C-331-13
Sentencia C-764/09
Sentencia C-331/13
CAUSALES DE RECUSACION EN EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL-Inhibición
para decidir de fondo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
Por las especiales particularidades de la
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por omisión relativa, la
Corte ha considerado que para que exista un cargo que de origen a un debate
constitucional se requiere que el demandante demuestre: (i) la existencia de
una norma frente a la cual se predique la omisión;(ii) la norma acusada debe
excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a
partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita
concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para
armonizar el texto legal con los mandatos de la
Carta  , (iii) que la omisión en tal norma excluya de sus consecuencias
aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su
presupuesto fáctico; (iv) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva
y suficiente; (v) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión
produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no
están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión
implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Falta de certeza en los cargos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inhibición para emitir un pronunciamiento
de fondo respecto del artículo 150 del código de procedimiento civil
Referencia: expediente D-9431
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 150
del Decreto 1400 de 1970, “Por el cual se expide el Código de Procedimiento
Civil”.
Actor: Oscar Julián Medina Ruiz
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., cinco
(5) de junio de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio -quien
la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alberto Rojas Ríos, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luís Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Oscar Julián Medina Ruíz demandó el artículo 150 del Decreto 1400 de 1970,
cuya demanda fue radicada en esta Corporación con el número de expediente D-9431.
Mediante auto calendado el 30 de noviembre
de 2012, el Despacho del
Magistrado Sustanciador Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, admitió la demanda
presentada.
1.1.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la totalidad del artículo
demandado del Decreto 1400 de 1970:
DECRETO 1400 DE 1970
(agosto 6)
Diario Oficial No. 33.150 de 21
de septiembre de 1970
<Texto original con las
modificaciones introducidas por el Decreto 2019 de 1970>
Por los cuales se expide el
Código de Procedimiento Civil.
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió la
Ley 4a. de 1969 y consultada la comisión
asesora que ella estableció,
DECRETA:
ARTÍCULO 150. CAUSALES DE RECUSACION.
<Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de
1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.
2. Haber conocido del proceso en instancia
anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral
precedente.
3. Ser el juez, cónyuge o pariente de
alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
4. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus
parientes indicados, guardador de cualquiera de las partes.
5. Ser alguna de las partes, su
representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de
sus negocios.
6. Existir pleito pendiente entre el juez,
su cónyuge o alguno de sus pariente indicados en el numeral 3., y cualquiera de
las partes, su representante o apoderado.
7. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE
exequibles> Haber formulado alguna de las partes, su representante o
apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer
grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que
la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la
sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.
8. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE
exequibles> Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado
de consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes o su representante o
apoderado, o estar aquéllos legitimados para intervenir como parte civil en el
respectivo proceso penal.
9. Existir enemistad grave por hechos
ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el
juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.
10. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor
de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de
persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.
11. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el
numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado
en sociedad de personas.
12. Haber dado el juez consejo o concepto
fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o
testigo.
13. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el
numeral 1, heredado o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación
del proceso.
14. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo
grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se
controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.
1.2.
LA
DEMANDA
El ciudadano considera que la norma demandada vulnera el
artículo 13 Superior. A su juicio, el acceso igualitario a la justicia se ve
afectado al reconocer una serie de causales taxativas y objetivas,
desconociendo aquellas condiciones subjetivas que pueden afectar la decisión de
un proceso. Lo anterior, dice, va en detrimento de la defensa de los intereses
de cada persona y de la imparcialidad del juez en toda actuación judicial.
Concreta el cargo de la siguiente manera:
1.2.1.
Afirma en primer
lugar, que en el presente caso “está en pugna la independencia como aquella
base en la que el funcionario no esté contaminado de recomendaciones, consejos,
influencias y no lleguen a perjudicar ni sus competencias constitucionales ni
las legales. La imparcialidad es la base por la que se da una igualdad,
configurada en el artículo 13 de la
Carta Política”.
1.2.2.
Señala que la
imparcialidad está compuesta por una base subjetiva y otra objetiva. La
primera, debe velar por que nunca se llegue a beneficiar o a perjudicar a un
sujeto determinado. La segunda, implica que se den garantías razonables que no
pongan en duda la decisión del juez.
1.2.3.
En virtud de lo
anterior, indica que se deben incluir más causales en el artículo en la medida
que existe “la posibilidad de que se altere el ánimo del juez y no se dé ese
fin garantista del que se hace responsable por ser el que guía parte de los
fines esenciales de aquel estado  social de derecho”.
1.2.4.
En ese sentido,
expone que la “calidad de la función judicial siempre se debe pasar bajo
estos principios que se garantizan por los impedimentos y recusaciones donde se
da una verdadera legitimidad en una decisión donde se haga realidad el sentido
garantista y no degenere en un régimen despótico y arbitrario donde prevalecen
los intereses sobre la voluntad y el capricho de los mismos administradores
sobre los administrados”.
1.2.5.
En segundo lugar, señala
que el juez, como actor indispensable en la administración de justicia, no
puede ver limitada su competencia por “líneas de pensamiento ya formadas en
el ímpetu y convicción de cada juez que puede ser chocante o contrario a las de
las partes que solicitan alguna protección”.
1.2.6.
Adicionalmente,
resalta que uno de los deberes del juez (artículo 37 del CPC) es darle un trato
igual a las partes, evitando así todo tipo de violación a la igualdad, la
justicia, la lealtad y la buena fe. Por lo tanto no pueden enumerarse
taxativamente causales de recusación bajo criterios netamente objetivos, “puesto
que del mismo proceso se pueden inferir situaciones que pueden inhibir al
cumplimiento de la obligación de fallar en equidad y guiarse por derechos que
ya están reconocidos.”
1.2.7.
En tercer lugar, señala
que el juez “debe ceñirse siempre a una serie de garantías constitucionales
que van de la mano con la tutela jurisdiccional efectiva donde apliquen los
derechos de cada individuo que están sujetos a la rama de la administración de
justicia, el juez debe en todo momento avalar para que las partes se equiparen
en garantías no sol en el inicio sino hasta la decisión final, así como ser
imparcial en las diferentes circunstancias, debe saber pedir y saber probar”.
1.2.8.
En tal virtud, la
decisión en una sentencia debe ser lo más justa posible y guardar congruencia
entre lo pedido y lo probado. No obstante, pueden surgir situaciones que no
permitan que se cumpla lo anterior, citando como ejemplos los siguientes:
“PRIMERO: un ciudadano colombiano que tenga
inclinación sexual ante su mismo sexo acude ante un juez civil con el fin de
hacer efectivo un proceso civil, donde el administrador de justicia está
arraigado a una concepción radical hacia el conservadurismo y por lo tanto
puede dejarse guiar por las impresiones dadas hacia el peticionante homosexual
para fallar en su contra o no ser tan parcial como debe. Considero que esta
situación viendo el estado cambiantes de la actualidad, puede verse vinculada
en la posibilidad de que se declare si se acepta o no el matrimonio homosexual
como matrimonio civil, frente a esta situación se les darán los mismos derechos
que una pareja heterosexual, siendo así me pregunto: lo anterior ¿no afectaría
el ráiganme ideológico y tradicionalista de ciertos jueces en la decisión?
Porque está claro que si en el ejemplo anotado el juez es conservador de
ninguna manera aceptaría esta clase de uniones y se verá un poco distante a
tomar medidas sobre ellas.
SEGUNDO: llegado el caso de que una madre de familia
acuda ante un juez civil con el fin de reconocer la obligación alimentaria del
cónyuge respecto a sus hijos y el juez sea una mujer con tendencia feminista
¿no dudaría en reconocer inmediatamente la peritación no porque tenga o no
capacidad de hacerlo sino porque su misma posición hace ver que el hombre no
puede desconocer la posición de la mujer?
Ante lo expuesto, vale la pena aclarar que lo que
pretendo hacer notar es que no toda impresión o mera causa sea base de la recusación
subjetiva sino aquella que realmente sea vinculante y tenga un efecto en la
decisión. Más que todo a grupos minoritarios como homosexuales,
afrocolombianos, desplazados, etc, con el fin de proteger su dignidad e
integridad.”
1.2.9.
En cuarto lugar, considera, en
virtud del bloque de constitucionalidad, que no se pueden desconocer los
reconocimientos universales como el de los artículos 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles que dejan a disposición del juez causales objetivas y
subjetivas para declararse impedido y así garantizar su excelente actuación
ante terceros, intervinientes y partes.
1.2.10.
Recalca que en el anterior
escenario, si el juez no se declara impedido, “las partes podrán recusarlo
donde el límite sea que no debe ser a un cien por ciento de libertad para
evitar que no se haga responsable del todo y evite hacerse administrador en el
proceso de la decisión que solicitan las partes. Las causas no se deducen por
analogía, cuando es para salvaguardar el orden público se dividen en dos
clases: en cuanto el objeto del proceso basado en el impedimento dado por sus
funciones respectivas, y el impedimento en relación a sus partes como por
ejemplo, con vínculos familiares y demás”.
1.2.11.
Finalmente, al concretar la
petición, presenta de manera ligera,[1] lo que podría
considerarse un segundo cargo, al señalar que en el presente caso existe una
omisión legislativa relativa, ya que, aunque existe una norma que regula el
tema de los impedimentos, no se contemplan todas las causales que pueden
alegarse en estos casos con el fin de evitar “una desigualdad negativa en
sus secuelas aplicativas y no se previó que también habían subjetividades que
afectaban la decisión”. Por lo anterior, considera que es necesario que la
Corte armonice el sentido de la norma.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho
Dentro
del término de fijación en lista, intervino en este asunto el apoderado del
Ministerio de Justicia y del Derecho para solicitarle a la
Corte la exequibilidad de la norma acusada. Apoya su solicitud en las
siguientes razones:
1.3.1.1.Empieza
por hacer una revisión de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, resaltando la sentencia T-422 de 1992 respecto de la
carga argumentativa por violación al derecho de igualdad, señalando que el
actor no aportó los elementos argumentativos suficientes para inferir que el
legislador vulneró preceptos constitucionales con la normatividad impugnada, ya
que no determinó las diferencias entre las causales de recusación establecidas
taxativamente en el artículo 150 con las supuestas que se puedan derivar de
subjetividades.
1.3.1.2.Acto
seguido, cita la sentencia C-185 de 2002 en lo correspondiente a los requisitos
exigidos para analizar una supuesta omisión legislativa:
“Para efectos de proceder al examen de
constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso
en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el
cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador”.
1.3.1.3.De conformidad con lo anterior, considera que en el presente caso no se
cumplen los presupuestos jurisprudenciales para el control de
constitucionalidad, por las siguientes razones: “i. Las causales subjetivas
no son asimilables a las causales establecidas en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil; ii. Hay razones suficientes para excluir las causales
subjetivas de la norma acusada, pues de establecerse se generaría inseguridad
jurídica, de manera que un sujeto procesal, solamente por no estar de acuerdo
con el pronunciamiento del juez, entraría a recusarlo por motivaciones
subjetivas; iii. De ninguna manera con la supuesta omisión de causales
subjetivas se presentan desigualdades negativas para los destinatarios de la
norma, pues precisamente la finalidad de la misma es garantizar la
imparcialidad del juez y las garantías del debido proceso a los sujetos
procesales; iv. La supuesta omisión legislativa alegada en la demanda, de
manera alguna constituye el incumplimiento de un deber específico impuesto por
el Constituyente al legislador.”
1.3.1.4.Adicionalmente, considera que los argumentos expuestos
en la demanda deben ser desechados ya que, de un lado “no logra establecer
las razones por las cuales se vulnera el derecho de igualdad” y, de otro, “no
se configuran los supuestos requeridos que pudieran dar lugar a una omisión
legislativa”.
1.3.1.5.Finalmente, expresa que no es suficiente aducir
razones subjetivas para determinar de manera clara la existencia de una causal
de recusación, al no determinar cómo se está desconociendo la
Carta Política.
1.3.2. Universidad del Rosario
El
director de la especialización en derecho procesal de la
Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad, dentro del término de fijación en lista, intervino para solicitar
la exequibilidad de la norma acusada.
1.3.2.1.El
interviniente considera que aunque las razones invocadas por el demandantes son
plausibles, en este caso no tienen la contundencia para lograr su cometido por
las siguientes razones:
“i.
Dentro de las distintas facultades con que cuenta el legislador para diseñar
los variados procedimientos a través de los cuales se tramitará un proceso
judicial, está la de determinar – a su arbitrio – que la actividad de procesar
y sentenciar quede en cabeza de un juez lego o, por el contrario que quien
asuma esa función sea alguien técnico.
ii.
Circunscritos a los asuntos que no son de carácter penal y que por consiguiente
se ventilan bajo la égida del estatuto procesal civil (una de cuyas normas es
objeto de ataque en esta sede constitucional), el juez que en ejercicio de sus
competencias concibió el legislador colombiano es técnico, formado en derecho y
en consecuencia experto en estas lides.
iii.
Siendo así y en oposición a lo que sucede con los jurados de conciencia,
respecto de los cuales sí es factible escudriñar ab initio sus eventuales
prejuicios (pues filtramos su designación mediante entrevistas que exploran
todos los campos y que se llevan a cabo antes de que entren a actuar como
tales); en presencia de jueces técnicos esos mismos controles también son
susceptibles de realizarse, solo que mediante una dinámica distinta que es la
que regulan, además de la norma acusada, los artículos 151
a 156 del C.P.C.
iv.
En concreto, el numeral 1 del artículo 150 de esa codificación dispone que el
interés del juez en el proceso, sea directo o indirecto, así como el de su
cónyuge o alguno de los parientes que allí se citan, constituye motivo de
recusación (o impedimento).
v.
Por lo tanto, cuando esa disposición legal contempla dentro de sus hipótesis el
eventual interés ‘indirecto’ del juzgador en las resultas del proceso que él ha
de fallar, allí ya están previstos los supuestos de índole subjetivo que echa
de menos el accionante, como quiera que se trata de una causal genérica en la
que tienen cabida aspectos tales como la orientación política o religiosa, las
preferencias étnicas, sexuales o socio culturales, los antecedentes familiares
y personales del decisor judicial, etcétera.
vi.
En efecto y como de antaño lo expresó la
Corte Suprema de Justicia (refiriéndose a una disposición de la
Ley 105 de 1931 o Código Judicial que registraba una situación similar a la
que concita ahora nuestra atención), ‘la ley no distingue la clase de interés
que ha de tenerse en cuenta, y no haciéndose tal distinción, el interés moral
queda comprendido en la causal’; previsión esta que se complementa con la
conocida regla de hermenéutica del artículo 27 del Código Civil, según la cual
si el sentido de la ley es claro al intérprete le queda vedado apartarse de su
literalidad.
vii.
Por lo demás, acoger los argumentos del actor – tal como están planteados en la
demanda – implicaría que la Corte tuviera que expedir una sentencia de
constitucionalidad condicionada, bajo el razonamiento de que el artículo que se
acusa de violar la Carta admite varias interpretaciones, algunas de las cuales
se adecuan a ella y otras no. Sin embargo, como ello no emerge del texto del
artículo 150 del C.P.C., como quiera que todos sus sentidos son unívocos acerca
de la posibilidad de recusar a un juez por razones objetivas o subjetivas y en
virtud de su eventual interés directo o indirecto en el proceso, dicha opción
tampoco se abre paso y en consecuencia, se debe declarar la exequibilidad del
precepto demandado”.
1.3.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia
El
ciudadano Hernán Fabio López Blanco, intervino en este asunto para solicitarle
a la Corte la exequibilidad de la norma acusada. Apoya su solicitud en las
siguientes razones:
1.3.3.1.Empieza
por destacar la falta de claridad y concisión de la demanda y la pretensión
consistente en señalar que las causales contempladas en la norma acusada no son
suficientes y que deberían existir otras motivaciones diferentes. A juicio del
interviniente, esta situación “lejos está de permitir que pueda ser declarada
como contraria a la Constitución, porque el hecho que una norma pueda ser
considerada, aún con razón, como deficiente, no entraña violación de la
Carta, si sus supuestos se apegan a ella.
1.3.3.2.Reconoce
que la norma sólo contempla una serie de causales taxativas, pero expone que no
por ello, las mismas son violatorias de la
Constitución toda vez que de la demanda lo que quiere es que existan causales
adicionales o que las existentes no sean taxativas. Es decir, se persigue una
reforma de la disposición, pretensión que es posible a través de una
modificación por el Congreso y no por la
Corte Constitucional.
1.3.3.3.De
otra parte, sostiene que el actor no justifica por qué la supuesta deficiencia
de causales vulnera el artículo 13 Superior y alega que la “inexequibilidad
puede predicarse de normas existentes, en vigencia y no de lo que falta por
regular”.
1.3.3.4.Finalmente,
resalta las consideraciones del demandante acerca de que “la posición del
juez frente a la homosexualidad puede llevarlo a tomar decisiones parcializadas
según sea su concepción frente al punto, para nada tocan con las causales
previstas en el art. 151 del C.P.C. y si a lo que se aspira es a que esas o
similares circunstancias sean consideradas como motivos para que se pueda
recusar o para que se declare impedido el juez, se regresa siempre al mismo
punto y es el atinente a que en opinión del actor, las causales actuales no son
suficientes y deberían crearse otras, pero, insisto, no por eso las vigentes
son violatorias de la Constitución”.
1.3.4.
Universidad del Sinú
1.3.4.1.La
decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación, Programa de
Derecho, intervino para solicitar la constitucionalidad de la norma acusada.
1.3.4.2.En
primer lugar, manifiesta que el fundamento de las causales de recusación se
encuentra en el artículo 29 de la
Constitución Política, que consagra el derecho al debido proceso en todas las
actuaciones judiciales y administrativas. Por tanto, las recusaciones se “constituyen
en una garantía para las partes en un proceso judicial, por cuanto son
materialización del debido proceso en un Estado Social de Derecho, otorgándoles
a las partes el derecho de recusar al magistrado, juez o conjuez, cuando no se
garantice la neutralidad e imparcialidad dentro del proceso judicial, las
causales están expresamente consagradas en la ley”.
1.3.4.3.En
segundo lugar, recuerda las dimensiones que se distinguen en materia de
causales de recusación. Una subjetiva, que “significa la imposibilidad del
juez de favorecer o perjudicar a unas de las partes en el proceso judicial o
hacia uno de los aspectos y temáticas que se están tratando”. Otra objetiva que
“impide al magistrado juez o conjuez, conocer de un asunto cuando ha tenido un
contacto anterior con este, permitiendo la norma en mención que cualquiera de
las partes lo pueda recusar en aras de garantizar la neutralidad e
imparcialidad en el proceso que está conociendo”.
1.3.4.4.En
tercer lugar, señala que en el artículo demandado existen causales de
recusación que se fundamentan en hechos objetivos y otras en hechos subjetivos,
no teniendo razón de ser el argumento planteado por el actor. Sobre este punto,
cita en lo pertinente lo expuesto por la
Corte Constitucional en sentencia C-390 de 1993.
1.3.4.5.En
cuarto lugar, manifiesta que las causales de recusación deben ser de carácter
restrictiva, “lo anterior con la finalidad de que no se vulnere el derecho
de acceso a la administración de justicia, que constituye un derecho
fundamental en el Estado Colombiano, evitando con ello que los jueces eviten o
evadan el conocimiento de procesos judiciales declarándose impedido y que las
partes dilaten los procesos judiciales utilizando esta figura procesal”.
1.3.4.6.Por
último, destaca que la norma demandada no vulnera el texto del artículo 13 de la
Constitución sino que por el contrario, “es una materialización del derecho
al debido proceso y del derecho a la igualdad, por cuanto la taxatividad se
constituye en una garantía  para las partes y para los magistrados, jueces y
conjueces”.
2.     CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El
Procurador General de la Nación intervino dentro de la oportunidad legal
prevista con el fin de solicitar que se declare la inhibición de la
Corte Constitucional.
2.1.
En primer término, considera
que la demanda no cumple con los requisitos de argumentación requeridos. Expone
que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2057 de 1991, la demanda debe
contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas señaladas
como vulneradas, es decir, el concepto de la violación, expuesta de manera
clara, cierta, específica, pertinente y suficiente.
En
el presente caso, aduce que no se cumplen los anteriores requisitos, ya que la
demanda se limita a señalar lo que el actor cree que debe decir la norma
solicitando la inconstitucionalidad en el sentido que él considera correcto.
2.2.
En segundo lugar, alega que “no
existen razones suficientes para excluir las causales subjetivas de la norma
acusada, pues de aceptarse se crearía una inseguridad jurídica, de tal manera,
que cualquiera de las partes del proceso por no estar de acuerdo con el fallo
del juez, entraría a recusarlo por motivaciones subjetivas”.
2.3.
Expone que no es posible
afirmar que la no existencia de las causales subjetivas genera automáticamente
una violación al debido proceso o al acceso igualitario a la administración de
justicia, porque precisamente la finalidad del artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil es garantizar la imparcialidad del juez y las garantías al
debido proceso.
2.4.
En tercer lugar, señala que en
el presente caso, “la confrontación normativa carece de certeza porque los
cargos no surgen del contenido mismo de la norma, sino salen de la mente del
actor y no de un juicioso análisis de cotejo o confrontación constitucional”.
Además, dice, “la causa legal invocada no va acompañada de un mínimo
argumentativo que demuestre la violación a la
Constitución”.
2.5.
Finalmente, indica que los
argumentos del demandante no deben ser tenidos en cuenta por no establecer las
razones ciertas por las cuales se vulnera el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia en forma igualitaria frente a la
Constitución Política, en los términos exigidos por la jurisprudencia
constitucional.
3.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
3.1.
COMPETENCIA
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del
artículo artículo 150 del Decreto 1400 de 1970, “Por el cual se expide el
Código de Procedimiento Civil”.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
De conformidad con las consideraciones efectuadas
hasta aquí, corresponde a la
Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera el artículo 150 del Código de Procedimiento
Civil, el derecho a la igualdad y la neutralidad de la función judicial, al no contemplar
causales de tipo subjetivo relacionadas con la “conciencia, la ideología y
la moralidad del funcionario”, dentro de las causales de recusación e
impedimento de los magistrados, jueces y conjueces?  De forma análoga, ¿incurre
el legislador en una omisión legislativa relativa que vulnera el derecho a la
igualdad y la neutralidad de la función judicial, al reconocer en el artículo
acusado, de manera taxativa, unas causales de carácter objetivo dejando de lado
situaciones subjetivas?”
Planteado entonces el
debate constitucional, esta Corporación debe establecer previamente si la
demanda presentada por el actor permite un pronunciamiento de fondo. En efecto,
pese a que la mayoría de los intervinientes concluyen que la norma es
exequible, la Sala considera que sus argumentaciones se dirigen más bien a
cuestionar la idoneidad del cargo.
En consecuencia, sólo si
la respuesta es afirmativa se entrará a estudiar el asunto presentado por el ciudadano
Oscar Julián Medina Ruiz.
3.3.
CUESTIONES
PRELIMINARES
3.3.1.  ANÁLISIS DE LA
APTITUD DE LA DEMANDA
3.3.1.1.Antes de analizar si la presente
demanda cumple con los requisitos exigidos por esta Corporación para
pronunciarse de fondo, esta Sala considera necesario precisar que en virtud del
artículo 627 numeral 6 de la Ley 1564 de 2012[2],
la norma acusada continúa vigente hasta el 1 de enero de 2014.  Del mismo modo,
y en gracia de discusión, la norma acusada fue recogida en términos similares
en el artículo 141 del nuevo Código General del Proceso.
3.3.1.2.El Decreto 2067 de 1991 en su artículo
segundo señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los
procesos de inconstitucionalidad[3].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el
objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la
cual la Corte es competente para conocer del asunto.
3.3.1.3.Es decir, para que realmente
exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es
indispensable que lo expresado en ella permita a la
Corte Constitucional efectuar una verdadera confrontación entre la norma
acusada, los argumentos expuestos por el demandante  y la disposición
constitucional supuestamente vulnerada.
3.3.1.4.Bajo ese entendido, esta
Corporación ha reiterado en numerosas ocasiones que no cualquier tipo de
argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de
constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados
contengan unos parámetros mínimos que permitan a la
Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.
3.3.1.5.En este contexto, en Sentencia C-1052 de
2001[4],
esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la
decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria[5].
3.3.1.6.En otras palabras, la falta de formulación
de una demanda en debida forma, impide que esta Corporación pueda confrontar la
disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad
oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico. En la referida providencia se
explicó lo que debe entenderse por cada uno de estos requisitos en los
siguientes términos:
La claridad de la demanda es un
requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la
violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
(….)
[Que] las razones que respaldan
los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente
[sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas
vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere,
entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”.
Las razones son específicas si
definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la
Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar
la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad.
La pertinencia también es un
elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de
inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado por el
peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que
se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
La suficiencia que se predica
de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer
lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.” (Subrayado fuera del texto)
3.3.1.7.      De lo anterior, se concluye entonces, que la
acusación “debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer
verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además,
el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la
Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y
no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente
individuales (pertinencia).”[6] Adicionalmente,
la acusación no sólo debe estar enunciada en forma completa sino ser capaz de
suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
3.3.1.8.      En este caso, considera la
Sala que la demanda no cumple con el requisito de certeza, toda vez que,
a pesar de que el actor presenta su demanda por la supuesta violación del
artículo 13 Constitucional, las razones por las cuales considera que la norma
acusada[7] transgrede los postulados
contenidos en el precepto Superior no son ciertas, parten de una deducción
subjetiva y por tanto, no es posible hacer un pronunciamiento sobre los mismos.
AUSENCIA DE CERTEZA POR CUANTO
EL CARGO ESTÁ SUSTENTADO EN JUICIOS SUBJETIVOS DEDUCIDOS POR EL ACTOR SOBRE LA
NORMA
3.3.1.9.      De conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una
norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de
su propio texto, es decir, que las razones expuestas deben recaer sobre una proposición
jurídica real y existente y no sobre una deducida por el actor.
3.3.1.10.
En
efecto, la condición de certeza del cargo implica la necesidad de acusar un precepto legal del
cual se extrae la regla que al compararse con la
Constitución puede resultar contraria a ella. Es decir, que el reproche
formulado se predique directamente de la disposición atacada. En otros
términos, el cargo de inconstitucionalidad es cierto cuando la acusación que
formula el demandante recae sobre una norma jurídica o un precepto legal que “tiene
un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto”[8] y cuando las razones de
inconstitucionalidad se predican del texto normativo acusado.
3.3.1.11.
En ese entendido, la
Corte se ha declarado inhibida o ha confirmado el rechazo de una demanda
cuando lo que se pretende es atacar una norma frente a la cual no se deduce el
contenido normativo presentado por el actor, por cuanto el mismo proviene de
una norma no presentada en su escrito de demanda.
3.3.1.12.
Así, por ejemplo,
en el Auto 107 de 2005[9], la
Sala confirmó el rechazo de una demanda de inconstitucionalidad por cuanto el
demandante deducía efectos que en realidad provenían de una disposición no
demandada, relacionada con la facultad de las empresas sociales del Estado de
contratar con terceros. Consideró la Sala:
“Ello significa que es
una norma distinta de la acusada la que puede facultar a las empresas sociales
del Estado del nivel territorial para cumplir sus funciones a través de
contratación con terceros o convenios con entidades públicas o privadas, o
mediante operadores externos, y que, por tanto, la que se examina, por no
contemplar dicha facultad, no tiene los efectos inconstitucionales que le
atribuye el demandante en relación con el empleo y la carrera administrativa.
Por consiguiente, el contenido normativo
impugnado por el demandante no es real o cierto, y sólo es una deducción
subjetiva de aquel, defecto éste que por no haber sido corregido en el escrito
de corrección de la demanda genera el rechazo de la misma.”(Resaltado fuera del
texto)
3.3.1.13. Como se indicó en los antecedentes de esta
providencia, el cargo planteado en la demanda, versa sobre el presunto desconocimiento
que el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil realiza del derecho a la
igualdad.
3.3.1.14. A juicio del actor, “está en pugna la independencia como
aquella base en la que el funcionario no esté contaminado de recomendaciones,
consejos, influencias y no lleguen a perjudicar ni sus competencias
constitucionales ni las legales. La imparcialidad es la base por la que se da
una igualdad, configurada en el artículo 13 de la
Carta Política.”
3.3.1.15. Por lo tanto, fundamenta el cargo resaltando que para
garantizar el deber de dar trato igual a las partes dentro de un proceso, no
deberían enumerarse taxativamente criterios netamente objetivos en la
medida que pueden presentarse situaciones subjetivas que impidan dar
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales.  A manera de
ejemplo, el actor hace referencia a dos situaciones particulares (inclinación
sexual y estado civil de quien acude a la justicia) para señalar cómo, en su
criterio, la posición ideológica del funcionario judicial, podría afectar el
derecho a la igualdad.
3.3.1.16. Para esta Sala, las razones que respaldan
el cargo de inconstitucionalidad propuesto no son ciertas, pues en sentido
estricto, y en concordancia con lo que se indica en precedencia, no recaen
sobre una proposición jurídica real y existente, de contenido verificable a
partir de la interpretación de su propio texto. En la forma como se exponen las razones, no
se aprecia un cargo de inconstitucionalidad concreto contra la norma
demandada,  esto es, “la oposición objetiva y verificable entre el contenido
de la ley y el texto de la
Constitución Política”, a que ha hecho referencia la jurisprudencia.
3.3.1.17.
En efecto, de una
lectura desinteresada de la norma se advierte que el legislador incorporó además de causales
objetivas, condiciones
subjetivas tales como el interés directo (numeral 1) y la enemistad grave o
amistad íntima (numeral 9) con el fin de evitar que situaciones propias de la
esfera íntima del fallador afecten la decisión, en detrimento de la defensa de
los intereses de las partes y de la imparcialidad que debe observarse en toda
actuación judicial.
3.3.1.18.
En este
contexto, quedan desvirtuadas las
afirmaciones del accionante relacionadas con la ausencia de causales subjetivas
en el texto acusado y la permisividad del ordenamiento jurídico para que los
jueces se aparten de su deber de cumplir la
Constitución y las leyes a la hora de proferir decisiones judiciales y actúen
de manera arbitraria o antijurídica.
3.3.1.19.
Por
todas las anteriores razones, la Corte se inhibirá para decidir sobre el cargo
expuesto en relación con la vulneración del artículo 13 Constitucional.
3.3.2.  NO EXISTE TAMPOCO UN CARGO
POR OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA
3.3.2.1.El otro cargo que se plantea en
el escrito de demanda contra el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil,
es el relacionado con la omisión legislativa relativa en que incurrió el
legislador al no contemplar, dentro de las causales de impedimento y
recusación, aquellas de carácter subjetivo, generando de esta forma una
desigualdad entre las partes que acuden al proceso.
3.3.2.2.En primer lugar, cabe señalar
que además de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia, el cargo por omisión legislativa relativa debe contar con unas
particularidades específicas, que de no ser ofrecidas por el demandante
conllevan a una sentencia inhibitoria.
3.3.2.3.En otras palabras, la
Corte ha entendido que en estos casos la carga del demandante es mayor y más
rigurosa. Así, es necesario que el “actor acuse el contenido normativo
específicamente vinculado con la omisión” y que además precise con claridad
en qué consiste la omisión, su alcance y sus consecuencias inconstitucionales,
por lo que “no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a
atacar un conjunto indeterminado de normas  con el argumento de que omiten la
regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de
las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”.[10]
3.3.2.4.De otro lado, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la
Corte carece de competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de una omisión legislativa absoluta, aunque puede
hacerlo respecto de la omisión relativa.
3.3.2.5.Ésta tiene lugar cuando el
legislador “al regular o construir una institución omite una condición o un
ingrediente que, de acuerdo con la
Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: si al
regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa.”[11] y puede ocurrir de varias maneras:
(i) cuando expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la
Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando
adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero
excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que
otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una condición
o un elemento esencial exigido por la Constitución.  Frente al particular ha sostenido la Corte:
“La acción pública de
inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de
la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador
genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. (...)
Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el
legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la
Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que
se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación,
no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay
acto que pueda ser sujeto de control. La
Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad
por omisión legislativa absoluta. (Sentencia C-543/96. M.P. Dr. Carlos Gaviria
Díaz)”
"No obstante lo
anterior, resulta necesario explicar que la inconstitucionalidad por omisión no
puede ser declarada por el juez constitucional sino en relación con el
contenido normativo de una disposición concreta, que por incompleta resulta ser
discriminatoria. Es decir, son inconstitucionales por omisión aquellas normas
legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho
idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero
la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de
inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de
comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o
discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en
razón de la carencia de objeto en uno de los extremos de comparación.”
El legislador es llamado a
desarrollar los preceptos constitucionales y al hacerlo debe respetar los
principios y las normas impuestos por el constituyente. No puede, por
consiguiente, legislar discriminatoriamente favoreciendo tan solo a un grupo
dentro de las muchas personas colocadas en idéntica situación. Si lo hace,
incurre en omisión discriminatoria que hace inconstitucional la norma así
expedida. (Sentencia C-146/98, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y C-891A de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil).
3.3.2.6.Por las especiales
particularidades de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por
omisión relativa, la Corte ha considerado que para que exista un cargo que de
origen a un debate constitucional se requiere que el demandante demuestre: (i)
la existencia de una norma frente a la cual se predique la omisión;(ii) la
norma acusada debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia
jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su
contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e
indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la
Carta  , (iii) que la omisión en tal norma excluya de sus consecuencias
aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su
presupuesto fáctico; (iv) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva
y suficiente; (v) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión
produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no
están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión
implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”.[12]
3.3.2.7.Por lo anterior ha
considerado la Corte que se impone un fallo inhibitorio cuando no es claro que
de la norma se predique una omisión, ni el demandante precise con rigor
cuáles fueron los contenidos omitidos que resultaron inconstitucionales. Y
con esos criterios, esta Corporación se ha abstenido de pronunciarse de fondo
cuando dichos requisitos no han sido cumplidos. En Sentencia C-192 de 2006, al
inhibirse sobre una demanda por omisión legislativa relativa, señaló la
Corporación:
“De cumplirse los
anteriores parámetros sí podría la Corte considerar la procedencia de una
demanda por omisión legislativa relativa, siempre y cuando estén demostrados
los siguientes presupuestos:“(i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.”
De lo anterior, puede
señalarse que el ejercicio del derecho político a presentar demandas de
inconstitucionalidad por omisión legislativa impone al ciudadano una fuerte
carga de argumentación, que en manera alguna restringe su derecho a participar
en la defensa de la supremacía de la
Constitución sino que por el contrario, hace eficaz el diálogo entre el
ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o
aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la
luz del Ordenamiento Superior”.[13]
(Resaltado
fuera del texto).
3.3.2.8.Bajo ese entendido, esta Corte
ha considerado que es esencial demostrar que efectivamente el legislador ha
incurrido en una omisión. Es decir, debe el ciudadano exponer que efectivamente
el legislador no ha regulado en la disposición demandada la situación que
considera ha debido incluirse.
3.3.2.9.      Las anteriores consideraciones
permiten concluir que en el presente caso el actor no cumplió adecuadamente con
las exigencias particulares que la jurisprudencia exige para la estructuración
de un cargo por omisión legislativa relativa.
3.3.2.10. En primer lugar, cómo se indicó al
inicio de esta providencia, el cargo fue presentado de manera ligera sin
demostrar de manera seria y suficiente por qué la omisión del legislador, al
redactar la norma acusada y dejar por fuera situaciones subjetivas que impiden que
el director del proceso judicial mantenga una posición imparcial frente a las
partes intervinientes en el mismo, va en detrimento del derecho a la igualdad
de éstas.
3.3.2.11.
En segundo
lugar, considera esta Sala que el actor no identificó adecuadamente la
norma de la cual se deriva la omisión en la medida que el tema de los
impedimentos y recusaciones no se regula en forma exclusiva ni excluyente por
el ordenamiento civil.
3.3.2.12. En tercer lugar quedó establecido, contrario a lo sostenido
por el demandante, que el artículo acusado sí contempla causales subjetivas como
tener interés en
el proceso y enemistad grave o amistad íntima con una de las partes. Situaciones
que a juicio del legislador pueden interferir en la decisión y por tanto,
menoscabar la defensa de los
intereses de las partes y la imparcialidad que debe observarse en toda
actuación judicial.
3.3.2.13. Bajo ese entendido, el actor tampoco cumplió con su
deber de precisar con claridad en qué consistía la omisión, su alcance y sus
consecuencias constitucionales, ya que no logró demostrar por qué a pesar de contemplar el artículo
cuestionado causales subjetivas, se imponía la obligación al legislador de incluir
otras situaciones que a su juicio constituyen un obstáculo a la imparcialidad
del juzgador y consecuentemente a la protección del derecho a la igualdad.
3.3.2.14. En este punto, es necesario reiterar que cuando se
presenta un cargo por omisión legislativa relativa la jurisprudencia de esta
Corte ha exigido requisitos adicionales a los de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, haciendo más rigurosa la carga del
demandante en la presentación y sustentación del cargo.
3.3.2.15. Así las cosas, en atención a lo expuesto,
la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil no permite activar el control de constitucionalidad, por lo
cual la Corte habrá de inhibirse de hacer pronunciamiento de fondo.
4. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta Sentencia.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrada
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente en comisión
Magistrado
Ausente en comisión
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en
vacaciones
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Se cita lo pertinente: “PETICIÓN (…)
y además, considero que hay una omisión legislativa relativa ya que es cierto
que preexiste una norma que regule el caso como tal pero no se plantearon todas
las causales que pudieron estar ante esta situación y así se genere una
desigualdad negativa en sus secuelas aplicativas y no se previó que también
habían subjetividades que afectaban la decisión y que es necesario para
armonizar el sentido de la norma, no puede dejarse excluidos estos factores
porque no hay razón suficiente para hacerlo, además todos estas (sic)
vinculados a la consecuencia de la norma y de esta manera solicito que se hagan
las medidas necesarias para salvaguardar la integridad normativa”.
[2] Código General
del Proceso.
[3] Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda".
[4] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Sentencia C-641 de 2002.
M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[6] Sentencia C-029 de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[7] Artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil.
[8] Sentencia C-871 de 2003.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[9] M.P. Jaime Araujo Rentería
[10] Sentencia C-427 de 2000
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Sentencia
C-543 de 1996 M.P Carlos Gaviria Díaz.
[12] Sentencia
C-427 de 2000, reiterado en la
Sentencia C-402 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[13] Sentencia
C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.