T-222-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-222/08
(Marzo 4 de 2008)
ACCION DE TUTELA-Criterios para determinar su procedencia cuando se afectan
derechos colectivos
JUEZ CONSTITUCIONAL-Demostración fehaciente de que la vulneración de un
derecho colectivo conlleva la vulneración de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia
para proteger derechos colectivos
Referencia: expediente T-1.733.328
Accionante: Dina Estela Arabia Ricardo, actuando como
representante legal de la Asociación de Vecinos del Rodeo - ASORODEO.
Accionados: Municipio de Turbaco, Bolívar y Cooperativa Turbaco
Limpio y Saludable
Fallo de tutela
objeto de revisión: sentencia
del Juzgado Promiscuo Municipal de Turbaco, del 11 de julio de 2007 (1ª
instancia).
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
ANTECEDENTES
1. Pretensión
La accionante instauró acción de tutela[1],
obrando como representante legal de la Asociación de Vecinos del Barrio el
Rodeo[2], para obtener la protección de los
derechos fundamentales “a la salud, la vida, a un ambiente sano, protección
a la niñez, entre otros” de los habitantes del barrio, por la negativa del
Municipio de Turbaco a tomar medidas dirigidas a brindar un eficiente servicio
de aseo y recolección de basuras, omisión que a su juicio ha ocasionado
problemas medio ambientales y un “brote de insalubridad” en los
habitantes de la comunidad, “que se traduce en constantes enfermedades
especialmente en la población infantil”. En efecto el niño Adrián Fuentes,
residente del barrio, ha sido diagnosticado con dengue clásico.
Solicita que se ordene a la Alcaldía Municipal de
Turbaco realizar las gestiones necesarias, para contratar con una empresa capaz
de prestar de manera eficiente y eficaz el servicio de recolección de basuras,
toda vez que la entidad demandada sólo cuenta con un capital de $ 1.200.000 según
consta en el Certificado de Cámara y Comercio[3], capital que
no le permite disponer de recursos económicos para poseer una adecuada
infraestructura que le permita prestar dicho servicio óptimo.
2. Respuesta de las entidades accionadas
2.1 Alcaldía Municipal de Turbaco[4]
2.1.1. El Secretario General de la Alcaldía de Turbaco
en el escrito de contestación de la demanda sostuvo que el problema radica en
el conflicto que existe entre la Asociación de Vecinos del Barrio el Rodeo y la
Cooperativa Turbaco Limpio y Saludable, en tanto que ambas entidades han
incumplido el contrato de prestación de servicios para la recolección de basuras
y aseo dentro del Barrio el Rodeo.  Por una parte, la Cooperativa tuvo
inconvenientes con sus vehículos, motivo que impidió durante algunos días la
recolección de residuos sólidos de la comunidad. Sin embargo, algunos habitantes
del barrio el Rodeo no han cancelado el valor del servicio de aseo acordado.
2.2.2. Advierte que el motivo por el cual, la
accionante se refiere a la existencia de mosquitos y otras plagas, es consecuencia
de la ubicación del barrio. Tal como lo manifestó la misma junta de acción
comunal del barrio el Rodeo en carta dirigida a la alcaldía el 13 de julio de
2005, el barrio fue “construido dentro de una gran zona enmontada rodeada
por un canal de aguas el cual se llena de lodo frecuentemente por el problema
del diapirismo” Es así que la propagación de los insectos, es debido a las
aguas estancadas y no a la basura acumulada.
2.2.3. No comparte la posición de la accionante, quien
afirma que existe una epidemia, por que solo se allegó una prueba de la
existencia de un niño enfermo por presunto dengue clásico, y no de varios
afectados, por lo tanto no se configura epidemia.
2.2.4. Con base en los anteriores argumentos, solicita
declarar la improcedencia de la acción de tutela.
2.3 Cooperativa de Turbaco Limpio y Saludable[5]
2.3.1. La representante legal de esta entidad en el
escrito de contestación de la demanda solicita la improcedencia de la acción de
tutela. Sostiene que no es cierto que el barrio el Rodeo presente graves
problemas de tipo ambiental que hayan sido ocasionados por el mal servicio que
presta su representada.
2.3.2. Señala que el capital de la Cooperativa, establecido
en el Certificado de la Cámara de Comercio, es el que se determinó para el
momento de su constitución hace tres años, pero en este momento dicho capital
ha aumentado.
2.3.3. Manifiesta que no es cierto que el servicio se
halla suspendido por  diez (10) días. En efecto, por motivos de fuerza mayor,
el servicio de recolección de basuras y aseo fue suspendido por tres (3) días, pero
al momento de reactivarse a los trabajadores de la Cooperativa se les impidió
la entrada a la urbanización de los camiones recolectores de residuos sólidos
por una orden emitida por la accionante a los señores porteros. Esta circunstancia
fue aprovechada por la comunidad para tomar las fotografías anexadas a la
demanda.
3. Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1. La Cooperativa Turbaco Limpio y Saludable ha
incumplido con el servicio de recolección de basuras y aseo en el barrio el
Rodeo, lo que ha ocasionado la acumulación de residuos sólidos y malos olores[6].
3.2. Algunos habitantes del barrio el Rodeo no han
hecho el pago de la cuota para la recolección de basura y aseo a la Cooperativa
Turbaco Limpio y Saludable[7].
3.3. La accionante ha solicitado a diferentes empresas
la prestación del servicio de recolección de basuras y aseo, entre las cuales
se encuentran LIME, URBASER y PASACARIBE, pero les ha sido negado toda vez que
éstas tienen asignadas áreas determinadas del Distrito de Cartagena de las
cuales el barrio el Rodeo no hace parte.[8]
3.4. Según la alcaldía de Turbaco en estudio efectuado
por la Universidad Tecnológica de Bolívar el barrio el Rodeo se concluyó que éste
fue “construido dentro de una gran zona enmontada rodeada por un canal de
aguas el cual se llena de lodo frecuentemente por el problema del diapirismo”.
3.6. El menor Adrián Fuentes, quien para la fecha de
la presentación de la tutela tenía 10 meses de edad, residente del barrio el
Rodeo, le fue diagnostico Dengue Clásico[9].
4. Decisiones objeto de revisión
4.1. Fallo de Primera Instancia (Juzgado Promiscuo
Municipal de Turbaco).
El juez denegó el amparo al considerar que no se había
probado el nexo causal entre la enfermedad del menor y la no recolección de las
basuras. En suma, si la accionante asegura que la omisión de la accionada en la
adopción de medidas que garanticen un adecuado manejo de los residuos sólidos y
la protección del medio ambiente, pone en riesgo la salud de los habitantes del
Barrio el Rodeo, es claro que se trata de un derecho e interés de carácter
colectivo, los cuales son regulados por la acción popular y de grupo, por tanto
ese sería el medio de defensa judicial para la protección de este derecho.
CONSIDERACIONES
La Sala es competente para la revisión del caso, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991, en cumplimiento del Auto del veinticuatro (24) de
octubre de 2007, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de la
Corte Constitucional.
5. Problema jurídico
De los antecedentes y pruebas obrantes en el
expediente, la Sala de Revisión pasará a estudiar si la entidad accionada está vulnerando el
derecho a un medio ambiente sano en conexidad con el derecho fundamental a la
salud de los menores de edad del barrio el Rodeo, al no prestar el servicio de
aseo y recolección de residuos sólidos en los días establecidos.
Previo al estudio del problema jurídico planteado,
esta Sala de Revisión determinará si la acción de tutela en este caso es
procedente para proteger derechos de carácter colectivo. Es así que la Sala de
Revisión comenzará por reiterar las subreglas jurisprudencia en torno a este
tema para examinar finalmente el caso concreto bajo análisis.
5.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para
la protección de los derechos colectivos
Esta Corporación
en reiterada jurisprudencia ha sostenido, que en principio, la acción de tutela
no procede para la protección de derechos colectivos, pues la Constitución ha
previsto en su artículo 88 que este tipo de derechos podrán ser protegidos por
las acciones populares, reguladas en la ley 472 de 1998.[10]
Al entrar en vigencia la Ley 472 de 1998, la acción de tutela se
convirtió en un mecanismo subsidiario para la protección de los derechos
colectivos y su procedencia se torna, en estos casos, excepcional, razón por la
cual la Corte ha sostenido que los juzgadores deben ser especialmente cuidadosos
al comprobar el requisito de conexidad con la afectación de derechos
fundamentales. En este sentido se pronunció la sentencia T-1451 de 2000[11]:
“(…) la ley 472 de 1998 viene a unificar
términos, competencia, procedimientos, requisitos para la procedencia de la
acción popular, en aras de lograr la protección real y efectiva de los derechos
e intereses colectivos y, con ellos, de los derechos fundamentales que puedan
resultar lesionados mediante la afectación de un derecho de esta naturaleza. Es
así como en esta ley se consagra la facultad de juez de conocimiento para
adoptar medidas cautelares una vez admitida la acción, con el objeto de
prevenir un daño inminente o cesar los que se hubieren causado (artículo 25)
para celebrar pactos de cumplimiento para la protección inmediata y concertada
de los derechos colectivos afectados, pacto que se constituye en una sentencia
anticipada (artículo 27); se fijan términos perentorios para la práctica  de
pruebas y la adopción de un fallo definitivo, etc.
Se hace necesario, entonces, que los jueces
analicen con sumo cuidado los casos sometidos a su conocimiento para determinar
si la acción procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998 o si es
la acción de tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo
subsidiario al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que,
a través del ejercicio de la acción popular, no sea posible el restablecimiento
del derecho fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la
afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto,
entonces, se hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción
popular, ésta no ha resultado efectiva para lograr la protección que se
requiere. Igualmente, se podrá hacer uso de la acción de tutela como
mecanismo transitorio mientras la jurisdicción competente resuelve la acción
popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un
derecho fundamental.”(Subrayado
fuera del texto original).
Una vez limitada la procedibilidad de la tutela para la protección
de derechos colectivos, esta Corporación determinó las reglas de ponderación
que el juez debe tener en cuenta para determinar en cada caso concreto si el
amparo constitucional de tutela es procedente y prevalente[12]. Las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte para estos
casos son:
(i)
que exista
conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza
a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho
fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación del
derecho colectivo”;
(ii)
que el peticionario
debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental,
pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva;
(iii)
que la vulneración o
la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente;
(iv)
que la orden
judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.
6. Análisis del caso
La Sala de Revisión, habiendo precisado la doctrina constitucional
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en los eventos de
afectación de un derecho colectivo, entra a estudiar la situación planteada por
la presente acción de tutela. Para el efecto, empezará aplicando las subreglas
establecidas por la Corte al caso concreto.
6.1. De las pruebas que obran en el expediente se encuentra probado
que hay una vulneración al derecho al medio ambiente sano, derecho colectivo,
de los habitantes del barrio el Rodeo. De igual forma se encuentra probado que
el menor Adrián Fuentes, residente del mismo barrio, fue diagnosticado con
dengue clásico.
No obstante lo anterior, la Sala de Revisión no encuentra una
relación directa entre la enfermedad viral del menor de edad y la contaminación
ambiental generada por no haberse prestado el servicio de aseo por 10 días. Toda
vez que el dengue clásico, diagnosticado al niño Adrián Fuente, es causado por diferentes
vectores, que no responden precisamente a la contaminación causada por la
prestación deficitaria del servicio de aseo.
En efecto, los principales vectores del dengue clásico son los
mosquitos del género Aedes Meigen, éstos viven y se reproducen en reservas de
agua ubicados en la periferia o en el interior de las casas, como en
recipientes utilizados para el almacenamiento de agua para las necesidades
domésticas, tarros, floreros, etc[13]. Es así que
cualquier reservorio de agua puede ser preciso para la cría estos insectos. Por
otro lado, el dengue es una enfermedad viral típica del trópico, ambiente donde
sobrevive y se disemina un heterogéneo grupo de microorganismos, como los
mosquitos Aedes Meigen transmisores de este dengue, cuya supervivencia es
favorecida por las condiciones propias de este clima[14].
Es así que la existencia de mosquitos transmisores del dengue en el
barrio donde reside el menor se debe más a que se encuentra “construido
dentro de una gran zona enmontada rodeada por un canal de aguas”, como lo
afirma la alcaldía de Turbaco, que a la deficitaria prestación del servicio de
recolección de basuras, dado que el hábitat de estos insectos son las reservas
de agua.
6.2. De lo anterior se concluye que contrario a lo que pretende
demostrar la actora, no existe conexidad entre la vulneración del derecho al
medio ambiente sano que ha ocasionado la Cooperativa de Turbaco Limpio y
Saludable, y la presunta vulneración al derecho fundamental a la salud del
menor Adrián Fuentes, en tanto que así como está demostrado la afección en la
salud del niño, no es una consecuencia inmediata y directa de la perturbación
del derecho al medio ambiente sano vulnerado por la Cooperativa Turbaco Limpio
y Saludable, pues su contagio se debe más a las características climáticas y
físicas de la zona donde reside.
6.3. Además se extraña que la madre del menor afectado, titular de
la patria potestad éste, no actuara en representación de su hijo para solicitar
la protección de su derecho fundamental, como tampoco se manifiesta ningún
impedimento que la excuse de ello. En este caso, la actora, si bien está
legitimada para solicitar la protección de los derechos de la comunidad a la
que representa, no lo está para solicitar la protección de los derechos
fundamentales del menor, pues así como lo exige la subregla que esta
Corporación ha establecido “el peticionario debe ser la persona directa o
realmente afectada en su derecho fundamental”. Empero la señora Dina E.
Arabia sí está legitimada para solicitar la protección de los derechos
colectivos del barrio el Rodeo a través de la acción constitucional adecuada,
la acción popular.
6.4. De igual forma la peticionaria tampoco justificó por qué la
acción popular prevista por la Ley 472 de 1998 no era idónea para amparar los
derechos afectados. Cuando es precisamente esta acción constitucional la que ha
sido establecida por la Ley 472 de 1998 para proteger derechos colectivos, en
su artículo 4º literales a) y h) el “goce de un ambiente sano” y “el
acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad
pública”. La Sala constata que la acción popular era el instrumento
judicial idóneo para proteger a la peticionaria y a los residentes del barrio
el Rodeo de la afectación a sus derechos colectivos.
En conclusión, la Sala de Revisión decide que en el caso bajo
estudio  la acción de tutela no procede como un mecanismo subsidiario para la
protección del derecho al medio ambiente sano de los habitantes del barrio el
Rodeo, en tanto que no se cumplió con las subreglas que para estos caso
estableció la Corte: (i) el requisito de conexidad con la afectación de
derechos fundamentales, (i) ni la exigencia de que el peticionario sea la
persona a la que se le esté afectando su derecho fundamental. La sentencia
revisada será entonces confirmada pero por las razones señaladas en la presente
providencia.
Sin embargo, la Sala de Revisión instará a la Alcaldía de Turbaco,
entidad competente para velar por la protección del medio ambiente de sus
habitantes, para que efectué una evaluación sobre las condiciones de salubridad
en que se encuentra el barrio el Rodeo y tome las medidas necesarias para
preservar el medio ambiente sano, como propender para que el servicio de aseo
se preste de forma eficiente y se realice el mantenimiento a los caños de agua
aledaños a este barrio, con el fin de prevenir la posible afectación futura a
los derechos fundamentales de sus habitantes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia del 11 de julio de 2007, proferida
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Turbaco.
SEGUNDO. INSTAR a la Alcaldía Municipal de Turbaco para que efectue
una evaluación sobre las condiciones de salubridad en las que se encuentra el
barrio el Rodeo y tome las medidas para preservar el medio ambiente sano, entre
ellas, propender para que el servicio de aseo se preste de forma eficiente y se
realice el mantenimiento a los caños de agua aledaños a este barrio.
TERCERO. Por Secretaría líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] El 26 de junio de 2007 fue presentada la demanda de
acción de tutela por la señora  Dina Estela Arabia Ricardo contra la Alcaldía
Municipal de Turbaco (Ver folios del 1 al 91 del cuaderno #1).
[2] En el
Certificado de Existencia y Representación de la Asociación de vecinos del
Rodeo del 6 de junio de 2007, consta que la señora Dina Estela Arabia Ricardo
es la representante legal (Ver folio 16, cuaderno #1).
[3] Ver folio 19 y
20 del cuaderno #1.
[4] Notificada por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Turbaco Ver folio 93 y 94 del cuaderno #1.
[5] Ibídem
[6] Afirmación de
la accionante, en la demandada de acción de tutela, y aceptación en la
contestación (Ver folios  2 y 99 del cuaderno #1).
[7] Carta de la
Corporación Turbaco Limpio y Saludable a la Sociedad de Vecinos del Barrio el
Rodeo, (Ver folios 52 y 53 del cuaderno #1).
[8] Ver
folios del 44 al 47 del cuaderno #1.
[9] Ver folio 5 del
cuaderno #1.
[10] Art.2. Acciones Populares: “Son los medios procesales para la
protección de los derechos e intereses colectivos.” Entiéndase entre otros
como derechos: “El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.”
[11]
M.P. Martha Sachica Méndez.
[12]
Sentencia T-1451 de 2000, Magistrada Ponente Martha Sachica Méndez. Ver, entre otras, las sentencias SU 1116/01,
SU-067 de 1993, T-254 de 1993, T-500 de 1994, SU-429 de 1997, T-244 de 1998,
T-644 de 1999, y T-1527 de 2001.
Sentencia T-1527
de 2000 MP Alfredo Beltrán Sierra.
[13]
Articulo “Selección de hábitat de voiposición en Aedes Aegypti” por
Ernesto I Bando y Hector A Regidor. Publicada en Ecología Austral 12:129-134
Diciembre 2002, Asociación Argentina de Ecología, consultada en http://eibadano.googlepages.com/2002-BadanoRegidorEcol.Austral2002.pdf
[14]
Página de Internet de Listin Diario, consultada el 29 de febrero de 2008: http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=49198