T-241-16
Sentencia T-241/16
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER
CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos
internacionales ratificados por Colombia
RECONOCIMIENTO
DE DERECHOS DE LA MUJER EN COLOMBIA-Desarrollo
normativo
PROTECCION
ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Desarrollo en el Sistema
Interamericano
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance
constitucional
GARANTIA DE LAS VICTIMAS A LA NO REPETICION-Deber del
Estado de evitar su revictimización
GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y alcance
GARANTIA DE NO REPETICION DEL DELITO FRENTE A LAS VICTIMAS
ESPECIFICAS DE UN DELITO
GARANTIA
DE NO REPETICION DEL DELITO VICTIMAS AMENAZADAS-Obligación de brindarle protección para que no vuelvan a ser
objeto de la misma conducta punible
ENFOQUE DE
GENERO-Importancia en las decisiones judiciales sobre violencia
contra la mujer
Los jueces deben ser respetuosos del
estándar internacional y adoptar un enfoque de género en el estudio de los
casos concretos que permitan administrar justicia de manera efectiva.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL
PROBATORIO
La Corte ha sostenido que el
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso tiene lugar cuando “el
funcionario judicial al momento de valorar la prueba niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa u
omite la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de
los hechos analizados y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.”
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
Se presenta cuando la autoridad
judicial, aun teniendo los elementos de prueba allegados al proceso por las
partes involucradas, omite darle una valoración.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por defecto fáctico por indebida valoración probatoria
El Juzgado incurrió en un defecto
fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio por cuanto
no dio credibilidad a las consultas por psicología de la accionante en donde
señalaba ser víctima de maltrato psicológico por parte de su cónyuge y donde
inclusive se indicaba que el denunciado no había querido asistir a terapia de
pareja tal y como lo había ordenado la Comisaría. En este sentido desacreditó
la historia clínica de la señora accionante.
Referencia: expediente T – 5.310.907
Acción de tutela
instaurada por Nubia Mercedes Mateus Hernández, frente al fallo de segunda
instancia proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa –
Santander.
Derechos fundamentales invocados: vida y
debido proceso.
Temas: (i) las medidas de protección eficaces y recurso
judicial efectivo de las mujeres víctimas de violencia; (ii) protección
constitucional de la mujer; (iii) procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; y (iv) defecto fáctico por omitir y valorar
defectuosamente el material probatorio.
Problema jurídico: Determinar si se
vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y vida de la accionante, por el aparente defecto fáctico de
indebida valoración probatoria en el que pudo incurrir el juez accionado,
mediante la providencia de abril
24 de 2015, donde se revoca en su integridad la decisión de la Comisaria de
Familia de Barbosa – Santander proferida el tres (03) de marzo de ese mismo
año, en la cual se declaró el incumplimiento de la medida de protección que
favorecía a la demandante.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos
mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside–, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, profiere la
siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos por la Sala Civil - Familia de Decisión del Tribunal Superior de San
Gil - Santander, el diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) y, por  el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Vélez – Santander, el 29 de septiembre
de 2015. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la
Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia[1].
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1
HECHOS
Nubia Mercedes Mateus
Hernández, de 53 años, presentó acción de tutela contra el fallo proferido por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander, dentro del
proceso radicado No. 680774089-2015-00001, por los siguientes motivos:
1.1.1    Afirma que a causa del maltrato físico y
psicológico que le ha generado su ex esposo, el señor Jesús Arnulfo Grandas
Duarte, padece de una enfermedad llamada Sincope Colapso Neuro Carcinogénico,
por la cual ha sido atendida en el Hospital de Barbosa – Santander y
adicionalmente su salud física y psicológica se ha visto afectadas por tales
hechos.
1.1.2    Indica que las amenazas que le  profiere su
agresor son de gran riesgo para su vida, ya que además de usar palabras
obscenas y groseras en su contra, le ha anunciado que le va a quitar la vida.
De igual manera, menciona que personas extrañas y armadas enviadas por su ex
esposo destruyeron el sistema de cámaras que le brinda seguridad a la vivienda
donde reside.
1.1.3    Por lo anterior, señala que interpuso
querella ante la Comisaria de Familia del Municipio de Barbosa (Santander),
trámite administrativo en el que no fue posible anexar, más allá de su
testimonio, las pruebas suficientes que demostraran el grado de maltrato que
estaba viviendo, dado que por esos días se encontraba en la ciudad de
Bucaramanga recibiendo atención a su padecimiento.
1.1.4    El 24 de septiembre de 2012 la Comisaría de
Familia de Barbosa Santander concedió una medida de protección a favor de la
accionante de acuerdo a la solicitud verbal que había presentado para tal fin y
ordenó al señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte “abstenerse y cesar todo acto
de violencia e intimidación, de amenaza y venganza, de maltrato y ofensa, de
hecho o de palabra, so pena de que en caso de incumplimiento se haga merecedor
a las personas previstas en el artículo 7 de la Ley 294 de 1.996 y demás normas
concordantes…”
1.1.5    El 10 de julio de 2014, la señora Nubia
Mateus Hernández acudió en una segunda oportunidad a la Comisaría de Familia de
Barbosa narrando nuevos hechos de violencia intrafamiliar y solicitando una
medida de protección por violencia intrafamiliar contra su ex esposo, fecha en
la cual se avocó y se admitió la solicitud de la accionante, imponiendo medida
de protección provisional al señor Grandas Duarte en donde se le prohibió el
porte de armas de fuego.
1.1.6    En Auto de 3 de marzo de 2015 la Comisaria
de Familia impuso sanción de 2 SMLMV a su ex esposo Jesús Arnulfo Grandas
Duarte, al señalar que este había incumplido la medida de protección
establecida el 24 de septiembre de 2012 en favor de la aquí accionante,
decisión que siendo apelada por ambas partes, fue revocada por el juez
accionado en proveído del 24 de abril de 2015, al precisar que la Comisaria de
Familia había proferido una decisión sin valorar en debida forma las pruebas
obrantes en el expediente administrativo.
1.1.7    Expone la demandante que la decisión
adoptada por el juez accionado quebranta sus garantías constitucionales, más
aún cuando el agresor la sigue acosando psicológicamente y continua rondando
los alrededores de su vivienda. Aduce además, que la cercanía del accionado a
los jueces de la ciudad de Barbosa facilitó la revocatoria de lo ordenado por
la Comisaria de Familia.
1.1.8    Por lo anterior, pide que se tutelen sus
derechos fundamentales a la vida y debido proceso. En consecuencia, solicita: (i)
se haga una revisión exhaustiva del fallo de segunda instancia proferido
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Barbosa – Santander, teniendo en cuenta el material probatorio allegado a esas
instancias y, (ii) Se investigue a su agresor por los delitos de
violencia contra la mujer en los que haya incurrido.
1.2
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Vélez – Santander, mediante Auto fechado el 15 de Septiembre de 2015, dispuso
notificar a la autoridad judicial accionada y vincular a este trámite al
presunto agresor Jesús Arnulfo Grandas Duarte y a la Comisaria de Familia.
1.2.1    Respuesta del Juzgado Primero Promiscuo
Municipal con funciones de conocimiento de Barbosa – Santander
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal con
funciones de conocimiento de Barbosa – Santander en su respuesta, solicitó se
declare la improcedencia de la acción de tutela, basado en las siguientes
razones:
1.2.1.1 Inicia su respuesta confirmando que su despacho revocó
por vía de impugnación lo resuelto por la Comisaria de Familia de Barbosa el 03
de marzo de 2015, que sancionaba a Jesús Arnulfo Grandas Duarte por
incumplimiento de la medida de protección expedida a favor de la accionante.
1.2.1.2 Finaliza, solicitando que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, como quiera que no se ha vulnerado derecho fundamental
alguno a la accionante, ya que afirma que en su decisión respetó en todo
momento el debido proceso, pues se basó únicamente en un análisis exhaustivo y
crítico de las pruebas debatidas en el mismo.
1.2.2     Respuesta de Jesús Arnulfo Grandas Duarte
Jesús Arnulfo Grandas Duarte, dio respuesta
a la acción de tutela en la que se le vinculó, negando los actos violentos que
se le endilgan, con fundamento en las siguientes razones:
1.2.2.1 Manifiesta que no realizó ningún comportamiento
agresivo en contra de la accionante, pues los alegatos de ella se basan en
intenciones mal concebidas para hacerle daño, motivada por los trastornos
psicológicos que le han sido diagnosticados.
1.2.2.2 En el mismo sentido, indica que si bien es cierto que
la accionante padece de “Sincope Colapso” hace varios años, según los
profesionales de la medicina que la han tratado, se desconoce el origen de esa
enfermedad, por lo tanto asegurar que son causa de maltrato, no tiene
fundamento, y se requiere de una prueba científica para probar tal aseveración.
1.2.2.3 Sobre la falta de fundamentación probatoria de la
actora al interponer inicialmente su querella, argumenta que no es cierto que
no haya podido allegar material probatorio por encontrarse en Bucaramanga, pues
en distintas ocasiones durante las citas en la Comisaria de Familia ella era
representada por su apoderado Doctor Ober Mora.
1.2.2.4 Expone que no son ciertas las afirmaciones infundadas
de la actora, en cuanto a que él haya enviado personas armadas para que
destruyeran el sistema de seguridad de su vivienda y, que tampoco es verdad que
él tenga amistad o relación alguna con los jueces del municipio de Barbosa.
1.2.2.5 Asegura que debe tenerse en consideración la historia
clínica psiquiátrica de la accionante, la cual no allega, porque solo puede ser
solicitada por el paciente o por una autoridad judicial.
1.2.2.6 Concluye, aduciendo que él le cedió la tenencia
temporal del único bien producto de la sociedad conyugal, el cual es la
vivienda donde ella reside, por lo que en varias ocasiones le ha hecho
distintas propuestas para separar los bienes sociales, pero frente a la
negativa en la aceptación de las mismas, decidió instaurar proceso de divorcio.
1.2.2.7 De igual manera, indica que no ha querido aceptar la
propuesta que le hiciera la accionante a través de su apoderado, según la cual
si él le cede la parte que le corresponde de los haberes sociales, ella
desistiría de los distintos proceso que ha instaurado en su contra (Fiscalía,
Comisaria de Familia y Control Disciplinario de la Gobernación de Santander).
1.2.3    Respuesta de la Comisaria de Familia de
Barbosa (Santander)
Juan Carlos Suárez Lemus, en su calidad de
Inspector de Policía con funciones en la Comisaria de Familia de Barbosa
(Santander), pone en conocimiento del juez de tutela los siguientes hechos:
1.2.3.1 Manifiesta que dentro del expediente existe audiencia
de imposición de medida de protección solicitada por la accionante, realizada
el 24 de septiembre de 2012, en donde en dicha diligencia se notificó
personalmente a las partes.
1.2.3.2 Indica que, el 10 de julio de 2014, la señora Nubia
Mateus, solicitó nuevamente medida de protección ante el Comisario de Familia,
la cual se le concede, junto con acompañamiento policial y remitiendo a la
víctima al Instituto de Medicina Legal, con el fin de que se le diera
incapacidad médica definitiva
1.2.3.3 En el mismo sentido, aduce que reposa acta del 14 de
julio de esa misma anualidad, donde la peticionaria solicitaba hacer efectiva
la medida de protección, aseverando que su agresor la continuaba maltratándola
psicológicamente y mediante acoso laboral.
1.2.3.4 Expone que, el 14 de diciembre de 2014, la querellante
solicitó que se declare el incumplimiento de la medida de protección, tras lo
cual se programó audiencia de incumplimiento de esta medida para el 03 de marzo
de 2015, en la cual se sancionó al querellado por el presunto incumplimiento de
la medida de protección que se concedió en favor de la señora Nubia Mateus, el
24 de septiembre de 2012.
1.2.3.5 Frente a los hechos narrados en la acción de tutela,
manifiesta que no le consta ninguno de ellos. Sin embargo, que en varias
diligencias de conciliación el apoderado de la víctima realizó la propuesta al
señor Arnulfo Grandas, manifestándole que cediera el 50 % de los bienes que le
correspondían a la víctima y ellos retiraban la solicitud de incumplimiento de
la medida de protección.
1.2.4    Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.2.4.1  Copia de documento donde la accionante narra los
hechos referentes a la situación de violencia intrafamiliar que aparentemente
padeció.[2]
1.2.4.2 Copia de la solicitud de apoyo policivo presentado a
la Comisaria de Familia de Barbosa – Santander.[3]
1.2.4.3 Copia de la solicitud de protección presentada por la
actora a la Comisaria de Familia de Barbosa – Santander, el 10 de septiembre de
2012.[4]
1.2.4.4 Copia de la solicitud de protección presentada por la
actora a la Comisaria de Familia de Barbosa – Santander, el 10 de julio de
2014.[5]
1.2.4.5 Copia de la denuncia presentada por la accionante ante
la policía judicial por violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja
sentimental.[6]
1.2.4.6 Copia del acto mediante el cual se impone medida de
protección a favor de la accionante, fechado el 24 de septiembre de 2012.[7]
1.2.4.7 Copia del acto mediante el cual se impone medida de
protección a favor de la accionante, fechado el 10 de julio de 2014.[8]
1.2.4.8 Copia de exámenes médico psicológicos de la
accionante.[9]
1.2.4.9 Copia de examen médico legal practicado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se determinó
incapacidad médico legal de tres (3) días sin secuelas médico legales en la
señora Nubia Mercedes Mateus Hernández, con fecha de 7 de julio de 2014.[10]
1.2.4.10 Copia de fotos señalando moretones a causa del
maltrato intrafamiliar.[11]
1.2.4.11 Un (1) CD que contiene grabaciones del exterior de la
vivienda de la accionante y conversaciones de la misma con sus hijos.[12]
1.2.4.12 Fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander, con fecha de abril 24 de
2015, donde se revoca en su integridad la decisión de la Comisaria de Familia
proferida el 3 de marzo de ese mismo año.[13]
1.3
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1    Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Vélez Santander, mediante providencia del 29 de septiembre de
2015, denegó la acción de tutela presentada por la señora Nubia Mercedes Mateus
Hernández en contra del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de
conocimiento y Depuración de Barbosa – Santander, a la cual fueron vinculados
Jesús Arnulfo Grandas Duarte y la Comisaria de Familia de Barbosa, por las
siguientes razones:
1.3.1.1 Afirma el fallador de primera instancia
que, respecto del aparente defecto factico en el que incurrió el juez cuya
decisión está siendo cuestionada, no se evidencia la configuración de una vía
de hecho que amerite la intervención extraordinaria del juez constitucional,
habida consideración que tal decisión se sustenta en un criterio respaldado jurídica
y probatoriamente.
1.3.1.2 Señala que el fallo recurrido (la decisión
de la Comisaria) edifica la imposición de su sanción y el incumplimiento de la
medida de protección por parte del querellado, basándose en valoraciones
médicas realizadas a la querellante e infiriendo a partir de tales hallazgos
que el presunto agresor había reincidido en actos de violencia física y
psicológica.
1.3.1.3 Aduce que el operador judicial que revocó
la decisión de la Comisaria, cuestionó los razonamientos hechos por ésta, por
desconocer principios de valoración probatoria tales como la necesidad de la
prueba, la carga de la prueba y su apreciación con apoyo en la sana critica,
sin los cuales no es posible estructurar un fallo sancionatorio.
1.3.1.4 Aunado a ello, la responsabilidad que se endilga
al agente debe tener presente el dolo como elemento esencial para imponer una
sanción por incumplimiento de una medida de protección.
1.3.1.5 En el mismo sentido, señala que la carga de
la prueba le correspondía a la solicitante, por expresa prescripción del
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los hechos
constitutivos de maltrato y de los cuales se dice ser víctima. Sin embargo, la
parte interesada en su demostración no allegó ninguna prueba a parte de su
propio dicho y de los dictámenes médicos que no son conclusivos.
1.3.1.6 En este punto, el fallo acusado en la
presente acción, fue enfático al decir que la accionante, en lugar de presentar
las pruebas desistió de las declaraciones de sus hermanas Fanny y Edith Mateus,
a quienes había señalado como testigos presenciales del maltrato verbal del que
aparentemente fue víctima.
1.3.1.7 Concluye argumentando que se descarta la
configuración del defecto probatorio, como quiera que el razonamiento del Juez
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa, es producto de un profundo análisis
probatorio efectuado bajo las reglas de la sana crítica y con observancia de
los principios que informan la hermenéutica jurídica.
1.3.2    Impugnación de Nubia Mercedes Mateus
Hernández
La accionante,
Nubia Mercedes Mateus Hernández, impugnó la decisión con fecha de 29 de
septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Vélez Santander y que denegó el amparo por ella pretendido. Lo anterior, sin
precisar las razones de su disenso.
1.3.3    Sentencia de segunda instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial Sala Civil – Familia – Laboral de San Gil
–Santander, mediante sentencia del diez (10) de noviembre de 2015[14],
decidió confirmar en su integridad la decisión del Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Vélez - Santander, por las siguientes razones:
1.3.3.1 Advierte la Sala de Decisión del Tribunal
que el juez accionado al hacer la valoración de los elementos probatorios que
militan en el expediente administrativo, no encontró debidamente acreditada la
ocurrencia de los hechos de violencia intrafamiliar que denunciara la actora
ante la Comisaria de Familia, aspecto este que era del resorte de la
denunciante en virtud del principio de la carga de la prueba, ausencia de
prueba que además fue aceptada por la accionante en los hechos que sustentan la
presente acción constitucional, razón por la cual, estimó que la actuación del
Juez accionado no puede tildarse de arbitraria y abusiva.
1.3.3.2 Finaliza su argumentación aseverando que no
se encuentra soporte alguno de la vulneración de los derechos cuyo
quebrantamiento alega la accionante, y en tales condiciones no tienen asidero
alguno los hechos esbozados en la acción de tutela.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud
de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado
en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
De conformidad con los hechos narrados con
antelación, la Corte Constitucional deberá establecer si se vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y vida de la accionante, Nubia Mercedes Mateus Hernández, por el
aparente defecto fáctico de indebida valoración probatoria en el que pudo
incurrir el juez accionado, mediante la providencia de abril 24 de 2015, donde se revocó en su integridad la
decisión de la Comisaria de Familia de Barbosa – Santander proferida el tres
(03) de marzo de ese mismo año, en la cual se declaró el incumplimiento de la
medida de protección que favorecía a la accionante.
Para resolver el problema jurídico que se
plantea, la Sala analizará los siguientes temas: (i) las medidas de
protección eficaces y recurso judicial efectivo de las mujeres víctimas de
violencia; (ii) protección constitucional de las mujeres;  (iii) procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (iv) defecto
fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio.
2.3.
LA PROTECCIÓN DE
LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
2.3.1. La protección de las mujeres en el derecho internacional
frente a la violencia[15]
Esta Corte ha señalado los diversos
intentos de la comunidad internacional para eliminar la discriminación y la
violencia contra la mujer pues son fenómenos extremadamente dañinos para los
derechos humanos. De esta manera, dentro de los instrumentos jurídicos que han
adoptado para prevenir y sancionar estas conductas están[16]:
2.3.1.1.
La Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptada
y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 señala la protección contra
toda forma de discriminación[17].
2.3.1.2.   Igualmente, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos consagra especialmente en los artículos 3° y 20
disposiciones contra la discriminación[18].
2.3.1.3.   El artículo 1.1. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos[19] estipula que
“Los Estados Partes
en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”[20]. En el mismo sentido, prevé que “Todas
las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley”[21].
2.3.1.4.   Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia en contra de la Mujer[22]
La Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, fue aprobada el 20 de diciembre de 1993 y consagra
que las mujeres deben acceder en igualdad a la protección y goce de las
libertades fundamentales y derechos humanos en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil, entre otros[23].
De igual manera, este instrumento
estableció que los Estados tienen la obligación de utilizar una política que
tenga como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente: “(i)
abstenerse de practicar cualquier acto de violencia contra la mujer; (ii)
prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer; (iii)
establecer sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de
violencia; (iv) elaborar planes de acción nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda forma de violencia; (v) elaborar enfoques de
tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra
toda forma de violencia; (vi) garantizar que las mujeres objeto de violencia y,
cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada; (vii)
contar con los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la
eliminación de la violencia contra la mujer; (viii) sensibilizar a autoridades
y funcionarios sobre el fenómeno; (ix) modificar las pautas sociales y
culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias o de otra índole; (x) promover la realización
de investigaciones, informes y directrices sobre el tema; (xi) y apoyar las
organizaciones y movimientos que se dediquen a promover los derechos de la
mujer, entre otros”[24].
2.3.1.5.
Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer[25]
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de las Naciones Unidas se reunió en Beijing entre el 4 y el 15 de
septiembre de 1995 y estipuló un plan para cumplir con objetivos estratégicos
relacionados con temas como: la mujer y la pobreza[26],
la educación y la capacitación[27],
la salud[28],
la violencia contra la mujer[29],
los conflictos armados[30],
la economía[31],
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones[32],
los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer[33],
los derechos humanos de la mujer[34],
los medios de difusión[35],
el medio ambiente[36] y
las niñas[37].
En dicho documento se resalta la presencia
de situaciones graves de discriminación en diversos ámbitos como la educación,
salud, trabajo, economía y sociedad[38]
por lo que indicó que la comunidad internacional tiene como prioridad que las
mujeres tengan plena participación igualitaria en la vida civil, social,
política, económica y cultural a nivel regional, nacional e internacional,
eliminando cualquier forma de discriminación originada a partir del sexo[39].
Igualmente, se reconocieron los efectos que
tienen la desigualdad y la discriminación en el trabajo, la familia, la
comunidad y la sociedad generando que se propicien actos violentos contra las
mujeres[40],
por lo que se exige la adopción de medidas para prevenir tales conductas[41].
2.3.1.6.
Las
recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la eliminación de la
discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW)[42]
La Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer en el párrafo 1° del artículo 21
crea el comité para eliminar la discriminación contra la Mujer de las Naciones
Unidas, de conformidad con el cual se pueden hacer recomendaciones y
sugerencias generales de acuerdo con el examen de los informes y datos que
provean los Estados partes.
En ejercicio de esta actividad, dicho
comité ha proferido diversas recomendaciones referentes a la protección de los
derechos de las mujeres, como las siguientes:
La Recomendación General No. 12 referente a la
Violencia contra la mujer, exige a los Estados que en sus informes incluyan
información relacionada con la legislación aplicable para proteger a la mujer
de cualquier acto de violencia; los mecanismos utilizados para evitar y eliminar
este tipo de violencia; los servicios para apoyar a las mujeres víctimas de
violencia, agresiones o malos tratos; y facilitar datos respecto a la
frecuencia de conductas violentas que atentan contra las mujeres y las víctimas
de la misma.
La Recomendación No. 13 se refiere a la “Igual
remuneración por trabajo de igual valor” y se insta a los Estados que aún
no hayan ratificado el Convenio No. 100 de la OIT a hacerlo con el fin de
aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.
La Recomendación General No. 14 trata sobre la
ablación genital y se exige que los Estados Partes incluyan los mecanismos
eficaces y apropiados para erradicar dicha práctica.
En la Recomendación General Nº 15 se habla sobre la
necesidad de evitar la discriminación contra la mujer en las actividades
nacionales que tienden a prevenir y erradicar el SIDA.
Las Recomendaciones Generales 16, 17 y 18 se refieren
a las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y
urbanas, la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de
las mujeres y su reconocimiento en el producto nacional bruto[43],
y sobre las mujeres discapacitadas, respectivamente[44].
La Recomendación No. 19 se refiere a la violencia contra
la mujer la cual es reconocida como un método de discriminación mediante el
cual no se les permite a las mujeres que gocen de sus derechos y libertades en
igualdad con los hombres[45].
La Recomendación General No. 21 se pronunció sobre la
igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, y aconseja a los
Estados Partes que incluyan mecanismos para erradicar la discriminación contra
las mujeres en los ámbitos del matrimonio y de relaciones familiares asegurando
su igualdad respecto a los hombres.
En la Recomendación General Nº 23 se trata
el tema relacionado con la “vida política y pública” de las mujeres y
aconseja a los Estados que adopten medidas para eliminar cualquier acto de
discriminación contra las mujeres en la vida pública y política nacional y que
se garanticen los siguientes derechos en igualdad con los hombres: “a) Votar
en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en
la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los
planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones no gubernamentales y
asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país”.[46]
La Recomendación General No. 33 de 15 de agosto de
2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, indica que existen diversas
problemáticas que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres que han
sido víctimas de algún tipo de violencia como “la centralización de los
tribunales y órganos cuasi-judiciales en las principales ciudades, la falta de
disponibilidad en las regiones rurales y remotas, el tiempo y el dinero que se
necesita para acceder a ellos, la complejidad de los procedimientos, las
barreras físicas para las mujeres con discapacidad, la falta de acceso a
asesoramiento legal con visión de género, incluida la asistencia jurídica, así
como las deficiencias a menudo señaladas en la calidad de los sistemas de justicia
(como resoluciones insensibles al género debidas a la falta de formación,
retrasos y excesiva duración de los procedimientos, la corrupción, etc.)
dificultan que las mujeres tengan acceso a la justicia.”
En el mismo sentido, señaló que para contrarrestar
estas barreras y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres se hace
necesario desarrollar seis temáticas:
-
Justiciabilidad: indica que era necesario permitir el
acceso sin limitaciones de las mujeres a la justicia, al igual que su autonomía
y capacidad para reivindicar sus derechos de conformidad a la Convención como
derecho positivo.
-
Disponibilidad: exige que se implementen tribunales y
órganos cuasi-judiciales, o similares, en todo el Estado y garantizar su
mantenimiento y financiación.
-
Accesibilidad: implica que todos los sistemas de justicia
(formales y cuasi-judiciales) son seguros, asequibles y accesibles físicamente
a las mujeres, inclusive aquellos que están enfrentándose a formas
intersectoriales o agravadas de discriminación.
-
Exige que los sistemas
de justicia sean de calidad, lo que implica que los componentes se
adhieran a normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e
imparcialidad que brinden remedios efectivos y adecuados oportunamente. Los
sistemas de justicia deben se contextualizados, dinámicos, participativos y
abiertos a prácticas innovadoras, con perspectiva de género.
-
Finalmente se indica
que la responsabilidad de los sistemas de justicia está garantizada por medio
de la supervisión del funcionamiento de los mismos. La rendición de cuentas
de los sistemas también implica la supervisión de las actuaciones de sus
profesionales y de su responsabilidad legal en los eventos en donde trasgredan
la ley.
-
Se afirma que al
establecerse los recursos, se hace necesario que las mujeres puedan
recibir los sistemas de justicia de protección.
2.3.1.7.
Convención
Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer[47]
La Convención Interamericana para Prevenir,
Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se adoptó en Belém do Pará,
Brasil, el 9 de junio de 1994, y definió la violencia contra las mujeres como “cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”[48].
Igualmente indicó que existen diversas formas en las que se manifiesta la
violencia contra la mujer:
“Se entenderá que violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea
perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar, y
c) Que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”[49].
En el mismo sentido, la Convención exige a
los Estados parte la adopción de políticas y mecanismos adecuados y sin
dilaciones tendientes a erradicar, sancionar y prevenir este tipo de violencia[50].
2.3.1.8.
Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, como complemento a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional[51]
Este instrumento internacional complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y exige que se tipifiquen cualquier manifestación de trata de
personas[52],
que se garantice la protección y asistencia a las víctimas de este delito[53]
y consagra una serie de medias de cooperación y prevención frente a esta
conducta punible[54].
2.3.2.
El
reconocimiento de los derechos de la mujer en Colombia[55]
A través de la historia, Colombia ha
afrontado la discriminación contra las mujeres conllevando a graves
afectaciones de la dignidad humana de las mismas. A pesar de lo anterior,
paulatinamente se ha avanzado en cuanto al reconocimiento de los derechos de la
mujer[56]:
2.3.2.1.
Con la expedición de la Ley 83
de 1931 se le permitió a la mujer que trabajaba obtener de manera directa su
salario y no que el mismo fuera recibido por su esposo o sus padres.
2.3.2.2.
Posteriormente,
en 1932 se promulgó la Ley 28 mediante la cual se introdujeron reformas sobre
la organización de la familia ya que la administración y el mando eran
ejercidos por el padre y la mujer era una incapaz a la cual representaba su
esposo. Este modelo se cambia por una familia en que la mujer es una persona
capaz, no necesitaba la representación de su marido y podía administrar los
bienes de forma conjunta[57].
2.3.2.3.
Mediante el Decreto 1972 de
1933 se reconoció a las mujeres el acceso a la Universidad[58].
2.3.2.4.
En el año de 1938 entraron en
vigencia las reglas que había recomendado la OIT en 1919 mediante las cuales se
protegía la maternidad, al reconocer una licencia remunerada durante un periodo
de ocho (08) semanas luego de haber dado a luz, la cual fue ampliada
posteriormente por la Ley 50 de 1990[59] a doce (12)
semanas.
2.3.2.5.
Luego, a través del Acto
Legislativo No. 3 de 1954 se le reconoció a la mujer el derecho al voto, el
cual fue ejercido en 1957 por primera vez, sobre este mismo tema con
posterioridad se promulgó el Decreto 502 de 1954 que extendió la cedulación a
todos los ciudadanos colombianos que contaran con más de 21 años, por lo tanto
las mujeres tendrían acceso a la identidad portando la cédula de ciudadanía.
2.3.2.6.
El Decreto 2351 de 1965,
implementó la prohibición de despedir a una mujer que estuviera en estado de
embarazo. Por su parte, el Decreto 2820 de 1974 “por el cual se otorgan iguales de­re­­­chos y
obligaciones a las mujeres y a los varones” modificó diversos artículos del
Código Civil tendientes a erradicar la desigualdad que contenía esa
codificación, por tal motivo, se derogó la obligación de obediencia de la mujer
a su esposo, la de vivir con él y la de seguirlo a cualquier lugar donde este
trasladara su residencia, también se le concedió la patria potestad de los
hijos a la mujer y al hombre.
2.3.2.7.
El Decreto 999 de 1988
mediante su artículo 94 eliminó la obligación que tenían las mujeres para
llevar el apellido de su esposo estableciendo que “La mujer casada podrá proceder, por medio
de escritura pública, a adicionar o suprimir el apellido del marido precedido
de la preposición "de", en los casos en que ella lo hubiere adoptado
o hubiere sido establecido por la ley”[60].
2.3.2.8.
Con la expedición de la
Constitución de 1991 se dio uno de los avances más relevantes en cuanto a la
igualdad de las mujeres respecto a los hombres, el artículo 13 establece el
derecho a la igualdad[61]; el artículo
40 garantiza la participación efectiva de las mujeres en los cargos decisorios
de la Administración Pública; el artículo 43 equipara los derechos de hombres y
mujeres y estipula que la mujer no puede ser sometida a ningún tipo de
discriminación[62] y el artículo
53 requiere que el estatuto del trabajo tenga presente la especial protección
hacia la mujer y a la maternidad.
2.3.2.9.
En el año 1992 con la
expedición de la Ley 8ª se inició con el reconocimiento de los derechos
patrimoniales y civiles de las mujeres en nuestro país[63],
por cuanto se concedió que las mujeres casadas tuviesen uso y administración
libre de sus bienes[64] y se les
permitió que pudiesen ser testigos en los actos de la vida civil al igual que
los hombres[65].
2.3.2.10.
En 1993, se profirió la Ley 82
en la cual se estipularon reglas que procuraban el apoyo a las mujeres cabeza
de familia por lo cual se les brindó una especial protección en aspectos como
la “seguridad social[66],
educación[67],
capacitación[68], cultura[69],
adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios[70],
vivienda[71],
política y administración[72]”[73]
2.3.2.11.
La Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer fue aprobada
mediante la Ley 248 de 1995.
2.3.2.12.
Por su parte, el artículo 42
de la Carta fue desarrollado por la Ley 294 de 1996, en la que además se
dictaron normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar,
entre las medidas que se adoptaron con esta disposición se encuentra la
posibilidad de solicitar al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieron los
hechos la protección inmediata requerida para resguardar los derechos de la
mujer.[74]
2.3.2.13.
Otros de los mecanismos de
protección a la mujer incluidos en la Ley 294 fueron: la decisión provisional
de quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias y el uso y disfrute de la
vivienda familiar; la devolución inmediata de los objetos de uso personal,
documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o
custodia de la víctima; la prohibición, al agresor la realización de cualquier
acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro;
órdenes de desalojo, de no penetrar en un lugar donde se encuentre la víctima,
la prohibición de esconder y trasladar de la residencia a determinadas
personas, la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico,
el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y
psíquica que requiera la víctima, la protección de la policía, la revisión del
régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas y la suspensión
al agresor de la tenencia, porte y uso de armas.[75]
Según el artículo 7º de la citada ley, a quien incumpla tales medidas de
protección se le aplicaran sanciones como multas y arresto.
2.3.2.14.
En el mismo sentido, se establecieron
diferentes alternativas con la finalidad de impedir la repetición de hechos de
violencia contra la mujer. Algunas de ellas son (i) asesorar a la víctima en la
preservación de las pruebas de los actos de violencia, (ii) prestarle la
información pertinente para que la víctima pueda obtener los servicios
gubernamentales y privados que le asisten, (iii) de considerarse necesario
acompañar a la víctima hasta su lugar de residencia para que pueda retirar sus
objetos personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de
aquella, (iv) aunque las lesiones no fueren visibles, acompañar a la víctima
hasta un lugar seguro o centro asistencial más cercano.
2.3.2.15.
El Código Penal, Ley 599 de
2000, estimó a la mujer como sujeto pasivo en diferentes delitos como el
secuestro[76], el
desplazamiento forzado[77], la tortura[78],
la desaparición forzada[79] y la
violencia intrafamiliar[80].
2.3.2.16.
Así mismo, reprochó penalmente
distintas conductas en las que la mujer puede llegar a ser víctimas, como lo
son: el parto o aborto preterintencional[81];
el aborto sin consentimiento[82] y la
inseminación o transferencia de óvulo no consentidas[83].
2.3.2.17.
La Ley 731 de 2002, estuvo
encaminada a priorizar la calidad de vida de las mujeres rurales y a propender
por el trato equitativo entre el hombre y la mujer en lo que tiene que ver con
la participación en los fondos de financiamiento del sector rural[84],
los subsidios familiares de vivienda rural para las mujeres rurales,
participación de las mujeres rurales en los planes, programas y proyectos de
reforestación  y la igualdad de remuneración en el sector rural, el régimen de
seguridad social de las mujeres rurales[85],
la educación, capacitación y recreación de las mujeres rurales[86], la participación de las
mujeres rurales en los órganos de decisión[87],
la reforma agraria[88].
Dentro de las medidas para establecer la equidad de trato, se encuentran la
creación del fondo de fomento para las mujeres rurales (FOMMUR)[89], el acceso de las
mujeres rurales al fondo agropecuario de garantías[90], la creación de cupos y
líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales de bajos
ingresos[91],
la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al
sistema general de riesgos profesionales[92]
y la extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las
mujeres rurales por parte de COMCAJA[93].
2.3.2.18.
El Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, fue
aprobado en nuestro país por la Ley 800 de 2009 y adoptado por la Asamblea
General de la ONU el 15 de noviembre del 2000.
2.3.2.19.
Las normas sobre la igualdad
de oportunidades para las mujeres, las políticas para su establecimiento y el
fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por el cumplimiento
de las mismas, fueron creadas por la Ley 823 de 2003.
2.3.2.20.
Por otro lado, la pena por el
delito de violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 299 del Código
Penal, Ley 599 de 2000, fue agravada por la Ley 882 de 2004, lo que responde a
una política criminal enfocada a proteger cada vez más y mejor los derechos de
la mujer que es víctima de violencia.
2.3.2.21.
En el 2006, mediante la Ley
1009, se creó el observatorio de asuntos de género con carácter permanente a
cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuya
finalidad especifica es observar sociológicamente la situación de las mujeres y
la equidad de género en Colombia, y de esa manera hacer reflexiones críticas
sobre las políticas, planes, programas y normas que giran en torno a la
vulneración que sufren las mujeres.[94]
2.3.2.22.
En lo que tiene que ver con el
acoso laboral y si bien no es un tema que afecte exclusivamente a la mujer, si
resulta importante para luchar contra la discriminación y la violencia de
género, por ello, la Ley 1010 de 2006, lo definió como “toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo”.
2.3.2.23.
La ley tiene como objeto
adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. En ese sentido, se entienden
como modalidades del acoso laboral: el maltrato laboral, la persecución
laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad
laboral y la desprotección laboral.
2.3.2.24.
La Ley 1257 de 2008, consagra
mecanismos de gran relevancia para la protección de los derechos de las
mujeres, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de
violencia y discriminación contra las mujeres. En el primer capítulo de la ley
se establecen aspectos generales como la violencia contra la mujer[95],
las modalidades de daño contra la mujer[96],
los principios de igualdad efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad,
integralidad, autonomía, coordinación, no discriminación y atención
diferenciada[97] y los
derechos de las mujeres víctimas de violencia[98].
2.3.2.25.
El segundo desarrolla medidas
de sensibilización y prevención en el ámbito público, educativo, laboral de la
salud, de la familia y de la sociedad y, finalmente, el tercero consagra una
serie de medidas de protección en el caso de violencia intrafamiliar y en el
ámbito familiar para lo cual se modifica la Ley 294 de 1996.
2.3.2.26.
El Decreto 164 de 2010 creó la
Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar
la Violencia contra las Mujeres".
2.3.2.27.
En el tema laboral, las normas
sobre el descanso remunerado en la época del parto[99],
la prohibición de despido por motivo de embarazo o lactancia[100]y
las obligaciones especiales del empleador en caso de licencia remunerada por
embarazo[101], que
consagra el Código Sustantivo del Trabajo, fueron modificadas por la Ley 1468
de 2011.
2.3.2.28.
La Ley 1542 de 2012, en cuanto
a los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, eliminó el
carácter de querellables, conciliables y desistibles que ostentaban, para
volverlos de investigación oficiosa.
2.3.2.29.
La Ley 1761 de 2015, también
conocida como la Ley Rosa Elvira Cely tipificó el feminicidio como un
delito autónomo y dentro de las medidas contempladas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer por motivos de género y discriminación, estableció
que la Defensoría del Pueblo debe garantizar la asesoría, orientación y
representación jurídica a las mujeres víctimas de violencia feminicida de
manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de
género y de los Derechos Humanos.[102]
De esta manera, la Ley 1761 de 2015 pretende que las
mujeres víctimas de violencia de género puedan acceder a la administración de
justicia, a un recurso judicial efectivo y a las medidas de protección y
atención contempladas en la Ley 1257 de 2008, así como en otras instancias
jurisdiccionales y administrativas.[103]
En el mismo sentido, se estableció que tal asistencia
y representación también puede ser ejercida por entidades rectoras de políticas
públicas para las mujeres y de equidad de género a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal teniendo en cuenta sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias.[104]
2.3.3. La protección de la mujer en la jurisprudencia
Constitucional[105]
Este Alto Tribunal ha reconocido especial
protección a la mujer en aras de su protección constitucional, ya como una
manifestación del derecho a la igualdad de sexos[106]
o bien con el establecimiento de acciones afirmativas en su favor y en contra
de la discriminación[107]:
2.3.3.1.
De los aspectos más
importantes en materia laboral se destacan: el derecho a la igualdad en los
procesos de selección de personal; protección especial en casos de no
contratación laboral en razón a la condición de mujer[108];
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el ingreso de las mujeres
a empleos que históricamente fueron desempeñados exclusivamente por hombres
como la infantería de marina[109].
2.3.3.2.
Sobre los derechos
políticos, destaca mencionar, el derecho de la mujer a participar activamente
en los niveles decisorios del poder público[110].
2.3.3.3.
Sobre la igualdad
ante la ley jurisprudencialmente se han reconocido una serie de garantías como:
el derecho a la igualdad en el régimen contributivo de seguridad social en
salud[111];
el derecho a la igualdad de protección de la mujer adolescente en relación con
el matrimonio precoz[112];
la igualdad de protección en especial entre menores en relación con el género[113]
y la vulneración del derecho a la igualdad por medidas discriminatorias
injustificadas en la ley penal como la de la sanción a la mujer adúltera[114].
2.3.3.4.
En relación con
grupos especiales de mujeres destacan: las acciones afirmativas a favor de la
mujer cabeza de familia[115];
el derecho a la igualdad de la mujer cabeza de familia disminuida físicamente[116];
y la inclusión de prestaciones de alojamiento y alimentación para mujeres
víctimas de violencia y maltrato en los POS de los regímenes contributivo y
subsidiado no vulneran la Constitución[117].
2.3.3.5.
En lo que tiene que
ver con la mujer embarazada se han reconocido garantías como: el derecho a no
ser discriminada[118];
derecho a la educación[119];
pago oportuno de salarios[120];
y el derecho de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, para que
puedan permanecer junto a sus menores hijos en condiciones adecuadas[121].
2.3.3.6.
De igual manera, se
ha reconocido jurisprudencialmente la protección de la mujer contra todo tipo
de violencia[122],
la cual encuentra sustentó constitucional especialmente en el artículo 43 de la
Carta, según el cual “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades”, “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación”, “obligando al Estado a prestar especial protección a la
maternidad y a las mujeres cabeza de familia”[123].
2.4.
DERECHO A UN
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO[124]
2.4.1. Desarrollo en el Sistema Interamericano
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos establece como premisa esencial para la defensa de los derechos de las
mujeres víctimas de violencia, el acceso a recursos judiciales idóneos y
efectivos. El principio de igualdad y no discriminación representa entonces, el
eje central de los instrumentos vinculantes y aplicables a la problemática que
nos ocupa.
Así pues, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, constituyen el marco jurídico interamericano para la
protección de la mujer y la garantía que a ella le asiste en acceder a un
recurso judicial sencillo y eficaz en la defensa de sus derechos.
Los artículos XVIII de la Declaración
Americana y 8 y 25 de la Convención Americana establecen que todas las personas
tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente,
independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados. La
protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de
respetar, impuesta por el artículo 1.1 de la Convención Americana.[125]
La tutela judicial efectiva de los derechos
de las mujeres víctimas de violencia debe ser amparado en atención a políticas
criminales no discriminatorias, en concordancia con el artículo 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho a la
igualdad ante la ley que les asiste y, el artículo 1.1 que como ya se dijo le
impone una obligación general de respeto al Estado sobre la Convención.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha definido el recurso judicial efectivo como “el derecho de todo
individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido
violado ‑-sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las
leyes internas del Estado-‑ de obtener una investigación judicial a cargo de un
tribunal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la
existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una compensación
adecuada”[126].
De esa manera, se ha identificado que en
los casos concernientes a violencia contra mujeres, la investigación es la
etapa de mayor importancia procesal, pues es allí donde pueden obtenerse los
elementos probatorios necesarios para brindar una tutela efectiva de los
derechos que les asisten.
El derecho a un recurso judicial efectivo,
entendido como una manifestación de la protección judicial, se encuentra
reconocido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) con una doble connotación; (i) como un derecho que tiene
toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”[127];
(ii) como un deber de los Estados Partes, los cuales se comprometen a
garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”[128]
En todo caso, y según la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sentencia del seis (06) de agosto
de dos mil ocho (2008), caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos,
la obligación de implementar en el ordenamiento jurídico un recurso judicial
efectivo “no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o
procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales,
sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la
persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de aquel
precepto”[129].
En este sentido, la obligación de los
Estados Partes no se limita a implementar en sus ordenamientos jurídicos el
recurso judicial, sino que éste debe tener efectividad, lo que significa que
debe ser capaz “(…) de producir resultados o respuestas a las violaciones de
derechos contemplados en la Convención.[130]”.
Igualmente, en sentencia del veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil seis (2006), caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, se indicó que la existencia de
un recurso judicial efectivo no está dada por su mero reconocimiento
constitucional o legal, sino que en la práctica debe ser idóneo para establecer
si el funcionario judicial de instancia ha incurrido en una violación a los
derechos humanos del recurrente y proveer lo necesario para resarcir esa
situación.
No obstante lo anterior, en aquella
oportunidad también se reconoció que el hecho de que determinado recurso sea
resuelto en contra de quien lo intenta, no significa que necesariamente exista
una violación del derecho a la protección judicial.
En sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil
nueve (2009), caso Usón Ramírez vs. Venezuela, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos estudió la demanda que interpuso el señor Francisco Usón
Ramírez en contra del Estado de Venezuela al considerar vulnerados sus derechos
humanos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la CADH (entre otros), al no
habérsele proporcionado un recurso judicial efectivo, sencillo y rápido, que
pudiera haber subsanado las violaciones de sus derechos fundamentales.
Al respecto reiteró la Corte que la
obligación de los Estados Partes contenida en el artículo 25 de la CADH tiene
como finalidad garantizar a todas las personas un recurso judicial efectivo
contra aquellos actos violatorios de sus derechos fundamentales. En este
sentido, señaló que para que el Estado cumpla con la finalidad del artículo 25 ibídem,
no basta con que los recursos existan formalmente, sino que también es
necesario que sean efectivos, es decir, que sean idóneos para combatir la
violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.
En la sentencia del cinco (5) de julio de dos mil once (2011), caso Mejía
Idrovo Vs. Ecuador, la Corte Interamericana señaló: “En cuanto a la
efectividad del recurso, la Corte ha establecido que para que tal recurso
efectivo exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o
con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos
humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios”.
En sentencia del primero (1º) de julio de dos mil once
(2011), caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se pronunció acerca de la demanda interpuesta por la señora
Mercedes Chocrón Chocrón en contra del Estado de Venezuela, por la ausencia de
garantías mínimas de debido proceso al no haber contado con un recurso judicial
efectivo que le permitiera controvertir la decisión de destituirla del cargo de
Jueza de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas que desempeñaba la demandante.
En aquella oportunidad, la Corte adujo que
no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que resulten ilusorios, lo
cual ocurre por ejemplo cuando falten los medios para ejecutar sus decisiones o
cuando se configure un cuadro de denegación de justicia.
Por otro lado, la Corte señala que al
evaluar la efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso
administrativa nacional, los Tribunales nacionales deben observar si las
decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una
situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos
lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos
por la Convención; de manera que el Tribunal no evalúa la efectividad de los
recursos interpuestos en función a una eventual resolución favorable a los intereses
de la víctima.
En sentencia del veintitrés (23) de noviembre de dos
mil doce (2012), caso Mohamed vs. Argentina, la Corte estudió la demanda
interpuesta por parte del señor Oscar Alberto Mohamed en contra del Estado de
Argentina por la vulneración al derecho de protección judicial contenido en el
artículo 25 de la CADH y a las garantías judiciales previstas en el artículo 8
de este mismo instrumento, en razón a que se le impidió recurrir el fallo que
lo condenó penalmente.
En aquella oportunidad, la Corte señaló que
la finalidad del derecho a impugnar el fallo es proteger el derecho de defensa,
y reiteró que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso
ordinario accesible y eficaz, lo cual supone que: (i) debe ser
garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; (ii)
debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido; y (iii)
las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas
y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de
examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.
Adicionalmente la Corte consideró que, en
la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes
recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria
respete las garantías procesales mínimas que bajo el artículo 8 de la
Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios
planteados por el recurrente.
En sentencia del treinta (30) de enero de
dos mil catorce (2014), caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, se
consideró que independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten
los Estados Parte y de la denominación que den al medio de impugnación de la
sentencia respectiva, para que éste sea eficaz debe constituir un medio
adecuado para procurar la corrección de una condena errónea.
En este entendido, según la Corte, a través
del recurso deben poderse analizar las cuestiones fácticas, probatorias y
jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, ya que en la actividad
jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y
la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los
hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho; consecuentemente,
las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de
los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.
En este mismo sentido se pronunció la Corte
en sentencia del 29 de mayo de 2014, caso Norín Catrimán y otros vs. Chile,
en virtud de la cual se consagró que la protección judicial efectiva es una
garantía primordial que debe respetarse en el marco del debido proceso legal,
en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o
tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
En este sentido, la Corte señaló las
características de que debe gozar un recurso judicial efectivo acorde con lo
previsto en la CAHD: (i) recurso ordinario, en este entendido el derecho
a interponerlo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la
calidad de cosa juzgada; (ii) recurso accesible, las formalidades
requeridas para su admisión deben ser mínimas y no deben constituir un
obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los
agravios sustentados por el recurrente; (iii) recurso eficaz, ya que no
basta con su existencia formal, sino que éste debe permitir que se obtengan
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido; (iv) recurso
que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido; (v)
recurso al alcance de toda persona condenada; (vi) recurso que respete
las garantías procesales mínimas.
2.4.2. Alcance Constitucional[131]
En la Sentencia C-1195 de 2001[132]
esta Corporación se pronunció sobre la estrecha relación entre el derecho a
acceder a la justicia y el derecho al recurso judicial efectivo, entendido este
último como una garantía necesaria para asegurar la efectividad de los
derechos.
En este sentido, se reiteró que las formas
procesales y las garantías sustanciales no pueden cumplirse efectivamente, sin
que se garantice de manera adecuada el acceso a las mismas.[133]
Igualmente, se indicó que la
finalidad del derecho al acceso a la administración de justicia no se cumple
solo al consagrar formalmente los recursos y procedimientos sino que resulta
necesario que los mismos sean idóneos y eficaces, de esta manera señaló que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que “(...) la
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el
Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por
la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se
requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”.[134]
En el mismo sentido, la Corte
Constitucional expresó que la justicia estatal formal no es efectiva en todos
los casos, especialmente si no se prevén recursos judiciales suficientes e
idóneos que permitan resolver de manera pacífica los conflictos, o si la
complejidad del tiempo modo y lugar de los procedimientos o las condiciones.
En conclusión, para la Corte resulta
claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando
no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la
solución pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los
procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar que requiere el
legislador limitan la capacidad de obtener el goce efectivo de los derechos que
se buscan proteger cuando se acude a instancias judiciales.[135]
Mediante Sentencia C-454 de 2006[136],
esta Corte se pronunció sobre el derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo como un elemento esencial de la protección que le ha brindado a esta
población el derecho internacional humanitario, lo cual tiene fundamento en el
artículo 93 Superior en el que se estipula que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.[137]
Se
resaltó que en diversas decisiones, la Declaración Americana de Derechos del
Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, han marcado una
tendencia en el derecho internacional para establecer mecanismos que permitan
garantizar el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus
derechos para que no sólo obtengan reparación del daño que sufrieron sino
también sus derechos a la verdad y a la justicia.[138]
Se indicó que en este mismo sentido,
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la “Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder” establece que las víctimas tendrán derecho a acceder a los
mecanismos de justicia y a una reparación eficaz del daño sufrido, por lo tanto
se debe permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas se
presenten y estudien en las etapas indicadas dentro de las actuaciones desde
que sus intereses estén en juego, sin importar los del acusado y las cuales
sean acordes con el sistema nacional de justicia penal correspondiente.[139]
Se afirmó que en nuestro ordenamiento
jurídico, los artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el acceso a la
justicia como un derecho fundamental el cual puede ser amparado a través de la
acción de tutela, y como una expresión esencial del aspecto participativo y
democrático del Estado.[140]
Dentro de este derecho, se encuentra
el derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo, del cual
hacen parte las garantías de información y comunicación que permiten que se
agoten los recursos y acciones judiciales que permiten garantizar y proteger de
forma eficaz los derechos de las víctimas.[141]Por
lo anterior, se concluyó que “del deber del Estado de proteger ciertos bienes
jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de garantizar la
protección judicial efectiva de los mismos.”[142]
Finalmente, esta Corporación señaló
que la jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho de las víctimas
a un recurso judicial efectivo se hace efectivo si las mismas pueden intervenir
dentro del proceso penal a cualquier momento, inclusive en la etapa de
indagación preliminar, ya que dicha intervención está encaminada a garantizar
la reparación del daño sufrido con el delito y además a satisfacer sus derechos
a la verdad y a la justicia.
En este sentido expresó: “la Corte
constitucional estableció una  doctrina en la que explícitamente abandonó
una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en
el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados
con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con
el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de
manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la
verdad y a la justicia[143].”[144]
Mediante Sentencia C-936 de 2010[145],
esta Corporación indicó que a partir de los mecanismos internacionales
señalados con anterioridad, la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o de Derecho
Internacional Humanitario se refiere básicamente a cuatro aspectos
fundamentales: a) las víctimas de estos delitos deben tener acceso a un
recurso judicial efectivo; b) el Estado tiene el deber de garantizar su
acceso a la justicia; c) los Estados también están obligados a
investigar las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para conocer la verdad; y d)
el Estado debe cooperar para prevenir y sancionar dichos delitos  y colaborar
para restaurar los derechos de las víctimas.[146]
Sobre este punto, la Corte Constitucional
definió el contenido de la debida diligencia en las investigaciones, juicios y
sanciones penales contra los responsables de violaciones a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario, en lo concerniente a la violencia
sexual contra las mujeres, como quiera que la no vinculación de los
responsables a un proceso penal y la inaplicación de las sanciones
correspondientes refuerza los patrones de discriminación y violencia, al
enviarse un mensaje a la sociedad y a los agresores en el sentido que la
violencia contra las mujeres es tolerada. En esta medida, la garantía de
sanción y enjuiciamiento penal representa una de las estrategias
político-criminales más contundentes, pues constituye una prevención contra la
violencia y discriminación de género.[147]
Por
otra parte, el deber de debida diligencia es a su vez consistente con la
obligación internacional de los Estados de proveer un recurso judicial
efectivo, que permita a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad real de
solicitar ante las autoridades competentes: (i) la declaración de que un
derecho está siendo vulnerado, (ii) el cese de la vulneración y (iii) la
reparación adecuada por los daños causados
Tratándose del derecho a la justicia de las
víctimas de violencia contra las mujeres, las obligaciones del Estado se centra
especialmente en dos: (i) prevenir las prácticas degradantes en contra de la
mujer y (ii) procesar y sancionar a los responsables de crímenes que impliquen
cualquier tipo de violencia contra las mujeres.[148]
De igual manera, se entenderá que un
recurso es ilusorio, cuando en la práctica se haya demostrado su inutilidad, ya
sea porque falten los medios para ejecutar las decisiones o por cualquier
situación que en sí misma configure un cuadro de denegación de justicia.
Sobre las obligaciones del Estado
referentes a la concreción de un recurso judicial efectivo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:
“En los términos del artículo 25 de la
Convención, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La
primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos
efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas
bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que
conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La
segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y
sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera
que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El derecho
establecido en el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación
general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección
al derecho interno de los Estados Partes”[149].
Igualmente, se ha establecido que las
obligaciones que consagra el artículo 8° de la Convención de Belem do Pará se
deben interpretar junto con aquellas que establece el artículo 7° de dicha
Convención en donde se estipulan obligaciones inmediatas en cabeza del Estado dentro
de las que se encuentra actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.[150]
En este sentido, la CIDH ha indicado que el
deber de debida diligencia impone a los Estados el deber de vigilar la situación
social a través de la producción de información estadística que permita el
diseño y evaluación de políticas públicas, así como del control de las mismas
que sean implementadas por la sociedad civil, con el fin de prevenir
situaciones de violencia, en especial frente a prácticas que sean extendidas o
estructurales.[151]
Así mismo, señaló que la obligación del
inciso B del artículo 7° de dicha Convención se debe interpretar junto con el
inciso H del artículo 8° referente a garantizar la investigación y recopilación
de estadísticas y otra información pertinente relacionada con las causas,
consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres.[152]
Lo anterior con el fin de evaluar la eficacia de las medidas utilizadas para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular e
introducir los cambios necesarios[153].[154]
Igualmente la Relatoría Especial sobre la
violencia contra la mujer ha sostenido que los Estados para cumplir con las
obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención se
deben implementar medidas como la “sensibilización del sistema de justicia
penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y
disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la
sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la
educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de
estadísticas sobre la violencia contra la mujer[155]”[156]
2.5.
LA GARANTÍA DE LAS VÍCTIMAS A LA NO REPETICIÓN Y EL DEBER DEL ESTADO
DE EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN[157]
Una vez se ha
cometido un delito en contra de una persona, una de las primeras obligaciones
que tiene el Estado es la de garantizar la no repetición del hecho y evitar que
se genere su revictimización a través de medidas concretas y oportunas.
2.5.1.  La garantía de no
repetición[158]
2.5.1.1.
La Corte Constitucional ha indicado que la garantía de no
repetición está conformada por las acciones orientadas a impedir que se vuelvan
a realizar las conductas que afectaron los derechos de las víctimas, las cuales
se deben adecuar a la magnitud y naturaleza de la ofensa.[159]
Igualmente, se ha establecido que tal garantía está relacionada con la
obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH a través
de medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que permitan la
protección de los derechos.[160]
2.5.1.2.
La garantía de no repetición también ha sido reconocida por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos, en especial en
las siguientes decisiones:
2.5.1.2.1. En la Sentencia del caso Loaiza Tamayo vs. Perú[161]
señaló que en materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la
Convención Americana, el cual recoge uno de los principios fundamentales del
derecho internacional general, reiteradamente desarrollado por la
jurisprudencia bajo el cual al producirse un hecho ilícito imputable a un
Estado, surge responsabilidad internacional de éste por la violación de una
norma internacional, con el consecuente deber de reparación del cual rugen la restitutio
in integrum, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no
repetición.
2.5.1.2.2. En la sentencia del caso Garrido y Baigorria vs.
Argentina[162],
la Corte recuerda la obligación de reparación en cabeza de los Estados que
cometen un ilícito, por lo que la disposición aplicable a las reparaciones es
el artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe lo siguiente: Cuando
decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. La Corte estimó conveniente precisar que entre
otros conceptos, la reparación puede tener también el carácter de medidas
tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos.
2.5.1.2.3. En la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras[163],
la Corte reconoció que las garantías de no repetición en la jurisprudencia
de la Corte hacen parte del macro concepto de reparación, por esto considera la
corporación suscrita que es debido identificar la obligación de los Estados de
reparar a las víctimas.
2.5.1.2.4. Ante lo cual podemos observar que la corte también
establece una obligación en cabeza del Estado dado que este está en “el
deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar
a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la
víctima una adecuada reparación.”
2.5.1.2.5. En la sentencia del caso Molina Theissen Vs.
Guatemala[164],
la Corte recomendó entre otras medidas para asegurar la salud de la familia la
reparación las garantías de no repetición.
2.5.1.2.6. En el caso Gómez Lund y otros (Guerrilla do
Araguaia) vs. Brasil, reconoció nuevamente la garantía de no repetición
tales como: la educación sobre derechos humanos; la tipificación de la
desaparición forzada; el acceso, sistematización y publicación de documentos
que tenga el Estado;  la creación de una Comisión de Verdad; la búsqueda de los
restos mortales; el esclarecimiento de la verdad y la sanción para los
responsables; la adopción de una legislación que prevenga las violaciones a los
derechos humanos; los actos públicos de reconocimiento; erigir monumentos en
honor a las víctimas; no aplicar figuras de amnistía, prescripción o que
excluyan la responsabilidad penal que no permitan la investigación y sanción[165].
2.5.1.3.
Esta garantía no solamente es aplicable a los procesos de justicia
transicional, sino que se predica respecto de graves violaciones a los derechos
humanos, respecto de los cuales la jurisprudencia constitucional ha reconocido
los siguientes elementos: a) el reconocimiento a nivel nacional de los
derechos y generar garantías de igualdad; b) el diseño y funcionamiento
de estrategias y políticas de prevención integral; c) la implementación
de programas de divulgación y educación tendientes a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los mismos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su trasgresión; d) la
introducción  de programas y promoción de prácticas que faciliten actuar de
manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, y el
fortalecimiento de las instituciones que tengan a su cargo funciones en la
materia; e) la destinación de recursos para apoyar las actividades de
prevención; f) la adopción de medidas para erradicar factores de riesgo,
incluyendo el diseño y puesta en marcha de instrumentos que faciliten la
identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de vulneración;
y g) la implementación de medidas de prevención específica en los
eventos donde se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus
derechos sean vulnerados.[166]
2.5.2.
La garantía de
no repetición del delito frente a las víctimas específicas de un delito[167]
2.5.2.1.
La garantía de no
repetición se desarrolla a través de las acciones orientadas a impedir que se
vuelvan a realizar las conductas que afectaron los derechos de las víctimas[168],
para lo cual deben adoptarse estrategias y políticas de prevención integral,
pero también medidas específicas destinadas a erradicar factores de riesgo e
implementar medidas de prevención específica en aquellos eventos donde se
detecte un grupo de personas en riesgo de que sus derechos sean vulnerados.[169]
2.5.2.2.
En virtud de lo
anterior, esta garantía no solo se extiende al grupo de potenciales víctimas,
sino que se aplica muy especialmente a aquellas personas que han sufrido
delitos, para no permitir su revictimización, lo cual se puede presentar en
tres (3) niveles:
(i)    La victimización primaria, que se presenta
cuando una persona es objeto de un delito[170].
El Estado debe proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes y esta
obligación se intensifica cuando un individuo ha sufrido un delito denunciado a
las autoridades, pues en ese momento el Estado conoce su situación de
vulnerabilidad[171].
La vulnerabilidad, implica el nivel de
riesgo de que una persona pueda sufrir nuevos delitos y debe ser estudiado en
cada caso concreto de acuerdo a factores especiales dentro de los cuales se
encuentran[172]:
(i) la deseabilidad, es decir, el grado de atracción del
delincuente a cometer delitos sobre una víctima específica, (ii) la accesibilidad
o exposición de la víctima a sufrir nuevos delitos de acuerdo a su situación
concreta, (iii) la susceptibilidad o afectación psicológica de la
víctima tras la vivencia del suceso, (iv) la precipitación o
actitud imprudente de la víctima para incrementar el riesgo y (v) la resiliencia
o capacidad de recuperarse del hecho traumático.
De esta manera, el primer deber que tiene
el Estado frente a una persona que sufre un delito es brindarle protección y
asistencia para no volver a ser víctima, especialmente si se trata de un sujeto
de especial protección.
En este ámbito, la privación de la libertad
del presunto agresor a través de una medida de aseguramiento es solamente una
opción, pues existen otras que pueden adoptarse de manera más inmediata como la
protección policial y la asistencia que se le pueda proporcionar a la víctima
para superar los factores especiales de vulnerabilidad.
(ii)  La victimización secundaria abarca los costes
derivados de la intervención del sistema legal sobre la víctima, sus familiares
o sus personas allegadas, tales como: la atribución de responsabilidad a la
víctima, la exposición al proceso penal, la impotencia ante la falta de
respuesta del Estado y la confrontación con el autor[173].
Esta modalidad nació precisamente para explicar los daños causados a las
mujeres víctimas de violencia sexual o doméstica frente a las cuales el Estado
no solamente no presenta una respuesta inmediata, sino que además les hace
revivir constantemente la escena del delito, exponiéndolas además a
interrogatorios prolongados y vejatorios[174].
(iii)      La victimización terciaria está constituida
por el conjunto de costes que se presentan con ocasión de la penalización del
delincuente, tal como sucede con la realización de actos en retaliación por la
denuncia, no solamente contra la integridad de la víctima o de sus familiares
sino también otros actos de carácter social o económico[175].
Esta forma de victimización es responsabilidad del Estado, pues dentro de las
funciones de la pena se encuentra la prevención especial positiva o
resocialización, la cual exige la reintegración a la sociedad de quien ha
cometido un delito, lo cual requiere que se eliminen los sentimientos de
venganza hacia el denunciante y el propio Estado.
2.5.3.
La obligación de
proteger la seguridad personal de las víctimas que estén amenazadas[176]
2.5.3.1.
Una de las
consecuencias del derecho a la no repetición es “tomar medidas de prevención específica en
casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus
derechos sean vulnerados”[177]. En virtud de lo anterior, la primera obligación que surge frente a las víctimas es la de brindarle
protección para que no
vuelvan a ser objeto de la misma conducta punible.
2.5.3.2.
Mediante Sentencia
T-339 de 2010[178],
esta Corporación determinó las diferencias entre el riesgo y la amenaza con el
fin de establecer los escenarios en donde el Estado debe brindar medidas de
protección especiales.
2.5.3.3.
De esta manera, se
indicó que el riesgo es abstracto y que sus consecuencias no son concretas, por
su parte la amenaza implica la presencia de manifestaciones o señales que
permitan presumir que va a ocurrir algo malo. Por lo anterior, concluyó que la amenaza supone la
existencia de “signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación
del daño”. Por este motivo, “cualquier amenaza constituye un riesgo pero
no cualquier riesgo es una amenaza”. En dicha providencia, se estableció la
escala de riesgos y amenazas que se debe aplicar en los casos donde se solicite
una protección especial por parte del Estado[179]:
2.5.3.3.1. Nivel de riesgo: Se presenta una abstracta y aleatoria
posibilidad que se produzca un daño a la vida o la integridad personal.[180]
Este nivel se divide en dos: (i) Riesgo mínimo, el cual es una categoría
hipotética en donde las personas están amenazadas solo por la muerte o las
enfermedades naturales y (ii) Riesgo ordinario, quese deriva de factores
internos y externos de la persona dentro de su convivencia en sociedad,
soportando los riesgos propios de la existencia humana y de la vida en
sociedad.[181]
En este escenario no se pueden exigir medidas de protección especial por parte
del Estado por cuanto no se afecta su derecho a la seguridad personal, ya que
el riesgo de daño no es una lesión sino un riesgo de lesión.[182]
2.5.3.3.2. Nivel de amenaza: La amenaza de daño implica el principio
de la alteración y la disminución de goce pacífico de los derechos
fundamentales, En ese sentido, se indicó que a partir de este nivel el riesgo
se convertirá en una amenaza, el cual dependiendo de su intensidad se divide en
dos[183]:
-
Amenaza ordinaria: El funcionario para determinar si se
está ante esta categoría debe valorar la situación concreta y establecer si los
siguientes elementos se presentan: (i) la existencia de un peligro
individualizable y específico (preciso, determinado y sin vaguedades), (ii) La
existencia de un peligro cierto, con elementos objetivos que permitan deducir
que hay una razonable probabilidad frente a que el inicio de la lesión del
derecho destruya definitivamente el mismo, por lo que no es un peligro remoto
ni eventual, (iii) Debe ser importante, por cuanto se tiene que amenazar bienes
o intereses jurídicos valiosos para la persona, tales como el derecho a la
libertad, (iv) Tiene que ser excepcional, no puede ser un riesgo que tolere la
mayoría de personas y (v) Deberá ser desproporcionado respecto de los
beneficios que deriva el sujeto de la situación por la que se ocasiona el
riesgo.
Si se presentan todas las características señaladas
anteriormente, se puede invocar el derecho fundamental a la seguridad personal
con el fin de recibir protección del Estado, ya que a partir de este nivel se
inicia la lesión del derecho fundamental y por lo tanto se ocasiona un
perjuicio cierto que puede o no agravarse.
De esta manera, la persona tiene derecho a que el Estado
intervenga para que detenga las causas de la alteración del goce del derecho o
al menos evite que el inicio de la lesión se transforme en una violación
definitiva del derecho.[184]
-
Amenaza extrema: Se está ante este nivel si una persona
se encuentra ante una amenaza que cumple con las características que se
señalaron con anterioridad y, cuando adicionalmente el derecho que se encuentra
en peligro es la vida o la integridad personal. Por lo anterior, en este nivel
se puede exigir que se protejan de manera directa sus derechos a la vida y a la
integridad personal sin tener que invocar el derecho a la seguridad para
obtener protección por parte de las autoridades.
Esta Corporación ha
reconocido que las autoridades deben garantizar la efectividad del derecho a la
seguridad personal cuando se encuentren expuestos a un nivel de amenaza
ordinaria y extrema. Igualmente se indicó que las medidas preventivas no
proceden si se ha materializado o concretado un daño consumado por cuanto las
medidas que se deben adoptar son de carácter reparador o sancionador.[185]
De esta manera, la primera
garantía que tiene la persona que ha sido víctima de un delito es acudir a las
autoridades para solicitar protección cuando su vida o su integridad se
encuentren amenazadas para evitar que se vuelva a cometer en su contra un
delito o que se presenten represalias por la denuncia, independientemente de
las medidas penales que se adopten en el proceso, pues en muchas ocasiones
éstas exigen aplicar procedimientos y requisitos que las pueden prolongar.
En conclusión, al ser las garantías de no repetición
un derecho concreto y no un simple concepto abstracto que inspira la política
pública, las víctimas tienen derecho a solicitar medidas de protección de su
vida y de su integridad física a la Fiscalía General de la Nación en desarrollo
de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 114 de la Ley 906 de 2004.
Así mismo, en caso de que no se adopten medidas en un
plazo razonable, las víctimas también podrán acudir directamente ante un juez
de control de garantías con el objeto de solicitar medidas dirigidas a la
protección de su vida e integridad personal en desarrollo de lo señalado en
ejercicio de su derecho a la protección contemplado en el literal b) del
artículo 11 de la ley 906 de 2004.
2.5.4.
La importancia del enfoque
de género en las decisiones sobre violencia contra la mujer
Esta
Corporación debe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
el caso “María da Penha Fernandes vs. Brasil” concluyó que el Estado
había vulnerado los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial de la demandante, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana[186],
los cuales atribuyó a un patrón discriminatorio frente a la tolerancia de la
violencia doméstica contra las mujeres en Brasil por la ineficacia de la acción
judicial.[187]
De igual
manera, y a pesar de reconocer que el Estado haya adoptado medidas para reducir
el alcance y la tolerancia estatal frente a la violencia doméstica, indica que
no se habían logrado reducir en especial por la inefectividad de la acción
policial y judicial en Brasil.[188]
Por tal motivo, se concluyó que el Estado había violado los derechos y que
había incumplido los deberes consagrados en el artículo 7º de la Convención de
Belém do Pará en perjuicio de la accionante y en conexión con los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana y en relación con el artículo 1(1) de la Convención, por
los actos de omisión y tolerancia de la tal violación.[189]
En este
sentido, la Comisión recomendó al Estado adelantar una investigación,
imparcial, seria y exhaustiva para establecer la responsabilidad penal del
autor del delito de tentativa de homicidio que sufrió la
señora María Da Penha Maia Fernandez y para determinar si existen otros hechos
o actuaciones de agentes del Estado que no hayan permitido que se efectuara de
manera efectiva y rápida el procesamiento del responsable.
Por
lo anterior, se evidencia que la falta de análisis con perspectiva de género en
las decisiones judiciales que se refieran a violencia o cualquier tipo de
agresión contra la mujer puede afectar aún más los derechos de las mujeres por
cuanto se omite valorar detalles y darle importancia a aspectos que para la
solución del caso concreto resultan fundamentales, tal y como ocurrió en el
caso que se analiza.
2.6.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
2.6.1.  La Corte Constitucional a través de sus providencias
ha indicado las condiciones excepcionales para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales, apoyada en las disposiciones consagradas  en los artículos 86 de la Constitución
Política, 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[190].
2.6.2. En este sentido, esta Corte ha resaltado el
carácter restringido y excepcional que tiene la tutela contra las decisiones
judiciales[191], la cual solo es aplicable en las
situaciones en las que se considere que una actuación del juzgador es
abiertamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y
además vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.
Lo anterior, de
conformidad con la implementación de un nuevo sistema de justicia
constitucional introducido en la Carta Política de 1991, fundamentado en: “(i) en el carácter
normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes
públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los
derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte
Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la
protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida
a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad
pública en defensa de sus derechos fundamentales.”[192]
2.6.3. En la Sentencia C-590 de 2005[193] se realizó la distinción entre requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Respecto a los requisitos generales se indicó que
hacen referencia a las condiciones fácticas y de procedimiento que tratan de
hacer que el amparo sea compatible con la eficacia de los valores
constitucionales y legales tales como la seguridad jurídica, independencia y
autonomía judicial, y la distribución jerárquica de competencias al interior de
la rama judicial. Por su parte, los requisitos específicos se refieren a
aquellos defectos que puede presentar una decisión judicial y que ocasionan que
la misma sea incompatible con la Constitución.[194]
2.6.4. De esta manera, la Sentencia C-590 de 2005
estableció que los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son[195]:
“Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no
puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.”
“Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-, de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.”
“Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
“Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad comporta
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan
en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio correspondiente.”
“Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.”
“Que no se trate de sentencias de tutela.
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas.”
2.6.5. Igualmente, señaló como defectos o causales
específicas para la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales los
siguientes[196]:
“Defecto procedimental absoluto,
falencia que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido. Igual que en el caso anterior, la concurrencia del
defecto fáctico tiene naturaleza cualificada, pues se exige que se esté ante un
trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas
de procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión
adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario
judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho fundamental al debido
proceso.[197]
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.  Al respecto, debe recalcarse que este es uno de los
supuestos más exigentes para su comprobación como causal de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias. Ello debido a que la valoración de las
pruebas en el proceso es uno de los campos en que se expresa, en mayor medida,
el ejercicio de la autonomía e independencia judicial. El ejercicio
epistemológico que precede al fallo es una tarea que involucra, no solo la
consideración acerca de las consecuencias jurídicas que, en materia probatoria,
impone el ordenamiento jurídico positivo, sino también la valoración que de los
hechos del caso realice el funcionario judicial, a partir de su propia
experiencia y de su conocimiento sobre el área del derecho correspondiente,
tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana crítica.
Defecto material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base
en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso
concreto. Esta misma
falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o sustantivo apela a la
necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte racional argumentativo
mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas constitucionales y legales
que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia entre la motivación, que da
cuenta del reconocimiento de esos preceptos de derecho positivo y su contraste
con el material probatorio legal y debidamente recaudado durante el trámite, y
la decisión que adopta el juez del conocimiento.[198]
Error inducido, tradicionalmente denominado como “vía de
hecho por consecuencia”  que se presenta cuando el Juez o Tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.[199]
Sentencia sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.  Este tipo de
falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir
de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva,
sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.  Es
evidente que una exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es
que exprese los argumentos que hacen inferir la decisión
correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse,
la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso.
Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.”[200]
“Violación directa de la Constitución,
causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados” (énfasis de la Corte).
2.6.6. Al respecto también se debe resaltar lo manifestado
por esta Corporación mediante la Sentencia T-310 de 2009[201]
en donde indica que para la protección adecuada de los valores y principios de
rango constitucional se debe realizar un ejercicio de ponderación entre la
vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa juzgada
y la seguridad jurídica, y la eficacia de la acción.[202]
2.6.7. De conformidad con lo anterior, se tiene que la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional, y con este mecanismo se pretende analizar las decisiones en donde
la decisión del juez presente falencias de relevancia constitucional.
2.6.8. Al respecto, la tutela contra providencia judicial es un juicio de validez y no un juicio
de corrección[203]del
fallo que se cuestiona, situación que evita que sea utilizado como un mecanismo
para acceder a una nueva instancia para discutir asuntos probatorios o de
interpretación normativa que originaron la controversia.[204]
Teniendo en cuenta que en el presente caso
se ataca la decisión proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento y
Depuración de Barbosa – Santander, mediante la cual se revocó la sanción
impuesta contra el señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte por el presunto
incumplimiento de la medida de protección de 24 de septiembre de 2012 ordenada
en su contra, se analizará el defecto
fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material probatorio.
2.7.
DEFECTO FÁCTICO
POR OMITIR Y VALORAR DEFECTUOSAMENTE EL MATERIAL PROBATORIO.
2.7.1.  El defecto fáctico, como ya se mencionó, es una de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión[205].
En ese orden, esta Corporación ha precisado que el defecto fáctico, “[s]e estructura, entonces, siempre que
existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso. (…) el fundamento de la intervención del juez de
tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante
las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.”[206]
2.7.2.
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que existen diversas modalidades de este defecto,
las cuales pueden traducirse en una dimensión positiva y otra negativa. La
primera hace referencia a las acciones valorativas o acciones inadecuadas del
juez sobre el material probatorio, mientras que la segunda, surge cuando se
presentan omisiones en el decreto, práctica o en la valoración de las pruebas[207].
En la sentencia T-102 de 2006[208],
la Sala Séptima de Revisión afirmó lo siguiente:
“La Corte ha identificado dos dimensiones
en las que se presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que ocurre
cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y
caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y una
dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera
vulnere la Constitución”.
2.7.3.
Igualmente la Corte
ha precisado que en el caso en el que se alegue la presunta existencia de un
defecto fáctico, el juez de tutela tiene un ámbito muy restrictivo de análisis,
pues no puede desconocerse la discrecionalidad y la autonomía judicial
amparadas en la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte:
“la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez
natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por
los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que
el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”[209].
No obstante ello, si bien el juzgador goza
de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento[210],
“inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y
61 CPL)”[211],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria.
La evaluación del acervo probatorio por el
juez implica, necesariamente, “la adopción de criterios objetivos[212],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[213], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[214],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[215]
Con base en lo anterior, es posible
aclarar, que cuando se trata de la dimensión positiva del defecto fáctico
pueden presentarse dos hipótesis concretas: (a) por aceptación de prueba
ilícita por ilegal o por inconstitucional y (b) por dar como probados hechos,
sin que exista prueba de los mismos. Por su parte, la dimensión negativa tiene
lugar en tres situaciones: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica
de pruebas determinantes, (ii) por valoración defectuosa del material
probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado
el hecho que emerge claramente de ella[216].
Teniéndose en cuenta las pretensiones de la
demandante en el caso que se estudia,  la Sala se concentrará en analizar las
reglas jurisprudenciales correspondientes al defecto fáctico en su dimensión
negativa, concretamente, por la valoración defectuosa y por la omisión en la
valoración del material probatorio.
2.7.4.
Al respecto, la
Corte ha sostenido que el defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio allegado al proceso tiene lugar cuando “el
funcionario judicial al momento de valorar la prueba niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa[217] u omite la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados[218] y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[219]. Esta dimensión comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez[220].”[221]
Así,
tal hipótesis se advierte cuando el funcionario judicial, “en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar
de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva. Ello se presenta en hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto (…)”[222].
A manera de ejemplo pueden mencionarse
algunos casos. En la sentencia T-949 de 2003[223],
en la cual se encontró que el juez ordinario decidió un asunto penal sin
identificar correctamente a la persona sometida al proceso, y que además había
sido suplantada, la Sala Séptima de Revisión concluyó que correspondía al juez
decretar las pruebas pertinentes para identificar al sujeto activo del delito
investigado y la falta de ellas constituía un claro defecto fáctico que
autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de la decisión
judicial.
En el mismo sentido, la sentencia T-554 de
2003[224],
dejó sin efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una
investigación penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se
requería para determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que
se le imputaba al sindicado. En esta ocasión, la Corte señaló que,
“(…) la funcionaria judicial al momento de
calificar el mérito del sumario seguido contra el señor incurrió en un defecto
fáctico. El vicio por defecto fáctico se configura cuando no existe el sustento
probatorio necesario para adoptar la decisión, por la falta de apreciación del
material probatorio anexado al expediente o, simplemente, por un error grave en
su valoración. esta providencia judicial, además de configurar un acto de
discriminación contra los menores, constituye una flagrante vía de hecho por
defecto fáctico por cuanto se falló sin que se hubiera practicado una prueba
que resulta esencial para dilucidar un punto controversial del proceso; no se
realizó una valoración conjunta de todas las pruebas; los indicios no fueron
tomados en consideración; se presumió de falsa, sin más, la declaración de la
víctima, y en últimas, se aplicó indebidamente el principio del in dubio pro
reo cuando quiera que el Estado no había tomado todas las medidas que estaban a
su alcance para llegar a la verdad de los hechos”.
En la sentencia T-458 de 2007[225]
la Sala Octava de Revisión examinó la acción interpuesta contra una decisión
proferida por una jueza de menores mediante la cual decidía la cesación del
procedimiento en una investigación que se adelantaba por un supuesto delito de
acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir cuya presunta
víctima era una menor de edad. Estimó la Sala que la providencia atacada en
sede de tutela adolecía del defecto fáctico de indebida valoración probatoria
porque desconocía el alcance de un dictamen pericial rendido dentro del
proceso. Específicamente, consideró la Corte que
“En general, la admisión y práctica de
pruebas en el proceso penal está librada a la apreciación racional que haga el
funcionario responsable de la investigación penal sobre su potencialidad para
aclarar lo ocurrido y la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, ese
ejercicio discrecional debe enmarcarse tanto dentro de los principios
constitucionales del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la
imparcialidad y del derecho de defensa, como del respeto de la dignidad, la
integridad y la intimidad de las víctimas. A la vista de los hechos, considera
esta Sala que existen ostensibles defectos en el análisis probatorio los cuales
constituyen irregularidades de tal magnitud que representan claras vías de
hecho. Estima la Corte que la juez de menores no evaluó el material probatorio
atendiendo las reglas de la sana crítica y plasmó en su providencia un supuesto
diferente al que le ofrecía la evidencia del bloque de pruebas”.
En un pronunciamiento más reciente, en la
sentencia T-117 de 2013[226],
la Sala Octava de Revisión de Tutelas, estudió la acción de tutela interpuesta
por la Fiscalía seccional de Pereira, la Defensoría de Familia y el
representante legal de una niña que presuntamente había sido víctima de abuso
sexual por un familiar y en cuyo proceso penal se había excluido de valoración
la entrevista realizada a ella. Las autoridades actoras, alegaron que con la
decisión de excluir la entrevista de la niña se dejaba sin sustento probatorio
el proceso penal, impidiendo con ello que se garantizara el derecho a la
verdad, justicia y reparación. En esta oportunidad, la Corte retomó la línea
jurisprudencial vigente, y formuló las hipótesis en las que podría existir una
valoración defectuosa del material probatorio por parte de un juez:
“(…) se tiene que el supuesto fáctico por
indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes
supuestos: (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre
lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de
la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de
los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en
estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de
elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el
proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no
cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore
pruebas debidamente aportadas en el proceso”.
De ese modo, la valoración defectuosa del
material probatorio puede también constituir diferentes hipótesis que deben ser
analizadas en cada caso por el juez de tutela. No obstante, según las
circunstancias, debe demostrarse que el funcionario no sopesó el valor
individual o conjunto de los medios probatorios recabados en el proceso,
llegando a una solución jurídica aparentemente acorde a derecho, pero que en el
fondo es inconstitucional al existir irregularidades en su valoración.
2.7.5.  En lo ateniente al defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio, se presenta cuando la autoridad judicial,
aun teniendo los elementos de prueba allegados al proceso por las partes
involucradas, omite darle una valoración.
La Corte ha sostenido que, “se presenta
cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”[227].
En la sentencia T-395 de 2010[228],
la Sala Séptima de Revisión, evaluó la acción de tutela interpuesta por un
señor a quien se le había condenado por la comisión de un homicidio. Sin
embargo, en el marco del proceso penal había testimonios que coincidían en
advertir que quien ocasionó la muerte carecía de sus dientes superiores y tenía
una cicatriz de quemadura en el lado derecho de la cara que se extendía hasta
su mano derecha, características que no presentaba el accionante. Según el
apoderado del actor, a pesar de contar con estos datos, el juez de conocimiento
no los tuvo en cuenta al recibir la información de la Registraduría y omitió
verificar la coincidencia de características específicas del homicida con la
tarjeta dactilar del señor Manuel Mena, configurándose un defecto fáctico como
requisito de procedencia de esta acción de tutela contra la sentencia
condenatoria.
La Sala consideró que el trámite del
proceso penal que se adelantó en contra del demandante en la presente acción de
tutela, demostraba desde el inicio de la investigación la extrema deficiencia
observada en el esclarecimiento de los hechos que dieron lugar a aquél proceso,
particularmente en lo relacionado con la individualización e identificación del
sujeto activo del delito de homicidio.
La Sala relacionó el principio de
presunción de inocencia con el deber del juez de valorar debidamente las
pruebas en el proceso:
“Lo anterior no significa que la Corte pretenda
invadir la órbita de las autoridades judiciales en la función de apreciación
autónoma de las pruebas, porque entiende que la determinación de la situación
fáctica concreta en cada proceso corresponde al funcionario judicial. Pero en
este caso encuentra que no se desplegó actividad probatoria suficiente
tendiente a obtener la plena identidad del procesado a pesar de que se
advertían irregularidades que ofrecían notables dudas en relación con la
identidad de la persona sindicada, lo que constituye una violación al principio
de la presunción de inocencia, como quiera que los jueces solamente pueden
resolver con fundamento en pruebas suficientes.
(…)
En un Estado Social de Derecho, en el que
la efectividad de los principios constitucionales es presupuesto esencial para
su realización, las decisiones penales condenatorias deben basarse en pruebas
suficientes que no den lugar a dudas razonables, en virtud del derecho a la
presunción de inocencia”.
En la sentencia T-113 de 2012[229],
la Corte manifestó que cuando una autoridad decide no darle valor
probatorio a esos elementos sin haber sido controvertidos por la
contraparte, “está renunciando conscientemente a la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos e [incurre] (i) defecto procedimental
por ‘exceso ritual manifiesto’ al aplicar una formalidad
eminentemente procesal, renunciando de manera consciente a la verdad jurídica y
objetiva latente en los hechos y (ii) en defecto
fáctico por ausencia de valoración probatoria”.
De la misma forma, en la sentencia T-316 de
2013[230]
se revisó la acción de tutela contra una providencia judicial en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que la autoridad
judicial omitió valorar los documentos que demostraban la condición de padre
cabeza de familia del actor. Así, la Sala de Revisión concluyó que se había
incurrido en un defecto fáctico por omisión arbitraria en la valoración de
pruebas determinantes a las pretensiones de la demanda.
En concordancia con lo anterior, y tal como
lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente
en un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por
el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. En conclusión, es procedente una acción de tutela por defecto
fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia, es manifiestamente  equivocada o arbitraria
ya sea porque se omite solicitar una prueba fundamental en el juicio, porque
estando la prueba dentro del proceso no se valora, o porque pese a que es
examinada dicha prueba se hace de manera defectuosa.
3.
CASO CONCRETO
Nubia Mercedes Mateus Hernández,
de 53 años, presentó acción de tutela contra el fallo proferido por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander, dentro del proceso radicado
No. 680774089-2015-00001, por los siguientes motivos: (i) el 24 de
septiembre de 2012 le fue concedida una medida de protección contra su ex
esposo Jesús Arnulfo Grandas Duarte por violencia intrafamiliar; (ii) el
señor Grandas Duarte incurrió de nuevo en agresiones verbales y físicas contra
la demandante; (iii) el 10 de julio de 2014 la accionante acudió de
nuevo ante la Comisaría de Familia de Barbosa por los nuevos episodios de
violencia intrafamiliar por lo que se le concedió una medida de protección; (iv)
el 3 de marzo de 2015 la Comisaría de Familia señalada decretó el
incumplimiento de la medida de protección concedida en favor de la señora Nubia
Mateus Hernández y sancionó al agresor al pago de 2 smmlv; y (v) tal
decisión fue apelada por ambas partes y fue revocada por el juez Primero
Promiscuo Municipal de Barbosa el 24 de abril de 2015
Por lo anterior, solicita que se tutelen
sus derechos fundamentales a la vida y debido proceso. En consecuencia,
requiere que: (i) se haga una revisión detallada del fallo de segunda
instancia proferido por el  Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander, teniendo en cuenta el material
probatorio allegado a esas instancias y, (ii) se investigue a su
agresor por los delitos de violencia contra la mujer en los que haya incurrido.
3.1.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA
3.1.1.  La Constitución
Política de Colombia de 1991 consagró en su artículo 86 el derecho a que todas
las personas puedan interponer de manera directa la acción de tutela mediante
un procedimiento informal, preferente y sumario[231]. Al
respecto, esta Corte ha indicado que el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10
estipula que “la persona a quien se le vulneren o amenacen sus
derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por
medio de representante y contempló la posibilidad de la agencia de derechos
ajenos, de tal forma que un tercero, cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa, podrá presentar acción de tutela en
su nombre.”[232]
Respecto al caso concreto, se encuentra
acreditada la legitimación por activa ya que la acción de tutela fue
interpuesta por la señora Nubia Mateus Hernández quien ha sido víctima de las
agresiones físicas y psicológicas del señor Arnulfo Grandas.
3.1.2.   Igualmente se acredita la legitimación por pasiva,
ya que en el expediente figura como demandado el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander, el cual fue vinculado el 15
de septiembre de 2015.
3.1.3.  La Corte Constitucional ha indicado que para cumplir
con el requisito de inmediatez se debe acreditar un lapso prudencial
entre la presunta vulneración de los derechos que se reclaman y la
interposición de la acción de tutela[233],
lo cual se cumple en el caso de la referencia por cuanto la acción de tutela
fue interpuesta el día 09 de septiembre de 2015 contra la decisión del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander del 24 de abril de 2015.
3.1.4.   Respecto a la subsidiariedad, esta Corporación
ha manifestado que la tutela procede en aquellos eventos en donde no exista en
el ordenamiento jurídico un recurso judicial que permita defender los derechos
que se alegan fueron vulnerados y además se estipuló que tal amparo también
procede si a pesar de existir un mecanismo judicial para la protección de tales
derechos el mismo resulte idóneo o ineficaz, resultando procedente de manera
transitoria si se presenta la existencia de un perjuicio irremediable.[234]
De acuerdo con lo anterior y de conformidad
con los documentos que obran en el expediente la presente acción de tutela
resulta ser procedente para solicitar la protección de sus derechos a la vida y
debido proceso y se procederá a revisar la decisión de segunda instancia proferida por el  Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa –
Santander.
3.2.
REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta Corporación ha indicado que existen
seis requisitos generales para que la tutela proceda contra decisiones
judiciales, los cuales son:
3.2.1.
Que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.[235]
En este sentido, se ha indicado que el juez de tutela debe indicar claridad y
de manera expresa porqué el asunto que resuelve es una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes[236],
ya que de lo contrario podría llegar a involucrarse en asuntos que deben
solucionar otras jurisdicciones[237].
En el caso concreto el primer requisito
de procedencia se cumple por cuanto el asunto que se va a resolver se trata de
una violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida de la
accionante ya que en la sentencia de 24 de abril de 2015 del Juzgado Primero
Promiscuo de Barbosa – Santander se revocó la decisión de la Comisaría de
Familia de Barbosa de 3 de marzo de 2015 en la cual se declaró el
incumplimiento de la medida de protección proferida el 24 de septiembre de 2012
la cual fue adoptada para salvaguardar la vida y la integridad personal de la
señora Nubia Mercedes Mateus Hernández.
3.2.2.
El segundo
requisito general de procedencia exige que se hayan agotado todos los
medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[238].
En el caso que estudia esta Sala, se
tiene que la accionante interpuso la acción de tutela contra la decisión de 24
de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado 1 Promiscuo Municipal con
Función de Conocimiento y Depuración de Barbosa Santander en la cual se revocó
la decisión de la Comisaría de Familia de Barbosa de 3 de marzo de 2015 por
cuanto contra dicha decisión no procedía ningún recurso, haciéndose
indispensable acudir al recurso de amparo.
3.2.3.  El tercer requisito se refiere a la inmediatez,
esto es, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[239].
Como ya se dijo anteriormente, en el
presente caso, esta exigencia
se cumple por cuanto la acción de tutela fue presentada el 09 de septiembre de
2015 contra la decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa –
Santander de 24 de abril de 2015.
3.2.4.
El cuarto
requisito exige que cuando se presente una irregularidad en el proceso, la
misma debe implicar un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
ataca y que afecta los derechos fundamentales del accionante[240].
En el presente caso, se tiene que la
vulneración al debido proceso de la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández se
presentó en la decisión adoptada por el juez accionado pues no tuvo en cuenta
pruebas aportadas por la accionada y adicionalmente respecto a otros elementos
probatorios los valoró indebidamente, por lo tanto si hubiese tenido en cuenta
y valorado de forma acertada las pruebas que obraban dentro del expediente el
Juez Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander habría llegado a otra
conclusión.
3.2.5.
El quinto requisito
exige que la accionante identifique de manera razonable los hechos que
ocasionaron la vulneración y los derechos vulnerados y que además hubiese
alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[241].
En el caso que se estudia la accionante
relató de manera clara y detallada los hechos que consideraba ocasionaron la
vulneración a sus derechos a la vida y al debido proceso, y adicionalmente
señaló que la decisión del Juez Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander
violaba los derechos señalados. En el mismo sentido, manifestó en todas las
ocasiones en las que se dirigió a la Comisaría de Familia que su ex pareja, el
señor Arnulfo
Grandas Duarte había atentado de manera reiterada contra su vida y su
integridad física.
3.2.6.
Por último, esta Corporación ha señalado que el último requisito
general para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la decisión que se ataque no sea una sentencia de tutela[242].  Situación que en el caso concreto se encuentra
acreditada por cuanto se ataca la decisión de 24 de abril de 2015 del el Juez
Primero Promiscuo Municipal de Barbosa – Santander en la cual resuelve la
impugnación contra la decisión de la Comisaría de Familia de Barbosa en la cual
se reconoció el incumplimiento de la medida de protección por parte del señor
Jesús Arnulfo Grandas Duarte.
3.3.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
La Corte Constitucional ha indicado que
para que proceda la tutela contra una decisión judicial, además de acreditar
los requisitos generales de procedencia también se deben cumplir y acreditar
las causales especiales de procedibilidad[243].
De igual manera, se estableció que basta con demostrar la presencia en el fallo
que se ataca, de uno de los siguientes defectos o vicios[244]: (a)
orgánico, (b) procedimental, (c) fáctico, (d) material o
sustantivo, (e) error inducido, (f) sentencia sin motivación, (g)
desconocimiento del precedente constitucional y (h) violación directa de
la Constitución Política.
En el caso que se estudia se determinó que
se presenta un defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material
probatorio, los cuales se explicarán a continuación:
3.1.5.
Configuración
de un defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material
probatorio.
3.1.5.1.   El Juzgado Primero Promiscuo Municipal
con Función de Conocimiento y Depuración de Barbosa – Santander también
incurrió en un defecto fáctico por omitir y valorar defectuosamente el material
probatorio por cuanto no dio credibilidad a las consultas por psicología de la
accionante en donde señalaba ser víctima de maltrato psicológico por parte de
su cónyuge y donde inclusive se indicaba que el denunciado no había querido
asistir a terapia de pareja tal y como lo había ordenado la Comisaría en su
actuación de 2012. En este sentido desacreditó la historia clínica de la señora
Nubia Mercedes Mateus.
De la misma manera, el Juzgado demandado
afirma que la decisión de la Comisaría de Familia en la que se sanciona al
señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte no podría tenerse en cuenta por cuanto
considera que la actuación de la entidad no fue la correcta. Al respecto se
reitera que aunque el trámite correcto no haya sido decretar de nuevo una
medida de protección provisional, tampoco podría por tal motivo desconocer que
el señor Grandas Duarte había incurrido de nuevo en actos violentos contra la
accionante y establecer arbitrariamente que no había incumplido la medida de
protección de 24 de septiembre de 2012, dejando no solo sin sanción al
demandado sino sin protección y en estado de vulneración a la señora Nubia
Mercedes Mateus Hernández.
Por último, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal con Función de Conocimiento y Depuración de Barbosa – Santander al
alorar el examen de Medicina Legal realizado a la accionante el 7 de julio de
2014 se pronuncia de la siguiente manera: “…si bien obra en el informativo
un reconocimiento médico legal practicado a ésta, en que se determina una
incapacidad de 3 días, por supuestos hechos del 6 de julio de 2.014, habiéndose
evidenciado en dicha oportunidad como hallazgos una equimosis violácea muy leve
de 4x3 cmts en cara anterior tercio superior pierna izquierda, ello no fue
corroborado con ningún otro medio probatorio, en cambio sí desvirtuado por lo
que señaló GRANDAS DUARTE, en sus descargos, cuando advirtió con palabras
textuales: “Yo tenía clara las intenciones de la señora porque días atrás,
exactamente en el día en que se celebraron las elecciones de segunda vuelta
para presidente, en horas de la noche, ella, en estado de alteración ingresó a
mi habitación y tumbó todas mis cosas al piso, al cajón de madera donde tenía
algunas cosas la golpeó en una pierna y con esa evidencia se fue para la
fiscalía a manifestar que yo la había golpeado”, versión ésta del inculpado que
no sopesó la funcionaria de primera instancia.”[245]
Valoración que no resulta ser válida toda
vez que para desvirtuar el dictamen de Medicina Legal, el cual es expedido por
un médico de acuerdo a sus conocimientos y las evidencias que tenía el cuerpo
que se estudia, no puede ser utilizado el simple dicho del denunciado en el
cual no aporta ninguna prueba adicional a su propia versión, por tal motivo se
entiende que la valoración del Juzgado se realizó de manera inadecuada y
errónea por lo cual se revocará su decisión concediendo la tutela interpuesta
por la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández.
3.1.5.2.   Ahora bien, de
otra parte y como se señaló anteriormente, desde el veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil doce (2012) la Comisaría de Familia de Barbosa –
Santander concedió una medida de protección a la accionante en contra del señor
Arnulfo Grandas por las agresiones físicas y verbales que sufrió por parte de
su entonces pareja. Lo anterior como una respuesta extra penal que
la ley otorga a las mujeres que han sido objeto de maltrato o de violencia
intrafamiliar.
De conformidad
con lo señalado por la señora Nubia Mateus y en concordancia con las pruebas
aportadas por la misma, se tiene que el señor Grandas Duarte incumplió la
medida de protección establecida en su contra por cuanto el 10 de julio de 2014
la accionante puso en conocimiento de la misma Comisaría de Familia nuevos
hechos de violencia física y psicológica, los cuales fueron respaldados por el
dictamen de medicina legal de 7 de julio de 2014 el cual le otorgó a la
demandante tres días de incapacidad por cuanto en los miembros inferiores
presentaba “equimosis violácea muy leve 4 x 3 cm en cara anterior tercio
superior pierna izquierda” y se le recomendó continuar con las interconsultas
psicología y psiquiatría.
En ese sentido,
la Comisaría decretó el 10 de julio de 2014 de nuevo una orden de protección a
favor de Nubia Mateus Hernández por las conductas de violencia intrafamiliar
que recibió por parte de su ex esposo Arnulfo Grandas.
Posteriormente,
el 04 de diciembre de 2014 se informó que nuevamente el esposo de la accionante
había incumplido con lo ordenado por la Comisaría de Familia de Barbosa –
Santander, por lo cual se le impuso una sanción de 2 smmlv el día 03 de marzo
de 2015.
De acuerdo a lo
señalado anteriormente, se tiene que el señor Jesús Arnulfo Grandas incumplió
la medida de protección proferida el 24 de septiembre de 2012 teniendo en
cuenta los diferentes controles psiquiátricos de la accionante y el dictamen de
medicina legal de 2014 por lo que el decreto del incumplimiento de tal medida
se realizó con plena observancia de las pruebas  aportadas por la accionante.
De esta manera,
el 09 de octubre de 2012 en consulta de control por psicología en “Folscal-Magisterio-Fundación
Avanzar FOS” se señaló que “se atiende a la paciente en crisis, expresa
dificultades conyugales, tristeza ante maltrato verbal y psicológico de la
pareja, afronta proceso de divorcio causa del estado emocional”. De
conformidad con lo anterior, la accionante continuaba expresando que sufría de
episodios de violencia intrafamiliar de carácter psicológico por parte del
señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte.
En igual sentido,
se debe resaltar que los dictámenes médicos dan cuenta de la reiteración de las
agresiones del señor Jesús Arnulfo Grandas puesto que en primer lugar la medida
de protección de 2012 ordena que el agresor asista junto con su esposa a
terapias psicológicas lo cual no realizó tal y como consta en la constancia de
la consulta psicológica de control en “Folscal-Magisterio-Fundación Avanzar
FOS” de 02 de diciembre de 2013 en donde se señala “… refiere conflicto con
el esposo quien no asiste a la consulta programada en la sesión anterior,
refiriendo que no va a tener modificación de las actitudes presentadas hacia la
esposa y por lo tanto esto afecta el desarrollo de la sesión terapéutica”
En consulta de
Coomultrasan Salud Cardiovascular Cardiología de 29 de diciembre de 2014 se
indicó que la accionante vivía una “disfunción familiar con separación de
esposo recientemente y en proceso policíaco legal relacionado. Después de
eventos de discusión familiar y estrés queda con astenia y adinamia por tres
días, “me la paso acostada”. Ha continuado con eventos similares
intermitentemente. Clínica predominante 2 – 3 veces al día pero no de
presíncope sino por componente de angustia y ánimo depresivo.”
Así mismo, se
debe aclarar que los médicos que la atendieron dieron cuenta de su estado
depresivo el cual atribuyeron a la situación de violencia intrafamiliar que
padecía por parte de su pareja. Lo anterior consta en la historia clínica de la
demandante de fechas 25 de octubre de 2013[246], 25 de noviembre
de 2013[247], 09 de abril de
2014[248], 10 de abril de
2014[249] y 30 de abril de
2014[250].
Por último, el día
09 de enero de 2015 en  la consulta psicológica de la señora Nubia Mateus
Hernández en la “Clínica Psiquíatrica ISNOR Instituto del Sistema Nervioso del
Oriente SA Examen mental” se dictaminó que presentaba “pensamiento lógico,
coherente, bradipsiquia, sin delirios, no ideas suicidas, referencial a
problemas de pareja –ya le tiene proceso policial en contra- ya separados-”[251]
Una de las
pretensiones de la acción de tutela solicita el estudio del fallo de segunda instancia proferido por el  Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa –
Santander, por cuanto en dicho pronunciamiento se revocó la decisión de la
Comisaría de Familia y se señala que no existen pruebas suficientes que
demuestren el incumplimiento de la medida decretada a favor de la señora Nubia
Mateus Hernández por lo que se pide que se tenga en cuenta todo el material
probatorio allegado a esas instancias.
De conformidad a
lo narrado con anterioridad, se debe señalar que en el expediente existen
pruebas suficientes que permiten deducir el incumplimiento de la medida de
protección otorgada a la señora Mateus Hernández el día 24 de septiembre de
2012, en especial el dictamen de medicina legal de las lesiones por violencia
intrafamiliar y la historia clínica de la accionante.
De esta manera, el
artículo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 11 de la Ley 575
de 2000 indica que “El
funcionario que expidió la orden de protección mantendrá la competencia para la
ejecución y el cumplimiento de las medidas de protección.
Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se
impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días
siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes
y oídos los descargos de la parte acusada.
No obstante cuando a juicio de Comisario sean necesario ordenar el
arresto, luego de practicar las pruebas y oídos los descargos, le pedirá al
Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o
al Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidirá dentro de las
48 horas siguientes.
La Providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden
de protección, provisional o definitiva, será motivada y notificada
personalmente en la audiencia o mediante aviso.”
Así mismo, se
debe reiterar que las medidas de protección contempladas en el artículo 4o
de la Ley 294 de 1996, adicionado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 son
instrumentos independientes de aquellos de naturaleza penal.[252]
3.1.5.3.   Configuración de un defecto fáctico
frente a la decisión de la Comisaría de Familia
En cuanto a la decisión atacada, se debe
resaltar que en la misma se señaló “la Comisaría de Familia de la localidad,
en providencia de fecha 10 de julio de 2014, decidió avocar la petición de
medida de protección incoada por la ya mentada, y sin siguiera surtirse un
debido proceso, en donde se agotara el procedimiento consagrado en la Ley 294
de 1.996 y 575 de 2.000, con la posibilidad de un debate probatorio y ejercerse
el derecho de defensa y contradicción, por parte del presunto infractor al que
no se le citó a dicha diligencia, decidió acceder a la pretensión de la
presunta víctima de maltrato conminando al presunto infractor a cesar todo acto
de violencia, agresión, maltrato físico, amenaza u ofensa, al igual que se le
impuso la suspensión para la tenencia, porte o uso de armas de fuego, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones de la Ley 294 de 1.996”[253]
La Corte estima que la anterior
apreciación es incorrecta por cuanto en el expediente obran las pruebas
suficientes que permiten deducir que el señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte si
incumplió con la medida de protección de 2012, como por ejemplo el dictamen de
medicina legal de 7 de julio de 2014 y la historia clínica de psicología
aportada de la accionante.
En el mismo sentido se observa que la
decisión de 10 de julio de 2014 corresponde a una medida de protección
PROVISIONAL la cual fue adoptada de acuerdo a la gravedad de los hechos
narrados por la accionante en una declaración juramentada rendida ante la
Comisaría, entidad que teniendo en cuenta los antecedentes que fueron puestos
en su conocimiento desde el año 2012.
En el mismo sentido, el artículo 18 de la
Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 5 de la Ley 505 de 2000 estipula en
su tercer inciso que “Serán
aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales
contenidas en el Decreto número 2591 de
1991, en cuanto su naturaleza lo permita.”
De conformidad con lo anterior la Comisaría de Familia podía decretar un
desacato a la orden judicial proferida el 24 de septiembre de 2012, apoyado en
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 según el cual “La persona que incumpliere una orden de un juez
proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales
salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”
Para adoptar las medidas señaladas, la Comisaría de
Familia tenía sustento suficiente, ya que para proferir la medida de protección
provisional señaló que “CONSIDERA el Despacho que en este caso se está
frente a hechos que merecen credibilidad, así como se desprende del referido
denuncio; la versión que ha sido rendida bajo la gravedad del juramento, por lo
tanto hay mérito suficiente para que se le dé inicio a la actuación por
Violencia Intrafamiliar y se adopte una medida provisional de protección a
favor de la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández”
La medida de protección provisional se decretó con el
fin de evitar cualquier acto de agresión, maltrato, amenaza, violencia u ofensa[254]
contra la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández ya que se ordenó al señor
Jesús Arnulfo Grandas Duarte “que cese todo acto de violencia, agresión,
maltrato, amenaza u ofensa por parte de él (ella) y en contra de la Víctima, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la ley 294 de 1996, en su
artículo 7, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 4…”[255].
Si bien es cierto que la medida se decretó para evitar
que continuaran las agresiones contra la actora, la Comisaría contaba con otros
mecanismos que garantizaran que el agresor cumpliera con la medida de
protección de 24 de septiembre de 2012 y garantizar los derechos a la vida e
integridad personal de la accionante.
3.2.
CONCLUSIONES
3.2.1.
Nubia
Mercedes Mateus Hernández, de 53 años, presentó acción de tutela contra el
fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa –
Santander, dentro del proceso radicado No. 680774089-2015-00001, solicitando lo
siguiente: (i) tutelar los derechos al debido proceso, a la vida y a una
vida libre de violencia; (ii) efectuar una revisión exhaustiva de la
decisión adoptada en segunda instancia por el accionado; (iii) que el
señor Jesús Arnulfo Grandas responda por violencia intrafamiliar de conformidad
con la ley 1542 de 2012, y (iv) tener en cuenta las pruebas aportadas
por la accionante.
3.2.2.
En el proceso
se demostró que a la señora Nubia Mercedes Mateus Hernández le fue concedida
por la Comisaría de Familia de Barbosa – Santander una medida de protección el
24 de septiembre de 2012 por los actos de violencia de su ex esposo el señor
Jesús Arnulfo Grandas Duarte.
3.2.3.
Posteriormente,
el señor Grandas Duarte incurrió de nuevo en agresiones físicas y psicológicas
en contra de la demandante, por lo cual en una segunda oportunidad acudió a la
Comisaría la cual para salvaguardar los derechos de la señora Mateus Hernández
concedió una medida de protección provisional el 10 de julio de 2014.
3.2.4.
Días más
tarde la accionante solicitó que se reconociera el incumplimiento de la medida
de protección de 24 de septiembre de 2012 por los hechos de violencia cometidos
en su contra.
3.2.5. La Comisaría de
Familia para garantizar los derechos a la vida e integridad de la señora Nubia Mercedes
Mateus Hernández concedió de manera provisional una medida de protección.
3.2.6. El 04 de
diciembre de 2014 la señora Mateus Hernández solicitó que se reconociera el
incumplimiento de la medida de protección de 24 de septiembre de 2012 por los
nuevos hechos de violencia de los cuales había sido víctima por parte de su ex
esposo. El señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte realizó los respectivos descargos
el 19 de diciembre de 2014 y finalmente la Comisaría de Familia de Barbosa –
Santander, el 3 de marzo de 2015 decidió sancionar al denunciado por considerar
probado que había incumplido la medida de protección de 2012.
3.2.7.
El 24 de abril de 2015 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de
Conocimiento y Depuración de Barbosa – Santander, decidió revocar la totalidad
de la decisión de la Comisaría de Familia de ese municipio de 3 de marzo de
2015, valorando incorrectamente los hechos y las pruebas allegadas al
expediente, desconociendo el derecho al debido proceso de la señora Nubia
Mercedes Mateus Hernández.
El derecho al
debido proceso ha sido reconocido por esta Corte como “un derecho
constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la
Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha
definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho
fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la
actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus
actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos,
“con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se
encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la
actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la
imposición de una sanción". En este sentido, el derecho al debido proceso
se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un
límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius
puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no
podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido
democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la
efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio
pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al
debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del
valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del
Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas
las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos
y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P).”[256]
3.2.8. Llama la atención de esta
Corporación los obstáculos que tuvo que afrontar la demandante para obtener una
respuesta por parte de las autoridades a las que acudió y que le impidieron
acceder a la administración de justicia.
3.2.9. Por lo
anterior, la Sala resalta que asuntos como el que es objeto de estudio en esta
decisión, los jueces deben ser respetuosos del estándar internacional y adoptar
un enfoque de género en el estudio de los casos concretos que permitan
administrar justicia de manera efectiva.
3.3.
DECISIONES A ADOPTAR
Teniendo en
cuenta lo anteriormente señalado se tomarán las siguientes decisiones
tendientes a tutelar el derecho al debido proceso de la señora Nubia Mercedes
Mateus Hernández:
3.3.1.  En primer lugar, revocar
la decisión del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento y Depuración de Barbosa
– Santander del veinticuatro (24) de abril de dos mil
quince (2015), que revocó en su integridad la decisión de la Comisaría de
Familia de Barbosa – Santander de tres (3) de marzo de dos mil quince (2015).
3.3.2.  En segundo lugar
confirmar la decisión de la Comisaría de Familia de Barbosa – Santander de tres
(3) de marzo de dos mil quince (2015), en la cual se impuso una sanción de dos
(02) salarios mínimos mensuales legales vigentes al señor Jesús Arnulfo Grandas
Duarte por haber incumplido la medida de protección de 24 de septiembre de
2012.
3.3.3.  Se prevendrá a
los Comisarios de familia, a los Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a
los Jueces de Control de Garantías del país que ciñan sus actuaciones en casos
similares de violencia familiar de manera estricta a la Ley 294 de 1996,
modificada por la Ley 575 de 2000, y a la Ley 1257 de 2008, con un enfoque de
género.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- TUTELAR el Derecho al debido proceso de la señora Nubia Mercedes Mateus
Hernández y en consecuencia REVOCAR la decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con
Función de Conocimiento y Depuración de Barbosa – Santander del veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015), que
revocó en su integridad la decisión de la Comisaría de Familia de Barbosa –
Santander de tres (3) de marzo de dos mil quince (2015).
SEGUNDO.- CONFIRMAR la decisión de la Comisaría de Familia de
Barbosa – Santander de tres (3) de marzo de dos mil quince (2015) en la cual se
impuso una sanción de dos (02) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
señor Jesús Arnulfo Grandas Duarte por haber incumplido la medida de protección
de 24 de septiembre de 2012.
TERCERO.- PREVENIR a los Comisarios de familia, a los Jueces
Civiles o Promiscuos Municipales y a los Jueces de Control de Garantías que
deberán ceñir sus actuaciones en casos similares de violencia familiar de
manera estricta a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, y a la
Ley 1257 de 2008, con un enfoque de género.
CUARTO.- Por
Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ALBERTO
ROJAS RÍOS Y
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA T-241/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió aplicar
el enfoque de género en la resolución del caso concreto (Aclaración de voto)/PERSPECTIVA
DE GENERO (Aclaración de voto)
En el caso concreto no bastaba acudir
a los documentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, era
igualmente necesario aplicar el enfoque de género en la resolución del caso
concreto. Dicho enfoque es un desarrollo de la legislación internacional, razón
por la que resulta perentorio que todas las autoridades judiciales fallen los
casos de violencia de género a partir de las obligaciones surgidas del derecho
internacional de los derechos de las mujeres. Era necesario asumir un enfoque
de género en el análisis del caso concreto, y poner de manifiesto que la
accionante fue víctima de obstáculos que impidieron llevar su caso ante los
jueces, y que la valoración probatoria que el Juez Promiscuo Municipal adoptó
en su decisión dejó desprotegida a la accionante y produjo una situación de
riesgo para su integridad personal.
PROTECCION
ESPECIAL A LAS MUJERES Y LA LUCHA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO-Compromiso
internacional y constitucional (Aclaración de voto)
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, a continuación exponemos la razón por la cual, los
suscritos magistrados, aclaramos el voto en la Sentencia de la referencia.
1. La providencia en mención estudió
el caso Nubia Mercedes Mateus
Hernández, mujer de 53 años que fue víctima de maltrato físico y psicológico
por parte de su ex esposo.
La ex pareja de la accionante la ha maltratado física
y psicológicamente, por lo cual padece Sincope Colapso Neuro Carcinogénico.  De
la misma manera, la peticionaria ha recibido amenazas y ha sido víctima de
seguimientos por su ex esposo, hechos que en su criterio ponen en riesgo su
vida. Por ello, la solicitante acudió a la Comisaria de Familia de Barbosa
(Santander) con el fin de requerir una medida de protección.
1.1. El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
doce (2012), la Comisaria de Familia concedió una medida de protección en favor
de la señora Nubia Mercedes Hernández, y por tal motivo ordenó al señor Jesús
Arnulfo Grandas “abstenerse y cesar todo acto de violencia e intimidación” contra
la querellante.
El diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), la
accionante acudió a la comisaria de familia con el objetivo de denunciar nuevos
hechos de violencia por parte de su ex esposo, por lo cual, por decisión del
tres (3) de marzo de dos mil quince (2015), la Comisaria de Familia impuso una
sanción de 2 SMMLV a Jesús Arnulfo Grandas Duarte, ya que este había incumplido
la medida de protección concedida en septiembre de dos mil doce (2012).
1.2. La anterior determinación fue apelada ante el
Juzgado Promiscuo municipal de Barbosa, autoridad judicial que en auto de
veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015) decidió revocar la sanción
impuesta contra Jesús Arnulfo Grandas. Debido a esto, la accionante formuló
acción de tutela contra el fallo, debido a que el agresor continuaba acosándola
psicológicamente y ronda su lugar de vivienda.
2.Con base en estos antecedentes, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional amparó el derecho al debido
proceso de la accionante, debido a que la determinación del Juez Promiscuo
Municipal de Barbosa de revocar la medida de protección incurrió en un defecto
fáctico, ya que ignoró que la accionante si estaba en riesgo. Por ello, la
Sentencia T-241 de 2016 ordenó revocar la providencia del juez promiscuo
municipal de Barbosa (Santander), para que en su lugar, quede en firme la
decisión de la Comisaria de Familia.
3. Nuestra aclaración de voto va dirigida a señalar
una omisión de la providencia, concretamente que la misma, si bien llega a una
respuesta judicial correcta, carece de enfoque de género, el cual resultaba
útil y necesario para hacer una adecuada lectura de los hechos que sufrió la
señora Nubia Mercedes Hernández.
Esto es especialmente paradójico, debido a que el
primer capítulo de consideraciones de la Sentencia T-241 de 2016 compila las
obligaciones internacionales del Estado Colombiano en relación con el deber de
protección y debida diligencia de las mujeres víctimas de violencia de género.
Si bien esta reconstrucción del estándar internacional es apropiada, no tuvo
consecuencias al momento de resolver el caso concreto, pues la providencia no
da cuenta de los obstáculos que sufrió la accionante y que impidieron su
adecuado acceso a la administración de justicia. En el caso concreto no bastaba
acudir a los documentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres,
era igualmente necesario aplicar el enfoque de género en la resolución del caso
concreto.
3.1. El estándar internacional establece que los
operadores judiciales (jueces, fiscales, comisarios de familia, policía
judicial, etc.) que atienden  casos de violencia contra las mujeres al interior
de la familia o en el contexto de relaciones de pareja, pueden caer fácilmente
en prejuicios o estereotipos que impiden el acceso a la administración de
justicia a mujeres agredidas.
Esto ocurre, en aquellos eventos en que un juez u
operador judicial no impulsa adecuadamente un caso de vulneración de los
derechos humanos de las mujeres, debido a que piensa, por ejemplo, que dentro
de sus roles sociales se encuentra el aceptar la violencia que ejerce su pareja
o sus hijos, ya que esto es “natural”.
No en todos los casos los estereotipos de los
operadores judicial son evidentes; en la mayoría de los eventos, dicho
prejuicios determinan la escogencia de los argumentos legales, con base en los
se resuelve un proceso. Por esto es importante que los jueces respeten el
estándar internacional y asuman un enfoque de género en el estudio de hechos
como el que se falló la Sentencia T-241 de 2016, garantizando, de esta manera,
una correcta administración de justicia.
3.2. Es pertinente recordar que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Estados parte de la
Convención, desplegar toda su actividad administrativa, legal y judicial para
revertir y eliminar los prejuicios de los operadores estatales que impiden a
las mujeres víctimas de violencia basada en el género el acceso a la
administración de justicia. Un clásico ejemplo de estos puede ser el dicho de
jueces u operadores judiciales según el cual, la violencia que sufren las
mujeres al interior de la familia no es grave, o no implica una seria amenaza
contra la vida e integridad física, dado que “los matrimonios suelen vivir crisis”.
A título de ilustración se puede mencionar el caso “Campo
Algodonero” vs. México, donde la Corte Interamericana consideró que los
jueces y la policía judicial del Estado habían incumplido su obligación de debida
diligencia cuando no dieron importancia a hechos de violencia contra las
mujeres[257].
3.3. Consideramos que en el expediente de la
referencia, la Señora Nubia Mercedes Mateus Hernández sufrió varios obstáculos
para el acceso a la administración de justicia, debido a operadores judiciales
que no vieron la gravedad e importancia de los hechos que denunciaba (incluso
los jueces de tutela). En esa medida creemos que era necesario asumir un
enfoque de género en el análisis del caso concreto, y poner de manifiesto que
la accionante fue víctima de obstáculos que impidieron llevar su caso ante los
jueces, y que la valoración probatoria que el Juez Promiscuo Municipal adoptó
en su decisión dejó desprotegida a la accionante y produjo una situación de
riesgo para su integridad personal.
3.4. Es necesario recordar que recientemente, la Sala
Plena de la Corte Constitucional ha precisado que asumir dicho enfoque, no es
una generosidad o discrecionalidad del juez constitucional. Dicho enfoque es un
desarrollo de la legislación internacional, razón por la que resulta perentorio
que todas las autoridades judiciales fallen los casos de violencia de género a
partir de las obligaciones surgidas del derecho internacional de los derechos
de las mujeres.[258]
3.5. En síntesis,  compartimos el sentido de la
Sentencia T-241 de 2016 en la medida que ordenó proteger el derecho al debido
proceso de la accionante, no obstante, estimamos que en la lectura que se hizo
de los hechos no se aplicó un enfoque que pusiera de relieve el hecho que la
accionante vivió obstáculos para llevar su caso ante los jueces.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]Sala de Selección Número Uno de 2016, integrada por los Magistrados
María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos.
[2]Folios 11 a 17, Cuaderno No. 1
[3]Folio 18, Cuaderno No. 1
[4]Folio 93, Cuaderno No. 1
[5]
Folio 94, Cuaderno No. 1
[6]Folio 26 a 29, Cuaderno No. 1
[7]Folios 95 y 96, Cuaderno No. 1
[8]Folios 98 y 99, Cuaderno No. 1
[9]Folios 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 a 52, Cuaderno No. 1
[10]Folios 103 y 104, Cuaderno No. 1
[11]Folios 53 y 54, Cuaderno No. 1
[12]Folio 1, Cuaderno No. 1
[13]Folios 73 a 89, Cuaderno No. 1
[14]M.P. Luis Alberto Téllez Ruíz
[15]
Línea señalada en la Sentencia de la Corte Constitucional
T-772 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] Ver, Sentencia de la Corte Constitucional C-335 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[17]Art. 7 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
[18]Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”
Art. 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos: “Toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”
[19]Aprobado mediante Ley 16 de 1972
[20] Art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
[21]Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P.
[23] Art. 3 de la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia en contra de la Mujer. “a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a
la igualdad 7/; c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d)
El derecho a igual protección ante la ley 7/; e) El derecho a verse libre de
todas las formas de discriminación 7/; f) El derecho al mayor grado de salud
física y mental que se pueda alcanzar 9/; g) El derecho a condiciones de
trabajo justas y favorables 10/;  h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni
a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11/”.
[24] Art. 4 de
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Ver
también las Sentencias C-335 de 2013 y T-772 de 2015, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P.
[26] Numerales 47 a 68 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[27] Numerales 69 a 88 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[28] Numerales 89 a 111 de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
[29] Numerales 112 a 130 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[30] Numerales 131 a 149 de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
[31] Numerales 150 – 180 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[32] Numerales 181 – 195 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[33] Numerales 196 – 209 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[34] Numerales 210 – 233 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[35] Numerales 234 – 245 de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
[36] Numerales 246 – 258 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
[37] Numerales
259 – 285 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ver también la Sentencia
C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38] Numerales 71, 90, 161 y 220 de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
[39] Numeral 10 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer.
[40] Numeral 118 de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer.
[41] Numeral. 124 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer.
[42] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[43] Se realizó una recomendación “a los Estados Partes para
que alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales
destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer.”
Sentencia de la Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[44]“Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes
periódicos información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas
adoptadas para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas
especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación
y de empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan
participar en todos los aspectos de la vida social y cultural” Sentencia de la Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] Esta recomendación reconoce que la violencia contra la
mujer, menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios
de derechos humanos, constituye discriminación y afecta los derechos a la vida;
a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas
humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; a la
libertad y a la seguridad personales; a igualdad ante la ley; a igualdad en la
familia; al más alto nivel posible de salud física y mental; a condiciones de
empleo justas y favorables.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] Art. 1. de la Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
[49] Art. 2 de
la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer. Ver también la Sentencia C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[50] Art. 7 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P.
[52] Art. 5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
[53] Art. 6 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
[54] Arts. 9 a 13 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y
sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[56] Ver, Sentencia de la Corte Constitucional C 335 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Art. 1° de la Ley 28 de 1932.
[58] Artículo 4º Decreto 1972 de 1933. Ver también Sentencia de
la Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[59]Sentencia de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[60]Art. 6º del decreto ley
999 de 1988. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-335 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.
[62] Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia.
[63] La Ley 8ª de 1922 reconoció en su artículo 1° a la mujer
casada la administración y uso libre de los bienes (1) “determinados en las
capitula­ciones matrimoniales” y (2) “los de su exclusivo uso personal, como
sus ves­ti­dos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De
estos bienes no podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges,
cualquiera que sea su valor.” La Ley reconoce a las mujeres, a la par con los
hombres, la posibilidad de ser testigos en los actos de la vida civil.  [Ley 8ª
de 1922, artículo 4°- Con los mismo requisitos y excepciones de los hombres,
las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil.]
[64] Art. 1º de la Ley 8ª de 1992.
[65] Art. 4° de la Ley 8ª de 1922: “Con los mismo requisitos y
excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos
de la vida civil”
[66] Art. 4 de la Ley 82 de 1992.
[67] Art. 5 de la Ley 82 de 1992.
[68] Art. 8 de la Ley 82 de 1992.
[69] Art. 9 de la Ley 82 de 1992.
[70] Art. 11 de la Ley 82 de 1992.
[71] Art. 13 de la Ley 82 de 1992.
[72] Art. 20 de la Ley 82 de 1992.
[73] Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Art 4o.  de la Ley 294 de 1996.
[75] Art. 5o de la Ley 294 de 1996.
[76] Art. 170 de la Ley 599 de 2000.
[77] Art. 181 de la Ley 599 de 2000.
[78] Art. 179 de la Ley 599 de 2000.
[79] Art. 163.3 de la Ley 599 de 2000
[80] Art. 229 de la Ley 599 de 2000.
[81] Art. 118 de la Ley 599 de 2000.
[82] Art. 123 de la Ley 599 de 2000.
[83] Art. 187 de la Ley 599 de 2000.
[84] Cap. 2 de la Ley 731 de 2002.
[85] Cap. 3 de la Ley 731 de 2002.
[86] Cap. 4 de la Ley 731 de 2002.
[87] Cap. 5 de la Ley 731 de 2002.
[88] Cap. 6 de la Ley 731 de 2002.
[89] Art. 731 de la Ley 731 de 2002.
[90] Art.  9 de la Ley 731 de 2002.
[91] Art.  8 de la Ley 731 de 2002.
[92] Art. 14 de la Ley 731 de 2002.
[93] Art. 13 de la Ley 731 de 2002.
[94] Art. 1 de la Ley 1009 de 2006.
[95] Art. 2 de la Ley 1257 de 2008.
[96] Art. 3 de la Ley 1257 de 2008.
[97] Art. 6 de la Ley 1257 de 2008.
[98] Art. 8 de la Ley 1257 de 2008.
[99] Art. 1 de la Ley 1468 de 2011.
[100] Art. 2 de la Ley 1468 de 2011.
[101] Arts. 3 y 4 de la Ley 1468 de 2011.
[102]Art. 9º de la Ley 1761 de 2015.
[103]Art. 9º de la Ley 1761 de 2015.
[104]Art. 9º de la Ley 1761 de 2015.
[105] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[106]Sentencias de la Corte Constitucional C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-667 de
2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[107] Ver, Sentencia de la Corte Constitucional C 335 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[108] Sentencias de la Corte Constitucional T-247 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y T-322 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[109] Sentencia de la Corte Constitucional T-624 de 1995, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[110]Sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional C-1032 de 2006, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[112] Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[113] Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[114] Sentencia de la Corte Constitucional C-082 de 1999, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[115] Sentencias de la Corte Constitucional C-722 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[116] Sentencia de la Corte Constitucional T- 943 de 1999, M.P.
Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[117]Sentencia de la Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[118] Sentencias de la Corte Constitucional T-375 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[119] Sentencias de la Corte Constitucional T-656 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[120] Sentencias de la Corte Constitucional T- 606 de 1995, M.P.
Fabio Morón Díaz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[121] Sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 2002, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[122] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[123] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[124] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[125] Informe de la Relatoría sobre los derechos de la mujer de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las
Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Punto B. Doc.
68. Enero 20 de 2007, véase en https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap1.htm.
[126] CIDH, Informe de Fondo, N˚ 5/96, Raquel Martín de Mejía (Perú), 1 de marzo de 1996, pág.
22.
[127] Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[128]Ibídem.
[129] Sentencia del 6 de agosto de 2008, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos
Mexicanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[130]Sentencia del 04 de julio de 2006, Caso Lopes vs. Brasil.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[131] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[132]M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[133] Sentencia de la Corte
Constitucional T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
Sentencia T-1195 de 2001, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[134]Sentencia T-1195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre
de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.
[135]Sentencia de la Corte Constitucional C-1195 de
2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[136]M.P. Jaime Córdoba Triviño
[137]Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[138] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[139] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[140] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[141]Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[142] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[143]Esta doctrina fue desarrollada tanto en el
ámbito de la justicia penal militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr.
Sentencias C-293 de 1995; C- 163 de 2000; C- 1149 de 2001; C-228 de
2002; C-805 de 2002; C-916 de 2002.
[144] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[145]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[146]Sentencia C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[147] Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[148] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ACCESO A LA
JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN MESOAMÉRICA.
OEA/Ser.L/V/II.  Pág. 7. Doc. 63 9 diciembre 2011.
[149] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Corte
Suprema de Justicia (QUINTANA COELLO Y OTROS) VS. ECUADOR. Sentencia de 23 de
agosto de 2013 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
[150] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las
Américas, 27 de marzo de 2015. Pág. 33
[151] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las
Américas, 27 de marzo de 2015. Pág. 33
[152] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las
Américas, 27 de marzo de 2015. Pág. 33
[153] CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de
violencia en las Américas, 20 de enero de 2007, párr. 42
[154] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las
Américas, 27 de marzo de 2015. Pág. 33
[155] Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la
familia: Informe de la Sra. RadhikaCoomaraswamy, Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias,
presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos
Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25
[156] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las
Américas, 27 de marzo de 2015. Pág. 40
[157] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[158] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[159] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[160] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[161] Sentencia de 17 de septiembre de 1997.
[162] Sentencia de 27 de agosto de 1998
[163] Sentencia del 29 de julio de 1988.
[164] Sentencia del 4 de mayo de 2004.
[165] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[166] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[167] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[168] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[169] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[170] GARCÍA PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch,
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[171] GARCÍA PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch,
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[172]ELÍAS, R: The Politics of Victimization, Victims,
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[173] GARCÍA PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch,
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victimización, Dykinson, Madrid, 2014, 264 y ss; NEWBURN, Tim: Criminology. WP.
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[174] NEWBURN, Tim: Criminology. WP. Devon, 2007, 359.
[175] MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo / PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa
María / AGUILAR CÁCERES, Marta María: Victimología: un estudio sobre la víctima
y los procesos de victimización, Dykinson, Madrid, 2014, 264 y ss;
[176] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[177]
Sentencia C 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[178]M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[179]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[180]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[181]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[182]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[183]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[184]Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[185]Sentencia
de la Corte Constitucional, T-234 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[186] Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001.
http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm
[187] Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001. http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm
[188]
Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria
Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil,
16 de abril de 2001.
http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm
[189]
Informe N° 54/01. Caso 12.051. Maria
Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil,
16 de abril de 2001.
http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm
[190] “Artículo 25.
Protección Judicial:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Sentencia de la Corte Constitucional C-635 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[191]
Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: alcance excepcional y
restringido “que se justifica en razón a los principios constitucionales de
los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar
la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los
jueces y el sometimientos general de los conflictos a las competencias
ordinarias de éstos”. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional
C-635 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[192] Sentencia de la Corte Constitucional T-078 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[193] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[194]
Sentencia de la Corte Constitucional C-635 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[195]
Ver también Sentencia de la Corte Constitucional C-635 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[196]
Sentencia de la Corte Constitucional C-635 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[197] Cfr.
Sentencia de la Corte Constitucional T-324
de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “… sólo en aquellos casos en los
cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a
derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario
que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el
juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que
se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las
condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para
proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de
competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía
de hecho por defecto orgánico.”
[198] Cfr.
Sentencia de la Corte Constitucional SU-159 de 2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa: “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.
[199] Cfr.
Sentencia de la Corte Constitucional SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez: “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos
fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía
de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de
justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[200] Sentencia
de la Corte Constitucional T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[201]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[202] Sentencia
de la Corte Constitucional T-310 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[203] Sentencia
de la Corte Constitucional T-555 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[204]
Sentencia de la Corte Constitucional C-635 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[205]Ver, entre otras, sentencias T-958 de 2005 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, T-346 de 2012 M.P. Adriana Guillén Arango y T-309 de 2014 M.P.
Jorge Ignacio PreteltChaljub.
[206]Cfr. Sentencia T-419 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[207]
Ver, entre otras, la sentencia T-102 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[208]M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[209]Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[210] Cfr.
Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[211] Cfr.
sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[212] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la
valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada.
El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin
fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado
del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la
confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre
los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron
la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por
él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados
que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
[213] Cfr.
sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[214] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la
indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las
partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el
secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso
del que depende la suerte del proceso penal.
[215] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[216]
Estructura tomada de Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción
de tutela contra providencias”. Ed. Ibañez y Pontificia Universidad Javeriana,
p. 188, (2012).
[217] Ver al respecto sentencias T-567 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-590 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, M.P. entre otras.
[218]Cfr. sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[219]Ver sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía.
[220]Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[221] Cfr.
Sentencia T-309 de 2014 M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub. Al
respecto, ver sentencia T-117 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada.
[222]Cfr. Sentencia T-902 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[223]M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[224]M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[225]M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[226] M.P. Alexei Julio Estrada.
[227]Cfr. Sentencia T-902 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[228]
M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub.
[229] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[230] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[231]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Ver también Sentencia T-772 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[232]Sentencia
de la Corte Constitucional T-610 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[233] Al respecto ver las sentenciasT-743 de 2008,
M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-1037
de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo y T-357 de 2014, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[234]Decreto 2591 de 1997. Artículo 8: Aun
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. Cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de
las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso. Ver también las
Sentencias de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y T-057 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[235]
Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[236]
Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[237]  Sentencia de la Corte Constitucional 173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[238] Sentencia de la Corte Constitucional T-504 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[239]
Ver las Sentencias de la Corte Constitucional T-315 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[240] Sentencias de la Corte Constitucional T-008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2000, M.P.
José Gregorio Hernández Galinda. Ver también la Sentencia
de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[241]
Sentencia de la Corte Constitucional T-658 de 1998, M.P.
Carlos Gaviria Díaz. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[242]
Sentencias de la Corte Constitucional T-088 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-1219 de
2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también
la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[243]
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[244]
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[245]Folio
87. Cuaderno No. 2.
[246]Diagnóstico: 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja;
F322 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.  Folio 151 Cuaderno No.
2.
[247]Diagnóstico: 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja;
F322 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.  Folio 152 Cuaderno No.
2.
[248]Análisis clínico: Paciente con episodio depresivo, múltiples
problemas familiares. Folio 148 Cuaderno No. 2.
[249]Diagnóstico: 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja;
F322 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; R55X Sincope y colapso.
Folio 149 Cuaderno No. 2.
[250]Diagnóstico: 630 Problemas en la relación entre esposos o pareja;
F322 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; R55X Sincope y colapso,
F450 Trastorno de Somatización.  Folio 149 Cuaderno No. 2.
[251]Folios 153 – 154 Cuaderno No. 2
[252] Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[253] Folio 74. Cuaderno No. 2.
[254]Artículo
11 Ley 294 de 1996.
[255]Folio 98. Cuaderno No. 2
[256]
Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[257]
“El Estado debe continuar implementando programas y cursos
permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género;
perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de
averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación,
violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a
funcionarios públicos en los términos de
los párrafos 531 a 542 de la presente Sentencia. El Estado deberá informar
anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y
capacitaciones.” Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Gonzales y Otras (“Campo Algodonero”) Vrs. México.
[258]
Se precisó en la Sentencia SU-659 de 2015: “…la judicatura no tiene dentro de sus alternativas ser sensible o
no a las violaciones a los derechos fundamentales a las mujeres, niñas o
adolescentes. Esta es una obligación internacional, cuyos desarrollos no son
una liberalidad o discrecionalidad del operador judicial. En todos los casos en
los que se discutan vulneraciones a los derechos fundamentales… los Juzgados,
Tribunales y Cortes del país, deben aplicar estrategias de documentación,
investigación e interpretación de los hechos, en los que se ponga de relieve
cada uno de los elementos, así como sus dimensiones y rol que jugaron, para que
ocurriera una violación a las garantías fundamentales las mujeres. // Existen
al menos dos formas opuestas para abordar hechos como los que aquí se fallan.
Una primera, de manera ágil, desinteresada  homogeneizante, y sin relevar los
detalles de cada vulneración. Por el contrario, otra estrategia en la que cada
uno de los elementos que concurrieron en la violación de las garantías
fundamentales, deben dimensionarse adecuadamente, y darle el peso. A esta
obligación de documentación de agresiones contra los derechos fundamentales, en
la que cada elemento se valora adecuadamente, se le denomina investigación
interseccional.”