T-832-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-832/11
DERECHO A LA EDUCACION-Procedencia de la acción de tutela para su protección/ACCION
DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Procedencia para protección
derechos de estudiantes
El carácter de la acción de tutela es residual y
subsidiario, motivo por el cual el ordenamiento jurídico ha prescrito, tan sólo
en determina
dos casos, ciertos requisitos para autorizar su
procedencia. La ocurrencia de un perjuicio irremediable ocasionado por la
acción u omisión de la entidad pública o el particular encargado de la
prestación de un servicio público, entre otras, es una causal determinante para
considerar la procedencia de la mentada acción constitucional para proteger los
derechos fundamentales en el caso concreto. De igual manera, la Corte considera
que la ineficacia o lo inadecuado de los medios ordinarios de defensa,
valorados a la luz de los presupuestos fácticos del proceso, configuran otra
razón de índole constitucional que habilita a los ciudadanos a acudir a la
acción de tutela.
COLISION DEL PRINCIPIO DE
LAICIDAD Y DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL AMBITO DE LA EDUCACION-Panorama de derecho comparado
DERECHO A LA LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Jurisprudencia constitucional colombiana
i) el Estado colombiano tiene un carácter laico lo
cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones
que existen en el país, asegurando de esa forma el pluralismo, la coexistencia
igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas. ii) La
libertad religiosa sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa
ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene
derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas
se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de
modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede
invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al
sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de
compelirlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su
conciencia (artículo 18 C.P.). iii) Particularmente, para el creyente la
coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión,
reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de
complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón
ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad
religiosa. iv) La disposición sobre libertad religiosa también protege la
posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, v) la libertad
religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que
en ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante.
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS-Límites al
ejercicio
i) Los límites del ejercicio de la libertad
religiosa, al igual que en los demás países en el derecho internacional de los
derechos humanos, han de ser determinados por el legislador por medio de una
ley. ii) Las razones a partir de las cuales está permitido restringir el ámbito
de aplicación de esta libertad pública son, acorde al artículo 4 de la Ley 133
de 1994 y demás enunciados, la protección del derecho de los demás al ejercicio
de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de
la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos
del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática. iii)  La
necesidad o indispensabilidad de las medidas adoptadas se analiza fundamentalmente,
con la aplicación del principio de proporcionalidad.
REGLAMENTO EDUCATIVO-Racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad en
limitaciones a las libertades
DERECHO A LA EDUCACION, A LA
LIBERTAD RELIGIOSA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Caso en que se exigió uso del pantalón como requisito
para ser admitidas en el Programa de Educación Complementaria a estudiantes
pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
ACCION DE TUTELA CONTRA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Orden para
modificar Manual de convivencia con relación al uso de pantalón como requisito
para Programa de Educación Complementaria
Referencia: expediente T-3114102 Acción de tutela
instaurada por Elizabeth Mosquera Rodríguez y otras contra Escuela Normal
Superior Demetrio Salazar Castillo de Tadó, Chocó.
Magistrado
Ponente:
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Colaboró:
Federico Suárez Ricaurte
Bogotá,
DC., el tres (3) de noviembre de dos mil once (2011)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan
Carlos Henao Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina,
Chocó, el siete (7) de abril de dos mil once (2011), dentro de la acción
de tutela instaurada por Elizabeth Mosquera Rodríguez y otras contra Escuela
Normal Superior Demetrio Salazar Castillo de Tadó, Chocó.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1. El 13 de diciembre de 2010, las jóvenes Elizabeth
Mosquera Rodríguez, Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña, luego
de estudiar durante 6 años en la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar
Castillo, del municipio de Tadó,  Departamento del Chocó, solicitaron
verbalmente el cupo al Programa de Educación Complementaria ofrecido por dicha
institución.
2. El 16 de diciembre de 2010, las mencionadas jóvenes,
acompañadas por el Pastor Segundo de Tadó, Ramón Machado Mosquera, presentaron
una queja a los directivos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sobre su
inadmisión al Programa de Formación Complemantaria, ofrecido por la Escuela
Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.
3. El 11 de enero de 2011, las tres adolescentes
interpusieron acción de tutela. En su demanda expresaron que el cupo solicitado
el 13 de diciembre les fue negado porque en el Programa de Educación
Complementaria debían usar pantalón, pues tal era el comportamiento prescrito
en el Manual de Convivencia de la Escuela Normal.
4. En su demanda indican lo siguiente sobre su actual
condición:
“las accionantes somos
mujeres jóvenes con perfiles éticos y moral religiosa, cultura que adquirimos y
aprendimos en nuestro núcleo familiar con nuestros padres, resaltando el hecho
conocido por los que nos rodean, que en nuestra doctrina, las mujeres vestimos
con faldas adecuadas al desarrollo de nuestra personalidad y no con pantalones
ni bluyines; lo anterior con base en lo que dice la Biblia (palabra de Dios) en
el libro Deuteronomio capítulo 22 vesícula (sic) 5 que a la letra dice:
no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer,
porque, abominación es, a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace.
(…) a la escuela normal ya
referida, la tenemos en nuestro corazón, pues en ella cursamos, aprobamos y
recibimos toda la educación básica y media vocacional, es decir somos
normalistas formadas e instruidas en esa bella Institución Educativa donde
consideramos que se deben eliminar todas las formas discriminatorias en contra
de la mujer cuando por la educación se asciende a la excelencia.”
5. En la acción de tutela solicitan la protección de
sus derechos fundamentales a la educación, a la dignidad, a la igualdad y al
libre desarrollo de la personalidad. Aparte de dicha postura sus pretensiones son
las siguientes:
“Segundo: Que en forma
inmediata se le ordene al señor rector: cedernos el cupo y la orden pertinente
para ser matriculadas sin el impedimento motivo de esta tutela.
Tercero: Que no se utilicen
represarías (sic) en nuestra
contra en el entorno institucional.”
Respuesta de la entidad demandada
Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo
La entidad demandada solicitó que no se tutelaran los
derechos de las accionantes y “en su defecto se sirva archivar la actuación,
ya que no se puede vulnerar derechos, sin iniciar el trámite de ingreso a la
institución, esas afirmaciones temerarias, no se pueden permitir señor Juez,
ellas deberán comenzar el trámite normal de ingreso al Programa.”
El primer argumento que se expuso de parte de la
entidad es que las accionantes no han ingresado al Programa de Formación
Complementaria:
“(…) el aspirante debe de (sic)
solicitar un formato, y presentar una entrevista, en el caso que nos ocupa,
la accionante no ha realizado este procedimiento, el cual es de obligatorio
cumplimiento paro (sic) todos los aspirantes, no se entiende cómo las
actoras hablan de discriminación, y ni siquiera han solicitado el formato de
admisión, que sería el primer paso para ingresar al (P.F.C), si ellas lo
solicitan y el colegio lo niega es allí donde podrían hablar de una vulneración
de los derechos que ellas pretenden hacer valer ante usted señor Juez.”
En segundo lugar, la institución educativa hizo
referencia al uso del pantalón en sus instalaciones:
“En la cita Bíblica que
hacen las accionantes, hablan de prendas de hombres, pero como podemos observar
en este mundo moderno los pantalones son tanto para hombres, como para mujeres,
si ellas no lo quieren tan pegados al cuerpo podrán hacerlos de una manera más
suelto, (sic) de tal forma que no les marque el cuerpo, si durante seis
años utilizaron las suaderas (sic) que son pantalones largos, porque
ahora no pueden utilizarlos, como se consagra en el Manual de Convivencia
Institucional en su artículo 11, párrafo 3, (…)”
Pruebas
3.1. Allegadas por el demandante:
- Copia del escrito suscrito por el Pastor Ramón
Machado Mosquera y las accionantes, dirigido a los directivos de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia con fecha del 16 de diciembre de 2010. (F. 8) De
este texto se destaca lo siguiente:
“(…) la presente es para
solicitar su colaboración, ya que se nos ha presentado un problema para
realizar el Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior
Demetrio Salazar Castillo de Tadó. Nosotras estudiamos todo el bachillerato en
dicha institución sin ninguna dificultad, al culminar la básica secundaria y
querer inscribirnos habiendo cupo, se nos negó continuar con nuestra educación
en el Programa de Formación Complementaria.
El motivo del rector de la
institución Fabio Teolindo Perea Hinestroza para no aceptarnos, es que el
manual de convivencia fue reformado en el 2007; donde no se permite que las
estudiantes usen faldas, alegando que causan desorden en la institución en
cuanto al uso de los uniformes. Pero en la institución se está presentando
desorganización en los uniformes y no han sido corregidos hasta el momento.
Nota: Nosotras fuimos a inscribirnos
el día 13 de diciembre de 2010 donde había cupo para estudiar y no fuimos
aceptadas, en estos momentos los cupos han sido agotados.”
- Declaraciones juramentadas rendidas por las
accionantes, practicadas el 20 de enero de 2011. (F. 22) De esta prueba se
destaca lo siguiente:
“Manifiéstele al despacho si
usted ha hecho algún tramite ante el rector de la Normal, solicitando copu (sic) para adelantar el ciclo complementario, de
ser afirmativo cual? (…) Sí adelante tramite, yo hable personalmente con el
rector de la Normal, respecto al ingreso mio (sic) del ciclo
complementario, respondiéndome que no podía estudiar si no portaba el uniforme
de la Normal, dijo el Rector que si no me ponía el pantalón del uniforme
estaría dañando el uniforme y además no me podía recibir por que (sic) en
el manual de convivencia dice que el uniforme es pantalón y al yo ponerme una
falda estaría contradiciendo el manual de convivencia, ese el motivo por el
cual me negó el cupo. (…) Manifiéstele al despacho si cuando usted hizo la
solicitud de ingreso, lo hizo dentro del término establecido por la institución
para  inscripción? (…) Si la hice dentro del termino de inscripciones, pero en
estos momentos no me acuerdo de la fecha exacta. (…) Tengo para manifestar que
yo me presente (sic) hablar con el rector en compañía de Noris y
Marcela, la mamá de Marcela, mi madre, el pastor y un hermano de la iglesia y
todos nos dieron la misma respuesta, aunque el rector decía y toda vía (sic)
sigue diciendo que una de nosotras esta (sic) inscrita y que en caso de
el (sic) dar el cupo lo daría solamente a la que se inscribió, pero de
nosotras ninguna se inscribió por que a todas nos dijeron lo mismo, pero la que
recibía tenía que ser obligatorio usar el pantalón. (…) Manifiéstele al
despacho cual fue el trámite que realizo (sic) respecto de la
inscripción para la adquisición del cupo en el Ciclo? (…) Yo fui a la Normal un
lunes 13 de diciembre de 2010, por que (sic) iba a llevar el formulario
y la plata de la inscripción, pero no alcance (sic) a entregárselo al
profesor Jorge Quiñones que era el encargado de recibir las inscripciones, pero
el (sic) no se encontraba allí, había salido, entonces una compañera me
dijo que fuera a presentar el examen de admisión en el aula máxima y cuando me
dirigí hacia ella, me enconare (sic) con la profesora Laudasis Quintero,
y ella me pregunto (sic) que si yo iba a ingresar al ciclo, yo la (sic)
respondí que si (sic), entonces ella me pregunto, que si yo podía
usar el pantalón, yo le conteste (sic) que no, entonces ella me dijo que
si ya me había inscrito, yo le dije que no, como el rector no estaba ella me
dijo que esperara por que (sic) si yo no podía usar el pantalón no podía
ingresar, y me dijo que tenía que esperar para que el rector y este que le
manifestó? (…) El nos dijo a mis compañeras aquí presente (sic), que el
(sic) no nos negaba el cupo, si no (sic) que lo que no permitía era
que dañaramos (sic) el uniforme usando faldas y que nosotros nos
podíamos inscribir pero teníamos que someternos al manual de convivencia, es
decir, utilizar el pantalón que usan los del ciclo. (…)”.
3.2. Allegadas por la entidad demandada:
- Copia de las páginas 17 a 20 y 52 a 54 del Manual de Convivencia de la Normal Superior de Tadó. (F. 20) Las partes
relevantes para la solución del caso serán transcritas a continuación:
“Capítulo III
Uniforme Escolar
Artículo 10° Uniforme
escolar. Para la identificación de los alumnos y alumnas de todas las sedes se
establecen los uniformes diario, deportivo, de gala, de práctica docente y del
ciclo complementario.
Artículo 11° Uniforme
diario. Los estudiantes portarán con elegancia y pulcritud el uniforme oficial
según diseño establecido por la institución.
El vigente para los hombres
corresponde a: pantalón azul Marino (sin adornos y bordados); sueter color azul
cielo, manga corta con ribetes de color azul marino según diseño y con el
escudo institucional, zapatos de amarrar cuero negro, medias color azul marino
(no tobilleras), correa negra sencilla con hebilla.
Las mujeres en igual
condición de los hombres portarán el suéter de diseño y falda escocesa (colores
azul y blanco) según diseño institucional y portado hasta la altura de la
rodilla acompañada de pantalón corto interno (como protector); zapatos de
amarrar cuero negro y medias de color azul marino con vivos blanco en la parte
superior.
Para el Ciclo
Complementario Presencial el uniforme diario tendrá las siguientes
características: hombres y mujeres con pantalón color azul marino, zapatos
negros elegantes, camisa corta color guayaba.
Para las prácticas docentes
los estudiantes portarán el uniforme de gala.” (Subrayado fuera del texto original)
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia. Juzgado Promiscuo Municipal de
Tadó, Chocó.
El Juez de Primera instancia resolvió negar la acción
de tutela. La razón central de dicha determinación obedeció a valoraciones de
índole probatorio:
“Respecto de la protección
efectiva de los derechos fundamentales los cuales solicitan protección vía
tutela las accionantes, el despacho al realizar un examen de lo acaecido,
observa que dicha solicitud carece de soporte probatorio, ya que al señalar a la
Entidad tutelada les haya negado el Cupo para acceder a la educación del ciclo
complementario, debe estar probado dicha negativa, siendo una institución
educativa de orden estatal, el procedimiento de matrícula se ciñe a unos
lineamientos indicados en el manual de convivencia y deben de ser superados; sí
después de haber realizado el procedimiento, y superar todos los trámites, se
niega el cupo, se entiende que se materializa la vulneración al derecho
fundamental que se solicito (sic) protección, pero de las pruebas
aportadas al cuaderno tutelante, no se evidencia que hayan agotado
procedimiento alguno para que les fuese negado el referido cupo, y menos aun
por los motivos expuestos; reiterado en la diligencia surtida en el despacho
por las tutelantes donde se les requirió para que precisaran acerca de la
realización del procedimiento para la obtención del cupo en el ciclo señalado.
En tal sentido esta sede judicial deniega la acción, por carecer de fundamento
probatorio.”
Recurso de apelación
interpuesto por las accionantes
Además de los argumentos
expuestos en la acción de tutela, las accionantes expresaron lo siguiente:
“Hemos podido notar que el
fallo demarca el exceso de poder judicial, que contribuye a favorecer al Rector
de la Institución y las políticas discriminatorias y coercitivas de un manual
de convivencia que obliga a sus aspirantes y estudiantes a utilizar uniformes
que solamente van en contra del desarrollo de la libre personalidad. La violación
del derecho fundamental a la educación que hace el rector a estas humildes
mujeres, se identifican con los propósitos dolosos de esa institución
educativa. Este hecho amerita sea escuchado por los honorables Magistrados de la
Corte Constitucional quienes han emitido los fallos que demanda la prevalencia
del derecho de la educación de las personas que están en vía de un desarrollo
integral que al no tenerlo pone en peligro su libre personalidad y su vida.
El Akuo (sic) en su fallo solamente hace referencia al
testimonio probatorio del señor Fabio Teolindo Perea Hinestroza dejando de lado
los testimonios aportados por las demandantes configurando así la violación de
un debido proceso, cuando Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris Yaselis Mosquera
Perea y Marcela Rodríguez Peña lo que dijimos ante Juez es verdad sustentada
con seguridad y carácter.”
Segunda Instancia. Juzgado Civil
del Circuito de Istmina, Chocó
El Juez Civil del Circuito, por
medio de providencia proferida el 7 de abril de 2011, confirmó la sentencia proferida
en primera instancia. En primer lugar, indicó que existía ausencia de los
materiales probatorios exigidos para conceder el amparo:
“El estudio de la
documentación aportada al plenario, analizado en conjunto con las referencias
jurisprudenciales anotadas, hacen concluir la inexistencia de la violación de
los derechos fundamentales alegados por las accionantes, pues la informalidad
predicable de la acción de tutela en manera alguna puede conllevar al
desconocimiento de la prueba mínima necesaria para conceder el amparo.
Los testimonios vertidos por
las tutelantes son coincidentes en afirmar que éstas no hicieron la solicitud
formal de inscripción ante la institución educativa accionada, requisito
necesario para acceder a él (…)”
Y concluyó afirmando lo
siguiente:
“Así las cosas, diferente
hubiese sido si una vez agotado el anterior procedimiento por las tutelantes, la
Normal Superior de Tadó, se hubiese negado a aceptar a las postulantes so
pretexto de que no se les era permitido usar faltadas (sic) como se los exige
su religión, pues la libertad de culto reconocida por la Constitución Política
de 1991, impide un trato discriminatorio en situaciones como las esbozadas. En
sí, ante la ausencia del inicio del trámite para aspirar los estudios del
Programa de Formación Avanzada no se ha materializado la vulneración alegada,
máxime cuando en el expediente se echa de menos la prueba indicativa de que la
negativa de los cupos se haya presentado y más aún, generada por la limitante
del uso de los pantalones que predican las tutelantes.”
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Corte es competente para revisar el presente
fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2. El expediente de la referencia fue seleccionado
para revisión por medio del auto del dieciocho (18) de julio de dos mil once
(2011), proferido por la Sala de Selección Número Siete.
3. El problema jurídico que debe establecer la Sala
Tercera de Revisión consiste en determinar si la Escuela Normal Superior Demetrio
Salazar Castillo del Municipio de Tadó, Departamento del Chocó, vulneró los
derechos fundamentales a la educación, a la libertad religiosa y a la dignidad
humana a Elizabeth Mosquera Rodríguez,
Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña quienes son feligreses de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
por cuanto les exigió el uso de pantalón, acorde a los términos prescritos en
el Manual de Convivencia de dicha institución, como requisito para ser
admitidas en el Programa de Educación Complementaria que ofrecía dicha
institución.
4.
El orden que se adoptará para el estudio y solución de tal problema es: i) Procedibilidad
de la acción de tutela para solicitar la protección del derecho fundamental a
la educación contra establecimientos educativos. ii) Panorama de derecho
comparado respecto a la colisión del principio de laicidad y de libertad
religiosa en el ámbito de la educación. iii) La libertad religiosa y de
cultos en los establecimientos educativos, a la luz de la jurisprudencia
constitucional colombiana. iv) Límites al ejercicio de la libertad
religiosa en el derecho constitucional colombiano y en el derecho internacional
de los derechos humanos y v) la solución del caso concreto.
1. Procedibilidad de la acción de tutela para
solicitar la protección del derecho fundamental a la educación contra
establecimientos educativos
1.1. La Corte Constitucional ha considerado que el
derecho a la educación es un derecho fundamental por ser “inherente y
esencial al ser humano, dignificador de la persona humana, además de constituir
el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia,
la técnica y los demás bienes y valores de la cultura”[1]. En
esta medida, se trata de un derecho fundamental porque, “comporta un factor
de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el
desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades”[2]. Adicionalmente,
este derecho tiene un núcleo esencial que, “está comprendido por la potestad
de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita
una adecuada formación, así como de permanecer en el mismo”[3].
1.2. El carácter de la acción de tutela es residual y
subsidiario, motivo por el cual el ordenamiento jurídico ha prescrito, tan sólo
en determinados casos, ciertos requisitos para autorizar su procedencia. La
ocurrencia de un perjuicio irremediable ocasionado por la acción u omisión de
la entidad pública o el particular encargado de la prestación de un servicio
público, entre otras, es una causal determinante para considerar la procedencia
de la mentada acción constitucional para proteger los derechos fundamentales en
el caso concreto. De igual manera, la Corte considera que la ineficacia o lo
inadecuado de los medios ordinarios de defensa, valorados a la luz de los
presupuestos fácticos del proceso, configuran otra razón de índole
constitucional que habilita a los ciudadanos a acudir a la acción de tutela.
1.3. En la sentencia T- 763 de 2006, se reiteró que la
acción de tutela procede para proteger la continuidad en la prestación del
servicio público de educación: “En diferentes oportunidades la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de continuidad
garantiza la efectiva prestación y la permanencia del servicio público de
educación[4], de tal modo que, las
interrupciones que excepcionalmente se presenten deben estar debidamente
justificadas. En este sentido, es claro que cualquier tipo de controversia que
se genere en desarrollo de la prestación del servicio, y que afecte su continuidad,
repercute directamente en el ejercicio del derecho fundamental a la educación,
de tal modo que, atendiendo a las causales de procedencia excepcional de la
acción de tutela señaladas anteriormente, la misma puede usarse con la
finalidad de preservar la continuidad del proceso formativo. Tal procedencia
puede darse, según las circunstancias del caso, de manera definitiva o
transitoriamente mientras el asunto se decide en la vía ordinaria.”
2. Panorama de derecho comparado respecto a la colisión
del principio de laicidad y de libertad religiosa en el ámbito de la educación.
2.1. En el presente recuento de derecho comparado la
Corte desea poner de presente el tratamiento que confiere el ordenamiento
jurídico de los países bajo estudio, a aquellas situaciones en las cuales los
estudiantes que profesan una determinada religión minoritaria utilizan símbolos
o atuendos acorde a las convicciones que profesan en su lugar de estudio. Si
bien es cierto que el presente caso carece de varios de los elementos que a
continuación se van a resaltar, esta Corporación quiere poner de presente las
diversas implicaciones constitucionales involucradas en la materia. El objetivo
de este acápite consiste en ubicar el presente problema jurídico en el contexto
internacional que hoy se presenta sobre el particular.[5]
Los siguientes son los casos en los que se  desarrollará el presente capítulo:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Suiza, Francia, Turquía, Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos y un caso de Uzbekistán estudiado por el Comité de Derechos
Humanos.
2.2. La sentencia más controversial que se ha proferido
recientemente en el Tribunal Europeo de DDHH es el de Sahin c. Turquía que
trataba de la negativa de admitir a las clases o exámenes de la Universidad de
Estambul a las alumnas que tuvieran la cabeza cubierta. En la sentencia del
Tribunal se sostenía que el concepto de secularismo estaba acorde con los
valores consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con respecto al
artículo 9 del Convenio Europeo[6], "el Tribunal
entendió que, al examinar la cuestión del pañuelo islámico en el contexto de
Turquía, había que tener presente el efecto que portar ese símbolo, que se
presentaba o veía como obligación religiosa, podía tener en quienes optaban por
no llevarlo"[7].
2.3. El Tribunal consideró que la medida estaba prescrita
por la Ley. Para ello se apoyó en la interpretación que los Tribunales internos
hicieron de la Ley aplicable en materia de vestimenta en los centros
educativos. El TEDH constató que la medida adoptada perseguía un fin legítimo,
a saber, la protección de los derechos y libertades de los demás y la
protección del orden público, mediante la salvaguarda de laicidad que garantiza
la Carta Magna. También considera que este principio como garantía de los
valores democráticos, constituye el nexo entre libertad e igualdad. Este
principio impide que el Estado realice actuaciones tendientes a privilegiar a
una religión en particular. El principio en mención también sirve para proteger
a los individuos no sólo de las hipotéticas injerencias arbitrarias del Estado,
sino de movimientos extremistas. La juez Belga Francoise Tulkens se apartó de
la decisión mayoritaria[8].
2.4. Otro caso del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos es el de Dahlab c. Suiza. En ese evento se inadmitió la solicitud de
una profesora de escuela a quien se le había prohibido llevar un pañuelo en la
cabeza en el desempeño de su deber profesional. El Tribunal sostuvo que una
maestra que lleva "un símbolo externo elocuente", como un
pañuelo en la cabeza, puede tener cierto efecto proselitista en los menores, en
este caso de 4 a 8 años de edad. El Tribunal estuvo a favor de la opinión del
Tribunal Federal de Suiza de que la prohibición de cubrirse la cabeza con un
pañuelo en el contexto de las actividades docentes de la peticionaria estaba
justificada por la posibilidad de injerencia en las creencias religiosas de sus
alumnos, otros alumnos de la escuela y los padres de los alumnos y por el
quebrantamiento del principio de neutralidad confesional de las escuelas[9].
2.5. Un país que es de obligatoria referencia en este
recuento es Francia[10]. El 15 de marzo de 2004,
se promulgó la Ley N° 2004-228 cuyo artículo 1 prohibía el porte de los
símbolos religiosos en los colegios públicos, incluido el velo islámico pero
también la kippa judía o las grandes cruces. Antes de la sanción disciplinaria,
que puede ser una expulsión, es obligatoria adelantar un dialogo con el
estudiante. El ámbito de la ley se limitó únicamente a los alumnos de los
colegios públicos, por tanto no rige para los profesores de estos colegios, ni a
los alumnos de universidad, o en ningún otro lugar público.
2.6. El 8 de octubre de 2004, el Consejo de Estado
Francés se pronunció sobre este tema: “Considerando que las disposiciones de
la circular atacada no violan ni las estipulaciones del articulo 9 de la
Convenio Europeo de los derechos humanos y libertades fundamentales, ni las del
artículo 18 del Pacto internacional, relativos a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión, porque la prohibición enunciada por la ley, y
aplicada por la circular, no es excesiva, especialmente considerando el fin de
interés general que está en su objeto, es decir el respeto del principio de
laicidad en las escuelas publicas[11]”.
2.7. La Relatora Especial sobre Libertad de Religión o
Creencias, Asma Jahangir, puso de presente las observaciones formuladas por el
Comité de los Derechos del Niño el 4 de junio de 2004 acerca del caso francés, “el
Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el hecho de que la ´nueva
legislación (Ley Nº 2004-228 de 15 de marzo de 2004), sobre el uso de símbolos
y vestimentas religiosos en las escuelas públicas, pueda ser contraproducente,
al pasar por alto el principio del interés superior del niño y el derecho del
niño a tener acceso a la enseñanza (...) El Comité recomienda que el Estado
Parte (...) considere otros medios, entre ellos la mediación, para asegurar el
carácter laico de las escuelas públicas, al mismo tiempo que se garantice que
no se vulneran los derechos individuales y que los niños no quedan excluidos o
marginados del sistema escolar y otros entornos (...) El código de la
vestimenta en las escuelas podía abordarse dentro de las propias escuelas
públicas, y alentarse la participación de los niños`”[12].
2.8. Como se evidenció en el caso Sahin c. Turquía del
TEDH, este es un país en el cual este asunto adopta particular interés[13].
Aparte de dicho proceso, la decisión “Turban” de la Corte Constitucional de
Turquía adoptada en 2008[14] es la determinación más
relevante en esa nación. Dicha Corte se opuso a una reforma constitucional presentada
por el Gobierno relativa a una ley sobre la libertad de vestir[15] en las universidades, la
cual pretendía enmendar los artículos 10 y 42 de la Constitución turca.
Teniendo en cuenta que la revisión permitía la liberalización del uso del velo
en las universidades, la Corte Constitucional turca decidió que estos cambios
eran contrarios al principio de laicidad y los declaró contrarios a la Carta
Política en virtud de la cláusula de inmutabilidad prescrita en el artículo 4
de la Constitución[16] que prohíbe cualquier revisión en esta área. En este
caso, la Corte hizo una distinción entre el "poder constituyente
originario" – la Constitución – y el "poder constituyente
derivado" – el Congreso; por lo que para modificar tal principio el único
competente sería el pueblo.
2. 9. Un modelo diferente al turco y al francés es el que
se presenta en Reino Unido. El modelo británico de integración sigue la idea de
un modelo de pluralismo cultural. La práctica de religión por minorías étnicas
y religiosas es protegida y la reglamentación de las escuelas se deja a
discreción de los responsables de los respectivos establecimientos. Pero
generalmente, usar el velo, la kippa o el turban sijh es tolerado[17].
La Race Relations Amendment Act de 2000, que entró en vigencia desde el 2 de
abril de 2001, modificó la originaria Ley de Relaciones Raciales de 1976,
estableciendo la ilegalidad de discriminar a cualquier individuo por razones
raciales, de color, nacionalidad (incluyendo la ciudadanía) u origen étnico o
nacional, imponiendo la obligación a las autoridades públicas de promover la
igualdad racial.[18]
Estableció que las instituciones educativas, entre otras entidades publicas,
tienen la obligación de evaluar el impacto de todas las políticas que lleven a
cabo por iniciativa propia, analizando sus repercusiones sobre la comunidad
escolar. Respecto al uniforme escolar, que entra dentro de estos requisitos
generales, se espera que cada centro sea sensible a las necesidades de las
distintas culturas, razas y religiones, tanto de la población nativa como
inmigrante.
2.10. En marzo de 2007 entró en vigor una nueva
normatividad[19]
que establece que la dirección de cada escuela puede permitir o restringir la
utilización del velo que cubre las facciones de las alumnas, si consideran que
es un obstáculo para la seguridad o la formación académica de las mismas. Esta
nueva disposición no favorece ni inhibe el uso de esta prenda, simplemente
otorga las competencias sobre su uso a cada escuela. El  Ministerio de
Educación pide a las escuelas que se esfuercen por tener en cuenta los factores
religiosos de cada lugar y permitan que los estudiantes expresen libremente su
opción religiosa. Al mismo tiempo, recomienda que exista contacto visual entre
profesores y estudiantes para la optimización  del proceso educativo, ya que,
de lo contrario, se obstaculizaría el control del profesor sobre la evolución
de la alumna durante las sesiones lectivas.
2.11. El caso de Canadá es semejante al del Reino
Unido. El Tribunal Supremo de Canadá profirió una sentencia en 2006 sobre la
presente cuestión denominado Singh-Multani c. Marguerite-Bourgeoys[20]. Un
alumno perteneciente a la confesión religiosa sikh[21],
se le prohibió acudir al colegio con un símbolo religioso –un pequeño cuchillo
metálico denominado kirpan- cuyas creencias religiosas le exigen
llevarlo en todo momento. El Tribunal cuestiona si la decisión de las
autoridades educativas prohibiendo al alumno llevar su kirpan al colegio
infringe su derecho de libertad religiosa en los términos del artículo 2 de la
Carta canadiense o del artículo 3 de la Carta quebequesa. Si quedara acreditada
la infracción, habría que valorar si tal restricción está justificada en los
términos previstos por los artículos 1 y 9.1 de las citadas cartas.
2.12. A la luz de estos hechos, el Tribunal afirma que
las autoridades académicas tenían que demostrar que  tal limitación de la
libertad religiosa del estudiante se puede justificar en una sociedad libre y
democrática. Para cumplir este requisito se deben cumplir dos requisitos: i) demostrar
que el objetivo perseguido es suficientemente importante para justificar la
limitación de un derecho constitucional[22],
ii) acreditar que los medios empleados han sido proporcionales al objetivo en
cuestión, lo cual a su vez implica que ii.i.) la decisión debe tener una
conexión racional con el objetivo perseguido[23]
y que ii.ii.) la limitación debe tener la incidencia mínima posible –dentro de
un elenco de posibilidades razonables- sobre el derecho de libertad religiosa[24]. Ante dicha
metodología el Tribunal indicó que una prohibición general del empleo del kirpan
porque es símbolo de violencia tendría efectos negativos en el ámbito
educativo, entre ellos, reprimir la promoción de valores como el
multiculturalismo, la diversidad y el desarrollo de una cultura educativa
respetuosa con los derechos. En definitiva, los efectos indeseables de una
prohibición total de tal símbolo religioso sobrepasan sus efectos saludables. [25]
2.13. En los Estados Unidos también se han adoptado decisiones
judiciales relacionadas con el tema objeto de estudio. La colisión entre
libertad religiosa y neutralidad del Estado se ha ventilado, fundamentalmente,
en  ciertas Cortes de Apelaciones. La primera es la del Tribunal de Apelación
de los Estados Unidos, del Sexto Circuito en el caso Canady v. Bossier Parish
School Board[26]. En 1997, el Estado de
Louisiana adoptó una Ley permitiendo a las escuelas imponer uniformes. Así, el
Consejo Superior de los Escuelas Bossier Parish School impuso uniformes
obligatorios durante 1998-1999 en 16 de sus 34 escuelas, con el fin de
verificar si, en efecto, la implementación de uniformes ayudaría  a mejorar los
resultados escolares de los estudiantes. Luego las adoptó en todas sus
escuelas, sin excepción. Ciertos padres afirmaron que el uniforme impedía la
libertad de expresión, no mejoraba el ambiente escolar y violaba derechos
religiosos.
2.14. Los jueces de primera instancia consideraron que
la reforma no violaba la libertad constitucional de expresión de los
estudiantes y los jueces de  segunda instancia confirmaron dicha postura. Afirmaron,
en primer lugar, que la libertad de expresión, no es un derecho absoluto. De
igual forma, expresaron que la reglamentación de escuelas puede sobrepasar la
libertad de expresión de los estudiantes pero se deben verificar 4 puntos para
controlar la constitucionalidad de dicha reglamentación: i) la dirección de la
escuela debe tener el poder de hacer reglamentación, ii) la reglamentación debe
promover un interés sustancial de la dirección de la escuela, iii) la
reglamentación adoptada debe ser neutral y no promover la censura de la
expresión de los estudiantes y iv) las consecuencias de la reglamentación que
está en el interés de la dirección de la escuela no debe afectar demasiado la
libertad de expresión de los estudiantes. Los jueces consideraron que en el
presente caso, se cumplían estas condiciones.[27]
2.15. La otra decisión fue la adoptada por el Tribunal
de Apelación de los Estados Unidos, del Quinto Circuito en el caso Arocha v.
Needville Independent Scholl[28]. En los hechos de este
caso, el director de una escuela pública prohibía a un estudiante de 5 años
utilizar dos trenzas largas como expresión de sus creencias religiosas. El
director se basó en la reglamentación de la escuela que exige que los niños tengan
el pelo corto. Los padres y asociaciones de protección de los Nativos
Americanos interpusieron un recurso jurídico basado en el Texas Religious
Freedom Restoration Act  de 1993, TRFRA,[29]
que impone a las escuelas respetar y acomodar las creencias religiosas de todos
los estudiantes, de cualquier religión.
2.16. En efecto, los jueces aplicando el TRFRA
afirmaron que el estudiante tenía el derecho a utilizar artículos religiosos
como parte de su vestimenta, y por ejemplo trenzas largas como expresión de
creencias religiosas a la escuela a menos que esta tenga un interés primordial
para prohibir que porte dicho artículo. Para aplicar el TRFRA, los jueces
explicaron que: “Después de mostrar que el estudiante cree con sinceridad
que debe, por razones religiosas, tener el pelo largo, la familia del
estudiante debe demostrar que la prohibición de hacerlo seria realmente pesada,
en cuento a su libertad de ejercer su creencia religiosa (…) Se define caso por
caso y depende de las circunstancias individuales”.[30]
Y agregaron “Imponer a A.A. –el estudiante-  cortar su pelo constituía un
prohibición realmente pesada considerando el largo tiempo que pasa en la
escuela (…) significa para A.A. elegir entre renunciar a sus creencias
religiosas o renunciar a atender la escuela publica de Needville”[31].
2.17. Finalmente, la Relatora Especial sobre libertad
de religión o creencias puso de presente un caso del Comité de Derechos Humanos
que merece ser citado. La comunicación Nº 931/2000, Hudoyberganova c.
Uzbekistán, se refiere a una estudiante musulmana del Instituto Estatal de
Idiomas Orientales de Tashkent que, al parecer, fue suspendida por llevar la
cabeza cubierta. El 5 de noviembre de 2004, la mayoría del Comité de Derechos
Humanos, en vista de que el Estado Parte no había dado justificación alguna,
resolvió que se había violado el párrafo 2 del artículo 18 del Pacto. También
confirmó que "la religión comprende el derecho a llevar en público un
atuendo que esté en consonancia con la fe o la religión de la persona. Además,
considera que impedir a una persona que porte prendas religiosas en público o
en privado puede constituir una violación del párrafo 2 del artículo 18 del
Pacto, que prohíbe toda medida coercitiva que pueda menoscabar la libertad de
una persona de tener o de adoptar una religión"[32]. Tres miembros del
Comité, sin embargo, decidieron añadir un voto particular, en que hacían
alusión a la incertidumbre en torno a la cuestión y a causas más complejas de
que se suspendiera a la joven Hudoyberganova del instituto, según sus propias
declaraciones[33].
2.18. Del panorama internacional que se ha efectuado,
se coligen los siguientes elementos, los cuales permiten ubicar el sentido de
la decisión que debe adoptar la presente Sala de Revisión: i) en los Tribunales
y países referenciados se evidencia una colisión entre el principio de laicidad
y neutralidad del Estado con la manifestación externa de la libertad religiosa,
particularmente, con aquella que se expresa en los estudiantes que asisten a
las instituciones educativas de carácter público. ii) Una constante de este
recuento es que en aquellos países en los cuales existe una polémica fuerte
entorno al punto o la coexistencia de diferentes culturas o religiones, el
legislador ha abordado la materia y en dicha reglamentación se destaca la
aplicación del principio de proporcionalidad. Es decir, la restricción o el
permiso de utilizar este tipo de símbolos deben ser acorde a una finalidad constitucionalmente
válida, para lo cual se ha de adoptar un medio necesario para cumplir dicho
fin, y finalmente, la medida debe ser proporcional con el derecho limitado.
iii) Una peculiaridad de aquellos sistemas en los cuales se restringe el uso de
símbolos religiosos en los colegios públicos es que el principio de laicidad y
neutralidad de tales establecimientos se extiende a la apariencia de los
menores e individuos que frecuenten tales lugares, motivo por el cual, también
se ha advertido por parte de ciertos organismos, los riesgos que tal medida
puede ocasionar en el acceso y permanencia de los menores al derecho a la educación
y que se genere, por consiguiente, un tratamiento discriminatorio.
3. La libertad religiosa y de cultos en los
establecimientos educativos, a la luz de la jurisprudencia constitucional
colombiana
3.1. En este capítulo se explicarán los supuestos
constitucionales del ejercicio de la libertad religiosa a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. El énfasis que se ha incorporado
para realizar esta parte de las consideraciones versa sobre aquellos casos en
los cuales se ejerce este derecho, por parte de los estudiantes o sus familias,
en contradicción con los postulados expuestos por la institución educativa o su
manual de convivencia.
3.2. En primer lugar, la Corte ha establecido el principio
de separación entre las Iglesias y el Estado, el cual exige neutralidad de las
autoridades frente a las manifestaciones religiosas e impide que el Estado adhiera
o promueva una religión. Por ejemplo, en la sentencia C-350 de 1994, la Corte
declaró la inexequibilidad del artículo 2 de la Ley 1ª de 1952, la cual prescribía
que cada año se renovase la consagración oficial de la República de Colombia al
Sagrado Corazón de Jesús por intermedio del Presidente de la República o un
representante suyo, en ceremonia a verificarse el día en que se conmemora la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La Corte razonó de la siguiente manera:
“En síntesis, la
Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de
derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes
más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de
confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la
protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no
referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el
ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las
iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del
Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos
aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las
distintas confesiones religiosas.
Pero, incluso si se aceptara
que esas múltiples consagraciones son posibles, el argumento no es válido
porque parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado
colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia
entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo
cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta
materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la
igualdad de todas las confesiones religiosas.”
3.3. Posteriormente, se presentaron sentencias de
Salas de Revisión en las cuales se evidencia una colisión entre los
presupuestos expresados por un colegio y las convicciones de las estudiantes.
En la sentencia T-393 de 1997 se estudiaron varios expedientes relacionados con
adolescentes que eran madres solteras y a quienes se les negaba el acceso a la
educación, en razón de dicha condición, pues tal consecuencia jurídica estaba
prescrita en los manuales de convivencia de estos establecimientos educativos. Aunque
los hechos de esta providencia no se relacionan de manera franca con el
ejercicio de la libertad religiosa, la Corte estableció ciertas reglas que
fueron acogidas en otras providencias y que ameritan ser referenciadas para la
solución del caso concreto:
“Una vez más se insiste en
que el juez constitucional debe propender (sic) la convivencia de los derechos fundamentales reconocidos en la
Carta y en que, en el plano de la libertad que aquí se invoca, aquélla sólo
puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa unas ciertas creencias
religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a
proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se
desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo
tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede
invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al
sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de
compelirlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su
conciencia (artículo 18 C.P.).
Por lo tanto, no puede
afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento
moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el
desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente
en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas
de la profesión de sus ideas o de prácticas acordes con el libre ejercicio de
aquélla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil,
la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas.” (Subrayado fuera del texto original)
3.4. Otra sentencia que se ubica en el parámetro constitucional
descrito es la T-588 de 1998. En los hechos del caso, los padres, en
representación de sus niños, interpusieron acción de tutela en contra el
Instituto Técnico de Administración de Desarrollo Social “Luis Giraldo” de
Casacará, Cesar, y en especial contra un profesor por cuanto estiman que éste
vulneró el derecho de sus hijos a la libertad de conciencia y al libre
desarrollo de la personalidad al exigirles el cumplimiento del logro “ejecución
de ritmos”, el cual no pueden realizar porque el credo que profesan y la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la que pertenecen se los prohíben.
3.5. Ante esta situación, la Sala de Revisión
respectiva resolvió lo siguiente:
“La libertad religiosa,
garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado
credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta.
Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los
dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el
punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento
de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Si esto es así sería
incongruente que el ordenamiento de una parte garantizase la libertad
religiosa, pero de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más
valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de
coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este
elemento que pertenece al núcleo esencial de la libertad religiosa, define
igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que
refuerza si se quiere aún más la defensa constitucional de los modos de vida
que sean la expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas.
(…) .
En este caso, la experiencia
escolar que debe ser gozosa para el estudiante, se torna en profundamente
dolorosa y traumática. Prestar su cuerpo para la expresión de un acto que la
conciencia religiosa del alumno rechaza, carece de toda justificación
pedagógica cuando el mismo fin puede cumplirse mediante procedimientos que no
generen este tipo de conflicto interno en el educando. La instrucción del
profesor, en esta situación, obligaría al estudiante a asumirse como simple
objeto, vale decir a enajenarse respecto de sí mismo, que a eso equivale obrar contra
las convicciones más profundas a fin de lograr una cosa - en este caso la
aprobación de una asignatura. En verdad, la libertad de cátedra no auspicia ni
patrocina el ejercicio de la función docente que obligue a los estudiantes a
someterse a las órdenes de un profesor que subordina la dignidad de sus
estudiantes a la realización de una práctica que no es necesaria para cumplir
un objetivo válido del currículo.”[34] (Subrayado fuera del texto original)
3.6. En la sentencia T-662 de 1999 se pone de presente
la inconformidad de un padre de familia con la instrucción religiosa de tipo
católico que su hijo recibía en la institución educativa, en tanto que ellos
eran cristianos evangélicos y por tanto solicitaba que se le respetara a los
menores el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma
individual o colectiva, y que no se les obligara  a practicar la religión
católica impartida por esa institución educativa. Frente a estos supuestos de
hecho la Corte estableció:
“Ahora bien, es importante
resaltar que frente al presente artículo, la Corte Constitucional se pronunció
con ocasión del Proyecto de Ley Estatutaria de Libertad religiosa y de Cultos,
hoy Ley 133 de 1994. En esa ocasión, esta Corporación concluyó, que podía ser
declarado exequible el artículo anterior, ´bajo el entendimiento de que la
libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido
de que en ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante; ´con
el fin aparente de garantizar la no discriminación por razones de índole
religiosa en los establecimientos educativos. Igualmente, la Corte en esa
oportunidad reiteró  en consecuencia, el deber  de respetar lo prescrito en el
ordinal g) del mismo artículo que sostiene expresamente, ´con relación a la
enseñanza y educación religiosa, el derecho de toda persona a recibirla o a
rehusarla`. (Las subrayas, fuera del texto).
g) Por consiguiente, a
título de conclusión puede señalarse que una ´correcta interpretación
constitucional no puede llevar a convertir la libertad de cultos´ o el derecho
a la enseñanza, ´en un motivo para cercenar los demás derechos fundamentales.
Su uso debe ser razonable y adecuado a los fines que persigue. Los
desbordamientos quedan sujetos a la acción de las autoridades, que, según el
perentorio mandato del artículo 2º de la Constitución, han sido instituidas,
entre otras cosas, para proteger a todas las personas residentes en Colombia en
sus creencias, pero también para asegurar los derechos y libertades de los
demás".(Subrayado fuera del
texto original)
3.7. Una sentencia polémica en la línea
jurisprudencial que se expone es la T-877 de 1999. Los demandantes pertenecían
al Colegio demandado en 1998, y el rector del centro educativo comunicó a sus
padres la determinación adoptada por el consejo directivo, de cancelarles el
cupo para el año lectivo de 1999. Tal determinación obedeció a las creencias
religiosas que profesaban, ya que pertenecían a la Iglesia de los Testigos de
Jehová, razón por la cual han declinado en varias oportunidades la postulación
de izar la bandera nacional y se han abstenido de tomar participación activa en
los desfiles de los días cívicos y demás homenajes a los símbolos patrios, pues
según las normas que rigen a tal congregación, un acto de adoración, un culto,
sólo puede rendirse en forma exclusiva a “Nuestro Creador Jehová Dios”, y en
dichos actos se rinde culto a la criatura.
3.8. La posición sostenida por la mayoría de la Sala
de Revisión, en esa ocasión, fue la siguiente:
“Se reitera que la
realización de eventos demostrativos del respeto y amor a la patria no
constituyen actos religiosos, y traducen en cambio los más altos sentimientos
de la persona por la Nación, de la que hace parte y de la que por supuesto debe
siempre sentirse orgulloso. Por ello es perfectamente entendible el valor de la
declaración y del precepto que encierra el primer aparte del artículo 95 de la
Constitución, cuando señala, que ´la calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional, y justamente por eso, todos están en el
deber de engrandecerla y dignificarla´.
Por lo anterior, en el
presente caso no puede aducirse violación del derecho a la educación, pues se
trata de la pérdida del cupo de que venían disfrutando los accionantes como
consecuencia de la imposición de una sanción disciplinaria, con sujeción a las
reglas del debido proceso, y atendida la naturaleza de las faltas cometidas.”[35]
3.9. Esta postura fue rebatida en un salvamento de
voto, que expuso lo siguiente:
“En el presente caso no es
necesario realizar esfuerzo alguno para observar que las restricciones impuestas
a la comunidad religiosa renuente no persiguen ninguno de los objetivos
establecidos en la ley, pues la no participación en los actos de reverencia a
los símbolos patrios no afecta el goce de los derechos constitucionales de
otras personas; tampoco apareja problemas de salud o seguridad públicos y,
mucho menos, afecta la moral pública.  En cuanto a la moral pública,
adicionalmente, resulta preciso observar que la Corte, en sentencia C-404/98,
ha establecido el alcance del concepto de moral pública que puede ser fuente de
limitaciones a las libertades:
´La moralidad pública que
puede ser fuente de restricciones a la libertad, es aquella que racionalmente
resulta necesario mantener para armonizar proyectos individuales de vida que,
pese a ser absolutamente contradictorios, resultan compatibles con una
democracia constitucional y que, adicionalmente, es indispensable para conjugar
la libertad individual con la responsabilidad y la solidaridad que hacen
posible este modelo constitucional. En este sentido, la moralidad pública
articula en el plano secular un modo de ser y de actuar que no puede soslayar
la persona, portadora de derechos, que es, al mismo tiempo, sujeto individual y
miembro de una comunidad.´”[36]
3.10. Un caso que tiene que ver con el derecho a la
educación pero en el ámbito universitario es la sentencia T-345 de 2002. En dicho
caso, un estudiante interpone acción de tutela contra la Universidad Católica
Popular del Risaralda en tanto que en el curso de una carrera universitaria se
le obligó a estudiar un seminario sobre ética cuyos contenidos enfatizaban,
fundamentalmente, en la religión católica. Ante ello, la Corte señaló:
“El artículo 19 de la
Constitución señala expresamente que se garantiza la libertad de religión,
también como un derecho fundamental de aplicación directa e inmediata. En
ejercicio de esta libertad ´toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual y colectiva`. La norma indica
también que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres
ante la ley.  Agrega que nadie puede ser obligado a realizar conductas que
vayan en contra de sus creencias religiosas. Esta lectura no sólo es sugerida
por el propio texto, sino que se sigue también de la noción misma de libertad
religiosa. De poco o nada serviría a las personas ser titulares formales de
este derecho si él no implicara la posibilidad de gozar efectivamente de éste,
es decir, de actuar de acuerdo a las creencias que se profesen. La norma
también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. El ateo,
quien cree que Dios no existe, y el agnóstico, quien cree que nada puede
conocerse al respecto, también encuentran en esta norma constitucional una
protección a sus convicciones más íntimas. Por lo tanto, tampoco a ellos puede
sometérseles, irrazonablemente, a tener que incurrir en acciones u omisiones
contrarias a sus creencias.”
3.11. La última providencia a la que se hará
referencia en el presente capítulo es la sentencia T-492 de 2011. La relación de
este fallo con el caso objeto de análisis radica en el análisis del derecho al
libre desarrollo de la personalidad. En los hechos de ese caso, el
administrador de la panadería, reubicó a Dellanira como “vendedora de
mostrador, y a pesar que conocía mi condición sexual[37], porque
llevo 6 años laborando para la Panadería… ordenó que mi uniforme fuera falda”,
que “no estaba en condiciones de utilizar”, pues siempre había vestido “pantalón
y camisa”. Empero, en julio 12 de 2010 el administrador llamó a Dellanira a
descargos; al estimar que “sus respuestas no tienen asidero legal, la
empresa toma la decisión de cancelar sus servicios a partir de hoy”
3.12. Frente a las restricciones al ejercicio del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, se estableció lo siguiente:
“En otras palabras, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad está encaminado a que se
respeten las decisiones que adopte una persona sobre sí misma, inherentes a la
determinación autónoma de su modelo de vida, siempre que no afecte derechos
ajenos ni el orden jurídico; recuérdese que los reglamentos y ordenamientos ´deben
estar acordes, en su contenido, con los valores, principios y derechos
consagrados en la Constitución´[38],
y no se puede desatender el libre desarrollo de la personalidad sin un sustento
constitucional que necesaria y proporcionalmente justifique la limitación.
(…)
Tercero.- La labor igual o similar a la anterior, que se le
encomiende a Dellanira Caballero Nare, deberá estar al alcance de sus
posibilidades, atendida la discapacidad que le fue reconocida por la respectiva
ARP y el concepto de ésta, además de la capacitación que pudiere ser requerida
para el mejor desempeño del trabajo, y la realizará acatando las
características y colores que la empresa tenga razonablemente establecidos,
pero no se le obligará a emplear prendas de vestir que no sean usuales en su
opción sexual.”[39]
3.13. Del recuento jurisprudencial realizado se colige
que: i) el Estado colombiano tiene un carácter laico lo cual implica que es
neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el
país, asegurando de esa forma el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la
autonomía de las distintas confesiones religiosas. ii) La libertad
religiosa sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa ciertas
creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a
proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se
desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo
tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede
invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al
sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de
compelirlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su
conciencia (artículo 18 C.P.). iii) Particularmente, para el creyente la
coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión,
reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de
complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón
ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad
religiosa. iv) La disposición sobre libertad religiosa también protege la
posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, v) la libertad
religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que
en ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante.
4. Límites al ejercicio de la libertad religiosa en el
derecho constitucional colombiano y en el derecho internacional de los derechos
humanos
4.1. En el Estado Social de Derecho no hay derechos
fundamentales de índole absoluta. Por esta consideración cobra particular
relevancia precisar los límites a partir de los cuales se restringe el ámbito
de aplicación del ejercicio de las libertades ciudadanas. En el orden
constitucional vigente tales límites están determinados por la Constitución, el
bloque de constitucionalidad y la ley, que en el caso de derechos
fundamentales, debe ser proferida por el legislador estatutario.
4.2. La Ley 133 de 1994 "Por la cual se
desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política", fijó los límites para el
ejercicio de los derechos que se sustentan en la libertad religiosa y de
cultos. El artículo 4 de esta Ley dispone:
“ARTÍCULO 4o. El ejercicio
de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único
límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de
la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público,
protegido por la ley en una sociedad democrática.” (Subrayado fuera del texto original)
4.3. Por medio de la sentencia C-088-94 de 1994, la
Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 209/92 Senado
y 1/92 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la
Constitución Política y declaró “condicionalmente exequible” el artículo
4o. del mismo, “en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia”:
“Hay que recordar que,
conforme al artículo 93, inciso 2o., los derechos y deberes establecidos en la
Constitución deben interpretarse con los tratados internacionales ratificados
por Colombia.  En lo relativo a la libertad religiosa es preciso mencionar: el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74
de 1968, con depósito  de instrumento de ratificación del 29 de octubre de 1969
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, aprobada por la Ley 16 de 1972, con depósito  de instrumento de
ratificación del 31 de julio de 1973.”
4.4. En efecto, la sentencia T-1319 de 2001 compiló y
sistematizó la teoría de la Corte Constitucional sobre el bloque de
constitucionalidad. Para sustentarlo se recurrió al artículo 93 de la
Constitución Política de 1991, según el cual, los deberes y los derechos de las
personas deben ser interpretados conforme a los “tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por Colombia”. Con base en esta sentencia se
podría afirmar que una de las principales características del bloque de
constitucionalidad es complementar el contenido de los derechos fundamentales a
la luz de los derechos humanos que integran las disposiciones constitucionales,
así como precisar los límites de su aplicación. Para el presente caso, es
imprescindible integrar el contenido de la libertad religiosa, prescrito en la
Carta y en la ley estatutaria, con los enunciados normativos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y con el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos  que ha sido incorporada al derecho interno.
4.5. Los numerales 2 y 3 del artículo 12 acerca de la
libertad de conciencia y de religión de la Convención Americana enuncian lo
siguiente: “2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de
religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las
propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la
ley y que sean necesarias para proteger, la seguridad, el orden, la salud o la
moral públicos o los derechos o libertades de los demás.” Los numerales 2 y
3 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen
un contenido semejante[40].
4.6. La Observación General Nº 22 del Comité de
Derechos Humanos, en su 48º período de sesiones de 1993 fijó pautas
interpretativas sobre la aplicación del artículo 18 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. A continuación se transcriben ciertos extractos
de los numerales 4, 5 y 8 de esta Observación, en razón de su pertinencia para
la solución del caso concreto:
“4. (…) La observancia y la
práctica de la religión o de las creencias pueden incluir no sólo actos
ceremoniales sino también costumbres tales como la observancia de normas
dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, la
participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el
empleo de un lenguaje especial que habitualmente sólo hablan los miembros del
grupo. (…)
5. (…)  El párrafo 2 del
artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan menoscabar el derecho a
tener o a adoptar una religión o unas creencias, comprendidos el empleo o la
amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones penales para obligar a creyentes
o no creyentes a aceptar las creencias religiosas de quienes aplican tales
medidas o a incorporarse a sus congregaciones, a renunciar a sus propias
creencias o a convertirse. Las políticas o prácticas que tengan los mismos
propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el acceso a la
educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados
por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente incompatibles
con el párrafo 2 del artículo 18. La misma protección se aplica a los que
tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso.
8. (…) Al interpretar el
alcance de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados Partes deberían
partir de la necesidad de proteger los derechos garantizados por el Pacto,
incluido el derecho a la igualdad y la no discriminación en todos los terrenos
especificados en los artículos 2, 3 y 26. Las limitaciones impuestas deben
estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicie los
derechos garantizados en el artículo 18. El Comité señala que el párrafo 3
del artículo 18 ha de interpretarse de manera estricta: no se permiten
limitaciones por motivos que no estén especificados en él, aun cuando se
permitan como limitaciones de otros derechos protegidos por el Pacto, tales
como la seguridad nacional. Las limitaciones solamente se podrán aplicar para
los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y
guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen.” (Subrayado fuera del texto original)
4.7. Finalmente, el criterio expresado por la Relatora
Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Asma Jahangir, en el
segundo informe presentado el 9 de enero de 2006 afirma que la controversia a
nivel internacional tiende a concentrarse en la limitación a la expresión
pública o externa de la libertad religiosa.[41]  En el mentado informe
reitera lo expuesto en este numeral acerca de las causales que son admitidas
para restringir el ejercicio de la libertad religiosa y la necesidad de que tal
barrera sea acorde al principio de proporcionalidad, valorado previamente por
el legislador:
“53. No obstante, toda
limitación debe fundarse en motivos de seguridad, orden, salud o moral públicos
o, los derechos y libertades fundamentales ajenos, debe responder a una
necesidad pública o social acuciante, debe tener una finalidad legítima y debe
ser proporcional a dicha finalidad[42].
Además, es el Estado el que debe justificar las limitaciones impuestas a la
libertad de manifestar la propia religión o creencia. Por consiguiente, las
prohibiciones de portar símbolos religiosos fundadas en la mera especulación o
presunciones y no en hechos demostrables se considera una violación de la
libertad religiosa individual[43].
(…)
66. Ella ha formulado una
serie de criterios generales sobre los símbolos religiosos, "indicadores
neutrales" e "indicadores agravantes" inclusive a modo de
orientación con respecto a las normas de derechos humanos aplicables y su alcance.
Le gustaría destacar que las restricciones no se podrán imponer con fines
discriminatorios, ni aplicar de forma discriminatoria. Las limitaciones deben
guardar relación directa con la necesidad específica a que responden y ser
proporcionales a ella. La responsabilidad de justificar las limitaciones de
la libertad de manifestar la propia religión o creencias, recae en el Estado.
Las medidas escogidas deben promover la tolerancia religiosa y evitar que se
estigmatice a las diversas comunidades religiosas. Además, deben ser respetados
rigurosamente los principios de adecuación y proporcionalidad tanto por la
administración como durante las posibles revisiones previstas.” [44]
(Subrayado fuera del texto original)
4.9. A manera de resumen de lo expuesto en esta parte,
las reglas que se han de acoger para solucionar el caso objeto de análisis son
las siguientes: i) los límites del ejercicio de la libertad religiosa, al igual
que en los demás países referenciados en la parte 2 de esta providencia e
incluso como una especie de parámetro extendido en el derecho internacional de
los derechos humanos, han de ser determinados por el legislador por medio de
una ley. ii) Las razones a partir de las cuales está permitido restringir el
ámbito de aplicación de esta libertad pública son, acorde al artículo 4 de la
Ley 133 de 1994 y demás enunciados referenciados, la protección del derecho de
los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así
como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública,
elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad
democrática. iii)  La necesidad o indispensabilidad de las medidas adoptadas se
analiza fundamentalmente, con la aplicación del principio de proporcionalidad.
5. Caso concreto
5.1. Como se afirmó previamente, el problema jurídico
que debe resolver la Sala Tercera de Revisión consiste en determinar si la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo de
Tadó, Departamento de Chocó, vulneró los derechos fundamentales a la educación,
a la libertad religiosa y al libre desarrollo de la personalidad de las jóvenes
Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris
Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña, en tanto que ellas no pudieron
matricularse al Programa de Educación Complementaria que ofrece dicho
establecimiento,  ya que el Manual de Convivencia exige que el uniforme para
las mujeres en esa etapa, debe ser con pantalón, lo cual confronta moral y
religiosamente a las accionantes.
5.2. En el acápite 1 de las consideraciones de esta
providencia, se reiteró que los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar
la protección de sus derechos fundamentales por medio de la acción de tutela al
tener la potencialidad de sufrir un perjuicio irremediable y cuando los
mecanismos ordinarios no resultan eficaces o idóneos para invocar dicha
protección. En el presente caso, las jóvenes Elizabeth Mosquera Rodríguez,
Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña no pudieron continuar su
proceso de formación en tanto que para acceder a dicha etapa debían utilizar
pantalón como uniforme. Las jóvenes hacen parte de la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia y en el momento se encuentran por fuera del sistema educativo. Frente a una
manifestación como la anterior, es evidente que no existe una acción ordinaria,
frente a la institución en comento, que tenga la posibilidad de tramitar con la
celeridad y urgencia la reclamación de las accionantes, motivo por el cual la
acción de tutela es un mecanismo adecuado para este proceso.
5.3. Superada la fase de admisibilidad de la acción de
tutela es preciso realizar el análisis sobre el fondo de la situación. El 13 de
diciembre de 2010, las accionantes solicitaron ingresar al Programa de
Educación Complementaria que ofrece la entidad demandada, pero se les impuso
como requisito para la admisión en dicho ciclo el uso de pantalón, tanto de
parte de una profesora como de parte del Rector. Esto se extrae de la
declaración juramentada que hicieron las accionantes: “con la profesora
Laudasis Quintero, y ella me pregunto (sic) que si yo iba a ingresar al
ciclo, yo la (sic) respondí que si (sic), entonces ella me
pregunto (sic), que si yo podía usar el pantalón, yo le conteste (sic)
que no, entonces ella me dijo que si ya me había inscrito, yo le dije que no,
como el rector no estaba ella me dijo que esperara por que (sic) si yo
no podía usar el pantalón no podía ingresar, y me dijo que tenía que esperar
para que el rector y este que le manifestó? (…) El nos dijo a mis compañeras
aquí presente (sic), que el (sic) no nos negaba el cupo, si no (sic)
que lo que no permitía era que dañaramos (sic) el uniforme usando faldas
y que nosotros nos podíamos inscribir pero teníamos que someternos al manual de
convivencia, es decir, utilizar el pantalón que usan los del ciclo. (…)”.
5.4. También es preciso recapitular los argumentos de
la institución demandada para negar el amparo de los derechos de las
accionantes. En primer lugar, afirmaron que las peticionarias nunca formularon
la solicitud concreta de ingreso a la institución, motivo por el cual no
tuvieron la posibilidad de negar el acceso de las jóvenes a la institución.
Además, señalaron que ellas utilizaron sudadera durante la primera fase de su
estudio en dicha institución, razón suficiente para sostener que ellas han de
utilizar el pantalón, de forma permanente y regular, en tanto que desean
continuar con el Programa de Educación Complementaria.
5.5. Es evidente que no existe una respuesta formal
mediante la cual se rechazara el ingreso de las estudiantes al respectivo curso,
pero sí existieron afirmaciones expresadas por una profesora y por el Rector de
la Normal Superior sobre la necesidad de usar el pantalón en el ciclo
complementario al cual deseaban ingresar, aspecto que a la luz de las
convicciones señaladas por las jóvenes, imposibilitaría el posterior ingreso a
dicho ciclo.  Como se percibe, en la argumentación de la institución no se
afirma una justificación constitucional o legal sobre la exigencia en el uso de
dicha falda en el uniforme del Programa Complementario. De igual manera, es
peculiar que la Institución y el Manual de Convivencia exigen el uso de
pantalón en la fase a la cual desean ingresar las jóvenes pero en cambio, en las
etapas anteriores se permite el uso de la falda para las mujeres. Esto
comprueba que la Institución carece de una justificación material o sustancial
sobre la necesidad de utilizar la falda. La prohibición no proviene de un
mandato legal, que haya sido promulgado acorde a una finalidad constitucional
precisa, que aprecia la medida adoptada como el medio indispensable para lograr
dicho cometido y por consiguiente, tampoco se hace un análisis de la
proporcionalidad en sentido estricto de tal situación. No obstante lo anterior,
los derechos fundamentales cuestionados así como las reglas jurisprudenciales
que se deben extraer de este caso, ameritan que se realice una providencia con  los
diferentes elementos jurídicos debidamente decantados y analizados.
5.6. La Corte debe ser peculiarmente cuidadosa con
este tipo de casos pues a la luz de lo especificado en los numerales 2 y 4 de
la parte considerativa de esta providencia, tanto por el Comité de Derechos
Humanos en su Observación General N° 22 sobre la aplicación del artículo 18
como por la Relatora sobre Libertad Religiosa, los establecimientos educativos
con sus respectivos reglamentos son uno de los escenarios más recurrentes en
los cuales los menores ven una tratamiento discriminatorio que vulnera su
libertad religiosa o de conciencia.
5.7. En la parte 2 de las consideraciones de esta
providencia se puso de presente una serie de casos jurisprudenciales y legales
de otros países en los cuales se prohibía el uso de símbolos religiosos en los
colegios públicos, o se imponía que el uniforme debía usarse sin permitir
cierta diversidad ocasionada por la necesidad de expresar una determinada convicción
religiosa o moral. Francia, Turquía, o los casos referenciados del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos tanto en Turquía como en Suiza, tienen un patrón
que consiste en que estos países extienden el principio de neutralidad y
laicidad que tiene el Estado en sí mismo, no sólo a las instalaciones
educativas de carácter público, sino a la apariencia de los individuos que
concurren habitualmente a este tipo de lugares. Tal aspecto jurídico está
asentado en una ley que ha prescrito dicho tratamiento, la cual tiene implícita
la concreción de una finalidad constitucionalmente legítima según su sistema,
que es pretendida a través de dicha medida que el legislador consideró
indispensable, y que a su vez, es la que guarda mayor coherencia con los demás
valores culturales y jurídicos de dichas naciones.
5.8. El comportamiento y la contestación de la demanda
que realizaron las autoridades del colegio corroboran, como se afirmó
previamente, que estas no actuaron bajo los enunciados normativos de una ley
promulgada por el Congreso de la República para el efecto. Antes, por el
contrario, su conducta se apartó de las reglas jurisprudenciales que ha
elaborada esta Corporación y que fueron sistematizadas en el numeral 3.12. de
las consideraciones de esta providencia. El Estado colombiano tiene un carácter
laico lo cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes
religiones que existen en el país, de esa forma se aseguran el pluralismo, la
coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones
religiosas. Pero el carácter laico del Estado, a diferencia de lo que ocurre
con el modelo de los países descritos en el numeral 5.7, no se extiende de
manera absoluta a la forma de vestir o de expresarse de los jóvenes que
concurren a los establecimientos educativos de carácter público, asunto que le
confiere la razón en el presente caso, a Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris
Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña. Por tanto, ante la ausencia de
una ley específica sobre la materia, que prescriba una prohibición concreta y precisa
con relación a este tipo de comportamientos, la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo de Tadó, no está autorizada
a ejercer este tipo de prohibiciones.
5.9. Antes por el contrario, a la luz de las reglas
precitadas las accionantes con relación a sus convicciones tienen derecho a
proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se
desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo
tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna pueden compelerlas
a actuar contra su conciencia. No obstante, el ejercicio de esta libertad
también tiene sus límites, como los prescritos en la Ley 133 de 1994 y en la
sentencia C-088 de 1994, en los cuales son la protección del derecho de los
demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así
como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública,
elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad
democrática. Es evidente que tales restricciones también operan en los
establecimientos educativos, las cuales son apreciadas a la luz de las
circunstancias de cada caso que es objeto de revisión por parte de esta
Corporación.
5.10. Respecto al análisis específico del caso, el ámbito
de la libertad religiosa que ejercen las accionantes se encuentra protegido por
el orden constitucional.  En efecto, en su demanda afirmaron que “(…) somos
mujeres jóvenes con perfiles éticos y moral religiosa, cultura que adquirimos y
aprendimos en nuestro núcleo familiar con nuestros padres, resaltando el hecho
conocido por los que nos rodean, que en nuestra doctrina, las mujeres vestimos
con faldas adecuadas al desarrollo de nuestra personalidad y no con pantalones
ni bluyines; lo anterior con base en lo que dice la Biblia (palabra de Dios) en
el libro Deuteronomio capítulo 22 vesícula (sic) 5 que a la letra dice:
no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer,
porque, abominación es, a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace.” (Subrayado
fuera del texto origina) Esta cita pone de presente otro aspecto reiterado por
la jurisprudencia de esta Corporación y es que para el creyente la coherencia
de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una
importancia capital, hasta el punto de que es fuente de complacencia o de
inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón esta no se logre
alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa. Y finalmente, la
libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el
sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante,
como ocurrió con la barrera de acceso impuesta en el Manual de Convivencia de la
Escuela Normal Superior del Municipio de Tadó.
5.11. Lo aquí expuesto no significa que el ejercicio
de la libertad religiosa sea de índole absoluta. Como se especificó en el
numeral 4.9. de esta providencia  los límites al ejercicio de la libertad
religiosa, al igual que en los demás países referenciados en la parte 2 de esta
providencia e incluso como una especie de parámetro extendido en el derecho
internacional de los derechos humanos, deben ser determinados por el legislador
por medio de una ley. El artículo 4 de la Ley 133 de 1994 que es la ley
estatutaria que desarrolló esta materia y la sentencia C-088 de 1994 que
declaró la constitucionalidad condicionada de la disposición al cumplimiento
del bloque de constitucionalidad, enunció que las causales a partir de las
cuales está permitido restringir el ámbito de aplicación de esta libertad
pública son la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del
orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática.
5.12. En consecuencia esta Sala de Revisión, a más de
las consideraciones expuestas, debe aplicar el principio de proporcionalidad
para verificar que tales límites fueron respetados. El primer paso que se debe
estudiar en este test es el subprincipio de idoneidad o de adecuación. Esto
significa que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada
para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Será
legítimo cuando tal actuación no esté prohibida explícita o implícitamente por la
Constitución. Si bien la argumentación de la Escuela Normal fue un tanto precaria
al respecto, se podría asumir que en la Constitución no existe una prohibición
explícita o implícita respecto a la conducta desplegada por la Escuela Normal en
tanto a la facultad de fijar las normas respecto a los uniformes que deben
utilizar los estudiantes de la respectiva institución educativa.
5.13 De acuerdo con el subprincipio de necesidad o
indispensabilidad, toda medida de intervención en los derechos fundamentales
debe ser la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas
aquéllas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a la
consecución del objetivo propuesto. Esta fase del test implica la comparación
entre la medida que limita el respectivo derecho fundamental y otros medios
alternativos. Sobre este tipo de medios existen dos exigencias: si reviste por
lo menos el mismo grado de idoneidad que la medida restrictiva para contribuir
a alcanzar el objetivo inmediato de esta última; y en segundo lugar, si afecta
negativamente al derecho fundamental en un grado menor. A raíz de las
circunstancias del caso, se colige que si bien el colegio en virtud de la
autonomía escolar tiene la facultad de regular su funcionamiento, la medida a
partir de la cual exige en el Programa de Educación Complementaria que las
mujeres utilicen pantalón en el uniforme desconoce las demás visiones
religiosas que profesan sus estudiantes y ocasiona una situación transgresora
de sus convicciones que tampoco son indispensables para garantizar los fines
pedagógicos de la institución.
5.14. El paso final del principio de proporcionalidad,
al analizar una medida que restringe un derecho fundamental, es el denominado
principio de proporcionalidad en sentido estricto. Se trata de una comparación
entre la importancia de la intervención en el derecho fundamental y la
importancia de la realización del fin legislativo o normativo, con el objetivo
de fundamentar una relación de precedencia entre aquel derecho y este fin. La
importancia del fin perseguido con la intervención debe ser de tal entidad que
justifique el sacrificio en la eficacia del derecho fundamental restringido. A
la luz de lo expuesto en esta sentencia es manifiesto que los objetivos
pedagógicos perseguidos por la Escuela Normal Superior de Tadó ocasionan una
restricción desproporcionada del libre ejercicio de su libertad religiosa, del
libre desarrollo de su personalidad y de su derecho a la educación en las
accionantes que son feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
5.15. Un aspecto jurídico diferente al ejercicio de la
libertad religiosa que también se relaciona con el presente caso y que opera de
manera favorable a las pretensiones de las accionantes, es lo concerniente a la
protección de su libre desarrollo de la personalidad, y de manera más
específica, a la línea jurisprudencial que esta Corte ha establecido en los
casos en los cuales los enunciados de los manuales de convivencia colisionan
con el comportamiento autónomo de los jóvenes en materia de apariencia personal.
Tras las sentencias SU-641 y SU-642 de 1998 esta Corporación unificó las reglas
sobre el tema y reiteró las normas que se deben aplicar a casos como el actual,
empezando por la definición de este derecho que protege la capacidad de las
personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de
guiar el curso de su existencia.
5.16. Adicionalmente, se estableció que ni el Estado
ni los particulares están autorizados jurídicamente para imponer patrones
estéticos excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos. El
fundamento de esta regla es que la tolerancia y el respeto por la diferencia
rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje en un modelo de Estado Social de
Derecho que optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo. Adicionalmente,
se precisó que la facultad que tienen los establecimientos educativos para
definir el Manual de Convivencia encuentra sus bases y sus límites en el texto
constitucional. Este tipo de documentos se asientan en el principio de la participación,
prescrito en el artículo 40 constitucional, y correlativamente, vincula la
actuación de los sectores involucrados en la conformación de dicho texto, es
decir, los que constituyen la denominada comunidad educativa: padres de
familia, estudiantes, profesores y directivas. No obstante, dicha facultad no
es ilimitada, pues la Corte ha estatuido que, este documento, en razón de que
es un contrato por adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se
inaplique y modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se violen
derechos fundamentales de al menos una persona. En virtud de esta facultad se
le ordenará a la Escuela Normal Superior que adecúe su manual de convivencia a
las consideraciones expresadas en esta providencia con el propósito de garantizar
la debida inclusión y el pluralismo del conjunto de su comunidad educativa.
5.17. El Juez Civil del Circuito de Istmina, Chocó,
por medio de providencia proferida el 7 de abril de 2011, confirmó la sentencia
proferida en primera instancia. Por las razones expuestas en esta providencia
dicho fallo se revocará y, en su lugar, se concederá el amparo de los derechos
fundamentales a la libertad religiosa, el libre desarrollo de la personalidad y
el derecho a la educación de las jóvenes Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris
Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña. En consecuencia se ordenará que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, establezca la comunicación con Elizabeth Mosquera Rodríguez, Noris
Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña con miras a garantizar un cupo
en el Programa de Educación Complementaria que ofrece la institución en el
período lectivo que las accionantes y la entidad convengan más conveniente.
Adicionalmente, se le ordenará a la Escuela Normal que modifique el manual de
convivencia acorde a los términos de esta providencia, con miras a garantizar
la debida inclusión y el pluralismo del conjunto de su comunidad educativa.
IV. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Civil del Circuito de Istmina,
Chocó, el 7 de abril de 2011, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales a la libertad religiosa, el libre desarrollo de la
personalidad y el derecho a la educación de las jóvenes Elizabeth Mosquera
Rodríguez, Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña.
Segundo.- ORDENAR a la Escuela Normal Superior de Tadó, Departamento
del Chocó que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, establezca comunicación con Elizabeth
Mosquera Rodríguez, Noris Yacely Mosquera Perea y Marcela Rodríguez Peña, con
miras a garantizar un cupo en el Programa de Educación Complementaria que
ofrece la institución en el período lectivo que las accionantes y la entidad
convengan más conveniente.
Tercero.- ORDENAR a la Escuela Normal Superior de Tadó, Departamento del Chocó que modifique
el Manual de Convivencia del 7 de noviembre de 2007, acorde a los términos
establecidos en la presente providencia con relación al uso del uniforme dentro
de su institución, con el propósito de garantizar la debida inclusión y el
pluralismo del conjunto de su comunidad educativa.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
[1]
Sentencia T-807 de 2003. En esta providencia se estudió el caso de un alumno
universitario que había cumplido todos los requisitos para graduarse y que
demandó a la entidad educativa debido a que, por problemas administrativos
internos, no había programado fechas de grado.
[2]
Sentencia T-339 de 2008 en la cual se resolvió un caso en el
que la madre de unos menores, que llevaban dos años sin poder estudiar,
solicitó al juez de tutela que ordenara a una institución educativa la entrega
de unos certificados de notas a pesar de encontrarse en mora en el pago de las
pensiones.
[3]
Sentencia T-974 de 1999 mediante la cual se resolvió un caso
en el que un alumno fue retirado de una universidad por no haber legalizado en
tiempo la matricula estudiantil. En este mismo sentido, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-534 de 1997 y T-329 de 1997.
[4]
Entre otras, ver las sentencias T-467 de 1994, T-1102 de 2000 y T-018 de 1998.
[5]
Segundo informe. E/CN.4/2006/5 9 de enero
de 2006. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 62º período de sesiones Tema 11 e)
del programa provisional LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTOLERANCIA RELIGIOSA Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la
libertad de religión o de creencias. 37. Un análisis
comparativo de los aspectos relativos a los hechos pone de manifiesto que
existe una serie de disposiciones o prohibiciones sobre llevar símbolos
religiosos en más de 25 países de todo el mundo. Son varias las religiones
afectadas y los símbolos religiosos siguen siendo motivo de disputa en diversos
países. Algunos ejemplos de creyentes afectados y su atuendo o adornos
religiosos son el porte de pañuelos en la cabeza por las musulmanas, los
yarmulke por los judíos, los crucifijos por los cristianos, los cuellos y
hábitos por las monjas, el bindi de las hindúes, una vestimenta de color
azafrán por los budistas, los turbantes o los kirpan por los sijes o un atuendo
de color rojizo por los seguidores de Bhagwan (Osho). Hay distintos grados de
normas o prohibiciones del porte de símbolos religiosos como disposiciones
constitucionales o legislativas a nivel nacional, las órdenes o reglamentos de
las autoridades regionales o locales, los reglamentos de organizaciones o
instituciones públicas o privadas (reglamentos escolares, por ejemplo) y
las resoluciones judiciales. La intensidad de los posibles efectos adversos
para los particulares que incumplan las normas o prohibiciones también depende
del campo respectivo de aplicación. Los alumnos de las escuelas primarias y
secundarias corren el riesgo de expulsión del sistema escolar público mientras
que los maestros se ven expuestos a amonestaciones, la suspensión e incluso la
destitución de su cargo. (Subrayado fuera del texto original)
[6]
Artículo 9 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: 1 Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como
la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente,
en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, la práctica y la
observancia de los ritos. 2 La libertad de manifestar su religión o sus
convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas
por la ley, constituyan medidas  necesarias, en una sociedad democrática, para
la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral
públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los terceros.
[7] Şahin v. Turkey, application No. 44774/98, ECtHR Chamber
judgement of 29 June 2004, para. 108 and ECtHR Grand
Chamber judgement of 10 November 2005, para. 115.
[8] «(…) La actitud de llevar el velo islámico no se
puede asociar per se al fundamentalismo. Es vital distinguir entre aquellas
mujeres que llevan el velo y los “extremistas” que quieren imponerlo, así como
otros símbolos religiosos. No todas las mujeres que llevan el velo son
fundamentalistas y no hay nada que muestre que la demandante mantuviese
posturas fundamentalistas. La demandante es adulta y universitaria por lo que
se presume que tiene suficiente capacidad para resistir presiones (...). El
interés personal de la demandante de ejercer su libertad religiosa y manifestar
su religión con un símbolo externo no puede ser absorbido por completo por
el interés público de luchar contra el extremismo». (Subrayado fuera del
texto original)
[9] Dahlab v. Switzerland, application No. 42393/98, ECtHR decision of 15
February 2001. Segundo informe. E/CN.4/2006/5
9 de enero de 2006. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 62º período de sesiones Tema
11 e) del programa provisional LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN
PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTOLERANCIA RELIGIOSA Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la libertad
de religión o de creencias.
[10]
La evolución de la regulación inicia con el Aviso nº 346893 del Consejo de Estado proferido el 27 noviembre 1989:
El velo islámico en las escuelas, como una expresión de su religión, no es
incompatible con el principio de laicidad francés. Pero, siempre y cuando tal
manifestación no se convirtiera en “un acto de presión, de provocación, de
proselitismo o de propaganda, que atente contra la dignidad o la libertad de
los alumnos o de otros miembros de la comunidad educativa, ponga en peligro la
salud o seguridad, interrumpa las actividades de la educación y el papel
educativo de los maestros, y finalmente, altere el orden en el establecimiento
o el funcionamiento normal del servicio público”. Posteriormente se emitió la Circular del gobierno del 12 diciembre 1989, “Circulaire Jospin”: afirmando que es
responsabilidad de los profesores  aceptar o rechazar alumnos que usen el velo
islámico, caso por caso. Luego se profirió la Circular del gobierno del 20 septiembre 1994, “Circulaire Bayrou”: haciendo una diferencia
entre los símbolos religiosos discretos y ostentatorios, y afirmando cuáles
deberían ser prohibidos.
[11] « Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne
méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de
l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives
à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que
l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne
porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif
d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité
dans les établissements scolaires publics »
[12]
Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la
libertad de religión o de creencias  E/CN.4/2005/61 20 de
diciembre de 2004 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 61º período de sesiones Tema 11 e)
del programa provisional.
[13]
Un recuento de la evolución de este tópico en este país inicia con la
expedición de la Ley nº 2596 del 3 de Diciembre
1934 mediante la cual se prohibió el uso de ropas religiosas fuera de lugares
religiosos. Posteriormente, el principio de laicidad adoptó relevancia
constitucional mediante la Reforma constitucional del 5 de Febrero 1937. La Carta Política  de 1982 prescribió que: “La República de Turquía es un Estado de derecho democrático, laico y social, respetuoso de los derechos humanos en un espíritu de paz social, de solidaridad nacional y de justicia, adjuntado al nacionalismo de Atatürk y basado en los principios fundamentales expresado en el Preámbulo”.
[14]
Corte Constitucional Turca, J.O. 22.10.2008-27032, 2008.
[15] Ley No. 5735
de  Feb. 23, 2008, Resmî Gazete [R.G.] No. 26796 (Sep. 2, 2008)
[16]
Extraits de la Constitution Turque  « I. Forme de l'Etat ARTICLE PREMIER :
L'Etat turc est une République. Il. Caractéristiques de la République  ARTICLE 2 : La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule. (…)
ARTICLE
4 : La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'Etat est une République, ainsi que les
dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification ne peut être proposée. »Extractos de la Constitución de Turquía : “ I. Forma del Estado ARTÍCULO 1: El Estado Turco es un
Republica. II. Carácter de la Republica ARTÍCULO 2: La Republica de Turquía es un Estado de derecho democrático, laico y social, respectando los derechos humanos para brindar la paz social, la solidaridad nacional y la Justicia, y respectando el nacionalismo de Ataturk, y apoyándose sobre los principios
fundamentales declarados en el preámbulo. (…) ARTICULO 4:
Las disposiciones del articulo 1 de la Constitución especificando que la forma del Estado es una Republica, así como las disposiciones del Articulo 2 en relación
con las características de la Republica, y las del Articulo 3, no se pueden modificar o proponer de modificarlas”.  (Subrayado fuera del texto original)
[17]
El Race Relations Act 1976 fue establecido
por el Parlamento. La aplicación jurisprudencial de la Race Relations Act 1976 se presentó en 1983 en el caso de
Chamber of Lords Mandla c. Dowell Lee que fue el primer caso
sobre vestimenta escolar. En este caso, el director de una escuela privada de
confesionalidad cristiana negó la admisión a un alumno sijs[17]
que pretendía llevar a las clases un turbante, tal y como su religión lo
prescribe. El director del centro escolar argumentaba que se aceptaban en el
mismo alumnos de todas las religiones y de todas las razas, pero no el uso del
turbante sij que el alumno llevaba, manifestación exterior en exceso ostentosa
de una fe no cristiana y, por tanto, contrario a las reglas del colegio. Incluso
se negó a portar una gorra acorde con el uniforme escolar, más en consonancia
con el reglamento de régimen interno. Entonces, el padre del estudiante hizo un
recurso jurídico fundado en la Ley de Relaciones Raciales de 1976 que prohíbe
discriminación directa o indirecta basada en la pertenencia a un grupo étnico.
Tenia que demostrar que (i) su hijo recibió un tratamiento directo o indirecto
menos favorable a los otros alumnos (ii) y que pertenecía a un grupo étnico.
El juez de
primera instancia como el tribunal de apelación de segunda instancia desestimó
la queja del padre porque consideraban que los Sijs no constituyen un grupo
étnico en el sentido de la Ley de 1976.
La clave de
la distinción entre unos y otros que cualifica como grupo étnico o racial en el
sentido legal radica en que exista un mínimo común denominador entre los
miembros del grupo en cuestión más allá del mero hecho religioso. Pero, en
ultima instancia, la Cámara de los Lores, por unanimidad, consideró que los
Sijs pueden beneficiar de la protección de la Ley de 1976 porque si constituyen un grupo étnico. Principalmente porque comparten una larga historia común como
grupo independiente y porque poseen una tradición cultural propia, incluyendo
costumbres familiares y sociales. Además, la Cámara de los Lores dictaminó que el reglamento de la escuela incurría en una discriminación racial porque implicaba un
tratamiento menos favorable que obedece a una discriminación directa o
indirecta basada en su pertenencia a una determinada comunidad religiosa. Lo
que es prohibido por el Section 1(1)(b) de la Ley de Relaciones Raciales de 1976.
[18] “71.—(1) Every body or other person specified
in Schedule 1A or of a description falling within that Schedule shall, in
carrying out its functions, have due regard to the need—
(a) to eliminate unlawful racial
discrimination; and
(b) to promote equality of opportunity and
good relations between persons of different racial groups.”
[19] ‘Minister Gives Schools the Right to Ban Muslim
Veil’, The Guardian, 20 March 2007.
[20] Tribunal Supremo de Singh-Multani c. Marguerite-Bourgeoys (1 S.C.R.
256, 2006 SCC 6 )
[21]
El sijismo es una religión india que se desarrolló en el contexto
del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los
siglos XVI y XVII. A los seguidores del sijismo se les llama sijes
(en inglés sikhs). Fue fundada por Gurú Nanak en el
siglo XVI.
[22] “Clearly, the objective of ensuring
safety in schools is sufficiently important to warrant overriding a
constitutionally protected right or freedom.  It remains to be
determined what level of safety the governing board was seeking to achieve by
prohibiting the carrying of weapons and dangerous objects, and what degree of
risk would accordingly be tolerated”.
[23]
“The decision must have a rational connection with the objective.
In the instant case, prohibiting Gurbaj Singh from wearing his kirpan to
school was intended to further this objective.  Despite the profound
religious significance of the kirpan for Gurbaj Singh, it also has the
characteristics of a bladed weapon and could therefore cause injury.  The
council of commissioners’ decision therefore has a rational connection with the
objective of ensuring a reasonable level of safety in schools.  Moreover,
it is relevant that the appellant has never contested the rationality of the
Code de vie’s rule prohibiting weapons in school”.
(Subrayado fuera del texto original)
[24] “The second stage of the
proportionality analysis is often central to the debate as to whether the
infringement of a right protected by the Canadian Charter can be justified.
The limit, which must minimally impair the right or freedom that has been
infringed, need not necessarily be the least intrusive solution.  In RJR‑MacDonald
Inc. v. Canadá (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199, at
para. 160, this Court defined the test as follows:
The impairment must be
“minimal”, that is, the law must be carefully tailored so that rights are
impaired no more than necessary.  The tailoring process seldom admits of
perfection and the courts must accord some leeway to the legislator.  If
the law falls within a range of reasonable alternatives, the courts will not
find it overbroad merely because they can conceive of an alternative which
might better tailor objective to infringement . . . .
The approach to the question
must be the same where what is in issue is not legislation, but a decision
rendered pursuant to a statutory discretion.  Thus, it must be
determined whether the decision to establish an absolute prohibition against wearing
a kirpan “falls within a range of reasonable alternatives”.  (Subrayado
fuera del texto original)
[25]“ The argument that the wearing of kirpans
should be prohibited because the kirpan is a symbol of violence and because it
sends the message that using force is necessary to assert rights and resolve
conflict must fail.  Not only is this assertion contradicted by the
evidence regarding the symbolic nature of the kirpan, it is also disrespectful
to believers in the Sikh religion and does not take into account Canadian
values based on multiculturalism (…)absolute prohibition would stifle the
promotion of values such as multiculturalism, diversity, and the development of
an educational culture respectful of the rights of others”. (Subrayado fuera del texto original)
[26]
240 F.3d 437, U.S. Corte App. 6th Circuit
(2001).
[27] “This purpose is in no way related to the
suppression of student speech (…) although students are restricted from wearing
clothing of their choice at school; students remain free to wear what they want
after school hours."
"The
uniform requirement does not bar the important 'personal intercommunication
among students' necessary to an effective educational process”
[28] . Dist., n 09-20091, U.S. Corte App. 5th Circuit (2009).
[29] Pub. L. No. 103-141, 107 Stat. 1488 (Nov. 16, 1993), codificado  42
U.S.C. ch.21B.
“ § 2000bb–1. Free exercise of religion protected  (a)
In general, Government shall not substantially burden a person’s exercise of
religion even if the burden results from a rule of general applicability,
except as provided in subsection (b) of this section. (…)
§ 2000bb–3. Applicability  (a) In general  This chapter applies to
all Federal law, and the implementation of that law, whether statutory or
otherwise, and whether adopted before or after November 16, 1993. (b)
Rule of construction Federal statutory law adopted after November 16, 1993, is
subject to this chapter unless such law explicitly excludes such application by
reference to this chapter. (c) Religious belief unaffected.
Nothing in this chapter shall be construed to authorize any government to
burden any religious belief.”
“§ 2000bb–1.
Protección al libre ejercicio de la religión (a) En
general, la Administración no hará cargas sustanciales al ejercicio de la
religión de una persona, incluso si la carga resulta de una regla de aplicación
general, salvo lo dispuesto en el inciso (b) de esta sección. (...) § 2000bb-3.
Aplicabilidad (a) En general, este capítulo se aplica a todas las leyes
federales, y la aplicación de esa ley, ya sea legal o no, y adoptadas antes o
después del 16 de noviembre 1993. (b) La regla de la construcción de la ley
federal estatutaria adoptada después de 16 de noviembre 1993, está sujeta a
este capítulo, a menos que dicha ley excluya expresamente la aplicación por
referencia a este capítulo. (c) Convicción religiosa sin limitación. Nada en
este capítulo se interpretará para autorizar a cualquier gobierno a ejercer
cargas sobre cualquier creencia religiosa.” (Subrayado
fuera del texto original)
[30] “Having demonstrated a sincere belief in wearing visibly long hair,
the family must also show that the District's policy and proffered exemptions
will substantially burden A.A.'s free exercise of that belief (…)This inquiry
is  “case-by-case” and “fact-specific” and must take into account
“individual circumstances.”
[31]  “Requiring A.A. to cut his hair-a total ban of conduct-would also
likely constitute a substantial burden considering the amount of time spent in
school (…) it would force A.A. to choose between attending Needville
public schools and following his religious beliefs”.
[32] CCPR/C/82/D/931/2000, para. 6.2.
[33]
Segundo informe. E/CN.4/2006/5 9 de enero de 2006. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
62º período de sesiones Tema 11 e) del programa provisional LOS DERECHOS CIVILES
Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTOLERANCIA RELIGIOSA Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la
libertad de religión o de creencias. Fundamento 44.
[34] Corte Constitucional
sentencia T-588 de 1998.
[35] Corte Constitucional
sentencia T-877 de 1999.
[36] Ibídem.
[37]
En la impugnación, quien promovió la acción expresó (f. 120 ib.): “… siendo
yo una persona homosexual, reconocida en mi entorno familiar, laboral y
social…”.
[38]
T-839 de octubre 11 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[39] Corte
Constitucional sentencia T-492 de 2011.
[40]
“2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La
libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos o
libertades fundamentales de los demás.”
[41]
“42. La controversia por lo que respecta al derecho internacional en materia
de derechos humanos tiende a focalizarse en las posibles limitaciones de la
libertad de manifestar la propia religión o creencia, por ejemplo, conforme al
párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al párrafo 3 del artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al párrafo 3 del artículo 1 de la Declaración, al párrafo 2 del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al
párrafo 3 del artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En general, en estas disposiciones sólo se aceptan aquellas limitaciones que estén impuestas o
determinadas por ley y sean necesarias -en una sociedad democrática- para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y
libertades fundamentales ajenos.”  Segundo informe. E/CN.4/2006/5 9 de
enero de 2006. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 62º período de sesiones Tema 11 e)
del programa provisional LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INTOLERANCIA RELIGIOSA Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre la
libertad de religión o de creencias
[42] See Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions
in the International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4,
Annex, para. 10.
[43] See Board of Experts of the International Religious Liberty
Association, Guiding Principles Regarding Student Rights to Wear or Display
Religious Symbols (15 November 2005), Principles Nos. 6 and 7, available at
www.irla.org/documents/reports/symbols.html.
[44] Ibídem.