T-356-96
Sentencia T-356/96
Sentencia
T-356/96
DERECHO DE
PETICION-Obligación de
comunicar trámite
Cuando una
petición no puede ser resuelta dentro del plazo establecido en el Código
Contencioso Administrativo, el peticionario debe ser informado de tal
circunstancia. Pues, no basta que se estén adelantando internamente los
procedimientos respectivos, sino que el peticionario tiene derecho a saberlo.
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
Al demandante no
sólo no se le contestó oportunamente su petición, sino que en la respuesta,
tampoco se le resuelve la misma. Si bien es cierto que el derecho de petición
se satisface cuando al interesado se le resuelve el objeto de su solicitud, que
no tiene que ser favorable a sus intereses, pero sí que se dé contestación al
núcleo esencial de la petición.
DERECHO DE
PETICION-Retiro voluntario
de la policía
No basta
comunicar la negativa al retiro del demandante, sino que debe señalársele que, no
obstante las necesidades del servicio o las razones de seguridad nacional, su
solicitud de retiro continua pendiente de resolución, dentro de determinado
plazo o cuando se cumplan ciertas circunstancias.
Referencia:
Expediente T- 95.283
Demandante: Luis
Alfredo Ramírez Sarmiento.
Demandado: Dirección
General de la Policía Nacional.
Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE
ARANGO MEJÍA.
Sentencia aprobada
en sesión de la Sala Primera de Revisión, a los trece (13) días del mes de
agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el
fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, Sala Penal, dentro del proceso de tutela instaurado por el Capitán de
la Policía Nacional Luis Alfredo Ramírez Sarmiento contra la Dirección Nacional
de la Policía Nacional.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Tribunal, en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
de la Corte eligió, para su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El demandante inició
ante el Juzgado Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, reparto, acción de
tutela contra la Dirección Nacional de la Policía Nacional, el 23 de enero de
1996, pues considera que esta institución, al no haberle resuelto su solicitud
de retiro, presentada el 27 de octubre de 1995, le ha violado su derecho de
petición y otros derechos fundamentales.
a) Hechos.
El demandante es
piloto en el servicio aéreo de la Policía Nacional, entidad a la que pertenece
desde 1987. Señala que como piloto de helicópteros de dicha institución, ha
participado en peligrosas operaciones, tales como erradicación de cultivos
ilícitos; rescate de soldados emboscados por la guerrilla, etc., acciones por
las cuales ha recibido condecoraciones y el reconocimiento por parte de sus
superiores.
Sin embargo, por los
motivos expuestos en comunicación del 27 de octubre de 1995, solicitó que,
cumplido el trámite establecido por la institución, se le permitiera su retiro
por voluntad propia. En la misma fecha, de conformidad con el procedimiento,
rindió versión libre y espontánea, ante la Oficina de Inspección y Disciplina
de la Policía, para explicar las razones de su solicitud.
En la comunicación
del 27 de octubre, dirigida al Director General de la Policía, expuso los
siguientes motivos:
“1. Actualmente
tengo problemas familiares muy delicados que requieren del mayor tiempo posible
para atenderlos, pero mi disponibilidad permanente en la Institución me impide
darles pronta solución.
“2. Debido a la
situación actual del país con relación al orden público, me es difícil efectuar
proyecciones sobre el futuro de mi familia, especialmente el de mi esposa e
hijo; añadiéndole a estos los escasos recursos materiales con que contamos hoy
día en la lucha antinarcóticos, en el cual he sido objeto de varios atentados,
logrando salir con vida gracias a Dios y al excelente entrenamiento que he
recibido, pudiendo así, sortear las emergencias de la mejor forma posible, evitando
la pérdida de vidas humanas y máquinas puestas bajo mi responsabilidad.
“3. Es mi deseo
ingresar a la Universidad y para ello requiero igualmente, toda la
disponibilidad de tiempo.”
En el acta
correspondiente a la diligencia de exposición libre y espontánea, el demandante
manifestó las mismas razones, agregando que no existen investigaciones de
ninguna índole en su contra, y que “No es justo que nosotros siendo
profesionales de la Policía y fuera de eso con la especialidad de aviadores,
actualmente no tengamos ni voz ni voto para las actuaciones que se deben llevar
a cabo en la lucha contra la narcoguerrilla, esto lo digo haciendo referencia a
que actualmente están ingresando a la especialidad personas a contrato
especialmente los pilotos de Turbo Trush y se le da más credibilidad a una
persona que acaba de llegar que no tiene ni idea de la labor nuestra [que] a
nosotros que llevamos una larga y excelente trayectoria institucional, porque
por ello pudimos ingresar a la mejor especialidad que tiene la Policía
Nacional. Además de que si algún oficial piloto opina sobre el mejoramiento de
las labores contra la narcoguerrilla, es sacado de la especialidad y tildado de
sindicalista; como pueden ver todos estos factores son los que me llevan a
tomar esta determinación.”
En igual fecha,
según consta en el Acta 18, el Comité de Evaluación acordó solicitar a la
Dirección General de la Policía, se conceda el retiro pedido.
Dice el actor, en su
demanda de tutela, que al tiempo de presentar su solicitud de retiro, le fueron
liquidadas las vacaciones, las cuales, por estar acumuladas, sumaron 92 días.
Cuando se encontraba disfrutándolas, en lugar de tramitarse su retiro, a su
residencia le llegó copia del oficio Nro. 14286, del 14 de diciembre de 1995,
suscrito por el Director de Recursos Humanos, en el que se informa que a partir
del 2 de enero de 1996, es decir, una vez reintegrado de sus vacaciones, se le
traslada al Departamento de Policía de Caquetá. Pero no se le comunica nada en
relación con su solicitud de retiro de la institución.
b) Derechos
fundamentales presuntamente vulnerados.
El demandante
considera que la Policía Nacional le está vulnerando los siguientes derechos
fundamentales:
- Derecho de
petición, consagrado en el artículo 23 de la C.P., pues no ha obtenido
resolución a su solicitud, a pesar de haber cumplido los requisitos exigidos
por la institución.
- Derechos al libre
desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio,
artículos 16 y 26, pues el demandado, al no autorizar su retiro, le impide
escoger una profesión diferente a la de Oficial de la Policía Nacional.
b) Pretensión.
Que se ordene a la
Dirección General de la Policía Nacional, concederle el retiro por voluntad
propia.
c) Anexos.
El demandante
acompañó copia de los siguientes documentos:
- Comunicación de su
traslado al Departamento de Policía del Caquetá, de fecha 14 de diciembre de
1995, suscrita por el Director de Recursos Humanos de la Policía.
- Salvoconducto de
vacaciones.
-Acta Nro. 0018, de
fecha 27 de octubre de 1995, en la que el Comité de Evaluación acordó solicitar
el retiro pedido.
- Diligencia de
exposición libre y espontánea ante el jefe de la Oficina de Inspección y
Disciplina, de 27 de octubre de 1995.
- Solicitud de
retiro voluntario, de 27 de octubre de 1995.
- Decreto 096 de
1994, por el cual el Alcalde de San José del Guaviare le concede una
condecoración al mérito cívico al demandante.
- Decreto 0024 de
1995, por el cual el Gobernador del Guaviare le concede una condecoración al
demandante.
- Resolución 938 de
1995, del Ministerio de Defensa, por la cual el Director General de la Policía
le otorga el distintivo “al valor” al demandante.
- Acta 042 de 1994,
de Policía Nacional, en la que consta que se le otorgó el distintivo “servicios
distinguidos”
d) Actuación
procesal.
El Juzgado 55 Penal
del Circuito notificó al Director General de la Policía sobre el inicio de esta
demanda, y solicitó información del trámite dado a la solicitud del demandante.
Por comunicaciones
de 2 y 30 de enero de 1996, la entidad demandada informó al juzgado sobre el
trámite de la solicitud del demandante, así:
- Sólo el 30 de
noviembre de 1995, la Dirección Antinarcóticos se pronunció sobre el retiro del
demandante, por consiguiente, la solicitud respectiva no pudo ser estudiada por
la Junta Asesora de la Dirección General de la Policía, en la reunión celebrada
el 20 de noviembre de 1995.
- Para el mes de
febrero de 1996, se tiene programada una nueva reunión de la Junta Asesora, en
la que se estudiará la solicitud del demandante.
El concepto previo
de la Junta Asesora está consagrado en el artículo 6o. del decreto 573, que
modificó el decreto 41 de 1994, sobre normas de carrera del personal de la
Policía Nacional.
- El demandante fue
trasladado al Caquetá, por necesidades del servicio, de conformidad con lo
dispuesto en las normas legales.
Acompañó
documentación pertinente.
e) Sentencia de
primera instancia.
En sentencia de 7 de
febrero de 1996, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá denegó la
tutela solicitada. El juez consideró que la entidad demandada se ha mostrado
interesada en el trámite de la solicitud del actor, diligenciando los
requisitos que la ley impone para la desvinculación de su personal. Además,
dado que para lograr la separación, es necesario el estudio por parte de la
Junta Asesora, y teniendo en cuenta su conformación, no puede sesionar en forma
continúa, por lo que no es posible pretender que se cumpla, en una fecha
determinada, con el estudio de la solicitud. En consecuencia, no se encuentra
vulneración del derecho de petición. Y, en igual sentido, no han vulnerado los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger
profesión u oficio.
No obstante, el Juez
recomienda que la institución presente en la próxima Junta, la solicitud del
demandante.
El demandante
impugnó esta decisión. Consideró que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, pues no existió ninguna actividad para lograr su desvinculación,
en cambio, sí existió la determinación de trasladarlo. Acto que, en su
concepto, constituye una retaliación a su solicitud de retiro.
No comparte tampoco
el hecho de que el juez haya considerado la violación de sus otros derechos,
como conexos al de petición. Además, que la institución no ha tenido en cuenta
la solicitud del Comisionado Nacional para la Policía, solicitando se dé el
trámite a su solicitud.
f) Sentencia de
segunda instancia.
En providencia de 15
de mayo de 1996, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Penal,
resolvió ordenar la cesación de procedimiento de la acción de tutela, pues,
durante el trámite de la misma, la Policía Nacional dio respuesta a la
solicitud del demandante, aunque en forma contraria a sus pretensiones. Sin
embargo, señaló que, efectivamente, se vulneró el derecho de petición, porque
la respuesta se produjo 4 meses después de haberse presentado la solicitud.
En efecto, el 21 de
febrero de 1996, al demandante, el Director de Recursos Humanos le comunicó,
mediante oficio Nro. 1899, que en sesión del 7 de febrero de 1996, la Junta
Asesora de la Dirección General no aceptó su solicitud, por necesidades del
servicio en el Departamento de Policía del Caquetá, de conformidad con lo
establecido en el artículo 77, del decreto 41 de 1994.
De conformidad con
esta respuesta, el Tribunal consideró que se había satisfecho el derecho
invocado.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
La Corte es
competente, de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución, y el decreto 2591 de 1991.
Segunda.- Lo que
se debate.
En el presente caso
se debe establecer si ha existido vulneración del derecho de petición del
demandante, y si esta vulneración continúa.
Al momento de
interponer la acción de tutela, el demandante estimó que presentar su solicitud
de retiro voluntario de la Policía Nacional, previo el cumplimiento de los
requisitos legales, y obtener como respuesta, un mes y medio después, su
traslado al Departamento del Caquetá, pero sin informarle sobre el trámite dado
a su solicitud, se atenta contra sus derechos fundamentales, de petición, libre
desarrollo de su personalidad y libertad de escoger profesión u oficio,
artículos consagrados en la Constitución en los artículos 23, 16 y 26. Además,
en consideración a los servicios valerosos que le ha prestado a la entidad, por
los cuales ha recibido los respectivos reconocimientos de sus superiores, y no
existir ninguna investigación en su contra, permiten observar que no hay
ninguna razón valedera para la demora en acceder a su requerimiento.
Sobre esta
situación, el a quo no tuteló el derecho de petición, pues la
institución estaba realizando los procedimientos requeridos para esta clase de
retiros, y que culminan con la autorización de la Junta Asesora de la Dirección
General de la Policía. Sin embargo, recomendó, que en la próxima reunión de la
Junta, se resuelva la petición del demandante.
En cambio, para el
Tribunal sí existió vulneración al derecho de petición, pues transcurrieron 4
meses desde la solicitud, sin que se hubiera producido la respuesta
correspondiente. Pero, como durante el trámite de la tutela, la petición fue
resuelta, aunque en forma desfavorable al actor, cesó la vulneración.
En relación con
estas decisiones, la Sala considera que, en primer lugar, sí ha existido
vulneración del derecho de petición del actor, y que esta vulneración continúa,
aún con la respuesta del 21 de febrero de 1996, suministrada al demandante.
Veamos.
Es cierto que existe
un procedimiento para el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía, contenido en los decretos 41 de 1994, “por el cual se modifican las
normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional y se dictan otras disposiciones”, y 573 de 1995; este último modificó
algunas normas del primero.
El procedimiento
establece que una de las causales de retiro del personal de oficiales y
suboficiales es la solicitud propia. Dice la norma:
“Artículo 7o. El
artículo 76 del decreto 41 de 1994 quedará así:
“Artículo 76.
Causales de retiro. El retiro del servicio activo del personal de oficiales
y suboficiales, se produce por las siguientes causales:
“1. Retiro temporal
con pase a la reserva:
a. Por
solicitud propia;
b. Por llamamiento
a calificar servicios;
c. Por disminución
de la capacidad sicofísica para la actividad     policial;
d. Por incapacidad
profesional,
e. Por
inasistencia al servicio por más de 5 días sin causa    justificada.
“2. . . .” (se
subraya)
Para que el retiro
de los oficiales se produzca, es necesario el concepto previo de la Junta
Asesora para la Policía Nacional. Establece el decreto 573 de abril 4 de 1995:
“Artículo 6o. El
artículo 75 del decreto 41 de 1994 quedará así:
“Art. 75. Retiro.
Es la situación en que, por disposición del Gobierno Nacional para Oficiales a
partir del grado de Coronel o por resolución ministerial para los demás grados,
o de la Dirección General de la Policía Nacional para Suboficiales, unos y
otros, cesan en la obligación de prestar servicio, salvo en los casos de
reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización.
“El retiro de
los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora para la
Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales,
inasistencia al servicio por más de 5 días sin causa justificada, destitución,
suspensión solicitada por la justicia ordinaria, que exceda de 180 días y
muerte.
“Parágrafo. Los
retiros de los Oficiales por llamamiento a calificar servicios o por voluntad
del Gobierno, se dispondrán en todos los casos por decreto del Gobierno
Nacional.” (se subraya)
La solicitud de
retiro no tiene que aceptarse en forma inmediata, cuando medien razones de
seguridad nacional o especiales del servicio. En efecto, el artículo 77 del
decreto 41 de 1993 señala:
“Artículo 77.
Solicitud de retiro. Los oficiales, suboficiales (y personal del nivel
ejecutivo) de la Policía Nacional, podrán solicitar su retiro del servicio
activo en cualquier tiempo, el cual se concederá cuando no medien razones
de seguridad nacional o especiales del servicio que requieran su
permanencia en actividad, a juicio de la autoridad competente.” (se subraya)
* La expresión entre
paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia
C-417 de 1994.
De conformidad con
las normas transcritas, el capitán Ramírez solicitó su retiro de la institución
por voluntad propia; se sometió a los procedimientos que para tal efecto deben
realizarse: diligencia de exposición libre y espontánea ante el Jefe de la
Oficina de Inspección y Disciplina, para escucharlo sobre las razones de su
solicitud; entrevista de retiro con el departamento de psicología; estudio de
retiro por parte del Comité de Evaluación, el cual solicitó conceder el retiro;
certificación sobre la carencia de informativos disciplinarios, administrativos
o prestacionales por pérdida o daño de material de guerra; concepto favorable
para el retiro del demandante, proferido por el Jefe de la División del
Servicio Aéreo de la Policía Antinarcóticos. Faltaba el concepto previo de la
Junta Asesora, Junta que se había reunido el 20 de noviembre de 1995, pero que
no estudió la solicitud del demandante pues faltaba el concepto de la Policía
antinarcóticos.
Sin embargo, el 14
de diciembre de 1995, un mes y medio después de su solicitud de retiro, estando
en vacaciones, al demandante se le  informó,  no sobre el trámite de su pedido,
sino sobre su traslado a otro Departamento de Policía, en el Caquetá.
Al respecto, la Sala
estima que, efectivamente, en esa oportunidad se le vulneró el derecho de
petición al demandante, pues, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado
la jurisprudencia de esta Corporación, cuando una petición no puede ser
resuelta dentro del plazo establecido en el Código Contencioso Administrativo,
el peticionario debe ser informado de tal circunstancia. Pues, no basta que se
estén adelantando internamente los procedimientos respectivos, sino que el
peticionario tiene derecho a saberlo. Además, debió informársele que por
razones del servicio, se le requería para que se trasladara a determinado
lugar, pero que tal circunstancia no impedía que continuara el trámite de su
petición.
Por otra parte, la
Sala considera  que la vulneración del derecho de petición continúa, pues la
comunicación del 21 de febrero de 1996, suscrita por el Director de Recursos
Humanos,  dirigida al demandante, tampoco satisface el derecho de petición.
En efecto, dice la
comunicación:
“Señor Capitán
LUIS ALFREDO RAMÍREZ
SARMIENTO
Departamento de
Policía Caquetá
Florencia
“Se comunica al
señor Capitán que la Junta Asesora de la Dirección General, en la sesión
celebrada el 7 de febrero del año en curso, consideró su solicitud de retiro de
la institución de fecha 27 de octubre de 1995, habiendo determinado no aceptarla
debido a la necesidad del servicio en el Departamento de Policía de Caquetá, en
el cual existen problemas de seguridad y especiales del servicio que requieren
de su permanencia en esa Unidad, conforme a lo establecido en el artículo 77
del decreto 41 del 10 de enero de 1994”
Como se observa, al
demandante no sólo no se le contestó oportunamente su petición, sino que en la
respuesta transcrita, tampoco se le resuelve la misma. Si bien es cierto que el
derecho de petición se satisface cuando al interesado se le resuelve el objeto
de su solicitud, que no tiene que ser favorable a sus intereses, pero sí que se
dé contestación al núcleo esencial de la petición; en el presente caso, no
ocurrió esto.
En efecto, no basta
comunicar la negativa al retiro del demandante, sino que debe señalársele que,
no obstante las necesidades del servicio o las razones de seguridad nacional,
su solicitud de retiro continua pendiente de resolución, dentro de determinado
plazo o cuando se cumplan ciertas circunstancias, decisión que, en virtud del
artículo 77, está a juicio de la autoridad competente. Pues, si bien el
mencionado artículo permite que no se acceda al retiro inmediato solicitado;
tampoco fija un plazo para acceder a la solicitud, y lo deja al criterio de la
autoridad competente, sin embargo, esto no significa que una solicitud de esta
naturaleza, pueda quedar en suspenso indefinidamente, o, como se dice en el
lenguaje popular, en el aire.
Por el contrario, a
un solicitante sujeto a estas excepcionales condiciones, debe informársele
cuándo la administración podrá acceder a su solicitud y bajo qué
circunstancias. Es decir, el administrado espera que la administración le
señale cuándo le resolverá su situación y que ésta permanece en estudio. Pues
sólo de esta manera, se armonizan las obligaciones del demandante, como
oficial, piloto de helicóptero, de la Policía Nacional, y que desarrolla una
actividad importante para la seguridad del Estado, y los derechos fundamentales
que él personalmente tiene.
De conformidad con
las anteriores consideraciones, si aún no se ha producido el retiro del
demandante, se ordenará a la Dirección General de la Policía que, de acuerdo
con las razones de seguridad nacional o especiales de servicio, le resuelva la
solicitud al actor, resolución en la que se fije que el retiro pedido se
producirá dentro de un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias de
seguridad nacional o especiales de servicio. Es claro que no corresponde a la
Corte Constitucional establecer el plazo, pero sí el solicitar que se realicen
los procedimientos para que sea fijado, en forma razonable.
Sobre los demás
derechos que el demandante estima también amenazados, libre desarrollo de la
personalidad y libertad de escoger profesión u oficio, éstos sí están conexos al
de petición, pues si la institución le resuelve ésta, en la misma medida el
demandante podrá hacer sus planes futuros de estudio o para estar con su
familia.
III. DECISIÓN.
Por lo anterior, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR
la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, Sala Penal, de fecha quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y
seis (1996). En consecuencia, tutelar el derecho de petición del Capitán Luis
Alfredo Ramírez Sarmiento.
Segundo: La
Dirección General de la Policía, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
después de ser notificada esta sentencia, deberá informarle al demandante que
su solicitud de retiro se resolverá dentro de un plazo razonable, de acuerdo
con las circunstancias de seguridad nacional o especiales de servicio.
Tercero:
COMUNICAR esta decisión al Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, para
que sean notificadas las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General