C-262-96
Sentencia C-262/96
Sentencia
C-262/96
CONVENIO PARA LA
PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES-Protección constitucional/PROPIEDAD INTELECTUAL-Protección
La protección de
las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica de la
protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el Estado a la
propiedad intelectual. En efecto, la protección de la propiedad intelectual se
refiere a los diversos sistemas de reconocimiento y protección de los derechos
derivados de las creaciones humanas, entendidas éstas en un sentido amplio, de
suerte que quedan involucradas las manifestaciones artísticas, científicas e
industriales. La protección que la propiedad intelectual otorga a las
creaciones del ingenio humano - en este caso a la obtención de una nueva
variedad vegetal - constituye una forma particularmente importante de estimular
la actividad inventiva del hombre, esencial para el progreso y desarrollo de la
humanidad. El Convenio que se estudia en cuanto pretende fundamentalmente
establecer un sistema de protección de los derechos del obtentor, encuentra
claro respaldo en el artículo 61 de la Carta.
PROPIEDAD
INTELECTUAL-Obtentores de
variedades vegetales/MINORIAS ETNICAS-Protección
Las normas sobre
propiedad intelectual protección a los obtentores de nuevas variedades
vegetales deben ser respetuosas de las culturas y tradiciones propias de las
comunidades indígenas, negras y campesinas, de modo que so pretexto de una
necesaria protección en ámbitos propios de la economía de mercado, no se
imponga a dichas comunidades restricciones desproporcionadas que atenten contra
su propia supervivencia. Nada en el citado Convenio impide el reconocimiento de
la propiedad colectiva de las minorías étnicas y culturales respecto de las
variedades vegetales que hubieren obtenido a través de sus prácticas y
conocimientos tradicionales.
PRINCIPIO DE
TRATO NACIONAL-Alcance/DERECHO
A LA IGUALDAD
El principio del
trato nacional se constituye en un desarrollo lógico de la reciprocidad en
materia internacional, en la que se debe fundar, por expreso mandato
constitucional, la suscripción de tratados internacionales por parte del
Gobierno colombiano y la internacionalización de sus relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas. Se garantiza que, de la aplicación del
Convenio, no surgirán tratamientos discriminatorios entre nacionales
colombianos y extranjeros, violatorios del principio de igualdad.
ACTIVIDAD
AGROPECUARIA Y PRODUCCION DE ALIMENTOS-Protección
La índole de la
protección que estas normas otorgan a los obtentores de especies y géneros
vegetales nuevos se ajusta y desarrolla los postulados de la Constitución,
enderezados a proteger de manera especial la actividad agropecuaria y la
producción de alimentos.
PROPIEDAD
INTELECTUAL-Temporalidad
Un elemento
esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de
los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual
no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que
el Legislador determine en cada caso. La razón de ser de esta característica de
la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras
resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la
humanidad.
OBTENCIONES
VEGETALES-Cualidades/OBTENCIONES
VEGETALES-Protección
Las obtenciones
vegetales que pueden ser protegidas deben reunir tres cualidades:
distinguibilidad o notoriedad, homogeneidad y especificidad. Por su parte, el
mecanismo de la protección provisional busca garantizar, desde el momento de la
solicitud de protección, que se impida el uso comercial de la variedad sin
autorización del solicitante. Estas normas no pugnan con la Carta Política,
toda vez que son respetuosas de la órbita de configuración de que dispone el
Legislador en relación con la propiedad industrial y no interfieren con las
competencias de las autoridades colombianas para regular las cuestiones
atinentes a los recursos genéticos.
DERECHO DE
PRIORIDAD-Alcance
El derecho de
prioridad otorga un plazo prudencial para que el obtentor presente solicitudes
en cada Estado de la Unión, con el fin de garantizar que, una vez presentada su
solicitud, ninguna persona pueda pretender protección alguna sobre esa misma
variedad. Como se desprende de la norma examinada, el hecho de presentar una
solicitud en un Estado cualquiera de la Unión no implica una protección automática
por parte de los Estados restantes. Por el contrario, se exige la presentación
de la solicitud en cada uno de ellos, respetando los requerimientos de sus
normas internas. De este modo, cada Estado mantiene su autoridad soberana para
otorgar la protección solicitada.
MEDIDAS DE
PROTECCION A LOS OBTENTORES/ESPECIES VEGETALES-Control estatal
Las medidas de
protección a los obtentores que éste consagra son independientes de las normas
internas que los Estados-Parte expidan en relación con la producción, certificación
y comercialización de semillas y de plantones, las cuales, en cualquier caso,
no deberán obstaculizar la aplicación de las normas del Convenio. El artículo
14 bajo estudio garantiza el control del Estado colombiano sobre diversos
aspectos relativos a las especies vegetales: protección de la producción de
alimentos, protección del ambiente sano, planificación del uso de los recursos
naturales, circulación de recursos genéticos e intervención del Estado en la
economía para garantizar la productividad y la racionalización de la misma.
Referencia:
Expediente LAT-068
Revisión de la Ley
243 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el ‘CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-’ del 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978”.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Junio trece (13) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Aprobado por Acta Nº
28
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes
Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez
Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa y Julio César Ortiz Gutiérrez
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
revisión de la Ley 243 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de
octubre de 1978”.
I. TEXTO DE LA LEY REVISADA
LEY 243 DE 1995
(Diciembre 28)
“Por medio de la cual se aprueba el
‘CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-’
del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el
23 de octubre de 1978”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Visto el texto del “CONVENIO INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES”, de 2 de Diciembre de 1961, y
el 23 de Octubre de 1978.
(Texto del convenio)
LAS PARTES
CONTRATANTES
Considerando que el
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de
diciembre de 1961, modificado por el Acta adicional de 10 de noviembre de 1972
ha demostrado ser un valioso instrumento para la cooperación internacional en
materia de protección del derecho de los obtentores:
Reafirmando los
principios contenidos en el Preámbulo del Convenio, según los cuales:
a) están
convencidas de la importancia que reviste la protección de las obtenciones
vegetales, tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como
para la salvaguardia de los intereses de los obtentores.
b) están
conscientes de los problemas especiales que representa el reconocimiento y
protección del derecho del obtentor y especialmente las limitaciones que pueden
imponer al libre ejercicio de tal derecho las exigencias del interés público.
c) Consideran
que es altamente deseable que esos problemas, a los cuales numerosos Estados
conceden legítima importancia, sean resueltos por cada uno de ellos conforme a
principios uniformes y claramente definidos:
Considerando
que el concepto de la protección de los derechos de los obtentores ha adquirido
gran importancia en muchos Estados que aún no se han adherido al Convenio:
Considerando
que son necesarias ciertas modificaciones en el Convenio para facilitar la
adhesión de esos Estados a la Unión:
Considerando
que ciertas disposiciones sobre la administración de la Unión creada por el
Convenio deben modificarse a la luz de la experiencia:
Considerando
que la mejor forma de lograr esos objetivos es revisar nuevamente el Convenio:
Convienen lo
que sigue:
Artículo 1
Objeto del Convenio:
constitución de una Unión: sede de la Unión
1) El
presente Convenio tiene como objeto reconocer y garantizar un derecho al
obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente (designado en
adelante por la expresión “el obtentor”) en las condiciones que se definen a
continuación.
2) Los
Estados parte del presente Convenio (denominados en adelante “Estados de la
Unión”) se constituyen en una Unión para la Protección de las Obtenciones
Vegetales.
3) La
sede de la Unión y de sus órganos permanentes se establece en Ginebra.
Artículo 2
Formas de protección
1) Cada Estado de la
Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio
mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente.
No obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la
protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo
género o una misma especie botánica.
2) Cada Estado de la
Unión podrá limitar la aplicación del presente Convenio, dentro de un género o
de una especie, a las variedades que tengan un sistema particular de
reproducción o de multiplicación o cierta utilización final.
Artículo 3
Trato nacional; reciprocidad
1) Las
personas naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de los Estados
de la Unión gozarán en los otros Estados de la Unión, en lo que al
reconocimiento y a la protección del derecho de obtentor se refiere, del trato
que las leyes respectivas de dichos Estados conceden o concedan a sus
nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el
presente Convenio y a condición de cumplir las condiciones y formalidades
impuestas a los nacionales.
2) Los
nacionales de los Estados de la Unión que no tengan domicilio o residencia en
uno de dichos Estados, gozarán igualmente de los mismos derechos, a condición
de satisfacer las obligaciones que puedan serles impuestas con vistas a
permitir el examen de las variedades que hayan obtenido, así como el control de
su multiplicación.
3) Sin
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), todo Estado de la Unión que
aplique el presente Convenio a un género o una especie determinado tendrá la
facultad de limitar el beneficio de la protección a los nacionales del Estado
de la Unión que aplique el Convenio a ese género o especie y a las personas
naturales y jurídicas con domicilio o residencia en uno de dichos Estados.
Artículo 4
Géneros y especies botánicos que deben o
pueden protegerse
1) El
presente Convenio es aplicable a todos los géneros y especies botánicos.
2) Los
Estados de la Unión se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para
aplicar progresivamente las disposiciones del presente Convenio al mayor número
posible de géneros y especies botánicos.
a) A
la entrada en vigor del presente Convenio en su territorio, cada Estado de la
Unión aplicará las disposiciones del Convenio a cinco géneros o especies, como
mínimo.
b) Cada
Estado de la Unión deberá aplicar a continuación dichas disposiciones a otros
géneros o especies, en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor
del presente Convenio en su territorio:
i) en un
plazo de tres años, a diez géneros o especies en total por lo menos;
ii) en un
plazo de seis años, a dieciocho géneros o especies en total por lo menos;
iii) en un
plazo de ocho años, a veinticuatro géneros o especies en total por lo         menos.
c) Cuando
un Estado de la Unión limite la aplicación del presente Convenio dentro de un
género o una especie, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2), ese
género o especie, no obstante, se considerará como un género o una especie a
los efectos de los párrafos a) y b).
4) Previa
petición de un Estado que tenga intención de ratificar, aceptar, o aprobar el
presente Convenio o adherirse al mismo, con el fin de tener en cuenta las
condiciones económicas o ecológicas especiales de ese Estado, el Consejo podrá
decidir, en favor de dicho Estado, reducir los números mínimos previstos en el
párrafo 3), prolongar los plazos previstos en dicho párrafo, o ambos.
5) Previa
petición de un Estado de la Unión, con el fin de tener en cuenta las
dificultades especiales que encuentre dicho Estado para cumplir las
obligaciones previstas en el párrafo 3) b), el Consejo podrá decidir, en favor
de dicho Estado, prolongar los plazos previstos en el párrafo 3) b).
Artículo 5
Derechos protegidos; ámbito de la
protección
1) El
derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización   previa
-        la
producción con fines comerciales,
-        la
puesta a la venta.
-        la
comercialización del material de reproducción o de                                              multiplicación
vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad.
El material
de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del
obtentor se extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas
plantas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la
multiplicación, en el caso de que se utilicen comercialmente como material de
multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores
cortadas.
2) El
obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él      mismo.
3) No
será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como
origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni
para la comercialización de éstas. En cambio, se requerirá dicha autorización
cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la producción
comercial de otra variedad.
4) Cada
Estado de la Unión, bien sea en su propia legislación o en acuerdos especiales
tales como los que se mencionan en el Artículo 29, podrá conceder a los
obtentores, para ciertos géneros o especies botánicos, un derecho más amplio
que el que se define en el párrafo 1) del presente artículo, el cual podrá
extenderse especialmente hasta el producto comercializado. Un Estado de la
Unión que conceda tal derecho tendrá la facultad de limitar su beneficio a los
nacionales de los Estados de la Unión que concedan un derecho idéntico, así como
a las personas naturales o jurídicas con domicilio o residencia en uno de
dichos Estados.
Artículo 6
Condiciones requeridas para beneficiarse de
la protección
1) El
obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Sea
cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado
lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios
caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea
notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Esta
notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como cultivo o
comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro
oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción
precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir
una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión,
b) En
la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la
Unión, la variedad
i) no deberá
haber sido ofrecida en venta o comercializada, con  el consentimiento del
obtentor, en el territorio de dicho Estado - o, si la legislación de ese Estado
lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año - y
ii) no
deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de
cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período
anterior superior a seis años en el caso de las vides, árboles forestales,
árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus
portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de
otras plantas.
Todo ensayo de la
variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al
derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por
medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone
al derecho del obtentor a la protección.
c) La
variedad deberá ser suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las
particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación
vegetativa.
d) La
variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá
permanecer conforme a su definición después de reproducciones o
multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo
particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.
e) La
variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo
13.
2) La
concesión de protección solamente podrá depender de las condiciones antes
mencionadas, siempre que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas
por la legislación nacional del Estado de la Unión en el que se presente la
solicitud de protección, incluido el pago de las tasas.
Artículo 7
Examen oficial de variedades; protección
provisional
1) Se
concederá la protección después de un examen de la variedad en función de los
criterios definidos en el Artículo 6. Ese examen deberá ser apropiado a cada género
o especie botánico.
2) A
la vista de dicho examen, los servicios competentes de cada Estado de la Unión
podrán exigir del obtentor todos los documentos informaciones, plantones o
semillas necesarios.
3) Cualquier
Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor
contra maniobras abusivas de terceros que pudieran producirse durante el
período comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la
decisión correspondiente.
Artículo 8
Duración de la protección
El derecho
otorgado al obtentor tiene una duración limitada. Esta no podrá ser inferior a
quince años a partir de la fecha de concesión del título de protección. Para
las vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles
ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, la duración de
protección no podrá ser inferior a dieciocho años a partir de dicha fecha.
Artículo 9
Limitación del ejercicio de los derechos
protegidos
1) El
libre ejercicio del derecho exclusivo concedido al obtentor sólo podrá
limitarse por razones de interés público.
2) Cuando
esa limitación tenga lugar para asegurar la difusión de la variedad, el Estado
de la Unión interesado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el
obtentor reciba una remuneración equitativa.
Artículo 10
Nulidad y caducidad de los derechos
protegidos
1) Será
declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las disposiciones de
la legislación nacional de cada Estado de la Unión, si se comprueba que las condiciones
fijadas en el Artículo 6.1) a) y b) no fueron efectivamente cumplidas en el
momento de la concesión del título de protección.
2) Será
privado de su derecho el obtentor que no esté en condiciones de presentar a la
autoridad competente el material de reproducción o de multiplicación que
permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos
en el momento en el que se concedió la protección.
3) Podrá
ser privado de su derecho el obtentor:
a) que
no presente a la autoridad competente, en un plazo determinado y tras haber
sido requerido para ello, el material de reproducción o de multiplicación, los
documentos e informaciones estimados necesarios para el control de la variedad,
o que no permita la inspección de las medidas adoptadas para la conservación de
la variedad:
b) que
no haya abonado en los plazos determinados las tasas devengadas, en su caso,
para el mantenimiento en vigor de sus derechos.
4) No
podrá anularse el derecho del obtentor ni podrá ser desprovisto de su derecho
por motivos distintos de los mencionados en el presente artículo.
Artículo 11
Libre elección del Estado de la Unión en el
que se presente la primera solicitud; solicitudes en otros Estados de la Unión;
independencia de la protección en diferentes Estados de la Unión
1) El
obtentor tendrá la facultad de elegir el Estado de la Unión en el que desea
presentar su primera solicitud de protección.
2) El
obtentor podrá solicitar la protección de sus derecho en otros Estados de la
Unión, sin esperar a que se le haya concedido un título de protección por el
Estado de la Unión en el que se presentó la primera solicitud.
3) la
protección solicitada en diferentes Estados de la Unión por personas naturales
o jurídicas admitidas bajo el beneficio del presente Convenio, será
independiente de la protección obtenida para la misma variedad en los demás
Estados, aunque no pertenezcan a la Unión.
Artículo 12
Derecho de prioridad
1) El
obtentor que haya presentado regularmente una solicitud de protección en uno de
los Estados de la Unión, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de
doce meses para efectuar la presentación en los demás Estados de la Unión. Este
plazo se calculará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.
No estará comprendido en dicho plazo el día de la presentación.
2) Para
beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo 1), la nueva presentación deberá
comprender una petición de protección, la reivindicación de la prioridad de la
primera solicitud y, en un plazo de tres meses, una copia de los documentos que
constituyan esa solicitud, certificada por la administración que la haya
recibido.
3) El
obtentor dispondrá de un plazo de cuatro años, tras la expiración del plazo de
prioridad, para suministrar al Estado de la Unión en el que haya presentado una
petición de protección en las condiciones previstas en el párrafo 2), los
documentos complementarios y el material requerido por las leyes y reglamentos
de dicho Estado. No obstante, este Estado podrá exigir en un plazo apropiado el
suministro de documentos complementarios y de material, si la solicitud cuya
prioridad se reivindica ha sido rechazada o retirada.
4) No
se oponen a la presentación efectuada en las condiciones antes mencionadas los
hechos acaecidos en el plazo fijado en el párrafo 1), tales como otra
presentación, la publicación del objeto de la solicitud o su explotación. Esos
hechos no podrán ser origen de ningún derecho en beneficio de terceros ni de
ninguna posesión personal.
Artículo 13
Denominación de la variedad
1) La
variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación
genérica. Cada Estado de la Unión se asegurará que, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 4), ningún derecho relativo a la designación registrada
como denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la
denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración de
la protección.
2) La
denominación deberá permitir la identificación de la variedad. No podrá componerse
únicamente de cifras salvo cuando sea una práctica establecida para designar
variedades. No deberá ser susceptible de inducir a error o de prestarse a
confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o
sobre la identidad del obtentor. En particular, deberá ser diferente de
cualquier denominación que designe, en cualquiera de los Estados de la Unión,
una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie
semejante.
3) La
denominación de la variedad se depositará por el obtentor en el servicio
previsto en el Artículo 30.1) b). Si se comprueba que esa denominación no
responde a las exigencias del párrafo 2), dicho servicio denegará el registro y
exigirá que el obtentor proponga otra denominación, en un plazo determinado. La
denominación se registrará al mismo tiempo que se conceda el título de
protección, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.
4) No
se atentará contra los derechos anteriores de terceros. Si, en virtud de un
derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está
prohibida a una persona que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7),
está obligada a utilizarla, el servicio previsto en el Artículo 30.1) b)
exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.
5) Una
variedad sólo podrá depositarse en los Estados de la Unión bajo la misma
denominación. El servicio previsto en el Artículo 30.1) b) estará obligado a
registrar la denominación así depositada, a menos que compruebe la
inconveniencia de esa denominación en su Estado. En ese caso, podrá exigir que
el obtentor proponga otra denominación.
6) El
servicio previsto en el Artículo 30.1) b) deberá asegurar la comunicación a los
demás servicios de las informaciones relativas a las denominaciones de
variedades, en especial del depósito, registro y anulación de denominaciones.
Todo servicio previsto en el Artículo 30.1) b) podrá transmitir sus
observaciones eventuales sobre el registro de una denominación al servicio que
la haya comunicado.
7) El
que, en uno de los Estados de la Unión, proceda a la puesta en venta o a la
comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativo de
una variedad protegida en ese Estado, estará obligado a utilizar la
denominación de esa variedad, incluso después de la expiración de la protección
de esa variedad, siempre que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4),
no se opongan a esa utilización derechos anteriores.
8) Cuando
una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice. estará permitido asociar
una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación
similar a la denominación registrada de la variedad. Si tal indicación se
asociase de esta forma, la denominación deberá, no obstante, ser fácilmente
reconocible.
Artículo 14
Protección independiente de las medidas
reguladoras de la producción, la certificación y la comercialización
1) El
derecho reconocido al obtentor en virtud de las disposiciones del presente
Convenio es independiente de las medidas adoptadas en cada Estado de la Unión
para reglamentar la producción, certificación y comercialización de las
semillas y plantones.
2) No
obstante, estas medidas deberán evitar, en todo lo posible, obstaculizar la
aplicación de las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 15
Organos de la Unión
Los órganos
permanentes de la Unión son:
a) el
Consejo;
b) la
Secretaría General, denominada Oficina de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales.
Artículo 16
Composición del Consejo; número de votos
1) El
Consejo estará compuesto por representantes de los Estados de la Unión. Cada
Estado de la Unión nombrará un representante en el Consejo y un suplente.
2) Los
representantes o suplentes podrán estar acompañados por adjuntos o consejeros.
3) Cada
Estado de la Unión dispondrá de un voto en el Consejo.
Artículo 17
Admisión de observadores en las reuniones
del Consejo
1) Los
Estados no miembros de la Unión, signatarios de la presente Acta serán
invitados a las reuniones del Consejo en calidad de observadores.
2) También
podrá invitarse a otros observadores o expertos a dichas reuniones.
Artículo 18
Presidente y Vicepresidentes del Consejo
1) El
Consejo elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente primero.
Podrá elegir otros Vicepresidentes. El Vicepresidente primero sustituirá de
derecho al Presidente en caso de ausencia.
2) El
mandato del presidente será de tres años.
Artículo 19
Sesiones del Consejo
1) El
Consejo se reunirá por convocatoria de su Presidente.
2) Celebrará
una sesión ordinaria una vez al año. Además, el Presidente podrá reunir al Consejo
por propia iniciativa; deberá reunirlo en un plazo de tres meses cuando lo
solicite un tercio, por lo menos, de los Estados de la Unión.
Artículo 20
Reglamento del Consejo; Reglamento
administrativo y financiero de la Unión
El Consejo
establecerá su Reglamento y el Reglamento administrativo y financiero de la
Unión.
Artículo 21
Atribuciones del Consejo
Las
atribuciones del Consejo serán las siguientes:
a) estudiar
las medidas adecuadas para asegurar la salvaguarda de la Unión y favorecer su
desarrollo;
b) nombrar
al Secretario General y, si lo considera necesario, un Secretario General
Adjunto; fijar las condiciones de su nombramiento;
c) examinar
el informe anual de actividades de la Unión y elaborar el programa de sus
trabajos futuros;
d) dar
al Secretario General, cuyas atribuciones se fijan en el Artículo 23, todas las
directrices necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Unión;
e) examinar
y aprobar el presupuesto de la Unión y, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 26, fijar la contribución de cada Estado de la Unión;
f) examinar
y aprobar las cuentas presentadas por el Secretario General;
g) fijar,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la fecha y lugar de las
conferencias previstas en dicho artículo y adoptar las medidas necesarias para
su preparación;
h) de
manera general, adoptar todas las decisiones necesarias para el buen
funcionamiento de la Unión.
Artículo 22
Mayorías requeridas para las decisiones
del Consejo
Toda
decisión del Consejo se adoptará por mayoría simple de los miembros presentes y
votantes; no obstante, toda decisión del Consejo en virtud de los Artículos
4.4), 20, 21) e), 26.5) b), 27.1), 28.3) o 32.3) se adoptará por mayoría de
tres cuartos de los miembros presentes y votantes. La abstención no se
considerará como voto.
Artículo 23
Atribuciones de la Oficina de la Unión;
responsabilidades
del Secretario General; nombramiento de
funcionarios
1) La
Oficina de la Unión ejecutará todas las atribuciones que le sean conferidas por
el Consejo. Estará dirigida por el Secretario General.
2) El
Secretario General será responsable ante el Consejo; asegurará la ejecución de
las decisiones del Consejo. Someterá el presupuesto a la aprobación del Consejo
y asegurará su ejecución. Anualmente rendirá cuentas al Consejo sobre su
gestión y le presentará un informe sobre las actividades y la situación
financiera de la Unión.
3) Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 21.b), las condiciones de nombramiento
y de empleo de los miembros del personal necesario para el buen funcionamiento
de la Oficina de la Unión se fijarán por el Reglamento administrativo y
financiero previsto en el Artículo 20.
Artículo 24
Estatuto jurídico
1) La
Unión tendrá personalidad jurídica.
2) En
el territorio de cada Estado de la Unión, y de conformidad con las leyes de
este Estado, la Unión tendrá la capacidad jurídica necesaria para lograr sus
objetivos y ejercer sus funciones.
3) La
Unión concertará un acuerdo de sede con la Confederación Suiza.
Artículo 25
Verificación de cuentas
La
verificación de las cuentas de la Unión estará asegurada por un Estado de la
Unión, de conformidad con las modalidades previstas en el Reglamento administrativo
y financiero contemplado en el Artículo 20. Ese Estado será designado por el
Consejo, con su consentimiento.
Artículo 26
Finanzas
1) Los
gastos de la Unión estarán cubiertos:
- por las
contribuciones anuales de los Estados de la Unión;
- por la
remuneración de prestación de servicios;
- por ingresos
diversos.
2) a) La
parte de cada Estado de la Unión en el total de las contribuciones anuales se
determinará por referencia al importe total de los gastos a cubrir mediante
contribuciones de los Estados de la Unión y al número de unidades de
contribución que le sea aplicable en virtud del párrafo 3). Dicha parte se
calculará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4).
b) El número
de unidades de contribución se expresará en números enteros o en fracciones de
unidad, a condición de que ese número no sea inferior a un quinto.
3) a) En lo
que concierne a todo Estado que sea parte de la Unión en la fecha de entrada en
vigor de la presente Acta respecto a ese Estado, le será aplicable el mismo
número de unidades de contribución que el que le era aplicable, inmediatamente
antes de dicha fecha, en virtud del Convenio de 1961 modificado por el Acta
adicional de 1972.
b) En lo que
concierne a cualquier otro Estado, en el momento de su adhesión a la Unión,
indicará el número de unidades de contribución que le sea aplicable mediante
una declaración dirigida al Secretario General.
c) Todo
Estado de la Unión podrá indicar, en cualquier momento, mediante una
declaración dirigida al Secretario General, un número de unidades de
contribución diferente del que le sea aplicable en virtud de los párrafos a) o
b) antes mencionados. Si la declaración se hace durante los seis primeros meses
del año civil, la misma surtirá efectos a principios del año civil siguiente;
en el caso contrario, surtirá efectos a principios del segundo año civil que
siga al año durante el que se hizo la declaración.
4) a) Para
cada ejercicio presupuestario, la cuantía de una unidad de contribución será
igual al importe total de los gastos a cubrir durante ese ejercicio mediante
contribuciones de los Estados de la Unión divida por el número total de
unidades aplicable a esos Estados.
b) La
cuantía de la contribución de cada Estado de la Unión será igual al importe de
una unidad de contribución multiplicada por el número de unidades aplicable a
dicho Estado.
5) a) Un
Estado de la Unión atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer
su derecho de voto en el Consejo - sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
b) - si la cuantía de su atraso es igual o superior a la de las contribuciones
que adeude por los dos últimos años completos transcurridos. La suspensión del
derecho de voto no liberará a ese Estado de sus obligaciones y no le privará de
los demás derechos derivados del presente Convenio.
b) El
Consejo podrá autorizar a dicho Estado a conservar el ejercicio de su derecho
de voto mientras considere que el atraso es debido a circunstancias
excepcionales e inevitables.
Artículo 27
Revisión del Convenio
1) El
presente Convenio podrá ser revisado por una conferencia de Estados de la
Unión. La convocatoria de tal conferencia será decidida por el Consejo.
2) La
conferencia sólo deliberará válidamente si están representados en ella la mitad
por lo menos de los Estados de la Unión. Para ser adoptado, el texto revisado
del Convenio deberá contar con una mayoría de cinco sextos de los Estados de la
Unión representados en la Conferencia.
Artículo 28
Idiomas utilizados por la Oficina y en las
reuniones del Consejo
1) La
Oficina de la Unión utilizará los idiomas alemán, francés e inglés en el
cumplimiento de sus misiones.
2) Las
reuniones del Consejo así como las conferencias de revisión se celebrarán en
esos tres idiomas.
3) Cuando
sea necesario, el Consejo podrá decidir que se utilicen otros idiomas.
Artículo 29
Acuerdos especiales para la protección
de las obtenciones vegetales
Los Estados
de la Unión se reservan la facultad de concertar entre ellos acuerdos
especiales para la protección de las obtenciones vegetales, siempre que dichos
acuerdos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 30
Aplicación del Convenio a nivel nacional;
acuerdos especiales para la utilización común de los servicios encargados del
examen
1) Cada
Estado de la Unión adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del
presente Convenio y, especialmente:
a) preverá
los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos
previstos en el presente Convenio;
b) establecerá
un servicio especial de protección de las obtenciones vegetales o encargará a
un servicio ya existente de esa protección;
c) asegurará
la comunicación al público de las informaciones relativas a esa protección y,
como mínimo, la publicación periódica de la lista de títulos de protección
otorgados.
2) Podrán
concertarse acuerdos especiales entre los servicios competentes de los Estados
de la Unión, para la utilización común de servicios encargados de proceder al
examen de las variedades, previsto en el Artículo 7, y a la recopilación de
colecciones y documentos de referencia necesarios.
3) Queda
entendido que en el momento del depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado deberá estar en condiciones de
dar efecto a las disposiciones del presente Convenio, de conformidad con su
legislación interna.
Artículo 31
Firma
La presente
Acta queda abierta a la firma de todo Estado de la Unión y de cualquier otro
Estado representado en la Conferencia Diplomática que adoptó la presente Acta.
Estará abierta a la firma hasta el 31 de octubre de 1979.
Artículo 32
Ratificación, aceptación o aprobación;
adhesión
1) Todo
Estado expresará su consentimiento a obligarse por la presente Acta, mediante
el depósito:
a) de
un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, si ha firmado la
presente Acta;
b) de
un instrumento de adhesión, si no ha firmado la presente Acta.
2) Los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
en poder del Secretario General.
3) Todo
Estado que no sea miembro de la Unión y que no haya firmado la presente Acta,
antes de depositar su instrumento de adhesión, solicitará la opinión del
Consejo sobre la conformidad de su legislación con las disposiciones de la
presente Acta. Si la decisión haciendo oficio de opinión es positiva, podrá
depositarse el instrumento de adhesión.
Artículo 33
Entrada en vigor;
imposibilidad de adherirse a los textos
anteriores
1) La presente
Acta entrará en vigor un mes después de que hayan sido cumplidas las dos
condiciones siguientes:
a) el
número de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
depositados es de cinco, por lo menos;
b) por
lo menos tres de dichos instrumentos han sido depositados por Estados parte en
el Convenio de 1961.
2) Respecto
a cualquier otro Estado que deposite su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión después de que hayan sido cumplidas las
condiciones previstas en el párrafo 1) a) y b), la presente Acta entrará en
vigor un mes después del depósito de su instrumento.
3) Después
de la entrada en vigor de la presente Acta de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1), ya no podrá adherirse ningún Estado al Convenio de 1961
modificado por el Acta adicional de 1972.
Artículo 34
Relaciones entre Estados obligados
por textos diferentes
1) Todo
Estado de la Unión que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Acta a
su respecto, esté obligado por el Convenio de 1961 modificado por el Acta
adicional de 1972, continuará aplicando, en sus relaciones con cualquier otro
Estado de la Unión no obligado por la presente Acta, dicho Convenio modificado
por la mencionada Acta adicional hasta que la presente Acta entre también en
vigor con respecto a ese otro Estado.
2) Todo
Estado de la Unión no obligado por la presente Acta (“el primer Estado”) podrá
declarar, mediante una notificación dirigida al Secretario General, que
aplicará el Convenio de 1961 modificado por el Acta adicional de 1972 en sus
relaciones con cualquier Estado obligado por la presente Acta que se convierta
en miembro de la Unión, ratificando, aceptando o aprobando la presente Acta o
adhiriéndose a la misma (“el segundo Estado”). Una vez expirado el plazo de un
mes a contar desde la fecha de esa notificación y hasta la entrada en vigor de
la presente Acta a su respecto, el primer Estado aplicará el Convenio de 1961
modificado por el Acta adicional de 1972 en sus relaciones con el segundo
Estado, en tanto que éste aplicará la presente Acta en sus relaciones con el
primer Estado.
Artículo 35
Comunicaciones relativas a los géneros y
especies protegidos; informaciones que deberán publicarse
1) En
el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Acta o de adhesión a ésta, cada Estado que no sea ya
miembro de la Unión notificará al Secretario General la lista de los géneros y
especies a los que aplicará las disposiciones del presente Convenio en el
momento de la entrada en vigor de la presente Acta a su respecto.
2) Sobre
la base de comunicaciones recibidas del Estado de la Unión afectado, el
Secretario General publicará informaciones sobre:
a) toda
extensión de la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a otros
géneros y especies después de la entrada en vigor de la presente Acta a su
respecto;
b) toda
utilización de la facultad prevista en el Artículo 3.3);
c) la
utilización de toda facultad concedida por el Consejo en virtud del Artículo
4.4) o 5);
d) toda
utilización de la facultad prevista en la primera frase del Artículo 5.4),
precisando la naturaleza de los derechos más amplios y especificando los
géneros y especies a los que se aplican esos derechos;
e) toda
utilización de la facultad prevista en la segunda frase del Artículo 5.4);
f) el
hecho de que la ley de ese Estado contenga una disposición permitida en virtud
del Artículo 6.1) b) i) y la duración del plazo concedido;
g) la
duración del plazo contemplado en el Artículo 8, si dicho plazo es superior a
los quince años, o dieciocho, según el caso, que prevé dicho Artículo.
Artículo 36
Territorios
1) Todo
Estado podrá declarar en su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, o podrá informar al Secretario General, mediante escrito en
cualquier momento posterior, que la presente Acta es aplicable a la totalidad o
a parte de los territorios designados en la declaración o la notificación.
2) Todo
Estado que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá
notificar al Secretario General, en cualquier momento, que la presente Acta
cesa de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.
3) a)
Toda declaración formulada en virtud del párrafo 1) surtirá efecto en la misma
fecha que la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en cuyo
instrumento se haya incluido, y toda notificación efectuada en virtud de ese
párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Secretario
General.
b) Toda
notificación efectuada en virtud del párrafo 2) surtirá efecto doce meses    después
de su recepción por el Secretario General.
Artículo 37
Derogación para la protección bajo dos
formas
1) Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2.1), todo Estado que, antes de la
expiración del plazo durante el que la presente Acta está abierta a la firma,
prevea la protección bajo las diferentes formas mencionadas en el Artículo 2.1)
para un mismo género o una misma especie, podrá continuar previéndola si, en el
momento de la firma de la presente Acta o de la presentación de su instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Acta o de adhesión a
ésta, notifica ese hecho al Secretario General.
2) Si
en un Estado de la Unión al que se aplique el párrafo 1), se solicita la
protección en virtud de la legislación sobre patentes, dicho Estado podrá, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6.1) a) y b) y en el Artículo 8,
aplicar los criterios de patentabilidad y la duración de la protección de la
legislación sobre patentes a las variedades protegidas en virtud de esa ley.
3) Dicho
Estado podrá notificar al Secretario General, en cualquier momento, el retiro
de su notificación hecha en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1). Tal
retiro surtirá efecto en la fecha indicada por ese Estado en su notificación de
retiro.
Artículo 38
Limitación transitoria de la exigencia de
novedad
Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6, todo Estado de la Unión tendrá la
facultad, sin que de ello se deriven obligaciones para los demás Estados de la
Unión, de limitar la exigencia de novedad prevista en el artículo mencionado,
por lo que se refiere a las variedades de reciente creación existentes en el
momento en que dicho Estado aplique por primera vez las disposiciones del
presente Convenio al género o la especie a la que pertenezcan tales variedades.
Artículo 39
Mantenimiento de los derechos adquiridos
El presente
Convenio no atentará en modo alguno contra los derechos adquiridos bien en
virtud de legislaciones nacionales de los Estados de la Unión, bien como
consecuencia de acuerdos concertados entre esos Estados.
Artículo 40
Reservas
No se
admitirá ninguna reserva al presente Convenio.
Artículo 41
Duración y denuncia del Convenio
1) El
presente Convenio se concluye sin limitación de duración.
2) Todo
Estado de la Unión podrá denunciar el presente Convenio mediante una
notificación dirigida al Secretario General. El Secretario General notificará
sin demora la recepción de esa notificación a todos los Estados de la Unión.
3) La
denuncia surtirá efecto a la expiración del año civil siguiente a aquel en el
que se recibió la notificación por el Secretario General.
4) La
denuncia no atentará en modo alguno contra los derechos adquiridos respecto a
una variedad en el marco del presente Convenio antes de la fecha en la que
surta efecto la denuncia.
Artículo 42
Idiomas; funciones de depositario
1) La
presente Acta se firma en un ejemplar original en los idiomas francés, inglés y
alemán, considerándose auténtico el texto francés en caso de diferencias entre
los textos. Dicho ejemplar quedará depositado en poder del Secretario General.
2) El
Secretario General transmitirá dos copias certificadas de la presente Acta a
los Gobiernos de los Estados representados en la Conferencia Diplomática que la
adoptó y al Gobierno de cualquier otro Estado que así lo solicite.
3) Tras
consulta con los Gobiernos de los Estados interesados que estuvieran representados
en dicha Conferencia, el Secretario General establecerá textos oficiales en
árabe, español, italiano, japonés y neerlandés y en los otros idiomas que el
Consejo pueda designar.
4) El
Secretario General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones
Unidas.
5) El
Secretario General notificará a los Gobiernos de los Estados de la Unión y de
los Estados que, sin ser miembros de la Unión, estuvieran representados en la
Conferencia Diplomática que adoptó la presente Acta, las firmas de este Acta,
el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, toda notificación recibida en virtud de los Artículos 34.2), 36.1) o
2), 37.1) o 3) o 41.2) y toda declaración formulada en virtud del Artículo
36.1).
Certifico que el
texto que precede es copia fiel del texto oficial español del Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre
de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de
1978.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO: Apruébese el “CONVENIO INTERNACIONAL PARA
LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES”, del 2 de diciembre de 1961.
Revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.
ARTICULO SEGUNDO:  De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES”, del 2 de diciembre de 1961.  Revisado en Ginebra
el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, que por el artículo 1º
de esta ley se aprueba. obligará al país a partir de la fecha en que se
perfecciones el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO TERCERO:  La presente Ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Siguen las firmas de
los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, y
las de los secretarios generales de cada corporación.
II.  ANTECEDENTES
1. El Congreso de la
República expidió la Ley 243 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 42171
de diciembre 29 de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el 'CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES -UPOV-' del 2 de
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de
octubre de 1978".
2. Mediante oficio
de enero 15 de 1996, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 243 de 1995, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
3.  Los Ministerios
del Medio Ambiente, de Agricultura  y Desarrollo Rural, de Relaciones
Exteriores y de Comercio Exterior intervinieron con el objeto de solicitar la
exequibilidad del instrumento objeto de revisión. La ciudadana Carolina Salazar
Vallejo, presentó memorial en igual sentido. De manera extemporánea, el
Ministerio de Salud intervino en defensa de la constitucionalidad del Tratado
bajo examen y de la Ley 243 de 1995.
4.  El Procurador
General de la Nación, al rendir su concepto  de rigor, solicita a la Corte que
declare inhibida para conocer del Tratado.
III.  PRUEBAS PRACTICADAS POR EL DESPACHO
1. En el auto
mediante el cual se asumió la revisión del Tratado, el Magistrado Ponente
invitó a algunos expertos a resolver preguntas relevantes para la decisión a
adoptar en el proceso constitucional de la referencia.
1.1 A consideración
de los expertos Diana Pombo, Directora del Instituto de Estudios Ambientales;
Fernando Casas, Coordinador del proyecto Biopacífico del Ministerio del
Ambiente; Rosangela Calle, Subdirectora de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
-Corantioquia-; Patricio Von Hildebrand, Director Ejecutivo de la Fundación
Puerto Rastrojo; Margarita Flórez, del Programa Ambiental del Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-; Gustavo Buitrago,
Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia;
y, al Consejo Nacional de Biotecnología, se sometió el siguiente cuestionario:
1.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿qué se entiende por variedades vegetales?
2.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿qué se entiende por “material de reproducción” y
por “material de multiplicación vegetativa”?
3.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿qué se entiende por “origen, artificial o natural,
de la variación inicial” (artículo 6°)?
4.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿se considera notoria una variedad vegetal
tradicionalmente o comúnmente utilizada por las comunidades indígenas y
campesinas colombianas?
5.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿se considera notorio el material fitogenético
originario o común en Colombia?
6.-  De acuerdo con
los términos del Convenio, ¿las descripciones de material vegetal colombiano,
realizadas por la “Expedición Botánica” o contenidas en diversos textos, como
por ejemplo manuales de asistencia técnica, manuales educativos, documentos
sobre la flora de ciertas regiones, manuales sobre material vegetal útil para
efectos de terapias naturales o medicina casera, etc., permiten considerar
dicho material vegetal como notorio?
Las respuestas de
los expertos convocados se resumen a continuación:
PREGUNTA N° 1
El Convenio UPOV-78
no define el concepto de variedad vegetal. Sin embargo, la versión de UPOV de
1991 sí lo hace, al igual que la Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de
Cartagena.  Conforme al primero, variedad vegetal es:
“Artículo 1 literal
VI)  Se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón
botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no
plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor,
pueda:
-definirse por la
expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos,
-distinguirse de
cualquier combinación de genotipos,
-distinguirse de
cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres
por lo menos,
-considerarse como
una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración”.
Por su parte la
Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena define:
“VARIEDAD:  Conjunto
de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados
caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden
perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación”.
La Doctora Elizabeth
Hodson de Jaramillo, Jefe del Programa Nacional de Biotecnología consideró en
su intervención que, en la medida en que el proceso de adhesión a UPOV 78
requirió del concepto favorable de la Unión sobre la normatividad interna
(Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y Decreto 533 de 1993), la
definición contenida en Decisión 345 debe acogerse. De igual modo, debe
brindarse especial atención a lo dispuesto en la Resolución N° 1893 del 29 de
Junio de 1995, expedida por el ICA, donde "variedad" se define como:
“Conjunto de
individuos botánicos plantados y mejorados por el hombre que se distinguen por
determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que
se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación”.
Además, debe tomarse
en cuenta que se pueden distinguir entre variedades tradicionales o nativas y
las comerciales o modernas. Las primeras, fueron seleccionadas por comunidades
tradicionales, mediante el empleo de criterios empíricos, que dan lugar a
composiciones genéticas no completamente homogéneas, en tanto que, en las
variedades comerciales, la selección se realiza por medio de los mecanismos
genéticos de mejoramiento, aplicando el método científico, de manera tal que se
satisfacen los requisitos de distinción, uniformidad y estabilidad, tendentes
al logro de una composición genética homogénea.
Por último, fueron
planteados algunos reparos al concepto de variedad. El Director del Instituto
de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, manifiesta que el
Convenio establece las características que deben tenerse en cuenta para definir
si una variedad es susceptible de protección o no, lo cual puede dar lugar a
imprecisiones y generar problemas. En especial, considera problemática la
característica de la distinguibilidad, exigida para proteger una variedad, pues
“para ello nuestro país debería contar con un inventario pormenorizado de las
variedades existentes en el territorio nacional, ya que se podría presentar el
caso de otorgar protección a una variedad nativa pero relativamente poco
accesible”. Por su parte, Diana Pombo, del Instituto de Gestión Ambiental,  se
pregunta por el sentido de incluir la expresión “o cierta utilización final”,
en el artículo 2 numeral 2 del Convenio, ya que ello no define características
distintivas de la variedad.
PREGUNTA N° 2.
Coinciden los
expertos en afirmar que, por material de reproducción, se entiende el material
de una variedad con capacidad para reproducir o multiplicar, parcial o
totalmente, las características de la misma, mediante cualquier procedimiento,
bien sea mediante el uso de semillas, o a través del método vegetativo o
artificial.
A su turno, el
material de reproducción vegetativa, es el material de una variedad con
capacidad de reproducir o multiplicar, parcial o totalmente, las
características de la misma, mediante elementos distintos a las semillas.
PREGUNTA N° 3
La expresión
"origen, artificial o natural, de la variación inicial", se refiere a
la calidad natural o artificial de la variedad a partir de la cual se crea
aquella cuya protección se solicita. Rosangela Calle de CORANTIOQUIA,
manifiesta que “no puede incluirse en el contenido de origen natural, los
procesos de mejoramiento “tradicional” de comunidades étnicas campesinas, que
tradicionalmente se conciben como de dominio público”.
PREGUNTA N° 4
Existe coincidencia
en señalar que las variedades utilizadas por parte de las comunidades indígenas
o campesinas no se consideran notorias, toda vez que la notoriedad se aplica
exclusivamente a las variedades obtenidas por medio de métodos científicos
según parámetros occidentales. Margarita Flórez es explícita en señalar que:
“No se pudo haber pensado en ello puesto que el Convenio fue pactado
inicialmente, en países que ya habían desarrollado empresas cuyo objetivo
económico era la explotación de las innovaciones tecnológicas alcanzadas”
PREGUNTA N° 5
Manifiestan los expertos
consultados que el material fitogenético originario no se considera notorio.
Sin embargo, en torno a este punto, sería necesario analizar si determinadas
especies caben dentro del ámbito de protección del Convenio sobre Diversidad
Biológica y, por lo tanto, puedan ser consideradas como propiedad nacional.
La Jefe del Programa
Nacional de Biotecnología anota: “Un comentario adicional en relación con la
característica de notoriedad del material fitogenético colombiano se refiere a
que este puede ser considerado como notorio si sus características son
homogéneas después de la reproducción o multiplicación, y si: a- beneficia a
comunidades de cualquier naturaleza, rural o urbana; b- tiene potencial de ser usado
como alimento, industrial o medicinal; c- hace parte de un ecosistema que
protege nacimientos de fuentes hídricas; d- la desaparición de ese material
provoca el desequilibrio de ecosistemas frágiles o en vía de extinción”.
PREGUNTA N° 6
En sus respuestas,
los expertos consideran que las descripciones de material vegetal colombiano,
realizadas por la “Expedición Botánica” o contenidas en diversos textos, como
por ejemplo manuales de asistencia técnica, manuales educativos, documentos
sobre la flora de ciertas regiones, manuales sobre material vegetal útil para
efectos de terapias naturales o medicina casera, etc.,  permitirían
considerarlo como notorio, siempre y cuando tales publicaciones satisfagan los
requisitos establecidos por la comunidad internacional.
1.2  Al Director del
Instituto Colombiano de Antropología - ICAN - y al Decano del Departamento de
Antropología de la Universidad de los Andes, se les solicitó que designaran un
antropólogo para que resolviera el siguiente cuestionario:
1. ¿Qué relación
existe entre el conocimiento y uso tradicional de variedades vegetales por
parte de las comunidades indígenas y campesinas con su cosmovisión y, en
general, su cultura?.
2. ¿Qué efectos
traería para la cultura de las comunidades indígenas y campesinas la
imposibilidad de utilizar las variedades vegetales tradicionalmente usadas en
su vida cotidiana?.
3. ¿Existe algún
régimen de regulación del acceso al conocimiento sobre variedades vegetales
tradicionales y su uso en las comunidades indígenas?.
4. ¿Existen en las
comunidades negras del país relaciones especiales entre su cultura y el
conocimiento y uso tradicional de variedades vegetales?. En el caso de que
exista, ¿qué efectos traería para dichas comunidades la imposibilidad de
utilizar tales variedades?. ¿Existe entre estas comunidades regulaciones sobre
el acceso al conocimiento sobre variedades vegetales tradicionales y su uso?.
1.2.1  El
Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes designó al
antropólogo Roberto Pineda, quien manifestó que en la elaboración de las
respuestas participaron Blanca de Corredor (antropóloga), Eudosio Becerra
(lingüista), José Juan Matapi Yucma e Israe Kaimeramuy (Comunidad Uitoto de los
Monos). Por su parte, el Director del Instituto Colombiano de Antropología
-ICAN- designó al antropólogo Jorge Morales. Las preguntas formuladas fueron
absueltas en los siguientes términos:
PREGUNTA N°1
El doctor Roberto
Pineda y sus colaboradores comienzan por afirmar, en cuanto a las comunidades
étnicas que, "El conocimiento y uso de las plantas forma parte de su
propia identidad cultural, de su manera de percibir y relacionarse con el
mundo, de sus patrones de enfermedades y lograr el bienestar de la
comunidad".
A partir del
conocimiento de las variedades tradicionales, se desarrollan sistemas propios
de clasificación fundados, entre otros, en las propiedades del material
vegetal, el suelo sobre el cual crece, los animales que lo circundan, etc. “En
este sentido, los sistemas de clasificación son depositarios de los
conocimientos sobre la biodiversidad, y en cuanto tal constituyen de por
sí un sistema de saberes relevantes para el manejo del medio, su preservación o
restauración”.
Estos conocimientos
- sobre variedades, formas de aprovechamiento, utilidad, ciclos, asociaciones
-, transmitidos oralmente, y cuya discusión entra en conjunción con aspectos
sociales, “describen con detalle relaciones y funciones ecológicas
fundamentales para la explotación sustentable del medio ambiente y el
equilibrio del hombre con la naturaleza”. En síntesis, estos conocimientos
constituyen saberes especializados sobre el medio natural, la conservación del
bosque y los suelos, los ciclos agrícolas, etc.
Esta información
tiene, además, una función de reloj biológico, que permite “alertar
sobre enfermedades, plagas, y cambios en el medio ambiente”, e identificar
“ciclos ambientales mayores que llevan a que la gente tome medidas de
precaución y tome decisiones que minimicen ciertos riesgos ambientales”.
Dentro de este
contexto, cabe destacar el elemento nutricional.  Las sociedades indígenas y
campesinas, a diferencia de “nuestra sociedad”, basan su alimentación y
actividad agrícola en un gran número de especies y variedades, tanto
domesticadas como de “selva brava”.  Algunas variedades o especies de “selva
brava” poseen una función recuperadora o protectora, en cuanto se utilizan para
“mitigar malas cosechas o para recuperar nuevas variedades”.
Por otra parte,
diversas variedades y especies tienen usos y funciones médicas importantes,
sobre las cuales estas sociedades poseen conocimientos muy precisos. En dichas
comunidades, buena parte del éxito de la curación depende de la utilización de
“plantas homeopáticamente semejantes a las causantes de la enfermedad”.
Finalmente, hay que
destacar la relación estrecha entre lo sagrado, lo espiritual y las diversas
variedades vegetales.  En cuanto a lo sagrado, las llamadas “plantas poderosas”
(coca, tabaco, yagé, yopo, etc.) tienen una función básica en la reproducción
cultural, toda vez que su consumo permite “observar” una serie de hechos y
situaciones importantes para la comunidad, así como reafirmar los mitos e
historias tradicionales.
Respecto de lo
espiritual, muchos grupos indígenas reconocen “poderes de las plantas” que
determinan una suerte de interacciones entre éstas y los humanos.  “Sin duda
esto es coherente con su percepción animada de la naturaleza, la que conciben
como una madre o ser sagrado conformada por dueños de animales y plantas, con
quien es preciso relacionarse para mantener el equilibrio y la salud de una
comunidad”.
Todas las culturas
campesinas mantienen “diversos grados de conocimiento sobre plantas y hacen uso
de ella en diferentes contextos, particularmente en las prácticas de medicina
popular, y en la elaboración de diversos objetos de cultura material, los
cuales en muchos casos son expresión de su propia identidad (canastos,
sombreros, etc.). Con frecuencia, la farmacopea local expresa tradiciones
hispanas, tanto en los sistemas clasificatorios de las plantas así como en el
uso y empleo de dichas plantas con fines terapéuticos”.
En torno a las
cuestiones planteadas por esta pregunta, el antropólogo designado por el ICAN
consideró que, “En las sociedades tradicionales, los recursos vegetales están
sujetos a clasificaciones que muchas veces resultan más complejas y detalladas
que las establecidas por botánicos occidentales.  Es así como principios
cosmogónicos generales se proyectan en esas taxonomías, haciendo de la
explotación y uso de variedades vegetales una práctica coherente con la
cosmovisión y la vida cotidiana, en lugar de ser ruedas sueltas o por lo menos
aspectos que conscientemente no se relacionan con el resto de la dinámica
sociocultural, tal como sucede entre nosotros”.
PREGUNTA N°2
Los antropólogos
consultados coinciden en afirmar los efectos deletéreos que tendría sobre la
supervivencia de las comunidades la imposibilidad de utilizar las prácticas y
métodos tradicionales, relacionados con las especies vegetales. En este orden
de ideas, el doctor Roberto Pineda y su equipo manifestaron que, “La
imposibilidad de utilizar las plantas tradicionales repercute en diversos
ámbitos en las sociedades indígenas así como en las comunidades campesinas, en
particular en sus sistemas económico, simbólico y terapéutico”, de suerte que
se generaría una crisis “en su identidad cultural y (vulneraría) de forma
significativa su capacidad de supervivencia física y cultural”.
Un primer dilema al
que se enfrentaría la comunidad al impedírsele el uso de una variedad vegetal
sería la resolución de problemas agrícolas. De una parte se reduciría la oferta
nutricional, lo que se traduciría en “desnutrición o en un desequilibrio en el
balance de nutrición de la comunidad”.  Por otro lado, el sistema productivo se
alteraría por la imposibilidad de utilizar aquellas variedades que incrementan
la productividad de los cultivos, que los hacen resistentes a las plagas, o que
inciden en funciones indirectas tales como la recuperación de suelos y la
protección de otros cultivos. Así mismo, se presentaría una restricción en la
utilización de variedades en la caza y la pesca. Se generarían, entonces,
múltiples formas de dependencia de la economía de mercado: adquisición de
productos tradicionalmente cultivados; uso de especies botánicas no aptas y la
consiguiente utilización de fertilizantes y pesticidas, etc.
En el campo
terapéutico, tendría lugar un problema similar, toda vez que al no poder
acceder al material vegetal curativo, se reducirían las oportunidades para
resolver los problemas de salud conforme a sus propios sistemas de
conocimiento, con la consiguiente dependencia de la medicina occidental y sus
productos. Sobre este punto, el antropólogo Jorge Morales puso en evidencia
que, “La imposibilidad de continuar ejerciendo el conocimiento y utilización de
recursos botánicos por parte de comunidades tradicionales de indígenas y
campesinos, trastornaría gravemente los sistemas simbólicos y las prácticas
rituales, especialmente de carácter médico, por parte de curanderos y chamanes,
pues en sus actividades las plantas son artículos de gran valor diagnóstico y
terapéutico”.
Finalmente, desde el
punto de vista simbólico, la imposibilidad de utilizar ciertas variedades
podría impedir la reproducción de la identidad cultural y la realización y
manifestación religiosas, llegando, incluso, a obstaculizar la resolución
pacífica de conflictos.  En general, resultaría imposible la realización de
cualquier acto cotidiano que requiriera del material vegetal tradicional.
PREGUNTA N°3
El antropólogo
Roberto Pineda y sus colaboradores consideran que, “Las sociedades indígenas
poseen diversos mecanismos de regulación del uso de las variedades vegetales,
los cuales definen derechos, condiciones de siembra, preparación, consumo,
mecanismos de transmisión, etc.  Los miembros de una comunidad pueden
identificar una planta y conocer sus usos, pero ello no significa que la
utilicen si no están dadas las condiciones físicas (dietas), sociales (edad,
sexo), prácticas (sic) o legales que permitan y justifiquen su uso”. De su
lado, el doctor Jorge Morales anota que, “Las comunidades indígenas
tradicionales han establecido controles y regulaciones para el acceso a
recursos vegetales (y naturales en general) las cuales se inscriben dentro del
sistema de cosmovisión particular de los grupos étnicos”.
Así, por ejemplo,
existen variedades cuyo uso está condicionado a la autorización que otorgue “el
dueño espiritual”. En otras ocasiones, algunas comunidades se especializan “en
recoger, cultivar y preparar ciertos productos, y asumen su difusión a otros
grupos”, como acontece con el curare, o con los curanderos populares del
piedemonte colombiano. Es de resaltar que éstos “poseen verdaderos huertos
medicinales, donde preservan la biodiversidad del bosque”.
En el concepto del
antropólogo designado por el ICAN, se precisa este punto en relación con las
comunidades campesinas: “Entre grupos campesinos, tales regulaciones no
presentan la misma eficacia”, como quiera que han introducido costumbres más
cercanas a la cultura urbana. En todo caso, algunas comunidades, ya sea por
iniciativa propia o por la acción estatal, han “implementado condiciones para
regular el acceso y uso de recursos naturales”.
PREGUNTA N°4
Los antropólogos de
la Universidad de los Andes y del ICAN coinciden al afirmar que las
investigaciones relativas a las culturas afroamericanas que existen en el
territorio, han permitido poner de presente el uso de numerosas variedades
vegetales para fines nutricionales (alimentos y condimentos), farmacéuticos,
utilitarios (habitación, herramientas y armas), productivos (alimento para
animales, indicadores de suelos agrícolas), rituales y mágicos.
Para Roberto Pineda
lo anterior permite colegir que, en estas comunidades, “el conocimiento y uso
de variedades vegetales no sólo es fundamental en todas sus actividades
socioeconómicas, culturales y religiosas, sino que forma parte de una
estrategia cultural de utilización y preservación de la biodiversidad”. Por su
parte, Jorge Morales señala que, en caso de presentarse una restricción en el
acceso a las variedades vegetales, “se presentarían alteraciones considerables
en los sistemas de cooperación en el trabajo, utilizados tradicionalmente por
la gente. Habida sustracción de materia para continuar las redes de donaciones
y reciprocidades generalizada y balanceada existentes en muchas localidades
negras que sustentan la armonía social intra e intercomunitaria”. Igualmente,
los principios taxonómicos basados en dos ejes -frío-caliente y
masculino-femenino- resultan fundamentales para la cosmovisión de estas
comunidades, y se proyectan en la actividad cotidiana. Por ello, en el plano
ideológico, la imposibilidad de acceder a ciertos recursos puede inhibir la
expresión de los mencionados principios.
El antropólogo
designado por el ICAN anota que, "Las regulaciones sobre uso de variedades
vegetales hacen parte de los sistemas de propiedad, los cuales en las
comunidades afrocolombianas del Pacífico trascienden la de carácter privado pues
junto a ella surge la propiedad de tierras por grupos de descendencia que
imparten normas tradicionales acumuladas oralmente a través de generaciones. De
tal manera, muchas especies sólo podrán ser utilizadas por miembros del grupo
(linaje, ramaje) que poseen tierra donde se hallan tales recursos. Pero también
dan permiso y concesiones especiales a personas de otros segmentos para
prolongar la dinámica de alianza y colaboración entre las diversas
comunidades”.
En suma - señala
Roberto Pineda -, “el conocimiento y uso que los pueblos indígenas, campesinos
y afrocolombianos tienen de las variedades vegetales forma parte fundamental
del concepto de biodiversidad; aquellos son, sin duda, uno de nuestros
principales componentes del patrimonio biológico y cultural de Colombia.  La
imposibilidad de utilizarlas -ya sea por pérdida de conocimiento, desuso,
desaparición física de las especies por razones ambientales, o por su despojo
mediante otros mecanismos (económicos, científicos, etc.) tiene consecuencias muy
graves para las sociedades indígenas, campesinas y negras del país, tanto en el
orden económico, cultural, social y ambiental. El fortalecimiento del
conocimiento y uso de las variedades vegetales posibilita a dichas comunidades
nuevos esquemas de solución a los graves retos que enfrentan; y propicia la
posibilidad de que otros colombianos y la Humanidad se puedan beneficiar de los
profundos conocimientos que las sociedades en cuestión poseen sobre una
naturaleza apenas conocida por la “ciencia”, pero bajo un marco de reglas de
equidad y justicia hacia quienes tienen y practican esos saberes”.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención
del Ministerio de Agricultura
Patricia Cuevas
Marín, apoderada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita a
la Corte declarar exequible el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES -UPOV- y la Ley 243 de 1995, aprobatoria del mismo.
Apoya su solicitud en las siguientes consideraciones.
1. El trámite de la
ley se ajustó a los parámetros constitucionales, toda vez que el Gobierno
presentó el respectivo proyecto de ley a la Comisión Segunda del Senado (C.P.
art. 154), luego de lo cual se cumplió el trámite contemplado en la Carta (art.
157 de la C.P.), con sujeción a los términos que ésta prevé (art. 160 de la
C.P.).
2. Desde el punto de
vista material, el Convenio en cuestión no desconoce norma constitucional
alguna. En efecto, el objetivo del instrumento es “reconocer y garantizar un
derecho al obtentor de una variedad vegetal, dada la importancia que ello
reviste para el desarrollo de la agricultura”, de suerte que se requiera
autorización de éste para producir la variedad con fines comerciales y para la
puesta en venta y comercialización del material de reproducción o
multiplicación vegetativa de la misma.
Estos fines
constituyen legítimos desarrollos de los artículos 64 y 65 de la Constitución,
los cuales otorgan la máxima protección y atención a la producción
agropecuaria. Para estos fines, resultan primordiales las actividades de promoción
de la investigación y la transferencia de tecnología. El Convenio objeto de
revisión se erige como un valioso instrumento para el fortalecimiento de la
actividad agrícola, toda vez que permite resolver problemas de deficiencia
normativa, evidenciados al iniciarse el proceso de internacionalización de la
economía colombiana, que impiden el acceso a determinados recursos agrícolas de
otros países que no gozan de protección en Colombia. Así mismo, la mencionada
inexistencia de normatividad en la materia coloca en franca desventaja a los
obtentores colombianos de variedades vegetales, puesto que no existe mecanismo
alguno para proteger sus intereses y retribuir los costos de sus esfuerzos
investigativos.
El Convenio UPOV 78
permite, dentro de un ámbito de reciprocidad, un régimen de protección apto
para los obtentores colombianos dentro y fuera del territorio, así como para
los extranjeros. En todo caso, el reconocimiento de los derechos del obtentor
no es, en ningún evento, absoluto, como quiera que puede limitarse por razones
de interés público (artículo 9° del Convenio).
3. Por último, la
participación del país en el Convenio, genera una serie de ventajas en materia
de competitividad internacional, toda vez que estimula la actividad de
mejoramiento de las especies cultivadas en el país, ya sea a través del
desarrollo de la investigación nacional o por intermedio de transferencia
tecnológica. Estos elementos redundan en la inserción de Colombia en el
contexto internacional y facilitan “las negociaciones con terceros países a
nivel del G3, MERCOSUR, NAFTA Y GATT”.
2.  Ministerio
del Medio Ambiente
El Ministerio del
Medio Ambiente, por intermedio de su apoderada Luz Angela Melo Castilla,
solicita a la Corte que declare exequible el Convenio UPOV y la Ley 243 de
1995. La representante judicial de la nación, funda su intervención en los
siguientes argumentos.
1. La biodiversidad
puede entenderse en varios sentidos. Uno de ellos comprende "la
multiplicidad potencial o real de insumos para las industrias farmacéutica,
cosmética y agroalimentaria". Sin embargo, junto a los distintos aspectos
que conforman la definición del concepto de biodiversidad, deben considerarse
elementos de orden intangible tales como "los conocimientos tradicionales,
empíricos, tecnológicos y científicos y la capacidad intelectual de
transformación de un recurso en otro con un fin determinado. Todo esto hace
parte de la riqueza nacional y su puesta en movimiento conforma, de alguna
forma, el universo de la cultura. De ahí la importancia de su conservación y de
la protección de quienes contribuyen, con sus descubrimientos, al
posicionamiento del país en la comunidad internacional".
Dentro de esta
perspectiva, la propiedad intelectual actúa como un mecanismo de protección de
la biodiversidad, toda vez que estimula el aprovechamiento de los recursos
naturales de una manera sostenible y dentro de los cauces del interés público,
en consonancia con las exigencias de la Constitución (art. 80) y de la
Declaración de Río. Por estos motivos, es indispensable la ratificación del
Convenio sometido a la revisión de la Corte Constitucional. En efecto, "al
reconocer que el obtentor (...) de una variedad vegetal tiene derechos por un
lapso de tiempo limitado sobre su descubrimiento y, al establecer un mecanismo
según el cual, el Estado puede limitar por razones de interés público el libre
ejercicio del derecho exclusivo concedido al obtentor, el Convenio apunta en
dos direcciones (...): de una parte, al proteger la propiedad intelectual de
quien, (...), ha obtenido una variedad vegetal, se está evitando que otros
países se beneficien de manera gratuita de los descubrimientos realizados por
nuestros nacionales (...); y, de otra parte, se está protegiendo la soberanía
dado que se le otorgan facultades al Estado de limitar los derechos del
obtentor por razones de interés público".
2. Desde el punto de
vista del contenido del Convenio, deben considerarse cuatro aspectos de
importancia.
El  primer aspecto
se refiere al material protegido, respecto del cual si bien el Convenio dispone
que todos los géneros y especies pueden ser objeto de protección, corresponde a
cada Estado definir cuáles están amparados y bajo qué condiciones (sistema
particular de reproducción o multiplicación o cierta utilización final). De
otro lado, mientras se exige el incremento periódico del número de especies y
géneros protegidos, el artículo 4-4 autoriza la solicitud de una prórroga o una
reducción en la materia.  Estas disposiciones resultan de suma importancia para
efectos de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
(art. 80 de la C.P.).
En segundo lugar,
los derechos del obtentor no abarcan el material de reproducción (semillas) que
no se destina a fines comerciales, de manera que el agricultor que obtiene
semillas de una variedad protegida para sembrarlas nuevamente, no tiene
obligaciones hacia el obtentor.
En tercer lugar, el
derecho del obtentor se encuentra limitado en el tiempo.
Y, por último, el
Consejo de la UPOV aceptó la normatividad colombiana sobre obtentores vegetales
(Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y Decreto 533 de 1994), en
su sesión extraordinaria del 22 de abril de 1994.
3. "Al proteger
los derechos de propiedad intelectual y, por ende, económicos, de los obtentores
de variedades vegetales, apunta, de una manera directa, a promover y estimular
el trabajo tanto de los grandes y pequeños agricultores preocupados por lograr
mejores productos, como de los investigadores de innovaciones tecnológicas que
toman como materia prima nuestros recursos naturales vegetales para contribuir
a la solución de los problemas que aquejan los procesos alimentarios y
agropecuarios y, en general, a los que tienen que ver con la calidad de
vida".
Por otra parte, el
Convenio constituye “una garantía adicional con la que va a contar nuestro país
para proteger sus riquezas culturales y naturales”, de suerte que se desarrolla
el artículo 8° de la Carta. Así mismo, las facultades que se reconocen a cada
Estado para restringir la aplicación del Convenio a ciertas variedades y para
limitar - por razones de interés común - los derechos del obtentor, además de
respetar la soberanía nacional, garantizan herramientas para la planificación
del uso de los recursos naturales (C.P. art. 80), para la protección del medio
ambiente (art. 79 de la C.P.) y para la internacionalización de las relaciones
ecológicas de Colombia (C.P., artículo 226).
Para concluir su
intervención, la doctora Luz Angela Melo anota que, "el reconocimiento de
la propiedad intelectual de los obtentores de variedades vegetales de un país
que, como el nuestro, cuenta con una riqueza inimaginable en recursos naturales
y que, como tal, es susceptible de lograr innumerables innovaciones encaminadas
a promover el desarrollo sostenible".
3. Intervención
conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior
El señor
Viceministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes Rodríguez, encargado de las
funciones del Despacho, y el Ministro de Comercio Exterior, Morris Harf Meyer,
presentan escrito conjunto, en el que solicitan la declaratoria de
exequibilidad del Convenio y de su Ley Aprobatoria.
1. Los ministros
intervinientes manifiestan que la protección a los obtentores de variedades
vegetales tiene como finalidad la reducción de los factores de distorsión en el
comercio mundial, a fin de facilitar el comercio entre zonas agroecológicas
similares, sin temor a que en uno y otro Estado se aprovechen, de manera
indebida, las innovaciones logradas por el socio comercial. UPOV 78 contribuye
a eliminar este tipo de temores al brindar igual protección a nacionales y
extranjeros.
Desde 1993, con la
expedición de la Decisión 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, el país
posee un mecanismo de protección para innovaciones en variedades
vegetales (es decir, excluidas las variedades silvestres), frente a los países
miembros del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, este régimen no es aplicable a
los naturales pertenecientes a los restantes países socios comerciales de
Colombia.  Tal extensión se lograría con la adhesión a UPOV 78.
Por otra parte, el
Tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio incluyó un acuerdo
sobre propiedad intelectual, en materias relativas al comercio internacional,
denominado Acuerdo TRIPS. Con el fin de proteger las variedades vegetales, esta
norma obliga a los estados miembros a adoptar,  antes del 1° de enero del año
2000, un régimen sui generis, un régimen de patentes o, una combinacion
de ambos. Si bien es posible que cada país diseñe su propio régimen, ello no
contribuiría al propósito de “reducir las distorsiones del comercio
internacional y los obstáculos del mismo”. La práctica indica que los socios
comerciales desean saber si un país es parte o no de UPOV, no si cuentan con un
sistema propio de protección.
2. En opinión de los
ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, diversas razones
justifican la constitucionalidad del Convenio. Ante todo, es necesario destacar
que UPOV constituye un mecanismo para atender uno de los principios
primordiales del derecho internacional: la cooperación internacional.  En
efecto, la Resolución 2625 (XXV), adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el día 24 de octubre de 1970, relativa a los Principios del
Derecho Internacional, dispone que:
“Los Estados tienen
el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus
sistemas políticos, económicos y sociales, en la diversas esferas de las
relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales
y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar
general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda
discriminación basada en esas diferencias”.
En este mismo
sentido, la Constitución colombiana establece que las relaciones
internacionales deberán sujetarse, entre otros, a los principios de
reciprocidad y conveniencia nacional (C.P. art. 226).
La adhesión de
Colombia a UPOV 78, satisface claramente estos requisitos. Por una parte, la
Unión Europea ha colaborado activamente en la lucha que Colombia adelanta
contra el narcotráfico. Para tal efecto, ha otorgado una serie de ventajas
arancelarias a los países andinos, de las cuales se benefician cerca del 68% de
las exportaciones colombianas. Como contraprestación a esta colaboración, la
Unión Europea ha solicitado al Gobierno de Colombia que adopte normas
destinadas a proteger las variedades obtenidas mediante procesos tecnológicos,
con miras a garantizar niveles altos de competitividad en materia agrícola y,
en especial, en la producción de semillas. De otra parte, con ésto se
contribuiría a reducir barreras para el comercio legítimo, como parte de los
Acuerdos TRIPS.
Afirman los
ministros que, “Como puede apreciarse (...), esos principios de derecho internacional
público relativos a la cooperación internacional y a la reciprocidad entre
Estados son reiterados en el instrumento Internacional objeto de examen, y así
mismo su contenido permite que el Estado colombiano persiga su deber de
promover sobre la base de la conveniencia nacional la internacionalización de
sus relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas”.
3. En cuanto a los
compromisos que adquiere Colombia en virtud de la adhesión a UPOV 78 - señalan
los representantes de la nación -, el objeto principal del Convenio es
“reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad nueva”, con base
en ciertos parámetros comunes (variedades protegidas; condiciones de
homogeneidad, distinguibilidad, novedad y estabilidad para otorgar el derecho;
duración y alcance del derecho), que buscan extender la protección al mayor
número posible de géneros y especies.
Lo anterior se
constituye en desarrollo de la Constitución Política, la cual reconoce la
propiedad privada y la libre competencia, dentro del marco definido por la ley,
y otorga una especial garantía a la propiedad intelectual (arts. 58 y 61). En
todo caso, la libertad económica, podrá ser limitada por la Ley cuando así lo
exijan el interés social y la protección del medio ambiente y el patrimonio
cultural.
Por último, los
ministros intervinientes señalan que la protección que se otorga a los
obtentores de variedades vegetales, a través de UPOV, constituye un mecanismo
de fomento de las investigaciones y la tecnología colombianas, a fin de que
éstas se orienten hacia la creación de variedades más productivas.  Lo anterior
se aprecia al tomar en cuenta que “la experiencia ha demostrado que la falta de
compensaciones adecuadas o de regalías pueden convertirse en factores que
desestimulan el trabajo de los investigadores y el intercambio entre países de
nuevas variedades”. Además, es necesario contar con instrumentos para proteger
internacionalmente las cerca de 400 variedades de vegetales obtenidas en
Colombia.
4.  Intervención
ciudadana
La ciudadana
Carolina Salazar Vallejo intervino para solicitar la exequibilidad del
instrumento internacional objeto de revisión.
En su opinión, la
“protección (que se concede al obtentor) constituye no sólo un reconocimiento
al hecho de que la nueva variedad vegetal, por ser el producto del conocimiento
y del trabajo debe gozar de los derechos que la Constitución le otorga a la
propiedad intelectual, sino que también constituye un reconocimiento y un incentivo
a la labor de los obtentores, teniendo en cuenta la importancia que esta
actividad reviste en el desarrollo de la agricultura, de la ciencias y de la
tecnología en general”. Lo anterior permite concluir que UPOV 78 desarrolla los
artículos 25 (derecho al trabajo), 61 (protección de la propiedad intelectual),
65 (fomento y protección de la actividad agropecuaria), 70 (garantía de
fomento, promoción, protección y acceso a la cultura) y 71 (búsqueda de
conocimiento y expresión artística) de la Constitución colombiana.
En cuanto a las
variedades protegidas por UPOV, la ciudadana manifiesta que se circunscriben a
aquellas especies “nuevas que han sido obtenidas después de una labor de
investigación y de aplicación del conocimiento humano”, excluyéndose las variedades
silvestres.  En igual sentido se expidió la Decisión 345 de la Junta del
Acuerdo de Cartagena y el Decreto 533 de 1994.  Por otra parte, únicamente se
incluyen las invenciones, en la medida que los descubrimientos y todo lo
relativo a los procesos esencialmente biológicos, la biodiversidad y los
recursos fitogenéticos naturales se rigen por otras normas, y son patrimonio
nacional, conforme lo estipula el “Acuerdo de Río de Janeiro de 1992”. En este
orden de ideas, los artículos 80 y 81 de la Carta, que disponen la competencia
del Estado para definir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
quedan a salvo.
Señala la
interviniente que, “Igualmente, debe tenerse en cuenta que este Convenio
garantiza los derechos del agricultor.  A este respecto, el artículo 26 de la
decisión Nº 345 de 1993 prevé que no lesiona el derecho del obtentor quien
reserve y siembre para su propio uso o venda como materia prima o alimento el
producto obtenido del cultivo de la variedad protegida.  Unicamente el Convenio
de la UPOV somete a la autorización previa del obtentor la producción con fines
comerciales, la puesta en venta y la comercialización del material de
reproducción o de multiplicación vegetativa en su calidad de tal de la
variedad.  De esta manera impide el abuso del derecho del agricultor en
deterioro del derecho que le asiste al obtentor de autorizar el mismo y de
acuerdo con las condiciones que señale la producción con fines comerciales de
la nueva variedad o la comercialización del material de reproducción”.
Por otra parte, la
actividad de investigación se encuentra al margen de la protección otorgada al
obtentor. En efecto, la utilización de variedades protegidas para actividades
investigativas, sin autorización del obtentor,  no se considera como una
transgresión a los derechos de éste.
A continuación, la
ciudadana Carolina Salazar agrega que, “El convenio de la UPOV protege al
obtentor de la nueva variedad con independencia del origen artificial o natural
de la variedad inicial que dio origen a la misma, sin que por ello se desvirtúe
el nivel  inventivo de dicha obtención.  Debe tenerse en cuenta que el Convenio
de la UPOV exige que la nueva variedad haya sido el resultado de la utilización
de métodos genéticos aplicados a la variedad inicial y que ésta se distinga
claramente” de otra variedad notoria. Es decir, se impone “la presencia de un
nivel inventivo en la obtención de la nueva variedad”.
En cuanto a la
notoriedad, el artículo 6° del Convenio dispone que ella se puede establecer
por varios mecanismos como “cultivo o comercialización ya en curso, inscripción
efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una
colección de referencia o descripción precisa en una publicación”. De acuerdo
con lo anterior, las comunidades indígenas y campesinas podrán alegar como
notoria una variedad vegetal tradicionalmente utilizada “siempre y cuando dicha
variedad hubiera sido cultivada o comercializada por dicha comunidad”. “En
consecuencia, el Convenio de la UPOV, permite a las comunidades indígenas y
Campesinas Colombianas que después de procesos de selección  y de investigación
hayan logrado una nueva variedad vegetal, impedir el registro de una nueva
variedad que no difiera esencialmente de la variedad vegetal que haya sido cultivada
o comercializada por la comunidad indígena o Campesina”.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En opinión del señor
Procurador General de la Nación, "el instrumento público que se revisa en
esta oportunidad, (presenta) una serie de circunstancias especiales que
ameritan un fallo inhibitorio por parte de ese Máximo Tribunal". El
concepto fiscal basa el aserto anterior en los siguientes argumentos:
- El texto del
Convenio bajo revisión corresponde a la versión de UPOV de 1978, toda vez que el
Gobierno Nacional consideró más conveniente para Colombia la aprobación del
Acta del año 78 y no la de 1991.
- Colombia ha
participado, en calidad de observadora, en las distintas reuniones en las
cuales se aprobó el Convenio UPOV y sus distintas modificaciones, razón por la
cual "no se hizo posible la ratificación del Convenio; quedando sólo la
opción de adherirse al mismo".
- El artículo 37 de
la versión del Acta de 1991 dispone que los países en desarrollo podrían
adherir al Acta de 1978, siempre y cuando tal adhesión tuviera lugar antes del
31 de diciembre de 1995, fecha a partir de la cual esta posibilidad quedaba
cerrada de plano.
- Con la finalidad
de que el canje de notas pudiera realizarse antes del 31 de diciembre de 1995,
el Gobierno sometió el Tratado a la consideración del Congreso de la República
el 30 de agosto de 1995 y le solicitó se agilizaran los trámites de su
aprobación.
1- Frente a la
urgencia manifestada por el Ejecutivo, las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes del Congreso sesionaron conjuntamente el 27 de septiembre de 1995 y
aprobaron por unanimidad el Convenio sometido a su consideración. Las plenarias
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, aprobaron el
Tratado el 18 de octubre y el 14 de noviembre de 1995, respectivamente. Por
último, la sanción presidencial se produjo el 28 de diciembre de 1995 y el
Convenio, junto con su ley aprobatoria, fueron enviados a la Corte
Constitucional, para la revisión de rigor, el 15 de enero de 1996, fecha en la
cual "ya había expirado el término previsto en el artículo 37 del Convenio
UPOV'91 para efectos de adherir al Acta de 1978".
Considera el representante
del Ministerio Público que la doctrina de la Corte Constitucional, según la
cual "la simple sustracción de materia, vale decir la pérdida de la
vigencia de las normas por haber sido derogadas, suspendidas o incorporadas a
otras, no obsta para que se efectúe el referido control (constitucional) cuando
hayan producido efectos o puedan producirlos hacia el futuro y la Constitución
se pueda ver vulnerada", no se presenta en el caso del Convenio, toda vez
que "ni el tratado internacional ni su ley aprobatoria pueden entrar en
vigor en virtud del acuerdo posterior de los Estados firmantes del Convenio de
1991 que, como ya se dijo, fijaron un plazo máximo para adherirse al Acta de
1978 (...)."
Concluye la vista
fiscal que, "el Procurador considera que carece de utilidad un
pronunciamiento de fondo por parte del Juez de la Carta sobre la Convención y
su ley aprobatoria, por cuanto ya no es factible efectuar el respectivo
procedimiento de adhesión al tratado. De allí que este Despacho haya decidido
solicitar a ese H. Tribunal que se declare inhibido para asumir el examen de
constitucionalidad del referido instrumento público internacional, así como de
su ley aprobatoria".
VI. FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte es
competente para conocer del proceso de la referencia de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
Negociación del
Instrumento y Trámite legislativo
2. El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó a la Corporación que Colombia actuó como observador
en la conferencia que produjo el Acta de UPOV de 1978. Sin embargo, no
participó en su negociación y, por lo tanto, solicitó al Consejo de la Unión
que autorizara su adhesión.
3.  La Ley 243 de
1995 fue aprobada por el Congreso de la República mediante el siguiente
trámite:
El Proyecto de Ley
N° 79/95 fue presentado ante el Senado de la República por los Ministros de
Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, de Agricultura y de Medio
Ambiente. A continuación, fue publicado, junto con su exposición de motivos, en
la Gaceta del Congreso N° 267, de septiembre 1° de 1995.
La ponencia para
primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 311, del 29 de
septiembre de 1995, y aprobada en debate conjunto de las comisiones segundas de
ambas cámaras, el día 27 de Septiembre de 1995. A esta sesión, se hicieron
presentes 11 de los 13 miembros de la Comisión II del Senado, quienes aprobaron
unánimemente el Proyecto de Ley, como consta en Certificación expedida el
Secretario General de la Comisión II. Los 16 representantes de la Comisión II
de la Cámara aprobaron por unanimidad el Proyecto de Ley N° 123/95, según
consta en la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión II
de la Cámara de Representantes.
La ponencia para
segundo debate en el Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 325, de
octubre 10 de 1995, y aprobada unánimemente por los 87 senadores presentes en
la sesión plenaria del 18 de octubre de 1995, como consta en el Acta N° 20, de
octubre 18 de 1995, publicada en la Gaceta del Congreso N° 340, del 20 de
octubre de 1995, y en la certificación remitida por el Secretario General del
Senado de la República.
La ponencia para
segundo debate en la Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso N° 314, de
septiembre 29 de 1995, la cual fue aprobada, en sesión plenaria de noviembre 14
de 1995, con una votación de 141 votos a favor, según consta en el Acta
publicada en la Gaceta del Congreso N° 430, del 29 de noviembre de 1995, y en
la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes.
Concluye la Corte
que la aprobación de la Ley 243 de 1995, por parte del Congreso de la
República, se ajustó a los trámites constitucionales de rigor y, por ello, no
cabe formularle tacha alguna de inconstitucionalidad desde el punto de vista
formal.
Descripción del
Tratado
4.  Por razones
metodológicas y para facilitar su análisis, el Convenio se ha dividido en
cuatro partes. La división del Tratado se ha efectuado mediante la agrupación
del articulado según materias afines.
4.1. El primer grupo
está conformado por las consideraciones previas y por el artículo 1° del
Acuerdo, relativo al objeto de la UPOV y a la constitución de ésta. Las
consideraciones preliminares destacan la importancia que reviste la protección
de las obtenciones vegetales para el desarrollo de la agricultura y la
salvaguarda de los intereses de los obtentores. Igualmente, se pone de presente
la utilidad de contar con un régimen común de protección a las obtenciones y de
resolución de los problemas relativos a la defensa de los derechos derivados de
éstas.
Por su parte, el
artículo 1° del Convenio establece que su objeto es el reconocimiento y la
garantía de un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva. Para estos
efectos, se crea una Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales,
conformada por los países parte del Tratado, cuya sede se establece en Ginebra
(Suiza).
4.2. El segundo
grupo regula el régimen de protección, y comprende las disposiciones contenidas
en los artículos 2 a 14 y 38. En ellas se establecen los siguientes principios
generales: (1) la existencia de un único mecanismo de protección, bien sea a
través de un título de protección particular o por medio de una patente
(artículo 2-1); (2) la posibilidad de determinar - por parte de cada Estado de
la Unión - que la protección se limite a aquellas especies que tengan sistemas
particulares de reproducción o multiplicación, o a aquellas que tengan
determinada utilización final (artículo 2-2); y, (3) el principio de “trato
nacional”, conforme al cual los Estados de la unión otorgarán, a los nacionales
de otros Estados, la misma protección de que gozan sus nacionales, en materia
de protección a los derechos de los obtentores (artículo 3°).
En cuanto a los
términos de la protección, se indica que todo género o especie botánica puede
ser objeto de protección (artículo 4°). En este sentido, corresponderá a cada
Estado indicar las especies o géneros protegidos, en un número que se
incrementará cada cierto lapso de tiempo. El derecho que se reconoce al
obtentor consistirá en someter a la autorización del titular cualquier puesta
en venta o comercialización de la variedad o parte de ella, salvo cuando se
trate de su empleo como origen de nuevas variedades (artículo 5°). La duración
del derecho oscila entre 15 y 18 años, dependiendo del género o la  especie de
que se trate (artículo 8°). Por otra parte, el artículo 9° dispone que el
derecho del obtentor no podrá limitarse sino por motivos de interés público,
caso en el cual el titular tendrá derecho a una remuneración equitativa
(artículo 9). Por último, el artículo 12 señala que el obtentor que haya
presentado regularmente una solicitud de protección en uno de los Estados de la
Unión, tendrá un derecho de prioridad para la presentación en los otros Estados
por un lapso de 12 meses. En todo caso, el obtentor tendrá la facultad de
elegir el Estado de la Unión en el que desea presentar la primera solicitud de
protección (artículo 11). De igual forma, la protección que otorgue un
determinado Estado será independiente de la que otro Estado otorgue a una
variedad.
El derecho que
otorga el Convenio a los obtentores, sólo se concederá si la variedad que se
busca proteger puede distinguirse de otras especies notoriamente conocidas y es
homogénea y estable (artículo 6°). Sin embargo, la exigencia de novedad podrá
ser limitada por los Estados Parte del Acuerdo cuando se trate de variedades de
reciente creación a las cuales se aplique el Convenio por primera vez (artículo
38). El cumplimiento de los requisitos del artículo 6° será verificado a través
de un examen, cuyos resultados podrán ser exigidos por cualquier Estado de la
Unión (artículo 7°). Una vez verificadas las exigencias, la variedad recibirá
una denominación según lo dispuesto por el artículo 13. En caso de llegarse a
verificar que alguno de los requisitos no fue debidamente satisfecho, podrá ser
declarada la nulidad del derecho según la legislación interna del Estado Parte
de que se trate. De igual forma, podrán ser privados de su derecho los
obtentores que no puedan presentar a la autoridad competente el material de
reproducción o multiplicación de la variedad o los documentos necesarios para
el control de ésta, que no permitan la inspección de las medidas dirigidas a la
conservación de la variedad o que no hayan abonado las tasas necesarias para el
mantenimiento en vigor de sus derechos (artículo 10).
Igualmente, se
garantiza al Estado la posibilidad de dictar sus propias normas y medidas en
materia de producción, certificación y comercialización de semillas y plantones
(artículo 14).
4.3. La tercera
parte del Convenio está constituida por los artículos 15 a 26 que regulan lo
relativo a la constitución, órganos, funciones, votaciones y finanzas de la
Unión.
El artículo 15
establece que existen dos órganos: el Consejo y la Secretaría General. El
primero está conformado por un representante de cada Estado Miembro (artículo
16), tendrá un Presidente y un Vicepresidente primero al que le corresponde
suplir al Presidente (artículo 18), se reunirá ordinariamente una vez al año
(artículo 19) y establecerá su propio reglamento y régimen financiero (artículo
20). Entre sus atribuciones se encuentran la de estudiar medidas en favor del
desarrollo de la Unión; la de nombrar al Secretario General; la de elaborar y
aprobar los programas de trabajo y el presupuesto; la de fijar el lugar para la
celebración de conferencias con el objeto de revisar el Convenio; y, la de
dictar las directrices para que el Secretario ejerza sus funciones (artículo
21). Las decisiones del Consejo se adoptan por mayoría, salvo cuando se trate
de materias relacionadas con el mínimo de géneros y especies que un Estado
programe proteger, el reglamento del Consejo, el presupuesto, la autorización
de voto para el Estado que no ha cumplido con sus contribuciones para el
sostenimiento de la Unión, la convocatoria a una conferencia para revisar el
Convenio y los idiomas de la Unión, las cuales requieren mayoría cualificada
(artículo 22). A las sesiones del Consejo podrán asistir Estados no miembros o
expertos, en calidad de observadores (artículo 17).
Por su parte, el
artículo 23 dispone que corresponde a la Secretaría General, la garantía de la
ejecución de las decisiones del Consejo, la preparación del informe sobre su
gestión y del presupuesto y el ejercicio de todas aquellas funciones que le
confiera el Consejo.
Según el artículo 24
del Tratado bajo examen, la Unión tendrá personalidad jurídica, la cual
ejercerá de acuerdo con las leyes de cada Estado de la Unión (artículo 24).
Por último, los
artículos 25 y 26 del Acuerdo establecen el régimen financiero, diseñado según
un sistema de contribución por cuotas, que recoge el sistema adoptado en el
Convenio de 1961, modificado en 1972.
4.4. La última parte
del Tratado, conformada por los artículos 27 a 42, regula diversas materias. En
efecto, allí se consagran la posibilidad de revisar el Convenio (artículo 27),
los idiomas de la Unión (artículo 28) y la garantía de los derechos adquiridos
(artículo 39). Otros artículos se refieren a los mecanismos de firma del
Convenio (artículo 31), a las reglas de adhesión (artículo 32), a la
imposibilidad de adherir a convenciones anteriores (artículo 33), a la
aplicación del Convenio entre Estados que están obligados por textos distintos
(artículo 34), a la derogación de la protección dual (artículo 37), a la
duración y denuncia del Convenio (artículo 41) y al idioma y al depositario
(artículo 42). Finalmente, otras disposiciones se refieren a la aplicabilidad
interna del Convenio (artículo 30), a la posibilidad de excluir ciertos
territorios de la aplicación del Acuerdo (artículo 36), a la facultad para
celebrar acuerdos especiales entre miembros de la Unión (artículo 29), a las
publicaciones que han de realizarse (artículo 35) y a la no admisión de
reservas al Convenio (artículo 40).
Examen de fondo:
cuestiones preliminares
La protección de
las obtenciones vegetales como un instrumento para el fomento del desarrollo
sostenible, el mejoramiento de la agricultura y la protección de la producción
alimentaria
5. A las puertas del
nuevo milenio, la humanidad se encuentra frente a una  tensión que plantea una
disyuntiva determinante para el futuro económico y ecológico del mundo: el
logro de cada vez mayores niveles de desarrollo económico frente a la
protección de los recursos naturales y el medio ambiente, de cuya explotación
depende, en gran medida, la consecución de índices aceptables de crecimiento.
Sin embargo, en los últimos tiempos, las disciplinas que se ocupan de los
problemas del desarrollo han elaborado un concepto que busca compatibilizar
ambos extremos de la tensión planteada. La noción de desarrollo sostenible
aparece así como un modelo de desarrollo que integra, como una de sus
principales variables, al medio ambiente y la protección de los recursos
naturales, con el objeto de lograr niveles adecuados de crecimiento económico,
sin comprometer el bienestar de las generaciones del futuro.
6. El Constituyente
de 1991, consciente de esta problemática, consagró la noción de desarrollo
sostenible como una de las directrices básicas de la planeación y la
intervención económicas (C.P. artículos 8°, 95-8, 80 y 334). Por su parte, la
Corte Constitucional ha precisado el alcance de este concepto en los siguientes
términos:
“Un
análisis de las normas constitucionales antes mencionadas, determina la
configuración del concepto de desarrollo sostenible en un doble sentido. Por
una parte, opera como una norma programática, esto es, como un mandato que
ordena que algo sea realizado en la mayor medida dentro de las posibilidades
jurídicas y fácticas existentes. Es así como el desarrollo sostenible se
convierte en un objetivo deseable a lograr por parte de las autoridades
públicas a través de dos instrumentos fundamentales: la planeación y la
dirección general de la economía por parte del Estado. Ninguno de estos dos
mecanismos asegura, per se, una realización completa del fin deseado,
pero sí obliga al sector público a hacer todos los esfuerzos necesarios para el
logro de su máxima efectividad. Por otra parte, el concepto de desarrollo
sostenible opera como un límite a las actividades de explotación o
aprovechamiento de los recursos naturales en la medida en que tales actividades
son constitucionalmente lícitas siempre y cuando se asegure el derecho de las
generaciones futuras a seguir disfrutando de los recursos explotados[1]”.
7. Una de las
principales aplicaciones de la noción de desarrollo sostenible se relaciona con
la preservación de los recursos fitogenéticos, ésto es, el material a partir
del cual se reproducen o propagan las especies vegetales, entre ellas las que
contribuyen, directamente, a la alimentación y seguridad alimentaria de las
poblaciones humanas. Dentro de éste marco, y habida cuenta de los diversos
problemas sociales y ambientales del fin de siglo, el logro de una capacidad
productiva que garantice la satisfacción de las necesidades alimenticias y
nutricionales de la población surge como un reto que el desarrollo sostenible
debe de resolver: ¿Cómo atender - de manera sostenible - la alimentación de una
población creciente, con recursos naturales cada vez menos abundantes?.
8. La protección del
delicado equilibrio de estos recursos naturales, así como la conservación de la
seguridad alimentaria, han dado lugar al desarrollo de un área de la
biotecnología que busca el mejoramiento de las especies vegetales existentes,
con el fin de lograr índices mayores de productividad agropecuaria, conocida
con el nombre de actividad fitomejoradora. La implementación de programas y
políticas tendentes a fortalecer y desarrollar este tipo de actividades
encuentra claro fundamento en las disposiciones del artículo 65 de la Carta
Política, el cual contempla la especial protección de la producción
alimentaria, a través del otorgamiento de "prioridad al desarrollo
integral de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y
agroindustriales" y la promoción de "la investigación y la
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas
de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad".
Dada la necesidad de proteger los recursos naturales y genéticos, la actividad
fitomejoradora debe orientarse hacia la utilización sostenible de los
mencionados recursos (C.P. artículos 80 y 334; Convenio sobre la Diversidad
Biológica - Ley 162 de 1994 -, artículo 2°, numerales 2° y 17) y su regulación
ha de quedar sometida a las disposiciones que adopte el Estado de acuerdo con
el interés nacional (C.P., artículo 81, inciso 2°).
9. Las modernas
actividades de mejoramiento o modificación vegetal requieren de cuantiosas
inversiones de infraestructura, tiempo y conocimiento, que deben ser
adecuadamente protegidos. La ausencia de protección puede llegar a incidir en
forma negativa sobre el desarrollo y la promoción de estas formas de
investigación científica y conducir a una reducción de los resultados que, en
materia de mejoramiento de las especies vegetales, requiere el mundo
contemporáneo para hacer frente a las carencias alimentarias de las distintas
poblaciones. Dos autorizados expertos en estas materias señalan el fundamento
de la protección que debe otorgarse a las obtenciones de nuevas especies
vegetales que se logren a través de las actividades fitomejoradoras:
“El avance de las
actividades de investigación, el fortalecimiento de las labores de
transferencia y la mayor competencia en la oferta de semillas mejoradas a los
agricultores colombianos requería, igualmente, que se protegieran los derechos
de propiedad intelectual sobre los resultados de investigación en el campo del
mejoramiento genético. El hecho de que en Colombia no existiera legislación
al respecto desestimulaba al sector privado a invertir recursos en
investigación en este terreno, y desincentivaba, por lo tanto, a los
investigadores que trabajaban en fitomejoramiento.  Así mismo, las variedades
desarrolladas por el ICA y otras entidades no contaban con suficiente difusión,
dado que nadie estaba dispuesto a invertir dinero en abrir mercado y
comercializar nuevos productos, que luego cualquier competidor podía vender sin
haber realizado las inversiones iniciales requeridas para posicionar la
semilla en el mercado.
Más aún, diversas
variedades obtenidas en el país eran, después de probadas y difundidas en el
mercado nacional, comercializadas en otras naciones, sin que en Colombia
recibieran alguna retribución. En general, a las entidades públicas de
investigación, y a sus científicos, no les estaba reportando ninguna
gratificación la labor desarrollada en esta materia, y eran terceros, que
ningún esfuerzo habían hecho, los que se beneficiaban económicamente de los
resultados”[2]
(Cursivas del texto y negrillas de la Corte).
En este orden de
ideas, se impone la necesidad de proteger la actividad y los resultados de
quienes obtienen mejores variedades vegetales más productivas y resistentes.
Este tipo de protección encuentra claro fundamento no sólo en los fines
perseguidos por el artículo 65 de la Constitución Política (promoción de la
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y
aumento de la productividad) sino, también, en la promoción y en el fomento del
desarrollo de la actividad científica y tecnológica de que trata el artículo 71
de la Carta.
Las obtenciones
vegetales constituyen una manifestación particular del talento e ingenio
humanos, consistente en el mejoramiento de los recursos fitogenéticos a través
del descubrimiento o invención de nuevas especies vegetales o el mejoramiento
de las ya existentes a fin de hacerlas más resistentes y productivas. Una de
las formas más eficaces de protección de los derechos de quienes desempeñan
este tipo de actividades científicas, está constituida por los mecanismos de
propiedad intelectual, dentro de los cuales se inscribe el Convenio.
La protección de
las obtenciones vegetales como una de las manifestaciones de la protección
constitucional a la propiedad intelectual
10. La protección de
las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica de la
protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el Estado a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61).
En efecto, la
protección de la propiedad intelectual se refiere a los diversos sistemas de
reconocimiento y protección de los derechos derivados de las creaciones
humanas, entendidas éstas en un sentido amplio, de suerte que quedan
involucradas las manifestaciones artísticas, científicas e industriales. De
este modo, se ha reconocido la  protección para las creaciones sonoras,
audiovisuales (televisión, cine y vídeo), diseños industriales, nombres
comerciales, lemas comerciales, obtenciones vegetales etc., mediante la
concesión de títulos de protección particular, marcas o patentes.
La protección que la
propiedad intelectual otorga a las creaciones del ingenio humano - en este caso
a la obtención de una nueva variedad vegetal - constituye una forma
particularmente importante de estimular la actividad inventiva del hombre,
esencial para el progreso y desarrollo de la humanidad. De igual forma, no
puede perderse de vista que los mecanismos de propiedad intelectual buscan,
también, que la creación protegida tenga viabilidad desde el punto de vista
comercial, gracias a la recuperación de los costos y los recursos invertidos.
Por las razones
anotadas, el Convenio que se estudia en cuanto pretende fundamentalmente establecer
un sistema de protección de los derechos del obtentor, encuentra claro respaldo
en el artículo 61 de la Carta.
Por ultimo es
necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de regulación
(C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas
a través de las cuales se manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo
tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho por
virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual,
así como la propiedad común, es "una función social que implica
obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función
ecológica". En consecuencia, serán constitucionales las limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad  que se otorgue al obtentor de una variedad
vegetal, siempre que estas se enmarquen dentro del ámbito general de
restricción de que trata el artículo 58 de la Carta.
Protección de las
obtenciones vegetales y diversidad étnica y cultural
11. Como lo señalan
los antropólogos Roberto Pineda (Universidad de los Andes) y Jorge Morales
(ICAN) en las respectivas respuestas al cuestionario sometido a su
consideración por el Magistrado Sustanciador, las distintas comunidades étnicas
se relacionan con el entorno que las rodea de acuerdo con sus específicas
cosmovisiones. Las comunidades indígenas como las negras y las campesinas
desarrollan particulares formas de interrelación con el medio ambiente y los
recursos naturales. Como consecuencia de esta relación, estos grupos han desarrollado
una serie de conocimientos y prácticas de carácter tradicional, transmitidos
ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización racional y sostenible
de los recursos naturales. La importancia de estas formas tradicionales de
producción es de tal magnitud que, como lo afirman los antropólogos Pineda y
Morales, la supervivencia de los grupos étnicos depende de que estas prácticas
persistan sin ser modificadas por influencias externas. De igual forma, se ha
anotado que la protección de la biodiversidad ha sido posible, en gran medida,
gracias a la acción sostenible de las culturas minoritarias sobre los recursos
naturales (Convenio sobre la Diversidad Biológica - Ley 162 de 1994 -, artículo
8°, literal j). En torno a este punto la Corte ha afirmado:
"La importancia de estas prácticas autóctonas es de tal
grado que se ha afirmado que las necesidades de un 80% de la población del
mundo, así como el suministro de alimentos de cerca de la mitad de los
habitantes de la Tierra, depende del conocimiento y plantaciones indígenas. Lo
anterior ha determinado la necesidad de relacionar la noción de desarrollo
sostenible con el reconocimiento y la importancia de la diversidad cultural
especialmente en cuanto se refiere a las diversas formas de relación entre el
hombre y la naturaleza. De este modo, se concluye que la protección de la
biodiversidad depende, en gran medida, de la preservación de las prácticas
tradicionales a través de las cuales una determinada cultura se relaciona con
los recursos biológicos a los que accede[3]”.
12. De los artículos
7°, 70, 72, 330 - parágrafo - y 55 transitorio de la Carta Política y de la Ley
70 de 1993, se deriva la especial protección a que están sujetas las
mencionadas prácticas y conocimientos tradicionales de los grupos étnicos, como
parte integrante del patrimonio cultural de la nación colombiana y
conformadores de la identidad nacional. Esta Corporación ha manifestado,
alrededor de este asunto, que:
"La Carta Política de 1991 no desconoce estas realidades y,
por el contrario, consagra una serie de normas tendentes a la protección de las
minorías étnicas y de las culturas tradicionales. En efecto, el artículo 7 de
la Constitución enuncia, como principio fundamental del orden
jurídico-político, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana. Concordante con el anterior postulado, el
inciso 2° del artículo 70 dispone que la diversidad cultural es fundamento de
la nacionalidad y, por ello, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las culturas que conviven en Colombia. Frente al tema específico de la
protección de las prácticas tradicionales de producción y aprovechamiento de
los recursos naturales por parte de los grupos étnicos, el parágrafo del
artículo 330 establece que "la explotación de los recursos naturales en
los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas". Por su parte, el
artículo 55 transitorio de la Constitución se refiere a la obligatoriedad de
expedir una ley que reconozca la propiedad colectiva de las comunidades negras
asentadas en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico,
de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. De igual modo, esta
ley deberá contemplar mecanismos de protección a la identidad cultural y a los
derechos de estas comunidades.
"De
acuerdo con lo anterior, las distintas maneras en que las comunidades étnicas
se relacionan con el medio ambiente y que determinan prácticas tradicionales de
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, deben considerarse
como una particular forma de manifestación cultural y de creación de la
identidad nacional. Por este motivo, tales prácticas forman parte del
patrimonio cultural de la nación y, en esa medida, son bienes culturales -
conformadores de la identidad nacional - inalienables, inembargables e
imprescriptibles, sujetos a la protección del Estado (C.P. artículo 72)[4]”.
Entiende la Corte
que, en el proceso de explotación sustentable de los recursos naturales que
llevan a cabo las comunidades indígenas, negras y campesinas, pueden llegar a
presentarse modificaciones de las especies vegetales con las que se relacionan
estos grupos o, incluso, puede haber lugar a la aparición de especies nuevas
que se adaptan a las necesidades particulares de la comunidad que las explota.
De este modo, las prácticas y conocimientos tradicionales de las culturas
minoritarias son fuente de obtenciones vegetales, que deben ser protegidas a
través de los mecanismos de propiedad intelectual que surjan como desarrollo
del artículo 61 de la Carta, con particular atención al mandato constitucional
que exige del Estado y de la sociedad una especial protección a las minorías
étnicas y campesinas, y al imperativo deber de resguardar y preservar la
diversidad cultural y biológica de la Nación.
13. La forma de
interacción de las comunidades étnicas con los recursos naturales implica que,
en ocasiones, no sea admisible la idea de una apropiación individual, comercial
y excluyente de las variedades vegetales obtenidas a través de la gestión
cultural. Incluso, el reconocimiento de formas tradicionales "occidentales"
de propiedad, - que suelen traducirse en el otorgamiento de un derecho de uso
individual y exclusivo -, sobre las especies vegetales que los grupos étnicos
explotan a través de métodos tradicionales de producción, podría conducir a las
consecuencias negativas que se ponen de presente en los conceptos de los dos
antropólogos consultados (desintegración cultural, desnutrición, hambrunas,
insatisfacción de las necesidades médicas y de salud, y en general la amenaza a
la supervivencia de la étnia).
En razón de las
observaciones anteriores, la Corte considera que las normas sobre propiedad
intelectual protección a los obtentores de nuevas variedades vegetales deben
ser respetuosas de las culturas y tradiciones propias de las comunidades
indígenas, negras y campesinas, de modo que so pretexto de una necesaria
protección en ámbitos propios de la economía de mercado, no se imponga a dichas
comunidades restricciones desproporcionadas que atenten contra su propia
supervivencia. En consecuencia sería inconstitucional el sistema de protección
que no admitiera el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre dichas
obtenciones o que privilegiara la oportunidad en la cual se presenta la
solicitud de reconocimiento del derecho respecto de la existencia previa y
notoria de la variedad vegetal y de su utilización tradicional por parte de
dichas comunidades.
14. El Convenio bajo
estudio reconoce, dentro de los lineamientos generales establecidos, la
potestad del Estado colombiano para regular el régimen de propiedad intelectual
en materia de obtenciones vegetales. Nada en el citado Convenio impide el
reconocimiento de la propiedad colectiva de las minorías étnicas y culturales
respecto de las variedades vegetales que hubieren obtenido a través de sus
prácticas y conocimientos tradicionales.
Así las cosas,
corresponderá al Estado colombiano, en desarrollo del mandato constitucional
que le obliga a proteger a las minorías étnicas y a las culturas tradicionales,
diseñar un régimen de propiedad intelectual en materia de obtenciones vegetales
que admita la propiedad colectiva en aquellos casos en los cuales esto resulte
necesario para garantizar el mantenimiento de las prácticas propias de dichas
comunidades en torno a las variedades vegetales por ellas obtenidas. En todo
caso, no sobra advertir que la propia Carta introduce criterios y herramientas
de protección que pueden ser directamente utilizados por estas comunidades para
defender sus intereses.
15. El artículo 6
del Convenio bajo estudio establece, como uno de los requisitos necesarios para
gozar de los derechos de obtentor, que la variedad vegetal sobre la que se
pretende obtener tales derechos pueda distinguirse claramente, por uno o varios
caracteres importantes, de cualquier otra variedad, cuya existencia sea
notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Añade que
la notoriedad puede ser demostrada a través de distintas referencias, una de
las cuales es el cultivo o la comercialización de la variedad en el momento de
presentación de la solicitud. A su turno el artículo 7 señala que cada Estado
concederá la protección previo examen de la variedad en función de los
criterios definidos en el artículo 6.
Las normas
transcritas amparan los derechos de comercialización que eventualmente pudieren
tener las comunidades étnicas y campesinas respecto de las variedades vegetales
que obtengan a través de sus conocimientos tradicionales cuando la
comercialización de dichas variedades forme parte de sus prácticas culturales.
En efecto, pese a que tales comunidades no soliciten con prontitud la
protección a la que tendrían derecho, el Estado colombiano deberá abstenerse de
otorgar la protección al tercero que no logre demostrar que la variedad vegetal
aportada es esencialmente distinta de las variedades cultivadas y
comercializadas por las mencionadas comunidades. Incluso, si la protección
llegare a otorgarse, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 del
Convenio, podrá solicitarse la nulidad del derecho del obtentor por
incumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 6 para el momento
en que se otorgó el título de protección.
No sobra advertir,
sin embargo, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio
analizado, la protección que se otorga al obtentor tiene como efecto someter a
su autorización previa la producción con fines comerciales, la puesta en venta
o la comercialización del material de reproducción o de multiplicación
vegetativa. Lo anterior significa que la utilización del material protegido
para fines distintos, como aquellos que hacen parte de las prácticas
tradicionales de las comunidades indígenas, negras y campesinas, distintas a
las señaladas, es libre, según los términos del Convenio.
Examen particular
de las normas del Convenio
Preámbulo y
artículos 1, 2 y 37: objetivo de la protección y medios de protección
16. En las
disposiciones contenidas en el Preámbulo y el artículo 1° del Convenio se hace
explícita la importancia de proteger las obtenciones vegetales, con el fin de
promover el desarrollo de la agricultura y salvaguardar los derechos de los
obtentores. De igual manera se establece que el objetivo expreso e inmediato
del Tratado consiste en "reconocer y garantizar un derecho al obtentor de
una variedad vegetal nueva o a su causahabiente". Por su lado, el artículo
2° determina que el reconocimiento del derecho antes mencionado debe hacerse a
través del sistema de patentes o de un "título de protección
particular". En caso de que la legislación interna de un Estado-Parte
admita ambos tipos de protección, deberá aplicarse una sola. En este orden de
ideas, el artículo 37 del Convenio busca hacer efectiva el sistema de
protección único que se pretende establecer en el ya mencionado artículo 2°.
En opinión de la
Corte, las normas anteriores no presentan reparo constitucional alguno y, por
el contrario, desarrollan y promueven el cumplimiento de varios postulados
establecidos en el Estatuto Fundamental de los colombianos. En primer lugar,
dichos preceptos están en consonancia con las disposiciones contenidas en el
artículo 65 de la Carta, según las cuales la producción de alimentos goza de
una especial protección y es deber del Estado la promoción de la investigación
y transferencia de tecnología para el fortalecimiento de la producción
alimentaria y el incremento de la productividad. De otra parte, las normas
analizadas se ajustan al artículo 61 de la Constitución, relativo a la
protección de la propiedad intelectual durante el tiempo y con las formalidades
que establezca la ley. Por último, la posibilidad que brinda el Tratado, a los
Estados-Parte, para escoger - de acuerdo con su legislación interna - la forma
de protección que haya de brindarse a los obtentores vegetales (artículos 2 y
37), se adecua a la potestad regulatoria del Estado colombiano sobre sus
recursos genéticos (C.P., artículo 81).
Artículos 3 y 11:
trato nacional
17. El artículo 3°
del Tratado consagra el principio del trato nacional, según el cual cada
Estado-Parte en el Convenio otorgará a los naturales de otros estados el mismo
trato jurídico que concede a sus nacionales. El artículo 11 del Convenio
desarrolla el principio, consagrando la posibilidad de presentar la primera
solicitud de protección en cualquiera de los países miembros de la Unión. El principio
del trato nacional se constituye en un desarrollo lógico de la reciprocidad en
materia internacional, en la que se debe fundar, por expreso mandato
constitucional, la suscripción de tratados internacionales por parte del
Gobierno colombiano (C.P., artículo 150-16) y la internacionalización de sus
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (C.P., artículo 226).
Por otra parte, la consagración del mencionado principio del trato nacional
respeta y se ajusta a la disposición del artículo 100 de la Carta Política,
según la cual "los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos
derechos civiles que se conceden a los colombianos". Con ésto se garantiza
que, de la aplicación del Convenio, no surgirán tratamientos discriminatorios
entre nacionales colombianos y extranjeros, violatorios del principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
Cabe destacar que la
excepción consagrada en el artículo 3°, numeral 3°, del Tratado, que permite a
los Estados conceder la protección a un género o especie determinados sólo a
los nacionales de los Estados que también hayan reconocido la protección de ese
específico género o especie, es reflejo del principio de reciprocidad y, por lo
tanto, no viola disposición alguna de la Carta Política de Colombia.
Artículos 4, 5 y
8: variedades susceptibles de protección, contenido del derecho y duración.
17. El artículo 4°
del Convenio dispone que todas las especies y géneros pueden ser objeto de
protección. De igual forma, contempla un calendario conforme al cual el Estado
contratante se compromete a incrementar, paulatinamente, el número de especies
y géneros efectivamente protegidos. A su turno, los artículos 5° y 8° del
Convenio consagran los derechos protegidos y el ámbito y duración de la protección.
El derecho que se reconoce al obtentor consiste en el sometimiento a su
autorización previa de la "(1) la producción con fines comerciales del
material de reproducción o de multiplicación vegetativa (la autorización no se
requiere para la producción de este tipo que no esté destinada a la
comercialización, por ejemplo, en el caso de semillas de granja); (2) la puesta
a la venta del material de reproducción o de multiplicación; (3) la
comercialización de ese material; (4) el empleo repetido de la variedad para la
producción comercial de otra variedad; y, (5) la utilización comercial de
plantas ornamentales o de partes de esas plantas como material de
multiplicación para la producción de plantas ornamentales o de flores
cortadas"[5].
Según dispone el numeral 2° del artículo 5°, no se requerirá autorización del
titular cuando la variedad por él obtenida vaya a ser utilizada como
"origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades,
ni para la comercialización de éstas". A tenor de lo establecido en el
artículo 5°, numeral 3°, del Tratado, los Estados parte podrán conceder a los
obtentores un derecho más amplio - extensible especialmente hasta el producto
comercializado - para ciertos géneros o especies. Por último, el artículo 8°
establece que la protección no podrá ser inferior a 15 años, como regla
general, y a 18 años en el caso de los árboles de diversa índole.
Encuentra la Corte
que los artículos estudiados del Convenio no vulneran en forma alguna la Carta
Política de Colombia. En efecto, la índole de la protección que estas normas
otorgan a los obtentores de especies y géneros vegetales nuevos se ajusta y
desarrolla los postulados del artículo 65 de la Constitución, enderezados a
proteger de manera especial la actividad agropecuaria y la producción de
alimentos. De igual forma, queda a salvo la facultad del Legislador para
definir los aspectos relativos a la propiedad intelectual (C.P., artículo 61),
toda vez que - como ya se anotó - los derechos que otorga el Tratado se adoptan
a través de la legislación interna de cada Estado parte (artículo 2-1), lo cual
le otorga amplia libertad al Legislador para modularlos de acuerdo con las
necesidades internas del Estado. Esta libertad conlleva, entonces, el respeto
por la obligación del Estado colombiano de regular todos los aspectos
concernientes al manejo y conservación de sus recursos genéticos (C.P.,
artículo 81, inciso 2°).
Merece la pena
señalarse que la exclusión de la protección otorgada por el Convenio del
material necesario para adelantar labores de investigación y de las semillas
que guardan los agricultores, fomenta la actividad científica y tecnológica
(C.P. artículo 71) y protege la actividad de los agricultores (C.P., artículo
65).
Por último, en
cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar
que tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución,  un elemento
esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de
los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad
intelectual no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de
duración que el Legislador determine en cada caso.
La razón de ser de
esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de
garantizar que las obras resultantes de la creatividad individual puedan ser
disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los derechos anejos a la
propiedad intelectual a un término temporal, busca armonizar el derecho
individual de quien desarrolla actividades que estimulan el progreso de la
ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a los beneficios
del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan
el derecho al libre desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el
derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y la ciencia
(gestión colectiva). Sobre este particular, la Corporación sostuvo:
"En cuanto al
tiempo, la razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la
propiedad privada, consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la
Carta.  En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del
espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra
simultáneamente derechos del creador como los derechos de la comunidad.  Tanto
a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual.
De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino
que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el
goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija
discrecionalmente por el legislador el término razonable al cabo del cual el
derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho
intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés
privado y el interés público[6]”.
Por las razones
señaladas la Corte encuentra ajustadas a la Carta las restricciones
contempladas en el artículo 8 del Convenio.
Artículos 6, 7,
9, 10, 12, 13, 14 y 38: régimen de la protección
18. En los artículos
6°, 7°, 13 y 38 del Tratado se definen los requisitos que deben reunir los
géneros y especies vegetales susceptibles de protección, la forma de verificar
estos requisitos y la denominación que debe otorgarse a la variedad una vez
reconocido el respectivo derecho.
Las obtenciones
vegetales que pueden ser protegidas deben reunir tres cualidades:
distinguibilidad o notoriedad (requisito que puede ser limitado si se trata de
variedades de reciente creación, conforme a lo estipulado en el artículo 38), homogeneidad
y especificidad (artículo 6°), las cuales deben ser verificadas a través del
examen ordenado en el artículo 7°. Por su parte, el mecanismo de la protección
provisional busca garantizar, desde el momento de la solicitud de protección,
que se impida el uso comercial de la variedad sin autorización del
solicitante.  El artículo 13 exige una denominación de la variedad, con el fin
de distinguir la variedad de otras, tanto protegidas como no protegidas.
Considera la Corte
que estas normas no pugnan con la Carta Política, toda vez que son respetuosas
de la órbita de configuración de que dispone el Legislador en relación con la
propiedad industrial y no interfieren con las competencias de las autoridades
colombianas para regular las cuestiones atinentes a los recursos genéticos. En
efecto, el Tratado sólo se limita a fijar cuáles son los requisitos que deben
reunir las obtenciones vegetales para poder gozar de la protección que allí se
otorga. La regulación y precisión de esos requisitos es un asunto que debe ser
desarrollado por la legislación interna de los Estados-Parte del Convenio.
24. Según voces del
artículo 9° del Acuerdo bajo examen, el derecho concedido al obtentor sólo
podrá ser limitado por razones de interés público. Si la limitación se impone
con la finalidad de asegurar la difusión de la variedad, el Estado que la
practique deberá adoptar las medidas necesarias para que el obtentor reciba una
remuneración equitativa.
Para la Corte, este
tipo de limitaciones no vulneran la Constitución, como quiera que son
coherentes con la función social y ecológica que el derecho de propiedad (del
cual la propiedad intelectual es sólo una modalidad) está llamado a desempeñar,
según lo establece el inciso 2° del artículo 58 de la Carta.
Por su parte, el
artículo 10 establece, de manera taxativa, las causales de nulidad y caducidad
del derecho. La Constitución es clara al consagrar, de una parte, las
limitaciones expresas del derecho de propiedad (C.P. art. 58) y de otra, el
principio de responsabilidad social en virtud del cual todo derecho debe
ejercerse sin abuso y con respeto a las condiciones que le dan nacimiento
(C.P., artículo 95-1), so pena de su nulidad, limitación o caducidad, en los
términos fijados por la ley. Las causales de nulidad y caducidad de que trata
el artículo estudiado hacen referencia a circunstancias en las cuales el
derecho se obtuvo al margen de las condiciones exigidas, al incumplimiento de
los deberes que surgen al obtentor o al solicitante y al abuso del derecho del
obtentor. Por este motivo, la norma examinada se adapta, en un todo, a las
disposiciones constitucionales colombianas.
25. El derecho de
prioridad, consagrado en el artículo 12 del Tratado, otorga un plazo prudencial
para que el obtentor presente solicitudes en cada Estado de la Unión, con el
fin de garantizar que, una vez presentada su solicitud, ninguna persona pueda
pretender protección alguna sobre esa misma variedad.
Como se desprende de
la norma examinada, el hecho de presentar una solicitud en un Estado cualquiera
de la Unión no implica una protección automática por parte de los Estados
restantes. Por el contrario, se exige la presentación de la solicitud en cada
uno de ellos, respetando los requerimientos de sus normas internas. De este
modo, cada Estado mantiene su autoridad soberana para otorgar la protección
solicitada. En este orden de ideas, la Corte considera que el derecho de
prioridad consagrado en el artículo 12 del Convenio desarrolla los postulados
de los artículos 9°, 150-16 226 y es respetuoso de la potestad regulatoria de
las autoridades colombianas en materia de propiedad intelectual y recursos
genéticos (C.P., artículos 61 y 81).
26. Según el
artículo 14 del Tratado, las medidas de protección a los obtentores que éste
consagra son independientes de las normas internas que los Estados-Parte
expidan en relación con la producción, certificación y comercialización de
semillas y de plantones, las cuales, en cualquier caso, no deberán obstaculizar
la aplicación de las normas del Convenio.
A juicio de esta
Corporación el artículo 14 bajo estudio garantiza el control del Estado
colombiano sobre diversos aspectos relativos a las especies vegetales:
protección de la producción de alimentos (C.P., artículo 65), protección del
ambiente sano (C.P., artículo 79), planificación del uso de los recursos
naturales (C.P., artículo 80), circulación de recursos genéticos (C.P.,
artículo 81) e intervención del Estado en la economía para garantizar la
productividad y la racionalización de la misma (C.P., artículo 334).
Artículos 15 a
26: órganos de la Unión
27. Los artículos 15
a 26 del Convenio regulan todos los aspectos relativos a la integración y
funciones de los órganos de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales y sus mecanismos de financiación. Los distintos puntos
regulados por los artículos mencionados son los siguientes: órganos de la
Unión; composición del Consejo y número de votos; admisión de observadores en
las reuniones del Consejo; Presidente Y Vicepresidentes del Consejo; sesiones
del Consejo; Reglamento del Consejo; atribuciones del Consejo; mayorías en el
Consejo; atribuciones de la oficina de la Unión; estatuto jurídico;
verificación de cuentas; y, finanzas.
En opinión de la
Corte, estas normas de tipo organizativo, dirigidas al funcionamiento eficiente
y autónomo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales, no pugnan con disposición constitucional alguna y tampoco
interfieren en las facultades de las autoridades colombianas para regular los
aspectos relativos a la propiedad intelectual y el manejo y conservación de los
recursos genéticos (C.P., artículos 61 y 81).
Artículos 27 a 36
y 39 a 42:  normas varias dirigidas a la aplicación y ejecución del Convenio
28. Este grupo de
artículos regulan diversos aspectos relativos a la revisión del Convenio
(artículo 27); los idiomas de la Unión y del texto del Tratado (artículos 28 y
42); la suscripción de acuerdos especiales entre países miembros para la
protección de obtenciones vegetales (artículo 29); la aplicación del Convenio a
nivel nacional (artículo 30); la firma (artículo 31); los mecanismos de
ratificación, aprobación y adhesión (artículo 32); entrada en vigor (artículo
33); relaciones entre Estados obligados por textos diferentes (artículo 34);
comunicaciones relativas a especies y géneros protegidos (artículo 35);
aplicación del tratado en el territorio del estado parte (artículo 36);
mantenimiento de derechos adquiridos (artículo 39); reservas (artículo 40); y,
duración y denuncia del Convenio (artículo 41).
Esta Corporación
considera que las normas enumeradas con anterioridad consagran mecanismos
propios de todo tratado internacional, dirigidos a la puesta en vigor y
ejecución de las obligaciones derivadas del Convenio.  Por este motivo, no
encuentra reparo alguno de constitucionalidad que formular sobre los artículos
mencionados.
Vale la pena
destacar que el artículo 32 del Tratado regula los pasos necesarios para
efectos de la adhesión al convenio UPOV. Sobre este punto es necesario poner de
presente que, de acuerdo con la información remitida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Colombia ha cumplido el requisito de la opinión del
Consejo sobre la conformidad de la legislación interna con el instrumento
internacional.
El Convenio y las
normas de Acuerdo de Cartagena
30. Como quiera que
dentro del acuerdo subregional andino se han expedido normas sobre protección a
obtentores vegetales, existe la posibilidad de un eventual conflicto entre las
normas del Convenio que se revisa y las de la Decisión 345 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena.
Para la Corporación,
no puede pasar desapercibido que el proceso de admisión de Colombia a la Unión
para la Protección de Obtenciones Vegetales requirió del concepto favorable de
este organismo, en el sentido de establecer que la normatividad interna
colombiana no pugnara con el Tratado en cuestión. Como quiera que dicho examen
se realizó respecto de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
y de las normas nacionales que la desarrollan y que, una vez modificadas
algunas normas, la Unión no encontró objeción en aplicar la normatividad
subregional, no existe riesgo de que una vez vigente el convenio que se
estudia, Colombia desatienda sus obligaciones regionales.
31. Resta a la Corte
analizar la solicitud de inhibición planteada por el procurador General en el
concepto de rigor. Según la vista fiscal, en el caso que se estudia se presenta
el fenómeno de sustracción de materia dado que, a su juicio, ya no resulta
posible efectuar el procedimiento de adhesión al Convenio objeto de revisión.
Funda su aserto, en el hecho de que el artículo 37 de la versión del Acta de
UPOV 1991 dispuso que los países en desarrollo podían adherir al Acta de 1978,
siempre y cuando tal acto tuviera lugar antes del 31 de diciembre de 1995.
Las limitaciones
temporales a las que alude el artículo 37 de la versión del Acta de UPOV 1991
tienen claras implicaciones en materia internacional. Sin embargo no
constituyen una razón para que la Corte deba declararse inhibida en el presente
proceso. En efecto, de ninguna manera tales limitaciones permiten sostener que
ha operado el fenómeno de la sustracción de materia. Si el Estado Colombiano,
una vez cumplidos los requisitos legales y constitucionales del caso no puede
adherir al Convenio bajo estudio, esa será una contingencia que no afecta el
control de constitucionalidad de que trata el numeral 10 del artículo 241.
VII.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional,
R E S U E L V E
Declarar EXEQUIBLES
el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
- UPOV - del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de
1972 y el 23 de octubre de 1978", y la Ley 243 de 1995 que lo aprueba.
NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
ARCHIVESE EL EXPEDIENTE
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA           ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado                                                         Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JULIO CESAR ORTIZ GUTIERREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-137/96. MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[2] Ocampo, José Antonio y Perry, Santiago, El Giro de la Política
Agropecuaria, Santa Fe de Bogotá, Tercer Mundo, FONADE, DNP, 1995.
[3] Sentencia C-137/96. MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[4] Sentencia C-137/96. MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[5] Documento de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales -UPOV-,  Publicación de la UPOV N° 408 (S), Ginebra ,
1993.
[6] Sentencia C-334/93. MP. Alejandro Martínez Caballero.