisiones emitidas por el superior jerárquico o por
la autoridad de cierre[44].
El constitucional es el que surge de la interpretación que realiza esta
Corporación como tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional. Todos
tienen fuerza vinculante[45],
no obstante, para abandonar el precedente horizontal o vertical debe demostrarse
que (i) “la ratio decidendi no es
aplicable, por tratarse de un caso distinto y, (ii) que abiertamente decide
apartarse de ella, en cuyo evento se exige una suficiente y estricta
justificación de la decisión” [46], de lo contrario vulnera
los derechos al debido proceso y a la igualdad de las personas[47].
30. Ahora, sobre la jurisprudencia
constitucional se ha sostenido que sus decisiones de control abstracto tienen
efectos erga omnes y “fuerza de cosa juzgada constitucional
-art. 243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la
expedición o su aplicación ulterior”[48].
En ese orden, esta Corporación ha dicho: “cualquier norma que sea declarada
inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir
del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro
lado, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto
constitucional  –bien declaren o no inexequible una disposición-, debe ser
también atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea
conforme a la Constitución”[49].
En torno a los fallos de control concreto, el Pleno de esta
Corporación ha señalado que por ser la Corte Constitucional la autoridad
encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, es
obligación de los jueces acoger las decisiones que en materia de tutelas expide[50].
Y si bien se ha precisado que “la tutela no tiene efectos más allá del caso
objeto de controversia, la ratio decidendi, constituye un precedente de
obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación
fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta
aplicación de una norma”[51].
31. En suma, el precedente judicial
es obligatorio. El funcionario solo puede apartarse del mismo siempre que
explique de manera seria y razonable los motivos que determinan el apartamiento
de la regla jurisprudencial. El desconocimiento del precedente, sin una debida
justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad.
El precedente de la Corte
Constitucional, por ser la autoridad encargada de la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución[52],
debe acatarse por los funcionarios judiciales con prevalencia al fijado
por las demás autoridades judiciales. De no ser así, se incurre en causal
autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Breve caracterización de la
causal de violación directa de la Constitución
32. El fundamento de esta causal
es el modelo actual del ordenamiento constitucional, puesto que a los preceptos
contenidos en la Carta de 1991 se les ha reconocido valor normativo, de manera que
pueden ser aplicados directamente por las autoridades y los particulares en
algunos casos. En ese sentido, es posible discutir las decisiones judiciales por
medio de la acción de tutela en los eventos donde los jueces omiten o no aplican
debidamente los principios superiores[53].
La violación directa de la Carta,
inicialmente, se concibió como un defecto sustantivo, pero con posterioridad,
en sentencia T-949 de 2003, se empezó a entender como una causal autónoma de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo cual se
robusteció con la sentencia C-590 de 2005, donde la Corte “incluyó,
en ese contexto, definitivamente a la violación
directa de un precepto constitucional en el conjunto de defectos autónomos que
justifican la presentación de una tutela contra providencias judiciales. Al
hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la jurisprudencia
anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo
le reconoció”.
33. El desconocimiento de la
Constitución puede producirse por diferentes hipótesis[54]. Así, se ha sostenido que esta figura
se estructura cuando el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede
ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio[55],
lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar
y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata[56]; y (c) en las decisiones se
vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución[57].
En segundo lugar, porque se aplica
la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución[58]. En este caso, se ha señalado
que los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º Superior[59], en tanto la Carta es norma de normas
y, cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse
de preferencia las constitucionales[60].
34. En suma,
esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera a partir
del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el
mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Evolución normativa
de la indexación antes y después de la Constitución de 1991
35. La
corrección monetaria o indexación surgió con los Decretos 677 y 678 de 1972 sobre
“medidas en relación con el ahorro privado”, además del Decreto 1229 del
mismo año, “Por el cual se dictan unas medidas
relacionadas con el principio de valor constante para abonos y préstamos”. En ese mismo sentido, el artículo 178 del Decreto
1º de 1984 establecía que las “condenas solo podrán determinarse tomando
como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”. La Ley 14 de
1983 estableció el reajuste de los tributos y la Ley 56 de 1985 de los cánones
de arrendamiento. Adicionalmente, el artículo 308 del C. de Procedimiento Civil
establecía que cuando se condenaba a pagar sumas de dinero, su reajuste se
haría en el proceso ejecutivo.
36. En el derecho
laboral, el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo consagraba la
congelación del salario base, no obstante, el artículo 14 de la Ley 171 de 1961
derogó esa disposición.
Con la Ley 10
de 1972 la situación fue diferente, puesto que en el artículo 2º se estableció
que las pensiones se reajustarían automáticamente cada dos años “en
proporción igual al porcentaje de variación que haya experimentado el índice nacional
de precios al consumidor, durante el bienio inmediatamente anterior”. En
esa dirección, el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 dispuso que las pensiones se
reajustarán “de oficio, cada año”, y la Ley 71 de 1988 igualmente señaló
que el reajuste se haría con el mismo porcentaje en que se incrementara el
salario mínimo legal mensual. En algunos regímenes especiales, como los de la
Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, también se instituyó el derecho a
reajustar las prestaciones pensionales.
37. A partir
de 1991, el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la
pensión se constitucionalizó al establecerse en los artículos 48 y 53 de la Carta
el deber de mantener el poder adquisitivo constante de los recursos destinados
a pensiones, así como el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de
las mismas. En ese sentido, la Corte ha sostenido que la indexación es un
dispositivo que permite garantizar “la actualización del salario base para
liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo
sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su trabajo y el
reconocimiento de la pensión”[61].
La Ley 100 de
1993, en el artículo 14, consagró la obligación de reajustar las prestaciones
pensionales cada año, según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor, con el fin de que mantengan su poder adquisitivo constante. Así
mismo, en el canon 21, al establecer el ingreso base para liquidar las
pensiones, dispuso que deben actualizarse anualmente, con base en la variación
del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE.
Por su parte
el artículo 36, que consagra el régimen de transición, señala que los
beneficiarios de ese sistema tienen derecho “a que se les reconozca y liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales
requisitos”,
circunstancias entre las cuales se encuentra la indexación del salario base
para liquidar la pensión[62]. En ese mismo sentido, el artículo 133
–reformatorio del art. 267 del C. Sustantivo del Trabajo, a su vez subrogado
por el art. 37 de la Ley 50 de 1990- que mantuvo la pensión, ordena que se
actualizará “con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor”.
Finalmente, la Ley 445 de 1998, por medio de la cual se establecieron “incrementos
especiales a las mesadas”, ordenó 3 incrementos para los pensionados del
sector público del orden nacional, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
38. De lo expuesto se infiere que si bien
en principio el Código Sustantivo del Trabajo congeló las pensiones, en 1961 se
derogó la norma que así lo disponía. Posteriormente, surgieron otras
legislaciones que paulatinamente impusieron el derecho a la corrección
monetaria con fundamento en el índice de precios al consumidor, hasta que la Constitución
de 1991 le dio el carácter de derecho constitucional, al establecer en los
artículos 48 y 53 el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
La
indexación y su desarrollo en la jurisprudencia constitucional y ordinaria
39. La
indexación es un “sistema que consiste en la adecuación automática de las
magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de
mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos
parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de
la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los
trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”[63].
En torno al
origen de la medida, la jurisprudencia constitucional[64] ha sostenido que el derecho a la
indexación o corrección monetaria proviene de varias normas constitucionales y
la interpretación de algunos principios y derechos fundamentales contenidos en
la Carta. Así, se señala el artículo 53 de la Constitución porque consagra “la
remuneración mínima, vital y móvil” (…) El Estado garantiza el derecho
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” y el 48 al
disponer que “La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. En cuanto a los principios
se mencionan: el in dubio pro operario, el Estado social de derecho,
igualdad y mínimo vital (arts. 1º, 13, 46 y 53 C. Política).
Y si bien el
artículo 48 de la Carta fue complementado con el Acto Legislativo 01 de 2005
que en el artículo 1º introdujo el deber del Estado de garantizar “la
sostenibilidad financiera del sistema pensional”, no por ello se desfigura
la disposición que impone al Legislador la obligación de determinar los
mecanismos a través de los cuales se mantenga el poder adquisitivo del capital
destinado a pensiones.
Jurisprudencia
constitucional
40. Esta Corporación ha mantenido una línea consistente en torno a
la protección del derecho a la corrección monetaria o indexación de la primera
mesada pensional. Por ejemplo, en sentencia SU-120 de 2003 recogió la
jurisprudencia de las diversas Salas de Revisión y unificó la posición sobre la
procedencia de la indexación pensional a través de la acción de tutela.
En esta sentencia se analizaron los casos de 3 exempleados
bancarios, 2 de ellos cumplieron la edad en vigencia de la Constitución de 1991
y el otro antes de ésta. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, al cambiar su jurisprudencia, les negó el derecho a la indexación al
considerar que en torno al ingreso base de liquidación de quienes cumplían el
requisito de tiempo laborado para la pensión, conforme con el numeral 2º del
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no tenían la edad
requerida, existía un vacío normativo, el cual debía resolverse mediante la
aplicación del principio in dubio pro operario (arts. 53 y 230 de la
C.P.), de forzosa observancia por los jueces al momento de solucionar los
conflictos laborales no contemplados expresamente en la ley.
En ese orden, se determinó que en presencia de dos normas o interpretaciones
sobre una misma disposición, ha de preferirse la que más beneficia al
trabajador, puesto que ello deviene del equilibrio que debe orientar todas las
relaciones de trabajo. Por tanto, el juez debe cotejar la situación especial de
quienes aspiran a pensionarse en esas circunstancias y “remediar la
injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo
conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica,
es decir conforme con la Constitución Política”.
De igual manera, se consideró que el derecho procedía cuando “el
valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una
diferencia a favor del trabajador”, por tanto,  “los obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para que quienes con el paso
de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión (...) logren
compensar el desmedro patrimonial sufrido (…) porque (…) el ente estatal debe
permanecer vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de
su capacidad económica, debido a que integran uno de los grupos
sometidos a su especial protección”[65].
La Corte
acogió algunas consideraciones de la Sala de Casación Laboral para concluir que
la accionada tenía la obligación de aplicar a los tres accionantes la misma
interpretación que se había dado a otros pensionados con fundamento en lo
previsto en la Ley 100 de 1993, por tanto, se concluyó que se había desconocido
la prevalencia del derecho sustancial, en tanto no se “sujetan a los
dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad y conservación del
poder adquisitivo de las pensiones” y además, “no se informan en la
equidad” y “pasar por alto los principios generales del derecho laboral”.
En esa misma
línea se expidieron las sentencias T-663 y T-1169 de 2003, así como las T-098
y T-469 de 2005 en las cuales la Corte mantuvo la tesis expuesta y
concedió el amparo.
En sede de
control de constitucionalidad abstracto, la Corte en sentencia C-862 de 2006
declaró exequible el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el
entendido que el salario base para liquidar la primera mesada pensional de que
trata el mismo, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de
precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE.
En dicho
proveído se destacó el carácter constitucional del derecho de los pensionados a
la indexación, por encontrarse consagrado en los artículos 48 y 53 Superior,
además de los principios y derechos fundantes del Estado social de derecho[66]. Así mismo, se proclamó la indexación
como un derecho universal, puesto que su aplicación es
genérica, sin distinción alguna, para todos los pensionados[67]. De otro lado, se
estructuró como presunción que “el no pago de la mesada pensional vulnera el
derecho al mínimo vital”, puesto que la mensualidad es el mecanismo que lo garantiza
a las personas de la tercera edad. “Por lo tanto la actualización
periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al
mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por
regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto
sujetos de especial protección constitucional”[68].
A través de
la sentencia C-891A de 2006 se estudió la exequibilidad de la expresión “y
se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último
año de servicios”, contenida en el artículo 8º de
la Ley 171 de 1961. Como en la norma no se advertía la posibilidad
de actualización de la pensión-sanción instituida por la Carta de 1991, este
Tribunal decretó: “su exequibilidad, bajo el entendimiento de que comprende
la actualización constitucionalmente prevista y, en consecuencia, en todos
aquellos casos en los cuales el derogado artículo 8º de la Ley 171 de 1961
todavía surta efectos, se deberá aplicar el mecanismo de actualización de la
pensión sanción prevista en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, esto es, el
índice de precios al consumidor, respecto del salario base de la liquidación y
de los recursos que en el futuro atenderán el pago de la referida pensión”.
En sentencias
T-045 de 2007, T-447, T-457, 628 y T-906 de 2009, además, la T-362 de
2010, la Corte reprodujo las consideraciones de las sentencias
SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, que consagran el derecho a la indexación para “todos
los pensionados”[69].
41. Como
puede advertirse, si bien esta Corte en diversas ocasiones se pronunció sobre
la indexación de todos los pensionados y en ese sentido, otorgó la prestación,
lo cierto es que no se había emitido una decisión que analizara de manera
especial el derecho de las pensiones obtenidas en vigencia de la Constitución
de 1886.
Fue entonces
a partir de la sentencia de unificación SU-1073 de 2012 que el Pleno de
la Corte recogió los diversos argumentos expuestos por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional y unificó su jurisprudencia en torno a que la indexación
de la primera mesada pensional es un derecho de todos los pensionados.
Las razones determinantes de la unificación a través de la citada providencia, se
sintetizan así:
(i) La
posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre 1982
y 1999 estuvo orientada a garantizar la indexación de la primera mesada
pensional, fundamentada en los principios del derecho al trabajo, la equidad y
la justicia. Esa situación, sin duda, significa que desde antes de que la Carta
de 1991 constitucionalizara la indexación -arts. 48 y 53- ya la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia aceptaba el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones como un derecho de los pensionados.
(ii) Resaltó
la Sala Plena que del análisis sistemático de los mandatos contenidos en el
Preámbulo de la Carta, como el deber del Estado de garantizar el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones (artículo 53 C.P.), de los
principios in dubio pro operario (art. 48), la protección especial a las
personas de la tercera edad (art. 46), el derecho a la igualdad (art. 13), el
Estado social de derecho (art. 1º) y al mínimo vital, existe “un derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada
pensional”. De acuerdo con lo expuesto: “El juez no puede escoger
con libertad entre las diversas opciones, por cuanto ya la Constitución lo ha
hecho por él y de manera imperativa y prevalente”[70].
(iii) Esos
principios y garantías, reiteró la Corte, a pesar de estar contenidos en la
Carta de 1991, también se predican de situaciones que, aunque consolidadas
antes de su vigencia, los efectos se mantienen en el tiempo, máxime cuando se
trata de prestaciones periódicas.
(iv) Se
indicó que la Corporación en sentencias de control abstracto de constitucionalidad
-C-862 y C-891A de 2006- se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos
8º de la Ley 171 de 1961 y 260 del C. Sustantivo del Trabajo, declarándolos
constitucionales bajo el entendido que el salario base para liquidar las
pensiones, debe ser actualizado con base en la variación del índice de precios
al consumidor.
(v) Se dijo
que la indexación también ha sido objeto de la acción de tutela, en cuyas
decisiones la Corte ha amparado los derechos al reconocer la actualización de
la primera mesada pensional como un derecho de todos los pensionados. En ese
orden, se estableció que “son inconstitucionales todas aquellas situaciones
que a pesar de haberse consolidado bajo la égida de la Carta anterior, sus
efectos se proyectan en futuro y generan vulneración de los derechos y
garantías fundamentales, tal y como sería el caso de la indexación de la primera
mesada pensional.// (…) negar el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional a aquellos cuyo derecho fue reconocido con anterioridad a la
expedición de 1991 (sic) dejaría sin protección a personas que por su avanzada
edad y en razón a su especial situación de indefensión, son sujetos de especial
protección del Estado. Además, al ser adultos mayores, debe presumirse que la
pensión en (sic) su único ingreso, más cuando existen enormes dificultades en
el ingreso al mercado laboral”.
(v) De otro
lado, insistió en el carácter universal del derecho a la indexación y, por
tanto, no resultaba procedente hacer distinciones entre los pensionados. Así,
la Sala Plena consideró que no sólo debe garantizárseles el reajuste anual de
las pensiones, sino que “existe un derecho constitucional a la actualización
del salario base para la liquidación de la primera mesada”.
En los casos
concretos, la Sala concedió el amparo, luego de concluir que ese derecho es
predicable “de todas las categorías de pensionados,
y por tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que
informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos
que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero
cuyos efectos irradian situaciones posteriores”.
Sobre el
particular, diversas Salas de Revisión y la Corte en Pleno, en sentencias T-007,
SU-13, T-255 y T-953 de 2013, T-220, T-184, T-488 y SU-415 de 2015, T-114, SU-542
y SU-637 de 2016, T-082 y T-179A de 2017, han reiterado el derecho a la
actualización de la mesada pensional, sin distinción alguna en torno al origen
de la misma o el momento de su causación. Recientemente, en la sentencia SU-168
de 2017, el Pleno de la Corporación también se identificó con la postura
que se traía sobre el reconocimiento del derecho a indexar la primera mesada
pensional, dado su carácter universal y fundamental, por la afectación al
mínimo vital de las personas que por su avanzada edad y condición de
indefensión merecen especial protección del Estado, sin importar su naturaleza
ni la época del reconocimiento, toda vez que la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda afecta por igual a todos los pensionados[71].
42. En suma, tanto
las Salas de Revisión como el Pleno de la Corte Constitucional, de manera
pacífica han reiterado el precedente sobre el carácter fundamental y universal
de la indexación de la primera mesada pensional, por tanto, procede para todas
las pensiones sin distinción alguna por su naturaleza o la época en que fue
reconocida.
Jurisprudencia
ordinaria. Posición actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia[72]
43. Por su
parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha tenido
un criterio uniforme, puesto que por un tiempo –entre 1982 y 1999- la Sección
Primera sostuvo que la indexación era el mecanismo idóneo para mantener el poder
adquisitivo de la pensión. En efecto, en sentencia del 18 de agosto de 1982,
sostuvo que “El fenómeno económico de la inflación cuyo efecto más
importante es la depreciación pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha
planteado serios problemas económicos y sociales a los cuales no puede de
ningún modo ser ajeno el derecho. // El derecho laboral es sin duda uno de los
campos jurídicos en los cuales adquieren primordial importancia los problemas
de equidad humanos y sociales que surgen de la inflación galopante. // Las
pensiones de jubilación o vejez, de invalidez y de sobreviviente se ejecutan
por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo
(Ley 10 de 1972 y 4 de 1976)”[73].
Esa posición,
que tampoco era unánime, fue unificada por las Secciones Primera y Segunda de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 8 de abril de
1991. Fundamentalmente se concluyó que ante la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda, la indexación era uno de los mecanismos para restablecer el equilibrio
económico.
A partir del
18 de agosto de 1999[74],
la Sala de Casación Laboral modificó su doctrina y consideró que la indexación
solo era posible en los casos donde estaba prevista por la ley, es decir, para
pensiones causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1º de abril de 1994-[75].
En este
sentido, solo era posible indexar las pensiones gobernadas por la Ley 100 de
1993. Posteriormente, la Corte Suprema aceptó la corrección monetaria para las
pensiones cuyo tiempo de servicio se completó antes de la citada ley, pero se
causaron definitivamente en vigencia de la Ley 100 de 1993[76]. Y con la expedición de las sentencias
C-862 y C-891A de 2006, la Sala de Casación Laboral moderó su posición, para
aceptar la indexación de las pensiones legales causadas antes de la Ley en cita
pero en vigor de la Constitución de 1991, entre ellas las pensiones oficiales,
las que se fundamentaron en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y
el artículo 8 de la Ley 171 de 1961[77].
A partir del
31 de julio de 2007[78],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia extendió el derecho
a la indexación para las pensiones extralegales o convencionales, con
fundamento en los principios de la Constitución de 1991.
Finalmente, a
través de la sentencia 736-2013, radicado 47709, del 16 de octubre de 2013, la
Sala de Casación Laboral dio un giro a su jurisprudencia al encontrar elementos
suficientes que permitían reconocer la indexación para las pensiones causadas
antes de la Constitución de 1991. En lo fundamental, precisó: (i) Que es un “hecho
notorio que los ingresos del trabajador sufren una pérdida significativa de su
poder adquisitivo, cuando media un lapso considerable entre la fecha en la cual
se retiran del servicio y aquella en la cual le es reconocida la pensión de
jubilación”; (ii) que esa situación impacta, sin distinción alguna, a todas
las pensiones; (iii) reconoce que existen otros parámetros normativos válidos
anteriores a la Constitución de 1991[79];
(iv) observó que conforme con las sentencias C-862 y C-891A de 2006, la
indexación “constituye una especie de derecho universal que procede para
todo tipo de pensiones, reconocidas en cualquier tiempo”.
De otro lado,
estimó que (v) el reconocimiento expreso del derecho a la indexación en la Constitución
de 1991 “no puede ser entendido lógicamente como su negación o prohibición,
con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Contrario a ello (…) la
situación verificable antes de 1991 es simple y llanamente la ausencia de una
regulación legal expresa para el tema de las pensiones de jubilación, que bien
podía ser remediada o integrada a partir de principios generales del derecho
como la equidad y la justicia”. En ese sentido, la Corte Suprema de
Justicia, aceptó que la indexación procede respecto de todo tipo de pensione.
Bajo esa
misma orientación, el 27 de abril de 2016, la Sala de Casación Laboral expidió
la sentencia 5509-2016, radicado N° 45534, en la cual reiteró la tesis sobre la
universalidad de la indexación. Al respecto señaló: “la nueva tesis
encuentra respaldo en la existencia de otros parámetros, igualmente válidos
frente a la existencia de una fuente normativa, como lo son la equidad, la
justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa,
en los términos del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 19 del C.S.
de T.”
Recientemente,
en sentencia 15882-2017[80],
al resolver un recurso de casación, mantuvo su posición, al indicar: “Por
último, no es cierto que los principios generales del derecho común y
particulares del derecho del trabajo referenciados por el recurrente no posean
un carácter sustancial. Tal debate se ha zanjado en innumerables oportunidades
en las cuales se ha sostenido que estos enunciados, no obstante su textura
abierta, están revestidos de fuerza normativa y vinculante, a tal punto que la Corte
ha encontrado refugio en dichas normas para solucionar satisfactoriamente
dilemas que han sido sometidos a su escrutinio. Y precisamente con base en
estos principios generales del derecho, dentro de los que se encuentra la
equidad, la igualdad y la justicia, es que esta Corporación ha considerado que
la actualización de los salarios base de liquidación procede incluso respecto a
pensiones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991”.
44. Con
relación a la prescripción, la Corte Suprema de Justicia ha aplicado las normas
del Código Sustantivo del Trabajo, según las cuales, las acciones relacionadas
con los derechos regulados en dicha legislación “prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”
(art. 488) y su interrupción se presenta con “el simple reclamo escrito del
trabajador, recibido por el empleador” (art. 489).
En efecto, en
la sentencia SL-736-2013[81],
a través de la cual la Sala de Casación Laboral reconsideró su posición y
aceptó que la indexación procede respecto de todas las pensiones, declaró
probada la excepción de prescripción de las diferencias pensionales dejadas de
pagar con anterioridad al 22 de julio de 2005, puesto que la solicitud de
indexación del demandante se presentó el 22 de julio de 2008. En ese mismo
sentido se resolvió en sentencia SL15882-2017[82].
45. En suma,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no obstante, las
variaciones en su doctrina, desde el 16 de octubre de 2013 conserva una
posición similar a la de esta Corporación en torno a la universalidad del
derecho a la indexación y, por tanto, procede para todas las pensiones, bien
que se causaron antes o después de la Constitución de 1991. En torno a la
prescripción, aplica las normas del Código Sustantivo del Trabajo.
Conclusión
de esta Sala
46. De acuerdo con la legislación
y la jurisprudencia analizada, esta Sala comparte la posición
unificada por la Corte a través de la sentencia SU-1073 de 2012 y reiterada por
las diversas Salas de Revisión y el Pleno de la misma sobre la indexación de la
primera mesada pensional de todos los pensionados en general, sin que al
respecto se presenten distinciones de ninguna naturaleza. Lo anterior,
en la medida que dicha sentencia recogió las posiciones de las diferentes Salas
de Revisión de esta Corporación y señaló como razones para sostener que la
indexación también se aplica a las pensiones causadas en vigencia de la
Constitución de 1886, las siguientes:
(i) La indexación
de la primera mesada pensional fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia
desde 1982, al garantizar el derecho con fundamento en los postulados de
justicia, equidad y los principios laborales.
(ii) La indexación
se sustenta en máximas constitucionales que irradian situaciones jurídicas
consolidadas en vigencia de la Constitución de 1886, pero cuyos efectos se
proyectan con posterioridad, máxime cuando se trata de prestaciones periódicas.
En efecto, se indicó que con fundamento en el artículo 53 de la Carta de 1991,
así como la interpretación sistemática de los principios del in dubio pro
operario (art. 48), Estado social de derecho (art. 1º), especial protección
a las personas de la tercera edad (art. 46), igualdad (art. 13) y mínimo vital,
existe el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de la mesada pensional.
(iii) La
indexación de la primera mesada pensional tiene la característica de ser un
derecho universal.
(iv) La
certeza del derecho a indexar se presenta cuando la autoridad judicial lo
reconoce como tal. A partir de ese momento se empieza a contabilizar el término
de prescripción de las pensiones causadas en vigencia de la Constitución de
1886. Ello por cuanto para aquella época el derecho era
incierto y no resulta proporcional ordenar el pago de algo de lo cual no
se tenía seguridad sobre su existencia, además, se pondría en riesgo el
principio de sostenibilidad financiera contenido en el artículo 334 de la
Constitución Política[83].
En cuanto a
la prescripción de las pensiones otorgadas después de la Carta de 1991, dijo la
sentencia, no existe incertidumbre, puesto que la Ley 100 de 1993 consagró las
normas que determinan esa situación.
47. En resumen,
a partir de la sentencia SU-1073 de 2012 se consolida la jurisprudencia en torno
al derecho a la indexación de la primera mesada pensional, con el objeto de
preservar el principio de la seguridad jurídica en torno a los diferentes
fallos emitidos por las diversas autoridades judiciales que han impedido la
materialización del citado derecho. En ese sentido, el derecho de carácter
fundamental y universal aplica para todas las pensiones sin distinción alguna
por la naturaleza o la época en que se otorgó.
Con
fundamento en las anteriores reglas se procederá a resolver el caso concreto.
Análisis
del caso concreto
De acuerdo
con los presupuestos fácticos reseñados, en esta oportunidad le corresponde a
la Sala Plena determinar, si en el caso objeto de estudio, se configuran las causales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referidas
al desconocimiento del precedente constitucional o al defecto por violación
directa de la Constitución, atribuidos por el accionante a los fallos
cuestionados.
Procedibilidad
formal de las acciones de tutela.
48. Encuentra
la Sala que en el asunto que se analiza se cumplen en su totalidad los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y que habilitan,
en sede de revisión, un análisis de fondo de los hechos materia de
controversia. Veamos:
49. Relevancia Constitucional.
El asunto planteado a la Sala posee relevancia constitucional, por las
siguientes razones: (i) hace referencia a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones (art. 48 C. Pol.), a
la dignidad humana (art. 1º C. Pol.), al mínimo vital (art. 53 C. Pol.) y a la
igualdad (art. 13 C. Pol.); y (ii) sugiere el posible desconocimiento del
precedente constitucional contenido en varias sentencias de control concreto de
constitucionalidad, respecto del alcance específico del derecho universal a la indexación
de la pensión sanción y la presunta violación directa de la Constitución.
En cuanto al mínimo vital, a
partir de la sentencia SU-995 de 1999, la Corte ha sostenido que el
término debe entenderse desde el aspecto cualitativo -no cuantitativo- en tanto
depende de las condiciones personales del actor, es decir, de su modo de vivir
y de la forma de relacionarse en sociedad[84].
En efecto, en la citada providencia se indicó:
Bajo ese mismo criterio, en sentencia
T-211 de 2011, la Sala Tercera de Revisión concluyó que el mínimo vital
depende de la situación socio económica que cada persona ha logrado a través de
toda su vida. La Corte también ha señalado que el mínimo vital es un derecho
fundamental que se encuentra atado al derecho a la dignidad humana, en tanto
que aquel es una parte de los ingresos del pensionado que se invierte en sus
necesidades básicas, como vivienda, alimentación, vestido, servicios públicos
domiciliarios, recreación y salud, privilegios con los cuales debe contar la
persona para materializar el derecho a la dignidad humana[85].
La Sala Plena pone de presente la
situación actual de vulnerabilidad del señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez,
quien es un sujeto de especial protección constitucional, pues cuenta con 80
años de edad, presenta diferentes afectaciones en su salud y, además, viene
percibiendo una pensión inferior a lo devengado en los últimos años de servicio
a la empresa. En efecto, de acuerdo con la prueba documental allegada al
proceso, se observa que el accionante tiene deterioros de salud[86] como consecuencia de cardiopatía
isquémica[87] y
fibrosis pulmonar[88],
lo cual le impide laborar para obtener otros ingresos que contribuyan a sus
gastos y los de su esposa. Así, lo dio a conocer en el escrito de tutela cuando
señaló que la mesada pensional “constituye el mínimo vital como pensionado,
constituye el ingreso que me permite sufragar mis necesidades básicas y las de
mi esposa, el cual, asciende a la suma mensual de $1.332.696”, pero no le
alcanza para satisfacer los gastos de alimentación dado que por servicios
públicos paga la suma de $1.132.030[89],
es decir, que solo le quedan $200.666 para los demás gastos como alimentación,
salud, vestido y recreación.
De otro lado,
señaló que al momento de ser despedido de la empresa su salario equivalía a
25.96 smlmv, mientras que cuando se le empezó a pagar la pensión apenas
alcanzaba a 2.44 smlmv. Y, al momento de interponer la acción de tutela, agrega
la Sala, el salario de $1.332.696 equivale a un 1.80 smlmv, con lo cual se
demuestra que efectivamente existe variación económica. Aspectos estos que no
fueron desvirtuados por las partes dentro del proceso laboral ni en el trámite
de la presente tutela. De ese modo, se concreta el estado en que se encuentra
el actor y que hace procedente la necesidad el amparo constitucional.
Aunado a lo anterior, tratándose de la indexación de la primera mesada
pensional, desde la sentencia SU-120 de 2003, la Corte sostuvo que es un
derecho de todos los pensionados, “sin distingo de su capacidad económica”,
pues se trata de personas que con “el paso de los años han visto aminorar el
poder adquisitivo de su pensión”.
50. El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios. El señor Rodríguez Rodríguez agotó los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios disponibles para solicitar la indexación de la
pensión sanción. En ese sentido, interpuso demanda ordinaria laboral, el
recurso de apelación y, posteriormente, el extraordinario de casación, dentro
del cual se emitió la sentencia que es objeto de la acción de tutela sub
examine, mecanismos que fueron desfavorables a sus intereses.
De otro lado, no era posible acudir al recurso de
revisión puesto que no se estructuraba causal alguna para ello. En efecto, de
acuerdo con el artículo 31 de la Ley 712 de 2001, la revisión procede cuando:
(i) la sentencia se hubiese fundamentado en documentos falsos; (ii) la
sentencia se apoye en declaraciones de personas condenadas por el delito de
falso testimonio; (iii) se demuestre que la decisión fue determinada por un
delito del juez; y (iv) el apoderado judicial hubiese incurrido en infidelidad
de los deberes profesionales en perjuicio de su cliente, siempre que ello haya
determinado la decisión. El caso que nos ocupa no se adecúa a ninguna de esas
causales, en ese sentido, el requisito de subsidiariedad se cumple en este
evento.
51. El principio de
inmediatez. La Corte ha recalcado que la acción de tutela,
respecto al momento del hecho que generó la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, debe presentarse de manera oportuna y razonable; no
obstante, esa circunstancia no es inmutable, puesto que de ser así se “afectaría
el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se
desvirtuaría su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales
derechos”[90].
De esta forma, en eventos donde la afectación del derecho permanece en el
tiempo, ha establecido que el requisito de procedibilidad debe flexibilizarse
no solo porque la posición desfavorable es continua y actual, sino por la
situación de debilidad en que puede hallarse el accionante.
En efecto, de acuerdo con el
material probatorio arrimado al expediente, el actor ha estado atento en la
defensa de su derecho, puesto que el 20 de febrero de 2007 solicitó a la
empresa la actualización de la mensualidad pero se le negó; posteriormente demandó
en proceso ordinario laboral al empleador, interpuso los recursos ordinarios y
el extraordinario de casación que terminó con la sentencia del 22 de junio de
2010.
Además, debe recordarse que, el 9
de abril de 2011, acudió en acción de tutela, la cual, luego de ser tramitada
en primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, según auto del 8
de junio de 2011, decretó la nulidad y se abstuvo de enviar la actuación a la
Corte Constitucional, autorizando al accionante para interponer nuevamente la
acción de tutela con fundamento en los Autos 004 de 2004[91] y 100 de 2008.
Así las cosas, se observa que el
actor presentó la primera acción de tutela  oportunamente y fundamentó su
pretensión en la sentencia T-114 de 2016[92],
que para el mismo constituía un hecho nuevo. Es decir ha sido diligente en
gestionar la indexación de su mesada pensional, lo cual demuestra la necesidad
de la misma para garantizarse su mínimo vital.
Aunado a lo anterior, debe
repararse que: (i) el accionante es una persona de la tercera edad (80
años); (ii) con problemas de salud que le impiden laborar para aumentar sus
ingresos, es decir, se trata de un sujeto de especial protección constitucional
conforme con el artículo 46 de la Constitución Política, por tanto, la
exigencia en estudio se flexibiliza, según la jurisprudencia de esta
Corporación; y (iii) el objeto de la acción de tutela es la indexación de la
primera mesada pensional, que por ser una prestación de tracto sucesivo se
actualiza día a día y, por ello, la afectación se mantiene en el tiempo. En esas condiciones, se da por superado el requisito de inmediatez.
52. Que, en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Esta exigencia
no se ajusta al caso concreto porque la irregularidad que se alega es de
carácter sustancial. Efectivamente, no se plantea una eventual
irregularidad procesal, sino la violación directa de la Constitución y el
desconocimiento del precedente judicial sobre el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional. Por lo tanto, el requisito no resulta aplicable.
53. Que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible. El actor formuló cargos constitucionales contra las
sentencias de las autoridades judiciales accionadas que negaron la indexación
de la mesada pensional. En ese sentido, expuso los hechos que determinaron la presunta
vulneración y concluyó que las decisiones atacadas violaron los derechos
fundamentales al debido proceso (art. 29 C. Pol.), a la igualdad y seguridad
social (arts. 13 y 48 C. Pol.), puesto que contrariaron el artículo 53 de la
Carta y la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias de control
abstracto C-862 y 891A de 2006, y control concreto de constitucionalidad T-098
de 2005, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013 y T-114 de 2016. De otro lado, examinado
el material probatorio se observa que, el proceso laboral se fundamentó
precisamente en la alegación del derecho a la actualización de la primera
mesada pensional. Así, este requisito también se encuentra satisfecho.
54. Que el fallo
controvertido no sea una sentencia de tutela. Sobre esta exigencia,
conviene aclarar que las sentencias judiciales censuradas se emitieron dentro
del proceso ordinario laboral, lo cual descarta que se trate de sentencia de
tutela.
55. Del anterior
análisis, concluye la Sala Plena que la acción constitucional sometida a
revisión cumple con las exigencias generales de procedibilidad contra
providencias judiciales. En ese orden, se pasará al análisis de los requisitos
específicos a fin de establecer si se presentaron defectos en la actuación de
las autoridades judiciales que vulneren los derechos del actor.
Procedibilidad material de la acción de tutela
56. El actor alegó que las accionadas
incurrieron en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, en tanto
resolvieron el caso con fundamento en la tesis que sostenía la Corte Suprema de
Justicia –Sala de Casación Laboral- sobre la inaplicabilidad de la indexación
para las pensiones causadas antes de 1991[93].
No obstante lo anterior, la Sala considera
que si bien al momento de expedirse las decisiones acusadas (22 de junio de
2010, 31 de marzo de 2009 y 21 de mayo de 2008), esta Corte había emitido la
sentencia SU-120 de 2003 -a través de la cual se concedió el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional a los tres accionantes- así como las
C-862 y C-891A de 2006, en las que se declararon exequibles los artículos 8º de
la Ley 171 de 1961 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido
que la primera mesada pensional debe ser actualizada, no es menos cierto que
sobre el derecho a indexar las pensiones causadas antes de la Constitución de
1991 no se había realizado ningún pronunciamiento a fondo que suministrara
certeza sobre el derecho en la forma que lo hizo posteriormente.
Fue entonces el 12 de diciembre de 2012, a
través de la sentencia SU-1073 de 2012, cuando la Sala Plena de esta Corte unificó
su tesis en torno a la indexación de la primera mesada pensional para todas
las personas, incluidas las que obtuvieron su pensión antes de la
Constitución de 1991. Así, sostuvo que “sólo a partir de esta
decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible”[94]. Es decir a partir de ese momento existía claridad
sobre la obligación de indexar las pensiones reconocidas antes de la
Constitución de 1991[95].
Para el caso
analizado, se encuentra demostrado que las decisiones atacadas por el
accionante corresponden a fechas anteriores a la sentencia de unificación
SU-1073 del 12 de diciembre 2012 y, por tanto, no puede argumentarse el
desconocimiento del precedente constitucional, teniéndose en cuenta lo
advertido por esta Corporación, es decir, que solo a partir de aquella
providencia es que existe el deber de todos los jueces de acatarla. En ese
orden, se procederá a estudiar el posible defecto de violación directa de la
Constitución.
Análisis
del defecto por violación directa de la Constitución
Debe ahora establecerse
si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 14 Laboral del Circuito
de la misma ciudad, al expedir las sentencias del 22 de junio de 2010, 31 de
marzo de 2009 y 21 de mayo de 2008, vulneraron los derechos fundamentales del accionante,
al negarle la indexación de la primera mesada pensional, bajo el argumento que no
le era aplicable la actualización del ingreso base de liquidación por haber
obtenido la prestación antes de la Constitución de 1991.
57. De entrada,
considera la Corporación que en las sentencias pronunciadas por las autoridades
judiciales accionadas se incurrió en el defecto de procedencia de la acción de
tutela conocido por la jurisprudencia como violación directa de la Constitución.
Según lo sostenido por este Tribunal “calcular el monto de la mesada
pensional con base en un ingreso significativamente menor al que el
extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión,
contraría el mandato superior del derecho a percibir una pensión mínima
vital calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la
consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. Así como también
compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad del pensionado
cuando, aún después de haber agotado todos los medios de justicia ordinaria de
los que disponía, el trabajador encuentra que la violación de sus derechos goza
de la legitimidad aparente que le otorga un fallo judicial”[96].
58. Descendiendo
al caso concreto, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente,
en especial las providencias censuradas, se estableció que efectivamente el
señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez laboró como Contador Público al servicio
de la empresa West Pharmaceutical Services Colombia S.A. entre el 7 de enero de
1963 y el 31 de enero de 1979, con un salario de $89.586.oo, promedio en
el último año.
59. Así
mismo, se demostró que el accionante fue retirado de la empresa sin justa causa
y, al cumplir los 50 años de edad -agosto de 1987- se le otorgó la pensión sanción
con fundamento en el artículo 8[97] de
la Ley 171 de 1961, por valor de $50.121.oo mensuales.
60. El 15 de
mayo de 2007, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá admitió la demanda
ordinaria laboral incoada por el señor Rodríguez Rodríguez, a través de la cual
pretendía se le indexara la primera mesada pensional desde que la misma se hizo
exigible, con base en el salario promedio devengado en el último año.
61. En sentencia del 21 de mayo de
2008, el Juzgado decidió absolver a las demandadas West Pharmaceutical Services
Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc., toda vez que el derecho a
actualizar la primera mesada pensional estaba supeditada a que se hubiese consolidado
en vigencia de la Constitución de 1991, lo cual en este caso no ocurrió.
La decisión se fundamentó en la
providencia del 31 de julio de 2007, radicado 29022, de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se aceptó la actualización
de la base salarial de las pensiones de origen legal y convencional, pero
causadas con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991[98].
Al conocer por vía del recurso de
apelación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, luego de tener por
demostrados los hechos de la demanda, confirmó la decisión recurrida. Así, en
sentencia del 31 de marzo de 2009 acogió las consideraciones de primera
instancia.
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, al desatar el recurso extraordinario de casación,
decidió no casar la sentencia demandada, puesto que la posición mayoritaria de
la Corte en torno a la actualización del ingreso base de liquidación de las
pensiones, es que la misma procedía para las prestaciones causadas a partir de
la vigencia de la Constitución de 1991. Para sustentar la decisión, transcribió
apartes de la sentencia 29470 del 20 de abril de 2007.
62. De acuerdo con lo expuesto,
tanto el Juzgado, en primera instancia, como el Tribunal en segunda y la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negaron la pretensión del
demandante con fundamento en la tesis que hasta el año 2013 mantuvo la Corte
Suprema de Justicia en torno a la imposibilidad de indexar la primera mesada
pensional de quienes causaron el derecho con anterioridad a la Constitución de
1991[99].
63. Por su parte, la Corte
Constitucional ha sido respetuosa del derecho de los pensionados a indexar su
primera mesada, tal como se deriva de los artículos 48 y 53 de la Carta, que radican
en el Estado la obligación de garantizar el pago oportuno y el reajuste
periódico de las pensiones legales, así como definir los medios para mantener
el poder adquisitivo constante de los recursos destinados para las mismas. En
efecto, desde la sentencia SU-120 de 2003, la Corte indicó que existía un vacío
normativo, ante el cual era obligación de los jueces aplicar el principio de
favorabilidad, puesto que “no pueden desconocer la necesidad de mantener el
equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones
como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política”. Derecho del
cual gozaban todos los pensionados “sin distingo de su capacidad económica,
debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección”.
64. Así mismo, ha considerado la
indexación como un derecho de carácter universal, en la medida que
aplica para todas las pensiones, bien sea de carácter legal o convencional,
otorgadas antes o después de la Constitución de 1991. En otras palabras, no
puede aplicarse a un grupo de pensionados y desconocerlo a otro, porque “un
trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación
constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio”[100].
65. Igualmente se sostiene que, las
autoridades judiciales incurren en un defecto por violación directa de la Constitución
cuando se emite una decisión contrariando los preceptos constitucionales. Por
ejemplo, en sentencia T-352 de 2012 se indicó que el vicio se presenta cuando “el
juez ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y
las garantías consagrados en el Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o
principios son tomados en cuenta, pero se les da un alcance insuficiente. En
efecto, debido al actual modelo de ordenamiento constitucional, que  reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, resulta factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”[101].
Y con relación a la negativa del
derecho a la indexación de la pensión causada antes de la Carta de 1991, se
afirma que esa posición contradice el principio de igualdad, en tanto desconoce
que se trata de un derecho aplicable a todas las personas pensionadas, “sin
importar cuando se haya causado el derecho”, puesto que de igual manera sufren
las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir,
todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir igual
tratamiento”[102].
66. En el caso concreto, luego de
confrontar la jurisprudencia constitucional con las providencias judiciales
emitidas por las autoridades judiciales accionadas se reitera que incurrieron
en el defecto de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
denominado por violación directa de la Constitución, en tanto se dejaron de
aplicar los mandatos (48 y 53) consagrados en la Carta en torno a la obligación
de disponer la indexación de la primera mesada pensional del señor Rodríguez Rodríguez,
persona de especial protección constitucional.
67. La violación directa de la Constitución, según la jurisprudencia
analizada en la parte dogmática de esta providencia, se estructura cuando el
servidor judicial no aplica la norma Superior o lo hace de manera incorrecta; verbi
gratia, en sentencia SU-168 de 2017, se afirmó: “esta causal se
configura cuando un juez toma una decisión que va en contra de la Constitución
porque
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o aplica la
ley al margen de los dictados de la Constitución[103].
68. En este evento, se quebrantó
el derecho al debido proceso por desconocimiento de las normas
constitucionales, así como los derechos a la igualdad, a la seguridad social y
el mínimo vital[104],
en tanto no existe justificación alguna para diferenciar a los pensionados con
la Constitución de 1991 y aquellos que lo hicieron en vigencia de la Carta de
1886, y porque la indexación es un derecho constitucional que “guarda
innegable relación con el derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad
social”[105].
69. Los argumentos de las
accionadas para negar la indexación de la primera mesada pensional del actor,
no son de recibo, (i) porque desconocen los artículos 48 y 53 de la Carta; (ii)
son discriminatorios respecto de las personas que obtuvieron su pensión antes
de la Constitución de 1991, quienes, al igual que aquellos que la adquirieron
con posterioridad a la misma, sufren las consecuencias de la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda; y (iii) desconocen los mandatos de la Constitución,
la cual, en términos del artículo 4º de la misma, es norma de normas y en ese
sentido, sus preceptos son de obligatorio cumplimiento para todos los
funcionarios judiciales.
En esas condiciones, los jueces
que conocieron el proceso ordinario laboral estaban obligados a otorgar el
derecho al señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez, pues de esa manera
garantizaban el derecho a la igualdad, a la seguridad social y mínimo vital. Ello,
porque el actor sufre, al igual que los demás pensionados, la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, no obstante se le negó, mientras que a otros se les
ha concedido. Además, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional
tiene “una innegable relación con el derecho fundamental al mínimo vital y a
la seguridad social”[106].
Decisiones a adoptarse,
contabilización del término de prescripción y método para la indexación en el
caso concreto
70. De acuerdo con lo expuesto, (i)
se revocará la providencia del 10 de julio de 2017 emitida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo invocado y,
en su lugar, concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso.
(ii) Dejará sin efectos las
sentencias emitidas el 22 de junio de 2010 por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2009 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá y el 21 de mayo de 2008 por el Juzgado 14 Laboral
del Circuito de Bogotá, las cuales absolvieron a las demandadas West Pharmaceutical
Services Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc.
(iii) Se ordenará directamente a
las accionadas (West Pharmaceutical Services Colombia S.A. y West
Pharmaceutical Services Inc.) que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia proceda a indexar la primera mesada pensional
del actor. Lo anterior, porque si bien la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia desde el año 2013 cambió la posición para sostener el
derecho de todas las pensiones a la indexación de la primera mesada, no se
justifica dar la orden para que emita una nueva decisión, cuando por la
situación del actor –persona de especial protección, con 80 años de edad,
enfermo y que desde hace más de diez años viene requiriendo su derecho- se hace
necesario proteger el derecho de manera inmediata. En ese sentido ha obrado la Corte
en diversos pronunciamientos, luego de hacer alusión a las dos vías que ha
utilizado:
(iv) Conforme con lo establecido
por la Sala Plena en sentencia SU-131 de 2013, el reconocimiento del pago
retroactivo de las mesadas pensionales no prescritas se hará desde la fecha de esta
sentencia, la cual se constituye en el momento a partir del cual existe certeza
sobre el derecho. Es decir, la reliquidación será sobre las mesadas causadas
tres (3) años antes a la fecha de expedición de esta providencia y hacia el
futuro, mediante la fórmula utilizada por la Corte en las sentencias SU-1073 de
2012 y SU-168 de 2017.
Conclusión
71. En esta sentencia se examinó
la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez
que solicitó la indexación de la primera mesada pensional a las empresas West
Pharmaceutical Services Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc., pero
se resolvió de manera negativa. Posteriormente acudió al proceso laboral
ordinario, donde igualmente se le negó, al considerar que no tenía el derecho
porque la pensión se causó antes de 1991, por tanto, solo podían reclamarla
quienes la obtuvieron en vigencia de la Constitución de 1991.
72. Como problema jurídico se
estableció si ¿la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 14 Laboral del Circuito
de la misma ciudad, incurrieron en los defectos por violación directa de la
Constitución o desconocimiento del precedente constitucional, al negar el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional por haber obtenido la
pensión antes de la Constitución de 1991?
73. Para resolver el debate planteado se hizo un reconocimiento de la
normatividad que regula la indexación, así como su desarrollo desde la
jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral. Posteriormente se examinó el
caso concreto y se encontró que cumplía con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, se consideró
oportuno analizar de fondo la tutela.
74. Se halló que las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al
mínimo vital  del actor, puesto que no aplicaron los mandatos constitucionales contenidos
en los artículos 48 y 53 de la Carta, como los principios del Estado social de
derecho (art. 1º), la protección y asistencia a las personas de la tercera edad
(art. 46) y el derecho a la igualdad (art. 13).
Así entonces, se reiteró la posición que, a partir de la sentencia
SU-1073 de 2012[107],
unificó el Pleno de la Corte en torno al derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, incluso para casos donde la pensión se causó antes de la vigencia de
la Constitución de 1991. El desconocimiento de esta regla de estirpe
constitucional determina la incursión en un defecto por violación directa de la
Constitución.
74. En ese orden, se revocó la sentencia de tutela de instancia y, en su
lugar, se concedió el derecho; además, se dejaron sin efectos las sentencias
demandadas y se ordenó a las empresas accionadas indexar la primera mesada
pensional.
IV.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la
sentencia proferida el diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017), por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela impetrada por el
señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez. En su lugar, CONCEDER el
amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, seguridad
social y mínimo vital del actor.
Segundo. DEJAR SIN
EFECTOS las sentencias proferida el veintidós  (22) de junio de dos mil diez
(2010) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá y el veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008) por
el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario
laboral incoado por el señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez contra las empresas
West Pharmaceutical Services Colombia S.A. y West Pharmaceutical Services Inc.
Tercero. ORDENAR al Gerente General de West Pharmaceutical Services Colombia S.A.
y/o West Pharmaceutical Services Inc. que en el término de diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a indexar
la primera mesada pensional del señor Jorge Hernando Rodríguez Rodríguez. Así mismo, deberá reconocerle el pago retroactivo de las
diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada
indexada, correspondientes a los tres años anteriores, los cuales se contarán a
partir de la presente sentencia.
Cuarto. Líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991 y
devuélvanse los expedientes recibidos en calidad de préstamo.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
En comisión
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de
voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Fl. 7 cuaderno de
primera instancia.
[2] Los hechos relatados
en el escrito de tutela fueron complementados con la información posterior
allegada al expediente.
[3] Ley
171 de 1961, “Artículo 8o. El trabajador que sin justa causa sea despedido
del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o
subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años,
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la presente
ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido,
si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en
que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Si el retiro se produjere por despido sin justa
causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a
pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o
desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo
tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión
pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.
La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de
la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en
el último año de servicios.
En todos los demás aspectos de la pensión aquí
prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de
jubilación”.
[4] Fl. 23, c. anexo.
[5] Fl.
26, ibídem.
[6] Nació
el 19 de agosto de 1937 –fl. 42-.
[7] 35 a 40 cuaderno
principal.
[8] Al respecto citó como precedentes constitucionales
las sentencias T-098 de 2005, C-862 y C-891A de 2006, SU-1073 de 2012, SU-131
de 2013 y T-114 de 2016, en las que se ha reconocido el derecho a la
actualización de las mesadas pensionales y se le ha dado el carácter de derecho
universal.
[9] Conforme con el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991.
[10] Fl. 115, cuaderno
principal.
[11] Fls. 116.
[12] Fl. 18 c. anexos.
[13] Fl. 19 c. a.
[14] Fl. 20 c. a.
[15] Fl. 21 c. a.
[16] Fl. 23 c. a.
[17] Fl. 26 c. a.
[18] Fls. 59 a 96 c. a.
[19] Fl. 95 c. a.
[20] Fls. 353 a 359
[21] Fls. 17 y 18 c.
principal de tutela.
[22] Fls. 35 a 40.
[23] Fls. 89 a 95.
[24] Fls. 97 a 99.
[25] Por parte del
Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien consideró que debía seleccionarse la
tutela en tanto se trataba de un asunto de relevancia constitucional, que
giraba en torno a un presunto desconocimiento del derecho al debido proceso y
del principio in dubio pro operario, además que se cumplía con los demás
presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Advirtió que dada la situación fáctica del asunto, observaba la “presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, por
cuanto se configuran, por lo menos, dos causales específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: (i)
desconocimiento del precedente constitucional incorporado en las sentencias
T-098 de 2005, C-862 de 2006, T-901 de 2010, T-374 de 2012, T-624 de 2012,
SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, T-832 de 2013, T-182 de 2014, T-220 de 2014,
T-887 de 2014, T-611 de 2015, T-114 de 2016, T-621 de 2016, SU-452 de 2016,
T-082 de 2017, SU-168 de 2017 y T-179A de 2017, entre otras; y/o (ii) violación
directa de la Constitución (art. 53 Superior), al inaplicarse la interpretación
más favorable al trabajador (in dubio pro operario) en el marco del trámite
judicial que promovió el demandante” (fls. 3 a 5 del cuaderno
correspondiente al trámite de revisión).
[26] Conformada por la
magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
[27] Fls. 35 y ss.
cuaderno de revisión.
[28] Fls. 41 a 44.
[29] Art. 86 Constitución
Política.
[30] “En estos
casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que
dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el
fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación
con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho
de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra
Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental
que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no
podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues
es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite.
Tampoco podrá
negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del
accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo,
la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de
justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela”.
[31] Fl. 98 cuaderno
principal de tutela.
[32] Sentencia
SU-873 de 2014: “las autoridades judiciales
no pueden declarar la nulidad de los procesos de tutela argumentando que no
procede la tutela contra decisiones de una alta corte, y en todo caso debe
remitirse el expediente a la Corte Constitucional para que se surta el trámite
de revisión. Dicha actuación resulta contraria a los derechos al acceso a la administración de justicia, la
existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos
humanos, y al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86
y 228 de la CP y 25 de la CADH”.
[33] Sentencia
T-001 de 2016.
[34] Artículo
48 C. Pol.: “La seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley (…)”.
[35] Artículo
13 C. Pol.: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica (…)”.
[36] Artículo
29 C. Pol.: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas (…)”
[37] Artículo
53 C. Pol.: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil (…)”.
[38] Art. 86 C. Política.
[39] Sentencia C-543 de
1992.
[40] Sentencia T-332 de
2015 y C-590 de 2005.
[41] En
efecto, allí se indicó: “tratándose de un derecho fundamental
imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir
previamente a la jurisdicción ordinaria, no entrará a analizar la Corte el
tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexación
y la presentación de la acción de tutela por parte de los accionantes, pues en
este caso se debe entender que la afectación al derecho fundamental tiene un
carácter de actualidad”.
[42] Anteriormente
se les conocía como “vías de hecho” y corresponden a las siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido,
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i.
Violación directa de la Constitución. “Se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque:
(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto[42]; o porque (ii)
aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”
[43] Sentencia SU-053 de
2015.
[44] Sentencia T-460 de
2016.
[45] Sentencia SU-354 de
2017.
[46] Sentencia
SU-047 de 1999.”
[47] Sentencia SU-175 de
2015.
[48] Sentencia
C-104 de 1993.
[49] Sentencia SU-091 de
2016 (subraya no original).
[50]  Sentencia T-260 de 1995 (subraya fuera de texto),
reiterada
en la T-715 de 1997 y SU-354 de 2017.
[51] Sentencia
T-439 de 2000, entre otras.
[52] Art. 241 C.
Política.
[53] Sentencias SU-198 de
2013, T-555 y T-310 de 2009.
[54] Sentencia
T-888 de 2010.
[55] En
la Sentencia C–590 de 2002 dijo la Corte que se deja de aplicar una disposición
iusfundamental en los casos en que “… si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales”.
[56] Sentencias
T-765 de 1998 y T-001 de 1999. Los derechos de aplicación inmediata están consagrados
en el artículo 85 de la C.P. Ellos son: el derecho a la vida, a la integridad
personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad, al buen nombre,
la honra, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de conciencia, de
cultos, expresión, de petición, a la libertad de escoger profesión u oficio, a
la libertad personal, a la libre circulación, al debido proceso, al habeas
corpus y a la segunda instancia en materia penal, a la inviolabilidad del
domicilio, a la no incriminación, de reunión, de asociación y los derechos
políticos.
[57] Ver
entre otras, las sentencia T–199 de 2009; T-590 de 2009 y T-809 de 2010.
[58] En
la sentencia C–590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela y se establecieron algunos criterios para
su aplicación.
[59] En
la Sentencia T–522 de 2001, se dijo que la solicitud debía ser expresa.
[60] Sentencias
T-927
de 2010 y T-522 de 2001.
[61]
Sentencia T-255 de 2013.
[62] Ibídem.
[63] Jiménez Díaz,
Ernesto. “La indexación en los conflictos laborales”, Revista de Derecho
Social, No. 32, diciembre de 1991, p. 25, citado en sentencia T-255 de 2013.
[64] Sentencias SU-120 de
2003, T-469 de 2005, C-862 de 2006 y C-891A de 2006, entre otras.
[65] Posición
reiterada en sentencia T-621 de 2016.
[66]  (…) “el
surgimiento y consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al
reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre
los que ocupa un lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera
tal que la actualización periódica de las mesadas pensionales sería una
aplicación concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del
Estado colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales
en virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero
constitucional”.
[67] “(…) el
derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido
exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se
torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva
constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las
pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos
pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura
acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho
mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce
de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la
actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos,
de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de
sujetos –los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal,
y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de
justificación”
(resalto fuera de texto).
[68] Resalto
fuera de texto. Ver igualmente la sentencia SU-415 de 2015.
[69] Particularmente
en la T-906 de 2009 se dio “por sentado que el reajuste de la primera mesada
pensional se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
cualquiera que sea su naturaleza, de suerte que es indiferente si fueron reconocidas
en normas que no contemplaban el referido mecanismo”.
[70] Sentencia T-01 de
1999.
[71] “La anterior
reivindicación fue hecha por esta Corte ya que el ejercicio del derecho
fundamental en comento no puede restringirse solo para un determinado grupo de pensionados,
pues un trato diferenciado en esta situación carecería de justificación
constitucional y se tornaría en discriminatorio, en tanto el fenómeno de
pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los
pensionados”.
En sentencia T-457
de 2009, este Tribunal estableció que: “…el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional se hace extensivo a los pensionados que adquirieron
esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y,
por supuesto, de la Constitución Política de 1991, pues el fenómeno de pérdida
de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los pensionados.” Ver
también sentencias T-628 de 2009 y T-696 de 2007.
[72] El sustento de este
acápite se encuentra en la sentencia 736-2013, rad. 4709, del 16 de octubre de
2013, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[73] Rad. 8484.
[74] Radicado 11818.
[75] Allí se dijo: “(…) no se indexan las
obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la
oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario.
// (…) se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y
exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta no previó ningún
mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente
tiene derecho”.
[76] Sentencias del 9 de
septiembre, rad. 11782, 18 de noviembre, rad. 12133, 13 diciembre de 1999, rad.
12997, 2 de febrero de 2000, rad. 12553, 28 de agosto de 2001, rad. 15710, 16
de octubre de 2002, rad. 18518, 5 noviembre de 2003, rad. 21143 y 25 de julio
de 2005, rad. 23913, entre otras.
[77] Sentencias del 20 de
abril de 2007, rad. 29470 y 26 de junio de 2007, rad. 28452.
[78] Rad. 29022.
[79] Como
la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen
fuerza normativa, conforme con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del
Código Sustantivo del Trabajo, que respaldan la actualización de las
prestaciones pensionales.
[80] Radicado
N° 51004, del 20 de septiembre de 2017.
[81] Radicado 47709, M.P. Rigoberto
Echeverri Bueno.
[82] Radicado
51004, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[83] “La
Sala encuentra que la certeza del derecho es el momento a partir del cual se
debe determinar el término de prescripción. Ello se encuentra en concordancia
con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala que ‘Las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en
tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. // En
este orden de ideas, pese al carácter universal del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia
en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta
decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible”. Resaltos del
texto, sentencia SU-1073 de 2012.
[84] “La idea o principio que anima la garantía de
percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se asienta en una
valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente cuantitativa.
Las aspiraciones del trabajador a un mejor nivel de vida, y las posibilidades
de planear la distribución de sus ingresos, todo a partir de la asignación
económica establecida en la ley o el contrato de trabajo, son razones que
impulsan y respaldan al funcionario judicial para exigir del empleador un
estricto cumplimiento de la obligación al pago oportuno y completo de la
remuneración asignada a cada empleado. // Si bien ciertos criterios económicos
permiten fijar un salario mínimo, como base ineludible para la negociación
colectiva o individual del salario entre las partes de una relación laboral,
ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida
por la Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste con la
cláusula del Estado Social de Derecho y desnaturalizar el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 Superior. En efecto, cada individuo que ingresa al
mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-, recibe una
retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de
manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira
superar.  De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr.
vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir,
sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las
circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares
condiciones de vida” (subraya fuera de texto).
[85] Sentencia SU-995 de
1999 y T-211 de 2011, entre otras.
[86] Fls. 14 y 17 a 20.
[87] “La
cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de
las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al
músculo cardiaco (miocardio). La arteroesclerosis coronaria es un proceso lento
de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células
inflamatorias (linfocitos). Estos tres procesos provocan el estrechamiento
(estenosis) de las arterias coronarias”. Consulta realizada en http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/cardiopatia-isquemica.html
(14 de marzo
de 2018 a las 10:30 a.m.).
[88] “La
fibrosis pulmonar es una condición en donde el tejido profundo de sus pulmones
se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro. Esto
dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente
oxígeno”. Consulta realizada en https://medlineplus.gov/spanish/pulmonaryfibrosis.html
(14 de
marzo de 2018, a las 10:45 a.m.).
[89] Ver fls. 35, 36, 37,
38, 39 y 40, c. ppal.
[90] Sentencia T-332 de
2015.
[91] A través del cual se
autorizó a los accionantes a interponer la acción de tutela ante otra autoridad
judicial cuando la autoridad de cierre de la respectiva jurisdicción se
abstenía de conocer del amparo invocado contra sus propias sentencias.
[92] A
través de la cual se reconoció el derecho a la indexación de un extrabajador de
la Cristalería Peldar.
[93] El
accionante fundamentó dicha pretensión en el desconocimiento de las sentencias
SU-120 de 2003, T-098 de 2005, C-862 de 2006, SU-1073 de 2012 y T-114 de 2016.
[94] Negrilla del texto
original.
[95] Resalto
fuera del texto.
[96] Sentencia SU-1073 de
2012.
[97] “El
trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de
capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado
para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10)
años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo
pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta
(60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al
despido.
Si el retiro
se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos
servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido
cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los
hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad.
La cuantía de
la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la
que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los
requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio
de los salarios devengados en el último año de servicios.
En todos los
demás aspectos de la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de
la pensión vitalicia de jubilación”.
[98] Fls. 37 y 38
cuaderno de revisión.
[99] En
efecto, con la sentencia 736-2013 del 16 de octubre de 2013, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recogió su doctrina que
limitaba el derecho a la indexación, para retomar la posición desarrollada
antes de 1999 y aceptar “que la indexación procede respecto de todo tipo de
pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución
Política de 1991”.
[100] Sentencia C-862 de 2006.
[101] En ese mismo sentido ver
sentencias T-255 y T-007 de 2013, T-1073 de 2012 y T- 934 de 2011.
[102] Sentencia SU-168 de 2017,
SU-1073 de 2012 y SU-120 de 2003.
[103] Sentencia T-704 de 2012 y,
además, T-555 y T-310 de 2009.
[104] Sentencia T-082 de 2017.
[105] Ibídem.
[106] Op cit.
[107] Reiterada en sentencias SU-131
de 2013, SU-415 de 2015 y T-179A de 2017.