C-213-17
Sentencia C-213/17
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Cuantía del interés
para recurrir en casación
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Cuantía de las
pretensiones como criterio de procedencia de recursos judiciales, no afecta el
derecho de acceso a la administración de justicia e igualdad
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Cuantía de las
pretensiones como criterio de procedencia de recursos judiciales, cumple una
finalidad constitucionalmente legítima
El incremento del interés para
recurrir tiene por finalidad asegurar que el nuevo diseño procesal -que amplía
el ámbito temático del recurso y promueve la realización de nuevos fines en
sede de casación- pueda materializarse sin afectar la obligación de la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia de cumplir eficazmente las tareas que le
fueron asignadas en el artículo 235 de la Carta, de manera que se asegure la
prestación eficiente del servicio público de administración de justicia, que
además es calificada por la Carta como una función pública (art. 228). El
objetivo de la regla demandada se vincula entonces, estrechamente, con la
consecución de los fines constitucionales de la casación: unificación de la
jurisprudencia, protección del principio de legalidad y constitucionalización
del ordenamiento jurídico.
CUANTIA DE PRETENSIONES COMO CRITERIO DE PROCEDENCIA DE RECURSOS
JUDICIALES-Conducencia para alcanzar el propósito
deseado
La medida se evidencia como
efectivamente conducente. En efecto, la ampliación del grupo de sentencias que
pueden ser objeto del recurso de casación así como la fijación de algunos
supuestos en los que la cuantía se torna irrelevante, requería acompañarse de
una regla como la examinada, en tanto hace posible que la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia cumpla eficazmente sus nuevas tareas sin afectar la
consecución de los objetivos pretendidos por la reforma. Establecer ajustes
dirigidos a concretar la ampliación de las materias susceptibles de
pronunciamiento por parte de ese Tribunal, además de justificarse en la
importancia que tiene en el ordenamiento colombiano como tribunal de casación,
debía acompañarse de la adopción de medidas encaminadas a priorizar las tareas a
cargo de dicha Corporación. Se concluye entonces que la medida, desde el punto
de vista de las posibilidades fácticas, permite alcanzar el propósito
identificado.
CUANTIA DE PRETENSIONES COMO CRITERIO DE PROCEDENCIA DE RECURSOS
JUDICIALES-No vulnera la condición de la Corte Suprema
de Justicia como tribunal de casación
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD-Aplicación
Este Tribunal se ha ocupado de precisar el alcance del principio de
progresividad así como de los elementos que conforman el examen cuando se alega
su infracción. Según ha sostenido de manera reciente, dicho principio “prescribe que la eficacia y cobertura de las
dimensiones prestacionales de los derechos constitucionales debe ampliarse de
manera gradual y de acuerdo con la capacidad económica e institucional del
Estado en cada momento histórico”. A ese mandato se adscriben, según la propia
Corte, cuatro tipo de exigencias: (i) la satisfacción inmediata de niveles
mínimos de protección; (ii) el deber de observar el principio de no
discriminación en todas las medidas o políticas destinadas a ampliar el rango
de eficacia de un derecho; (iii) la obligación de adoptar medidas positivas,
deliberadas y en un plazo razonable, para
lograr una mayor realización de las dimensiones positivas de cada derecho,
razón por la cual la progresividad es incompatible, por definición, con la
inacción estatal, y (iv) la prohibición de retroceder por el camino iniciado
para asegurar la plena vigencia de todos los derechos.
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE RETROCESO EN MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL ESTADO PARA GARANTIZAR FACETAS PRESTACIONALES DE DERECHOS
CONSTITUCIONALES-Jurisprudencia constitucional
El principio de progresividad
implica una prohibición prima facie de cualquier retroceso. Que se trate de una
prohibición de tal naturaleza y no de una proscripción definitiva denota, según
lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de
justificarlo. De ello se sigue entonces que toda medida regresiva constituye un
retroceso, pero su adopción no implica siempre una infracción a la prohibición
de regresividad.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO EN
MATERIA DE CUANTIA DEL INTERES PARA RECURRIR-Incumplimiento
de requisitos de especificidad y suficiencia en el cargo por violación al
principio de progresividad
Considerando la estructura del
mandato de progresividad en su variante de prohibición de retroceso
injustificado, la activación de la competencia de la Corte para emprender el
juicio exige que al formular la acusación los ciudadanos aporten argumentos que
de manera específica se orienten a indicar, por un lado, que la medida
constituye en efecto un retroceso en el grado de protección del derecho de que
se trate y, de otro, que dicho retroceso no encuentra una justificación
suficiente […] En síntesis, el demandante debe aportar elementos de juicio
orientados a demostrar (i) que la modificación normativa, comprendida
integralmente, constituye un deterioro en la protección del derecho
identificado y (ii) que ese deterioro no tiene una justificación válida y
suficiente.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Origen y
funciones
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-No puede
considerarse como una tercera instancia
JUICIO DE LEGALIDAD EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Alcance
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Improcedencia
general
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION DENTRO DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL-Expresión del carácter unitario del Estado
RANGO CONSTITUCIONAL DE LA CASACION-Implica
que el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este
recurso
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION DENTRO DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL-Mecanismo judicial intrínsecamente relacionado con la protección de
derechos fundamentales
La jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes oportunidades
respecto del significado constitucional del recurso de casación. La
aproximación de este Tribunal ha supuesto que si bien la Carta Política sólo
hace mención de tal instituto en el artículo 235.1 -al indicar que le
corresponde a la Corte Suprema actuar como tribunal de casación-, su
reconocimiento en el Texto Superior comporta la obligación de interpretar esta
figura a partir de una perspectiva que tome en consideración las diferentes
normas de la Carta. Dicho de otra forma, la competencia de la Corte Suprema de
Justicia para actuar como tribunal de casación, no es aséptica al influjo de la
Constitución.
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Competencia para
hacer leyes, expedir y reformar códigos
LEGISLADOR-Regulación de formas
procedimentales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN RECURSO PROCESAL-Alcance
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Ampliación
de sentencias susceptibles de recurso en el Código General del Proceso
CUANTIA DE PRETENSIONES COMO CRITERIO DE PROCEDENCIA DE RECURSOS JUDICIALES-No es aplicable en casos en que las pretensiones no sean esencialmente
económicas o se trate de acciones de grupo, populares y de estado civil
PRINCIPIO DE ARMONIZACION Y PRINCIPIO DE EFECTO UTIL-Alcance
CASACION-Procedencia de oficio cuando se comprometa
gravemente el orden público, patrimonio público o se atente contra los derechos
y garantías reconocidos en la Constitución
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Compromiso con la
igualdad material
ESTADO-Protección especial a personas en
circunstancias de debilidad manifiesta
CUANTIA DE PRETENSIONES COMO CRITERIO DE PROCEDENCIA DE RECURSOS
JUDICIALES-Criterio constitucionalmente permitido en
el marco de la libre configuración del legislador
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Núcleo fundamental
Esta Corporación ha señalado que
el derecho de acceso a la administración de justicia protege las siguientes
posiciones iusfundamentales: (i) el derecho a que existan procedimientos
públicos, idóneos y efectivos que permitan la definición de los derechos y
obligaciones de las personas; (ii) el derecho de todas las personas, en las
condiciones que fije la ley, a poner en funcionamiento el sistema de justicia a
fin de que las controversias sean resueltas en un plazo adecuado; (iii) el
derecho a que durante el curso de un proceso se asegure la igualdad de las
partes y el derecho al debido proceso; (iv) el derecho a que las decisiones
judiciales sean el resultado de una motivación que considere adecuadamente los
argumentos de las partes; (v) el derecho a que las autoridades decreten y
analicen objetivamente las pruebas aportadas al proceso; y (vi) el derecho a
que las decisiones judiciales se ajusten al ordenamiento jurídico. Igualmente
este Tribunal ha sostenido que este derecho supone (vii) la vigencia de mecanismos
para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres. El resultado de
ensamblar estas posiciones permite configurar el núcleo básico del derecho de
acceder a la administración de justicia cuya violación resulta intolerable,
incluso cuando ello tiene lugar por la actuación del legislador.
CUANTIA DE PRETENSIONES COMO CRITERIO DE PROCEDENCIA DE RECURSOS
JUDICIALES-No resulta contrario al derecho de acceso a
la administración de justicia
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Formas
propias de cada juicio
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN RECURSO PROCESAL-Recursos y medios de defensa
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN RECURSO PROCESAL-Control constitucional a partir de test intermedio
El control constitucional de la
medida debe hacerse a partir de un escrutinio intermedio. No obstante que
existirían buenas razones para aplicar un juicio de intensidad débil, concurren
consideraciones que justifican elevar dicha intensidad. Así, tal y como se ha
indicado a lo largo de esta providencia la regulación juzgada (i) fue expedida
por el Congreso en desarrollo de una competencia constitucional específica que
le permite la adopción de Códigos (art. 150.2) y (ii) corresponde al desarrollo
de una institución procesal extraordinaria que, si bien tiene importantes
propósitos, posee una escasa mención en la Constitución (art. 235.1). Asimismo
(iii) los precedentes constitucionales en materia de juzgamiento del régimen de
cuantía en el recurso de casación civil dejan en evidencia que este tribunal ha
respetado ampliamente las valoraciones de oportunidad y conveniencia que el
legislador ha efectuado al regular esta materia. Sin embargo (iv) el incremento
considerable de la cuantía comporta una restricción a una de las variantes del
acceso a la administración de justicia y, de manera particular, de un recurso
expresamente mencionado en la Constitución. Ello implica que este Tribunal debe
prestar especial atención a efectos de que la regulación adoptada por el
legislador, no conduzca a la supresión de los elementos cardinales de dicho
recurso.
Referencia: Expediente D-11641
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 338 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Actores: María Alejandra Gálvez Alzate, Martín Arango
Gallego y Miguel Londoño Gómez.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
NORMA DEMANDADA
El texto normativo acusado, que se subraya, hace parte del artículo 338
de la Ley "por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones" y es el siguiente.
LEY
1564 DE 2012
(julio 12)
Diario Oficial No.
48.489 de 12 de julio de 2012
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
ARTÍCULO 338. Cuantía del interés para
recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso
procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea
superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv).
Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias
dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el
estado civil.
Cuando respecto de un recurrente se cumplan las
condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta
oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere
insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los
dos recursos se considerarán autónomos.
B.
LA DEMANDA
1.
La ciudadana María Alejandra Gálvez Álzate y
los ciudadanos Martín Arango Gallego y Miguel Londoño Gómez solicitan la
declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión resaltada del artículo
338, de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por considerar que desconoce los artículos 2, 13, 89, 229 y 235 de la
Constitución.
2. El artículo 13 de la Constitución reconoce el principio de igualdad
material y prevé la procedencia de las acciones afirmativas, a fin de favorecer
a las personas que se encuentran en situación de indefensión debido a razones
económicas, físicas o mentales. La expresión impugnada da lugar a una excesiva
desigualdad e “impide el acceso a los sujetos especialmente protegidos por
la Constitución”, dado que “es evidente que un importante número de
personas pertenecientes a la población colombiana, en especial aquellos con
bajos recursos tienen conflictos jurídicos que por lo general no sobrepasan una
cuantía de 1000 SMLMV”. Además de restringir las posibilidades de acceder a
la administración de justicia, la expresión acusada “los coloca en situación
de desventaja frente a personas que por sus bienes y capacidades económicas
fácilmente podrían presentar problemas civiles con cuantías superiores a la
anteriormente dicha”. De conformidad con los estudios realizados por el
DANE, la Incidencia de la Pobreza Monetaria alcanza un nivel promedio de 31.8%,
lo que afectaría la realización de los fines de la casación, entre los que está
hacer efectivo el derecho material y garantizar los derechos fundamentales, tal
y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
3. El artículo 89 de la Constitución dispone que al legislador le
corresponde establecer los recursos, acciones y procedimientos para propugnar
por la integridad del orden jurídico y la protección de los derechos
individuales. La jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia C-372
de 2011, ha señalado que la facultad del Congreso no es absoluta, en tanto el
legislador tiene la obligación de adoptar mecanismos que aseguren el ejercicio
pleno de los derechos de acceder a la administración de justicia así como el
debido proceso. Se desconoce dicho artículo dado que “es completamente
desproporcional que el legislador haya aumentado en un 235% el interés de la
cuantía para recurrir en casación, atentando así contra los propósitos y fines
inherentes al recurso extraordinario de casación y por ende a la integridad del
ordenamiento jurídico, desprotegiendo los derechos individuales y de grupo”.
Se afectan entonces los derechos de los ciudadanos y no puede, a juicio de los
demandantes, invocarse la necesidad de descongestionar la justicia.
4. El artículo 229 de la Carta garantiza el derecho de acceder a la
administración de justicia. Si se compara la actual regulación, con aquella
establecida en el artículo 366 del anterior Código de Procedimiento Civil
–modificado por la Ley 592 de 2000- se concluye que la cuantía se incrementó en
un 235.29% lo que impide a un número muy importante de ciudadanos acudir a un
recurso que, como el de casación, cumple funciones muy importantes. La Corte
señaló en la sentencia C-1195 de 2001 que el derecho de acceso a la justicia,
supone prever mecanismos que faciliten “el acceso a la justicia por parte de
los pobres”. También la jurisprudencia –sentencia C-372 de 2011- ha
indicado que el legislador no puede establecer cargas tan desproporcionadas que
impliquen la negación del derecho. La medida empleada por el legislador no
resulta necesaria a efectos de conseguir la descongestión, en tanto se podrían
utilizar otros mecanismos. No obstante que se trata de un recurso
extraordinario, sus finalidades son tan importantes que imponer cargas
excesivas implica una limitación de acceso a la justicia que además puede
afectar la justicia material.
La disposición demandada desconoce también el principio de
progresividad y no regresión en la realización de los derechos –que se
desprende del art. 2 de la Carta, al establecer los fines del Estado- tal y
como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. Dadas las
funciones del recurso de casación, la norma acusada constituye un retroceso en
el grado de protección del derecho, en tanto impide que la Corte Suprema de
Justicia unifique jurisprudencia y asegure la primacía del derecho sustancial.
Este retroceso se explica, por ejemplo, en el hecho de que “al reducir el
número de casaciones serán los tribunales en su mayor medida e inclusive los
jueces de instancia aquellos encargados de unificar y crear la jurisprudencia,
acabando así con la trinidad del concepto referente a la figura de la casación”.
Resultan aplicables en el asunto que se somete a la Corte, las consideraciones
expuestas en la sentencia C-372 de 2011 al declarar la inexequibilidad del
incremento en el interés para recurrir en casación laboral.
5. El artículo 235 establece que le corresponde a la Corte Suprema de
Justicia actuar como tribunal de casación. La violación de tal disposición se
presenta dado que el incremento excesivo del interés para recurrir impide el
cumplimiento de una de las funciones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia,
tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-372 de 2011.
Según se señaló en el “Plan Sectorial de Desarrollo Judicial 2008-2010”
existen otras medidas menos graves para reducir la descongestión en tanto “la
mora en el trámite de los procesos no solo se debe a su número sino a fallas
estructurales dentro del sistema, como la insuficiencia de capital humano y
operativo, la estructuración de los procesos, la falta de capacitación de los
operadores entre otros”. Cabe señalar, en adición a lo dicho, que la
comparación de las “casaciones realizadas” por la Corte Suprema de
Justicia en vigencia de la regulación anterior, con las seguidas con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, muestran un
descenso de casi el 47%.
C.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones de entidades públicas
a.
Consejo Superior de la Judicatura
1.
La oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica de la
Rama Judicial[1]
interviene indicando que no existe afectación alguna en el cumplimiento de las
finalidades del recurso de casación, al establecer la cuantía para recurrir,
cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior
a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), dado que la
Ley 1564 de 2012 fue aprobada constitucionalmente por el Congreso de la
República.
Sobre
el particular, la sentencia C-424 de 2015 indicó que el Congreso de la
República en el ejercicio de su potestad para establecer o modificar los
códigos, puede introducir diferenciaciones en razón de la cuantía para acceder
a los medios de impugnación, de control de legalidad e incluso variar el quantum,
siempre y cuando esa medida esté justificada en la realización de otros
derechos. En virtud de ello, al juez constitucional en cumplimiento del control
abstracto de las leyes no le compete determinar cuál es la cuantía
proporcionada, sino que su labor se circunscribe a verificar que la motivación
en cada caso se encuentre constitucionalmente justificada.
2.
Igualmente, conforme al volumen de demandas de casación que se presentan y la
existencia de una línea jurisprudencial respecto de los casos que la Corte
Suprema ha casado, corresponde a los tribunales y jueces seguir la
jurisprudencia del máximo órgano de cierre. En ese sentido, no existe
vulneración alguna al derecho a la igualdad de casos que no cumplen con los
requisitos para ser susceptibles del recurso extraordinario de casación.
2.    Intervenciones de instituciones académicas y educativas
Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
1. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal[2]
solicitó la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, dado que el
límite de la cuantía del interés para recurrir en casación no obstruye los
fines del aludido recurso, como infieren los demandantes.
2. El Código General del Proceso brinda valiosas herramientas para la
protección de los derechos constitucionales prescindiendo de la cuantía. Un
ejemplo de ello es la casación oficiosa, mediante la cual la Corte Suprema de
Justicia asume la competencia -sin considerar la cuantía del asunto- para la
protección de derechos constitucionales, la defensa del patrimonio público y
del orden público.
En este orden de ideas, el argumento de los demandantes sobre la
violación del derecho de igualdad carece de fundamento, pues de aceptarse
conduciría a que todos los procesos estuvieran dotados del recurso
extraordinario de casación, lo que no se adecúa con los valores igualmente
importantes como el acceso a la justicia y la racionalidad de la prestación de
un servicio, que justifican que la casación esté reservada para algunos casos.
De ahí que una apertura en los términos sugeridos por la demanda de
inconstitucionalidad, incrementaría la congestión en la Corte Suprema de
Justicia y negaría todos los fines de la casación así como la prestación
oportuna del servicio.
3. En cuanto al cargo de no progresividad o regresividad, resulta de un
desconocimiento del artículo 338 del Código General del Proceso, pues si alguna
corrección constitucional fuese necesaria, sería la de mantener el texto
original y no la forma como quedó después del decreto de correcciones que
eliminó la casación para las acciones populares.
4. No obstante lo anterior, existen algunas controversias que
estadísticamente son significativas, pero que están desprovistas del recurso
extraordinario de casación, por ejemplo las relativas al estado civil de las
personas, a las relaciones de tenencia por arrendamiento y a los títulos
valores. Sin embargo, ese déficit no resulta corregido mediante el instrumento
de la cuantía y sí podría ser enmendado por el uso de la casación oficiosa.
5. A diferencia de la casación en materia laboral, el Código General
del Proceso contiene en su regulación una visión social, que de aplicarse en
materia laboral introduciría correctivos sociales muy importantes y sería un
alivio para los derechos constitucionales de los trabajadores.
Universidad
Externado de Colombia
1.
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia[3] solicitó
retirar por inexequible la nueva norma demandada y, en su lugar, revivir
temporalmente, mientras el legislador se pronuncia, la disposición prevista en
el artículo 1 de la Ley 592 de 2000, que exige una cuantía mínima de 425
salarios mínimos mensuales legales vigentes para poder recurrir en casación.
2.
De la lectura de los artículos 333, 334 y 336 del Código General del Proceso se
desprende un recurso de casación más cercano y accesible, puesto que (i) hay
mayor claridad de los fines que persigue, (ii) se amplió a todos los procesos
declarativos y (iii) la Corte Suprema de Justicia tiene una nueva posibilidad
de casar sentencias, de oficio, cuando sea ostensible la afectación al orden o
patrimonio público o se atente contra los derechos y garantías
constitucionales. No obstante, esos avances menguan en virtud de lo reglado por
el artículo 338 en lo referente al interés económico para recurrir en casación.
El
legislador de manera arbitraria y sin fundamentos científicos decidió que el
equivalente de mil salarios mínimos vigentes al momento de interponer el
recurso extraordinario de casación, era la medida adecuada para evitar la
congestión de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Luego de
revisar las actas de discusión de la Comisión del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal – donde nació el anteproyecto del código –, se evidencia que
(i) en la reunión número 70 de la subcomisión, realizada el 1 de junio de 2005,
se acordó que el monto razonable para fijar la cuantía era la suma de 424
salarios mínimos vigentes; y (ii) en el Congreso de la República al presentar
el proyecto de ley, el Gobierno Nacional en la exposición de motivos habló de
las “bondades” de la nueva casación, pero no dijo nada de incrementar la
cuantía. Solo fue (iii) en la Comisión Primera de la Cámara en el primer debate
del proceso legislativo que se estableció la cifra acusada sin dar mayores
explicaciones.
3.
Es preciso resaltar que una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia
consiste en actuar como tribunal de casación y es por esto que el aparte
tachado de inconstitucional puede llegar a impedir el cumplimiento de dicha
función, ya que con el injustificado monto, se pierden los fines democráticos
de seguridad jurídica, sociales y resarcitorios de la casación. En efecto, no
es posible hablar de unificar e integrar el ordenamiento jurídico, cuando sólo
un pequeño porcentaje de sentencias son objeto del extraordinario recurso;
tampoco se puede lograr la eficacia de los instrumentos internacionales
suscritos por Colombia; ni se podrán proteger los derechos constitucionales.
4.
Los agravios irrogados a las partes en la sentencia recurrida equivalen en la
actualidad a $689.455.000 o más, valor que pocos asuntos de carácter
declarativo alcanzan. En un caso similar, la sentencia C-372 de 2011 declaró la
inconstitucionalidad del artículo que aumentaba la cuantía para recurrir en
casación laboral prevista en la Ley 1395 de 2010, al estimar que el recurso
extraordinario de casación dentro del sistema constitucional “es un
mecanismo judicial intrínsecamente relacionado con la protección de derechos
fundamentales”.
Universidad
del Rosario
1.
La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario[4] intervino
para defender la constitucionalidad de la norma demandada.
2.
La Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar que el legislador, en
razón de la cláusula general de competencia establecida en los numerales 1º y
2º del artículo 150 de la Constitución Política, y de acuerdo con su potestad
legislativa en materia de procedimientos, puede regular y definir (i) los
recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los
actos que profieren las autoridades; (ii) las etapas procesales, términos y
formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos; (iii) las
competencias de las autoridades judiciales, siempre y cuando el constituyente
no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta; (iv) los
medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las
partes, del juez y aún de los terceros intervinientes. Sin embargo, dicha
potestad no es absoluta, ya que encuentra sus límites en los derechos y
garantías constitucionales así como en los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a
la administración de justicia y debido proceso.
3.
La constitucionalidad del artículo 338, encuentra apoyo en la naturaleza
dispositiva y estricta del recurso de casación, cuyo propósito es el quiebre de
una sentencia amparada por la presunción de legalidad y acierto, lo que exige
que para sustentar el recurso se cumplan determinados requisitos formales. Ello
supone que tal medio de impugnación se constituye en un marco dentro del cual
la Corte debe encaminar su estudio, sin que sea posible hacer interpretaciones.
De allí que se diga que es un recurso exageradamente formalista.
4.
La entrada en vigencia del Código General del Proceso, si bien incrementó la
cuantía para recurrir en casación en asuntos civiles, como garantía de acceso a
la justicia, previó también la ampliación de las causales de casación a eventos
como los contemplados en el artículo 334 de tal codificación, comprendiendo las
sentencias dictadas en toda clase de procesos declarativos – incluso los
asuntos que antes se ventilaban por la vía del abreviado –. Por tanto, en
comparación con los estándares de garantía judicial en materia de casación
laboral, la norma no implica un retroceso que le impida a la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia cumplir su rol de control de validez, unificación de
jurisprudencia y protección de garantías civiles.
5.
La Corte Constitucional declaró inexequible el aumento de la cuantía para
acceder a casación en el ámbito laboral, a través de la sentencia C-372 de
2011. No obstante, dicha interpretación no puede extenderse al caso objeto de
análisis, toda vez que la solución de los conflictos que surgen en esa
jurisdicción es de interés social y por la desigualdad económica, de cultura y
de medios de defensa que existe entre las partes la justicia laboral debe ser
menos costosa. Contrario a ello, los intereses que se ventilan en la
jurisdicción civil, por regla general, son de carácter privado y en
consecuencia, tiene efectos inter partes. El análisis económico del
derecho indica además que reducir la cuantía para recurrir en casación
implicaría el incremento de este tipo de impugnación, lo que extendería el
tiempo de los procesos, los costos para la administración de justicia así como
el número de juicios planteados por esta vía, aun cuando el recurrente obre
temerariamente.
Universidad
Libre de Bogotá
1.
El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre de Bogotá[5]
interviene en defensa de la constitucionalidad del aparte demandado.
2.
La naturaleza del proceso civil es distinta a la del proceso laboral, el
primero discute derechos, la mayoría de las veces de rango positivo, y se trata
en últimas de un “juego de intereses particulares”, en el que existe una
autoresponsabilidad en el cumplimiento de cargas procesales, especialmente
probatorias, que llevan a triunfar ante un juez que aunque tiene rasgos de
activista no va más allá de lo que las partes pretenden. El segundo, por su
parte, se refiere a derechos sociales y soluciona conflictos originados en
prestaciones que tienen el carácter de irrenunciables. Es por ello que en este
último caso, el proceso tiene una visión más garantista y protectora. Pretende
disminuir una desigualdad entre el trabajador y empleador, contando el juez con
la posibilidad de traspasar la regla de congruencia con el propósito de
desarrollar un catálogo de derechos, incluso fundamentales.
Acorde
con lo expuesto en precedencia, la Corte en su momento consideró irrazonable y
desproporcionada una norma, que en similar condición a la de la aquí discutida,
aumentaba la cuantía del interés para recurrir en casación laboral. No
obstante, en el proceso civil colombiano no se parte de una desigualdad entre
los sujetos procesales, ni se trata tangencialmente de derechos sociales de la
colectividad.
3.
La argumentación de la demanda no demuestra clara, lógica, específica y razonablemente
la violación al principio de progresividad y menos aún el carácter
desproporcionado e irrazonable del valor fijado en la disposición cuestionada.
Por el contrario, parte de un supuesto equivocado, al traer a colación
argumentos que se aplicaron a una disposición similar, pero en una rama del
derecho que ve a las partes en desigualdad y con necesidad de protección
social. En adición a ello, la indicación según la cual el aparte
demandado no es adecuado para tratar la descongestión judicial, la argumentación
es sólo vaga y enunciativa, más no demostrativa.
4. Es claro que en procesos de intereses netamente privados y
dispositivos, partiendo de una igualdad entre las partes y no referida a
violación grave de derechos fundamentales, la determinación de la cuantía hace
parte de la libre configuración del legislador. En todo caso, el Código General
del Proceso constitucionalizó el recurso extraordinario de casación y hoy
cuenta con la posibilidad de la casación oficiosa. Ello hace posible que
procesos que antes no eran examinados en sede de casación puedan ser
estudiados, lo que evidencia que se ha flexibilizado permitiendo, además, el
acceso a la administración de justicia de cualquier causa.
5. La defensa de los derechos subjetivos o materiales, también se logra
durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el
legislador. Las partes pueden impugnar ordinariamente las decisiones judiciales
en defensa de sus derechos e intereses y lo que instaura la norma demandada, es
un requisito de procedibilidad objetivo para un recurso que tiene el carácter
de extraordinario y excepcional.
3.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
1.
Solicitó la declaratoria de exequibilidad de la expresión demandada, con
fundamento en los siguientes argumentos:
2.
La norma cuya constitucionalidad se cuestiona fue expedida por el legislador en
ejercicio de su libertad de configuración, dentro de los límites fijados por la
misma Constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 superior
que atribuye a la Corte Suprema de Justicia la función de “actuar como
tribunal de casación”. Por tanto, el Congreso de la República se encuentra
facultado para limitar el acceso al recurso de casación, estableciendo para el
efecto requisitos como es el caso de la cuantía.
3.
El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y tiene como fin último
garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico mediante la unificación de
criterios de interpretación de la ley, para así lograr la realización del
derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de
igualdad. En consecuencia, de acuerdo con la sentencia C-1065 de 2000, no es
que la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia
frente a la interposición de la casación, sino que “este recurso
extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el
agravio en su contra, al servicio de la protección de la coherencia sistemática
del ordenamiento”.
4.
Conforme a lo señalado, los límites establecidos por la ley a la procedencia de
la casación en razón de la cuantía no suponen una vulneración de los derechos
de acceso a la administración de justicia o de igualdad de las personas de
bajos recursos, pues tales derechos, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, se garantizan en las instancias del proceso y por medio de los
recursos ordinarios, no a través de mecanismos extraordinarios.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1.
La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
expresión acusada, contenida en la Ley 1564 de 2012, en virtud de lo
establecido en el artículo 241.4 de la Constitución.
B.
PRIMERA CUESTIÓN PRELIMINAR: precisión del contenido de la
disposición a la que se integra hace parte la expresión demandada
2.
La demanda presentada en esta oportunidad cuestiona parcialmente la validez
constitucional del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012. A efectos de
identificar la expresión cuya inexequibilidad se pretende, los ciudadanos
transcriben el texto tal y como fue publicado en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. El texto es el siguiente:
ARTÍCULO 338. Cuantía del interés para
recurrir. Cuando las
pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor
actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía
del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las
acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.
Tal
artículo fue objeto de corrección mediante el Decreto 1736 de 2012 “Por el que se
corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de
la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"
disponiendo en su artículo 6º lo siguiente:
Artículo 6°. Corríjase el inciso 1° del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
"Artículo 338. Cuantía del interés
para recurrir. Cuando las
pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor
actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía
del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las
acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
(…)"[6].
3. De acuerdo con el Decreto antes
referido las sentencias dictadas en el curso de las acciones populares no
podrían ser objeto del recurso de casación y, en consecuencia, no procedía
tampoco prescindir de la cuantía cuando fueran impugnadas mediante la
formulación de tal recurso. No obstante esa modificación, en Auto de fecha 19
de diciembre de 2016, el Consejo de Estado dispuso decretar la suspensión
provisional de los efectos de varios artículos del referido Decreto 1736 de
2012, entre ellos los del artículo 6º. Consideró ese Tribunal:
“El despacho, en esta etapa inicial del proceso,
constata que el objetivo de la corrección consistía en enmendar un error de
concordancia entre los artículos 334 y 338 de la Ley 1564 de 2012.
En el trámite legislativo, el Legislador eliminó
en el numeral 2° del artículo 334 la mención de las acciones populares como
susceptibles del recurso de casación, la cual quedó redactada de la
siguiente manera:
«ARTÍCULO 334. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE
CASACIÓN. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes
sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda
instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos
declarativos.
2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya
competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.
3.
Las dictadas para liquidar
una condena en concreto.
PARÁGRAFO. Tratándose de asuntos relativos al estado
civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o
reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho.»
Sin embargo, el artículo 338 del Código General del
Proceso, que no se menciona en el trámite legislativo al que hace
referencia el decreto acusado, en su redacción original, al regular la
cuantía del interés para recurrir en ejercicio del recurso de casación, indicó
que se excluía de dicha cuantía las sentencias dictadas de las acciones
populares, lo cual evidencia una incongruencia entre este artículo y el
artículo 334 del Código General del Proceso.
El Ejecutivo, entonces, no procedió a corregir un
error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley
4ª de 1913, sino a reformar el contenido del artículo 338 del Código General
del Proceso para hacerlo congruente con el artículo 334 del mismo estatuto
eliminando la alusión que a las acciones populares hacía el artículo, lo cual
no corresponde a una atribución autorizada por la disposición legal mencionada.
Al encontrarse, en principio, un inapropiado empleo de
la facultad prevista en la Ley 4ª de 1913, el Ejecutivo transgredió, así mismo,
el numeral 10° del artículo 189 de la Carta Política que obliga al Presidente
de la República a obedecer las leyes y velar por su estricto cumplimiento, así
como el numeral 1° del artículo 150 de la Constitución Política en la medida en
que solo el Congreso de la República tiene como función la de reformar las leyes,
por lo que resulta procedente la suspensión provisional de los efectos del
artículo 6 del Decreto 1736 de 2012”. (Las negrillas y subrayas corresponden al
texto de la providencia).
4. A pesar de que en esta oportunidad no fue
objeto de acusación la expresión “acciones populares” cuya incorporación
al primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso ha suscitado
el debate que ocupa en la actualidad la atención del Consejo de Estado, la
Corte estima necesario advertir que en función de las consecuencias que se
desprenden de la providencia antes referida, por medio de la que se
suspendieron los efectos de algunas disposiciones del Decreto 1736 de 2012[7], debe
entenderse que el análisis de la expresión acusada debe tomar en consideración
el contenido del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, tal y como fue publicada
en el Diario Oficial No. 48.489. Ello además corresponde con el objeto
acusado por los demandantes.
C.
SEGUNDA CUESTIÓN PRELIMINAR: incumplimiento de los requisitos de
especificidad y suficiencia respecto del cargo por violación del principio de
progresividad
5. Plantean los demandantes que la disposición acusada vulnera el
mandato de progresividad. Según sostienen, atendiendo las funciones del recurso
de casación, la fijación de la cuantía del interés para recurrir en mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv) constituye un
retroceso en el grado de protección del derecho a la administración de
justicia, pues impide que la Corte Suprema unifique jurisprudencia y asegure la
primacía del derecho sustancial. Este retroceso se explica, por ejemplo, en el
hecho de que “al reducir el número de casaciones serán los tribunales en su
mayor medida e inclusive los jueces de instancia aquellos encargados de
unificar y crear la jurisprudencia, acabando así con la trinidad del concepto
referente a la figura de la casación”.
6. En múltiples oportunidades este Tribunal se ha ocupado de precisar
el alcance del principio de progresividad así como de los elementos que
conforman el examen cuando se alega su infracción. Según ha sostenido de manera
reciente, dicho principio “prescribe que la
eficacia y cobertura de las dimensiones prestacionales de los derechos
constitucionales debe ampliarse de manera gradual y de acuerdo con la capacidad
económica e institucional del Estado en cada momento histórico”[8]. A ese mandato se adscriben,
según la propia Corte, cuatro tipo de exigencias: (i) la satisfacción inmediata
de niveles mínimos de protección; (ii) el deber de observar el principio de no
discriminación en todas las medidas o políticas destinadas a ampliar el rango
de eficacia de un derecho; (iii) la obligación de adoptar medidas positivas,
deliberadas y en un plazo razonable, para
lograr una mayor realización de las dimensiones positivas de cada derecho,
razón por la cual la progresividad es incompatible, por definición, con la
inacción estatal, y (iv) la prohibición de retroceder por el camino iniciado
para asegurar la plena vigencia de todos los derechos[9].
7. La última de las exigencias establecidas
indica que a menos que exista una justificación constitucional suficiente, no
resulta posible retroceder en el grado de protección alcanzado respecto de un
derecho. De acuerdo con ello, el principio de progresividad implica una
prohibición prima facie de cualquier retroceso. Que se trate de una
prohibición de tal naturaleza y no de una proscripción definitiva denota, según
lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de
justificarlo. De ello se sigue entonces que toda medida regresiva constituye un
retroceso, pero su adopción no implica siempre una infracción a la prohibición
de regresividad.
8. Considerando la estructura del mandato de progresividad en su
variante de prohibición de retroceso injustificado, la activación de la
competencia de la Corte para emprender el juicio exige que al formular la
acusación los ciudadanos aporten argumentos que de manera específica se
orienten a indicar, por un lado, que la medida constituye en efecto un
retroceso en el grado de protección del derecho de que se trate y, de otro, que
dicho retroceso no encuentra una justificación suficiente. La primera de tales
exigencias impone que la acusación evidencie que la modificación normativa
-analizada en el contexto del régimen al que se integra y luego de una
comparación con el régimen preexistente- constituye un deterioro relevante en
el grado de protección del derecho identificado. No basta, a juicio de la
Corte, que se enuncien las diferencias entre disposiciones aisladas cuyo
significado jurídico depende de su relación con las otras normas del cuerpo
normativo del que hacen parte. El segundo de los requerimientos, en particular
cuando se impugnan disposiciones que corresponden a materias res pecto de las
cuales el Congreso tiene un amplio margen de configuración, impone a los
ciudadanos el deber de indicar con claridad los motivos por los cuales el
retroceso identificado no puede justificarse válidamente. En síntesis, el
demandante debe aportar elementos de juicio orientados a demostrar (i) que la
modificación normativa, comprendida integralmente, constituye un deterioro en
la protección del derecho identificado y (ii) que ese deterioro no tiene una
justificación válida y suficiente
9. Para la Corte, el planteamiento de los
demandantes se ve enfrentado a un defecto radical en relación con la primera
exigencia. Se limitan a señalar que mientras el régimen preexistente establecía
como cuantía para recurrir en casación una resolución desfavorable de
cuatrocientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (425
smlmv) el contenido en el Código General del Proceso lo fija en mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Aunque tal diferencia es cierta
y constituye un límite respecto de los asuntos que pueden ser recurridos a
través de este medio extraordinario, los demandantes se abstienen de considerar
que el nuevo régimen introdujo modificaciones que  suponen (i) la ampliación de
los fines del recurso de casación (art. 333 C.G.P.), (ii) un aumento del grupo
de sentencias que pueden ser atacadas (art. 334 C.G.P.), (iii) que prescinde
expresamente de la relevancia de la cuantía respecto de las sentencias
correspondientes a las acciones populares, a las acciones de grupo y a las
relativas al estado civil (art. 338 C.G.P.) y (iv) que regula la casación
oficiosa cuando sea ostensible que una sentencia compromete gravemente el orden
o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales
(art. 336 C.G.P.).
10. La acusación se limita entonces a valorar
solo una de las dimensiones de la reforma sin examinarla integralmente en
aspectos que son relevantes. En efecto -sin que ello implique juicio alguno por
parte de la Corte- no puede afirmarse la existencia de un retroceso en el grado
de protección del derecho de acceder a la administración de justicia,
mencionando sólo las limitaciones establecidas en el nuevo régimen, cuando al
mismo tiempo algunas de sus disposiciones podrían -prima facie­-
interpretarse como formas de ampliar el ámbito del recurso de casación y los
demandantes no se ocupan, de alguna manera, de considerar su alcance. Ello
resulta además relevante si se considera que varias de las medidas, no
consideradas al formular el cargo, tienen como propósito extender las
competencias de la Corte para cumplir aquellos fines -unificación de
jurisprudencia y aseguramiento de la primacía del derecho sustancial- que los
demandantes estiman afectados. Los ciudadanos tenían a su cargo la obligación
de establecer si a pesar de las otras variaciones del régimen del recurso, el
impacto en el derecho de acceso a la administración de justicia podía
calificarse como un retroceso. Este defecto en el planteamiento, que constituye
un incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia, hace
entonces improcedente un pronunciamiento de fondo en esta oportunidad. En
consecuencia, la Corte se inhibirá de adoptar una decisión de mérito respecto
de la acusación.
D.
PROBLEMA JURÍDICO Y MÉTODO DE LA DECISIÓN
11.
De conformidad con la demanda, las intervenciones oficiales y ciudadanas así
como las precisiones precedentes respecto de la aptitud de los cargos, la Corte
deberá definir si la decisión legislativa de fijar como condición de
procedencia del recurso de casación -cuando las pretensiones sean esencialmente
económicas- que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente
sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el mandato de igualdad material (art. 13); la
competencia del legislador para establecer los recursos, las acciones y los
procedimientos de protección del ordenamiento jurídico y los derechos (art.
89); el derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229); y (iv)
la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art.
235.1).
12. Con el objetivo de resolver el problema jurídico planteado la Corte
seguirá el siguiente orden. Inicialmente, caracterizará el régimen legal de
procedencia del recurso de casación en la Ley 1564 de 2012 enunciando las
principales diferencias con la regulación preexistente (Sección E). A
continuación, la Corte se referirá al significado constitucional del recurso de
casación (Sección F). Seguidamente, precisará las características del control
constitucional de la regulación que desarrolla dicho medio de impugnación (Sección
G). Finalmente, se ocupará de examinar la norma acusada a la luz de los cargos
debidamente planteados (Sección H).
E.   EL REGIMEN LEGAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN
13. El recurso de
casación ha sido considerado, en general, como un medio extraordinario de
impugnación de algunas providencias judiciales, cuya interposición no activa
una nueva instancia judicial. El carácter
extraordinario del recurso tiene su punto de partida en la diferenciación entre
las competencias ejercidas por las autoridades judiciales de instancia y la
Corte Suprema cuando se pronuncia como tribunal de casación. En efecto, al paso
que “los jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los
particulares frente al derecho vigente”[10], ello no acontece al tramitar
el recurso de casación, dado que allí “varía el objeto del control, pues el
Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que
puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si
se ajusta o no a lo ordenado por la ley”[11]. Ello supone “que en la
casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para
decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista
solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada”[12].
Ha dicho este Tribunal que la referida institución “[n]o es por lo tanto, una tercera instancia, ni un recurso que pueda
ser equiparable a los llamados recursos ordinarios”[13].
Su función, ha destacado, es “más de orden sistémico, para proteger la
coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual
ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como
“nomofilaquia” (…)”[14].
Las
razones anteriores, que explican su carácter extraordinario y dispositivo, se
han traducido en la indicación de esta Corte según la cual “la regla general es la
improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos
en la ley”[15]. La
naturaleza de este medio de impugnación, así como el sometimiento de su
procedencia al cumplimiento de estrictas condiciones, se refleja en las normas
que lo disciplinan.
13.1.
A pesar de que la naturaleza del recurso de casación civil se ha conservado en
las diferentes regulaciones sobre la materia, la contenida en el Código General
del Proceso, y de la cual hace parte la disposición demandada, evidencia varios
cambios que sugieren una comprensión diferente de asuntos históricamente
nucleares de este medio de impugnación. De hecho en la exposición de motivos
del proyecto presentado al Congreso de la República se indicaba que en el nuevo
régimen “se incluyen trascendentales reformas a la
casación para que sea más accesible (…)”[16]. Tal circunstancia le exige a
la Corte referir, preliminarmente, algunas de las modificaciones a efectos de
caracterizar el contexto general en el que se inscribe la acusación que ahora
examina.
13.2. La Ley 1564 de 2012 amplió los fines de la casación al prescribir
que dicho recurso tiene por objeto defender la unidad e integridad del
ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales
suscritos por el Estado colombiano en el orden interno, amparar los derechos
constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la
jurisprudencia y reparar los agravios causados a las partes debido a las
sentencias recurridas. La reconfiguración legal de los fines que orientan el
recurso de casación se evidencia al considerar que en el régimen jurídico
preexistente, los propósitos consistían en unificar la jurisprudencia nacional,
proveer la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos y
procurar la reparación de los agravios causados a las partes. Se trata entonces
de una variación importante que exige, a juicio de la Corte, avanzar en una
comprensión diferente de la casación, de una parte, y de las nuevas figuras que
la referida ley ha establecido en esta materia. La Corte volverá sobre ello más
adelante.
13.3. La indicación de las providencias judiciales que pueden ser
objeto del recurso fue también objeto de modificación. En la actual regulación
se indica que procede contra las sentencias proferidas por los tribunales
superiores en segunda instancia y que correspondan (i) a toda clase de procesos
declarativos, (ii) a las acciones de grupo y a las acciones populares cuya
competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y (iii) a las que se dicten
para liquidar una condena en concreto. Se establece además que en asuntos
relativos al estado civil serán susceptibles del recurso (iv) las sentencias
sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones
maritales. Igualmente prevé que la cuantía para recurrir en casación cuando las
pretensiones sean esencialmente económicas y la resolución desfavorable al
recurrente debe ser superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes
(1000 smlmv). Sin embargo dicha cuantía no será tenida en cuenta en el caso de
sentencias correspondientes a las acciones populares, a las acciones de grupo y
a aquéllas que versan sobre el estado civil.
Con notables diferencias, la regulación precedente establecía que el
recurso de casación procedía contra las sentencias dictadas en segunda
instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente fuera o excediera de cuatrocientos
veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (425 smlmv) y tuviera
por objeto la impugnación de sentencias (i) dictadas en procesos verbales de
mayor cuantía o que asuman ese carácter –con excepción de los relacionados en
los artículos 415 a 427 del anterior Código de Procedimiento Civil-, (ii) que
aprobaran la partición en los procesos divisorios de los bienes comunes, de
sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de
sociedades conyugales, (iii) dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades
civiles o comerciales, (iv) dictadas en procesos ordinarios[17] que
versen sobre el estado civil y (v) que se profirieran en única instancia en
procesos sobre responsabilidad civil de los jueces que trata el artículo. Como
se verá en la penúltima sección de esta providencia, la variación en esta
materia supone la ampliación temática significativa de los asuntos que podrán
ser conocidos por la Corte.
13.4. Las causales que hacen posible la presentación
del recurso son, en buena medida, coincidentes. En el régimen actual se prevé
que son ellas (i) la violación directa de una norma jurídica sustancial; (ii)
la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de
derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de
hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su
contestación, o de una determinada prueba; (iii) no estar la sentencia en consonancia
con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones
propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio, (iv)
contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del
apelante único y (v) haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas
de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios
hubieren sido saneados. El siguiente cuadro permite identificar las
diferencias.
Código de Procedimiento Civil
(decreto 1400 de 1970)
Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012)
Causales
1. Ser la sentencia violatoria de una norma de
derecho sustancial.
La violación de norma de derecho sustancial, puede
ocurrir también como consecuencia de error de derecho por violación de una
norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de
su contestación o de determinada prueba.
2. No estar la sentencia en consonancia con los
hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas
por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
3. Contener la sentencia en su parte resolutiva
declaraciones o disposiciones contradictorias.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más
gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquélla para cuya
protección se surtió la consulta siempre que la otra no haya apelado ni
adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357.
5. Haberse incurrido en alguna de las causales de
nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado.
1. La violación directa de una norma jurídica
sustancial.
2. La violación indirecta de la ley sustancial, como
consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma
probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación
de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba.
3. No estar la sentencia en consonancia con los
hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas
por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa
la situación del apelante único.
5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de
algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales
vicios hubieren sido saneados.
13.5. No obstante la notable similitud de las
causales, el Código General del Proceso prevé que aunque la Corte Suprema no
podrá tener en cuenta otras de las expresamente alegadas por el demandante, sí
se encuentra autorizada para casar la sentencia, aún de oficio, en aquellos
casos en los cuales sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden
o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales.
F.    EL SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
14. La jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes oportunidades
respecto del significado constitucional del recurso de casación. La
aproximación de este Tribunal ha supuesto que si bien la Carta Política sólo
hace mención de tal instituto en el artículo 235.1 -al indicar que le
corresponde a la Corte Suprema actuar como tribunal de casación-, su
reconocimiento en el Texto Superior comporta la obligación de interpretar esta
figura a partir de una perspectiva que tome en consideración las diferentes normas
de la Carta. Dicho de otra forma, la competencia de la Corte Suprema de
Justicia para actuar como tribunal de casación, no es aséptica al influjo de la
Constitución.
En esa dirección, ha establecido este Tribunal que -conforme a lo
dispuesto en el citado artículo 235.1- “no
sólo puede considerarse que está permitida la existencia de la casación,
dentro de una competencia legislativa general; sino que se encuentra ordenada de manera directa y clara en la
Carta”[18]. A su vez, advirtiendo el
significado que tiene la atribución de esa función a la Corte, señaló que “[l]a
relación originada en el propio texto de la Carta entre la Honorable Corte
Suprema  de Justicia y la casación, convierte a aquella en una institución
encargada de una función pública del mayor rango, al disponer, de manera
implícita, que a través del recurso, se pongan correctivos a la diversidad de
las interpretaciones del derecho por los distintos jueces de la República, y a
las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación”[19].
Según la Corte, esa competencia es además expresión del carácter unitario del
Estado reconocido en el artículo 1º de la Carta, de manera que “[s]e define
así, ese máximo tribunal, con una especialísima función político-jurídica
que, además de amparo de la legalidad, traduce, el sapiente y bien probado
mecanismo judicial, como medio para construir la certeza jurídica en el
plano de las decisiones judiciales”[20].
15. A pesar de la reducida densidad de la regulación constitucional de
la casación “el legislador no tiene plena
libertad para organizar el alcance de este recurso”[21].
Según sostuvo este Tribunal “[l]a casación no es un concepto vacío sino que
tiene un contenido esencial, que goza de protección constitucional, por lo cual
el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte
Suprema como tribunal de casación”[22].
Con apoyo en esa premisa, ha indicado también
que además de los fines que tradicionalmente le han sido adscritos a la
casación, esto es, la unificación de la jurisprudencia, la realización del
derecho objetivo y la reparación de los agravios, también se le anuda como
tarea “en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del
ordenamiento constitucional –no solamente legal- y, en consecuencia, por la
realización de los derechos fundamentales de los asociados”[23].
En efecto “la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una
institución jurídica destinada también a hacer efectivo el derecho material,
particularmente la Constitución, así como las garantías fundamentales de las
personas que intervienen en un proceso”[24]. Es por ello que la
jurisprudencia constitucional interpretando la función de control de legalidad
que se adscribe al recurso de casación ha sostenido que “debe concebirse en
una dimensión amplia, de modo que involucre la integración de preceptos de
orden Superior y, por lo tanto, la protección de los derechos constitucionales
que de él se derivan”[25]. Igualmente, ha advertido que “el
propósito de realización del derecho material también debe ser interpretado en
una dimensión amplia, de manera que comprende no sólo la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, sino todos los derechos y principios
reconocidos en el ordenamiento jurídico”[26].
16. En suma, más allá de su regulación
legislativa, una perspectiva constitucional de la casación en general, y de la
civil en particular, le impone, sin perjuicio de decisiones complementarias del
legislador, múltiples funciones: de unificación de la jurisprudencia, de protección
del principio de legalidad, de reparación de perjuicios y de
constitucionalización del ordenamiento jurídico, asegurando la eficacia de los
derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. En reciente
providencia se indicó “que en el Estado Social de Derecho, el recurso
extraordinario de casación, no es sólo un mecanismo procesal de control de
validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento
esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad
y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos
fundamentales”[27].
G.  CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN QUE DESARROLLA EL RECURSO DE CASACIÓN
17. El juzgamiento de los diferentes regímenes procesales debe tomar en
consideración, tal y como lo demuestra la práctica decisional de este Tribunal,
que su adopción (i) constituye una expresión de la competencia del Congreso de
la Republica para expedir códigos en todos los ramos de la legislación (150.2),
(ii) concreta la obligación constitucional de establecer las competencias de
las diferentes autoridades judiciales (arts. 6 y 116), (iii) complementa el
ejercicio de la atribución del legislador estatutario para regular la
administración de justicia y (iv) desarrolla varias de las dimensiones de los
derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de
acceso a la administración de justicia.
18. La concurrencia de estas variadas dimensiones impide definir de
manera general y para todos los casos, el alcance de la potestad de
configuración del legislador, el correlativo margen de acción que a tal
potestad se vincula y, en esa medida, la intensidad del control constitucional.
Sin embargo, la consideración anterior permite señalar, por vía de ejemplo, que
no puede ser equivalente el juzgamiento de una disposición procesal que regula
el trámite de solicitud de libertad de una persona sometida a un proceso penal,
que el examen de una disposición referida a los requisitos formales que debe
cumplir una persona a efectos de solicitar a la jurisdicción civil la admisión
de una demanda. Como ocurre en general en todos los casos de control de
constitucionalidad de la ley, es indispensable identificar la materia objeto de
regulación, el tipo de competencias constitucionales al amparo de las cuales es
expedida, los efectos de las normas juzgadas en contenidos constitucionales de
especial importancia y la densidad de la regulación constitucional.
19. Con independencia de la conclusión a la que se arribe en cada caso
respecto de la intensidad del control, la jurisprudencia l ha mostrado una
orientación prima facie a favor de un juicio dúctil como forma de
asegurar el principio democrático, que subyace al reconocimiento de
competencias precisas al legislador en esta materia. En tal sentido, el
precedente sobre el particular indica que en atención (i) a que respecto de los
medios de impugnación en el curso de procesos judiciales “la Constitución
señala simplemente directrices generales, mas no fórmulas procesales acabadas
que regulen su procedencia y los requisitos para su interposición, trámite y
decisión”[28], (ii) a
que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 de la
Constitución es de competencia del Congreso “establecer los medios de impugnación ordinarios, en desarrollo
del principio de las dos instancias, y los extraordinarios”[29] y (iii) a que se trata de un recurso
extraordinario, puede concluirse que se encuentra habilitado para definir “qué
recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los requisitos
necesarios para que los sujetos procesales puedan hacer uso de ellos, las
condiciones de admisibilidad o de rechazo y la manera en que ellos deben ser
decididos”[30]. De
manera particular en lo relativo a la casación “no ofrece duda que su
regulación en lo que concierne con: procedencia del recurso, en razón de la
cuantía del interés para recurrir, de la naturaleza de las sentencias que
pueden ser objeto de éste; las formas y los términos para su interposición, su
sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el
contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador
autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados”[31].
20. En varias oportunidades la Corte ha juzgado disposiciones que
regulan respecto del recurso de casación la competencia para conocerlo, las
condiciones de su procedencia y el trámite que debe seguirse con ocasión de su
interposición. Un examen de algunas de las providencias relevantes relacionadas
directamente con la cuantía del interés para recurrir en casación, permite
concluir que este Tribunal ha desplegado un control de constitucionalidad de
intensidad variable.
20.1. En la sentencia C-596 de 2000 la Corte juzgó (i) los artículos 86 y 92 del Código Procesal del Trabajo en los que se
establecían reglas en materia de cuantía para la interposición del recurso de
casación en materia laboral, prescribiendo que sería procedente en los negocios cuya cuantía
excediera de cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente; (ii) el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal
conforme al cual cuando
el recurso de casación tuviera por objeto únicamente lo referente a la
indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, debía
tomarse en consideración las causales y la cuantía para recurrir establecidas
en las normas que regulan la casación civil y, (iii) algunas expresiones
del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil y, en particular, la que establecía que en materia de casación civil
dicho recurso procedería cuando el valor actual de la resolución desfavorable
al recurrente fuera o excediera de diez millones de pesos.
Consideró la Corte que la definición de tal exigencia no se oponía a la
Carta dado que (i) “las normas que determinan cuales sentencias judiciales pueden ser
objeto del recurso de casación se presumen, en principio, ajustadas a la
Constitución, en razón del respeto del juicio valorativo que ha efectuado el
legislador, fundado en razones que consultan la realidad social donde han de
aplicarse”. A
juicio de la Corte (ii) “las apreciaciones del legislador relativas a la
importancia y naturaleza del proceso, la magnitud de la pena impuesta en razón
del daño causado al bien jurídico tutelado, etc., en cuanto contribuyen a la
racionalización, eficiencia y eficacia de la administración de justicia, son
intangibles y no pueden ser desconocidas por el juez constitucional”.
Sostuvo además, analizando
algunos de los cuestionamientos en contra de la cuantía fijada para el recurso
de casación laboral:
“En referencia particular a las restricciones impuestas
en materia de casación laboral sostuvo la Corte: “Según el actor las
restricciones impuestas al recurso de casación en cuanto a la cuantía del
interés para recurrir violan los derechos al trabajo, a la igualdad, y al
acceso a la administración de justicia. // Considera la Corte que no le asiste razón al demandante, por las
siguientes razones:
(…) La
protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias
procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los
trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas
instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios.
Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación cuando para ello se reúnan
los requisitos de procedibilidad.
No
necesariamente la protección de dicho derecho, en consecuencia, se logra con la
casación; ésta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el
trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos. Por
ejemplo, cuando el recurrente es el empleador.
No se rompe el
principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes
dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el
empleador.
La necesidad de
establecer mecanismos procesales a favor del trabajador, para facilitar la
protección de sus derechos e intereses, con el fin de equilibrar su desigualdad
económica frente al empleador, no necesariamente debe hacerse dentro del
recurso de casación.
No se viola, por
consiguiente, el acceso a la justicia, porque éste se encuentra debidamente
garantizado en las instancias ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede
restringirse, la posibilidad de acudir a la casación, la cual, como se indicó
anteriormente, es un recurso excepcional, extraordinario y, por consiguiente,
limitado”.
Con fundamento en esas consideraciones la Corte dispuso declarar la
exequibilidad de las normas demandadas al considerar que se encontraban
comprendidas por la competencia de regulación atribuida al legislador en esta
materia.
20.2. En la sentencia C-1046 de 2001 le correspondió establecer si
desconocía el principio de igualdad y el derecho de acceder a la administración
de justicia la regla contenida en el artículo 1º de la Ley 592 de 2000 conforme
a la cual la procedencia del recurso de casación civil exigía la demostración
de que el valor
actual de la resolución desfavorable al recurrente fuera o excediera de
cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El punto de partida de la argumentación de la
Corte consistió en señalar que la razón de la decisión de la sentencia C-596 de
2000, resultaba aplicable a la cuestión planteada dado que se discutía
nuevamente si el legislador podía fijar una determinada cuantía de la
resolución desfavorable del recurrente como condición de acceso. A pesar de
ello, la Corte consideró que debía definir si esa orientación, que conducía a
la exequibilidad de la norma acusada, era compatible con dos decisiones previas
–las contenidas en las sentencias C-345 de 1993 y C-269 de 1998- que habían
declarado inexequibles normas que fijaban una cuantía como criterio de
procedencia de determinados recursos judiciales. Se detuvo entonces en este
análisis.
a. La primera de tales decisiones, la C-345 de
1993, había declarado contraria a la igualdad las reglas que en los artículos
131 y 132 del Decreto 01 de 1984 fijaban la competencia de los tribunales
administrativos estableciendo que en los procesos relativos a los actos de
destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o
cualesquiera otros que implicaran el retiro del servicio, eran de única
instancia, si la asignación mensual del cargo no excedía de ochenta mil pesos
($80.000.oo) y de doble instancia
cuando la superara. Refiriéndose a tal pronunciamiento, resumió la regla de la
decisión indicando “que ese mandato era discriminatorio, pues no podía la
ley limitar el acceso a la apelación en los procesos laborales administrativos
basándose exclusivamente en el monto de remuneración del trabajador”[32].
Advirtió la Corte que dicho pronunciamiento no
implicaba “que esa sentencia hubiera concluido que la ley no podía
tomar en cuenta la cuantía de las pretensiones o de lo judicialmente debatido
para fijar competencias o regular la procedencia de los recursos”. De
hecho, resaltó que la sentencia de 1993 había advertido “que la ley podía
regular competencias y el acceso a los recursos con base en la cuantía de las
pretensiones, pero que no podía fundarse en el nivel de remuneración de los
trabajadores” y en ese sentido allí “reconoció que la ley podía limitar
el acceso a la casación por razón de la cuantía de lo debatido”[33].
b. La segunda de tales sentencias, la C-269 de
1998, declaró contraria a la Constitución la norma contenida en el artículo 379
del Código de Procedimiento Civil en la que se fijaba un límite de cuantía a
efectos de acceder al recurso extraordinario de revisión, indicando que no procedía
respecto de los procesos conocidos por los jueces en única instancia, algunos
de los cuales correspondían precisamente con la mínima cuantía. Al referirse a
lo que en esa decisión se dijo, la Corte sostuvo que “[l]a revisión no tiene
entonces una finalidad sistémica, como la casación, sino que busca evitar que
existan sentencias injustas, y por ello prevé que, dadas ciertas causales,
pueda revisarse el proceso”. En esa medida, la decisión contenida en la
sentencia C-269 de 1998 encontraba fundamento en el hecho de que las causales
de revisión podrían “(…) configurarse en cualquier clase de proceso,
independientemente de su cuantía o trámite (…), por lo cual es injusto e
inequitativo que se (…) excluya a determinadas sentencias de ser
revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado
una de las causales analizadas (…)”.
c. Establecidas las diferencias existentes
entre el problema jurídico juzgado en la sentencia C-1046 de 2001 y los
resueltos en las referidas sentencias, concluyó este Tribunal que tal examen
resultaba suficiente “para mostrar que, lejos de existir incompatibilidad,
las doctrinas establecidas en las sentencias C-345 de 1993 y C-269 de 1998
refuerzan las conclusiones de la sentencia C-596 de 2000”. En ese sentido
“[n]o existe entonces ninguna razón para que la Corte se aparte de ese
precedente, por lo cual, con base en los criterios desarrollados en esa
providencia, esta Corporación declarará la exequibilidad de los apartes
acusados del artículo 1º de la ley 592 de 2000”.
20.3. La sentencia C-372 de 2011 concluyó que era contrario a la Carta
el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 que modificaba, a su vez, el artículo 86
del Código Procesal del Trabajo y disponía que sólo serían susceptibles del recurso de casación los procesos cuya
cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual
vigente.
La conclusión de la
Corte se apoyó en un razonamiento de varios niveles. Inicialmente señaló que la
cuestión de constitucionalidad planteada era diferente a la abordada en la
sentencia C-596 de 2000, dado que mientras en dicha sentencia “se limitó a examinar si el
Congreso tenía competencia para aumentar la cuantía del recurso y si, en
términos formales, la norma censurada vulneraba el principio de igualdad”, ahora se planteaban nuevas
acusaciones en un contexto normativo diverso. Según la Corte se trataba, por un
lado, de una disposición que establecía un incremento del 83% en la cuantía
luego de otras reformas sucesivas en ese mismo sentido y, por el otro, que la
impugnación señalaba que la norma desconocía el principio de proporcionalidad y
la prohibición de regresividad.
La Corte afirmó que procedía aplicar un juicio
intermedio de proporcionalidad. A pesar de que el Constituyente confirió al
legislador una amplia potestad de configuración en materia de regulación de
procedimientos y dicha competencia también había sido reconocida por la jurisprudencia
constitucional -específicamente en el establecimiento de cuantías-, lo que
podría sugerir la aplicación de un juicio débil, consideró que la intensidad
debía incrementarse. En efecto, en el caso analizado se encontraban en juego
los derechos a la igualdad, a acceder a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social así como las demás garantías consagradas en el
artículo 53 Superior. Seguidamente, consideró que a pesar de que el fin de la
medida era importante en tanto tenía por objeto la descongestión de la justicia
laboral, no resultaba efectivamente conducente en tanto solo contribuía a
descongestionar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En adición a
ello sostuvo que existían otras medidas para enfrentar las fallas estructurales
que daban lugar a la congestión laboral. Finalmente concluyó que la medida no
era proporcionada en sentido estricto en tanto la cuantía establecida (a)
difícilmente seria alcanzada por los trabajadores cuya protección exige la
Carta, (b) constituía un incremento drástico, (c) impedía que controversias de
notable importancia de cara a los fines de la casación no pudieran ser
conocidos por la Corte, (d) era muy alta si se comparaba con la establecida
como condición para que el Consejo de Estado conociera de tales asuntos -cien
(100) smmlv-, (e) no podía ser un instrumento para reducir la carga de trabajo
de la Sala Laboral de la Corte y (f) afectaba el cumplimiento de las funciones
que como órgano de cierre le habían sido asignadas.
En adición a ello, la Corte sometió a un examen de progresividad la
regla demandada indicando que a dicho control se encontraban sujetas las
medidas que implicaran un retroceso en las dimensiones prestacionales de los
derechos civiles y políticos. Sostuvo que “el
acceso a los mecanismos de protección judicial, como una obligación que se
desprende de cualquier derecho fundamental, debe ampliarse de manera progresiva
en condiciones de gratuidad e igualdad, y no puede ser objeto de medidas
regresivas, salvo cuando se cumplan los requisitos para aceptar la regresión
que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación”. Señaló que en los últimos veinte años se
había producido un incremento del 340% en la cuantía de la casación, sin
considerar que la mayoría de los trabajadores no recibían más de dos salarios
mínimos, lo que
se traducía en que “un importante número de fallos de instancia ya no pueden
ser objeto de control por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia”.
Se trataba entonces de “un
paso hacia atrás que impide a la Sala Laboral de la Corte Suprema cumplir su
rol de control de validez, unificación de jurisprudencia y protección de
garantías laborales en un número muy significativo de casos que en el pasado sí
podían llegar a su conocimiento”. Dijo la Corte, finalmente, que la medida
no encontraba una justificación suficiente para la realización de los derechos
fundamentales y no se habían considerado otras alternativas. Advirtió que la decisión no suponía que
el legislador careciera de la competencia para introducir modificaciones “en
la determinación de la cuantía para acceder a un recurso, sino que al hacerlo
debe justificar la necesidad de la medida y tener en consideración la
naturaleza del recurso que pretende regular y que la finalidad de la reforma
esté dirigida a la protección de otros derechos fundamentales”. De esta
manera terminó indicando “que al juez constitucional no le corresponde
determinar qué cuantía sí es proporcionada, sino analizar las justificaciones
dadas en cada caso por el Congreso y los demás órganos que participan en la
elaboración de las leyes, para determinar si en el caso concreto se ajustan a
la Carta”.
21. En síntesis, es posible extraer las siguientes conclusiones del
análisis precedente. En primer lugar (i) el Congreso es titular de una
extendida habilitación para configurar los diferentes regímenes procesales en
atención al reconocimiento que hace la Carta de su competencia para expedir
códigos y para disciplinar el ejercicio de la actuación de las autoridades judiciales.
No obstante la amplitud de dicha competencia (ii) la legislación procesal se
encuentra sometida a varios límites que se explican en el hecho de que su
contenido impacta dimensiones o facetas significativas del derecho de acceder a
la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y del debido
proceso. Ello indica (iii) que a pesar de la amplia libertad de configuración y
el correlativo carácter flexible del control de constitucionalidad, la
intensidad del mismo se acentúa en aquellos casos en los cuales la Constitución
ha regulado de manera detallada una institución procesal o cuando de la
regulación que se adopte dependa la efectividad de derechos reconocidos en la
Carta o de los propósitos que se le adscriben.
Igualmente, (iv) puesto que el recurso de casación es un medio
extraordinario de impugnación, que no da lugar a una nueva instancia y que
carece de una regulación constitucional detallada en tanto la Carta se limita a
mencionarlo, la legislación que le da forma se encuentra sujeta, en principio,
a un control constitucional ampliamente deferente de la libertad del Congreso y
que le permite establecer las finalidades del recurso, identificar el tipo de
actos jurisdiccionales contra los que procede, establecer las causales que
pueden invocarse así como regular el procedimiento que se sigue para su
interposición, trámite y decisión. Sin embargo, (v) las reglas legales que
rigen la casación no pueden anular la triple función
de unificación de la jurisprudencia, de protección del principio de legalidad y
de constitucionalización del ordenamiento jurídico. No es posible tampoco (vi)
que con esa regulación se establezcan tratos discriminatorios, se impongan
limitaciones desproporcionadas al derecho de acceder a la administración de
justicia o, como lo ha establecido de manera reciente la jurisprudencia, se
adopten medidas que retrocedan injustificadamente en la protección del
derecho.
H.  ANALISIS
CONSTITUCIONAL DE LAS EXPRESIONES ACUSADAS
22. Con apoyo en las consideraciones previas, la Corte analizará cada
uno de los cargos planteados por los demandantes. Con ese propósito, se
seguirán los siguientes pasos. En primer lugar, es necesario detenerse en
algunas de las modificaciones más significativas del recurso extraordinario de
casación civil, con el objeto de comprender adecuadamente el contexto normativo
en el que se inserta la regla de cuantía fijada en el artículo 338 del Código
General del Proceso (subsección a). Seguidamente analizará el cargo por
violación del principio de igualdad material -art. 13- (subsección b) y, a
continuación, establecerá si la regla acusada desconoce la obligación
constitucional de prever mecanismos de protección de los derechos y el derecho
de acceso a la administración de justicia -arts. 89 y 229- (subsección c).
Finalmente, la Corte determinará si la restricción que se desprende de la
fijación de la cuantía vulnera el artículo 235 de la Constitución que instituye
a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de Casación (subsección d).
a)    El régimen general del recurso de casación establecido en la Ley 1564
de 2012 prevé un incremento a la cuantía general del interés para recurrir. Sin
embargo, la nueva regulación (i) amplía el grupo de sentencias de segunda
instancia que pueden ser recurridas en casación, (ii) establece supuestos
adicionales en los cuales la exigencia de cuantía no resulta exigible y (iii)
habilita a la Corte Suprema para casar de oficio algunas sentencias.
23. Las sentencias que de acuerdo con el
artículo 334 del Código General del Proceso pueden ser impugnadas a través del
recurso extraordinario de casación son, en una proporción significativa,
superiores a las que se encontraban previstas en el régimen procedimental anterior,
tal y como fue modificado por la Ley 1395 de 2010. Sobre el particular la Corte
hizo referencia general a ello en el fundamento jurídico No. 13.3 de esta
providencia señalando las diferencias relativas a la amplitud temática del
recurso. Tal aumento de las materias, que fue destacada en el Informe Ponencia
presentado ante el Senado de la República para dar curso al tercer debate
-indicando que con la reforma “se fortalece el rol de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia”[34],
dado que una de las modificaciones consiste en ampliar “la procedencia del
recurso extraordinario de casación respecto de todos los procesos declarativos”[35]- se
refleja en el siguiente cuadro:
Ley 1395 de 2010
Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012)
Sentencias contra las que procede el recurso
A.  Las dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese
carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a
426 (art. 366 del CPC, modificado por el artículo 18 de la Ley 1395 de 2010)
B.   Las sentencias que aprueban la partición en los procesos divisorios
de los bienes comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera
sociedades civiles o comerciales y de sociedades conyugales (num. 2 art. 366
C.P.C.).
C.   Las sentencias dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades
civiles o comerciales (num. 3 art. 366 C.P.C.).
D.  Las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales
superiores en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil (num. 4
art. 366 C.P.C.)
E.   Las sentencias que profieran en única instancia en procesos sobre
responsabilidad civil de los jueces.
A.
Las sentencias dictadas en toda clase de procesos
declarativos (num. 1 art. 334 C.G.P.).
B.
Las sentencias dictadas en las acciones de grupo y
cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria (num. 2 art. 334
C.G.P.). Igualmente las acciones populares[36].
C.
Las sentencias dictadas para liquidar una condena
en concreto (num. 3. art. 334 C.G.P.).
D.
Las sentencias de asuntos relativos al estado
civil únicamente cuando se trate sobre impugnación o reclamación de estado y
la declaración de uniones maritales de hecho (par. Art. 334 C.G.P.).
24. El primer inciso del artículo 338 del que hace parte la expresión
demandada tiene, a juicio de la Corte, tres contenidos normativos importantes.
Dos de ellos se desprenden directamente de su texto, al paso que el tercero se
sigue de una interpretación sistemática que se apoya en las finalidades
vinculadas al cambio legislativo en materia de casación y en una interpretación
sistemática de la disposición.
24.1. El primer contenido (i) prescribe que en los casos en los cuales
las pretensiones sean esencialmente económicas el recurso procede si el
valor actual de la resolución desfavorable al recurrente supera mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes. El segundo (ii) establece un grupo de
decisiones respecto de las cuales, bajo ninguna circunstancia, se requiere
valorar la cuantía de la resolución desfavorable del recurrente. Se trata de
las sentencias dictadas en el curso de acciones de grupo, acciones populares y
las relativas al estado civil.
24.2. A juicio de la Corte, un tercer contenido (iii) dispone que en
los casos de pretensiones no esencialmente económicas debe prescindirse
de cualquier valoración de la cuantía. La Corte debe detenerse en la
fundamentación de este último contenido puesto que en su contra podrían
formularse algunas objeciones. En efecto, una primera aproximación
podría sugerir que la expresión “cuando las pretensiones sean esencialmente
económicas” tiene por fin establecer que en aquellos casos no excluidos
expresamente del requisito de la cuantía, según el mismo inciso, deberá siempre
requerirse que lo pretendido en casación exceda de mil salarios mínimos. De
esta manera el significado de esa frase se definiría por aquello expresamente
excluido de tal exigencia a saber: sentencias dictadas en el curso de acciones
de grupo, acciones populares y las relativas al estado civil
En contra de esta interpretación restringida militan varias razones. La
primera de ellas indica que el examen integral de la nueva regulación en
materia de casación, evidencia que su propósito, en general, consistió en
ampliar desde el punto de vista temático las materias respecto de las cuales la
Corte Suprema, como tribunal de casación, puede pronunciarse. Esta premisa debe
incidir en la interpretación del inciso del que hace parte la disposición
demandada, de manera tal que se logre la armonización del amplio margen de configuración
del que dispone el legislador y las funciones constitucionales que se adscriben
al recurso extraordinario de casación.
La segunda razón indica que si el propósito de la disposición hubiera
consistido en excluir del requerimiento de la cuantía únicamente a las
sentencias adoptadas en acciones de grupo, populares y las relativas al estado
civil no habría existido necesidad alguna de integrar al primer enunciado la
expresión “cuando las pretensiones sean esencialmente económicas”[37].
Adicionalmente, dicha comprensión le negaría todo efecto útil a tal expresión,
desconociendo que en la regulación preexistente al Código General del Proceso
ella no se encontraba, tal y como se sigue de la lectura del artículo 366 del
Código de Procedimiento Civil. El principio del efecto útil, fundado en los
principios democrático y de conservación del derecho, “exige que entre dos sentidos posibles de un precepto, uno de los
cuales produce consecuencias jurídicas y el otro no, debe preferirse
necesariamente el primero”[38]. Es ello lo que se
impone en este caso.
No le corresponde a la Corte establecer en esta oportunidad el
significado preciso y definitivo de la expresión “cuando las pretensiones
sean esencialmente económicas” del primer inciso del artículo 338 del
Código General del Proceso. Sin embargo, lo que sí resulta claro y se integra
al análisis que en esta oportunidad se efectúa, es que aquellas pretensiones
que no sean fundamentalmente económicas, tal y como ocurre por ejemplo con las
que tienen por objeto la declaración de responsabilidad civil pero que no traen
aparejada una pretensión patrimonial sino una solicitud de reparación
simbólica, artística o de no repetición[39]
-conforme a las novedosas tendencias del régimen de responsabilidad que se ha
venido abriendo paso- no se encontrarán sometidas a la exigencia de
demostración de la cuantía para recurrir.
La conclusión tiene sustento en una razón adicional. En efecto, si
dentro de las funciones de la casación se encuentra la de unificar la
jurisprudencia dando respuesta a los nuevos problemas que plantean las relaciones
entre los particulares y de forma especial la protección de los derechos fundamentales
de las personas -elemento fundante del derecho privado en tanto se asienta en
el reconocimiento de la persona humana como titular de derechos y deberes-,
señalar que eventos como los descritos puedan ser objeto de análisis de la
Corte Suprema de Justicia en sede de casación encuentra plena justificación. Es
en esa dirección precisamente que debe entenderse la decisión inequívoca de
habilitar a la Corte Suprema de Justicia para que, con independencia de la
cuantía, se pronuncie sobre las sentencias dictadas en las acciones de grupo y
en las acciones populares.
24.3. Otra de las modificaciones que ha sido destacada como sustancial
en el nuevo régimen de la casación, es la relativa a la posibilidad de quebrar
una sentencia, aun de oficio, en aquellos casos en los cuales resulte
ostensible que la decisión impugnada compromete gravemente el orden público, el
patrimonio público o constituye un atentado contra los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución. Según el inciso final del artículo 336 del
Código General del Proceso, esta facultad constituye un evento exceptivo a la
prohibición de que la Corte considere causales de casación diferentes de las
expresamente alegadas por el recurrente.
Se trata de un instrumento de significativa relevancia que además de
limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso
de casación -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho
sustancial-, contribuye en plena armonía con los nuevos fines que lo inspiran,
a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensión
e interpretación de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia.
Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposición del legislador
procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso.
En el ámbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas
de la Constitución adquieran real vigencia y efectividad en el derecho
ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deberá
interpretar esta nueva institución[40].
El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte.
25. En síntesis, el juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en
consideración el régimen integral del recurso de casación del que hace parte.
Ello implica que el análisis del incremento de la cuantía para definir el
interés de recurrir en casación debe tomar en cuenta (i) que fueron ampliados
los fines de la casación; (ii) que fue objeto se incrementaron las sentencias
que pueden ser impugnadas; (iii) que el requisito de la cuantía no es aplicable
cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente
económicas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones
populares y de estado civil; y (iv) que limitando el carácter dispositivo del
recurso, se ha establecido la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia,
en hipótesis de extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de
una sentencia.
a)    La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente
en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés
para recurrir no desconoce el principio de igualdad material
26. De acuerdo con los
demandantes la fijación de la cuantía del interés para recurrir en casación en
la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, supone una renuncia
del legislador a la protección de los sujetos en situación de especial
debilidad, en tanto el criterio económico sólo lo hace posible para personas
cuyas controversias den lugar a una resolución desfavorable de semejante valor.
Se excluye entonces de la posibilidad de acceder a este mecanismo de control
judicial, fundándose para ello exclusivamente en un criterio
económico.
27. El artículo 13, según lo ha reconocido la Corte
Constitucional en diferentes oportunidades, se erige en la cláusula general de
igualdad. En el segundo inciso se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptar las medidas que se requieran en
favor de grupos discriminados o marginados. En estrecha relación con dicho
mandato, se impone al Estado la obligación de proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta.
Este grupo de normas, conjuntamente con
las cláusulas específicas de igualdad material establecidas en otras
disposiciones de la Carta, configuran el mandato de erradicación de las
injusticias presentes[41]. Dicho mandato, acogido por este
Tribunal en varios de sus pronunciamientos, es una manifestación específica de
la definición del Estado como social de derecho y su compromiso con la
protección y defensa de la dignidad humana. Sobre el significado de la norma que establece esta forma de Estado,
la jurisprudencia ha advertido “que a
diferencia del Estado de Derecho que atiende exclusivamente a un concepto
formal de igualdad y libertad, en el Estado Social de Derecho la igualdad
material es determinante como principio fundamental que guía las tareas del
Estado con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la
inclusión y la participación y garantizar a las personas o grupos en situación
de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales”[42].
Conforme a ello “el Estado Social de Derecho busca realizar la justicia
social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a
los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”[43].
La igualdad material, que constituye el
fundamento de la actuación estatal dirigida a remover aquellas condiciones que
impiden a las personas ejercer paritariamente su propia libertad, ordena que
las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias y en la medida de las
posibilidades fácticas y jurídicas, adopten medidas que aseguren la protección
de los sujetos que por diversas razones han sido marginados o discriminados.
28. La Corte constata que, en efecto, el incremento de la cuantía del
interés para recurrir en casación establecido en el Código General del Proceso
resulta significativo. Sin embargo, tal circunstancia no constituye -en sí
misma- una razón para considerar la regla demandada contraria al mandato de
igualdad material. Ello por las razones que a continuación se sintetizan.
28.1. El precedente vigente en materia de recurso de casación civil,
que se desprende de las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001, indica que
la fijación de la cuantía del recurso de casación a partir del perjuicio
irrogado al recurrente en la decisión judicial que se impugna, puede
calificarse como un criterio constitucionalmente permitido al amparo de la
competencia del legislador para diseñar un recurso extraordinario que, como se
sabe, no da lugar a la activación de una tercera instancia. La decisión
constituyente de erigir a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de
casación comporta, al mismo tiempo, una habilitación legislativa para
identificar su alcance. No obstante que establecer requisitos mínimos para
acceder a un recurso supone naturalmente la selección de grupos de casos, de
ello no se desprende una violación del mandato de igualdad material, siempre y
cuando con dicha selección no se pretenda instrumentar una discriminación o la
profundización de la marginación social.
En el caso de la regulación adoptada, el legislador procesal optó por
un modelo de acceso al recurso extraordinario de casación que, al tiempo que
amplía los supuestos en los que es procedente y elimina el requerimiento de la
cuantía en las sentencias resultantes de acciones de notable interés para la
comunidad -tal y como ocurre en las acciones de grupo y populares-, incrementa
la cuantía del interés, a efectos de armonizar esta ampliación de la
competencia del tribunal de casación con la obligación de que el ejercicio de
su actividad sea eficiente.
28.2. En la disposición que se analiza, a diferencia de otras normas
que la Corte encontró inconstitucionales por hacer depender la procedencia de
algunos recursos judiciales –apelación y revisión- de los ingresos de las
personas, no es ello lo que ocurre: ni los ingresos del recurrente ni su
capacidad económica se fijan como punto de partida. El criterio que fue
seleccionado por el legislador está relacionado con el valor de la resolución
desfavorable en la sentencia cuyo quiebre se solicita y, en esa medida es un
criterio admisible. No es posible para la Corte -y los demandantes no lo
demuestran- establecer una equivalencia necesaria entre el incremento del
interés económico para recurrir en casación y la afectación de grupos
especialmente protegidos. Dicho de otra forma, la regulación adoptada hace
depender la casación no de los sujetos sino de la cuantía de las disputas. No
puede afirmarse que controversias de alto valor se encuentren siempre
relacionadas con sujetos ubicados en una posición económicamente privilegiada
en la sociedad o que disputas con cuantías menores se presenten únicamente
entre sujetos en situación de debilidad. Los defectos sobreinclusivos o
infrainclusivos, siempre difíciles de controlar en una regulación de carácter
general, pueden considerarse comprendidos por el poder de regulación del
legislador, a menos que impliquen una negación de las posibilidades de acceso
al sistema estatal de justicia a un grupo determinado o determinable de
sujetos. Sin embargo, la norma acusada no está regulando una instancia ni el
contenido esencial del derecho de acceder a la administración de justicia, y
mucho menos está estableciendo una limitación acceso a la misma a partir de
criterios subjetivos, esto es, en razón de los sujetos que acuden a ella.
28.3. El establecimiento de una cuantía mínima de la resolución
desfavorable como condición de acceso al recurso de casación no tiene como
efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la
protección estatal. En efecto, si bien la casación tiene entre sus objetivos la
protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios
irrogados a las partes, ello no supone que quienes no tienen la posibilidad de
acudir a este instrumento extraordinario de impugnación, queden desprovistos de
protección. En efecto, la salvaguarda de sus derechos se encuentra garantizada
no sólo por la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de acudir ante la
jurisdicción civil a fin de que sus controversias sean tramitadas y decididas
en las instancias ordinarias que se hubieran previsto, sino también por el
reconocimiento de la posibilidad de acudir a la acción de tutela en aquellos
casos en los cuales agotados los recursos judiciales a su disposición,
consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por la actuación
de las autoridades judiciales.
28.4. La nueva regulación, a pesar de que incrementa la cuantía del
interés para recurrir cuando se trate de pretensiones esencialmente económicas,
excluye de ese requerimiento no sólo a las sentencias que se pronuncien sobre
pretensiones que no lo sean, sino también a aquéllas que resultan de las
acciones de grupo, acciones populares y las correspondientes al estado civil.
De manera que el legislador, insiste la Corte, extendió a otros casos la
procedencia del recurso con el objetivo de hacer posible que la Corte Suprema
pueda pronunciarse sin límite alguno de cuantía.
b)   La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente
en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, como condición para
recurrir en casación, no desconoce los límites de la libertad de configuración del
Congreso para regular los mecanismos de protección de los derechos y el derecho
de acceso a la administración de justicia (arts. 89 y 229)
29. Los demandantes señalan que el incremento de la cuantía en una
proporción tan alta desconoce la obligación que tiene el legislador,
establecida en el artículo 89 de la Constitución, de adoptar medidas que
aseguren la protección de los derechos y del ordenamiento. Igualmente, aducen
que la medida restringe gravemente el derecho de acceder a la administración de
justicia en tanto impide a un número muy importante de ciudadanos acudir a un
recurso que, como el de casación, cumple funciones muy importantes.
30. Los artículos 89 y 229 de la Carta se encuentran estrechamente
relacionados. En efecto, al paso que el segundo de ellos establece el derecho
fundamental de acceder a la administración de justicia como forma de garantizar
una tutela efectiva de los derechos constitucionales, el artículo 89 ha
previsto que la ley debe establecer, sin perjuicio de los que se encuentran ya
establecidos en la Carta, los recursos, acciones y procedimientos que hagan
posible amparar el ordenamiento jurídico y los derechos en él reconocidos. La
relación entre estos artículos puede establecerse como de medio a fin, en tanto
la forma de asegurar el acceso al sistema judicial es mediante la adopción de
regulaciones que establezcan los diferentes instrumentos y reglas procesales.
Constituye entonces una obligación del Congreso adoptar medidas de esa
naturaleza para que los ciudadanos puedan formular pretensiones encaminadas no
solo a salvaguardar el derecho objetivo, sino que también permitan exigir el
reconocimiento y protección de derechos subjetivos.
31. Esta Corporación ha señalado que el derecho de acceso a la
administración de justicia protege las siguientes posiciones iusfundamentales:
(i) el derecho a que existan procedimientos públicos, idóneos y efectivos que
permitan la definición de los derechos y obligaciones de las personas; (ii) el
derecho de todas las personas, en las condiciones que fije la ley, a poner en
funcionamiento el sistema de justicia a fin de que las controversias sean
resueltas en un plazo adecuado; (iii) el derecho a que durante el curso de un
proceso se asegure la igualdad de las partes y el derecho al debido proceso; (iv) el derecho a que las decisiones judiciales sean
el resultado de una motivación que considere adecuadamente los argumentos de
las partes; (v) el derecho
a que las autoridades decreten y analicen objetivamente las pruebas aportadas
al proceso; y (vi) el derecho a que las decisiones judiciales se ajusten al
ordenamiento jurídico. Igualmente este Tribunal ha sostenido que este derecho
supone (vii) la vigencia de mecanismos para
facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres[44]. El resultado de ensamblar estas posiciones permite configurar el
núcleo básico del derecho de acceder a la administración de justicia cuya
violación resulta intolerable, incluso cuando ello tiene lugar por la actuación
del legislador.
32. La existencia de este núcleo de garantías
constitucionalmente asegurado, no niega en modo alguno, la estrecha relación
que existe entre la actuación del legislador y la definición de las condiciones
de realización del derecho de acceder a la administración de justicia. Dicha
relación es tan significativa que, sin perjuicio de los límites antes
referidos, este Tribunal ha señalado “que el legislador al configurar las
formas, los términos, los derechos, las cargas y obligaciones procesales o en
definitiva, las características de cada juicio, así como los incidentes y los
recursos, en definitiva lo que concreta son los alcances y restricciones del
derecho de acceso a la administración de justicia”[45].
Así entonces la ley, al tiempo que confiere la competencia del legislador,
establece los límites a los que se encuentra sometida su actuación.
33. La expresión demandada no vulnera el artículo 89 de la
Constitución. De dicho artículo no se desprende ni la obligación de eliminar la
demostración de un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de
establecer una determinada cuantía para darlo por acreditado. Esa disposición
sí exige, por el contrario, que el legislador no prive a las personas de la
posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de plantear sus
controversias civiles, mercantiles, agrarias y de familia. No es esto ni lo que
ocurre, ni lo que se ha planteado en esta ocasión. De hecho el Código General
del Proceso ha introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen
por objeto asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.
34. Ahora bien, la acusación presentada advierte –correctamente- que el
establecimiento de una condición de procedencia del recurso de casación,
constituye una restricción para activar uno de los mecanismos que ha previsto
el Congreso en materia de administración de justicia. La Corte comparte esa
conclusión. Sin embargo, la vigencia de una restricción no implica, en sí misma
una violación de la Carta. La validez constitucional de la restricción a la
posibilidad de acceder al recurso extraordinario depende de que ella satisfaga
las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad.
35. Para la Corte el control constitucional de la medida debe hacerse a
partir de un escrutinio intermedio. No obstante que existirían buenas razones
para aplicar un juicio de intensidad débil, concurren consideraciones que
justifican elevar dicha intensidad. Así, tal y como se ha indicado a lo largo
de esta providencia la regulación juzgada (i) fue expedida por el Congreso en
desarrollo de una competencia constitucional específica que le permite la adopción
de Códigos (art. 150.2) y (ii) corresponde al desarrollo de una institución
procesal extraordinaria que, si bien tiene importantes propósitos, posee una
escasa mención en la Constitución (art. 235.1). Asimismo (iii) los precedentes
constitucionales en materia de juzgamiento del régimen de cuantía en el recurso
de casación civil dejan en evidencia que este tribunal ha respetado ampliamente
las valoraciones de oportunidad y conveniencia que el legislador ha efectuado
al regular esta materia.
Sin embargo (iv) el incremento considerable de la cuantía comporta una
restricción a una de las variantes del acceso a la administración de justicia
y, de manera particular, de un recurso expresamente mencionado en la
Constitución. Ello implica que este Tribunal debe prestar especial atención a
efectos de que la regulación adoptada por el legislador, no conduzca a la
supresión de los elementos cardinales de dicho recurso.
36. Ahora bien, a pesar de que procede un examen intermedio, no es
posible aplicar un juicio con una estructura equivalente al desarrollado en la
sentencia C-372 de 2011. En efecto, la Corte ha advertido recientemente que el
juicio intermedio exige determinar únicamente si la medida evaluada persigue
una finalidad constitucionalmente importante y si, además de ello, resulta
efectivamente conducente para alcanzar tal propósito[46]. Sin
embargo, en la referida sentencia C-372 de 2011, la Corte fundamentó su
decisión en la aplicación de un juicio que, además de las anteriores exigencias,
incluía un examen de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.
Ello pudo explicarse en el hecho de que el incremento de la cuantía del
interés para interponer el recurso de casación laboral, restringía el derecho
al trabajo y podía incidir en la efectividad de las garantías establecidas en
el artículo 53 de la Carta. Tal circunstancia, sin embargo, no es trasladable
al asunto que ahora analiza la Corte al menos por tres razones. Primero, la
norma se refiere al recurso de casación en materia civil. Si bien los asuntos
que son objeto de conocimiento de la jurisdicción civil revisten significativa
importancia en orden a la realización de las aspiraciones y planes de vida de
las personas –al punto que en muchas oportunidades de ellos se predica
relevancia iusfundamental directa-, no pueden considerarse equivalentes
a las relaciones de trabajo respecto de las cuales la Constitución asumió
especiales, profundas y particulares precauciones. Segundo, existe un
precedente relevante contenido en las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001
que señalan el extendido margen de configuración del Congreso. Tercero, a
diferencia de lo que ocurrió en la reforma juzgada en la sentencia C-372 de
2011, que se limitaba a incrementar la cuantía de casación sin introducir
modificación adicional alguna, la norma del artículo 338 cuya inexequibilidad
ahora se pretende, hace parte de un régimen procesal de casación que fue objeto
de diferentes ajustes, algunos de los cuales tuvieron por objeto ampliar su
ámbito de cobertura, tal y como se ha dejado expuesto.
37. El juicio de proporcionalidad[47]
de intensidad intermedia tiene por objeto establecer que exista una
justificación de suficiente relevancia verificando, como se ha indicado, si la
medida cuestionada persigue una finalidad constitucional importante y si,
adicionalmente, ella resulta efectivamente conducente para alcanzar dicho
propósito. Se trata de un examen relativamente deferente de la libertad del
legislador para regular la materia de la que se trate. Para la Corte, ambas
exigencias se encuentran satisfechas en este caso.
37.1. En primer lugar, el incremento del interés para recurrir tiene
por finalidad asegurar que el nuevo diseño procesal -que amplía el ámbito
temático del recurso y promueve la realización de nuevos fines en sede de
casación- pueda materializarse sin afectar la obligación de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia de cumplir eficazmente las tareas que le fueron
asignadas en el artículo 235 de la Carta, de manera que se asegure la
prestación eficiente del servicio público de administración de justicia, que
además es calificada por la Carta como una función pública (art. 228). El
objetivo de la regla demandada se vincula entonces, estrechamente, con la
consecución de los fines constitucionales de la casación: unificación de la jurisprudencia, protección del
principio de legalidad y constitucionalización del ordenamiento jurídico.
Esta finalidad se conecta además con el hecho de que la regulación
prescindió del requisito de la cuantía en el caso de impugnación de las
sentencias adoptadas con ocasión (a) de la formulación de pretensiones que no
sean esencialmente económicas, (b) de acciones de grupo, (c) de acciones
populares o (d) de acciones que resuelven controversias sobre el estado civil.
Conforme a ello, la norma acusada pretende evitar que se frustren las nuevas instituciones
del régimen casacional. La finalidad de la medida resulta constitucionalmente
importante en tanto no solo no está prohibida sino que, adicionalmente,
encuentra apoyo en los artículos 228, 229 y 235 de la Carta.
37.2. En segundo lugar, la medida se evidencia como efectivamente
conducente. En efecto, la ampliación del grupo de sentencias que pueden ser
objeto del recurso de casación así como la fijación de algunos supuestos en los
que la cuantía se torna irrelevante, requería acompañarse de una regla como la
examinada, en tanto hace posible que la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia cumpla eficazmente sus nuevas tareas sin afectar la consecución de los
objetivos pretendidos por la reforma. Establecer ajustes dirigidos a concretar
la ampliación de las materias susceptibles de pronunciamiento por parte de ese
Tribunal, además de justificarse en la importancia que tiene en el ordenamiento
colombiano como tribunal de casación, debía acompañarse de la adopción de
medidas encaminadas a priorizar las tareas a cargo de dicha Corporación. Se
concluye entonces que la medida, desde el punto de vista de las posibilidades
fácticas, permite alcanzar el propósito identificado.
38. La conclusión referida coincide con la jurisprudencia de la Corte,
anunciada en diferentes oportunidades, de acuerdo con la cual “la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos,
que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer
requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda
prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción
al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los
conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos
concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”[48]. Precisamente la restricción
acusada en esta oportunidad no impide el acceso a la justicia ni establece un
trato discriminatorio sino que, por el contrario, se integra a un diseño
procesal en el que se articulan los diferentes propósitos de la casación.
c)     La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente
en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés
para recurrir, no desconoce el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia
como tribunal de casación (art. 235.1)
38. Según la demanda, la expresión acusada vulnera el artículo 235.1 de
la Constitución dado que el incremento excesivo del interés para recurrir,
impide el cumplimiento de una de las funciones atribuidas a la Corte Suprema de
Justicia. Ello es así dado que el referido aumento tiene como efecto una
reducción significativa de los pronunciamientos que, en sede de casación, puede
adoptar la Corte Suprema de Justicia.
39. Por razones que se desprenden de la argumentación presentada al
resolver los otros cargos, tampoco esta acusación está llamada a abrirse paso.
La casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una
instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnación al que
históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia
constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la
Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso,
pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. Como se desprende
de lo señalado en esta decisión, del derecho de acceder a la administración de
justicia no se sigue un derecho subjetivo a formular, sin límite alguno, el
recurso de casación. Ello se explica en la jurisprudencia de la Corte al
señalar que “[n]o es, por tanto, un recurso
para resolver controversias judiciales o enmendar los eventuales errores en que
hayan podido incurrir los jueces al momento de decidir los procesos, pues para
ello el ordenamiento jurídico ha previsto las instancias ordinarias”[49].
Tal circunstancia implica, dicho de otra manera, que “en el recurso
extraordinario de casación no se estudian de nuevo los hechos ni el caso concreto
como ocurriría en la apelación, sino que actúa sobre la decisión del juez de
instancia”[50]. En consecuencia cumple
“una
“función sistémica” que lejos está de hacerla una tercera instancia (…),
que protege en la jurisprudencia como fuente del derecho, su sujeción a
los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y coherencia”[51].
40. Aceptar que la casación es una especie de tercera instancia y, a
partir de ello, negar la posibilidad de que la procedencia del recurso se
encuentre sometida a determinadas condiciones, constituye un argumento muy
problemático. La actuación de la Corte Suprema como tribunal de casación pone
en perspectiva la coexistencia y articulación de intereses públicos y privados.
Así, al paso que varios de sus propósitos desbordan las controversias
particulares –como cuando se asignan entre sus finalidades la defensa de la
unidad e integridad del orden jurídico, la garantía de la eficacia de los
instrumentos internacionales, el control de la legalidad de los fallos así como
la unificación de la jurisprudencia nacional- otros acentúan su preferencia en
la respuesta a los reclamos  individuales -tal es el caso de la protección de
los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las
partes-. Encontrar un punto adecuado entre ambos costados –referidos en
ocasiones bajo las expresiones ius
constitutionis y ius
litigatori, respectivamente- que permita su articulación no resulta
simple y, por ello, esa función le ha sido confiada principalmente al
legislador que puede identificar y elegir entre diferentes alternativas para
ello.
41. La Corte no desconoce que otras formas de regulación del recurso
son posibles. Prever una reducción temática de las materias susceptibles de ser
conocidas por la Corte Suprema, establecer sistemas más abiertos o cerrados de
la casación oficiosa, disponer mecanismos de selección negativa más rigurosos,
prescindir del requisito de la cuantía para interponer el recurso en algunos
casos, ampliar el origen de las providencias susceptibles de impugnación
extraordinaria, son alternativas que, prima facie, se encuentran comprendidas
por el margen de configuración del legislador.
42. La norma juzgada no priva a la Corte Suprema de Justicia y, en
particular a su Sala Civil, de la función que como tribunal de casación le
confiere la Constitución. Ciertamente al paso que establece una restricción
económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados, profundiza las
materias y asuntos de los que puede ocuparse. El régimen adoptado por el
legislador permite constatar que en la fijación de la regla cuestionada, se ha
valorado que la referida ampliación, sin la introducción de dicha regla, podría
afectar la eficacia del recurso y la consecución de los fines constitucionales
y legales que persigue. En adición a ello, la nueva legislación procesal, sin
perjuicio de la procedencia de la acción de tutela para controvertir todas las
actuaciones judiciales que comporten violaciones iusfundamentales, le
atribuye a la Corte un importante papel en el proceso de constitucionalización
de los asuntos civiles, mercantiles, de familia y agrarios, promesa
constituyente hasta ahora en curso. En esa dirección, la regulación examinada no
sólo estableció que uno de los fines de la casación es la protección de los
derechos constitucionales sino que, adicionalmente, autorizó la denominada
casación oficiosa en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, esté
comprometido el orden público, así como las garantías y derechos
constitucionales. En síntesis, la regla analizada hace parte de un diseño
procesal integral que no elimina, en modo alguno, el contenido de la
competencia de la Corte Suprema para actuar como tribunal de casación.
G. SINTESIS DE LA DECISIÓN
43. Le correspondió a la Corte definir si la decisión
legislativa de fijar como condición de procedencia del recurso de casación
-cuando las pretensiones sean esencialmente económicas- que el valor actual de
la resolución desfavorable del recurrente sea superior a un mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el
mandato de igualdad material (art. 13); la competencia del legislador para
establecer los recursos, acciones y procedimientos de protección del
ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89); el derecho de acceder a la
administración de justicia; (art. 229); y (iv) la realización de los propósitos
del recurso extraordinario de casación (art. 235.1).
44. La Corte constató que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido, antes y después de la expedición del Código General del Proceso,
que el Congreso es titular de una amplia potestad de configuración en materia
procesal y, en particular, en la regulación de los recursos extraordinarios tal
y como ocurre con la casación. Ello se traduce en la posibilidad (i) de
establecer las finalidades del recurso, (ii) de identificar el tipo de actos
jurisdiccionales contra los que procede, (iii) de establecer las causales que
pueden invocarse, así como (iv) de regular el procedimiento que se sigue para
su interposición, trámite y decisión.
45. El juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en consideración
el régimen integral del recurso de casación del que hace parte. Ello implica
que el análisis constitucional del incremento de la cuantía debe tomar en
cuenta (i) que fueron complementados los fines de la casación; (ii) que fue
objeto de ampliación el grupo de sentencias que pueden ser impugnadas; (iii)
que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de asuntos en
los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se trate de
sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil;
y (iv) que limitando el carácter dispositivo del recurso, se ha establecido la
posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de extrema
importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.
46. La regla acusada no desconoce el derecho a la igualdad en su
manifestación de igualdad material (art. 13. inc. 2). El establecimiento de tal
cuantía como condición de acceso al recurso de casación, no tiene como efecto
privar a las personas en situación de debilidad económica de la protección
estatal. En efecto, si bien la casación tiene entre sus objetivos la protección
de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a
las partes, ello no supone que quienes no cuenten con la posibilidad de acudir
a este instrumento extraordinario de impugnación, queden desprovistos de
protección. En efecto, el amparo de sus derechos se encuentra garantizado no
solo por la facultad que tienen todos los ciudadanos de acceder a la
jurisdicción civil a efecto de que sus controversias sean tramitadas y
decididas en las instancias ordinarias, sino también por la posibilidad de
acudir a la acción de tutela en aquellos casos en los cuales, agotados los
recursos judiciales a su disposición, consideren que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados.
47. La regla acusada no desconoce la competencia legislativa prevista
en el artículo 89 de la Constitución. De esa disposición no se desprende ni la
obligación de eliminar la exigencia de acreditar un interés económico para
recurrir en casación, ni el deber de establecer una cuantía específica para
darlo por acreditado. Dicha norma sí exige, por el contrario, que el legislador
no prive a las personas de la posibilidad de acudir ante las autoridades
judiciales a efectos de plantear sus controversias civiles, mercantiles,
agrarias y de familia. No es esto ni lo que ocurre con la norma acusada, ni lo
que se ha planteado en este juicio. De hecho, el Código General del Proceso ha
introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen por objeto
asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.
48. La regla acusada no desconoce el derecho de acceder a la
administración de justicia (art. 229). En efecto, el precedente que se sigue de
las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001 indica que la fijación de una
cuantía asociada al perjuicio irrogado al recurrente por una sentencia, como
condición de procedencia del recurso de casación es un criterio objetivo que
toma nota de la competencia del legislador y del margen de apreciación que
tiene para diseñar un recurso extraordinario.
En adición a ello la medida supera el juicio de proporcionalidad de
intensidad intermedia aplicable en este caso. Primero, el incremento del
interés para recurrir tiene por finalidad asegurar que el nuevo diseño procesal
–que amplía el ámbito temático del recurso y promueve la realización de nuevos
fines en sede de casación- pueda materializarse, sin afectar la obligación de
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de cumplir eficazmente las tareas
que le fueron asignadas en el artículo 235 de la Carta. Segundo, la medida se
evidencia como efectivamente conducente, dado que la ampliación del grupo de
sentencias que pueden ser objeto del recurso de casación así como la fijación
de algunos supuestos en los que la cuantía se torna irrelevante, requería
acompañarse de una regla que, como la examinada, hace posible que la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia pueda cumplir eficazmente sus nuevas tareas sin
afectar la consecución de los objetivos pretendidos por la reforma. Establecer
ajustes dirigidos a concretar la ampliación de las materias susceptibles de
pronunciamiento de la Corte, además de justificarse en la importancia que tiene
en el ordenamiento colombiano como tribunal de casación, debía acompañarse de
la adopción de medidas encaminadas a priorizar las tareas a cargo de esa
Corporación. Se concluye entonces que la medida, desde el punto de vista de las
posibilidades, fácticas permite alcanzar el propósito identificado.
48. La regla acusada no vulnera la condición de la Corte Suprema de
Justicia como tribunal de casación (art. 235.1). Ella no la priva de la función
que le confiere la Constitución. En efecto, al paso que establece una
restricción económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados,
profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse dicho Tribunal a
efectos de cumplir los fines adscritos a la casación. La casación no constituye
un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia. Se trata de un
medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la
actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con
ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin
anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización
de sus diferentes fines.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “sea superior a un mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)” contenida en el
primer inciso del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Presidente
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Vicepresidente
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (E)
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
JOSÉ ANTONIO CEPEDA
AMARÍS
Magistrado (E)
Con salvamento de voto
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E)
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCIO LOAIZA MILÁN
Secretaria General
(E)
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSE ANTONIO
CEPEDA AMARÍS
A LA SENTENCIA
C-213/17
INCREMENTO DE CUANTIA DEL
INTERES PARA RECURRIR EN CASACION CIVIL, CUANDO LA PRETENSION SEA DE NATURALEZA
ECONOMICA-Impone
al recurrente una carga desproporcionada que constituye una barrera
injustificada para el acceso a la administración de justicia extraordinaria
(Salvamento de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites (Salvamento de voto)
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-Fases (Salvamento de voto)
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-Requisitos de procedencia (Salvamento de voto)
INCREMENTO DE CUANTIA DEL
INTERES PARA RECURRIR EN CASACION CIVIL CUANDO LA PRETENSION ES DE NATURALEZA
ECONOMICA-Carece
de justificación por el legislador a partir de un análisis empírico o
científico evidente y su implementación normativa no fue producto de consenso
democrático (Salvamento de voto)
INCREMENTO DE CUANTIA DEL
INTERES PARA RECURRIR EN CASACION CIVIL CUANDO LA PRETENSION ES DE NATURALEZA
ECONOMICA-Desproporcionalidad
a partir de criterios de interpretación teleológico y sistemático (Salvamento
de voto)
Referencia: Expediente D-11641
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 338 (parcial) de la
Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Actores: María Alejandra Gálvez Alzate, Martín Arango Gallego y Miguel
Londoño Gómez.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el debido respeto, me permito
exponer las razones que me llevaron a salvar el voto frente a la decisión
adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-213 del 5 de abril de
2017. En dicho pronunciamiento, se declaró exequible la expresión “sea
superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)”, contenida
en el primer inciso del artículo 338 del Código  General del Proceso, Ley 1564
de 2012.
1. La mayoría de la Corte concluyó que era
exequible la disposición acusada, la cual establece que, cuando las
pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso extraordinario de
casación procede si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente
es superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv).
Lo anterior, al estimar que no desconoce (i) el mandato de igualdad
material (art. 13 de la C.P); (ii) la competencia del legislador para
establecer los recursos, acciones y procedimientos de protección del
ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89 Superior); (iii) el
derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229 de la C.P); y (iv)
la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art.
235-1 Superior), basándose en las siguientes razones:
1.1. La jurisprudencia constitucional ha reconocido
que el legislador tiene una amplia potestad de configuración en materia
procesal, y en particular, en lo que tiene que ver con la regulación del
recurso extraordinario de casación. Ello se traduce en la posibilidad de
establecer las finalidades del recurso, de identificar el tipo de providencias
judiciales contra las que procede, de establecer las causales que pueden
invocarse, así como de regular el procedimiento que se sigue para su
interposición, trámite y decisión.
1.2. En ese sentido, la modificación que el
legislador realizó al recurso extraordinario de casación en materia civil,
cuando las pretensiones tengan un carácter económico, fue estimada por la
mayoría de la Corte, como integral. Ello por cuanto, amplió el grupo de
sentencias que pueden ser impugnadas a través de ese recurso extraordinario;
definió que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de
asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se
trate de sentencias relativas a acciones de grupo, a acciones populares y al
estado civil de las personas; y, estableció la posibilidad excepcional de que
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de
extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.
1.3. Con base en los supuestos anteriores, en la
Sentencia C-213 de 2017 se sostuvo que la regla censurada: (i) no tiene
por efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la
protección estatal, ya que sus derechos se encuentran garantizados en la
posibilidad que tienen de acudir ante la jurisdicción civil para que sus
controversias sean tramitadas y definidas en las instancias ordinarias; (ii)
no desconoce la competencia legislativa prevista en el artículo 89 Superior, en
tanto ésta disposición no establece un deber de eliminar la exigencia de
acreditar un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de fijar
una cuantía específica para darlo por acreditado; por el contrario, impone un
lineamiento al legislador de garantizar mediante mecanismos ordinarios, el
orden justo y los derechos individuales ante las autoridades judiciales
civiles, mercantiles, agrarias y de familia; y, (iii) no quebranta el
derecho de acceder a la administración de justicia, habida cuenta que la
fijación de una cuantía asociada al perjuicio irrogado al recurrente por una
sentencia, como condición de procedencia del recurso extraordinario de
casación, es un criterio objetivo que se apoya en la competencia del legislador
y del margen de apreciación que tiene para diseñar los procedimientos.
1.4. Así mismo, la posición mayoritaria adujo que
la medida acusada supera el juicio de proporcionalidad en intensidad
intermedia, por cuanto el incremento del interés para recurrir persigue una
finalidad constitucionalmente importante, consistente en asegurar la
realización de un nuevo diseño procesal que no afecte el adecuado
funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; y, se trata de una medida
conducente dado que la ampliación del grupo de sentencias que pueden ser objeto
del recurso de casación, así como la fijación de algunos supuestos
constitucionales en los que la cuantía se torna irrelevante, debía acompañarse
de una regla que, como la examinada, contribuye a que la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia cumpla eficazmente sus nuevas tareas sin afectar la
consecución de los objetivos pretendidos por la reforma.
1.5. Finalmente, en la Sentencia C-213 de 2017 se
indicó que la norma demandada se ajusta a la Constitución, toda vez que no
priva a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de
casación, sino que, por el contrario, le permite profundizar en las materias y
los asuntos con miras a optimizar la realización de los fines de dicho recurso.
2. Contrario a lo expresado por la mayoría de Sala,
considero que el incremento de la cuantía del interés para recurrir en casación
civil, cuando la pretensión sea de naturaleza económica, debió declarase
inexequible porque impone al recurrente una carga desproporcionada que
constituye una barrera injustificada para el acceso a la administración de
justicia extraordinaria. En mi criterio, el efecto de la anterior
inexequibilidad aparejaba la reviviscencia del artículo 1º de la Ley 592 de
2000, que modificó el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, el cual
fijaba en 425 smlmv la cuantía del interés para recurrir en casación civil,
hasta tanto el legislador regulara lo pertinente.
2.1. Conforme lo ha señalado de manera reiterada y
uniforme la jurisprudencia constitucional, el legislador ordinario goza de un
amplio margen de configuración normativa para regular los distintos procesos
judiciales, estableciendo cada una de las actuaciones que en ellos han de
surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o extraordinarios,
la oportunidad para interponerlos y los requisitos que se deben cumplir; en
fin, para determinar las reglas y los procedimientos que rigen el debido
proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos los campos del
derecho. Sin embargo, como también lo ha precisado este Tribunal, en el
desarrollo de tales actividades, el legislador no cuenta con una potestad
discrecional absoluta, puesto que debe respetar el ordenamiento
constitucional, así como los derechos y las garantías fundamentales de las
personas, en especial, el derecho de acceso a la administración de justicia
(art. 229 de la C.P).
De esta forma, cuando una norma procesal establece
una carga al recurrente para poder acceder a la administración de justicia, al
punto de limitar la casación solo a quienes demuestren un interés desfavorable
elevado cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, es necesario
evaluar la justificación que tuvo el legislador para introducir la modificación
normativa y, determinar si la medida es proporcionada en cuanto a la garantía
de derechos constitucionales.
2.2. Al respecto, en el presente caso, el
legislador varió la cuantía del interés para recurrir en casación civil,
pasando de 425 smlmv (art. 366 del CPC) a 1000 smlmv (art. 338 del CGP).
Significa lo anterior que el incremento que realizó el legislador corresponde a
un 135% del establecido en la norma procesal anterior.
Pues bien, desde el punto de vista histórico, la
Comisión Redactora del Código General del Proceso sugirió aumentar la cuantía
del interés para recurrir en casación a 1000 smlmv, sin aportar argumentos para
justificar la variación, lo cual fue aprobado mediante Acta No. 70 del 1º de
junio de 2005[52].
Por consiguiente, al ser presentado el proyecto de ley del Código General del
Proceso por parte del Ministro del Interior y de Justicia, la cuantía del
interés para recurrir se fijó en 1000 smlmv, sin que tampoco la exposición de
motivos justificara dicha variación[53].
No obstante, luego de haber sido aprobado el
proyecto de ley del Código General del Proceso en primer y segundo debate en la
Cámara de Representantes[54],
el informe de ponencia para primer debate en el Senado de la República incluyó
una proposición para modificar el contenido del artículo 338 del proyecto de
ley 159 de 2011 Senado - 196 de 2011 Cámara, en el sentido de disminuir la
cuantía del interés para recurrir en casación civil, cuando la pretensión sea
de contenido económico, de 1000 smlmv a 500 smlmv. Así lo consignó la
Gaceta del Congreso No. 114 de 2012:
“la
cuantía del interés para recurrir fue rebajada, por considerarse excesiva y
por no guardar proporción con la cuantía que actualmente se establece para
acceder al recurso, que es de cuatrocientos veinticinco salarios mínimos
legales mensuales vigentes (425 smlmv). Por tanto, se modificó el proyecto
aprobado en segundo debate de un mil (1.000) a quinientos salarios mínimos
legales mensuales vigentes (500 smlmv)”. (Negrillas fuera del texto
original).
Nótese, entonces, que el mismo legislador, al
advertir que la modificación introducida carecía de justificación empírica o
científica que la cimentara, propuso que fuese rebajada por encontrarla excesiva
y desproporcionada respecto a la cuantía fijada en la norma procesal
anterior. Dicha propuesta, a su vez, fue sometida a consideración de la
Comisión de Revisión del Proyecto de Ley que adopta el “Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones”, cuyos integrantes estuvieron de
acuerdo en que el incremento inicialmente previsto en la cuantía del interés
para recurrir en casación era claramente excesivo[55].
A pesar de haber sido aprobada esa rebaja de la
cuantía para recurrir en casación civil tanto en la Comisión como en la
Plenaria del Senado de la República, posteriormente, en el informe de
conciliación se impuso, nuevamente sin justificación legislativa, el
interés mínimo para recurrir en casación civil de 1000 smlmv. Puntualmente, en
la Gaceta del Congreso No. 316 de 2012, el informe de conciliación indica que
ambas cámaras se pusieron de acuerdo sobre el texto conciliado del artículo 338
del proyecto de ley, acogiéndose sin mayores explicaciones, el aprobado
en la Cámara de Representantes, es decir, el que estableció la cuantía del
interés para recurrir en 1000 smlmv.
Del anterior recuento histórico, se observan dos
situaciones puntuales: (i) la variación de la cuantía del interés para
recurrir a 1000 smlmv, no fue justificada por el legislador a partir de
un análisis empírico o científico evidente; y, (ii) su implementación
normativa no fue producto del consenso democrático,  pues, como se ha
explicado, durante el trámite legislativo, el Senado de la República advirtió
que la variación normativa era excesiva y desproporcionada, por ende,
dispuso su rebaja para ajustarla a 500 smlmv. Ello pone de presente que el
mismo legislador advirtió la existencia de un aumento exagerado en la cuantía
del interés para recurrir, que en términos prácticos se traduce en una
limitante para que tengan acceso al recurso extraordinario de casación solo
aquellas personas cuyos conflictos de naturaleza económica sean lo
suficientemente onerosos.
2.3. Incluso si se analiza la institución de la
casación civil a partir de los criterios de interpretación teleológico y
sistemático, la conclusión también se dirige a la desproporcionalidad del
incremento que sufrió la cuantía para recurrir en casación civil, cuando la
pretensión es de naturaleza económica.
En cuanto al criterio teleológico, la finalidad de
dicho incremento, al parecer, tenía como soporte descongestionar la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y garantizar “el trabajo
eficiente” de la misma. Sobre el punto, estimo que podían promoverse
medidas más eficaces que no constituyan barreras excesivas en el acceso a la
administración de justicia extraordinaria, ya que instrumenta y profundiza un
marginación social, al elitizar el recurso extraordinario de casación
solo para aquellas personas cuyos derechos litigiosos superen, en la
actualidad, una cuantía superior a los setecientos treinta y siete millones de
pesos como pretensión desfavorable ($737.000.000).
Y respecto al segundo criterio, si bien desde un
entendimiento sistemático se puede afirmar que la reforma fue bien intencionada
al pretender ampliar la cobertura de las sentencias contra las cuales procede
el recurso extraordinario de casación civil, ya que extendió su procedencia a
todas aquellas proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia en
toda clase de procesos declarativos (art. 334 del CGP), lo cierto es que la
cuantía del interés para recurrir se convierte en un filtro procesal o barrera
que debe acreditar el recurrente que pretenda acudir a este recurso judicial
extraordinario. En mi criterio, la carga procesal impuesta se torna en excesiva
y desproporcionada, en la medida que el incremento corresponde a un 135%
respecto de la disposición anterior del Código de Procedimiento Civil,
situación que agudiza la elitización de un recurso judicial, al tiempo que
sacrifica en mayor medida el derecho de acceso a la administración de justicia.
En tal sentido, estimó que la finalidad que
persigue la modificación censurada, de descongestionar la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia para lograr que su trabajo sea ágil y
eficiente, además de poder lograrse a través de medidas temporales como la
descongestión judicial, compromete la garantía de derechos de las personas
vulnerables y de la mayoría de ciudadanos cuyos conflictos jurídicos no
alcanzan la cuantía impuesta como requisito de procedibilidad del recurso
extraordinario de casación civil, y mucho menos podrán contar con el estudio y
definición del máximo tribunal de la justicia ordinaria civil.
2.4. El anterior planteamiento de disenso lo
refuerzo a partir de un análisis integral de los requisitos de procedencia y
del estudio inicial sobre la concesión del recurso extraordinario de casación,
ya que estimo que de allí debió partir el enfoque de la Corte Constitucional en
la Sentencia C-213 de 2017, con el fin de evidenciar la afectación del derecho
de acceso a la administración de justicia de quienes fungen como recurrentes.
De acuerdo con los artículos 334 a 343 del Código
General del Proceso, la presentación del recurso extraordinario de casación se
puede dividir en dos fases: la procedencia y concesión del recurso por parte
del tribunal superior de segunda instancia, y superada ésta, el envío del
expediente y el análisis de admisión del recurso extraordinario por parte de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Solo si estas dos fases
se superan, el recurrente podrá presentar la demanda de casación invocando la
causal respectiva (art. 343 del CGP).
En tratándose de la primera fase antedicha, la
concesión del recurso de casación supone la evaluación y cumplimiento previo de
varios requisitos procesales, a saber: (i) la naturaleza de la
sentencia que se cuestiona, es decir, que se dirija contra una sentencia
proferida por un tribunal superior en segunda instancia en el marco de un
proceso declarativo, o de acciones populares que correspondan a la jurisdicción
ordinaria, o de sentencias dictadas para liquidar una condena en concreto, o de
procesos relativos al estado civil cuando la pretensión sea la impugnación o
reclamo del mismo, y la declaración de uniones maritales de hecho; (ii) la
legitimación por activa para interponer el recurso, que se encuentra en
cabeza de quien apeló el fallo de primera instancia que le era desfavorable, y
a pesar de ello, continúo agraviado con la decisión de segunda instancia
proferida por el tribunal superior; (iii) la oportunidad para
interponerlo, que refiere a que el recurso de casación se puede interponer
en el acto de notificación de la sentencia si ésta es dictada en el curso de la
audiencia de fallo, o por escrito presentado al tribunal superior dentro de los
cinco días siguientes al de la notificación de la providencia que se cuestiona,
según señala el artículo 337 del CGP, y, (iv) la cuantía del interés
para recurrir en casación, que según la expresión acusada, es de 1000
smlmv, es decir, el recurrente debe acreditar como mínimo esa cuantía
desfavorable a sus intereses o que lo perjudica. Así, es necesario precisar que
una cosa es la cuantía de la pretensión, y otra diferente la del interés para
recurrir en casación civil, que es el perjuicio que sufre el recurrente con la
decisión dictada por el tribunal superior[56], aun cuando en algunos
casos las dos pueden coincidir.
Sólo si se reúnen todos los requisitos expuestos,
el tribunal superior concederá el recurso extraordinario de casación, ordenando
dar inicio a la segunda fase que corresponde al envío del expediente a la Corte
Suprema de Justicia para que ésta califique si admite o inadmite tal recurso.
En todo caso, de acuerdo con el inciso final del artículo 342 del CGP, la
cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es
susceptible de examen o modificación por la Corte Suprema de Justicia. Lo
anterior permite evidenciar que quien evalúa el cumplimiento de la cuantía del
interés para recurrir en casación es el tribunal superior correspondiente, lo
que dificulta, en principio, que varios de los casos relevantes que incumplen
dicha cuantía sean objeto de análisis por el máximo tribunal de la justicia
civil, en procura de habilitar su competencia excepcional mediante la
denominada casación oficiosa.
Esa situación, que en mi criterio lesiona el acceso
a la administración de justicia mediante recursos extraordinarios, limita en
gran medida a los recurrentes con exigencias procesales que, por tratarse de un
plano puramente económico, resultan excesivas y desproporcionadas frente a la
generalidad de los ciudadanos que acuden a solucionar sus controversias a
través del juez civil. Por consiguiente, fijar la cuantía desfavorable para
recurrir en casación en 1000 smlmv, verdaderamente elitiza la finalidad
que persigue el recurso extraordinario de casación, que no es otra que defender
la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno,
proteger los derechos fundamentales, controlar la legalidad de los fallos y,
unificar la jurisprudencia en materia civil, comercial, agraria y de familia.
2.5. Por último, considero que la Sentencia C-213
de 2017, si bien dentro del propósito de justificar la decisión allí adoptada
menciona lo resuelto previamente por la Corte en la Sentencia C-372 de 2011, en
realidad no controvirtió los argumentos centrales de este último fallo, con
base en los cuales la misma Corte había declarado inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, “Por la
cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; norma a
través de la cual se pretendía aumentar la cuantía para acceder al recurso
extraordinario de casación laboral, aumentando el interés para recurrir de 120 a 220 salarios mínimos. Resulta relevante indicar que, en esa oportunidad, la variación de la
cuantía se encontró injustificada y desproporcionada porque, además de atentar
contra los derechos de los trabajadores, sacrificaba en mayor medida el derecho
de acceso a la administración de justicia toda vez que el recurso
extraordinario de casación dentro del sistema constitucional “es un
mecanismo judicial intrínsecamente relacionado con la protección de derechos
fundamentales”. Justamente, este último punto es el que debió asumir y
enfrentar la sentencia de la cual me aparto, con miras a determinar la
desproporcionalidad de la medida ante el incremento excesivo de la cuantía para
recurrir en casación civil.
3. Por las razones expuestas, considero que la
norma demandada debió ser declarada inexequible por esta Corporación.
Fecha ut supra,
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (E)
[1] Suscribe
el documento la ciudadana Leonor Cristina Padilla Godin.
[2] Suscribe el documento, en su condición de miembro, el ciudadano Edgardo Villamil Portilla.
[3] En su calidad de profesor interviene el
ciudadano Jimmy Rojas Suárez.
[4] En su
calidad de Director de la especialización en Derecho Procesal, interviene el
ciudadano Gabriel Hernández Villareal.
[5] Intervienen en su calidad de Director del
referido observatorio el ciudadano Jorge
Kenneth Burbano Villamizar y, en su condición de profesor del Área de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho, el ciudadano Nelson Enrique Rueda
Rodríguez.
[6] En las
consideraciones de la referida providencia se indica lo siguiente: “Que el inciso 1° del artículo 338 de la Ley
1564 de 2012, al referirse a la cuantía del interés para recurrir en casación,
expresa que "Se excluye la cuantía del interés para recurrir
cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares
y de grupo, y las que versen sobre el estado civil" (subrayas
fuera de texto), cuando las acciones populares no están incluidas dentro del
listado de casos en los que procede el recurso extraordinario de casación de
acuerdo con el artículo 334 de la misma ley; // Que
se encuentra que la voluntad inequívoca del legislador era la de excluir del
recurso extraordinario de casación a las sentencias que se profieran en las
acciones populares, tal como se observa en el informe de ponencia para primer
debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la
República, publicado en la Gaceta del Congreso número 114 del 28 de marzo de
2012: // "En el numeral 2 del artículo [334] se
eliminan las acciones populares como susceptibles de recurso de casación, en
los términos previstos en la Ley 472 de 1998. En efecto, el artículo 67 de esta
ley establece que serán susceptibles de casación las sentencias dictadas en los
procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, mas no así en las
acciones populares". (Subrayas fuera del texto); // Que, en consecuencia, existe un error de referencia en
el artículo 338, que debe ser corregido eliminando la alusión a las acciones
populares; (…)”.
[7] El
numeral primero de la parte resolutiva  establece: “PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de los
artículos los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 17 de
agosto de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, «(…) Por el que se
corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones (…)», de
acuerdo con los argumentos esbozados en la parte motiva de esta providencia”.
[8] Sentencia
C-493 de 2015.
[9] Sentencia
C-493 de 2015.
[10] Sentencia C-372 de 2011.
[11] Sentencia C-372 de 2011.
[12] Sentencia C-372 de 2011.
[13] Sentencia C-596 de 2000.
[14] Sentencia C-1065 de 2000. Esta idea ha sido
recogida también, entre otras, en la sentencia C-372 de 2011.
[15] Sentencia C-058 de 1996.
[16] Gaceta
del Congreso 119 de 2011.
[17] El
artículo 42 de la ley 1395 dispuso lo siguiente: “Las referencias al proceso
ordinario y al proceso abreviado, contenidas en el Código de Procedimiento
Civil, deberán entenderse hechas al proceso verbal”.
[18] Sentencia
C-215 de 1994.
[19] Sentencia
C-215 de 1994.
[20] Sentencia C-215 de 1994.
[21] Sentencia
C-1065 de 2000.
[22] Sentencia
C-1065 de 2000.
[23] Sentencia
C-372 de 2011.
[24] Sentencia
C-372 de 2011.
[25] Sentencia C-713 de 2008.
[26] Sentencia C-713 de 2008.
[27] Sentencia C-372 de 2011.
[28] Sentencia C-596 de 2000.
[29] Sentencia C-596 de 2000.
[30] Sentencia C-596 de 2000.
[31] Sentencia C-596 de 2000.
[32] La sentencia C-345 de 1993 explicó: “Y en general, del hecho de que el Legislador se limite
a describir una situación objetiva que existe y que él no inventó, no se sigue
ciertamente que tal descripción sea inconstitucional. Lo que es contrario a la
Carta es deducir consecuencias jurídicas de los bajos niveles de ingreso para
efectos de sancionarlos con la privación de ciertas garantías procesales. En
otras palabras, es claramente contrario a la Constitución premiar los altos
ingresos mediante la concesión de beneficios procesales. Por esta vía la
elitización de la administración de justicia es evidente”.
[33] Citó la
Corte el siguiente aparte de la sentencia C-345 de 1993: ““No
hay duda que la distribución del trabajo al interior del aparato
judicial requiere de la adopción de criterios que, tanto horizontal como
verticalmente, aseguren el cumplimiento de la noble función que la Carta le
asigna. Ciertamente, la racionalización en la administración de justicia obliga
a la adopción de técnicas que aseguren prontitud y eficiencia y no solo
justicia en su dispensación. Para ello es
razonable introducir el factor cuantía como elemento determinante de la
competencia, pero la cuantía referida a un quantum objetivo que no se
fundamente en los ingresos subjetivos de una persona sino el monto global de la
pretensión, como bien lo hace el Decreto N° 719 de 1989, artículo 1°, que dice
que serán susceptibles del recurso de casación los negocios cuya cuantía exceda
de 100 veces el salario mínimo mensual. Pero del factor cuantía no se sigue
pues una autorización genérica para violar otras disposiciones
constitucionales, particularmente las más caras -los derechos y sus garantías”
(Las subrayas corresponden a las incluidas por la sentencia C-1046 al apoyarse
en ese párrafo de la sentencia).
[34] Gaceta
del Congreso 114 de 2012.
[35] Gaceta
del Congreso 114 de 2012.
[36] Se
incluyen las sentencias dictadas en el curso de las acciones populares dado que
se trata de uno de los supuestos que considerando la suspensión provisional de
los efectos del artículo 6 del Decreto 1736 de 2012, se encuentran excluidos de
la cuantía del interés para recurrir según lo dispone el artículo 338 del
Código General del Proceso.
[37] En apoyo de esta
tesis se encuentra la argumentación seguida por la Corte Suprema de Justicia
(AC011-2017. 12 de enero de 2017. Mag. Luis Alonso Rico Puerta) al resolver un
recurso de queja interpuesto en contra de la decisión de la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que había negado la
concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por una de las
partes. La decisión respecto de la cual se había formulado el recurso de
casación correspondía a la sentencia adoptada por dicho tribunal en la que
declaraba probada una excepción frente a la pretensión de declaración de
pertenencia formulada por el recurrente. La razón para negar la concesión del
recurso consistía en que no se alcanzaba la cuantía establecida. El recurso de
queja formulado, según lo recordó la Corte Suprema, “encuentra
fundamentación en las consideraciones del censor según las cuales, a la
casación que invocó frente a la sentencia de segunda instancia, le son
aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, escenario
normativo en el que aduce: «se atendía era la naturaleza del asunto y no su cuantía»,
agregando que la pretensión «declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio» escapa
de las calificadas como esencialmente económicas”. Luego de ello
la Corte sostuvo que no era posible aceptar tal argumentación: “La reseñada
argumentación no es de recibo y por ende corresponde avalar el criterio del
Tribunal, en tanto: (i) el recurso extraordinario que aquí interesa está
regido por las pautas del Código General del Proceso; (ii) es incorrecto
sostener que en el régimen anterior la procedencia de la casación sólo estaba
determinada por la naturaleza del asunto y; (iii) la aspiración de
pertenencia por usucapión es nítidamente patrimonial”.
Y más adelante, al referirse a la tercera de tales razones y haciendo un
énfasis especial en su naturaleza esencialmente económica indicó: “En
lo que respecta al principal cargo edificado para sustentar la queja,
consistente en el afirmado carácter extrapatrimonial de la pretensión
declarativa de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, corresponde
resaltar que el mismo resulta contraevidente si se considera que la aspiración
que dio lugar a esta actuación tiene la vocación esencial y directa de
incrementar el patrimonio del demandante, al tiempo que supone el correlativo
detrimento de los activos de la parte demandada. (…) En ese
sentido, el derecho discutido atañe esencialmente al aspecto económico,
resultando apenas relativas, accesorias o accidentales y en todo caso,
desprovistas de relevancia jurídica, las repercusiones de índole moral, siendo
pacífico que la materia analizada tampoco concierne a prerrogativas
personalísimas y/o vinculadas a la institución de la familia. // Nótese
que el objeto de la usucapión no es otro que obtener la regularización o el
ascenso de la posesión hacia el dominio, que valga precisar, es el más
importante de los derechos reales, no solo a partir de la perspectiva jurídica,
sino desde la óptica económica, en tanto líder del tráfico negocial, máxime
cuando se trata de inmuebles, tradicionalmente catalogados como los de mayor
importancia y esmero regulatorio. (…) // A tono con lo decantado, la Sala de
forma invariable, tanto en el régimen procesal actual como en el anterior, ha
requerido la cuantificación de la resolución desfavorable cuando se trata de
pretensiones relacionadas con la prescripción adquisitiva de dominio,
estableciendo regla constante conforme a la cual «el monto del interés para
recurrir en casación está representado únicamente por el valor del inmueble
materia de la acción de pertenencia» (AC de 4 may.
2012, rad. 2012-00301, reiterado en AC 2014-2014, AC3910-2015,
AC6307-2016 y AC7084-2016). (…)” (Subrayas y negrillas no
hacen parte del texto original).
[38] Sentencia C-1017 de 2012.
[39] Este
tipo de reparaciones pueden encontrarse comprendidas por el concepto de
reparación integral reconocido desde hace ya varios años en la ley 446 de 1998
al prescribir en su artículo 16: “Dentro
de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la
valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación
integral y equidad y
observará los criterios técnicos actuariales”. Refiriéndose a las nuevas formas
de reparación no estrictamente patrimoniales puede consultarse J. C. Henao, “Las
formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el Estado”, Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, Nº 28, enero-junio de 2015, pp. 277-366.
DOI: 10.18601/01234366.n28.10
[40] Cabe
advertir incluso que el representante del Instituto Colombiano del Derecho
procesal que participo en el curso de este trámite indicó: “Por lo demás
tratándose de derechos constitucionales, el Código general del Proceso brinda
valiosas herramientas para su protección con presidencia (sic) de la cuantía.
Así, en uso de la casación oficiosa, la Corte Suprema de Justicia podría asumir
oficiosamente competencia para la protección de los derechos constitucionales,
defender el patrimonio público y el orden público, y podría hacerlo sin
consideración a la cuantía. Desde luego que corresponderá a la Corte el
desarrollo de la casación oficiosa, para que la cuantía, ni la fijada en el
código ni ninguna otra, inclusive menor sea impedimento para que el recurso
extraordinario de casación oficiosa sirva a la protección de los derechos
constitucionales fundamentales a la salvaguarda del orden público y del
patrimonio público (…)” Folio 46 del expediente.
[41] Sobre
el fundamento, alcance y límites del mandato de erradicación de las injusticias
presentes puede consultarse la sentencia SU-225 de 1998.
[42] Sentencia
C-1046 de 2001.
[43] Sentencia
C-1046 de 2001.
[44] Sentencias C-1046 de 2001 y C-203 de 2011.
[45] Sentencia
C-203 de 2011.
[46] Sentencia
C-114 de 2017.
[47] Sentencia
C-673 de 2001 y C-720 de 2007.
[48] Sentencia
C-1165 de 2000.
[49] Sentencia
C-203 de 2011.
[50] Sentencia
C-203 de 2011.
[51] Sentencia
C-203 de 2011.
[52] Su contenido completo se puede consultar en el siguiente link web: http://www.cej.org.co/observatoriocgp/index.php/documentos-de-interes/doc_details/98-acta-no-70-comision-redactora-del-proyecto-de-codigo-general-del-proceso.html.
En esa sesión, uno de los miembros de la Comisión Redactora del Código General
del Proceso presentó un proyecto de modificación a las normas en materia de
casación civil, en el cual se mantenía el interés para recurrir en casación, en
la cuantía de 425 smlmv. No obstante, en el transcurrir de la sesión, otro de
los miembros de la Comisión sugirió modificar ese artículo, aumentando a 1000
smlmv el valor de la resolución desfavorable al interesado para poder acudir a
la casación civil, pero sin realizar una exposición básica o detallada de los
argumentos que justificaban tal modificación. La única referencia que existe es
la propuesta de revisar las sentencias que serían susceptibles de ser
estudiadas en casación, “con el propósito de no recargar de trabajo a la
Corte sin ningún fundamento”. Posterior a ello, por unanimidad la Comisión
decidió variar la cuantía para recurrir en casación y luego finalizó la sesión.
Así las cosas, al parecer el argumento se centró en no generar una congestión
judicial en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
[53] Gaceta del Congreso No. 119 de 2011.
[54] Al respecto se pueden consultar las Gacetas del Congreso No. 250 de
2011, 745 de 2011 y 995 de 2011. El texto final del proyecto de ley que fue
aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra en la
Gaceta del Congreso No. 822 del 2011. Allí se verifica que el artículo 388 del
proyecto de ley 196 de 2011 Cámara, no sufrió variaciones respecto del
presentado originalmente, en cuanto a fijar la cuantía del interés para
recurrir en casación civil. Es más, ello no fue objeto de discusión y debate en
las sesiones correspondientes.
[55] Sobre el punto, se puede consultar la Gaceta del Congreso No. 114 de
2012.
[56] La doctrina procesal especializada en la materia, indica que la noción
de la cuantía del interés para recurrir la determina el monto actual del
perjuicio que la sentencia produce a cada parte y se mira y establece de manera
diversa respecto de cada una de ellas. Sobre el punto, se puede consultar el
libro Código General del Proceso, Parte General, del autor Hernán Fabio López
Blanco. Dupré editores, Bogotá, pág. 834 y ss.