T-037-97
Sentencia T-037/97
Sentencia
T-037/97
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución/DERECHO
DE PETICION-Contenido de decisión
El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna con
respecto a la reclamación elevada que se ha sometido al examen de la respectiva
autoridad, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido. La respuesta para que sea oportuna
en los términos previstos en las normas constitucionales y legales, tiene que
comprender y resolver el fondo de lo pedido y ser comunicada al peticionario,
pues en caso contrario se incurre en una vulneración del derecho constitucional
fundamental de petición. La respuesta eficaz que se dé a una petición, debe
abarcar el fondo del asunto que la persona ha sometido a la consideración de la
autoridad competente, lo cual no significa que la petición deba resolverse
accediendo a lo solicitado.
Referencia:
Expediente T-113.479
Peticionario: Luis
Gustavo Valencia López
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fe de Bogotá,
D.C., enero treinta (30) de mil novecientos noventa y siete (1997).
En cumplimiento de
lo ordenado por el artículo 241 numeral 9º de la Constitución Política de
Colombia, en concordancia con los artículos 33 y 36 del Decreto 2591 de 1991,
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá remitió a la Corte Constitucional
el expediente contentivo de la acción de tutela de la referencia, promovida por
el señor Luis Gustavo Valencia, para los efectos de la revisión constitucional
del fallo proferido por dicho despacho, con fecha 10 de octubre de 1996.
I. ANTECEDENTES
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Hernando
Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a
revisar la actuación a que dio lugar la acción de tutela promovida por Luis
Gustavo Valencia López, a través de apoderado, contra la Caja Nacional de
Previsión Social, Seccional Risaralda.
H E C H O S  Y  P R E T E N S I O N E S :
La apoderada del
accionante manifiesta que éste presentó ante la entidad demandada el día 5 de
diciembre de 1995, solicitud de sustitución pensional, a la cual tiene derecho
en su calidad de cónyuge sobreviviente de la señora Carmen Sofía Camargo de
Valencia, quien al momento de producirse su fallecimiento, se encontraba
pensionada por dicha entidad.
Manifiesta que el
señor Valencia López en varias oportunidades ha solicitado información sobre el
estado de su petición ante esa institución, obteniendo siempre como respuesta
que su solicitud se encuentra en trámite en la Subdirección de Prestaciones
Económicas, la cual es la competente para adoptar una decisión de fondo.
Agrega que la Caja
Nacional de Previsión ha guardado silencio sobre la petición elevada por su
mandante, sin tener una justificación valedera sobre la demora para resolverla,
y además, los términos para dar una respuesta están más que vencidos. Por ello,
solicita la protección del derecho de petición.
II.
LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
El Juzgado Tercero
Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 10 de octubre de 1996,
resolvió negar la acción de tutela, al considerar que no se presentó
vulneración alguna del derecho fundamental de petición, en razón a que la
entidad demandada viene agilizando la expedición de la resolución que resuelva
la sustitución pensional, “y que tan pronto se tenga un resultado se le
comunicará a la interesada para que proceda a notificarse, con lo cual no
existe violación al derecho de petición pues entiende el Juzgado que la misma
tiene un trámite que debe surtirse y en el cual no le es dable intervenir al
fallador de tutela”.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
Esta Sala es
competente para revisar la sentencia del Juzgado Tercero Civil Municipal de
Bogotá, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
El
Derecho de Petición y la procedencia de la tutela.
Según el artículo 23
de la Constitución Política, "Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución".
Como lo ha reiterado
esta Corporación, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna con respecto a la reclamación elevada que se ha
sometido al examen de la respectiva autoridad, pues de nada serviría dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.
Así pues, la
respuesta para que sea oportuna en los términos previstos en las normas
constitucionales y legales, tiene que comprender y resolver el fondo de lo
pedido y ser comunicada al peticionario, pues en caso contrario se incurre en
una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
Ahora bien, la Corte
Constitucional ha señalado que la respuesta eficaz que se dé a una petición,
debe abarcar el fondo del asunto que la persona ha sometido a la consideración
de la autoridad competente, lo cual no significa que la petición deba
resolverse accediendo a lo solicitado.
En efecto, el
derecho constitucional fundamental de petición sería inocuo si no se obtiene la
definición oportuna de esta, siendo necesario que la respuesta contenga un
pronunciamiento acerca del fondo sobre la reclamación del peticionario.
Por su parte y en
relación con el término que tiene la administración para resolver las
peticiones que ante ella se formulen, esta Corporación ha expuesto los
criterios que en esta oportunidad se reiteran:
"En este
momento, para establecer cuál es el término que tiene la administración para
resolver las peticiones que ante ella se presenten, debe acudirse a los
preceptos del Código Contencioso Administrativo, al igual que a la ley 57 de
1984, en lo pertinente.
"El artículo
6o. del mencionado código, establece que las peticiones de carácter general o
particular, se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de su recibo. Así mismo, prevé que en ese mismo término,
la administración debe informar al solicitante, cuando sea del caso,  su
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y
señalando el término en el cual  se producirá la contestación. Norma que
por lo general no se cumple en ninguna entidad, hecho que se traduce en un
desconocimiento del derecho de petición.
"Si bien la
citada norma, no señala  cuál es el término  que  tiene la administración para
contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al
interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio  que dicho
término debe ajustarse a los parámetros de la razonabilidad, razonabilidad
que debe consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el
solicitante, sino los distintos trámites que debe agotar la administración para
resolver adecuadamente la cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de
una norma que señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que
determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para contestar la
solicitud, fue razonable, y si se satisfizo el núcleo esencial del derecho de
petición: la pronta resolución.
"Algunos
autores han considerado que el término que tiene la administración para
contestar una solicitud, cuando no lo ha podido hacer en el lapso de los quince
(15) días señalados en el artículo 6o. del C.C.A, es el término para la
configuración del silencio administrativo negativo, es decir,  tres (3) meses,
pues, transcurrido dicho lapso, se entiende denegada la solicitud, según lo
establece el artículo 40 del Código Contencioso. En opinión de la Sala,  éste
podría ser un criterio que podría tenerse en cuenta, sin embargo, deben
analizarse otros factores, como por ejemplo, la complejidad de la solicitud,
pues no debe olvidarse que la figura del silencio administrativo negativo, es sólo
un mecanismo que el legislador ha puesto al alcance del solicitante, para que
sea el juez contencioso quien resuelva de fondo la solicitud que, por el
silencio de la administración, se presume denegada.
"Con
fundamento en lo expuesto, no es válida la conducta de las entidades públicas
que, argumentando cúmulo de trabajo, la espera de documentación que no le
correspondía aportar al solicitante, e.t.c., retardan injustificadamente  una
respuesta, pues ello, a todas luces desconoce  el derecho de petición. En este
punto, es necesario tener en cuenta que el peticionario no debe correr con la
negligencia y falta de organización de algunas entidades públicas y de sus
funcionarios, quienes amparados en la falta de una norma que imponga términos
precisos para resolver, se abstienen de contestar rápida y diligentemente,
hecho éste que no sólo causa perjuicios al solicitante sino a la administración
misma.
"Igualmente,
debe concluirse que la administración no se exonera de su responsabilidad de
contestar prontamente una petición, cuando la complejidad del
asunto, entre otras cosas, le impide pronunciarse en lapso en que está obligado
a hacerlo, pues la misma norma exige que debe señalar en qué término
dará respuesta y cumplirlo a cabalidad".[1]
En el presente
asunto, se observa que la Caja Nacional de Previsión Social no ha resuelto a la
petición formulada por el actor, en cuanto hace a la reclamación sobre el
reconocimiento de la sustitución pensional, en su calidad de cónyuge
sobreviviente de la señora Carmen Sofía Camargo de Valencia, quien se
encontraba pensionada por dicha entidad en el momento de su fallecimiento.
Tan sólo se ha
limitado a expresarle con respecto a su petición formulada desde el mes de
diciembre de 1995, que ésta se encuentra en trámite en la Subdirección de
Prestaciones Económicas, la cual es la competente para resolver acerca de dicha
solicitud, y que “tan pronto se tenga un resultado se le comunicará al interesado”.
Ello a juicio de la Corporación no puede considerarse como un pronunciamiento
que pueda constituír el cabal cumplimiento del derecho de petición, pues aunque
se repite, que la administración no está obligada a responder en forma
favorable, es indispensable que se defina en forma oportuna el derecho
reclamado.
Teniendo en cuenta
la omisión por parte de la entidad demandada en dar pronta respuesta a la
solicitud elevada por el accionante desde el mes de diciembre de 1995 -es
decir, hace más de diez (10) meses-, es claro que la accionada ha vulnerado el
derecho fundamental de petición del actor, por lo que es procedente el amparo
solicitado en la demanda de tutela.
De conformidad con
lo expuesto, se revocará la sentencia revisada y, en su lugar, se concederá la
tutela del derecho fundamental de petición, razón por la cual se ordenará a la
Caja Nacional de Previsión Social, Subdirección de Prestaciones Económicas, que
si todavía no lo ha hecho, proceda a resolver la solicitud de reconocimiento de
la sustitución pensional presentada por el señor LUIS GUSTAVO
VALENCIA LOPEZ, dentro del improrrogable término de 48 horas contadas a
partir de la notificación de esta sentencia.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero. REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el
diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante la cual
se denegó la tutela impetrada por el señor LUIS GUSTAVO VALENCIA LOPEZ.
Segundo. CONCEDER
la tutela del derecho fundamental de petición. En consecuencia, se ordena a la
Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social
que, si todavía no lo hecho, proceda a resolver la solicitud de reconocimiento
de la sustitución pensional presentada por el señor LUIS GUSTAVO VALENCIA
LOPEZ, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia.
Tercero.
COMUNICAR esta providencia al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá,
para los efectos contemplados en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO          FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                                   Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-76 de 1995. M.P. Dr. Jorge
Arango Mejía.