T-705-14
Sentencia
T-705/14
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
DERECHO
A LA SALUD-Doble connotación al ser un derecho
fundamental y al mismo tiempo un servicio público
En criterio de esta Corporación, es
claro que el derecho a la salud –visto como una garantía subjetiva derivada de
las normas que determinan su contenido y alcance– se convierte en un derecho
fundamental susceptible de ser protegido en sede de tutela, en los casos en que
llegue a verse amenazado o vulnerado. La jurisprudencia constitucional ha
establecido que su protección procede por vía de tutela, entre otras
circunstancias: (i) cuando hay una falta de
reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios de salud o
dentro de los planes de cobertura y la negativa no tiene un fundamento
estrictamente médico; (ii) cuando existe una dilación o se presentan barreras
injustificadas en la entrega de los medicamentos; (iii) cuando no se reconocen
prestaciones excluidas de los planes de cobertura que son urgentes y la persona
no puede acceder a ellas por incapacidad económica y (iv) cuando se
desconoce el derecho al diagnóstico.
MEDICAMENTOS
PRESCRITOS A LOS PACIENTES-Suministro oportuno y completo
La Corte ha establecido
que el suministro de medicamentos, al ser parte de la prestación del servicio
de salud, debe hacerse con sujeción a los principios de oportunidad y
eficiencia. En los casos en los que la entidad promotora de salud no satisface
dicha obligación, se presenta una vulneración de los derechos fundamentales a
la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana del usuario del
sistema, por cuanto la dilación injustificada en la entrega de medicamentos
generalmente implica que el tratamiento que le fue ordenado al paciente se
suspende o no se inicia de manera oportuna. Esta situación, en criterio de la
Corte, puede conllevar a una afectación irreparable en su condición y a un
retroceso en su proceso de recuperación o control de la enfermedad. En
desarrollo del principio de continuidad, las entidades promotoras de salud no
sólo tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente entrega de los
medicamentos que requiere el paciente, sino también la de adoptar medidas
especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso,
ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas
soportables que se exigen para los usuarios del sistema, pues de ello depende
el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la
integridad física.
SERVICIO
DE TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES-Otorgamiento obedecerá
a las circunstancias particulares del paciente
Esta
Corporación ha señalado que es procedente conceder el transporte y alojamiento
del paciente y de un acompañante, toda vez que la ausencia de recursos
económicos, se convierte en una barrera injustificada para el acceso a
servicios médicos necesarios para mejorar la condición de
salud del paciente.
SERVICIO
DE TRANSPORTE EN MEDIOS ESPECIALES
El otorgamiento
del servicio de transporte por parte de una EPS en un medio especial, obedecerá
a las circunstancias particulares que rodeen la situación del paciente, quien,
en algunos casos, por su condición de salud física o mental, no podrá soportar
un determinado medio de transporte, sin que ello afecte su derecho a tener una
vida en las condiciones más dignas posibles.
TRANSPORTE
Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD-Subreglas jurisprudenciales
REGIMEN
ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LOS DOCENTES AFILIADOS AL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-Cobertura
del servicio de transporte
En lo que respecta al servicio de transporte dentro del régimen de
salud del Magisterio, se tiene que el mismo está incluido en el plan de
beneficios cuando deba hacerse una remisión a otra ciudad, caso en el cual
deberá ser suministrado en el medio más acorde con las necesidades del
paciente. Sin embargo, en algunos casos específicos, como lo es cuando se
necesita de un acompañante, el citado servicio no esté incluido en el plan de
beneficios, por lo que, si se satisfacen las mismas reglas que se han expuesto
por esta Corporación para el otorgamiento de servicios NO POS, dicho plan
deberá extenderse, en procura de garantizar el nivel más alto posible de salud
a sus afiliados y beneficiarios.
DERECHO
A LA SALUD, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA INTEGRIDAD FISICA-Orden
a EPS asumir el costo de
los traslados de la menor a los diferentes centros médicos que debe acudir para
la realización de las terapias físicas ordenadas por el médico tratante
DERECHO
A LA SALUD, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA INTEGRIDAD FISICA-Orden
a EPS autorizar traslados de menor junto con acompañante cuando deba asistir a
controles y entregar medicamentos prescritos por el médico tratante
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Eps le suministró el
servicio de transporte al accionante y a un acompañante para que se le
realizara la cirugía ordenada
Referencia: expedientes
T-4.329.078, T-4.342.720, T-4.348.771, T-4.358.229 y T-4.361.699.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá
DC., quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos dictados por las autoridades judiciales
mencionadas en el siguiente cuadro:
Número del expediente
Partes
Autoridad judicial de primera
instancia
Autoridad judicial de segunda
instancia
T-4.329.078
Lina
María Ramírez Castaño, en representación de su menor hija Salomé Hincapié
Ramírez, contra SOS EPS.
Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Función de Garantías de Pereira.
Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Pereira.
T-4.342.720
Mabel
del Socorro Hoyos, en representación de  Estefany Katherine Arias Rodríguez
Castrillón, contra Alianza Medellín Antioquia EPS.
Juzgado
Promiscuo de Familia de Cisneros (Antioquia).
No
se surtió.
T-4.348.771
Nora
Cecilia Fragozo de García contra la Fundación Médico Preventiva y la Unión
Temporal Oriente Región 5.
Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Función de Garantías de Valledupar.
Juzgado
Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar.
T-4.358.229
Rosa
Emma Castro Ramírez contra SOS EPS.
Juzgado
Sexto Penal Municipal con Función de Garantías de Pereira.
No
se surtió.
T-4.361.699
Julio
Cesar Gómez contra Nueva EPS.
Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo.
Tribunal
Superior de Sincelejo.
A
continuación, se expondrán los antecedentes y las sentencias objeto de revisión
de cada uno de los casos que se estudian en esta oportunidad.
I.
EXPEDIENTE T-4.329.078
Acción
de tutela interpuesta por la señora Lina María Ramírez Castaño, en
representación de su menor hija Salomé Hincapié Ramírez, contra SOS EPS.
1.1.
ANTECEDENTES
1.1.1. Hechos
Los hechos que dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela fueron los siguientes:
a) La señora Lina María Ramírez Castaño,
interpuso la acción de tutela en representación de su hija, Salomé Hincapié
Ramírez de un año de edad, quien padece insuficiencia velopalatina, problemas
de deglución, retardo en el desarrollo, microcefalia leve, hipotonía y reflujo
gastroesofágico grado III. La menor se encuentra afiliada al régimen
contributivo de salud en calidad de beneficiaria de su padre, a través de SOS
EPS.
b)
Por sus padecimientos la niña recibe distintas terapias físicas y ocupacionales
con énfasis en neurodesarrollo y terapias de fonoaudiología, cada una de ellas
dos veces a la semana. Dichas terapias son proporcionadas en distintos lugares
de Pereira, ciudad de residencia de la menor y su familia.
Los
desplazamientos de la menor para las terapias son los siguientes:
Lunes:
1:40 pm carrera 17 No. 9-70 hidroterapia.
Martes:
8:40 am. Carrera 3 No. 19-51: fonoaudiología
9:20 am. Carrera 16 No. 9-18: terapia física.
11:00 am. Mega Centro Pinares: terapias de deglución.
Miércoles:
1:40 pm. Cra 17 No. 9-70: hidroterapia.
Jueves:
10:00 am. Mega Centro Pinares: terapias de deglución.
11:00 am. Carrera 3 No. 19-51: fonoaudiología
11:40 am. Cra 16 No. 9-18: terapia ocupacional
Viernes:
2:20 pm. Cra 16 No. 9-18: terapia ocupacional
3:40
pm. Cra 16 No. 9-18: terapia física.
c)
La accionante afirma que el sustento de la familia, compuesta por ella, su
esposo y dos niñas (de nueve y un año de edad) se deriva del sueldo de su
compañero que asciende a $ 1.640.528. Así mismo, asegura que los gastos del
grupo familiar suman $ 2.005.273, incluyendo los egresos por salud y el
transporte para asistir a las múltiples terapias.
1.1.2. Solicitud de amparo
constitucional
Atendiendo a la situación de salud de la
niña y las condiciones económicas de la familia, la peticionaria solicita se
protejan los derechos a la salud y la vida digna de su menor hija y, en
consecuencia, se ordene a la EPS SOS reconocer y pagar el transporte necesario
para las terapias y las citas médicas. En este mismo sentido, pide que en el
evento en el que debiera remitirse a la niña a otro municipio, se asuman tales
gastos.
1.1.3. Contestación de la demanda
La entidad
accionada dio contestación a la acción de tutela e indicó que el transporte sólo
se encuentra incluido en el POS cuando se trata de remisiones interinstitucionales;
o para aquellos pacientes residentes en zonas geográficas donde se reconoce la
prima adicional de las unidades de pago por capitación. Al respecto, afirmó que
el caso de la menor Salomé Hincapié no se encuentra enmarcado en ninguna de las
hipótesis anteriores, por lo cual no es posible asumir el costo del traslado
que requiere la niña para la realización de sus terapias y citas médicas.
1.1.4. Pruebas
aportadas al proceso
- Copia de la cédula
de ciudadanía de Lina María Ramírez Castaño, accionante y madre de la menor
afectada.
- Copia del registro civil de Salomé
Hincapié Ramírez, en el cual se certifica su nacimiento el 19 de diciembre de
2012.
- Copia de la historia clínica de Salomé
Hincapié Ramírez de la Clínica Comfamiliar, en donde constan varios
diagnósticos relacionados con retardo en el desarrollo, hipotonía congénita,
reflujo gastroesofágico, retardo mental leve y trastorno específico mixto del
desarrollo. Además se evidencian revisiones por neurología pediátrica,
neumología pediátrica, genética humana y fisiatría. De igual forma se indica
continuar con terapias integrales de neurorehabilitación.
- Copia de la historia clínica de Salomé
Hincapié Ramírez del Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, en la
que consta diagnóstico principal de retardo en el desarrollo.
- Orden médica para valoración por
neuropediatría.
- Órdenes médicas de las distintas
terapias que recibe la menor: hidroterapia, terapia física, terapia ocupacional
y fonoaudiología, cada una, dos veces por semana.
- Petición formulada por la accionante a
la EPS SOS, en la que solicita la exoneración de copagos y cuotas moderadoras,
así como el pago del transporte que requiere la menor para asistir a las
terapias y las citas médicas, con fecha del 28 de octubre de 2013.
- Respuesta negativa a la solicitud
anterior con fecha del 13 de noviembre de 2013.
- Reseña del Instituto de Audiología
Integral, con diagnóstico de disfagia orofaringea.
- Certificación de asistencia a terapias
ocupacionales, de lenguaje, físicas e hidroterapia del Instituto Creer.
- Constancia del despacho de primera
instancia, en el que se informa que en comunicación telefónica con la
accionante, se logró establecer que por las cuotas moderadoras de las terapias
paga un total de $ 259.200 pesos y por copagos el 17.3% del valor de cada
procedimiento.
- Recibos de pago por concepto de copagos
que van desde $ 1.200 hasta $ 167.500 pesos.
- Adicional a lo anterior, en el
expediente obran documentos que demuestran los gastos familiares de la
accionante, como certificaciones bancarias, un contrato de arrendamiento,
certificaciones de transporte y factura de venta de Sevorane.
1.2. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
1.2.1.
Primera Instancia
En sentencia del 30 de diciembre de
2013, el Juez Cuarto Penal Municipal de Garantías de Pereira declaró
improcedente la acción, en lo que respecta al pago del transporte para asistir
a las terapias y citas médicas, pues consideró que no se trataba de un caso
excepcional, en el entendido de que tales terapias y citas se llevan a cabo en
la misma ciudad de residencia de la menor.
A pesar de lo anterior, ordenó a la
entidad accionada exonerar de copagos y cuotas moderadoras a la accionante,
bajo el argumento de que el componente económico no puede ser una barrera para
acceder al servicio de salud.
1.2.2.
Impugnación
1.2.2.1. La accionante impugnó la
decisión de primera instancia en lo que respecta al pago del transporte, pues
afirmó que los gastos del mismo son altos y eso perjudica el bienestar de su
familia, en especial el de su hija mayor que se encuentra en edad de formación.
1.2.2.2. Por otra parte, SOS EPS impugnó
el fallo en lo referente a la exoneración de copagos, ya que consideró que tales
costos están sujetos a la normatividad vigente y que al exigirlos a los
pacientes no se vulnera derecho fundamental alguno.
1.2.3.
Segunda Instancia
En sentencia del 11 de febrero de 2014,
el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira confirmó en su totalidad la
decisión de primera instancia, reiterando los argumentos del a quo.
II.
EXPEDIENTE T-4.342.720
Acción de tutela interpuesta por la
señora Mabel
del Socorro Hoyos Castrillón, en representación de Estefany Katherine
Arias Rodríguez, contra Alianza Medellín Antioquia EPS.
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 Hechos
Los hechos que dieron lugar a la presentación
de la acción de tutela fueron los siguientes:
a)
La accionante interpuso el amparo en representación de su nieta Estefany Katherine
Arias Rodríguez de 17 años de edad, quien padece retardo mental severo,
epilepsia, trastorno de conducta y psicosis asociada. La menor se encuentra en
el régimen subsidiado de salud, siendo atendida por la Alianza Medellín
Antioquia EPS SAS, clasificada en el SISBEN nivel 1.
b)
Por sus padecimientos Estefany Katherine debe tomar los siguientes
medicamentos: clonazepam 0.5, aripiprazol 15 mg, ácido valproico 250 mg y
levomepromazina 25 mg. Dichos fármacos deben ser reclamados en la ciudad de
Medellín, en donde también le es prestado el tratamiento psiquiátrico que
requiere. En la actualidad la accionante reside en el municipio de Cisneros –Antioquia,
por lo cual debe trasladarse hasta la capital del departamento para recibir los
medicamentos y llevar a la menor a las citas médicas.
c)
Afirma que los desplazamientos con la niña son complicados, por cuanto la menor
es agresiva y no puede compartir medio de trasporte con más personas, por lo
cual debe contratar los servicios de un vehículo particular, cuyo costo excede
sus recursos.
2.1.2. Solicitud de amparo
constitucional
Debido a lo anterior, invocando la
protección de los derechos a la vida y la salud de su nieta, la peticionaria
solicita que se
ordene a Alianza Medellín Antioquia EPS-S enviar los medicamentos recetados a la
menor al municipio de Cisneros y asumir el transporte para la niña y un
acompañante para asistir a las citas médicas en Medellín. De igual manera, pide
que se reconozca el tratamiento integral al que haya lugar.
2.1.3. Contestación de la demanda e
intervenciones
2.1.3.1. La Alianza
Medellín Antioquia EPS dio respuesta a la acción de tutela, en la cual indicó
que la menor Estefany Katherine se encuentra afiliada a través del municipio de
Cisneros y que recibe tratamiento por retardo mental en el Hospital Mental de
Antioquia. Este último suministra los servicios POS y no POS que requiera, en
virtud de un convenio existente entre la EPS y la Secretaría Seccional de Salud
y Prosperidad Social de Antioquia. Finalmente indicó que la menor no se
encuentra en las situaciones previstas por el Plan Obligatorio de Salud que
permiten a las EPS asumir el costo del transporte de los pacientes.
2.1.3.2. La
Secretaría Seccional de Salud y Prosperidad Social de Antioquia fue vinculada
al proceso e intervino en los siguientes términos: (i) manifestó que la EPS
está obligada a garantizar en términos de la ley, con su red de servicios, el
suministro de medicamentos que estén o no en el POS; (ii) indicó que el
procedimiento estandarizado para gestionar la entrega de servicios no POS y
financiados por los entes territoriales de esta Secretaría, establece que la
EPS debe gestionar ante el CTC la solicitud del servicio y luego adelantar el
trámite del recobro.
2.1.4. Pruebas
aportadas al proceso
- Copia de la cédula
de ciudanía de la señora Mabel del Socorro Hoyos Castrillón, accionante y
abuela de la menor afectada.
- Copia de la tarjeta de identidad de
Estefany Katherine Arias Rodríguez en la cual consta su nacimiento el 24 de
septiembre de 1996.
- Copia de la historia clínica de la
menor Estefany Katherine Arias Rodríguez, con diagnóstico de retardo mental
severo, en la cual se recomienda no suspender la medicación y se asigna cita en
tres meses.
- Orden médica de los siguientes
fármacos: Clonozepam, Aripiprazol, Ácido Valproico y Levomepromazina, con
entrega cada 30 días.
- Factura de venta de los medicamentos
Clonozepam, Ácido Valproico y Levomepromazina por valor de $ 67.500.
2.2.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
2.2.1.
Única Instancia
El Juez Promiscuo de Familia de Cisneros
–Antioquia–, en sentencia del 7 de abril de 2014, concedió el amparo en lo que
respecta al tratamiento integral, e instó a la accionada a adelantar las
gestiones pertinentes para que la entrega de los medicamentos se realice en el
citado municipio. A Pesar de lo anterior, negó la solicitud en lo referente al
transporte, pues consideró que el caso de la menor no guarda relación con
ninguno de los supuestos señalados por la norma que permiten que las EPS asuman
el costo de traslado de un paciente.
2.3. ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
En Auto del 18 de julio de 2014, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que por Secretaría General de esta
Corporación, se instara a la
accionante responder el siguiente cuestionario:
Pregunta:
¿De qué actividad deriva su sustento económico y en qué consiste? Respuesta: “Mi
sustento económico se deriva de la venta de comestibles, tales como morilla,
buñuelos, chorizos, empanadas los cuales vendo a los amigos y vecinos, ofrezco
con anticipación”
Pregunta:
¿De cuántas personas se compone su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué
forma se proveen sus necesidades básicas? (Aportar registros que acrediten el
vínculo civil). Respuesta: “mi grupo familiar se compone de tres personas.
Mi señora madre JULIA ROSA CASTRILLÓN, de 85 años de edad, mi nieta ESTAFANY
CATERINE ARIAS RODRÍGUEZ, de 17 años y quien padece retardo mental avanzado, y
de quien estoy a cargo por que (sic) ambos padres fallecieron y por mi persona,
los aportes para el sustento básico los proveo yo con la venta de comestibles.
Pregunta:
¿Cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen? (Si tienen pensiones
adicionales, rentas por inmuebles, ayudas de familiares cercanos, alimentos,
donaciones etc.) Respuesta: “la fuente de ingreso es lo que gano por la
venta de comestibles y equivale a SESENTA MIL PESOS ($60.000[1]), no
recibo pensión, ni donaciones, ni rentas, no recibo ayuda de ningún familiar”
Pregunta:
¿A cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda,
transporte, salud, etc.? (Acompañar con los documentos respectivos). Respuesta:
“Alimentación $ 150.000 mensual. // Salud $ 2500 cuotas moderadoras. //
$50.000 mensual para desplazarme a la ciudad de Medellín a reclamar los
medicamentos de la niña Estafany. // Cuando mi nieta ESTEFANY necesita
tratamiento psiquiátrico tengo que prestar para poderla visitar, cuando tengo
que desplazarla hasta la ciudad de Medellín me gasto $200.000 que cuesta el
carro particular, pues por el nivel de agresividad que maneja la niña no se
puede llevar en bus”
Pregunta:
¿Qué enfermedades padecen usted y su núcleo familiar, y qué limitaciones les
generan? (Aportar las historias clínicas). Respuesta: “yo soy hipertensa, me
encuentro en tratamiento y permanente mente (sic) tomo medicamentos, mi señora
madre de 85 años sufre de una fractura de cadera y clavícula por varias caídas
que ha sufrido, y mi nieta ESTEFANY sufre retardo mental severo, permanece en
tratamiento, toma medicamentos diariamente y cuando es necesario se interna en
clínica de reposo.”
Aunado
a lo anterior, adjuntó los siguientes documentos:
-
Recibos de servicios públicos.
-
Recibo de seguro funerario.
-
Historia clínica psiquiátrica de Estefany Katherine con fecha del 25 de julio
de 2014, en la cual no se pudo valorar a la paciente porque la abuela asistió
sola, se programa próxima cita en 6 meses.
-
Registro civil de nacimiento de Estefany Katherine.
-
Registros de defunción del padre y la madre de la menor.
III.
EXPEDIENTE T-4.348.771
Acción
de tutela interpuesta por la señora Nora Cecilia Fragozo de García contra  la Fundación
Médico Preventiva y la Unión Temporal Oriente Región 5.
3.1. ANTECEDENTES
3.1.1. Hechos
Los hechos que dieron lugar a la
interposición la acción de tutela fueron los siguientes:
a)
La accionante está afiliada al régimen especial de Seguridad Social en Salud
del Magisterio, reside en la ciudad de Valledupar y fue diagnosticada con
Carcinoma Basocelular. Como consecuencia de lo anterior, fue remitida al Instituto
Nacional de Cancerología en Bogotá, en donde, afirma, debe asistir
periódicamente para citas médicas de control.
b)
La peticionaria solicitó a su EPS reconocer y pagar el transporte desde
Valledupar hasta Bogotá para asistir a las citas médicas. Sin embargo, la
entidad le otorgó pasajes por vía terrestre. Según afirma la accionante, el
trayecto por dicha vía es de aproximadamente 21 horas, las cuales, en su
opinión, resultan desgastantes y lesivas para su salud, como consecuencia de la
enfermedad que padece.
c)
Finalmente, asegura que no cuenta con los recursos para sufragar un viaje por
vía aérea, así como para costear los traslados en taxi y hospedaje en la ciudad
de Bogotá.
3.1.2. Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en lo expuesto, la
accionante solicita la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad
social y a la salud, por lo que pide que se ordene a la Unión Temporal de
Oriente Región 5 - Fundación Médico Preventiva Régimen Especial Seguridad
Social en Salud del Magisterio, que asuma el transporte aéreo de Valledupar a
Bogotá, con el fin de que pueda asistir a las citas programadas en el Instituto
de Cancerología. De igual forma solicita que se asuman los gastos de hospedaje,
alimentación y traslado al interior de la ciudad de Bogotá, incluyendo lo
correspondiente a un acompañante.
3.1.3. Contestación de la demanda
La entidad
accionada guardó silencio.
3.1.4. Pruebas
aportadas al proceso
- Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Nora Cecilia Fragozo.
- Copia de la historia
clínica de la citada señora que reposa en el Instituto Nacional de
Cancerología, con fecha del 6 de diciembre de 2013, en la que se registra
diagnóstico de tumor maligno de la piel de otras partes y de las no
especificadas de la cara.
- Recomendación
del médico internista en la cual se sugiere el transporte por vía aérea de la accionante,
teniendo en cuenta su estado de salud y los antecedentes de hipertensión.
- Orden médica
del Instituto Nacional de Cancerología para participar en una junta médica el
14 de enero de 2014.
3.2.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
3.2.1.
Primera Instancia
En sentencia del 20 de diciembre de 2013,
el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías de Valledupar, decidió conceder
el amparo solicitado y ordenar a la entidad accionada suministrar el transporte
aéreo a la accionante y un acompañante con el propósito de asistir a las citas
médicas a Bogotá, así como los gastos de hospedaje, alimentación y transporte urbano
durante el tiempo que dure la estancia de la peticionaria en esa ciudad. Lo
anterior porque consideró que se encontraba justificada la necesidad del
transporte aéreo debido a la situación de salud de la solicitante.
3.2.2.
Impugnación
3.2.2.1. La Unión Temporal Oriente
Región 5, impugnó el fallo de primera instancia, sin exponer argumentos al
respecto.
3.2.2.2. La Fiduciaria Fiduprevisora
expuso en su impugnación que la entidad encargada de la prestación de servicios
médicos asistenciales a educadores es la Unión Temporal Oriente Región 5, pues
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es sino una cuenta
especial de la Nación, cuyos recursos maneja la Fiduprevisora, quien no presta
servicios médicos.
De igual forma puso de presente que los
servicios médicos que se prestan a los afiliados al Fondo de prestaciones
Sociales del Magisterio son exclusivos de ese régimen, pues están exceptuados
de la Ley 100 de 1993 y que sólo el médico tratante es quien establece el
tratamiento a seguir.
Finalmente, indicó que cuando medie
remisión por parte del médico tratante a otro centro de atención en un
municipio distinto, el prestador debe asumir los costos del transporte, así
como del acompañante.
3.2.3.
Segunda Instancia
El Juez Segundo Penal del Circuito con
Función de Conocimiento, en providencia del 20 de febrero de 2014, decidió
revocar la sentencia de primera instancia, pues consideró que la accionante
debió acudir previamente ante su EPS a solicitar el transporte aéreo que
pretende a través de esta tutela.
3.3. ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
En Auto del 18 de julio de 2014, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que por Secretaría General de esta
Corporación, se instara a la
accionante responder el siguiente cuestionario:
Pregunta:
¿De qué actividad deriva su sustento económico y en qué consiste? Respuesta: “Mi
sustento económico proviene de mi actividad como maestra del magisterio
perteneciente a la secretaria (sic) de educación de Valledupar”
Pregunta:
¿De cuántas personas se compone su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué
forma se proveen sus necesidades básicas? (Aportar registros que acrediten el
vínculo civil). Respuesta: “Mi núcleo familiar está compuesto por mi esposo,
mi hijo que actualmente estudia medicina”
Pregunta:
¿Cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen? (Si tienen pensiones
adicionales, rentas por inmuebles, ayudas de familiares cercanos, alimentos,
donaciones, etc.) Respuesta: “Mi fuentes de ingreso es el salario recibido
por actividad como maestra, que es un neto de TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL
CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 3’130.048), aclarando que no poseo otra fuente de
ingresos como arriendos u otros similares.”
Pregunta:
¿A cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda,
transporte, salud, etc.? (Acompañar con los documentos respectivos). Respuesta:
“Mis gastos mensuales equivalen más o menos a la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2’400.000 en servicios domiciliarios, comida, gastos
personales, etc.), ya que mi esposo no trabaja y yo soy el sostén de mi hogar,
además los gastos de mi hijo el que estudia medicina del cual pago las cuotas
al ICETEX y su manutención en la ciudad donde estudia la carrera.”
Pregunta:
¿Qué enfermedades padecen usted y su núcleo familiar, y qué limitaciones les
generan? (Aportar las historias clínicas). Respuesta: “yo padezco
actualmente de un CARCINOMA BASOCELULAR MICRONODULAR que compromete el parpado
izquierdo”
Aunado
a lo anterior, adjuntó los siguientes documentos:
- Comprobante de pago de pensión de
gracia por $ 1.124.557 a nombre de Nora Fragozo con fecha del 24 de julio de
2014.
-Comprobante de la Fiduprevisora de
pensión de jubilación con un total pagado de $ 800.491con fecha del 30 de junio
de 2014, a nombre de la accionante.
- Comprobante de pago a Nora Cecilia
Fragozo de la Secretaría de Educación de Valledupar por un total de $ 1.205.885
con fecha del 25 de julio de 2014.
- Consulta por dermatología con
diagnóstico de tumor maligno de piel.
- Acta de Junta Médica del Instituto
Nacional de Cancerología celebrada el 14 de enero de 2014, en la cual se decide
como tratamiento pertinente cirugía micrográfica de MOHS por congelación,
frente a la cual se indica que debe remitirse a otra institución, pues en esta
no se realiza tal procedimiento.
- Copias de documentos de identidad de
la accionante, su hijo y esposo.
- Pago a la Universidad Cooperativa de
Colombia en Santa Marta  por un valor de $ 1.014.626 semestral.
IV.
EXPEDIENTE T-4.358.229
Acción de tutela interpuesta por Rosa Emma Castro
Ramírez contra SOS EPS.
4.1. ANTECEDENTES
4.1.1. Hechos
Los hechos que dieron lugar a la
interposición la acción de tutela fueron los siguientes:
a)
La señora Rosa Emma Castro Ramírez, de 61 años de edad, se encuentra afiliada
al régimen contributivo de salud en calidad de beneficiaria, a través de SOS EPS.
Sostiene que como consecuencia de una lesión en su rodilla derecha, se le
realizó reemplazo total de la misma, por lo que su médico tratante le ordenó la
realización de 20 terapias de recuperación física en la ciudad de Pereira.
b)
Manifiesta que reside en la Finca Virgelina a 15 minutos de Combia,
corregimiento de Pereira y que no cuenta con recursos para sufragar el
transporte desde su residencia hasta el lugar donde le realizan las terapias,
el cual asciende a la suma de $ 25.000 por trayecto.
c)
Previo a la interposición de la presente acción de tutela, el 20 de agosto de
2013, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira falló otra acción de tutela a
favor de la accionante en la cual ordenó a la EPS SOS realizar el procedimiento
quirúrgico de reemplazo total de rodilla derecha y proporcionar el tratamiento
integral al que hubiera lugar, incluyendo procedimientos, medicamentos,
terapias, etc.
4.1.2. Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los anteriores hechos
y con el objeto de obtener la protección de sus derechos a la vida, la seguridad
social, la vida digna y la igualdad, solicita se ordene a la entidad accionada
asumir el costo del transporte para asistir a las terapias de recuperación.
4.1.3. Contestación de la demanda
La entidad
accionada sostuvo que a la accionante se le están realizando terapias físicas
para la recuperación de la movilidad de su rodilla izquierda. Sin embargo,
indicó que el servicio de transporte no está incluido en el Plan Obligatorio de
Salud, de manera que deberá ser asumido directamente por el paciente, máxime
cuando no existe orden médica que lo prescriba.
4.1.4. Pruebas
aportadas al proceso
- Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Rosa Emma Castro de López.
- Copia de orden médica en la que se
prescribe la realización de 20 terapias físicas integrales con indicación
“prioritaria”.
- Copia del oficio de notificación de la
parte resolutiva de la providencia del 20 de agosto de 2013 proferida por el Juzgado Sexto
Penal Municipal de Pereira.
4.2.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
4.2.1.
Única Instancia
El Juzgado Sexto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Pereira, en sentencia del 9 de diciembre de
2013, negó el amparo solicitado por la accionante, al considerar que no se
cumplían los presupuestos señalados por la jurisprudencia para el otorgamiento
de los gastos de traslado de un paciente, en concreto frente al requisito de
incapacidad económica, pues el compañero permanente de la accionante, mediante un
préstamo, sufragó los gastos de traslado para la realización de 15 de las 20
terapias ordenadas.
4.3. ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
En Auto del 18 de julio de 2014, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que por Secretaría General de esta
Corporación, se instara a la
accionante responder el siguiente cuestionario:
Pregunta:
¿De qué actividad deriva su sustento económico y en qué consiste? Respuesta: “mi
sustento económico deriva de mi esposo ISAAC DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ (...)
quien es pensionado del Seguro social con el salario mínimo (…); y yo
directamente recibo un bono pensional por $ 86.240”
Pregunta:
¿De cuántas personas se compone su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué
forma se proveen sus necesidades básicas? (Aportar registros que acrediten el
vínculo civil). Respuesta: “Mi vínculo familiar actual se compone de mi
esposo Isaac de Jesús y yo, ya que mis tres hijos son casados y viven a parte
con sus respectivas familias”
Pregunta:
¿Cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen? (Si tienen pensiones
adicionales, rentas por inmuebles, ayudas de familiares cercanos, alimentos,
donaciones etc.). Respuesta: “Mi fuente de ingreso directo es el bono
pensional de $ 86.240, de resto dependo directamente del ingreso de mi esposo
con la pensión para cubrir mis necesidades.”
Pregunta:
¿A cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda,
transporte, salud, etc.? Respuesta: “Los gastos mensuales por alimentación
son aproximadamente $ 180.000 (…) para transporte pago aproximadamente $ 100.000
para asistir a controles médicos y demás diligencias, en gastos de medicamento
no cubiertos (sic) por el POS gasto entre $ 60.000 y             $ 70.000.”
Pregunta:
¿Qué enfermedades padecen usted y su núcleo familiar, y qué limitaciones les
generan? Respuesta: “Actualmente sufro de gastritis y lo más delicado es la
molestia y dificultad para caminar luego de mi cirugía de cambio de rodilla
derecha realizada el pasado mes de noviembre de 2013 y tuvo una segunda
intervención en Abril del presente año por no quedar bien y de la cual aún
tengo gran dificultad para desplazarme normalmente. (Lo anterior es por lo que
se instauraron las tutelas). // Es de anotar que para poder cubrir los gastos
de desplazamiento para las terapias mi esposo y yo hemos tenido que incurrir en
préstamos con familiares para poderlas hacer ya que mis hijos tienen
obligaciones con sus familias y no les queda la forma de ayudarnos.”
Aunado
a lo anterior, adjuntó los siguientes documentos:
-
Comprobante de pago de pensión al señor Isaac López por un valor total de          $
571.108, en el cual se observa un incremento por valor de $ 86.240.
-
Facturas de farmacia con distintos medicamentos y precios.
-
Factura de mercado por $ 137.510.
V.
EXPEDIENTE T-4.361.699
Acción de tutela interpuesta por Julio Cesar Gómez
contra la Nueva EPS.
5.1 ANTECEDENTES
5.1.1. Hechos
Los hechos que dieron lugar a la
interposición la acción de tutela fueron los siguientes:
a)
El señor Julio Cesar Gómez, de 81 años de edad, reside en Corozal –Sucre– y se
encuentra afiliado en calidad de beneficiario a la Nueva EPS. El citado señor
padece “píe diabético, por diabetes mellitus con complicaciones
circulatorias” y, en consecuencia, le fue ordenada una cirugía vascular
periférica, la cual debe realizarse en la ciudad de Barranquilla.
b)
Afirma que se ha dilatado la autorización del procedimiento por motivos
administrativos. Igualmente, expresa que no cuenta con los recursos para asumir
los costos de su desplazamiento y el de un acompañante hasta la ciudad de
Barranquilla.
5.1.2. Solicitud de amparo
constitucional
En virtud de los hechos anteriormente
narrados e invocando la protección de sus derechos a la salud y la vida, el
accionante solicita que se ordene a la Nueva EPS autorizar el procedimiento
ordenado por el médico tratante y reconocer los gastos de transporte de él y de
un acompañante a la ciudad de Barranquilla para la realización de la cirugía,
así como el tratamiento integral al que haya lugar.
Al momento de admisión de la acción de
tutela, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo ordenó a la Nueva
EPS que, como medida provisional, autorizara la remisión del actor a la ciudad
de Barranquilla para la realización de la cirugía cardiovascular, reconociendo
viáticos de ida y vuelta con su respectivo acompañante.
5.1.3. Contestación de la demanda
La Nueva EPS dio contestación a la
acción de tutela e indicó que en cumplimiento de la medida provisional ordenada
por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo, se remitió al
paciente a una IPS de nivel IV en Barranquilla para valoración por cirugía
vascular. En lo referente a los gastos del traslado indicó que los mismos debían
ser asumidos por el usuario y no por la EPS.
Por último, indicó que la solicitud de
tratamiento integral resulta improcedente, pues la misma hace referencia a
eventos futuros e inciertos.
5.1.4. Pruebas
aportadas al proceso
- Copia de la historia
clínica del accionante con diagnóstico de diabetes mellitus.
- Valoración por
medicina interna.
- Copia de la cédula
de ciudadanía del accionante.
- Copia del
carné de afiliación a la Nueva EPS.
- Copia de la
solicitud de cirugía vascular por el médico tratante.
- Orden del
cirujano vascular para la realización de una arteriografía periférica de
miembros inferiores bilateral.
- Resultado de
la arteriografía periférica de miembros inferiores y aortograma en el cual se
concluye oclusión de arteria femoral superficial en su tercio medio.
- Resultados de
Ecodopller color de vasos venosos de miembros inferiores.
- Remisión para
cirugía cardiovascular periférica.
- Consulta en la
Clínica de Varices con diagnóstico de enfermedad arterial obstructiva crónica,
pie diabético e indicación de cirugía vascular.
5.2.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
5.2.1.
Primera Instancia
En sentencia del 2 de enero de 2014, el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo concedió el
amparo solicitado por el accionante, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS autorizar
la cirugía prescrita por el médico tratante en la ciudad de Barranquilla, así
como los viáticos del traslado para él y su acompañante; adicionalmente, ordenó
el suministro de medicamentos y procedimientos requeridos por el señor Gómez. Fundamentó
su decisión en que el paciente no debe asumir los inconvenientes
administrativos que tenga la Nueva EPS para prestar determinado servicio,
adicionalmente resaltó que la citada entidad cuenta con la posibilidad legal de
recobrar ante el FOSYGA los gastos en los cuales incurra al prestar servicios
excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
5.2.2.
Impugnación
La entidad accionada impugnó el fallo de
primera instancia, reiterando los argumentos de defensa expuestos ante el a
quo.
5.2.3.
Segunda Instancia
En providencia del 12 de febrero de 2014
la Sala III Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo,
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, pues revocó, por un
lado, lo relacionado con los viáticos de traslado del acompañante, al
considerar que no se demostró que los familiares no contaban con recursos
económicos para costear los gastos de traslado de una persona para que asista
con el accionante a la ciudad de Barranquilla y, por el otro, lo relacionado
con el tratamiento integral, al considerar que al accionante se le han prestado
todos los servicios requeridos.
5.3. ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
6.2.1. En Auto del 18 de julio de 2014, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que por Secretaría General de esta
Corporación, se instara al accionante para que respondiera el siguiente
cuestionario: 1. ¿de qué actividad deriva su sustento económico y en qué
consiste? (Aportar documentos o demás pruebas que acrediten su respuesta); 2.
¿de cuántas personas se compone su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué
forma se proveen sus necesidades básicas? (Aportar registros que acrediten el
vínculo civil); 3. ¿cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen? (Si
tienen pensiones adicionales, rentas por inmuebles, ayudas de familiares
cercanos, alimentos, donaciones etc.); 4. ¿a cuánto equivalen sus gastos
mensuales por concepto de manutención, vivienda, transporte, salud, etc.?
(Acompañar con los documentos respectivos), 5. ¿Qué enfermedades padecen usted
y su núcleo familiar, y qué limitaciones les generan? (Aportar las historias
clínicas).
Mediante
oficio remitido el 12 de agosto de 2014 por la Secretaría General de esta
Corporación, se informó que la comunicación fue devuelta por la oficina de
correo 472 con la anotación “desconocido”. A pesar de ello, en
comunicación telefónica del 22 de agosto de 2014 con la hija del peticionario,
se conoció que la cirugía cardiovascular le fue realizada al señor Julio Cesar
Gómez en
la ciudad de Barranquilla el día 26 de diciembre de 2013 y le fue reconocido su
transporte y el de un acompañante.
VI. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
6.1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida en las acciones de tutela de la referencia, con fundamento
en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. Los
expedientes fueron seleccionados y acumulados por medio de los Autos del 15 y
29 de mayo
de 2014 proferidos
por la Sala de Selección Número Cinco.
6.2. Asunto Previo. Carencia
actual de objeto por hecho superado en el caso T-4.361.699
6.2.1. Antes de
plantear el problema jurídico, en el caso identificado con el número
T-4.361.699, es preciso examinar si se presenta un hecho superado en lo que
respecta a la acción de tutela interpuesta por el señor Julio César Gómez, toda
vez que a través de comunicación telefónica realizada el 22 de agosto de 2014,
se conoció que al actor le fue suministrado por la Nueva EPS servicio de
transporte a él y a un acompañante, para que asistiera a la ciudad de
Barranquilla, donde se le realizó una cirugía cardiovascular, pretensiones que
fundamentaban su solicitud de amparo.
La jurisprudencia de esta Corporación,
en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto
sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no
tendría efecto alguno o caería en el vacío[2].
Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se
presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho
superado.
Cuando las pretensiones objeto de la
acción de tutela son satisfechas durante el trámite de la misma y, en
consecuencia, desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, se está ante un hecho superado, que haría inocua e
innecesaria la adopción de decisiones por parte del juez.
Precisamente,
en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno
de tales hechos, a saber:
“1.
Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2.
Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3.
Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado.”
6.2.2. En el asunto bajo examen, la
Corte pudo constatar que durante el trámite de la acción de tutela, cesó la
conducta que dio origen al presente amparo constitucional y que fundamentó el
conjunto de pretensiones formuladas por el accionante. En efecto, como se
infiere de la información suministrada vía telefónica por la hija del señor
Julio Cesar Gómez, la cirugía cardiovascular periférica le fue realizada en la
ciudad de Barranquilla, en el mes de diciembre del año 2013; de igual forma, se
cubrió por parte de la EPS el transporte del paciente y de su acompañante.
Así las cosas, al desaparecer las causas
que motivaron la interposición de la presente acción, en criterio de este
Tribunal, carece de objeto examinar si los derechos invocados por el accionante
fueron vulnerados. Lo anterior implica que en el presente caso ha operado el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que en la
parte resolutiva de esta providencia se procederá a revocar el fallo proferido
por la Sala III Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, que
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
6.3. Problema jurídico y esquema de
resolución
6.3.1. A partir de las
circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las acciones de
tutela, de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales y
de la información obtenida en sede de revisión, esta Corporación debe determinar, si
en los casos previamente reseñados, las entidades accionadas desconocieron el
derecho a la salud de los accionantes o de sus representados, con la negativa
de asumir los gastos de transporte y viáticos (acorde con sus situaciones
particulares) para que ellos y, en algunos casos un acompañante, viajen desde
su lugar de residencia hacía las ciudades o centros médicos donde reciben
atención frente a sus patologías. Asimismo, esta Sala de Revisión deberá establecer, si
en el caso de la menor Estefany Katherine, la EPS Alianza
Medellín Antioquia vulneró su derecho a la salud, al negarse a entregar los
medicamentos prescritos por el médico tratante en su municipio de residencia,
así como por abstenerse de suministrar el tratamiento integral.
6.3.2. Con el
fin de resolver estos problema jurídicos, la Sala se pronunciará sobre los
siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela
frente al derecho a la salud; (ii) la
obligación de proceder al suministro de medicamentos en forma oportuna,
eficiente e integral; y (iii) el
reconocimiento del servicio de transporte como medio de acceso al citado
derecho, entre otras, en lo que respecta al régimen exceptuado de seguridad
social en salud del Magisterio.
6.4. De la
procedencia de la acción de tutela frente al derecho a la salud
6.4.1. La
Constitución Política de Colombia, en el artículo 48, consagra el
derecho a la seguridad social y lo describe como “un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. Más adelante,
al pronunciarse sobre el derecho a la salud, en el artículo 49, se dispone que:
“La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir
y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley. (…)”
Dada la
complejidad que plantean los requerimientos de atención en los servicios de
salud, en numerosas oportunidades, la jurisprudencia constitucional se ha
referido a sus dos facetas: por un lado, su reconocimiento como derecho y, por
el otro, su carácter de servicio público[3]. En cuanto a
la primera faceta, la salud debe ser prestada de manera oportuna[4],
eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad e
integralidad[5];
mientras que, frente a la segunda, la salud debe atender a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos previstos en los
artículos 48 y 49 del Texto Superior.
En criterio de esta Corporación, es
claro que el derecho a la salud –visto como una garantía subjetiva derivada de
las normas que determinan su contenido y alcance– se convierte en un derecho
fundamental susceptible de ser protegido en sede de tutela, en los casos en que
llegue a verse amenazado o vulnerado.
6.4.2. Ahora bien, en vista de que los
recursos económicos para la prestación del servicio de salud son limitados y
deben ser asignados cuidadosamente, existen en el ordenamiento jurídico unos
planes de cobertura impuestos de forma obligatoria por el sistema. La inclusión
en estos planes se basa en el perfil epidemiológico de la población colombiana
y comprende aquellos medicamentos y tratamientos que son requeridos con mayor
intensidad y frecuencia por parte de los asociados. De esta manera, la garantía
en la cobertura de los servicios de salud, está en principio sujeta al
suministro de los servicios y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud (POS)[6],
en la atención de urgencias, etc.[7]
En todo caso, la Corte también ha
indicado que la protección por vía del amparo constitucional procede en los
casos en que dicho servicio es necesario, esto es, cuando el médico tratante lo
ordena, bajo el entendido de que el servicio o tratamiento es indispensable
para conservar la salud, la vida digna o la integridad personal del paciente[8].
Precisamente,
en la Sentencia T-760 de 2008, se dijo que: “toda
persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que requiera
con necesidad, es decir, que hayan sido ordenados por el médico tratante que ha
valorado científicamente la necesidad del mismo (…).”
6.4.3. A partir del reconocimiento de la
existencia de planes de cobertura y de la exigibilidad del derecho
a la salud
conforme con el criterio de necesidad, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que su protección procede por vía de
tutela[9],
entre otras circunstancias: (i) cuando hay una falta de
reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios de salud o
dentro de los planes de cobertura y la negativa no tiene un fundamento
estrictamente médico[10];
(ii) cuando existe una dilación o se presentan barreras injustificadas en la
entrega de los medicamentos[11];
(iii) cuando no se reconocen prestaciones excluidas de los planes de cobertura
que son urgentes y la persona no puede acceder a ellas por incapacidad
económica[12]
y (iv) cuando se desconoce el derecho al diagnóstico.
6.4.4. En esta oportunidad, a partir de
los problemas jurídicos planteados, le corresponde a esta Corporación
pronunciarse sobre los presupuestos dos y tres, entendiendo el suministro de
transporte como una prestación excluida del Plan Obligatorio de Salud en
algunos escenarios, con miras a determinar el alcance de la afectación del
derecho a la salud de los accionantes en las tutelas de referencia.
6.5. Del
suministro oportuno de medicamentos. Reiteración de jurisprudencia
6.5.1. La Corte ha establecido que el
suministro de medicamentos, al ser parte de la prestación del servicio de
salud, debe hacerse con sujeción a los principios de oportunidad[13]
y eficiencia[14].
En los casos en los que la entidad promotora de salud no satisface dicha
obligación, se presenta una vulneración de los derechos fundamentales a la
salud, a la integridad personal y a la dignidad humana del usuario del sistema,
por cuanto la dilación injustificada en la entrega de medicamentos generalmente
implica que el tratamiento que le fue ordenado al paciente se suspende o no se
inicia de manera oportuna. Esta situación, en criterio de la Corte, puede
conllevar a una afectación irreparable en su condición y a un retroceso en su
proceso de recuperación o control de la enfermedad.
Desde esta perspectiva, este Tribunal ha
insistido en que la entrega tardía o no oportuna de los medicamentos también
desconoce los principios de integralidad[15] y
continuidad[16]
en la prestación del servicio de salud. Precisamente, en la Sentencia T-1167 de
2004, la Corte estudió el caso de una señora de 74 años que solicitó la entrega
de un medicamento incluido en el POS, pero que no le había sido suministrado
por la EPS por no contar con existencias del mismo en la farmacia. En dicha
oportunidad, se señaló que la renuencia de la EPS a entregar los medicamentos
ordenados por el médico tratante conducía a una vulneración de los derechos fundamentales
de la paciente, en especial los derechos a la vida digna y a la integridad
física, por desconocer el principio de continuidad del servicio de salud. En
cuanto al caso concreto, esta Corporación concedió el amparo y ordenó a la
entidad demandada que entregara de manera oportuna los medicamentos requeridos
por la accionante, de conformidad con las fórmulas expedidas por los médicos
tratantes[17].
Los mismos principios señalados
anteriormente, esto es, los principios de oportunidad, eficiencia, integralidad
y continuidad, deben ser aplicados y tenidos en cuenta en aquellas hipótesis en
las que el medicamento no se encuentra incluido en el plan de beneficios, pero
es autorizado por la entidad promotora de salud. De no ser así, tal como se
reseñó anteriormente, se estarían vulnerando los derechos fundamentales del
paciente, conforme con los principios y criterios expuestos por la
jurisprudencia en materia de prestación del servicio de salud.
6.5.2. Adicionalmente, como ya se
manifestó, se configura una vulneración de los derechos del paciente y un
desconocimiento de los principios de integralidad y continuidad, en aquellos
casos en los que por la existencia de un obstáculo o barrera injustificada, el
paciente no puede acceder a los servicios de salud o al suministro de los
medicamentos. Para esta Sala de Revisión, una de tales situaciones se presenta,
cuando, teniendo en cuenta las cargas soportables que se exigen para los usuarios
del sistema, se reconoce el suministro de los medicamentos ordenados para el
tratamiento en una ciudad diferente a la de la residencia del paciente y éste
no tiene las condiciones para trasladarse, ya sea por falta de recursos
económicos o por su estado físico.
Así, por ejemplo, en la Sentencia T-460
de 2012, esta Corporación estudió la solicitud de amparo de una mujer de la
tercera edad en un delicado estado de salud, representada por el Personero de
Heliconia, en la que se solicitó que un medicamento no POS autorizado por el
Comité Técnico Científico, le fuera entregado en su población de residencia y
no en la ciudad de Medellín. En dicha oportunidad, con fundamento en que la
falta de entrega del medicamento en su lugar de domicilio implicaba una limitación
irrazonable al acceso eficiente al sistema de salud, esta Corporación amparó
los derechos fundamentales “de acceso y prestación integral del servicio de
salud y vida digna de la accionante”. Por esta razón, se ordenó a la EPS
accionada entregar los medicamentos prescritos por el médico tratante, en la
IPS autorizada para tal fin en el municipio de Heliconia[18].
La importancia del suministro oportuno y
eficiente de medicamentos también ha sido objeto de desarrollo por parte del
legislador extraordinario. Así, el artículo 131 del Decreto-Ley 019 de 2012,
determinó que:
“Las
Entidades Promotoras de Salud tendrán la obligación de establecer un
procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio
de Salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e
inmediata de los mismos.
En
el evento excepcional en que esta entrega no pueda hacerse completa en el
momento que se reclamen los medicamentos, las EPS deberán disponer del
mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y garantice su
entrega en el lugar de residencia o trabajo si el afiliado así lo autoriza.
Lo
dispuesto en este artículo se aplicará progresivamente de acuerdo con la
reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de
los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto,
iniciando por los pacientes que deban consumir medicamentos permanentemente.”[19]
Como
se infiere de lo expuesto, la citada disposición se convierte en un esfuerzo
por parte del legislador para asegurar el cumplimiento de los principios de
universalidad, eficiencia y solidaridad que rigen la prestación del servicio de
salud, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política. Por esta
razón, su exigibilidad también se extiende a los regímenes exceptuados y no
sólo al régimen general de salud, pues representa un claro desarrollo de los
citados principios constitucionales. Desde esta perspectiva, es claro que el
legislador reconoce la existencia de un marco normativo de contenido general,
que permite la exigibilidad de la entrega de los medicamentos de manera
oportuna, eficiente, integral y continua, con el propósito de eliminar las barreras
que impiden el acceso a los mismos.
6.5.3. En conclusión, a juicio de la
Corte, en desarrollo del principio de continuidad previamente expuesto, las
entidades promotoras de salud no sólo tienen la obligación de garantizar la
oportuna y eficiente entrega de los medicamentos que requiere el paciente, sino
también la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras
injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o
económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen para los usuarios
del sistema, pues de ello depende el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud y a la integridad física.
6.6.
Del servicio de transporte para pacientes en el sistema de salud. Reiteración
de jurisprudencia
6.6.1.
Esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el traslado de
pacientes entre diferentes municipios del país, cuando se hace necesaria la
prestación de servicios de salud en centros de atención ubicados en ciudades
distintas de aquella de residencia del paciente. Al respecto, este Tribunal ha
concedido el servicio de transporte y los gastos de alojamiento, a pesar de que
en principio se trata de prestaciones no asistenciales, cuyo valor debe ser
asumido por el usuario o su núcleo familiar, cuando a partir de las
circunstancias económicas de estos últimos, la ausencia de recursos se torne en
una barrera injustificada de acceso a los servicios de salud[20].
Desde
esta perspectiva, la jurisprudencia ha desarrollado dos subreglas que limitan
la procedencia de la tutela para ordenar este tipo de servicios. La primera se
relaciona con la necesidad de prestación del servicio de transporte, en aras de
asegurar la protección de los derechos a la vida, a la integridad física o a la
salud del paciente; mientras que, la segunda, apunta a verificar la incapacidad
económica del paciente y/o de sus familiares cercanos, con miras a asumir el
valor del traslado[21]. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-206 de 2008[22] se advirtió que:
“La jurisprudencia
constitucional se ha detenido en señalar los elementos que deberán observarse
para establecer, bajo qué circunstancias, el servicio de transporte y los
gastos de manutención, en principio a cargo del paciente o de sus familiares
más cercanos, pueden ser asumidos por las entidades administradoras del régimen
de salud.
En virtud de lo
anterior esa responsabilidad es trasladada a las entidades promotoras
únicamente en los eventos concretos donde se acredite (i) que el procedimiento o
tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud
y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) que el paciente
y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos económicos para
atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del afectado.
En consecuencia, cuando deba
prestarse servicios médicos en lugares diferentes al de la sede del paciente;
el paciente ni su familia disponen de los recursos suficientes para tal fin y
se comprometen sus derechos fundamentales, procede la acción de tutela para
ordenar a la EPS que pague los costos pertinentes.”
La lógica de estas subreglas se
vincula con la existencia de barreras económicas, que si bien no son del
resorte de los servicios prestados por las EPS, sí terminan impidiendo en
muchas ocasiones el acceso a los servicios de salud, pues en la práctica de
poco sirve tener autorizados procedimientos, citas o terapias, cuando las
mismas se otorgan en una ciudad a la que el paciente difícilmente podría
llegar.
6.6.2. Ahora bien, cuando se trata de
menores de edad o de personas con discapacidad, el servicio de transporte y
alojamiento al usuario y a un acompañante también ha sido reconocido con cargo
a las EPS, cuando se cumplen los siguientes requisitos: “(i) el
paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento; (ii) requiere
atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado
de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuentan
con los recursos suficientes para financiar el traslado”[23]. En estos casos, se crea
la necesidad de asistencia continua, pues el sujeto de quien se predica la
garantía de accesibilidad a los servicios de salud depende de la compañía y
apoyo de un adulto (padre o curador), con el fin de poder realizar sus
actividades cotidianas, como ocurre con su desplazamiento[24].
6.6.3. A partir del citado marco
jurisprudencial, la Comisión de Regulación en Salud incluyó algunas hipótesis
de servicios de transporte cubiertos por el POS. Así, en el Acuerdo No. 029 de
2011 (anterior a la actualización del Plan Obligatorio de Salud), se estableció
que en él estaba incluido: (i) el transporte en ambulancia, para el
traslado entre IPS de los pacientes remitidos y de pacientes remitidos para
atención domiciliaria[25];
así como (ii) en medio distinto a la ambulancia, cuando se trataba de
atención médica en un municipio distinto al de residencia del afiliado, “con
cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas,
en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión.”[26]
Esta prestación fue incluida en la ahora
vigente Resolución No. 5521 de 2013 del Ministerio de Salud y de la Protección
social (artículos 124 y 125), en los siguientes términos:
“Artículo
124. Transporte o traslados de pacientes. El Plan Obligatorio de Salud cubre el traslado
acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) en los
siguientes casos:
-- Movilización de pacientes con patología de urgencias
desde el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria,
incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades
móviles.
-- Entre instituciones prestadoras de servicios de
salud dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde
están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible
en la institución remisora. Igualmente para estos casos está cubierto el
traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia.
El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte
disponible en el medio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en
su estado de salud, el concepto del médico tratante y el destino de la
remisión, de conformidad con la normatividad vigente.
Así mismo, se cubre el traslado en ambulancia del
paciente remitido para atención domiciliaria si el médico así lo prescribe.
Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio diferente a la
ambulancia, para acceder a una atención incluida en el Plan Obligatorio de
Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto
con cargo a la prima adicional para zona especial por dispersión geográfica.
Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar el
transporte del paciente ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un
municipio distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el
artículo 10 de esta resolución [acceso primario a
servicios del POS], cuando existiendo estos en su municipio de residencia la
EPS no los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su red de
servicios. Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS recibe o
no una UPC diferencial.”
A pesar de la expedición de las normas
previamente trascritas, la Corte ha señalado que su rigor normativo excluye
hipótesis que conforme a la jurisprudencia constitucional se entienden como
susceptibles de ser cubiertas en casos particulares y específicos, como ocurre
con el servicio de transporte y alojamiento al usuario y a un acompañante,
cuando su situación económica les impide asumir el costo de un traslado y el
respectivo hospedaje y manutención en una ciudad distinta a la que residen, con
el propósito de acudir a citas, procedimientos o tratamientos médicos de los
que depende la salvaguarda de la integridad física o la vida digna de un menor
de edad o de una persona con discapacidad. En las anteriores circunstancias,
esta Corporación ha señalado que es procedente conceder el transporte y
alojamiento del paciente y de un acompañante, toda vez que la ausencia de
recursos económicos, se convierte en una barrera injustificada para el acceso a
servicios médicos necesarios para mejorar la condición de salud del paciente[27].
6.6.4. Por otra parte, si bien la
mayoría de casos que ha estudiado la jurisprudencia de esta Corporación sobre
el tema responden a la necesidad de traslado del paciente de una ciudad a otra,
lo cierto es que en algunos casos también se ha reconocido dicha prestación
cuando se trata de traslado de pacientes ambulatorios entre diferentes puntos
pero en una misma ciudad. Por ejemplo, en la Sentencia T-544 de 2013, se
estudió el caso de un menor con síndrome de Down que debía asistir a controles
con especialistas en centros médicos ubicados en la misma ciudad donde residía,
en aquella oportunidad la Corte estimó procedente el otorgamiento del servicio
de transporte, en tanto a través de él se permitía la realización de los
procedimientos que le fueron autorizados al menor.
En
este mismo sentido se pronunció este Tribunal con ocasión de la Sentencia            T-216
de 2015, cuando analizó el caso de una joven de 19 años que se encontraba en
estado de “inmovilidad relevante con consecuencias neurológicas” y que
requería el servicio de transporte para trasladarse a diferentes puntos donde
recibía atención médica dentro de la misma ciudad. Sobre el tema objeto de
análisis, la Corte estableció que:
“(…)
cuando un usuario requiere un servicio de salud en un municipio diferente al de
residencia, el cual supone gastos de transporte que no pueden ser cubiertos por
él, se está dentro del ámbito del derecho a la accesibilidad económica. Lo
mismo ocurre cuando se requiere transporte en el mismo lugar de residencia para
llegar a la entidad de salud en la que se le va a suministrar un servicio.
El
contenido de la garantía de accesibilidad económica garantiza que a
los usuarios que cuentan con menores recursos no se les impongan cargas
económicas desproporcionadas, en comparación con quienes sí pueden sufragar el
costo del servicio, y al mismo tiempo, prohíbe que las entidades de salud no
hagan nada para superar esa dificultad. Así, en la Sentencia T-760 de
2008, esta Corporación sostuvo que toda persona tiene derecho a acceder a los
servicios de salud que requiera, lo cual implica que tiene derecho también a
acceder al medio de transporte necesario que le posibilite la atención
demandada.”
En
conclusión, cuando se encuentren cumplidos los presupuestos para el
otorgamiento del servicio de transporte del paciente y de su acompañante en
caso de ser requerido, la Corte ha ordenado a las EPS su suministro con
independencia de si el paciente reside o no en la ciudad en la que requiere el
tratamiento.
6.7. Del suministro del servicio de transporte
en medios especiales. Reiteración de jurisprudencia
6.7.1. Ahora bien, más allá de la
necesidad del otorgamiento del servicio de transporte, en algunas ocasiones y
por las particularidades de salud física y mental del paciente, es necesario
que el mismo se otorgue bajo ciertas condiciones especiales. En efecto, para
suministrar un transporte especial como ambulancia, taxi o transporte aéreo, se
debe tener en cuenta aspectos relevantes como la rapidez del servicio, la
privacidad y la comodidad[28],
esta última entendida como las cualidades del desplazamiento que resulten soportables,
de acuerdo con el estado de salud en el que se encuentra el paciente.
En algunas oportunidades, esta
Corporación ha hecho referencia a la especialidad que debe caracterizar el
transporte de pacientes en determinadas condiciones, por ejemplo, en la Sentencia
T-346 de 2009, se analizó el caso de un menor en situación de discapacidad que
debía acudir a terapias en la misma ciudad de su residencia, por lo que su
madre debía desplazarse, cargándolo en brazos, en buses de transporte público. Al
respecto, esta Corporación consideró que:
“La
mejor alternativa es un medio que como el taxi, permita a ella y a su hijo
rapidez, privacidad y comodidad. Pero las dificultades para conseguir
diariamente transporte público, han hecho que el niño llegue tarde a sus
terapias. Además, el alto costo del mismo ha impedido a la madre,
ocasionalmente, llevar a su hijo a las mismas. Teniendo en cuenta la
imposibilidad de usar medios de transporte público masivo, las dificultades de
la madre y de su hijo para desplazarse en un medio de transporte costoso como
el taxi, la negativa de la EPS al pago de un taxi que garantice el transporte
diario del paciente y de su acompañante, desde su residencia hasta donde se
realizan las terapias al menor, limita el acceso del niño a las terapias a las
que tiene derecho. SaludCoop EPS debe asumir los gastos de transporte del menor
para que este reciba las terapias a las que tiene derecho, porque ni el
paciente ni sus familiares cercanos tienen recursos suficientes para pagar el
valor del traslado del menor, en las condiciones que este lo requiere.”
En otra oportunidad, la Corte estudió el
caso de un paciente de cáncer de próstata residente en Pasto que debía recibir
su tratamiento en la ciudad de Bogotá. En criterio de esta Corporación, la EPS accionada
debía asumir los costos de los tiquetes aéreos, pues “(…) la ubicación y
la naturaleza misma del cáncer que padece el accionante, un viaje por vía
terrestre entre la ciudad de Bogotá y Pasto que corresponde a 798
Km y que en tiempo aproximadamente está estipulado en 18
a 20 horas, (…) resultaría nefasto, para el tratamiento de su enfermedad
dando al traste con las intervenciones que se le practicaron en el Distrito
Capital.”[29]
6.7.2. En suma, el otorgamiento del
servicio de transporte por parte de una EPS en un medio especial, obedecerá a
las circunstancias particulares que rodeen la situación del paciente, quien, en
algunos casos, por su condición de salud física o mental, no podrá soportar un
determinado medio de transporte, sin que ello afecte su derecho a tener una
vida en las condiciones más dignas posibles.
6.8. Del régimen especial de seguridad social
en salud del Magisterio. Cobertura del servicio de transporte
6.8.1. Existen en el ordenamiento
jurídico regímenes excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993[30], como
es el caso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado
por la Ley 91 de 1989, para atender las prestaciones sociales de sus docentes
afiliados.
Precisamente, sobre la
constitucionalidad de la exclusión dispuesta en el artículo 279 de la Ley 100
de 1993, esta Corporación se pronunció en la Sentencia C-461 de 1995, para
concluir que, en materia de regímenes pensionales especiales, los mismos
resultan conformes con la Constitución, en tanto ofrecen un nivel de protección
igual o superior al régimen general, de forma que antes que propiciar un trato
discriminatorio favorecen a los trabajadores a los que cobija.
6.8.2.
Ahora bien, en materia de salud, los afiliados al citado fondo no cuentan con
un catálogo de servicios mínimos a los que tengan derecho, pues ello es
definido a través de los parámetros que fije el Consejo Directivo, de la
situación de cada departamento del país y de la oferta de servicios que exista
en cada región, atendiendo a lo pactado en el contrato que se suscriba con la
respectiva empresa que preste los servicios en determinada región.
Debido
a lo anterior, no es posible determinar qué servicios médico-asistenciales
están cubiertos por este régimen, pese a ello, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, desarrolló la Guía del Usuario 2012-2016[31]
con el objeto de dar a conocer a sus afiliados sus derechos mínimos en cuanto a
servicios de salud. En lo que respecta a la cobertura de transporte, dicho
documento establece que:
“En
el evento que medie una remisión a otro centro de atención ubicado en un municipio
diferente dentro o fuera de la región, el prestador de salud asumirá los costos
de transporte del paciente, que se realizará a través de los medios, terrestre,
fluvial o aéreo, ida y regreso, para lo cual se tendrá en cuenta el estado de
salud del paciente y los servicios requeridos, esto es, de urgencia,
hospitalarios o ambulatorios.”
No
obstante lo anterior, esta Corporación también ha señalado que en
aquellos en que se excluya algún beneficio de los planes de cobertura de los
regímenes exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, como es el caso
del Régimen Especial de Salud del Magisterio; por analogía, resultan aplicables
las mismas reglas que permiten el suministro de servicios de salud no incluidos
en el POS.
Al referirse al tema, en la Sentencia
T-680 de 2013 se señaló que:
“Por otra parte, esta Corporación ha considerado
que dichas reglas jurisprudenciales son aplicables a los regímenes de excepción
contemplados en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, entre los cuales, se
encuentra el de “los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio”, en la medida
en que la Corte ha asimilado el POS, al Plan de Beneficios y Coberturas. En
efecto, por vía analógica, la Corte ha sostenido que a los afiliados que
pertenecen a los diversos regímenes exceptuados en materia de salud, habida
cuenta que si requieren con necesidad un servicio y les es imposible costearlo
directamente, es deber del prestador de salud extender excepcionalmente el plan
de coberturas y beneficios en procura de garantizar el más alto nivel de salud
y de calidad de vida que se le pueda prestar al afiliado o a sus beneficiarios.[32]”
6.8.3. En conclusión, en lo que respecta
al servicio de transporte dentro del régimen de salud del Magisterio, se tiene
que el mismo está incluido en el plan de beneficios cuando deba hacerse una remisión
a otra ciudad, caso en el cual deberá ser suministrado en el medio más acorde
con las necesidades del paciente. Sin embargo, en algunos casos específicos,
como lo es cuando se necesita de un acompañante, el citado servicio no esté
incluido en el plan de beneficios, por lo que, si se satisfacen las mismas
reglas que se han expuesto por esta Corporación para el otorgamiento de
servicios NO POS, dicho plan deberá extenderse, en procura de garantizar el
nivel más alto posible de salud a sus afiliados y beneficiarios.
6.9.
Casos Concretos
Pasa
la Sala a determinar si en los casos sometidos a revisión, las entidades
accionadas desconocieron el derecho a la salud de los actores o de sus
representados, con la negativa de asumir los gastos de transporte y viáticos (acorde
con sus situaciones particulares) para que ellos y, en algunos casos, un
acompañante, viajen desde su lugar de residencia a las ciudades o centros
médicos en donde deben recibir los tratamientos para sus patologías.
Adicionalmente,
esta Sala de Revisión deberá establecer, si en el caso de la menor Estefany
Katherine, la EPS Alianza Medellín Antioquia
vulneró su derecho a la salud, al negarse a entregar los medicamentos
prescritos por el médico tratante en su municipio de residencia, así como por
abstenerse de suministrar el tratamiento integral.
6.9.1.
Expediente T-4.329.078
6.9.1.1.
En el asunto de referencia, la señora Lina María Ramírez Castaño interpuso la
acción de tutela en representación de su hija Salomé Hincapié Ramírez de un año
de edad, quien padece retardo en el desarrollo y otras afecciones relacionadas con
dicho estado. La menor debe asistir a terapias físicas, ocupacionales y de
fonoaudiología dos veces a la semana por cada una de ellas y su madre refiere
que no puede cubrir los gastos de transporte de su residencia al lugar en el
cual se realizan, por lo que solicita a través del amparo tutelar que se ordene
a la EPS SOS asumir el costo del transporte urbano e intermunicipal, si así lo
requiere, para asistir a las terapias y a las citas médicas.
Ahora
bien, para determinar si la EPS SOS debe asumir el costo del transporte de la
menor desde su residencia hasta el lugar donde se lleva a cabo su tratamiento,
es necesario, en primer lugar, establecer si esa cobertura se encuentra
incluida en el POS, de ser negativa la respuesta a dicho interrogante, se
procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para que, en virtud del principio de acceso efectivo a los servicios
de salud, se pueda endilgar la responsabilidad a la EPS de asumir el costo del
traslado del paciente.
6.9.1.2.
En primer lugar, en cuanto a determinar si el servicio de transporte solicitado
por la accionante está incluido en el POS, se observa que el mismo está
cubierto en las siguientes hipótesis[33]:
(i) servicios de urgencia; (ii) desplazamiento entre
instituciones prestadoras de salud dentro del territorio nacional para recibir
la atención de un servicio no disponible en la institución remisora, lo que
igual sucederá en los casos de contrarreferencia; (iii) atención domiciliaria,
siempre que el médico tratante así lo prescriba; y (iv) traslado a un municipio
distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo
10 de la Resolución No. 5521 de 2013[34], cuando existiendo éstos
en el municipio en el que habita el paciente, la EPS no los hubiere tenido en
cuenta para la conformación de su red de servicios[35].
En
el caso concreto, la madre de la menor está solicitando su traslado al interior
de la ciudad de residencia, supuesto de hecho distinto de aquellos definidos por
la Resolución No. 5521 de 2013, pues las hipótesis señaladas están contempladas
para el transporte intermunicipal y no urbano.
6.9.1.3.
Como la respuesta al anterior interrogante fue negativa, en segundo lugar,
corresponde determinar si se cumplen los presupuestos jurisprudenciales que
permitan el otorgamiento del servicio de transporte por fuera del Plan
Obligatorio de Salud. Estos requisitos son: “(i) que ni el paciente ni
sus familiares cercanos [tengan] los recursos económicos suficientes para pagar
el valor del traslado y (ii) que de no efectuarse la remisión
se [ponga] en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”.
En
el caso bajo examen, en lo que se refiere al primer requisito, se tiene probado
lo siguiente: la familia de la señora Lina María Ramírez está compuesta por dos
adultos y dos menores de edad de uno y nueve años; el sustento de la familia
equivale al salario del padre que asciende a $ 1.640.528 pesos, del que se
restan como egresos un crédito con valor pendiente de pago a diciembre de 2013
de                          $ 3.893.086 pesos, con cuotas de $ 203.073 por mes[36]; la
mensualidad de $ 78.000 por concepto de ruta de la hija mayor[37]; el canon
de arrendamiento por valor de               $ 400.000 mensuales; gastos de
alimentación, servicios públicos, pañales y transporte por un valor de $ 633.000;
de manera que el total de gastos de la familia asciende a $ 1.314.073 pesos[38].
Ahora
bien, antes de entrar a analizar si el núcleo familiar puede asumir directamente
el costo del transporte de la menor, es preciso determinar cuál medio es el
indicado para realizar dichos traslados, toda vez que de ello dependerá la
relación que se haga entre los ingresos familiares y el costo específico del
transporte. En este caso, se trata de una menor de un año de edad con varias
afecciones físicas, lo que genera que su madre, quien la acompaña, debe
sostenerla en brazos durante todo el trayecto, aunado a esto, las citas para
las terapias están programadas con poco tiempo entre ellas, por lo que requiere
de un medio de transporte rápido y cómodo para poder cumplirlas. En virtud de
lo anterior y de acuerdo con lo expuesto previamente, el medio suministrado
debe ser acorde con las circunstancias especiales de la menor y, por ende, esta
Sala considera que la mejor opción, rápida, cómoda y acorde con su situación
particular, es el servicio particular que prestan los taxis.
Una
vez determinado el medio de transporte idóneo para la realización de los
traslados, se tiene que la carrera mínima en taxi en Pereira, según el Decreto
Metropolitano No. 010 de 2012 (aún vigente), tiene un valor de $ 4.000 pesos y
que los desplazamientos semanales que se deben realizar son los siguientes:
Lunes:
1:40 pm carrera 17 No. 9-70: hidroterapia.
Martes:
8:40 am carrera 3 No. 19-51: fonoaudiología
9:20 am carrera 16 No. 9-18: terapia física.
11:00 am Mega Centro Pinares: terapias de deglución.
Miércoles:
1:40 pm carrera 17 No. 9-70: hidroterapia.
Jueves:
10:00 am Mega Centro Pinares: Terapias de deglución.
11:00 am carrera 3 No. 19-51 fonoaudiología
11:40
am carrera 16 No. 9-18 terapia ocupacional
Viernes:
2:20 pm carrera 16 No. 9-18: terapia ocupacional
3:40
pm carrera 16 No. 9-18: terapia física.
Al realizar el conteo de trayectos, se
observa que la menor y su madre deben utilizar en 14 oportunidades el servicio
de taxi por semana, es decir, 56 veces al mes, lo que representaría, en caso de
que se trate de carreras mínimas[39],
un valor de $ 216.000 mensuales.
La anterior cantidad, sumada a los
gastos mínimos de la familia que ya se relacionaron, deja como saldo disponible
para otros gastos como recreación, vestido, transporte a citas médicas, útiles
escolares, etc., la suma de $ 110.455 pesos mensuales, lo que resulta insuficiente
para la subsistencia y la protección del mínimo vital de sus miembros. Por
ello, esta Sala considera que la familia de Salomé no cuenta con los recursos
suficientes para sufragar los gastos que genera el transporte a los múltiples
lugares donde se realizan las distintas terapias a la menor.
Ahora bien, en el asunto sub-examine, el
cumplimiento del segundo requisito, esto es, “que de no
efectuarse la remisión se [ponga] en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario”, se hace evidente con el hecho de que se
trata de una menor de un año de edad, que presenta retraso mental en el
desarrollo psicomotor
y una insuficiencia velo palatina, que hace necesario el manejo integral con
terapias. Precisamente, la médica especialista en neurología pediátrica, en la
historia clínica fechada el 6 de diciembre de 2013, observa que dicho
tratamiento ha generado “ganancias paulatinas” por lo que es necesaria
su continuidad.
De lo anterior se infiere que, en
atención al problema de salud que presenta la menor y dada la importancia de
acudir a la realización de las distintas terapias dentro de la ciudad de Pereira,
es
innegable que el traslado que se solicita es necesario para que la menor pueda
continuar con su tratamiento y mejorar su calidad de vida, en aras de proteger
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la integridad
física.
En consideración a lo expuesto, esta
Sala de Revisión encuentra que la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S.,
vulneró los citados derechos fundamentales a la menor Salomé Hincapié Ramírez,
en tanto negó el servicio de transporte en la ciudad de Pereira, con el
propósito de que asista a las terapias que se requieren para poder tratar su
patología. Por esta razón, la Corte ordenará a la EPS accionada asumir el costo
del traslado de la menor en taxi, para asistir a las terapias ordenadas por el
médico tratante.
6.9.1.4. Por otra parte, en lo que
respecta a la pretensión encaminada a proporcionar el transporte a citas
médicas en otros municipios cuando sea necesario, esta Sala no logró establecer
la frecuencia con la que la menor debe asistir a ellas, al igual que tampoco
consta en el expediente remisión a centro médico alguno en otra ciudad, por lo
tanto no se emitirán órdenes respecto de prestaciones futuras e inciertas.
6.9.1.5. En consecuencia, la Sala
procederá a revocar parcialmente la sentencia proferida el día 11 de febrero de
2014 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira que confirmó el fallo
del a quo, en tanto negó el suministro del servicio de transporte a la
menor Salomé Hincapié Ramírez[40]
y, en su lugar, se amparará sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la salud y a la integridad física, a través de la orden de protección
previamente expuesta.
6.9.2.
Expediente T-4.342.720
6.9.2.1.
La señora Mabel del Socorro Hoyos Castrillón interpuso la acción de tutela en
representación de su nieta Estefany Katherine Arias Rodríguez, quien padece de
retardo mental severo, epilepsia, trastorno de conducta y psicosis asociada,
por lo que debe tomar una gran cantidad de medicamentos y asistir regularmente
a citas médicas en la ciudad de Medellín.
La
accionante manifiesta que vive junto con su nieta en el municipio de Cisneros (Antioquia)
y que debe acudir a la citada ciudad a reclamar los medicamentos que requiere
la menor para su tratamiento, así como para asistir a las citas médicas que le
son programadas. Sobre este último punto, la accionante relata que su nieta
presenta actitudes agresivas que le impiden compartir el transporte público,
por lo que se ha visto obligada a contratar los servicios de un carro
particular que le cuesta $ 200.000 pesos, los cuales no posee. Con fundamento
en ello, solicita que se ordene a la Alianza Medellín Antioquia EPS SAS, asumir
tales gastos.
Para
establecer si la citada EPS debe asumir el costo del transporte de la menor
desde el municipio de Cisneros hasta la ciudad Medellín, debe realizarse el
mismo examen del caso anterior, esto es, en primer lugar, determinar si esa
cobertura se encuentra incluida en el POS y, de no ser así, proceder a
verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia
para que, en virtud de la protección al acceso efectivo a los servicios de
salud, se pueda endilgar la responsabilidad de asumir el costo del traslado del
paciente a la EPS.
6.9.2.2.
Así las cosas, se recuerda que el reconocimiento del servicio de transporte está
incluido en el POS, en las siguientes hipótesis[41]: (i) servicios de urgencia; (ii) desplazamiento entre
instituciones prestadoras de salud dentro del territorio nacional para recibir
la atención de un servicio no disponible en la institución remisora, lo que
igual sucederá en los casos de contrarreferencia; (iii) atención domiciliaria,
siempre que el médico tratante así lo prescriba; y (iv) traslado a un municipio
distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo
10 de la Resolución No. 5521 de 2013[42], cuando existiendo
éstos en el municipio en el que habita el paciente, la EPS no los hubiere
tenido en cuenta para la conformación de su red de servicios[43].
En
lo que respecta al caso concreto, se tiene que la menor es atendida en el
Hospital Mental de Antioquia, el cual frente a su patología asume el
tratamiento POS y no POS especializado que se requiera, a través de un convenio
entre la EPS y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. De ahí que, se
entiende que la atención que requiere la menor es especializada y que el lugar
para tratarla es el citado Hospital en la ciudad de Medellín. En la medida en
la cual, el traslado a un municipio distinto al de residencia, tan sólo se
cubre en la Resolución No. 5521 de 2013 frente al acceso primario a los
servicios del POS y no frente a la atención especializada, se entiende que el
transporte solicitado no está cubierto.
6.9.2.3.
Así las cosas, a la luz de la jurisprudencia constitucional, es preciso
analizar si es procedente el reconocimiento del servicio de transporte de la
paciente del municipio de Cisneros a la ciudad de Medellín[44].
En
el caso bajo examen, en lo que se refiere al primer requisito, esto es, “que
ni el paciente ni sus familiares cercanos [tengan] los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado”, se tiene probado lo
siguiente: la abuela de la menor percibe ingresos aproximados de $ 60.000 pesos
semanales  ($ 240.000 mensuales), ella y su nieta se encuentran inscritas en el
Régimen Subsidiado de Salud, los gastos de la familia ascienden a $ 200.000 pesos,
aproximadamente, y la accionante tiene a su cargo a su madre de 85 años que
también presenta múltiples padecimientos de salud.
Con
fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la accionante debe
contratar un medio de transporte privado por las particularidades del comporta-miento
de su nieta cada vez que ella requiere ir a la ciudad de Medellín, como
consecuencia de sus problemas médicos, y visto que para el efecto debe pagar
una suma que asciende a $ 200.000 pesos, es innegable que dicho costo desborda
la capacidad económica de la familia, si se tiene en cuenta que los ingresos no
superan el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, suma que escasamente
le permite asumir los gastos de manutención de su núcleo familiar.
Por
otro lado, en cuanto al cumplimiento del segundo requisito, relacionado con la necesidad
del tratamiento para preservar la vida, la integridad o la salud de la paciente.
En la historia clínica psiquiátrica aportada en sede de revisión con fecha del
25 de julio de 2014, se observa que la menor es tratada periódicamente por un
posible autismo y por discapacidad cognitiva grave en la ciudad Medellín, de
manera que debe asistir a dicho municipio para recibir el tratamiento adecuado
a su padecimiento, con el fin de mejorar su calidad de vida y salvaguardar su
salud e integridad física[45].
En
conclusión, esta Sala de Revisión considera que se encuentran satisfechos los
requisitos jurisprudenciales, para el otorgamiento del servicio de transporte
en hipótesis no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud.
6.9.2.4. Ahora bien, como
previamente se expuso, para que proceda el reconocimiento del servicio de
trasporte y los viáticos a favor de un acompañante, es necesario acreditar que el paciente:
“(i) dependa totalmente del tercero para su
movilización, (ii) necesite de cuidado permanente para garantizar su
integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y
finalmente, (iii) [que] ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos
económicos para cubrir el transporte del tercero”[46].
En el asunto sub-examine, los dos primeros
requisitos se hacen evidentes con el hecho de que se trata de una menor de 17
años que presenta un retardo mental severo, lo cual inevitablemente conlleva a
que ella dependa de un tercero, en este caso de su abuela, no sólo para
movilizarse, sino también para realizar cualquier actividad que implique
comunicación con el mundo externo. Por su parte, el cumplimiento del tercer
requisito, quedó previamente establecido al acreditar la falta de recursos
económicos del núcleo familiar para cubrir el transporte de la paciente.
En consideración a lo expuesto, esta
Sala de Revisión encuentra que la Alianza Medellín Antioquia EPS
SAS y la Secretaría Seccional de Salud, vulneraron los derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la salud y a la integridad física de la menor Estefany
Katherine Arias Rodríguez,
en tanto negaron el servicio de transporte en un vehículo particular para que
la citada menor se traslade desde el municipio de Cisneros a la ciudad de
Medellín, con el propósito de que asista a los controles psiquiátricos que
requiere para poder tratar su patología. Por esta razón, la Corte ordenará a
las entidades accionadas que autoricen el servicio  reclamado a la menor junto
con un acompañante, en un vehículo particular, cuando requiera asistir a los
controles psiquiátricos en la ciudad de Medellín.
6.9.2.5.
Ahora bien, en lo que respecta a la entrega de medicamentos, encuentra
la Sala que –como se expuso en el acápite 6.5 de esta providencia–el derecho a
la prestación de los servicios de salud implica que se eliminen todas las
barreras injustificadas que impidan que una persona pueda acceder integralmente
a ellos conforme con el criterio de necesidad. De ahí que, la entrega de los
medicamentos en una zona a la cual no pueda acceder una persona, ya sea por
imposibilidad física o económica, más allá de que se puedan imponer algunas
cargas soportables que resulten razonables en términos de accesibilidad,
constituye una de tales barreras que limitan la prestación integral y eficiente
del citado servicio de salud.
De las pruebas aportadas al proceso, se
evidencia que los medicamentos están dispuestos para ser entregados en la
ciudad de Medellín y que la accionante ha solicitado reiteradamente que éstos
sean suministrados en el municipio de Cisneros. Para la Sala, visto el caso
concreto, es claro que se presenta una barrera injustificada en el acceso al
servicio de salud, por una parte, porque el hecho de que la accionante este al
cuidado de su nieta en situación de discapacidad y su madre de la tercera edad
le impide desplazarse y dejar solas a ambas familiares[47],
y por la otra, porque carece de recursos para asumir todos los meses el costo
de su traslado a la ciudad a Medellín, lo anterior, como ya se dijo, dado que
los ingresos de la familia ascienden a $ 240.000 pesos mensuales y sus gastos a
$ 200.000.
En este caso se logró establecer que el
transporte público del municipio de Cisneros a la ciudad de Medellín tiene un
valor de $ 14.000 por trayecto[48],
es decir, ida y regreso representan $ 28.000 pesos, los cuales la accionante
debe costear mensualmente al reclamar los medicamentos en la ciudad de
Medellín, sin incluir el transporte al interior de la ciudad. Por lo tanto,
este gasto resulta gravoso para la señora Hoyos Castrillón atendiendo a su
situación económica.
Para la Sala, es claro que esta
circunstancia constituye una barrera injustificada, pues ante los limitados
recursos con los que cuenta la accionante y la difícil situación de su nieta,
no le es posible –conforme al principio de razonabilidad– desplazarse a una
ciudad diferente y lejana de donde se encuentra, para poder satisfacer los
requerimientos en materia de salud de la menor, acorde con las órdenes
dispuestas por el médico tratante.
Es
de resaltar que el juez de instancia en el caso de marras instó a la accionada
a gestionar la entrega de los medicamentos en el municipio de residencia de la
peticionaria. Sin embargo, la accionante comunicó al despacho del Magistrado
Sustanciador que al 4 de septiembre de 2014, aún seguía recibiendo los
medicamentos en la ciudad de Medellín.
Así
las cosas, la Sala encuentra que la Alianza Medellín Antioquia EPS
SAS y la Secretaría Seccional de Salud, vulneraron el derecho a la salud de la
menor Estefany
Katherine Arias Rodríguez,
en tanto se negaron a entregar los medicamentos que requiere para el
tratamiento de su enfermedad en el municipio de Cisneros. Por esta razón, la
Corte ordenará a las entidades accionadas entregar los medicamentos que le
prescriba el médico tratante a la citada menor en el municipio reseñado.
6.9.2.6.
Por
último, en lo que atañe a la solicitud de la actora para que le sea
suministrado tratamiento integral a su nieta, es preciso señalar que, en virtud
del principio de integralidad, la Corte ha determinado que el juez de tutela
debe ordenar el suministro de todos los servicios médicos que sean necesarios
para conservar o restablecer la salud del paciente, cuando la entidad encargada
de ello no ha actuado con diligencia y ha puesto en riesgo los derechos
fundamentales del paciente[49],
siempre que exista claridad sobre el tratamiento a seguir, a partir de lo
dispuesto por el médico tratante.
Lo anterior ocurre, por una parte,
porque no es posible para el juez decretar un mandato futuro e incierto, pues
los fallos judiciales deben ser determinables e individualizables; y por la
otra, porque en caso de no puntualizarse la orden de tratamiento integral, se
estaría presumiendo la mala fe de la entidad promotora de salud, en relación
con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con sus afiliados, en
contravía del mandato previsto en el artículo 83 de la Constitución[50].
Visto lo anterior, en el caso bajo
examen, la Sala encuentra que pretensión invocada por la accionante no está
llamada a prosperar, pues ni del material obrante en el expediente ni de lo
dicho por las partes en el trámite del amparo constitucional, se advierte que
exista una negación de servicios diferentes a los estudiados por esta
Corporación,
por lo
que no es posible conceder el amparo invocado a partir de simples suposiciones
sobre hechos futuros o con el fin de precaver hipotéticas vulneraciones a los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
6.9.2.7.
Por
las razones anteriormente señaladas, la Sala procederá a revocar la sentencia
proferida el día 7 de abril de 2014 por el Juzgado Promiscuo de
Familia de Cisneros –Antioquia–  y, en su lugar, se amparará los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la integridad
física de
la menor, a través de las órdenes de protección previamente expuestas.
6.9.3.
Expediente T-4.348.771
6.9.3.1.
La señora Nora Cecilia Fragozo de García, maestra vinculada a la Alcaldía de
Valledupar, residente en esa ciudad, fue diagnosticada con carcinoma
basocelular, por lo que fue remitida al Instituto Nacional Cancerológico en
Bogotá. En razón a lo anterior, solicitó a la Unión Temporal Oriente Región 5
asumir el costo de su transporte y el de un acompañante desde Valledupar hasta
Bogotá, servicio que concedió la accionada pero por vía terrestre. Ante tal
situación, la peticionaria expone que el viaje en dicha modalidad es demasiado
largo e incómodo para una persona con su condición de salud; en consecuencia,
solicita que se ordene a la accionada proporcionar transporte aéreo para ella y
un acompañante para asistir a sus citas médicas.
A
diferencia de los anteriores casos, en el expediente de la referencia no obra
prueba de la necesidad actual de traslado de la señora Fragozo a la ciudad de
Bogotá, pues del certificado de la Junta Médica del Instituto Nacional de
Cancerología, de fecha 14 de enero de 2014, se observa que la accionante fue
remitida nuevamente a la Unión Temporal Oriente Región 5, para que esta última
determinara la IPS en la cual le puede ser realizada la “cirugía
micrográfica de MHS por congelación”, de manera que actualmente no existe
certeza de si la señora Fragozo debe acudir a la ciudad de Bogotá o a otra ciudad,
ni con qué frecuencia deban realizarse los eventuales traslados.
No
obstante lo anterior, encuentra la Sala que la situación de salud de la
accionante permite inferir que en el futuro deberá asistir a una entidad
especializada para recibir tratamiento a su patología, razón por la cual si
bien no se concederá el amparo de su derecho a la salud, se advertirá a la
Unión Temporal Oriente Región 5, que deberá suministrar el servicio de
transporte a la accionante en las condiciones que determine su médico tratante,
tal como lo dispone la Guía del Usuario 2012-2016.
Asimismo,
deberá suministrar el transporte a un acompañante, en caso de que se encuentren
acreditados los presupuestos dispuestos por esta Corporación para el efecto,
los cuales son que el paciente: “(i) dependa totalmente del tercero para su movilización, (ii)
necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y finalmente, (iii) [que] ni
el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos para cubrir el
transporte del tercero”.
6.9.3.2.
En lo que respecta a los viáticos por alojamiento y hospedaje, no reposa en las
pruebas aportadas evidencia de la incapacidad económica de la señora Fragozo
para asumirlos, entendiendo que percibe su sueldo, una pensión de jubilación y
una pensión de gracia que, según los comprobantes de pago, para el mes de julio
sumaron un total de $ 3.130.442 pesos y sus gastos son, según afirma de $ 2.400.000.
Aunado a lo anterior, tampoco obra en el expediente prueba de los gastos que le
genera su alojamiento y hospedaje en la ciudad de Bogotá cuando deba asistir a
citas médicas.
6.9.3.3.
Por las razones ya expuestas, esta Corporación confirmará la sentencia del 20
de febrero de 2014 en la que el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Conocimiento negó el amparo solicitado, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
6.9.4.
Expediente T-4.358.229
6.9.4.1.
La señora Rosa Emma Castro Ramírez, de 61 años de edad, fue sometida a un
reemplazo total de rodilla y para su recuperación es necesaria la realización
de 20 terapias físicas en la ciudad de Pereira. La accionante manifiesta que
reside en la Finca Virgelina a 15 minutos de Combia, corregimiento del citado
municipio y que no cuenta con recursos para sufragar el transporte desde su
residencia hasta el lugar donde le realizan las terapias, el cual asciende a la
suma de $ 25.000 pesos por trayecto. Como consecuencia de lo anterior, solicita
a la EPS Servicio Occidental de Salud SOS que sufrague el valor de los
desplazamientos, pues con los ingresos de su núcleo familiar, le es imposible
asumir dicho costo.
Una
vez más, para establecer si la citada EPS debe asumir el costo del transporte
de la accionante desde la vereda Combia hasta Pereira, es necesario, en primer
lugar, determinar si esa cobertura se encuentra incluida en el POS y, de no ser
así, proceder a verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para que, en virtud de la protección al acceso efectivo a los
servicios de salud, se pueda endilgar la responsabilidad de asumir el costo del
traslado del paciente a la EPS.
6.9.4.2.
Como reiteradamente se ha dicho, el reconocimiento del servicio de
transporte está incluido en el POS, en las siguientes hipótesis[51]:
(i) servicios de urgencia; (ii) desplazamiento
entre instituciones prestadoras de salud dentro del territorio nacional para
recibir la atención de un servicio no disponible en la institución remisora, lo
que igual sucederá en los casos de contrarreferencia; (iii) atención
domiciliaria, siempre que el médico tratante así lo prescriba; y (iv) traslado
a un municipio distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados
en el artículo 10 de la Resolución No. 5521 de 2013[52], cuando existiendo éstos en el municipio en
el que habita el paciente, la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la
conformación de su red de servicios[53].
En
el asunto sub-examine, se tiene que la accionante reside a 15 minutos
del corregimiento Combia del municipio de Pereira, es decir, la residencia de
la peticionaria está ubicada en la zona rural de la citada ciudad. Por lo
tanto, las terapias se realizan en el mismo municipio en el que habita, aunque
en lugares distantes. Por lo anterior, el escenario propuesto no cabe dentro de
las coberturas planteadas por la normatividad vigente.
6.9.4.3.
De ahí que, se procederá a estudiar el cumplimiento de los requisitos
jurisprudenciales relacionados con la incapacidad económica del núcleo familiar
para asumir el costo del traslado y con el riesgo que implicaría su no
realización en la vida, integridad y salud del usuario.
En
cuanto al primer requisito, se encuentra probado en el expediente que la señora
Castro Ramírez y su esposo únicamente tienen como ingreso la pensión de éste
último por un valor de $ 571.108 pesos mensuales. Adicionalmente, la accionante
asegura que sus gastos entre transporte a diligencias varias, alimentación y
medicamentos no POS son de $ 340.000 pesos.
Asimismo,
la accionante manifestó telefónicamente al despacho que las terapias a las que
debe asistir son programadas tres veces a la semana y que no hay acceso de
transporte público, por lo que debe acudir al servicio de taxi, el cual tiene
un valor aproximado de $ 25.000 pesos por trayecto, es decir, $ 50.000 pesos por
cada día que debe asistir al tratamiento. En términos mensuales, el valor total
sería de $ 600.000 pesos, lo que evidentemente desborda las capacidades
económicas de la accionante y su familia. Aunado a ello, la peticionaria y el
juez de instancia afirman que para asistir a las primeras terapias la paciente
debió acudir a préstamos a familiares y una vez agotado dicho recurso, abandonó
el tratamiento.
Por
otro lado, al estudiar el segundo requisito para que proceda el otorgamiento
del servicio de transporte mediante tutela en casos excluidos del POS, se observa
que, según la orden médica y la respuesta de la EPS, las terapias son prioritarias
para la recuperación del movimiento de la rodilla derecha de la accionante,
luego del reemplazo total al que fue sometida, es así que la Sala concluye que
a través del traslado de la paciente al centro de salud, se garantiza la
realización de unas terapias que, en caso de no hacerse, pondrían en riesgo la
posibilidad de recuperación en la movilidad de la rodilla de la accionante,
afectando su salud y calidad de vida.
En
consideración a lo expuesto, esta Sala de Revisión encuentra que la EPS
Servicio Occidental de Salud SOS, vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la integridad física de la señora Rosa
Emma Castro Ramírez, en tanto le negó el servicio de transporte a la ciudad de
Pereira, con el propósito de que asista a las terapias físicas para la recuperación
de la movilidad de su rodilla. Por esta razón, la Corte ordenará a la entidad
accionada autorizar el transporte de la accionante al centro médico de la
ciudad de Pereira donde le deban realizar las terapias físicas prescritas por
el médico tratante.
6.9.4.4.
Por
consiguiente, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida el día 9 de
diciembre de 2013 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con
Función de Garantías de Pereira  y, en su lugar, se amparará los
derechos fundamentales de la señora Rosa Emma Castro Ramírez previamente
mencionados, a través de la orden de protección expuesta.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
En
el expediente T-4.329.078,
REVOCAR
parcialmente
la sentencia del 11 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Pereira, en tanto negó el otorgamiento del servicio de
transporte de la menor Salomé Hincapié Ramírez y,
en su lugar, AMPARAR sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la salud y a la integridad física. En consecuencia, ORDENAR que en
un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación
de esta sentencia, el representante legal de Servicio Occidental de Salud
S.O.S. EPS o quien haga sus veces, asuma el costo de los traslados de la menor Salomé
Hincapié Ramírez a los diferentes
centros médicos que debe acudir para la realización de las terapias físicas
ordenadas por el médico tratante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO.- En el expediente T-4.342.720, REVOCAR la sentencia del
7 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Promiscuo de
Familia de Cisneros y, en su lugar, AMPARAR los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la integridad
física de
la menor Estefany
Katherine Arias Rodríguez Castrillón. En consecuencia, en
primer lugar, ORDENAR que en un término no
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, los representantes legales de la Alianza
Medellín Antioquia EPS SAS y de la Secretaría Seccional de Salud o quienes
hagan sus veces, autoricen
los traslados de la citada menor junto con un acompañante, cuando deba asistir
a controles psiquiátricos, desde el municipio de Cisneros a la ciudad de
Medellín, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En segundo
lugar, en el mismo término previamente consagrado, las autoridades mencionadas
deberán autorizar la entrega de los medicamentos que le prescriba el médico
tratante a la citada menor en el municipio de Cisneros.
TERCERO.- En el expediente
T-4.348.771,
CONFIRMAR
la
sentencia del 20 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, la cual a su vez revocó el
fallo del 20 de diciembre de 2013 del Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Garantías de Valledupar, por las razones expuestas en esta providencia. En todo
caso, como se señaló en la parte motiva de esta sentencia, ADVERTIR al
representante legal de la Unión Temporal de Oriente Región 5, que en caso de
que el médico tratante así lo disponga, deberá suministrar el servicio de
transporte que requiera la señora Nora Cecilia Fragozo de García, como
consecuencia del tratamiento actual de su patología y en el medio que se considere
idóneo, cuando deba realizarse su traslado a una ciudad distinta a la de su
residencia.
CUARTO.-
En
el expediente T-4.358.229, REVOCAR la
sentencia del 9
de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado
Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira y,
en su lugar AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la salud y a la integridad física de la señora
Rosa Emma Castro de López. En consecuencia, ORDENAR que en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación
de esta sentencia, el representante legal de la EPS Servicio Occidental de
Salud SOS o quien haga sus veces, autorice el transporte desde la residencia de
la accionante hasta el centro médico en la ciudad de Pereira, donde debe
asistir a las terapias físicas ordenadas por el médico tratante.
QUINTO.- En el expediente
T-4.361.699, REVOCAR
la
sentencia del 12 de febrero de 2014 proferida por la Sala III Civil, Familia,
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sincelejo, que a su vez
confirmó parcialmente el fallo del 2 de enero de 2014 del Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Sincelejo y, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado
SEXTO.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el Artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRÉS MUTIS
VANEGAS
Secretario
General (E)
[1] Aunque no
se especifica en el escrito, en comunicación telefónica con la accionante se
pudo establecer que dichos ingresos corresponden a un periodo semanal.
[2] Sentencia
T-235 de 2012, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009.
[3] Sentencias T-134 de 2002 y T-544 de 2002.
[4] En la Sentencia T-460 de 2010, se indicó que la prestación del
servicio de salud debe ser oportuna. Esto implica “que el usuario debe gozar
de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su
salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el
derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un
dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que se brinde
el tratamiento adecuado.”
[5] Sentencia T-460 de 2012, en la cual cita la Sentencia T-760 de
2008.
[6] Sentencia T-520 de 2012.
[7] Ley 100 de 1993, art. 159.
[8] Sentencia T-520 de 2012.
[9]
Sentencia T-763 de 2007.
[10] Sentencia
T-736 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[11] Sentencia
T-1167 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[12] Sentencia
T-392 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), en la cual a su vez se cita
la Sentencia T-576 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[13] En la
Sentencia T-460 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), se advirtió que el
principio de oportunidad “indica que el usuario debe gozar de la prestación
del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir
mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el derecho al
diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un dictamen
exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que se brinde el
tratamiento adecuado.”
[14] En la
Sentencia T-531 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), se estableció que la
prestación eficiente “implica que los trámites administrativos a los que
está sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y
no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir; lo cual
incluye por ejemplo, el acceso a los medicamentos en las IPS correspondientes a
los domicilios de los usuarios, la agilización en los trámites de traslado
entre IPS’s para la continuación de los tratamientos médicos de los pacientes,
la disposición diligente de los servicios en las diferentes IPS, entre muchos
otros.”
[15] En la
Sentencia T-576 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto), la Corte concluyó que “(…)
se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha
desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud.
Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la
atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las
personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo,
educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para
nombrar sólo algunos aspectos. La otra perspectiva, se encamina a destacar la
necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que
todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de
salud, sean garantizadas de modo efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones
orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo
aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular
de un(a) paciente.”
[16] Sentencia
T-1167 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería). En la Sentencia T-760 de 2008 se
indicó que: “El derecho constitucional de toda persona a acceder, con
continuidad, a los servicios de salud que una persona requiere, no sólo protege
el derecho a mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad
en las que se accedía al mismo.”
[17] En la
parte motiva de la citada providencia, expresamente se dijo que: “Como ya se
dejó escrito en las consideraciones generales de esta sentencia, se pueden
lesionar los derechos fundamentales a la vida o a la integridad personal de los
usuarios del sistema de seguridad social en salud, cuando una EPS retrasa la
entrega de medicamentos que, incluidos en el POS, han sido prescritos por el
médico tratante. // De acuerdo con las pruebas que existen en el expediente, el
presente caso se amolda al supuesto presentado. Observa la Sala que la entrega
por parte de la entidad demandada del Tamoxifen ha sido irregular y no se ha
adecuado a las cantidades prescritas en las fórmulas médicas. Así, por ejemplo,
en el mes de marzo de 2004, la actora tenía prescritas treinta tabletas cuya
entrega quedó pendiente, tal y como se infiere del sello que así lo señala,
impuesto en la fórmula. // Debe pues la Sala señalar que la usuaria de los
servicios médicos del Instituto de Seguros Sociales es titular de un derecho a
la continuidad en la prestación del servicio de salud, y que éste deberá ser
protegido en esta ocasión a través de la acción de tutela pues se observa que
la irregularidad del tratamiento amenaza el derecho fundamental a la integridad
física de la señora Peña Gardeazábal. Además, debe tenerse en cuenta que la
gravedad de la situación de falta de continuidad en la prestación de los
servicios médicos requeridos por la actora se agrava, teniendo en cuenta que
ésta pertenece a la tercera edad y que se encuentra en recuperación de una
grave enfermedad como el cáncer.”
[18] En la
parte resolutiva se expuso que: “ORDENAR a la EPSS Comfenalco que por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces y en el evento en que
no lo hubiere hecho; dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, y en adelante cada vez que la accionante lo
requiera de acuerdo con las órdenes del médico tratante, haga entrega del
medicamento Betametil Digoxina (x 30 tabletas de 0,1 mg), y de las demás
medicinas a que haya lugar, en la IPS autorizada para la prestación de este
servicio en el municipio de Heliconia (Antioquia).” Sobre este mismo tema
se pronunció esta Corporación en la Sentencia T-320 de 2013.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[19] Dicha
norma fue reglamentada en la Resolución No. 1604 de 2013 del Ministerio de
Salud.
[20] Véanse,
entre otras, las Sentencia T-1296 de 2005, T-206 de 2008, T-642 de 2008 y T-834
de 2009.
[21] Sentencia T-1079 de 2001.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[22] M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[23]  Sentencia T-350 de 2003.
M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[24]
En la Sentencia T-350 de 2003, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la procedencia de
conceder el traslado de un acompañante de un menor de edad, dispuso: “Igualmente,
esta Corte advierte cómo la garantía de accesibilidad a la atención en salud
para los menores de edad, contrae la necesidad de una asistencia continua en el
desplazamiento hacia los sitios donde se suministra el servicio
requerido.  Ello es así si tiene en cuenta que los niños son un grupo de
la población especialmente vulnerable, que está en incapacidad de trasladarse
por sí mismo a los centros asistenciales, circunstancia que se hace aún más
patente cuando se está ante menores con limitaciones físicas, mentales o de muy
corta edad.”
[25] Artículo
42 del Acuerdo No. 029 de 2011.
[26] Artículo
43 del Acuerdo No. 029 de 2011.
[27] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-524 de 2012 y T-679 de 2013.
[28]Sentencia T-560 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[29]Sentencia T- 511 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[30] Articulo.
279.-Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley,
ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. // Así
mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales
del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este
fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida.
[31]http://www.fomag.gov.co/documents/GERENCIA%20DE%20SERVICIOS%20DE%20SALUD/Guia%20del%20Usuario.pdf
[32] Sentencia T-834 de 2011 (M.P. María
Victoria Calle Correa)
[33] Artículos 124 y 125 de la Resolución No. 5521 de 2013.
[34] La norma
en cita dispone que: “Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El
acceso primario a los servicios del POS se hará en forma directa a través de
urgencias o la consulta médica y odontológica no especializada, los menores de
18 años o mujeres en estado de embarazo podrán acceder en forma directa a la
consulta especializada pediátrica, obstétrica o por medicina familiar sin
requerir remisión por parte del médico general y cuando la oferta disponible
así lo permita.”
[35] En el
mismo sentido se pueden consultar las Sentencias T-105 de 2014, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-487 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-619
de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[36]Folio 46.
[37]Folio 49
[38]Del calculó se excluyó el rubro que la accionante refiere como
terapias, pues, el juez de instancia exoneró de copagos a la misma por tales
conceptos.
[39] El cálculo
se realiza con el costo de las carreras mínimas, sin perjuicio de que este
valor pueda aumentar con ocasión de las distancias o el tráfico vehicular.
[40] La
revocatoria es parcial en cuanto el juez de instancia concedió la exoneración
de copagos o cuotas moderadoras.
[41] Artículos 124 y 125 de la Resolución No. 5521 de 2013.
[42] La norma
en cita dispone que: “Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El
acceso primario a los servicios del POS se hará en forma directa a través de
urgencias o la consulta médica y odontológica no especializada, los menores de
18 años o mujeres en estado de embarazo podrán acceder en forma directa a la
consulta especializada pediátrica, obstétrica o por medicina familiar sin
requerir remisión por parte del médico general y cuando la oferta disponible
así lo permita.”
[43] En el
mismo sentido se pueden consultar las Sentencias T-105 de 2014, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-487 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-619
de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[44] Los
presupuestos para el reconocimiento de este servicio, como ya se expuso, son:
“(i) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos
económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) que
de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o
el estado de salud del usuario”
[45] Sobre este
punto se precisa que cada vez que la menor asiste a las consultas, es necesaria
su presencia, pues en el expediente se relaciona que en una oportunidad la
accionante acudió sin su nieta a la consulta psiquiátrica, razón por la que no
fue posible realizarle exámenes físicos.
[46] Sentencia T-346 de 2009, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[47]La accionante informó en comunicación telefónica con el despacho que
cuando debe ausentarse y dejar a la niña sola al cuidado de vecinos o personas
cercanas, la menor se comporta agresiva y por esa razón las personas se rehúsan
a quedarse con ella.
[48]Información suministrada por la empresa de Transporte Expreso
Cisneros en la ciudad de Medellín vía telefónica.
[49] Sentencias
T-702 de 2007 y T-727 de 2011.
[50] “Artículo
83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”
[51] Artículos 124 y 125 de la Resolución No. 5521 de 2013.
[52] La norma
en cita dispone que: “Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El
acceso primario a los servicios del POS se hará en forma directa a través de
urgencias o la consulta médica y odontológica no especializada, los menores de
18 años o mujeres en estado de embarazo podrán acceder en forma directa a la
consulta especializada pediátrica, obstétrica o por medicina familiar sin
requerir remisión por parte del médico general y cuando la oferta disponible
así lo permita.”
[53] En el
mismo sentido se pueden consultar las Sentencias T-105 de 2014, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-487 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-619
de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.