C-376-02
Sentencia C-1268/00
Sentencia
C-376/02
PROPOSICION JURIDICA COMPLETA-Integración
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Omisión en demanda conjunta de disposiciones para
determinar contenido normativo vigente y entendimiento
Referencia:
expediente D-3769
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 402 de la
ley 599 de 2000.
Actor: Carlos Arturo Malambo
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá, D.C,  quince
(15 ) de mayo de dos mil dos (2002).
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos Arturo Malambo, en ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242
de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad parcial del artículo
402 de la Ley 599 de 2000.
La Corte, mediante auto de octubre veintinueve  de
2001, proferido por el Despacho del magistrado sustanciador, admitió la demanda
y dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte
a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE
LA NORMA ACUSADA
A continuación se
transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, según aparece
publicada en el Diario Oficial N° 44.097 de julio 24 de 2000, subrayando el
aparte acusado:
“LEY 599
DE 2000
(julio 24)
por la
cual se expide el Código Penal.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO XV
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO PRIMERO
Del peculado
Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. El
agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o
autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la
presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o
quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne
dentro del término legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y
multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En
la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que,
teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por
dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el
Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del
impuesto sobre las ventas.
Tratándose
de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas
obligaciones.
Parágrafo.
El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o
el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación
tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto
con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y
normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria,
preclusión de investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso
penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar.
III.    LA
DEMANDA
1.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas
Estima el
demandante que la disposición acusada es violatoria del inciso 3º del artículo
28 de la Constitución Política, y del numeral 2º artículo 7º de la Ley 16 de
1972, en virtud de la cual fue ratificada por el Congreso de la República, la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
2.
Fundamentos de
la demanda
El
accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la disposición
acusada, por considerar que la misma resulta contraria al inciso 3º del
artículo 28 de la Constitución, según el cual: “...en ningún caso podrá
haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles”.
A juicio del
demandante, deberle al Estado constituye una deuda[1] y la prohibición
constitucional que proscribe toda forma de prisión o arresto no admite
excepción alguna.
De esta manera
concluye que, “...la situación del agente retenedor o autorretenedor que no
consigne las sumas retenidas o autorretenidas, se encuentra en la misma
situación del deudor, que tiene la obligación de pagar.”
Agrega que “[l]a
expresión ‘en ningún caso’ que se encuentra en el artículo 28 de la Carta
Magna, manifiesta claramente que cualquiera que sea la naturaleza de la deuda,
que tenga una persona, no podrá ser sancionado(sic) con penas personales, las
mismas deben siempre tener una concepción patrimonial.”.
IV.    INTERVENCIONES
Según
informe secretarial del diecinueve de noviembre de 2001, durante el término de
fijación en lista, no se presentó ningún escrito de intervención.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Procurador General de la Nación considera que la norma demandada debe ser
declarada exequible. Para sustentar su conclusión, el señor Procurador
transcribe los apartes pertinentes del concepto No. 2719, emitido dentro del
expediente D-3675, en relación con una demanda de la misma disposición, a
partir de los mismos cargos,  y que fueron recogidos en la Sentencia C-262 de
2002.
En síntesis, expresa el señor Procurador
que la disposición acusada  no resulta contraria a la garantía consagrada en el
artículo 28 Superior, en la medida en que, como lo señaló la Corte en Sentencia
C-1144 de 2000, la situación de la persona que ha sido designada por la ley
para responder por el recaudo del IVA y de la retención en la fuente no se
asemeja a la de aquella que está en mora de cumplir una deuda civil. Agrega que
en los impuestos que se rigen por el sistema de causación, la conducta punible
sólo se configura cuando se ha recibido efectivamente el pago y no cuando se
realizan los abonos en cuenta, pues el verbo rector se refiere de manera clara
a las sumas efectivamente retenidas.
VI.   CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Por dirigirse la demanda contra una
disposición que forma parte de una ley de la República, es competente la Corte
Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el
artículo 241-4 de la Carta Fundamental.
2.      Fallo inhibitorio
El demandante solicita que se declare
inexequible la expresión “(...) en prisión de tres (3) a seis (6) años y
(...)”, contenida “... en el primer inciso del artículo 402 de la Ley
599 de 2001(sic)”.  Sin embargo, es claro que el juicio de
constitucionalidad debe recaer sobre la totalidad del artículo 402, única
manera de integrar una proposición jurídica completa. Siendo ello así y
teniendo en cuenta que, tal como se expresó por la Corte en la Sentencia C-262
de 2002, en la medida en que la Ley 633 de 2000, promulgada con posterioridad a
la Ley 599 del mismo año, pero antes de que el nuevo código penal empezase a
regir, modificó, con efecto inmediato, los incisos 1º y 2º del artículo 665 del
Estatuto Tributario, que regulaba el delito de la omisión de consignar a cargo
de los agentes retenedores y recaudadores, y estableció sobre la materia una
regulación distinta de la prevista en el Código Penal, se tiene que para poder
hacer el examen de constitucionalidad de la disposición demandada es necesario
que, previo análisis sobre su vigencia, la Corte se pronuncie tanto sobre la
norma acusada de la Ley 599 de 2000, como sobre el artículo 42 de la Ley 633 de
2000.
Tal
como se expresó en la Sentencia C-262 de 2002, “[e]llo habría
requerido que el actor demandase conjuntamente el artículo 402 del Código Penal
y el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, porque sólo en esa consideración
conjunta sería posible para la Corte determinar cual es el contenido normativo
que se encuentra vigente en la materia acusada, su alcance y correcto
entendimiento, el propio contenido de los cargos, y finalmente, el sentido de
la decisión que deba adoptarse en torno a su constitucionalidad.”
Agregó
la Corte, en consideración que resulta exactamente aplicable al caso que ahora
es objeto de análisis, que “[e]sa inescindible unidad imponía la necesidad
de que, se repite, el demandante hubiese incorporado en su demanda el artículo
42 la Ley 633 de 2000. La omisión en hacerlo así conduce a la Corte a la
adopción de una decisión inhibitoria, por cuanto, en esas condiciones la
demanda, exclusivamente referida al artículo 402 del Código Penal, resulta
incompleta y es, por consiguiente, inepta.”
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declararse inhibida para fallar de la
demanda dirigida contra la expresión “(...) en prisión de tres (3) a seis
(6) años y (...)”, contenida en el primer inciso del artículo 402 de la Ley
599 de 2000, por ineptitud sustancial de la demanda.
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Jaime
Córdoba Triviño, no firma la presente sentencia por cuanto en su momento le fue
aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Afirma al respecto que el Código Civil define una deuda, como
“..una obligación que se tiene de pagar o restituir una cosa por lo común
dinero, sin importar el destino que lleve el compromiso”.