T-208-15
SENTENCIA T- de 2014
Sentencia T-208/15
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Responsabilidad del Estado de garantizar su protección de manera
eficaz
Esta
Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que el derecho de petición de los
reclusos no implica la obligación de las autoridades carcelarias de dar
respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven. Los deberes de estas
autoridades consisten en adoptar las medidas necesarias para que los internos
reciban una respuesta completa y oportuna a sus peticiones, donde se expongan
las razones que la autoridad contempló para decidir en el sentido que
efectivamente lo hizo, de manera que el recluso pueda conocerlas y,
eventualmente, controvertirlas. Así mismo ha precisado que el derecho del
recluso a obtener una respuesta de fondo, clara y oportuna, no puede verse
afectado por trámites administrativos del establecimiento carcelario, pues
podría tornarse nugatorio su derecho fundamental de petición. Por lo tanto, en
los eventos en que el recluso formule un derecho de petición dirigido a otro
funcionario o entidad,  las autoridades carcelarias se encuentran en la
obligación legal de remitirlo efectiva y oportunamente a la autoridad
destinataria de la solicitud, para que ésta tenga acceso al contenido de la
misma y cuente con la oportunidad de darle el correspondiente trámite y
respuesta.
DERECHO DE PETICION DEL INTERNO-Vulneración por cuanto los
accionantes a través del centro carcelario presentaron solicitudes, todas con
sello de recibido de la autoridad penitenciaria, sin que fueran
remitidas por ésta a sus destinatarios finales
JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Alcance y límites
El fundamento
de la jurisdicción especial indígena es el carácter pluralista del Estado. En
esa medida, el ejercicio de la jurisdicción tiene como objetivo constitucional
el reconocimiento de una realidad social y cultural propia de nuestro entorno:
el reconocimiento de la diversidad étnica, y en particular, el de los distintos
sistemas jurídicos que existen en nuestro país, como expresiones culturales de
los pueblos indígenas que viven en él. Sin embargo, la Constitución va más allá
de una simple política de reconocimiento de la diversidad cultural de la
población del país. La Constitución protege esta diversidad cultural porque
considera que son precisamente estas diferencias las que permiten que haya un
diálogo intercultural, que enriquece la identidad cultural de la nación
colombiana. La protección estatal activa de las culturas minoritarias
constituye un elemento fundamental de todas las sociedades abiertas, impide su
anquilosamiento, y preserva el carácter pluralista del Estado colombiano. Por
lo tanto, el respeto que el Estado le debe a la jurisdicción especial indígena
tiene como fundamento y medida la necesidad de protección de esta diversidad
cultural. Por otra  parte, el ejercicio de la jurisdicción indígena tiene
una serie de límites específicos que provienen, ya no de su fundamento en el
carácter pluralista del Estado, sino del texto mismo de la Constitución y de
las demás normas que integran el bloque de constitucionalidad.
FUERO INDIGENA-Elementos
LIMITES A LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS-Parámetros que ha establecido
la Corte Constitucional
La
Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio
de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad
con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar
contra los bienes más preciados del hombre", como el derecho a la vida, la
dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido
proceso. De la misma manera, la Corte Constitucional ha resaltado la
importancia del respeto por el principio de legalidad de los procedimientos,
los delitos y las penas al interior de los ordenamientos jurídicos indígenas,
pero entendiendo tal principio de legalidad como un requisito mínimo de
previsibilidad en las actuaciones de las autoridades propias, sumado a un
requisito de reconocimiento de las prohibiciones, sanciones y procedimientos
por parte de los miembros de la comunidad o pueblo indígena correspondiente, y
respetando siempre la autonomía de las autoridades indígenas para la imposición
de las penas correspondientes bajo su propio ordenamiento.
JURISDICCION
INDIGENA-Pena privativa de la
libertad impuesta por la jurisdicción especial indígena que debe cumplirse en
una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Existe un tipo
de pena impuesta por las autoridades tradicionales a los indígenas que consiste
en la privación de la libertad, la cual deben cumplir por fuera de su
territorio, específicamente en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario.
JURISDICCION INDIGENA-Se puede determinar en qué clase de cárcel se cumple la pena
Los indígenas
tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo cual no quiere decir
que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo importante es que se encuentren ubicados en un
pabellón donde se garantice en
la mayor medida posible la conservación de sus usos y costumbres, y que se lleve a
cabo un acompañamiento de las autoridades tradicionales de los
resguardos o territorios a los que pertenecen.
RESOCIALIZACION ETNICAMENTE DIFERENCIADA-Facultad que tienen las
autoridades indígenas para imponer penas privativas de la libertad y para definir las
condiciones de modo, tiempo y lugar de su ejecución
La importancia constitucional que tiene la
finalidad resocializadora de las penas privativas de la libertad, su estrecha
relación con el principio de dignidad humana, y con el Estado Social de Derecho, hacen que opere como un límite al ejercicio de la jurisdicción
especial indígena. Por lo tanto, la facultad que tienen las autoridades indígenas
para imponer penas privativas de la libertad y para definir las condiciones
de modo, tiempo y lugar de su ejecución dependen de que en cada etapa se garantice la finalidad resocializadora de
la pena.
DERECHO DE PETICION Y A LA INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL DE
COMUNIDAD INDIGENA-Orden a Establecimiento Penitenciario tramitar las peticiones
presentadas por los accionantes
DERECHO A LA INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL DE COMUNIDAD INDIGENA-Orden a Gobernador de Cabildo Indígena llevar caso de
redención de la pena impuesta a comunero ante la asamblea o la autoridad indígena
competente, para que revise
condena impuesta
DERECHO A LA INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL DE COMUNIDAD INDIGENA-Exhortar
DERECHO A LA INTEGRIDAD ETNICA Y CULTURAL DE COMUNIDAD INDIGENA-Exhortar al Presidente
de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y al presidente del Congreso
de la República para que regulen lo relativo a la privación de la libertad de
personas pertenecientes a comunidades indígenas
DERECHO A LA INTEGRIDAD ETNICA
Y CULTURAL DE COMUNIDAD INDIGENA-Exhortar al Gobierno Nacional para que contribuya
al proceso de fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, y diseñe
los mecanismos de apoyo necesarios para que la ejecución de penas privativas de
la libertad
Referencia: Expediente
T-4282505
Asunto: Acción
de tutela instaurada por Eyder Imbajoa Trochez y otros, contra el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán,
(EPAMSCASPY), el Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril
de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Ivan Palacio Palacio,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias
proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca, en primera
instancia, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en segunda instancia, dentro de la acción de tutela promovida
por Eyder Imbajoa Trochez, Arnulfo Tumbo Quintero,
Valerio Poscue Osnas y Orlando García Chamaco, contra el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, y el Instituto Penitenciario y
Carcelario.
El asunto llegó a esta Corporación por
remisión que efectuó la Secretaría del Consejo
Superior de la Judicatura, según lo ordenado
por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 31 de marzo de 2014, la Sala
Tercera de Selección de Tutelas de la Corte lo escogió para revisión.
I. ANTECEDENTES
Los acccionantes
instauraron acción de tutela contra el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (en adelante EPAMSCASPY) y el Instituto
Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), al considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la integridad física, a la
diversidad étnica, y de petición.
Hechos y pretensiones según la
demanda de tutela
Los
demandantes son indígenas condenados por sus propias autoridades y están
recluidos en el EPAMSCASPY.
Indican que presentaron varias peticiones ante las entidades accionadas[1],
en las cuales solicitan un patio exclusivo en el establecimiento carcelario, pues en el que se
encuentran conviven con internos condenados por la jurisdicción ordinaria,
donde constantemente son discriminados y se han presentado agresiones físicas
en su contra. De las peticiones elevadas no han obtenido respuesta. En virtud
de lo anterior solicitan que se les ubique en un patio especial del
establecimiento carcelario, donde
se respeten sus usos y costumbres (fs. 2 y 3 cd. inicial).
II. Trámite
Procesal
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a las entidades
accionadas para que se pronunciaran. Posteriormente, vinculó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Presidente del Consejo Superior de Política
Criminal y Penitenciaria, al Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP)
y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (en adelante USPEC).
Las entidades
accionadas y vinculadas presentaron escritos de contestación, que se resumen
así:
A. Ministerio
de Justicia y del Derecho
La Directora de Política Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se declarara la nulidad
de las actuaciones adelantadas en el trámite de la acción de tutela, por falta
de integración debida del contradictorio, en la medida en que no se vinculó a
la USPEC, ni a las entidades territoriales, quienes en virtud de la
responsabilidad prevista en la Ley 65 de 1933, son competentes en materia de
administración del Sistema Penitenciario y Carcelario. Sobre la petición agregó
que, revisado el sistema de información de correspondencia, no se encontró
antecedente respecto del documento mencionado por los accionantes (f. 28 ib.).
B. Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC)
El Coordinador del grupo de tutelas solicitó que en
aras de asegurar la legitimación en la causa por pasiva, se vinculara a la USPEC,
en consideración a que a esa unidad le corresponde la gestión y operación en la
prestación de los servicios requeridos, en este caso el de infraestructura de
las cárceles, en aras de garantizar el bienestar de la población carcelaria.
También pidió declarar improcedente el amparo, al no encontrarse probada la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por los accionantes (f. 92
ib.).
C. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Una asesora jurídica de ese Ministerio indicó que no
es la entidad competente para resolver las peticiones elevadas por los actores,
debido a que no tiene incidencia en las funciones que le han sido asignadas al
INPEC, como la prestación de los servicios de atención integral, rehabilitación
y tratamiento penitenciario (f. 139 ib.).
D. Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
de San Isidro (EPAMSCASPY)
El Director del EPAMSCASPY,
explicó que en la actualidad el pabellón número uno de dicho establecimiento
está destinado a albergar internos de la jurisdicción especial indígena
condenados por sus respectivas autoridades ancestrales, lo cual obedece a las
órdenes de sus respectivos Gobernadores, toda vez que en la actualidad los
cabildos no cuentan con un sitio adecuado para mantener recluidos a sus
comuneros. Por lo tanto, solicitó no acceder a las pretensiones
de los accionantes, puesto que el INPEC no puede entregar los reclusos a los
resguardos indígenas (f. 159 ib.).
E. Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Una asesora jurídica de ese Departamento solicitó
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
las actuaciones reclamadas no le son legalmente imputables. No obstante, señaló
que, de acuerdo con el estado de hacinamiento de los establecimientos de
reclusión existentes en Colombia, las posibilidades que tiene el Estado de
garantizar el respeto a la dignidad humana de los indígenas son limitadas, por
lo que, si bien tal estado de reclusión es deseable, puede no ser físicamente
posible o viable su materialización debido a la imposibilidad de destinar un
patio exclusivo para este tipo de personas privadas de la libertad (f.
167 ib.).
F. Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC)
Al pronunciarse extemporáneamente,
dicha entidad indicó que debe declararse la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto la función concerniente al cambio de pabellón le
corresponde exclusivamente al INPEC (fs.
260 y 261 ib.).
G. Sentencia
de Primera Instancia
En Sentencia del 9 de agosto de 2013, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
negó el amparo del derecho de petición, al indicar que no se acreditó que las
peticiones hubiesen llegado a las entidades correspondientes, puesto que sólo
presentan un sello de recibido y una fecha, sin que se infiera en donde fueron
recibidas y si efectivamente fueron puestas en el correo a sus destinatarios
(f. 197 ib.).
Con respecto a los demás derechos presuntamente
vulnerados, el a quo declaró improcedente el amparo, al destacar que los
demandantes no acreditaron una situación particular y concreta de vulneración
de los mismos, sino que su pretensión corresponde a una situación general que
afecta a todos los indígenas recluidos en el EPAMSCASPY (f. 223 ib.).
H. Impugnación
Manifiestan los actores que anexaron
a la solicitud de tutela, copia de las peticiones con sello y fecha de recibido,
lo cual constituye una prueba idónea de su radicación, pues a los internos
no se les puede exigir los mismos requisitos para la presentación de las
peticiones que los de una persona que detente el ejercicio pleno de sus
derechos, pues es obligación de la Autoridad penitenciaria remitir efectiva y
oportunamente la petición a la Autoridad destinataria (f. 267 ib.).
I. Sentencia de Segunda Instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en Sentencia del 23 de octubre de 2013, confirmó la
decisión impugnada porque consideró inexistente el perjuicio irremediable e
inminente invocado. Sostuvo que el juez de tutela no puede desplazar a las autoridades
administrativas y judiciales en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto,
concluyó que los accionantes deben presentar su solicitud ante el INPEC y el
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (f. 33 cd 2.).
J. Pruebas aportadas,
solicitadas y/o decretadas en el trámite de Revisión
1. Mediante Auto del 11 de
junio de 2014, la entonces Sala Sexta ordenó vincular a la Gobernación del Cauca y a la Alcaldía de Popayán.
Así mismo, ofició al Director del EPAMSCASPY para que informara (i) a qué
comunidad indígena pertenecen los accionantes, su situación jurídica, la autoridad
que dispuso su privación de la libertad, (ii) el trámite que se surtió sobre
los derechos de petición presentados por los accionantes y, (iii) rindiera un
informe detallado sobre la situación en la que actualmente se encuentran los
internos indígenas recluidos, especificando si están ubicados en un patio
especial, donde se garanticen sus “usos y costumbres”.
El
Subdirector del EPAMSCASPY, en comunicación del 16 de junio de 2014, informó que
los indígenas condenados por la jurisdicción especial se encuentran
recluidos en el pabellón N° 1, el cual corresponde a una instalación
especial conforme a lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
El Subdirector
explicó que en ese pabellón especial se encuentran recluidos “exfuncionarios,
tercera edad, discapacitados, extranjeros, comunidad LGTBI, negritudes, o sea
comunidades especialmente vulnerables que por tal condición son diferenciados
de la población general”. Advirtió que no es posible para el
establecimiento penitenciario destinar un pabellón para cada uno de los grupos
vulnerables, pues no quedaría espacio para la población carcelaria general.
Sobre los
indígenas que se encuentran recluidos en ese establecimiento penitenciario
destacó que pertenecen a resguardos distintos, lo cual conlleva a que la responsabilidad
principal en la conservación de las tradiciones recaiga en la autoridad que profirió
la condena, puesto que para el establecimiento penitenciario es imposible
garantizar una atención diferenciada a un promedio de “cien reclusos” con
culturas diversas.
Además, debe
tenerse en cuenta que en virtud de las altas condenas que imponen los cabildos,
los comuneros son clasificados como de alta seguridad y sus condenas se cumplen
sin rebajas o beneficios administrativos, por lo que no es viable por ejemplo
asignar labores agrícolas en campo abierto, por la responsabilidad que recae en
los servidores del cuerpo de custodia y vigilancia y directivos de los diferentes
centros de reclusión.
Con respecto a
la información suministrada sobre la situación jurídica de los accionantes, debe
destacarse que el interno Orlando García Chamaco se
encuentra en “libertad por Autoridad” (Resguardo Indígena
Yaquiva de Inzá, Cauca) desde el 22 de enero de 2014. A continuación se
sintetizan las anotaciones jurídicas de los demás actores:
Accionante
Delitos
Cuantía
de la pena
Autoridad
que la profirió
Fecha de
ingreso
Ubicación
actual
Eyder Imbajoa Trochez
Triple
homicidio
Tortura
Secuestro
simple
Desaparición
60 años
Resguardo
Indígena de Munchique los Tigres de Santander de Quilichao, Cauca
24/12/2008
Patio 1,
pasillo 4, celda 71, cama C
Arnulfo Tumbo Quintero
Homicidio
35 años
Resguardo
Indígena de Cohetando Páez (Belaez, Cauca)
27/08/2010
Patio 1,
pasillo 2, celda 33, cama C
Valerio Poscue Osnas
Hurto
Homicidio
Fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones
20 años
Resguardo
Indígena de Kizgó de Silvia, Cauca
23/12/2008
Patio 1,
pasillo 2, celda 28, cama C
El Subdirector
destacó que el pabellón N° 1 se caracteriza por ser un espacio de buena
convivencia, donde escasamente se registran novedades de violencia. Sobre las
peticiones no hubo pronunciamiento (fs. 17 a 21 cd. Corte).
A su vez,
mediante escrito del 24 de junio de 2014, el Alcalde del Municipio de
Popayán explicó que para que las penas impuestas por la Jurisdicción
Indígena sean cumplidas en cárceles ordinarias, se deben establecer los
mecanismos de coordinación que permitan la colaboración de las diferentes
jurisdicciones con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías que
gozan de especial protección constitucional. Por lo tanto, señaló que la
administración municipal espera que el Gobierno Nacional construya un patio
único y exclusivo para internos que pertenecen a comunidades indígenas (fs. 23 a 25 ib.).
2. El 19 de junio de 2014, el entonces magistrado
sustanciador (E) de la Corte Constitucional comisionó a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, para que pusiera en conocimiento a los Gobernadores de los Resguardos
Indígenas de Munchique los Tigres de Santander de Quilichao,
Resguardo Indígena de Cohetando Páez y Resguardo Indígena de Kizgó de Silvia,
de la
acción de tutela y los fallos de instancia, e informaran cuál debe ser, desde su cosmovisión,
el trato más adecuado que el centro penitenciario debe brindarle a los
accionantes.
Aunque la Secretaría General dio
cumplimiento a lo ordenado, vencido el término otorgado no se recibió respuesta
al requerimiento[2].
Ante la insuficiencia de prueba documental, mediante Auto del 10 de julio de
2014, se insistió en la solicitud previamente dirigida para que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca diera cumplimiento a lo solicitado en Auto del 19 de junio.
2.1. En comunicación del 14 de julio siguiente, la mencionada
Sala Disciplinaria remitió comunicación del Gobernador del Cabildo Indígena
de Kizgó, quien luego de presentar las características generales de la
comunidad, explicó que debido a que el resguardo no cuenta con centros propios
para aplicar “el encierro”, se han realizado acuerdos con el INPEC para
llevar a cabo el aislamiento de comuneros que son “una amenaza permanente”
para su comunidad. En relación con el caso concreto dice que (fs. 31 a 35 ib.):
“… por las faltas cometidas que
desarmonizan la comunidad, al señor VALERIO POSCUE OSNAS, se le fijó una
sanción de aislamiento, la cual debe cumplir en una cárcel del Estado, toda vez
que nuestra comunidad indígena no tiene los medios ni infraestructura, ni técnicos,
ni administrativos para su custodia.
La cultura es inherente al comunero indígena que
ha nacido y crecido de manera armónica en su Territorio, su familia y en su
comunidad. Con respecto  a la cultura y a la ley de origen, es un deber y una
obligación del comunero mantenerla viva y en cualquier espacio social en que se
encuentre, así sea que conviva con otras culturas y otras formas de analizar e
interrelacionarse con el mundo y la naturaleza.
La custodia solicitada por nuestra comunidad indígena
para comuneros que han cometido desarmonizaciones graves, debe seguir manteniéndose,
hasta tanto el Estado Colombiano proyecte y ejecute espacios especiales, como
los Centros de Armonización, en los cuales se puede aplicar el remedio para
estos casos especiales.
Los comuneros para los cuales las Autoridades
indígenas han solicitado su custodia en cárceles, no pueden regresar a nuestro
territorio, hasta tanto las Autoridades Espirituales y Terrestres, en especial
la Asamblea General, no decida que el comunero ha cumplido con el aislamiento y
puede regresar a su territorio, porque a partir de ese momento el remedio se ha
terminado y puede convivir nuevamente de manera armónica en su territorio, su
comunidad y su familia.”
Finalmente, consideró que es preciso fortalecer los
frágiles lazos de coordinación que existen entre el Estado y las Autoridades indígenas,
y que sus comuneros deben ostentar condiciones dignas en los centros de
reclusión.
2.2. El Consejero Mayor del Consejo Regional
Indígena del Cauca (en adelante CRIC), intervino en el proceso de tutela.
Manifestó que los centros carcelarios, para garantizar la conservación de los “usos
y costumbres” de los indígenas recluidos, deben permitir la realización y
el ejercicio de la medicina tradicional indígena, de prácticas espirituales
guiadas, de enseñanza de las lenguas tradicionales y las adaptaciones de un
patio especial para que los internos indígenas tengan contacto con la madre
tierra. Indicó que lo ideal sería que el Gobierno Colombiano aportara
los recursos, infraestructura, logística, y demás elementos necesarios para la
construcción de un centro de armonización que garantice las condiciones
expuestas (f. 36 ib.).
3. Debido a que no se allegó la totalidad de las
pruebas, el 18 de julio de 2014, la entonces Sala Sexta de Revisión suspendió
los términos para fallar.
Como se recibió respuesta parcial del requerimiento
efectuado en el Auto del 19 de junio de 2014, la suscrita magistrada sustanciadora
mediante Auto del 6 de agosto siguiente insistió en la solicitud previamente
dirigida a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca. También se ofició a la Personería
Municipal de Popayán, para que informara sobre la
situación carcelaria de los accionantes en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, y
especificara si se han presentado agresiones físicas en su contra y eventos de
presunta discriminación.
4.1. El 2 de septiembre de 2014, la mencionada Sala
Disciplinaria remitió un informe en el que precisó que de las tres Autoridades
indígenas oficiadas sólo una de ellas contestó, y anexó nuevamente la respuesta
suscrita por el Gobernador del Cabildo Indígena de Kizgó (f. 73 ib.).
4.2. Mediante comunicación recibida en esta
Corporación el 30 de septiembre siguiente, el Personero Municipal de Popayán
remitió un breve informe sobre la situación de los indígenas recluidos en el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro,
Popayán, del cual se resalta lo siguiente (fs. 104 y 105
ib.):
(i) En la actualidad se encuentran recluidos en el
pabellón número uno, 82 internos pertenecientes a diferentes comunidades
indígenas y condenados por la jurisdicción penal indígena, quienes comparten
dicho patio con “ex funcionarios públicos, comunidad LGBTI, internos
discapacitados y de la tercera edad.”
(ii) Los condenados por los Cabildos Indígenas
no tienen derecho a redimir las penas impuestas.
(iii) Los comuneros condenados son visitados por
sus gobernadores  o por sus familiares “muy esporádicamente, ya que se pudo
verificar que hay indígenas que no reciben desde hace mucho tiempo visita
alguna, y ninguna clase de apoyo económico ni asistencia jurídica.”
(iv) Se verificó que la cárcel no cuenta con
espacios abiertos para que los comuneros se dediquen a actividades agrícolas,
por lo que el pabellón en el que se encuentran “no ofrece condiciones de
tipo especial para garantizar que los indígenas conserven sus usos y
costumbres, debiéndose acopiar a un régimen y reglamento interno del
establecimiento penitenciario, que por ser de alta seguridad, tiene muchas
restricciones.”
(v) En cuanto a la tenencia de elementos como “ruanas,
anacos, sombreros, bebidas tradicionales fermentadas. Tabaco, hoja de coca… que
son de mucha necesidad para ellos, para realizar rituales de limpieza y para su
medicina tradicional… siempre reciben respuesta que esto lo restringe el reglamento
del Centro Carcelario.”
(vi) En el área social los comuneros son vinculados
a actividades de pintura y manualidades, pero “no es común que dicha
población quiera participar en talleres de esa índole, por tal motivo los
internos solicitan que se les entregue materiales como cuadernos, pinturas,
papel bond, lápices, lapiceros y colores, de los cuales según los internos
indígenas no tienen ningún fin específico con este material, sino que les sirve
para intercambios con otros elementos de otros compañeros, o en algunos casos
por favores personales, para satisfacer sus necesidades.”
5. Mediante Auto del 8 de octubre de 2014, la
Sala Sexta decretó la práctica de una diligencia de inspección judicial a
las instalaciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY), Pabellón Nº 1 (Folios
107 a 109).
En ese mismo Auto, la Sala Sexta citó a los
Gobernadores de los Resguardos Indígenas de Munchique los Tigres de Santander
de Quilichao, Resguardo Indígena de Cohetando Páez y Resguardo Indígena de Kizgó
de Silvia, para que declararan ante el Despacho de la suscrita magistrada
sustanciadora, sobre la ejecución de las penas impuestas a los demandantes.
6. Por otra parte, el 14 de octubre de 2014,
la Sala Sexta de Revisión consideró necesario vincular a los referidos Gobernadores,
cuyos intereses legítimos podrían verse afectados por la decisión que el juez
constitucional adopte en relación con la solicitud de protección presentada.
Por otro lado, la Sala ofició al INPEC, a
la Gobernación del Cauca y a la Alcaldía de Popayán, para que remitieran
copia de los convenios suscritos con los Gobernadores de los mencionados
Resguardos para la ejecución de las penas y medidas de seguridad proferidas por
la Jurisdicción Especial indígena en cárceles del orden nacional, departamental
y municipal. El Director del EPAMSCASPY, mediante oficio del 21
de octubre de 2014, informó que el establecimiento penitenciario actualmente no
tiene celebrado ningún convenio con ningún resguardo indígena de Colombia para
la ejecución de penas y medidas de seguridad proferidas por la jurisdicción
especial indígena. Explicó que al momento del ingreso o alta de un interno a
cargo de la jurisdicción indígena a este establecimiento carcelario, se fija un
acta de ingreso y no un convenio (folios 62  cd. 1 Corte).
Inspección judicial en las instalaciones
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY)
7. El 27 de octubre de 2014, en las instalaciones
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY), se llevó a cabo la respectiva diligencia de inspección
judicial.
En el desarrollo de la diligencia, se
realizaron preguntas a los accionantes con la finalidad de aclarar (i) las
razones por las cuáles las autoridades indígenas los enviaron al EPAMSCASPY,
(ii) sí les informaron qué debían hacer para reintegrarse posteriormente a la
comunidad, (iii) cuánto tiempo llevan recluidos en la cárcel, (iv) cuáles son
las situaciones de discriminación que se presentan en el pabellón Nº 1, (v)
qué prácticas culturales les permiten realizar en la cárcel, (vi) y si
prefieren regresar a la comunidad indígena y allí cumplir la pena que les fue
impuesta.
También se formularon algunas preguntas a los funcionarios del
EPAMSCASPY dirigidos a precisar (i) si los demandantes han presentado denuncias
relacionadas con la convivencia en el Patio Nº1 del EPAMSCASPY, (ii) si las autoridades indígenas visitan a los
demandantes, (iii) si existe algún tipo de diálogo con las autoridades
indígenas en relación con la situación de los reclusos, y (iv) cuál es el
trámite administrativo que realizan las autoridades penitenciarias cuando los
reclusos presentan solicitudes.
En el cuadro ilustrativo que sigue, se relacionan los
relatos más relevantes que se acopiaron de las respuestas dadas a las preguntas
referidas (acta de la inspección judicial en folios 1 a 25  cd. 1
Corte):
Arnulfo
Tumbo Quintero (Resguardo Indígena de Cohetando)
“cinco muchachos atacaron a mi hermano, y yo por eso reaccioné y
por eso hubo una víctima y por eso estoy acá condenado. // No sé por qué
estoy en una cárcel porque allá hay muchos casos similares al mío y han
pagado un año, veinte meses, se los han llevado y han trabajado en el
resguardo. // Yo por lo menos ya voy a completar cinco años físicos, ni nos
visitan, no tenemos acceso a llamar a la familia, vivimos botados en
realidad. // Tenemos una lucha personal que es volver a salir, y vivimos
aceptando el error pero queremos volver. Quisiera una oportunidad, le he mandado
mensajes al gobernador y no me ha respondido. // De lo que yo llevo le he
escrito como tres veces, no muy seguidas, porque yo le he mandado y no me
responde, no sé si es que no llegan, no sé en realidad, no he tenido
información. //
Lo único es que nos dijo que iban a  estar pendientes de nosotros y nos iban
a colaborar cada tres meses con útiles de aseo y cada seis meses con ropa.
Nunca nos han dado una muda de ropa, lo que nos regalan por acá, vivimos con
eso, no tenemos acceso para llamar a la familia a saludarla. // Dicen que
tenemos un patio especial lo que nunca sucede, que vivimos en un patio
solamente los indígenas, vivimos como en un lado de la alta sociedad,
entonces somos de otra clase de personas, nos discriminan, a veces la misma
guardia, por ser indígenas. //  Ahí en el patio dan clases a los que tejen,
pero a nosotros nadie nos ayuda,  aprendemos ayudándole a uno, pero para uno
desarrollar algo para uno, nunca. Nosotros estamos enseñados al campo, acá no
tenemos nada.”
Eyder Imbajoa Trochez (Resguardo
Indígena de Munchique los Tigres)
“Yo fui castigado con el
fuete según los usos y costumbres, y después me condenaron a 60 años y me
enviaron para acá. Aunque la legislación indígena dice que las Autoridades
tienen la facultad de ejercer funciones correccionales, de castigar y
hacernos pagar ya con multa o con trabajo comunitario o sea laborar la tierra
o lo que toque hacer en la comunidad, pero eso no se ha cumplido, entonces
nosotros siempre hemos pedido el traslado a la comunidad si me entiende, la
cual yo llevo seis años, la cual hay un compromiso que el primer gobernador
en el momento que me trajo acá, firmó con el director, de una visita
permanente de cada dos meses de mi familia, ya sea mi esposa o mi mamá, mi
papá o sea algún miembro de la familia. // Y ayudarnos con el vestuario, lo
que necesitáramos, por lo menos lo de uso personal, crema dental, cepillo,
todo eso lo cual no se ha visto me entiende. Lo que nosotros hemos peleado es
que seamos trasladados a nuestro resguardo. // El delito que me implican es
desaparición forzada, secuestro y triple homicidio. // Las personas, como le
dijera, se sacaron de la casa, por media hora y se mataron a la gente y se
enterraron, entonces es por eso que nos ponen desaparición forzada. // En la
cuestión mía fueron veinte minutos en el cepo y veinte fuetazos. Ellos tienen
estipulado que un fuetazo es un año, un minuto de cepo es un año. La
Constitución en el artículo 29 ahí dice que ninguna persona puede ser juzgada
dos veces por el mismo hecho, o sea que yo estaría pagando tres veces por el
mismo hecho, porque ya fui castigado por el fuete, el cepo, y tras de eso ya
llevo seis años acá encerrado. // Uno lastimosamente entra por acá y no sabe
si va a salir o no va a salir, por lo menos en la cuestión mía, yo entre de
30 años, yo dije no, pues voy a salir de 90 años, ¿para qué?. // La familia
no me visita ni me apoya, entonces sabe que la situación económica para mi es
dura acá, porque me toca comprar lo que sea para el vestuario, lo que me haga
falta, de una crema, un jabón en adelante, todo me toca comprar, debido a eso
no me he podido comunicar con el gobernador. // Me dijo que estaban viendo la
posibilidad a ver si de pronto concientizar a la comunidad para que fuéramos
trasladados a otra cárcel, a mí por lo menos me dijeron que podía ser Silvia
o a Caloto una cárcel municipal, pero que tocaba hacer asambleas y todo eso,
por el momento como no tengo comunicación con ellos no sé qué hayan hecho. //
Nosotros decidimos entablar esa tutela, porque acá se nos vulneran esos
derechos fundamentales, nosotros no podemos por lo menos tener el cabello,
porque el corte es la cero y la uno, y yo por lo menos como indígena reclamo
mucho y me han permitido tener el corte que tengo ahorita, que hace como mes
y medio estoy usando ese corte, entonces a través de eso hemos venido
peleando, a través de eso se hizo la tutela, la alimentación también ha sido
malísima. // Somos discriminados en muchas ocasiones verbalmente y también
hemos sido agredidos por algunos internos, también con los funcionarios
porque ellos son estudiados, y yo por lo menos fui huérfano y nunca fui a la
escuela. // La única práctica cultural es tejer con la aguja, hacer bolsos,
ropa interior, balacas, correas, nada más, es lo único que se trabaja acá, así
de cultura no se trabaja nada. // Para mí que me regresaran nuevamente a la
comunidad y acabar de pagar el tiempo que me pongan allá dentro de la
comunidad trabajando en trabajos comunitarios.”
Valerio Poscue Osnas (Resguardo Indígena de Kizgó / Quichaya)
“Es un hurto de ganado, por
eso no más mandaron condena. Si, condena 20 años, ya llevan 7. // Yo estoy
enfermo entonces hay que llevar para allá. Ojalá de pronto en diciembre pueda
irme ya. // Pues yo, mejor dicho soy indígena entonces tutela para ir para
allá. // Mi resguardo es resguardo Quichaya, y el resguardo de Kizgó y
Quichaya me juzgaron y me enviaron acá. El Gobernador de Kizgó dijo que me
llevaban para el resguardo.”
Asesor jurídico del EPAMSCASPY
“Para el procedimiento de
ingreso se exige una documentación, la cual está constituida por el acta de
la asamblea general que es la que tiene mayor poder de decisión, en la cual
definen la situación del ingreso y el castigo que le van a  imponer, algunas sanciones
se aplican allá en el cabildo y el internamiento aquí, ellos dicen que en una
cárcel ordinaria, el oficio del gobernador, la calidad de comunero indígena,
o sea ellos tienen que certificar que esa persona que están trayendo es
comunero indígena, el certificado de existencia del resguardo y la copia de
la cédula de ciudadanía para verificar que es  mayor de edad. // Se elabora
un acta de compromisos en donde se obligan a tener contacto con ellos
permanente, por lo menos cada dos meses. // Ellos cuando dejan aquí al
interno, se obligan entre otras cosas a estar pendientes digamos de los
utensilios de aseo, de cama, del mínimo vital. También se comprometen a estar
en contacto con ellos, informarles de las decisiones que los afectan respecto
de su resguardo, para eso se ha establecido en la penitenciaría horarios de
ingreso de lunes a jueves en horas de la mañana en donde pueden venir las
autoridades de resguardo a entrevistarse con los detenidos, solamente de
aquellos condenados por la jurisdicción especial, porque hay también otros,
pero están por la justicia ordinaria. // Por  parte del INPEC aunque no se
plasma ahí pero queda implícita en el acta, es garantizar que el interno
cumpla su condena… pero no se establece en qué condiciones ni como lo haría de
acuerdo a su estado especial.”
Trabajadora Social
(Antropóloga) del EPAMSCASPY
“Tenemos 96 internos por la
justicia indígena y 36 indígenas por la ordinaria. ¿Qué nos pasa a nosotros
con la población indígena? ellos llegan acá, traen el señor comunero y el
doctor los recibe, hacen un acta en la que se comprometen a cumplir con una
serie de cosas como acercamiento familiar, útiles de aseo, ropa, incluso
hacen actas para que no pierdan usos y costumbres, que implicaría que si
ellos vienen acá y nos dicen queremos traer un médico tradicional, se podría
llegar  a un acuerdo, pero lo único con lo que si contamos es que los dejan y
los abandonan. //  Es muy contadito el cabildo que está pendiente de sus
comuneros; puedo decirle por ejemplo Guambia y Coconuco están muy pendientes.
Hay cabildos como el de Aponte Nariño que tiene acá dos comuneros, son de muy
lejos, se gastan 12 horas en llegar hasta acá, los costos son muy altos y son
comunidades pobres por lo tanto vienen muy esporádicamente pero vienen, yo
trato de ser muy condescendiente con ellos, les doy mi número pero me llaman
muy poco. // Orlando García se liberó y se pudo llevar a su comunidad,
producto de una huelga de hambre que hubo hace como un año, dijeron que por
favor ellos hasta la muerte o los sacaban de aquí. El CRIC participó y un
abogado del CRIC hizo todo lo que estuvo a su alcance para que se lo llevaran
y efectivamente se lo llevaron. // Los internos están en un completo
abandono, no tienen visitas familiares, no tienen útiles de aseo ni ropa más
allá de los que aquí se les pueda dar. Yo siempre les digo que la asamblea
los condenó por ejemplo a 5 años, pero tienen derecho a ver si en al
siguiente asamblea ese tema jurídico se tuvo en cuenta y si le vamos a
rebajar condena o lo vamos a llevar a la comunidad, ellos jurídicamente se
quedan sin saber nada, es abandono, desamparo total.”
Por último, es importante mencionar que
durante la inspección judicial, un funcionario del EPAMSCASPY aportó copia de
las actas de recepción de los comuneros indígenas accionantes, suscritas
entre los Gobernadores de los respectivos resguardos y el Director del
EPAMSCASPY. En dichos documentos se suscriben los siguientes compromisos
(folios 55 a 59 cd. 1 Corte):
“Que de acuerdo en la ley 89 de 1890 y los
artículos 246 y 330 de la Constitución Política, la Ley 21 de 1991 y en
ejercicio del derecho propio la Directiva y la Comisión jurídica del citado
resguardo indígena hacen los siguientes compromisos: (1) Las visitas por parte
de las Autoridades de la comunidad indígena, deberán realizarse como mínimo
cada tres meses. (2) Las visitas que realicen las Autoridades indígenas deberán
ser previa coordinación con la dirección del establecimiento, para su
recibimiento. (3). Establecer  compromiso por parte de la comunidad indígena,
para el suministro de elementos logísticos (colchoneta, sabanas y cobijas) y
kits de aseo para el uso de los recluidos (4) Se les hace constar que una vez
se reciba a los recluídos, se les dará el mismo trato establecido en el
reglamento interno, para todos los internos, respetando sus usos y costumbres
ancestrales. (5) En materia de salud se les brindará atención médica
tradicional. (6) Las demás que el director del establecimiento estime pertinentes.
(7) Se deberá tener en cuenta por parte del Cabildo las recomendaciones que
haga el INPEC, con su respectivo análisis sobre el comportamiento y su
dedicación al trabajo que pueda asignárseles dentro del Establecimiento.”
Inspección judicial en las instalaciones
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
8. El 28 de octubre de 2014, en las instalaciones
del CRIC se llevó a cabo la respectiva diligencia de
inspección judicial. En el desarrollo de la misma se realizaron
preguntas a los Gobernadores de los cabildos indígenas y consejeros del CRIC y
de la Defensoría Regional del Pueblo, tendientes a aclarar las siguientes
inquietudes:
·
Por qué delitos fueron juzgados y condenados por la jurisdicción
indígena los comuneros.
·
Por qué fueron enviados al EPAMSCASPY para cumplir las penas
impuestas.
·
Si existen convenios entre los resguardos o el CRIC y el INPEC
para la ejecución de penas y medidas de seguridad proferidas por  la jurisdicción
especial indígena en cárceles del orden nacional, departamental y municipal.
·
Explicar si las comunidades tienen procedimientos establecidos
para hacerles seguimiento a los comuneros que están en cárceles por fuera del
resguardo.
·
Cada cuánto visitan a los comuneros en el EPAMSCASPY.
·
Cómo decide la autoridad si un comunero ya puede regresar a su
comunidad o todavía debe permanecer en la cárcel del sistema ordinario.
De las respuestas se acopiaron
relatos como los que a continuación son presentados (acta en folios 1 a
25  cd. 1 Corte):
Gobernador del Resguardo
Indígena de Yaquiva de Inza (comunero
Orlando García Chamaco)
Sobre el comunero Orlando García precisó que
salió libre por decisión de la autoridad, pero se escapó del resguardo y no
conocen su paradero. Señaló que “la idea es volverlo a capturar y llevarlo para allá, o con la vía
ordinaria definitivamente, nosotros le damos todas las oportunidades, pero
hay comuneros que se nos salen de las manos.”
Explicó que Orlando cometió el delito de
hurto, “pues él no lo hizo, pero él y lo compañeros hicieron intento de
violación y los otros cometieron homicidio, entonces como él estaba entre
esos, se le adjudicaron los cargos.”
Con relación al beneficio de rebaja de pena
adujo que de acuerdo con el comportamiento la condena se puede evaluar, por
ejemplo “hay unos comuneros que fueron por asesinato y fueron por 40 años,
pero por lo menos nosotros los sacamos a los 4 años y los tenemos trabajando
allá, en este momento están juiciosos.”
Sobre la forma de evaluarlos, explicó que
solicitan al INPEC los expedientes y la Asamblea evalúa el comportamiento
cada cinco años. Señaló que en la cárcel San Isidro actualmente no hay
internos condenados por esa Jurisdicción, pues todos fueron trasladados al
resguardo indígena.
Con respecto a las actas que se firman a la hora de
entregar a cada condenado y los compromisos que se adquieren refirió que “a
lo que me concierne como Autoridad en el momento, lo he hecho, porque sabemos
que hay compromisos y tengo como soportarlos, porque cada que uno hace una
visita se hace un control, igualmente en lo económico también lo tengo,
porque se hace a través del Banco Popular, como Gobernador he estado
pendiente de los comuneros.”
Gobernador de Kizgó (comunero Valerio Poscue Osnas)
Sobre el comunero Valerio Poscue explicó que
fue condenado a 20 años por “hurto agravado, porte de armas que
atentan contra la integridad del territorio y por intento de homicidio en
contra de dos guardias.” Agregó que el proceso contra el
comunero se llevó de manera conjunta con otro resguardo, porque el señor
Valerio no pertenece al Resguardo de Kizgó, sino al Resguardo de Quichaya,
pero sus acciones las ocasionó dentro del territorio de Kizgó y la sanción se
aplicó de forma conjunta, y así mismo se hace la redención y revisión de la
sanción impuesta.
Con relación a la posibilidad de rebaja de la pena
impuesta anotó que “los elementos que se tienen en cuenta para regresar al
territorio de origen, es la conducta, porque no era la primera vez de él, fue
una reincidencia, su cabildo de origen le había hecho los llamados de
atención respectivos e incluso había aplicado algunas sanciones. Cuando el
reincide se le sancionó y no fue posible que sanara su situación entonces se
opta por aislarlo de la comunidad porque es una conducta repetitiva, cuando
nosotros hablamos de aislamiento, nosotros no contamos con espacios de
infraestructura para tenerlo allá, entonces es necesario la coordinación en
este caso con la institucionalidad para que ellos cooperen o coadyuvemos en
ese ejercicio de tenerlo aislado de la comunidad.”
Acerca del tema de revisión de la sanción, manifestó que
existen unas condenas que son abiertas y otras cerradas, “a
él le correspondió una abierta,  o sea que en cualquier momento es sujeto de
revisión por las autoridades tradicionales y teniendo en cuenta los
elementos; Quichaya creo que a comienzos de año se reunió, hizo una asamblea
y concretó las posibilidades de hacer unas rebajas frente a eso, nosotros en Kizgó
tenemos una asamblea en la cual revisamos ese tipo de temas.”
Sobre cómo han contribuido como gobernadores para que
se garanticen los usos y costumbres al interior del INPEC, explicó que “es
muy difícil tratar de fortalecer los usos y costumbres en un espacio reducido
que no tiene garantías para ello.”
Gobernador de Munchique los Tigres (Eyder Imbajoa Trochez)
Sobre el comunero Eyder Imbajoa informó que fue
juzgado por “una masacre indígena, en diciembre de 2009, por masacrar a
una familia, papá, mama y una niña de 13 años, por ese motivo la comunidad
decide intervenirlo y lo envía a un centro penitenciario, condenado por 60
años. // Adicional, fue el Autor intelectual y material del hecho, los
desapareció.” Explicó que en ese tiempo se decidió que cumpliera
la sanción en el resguardo prestando servicio comunitario, pero “lo
que abrió el proceso fue otro homicidio, también hurto.”
Expuso que para el momento en que se le impuso la
pena “se habló en la asamblea de una sanción de más de 60 años, pero
sabemos que más de 60 años en Colombia no se puede imponer, entonces por ese
motivo es de 60 años y se dijo que no tenía rebaja de penas.” Agregó que “a
Eider ya no hay forma de sacarlo porque el actualmente lo que ha dicho es que
si el vuelve al territorio, va a ajusticiar a los líderes.”
Funcionario de la Defensoría del
Pueblo
Con respecto a la existencia de un enfoque
diferencial en el patio Nº 1 de la cárcel de San Isidro destacó que “supuestamente
ese patio es sólo para indígenas y la verdad es que hay personas
discapacitadas, de la tercera edad, de la justicia ordinaria y ni siquiera en
ese sentido cumple con las mínimas condiciones, es un patio que alberga
personas en estado de discapacidad y no hay baños acondicionados.”
Consejero del CRIC
Con relación a la situación carcelaria de los
accionantes advirtió que se requieren “unos recursos para la
construcción de espacios especiales para hacer ese ejercicio que están
plateando los comuneros que están en estos espacios de reclusión. Por qué
tenemos que asistir a eso, porque no tenemos la posibilidad ni el espacio
para eso, y sin embargo nosotros en varias oportunidades hemos estado ante el
Ministerio de Justicia haciendo el ejercicio de generar recursos para tener
ese espacio adecuado, para tener a nuestros indígenas que cometen faltas al
interior de nuestros territorios, creemos que esa sería una gran salida,
porque pues más que tenerlos encerrados, es un espacio donde sean asistidos
de todo lo que plantean en sus tutelas, porque creemos que hay unas cosas que
son hasta infundadas, como vamos a  prestar ese servicio, como vamos a
atender digamos a un preso en un espacio donde realmente no es nuestro. Ese
ejercicio entonces obliga a que hoy en el tema de las garantías de los
derechos, se pueda avanzar en el ejercicio de que el Gobierno acelere en
generar los recursos para generar el espacio; esa sería una petición que
digamos tendríamos que hacerla tanto al Ministerio Público como al Gobierno
para que avancemos, creemos que se requiere el esfuerzo y los recursos para
avanzar en lo que realmente pretendemos, eso ayudaría inclusive a
descongestionar el tema de las cárceles.”
Consejero Mayor del CRIC
El Consejero Mayor del CRIC destacó que en
dicha organización conocen que ha salido una sentencia de la Corte
Constitucional a favor de los comuneros que están en las diferentes cárceles
del país, donde se ordena que de alguna manera tengan trato diferencial y que
vuelvan a sus territorios. Sin embargo, existe “la necesidad de que la
misma Corte le ordene al Estado que nos de la garantía, nosotros no tenemos
esa garantía de poderlos tener en nuestro territorio, afortunadamente en el
mismo fallo, en la misma sentencia, dice que siempre y cuando hayan las
condiciones en el territorio, como no hay condiciones no se ha podido traer
ninguno de esos comuneros.”
Miembro del equipo jurídico del CRIC
Sobre la situación de vulneración de los derechos de
las personas aisladas de sus comunidades adujo que se presenta debido
al eterno estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas.
Por otro lado, explicó que si bien la Constitución
Política asignó el poder de jurisdicción a las autoridades indígenas, “también
establece que no puede haber asignación de funciones sin asignación de
recursos. El Gobierno es quien ha omitido el cumplimiento y el Congreso de la
República ha omitido el cumplimiento de esa obligación que tiene de subsanar
eso y apropiar los recursos suficientes para que la jurisdicción pueda
cumplir con su mandato constitucional y sería bueno que así quedara sentado
en la jurisprudencia al respecto. No solo una exhortación sino una
conminación específica para que aplique estos recursos, porque son ellos, el
origen es esa omisión legislativa, el origen de todo este asunto que ha
surgido. Y el otro problema es que también el Congreso y el Gobierno han
guardado silencio frente a la norma de coordinación entre las jurisdicciones
que en cierta manera solucionaría, y es la oportunidad para que de fondo se
pronuncie la Corte Constitucional sobre el asunto, si el Congreso no piensa
expedir esa norma, el Gobierno nacional puede utilizar el mismo 56
transitorio, y concertar con los pueblos indígenas esa norma y tendríamos una
herramienta para solucionar de fondo el problema. Mientras tanto la Corte
tendría que seguir analizando asuntos aislados cada vez que se presenten,
porque si bien los cuatro cabildos solucionarían el problema en este momento,
es una solicitud muy respetuosa que hacemos en esta diligencia a ustedes.”
9. Posteriormente y al constatarse en la diligencia
judicial realizada por esta Corporación, el 28 de octubre de 2014 en las
instalaciones del CRIC, que el demandante Valerio Poscue Osnas pertenece al Resguardo
Indígena de Quichaya, la Sala mediante
Auto del 5 de noviembre de 2014 consideró necesario conformar nuevamente
el contradictorio a través de la vinculación procesal del Gobernador de dicho
resguardo, cuyo interés
legítimo puede verse afectado por la decisión que el juez constitucional
adopte en relación con la solicitud de protección presentada.
Por otra
parte, debido a que el Gobernador del Resguardo Indígena de Cohetando no asistió a la
diligencia judicial referida, en el mismo Auto se le solicitó responder a
algunas preguntas concernientes a la situación del comunero Arnulfo Tumbo Quintero.
Adicionalmente,
en la diligencia judicial realizada por esta Corporación, el 27 de octubre de
2014 en el EPAMSCASPY, se observó que el
demandante Valerio Poscue Osnas presentaba alguna dificultad para entender y
responder a las preguntas que se le formulaban. En consecuencia, en el Auto
referido también se ofició al Instituto de
Medicina Legal, Seccional Cauca, para que dispusiera una cita, en la cual valorara psicológicamente al demandante Valerio
Poscue Osnas, y dictaminara si padece alguna discapacidad de
tipo cognitivo.
A su vez, la Sala solicitó al Director
del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán un informe detallado en el que resuelva las
inquietudes sobre: (i) cuántos indígenas se encuentran recluidos
actualmente en ese establecimiento, especificando cuántos han sido juzgados por
la jurisdicción especial indígena y por la Ordinaria, (ii) cuántos indígenas se
encuentran recluidos en el Pabellón Nº 1, (iii)
qué visitas han recibido los demandantes Eyder Imbajoa Trochez, Arnulfo Tumbo Quintero, Valerio Poscue Osnas y Orlando García
Chamaco desde el inicio del periodo de reclusión, con la fecha y el nombre de
la persona que los visitó, y (iv) nuevamente se le preguntó sobre el
trámite dado a las peticiones presentadas por los accionantes.
En el mismo auto, se requirió que por medio del Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), se oficiara a
los Gobernadores de los Resguardos
Indígenas de Munchique los Tigres de Santander de Quilichao, de
Cohetando Páez, de Kizgó de Silvia, de Yaquiva de Inza y de Quichaya, para que remitieran un informe en el que: (i) relacionen que programas de “armonía y equilibrio” podrían adelantar los indígenas recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San
Isidro, Popayán, que les permitieran redimir la pena impuesta e (ii) indiquen
si han consignado dineros a alguna cuenta bancaria del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de que los indígenas recluidos
puedan pagar servicio de telefonía o comprar elementos de aseo, comida y
bebidas al interior de la cárcel.
10. Mediante oficio del 13 de noviembre de
2014, el Director del EPAMSCASPY informó que actualmente el
establecimiento penitenciario registra 71 internos condenados por
jurisdicción especial indígena, los cuales se encuentran ubicados en el
pabellón Nº 1. A su vez, mencionó que según el censo del área de reinserción
social, figuran 36 internos indígenas condenados por jurisdicción ordinaria,
que habitan otros patios diferentes al pabellón Nº 1 (folio 47 cd. 1
Corte).
Por su parte, remitió una relación de
correspondencia, donde únicamente se relacionan dos peticiones presentadas por
Orlando García Chabaco en mayo 15 de 2013 y dirigidas a la Procuraduría
Regional del Cauca y al Defensor Regional del Cauca, sin especificar el trámite
realizado con dichos documentos (folio 74 ib.).
También adjuntó un reporte general de
visitas a los internos, en el que se observa lo siguiente:
El comunero Eider Imbajoa Trochez, entre el 24
de diciembre de 2008 y el 11 de noviembre de 2014 cuenta con 55 registros, los
cuales corresponden a visitas realizadas por su hermano, su cónyuge y su
progenitora (folios 75 y 76 ib.).
Específicamente entre el 1º de  enero y el 11
de noviembre de 2014 recibió las siguientes visitas:
Visitante
Fecha de ingreso
Amiga
3/08/14
Madre
29/06/14
Madre
16/03/14
Madre
26/01/14
Hermana
26/01/14
El comunero Arnulfo Tumbo Quintero entre el 27
de agosto de 2010 y el 11 de noviembre de 2014 tiene un registro de 26 visitas.
Específicamente recibió entre el 1º de  enero y el 11 de noviembre de 2014 las
siguientes (folio 78 ib.):
Visitante
Fecha de ingreso
Padre
5/7/14
Madre
4/7/14
Amiga
5/1/14
El interno Valerio Poscue Osnas entre el 23 de
diciembre de 2008 y el 11 de noviembre de 2014 registra 17 visitas. Durante el
2014 recibió solamente una (folio 79 ib.):
Visita de su cónyuge
7/9/14
11. El 14 de noviembre de 2014 el Gobernador
del Pueblo de Kizgó, en cuanto a los programas de armonía y equilibrio informó:
“Si bien es cierto las comunidades
indígenas desde épocas inmemorables han  garantizado el desarrollo armónico de
las dinámicas, económicas, sociales, culturales, políticas y organizativas, la
realidad actual hace que se deben articular las formas propias con formas
externas que permitan remediar ciertos comportamientos inadecuados  que afectan
el desarrollo de las diferentes acciones.
Teniendo en cuenta las múltiples
situaciones y el número creciente de desarmonías, el cabildo indígena de Kizgó
ha establecido el área de armonía y equilibrio en la estructura operativa del
cabildo, no de forma independiente sino que depende directamente del mismo, ya
que está liderado por el Alcalde Mayor, el cual es elegido por la comunidad de
manera democrática de acuerdo a los usos y costumbres, el Alcalde Mayor se hace
acompañar de los Alcaldes Veredales, son los encargados de manera directa de
hacer seguimiento a los casos, adelantar los procesos de recolección de memoria
para que el Cabildo y la Asamblea General tomen las determinaciones sobre el
remedio o sanción que se debe aplicar, esto se determina a la gravedad de la
desarmonía, no es posible estandarizar ya que cada caso tiene particularidades.
Para el caso preciso del señor Valerio Poscue,
comunero del resguardo indígena de Quichaya, sancionado entre las dos Autoridades
por desarmonías  provocadas en los territorios, de acuerdo a la complejidad del
caso fue necesario aislarlo de la comunidad de origen, coordinando con la
justicia ordinaria en la forma de patio prestado.
Si bien es cierto no es una forma propia de
sanción se hace necesario hacerlo en casos eventuales y desarmonías complejas,
esta situación quizás no permita que dentro de las cárceles administradas por
el INPEC, se puedan adelantar acciones desde la cosmovisión, se deben adelantar
en el entorno donde se desarrolla la dinámica de la comunidad indígena, sin
decir que esto haga que los indígenas se desliguen de su identidad cultural, ya
que la identidad cultural tiene patrones que se trasmiten desde el vientre de
la madre y se recrea en cada una de las etapas del desarrollo del ser indígena,
esto hace que se lleve en el corazón.
A los comuneros que se les define aislar de
la comunidad, también se les contempla la posibilidad de rebajas por buen
comportamiento y este tipo de situaciones se revisan una vez cumplido el mínimo
del 50% del tiempo establecido en la sanción, luego de esto el comunero deberá
regresar a la comunidad a cumplir con algunas otras tareas.
Es posible implementar cualquier programa
de armonía y equilibrio, porque esto ayudaría no solo al guardado, sino a la
comunidad que fue afectada. Lo que no se puede establecer como una norma es que
este remedio sirva para redimir penas, porque la decisión de modificar la pena
o la sanción, le corresponde únicamente a la Asamblea General y tampoco se
puede establecer como una norma para todos los casos porque cada desarmonía
afecta de manera diferente a la comunidad. De otra parte la corrección de las
desarmonías en los resguardos indígenas, no son escritas sino orales.”
Sobre contribuciones económicas al comunero durante
el período de aislamiento manifestó que “como Cabildo de Kizgó en el
presente año no se han hecho aportes a los comuneros en calidad de guardados,
pero se ha definido hacer un apoyo en útiles de aseo e implementos para el
desarrollo de trabajos manuales, antes de terminar el presente año.”
12. En comunicación recibida el 14 de noviembre
de 2014, el Gobernador de Cohetando indicó que Arnulfo Tumbo Quintero
fue condenado a 35 años de prisión por el delito de homicidio.
Precisó que lo enviaron al EPAMSCASPY debido a
que no cuentan con las condiciones para tenerlo en el Resguardo. Con respecto
al procedimiento establecido para el seguimiento de su conducta, indicó que se
realizan reuniones con el Director del INPEC para averiguar el comportamiento
del comunero. Señaló que visitan dos veces al año al comunero y que mediante Asamblea
se analiza su comportamiento y para regresar a la comunidad debe realizarse una
“valoración espiritual de nuestros Tewala”.
Por otra parte, explicó que “los trabajos
de armonía y equilibrio sólo se hacen dentro del territorio y a las personas
que quedan aisladas no se les puede realizar dichos trabajos”. Por último
agregó que sí han realizado dotaciones como implementos de aseo,
vestuario, pero no han consignado dineros en efectivo para los comuneros (folios
88 a 91 ib.).
13. En comunicación del 18 de noviembre de
2014, el Gobernador del Resguardo de Yaquiva sostuvo que:
“ El resguardo indígena de Yaquiva desde la
sistematización del plan de vida en 1999 ha planeado la existencia de un
espacio que permita la permanencia de los indígenas que se desequilibran en el
territorio, armonizándose de nuevo en el mismo resguardo, la propuesta en los
últimos conversatorios se ha denominado casa del remedio: donde se tendría a
los indígenas dentro del resguardo en una casa con diferentes escenarios para
tratarlos de manera diferencial de acuerdo a los remedios impuestos por la
asamblea y la evolución, en este espacio los indígenas deben tener la
posibilidad de realizar actividades agropecuarias y artesanales, así como el
acompañamiento espiritual de los Tewalas para resarcir el equilibrio roto. Además
se proyecta a que en estos espacios los indígenas también puedan tener acceso a
procesos de enseñanza.”
Agregó que ese Resguardo “ya no tiene presos
indígenas en la cárcel de San Isidro, dado que por mandato de la asamblea
general los indígenas recluidos en las cárceles deben continuar pagando los
remedios en el resguardo, quienes en su mayoría se encuentran en los espacios
dispuestos para tal fin en el resguardo, como las fincas comunitarias, sin
embargo es importante resaltar que se requiere fortalecer o adecuar estos
espacios y programas de tal manera que realmente permitan el control de estos
indígenas y su respectiva armonización o equilibrio dentro del territorio”
(folios 103 y 104 ib.).
14. El 9 de diciembre de 2014, se recibió el Informe
Técnico Médico Legal realizado al indígena Valerio Poscue Osnas por el
Instituto de Medicina Legal, en el que se concluyó que cuenta con un funcionamiento
psicológico y un perfil neurocognitivo normal, adecuado a su edad y procedencia
sociocultural.
En dicho informe se indicó que el comunero
registra tristeza ocasional relacionada con la condición de privado de la
libertad. Con respecto a su personalidad se observó que “es humilde,
tranquilo, respetuoso, resuelto, educado en lo social, con capacidad de
afrontar situaciones y con mecanismos defensivos asertivos.” También
resaltó que el lenguaje verbal que utiliza es en la lengua Paez, por lo que
tiene cierta restricción para la comunicación en idioma español (folios
111 a 118 ib.).
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Competencia.
1. Esta Sala
de Revisión es competente para examinar las sentencias de tutela proferidas en
este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9° de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y
problemas jurídicos.
2. Los peticionarios consideran
que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY) y el Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC), vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, la integridad física, a la diversidad étnica, y de
petición, como quiera que presentaron varias
peticiones ante esas entidades, sin obtener respuesta, mediante las cuales
solicitan un patio exclusivo en el establecimiento carcelario, donde se garanticen sus “usos y costumbres”, pues en el que se encuentran
conviven con internos condenados por la jurisdicción ordinaria, donde constantemente son
discriminados y se han presentado agresiones físicas en su contra.
Sobre las peticiones, la Sala de
Revisión en reiteradas ocasiones solicitó a las autoridades del EPAMSCASPY información sobre el trámite dado a las
solicitudes presentadas por los demandantes. No obstante, de las contestaciones
presentadas por el Complejo Penitenciario y Carcelario, en ninguna se refieren
a dicho trámite.
Con fundamento en lo anterior,  el primer
problema jurídico que corresponde a la Sala resolver es:
¿Se vulneró el derecho de petición
de los accionantes, ante la omisión del EPAMSCASPY
en la tramitación de las solicitudes presentadas?
3. Ahora bien, durante el trámite de revisión se
identificaron otros problemas jurídicos relacionados con la forma como debe
ejecutarse la pena privativa de la libertad impuesta por las autoridades
tradicionales a los indígenas, pero que éstos deben cumplir en una cárcel del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Frente a la privación de la libertad de un miembro
perteneciente a una comunidad indígena en un lugar de reclusión ordinario, los
Gobernadores indígenas explican que no cuentan con centros propios para aplicar
la pena de “encierro” o “aislamiento” a los comuneros, por lo que
la reclusión debe continuar en las cárceles del INPEC, hasta tanto no se creen
centros especiales para la armonización y el equilibrio de los indígenas que
cometen faltas. También precisaron que los indígenas que cometen faltas graves,
que son reincidentes y que se constituyen en una amenaza permanente para la
comunidad deben ser enviados a cumplir penas privativas de la libertad en los
centros penitenciarios y carcelarios del INPEC, y no pueden regresar a la
comunidad hasta tanto las asambleas generales no decidan que se ha cumplido con
el aislamiento y que los comuneros pueden convivir de manera armónica en el
territorio
De esa manera, el segundo punto que debe abordarse va
dirigido a examinar si constitucionalmente está permitida la privación de la
libertad de un miembro perteneciente a una comunidad indígena en un lugar de
reclusión ordinario. Por lo tanto, el segundo problema jurídico que debe
resolver la Sala es el siguiente:
¿Se vulnera el derecho a la integridad cultural de los demandantes,
cuando la pena privativa de la libertad que les fue impuesta por la
jurisdicción especial indígena debe cumplirse en una cárcel del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario?
4. De ser negativa la respuesta al anterior problema jurídico planteado,
el tercer punto que debe abordar la Sala se refiere a la supuesta falta de
acompañamiento de una autoridad que vigile el cumplimiento de la pena privativa
impuesta por la jurisdicción especial indígena para ser cumplida en una cárcel
ordinaria.
Sobre esta cuestión, los demandantes presentan quejas relacionadas con
el abandono al que se encuentran  sometidos en el establecimiento
penitenciario, ya que sus autoridades no los visitan o lo hacen muy
ocasionalmente, ni realizan acompañamiento alguno durante la ejecución de la
pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario.
Por su parte, las autoridades carcelarias sostienen que al momento de
recibir en el establecimiento penitenciario a los comuneros condenados por la
jurisdicción especial indígena, se suscriben unas actas entre los Gobernadores
de los respectivos resguardos y el Director del EPAMSCASPY, las cuales
contienen una serie de obligaciones para los Gobernadores relacionadas con las
visitas periódicas que deben realizar, el suministro de colchonetas y de
implementos de aseo.
Con relación al compromiso de visitas, los funcionarios del EPAMSCASPY
informaron que los Gobernadores “esporádicamente” asisten al establecimiento
penitenciario, incumpliendo así con las obligaciones plasmadas en las actas de
recibimiento. Lo anterior fue constatado por la Sala de Revisión a partir del
registro de visitas proporcionado por el EPAMSCASPY, donde se observó que entre
el 1º de enero y el 11 de noviembre de 2014, los accionantes no recibieron
ninguna visita de sus autoridades.
En atención a lo expuesto, el problema jurídico que debe resolver la
Sala con relación a este tercer punto es el siguiente:
¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la
integridad cultural de indígenas condenados por la jurisdicción especial
indígena que cumplen  la medida de privación de la libertad en cárceles ordinarias,
cuando no cuentan con el acompañamiento de una autoridad que haga un
seguimiento a la pena impuesta?
5. El cuarto punto está relacionado con la función resocializadora que
debe cumplir la pena impuesta por las autoridades indígenas. De las pruebas
decretadas y aportadas en el trámite de revisión se constató que (i) los
comuneros condenados por la jurisdicción especial indígena y que están
cumpliendo su condena en el EPAMSCASPY no participan en los programas de
resocialización que proporciona dicho establecimiento; (ii) los demandantes no
están informados sobre la forma de redención de penas; y (iii) se encuentran
inconformes con la imposición de condenas irredimibles, puesto que esperan
regresar a sus territorios y reintegrarse a la comunidad.
Sobre las condenas irredimibles, los Gobernadores Indígenas explicaron
que en algunos casos las penas deben ser cerradas y sin derecho a beneficios. Con
relación a la posibilidad de redención de la pena, señalaron que según el
comportamiento de los comuneros se puede evaluar y disminuir la condena
impuesta, lo cual puede variar en cada comunidad. En algunas se puede revisar
la condena cada cinco años y en otras cuando se cumple el 50% o incluso en
cualquier momento.
Con fundamento en lo anterior, la Sala
también deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Se vulnera el derecho a la integridad cultural y al debido proceso de
un indígena, cuando por la comisión de un delito, su autoridad tradicional le
impone una pena privativa de la libertad que no responde a criterios de resocialización
y reinserción en la comunidad indígena de origen?
6. El último punto que debe abordar la Sala se refiere a la solicitud de
los accionantes relacionada con la adecuación de un patio exclusivo para
internos indígenas. Con respecto a esto, los funcionarios del EPAMSCASPY
indican que no es posible, para el establecimiento penitenciario, destinar un
pabellón para cada uno de los grupos vulnerables, puesto que no quedaría
espacio para la población carcelaria. Agregan que el pabellón Nº 1 se
caracteriza por ser un espacio de buena convivencia,  donde escasamente se
registran novedades de violencia. Así mismo, señalan que la responsabilidad
principal en la conservación de los usos y costumbres recae en la autoridad
indígena que profirió la condena, ya que para el establecimiento penitenciario
no es posible garantizar una atención diferenciada para cada recluso.
Por lo tanto, el problema jurídico que debe resolver la Sala en torno a
este punto es el siguiente:
¿Existe una afectación del derecho a la integridad cultural de los
demandantes, ante la falta de un pabellón exclusivo en el EPAMSCASPY para
comuneros condenados por la jurisdicción especial indígena?
7. Vistos los anteriores problemas jurídicos planteados y para mantener
un orden expositivo adecuado, la Corte hará referencia en primer término (i) a la
posición jurisprudencial existente en relación
con el derecho de petición de las personas privadas de la libertad;
posteriormente, (ii) al alcance y los límites al ejercicio de la
autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, con énfasis (a) en el debido proceso que debe
garantizarse cuando las autoridades indígenas sancionan a sus miembros y (b) el
fin resocializador que debe orientar la ejecución de las penas impuestas. Ese
será el marco utilizado para dar respuesta a las
distintas inquietudes surgidas dentro del trámite del presente proceso.
Derecho de
petición de las personas privadas de la libertad. Reiteración de
jurisprudencia.
8. Como ha
dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional[3],
la reclusión implica la limitación de algunos derechos como la libertad personal
o la libre locomoción a partir de la captura. Sin embargo, la persona privada
de la libertad, sin importar su condición o circunstancia, está protegida por
un catálogo de derechos que no son objeto de restricción jurídica, como la vida
e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el
derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, la salud, el debido
proceso y el derecho de petición.
9. Esta
Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que el derecho de petición de los
reclusos no implica la obligación de las autoridades carcelarias de dar
respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven. Los deberes de estas autoridades
consisten en adoptar las medidas necesarias para que los internos reciban una
respuesta completa y oportuna a sus peticiones, donde se expongan las razones
que la autoridad contempló para decidir en el sentido que efectivamente lo
hizo, de manera que el recluso pueda conocerlas y, eventualmente,
controvertirlas[4].
10. Así mismo
ha precisado que el derecho del recluso a obtener una respuesta de fondo, clara
y oportuna, no puede verse afectado por trámites administrativos del
establecimiento carcelario, pues podría tornarse nugatorio su derecho
fundamental de petición. Por lo tanto, en los eventos en que el recluso formule
un derecho de petición dirigido a otro funcionario o entidad,  las autoridades
carcelarias se encuentran en la obligación legal de remitirlo efectiva y
oportunamente a la autoridad destinataria de la solicitud, para que ésta tenga
acceso al contenido de la misma y cuente con la oportunidad de darle el
correspondiente trámite y respuesta[5].
11. A partir de lo anterior, se concluye
entonces que los reclusos mantienen plena facultad sobre el ejercicio del
derecho de petición, de tal manera que cuando formulen solicitudes dirigidas a
funcionarios del sistema penitenciario o en general a la autoridades nacionales
deben obtener respuesta de fondo, clara y oportuna sin que el goce efectivo del
mencionado derecho se vea afectado por los trámites administrativos de los
centros de reclusión.
Vulneración del derecho fundamental de
petición
12. Para resolver el primer problema
jurídico relacionado con la vulneración al derecho de petición, debe tenerse en
cuenta en el presente caso, que los accionantes a través del centro carcelario
han presentado solicitudes dirigidas al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Director General del INPEC, al
Director del EPAMSCASPY, todas
con sello de “RECIBIDO” de la autoridad penitenciaria (fs. 6 y 7 cd. inicial).
En la contestación a la acción de tutela, la Directora
de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho,
informó que en el sistema de información de correspondencia, no se encontró
antecedente respecto de la petición mencionada por los accionantes.
Es pertinente destacar que, en reiteradas ocasiones la
Sala de Revisión solicitó a las autoridades del EPAMSCASPY información sobre el
trámite dado a las solicitudes presentadas por los demandantes, para lo cual
envió copia de las peticiones. No obstante, de las contestaciones presentadas
por el Complejo Penitenciario y Carcelario, en ninguna se refieren a dicho
trámite.
A partir de
ello, encuentra la Sala que los sellos constituyen
prueba fehaciente de la entrega de los documentos al establecimiento
penitenciario, pero ello no quiere significar que se remitieran por éste a sus
destinatarios finales.
Como quiera que las autoridades judiciales de instancia
resolvieron equivocadamente denegar el amparo al derecho de petición, pues a su
juicio los accionantes no acreditaron que las peticiones hubiesen
llegado a sus destinatarios, y la regla fijada por la
Jurisprudencia Constitucional señala que cuando el recluso ejerza su
derecho de petición dirigido a otro funcionario o entidad, las autoridades
carcelarias tienen la obligación legal de remitirlo a la autoridad destinataria
de la solicitud y comprobar que la misma positivamente ha llegado a su destino,
la Sala concederá el amparo del derecho de
petición.
13. En lo que
sigue, la Sala analizará los alcances y límites al ejercicio de la autonomía
jurisdiccional de las comunidades indígenas, para responder a los
problemas jurídicos relacionados con la posibilidad de que la ejecución de las
condenas impuestas por la jurisdicción especial indígena se den en una cárcel
del INPEC, donde se presente el acompañamiento de una autoridad que vigile que
la pena impuesta cumpla su función resocializadora.
Alcance de la jurisdicción
especial indígena. Reiteración de jurisprudencia
14. La Constitución Política de
1991 en su artículo 1º consagra el carácter pluralista del Estado. Por su
parte, el artículo 7º, concreta este principio al establecer que el Estado
tiene el deber de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la
nación, como corolario del principio de pluralismo. En  desarrollo de
estos dos artículos, la Constitución consagró, en su parte orgánica, la
facultad de las autoridades indígenas para ejercer la jurisdicción y definió
los alcances de su ejercicio. El artículo 246 Superior dispone:
“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y leyes de la república.  La ley establecerá
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional”.
Por su
parte, el artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de
constitucionalidad, establece el deber que tienen los Estados partes de respetar
la jurisdicción especial indígena. Así mismo, de manera similar a como lo establece
el artículo 246 de la Carta Política, dicho artículo 9.1 dispone que el deber
de respeto hacia la jurisdicción especial indígena tiene como límite que dicha
jurisdicción sea compatible con el sistema jurídico interno de cada Estado
parte, y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Dicha norma
dispone:
“En la
medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos
a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión
de los delitos cometidos por sus miembros”.
15. De lo anterior es necesario concluir que tanto el fundamento de la
protección que otorga la Carta Política a la jurisdicción indígena, como los
límites expresos que le fijan la Constitución y las normas internacionales,
determinan su alcance.
En primer lugar, el fundamento de la jurisdicción especial indígena es
el carácter pluralista del Estado. En esa medida, el ejercicio de la
jurisdicción tiene como objetivo constitucional el reconocimiento de una
realidad social y cultural propia de nuestro entorno: el reconocimiento de la
diversidad étnica, y en particular, el de los distintos sistemas jurídicos que
existen en nuestro país, como expresiones culturales de los pueblos indígenas
que viven en él. Sin embargo, la Constitución va más allá de una simple
política de reconocimiento de la diversidad cultural de la población del país.
La Constitución protege esta diversidad cultural porque considera que son
precisamente estas diferencias las que permiten que haya un diálogo
intercultural, que enriquece la identidad cultural de la nación colombiana. La
protección estatal activa de las culturas minoritarias constituye un elemento
fundamental de todas las sociedades abiertas, impide su anquilosamiento, y
preserva el carácter pluralista del Estado colombiano. Por lo tanto, el respeto
que el Estado le debe a la jurisdicción especial indígena tiene como fundamento
y medida la necesidad de protección de esta diversidad cultural.
De tal manera, el Estado tiene el deber de proteger la jurisdicción
especial indígena en la medida en que dicha protección esté encaminada a
garantizar la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Sin embargo, cuando
ello no sea así, es decir, cuando una forma específica de ejercicio de la
jurisdicción indígena no propenda por garantizar la diversidad cultural, o más
aun, cuando ponga en riesgo el carácter pluralista del Estado, éste no tiene un
deber de protección hacia la jurisdicción indígena. Ello puede ocurrir, por
ejemplo, cuando un determinado pueblo o comunidad no está ejerciendo el derecho
propio de conformidad con su propia cultura, sino el derecho ordinario, cuando
la pena no la están imponiendo las autoridades de dicho pueblo o comunidad, o
cuando la imposición de una pena lleva a la pérdida de la cultura de un miembro
de la comunidad. La protección de la diversidad cultural, y la preservación del
carácter pluralista del Estado colombiano determinan, entonces, la medida en la
cual el Estado está obligado a proteger el ejercicio de la jurisdicción
especial indígena.
Por otra  parte, el ejercicio de la jurisdicción indígena tiene una
serie de límites específicos que provienen, ya no de su fundamento en el
carácter pluralista del Estado, sino del texto mismo de la Constitución y de las
demás normas que integran el bloque de constitucionalidad. En esa medida, la
jurisprudencia ha desarrollado una serie de requisitos derivados del mismo
texto constitucional del artículo 246 que consagra la potestad de las
autoridades indígenas para ejercer la jurisdicción.
La jurisprudencia ha definido los siguientes límites constitucionales en
la materia. Ha dicho que: i) es necesario que existan autoridades judiciales
propias de los pueblos indígenas; ii) que tengan la potestad de definir las normas
aplicables y llevar a cabo procedimientos propios; iii) que en el ejercicico de
la jurisdicción siempre se respete la Constitución, y determinados derechos
humanos de especial valor constitucional; y finalmente, ha dicho que iv) el Legislador
tiene la competencia para señalar la forma como se debe articular la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional[6].
Sin embargo,
en relación con este último elemento la Corte ha señalado que el ejercicio de la jurisdicción indígena comporta
derechos constitucionales fundamentales que son exigibles de manera directa. En
esa medida, el ejercicio de la jurisdicción especial no puede depender de la
existencia de una ley que la desarrolle, ya que no es posible que esa
jurisdicción quede sin efecto alguno por la circunstancia accidental de la
falta de regulación[7].
16. Ahora bien, el derecho al
reconocimiento de la integridad cultural no sólo tiene un componente colectivo.
El derecho a la integridad cultural tiene también un componente individual. En
esa medida, el ejercicio de la jurisdicción indígena implica el reconocimiento
de la garantía del juez natural. La jurisprudencia también ha establecido que
el reconocimiento de la integridad étnica y cultural que se deriva del artículo
246 Superior implica el derecho individual de los miembros de los pueblos
indígenas a gozar de un “fuero”, y un derecho colectivo cuyos titulares son las
comunidades indígenas y cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades, para
juzgar a sus miembros[8].
A partir de ello, el fuero indígena
comporta dos elementos básicos: i) un criterio subjetivo, según el cual cada
miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser
juzgado por sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres; y ii) y un
elemento geográfico, que permite que cada comunidad juzgue los hechos que
ocurran en su territorio de acuerdo a sus propias normas.
Sin embargo, para que proceda la
aplicación de la jurisdicción indígena no es suficiente la verificación de los
anteriores criterios, ya que también se requieren los siguientes elementos, a
saber:
iv) Un elemento institucional, que se refiere a la existencia de una institucionalidad en la comunidad indígena, la
cual debe estructurarse a partir de un sistema de derecho propio conformado por
los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados
en la comunidad[9].
iv) Un elemento objetivo, que corresponde a la
naturaleza del bien jurídico tutelado. Concretamente, se debe establecer si sólo
la comunidad indígena tiene un interés en la protección de dicho bien jurídico,
o si también existe un interés preponderante de la sociedad mayoritaria en su
protección[10].
Lo anterior permite concluir
que para accionar el ejercicio de la jurisdicción especial indígena no es
suficiente que se acredite que se trata de un indígena para afirmar que se
tiene derecho al fuero especial, pues debe verificarse el interés de las
autoridades de la comunidad para juzgar, las cuales deben contar con capacidad
para impartir justicia en su territorio. Además, debe darse un vínculo territorial circunscrito a la comunidad
indígena de la situación fáctica del caso y, finalmente, una verificación de la
naturaleza de los sujetos
involucrados o del bien jurídico lesionado por una conducta, de manera que
pueda determinarse si el interés general del proceso corresponde a su
jurisdicción especial o a la cultura mayoritaria.
Ahora bien,
al establecer la jurisdicción especial indígena, la Constitución resalta que las
potestades otorgadas para administrar justicia a las autoridades de los pueblos
indígenas deben ajustarse a la “Constitución y las leyes de la República” y
ha sido la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, la que ha precisado
los límites al ejercicio de ese derecho que la Carta otorga a los pueblos
indígenas, como pasa a verse a continuación.
Límites
al ejercicio de la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas.
17. La primera providencia que se
pronunció sobre los límites al ejercicio de la facultad de administrar justicia
de las autoridades indígenas, fue la Sentencia T-254 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se indicó que lo primero que debe
observarse para establecer dichos límites es el grado de conservación de usos y
costumbres que pueda demostrar cada comunidad indígena; si el grado de
conservación es alto, los límites se reducen; si el grado de conservación es
bajo, los límites aumentan. En cualquiera de los dos casos, los derechos
fundamentales constituyen un límite inquebrantable para la autoridad indígena,
al igual que las normas imperativas o de orden público que protegen valores
superiores al de la diversidad cultural. Las normas dispositivas por el
contrario, no se consideran un límite para la autoridad indígena.
Posteriormente, en la Sentencia
T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Diaz), la Corte planteó una posición distinta
a la asumida en la T-254 de 1994. De acuerdo con esta providencia, los límites
al derecho de los pueblos indígenas deben establecerse teniendo en cuenta las
personas e intereses que se ven afectados por la decisión de las autoridades
indígenas. De esa manera, en el caso en que las personas e intereses
involucrados pertenecen a una misma comunidad, debe aplicarse el principio de
maximización de la autonomía, el cual indica que los únicos límites a la
autoridad indígena en los casos en que el principio se aplica son: el derecho
a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura y la legalidad de los
procedimientos, los delitos y las penas.
En dicha sentencia la Corte
precisó:
“en efecto,
el respeto por el carácter normativo de la Constitución (C.P. artículo 4°) y la
naturaleza principal de la diversidad étnica y cultural, implican que no
cualquier norma constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última, como
quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de valor
superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a éste. En este
sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto superior se
refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la
jurisdicción indígena, resulta claro que no puede tratarse de todas las normas
constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad
cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto
constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la
Autonomía.”
18. De lo anterior se observa que
las Sentencias T-254 de 1994 y T-349 de 1996 plantearon dos concepciones
distintas sobre los límites a la autonomía plasmada en el artículo 246
Superior. En la primera línea todos los derechos constitucionales fundamentales
constituyen un límite al ejercicio de administrar justicia, al igual que las
normas legales de orden público que protegen intereses superiores a la
diversidad cultural. En la segunda sentencia, en el caso en el que tanto las
personas como los interés involucrados sean del mismo pueblo indígena, los
límites se encuentran en torno a la inviolabilidad de derechos específicos como
el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura y la
legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas.
19. Ahora bien, esas visiones
encontradas llevaron a la Corte a proferir la Sentencia de Unificación SU-510
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se analizó un conflicto
entre 31 indígenas del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y
varias autoridades de esa comunidad, en el que surgieron divisiones derivadas
de la adhesión del grupo de indígenas demandantes al culto cristiano de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
La acción de tutela fue
presentada por indígenas miembros de dicha iglesia. Señalaban la presunta
existencia de un trato discriminatorio en su contra, que ocasionó la imposición
de castigos por parte de las autoridades tradicionales del resguardo debido a
su decisión de profesar la fe cristiana al interior del resguardo.
En ese asunto la Corte no
encontró probada la discriminación que originó la acción de tutela. Señaló que
cada uno de los miembros de la comunidad debía tener derecho a ejercer su
libertad religiosa sin que sus convicciones los hicieran merecedores de una
sanción por tal motivo, pero también concedió protección al derecho a la
autonomía de las autoridades indígenas, indicando que sin autorización de las
mismas no podría ni abrirse un templo de la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia, ni adelantarse públicamente las prédicas correspondientes.
Para tales efectos, la Sala Plena
decidió acoger entonces las subreglas planteadas en los fallos anteriores, y
precisó sobre los límites a la autonomía normativa y jurisdiccional de las
comunidades indígenas, que “sólo son aquellos que se encuentren referidos a
lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más
preciados del hombre. Tales bienes están constituidos por el derecho a la vida
(C.P., artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y
la esclavitud (C.P., artículo 17) y por la legalidad del procedimiento y de los
delitos y de las penas (C.P., artículo 29). En efecto, como lo ha manifestado
la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; (2)
los anotados derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen
todos los tratados internacionales de derechos humanos”.
En esa misma providencia, esta
Corporación enfatizó que los derechos fundamentales son mínimos de convivencia
social. En consecuencia, pueden producirse limitaciones a la autonomía
de las autoridades indígenas, siempre que las mismas estén dirigidas a evitar
la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la
dignidad humana y afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
los miembros de la comunidad.
El derecho al debido proceso
constituye un límite a la autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas
20. A partir
de lo expuesto, la Corte Constitucional ha invalidado decisiones adoptadas por autoridades
indígenas que vulneran las reglas del derecho al debido proceso, como interés
de superior jerarquía. En esa medida, si bien no se exige que las autoridades
adelanten la investigación y juzgamiento con el rigor propio de las normas
procesales aplicables por la jurisdicción ordinaria, sí exige que se respeten
unas reglas mínimas.
Por
ejemplo, en la precitada Sentencia T-349 de
1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), fue revisada la tutela presentada por un miembro de la
comunidad indígena Embera-Chamí contra las autoridades del cabildo, por
imponerle una pena de 20 años por el homicidio de otro indígena, que en su
concepto desconocía el debido proceso. Esta  Corporación consideró en esa
providencia que la comunidad excedió sus facultades jurisdiccionales y
desconoció el debido proceso del actor, al imponerle una sanción no prevista de
antemano por el derecho propio de la comunidad. Al respecto, explicó esta
Corporación que:
“los límites a las facultades
jurisdiccionales indígenas, tratándose de un asunto meramente interno, son
solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y de las
torturas y una legalidad mínima, entendida funcionalmente como la existencia
de reglas previas respecto a la autoridad competente, los procedimientos, las
conductas y las sanciones, que permitan a los miembros de cada comunidad un
mínimo de previsibilidad en cuanto a la actuación de sus autoridades” (negrilla fuera del texto original).
En la Sentencia T-523 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
se precisó que el derecho al debido proceso
constituye un límite a la jurisdicción especial indígena, lo que implica el
cumplimiento de reglas acordes con la organización social, política y jurídica
de la comunidad de que se trate, pero no exige que los procedimientos se
realicen de la misma manera como los llevaban a cabo los antepasados, pues el
derecho de las comunidades indígenas es dinámico.
En el caso concreto, la Corte estudió la constitucionalidad
de la pena de fuete y concluyó en ese asunto que no
era una tortura ni un trato inhumano ni degradante,  puesto que el sufrimiento que esta pena podría causar no
reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda considerarse
como  tortura, pues el daño corporal que produce es mínimo. Tampoco podría
considerarse como una pena degradante, porque de acuerdo con los elementos
del  caso, ésta es una práctica que se utiliza normalmente entre los Nasa
y cuyo fin no es exponer al individuo al escarmiento público, sino buscar que
recupere su lugar en la comunidad.
En la Sentencia
T-048 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), se estudió el caso de un indígena
que pretendía que el juez constitucional
ordenara al Cabildo Indígena Los Ángeles-Las Vegas, asentado en la vereda
Tamirco del municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima, reconsiderar
su decisión de excluirlo de la comunidad. Para el efecto señaló que le fue
impuesta la pena de destierro, y que el procedimiento para imponerle tal
sanción vulneró su garantía constitucional del debido proceso, sus derechos a
la honra y al buen nombre, como quiera que no se le permitió ejercer su derecho
de defensa, y los cargos que se le endilgaron no fueron investigados.
La
Corte encontró que la comunidad indígena, representada por el Cabildo
accionado, quebrantó las garantías constitucionales del accionante al debido
proceso, puesto que lo sancionó i) sin seguir el procedimiento que para el
efecto prevé su propio reglamento interno, ii) sin investigar las nueve
acusaciones que le fueron formuladas, y iii) sin haberle dado la oportunidad de
explicar su conducta. Sobre ese punto mencionó:
“podría argüirse que los anteriores principios no pueden
ser impuestos a la comunidad indígena Los Ángeles sin establecer, previamente,
el grado de aceptación que de los mismos se presenta entre sus integrantes. No
obstante, dado que el Reglamento de la comunidad en cita, tipifica algunas
conductas, determina las sanciones que por su realización pueden ser impuestas
y establece –para algunas- el procedimiento que le corresponde a la comunidad
seguir para su imposición, es dable afirmar que dicha comunidad conoce y
práctica los presupuestos del debido proceso, que a la postre quebrantó.”
Con respecto a la constitucionalidad de la
sanción de expulsión del territorio, recordó que la Corte ya había explicado
que dicha expulsión no implica per se un destierro en los términos del
artículo 34 Constitucional, porque la pena que la norma en cita proscribe es la
que priva al reo de habitar en el territorio nacional, sanción que no puede ser
impuesta por una autoridad indígena, como quiera que estas autoridades no
ejercen jurisdicción fuera de su ámbito territorial.
No obstante,  al analizar en el caso concreto
las implicaciones que para el indígena y su familia tuvo la pena de expulsión
de la que fue objeto, la Corte consideró excesivo y desproporcionado condenar
al indígena a abandonar el territorio comunitario, pues la expulsión definitiva
del accionante no sólo desconocía su derecho a la identidad cultural, sino que
afectaba su propia existencia, como quiera que se trataba de una persona con
fuerte consciencia colectiva.
De otro lado, explicó la Corte que el artículo
28 de la Constitución Política prohíbe las penas irredimibles y el artículo
34 idem la cadena perpetua, de tal manera que aunque la expulsión del
territorio no resulta per se inconstitucional, las
comunidades que la imponen “están obligadas a adoptar los mecanismos que
permitan su redención, de manera que el alejamiento cumpla la función de
reconciliar al infractor consigo mismo y con la comunidad a la que defraudó, y
no se presente como una simple y odiosa retaliación.”
21. Ahora bien, a partir de toda
la jurisprudencia de revisión que ha proferido esta Corporación sobre el
derecho al debido proceso como límite a la autonomía jurisdiccional de las
comunidades indígenas, pueden resumirse como parámetros que las autoridades
indígenas deben respetar en los procesos punitivos, los siguientes[11]:
·
Respeto por la presunción de inocencia. las autoridades
indígenas deben respetar la presunción constitucional de inocencia que ampara a
los acusados, esto implica que la culpabilidad individual debe ser establecida
a través de los materiales probatorios que las autoridades ancestrales
consideren relevantes y suficientes, y también implica que no son admisibles
las decisiones adoptadas en forma arbitraria y sin un mínimo respaldo en
evidencias que acrediten la responsabilidad individual[12].
·
Garantía del derecho de defensa. En el ejercicio de
la jurisdicción propia, las autoridades tradicionales indígenas deben respetar
plenamente el derecho fundamental de defensa de las personas sujetas a
procesamiento punitivo, que implica su derecho a intervenir en el curso del
proceso en defensa de sus intereses[13].
No obstante, dadas las especificidades culturales de las comunidades indígenas,
esta Corporación ha permitido que en casos concretos tal derecho de defensa sea
ejercido por los familiares de la persona que está siendo procesada[14]. También en
atención a la diversidad cultural, ha admitido que dicha defensa no tiene que
ejercerse necesariamente a través de un abogado defensor, cuya presencia no
constituye por ende un requisito obligatorio para el procesamiento punitivo de
personas por la jurisdicción indígena.[15]
·
Proscripción de la responsabilidad objetiva y principio de
culpabilidad individual. Las decisiones punitivas de las autoridades
indígenas deben basarse en una determinación de la responsabilidad o
culpabilidad individual, prohibiendo así la imposición de responsabilidad
objetiva en este ámbito[16].
·
Garantía del principio de non bis in idem. Las
autoridades tradicionales indígenas también deben abstenerse de sancionar dos
veces a una persona por una misma conducta proscrita bajo sus ordenamientos
ancestrales[17].
·
No obligatoriedad de la segunda instancia. Ante
la jurisdicción indígena no es obligatorio garantizar la segunda instancia
frente a las decisiones sancionatorias, dado que en el marco de los
ordenamientos ancestrales indígenas existen autoridades cuyo rango
sociocultural excluye la impugnación de sus decisiones[18].
·
Proporcionalidad y razonabilidad de las penas.
Además de las prohibiciones constitucionales expresas de cierto tipo de penas
(como las de destierro, tortura, etc.), las autoridades tradicionales indígenas
no pueden imponer sanciones o penas que resulten desproporcionadas ni
irrazonables; y ha explicado a este respecto que son desproporcionadas, por
ejemplo, las penas que trasciendan a la persona del infractor, que afecten su
mínimo vital, que sean irredimibles, o que impliquen un cercenamiento cultural.
Especificamente sobre las
penas irredimibles y que impliquen expulsión  del territorio, la Corte ha
enfatizado que las
comunidades que la imponen están obligadas a adoptar los mecanismos que
permitan su redención, para que el alejamiento cumpla la función de reconciliar
al infractor consigo mismo y con la comunidad a la que defraudó, y no se
presente como una simple venganza[19].
22. Todo lo expuesto permite
concluir que la Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos
indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y
cuando no sean contrarios "a lo que verdaderamente resulta intolerable
por atentar contra los bienes más preciados del hombre", como el
derecho a la vida, la dignidad humana, la prohibición de la tortura, la
esclavitud y el debido proceso.
De la misma manera, la Corte
Constitucional ha resaltado la importancia del respeto por el principio de
legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas al interior de los
ordenamientos jurídicos indígenas, pero entendiendo tal principio de legalidad
como un requisito mínimo de previsibilidad en las actuaciones de las autoridades
propias, sumado a un requisito de reconocimiento de las prohibiciones,
sanciones y procedimientos por parte de los miembros de la comunidad o pueblo
indígena correspondiente, y respetando siempre la autonomía de las autoridades indígenas
para la imposición de las penas correspondientes bajo su propio ordenamiento.
La pena privativa de la
libertad impuesta por la jurisdicción especial indígena que debe cumplirse en
una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
23. Ahora bien, teniendo en
cuenta el respeto por el principio de legalidad de las penas mencionado
anteriormente y el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa que existe
un tipo de pena impuesta por las autoridades tradicionales a los indígenas que
consiste en la privación de la libertad, la cual deben cumplir por fuera de su
territorio, especificamente en una cárcel del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario.
En esa medida, entrará la Sala a estudiar bajo qué
condiciones está permitido que las penas privativas de la libertad que son
impuestas por la jurisdicción especial indígena se cumplan en una cárcel
del sistema nacional.
24. Como principio general, es claro que cuando
la infracción cometida por un indígena implica el desconocimiento de las
normas, tradiciones y prácticas de su comunidad, la imposición y vigilancia en
el cumplimiento de las condenas compete a las autoridades tradicionales,
quienes en atención a la autonomía jurisdiccional deben dictar las sanciones
que consideren pertinentes de acuerdo con sus costumbres para que sean
observadas en su territorio. Ello es así, pues como se dijo anteriormente, la
protección constitucional de la jurisdicción especial indígena tiene como
propósito reconocer y proteger la diversidad cultural, y preservar el carácter
pluralista del Estado colombiano.
No obstante
lo anterior, existen situaciones en las cuales las autoridades indígenas pueden
imponer a sus miembros penas privativas de la libertad para que ésta sea
cumplida en una cárcel ordinaria, a pesar de que ello suponga que el indígena condenado
deba ser separado de su entorno cultural. Esta excepción al principio general
se justifica para preservar la diversidad cultural misma, o para proteger bienes
jurídicos que tengan un valor constitucional mayor. De tal manera, excepcionalmente
se acepta que el indígena sea entregado por las autoridades de su resguardo
o de su territorio al sistema penitenciario y carcelario del Estado colombiano.
Esta posibilidad resulta constitucionalmente aceptable por las siguientes
razones:
-Para
preservar la vida y la integridad física de las autoridades de la comunidad, o
de la comunidad en general. En ocasiones los indígenas condenados amenazan
con tomar retaliaciones contra las autoridades o contra miembros de la
comunidad. De esa manera, resulta necesario el aislamiento del indígena de la
comunidad y de su territorio, para así evitar la agudización de conflictos
internos. No se puede desconocer que una parte importante de las comunidades
indígenas de nuestro país tienen sus territorios en las zonas más apartadas y
olvidadas de la geografía nacional, donde hay presencia de actores armados
ilegales, y estos, en muchos casos suponen un riesgo para el ejercicio de la
jurisdicción indígena. En esa medida, la reclusión de un indígena por la
comisión de un delito que puede estar relacionado con la actividad de dichos
grupos supone un riesgo para las autoridades y para la comunidad. Las autoridades
del Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de contribuir a mitigar
estos riesgos asociados con el ejercicio de la jurisdicción indígena poniendo a
disposición de las autoridades indígenas los centros de reclusión disponibles.
- Debido a la falta de
desarrollo institucional de los pueblos indígenas, donde los territorios indígenas
no cuentan con una estructura carcelaria propia. En lo que concierne a esta
excepción, la Corte Constitucional en la Sentencia T-239 de 2002 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), destacó que la autonomía de la jurisdicción indígena
está en desarrollo, y como tal, no cuenta con todos los instrumentos físicos,
educativos, divulgativos e instalaciones carcelarias. Por lo tanto, hasta tanto
las comunidades cuenten con las instalaciones propias necesarias para la
ejecución de medidas privativas de la libertad, es obligación del Estado, a
través de sus autoridades, colaborar con aquella, por ejemplo al prestar sus
instalaciones físicas carcelarias, mientras la jurisdicción indígena puede
avanzar en su consolidación[20].
-Con el fin de evitar el “riesgo
de linchamiento” al condenado, pues en algunos casos, cuando la
comunidad se siente muy ofendida por el delito que se ha cometido, cuando prevé
que el infractor no va a ser castigado, o cuando la comunidad enfrenta un
riesgo por parte de un agente externo o de un factor estructural ajeno a su
control, puede llegar a ejercer una especie de “justicia por propia mano”, linchando
al presunto infractor públicamente[21].
25. Con todo, se reitera que por
regla general las autoridades indígenas en atención a su autonomía
jurisdiccional, deben juzgar y ejecutar las penas de los miembros infractores
al interior de su comunidad. Sin embargo, existen algunos casos en los que
excepcionalmente se justifica que dichas autoridades tradicionales no ejecuten
la condena al interior de la comunidad, para salvaguardar intereses de superior
jerarquía, como la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad
e incluso de los mismos infractores. La necesidad de proteger estos bienes
jurídicos debe estar debidamente justificada en cada caso concreto.
Una vez establecido que las
autoridades de los resguardos y territorios indígenas excepcionalmente tienen
la potestad para solicitar a las autoridades del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario que los miembros de sus comunidades cumplan penas
privativas de la libertad impuestas por la jurisdicción especial indígena en
cárceles del sistema carcelario ordinario, pasa la Sala a verificar si en el caso
bajo estudio se configura alguna de las condiciones que justifique remitir a
los accionantes al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Isidro
(Popayán).
Verificación de la
configuración de las condiciones para que la ejecución de las condenas  se de
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Isidro (Popayán)
26. De la inspección judicial
realizada con los Gobernadores de los resguardos indígenas durante el
transcurso del proceso de revisión, quedó claro que se cumple la condición
instrumental pues sus territorios no cuentan con una estructura carcelaria
propia, razón por la cual han solicitado a las entidades del Estado que les
presten sus instalaciones físicas carcelarias. Por otra parte, durante el
transcurso de la visita al Consejo Regional Indígena del Cauca, como parte de
la inspección judicial, las autoridades le informaron al magistrado auxiliar
comisionado que, al menos Eyder Imbajoa manifestó su pertenencia a un grupo
armado, y su voluntad de retaliación contra las autoridades que le impusieron
su condena, durante el transcurso de la respectiva asamblea. Por su parte, durante
la entrevista en la cárcel San Isidro, Arnulfo Tumbo le comunicó al magistrado
auxiliar comisionado que el delito había sido cometido dentro del contexto de
una sucesión de venganzas y homicidios recíprocos entre dos familias que viven
en un mismo resguardo, y afirmó que la persona a quien asesinó a su vez había
asesinado a su hermano menor.  Finalmente, en el caso de Valerio Poscué, se le
comunicó a la Sala que cuando iba a ser apresado, éste disparó con un arma de
fuego contra los miembros de la guardia indígena. En cada caso específico están
dadas las siguientes condiciones:
Valerio Poscue Osnas
ü
Comisión de delitos graves: “hurto agravado, porte de armas
que atentan contra la integridad del territorio y por intento de homicidio a
dos guardias.”
ü
Reincidencia
Eyder Imbajoa Trochez
ü
Comisión de delitos graves: “masacre a familia indígena”
ü
Reincidencia
ü
El comunero amenaza con tomar retaliaciones contra las
autoridades
Arnulfo tumbo Quintero
ü
Comisión de delitos graves: “Homicidio”
27. Ahora bien, en la medida en
que la Sala ya verificó que en el asunto concreto están dadas las condiciones
para que los indígenas sean enviados por sus autoridades a cumplir sus condenas
en una cárcel ordinaria, pasa ahora esta Corporación al segundo punto, que va
dirigido a examinar si con esa medida excepcional se vulnera el derecho de los
demandantes a la integridad cultural.
Mecanismos de coordinación
entre el INPEC y las autoridades indígenas para garantizar la preservación del
derecho a la integridad cultural de los indígenas recluidos en cárceles del
sistema ordinario
28. En la Sentencia
C-394 de 1995 (M.P Vladimiro Naranjo Mesa), se analizó la
constitucionalidad de algunas normas del Estatuto Carcelario, entre la cuales
el artículo 29 regula las  condiciones especiales de reclusión para algunas
personas como los indígenas. En aquella ocasión, la Corte consideró que los
indígenas no debían ser recluidos en establecimientos penitenciarios corrientes
si eso significaba un atentado contra sus valores culturales. Sobre el
aislamiento de los indígenas en centros especiales de reclusión sostuvo:
“Es claro
que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes,
implicaría una amenaza contra dichos valores, que gozan de reconocimiento
constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos
especiales”.
Por su parte, la Sentencia T-669
de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) precisó
que si las autoridades nacionales y las indígenas no han establecido mecanismos
de cooperación en materia de ejecución de penas privativas de la libertad, al
juez constitucional le corresponde establecer unas pautas al respecto;
situación distinta cuando las partes cuentan con un acuerdo en la materia,
evento en el cual la jurisdicción constitucional debe intervenir en caso de
incumplimiento.
La Sentencia T-097 de 2012
(M.P Mauricio González Cuervo)  resaltó que cuando las autoridades
indígenas soliciten el cumplimiento de la pena en cárceles ordinarias, se deben
establecer mecanismos de coordinación e interlocución entre las comunidades y
las autoridades nacionales, para que en el cumplimiento de la sanción, se
respete el principio de diversidad étnica y cultural, puesto que en una
sociedad pluralista ninguna visión del mundo puede primar ni imponerse, pero si
debe promoverse el consenso intercultural[22].
Adicionalmente,
en la Sentencia T-921 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub)[23],
la Corte Constitucional sostuvo que la diversidad cultural de los indígenas
privados de la libertad debe protegerse independientemente de que se aplique en
el caso concreto el fuero indígena, el cual autoriza para que en unos casos una
persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la indígena, pero
en ningún momento permite que se desconozca la identidad cultural de una
persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe poder conservar
sus costumbres, pues de lo contrario la resocialización occidental de los
centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida masiva de su cultura.
La Corte
señaló, además, que en casos donde un indígena sea procesado por la
jurisdicción ordinaria, se deben cumplir las siguientes reglas con el
objeto de evitar que se siga presentando el desconocimiento del derecho a la
identidad de los indígenas al ser recluidos en establecimientos ordinarios:
“(i) Siempre
que el investigado en un proceso tramitado por la jurisdicción ordinaria sea
indígena se comunicará a la máxima autoridad de su comunidad o su
representante.
(ii) De
considerarse que puede proceder la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva el juez de control de garantías (para procesos tramitados
en vigencia de la Ley 906 de 2004) o el fiscal que tramite el caso (para
procesos en vigencia de la Ley 600 de 2000) deberá consultar a la máxima
autoridad de su comunidad para determinar si el mismo se compromete a que se
cumpla la detención preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez
deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia
de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y
legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el
indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el indígena
no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente este
beneficio. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la medida se
deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
(iii) Una
vez emitida la sentencia se consultará a la máxima autoridad de la comunidad
indígena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En ese caso,
el juez deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia
de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y
legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el
indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el
indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente
esta medida. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la pena se
deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.”
Además de ello, esta Corporación
resaltó que acorde con el principio de favorabilidad, dichas reglas deben
aplicarse a todos los indígenas que se encuentren privados de la libertad,
quienes con autorización de la máxima autoridad de su comunidad podrán cumplir
la pena privativa de la libertad al interior de su resguardo, siempre y cuando
el mismo cuente con las instalaciones necesarias para el cumplimiento de ésta.
Esta posición
fue reiterada en la Sentencia T-975 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). En dicho asunto se resolvió si se vulneraba el derecho fundamental al
debido proceso de un miembro del resguardo indígena Munchique Los Tigres, al no
habérsele juzgado  con la intervención de las autoridades de su comunidad y al
haber sido recluido en un establecimiento ordinario. Al resolver el caso
concreto, la Corte concluyó que no era posible acceder a la solicitud del
accionante de cumplir su pena al interior de su comunidad, por cuanto el jefe
del resguardo de Munchique Los Tigres no dio su consentimiento para que el
accionante fuese trasladado, a pesar de haber sido consultado en dos ocasiones
sobre el tema, tal como lo exige la Sentencia T-921 de 2013. Además, las
circunstancias específicas que rodearon la comisión de la conducta punible
permitieron concluir que el traslado del accionante al resguardo podía poner en
peligro a esa comunidad, pues el accionante fue condenado por un acto dirigido
por un grupo organizado al margen de la Ley.
Por último, en la Sentencia
T-642 de 2014 (M.P. María Victoria Sáchica Méndez), recordó que en virtud del notorio estado de cosas
inconstitucional en materia carcelaria, declarado por esta Corporación hace 16
años, se hace necesario reiterar la obligación legal de proveer establecimientos
de reclusión especiales para sujetos de especial protección, como los
indígenas, quienes independientemente de la jurisdicción aplicable, deberían
cumplir la pena en establecimientos especiales con enfoque diferencial o, en su
defecto, en un lugar nativo o tradicional que propicie la operancia plena de la
justicia indígena, el control de sus propias instituciones de las formas de
castigo, con el fin de mantener y fortalecer los rasgos, lenguas y tradiciones
indígenas que forman parte de la idiosincrasia del Estado Colombiano. En este fallo
la Corte precisó que la falta de un enfoque diferencial puede traer:
“una consecuencia nefasta e involutiva
para los pueblos indígenas, toda vez que al no admitirse diferenciación
carcelaria en los establecimientos de reclusión, eventualmente la cultura
occidental mayoritaria absorbería a la cultura indígena minoritaria; aquella a
través de un proceso de asimilación forzoso terminaría imponiendo un mismo
sistema social, económico, cultural y jurídico al momento de ejecutar la pena,
lo cual lamentablemente propiciaría que los miembros de comunidades indígenas
se incorporen a un esquema de reclusión penal fundado en funciones -de
protección, prevención especial, curación, tutela, rehabilitación y reinserción
social-, que necesariamente no compaginan con las costumbres tradicionales y
culturales de castigo que emplean los distintos pueblos indígenas.”
29. Ahora bien, sobre la forma
como deben ejecutarse las condenas impuestas a los comuneros por las
autoridades indígenas en establecimientos carcelarios del Estado, de manera que
la reclusión preserve su identidad cultural, no existe en nuestro país una
regulación específica.
La Ley 65 de 1993 (Código
Penitenciario y Carcelario), se refiere a la reclusión en casos especiales, de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 29. RECLUSIÓN EN CASOS ESPECIALES. Cuando
el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal,
Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de
elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos
o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en
establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado.
Esta situación se extiende a los ex servidores públicos respectivos (negrilla
fuera de texto).
Por su parte, en la modificación al
Código Penitenciario y Carcelario colombiano, contenida en la Ley 1709 de 2014,
se adicionó un nuevo artículo en lo referente al “principio de enfoque
diferencial”:
“ARTÍCULO 3A. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de enfoque
diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares
en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual,
raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón,
las medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho
enfoque.”
30. Concretamente sobre el tema
de enfoque diferencial, es importante resaltar que existe una Directiva
Permanente del INPEC (000022 del 6 de diciembre de 2011), cuya finalidad es
impartir a sus funcionarios instrucciones que permitan garantizar el respeto,
reconocimiento e inclusión social a la población indígena privada de la
libertad en establecimientos de reclusión del orden nacional, sin menoscabar la
seguridad de las cárceles.
Entre las misiones que deben
realizar los directores de los establecimientos de reclusión, que se encuentran
plasmadas en dicha directiva, cabe destacar:
·
Facilitar el contacto del interno indígena con la autoridad
representativa de la comunidad a la que pertenece y sus familiares, encontrando
un justo equilibrio entre los parámetros establecidos en el régimen interno y
la prevención del desarraigo cultural.
·
Apoyar las acciones desarrolladas por las autoridades y
organizaciones indígenas al interior de los establecimientos de reclusión, y
apoyo presupuestal, según la disponibilidad existente conforme a la asignación
que se realiza desde el nivel central.
·
Gestionar la colaboración de organizaciones indígenas legalmente
reconocidas, dedicadas al trabajo en pro del bienestar de esta población en
reclusión, en el desarrollo de actividades de acompañamiento o asistencia para
los mismos.
·
Establecer convenios de cooperación interinstitucional entre el
INPEC y otros estamentos públicos y privados, que permitan brindar el apoyo
requerido a la población perteneciente a grupos indígenas.
·
Impartir instrucción al personal bajo su dirección, sobre el marco
legal y jurisprudencia para el tratamiento de la población indígena, en los
cuales han abordado entre otros temas: el reconocimiento de las comunidades
indígenas como sujetos de derechos fundamentales, el reconocimiento a la
autonomía y jurisdicción indígena, el cumplimiento de las penas impuestas por
jurisdicción especial indígena en establecimientos de reclusión del orden
nacional y la existencia de beneficios en condenas impuestas por la
jurisdicción indígena.
31. De otra parte, la Defensoría
del Pueblo elaboró un informe denominado “Indígenas privados de la libertad
en establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC”[24],
en el cual señaló que gran parte de los establecimientos en los cuales se
encuentran recluidos indígenas, no cuentan con un área específica para su
atención, por lo cual no se reúnen las  condiciones para vivir dignamente de
acuerdo con su diversidad  étnica y cultural.
Sobre un censo diferenciado para
establecer el número real de indígenas privados de la libertad, informó la
Defensoría que no existe, sin desconocer que el INPEC ha realizado esfuerzos
por tener estadísticas sobre dicha población.  Esa falta de registro, se puede
derivar del hecho de que muchos de los indígenas que dicen serlo no se
encuentran certificados por sus respectivas comunidades, lo cual es
consecuencia del rechazo u olvido de sus pares, que los dejan a su suerte en
los centros penitenciarios y carcelarios.
En relación con el diseño
arquitectónico de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, la
distribución del espacio y su dotación, anotó el informe que no tiene en cuenta
las características específicas indispensables para el respeto efectivo de la
identidad cultural de la población indígena. Aunque  reconoce que los
establecimientos de La Dorada, Popayán y Cali se ha destinado un espacio para
su reclusión.
En consecuencia, la Defensoría
del Pueblo recomendó la implantación inmediata de una política penitenciaria
respetuosa de la población indígena reclusa, enmarcada en la integralidad de
los derechos humanos y fundada en la cosmovisión y la forma de vida propia de
los pueblos indígenas.
32. En atención a lo expresado, y
para responder al segundo problema jurídico planteado en esta providencia, la
Corte Constitucional acepta que la reclusión de los indígenas en cárceles del
sistema penitenciario y carcelario nacional no vulnera su derecho a la
integridad cultural, pero aclara que dicha reclusión debe darse en
establecimientos donde existan programas que permitan una reclusión étnica y
culturalmente diferenciada, que necesariamente compagine con sus costumbres
tradicionales y culturales.
33. En
ese orden de ideas, al ser negativa la respuesta al segundo problema jurídico
planteado en precedencia, pasa la Sala a abordar el tercer punto, en el que se
establece si en el caso de estudio existe una falta de acompañamiento por parte
de las autoridades tradicionales a los demandantes para vigilar el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad que les impusieron, y como esa ausencia pudiera
resultar en desmedro de su integridad cultural.
34. A juicio de la Sala, en aquellos eventos en
los cuales la ejecución de la pena privativa de
la libertad impuesta por la jurisdicción especial indígena deba llevarse a cabo
en un establecimiento carcelario del sistema ordinario, el mismo debe velar
porque no se afecte la integridad cultural del individuo. Para lograr que ello
sea así resulta obligatoria la participación y el acompañamiento de las
autoridades tradicionales. Al momento de ejecutar la pena, los miembros de las
comunidades indígenas deben incorporarse a un sistema de reclusión penal
fundado desde las concepciones de rehabilitación y resocialización. Sin
embargo, las autoridades de la cárcel no tienen por qué conocer las costumbres
particulares de las comunidades a las que pertenecen los reos indígenas
privados de la libertad en sus cárceles. En esa medida, no están capacitadas
para garantizar que esta resocialización sea la apropiada para que, al
cumplirse la pena, el condenado pueda volver a vivir en su comunidad. Esta es
una función que les corresponde cumplir, exclusivamente a las autoridades del
resguardo o territorio indígena del cual proviene el condenado.
Es necesario recordar que las
autoridades de los pueblos indígenas son autoridades que prestan el servicio
público de administración de justicia. Por lo tanto, tienen el deber
constitucional de asumir una serie de obligaciones dirigidas a preservar la
integridad cultural de sus comunidades, y de sus miembros, manteniendo y
promoviendo sus propias costumbres, tradiciones y prácticas, incluso más allá
de los límites de sus respectivos territorios dentro de las cárceles a las
cuales envían a sus miembros.
Cuando las autoridades
tradicionales, en ejercicio de su autonomia, juzgan a los miembros de la
comunidad y los condenan a penas privativas de la libertad que deben cumplir en
cárceles del sistema nacional, tienen la obligación correlativa de garantizar que
tales miembros de la comunidad cuenten con las herramientas necesarias para
preservar su cultura al interior del centro carcelario, de manera que la
condena impuesta no se traduzca en una pérdida cultural.
35. Bajo
esta premisa, y al revisar la manera como se ha llevado a cabo el
acompañamiento a los demandantes por parte de sus autoridades,  se observa que
si bien actualmente se suscriben unas actas de recibimiento entre el EPAMSCASPY
y las autoridades indígenas, los compromisos que allí se establecen son
incumplidos por las autoridades indígenas. Por ejemplo, en lo concerniente a
las visitas que deben realizar “como mínimo cada tres meses”, del
reporte general de visitas remitido a la Corte Constitucional, se observó que
entre el 1º de  enero y el 11 de noviembre de 2014, ninguno de los demandantes
recibió visita alguna de sus autoridades.
Sobre esta cuestión, los demandantes
señalan que se encuentran en situación de abandono en el establecimiento
penitenciario, ya que sus autoridades no realizan acompañamiento alguno durante
la ejecución de la pena privativa de la libertad en el establecimiento
penitenciario. Adicionalmente, las autoridades tampoco les han suministrado
ropa, colchonetas, ni implementos de aseo, lo cual fue corroborado por los servidores
del centro carcelario, durante la inspección judicial realizada por esta Sala
de Revisión.
36.
Ahora bien, puede concluirse por ahora que se ha presentado en el asunto
concreto una falta de acompañamiento por parte de las autoridades tradicionales
a los demandantes para vigilar el cumplimiento de la pena privativa de la
libertad que les impusieron, y que ello constituye una amenaza a su integridad
cultural. Habiendo constatado la configuración de esta omisión, la Corte pasará
a resolver el siguiente punto, que está relacionado con la función
resocializadora que debe cumplir la pena impuesta por las autoridades indígenas.
Al abordar este punto se pretende establecer si se vulnera el derecho a la
integridad cultural, a la dignidad humana, y al debido proceso.
Resocialización étnicamente
diferenciada
37. La Constitución Política establece que uno de los principios fundamentales del Estado es
el de dignidad humana. Este principio impone que los seres humanos deban ser
considerados como fines en sí mismos y no como medios o instrumentos
susceptibles de ser utilizados para lograr determinados fines, por más valiosos
que estos se consideren. En materia punitiva ello significa que la Constitución
le fija una serie de límites a la facultad del Estado para imponer penas a las
personas. De tal modo, los seres humanos no pueden ser utilizados como
ejemplos, lo cual significa que no se les pueden imponer “penas ejemplificantes”
con el propósito de prevenir que otros cometan los mismos delitos. Por otra
parte, el principio de dignidad humana también supone que el ser humano está
dotado con la capacidad para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse
y volver a contribuir a la sociedad. En esa medida, el artículo 34 de la
Constitución prohibe las penas de prisión perpetua, dándole a cada individuo la
oportunidad de adaptarse nuevamente a la vida en sociedad.
La resocialización de la persona
condenada, como objetivo principal del ius puniendi del Estado está
fuertemente arraigada en nuestro ordenamiento jurídico. Ha sido reconocida por
diversos tratados de derechos humanos que conforme al artículo 93 de la Carta, hacen
parte del bloque de constitucionalidad. Así, el numeral 3º del artículo 10º del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada mediante la Ley
74 de 1968, dispone que:
“El
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será
la reforma y la readaptación social de los penados.”
En idéntico sentido, el numeral
6º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, establece:
“Las penas
privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.”
Así mismo, la
función resocializadora de las penas privativas de la libertad ha sido
reconocida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto,
refiriéndose al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Corte sostuvo que la
función resocializadora de la pena está íntimamente relacionada en el principio
de dignidad humana, y en el Estado Social de Derecho:
“Sin
embargo, a pesar de esas inevitables tensiones y discusiones, lo cierto es que
durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de
resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la
definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad
humana (CP art. 1º), puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de
este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su
reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales
de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento
penitenciario.  Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por
la Ley 74 de 1968, consagra que ‘el régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados (subrayas no originales)’.” Sentencia C-261 de 1996 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero)
Así mismo, en la sentencia aprobatoria del Segundo Protocolo
Facultativo para abolir la pena de muerte, adicional al Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, la Corte no sólo fundamentó el fin resocializador de la pena
en la cláusula del Estado Social de Derecho, sino que reconoció el valor
especial que tienen los fines de resocialización y prevención especial, y el
carácter accesorio que tiene el fin retributivo de la pena. Sostuvo en tal
oportunidad:
“Finalmente
se ha recurrido a consideraciones de prevención especial negativa para defender
la pena capital, con el argumento de que existen delincuentes irrecuperables
que deben ser eliminados de la sociedad para evitar futuros males a otros
ciudadanos. Sin embargo ese razonamiento es lógicamente discutible, pues no
sólo presupone que es posible determinar al momento de imponer la sanción
quienes van a reincidir y quienes no, lo cual se ha revelado falso, sino que
además desconoce que  existen medidas alternativas de rehabilitación. Además, y
más grave aún, se olvida que el delincuente también tiene derecho a la vida,
por lo cual, en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana (CP
art. 1º), la ejecución de las penas debe tener una función  de prevención
especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la
resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y
dignidad. El objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir
al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por
ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos
establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario.  Así, de
manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968,
consagra que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento
cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados
(subrayas no originales). En ese orden de ideas sólo son compatibles con
los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto
es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo
cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia,
todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital.” Sentencia
C-144 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
El énfasis que pone nuestro ordenamiento jurídico en la finalidad
resocializadora de la pena quedó manifiesto también en el artículo 10 de la Ley
65 de 1993 (reformada por la Ley 1709 de 2014). Dicha norma dispone que el
propósito del tratamiento penitenciario se orienta al logro de la
resocialización del individuo. Este artículo dice al respecto:
“…El tratamiento penitenciario
tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley
penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación,
bajo un espíritu humano y solidario.”
38. La importancia constitucional que tiene la finalidad resocializadora de las penas
privativas de la libertad, su estrecha relación con el principio de dignidad
humana, y con el
Estado Social de Derecho,
hacen que opere como un límite al ejercicio de la jurisdicción especial
indígena. Por lo tanto, la facultad que tienen las autoridades indígenas para
imponer penas privativas de la libertad y para definir las condiciones
de modo, tiempo y lugar de su ejecución dependen de
que en cada etapa se garantice la finalidad resocializadora de la pena.
Este límite lleva a la necesidad de armonizar el amplio margen de
autonomía que tienen las autoridades para imponer y ejecutar las penas de
conformidad con su cultura, con la finalidad de garantizar que se cumpla la función
resocializadora de la pena. La armonización concreta impide que se sacrifiquen innecesariamente la autonomía de las autoridades
indígenas o el
deber resocializador del Estado. Así, si bien las autoridades indígenas gozan
de un amplio margen de discrecionalidad en la imposición de las penas, y en la
manera como deciden que dichas penas se ejecuten, tienen el deber de proveer
los medios necesarios para permitirles la resocialización a los indígenas que
cumplan penas en el sistema carcelario ordinario.
Sin embargo, debe recordarse que ésta no es una forma de resocialización dirigida a
permitirles a los indígenas vivir en la sociedad mayoritaria. Se trata, por el
contrario, de garantizar que los indígenas condenados por la jurisdicción especial que estén
recluidos en cárceles ordinarias tengan todos los medios disponibles para poder vivir nuevamente en sus territorios, con sus
comunidades, de conformidad con sus usos y costumbres, y bajo el mando de sus autoridades. Esta forma de
resocialización pretende, en últimas, garantizar la integridad cultural de
individuos que se encuentran privados de su libertad por fuera de su contexto cultural, y por lo tanto,
expuestos a un mayor grado de vulnerabilidad[25].
39. Con todo, ésta
es una función que corresponde de manera exclusiva a las autoridades indígenas
del resguardo o territorio en el cual se encuentre censada la persona privada
de la libertad. Ellas
conocen su cultura mejor que cualquier persona o institución, y por lo tanto, sólo ellas
están en capacidad de determinar cómo deben resocializarse los indígenas condenados.
Más
aun, son ellas las competentes para imponer las respectivas sanciones, y
por ende sólo
ellas están en capacidad de determinar cuándo se han resocializado. Mal podría
solicitársele a un juez de ejecución de penas, o a un funcionario del INPEC que
tome esta determinación. Lo contrario, limitaría indebidamente la autonomía de
las autoridades indígenas, y debilitaría el ejercicio de la jurisdicción
especial.
La
ejecución de las penas autonomamente definidas por la jurisdicción especial
indígena compete primordialmente a las autoridades indígenas. Estas deben vigilar que se cumpla
la finalidad de la condena que impusieron, y velar por la preservación de la
integridad cultural de los miembros de la comunidad. Para
ello deben garantizarles a los indígenas recluidos una vía para que su resocialización
garantice su integridad cultural.
Por su parte, en la ejecución material
de la sanción penal de los indígenas también debe participar el Instituto
Peniteciario y Carcelario. Al recibir a los indígenas
condenados por la jurisdicción especial en sus instalaciones, el INPEC asume la obligación correlativa de supervisar
dicha reclusión conforme a la regulación específica que dicte el Legislador o a
las directivas que esa misma institución profiera. Sin embargo, la posibilidad
constitucional de que las penas privativas de la
libertad impuestas por autoridades indígenas se ejecuten en cárceles ordinarias
no puede representar en ningún caso que el INPEC o ninguna otra autoridad del
Estado pueda o deba decidir cómo o cuándo un indígena
se ha resocializado. Tampoco puede significar que las autoridades indígenas
puedan desprenderse de sus responsabilidades indelegables en relación con la
ejecución de penas en cárceles ordinarias.
Así las cosas, la Sala observa
que la invisibilización del indígena recluido en cárceles del sistema ordinario
no puede darse en las instancias encargadas de la ejecución de la pena. Por el
contrario, ellas deben contribuir a la construcción de un proceso de
resocialización étnicamente diferenciado, el cual permite que el indígena,
a pesar de ser excluido de su territorio
y de su comunidad durante el tiempo de la condena, pueda vincularse
nuevamente a su entorno cultural específico una vez la haya
cumplido.
40. Debe recordarse que la
Constitución establece que el Legislador deberá diseñar las estrategias de
coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena.
Sin embargo, en la medida en que no ha sido expedida la ley que permita dicha
coordinación[26],
al juez le compete en cada caso resolver las controversias que se presenten de
acuerdo con los alcances y límites establecidos para la jurisdicción especial
en la jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, con respecto a una
regulación concreta sobre la privación de la libertad de los indígenas en
cárceles nacionales, la precitada Ley 1709 de 2014 le confirió facultades
extraordinarias al Presidente de la República, para que dentro de los seis
meses siguientes a su expedición y previa consulta con los pueblos indígenas,
las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, y los grupos ROM,
expidiera un decreto con fuerza de ley que regulara lo relativo a la privación
de la libertad con enfoque diferencial. No obstante, vencido el término dado
por la norma referida, ese Decreto no fue expedido.
41. Ante la inexistencia de un
marco normativo, es necesario primeramente, exhortar al Congreso y al gobierno
para que adopten todas las medidas necesarias para expedir las normas
pertinentes para articular la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial
indígena. Así mismo, es necesario exhortar al gobierno para que provea el apoyo
necesario para permitirles a las autoridades indígenas el desarrollo de las
capacidades necesarias para el ejercicio de la jurisdicción especial, conforme
lo establece el artículo 97 del Decreto 1953 de 2014.
Sin embargo, el
deber del Estado de garantizar la función resocializadora de la pena proviene
de tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad. En esa medida, el Estado está obligado constitucionalmente
a garantizarla aun en ausencia de una disposición que regule la articulación de
las jurisdicciones. Por lo tanto, es necesario que las autoridades indígenas y
el INPEC dispongan las medidas necesarias para definir las respectivas
responsabilidades en materia de la resocialización étnicamente diferenciada. En
aras de garantizar la resocialización étnicamente diferenciada de los indígenas
que hoy cumplen penas impuestas por sus autoridades en
cárceles ordinarias, es
necesario definir con claridad cuál es el alcance de las obligaciones del INPEC
y de las autoridades indígenas, hasta tanto se expida una ley que articule las
jurisdicciones. Por lo tanto, para mantener a los
indígenas condenados por la jurisdicción especial recluidos dentro de los
establecimientos carcelarios es indispensable que el INPEC suscriba convenios
de cooperación, donde se establezcan los compromisos específicos encaminados
a lograr los fines de la pena que ellos mismos impusieron.
Lo expuesto es
razón suficiente para determinar que está permitida la reclusión de los indígenas
condenados a penas privativas de la libertad en cárceles del sistema nacional,
siempre y cuando existan dichos convenios de cooperación, los cuales deben
suscribirse entre las autoridades del resguardo o el territorio indígena[27]
y el establecimiento penitenciario respectivo. Por lo tanto,
se ordenará al INPEC que identifique a nivel nacional a los individuos
pertenecientes a comunidades indígenas que se encuentran recluidos en las
cárceles del país cumpliendo penas impuestas por las autoridades indígenas, y
que dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la presente Sentencia, suscriba convenios
de cooperación con las autoridades de los resguardos en los cuales se
encuentran censados estos individuos.
En estos convenios deben quedar definidas las obligaciones que les
corresponden a las autoridades indígenas en relación con la resocialización
étnicamente diferenciada de dichos individuos. El INPEC debe estar
atento al cumplimiento de dichos convenios, advirtiendo a las autoridades
respectivas que el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos puede
dar lugar a la liberación del indígena recluido en sus instalaciones a órdenes
de la autoridad del resguardo o territorio, para que termine de cumplir su
condena en el respectivo resguardo o territorio.
42. Ahora bien, la resocialización
étnicamente diferenciada supone abordar el tema de las posibilidades de
redención de las penas impuestas por la jurisdicción especial indígena. En dichas comunidades, la pena también tiene una
finalidad reparadora, en la medida en que con la imposición de la misma se
busca restablecer el equilibrio y la armonía, tanto de la comunidad y de la
víctima, como del indígena sancionado. Además, el sistema sancionador de las
comunidades involucradas en el presente asunto comprende el otorgamiento de
rebajas de pena para los indígenas que son enviados a cumplir las condenas en
las cárceles del sistema ordinario.
No obstante lo anterior,
durante la inspección judicial realizada en las instalaciones del CRIC, los
Gobernadores de los resguardos indígenas le confirmaron a la Corte que en su sistema jurídico
existen condenas abiertas y cerradas.  Las
condenas abiertas son aquellas que contemplan mecanismos para su redención,
pero en las cerradas no procede ningún beneficio. Este último es el
caso del comunero Eyder Imbajoa Trochez, quien fue condenado a una pena de 60
años, la cual corresponde a la pena máxima aplicable en
Colombia[28],
sin que tal comunero tenga derecho a redimir siquiera una parte mínima de su pena, tal y como lo indicó el Gobernador del Resguardo
Munchique los Tigres al cual éste pertenece.
En este punto debe
precisarse que la redención de la pena es un elemento importante en la etapa de
ejecución de la pena privativa de la libertad en un sistema que privilegia como
fin la resocialización de los internos. Mediante ese instrumento, los reclusos
se ven motivados a tener un buen comportamiento durante su reclusión y a realizar
jornadas de trabajo y estudio, para recibir en contraprestación un abono de
pena adicional, con el que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de la
libertad. Además, la importancia de la redención de la pena no apunta únicamente
a brindar la esperanza del interno de reducir el tiempo de su reclusión, sino también
a la posibilidad de garantizarle que el cumplimiento de la condena se realizará dentro de los límites de la dignidad humana.
Para la Corte la imposición de la pena no supone reparo alguno, y
las autoridades del resguardo tienen amplia autonomía para determinar el quantum
de la pena de acuerdo con los criterios que ellos mismos determinen. Por otra
parte, tampoco tiene la Corte ningún reparo en relación con la imposición de
penas cerradas que no contemplen la posibilidad de redención, siempre y cuando
la sanción sea razonable y proporcionada. La imposición de una pena que no esté sujeta a redención por parte
de las autoridades que ejercen la jurisdicción especial indígena es
perfectamente posible dentro de nuestro sistema constitucional. Sin embargo, en
la práctica, la imposición de una pena de sesenta años a una persona de 37 años
de edad, excluyendo de entrada la posibilidad de redimir una parte de la pena, atenta
de manera grave contra la dignidad de la persona humana.
Una condena de 60 años impuesta por la jurisdicción especial
indígena que no contemple un proceso de resocialización atenta contra el
artículo 34 de la Constitución Política[29],
que prohíbe la pena de prisión perpetua, y elude la obligación de “adoptar
los mecanismos que permitan su redención, de manera que el alejamiento cumpla
la función de reconciliar al infractor consigo mismo y con la comunidad a la
que defraudó, y no se presente como una simple y odiosa retaliación”[30].
Lo expuesto es
razón suficiente para concluir que constitucionalmente está permitido que la
jurisdicción especial indígena imponga a sus miembros condenas penales
cerradas. No obstante, las citadas particularidades del caso del señor Imbajoa
Trochez, relacionadas con la (i) privación de la libertad en un establecimiento
penitenciario ordinario, (ii) sus 37 años edad, y (iii) la aplicación de la
pena máxima del ordenamiento jurídico colombiano, conducen a regular su imposición
para el caso concreto, y así garantizar sus derechos la dignidad humana y a la
integridad étnica y cultural.
De otra parte,
el demandante Eyder Imbajoa Trochez indica que, está pagando “tres veces por
el mismo hecho”, ya que por el delito cometido fue castigado con el fuete,
el cepo y la privación de su libertad. Según el demandante el
haber sometido a todos estos castigos constituye una vulneración del principio
de non bis in idem, puesto que el castigo del fuete tiene una relación
de correspondencia en años de privación de la libertad, y a él le aplicaron
tanto uno como el otro. Sobre el particular es necesario señalar en primera medida, que no corresponde a los jueces ordinarios, y en
particular a los jueces de tutela evaluar si la pena fue impuesta de acuerdo
con las normas del derecho propio de la comunidad. La evaluación de la
imposición de una pena a la luz del derecho propio corresponde realizarla única
y exclusivamente a las autoridades de la jurisdicción especial indígena. Además,
la Corte ya ha dicho que imposición de
sanciones como el fuete a la par con otras
sanciones constituye una facultad constitucionalmente
protegida que ejercen las autoridades de la jurisdicción especial indígena.[31]
Por lo tanto, no es válido
afirmar que desde el punto de vista jurídico está siendo castigado tres veces por una misma conducta delictiva.
Expuestas las
anteriores consideraciones, la Sala considera que para obtener el
restablecimiento de los derechos del accionado, se ordenará al Gobernador del Cabildo
Munchique los Tigres, defina fechas específicas para llevar
el caso de una posible redención
de la pena impuesta al comunero Eyder Imabjoa ante la asamblea o la autoridad indígena
competente, para que revise la condena que le fue impuesta.
Ello no significa que el Gobernador este obligado a proponer una redención de la pena al comunero Imbajoa, ni mucho
menos que la autoridad indígena deba redimir la pena impuesta. Sin embargo, sí
debe presentar el caso aduciendo las razones por las cuales considera que la
autoridad competente debe, o por el contrario, por qué no debe redimir la pena
impuesta.
43. Ahora
bien, en el caso de Valerio Poscue Osnas, durante la inspección judicial
realizada por la Sala en las instalaciones del EPAMSCASPY surgieron dudas
relacionadas con su capacidad cognitiva. Por esta razón fue
necesario ordenar que el Instituto de Medicina Legal lo valorara. Al realizar tal valoración el Instituto concluyó que el comunero cuenta
con un funcionamiento psicológico y un perfil neurocognitivo normal, adecuado a
su edad y procedencia sociocultural.
En dicho informe también se indicó que el
señor Poscue Osnas registra tristeza ocasional relacionada con la condición de
privado de la libertad. Con respecto a su personalidad se observó que
“es humilde, tranquilo, respetuoso, resuelto, educado en lo social, con
capacidad de afrontar situaciones y con mecanismos defensivos asertivos.” También
resaltó que tiene cierta restricción para la comunicación en idioma español.
La Sala debe recordar a las autoridades indígenas que al momento de
juzgar a los comuneros, deben evaluar su capacidad para entender el proceso que se le sigue ante la jurisdicción especial indígena, y
para defenderse de las acusaciones que se le hacen. Si
bien en el caso de Valerio Poscue existe un informe de Medicina Legal el cual
muestra que psicológica y neurocognitivamente se
encuentra en estado normal, atendiendo a la autonomía indígena es necesario que
la comunidad a la que pertenece lo valore y se cite nuevamente a la Asamblea para
revisar su caso y determinar el proceso de resocialización que se llevará a
cabo, tal como informó el Gobernador que se haría en la entrevista realizada
durante la inspección judicial realizada en el CRIC, cuando
dijo: “a él le correspondió una abierta,  o sea que en cualquier
momento es sujeto de revisión por las autoridades tradicionales y teniendo en
cuenta los elementos; Quichaya creo que a comienzos de año se reunió, hizo una
asamblea y concretó las posibilidades de hacer unas rebajas”. Sin embargo, la Sala pudo constatar que a pesar
de habérsele impuesto una pena abierta, susceptible de revisión, el señor
Poscué no sabía cómo ni cuándo podía solicitar la revisión de la pena que le
fue impuesta. Por lo tanto, también en este caso se les ordenará a los Gobernadores
de los resguardos de Kizgó y Quichaya que definan las fechas en que se va a
llevar el caso de Valerio Poscué ante las autoridades competentes para efectos
de decidir sobre la eventual redención de la pena que le fue impuesta. De ello
mantendrán informado oportunamente al demandante.
Lo anterior también deberá aplicarse
para el caso de Arnulfo Tumbo Quintero, quién al habérsele impuesto una pena
abierta, susceptible de revisión, tampoco tiene conocimiento respecto a cómo ni
cuándo puede solicitar la revisión de la sanción que le fue impuesta. Por lo tanto, se le ordenará al Gobernador del
Resguardo de Cohetando que defina las fechas en que se va a llevar el caso de Arnulfo Tumbo ante las autoridades competentes para efectos de decidir
sobre la eventual forma de redención de la pena que le fue impuesta. De
ello mantendrán informado oportunamente al demandante.
44. Una vez revisadas las particularidades en
los asuntos objeto de estudio, es relevante precisar que para todos los casos
en los que la jurisdicción especial indígena imponga penas privativas
de la libertad que deban
ejecutarse en cárceles del sistema ordinario, al
momento imponer dicha condena y entregarlo a las autoridades penitenciarias y
carcelarias nacionales, las autoridades deben informar al condenado, de
acuerdo con sus tradiciones y su derecho propio,
lo siguiente: 1) cada cuánto se revisará la
ejecución de la condena, y 2) en qué consiste el proceso de resocialización étnicamente diferenciado que debe surtir la persona condenada.
45. De lo anterior es necesario concluir que las
autoridades indígenas que imponen penas privativas de la libertad que deban ser
ejecutadas en cárceles ordinarias tienen una serie de deberes tendientes a
garantizar los medios necesarios para que los indígenas
condenados puedan llevar a
cabo un proceso de resocialización étnicamente diferenciada. Una vez
establecido lo anterior, finalmente pasa la Sala a considerar la
solicitud de pabellón exclusivo presentada por los demandantes.
Sobre ese asunto, el Subdirector del EPAMSCASPY informó
que los indígenas condenados por jurisdicción especial se encuentran
recluidos en el pabellón N° 1, el cual corresponde a una instalación
especial conforme a lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
Explicó que no es posible para el establecimiento penitenciario destinar un
pabellón para cada uno de los grupos vulnerables, pues no quedaría espacio para
la población carcelaria general, dada la situación de hacinamiento que
actualmente presentan las cárceles del país.
Aclaró que “nunca
ha negado a las comunidades los medios para la conservación de los usos y
costumbres, ha facilitado la integración de los reclusos con sus gobernadores,
que en momento alguno ha prohibido las manifestaciones culturales y que ha
accedido a solicitudes en tal sentido, por ejemplo el ingreso de chamanes y la
realización de rituales.”
Por su parte,
debe tenerse en cuenta que el informe de la Defensoría del Pueblo a pesar de
establecer que los centros penitenciarios y carcelarios del país no cuentan con
las características específicas indispensables para el respeto efectivo de la
integridad cultural de la población indígena, reconoció que los
establecimientos de La Dorada, Popayán y Cali sí han
destinado espacios especiales
para su reclusión. Esto fue corroborado en relación con Popayán en la inspección judicial realizada
por esta Corporación a las instalaciones del
EPAMSCASPY.
De esa manera,
los indígenas tienen derecho a ser recluidos en espacios especiales, lo cual no
quiere decir que deban ser recluidos en recintos exclusivos. Lo
importante es que se encuentren ubicados en un pabellón donde se garantice en la mayor medida posible la conservación de sus usos y
costumbres, y que se lleve a cabo un acompañamiento de
las autoridades tradicionales de los resguardos o territorios
a los que pertenecen.
Además, la
Corte no puede ordenar la reclusión de los accionantes en un pabellón exclusivo,
pues: 1) de las pruebas realizadas no se establecieron elementos de juicio para
concluir que la ubicación de los demandantes en el Patio 1º
de EPAMSCASPY vulnera los derechos a la integridad física y cultural de
los accionantes, 2) la Corporación no puede desconocer que el sistema
penitenciario y carcelario colombiano se encuentra en
un estado de cosas inconstitucional desde 1998[32],
y que nuevamente la Corte ha declarado el estado de cosas
inconstitucional en esta materia[33],
por lo que mal haría esta Sala al proferir
órdenes estructurales que propicien el hacinamiento de la población carcelaria
en general, y 3) los peticionarios sí se encuentran recluidos en un pabellón
especial con otros sujetos de protección especial como lo son
la comuniad LGBTI y las personas de la tercera edad.
Entonces, la
reclusión especial de los indígenas no implica que deban ser ubicados en
recintos exclusivos, sino que los establecimientos penitenciarios, con la permanente colaboración de las autoridades
tradicionales, deben hacer efectivo el principio
superior de respeto por la diversidad étnica y cultural consagrado en la
Constitución.
46.
Finalmente, en relación con el suministro de elementos de aseo y de vestido
para los demandantes, que en principio corresponde proporcionar a las
autoridades indígenas, teniendo en cuenta los compromisos suscritos en las
actas de recibimiento, debe ordenarse al Director del EPAMSCASPY que mientras
las autoridades tradicionales entregan dichos implementos, debe de manera
supletiva proveerlos, ya que en relación con la dotación que se les proporciona a los detenidos, en el
sentido que permita unas condiciones mínimas de existencia, la Corte ha
explicado que se debe “disponer de elementos
para dormir, tener un vestido en buen estado, contar con calzado en buen estado
y disponer de ciertos implementos de aseo que garanticen una buena presentación
personal y condiciones mínimas de salud y de salubridad”[34],
donde el incumplimiento por
parte de los centros de reclusión en relación con el deber de facilitar dichos
insumos, podría generar además de una violación del derecho al mínimo vital y
el desconocimiento de la dignidad humana.
47. Como consecuencia de lo
anterior, la Corte procederá a revocar la
sentencia proferida el 23 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la dictada el
9 de agosto de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca, que negó el amparo y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales
de petición y a la integridad étnica y
cultural de los accionantes, por las razones expuestas en esta
decisión.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. LEVANTAR la suspensión de términos previamente dispuesta en la presente
acción de tutela.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida
el 23 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la dictada el 9 de agosto de
2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca, que negó el amparo. En su lugar,
TUTELAR los derechos fundamentales de petición y a la integridad étnica y cultural de los
accionantes, por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero. En
consecuencia, ORDENAR al Director
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
San Isidro, Popayán, (EPAMSCASPY), o quien haga sus veces, que en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, tramite -si aún no lo ha hecho- las peticiones presentadas por los
accionantes. Las peticiones deberán ser respondidas en las condiciones y dentro
del término señalado en la ley para el efecto.
Cuarto. ORDENAR al Gobernador del Cabildo
Munchique los Tigres al cual pertenece el comunero Eyder Imbajoa Trochez, que defina fechas específicas para llevar el caso de la redención de la
pena impuesta al comunero Eyder Imbajoa ante la asamblea o la autoridad indígena
competente, para que revise la condena que le fue impuesta.
Ello no significa que el gobernador deba proponer una redención de la pena al
comunero Imbajoa, ni mucho menos que la autoridad indígena deba redimir la pena
impuesta. Sin embargo, sí debe presentar el caso aduciendo las razones por las
cuales considera que la autoridad competente debe, o por el contrario, por qué
no debe redimir la pena impuesta.
Quinto.
ORDENAR a los Gobernadores de los Cabildos de Quichaya y Kizgó que definan las fechas en que se va a llevar el caso de
Valerio Poscué ante las autoridades competentes para efectos de decidir sobre
la eventual redención de la pena que le fue impuesta. De ello mantendrán
informado oportunamente al demandante.
Sexto. ORDENAR al Gobernador del Cabildo de Cohetando que defina las fechas en que se va a llevar el caso de Arnulfo Tumbo ante las autoridades competentes para efectos de decidir
sobre la eventual forma de redención de la pena que le fue impuesta. De
ello mantendrán informado oportunamente al demandante.
Séptimo. ORDENAR
al INPEC que identifique a nivel nacional a los
individuos pertenecientes a comunidades indígenas que se encuentran recluidos
en las cárceles del país cumpliendo penas impuestas por las autoridades
indígenas, y que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente Sentencia,
suscriba convenios de cooperación con las autoridades de los resguardos en los
cuales se encuentran censados estos individuos.
En estos convenios deben quedar definidas las obligaciones que les
corresponden a las autoridades indígenas en relación con la resocialización
étnicamente diferenciada de dichos individuos. Entre tales obligaciones están:
a)
las relativas a la manutención y visitas,
b)
la de informar al INPEC y al condenado acerca de los
objetivos y condiciones de su proceso de resocialización étnicamente
diferenciado,
c)
la manera como va a ser evaluado el proceso de
resocialización, incluyendo las fechas en que las autoridades deben adoptar
decisiones en relación con la redención de las penas privativas de la libertad.
El INPEC debe
estar atento al cumplimiento de dichos convenios, advirtiendo a las autoridades
respectivas que el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos podrá
dar lugar a la liberación del indígena recluido en sus instalaciones a órdenes
de la autoridad del resguardo o territorio, para que termine de cumplir su
condena en el respectivo resguardo o territorio.
Octavo. ORDENAR
a los Gobernadores de los Resguardos Indígenas de Munchique los Tigres de
Santander de Quilichao, de Cohetando Páez, de Kizgó de Silvia y de Quichaya,
que adopten y pongan en marcha un plan que garantice que la ejecución de la
pena impuesta a los comuneros demandantes pueda cumplir con la función
resocializadora étnicamente diferenciada, el cual deberán presentar a la Corte
Constitucional dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de la presente
providencia.
Noveno. ORDENAR al
Director al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, Popayán,
(EPAMSCASPY), o quien haga sus veces, que en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,
suministre los elementos para dormir, de aseo y de vestido que requieran los
demandantes.
Décimo.
EXHORTAR al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del
Derecho, y al presidente del Congreso de la República
para que regulen lo relativo a la privación de la
libertad de personas pertenecientes a comunidades indígenas.
Lo anterior, en tanto ya expiró el término de seis (6) meses otorgado por el
artículo 96 de la Ley 1709 del 2014, concedido para que el Presidente dictara
un decreto con fuerza de ley para tal fin.
Décimo
Primero. EXHORTAR al Gobierno Nacional para que, en virtud de los artículos 97 y 98 del Decreto 1953 de 2014,
contribuya al proceso de fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena,
y diseñe los mecanismos de apoyo necesarios para que la ejecución de penas
privativas de la libertad corresponda a la resocialización étnicamente
diferenciada en los términos de la presente Sentencia.
Décimo Segundo. SOLICITAR al Defensor del Pueblo que dentro del
ámbito de sus competencias, apoye, acompañe y vigile el pleno cumplimiento del presente fallo,
con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y
órdenes adoptadas.
Décimo Tercero. ORDENAR al Director del INPEC que remita copia de la presente sentencia a
todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios que actualmente estén
recibiendo comuneros condenados por la jurisdicción especial indígena a penas
privativas de la libertad.
Décimo Cuarto. LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Derechos de petición
dirigidos al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Director General del
INPEC el 24 de junio de 2013 y al Director del EPAMSCASPY el 27 de junio siguiente, todos con sello de “RECIBIDO”
(fs. 6 y 7 cd.inicial).
[2]
Cfr., informe de la Secretaría General de la Corte
Constitucional del 9 de julio de 2014.
[3]
Cfr., T- 213 de 2011 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-175 de 2012 (M.
P. María Victoria Calle Correa) y T-266 de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio), entre otras.
[4]
Cfr., T- 163 de 2012 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-439 de 2013 (M.
P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-002 de 2014 (M. P. Mauricio González
Cuervo), entre otras.
[5]
Cfr., T-048 de 2007 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[6]
Al respecto ver Sentencias C-139 de 1996 (M.P Carlos Gaviria Díaz), T-030 de
2000 (M.P. Fabio Morón Díaz, T-811 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre
otras.
[7]
Sobre este punto ver Sentencia T-009 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[8]
Sentencia T-728 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9]
Sobre el elemento institucional, en Sentencia C-463 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa), esta Corporación señaló: “Esa institucionalidad es
un presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso, límite
infranqueable para la autonomía de los pueblos originarios- y para la eficacia
de los derechos de las víctimas. Este elemento permite también conservar la
armonía dentro de la comunidad, pues de la aceptación social y efectiva
aplicación de las sanciones internas, y de la idoneidad de las medidas de
protección y reparación de las víctimas depende que se restaure el equilibrio
interno de la comunidad y que no se produzcan venganzas internas entre sus
miembros o familias.”
[10]
Al respecto, la Sentencia T-617 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: “Una variante importante del último supuesto es aquella en que el
caso reviste especial gravedad para el derecho mayoritario, posibilidad que ha
llevado al Consejo Superior de la Judicatura a excluir, de plano, la
procedencia de la jurisdicción especial indígena. Para la Sala, ese tipo de
decisión no puede establecerse como regla definitiva de competencia, pues
acarrea la imposición de los valores de la cultura mayoritaria, dejando de lado
la protección a la diversidad étnica. Lo verdaderamente relevante, en casos
como los mencionados, es que la aplicación del fuero no derive en impunidad, de
manera que el examen del juez debe dirigirse a evaluar con mayor intensidad la
vigencia del elemento institucional, pues de este depende, según se ha
expuesto, la efectividad de  los derechos de la víctima”.
[11]
Esas reglas mínimas también se encuentran compendiadas en la Sentencia T-523 de
2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[12]
Sentencia T-048 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[13] Sentencias T-349 de 1996 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz), T-523 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-903 de 2009 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva). En la Sentencia T-903 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) la Corte invalidó la decisión de las autoridades del pueblo
Kankuamo de retirar a la peticionaria del Grupo de Mujeres del pueblo, por no
haberse permitido su participación ni su defensa en el proceso que llevó a la imposición
de esta sanción, como tampoco la participación del grupo de mujeres, que podía
verse afectado. En palabras de la Corte, “al adoptar esa determinación no se
permitió la participación de la afectada, ni el ejercicio del derecho a la
defensa, en el marco de los procedimientos internos. Además de ello, no se
permitió la participación del grupo de mujeres para la adopción de la
determinación referida, pese a que la decisión puede afectar directamente su
funcionamiento. (…) Siguiendo la orientación de permitir una decisión interna
del Resguardo indígena en asuntos que afectan únicamente a miembros de la
comunidad; y fiel a la convicción de que la interferencia externa puede
agudizar las facciones de una comunidad indígena; pero consciente, a la vez, de
la necesidad de proteger el derecho fundamental de la peticionaria al debido
proceso afectado en la decisión de separarla del papel de coordinadora del
grupo de mujeres, la Sala ordenará que, en la próxima reunión de las
autoridades competentes (Consejo de Mayores o Cabildo Mayor, de conformidad con
lo que disponga la normatividad interna), se someta a un estudio interno de la
comunidad la permanencia de la señora Indira Mendiola Montero como coordinadora
del grupo de mujeres, garantizando que la peticionaria sea oída por las
autoridades indígenas, y que se tome en cuenta la posición del grupo de
mujeres, o de artesanas.”
[14] Sobre este punto la Corte Constitucional en la
Sentencia T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) explicó: “Otro tanto puede decirse del derecho
de defensa, que no existe para ellos tal como nosotros lo entendemos, pues no
son valores individuales los que dentro de su cosmovisión se protegen
prioritariamente. En cambio, es esencial para ellos el mantenimiento de la paz,
bien que se quebranta con un hecho como el homicidio, que puede implicar un
conflicto entre familias, el cual sólo puede prevenirse mediante un acuerdo
entre los patrilinajes acerca de la intensidad y duración de la pena, condición
que se presenta como necesaria para la legitimidad de la misma. Fue la
necesidad de ese acuerdo, justamente, la que determinó que se realizara el
segundo juzgamiento por parte de toda la comunidad, pues en el juicio realizado
en el Cabildo se había omitido ese requisito esencial. Hay que asumir, entonces,
que los intereses del sindicado están representados por sus parientes y, de ese
modo, su intervención constituye un sucedáneo del derecho de defensa, que en la
filosofía política liberal (que informa nuestra Carta) se endereza a la
promoción de valores estrictamente individuales”.
[15] Al respecto ver Sentencias T-523 de 1997 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz) y T- 549 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería). En la última
providencia la Corte anotó: “cuando la conducta delictiva cumple con los
parámetros territorial y personal que permiten que la comunidad indígena tenga
la competencia para investigar y sancionar a uno de sus comuneros, la defensa
del investigado se plantea de numerosas formas, entre las cuales no se aprecia
aquella referente a que el acusado sea asesorado o asistido por un abogado,
como lo solicitó el señor Leonidas Acalo Campo en la primera Asamblea. (…)De
esta manera, es claro que la intervención de un abogado en el caso que se
revisa, tendría justificación en el evento en que los Cabildos de Caldono y
Pioyá no tuvieren la jurisdicción para juzgar al señor Acalo Campo, caso en el
cual la asistencia de un abogado conocedor de la lengua del acusado, resultaría
necesaria, pues de esta manera se garantizaría el debido proceso y el efectivo
derecho de defensa técnica. No obstante, en el presente caso, tanto el señor
Acalo Campo, como las víctimas de sus actos sexuales, son miembros de la
comunidad indígena y los hechos tuvieron ocurrencia en el entorno de ésta.”
[16] En la Sentencia T-811 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) se estableció la condición de cumplir con el principio basilar de
culpabilidad individual, en tanto mandato constitucional obligatorio para las
autoridades indígenas. En ese caso la Corte sostuvo: “es evidente que las
autoridades indígenas de Quizgó violaron el derecho fundamental al debido
proceso y el principio constitucional de culpabilidad que asiste al
peticionario, tal como lo consagra el artículo 29 Superior. De la información
que obra en el expediente es indudable que a Ramón Libardo Pillimué se le
impuso una pena por un acto que no cometió. Si bien él, junto con Ramón
Villano, alteraron el orden público el día de los hechos, no por ello puede
estimársele responsable de la muerte de Gilberto Pechene y ser sancionado por
dicho evento.  (…) En este asunto en particular, resulta pertinente señalar
que, como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana, la
Constitución Política proscribe la responsabilidad penal objetiva y prevé un
derecho penal de acto y no de autor. (…) En el presente caso, no fue el
accionante el causante de la muerte que se le imputa; dicho resultado no hizo
parte de la exteriorización de su conducta, de lo efectivamente realizado por él.
Por lo tanto, la pena impuesta por la Asamblea General y la Comisión de
Exgobernadores de Quizgó resulta a todas luces violatoria del derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual rige para
todo tipo de actuaciones judiciales, incluidas las que adelanten las
autoridades de los pueblos indígenas en ejercicio de la jurisdicción especial
que les reconoce la Carta Política.”
[17]  En la providencia T-549 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), se encontró que no se había
lesionado este parámetro,  debido a que se habían impuesto sanciones con
distintas finalidades bajo el ordenamiento ancestral: “Finalmente, indica el
señor Acalo Campo, que está siendo castigado doblemente por una misma conducta,
por cuanto señaló que había sido castigado con fuete. Sobre el particular, se
advierte que el fuete corresponde más a una sanción de orden moral, que busca
‘purificar al individuo’ y que pretende además ‘devolver la armonía’ a la
comunidad, apreciación que fue hecha por esta Corte en sentencia T-523 de 1997,
en la cual se considera que la imposición del fuete junto con otra sanción de
mayor entidad son aceptables dentro de la justicia indígena. Lo mismo sucede en
el presente caso, en el cual las sanciones impuestas al señor Leonidas Acalo
Campo por la comisión del delito de Acceso Carnal Violento tienen finalidades
diferentes, por lo que no es válido afirmar que desde el punto de vista
jurídico está siendo doblemente castigado por una misma conducta delictiva.”
[18]
En la sentencia T-903 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte
explicó sobre este parámetro: “el principio de segunda instancia no es
absoluto. De hecho, en casos enmarcados en el ejercicio de la Jurisdicción
Especial Indígena, es frecuente que no se prevea la segunda instancia, lo que
para la Corte no obedece a un desconocimiento del debido proceso, sino que se
debe al alcance dado al proceso judicial dentro de las comunidades, frecuentemente
asociado al restablecimiento del equilibrio entre la población indígena, y a la
usual reunión de las funciones políticas, jurídicas y religiosas de la
comunidad en determinados órganos, que hacen incontrovertibles sus decisiones
dentro del marco cultural de la comunidad.”
[19]
Al respecto ver Sentencia T-048 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[20]
En igual sentido ver Sentencia T-1026 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[21]
Sobre linchamientos en comunidades indígenas ver: Angelina
Snodgrass Godoy. 2006. Popular Injustice, Violence, Community and Law in
Latin America, Stanford University Press.
[22]
Posición reiterada en la Sentencia T-866 de 2013 (M.P. Alberto
Rojas Ríos).
[23]
En ese asunto la Corte analizó si se vulneraba el debido proceso de un
integrante de la comunidad Emberá – Chamí, al ser juzgado por la jurisdicción
ordinaria y al no haberse tenido en cuenta su condición de indígena en la
determinación de las condiciones de su privación de la libertad, y que la propia
comunidad indígena a la que pertenecía se oponía a su reclusión en un
establecimiento ordinario.
[24]
Publicado el 7 de abril del 2014 en: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/?ls-art0=20
[25]
En la Sentencia T-921 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretel Chaljub) se expresó,
además: “la pena tiene una función de resocialización, es decir,
reintegración de la persona que ha cometido un delito a su entorno, por lo cual
en aquellos casos en los cuales se aplique la jurisdicción ordinaria, la pena
en relación con los indígenas debe darles la posibilidad de reintegrarse en su
comunidad y no a que desemboquen de manera abrupta en la cultura mayoritaria.”
[26]
En la Sentencia C-463 de 2014 (M.P. María Victoria Calle
Correa) se expresó que “la expedición de esa ley ha resultado
particularmente difícil, y ello obedece en buena medida al concepto mismo de
pluralismo jurídico y diversidad cultural. En Colombia las comunidades
indígenas tienen formas muy distintas de concebir el derecho, y su contacto con
el derecho no indígena es más o menos amplio, así como las influencias que los
órdenes jurídicos proyectan entre sí. Una ley de coordinación supone un acuerdo
sobre cómo decidir las controversias acerca de si se presentan o no los
elementos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena; y
esos mecanismos deben ser apropiados para todas las comunidades, y aceptables
desde su forma de ver el derecho.”
[27]
De acuerdo al artículo 9 del Decreto 1953 de 2013 referido, los
territorios y resguardos indígenas cuentan con capacidad jurídica para el
desempeño de funciones públicas, por lo que deben ser considerados como entidades
estatales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y
dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal.
[28] Inciso 2º del
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 890
de 2004, según el cual “en  ningún caso, en los eventos de concurso,
la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.”
[29] Artículo 34. “Se prohiben las penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará
extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento
ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral
social.”
[30]
Cfr. T-048 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[31]
Al respecto ver Sentencias T-523 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz) y T-549 de 2007 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[32]
Recuérdese que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) declaró de manera general  que la
situación de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios
del país configura un estado de cosas inconstitucional, que conlleva a
la vulneración masiva de derechos fundamentales de los reclusos. Por su parte,
mediante Auto 041 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) esta Corporación
denegó la solicitud de abrir un incidente de desacato con ocasión de las
órdenes impartidas en la referida T-153 de 1998, pero ordenó dar traslado de
esa solicitud al Presidente de la República, al Procurador General de la
Nación, al Defensor del Pueblo, a la Contralora General de la República, al
Ministro del Interior y de Justicia y al Director General del INPEC, para que
adoptaran las medidas correspondientes, de acuerdo con sus competencias
constitucionales y legales, como la construcción de más y mejores centros
carcelarios o la adopción de políticas diversas.
[33]
Ver Sentencia T-388 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[34]
Ver Sentencia T-266 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).