T-233-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-233/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEBIDO PROCESO-Admisión de prueba
ilícitamente recaudada
DECISION JUDICIAL-Sustentación y
motivación
VIA DE HECHO-No se configura defecto
sustantivo puesto que no existió falta de motivación de las providencias
demandadas
Esta Sala
entiende que el funcionario de instrucción no omitió su deber de sustentación
de la providencia, tal como lo sugiere el actor. De hecho, el estudio de las
pruebas y de los testimonios, el cotejo de su contenido con las piezas
procesales y las razones que aduce para sacar sus conclusiones demuestran a las
claras que la decisión de dictar medida de aseguramiento tiene un fundamento
fáctico suficientemente demostrable. La Sala encuentra que la providencia
atacada efectivamente hace un análisis de las piezas procesales y dice, explica
y justifica por qué le da credibilidad a unas y por qué descarta otras. Las razones,
independientemente de que el actor esté en desacuerdo con ellas, fueron
expresamente manifestadas y son racionales y fundadas. En estas condiciones, ni
dicha providencia, ni las otras dos expedidas por la Fiscalía General de la
Nación, incurren en el defecto de indebida o inexistente fundamentación
jurídica.
VIA DE HECHO-No se configura defecto
fáctico puesto que no existió arbitrariedad en la valoración probatoria/DEBIDO
PROCESO-No constituye vía de hecho la simple divergencia en la apreciación
probatoria
Revisado el
contenido de la providencia, esta Sala entiende que la Fiscalía General no
evadió su deber de valorar las pruebas aportadas al proceso. Sin que sea
pertinente en esta providencia volver a transcribir las consideraciones
puntuales del organismo de instrucción, la Sala percibe que la resolución
atacada abordó el estudio del material de convicción, tras lo cual llegó a
conclusiones que encuentran sustento en los testimonios y en los indicios.
Dichas conclusiones pueden no ser compartidas por el intérprete, como en esta
oportunidad encuentran la oposición de la defensa, pero no por ello devienen en
arbitrarias o inconsultas. En cada una, por razones más o menos profundas -
según el caso-, la Fiscalía abordó tanto el contenido de la prueba como su
fuerza de convicción, estudio que le permitió llegar a las deducciones
anotadas. Lo mismo se predica de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema
de Justicia. En el caso concreto, esta Sala juzga sustentada la decisión de la
Corte Suprema de Justicia de calificar como sospechosos los testimonios de
descargo, en tanto que las circunstancias particulares de los declarantes
podrían haberlos comprometido con los intereses del acusado, por lo que sus
versiones pudieron válidamente calificarse como encaminadas a favorecerlo. El
criterio de esta Sala es que la Corte Suprema utilizó en su justa medida la
facultad legal de descalificación del testimonio por motivos de sospecha y que
en su decisión no se vislumbra una arbitrariedad; mucho menos una intención
ostensible de perjudicar al sindicado. La Corte Constitucional ha sido clara al
advertir que las divergencias interpretativas respecto del material probatorio
no constituyen fuente de violación al debido proceso. “… no es constitutiva de
una vía de hecho judicial la simple divergencia en la apreciación probatoria. Para
el caso concreto, adelantado el estudio de las providencias de la Fiscalía
General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, ésta Sala de Revisión
no encuentra en ninguna de ellas arbitrariedad consistente en que las pruebas
pertinentes aportadas al proceso hubieran dejado de ser valoradas sin razón
suficiente, hubieran sido valoradas en franco desconocimiento de las reglas de
la lógica y la sana crítica o, simplemente, hubieran sido desatendidas.
DEBIDO PROCESO-Valoración de la prueba
Valorar una
prueba no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la
prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el
contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y
sustento de la consecuencia jurídica. Por ello, en el caso sub judice, no es
cierto que las autoridades competentes hubieran dejado de valorar las pruebas
allegadas al expediente.
DEFECTO FACTICO-Dimensión positiva por
indebida apreciación probatoria
La dimensión
positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta
cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya
ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y
valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada,
recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio,
concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional,
esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos
constitucionales, ha sido incluida en el  proceso en desconocimiento y afrenta
de derechos fundamentales.
REGLA DE EXCLUSION PROBATORIA-Aplicación
No toda
irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una
prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales
relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es
claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del
afectado. La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la
simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de
pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas
irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de
los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no
quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional.
PRUEBAS-Nulidad de la obtenida con
violación del debido proceso no implica nulidad del proceso que la contiene
Independientemente
de la fuente de la ilegitimidad de la prueba, lo que importa resaltar por ahora
es que cuando se verifica la violación del debido proceso por parte de una
prueba ilegítima, dicha prueba es nula en el contexto del proceso dentro del
cual pretende aducirse. Esta precisión permite mostrar el otro aspecto de la
argumentación y es que la prueba obtenida con violación del debido proceso es
nula de pleno derecho, pero no por ello es nulo de pleno derecho el proceso en
el que se inserta. En efecto, la Corte Constitucional ha sido enfática en
reconocer que la nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso
no implica necesariamente la nulidad del proceso que la contiene.
DEFECTO FACTICO POR APRECIACION DE PRUEBA ILICITA-Alcance respecto al proceso
La Corte
Constitucional ha dicho al respecto que si la prueba ilegal o inconstitucional
es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, si su
incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido
en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela
está obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso del
afectado. Concretamente, en materia penal, la Corte Constitucional ha
establecido que el error fáctico por apreciación de prueba ilegítima no afecta
la integridad del proceso, a menos que su peso en la definición de la
responsabilidad penal sea decisivo, es decir, que sin la prueba ilícitamente
apreciada, la conclusión judicial respecto de la responsabilidad del procesado
habría sido posiblemente distinta.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Análisis de la
prueba videograbada aportada al proceso penal
DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración por
publicación de grabaciones de imagen o voz sin autorización del titular/DERECHO
A LA INTIMIDAD-Grabación no podía presentarse como prueba válida en el
proceso penal
En esa
medida, las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la
persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen
violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido
autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo,
si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial
competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida
autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de
privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.
La Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el
consentimiento del procesado vulneró el derecho a la intimidad de éste en
aspectos como el de la reserva de la propia imagen, la reserva de las
comunicaciones personales y la reserva del domicilio –entendido en el sentido
amplio pertinente al derecho a la intimidad-. En esas condiciones, la grabación
no podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada.
NULIDAD DE PLENO DERECHO-Pruebas
obtenidas con vulneración de derechos fundamentales/NULIDAD DE PLENO
DERECHO-Improcedencia de convalidación por el procesado
Frente a la
consideración de la Sala Penal según la cual la grabación que se hizo valer en
el proceso fue convalidada por el imputado al haber admitido en la indagatoria
que la reunión videograbada era la que sostuvo en Yopal, esta Sala debe
precisar que la nulidad de pleno derecho que establece la Constitución como
consecuencia de haberse recaudado la prueba con violación de derechos
fundamentales impide considerarla válidamente en el proceso, así el demandante
admita que esa prueba consigna hechos que se le endilgan en el proceso penal.
La Corte Constitucional reitera en este punto que la inconstitucionalidad de la
prueba impide considerarla válidamente en el proceso penal, pese a su
convalidación por parte del procesado. En este punto debe ponerse de relieve
que la frase utilizada por la Carta es la de “nulidad de pleno derecho”,
expresión que indica la improcedencia de la convalidación por afectación
absoluta o radical de la validez del acto.
NORMAS SOBRE ADUCCION PROCESAL DE LA PRUEBA-Vulneración por haberse producido la grabación sin intermediación de
autoridad judicial
Adicional al
hecho de que la prueba aducida en el proceso fue obtenida con violación del
derecho fundamental a la intimidad, esta Sala encuentra que la misma también lo
fue con violación de las normas legales sobre aducción procesal de la prueba,
vulneración que constitucionalmente resulta reprochable por haber sido
producida la grabación sin intermediación de autoridad judicial competente. El
hecho de que una grabación hubiese sido obtenida por un particular, sin
autorización previa de autoridad judicial, hace de la prueba un elemento de
convicción vulneratorio de las garantías procesales que imponen la autorización
pertinente cuando quiera que se pretenda obtener información reservada,
inscrita en la órbita de intimidad de una persona. Así pues, por virtud de la
violación del derecho a la intimidad, la prueba devino igualmente ilegal por
violación de las normas que persiguen la inserción formal de la prueba en el
proceso. Por ello, esta Sala considera que la prueba videograbada debió ser
expulsada del proceso penal adelantado contra el actor.
ADUCCION Y VALORACION DE PRUEBA ILEGAL-No
produce la invalidación automática del proceso penal
Con todo,
atendiendo a las consideraciones generales de la jurisprudencia, el hecho de
que las autoridades competentes hayan admitido como prueba de cargo una prueba
manifiestamente inconstitucional no produce la invalidación automática del
proceso penal. Tal como lo dice la Corte, es requisito para la invalidación del
proceso que la decisión final haya tenido como fundamento la prueba ilícita. De
lo contrario, si la convicción del funcionario se forma a partir de elementos
probatorios distintos, independientes de la prueba o a los que se habría
llegado por otras vías, puede admitirse la subsistencia del proceso, pese a la
inconstitucionalidad de la prueba que debe expulsarse. En el caso concreto,
esta Sala estima que la aducción y valoración de la prueba inconstitucional no
afectó la decisión final condenatoria, o, por lo menos, su incidencia en la
valoración de la responsabilidad del procesado no fue decisiva.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Si bien sentencia condenatoria de la Corte Suprema valoró una
prueba ilícita, también tuvo en cuenta otros elementos probatorios/VIA DE
HECHO-Inexistencia puesto que la sentencia condenatoria de la Corte Suprema
tiene elementos probatorios independientes de la prueba ilícita
Con todo,
atendiendo a las consideraciones generales de la jurisprudencia, el hecho de
que las autoridades competentes hayan admitido como prueba de cargo una prueba
manifiestamente inconstitucional no produce la invalidación automática del
proceso penal. Tal como lo dice la Corte, es requisito para la invalidación del
proceso que la decisión final haya tenido como fundamento la prueba ilícita. De
lo contrario, si la convicción del funcionario se forma a partir de elementos
probatorios distintos, independientes de la prueba o a los que se habría
llegado por otras vías, puede admitirse la subsistencia del proceso, pese a la inconstitucionalidad
de la prueba que debe expulsarse. En el caso concreto, esta Sala estima que la
aducción y valoración de la prueba inconstitucional no afectó la decisión final
condenatoria, o, por lo menos, su incidencia en la valoración de la responsabilidad
del procesado no fue decisiva.
Referencia: expediente T-1498919
Peticionario: Miguel Ángel Pérez Suárez
Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura –Sala Disciplinaria.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
veintinueve (29) de marzo de dos mil siete (2007)
La Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla
Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, ha proferido la presente
S E N T E N C I A
en la revisión
del fallo adoptado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en el proceso de tutela adelantado por Miguel Ángel Pérez Suárez en
contra de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
Actuando
mediante apoderado judicial, el actor relató así los hechos de la demanda:
1. Hechos de
la demanda
a.
Sostiene que en 2003 fue elegido Gobernador del
Departamento del Casanare, en medio de presiones y amenazas de grupos
paramilitares, específicamente del “comandante político Martín Llanos”.
b.
Indica que en el transcurso de la campaña
política fue objeto de amenazas y posteriormente fue declarado objetivo militar
por parte de grupos paramilitares, según versiones de alias Anibal o Guadalupe
–José Ramón Meche Valdivieso-.
c.
Días antes del cierre de campaña, el actor fue
citado a una reunión en la urbanización La Colina Campestre, de Yopal, en donde
un grupo de ganaderos había decidido hacer ciertos aportes a la campaña.
d.
A la reunión lo acompañaron Martha Yaneth
Lizarazo, Edgar Santiago Marín, Fabio Fuentes Pulido, Pedro Alonso Pinzón y
Johny Salamanca Cuenza, miembros todos de la campaña política, que lo esperaron
fuera de la casa.
e.
Terminada la reunión, el demandante abandonó el
sitio “sin llevar nada consigo”. Se dirigió a los vehículos y partió con
su comitiva. “Ofuscado” –asegura- le dijo a sus acompañantes que la
reunión había sido una celada preparada por Luis Martín Sacristán Romero, alias
“Fox”, hombre de confianza del paramilitar Martín Llanos, para darle una suma
de dinero, que luego fue rehusada al saber que provenía del grupo armado y que
buscaba comprometer su gestión si era elegido gobernador.
f.
Antes de salir de la casa, el señor Sacristán
Romero le informó al tutelante que la reunión había sido filmada.
g.
El demandante le solicitó a sus acompañantes que
le informaran a los demás candidatos acerca de la celada de que fue objeto, con
el fin de evitar que también ellos fueran víctimas del mismo chantaje.
h.
El 26 de noviembre de 2006 y el 10 de diciembre
del mismo año, el señor Josué Darío Orjuela Martínez, miembro paramilitar,
llamado también Solín, en declaraciones ante la Fiscalía, entregó a dicha
autoridad el video con la grabación de la reunión.
i.
Con fundamento en dicha diligencia, la Fiscalía
dictó resolución de apertura de investigación preliminar (26 de noviembre de
2004) y de apertura de investigación (4 de diciembre de 2004).
j.
Recibida su indagatoria, al demandante le fue
impuesta, por resolución del  22 de diciembre de 2004, medida de aseguramiento
de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el delito de
enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
k.
El fundamento de la decisión –dice- fue la
grabación aportada por Orjuela Martínez, que fue considerada en el proceso como
prueba documental.
l.
Los testimonios recaudados en la investigación
confirmaron la versión de lo sucedido, suministrada por el demandante. Las
versiones de los alcaldes del departamento también confirmaron la existencia de
las amenazas paramilitares. Los testimonios de personas vinculadas con grupos
paramilitares coincidieron en ratificar la existencia de la reunión y el
rechazo del dinero ofrecido por Fox.
m.  El informe técnico del CTI y de la DIJIN estableció que no era
posible determinar si la grabación era original o copiada, no pudo establecerse
si era editada, la fecha de creación y la individualización del autor.
n.
El 30 de septiembre de 2005, la Fiscalía General
dictó resolución de acusación contra el demandante por el delito de
enriquecimiento ilícito, acusación que se basó en la versión de Orjuela
Martínez y en el disco con la grabación aportado. El resto de la prueba fue
desechada por considerársela “sospechosa”.
o.
Mediante sentencia del 27 de julio de 2006, la
Corte Suprema de Justicia condenó al tutelante a la pena de 6 años de prisión y
200 millones de pesos de multa como responsable del delito de enriquecimiento
ilícito de particular. El fundamento de la decisión –dice el tutelante- fue
nuevamente la prueba ilícitamente recaudada y la versión de Orjuela.
p.
A la fecha de la demanda, dice el actor, la
totalidad de miembros del grupo paramilitar de Marín Llanos se ha acogido al proceso
de justicia y paz de la Ley 975 de 2005.
q.
La totalidad de providencias acusadas, dice el
demandante, se fundan en la prueba ilícita recaudada, por ser vulneratoria de
la ley y de la constitución y en la versión de Orjuela, que se encuentra desmentida
por el resto del material probatorio.
2.
Fundamentos jurídicos de la demanda
Para el
demandante, la acción de tutela resulta en su caso el único medio de defensa,
ya que el proceso penal de única instancia culminó con decisión definitiva de
la Corte Suprema de Justicia.
Luego de hacer
un estudio sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, el apoderado judicial del demandante indica que las providencias
por virtud de las cuales fue hallado responsable del delito asignado incurren
en defecto fáctico, ya porque valoraron ilegítimamente la prueba recaudada
ilícita e inconstitucionalmente, ya porque tomaron como fundamento pruebas
derivadas de la prueba ilícita, que no fueron producto de la interpretación
sino de la arbitrariedad judicial.
A su juicio, la
prueba ilícita puede derivar su irregularidad del desconocimiento de la
Constitución y la ley, casos ambos en que debe ser excluida del proceso, bien
si la prueba actúa como prueba principal u originaria, bien si las pruebas
derivadas de la prueba principal intentan hacerse valer en el proceso.
Acogiendo la jurisprudencia pertinente, el apoderado judicial aduce que la
finalidad de la exclusión de la prueba ilícita es evitar que el procesado sea
juzgado con fundamento en un elemento de valoración contrario al debido
proceso.
Del análisis de
la prueba documental allegada al proceso –la grabación de video de la reunión
en que participó Pérez Suárez- su abogado concluye que se trata de una prueba
falsa por las siguientes razones: porque no pudo establecerse si era copia o
video original, no se estableció si las imágenes fueron editadas o no y no se
estableció la fecha, hora o el día de grabación, tal como lo indica el informe
del CTI de la Fiscalía, rendido en Oficio N° 223500 del 1º de abril de 2005.
A la misma
conclusión se llega –dice- a partir del Oficio 229 del 7 de julio de 2005,
expedido por la Coordinadora del Gabinete de Acústica Forense de la DIJIN,
respecto del contenido acústico de la cinta. Finalmente, no existe certeza
acerca del autor de la grabación, ni sobre quiénes intervinieron, ni su
duración, ni si los sucesos realmente ocurrieron.
Agrega que las
versiones iniciales de Orjuela Marín, alias Solin, dadas el 26 de noviembre de
2004 y el 10 de diciembre del mismo año no fueron ratificadas en las
declaraciones del 6 y 18 de mayo de 2005, porque dicha diligencia no se
permitió en la etapa del juicio.
Advierte que la
declaración de Edans Giovanni Correa Parra, miembro paramilitar, dada el 7 de
abril de 2005, contradice abiertamente la de Orjuela Marín, pues dice que fue
él mismo el que hizo la grabación, al ser contratado para ello por el señor
Sacristán, alias Fox, que los únicos presentes eran Sacristán y Correa, quien
filmaba. Además, que el señor Pérez Suárez se “machirió” con Sacristán y
se negó a retirar el dinero inicialmente ofrecido.
Igualmente, que
en la declaración de José Ramiro Meche Mendivelso, miembro paramilitar, se dijo
que la filmación había sido ordenada por Martín Llanos por intermedio de Sacristán,
que el doctor Pérez Suárez no retiró el dinero y que posteriormente fue
declarado objetivo militar. Que la función de Orjuela Marín era “pistoliar”
a quien se le señalara.
Del mismo modo,
la declaración de Henry Martínez Gutiérrez, miembro paramilitar, de quien se
dice que hizo la filmación, que asegura que es falsa la declaración del Orjuela
Marín, que él no realizó ningún video y que no conoce a Pérez Suárez.
De las pruebas y
testimonios resaltados, el apoderado judicial del tutelante extrae las
siguientes conclusiones:
a.
Que no se ha probado quien es el autor de la
copia del video, pues se trata de una copia sobre la cual no existe dictamen
técnico. Adicionalmente, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema le dieron
credibilidad a la versión de Edans Giovanni Correa Parra, que afirma haber
filmado el video.
b.
Que no se ha podido establecer la fecha y hora
del video, las cuales no necesariamente son las mismas de la reunión.
c.
Que no hay certeza sobre la integridad y la
identidad del documento, pues los testimonios respectivos son contradictorios,
así como los dictámenes del CTI y la DIJIN. Peor aún, hay prueba de que la
copia fue editada porque los testimonios advierten que no contiene la totalidad
de lo acontecido en la reunión. A este respecto, resalta las inconsistencias
denunciadas por el Ministerio Público que actuó en el proceso.
d.
Que no hay autenticidad del documento por las
razones anotadas previamente, pues los dictámenes técnicos no son concordantes
y no fue posible en el proceso confrontar el reconocimiento del documento.
e.
Que la copia de la grabación no posee veracidad.
No se registra la totalidad de la reunión celebrada, no indica que el soporte
fue objeto de edición, no hay certeza sobre su autor.
Por todas las consideraciones
previas, la defensa considera que la prueba debe ser expulsada del proceso,
además de que el señor Pérez Suárez nunca reconoció como documento privado la
grabación, pues en la indagatoria simplemente se limitó a reconocer la
existencia de la reunión en la que rechazó el dinero. Agrega que en las demás
actuaciones procesales, el señor Pérez Suárez se encargó de rechazar la copia
del video. De lo anterior se tiene que lo reconocido fue la reunión, pero no el
video y que respecto de éste no hay reconocimiento expreso, ficto,  tácito o
implícito.
A juicio del
abogado del tutelante, resulta indudable que todas las pruebas recaudadas son
valoradas según su concordancia con el contenido del video, con lo cual se
cumple el requisito de invalidez señalado por la Corte Constitucional al
advertir que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo
resuelto en la providencia cuestionada.
De otro lado,
considera la demanda que la prueba aportada fue obtenida con violación del
derecho a la intimidad personal y al debido proceso, pues la grabación se hizo
sin el consentimiento de Miguel Ángel Pérez Suárez.
De la
declaración de Orjuela Martínez se tiene que Henry Martínez y un hombre llamado
“carebola” filmaron al doctor Pérez Suárez sin su consentimiento durante
el encuentro con Luis Martín Sacristán. Igualmente, el doctor Pérez Suárez
afirma haberse enterado de la grabación en la indagatoria. La declaración de
Edans Giovanni Correa Parra da cuenta de que él realizó la filmacion,
contratado por Sacristán. Con lo cual se desmiente lo afirmado por Orjuela
Martínez quien al parecer no estuvo presente al momento de la filamción. Allí
se dice que Pérez Suárez no sabía de la realización de la grabación, ni retiró
suma de dinero. Igualmente, la afirmación de Meche Mendivelso que asegura que
la grabación fue hecha sin consentimiento de Pérez Suárez y que el último no
retiró dinero alguno de la reunión. La declaración de Henry Martínez confirma
la versión. De dichas declaraciones, se concluye que “hay plena prueba
acerca de la falta de consentimiento del doctor Suárez Pérez en la elaboración
del video finalmente aportado al proceso”.
La demanda
enfatiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso y derechos
fundamentales es violatoria de la Carta Política y de las normas que integran
el bloque de constitucionalidad, tal como lo reconoce jurisprudencia de la
Corte Constitucional que transcribe, en su parte pertinente (Sentencia T-003 de
1997). En sentido similar, la Corte Suprema de Justicia reconoce que la víctima
de un delito puede valerse de grabaciones para aportar al proceso, pero
advierte que dicha regla favorece a la víctima que aporta la grabación, no
contra la cual se allega el video, lo cual implica que en caso contrario  la
grabación no puede ser aportada al proceso. En Sentencia SU-159 de 2002,
finalmente dice, la Corte expuso las condiciones de la prueba ilícita y se
reitera la necesidad de exclusión de la misma.
En cuanto a la
violación del derecho a la intimidad, la tutela manifiesta que la prueba fue
violatoria del mismo porque Pérez Suárez ignoraba que estaba siendo grabado en
la reunión que sostuvo con Luís Martín Sacristán, ignoraba que Sacristán era
miembro de un grupo paramilitar y se le informó de la grabación únicamente al
final de la reunión, una vez rehusó el dinero ofrecido y como mecanismo de
presión para el eventual favorecimiento de los paramilitares, en caso de ser
elegido. Estas circunstancias obligaban a la Fiscalía y a la Corte Suprema de
Justicia a expulsar del proceso la prueba ilícita, aportada por el victimario
del chantaje, expulsión que finalmente no se produjo; es más, la prueba sirvió
de base a la reclusión y condena del incriminado, lo que resulta violatorio de
las normas constitucionales.
A las consideraciones
anteriores, el abogado de la demanda sostiene que ni la Fiscalía General ni la
Corte Suprema de Justicia tuvieron en cuenta el material probatorio del
expediente, y se centraron en el testimonio de Orjuela Marín, más en la
grabación ilícitamente aportada, por lo que el asunto pasa de ser un tema de
simple interpretación judicial a un fallo basado en la arbitrariedad. A su
juicio, las autoridades judiciales se limitaron a reiterar las frases sobre la
ocurrencia del delito.
Igualmente,
manifiesta que su intención no es hacer la crítica del testimonio, porque ello
corresponde al juez de conocimiento, sino de resaltar lo obvio: que en el caso
de Pérez Suárez no existió enriquecimiento ilícito, por carencia de objeto
material, pues la prueba demuestra que Pérez Suárez no retiró el dinero que
entregara Sacristán.  Para el efecto, resalta que la Fiscalía omitió preguntar
en lo interrogatorios si efectivamente el acusado había retirado el dinero de
la reunión, tras lo cual cita los testimonios recaudados en donde se manifiesta
que el dinero en efecto no fue retirado. Igualmente, trajo a colación los
testimonios allegados por alcaldes de la zona que denunciaron las presiones
paramilitares de que son objeto y la ejecución de actos de chantaje dirigidos
contra los mandatarios locales. A su juicio, la Corte Suprema de Justicia no
tuvo en cuenta estos elementos.
Sobre el punto,
la demanda sostiene que valoración arbitraria o contraevidente constituye una
vía de hecho por defecto fáctico, y ha sido establecida así por la
jurisprudencia constitucional. En esos casos, el juez impone su criterio
personal y obvia el contenido de las pruebas aportadas al proceso. Tal hecho
ocurre en las diligencias de la referencia, en las que los jueces y la fiscalía
ignoraron las pruebas y se limitaron a aceptar ligeramente la versión de
Orjuela Martínez, que no fue ratificada y sí contradicha por los demás
testigos, incluyendo a quienes acompañaron a Pérez Suárez a la reunión y que
declararon que el mismo se retiró sin dinero en sus manos.
En la misma
línea, la demanda considera que las decisiones judiciales acusadas lo son
únicamente en apariencia, pues en realidad encubren actos de poder que carecen
de justificación. A su juicio, los despachos judiciales hacen un amplio
despliegue de su capacidad retórica, pero en verdad no justifican la existencia
del delito endilgado a Pérez Suárez.
Así las cosas,
tras considerar que las providencias acusadas no se articulan sobre
razonamientos reales, sino aparentes, el demandante sostiene que los fallos
atacados incurren en falacia de petición de principio, pues usan como medio de
prueba lo que debió ser objeto de prueba, esto es, que dan por cierto lo que
precisamente debió probarse, al suponer que la copia del video adoptada por
Orjuela Martínez era un documento privado, cuando en realidad ese era un objeto
de la prueba, que debía ser debidamente examinado. Para el caso concreto, el
tutelante sostiene que el video debió ser objeto de prueba, a efectos de
constatar su autenticidad, por lo que fue incorrecto haberlo considerado como
prueba.
Igualmente,
sostiene que las providencias acusadas se basan en la denominada falacia de
accidente, que consiste en sacar conclusiones a partir de generalizaciones que
no necesariamente reflejan el caso individual. Para el caso concreto, la
falacia consiste en dar por falsas las declaraciones de los empleados, por
considerarlas sospechosas; que los testimonios de los paramilitares son
mentirosos; que las declaraciones de Orjuela Martínez son ciertas, y que las
retractaciones de los testigos son mentirosas.
A efectos de
demostrar lo anterior, la parte tutelante indica que la Corte Suprema dio
credibilidad a Orjuela Martínez, porque su finalidad era la de favorecer la
propuesta defensiva del acusado; descreyó los testimonios de los empleados del
acusado, por considerarlos afectados por la amistad, y desatendió los
testimonios de otros paramilitares por considerarlos afectos al favorecimiento
del incriminado. Tales circunstancias le sugieren al demandante que la decisión
ya había sido tomada, independientemente de las pruebas que fueron recaudadas
para desvirtuar la acusación, y que en últimas, cualquier prueba a favor del
sindicado habría resultado sospechosa.
3. Peticiones
de la demanda
La demanda
solicita:
a.
Tutelar los derechos fundamentales de Miguel
Ángel Pérez Suárez.
b.
Dejar sin efectos la providencia del 22 de
diciembre de 2004, dictada por la Fiscalía General de la Nación, por la que se
dictó medida de aseguramiento en contra del tutelante.
c.
Dejar sin efecto los fallos del 30 de septiembre
de 2005 y 27 de julio de 2006, por las que respectivamente se dictó resolución
de acusación y fallo condenatorio contra el demandante.
d.
Se ordene la libertad inmediata del condenado.
e.
Se ordene la producción de sentencia de
reemplazo, con exclusión de la prueba que ha sido objeto de censura.
4. Trámite de
la acción de tutela
Presentada la
tutela ante la Corte Suprema de Justicia, dicho tribunal decidió no darle
trámite por considerar que la demanda pretendía la anulación de una providencia
judicial. En auto del 4 de septiembre de 2006, decidió no admitir el trámite de
la acción.
En consideración
a la decisión de la Corte, el demandante presentó la demanda ante el Consejo
Seccional de la Judicatura que, mediante auto del 28 de septiembre le dio el
trámite respectivo.
5.
Contestación de la demanda
- De la Corte
Suprema de Justicia
En representación
de la Corte Suprema de Justicia, el honorable magistrado Alfredo Gómez Quintero
respondió a los cargos de la demanda en memorial del 5 de octubre de 2006. Sin
hacer alusión a las pretensiones del tutelante, el magistrado solicitó al
Consejo Seccional de la Judicatura abstenerse de conocer de la demanda por
falta de competencia. La Corporación sostuvo al efecto que la aplicación del
Decreto 1382 de 2002 asigna a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de
las acciones de tutela dirigidas contra ella misma, por lo que el procedimiento
creado por la Corte Constitucional en virtud del cual se autoriza a los
ciudadanos para interponer acciones de tutela contra la Corte Suprema de
Justicia ante otras autoridades judiciales entra en contradicción con la regulación
reglamentaria. A su juicio, la acción de tutela dirigida contra el fallo de esa
Corte es improcedente porque, tratándose de una providencia de única instancia,
la misma estaba amparada por un fuero de legalidad que no admite control
constitucional. Habida cuenta de que la Sala Penal de la Corte es tribunal de
cierre de su jurisdicción –dice el magistrado- resulta inviable que sus
decisiones sean revisadas por otro funcionario judicial, pues tal hipótesis es
indebida, desconoce el marco normativo, crea incertidumbre, inseguridad
jurídica y desconoce la cosa juzgada.
-De la
Fiscalía General de la Nación
El señor Fiscal
General de la Nación, Mario Iguarán Arana, en contestación a la demanda de
tutela, dejó a consideración del Consejo Seccional de la Judicatura el texto de
la resolución del 22 de diciembre de 2004 mediante la cual se resolvió la
situación jurídica del demandante y la de fecha 30 de septiembre, por la cual
se calificó el mérito de la investigación.
A juicio de la
Fiscalía, la demanda pretende convertir al juez de tutela en el tercer juez de
la causa, pese a que las autoridades judiciales competentes acataron los
procedimientos pertinentes para adelantar el juicio penal contra el señor Pérez
Suárez. El órgano de instrucción precisa que el proceso en que resultó
condenado el tutelante se adelantó de acuerdo con las garantías
constitucionales, para cuya defensa se garantizaron todas las oportunidades
procesales. Cada decisión fue motivada y frente a ellas pudieron ejercerse los
recursos de ley.
Adicionalmente,
el procesado se vio representado permanentemente por su abogado, en diligencias
a las cuales acudió el Ministerio Público como garantía de salvaguarda de la
legalidad procesal. Del mismo modo, el acceso al expediente fue permanente, las
pruebas se allegaron oportunamente y pudieron ser controvertidas por las
partes, incluida la defensa.
La Fiscalía
advierte al juez de tutela que la demanda se basa en la apreciación personal de
las pruebas aportadas al proceso y en la crítica que de las mismas hicieron las
autoridades judiciales competentes. Por ello, la inconformidad radica en que
dichas autoridades no compartieron su personal entendimiento de las normas
sustantivas y procesales, sin que en ningún caso pueda hallarse frente a una
manifiesta violación de garantías procesales.
La Fiscalía
sostiene que en casos como el debatido, la tutela resulta claramente
improcedente, por lo que sería irrespetuoso con el juez de instancia
transcribir la jurisprudencia pertinente de la Corte. El señor fiscal indica
que los cargos del accionante se enfilan a denunciar la falta de un análisis
ponderado y razonado del conjunto de pruebas aportadas que sirvieron de
sustento de las resoluciones de fondo. La demanda, en ese sentido, contiene una
divergencia respecto del raciocinio lógico, jurídico y probatorio que la
experiencia arroja en cada proceso que se adelanta.
A lo anterior no
sobra agregar que otra tutela fue presentada por los mismos hechos ante la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue rechazada de plano,
seguramente porque se verificó la ausencia de violación de derechos
fundamentales.
6. Sentencia
de primera instancia
Por sentencia
del 11 de octubre de 2006, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- profirió decisión de primera
instancia en el proceso de tutela de la referencia y denegó el amparo
solicitado.
En primer lugar,
el despacho judicial consideró que dicha tutela era procedente en virtud del
asunto planteado y de la existencia de una causal específica de procedencia, ya
que el demandante formula la vulneración del debido proceso como consecuencia
de una vía de hecho por defecto fáctico, derivado de la asunción procesal de
una prueba ilícita. A este respecto, el a quo señala que en el análisis
probatorio de la Sentencia de la Corte Suprema, la Corporación tuvo en cuenta
no sólo la versión del denunciante y las circunstancias que rodearon la misma,
sino que se dio menor valor de credibilidad a las pruebas de descargo al
considerar que las mismas no guardan relación directa con la imputación que se
hace al imputado, “de ahí que si se apartan del tema de prueba, es razonable
que las mismas no condujeran a las conclusiones que extraña el accionante, al
tiempo que la Corte les resta valor después de analizar todo el contexto de la
región y el conocimiento de la misma por parte del doctor Pérez Suárez, así el
demérito que hace de los testimonio del personal de confianza del entonces
candidato a la gobernación, no se basa en valoraciones arbitrarias y tampoco en
darle un contenido o alcance diferente a las pruebas de cargo, de ahí que el
juicio de esta Sala de decisión no se haya incurrido en un defecto fáctico en
la decisión, amén de la autonomía que tienen los funcionarios de valorar y criticar
los medios de prueba puestos en su conocimiento a través del proceso y en
virtud de los principios de la prueba y su valoración”.
En cuanto a la
crítica que se hace de la prueba aportada con violación al debido proceso, la
primera instancia sostiene que pese a que la jurisprudencia se ha referido a la
necesidad de exclusión de dicho elemento, también la misma ha señalado causales
de excepción a dicha exclusión, entre las que se encuentran el vínculo
atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable, figuras
reguladas en la Ley 906 de 2004.
Esos elementos
deben ser apreciados por el juez de acuerdo con el juicio de ponderación que
adelante, de manera que se califique la incidencia, relación e independencia
existente entre los diferentes elementos en juicio. Dentro de los criterios que
deben ser tenidos en cuenta por el juez para valorar la prueba se encuentra el
del “acto libre de voluntad”, que consiste en el rompimiento del vínculo
ilícito de la prueba cuando el contenido de la misma se ratifica mediante
decisión libre de la persona afectada. Según el Consejo Seccional, en la
doctrina española la doctrina se conoce como la conexión de antijuridicidad, en
la cual se incluyen el acto libre de voluntad y el descubrimiento probablemente
independiente.
En palabras del
a-quo, la Corte Constitucional precisa que para reconocer los efectos
indicados, “el juez debe tener en cuenta las reglas de la experiencia y de
la sana crítica como criterios de valoración, pues debe examinar la existencia
de los nexos causales entre una prueba y otra, su relación incluyente o
excluyente, y ponderar entre diversos factores, tales como los derechos
fundamentales del procesado, aquellos de las víctimas y terceros, al igual que
el cumplimiento estatal de investigar y sancionar efectivamente el delito”.
Añade que al
analizar cada una de las tesis del accionante, el mismo encuentra que las
autoridades judiciales que intervinieron en la investigación y juzgamiento del
demandante analizaron sus peticiones respecto de la ilicitud de la prueba, tras
lo cual llegaron a conclusiones razonables que desvirtúan su ilicitud. La Corte
Suprema indicó, por ejemplo, que desde antaño se ha admitido la exclusión de la
prueba ilícita, pero que se ha indicado que dicha exclusión no puede ser
absoluta cuando concurren circunstancias como la preconstitución de la prueba
de la víctima o cuando se cuenta con la aprobación de quien participa en ella.
En el caso concreto, dice que la corte estableció que existía consentimiento de
una de las partes que contrató a quien habría de hacer la filmación y el mismo
acusado, hoy accionante, de quien se dice que conocía de su existencia, sin que
hubiera formulado reparo judicial luego de ser enterado sobre las consecuencias
de ponerla en conocimiento de la opinión pública y sin que le objetara
absolutamente nada en torno a su legalidad.
A lo anterior se
suma que en su indagatoria el demandante sostuvo que la grabación era la de la
reunión que se hacía referencia en la diligencia, que aceptó durante toda la
instrucción que aquella era la grabación de la reunión que había tenido lugar.
De lo visto,
dice el a quo, se deduce que la obtención del video se debió a la
entrega por parte del denunciante, “por lo que el video es independiente de
la declaración que rindió y como medios de prueba se pueden diferenciar. El
denunciante sabía de unos hechos que según la denuncia y la declaración conocía
directamente por haber sido comisionado en la entrega de los 500 millones de
pesos al entonces candidato a la gobernación, de ahí que su testimonio como tal
no tiene asomo de ilegal, apoyó su declaración con cita de otras personas a las
que les constaban los hechos y anunció un video para corroborar lo que decía,
este video sin más, tiene una fuente completamente independiente de su
declaración, la que a su vez tampoco se deriva del video, pues una es la
denuncia y su ratificación y la otra es el video que apoyaba el aserto de sus
imputaciones.”
Agrega que la
declaración ponía en conocimiento de las autoridades un hecho, del cual el
video es apenas un apoyo, como lo son los demás testimonios en cita, lo cual
indica que el video no es determinante en el proceso de investigación y es
medio de prueba independiente, que no la fuente primaria. Al aceptar que el video
reflejaba la reunión que sostuvo, el acusado aceptó su contenido de manera
libre y voluntaria y lo ratificó como medio de prueba de una situación que fue
probada por otros medios.
De lo anterior,
el a quo infiere que la tesis de la Corte Suprema de Justicia se ajusta
a la Constitución, en cuanto hubo autorización expresa de Pérez Suárez para que
se filmara la reunión, lo cual excluye la violación de su intimidad y reitera
la jurisprudencia que ha venido sosteniendo la Corte al respecto. No obstante,
de aceptarse la tesis de la ilegalidad, la situación no sufriría modificación
sustancial, pues la reunión fue demostrada por abundante prueba testimonial y
aceptada por el mismo acusado, por lo que la prueba de la Corte no sólo se basa
en la prueba repudiada.
El Consejo
Seccional sostiene que la declaración rendida por el denunciante es
independiente del video, por lo que la notitia críminis se da con la
declaración y no con la divulgación de la grabación. Los hechos objeto de
investigación son reconocidos voluntaria y libremente, y con la garantía de la
presencia de su abogado. La investigación y la sentencia no se fundamentan
única y exclusivamente en el video, sino en otros medios de prueba, por lo que
no se presenta el defecto fáctico aludido. En esa medida, la Corte no incurrió
en vía de hecho.
7.
Impugnación
Inconforme con
la decisión de instancia, el apoderado judicial del demandante presentó recurso
de apelación de la sentencia.
A su juicio, no
es cierto que el procesado Pérez Suárez haya consentido en la grabación del
video, ni que lo haya admitido en la indagatoria. Sostiene que el juez de
instancia evadió el análisis de la prueba ilícita y se limitó a señalar una
inexistencia aceptación del video. El impugnante advierte que la copia del
video no cumple con la condición para considerarlo documento privado y demostró
que tampoco cumplía los requisitos de prueba documental, pero señala que el
juez de instancia no se pronunció sobre dichos aspectos, que eran centrales en
la discusión, por lo que tal tarea debe ser desarrollada por su superior.
Indica que
contra toda evidencia, el Consejo Seccional de la Judicatura aseguró que Pérez
Suárez había ratificado el contenido del video, cuando dicho aserto es absolutamente
falso. A su juicio, el incriminado aceptó la ocurrencia de la reunión, pero no
la de la grabación, pues no sabía que estaba siendo filmado. Según criterio del
abogado, dicha situación implica un desconocimiento de la realidad de lo dicho
por su poderdante y una evasión del análisis del punto central de la
controversia, que es el valor de la prueba y determinar si la misma había sido
reconocida por su supuesto autor, de acuerdo con los procedimientos de
reconocimiento de pruebas del derecho nacional.
Sostiene que es
“literalmente falso” que el actor haya consentido en la filmación del proceso.
Ni siquiera Orjuela Martínez lo afirma en su denuncia. Dice que no hay ninguna
prueba al respecto y que el conocimiento de la existencia del video es un hecho
que conoció después de realizada la filmación.
El impugnante
reitera su afirmación en el sentido de que el fundamento de las decisiones
judiciales no es una argumentación razonada, sino un mero acto de poder y
arbitrariedad judicial, ya que todos los argumentos descansan sobre la prueba
ilícita y sobre la descalificación de las pruebas exculpatorias (los
testimonios de miembros paramilitares, de alcaldes y de quienes acompañaron a
la reunión a Pérez Suárez), dado que el único testimonio considerado es el de
Orjuela Martínez.
8.
Intervención del Ministerio Público
En memorial
allegado al proceso el 31 de octubre de 2006, el Ministerio Público,
representado en el caso por el abogado Julio Ospino Gutiérrez, intervino en el
proceso de tutela para solicitar al Consejo Superior de la Judicatura la
confirmación de la sentencia de primera instancia.
En primer lugar,
la Procuraduría hace un recuento de las actuaciones que se surtieron en el
proceso penal adelantado contra Pérez Suárez, para señalar que ni en la
resolución del 22 de diciembre de 2004, por la que se definió la situación
jurídica del tutelante, ni en la resolución del 24 de mayo de 2005, por la cual
se negó la revocatoria, se hubiera mencionado siquiera la presunta ilicitud del
video en cuestión.
En el momento de
los alegatos precalificatorios, la defensa se refiere a lo que considera prueba
ilegal, restándole validez al video, momento hasta el cual se hizo alusión a la
ilicitud de la prueba, la cual, como es palmario, no fue determinante para demostrar
la responsabilidad penal que ahora se cuestiona.
En estas
condiciones, la Fiscalía no sólo contrastó las distintas versiones que obraban
en el expediente, sino que razonadamente consideró que en momento alguno dicha
prueba hubiera conculcado los derechos fundamentales del entonces sindicado.
Ante dicha decisión la defensa interpuso recurso de reposición, pero no con
fundamento en la ilicitud de la prueba.
El tema de la
ilegalidad del video fue tratado nuevamente en audiencia pública, junto con el
análisis de los demás elementos probatorios. El hecho de que la discusión sobre
la ilegalidad de la prueba haya sido presentada a lo largo del proceso y
respondida oportunamente por los funcionarios que participaron en él, demuestra
que el derecho al debido proceso del tutelante no fue violentado por el Estado.
“No hay ningún irrespeto o desconocimiento de las garantías y derechos
fundamentales del mencionado; a cambio, lo que puede observarse en todo el
decurso del proceso, es su asistencia permanente”, agrega el procurador.
A lo anterior
adiciona el Ministerio Público que la acción de tutela no es la vía para
revivir un asunto zanjado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia,
sometido a estudio además por el Consejo Seccional de la Judicatura, que dio
pleno respaldo a la autonomía judicial en la valoración de la prueba y que no
constituye de ninguna manera un acto de arbitrariedad judicial, toda vez que se
funda en razonamientos apoyados en las normas que orientan el análisis y
valoración de la prueba, así como en suficiente jurisprudencia. Todo lo
anterior indica que no se está frente a una decisión caprichosa de los
funcionarios que produjeron las decisiones.
Por último, pide
notar que las críticas dirigidas contra la sentencia del Consejo Seccional de
la Judicatura son réplicas de las que esgrimió en la demanda y que esbozaron a
lo largo del proceso penal. En lo que concierne a la supuesta falta de
motivación en que incurrió el Consejo Seccional, finaliza diciendo que no es
dable exigir un nuevo pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos
tratados en las instancias, que tuvieron su lugar en el decurso del proceso
penal.
9. Sentencia
de segunda instancia
En sentencia del
15 de noviembre de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional- resolvió confirmar el fallo de primera instancia.  En criterio
de la Corporación aunque la tutela es procedente en vista de la ausencia de
otro mecanismo de defensa judicial, la pretensión de la demanda no está llamada
a prosperar pues no se evidencia en las providencias judiciales demandadas
irregularidad que contenga violación de ningún derecho fundamental.
Ciertamente, a
juicio del Consejo Superior, la Corte Suprema de Justicia, en fallo razonado y
ajustado a la juridicidad, y sin abandonar su tesis pacífica de que la prueba
obtenida con violación del debido proceso debe ser expulsada del proceso,
admitió que las grabaciones de audio y video y las interceptaciones de
comunicación tienen capacidad probatoria cuando han sido consentidas por todos
los intervinientes en la comunicación o en el acto objeto de grabación.
En el caso
concreto, uno de los protagonistas del video contrató los servicios de un
tercero para que filmara la reunión con el propósito de que quedara registro de
la ayuda económica, pero antes de la divulgación del video no solo el
consentimiento de uno de los intervinientes sino el mismo acusado conocía de la
existencia del video, sin que hubiera expresado reparo alguno luego de ser
enterado sobre las consecuencias de ponerlo en conocimiento de la opinión
pública, motivo por el cual se lo presume auténtico.
Aunque el
abogado del demandante niega que su representado haya aceptado el video, lo
cierto es que –dice el ad quem- la Corte indicó que ni en la indagatoria
ni en la investigación, a pesar de haber presenciado la exhibición completa de
la grabación, el actor mostró su inconformidad con los hechos en ella
contenidos, por lo que estimó que los reparos respecto de la ilicitud de la
prueba documental carecía de fundamento. Lo anterior  permite inferir –añade la
sentencia- que el ex funcionario sí aceptó los hechos mostrados en el video,
por lo que no sólo consintió en la realización del mismo, sino que asumió su
autenticidad.
El Consejo
Superior advierte que el hecho de que el ex Gobernador hubiera dicho
posteriormente que se enteró de la celada y que dejó allí el dinero, lo que no
quedó en la filmación, es materia de prueba distinta cuya veracidad debió ser
establecida por otros medios distintos al video. Además, ese es el punto donde
juega papel preponderante el resto de los testimonios que fueron evaluados
exhaustivamente por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema. El
consentimiento de los intervinientes, afirma, desvirtúa la ilicitud de la
prueba.
No obstante,
dice el juez de segundo grado, si en gracia de discusión se admitiera la
ilicitud de la prueba, es claro que para la adopción del fallo se analizaron
múltiples testimonios que fueron profundamente analizados por la Corte y que
hacen incluso que pueda prescindirse de la grabación, con lo cual la decisión
condenatoria no se vería modificada. Lo anterior es tan cierto que luego de
escuchada la versión del implicado el tema en discusión no fue la licitud del
video, sino si el implicado había abandonado el dinero en la reunión. De ahí
que el debate se centró en la prueba de la veracidad de lo dicho por el
denunciante, que indicó que el ex gobernador se alzó con el dinero, frente a la
versión del sindicado que negó ese hecho.
Finalmente, en
cuanto a la supuesta arbitrariedad judicial en que habrían incurrido las
autoridades que adelantaron el proceso, el Consejo Superior advierte que las
providencias en juego están sustentadas en una prolija y profunda argumentación
sobre la base del análisis de la prueba, que descarta cualquier vía de hecho,
poniendo de manifiesto en cambio la temeridad de los cuestionamientos
formulados por el actor y su abogado. Otra cosa es que el actor no comparta
dichas conclusiones, pero de allí no puede derivarse la configuración de la
irregularidad fáctica.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Sala Quinta
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución
Política, es competente para revisar los fallos involucrados en la resolución
de esta demanda.
2. Problema
jurídico
Mediante
apoderado judicial, el demandante de esta oportunidad sostiene que la
providencia del 27 de julio de 2006, dictada por la Corte Suprema de Justicia,
así como las resoluciones del 22 de diciembre de 2004 y 30 de septiembre de
2005 de la Fiscalía General de la Nación, son constitutivas de vía de hecho por
defecto fáctico, al haber admitido una prueba ilícita en el acervo probatorio
de cargo del proceso penal.
Sin entrar en el
debate jurídico procesal acerca de la licitud de la prueba, la Corte Suprema de
Justicia sostuvo en el proceso de tutela que esta acción es improcedente para
controvertir las decisiones judiciales. No obstante, la Fiscalía General de la
Nación, así como los tribunales de instancia, al igual que el Ministerio
Público, sostienen respecto del debate de fondo que las resoluciones de la
Fiscalía y la decisión judicial impugnadas no incurren en el vicio alegado por
el demandante pues, además de justificar suficientemente la valoración de la
prueba que el actor califica como ilícita, fundaron su posición en otras
pruebas de cargo recaudadas durante las diligencias.
En vista de que
la tutela de esta referencia se dirige a cuestionar la legitimidad de dos
resoluciones de la Fiscalía General de la Nación y de una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, esta Sala de revisión debe verificar, en primer lugar, si
la tutela de esta referencia resulta procedente. Para hacerlo, la Sala hará un
breve comentario de la jurisprudencia relativa al tema, tras lo cual someterá a
análisis particular la petición de la demanda. Si del análisis previsto es
procedente ingresar en el contenido de las providencias cuestionadas, la Sala
establecerá si el denunciado vicio fáctico efectivamente se presentó.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
términos generales la tutela es un mecanismo judicial inoperante para
controvertir decisiones judiciales. Esta regla básica encuentra sustento en
varios principios constitucionales que persiguen el respeto por las decisiones
judiciales, el afianzamiento de la seguridad jurídica, la solidez de la cosa juzgada,
la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimiento de
los conflictos a las competencias ordinarias de los jueces.
Si el juez de tutela tuviera, por regla general, la oportunidad de
modificar las decisiones del juez natural, el trámite de los procesos en las
jurisdicciones ordinarias sería, apenas, provisional, sujeto siempre al fallo
definitivo de un juez que por dicha potestad ascendería al máximo peldaño de la
jerarquía judicial.
No obstante, nuestro sistema jurídico no responde a esa estructura.
El principio básico es que es que el juez de tutela es un juez de actuación
eventual que no puede controvertir las decisiones de los jueces ordinarios. De
allí que la Corte declarara inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991,
que concedía autorización general al juez de tutela para revisar las decisiones
de los demás jueces. El texto de la norma era el siguiente[1].
Artículo 11. Caducidad. La acción
de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.
En relación con la improcedencia general de la tutela para lograr la
revocación de decisiones judiciales, la Corte dijo:
Es claro que la acción de tutela no es viable si se la pretende usar
como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de
fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha
producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como
si han hecho tránsito a cosa juzgada material.  En el primer evento por
existir otra vía propicia a la defensa del derecho en cuestión, como cuando se
pide revisar, en virtud de hechos nuevos o de cambio de circunstancias, la
liquidación de obligaciones alimentarias periódicas o el régimen de visitas de
los esposos separados a sus hijos comunes.  En la segunda hipótesis, por la
esencia misma del concepto de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado
plenamente, en cuanto a todos los aspectos del asunto controvertido, el trámite
del proceso como medio idóneo para ventilarlo ante la justicia. (Sentencia
C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
Con todo, la jurisprudencia posterior evidenció que muchas
providencias de los jueces constituían sólo en apariencia decisiones
jurisdiccionales pues, más allá de posibles divergencias de interpretación de
normas jurídicas, encubrían órdenes arbitrarias, desposeídas de fundamento
legal o manifiestamente incompatibles con la normativa vigente. La Corte
Constitucional, prevalida precisamente de la tesis del Consejo de Estado sobre
las vías de hecho, acogió y aplicó el concepto en relación con aquellas
providencias que siendo aparentemente jurídicas, velaban una decisión
claramente opuesta al régimen jurídico.
Desde entonces y hasta hace pocos años la Corte Constitucional
consideró que aunque el juez de tutela no tiene facultad para modificar una
providencia judicial, sí puede hacerlo cuando encuentra que la decisión del
juez oculta una vía de hecho, es decir, una decisión abiertamente arbitraria.
La Corte se refirió al tema en los siguientes términos:
Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con
los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política
y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. (Sentencia C-543 de
1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
Con esta tesis la Corte Constitucional no pretendió desvirtuar la
regla general de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino dotarla de límites razonables, sujetos no sólo a la necesidad de
garantizar la vigencia de la cosa juzgada, sino la realización efectiva de los
derechos fundamentales, cuando los mismos fueran violentados por decisiones
aparentemente legítimas, que en realidad eran fruto del capricho o la ignorancia
del juez ordinario.
Con dicha hermenéutica, la Corte pretendió integrar en su conjunto
los principios constitucionales pertinentes, dándole unidad interpretativa
completa a dicha tesis. La doctrina se ubicó así en el justo medio entre el
respeto por las decisiones judiciales, el acatamiento de la cosa juzgada y la
realización de la justicia material por la vía de la proscripción de la
arbitrariedad judicial. De este modo, a partir del asentamiento de la
jurisprudencia constitucional, se consideró incompatible con el régimen
constitucional que los jueces se abstuvieran de revisar la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales con el sólo argumento de la
existencia de la cosa juzgada.
En palabras de la Sala Sexta de Revisión:
“… siendo fiel al principio constitucional según el cual la Carta
Política constituye un sistema que debe aplicarse de manera integrada, la
posición de la jurisprudencia acoge tanto el principio de la cosa juzgada como
el de la ejecución de la justicia material, ubicándose prudentemente entre el
respeto por la norma general, que materializa el principio de la seguridad
jurídica, y la disposición excepcional, que sustituye el imperio de la
arbitrariedad por el de la justicia. Por eso la tesis de Corte es completa en
el sentido en que no deja ningún principio constitucional por fuera del
raciocinio.” (Sentencia T-836 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
Con el tiempo, la Corte Constitucional afinó los criterios de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. La Corporación
evidenció –por ejemplo- que la existencia de otros mecanismos de defensa o el
ejercicio tardío de la acción constitucional hacían inoperante el mecanismo de
amparo. Con el desarrollo de la doctrina y la producción de innumerables fallos
en la materia, la tesis original dio paso a una de mayor comprensión que,
superando el criterio subjetivo usualmente recurrido para definir la vía de
hecho, admitió la procedencia de la acción tutelar en presencia de
circunstancias genéricas y causales específicas de vulneración de derechos
fundamentales.
De este modo,
sin abandonar la tesis general según la cual la tutela no procede contra
decisiones judiciales, la Corte adoptó una doctrina de circunstancias genéricas
y causales específicas de procedencia que permiten detectar con mayor precisión
los defectos judiciales susceptibles de ser impugnados por vía de tutela. Según
la Corte, “[e]n esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la
expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo
anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del
procedimiento de tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de
proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la
actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan
desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente
con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado’.”[2].
Sobre este
tópico la Corte sostuvo:
Para la Corte, no se trata de una
modificación sustantiva del régimen de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, implica, en cambio, una revisión sistemática de
la práctica jurisprudencial de la Corte que consulta la doble necesidad de
sistematización y racionalización de la actividad jurisprudencial, y de
coherencia y fidelidad con los mandatos constitucionales.
De esta manera, son las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, definidas
a lo largo de la jurisprudencia,  ahora sistematizadas y que continúan siendo
por regla general excepcionales, las que permiten de manera simultánea,
proteger y hacer compatibles los valores de eficacia de los derechos
fundamentales y de autonomía judicial, como principios fundantes e
insustituibles del Estado constitucional. (Sentencia T-949 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett)
-Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales
Las
circunstancias genéricas de procedencia se definen como aquellas cuya ocurrencia
habilita al juez de tutela para ingresar en el estudio de la providencia
judicial demandada, a efectos de determinar la existencia de una causal
específica. En presencia de las circunstancia genéricas de procedencia, el juez
de tutela está habilitado para revisar el contenido de la sentencia judicial
demandada.
De manera
general, la jurisprudencia constitucional reconoce seis circunstancias
genéricas de procedencia de tutelas contra providencias judiciales, todas las
cuales deben cumplirse para que sea posible adelantar el estudio
correspondiente. En Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corte presentó
una categorización de dichas causales, en un esfuerzo por sistematizar el
análisis pertinente. Esta Sala transcribe in extenso la parte relevante de
la providencia:
24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[3].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[4].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[5].  De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[6].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[7].  Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[8].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Ahora bien, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la tutela, el juez puede adentrase en el estudio de
la providencia demandada con el fin de establecer la existencia de una causal
específica de procedencia. Las causales específicas fueron enumeradas así por
la Corte Constitucional, en la sentencia citada.
25.  Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[9]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[10].
i.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión
de específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas
que afectan derechos fundamentales. (Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño)
Establecidas así
las bases del análisis, esta Sala encuentra -en primer lugar- que la tutela de
la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia establecidos
por la Corte Constitucional.
En efecto, la
demanda de tutela bajo estudio plantea un asunto de innegable transcendencia
constitucional, como quiera que sugiere la violación del derecho al debido
proceso en el trámite de unas diligencias que condujeron a la condena del
tutelante. Así, por virtud de la violación del derecho al debido proceso y de
llegar a comprobarse la irregularidad denunciada, el demandante también podría
estar sometido a la restricción ilegítima del derecho la libertad personal, lo
cual le confiere al asunto el contenido constitucional relevante que exige el
primer requisito de procedencia.
En segundo
lugar, esta tutela es procedente porque el demandante no cuenta con recurso
adicional para discutir la irregularidad procesal denunciada, lo cual implica
que el mismo carece de vías de defensa judicial alternas para la solución del
conflicto que plantea. La inexistencia de otra vía de defensa judicial se ve
acompañada además por el hecho de que el demandante utilizó todos los recursos
judiciales ordinarios para debatir el punto que ahora suscita la demanda, tal
que intervino activamente en las diligencias de instrucción, así como se
defendió de manera integral en el juicio adelantado ante la Corte Suprema de
Justicia. En estos términos, para la Sala es claro que el actor de esta
oportunidad no utiliza la tutela como recurso extremo para enmendar su
inactividad procesal.
Adicionalmente,
la Sala encuentra que el requisito de la inmediatez se cumple en el caso bajo
estudio, pues el demandante no dejó pasar tiempo excesivo entre la decisión
definitiva de la Corte Suprema de Justicia y la interposición de la acción de
tutela. La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se
produjo el 27 de julio de 2006, al tiempo que la demanda de tutela fue incoada
el 26 de septiembre de 2006, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, pero porque previamente fue rechazada por la propia Corte Suprema
de Justicia en providencia del 4 de septiembre de 2006, con el argumento de que
la acción de tutela contra sentencias de dicha Corporación no puede siquiera
ser admitida a trámite. Así entonces, a juicio de la Sala, el demandante fue
diligente al presentar oportunamente la acción tutelar.
En cuanto a la
incidencia que el vicio procesal tiene en la decisión acusada, la Sala constata
que –en principio-, el vínculo sustantivo existe. Sin entrar con ello en el
análisis concreto de la prueba -pues éste es asunto del análisis subsiguiente-,
baste con decir que la dependencia entre el resultado del proceso y el
contenido de la grabación resulta admisible pues ésta contendría información
relacionada con la reunión en la que se habría configurado el delito de
enriquecimiento ilícito. Por ello, la Sala percibe que, al menos como premisa
de discusión, la decisión condenatoria tiene un vínculo jurídico con la prueba
cuya validez se pone en entredicho.
De otro lado, en
el caso concreto, la parte demandante señaló con precisión la irregularidad
violatoria del debido proceso, al indicar que el hecho generador de la
violación de la garantía constitucional fue la admisión de la prueba  -a su
juicio- ilícitamente recaudada. El estudio del libelo sobre la ilicitud de la
prueba delimita con absoluta precisión el hecho que a juicio del actor constituye
violación de sus garantías superiores, lo que permite identificar
suficientemente el acto bajo estudio. Adicionalmente, aunque el demandante
alegó la irregularidad en el proceso judicial pertinente, su discurso no
produjo efectos favorables a sus intereses, lo que indica que sólo mediante el
ejercicio de la tutela le es posible controvertir la decisión judicial.
Finalmente, el
estudio de la demanda de tutela es pertinente porque el actor no controvierte
el contenido de una sentencia de tutela, sino de una providencia expedida por
un tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Verificado que
la tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia,
procede la Sala a establecer la existencia de la causal específica indicada por
el actor.
4. Existencia
de las causales específicas de procedencia de la tutela
El demandante
sostiene que las providencias de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia
son constitutivas de vía de hecho por cuanto incurren en defecto fáctico al
haber admitido en el proceso penal, como prueba de cargo, una grabación i) que
es ilegal, porque resulta imposible establecer su autenticidad, el autor de la
cinta, la fecha de emisión, si la grabación fue editada y la fecha y lugar de
la misma; ii) que es inconstitucional por haber sido aportada con violación de
derecho fundamental a la intimidad, dado que el señor Pérez Suárez ignoraba que
estaba siendo grabado, no había dado su consentimiento, ignoraba que Sacristán
era miembro de grupo paramilitar, y se le informó de la existencia del video
únicamente al final de la reunión, una vez rehusado el dinero y como mecanismo
de presión para el eventual favorecimiento de los paramilitares.
Adicionalmente, las providencias incurren en vía de hecho al haber iii) omitido
la consideración de testimonios que servían de descargo al acusado, para darle
credibilidad a las pruebas de cargo:  el video y el testimonio de Orjuela
Martínez. La decisión de las autoridades judiciales constituyó, así, una
decisión arbitraria, fundada en la retórica y no en la apreciación seria de las
pruebas arrimadas al expediente, lo que hace de las mismas, decisiones iv) sin
motivación ni justificación jurídica, es decir, meros actos de poder.
Del recuento de
los reproches previamente sintetizados es posible inferir que el demandante
considera ilegítimas las providencias demandadas porque: i) incurren en un
defecto procedimental, al haber admitido una prueba ilícita; ii) incurren en un
defecto fáctico, porque se apoyan en material probatorio ilegal o porque
valoran parcialmente el material probatorio, iii) incurren en violación directa
de la Constitución, al admitir una prueba violatoria de un derecho fundamental;
eventualmente, iv) porque incurren en error inducido, de llegar a comprobarse
que la justicia fue engañada por el sujeto que aportó el video al proceso, y
finalmente, v) por falta de motivación, pues la decisión se apoya en
consideraciones retóricas y no en un análisis de los hechos de la demanda.
Para que esta
Sala decida si la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia
incurrieron en violación de la Constitución por los defectos señalados resulta
imperioso reseñar el contenido de las providencias en cuestión. Para efectuar
el análisis correspondiente, esta Sala debe resumir el contenido de los
pronunciamientos objeto de censura, pues no de otra manera se evidencia en
detalle el estudio realizado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
Pese a su considerable extensión, procede la Sala a sintetizar, con la mayor
fidelidad posible, el contenido de las decisiones. La reseña precedente hará
énfasis en los puntos debatidos en sede de tutela.
a)
Providencia del 22 de diciembre de 2004. Fiscalía General de la Nación.
Definición de la situación jurídica de Miguel Ángel Pérez Suárez.
Mediante
providencia del 22 de diciembre de 2004, el entonces Fiscal General de la
Nación, doctor Luis Camilo Osorio Isaza, definió la situación jurídica del
procesado Miguel Angel Pérez Suárez y ordenó su detención preventiva por el
delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Como sustento de
su decisión, el Fiscal reconoció que aproximadamente desde 1998 existía
presencia de grupos paramilitares en la zona del Casanare, causantes de
extorsiones, secuestros, homicidios y otras ilicitudes. Advirtió que dichas
organizaciones realizaron actos de intimidación contra la organización
electoral y que para las elecciones de 2000, el entonces Gobernador había
aspirado al cargo, pero bajo intimidaciones por parte de grupos ilegales, en el
sentido de exigirle que si salía elegido debía colaborar con ellos, ante lo
cual decidió renunciar a su aspiración. En el año 2004 el mismo Pérez Suárez
manifestó su intención de volver a aspirar al cargo de Gobernador. En octubre
de 2003 el procesado fue convocado a una reunión en un lugar alejado del casco
urbano de Yopal, donde le fue entregada una bolsa con dinero destinado a la
campaña. Diez meses después de ganar las elecciones, el gobernador fue
denunciado por José Darío Orjuela Martínez, miembro de las autodefensas del
Casanare y detenido por el delito de concierto para delinquir, quien dijo que
Pérez recibió 500 de los 1.000 millones de pesos que se le ofrecieron. Recibida
la indagatoria, la Fiscalía procedió a efectuar la evaluación de la acusación.
En primer lugar,
reconoció que la detención preventiva opera cuando al menos se reciben dos
indicios graves de responsabilidad, para lo cual resalta el testimonio de Josué
Darío Orjuela Martínez, quien fue detenido por concierto para delinquir y
presentó declaración para obtener beneficios por colaboración. Dijo haber sido
contratado por Martín Llanos, con otros dos sujetos –incluido Luis Martín
Sacristán –Fox- para entregarle 500 millones de pesos a Miguel Ángel Pérez
Suárez para el cierre de la campaña, lo cual hicieron en una casa cerca de
Yopal.
Antes de la
entrega, Fox hizo instalar cámaras en las habitaciones para grabar el hecho.
Fox quedó sólo y cuando llegó Pérez Suárez en un vehículo Toyota vinotinto, se
saludó con Fox, éste desconectó accidentalmente el micrófono y la grabación
quedó en silencio, entonces sacó una bolsa negra con los 500 millones, la puso
encima de la mesa, y Miguel Ángel Pérez la recibió, contó el dinero, tomó la
bolsa y se fue, entonces recogieron el equipo y también se fueron.
El testimonio de
Martha Yaneth Lizarazo Castañeda, abogada vinculada a la campaña, quien llevaba
la agenda del candidato, lo acompañaba a sus giras y estuvo con él el día de la
reunión en la casa de la Colina Campestre, quien notó que aquél salió molesto
de la casa diciendo que le habían hecho una celada. La declarante, sin
habérsele preguntado, sostuvo que el candidato salió “sin nada en la mano”. El
testimonio de Edgar Santiago Martín Gómez, arquitecto vinculado a la campaña,
quien acompañó al candidato a la reunión y sostuvo que el mismo había salido
diciendo palabras fuertes y que había sido víctima de una celada, pero también
afirmó, espontáneamente, que el candidato había salido sin nada en la mano.
Testimonio de
Fabio Fuentes Pulido, escolta de Pérez Suárez, que también dice haber estado el
día de la reunión, relata lo ocurrido y a la pregunta del defensor le dice que
el candidato salió sin nada en la mano. Testimonio de Pedro Alonso Pinzón,
escolta del Gobernador, quien dice haberlo acompañado el día de la reunión en
la Colina Campestre y pone de presente que al salir aquél no llevaba nada en
sus manos. Igualmente, recuento del testimonio de Jhony Salamanca Cuenza,
conductor del gobernador, que también acepta haber estado el día de la reunión
y no haber visto al gobernador con nada en la mano.
La providencia
resalta las pruebas documentales aportadas al proceso, entre ellas, el CD con
la grabación en la que, según Orjuela Martínez, consta la reunión que sostuvo
con Pérez Suárez y en la que le fue entregada la suma de 500 millones de pesos.
De la prueba
pericial, la resolución da cuenta del informe rendido por el C.T.I. de la
Fiscalía, relacionado con el disco compacto aportado al proceso, en el que se
certifica que el archivo de video contenido en el CD tiene una duración de
22:56 minutos y aloja imágenes de la conversación de dos individuos (no
audible, porque no se grabó la voz), uno sentado frente al otro con un
escritorio de por medio, uno de los cuales le entrega a otro una bolsa de la
cual extrajeron unos fajos de dinero que contaron sobre el escritorio, y el que
recibió tomó la bolsa, se levantó y se la llevó consigo. Se anexa examen de
polígrafo, realizado por Risk & Solutions Group, en cuyo informe se
certifica que Miguel Ángel Pérez Suárez no muestra “reacciones normalmente
indicativas de engaño al responder a las preguntas del examen”, relacionadas
con el conocimiento de las personas que asistirían a la reunión, con la
devolución del dinero y con el otorgamiento durante el periodo como Gobernador
de cuotas burocráticas a personas vinculadas con las autodefensas del Casanare.
La resolución  en cita incluye informe de inspección judicial al lugar del
encuentro, en Yopal, Casanare.
Incluye
igualmente el resumen de la indagatoria del procesado, recibida el 7 de
diciembre de 2004, en la que Pérez Suárez afirma que en la campaña recibió
aportes de distintos gremios y amigos, que los grupos FARC y ELN operaban desde
1996 en la zona y por el sur las autodefensas, que con el tiempo adquirieron
mucho poder y entraron en luchas intestinas. Resaltó que fue presionado en 2000
por las autodefensas, que lo comprometieron con el nombramiento de miembros del
grupo en cargos de la Gobernación, por lo que debió renunciar a sus
aspiraciones, pues le parecía inaceptable. Señala que durante 2002 y 2003 la
presencia paramilitar era notoria, así como su injerencia y presión sobre la
sociedad mediante el delito.
Relata que vivió
tres episodios con los paramilitares en esa época: cuando se entrevistó con
Martín Llanos, que le recordó su compromiso de colaboración con el grupo, que
él rechazó; cuando se le prohibió realizar actividades proselitistas, junto con
el otro candidato, mientras no se reunieran con Martín Llanos, y, la última,
cuando por invitación de Santiago Marín le fue ofrecida una colaboración
económica por un grupo de simpatizantes que quería unirse a su campaña. La
reunión tuvo lugar el 18 de octubre en la mañana, en una casa en Yopal, donde
lo recibió un ganadero llamado Henry González. Después de comentarle sobre las
dificultades económicas de la campaña, se le ofreció un dinero que él aceptó,
pero al final de la reunión fue llamado por Henry González quien le dijo que
los recursos eran de las autodefensas, ante lo cual soltó airadamente el
paquete y lo abandonó en el lugar, pero antes había sido advertido de que la
reunión había sido grabada, lo cual consideró una celada porque era pública su
posición radical en contra de la guerrilla y las autodefensas.
Al preguntársele
si identificaba como esa reunión la que aparecía grabada en el CD, respondió
que si lo era, pero que no conocía al sujeto Josué Darío Orjuela Martínez, y
dudaba que hubiera estado en ese lugar, que había aceptado esa reunión porque
confió en Santiago Marín y no había razón para tener prevenciones, puesto que
allí vivían muchos profesionales.
La resolución
hace una valoración de las pruebas y saca las siguientes conclusiones: que
existen dos versiones de los hechos, la primera, de Orjuela Martínez, según la
cual Pérez Suárez sabía que Sacristán era miembro de las autodefensas ilegales,
de que le iba a entregar 500 millones de pesos enviados por Martín Llanos y que
efectivamente los recibió y se los llevó dentro de una bolsa. La otra versión
es la de la defensa, apoyada por los testigos relacionados, que relata que la
reunión se realizó y el sindicado recibió el dinero, pero lo abandonó cuando
supo su procedencia, retirándose airado el lugar, sin el dinero.
Del análisis de
las pruebas, la Fiscalía sostiene que a la luz de la experiencia resulta
inverosímil que una persona como el tutelante, con una agenda tan apretada y
sometido a las presiones que fueron denunciadas, aceptara una reunión algo
clandestina con el fin de recibir apoyos económicos, si no es porque existía conocimiento
previo de la entrega del dinero, por parte de personas que no deseaban
entregarla públicamente en la sede de la campaña. Tampoco resulta verosímil,
dice la Fiscalía, que alguien con el conocimiento de la zona y de la
idiosincrasia de la gente de ese territorio creyera ingenuamente que iba a
recibir dinero de ganaderos, por parte del señor Santiago Marín, que era una
persona de vinculación reciente con el departamento. De allí deduce que el ex
gobernador sabía que la reunión no era con gremio alguno, y que los recursos no
procedían de ellos.
Dice igualmente
que la experiencia indica que nadie hace aportes económicos sin esperar
recompensa, por lo que la oferta de dinero tuvo que ir acompañada de una
exigencia precisa de contraprestación. El conocimiento del entonces sindicado
de la realidad del departamento y de la realidad paramilitar hace inverosímil
que aquél hubiera aceptado ingenuamente dinero de personas desconocidas.
Además, si en esta segunda candidatura decidió lanzarse a pesar de la situación
de inseguridad, era porque en esta había llegado a un acuerdo con los mismos
grupos que impidieron que adelantara su campaña en el año 2000. Tampoco es
verosímil que sólo al final se le hubiera avisado que el dinero provenía de
Martín Llanos, pues es inconcebible que alguien entregue tanto dinero sin
advertir la razón y lo que espera.
De otra parte,
sostiene la Fiscalía que de la reproducción de la grabación no se explica cómo
si el acusado tenía afán, hubiera permanecido 22 minutos y 56 segundos hablando
de cosas generales, sin referirse al dinero que le fue entregado después, y sin
haber concertado una nueva reunión futura, lo que permite inferir que la
entrega del dinero ya había sido concertada, y que no fuera necesario mucho
tiempo para persuadir a quien había llevado los recursos. Sostiene que en la
grabación se tiene que luego de recibir el dinero, estuvo el ex gobernador
hablando con su interlocutor más de 7 minutos, hecho que negó en la
indagatoria, cuando afirmó que recibió el dinero y se marchó. No siendo cierto
que salió inmediatamente, los 7 minutos que duró la conversación posterior
pudieron haber sido aprovechados por el interlocutor para contarle sobre el
origen del dinero, pues si se hubiera estado esperando una reacción adversa por
parte de Pérez Suárez, habría bastado con la imagen de la recepción del dinero,
omitiendo el resto. De la grabación no se deduce corte abrupto como para
admitir que en esa etapa se eliminaron imágenes o se hicieron mutilaciones.
De lo anterior
se tiene que Pérez Suárez no reaccionó airadamente y se llevó la bolsa consigo.
Además de lo
anterior, resulta inexplicable –dice el Fiscal- que Pérez Suárez no hubiera
denunciado públicamente la celada de la que dijo ser víctima, sabiendo el
riesgo que la filmación traería para su campaña.
Al contenido de
la grabación y la indagatoria se suma el testimonio de Josué Orjuela Martinez,
miembro paramilitar, del grupo de Martín Llanos, y razonero del mismo, quien se
encuentra en prisión por la pertenencia a dicho grupo y que no ofrece mayor
reparo en tanto que no hay razón para presumir interés alguno destinado a
perjudicar al gobernador, involucrándolo en hechos que no tuvieron lugar. Por
el contrario, existen inconsistencias entre la indagatoria del tutelante y la
versión de Martha Janeth Lizarazo, pues mientras el primero afirma haberse
enterado por boca de Henry González del origen de los recursos, la segunda
manifiesta que conocía a Henry González, pero dijo no haberlo visto en el
lugar. Igualmente, la inconsistencia surge en el testimonio de Edgar Santiago
Marín, que dice haber visto al ex gobernador manotear airadamente con otra
persona, que no era Henry González, a quien había conocido en Yopal.
Por demás, para
la Fiscalía son sospechosos los testimonios de quienes acompañaron a Pérez
Suárez a la reunión, pues todos tienen vínculos laborales muy cercanos con el
mismo, desde muchos años atrás, lo que los coloca como interesados en respaldar
su versión. Ello no sería elemento suficiente para descartarlos si no fuera
porque todos estaban interesados en manifestar enfáticamente que el gobernador
abandonó el lugar sin nada en la mano, al extremo que la señora Lizarazo y
Edgar Marín, afirmaron sin que se les preguntara, que el señor Pérez Suárez no
había salido con nada en las manos, con ningún paquete. En cuanto a los demás
testigos, aunque fueron preguntados por el hecho de si vieron a Pérez Suárez
con algo entre las manos, constituyen testigos sospechosos porque pudieron ser
informados sobre ese aspecto y por ser dependientes del acusado.
La Fiscalía
asegura que el examen del polígrafo no es contundente, además de que no es
medio de prueba en la legislación nacional, pero advierte que el testimonio de
Orjuela Martinez ofrece serios motivos de credibilidad, no sólo en sí mismo,
sino porque se ve corroborado por la filmación, que fue reconocida incluso como
real por el propio sindicado, y cuya fuerza de convicción no se reduce por las
exculpaciones del procesado.
Hecho el
anterior análisis probatorio, la Fiscalía ajusta la conducta al tipo penal y
dicta la correspondiente resolución de definición de situación jurídica, que
impone al acusado la medida de detención preventiva.
b) Resolución
del 30 de septiembre de 2005 de la Fiscalía General de la Nación por la cual se
formula acusación ante la Corte Suprema de Justicia
-Resumen de los alegatos de la defensa
En la citada
providencia, el despacho del Fiscal General de la Nación hace un resumen de los
antecedentes del expediente y de los alegatos de la parte acusada. Sostiene que
los mismos aducen una grave deficiencia en la incorporación de la prueba al
proceso porque la consideran viciada de nulidad por violación del artículo 29
de la Carta. La prueba es la filmación aportada por Orjuela Martínez, que
habría sido aportada sin orden de autoridad judicial ni practicada con las
ritualidades legales, además de que fue recaudada sin facultad legal para
hacerlo. Los alegatos solicitan la exclusión de la prueba, pues su creación e
incorporación desconocieron las más elementales reglas, así como derechos
fundamentales. Su ilegalidad deriva también de que al no haber sido aportada
regularmente, quedó expuesta a ser manipulada, lo que incide en su pureza.
Advierte que en el desarrollo de la filmación se evidencia un lapso de 3 horas
sin grabación, lo que demuestra la alteración de la misma. El alegato resumido
por la resolución precisa que la prueba constituye un engaño de Orjuela Martínez
a la justicia, por lo que ha hecho que pierda solidez la tesis de la Fiscalía.
En cuanto a los
testimonios, la resolución de la fiscalía resume la oposición del procesado y
sostiene que el testimonio de Henry Martínez señala que el mismo no estuvo en
la reunión, lo que contradice el dicho de Solín, quien dice que si estuvo.
Igualmente la de Edans Giovanni Correa, que parece apoyar la tesis del
sindicado en el sentido de que el entonces candidato discutió con Fox y salió
molesto de la reunión. Se remite también al testimonio de Meche Mendivelso,
quien desmiente categóricamente a Solín.
Adicionalmente,
Pérez Suárez se refiere al testimonio de Orjuela Martinez para decir que el
mismo es contradictorio porque su posición no es de simple integrante del grupo
de Martín Llanos, sino un miembro del estado mayor. Se contradice en la hora en
la que afirma que se celebró la reunión, pues la misma no ocurrió a las siete
de la noche, sino en tempranas horas de la mañana; y se contradice con la suma
de dinero que dijo que se ofreció.
Precisa el
acusado que todos los testimonios certifican que él rehusó recibir el dinero
cuando se enteró de su procedencia, quedando demostrado el engaño de Solín,
como quedó demostrado cuando dijo que el candidato se movilizaba en un Toyota
vinotinto, sabido que todos iban en vehículos diferentes. Finalmente, el
acusado dice que se demostró que nunca recibió los dineros que supuestamente
ingresaron a la campaña, pues de los testimonios se infiere que devolvió el
dinero cuando se enteró de su origen.
El acusado
denuncia la renuencia de Solín a contestar preguntas de la defensa, por lo que
considera que su actitud es inconsistente y mentirosa. Igualmente, dice que las
conclusiones de la fiscalía son infundadas, porque parte de la base de una supuesta
cita clandestina, cuando ésta no lo era; y que la entrega era ilegal por el
simple hecho de haber ocurrido por fuera de la sede de la campaña. Igualmente,
que es inatinente que se hubiera considerado que era deber del candidato
conocer a quien le ofrecía el dinero, además porque alias Fox se presentaba
como persona prestante. Refiere que si la suma de dinero se entregó a cambio de
una contraprestación, no se explica por qué dicho asunto no se está ventilando
ante la justicia, al tiempo que nunca se precisó a cuál contrapartida se
refería. Por otro lado, no se tuvo en cuenta que el dinero nunca se recibió y
que no se analizó por parte de la fiscalía que las condiciones de seguridad de
2003 no eran las mismas que propiciaron el retiro de la campaña en el año
2000.
Ahora bien,
respecto del video, el mismo consideró que como se trata de una prueba ilegal,
no pueden extraerse indicios de su contenido, y además la persona que dijo
haberlo grabado sostuvo que la discusión había tenido lugar por fuera del
pasillo. De allí que la respuesta airada de Pérez Suárez no haya quedado
grabada. El procesado señaló que como la prueba nunca reposó en manos del
sindicado, éste nunca denunció su existencia y que los informes de los
organismos de seguridad dan cuenta de que el defendido siempre atacó los grupos
paramilitares.
Posteriormente,
la Fiscalía resume las consideraciones del procesado sobre los requisitos
necesarios para calificar el mérito del sumario, consideraciones según las
cuales, la responsabilidad del procesado no estaba plenamente demostrada, pues
no se comprobó la recepción del dinero ni el incremento patrimonial. El
imputado concluye que la reunión sí se llevó a cabo, que la misma fue
ilícitamente grabada con fines extorsivos y que la persona que recibió al ex
gobernador se hacía pasar por comerciante y ganadero, tanto que nunca fue
investigado por la justicia. Que los dineros fueron rechazados tan pronto se
enteró de su origen, tal como lo han dicho los testigos, excepto Solín, que en
ese punto engaña a la Fiscalía.
La resolución
resume así mismo el memorial de la defensa técnica, que alega la falta de
incremento patrimonial ilícito, la cual no se configura únicamente por un
contacto momentáneo con el dinero, y que de todos modos debe ser probada por el
Estado. Señala igualmente que la Fiscalía no pudo probar la procedencia ilícita
del dinero, a punto que ni siquiera alias Fox se identifica en el video, pero
tampoco hay prueba que sostenga que el mismo era miembro paramilitar.
La defensa ataca
la prueba ilícita aportada al proceso, al decir que la misma fue obtenida de
manera clandestina con el único propósito de ejercer presión indebida,
violándose con ello las garantías fundamentales del sindicado. Precisa que la
prueba debe ser excluida y con ella todas las que se derivan de su contenido,
las cuales incluyen la indagatoria, el testimonio del propio Orjuela Martínez,
los informes técnicos y los indicios construidos sobre esa base.
Posteriormente,
la defensa hace un análisis de los otros medios probatorios, con el fin de
descalificar a los testigos de cargo. Rechaza que la fiscalía haya decidido
atender exclusivamente los testimonios que incriminan a su defendido, pero
descartar los que lo favorecen.
La resolución
resume además la oposición de la defensa a otras de las pruebas de cargo, que
tienen que ver con las contradicciones de los demás testigos, con la supuesta
tendencia de algunos testigos de favorecer al acusado, con las contradicciones
de la denuncia, con el hecho de que la denuncia de Solín es una retaliación por
haberse negado el candidato a aceptar la coacción del grupo ilegal, con el
hecho de que el gobernador dio por terminados contratos que se reputaban de
interés de los paramilitares, con la poca credibilidad de alias Solín, con las
declaraciones de personas de prestancia que niegan que el candidato hubiera
recibido el dinero, con el reconocido hostigamiento de los paramilitares a las
campañas políticas, con la decisión de la Fiscalía de desechar la prueba del
polígrafo y con la necesidad de aplicar el principio de favorabilidad en la
materia.
-Concepto del Ministerio Público
La resolución en
cita resumió así mismo los argumentos del agente del Ministerio Público, para
quien en el caso concreto se reúnen los requisitos necesarios para la
configuración del delito.
El análisis de
la Procuraduría va desde el estudio de la indagatoria del condenado, en donde
el mismo acepta haber recibido el dinero, hasta la confrontación con la testigo
Martha Yaneth Lizarazo, quien de manera espontánea afirma que el candidato
salió de la reunión sin ningún paquete. Dice que el testimonio es
contradictorio con el del sindicado, por lo que se deduce el interés de
favorecerlo; cuestiona el testimonio del conductor Edgar Santiago Marín Gómez,
a quien también consideró sospechoso por intentar favorecer al acusado;
sostiene que el incremento patrimonial ocurrió por virtud de la indagatoria y
la confrontación de los hechos con el video y las declaraciones obtenidas.
Al hacer el
estudio del video, contradice lo dicho por el acusado en el sentido en que de
la grabación se tiene que existió un trato ameno con los interlocutores, y no
eran sujetos desconocidos, relata el instante en que el acusado contó el dinero
y lo puso en una bolsa, pero como no hay prueba del rechazo, lo lógico es que
el acusado hubiera vuelto tal vez a la mesa a manifestar la situación y poner
en conocimiento de las autoridades el hecho. Dice que los dineros, que no se
vieron reflejados en el patrimonio por haber sido utilizados para el final de
la campaña, se justificaron en cuanto que la misma estaba pasando por una
crisis económica, y sostiene que el acusado no era ignorante a la intención de
grupos paramilitares de entregar dinero a las campañas políticas.
En cuanto a la
ilicitud de la prueba, la procuraduría se remonta a la jurisprudencia penal y
precisa que la aceptación de las imágenes por parte del acusado es suficiente
para arribar a la comprensión de su conformidad con la verdad. Además, sostiene
que la ilicitud de los dineros recibidos era evidente, dado el origen
delincuencial de la organización que lo proveyó, que era conocida por el
acusado. Es inverosímil para el Ministerio Público que una persona de la
trayectoria del demandante hubiera aceptado una reunión con desconocidos a tan
tempranas horas de la mañana. A esto se suma la actitud asumida por el acusado
al haberse puesto una gorra a la salida de la reunión, para pasar
desapercibido, y de no haber denunciado a las autoridades el hecho. Delata así
mismo las inconsistencias de la declaración de Nelson Ricardo Mariño Velandia,
quien dijo haber sido citado a la misma reunión por Fox, pese a que dicho alias
sólo se conoció a partir de la indagatoria del denunciante Orjuela Martínez.
-Consideraciones de la Fiscalía
Hecho el
recuento de los alegatos de la defensa y de la posición del agente de la
Procuraduría, la Fiscalía hace el análisis correspondiente de los hechos de la
denuncia y el material probatorio, para culminar con la decisión de presentar
acusación formal contra el procesado, Miguel Ángel Pérez Suárez.
En primer lugar,
la Fiscalía hace un recuento detallado de los testimonios rendidos durante el
proceso. El contenido del resumen de los testimonios es similar al recogido en
la resolución de definición de la situación jurídica del incriminado. No
obstante, la resolución hace énfasis en testimonios como el de José Ramiro
Meche Mendivelso, en el que el declarante sostiene que en reunión sostenida con
jefes paramilitares, Martín Llanos habló de inyectarle dinero a la campaña de
Miguel Ángel Pérez Suárez, pero que después de dicha reunión, al preguntar por
esa plata, se encontró con Fox que le contó riéndose que “a Miguel Ángel ya
le habían traído la plata, pero ahí si como se dice vulgarmente me dijo ‘ese
granhijueputa no me quiso recibir la plata, pero lo grabé’ y yo le pregunté a
Fox que qué había dicho Martín de eso y me dijo que había dicho que de todas
maneras con esa grabación lo apretaba si ganaba” Meche Mendivelso afirmó
que había decidido rendir testimonio porque se estaba cometiendo una injusticia
contra dicho mandatario y contra el pueblo de Casanare.
Igualmente, la
resolución da testimonio del rendido por Edans Giovanni, que dice haber
instalado la cámara de video por instrucciones de Henry, alias Fox, haber sido
recogido para la filmación a las 4 de la mañana y haber recibido a Santiago
Marín, después de lo cual llegó el candidato a la gobernación. Al entrar, cerró
la puerta, entró en la habitación y se asomó a la ventana, hizo funcionar la
cámara y en esas estuvo 15 o 20 minutos, tras lo cual salieron Fox y el
candidato, dio la vuelta y salió al pasillo, observando que el candidato
discutía con Fox, abrió la puerta y salió molesto, entonces Fox le dijo “este
hijueputa se me machirió pero lo llevo por dentro pues le tengo el video”,
que entonces el candidato salió se subió al carro y “en el piso había una
bolsa con un dinero que era para el señor Miguel Ángel y creo que fue por ese
dinero que el señor Miguel Ángel salió emputado…”. Reconoció que Fox le
había entregado el dinero, que después miró en el piso.
Tras relatar el
contenido del material probatorio obrante al expediente –documental,  pericial
e inspecciones-, la Fiscalía resume el contenido de la indagatoria en la que, “al
preguntársele si identificaba como esa reunión la que aparecía grabada en el
disco compacto existente en el proceso, respondió que sí lo era, pero que no
conocía al sujeto Josué Darío Orjuela Martinez, y dudaba que hubiera estado en
ese lugar; que había aceptado esa reunión porque confió en el doctor Santiago
Marín y no había razón para tener prevenciones sobre el lugar, puesto que allí
vivían muchos profesionales”.
La Fiscalía
procede enseguida a la valoración de las pruebas obrantes al proceso. En su
estudio, aborda la problemática del delito paramilitar en la zona del Casanare
y da por probada la reunión que sostuvo Miguel Ángel Pérez Suárez con un
individuo que le ofreció una suma de dinero para su campaña a la gobernación,
en una casa en el barrio Colina Campestre de Yopal, a la que se dirigieron a
las 5 de la mañana, persona que resultaría ser Luis Martín Sacristán Romero,
alias Fox, quien luego fuera asesinado en Guaduas, Cundinamarca.
Somete a
análisis el testimonio de Josué Darío Orjuela Martínez, (a) Solín,  quien
-actualmente recluido- decidió colaborar con la justicia para obtener
beneficios y que dijo haber organizado la filmación de la reunión a ordenes de
Fox. Reconoce igualmente que los hechos fueron admitidos en la indagatoria por
Pérez Suárez, para quien la procedencia de los dineros se supo cuando había
puesto la plata en la bolsa, no antes, por lo que dejó el paquete en el piso,
luego de haberse enterado de que la reunión había sido filmada y quien sostuvo
que la persona que lo recibió fue conocida como Henry González, no como Luis
Martín Sacristán.
La Fiscalía
analiza detenidamente la versión de Josué Orjuela Martínez –Solín- y de los
declarantes Meche, Martínez y Correa y establece que las mismas son creíbles
por provenir de un miembro del grupo criminal, por la concordancia y porque ni
benefician ni perjudican a los involucrados. Además, porque la declaración de
Solín coincide en circunstancias de tiempo, modo y lugar con la del procesado,
y porque no es un relato vago, sino preciso, concreto y circunstanciado. El
hecho de que haya decidido no colaborar más con la justicia no implica que lo
dicho precedentemente fuese falso. Posteriormente, analiza la versión del ex
gobernador, antes que nada en cuanto a su valor intrínseco,  y descalifica como
inverosímil que una persona de sus condiciones hubiera aceptado reunirse en
esas circunstancias con alguien conocido. Lo anterior se suma al hecho de que
en esta oportunidad, a diferencia de su candidatura de 2000, no se hubiera
retirado por las mismas presiones.
La Fiscalía
relata inconsistencias de la versión de Pérez Suárez, en cuanto a las personas
que iban a reunirse con él y al hecho de que quien lo recibió fuera una
personas “conocida”, a la que apenas habría visto tres o cuatro veces, con la
cual no habló de la contraprestación que correspondía por el dinero recibido,
lo cual hace inverosímil la explicación del acusado y del hecho de no haberla
denunciado públicamente.
Para la
Fiscalía, la versión de Pérez Suárez se encamina a acomodar los hechos a la
grabación aportada por Solín –Orjuela Martínez-, en la que aparecen las
imágenes incriminatorias a que se ha hecho referencia. No obstante, antes de
proceder con el análisis de la grabación, la Fiscalía se refiere al reproche de
ilicitud esbozado por la defensa y coincide con ésta en que la prueba obtenida
con violación de las normas procesales y de los derechos fundamentales debe ser
expulsada del proceso.
Sin embargo, en
relación con la prueba concreta de las diligencias, el Fiscal indica que la
prueba ilícita debe estudiarse a partir de dos perspectivas: una cronológica y
otra causal o material. Respecto de la primera, pueden evidenciarse dos tipos
de ilicitudes: la intraprocesal y la extraprocesal. En cuanto a la primera, es
aquella que ocurre por deficiencias de aducción de la prueba dentro del
proceso. La segunda hace referencia a pruebas adquiridas por fuera del proceso,
que luego son allegadas al mismo. Respecto de ambas es posible hacer el
análisis material, que se refiere a si la prueba está prohibida por la ley, es
irregular o defectuosa o fue practicada con violación del derecho a la
intimidad.
La grabación fue
allegada sin las ritualidades procesales, pero ello no la hace contraria a ley,
pues se trata de una aportación extraprocesal, que fue obtenida por un
particular y no debía agotar la ritualidad que corresponde a los funcionarios
judiciales. Desde el punto de vista causal o material, dicha prueba tampoco es
ilegítima, pues la grabación no vulneró la órbita privada de Pérez Suárez, ya
que, como se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta se
refiere a la vida privada del sujeto y no puede cubrir la comisión de conductas
ilícitas, como la que en el caso quedó registrada en el video. Adicionalmente,
su contenido fue reconocido por el propio incriminado, por lo que constituye
verdadera prueba que al ser sometida a valoración pericial arrojó resultados de
los cuales se obtiene información relevante a la discusión.
Luego de
despachar el tema de la licitud de la prueba, la Fiscalía analiza el contenido
de la filmación y saca algunas conclusiones sobre la inverosimilitud de la
versión del demandante con el contenido de las imágenes, con la duración de la
grabación, con el hecho de que, dedicado a conversaciones sobre temas
generales, haya persuadido a su interlocutor de entregarle el dinero, por lo
que se infiere que el acuerdo estaba hecho de antemano. Igualmente, de que
después de la entrega hubiera permanecido más de 7 minutos en la mesa, tiempo
durante el cual Fox pudo haberle dicho cual era el origen de la plata. Esto
indica que Pérez Suárez sí tomó el dinero y no tuvo la actitud airada que dijo
asumir.
En la etapa
siguiente, la Fiscalía hace el estudio de los testimonios de otros declarantes,
entre los que figuran Edans Correa Parra, de cuya declaración dice que es
sospechosa y pretende favorecer al ahora tutelante, pues así lo indican ciertas
contradicciones con la versión de Pérez Suárez, como el hecho de que el primero
sostuviera que el candidato salió rápidamente, muy molesto de la reunión, y el
propio candidato hubiera dicho que durante la discusión él reclamó la celada,
Fox trata de tranquilizarlo, le indica que ha sido grabada la conversación, lo
invita a reflexionar amigablemente y le advierte sobre los problemas que
traería dicho documento para su campaña política. Igualmente, dice la Fiscalía,
dicho testigo no podía saber que la bolsa estaba llena de dinero, que ese
dinero era para Pérez Suárez y que fue por esa razón que salió enojado, cuando
las declaraciones en ese sentido las hizo espontáneamente, sin preguntársele al
respecto. Esas declaraciones y otras posteriores le indican a la Fiscalía la
intención del testigo de referirse a como diera lugar al hecho de que Pérez
Suárez no se llevó el dinero. La descalificación, dice el organismo de
instrucción, también proviene del hecho de que el testigo suministró demasiados
detalles sobre la actividad de Fox, cuando para la época el testigo no era
miembro de las autodefensas. Por todo lo anterior, la Fiscalía acepta que el
testimonio es legítimo en cuanto a que da cuenta de la presencia del individuo
en el sitio, pero no en cuanto a los hechos que se refieren a la recepción del
dinero.
La Fiscalía
emprende luego el estudio de los testimonios que secundan la versión de Pérez
Suárez y encuentra contradicciones en lo dicho por los testigos, inicialmente
en cuanto al sitio en el que ocurrió la discusión entre alias Fox y el
candidato a la gobernación; seguidamente en cuanto al número de personas que
dicen que acompañaban al ex gobernador, y en otro sentido, respecto de la forma
en que el ex gobernador abandonó el lugar de los hechos. Adicionalmente,
encuentra descrédito en las pruebas al encontrar en los testimonios frases
espontáneas, sin pregunta previa, que favorecen al sindicado, referidas
precisamente al hecho de la recepción del dinero.
Para la Fiscalía
tampoco tiene credibilidad la versión de José Ramiro Meche Mendivelso, en tanto
que el mismo da una explicación que a la Fiscalía le resulta claramente
parcializada, por el énfasis en refutar los argumentos de la acusación, pero no
estuvo presente en la reunión, por lo que se trata de un testigo de oídas.
Resulta igualmente discutible su versión, dado que la información que maneja,
según el modus operandi de dichas organizaciones criminales, no se pone
en conocimiento sino de cabecillas o personas muy importantes del grupo
criminal.
Hecho el
análisis de los testimonios, la Fiscalía concluye que hay motivo para presentar
la acusación, cosa que hace luego de tipificar la conducta del acusado como
enriquecimiento ilícito de particular.
c) Sentencia
de la Corte Suprema de Justicia
Mediante
Sentencia del 27 de julio de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia dictó sentencia condenatoria en contra del ex Gobernador del
Casanare Miguel Ángel Pérez Suárez.
Previo al fallo,
la Corte hace un breve resumen de los hechos, de las pruebas aportadas y de los
alegatos de la audiencia pública de juzgamiento. En ese contexto, relata cómo
la fiscalía se reafirma en sus argumentos sobre la responsabilidad penal de
Pérez Suárez, sobre la fiabilidad de los cargos de imputación y de los
testimonios de cargo, sobre la falta de credibilidad de los testimonios que secundan
la versión del acusado y sobre la licitud de la prueba. El fiscal pone a
consideración de la Sala Penal una retractación de Orjuela Martínez.
Igualmente, la
Corte reseña la intervención del Ministerio Público, la cual resume en tres
apartes fundamentales: el ingreso de los dineros a la campaña, la ausencia de
prueba de la devolución y la licitud de la prueba de video. En ese orden,
considera creíbles las versiones de la acusación y solicita descartar la
retractación del denunciante, por considerarla retaliatoria frente a la no
recepción de los beneficios penales ofrecidos por el Estado. Considera que la
grabación no es ilícita porque aun cuando en los hechos está involucrado el
derecho a la intimidad, el mismo no es absoluto. Con ese propósito, señala que
se trataba de una reunión pública, que su constitucionalidad es indiscutible a
partir de los fines del estado social de derecho y que su utilización no es
ilícita, razón por la cual no es contraria a la Carta Política. Dice que los
testimonios del camarógrafo, de Martha Janeth, de Edgar Santiago Marín y Nelson
Mariño no dan cuenta de la devolución del dinero y no merecen credibilidad por
el interés manifiesto de favorecer al acusado. Igualmente solicita no tener en
cuenta la prueba del polígrafo, por falta de certeza sobre su recepción y
resultado. Finalmente, dice que el testimonio de Meche Mendivelso no le ofrece
credibilidad.
-Intervención de la defensa
La Corte resume
la intervención del procesado, Miguel Ángel Pérez Suárez;  resalta que el acusado
hizo referencia a las circunstancias que produjeron su retiro de la campaña de
2000 y al hecho de que las condiciones para hacer política en el Casanare son
especiales; que no arregló la reunión a la cual fue invitado, que perdió las
elecciones en los municipios dominados por Martín Llanos y que Santiago Marín
fue quien le habló de la reunión y se encargó de realizarla.
El procesado,
según el resumen de la Corte, pone en entredicho que Santiago Marín sea alguien
recién llegado a la región, ya que lo conoce desde 1993; sostiene que aceptó la
reunión por la confianza con las personas del entorno, que la duración de la
entrevista fue normal y que la casa no estaba ubicada en un paraje. Dijo el ex
gobernador que se entristece de que lo equiparen con un delincuente, pues ha
procurado ser siempre un buen ciudadano; que los seis minutos que permaneció
luego de recibir el dinero fueron usados para coordinar una nueva reunión, que
está acostumbrado a trabajar desde temprano, como la gente del llano, y que no
denunció el hecho porque en administraciones anteriores fueron asesinados
varios funcionarios.
Dice que no
renunció a la campaña porque sólo faltaban 8 días para las elecciones y porque
la política de seguridad democrática del gobierno permitía el sometimiento de
las organizaciones criminales de la zona.
Finalmente, el
procesado señaló que el video era un acto criminal, realizado con un propósito
igualmente criminal, luego de lo cual se refirió a la reunión que sostuvo con
los alcaldes del departamento y a la exposición que le hizo al Presidente de la
República sobre los actos de intimidación por parte de las autodefensas de
Martín Llanos.
El apoderado
judicial de Miguel Ángel Pérez sostiene que la Fiscalía no suministró
suficientes elementos de prueba que permitieran predicar la existencia del
delito. Señala que la prueba de cargo se basa únicamente en el testimonio de
Darío Orjuela Martínez y en documental preconstituida del video. Ésta, a su
juicio, es ilegal, pues no cumple con los presupuestos fijados por la Sala al
haber sido aportada con violación del derecho fundamental a la intimidad de los
intervinientes. Dice que quien llevó a cabo la filmación no autorizó su
divulgación, por lo que se violó el derecho a la intimidad de los
interlocutores, que no autorizaron su publicación. Precisa que la
jurisprudencia ha admitido este tipo de pruebas cuando son recaudadas por la
propia víctima, cual no es el caso. Del mismo modo que la Corte Constitucional
excluyó la prueba en la Sentencia SU-159 de 2002, por haber sido obtenida sin
autorización de quienes fueron grabados, debe proceder la Corte Suprema en este
caso. En el evento del señor ex gobernador, quien hizo la grabación no es la
víctima, sino el sujeto provocado a cometer el delito, y el video fue entregado
por un tercero, además de que lo fue con fines extorsivos.
Así, la
grabación no se la usa para investigar la organización integral, sino al
acusado, por lo que el aparato de justicia fue usado como elemento de extorsión
al ex gobernador. En este sentido, la defensa está en desacuerdo con el
Ministerio Público, pues sostiene que su tesis avala la violación de los
derechos fundamentales, como en los regímenes autoritarios.
De igual manera,
sostiene que se aplicó un criterio selectivo pues el aporte del documento no
garantizó la cadena de custodia y no fue posible señalar la autenticidad de la
prueba. Dice que el video tiene visos de ilegalidad porque quien lo aportó lo
entregó a los medios de comunicación, se ignora si es original o editado, no
tiene audio y no se sabe si es copia fiel del original.
Al respecto,
indica que el video no estaba en poder de Orjuela Martínez cuando fue
capturado, lo que significa que le fue entregado por un tercero, quien también
lo envió a los medios de comunicación, por lo que Orjuela Martínez no actuaba
sólo y su intención no era la de ayudar a la justicia, por lo que tampoco
estuvo en la reunión. Como no se supo qué pasó desde la filmación hasta el
conocimiento del video, y al no existir una aceptación de su genuinidad, la
única versión que queda es la de Pérez Suárez.
Luego de
considerar inescindibles las pruebas, el defensor agrega –según el recuento de
la Corte Suprema- que el testimonio de Orjuela Martínez y que el escrito
presentado no es suyo, pues tiene un error, y nadie según las reglas de la
experiencia se equivoca al escribir su nombre. Además, indica que Fox no fue
interlocutor de las autodefensas, y que la hora de reunión no coincide, por lo
que quien preparó el libreto se equivocó en el lugar de la bolsa, en el acto de
contar el dinero y en el número de los asistentes. El abogado encuentra
incomprensible que Orjuela Martínez se haya negado a reconocer al camarógrafo
en las fotos y que en la prueba trasladada haya negado los hechos. Descalifica
el interrogatorio de la fiscalía por considerarlo lleno de prevaloraciones y de
no considerar ciertos testimonios por estimarlos cercanos al gobernador.
Finalmente,
sostiene que la indagatoria de Pérez Suárez es creíble en cuanto a la necesidad
de recoger el dinero en sitio distinto a la campaña, dado que la misma estaba
en su tramo final, y en cuanto a que la casa en que tuvo lugar la reunión no
estaba en un paraje, además de que no denunció el hecho porque en las
elecciones pasadas nada había pasado. El defensor no se explica por qué no se
le dio credibilidad a los testimonios que favorecieron a Pérez Suárez y
discrepa de la forma en que fue rechazada la prueba del polígrafo. Termina
sosteniendo que el montaje se justificó en la medida en que Pérez Suárez nunca
accedió a las presiones de los grupos paramilitares.
-Consideraciones de la Sala de Casación Penal
El primer punto
al que dedica el análisis la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es el de
la licitud de la prueba de video. A juicio de la Corporación, la prueba
aportada con violación del debido proceso o los derechos fundamentales no tiene
eficacia jurídica. No obstante –agrega- la jurisprudencia de esa Corporación ha
dicho que la prueba de grabación resulta ilegítima cuando quien graba la voz es
un tercero ajeno, es decir, la persona que graba la voz o la imagen “sin que
quienes intervienen en la misma hayan expresado su consentimiento, en todos
aquellos casos en que no se requiera de autorización previa de las autoridades
encargadas para disponerlas”. Por ello, dice la Corte, no pasa inadvertido que
el titular del derecho a la intimidad puede renunciar a ese derecho cuando
media el consentimiento del interviniente para que sea grabada, filmada o
interceptada una conversación que se sostiene.
La Sala precisa
que, salvo cuando se requiere orden de autoridad judicial, la grabación,
interceptación de la voz o la imagen es viable jurídicamente como prueba,
cuando exista o se exprese el consentimiento de todos los que intervinenen en
el acto grabado, predicándose como excepción de lo afirmado el evento relativo
a la preconstitución de prueba cuando se es víctima de un delito y la obtención
de la respectiva información comporta fines judiciales probatorios.
Por ello, dice
la Sala, Luis Martín Sacristán Romero, o Henry González, Alias Fox, contrató
los servicios de un tercero para que filmara el desarrollo de la reunión que
tendría lugar con Pérez Suárez, con el propósito que quedara el registro de la
ayuda económica supuestamente entregada a nombre de unos ganaderos. Así pues,
antes de su divulgación, “no sólo el consentimiento de uno de los
intervinientes para que se efectuara la grabación, sino que el mismo acusado
conocía de su existencia, sin que hubiera formulado reparo judicial luego de
ser enterado sobre las consecuencias de ponerla en conocimiento de la opinión
pública”.
En cuanto a los
vicios de legalidad del video, la Corte Suprema advierte que la grabación fue
aportada por quien elevó la denuncia desde el momento en que solicitó ser oído
por la Fiscalía, por lo que debió ser aportada según las ritualidades del
artículo 259 de la Ley 600 de 2000. No obstante, según lo dispone el artículo
262, cuando el sujeto procesal contra el cual se aduce el documento no
manifiesta su inconformidad con los hechos o las cosas que se expresan en él,
el documento se presumirá auténtico.
Para enmendar el
error de la aducción y la autenticidad del video, “la Fiscalía en el curso
de la indagatoria preguntó al doctor Pérez Suárez si en la reproducción del
video identificaba la reunión a la cual se venía refiriendo, quien después de
su exhibición total se limitó a manifestar que ‘esa es la reunión señor
fiscal’, sin que en dicha oportunidad ni durante el desarrollo de la
investigación hubiera mostrado inconformidad con los hechos vistos en él, razón
por la cual el mismo debe presumirse auténtico”.
Por lo anterior,
considera la Sala que los reparos acerca de la ilicitud y legalidad de la
prueba documental carecen de fundamento, ya que ninguna manifestación en
relación con ella hizo el inculpado o su apoderado al momento de reproducción o
de terminación  de ella, lo cual no impide advertir que lo registrado podía
demostrarse a través de otros medios de prueba –testimoniales- como así se hizo
en el curso de la investigación.
La Corte resalta
entonces que incluso si en el expediente no hubiera sido incluida la prueba
documental del video, del contenido de los testimonios habría podido llegarse a
la misma conclusión de la sentencia, ya que la reunión en la casa de la
urbanización La Colina Campestre de Yopal y la recepción en ella del dinero,
son hechos demostrados y aceptados por el mismo acusado. Por ello, la
eliminación en el proceso carece de la importancia que le atribuye la defensa.
Ahora bien, en
el análisis de la prueba testimonial, la Corporación reconoce que el testigo de
cargo es Josué Darío Orjuela Martínez, detenido por la Fiscalía General de la
Nación, que sostuvo haber sido comisionado por las autodefensas de Martín
Llanos para entregar 500 millones de pesos al candidato Miguel Ángel Pérez
Suárez, en la casa 39 de La Colina Campestre, a través de Luis Martín
Sacristán, alias Fox, posteriormente muerto en Guaduas, reunión que fue filmada
y de la que tenía conocimiento el ex gobernador. Orjuela Martínez sostuvo que
la reunión fue a las 7 de la noche, y que a la misma llegó el gobernador
acompañado de sus escoltas en una camioneta; dio los apodos de las persona que
hizo la filmación y precisó que en 2003 Martín Llanos se reunión con Pérez
Suárez y señaló que los 500 millones eran para completar los mil millones
convenidos. Orjuela Martínez mantuvo invariable su versión, pero
posteriormente, tras aceptar que Fox se encargó de contratar a la persona que
filmó la reunión, se negó a reconocer la fotografía de quien afirma haberla
realizado. Luego de lo mismo se negó a seguir colaborando con la fiscalía por
el supuesto incumplimiento de proteger a su familia.
La Corte admite
que la versión de Orjuela Martínez merece credibilidad en cuanto a su contenido
y a la forma en que sostiene haberlos percibido, por lo que su idoneidad no
pueden discutirse. Sostiene que la relación entre su testimonio y el video es
evidente, como también lo fue el propósito de las autodefensas de hacer aportes
a la campaña, el lugar de la reunión, la existencia de fox, etc., lo que obligó
a Pérez Suárez a admitir los hechos consignados en el video luego de haberlo
visto en su totalidad en la indagatoria.
Precisa que el
testimonio del referido Orjuela da cuenta de la intención de las autodefensas
de inyectar dinero a la campaña de Pérez Suárez, hecho que se materializó en La
Colina Campestre cuando el procesado recibió el inusual aporte de 100 millones
de pesos, dadas las dificultades de la campaña.
Tras resumir de nuevo
la versión del procesado, cotejándola con la de sus colaboradores de campaña,
la Sala encuentra que aquella no es creíble ni coherente con sus afirmaciones
de repudio vertical a los grupos armados ilegales. Para la Sala, los vínculos
de Pérez Suárez con la región y su conocimiento de la zona y de la realidad
local son motivos para juzgar que sabía y conocía la intención de Martín Llanos
de hacer aportes a las campañas con la contraprestación burocrática
correspondiente. Por ello no se explica la Corte cómo, a pesar de haber sido
retenido en 20003 por las AUC, en donde le recordaron el compromiso de apoyar
las negociaciones con el Gobierno Nacional, y luego de haber sido conminado en
Monterrey a no adelantar un acto político hasta no reunirse con Martín Llanos,
asistiera sin ninguna averiguación a la reunión que los supuestos ganaderos
organizaron para darle el dinero.
A partir de
dicha consideración es posible afirmar que Pérez Suárez sabía que la ayuda
económica ofrecida provenía de un grupo armado ilegal y aceptó el dinero
voluntariamente, hecho que corrobora la grabación allegada al proceso y el
comportamiento posterior del acusado.
Partiendo del
hecho de que el video no fue editado, pues en la exhibición el inculpado no
hizo alusión a ninguna supresión, o agregación de imágenes, y que la duración
del mismo (22:56) coincide con lo señalado por el propio acusado, la grabación
muestra una reunión cordial en la que, tras recibir el dinero, el receptor
permanece alrededor de siete minutos dialogando con el representante del grupo
ilegal.
De ello se
infiere, dice la Corte, que Pérez Suárez conocía a su interlocutor, siendo
inadmisible que en ese tiempo cuadraran una nueva reunión, pues la campaña
llegaba a su fin y no cabía en la agenda que debía cumplir en el cierre de la
misma. El inusual monto del aporte era un hecho que no podía pasar
desapercibido para  el candidato, de modo que es incomprensible –dice que la
corte- que lo aceptara en razón de sus deudas y sin preguntar por la persona en
cuyo nombre se hacía la donación.
El hecho de que
fuera oriundo y conocedor de la región, con amplia trayectoria política, hace
inaceptable que hubiera aceptado la donación de ganaderos que no conocía y que
no hubiera sospechado de su procedencia. Igualmente, resultaba inusual que la
reunión tuviera lugar a las afueras de Yopal y al amanecer, por lo que todo
debió levantar la sospecha del acusado. Además, dada la sospechosa oferta, ha
debido adoptar las medidas necesarias que no dejaran la menor duda sobre la
procedencia de recibir el dinero. Al no actuar así era porque conocía de su
origen. Y si el aporte era de ganaderos, resultaba insólito que no hubiera
preguntado por sus nombres, puesto que su posición social y política en el
departamento habrían hecho posible su identificación. Por ello la Corte no
acepta que el experimentado político hubiese admitido la reunión en horas no
propicias y con personas desconocidas y que al llegar al sitio acordado no se
hubiera abstenido de ingresar cuando se le hizo saber que la reunión era
privada, ni que permaneciera en ella ante un solitario interlocutor del que
nada o poco sabía.
Estas
circunstancias descalifican las versiones de los testigos de descargo, que
además siendo colaboradores del procesado, intentaron favorecerlo desde un
principio –agrega la Corte-. En efecto, es inusual que Pérez Suárez sólo
hubiera respondido airado a la reunión frente a quienes lo acompañaban, puesto
que frente a un hecho de esa gravedad, lo mínimo que se esperaba es que
denunciara la celada ante las autoridades. Ante la inminencia de las
elecciones, nada tenía que perder, y antes habría incrementado su capital
político. Por ello no se entiende cómo sólo después de un año de ocurridos los
hechos, el hoy tutelante afirmara que la denuncia y el video son un montaje de
Martín Llanos. Y si las circunstancias eran distintas a las vividas en la
política del departamento en el año 2000, con mayor razón dejaba de existir
obstáculo para denunciar el hecho.
Adicionalmente,
no es explicable que frente al monto de la donación, que representaba las dos
terceras partes del costo de su candidatura, el aspirante hubiera dejado de
indagar por las personas que hicieron el aporte. A ello se suma -agrega la
Corte- que según la experiencia, quien hace un aporte a una campaña política
espera una retribución del candidato ganador, por lo que se impone al candidato
conocer la identidad de quien dio el dinero, cosa que omitió hacer Pérez
Suárez, por lo que se deduce que él conocía el origen del aporte. Una oferta
hecha en las condiciones relatadas no se hace sin previamente conocer el nombre
del donante o de la agrupación que la hace y los propósitos que la orientan.
Por demás, la oposición pública del gobernador a los grupos ilegales se vio
probada, pero en las reuniones con autoridades públicas nunca denunció los
hechos aquí alegados.
De las versiones
de los alcaldes, que confirman las presiones paramilitares, no se deriva la
prueba de restitución del dinero; por el contrario, confirman la cautela con
que debían actuar los candidatos en el escenario de las presiones de los grupos
armados. Para la Corte, las pruebas indican que la reunión fue acordada sin
presiones al candidato, por lo que no vale aducir la supuesta celada de que fue
víctima. Advierte al respecto que las deficiencias del testimonio de Orjuela
Martínez no alcanzan a minar su credibilidad, pues se refieren a su propia
actividad criminal, no a los detalles de la reunión. La inconsistencia de la
hora en que señaló que se llevo a cabo la reunión carece de importancia porque “lo
que prueba el video es su realización, ya que técnicamente no pudo establecerse
nada distinto de la afirmación del perito de observar en las imágenes finales
una mayor claridad en uno de los ventanales en la medida en que avanzaba su
proyección”.
En cuanto a los
testimonios de Edans Correa Parra, José Ramiro Meche Mendivelso y Henry
Martínez Gutiérrez, la Corte decide descartarlos por ser testimonios generales
o que provienen de terceros, como es el caso de los dos últimos, o afirmaciones
generales que carecen de fuerza probatoria. Con ellos se reitera la celebración
de la reunión, la concurrencia del acusado, la intención de los paramilitares
de influir en las campañas políticas, pero a Meche Mendivelso y a Martínez
Gutiérrez no pudo constarles nada de la reunión porque no estuvieron presentes,
como Correa Parra alude deliberadamente a circunstancias que Orjuela Martínez
no refiere, con la única intención de favorecer al inculpado.
Finalmente, la
Corte decide no dar validez a la retractación de Orjuela Martínez, quien
sostuvo haber sido contactado por gente de Martín Llanos para perjudicar a
Pérez Suárez, por considerar que aquél procedió de tal manera ante los
beneficios que concede la ley de justicia y paz. “La Sala puntualiza que la
misma intención de obtener beneficios por colaboración con la justicia que
llevó a Orjuela Martínez a denunciar los hechos ante la Fiscalía, no puede
ahora ser fundamento serio de su retractación. Esta sola razón se ofrece
suficiente para desestimar la versión conforme con la cual la denuncia se hizo
con el propósito de perjudicar al doctor Pérez Suárez”.
La Sala
recapitula diciendo que está probada la reunión, la entrega del dinero y el
conocimiento inmediato de la existencia del video por parte del acusado, y que
una celada en las condiciones anotadas por el ex gobernador no resulta creíble,
dado el conocimiento que de la zona y las condiciones de seguridad de la región
debía tener Pérez Suárez, a lo que se suma la falta de denuncia del hecho. Si
el doctor Pérez hubiera asistido desprevenidamente a la reunión –agrega la
Corte-, ante la cuantiosa suma entregada por lo menos habría preguntado el
nombre y “ubicación de sus generosos oferentes, para agradecerles la ayuda
económica a su proyecto político”, pues en materia electoral las cosas son
diferentes a como se ven en el comercio, pero no por ello dejan de existir
reglas para la recepción de donaciones, todavía más en una región con tantos
problemas de orden público.
“Para la Sala
es evidente –dice- que el doctor Pérez Suárez
acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación
con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte
económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares,
como actuó con conocimiento y voluntad de ese hecho su comportamiento es
doloso”.
Hecho el
exhaustivo resumen de las providencias que son objeto de debate, procede la
Sala a determinar la existencia de las causales específica de procedencia de la
tutela denunciadas por la demanda. El estudio de las causales de procedencia no
se hará, sin embargo, en el orden expuesto por el demandante, sino en el que la
Sala considera conveniente para efectos metodológicos.
5. Supuesta
vía de hecho por falta de motivación de las providencias demandadas
En el cuarto
reproche que ha sido indicado, el demandante sostiene que las providencias
acusadas son decisiones sin piso jurídico ni argumentación sólida, que
solamente constituyen providencias judiciales en apariencia, pues no existe una
motivación real del fallo, sino una lucubración retórica del mismo.
A su juicio,
pese al amplio despliegue de consideraciones, los despachos acusados no
justificaron de manera real la existencia del delito endilgado a Pérez Suárez.
Respecto del
defecto sustantivo referido, que la jurisprudencia de la Corte denomina falta
de motivación de la decisión judicial, esta Corporación ha dicho que la acción
de tutela procede cuando la providencia respectiva carece del fundamento
jurídico y fáctico que permita identificar las razones por las cuales la
decisión ha sido adoptada.
En relación con
la obligación de sustentación y motivación de las decisiones judiciales, la
Corte ha dicho que, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley 270 de 1996,
la sustentación de los argumentos que llevan al juez a proferir sus decisiones
resulta crucial en el ejercicio de la función jurisdiccional. Al respecto, la
Corte Constitucional dijo en la Sentencia C-037 de 1996 que:
“… no cabe duda que la más trascendental de las atribuciones
asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional
de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma
oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los suje1tos procesales someten
a su consideración (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como
acertadamente se dice al inicio de la disposición que se revisa, que sean
analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e,
inclusive, que se expliquen en forma diáfana, juiciosa y debidamente
sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los
cargos que fundamenten el caso en concreto”. (Sentencia C-037 de 1996 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) (subrayas fuera del original)
A propósito del
tema, la Corte también ha dicho que la necesidad de motivación de los fallos
garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el
conflicto jurídico previsto, lo cual, en ultimas, contribuye al respeto del
debido proceso, pues fomenta que nadie sea “juzgado sino conforme las leyes
preexistentes al acto que se le imputa” (Art. 29 C.P.). En esos términos,
la motivación de los actos jurisdiccionales constituye pilar fundamental en el
esquema de proscripción de la arbitrariedad judicial y garantiza, como ninguna
otra herramienta, la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior
control de la providencia. Sobre el particular la Corte enfatizó:
“La función del juez radica en la definición del derecho y uno de
los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin
excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La
obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la
autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos,
con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en
la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple
voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada
conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo”. (Sentencia
T-259 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
Y en otra oportunidad señaló:
“Si la principal obligación de los jueces consiste en motivar sus
decisiones aduciendo las razones de hecho y de derecho que le permiten arribar
a la decisión que ponga fin a la controversia planteada, motivación que no sólo
permite a las partes conocer los fundamentos que tuvo el juzgador para llegar a
una conclusión determinada, sino el mecanismo a través del cual se busca
erradicar la arbitrariedad del Estado, la Sala Disciplinaria de Consejo de la
Judicatura, en el caso en análisis, estaba en el deber jurídico  de fundamentar
su decisión, especificando  cuál era la relación que, en su entender, existía
entre el hecho investigado y las funciones que constitucionalmente está
obligado a cumplir el Ejército Nacional, para diferir en la jurisdicción
militar la competencia para adelantar el proceso penal por el homicidio de la
señora B[…]”. (Sentencia T-806 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
Ahora bien, la motivación suficiente de una decisión judicial es un
asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias
respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una
motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además,
en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica
de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce
que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos
específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia
en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad.
“De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el
sistema jurídico, mediante la aplicación de sus reglas a las circunstancias de
hecho sobre las cuales haya recaído el debate jurídico surtido en el curso del
proceso y la evaluación que el propio juez, al impartir justicia, haya
adelantado en virtud de la sana crítica y de la autonomía funcional que los
preceptos fundamentales le garantizan.
“Una cosa es el margen de interpretación y razonamiento que tiene
todo juez al proferir sus providencias, y otra bien distinta la arbitrariedad
que pudiera permitirle resolver sin hacer explícito el porqué de su resolución”.
(Sentencia T-259 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (subrayas fuera
del original)
Hechas las
precisiones anteriores y analizado el caso a la luz de sus conclusiones, esta
Sala de Revisión considera que las providencias demandadas por el ex gobernador
no incurren en el aludido defecto de falta de motivación.
En primer lugar,
en relación con la Resolución de definición de situación jurídica dictada por
la Fiscalía General de la Nación el 22 de diciembre de 2004, se tiene que la
decisión fue adoptada previo análisis del material probatorio allegado al
expediente. De acuerdo con dicho análisis, la resolución encontró que las versiones
de los hechos se agrupaban en dos: la primera, que advertía sobre el
conocimiento de la procedencia de los dineros y la segunda, fundada en la
ignorancia de dicha procedencia. En dicha oportunidad, la Fiscalía adujo que
las reglas de la sana crítica y de la experiencia le indicaban al ente
investigador que la versión creíble era la del denunciante, Orjuela Martínez,
pues las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos,
que no fueron negados en lo fundamental por el demandante, hacían poco creíble
la excusa de que el mismo desconocía los móviles de la reunión y la identidad o
calidad de los sujetos que pretendían hacer la donación a la campaña.-
La argumentación
de la Fiscalía se funda, además, en la regla de la experiencia según la cual,
nadie entrega nada a cambio de nada, de lo cual infiere, previo a considerar
que Pérez Suárez era persona fogueada en la actividad política del
departamento, que éste no era ingenuo a los propósitos de la entrega del
dinero.
Los motivos de
la Fiscalía se ven cotejados con el contenido de la prueba videograbada –de
cuya licitud no es pertinente hacer mención por ahora -, de acuerdo con la
cual, la duración de la reunión que sostuvo Pérez Suárez con su interlocutor
hace pensar que la entrega estaba previamente pactada y que el demandante se
contradijo al advertir que había salido inmediatamente recibió el dinero. Del
mismo modo, el señor Fiscal estima que no hay motivos para desconfiar del
testimonio de Orjuela Martínez, porque no existía una razón evidente para
perjudicar al ex gobernador, al tiempo que delata las contradicciones entre la
versión del imputado y los testigos de descargo, de las cuales infiere que son
sospechosos.  Para la Fiscalía, la relación personal de los testigos y las
contradicciones internas de sus declaraciones impiden darles la credibilidad
adecuada.
Del breve
resumen de la providencia esta Sala entiende que el funcionario de instrucción
no omitió su deber de sustentación de la providencia, tal como lo sugiere el
actor. De hecho, el estudio de las pruebas y de los testimonios, el cotejo de
su contenido con las piezas procesales y las razones que aduce para sacar sus
conclusiones demuestran a las claras que la decisión de dictar medida de
aseguramiento tiene un fundamento fáctico suficientemente demostrable. La Sala
encuentra que la providencia atacada efectivamente hace un análisis de las
piezas procesales y dice, explica y justifica por qué le da credibilidad a unas
y por qué descarta otras. Las razones, independientemente de que el actor esté
en desacuerdo con ellas, fueron expresamente manifestadas y son racionales y
fundadas.
Situación
similar ocurre con los fundamentos de la Resolución del 30 de septiembre de
2005, por la cual la Fiscalía decidió acusar al señor Miguel Ángel Pérez  por
el delito de enriquecimiento ilícito de particular.
En dicha
providencia, la Fiscalía retoma la síntesis de los testimonios recogidos
durante la instrucción y explica, ya con precisión, por qué descarta ciertos de
ellos, atendiendo a que se trata de testigos de oidas. Tras cotejarlos con la
indagatoria rendida por Pérez Suárez, la Fiscalía señala la razón por la cual
le merecen credibilidad y resalta las inconsistencias que percibe en las
distintas versiones recaudadas. Adicionalmente, la Fiscalía analiza las
circunstancias específicas del denunciado, su posición social y política, e
infiere por dichas circunstancias las consecuencias de haber aceptado la
reunión para recibir el dinero por parte de sujetos desconocidos.
En esta
providencia, la Fiscalía indica las razones por las cuales considera que la
grabación no es ilegítima y que puede ser valorada en el proceso, pese a las
deficiencias de aportación que fueron detectadas. Habla de la posibilidad de
habilitar la prueba incriminatoria a partir de la aceptación de su contenido
por parte del acusado. Así, tras agotar el tema de la licitud de la prueba,
analiza su contenido y extrae otras conclusiones a partir de los hechos
registrados en el video.
Con
posterioridad, la Fiscalía sienta las razones por las cuales no le merece plena
credibilidad el testimonio de Edans Correa Parra, persona que estuvo presente
en la filmación del video, dada su inconformidad con el relato de Pérez Suárez
y la presunción de hechos de los que dicho testigo no tenía manera de conocer.
El análisis incluye la revelación de ciertas inconsistencias en las versiones
de los testigos que apoyan la versión del ex gobernador, entre ellas, datos
circunstanciales de modo, tiempo, lugar y personas que no coinciden.
Desde la
perspectiva analizada, la Sala tampoco encuentra la deficiencia argumentativa
que alega el tutelante. Efectivamente, repasado con detenimiento el análisis
hecho por la Fiscalía, esta Corporación entiende que la decisión de acusación
sí se vio suficientemente fundamentada. El estudio del organismo de instrucción
incluye la relación de los testimonios recaudados, una valoración de las
circunstancias que le merecen credibilidad y un análisis de los indicios, a
partir de las contradicciones de ciertas versiones. En ese sentido, la Sala no
llega a la misma conclusión del demandante y finalmente no puede advertir que
en la providencia de resolución de acusación de la Fiscalía General de la
Nación exista un vacío de argumentación o motivación.
Igual conclusión
se extrae del contenido de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de
Justicia. En esta providencia, la Corte hace una nueva síntesis de los hechos y
de las pruebas aportadas al expediente. Igualmente, reseña las intervenciones
del procesado, de su agente judicial y del representante del Ministerio
Público.
Tras resumir las
intervenciones, la Corte Suprema estudia el punto de debate sobre la licitud de
la prueba. Sus razones explican por qué, a su juicio, la grabación de la
reunión en que habría participado Miguel Ángel Pérez Suárez es digna de ser
tenida en cuenta en el expediente y precisa, con posterioridad, que la
aceptación del contenido del video otorga legitimidad a dicho elemento de
convicción.
Con todo, la
Corte Suprema de Justicia explica cómo, independientemente del contenido de la
grabación, el análisis de los demás elementos probatorios habría llevado a la
misma conclusión. Para ello, explica el alcance de las versiones recaudadas en
el proceso, incluye el estudio de la indagatoria y una detallada reflexión
acerca de la incompatibilidad develada entre la oposición vertical del ex
gobernador frente al desempeño de los grupos paramilitares, su conocimiento de
la zona y de la política regional y su decisión, no desprovista de sospechosa
ingenuidad, de acudir a una reunión como la que le fue propuesta en horas de la
madrugada a las afueras de la ciudad. La Corte extrajo también algunas
conclusiones del contenido del video, relacionándolas con los hechos relatados
en los testimonios y principalmente en la indagatoria.
Los argumentos
de la Corte van desde la detección de incongruencias entre el contenido de los
testimonios hasta la formulación de preguntas relativas al desarrollo de los
acontecimientos, cuyas absurdas hipotéticas respuestas delatan la comisión del
delito imputado. Tal es el caso de los cuestionamientos a la falta de interés
del ex gobernador por conocer el origen de la donación, pese al monto
considerable de la misma. Al igual que la Fiscalía, la Corte Suprema refiere
las razones por las cuales descree de ciertos de los testimonios recaudados, al
tiempo que acepta otras de las versiones recogidas.
Como puede
observar la Sala, la Corte Suprema de Justicia también fundó su decisión en
razones suficientemente explicadas. Es posible, entiende la Sala, que el
demandante discrepe de las conclusiones a que llegó la Sala de Casación Penal,
y que considere que las mismas son mera retórica jurídica. No obstante, por la
sola la discrepancia respecto de la fundamentación de la decisión judicial, el
juez de tutela no está habilitado para entender configurado el defecto jurídico
que promueve la tutela. Para esta Sala de Revisión, el procedimiento
argumentativo que la Corte Suprema de Justicia utilizó para justificar su
decisión se desplegó dentro de los límites razonables de la actividad judicial,
sobre la base de un análisis juicioso y mesurado de los elementos de convicción
y por fuera del marco de la arbitrariedad.
En estas
condiciones, ni dicha providencia, ni las otras dos expedidas por la Fiscalía
General de la Nación, incurren en el defecto de indebida o inexistente
fundamentación jurídica.
6. Supuesta
vía de hecho por indebida valoración del material probatorio
Dice la demanda:
“en el presente caso, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de justicia se
limitaron a la mera descalificación final de la totalidad del material
probatorio privilegiándose arbitrariamente la copia del video y la versión del
señor Orjuela, llamado entre los miembros del grupo paramilitar “Solin”.
Respecto del resto de la prueba, los despachos se limitaron a hacer una mera
referencia formal con palabrería encaminada únicamente a descalificar el
material probatorio abundante y contundente que se tenía”
Con esta
acusación, la tutela considera que las autoridades que adelantaron el proceso
penal contra Miguel Ángel Pérez Suárez incurrieron en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, pues haciendo abstracción de todo el sólido
acervo obrante al expediente, sólo tuvieron en consideración aquellas pruebas
de cargo, las que comprometían penalmente al investigado. El abogado del
tutelante insiste en que el análisis de las autoridades judiciales únicamente
se limitó, de manera arbitraria, al estudio del video y de la denuncia
formulada contra el acusado.
Respecto de este
vicio de procedimiento, la Corte Constitucional ha sostenido que el juez de
tutela sólo reclama competencia para revocar la decisión atacada cuando la
valoración probatoria es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial
i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del
caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma
relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente
se sale de los cauces racionales[11].
A este respecto
la Corte Constitucional ha dicho:
“Importa
precisar ahora si de manera excepcional puede configurarse una actuación
arbitraria e irregular, carente de todo viso de legalidad, y constitutiva de
una vía de hecho cuando el juzgador ante pruebas claras y contundentes, que
manifiestamente muestran una realidad objetiva, profiere una providencia
contrariando la realidad probatoria del proceso.
“Evidentemente,
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial
en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales.
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible
fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta
aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un
medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de
la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”. “(Sentencia T-442 de 1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell.)
(subrayas fuera del original)
Como conclusión
del último aparte transcrito, es de suponer que las inconsistencias del examen
probatorio que merecen la intervención del juez de tutela son aquellas que
protuberantemente tergiversan el resultado del proceso, arrojan una conclusión
incompatible con el más elemental análisis de la prueba e implican, en verdad,
una decisión sin sustento fáctico, producto de la mera voluntad del funcionario
judicial.
En relación con
el punto, la jurisprudencia constitucional ha ahondado en el análisis del
defecto probatorio para advertir que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía de
tutela de la providencia, pues ello sería tanto como admitir la superioridad
del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez ordinario, en
directo menoscabo del principio de autonomía judicial. De allí que el énfasis
de la jurisprudencia alerte sobre la procedencia de la tutela, únicamente en
caso de que la valoración probatoria sea ostensiblemente incorrecta, es decir,
cuando encubra una arbitrariedad palpable. Sobre el caso la Corporación ha
sostenido:
“Respecto de la vía de hecho por defecto fáctico, la Corte[12]
ha sido clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación
arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de
reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda
surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, cuando la
providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o
en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya
que tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez
para aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
“Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas
decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e
independientes y en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la
ley (art. 230 C.P.)” [13], gozan de la potestad de
valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana
crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia”. (Sentencia T-066
de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil) (subrayas fuera del original)
Por ello en la
citada sentencia T-066 de 2005 estableció:
“La
doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración
probatoria es sumamente clara, exige que se hayan dejado de valorar pruebas
legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance
y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía
de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo.  Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción.”
Y en otro fallo,
esta misma Sala de Revisión dijo:
“Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha insistido en
que el juez de tutela en lo que se refiere al defecto fáctico, carece de
competencia para suplantar al juzgador de instancia en su tarea de valorar
autónomamente los medios de prueba practicados en forma legal y oportuna en el
proceso, pues su labor como juez constitucional se limita a determinar si la
autoridad ordinaria al realizar tal actividad incurrió en una ostensible y
evidente irregularidad. Por ello, este Tribunal ha sostenido de manera
reiterada que “cuando los jueces de tutela o la Corte conocen de una
acción de tutela por vía de hecho deben verificar si al resolver el caso que es
materia de análisis el juzgador de instancia en forma abrupta e injustificada
se abstuvo de arrimar al proceso el material probatorio necesario para aplicar
el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión ó, aunque teniéndolo, le
restó valor o le dio un alcance no previsto en la ley, sin que al ejercer esta
función puedan entrar a suplantar al juzgador en su función de ponderar en
forma autónoma los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica”[14].
(Sentencia T-212 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
En el caso
concreto, esta Sala no encuentra que las providencias acusadas incurran en el
defecto que acaba de exponerse. La Sala hará el análisis respectivo sin
considerar, por ahora, la discusión acerca de la licitud de la prueba
videograbada. Así las cosas, por ahora, la Sala se limitará a exponer cómo el
análisis probatorio de las providencias acusadas se encuentra debidamente
sustentado.
Para empezar, la
Resolución de la Fiscalía General de la Nación del 22 de diciembre de 2004 hizo
un recuento de las pruebas aportadas al proceso, incluida la versión del
denunciante, Orjuela Martínez, la versión de la indagatoria y la versión de los
acompañantes del acusado Pérez Suárez. Al reunir las diferentes declaraciones,
la Fiscalía llegó a conclusiones que sustentaron la imposición de la medida de
aseguramiento. También se tuvo en cuenta el contenido de la grabación de video
y el hecho de que el acusado reconoció la reunión en esa grabación.
Tras confrontar
las distintas versiones, la Fiscalía admitió la existencia de dos posibles hipótesis,
tras lo cual, a partir de un análisis contextual, llegó a la conclusión de que
la primera, la de Orjuela Martínez, era la que mayor grado de credibilidad le
ofrecía. Visto el recuento de la providencia, se percibe que el Fiscal adujo
los motivos por los cuales, a su juicio, el testimonio del denunciante, aunado
con los hechos reconocidos por el propio acusado y por sus acompañantes,
arrojaban serias dudas acerca de la circunstancia de que Pérez Suárez no
conocía a su interlocutor y no sabía nada acerca del origen del dinero
recibido.
El estudio de la
Fiscalía no se restringe al análisis de la denuncia, sino a los hechos
reconocidos por el acusado en su indagatoria. Los indicios, la hora de la
reunión, el lugar de la misma, las condiciones personales del procesado, su
carrera política y la descripción que él mismo hizo de la realidad política de
su departamento se constituyeron en elementos de análisis por parte de la
Fiscalía, de los cuales dedujo que la recepción del dinero por parte de grupos
paramilitares era conocida por el ex gobernador.
Remitida la Sala
al análisis de la resolución, aquella encuentra que no es cierto lo afirmado
por el apoderado del demandante en el sentido de asegurar que los únicos
elementos probatorios que fueron valorados son el video y la declaración del
denunciante Orjuela Martínez. Ciertamente, de la simple lectura de la
providencia, la Sala concluye que todos los testimonios fueron examinados en el
debate, la indagatoria fue objeto de estudio, así como la denuncia. No
obstante, de la respectiva valoración, el fiscal decidió que los elementos de
convicción que le generaban credibilidad eran la denuncia y el video, así como
los hechos coincidentes de todos los testigos que certificaron el arribo del ex
gobernador a la residencia de la Colina Campestre, su encuentro con un
individuo para recibir el dinero y el hecho de haber salido alterado de la
reunión, además del hecho, reconocido por el propio ex gobernador, de que antes
de salir se había enterado de la filmación y de la consideración de que el
mismo no lo había puesto en conocimiento de las autoridades.
La providencia
de la Fiscalía acude, a efectos de descartar y acoger las declaraciones
pertinentes, a las reglas de la sana crítica y de la experiencia. Por ello
admite que las circunstancias en que ocurrieron los hechos no son las propias
en que se encontraría quien, como el ex candidato, conocía como ninguna otra
figura política la realidad de su departamento. Igualmente, la Fiscalía sostuvo
que los vínculos cercanos con el tutelante hacían sospechosos los testimonios
de sus colaboradores, por lo que no los tuvo en cuenta; más todavía desde la
convicción de que todos ellos se esforzaron enfáticamente en asegurar –dice el propio
organismo- que Pérez Suárez no salió con ningún paquete de la reunión, unos de
ellos, incluso, sin haber sido interrogados al respecto.
En la Resolución
del 30 de septiembre de 2005 de la Fiscalía General de la Nación, por la cual
se formuló acusación ante la Corte Suprema de Justicia, se percibe la misma
situación. En primer lugar, la Fiscalía resume todos y cada uno de los
elementos probatorios aportados al proceso; sintetiza los alegatos de la
defensa y del Ministerio Público, que apoya el llamado a juicio del ex
gobernador, y las pruebas testimoniales recogidas.
De las pruebas
recaudadas, fundamentalmente de las testimoniales, la Fiscalía expone los
hechos más importantes resaltados por los testigos. La Fiscalía extrae
consecuencias e indicios del contenido de la indagatoria, como lo son la
existencia de la reunión, la hora, el lugar y la recepción del dinero.
Igualmente, de los testimonios recaudados, la Fiscalía deduce la existencia de
las actividades criminales en el departamento y la decisión de Martín Llanos,
jefe de grupos paramilitares, de inyectar dinero a las campañas. Del contenido
de las mismas versiones, el fiscal entiende que quien entregó el dinero a
Miguel Ángel Pérez Suárez pertenecía a la agrupación ilícita y que el dinero
provenía de actividades por fuera del marco de la ley.
Luego de poner
de manifiesto, sin embargo, que dicha hipótesis se opone a la del acusado,
según la cual el conocimiento de la ilicitud del dinero le llegó después de
recibirlo, la Fiscalía se sumerge en el análisis de los testimonios, precisando
cuáles de ellos le merecen credibilidad y cuáles le sugieren ser testimonios
sospechosos.
Así, a la
fiscalía le parecen verosímiles los testimonios de José Meche, Henry Martínez y
Edans Correa en cuanto a la vinculación de alias Solín a las autodefensas,
porque sus condiciones externas son comunes y coinciden en los hechos narrados,
porque además se trata de manifestaciones neutras que ni benefician ni
perjudican a los involucrados en el proceso. De igual manera, merece
credibilidad la versión de Solín, porque coincide con la del procesado, aunque
no en la hora de la reunión. Las coincidencias le parecen a la Fiscalía indicio
de que ambos estuvieron presentes en el mismo instante. Del mismo modo, la
Fiscalía considera que la precisión de los detalles de Solín le dan
credibilidad a su testimonio, sin que para el efecto su decisión de dejar de
colaborar con la justicia sea motivo de descrédito de lo previamente sostenido.
El análisis de la Fiscalía no se limita a la versión de Solín. Incluye una
evaluación del valor intrínseco de la indagatoria del procesado, de la que
infiere que además de la aceptación de los hechos consignados en la grabación
de video, las condiciones en que el mismo confesó haberse llevado a cabo la reunión
hacían inverosímil el hecho de que hubiera ignorado la procedencia del dinero
recibido.
En este punto la
Fiscalía hace una descripción de las circunstancias sociales, políticas y
personales del incriminado, de lo cual deduce que el mismo no ignoraba el
origen ilícito de los billetes. Por ejemplo, la Fiscalía enfatiza en que una
persona como el ex gobernador, conocedor de la zona y de las prácticas
políticas de la región, así como de la influencia de grupos paramilitares en el
ejercicio político del departamento, peca de inverosímil ingenuidad al aceptar
un dinero sin averiguar por sus antecedentes. En relación con esta versión de
indagatoria, la Fiscalía reconoce que la intención de Pérez Suárez es acomodar
el contenido de su dicho al de las imágenes captadas por el video, cuyo
contenido él mismo admitió.
Llegado al
punto, la Fiscalía recalca en el hecho de que la prueba videograbada no es
ilícita, porque, no obstante haber sido aportada sin las ritualidades legales,
su contenido fue ratificado por el procesado en la diligencia de indagatoria.
Del contenido de la grabación, la Fiscalía extrae conclusiones que refuerzan su
tesis acerca del conocimiento de la ilicitud de los dineros recibidos por
Miguel Ángel Pérez.
Adicionalmente,
esta resolución del 30 de septiembre de 2005 descartó la veracidad de los
testimonios que secundan la versión del procesado, por considerar que la
relación de cercanía y laboral con el denunciado extendían la sospecha sobre
los mismos. Respecto de la versión de Edans Correa Parra, la Fiscalía señaló
los motivos por los cuales su versión no era coincidente ni siquiera con la de
la indagatoria. La Fiscalía tiene en cuenta que el relato de los hechos
acaecidos luego de la recepción del testimonio resulta incompatible  pues, por
ejemplo, mientras resultaba imposible que en el breve instante en que Correa
Parra salió del cuarto en el que estaba ubicada la cámara, Pérez Suárez hubiera
sostenido la conversación que sostuvo con alias Fox, en la que éste último
trató de tranquilizar a Pérez Suárez diciéndole que reflexione, que ese dinero
es de Martín Llanos, que las consecuencias para la campaña pueden ser nefastas.
La Fiscalía dice que “tantas cosas no pudieron haber ocurrido en el lapso
fugaz que indica el testigo Correa y tampoco hay explicación alguna para que
éste no hubiera escuchado todo eso  si ya estaba cerca de ellos, según se
desprende de su propia declaración”.
Los comentarios
de la Fiscalía refieren circunstancias fácticas imposibles de ocurrir de ser
admitidas ambas versiones, o de manifestaciones de Correa sobre hechos que no
tenía por qué conocer, como la relación entre el dinero y la reacción airada de
Pérez Suárez, cuando él no había oído la conversación en la sala en que se
entregaron los billetes.
En cuanto a los demás
testigos, la Fiscalía no sólo sospecha de su relación laboral con el ex
gobernador, sino de las inconsistencias surgidas a partir de la narración de
los hechos que tuvieron lugar en la Colina Campestre. A los demás, los
descalifica por no ser testigos presenciales, sino de oídas, y por sus
condiciones personales respecto de la membresía de las organizaciones
criminales a las cuales pertenecen.
Revisado el
contenido de la providencia, esta Sala entiende que la Fiscalía General no
evadió su deber de valorar las pruebas aportadas al proceso. Sin que sea
pertinente en esta providencia volver a transcribir las consideraciones
puntuales del organismo de instrucción, la Sala percibe que la resolución
atacada abordó el estudio del material de convicción, tras lo cual llegó a
conclusiones que encuentran sustento en los testimonios y en los indicios.
Dichas conclusiones pueden no ser compartidas por el intérprete, como en esta
oportunidad encuentran la oposición de la defensa, pero no por ello devienen en
arbitrarias o inconsultas. En cada una, por razones más o menos profundas -
según el caso-, la Fiscalía abordó tanto el contenido de la prueba como su
fuerza de convicción, estudio que le permitió llegar a las deducciones
anotadas.
Lo mismo se
predica de la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia.
En ésta, la
Corporación judicial sometió a escrutinio el material probatorio, tras lo cual
arribó a las mismas conclusiones de la Fiscalía. La evaluación incluyó el
estudio de los elementos consignados en la grabación de video -previo el
estudio de la ilicitud de la prueba- y la afirmación de que, incluso si el
video no existiera, la interpretación de las demás pruebas habría entregado el
mismo resultado, pues la reunión en la casa de la Colina Campestre y la
recepción del dinero fueron corroborados por los testimonios y admitidos
directamente por el sindicado.
Luego de
resolver lo atinente a la tipicidad de la conducta, la Sala Penal entra a
determinar la credibilidad de la prueba testimonial de cargo y descargo, para
lo cual dice invocar los postulados de la sana crítica, propia de un sistema de
persuasión racional como el que rige en materia de pruebas.
En el punto, la
Corte Suprema de Justicia trae a colación el testimonio de Josué Darío Orjuela
Martínez, entregado después de su captura por organismos de seguridad del
Estado. La Corte resume el contenido del mismo y precisa que admite
credibilidad en cuanto a su contenido, a los hechos referidos y a la forma en
que sostiene haberlos percibido. Sostiene que la relación entre los hechos
narrados y el contenido del video es evidente, como también lo fue el interés
de las autodefensas por hacer aportes económicos a las campañas, el lugar de la
reunión, la existencia de alias Fox, su muerte y su pertenencia al grupo
ilegal. Por ello el señor Pérez Suárez tuvo que admitir los hechos luego de ver
el video. La Corte percibe que la versión de Orjuela Martínez relata la
intención de Martín Llanos de intervenir en la contratación y en la burocracia
mediante aportes económicos, hecho que se concretó en la recepción de dineros
por parte de Pérez Suárez, tal como quedaron en constancia gracias al video.
Así mismo, encuentra que los reparos hechos al testimonio no se refieren a la
acusación que hace al imputado.
De igual manera,
la Corte relacionó la indagatoria de Miguel Ángel Pérez Suárez, en la que
reconoció los hechos según los cuales, fue informado por Edgar Santiago Marín
de la intención de un grupo de ganaderos para hacerle una donación, que fijó
las 5 y 20 de la mañana para la reunión, en la Colina Campestre, que cuando
llegó solo había una persona, a quien había conocido con el nombre de Henry
González y que luego de tratar temas generales se le entregaron 100 millones,
pero que al salir de la habitación le hicieron saber que era una contribución
de Martín Llanos, razón por la cual devolvió molesto la bolsa, siendo enterado
en el acto acerca de la filmación.
En cuanto a la
indagatoria de Pérez Suárez, la Corte considera que, evaluada su versión de los
hechos con el contexto social y político del ex candidato, ésta no es creíble
porque no se compagina con su oposición a los grupos armados ilegales. En este
punto, la Corte analiza por qué la versión del acusado no es confiable, ya que
éste conocía suficientemente la región como para aceptar ingenuamente la
reunión propuesta por gentes que no conocía, más aun cuando previamente el ex
gobernador se había reunido con Martín Llanos, quien le había saber sobre la
necesidad de apoyar las negociaciones con el gobierno nacional y de ayudar
económicamente a la organización, esto aunado a otros hechos en los que se
evidenció la intención de las autodefensas de involucrarse en el tema.
En su análisis,
la Corte retoma el contenido de la prueba videograbada y establece que Pérez
Suárez conocía a su interlocutor y que no resulta creíble que en la cita se
hubiera cuadrado una nueva reunión, porque ya se acercaba el cierre de la
campaña, lo que indica que el acuerdo había sido cerrado previamente. Adicional
a ello, la Corte analiza el hecho de que la suma ofrecida por lo menos debió
promover la curiosidad de Pérez Suárez de averiguar quién hizo la donación y
que resultaba inaceptable que no hubiera preguntado por la identidad de sus
benefactores, cuando es claro que nadie hace un favor sin esperar recompensa.
Ello, aunado al horario de la reunión, al hecho de que no se  hubiera retirado
cuando supo que la reunión era privada y que hubiera permanecido en ella a
pesar de conocer poco al interlocutor.
Posteriormente,
la Corte se dirige a los testimonios de descargo y, coincidente con la
Fiscalía, considera que su cercanía laboral y de amistad con el acusado le
resta confianza a sus asertos, además de que éste no puso en su conocimiento el
contenido de la supuesta celada, y no denunciara los hechos ante las
autoridades.
La Corte somete
a escrutinio, además, los testimonios de otros alcaldes de la zona, de los
cuales concluye que, precisamente, las denuncias sobre la intención de las
autodefensas de intervenir en las elecciones imponía a los candidatos mayor
cuidado en la recepción de dineros de terceros. En esta materia, la Corte
reconoce ciertas inconsistencias en la versión de Orjuela Martínez, pero que no
desvirtúan la acusación original, sino que se refieren a su actividad criminal.
Ni siquiera la inconsistencia de la hora en que se produjo la reunión es
relevante, porque “lo que prueba el video es su realización, ya que
técnicamente no pudo establecerse nada distinto de la afirmación del perito de
observar en las imágenes finales una mayor claridad en uno de los ventanales en
la medida en que avanzaba su proyección”.
El estudio de
los testimonios allegados al proceso llevo a la Corte a descartar también la
credibilidad de Edans Correa Parra, José Ramiro Meche Mendivelso y Henry
Martínez Gutiérrez, por considerar que los últimos lo eran de oídas y porque el
primero, “de manera deliberada alude circunstancias que Orjuela Martínez no
refiere con la intención de favorecer la situación del inculpado”.
Por último, la
Corte analiza el valor de la retractación del denunciante y advierte que la
misma se debe a que Orjuela Martínez desea hacerse a los beneficios de la ley
de justicia y paz, antes que contradecir lo que ya dijo.
Del contenido
del análisis probatorio hecho por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia se extrae que dicho tribunal sí valoró las pruebas aportadas al
proceso, en particular, los testimonios del denunciante y de los testigos de
descargo, así como la versión incluida en la indagatoria de Pérez Suárez y el
contenido de la prueba videograbada –de cuya legalidad se hablará en el
capítulo siguiente-. Del análisis de las pruebas la Corte llegó a la conclusión
de que la reunión tuvo lugar y que el procesado recibió el dinero proveniente
de Martín Llanos, pues así lo derivó del contenido de la información
recapitulada en el expediente.
Esta Sala
encuentra, nuevamente, que la reflexión del tribunal de casación no es
arbitraria ni abiertamente irrazonable. Por el contrario, estima que el
análisis está sustentado en un proceso racional y equilibrado que se defiende
solo, pese a que el intérprete pueda discrepar de sus conclusiones.
En efecto, la
Corte Suprema de Justicia abordó el estudio de la denuncia y consideró que era
creíble la versión de Orjuela Martínez, porque encontró en ella elementos de
detalle consistentes que fueron confirmados por la indagatoria de Pérez Suárez.
El análisis correspondiente contó con elementos de apoyo derivados de la
grabación de video –sobre cuya validez no se pronuncia por ahora esta Sala- que
conducirían a confirmar la versión del denunciante. Los testigos de cargo y
descargo aportaron información igualmente coincidente con la denuncia y la
indagatoria, que le permitió a la Corte llegar a las conclusiones que
razonablemente se expusieron. Pero, además, la Corte hizo un estudio detallado
de las circunstancias políticas en que tuvo lugar la campaña a la gobernación
del Casanare, estudio que le permitió  llegar a las conclusiones varias veces
anotadas: que el conocimiento que el ex gobernador tenía de la realidad de su
departamento, su experiencia como político, los acontecimientos en los que estuvo
presente cuando fue contactado por las autodefensas, la certeza generalizada de
que grupos armados pretendían influir en las campañas políticas y el hecho de
que no hubiera denunciado la existencia del video, del que se le informó al
terminar la reunión, hacían inverosímil la versión de la defensa según la cual
el candidato desconocía el origen de los dineros y sólo se retiró airado cuando
se enteró de que los mismos provenían de Martín Llanos, jefe paramilitar de la
zona.
En el análisis
de las circunstancias que rodearon los hechos en que se vio implicado el ex
gobernador, la Corte analizó los testimonios de los alcaldes de la región del
Casanare, que no hicieron cosa distinta que confirmar las amenazas de los
grupos de autodefensas a los políticos de la región. De dichos testimonios la
Corte extrajo conclusiones muy distintas a las presentadas por la defensa y que
permitieron poner de relieve que la situación por la que atravesaba la política
del departamento no sólo obligaba a los candidatos a obrar con cautela, sino a
evitar reuniones o encuentros desconocidos, a menos que, como es el caso, “se
tuviera conocimiento con quien se reunía y con qué propósito se acudía a
recibir dineros que de antemano se sabía eran de origen ilícito”.
Adicionalmente,
el análisis de los testimonios y de los indicios condujo a la Corte a
desestimar aquellas versiones que por su cercanía e inconsistencia podrían
considerase sospechosas. Así, en cada caso, la Corte manifestó el porqué de su
desconfianza, cuál era el motivo para descalificar la credibilidad de quienes
estuvieron con el ex gobernador en la reunión y lo esperaron fuera de la casa.
La calificación de un testigo sospechoso por parte del juez es una
facultad admitida por la doctrina y la jurisprudencia. La Corte Suprema de
Justicia se refiere al respecto diciendo:
“Expresa la ley, que son sospechosas para declarar las personas que
en concepto del juez se encuentran en circunstancias que comprometan su
credibilidad o imparcialidad, tales como el parentesco existente entre el
testigo y la parte. Dentro del sistema de la libre apreciación razonada o de la
sana crítica que consagra el derecho probatorio colombiano, el juzgador tiene
la libertad para apreciar las circunstancias de sospecha, sólo que en presencia
de prueba testimonial de este linaje, la doctrina y la jurisprudencia se
inclinan por exigir mayor severidad en el examen de dicha prueba.
“ (...)
“Si existen o no motivos de sospecha es cosa que debe indagar el
juez a través del interrogatorio, que debe formularse de conformidad con la
primera parte del art. 228-1, ibídem, pues de haberlos lo probable, lo que
suele ocurrir, es que el testigo falta a la verdad movido por los sentimientos
que menciona la disposición transcrita [en este caso la disposición acusada]” (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 8 de junio de 1982)[15]
Finalmente, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que “cuando una
controversia entre particulares debe ser dirimida por el juez competente, éste
deberá definirla, como antes se dijo, a partir del análisis que realice del acervo
probatorio, el cual está en la obligación de estudiar de acuerdo con las reglas
que le impone el sistema de la sana crítica, lo que implica confrontarlas,
permitir que las partes las contradigan y si es del caso las desvirtúen, y
ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico específico y su
experiencia”[16], a lo
cual agregó:
“En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio,
obliga al juez a desplegar su actividad con miras a determinar la fuerza de
convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a criterios de lógica y
experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión…” (Sentencia C-922
de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz).
De lo anterior
se tiene que la potestad de valoración del testimonio reposa en el criterio de
ponderación del juez de conocimiento, que según las reglas de la sana crítica
puede calificar como sospechosas aquellas versiones que por razones de
cercanía, parentesco, dependencia laboral, amistad, etc., pueden presentarse
tendenciosamente benéficas a la versión del acusado.
En el caso
concreto, esta Sala juzga sustentada la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de calificar como sospechosos los testimonios de descargo, en tanto
que las circunstancias particulares de los declarantes podrían haberlos
comprometido con los intereses del acusado, por lo que sus versiones pudieron
válidamente calificarse como encaminadas a favorecerlo. El criterio de esta
Sala es que la Corte Suprema utilizó en su justa medida la facultad legal de
descalificación del testimonio por motivos de sospecha y que en su decisión no
se vislumbra una arbitrariedad; mucho menos una intención ostensible de
perjudicar al sindicado.
Las razones para
considerar sospechosos los testigos de descargo pueden ser discutibles. La Sala
reconoce que la defensa puede tener razones igualmente respetables para
sostener que, pese a la cercanía laboral o de amistad de los testigos con Pérez
Suárez, no existían motivos serios para dudar de su credibilidad. Igualmente,
que el hecho de ser testigo no presencial no desvirtuaba la credibilidad de
otros. Estas discrepancias argumentativas son plenamente válidas en el
escenario de una discusión de esta naturaleza; no obstante, de dicha
constatación no se deriva necesariamente la arbitrariedad en el procedimiento
de valoración del testimonio hecha por la Corte Suprema.
La Corte
Constitucional ha sido clara al advertir que las divergencias interpretativas
respecto del material probatorio no constituyen fuente de violación al debido
proceso. Sobre ese concepto la Corte dijo:
“… no es constitutiva de una vía de hecho judicial la simple
divergencia en la apreciación probatoria.  Si la del fallador no resulta de
manera irrazonable en pugna con la lógica jurídica ni abiertamente contraria a
la realidad fáctica que emerge de los autos como sucedería, por ejemplo, cuando
no se de por demostrado un hecho cuya prueba obra en el expediente pero se
omitió por el sentenciador apreciarla, o cuando se da por probado un hecho del
cual no existe ningún medio probatorio que lo acredite.  Es decir, para la
prosperidad de la acción de tutela por vulneración del debido proceso en
materia probatoria la equivocación judicial debe ser protuberante, ostensible,
de tal magnitud que para establecerla sea suficiente la simple observación del
expediente sin necesidad de esforzados razonamientos para llegar a tal
conclusión”. (Sentencia T-673 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
El principio de
procedencia excepcional de la tutela frente a acciones judiciales impide que el
juez de la acción constitucional reexamine el acervo de la prueba, a menos que
la contradicción o la deficiencia emerjan de manera protuberante. Permitir que
el juez de tutela se inmiscuya en el análisis probatorio del juez de la causa,
con el fin de cotejar su conclusión con la del litigante, propicia el
desconocimiento del principio de autonomía judicial y patrocina el
debilitamiento de la valoración del juez ordinario por gracia de la imposición
del juicio del juez de tutela.
Para el caso
concreto, adelantado el estudio de las providencias de la Fiscalía General de
la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, ésta Sala de Revisión no encuentra
en ninguna de ellas arbitrariedad consistente en que las pruebas pertinentes
aportadas al proceso hubieran dejado de ser valoradas sin razón suficiente,
hubieran sido valoradas en franco desconocimiento de las reglas de la lógica y
la sana crítica o, simplemente, hubieran sido desatendidas. Por el contrario,
las mismas fueron estudiadas por las autoridades competentes, pero debido a los
distintos criterios de valoración, aquellas determinaron que las pruebas de
cargo poseían fuerza de convicción superior a las de descargo, por lo que
llegaron a la conclusión de la responsabilidad penal al imputado.
La aclaración
que en este punto debe hacer la Sala es que valorar una prueba no
necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la prueba es,
precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de
lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de
la consecuencia jurídica. Por ello, en el caso sub judice, no es cierto
que las autoridades competentes hubieran dejado de valorar las pruebas
allegadas al expediente. No es cierto, como dice la defensa, que “la
Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia centraron la valoración en la copia del
video y en sus consecuencias, haciendo una mera referencia formal al resto del
material probatorio, con el único fin de descalificarlo”. En el proceso
adelantado contra Pérez Suárez, la valoración probatoria tuvo lugar; el hecho
definitivo es que dicha valoración extrajo como conclusión que los elementos de
la denuncia, la indagatoria, el video y las versiones de los testigos en sus
elementos coincidentes comprometían la responsabilidad penal del procesado, en
lo cual, desde el punto de vista del análisis precedente, la Corte no detecta
ninguna arbitrariedad.
7. Admisión
de la prueba ilícita, ausencia de vía de hecho en la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia
Finalmente, el
hecho de que las providencias judiciales se encuentren suficientemente
sustentadas y que en ellas se haya hecho una valoración razonable de los
elementos probatorios del proceso no descarta la existencia del último defecto
cuestionado por la demanda: la inclusión y valoración en el proceso de una
prueba ilícita, recaudada con violación de derechos fundamentales.
Ciertamente, el
apoderado judicial del demandante considera que tanto la Fiscalía General de la
Nación como la Corte Suprema de Justicia incurrieron en error fáctico al haber
admitido, valorado y acreditado la existencia de una prueba videograbada que
resulta ilícita y, además, violatoria de derecho a la intimidad del tutelante.
Con el fin de
establecer la existencia del precitado error fáctico, esta Sala procederá, en
primer lugar, a recordar la posición de la Corte Constitucional respecto de la
exclusión de la prueba ilícita, para estudiar después si las autoridades que
intervinieron en el proceso seguido contra el demandante violaron, como se
sugirió, la doctrina constitucional en la materia, con lo cual habrían
quebrantado también las disposiciones constitucionales pertinentes.
En el estudio
correspondiente la Sala analizará el tema de la prueba ilícita a la luz de la
jurisprudencia y la legislación vigente al momento de proferirse la sentencia
condenatoria de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que Miguel Ángel
Pérez Suárez fue juzgado de conformidad con las normas de la Ley 600 de 2000,
código de procedimiento penal anterior, y no bajo las disposiciones de la Ley
906 de 2004, dado que el último código entró a regir para la sanción de delitos
cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005[17].
Lo anterior no obsta, sin embargo, para que algunas consideraciones del estudio
hagan referencia a la nueva legislación procesal penal.
7.1. La
valoración de la prueba obtenida con violación al debido proceso
La
jurisprudencia constitucional sobre defecto fáctico establece que una
providencia judicial incurre en vía de hecho desde dos perspectivas distintas.
La primera ha sido analizada en el punto previamente estudiado y tiene que ver
con la dimensión negativa de la apreciación probatoria[18].
El juez, en el ejercicio de su facultada de valoración, deja de apreciar una
prueba fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes
elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis
ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del
elemento probatorio.
La dimensión
positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta
cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya
ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y
valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada,
y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente,
del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de
aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha
sido incluida en el  proceso en desconocimiento y afrenta de derechos
fundamentales.
Ahora bien, la
dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se
encuentra recogida en el inciso final del artículo 29 de la Constitución
Política. El artículo en cita señala que “es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso”.  La Corte Constitucional
ha delimitado el alcance de la disposición citada, a la que ha dado el nombre
la “regla de exclusión probatoria”, en una jurisprudencia que merece la
pena recordar.
En primer lugar,
la Sala debe advertir que, de acuerdo con la jurisprudencia correspondiente, no
toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de
una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales
relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es
claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del
afectado.
Por ello la
Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simple
transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en
las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades
menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero
dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por
el inciso final del artículo 29 constitucional. Sobre este particular dijo la
Corte:
“…las irregularidades menores o los errores
inofensivos que no tienen el potencial de sacrificar estos principios y
derechos constitucionales no han de provocar la exclusión de las pruebas. El
mandato constitucional de exclusión cobija a las pruebas obtenidas de manera
inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia
tornan a una prueba en ilícita”. (Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa)
En el mismo
sentido, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no
cualquier desconocimiento de las formalidades establecidas por el legislador
para el decreto y práctica de pruebas impone excluir la prueba defectuosa. Para
dicho tribunal, las irregularidades menores que no afectan la estructura del
proceso ni el derecho de defensa, no imponen la exclusión de la prueba.[19]
En segundo
lugar, de la existencia de irregularidades probatorias de contenido meramente
procesal, es decir, que sólo afectan el aspecto formal del procedimiento, la
Corte ha entendido que la irregularidad de la prueba puede derivarse tanto de
su incompatibilidad con las formas propias de cada juicio como de su oposición
a la vigencia de los derechos fundamentales. De allí que pueda establecerse una
distinción entre la prueba ilegal, es decir, aquella que afecta el debido
proceso en su concepción procesal formal y la prueba inconstitucional, esto es,
aquella que afecta el debido proceso por vulneración de derechos fundamentales
de contenido sustancial.
Sobre este punto
parece importante resaltar que la terminología usada por la Constitución
Política para referirse a la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con
violación del debido proceso no debe entenderse rigurosamente circunscrita a
las pruebas violatorias de las normas meramente procesales, sino a las
garantías constitucionales de rango fundamental que puedan tener incidencia en
los resultados del proceso. Por ello debe precisarse que la expresión usada por
la Carta no se limita a los aspectos de trámite en la aducción de la prueba,
sino a cualquier garantía fundamental que resulte afectada en el acto de
administración de justicia[20]. Al respecto, la Corte
Constitucional indicó:
“En
segundo lugar, es necesario considerar el alcance del concepto de debido
proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere
exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la
limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el secreto
profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se ha dicho que el
concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y
etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las
protegen de la arbitrariedad de las autoridades[21], tanto en el desarrollo de un
proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación
que implique la afectación de derechos constitucionales
fundamentales”.(Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
De cualquier
manera, independientemente de la fuente de la ilegitimidad de la prueba, lo que
importa resaltar por ahora es que cuando se verifica la violación del debido
proceso por parte de una prueba ilegítima, dicha prueba es nula en el contexto
del proceso dentro del cual pretende aducirse. Esta precisión permite mostrar
el otro aspecto de la argumentación y es que la prueba obtenida con violación
del debido proceso es nula de pleno derecho, pero no por ello es nulo de pleno
derecho el proceso en el que se inserta.
En efecto, la
Corte Constitucional ha sido enfática en reconocer que la nulidad de la prueba
obtenida con violación del debido proceso no implica necesariamente la nulidad
del proceso que la contiene. La reflexión anterior encuentra sustento en
jurisprudencia previa de la Corte Constitucional, en la que la Corporación
señaló que la valoración de la prueba ilegítima no conduce a la nulidad del
proceso, sino de la prueba. En este sentido, la jurisprudencia define la
interpretación que debe dársele al artículo 29 constitucional, cuando advierte
que es “nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido
proceso”, al precisar que la nulidad de dicha prueba se restringe a ella
misma, no al proceso.
En la Sentencia
C-372 de 1997 la Corte señaló:
“De todas maneras, es
preciso advertir que la nulidad prevista en el último inciso del artículo 29 de
la Constitución, es la de una prueba (la obtenida con violación del debido
proceso), y no la del proceso en sí. En un proceso civil, por ejemplo, si
se declara nula una prueba, aún podría dictarse sentencia con base en otras no
afectadas por la nulidad. La Corte observa que, en todo caso, la nulidad del
artículo 29 debe ser declarada judicialmente dentro del proceso. No tendría
sentido el que so pretexto de alegar una nulidad de éstas, se revivieran
procesos legalmente terminados, por fuera de la ley procesal” (Sentencia C-372
de 19997 M.P. Jorge Arango Mejía) (subrayas fuera del original)
Adicionalmente,
dijo que “el artículo 29 inciso último de la Constitución claramente
sanciona de nulidad únicamente a la prueba obtenida ilícitamente, no a todas
las pruebas del acervo probatorio dentro del cual ésta se encuentre ni a la
resolución de acusación y a la sentencia basadas en dicho acervo, conformado
por numerosas pruebas válidas e independientes en sí mismas determinantes”[22].
La Corte Suprema
de Justicia coincide con dicha posición. Su jurisprudencia pertinente sostiene
que en el evento en que la prueba ilícita deba excluirse del proceso, ello no
implica la nulidad de todo lo actuado, pues sólo en la medida en que la prueba
resulta esencial para la solución del litigio, puede concluirse que todo el
trámite se ha visto afectado por dicha nulidad.[23]
Ahora bien, en
desarrollo de la anterior premisa, el proceso sí puede quedar viciado de
nulidad si el defecto probatorio consistente en haberse valorado una prueba
ilegal o inconstitucional que incide decisivamente en la decisión adoptada por
el juez. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que si la prueba ilegal o
inconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto
es, si su incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no
haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el
juez de tutela está obligado a anular el proceso por violación grave del debido
proceso del afectado.
Concretamente,
en materia penal, la Corte Constitucional ha establecido que el error fáctico
por apreciación de prueba ilegítima no afecta la integridad del proceso, a
menos que su peso en la definición de la responsabilidad penal sea decisivo, es
decir, que sin la prueba ilícitamente apreciada, la conclusión judicial
respecto de la responsabilidad del procesado habría sido posiblemente distinta.
Sobre dicho particular, la Corporación sostuvo:
“En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se
presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.). Al respecto, resulta particularmente ilustrativo recordar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto específico, pues, en
materia penal, aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las
que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente
obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se
profiera deba ser calificada como vía de hecho”[24].
Así, “sólo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho
constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual
habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la
decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por
supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”[25].
De tal manera que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de
lo resuelto en la providencia cuestionada”.[26]”
(Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
En conclusión de
la Corte, el juez de conocimiento sólo incurre en error fáctico susceptible de
ser revocado por vía de tutela cuando la prueba que no puede valorarse, por ser
ilegal o inconstitucional, es fundamental para el raciocinio de la decisión
judicial, esto es, que haya servido como pieza fundamental para formar el
convencimiento del juez. Por ello la Corte ha dicho que “a pesar de que una
prueba judicial sea inconstitucional o ilegal, lo cual se traduce en la
imposibilidad de reconocerle mérito probatorio, ello no implica -por sí mismo-
que proceda forzosamente la acción de tutela por defecto fáctico contra dicha
decisión, pues para el efecto se requiere que no existan otras elementos de
convicción que permitan preservar la vigencia judicial del fallo cuestionado”[27].
De acuerdo con
lo anterior, la jurisprudencia coincide con la regla de procedencia de la
tutela por error fáctico en su dimensión negativa al reconocer que sólo en
aquellos casos en que la apreciación de la prueba sea arbitraria y manifiesta,
puede el juez de tutela intervenir para dispensar la protección del derecho
fundamental violado.
Por lo anterior,
la Sala Plena de esta Corporación precisa que el análisis de la violación del
debido proceso por admisión de una prueba ilegal o inconstitucional y la
anulación del proceso en que se inscribe corresponde al estudio particular del
caso, pues es necesario verificar, en el texto del fallo concreto, si la decisión
judicial tiene como base el contenido probatorio ilegítimo.
“Así
pues, a la cuestión de sí la nulidad de la prueba obtenida con violación del
debido proceso afecta o no el proceso, no se puede responder en abstracto. El
criterio fijado por la Corte es que la nulidad sólo afecta la prueba, salvo que
no existan, dentro del proceso, otras pruebas válidas y determinantes con base
en las cuales sea posible dictar sentencia, caso en el cual habría que concluir
que la sentencia se fundó solamente, o principalmente, en la prueba que ha
debido ser excluida”. (Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa)
En resumen, esta Corte reitera la posición previamente esbozada,
que admite la anulación de proceso exclusivamente cuando la decisión judicial
tiene como fundamento la prueba ilegal o inconstitucional.
Procede la Sala a determinar si, en el caso concreto, la prueba que
la defensa considera inconstitucional e ilegal es efectivamente una prueba
ilícita, tras lo cual la Sala examinará, si es del caso, la influencia que la
misma tuvo en la adopción de la decisión del proceso penal.
7.2. Análisis
de la licitud de la prueba videograbada aportada al proceso penal impugnado
De conformidad
con el texto de la demanda, el proceso penal adelantado en contra de Miguel
Ángel Pérez Suárez se encuentra viciado de nulidad, pues la decisión adoptada
por la Fiscalía General de la Nación y la sentencia condenatoria emitida por la
Corte Suprema de Justicia se fundaron “sustancial y esencialmente” en
una prueba ilícita, obtenida con violación del derecho fundamental a la
intimidad y aportada al proceso sin las formalidades legales, lo cual la hace
contraria al debido proceso.
Para efectos del
estudio de la prueba correspondiente, esta Sala empezará por determinar la licitud
de la prueba aportada al proceso. En primer lugar, la Sala establecerá si la
prueba es inconstitucional, es decir, si fue recaudada con violación del
derecho fundamental a la intimidad. De verificarse que la prueba es violatoria
de ese derecho, la Sala quedaría relevada de verificar el cumplimiento de las
normas procesales sobre aporte de la prueba al expediente.
El primer punto
que sobre la materia debe resaltar la Sala es que la demanda de la referencia
aduce, simultáneamente -lo cual a juicio de este fallador resulta
contradictorio- que la prueba videograbada aportada al proceso i) es falsa,
porque no es posible identificar sus autores, su fecha, su integridad, su
autenticidad y su veracidad y, además, ii) fue obtenida con violación del
derecho a la intimidad del procesado, que nunca autorizó la filmación. Si el
demandante considera que la filmación es inconstitucional por haber sido tomada
sin su autorización, no resulta concordante que simultáneamente alegue la
falsedad de la misma, pese a que en su indagatoria reconoce que esa era la
grabación de la reunión que sostuvo en la casa de la Colina Campestre. La
admisión de que dicha prueba fue adquirida con violación del derecho a la
intimidad implica la admisión de su contenido, sólo que mediado por un reproche
respecto de su debida autorización, de su legitimidad.
De hecho, no
podría el demandante calificar de inconstitucional la prueba aportada al
proceso si implícitamente no aceptara que la grabación que fue tomada sin su
consentimiento es la que se hizo valer en el juicio y que consigna la reunión
que sostuvo en Yopal. La acusación de inconstitucionalidad de la prueba la
dirige el demandante no contra cualquier grabación, no contra el hecho de haber
sido filmado sin su consentimiento, sino, exclusiva y directamente, contra la
grabación que le fue puesta de presente en la indagatoria. En últimas, no es
posible hacer el análisis de la constitucionalidad de la grabación si
previamente no se admite que aquella consigna los hechos en que participó el
peticionario y cuya filmación no autorizó. Ello porque la Corte no podría
detectar la violación del derecho a la intimidad respecto de una grabación
cualquiera, en la que no pudieran precisarse las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que fue conseguida; debe hacerlo, por tanto, sobre la que se hizo
valer en el expediente.
De otro lado,
dado que la regla de exclusión de la prueba impone descartar de pleno derecho
la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, la circunstancia de
si la prueba ha sido aportada al proceso sin la verificación de la autenticidad
del documento resulta irrelevante desde el punto de vista procesal: la
inconstitucionalidad de la grabación impone su expulsión del proceso, lo que
hace inútil la verificación de su legalidad. De allí que el primer paso deba
ser la verificación de su respeto a la Constitución.
-Contenido de la grabación
El disco
compacto contentivo de la prueba videograbada no se encuentra en el expediente
bajo estudio. La reproducción de los fotogramas del video que aparece a folios
56 y siguientes del expediente (cuaderno original #1) corresponde a una
fotocopia de imágenes irreconocibles que no permite identificar los hechos de
la grabación. No obstante, las providencias, los alegatos, las intervenciones
del ministerio público y los dictámenes periciales permiten establecer con
claridad el contenido de la misma.
La prueba
cuestionada es la filmación de una reunión entre dos individuos, ocurrida en el
interior de una casa. De acuerdo con el informe N° FGN. CTI. DNI. GC. IJ 805
(folio 103 C.O. 1B) de la Fiscalía General de la Nación, la casa 39 esta
ubicada a 4 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Yopal, en un conjunto
residencial llamado La Colina Campestre. La síntesis de la prueba pericial
hecha por la Fiscalía en la resolución del 30 de septiembre de 2005 indica que
la grabación muestra a los referidos individuos teniendo una charla en un
escritorio. Precisa que en un momento dado, uno de ellos entrega al otro una
bolsa de la que se extrae un dinero, que el dinero vuelto a  introducir en la
bolsa, luego de lo cual el individuo que la recibe abandona el lugar.
Tal como se
indicó precedentemente, ha de concluirse que la grabación allí consignada, que
fue mostrada al procesado en la indagatoria, es la que se tomó
subrepticiamente. En la diligencia de indagatoria se lee: “PREGUNTADO.- Diga
el indagado si identifica en la siguiente reproducción electrónica la reunión a
la que usted se ha referido anteriormente? Al indagado se le exhibe la reproducción
del video contenido en disco compacto que reposa como anexo en la presente
investigación. CONTESTO.- Esa es la reunión señor Fiscal”(folio 96, C.O. 1).
Ahora bien, al
admitir que la grabación ha sido obtenida con violación al derecho a la
intimidad, el actor acepta que las imágenes que le fueron presentadas en la
indagatoria fueron obtenidas sin su consentimiento, es decir, sin previa
autorización. De hecho, la ausencia de autorización previa no es asunto
discutido en el proceso. El propio denunciante admite que Miguel Ángel Pérez se
enteró de la grabación cuando le fue informado que la misma ya había sido
tomada, no antes, lo que confirma que el video no fue consentido.
De lo dicho
precedentemente interesa saber entonces que Miguel Ángel Pérez Suárez se hizo
presente en una casa fuera del casco urbano de Yopal, a la que ingresó, en la
que tuvo una reunión con otro individuo y de la cual salió, habiendo sido
informado al terminar la reunión de la grabación de la misma.
Independientemente
de lo que ocurriera dentro de la casa y en la reunión, lo cierto es que esos
hechos, que luego se exhibieron en el proceso, fueron grabados sin la
autorización de Pérez Suárez. Esta Sala se pregunta entonces, si las imágenes
obtenidas en las circunstancias previstas pueden ser utilizadas procesalmente.
- Ámbito de protección del derecho a la intimidad
El derecho a la
intimidad se encuentra consignado en el artículo 15 de la Constitución
Política, así:
“ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas.
“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
“La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de
inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación
de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que
señale la ley.”
En términos
generales, la Corte Constitucional ha entendido que la intimidad es el derecho
constitucional que garantiza la preservación de un espacio personal, aislado a
la injerencia de otros. De conformidad con dicha jurisprudencia, la intimidad
personal es el “área restringida inherente a toda persona o familia, que
solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular
o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus
funciones y de conformidad con la Constitución y la ley”[28].
El artículo
constitucional citado extiende el derecho a la intimidad al ámbito de la correspondencia
y otras formas de comunicación, advirtiendo al efecto que las mismas son
inviolables y que su registro únicamente procede cuando existe orden de
autoridad judicial, con las formalidades establecidas por la ley.
La doctrina constitucional reconoce que el derecho a la intimidad se
manifiesta en diferentes aspectos de la vida humana. En términos generales,
considera que cae dentro de la órbita de lo íntimo “todo aquello que una
persona reserva para sí y para su círculo familiar más cercano y que, en
general, comparta unos fines que van desde la protección del domicilio hasta el
propio secreto de las comunicaciones pasando por la intimidad personal y la
específicamente individual”[29];
aunque también entiende que se encuentra comprendida “la reserva de la
imagen, del nombre, la voz, la escritura, los acontecimientos personales, el
pensamiento y sus expresiones y, en general, todas aquellas que se refieran a
la identidad personal; junto a las que debemos incluir también el secreto de la
correspondencia, el secreto de los documentos, el domiciliario y el
profesional.”[30]
Sobre los distintos aspectos que comprende el derecho a la intimidad
la Corte ha recogido los siguientes: “…constituyen aspectos de la órbita
privada,  los asuntos circunscritos a las  relaciones  familiares de la
persona,  sus costumbres y prácticas sexuales,  su salud, su domicilio, sus
comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la
utilización  de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los
secretos profesionales y en general  todo "comportamiento del sujeto  que
no es conocido por los extraños  y que de ser conocido originaría críticas  o
desmejoraría la apreciación" que  éstos tienen de aquel”[31]
Ahora bien, el derecho a la intimidad implica la reserva del lugar
de habitación, o del recinto privado en que se encuentre la persona. En este
aspecto, es necesario tener en cuenta que, como lo dijo la Corte, “el
derecho a la intimidad de toda persona y de toda familia, protegido por la
Constitución, que las autoridades deben respetar y hacer respetar según el
precepto mencionado, comprende el ámbito reservado e inalienable al que
aquéllas se acogen, con total independencia de la propiedad o administración
del inmueble que las cobija, o del tiempo durante el cual permanezcan dentro de
él, por lo cual no es menos susceptible de amparo constitucional la casa
tomada en arriendo, la habitación de un inquilinato o el cuarto de un hotel,
que la casa cuyo derecho de dominio puede demostrar quien la habita, o en la
cual ha vivido por muchos años.”[32]
En la misma
línea, la Corte ha reconocido que el derecho a la intimidad no se limita al
concepto de domicilio utilizado por el derecho civil, restringido
exclusivamente al lugar de habitación permanente del sujeto, sino que irradia
todo espacio privado en el que el individuo desarrolla sus actividades personales,
independientemente de que resida permanentemente en él.
“Esta Corporación ha precisado que ‘por inviolabilidad de domicilio
se entiende en general el respeto a la casa de habitación de las personas, lo
cual muestra que el concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde
a su acepción en el derecho civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la
definición constitucional de domicilio excede la noción civilista y comprende,
además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde
las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad
mediante el libre ejercicio de su libertad’ [33].
“Esto muestra que, conforme a tales criterios, la protección del
domicilio no comprende exclusivamente el lugar de habitación sino que se
proyecta a otros espacios cerrados, que son importantes para el amparo de la
intimidad y del libre ejercicio de la libertad individual.
“(…)
“En síntesis, conforme a los criterios adelantados por esta Corte,
la definición constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de
habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en
los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida
privada, separada de los terceros y sin su presencia[34]’
(Sentencia C-505 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero)
De lo dicho
precedentemente se tiene entonces que el derecho a la intimidad involucra
aspectos diversos de la persona humana, que van desde el derecho a la
proyección de la propia imagen hasta la reserva de espacios privados,
adicionales al domicilio del individuo, en los que éste desarrolla actividades
que sólo le conciernen a sus intereses.
En esa medida,
las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la
persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen
violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas
directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han
sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El
resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización
del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y,
por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.
La Corte ha
establecido el principio anotado en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta el derecho a la intimidad
consagrado en el artículo 15 de la Carta, la Sala, reiterando la doctrina
contenida en la sentencia de esta Corporación T-530 del veintitrés (23) de
septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), (magistrado ponente doctor
Eduardo Cifuentes Muñoz), considera que toda persona tiene derecho a un
contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su
asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o
parcialmente. Entendido así el derecho a la intimidad, es claro que éste, fuera
de garantizar a las personas el derecho de no ser constreñidas a enterarse de
lo que no les interesa, así como la garantía de no ser escuchadas o vistas si
no lo quieren, impide también que las conversaciones íntimas puedan ser
grabadas subrepticiamente, a espaldas de todos o algunos de los partícipes,
especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas
judiciales”. (Sentencia T-003 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía) (Subrayas
fuera del original)
Teniendo en
cuenta las consideraciones y pronunciamientos judiciales previamente citados,
esta Sala concluye, sin mayores dificultades, que el derecho fundamental a la
intimidad personal de Miguel Ángel Pérez Suárez fue violentado con la grabación
que posteriormente quiso hacerse valer en el proceso penal.
-Violación
del derecho a la intimidad del procesado y nulidad de pleno derecho de la
prueba allegada al proceso
Ciertamente, de
conformidad con los hechos narrados, Miguel Ángel Pérez Suárez reconoce que la
reunión a la que fue citado en una casa del barrio Colina Campestre a las
afueras de Yopal fue grabada por sujetos que luego pretendieron hacerla valer
en el proceso penal adelantado en su contra.
Para justificar
su inconstitucionalidad, el acusado advierte que la reunión tuvo lugar en un
lugar privado y que la grabación se hizo sin su autorización, circunstancias
que en manera alguna desmienten los testimonios coincidentes. La recolección
subrepticia de su imagen y la intención de capturar también su conversación
–aunque finalmente el audio fue accidentalmente suprimido- en el escenario de
una actividad que por razón del lugar donde ocurrió no estaba destinada a ser
publicada o conocida por nadie más que por los interlocutores, indica que la
captura de la imagen de su propia persona se hizo con violación de su derecho
fundamental a la intimidad. Por tanto, dado que la grabación pretendió hacerse
valer en el proceso penal, la misma incurre en inconstitucionalidad manifiesta
y es nula de pleno derecho.
La Sala
considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el consentimiento del
procesado vulneró el derecho a la intimidad de éste en aspectos como el de la
reserva de la propia imagen, la reserva de las comunicaciones personales y la
reserva del domicilio –entendido en el sentido amplio pertinente al derecho a
la intimidad-. En esas condiciones, la grabación no podía presentarse como
prueba válida en el proceso y debió ser expulsada.
Ahora bien, en
contra de la opinión del tutelante, la Corte Suprema de Justicia, en la
sentencia condenatoria del 27 de julio de 2006, advierte que la prueba
recaudada en estas condiciones es una prueba lícita, porque la jurisprudencia
admite que una prueba recaudada por la propia víctima o autorizada por ella, en
la que se consigna su imagen o su voz, puede válidamente ser aducida en el
proceso. Dijo a este respecto el fallo impugnado:
“…cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un
hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir
la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita autorización de
autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede
promover las acciones pertinentes. Esto por cuanto quien graba es el
destinatario de la llamada” (Sentencia de Casación del 16 de marzo de 1988.
Radicación 1634).
Consideración
que refuerza con el siguiente texto de la jurisprudencia:
“…resultan legalmente válidas y con vocación probatoria porque, como
desde antaño lo ha venido sosteniendo la Sala, su práctica no requiere previa
orden judicial de autoridad competente en la medida en que se han realizado,
respecto de su propia voz e imagen, por persona que es víctima de un hecho
punible, o con su aquiescencia y con el propósito de preconstituir la prueba
del delito, por manera que no entraña intromisión o violación alguna del
derecho a la intimidad de terceros o personas ajenas”(Sala de Casación del 6 de
agosto de 2003. Radicación 21216)
Con todo, a
juicio de esta Sala, la tesis acogida por la Corte Suprema es inaplicable en el
caso concreto, pues no se refiere a la situación fáctica del tutelante. La
jurisprudencia transcrita claramente hace alusión a la prueba adquirida por la
víctima, en la que ella, limitando con su misma intimidad, por medios propios o
previa autorización, permite la captura de su imagen y su voz con el fin de
develar la existencia de la conducta ilícita que la victimiza. Es el caso de la
persona que de manera voluntaria habilita el conocimiento judicial de sus
comunicaciones privadas, previendo que con ello se procese la conducta que la
afecta. Es una prerrogativa que no puede extenderse al victimario y que
claramente favorece a quien directamente puede disponer de su derecho.
Precisamente
sobre el particular ha dicho la Corte Suprema:
“Siendo
ello así, mal podría esgrimirse impedimento alguno o exigir autorización para
que las personas graben su propia voz o su imagen, o intercepten su línea
telefónica, si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este
aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es
precisamente el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente
vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que su proceder se constituye
en un natural reflejo defensivo”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, sentencia del 22 de octubre de 1996)
Lo cual confirmó
en el siguiente fallo:
“Lo
prohibido, (…) es la grabación en la modalidad de interceptación de terceros,
pues se entiende que el interés protegido en lo material es la injerencia
indebida de una persona en la comunicación de otra, de lo cual no hace parte.
Por tanto, si una tercera se inmiscuirse en una conversación ajena, y la graba,
la prueba así obtenida será ilícita, pero si la grabación es realizada por
quien participa en ella, no habrá motivos para afirmar su ilicitud, menos aún,
si está siendo víctima de un delito” (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, sentencia del 15 de agosto de 2001)
En el caso del
tutelante, su posición en el escenario de la grabación no es de víctima, sino
de presunto sujeto activo de la conducta ilícita, por lo que en manera alguna
le es aplicable el precedente citado por la Corte Suprema.  Adicionalmente, el
tutelante no autorizó la grabación de la reunión, por lo que tampoco aplica la
hipótesis de que el consentimiento informado habría legitimado el video; lo
anterior sin contar con el hecho de que la simple notificación de que la
reunión había sido filmada, que se le hizo al ex gobernador al terminar la
cita, no puede confundirse con la autorización previa a que se refiere la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
A lo anterior la
Sala agrega que la condición del denunciante, que tampoco es víctima del delito
que se le endilga al ex gobernador, es insuficiente para legitimar la aducción
de la prueba de la grabación en el proceso penal, pues implica, sin más, la
interceptación subrepticia de la imagen de la persona contra quien debe
adelantarse el proceso penal, circunstancia que claramente implica el
compromiso de sus garantías procesales, que son las que precisamente debe
proteger el principio de exclusión de la prueba ilícita.
En estas
condiciones, no es posible coincidir con la Corte Suprema en que la grabación
de la reunión pueda haber quedado convalidada por la autorización de la
víctima, pues ni el señor Pérez Suárez autorizó la filmación, ni él es víctima
del delito que se investiga.
Finalmente,
frente a la consideración de la Sala Penal según la cual la grabación que se
hizo valer en el proceso fue convalidada por el imputado al haber admitido en
la indagatoria que la reunión videograbada era la que sostuvo en Yopal, esta
Sala debe precisar que la nulidad de pleno derecho que establece la
Constitución como consecuencia de haberse recaudado la prueba con violación de
derechos fundamentales impide considerarla válidamente en el proceso, así el
demandante admita que esa prueba consigna hechos que se le endilgan en el
proceso penal.
La Corte
Constitucional reitera en este punto que la inconstitucionalidad de la prueba
impide considerarla válidamente en el proceso penal, pese a su convalidación
por parte del procesado. En este punto debe ponerse de relieve que la frase
utilizada por la Carta es la de “nulidad de pleno derecho”, expresión
que indica la improcedencia de la convalidación por afectación absoluta o
radical de la validez del acto.
En este punto
vale la pena recordar que la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con
violación de derechos fundamentales encuentra sustento en un principio ético
del Estado de Derecho que impide que el Estado imponga una sanción por la
comisión de un delito sobre la base de la comisión de otro, esto es, sobre la
base de la obtención de una prueba que, por ser violatoria de derechos
fundamentales, es contraria al régimen jurídico.
Como lo ilícito
no genera derechos para los sujetos jurídicos, el Estado no puede aprovecharse
de hechos ilícitos para justificar el ejercicio de sus competencias. El ius
punendi del Estado se eleva sobre la pretensión de legalidad de sus actos,
por lo que la legitimidad de sus fines depende de la legitimidad de sus medios.
De allí que sea contrario al Estado de Derecho –Estado de la legitimidad y la
regla jurídica- que, con fundamento en un elemento injurídico, se persiga la
imposición de una consecuencia jurídica. La contradicción en los términos
impide la realización legítima del fin estatal y obliga a la administración de
justicia a expulsar del proceso judicial toda herramienta tachada de ilicitud.
De lo anterior
se sigue que el reconocimiento del procesado de que la reunión que sostuvo en
Yopal es la que figura en la grabación que le fue presentada en la indagatoria
no subsane la nulidad de pleno derecho que opera por orden constitucional. Los
argumentos expuestos por la Corte Suprema hacen relación al reconocimiento de
documentos en el proceso penal, pero no cuando de por medio se ha verificado la
violación de un derecho fundamental.
De otro lado,
adicional al hecho de que la prueba aducida en el proceso fue obtenida con
violación del derecho fundamental a la intimidad, esta Sala encuentra que la
misma también lo fue con violación de las normas legales sobre aducción
procesal de la prueba, vulneración que constitucionalmente resulta reprochable
por haber sido producida la grabación sin intermediación de autoridad judicial
competente. Ciertamente, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la
previamente citada sentencia[35], el hecho de que una
grabación hubiese sido obtenida por un particular, sin autorización previa de
autoridad judicial, hace de la prueba un elemento de convicción vulneratorio de
las garantías procesales que imponen la autorización pertinente cuando quiera
que se pretenda obtener información reservada, inscrita en la órbita de
intimidad de una persona. Sobre el particular la Corte dijo:
“La deslealtad en que incurrió el actor al
abusar de la confianza de su contertulio, ajeno al hecho de que sus opiniones
estaban siendo grabadas, además de vulnerar el derecho fundamental a la
intimidad, impide que el casete pueda ser tenido en cuenta como prueba
judicial, porque su creación y aportación tampoco concuerdan con los presupuestos
del debido proceso. En efecto, la prueba obtenida con violación del derecho
a la intimidad también quebranta el debido proceso, pues, al suponer la
utilización de una maquinación moralmente ilícita, constituye clara
inobservancia de los principios de la formalidad y legitimidad de la prueba
judicial y de la licitud de la prueba y el respeto a la persona humana”.
(T-003 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía)
Así pues, por
virtud de la violación del derecho a la intimidad, la prueba devino igualmente
ilegal por violación de las normas que persiguen la inserción formal de la
prueba en el proceso. Por ello, esta Sala considera que la prueba videograbada
debió ser expulsada del proceso penal adelantado contra Miguel Ángel Pérez
Suárez.
La admisión de
que la prueba es inconstitucional releva a la Sala de pronunciarse acerca de
las posibles irregularidades procesales denunciadas por el tutelante, derivadas
de la aducción y valoración de una prueba respecto de la cual no existe certeza
acerca de su autenticidad, de la integridad del video, de su duración y de sus
autores. En otros términos, la discusión acerca de la autenticidad del video se
vuelve irrelevante en la medida en que es absorbida por las conclusiones de su
inconstitucionalidad en tanto prueba del proceso.
Con todo,
atendiendo a las consideraciones generales de la jurisprudencia, el hecho de
que las autoridades competentes hayan admitido como prueba de cargo una prueba
manifiestamente inconstitucional no produce la invalidación automática del proceso
penal. Tal como lo dice la Corte, es requisito para la invalidación del proceso
que la decisión final haya tenido como fundamento la prueba ilícita. De lo
contrario, si la convicción del funcionario se forma a partir de elementos
probatorios distintos, independientes de la prueba o a los que se habría
llegado por otras vías, puede admitirse la subsistencia del proceso, pese a la
inconstitucionalidad de la prueba que debe expulsarse.
En el caso
concreto, esta Sala estima que la aducción y valoración de la prueba
inconstitucional no afectó la decisión final condenatoria, o, por lo menos, su
incidencia en la valoración de la responsabilidad del procesado no fue
decisiva.
- Formación independiente de la convicción del
juez penal y ausencia de nulidad del proceso
La Corte Suprema
de Justicia admite explícitamente que aún aceptando la ilicitud de la prueba
impugnada por la defensa, la conclusión acerca de la responsabilidad penal del
procesado habría sido la misma. Dice al respecto la Corte Suprema: “En efecto,
aun cuando se suprimiera el video como medio probatorio por su eventual
ilicitud, la situación jurídica que se define en este fallo no sufriría
modificación sustancial pues la reunión en la casa 39 de la Urbanización Colina
Campestre de Yopal y la recepción en ella del dinero, son hechos demostrados
plenamente con abundante prueba testimonial y aceptados por el mismo acusado”.
Esta Sala
comparte dicha conclusión, atendiendo a la lógica de la Corte Suprema. Para
entender la razón de dicha conclusión, sea pertinente volver sobre el contenido
del video.
En primer lugar,
el video obtenido por la denuncia da cuenta de la ocurrencia de varios hechos
concretos: la grabación registra una habitación en la que están dispuestas dos
sillas y un escritorio que las separa. La filmación ilustra el ingreso de dos
personas que ocupan las sillas. En la grabación aparece que ambos sujetos
sostienen una charla y el hecho de que uno entrega a otro una bolsa con dinero,
que luego de ser contado, es devuelto a la bolsa, tras lo cual los
protagonistas abandonan la escena.
Efectuada la
descripción del video, esta Sala concluye que ninguno de los hechos registrados
por la grabación agrega hechos distintos a los admitidos por la denuncia y por
el propio imputado, los cuales hubieran sido aprovechados por la Corte Suprema
de Justicia para endilgar la responsabilidad penal a Pérez Suárez.
En efecto, el
contenido de la denuncia y de la indagatoria, así como de testimonios
concordantes, arrojan una coincidencia descriptiva acerca de los hechos que
quedaron registrados en la cinta de video, pues tanto Solín como el propio
Pérez Suárez, y los apartes de los demás testimonios recaudados, admiten que en
la casa en que supuestamente se celebró la reunión, éste se entrevistó con un
tercero que le entregó un dinero, que aquél recibió y con el cual salió de la
habitación. La descripción de los hechos aquí narrados, admitidos por el propio
Pérez Suárez, coincide con las imágenes que se captan en la grabación, por lo
que no hay en la cinta un hecho adicional que, por un lado, desmienta la
denuncia de Solín y por el otro secunde la versión de Pérez Suárez.
En su
indagatoria, Pérez Suárez admite que se le informó de la existencia de la
grabación cuando pretendía abandonar la casa, lo cual indica que si éste
abandonó o no la bolsa con el dinero, ese fue un hecho no registrado por las
cámaras. En esas condiciones, el contenido del video no aporta elementos de
juicio distintivos, debatidos, contradictorios o determinantes que permitan, de
un lado, justificar la conducta de Pérez Suárez o por el otro, confirmar la
versión de Solín: tanto Pérez Suárez como Solín y, en parte, los demás
testimonios, presentan coincidencia en el hecho de que el ex gobernador se
reunió en una casa, recibió un dinero y luego abandonó la habitación.
Las
discrepancias surgen, entonces, en relación con el contexto de esa recepción, y
no propiamente con los hechos registrados en ella. Las divergencias
interpretativas entre los organismos de investigación, la Corte Suprema de
Justicia y la defensa no emergen de la valoración de los hechos consignados en
el video, sino en relación con el contexto histórico, social, político, fáctico
que rodeó la entrega del dinero.
La Corte
Suprema, apoyada así en las apreciaciones de la Fiscalía, achaca la
responsabilidad penal a Pérez Suárez por la recepción de un dinero en las
condiciones políticas en que ésta se produjo, gracias al análisis de los
indicios, pruebas indirectas, testimonios y hechos admitidos por la propia
defensa, que dan cuenta de que las circunstancias en que ocurrió la reunión no
podían conducir más que a la conclusión de que Pérez Suárez estaba enterado del
origen de la donación. La sentencia se apoya en la versión de la denuncia y en
la propia versión de Pérez Suárez para concluir que una persona puesta en las
condiciones del procesado –hostigado en varias oportunidades por los grupos de
autodefensas- no podía ignorar que la realidad social de su departamento
presionaba por todos los medios el ingreso de dineros ilícitos en las campañas
políticas. La sentencia entendió que la inminencia de las elecciones y la mala
situación financiera de la campaña de Pérez Suárez lo hicieron aceptar la
donación de un grupo indeterminado de ganaderos, respecto de cuya identidad ni
siquiera indagó, siendo ilógico en las condiciones propias del Casanare
–confirmadas por testimonios de otros alcaldes locales- e incongruente con su
aparente lucha vertical con las autodefensas que no averiguara previamente la
identidad de sus benefactores.
Tampoco
resultaba coherente, dijo la Corte, que con el conocimiento de la tensión
político paramilitar de la zona y por el hecho de haber sido instigado
previamente por grupos ilegales, Pérez Suárez –un político experimentado de la
región- no sospechara de la considerable suma que le había sido ofrecida
–inusual, la llama el sindicado en la indagatoria-, como tampoco de la
identidad de los donantes, sabido que en materia política nadie hace una
contribución económica sin proponer nada a cambio. Dice la Corte entonces que “en
materia electoral las cosas suelen funcionar distinto a como operan los
negocios comunes y corrientes, pero de ahí no se desprende que no existan
procedimientos y reglas cuando de recibir contribuciones se trata máxime en las
condiciones de orden público  del Casanare, así como no se pretende que ello
ocurra necesariamente en los directorios es inadmisible que sí suceda en
reuniones que por su lugar, hora y partícipes resultan clandestinas” –concluye
la Sala de casación en la sentencia.
De igual modo,
la condena penal se apoyó en indicios que confirmaron las aseveraciones de la
Corte respecto de la responsabilidad penal de Pérez Suárez, como la omisión del
procesado de denunciar a las autoridades la celada de que había sido objeto,
tan pronto supo de la existencia del proceso, y la decisión de reconocerlo
tiempo después, sólo cuando se presentó la denuncia en su contra, pese a que
como gobernador celebró varios Consejos de Seguridad en los que pudo exponer el
caso. La Corte infiere que una denuncia del hecho habría aumentado su capital
político en lugar de perjudicarlo.
De la misma
manera, la Corte acude a las reglas de la experiencia para advertir que si
Pérez Suárez había contactado la recepción del dinero de unos ganaderos, aquél
ha debido adoptar las medidas necesarias que no dejaran la menor duda sobre su
procedencia al recibirlos, reglas de interpretación éstas que no dependen de la
valoración de los hechos del video, sino de la apreciación global y
contextualizada de los hechos admitidos por la denuncia, la defensa y los
testimonios de cargo y descargo.
La Corte Suprema
encuentra inaceptable, en suma, que el ex gobernador haya aceptado celebrar la
reunión en las condiciones en que tuvo lugar, habida cuenta de sus condiciones
personales y de su conocimiento de la región; así como insólito que hubiese
omitido interesarse en la identidad de los ganaderos –según su indagatoria, en
el Departamento de Casanare la mayoría de profesionales se dedican a la
ganadería-  y en los intereses burocráticos que pretendían satisfacerse como
contraprestación a la donación. Igualmente, que Pérez Suárez no se hubiese
abstenido de reunirse para recibir el dinero, a pesar de haberse enterado de
que era una reunión de carácter privado, como también que permaneciera en ella
a pesar de encontrarse ante un solitario interlocutor del cual muy poco o nada
conocía.
De los
argumentos expuestos por la Corte Suprema se deduce entonces que no fueron los
hechos consignados en el video los presupuestos fácticos que motivaron la
condena de Perez Suárez -por lo que es incorrecta la acusación de la demanda
según la cual el video es la única prueba de cargo-, sino el análisis del
panorama general de la reunión y la recepción del dinero. El análisis de los
testimonios y de los indicios constituye la fuente probatoria independiente de
la sentencia condenatoria, que no se ve afectada por la prueba
inconstitucionalmente recaudada.
Esta Sala
advierte, no obstante, que algunos de los apartes de la sentencia de la Corte
Suprema efectivamente hacen alusión al video y extraen conclusiones del mismo
que en principio podrían considerarse como sustento de la asignación de la
responsabilidad penal. Particularmente, esta Sala detecta que la sentencia
condenatoria hace alusión a los últimos 7 minutos de la grabación, en los que,
después de recibir el dinero, Pérez Suárez mantiene una conversación con su
interlocutor, de lo cual la Sala de Casación Penal infiere que el ex gobernador
conocía al mismo y sabía del origen de los dineros recibidos.
No obstante,
pese a que respecto de dichos indicios la doctrina impondría su retiro, pues se
derivan de la prueba ilícita, lo cierto es que a las conclusiones a las cuales
se arriba por virtud de dichas inferencias también se llega por la vía del
análisis de los demás indicios, de las declaraciones y de la denuncia, por lo
cual debe entenderse que también respecto del conocimiento que Pérez Suárez
tenía del origen de los recursos, la sentencia encontró una vía de convicción
independiente, que no se vincula directamente con la prueba
inconstitucionalmente admitida. En otras palabras, esta Sala entiende que la
vinculación que la Corte Suprema de Justicia hace de Pérez Suárez y los dineros
ilícitos que recibiría la campaña no depende del análisis de los últimos siete
minutos de la grabación, sino, nuevamente, del contexto en que tuvo lugar la
entrega de los dineros, del escenario general en que sucedieron los hechos
mutuamente admitidos por la denuncia, la indagatoria y los demás testimonios.
Por ello, las conclusiones que sobre el particular haya podido extraer la
Corte, las apreciaciones concretas respecto de esos últimos minutos de
grabación, no tienen la fuerza de convicción necesaria para sostener que
constituyen el fundamento jurídico de la decisión, sino son argumentos de
refuerzos de una conclusión previamente extraída.
Sobre la base de
lo dicho, esta Sala de Revisión considera que la decisión de la Corte Suprema
de Justicia, adoptada con fundamento en la acusación formal de la Fiscalía
General de la Nación, a pesar de haber admitido como prueba de cargo una prueba
obtenida con violación del derecho fundamental a la intimidad, no es
constitutiva en su conjunto de vía de hecho, puesto que la sentencia
condenatoria penal tiene como fuente de convicción, elementos probatorios
independientes de la prueba ilícita que justifican, por sí mismos, de manera
autónoma, la asignación de la responsabilidad penal al condenado Miguel Ángel
Pérez Suárez.
En conclusión,
para la Sala, la Corte Suprema aceptó y valoró una prueba que no debió ser
aportada al proceso, por ser inconstitucional, pero no por ello incurrió en vía
de hecho al dictar la sentencia condenatoria, en tanto que el fallo es razonable
y no es arbitrario.
-Testimonios
allegados al proceso con posterioridad a la selección del expediente
Mediante
memorial del 21 de marzo de 2007, radicado en el despacho del suscrito
magistrado ponente el 22 de marzo del mismo año, el abogado Fabio Antonio
Acevedo Vélez allegó al expediente una serie de testimonios, recaudados de
miembros de grupos paramilitares desmovilizados, que consignan afirmaciones
relativas a los hechos objeto del proceso penal adelantado contra Miguel Ángel
Pérez Suárez. El abogado pretende que se los tenga en cuenta en la resolución
del caso concreto, pues los mismos confirmarían la tesis de que Pérez Suárez
fue objeto de una celada.
No obstante,
esta Sala de Revisión se abstendrá de hacer el análisis de dichos testimonios,
pues en tanto juez de tutela, su competencia se limita al análisis de las
providencias judiciales que fueron objeto de demanda por haber incurrido en
supuestas vías de hecho. La competencia del juez de tutela en este caso se limita
al análisis de la vía de hecho, sobre la base del material probatorio con que
contaron las autoridades judiciales para producir sus providencias, pero no
puede extenderse hasta la discusión acerca de la responsabilidad penal del
condenado. En este sentido, la Sala no puede pronunciarse sobre pruebas que no
fueron de conocimiento de la Fiscalía ni de la Corte Suprema de Justicia  (los
testimonios recaudados lo fueron en fecha posterior a la sentencia de la
Corte), y que no fueron valoradas en su momento, por no hacer parte del
respectivo expediente. Ello implicaría invadir la órbita de acción del juez
penal.
En esas
condiciones, la Sala Quinta de Revisión no encuentra mérito para revocar la
decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, por
tanto, confirmará en todas sus partes los fallos de tutela.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes
la sentencia del 15 de noviembre de 2006, por la cual la Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la Judicatura resolvió negar en segunda instancia la
tutela incoada por Miguel Ángel Pérez Suárez en contra de la Fiscalía General
de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDO: Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-233 DE 2007
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Corte
Suprema era la única competente para realizar el abordaje probatorio en el caso
sub judice (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-1498919, acción de tutela incoada por
Miguel Ángel Pérez Suárez, contra la Fiscalía General de la Nación y la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Con el acostumbrado respeto, me he apartado de lo
expresado en los numerales 3, 4 y 5 de la parte considerativa del fallo
proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, que
integro con los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio
Sierra Porto, por lo siguiente:
La Sala Quinta de la Corte Constitucional
mayoritariamente entendió, conforme a la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M.
P. Jaime Córdoba Triviño, que la tutela de la referencia cumple los requisitos
generales y específicos de procedencia, enumerados en dicha providencia,
los cuales, en mi opinión, constituyen un excelente catálogo de enfoques para
encauzar una impugnación, mas no resulta válido para posibilitar la acción
constitucional de amparo, de la cual no puede abusarse, como se ha venido
haciendo en desmedro de la seguridad jurídica y de la autonomía y
desconcentración de la administración de justicia.
De acuerdo a la
sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo,
en la cual expresamente fueron declarados inexequibles los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991, que admitían y reglamentaban la acción de tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso, determinación que
cobró efectos de cosa juzgada constitucional, es contrario a lo estatuido por
el artículo 243 de la Constitución que se de curso a tal acción, salvo si se
está en presencia de una grosera y flagrante conculcación del ordenamiento
jurídico, esto es, de una arbitrariedad camuflada como providencia judicial, lo
cual en el caso objeto de estudio no se observó y por ello fue acertadamente
denegada la tutela, pero yo considero que por ser manifiestamente improcedente,
ni siquiera ha debido considerarse, menos con tan profundo escrutinio de lo ya
realizado por la autoridad judicial competente.
Discrepo del
abordaje probatorio que realizaron las instancias de esta acción, al igual que
en sede de Revisión (con reconocida dedicación e idoneidad), lo cual no era
necesario hacer cuando ya había sido verificado por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, única corporación facultada para determinar si las
pruebas allegadas al proceso eran determinantes para establecer la
responsabilidad penal del procesado; no como se realizó en el transcurso de
esta acción, que en cada una de las instancias, en supuesta competencia
absurdamente arrogada por entes disciplinarios, sopesaron el material
probatorio, convirtiendo esta actuación en una indiscriminada invasión en la
órbita del juez natural.
No es saludable
para la administración de justicia que una simple diferencia de interpretación
conduzca a profanar la jurisdicción, hasta llegar a cuestionar un criterio
judicial debidamente sustentado por la corporación máxima en el área  (art. 234
Const.), que tiene la competencia exclusiva y excluyente para definir el asunto
sub judice,  en única instancia, la cual por dimanar del
privilegio del fuero, no afecta derecho fundamental alguno, según ha precisado
esta corporación (cfr. C-934 de noviembre 15 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
Remitiéndome a
lo expresado en salvedades anteriores y para no alargar ésta, sólo agregaré el
reconocimiento a la visión que tuvo el legislador especial al expedir al
Decreto 2591 de 1991 y en su artículo 40 estatuir que la tutela no procederá
por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas,
pero esta norma fue declarada inexequible mediante la citada sentencia C-543 de
1992, precisamente por la categórica determinación de no permitirse la tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin al proceso, decisión que considero
fue inconstitucionalmente desconocida (art. 243 Const.) por la sentencia C-590
de 2005, aunque en ésta se trate de demostrar lo contrario.
Con lo anterior
dejo brevemente expuestas las razones por las cuales, con el mayor respeto,
disiento en parte de la motivación del fallo adoptado por la Sala Quinta de
Revisión.
Fecha ut supra.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Por Sentencia C-543 de 1992 la Corte
Constitucional declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.
[2] Cfr., Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[3]  Sentencia 173/93 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[4] Sentencia T-504/00. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[5] Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[6] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[7] Sentencia T-658-98
M.P. Carlos Gaviria Díaz
[8] Sentencias T-088-99 y
SU-1219-01
[9]
Sentencia T-522/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[10] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.
[11] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994,
T-329 de 1996, SU-477de 1997, T-267 de 2000, entre otras.
[12] Ver entre otras la Sentencia T-1001- 2001, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[13] Ver entre otras la sentencia T-073 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[14]             Sentencia T-336 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[15] Corte Suprema de
Justicia, Sentencia de 8 de junio de 1982.
[16] Sentencia C-922 de 1998 M.P. Fabio Morón
Díaz
[17] “Artículo 533. Derogatoria y vigencia.
El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de
enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
“Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán
en vigencia a partir de su publicación”.
[18] Sentencia T-442 de 1994.
[19] Ver, por ejemplo, el PROCESO No. 10373, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, MP: Carlos E. Mejía Escobar, Aprobado Acta No. 195, 16 de
diciembre de 1998. En este fallo, los impugnantes cuestionan la legalidad de
testimonios solicitados por la defensa y practicados sin la presencia de su
defensor. La Corte encontró que tal irregularidad no incidía en la estructura
del proceso, ni en su resultado (la sentencia), ni afectaba el derecho a la
defensa, pues los funcionarios judiciales encargados de recepcionar los testimonios
tuvieron en cuenta que se trataba de una prueba solicitada por la defensa con
el fin de demostrar el lugar en el que se encontraban los procesados, por lo
que no se imponía su exclusión del acervo probatorio al no desconocer el
derecho a la defensa. Según la doctrina seguida por la Corte Suprema, si se
presenta un vicio sustancial en la práctica de la prueba, la prueba afectada
debe ser excluida del acervo probatorio, pero ello no implica necesariamente la
anulación de todo lo actuado. Adicionalmente cabe anotar que la Corte Suprema
de Justicia ha recogido en varios de sus fallos la tesis de la inexistencia de
las pruebas ilícitas. Ver por ejemplo, PROCESO Nº 13545, Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, MP: Carlos E. Mejía Escobar, Aprobado Acta
No. 02, 18 de enero de 2001. La recurrente alega que las pruebas (la confesión
de la autora intelectual y los testimonios grabados de los autores materiales
de un homicidio), en las cuales se comprometía a la actora como autora
intelectual del homicidio, fueron obtenidos sin la presencia del defensor de
ésta y por ello fueron consideradas como pruebas ilegales y excluidas del
proceso. Sin embargo, a juicio de la impugnante, tales declaraciones ilegales a
pesar de haber sido excluidas, se tuvieron en cuenta como indicios de su
responsabilidad. La Sala rechazó el cargo por considerar que tales pruebas
habían sido declaradas inexistentes y correctamente excluidas del acervo y que
la responsabilidad de la actora surgía de otras pruebas válidamente aportadas
al proceso. En relación con la existencia de pruebas nulas dentro del proceso,
dijo la Sala lo siguiente: “El señalamiento del censor en punto a la expresión
‘Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso’
no puede adoptarse en su tenor literal, pues el instituto de las nulidades no
opera de pleno derecho, sino en la medida en que opere el respectivo juicio de
valor, lo que no ocurre en tratándose de los juicios de existencia de las
pruebas, donde aquella que no reúne los presupuestos de formación para nacer a
la vida jurídica, simplemente no existe. (...) Importa sin embargo destacar que
es deber del juzgador, al momento de evaluar el recaudo probatorio, apreciarlo
en su totalidad para esclarecer así lo que es objeto de su conocimiento, pero
igualmente puede desestimar en su mérito probatorio aquello que no le brinde la
certeza de lo que pretende probar. (...)”
[20] El artículo 23 de la Ley 906 de 2004 precisa que es nula de pleno
derecho la prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales, con lo
cual amplía el concepto aparentemente restringido usado por la Carta de
violación de las normas del debido proceso.
[21] Sobre este punto, ver, por ejemplo, Corte Constitucional, las
Sentencias T 442/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-285/95 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa); T-416/95 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-207/95 (M.P. Hernando
Herrera Vergara); T- 329/96 (José Gregorio Hernández Galindo); T-055/97
(Eduardo Cifuentes Muñoz), Corte Constitucional, sentencia C-412 de 1993,
Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
[22] Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] “Ver por ejemplo, Proceso
Nº 12231, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, MP:
Fernando E. Arboleda Ripoll, Aprobado Acta No.103, 16 de junio de 2000. En este
fallo, los impugnantes cuestionan la legalidad de un reconocimiento en fila de
personas practicado sin que los acusados fueran asistidos por un defensor de
oficio y en consecuencia solicitan la anulación de todo lo actuado. En esa
oportunidad sostuvo la Sala que cuando tal vicio de legalidad se produce “la
solución para esos casos no consiste en la anulación de lo actuado (...), sino
en la exclusión de la prueba al momento de fallar, oportunidad en la que se
establece el cumplimiento de las formalidades previstas para la aducción del
medio en relación con el que se predica el yerro, respecto de lo cual
suficiente y difundida ha sido la jurisprudencia de esta Corte”.”
[24] Cfr. Sentencia
T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Enfasis no original. La Corte
decidió confirmar los fallos de instancia que negaron la tutela interpuesta por
el peticionario, pues no encontraron que la no exclusión de una prueba
ilícitamente obtenida constituyera un vicio de tal magnitud que hiciera
procedente declarar la nulidad de todo el proceso, en la medida en la que la
alegada prueba (la práctica irregular de un testimonio en el que se identificó
el lugar donde se encontraba el arma con la que se había cometido el delito
objeto de investigación: asesinato múltiple de indígenas en un predio ubicado
en el departamento de Córdoba) no fue la única ni la determinante para llegar a
la decisión tomada por las autoridades competentes, no obstante que a partir de
dicha declaración… se practicó un allanamiento… dentro del cual fue encontrada
una pistola Colt 45, la cual fue utilizada para cometer la masacre que inició
la investigación. Se dijo entonces: “En el presente caso, resulta claro que la
inexistencia de la declaración del testigo con reserva de identidad no tendría,
necesariamente, el efecto de cambiar la decisión impugnada. Ciertamente, el
Tribunal Nacional tuvo en cuenta otros elementos de juicio tales como el hallazgo
de una de las armas homicidas en una finca de propiedad del condenado; la
presunta relación de subordinación y confianza entre quien era el tenedor de la
mencionada arma al momento del allanamiento a la finca “Los Naranjos” - quien
se encuentra huyendo de la justicia - y el señor Tulena Tulena; el conjunto de
testimonios de oídas que afirmaban la participación del actor en la
comisión del delito; el eventual interés del encartado en la ejecución de la
masacre, etc. Con independencia del valor de cada uno de estos elementos de
juicio - lo cual no puede ser definido por el juez de tutela -, lo cierto es
que la prueba que debió ser excluida no resulta determinante a la hora de
resolver el caso planteado”. Contra esta decisión de la Corte se promovió un incidente
de nulidad que fue negado unanimente por los magistrados de la Sala Plena
mediante el Auto 026A de 1998.
[25] Ibíd. sentencia T-008 de 1998.
[26] Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[27]
Sentencia T-212 de 2006  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[28] Sentencia T-696 de 1996 M.P.  Fabio Morón Díaz
[29] “La prueba prohibida  y la prueba preconstituida”, José María Ascencio
Mellado. pág.103
[30] “la intervención de las comunicaciones orales directas en el
proceso penal”, María Lourdes Noya Ferreiro, pág.38
[31] Cfr. Corte Constitucional  S. U - 089 de 1995.  Magistrado
Ponente: Jorge Arango Mejía.
[32] Sentencia C-282 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[33]Sentencia C-024 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero
[34] sentencia C-041 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[35] Sentencia T-003 de
1997 M.P. Jorge Arango Mejía