C-224-16
Sentencia C-224/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA FRENTE A LA
ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO ANUAL-Vulnera el
principio de laicidad y el deber de neutralidad religiosa
La Corte concluye que la autorización para destinar
recursos públicos con miras al estímulo de un rito religioso –en concreto las
procesiones católicas de Semana Santa en el municipio de Pamplona- vulnera los
artículos 1º y 19 de la Constitución en lo concerniente a la laicidad del
Estado y el deber de neutralidad religiosa. En consecuencia, declarará
inexequible el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013.
PRINCIPIO DE SEPARACION ENTRE
LAS IGLESIAS Y EL ESTADO QUE EXIGE NEUTRALIDAD ANTE LAS DIFERENTES
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS-No autoriza a destinar recursos públicos para el
fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo como
patrimonio cultural material e inmaterial de las procesiones de la semana santa
de Pamplona, Norte de Santander
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Asignación de
partidas presupuestales del presupuesto anual
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Reconocimiento y protección constitucional
CULTURA-Definición
CONSTITUCION POLITICA-Fines
esenciales del Estado/ESTADO-Protección de la cultura
CULTURA-Instrumentos
internacionales de derechos humanos
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Protección constitucional/ESTADO-Obligación de asegurar la
conservación y recuperación de los bienes que conforman el patrimonio cultural
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Protección del Estado
PATRIMONIO CULTURAL-Protección
en el plano internacional
BIENES CULTURALES-Definición
en el ámbito internacional
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Definición/PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Compatibilidad con los instrumentos internacionales de
derechos humanos
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Manifestaciones
PROTECCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL-Suscripción e incorporación de acuerdos internacionales
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Sistema general de protección y salvaguarda
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Integración
BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACION Y BIENES DE INTERES CULTURAL-Distinción
CULTURA Y PROTECCION DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Reivindicación del reconocimiento/CULTURA
Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Amplia potestad del
Legislador para su protección y salvaguarda
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Manifestaciones religiosas
PROTECCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL-Regulación normativa
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION-Integrantes/PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION-Manifestaciones
religiosas
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Régimen de protección y salvaguarda de las manifestaciones
culturales
REGIMEN DE PROTECCION Y
SALVAGUARDA DE MANIFESTACIONES CULTURALES-Comprende bienes de interés
cultural BIC y manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI
PROTECCION DE BIENES DE INTERES
CULTURAL BIC-Régimen especial
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Régimen de
salvaguarda de las manifestaciones culturales
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION-Constitución
MANIFESTACIONES INCLUIDAS EN
LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LRPCI-Salvaguarda
por el Estado
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Protección real y efectiva/PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Categorías
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia
para señalar las actividades culturales que merecen protección del Estado
LISTA REPRESENTATIVA DE
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Consecuencias jurídicas diferentes
dependiendo de si la manifestación cultural está o no incluida
MANIFESTACION O ACTIVIDAD
CULTURAL INCLUIDA EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Sujeta
a medidas de impulso con apoyo financiero y/o de incentivos a la inversión
privada
MANIFESTACIONES CULTURALES
INMATERIALES-Protección del Estado/MANIFESTACIONES CULTURALES
INMATERIALES-Destinación de aportes y recursos
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Alcance
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia
para autorizar gasto público/COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA
AUTORIZAR GASTO PUBLICO Y LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Jurisprudencia
constitucional
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que (i) cuando una ley le otorga la facultad al Gobierno o lo
autoriza para hacer las apropiaciones en su presupuesto con un objetivo específico,
se debe entender que el Congreso no le está dando una orden, y por lo tanto no
vulnera la regla constitucional de iniciativa gubernamental en materia de gasto
público. Ahora bien, (ii) teniendo en cuenta que la ley que autoriza el gasto
se constituye en título presupuestal para la eventual inclusión de las
respectivas partidas en el presupuesto del ente territorial al cual esté
dirigido la orden, es lógico pensar que dicho título debe responder a un fin
constitucional. En este sentido, el Congreso de la República, en uso de sus
facultades constitucionales, tiene la competencia de autorizar, mas no de
obligar al Gobierno Nacional o sus entidades territoriales para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual para el cumplimiento
de lo dispuesto en una ley que declara una manifestación cultural como de
patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Sin embargo, cuando la asignación
de partidas presupuestales va dirigida a salvaguardar una manifestación
cultural con contenido religioso, es relevante analizar dicha competencia bajo
la óptica del principio de Estado laico y del pluralismo religioso en la
Constitución colombiana, con el objetivo de determinar si dicho título
presupuestal tiene un fin constitucional admisible.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Principios de laicidad y neutralidad del Estado en materia religiosa
ESTADO LAICO-Deber de
neutralidad en materia religiosa
PRINCIPIO DE LAICIDAD ESTATAL-Jurisprudencia
constitucional
ESTADO-Relación con
confesiones religiosas y sus instituciones para definir los regímenes jurídicos
aplicables/ESTADO-Tolerancia con la diversidad religiosa
PAPEL DEL ESTADO EN LA
RELIGION-Distinción entre tipos de sociedades democráticas
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Carácter
pluralista
DEBER DE NEUTRALIDAD EN MATERIA
RELIGIOSA-Se deriva del principio democrático pluralista, del derecho a la
igualdad y libertad religiosa
LIBERTAD DE CULTOS-Separación
entre el Estado y la religión en atención al carácter pluralista/RELACION
ESTADO RELIGION-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE PLURALISMO
RELIGIOSO-Diferentes creencias tienen idéntico reconocimiento y protección
del Estado
RELACIONES ESTADO IGLESIAS-Deber
de igualdad
ESTADO-Relaciones de
cooperación con diversas confesiones religiosas en condiciones de igualdad
PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL
ESTADO-Jurisprudencia constitucional sobre el principio de separación entre
las iglesias y el estado
IMPACTO PRIMORDIAL DE LA
LEGISLACION DE CONTENIDO RELIGIOSO-Jurisprudencia constitucional
LEGISLADOR-Límites a la
intervención en materia religiosa
En consideración a los precedentes de la Corte
Constitucional, se reitera que al ser Colombia un Estado laico, se impide
imponer medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que
prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular,
basadas en el hecho determinante de la práctica o rechazo a ese culto
religioso. Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas que
involucre un trato específico para una institución religiosa, dependerá de que
en ella se pueda identificar un criterio predominantemente secular, que la
sustente o justifique.
DEBER DE NEUTRALIDAD EN MATERIA
RELIGIOSA-Condiciones particulares para que no se desconozca por medida
adoptada por el Estado
Se puede concluir que para que una medida adoptada por el
Estado involucre el ámbito religioso y con ello no se desconozca el deber de
neutralidad del Estado deben cumplirse dos condiciones particulares: a) La
medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones. (b) En segundo término, el aparato estatal no debe incurrir en
alguna de las prohibiciones siguientes, identificadas en la sentencia C-152 de
2003. Existe así una clara separación entre el Estado y las iglesias o
confesiones clericales, lo que se traduce en el respeto de todas ellas en
condiciones de igualdad y un deber de neutralidad en materia religiosa. En
consecuencia, las autoridades públicas no pueden: (i) establecer una religión o
iglesia como oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una
iglesia o religión; (iii) realizar actos de adhesión, así sean simbólicos, con
una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones que tengan una
finalidad religiosa; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto
primordial sea promover, beneficiar o afectar a una religión en particular;
(iv) aprobar medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias,
es decir, que se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o
iglesia.
DEBER DE NEUTRALIDAD EN MATERIA
RELIGIOSA-Impide medidas legislativas que prevean tratamientos favorables o
perjudiciales a un credo particular
En consideración a los precedentes de la Corte
Constitucional, se reitera que al ser Colombia un Estado laico, se impide
imponer medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que
prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular,
basadas en el hecho determinante de la práctica o rechazo a ese culto
religioso. Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas que
involucre un trato específico para una institución religiosa, dependerá de que
en ella se pueda identificar un criterio predominantemente secular, que la
sustente o justifique.
LAICIDAD-Principio
republicano y democrático/LAICIDAD-Alcance
DEBER DE NEUTRALIDAD EN MATERIA
RELIGIOSA-Reconocimiento de la libertad religiosa, libertad de cultos y
libertad de conciencia
ASIGNACION DE RECURSOS DEL
PRESUPUESTO PARA PROMOVER MANIFESTACIONES CULTURALES RELIGIOSAS-Aplicación
del deber de neutralidad
PRINCIPIO DE LAICIDAD-Garantiza
la independencia mutua entre las iglesias y el Estado
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DE LA
LEY FRENTE A LAS RELIGIONES-Consecuencias
PRINCIPIO DE LAICIDAD Y
NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Protección del Estado al patrimonio cultural
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA FRENTE A LA
ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO ANUAL-Salvaguarda y/o
protección de las procesiones e imágenes
NORMATIVIDAD PARA EXALTAR
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS-Debe tener un fin secular
ASIGNACION DE RECURSOS DEL
PRESUPUESTO PARA PROMOVER MANIFESTACIONES CULTURALES RELIGIOSAS DE LA
SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Norma establece una forma de relación
inconstitucional Estado Iglesia Católica
TERMINO PROCESION RELIGIOSA-Significado
según la Real Academia de la Lengua Española/TERMINO PROCESION RELIGIOSA EN
SEMANA SANTA-Relación directa con acto solemne importante para la iglesia
católica/ACTO RELIGIOSO Y EXPOSICION DE IMAGENES EN SEMANA SANTA-Relación
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Relación
inconstitucional Estado Iglesia/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA FRENTE A LA
ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO ANUAL-Incompatibilidad
con los principios de laicidad del Estado y neutralidad religiosa
Para la Sala es evidente que con el artículo demandado se
establece una forma de relación inconstitucional Estado-Iglesia Católica, en
una faceta de inversión de recursos del ente municipal de Pamplona, por dos
razones principales. En primer lugar, el significado mismo del término
procesión sugiere una idea religiosa. Tan es así que la Real Academia de la
Lengua Española le otorga el siguiente significado: “acto de ir ordenadamente de
un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente
religioso”; agregándole al término su condición de Semana Santa, no cabe duda
de su relación directa con el acto solemne importante para la iglesia católica.
En cuanto a las imágenes que en ella se exponen, cobra mucha más vigencia su
relación con el acto religioso, pues en ellas se representa el Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, la relación
Estado-Iglesia se expone con más fuerza, cuando el legislador decide involucrar
a la Arquidiócesis de Pamplona, entendida como “una jurisdicción eclesiástica
de la Iglesia Católica en Colombia”, otorgándole los calificativos de creadora,
gestora y promotora de dichas procesiones. En este orden de ideas la Corte
advierte que, al menos en los términos en los cuales se encuentra redactada,
aun cuando la ley 1645 de 2013 tiene una dimensión cultural, en este caso el
elemento relevante y protagónico en ella es la exaltación de los ritos o
ceremonias de una confesión en particular –en concreto la religión católica-,
de manera que el aval del Congreso para que el municipio asigne recursos
públicos con miras a su promoción o exaltación se convierte en incompatible con
los principios de laicidad del Estado y neutralidad religiosa.
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Contenido/NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE
PAMPLONA-Objetivo/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-No es posible establecer una finalidad
secular en el financiamiento de la semana santa
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Pretende la
exaltación de ritualidades, íconos y actos ceremoniosos exclusivos de la
religión católica romana
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Exposición
de motivos del proyecto de ley
MANIFESTACION CULTURAL-Procedimiento
para determinar cuáles bienes culturales deben ser declarados como Bienes de
Interés Cultural BIC/MANIFESTACIONES CULTURALES-Procedimiento para
determinar cuáles deben ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial LRPCI
BIENES DE INTERES CULTURAL BIC-Regulación
MANIFESTACIONES INCLUIDAS EN LA
LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Regulación
Referencia: expediente D-11015
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 8º de la ley 1645 de 2013, “por la cual se declara
patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona,
departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”.
Accionante: Lizeth Susana Valencia
González.
Magistrados Ponentes:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., cuatro  (4) de mayo de dos
mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de
sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en
el decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad la
ciudadana Lizeth Susana Valencia González demanda el artículo 8º de la ley 1645
de 2013, “por la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación
la Semana Santa de Pamplona, Departamento Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”, por considerar vulnerados los artículos 1º, 2º y 19 de la
Carta Política.
El Magistrado Jorge Iván Palacio admitió la demanda mediante
auto del 1º de octubre de 2015, dispuso su fijación en lista y simultáneamente
corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso de la República, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Hacienda,
al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que
intervinieran impugnando o defendiendo la norma acusada; e invitar a las
facultades de derecho de las universidades de los Andes, Externado de Colombia,
Javeriana, Libre de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Santo Tomás,
de la Sabana y Sergio Arboleda, para que emitieran su opinión sobre la presente
demanda.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución Política y en el decreto ley 2067 de 1991, procede la Corte a
resolver sobre la demanda de la referencia.
A. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la ley 1645 de 2013 de acuerdo
con su publicación en el Diario Oficial 48.849 de 12 de julio de ese año. Se
subraya el aparte acusado:
“LEY 1645 de 2013
(julio 12)
Por la cual se declara Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, Departamento
Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. La presente ley tiene como objetivo, declarar patrimonio cultural
inmaterial de la Nación a las procesiones de Semana Santa, del municipio de
Pamplona, departamento de Norte de Santander.
ARTÍCULO
2o. Facúltase al Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Cultura, para
que incluya en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
(LRPCI), del ámbito nacional, las procesiones de la Semana Santa de Pamplona.
ARTÍCULO
3o. Autorízase al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Cultura,
incluir en el banco de proyectos del Ministerio de la Cultura, las Procesiones
de la Semana Santa de Pamplona.
ARTÍCULO
4o. Autorizar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Cultura, para
que se declaren bienes de Interés Cultural de la Nación, las imágenes que se
utilizan para la celebración de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona.
ARTÍCULO
5o. Declárese a la Arquidiócesis de Pamplona y al municipio de Pamplona como
los creadores, gestores y promotores de las Procesiones de la Semana Santa de
Pamplona, departamento de Norte de Santander.
ARTÍCULO
6o. La Arquidiócesis y el municipio de Pamplona, elaborarán la postulación de
la Semana Santa a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y
el Plan Especial de Salvaguardia (PES), así como la postulación a la Lista
Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (Licbic), y el plan
especial de manejo y protección de las imágenes que se utilizan en las
procesiones de la Semana Santa de Pamplona.
ARTÍCULO
7o. La Nación a través del Ministerio de la Cultura, contribuirá al fomento,
promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural
material e inmaterial de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte
de Santander.
ARTÍCULO
8o. A partir de la vigencia de la presente ley, la administración municipal de
Pamplona estará autorizada para asignar partidas presupuestales de su
respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones
consagradas en la presente ley.
ARTÍCULO
9o. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación”.
B. LA
DEMANDA
La ciudadana sostiene que el artículo 8º de la ley 1645 de
2013 vulnera los artículos 1º, 2º y 19 de la Constitución Política por cuanto
desconoce el principio de laicidad y neutralidad del Estado en materia
religiosa.
En primer lugar, señala que se atenta contra el carácter
laico propio de un Estado Social de Derecho (artículo 1º CP), en tanto se
concede un privilegio a la comunidad religiosa católica. En su sentir, no es
legítimo que el Congreso de la Republica autorice a un municipio a incluir
dentro de su presupuesto anual partidas para financiar y hacer efectiva una ley
que envuelve de manera explícita la promoción de una religión determinada, por
cuanto el presupuesto debe estar destinado a satisfacer las necesidades de
todos sus habitantes. Afirma que destinar recursos públicos para auspiciar un
evento religioso como la Semana Santa en Pamplona va en perjuicio  de los
habitantes  no creyentes o no practicantes de la religión católica de dicha
municipalidad y afecta el interés general que envuelve la cláusula de Estado
Social de Derecho.
En concordancia con lo anterior, sostiene que se vulnera el
artículo 2º de la Constitución, según el cual las autoridades están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia. Según sus palabras,
con la expedición de la ley 1645 “el Congreso no garantizó la protección
antes mencionada, en el sentido de que es irónico proteger las creencias de
todos los habitantes del territorio nacional cuando se permite que se usen
recursos públicos que favorecerán también a todos los habitantes del territorio
nacional, y en este caso específico a los habitantes de Pamplona, para
consagrar como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación la semana santa
llevada a cabo en dicho municipio, sin que exista la garantía de que todos los
habitantes del municipio profesen el catolicismo y por lo mismo estén de
acuerdo con la asignación de recursos para tal fin, es decir, que sin
fundamento constitucional alguno el legislador ha dejado de lado las creencias
de las minorías religiosas para cobijar de manera extensa a la mayoría
católica”.
En tercer lugar, señala que se vulnera el artículo 19 de la
Carta Política, que reconoce y protege la libertad de cultos. Argumenta que
autorizar la asignación de recursos públicos para auspiciar una específica
conmemoración religiosa implica que el Estado influencie en alguna medida en
esa libertad de cultos. Además, asegura, se desconocen las prohibiciones
fijadas por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-350 de 1994 y C-152
de 2003), “puesto que con la permisión dada a Pamplona se tomó una medida
que constituye una predilección por la iglesia católica, apoyando con recursos
de carácter público las celebraciones y exaltaciones realizadas por esta
religión”, lo cual rompe el equilibrio y neutralidad que debe tener el
Estado en asuntos religiosos.
C. INTERVENCIÓN
CIUDADANA
Dentro del término fijado para tal efecto, el ciudadano Juan Pablo
Vallejo Molina, integrante del Grupo de Acciones Públicas del Departamento de
Derecho Público de la Universidad Javeriana, intervino ante la Corte para
solicitar que declare inexequible la norma acusada.
A su juicio, se vulnera el artículo 1º de la Constitución por cuanto
facultar a un municipio a disponer partidas presupuestales para favorecer a una
determinada religión atenta contra el carácter laico que se predica del Estado
colombiano.
Asevera que en virtud del  principio de laicidad del Estado las
autoridades públicas deben actuar con neutralidad, la cual se ve afectada
cuando se favorece a través del patrocinio económico algún credo religioso,
como ocurre en el caso de la norma en cuestión.
Finalmente, opina que se vulnera la libertad de cultos y la igualdad de
confesiones religiosas cuando el Estado no se limita a garantizar objetivamente
las condiciones para su adecuado ejercicio sino que toma partido por una de
ellas.
D. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, mediante concepto 10987, radicado el 25 de noviembre de
2015, solicita a la Corte declarar exequible la norma acusada.
Considera que en el presente asunto debe la Corte definir si el
artículo 8º de la ley 1645 de 2013 quebranta los principios de pluralismo,
neutralidad religiosa  y el derecho a la libertad de cultos, al autorizar  a la
administración de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su
respectivo presupuesto anual al cumplimiento de las disposiciones de esa ley,
por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona.
El jefe del Ministerio Público estima que la disposición acusada es
constitucional por cuanto el Estado colombiano tiene el deber de proteger y
promover la cultura, pudiendo para ello destinar partidas presupuestales.
Advierte que en razón  a la prohibición constitucional de efectuar
discriminaciones por motivos religiosos, lo que sí resultaría contrario a la
Carta es que el Estado dejara de cumplir su deber de proteger y promover  las
manifestaciones culturales relevantes con motivo de una distinción fundada en
una razón religiosa.
Señala que la disposición cuestionada tiene como propósito permitir que
se efectúen erogaciones presupuestales para proteger y preservar las procesiones
de la Semana Santa celebrada  en el municipio de Pamplona (Norte de Santander),
así como de las imágenes que en ella se utilizan, en atención a que
corresponden con una manifestación cultural de relevancia nacional, que
representan patrimonio inmaterial y cultural de la Nación.
El Procurador encuentra jurídicamente válido que el Estado efectúe
erogaciones económicas para proteger una manifestación cultural que alcanza el
grado de patrimonio inmaterial de la Nación, puesto que el artículo 2º de la Carta
Política señala el deber del Estado de facilitar la participación cultural de
todas las personas.
Asegura que cuando la Constitución impone al Estado el deber de
facilitar  y promover la vida cultural, sin establecer una forma precisa para
lograr la finalidad referida, está otorgando una amplia libertad de
configuración normativa para dichos efectos, amplitud en la cual permite la
erogación de recursos públicos, como lo ha avalado la jurisprudencia
constitucional (sentencia C-742 de 2006). En consecuencia, teniendo en cuenta
que el Estado ha decidido declarar la Semana Santa  de Pamplona como patrimonio
cultural inmaterial de la Nación, encuentra comprensible que de allí mismo
surjan los deberes de protección y de conservación y, como una opción legítima,
la destinación  de dineros públicos para dicho fin.
Afirma que es deber del Estado promover la cultura de todos los
ciudadanos sin efectuar exclusiones en torno a las preferencias de las
personas, motivo por el cual no puede utilizarse el fundamento religioso para
desechar  la importancia de una manifestación cultural como hecho que puede ser
protegido. Recuerda que cuando la ley estatutaria de libertad religiosa (ley
133 de 1994) desarrolla el derecho fundamental contenido en el artículo 19
superior, establece que “ninguna iglesia o confesión religión es ni será
oficial o estatal”, y, sin embargo, a reglón seguido señala que “el
Estado no es ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los
colombianos” y “el  poder público protegerá  a las personas en sus
creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitara la
participación de estas y aquellas en la consecución del bien común”.
Así las cosas, continúa, la aconfesionalidad del Estado colombiano
implica que este no adhiere a una iglesia o confesión religiosa, y por lo
mismo, no puede preferir a  ninguna ellas, pero de ello no deriva en que exista
una indiferencia o rechazo del Estado frente al fenómeno religioso o muchos
menos que tenga prohibido proteger las manifestaciones  religiosas de las
personas (sentencia C-088 de 1994), más aun cuando por su relevancia y
trascendencia cultural estas trascienden al ámbito público al punto de erigirse
como patrimonio inmaterial de la Nación.
Encuentra pertinente destacar que en la reciente sentencia C- 948 de
2014 la Corte  analizo y avaló la constitucionalidad  de la norma  que rinde
honores  a la santa madre Laura Montoya. Sostiene que, siguiendo dichas consideraciones jurisprudenciales, en el
caso en concreto resulta clara la posibilidad  de proteger la manifestación
cultural referida, ya que cumple con los requisitos allí previstos. Esto por
cuanto no se puede perder de vista que la protección patrimonial otorgada
encuentra su justificación en la condición de patrimonio cultural e inmaterial
de la Nación, cuyo fundamento es la relevancia de la manifestación popular y no
una supuesta adhesión estatal a cierta confesión.
Finalmente, advierte que sustraer
al Estado de su deber de proteger y promover el patrimonio inmaterial, cuando
la manifestación cultural tiene un contenido religioso, no solo es contrario a
los deberes señalados, sino que además implica una clara discriminación con
fundamento a un criterio sospechoso, como es la religión.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer el asunto
de la referencia, ya que se trata de una demanda interpuesta contra una ley, en
este caso la número 1645 de 2013, “por la cual se declara Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, Departamento
Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”.
B. PROBLEMA JURÍDICO Y
MÉTODO DE LA DECISIÓN
1. En el marco descrito, teniendo
en cuenta que el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial
de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y
se dictan otras disposiciones”,  autoriza a la alcaldía del
municipio de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su respectivo
presupuesto anual con miras al cumplimiento de las disposiciones consagradas en
la misma ley, debe la Corte establecer si dicha disposición desconoce: (i) el
pluralismo, el carácter laico del Estado y el deber de neutralidad en materia
religiosa, por el trato preferente -de carácter presupuestal- que se le da a la
religión católica respecto de los demás cultos -Preámbulo y artículos 1º y 19
C.P.-; y (ii) los fines esenciales del Estado, al autorizar que una partida
presupuestal del municipio esté dirigida a promover conmemoraciones religiosas
católicas, en posible detrimento de otros derechos de la colectividad -art 2.
C.P.-.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala
examinará los siguientes aspectos: (i) el patrimonio cultural de la Nación, su
reconocimiento y protección constitucional; (ii) el patrimonio cultural de la
Nación y las manifestaciones religiosas; (iii) la competencia del Congreso para
autorizar gasto público; (iv) los principios de laicidad y neutralidad del
Estado; (v) las relaciones Estado – iglesias, el deber de igualdad y el criterio
del impacto primordial de la legislación. Con esos elementos de juicio, (vi)
previas algunas conclusiones generales, la Corte (iv) analizará la
constitucionalidad de la norma acusada.
C. PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
2. La cultura, definida en términos generales como “el
conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca,
además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”[1], encuentra profundo
raigambre en el ordenamiento constitucional colombiano.
En este sentido, el artículo 2º de la Constitución Política
consagra como uno de los fines esenciales del Estado “facilitar la participación de todos en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación”;
el artículo 7º “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana”; el artículo 8º eleva a obligación del Estado y
de toda persona “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”;
el artículo 44 define la cultura como un “derecho fundamental” de los
niños; el artículo 67 dispone que el derecho a la educación busca afianzar los
valores culturales; el artículo 70 estipula que “la cultura, en sus diversas
manifestaciones, es el fundamento de la nacionalidad”; el artículo 71
señala el deber de “fomento a las ciencias y, en general, a la cultura”;
el artículo 72 reconoce que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo
la protección del Estado”; y, el artículo 95-8 señala como uno de los
deberes de la persona y el ciudadano “proteger los recursos culturales y
naturales”; entre otras disposiciones.
En concordancia con ello, diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos, algunos vinculantes en el ordenamiento
interno, reafirman el compromiso de los Estados con la cultura en sus diversas manifestaciones[2].
En estos términos, la Constitución
Política de Colombia protege el Patrimonio Cultural de la Nación, entendiendo
éste como una expresión de la identidad de un grupo social en un momento
histórico, es decir, que “constituye un signo o una expresión de cultura
humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan
en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones”[3].
Por lo tanto, el Estado tiene la obligación “de asegurar la conservación y
recuperación de los bienes que conforman dicho patrimonio cultural”[4].
3. Con este derrotero la protección al patrimonio cultural
de la Nación es consecuencia directa de la cultura, fundamento para la
construcción y consolidación de la nacionalidad colombiana. Es así como el
artículo 72 de la Constitución dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 72. El patrimonio
cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La
ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”
4. No obstante, la conceptualización acerca de qué es y qué
comprende el patrimonio cultural ha sido objeto de permanente ajuste tanto en
el plano internacional como en el orden interno, siempre con el propósito de
ampliar y fortalecer su órbita de protección.
En el ámbito internacional, por ejemplo, la Convención de protección de bienes
culturales en caso de conflicto armado, adoptada por la UNESCO en 1954, hizo
por primera vez una descripción de los bienes objeto de especial protección en el contexto del enfrentamiento armado. Dispuso cuáles
serían considerados como culturales teniendo
como base su relevancia para cada Pueblo, ya fueren muebles o inmuebles, con
independencia de su origen:
“Artículo
1. Definición de los bienes culturales. Para los fines de la presente
Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y
propietario:
a.-
Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura,
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los
grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico
o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés
histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los
bienes antes definidos;
b.-
Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los
bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos,
las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios
destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles
definidos en el apartado a.;
c.-
Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales
definidos en los apartados a. y b., que se denominarán ‘centros monumentales”.
Posteriormente,
la Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural,
adoptada por la UNESCO en 1972[5], tomó  como criterio relevante la
importancia de los bienes “desde la
historia, el arte o la ciencia”, al igual que su “valor universal
excepcional”:
“Artículo
1.- A los efectos de la presente Convención se considerará ‘patrimonio
cultural’:
Los
monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto
de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
Los
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
Los
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como
las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico”.
Para extender la protección de aquellos objetos más allá del
reflejo de un momento histórico o arquitectónico en una determinada era, el Convenio introdujo conceptos como el de “patrimonio natural” y su proyección desde
el punto de vista “estético o científico”:
“Artículo
2 .- A los efectos de la presente Convención se consideran ‘patrimonio
natural’:
Los
monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o científico,
Las
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas
que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
Los
lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural”.
Con la adhesión a
dicho instrumento el Estado colombiano
reconoció una obligación preferente para identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio. Además, se obligó a adoptar medidas
políticas, jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras para
la protección del respectivo Patrimonio Nacional.
Con posterioridad, la Convención
para la salvaguardia del “patrimonio cultural inmaterial”, aprobada por
la UNESCO en el año 2003, adoptó un instrumento multilateral con el propósito
de ampliar el ámbito de protección e incluir dentro de la noción de patrimonio
cultural aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
reconocidas e interiorizadas con sentimiento de identidad por las comunidades,
transmitidas por generaciones y que afianzan su diversidad y creatividad. Todo
ello, siempre y cuando sean compatibles con los instrumentos de derechos
humanos, con el respeto entre comunidades y con la noción de desarrollo
sostenible (medio ambiente). De esta manera la Convención estableció lo
siguiente:
“ARTÍCULO
2o. DEFINICIONES. A los efectos de la presente Convención:
1. Se
entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en
cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de
desarrollo sostenible” (Resaltado fuera de
texto).
Acto seguido la Convención incluyó
dentro del patrimonio cultural inmaterial, entre otras, las siguientes
manifestaciones:
“2.
El ‘patrimonio cultural inmaterial’, según se define en el párrafo 1° supra, se
manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a)
Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial;
b)
Artes del espectáculo;
c)
Usos sociales, rituales y actos festivos;
d)
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e)
Técnicas artesanales tradicionales”.
Colombia ha suscrito e incorporado en su ordenamiento
interno otros acuerdos internacionales encaminados a la protección del
patrimonio cultural. Se destacan la Convención de la UNESCO sobre
las “Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la
transferencia de propiedad ilícita de Bienes Culturales”, suscrita en París
en noviembre de 1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre
Colombia y Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes
arqueológicos, históricos y culturales”, aprobado mediante la Ley 16 de
1992[6];
el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la
recuperación y devolución de bienes culturales robados”, firmado en Bogotá
el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por  la Ley 587 de 2000[7];
y el Convenio suscrito entre la República de Colombia y la de Bolivia, para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos hurtados, importados o
exportados ilícitamente, suscrito en la Paz el 20 de agosto de 2001 y aprobado
mediante la Ley 896 de 2004[8];
instrumentos que tienen en común el propósito de evitar la transferencia
ilícita de la propiedad cultural y el comercio ilegal de estos bienes, y
facilitar la cooperación recíproca entre los países firmantes para su
recuperación y repatriación[9].
También fue suscrito el “Convenio de Unidroit sobre los
bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de
junio de 1995”, aprobado mediante la ley 1304 de 2009[10], y la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de
las expresiones culturales”, firmada en París el
20 de octubre de 2005, aprobada mediante ley 1516 de 2012[11].
5. En el orden interno, el Congreso de la República ha
venido ajustando la normatividad con el propósito de acoplarla a los estándares
del derecho internacional.
Además de la adhesión a la Convención de protección de bienes culturales en caso de conflicto
armado de 1954[12], a
la Convención sobre la Protección del patrimonio
mundial, cultural y natural de 1972[13], y a la Convención para la
salvaguardia del “patrimonio cultural inmaterial” de 2003[14],
antes referidas, el Congreso aprobó la ley 397 de 1997, que se conoce
como la “ley general de cultura”.
En esta última reguló lo concerniente al patrimonio cultural
de la Nación y su sistema general de protección y salvaguarda. Con la
modificación introducida recientemente por la ley 1185 de 2008 se extendió la
noción de patrimonio cultural para incluir también las “manifestaciones
inmateriales” y otras representaciones que expresan la nacionalidad
colombiana. La regulación actual señala lo siguiente:
“ARTICULO 4o. INTEGRACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. El patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales,
los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”
(Resaltado fuera de texto).
Este listado es meramente enunciativo por cuanto el criterio
inmanente que define el alcance del patrimonio cultural es el relativo a la “expresión
de la nacionalidad colombiana”. Ya se trate de bienes materiales o
inmateriales, de productos o representaciones –que pueden tener las más
diversas formas-, lo cierto es que “todo lo que nos identifica como
colombianos hace parte del patrimonio cultural y está cobijado por el mandato
del artículo 8º constitucional”[15].
El literal b) del mismo artículo de la ley general de
cultura establece su ámbito de aplicación en los siguientes términos:
“ARTICULO 4o. INTEGRACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
(…)
b) Aplicación de la presente
ley. Esta ley define un régimen especial de salvaguardia, protección,
sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio
cultural de la Nación que sean declarados como bienes de interés cultural en el
caso de bienes materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios
de valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio nacional
el Ministerio de Cultura” (Resaltado fuera de texto).
De esta manera, el régimen legal establece una distinción
entre (i) bienes que hacen parte del “patrimonio cultural de la Nación”
y (ii) bienes que han sido declarados por el Ministerio de Cultura como “de
interés cultural”, los cuales son destinatarios del régimen especial de
protección previsto en la ley 397 de 1997 y sus normas reglamentarias. Al
respecto la Corte ha explicado que, “además de la Ley 397
de 1997, existe un conjunto de leyes y tratados internacionales que consagran
otras formas de protección a la integridad del patrimonio cultural de la
Nación, por lo que no puede concluirse que la inaplicación de la ley de la
cultura para los bienes no declarados de interés cultural, implica descuido o
abandono de los deberes de protección del patrimonio cultural de la Nación y
fomento del acceso a la cultura, que los artículos 7º, 8º, 70 y 72 de la
Constitución imponen al Estado”[16].
6. Desde esta perspectiva, en
numerosas ocasiones este tribunal se ha ocupado de reivindicar el
reconocimiento de la cultura y la protección del patrimonio cultural de la
Nación, insistiendo en el sólido respaldo tanto en la Constitución Política,
como en los instrumentos que se integran a ella, así como en la amplia potestad
del Legislador de diseñar mecanismos para su protección y salvaguarda[17].
Por ejemplo, cuando la
Corte analizó la constitucionalidad del Convenio Unidroit sobre bienes
culturales robados o exportados ilícitamente, recordó que dicho instrumento “está vinculado con las materias reguladas en los artículos 2º, 8º, 9º,
63, 70, 71 y 72 de la Constitución Política, en cuanto (…) permitirá al Estado colombiano contar con un nuevo mecanismo
para realizar los mandatos constitucionales relacionados con la preservación y
protección del patrimonio cultural de la Nación”[18].
Igualmente, cuando examinó y
declaró exequible la ley 1516 de 2012, por la cual se aprobó la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de
las expresiones culturales”, hizo hincapié en la
tolerancia, el pluralismo y el respeto por la diversidad cultural como
esenciales para el desarrollo de las generaciones actuales y futuras. Dijo
entonces:
“En este sentido, los
principios rectores que rigen la Convención enfatizan la responsabilidad de la
sociedad civil en la generación de espacios de respeto entre culturas y en la
promoción, tolerancia y reconocimiento de todas las formas culturales, sobre la
base de que  la diversidad cultural es una condición esencial para el
desarrollo de las generaciones actuales y futuras. La posibilidad de construir
una sociedad democrática en un contexto de diversidad y multiplicidad cultural
y étnica como el que existe en Colombia, depende de la capacidad de
coexistencia en respeto, tolerancia y solidaridad, entre todos los grupos
humanos. Sólo en un contexto de mutuo apoyo entre las personas y de respeto por
sus formas de ser y de vivir, de acuerdo con sus comunidades y con los grupos
sociales a los que pertenecen, es posible construir una verdadera existencia
pacífica.
La apuesta Constitucional de
1991 consiste, en gran medida, en poner fin a décadas de exclusión a diferentes
grupos humanos y sociales en distintos planos de la vida nacional. Y de manera
significativa puso fin a la exclusión de comunidades indígenas,
afrocolombianas, negras y raizales”.
Asimismo, en la sentencia C-054 de 2013, al examinar la
constitucionalidad del artículo tercero de la Ley 739 de 2002, “por medio de
la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda
Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan apropiaciones
presupuestales”, la Corte recordó que la Constitución protege todas las
manifestaciones culturales, sin importar cuál sea su tipo o condición; tanto
las que se pierden en la historia y la memoria, como las que se han consolidado
recientemente y las que poco a poco van cristalizándose en el imaginario
colectivo. Sostuvo entonces:
“La justicia constitucional
debe celebrar y proteger todas las manifestaciones culturales, sin importar
cuál sea su tipo o condición. Se deben proteger manifestaciones culturales que
se pierden en la historia y la memoria, aquellas que se han consolidado
recientemente y constituyen un gran orgullo nacional, tanto como aquellas que hasta
ahora se constituyen y cristalizan, porque son las creaciones de espíritus
jóvenes, cuyas emociones, hasta ahora encuentran las formas para expresarse y
manifestarse.
Una de las razones por las
cuales las personas deben poder tener acceso a diferentes formas y visiones
culturales, es porque ello les dará más herramientas creativas para expresarse,
a la vez que les da mayor bienestar y placer estético y espiritual. La música
no sólo mantiene historias y tradiciones, permite forjar mejores personas. Las
expresiones culturales no sólo reviven el pasado, enriquecen el presente”.
En aquella oportunidad la Corte consideró que no se vulneran
los derechos fundamentales de la comunidades indígenas y de las comunidades
afro del departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar
al Gobierno Nacional a crear un espacio pedagógico para la promoción de una
expresión cultural regional y nacional -cátedra “Consuelo Araujonoguera”,
en valores y talentos vallenatos-, “siempre y cuando no sea obligatoria y
respete los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos”, motivo por el
cual declaró inexequibles algunas expresiones y condicionó la
constitucionalidad de otras[19].
En definitiva, como fue explicado
recientemente por esta corporación, en virtud de la diversidad de
clasificaciones del patrimonio cultural en el ámbito internacional, puede
afirmarse que “hay una expansión de la protección de diversos objetos,
lugares y prácticas en razón del valor que revisten, que está determinada por
la importancia que ellos tienen para la ciencia, el arte, la historia y la
preservación de la identidad cultural”[20].
D. EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN Y LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS
7. El patrimonio cultural de la Nación puede comprender
bienes materiales, muebles o inmuebles, así como también manifestaciones
inmateriales en las cuales esté presente una dimensión religiosa.
Las normas que regulan la protección del patrimonio cultural
así lo indican, algunas en forma expresa y otras de manera implícita. Por
ejemplo, la Convención de protección
de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 señala que se
consideran como tales los muebles o inmuebles con importancia para el
patrimonio cultural de los pueblos, “cualquiera sea su origen o y
propietario”, entre los que se encuentran los monumentos de arquitectura,
arte o historia, sean estos “religiosos o seculares” (artículo 1,
literal a).
Asimismo, cuando
la Convención
sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 se
refiere a los bienes con valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, el arte o la ciencia, es claro que en cualquiera de esas
categorías se pueden encontrar bienes muebles o inmuebles de origen religioso,
sin importar cuál sea el credo o confesión a la que estén afectados o con la
que se identifiquen.
A su turno, el Convenio Unidroit de 1995, sobre los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente[21],
señala como bienes culturales aquellos que “por razones religiosas o
profanas” revisten importancia para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o –incluso- la ciencia (artículo 2º).
Lo propio ocurre con la Convención
para la salvaguardia del “patrimonio cultural inmaterial” de 2003, al
incluir los “usos sociales, rituales y actos festivos”.
Igualmente, cuando la ley 397 de
1997, modificada por la 1185 de 2008, se refiere a “las tradiciones” y “las
costumbres y los hábitos” como integrantes del patrimonio cultural
inmaterial de la Nación (artículo 4º), debe entenderse que se aceptó -por lo
menos de forma tácita- la proyección cultural de ciertas manifestaciones
religiosas. Es así como su decreto reglamentario (Decreto 2941 de 2009) señala
en forma expresa que la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial
se podrá integrar con manifestaciones que correspondan, entre otros, a “eventos
religiosos tradicionales de carácter colectivo”, esto es, “acontecimientos
sociales y ceremoniales periódicos con fines religiosos”[22].
También es preciso recordar que la ley 133 de 1994, “por
la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos”,
establece que las iglesias pueden ser propietarias del patrimonio artístico y
cultural que hayan creado o adquirido, lo que de suyo implica aceptar que las
confesiones religiosas pueden no solo ser titulares, sino incluso generadoras
de patrimonio cultural[23].
En la sentencia C-088 de 1994 la Corte declaró la
exequibilidad condicionada de dicha norma, “siempre que no se trate de
bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación,  que está sujeto a
la especial protección del Estado, con la posibilidad de que la ley establezca
mecanismos para readquirirlos”, lo cual reafirma que en algunas ocasiones
el patrimonio cultural de la Nación puede tener origen religioso[24].
E. RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN
PATRIMONIO DE LA NACIÓN
8. Para cumplir sus objetivos centrales, la 397 de 1997
consagra un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estímulo que comprende (i) tanto a los bienes del patrimonio
cultural de la Nación que sean declarados como bienes de interés cultural -BIC[25]-,
en el caso de bienes materiales, (ii) como a las manifestaciones incluidas en
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI-[26].
A continuación se expone el régimen
especial de protección para los bienes de interés cultural -BIC-. Dicho
procedimiento está
reglado en la Ley de Patrimonio, en el Decreto 763 de 2010 y en la Resolución
0983 de 2010 expedida por el Ministerio de Cultura.
9. En primer lugar,
respecto de la autoridad competente para declarar el BIC, el artículo 8º de la Ley de Patrimonio refiere dos niveles:
el nacional y el territorial.
En lo que tiene que ver con el
nivel nacional, la norma establece que le corresponde al Ministerio de Cultura[27],
previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, realizar
la correspondiente declaratoria y el manejo de los bienes declarados. En el
mismo artículo se aclara que “son bienes de interés cultural del ámbito
nacional los declarados como tales por la ley[[28]],
el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su
competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la
comunidad en todo el territorio nacional”.
En cuanto a la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, la regulación indica que
tanto la decisión, como la gestión, corresponde a las entidades territoriales
-gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas-, previo concepto favorable
del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo
Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los distritos. En el mismo
artículo se aclara que son bienes de interés cultural del ámbito del respectivo
territorio los declarados como tales por dichas autoridades en razón del
interés especial que el bien revista para la comunidad, en una división
territorial determinada.
10. En segundo lugar, respecto del procedimiento que dichas
autoridades competentes deben seguir, la reglamentación dispone varios pasos[29]:
“1. El bien de que se trate se incluirá en una
Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad
competente de efectuar la declaratoria.
2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior,
la autoridad competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un
Plan Especial de Manejo y Protección.
3. Una vez cumplido el procedimiento descrito
en los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo
Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su
concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el
bien lo requiriere.
4. Si el concepto del respectivo Consejo de
Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y
en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se
requiriere.”
En este punto cabe precisar la aclaración que el Ministerio
de Cultura hace sobre la declaración de BIC por parte de las corporaciones
públicas[30]. Al respecto dice el ministerio:
“Conviene aclarar que dentro de la actividad legislativa o
administrativa de las corporaciones públicas (Congreso, asambleas
departamentales, concejos municipales o distritales) es habitual que se
declaren múltiples bienes como patrimonio nacional, lamentablemente no siempre
con el rigor, los procedimientos, ni precaviendo la responsabilidad de manejo,
participación ciudadana o dotación de recursos que ello implica. Por supuesto,
es una forma que, en cierto modo, desarticula el sistema consagrado de manera
integral en la Ley de Patrimonio Cultural.
En estos casos, los bienes consagrados así a partir del 12
de marzo de 2008, fecha de promulgación de dicha Ley, no pueden considerarse
BIC. Esto implica que el Régimen Especial de Protección sólo entraría a operar
si se produce una posterior declaratoria en la categoría de BIC mediante los
procedimientos e instancias previstos para el efecto.”[31]
11. Teniendo en cuenta que la
norma demandada está contenida en la ley  “por
la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana
Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones” (subrayado fuera del texto original), corresponde
hacer especial énfasis en el régimen de salvaguarda de las manifestaciones
culturales.
El artículo 11-1 de la Ley 397 de
1997 determina que el patrimonio cultural inmaterial de la Nación está
constituido, entre otros, “por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones,
expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades
y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria
colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
Para determinar
cuáles manifestaciones culturales son merecedoras de salvaguarda por parte del
Estado, la Ley del Patrimonio, el Decreto 2941 de 2009 y la Resolución 330 de
2010[32],
crearon y reglamentaron la Lista Representativa de Patrimonio Cultural[33]
-LRPCI-.
(i)
Para la
inclusión en la LRPCI[34] debe presentarse una postulación[35]
o iniciativa para tal fin, la cual puede provenir de entidades estatales o
grupos sociales, colectividades, comunidades, o personas naturales o jurídicas,
y/o de la entidad encargada de la conformación y manejo de la respectiva lista
en el ámbito nacional o territorial -director de Patrimonio del Ministerio de
Cultura, el alcalde municipal o distrital, el gobernador-; con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto 2941de 2009, artículos 8º y 11º.
(ii)
Una vez cumplidos los
requisitos, la información recopilada será enviada al Consejo de Patrimonio
Cultural correspondiente[36], el que debe emitir un concepto
favorable o desfavorable de la postulación. De ser positivo, la autoridad
competente solicitará al postulante la elaboración y presentación de un Plan
Especial del Salvaguarda -PES-.
(iii)
El Plan Especial de
Salvaguardia debe estar orientado al fortalecimiento, revitalización,
sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación[37].
(iv)
Finalmente, el Consejo de Patrimonio
Cultural que corresponda, según el caso, decide definitivamente sobre la inclusión
o no de la manifestación cultural en la LRPCI. Decisión que se concreta en un
acto administrativo mediante el cual, previo análisis de los criterios de
valoración y procedimiento reglamentados en este decreto, la instancia
competente determina que dicha manifestación, dada su especial significación
para la comunidad o un determinado grupo social, o en virtud de su nivel de
riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un Plan Especial de
Salvaguardia.
Según fue reseñado con
anterioridad, como elemento relevante para la determinación de cuáles
manifestaciones deben ser incluidas en la LRPCI, el artículo 8° del Decreto
Reglamentario 2941 de 2009 determinó que la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial se podría integrar con manifestaciones tales como “Eventos
religiosos tradicionales de carácter colectivo. Acontecimientos sociales y
ceremoniales periódicos con fines religiosos”. Adicionalmente, el artículo
9° establece unos criterios de valoración para incluir manifestaciones
culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, estos
son, (i) pertinencia[38];
(ii) representatividad[39];
(iii) relevancia[40];
(iv) naturaleza e identidad colectiva[41];
(v) vigencia[42];
(vi) equidad[43];
y (vii) responsabilidad[44].
Finalmente, la norma resalta que las manifestaciones que se encuentren en
riesgo, amenazadas o en peligro de desaparición, tendrán prioridad para ser
incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.
En síntesis, la legislación actual
prevé un procedimiento exhaustivo para la protección real y efectiva del
Patrimonio Cultural de la Nación. Dicho patrimonio está dividido en dos
categorías: (i) los declarados bienes de interés cultural -BIC- que
corresponden a bienes materiales o inmateriales, a los cual se le aplica el
Régimen Especial de Protección, y que puede implicar o no la adopción de un
Plan Especial de Manejo y Protección -PMP-; y (ii) aquellos incluidos en la
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial que corresponde a las
manifestaciones inmateriales, a las cuales se le aplica el Régimen Especial de
Salvaguardia, el cual implica la inmediata adopción de un Plan Especial de
Salvaguardia -PES-. Esto no implica que sólo los bienes y manifestaciones
culturales contemplados en dichas categorías, sea sujetos de protección por
parte de las autoridades competentes.
12. Por último, si bien dentro de
las autoridades competentes para determinar cuáles manifestaciones culturales
son parte del patrimonio cultural de la Nación no se hace referencia al
Congreso de la República, acorde con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, éste tiene la competencia para señalar directamente cuáles
actividades culturales merecen un reconocimiento especial del Estado. Al
respecto, la sentencia C-1192 de 2005 estableció:
“En atención al reconocimiento de la citada diversidad y en
aras de promover e impulsar el acceso a las tradiciones culturales y artísticas
que identifican a los distintos sectores de la población, la Constitución
Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna al legislador la atribución de
señalar qué actividades son consideradas como expresión artística y cuáles de
ellas -en concreto- merecen un reconocimiento especial del Estado.”
En este orden de ideas, el Estado
tiene la potestad de estimular el universo del Patrimonio Cultural de la
Nación, tanto aquel contemplado en las categorías especiales de protección,
intervención o salvaguardia (BIC y manifestaciones de la LRPCI) como el que no
llega allí, esto en el marco de los procedimientos y facultades expresamente
reglados. De esta manera, las consecuencias jurídicas serán diferentes
dependiendo de si la manifestación cultural está o no enlistada en la LRPCI.
13. Entonces, cuando una
manifestación o actividad cultural es incluida en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial -LRPCI-, queda sujeta a fuertes medidas de
impulso, con apoyos de orden financiero y/o de incentivos a la inversión
privada, como se verá a continuación.
(i)
A partir de la inclusión de la
manifestación en la LRPCI, inicia la ejecución del Plan Especial de Salvaguarda
-PES-[45],
entendido como un acuerdo social y administrativo, concebido como un
instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual
se establecen acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, donde podrían participar organizaciones
privadas.
El Plan Especial de Salvaguardia
que requiere ser aprobado por el Consejo de Patrimonio Cultural correspondiente,
debe contener:
“1. La
identificación y documentación de la manifestación, de su historia, de otras
manifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se
desarrolla.
2. La
identificación de los beneficios e impactos de la manifestación y de su
salvaguardia en función de los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad identificada con la
manifestación.
3.
Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y
externos que amenacen con deteriorarla o extinguirla. Esto implica contemplar
en el Plan Especial de Salvaguardia la adopción de medidas preventivas y
correctivas frente a los factores de riesgo o amenaza.
Este
componente contendrá un anexo financiero y una acreditación de los diversos
compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del
Plan Especial de Salvaguardia. El Ministerio de Cultura podrá determinar los
casos en los cuales no se requerirá este anexo financiero.
Los
compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de
Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la celebración de convenios, de
instrumentos o documentos de compromiso que garanticen la concertación y
acuerdo interinstitucional y comunitario de dicho Plan.
4.
Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura
comunitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la
manifestación.
Este
componente contendrá un anexo financiero y una acreditación de los diversos
compromisos institucionales públicos o privados que se adquieren respecto del
Plan Especial de Salvaguardia. El Ministerio de Cultura podrá determinar los
casos en los cuales no se requerirá este anexo financiero.
Los
compromisos institucionales deberán estar acreditados en el Plan Especial de
Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la celebración de convenios, de
instrumentos o documentos de compromiso que garanticen la concertación y acuerdo
interinstitucional y comunitario de dicho Plan.
5.
Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del Plan
Especial de Salvaguardia, y los previstos para su ejecución.
6.
Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y prácticas
asociados a la manifestación.
7.
Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación
entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.
8.
Medidas de fomento a la producción de conocimiento, investigación y
documentación de la manifestación y de los procesos sociales relacionados con
ella, con la participación o consulta de la comunidad.
9.
Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al
conocimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los
derechos colectivos, y sin menoscabar las particularidades de ciertas
manifestaciones en comunidades tradicionales.
Este tipo
de medidas podrán definir la eliminación de barreras en términos de precios,
ingreso del público, u otras que puedan afectar los derechos de acceso de la
comunidad y de las personas o constituir privilegios inequitativos, sin que
ninguna de tales medidas definidas en el Plan Especial de Salvaguardia afecte
la naturaleza de la manifestación.
10.
Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de
Salvaguardia.”
Es en la ejecución de dicho plan
donde se ven reflejados los beneficios de la inclusión en la lista, porque es a
partir de los compromisos institucionales, de la celebración de convenios, de
la apropiación de presupuesto, de la elaboración y financiación de proyectos,
de la eliminación de barreras, de las medidas de evaluación, control y
seguimiento, como se logra el objetivo de salvaguardar, de manera efectiva y
eficaz, la manifestación que se pretende proteger.
(ii)
Otra consecuencia jurídica de la
inclusión de una manifestación cultural en la LRPCI es la incorporación de los
Planes Especiales de Salvaguardia en los planes de desarrollo del respectivo
ámbito, lo cual genera una garantía adicional de la efectividad de la
salvaguarda[46].
(iii)
Por su parte, el artículo 21 refiere
que cualquier contribuyente de renta en Colombia que aporte dinero efectivo a
la elaboración y ejecución del Plan Especial de Salvaguardia -PES- de cualquier
manifestación incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial -LRPCI- del ámbito nacional (la que administra el Ministerio de
Cultura) tiene derecho a la misma deducción del 100% de renta sobre toda suma
de dinero que destine a los siguientes rubros: (i) elaboración del Plan
Especial de Salvaguardia; y (ii) ejecución del PES; previo el cumplimiento de
una serie de estrictos requisitos contenidos en el Decreto 2941 de 2009. Esta
medida corresponde a un incentivo para el sector privado con el fin de que haga
una inversión efectiva a la protección de la manifestación cultural.
En concordancia con lo anterior,
para efectos de la aplicación de la deducción y como mecanismo de control, el
Ministerio de Cultura debe conformar un Banco de Proyectos para manifestaciones
incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del
ámbito nacional. De esta manera, podrán tener acceso a recursos que den derecho
a la deducción tributaria, únicamente las manifestaciones que hayan cumplido
satisfactoriamente con el proceso de viabilización en el Banco de Proyectos,
los cuales, deberán reunir los requisitos indicados en el decreto.
14. Sin embargo, teniendo en
cuenta que es deber del Estado proteger todas las manifestaciones culturales
inmateriales declaradas como tal, pese a no estar incluidas en la LRPCI, el
artículo 20 del Decreto 2941 de 2009 sostiene que para la salvaguardia,
creación, divulgación o cualquier otra acción relativa al Patrimonio Cultural
Inmaterial, la Nación a través del Ministerio de Cultura y demás entidades
competentes, los departamentos, municipios, distritos, y autoridades facultadas
para ejecutar recursos, podrán destinar los aportes y recursos que sean
pertinentes de conformidad con las facultades legales, sin perjuicio de la
naturaleza o ámbito de la respectiva manifestación[47].
Para el caso de los municipios[48],
lo anterior encuentra sustento en el artículo 311 de la Constitución Política,
el cual estable que a éste le corresponde “prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Por su parte, el artículo 313-9 de la Constitución
faculta a los concejos municipales para “dictar las normas necesarias para
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio.”
15. En síntesis, los preceptos
constitucionales, las convenciones internacionales y la normatividad nacional,
le otorgan al patrimonio cultural de la Nación, una serie de medidas para su salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación. En estos términos, el Estado tiene
el deber de prever gasto público social
dirigido a incentivar y estimular la cultura (sin importar si fue declarado
como BIC o si se incluyó en la LRPCI), siguiendo los procedimientos
predeterminados legalmente y con arreglo a la disponibilidad de recursos. Ahora
bien, las entidades nacionales y territoriales competentes deberían priorizar
el gasto en BIC o en manifestaciones de la LRPCI, por atender a unas
condiciones especiales de protección sujetas a un exhaustivo trámite
administrativo para ser considerados como tal.
F. LA COMPETENCIA DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA AUTORIZAR GASTO PÚBLICO
16. Como quiera que la norma acusada de inconstitucional
autoriza al municipio de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su
respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones
consagradas en dicha ley, le corresponde a la Sala Plena realizar una breve
consideración sobre la competencia del Congreso para autorizar gasto público. Para
ello, se expondrá la línea jurisprudencial respecto del tema:
En la sentencia C-755 de 2014 la
Corte Constitucional analizó un proyecto de ley que contenía la siguiente
disposición: “El Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces,
deberá contribuir al fomento, promoción, difusión, protección, conservación y
financiación del Carnaval de Riosucio.” Según el Gobierno Nacional, el
verbo “deberá” utilizado en el artículo 2º del proyecto lo obligaba a
asumir los gastos necesarios para el cumplimiento de dicha ley, lo cual,
constituía el desconocimiento de la Constitución al decretar gasto público.
En la providencia, se realizó un
recuento jurisprudencial sobre el principio de libertad de configuración
legislativa, sentencias que se exponen a continuación:
Se hizo alusión a la sentencia
C-490 de 1994, en la cual la Corte Constitucional declaró infundadas las
objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de Ley No. 48/93 Cámara,
154/93 Senado, “Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38
de 1989, orgánica del presupuesto” considerando que, acorde con la
Constitución, no se requiere iniciativa gubernamental para todas las leyes que
decreten gasto público. Sin embargo, dichos gastos deben ser incorporados a las
respectivas partidas a la ley de apropiaciones para que sean efectivos.
Además, mencionó la sentencia
C-360 de 1996, en la cual, la Corte estudió la constitucionalidad de una norma
que disponía: “ARTICULO SEGUNDO: Para que ésta (sic) fecha no pase
desapercibida y dando cumplimiento a los artículos 334. 341 inciso final 345 y
346 de la Constitución Nacional aprópiese dentro presupuesto la suma de Once
Mil Millones de Pesos ($11´000.000.000.oo) para ejecutar las obras que a
continuación se describen: (...)”. Al respecto, la Corte concluyó que a
pesar de existir un error de técnica legislativa, se trataba en realidad de una
autorización al Gobierno para apropiar los recursos, y no de una orden. Dijo al
respecto:
“El verbo
rector de la disposición estudiada remite no a la acción de decretar el gasto,
sino a la de apropiar los recursos en el presupuesto de gastos. En tales
condiciones surge la duda sobre el significado deóntico de la citada disposición.
Si su objetivo se contrae a decretar un gasto, resulta claro que la norma
contiene una habilitación para que el Gobierno lo pueda incluir en la ley de
presupuesto. Sin embargo, si se trata de ordenar la inclusión de la partida
respectiva en el presupuesto de gastos, la norma establecería un mandato u
obligación en cabeza del Gobierno, que a la luz de la Constitución Política
sería inaceptable.”
Si bien en la sentencia C-755 de
2014 no se mencionó la sentencia C-290 de 2009, considera la Sala importante
trascribir lo que en ella se determinó:
“La
vocación de la ley que decreta un gasto es, entonces, la de constituir un
título jurídico para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el
presupuesto general de la Nación y si el legislador se limita a autorizar el
gasto público a fin de que, con posterioridad, el Gobierno pueda determinar si
lo incluye o no en alguna de las futuras vigencias fiscales, es claro que obra
dentro del marco de competencias constitucionalmente diseñado y que, por este
aspecto, no existe contrariedad entre la ley o el proyecto de ley objetado y la
Constitución.
“Siempre
que el Congreso de la República haya incluido la autorización del gasto en una
ley, el Gobierno tiene competencia para incorporar las partidas autorizadas en
el proyecto de presupuesto, pero también puede abstenerse de hacerlo, pues le
asiste un margen de decisión que le permite actuar en tal sentido y “de acuerdo
con la disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre
de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las
disposiciones que organizan el régimen territorial repartiendo las competencias
entre la Nación y las entidades territoriales”.[49]
“La
asignación presupuestal para la realización de gastos autorizados por ley es
eventual y la decisión acerca de su inclusión le corresponde al Gobierno, luego
el legislador no tiene atribución para obligar al Gobierno a que incluya en el
presupuesto alguna partida específica y, por ello, cuando a la autorización
legal previa el Congreso agrega una orden con carácter imperativo o perentorio
dirigida a que se apropien en el presupuesto las sumas indispensables para
ejecutar el gasto autorizado, la ley o el proyecto de ley están afectadas por
un vicio de inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de
las competencias relativas al gasto público entre el legislador y el Gobierno.[50]
“Dado que
el Congreso autoriza el gasto, pero no puede ordenar que el Gobierno deba
asignar las sumas de dinero destinadas a ejecutarlo, la Corte procede a
analizar si el artículo cuya constitucionalidad se analiza en razón de la
objeción formulada por el Gobierno Nacional, contiene una simple autorización o
“presiona el gasto” mediante el establecimiento de la orden de incorporar en el
presupuesto general de la Nación las partidas para ejecutar el gasto previsto”.
En los mismos términos la Corte se
pronunció en la sentencia C-373 de 2010, la cual resolvió las objeciones
presidenciales formuladas a un proyecto de ley “por [el] cual la nación rinde honores a la memoria
del Doctor Luís Carlos Galán Sarmiento
con ocasión del
vigésimo aniversario de su fallecimiento”, que según el
gobierno, daba una orden de gasto al Gobierno nacional. En esa oportunidad este
tribunal también encontró infundadas las objeciones pues consideró que el
artículo, lo que pretendía era respetar el “ámbito competencial que
corresponde al Gobierno, al cual se le reconoce la posibilidad de considerar la
incorporación de las partidas presupuestales y de hacerlo de acuerdo con los
recursos disponibles y con los lineamientos del marco fiscal de mediado plazo”.
Adicionalmente, en la providencia
del 2014, se citó la sentencia C-197 de 2001 en la cual la Corte declaró
fundadas las objeciones planteadas por el Gobierno, considerando que el
proyecto de ley analizado sí le estaba dando una orden al Gobierno para asignar
los recursos necesarios en la Ley de Presupuesto para realizar una serie de
obras públicas, y no se trataba de una simple autorización del Congreso hacia
el Gobierno, permitiéndole, o facultándolo para hacer las apropiaciones
respectivas[51].
En relación con los argumentos
planteados, en la sentencia C-755 de 2014 la Corte consideró que una orden
dirigida al Gobierno Nacional para que incluya, año tras año, una partida en
las leyes de apropiaciones para “contribuir al fomento, promoción, difusión,
protección, conservación y financiación del Carnaval de Riosucio” mientras
se lleve a cabo dicho carnaval, no era inconstitucional, pues lo que hace es
autorizar al Gobierno para efectuar las respectivas apropiaciones, las cuales
podrían o no hacerse.
Más recientemente, en la sentencia
C-948 de 2014, la Corte evaluó la competencia del Congreso de la República para
autorizar gasto público, con ocasión de la autorización que esta entidad le dio
al Gobierno para destinar las partidas necesarias para la
construcción de una carretera entre los municipios de Pueblo Rico y Jericó
(Antioquia). Este tribunal declaró la constitucionalidad de la norma
considerando que:
“En lo concerniente a la incorporación de medidas que
impliquen o puedan generar gastos del erario en leyes de honores, la
Corporación tiene plenamente definida una regla de decisión, según la cual el
Congreso de la República no puede incorporar en ellas apropiaciones o partidas
no previstas en las normas de presupuesto, pero sí puede autorizar gastos, en
el ejercicio de su potestad de configuración del derecho, pues, según lo ha
precisado esta Corporación, tales gastos podrán ser efectuados o no por el
Gobierno Nacional, quien determinará si define las partidas y apropiaciones
necesarias al momento de ejercer su iniciativa en materia de gasto público.”
17. De lo anterior se desprende
que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que (i) cuando
una ley le otorga la facultad al Gobierno o lo autoriza para hacer las
apropiaciones en su presupuesto con un objetivo específico, se debe entender
que el Congreso no le está dando una orden, y por lo tanto no vulnera la regla
constitucional de iniciativa gubernamental en materia de gasto público. Ahora
bien, (ii) teniendo en cuenta que la ley que autoriza el gasto se constituye en
título presupuestal para la eventual inclusión de las respectivas partidas en
el presupuesto del ente territorial al cual esté dirigido la orden, es lógico
pensar que dicho título debe responder a un fin constitucional.
En este sentido, el Congreso de la
República, en uso de sus facultades constitucionales, tiene la competencia de
autorizar, mas no de obligar al Gobierno Nacional o sus entidades territoriales
para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual para el
cumplimiento de lo dispuesto en una ley que declara una manifestación cultural
como de patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Sin embargo, cuando la
asignación de partidas presupuestales va dirigida a salvaguardar una
manifestación cultural con contenido religioso, es relevante analizar dicha
competencia bajo la óptica del principio de Estado laico y del pluralismo
religioso en la Constitución colombiana, con el objetivo de determinar si dicho
título presupuestal tiene un fin constitucional admisible.
G. LOS PRINCIPIOS DE
LAICIDAD Y NEUTRALIDAD DEL ESTADO EN MATERIA RELIGIOSA
18. La Corte constata que el patrimonio cultural de la
Nación puede comprender bienes materiales, muebles o inmuebles, así como
también manifestaciones inmateriales en las cuales esté presente el elemento
religioso. Ello, siempre y cuando reflejen una expresión de la identidad de la
nacionalidad colombiana, sean compatibles con los instrumentos de derechos
humanos, el respeto de las comunidades y el desarrollo sostenible.
Sin embargo, como quiera que la Constitución de 1991 optó
por un modelo de Estado laico en el que además se le impone un deber de
neutralidad en materia religiosa, es necesario analizar hasta dónde puede el
Estado involucrarse en la protección del patrimonio cultural cuando con ello
también se estimulan y promueven abiertamente ritos o ceremonias de una
confesión religiosa en particular.
19. Uno de los principios característicos de la Carta Política es el
de la laicidad del Estado colombiano. Han sido
múltiples los pronunciamientos de la Corte Constitucional referidos a la
relación entre el Estado y la religión[52].
En una de sus primeras decisiones sobre el particular, donde
se declaró inexequible la norma que consagraba oficialmente al Estado
colombiano al símbolo católico del “Sagrado Corazón de Jesús”, la Corte
Constitucional reseñó cuáles son las principales formas como los Estados pueden
forjar sus relaciones con las confesiones religiosas y sus instituciones para
definir los regímenes jurídicos aplicables[53].
Así, es posible encontrar desde estados confesionales radicales, pasando por
aquellos que tienen una religión oficial pero son tolerantes de la diversidad
religiosa, hasta llegar a Estados laicos y seculares o incluso aquellos que
rechazan cualquier práctica de orden religioso:
(i) Estados confesionales sin tolerancia religiosa: en ellos, el
Estado se suscribe a un credo particular y específico, prohibiendo o
restringiendo la práctica de otras expresiones religiosas distintas[54].
A juicio de la Corte Constitucional, este modelo de Estado es contrario “al constitucionalismo y al reconocimiento de los
derechos humanos, los cuales nacieron, en parte, con el fin de superar las
crueldades de las guerras de religión”.
(ii) Estados confesionales con
tolerancia o libertad religiosa: son
aquellos que pese a adherirse a una religión oficial, permiten que sus
ciudadanos practiquen otras creencias o cultos religiosos, sin que ello resulte
en la imposición de una sanción a quienes no comparten el credo estatal. De
esta manera, resulta admisible otorgar tratamientos preferentes para la
religión del Estado, respecto de otras religiones. La sentencia C-350 de 1994
hace una categorización dentro este tipo de relación Estado-religión
distinguiendo entre los que siendo adeptos a una religión particular (i)
simplemente toleran las otras religiones[55] sin reconocimiento de derechos, y los
que (ii) además de tolerar, aceptan la plena libertad religiosa para sus
ciudadanos, revistiéndolos de derechos y eliminando cualquier posible
discriminación por este factor[56].
(iii) Estados de orientación confesional o de protección
de una religión determinada: son aquellos en los cuales formalmente -a
través de normas jurídicas- no se asumen oficialmente una religión oficial, sin
embargo, si permite que dentro de su ordenamiento jurídico se profieran normas
que otorguen un trato preferencial a un credo particular, teniendo en cuenta su
carácter mayoritario y/o su vínculo con una práctica social igualmente
mayoritaria[57].
(iv) Estados laicos con plena libertad religiosa: en
ellos, desde su propia definición constitucional se establece una estricta
separación entre el Estado y las iglesias. Entonces, si bien reconocen la
cuestión religiosa y protegen la libertad de cultos, por su carácter laico no
permite que su legislación favorezca alguna confesión religiosa porque ello rompería
la igualdad de derecho que debe existir entre ellas[58].  Acorde
con la sentencia C-350 de 1994, “[e]llo implica, como contrapartida,
que la autonomía de las confesiones religiosas queda plenamente garantizada,
puesto que así como el Estado se libera de la indebida influencia de la
religión, las organizaciones religiosas se liberan de la indebida injerencia
estatal”.
(v) Estados oficialmente ateos e intolerantes de
toda práctica religiosa: hace referencia a las organizaciones políticas que
hacen del ateísmo una suerte de nueva religión oficial, desconociendo con ello
cualquier clase de libertad religiosa[59].
A juicio de la Corte, “estos tipos de Estado que establecen el ateísmo como
doctrina oficial y no respetan la plena libertad de creencias religiosas y de
cultos de sus ciudadanos, también son contrarios a la idea de derechos humanos,
de Estado de derecho y de régimen constitucional”[60].
20. Desde una perspectiva
académica, en la sentencia C-817 de 2011 se incluyó en el debate del papel del
Estado en la religión la categorización expuesta por el profesor Ronald Dworkin[61],
el cual distingue entre dos tipos de sociedades democráticas:
(i) “Las sociedades religiosas tolerantes, las cuales
consideran que la práctica religiosa, en sí misma considerada, debe ser objeto
de protección estatal, pero que admiten  que la misma se exprese a través de
diversos credos o, inclusive, que tolera que los ciudadanos no profesen
ninguno”; y
14.2.
(ii) “Las
sociedades seculares, que aceptan la práctica religiosa de los
ciudadanos, o la negativa a ella, pero no por el hecho que consideren que las
religiones son un ámbito constitucionalmente protegido por sí mismo, sino en
tanto tales prácticas hacen parte de la autonomía del individuo, quien puede
optar por cualquier tipo de parámetro ético o moral para guiar su conducta,
incluso uno de carácter transcendente o religioso.
”
La diferencia entre uno y otro
modelo fue explicada por la Corte de la siguiente manera:
“En los
Estados religiosos tolerantes, el culto de las personas es un objeto autónomo
de protección constitucional, en la medida en que se advierte valiosa, en sí
misma considerada, la práctica de la religión. En cambio, para el Estado
secular la admisibilidad de la religión se funda en que ese escenario es una
expresión de la libertad del individuo de guiarse por un modelo de conducta
particular, que puede o no ser religioso. Aunque el teórico estadounidense no
lo plantea de ese modo, la Corte señala que el único límite predicable de dicho
modelo es que no contradiga el orden público y los derechos de los demás,
restricción que es propia de las distintas esferas de libertad individual.[62]
En virtud de la clasificación
descrita, en la sentencia C-350 de 1994, la Corte Constitucional se preguntó “¿cuál
es la orientación contenida en el actual ordenamiento colombiano?”. Para
resolver esta cuestión, la Sala Plena consideró necesario hacer una comparación
entre la regulación de la actual Constitución con la contenida en el anterior
ordenamiento. En este análisis, la Corte determinó que la Constitución Política
de 1991 generó tres cambios fundamentales en comparación con lo establecido en
la Constitución de 1886, a saber:
“(i)
Eliminó la referencia a un ser sobrenatural como sustento del principio de
soberanía y, en cambio, hizo una referencia en el Preámbulo a la invocación de
la protección de Dios, sin que ello implique una vinculación del Estado con un
credo particular, como sí sucedía al amparo del régimen anterior.
(ii) En
la definición misma del Estado colombiano (Art. 1º C.P.), se estableció la
cláusula democrática, participativa y pluralista.
(iii) El
artículo 19 C.P. anuncia el derecho a la libertad de cultos, según la cual
todas las personas pueden profesar libremente su religión y difundirla en forma
individual o colectiva; y todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Este derecho impide que el Estado otorgue un
tratamiento preferente a un credo particular.”
De esta manera, y a partir de la
interpretación histórica de la Constitución, que se sirve de las discusiones
que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte concluyó en
la providencia analizada que
“En
síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social
de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los
componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de
confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la
protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no
referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el
ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y
las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad
del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos
aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las
distintas confesiones religiosas.
Como es
obvio, lo anterior no significa que el Estado no pueda establecer relaciones
de cooperación con diversas confesiones religiosas -siempre y cuando se respete
la igualdad entre las mismas-, puesto que, como lo precisó el constituyente
Juan Carlos Esguerra, la posibilidad de celebrar convenios con la iglesia
católica "no produce un Estado confesional pues eso se ha eliminado del
preámbulo", por lo cual "ninguna confesión tendrá carácter de
estatal"[63]
(Negrillas fuera del original).
21. En este orden de ideas, para el caso colombiano,
a diferencia de lo previsto por su antecesora de 1886, la Constitución Política
de 1991 acogió el modelo de Estado laico. Aun cuando ninguna norma de la Carta
Política así lo señala de manera expresa, la jurisprudencia ha explicado que el
carácter laico del Estado colombiano se deriva de una
interpretación sistemática de los valores, principios y derechos consagrados en
la Carta Política.
En la jurisprudencia se ha explicado cómo la Constitución
reconoce el carácter pluralista del Estado Social de Derecho, excluye el
confesionalismo, consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones, todo lo cual se traduce en la
reivindicación del carácter laico del Estado y la existencia de un deber de neutralidad
religiosa, única forma de asegurar el pluralismo y la coexistencia igualitaria
y autónoma de las distintas confesiones[64].
El Estado colombiano se puede situar en la categoría de Estado
laico -que si bien reconoce y respeta la cuestión religiosa, impone un
deber de neutralidad frente a esos credos e iglesias-, basado en el pluralismo
religioso -que se deriva del principio democrático pluralista, al igual que
del derecho a la igualdad y del derecho a la libertad religiosa-.
En
desarrollo de dicho concepto, en la sentencia C-1175 de 2004[65], este
tribunal determinó que, a partir del contenido del artículo 19 de la
Constitución, es evidente la separación entre el Estado y la religión en
atención al carácter pluralista. En esta sentencia, se relacionaron algunos
pronunciamientos sobre la relación Estado-religión, así: “(i) separación
entre Estado e Iglesias de acuerdo con el establecimiento de la laicidad del
primero (C-088/94 y C-350/94); prohibición de injerencia alguna obligatoria,
que privilegie a la religión católica o a otras religiones en materia de
educación (C-027/93); (ii) renuncia al sentido religioso del orden social y
definición de éste como orden público en el marco de un Estado Social de
Derecho (C-088/94 y C-224/94); (iii) determinación de los asuntos religiosos
frente al Estado, como asuntos de derechos constitucionales fundamentales
(C-088/94); (iv) prohibición jurídica de injerencia mutua entre Estado e
Iglesias (C-350/94); (v) eliminación normativa de la implantación de la religión
católica como elemento esencial del orden social (C-350/94); y (vi)
establecimiento de un test que evalúa si las regulaciones en materia religiosa
están acordes con los principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano
(C-152/2003)”.
22. De
esta manera, en virtud del principio de pluralismo religioso las diferentes
creencias tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Lo
que implica que no se admiten medidas legislativas o de otra índole dirigidas a
desincentivar o a desfavorecer a las personas o comunidades que no comparten la
práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no
comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda
dimensión trascendente.
La anterior ha sido la posición
pacífica, uniforme y reiterada de la jurisprudencia constitucional[66], que ha
reivindicado el carácter laico del Estado colombiano, carente de una doctrina
oficial en materia religiosa y donde, por lo tanto, surge un deber de
neutralidad en la medida en que “no cabe la promoción,
patrocinio o incentivo religioso”[67].
H. LAS RELACIONES
ESTADO – IGLESIAS, EL DEBER DE IGUALDAD Y EL CRITERIO DEL IMPACTO PRIMORDIAL DE
LA LEGISLACIÓN DE CONTENIDO RELIGIOSO
23. Como se mencionó en párrafos anteriores, el carácter
laico del Estado colombiano no le impide establecer relaciones de cooperación
con diversas confesiones religiosas -siempre y cuando se respete la igualdad
entre las mismas-. Al respecto, por ejemplo, la sentencia C-152/03[68] precisó que:
“(…) la Corte ha admitido el
tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas bajo la
condición de ofrecer igualdad de condiciones para acceder a dichos beneficios a
todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de
ley. Esta regla ha tenido especial aplicación en el ámbito de las exenciones
tributarias que promueven la igualdad de las iglesias y confesiones religiosas,
así como el ejercicio de las libertades individuales con ellas relacionadas.
Otra aplicación clara del principio de igualdad entre las colectividades
religiosas ha tenido lugar en el ámbito de la objeción de conciencia al
servicio militar, permitida a miembros de cuerpos eclesiásticos pero no
reconocida por la ley para objetores de conciencia civiles. Además, el
principio de igualdad de confesiones e iglesias religiosas se extiende a la
igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus
asuntos, así como a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en
establecimientos educativos públicos o privados, siempre que se garantice la
libertad de los estudiantes y sus padres de optar por recibir o no la educación
religiosa. Finalmente, la Corte ha reconocido que las iglesias tienen el
derecho a decidir de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el
Estado.”
La Sala considera importante hacer
mención de algunas de las decisiones en las cuales el principio de laicidad del
Estado ha permitido ampliar y consolidar las reglas jurisprudenciales en la
materia, teniendo como premisa fundamental que “el principio de separación
entre las Iglesias y el Estado exige neutralidad de las autoridades frente a
las manifestaciones religiosas e impide que el Estado adhiera o promueva una
religión”[69].
Como podrá notarse, en algunos de estos
casos la cuestión religiosa ha confluido con la presencia de elementos
históricos o culturales, sin que por ello se desvanezcan o pierdan su
relevancia los principios constitucionales de laicidad del Estado y neutralidad
religiosa.
24. En la sentencia C-027 de 1993 la Corte Constitucional
declaró inexequibles varios artículos del Concordato y el Protocolo final,
suscrito en 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede (ley 20 de
1974), que representaban trato privilegiado por parte del Estado colombiano a
la institución que organiza la religión católica. Puede mencionarse la norma
que otorgaba beneficios a los hijos de familias católicas; o la que exigía que
los planes educativos de los niveles de primaria y secundaria incluyeran, en
los establecimientos oficiales, “enseñanza y formación religiosa según el
magisterio de la Iglesia”, para lo cual la correspondía “a la competente
autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza
religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza”. El fundamento de la
inconstitucionalidad de dichas normas no devino tanto del desconocimiento del
carácter laico del Estado, como de la ruptura del postulados de igualdad y la
libertad de cultos.
Sin embargo, encontró válida la declaración contenida en el artículo I
del Concordato, que consideró a la Religión Católica, Apostólica y Romana como
elemento fundamental del bien común. Según la Corte, dicha “declaración no
impide que otras confesiones religiosas, si así lo convinieren con el Estado
colombiano, también manifiesten que se ponen al servicio de esta comunidad,
como elemento dispensador de bienandanza, ventura y progreso”. En la misma
sentencia declaró exequible el artículo que exceptuó del servicio militar a
clérigos y religiosos de la Iglesia Católica puntualizando que tal eximente, “para
preservar el principio de igualdad de las religiones, ha de extenderse a las
demás confesiones religiosas organizadas respecto de sus ministros y clérigos.”
[70] Además,
declaró la constitucionalidad del artículo XXIV del Concordato, en el que se
exceptuaba del pago de impuestos a los edificios de culto, curias diocesanas,
casas episcopales y seminarios, aun cuando, para preservar el principio de
igualdad, extendió los beneficios establecidos en el artículo del Concordato a
los distintos credos religiosos, siempre que reúnan los requisitos establecidos
en la ley.
25. En la sentencia C-568 de 1993 la Corte declaró exequibles varias normas que establecieron días festivos
coincidentes con fiestas católicas, acusadas de desconocer la libertad
religiosa de quienes no profesan ese culto y de atentar contra el principio de
separación entre las iglesias y el Estado.
El fallo comienza por explicar cómo la
Carta Política de 1991 introdujo “una diferencia fundamental, en el
tratamiento de la libertad religiosa y de cultos”, en comparación
con la Constitución de 1886, de manera que “se estableció un Laicismo de
Estado, que otorga a éste una función arbitral de las referencias religiosas,
de plena independencia, frente a todos los credos”. Advirtió también que “el
Estado, en estas materias, debe mantener  su neutralidad a fin de proteger  sus
relaciones con las diferentes comunidades religiosas o espirituales, en
condiciones de igualdad, es decir, sin privilegios para ninguna  de ellas en
particular”.
Sin embargo, en el caso concreto encontró que era legítimo que para el diseño del calendario laboral el
Legislador se basara en “una larga tradición cultural”, que de ninguna
manera rompía el principio de igualdad, ni suponía la obligación para los
colombianos de practicar las profesiones de la fe católica. Consideró “una
exageración pensar que de ese modo se está patrocinando
por parte del Estado, a la manera de ‘codifusor’ y ‘coevangelizador’, del
catolicismo, cuando son otras las razones que lo informan en el
diseño del calendario de descanso de la población.  Tanto es así que puede
trabajarse en esos días en cualquier actividad, a voluntad de empresarios y
trabajadores, claro está, con la sola condición, y ésta de carácter
patrimonial, de que el primero cancele a los segundos, los recargos salariales
correspondientes” (negrillas no originales).
La Corte aclaró también que el objetivo
de la ley era fundamentalmente patrimonial y de asegurar a los
trabajadores del descanso necesario (art. 53 CP), “y no un objetivo de
carácter religioso, orientado a favorecer, proteger o auspiciar una determinada
religión en lugar de otras”, en especial si se tenía en cuenta que el
proceso de secularización de los días festivos acumulaba ya
varias décadas[71].
26. Este criterio fue recogido también en
la sentencia C-107 de 1994, donde la Corte examinó la constitucionalidad de la
Ley 51 de 1983, “por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos
días festivos”; y en la sentencia C-1261 de 2000, que declaró exequible el
artículo 172 de Ley 50 de 1990, relativo a “la obligación del  empleador de
dar descanso dominical  a todos sus empleados”.
27. En la sentencia C-088 de 1994
la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria que reguló el derecho a la libertad religiosa y de cultos (ley 133
de 1994).
Explicó que al reformularse la relación Estado-Iglesia en la
nueva Constitución Política, el primero no adopta una religión oficial y
garantiza el igual tratamiento a todas las confesiones religiosas. De esa relación,
continuó la Corte, se deriva la renuncia a un determinado sentido religioso del
orden social y se somete el alcance de la actividad religiosa al límite que
crea la noción de orden público.
El artículo 2º del proyecto de ley señaló que ninguna
iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, aun cuando el
Estado no es ateo, agnóstico ni indiferente ante los sentimientos religiosos de
los colombianos[72].
Al evaluar la constitucionalidad de dicha norma, declarada exequible, la Corte
precisó que “todas las creencias de las personas
son respetadas por el Estado, cualquiera sea el sentido en que se expresen o
manifiesten, y que el hecho de que no sea  indiferente ante los distintos
sentimientos religiosos se refiere a que pueden existir relaciones de
cooperación con todas las iglesias y confesiones religiosas por la
trascendencia inherente  a ellas mismas, siempre que tales  relaciones se
desarrollen dentro  de la igualdad garantizada  por el Estatuto Superior”.
Asimismo,
declaró exequible el parágrafo del artículo 7º del proyecto de ley, en el que
se dejaba en libertad a los municipios para conceder exenciones tributarias a
las iglesias, siempre que se respetara el principio de igualdad. En la misma
providencia, la Corte se refirió al reconocimiento de la personería jurídica de
la Iglesia Católica, la cual se rige por el Concordato, en el sentido de que
ella no violaba la igualdad de otras iglesias, porque nada impide que también ellas
celebren acuerdos con el Estado colombiano para establecer mecanismos más
fluidos de regulación jurídica.
28. En la Sentencia C-350 de 1994 –antes referida-, que dejó
definitivamente claro el carácter laico del Estado colombiano, la Corte
consideró que la consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús desconocía el
nuevo ordenamiento constitucional, donde se “establece un Estado laico y
pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la
igualdad entre todas las confesiones religiosas”. Añadió que el argumento
según el cual la norma acusada se limitaba a reconocer un hecho social e
histórico -a saber el carácter mayoritario del catolicismo en Colombia-, “no
es válido, por cuanto, como se indicó anteriormente, la Constitución no admite
tales diferenciaciones ya que confirió igual valor jurídico a todas las
confesiones religiosas”. Y concluyó que esa consagración oficial también
desconocía “la separación entre el Estado y las iglesias, así como la
naturaleza laica y pluralista del Estado colombiano”[73].
Con todo, la Corte precisó que ello no significaba
descalificar las ceremonias de contenido religioso, sino rechazar el carácter
oficial de esa consagración y la ruptura del principio de igualdad y
neutralidad religiosa. Puntualizó que bien podían los feligreses de esa
comunidad continuar efectuando sus celebraciones cristianas, incluidos los
servidores públicos, a condición de que no se utilizaran sus funciones para
favorecer determinadas confesiones o manifestarse en su contra[74].
29. En
la sentencia C-609 de 1996, la Corte declaró la constitucionalidad del
testimonio por certificación jurada de Cardenales y Obispos (artículo 287 del
Decreto 2700 de 1991), pero afirmó que dicho trato especial debería abarcar
también a miembros de igual rango de otras iglesias.
30. En la sentencia T-352 de 1997 la Corte extendió el
beneficio de no prestar declaración de ingresos para efectos del impuesto de
renta ni de patrimonio a todas la confesiones religiosas, por considerar que
dicho beneficio solo en cabeza de la religión católica desconocía el principio de
igualdad entre iglesias (arts. 13 y 19 CP).
31.
En la sentencia T-616 de 1997, la Corte tuteló el derecho a la igualdad de la
Iglesia Cristiana “Casa de la Roca” frente a la actuación de la
Dirección de Impuestos y Aduanas –DIAN– que la obligaba a presentar declaración
de ingresos y patrimonio, mientras que la Iglesia Católica estaba exenta de tal
deber. En consecuencia, ordenó, en virtud del principio de igualdad de las
distintas confesiones religiosas, eximir a la iglesia accionante de tal
obligación. Igual consideración se expuso en las sentencias T-269 de 2001[75]
y T-700
de 2003, entre otras.
32. En la Sentencia C-478 de 1999 esta corporación declaró
la exequibilidad condicionada de la norma que establecía como causal de
aplazamiento del servicio militar obligatorio haber sido aceptado o estar
cursando estudios para la carrera sacerdotal en establecimientos reconocidos
por autoridades eclesiásticas, “en el entendido de que la misma se refiere a
todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el
Estado colombiano”.
33. En la Sentencia C-152 de 2003 la Corte se pronunció
sobre la constitucionalidad de la expresión que definía la titulación de ley
755 de 2002  (licencia de paternidad) como “Ley María”. Allí se fijaron
algunos criterios para definir la validez de normas que comprometen los
principios de pluralismo religioso y laicidad del Estado, bajo la premisa según
la cual “el principio de separación entre las Iglesias y el Estado exige
neutralidad de las autoridades frente a las manifestaciones religiosas e impide
que el Estado adhiera o promueva una religión”.
El fallo estableció las siguientes reglas jurisprudenciales
para determinar qué puede y qué no puede hacer el Congreso de la República
cuando aprueba una norma con implicaciones de orden religioso:
“Para abordar esta cuestión
es preciso identificar los criterios jurisprudenciales relativos a lo que le
está prohibido hacer al Congreso de la República cuando adopta una decisión que
podría llegar a tener alguna implicación desde una perspectiva religiosa.
Estos criterios cumplen la
función de trazar la línea entre lo permitido y lo prohibido en este campo. Así,
está constitucionalmente prohibido no solo 1) establecer una religión o iglesia
oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente con una
iglesia o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así sean
simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado
violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado,
desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el
pluralismo religioso dentro de un estado liberal no confesional. No obstante
tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una
finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una
preferencia por alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas o
desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar
o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente
libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de
orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas.
No significa lo anterior que le esté vedado al Estado entablar relaciones con
las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la Carta es que las
entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y libertad
por la Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía”
(Resaltado fuera de texto).
Teniendo en cuenta que una norma puede cumplir los
anteriores criterios pero a la vez tener una dimensión religiosa, la Corte
precisó que las connotaciones constitucionalmente prohibidas son aquellas
caracterizadas por promover una determinada confesión o religión, mientras que
son legítimas aquellas que ofrecen “varias interpretaciones seculares o
ajenas a cierta religión específica”:
“Ahora bien, puede
presentarse el caso de que una decisión estatal respete los criterios
anteriores, pero tenga una connotación religiosa. Fue lo que sucedió, por
ejemplo, cuando mediante normas legales se señalaron los días festivos y estos
coincidieron con fechas religiosas católicas. Esta Corte, como ya se
recordó, declaró exequibles las normas legales por las razones arriba
indicadas. Resalta la Corte que en dicho caso sólo algunos días de descanso
fueron denominados con un nombre religioso, aunque que para la comunidad muchos
de ellos estuvieran claramente asociados a fechas religiosas católicas. Aun
cuando la tradición religiosa católica era la única justificación de algunos de
tales días, dicha justificación no era necesaria ni única, puesto que varios
días festivos corresponden, por ejemplo, a momentos históricamente significativos,
como una batalla por la independencia o un hito en la historia política de la
nación colombiana. De tal manera que 6) las connotaciones religiosas
constitucionalmente prohibidas son las que tienen ciertas características: son
únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una determinada confesión o
religión. Por el contrario, no le está vedado al legislador adoptar decisiones
que ofrecen varias interpretaciones seculares o ajenas a cierta religión
específica, así para algunos miembros de la sociedad, desde su propia
perspectiva, dicha decisión pueda tener connotación religiosa”
(Resaltado fuera de texto).
En aquella oportunidad la Corte argumentó que subtitular una
ley con el nombre de “Ley-María” no vulneraba los principios de
pluralismo, diversidad cultural y separación entre iglesias y Estado, por
cuanto el Congreso “no tuvo como propósito la mención a
la ‘madre de Cristo’, propia de la religión cristiana”; es decir, “lo que se busca no es la
identificación del Estado a una religión o su adhesión a ésta, ni la promoción
o el beneficio de una iglesia o confesión religiosa en perjuicio de las demás
iglesias y confesiones con iguales derechos ante la ley”.
Explicó que “una de las connotaciones posibles del nombre
utilizado, ‘María’, como subtítulo de la ley, sea la ‘madre de Cristo’, no
quiere significar que otras connotaciones de tal nombre queden excluidas; por
el contrario, la exposición de motivos para primer debate en la Cámara de
Representantes aduce explícitamente a dos connotaciones más: el nombre de pila
de una recién nacida y las madres colombianas cuyo nombre, simple o compuesto,
más común es el de María, como dadoras y protectoras de vida”.
Finalmente, la Corte concluyó que “ninguno de los tres
propósitos perseguidos con la titulación de la ley, a saber, el homenaje a las
madres colombianas, a la pequeña María y a la ‘madre eterna’ reflejan
específicamente la finalidad última del proyecto de ley, a saber la protección
de la niñez en Colombia y el desarrollo del derecho constitucional de los
menores al amor y el cuidado de sus dos progenitores, no solo de uno de ellos.
Es por ello que así se mencionen determinados propósitos al momento de la
gestación y discusión de una ley en los recintos de la democracia
representativa, es claro que el texto de la ley adquiere significación autónoma
e independiente de la intención de sus creadores y su sentido se va precisando
gradualmente sólo en la medida en que es interpretado por la comunidad de
intérpretes a que va destinada”.
34. En la Sentencia C-1175 de 2004 la Corte declaró
inexequibles las normas que exigían la presencia de un representante de la
Curia Arquidiocesana de Bogotá en el Comité de clasificación de películas
previsto en el Código Nacional de Policía[76].
Constató que la norma establecía una prerrogativa
injustificada a favor de la religión católica, alteraba la igualdad entre las
distintas religiones y desconocía la separación Estado-Religión consagrada en
la Constitución. Destacó que dicha norma identificaba “explícitamente al
Estado con una determinada religión y determina[ba]
la toma de decisiones, por parte de éste, que expresan preferencias por una
religión en particular”. Añadió que “la afirmación según la cual la
religión católica puede ser la  mayoritaria en Colombia no hace procedente que
se dé un trato discriminatorio a otras religiones o confesiones, ni puede
desconocer el carácter laico del Estado Colombiano”.
35. En
la sentencia T-621 de 2014, la Corte Constitucional protegió el derecho a la
igualdad de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo,
ordenando a la autoridad competente eximirla del pago del impuesto a la sobretasa ambiental. Para ello, la Corte consideró que, “la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que los
principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad, no
impiden que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, comunidad o
situación, que tenga connotación religiosa. No obstante, estas medidas deben
cumplir determinadas condiciones para que resulten válidas desde la perspectiva
constitucional. En primer lugar, la disposición deberá ser
susceptible de concederse a otros credos, en igualdad de
condiciones. En segundo término, el Estado no puede ignorar las
prohibiciones constitucionales señaladas por esta Corte en la sentencia C-152
de 2003” (negrillas en el texto original).
36.  Clarificado que el Estado sí puede intervenir en
asuntos de contenido religioso, respetando ciertas cargas y prohibiciones, la
jurisprudencia constitucional también se ha ocupado de hacer referencia a la
noción de impacto primordial de la legislación que tiene algún contenido
religioso.
Así, en la Sentencia C-766 de 2010 la Corte Constitucional
analizó la objeción gubernamental al proyecto de ley “por medio del cual se
conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora
de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras
disposiciones”.
El proyecto conmemoraba el jubileo de las “Bodas de Oro
de la Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá”, ocurrida en 1959 en el municipio de La Estrella
(artículo 1º); declaraba al municipio de La Estrella como “Ciudad Santuario
y Patrimonio de Interés Cultural” (artículo 2º); e imponía a la Nación, a
través del Ministerio de Cultura, el deber de contribuir al fomento,
divulgación, desarrollo de programas y proyectos que adelantaba el municipio y
sus fuerzas vivas, “para exaltar este municipio como Ciudad Santuario” (artículo
3º).
El Gobierno objetó la totalidad del proyecto por considerar
que la consagración del municipio de La Estrella como “ciudad santuario”
implicaba un privilegio de la iglesia católica respecto de las demás
confesiones reconocidas en Colombia, al utilizar un término propio del derecho
canónico.
El Congreso de la República, por su parte, insistía en la
aprobación del proyecto argumentando que se trataba de “exaltar a través de
una Ley de Honores una manifestación cultural y religiosa como es en este caso
la Conmemoración de los 50 años de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá
en el Municipio de La Estrella Antioquia”; manifestación que podían realizar
otras religiones, lo que en su criterio garantizaba la igualdad ante la ley. En
la misma dirección, el Ministerio Público argumentó que “las leyes de
honores que pretenden el reconocimiento de los valores de una sociedad y la
exaltación de bienes culturales destinados al culto religioso, en manera alguna
atentan contra las creencias de otras personas con convicciones religiosas
distintas; por el contrario, constituyen una manifestación de la realidad, en
cuanto son expresión clara de la coexistencia de diversas confesiones
religiosas en el estado Social de Derecho”.
La Corte, sin embargo, dio la razón al Ejecutivo y en
consecuencia declaró inexequible el proyecto de ley objetado por vulnerar el
artículo 19 superior.
Comenzó por rescatar la legitimidad constitucional de las
leyes que rinden homenaje a ciudadanos, las que celebran aniversarios de
municipios colombianos y las que hacen conmemoraciones o reconocimientos
institucionales en general. Explicó como en esta clase de leyes es posible que
ocasionalmente confluyan el elemento cultural, histórico o social con el
componente religioso. Sin embargo, la Corte Constitucional puntualizó que este
último –es decir, el elemento religioso- “deberá ser meramente anecdótico o
accidental en el telos de la exaltación”, porque el carácter principal y la
causa protagonista ha de ser de naturaleza secular. Dijo al respecto lo
siguiente:
“En todas
estas celebraciones es un valor predominante el aspecto cultural, histórico o
social de los eventos, monumentos o ciudadanos exaltados, como es propio de un
Estado fundado en el principio de la laicidad. Se resalta, sin embargo, que
el carácter laico del Estado no ha sido óbice para que algunas de estas
exaltaciones se realicen respecto de edificaciones[77], eventos[78]
o personajes relacionados con alguna religión, específicamente la católica[79].
En el
régimen constitucional colombiano es posible que coincidan el elemento cultural
o histórico o social y el elemento religioso en una exaltación de este tipo. Sin embargo, en respeto de la separación que debe imperar entre los
principios de decisión y actuación pública y los motivos basados en alguna
creencia religiosa, en estos casos el fundamento religioso deberá ser
meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación.
En otras palabras, el carácter principal y la causa protagonista debe ser la de
naturaleza secular, pues resultaría contradictorio con los principios del
Estado laico que alguna decisión pública tuviera como propósito principal –y
algunas veces exclusivo- promocionar, promover o exaltar valores propios de
alguna religión.
Siendo este el
principio de decisión que se deriva de disposiciones constitucionales como los
artículos que consagran el principio democrático del Estado –artículo 1º de la
Constitución-, la diversidad étnica y cultural –artículo 7º de la Constitución-
y la libertad de cultos –artículo 19 de la Constitución-, es posible mencionar
como ejemplos leyes que declaran patrimonio histórico y cultural a templos
religiosos o edificaciones que sirven de sede a un seminario[80]. Sin
duda alguna son éstas edificaciones que tienen significación especial para la
iglesia católica; pero no puede interpretarse que el Estado tenga como
finalidad principal la promoción de un determinado credo, en este caso el
católico; el fin primordial que puede extraerse de estas decisiones será
exaltar la valoración que la población colombiana tiene respecto la
significación cultural o histórica de dicha iglesia o edificación y, por tanto,
el ámbito de configuración que tiene el legislador manifestado en la facultad
para exaltar o no una iglesia o un edificio que sirva como sede de un seminario”.
Es este el
sentido que tienen las leyes de honores, homenaje o por las cuales el Estado se
une a la celebración de aniversarios municipales o de otro tipo.
Contrario
sensu, no podría ser un fin de naturaleza
principal o exclusivamente religiosa el que animara este tipo de exaltaciones
por parte del Congreso de la República. Esta
hipótesis, además de contradecir el carácter laico del Estado, se alejaría de
la finalidad que se puede interpretar para este tipo de leyes. En efecto, si
bien la posibilidad de realizar exaltaciones por parte del Congreso no se
limita a las posibilidades que menciona expresamente el numeral 15 del artículo
150 de la Constitución, su amplitud no puede ser óbice para el desconocimiento
de principios incorporados en la Constitución del Estado colombiano”  (resaltado fuera de texto).
La Corte insistió en que el carácter laico del Estado se
concreta en el principio de neutralidad en asuntos religiosos, el cual supone
que no existan actividades de patrocinio o promoción estatal de alguna religión[81].
Aunque la laicidad no significa el
aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado, sí reclama
que las funciones públicas no se confundan con las que son propias de las
instituciones religiosas, como la definición de su ideología, su promoción o su
difusión. En esa medida, indicó la Corte, “no puede ser el papel del Estado
promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de
incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su
territorio”:
“Sin embargo, el
análisis constitucional no conduce a entender que la neutralidad estatal
implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del
Estado. Empero, las actividades que desarrolle el estado en relación con la
religión deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y
fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las
personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las funciones
públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas,
siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de su
ideología, su promoción y difusión. Contrario sensu, no puede ser el papel del
Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier
actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se
practique en su territorio[82].
Debe aclararse
que, en razón de la neutralidad que debe guardar el Estado, los órganos
constituidos no podrían realizar una campaña de apoyo o incentivo de todas y
cada una de las confesiones que se profesan en su territorio o de algunas de
ellas arguyendo que están tratando a todas por igual o que en el futuro lo
harán. Aunque este sería un tratamiento equitativo, dista bastante de ser neutral,
pues lejos de abstenerse, se estarían promocionando las confesiones religiosas,
resultado totalmente contrario al preceptuado por la Constitución respecto de
los poderes públicos.
(…)
En conclusión,
la igualdad de trato en materia religiosa está íntimamente relacionada con el
carácter laico y, por consiguiente, con la naturaleza secular de las
actividades que puede desarrollar el Estado. Razón por la cual la valoración de
las funciones que el Estado realice respecto de la religión deberá tener en
cuenta el entendimiento de la laicidad secular y su relación con la adecuada
garantía de la libertad de conciencia, religión y culto” (resaltado fuera de texto).
Al examinar el contenido del proyecto de ley objetado la
Corte constató que el Congreso de la República, al nombrar como
santuario católico a un municipio, estaba “desarrollando una labor que tiene
íntima relación con la iglesia católica”, una de cuyas consecuencias era la
de asignar tareas a autoridades públicas, como la “promoción a la iglesia
católica” (artículo 3º), publicitar la calidad de Santuario del Municipio
de La Estrella y “la realización de un homenaje al Municipio en razón de su
calidad de ciudad santuario” (artículo 5). Todo ello en desmedro de los
principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado:
“Siendo este el
contenido que se deriva de las disposiciones objetadas, encuentra la Corte que
declarar a un municipio como ‘Ciudad Santuario’ constituye una acción de
promoción y favorecimiento a la iglesia católica por parte del Estado y, en el
caso del proyecto analizado, implica una serie de actividades que redundarían
en beneficio de la mencionada confesión religiosa; todo lo anterior conlleva un
resultado contrario al principio de neutralidad estatal que rige las relaciones
iglesia – Estado dentro de un Estado laico[83].
De la misma forma resulta contrario a la laicidad del Estado el que sus poderes
autorice u ordene la realización de programas o proyectos que tengan como
objetivo primordial la difusión, patrocinio o promoción de confesiones
religiosas o de manifestaciones directas de éstas, como son el reconocimiento
de la devoción y la fe religiosa de los fieles de una iglesia –artículos 3º y
5º del proyecto de ley-. Esta relación también se crea cuando, por canales públicos,
se hace difusión del carácter de Ciudad Santuario que tenga un municipio
–artículo 4º-;  se emplean medios que vinculen al Estado con cualquier forma de
reconocimiento de la condición de Ciudad Santuario del municipio –artículo 2º-;
o se utilizan las instituciones públicas para difundir o reconocer la devoción
o las prácticas que manifiestan la fe de un grupo social –artículo 3-”.
Finalmente, la Corte desestimó que en dicho proyecto el
elemento secular –en ese caso la cultura- fuera predominante. Por el contrario,
constató que la dimensión religiosa y su promoción tenían carácter prevalente,
ante lo cual concluyó que “no resulta[ba] razonable la promoción y protección
del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido,
con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión
religiosa”, como en tal caso ocurría con la denominación de “ciudad
santuario” para una municipalidad. En palabras de la Corte:
“Otro aspecto que resulta
necesario aclarar es el supuesto carácter cultural que tendría la declaración
del municipio de La Estrella como Ciudad Santuario.  (…) La
Corte considera que en el presente caso no puede argüirse que la declaratoria
de Ciudad Santuario, si bien algún sentido religioso tiene, adquiere un
carácter predominantemente cultural, siendo, por tanto, una declaración
en la que primaría una naturaleza secular; o, incluso, que la declaración de
Ciudad Santuario trasciende la significación religiosa y representa, simplemente,
el reconocimiento a la tradición de una determinada  población colombiana.
Para la Corte
el argumento planteado por el Congreso de la República serviría para avalar la
constitucionalidad de la ley, siempre y cuando se comprobara que en dicha
declaratoria prima el carácter cultural y que, por consiguiente, el
elemento religioso es meramente accidental o accesorio a la
declaratoria. En otras palabras, sería acorde a los preceptos constitucionales
una ley por medio de la cual el Estado declara a un municipio Ciudad Santuario,
si se demostrara que tal acción no tiene un significado primordialmente
religioso, sino que, por el contrario, dicha declaración concreta una
manifestación secular del ejercicio de funciones estatales.
(…)
En
conclusión, el Estado podría promocionar, promover, respaldar o tener
acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de manifestaciones
que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible
carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro
del territorio  colombiano. Elemento cultural que  deberá ser el protagonista
de dicha manifestación. Son ejemplo de este tipo expresiones culturales las
festividades populares en las que se exalta un santo o un acontecimiento
religioso –Fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó o las Fiestas de San
Pedro en el Huila-, pero que, sin lugar a dudas, involucran como elemento
fundacional y principal una manifestación de la cultura de dicha población.
Respecto del
caso que ahora se estudia, la Corte recuerda que, independientemente de los
otros posibles significados, la denominación de Santuario tiene un sentido predominantemente
religioso, que se superpone a otros usos en contextos culturales e, incluso,
históricos que puedan atribuirse a esta denominación. Esto se confirma al
comprobar que el Código Canónico incorpora este concepto –art. 1230-; que el
término no es utilizado por el ordenamiento jurídico secular; y que el concepto
no deja lugar a dudas sobre la íntima relación que tiene con la práctica del
culto católico que, como es de esperar, involucrará contenidos que se
relacionan íntimamente con las creencias propias de dicha religión.
Contrario
sensu, no encuentra la Corte un elemento
secular que se superponga a la clara significación católica que tiene la
denominación de Santuario, con lo cual esta acción del Estado entraría en la
esfera, prohibida en un Estado laico, de promoción de una determinada
religión[84], máxime si se tienen en cuenta las consecuencias que en materia
funcional y presupuestal se asignan en la ley a instituciones públicas
–contenidas en artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto de ley objetado-.
Por estas
razones, para la Corte no resulta razonable la promoción y protección del
patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con
símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa,
como ocurre en el presente caso con la denominación de Ciudad Santuario[85]”
(subrayado fuera de texto, resaltado original)
37. Siguiendo esta base argumentativa, en la Sentencia C-817
de 2011 la Corte declaró inexequible la ley 1402 de 2010, “por la cual la
Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y
se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento
del Tolima”. Además de la asociación del Gobierno Nacional y del Congreso
con ese aniversario (artículo 1º) y la rendición de honores a la diócesis
(artículo 2º), la ley autorizaba al Gobierno Nacional para incluir dentro del
Presupuesto General de la Nación una partida para “la remodelación,
reparación y conservación de la Catedral de El Espinal” (artículo 4º).
La Corte reiteró el principio de Estado laico y el
pluralismo religioso en la Constitución Política, traducido en el deber de
neutralidad propio de un Estado laico o secular, donde se acepta o reconoce la
religión pero solo como uno de los escenarios a través de los cuales se
manifiestan las libertades individuales:
“12.  La regulación
constitucional ofrece, por ende, dos conceptos centrales para resolver los
problemas jurídicos relacionados con la cuestión religiosa: el Estado laico o
secular y el pluralismo religioso.  En cuanto al primer concepto, la Corte
reitera su jurisprudencia en el sentido que la decisión del constituyente de
prodigar idéntico tratamiento a todos los credos religiosos, está basado en un
mandato específico, que impone al Estado un deber de neutralidad frente
a esos credos e iglesias.  En otras palabras, ante el hecho religioso el Estado
Constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte de las
libertades individuales, pero a su vez, merced de la norma constitucional que
proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese
reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de
culto, con el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa”
(subrayado original).
La sentencia pone de presente que “asimilar un culto
específico al concepto ‘cultural’ plantea serias dificultades y graves riesgos”,
en especial si se tienen en cuenta vectores históricos de discriminación y
exclusión de las minorías que no han profesado la religión católica. De manera
que “vincular a la religión católica a una tradición constitucionalmente
protegida, en razón de sus vínculos culturales, significaría excluir a dichas
minorías de la protección estatal”. Dijo la Corte al respecto:
“16.3.  Por
último, advierte la Corte que tanto el concepto de la Vista Fiscal como algunos
de los intervinientes defienden la tesis según la cual la promoción estatal del
credo católico, resulta válida en la medida que al ser el culto que practican
la mayoría de los colombianos, cuyos orígenes se remontan a la Conquista
española y, por supuesto, tiene un vínculo evidente con la tradición y la
historia nacional, puede ser objeto de un tratamiento particular acorde con
esas características.  Para la Corte, asimilar a un culto específico, por sí
mismo, al concepto “cultural”, plantea serias dificultades y graves riesgos.
El pluralismo religioso implica reconocer y proteger todas las expresiones de
culto, al igual que aquellas agnósticas o que defienden el ateísmo, pues todas
ellas son válidas dentro de una sociedad democrática.  Este reconocimiento debe
realizarse con abstracción de particularidades culturales o poblacionales,
pues lo contrario pondría en riesgo la vigencia de los derechos
constitucionales de las personas o comunidades que adoptan una opción
minoritaria.  Por ejemplo, es también claro que la familia patriarcal o la
promoción de la heterosexualidad son prácticas que sin duda se encuadran dentro
de lo que algunos definen como ‘tradición’.  Igualmente, la población
colombiana mestiza demográficamente supera con creces a la indígena o la
afrodescendiente.  Con todo, estas razones no pueden servir de base para que el
Estado Constitucional deje de estar comprometido con la defensa de las minorías
conformadas por mujeres, homosexuales, indígenas y afrocolombianos,
precisamente porque de no hacerlo, a partir del reconocimiento de esas
prácticas tradicionales, negaría sus derechos y libertades en pos del
mantenimiento de la comprensión de lo que debe ser la sociedad para la
mayoría.  Esta es la razón por la cual la jurisprudencia constitucional asume
el criterio de discriminación histórica como parámetro para la protección
especial por parte del Estado de determinadas categorías de personas y
comunidades.
Estas
consideraciones son aplicables mutatis mutandis a quienes, haciendo parte de
una minoría en el país, ejercen un credo distinto al católico o no ejercen
ninguno.  Vincular a la religión católica a una tradición constitucionalmente
protegida, en razón de sus vínculos culturales, significaría excluir a dichas
minorías de la protección estatal.  Por supuesto, en esta sentencia se ha
señalado que son admisibles los tratamientos jurídicos, incluso favorables,
para fenómenos vinculados a credos religiosos, tratamientos que a su vez pueden
estar basados en el reconocimiento de fenómenos de comprobada raigambre
cultural.  Por ejemplo, no existe duda que podría prodigarse determinado trato
favorable para la conservación y restauración de un lugar destinado al culto,
cuando se compruebe suficientemente que el mismo tiene un valor arquitectónico
y/o histórico, que trasciende a la práctica religiosa. Por ende, para evitar
desconocer los principios de igualdad, Estado laico y pluralismo religioso,
este reconocimiento estatal depende de que en cada caso concreto pueda
evidenciarse que la medida está fundada principalmente en un criterio
secular constitucionalmente admisible, que permite dicha promoción.  Ello
debido a que ese criterio secular haría que la acción el Estado se encuadre
dentro del deber de neutralidad, categoría que precede a la vigencia del Estado
laico.
La exigencia de
ese criterio secular es, en ese orden de ideas, la que da sentido al deber de
neutralidad estatal ante la cuestión religiosa. El Estado tiene vedado
adscribirse institucionalmente a cualquier culto, sea este mayoritario o
minoritario, por el solo hecho de ser una práctica religiosa. Esto no impide
que pueda válidamente apoyar expresiones insertas en la práctica religiosa, a
condición que las mismas ofrezcan un contenido secular principal y verificable,
esto es, no marginal” (resaltado fuera de texto).
En el estudio específico de la norma demandada, la Corte pudo
constatar, luego de una revisión de los antecedentes legislativos, que los
propósitos de la ley eran claramente religiosos, encaminados a exaltar la
conmemoración de una organización institucional que la iglesia católica
prescribe para sus fieles. Propósito primordial que carecía de contenido
secular y, conforme con la jurisprudencia, desconocía el carácter laico del
Estado colombiano. Adicionalmente, la Corte desestimó el valor “cultural”
de la diócesis de El Espinal, que se basaba en el hecho de que la religión
católica era practicada mayoritariamente por la población de esa localidad[86].
38. Resulta importante hacer mención de la Sentencia T-139
de 2014. En aquella oportunidad la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional analizó si la Gobernación de Santander vulneró los
derechos fundamentales a la igualad y a la libertad religiosa de una persona,
al contratar la ejecución de una obra alegórica a un ser superior dentro del
proyecto turístico “Ecoparque Cerro del Santísimo”.
La Corte recordó que “la valoración de las funciones que
el Estado realice respecto de asuntos religiosos deberá tener en cuenta la
laicidad secular exigida y su vínculo con la adecuada garantía de la libertad
de conciencia, religión y culto”. Sin embargo, en el caso bajo revisión
consideró que no se vulneraron esos derechos, en la medida en que el proyecto
en cuestión estaba dirigido “exclusivamente a fomentar el turismo en el
Departamento a través de la creación de un Ecoparque”, el cual tendría como
centro de atracción una figura artística en grandes dimensiones de un ser
superior, sin que la misma se estuviere adscrita a una religión en particular.
En palabras de la Corte:
“[L]a actuación del Gobernador no desconoce
el principio de laicidad antes referido, en la medida que el proyecto
encargado, más exactamente, la elaboración de una escultura alegórica a un ser
superior:
(i) No está representando
a una religión específica ni mucho menos se persigue establecer una religión
oficial en la región estableciendo una religión oficial del Estado
colombiano.
(ii) No es una invitación
a la realización de actos o ritos oficiales de una religión en particular.
(iii) No tiene una
finalidad religiosa. Por el contrario, como se evidenció en el contrato, lo
que se busca con el proyecto es la promoción del turismo en el Departamento y
de la cultura de sus habitantes.
(iv) Finalmente, no se
trata de políticas ni planes de desarrollo cuyo fin primordial sea promover,
beneficiar o perjudicar a una religión específica. Si bien se trata de una
figura alegórica a un ser superior, se deja al arbitrio del observador su
interpretación, sin que la misma represente a una deidad en particular.
En este orden de ideas, es
claro para esta Sala de Revisión que se trata de una medida con un marcado
carácter laico, que en nada afecta la libertad de conciencia, religión y culto
de los habitantes del sector ni de los eventuales turistas, que acudan al
parque para observar la obra” (resaltado fuera de texto).
39. Por
último, la Corte reseña la Sentencia C-948 de 2014. Esta corporación resolvió
una demanda interpuesta contra la ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”,
con ocasión de su canonización y su reconocimiento como santa por parte de las
autoridades eclesiásticas de la iglesia católica romana.
En esa ley la Nación le rindió honores “por toda una vida
dedicada a la defensa y apoyo de los menos favorecidos en Colombia” (artículo
1º, declarado exequible); dispuso que el Gobierno Nacional y el Congreso
llevarían a cabo un acto protocolario (artículo 2º, exequible); autorizó al
Gobierno Nacional para que la madre Laura Montoya fuera consagrada como patrona
del Magisterio de Colombia (artículo 3º, inexequible); dispuso que la Nación
construiría un mausoleo “para la peregrinación de los fieles” (artículo
4º, inexequible); ordenó la emisión de una moneda en honor a la Madre Laura por
parte del Banco de la República (artículo 5º, exequible); dispuso la
construcción de una escultura en su honor (artículo 6º, declarado exequible
salvo la expresión, “como la cuna moderna de la evangelización para los
indígenas de América y el mundo moderno”); autorizó al Gobierno Nacional a
destinar partidas necesarias para la pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó
en el departamento de Antioquia, “dado el gran impacto turístico y religioso
que para el municipio de Jericó y sus municipios vecinos representa le
efemérides” (artículo 7º, exequible); declaró al municipio de Jericó como
de “alto potencial para el desarrollo turístico, en especial en los
productos religiosos y culturales (museos y centros históricos)”, para lo
cual señaló que el Gobierno promovería las inversiones e infraestructuras
turísticas necesarias (artículo 8º, exequible); y ordenó al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo presentar un plan de desarrollo de turismo para
el municipio de Jericó y su área circunvecina (parágrafo del artículo 8º,
inexequible).
La Corte tuvo en cuenta las subreglas trazadas en su
jurisprudencia y con fundamento en ellas avaló la generalidad de la ley por
considerar que no se desconocían los principios de laicidad estatal, neutralidad religiosa, pluralismo y
libertad de cultos.
Este tribunal reconoció que los criterios de interpretación
literal, histórico y de contexto de la ley aportaban información suficiente
para afirmar que la ley de honores pretendía exaltar valores religiosos y
católicos de una persona. También aceptó que el componente religioso de la ley
no era accidental, al punto que “las referencias a su trabajo como
evangelizadora, misionera, mística, beata y santa de la confesión católica romana
no deja[ba]n duda alguna al respecto”.
A pesar de lo anterior, la Corte pudo constatar que junto
con la motivación religiosa se encontraba también una motivación de otro orden,
encaminada a exaltar su labor como misionera, el diálogo y acercamiento
intercultural que propició en un momento histórico complejo, al igual que la
defensa y apoyo a los más necesitados de Colombia[87].
Teniendo en cuenta ese otro propósito, no menos importante
que la exaltación de sus valores religiosos, la Corte concluyó que la ley
demandada superaba el estándar fijado por la jurisprudencia constitucional
acerca de la laicidad del Estado y su neutralidad religiosa:
“44. Así las cosas, la Sala
observa que la Ley 1710 de 2014 supera el estándar de evaluación de las leyes
de honores de contenido religioso que ha definido este Tribunal, en tanto posee
al menos dos propósitos plenamente relevantes y cruciales en la definición de
la cuestión religiosa, y más específicamente de la relación entre los principios
de estado laico, pluralismo y libertad de cultos.
(…)
47.1. En primer término, el
título de la ley no refleja problema constitucional alguno. La incorporación de
las expresiones “santa” y “madre” en el mismo no es incompatible con el
principio de decisión planteado, es decir, con el hecho de que la Ley 1710 de
2014 incorpora, al menos, dos propósitos protagónicos, uno de carácter
religioso, y otro de naturaleza laica. El uso de esas expresiones, si bien
puede asociarse a la Iglesia católica obedece a la vocación que siguió la Madre
Laura Montoya Upegui en vida y a la decisión adoptada por los jerarcas de su
Iglesia en el sentido de canonizarla en el año 2013.
Tales expresiones, sin
embargo, pueden coexistir con los dos propósitos esenciales de la ley: si bien
demuestran que el Legislador dictó la ley cuestionada tomando en consideración
una decisión interna de la religión católica, ello no permite concluir que ese
fue su único propósito, pues tanto la exposición de motivos, como el contenido
de los demás artículos desvirtúan esta visión.
47.2. El artículo 1º de la
Ley 1710 de 2014 supera el estándar de constitucionalidad sentado por la Corte.
Si bien se trata de una norma que abiertamente manifiesta su motivación
religiosa, en tanto indica que la ley surge “con motivo de su santificación”,
posteriormente destaca que se pretende hacer también un homenaje por su trabajo
social, en “defensa y apoyo de los más necesitados, respetando así el parámetro
de control ya descrito”.
Sin embargo, la Corte declaró la inexequibilidad de algunas
normas y expresiones -anteriormente señaladas-, al constatar que vulneraban
esos mismos principios. Por ejemplo, declaró inexequible el artículo 3º, que
autorizaba al Presidente de la República a consagrar a Laura Montoya Upegui como
“patrona” del Magisterio, lo cual era abiertamente inconstitucional:
“El concepto de patrona es un
calificativo con clara connotación religiosa, y la designación de un personaje
de un credo específico y determinado como patrona de todos los educadores
supone la adhesión simbólica del Estado a esta religión en la prestación de un
servicio público esencial que, además, afecta la libertad de cátedra, la
autonomía de las instituciones educativas, y la formación pluralista para los
niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, este artículo será declarado
inexequible”.
En relación con el artículo 4º, que estipulaba la
construcción de un mausoleo en el Convento de la Madre Laura, la Corte valoró
que esa medida desconocía el principio de libertad religiosa, además de atentar
contra la privacidad y propiedad de esa comunidad:
“En efecto, el citado
convento es una edificación de una congregación religiosa que pretende
continuar la obra de la Madre Laura Montoya, así que tiene el derecho a
decidir, de manera autónoma, el tipo de monumentos u objetos de culto que hacen
parte del mismo o que allí se exhiben. Aún si el Congreso de la República
estima que se trata de obras beneficiosas para este grupo religioso, no puede
adoptar una decisión como está irrumpiendo el ámbito privado de la
congregación.
Se trata de una comunidad de
misioneras interesada en compartir las angustias de los pobres, que
precisamente trabaja por la dignidad de los hombres, e impulsan las
organizaciones indígenas para reivindicar los derechos humanos. Ese trabajo
constante es llevado a cabo en un entorno de vida sencillo, humilde, abnegado y
pobre, para el que pudiera resultar invasivo que se le construya un mausoleo en
su interior para la peregrinación de los fieles”.
Finalmente, en cuanto al artículo 6º, la Corte observó que
si bien en el contexto general de la ley la exaltación allí prevista era válida
(construcción de una escultura en su honor en el municipio de Dabeiba), las
palabras con las que terminaba el artículo -“como la cuna moderna de la
evangelización para los indígenas de América y el mundo católico”- eran “inaceptables
en una ley de una República multicultural, pluralista y respetuosa de los
derechos de los pueblos originarios y los demás colectivos que reclaman una
identidad cultural y étnica diversa”, por lo que esa expresión fue
declarada inexequible.
39. El anterior recuento de la jurisprudencia constitucional
y de algunos de los casos más relevantes analizados por esta Corte pone de
presente la necesidad de establecer límites a la intervención de las
autoridades públicas, en particular del Legislador, cuando están de por medio
cuestiones de orden religioso.
Como punto de partida debe insistirse en que la Constitución
de 1991, en el marco de sus valores y principios, al definir a Colombia como un
Estado Social de Derecho fundado en el pluralismo, la libertad religiosa y la
igualdad entre todas las confesiones, acogió un modelo de Estado laico (arts. 1
y 19 CP). El Estado renuncia entonces a un determinado sentido religioso del
orden social, de manera que ninguna iglesia o confesión tendrá carácter
oficial, ni las autoridades pueden consagrarse a una de ellas.
A partir de los precedentes mencionados se puede concluir
que para que una medida adoptada por el Estado involucre el ámbito religioso y
con ello no se desconozca el deber de neutralidad del Estado deben cumplirse
dos condiciones particulares:
a) La
medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones.
(b) En
segundo término, el aparato estatal no debe incurrir en alguna de las
prohibiciones siguientes, identificadas en la sentencia C-152 de 2003. Existe
así una clara separación entre el Estado y las iglesias o confesiones
clericales, lo que se traduce en el respeto de todas ellas en condiciones de
igualdad y un deber de neutralidad en materia religiosa. En consecuencia, las
autoridades públicas no pueden: (i) establecer una religión o iglesia como
oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión;
(iii) realizar actos de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia,
religión o iglesia; (iv) tomar decisiones que tengan una finalidad religiosa;
(v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial sea
promover, beneficiar o afectar a una religión en particular; (iv) aprobar
medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es decir, que
se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o iglesia[88].
Lo anterior no supone desconocer hechos sociales o
culturales derivados de la hegemonía o preponderancia de alguna religión en
algún momento de la historia, sino comprender que esas circunstancias
coyunturales no pueden alterar la neutralidad institucional en materias que
solo corresponden a la esfera de las libertades individuales, como el ejercicio
de un culto. No son válidas, entonces, las medidas que identifican
explícitamente al Estado con un determinado credo o confesión.
Con todo, es posible que en una ley converja una dimensión
religiosa con el reconocimiento o exaltación de elementos culturales,
históricos o sociales; por ejemplo, en aquellas que pretenden rendir homenajes
a ciudadanos, celebrar aniversarios de municipios o hacer conmemoraciones
institucionales. Sin embargo, en tales eventos, para evitar que los principios
de laicidad y neutralidad del Estado se vulneren, la jurisprudencia ha sido
categórica en exigir que el fundamento religioso sea “meramente anecdótico o
accidental en el telos de la exaltación”. En otras palabras, el fin
principal de este tipo de regulaciones en ningún caso ha de ser la exaltación
religiosa, es decir, “no puede ser papel del Estado promocionar, patrocinar,
impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de
cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio”. Es por
ello por lo que “no resulta razonable la promoción y protección del
patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos
que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa”[89].
Por último, es importante tener en cuenta que “asimilar
un culto específico al concepto ‘cultural’ plantea serias dificultades y graves
riesgos”, en especial cuando de lo que se trata es de reivindicar prácticas
religiosas mayoritarias –como la religión católica-. En estos casos las
autoridades públicas deben ser especialmente cuidadosas debido a factores
históricos de discriminación y exclusión de minorías; en palabras de la Corte, “vincular
a la religión católica a una tradición constitucionalmente protegida, en razón
de sus vínculos culturales, significaría excluir a dichas minorías de la
protección estatal”. Aun cuando el Estado puede apoyar expresiones
culturales insertas en una práctica confesional, ello solo es legítimo “a
condición que las mismas ofrezcan un contenido secular principal y verificable,
esto es, no marginal”[90].
Con estas premisas la Corte ha avalado
aquellas normas en las cuales, a pesar de estar inmerso un elemento religioso,
su cometido no ha sido privilegiar o promocionar un credo específicamente
considerado, por cuanto en esas mismas normas prevalecen otros propósitos
–seculares- constitucionalmente relevantes. Así ocurrió, según fue reseñado, con
la declaratoria de ciertos días como festivos, a pesar de coincidir con
efemérides católicas, porque el objetivo central fue asegurar a los
trabajadores el descanso remunerado a partir de una larga tradición (sentencia
C-568 de 1993); con la titulación de la ley que reconoció la licencia de
paternidad como “Ley María” (sentencia C-152 de 2003), donde nunca se
quiso asociar al Estado con una religión o buscar su adhesión; con la
construcción del “Ecoparque Cerro del Santísimo” (sentencia
T-139 de 2014), que no pretendía rendir culto ni invitar a la
realización de actos o ritos oficiales a una religión específica, sino
exclusivamente fomentar el turismo; o con la ley de exaltación a
la madre Laura Montoya Upegui -salvo algunas regulaciones puntuales-, por su labor de promotora del diálogo intercultural en un complejo
momento de la historia y su rol como misionera para socorrer a los menos
favorecidos de Colombia (sentencia C-948 de 2014).
40. Pero -con el mismo rigor y criterio- la
Corte tampoco ha vacilado en declarar inexequibles aquellas normas en las
cuales se privilegia el componente religioso sobre otros factores seculares
(históricos, culturales, sociales, etc.), al constatar una franca y directa
ruptura de los principios de laicidad y neutralidad del Estado. Al respecto se
pueden mencionar las sentencias C-350 de 1994 (consagración oficial al Sagrado
Corazón de Jesús), C-1175 de 2004 (presencia de un representante de la Curia
Arquidiocesana de Bogotá en el Comité de clasificación de Películas), C-766 de
2010 (declaratoria del municipio de La Estrella como “ciudad santuario y
patrimonio de interés cultural”), C-817 de 2011 (declaratoria como
monumento nacional a la catedral de El Espinal, vinculación con un aniversario
de la creación de la diócesis y autorización para la remodelación, reparación y
conservación de la catedral); e incluso la propia sentencia C-948 de 2014, en
cuanto permitía la consagración de una misionera católica como “patrona del
Magisterio de Colombia” y ordenó la creación de un mausoleo “para la
peregrinación de los fieles”.
41. En consideración a los precedentes de la
Corte Constitucional, se reitera que al ser Colombia un Estado laico, se impide
imponer medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que
prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular,
basadas en el hecho determinante de la práctica o rechazo a ese culto
religioso. Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas que
involucre un trato específico para una institución religiosa, dependerá de que
en ella se pueda identificar un criterio predominantemente secular, que la
sustente o justifique.
La laicidad es un principio republicano y
democrático, tal vez el único que realmente permite la convivencia pacífica
dentro de la diversidad religiosa. La laicidad promueve a la vez la supremacía
constitucional al poner en planos distintos la supremacía de los libros
sagrados y la de la Constitución. La laicidad permite entender que no hay
antinomias entre estos textos, sino espacios normativos distintos[91];
permite entender que, a pesar de las diferencias, el texto que nos reconoce a
todos como colombianos, nuestro el texto sagrado, es la Constitución.
Por eso, si una Constitución reconoce la libertad
religiosa, la libertad de cultos y la libertad de conciencia, como en efecto lo
hizo la Carta Política de 1991, la mejor forma de garantizar esas libertades
por parte del Estado es procurando su neutralidad. La adopción de signos
religiosos por parte del Estado, la promoción de una religión en particular, la
financiación de un credo o festividad religiosa con dineros públicos, terminan
por afectar esas libertades religiosas porque altera el plano de igualdad en el
que se encuentran las distintas religiosas.
Las anteriores consideraciones también resultan aplicables
cuando de lo que se trata es de asignar recursos del presupuesto de las
entidades públicas para promover manifestaciones culturales en las cuales
converge y prevalece la exaltación de ritos o ceremonias de una confesión
religiosa en particular. En efecto, si bien es cierto que el Legislador está
legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones
culturales, aún si tienen alguna connotación religiosa, también lo es que el
fundamento cultural debe ser el protagonista, y no a la inversa, porque en tal
caso se afectarían los principios de laicidad y neutralidad religiosa, pilares
esenciales de un Estado social de derecho que pregona el pluralismo y el
respeto por la igualdad de todas las confesiones.
Si se le permitiera al Estado, a cualquier
título, o en cualquier nombre, incluso de la protección al patrimonio cultural,
subvencionar o financiar actividades religiosas, al estar de por medio dineros
públicos, se impondría la veeduría, control y responsabilidades propias de
quienes administran recursos públicos. Así, por ejemplo, sería obligatoria la
realización de un exigente control a las actividades de la iglesia, de los
ordenadores del gasto en la iglesia, quienes serían sujetos de responsabilidad
fiscal y sujetos disciplinarios en cuanto manejaran o administran recursos del
erario. Es decir, podría haber responsabilidad (fiscal, disciplinaria o incluso
penal) que podría conducir a la sanción, destitución o incluso condena de los
ministros de una iglesia, todo lo cual pondría en grave riesgo la autonomía y
libertades religiosas.
Es por lo anterior que el principio de
laicidad garantiza la independencia mutua entre las iglesias y el Estado. Se
trata de un mecanismo para proteger a la iglesia de las intromisiones de las
autoridades públicas, lo mismo que al Estado respecto de las intromisiones de
las iglesias.
42. Las consecuencias del principio de
neutralidad de la ley frente a las religiones han sido reconocidas en otras
latitudes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de
1947, señaló que “ningún impuesto en ningún porcentaje puede destinarse a la
financiación de actividades o instituciones religiosas”[92]. También,
en otro célebre pronunciamiento que dio lugar al conocido “Lemon test”[93]
sostuvo que para aceptar la constitucionalidad de la intervención pública en
asuntos religiosos es necesario acreditar tres requisitos: (i) la ley debe
tener un propósito secular, (ii) su efecto primario no debe ser el de inhibir o
promocionar alguna religión, y (iii) su aplicación no debe proporcionar un
enmarañamiento –excessive entanglement- entre el Estado y la religión[94].
De esta manera, la neutralidad que impone la laicidad frente
a los cultos religiosos no prohibe que ciertos lugares (por ejemplo de culto),
ciertas obras artísticas (pinturas, esculturas) y arquitectónicas (templos,
monasterios), o incluso ciertas manifestaciones religiosas sean protegidas por
el Estado en razón de su proyección como patrimonio cultural. Sin embargo, al
estar en tensión el principio constitucional de laicidad y neutralidad
religiosa con el deber –también constitucional- de protección al patrimonio
cultural, es preciso evalar y ponderar varios aspectos:
(i) La
existencia de elementos de juicio objetivos y razonables que demuestren que en
verdad se está en presencia de un elemento propio del patrimonio cultural de la
Nación, esto es, más allá de meras referencias a manifestaciones que perduran
en el tiempo o con alguna significación para un sector de la sociedad.
(ii)
La noción de cultura o patrimonio cultural no está asociada a un criterio de
mayoría, lo que de suyo anularía la existencia de culturas de comunidades
poblacionalmente minoritarias, cuyos aportes pueden resultar aún más
significativos y afrontar riesgos más graves de extinción. En consecuencia,
cuando la decisión mayoritaria pueda afectar los derechos de las minorías, en
este caso religiosas, el nivel de control constitucional para avalar su
existencia debe ser más riguroso.
(iii)
Las medidas de protección de manifestaciones culturales deben ser cuidadosas de
no comprometer al Estado en al defensa y promoción de un culto en particular,
que le haga perder su neutralidad. En otras palabras, las medidas adoptadas por
el Legislador no pueden generar un privilegio a favor de un culto determnado,
de manera que “la constitucionalidad de las políticas estatales que
beneficien a la religión serán juzgadas en función de la neutralidad de sus
propósitos y de sus efectos”[95].
Con estos elementos de juicio procede la Sala al examen de
la norma impugnada.
F. LA CONSTITUCIONALIDAD
DE LA NORMA ACUSADA
43. La ley 1645 de 2013, “por la cual se
declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la Semana Santa de
Pamplona, Departamento Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”,
establece en su título la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana
Santa de Pamplona. Consta de ocho artículos sustantivos y uno sobre
su vigencia.
El artículo 1º de la ley declara “patrimonio
cultural inmaterial de la Nación a las procesiones de Semana Santa, del municipio
de Pamplona”, departamento de Norte de Santander.
Los artículos 2º, 3º y 4º, autorizan al Gobierno Nacional -Ministerio de Cultura-,
para que (i) dicha
manifestación sea incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural de
la Nación -LRPCI-; (ii) las procesiones sean incluidas en el banco de
proyectos; y (iii) se
declaren como Bienes de Interés Cultural de la Nación -BIC-, las imágenes que
se utilizan para la celebración de las procesiones.
Los artículos 5º y 6º declaran a la arquidiócesis de
Pamplona y al municipio de Pamplona como los
creadores, gestores y promotores de las procesiones, por lo cual, les ordena
elaborarán la postulación de la Semana Santa a la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia, PES, así
como la postulación a la lista indicativa de candidatos a bienes de interés
cultural LCBIC y el plan especial de manejo y protección de las imágenes que se
utilizan en las procesiones de la Semana Santa de Pamplona.
El artículo 7º establece el deber de la Nación,
representada por el Ministerio de Cultura, de contribuir con el fomento,
promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo de dicho patrimonio.
Finalmente, el artículo 8º autoriza al municipio de
Pamplona municipio a asignar partidas presupuestales con miras a la
celebración anual de las procesiones de Semana Santa en esa localidad. Esta
última norma es la que es objeto del presente juicio de constitucionalidad:
“ARTÍCULO 8o. A partir de la
vigencia de la presente ley, la administración municipal de Pamplona estará
autorizada para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto
anual, para el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley”.
La demanda considera que su inconstitucionalidad se deriva
del hecho de  representar una vinculación del Estado con ceremonias específicas
de la religión católica, al autorizar al Gobierno para que incorpore partidas
del presupuesto destinadas al cumplimiento de la ley, es decir, a que sea haga
efectiva: (i) la inclusión de las procesiones en la LRPCI, (ii) la declaración
de las imágenes como BIC, (iii) la inclusión de la manifestación en bancos de
proyectos, y (iii) la elaboración del Plan de Salvaguarda y del Plan Especial
de Manejo y protección.
Por otra parte, el artículo 7º establece el deber de la Nación, representada por el
Ministerio de Cultura, de contribuir con el fomento, promoción,
difusión, conservación, protección y desarrollo de dicho patrimonio. Para la
Sala Plena resulta relevante la utilización del verbo contribuir, pues ello
implica que otra institución debe concurrir con el mismo objetivo. Así las
cosas, resulta lógico pensar que la autorización otorgada por el legislador
para que se apropie presupuesto del municipio para el cumplimiento de la ley,
también implica que el ente territorial sea uno de los contribuyentes en el
objetivo de fomentar, promocionar, difundir, conservar, proteger y desarrollar
dicho patrimonio declarado.
De lo expuesto, la Sala considera
que la autorización para destinar recursos del patrimonio público, propende por
la salvaguarda y/o protección de las procesiones de Semana Santa en Pamplona y
de las imágenes que en ella se utilizan. Teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas sobre el principio de Estado laico y
el pluralismo religioso, pasa la Sala a determinar si la autorización otorgada
por el Congreso es constitucionalmente válida.
44. En concepto de la accionante y del único interviniente,
el artículo 8º de la ley 1645 de 2013 debe ser declarado inexequible por
desconocer el principio de laicidad y neutralidad del Estado en cuestiones
religiosas (arts. 1º, 2º y 19 CP). El Procurador General de la Nación, por el
contrario, sostiene que la norma se ajusta a la Constitución porque el Estado
tiene la obligación de proteger y promover la cultura -en este caso
representada en una manifestación religiosa-, para lo cual dispone de la
facultad de autorizar la asignación de recursos públicos.
La Corte debe precisar que en esta oportunidad no se ha
cuestionado la declaratoria de las procesiones de Semana Santa del municipio de
Pamplona como patrimonio cultural inmaterial de la Nación (art. 1º de la ley).
Lo que se reprocha es el que el Congreso de la República haya autorizado a la
administración local para asignar recursos públicos con el fin de promover un
rito específico y exclusivo de una iglesia –las procesiones de Semana Santa de
la religión católica en Pamplona- (artículo 8º), lo que a juicio de la
ciudadana accionante es incompatible con la laicidad del Estado y su deber de
neutralidad religiosa.
44. La
Corte Constitucional ha considerado que si bien resulta admisible prima facie que
el Estado exalte manifestaciones sociales que tengan un referente religioso,
para que esto resulte válido desde la perspectiva constitucional, se requiere
que la normatividad o medida correspondiente tenga un fin secular, el cual debe
cumplir con dos características: (i) debe ser suficientemente identificable; y (ii) debe tener carácter
principal, y no solo simplemente accesorio o incidental.
Acorde
con lo anterior, debe la Sala determinar si la norma demandada respeta el
principio de neutralidad propio del Estado laico, en los términos expuestos en
la parte considerativa de esta providencia. Para ello, se deberá determinar si
la decisión de autorizar al municipio para invertir parte de su presupuesto en
una manifestación religiosa contiene un fundamento secular distinto a una
finalidad religiosa.
45. Para la Sala es evidente que con el
artículo demandado se establece una forma de relación inconstitucional
Estado-Iglesia Católica, en una faceta de inversión de recursos del ente
municipal de Pamplona, por dos razones principales.
En
primer lugar, el significado mismo del término procesión sugiere una idea
religiosa. Tan es así que la Real Academia de la Lengua Española le otorga el
siguiente significado: “acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas
personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso”; agregándole
al término su condición de Semana Santa, no cabe duda de su relación directa
con el acto solemne importante para la iglesia católica. En cuanto a las
imágenes que en ella se exponen, cobra mucha más vigencia su relación con el
acto religioso, pues en ellas se representa el Misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.
En
segundo lugar, la relación Estado-Iglesia se expone con más fuerza, cuando el
legislador decide involucrar a la Arquidiócesis de Pamplona, entendida como “una
jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica en Colombia”, otorgándole
los calificativos de creadora, gestora y promotora de dichas procesiones.
En este orden de ideas la Corte advierte que, al menos en
los términos en los cuales se encuentra redactada, aun cuando la ley 1645 de
2013 tiene una dimensión cultural, en este caso el elemento relevante y
protagónico en ella es la exaltación de los ritos o ceremonias de una confesión
en particular –en concreto la religión católica-, de manera que el aval del Congreso
para que el municipio asigne recursos públicos con miras a su promoción o
exaltación se convierte en incompatible con los principios de laicidad del
Estado y neutralidad religiosa.
A esa conclusión llega la Sala luego de una revisión no solo
del texto de la ley sino también de los debates congresuales que le
antecedieron.
45. En cuanto al contenido de la ley, debe decirse que “tiene
como objetivo declarar patrimonio cultural inmaterial de la Nación, a las
procesiones de Semana Santa, del municipio de Pamplona, Departamento de Norte
de Santander” (artículo 1º). Este propósito pone de manifiesto que lo que
se reconoce como “patrimonio cultural inmaterial” es una conmemoración
de culto. En efecto, las procesiones de Semana Santa se adscriben a un único
credo, por lo que resulta difícil –cuando no imposible- desligar el componente
religioso de la dimensión cultural en la ley. Esto quiere decir que no es
posible establecer una finalidad secular en el financiamiento de la semana
santa. Basta una mirada a las fuentes de la propia comunidad de Pamplona para
comprender que todos los actos y ceremonias de la Semana Santa están
necesariamente ligados a la religión católica romana[96].
La Sala también observa que la ley vinculó directamente
tanto al municipio como a la Arquidiócesis de Pamplona con la gestión y
promoción de las Procesiones de Semana Santa (artículos 5 y 6), de tal manera
que hizo converger a dos instituciones –una laica y otra confesional- en una
misma misión cuyo fundamento es esencialmente de promoción y divulgación
religiosa.
Lo anterior muestra cómo, a pesar de que la ley 1645 de 2013
pretende el reconocimiento de ciertos actos como parte del patrimonio cultural
inmaterial de la Nación, lo que se desprende de su contenido es, en últimas, la
exaltación de las ritualidades, íconos y actos ceremoniosos exclusivos de la
religión católica romana, probablemente mayoritaria y hegemónica durante varios
siglos.
45. De la misma forma, cuando se revisan los antecedentes
legislativos se puede constatar –incluso con mayor claridad- cómo el elemento
religioso fue en realidad el protagónico para la inspiración y aprobación de
esa ley, donde la promoción de la cultura y de otros factores como el turismo
fueron apenas coyunturales.
Así, en la exposición de motivos del proyecto de ley, a la
cual la Corte hace remisión directa[97],
luego de una breve descripción geográfica y de la historia de Pamplona, se hace
un recuento de la Semana Santa en ese municipio. En él se incluye “un
escrito de María Clara Valero Álvarez Presidenta de la Academia de Historia de
la Ciudad de Pamplona, en donde se hace un breve relato sobre la trayectoria e
importancia de la Ciudad de Pamplona y sobre la antigüedad de la Semana Santa,
con sus respectivas citas colocadas en orden cronológico con soportes
documentales de fuentes primarias que reposan en los archivos notariales y
eclesiásticos, indagación realizada por la autora de esta nota histórica”.
A continuación se exponen algunas consideraciones referentes a la competencia
del Congreso y los fundamentos constitucionales y legales para aprobar esta
clase de normas (declarar el patrimonio cultural inmaterial de la Nación).
Finalmente, se exponen algunas consideraciones acerca de la “justificación
del proyecto”, en los siguientes términos:
“El
presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental que la Semana
Santa del municipio de Pamplona -Norte de Santander- o como se denomina en
el ámbito nacional -Semana Mayor-, sea incluida en la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional y que los bienes muebles que
hagan parte de la respectiva manifestación religiosa tengan el carácter de
bienes de interés cultural del ámbito nacional, con su correspondiente plan
especial de protección.
Al
incluirse en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del
ámbito nacional la Semana Santa del municipio de Pamplona, se asegura
su fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción.
De igual
forma con la declaratoria de interés cultural de carácter nacional de las
imágenes (bienes muebles) que hacen parte de la celebración de las procesiones
de la Semana Santa de Pamplona Norte de Santander, se les otorga un
régimen especial de protección, incluyendo medidas para su inventario,
conservación y restauración, etc.
En
conclusión, de todo lo expuesto en esta parte motiva con respecto a la
celebración de la Semana Santa en Pamplona, que data desde el siglo
XVI hasta el siglo XXI, dan suficiente peso y respaldo para que la Semana
Mayor de la ciudad de Pamplona -Norte de Santander- sea reconocida como
Patrimonio Inmaterial de Carácter Nacional, lo cual, traería sumos beneficios
para fortalecer la fe católica, así como se mostraría a Colombia y al mundo la
riqueza religiosa que existe en la ciudad de Pamplona. Además, atraería muchas
personas piadosas a participar de los imponentes actos religiosos y también a
aquellas personas interesadas en conocer y apreciar joyas de carácter
histórico-cultural, promoviéndose así el turismo en esta región de Colombia”.
Son casi
cinco (5) siglos de historia de aludida Semana Santa, que hoy, por nuestro
ambiente sociocultural queremos fortalecer como un espacio maravilloso de
fomento de la cultura religiosa de nuestro país y de nuestra región.
Con base
en lo anterior, en cumplimiento del honroso deber que me impone mi calidad de
Norte Santandereano, considero ineludible acudir al buen criterio de mis
colegas para que se le dé aprobación a este proyecto de ley” (subrayado fuera de texto).
En el transcurso del trámite tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado de la República[98], en los debates se optó por presentar como fundamento de
la iniciativa, consideraciones idénticas a las formuladas en la exposición de
motivos, en los siguientes términos:
“a) Objeto. El presente proyecto de ley tiene como objetivo
fundamental que la Semana Santa del Municipio de Pamplona, Norte de Santander,
o como se denomina en el ámbito nacional -Semana Mayor-, sea incluida en la
lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional y
que los bienes muebles que hagan parte de la respectiva manifestación religiosa
tengan el carácter de bienes de interés cultural del ámbito nacional, con su
correspondiente plan especial de protección.
b) Importancia. Al incluirse en la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional la Semana Santa del
Municipio de Pamplona, se asegura su fortalecimiento, revitalización,
sostenibilidad y promoción.
De igual forma con la declaratoria de interés cultural de
carácter nacional de las imágenes (bienes muebles) que hacen parte de la
celebración de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona Norte de
Santander, se les otorga un régimen especial de protección, incluyendo medidas
para su inventario, conservación y restauración etc.
En conclusión, la Semana Santa en Pamplona, que data desde
el siglo XVI hasta el siglo XXI, traería sumos beneficios para fortalecer la fe
católica, así como se mostraría a Colombia y al mundo la riqueza religiosa que
existe en la ciudad de Pamplona. Además, atraería muchas personas piadosas a
participar de los imponentes actos religiosos y también a aquellas personas
interesadas en conocer y apreciar joyas de carácter histórico-cultural,
promoviéndose así el turismo en esta región de Colombia”. (Subrayado fuera de
texto)
De la exposición de motivos se pueden
concluir tres situaciones: (i) las procesiones de Semana Santa en Pamplona son
parte de la historia del municipio[99]; (ii) sin embargo, es evidente que el objetivo principal
de la autorización al municipio para asignar partidas presupuestales, es fortalecer
la fe católica y atraer a personas piadosas a participar de los imponentes
actos religiosos; y (iii) en últimas, el fin secundario es la activación
del turismo en la región.
10.7.- Ahora bien, la simple transcripción
en la exposición de motivos de un escrito elaborado por una conocedora de la
historia de la Semana Santa en Pamplona resulta insuficiente para motivar el
perfil cultural de la manifestación religiosa[100].
46. Buscando la manera de
precisar un criterio objetivo para determinar a qué se le puede calificar como
manifestación cultural, y sin ánimo de confrontar el artículo acusado con la
legislación que regula el tema, considera la Sala pertinente referirse al
procedimiento concreto y estricto que se ha regulado con el fin de determinar
cuáles bienes culturales deben ser declarados como Bienes de Interés Cultural
-BIC-; y para determinar cuáles manifestaciones culturales deben ser incluidas
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI.
Los
BIC se encuentran regulados en la Ley
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en el Decreto 763 de 2009 y en
la Resolución 0983 de 2010 expedida por el Ministerio de Cultura. Los criterios
de valoración que se deben tener en cuenta al momento de declarar un BIC están:
la antigüedad, la autoría, la autenticidad, la constitución del bien, la forma,
el estado de conservación, el contexto ambiental, el contexto urbano, el contexto
físico, la representatividad y la contextualización sociocultural.
Por su
parte, las manifestaciones culturales que deben ser incluidas en la LRPCI, se
encuentran reguladas en la Ley
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto 2941 de 2009 y la
Resolución 330 de 2010. Si bien el artículo 8º del Decreto 2941 de 2009 dispone
que la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se puede integrar
con manifestaciones que correspondan a eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo, es decir, acontecimientos sociales y ceremoniales
periódicos con fines religiosos, esta sola condición no es suficiente para su
inclusión de la mencionada lista. Para ello, se deben tener en cuenta los
siguientes criterios de evaluación: su pertinencia, su representatividad, su
relevancia, su naturaleza e identidad colectiva, su vigencia, su equidad y su
responsabilidad.
De dicha normatividad se desprende una
estricta reglamentación para determinar cuáles son los bienes considerados
Patrimonio Cultural de la Nación, esto es así, teniendo en cuenta las
consecuencias jurídicas que ello conlleva, tales como, la elaboración y
ejecución de un Plan de Salvaguarda o de un Plan Especial de Protección y Manejo,
según sea el caso, y la inclusión de dichos planes en el plan de ordenamiento
territorial correspondiente. Por otra parte, la minuciosa normatividad evita la
inclusión caprichosa de manifestaciones religiosas basada únicamente en tal
criterio.
47. Todo lo anterior sugiere dos
consideraciones: (i) si bien se acepta que una manifestación religiosa pueda
ser incluida en la LRPCI, la entidad competente debe verificar el cumplimiento
de los criterios que las disposiciones pertinentes establecen para ello,
siguiendo los estrictos procedimientos establecidos en la legislación
correspondiente y apoyándose en un criterio secular para ello so pena de
desconocer el principio de neutralidad del Estado laico colombiano; (ii) si el
Congreso de la República pretende autorizar a un ente territorial para que
destine recursos de su presupuesto con el fin de promover una manifestación
cultural con contenido religioso, el juicio de constitucionalidad es más
estricto, pues al no estar reglado dicho trámite, la motivación de la norma
debe fundarse en un fin secular, de tal manera que la protección a la religión
específica sea accesoria a un objetivo laico primordial.
48. Con todo, resulta
difícil encontrar un contenido secular identificable y primordial en la norma
acusada. Para la Corte Constitucional es evidente que la autorización de
invertir presupuesto público en la promoción de las procesiones de Semana Santa
en Pamplona, y en la protección de los bienes que en ella se utilizan, lo que
pretende es fortalecer la fe católica, siendo esto contrario a la
naturaleza laica del Estado colombiano, según las distinciones conceptuales
explicadas en esta sentencia. En estos términos, no es de recibo que el
Congreso de la República desconozca de tal manera el principio de neutralidad
del Estado laico, tomando decisiones con las cuales otorga beneficios
presupuestales a entidades religiosas con la finalidad primordial de promover
y/o beneficiar a la religión católica.
49. Según fue explicado líneas atrás, las tradiciones y
eventos religiosos de carácter colectivo pueden hacer parte del patrimonio
cultural inmaterial de la Nación. Sin embargo, esa sola circunstancia no las
hace gozar del régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estímulo, diseñado por el propio Congreso de la República (Ley
397 de 1997 y sus modificaciones), puesto que para tal fin es necesario que
dichas manifestaciones sean incluidas por el Ministerio de Cultura en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a criterios
objetivos de valoración previamente definidos (artículo 4º).
Con todo, el hecho de que el Legislador haya declarado las
procesiones de Semana Santa en Pamplona como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Nación, de ninguna manera puede significar una autorización constitucional
para que el Estado destine recursos públicos con miras a su promoción e
incentivo por cuanto, como se ha explicado, en ella subyacen elementos de orden
estrictamente religioso que en definitiva benefician a una confesión en
particular.
50. De esta manera, con la inversión de recursos del erario
para la celebración de las “procesiones de Semana Santa en Pamplona” el
Estado: (i) termina por realizar actos simbólicos de adhesión con una iglesia;
(ii) adopta políticas cuyo impacto primordial es promover o beneficiar a una
confesión religiosa; y (iii) estimula conmemoraciones o actos que solo
conciernen a la iglesia católica romana. Actuaciones estas que la
jurisprudencia ha considerado como incompatibles con los principios de laicidad
del Estado y neutralidad en materia religiosa y que devienen en la
inconstitucionalidad de la norma bajo examen.
51. La Corte Constitucional no desconoce la valía que para
un sector –tal vez mayoritario- de la sociedad representan las procesiones
litúrgicas de la Semana Santa. Es, por el contrario, profundamente respetuosa
de esas prácticas centenarias y de la importancia de su conservación para la
comunidad de feligreses adscritos a la iglesia católica, quienes han tenido,
tienen y seguirán teniendo plena autonomía para promoverlas y patrocinarlas
como expresión de sus derechos fundamentales y de sus libertades individuales.
Sin embargo, no por ello puede autorizar que los recursos públicos se destinen
a su promoción y divulgación, porque ello terminaría por desvanecer la
neutralidad y separación Estado – Iglesias, que el Constituyente de 1991 quiso
marcar al reconocer la laicidad del Estado y su consecuente neutralidad
religiosa.
51. En definitiva, la Corte concluye que la autorización
para destinar recursos públicos con miras al estímulo de un rito religioso –en
concreto las procesiones católicas de Semana Santa en el municipio de Pamplona-
vulnera los artículos 1º y 19 de la Constitución en lo concerniente a la laicidad
del Estado y el deber de neutralidad religiosa. En consecuencia, declarará
inexequible el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 8º de la Ley 1645 de
2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
Con salvamento de
voto
JOSÉ MIGUEL DE LA
CALLE
Conjuez
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de
voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de
voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con salvamento de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
No interviene
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de
voto
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-224/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Asignación de
partidas presupuestales (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA
LEY-Límite de interferencia estatal respecto a las creencias
religiosas (Salvamento de voto)/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E
INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Estado no puede adoptar
una creencia religiosa especial (Salvamento de voto)/LIBERTAD RELIGIOSA-Relaciones
entre Estado y ciudadanos deben fundarse en el principio de la neutralidad del
Estado (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL
ESTADO FRENTE A LAS RELIGIONES-Privilegio de la religión católica no
justifica que se desconozca su influencia cultural y turística en la
celebración de la Semana Santa de Pamplona (Salvamento de voto)
DERECHO A LIBERTAD RELIGIOSA Y
DE CULTOS-Deber estatal de proteger a iglesias y confesiones religiosas y facilitar
su participación en la consecución del bien común (Salvamento de voto)
LIBERTAD RELIGIOSA-Ejercicio
pluralista (Salvamento de voto)/LIBERTAD RELIGIOSA-Dimensión
objetiva que obliga a los poderes públicos optimizar las condiciones de su
ejercicio (Salvamento de voto)
CONSTITUCION POLITICA-Carácter
pluralista del Estado colombiano (Salvamento de voto)/CARACTER PLURALISTA
DEL ESTADO COLOMBIANO-Alcance (Salvamento de voto)/CARACTER PLURALISTA
DEL ESTADO COLOMBIANO-No vulnera el principio de neutralidad del estado
(Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO-Rige las
relaciones iglesia-estado dentro de un Estado laico (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA FRENTE AL DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA-Inexequibilidad encierra una forma de
discriminación negativa (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Asignación
presupuestal se constituiría en garantía para la participación cultural (Salvamento
de voto)
AMPLIA LIBERTAD DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR-Erogación de recursos públicos cuando
actividad o institución religiosa tiene marcadas connotaciones socio-económicas
con repercusión estatal (Salvamento de voto)
LEY ESTATUTARIA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA-Participación de iglesias y confesiones religiosas en la
consecución del bien común (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Es
inconstitucional limitar solo al ámbito privado el factor religioso (Salvamento
de voto)/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA
SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Es contradictorio declarar evento religioso
como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación y luego sacar del
ordenamiento jurídico la disposición normativa que propende a su protección (Salvamento
de voto)
ESTADO-Obligación de
proteger la cultura, turismo y desarrollo socio-económico de la Nación (Salvamento
de voto)
ASIGNACION DE PARTIDAS
PRESUPUESTALES EN NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION
LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Protección y promoción de patrimonio cultural e
inmaterial de la Nación no de la connotación religiosa (Salvamento de voto)
LEY ESTATUTARIA DE LIBERTAD
RELIGIOSA-Proscribe la discriminación por motivos de sexo, raza, origen,
nacionalidad familiar, lengua, religión, opinión, política o filosófica
(Salvamento de voto)
ASIGNACION DE PARTIDAS
PRESUPUESTALES EN NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION
LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-No desconoce la libertad religiosa pues su
contenido no limita ni excluye el desarrollo y/o manifestaciones de otras
religiones o creencias (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-11015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por
el cual se declara patrimonio cultural, inmaterial de la Nación la Semana Santa
de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
La Semana Santa en Pamplona, con 600 años de tradición, a no
dudarlo, hace parte de los bastiones que sustentan, promueven, aglutinan y
cohesionan la vida y las relaciones sociales, y de todo tipo, en esas
municipalidad. Los importantes eventos que durante ella se celebran, la
convierten en un muy significativo acontecimiento a nivel nacional e
internacional. Bien se sabe que muchos visitantes provenientes de todo el país
y del extranjero pasan por el lugar año tras año, generando múltiples impactos
positivos para la comunidad, adicionales a los meramente turísticos y
económicos. Es por ello, que discrepo de la decisión de la mayoría que declaró
“inexequible el Artículo 8º de la Ley 1645 de 2013”, que en su texto
señala: “A partir de la vigencia de la presente ley, la administración
municipal de Pamplona estará autorizada para asignar partidas presupuestales de
su respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones
consagradas en la presente ley”.
Lo cierto es que frente a decisiones análogas a la presente
he considerado que la Corte ha asumido una posición radical que desconoce la
realidad de diversas motivaciones o incidencias sociales que si bien pueden
tener orígenes religiosos no por ello dejan de revestir positivas implicaciones
de otro tipo que en modo alguno se pueden dejar de reconocer y proteger. En ese
sentido he discrepado de lo decidido por la Corte en las sentencias C-766 de 22
de septiembre de 2010[101],
C-948 de 4 de diciembre de 2014[102],
C-960 de 10 de diciembre de 2014 y C-091 de 2015, en las que esta Corporación,
se pronunció sobre temas coincidentes.
En efecto,
considero que el límite de la interferencia estatal respecto a las creencias de
los ciudadanos, está relacionado con el principio de igualdad ante la ley, lo
que le impone al Estado el acogimiento de una posición neutral, a menos que la
exteriorización ocasione algún tipo de daño al orden, a la moral pública y/o a
terceros. Dentro de este contexto el Estado no puede adoptar una creencia
religiosa especial, por consiguiente, la forma en que deben transitar las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos, en el ámbito de la libertad
religiosa[103],
deben fundarse en el principio de la neutralidad del Estado, pero, dejando
claro que frente a las actividades de tipo religioso, no se puede ignorar o
abandonar lo que ellas representan en el ámbito de la realidad social, menos
aún, cuando esa incidencia redunda positivamente en la vida cultural y
económica de la comunidad. Una perspectiva semejante a la expresada fue acogida
por esta Corporación en las sentencias C-568 de 1993[104] y C-088 de 1994[105],
las cuales incorporan en sus motivaciones, en lo pertinente, estas reflexiones:
“En relación con el
inciso que  establece que el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente
ante los sentimientos religiosos de los colombianos,  es preciso señalar
que ello significa que el Estado no profesa ninguna religión, tal como lo
consagra el inciso primero del artículo, y que su única interpretación válida
es la de que todas las creencias de las personas son respetadas por el Estado,
cualquiera sea el sentido en que se expresen o manifiesten,  y que el
hecho de que no sea  indiferente ante los distintos sentimientos
religiosos  se refiere a que pueden existir relaciones de cooperación con
todas las iglesias y confesiones religiosas por la trascendencia
inherente  a ellas mismas, siempre que tales  relaciones se
desarrollen dentro  de la igualdad garantizada  por el Estatuto
Superior.”
La adopción por parte del Legislador del artículo 8º en la
Ley 1645 de 2013, denota una realidad innegable, constituida por la incidencia
trascendental que tiene el factor religioso en la vida actual, y detenerse a
mirarlo como un privilegio a la religión católica, invocando el principio de
neutralidad del Estado frente a las religiones, no justifica que se desconozca,
la marcada influencia cultural y turística que refuerza el desarrollo
económico, entorno a la celebración de la Semana Santa en la ciudad de
Pamplona.
A mi modo de ver, el Estado, debe ser un garante imparcial
de la práctica de las creencias religiosas, sobre la base de valores y
principios universales, en defensa de los derechos humanos, la democracia,  la
educación, la solidaridad y el desarrollo socio-económico, por cuanto ello es
una respuesta al deber estatal de proteger a las iglesias y confesiones
religiosas y de facilitar la participación de todas en la consecución del bien
común, como lo establece el artículo 2º de la Ley 133 de 1994, estatutaria del
derecho de libertad religiosa y de cultos.
Ciertamente,
la transformación del Estado Liberal en un Estado Social y Democrático de
Derecho, ha hecho cada vez más necesario que este transite de una actitud de
total indiferencia hacia el fenómeno religioso, a una cooperación con los
individuos y las comunidades para facilitarles el ejercicio pluralista de su
libertad religiosa, como base de un ordenamiento objetivo de la comunidad
nacional, en cuanto que esta se configura como marco de una convivencia humana
justa y pacífica. Tal actitud “vendría exigida por la dimensión objetiva de
todo derecho fundamental que obliga a los poderes públicos a optimizar las
condiciones del ejercicio de la libertad religiosa”[106].
Fue
precisamente en ese sentido que el Legislador autorizó a la administración
municipal de Pamplona permitirle asignar partidas presupuestales para el
desarrollo del evento cultural y religioso más importante de su comunidad,
dentro del cual tienen presencia expresiones de gran representatividad de la
cultura de nuestro país en general, motivo por el que precisamente fue
declarada la “Semana Santa en Pamplona, como patrimonio cultural e inmaterial
de la Nación”. Siendo necesario resaltar la importancia creciente  del sector
cultural  como  factor  de  desarrollo sustentable y generador de empleo de
primer orden, tal y como se declaró en la VII Conferencia Iberoamericana de
Cultura, realizada en Cochabamba, Bolivia en el mes de octubre de 2003. Allí
hubo una participación activa del Ministerio de Cultura de Colombia y en el que
se dejó sentado que: “En Iberoamérica, complejos
procesos de exclusión generaron formas de coexistencia que aún mantienen
estructuras nacionales inequitativas. Este es el origen de varias de las
situaciones actuales que mantienen en la pobreza y marginalidad a una significativa
parte de las poblaciones iberoamericanas”.
Por consiguiente, todos los gobiernos en Iberoamérica se comprometieron a
impulsar la inclusión en procura de encaminar soluciones a tales problemáticas,
desde el campo de la cultura frente a “la imperiosa necesidad
de elevar de manera sustantiva la contribución de las políticas culturales a la
generación de condiciones de mayor integración social. La diversidad cultural,
en el marco del respeto de los derechos humanos, es clave para garantizar la
cohesión social, la democracia, la justicia social y la paz, como valores
fundamentales para la construcción de la Comunidad Iberoamericana. El
reconocimiento de la validez y legitimidad de patrones culturales múltiples,
nos lleva a afirmar que sociedades incluyentes requieren del desarrollo de la
persona y de la construcción ciudadana y multifacética de sentidos colectivos.
En este contexto, la relación entre cultura y economía como una aproximación
necesaria del reconocimiento de la diversidad cultural, favorece la
competitividad y la inclusión social en nuestros países. De esta manera,
también se hace efectivo el reconocimiento concreto y formal de las condiciones
de multiculturalidad, multietnicidad y plurilingüismo vigentes en la mayoría de
nuestros países”.
En el mismo sentido se encuentra ampliado el ámbito de
protección a la cultura, tradiciones y costumbres religiosas en el Convenio 106
de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia sobre el
descanso semanal (comercio y oficinas), el cual instituye en los numerales 3 y
4 del artículo 6 que: “3.El período de descanso semanal
coincidirá, siempre que sea posible, con el día de la semana consagrado al
descanso por la tradición o las costumbres del país o de la región” y “4. Las tradiciones y las costumbres de las
minorías religiosas serán respetadas, siempre que sea posible”.
A mi juicio, si bien  en estas manifestaciones sociales el
componente religioso existe, está presente y puede ser muy importante, como se
mencionó, no por ello, se torna nugatorio el elemento cultural que gravita en
torno a las mismas y que le impregna unidad, cohesión e identidad a la
comunidad respectiva, realidad, en este caso más que centenaria, que el Estado
no puede desconocer y que, por el contrario, le impone el deber de preservar,
máxime si se tiene en cuenta su repercusión turística que genera tantos
beneficios, incluidos los económicos, para el desarrollo de un municipio y sus
habitantes, en general.
Considero
que el carácter pluralista del Estado colombiano, consagrado en el artículo 1°
de la Constitución Política, implica asumir una posición tolerante y respetuosa
de las tradiciones culturales de una población, que si bien tienen un contenido
religioso, no se agotan o limitan en éste, razón por la cual no constituyen
fuente de vulneración del principio de neutralidad estatal que rige las
relaciones iglesia-estado dentro de un Estado laico.[107]
En tratándose del ejercicio del derecho a la
libertad religiosa, el Estado debe propender hacia la coexistencia de cultos,
por lo tanto, la declaratoria de inexequibilidad de precepto demandado niega
implícitamente el deber de cooperación, asistencia y soporte que tiene el
Estado y además encierra una forma de discriminación negativa. Lo cual es
contrario a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, entre
otros, en la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, la
cual establece, en su artículo 3º: “La
discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones
constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de
la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos
internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones
amistosas y pacíficas entre las naciones”.
Por ello, comparto plenamente lo expresado por el Ministerio
Público,  en su concepto en el sentido de que: La asignación presupuestal que
pretendió establecer el Congreso, se constituiría (de no haber sido sacada del
ordenamiento jurídico) como una garantía para la participación cultural de
todos, dentro del marco de convivencia pacífica, en cumplimiento de los fines
del Estado, lo cual como se dijo, es una herramienta idónea que promovería la
prosperidad general de la comunidad.
La libertad de configuración del legislador es amplia, por
lo tanto permite la erogación de recursos públicos, tal y como lo habilita los
artículo 71 y 72 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que cuando una
actividad o institución religiosa tiene marcadas connotaciones
socio-económicas, está llamada a producir una repercusión en el ámbito estatal,
y consecuentemente el Estado está convocado a regularla, reconocerla,
fomentarla y protegerla como patrimonio cultural de la Nación.
El pluralismo como fundamento del ordenamiento
constitucional, implica el fomento de la cultura, sin exclusión del factor
religioso, el cual notoriamente hace parte del plan de vida de las personas y
para el caso, constituye un patrimonio cultural e inmaterial de la Nación y
ello le otorga  a la comunidad, en varios ámbitos, aspectos positivos.
Este análisis está acorde con el desarrollo legal contenido
en la Ley Estatutaria de la Libertad Religiosa, en la que se establece que el
Estado no es indiferente ante los sentimientos religiosos de los Colombianos,
en virtud de lo cual facilitará la participación de las iglesias y confesiones
religiosas en la consecución del bien común.[108]
Es abiertamente inconstitucional limitar solo al ámbito
privado el factor religioso y es contradictorio declarar un evento religioso
como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación y luego sacar del
ordenamiento jurídico la disposición normativa que propende a su protección.
En resumen (i) el Estado tiene la obligación de proteger la
cultura, el turismo, el desarrollo socio-económico de la Nación; (ii) el
artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, tiene por objeto proteger y promover un
patrimonio cultural e inmaterial de la Nación, no la connotación religiosa en
sí misma; (iii) tomar como sustento de las motivaciones de la decisión el
factor religioso, constituye un “criterio sospechoso” por contrariar el
artículo 13 constitucional y la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa,
normativa que proscribe la discriminación, por motivos de sexo, raza, origen,
nacionalidad familiar, lengua, religión, opinión, política o filosófica.
Así las cosas cabe concluir que partiendo de una
interpretación sistemática del artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, a mi juicio,
tal precepto no contraría la constitución, por cuanto no desconoce la libertad
religiosa dado que su contenido no limita, ni excluye el desarrollo y/o las
manifestaciones de otras religiones o creencias.
Por las razones esbozadas, en mi criterio, la diversidad cultural
y el diálogo interreligioso ajustado a los valores y preceptos constitucionales
es una condición esencial para el desarrollo de una sociedad caracterizada por
la integración con pleno respeto de sus derechos humanos, puesto que ello
claramente ayuda a establecer los vínculos y bases comunes entre las distintas
culturas, fomentando la interacción, la comprensión y la cohesión social,
borrando fronteras y prejuicios religiosos y culturales, lo que requiere el
apoyo del poder público en ese sentido y así avanzar hacia una sociedad más
democrática y plural.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-224/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Razones
insuficientes para adoptar decisión de inexequibilidad (Salvamento de voto)/PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-El punto
central era definir si existía un fin secular suficientemente identificable y
principal de la norma (Salvamento de voto)/PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Carga de la prueba sobre el fin
secular identificable y principal de la norma descansó sobre el legislador (Salvamento
de voto)
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Distribución y concepción de la
carga de probar la constitucionalidad de la norma desconoce la configuración
pluralista y el margen de acción epistémico del Congreso de la República (Salvamento
de voto)/CONTROL CONSTITUCIONAL-Recae sobre el contenido material de las
leyes y no sobre sus motivaciones parlamentarias (Salvamento de voto)/CONGRESO
DE LA REPUBICA-Amplio margen de libertad deliberativa en un marco
suficiente de apreciación y valoración de la realidad (Salvamento de voto)
CONGRESO DE LA REPUBICA-Protección
de manifestación social o práctica colectiva que advierte una dimensión
cultural (Salvamento de voto)/PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA
SEMANA SANTA DE PAMPLONA-No es razonable que por tener un referente
religioso no se profundice en el valor cultural, las raíces históricas o los
efectos económicos o turísticos de la norma (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente D-11015
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la ley 1645 de 2013, “por la
cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”.
Accionante:
Lizeth Susana Valencia González.
Magistrados
Ponentes:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Con el debido respeto, salvo el voto.
1. La mayoría de la Corte en este caso declaró inexequible
una norma legal que autorizaba a la administración municipal de Pamplona a
asignar partidas presupuestales para financiar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley 1645 de 2013 (art 8).[109]
En su concepto, la disposición acusada propendía “por la salvaguarda y/o
protección de las procesiones de Semana Santa en Pamplona y de las imágenes que
en ella se utilizan”. La Sala reconoce que en la Constitución una ley puede
perseguir la salvaguardia o protección de manifestaciones sociales que tengan
un referente religioso, pero sostiene que debe tener un “fin secular”
suficientemente identificable y principal en la justificación de la norma, por
lo cual el denominado fin secular no puede ser “simplemente accesorio o
incidental”. Tras aplicar estos criterios en el presente caso, la sentencia
de la cual disiento concluye que la norma cuestionada es inconstitucional
debido a que si bien “tiene una dimensión cultural”, el elemento
protagónico es religioso por cuanto se trata de la “exaltación de los ritos
o ceremonias de […] la religión católica”. A esta conclusión llega
al advertir, en primer lugar, que la previsión acusada intenta promocionar y
proteger procesiones de Semana Santa, y le atribuye a una Arquidiócesis
ciertas funciones, pese a ser un ente eclesiástico; y en segundo lugar, que en
las motivaciones y la aprobación del proyecto de ley se consideró que esta
normatividad “traería sumos beneficios para fortalecer la fe católica”.
2. Discrepo de la decisión, por cuanto a mi juicio las
razones para adoptarla resultan insuficientes. En primer lugar, señalar que en
el ordenamiento constitucional es posible en principio salvaguardar y proteger
manifestaciones sociales con un ingrediente religioso, y luego destacar como
una muestra de la inconstitucionalidad precisamente ese componente religioso es
insuficiente. Por tanto, lo que se dice acerca del carácter religioso de las
procesiones de Semana Santa, o sobre la naturaleza eclesiástica de la
Arquidiócesis no es un argumento de inconstitucionalidad. En sentido estricto
el punto central de este proceso era entonces definir si existía un fin secular
suficientemente identificable y principal para sostener la constitucionalidad
de la disposición demandada. Para el efecto, sin embargo, la Sala Plena se
limitó a consultar el debate parlamentario, en el cual advirtió algunas
referencias a las consecuencias que esta ley traería para el fortalecimiento de
la religión católica, y a partir de allí declaro inexequible la norma
censurada. Debe resaltarse entonces que la Corte no decretó ninguna prueba, ni
hizo una investigación propia, para conocer el arraigo histórico, el valor
cultural, la importancia artística, la atracción turística o el potencial
desarrollo económico de las procesiones de Semana Santa en Pamplona. Toda la
carga de la prueba sobre el fin secular identificable y principal de la norma
la hizo descansar sobre el legislador.
3. Sostener que una norma en la cual se protejan o
salvaguarden manifestaciones sociales con ingredientes religiosos debe tener un
“fin secular” identificable y suficiente es algo razonable. Pero pasar
de ahí a asumir, sin ulteriores argumentos, que ese fin secular debe aparecer
necesariamente en el debate en el Congreso, y que algunas manifestaciones no
seculares sino religiosas son prueba concluyente de la ausencia de ese fin es
algo muy distinto. Esta peculiar distribución y concepción de la carga de
probar la constitucionalidad de la norma no solo no se deriva de la
jurisprudencia sobre la materia, sino que de hecho desconoce la configuración
pluralista y el margen de acción epistémico del Congreso de la República. Debe
recordarse que el control constitucional recae sobre el “contenido material”
de las leyes, y no sobre sus motivaciones parlamentarias (CP art 241 num 4). Si
bien en el control de las leyes pueden tenerse en cuenta las deliberaciones en
el seno del Congreso, lo cierto es que los congresistas se desempeñan en un
margen amplio de libertad deliberativa, y en un marco suficiente de apreciación
y valoración de la realidad. En tal virtud, la Corte no puede exigir, so pena
de inconstitucionalidad, que en los debates o las motivaciones de una norma
como la revisada los parlamentarios se abstengan de exponer motivos religiosos
para apoyarla, ni exigirles tampoco una justificación expresa
epistemológicamente elevada, pues esto supera los estándares constitucionales.
Ciertamente cabe exigir que la norma en cuanto tal satisfaga las
exigencias de la jurisprudencia constitucional, pero eso es diferente a
demandar que también deba satisfacerlas el contenido de la deliberación
parlamentaria, pues es perfectamente concebible en una colectividad pluralista
y multicultural, como la nuestra, una legislación conforme a la Constitución,
aprobada con base en motivaciones religiosas de algunos congresistas.
4. Cuando el Congreso de la República intenta proteger una
manifestación social o una práctica colectiva, en la cual se advierte –como en
este caso- una dimensión cultural, no es razonable que por tener además un
referente religioso la Corte se abstenga de profundizar en el valor cultural
subyacente, o incluso en sus raíces históricas, o en los previsibles efectos
económicos o turísticos. Los que están en juego en esos casos no son solamente
los principios que integran el Estado laico, sino además los protegidos por la
Constitución cultural. Es de esperarse entonces que en el futuro la Corte sea
sensible a la protección de la cultura, tal como esta sea definida por el
Congreso, y ejerza una labor probatoria oficiosa suficiente para determinar si
al margen del referente religioso que aflore en el texto o en las
deliberaciones parlamentarias, en normas como esta está de por medio un legado
cultural que merezca protección constitucional.
Fecha ut supra
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA C-224/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Si bien las tradiciones y eventos
religiosos de carácter colectivo pueden hacer parte del patrimonio cultural e
inmaterial de la Nación, es necesario que sean incluidas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (Aclaración de voto)
PRINCIPIOS DE LAICIDAD Y NEUTRALIDAD DEL ESTADO EN
MATERIA RELIGIOSA-Incompatibilidad con la inversión de recursos públicos
para celebrar las procesiones de semana santa en Pamplona (Aclaración de voto)
MANIFESTACIONES SOCIALES CON REFERENTE RELIGIOSO-Requiere
que normatividad o medida tenga un factor secular identificable y principal
para que sea válido que el Estado las exalte (Aclaración de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-No se deriva un factor secular
identificable y principal por cuanto lo que se promociona es el credo católico
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE UNIDAD NORMATIVA EN NORMA QUE DECLARA
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Se
debió integrar al análisis del precepto acusado todo el contenido de la ley en
cuanto la autorización para asignar partidas presupuestales (Aclaración de
voto)
PRINCIPIOS DE LAICIDAD ESTATAL, NEUTRALIDAD RELIGIOSA,
PLURALISMO Y LIBERTAD DE CULTOS-Diferencia de elementos laicos o aspectos
seculares de contenido cultural del componente religioso, para afirmar o
descartar la existencia de un criterio secular de naturaleza identificable y
principal (Aclaración de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Se debió aplicar conjuntamente los
estándares de las sentencias C-817 de 2011 y C-948 de 2014, a fin de establecer
si existe un elemento secular de contenido cultural en la ley examinada que
permita declarar su compatibilidad con el carácter laico y neutral del Estado
en materia religiosa (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-11015
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 8o de la ley 1645 de
2013, "por la cual se declara patrimonio cultural
inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de
Santander, y se dictan otras disposiciones"
Accionante:
Lizeth
Susana Valencia González.
Magistrados
Ponentes:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Con
el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la Corte, aclaro mi voto en
relación con la sentencia C-224 de 2016, fallo en el que esta Corporación
decidió declarar inexequible el artículo 8o de la Ley 1645 de 2013,
el cual autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar
partidas presupuéstales de su respectivo presupuesto anual, para el
cumplimiento de las disposiciones consagradas en dicha ley.
Comparto
la decisión de la mayoría, en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de
la disposición acusada, en tanto aun cuando tiene una dimensión cultural, el
elemento relevante y protagónico en ella es la exaltación de los ritos o
ceremonias de una confesión en particular. Si bien las tradiciones y eventos
religiosos de carácter colectivo pueden hacer parte del patrimonio cultural e
inmaterial de la Nación, es necesario que dichas manifestaciones sean incluidas
por el Ministerio de Cultura en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial, conforme a
criterios objetivos de valoración previamente definidos.
Además,
de llegar a permitir la inversión de recursos públicos para la celebración de
las procesiones de semana santa en Pamplona, el Estado se estaría adhiriendo a
los actos simbólicos de una iglesia, promoviendo y beneficiando a una confesión
religiosa particular, actuaciones que la jurisprudencia constitucional ha
considerado como incompatibles con los principios de laicidad del Estado y de
neutralidad en materia religiosa[110].
Lo
anterior, por cuanto -tal como se señaló en la sentencia C-817 de 2011[111]-para
que sea válido que el Estado exalte manifestaciones sociales que tengan un
referente religioso, se requiere que la normatividad o medida correspondiente
tenga un factor secular que (i)
sea suficientemente identificable, y (ii)
tenga carácter principal, y no solo
simplemente accesorio o incidental.
No
obstante, de la normatividad demandada -mediante la cual el Estado promueve una
práctica religiosa específica- no se deriva un factor secular suficientemente
identificable, que tenga carácter principal y no solo simplemente accesorio o
incidental. Esto, por cuanto es claro que el fundamento de la disposición es la
promoción del credo católico.
Sin
perjuicio de las anteriores consideraciones, estimo que el fallo debió abordar
las siguientes cuestiones:
1.
En primer lugar,
en virtud del principio de unidad normativa, se debió integrar al análisis del
precepto acusado todo el contenido de la ley, dado la inescindible relación que
se presenta. Lo anterior, por cuanto la autorización para asignar partidas
presupuéstales se emite para el cumplimiento de las disposiciones consagradas
en la Ley.
2.
Por otra parte,
se tiene que el fallo presenta una contradicción, en tanto en el fundamento
jurídico n° 45 se declara que "la Ley 1645 de 2013 tiene una dimensión
cultural" -sin identificar de manera clara y concreta este elemento-,
mientras que en el fundamento jurídico n° 49 se indica que en la Ley
"subyacen elementos de orden estrictamente religioso que en definitiva
benefician a una confesión en particular".
Más
allá de dicha contradicción, hubiera sido apropiado realizar un análisis en
torno a si la declaratoria de los actos religiosos a los que refiere la norma
como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación", resulta
suficiente para proveerles un carácter cultural y secular. Resolver esto es
importante por cuanto la jurisprudencia constitucional ha establecido que
asimilar a un culto específico, por sí mismo, al concepto "cultural",
plantea serias dificultades y graves riesgos en materia de igualdad y
pluralismo religiosos[112].
En
particular, considero que dicha declaratoria no es suficiente, en tanto para
que una práctica pueda calificarse como "cultural", debe cumplir con
algunos rasgos fundamentales, como el de tratarse de un acto público de
comunicación en torno al cual se identifica un determinado número de
individuos. Así, se requiere que dicha comunicación se vislumbre como un acto
de interés común.
3.
Finalmente, no
se deben perder de vista las consideraciones realizadas en la sentencia C-948
de 2014[113], referentes a
que es posible diferenciar elementos laicos o aspectos seculares de contenido
cultural, del componente puramente religioso[114],
para a partir de ello afirmar o descartar la existencia de un criterio secular
de naturaleza identificable y principal, y por ende, constitucionalmente
admisible.
Considero
que en el caso concreto se debió aplicar conjuntamente los estándares de las
mencionadas sentencias C-817 de 2011 y C-948 de 2014, a fin de establecer si
existe un elemento secular de contenido cultural en la ley examinada, que
permita declarar su compatibilidad con el carácter laico y neutral del Estado
en materia religiosa. El proyecto concluyó que no existía tal elemento secular,
pero omitió efectuar un análisis integral de la norma en el contexto de la Ley
de la cual forma parte.
En
los anteriores términos, dejo expuesta mi aclaración a la decisión adoptada por
la Sala Plena de esta Corte.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-224/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-La sentencia en teoría reconoce que el Estado
colombiano no es un estado ateo sino uno de carácter laico, como lo ha
reconocido esta Corporación en innumerables oportunidades, sin embargo, al
radicalizar su postura frente a la interpretación de la cláusula de separación
entre Estado e iglesia, en la práctica cae en la trampa de confundir laicismo con
ateísmo (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Nuestra Constitución es clara en proteger el
pluralismo cultural y de esa misma manera la diversidad religiosa, para lo cual
puede promover, mediante acciones positivas las diferentes identidades
culturales de los colombianos, para enriquecer culturalmente nuestra identidad nacional
(Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-La posibilidad de separar la religión de la
cultura o de la identidad cultural es imposible, tanto analítica como
empíricamente (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Para llevar a cabo la disección conceptual en la
cual desarrolla el análisis constitucional, la sentencia simplifica los
fenómenos culturales y religiosos hasta convertirlos en caricaturas, lo hace
basándose en la opinión de una historiadora, desconociendo que dicha
celebración, como toda manifestación cultural, es producto del desarrollo
colectivo de un pueblo a lo largo de su historia (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Negar la diversidad de significados de una
manifestación cultural para efectuar un análisis de constitucionalidad con base
en la sola opinión de una persona es desconocer el carácter pluralista de
nuestro país, es desconocer la Constitución con el pretexto de aplicarla
rigurosamente (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Pretender separar la religión de la cultura, para
poder sopesar las cantidades de cultura y de religión que tiene una determinada
manifestación, y con ello desarrollar un análisis de constitucionalidad de una
disposición que permite su financiamiento es realmente un despropósito (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-Negar el carácter cultural que tienen
manifestaciones como la celebración de la Semana Santa en Pamplona equivale a
desintegrar un elemento importante de nuestra cultura y de nuestra dignidad
como seres humanos (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-La sentencia no se toma el trabajo de definir y
precisar los alcances del concepto constitucional de “riqueza cultural de la
nación”, ni tampoco se preocupa por establecer cuál es el propósito que
persigue nuestra constitución cuando le impone al Estado el deber de protegerla
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA-La riqueza cultural y la identidad nacional no se
pueden proteger dejándolas al “libre mercado”
Referencia: Expediente D-11015
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013
Magistrados Sustanciadores:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO ALEJANDRO LINARES CANTILLO
1. Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación
las razones por las cuales salvo mi voto en la decisión, que por mayoría,
adoptó la Sala Plena en sesión del 4 de mayo de 2016, en la cual se profirió la
sentencia C-224 de 2016.
2. La norma demandada en
esta ocasión fue el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013[115],
que permite a la administración municipal de Pamplona asignar partidas
presupuestales necesarias para la protección del patrimonio inmaterial de “la
celebración de la Semana Santa” de esa localidad. Según la demanda, con esa
autorización se vulneran los artículos 1º, 2º y 19 de la Carta Política, en la
medida en que se rompe el principio de laicidad y neutralidad del Estado en
materia religiosa y se quebranta el derecho a la libertad de cultos, todo ello,
al privilegiar económicamente la celebración de una fiesta católica.
3. Como se desprende del
cuerpo de la sentencia, la Corte resolvió un problema jurídico, en el cual se
propuso determinar si la norma que autoriza a la alcaldía del municipio de Pamplona para asignar las
referidas partidas presupuestales, desconoce: “(i) el pluralismo, el
carácter laico del Estado y el deber de neutralidad en materia religiosa, por
el trato preferente -de carácter presupuestal- que se le da a la religión
católica respecto de los demás cultos -Preámbulo y artículos 1º y 19 C.P.-; y
(ii) los fines esenciales del Estado, al autorizar que una partida presupuestal
del municipio esté dirigida a promover conmemoraciones religiosas católicas, en
posible detrimento de otros derechos de la colectividad -art 2. C.P.-”.
Para resolver ese problema
jurídico, la sentencia efectuó un análisis, en primer lugar, sobre el patrimonio
cultural de la Nación, su reconocimiento y protección constitucional, en
especial, respecto de manifestaciones religiosas. En segundo lugar, estudió la
competencia del Congreso para autorizar gasto público y los principios de laicidad
y neutralidad del Estado. Como tercer punto, consideró las relaciones  entre el
Estado y las iglesias, el deber de igualdad y el criterio del impacto
primordial de la legislación. Y, con base en esos elementos de juicio, analizó la
constitucionalidad de la norma acusada.
4. La sentencia concluyó
que el artículo demandado era inconstitucional al quebrantar los
artículos 1º y 19 de la Constitución. Lo anterior, ya que si bien las
tradiciones y eventos religiosos de carácter colectivo pueden hacer parte del
patrimonio cultural inmaterial de la Nación, esa sola circunstancia no
significa que haya una autorización constitucional para que el Estado destine
recursos públicos con miras a su promoción e incentivo, por cuanto en ellas
subyacen elementos de orden estrictamente religioso que en definitiva
benefician a una confesión en particular.
En esa medida, la Sala Plena
indicó que “con la inversión de recursos del erario para la celebración de
las “procesiones de Semana Santa en Pamplona” el Estado: (i) termina
por realizar actos simbólicos de adhesión con una iglesia; (ii) adopta
políticas cuyo impacto primordial es promover o beneficiar a una confesión
religiosa; y (iii) estimula conmemoraciones o actos que solo conciernen a la
iglesia católica romana. Actuaciones estas que la jurisprudencia ha considerado
como incompatibles con los principios de laicidad del Estado y neutralidad en
materia religiosa y que devienen en la inconstitucionalidad de la norma bajo
examen”.
Ahora bien, frente a la decisión
y la argumentación presentada tengo varios reparos, tal y como expondré a
continuación:
5. La sentencia en teoría reconoce que el Estado
colombiano no es un Estado ateo sino uno de carácter laico, como lo ha
reconocido esta Corporación en innumerables oportunidades. Sin embargo, al
radicalizar su postura frente a la interpretación de la cláusula de separación
entre Estado e iglesia, en la práctica cae en la trampa de confundir laicismo
con ateísmo. Al ordenar que el Estado deba abstenerse de promover manifestaciones
culturales por tener una naturaleza religiosa, termina empobreciendo nuestra
identidad nacional –que es pluralista y respetuosa de la dignidad humana- con
una visión negativa y “neutral”, pero monolítica de lo que constituye la
identidad cultural.
Esta visión de lo que implica la cláusula de separación
entre Estado e iglesia no corresponde a nuestro modelo constitucional, ni se
compadece con el objetivo histórico que han perseguido las diferentes naciones
que han establecido cláusulas semejantes en sus constituciones. Estas cláusulas
han surgido como consecuencia de las guerras religiosas y de la discriminación
contra grupos religiosos minoritarios, precisamente con el objetivo de
fortalecer la capacidad que tienen para ejercer su religión, manifestando sus
creencias libremente dentro del territorio del Estado mediante actos públicos,
no para debilitar sus creencias, ni para imponer un modelo según el cual la
religión corresponda al dominio de la vida privada. En mi concepto, nuestra
Constitución es clara en proteger el pluralismo cultural y de esa misma manera
la diversidad religiosa, para lo cual puede promover, mediante acciones
positivas las diferentes identidades culturales de los colombianos, para
enriquecer culturalmente nuestra identidad nacional.
6. El fallo, del cual me aparto, plantea una tensión
entre el deber del Estado de proteger y promover la riqueza cultural de la
nación, y el carácter laico del Estado. En esta sentencia la tensión se
resuelve conforme al criterio de “preponderancia”. Esto supone que en
nuestro contexto cultura y religión son categorías cuyos contornos y linderos
son claros y perfectamente identificables, que no hay traslape entre cultura y
religión, y que además el juez constitucional puede cuantificar qué tanto hay
de cada una, en manifestaciones como la celebración de la Semana Santa en
Pamplona. De tal modo, según el criterio de preponderancia, si hay “más
religión que cultura” en una manifestación determinada, el juez constitucional
tiene el deber de declarar la inexequibilidad de las disposiciones que permiten
su financiación con fondos públicos.
La posibilidad de separar la religión de la cultura o de la
identidad cultural es imposible, tanto analítica como empíricamente. Desde una
perspectiva antropológica, carece de sentido aceptar la hipótesis de que estas
dos categorías son escindibles, y mucho menos puede alguien creer que son
susceptibles de cuantificarse. Sólo por citar un ejemplo, la evidencia
arqueológica indica que gran parte de las áreas que corresponden a lo que es
hoy el parque arqueológico de San Agustín eran lugares de culto. ¿Esto
significa que el ICANH o el Ministerio de Cultura no podrían financiar el
mantenimiento de los monumentos arqueológicos que se hallan en el mismo?
¿Tampoco podrían financiar el Festival del Perdón en el Putumayo, ni el
Festival de San Pacho en Quibdó, ni la reconstrucción de la Iglesia de Bojayá?
¿Tampoco puede la alcaldía de Bogotá financiar el alumbrado público decorativo
de Navidad que atrae gente de todo el país, ni la Gobernación de Boyacá puede
financiar la decoración navideña del Puente de Boyacá?, todos estos eventos son
de origen o desarrollo asociado a la religión, o incluso al culto religioso.
7. Adicionalmente, para llevar a cabo la disección
conceptual con base en la cual desarrolla el análisis constitucional, la sentencia
simplifica los fenómenos culturales y religiosos hasta convertirlos en
caricaturas. Lo hace basándose en la opinión de una historiadora, desconociendo
que dicha celebración, como toda manifestación cultural, es producto del
desarrollo colectivo de un pueblo a lo largo de su historia. Más aun,
fundamentar una decisión de constitucionalidad sobre una disposición que hace
parte de una ley, y que como tal es un producto colegiado fruto de múltiples
voluntades, reduciendo el objetivo de la ley con base en una única opinión
equivale a imputar arbitrariamente un único propósito a una decisión colectiva.
Lo cierto es que las manifestaciones culturales como la
celebración de Semana Santa en Pamplona son fenómenos sociales multifacéticos y
polivalentes, a los cuales no todos los seres humanos les damos el mismo
significado. Para algunas personas dicha celebración constituye un rito
religioso que hace parte de un culto, mientras que para otros constituye una
manifestación cultural, como puede serlo la celebración del comienzo de una
temporada de cosecha, o un carnaval. Para otras personas es la oportunidad para
reunirse con sus familias, y para otras más es una ocasión en la cual pueden
vender sus productos artesanales asociados a la ocasión. Negar esta diversidad
de significados de una manifestación cultural para efectuar un análisis de
constitucionalidad con base en la sola opinión de una persona es desconocer el
carácter pluralista de nuestro país. Es desconocer la Constitución con el
pretexto de aplicarla rigurosamente.
Pretender separar la religión de la cultura, para poder
sopesar las cantidades de cultura y de religión que tiene una determinada
manifestación, y con ello desarrollar un análisis de constitucionalidad de una
disposición que permite su financiación es realmente un despropósito. Peor aún,
es una fantasía jurídica que tiene un efecto perverso frente a una dimensión
importante de nuestra cultura: la religiosidad. Negar el carácter cultural que
tienen manifestaciones como la celebración de la Semana Santa en Pamplona
equivale a desintegrar un elemento importante de nuestra cultura y de nuestra
dignidad como seres humanos.
8. Por otra parte, la sentencia de la cual me aparto
realmente no se toma el trabajo de definir y precisar los alcances del concepto
constitucional de “riqueza cultural de la nación”, ni tampoco se
preocupa por establecer cuál es el propósito que persigue nuestra Constitución
cuando le impone al Estado el deber de protegerla. Para la mayoría de la Sala
Plena el Estado simplemente debe mantenerse al margen de la financiación de
manifestaciones preponderantemente religiosas. Sin embargo, la riqueza cultural
y la identidad nacional no se pueden proteger dejándolas al “libre mercado”.
¿Quién sino el Estado va a fomentar estas manifestaciones de la cultura?
Claramente no lo va a hacer la economía de mercado, que
parece celebrar más otro tipo de manifestaciones como los “realities” y
los reinados de belleza, que instrumentalizan la vida cotidiana y los cuerpos
de las personas para fines comerciales. El Estado, por el contrario, tiene un
papel importante que cumplir, ayudando a financiar incluso manifestaciones
materiales e inmateriales que tengan una dimensión religiosa. Lo que el Estado
no puede hacer es promover una única religión como religión de Estado, ni puede
privilegiar un credo por encima de otros. Sin embargo, el Estado tiene el deber
de promover todas las manifestaciones culturales, lo que incluye las
religiosas, en la medida en que ellas son parte de la identidad y el pluralismo
de la nación colombiana. La diversidad cultural y el pluralismo propios de una
sociedad abierta sólo son susceptibles de protección cuando el Estado
salvaguarda y fomenta activamente la totalidad de manifestaciones de la
cultura, y no cuando pretende abstenerse de brindarles protección, pues ello, a
la larga, lleva  a homogenizar la sociedad.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
[1] Cfr. Preámbulo de la Declaración
Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia General de
la Unesco, el 2 de noviembre de 2001. Este documento reconoce que la cultura
adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, y que esa
diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. También recuerda que
los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, que son
universales, indisociables e interdependientes. Una definición similar fue
acuñada por la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008”. Véase
Corte Constitucional, Sentencia C-882 de 2011.
[2] “A nivel internacional, el
artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales -incorporado al ordenamiento colombiano por medio de la Ley 75 de
1968- reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida
cultural y dispone la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar el
pleno ejercicio de este derecho, entre ellas, medidas dirigidas a la
conservación, desarrollo y difusión de la cultura. El artículo 14 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San
Salvador" –incorporado a ordenamiento mediante la Ley 319 de 1996– integra
al sistema regional de protección de derechos humanos el derecho a participar
en la vida cultural y artística de la comunidad, y reitera la obligación del
Estado de adoptar medidas para el desarrollo y difusión de la cultura. El
artículo 5-e-vi de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial –incorporada en nuestro ordenamiento por la Ley 22 de
1981- establece el derecho de todos a participar, en condiciones de igualdad,
en las actividades culturales. El artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño –incorporada mediante la Ley 12 de 1991- también señala la
obligación del Estado de respetarán y promover el derecho del niño a participar
plenamente en la vida cultural y artística, y de propiciar oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento. Estos instrumentos internacionales,
como ha sido reconocido por esta corporación, hacen parte del bloque de
constitucionalidad (C-038 de 2004, C-997 de 2004, C-393 de 2007)”: Corte
Constitucional, Sentencia C-434 de 2010.
[3] Corte Constitucional, Sentencia
C-742 de 2006.
[4] Corte Constitucional, Sentencia
C-082 de 2014.
[5] Aprobada por ley 45 de 1983 y
vigente para Colombia desde el 24 de agosto de 1983.
[6] Corte Constitucional,
sentencia C-204 de 1993.
[7] Corte Constitucional,
sentencia C-091 de 2001.
[8] Corte Constitucional, sentencia
C-863 de 2006.
[9] A su vez, la Convención sobre
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, suscrita en París el 16
de noviembre de 1972, aprobada por Ley 45 de 1983, compromete a los Estados a
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones
futuras el legado del patrimonio cultural situado en su territorio, así como a
adoptar medidas  para la protección del respectivo Patrimonio Nacional y a
combatir la importación, exportación y transferencia ilícitas de los bienes
culturales. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso
de Conflicto Armado, firmada en la Haya el 14 de mayo de 1954, en vigor para
Colombia desde el 18 de septiembre de 1998, también tiene este propósito.
[10] Declarado exequible en la
sentencia C-125 de 2011.
[11] Declarada exequible en la sentencia C-767
de 2012.
[12] Mediante la Ley 349 de 1996, se
aprobó la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el
“Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y
cuatro 1954. Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-467
de 1997.
[13] Aprobada por ley 45 de 1983 y
vigente para Colombia desde el 24 de agosto de 1983.
[14] Esta Convención fue aprobada
internamente mediante ley 1037 de 2006 y declarada exequible en la Sentencia
C-120 de 2008.
[15] Corte Constitucional, Sentencia T-537
de 2013.
[16] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-742 de 2006. La Corte declaró exequible la
expresión “declarados” contenida en el artículo 4º de la Ley 397 de 1997
(antes de la modificación que introdujo la  Ley 1185 de 2008.
[17] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-204 de 1993, C-421 de 1997, C-366 de 2000,  C-091
de 2001, C-1339 de 2001, C-863 de 2006, C-742 de 2006, C-441 de 2009, C-434 de
2010, C-818 de 2010, C-125 de 2011, C-882 de 2011, C-767 de 2012, T-537 de
2013, C-054 de 2013, C-082 de 2014, C-264 de 2014, C-553 de 2014.
[18] Corte Constitucional, Sentencia
C-125 de 2011.
[19] Sentencia C-054 de 2013. La
Corte declaró inexequible la expresión “de obligatorio cumplimiento”
contenida en el literal c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002, y
exequible el resto del literal, en el entendido que la cátedra “valores y
talentos vallenatos, Consuelo Araujo Noguera” es optativa para los
establecimientos educativos y padres de familia y sin perjuicio de la promoción
de otras expresiones culturales.
[20] Corte Constitucional, Sentencia
C-264 de 2014. La Corte analizó la constitucionalidad del artículo 3 (parcial)
de la Ley 1675 de 2013 “por medio de la cual se reglamentan los artículos
63, 70 y 72 de la Constitución Política en lo relativo al patrimonio cultural
sumergido”.
[21] Aprobado mediante la ley 1304 de
2009 y declarado exequible en la sentencia C-125 de 2011.
[22] “Artículo 8°. Campos de
alcance de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. La Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se podrá integrar con
manifestaciones que correspondan a uno o varios de los siguientes campos:
1.
Lenguas y tradición oral. Entendidos como vehículo del Patrimonio Cultural
Inmaterial, y como medio de expresión o comunicación de los sistemas de
pensamiento, así como un factor de identidad e integración de los grupos
humanos.
2.
Organización social. Corresponde a los sistemas organizativos tradicionales,
incluyendo el parentesco y la organización familiar, y las normas que regulan
dichos sistemas.
3.
Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Conocimiento que
los grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo en su
relación con el territorio y el medio ambiente.
4.
Medicina tradicional. Conocimientos y prácticas tradicionales de diagnóstico,
prevención y tratamiento de enfermedades incluyendo aspectos psicológicos y
espirituales propios de estos sistemas y los conocimientos botánicos asociados.
5.
Producción tradicional. Conocimientos, prácticas e innovaciones propias de las
comunidades locales relacionados con la producción tradicional agropecuaria,
forestal, pesquera y la recolección de productos silvestres, y los sistemas
comunitarios de intercambio.
6.
Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales.
Comprende el conjunto de tradiciones familiares y comunitarias asociadas a la
producción de tejidos, cerámica, cestería, adornos y en general, de objetos
utilitarios de valor artesanal.
7.
Artes populares. Recreación de tradiciones musicales, dancísticas, literarias,
audiovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades.
8.
Actos festivos y lúdicos. Acontecimientos sociales y culturales periódicos, con
fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas
y excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se
excluyen las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la
violencia hacia los animales.
9.
Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. Acontecimientos
sociales y ceremoniales periódicos con fines religiosos.
10.
Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Conocimientos,
técnicas y eventos tradicionales relacionados con la construcción de la
vivienda y las prácticas culturales asociadas a la vida doméstica.
11.
Cultura culinaria. Prácticas tradicionales de transformación, conservación,
manejo y consumo de alimentos.
12.
Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. Este campo
comprende los sitios considerados sagrados o valorados como referentes
culturales e hitos de la memoria ciudadana” (Resaltado fuera de texto).
[23] “ARTÍCULO 14. Las Iglesias y
confesiones religiosas con personería tendrán, entre otros derechos, los
siguientes: (…) b) De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes
muebles e inmuebles que considere necesarios para realizar sus actividades; de
ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado,
adquirido con sus recursos o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con
las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico (…)”. En similares
términos se regula en el artículo 4º de la Ley 397 de 1997.
[24] Dijo al respecto: “Desde luego, esta clase de
regulaciones se enmarcan dentro de los lineamientos constitucionales contemporáneos,
según los cuales el Estado afirma un régimen de igualdad y libertad de
religiones y de cultos, y los respeta plenamente en sus proyecciones
económicas, que en otros períodos de la historia universal y nacional fue
objeto y causa de polémicas profundas, y generó graves situaciones de conflicto
colectivo; el Estado en Colombia respeta y patrocina las aspiraciones
religiosas de los habitantes, bajo los presupuestos de la libertad predicables
dentro del ordenamiento jurídico, y sometiéndola a las disposiciones legales
ordinarias, establecidas en la legislación nacional, lo cual implica la
libertad de circulación de bienes y mercancías, lo mismo que de las riquezas. (…)
No obstante lo anterior, la Corte debe advertir en cuanto hace a lo
dispuesto por el literal b.) del artículo 14 que el derecho de ser
propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado, o adquirido
con sus recursos, o que esté bajo la posesión legitima de las iglesias y
confesiones, resulta constitucional, bajo el entendido de que estos bienes, en
cuanto formen parte del patrimonio cultural de la Nación, están bajo la
protección del Estado  en los términos establecidos por el artículo 72 de
la Carta; además, esta disposición constitucional que bien señala la Corte
como un límite al derecho consagrado en el artículo literal b), también
condiciona el carácter de dicha propiedad, pues la atribuye originariamente a
la Nación y hace que estos bienes, incluyendo al patrimonio arqueológico y
demás bienes culturales que conforman la identidad de la Nación, sean
inalienables, inembargables e imprescriptibles. En juicio de la Corte
Constitucional, esto también significa que para dichos bienes, cuya propiedad
es originaria de la Nación, de conformidad con la Carta, la ley podrá
establecer los mecanismos para su readquisición, cuando se encuentren en manos
de particulares, y podrá, además, reglamentar los derechos especiales que
pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorio de la riqueza
arqueológica. Estas advertencias las hace la Corte Constitucional para asegurar
el mejor entendimiento de estas disposiciones y para garantizar la plena
vigencia del ordenamiento constitucional, dentro de un régimen que reclama la
mayor precisión posible” (Resaltado fuera de texto).
[25] Con
anterioridad a la Ley de Patrimonio Cultural se usaba el término “bienes
inmateriales” para referirse a las manifestaciones del Patrimonio Cultural
Inmaterial, expresión que más allá de inexacta resultaba difusa para la
aplicación de un modelo de salvaguardia. De manera que hoy sólo se hace
referencia al concepto de “bienes” en el caso objetos muebles o de
inmuebles, es decir, cuando se alude a elementos que tienen una sustancia
material.
[26] Una de las
modificaciones de la Ley 1185 de 2008, consistió en la creación del Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, y la conformación del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, como el máximo órgano asesor del Gobierno para
la toma de decisiones respecto del Patrimonio Cultural de la Nación, así como
los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural.
[27] Ahora bien, los bienes
de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los
territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993,
pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por
el Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este
artículo, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital
de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.
[28] Acorde con el Ministerio de
Cultura: “sin perjuicio del riguroso procedimiento que debe seguirse en cada
caso para declarar cualquier bien como BIC, la propia Ley de Patrimonio
Cultural en forma directa declaró algunos. En efecto, quedaron subsumidos
u homologados a la categoría de BIC los bienes muebles del patrimonio
arqueológico, y los que con anterioridad a dicha Ley hubieran sido
declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o
arquitectónica, conjuntos históricos por instancias nacionales como el Congreso
de la República o administrativas como los concejos, las asambleas
departamentales u otras en el contexto nacional o territorial; y, sin duda,
todos los que ya hubieran recibido la categoría de BIC siguen considerándose
como tales. También quedaron homologados los bienes muebles o inmuebles de las
mencionadas categorías, incorporados en los planes de ordenamiento territorial
por las municipalidades” (Subrayas fuera del original), en  http://vigias.mincultura.gov.co/Documents/Cartilla-Patrimonio-Cultural-para-todos-pdf.pdf
[29] La
declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el mismo procedimiento,
tanto en el orden nacional, como territorial. Para mayor desarrollo se puede
ver la Ley de Patrimonio, el Decreto 763 de 2010 y la Resolución 0983 de 2010
expedida por el Ministerio de Cultura.
[30] http://vigias.mincultura.gov.co/Documents/Cartilla-Patrimonio-Cultural-para-todos-pdf.pdf
[31] http://vigias.mincultura.gov.co/Documents/Cartilla-Patrimonio-Cultural-para-todos-pdf.pdf
[32] Que reglamentó
parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.
Allí se definen los ámbitos de cobertura del patrimonio cultural inmaterial y
se reglamenta lo relacionado con la LRPCI, estableciendo sus campos de alcance,
el procedimiento, los requisitos y los criterios de valoración para la
inclusión de manifestaciones en ella. Adicionalmente, y como mayores
innovaciones, el decreto define los contenidos de los Planes Especiales de
Salvaguarda necesarios para la inclusión de manifestaciones en dicha lista y
reglamenta lo relacionado con los estímulos tributarios para la salvaguardia de
estas manifestaciones. Posteriormente, aspectos técnicos de este decreto fueron
desarrollados en la Resolución 0330 del 24 de febrero de 2010.
[33] La Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial es descrita por la ley como un registro de
información y un instrumento concertado entre las instancias públicas
competentes y la comunidad, dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia
a las manifestaciones que ingresen en dicha lista.
[34] Cualquier
declaratoria anterior como bien de interés cultural del ámbito nacional
respecto de las manifestaciones a las que se refiere este artículo quedará
incorporada a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial a
partir de la promulgación de esta ley.
[35] 1. Solicitud dirigida a
la instancia competente. 2. Identificación del solicitante, quien deberá
especificar que actúa en interés general. 3. Descripción de la manifestación de
que se trate, sus características y situación actual. 4. Ubicación y proyección
geográfica y nombre de la comunidad(es) en la(s) cual(es) se lleva a cabo. 5.
Periodicidad (cuando ello aplique). 6. Justificación sobre la coincidencia de
la manifestación con cualquiera de los campos y con los criterios de valoración
señalados en los artículos 8° y 9° de este decreto.
[36] La
competencia y manejo de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura en coordinación con el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y a las entidades
territoriales. En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial-LRPCI-, deberá contar con el
concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los
respectivos Consejos Departamentales o Distritales de Patrimonio Cultural.
[37] El
Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el
contenido y alcance de los Planes Especiales de Salvaguardia.
[38] Que la manifestación corresponda
a cualquiera de los campos descritos en el artículo anterior.
[39] Que la manifestación sea
referente de los procesos culturales y de identidad del grupo, comunidad o
colectividad portadora, creadora o identificada con la manifestación, en el
respectivo ámbito.
[40] Que la manifestación sea
socialmente valorada y apropiada por el grupo, comunidad o colectividad, en
cada ámbito, por contribuir de manera fundamental a los procesos de identidad
cultural y ser considerada una condición para el bienestar colectivo.
[41] Que la manifestación sea de
naturaleza colectiva, que se transmita de generación en generación como un
legado, valor o tradición histórico-cultural y que sea reconocida por la
respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, memoria,
historia y patrimonio cultural.
[42] Que la manifestación
esté vigente y represente un testimonio de una tradición o expresión cultural
viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar su vigencia.
[43] Que el uso, disfrute y
beneficios derivados de la manifestación sean justos y equitativos respecto de
la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en cuenta los usos
y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las comunidades
locales.
[44] Que la manifestación respectiva
no atente contra los derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, contra la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.
[45] El artículo 14 del Decreto 2941
de 2009.
[46] Artículo 16 del Decreto 2941 de
2009.
[47] A manera de ejemplo,
acorde el artículo 37 de la Ley 1111 de 2006, los municipios y distritos deben
invertir como mínimo el 50% del porcentaje de IVA para cultura en las
manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO (hasta hoy el espacio cultural de San Basilio de Palenque, Carnaval
de Negros y Blancos, las Procesiones de la Semana Santa de Popayán, Carnaval de
Barranquilla, la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, los conocimientos
tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí, el sistema normativo de los
Wauyuus, el vallenato, la música de marimba y cantos y bailes tradicionales de
la región colombiana del Pacífico Sur y otras que se declaren en el futuro).
[48]  Por su
parte, la Ley 715 de 2001 “Por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros” establece como
competencias del municipio, las siguientes: “76.8. En cultura
76.8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística
y cultural en el municipio. 76.8.2. Apoyar y fortalecer los procesos de
información, investigación, comunicación y formación y las expresiones
multiculturales del municipio. 76.8.3. Apoyar la construcción, dotación,
sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su
apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el patrimonio
cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al
crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana. 76.8.4.
Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e
instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas,
etc.), así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 76.8.5.
Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos
municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.”
[49] Sentencia
C-782 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[50] Sentencia
C-197 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[51] “ARTÍCULO SEGUNDO: A partir
de la vigencia de la presente Ley y de conformidad con los artículos 334, 339 y
341 de la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional en cumplimiento de los
mismos asignará las sumas pertinentes para ejecutar las siguientes obras de
infraestructura  en el Municipio de Chimichagua, departamento del Cesar:
(…)”
[52] Entre las decisiones más importantes en
la materia se destacan, entre otroas, las sentencias C-027/93, C-088/94,
C-568/93, C-350/94, C-609/96, C-152/03, C-1175/04, C-766/10 y C-817/11.
[53] Corte Constitucional, Sentencia
C-350 de 1994.
[54] Estas
formas políticas, existieron por ejemplo en los Estados cristianos medioevales,
en las monarquías absolutas o existen aún en algunos países musulmanes.
[55] La providencia menciona como
ejemplo el caso de Italia, haciendo referencia al Estatuto de 1870 el cual
establecía que la religión Católica era "la única religión del Estado.
Los demás cultos ahora existentes son tolerados conforme a las leyes” (Citado
por Paolo Biscaretti, Op-cit, p 618). Ello implicaba entonces la persistencia,
inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos, de ciertas
discriminaciones, puesto que el culto no oficial era ejercido no como un
derecho sino como una conducta simplemente tolerada por el Estado.
[56] La providencia menciona como
ejemplo el caso del Estado británico el cual, pese a reconocer como religión
oficial la Anglicana, de suerte que el Rey debe ser de esa misma religión, hay
plena libertad religiosa. “Así, todos los cultos no contrarios al orden
público son aceptados, la religión no puede tomarse en cuenta para acceder a
cargos públicos, y las cadenas oficiales de televisión conceden espacios
equitativos a diversas expresiones religiosas o seculares.”
[57] A manera de ejemplo, la
sentencia C-350 de 1994 menciona: “Según algunos doctrinantes, los actuales
ordenamientos constitucionales italiano y español se caracterizan por esta
regulación, puesto que si bien hay plena libertad religiosa y no se establece
ninguna religión oficial, la Constitución y el ordenamiento legal reconocen
ciertas prerrogativas al Catolicismo Romano. Y tal era indudablemente la
regulación contenida en la Constitución colombiana anterior, puesto que si bien
desde la reforma de 1936 se había consagrado la libertad de conciencia, el
preámbulo, aprobado por el plebiscito de 1957, señalaba que una de las bases de
la unidad nacional era "el reconocimiento hecho por los partidos políticos
de que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación, y que como
tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial
elemento del orden social". Y por ello, el artículo 53 de esa Constitución
establecía que la libertad de cultos estaba limitada por la moral cristiana”.
[58] “Los dos modelos clásicos de este tipo de Estado son los Estados Unidos y Francia. Así, en la primera enmienda de la constitución estadounidense se consagra la libertad de cultos y se prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión oficial, mientras que el artículo 2º de la constitución francesa de 1958 define a ese país como una "República indivisible, laica, democrática y social".” En Francia, por ejemplo, se prohibió que alumnos de escuelas, colegios y liceos públicos usaran signos o ropas que los asociara abiertamente con una afiliación religiosa; sustentando la decisión en el principio de laicidad de Estado (Ley n° 2004-228 del 15 de marzo de 2004 que enmarca, en aplicación del principio de laicidad, el porte de signos o vestimentas que manifiesten pertenencia religiosa en las escuelas, colegios y liceos públicos). En el mismo sentido, en el año 2011 se adoptó una a ley que prohibía el uso de ropa destinada a cubrir el rostro, lo cual fue considerado discriminatorio contra las mujeres musulmanas; sin embargo, el 01 de julio de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos profirió sentencia avalando la medida. Anteriormente, también en Francia, se profirió la “Ley antisectas” dirigida a reforzar la prevención y la represión de los movimientos sectarios que atenten contra los derechos del hombre y las libertades fundamentales (Ley 2001-504, de 12 de junio de 2001). Esta legislación, también se sustenta en el principio de laicidad, limitando la libertad religiosa en los casos en que se demuestre que su ejercicio desconoce derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
[59] La Corte en la sentencia en
comento trae a colación para esta categoría el ejemplo de la Constitución de la
República Socialista de Albania de 1976, la cual en su artículo 54 prohibía la
creación de organizaciones religiosas, y en su artículo 36 establecía que
"el Estado no reconoce ninguna religión y fomentará y desarrollará la
propaganda ateísta con el fin de infundir al pueblo la concepción materialista
científica del mundo".
[60] Sentencia C-350 de 1994.
[61] Ronald Dworkin, Is
Democracy Possible Here? Principles for a new political debate. Princeton University Press, 2006,
pp. 52-89.
[62] La gradación que explica la manera como
es resuelta la libertad religiosa, al igual que la validez de la categorización
entre sociedad religiosas tolerantes y sociedades seculares, también se
evidencia en el derecho comparado.  De este modo, en la sentencia C-152/03, que
dentro de sus fundamentos jurídicos hizo un estudio sobre la cuestión religiosa
en distintos sistemas jurídicos representativos, la Corte concluyó que “(...)
entre democracias liberales no confesionales y pluralistas existen grandes
diferencias. Estas se reflejan en decisiones diametralmente opuestas, como
sucede con la cuestión de si está permitida o prohibida la oración religiosa en
colegios públicos o la enseñanza de religión en dichos establecimientos
educativos. Pero aún más significativo, la aproximación de la jurisprudencia
constitucional al problema de la separación entre las iglesias y el Estado es
diferente. Mientras que en Alemania las acciones estatales positivas de
protección y apoyo a las iglesias son permitidas, en Estados Unidos está
prohibido que el Estado actúe con un propósito religioso o con un efecto
religioso, pero puede adoptar decisiones con algún impacto religioso siempre
que no sean preferenciales o discriminatorias, y en Francia el principio de
laicidad exige ausencia completa de relación entre el Estado y las iglesias e
impide manifestaciones o decisiones que puedan significar que las escuelas o entidades
públicas tienen relación no solo con alguna religión específica sino con la
religión en general. Estos enfoques diferentes obedecen a tradiciones
históricas y culturales también distintas, aunque tienen en común la exclusión
de un Estado confesional, el establecimiento de religiones oficiales, la
identificación del Estado con una religión y la preferencia estatal por una
iglesia.”
[63] Comisión Primera, Asamblea
Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Juan Carlos Esguerra en la
misma Sesión del 24 de abril de 1.991. Ver también Gaceta Constitucional
n. 130, p. 4.
[64] “En síntesis, la Constitución
de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho
colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y
consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las
confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que
se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia
en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa
es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la
coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones
religiosas. (…) La laicidad del Estado se desprende entonces del
conjunto de valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. En
efecto, un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia
religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones (CP
arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o
establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por
consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una
contradicción lógica. (…) En fin de cuentas, en la Constitución de 1991
la unidad nacional se funda en el pluralismo y es el resultado de la
convivencia igualitaria y libre de los más diversos credos y creencias en los
diferentes campos de la vida social, mientras que en la Constitución de 1886,
esa unidad nacional tenía como base esencial el reconocimiento de la
preeminencia del catolicismo como religión de toda la nación. Por todo lo
anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991
abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un
Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección
preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico,
con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre
el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones
religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico”: sentencia
C-350 de 1994.
[65] En la cual se declaró
inexequible la norma que incluía a un representante de la iglesia católica en
el Comité de Clasificación de Películas, sobre la que luego volverá la Corte.
[66] Cfr. sentencias C-478 de
1999, C-152 de 2003, C-1175 de 2004, C-766 de 2010, C-817 de 2011, T-139 de
2014, y C-948 de 2014, entre muchas otras.
[67] Corte Constitucional, sentencia
C-766 de 2010.
[68] La que declaró la constitucionalidad
de la expresión “Ley María” que el legislador había previsto para la
norma que prescribe la licencia de paternidad, en razón a que esta expresión
podía ser interpretada a partir de una perspectiva secular.
[69] Corte Constitucional, Sentencia
C-152 de 2003.
[70] Cfr. sentencia T-568 de
1998. En esta ocasión la Corte tuteló los derechos de un miembro del culto
menonita de Colombia, que seguía estudios para ordenarse como ministro de su
iglesia, y que fuera declarado remiso por el ejército, contrariando una
disposición de la Ley 48 de 1.993 que consagran como causal de aplazamiento
haber sido aceptado o estar cursando estudios reconocidos por las autoridades
eclesiásticas en centros de preparación para la carrera sacerdotal o la vida religiosa
por el tiempo que subsista. La Corte señaló que “En síntesis, según las
normas estudiadas, (1) todas las congregaciones se encuentran en capacidad de
crear centros de preparación religiosa para sus fieles, sin que tengan la
obligación de impartir en estos una educación similar a la que se ofrece en las
entidades de educación superior, y, (2) todos los estudiantes de estos centros
tienen derecho al aplazamiento de que trata la Ley 48 de 1993”). Ver, por
ejemplo, la sentencia C-511 de 1994 en la que la Corte revisó la
constitucionalidad de diversas normas que regulaban el servicio militar
obligatorio y nuevamente rechazó la posibilidad de reconocer un tipo de
objeción de conciencia al servicio militar de orden constitucional, con lo cual
se reiteró la sentencia C-027 de 1993.
[71] En palabras de la Corte: “La
verdad es que, desde 1926, como bien lo señala el concepto del Ministerio
Público, con la Ley 57 de ese año, se inicia el proceso de secularización en
Colombia de los festivos; y en adelante más el respeto por unas tradiciones
religiosas que la ratio legis tenida en cuenta por el legislador, hubo de
considerar éste, que no debía cambiar los festivos tradicionales, por cuanto
esto hubiese resultado un acto de hostilidad contra una religión, cuya
aceptación por la sociedad colombiana era, al momento de su establecimiento,
prácticamente total”.
[72] Ley 133 de 1994. “ARTÍCULO
2º.- Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin
embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos
religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus
creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la
participación de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De igual
manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las
Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana”.
[73] Dijo entonces: “Las
anteriores consideraciones permiten resolver el problema de si la consagración
oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, por parte del Señor Presidente
de la República, viola la carta fundamental. En efecto, la constitucionalidad
de tal consagración era plausible durante la vigencia de la anterior
Constitución, la cual establecía que la religión católica era la de la Nación y
constituía un esencial elemento del orden social. Pero esa consagración oficial
vulnera el nuevo ordenamiento constitucional que establece un Estado laico y
pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la
igualdad entre todas las confesiones religiosas. // De un lado, se trata de una
consagración oficial, por medio de la cual el Estado manifiesta. una
preferencia en asuntos religiosos, lo cual es inconstitucional por cuanto viola
la igualdad entre las distintas religiones establecida por la Constitución.
Esta discriminación con los otros credos religiosos es aún más clara si se
tiene en cuenta que la consagración se efectúa por medio del Presidente de la
República quien es, según el artículo 188 de la Carta, el símbolo de la unidad
nacional. En efecto, una tal norma obliga a efectuar una ceremonia oficial que
ya sea incluye a los nacionales no católicos en un homenaje religioso católico
o, en sentido contrario, los excluye, al menos simbólicamente, de la
pertenencia a la nación colombiana. // Por consiguiente, el argumento según
el cual la norma acusada se limita a reconocer un hecho social e histórico -a
saber el carácter mayoritario del catolicismo en Colombia- no es válido, por
cuanto, como se indicó anteriormente, la Constitución no admite tales
diferenciaciones ya que confirió igual valor jurídico a todas las confesiones
religiosas. // De otro lado, esa consagración oficial también desconoce la
separación entre el Estado y las iglesias, así como la naturaleza laica y
pluralista del Estado colombiano. En efecto, se trata de una ceremonia que es
al mismo tiempo religiosa y oficial, y que implica un reconocimiento estatal de
una determinada religión, con lo cual se introducen elementos confesionales.
Por ello no es de recibo el argumento, según el cual la norma impugnada
mantendría una igualdad de oportunidades entre todas las religiones, porque en
el futuro cualquiera de ellas podría obtener también una consagración oficial
de similar naturaleza. Ese criterio desconoce, de un lado, que una consagración
religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter
orgánico que tienen las creencias religiosas, por lo cual no podría un Estado
consagrarse oficialmente a varias confesiones religiosas sin incurrir en
decisiones contradictorias. Pero, incluso si se aceptara  que esas múltiples
consagraciones son posibles, el argumento no es válido porque parte de un
supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado colombiano en
materia religiosa es el resultado de una especie de competencia entre todas las
religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo cierto es que
tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia. Sólo
de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de
todas las confesiones religiosas. Por ello los poderes públicos no pueden hacer
manifestaciones públicas en favor o en contra de alguna confesión religiosa. El
país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión,
incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales
confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual
valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido”
(Resaltado fuera de texto).
[74] “Obviamente esa declaratoria
de inexequibilidad no significa, en manera alguna, una descalificación por
parte de esta Corporación de este tipo de ceremonias cuando ellas tienen un
contenido puramente religioso, puesto que ello sería contrario a los
fundamentos mismos de este fallo, que parte del respeto irrestricto a las
libertades religiosas, y en particular a la libertad de cultos. Lo que vulnera
la Constitución es el carácter oficial de esta consagración y la obligación que
ella impone al Presidente de efectuarla, porque de esa manera se rompe la
igualdad entre las confesiones religiosas y se desconoce la separación que debe
existir entre el Estado y las iglesias. Esa separación -que en el fondo recoge
el milenario principio cristiano de "Dar al Cesar lo que es del Cesar y a
Dios lo que es de Dios"- es para la Corte Constitucional la mejor garantía
para preservar la autonomía y la espiritualidad de las creencias y los cultos
religiosos, porque libera a las confesiones religiosas de las indebidas
injerencias de los poderes políticos. // Es pues obvio que no vulnera la
Constitución que la Iglesia Católica efectúe la celebración religiosa del
Sagrado Corazón de Jesús y que en ella puedan participar todas las personas, de
acuerdo con sus creencias. Pero ahora tal ceremonia no tendrá un carácter
oficial sino estrictamente religioso. Y como es natural, ceremonias de similar
naturaleza pueden ser también efectuadas por otro tipo de congregaciones
religiosas. // En ese mismo orden de ideas, la declaratoria de inexequibilidad
tampoco implica prohibir a los servidores públicos en general y al Presidente
de la República en particular que participen en los cultos religiosos, puesto
que ellos conservan la plenitud de sus libertades religiosas. Pero lo que no
pueden es utilizar sus funciones para favorecer determinadas religiones o
manifestarse en contra de otras, puesto que ello vulnera el pluralismo, la
laicidad y la igualdad entre las confesiones religiosas establecida por la
Constitución. Los servidores públicos, como personas con plenos derechos,
pueden entonces acudir a ceremonias religiosas y manifestar su fe. Pero en los
actos oficiales deben actuar con la delicadeza e imparcialidad que derivan de
la naturaleza laica y pluralista del Estado colombiano”.
[75] El caso correspondió a una
acción de tutela interpuesta por el ministro de una iglesia con miras al
reconocimiento, al igual que a la Iglesia Católica, de una exención de pago de
la sobretasa ambiental.
[76] La Corte declaró inexequibles la
expresión: “y un representante de la curia Arquidiocesana de Bogotá”,
contenida en el artículo 152 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de
1970, modificado por el artículo 2 del Decreto 2055 de 1979); y la expresión “excepto
el representante de la Curia,  que será designado por el arzobispado”
contenida en el artículo 153 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de
1970, modificado por el artículo 3 del Decreto 2055 de 1979).
[77] Leyes que ordenan declarar
monumento nacional templos católicos como la ley 74 de 1993, la ley 153 de
1994, la ley 260 de 1998, la ley 503 de 1999, la ley 667 de 2001, entre otras.
[78] Como la ley 806 de 2003 que
conmemoró los 100 años de la consagración de Colombia a Jesucristo y su Sagrado
Corazón.
[79] Como las leyes 444 de 1998, por
la cual se rinde homenaje a Monseñor Julio Álvarez Restrepo y 959 de 2005, por
la cual se rinde homenaje a la obra evangelizadora, social y pedagógica de la
Beata Madre Laura de Santa Catalina de Sena y su congregación.
[80] Verbigracia, la ley 74 de 1993,
que ordenó declarar monumento nacional la Parroquia del Calvario que cumplió 50
años de haber sido erigida; la ley 153 de 1994, que ordenó declarar monumento
nacional la Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar –ciudad
de Palmira-; ley 260 de 1996, que ordenó declarar monumento nacional el Templo
de San Roque; la ley 503 de 1999, que ordenó declarar monumento nacional el
Templo Parroquial de San Sebastián; la ley 532 de 1999, que ordenó declarar
monumento nacional el Templo de San Antonio de Padua; la ley 667 de 2001, que
ordenó declarar monumento nacional y patrimonio histórico el Templo Parroquial
de Nuestra Señora de Chiquiquirá; la ley 862 de 2003, que ordenó declarar
patrimonio cultural e histórico los edificios Bifi La Salle y San José; y la
ley 1129 de 2007, que ordenó declarar patrimonio histórico y cultural  el
Seminario Conciliar María Inmaculada.
[81] Al respecto la Corte sostuvo lo
siguiente: “3.- El principio de neutralidad estatal como concreción de la
laicidad del Estado (…). Sobre el punto que ahora mayor interés
representa, que es el carácter de las actuaciones de un Estado laico respecto
de las distintas confesiones, debe destacarse que de forma reiterada y unánime
en la jurisprudencia colombiana se ha establecido la necesidad de procurar de
manera sustancial el principio neutralidad estatal. // En este sentido, ha
sostenido la Corte Constitucional que la neutralidad estatal en materia
religiosa es contraria a la actividad de patrocinio o promoción estatal de
alguna religión , pues en un Estado laico el papel que debe esperarse de las
instituciones públicas, de acuerdo con las competencias asignadas a cada una,
consiste en proporcionar todas las garantías para que las distintas confesiones
religiosas cuenten con el marco jurídico y el contexto fáctico adecuado para la
difusión de sus ideas y el ejercicio de su culto, sin que en dicha difusión y
práctica tenga intervención directa el Estado, sentido que ha compartido la
Corte europea de los Derechos Humanos (En CASE OF GRZELAK v. POLAND
(Application no. 7710/02), sentencia de 15 de junio de 2010). // La
neutralidad, derivada de la laicidad, no consistirá en la búsqueda por parte
del Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir de las actividades
que éste realice en relación con ellas. La neutralidad estatal comporta que las
actividades públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada
por religión alguna –en cuanto confesión o institución-, de manera que las
funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional. En
este sentido, la igualdad no se logra motivando las funciones estatales con
base en intereses de todas las religiones por igual –algo, por demás, de
imposible realización en la práctica-, pues esta pretendida igualdad, en cuanto
vincula motivos religiosos en las actividades estatales, sería diametralmente
contraria al principio de secularidad que resulta ser el núcleo del concepto de
laicidad estatal y, de su concreción, el principio de neutralidad. // La
neutralidad, en desarrollo del carácter secular del Estado, honra la igualdad
por medio de los límites que impone a éste respecto de los motivos religiosos e
influencia religiosa que sus actividades tengan. Por esta razón es que la
igualdad en este específico punto se materializa como un valor –entendido en
cuanto objetivo constitucional- que se busca alcanzar por vía del principio de
laicidad estatal, que comportará el carácter secular de las acciones estatales
y, por tanto, la neutralidad de la actuación estatal”.
[82] Resulta referencia adecuada la
reflexión hecha por la Corte Europea de los Derechos Humanos en el caso de la
Iglesia Bersarabia y otros contra Moldavia, con sentencia de 13 de diciembre de
2001.
[83] Como se ha manifestado anteriormente
en sentencias C-350 de 1994 y C-152 de 2003.
[84] Sentencias C-350 de 1993 y C-152
de 2003.
[85] Sobre el carácter
predominantemente religioso de un símbolo y la vulneración de la neutralidad
estatal cuando éstos son promovidos por el Estado puede verse el caso Lautsi
contra Italia, resuelto por la Corte Europea de los Derechos Humanos en
sentencia de 3 de noviembre de 2009.
[86] En palabras de la Corte: “21.3.
Similares conclusiones son predicables frente al segundo escenario. En el
fundamento jurídico 19.2 se demostró que el legislador es explícito en afirmar
que el valor cultural de la diócesis de El Espinal está basado en que la
religión católica es la practicada mayoritariamente por la población de ese
municipio.  Se ha expuesto en esta sentencia que una conclusión de esa
naturaleza no es de recibo para la identificación de un criterio secular y, en
cambio, conlleva una discriminación injustificada contra las personas que no
ejercen el credo mayoritario.  Esto en el entendido que el simple dato
demográfico no otorga soporte suficiente al vínculo entre religión y cultura,
sino que antes bien es imprescindible que el legislador demuestre que la
práctica o institución exaltada tiene implicaciones, en cualquier caso
verificables y principales, que trascienden al fenómeno religioso y en
consecuencia acogen a las miembros no religiosos de la comunidad
correspondiente.  // De otro lado, tampoco se encuentra que la referencia que
hace el proyecto de ley a la catedral ubicada en el municipio de El Espinal,
configure un criterio secular de naturaleza identificable y principal. Esto al
menos por dos tipos de razones.  La primera, puesto que el reconocimiento que
hace el legislador de esa catedral está fundado en que la misma presta sus
servicios a la diócesis, por lo que ese argumento sería objeto de idéntica
crítica a la antes planteada frente a los “valores positivos” a los que refiere
la exposición de motivos.  La segunda porque, de manera similar al caso
anterior, no existe evidencia ni prueba indicativa del valor histórico o
arquitectónico del inmueble, el cual tuviese carácter secular al trascender el
fenómeno religioso.  //  Sobre este último particular debe recabarse en que la
simple descripción de la historia de la catedral, que hace la exposición de
motivos, no es en modo alguno suficiente para identificar dichos valores, ni
menos para fundar la naturaleza secular de la normativa demandada o justificar
la declaratoria de monumento nacional de dicho inmueble.  Antes bien, el
ordenamiento jurídico prevé reglas precisas que concurren en la identificación
del valor histórico y/o arquitectónico, que hace al bien merecedor de especial
protección estatal.  Así por ejemplo, el artículo 8º de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008, dispone el procedimiento
para la declaración de interés cultural de bienes, donde tiene parte activa el
Ministerio de Cultura y, a su vez, se fijan parámetros objetivos de evaluación
de dicho interés. No es posible identificar tales criterios a partir de lo
reglado por la disposición acusada, así como por las consideraciones tenidas en
cuenta por el Congreso durante el trámite legislativo”.
[87] La sentencia señaló lo
siguiente: “39. Sin embargo, es evidente a partir del análisis de los mismos
insumos (es decir, los trabajos preparatorios de la ley y su resultado final)
que en este caso existe otra motivación que, aunque tal vez no supera en
importancia a la celebración de sus logros religiosos, sí parece ser un motivo
particularmente relevante para el Legislador, y de una trascendencia al menos
similar a la de su vida religiosa. Este aspecto se encuentra en las referencias
insistentes al acercamiento o diálogo inter cultural que inició con indígenas
de la región y, ocasionalmente, con comunidades negras.  // Y no es posible
asumir acá que el propósito del Legislador, al exaltar esta faceta de su vida,
sea secundario, pues el trabajo de la Madre Laura Montoya Upegui, incluso desde
su visión del mundo inmersa en los principios de la religión católica, tuvo
como destinatarios a los pueblos indígenas que el Legislador describe, en ese
momento histórico, como ‘los más necesitados’.  //  40. La importancia de este
propósito, es indiscutible pues, junto con las constantes referencias que hace
el Legislador a su labor religiosa, también celebra su vida de misionera, la
fundación de una congregación que tenía entre sus propósitos el trabajo con los
pueblos originarios, y su capacidad para entablar un diálogo inter cultural
consciente del valor por las diferencias culturales, en una época en la que la
relación de la sociedad mayoritaria con los pueblos indígenas no evidenciaba
respeto por las diferencias culturales. //  41. Este aspecto se torna entonces
esencial al momento de determinar si la decisión legislativa que se cuestiona
cumple las exigencias que la Constitución Política y las sentencias C-766 de
2010 y C-817 de 2011 han planteado en torno al análisis de constitucionalidad
de leyes de honores, y que se centra en dos aspectos: (i) que estas leyes no
persigan únicamente un propósito religioso, sino que además de ello se dirijan
a satisfacer finalidades de naturaleza laica; y (ii), que el propósito no
religioso tenga carácter primordial o protagónico. //   42. De lo expuesto, se
infiere que la ley bajo control posee dos propósitos protagónicos: de una
parte, la celebración de la canonización de la Madre Laura y sus logros
religiosos y, de otra, la exaltación de un modo de acercamiento al diálogo
inter cultural que el Congreso de la República estima valioso, en el contexto
de la época en la que se desarrolló la vida y obra de la religiosa”.
[88] Cfr. Corte
Constitucional, sentencias C-152 de 2003 y T-139 de 2014.
[89] Corte Constitucional, Sentencia
C-766 de 2010. En el mismo sentido ver las sentencias C-152 de 2003, C-817 de
2011, T-139 de 2014 y C-948 de 2014.
[90] Corte Constitucional, Sentencia
C-817 de 2011.
[91] “La separación impone en este sentido que
el Estado y la religión permanezcan en distintas esferas, sino que ninguno
interfiera o perturbe el ámbito de autonomía del otro”. Víctor J. Vásquez
Alonso, “Laicidad y Constitución”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
2012, p.52.
[92] Everson vs. Board of Education, 330 U.S. 1, 15-16 (1947).
[93] Lemon vs. Kurtzman, 403
U.S. 602 (1971).
[94] Cfr. Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y
Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2012, p.61.
[95] Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y
Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2012, p. 53.
[96] Fuente:
http://semanasantapamplona.co/historia.html:
“Semana
Santa – Pamplona.  Historia.
En
el año 325 en el Concilio I de Nicea, se llega finalmente a un acuerdo por
parte de los cristianos para el asunto de la celebración de la pascua y
memorial de la muerte del Señor, se estableció que la Pascua de Resurrección
debía de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas: // Que la Pascua se
celebrase en Domingo. // Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que es
celebrada independientemente del día de la semana, para evitar paralelismos o
confusiones entre ambas religiones. // Que  no se celebrara nunca la Pascua dos
veces en el mismo año; esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba
en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua
antes del equinoccio real. // Aun así, siguió habiendo diferencias entre la
Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría; El Concilio de Nicea dio la razón a
los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se
calculaba en Alejandría, luego se comunicaba a Roma, la cual difundía el
cálculo al resto de la Iglesia. Finalmente, Dionisio el Exiguo en el año 525,
desde Roma mirando las ventajas del cálculo alejandrino, unifico el  cálculo de
la pascua cristiana.
Procesiones.
‘El
caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de
la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí
mismo un gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí
mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia…’. (Documento de Aparecida
nº 264). // En el año 313, el emperador Constantino dio libertad a los
cristianos para que pudieran practicar abiertamente su religión. Desde
entonces, la Iglesia ha incluido entre sus actos de culto las “procesiones” que
consisten en un recorrido con las imágenes sagradas de un lugar a otro,
volviendo al lugar de donde parten. Estos ejercicios religiosos han tenido gran
aceptación entre los fieles que participan, caminando ellos su recorrido cuando
es posible o, viendo pasar las imágenes sagradas. // Las procesiones existen en
la mayoría de religiones: hinduismo, Judaísmo, Islam y Cristianismo. El uso de
las procesiones se remonta a la más lejana antigüedad y la Biblia cita
frecuentes ejemplos de las mismas desde antes de Cristo, como las vueltas de
Josué alrededor de las murallas de Jericó y aquella en que David danzó enfrente
del Arca. // En la Iglesia católica la procesión tiene como objeto, hacer un
homenaje a Dios, a la virgen o a los santos, de los cuales en algunas ocasiones
se llevaban sus reliquias, además de su imagen. Tiene, también, fines
particulares de culto, como penitencia, acción de gracias, homenaje público,
como el caso de la procesión del corpus con la Eucaristía, que se inició hacia
el año 1300. Ésta última es la procesión más solemne y oficial de la Iglesia
católica, junto con la procesión con la cual se inicia la Semana Santa: el
domingo de ramos. // La tendencia actual para las procesiones es la de orar
durante su recorrido, o acompañarlas en un respetuoso silencio de meditación.
Las procesiones que tienen lugar entre nosotros durante la semana mayor son una
costumbre traída por los conquistadores españoles. No son, ni mucho menos la
razón de la semana santa. En cambio, las celebraciones en las Iglesias durante
esos días si son la celebración oficial de la Iglesia católica. En otros
lugares la gran procesión es la del viacrucis, por las calles y acompañada por
la imagen de un crucifijo. // Las procesiones tienen su dictamen en Jerusalén
en donde las instituyeron los padres franciscanos hace mucho tiempo. Las
procesiones son actos externos de religiosidad popular, pero, que tienen un
valor indudable de catequesis y de reflexión a través de la cual se enseña
todos los años el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. En la era de la imagen, entra por los ojos el tesoro insondable de
cómo Cristo, siendo Dios, quiso morir en la cruz para redimir al mundo. // No
son tampoco un acto de idolatría católica, como afirman algunos; son un acto de
penitencia y de recogimiento, en los cuales se demuestra la religiosidad y la
devoción tanto de las personas que están en la procesión como de las personas
que la miran en las calles. // Los judíos realizaban procesiones para la
pascua, pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En otros escritos se
condenan los ídolos, que son algo muy distinto de las imágenes del mismo Cristo
y de sus santos seguidores, y no de falsos dioses paganos. Por eso ya en los
cementerios de Roma, se encuentran imágenes de casi 20 siglos de antigüedad,
del buen Pastor, de María y de los apóstoles. // Al Celebrar  la semana Santa
en este año del Señor, recordemos entonces: lo más importante en la semana
mayor son las ceremonias litúrgicas que se realizan en los templos. Por tanto,
que nadie falte a tales ceremonias que son el centro de las celebraciones
sagradas de estos días, ceremonias como lo son la misa de jueves santo, la
celebración de la Pasión del Señor y la más importante, la Solemne Vigilia
Pascual. // Como el pueblo en el antiguo testamento realizaba marchas y
procesiones cantando y glorificando a Dios, así nosotros, herederos de ese
pueblo, seguimos realizando estos mismos recorridos sagrados, sabiendo que es
algo que agrada a Dios”.
[97] Proyecto de ley 078 de 2012 Cámara -165 de 2012 Senado,
presentado por el representante Carlos Eduardo León Celis. Publicado en la
Gaceta del Congreso 503 del 10 de agosto de 2012, p.10-17.
[98] Ver gacetas 503 de 2012, 594 de 2012,
782 de 2012, 826 de 2012, 196 de 2013, 380 de 2013, 738 de 2013, 380 de 2013,
403 de 2013, 448 de 2013, 481 de 2013, 691 de 2013 y 616 de 2013. Solamente en el cuarto
debate, uno de los senadores votó en contra del proyecto de ley.
[99] Para ello, en la exposición de
motivos se trascribe un escrito donde se relata la historia y evaluación de
dicha manifestación religiosa.
[100] En la sentencia C-817 de 2011,
la Corte Constitucional consideró que “de la simple descripción de la historia
de la catedral, que hace la exposición de motivos, no es en modo alguno
suficiente para identificar dichos valores, ni menos para fundar la naturaleza
secular de la normativa demandada o justificar la declaratoria de monumento
nacional de dicho inmueble.”
[101] En esta providencia se estudió la constitucionalidad de las Objeciones
Gubernamentales al proyecto de Ley No. 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara,
“Por medio del cual se conmemoran los
cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá
en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
[102] En la Sentencia C-948 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible la
Ley 1710 de 2014, “por
la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre
santa colombiana”, por los cargos analizados en esta providencia, con
excepción de algunas expresiones o enunciados en algunos numerales, que se
declararon inexequibles, lo cual se reiteró en las sentencias C-960 de
2014 y C-091 de 2015.
[103] Constitución
Política de 1991. Artículo 19. Se garantiza la
libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones
religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
Derecho a la
Libertad Religiosa. Reconocida por el Derecho Internacional. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos;  artículo 27 de este mismo pacto
garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su
religión. De la misma forma lo hace la Convención
de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de
la Convención Europea de Derechos Humanos.
[104] Mediante la sentencia C-568 de 1993, la Corte Constitucional declaró exequibles  el
artículo 1o. de la Ley 37 de 1905; artículo
1o. de la Ley 57 de 1929; artículo 7o. de la Ley  6a. de 1945;  los
artículos  172 a 176  del C.S.T. y los artículos 1o. y 2o. de la Ley
51 de 1983, referidos a los días festivos en fiestas religiosas del
catolicismo, la libertad religiosa y de cultos.
[105] En la sentencia C-088 de 1994, la Corte Constitucional estudió la adecuación constitucional del proyecto de
ley estatutaria "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad
Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución
Política", analizando el primer inciso del artículo 2º del estatuto.
[106] Alaez Corral, Benito. Símbolos religiosos y derechos
fundamentales…cita, pp. 89.
[107] En ese sentido me pronuncie en el salvamento de voto a la
sentencia C-766 de 2010 en la que la Corte realizó la revisión
constitucional de las Objeciones Gubernamentales al proyecto de Ley No. 195 de
2008 Senado, 369 de 2009 Cámara, “por medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la
coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La
Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”.
[108] Ley 133 de 1994, articulo 2.
[109] La Ley, por su parte, establece el objetivo de
declarar patrimonio cultural las procesiones de Semana Santa en Pamplona (art
1); la facultad del Gobierno para incluir estas prácticas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional (art 2);
la autorización al Gobierno para incluirlas además en el banco de proyectos del
Ministerio de Cultura y para declarar sus imágenes como bienes de interés
cultural de la Nación (arts 3 y 4); la declaratoria de la Arquidiócesis de
Pamplona y el municipio de Pamplona como creadores, gestores y promotores de
dichas procesiones (art 5); la enunciación del deber de estos dos entes de
postular la referida Semana Santa a la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial y al Plan Especial de
Salvaguardia (PES), así como a la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de
Interés Cultural (Licbic), y las imágenes en ella usadas al plan especial de
manejo y protección; y finalmente el deber de la Nación de contribuir al
fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del
Patrimonio cultural e inmaterial de las procesiones de Semana Santa en Pamplona
(art 7).
[110] Ver entre otras,
Sentencias C-350 de 1994. C-152 de 2003, C-l 175 de 2004, C-766 de 2010, C-817
de 2011 yC-948 de 2014.
[111] Corte
Constitucional, Sentencia C-817 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
fundamento jurídico n° 18.4.
[112] ídem., fundamento
jurídico n° 16.3.
[113] En dicha
providencia se abordó la constitucionalidad de la Ley 1710 de 2014 ("Por
la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre
santa colombiana"). La Corte Constitucional avaló la generalidad de la ley
por considerar que no se desconocían los principios de laicidad estatal,
neutralidad religiosa, pluralismo y libertad de cultos.
[114] La Corte constató
que junto a la motivación religiosa se encontraba también una motivación de
otro orden, encaminada a exaltar su labor como misionera, el diálogo y
acercamiento intercultural que propició en un momento histórico complejo, al
igual que la defensa y apoyo a los más necesitados en Colombia. Teniendo en
cuenta este otro propósito, no menos importante que la exaltación de sus
valores religiosos, la Corte concluyó que la ley demandada superaba el estándar
fijado por la jurisprudencia constitucional para definir la laicidad y
neutralidad del Estado en la exaltación de un acto o individuo.
[115] “Por la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación
la Semana Santa de Pamplona, Departamento Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”