T-440-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-440/03
VIA DE HECHO
EN ACCION DE GRUPO-En trámite procesal se
decretaron pruebas que implicaron revelación de datos de clientes bancarios
RECURSO DE
APELACION-Improcedencia contra auto que no denegó
pruebas
La Corte
Constitucional estima que ninguno de los argumentos anteriores es de recibo. En
primer lugar, la consideración conforme a la cual el Banco Caja Social ha
debido apelar el auto que decretaba la práctica de pruebas supone que dicha
providencia es apelable. Sin embargo, el numeral 3º del artículo 351 del Código
de Procedimiento Civil establece como apelables exclusivamente los autos que
deniegan pruebas. Por lo tanto, en contra de la providencia fechada el 11 de
febrero de 2002, en la cual el juez civil no denegó la práctica de prueba
alguna, no cabía el recurso apelación. En contra de dicha decisión era
procedente únicamente el recurso de reposición, que efectivamente fue
interpuesto por la entidad bancaria, y que posteriormente fue negado por el
Juez.
LEGITIMACION
POR PASIVA EN ACCION DE GRUPO-Tutelantes no podían
controvertir decisiones que no les habían sido notificadas
La Corte
también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal
por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban
el pasivo del proceso de acción de grupo contra el Banco Caja Social. Por lo
tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias
judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido
proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no
estaban enterados. La Corte considera que no existió omisión por parte de los
accionantes, ya que éstos agotaron todas las oportunidades procesales a que han
tenido acceso efectivo durante la acción de grupo mencionada.
SECRETO
PROFESIONAL Y DERECHO A LA INTIMIDAD-Relación
SECRETO
BANCARIO-Excepciones y límites
Si bien el
secreto bancario está protegido por el derecho a la intimidad, es necesario
precisar la relación entre uno y otro. De un lado, no todos los datos
protegidos por la reserva bancaria refieren a la intimidad del usuario (por
ejemplo, la información económica relacionada directamente con actividades
criminales). Sin embargo, alguna información privada también esta cobijada por
el secreto bancario (datos que revelen los hábitos de consumo de los usuarios
del banco por ejemplo). De otro lado, la reserva bancaria, per se, no integra
el núcleo esencial del derecho a la intimidad, el cual está compuesto por información
relativa a características definitorias de un individuo, a su vida personal y
familiar y a otros aspectos que la Corte ha resaltado. El alcance del derecho a
la intimidad no se reduce a su núcleo esencial, sino que se extiende hasta
abarcar relaciones intersubjetivas por fuera del ámbito meramente personal o
familiar, como las relaciones dentro de asociaciones privadas, los vínculos de
naturaleza partidista e, inclusive, algunos aspectos de las relaciones sociales
y económicas dentro de los cuales se encuentra el secreto profesional y la
reserva bancaria.
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Datos financieros que no forman parte del
conjunto de los que se amparan
No forman
parte del conjunto de datos amparados por el derecho a la intimidad los que (i)
hagan parte de la información general y no comprendan datos personalizados del
cliente, (ii) puedan ser obtenidas en otras fuentes de información accesibles
al público, (iii) no se refieran a la vida privada ni a las operaciones que el
usuario realiza con el banco que indiquen su perfil de gustos y preferencias,
o, (iv) cuya circulación haya sido autorizada por el particular o por la ley
dentro del respeto a la Carta. Además, (v) la Corte ha dicho que, en ciertas
condiciones, los bancos pueden informar a centrales de riesgo crediticio cuál
ha sido el comportamiento de sus clientes en tanto deudores, siempre que dicha
información sea verídica, completa y actualizada.
RESERVA
BANCARIA-Límites
La reserva
bancaria, aún respecto de aquellos datos cobijados por el derecho a la
intimidad, no es absoluta. En ciertas circunstancias, el deber de guardar
secreto sobre información personal cede ante las necesidades del interés
público o de la protección de otros derechos y por ende puede ser sometido a
limitaciones constitucionalmente legítimas. Además, el inciso 4º del artículo
15 de la Constitución dispone excepciones a la confidencialidad de documentos
privados. La jurisprudencia constitucional ha considerado como ajustadas a la
Constitución disposiciones legales que en ciertas circunstancias específicas
han limitado el deber de reserva en cabeza de las entidades bancarias. Se
observa entonces que esta Corporación ha aceptado la revelación de datos que en
principio están protegidos por la reserva bancaria y ha distinguido, como se
anotó anteriormente, entre información amparada solo por la reserva bancaria y
datos confiados a un banco en razón de su relación profesional con el usuario
que además están protegidos por el derecho a la intimidad.
PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES-Limitación/RESERVA
BANCARIA-Justificación razonable del Estado para que sea develada
La
limitación de los derechos fundamentales está sometida al principio de
razonabilidad aún cuando hay competencia expresa para limitarlos. En materia de
revelación de información amparada por el derecho a la intimidad en conexidad
con el secreto profesional, este principio se manifiesta en tres requisitos,
entre otros aplicables en hipótesis diferentes. Para que a las autoridades del
Estado competentes les sea permitido limitar el derecho a la intimidad
accediendo a datos o documentos también protegidos por el secreto profesional
en su manifestación concreta de reserva bancaria, es preciso que la divulgación
de la información requerida (i) esté dirigida a la consecución de un fin
constitucionalmente legítimo (principio de exclusión del capricho), (ii) sea
relevante para  la obtención de dicho fin (principio de relevancia), y (iii)
sea necesaria, es decir, que no exista otro medio para alcanzar el objetivo
buscado que sea menos oneroso en términos del sacrificio de la intimidad o de
otros principios o derechos fundamentales (principio de necesidad).
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Vulneración/VIA DE HECHO POR DEFECTO
SUSTANTIVO-Decreto de pruebas
La omisión
en aplicar las normas sobre derecho a la intimidad en conexidad con el secreto
profesional que obliga al banco, la Corte estima que en la actuación judicial
bajo cuestionamiento se configuró una vía de hecho. La providencia judicial
mediante la cual el juez ordenó decretar las pruebas señaladas, incurrió en un
defecto sustantivo. El Juez omitió aplicar en el caso concreto el derecho a la
intimidad respecto de la información personal cobijada por las pruebas
decretadas y, por ello, incurrió en el defecto sustantivo de dejar de aplicar
una norma jurídica – el artículo 15 de la Constitución - directamente relevante
para determinar el ámbito constitucionalmente legítimo de la providencia
mediante la cual decretó las pruebas anteriormente mencionadas. Al salirse de dicho
ámbito se colocó en los extramuros del derecho. Lo mismo ocurrió respecto de la
información que, además de estar protegida por el derecho a la intimidad,
también está  amparada por el secreto profesional que el banco debe guardar
respecto de sus usuarios. De tal manera que se incurrió en una vía de hecho por
defecto sustantivo por omisión. También, el juez dejó de aplicar las normas que
establecen en qué casos, y bajo qué criterios pueden las autoridades
competentes, limitar el derecho a la intimidad de los usuarios de una entidad
bancaria. Estas normas incluyen, además, las disposiciones comerciales que
configuran el criterio de necesidad como condición de la revelación de papeles
comerciales por parte de autoridades judiciales, y las normas que establecen
excepciones a la reserva bancaria, en sus aspectos protegidos por el secreto
profesional. Finalmente, a pesar de que el apoderado del Banco Caja Social
invocó en el proceso normas que creía pertinentes para denegar la práctica de
las pruebas mencionadas, como los artículos 64 y 65 del Código de Comercio, el
Juez 37 Civil del Circuito decidió ordenar la revelación de información
personal y personalizada de los usuarios del banco sin argumentación alguna
acerca de la razón por la cual los datos requeridos estaban o no protegidos por
la reserva bancaria, o, de otra parte, de la procedencia en este caso de la
limitación al derecho a la intimidad  de los particulares (artículo 15 de la
C.P.), en conexión con el secreto profesional (artículo 74). Por ende, los
autos incurrieron en un defecto sustantivo por omisión en la aplicación de
normas directas y específicamente pertinentes, lo cual conduce a establecer que
se configuró una vía de hecho judicial contraria al debido proceso. Por lo
tanto, la Corte concederá la tutela al derecho fundamental a la intimidad
(artículo 15 de la C.P.) de los usuarios del Banco Caja Social relacionado con
el deber de guardar el secreto profesional (artículo 74 de la C.P.), en
conexidad con el derecho al debido proceso respecto de los apartes vigentes de
la providencia que ordena la develación de información  protegida por las
normas mencionadas. El juez de conocimiento o los accionantes de grupo, podrán
acudir a otras herramientas que les permitan alcanzar los fines perseguidos y que
no transgredan los derechos constitucionales de los usuarios, ni las normas que
los desarrollan en el ámbito de las relaciones de confianza entre un banco y
sus clientes.
INTIMIDAD
ECONOMICA Y PRINCIPIO DE RELEVANCIA-Desconocimiento
La Corte
reprocha que el banco haya incoado la presente acción de tutela argumentando la
protección de la reserva bancaria y el derecho a la intimidad de sus usuarios y
que en el transcurso del mismo proceso, desconociendo el principio de
relevancia que protege la información que sus clientes le han confiado, revele
información sensible de uno de ellos que no ha sido solicitada por esta sala.
Por ello, la Corte advertirá al Banco Caja Social y a su apoderado que en el
futuro se abstengan de divulgar información constitucionalmente protegida de
sus usuarios, en especial de los relacionados, de cualquier forma, con el
proceso de la acción de grupo.
Referencia:
expediente T-697881
Acción de tutela
instaurada por el Banco Caja Social y otros contra el Juzgado 37 Civil del
Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del 27 de noviembre de
2002 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
al resolver la acción de tutela instaurada por el Banco Caja Social y otros
contra el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. José Guillermo T. Roa Sarmiento y
otros tres ciudadanos interpusieron una acción de grupo en contra del Banco
Caja Social “y las demás entidades responsables”, ante el Juez 37 Civil del
Circuito de Bogotá. En la demanda, los actores solicitaron como pruebas, entre
otras, las siguientes: “8.4. Se oficie a la entidad demandada, o en subsidio
a la superintendencia bancaria, a fin de que informen a su despacho: “8.4.1.
Los nombres identificación, dirección y demás datos de sus usuarios en los
últimos dos años, así como el número de sus cuentas corrientes o cuentas de
ahorro, tarjetas de crédito y tarjetas débito etc. “8.4.2. Remitan a su
despacho los extractos bancarios tanto de cuenta-ahorristas como de
cuenta-corrientistas y los contratos celebrados con los usuarios en los últimos
dos años. En subsidio certifiquen los cobros que se les ha efectuado por la
prestación del servicio y de las fechas en que se efectuaron, durante todo el
tiempo de vigencia de cada contrato, esto es, de cada usuario. (…) “En
el improbable evento de que la demandada no de contestación, se señale fecha
con efectos de llevar a cabo diligencia de inspección judicial en las oficinas
de la demandada, con intervención de peritos, contadores y economistas, quienes
dictaminarán acerca de los descuentos que a cada usuario se le ha efectuado por
los conceptos de que se duele esta acción, su actualización o indexación y
sobre el total, los intereses moratorios correspondientes. 8.4.3.
Remitan copia de los documentos o circulares donde consta la aprobación por
cada entidad o por todas ellas del monto que deben cancelar los usuarios por el
acceso a los servicios que ellas prestan y sus modificaciones. (…) “8.4.4.
Indiquen los diferentes valores y los conceptos de los cobros que en la
actualidad hacen por los servicios que prestan las instituciones financieras,
en especial la entidad aquí demandada.   “8.7. Se designen peritos,
contadores economistas y demás especializados que el despacho crea necesario, a
fin de que dictaminen acerca de los descuentos que la demandada ha efectuado a
cada usuario por los conceptos de que se duele esta acción (…).”[1] En la solicitud de
dichas pruebas los actores tenían como objetivo demostrar al juez que el número
de personas perjudicadas por el banco era superior a 20, y que por lo tanto, el
grupo contaba con la cantidad mínima de demandantes exigida para las acciones
de grupo por el artículo 46 de la Ley 472 de 1998.
Adicionalmente, en escrito posterior, los actores solicitaron al
juez que se adicionara a las pruebas señaladas en la demanda lo siguiente: “9.1.
(…)que la información y documentación allí solicitadas versen sobre todos los
usuarios de todos los servicios financieros prestados por la entidad. “9.2.
Se adicione la pedida en el punto 8.7 del libelo, en el sentido de que la
pericia debe: “9.2.1. Determinar el valor cobrado a todos los usuarios
por todos los servicios que presta la entidad demandada, incluidos los retiros
en cajeros de la entidad o en otros, indicando, en su caso, a quienes no se les
cobra y su causa. “9.22. Determinar que es cierto que la entidad cobra
una suma determinada cuando el retiro de fondos se hace sin la tarjeta débito,
esto es, en el volante que la entidad suministra para ello. “9.2.3.
Determinar todos los cobros y su periodicidad. “9.2.4. Determinar el
valor que se cobra por concepto de: uso de la consulta telefónica, consulta de
saldo, referencias, duplicado de extractos, expedición de tarjetas de crédito,
expedición de cheques de gerencia. “9.2.5. Determinar los costos que
tiene la prestación de cada servicio, sin incluir lo que corresponde al giro
ordinario de la actividad financiera que desarrolla la entidad. Una vez
efectuado lo anterior, determinar si lo que se cobra por la prestación de tales
servicios con respecto a su costo, es exorbitante. Para ello, deberá tenerse en
cuenta el costo de la elaboración  del plástico de las tarjetas o de la
impresión de los talonarios respectivos, costo de la impresión de las
chequeras, etc.”[2]
1.2. El Banco Caja Social solicitó al juez que se abstuviera de
decretar las pruebas anteriormente descritas, pues revelar dicha información
era contrario al derecho a la intimidad y concretamente a la reserva bancaria.
1.3. El Juez 37 Civil del Circuito
decretó las pruebas solicitadas mediante auto del 11 de Febrero de 2002,
providencia en la cual ofició “a las entidades y conforme al cuestionamiento
plasmado en los numerales 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, (…) del libelo que
obra a folios 19 y 20 y numeral 9.1, del escrito visible a folio 73 (…).”[3] El juez también ordenó
la práctica de un dictamen pericial en los siguientes términos: “Ordénase
que peritos especializados (Economistas o Contadores) rindan una experticia
conforme a las inquietudes relacionadas con el Num 8.7, del folio 20 y 9.2.1 a
9.2.5 del escrito visible a folios 73 y 74.”[4]
1.4. Por su parte, el Banco Caja Social
interpuso recurso de reposición  contra el auto fechado el 11 de Febrero,
alegando de nuevo que el decreto de las pruebas mencionadas violaba el derecho
a la intimidad y la reserva bancaria. Adicionalmente, el banco consideró que
las pruebas decretadas “no son necesarias, para el desarrollo del proceso de
la referencia, son impertinentes y están legalmente prohibidas (…), por lo que
deben ser rechazadas in limine, por así ordenarlo el artículo 178 del CPC".[5]
1.5. Mediante auto del 8 de marzo de 2002, el Juez 37
accedió parcialmente a la reposición pues consideró que “los datos referidos
al manejo dinerario de las cuentas de los clientes del demandado, están
cobijadas por la reserva bancaria, por ello no es dable el suministro del
número de cuentas de ahorro y corrientes, tarjetas de crédito y débito y la
expedición de sus extractos de cuentas. Lo que no quiere indicar que no se suministre
el nombre de las personas, junto con el tipo de servicio que tenga con la
demandada, indicando si se trata de cuenta de ahorro, corriente, tarjeta de
crédito, débito, etc, sin que se suministre, claro está el número o el
comportamiento dinerario. Los demás datos pedidos y decretados en el auto
recurrido, incluido el nombre de las personas que sean clientes de la
demandada, no están cobijados por ningún tipo de reserva.”[6]. Así, el juez revocó en
parte el auto de 11 de febrero, “en el sentido de indicar que no se debe
suministrar la información del manejo dinerario de las cuentas de los clientes
de la demandada, ni suministrarse el extracto bancario correspondiente a los
mismos”[7].
En lo demás, el auto contra el cual el banco había interpuesto el recurso fue
confirmado.
1.6. El Banco Caja Social interpuso
recurso de apelación contra el auto del día 8 de marzo. El banco consideró que
el recurso de apelación era procedente pues, en concordancia con el numeral 3º
del artículo 351 de Código de Procedimiento Civil, la mencionada providencia
negó el decreto de pruebas, lo cual la hacía apelable.
1.7. El juez negó dicha apelación
mediante auto del 28 de mayo de 2002, pues consideró que el auto controvertido
no era “de naturaleza apelable”.[8]
1.8. A su turno, el Banco Caja Social
interpuso recurso de reposición contra el auto fechado el 28 de mayo de 2002. Para
la entidad bancaria, el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil no exige
que la apelación de un auto que niegue pruebas deba ser interpuesta únicamente
por la parte que ha solicitado la práctica de las pruebas objetadas. En
subsidio, el banco interpuso recurso de queja.
1.9. El día 17 de Julio de 2002 el Juez 37
Civil del Circuito negó el recurso de reposición interpuesto contra el auto
fechado el 28 de mayo de 2002, con fundamento en dos argumentos: (i) El auto
que resolvió un recurso de reposición (auto de 8 de marzo) no era susceptible
de ningún recurso. El juez civil del circuito estimó que el banco ha debido
recurrir contra el auto que había decretado pruebas (auto de 11 de febrero).
(ii) Los actores de grupo eran las únicas personas autorizadas por el artículo
351 del Código de Procedimiento Civil para interponer un recurso de apelación
contra el auto fechado el 8 de marzo de 2002, pues dicha providencia había
revocado la práctica de ciertas pruebas solicitadas por ellos. Por lo tanto,
únicamente la parte demandante había sido perjudicada por la negación de
pruebas decidida en dicha providencia. Dado que dicha decisión no era
desfavorable para el banco, éste último no tenía legitimidad para apelarla.
1.10. Por último, el Banco Caja Social
interpuso recurso de queja, ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
contra el auto del día 28 de mayo, solicitando la admisión del recurso de
apelación incoado contra el auto fechado el 8 de marzo de 2002. El banco
argumentó que (i) el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil no
distingue quién puede interponer el recurso de apelación. (ii) Se cumplieron
todos los requisitos procedimentales para que el Juez 37 concediera el recurso
de apelación. (iii) El banco y sus clientes se verían afectados por las
decisiones del Juez 37 civil del circuito, pues éste había ordenado el
suministro de información protegida por la reserva bancaria, lo cual era
contrario a su derecho a la intimidad. (v) El banco no habría podido interponer
recurso de apelación contra el auto del 11 de febrero de 2002 pues, dado que dicha
providencia no había negado pruebas, no era apelable.
1.11. En providencia fechada el día 10 de
septiembre de 2002, el tribunal negó el recurso de queja. El juez de segunda
instancia estimó que, en concordancia con el inciso 3º del artículo 352 del
Código de Procedimiento Civil,  “cuando se accede a la reposición
interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto si fuere
susceptible de ese recurso”, por lo que únicamente los demandantes, quienes
habían sido desfavorecidos por el auto del 8 de marzo de 2002, podían apelar
dicha providencia.
2. Proceso de tutela y sentencias
objeto de revisión.
2.1. Mediante apoderado, el Banco Caja
Social y varios de sus usuarios, interpusieron acción de tutela pues estiman
que las actuaciones del Juez 37 Civil del Circuito constituyen una vía de hecho
judicial y vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal, al debido proceso, a la intimidad personal y al habeas data.
Los actores de tutela afirman que las pruebas decretadas por el juez contienen
información protegida por las reservas bancaria y comercial, violando así el
derecho a la intimidad. Sostienen que el auto mediante el cual el Juez 37 negó
algunas de las pruebas (auto de 8 de marzo de 2002), no descartó la posibilidad
de obligar al banco a proporcionar información sensible para sus clientes, tal
como sus estados financieros y sus hábitos de gasto. El apoderado también
estimó que existe un peligro en contra de la integridad personal de los
usuarios del Banco Caja Social, pues la información requerida por el juez puede
llegar a manos de organizaciones criminales. Por último, el banco sostiene que
el Juez 37 violó el artículo 29 superior en razón a que dejó de aplicar el inciso
último de dicha disposición, el cual dice: “Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación al debido proceso”
2.2. La Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, en providencia fechada el 17 de Octubre de 2002, negó la acción de
tutela, al considerar que los accionantes desaprovecharon los medios de
controversia establecidos en la ley, y que la acción de tutela no es un
instrumento que pueda ser empleado para revivir oportunidades procesales y
suplir la omisión de una de las partes. El tribunal estimó que el abogado del
banco cometió un error de técnica procesal al no interponer un recurso de
apelación de manera subsidiaria del de reposición incoado contra el auto que
decretó pruebas (auto del 11 de febrero de 2002).
Adicionalmente, el Tribunal consideró que
la acción de tutela era improcedente para los usuarios del Banco Caja Social
que con éste último habían interpuesto la acción de tutela, pues dichas
personas tampoco habían aprovechado las oportunidades procesales a que tuvieron
derecho en su debido momento.
2.3. El apoderado de los accionantes de
tutela impugnó la sentencia de primera instancia. Se fundamentó en las
siguientes consideraciones: (i) El auto que decreto la práctica de pruebas no
era apelable, por lo que el banco agotó todos los mecanismos legales de los
cuales disponía para proteger sus derechos fundamentales. (ii) Las pruebas
decretadas no son necesarias para cumplir los fines de la acción de grupo.
(iii) En las actuaciones del Juez 37 Civil del Circuito se configuró una vía de
hecho pues éste omitió hacer motivación alguna, a pesar de las afirmaciones del
banco según las cuales la información requerida estaba protegida por la reserva
bancaria.
2.4. El día 27 de noviembre de 2002 la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia,
al considerar que el Juez 37 Civil del Circuito no había mostrado un
comportamiento irrazonable ni caprichoso por lo que no se configuró la vía de
hecho necesaria para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
2.5. Mediante auto del día 21 febrero de
2003, la Sala  de Selección No 2 de la Corte decidió seleccionar para revisión
los fallos de tutela de instancia, cuyo estudio fue repartido a la Sala Tercera
de Revisión.
3. Decreto de medidas
cautelares por parte de la Corte Constitucional.
3.1. En la acción de tutela, el apoderado
de los actores estimó que sobre los usuarios de la entidad bancaria existía  un
grave e inminente peligro, pues el cumplimiento de las órdenes contenidas en el
auto fechado el 11 de febrero conllevaría a una violación irreparable de los
derechos fundamentales mencionados y causaría perjuicios graves a los
demandantes de tutela. Por esta razón, solicitó la suspensión inmediata de la
práctica de pruebas.
3.2 En virtud del artículo 7º del Decreto
2591 de 1991[9],
la Sala de Revisión consideró que el cumplimiento de algunas de las órdenes
proferidas por el Juez 37 Civil del Circuito en el auto de 11 de febrero de
2002, podían causar inmediata y directamente un perjuicio irreparable a los
usuarios del Banco Caja Social, al revelarse información que parecía prima
facie estar protegida por algunos de los derechos fundamentales invocados
por los tutelantes. Por lo tanto, la Corte ordenó la suspensión de los efectos
de una parte de la mencionada providencia, de tal manera que en la práctica de
las pruebas decretadas en ella no se revelara ni la identidad ni información
personal alguna de los usuarios del Banco Caja Social.
4.
Intervención de los ciudadanos Tomás Darío Saldarriaga Calle y otros.
José Guillermo
Roa Sarmiento, actuando como apoderado de los accionantes de grupo en virtud de
cuyo proceso se inició la presente tutela, solicitó, mediante escrito radicado
en la Secretaría General el día 5 de mayo del presente año, que la Corte
desestimara los argumentos de los accionantes de tutela. El interviniente
consideró que la reserva bancaria no es oponible a la providencia judicial
mediante la cual el Juez 37 solicitó los datos de que trata éste proceso.
Además estimó que siendo dicha información necesaria para “determinar la
indemnización individual y la colectiva”[10]
en caso de prosperar la demanda, “la reserva bancaria no puede hacer huecas
las acciones de grupo intentadas por los usuarios”[11]. El escrito del
interviniente no se refirió a las medidas cautelares decretadas por la Corte.
5. Escritos
presentados por el apoderado de la parte accionante.
La Secretaría
General de la Corte recibió el día 16 de Mayo de 2002 un memorial suscrito por
el apoderado de la parte accionante, al que se anexaron fotocopias de los
siguientes documentos: (i) Auto de 18 de febrero de 2003 por el cual el Juez 37
negó el recurso de reposición  interpuesto por el banco contra un auto del 15
de enero del mismo año, el cual señalaba la hora y la fecha para llevar a cabo
la práctica de pruebas. (ii) Memorial mediante el cual el banco interpuso
recurso de reposición contra la providencia del 18 de febrero de 2003, y en el
cual solicitaba modificar el decreto de pruebas, debido, entre otros
fundamentos, al curso de la presente acción de tutela. (iii) Auto de 7 de abril
que negó el recurso de reposición mencionado y decretó una inspección judicial.
(iv) Escrito del banco Caja Social en el cual se estiman los costos de la
práctica de pruebas decretadas por el Juez 37. (v) Oficio # 3887 de 15 de
noviembre de 2002, mediante el cual el Juez 37 ordenó al banco el envío de los
documentos incluidos en las pruebas decretadas. (vi) Certificado del  revisor
fiscal del Banco Caja Social acerca del comportamiento crediticio de un usuario
del banco, quien es uno de los sujetos procesales de la acción de grupo.
II. Consideraciones y Fundamentos
1.
Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Procedencia
de la acción de tutela.
De manera
previa al análisis de fondo, la Corte considera necesario abordar dos
cuestiones relativas a la procedencia de la presente acción de tutela. En
primer lugar, la Corte estudiará la posición de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, según la cual los actores de la acción de tutela
desaprovecharon las oportunidades procesales para controvertir en su debido
tiempo las decisiones judiciales objeto de la presente controversia. En segundo
lugar, la Corte reiterará su jurisprudencia acerca de la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.1.
Agotamiento de los mecanismos judiciales que protegen los derechos
fundamentales de los actores.
2.1.1. La Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá decidió declarar improcedente la acción
de tutela incoada por el Banco Caja Social y algunos de sus usuarios pues
consideró que éstos no habían utilizado correctamente los mecanismos judiciales
pertinentes para controvertir las providencias que consideraban erradas y
contrarias a sus derechos fundamentales. Para el Tribunal Superior, el
apoderado del Banco Caja Social cometió un error de técnica procesal, pues no
interpuso el recurso de apelación de manera subsidiaria del de reposición incoado
contra el auto mediante el cual el Juez 37 Civil del Circuito decretó la
práctica de pruebas (auto de 11 de febrero de 2002). Esta omisión le impidió al
banco controvertir la decisión de decretar las pruebas cuya práctica
consideraba contraria a los derechos fundamentales de sus clientes. Por lo
tanto, en vista de que la acción de tutela no puede ser utilizada para revivir
oportunidades procesales desaprovechadas por las partes, la demanda de tutela
interpuesta por la entidad bancaria es improcedente, a juicio del Tribunal.
El juez de
tutela de primera instancia estimó que lo mismo ocurría en relación con los
usuarios del Banco Caja Social que también habían suscrito la acción de tutela.
Para la Sala Civil, los usuarios de la entidad bancaria que hubieren visto
afectados sus derechos fundamentales por el auto de pruebas, han debido
controvertir dicha providencia haciendo uso de las oportunidades procesales
propias de la acción de grupo. Al haber desaprovechado las oportunidades
legales pertinentes en su momento, la acción de tutela contra las providencias
judiciales se tornó improcedente.
2.1.2. La Corte
Constitucional estima que ninguno de los argumentos anteriores es de recibo. En
primer lugar, la consideración conforme a la cual el Banco Caja Social ha
debido apelar el auto que decretaba la práctica de pruebas supone que dicha
providencia es apelable. Sin embargo, el numeral 3º del artículo 351 del Código
de Procedimiento Civil establece como apelables exclusivamente los autos que
deniegan pruebas[12].
Por lo tanto, en contra de la providencia fechada el 11 de febrero de 2002, en
la cual el juez civil no denegó la práctica de prueba alguna, no cabía el
recurso apelación. En contra de dicha decisión era procedente únicamente el
recurso de reposición, que efectivamente fue interpuesto por la entidad
bancaria, y que posteriormente fue negado por el Juez 37. En este sentido, es
contradictoria la argumentación esgrimida por la Sala Civil del Tribunal
Superior en providencias diferentes pero respecto del mismo asunto. En
providencia del día 10 de septiembre de 2002 dicho tribunal negó el recurso de
queja interpuesto por el Banco Caja Social, pues consideró que únicamente es
apelable el auto que niega el decreto de alguna prueba, y que exclusivamente
puede interponer dicho recurso la persona que había solicitado las pruebas
denegadas. Posteriormente, en providencia de tutela, la Sala Civil considera
improcedente la acción pues el actor omitió apelar un auto en el cual el juez
decidió abstenerse de negar el decreto y la práctica de pruebas.
En segundo
lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una
omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas
personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo de José
Guillermo T. Roa Sarmiento y otros contra el Banco Caja Social. Por lo tanto,
difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales
que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en
el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.
Por las razones
anteriores, la Corte considera que no existió omisión por parte de los
accionantes, ya que éstos agotaron todas las oportunidades procesales a que han
tenido acceso efectivo durante la acción de grupo mencionada.
2.2.
Reiteración de jurisprudencia, procedencia excepcional de la acción de tutela
contra acciones u omisiones judiciales
Vistos los antecedentes del caso, la Sala
de Revisión considera necesario referirse a un problema jurídico que ya ha sido
abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la
acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial cuando ésta afecta de manera grave los derechos fundamentales?
Esta Sala de Revisión coincide con los
jueces de tutela de instancia en reconocer que excepcionalmente procede una
acción de tutela contra una actuación judicial, cuando ésta configura una vía
de hecho.  Al respecto, la jurisprudencia constitucional  ha establecido lo
siguiente:
“La doctrina
constitucional establecida por esta Corte, ha señalado con claridad que la
acción de tutela procede contra las providencias judiciales, en forma
estrictamente excepcional[13],
cuando aquellas configuren una vía de hecho.  Este es un concepto elaborado por
la jurisprudencia[14]
para referir aquellas actuaciones judiciales en las que el juez que decide un
conflicto jurídico asume una conducta que contraría de manera evidente el
ordenamiento vigente violando derechos fundamentales. Tal comportamiento puede
traducirse en “(1.) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho
para un fin no previsto en las disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.)
en el ejercicio de una atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), (3.) en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los
hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas (defecto
fáctico), o (4.) en la actuación por fuera del procedimiento establecido
(defecto procedimental)[15].
Esta carencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley,
revelan (i) una manifiesta desconexión entre lo establecido en el ordenamiento
y la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación como
acto judicial)[16]
y (ii) una clara violación de los derechos fundamentales de quien sufre las
consecuencias del acto arbitrario[17]”
[18].
Pasa entonces la Sala a estudiar si en el
presente proceso se incurrió o no en una vía de hecho.
3. Problema Jurídico
Resueltos los problemas relativos a la
procedencia de la presente acción de tutela, la Corte pasa a resolver el fondo
de la controversia. La Sala de Revisión responderá el siguiente problema
jurídico[19]:
¿Se configura una vía de hecho cuando, durante el trámite procesal de una
acción de grupo dirigida contra una entidad bancaria y encaminada a obtener la
indemnización colectiva de los daños y perjuicios causados por cobros
efectuados a sus usuarios, el juez decreta algunas pruebas que implican la
revelación de datos confiados por estos últimos al banco?
Para resolver este problema, la Corte
procederá a estudiar la normatividad y la jurisprudencia acerca del secreto
profesional, el derecho a la intimidad y las excepciones de la reserva
bancaria. Luego, verificará si las actuaciones judiciales controvertidas por la
presente acción de tutela se ajustaron a los parámetros señalados, y si
incurrieron en una vía de hecho.
4. La reserva bancaria, el derecho a la
intimidad y el secreto profesional en la relación entre usuarios y banco.
La Corte considera que para analizar el
caso en concreto es necesario estudiar previamente la normatividad y la
jurisprudencia relacionada con la protección a la reserva bancaria y su
fundamentación constitucional, así como los criterios necesarios para que sea
legítima su limitación. En este orden de ideas, se analizará (i) el secreto
profesional, la reserva bancaria y la relación de estos últimos con el derecho
a la intimidad, (ii) las excepciones y límites al secreto bancario y, (iii) la
necesidad de una justificación razonable por parte del Estado para que sea
develada información protegida por dicha reserva.
4.1. El secreto profesional y su relación con el derecho a la
intimidad.
4.1.1. El secreto profesional está consagrado en el inciso 2º del
artículo 74 de la Constitución, el cual dispone que “el secreto profesional
es inviolable”. Dicha disposición, no obstante estar ubicada en el artículo
constitucional referente a la actividad periodística, ha sido aplicada por la
Corte para proteger información que debe ser mantenida en secreto por diversos profesionales.
La Corte ha considerado que dicho secreto:
“impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad se
tornan depositarios de la confianza de las personas que descubren o dejan
entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, destinados a mantenerse
ocultos a los demás, el deber de conservar el sigilo o reserva sobre los
mismos.”[20]
4.1.2. A su vez, la Corte Constitucional ha
establecido que el secreto profesional guarda una estrecha relación con el
derecho a la intimidad en tanto que es una “garantía funcional” de este último
derecho fundamental. En efecto, en la sentencia C-264 de 1996[21] la Corte explicó dicha
relación de la siguiente manera:
“La estructura del
secreto ofrece un cuadro en el que se destaca una persona que confía a un
determinado profesional una información que no puede trascender por fuera de
esa relación o que le permite conocer e inspeccionar su cuerpo, su mente o sus
sentimientos más recónditos, todo lo cual se hace en razón de la función social
que desempeña el profesional y a través de la cual se satisfacen variadas
necesidades individuales. En el ámbito de la relación profesional, depositado
el secreto o conocida la información o el dato por parte del profesional, el
sujeto concernido adquiere el derecho a que se mantenga el sigilo y este
derecho es oponible tanto frente al profesional como frente a las personas que
conforman la audiencia excluida. Correlativamente, el profesional tiene frente
al titular del dato o información confidencial, el deber de preservar el
secreto. Como una proyección del derecho del titular del dato o información, al
igual que como una concreción particular del interés objetivo y legítimo de una
profesión en auspiciar un clima de confianza en las personas que constituyen el
círculo de los usuarios de los servicios que dispensa, el profesional, a su
turno, tiene el derecho de abstenerse de revelar las informaciones y datos que
ingresan en el reducto de la discreción y la reserva.
“El derecho y el
correlativo deber que se derivan de la prohibición de revelar el secreto
profesional, tienen carácter formal en cuanto que, en principio, son
indiferentes respecto de su contenido concreto. En realidad, lo comprendido por
el secreto no es tan significativo desde el punto de vista jurídico como la
necesidad de que permanezca oculto para los demás. Aquí se revela una faceta
peculiar del secreto profesional y que consiste en servir de garantía funcional
a otros derechos fundamentales, entre los que se destaca el derecho a la
intimidad, a la honra, al buen nombre, a la información, a la libertad etc. De
otra parte, este nexo funcional, explica por qué las limitaciones que en un
momento dado pueden revelarse legítimas y proporcionadas en relación con un
derecho fundamental, eventualmente pueden en una situación extrema repercutir
sobre el propio ámbito del secreto profesional, inclusive restringiéndolo.
“La íntima ligazón
funcional que vincula el secreto profesional con otros derechos fundamentales,
en particular con los de naturaleza personal, permite descubrir en el primero
una especie de barrera protectora de la vida privada, distinguible de la vida
social y de la pública. En ésta última, a través de la faz común de la
ciudadanía, la persona participa en condiciones de igualdad en los asuntos que
revisten un interés intrínseco para la comunidad.
“En la esfera social,
el individuo traba toda suerte de relaciones con sus congéneres y allí
satisface necesidades vitales de su propia existencia, tales como la educación,
el trabajo etc. En este espacio, el sujeto es más o menos visible, dependiendo
del grado de interpenetración con los otros y de la mayor o menor masificación
de que sea objeto.
“Sin embargo, la
personalidad del individuo no se circunscribe a lo público o a lo social.
Trasponiendo ése umbral, exigencias radicales del ser humano, obligan a
considerar una esfera íntima y profunda donde la persona se recoge e intenta
encontrarse consigo misma, lo cual libremente puede hacer con otros seres ante
quienes voluntariamente decide abrir las compuertas de su yo o a través de
sujetos calificados que obran como su alter ego (Vgr., el médico psiquiatra).
“No podría darse vida
privada, menos todavía evolucionar de manera fecunda generando un individuo
diferenciado y singular, si el derecho no extendiese su protección a los lazos
de confianza íntima que lo hacen posible y a la exclusividad y apartamiento
provisorio de lo público, sin los cuales el individuo difícilmente podría
encontrar la paz y el sosiego necesarios para retomar el dominio de su propio
ser. En este sentido, el secreto profesional, garantizado por la Constitución,
asegura la espontaneidad y el ejercicio concreto de la libertad íntima que
compromete la parte más centrípeta del yo individual, lo que se traduce en
sancionar las revelaciones externas que frustran las experiencias puramente
subjetivas que, por ser tales, deben permanecer ocultas. Se comprende que la
Constitución asuma la defensa vigorosa de la vida privada, pues cuando de ésta
así sea un fragmento se ofrece a la vista y al conocimiento público o social,
ella se profana y la persona percibe la infidencia como la más injusta afrenta
a su bien más preciado, que no es otro que su mundo interior.” [22]
De esta manera, la Corte Constitucional ha considerado que
los datos resguardados en virtud de la relación profesional entre las personas,
pueden hacer parte de la información personal que a la vez está protegida por
el derecho fundamental a la intimidad.
4.1.3. Adicionalmente, en el ámbito de las relaciones
económicas, la Corte ha sostenido que el secreto profesional también es
funcional a la realización de intereses colectivos, en especial de la confianza
pública. En este sentido, el deber de sigilo lleva a que los agentes económicos
tengan confianza al momento de adelantar pactos o transacciones que conlleven
la revelación de información personal. A su vez, niveles aceptables de
confianza son precisos para asegurar la fluidez en las relaciones sociales y en
especial en las que comportan transacciones económicas. Al respecto la Corte ha
dicho:
“(D)esde el ángulo del
profesional, puede afirmarse que existe un derecho-deber a conservar el sigilo,
puesto que de lo contrario, de verse compelido a revelar lo que conoce,
irremisiblemente perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente
de sustento. También cada profesión, particularmente las ligadas a la
prestación de servicios personalísimos, tienen el interés legítimo de merecer y
cultivar la confianza pública y, por lo tanto, estigmatizan y sancionan a los
miembros que se abandonan a la infidencia y a la divulgación de lo que siempre
debe quedar confinado dentro del impenetrable espacio de lo absolutamente
reservado. (…) La inviolabilidad del secreto profesional, presupone la previa
delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su
objeto.” [23]
En el mismo
sentido otra sentencia de constitucionalidad, estableció que:
(l)a idea de secreto
profesional ligada al ejercicio de ciertas actividades resalta la relación de
confianza  que surge entre peritos en determinada materia o área del
conocimiento y las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y
hechos de su vida privada.  El deber profesional de conservar sigilo o reserva
sobre la información conocida es elemental correlato del vínculo personalísimo
que emana de este tipo de relaciones y que tiene por objeto fomentar la confianza
pública y el adecuado desarrollo de las actividades sociales.” [24]
Como se verá a continuación, lo anterior
cobra particular relevancia en el ámbito bancario y financiero.
4.2. La reserva bancaria como parte del
secreto profesional. Relación con el derecho a la intimidad.
4.2.1. Para determinar la relación entre la
reserva bancaria, el secreto profesional y el derecho a la intimidad en nuestro
ordenamiento constitucional resulta pertinente recordar brevemente algunos
aspectos históricos y de derecho comparado que muestran la especificidad de la
situación colombiana desde 1991.
Históricamente, el secreto bancario es una
institución más antigua que el derecho a la intimidad. Los orígenes de la
reserva bancaria coinciden con la banca misma. En el Imperio Romano, en donde
existía ya una institución comercial diferenciada de “banca”, al recibir dinero
los “banqueros” celebraban contratos escritos por los cuales se obligaban a
llevar libros que debían mantenerse en reserva. Al “banquero” le era prohibido
develar el contenido de dichos libros, salvo en caso de eventuales
controversias judiciales con sus clientes.[25]
Posteriormente, en la Edad Media, dada la disminución de los niveles de
intercambio económico y financiero, el secreto bancario pasó a estar contenido
en la ética de los negocios bancarios, por ejemplo, en la Orden de los
Templarios y en las Ordenes de caballería y religiosas que realizaban alguna
actividad relacionada con la custodia del dinero o de valores depositados.[26] Sucesivamente, esta
norma de derecho consuetudinario se expresó en algunos actos jurídicos. Se dice
que el primer texto que refiere al secreto en las transacciones de dinero y
valores, es una disposición administrativa del 2 de abril de 1639, relativa a
la Bolsa de París, que establecía que los asuntos de la Bolsa "no serán
conocidos más que por aquellos que negocian en la misma".[27] Específicamente, en
cuanto a actividades bancarias, después de la revocatoria del edicto de Nantes
en 1685, los bancos prestamistas ubicados en Suiza debían guardar sigilo acerca
de las cuentas del rey Luis XIV, pues el público francés no podía enterarse que
el soberano era deudor de entidades protestantes. Es así como en 1713 el
“Consejo Cantonal” de Ginebra adopta unas normas legislativas que prohibían la
divulgación de los registros bancarios.[28]
De tal manera que en los países en los
cuales se protege constitucionalmente el derecho a la intimidad se plantea la
cuestión de determinar si este derecho comprende el ancestral secreto bancario.
En otras palabras, si se ha constitucionalizado,  en todo o parte, el amparo de
la información confiada al banquero por sus clientes. La respuesta a esta
cuestión habrá de darse caso por caso según sea el contenido de la información
y el motivo por el cual llegó al conocimiento del banquero. No obstante, en
general, la información sobre la identidad del usuario, sobre sus hábitos de
consumo y sobre sus relaciones personales conocidas por el banco está protegida
por el derecho a la intimidad, sin perjuicio de que en una investigación de las
autoridades públicas competentes, específicamente las penales (inciso último del
artículo 15 superior), adelantada respetando el debido proceso, se pueda
acceder a dicha información que entonces entrará a formar parte de la reserva
del sumario.[29]
Desde el punto de vista del derecho comparado, cabe resaltar que la
protección del derecho a la intimidad es relativamente amplia en Colombia dado
que se reconoce expresamente este derecho fundamental y se protege de manera
genérica “la intimidad personal y también familiar” (artículo 15 de la CP), y
no solo en algunas de sus manifestaciones, como el domicilio, la
correspondencia y los papeles privados como ocurre en otros regímenes
constitucionales. Además, son pocos los sistemas que constitucionalizaron “el
secreto profesional”, como sucede en nuestro país. Ello explica las diferencias
entre las posiciones adoptadas por cortes constitucionales y constitucionalistas
acerca de si el secreto bancario forma parte del derecho a la intimidad. En
Suiza por ejemplo, sistema que se ha caracterizado por un desarrollo amplio del
secreto bancario, no existe una protección constitucional de éste por vía del
derecho a la intimidad[30].
En cambio, el Tribunal Constitucional de Portugal ha considerado que la reserva
bancaria es un instrumento que garantiza el derecho al secreto de la vida
privada y está protegido por el derecho a la intimidad.[31] Entre estos dos
extremos, en algunos países se estima que algunos datos tradicionalmente
cobijados por la reserva bancaria también pueden llegar a ser amparados, según
su contendido y sus implicaciones sobre la vida privada del cliente, por el
derecho a la intimidad. Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional español,
al considerar que no existe un derecho a la intimidad económica per se. El
Tribunal estimó que el criterio decisivo para determinar si un dato económico
está o no constitucionalmente protegido es la posibilidad de que a partir de
los datos económicos se acceda a información de la vida íntima o familiar del
particular.[32]
Igualmente, la Corte Constitucional de Sur Africa ha sostenido que los datos
financieros y comerciales únicamente están protegidos por el derecho a la vida
privada si están relacionados directamente con la información íntima de la
persona[33].
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha decidido que el derecho a
la privacidad no impide la divulgación en el curso de un proceso judicial penal
de los registros llevados por un banco, porque éstos no son papeles privados[34] sino la descripción de
transacciones de negocios realizadas mediante instrumentos contentivos de
información que el propio usuario decide revelar voluntariamente y a su propio
riesgo. Las normas sobre secreto bancario buscan que el registro de esa
información sea guardada precisamente por su gran utilidad en investigaciones y
procesos criminales, tributarios y regulatorios[35], cuando ésta es
requerida por autoridades estatales en virtud de sus competencias legales.[36]
4.2.2. En Colombia, la reserva bancaria, ha
sido definida por la Corte como “el deber jurídico que tienen las
instituciones de crédito y las organizaciones auxiliares y sus empleados, de no
revelar los datos que lleguen directamente a su conocimiento, por razón o
motivo de la actividad a la que están dedicados.” [37]
La razón por la cual la entidad bancaria entra en contacto con
información personal de sus usuarios y el deber mismo de proteger dichos datos,
están estrechamente ligados con su condición de profesional de las actividades
bancarias. Por ello, desde el punto de vista conceptual, la reserva bancaria es
en Colombia una especie del secreto profesional, y la protección de los datos
en manos del banquero encuentra como una de sus fuentes constitucionales al
artículo 74 de la Carta.
Por su parte, el secreto bancario cumple
funciones esenciales en la realización  de intereses públicos en el ámbito
económico. La confianza en el sistema bancario y financiero, uno de los pilares
no solo de su funcionamiento sino de su existencia misma, depende en gran
medida de la seguridad con que sean manejados los datos proporcionados por los
usuarios. Los agentes económicos se verían desincentivados a adelantar
transacciones por medio de los sistemas financiero y bancario si la reserva
mencionada no fuere respetada de forma debida.
4.2.3. Adicionalmente, con sustento en el
artículo 15 de la Constitución[38],
la Corte ha establecido que la reserva bancaria, se fundamenta en el derecho a
la intimidad. Esto fue considerado inicialmente por la Corte en la sentencia
T-414 de 1992[39],
en la cual concedió la tutela a un particular moroso que debía a una entidad
bancaria el pago de una obligación incorporada en un pagaré ya prescrito.[40] En dicha sentencia, la
Corte consideró que
“el ordenamiento
nacional vigente protege la intimidad mediante normas de distinta naturaleza y
en áreas tales como la imagen, el domicilio, la correspondencia, las
comunicaciones, la interceptación telefónica, el secreto profesional, la salud,
la reserva documental, la reserva tributaria, la reserva bancaria, la reserva
sumarial, la reserva en ejercicio de funciones públicas, la reserva comercial,
el secreto industrial, la seguridad del Estado y la reserva de la información
estadística.”
De otra parte, al analizar la
constitucionalidad de un instrumento internacional en el cual el Estado colombiano
se obligaba a abstenerse de utilizar el secreto bancario en ciertos casos
específicos, la Corte sostuvo lo siguiente:
“(L)a figura del
secreto bancario encuentra fundamento en el artículo 15 de la C.P., que
consagra como derecho fundamental el derecho a la intimidad.”
(…)
“(E)n el caso
colombiano, si bien en el derecho positivo la figura como tal no está
consagrada[41],
si se reconoce en nuestra legislación el deber jurídico de reserva que se le
impone a las instituciones financieras, respecto de la información que en razón
de la relación comercial que establece con sus clientes de ellos recibe. Tanto
es así que, de una parte de ella emerge para el cliente un derecho subjetivo
cuyo cumplimiento puede exigir por vía de las acciones que consagra el
ordenamiento jurídico para el efecto, y de otra, su incumplimiento por parte de
la entidad financiera le corresponde sancionarlo a los órganos de control
financiero estatales.” [42]
4.2.4. No obstante, si bien el secreto
bancario está protegido por el derecho a la intimidad, es necesario precisar la
relación entre uno y otro. De un lado, no todos los datos protegidos por la
reserva bancaria refieren a la intimidad del usuario (por ejemplo, la
información económica relacionada directamente con actividades criminales). Sin
embargo, alguna información privada también esta cobijada por el secreto
bancario (datos que revelen los hábitos de consumo de los usuarios del banco
por ejemplo). De otro lado, la reserva bancaria, per se, no integra el
núcleo esencial del derecho a la intimidad, el cual está compuesto por
información relativa a características definitorias de un individuo, a su vida
personal y familiar y a otros aspectos que la Corte ha resaltado. El alcance
del derecho a la intimidad no se reduce a su núcleo esencial, sino que se
extiende hasta abarcar relaciones intersubjetivas por fuera del ámbito
meramente personal o familiar, como las relaciones dentro de asociaciones
privadas, los vínculos de naturaleza partidista e, inclusive, algunos aspectos
de las relaciones sociales y económicas dentro de los cuales se encuentra el
secreto profesional y la reserva bancaria.
4.2.5. Así, la Corte Constitucional ha
estimado que el respeto del derecho a la intimidad de los particulares requiere
de la protección de los datos acerca de la vida privada u otra información
personal que dichos ciudadanos confían a las entidades bancarias en virtud de
las relaciones profesionales entabladas con estas últimas. Además, en virtud de
la protección del secreto profesional, el deber de sigilo mencionado comprende
la información no sólo de carácter personal y familiar, sino también económico
que llegue al conocimiento de las entidades bancarias en ejercicio de su
actividad y que guarde relación de conexidad con la práctica de sus labores
profesionales.
Así mismo, no forman parte del conjunto
de datos amparados por el derecho a la intimidad los que (i) hagan parte de la
información general y no comprendan datos personalizados del cliente, (ii)
puedan ser obtenidas en otras fuentes de información accesibles al público,
(iii) no se refieran a la vida privada ni a las operaciones que el usuario
realiza con el banco que indiquen su perfil de gustos y preferencias, o, (iv)
cuya circulación haya sido autorizada por el particular o por la ley dentro del
respeto a la Carta.[43]
Además, (v) la Corte ha dicho que, en ciertas condiciones, los bancos pueden
informar a centrales de riesgo crediticio cuál ha sido el comportamiento de sus
clientes en tanto deudores, siempre que dicha información sea verídica,
completa y actualizada.[44]
4.3. Límites de la reserva bancaria y
criterios para revelar la información cobijada y protegida por la Constitución.
La reserva bancaria, aún respecto de
aquellos datos cobijados por el derecho a la intimidad, no es absoluta. En
ciertas circunstancias, el deber de guardar secreto sobre información personal
cede ante las necesidades del interés público o de la protección de otros
derechos y por ende puede ser sometido a limitaciones constitucionalmente legítimas.
Además, el inciso 4º del artículo 15 de la Constitución dispone excepciones a
la confidencialidad de documentos privados:
“Para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”
4.3.1. En virtud de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha considerado como ajustadas a la Constitución
disposiciones legales que en ciertas circunstancias específicas han limitado el
deber de reserva en cabeza de las entidades bancarias.[45]
Las sentencias C-288 de 2002[46], C-326 de 2000[47], C-397 de 1998[48] y C-176 de 1994[49] entre otras,
declararon exequibles disposiciones contenidas en instrumentos de cooperación
internacional, en las cuales, con el objetivo de hacerle frente a actividades
criminales como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, el
estado colombiano se comprometió a abstenerse de invocar la reserva bancaria en
los casos en los que sea requerida información acerca de sospechosos
involucrados en las mencionadas actividades. La Corte consideró que dichas
normas eran exequibles debido a que los tratados internacionales deben ser
aplicados en concordancia con la normatividad interna.[50] En este contexto, la
sentencia C-326 de 2000 estableció que:
“ha de tenerse en
cuenta en este punto que, en aplicación del artículo 15 de la Constitución, se
podría pensar que las disposiciones del Acuerdo en revisión, podrían desconocer
la reserva de carácter comercial y bancaria que implícitamente están
consagradas en esta norma. En este sentido, si bien la Constitución reconoce el
derecho a esta reserva, también lo es que se permite su develación cuando ésta
sea necesaria para efectos judiciales, tributarios, como para hacer posible la
función de inspección y vigilancia por parte del Estado.
En otros términos,
para dar prevalencia al interés general que se traduce en la necesidad del
Estado de impedir que se haga uso de sus instituciones o de ciertas actividades
por él protegidas  para la comisión de ciertos delitos, éste puede establecer
medidas que impliquen el levantamiento de la mencionada reserva. La tensión que
puede darse entre el interés general y el derecho a la intimidad, en este caso,
tendrá que resolverse en favor del primero, cuando ello sea necesario para
impedir que en uso de este derecho, se pueda dar paso a la comisión de
actividades delictivas. Así, para dar aplicación a los preceptos del Acuerdo en
esta materia,  se hace necesario que sea una norma de carácter interno,  la que
establezca en qué casos procede el levantamiento de esta reserva.” [51]
Igualmente, en
la sentencia C-540 de 1996[52]
la Corte declaró exequible el artículo 155 de la Ley 223 de 1995 “por la cual
se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones”, el cual, con el fin de controlar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, crea un centro de recolección de datos a cargo de la
DIAN, que contiene información tanto del contribuyente y de terceros, como de
los propios bancos.[53]
La disposición examinada fue declarada exequible bajo la condición de que “la
tarea de recopilación de datos por parte del centro se restrinja a las
informaciones financieras necesarias para la supervisión del comportamiento
tributario de la persona, y de que se cumpla con los principios rectores del
habeas data”. En dicha ocasión la Corte consideró que:
“(e)l
artículo en mención no hace diferencias en cuanto a la información que puede
ser exigida y archivada por el centro. De ahí que sea importante precisar que
los datos que se recogen deberán ser estrictamente de índole financiera y
fiscal. Resulta lógico que la entidad administrativa encargada de velar por el
adecuado recaudo de los tributos  tenga acceso a los datos financieros de las
personas. Sin embargo, informaciones referentes a otras materias, en especial
aquéllas pertenecientes al ámbito de la vida privada de los contribuyentes,
resultan ajenas a la actividad de la administración en materia tributaria y,
por tanto, mal pueden ser objeto de seguimiento y archivo.
Por lo demás,
debe tenerse en cuenta que el derecho fundamental a la intimidad sustrae del
conocimiento de terceros - trátese de la Administración o de los particulares
-, asuntos que por sus connotaciones y características interesan exclusivamente
al ámbito de reserva del individuo. El núcleo esencial del derecho a la
intimidad se vería vaciado si, en aras de conocer datos financieros, se
permitiera a la Administración  inmiscuirse en la órbita privada del individuo.”
Se observa entonces que esta Corporación ha
aceptado la revelación de datos que en principio están protegidos por la
reserva bancaria y ha distinguido, como se anotó anteriormente, entre información
amparada solo por la reserva bancaria y datos confiados a un banco en razón de
su relación profesional con el usuario que además están protegidos por el
derecho a la intimidad.
4.3.2. Ahora bien, el artículo 15 superior
dispone que las excepciones a la reserva de documentos privados proceden “en
los términos que señale la ley”. De esta manera, la Constitución atribuye
al legislador la determinación de las materias, los criterios y los
procedimientos de acuerdo a los cuales es admisible la revelación de datos
protegidos por la reserva bancaria.
En desarrollo de dicho precepto, el
legislador ha dispuesto que no es aplicable el secreto bancario, en asuntos
tales como la lucha contra el tráfico y la trata de personas[54], el lavado de activos[55], la corrupción[56], el narcotráfico[57] y las infracciones
cambiarias[58],
así como el control a las entidades bancarias y financieras[59], la investigación
acerca de ciertos fenómenos financieros dentro del ámbito estatal[60] y el régimen
disciplinario de aduanas[61].
4.3.3. No obstante, la limitación de los derechos fundamentales está
sometida al principio de razonabilidad aún cuando hay competencia expresa para
limitarlos. En materia de revelación de información amparada por el derecho a
la intimidad en conexidad con el secreto profesional, este principio se
manifiesta en tres requisitos, entre otros aplicables en hipótesis diferentes.
Para que a las autoridades del Estado competentes les sea permitido limitar el
derecho a la intimidad accediendo a datos o documentos también protegidos por
el secreto profesional en su manifestación concreta de reserva bancaria, es
preciso que la divulgación de la información requerida (i) esté dirigida a la
consecución de un fin constitucionalmente legítimo (principio de exclusión del
capricho), (ii) sea relevante para  la obtención de dicho fin (principio de
relevancia), y (iii) sea necesaria, es decir, que no exista otro medio para
alcanzar el objetivo buscado que sea menos oneroso en términos del sacrificio
de la intimidad o de otros principios o derechos fundamentales (principio de
necesidad).[62]
Así, por ejemplo, cuando para efectos
judiciales se requieren documentos o datos sujetos a reserva, los jueces sólo
pueden ordenar su revelación en los casos en los cuales la información
solicitada sea relevante y necesaria para los fines del proceso judicial[63], fines que gozan de
una presunción de legitimidad constitucional.
5. El caso analizado en el presente
proceso. Violación del derecho a la intimidad y configuración de una vía de
hecho por defecto sustantivo en la actuación del Juez 37 Civil del Circuito.
Para analizar el caso en concreto, la Corte
seguirá el siguiente orden: (i) Se establecerá qué información contenida en las
pruebas decretadas por el Juez 37 Civil del Circuito está sujeta a la reserva
bancaria y protegida por el derecho a la intimidad. (ii) Se confrontarán las
actuaciones judiciales del Juez 37 con los parámetros establecidos en esta
sentencia como necesarios para preservar el derecho a la intimidad. (iii) Se
analizará si en el presente caso se configura una vía de hecho.
5.1. Pasa esta Corporación a examinar las
pruebas decretadas por el Juez 37 Civil del Circuito. A continuación, en un
cuadro elaborado por la Corte, se divide por grupos la información en posesión
del Banco Caja Social relativa a las pruebas (a) decretadas por medio del auto
del 11 de Febrero de 2002, y (b) aquella cuyo decreto fue revocado mediante el
auto de 8 de marzo del mismo año.
Numeración  en autos
a. Auto de 11 de Febrero
b. Auto 8 de Marzo
Grupo
8.4.1.
Nombres de los usuarios.
No revocado
i.
8.4.1.
Identificación de los
usuarios
No revocado
i.
8.4.1.
Dirección de los usuarios
No revocado
i.
8.4.1.
Números de cuentas corrientes
y de ahorro
Revocado
ii.
8.4.1.
Números de tarjetas de
crédito y débito
Revocado
ii.
8.4.2.
Extractos bancarios
Revocado
ii.
8.4.1.
“Demás datos de todos sus
usuarios”
No es claro
iii.
8.4.2.
Contratos celebrados con los
usuarios
No es claro
iii.
8.4.2.
Certificados de cobros a cada
usuario
No es claro
iii.
8.4.2. y 8.7.
Dictamen pericial acerca de
los descuentos efectuados a cada uno de los usuarios.
No es claro
iii.
9.2.1
Dictamen pericial acerca del
“valor cobrado a todos los usuarios por todos los servicios que presta la
entidad (…) indicando a quienes no se les cobra y su causa”
No es claro
iii.
8.4.3.
Documentos que prueban los “montos
que deben cancelar por el acceso a los servicios”
No es claro
iv.
8.4.4.
Valores y conceptos de cobros
a los usuarios
No es claro
iv.
9.2.2.
Dictamen pericial que
determine la suma cobrada por el servicio de retiro de fondos con volantes
No revocado
iv.
9.2.3.
Dictamen pericial que
determine “todos los cobros y su periodicidad”
No revocado
iv.
9.2.4.
Dictamen pericial que
determine “el valor que se cobra por consulta de: Uso de la consulta
telefónica, consulta de saldo, referencias, duplicado de extractos,
expedición de tarjetas de crédito, expedición  de cheques de gerencia, etc.”
No revocado
iv.
9.2.5.
Dictamen pericial que
determine los costos de cada servicio “sin incluir los que corresponde al
giro ordinario  de la actividad financiera que desarrolla la entidad” y
si el cobro por concepto de la prestación de servicios es exorbitante.
No revocado
iv.
De acuerdo al cuadro anterior, la
información requerida por el Juez 37 se divide en cuatro grupos:
(i)
Información contenida en el decreto de pruebas
cuya práctica no fue revocada por el auto de 8 de marzo de 2002, y que trata de
asuntos claramente personales. Dicha información incluye el nombre, la
identificación y la dirección de los usuarios. Estos datos revelan claramente
información estrechamente vinculada a la esfera personal de los usuarios del
Banco Caja Social, y por lo tanto afectan ilegítimamente su derecho a la
intimidad, pues, en este caso, no se invoca una razón suficiente para
justificar esta afectación, en un proceso que no es de naturaleza penal.
(ii)
Información contenida en el decreto de pruebas
revocado explícitamente por el auto de 8 de Marzo. Dicha información incluye
los números de cuentas corrientes y de ahorro, los números de las tarjetas de
crédito y débito y los extractos bancarios de los usuarios de servicios del
Banco Caja Social. Ante la revocatoria expresa, la Corte no se detendrá a
analizar el decreto de estas pruebas.
(iii)
Información contenida en pruebas cuya
revocatoria no es clara. Esto, debido a que el Juez 37 Civil del Circuito
revocó la práctica de pruebas referidas al “comportamiento dinerario” de los
usuarios del banco, expresión que deja un espacio de apreciación excesivamente
amplio. A la vez, este grupo incluye información que, aunque no devela
información de naturaleza personal, puede versar o comprender datos
personalizables de los usuarios del banco, relativos a personas
individualizadas. Por ejemplo, los “demás datos de todos sus usuarios”, los
contratos celebrados con cada usuario y los certificados de cobros. También
están incluidos en este grupo los dictámenes periciales acerca de “los
descuentos efectuados a cada uno de los usuarios” y el “valor cobrado a
todos los usuarios por todos los servicios que presta la entidad (…) indicando
a quienes no se les cobra y su causa”. Dichas pruebas son
constitucionalmente legítimas únicamente si en su práctica se respetan los
principios de ausencia de capricho, relevancia y necesidad señalados, lo cual
será analizado posteriormente.
(iv)
Información contenida en pruebas cuya
revocatoria no es clara y versa sobre datos que no invaden la esfera personal
de los usuarios y que refieren a datos genéricos de la entidad bancaria. Esta
información contiene los documentos que prueban los montos cancelados por el
acceso los servicios, los valores y conceptos de cobros a los usuarios, como
también los dictámenes periciales acerca del “valor cobrado a los usuarios
por todos los servicios que presta la entidad”, la suma cobrada por el servicio
de retiro de fondos con volantes, “todos los cobros y su periodicidad”,
“el valor que se cobra por consulta de: Uso de la consulta telefónica,
consulta de saldo, referencias, duplicado de extractos, expedición de tarjetas
de crédito, expedición  de cheques de gerencia, etc.” y los costos de cada
servicio “sin incluir los que corresponde al giro ordinario  de la actividad
financiera que desarrolla la entidad” y si el cobro por concepto de la
prestación de servicios es exorbitante.
La Corte únicamente se ocupará de la
información que corresponde a la esfera protegida de los usuarios. Dicha
información es la contenida en los puntos (i), (ii) y (iii), pero dado que los
datos aludidos en el punto (ii) hacen parte de una prueba cuyo decreto fue revocado,
la Corte únicamente se ocupará de los puntos (i) y (iii).
En cuanto a la información contenida en el
grupo (iv), ésta se remite a datos acerca del funcionamiento general del Banco
Caja Social que no contiene elementos personales o privados de sus usuarios, y
cuya presentación no es personalizada. En la demanda de tutela el apoderado de
los accionantes afirma que el Juez 37 Civil del circuito vulneró la reserva
comercial[64]
del Banco Caja Social y sostiene que “se quiere dejar muy claro que Caja
Social nunca se ha opuesto a suministrar las cifras globales sin identificar a
cada uno de los integrantes de su clientela bancaria diferentes de quienes
estén vinculados al proceso, que sean necesarias para el correcto desarrollo
del proceso hasta su terminación. Se opone es a violar la reserva bancaria que
ampara constitucionalmente a su clientela, mientras ésta no se levante en forma
legal.”[65]
En este orden de ideas, la Corte entiende que los accionantes solicitan
principalmente la protección del derecho a la intimidad de los usuarios de la
entidad bancaria y por ende no entrará a analizar el decreto de pruebas en
relación con la información del funcionamiento del banco respecto de sus
clientes en general.
5.2. La Corte pasa a examinar las
actuaciones judiciales controvertidas en la presente acción de tutela, en
relación con los criterios esgrimidos en el acápite 4.3.3. de ésta sentencia.
Así pues, esta Corporación verificará si la providencias contra las cuales se
presenta esta tutela cumplieron, respecto de la información constitucionalmente
protegida, con los requisitos de ausencia de capricho, relevancia y necesidad
señalados.
5.2.1. En cuanto al principio de finalidad,
la Corte constata que el objetivo del decreto de pruebas proferido por el auto
de 11 de Febrero de 2002, es legítimo constitucionalmente. No es un fin
caprichoso porque la práctica de pruebas ordenada por el Juez 37 Civil del
Circuito está encaminada, primero, a identificar las personas que se vieron
afectadas por las prácticas consideradas como ilegítimas por los accionantes de
grupo, y, segundo,  a calcular los daños y perjuicios que dichas actuaciones
causaron a los interesados en ser indemnizados. Estos dos objetivos principales
son acordes con el artículo 88 de la Constitución y con la Ley 472 de 1998, los
cuales consagran y regulan la acción de grupo, como un mecanismo para
indemnizar los daños causados a grupos plurales de personas[66].
5.2.2. En general, las providencias bajo
estudio también son relevantes para la consecución del fin mencionado. Se puede
constatar que la información solicitada por el juez es relevante puesto que
está dirigida a identificar el número de personas afectadas por las actuaciones
del Banco Caja Social, y el monto de los eventuales daños y perjuicios causados
por dicha entidad. Sin embargo, no toda la información cumple el requisito de
la relevancia, desde el punto de vista constitucional. Solicitar “los demás
datos de todos sus usuarios” dada su indeterminación y la ausencia de
relación de conexidad entre estos datos y los fines específicos de la acción de
grupo, no respeta el principio de relevancia que justificaría revelar
información amparada por el derecho a la intimidad en conexidad con el secreto
profesional. Igualmente, los contratos celebrados y “el certificado de
cobros” a cada usuario tienen el riesgo de ser presentados de manera
personalizada, y dada su indeterminación en cuanto a la información requerida,
no guardan relación específica con la consecución de los objetivos legítimos
perseguidos. Por último, los dictámenes periciales que develan “los
descuentos efectuados a cada uno de los usuarios”, y el “valor cobrado a
los usuarios por todos los servicios que presta la entidad, a quienes no
se les cobra y su causa” por la misma razón – datos personalizados e
indeterminados respecto de los fines de la acción de grupo - tampoco son
relevantes para establecer los daños y perjuicios causados a los diferentes
usuarios del banco.
5.2.3. Además, esta Corporación encuentra
que varias pruebas decretadas por el Juez 37 no son necesarias para cumplir los
objetivos específicos de la acción de grupo en este caso concreto. Existen
mecanismos alternativos dirigidos a cumplir la finalidad de incluir a la acción
de grupo a todas las personas que deseen ser indemnizadas por las actuaciones
supuestamente ilegales del Banco Caja Social, que no son limitativas de la
reserva bancaria. A manera de ejemplo de estos mecanismos alternativos, los
demandantes tienen la posibilidad de hacer saber a los usuarios del Banco Caja
Social acerca del trámite de la acción de grupo –ya sea a partir de medios
masivos de comunicación y de información en las sedes de la entidad bancaria-
de tal manera que aquellos particulares que decidan agregarse al grupo de
actores, puedan hacerlo de manera voluntaria. Igualmente, los eventuales daños
y perjuicios causados a los usuarios del Banco Caja Social pueden ser
calculados a partir de cifras genéricas que reflejen el monto deducido en
virtud de cada servicio prestado, y las diferencias de costos y cargas entre
cada tipo de usuario, sin que sea preciso tener conocimiento de dato personal
alguno. Para este fin, no es necesaria la obtención de información personal,
tal como los nombres de los usuarios, su identificación o dirección.
En este sentido, mal puede el juez de la
acción de grupo presuponer que todas las personas mencionadas en la demanda
desean ser parte del proceso judicial y que consienten en que sus derechos
fundamentales, tales como el de la intimidad, en relación con el secreto
profesional que obliga al banquero, les sean limitados en virtud de las
actuaciones judiciales. Los usuarios del banco tienen la posibilidad de
solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Para ello no es, en esta
etapa del proceso, necesario obtener ningún dato de naturaleza personal o
acerca de los demás usuarios que no tengan interés en hacer parte de la acción
de grupo. En una etapa posterior, en caso de que el fallo condene al pago de
daños y perjuicios, se podrá acceder, si se cumplen los principios de
relevancia y necesidad, a la información personalizada de quienes
voluntariamente se vincularon al proceso judicial contra el Banco Caja Social
para beneficiarse de los resultados. En esta eventualidad, los usuarios habrán
consentido expresamente a la divulgación de algunos de sus datos personales
relevantes para cuantificar el daño y recibir la correspondiente reparación.
5.2.4. Por ende, respecto de las pruebas
mencionadas, la actuación del Juez 37 Civil del Circuito vulneró el derecho a
la intimidad, en conexidad con el secreto profesional que debe guardar el
banquero, de aquellos usuarios del Banco Caja Social que no han manifestado
expresamente su voluntad de formar parte del conjunto de demandantes de la
acción de grupo, o de ser beneficiarios concretos del fallo definitivo.
5.2.5. En cuanto a las pruebas clasificadas
en el grupo (iv), es decir, aquellas que versan sobre información genérica del
funcionamiento de la entidad bancaria, en los aspectos relevantes y necesarios
para adelantar el proceso de la acción de grupo la Corte estima que éstas no
aluden a información que trata de asuntos personales o personalizados de los
usuarios del Banco Caja Social, y, por lo tanto, pueden ser decretadas y
practicadas. Cabe advertir que en la práctica de dichas pruebas y en la
presentación de la información correspondiente, no se podrá revelar información
personal o personalizada, y así se ordenará en la parte resolutiva. Las pruebas
incluidas en el grupo (iv) incluyen los documentos que demuestren los “montos
que deben cancelar por el acceso a los servicios”, los valores y conceptos
de cobros a los usuarios, así como también los dictámenes periciales que
determinen la suma cobrada por el servicio de retiro de fondos con volantes y “todos
los cobros y su periodicidad”. No obstante, en su práctica debe respetarse
el principio constitucional de relevancia y así se ordenará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
Ahora bien, en cuanto a las pruebas incluidas en el grupo (iv)
referidas a los dictámenes periciales que determinen el “valor que se cobra
por consulta de: Uso de la consulta telefónica, consulta de saldo, referencias,
duplicado de extractos, expedición de tarjetas de crédito, expedición  de
cheques de gerencia, etc.”, y los costos de cada servicio “sin incluir
los que corresponde al giro ordinario  de la actividad financiera que
desarrolla la entidad” y si el cobro por concepto de la prestación de
servicios es exorbitante, la Corte encuentra que en la práctica de dichas
pruebas no existe un riesgo claro de que la información pueda ser personalizada
y éstas guardan una relación de conexidad con los fines de la acción de grupo.
Por lo tanto, su decreto es constitucionalmente legítimo.
5.2.6. A continuación, con el fin de
resumir las conclusiones, la Corte reproducirá el cuadro desarrollado en el
apartado 5.1, mostrando las consideraciones formuladas para cada una de las
pruebas relacionadas en los grupos (i), (iii), y (iv). Se excluyen las pruebas
clasificadas en el grupo (ii), dado que, como se explicó anteriormente, su
decreto fue revocado por el auto fechado el 8 de Marzo de 2002.
a. Auto de 11 de Febrero
Gr.
Consideración
Nombres
de los usuarios.
i.
Información personal. Viola el derecho a
la intimidad.
Identificación
de los usuarios
i.
Información personal. Viola el derecho a
la intimidad.
Dirección
de los usuarios
i.
Información personal. Viola el derecho a
la intimidad.
“Demás
datos de todos sus usuarios”
iii
Podría comprender información
personalizable, que por lo indeterminada de la orden, no es
constitucionalmente relevante.
Contratos
celebrados con cada usuario
iii
Información personalizable, que por lo
indeterminada de la orden, no es constitucionalmente relevante.
Certificados
de cobros a cada usuario
iii
Información personalizable, que por lo
indeterminada de la orden, no es constitucionalmente relevante.
Dictamen
pericial acerca de “los descuentos efectuados” a cada uno de los
usuarios.
iii
Información personalizable, que por lo
indeterminada de la orden, no es constitucionalmente relevante.
Dictamen
pericial acerca del “valor cobrado a todos los usuarios por todos los
servicios que presta la entidad (…) indicando a quienes no se les
cobra y su causa”
iii.
Información personalizable, que por lo
indeterminada de la orden, no es constitucionalmente relevante.
Documentos
que prueban los “montos que deben cancelar por el acceso a los servicios”
iv.
Prueba legítima únicamente si respeta el
principio de relevancia y en su práctica no se revela información personal o
personalizada.
Valores
y conceptos de cobros a los usuarios
iv.
Prueba legítima únicamente si respeta el
principio de relevancia y en su práctica no se revela información personal o
personalizada.
Dictamen
pericial que determine la suma cobrada por el servicio de retiro de fondos
con volantes
iv.
Prueba legítima únicamente si respeta el
principio de relevancia y en su práctica no se revela información personal o
personalizada.
Dictamen
pericial que determine “todos los cobros y su periodicidad”
iv.
Prueba legítima únicamente si respeta el
principio de relevancia y en su práctica no se revela información personal o
personalizada.
Dictamen
pericial que determine “el valor que se cobra por consulta de: Uso de la
consulta telefónica, consulta de saldo, referencias, duplicado de extractos,
expedición de tarjetas de crédito, expedición  de cheques de gerencia, etc.”
iv.
Prueba constitucionalmente legítima.
Dictamen
pericial que determine los costos de cada servicio “sin incluir los que
corresponde al giro ordinario  de la actividad financiera que desarrolla la
entidad” y si el cobro por concepto de la prestación de servicios es
exorbitante.
iv.
Prueba constitucionalmente legítima.
5.3. Como consecuencia de las
consideraciones anteriores relativas a la omisión en aplicar las normas sobre
derecho a la intimidad en conexidad con el secreto profesional que obliga al
banco, la Corte estima que en la actuación judicial bajo cuestionamiento se
configuró una vía de hecho. La providencia judicial mediante la cual el juez
ordenó decretar las pruebas señaladas, incurrió en un defecto sustantivo.
El Juez 37 Civil de Circuito omitió aplicar
en el caso concreto el derecho a la intimidad respecto de la información
personal cobijada por las pruebas decretadas y, por ello, incurrió en el
defecto sustantivo de dejar de aplicar una norma jurídica – el artículo 15 de
la Constitución - directamente relevante para determinar el ámbito
constitucionalmente legítimo de la providencia mediante la cual decretó las
pruebas anteriormente mencionadas. Al salirse de dicho ámbito se colocó en los
extramuros del derecho. Lo mismo ocurrió respecto de la información que, además
de estar protegida por el derecho a la intimidad, también está  amparada por el
secreto profesional que el banco debe guardar respecto de sus usuarios
(artículo 74 de la C.P.). De tal manera que se incurrió en una vía de hecho por
defecto sustantivo por omisión.[67]
También, el juez dejó de aplicar las normas
que establecen en qué casos, y bajo qué criterios pueden las autoridades
competentes, limitar el derecho a la intimidad de los usuarios de una entidad
bancaria. Estas normas incluyen, además, las disposiciones comerciales que
configuran el criterio de necesidad como condición de la revelación de papeles
comerciales por parte de autoridades judiciales[68], y las normas que
establecen excepciones a la reserva bancaria, en sus aspectos protegidos por el
secreto profesional[69].
Finalmente, a pesar de que el apoderado del
Banco Caja Social invocó en el proceso normas que creía pertinentes para
denegar la práctica de las pruebas mencionadas, como los artículos 64 y 65 del
Código de Comercio, el Juez 37 Civil del Circuito decidió ordenar la revelación
de información personal y personalizada de los usuarios del banco sin
argumentación alguna acerca de la razón por la cual los datos requeridos
estaban o no protegidos por la reserva bancaria, o, de otra parte, de la
procedencia en este caso de la limitación al derecho a la intimidad  de los
particulares (artículo 15 de la C.P.), en conexión con el secreto profesional
(artículo 74).
Por ende, los autos incurrieron en un
defecto sustantivo por omisión en la aplicación de normas directas y
específicamente pertinentes, lo cual conduce a establecer que se configuró una
vía de hecho judicial contraria al debido proceso.
5.4. Por lo tanto, la Corte concederá la
tutela al derecho fundamental a la intimidad (artículo 15 de la C.P.) de los
usuarios del Banco Caja Social relacionado con el deber de guardar el secreto
profesional (artículo 74 de la C.P.), en conexidad con el derecho al debido
proceso respecto de los apartes vigentes de la providencia que ordena la
develación de información  protegida por las normas mencionadas. El juez de
conocimiento o los accionantes de grupo, podrán acudir a otras herramientas que
les permitan alcanzar los fines perseguidos y que no transgredan los derechos constitucionales
de los usuarios, ni las normas que los desarrollan en el ámbito de las
relaciones de confianza entre un banco y sus clientes.
Así, la Corte anulará el decreto de pruebas
que versen sobre información personal o innecesariamente personalizada o que
desconozcan los principios de relevancia y de necesidad, según el análisis
adelantado en los apartados 5.1 y 5.2.6 de esta sentencia. Se dejará a salvo la
información contenida en el grupo de pruebas identificado con el número (iv).
Podrán ser practicadas las pruebas que busquen la consecución de información
genérica acerca del funcionamiento del banco conducente a identificar
eventuales prácticas ilegales o perjuicios que deban ser indemnizados según lo
pedido en la acción de grupo. No obstante, la Corte ordenará que en la práctica
de las pruebas en virtud de las cuales se acceda a esta información, no se
revele la identidad ni información personal alguna de los usuarios del mismo.
6. Consideración adicional acerca del
envío de cierta información por parte del Banco Caja Social y el apoderado de
los accionantes de tutela.
Como se observa en los antecedentes de esta
sentencia, el día 16 de mayo del presente año la Corte recibió de parte del
apoderado del Banco Caja Social un memorial que, entre otros documentos,
contenía un certificado expedido por el revisor fiscal de dicha entidad
bancaria acerca del comportamiento crediticio de un usuario del banco, quien es
uno de los sujetos procesales de la acción de grupo. Dicha información
desconoce la reserva bancaria que la entidad debe guardar para con todos sus
usuarios. La Corte reprocha que el banco haya incoado la presente acción de
tutela argumentando la protección de la reserva bancaria y el derecho a la
intimidad de sus usuarios y que en el transcurso del mismo proceso,
desconociendo el principio de relevancia que protege la información que sus
clientes le han confiado, revele información sensible de uno de ellos que no ha
sido solicitada por esta sala. Por ello, la Corte advertirá al Banco Caja Social
y a su apoderado que en el futuro se abstengan de divulgar información
constitucionalmente protegida de sus usuarios, en especial de los relacionados,
de cualquier forma, con el proceso de la acción de grupo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR los fallos de tutela proferidos por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
los días 17 de octubre y 27 de noviembre de 2002 respectivamente, y en su lugar
CONCEDER la tutela al derecho fundamental a la intimidad, en relación
con el secreto profesional, de los usuarios del Banco Caja Social, en conexidad
con el debido proceso.
Segundo.- DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO parte del auto proferido por el Juez
37 Civil del Circuito de Bogotá el día 11 de febrero de 2002, en lo referente a
la siguiente información: Nombres, identificación y dirección de los usuarios,
“demás datos” de los usuarios, contratos celebrados y certificados de
cobros a cada usuario del Banco Caja Social, así como también los dictámenes
periciales acerca de “los descuentos efectuados a cada uno de los usuarios”,
y el “ valor cobrado a los usuarios por todos los servicios, a quienes
no se les cobra y su causa”.
Tercero.- ORDÉNASE que sea respetado el principio de relevancia en la
práctica de las siguientes pruebas: Documentos que prueban los montos
cancelados “por el acceso a los servicios”, los valores y conceptos de
cobros a los usuarios, así como los dictámenes periciales acerca de la suma
cobrada por el servicio de retiro de fondos con volantes y “todos los cobros
y su periodicidad”. En la práctica de estas pruebas tampoco se podrá
revelar la identidad ni información personal o personalizada alguna de los
usuarios del Banco Caja Social con excepción de los datos que éstos
expresamente autoricen develar en el momento en que lo estimen oportuno.
Cuarto.- ADVERTIR al Banco Caja Social y a su apoderado que deben abstenerse de
revelar información constitucionalmente protegida relativa a los usuarios que
son sujetos procesales de la acción de grupo.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Cfr folio 8 del expediente.
[2]
Cfr folios 19 y 20 del expediente.
[3]
Cfr folio 29 del expediente.
[4]
Cfr folio 29 del expediente.
[5]
Cfr folio 30 del expediente
[6]
Cfr folio 38 del expediente
[7]
Cfr folio 38 del expediente.
[8]
Cfr folio 40 del expediente.
[9] Dicha disposición autoriza al juez de tutela, de
oficio o a petición de parte, para suspender el acto que amenace o viole el
derecho fundamental invocado, cuando el funcionario judicial “expresamente lo
considere necesario y urgente para proteger el derecho”. Mediante las medidas
provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se
convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación,
que ésta se torne más gravosa. Dicha medida puede ser adoptada por el juez
respectivo desde la presentación de la solicitud de tutela hasta antes de
expedirse el fallo definitivo, pues al resolver de fondo deberá decidir si tal
medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el
contrario, habrá de revocarse. Cabe agregar que el juez, a petición de parte o
en forma oficiosa, puede hacer cesar tal medida en cualquier momento. Para la
aplicación de la medida, sin embargo, se exigen dos condiciones: en primer
lugar, que se trate de una violación o amenaza "grave e inminente", a
tal punto, que incluso el breve término mediante el cual se resuelve la acción
de tutela resulte excesivo para lograr la protección efectiva del derecho
fundamental conculcado. Y en segundo lugar, que se aporten medios de prueba
suficientes para deducir que se está ante las condiciones descritas. Al
respecto, ver, entre otros, los Autos A 040a de 2001 (MP Eduardo Montealegre
Lynett), A 049 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz), A 041a de 1995 y A 031 de 1995
(MP Carlos Gaviria Díaz).
[10]
Cfr folio 55 del expediente.
[11]
Cfr folios 55 y 56 del expediente.
[12]
La disposición mencionada dice así: “Artículo 351: Procedencia. Son apelables
las sentencias de primera instancia, (…). También son apelables los siguientes
autos proferidos en primera instancia: (…) 3. El que deniegue la apertura a
prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de
alguna pedida oportunamente o su práctica. (…)”
[13] Corte Constitucional Sentencia T-204 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara. En esta oportunidad, la Sala Sexta de Revisión
confirmó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, desestimando la tutela instaurada contra el Consejo de Estado por
considerar que la Sección Primera (Subsección A), no violó los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, al interpretar
erróneamente el contenido de una certificación de sueldos, salarios y
prestaciones sociales expedida por la Contraloría General de la República.
Sobre el carácter excepcional de la vía de hecho, también pueden consultarse
las sentencias: T-483 de 1997, T-766 de 1998, SU 563 de 1999 y el auto A-069 de
2000.
[14]
Cfr. sentencia C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En aquella
oportunidad se aludió a las actuaciones de hecho. A propósito de la
revisión de constitucionalidad que se hizo sobre los artículos 11, 12 y 25 del
Decreto 2591 de 1991 (los dos primeros fueron declarados inexequibles) se
afirmó lo siguiente:
“De conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente. En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado
alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de
hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está
dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite
de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que
cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad
está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia
funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible,
entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión
hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un
proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte” (Subraya no
original).
[15]
De manera consistente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
identificado estos 4 tipos de defectos como elementos que hacen procedente la
tutela en contra de decisiones judiciales. Cfr., entre muchas, las sentencias:
T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-393 de 1.994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell, T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-567 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-590 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16]
“El acto judicial que en grado absoluto exhiba alguno de los defectos
mencionados, atenta contra la pax pública y por fuerza se convierte en
socialmente recusable. El juez que lo expidió, desconociendo los presupuestos
objetivos y teleológicos del ordenamiento, pierde legitimación - en cierto
sentido, se "desapodera" en virtud de su propia voluntad - y no puede
pretender que la potestad judicial brinde amparo a su actuación o le sirva de
cobertura.” Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esta oportunidad, la Sala Tercera de Revisión no consideró que la
manera como actuó el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso de tasación
de los perjuicios emanados del incumplimiento de un contrato de seguro,
constituía una vía de hecho, pues su proceder se ajustó a los lineamientos
contenidos en los documentos y pruebas contenidas en el expediente.
[17] Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-079 de 1993.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte Constitucional confirma en esta
oportunidad, la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia mediante la
que se protegió el derecho al debido proceso de la peticionaria, por considerar
que el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés cometió graves errores en la
apreciación de las pruebas contenidas dentro de un proceso de abandono de menor
que se inició en contra de la petente.
[18]
Sentencia SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En dicha
providencia, la Sala Plena de la Corte decidió negar la acción de tutela
presentada por el ex-ministro de comunicaciones Saulo Arboleda Gómez en contra
de la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia. La Corte consideró que la existencia y la divulgación periodística de
una grabación telefónica ilícita y violatoria del derecho a la intimidad “no
vician todo el procedimiento ni contaminan todo el acervo probatorio, así ésta
haya sido elemento integral de la noticia criminis, siempre que la resolución
de acusación y la sentencia condenatoria se hayan fundado en pruebas separadas,
independientes y autónomas de ésta y suficientes para demostrar la ocurrencia
de la conducta típica y la responsabilidad penal del procesado.”
(Salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar
Gil y Jaime Araujo Rentería).
[19]
En diversos escritos presentados en el transcurso de la presente tutela, los
accionantes han manifestado algunos reparos relacionados propiamente con la
acción de grupo que se ventila en el Juzgado 37 Civil del Circuito. Estas
cuestiones incluyen la inadmisibilidad de dicha acción, las costas de la
práctica de las pruebas y un eventual impedimento del juez de instancia. No
obstante, la Corte circunscribirá su análisis a la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes y no se pronunciará acerca de los asuntos
propios de la acción de grupo, los cuales podrán ser controvertidos acudiendo a
los mecanismos judiciales pertinentes.
[20]
Sentencia C-538 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), que, con la sentencia
C-062 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), declararon exequibles unas normas
legales que imponían a los contadores y revisores fiscales la obligación de
revelar información privada adquirida en virtud del cumplimiento de sus tareas
profesionales que fuera sospechosa en relación con las funciones de organismos
estatales de investigación penal, y de control y vigilancia.
[21]
MP Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha providencia, la Corte  declaró exequibles
ciertas disposiciones del artículo 38 de la Ley 23 de 1981 (por la cual se
dictan normas en materia de ética médica), en la cuales se establecen ciertos
casos en los cuales es permitido la revelación de información protegida por el
secreto profesional del médico tratante. La Corte se ha pronunciado en varias
ocasiones acerca del ámbito de protección del secreto profesional del médico.
Ver por ejemplo las sentencias T-526 de 2002 (MP Alvaro Tafur Galvis), T-1563
de 2000 (MP (e) Cristina Pardo Schlesinger), T-623 de 1996 (MP Jorge Arango
Mejía)
[22] Adicionalmente a la sentencia precitada, otras
providencias de la Corte se han pronunciado acerca de la relación entre el
derecho a la intimidad y el secreto profesional. En sus inicios, esta
Corporación consideró que el secreto profesional hacía parte del derecho a la
intimidad. La sentencia T-011 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero) sostuvo
que “el derecho genérico a la intimidad quedó consagrado en cuatro artículos
de la Carta: 15, 21, 33 y 74. El artículo 15 establece propiamente la noción de
vida privada y sus implicaciones. El artículo 21 regula el derecho a la honra.
El artículo 33 la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí o
contra sus seres queridos. Y el artículo 74 el acceso de los particulares a los
documentos públicos y el secreto profesional. Todo lo anterior debe ser
complementado además con el artículo 28, sobre inviolabilidad del domicilio”.
En el mismo sentido, la sentencia precitada C-538 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz) afirma que “(l)a inviolabilidad del secreto asegura la intimidad de
la vida personal y familiar de quien hace partícipe al profesional de asuntos y
circunstancias que sólo a él incumben y que sólo con grave detrimento de su
dignidad y libertad interior podrían desvelarse públicamente”.
[23]
Sentencia C-538 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) precitada.
[24]
Sentencia C-062 de 1998 MP Carlos Gaviria Díaz, en la cual la Corte declaró
exequibles unas normas que obligan a los revisores fiscales a reportar
actuaciones sospechosas aún así dichos datos estuvieren protegidos por el
secreto profesional.
[25]
La institución bancaria nace en la Antigua Grecia. Sin embargo, en dicha época la confidencialidad de los depósitos que se realizaban en los
templos, estaba relacionada con aspectos religiosos.
[26]
Octaviano Meraz Casanova, el Derecho Bancario y Bursátil, Universidad
Abierta, México 2001
[27]
Octaviano Meraz Casanova, op. cit.
[28] Dicha norma establecía que los establecimientos
bancarios  debían “mantener un registro de su clientela y sus transacciones.
Tienen, sin embargo, prohibido divulgar esta información a cualquier persona
que no sea el cliente concerniente, excepto estipulación expresa del Consejo de
la Ciudad.”
[29]
A manera ilustrativa, se observa que la jurisprudencia
comparada acepta dicha limitación al derecho a la intimidad aún en el ámbito
tributario cuando la evasión es un delito. Por ejemplo, la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos estableció que no era contrario al derecho a la
privacidad de los usuarios de un banco el requerimiento de las autoridades de
control tributario de revelar la identidad de una persona, aún desconocida, que
había realizado transacciones financieras indicativas de la comisión de una
infracción, siempre y cuando dicha información fuera “relevante” para los objetivos
de la investigación. Ver la sentencia Biscaglia v. United States, 420
U.S. 141 (1975).
[30]
Concepto del doctrinante M Knapp, en el Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Económica, 2000. P. 381.
[31]
Sentencia 278 de 1995, en el Diário da República (DR) IIa serie, 28 de
Julio de 1995.
[32]
Sentencia TC 142 de 1993, en el boletín BOE número 127.
[33]
Sentencia Bernstein v. Bester NO, 1996, providencia CCT23/95.
[34]
En el caso Boyd v United States, 116 US 616, 622 (1886) la Corte Suprema
afirmó que la Cuarta Enmienda protege contra la “divulgación obligatoria de los
papeles privados” de una persona.
[35]
Como lo dijo la propia Corte Suprema en el caso Couch v United States,
400 US 322, 335 (1973), al referirse a las funciones del Bank Secrecy
Act (Ley de Secreto Bancario) de 1970.
[36]
Ver la sentencia United States v. Miller, 425 US 435 (1976).
[37] Sentencia C-397 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz).
Definición elaborada por el doctrinante Octavio A Hernández. (Derecho bancario
mexicano. Edic. de la Asociación Mexicana de Investigaciones Administrativas,
México, 1956). En esta sentencia, la Corte declaró exequible la Ley 412 de
1997, “por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la
Corrupción”. El artículo XVI de dicho instrumento establecía que “el Estado
Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el
Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será
aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno,
sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o
multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente. (...) El Estado
Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el
secreto bancario que reciba para ningún fin distinto del proceso para el cual
hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido”. La
Corte tomó una decisión de exequibilidad condicionada a que existiera una norma
interna de acuerdo a la cual pueda ejecutarse el levantamiento de la reserva.
Sin perjuicio de lo anterior, existen diversas definiciones de la reserva o
secreto bancario. Para citar algunos ejemplos,  el doctrinante Fabio Enrique
Bueno Rincón la define como “el deber que tienen los establecimientos
bancarios de guardar firme secreto en todo lo concerniente con los negocios de
la clientela.” Por su parte la doctrina de la Superintendencia Bancaria la
ha definido como “el deber de los establecimientos bancarios y demás
entidades financieras de guardar reserva y discreción sobre los datos de su
cliente, la que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio, por cuanto
para el cliente pueden derivarse inmensos perjuicios con la divulgación de
ciertos aspectos que por razones comerciales y personales no deben ser de libre
acceso al público.” (Conceptos OJ-050 de 8 de Marzo de 1982 y OJ-288 de 12
de agosto de 1976). En cuanto a la doctrina internacional, algunos tratadistas
han definido dicho concepto de la siguiente manera: Jorge Lablanca considera
que “es un deber de silencio a cargo de los bancos respecto de hechos
vinculados a las personas con quien mantiene relaciones comerciales” (El
Secreto Bancario, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1969, p.9). Raimond Farath,
opina que es “la obligación hecha al banquero –y que beneficia al cliente-
para no revelar ciertos hechos, actas, cifras u otras informaciones que él ha
tenido conocimiento a través del ejercicio de su actividad bancaria y
notablemente las que conciernen a su cliente, so pena de sanciones muy
rigurosas de órdenes diversas, civiles, penales y disciplinarias” (“Le
secret bancaire”, “Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence”, Paris,
1970).
[38] El artículo 15 de la Constitución establece lo
siguiente: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”
[39]
MP Ciro Angarita Barón. La posición sentada por la Corte en esta sentencia ha
sido repetida en bastantes providencias posteriores:  Ver por ejemplo, las
sentencias T-486 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-022 de 1993 (MP
Ciro Angarita Barón). Posteriormente, en la sentencia SU-082 de
1995 (MP Jorge Arango Mejía) la Corte unificó la jurisprudencia en torno
al habeas data, los bancos de datos y la intimidad de los clientes. En
dicha sentencia se estableció que, dado el bien común que genera el tener
conocimiento del comportamiento crediticio de los particulares (a través de la
confianza en el sector financiero), este tipo de divulgación de información
durante un tiempo razonable es acorde con la Constitución, pero que, en aras de
proteger el derecho de habeas data de los deudores morosos, era
necesario que la información en la base de datos fuera veraz, completa y
actualizada.
[40]
El asunto tratado tanto en dicha sentencia, como en la abundante jurisprudencia
en que la Corte ha resuelto problemas relacionados con la inclusión de
particulares en las centrales de riesgo, es diferente a la materia de que trata
el presente caso. En dichas sentencias, el derecho al habeas data se vio
afectado por la omisión de las centrales de riesgos de excluir de sus bases de
datos a particulares que en realidad no son o no han sido deudores, o que
faltaron a sus obligaciones hace un tiempo considerado como excesivamente
largo. En cambio, el caso presente trata la inserción de información personal
en bases de datos en las que los mismos particulares han consentido estar
incluidos, y cuya revelación de su contenido ha sido ordenada por un juez. Sin
embargo, a pesar de las diferencias, para el caso presente es aplicable la
posición tomada por la Corte, en el sentido de que algunos datos de los
particulares confiados a entidades financieras, están constitucionalmente
protegidos.
[41] “Lo que se conoce desde tiempos remotos bajo la
denominación del secreto bancario es simplemente, un uso o práctica que,
a fuerza de haber sido inveteradamente repetido por los banqueros desde la
época de la antigua Roma ha llegado a convertirse en una verdad consuetudinaria
con efectos vinculantes indiscutibles y que, en muchos países ha recibido
consagración expresa en el derecho escrito.” Botero de Los Rios, Germán, citado
en “El Secreto Bancario” de Fabio Enrique Bueno Rincón, Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibáñez, 1997.
[42]
Sentencia  precitada C-397 de 1998 (MP. Fabio Morón Díaz).
[43] Acerca de los elementos que comprende la reserva
bancaria, la doctrina de la Superintendencia Bancaria ha establecido lo siguiente:
“(E)n general el banco está obligado a conservar el secreto acerca de todos
los hechos de que tenga conocimiento el banquero en el ejercicio de su
profesión y en cuya reserva tenga interés el cliente, bien sea en razón del
perjuicio económico que se le podría derivar por causa de que los terceros
tuvieran conocimiento de estos datos, o bien porque por uno u otro motivo él
manifieste al banco su voluntad de que éstos sean confidenciales. El deber de
discreción  subsistirá para el banco, en todo momento, y sólo terminará cuando
sea él mismo quien consienta expresamente en la divulgación, o por causa de las
excepciones que consagra la ley para que se hagan públicos.” (Concepto
OJ-321 de 29 Septiembre de 1976). Igualmente, la Superintendencia Bancaria ha
considerado que “están protegidos por la reserva los informes y datos
relacionados con la naturaleza y los datos e informes que puedan reputarse
revelados confidencialmente en virtud de la confianza que despierta la
actividad profesional del banquero, en fin, todos aquellos datos e informes que
hagan parte de la intimidad del cliente y respecto de los cuales tenga éste
interés legítimo en oponerse a su divulgación irrestricta. Por el contrario, se
entiende que el deber de discreción desaparece cuando se trata de hechos
conocidos por la entidad en virtud de circunstancias ajenas a las relaciones
directas con su cliente, vale decir, cuando no haya sido el ejercicio
profesional de la actividad bancaria el motivo determinante de que aquella
cuente con información confidencial sobre asuntos privados de este último.(…)”
(Conceptos OJ-260 de 19 de Noviembre de 1982, y 1998034212-1 de septiembre 8 de
1998.
[44]
Ver por ejemplo, la sentencia precitada SU-082 de 1995, MP Jorge Arango Mejía.
[45] En este mismo sentido se ha pronunciado la
Superintendencia Bancaria: “(S)i bien la reserva bancaria es una figura
amparada por los derechos constitucionales a la intimidad y fundamentada en el
principio del secreto profesional y la reserva de los papeles del comerciante,
ante la realidad del ordenamiento jurídico colombiano sobre la materia, no se
deben conducir a extremos exagerados por los alcances que pretendan darse a
esta práctica. De ella nace para la empresa bancaria y para cualquiera otra de
naturaleza análoga, un imperativo de conducta cuya observancia estricta es
jurídica y debe favorecerse en cuanto no exceda limitaciones que, en una u otra
forma, tienden a evitar que la costumbre de discreción de los administradores y
directores de los establecimientos de crédito se convierta en herramienta que
haga prevalecer el interés privado sobre las conveniencias generales de la
comunidad. Por ello, al amparo de la “reserva bancaria” es imposible que puedan
llegar a resultar protegidas conductas criminales, abusivas o contrarias a la
buena fe que ha de regir el tráfico mercantil, o lo que es más grave aún,
resultar encubierta información que facilite la labor de la administración de
justicia y de los organismos que con ella colaboran en la lucha por el imperio
de la moral y del derecho. Si no existe detrás del sigilo del banquero, un
interés legítimo de una tercera persona que obtenga en esa discreción justa
defensa contra la infidencia o la deslealtad, la utilización u observancia de
esa práctica se convierte en un irresponsable ocultamiento que debe ser
sancionado. (…) De otra parte, no puede olvidarse que la “reserva bancaria”
tampoco tiene vigencia cuando, ante las circunstancia previstas en el artículo
15 de la Constitución Política, la institución financiera se encuentra obligada
a permitir el examen y registro de sus “papeles privados”. Frente a semejantes
situaciones y cumplidas las formalidades pertinentes, el deber de discreción
desaparece como imperativo de forzosa observancia por parte del banquero y
siempre ha sido responsabilidad de la respectiva oficina pública evitar que sea
lesionada la intimidad de clientes inocentes de la entidad que fue constreñida
a exhibir su archivo total o parcialmente, obviamente siempre y cuando la ley
haya impuesto una obligación específica para los funcionarios de guardar
reserva tal cual sucede en normas como el artículo 337 numeral 3º del estatuto
orgánico del sistema financiero, el artículo 6º del Decreto 2400 de 1968 y los
artículos 13 y 14 del Decreto 1169 de 1980, entre otras.” (Circular Básica
Externa No 7 de 1996)
[46] MP Rodrigo Escobar Gil. Dicha sentencia declaró la
exequibilidad del Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y
represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana. El artículo IX de dicho acuerdo se dispone: “1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario para
negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente
Acuerdo.(...) 2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario obtenidas en virtud de este Acuerdo, para
ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia.”
(Subraya fuera de texto)
[47]
MP. Alfredo Beltrán Sierra. En esta providencia, la Corte revisó la
constitucionalidad de un acuerdo perfeccionado con la República de Paraguay,
similar al estudiado en la sentencia C-288 de 2002.
[48]
MP Fabio Morón Díaz, precitada
[49]
MP Alejandro Martínez Caballero. Examen de
constitucionalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención del 20 de diciembre de 1988, a la cual refiere el Acuerdo
aprobado mediante Ley 674 de 2001).
[50] Al respecto, la sentencia C-288 de 2002 precitada
dispuso: “Observa la Corte que dichos datos
adicionales, en principio, están sometidos a la reserva bancaria. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que, conforme al tratado que se revisa, esa información
sólo debe suministrarse en el evento en que sea conocida por el Estado
solicitante, lo cual, a su vez, supone que éste la ha obtenido de acuerdo con
su legislación interna y por consiguiente, con el pleno respeto de las
garantías constitucionales. La disposición, en consecuencia será declarada
exequible. Así mismo, la sentencia C–326
de 2000 precitada estableció que “[a]l estar condicionadas las
disposiciones que se revisan a la legislación interna que cada Estado
implemente, es claro, entonces, que la ejecución de las normas que se
analizan,  sólo será posible en la medida en que las autoridades colombianas
con fundamento en sus competencias, dicten las normas correspondientes, y éstas
se ajusten a las disposiciones de orden constitucional.”
[51] En el mismo sentido, la sentencia C-397 de 1998
precitada estimó que el deber de reserva bancaria, “en nuestro ordenamiento
no tiene carácter absoluto, pues no obliga a la entidad receptora de la
información a un silencio pleno, o a un total hermetismo que impida definitiva
y categóricamente el acceso a esa información, bien sea por parte del Estado o
de particulares interesados en ella, siempre que se cumplan determinados
presupuestos. (…) En esa perspectiva, la circulación del “dato económico
personal” que recepciona la entidad financiera, en principio protegido con la
reserva o el secreto bancario al que aquella está obligada, sólo es posible,
como lo impone la norma del instrumento multilateral que se revisa, si se
presenta alguna de las siguientes situaciones: la primera, que esté precedida
por formal y expresa autorización de su titular, quien en ejercicio de su
autonomía está habilitado para “introducir una limitación permitida por el
ordenamiento a su libertad personal”; y la segunda, que se origine en la
“...prevalencia de un verdadero interés general construido con todos los
elementos que ofrece la Constitución de 1991 a través de sus valores,
principios y normas...” caso en el cual ella se despoja de cualquier elemento
de arbitrariedad, mucho más si tal información acredita la calidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, según lo
dispone el artículo 248 de la Carta Política.”
[52]
MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[53] La disposición acusada en dicha ocasión dispone lo
siguiente: “Articulo 155. Centro Unificado de Información Económica. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conformará un Centro Unificado de
Información Económica para la fiscalización, dentro del año siguiente a la
entrada en vigencia de la presente ley. (…) El Centro Unificado de Información
Económica contendrá la información del propio contribuyente, la de terceros,
bancos y otras fuentes que reciba de acuerdo con las normas legales y la que requiera
por parte de organismos o personas privadas u oficiales, tales como: oficinas
de catastro departamentales o municipales, tesorerías, Cámara de Comercio,
Notarías, Instituciones Financieras, Fondos, Instituto de los Seguros Sociales
y demás entidades, quienes deberán entregarla de acuerdo con las
especificaciones que se establezcan. (…) El Centro Unificado de Información
Económica deberá suministrar a cada una de las entidades territoriales los
resultados de los cruces de información que obtenga en lo que a cada uno
corresponda.”
[54] La Ley 800 de 2003 (por medio de la cual se aprueba
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
establece en sus artículos 12 y 18: “Artículo 12. Decomiso e incautación. (…)
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos
bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a
aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto
bancario. Artículo 18 Asistencia judicial recíproca (…) 8. Los
Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente artículo” (Subraya fuera de
texto).
[55]
La Ley 526 de 1999 crea la Unidad de Información y Análisis Financiero,
encargada de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.  En su
artículo 9º dispone: “Manejo de información. La Unidad creada en la
presente ley podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información
reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. (…) Las entidades
obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero deberán colocar en forma inmediata a
disposición de la Unidad de que trata esta ley, la información atinente al
conocimiento de un determinado cliente o transacción u operación cuando se les
solicite. (…) Para los propósitos de esta ley, no será oponible la reserva
bancaria, cambiaria y tributaria respecto de las bases gravables y la
determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones
tributarias. (…) La información que recaude la Unidad de que trata la
presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como
resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las
entidades enumeradas en los artículos 3º y 4º de la presente ley.” (Subraya
fuera de texto)
[56] El Decreto 2056 de 1999 (Convención Interamericana
contra la Corrupción) establece en su artículo XVI: “Secreto bancario. El
Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada
por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este
artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su
derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos
bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.
(…) El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del
proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado
Parte requerido” (Subraya fuera de texto).
[57] Ley 30 de 1986 (por la cual se
adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes). “Artículo 50. Respecto de las
personas sindicadas de algunas de las conductas descritas en la presente Ley,
como delitos o de quienes se hallen sujetas a diligencias preliminares por una
de tales conductas, no habrá reserva bancaria ni tributaria alguna, pero
esta reserva sólo podrá levantarse mediante providencia motivada emanada de
Juez” (Subraya fuera de texto).
[58] El Decreto 1092 de 1996 (por el
cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo
Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, DIAN),
dispone en el capítulo acerca de la determinación y sanción del las
infracciones al Régimen Cambiario.  “Artículo 7. (…) A las actuaciones de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en esta materia no se podrán oponer
la reserva bancaria ni judicial; sin embargo, los documentos que se
obtengan seguirán amparados por la reserva que la ley establezca respecto de
ellos, para lo cual se conformará con ellos un cuaderno separado. Quienes
tengan acceso al expediente que contenga una investigación administrativa
cambiaria, están obligados a guardar la reserva debida sobre los documentos que
allí reposen y tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley.”
Igualmente, ver el artículo 8º del Decreto 1746 de 1991 (por medio del cual se
establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario
a seguir por la superintendencia de cambios): “A las actuaciones de la
Superintendencia no podrán oponer la reserva bancaria, tributaria ni judicial;
sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán amparados por la reserva
que la ley establezca respecto de ellos”. (Subrayas fuera de texto)
[59] El literal i) del numeral 3 del artículo 326 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 80 de la
Ley 795 de 2003 establece: “Funciones de la Superintendencia Bancaria. i)
Evaluar la situación de las inversiones de capital de las entidades vigiladas,
para lo cual podrá solicitar a éstas, la información que requiera sobre dichas
inversiones, sin que sea oponible la reserva bancaria.” (Subraya fuera
de texto). Adicionalmente, de acuerdo al numeral 2º del artículo 102 del mismo
estatuto, los administradores de las entidades bancarias están obligados a
reportar ante la Fiscalía General de la Nación, o a los organismos policiales,
“cualquier información relevante sobre
manejo de fondos cuya cuantía o características  no guarden relación con la
actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que
por su número, por las cantidades transadas o por las características
particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a  sospechar que los
mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o
invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas”.
Posteriormente, en virtud del artículo 40 de la Ley 190 de 1995, dicha
obligación fue extendida a todas las personas sometidas a inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria y de Valores.
[60]
La Ley 510 de 1999, en su artículo 121 dispone lo siguiente: “Transitorio.
Créase una Comisión de la Verdad para que le informe al país sobre las causas y
los responsables de las pérdidas del sector financiero estatal. (…) Respecto de
la comisión no podrá oponerse la reserva bancaria y todos los
funcionarios públicos están obligados a ofrecerle la información que requiere
para el cumplimiento de sus funciones dentro de los diez (10) días siguientes
al requerimiento respectivo. (…)” (Subraya fuera de texto)
[61]
Decreto 1649 de 1991 (por el cual se establece el régimen disciplinario de los
funcionarios de la dirección general de aduanas) “Articulo 29. Reserva de las investigaciones. Las diligencias
preliminares son de carácter reservado y sólo podrán ser examinadas por
autoridad competente. Una vez abierta la investigación disciplinaria tendrán
acceso a ella el investigado o su apoderado, a quienes se podrá expedir copia
de la actuación. Sólo se podrá dar copia a terceros cuando se haya decidido
definitivamente el proceso. En ellas no podrá oponerse al investigador la
Reserva Bancaria o de algún otro tipo, pero los documentos o informaciones
reservadas que se alleguen en desarrollo de lo expuesto, no podrán darse a
conocer sin incurrir en falta grave.” (Subraya fuera de texto)
[62]
La Corte ya ha aplicado estos principios en casos en los cuales los organismos
estatales requieren de información protegida por el derecho a la intimidad. En
un asunto tributario, en el cual una norma legal obligaba a los operarios
colombianos de Internet a suministrar a la DIAN, información de sus
transacciones económicas, la Corte consideró los siguiente: “(E)n los casos
en los que resulten amenazados derechos fundamentales de los asociados por
efecto de una disposición legal, sólo admite aquellas limitaciones que resulten
estrictamente necesarias para alcanzar los fines buscados por la norma. Es
indispensable, entonces, cumplir con los referidos principios de relevancia y
finalidad de la información que pueda requerir la administración tributaria.” La
Corte, en sentencia C-1147 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), declaró
exequible el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, “en el entendido que la
información que puede requerir la DIAN es la directamente relevante y
estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones en ejercicio de
sus competencias legales”. De otra parte, en relación con la divulgación de
información almacenada en bases de datos accesibles por Internet, en la
sentencia T-729 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), la Corte sostuvo que “según
el principio de finalidad, tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación
de los datos personales, debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de
manera clara, suficiente y previa”. En dicha sentencia, la Corte concedió
la tutela al derecho a la intimidad de un ciudadano cuyos datos personales
aparecían en una base de datos del Departamento Administrativo de Catastro de
Bogotá, la cual era accesible al público a través del Internet, y cuya
información incluía su dirección, zona de conservación, vigencia de la
formación, tipo de propiedad, estrato, área de terreno y área de construcción.
[63] En relación con la reserva de libros y documentos de
los comerciantes, los artículos 64 y 65 del Código de Comercio establecen lo
siguiente: Artículo 64: “Los tribunales o jueces civiles podrán ordenar, de
oficio o a instancia de parte, la exhibición y examen general de los libros y
papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de
sucesiones, comunidades o sociedades.” Artículo 65 “En situaciones distintas de
las contempladas en los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados
los libros y papeles de comercio, mediante exhibición ordenada por los
tribunales y jueces, a petición de parte legítima, pero la exhibición y
examen se limitarán a los libros y papeles que se relacionen con la
controversia. (…)” Por su parte, el artículo 288 del Código de
Procedimiento Civil dispone los siguiente: “Artículo 288. Exhibición de libros
y papeles de los comerciantes. Podrá ordenarse de oficio o a solicitud de parte
la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante. La diligencia se
practicará ante el juez del lugar en que los libros se llevan y se limitará
a los asientos y papeles que tengan relación necesaria con el objeto del proceso
y la comprobación de que aquellos cumplen con las prescripciones legales.
(…)” (Subraya fuera de texto). Aunque la doctrina diferencia entre la reserva
de libros y documentos privados del comerciante por un lado, y el secreto
bancario de que trata el asunto presente, por el otro, la Superintendencia
Bancaria y algunos autores estiman que la normatividad comercial acerca de
libros y documentos privados, dentro de la cual se ubican los artículos 64 y 65
mencionados, es el fundamento legal que configura el secreto bancario. Al
respecto, la Superintendencia Bancaria se ha pronunciado en los siguientes
términos: “Diversas son las posiciones adoptadas en torno a la naturaleza y
origen de la reserva bancaria. Algunos encuentran su fuente en la costumbre
mercantil, otros la extienden al negocio jurídico arguyendo que en él se
encuentra implícito el deber de la reserva del banquero. Se recurre también al
respaldo que brindan lo preceptos del artículo 38 de la Constitución Política,
las de las disposiciones del Código de Comercio sobre libros y papeles del
comerciante, y los del Código Penal sobre violación de secretos. Estas
disposiciones, aunque no se refieren expresamente a la reserva bancaria como
previsión jurídica precisa y expresa, sí configuran su fundamento legal y
permiten a las instituciones financieras negar a otros el acceso a la
información que poseen sobre sus clientes, excepción hecha de aquellos eventos
en que, de acuerdo con la ley, están obligados a mostrar sus libros, archivos y
papeles (...)” (Concepto 015223 de 5 de Abril de 1989, subraya fuera de
texto). En el mismo sentido,  “(e)l deber de guardar la mencionada reserva
no es absoluto, dado que existen algunas normas de excepción que permiten su
levantamiento (C de Co. Artículo 63), amén de que, en atención a que la
intimidad bancaria y documentaria favorece a su clientela del establecimiento
bancaria y es ella, precisamente, la titular del derecho a que no sean
divulgadas determinadas informaciones, resulta evidente que cuando concurra su
voluntad  y consentimiento, puede válidamente oponerse la reserva frente a
quien es titular de tal derecho o prerrogativa.” (Concepto OJ-050 de 8 de
Marzo de 1982, subraya fuera de texto)
[64]
Son diferentes la reserva bancaria que deben observar dichas entidades con sus
clientes y la reserva comercial es decir, la inviolabilidad de los documentos y
de las informaciones propias de las entidades bancarias como establecimientos
de comercio.
[65]
Cfr folio 101 del expediente.
[66] Dicha disposición establece: “Artículo 88. La
ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad
y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva
por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.” La Ley 472 de 1998
dice así, “Artículo 3º. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas
por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos
los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los
perjuicios.”
[67] La Corte Constitucional ha establecido que existe una
vía de hecho cuando el juez de instancia omite aplicar normas de carácter
constitucional. Por ejemplo, la sentencia SU-120 de 2003 (MP Alvaro Tafur
Galvis) dejó sin efectos tres fallos proferidos por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en los cuales se había negado a los actores la indexación
de la primera mesada pensional. La Corte consideró que las sentencias
accionadas habían omitido aplicar los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta
Política.
[68] Artículos 64 y 65 del Código de Comercio precitadas.
[69]
Ver por ejemplo las normas legales citadas en el apartado 4.3.2. de esta
sentencia.