T-361-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-361/11
(6 de mayo)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de
procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en Autos 04/04 y 100/08
Se estableció que en aquellos eventos en los cuales  alguna
de las Salas de la Corte Suprema de Justicia no dé trámite a una acción de
tutela contra una providencia judicial emitida por una de sus Salas, y con base
en el art. 37 del Decreto 2591 de 199; las personas  tienen el derecho de
acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una
Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que
consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha
Corte.  Ahora bien, al persistir en algunos eventos la denegación de
administración de justicia,  por cuanto las personas al haber acudido al
trámite establecido en el Auto 004 de 2004 tampoco obtuvieron de los cuerpos
colegiados o unipersonales el análisis de sus solicitudes de protección de
derechos fundamentales, la Corte Constitucional (Auto 100 de 2008) optó por
señalar una nueva vía en aras de las protección de los derechos mencionados.
En  consecuencia, ante los posibilidad de que no se dé el trámite
predeterminado en el Auto 004 de 2004, la Corte Constitucional estableció una
nueva vía garantista de los derechos fundamentales, consistente en que en
aquellas circunstancias en las cuales los cuerpos colegiados o unipersonales no
cumplan los señalado en el auto de 2004, las personas podrán remitir a la
Secretaria de la Corte Constitucional la mencionada tutela con el fin de que
surta los trámites relacionados con la selección de tutelas para revisión
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INDEXACCION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL A TRAVES DE LA ACCION DE TUELA-Reiteración de jurisprudencia
TUTELA NO SELECCIONADA PARA REVISION-Caso en que el demandante
interpuso dos tutelas más, por cuanto la primera no fue seleccionada, por lo
que se rechaza por improcedente
Esta Corte constata que si bien no se está
interponiendo una tutela contra otra tutela, lo cierto es que la segunda tutela
y la tercera pretenden desconocer el trámite de tutela realizado respecto de la
primera acción presentada.  En efecto, habiendo sido descartada para su
revisión el amparo solicitado en el año 2009 no puede volverse a intentar una
nueva acción de tutela so pena de vulnerar el principio de seguridad jurídica y
de estabilidad de las decisiones judiciales.  Cosa distinta llevaría consigo
que cualquier accionante al no haber sido seleccionada su tutela para revisión
pudiera nuevamente interponer el amparo, lo que haría interminable y no finito
el trámite de una acción de tutela.  Así las cosas, encuentra este Tribunal
Constitucional que no es procedente la acción de tutela radicada bajo el número
T-2.829.186, por cuanto se pretende desconocer el trámite de una acción de
tutela anterior, específicamente la decisión de no selección para revisión. Por
tal razón, esta Sala de Revisión  en el presente caso, confirmará la Sentencia
de Segunda Instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
rechazó por improcedente el amparo solicitado, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
INDEXACCION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de
jurisprudencia
La indexación de la primera mesada pensional es
un derecho constitucional que se aplica a las pensiones reconocidas en
cualquier tiempo,  indistintamente tengan origen legal o convencional.  En
consecuencia, corresponde a los empleadores – al momento de tomar el ingreso
base para la liquidación pensional- indexar la primera mesada pensional so pena
de que la persona afectada acuda a las vías administrativas y judiciales –
entre las que se haya la acción de tutela- para hacer valer su derecho de
estirpe constitucional. Precisa la Sala que como esta tutela se concede frente
a la violación actual de los derechos de los accionantes, el reajuste se
aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas pensionales en
relación con las cuales, para la fecha de interposición de la acción de tutela,
no hubiese operado el fenómeno de la prescripción de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
Referencia: Expedientes T-2.829.186, T-2.860.248 y
T-2.891.042 Acumulados.
Fallos objeto de revisión: Sentencia del Tribunal
Administrativo de Atlántico, de 8 de julio de 2010, que modificó la
sentencia del juzgado primero administrativo de Barranquilla, de 19 de mayo
de 2010, rechazando la tutela por improcedente (T-2.829.186); Sentencia del
Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria- de 1 de septiembre
de 2010, que revocó la sentencia   del Consejo Seccional de la Judicatura- Sala Disciplinaria – de Cundinamarca, de 13 de julio de 2010, y en consecuencia
negó la protección solicitada  (T- 2.860.248) y la sentencia del Juzgado
Veinte Penal del Circuito de Cali con funciones de Conocimiento, de 21 de
septiembre de 2010 que no tutela por improcedente. (T-2.891.042).
Accionantes: Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186),  Pedro José
Rodríguez (T- 2.860.248) y Alicia López de Caicedo (T-2.891.042).
Accionados: I.S.S. Seccional Atlántico, Corte Suprema de
Justicia  (T-2.829.186),
Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral- Banco Cafetero y Banco Popular (T-
2.860.248) e I.S.S. (T-2.891.042).
Demanda del accionante –elementos-:
Derechos presuntamente
vulnerados: Derecho a la Seguridad Social, al Trabajo, al Debido Proceso y a la Igualdad,
Vulneración invocada: Negativa del ISS a indexar
la primera mesada pensional, corroborada por la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral - (T-2.829.186),
Negativa de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral a ordenar la
indexación de la primera mesada pensional  (T- 2.860.248) y Negativa del
ISS  a indexar la primera mesada pensional (T-2.891.042).
Pretensión: Que
se ordene la indexación de la primera mesada pensional.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión:
Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1.
Antecedentes
de la demanda de tutela de Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186)
1.1.
Fundamentos
de la demanda y pretensión.[1]
1.1.1.
El accionante afirma haber laborado en la sucursal Colombiana de la
Multinacional “Andian National Corporation Limited” desde el 15 de mayo de 1957
hasta el 31 de octubre de 1984; para un total de 27 años, 5 meses y 16 días.
En dicha fecha la relación laboral terminó por un común acuerdo entre la
Empresa y sus trabajadores.  El acuerdo consistió en que se reconocería al
accionante a partir de que cumpliera 55 años de edad una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio devengado durante el último año de
servicio, que para el efecto eran $98.328, 8 veces el salario mínimo legal para
1984.
1.1.2.
Mediante resolución[2]
de noviembre de 1984 el ISS aprobó el convenio realizado entre el accionante y
la sucursal de la multinacional mencionada. Por tal razón, se le reconoció
mediante resolución[3]
de junio de 1990 pensión de jubilación conmutada a partir del 24 de junio de
ese mismo año en cuantía mensual inicial de $72.218, lo que significó que en su
oportunidad aquella entidad de pensiones no hubiere indexado o actualizado a
valor presente el salario promedio devengado durante el último año de servicio
al momento de calcular la primera mesada pensional durante el tiempo
transcurrido entre la fecha de la finalización de la relación laboral – 31 de
octubre de 1984 – y la fecha de reconocimiento por parte del ISS  del derecho
pensional – 14 de junio de 1990.  Se afirma que la diferencia de montos pone de
presente un perjuicio progresivo y desigual al que se ha visto sometido como
pensionado desde junio de 1990.
1.1.3.
Así las cosas, se indica, al presentarse una ruptura entre el valor histórico
de la pensión y su valor actual, se configura una pérdida de poder adquisitivo
de la mesada pensional que afecta las condiciones de subsistencia del
accionante y lo coloca en estado de absoluta indefensión y de debilidad
manifiesta que riñe con los derechos protegidos por la Constitución.
1.1.4.
Con base en lo anterior, el accionante solicitó al ISS la indexación de su
primera mesada pensional siendo resuelta de manera desfavorable mediante oficio
de 25 de febrero de 2003[4].
En este orden de ideas, se presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla, el cual mediante sentencia[5] de 30 de noviembre de
2004 condenó a la entidad accionada a reliquidar la pensión de jubilación a su
valor inicial correspondiente. No obstante lo anterior, siendo apelada la
providencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -31 de octubre de 2006 - revocó la sentencia condenatoria y
absolvió a la entidad demandada[6].
Por lo anterior, el accionante interpuso recurso de casación ante la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia la cual en providencia de 7 de octubre
de 2008 decide no casar la sentencia recurrida[7].
1.1.5.
Ahora bien, se afirma con la sentencia C-862 de 2006, que las sentencias
referidas resultan contrarias al art. 53 constitucional.  Por ende, se indica,
las sentencias incurren en defecto sustantivo y en defecto por desconocimiento
del precedente toda vez que la jurisdicción ordinaria laboral fijó un alcance a
la normatividad del caso en abierta contradicción con la del precedente
judicial señalada en la sentencia citada y en la sentencia SU-120 DE 2003.
1.1.6.
Con base en los hechos anteriores, el solicitante presenta acción de tutela[8]
el 22 de abril de 2009- contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
cuyo conocimiento correspondió a la Sala Penal de la misma Corporación por ser
este el órgano competente acorde con el Decreto 1382 de 2000. Mediante
providencia de 8 de mayo de 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[9]
declaró improcedente la solicitud de amparo argumentando que la acción de
tutela no procede contra sentencias judiciales proferidas por cualquiera de las
salas de decisión del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, absteniéndose
de pronunciarse de fondo en relación con el derecho vulnerado.
1.1.7.
Manifiesta el accionante que no presentó impugnación contra aquel fallo ante el
superior jerárquico dado que el conocimiento del mismo correspondería acorde al
Decreto 1382 de 2000, a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y por
ende era muy factible que la impugnación careciera de posibilidades por cuanto
dicha Sala ha argumentado que no procede la tutela contra sentencias de esa
alta Corporación.  Al no ser impugnado, la Sala Penal remitió el fallo de
tutela a la Corte Constitucional,  correspondiéndole la radicación interna T-
2293961, sin embargo no fue seleccionada para revisión.
1.1.8.
No obstante lo anterior, acorde con el Auto 004 de 17 de febrero de 2004
emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, expresa el accionante que
tuvo que acudir[10]
a un juez de tutela colegiado de igual o menor jerarquía que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia – Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- para que se pronunciara de fondo
respecto de la vulneración alegada por el solicitante y proveniente de la
Sentencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 7 de octubre de 2008.
Así las cosas, mediante fallo de 4 de septiembre de 2009[11] se
declaró improcedente la tutela incoada por cuanto el expediente de tutela T-  2293961
no fue seleccionado para su revisión por la Corte Constitucional.
1.1.9.
Así las cosas, el accionante  impugna[12]
la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura , por lo tanto la Sala
Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia[13]
de 8 de octubre de 2009 confirmó la decisión proferida por su inferior
jerárquico, ordenando remitir el expediente de tutela para su eventual revisión
en la Corte Constitucional.  Efectivamente, a través de oficio de 25 de enero
de 2010 se remitió el expediente a la Corte Constitucional la cual le otorgó de
número de radicación el T- 2.544.541, sin embargo nuevamente la Sala de
Selección[14]
correspondiente decidió excluir el expediente de revisión.  Se indica que se
presentaron solicitudes para que se insistiera a través de la Defensoría del
Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que el
expediente de tutela fuera seleccionado; sin que dichas entidades presentaran
solicitud de insistencia[15].
1.1.10.
Así las cosas, expresa el accionante, no ha sido posible obtener de parte de
los jueces una verdadera decisión de fondo respecto de la vulneración de los
derechos fundamentales de parte de la jurisdicción ordinaria.  Por ende, desde
el momento en que tuvo conocimiento de los efectos erga omnes de lo decidido en
sentencia C-862 de 2006, sentencia C-891 de 2006 y de la ratio decidendi de las
sentencias T-014 de 2008, T-107 de 2009, T-130 de 2009 y T-366 de 2009 al
fallarse en sede de revisión casos similares al presente en el cual los actores
acudieron al mecanismo de acción de tutela luego de haber agotado todas las
instancias de las que disponían en la justicia laboral ordinaria sin haber
logrado injustamente satisfacer su pretensión; decide nuevamente y de forma
legítima -se afirma- pues se fundamenta en la existencia de hechos nuevos
conocidos, hacer valer por vía de tutelas su derecho a la indexación del
salario base tomada en cuenta al momento de calcular la primera mesada
pensional.
1.1.11.
En consecuencia, se acude nuevamente en tutela[16]  ante el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla, afirmando que la acción no está encaminada a
controvertir los fallos de tutela que se hubiesen decidido con anterioridad ni
que hubiesen tratado sobre los mismos hechos.  Lo que se pretende, se señala,
es que con base en los hechos nuevos del numeral anterior, que se establezca si
la justicia laboral desconoció o no el derecho laboral a la indexación de la
primera mesada pensional.
Por
consiguiente, se solicita como pretensión se deje sin efectos la sentencia de 7
de octubre de 2008 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
decidió no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla de 31 de octubre de 2006.  En consecuencia, se ordene
al ISS actualizar y reliquidar a favor del solicitante su pensión de jubilación
a partir del 24 de junio de 1990.
1.2. Respuesta de la Entidad Accionada.
La
demanda fue admitida mediante auto de 5 de mayo de 2010 y se ordenó notificar
al Instituto de Seguros Sociales – jefe de atención al pensionado-a quien se le
solicitó un informe sobre los hechos de la tutela, dentro de las 48 horas
siguientes al recibo de la comunicación. No obstante, la entidad accionada no
contestó la demanda.[17]
1.3. Decisión de tutela objeto de revisión. Sentencia
del Tribunal Administrativo del Atlántico de 8 de julio de 2010.
1.3.1.
Sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, de 19 de Mayo de
2010.[18]
(Primera instancia).
Decisión: No tutelar los derechos invocados.
Fundamento de la decisión: (i)  La acción
fue admitida a sabiendas de que el accionante ha presentado acciones similares
por los mismos hechos, pero dirigidas contra autoridades judiciales de segunda
instancia y de casación, nunca contra el Instituto de Seguros Sociales, entidad
que le reconoció la pensión de jubilación.  (ii) Sin embargo, no puede el juez
constitucional abrogarse las facultades que tienen las autoridades judiciales
laborales y obligar al ISS a actualizar una pensión de jubilación cuando este
debate ya fue objeto de pronunciamientos judiciales en primera instancia,
segunda instancia y casación. (iii) No puede extenderse indefinidamente un
debate jurídico que ya fue concluido.
1.3.2. Impugnación[19]
Se manifiesta que (i) la indexación de la primera
mesada pensional tiene origen constitucional, (ii) la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reconocido dicho derecho, (iii) el juez de primera
instancia desconoció que hasta el momento no se está garantizando el derecho
alegado (iv) la tutela impetrada no está dirigida contra otras tutelas sino que
se basa en hechos nuevos basados en el conocimiento de providencias emitidas
por la Corte Constitucional, (v) las decisiones judiciales que decidieron el
derecho no pueden hacer tránsito a cosa juzgada y además son violatorias del
precedente judicial e incurren en defecto sustantivo.
1.3.3.  Sentencia del Tribunal Administrativo de
Atlántico de 8 de julio de 2010[20]
(Segunda instancia)
Decisión: Modificar la decisión de primera
instancia en el sentido de rechazar la acción por improcedente.
Fundamento de la decisión: (i) El accionante
ha contado con varios mecanismos de defensa judicial para hacer valer sus
derechos, (ii) la tutela se torna improcedente por ser esta subsidiaria y ya el
debate jurídico ha sido objeto de varios pronunciamientos judiciales.
2.
Antecedentes
de la demanda de tutela del señor Pedro
José Rodríguez (T- 2.860.248)
2.1.
Fundamentos
de la demanda y pretensión.[21]
2.1.1    El actor estuvo vinculado al
Banco Popular desde el 21 de octubre de
1952
hasta el 24 de octubre de 1963 y  al Banco cafetero del 28 de octubre de 1963
al 17 de abril de 1979.  Mediante resolución de junio de 1994, el Banco
Cafetero reconoció pensión de jubilación compartida con el Banco Popular a
favor del accionante con el salario del retiro en 1979; sin tener en cuenta la
pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
2.1.2.
La pensión fue reconocida y liquidada en vigencia de la ley 100 de 1993 y la
Constitución Política de 1991. En este orden de ideas, el accionante presentó
demanda laboral, dirigida a obtener la reliquidación de su mesada pensional. El
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia[22] de 1°
de octubre de 2004, condenó a las demandadas a reconocer al accionante la
indexación de la primera mesada pensional.
2.1.3.
La Sentencia de primera instancia fue recurrida y mediante sentencia de 20 de
septiembre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito de Armenia[23],
revocó la providencia mencionada. El accionante interpuso recurso de casación,
sin embargo la providencia no fue casada por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, a través de la sentencia[24]
de 26 de enero de 2010.
2.1.4.
La mesada pensional reconocida por Bancafe, llega a la suma de $18.261 que se
ajustó al salario mínimo legal mensual vigente para 1989, es decir a la suma de
$ 32.559, lo cual obviamente no alcanza para atender las necesidades del actor
y su familiar.  La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, implica una vía
de hecho por cuanto se desconoce el precedente judicial y las normas
constitucionales.
2.1.5.
La parte accionante, instauró acción de tutela contra la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Penal de la misma Corporación, misma
que mediante sentencia[25]
de 11 de mayo de 2010 resuelve negar la tutela.  Esta providencia fue impugnada[26]
y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia[27]
de 28 de mayo de 2010 declara la nulidad de todo lo actuado desde el auto que
avocó conocimiento de la acción de tutela y decide no admitir a trámite la
solicitud de amparar constitucional y ordena devolver los anexos de la demanda
sin desglose.
2.2.
Respuesta
de las entidades demandadas.
2.2.1. Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral-[28].
(i) El Consejo
Seccional de la Judicatura carece de competencia para asumir el conocimiento de
acciones de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, por ser éste el órgano
de cierre y sus decisiones no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad ni
las pueden modificar. (ii) Lo que corresponde es declarar la nulidad de todo lo
actuado o rechazarla o desestimarla por  improcedente.
2.2.2. Banco Cafetero[29].
(i) La tutela no
resulta procedente por cuanto la actualización del ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación solo opera en aquellos casos de pensiones causadas
en vigencia de la ley 100 de 1993, circunstancia que no se da en el presente
caso.  (ii) No hay vulneración al derecho a la igualdad, porque el actor no se
encuentra en las mismas situaciones de hecho y de derecho que alega se le hagan
valer. (iii) Es improcedente la tutela contra providencias judiciales.  (iv)
Solicita que se niegue la tutela.
2.2.3.  Banco Popular.[30]
(i) No existe
vía de hecho por cuanto la providencia es fruto de apreciaciones razonables y
coherentes con el ordenamiento jurídico. (ii) No existe tutela contra providencias
judiciales. (iii) No hay demostración de la presencia de un perjuicio
irremediable.
2.3.  Decisión de tutela objeto de revisión.
Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria- de 1 de
septiembre de 2010.
2.3.1. Sentencia del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca– Sala Disciplinaria- de 13 de julio de 2010. (Primera
instancia)[31]
Decisión: (i) Negar la declaratoria de
incompetencia para conocer de la acción y por lo tanto la nulidad de todo lo
actuado; planteadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, como también la ausencia de inmediatez deprecada. (ii) Tutelar los
derechos fundamentales alegados por el actor. (iii) Dejar sin efectos jurídicos
la sentencia de segunda instancia y la sentencia de casación de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia que negaron la indexación de la primera mesada
pensional.  (iv) Dejar ejecutoriado el fallo de 1 de octubre de 2004 proferido
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá por medio del cual se
resolvió el proceso ordinario laboral del acá accionante.
Fundamento de la decisión: (i) El precedente
judicial del Consejo Seccional de la Judicatura – Sentencia de 18 de diciembre
de 2007 expediente  No 20075974- indica que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria no debe declararse incompetente para conocer de la acción de
tutela.  (ii) Acorde con la jurisprudencia constitucional es viable la tutela
contra providencias judiciales. (iii) El accionante cumplió los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación sin que el hecho de que haya sido anterior a
la ley 100 de 1993 la enerve, se agotaron todos los recursos gubernativos y
judiciales ordinarios y la vulneración de los derechos fundamentales se
mantiene incólume
2.3.2. Impugnación.
2.3.2.1. Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral-[32]
El
comportamiento de los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, no fue negligente, arbitrario, caprichoso o infundado; se apoyó en
sólidas razones constitucionales y legales, siendo el máximo tribunal de
casación.
2.3.2.2. Banco Popular[33]
y Banco Cafetero[34]
Exponen en
reglas generales los mismos argumentos que sustentaron al momento de contestar
la demanda de tutela.
2.3.3.  Sentencia del Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Disciplinaria- de 1 de septiembre de 2010.[35]
(Segunda instancia)
Decisión: (i) Revocar la sentencia impugnada
y en su lugar negar la petición de amparo.  (ii) Dejar sin valor y efecto
jurídico las decisiones de orden judicial y/o administrativa dictadas para dar
cumplimiento al fallo revocado.
Fundamento de la decisión: (i) No se
encuentra razón para calificar la posición jurisprudencial de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, como una causal de procedencia de la tutela
contra sentencias judiciales. (ii) Lo que se aprecia es una disparidad de
posiciones hermenéuticas para interpretar las normas que debían aplicarse; no
obstante lo anterior no constituye una vía de hecho. (iii) No puede utilizarse
la tutela como una tercera instancia.
3.   Antecedentes de la demanda de tutela presentada
por la señora Alicia López de Caicedo (T-2.891.042).
3.1.
Fundamentos
de la demanda y pretensión.[36]
3.1.1.
La accionante laboró al servicio de “Celanse Colombina S.A.” desde el 24 de
agosto de 1968 hasta el 30 de agosto de 1979, tiempo durante el cual cotizó
para pensión ante el Instituto de Seguros Sociales.  Cuando se retiró del
servicio la accionante contaba con el tiempo de cotización más no con la edad.
3.1.2.
El 28 de agosto de 1983 la accionante cumplió con el requisito de edad, esto es
55 años de edad.  Mediante resolución[37]
de diciembre de 1983 el Instituto de Seguros Sociales reconoce y ordena el pago
de la pensión de jubilación a la accionante por valor de $9.261 tomando como
salario base de liquidación los salarios devengados por mi representada en los
años 1978 y 1979, es decir los últimos años anteriores al retiro del servicio,
sin tener en cuenta la depreciación que había sufrido su salario desde 1979
hasta 1983, año en el cual cumplió con el segundo de los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación.
3.1.3.
A través de apoderada, la accionante solicita mediante petición[38]
de 15 de agosto de 2008 al ISS la indexación de la primera mesada pensional,
sin que se obtuviere pronunciamiento alguno, se afirma, operando el silencio
administrativo. El 9 de septiembre de 2009 se agotó la conciliación prejudicial
ante la Procuraduría[39]
veinte judicial II administrativa, la cual se declaró fallida.  El 19 de
octubre de 2009 se radicó demanda administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho, correspondiéndole por reparto al juzgado once administrativo de
Cali[40].
3.1.4.
La accionante, se indica, se encuentra delicada de salud, cuenta actualmente
con 80 años, padece la enfermedad de Parkinson y depresión sicótica aguda la
cual requiere hospitalización constante[41].
3.2.
Respuesta
de la entidad demanda.
Siendo
debidamente notificada la entidad demandada[42]no emitió respuesta
alguna.[43]
3.3.  Decisión de tutela objeto de revisión.
Sentencia del Juzgado Veinte Penal del Circuito con funciones de Conocimiento,
de 21 de septiembre de 2010.[44](Instancia
única)
Decisión: No tutelar por improcedente el
ampara solicitado.
Fundamento de la decisión: (i) La tutela es
una acción subsidiaria y la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial. (ii) No se evidencia un perjuicio irremediable por cuanto a la
accionante en ningún momento se le ha suspendido o cesado el pago de las
mesadas pensionales.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
Esta Sala es competente para revisar las providencias de tutela
antes reseñadas, con base en
la Constitución Política, artículos 86 y 241 numeral 9; en el Decreto 2591 de
1991, artículos 33 a 36; y en el Auto de diez (10) de diciembre de 2010 de la
Sala de Selección de Tutela Número Doce de la Corte Constitucional.
2.
La cuestión de constitucionalidad.
Corresponde
a esta Sala de Revisión establecer, en primer lugar, si la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencias de 7 de octubre de 2008 y
de 26 de enero de 2010, al decidir no casar las sentencias recurridas que en su
momento habían negado la indexación de la primera mesada pensional de los
accionantes, vulneró sus derechos fundamentales. (T-2.829.186 y T- 2.860.248) y
si en efecto uno de los accionantes (T-2.829.186) se encuentra incurso en los
parámetros señalados por esta Corporación en el Auto 04 de 2004; y  en
segundo lugar, si  el Seguro Social, al no dar respuesta a la solicitud de
indexación de la primera mesada pensional elevada el 15 de agosto de 2008 por
parte de la accionante violó su derecho a la seguridad social (T-2.891.042).
Para lo anterior, esta Sala estudiará (i) la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, (ii) los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en los Autos 04 de 2004 y en el Auto
100 de 2008, (iii) la procedencia de la solicitud de indexación de la primera
mesada pensional a través de acción de tutela y la jurisprudencia
constitucional al respecto; para finalmente (iv) analizar los casos concretos.
3. La acción de tutela contra providencias
judiciales.  Reiteración de jurisprudencia.
3.1. Causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela.
En la Sentencia C-590 de 2005 se fijaron como
requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, cuya existencia debe ser verificada por el juez de
amparo, los siguientes: (i) Que el asunto que se discuta implique una evidente
relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales de las partes.;
(ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios o
extraordinarios  excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de
un perjuicio irremediable; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
lo que significa que la tutela debe interponerse en un término razonable a
partir del hecho que originó la vulneración[45]; (iv) Si lo que se alega
es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la misma
tiene (a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y (b) afecta los
derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba
ilícita obtenida con violación de esos derechos[46]; (v)
Que el demandante  identifique tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial
tal vulneración si ello hubiese sido posible; y (vi) Que no se trate de fallos
de tutela[47].
3.2. Causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En Sentencia C-590 de 2005[48] esta
Corporación precisó las causales especiales de procedibilidad de la acción de
amparo contra sentencias, especificando que cualquiera de ellas que se invoque
debe estar plenamente probada. Tales causales son:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[49] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e.
Error inducido[50],
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
f.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[51].
h.
Violación directa de la Constitución”.[52]
Considerando
que  en los casos bajo estudio se argumenta específicamente la presencia de
defectos sustantivos y el desconocimiento del precedente constitucional, se
hará un breve análisis respecto de cada uno de ellos.
El defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional.
En diferentes pronunciamientos, la Corte ha ido
precisando el ámbito de lo que ha denominado defecto sustantivo como una
condición de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales[53].
Al respecto ha señalado que se presenta, entre otras razones: (i) cuando la
decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque
a) no es pertinente[54],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[55], c) es
inexistente[56]
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[57], e) a
pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”[58]
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la
norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen
de interpretación razonable[59]
o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[60]
o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”[61] (iii)
cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes[62],
(iv) la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva[63]
o contraria a la Constitución[64]
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para
un fin no previsto en la disposición”[65]
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[66],
(vi) cuando se desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o
infraconstitucional aplicable al caso concreto[67].
Se considera también que existe un defecto
sustantivo en providencias judiciales: (vii) cuando la actuación no está
justificada en forma suficiente[68] de manera
que se vulneran derechos fundamentales[69];
(viii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente
judicial[70]. o (ix)
“cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
violación manifiesta de la Constitución[71]”.
Desconocimiento del Precedente en la jurisprudencia
constitucional.[72]
El
desarrollo de la labor funcional de la administración de justicia trae consigo
la valoración e interpretación constante de diferentes normas y disposiciones
jurídicas.
Como
resultado de dicha labor, los jueces de la República determinan – acorde con el
caso concreto – cual deberá ser la norma o disposición jurídica que se debe
aplicar a dicha situación.  No obstante lo anterior, en aras de la autonomía de
los jueces, estos pueden tener diferentes análisis o comprensiones en relación
con las disposiciones del ordenamiento jurídico que se deben aplicar. Pues
bien, para evitar arbitrariedades  “el sistema jurídico ha previsto la figura
del precedente, bajo el supuesto de que la independencia interpretativa es un
principio relevante pero que se encuentra vinculado por el respeto del derecho
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales que fijan criterios para la interpretación
del derecho”[73]
Ahora
bien, esta Corporación ha entendido el precedente judicial como el conjunto de
sentencias previas al caso que se ha de resolver, que por su pertinencia al caso,
es indispensable que el juez o autoridad administrativa considere y valore
antes de dictar sentencia. Para establecer la conformidad de un precedente al
caso bajo estudio se debe establecer que “(i) la ratio decidendi de la
sentencia que se evalúa como precedente, presente una regla judicial
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un
problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii)
los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o
plantean un punto de derecho semejante al que se debe
resolver posteriormente”[74]
Así
las cosas, el respeto por el precedente permite mantener un mínimo de seguridad
jurídica sin menoscabar la autonomía del juez.  De allí, que la manera de
mantener una  proporcionalidad  entre los dos valores a proteger – autonomía
judicial y seguridad jurídica- sea que el juez pueda apartarse del precedente si
demuestra que los supuestos del caso que tiene bajo estudio no se enmarcan
dentro de los presupuestos establecidos por la precedente jurisprudencial.
Pues
bien, respecto del precedente constitucional, es esta Corte la que constituye
órgano de cierre y de unificación jurisprudencial. Se entienden desconocidas
las decisiones de este tribunal cuando se produzca alguno de los siguientes
eventos: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”.[75]
En
consecuencia, con el objetivo de garantizar la confianza en las decisiones de
los jueces el desconocimiento del precedente se convierte en una causal  de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.  Existe, entonces la
posibilidad de que interpretaciones realizadas por jueces de tutela sean
contrarias al precedente jurisprudencial señalado por la Corte Constitucional,
en dichas circunstancias “si los peticionarios alegan que la posición
hermenéutica de un operador judicial respecto de una disposición normativa, es
manifiestamente contraria o restrictiva de sus derechos fundamentales,
corresponde al juez de tutela determinar si una o más interpretaciones vulneran
garantías básicas en el caso concreto. En este sentido será la interpretación
que esté más acorde con la Norma Fundamental la que debe ser adoptada y
aplicada por los funcionarios judiciales”.[76]
En conclusión, los funcionarios
judiciales están en la obligación constitucional de seguir los precedentes
señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional – siempre y cuando
se amolden a los parámetros establecidos por ésta- ; de no ser así y en
ejercicio de su autonomía pueden apartarse de dicho precedente siempre y cuando
incrementen su carga argumentativa basada en las razones por las cuales se
apartan de la jurisprudencia constitucional.  No obstante, cualquier persona
cuenta con la posibilidad de acudir vía tutela a hacer respetar sus derechos
fundamentales cuando considere que el juez del caso al momento de resolver un
determinado litigio desconoció la jurisprudencia constitucional sin la
suficiente argumentación y sin los razonamientos exigidos jurisprudencialmente.
4. Los parámetros constitucionales
señalados por esta Corporación en los autos de Sala Plena No 004 de 2004 y No
100 de 2008.
4.1.   Ante
la evidencia por parte de la Corte Constitucional de que las Salas de Casación
de la Corte Suprema de Justicia no admitían a trámite las acciones de tutela
interpuestas por las personas contra providencias judiciales emitidas por las
Salas de dicha Corporación, este Tribunal interpretando la Constitución
estableció que en dichos eventos se presentaba una vulneración de los derechos
fundamentales de los quejosos.  Así las cosas, se determinó (A- 004 de 2004) un
procedimiento a seguir en el evento que se presentaran casos como el
mencionado, al respecto se afirmó:
“Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86),
el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000,
establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no
solo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la
Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia
anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones
de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por
una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional
fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad
con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos,
art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional,
como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la
violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las
diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no
admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.
Pese a lo anterior, no es posible, como regla general,
que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas
hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo
37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la
acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el
lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer
lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido
por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte
Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no
admitir su trámite.
Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con
fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos
casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del
derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva
interposición de la acción de tutela.
Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a
otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida.
Por ello, para los casos en que exista la misma situación de vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela
judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el
derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una
Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que
consideran violado con la actuación de una Sala de casación de la Corte Suprema
de Justicia.”
Así las cosas,  se estableció que en aquellos
eventos en los cuales  alguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia no
dé trámite a una acción de tutela contra una providencia judicial emitida por
una de sus Salas, y con base en el art. 37 del Decreto 2591 de 199; las
personas  tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de
Justicia, para reclamar mediante la acción de tutela la protección del derecho
fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de
dicha Corte.
4.2. Ahora bien, al persistir en
algunos eventos la denegación de administración de justicia,  por cuanto las
personas al haber acudido al trámite establecido en el Auto 004 de 2004 tampoco
obtuvieron de los cuerpos colegiados o unipersonales el análisis de sus
solicitudes de protección de derechos fundamentales, la Corte Constitucional
(Auto 100 de 2008) optó por señalar una nueva vía en aras de las protección de
los derechos mencionados.
Al respecto indicó:
“ Debido a la efectiva
conculcación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y de tutela judicial efectiva de los accionantes que puede tener lugar
en casos similares al estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que
el peticionario hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la
negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió
ante otras autoridades judiciales las cuales tampoco abocaron el conocimiento
de la petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación
semejante en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una
acción de tutela contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción
de
(i)         acudir
a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar
la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso
ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de
Justicia; o
(ii)        solicitar
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para
selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se
concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de
que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de
selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la
providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente
improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.”
En  consecuencia, ante los posibilidad de que
no se dé el trámite predeterminado en el Auto 004 de 2004, la Corte
Constitucional estableció una nueva vía garantista de los derechos
fundamentales, consistente en que en aquellas circunstancias en las cuales los
cuerpos colegiados o unipersonales no cumplan los señalado en el auto de 2004,
las personas podrán remitir a la Secretaria de la Corte Constitucional la
mencionada tutela con el fin de que surta los trámites relacionados con la
selección de tutelas para revisión.
5. La procedencia de la solicitud de
indexación de la primera mesada pensional a través de acción de tutela.
Reiteración Jurisprudencial
-  La Sentencia de Unificación  No 120 de 2003
estableció que la normatividad vigente en el momento determinaba claramente el
ingreso  base de liquidación para las pensiones de vejez de quienes se
encontraban laborando cuando cumplían la edad requerida para adquirir el
derecho pensional. No obstante lo anterior, se señaló, dicha claridad no se
encontraba presente en relación con la determinación del ingreso base de
liquidación para las pensiones de vejez en el evento de que “el trabajador
no ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de
seguridad social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte
años de servicio y la edad requerida para acceder a la prestación” Sin
embargo, se constató, que existían varias disposiciones que facultaban al juez
constitucional para llenar el vacío legislativo que se presentaba. En efecto, evidenció
la Corte que la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación
no se encontraba prevista en ninguna norma.  Por tal razón se concluyó que la
liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado- sin
reajustes- no tenía sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico.  Así
las cosas,  al no existir disposición alguna que determinara la base para
liquidar la pensión de jubilación de quien se hubiere retirado o se retirare
del servicio sin cumplir con la edad requerida, al no existir expresamente  una
disposición legal que ordenará indexar la base salarial y al no existir una
disposición o norma que prohibiera dicha indexación; la Corte Constitucional
acudió al principio constitucional según el cual el “Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”[77]
En este orden de ideas, se estableció que los
jueces no pueden desconocer - al decidir sobre la indexación de la primera
mesada pensional- la necesidad constitucional de mantener el equilibrio en las
relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican
los principios constitucionales.
-
Ahora bien, mediante Sentencias C- 862 y C-891 A, ambas de 2006, este tribunal constitucional determinó declarar la exequibilidad de los
artículos 8° de la ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del
Trabajo y a su vez se corroboró el derecho de los personas jubiladas a la
indexación de la primera mesada pensional, sin importar la categoría que
tuvieren en el sistema de seguridad social.  Al respecto se afirmó:
“Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en
virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el
reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a
una determinada categoría de sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría
su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del
tránsito legislativo carecen de justificación.”[78]
Se pudo concluir que la indexación de la primera
mesada pensional es un derecho constitucional que se aplica a las pensiones
reconocidas en cualquier tiempo, indistintamente tengan origen legal o
convencional.  En consecuencia, corresponde a los empleadores – al momento de
tomar el ingreso base para la liquidación pensional- indexar la primera mesada
pensional so pena de que la persona afectada acuda a las vías administrativas y
judiciales – entre las que se haya la acción de tutela- para hacer valer su
derecho de estirpe constitucional.
- La jurisprudencia de esta Corte ha señalado otras
condiciones necesarias para acudir mediante acción de tutela a la salvaguarda
del derecho que se viene tratando.  Estos requisitos son[79]:
a)
Que el interesado haya adquirido la calidad de pensionado;
b)
Que haya agotado la actuación en sede gubernativa, mediante el uso de
los recursos y medios de impugnación propios de esa instancia, en procura de
satisfacer su pretensión de indexación;
c)
Que haya acudido oportunamente a la jurisdicción ordinaria con el fin de
obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada;
d)
Que acredite las condiciones materiales que justifiquen la protección
por vía de tutela, como lo es la condición de persona de avanzada edad, y la
afectación de derechos fundamentales.
- Últimamente, y haciendo un recuento jurisprudencial sobre la
materia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional mediante
Sentencia T- 362 de 2010, concluyó respecto de la indexación de la primera
mesada pensional:
(i)
La indexación de la primera mesada pensional es un instrumento que sirve para
garantizar el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
que se deriva de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
(ii)
Su protección por vía de tutela ha sido procedente, cuando se configuran los
requisitos señalados  anteriormente o cuando se vislumbra la configuración de
un perjuicio irremediable, como consecuencia de la vulneración de un derecho
fundamental como el mínimo vital o la igualdad, en algunos casos con carácter
definitivo y en otros con carácter transitorio, dependiendo de las precisas
circunstancias de cada caso concreto.
(iii)
La edad de los afectados ha sido un elemento pilar de los fallos que han
concedido la acción de tutela en estos casos, no solamente por el derecho a
gozar de una especial protección constitucional consagrado en el artículo 46 de
la Constitución Política, sino porque la combinación de la pérdida del poder
adquisitivo del ingreso con el aumento de la edad, genera inminente el
perjuicio irremediable que eventualmente puede recaer sobre estos sujetos.
(iv)
Circunstancias como la desproporción de los montos pensionales, el estado de
liquidación del accionado, la edad y estado de salud del actor y la vía de
hecho administrativa, son algunos de los factores que han sido ponderados por la
Corte Constitucional para deducir la configuración del perjuicio irremediable y
conceder el derecho en aquellos casos en los cuales las acciones judiciales
ante la justicia ordinaria no fueron agotados previamente.
6.  Los casos concretos.
Acorde con los postulados teóricos de esta providencia, se
analizarán los parámetros establecidos respecto de cada uno de los casos
acumulados, para efectos de determinar si se está en presencia o no de la
violación de derechos fundamentales.
6.1.   Procedencia de las acciones
de tutela.
(i) Que el asunto que se discuta implique una
evidente relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales de las
partes.
En los tres casos bajo estudio (T-2.829.186, T-
2.860.248 y T-2.891.042) se discute la indexación de la primera mesada
pensional.  Pues bien, acorde con lo expuesto en los fundamentos de esta
providencia, uno de los presupuestos cardinales señalado por la Constitución  respecto
de las relaciones laborales consiste en el pago oportuno y el reajuste de las
pensiones. En variada jurisprudencia, esta Corporación ha reconocido el derecho
constitucional a la indexación de la mesada mencionada.  Por tal motivo, no
cabe dudas que el derecho que se discute en las presentes acciones de tutela
tiene una amplia relevancia constitucional debido a que su vulneración trasgrede
no solo un derecho sino un principio constitucional.
(ii)  Que se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial ordinarios o extraordinarios  excepto cuando lo que se
pretende es evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
-
Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186).  En el presente caso esta Corte evidencia que el
accionante solicitó al ISS la indexación de su primera mesada pensional siendo
resuelta de manera desfavorable mediante oficio de 25 de febrero de 2003.  En
este orden de ideas,  presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla, el cual mediante sentencia de 30 de noviembre de 2004 condenó a
la entidad accionada a reliquidar la pensión de jubilación a su valor inicial
correspondiente.  No obstante lo anterior, siendo apelada la providencia, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – 31
de octubre de 2006 - revocó la sentencia condenatoria y absolvió a la entidad
demandada.  Posteriormente,  el accionante interpuso recurso de casación ante la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual en providencia de 7 de
octubre de 2008 decide no casar la sentencia recurrida. (Numeral 1.1.)
Así
las cosas, y sin realizar otro tipo de consideración, se puede afirmar que el
accionante agotó los medios judiciales ordinarios y extraordinarios y por ende
cumplió el presente requisito
-
Pedro José Rodríguez (T- 2.860.248). Se constata que mediante resolución
de junio de 1994, el Banco Cafetero reconoció pensión de jubilación compartida
con el Banco Popular a favor del accionante con el salario del retiro en 1979;
sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. El accionante
presentó demanda laboral, dirigida a obtener la reliquidación de su mesada
pensional.  El Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
de 1 de octubre de 2004, condenó a las demandadas a reconocer al accionante la
indexación de la primera mesada pensional. La Sentencia de primera instancia
fue recurrida y mediante sentencia de 20 de septiembre de 2007, el Tribunal
Superior del Distrito de Armenia[80],
revocó la providencia mencionada.  El accionante interpuso recurso de casación,
sin embargo la providencia no fue casada por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, a través de la sentencia de 26 de enero de 2010. (Numeral 2.2.)  En
consecuencia, se encuentra cumplido el requisito.
-
Alicia López de Caicedo (T-2.891.042).
La accionante
solicitó mediante petición de 15 de agosto de 2008 al ISS la indexación de la
primera mesada pensional, sin que se obtuviere pronunciamiento alguno, se
afirma, operando el silencio administrativo. El 9 de septiembre de 2009 se
agotó la conciliación prejudicial ante la Procuraduría veinte judicial II
administrativa, la cual se declaró fallida.  El 19 de octubre de 2009 se radicó
demanda administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, correspondiéndole
por reparto al Juzgado Once Administrativo de Cali.  (Numeral 3.1.)
Pues
bien, en el presente caso, en principio, la solicitante en tutela no cumpliría
con el requisito señalado por cuanto no se habrían agotado todos los medios
judiciales tanto ordinarios como extraordinarios.  No obstante, acorde con los
fundamentos de esta providencia (numeral 5), en aquellos eventos en los cuales
se esté en presencia de una persona de edad avanzada y acorde con su estado de
salud, esta Corporación ha entendido que se está en presencia de un perjuicio
irremediable y por ende  no sería indispensable el agotamiento de los medios
judiciales referidos.
En
el presente caso, se evidencia que la accionante es una persona de la tercera
edad – cuenta con 80 años – además padece  la enfermedad de Parkinson y  sufre de depresión
sicótica aguda por lo cual requiere hospitalización constante, según
certificación médica.  (Numeral 3.1)  Por consiguiente, esta Sala de Revisión
considera que se está en presencia de un perjuicio irremediable y por tal razón
no era indispensable haber agotado todos los medios de defensa judicial.
(iii) Que se cumpla el requisito de  inmediatez.
- Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186).  En
el presente caso, el accionante ataca en sede de tutela la decisión del
Instituto de Seguros Sociales de 25 de febrero de 2003, por medio de la cual se
negó la solicitud de indexación requerida  e igualmente  la decisión de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 7 de octubre de 2008 por medio de la
cual se determinó no casar la sentencia recurrida que había negado las pretensiones
de la demanda.
Ahora bien,  la acción de tutela que se revisa fue
presentada el 4 de mayo de 2010.  Así las cosas, habiendo transcurrido más de
ocho (8) años desde la expedición del acto administrativo emitido por el ISS y más
de dos (2) años desde el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, no se estaría cumpliendo con el requisito de inmediatez por cuanto el
tiempo de interposición de la tutela no resulta razonable a la luz de la
jurisprudencia de esta Corporación.  Ahora bien, otras circunstancias
especiales rodearon la presente tutela que serán analizadas en numeral
posterior.  No obstante, en principio no se cumple en la presente tutela con el
principio de inmediatez.
-Pedro José Rodríguez (T- 2.860.248). El
actor demanda en tutela la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia de 26 de enero de 2010 por medio de la cual se resolvió no casar la
providencia que negó las pretensiones del solicitante.  En este orden de ideas,
la acción de tutela fue presentada el 25 de junio de 2010, no habiendo
transcurridos más de seis (6) meses desde la emisión de la providencia atacada,
por tal razón encuentra esta Corte que se cumplió con el requisito de
inmediatez.
-Alicia López de Caicedo (T-2.891.042). Respecto
del presente caso, se halla que la accionante solicitó mediante petición de 15
de agosto de 2008 al ISS la indexación de la primera mesada pensional, sin que
se obtuviere pronunciamiento alguno.  El 9 de septiembre de 2009 se agotó  conciliación
prejudicial ante la Procuraduría veinte judicial II administrativa, la cual se
declaró fallida.  El 19 de octubre de 2009 se radicó demanda administrativa de
nulidad y restablecimiento del derecho, correspondiéndole por reparto al
juzgado once administrativo de Cali. Pues bien, la acción de tutela fue
presentada el treinta (30) de agosto de 2010, en consecuencia un primer
análisis llevaría a la conclusión de que no se cumpliría con el requisito de
inmediatez.
No
obstante, la jurisprudencia[81]
de esta Corte ha señalado que la razonabilidad en el término de presentación de
la tutela dependerá
de las circunstancias del caso concreto, sin que resulte posible establecerlo a
priori. Igualmente se ha señalado[82]
que en el evento de que se esté en presencia de un sujeto de especial
protección o de una persona que se encuentre en una situación de especial
indefensión, esta circunstancia deberá ser valorada al momento de analizar el
principio de inmediatez. Pues bien, acorde con el acervo probatorio aportado al
proceso, la accionante se encuentra delicada de salud, cuenta actualmente con
80 años, padece la enfermedad de Parkinson y depresión sicótica aguda la cual
requiere hospitalización constante. Así la cosas, se está en presencia de una
persona de la tercera edad siendo sujeto de especial protección y además debido
a las enfermedades que padece se encuentra en una situación especial de indefensión.
Así las cosas, esta Corte en el presente caso, no hará exigible el requisito de
inmediatez.
(iv) Que el demandante  identifique tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados.
En los tres casos planteados (T-2.829.186, T-
2.860.248 y T-2.891.042) encuentra esta Corte que se denotaron con claridad los
hechos que supuestamente generan las vulneraciones alegadas así como los
posibles derechos violados.[83]
(v)  Que no se ataque fallos de tutela.
-
Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186).  Especial atención merece el
presente caso, veamos:
(a).
Mediante sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Barranquilla el 31 de octubre de 2006, se revocó la
sentencia de primera instancia y se negaron las pretensiones del accionante.
Dicha sentencia fue recurrida en casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual en sentencia de  7 de octubre de 2008
decide no casar la sentencia.
(b). El
solicitante presenta una primera tutela el 22 de abril de 2009- contra la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuyo conocimiento correspondió a la
Sala Penal de la misma corporación. Mediante providencia de 8 de mayo de 2009 la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la solicitud de
amparo argumentando que la acción de tutela no procede contra sentencias
judiciales proferidas por cualquiera de las salas de decisión del máximo órgano
de la jurisdicción ordinaria, absteniéndose de pronunciarse de fondo en
relación con el derecho vulnerado. Manifestó  el accionante que no presentó
impugnación contra aquel fallo.  Al no ser impugnado, la Sala Penal remitió el
fallo de tutela a la Corte Constitucional  correspondiéndole la radicación
interna T- 2293961, sin embargo no fue seleccionada para revisión.
(c). El
Auto 004 de 2004 y el Auto 100 de 2008, establecieron la posibilidad de que en
el evento de que la Corte Suprema de Justicia no admitiera a trámite una acción
de tutela contra una de sus providencias el tutelante tendría la opción de presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o
solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que
radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia
en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente,
con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al
proceso de selección.  Pues bien, en errónea interpretación de dichos autos, el
solicitante acude en una segunda tutela ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca.  Es errónea la aplicación de dichos Autos por
cuanto en momento alguno la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, inadmite a
trámite la primera tutela presentada sino que la declara improcedente y no
siendo apelada la remite para su revisión a la Corte Constitucional.  Por ende,
no se cumple el requisito señalado en los autos en mención.  Ahora bien, no
obstante lo anterior y como ya se anotó, se acude en segunda tutela ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el cual mediante fallo de 4 de
septiembre de 2009  declaró improcedente la tutela incoada por cuanto el
expediente de tutela T-  2293961 no fue seleccionado para su revisión por la
Corte Constitucional. Ante tal decisión, el accionante  impugna por lo que la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura con sentencia de 8 de
octubre de 2009 confirma la decisión proferida por su inferior jerárquico,
ordenando remitir nuevamente el expediente de tutela para su eventual
revisión en la Corte Constitucional.  Efectivamente, a través de oficio de 25
de enero de 2010 se remitió el expediente a la Corte Constitucional, la cual le
otorgó de número de radicación el T- 2.544.541, siendo la misma acción
de tutela radicada anteriormente como T- 2.293.961, sin embargo nuevamente
la Sala de Selección correspondiente decidió excluir el expediente de revisión.
(d) El
accionante, acude a una tercera tutela ante el Juzgado Primero Administrativo
de Barranquilla y  solicita como pretensión se deje sin efectos la sentencia de
7 de octubre de 2008 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  Se
argumenta que se presentan hechos nuevos ante la expedición de la sentencias  C-862
de 2006, C-891 de 2006 y de la ratio decidendi de las sentencias T-014 de 2008,
T-107 de 2009, T-130 de 2009 y T-366 de 2009. No obstante debe aclararse, que
las sentencias  que establecieron el
derecho de las personas jubiladas a la indexación de la primera mesada
pensional, sin importar la categoría que tuvieren en el sistema de seguridad
social, fueron la SU- 120 de 2003 y las sentencias de Constitucionalidad 862 de
2006 y 891 A del mismo año; providencias estas anteriores en el tiempo a la
sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral de 7 de octubre
de 2008, por ende no pueden ser catalogadas como hechos nuevos.  Pues bien, el
juez de primera instancia en sede de tutela niega el amparo, decisión que es
impugnada y con sentencia  del Tribunal Administrativo de Atlántico se modifica
la sentencia de primera en el sentido de rechazar la acción por
improcedente.  Esta tercera tutela es remitida a la Corte Constitucional  la cual
se radica con el número T-2.829.186, siendo seleccionada para revisión mediante
auto de diez (10) de diciembre de 2010 de la Sala de Selección de Tutela Número
Doce de la Corte Constitucional.
Así
las cosas, esta Corte constata que si bien no se está interponiendo una tutela
contra otra tutela, lo cierto es que la segunda tutela y la tercera pretenden
desconocer el trámite de tutela realizado respecto de la primera acción
presentada.  En efecto, habiendo sido descartada para su revisión el amparo
solicitado en el año 2009 no puede volverse a intentar una nueva acción de
tutela so pena de vulnerar el principio de seguridad jurídica y de estabilidad
de las decisiones judiciales.  Cosa distinta llevaría consigo que cualquier
accionante al no haber sido seleccionada su tutela para revisión pudiera nuevamente
interponer el amparo, lo que haría interminable y no finito el trámite de una
acción de tutela.  Así las cosas, encuentra este Tribunal Constitucional que no
es procedente la presente acción de tutela interpuesta por el señor Juan Ramón
Pérez Rodríguez (T-2.829.186) por cuanto se pretende desconocer el trámite de una
acción de tutela anterior, específicamente la decisión de no selección para
revisión.
Por
tal razón, esta Sala de Revisión  en el presente caso, confirmará la Sentencia
de Segunda Instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
rechazó por improcedente el amparo solicitado, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
-Pedro José Rodríguez (T- 2.860.248).  Se constata lo siguiente: el
accionante instauró acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, ante la Sala Penal de la misma Corporación la cual resuelve negar
la tutela. Dicha  providencia fue impugnada y la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 28 de mayo de 2010 declara
la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó conocimiento de la acción
de tutela y decide no admitir a trámite la solicitud de amparar constitucional
y ordena devolver los anexos de la demanda sin desglose.
Habiendo
sido inadmitida la acción de tutela por parte de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el accionante – con base en el Auto 004 de 2004- acude ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el cual decide negar la declaratoria de
incompetencia para conocer de la acción y por lo tanto la nulidad de todo lo
actuado planteadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y en consecuencia tutela los derechos fundamentales alegados por el
actor.  El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria- revoca la
sentencia de primera instancia y en su lugar niega la petición de amparo.
Así
las cosas, no estamos en presencia de una tutela contra tutela, sino en el
ejercicio de los parámetros dictados por el Auto 004 de 2004 de la Sala Plena
de esta Corporación.  Por consiguiente, en el presente caso la tutela es
procedente.
-Alicia
López de Caicedo (T-2.891.042).
De manera
evidente se constata que en este caso no se está en presencia de una tutela
contra tutela sino de la solicitud de amparo contra el silencio del ISS ante la
solicitud de una indexación de primera mesada pensional.  Por ende, la presente
tutela es procedente.
6.2.  Causales de Procedibilidad de las Acciones de
Tutela.
6.2.1. Pedro José Rodríguez (T- 2.860.248).  Mediante resolución de junio de
1994, el Banco Cafetero reconoció pensión de jubilación compartida con el Banco
Popular a favor del accionante con el salario del retiro en 1979, sin tener en
cuenta la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por tal razón, el accionante presentó
demanda laboral, dirigida a obtener la indexación de su mesada pensional.  El
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 1 de octubre
de 2004, condenó a las demandadas a reconocer al accionante la indexación de la
primera mesada pensional.   La Sentencia de primera instancia fue recurrida y
mediante sentencia de 20 de septiembre de 2007, el Tribunal Superior del
Distrito de Armenia, revocó la providencia mencionada.  El accionante interpuso
recurso de casación, sin embargo la providencia no fue casada por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, a través de la sentencia de 26 de enero de
2010.
Interpuesta
la acción de tutela- acorde con el Auto 004 de 2004- la sentencia de primera
instancia dictada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca decide
tutelar los derechos fundamentales alegados por el actor, dejar sin efectos
jurídicos la sentencia de segunda instancia y la sentencia de casación de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negaron la indexación de la
primera mesada pensional y por ende dejar ejecutoriado el fallo de 1 de octubre
de 2004 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá por
medio del cual se resolvió el proceso ordinario laboral del acá accionante.  La
segunda instancia, es decir el Consejo Superior de la Judicatura- Sala
Disciplinaria- revocó la providencia de primera instancia  y en su lugar negó
el amparo.
Acorde
con los postulados teóricos de la presente providencia (numeral 5°) el derecho
a la indexación de la primera mesada pensional es un derecho de origen
constitucional que se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo,
indistintamente tengan origen legal o convencional. Sin embargo, la Sentencia
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 26 de enero de 2010
determinó:
“ No se evidencia desacierto
alguno en la decisión del Tribunal, puesto que es un hecho cierto, no
controvertido, que el actor consolidó el derecho a gozar de la jubilación
oficial, a partir del 1° de septiembre de 1989, fecha en la que completó la
edad requerida – 55 años-, de conformidad con la ley 33 de 1985, no obstante haberse
expedido el acto de reconocimiento con una fecha posterior a aquella; en
consecuencia, la sentencia impugnada está en armonía con la línea
jurisprudencial que ha venido desarrollando la mayoría de la Sala en el
sentido de considerar inviable la indexación de la primera mesada pensional
cuando esta se causa antes de la vigencia de la Constitución de 1991, como
sucede en el caso que se examina.” (Negrilla fuera del texto)[84]
En
este orden de ideas, la providencia atacada en sede de tutela, desconoce la ratio decidendi de sentencias
de constitucionalidad[85]
como las anotadas en la parte teórica y contraría el alcance de  derechos
fundamentales a la seguridad social y al poder adquisitivo de la pensiones fijado
por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela[86].
Así las cosas, se está en presencia de una de las causales de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales como es el desconocimiento del
precedente constitucional.
A continuación, se extrae del
expediente, que el señor Pedro José Rodríguez es (i) pensionado por el Banco
Cafetero mediante resolución 317 de 7 de junio de 1994[87], que (ii) agotó las vías judiciales
ordinarias para reclamar su derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, acudiendo en primera instancia ante el juzgado cuarto (4°) laboral
del circuito de Bogotá – instancia que le concedió el derecho- en segunda
instancia el Tribunal Superior de Armenia revocó la providencia apelada y
acudiendo al recurso extraordinario de casación la Corte Suprema de Justicia
Sala Laboral decide no casar la sentencia recurrida, (iii) que efectivamente
están en discusión los derechos fundamentales a la seguridad social  y a la
indexación de la primera mesada pensional; razones por las cuales se cumplen
los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional.[88]
Ahora bien, el juez de tutela de
primera instancia – el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Sala
Disciplinaria – decidió tutelar los derechos fundamentales del accionante como
consecuencia de lo anterior dejó sin efectos las sentencias impugnadas de
segunda instancia y de casación, y dictó otras órdenes al respecto; siendo
impugnada la tutela el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria
revocó la sentencia de primera instancia y negó los derechos fundamentales
solicitados bajo el argumento que existía una disparidad en la interpretación
hermenéutica de unas normas legales.  Así pues, acorde con los postulados
teóricos de esta providencia, esta Sala de Revisión revocará la sentencia de
segunda instancia dentro del trámite de la acción de tutela emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria el 1 de septiembre de 2010 y en su
lugar confirmará la Sentencia de primera instancia del Consejo Seccional de la
Judicatura Sala Disciplinaria de Cundinamarca de 13 de julio de 2010, haciendo
la claridad que cuando dicha sentencia se refiere a la Sentencia de segunda
instancia en el proceso ordinario laboral esta no es emitida por el tribunal
superior de Bogotá sino de Armenia.
6.2.2. Alicia López de Caicedo (T-2.891.042). Mediante
resolución de diciembre de 1983 el Instituto de Seguros Sociales reconoce y
ordena el pago de la pensión de jubilación a la accionante por valor de $9.261
tomando como salario base de liquidación los salarios devengados. La accionante
solicita mediante petición de 15 de agosto de 2008 al ISS la indexación de la primera
mesada pensional, sin que se obtuviere pronunciamiento alguno. Se constata en
el expediente la existencia de una demanda ante la justicia contencioso administrativa
de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en un juzgado de la ciudad
de Cali.
Con base en los argumentos señalados en
esta providencia la señora López de Caicedo tiene derecho a que se le indexe su
primera mesada pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales el cual ha
guardado silencio tanto respecto de la solicitud de la accionante como  dentro
del trámite de la tutela.  Dicha omisión resulta vulneradora de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al reajuste de las pensiones en cabeza de
la accionante.  En efecto, la administración con su no actuar ha producido que
la señora López de Caicedo deje de disfrutar de su pensión en la proporción que
esta Corte estima constitucional.  De esta manera la inactividad de la
administración en el reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional de la accionante es violatoria de los parámetros constitucionales
vertidos en la jurisprudencia.
Esta Sala de Revisión constata que (i)
la señora accionante es pensionada del Instituto de Seguros Sociales mediante
resolución 4986 de 22 de diciembre de 1983[89],
(ii) que aunque se corrobora la existencia de una demanda contencioso
administrativa contra el Instituto de Seguros Sociales esta no se ha resuelto,
sin embargo esta Sala de Revisión encontró que se está en presencia de un
perjuicio irremediable ( numeral 6.1.) afectándose su mínimo vital , que (iii)
están en discusión los derechos fundamentales a la seguridad social y a la
indexación de la primera mesada pensional, (iv) que la señora López de Caicedo
padece la enfermedad de Parkinson y requiere hospitalización constante, que
(v) la accionante cuenta con 80 años de edad, cumpliéndose con los requisitos
señalados en la jurisprudencia constitucional.[90]
La
Sentencia T-362 de 2010 señaló dentro de los parámetros para la protección del
derecho que en el evento de que se configure  un perjuicio irremediable la
tutela puede tener carácter definitivo o transitorio dependiendo las
circunstancias precisas del caso, igualmente se afirmó que la edad de los
afectados es elemento esencial para conceder la tutela por la vulneración que
se produce en personas de avanzada edad y que la salud del afectado debe ser
tenida en cuenta  en aquellos casos en los cuales las acciones judiciales ante
la justicia ordinaria no fueron agotados previamente.
Ahora
bien, en el presente caso, el juez de única instancia – Juzgado Veinte Penal
del Circuito con funciones de descongestión de Cali- no tutela los derechos de
la accionante por improcedente la tutela debido a que cuenta con la vía
judicial ordinaria para que se le reconozcan sus derechos.  Esta Sala de
Revisión desestima los argumentos expuestos por el juez ya referido por cuanto
se desconoce la jurisprudencia de esta Corte al respecto.  Por tal razón, con
base en los parámetros expuestos en la sentencia T-362 de 2010,  y teniendo en
cuenta la avanzada edad de la accionante (80 años) y los padecimientos que
sufre (enfermedad de Parkinson y constante hospitalización)  se revocará la
sentencia emitida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con funciones de
descongestión de Cali el 21 de septiembre de 2010 y en su lugar se concederá el
amparo  a la indexación de la primera mesada pensional. Por tal razón se
ordenará de manera definitiva que el Seguro Social emita un acto administrativo
donde se indexe la primera mesada pensional de la señora Alicia López de
Caicedo. Dicha indexación se realizará con base en la fórmula señalada en la
sentencia T-098 de 2005 (fundamento jurídico Número 5°)
7. Conclusiones: Por las razones expuestas
esta Sala de Revisión determinará:
7.1.
En el caso del señor Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186) se   confirmará la
Sentencia de Segunda Instancia emitida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que rechazó por improcedente el amparo solicitado, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
7.2. En el caso del señor  Pedro José Rodríguez (T-
2.860.248) se revocará la sentencia de segunda instancia dentro del trámite de
la acción de tutela emitida por el Consejo Superior de la Judicatura Sala
Disciplinaria el 1 de septiembre de 2010 y en su lugar confirmará la Sentencia
de primera instancia del Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria
de Cundinamarca de 13 de julio de 2010.
7.3. En el caso de Alicia López de Caicedo (T-2.891.042)
se revocará la sentencia emitida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con
funciones de descongestión de Cali el 21 de septiembre de 2010 y en su lugar se
concederá el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad social y a la
indexación de la primera mesada pensional.  Por tal razón se ordenará de manera
definitiva que el Seguro Social emita un acto administrativo donde se indexe la
primera mesada pensional de la señora Alicia López de Caicedo con base en la
fórmula señalada en esta providencia.
8. Razón de la Decisión.
La indexación de la primera mesada pensional es un
derecho constitucional que se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier
tiempo,  indistintamente tengan origen legal o convencional.  En consecuencia,
corresponde a los empleadores – al momento de tomar el ingreso base para la
liquidación pensional- indexar la primera mesada pensional so pena de que la
persona afectada acuda a las vías administrativas y judiciales – entre las que
se haya la acción de tutela- para hacer valer su derecho de estirpe
constitucional. Precisa la Sala que como esta tutela se concede frente a la
violación actual de los derechos de los accionantes, el reajuste se aplicará
hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas pensionales en relación con
las cuales, para la fecha de interposición de la acción de tutela, no hubiese
operado el fenómeno de la prescripción de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Atlántico de 8 de julio de 2010, dentro del proceso de tutela
iniciado por el señor Juan Ramón Pérez Rodríguez (T-2.829.186), pero por las
razones expuestas en esta providencia.
Segundo.  REVOCAR la Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura –
Sala Disciplinaria – de 1 de septiembre de 2010 y en su lugar CONFIRMAR
PARCIALMENTE la Sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca – Sala Disciplinaria – de 13 de julio de 2010, dentro del proceso
de tutela iniciado por el señor Pedro José Rodríguez (T-2.860.248),
entendiéndose que el reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará
hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales,
para la fecha de interposición de la acción de tutela, no hubiese operado el
fenómeno de la prescripción.
Tercero.  REVOCAR la sentencia del Juzgado Veinte Penal del Circuito
con funciones de descongestión de Cali de 21 de septiembre de 2010 y en su
lugar CONCEDER el amparo definitivo de los derechos fundamentales a la
seguridad social y a la indexación de la primera mesada pensional de la
accionante. Por tal razón, ORDENAR al Instituto de Seguro Social que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de esta sentencia, emita un acto administrativo donde se indexe la primera
mesada pensional de la señora Alicia López de Caicedo con base en la fórmula
señalada en esta providencia y dentro del mismo término, empiece a hacer el
pago correspondiente. Precisando que el reajuste resultante en las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en
relación con las cuales, para la fecha de interposición de la acción de tutela,
no hubiese operado el fenómeno de la prescripción.
Cuarto. Líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Demanda de tutela presentada el 4 de mayo de 2010. Folios 1 a 32.
[2]
Folios 34 a 37
[3]
Folios 37 y 38
[4]
Folios 39 a 42
[5]
Folios 54 a 67
[6]
Folios 68 a 82
[7]
Folios 83 a 97
[8]
Folios 100 a 131
[9]
Folios 132 a 142
[10]
Folios 143 a 172
[11]
Folios 173 a 183
[12]
Folios 184 a 195
[13]
Folios 196 a 204
[14]
Auto de 26 de febrero de 2010, Sala de Selección Número Dos.  Folios 206 a 221
[15]
Folios 222 a 224.
[16]
Demanda de tutela presentada el 4 de mayo de 2010. Folios 1 a 32
[17]
Folio 331.
[18] Folios 330 a 334
[19] Folios 337 a 343
[20]
Folios 350 a 359
[21]
Demanda de tutela presentada el 25 de junio de 2010.  Folios 1 a 6
[22]
Folios 7 a 16
[23]
Folios 31 a 40
[24]
Folios 17 a 30
[25]
Folios 42 a 47
[26]
Folios 48 y 49
[27]
Folios 50 y 51
[28]
Folios 61 a 63
[29]
Folios 65 a 83.
[30]
Folios 162 a 167
[31]
Folios 226 a 245
[32]
Folios 287 a 289
[33]
Folios 253 a 258
[34]
Folios 259 a 268
[35]
Folios 15 y ss cuad. Segunda instancia.
[36]
Demanda de tutela presentada el 30 de agosto de 2010.  Folios 1 a 5
[37]
Folio 13
[38]
Folio 9
[39]
Folio 7
[40]
Folio 40
[41]
Folios 23 a 39
[42]
Folio 51
[43]
Folio 53.
[44]
Folios 52 y ss.
[45] Ver
entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[46] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández “La Corte considera, que cuando el juez de conocimiento se
encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a
su exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la
prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida
mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en
estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los
derechos humanos, esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier
vínculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba
es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura,
desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la
perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se
transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del
proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un
proceso penal, cual es la realización de los derechos y garantías del
individuo. Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha
conocido del proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. En
efecto, tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la
aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la
prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una
decisión. No obstante lo anterior, entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una
prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad
humana”.
[47]
Reiterada en T-243 de 1008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[48] M.P.
Jaime Córdiba Triviño
[49] Sentencia T-522/01
[50] En Sentencia T-1192/03[50]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett se reiteró la jurisprudencia consignada en la Sentencia SU-014 de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez[50] donde “la Corte estableció que cuando actuaciones de terceras personas inducían en error al juez, se configuraba la “vía de
hecho por consecuencia”. Con ello la Corte indicaba que la violación de los
derechos fundamentales de la persona no le eran imputables al juez, pero que la
decisión judicial resultaba inconstitucional”.En la Sentencia T-68 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo la Corte: (v) Finalmente, el defecto o vía de hecho por consecuencia se estructura cuando la providencia
judicial se soporta en hechos o situaciones jurídicas adelantadas por
autoridades distintas a quien la profiere, y cuyo manejo irregular afecta de
manera grave e injusta derechos o garantías fundamentales. En estos casos, aun
cuando la decisión se haya adoptado con pleno acatamiento de la normatividad
aplicable y dentro de una valoración juiciosa de las pruebas, la vía de hecho
se produce como consecuencia de la negligencia de otras instancias públicas,
que obligadas a colaborar con la administración de justicia, por acción o por
omisión no lo hacen en forma diligente. Tal como lo señaló la Corte ‘si bien el criterio imperante frente a la vía de hecho es el de que ésta se origina en
una actuación judicial arbitraria o manifiestamente contraria a derecho, puede
ocurrir que tal defecto no sea atribuible directamente al juez de la causa,
sino a la acción u omisión de otras autoridades publicas -en la mayoría de los
casos administrativas- que debiendo colaborar armónicamente en la función de
administrar justicia, con su conducta negligente inducen en error al operador
jurídico y permiten que a través de la decisión se afecten en forma grave los
derechos y garantías constitucionales de quienes intervienen en la actuación
judicial.[50]”[50]
[51] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.
[52] Ver además Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-060/09 M.P. Mauricio González Cuervo, T-130 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
[53] Ver al respecto, entre otras, Sentencias T-573 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía,[53] T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-001 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-377 de 2000. M.P. Alejandro Marínez Caballero, T-1009 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-852 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-453 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  T-061 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, RenteríaT-231
de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,  T-001 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell.T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.,T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, , T-701 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1244 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-056 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, T-189 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-061 de 2007 M.P Humberto Antonio Sierra Porto , T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-060 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo, T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[54]
Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa en esta oportunidad
concluyó la Corte que “En efecto, en su fallo el Tribunal omitió aplicar la
norma que se ajustaba al caso y, en su lugar, empleó otra que no era
pertinente.”
[55] Ver sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández Aquí la Corte concluyó la existencia de un defecto sustantivo “por
cuanto el juez se basó en una norma legal que había perdido su vigencia”.
[56] Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería. En es a
oportunidad dijo la Corte “Todo lo anterior lleva a concluir a la Corte Constitucional que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en su sentencia del 18 de noviembre de 2004, confirmada en el auto por medio del
cual resolvió el recurso del reposición el 11 de mayo de 2005, aplicó, en la
sanción que impuso a los demandantes, una norma que no existía, consistente en
un impedimento por haber cumplido con el deber propio de los jueces. Es decir,
que verdaderamente crearon una norma, pues dictar providencia dentro de un
proceso no puede constituir, como se vio, causal de prejuzgamiento. Por ello
incurrieron en un defecto sustantivo constitutivo de vía de hecho, violatoria
del derecho fundamental al debido proceso de los actores”.
[57] Al respecto, consultar sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta providencia se dijo que “incurre en una vía de
hecho por razones sustanciales el funcionario judicial que tome una decisión
con base en una disposición: (1)
cuyo contenido normativo es evidentemente contra­rio a la Consti­tu­ción, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga
omnes, (2) cuyo sentido y aplicación claramente compromete derechos
fundamentales, y (3) cuya
incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a una
sentencia de constitucionalidad de la Corte Consti­tucional que excluyó del ordenamiento jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal
aplicada en el curso del proceso y de la cual depende la decisión”.
[58]
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver sentencias T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo la Corte:” Sobre el tema relacionado con las
vías de hecho ocasionadas por interpretaciones judiciales contrarias a la Constitución y la procedencia de la tutela para conjurarlas, la Corte tuvo oportunidad de precisar que debe aparecer probado que la aplicación de la norma se
hizo (i) contraviniendo o haciendo caso
omiso de los postulados, principios y valores constitucionales[59],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[59],
(iii) sin respetar el principio de igualdad[59],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[59]”
y T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Dijo la Corte en esta ocasión: “para que una interpretación judicial
se considere constitutiva de vía de hecho, es indispensable que la misma
defienda una lectura de las normas realmente contraria a su sentido lógico,
manifiestamente opuesta a los principios de derecho y salida del cauce de la
juridicidad”
[60] Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Ver además Sentencia T-001 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo “Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida
de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella,
aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha
admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento
jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales
fundamentales (Cfr., por ejemplo, la Sentencia T-765 del 9 de diciembre de 1998)”.
[61] Sentencia
T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería. “En esta hipótesis no se está ante un
problema de interpretación normativa, sino ante una decisión carente de
fundamento jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico,
desconociendo la ley, y trascendiendo al nivel constitucional en tanto
compromete los derechos fundamentales de la parte afectada con tal decisión”.
Ver además Sentencia T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[62]
Sentencia T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell. Dijo la Corte en esta oportunidad que “Considera la Sala que las razones que se aducen en las
providencias cuestionadas contradicen de manera ostensible tanto la cosa
juzgada, como la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-157/98,
pues  la Corte al declarar inexequible el inciso segundo del art. 2  de la ley
393/97, según el cual la interpretación por el juez del no cumplimiento de la
norma por la autoridad debía ser restrictiva y aparecer evidente el
incumplimiento consideró, por el contrario, que éste debía ser deducido
razonablemente por el juez con base en el análisis de la norma y de las pruebas
incorporadas al proceso. // Igualmente, dichas Corporaciones desconocieron el
valor de la doctrina constitucional de la Corte en cuanto al sentido y alcance interpretativo de la referida norma constitucional. // Es mas, con dicha
conducta el Tribunal y el Consejo contrariando la decisión del intérprete
autorizado de la Constitución introdujeron al texto del art. 87 una regla que
no fue diseñada por el Constituyente, restringiendo de este modo la posibilidad
que tienen las personas de acceder a la justicia a través de la acción de
cumplimiento”. En la Sentencia T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis puntualizó
la Corte que “constituye vía de hecho apartarse de la cosa juzgada
constitucional”. En la Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece de un
defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
Sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Igualmente esta Corporación, mediante la sentencia
T-1244 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa manifestó que la autoridad
judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo, al
negar la indexación de la primera mesada pensional, al argumentar que la norma
aplicable no lo permitía, a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la
norma y la obligación de indexar. Dijo la Corte que a partir de la sentencia SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional ha sostenido que, “en principio, la primera mesada pensional debe ser
indexada”. Esta posición ha sido reafirmada a través de las sentencias T-663 de
2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-1169 de 2003M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, y T-805 y T-815 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Añadió que la misma tesis se defendió en la Sentencia C-601 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz.
Señaló además que “En el proceso que se analiza, el
actor solicitó que se condenara al Banco a indexar su primera mesada pensional
y al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas causadas a partir del
31 de julio de 1998. El Tribunal decidió concederle el pago de los intereses
moratorios, pero se negó a ordenar la indexación de la pensión, por cuanto ello
constituiría una doble sanción”. A partir de allí y con base en la reiterada
jurisprudencia concluyó la Corte que la posición del Tribunal constituía una vía
de hecho por defecto sustantivo, dado que “la indexación y los intereses
moratorios tienen un objetivo distinto. Mientras los últimos se imponen para
sancionar al deudor que ha incumplido con el pago de sus obligaciones, la
indexación persigue actualizar el valor del dinero, pretensión plenamente
justificada en una economía que sufre los efectos de la  inflación” (…)Así,
pues, no le asiste razón al Juzgado cuando afirma que las órdenes de  indexar
el pago de la primera pensión y de pagar interese de mora constituyen una doble
sanción por el mismo motivo. Evidentemente, las dos órdenes tienen un referente
común, cual es el de que el pago atrasado de las mesadas le significa al
pensionado una pérdida en el valor adquisitivo de su ingreso, pero mientras que
la indexación persigue ponerle remedio a esta situación actualizando el valor
del dinero, los intereses de mora tienen por fin lograr que el causante del
hecho indemnice al afectado por los daños inferidos.”.
Ver también, sentencias T-462
de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett “14. El defecto sustantivo como una
circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias
judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un
caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.  //
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador[62], (ii) cuando a pesar del amplio
margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente[62] (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[62] (irrazonable
o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva. (…) En este sentido, concluye la Corte, la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal de Sincelejo al haber aplicado la normatividad vigente en la
materia según su propio entendido de los hechos del caso, y además, al haber
respetado la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Casación Laboral que
resultaba aplicable, ajustó su conducta tanto a la Constitución como a la ley, lo que lleva a afirmar que no se configuró defecto sustantivo alguno
que permitiese la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto”.
T-1060 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo
[63]
Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[64]
Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[65] T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dijo la Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un
juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de
vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero
del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder
a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las
situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una
modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen
de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta preterición de los
trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus
resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la
"malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o
extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente deformado
respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición
(defecto sustantivo)…”
[66] Consultar Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Dijo allí la Corte que “un examen atento del contenido de la
referida providencia judicial evidencia que la falladora incurrió en una vía de
hecho por cuanto la decisión se apoya en una interpretación asistemática del
ordenamiento jurídico ( defecto sustantivo )…” por cuanto “no se tuvo en cuenta
la naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente bancaria ni la
modalidad del mismo que había sido suscrito por el accionante con la entidad
crediticia, es decir, la demandada no adelantó una necesaria interpretación
sistemática entre las normas del Código Penal, que tipifican el delito de
estafa, y las disposiciones legales de carácter comercial que regulan esta
clase de contratos comerciales”.
[67]
Sentencia T-056 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería. Aquí la Corte encontró que “el mismo despacho judicial provocó un defecto sustantivo en el mismo auto
al desconocer abiertamente el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil”.
Ver además T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver además Sentencias
T-1216 de 2005, M P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-298 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[68] Sentencia T-114 de 2002,  T- 1285 de 2005.
[69]
Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[70]
Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver  Sentencia T-1285
de 2005. Además, en la sentencia T-193 de 1995, esta Corporación señaló: "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia T-949 de 2003.
[70] Sentencia
T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Ver la sentencias T-292 de
2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de 2003.
[71] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005. En la sentencia T-522 de 2001, la Corte señaló que:  “es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad. [71]
Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además Sentencia
T-808 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino “… en cualquiera de estos casos debe
estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad
aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en
el margen de autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo
constitucional en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones
más favorables para quien tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos
fundamentales de quien queda sujeto a una providencia que se ha apartado de lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
[72]
Se pueden observar entre otras  las sentencias T-462 de 2003, SU- 1184  de 2001
, T- 1625 de 2000 y T- 1031 de 2001.
[73]
Sentencia T-683 de agosto 17 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[74]
Al respecto ver sentencias T- 1317 de 2001 y T- 292 de 2006. Corte
Constitucional.
[75]
Sentencia T-1092 de diciembre 14 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto
[76]
Sentencia T-683 de agosto 17 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[77]
Art. 53 constitucional.
[78]
C-862 de 2006
[79]
T-696 de septiembre 6 de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[80]
Folios 31 a 40
[81]
Entre otras, T- 684 de 2003, T-1140 de 2005
[82]
Sentencia T- 322 de 2008
[83]
Ver antecedentes.
[84]
Folio 28 cuaderno de primera instancia.
[85]
Sentencias C- 862 y C-891 A, ambas de 2006
[86]
Entre otras: T- 002, T-250, T-362, T-483, T-697; todas de 2010.
[87]
Folio 266 cuaderno de primera instancia.
[88]
T-696 de septiembre 6 de 2007
[89]
Folio 14 expediente
[90]
T-696 de 2007 y T – 362 de 2010.