T-573-96
Sentencia T-573/96
Sentencia
T-573/96
INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES-Suministro
medicamentos por profesionales de planta
Si bien es cierto
que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado a quien
corresponde reglamentar la prestación de la misma, ello no da lugar a que pueda
obligarse a las Entidades Promotoras de Salud por parte de sus afiliados a la
cual están vinculados, a suministrarles los medicamentos formulados por
profesionales de la salud que no pertenecen a la planta de personal de dichas
entidades, pues ello es contrario al ordenamiento constitucional, según el cual
es al Estado a quien corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación
de los servicios de salud, a fín de lograr la eficiencia en su prestación.
Referencia:
Expediente T-102.303
Peticionario: José
Osorio Parejo contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Atlántico.
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santafé de Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional procede a revisar las sentencias
proferidas, en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Barranquilla, el treinta (30) de abril de 1996; y por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad, Sala Laboral, con fecha once (11) de
junio del mismo año, dento del proceso de la referencia promovido por el
demandante José Osorio Parejo contra el Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Atlántico.
Por remisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, y de conformidad con
el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el expediente llegó al conocimiento de
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela de la referencia fue escogida por la Sala de Selección Número
siete (7) de la Corte Constitucional para los efectos de su revisión
constitucional.
I.  HECHOS DE LA
DEMANDA.
El ciudadano José
Osorio Parejo, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra
el Instituto de Seguros Sociales para que se le ordene entregar las medicinas
"Xanax-Alprazolam de 0.5 mg y Zolofsertralina de 50 mg,  y a reembolsarle
la suma de $305.730°° que le adeuda por compra de medicamentos y pago de
consultas médicas. Como fundamento de la acción invocó la protección de los
derechos fundamentales consagrados en los artículos 11, 47, 48, 49 y 53 de la
Constitución Política.
Manifiesta que es
trabajador de la empresa "Philips de Colombia S.A." desde hace más de
30 años y que está afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde el primero
de enero de 1969. Agrega que por causa del desgaste físico del ruído de las
máquinas, en dicha empresa sufre de "hipertensión, insomnio,
delirio de persecución, miedo en el trabajo y al subirse al bus",
razón por la cual acudió ante el médico general del I.S.S. quien le ordenó
tratamiento psiquiátrico.
Afirma que para este
tratamiento, fue atendido por el doctor Fernando Cortissoz, quien le formuló la
medicina "Amitriptilina", medicamento que le produjo efectos
secundarios como "adormecimiento, malestar, taquicardia, resequedad en
los labios y aumento de la presión arterial". Por este motivo,
explica, que solicitó a dicho especialista el cambio de la medicina, pero éste
le manifestó que no era posible por cuanto era la única disponible de acuerdo
al fomulario general de medicamentos del Instituto de los Seguros Sociales.
Indica que acudió a
la Caja de Compensación Familiar de Barranquilla "Combarranquilla",
de la cual afirma que es afiliado, donde fue atendido por un médico general, el
cual lo remitió al médico psiquiatra Jairo Palacio Vergara quien le formuló los
medicamentos Xanax-Alprazolam de 0.5 mg y Zolofsertralina de 50 mg,
advirtiéndole que los mismos eran costosos pero que lo mejorarían. Manifiesta
que estas medicinas fueron adquiridas por el "Seguro Social",
organismo que posteriormente se las suministró.
Señala que presentó
mejoría con dicho tratamiento, por lo que siguió asistiendo a las consultas médicas
con el psiquiatra mencionado pero que el Instituto de los Seguros Sociales se
negó a continuar asumiendo el pago de ese tratamiento. Prueba de ello,
manifiesta, son las 6 recetas médicas que llevó para la respectiva aprobación,
de fechas: 27 de diciembre de 1995, 6 y 17 de enero, 22 de febrero, 2 y 29 de
marzo, de 1996, negadas por dicha institución, con fundamento en la resolución
número 1037 de 9 de marzo de 1995, "que prohibe el suministro de drogas
no formuladas por los médicos de la institución". Arguye que "Si
bien es cierto que el Seguro Social expide acuerdos y resoluciones internas
para un mejor funcionamiento administrativo, no es menos cierto que esas normas
internas deben estar sujetas a la Constitución y a la ley, de lo contrario son
inaplicables por excepción de inconstitucionalidad".
Finalmente, señaló
que por acuerdo suscrito con el Instituto de los Seguros Sociales, éste se
comprometió a entregarle las medicinas formuladas por el doctor Palacio
Vergara, "siempre que éste emita un concepto porque formuló dichas
drogas". Agrega que solicitó el concepto al siquiatra mencionado, el
cual se negó, aduciendo que suscribió un contrato de prestación de servicio con
el Instituto de los Seguros Sociales.
II. LAS
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
a) Primera
Instancia
Correspondió conocer
de la acción de tutela al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla,
el cual mediante sentencia de fecha treinta (30) de abril de 1996, resolvió
denegar la tutela por las siguientes razones:
El sujeto activo de
la acción no ha acreditado prueba alguna donde conste la negación del servicio
clínico por parte del I.S.S., y menos que las aludidas drogas que le recetaron
no le han sido entregadas, "pues cuando se acude al médico familiar
éste formula el respectivo medicamento el cual tiene que ser reclamado ante la
farmacia de dicha unidad o aquella encargada por el I.S.S.; luego, si una vez
allí no se hace entrega de los remedios, debe dejarse constar mediante nota u
observación la razón de lo mismo, situación que no aparece descrita en forma
probatoria, no basta con el solo narrar estas circunstancias para concluír que
en verdad se está vulnerando un probable derecho".
Finalmente, señala
que el accionante tiene otro medio de defensa judicial para reclamar el derecho
que estima vulnerado, cual es la jurisdicción del trabajo instituída para
decidir conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente como
consecuencia del contrato de trabajo.
b) Segunda
Instancia
Impugnado el fallo
de primera instancia correspondió conocer de la acción de tutela al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, resolver la
misma, lo que hizo mediante sentencia de fecha once (11) de junio de 1996, en
la que confirmó la decisión del Juzgado Sexto Laboral del Circuito con
fundamento en las siguientes razones:
Considera la Sala
que por tratarse de una situación interna, el I.S.S. válidamente  puede exigir
para la aprobación del suministro de drogas el cumplimiento de sus propios
reglamentos. En esta medida, el actor, quien es directamente el interesado,
debe agotar la vía gubernativa ante el demandado para que exija el concepto o
información requerida al médico que formuló la droga; "es decir,
utilice otro recurso o medio de defensa judiciales, por cuanto, la vía
gubernativa es un recurso o medio de defensa judicial"
Del mismo modo,
consideró el despacho que no es procedente aplicar la tutela como mecanismo
transitorio, por cuanto no existe un perjuicio irremediable, al estarse
entregando las drogas por parte del accionado, de acuerdo con lo expresado en
el hecho once (11) del escrito de tutela, según el cual "En los
actuales momentos el Seguro Social accedió a entregar las drogas formuladas por
el doctor Jairo Palacio Vergara, siempre que este emita un concepto por que
formuló dichas drogas.".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. La
Competencia.
Con fundamento en
los artículos 86 y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es
competente para revisar los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Barranquilla, y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de esa misma ciudad.
Segunda. El asunto
objeto de análisis.
Como se expresó en
los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, la pretensión principal del
accionante tiene como objeto que se ordene al Instituto de Seguros Sociales
suministrarle los medicamentos "Xanax-Alprazolam de 0.5 mg" y
"Zolofsertralina de 50 mg" prescritos por el psiquiatra Jairo Palacio
Vergara, no vinculado a dicho organismo oficial, a cambio de la droga
denominada "Amitriptilina" formulada por el médico psiquiatra
Fernando Cortissoz, en su carácter de servidor público adscrito a dicho
Instituto. Así mismo, solicita el reembolso de los dineros que canceló por
concepto de consultas médicas y compra de medicamentos.
Debe aclararse que a
folio 31 del expediente aparece una certificación suscrita por la Coordinadora
de Salud María Helena Daniel en la cual expresa que "El Doctor JAIRO
PALACIO, psiquiatra, atiende pacientes de COMBARRANQUILLA mediante el servicio
de remisión de pacientes. El médico en mención no tiene ningún vínculo laboral
con la Caja de Compensación Familiar de Barranquilla".
Igualmente a folios
25 y 29, el Gerente Nacional de Relaciones Insustriales de la empresa Philips,
donde labora el accionante, manifiesta que el médico Palacio Vergara no está
vinculado a dicha empresa y que ésta no tiene ningún convenio con la Caja de
Compensación Familiar de Barranquilla "Combarranquilla", mediante la
cual los trabajadores puedan hacer uso de los servicios de salud que la
referida caja presta a sus afiliados.
Tampoco existe
prueba que permitan acreditar las afirmaciones del accionante, en el sentido de
que que efectivamente el I.S.S. estuvo suministrando las medicinas requeridas
por el mismo, como tampoco que dicha entidad se hubiese comprometido a
suministrarlos una vez el especialista Palacio Vergara explicara los motivos
que lo llevaron a formularlos.
Según el actor, el
suministro de los medicamentos mencionados constituye su pretensión principal
del actor, por cuanto estos han reducido los efectos secundarios que la
medicina "Amitriptilina" ha producido en su sistema nervioso. No
obstante el requerimiento de los mismos por aquél, el I.S.S., entidad ante la
cual los solicitó, por conducto del psiquiatra Fernando Cortissoz quien lo
atendió previamente, le negó la entrega de los mismos, en razón a que "se
encuentran por fuera del Formulario General de Medicamentos del I.S.S
(...)"; lo cual tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de
la Resolución 1037 de 1995 emanada del citado establecimiento, que expresa lo
siguiente:
Artículo
segundo: La
prescripción de medicamentos, para efectos del suministro deberá sujetarse estrictamente
al formulario adoptado mediante la presente Resolución, en su denominación
genérica, concentración y forma farmacéutica. (Lo subrayado no es del texto original).
Dentro de los
elementos probatorios que obran en el expediente se observa que a folio 59, el
Gerente del I.S.S., Seccional Barranquilla, E.P.S. informó al peticionario, que
no podía autorizar las medicinas porque "solo el especialista tratante
puede hacer la respectiva formulación de acuerdo a las características de la
patología que presenta el paciente y al desarrollo o evolución de la misma,
siempre con base en la historia clínica de éste". También le comunicó
en cuanto a las drogas que le fueron formuladas que éstas "solo pueden
ser autorizadas siempre y cuando hayan sido formuladas por uno de nuestros
Psiquiatras Especialistas de conformidad con las excepciones contenidas en la
Resolución 1037" y "en todo caso, siempre que el paciente
no se encuentre en un estado de compromiso de vida, de conformidad con lo
establecido en las excepciones contenidas en la Resolución (...)[1]".
(Subrayado fuera del texto original).
Ahora bien, el
artículo 8° de la Resolución 1037 de 1995 consagra el procedimiento que debe
adelantarse en aquellos casos en que medie solicitud de medicamentos ante el
I.S.S y que no estén incluídos en listado de medicinas determinadas en dicha
resolución. Allí, se establece que es permitido el suministro de fármacos
excluídos, en los casos especiales descritos en los siguientes numerales:
"1.  Los
medicamentos autorizados para casos especiales mediante Resolución 1165 de
marzo 10 de 1994 y 2863 de julio 7 de 1994, podrán suministrarse mediante
autorización del Gerente de la Clínica, éstos son: Ganciclovir, Klaritromicina,
Ondansetron".
"2.  Los
pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento suministrado por el ISS
con ERITROPOYETINA, y los que presenten estados de compromiso de vida podrán
continuar o iniciar el tratamiento bajo autorización del Gerente Seccional de
la EPS. La Gerencia debe llevar el registro de estos pacientes con dosis y
régimen de tratamiento".
"3. Los
pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento con medicamentos no
contemplados en este formulario, pero que, fueron aprobados por los Comités de
Formulario y Terapéutica Seccionales, Zonales o Locales; podrán continuarse
previa autorización de la Gerencia Seccional EPS, que podrá delegar al
Gerente del Centro de Atención. Esta excepción no es válida para nuevos
tratamientos".
(Subrayado fuera del texto original).
Al respecto la Corte
Constitucional en Sentencia T- 088 de 1996, expresó::
"Dada la
especialidad del tema, no corresponde al juez de tutela determinar si el caso
del demandante, se encontraba contemplado en el numeral 2, que dice: “. . . y
los que presenten estados de compromiso de vida . . .”, o en el 3, al señalar:
“los pacientes que actualmente se encuentren en tratamiento con medicamentos no
contemplados en este formulario pero que, fueron aprobados por los Comités de
Formulario y Terapéutica Seccionales, Zonales o Locales, podrán continuarse
previa autorización (...)".[2]
Estima la Corte en
relación con el caso planteado que si bien es cierto que la atención de la
salud es un servicio píblico a cargo del Estado a quien corresponde reglamentar
la prestación de la misma, ello no da lugar a que pueda obligarse a las
Entidades Promotoras de Salud por parte de sus afiliados a la cual están
vinculados, a suministrarles los medicamentos formulados por profesionales de
la salud que no pertenecen a la planta de personal de dichas entidades, pues ello
es contrario al ordenamiento constitucional, según el cual es al Estado a quien
corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de
salud, a fín de lograr la eficiencia en su prestación.
Por consiguiente, es
al Instituto de Seguros Sociales a quien corresponde valorar y evaluar a través
de sus especialistas el estado actual del demandante, a fín de adoptar el
tratamiento correspondiente y suministrarle los medicamentos que sean
indispensables para su recuperación, pues es claro que en tal sentido la E.P.S.
del Seguro Social está en la obligación de entregar a sus afiliados los
medicamentos formulados por sus especialistas y no por médicos particulares.
Cabe observar que
como lo ha expresado la Corporación, cuando determinado medicamento es
necesario para la salud y debe ser suministrado de manera indefinida para
evitar deterioro de su integridad física y perjuicios mayores, es necesario
suministrar el medicamento requerido y formulado por el médico especialista
vinculado a la E.P.S. del Seguro Social para el adecuado tratamiento del
afiliado, pues de lo contrario se estará afectando el derecho a la vida y a la
salud, cuya protección por mandato constitucional resulta prioritario.
Por lo anterior, en
el caso sub exámine se confirmarán las providencias materia de revisión, en
cuanto negaron la tutela presentada por el demandante, pues no resulta
procedente acceder a que se ordene la entrega de los medicamentos formulados
por especialistas no vincualdos al Instituto de Seguros Sociales, asi como al
reembolso de las sumas de dinero canceladas por el mismo por compra de dichos
medicamentos. Adicionalmente se ordenará al Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Atlántico, que el señor José Osorio Parejo sea valorado y evaluado
por especialistas en psiquiatría a fín de determinar su estado actual, y se
adopte asimismo, el tratamiento adecuado inherente a la recuperación de su
salud.
III.  DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional,
obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR
el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Laboral, el once (11) de junio de 1996, que a su vez
confirmó el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Barranquilla, el treinta (30) de abril del mismo año, que denegó la tutela
presentada por el ciudadano José Osorio Parejo, contra el Instituto de los
Seguros Sociales, Seccional Atlántico, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. ORDENAR al
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Atlántico que disponga lo conducente
para que el señor José Osorio Pareja sea examinado por especialistas
psiquiátricos a fín de determinar su estado de salud, y adoptar el tratamiento
adecuado, para su recuperación.
Tercero. LÍBRENSE
por secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Folio 55 del expediente.
[2]Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.