T-346-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-346/20
Referencia:
Expediente T-7.331.296
Demandante:
Luz Marina Alvarado Gaitán
Demandado:
Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios
Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos
mil veinte (2020).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 num. 9º de la Constitución Política y
33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá que, en su momento, revocó el dictado por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad, a
propósito del recurso de amparo constitucional formulado por Luz Marina
Alvarado Gaitán contra la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios
Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Según se ilustra en la demanda, el 20 de noviembre
de 2018, la señora Luz Marina Alvarado Gaitán, obrando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón, habida
cuenta de la presunta transgresión de sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, en la que considera
incurre la reseñada entidad al no renovar su contrato de trabajo y darlo por
terminado sin que para el efecto mediara autorización especial como
consecuencia de su estado de debilidad manifiesta. Los presupuestos fácticos y
jurídicos que respaldan la protección invocada con fundamento en el artículo 86
Superior, son los que se exponen a continuación.
2.      Hechos relevantes
2.1. El tres de abril de 2017, la señora
Luz Marina Alvarado Gaitán celebró contrato individual de trabajo a término fijo
por 15 meses y 28 días con la Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón para
desempeñarse como madre comunitaria, con una remuneración básica
ordinaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el periodo
contratado[1].
2.2. En el transcurso de sus labores, sin
embargo, la señora Alvarado Gaitán fue diagnosticada el 25 de septiembre de
2017 con “lupus eritematoso sistémico”[2],
motivo por el cual ha venido siendo objeto de múltiples tratamientos, así como
de exámenes y controles especializados que le han generado incapacidades
médicas que se han prolongado más allá de 308 días continuos[3].
2.3. Pese a tener pleno conocimiento
sobre su estado de salud, la asociación empleadora, con una antelación no inferior
a 30 días respecto del vencimiento del término inicialmente estipulado en el
contrato, esto es, el 26 de junio de 2018, procedió a comunicarle por escrito su
decisión de no prorrogarlo[4],
atendiendo a lo previsto en los numerales 1º y 2º del artículo 46 del Código
Sustantivo del Trabajo[5].
3.      Consideraciones de la demanda y
pretensiones
3.1. Dadas las anteriores circunstancias,
la accionante comienza por señalar que de los artículos 25 y 53 de la Carta Política
de 1991, cuyos postulados se rigen bajo la fórmula de un Estado Social de
Derecho, surgen variados mandatos dirigidos a garantizar la efectiva vigencia del
derecho fundamental al trabajo, entre los que sobresale la estabilidad
laboral reforzada como alternativa primordial de salvaguarda que se activa
cuando el trabajador se encuentra en situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta producto de una afectación en su estado de salud o en su capacidad
económica[6].
3.2. Partiendo de este razonamiento, expresa
que dicha figura le impone al empleador la obligación de mantener en el puesto
de trabajo a quien detente una de las referidas condiciones particulares, con
el fin de resguardar su vida digna e igualdad a través de la permanencia en el
empleo hasta que acontezca una causal objetiva que amerite la desvinculación
laboral.
3.3. Incluso advierte que, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional en la materia[7], una
interpretación integral de las cargas contenidas en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de
las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”[8], permite
despojar de cualquier efecto jurídico al despido o a la terminación del contrato
de quien esté incapacitado para trabajar por razón de su estado de salud, siempre
que no exista anuencia previa de la oficina de trabajo que constate la configuración
de un justo fundamento para ello.
3.4. Esto último, en su parecer, justifica
la interposición del mecanismo protector de las garantías iusfundamentales,
toda vez que la terminación de su contrato se llevó a cabo por parte de la
representante legal del empleador sin reparar en el cumplimiento de las
exigencias dispuestas en la ley, como era la autorización de la oficina de
trabajo. Conducta omisiva que, en resumidas cuentas, no solamente desconoce la
reivindicación del principio de igualdad material, sino que comporta, a sus 61 años[9], con un
concepto de rehabilitación médica desfavorable[10],
una grave vulneración de sus derechos a la vida digna, al mínimo vital y móvil
y al trabajo.
3.5. Siendo así las cosas, insta al juez
de tutela para que proteja las prerrogativas recién descritas, de suerte que se
le ordene a la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas
del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón “reintegrarla al cargo que
venía desempeñando al momento de su desvinculación y/o a otro igual o de
superior categoría”[11].
4.      Trámite procesal y oposición a la
demanda de tutela
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, en proveídos del veintidós (22) de noviembre y del cinco
(5) de diciembre de 2018, dispuso admitir la acción de tutela y ordenar su
traslado a la entidad demandada, al tiempo que vincular al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y a la Administradora Colombiana de Pensiones “para
que se pronunciaran en relación con la problemática jurídica planteada y
ejercieran los derechos de contradicción y defensa”[12].
4.1.   Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón[13]
4.1.1. La representante legal de la asociación
intervino en la controversia mediante escrito en el que se opuso a los
argumentos esgrimidos por la actora para solicitar su reintegro, dado que la terminación
del contrato de trabajo obedeció, en estricto sentido, al vencimiento del
periodo de duración de aquel, acorde con lo preceptuado en el literal c) del artículo
61 del Código Sustantivo del Trabajo[14].
4.1.2. Igualmente, aseveró que la persona
jurídica sin ánimo de lucro en nombre de la que actuaba debía su funcionamiento
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- por vía de la celebración de
los denominados contratos de aporte para el impulso y ejecución de sus
programas misionales, lo que significa, de un lado, que depende por completo de
la asignación presupuestal específica que efectúe en su favor el referido
establecimiento público y, de otro, que ninguna madre comunitaria incorporada a
la agrupación ha sido vinculada laboralmente de manera indefinida, en tanto los
recursos percibidos, aparte de ser limitados, conciernen a una periodicidad
determinada para la prestación del servicio.
4.1.3. Bajo esa óptica, adujo que, si bien es
cierto que se dan por finiquitadas las relaciones laborales existentes con las
madres comunitarias al agotarse el plazo de cumplimiento del respectivo
contrato de aporte, “quedando cesantes y en busca de empleo”, no lo es
menos que estas se reanudan para cumplir a cabalidad con el objeto de la
asociación, una vez suscrito un nuevo arreglo contractual como operador
seleccionado con la entidad encargada del bienestar de las familias en Colombia.
4.1.4. De cualquier modo, reveló que no había
lugar a que en el caso concreto intercediera la oficina de trabajo, en la
medida en que la desvinculación que se reprocha también se produjo al amparo de
la facultad legal que le asistía al empleador de dar por terminado
unilateralmente el contrato de la accionante, “gracias a la enfermedad de
origen común que contrajo y que la ha mantenido incapacitada por un lapso
superior a los 180 días”, excediendo el ámbito temporal de protección fijado
en el numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo de
Trabajo[15].
4.1.5. Por lo demás, sostuvo que, por
prescripción médica, a la reclamante se le conminó para que “no conviviera,
compartiera o mantuviera tratos cercanos con menores de edad pertenecientes a la
primera infancia, que va hasta los 5 años, debido a que en la susodicha etapa no
han terminado de desarrollar su sistema inmunológico y permanecen expuestos a enfermedades
contagiosas”[16].
4.2.   Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-[17]
4.2.1. La Coordinadora del Grupo Jurídico
de la Regional Bogotá del ICBF solicitó que se decretara la improcedencia del
mecanismo tutelar acometido en su contra por la inexistencia de infracción
alguna a prerrogativas de raigambre superior y la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
4.2.2. En efecto, subrayó que, después de haber
revisado los datos personales de la promotora de la acción en los archivos de
la planta de personal y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
-SECOP-, “no se encontró registro de que haya tenido vínculo legal,
reglamentario o contractual con el Instituto”, por lo que mal haría en
endilgársele ahora la lesión, amenaza o menoscabo de sus derechos sin confluir ningún
tipo de interés sustancial o nexo de causalidad entre las partes.
4.2.3. Asimismo, se sirvió recalcar que el
propio libelo demandatorio es explícito y contundente en sugerir que la argüida
violación de la estabilidad laboral reforzada tuvo su origen en una conducta desplegada
por la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del
Programa Hogares Comunitarios de Fontibón, a quien la tutelante prestó
personalmente sus servicios bajo continuada subordinación y a cambio de un
salario como retribución por su trabajo, “desplegándose una falta de
legitimación por pasiva en el asunto”.
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1.      Primera instancia[18]
1.1. En providencia del 11 de
diciembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá concedió la protección
transitoria de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada y a la seguridad social de la señora Luz Marina Alvarado
Gaitán y, en ese sentido, le ordenó a la asociación demandada “reestablecer
su relación contractual, en la misma modalidad y condiciones, sin imponerle
tareas que puedan complicar su salud; debiendo cancelar los salarios dejados de
percibir desde el 31 de julio de 2018 a la fecha en que se haga efectivo el
reintegro, así como ponerse al día con las cotizaciones de salud y pensión
dejadas de cancelar”, mientras acude, en un término perentorio de tres
meses, ante la jurisdicción ordinaria para que resuelva en forma definitiva
sobre su situación y establezca si hay lugar a un reconocimiento indemnizatorio
u otras acreencias laborales[19].
1.2. Al respecto, la autoridad judicial
consideró que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, se
había logrado demostrar que la actora, al momento en que se dio por terminado
su contrato de trabajo, se encontraba en pleno tratamiento médico a raíz del
lupus eritematoso sistémico que padece, “por lo que no podía quedar
desprotegida durante el proceso de remisión de la EPS al Fondo de Pensiones a
fin de que califique su pérdida de capacidad laboral y determine si le asiste o
no el derecho de acceder a una pensión de invalidez”[20].
1.3. Acogiendo esa línea argumental puntualizó,
entonces, que no eran de recibo las declaraciones rendidas por la representante
legal del ente accionado, en primer lugar, “porque terminaba asumiendo una
postura denigrante frente a la madre comunitaria, (…) al atreverse a afirmar que
su patología deviene contagiosa, cuando lo único cierto es que el lupus
eritematoso sistémico es autoinmune, es decir, que solo afecta a quien la
padece” y, en segundo lugar, en atención a que su existencia jurídica, lógicamente,
no se hallaba supeditada al giro de aportes por parte del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ni tampoco su labor se circunscribía a puntuales periodos
de tiempo, pues según “el certificado de la DIAN lleva más de 29 años de
funcionamiento, aunado a lo cual el artículo 3º del Decreto 289 de 2014 dispone
que las madres comunitarias no gozan de la calidad de servidoras públicas y sus
servicios son prestados a las entidades administradoras del Programa de Hogares
Comunitarios, que tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar
solidaridad patronal con el ICBF”, lo que permite inferir que el vínculo
laboral culminó a fuerza de la condición de salud de la trabajadora y no por virtud
de los planteamientos desplegados por la asociación encausada.
1.4. Finalmente, expuso que, tratándose de contratos
de trabajo celebrados a término fijo en los que estén involucrados sujetos de
especial protección y en los que su objeto jurídico no haya desaparecido, es
obligación del empleador acudir ante el inspector del trabajo para que sea este
quien defina si, a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las
formas, la decisión tomada por aquel de darlo por concluido se basa en razones objetivas
del servicio y no en motivos discriminatorios. Procedimiento que, a decir
verdad, no fue adelantado en el caso concreto, supliéndose con la decisión
unilateral de no renovación, “sin reparar en que el cargo para el que fue
contratada la accionante hubiese desaparecido y sin comprobar la eventual
violación de sus derechos fundamentales como trabajadora discapacitada”, máxime,
cuando la afectación de su mínimo vital resulta incuestionable, no ya solo por
el hecho de que la remuneración que percibía coadyuvara a satisfacer las
necesidades básicas propias y las de su núcleo familiar, sino porque su
discapacidad física le imposibilita seriamente para acceder a otro empleo, dada
la existencia de un concepto médico no favorable de rehabilitación otorgado por
su EPS.
2.      Impugnación[21]
El fallo en precedencia fue
impugnado oportunamente por la representante legal de la entidad enjuiciada, quien
se ratificó en todo lo apuntado en el escrito de contestación a la demanda e
insistió en la necesidad de que se verificara que la terminación del contrato
de trabajo de la actora no se debió, en absoluto, a su enfermedad, sino a la
expiración del plazo fijo pactado; por fuera de lo cual alegó que el juzgador
de primera instancia, al haber dispuesto la renovación del vínculo laboral, inobservó
el contenido del Decreto 2923 de 1994[22],
en el que se precisa que la celebración de contratos de aporte con entidades sin
ánimo de lucro “suponen la intervención del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, quien se vincula al negocio jurídico en una participación
de capital o de especie que se traslada de manera definitiva o temporal a favor
del contratista para que este asuma una actividad de bienestar social
-integración de la familia o de la protección de la infancia-”[23].
Lo que quiere decir que se trata de un servicio público que no representa contraprestación
económica alguna para los contratistas, por lo que la asociación cuyos
intereses defiende, “aunque haya seguido activa en el tiempo manejando las
campañas del ICBF en función de su reconocida solvencia moral y técnica, carece
de capital propio, ganancias o dividendos” que le habiliten para actuar más
allá del aludido marco contractual.
3.      Segunda instancia[24]
3.1. El Juzgado Veintiuno Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 14
de febrero de 2019, revocó en su integridad el pronunciamiento del a-quo
con respaldo en la premisa de que la vinculación jurídica de las madres
comunitarias en entidades administradoras u operadoras del Programa de Hogares
Comunitarios “no implica relación laboral con las asociaciones que para tal propósito
se organicen, ni con las entidades públicas que sean responsables de ejecutarlo”,
por cuanto su participación constituye un trabajo solidario y una contribución
eminentemente voluntaria, tal y como se colige de uno de los apartes de la
Sentencia SU-079 de 2018[25].
3.2. De ahí que, en su concepto,
se revele infundada la petitoria de reintegro de la demandante, ya que aunque no
puede desconocerse que en la actualidad presenta serios quebrantos de salud, la
propia Ley 509 de 1999[26],
modificada por la Ley 1023 de 2006[27],
establece que las madres comunitarias del programa de Hogares Comunitarios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se afiliarán, junto con su grupo
familiar, al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se harán acreedoras de todas las prestaciones asistenciales y económicas
derivadas del mismo, dejando entrever “que su vinculación no admite pregonar
ningún tipo de estabilidad laboral reforzada y que lo apropiado es que continúe
vinculada al Sistema, bien sea  en el régimen contributivo o en el subsidiado
-en el evento en que no cuente con los recursos para seguir pagando los
aportes- y con ello pueda continuar recibiendo tratamiento médico”.
III.    ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1.      Solicitud de insistencia presentada
por la Defensoría del Pueblo[28]
1.1. De acuerdo con lo estipulado en el
artículo 57 del Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015 “Por medio del cual se
unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”[29],
el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del
Pueblo, por delegación especial del artículo 40 de la Resolución No. 638 del 6
de junio de 2008[30],
insistió el 20 de junio de 2019 en la selección del expediente de tutela de la
referencia por suscitar una problemática constitucionalmente relevante, “al
tratarse del caso de una madre comunitaria a quien se le dio por terminado su
vínculo laboral sin que se haya solicitado previa autorización del inspector de
trabajo, a pesar de gozar de estabilidad laboral reforzada a causa de un
diagnóstico de lupus eritematoso sistémico con concepto de rehabilitación no
favorable”.
1.2. Efectivamente, a juicio de dicho funcionario,
las personas con disminución física, hayan sido calificadas o no, tienen
derecho a la estabilidad laboral reforzada por ser sujetos de especial
protección constitucional, lo que lleva a que los empleadores no solo no puedan
despedirlos en su condición de trabajadores por razón de una disminución en sus
capacidades para desempeñar la labor para la que fueron contratados, “sino
que han de garantizarles los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social mientras subsistan las causas de debilidad manifiesta que los
hacen merecedores de una relativa estabilidad”.
1.3. En tal virtud, después de traer a
colación el Decreto 289 de 2014 que reglamenta la vinculación laboral de las
madres comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares
Comunitarios del Bienestar Familiar y de mencionar que la estabilidad laboral
reforzada se extiende a aquellos trabajadores cuyo contrato finaliza al vencer
el término pactado[31],
concluyó que la asociación accionada quebrantó la anunciada garantía “dando por
terminado el contrato, sin contar con una autorización previa del inspector de
trabajo y desprendiéndose, hasta cierto punto, una conducta discriminatoria en
contra de la señora Alvarado Gaitán, al afirmarse en la contestación a la
acción de tutela que esta no debía trabajar con niños menores de cinco años que
no hubiesen desarrollado su sistema inmune, desconociendo que el lupus
eritematoso no tiene la característica de ser una patología de contagio”.
1.4. De esta manera, en el proceso que se
revisa, para quien representa a la Defensoría del Pueblo es evidente “que se configura un perjuicio irremediable que
permite acudir de forma principal al recurso de amparo constitucional”,
entre otras razones, porque la terminación del contrato de trabajo de la actora
afecta directa y gravemente su mínimo vital.
2.      Auto del 11 de octubre de 2019[32]
2.1. Tras haber realizado un
examen preliminar de los documentos que reposan en el expediente, la Sala
Tercera de Revisión halló necesario recaudar algunas pruebas con miras a
verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela y así
proferir una decisión de fondo en relación con la controversia constitucional
planteada. En consecuencia, por obra de Auto del 11 de octubre de 2019 resolvió
oficiar a la señora Luz Marina Alvarado Gaitán para que informara lo siguiente:
“1. Si la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, con posterioridad a la presentación de la acción de
tutela, ha procedido a iniciar el trámite de calificación del porcentaje de pérdida
de capacidad laboral, teniendo en cuenta el concepto desfavorable de
rehabilitación integral emitido por Compensar E.P.S. el 7 de noviembre de 2018.
En caso de que dicho trámite se haya adelantado, indicar el diagnóstico
definitivo y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado.
2. Si con posterioridad a su desvinculación
de la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del
Programa Hogares Comunitarios de Fontibón en el mes de julio de 2018, continuó
cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, y sí, además, continuó
laborando, no obstante que en la actualidad presente una incapacidad con
pronóstico desfavorable de recuperación, susceptible de ser calificada por las
autoridades competentes.
3. Indique cómo está conformado su núcleo
familiar, con quién reside actualmente y si tiene personas a cargo.
4. Adicionalmente, precise cuál es el monto
mensual de sus ingresos, a cuánto ascienden sus gastos mensuales, si percibe
otros recursos adicionales y cuál es la fuente de éstos”.
2.2. Del mismo modo, se ofició a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- para que, adicional a toda
la información sobre el estado de afiliación de la actora, relacionara y precisara
lo siguiente:
“1. (…) Las actuaciones administrativas que
ha adelantado en el caso particular frente al trámite de calificación del
porcentaje de pérdida de capacidad laboral requerido por la accionante,
teniendo en cuenta el concepto desfavorable de rehabilitación integral emitido
por Compensar E.P.S. el 7 de noviembre de 2018.
2. (…) si a pesar de su desvinculación de
la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del
Programa Hogares Comunitarios de Fontibón en el mes de julio de 2018, la señora
Luz Marina Alvarado Gaitán siguió realizando aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones a través del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, y si además, continuó laborando, no obstante que en la
actualidad presente una incapacidad con pronóstico desfavorable de
recuperación, susceptible de ser calificada por las autoridades competentes”.
2.3. Una vez vencido el término probatorio,
la Secretaría General de esta Corporación, en comunicación del 30 de octubre de
2019[33],
remitió al despacho del Magistrado Sustanciador varios oficios, entre los que
cabe reseñar el suscrito el 23 de ese mismo mes y año por parte de la señora
Luz Marina Alvarado Gaitán, en el que dejó en claro que, no
obstante haber radicado la documentación pertinente para que se diera inicio al
trámite de determinación de su pérdida de capacidad laboral el 23 de noviembre
de 2018, tal solicitud fue archivada por desistimiento tácito siete
meses después conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015[34], dada la incompletitud
de la misma. Esto significa “que se emprendieron de nuevo las diligencias
requeridas y que Colpensiones no ha efectuado calificación alguna hasta la
fecha”[35].
A renglón seguido, informó que su núcleo
familiar está compuesto por su esposo y tres hijos mayores de edad. Mientras el
primero se encuentra desempleado y a su cargo debido a sus múltiples
padecimientos, los segundos, por su parte, son quienes proporcionan
en mayor medida los recursos económicos que le
permiten continuar cotizando hoy en día al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones como independiente y gozar de un plan complementario en salud.
Por último, hizo énfasis “en que no podrá volver a trabajar porque su condición
física se lo impide, siguen expidiéndosele incapacidades médicas, no cuenta con
ingresos fijos y sus gastos mensuales ascienden en promedio a $1.500.000,
dependiendo de los pagos por concepto de transporte, asistencia médica,
medicamentos y citas especializadas”.
2.4. Entre tanto, a través de memorial del
24 de octubre de 2019, la Directora (A) de Acciones Constitucionales de la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-[36] indicó
que la actora figura como activa cotizante desde el 16 de abril de 1975 y que
el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral gestionado en el mes
de noviembre de 2018 no pudo continuarse “al no haberse allegado copia de la
historia clínica completa y actualizada ni realizado los exámenes de
espirometría ni valoración por neumología para definir las secuelas funcionales
respiratorias, con reporte de paraclínicos”, decretándose el desistimiento
y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado.
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión adoptada dentro de la acción de tutela
de la referencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política,  en concordancia con los artículos 33,
34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 28 de junio de
2019[37],
proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de esta Corporación[38].
2.      Cuestión preliminar: La
formalización laboral de las madres comunitarias
2.1. En la línea del examen que se realiza,
ha de recordarse que el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá optó por revocar la protección tutelar transitoria
brindada por el juez de primera instancia al considerar que la vinculación
jurídica de las madres comunitarias con las entidades administradoras u
operadoras del programa de hogares comunitarios no supone una relación de
carácter laboral, en tanto su quehacer es resultado de una contribución
solidaria y eminentemente voluntaria.
2.2. La anterior postura daría cabida, prima
facie, a que el recurso de amparo constitucional entablado por la actora en
contra de la Asociación de
Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares
Comunitarios de Fontibón fuese
rechazado o decidido desfavorablemente, pues si no existe un vínculo de esa índole
entre las partes, mediado por la prestación personal del servicio, la
subordinación y la remuneración, mucho menos podría hablarse de la posibilidad de
hacer justiciable el reconocimiento de los principios mínimos fundamentales que
de dicha relación emanan, entre los que se destacan la estabilidad en el
empleo y otros elementos básicos señalados expresamente en el artículo 53
del Texto Superior.
2.3. Sin embargo, en criterio de la Sala, no
hay lugar a que se pronuncie tal declaración, comoquiera que, aun cuando con
anterioridad se reconocía que el vínculo de las madres comunitarias con los
hogares comunitarios de bienestar era de naturaleza contractual guiado
por las normas de derecho civil, hoy por hoy, gracias a la expedición de la
Ley 1607 de 2012 y el Decreto 289 de 2014, es de raigambre laboral regido
por el Código Sustantivo del Trabajo[39].
2.4. Desde luego, con la entrada en vigencia
de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria
y se dictan otras disposiciones” se creó el impuesto sobre la renta para la
equidad -CREE- y se fijó su destinación específica para costear los programas
de inversión social orientados de forma prioritaria a beneficiar a la población
usuaria más necesitada[40],
principalmente aquella a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, modificándose el mecanismo
de financiación de los programas de Bienestar Familiar del ICBF, “al pasar
de un régimen de parafiscalidad a un régimen económico sustentado en el
impuesto sobre la renta”[41].
2.5. En concreto, el artículo 36 de la
citada preceptiva dispuso que entre los años 2013 y 2014 se debía adjudicar transitoriamente
a las madres comunitarias una beca equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente, mientras se estructuraba una modalidad de vinculación que
permitiese su formalización laboral en clave de asegurar un nivel de
ingresos semejante que, en todo caso, no supusiera reconocerles la calidad de
funcionarias públicas[42].
El tenor literal de la norma en mención es el siguiente:
“ARTÍCULO 36. Durante el transcurso del año
2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a
un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años
2013, se diseñarán y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en
procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal
mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de
funcionarias públicas.
La segunda etapa para el
reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir
de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán
formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de
acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustitutas recibirán
una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número
de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes”.
2.6. Esta disposición fue reglamentada parcialmente
por el Decreto 289 de 2014[43],
con el objeto de avalar la vinculación laboral de las madres comunitarias con
las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar
mediante la suscripción de contratos de trabajo, a partir de los
cuales “contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código
Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las pautas que
regulan el Sistema de Protección Social”[44].
Allí se dejó por sentado, asimismo, que las madres comunitarias no adquirirán la
calidad de funcionarias públicas y que sus servicios habrán de ser prestados en
forma directa a las entidades administradoras del Programa de Hogares
Comunitarios, quienes “tienen la condición de único empleador, sin que se
pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF”[45] y,
en esa medida, deben constituir las garantías requeridas para el cumplimiento
de las obligaciones laborales y de protección social en su favor[46].
2.7. De ahí que se comprenda que en la
jurisprudencia constitucional sobre la materia se hayan manifestado, a lo largo
de los últimos años, tres reglas decisionales que han orientado la tramitación
de las controversias relacionadas con el régimen jurídico de vinculación de las
madres comunitarias: (i) en un primer momento, la Corte abordó el
estudio de las particularidades del nexo existente entre las madres
comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios
de bienestar para significar con aquel que se trataba de un tema puramente contractual
de origen civil ante el que no concurren los presupuestos requeridos para invocar
la vulneración del derecho al trabajo[47];
(ii) en seguida de lo cual llegó a advertir, frente a una misma hipótesis
fáctica, el surgimiento de una situación jurídica intermedia entre el trabajo
subordinado e independiente[48];
para, finalmente, reconocer, con apoyo en las modificaciones normativas recién
descritas, (iii) la vigencia de un régimen legal exclusivo de carácter
laboral sujeto a las previsiones del Código Sustantivo del Trabajo[49].
2.8. En ese orden de ideas, esta Sala de
Revisión avanzará en el examen formal y material del asunto en cuestión y, por
consiguiente, se remitirá a analizar algunas de sus especificidades con el fin
de delimitar el marco conceptual, normativo y jurisprudencial que eventualmente
habrá de ilustrar una posible solución frente a la salvaguarda constitucional
solicitada.
3.      Legitimación en la causa por activa
y por pasiva
3.1. Tal como lo prevé el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente,
de los particulares, en aquellos eventos prescritos en la ley[50].
3.2. En desarrollo del aludido mandato
superior, el Decreto 2591 de 1991[51],
en el artículo 10, definió los titulares de dicha acción[52], quienes podrán impetrar
el amparo constitucional, (i) bien sea en forma directa (el
interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un representante
legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de
promover su propia defensa); o por conducto (v) tanto del Defensor
del Pueblo como de los personeros municipales (facultados para intervenir en
representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos
haya autorizado expresamente su mediación o se adviertan situaciones de
desamparo e indefensión)[53].
La reseñada disposición señala lo siguiente:
“Artículo 10. Legitimidad e
interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.
También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
3.3. Así entonces, de cara al asunto sub
iudice, se tiene que la señora Luz Marina Alvarado Gaitán está legitimada
por activa en el marco de la presente acción de tutela[54], comoquiera que en ella
actúa directamente en defensa de sus propios intereses, con la finalidad de lograr
la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y
a la estabilidad laboral reforzada.
3.4. Por otro
lado, en lo atinente al
extremo procesal opuesto, es menester indicar que, en plena correspondencia con
los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[55],
la legitimación en la causa por pasiva exige el cumplimiento de dos
prerrequisitos. El primero de ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a
los cuales proceda el mecanismo de amparo y, el segundo, que la conducta que
genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o
indirectamente, con su acción u omisión[56].
3.5. En el caso concreto, la Asociación de
Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares
Comunitarios de Fontibón se encuentra legitimada como parte pasiva en el
trámite que se adelanta, en vista de su carácter de particular del cual se
predica la presunta inobservancia de las prerrogativas iusfundamentales en
discusión[57],
dada su calidad de empleador de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán por
cuenta del contrato individual de trabajo a término fijo superior a un año suscrito
entre las partes, relación jurídica en la que la actora estuvo subordinada a la
organización privada[58].
4.      Inmediatez
4.1. El texto del propio artículo 86
constitucional también connota la facultad de toda persona para reclamar ante
los jueces, “en todo momento y lugar”, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
de sus derechos fundamentales; disposición que aparece replicada en el artículo
1º del Decreto 2591 de 1991[59]
y que da cuenta, en principio, de la inexistencia de un término de caducidad
que limite o restrinja el ejercicio de la acción de tutela en virtud del paso
del tiempo[60].
4.2. Empero, suficiente se ha discurrido en
la dogmática elaborada por la Corte sobre la necesidad de exigir que la
interposición del recurso de amparo se acometa dentro de un plazo oportuno, esto
es, en un término razonable después de la ocurrencia de los supuestos que
motivan la afectación o amenaza de los derechos, en aplicación de lo que ha
sido llamado el principio de inmediatez[61].
4.3. Asimilado en la jurisprudencia
constitucional como uno de los requisitos para determinar la procedibilidad de
la acción de tutela, este Tribunal ha puesto de manifiesto que dicha pauta está
perfectamente anudada al objetivo que la Carta Política le atribuye, de brindar
una protección inmediata, “de manera que, cuando ello ya no sea posible por
inactividad injustificada del interesado, se cierra esa vía excepcional y es
preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a
esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve
y sumario que encarna tal acción”[62].
4.4. Operar sobre esa lógica implica aceptar
que la concomitancia que debe haber entre la solicitud protectiva y el supuesto
vulnerador de estas últimas, tiene por designio “impedir que este mecanismo de
defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia
o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad
jurídica”[63].
Cuestión que, ha enfatizado la Corte, incumbe evaluar atendiendo las singularidades
de cada caso concreto y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad[64].
4.5. De acuerdo con las precisiones que anteceden, y tomando
en consideración que la terminación del contrato de trabajo a término fijo
superior a un año aconteció el 31 de julio de 2018, en el asunto que se revisa se
encuentra plenamente acreditado el presupuesto de inmediatez, toda vez que el recurso
de amparo constitucional fue promovido el 20 de noviembre de 2018 por la señora
Luz Marina Alvarado Gaitán, de lo que se infiere un término razonable y
proporcional de menos de cuatro meses de diferencia, tal y como quedó
registrado en la parte inicial de esta providencia.
5.      Especificidades del caso por
resolver y delimitación del problema jurídico
5.1. Al hilo de lo expuesto en el acápite de
antecedentes, se tiene que, en esta oportunidad, se le atribuye a la Asociación
de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares
Comunitarios de Fontibón la transgresión de los derechos fundamentales
radicados en cabeza de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán, al dar por
terminado unilateralmente su contrato de trabajo sin haber pedido autorización previa
al inspector de trabajo por su estado de debilidad manifiesta, habida cuenta de
la enfermedad que padece.
5.2. Se trata, concretamente, del caso de una mujer de
avanzada edad a la que en desempeño de sus labores como madre comunitaria
le fue diagnosticado lupus eritematoso sistémico y que pese a ello estuvo
vinculada a una entidad administradora del Programa de Hogares Comunitarios de
Bienestar por medio de contrato de trabajo a término fijo superior a un año,
cuya desvinculación, a primera vista, tuvo lugar como consecuencia del
vencimiento del término de duración inicialmente pactado para la relación
laboral.
5.3. Esta perspectiva revela la condición de sujeto de
especial protección constitucional de la actora por razón de su situación de
salud, rasgo distintivo que la convierte en titular de la garantía legal
derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en la prohibición de
despido o de terminación de contrato salvo que medie autorización previa de la
Oficina del Trabajo, originalmente reconocida en favor de las personas discapacitadas
y extensible, por vía de la jurisprudencia constitucional, a cualesquier trabajador
puesto en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de afectaciones
en salud que le impiden o dificultan desempeñarse en sus labores en condiciones
regulares.
5.4. Por manera que la problemática de índole jurídica
que debe resolver esta Corporación, en sede de revisión, se contrae a la
necesidad de establecer si, efectivamente, la Asociación de Madres Comunitarias
y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón
quebrantó los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán, tras disponer
la no renovación de su contrato de trabajo y darlo por terminado de manera
unilateral y sin autorización del inspector del trabajo, no obstante que conocía
de su padecimiento y de los controles y tratamientos a los que venía
sometiéndose para sobrellevar su estado de salud, aduciendo, además del
vencimiento del plazo formalizado entre las partes, la existencia de una justa
causa amparada en la enfermedad crónica de la trabajadora, pues su curación no
fue posible durante 180 días.
5.5. Con tal propósito, le corresponde a la Sala repasar
la doctrina elaborada por la Corte no solo en materia de procedencia
excepcional de la acción de tutela para solicitar un reintegro cuando se trata
de preservar el derecho a la estabilidad laboral reforzada, sino también frente
al alcance de dicha prerrogativa tratándose de la protección constitucional y legal
de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o
indefensión por virtud de sus afecciones físicas, sensoriales o psicológicas, para
luego, finalmente, identificadas las subreglas y puestas en contraste
con los hechos materiales del caso que se revisa, ofrecer una respuesta al
cuestionamiento atrás enunciado[65].
6.      La procedencia excepcional de la
acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Reiteración de jurisprudencia
6.1. Reiterado está por la jurisprudencia constitucional
que la acción de tutela fue concebida como un instrumento de defensa judicial
para la protección inmediata de los derechos fundamentales al que la propia
Carta Política atribuyó un carácter subsidiario y residual[66], nota distintiva en
función de la cual no puede admitírsele como un mecanismo alternativo,
adicional o complementario de los previstos en el ordenamiento para garantizar
los derechos de las personas, pues con ella no se pretende sustituir los
procesos ordinarios o especiales y mucho menos aún, desconocer las acciones y
recursos inherentes a los mismos para controvertir las decisiones que se
profieran[67].
6.2. Y es que esa particular condición
supletiva, claramente expresada en el artículo 86 Superior, ha enfatizado la
Corte, además de reconocer la naturaleza preferente de los diversos mecanismos
judiciales establecidos por la ley[68],
convirtiéndose en la regla general de resolución de los conflictos jurídicos
relacionados con derechos fundamentales, permite interpretar que el ejercicio
del recurso de amparo constitucional sólo es procedente de manera excepcional,
cuando no existan otros medios de protección a los que se pueda acudir, o aun
existiendo éstos, se compruebe su ineficacia en relación con el caso concreto o
se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[69].
6.3. Teniendo como fondo las precisiones
que anteceden, es apenas lógico que, por ejemplo, tratándose de controversias
relacionadas con solicitudes de reintegro formuladas por trabajadores que han
sido despedidos o sus contratos de trabajo terminados unilateralmente, esta
Corte haya sido consistente en sostener la regla de improcedencia general de la
acción de tutela para resolver asuntos de esa índole, sobre la base elemental de que el
ordenamiento jurídico ha diseñado un sistema de control judicial mediante acciones
y recursos ordinarios -demanda ordinaria laboral o medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, según se trate de la naturaleza del
vínculo- que admiten su cuestionamiento, debido a que su carácter es
eminentemente litigioso[70].
Basta fijarse, como ya se anticipó, en el
numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 “Por la cual se reforma el
Código Procesal del Trabajo”, que habilita a la jurisdicción ordinaria, en
sus especialidades laboral y de seguridad social, para conocer de toda suerte
de “(…) conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el
contrato de trabajo”. No ha de olvidarse tampoco, por otra parte, que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instituido en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[71], faculta a
quien se crea lesionado en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
a impetrar la declaratoria de nulidad del acto administrativo particular y
concreto, y a que se le reestablezca su derecho.
De esta suerte, los mecanismos acabados
de mencionar hacen parte del elenco de dispositivos legales cualificados al que
todas las personas -en condición de usuarios- deben acudir, preferentemente,
para garantizar la protección de sus derechos constitucionales, incluyendo los
de raigambre fundamental, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por empresas
privadas o autoridades públicas que funjan como empleadores, en tanto son los
cauces a través de los cuales las partes, en últimas, pueden desplegar más
ampliamente las diferentes garantías de orden procesal, encaminadas a demostrar
el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jurídico persiguen.
6.4. Ahora bien, no obstante lo anterior,
es de mérito advertir que tal aproximación conceptual no está planteada en
términos absolutos, comoquiera que en la misma jurisprudencia constitucional se
ha atemperado el criterio de improcedencia atrás descrito en los escenarios
constitucionales específicos que involucran sujetos que afrontan circunstancias
de debilidad manifiesta o indefensión, como es el caso de las mujeres en estado
de embarazo o en periodo de lactancia, los trabajadores aforados y las personas
con afecciones de salud o que presentan condiciones permanente de discapacidad,
en atención a que los medios ordinarios podrían no resultar idóneos ni eficaces
para prodigar una protección inmediata a los derechos fundamentales
presuntamente amenazados o transgredidos. Derrotero
que, según evidencian las fórmulas de decisión acogidas en causas similares, ha
servido para perfilar de mejor manera los parámetros a partir de los cuales se
ha admitido, por vía de excepción, el empleo de la acción de tutela en orden a
obtener un reintegro para salvaguardar el fuero especial de estabilidad laboral[72].
Así lo ha destacado frecuentemente este Tribunal, al
considerar que “[l]a acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro laboral, sin
miramientos a la causa que generó la terminación de la vinculación respectiva,
al existir como mecanismos establecidos la jurisdicción ordinaria laboral o la
contencioso administrativa, según la forma de vinculación del interesado, salvo
que se trate de sujetos en condición de debilidad manifiesta, como aquéllos
a quienes constitucionalmente se les protege con una estabilidad laboral
reforzada, a saber, los menores de edad, las mujeres en estado de embarazo o
durante la lactancia y, como se verá, el trabajador discapacitado” [73] (Subrayas y negrilla fuera de texto).
Esto último quiere decir que, aun cuando no existe un
derecho a conservar el empleo o a permanecer indefinidamente en él, al tratarse
de sujetos que, por su situación contextual, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad, el escrutinio de las reglas
de procedencia formal de la acción de amparo habrá de flexibilizarse o ser
menos estricto, pues en este tipo de casos quien funge como su promotor “experimenta una dificultad
objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales
que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[74]. Labor que, por lo demás, le concierne directamente al
juez de tutela en cada caso particular, con miras a determinar cuándo ese dispositivo preferente
es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para prodigar una solución
inmediata, circunstancias en las cuales el recurso de amparo constitucional se
impone, indefectiblemente, como mecanismo directo de protección[75].
6.5. Siguiendo este referente argumental
podría declararse, entonces, que si bien en principio la acción de tutela ejercida
por la señora Luz Marina Alvarado Gaitán, a fuerza de la aplicación del
presupuesto de subsidiariedad, resulta improcedente, acudir al medio ordinario
de defensa judicial, cual es, para esta coyuntura, un proceso laboral con la
finalidad de que allí se examine la validez de la terminación de su contrato de
trabajo y, consecuencialmente, se decrete su reintegro, puede ser desproporcionado.
Esto último, habida cuenta del grado de efectividad que el procedimiento laboral
propiamente dicho brinda para contrarrestar de manera integral las particulares
circunstancias que afronta, si se repara en el hecho de que se trata de una
mujer de avanzada edad susceptible de especial protección constitucional por
razón de su situación de salud -diagnosticada con lupus eritematoso
sistémico, vasculitis anca negativo, tromboembolismo pulmonar, diabetes
mellitus e hipotiroidismo- que dependía por completo de los ingresos que
percibía a título de remuneración por sus servicios prestados como madre
comunitaria, que claramente se halla por fuera del mercado laboral y que no
cuenta con recursos propios o rentas fijas que le permitan satisfacer sus
necesidades básicas más esenciales, las cuales cifra, hoy por hoy, en el apoyo
económico que le brindan sus hijos mayores de edad y, a la postre, en el
eventual reconocimiento y pago a su favor de una prestación económica justificable
en la finalización del trámite de calificación de su pérdida de capacidad
laboral, dada la existencia de un reporte de evolución médica no favorable.
En otras palabras, las herramientas
dispuestas por las normas procesales laborales, al revestirse de una mayor
complejidad en el desarrollo de sus etapas, no responden adecuadamente a la dimensión
constitucional que subyace al problema jurídico contenido en la demanda
suscitada por la actora para obtener el amparo material no solo de su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada, sino también de su mínimo vital
y de su vida digna, igualmente afectados en clave del contexto actual de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta agravado por su desempleo.
Evaluada así la idoneidad y eficacia del
medio ordinario preferente, ha de concluirse que la acción tuitiva de los
derechos fundamentales es procedente para reivindicar la pretensión desplegada en
el presente juicio como mecanismo definitivo, principal y perentorio de amparo,
motivo por el cual resta verificar, según ya se había anunciado, las subreglas
decantadas en la jurisprudencia constitucional en torno al alcance normativo
del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de
debilidad manifiesta o indefensión por cuenta de sus afecciones físicas, sensoriales
o psicológicas, como base de análisis para el caso concreto.
7.      El alcance normativo del derecho a
la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de sus afecciones físicas,
sensoriales o psicológicas. Reiteración de jurisprudencia
7.1. El artículo 53 de la Constitución Política de 1991 consagra
un principio mínimo fundamental en materia laboral cuyos contornos deben ser delineados
por el legislador en el ámbito de su libertad de configuración normativa y que
tiene que ver con garantizar, sea cual fuere la modalidad, forma o vínculo de
la relación de trabajo, la estabilidad en el empleo[76]. Este mandato, a la vez que busca asegurar
a los trabajadores una certeza mínima frente a la conservación de su
alternativa laboral, se orienta por prevenir las decisiones arbitrarias de los
empleadores que, sin invocar una justa causa para el despido o sin indemnizar al
desvincular injustificadamente, pretenden poner fin a una relación laboral[77].
7.2. Conviene anotar, sin embargo, que la
jurisprudencia de esta Corte también ha expresado que la estabilidad laboral
reforzada, como derecho de estirpe constitucional, encuentra claro fundamento
de principio en una interpretación sistemática y finalista de los artículos 1[78], 13[79],
25[80], 47[81], 48[82], 54[83] y 93[84] Superiores
y se sustenta en diversos instrumentos de derecho internacional[85] como las (i)
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad[86],
(ii) la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad[87] y (iii)
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad[88],
con sus respectivos organismos de control y promoción[89],
erigiéndose así la obligación preferente para el Estado colombiano “de
ofrecer, no solo una protección especial a las personas que se encuentran en
situación manifiesta de debilidad física o psíquica, sino garantizarles que
puedan alcanzar su rehabilitación o una integración social, mediante una
atención especializada, adoptando medidas en su favor”[90].
7.3. Como efecto expansivo, si se quiere,
de las aludidas normas constitucionales, fueron materializadas por el
legislador diversas medidas de asistencia y protección, principalmente, a través
de las Leyes 361 de 1997[91],
762 de 2002[92],
982 de 2005[93],
1145 de 2007[94],
1306 de 2009[95],
1346 de 2009[96],
1618 de 2013[97]
y 1752 de 2015[98],
en el interés de impulsar la formulación e implementación de políticas públicas
cuyo enfoque diferencial coadyuve a eliminar la discriminación, combatir la
marginación social y promocionar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales de las personas en situación de discapacidad[99].
7.4. La Ley 361 de 1997[100],
verbigracia, introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano múltiples mecanismos
con el objeto de lograr la total integración social de las personas en
situación de discapacidad en el ámbito educativo, de bienestar social y de
accesibilidad[101],
incluyendo disposiciones en materia laboral dirigidas, entre otras, a: (i)
crear fuentes de trabajo, (ii) establecer programas de empleo protegido
en aquellos eventos en que la situación de discapacidad no permita la inserción
al sistema competitivo, (iii) permitir su acceso en igualdad de
condiciones a los programas de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje y
a los concursos para ingreso al servicio público, así como (iv) brindar garantías
crediticias y arancelarias a particulares empleadores que los vinculen
laboralmente[102].
7.5. Para lo que interesa al presente juicio, cabe traer
a colación la cláusula de “no discriminación a personas en situación de
discapacidad” prevista expresamente en el artículo 26 de dicha preceptiva[103],
que dispone lo siguiente:
“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato
terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito
previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (Subrayas y negrilla fuera de texto)[104].
Este artículo fue objeto de escrutinio por
parte de este Tribunal en la Sentencia C-531 de 2000[105], a causa de una
demanda de inconstitucionalidad promovida en contra de sus incisos 1º (parcial)
y 2º, por transgredir aparentemente tanto el preámbulo como los artículos 1, 2,
13, 16, 25, 47, 53, 54, 95 y 333 de la Carta Política, al permitir los despidos
de personas en situación de discapacidad con autorización de la oficina del
Trabajo y aun, en ausencia de esta, con la respectiva indemnización a cargo del
empleador. En dicho pronunciamiento, esta Corporación, luego de repasar la
protección superior de los discapacitados dentro de un Estado Social de Derecho
y de precisar su alcance en el ámbito laboral conforme a los principios de
respeto a la dignidad humana, igualdad y solidaridad, declaró la exequibilidad condicionada
del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que carece
de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona
por razón de su discapacidad sin que exista autorización previa de la oficina
de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa
para ello.
A esa conclusión arribó al estimar que la
antedicha fórmula indemnizatoria resultaba constitucionalmente problemática en
razón de su insuficiencia práctica para garantizar la estabilidad laboral
reforzada como derecho fundamental predicable de los trabajadores en situación
de discapacidad. Por manera que el pago que recae en tal concepto no tenía la
virtualidad de convertir el despido o la terminación del contrato en eficaz, si
este no se había efectuado con previa autorización del Ministerio del Trabajo,
y antes que una alternativa para despedir sin justa causa a un trabajador discapacitado,
constituía una sanción adicional para el empleador que actuaba contraviniendo las
especiales prerrogativas de las que era destinatario.
7.6. Como se puede apreciar, en el contexto de la reseñada
disposición y de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional, deberá entenderse que la persona en situación de discapacidad es
titular del denominado derecho a la estabilidad laboral reforzada[106].
Lo anterior se traduce en que el empleador no podrá despedir o dar por
terminado el contrato de trabajo de una persona discapacitada, calificada como
tal por las autoridades competentes, por razón de su situación de salud y sin
autorización de la oficina del trabajo, so pena de que su actuación sea
ineficaz y cause el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario
en favor de aquella.
Así pues, si bien la ley en comento contempla una
protección específica para la población con discapacidad, la cual, dadas sus
condiciones físicas, sensoriales o psicológicas se encuentra realmente en estado
de debilidad manifiesta, a fin de evitar su discriminación en el ámbito laboral,
es importante señalar que esta Corporación ha hecho extensiva la salvaguarda
mencionada a todos aquellos trabajadores que, de ser despedidos o
desvinculados, quedarían sumidos en una completa situación de indefensión, como
son aquellos que han sufrido menguas en su salud o en su capacidad general para
desempeñarse laboralmente[107].
Ha sido sobre las anteriores consideraciones que esta
Corte ha desarrollado una línea de interpretación con alcance general que se
mantiene invariable en la jurisprudencia y que cada Sala de Revisión se ha
servido replicar, con algunos matices, en los recursos de amparo en los que se
evidencia el desconocimiento del derecho a la estabilidad laboral reforzada de
trabajadores que fueron desvinculados o despedidos por presentar afecciones en
su salud[108].
Para ilustrar lo expuesto basta con citar, entre muchas otras, las Sentencias T-378
de 2013[109],
T-899 de 2014[110],
T-420 de 2015[111],
T-461 de 2015[112],
T-521 de 2016[113],
T-632 de 2016[114],
T-589 de 2017[115],
T-494 de 2018[116],
T-041 de 2019[117],
T-620 de 2019[118]
y T-052 de 2020[119].
7.7. Otro aspecto por destacar del itinerario
argumental que se esboza en esta oportunidad es el referente a la presunción de
discriminación que pesa sobre los despidos de personas que sufren serias
afectaciones de salud en desarrollo de las actividades que realizan en el
ámbito laboral, frente a lo cual la propia Corte ha sostenido que, “en
virtud de la aplicación directa de la Constitución, constituye un trato
discriminatorio el despido de un empleado en razón de la enfermedad por él
padecida”[120].
Criterio que, por lo demás, se ha decantado en la jurisprudencia como efecto de
la dificultad práctica que tiene el trabajador para probar que la terminación
unilateral de su contrato laboral se produjo a causa de la disminución en sus
condiciones de salud. En ese orden de ideas, esta Corporación tiene establecido
que “el hecho de que un empleador despida sin justa causa, y sin permiso del
Ministerio de la Protección Social, a un empleado en condición de debilidad
manifiesta, permite presumir que la causa del despido fue tal situación,
[y] aunque el trabajador debe aportar, por lo menos, prueba sumaria de este
hecho (…)”[121],
es el empleador sobre quien recae el deber de probar que la razón del despido
no tiene ninguna conexión con la merma en la salud del trabajador[122] o
que se han agotado todas las posibilidades dentro de lo razonable para poder
mantenerlo en la empresa, con lo cual se configura objetivamente una justa
causa de las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo[123].
7.8. Dando por sentado lo anterior, la protección
especial de quienes por su condición económica, física o mental, se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta o de indefensión, implica la
titularidad de la prerrogativa iusfundamental a la estabilidad laboral
reforzada[124],
esto es, “(i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en
razón de su situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se
configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que
el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido
con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda
ser considerado eficaz”[125].
Estos elementos esenciales son reconocidos independientemente de la modalidad contractual adoptada por
las partes.
7.9. Ahora bien, tratándose de los contratos
a término fijo reglados en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo[126], en los que estén
envueltos sujetos de especial protección constitucional, no es suficiente con
el vencimiento del plazo o de la prórroga para dotar de eficacia a la
terminación unilateral del contrato[127], pues mientras subsista la causa que lo originó -materia
del trabajo- y se demuestre que el trabajador ha cumplido con las
responsabilidades asignadas -cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones-,
no hay lugar a la ruptura del vínculo laboral. Solo así, se refrenda, de un
lado, la efectividad del principio de estabilidad laboral en cuanto expectativa
cierta y fundada del trabajador de mantener su empleo si observa las
condiciones prestablecidas en el contrato y la ley, y por otro, se favorece la
realización del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral.
De ahí que sea imprescindible acudir a la oficina del
Trabajo para obtener la autorización necesaria para dar por terminado el
contrato al vencimiento del plazo inicialmente pactado o de una de las
prórrogas, ya que, como bien se acabó de asegurar, ello no es suficiente, por
sí mismo, para darlo por terminado[128].
Recuérdese que la función de dicha oficina es la de verificar la situación
fáctica alegada por el empleador, de modo que se compruebe que el despido no se
produzca como consecuencia de la particular situación de salud del empleado.
7.10. Por otra parte, respecto de la justa causa para
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del
empleador, atinente a “la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador,
que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o
lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible
durante 180 días”[129],
debe puntualizarse que esta Corporación, por obra de la Sentencia C-200 de 2019[130],
declaró su exequibilidad condicionada[131],
en el entendido de que carece de todo efecto jurídico el
despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona por razón de
su situación de salud, cuando no exista autorización previa del inspector
de trabajo[132].
Ciertamente, para la Corte Constitucional, la especial
protección que conlleva la estabilidad laboral reforzada no puede, en modo
alguno, desvirtuarse por la aplicación automática de la causal de terminación
del contrato prescrita en el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo
del Trabajo. En ese sentido, si un trabajador cumple 180 días de incapacidad, el
empleador tiene prohibido ejercer la facultad de despido de manera inmediata, máxime,
cuando lo primero que debe hacer es seguir el procedimiento previsto en el artículo
142 del Decreto 019 de 2012, alusivo al pago de incapacidades y a la emisión del
concepto de rehabilitación para, posteriormente, evaluar la posibilidad de
reintegrarlo a un cargo acorde con sus capacidades y solo, “(…) en caso de
que esto sea imposible, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
debe darle la oportunidad al trabajador de proponer soluciones razonables a
dicha situación y solicitar autorización de la Oficina de Trabajo para despedir
al trabajador por esta justa causa”[133].
7.11. Definido el marco normativo y jurisprudencial en el que se
desenvuelve el asunto bajo estudio, esta Sala se ocupará de resolver el
cuestionamiento propuesto como problema jurídico.
8.      Caso concreto
8.1. Teniendo en cuenta los supuestos
fácticos que se hallan acreditados en el expediente, se tiene que la señora Luz
Marina Alvarado Gaitán estuvo vinculada a la Asociación de Madres Comunitarias
y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón
mediante un contrato a término fijo por 15 meses y 28 días, a partir del tres
de abril de 2017 para desempeñarse como madre comunitaria con una remuneración
equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de
contratación.
Luego de haberse incorporado a la referida
asociación, la señora Alvarado Gaitán fue diagnosticada con lupus
eritematoso sistémico, por lo que tuvo que someterse de inmediato a un tratamiento permanente para contrarrestar la
enfermedad. De hecho, en vigencia del contrato de trabajo suscrito se generaron
en su favor sucesivas incapacidades médicas que se prolongaron más allá de 308
días, con corte al 31 de julio de 2018, fecha pactada entre las partes para la
expiración del vínculo contractual.
La asociación empleadora, sin embargo, resolvió
informarle a su trabajadora sobre la terminación definitiva de su contrato pese
a que esta previamente conocía de su estado de salud, alegando
no solamente que no prorrogaría el término inicialmente estipulado en aquel, amparada
en las previsiones normativas contenidas en los numerales 1º y 2º del artículo
46 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que había dado aplicación automática
a la facultad legal prevista en el numeral 15 del literal A) del artículo 62
del mismo ordenamiento, consistente en dar por terminado unilateralmente el
contrato a raíz de una enfermedad de origen común cuya curación no haya sido
posible durante 180 días. Esta situación llevó, entonces, a que la señora
Alvarado Gaitán formulara acción de tutela en búsqueda de la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la estabilidad
laboral reforzada, producto de lo cual fuese reintegrada al cargo que ocupaba
en la Asociación.
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, en primera instancia, concedió el amparo constitucional
transitorio de las garantías fundamentales invocadas por la actora y, por
consiguiente, ordenó el restablecimiento de su relación contractual, en la
misma modalidad y condiciones, debiéndosele cancelar, además, los salarios
dejados de percibir desde el 31 de julio de 2018 y hasta que se haga efectivo
el reintegro, mientras acude a la jurisdicción ordinaria con la finalidad de
que resuelva en forma definitiva sobre el litigio presentado, en el que se le
dio por terminado el contrato de trabajo en pleno tratamiento médico. El
Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por
el contrario, revocó dicha decisión bajo la tesis de que la vinculación
jurídica de las madres comunitarias en entidades administradoras u operadoras
del Programa de Hogares Comunitarios no comportaba relación laboral con las
asociaciones organizadas para la ejecución de dicha labor, en la medida en que
se trataba de un trabajo solidario y una contribución estrictamente voluntaria.
8.2. Valoradas las anteriores circunstancias
contextuales y habiéndose despejado como cuestión previa la inquietud propuesta
por la autoridad judicial de segunda instancia en relación con la formalización
laboral de las madres comunitarias, le corresponde a la Sala definir si la
Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa
Hogares Comunitarios de Fontibón desconoció el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán, al dar por terminado su
contrato de trabajo de manera unilateral y sin autorización del inspector de
trabajo, pese al conocimiento que tenían sobre su padecimiento y el tratamiento
médico que venía recibiendo para contrarrestar sus efectos nocivos. En otras
palabras, habrá de establecerse si la terminación del contrato de trabajo se
produjo desatendiendo la condición de debilidad manifiesta e indefensión de la
accionante o si, a pesar de ello, en realidad, se suscitó por causas objetivas,
cuales son la expiración del término pactado en el contrato y la enfermedad de
origen común cuya curación no haya sido posible durante 180 días.
8.3. Para responder a la problemática recién
planteada, ha de traerse a colación las consideraciones expuestas a lo largo de
la presente providencia, en las que se reveló la importancia de la estabilidad
laboral reforzada como una garantía iusfundamental de origen
eminentemente constitucional, cuyo alcance ha sido precisado en la
jurisprudencia de esta Corporación al punto de irradiar material y
axiológicamente por completo, el ámbito de la ley. Es así como el artículo 26
de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de la personas en situación de discapacidad y se dictan otras
disposiciones”, que originalmente impuso una prohibición dirigida en forma
exclusiva a proteger específicamente a la población discapacitada, en el
sentido de que ellos no podrían ser despedidos o sus contratos de trabajo
terminados salvo que lo autorizara la oficina de trabajo, se hizo extensiva a
todos los trabajadores que, habiendo sido despedidos o desvinculados, se
encontraran en circunstancias de incapacidad, debilidad manifiesta o de
indefensión a causa de la desmejora en su estado de salud.
De igual forma, la jurisprudencia de esta Corte ha desarrollado
en este tipo de casos una presunción de discriminación como resultado de la
dificultad práctica que tiene el trabajador para probar que la terminación
unilateral de su contrato laboral tuvo como trasfondo la disminución de sus
condiciones de salud. De ahí que cuando un empleador despida sin justa causa y
sin autorización del inspector de trabajo a un empleado en situación de
debilidad manifiesta se presuma que la causa del despido obedeció a tal
circunstancia, debiendo aquel acreditar que su decisión no tuvo conexión alguna
con la merma en la salud del trabajador.
Pero a más de lo anterior, la protección que ofrece el
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada implica no solamente el
derecho a conservar el empleo y a no ser despedido en razón de una situación de
vulnerabilidad, sino que también comprende la garantía de permanecer en él
hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación y a
que sea el inspector de trabajo quien autorice el despido con fundamento en la
verificación de dicha causal, con el propósito de que el mismo pueda ser
considerado eficaz.
Específicamente, respecto de los contratos de trabajo
a término fijo, no basta con el vencimiento del plazo o de la respectiva
prórroga para dotar de eficacia a la terminación unilateral del contrato de una
persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, pues siempre que
subsista la causa que lo originó y se demuestre el cabal cumplimiento de las
responsabilidades asignadas por parte del empleado, no hay lugar a la ruptura
del vínculo laboral. De ahí la importancia de comparecer ante el inspector del
trabajo a fin de obtener la correspondiente autorización para dar por finiquitado
el vínculo contractual con antelación a la fecha de vencimiento del término
estipulado o de una de sus renovaciones, con lo cual se verifica que el despido
no fue producto de la particular situación de salud del empleado.
Algo similar ocurre en el evento de la justa causa
para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del
empleador que hace referencia a la enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para trabajar, cuya curación no haya sido
posible durante 180 días, dado que su aplicación no puede operar de manera
automática, so pena de que carezca de todo efecto jurídico el despido o la
terminación del vínculo contractual de una persona por razón de su situación de
salud cuando no exista autorización previa del inspector de trabajo. A este
respecto, el empleador debe seguir el procedimiento previsto en el artículo 142
del Decreto 019 de 2012 que alude al pago de incapacidades y a la emisión del
concepto de rehabilitación para así reintegrarlo a un cargo acorde con sus
capacidades. Solo en el evento de que esto sea imposible, el empleador tendrá
la posibilidad de proponer soluciones razonables a dicha situación y solicitar
autorización de la oficina de trabajo para despedir al empleado por esta justa
causa.
8.4. Pues bien, una vez efectuado el repaso de los
anteriores temas y retomando el hecho de que la actora fue desvinculada por la
Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del Programa
Hogares Comunitarios de Fontibón de las labores de madre comunitaria hallándose
incapacitada a causa del tratamiento médico del lupus eritematoso sistémico que
padece, es claro para esta Sala de Revisión que la señora Alvarado Gaitán se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta por razón de su situación de
salud que la convertía en titular del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada.
El anterior escenario era suficientemente conocido por
la empresa demandada, en atención a que, como ya se dejó en claro, apenas un
tiempo después de haberse incorporado a sus labores, la actora fue objeto de
sucesivas incapacidades médicas que se siguieron causando incluso más allá de
la fecha de vencimiento del contrato de trabajo a término fijo superior a un
año suscrito inicialmente y que superaron los 308 días. En este punto, cabe recordar
que la asociación empleadora procedió a finalizar el vínculo contractual sin
efectuar las respectivas valoraciones por concepto de medicina laboral y con la
prescindencia de la
correspondiente autorización previa por parte del inspector de trabajo,
arguyendo al efecto que en los eventos en que existía justa causa para el
despido no había lugar a adelantar dicho requerimiento.
En este orden de ideas, ni el vencimiento
del término estipulado en el contrato de trabajo a término fijo superior a un
año ni el cumplimiento de un periodo superior a 180 días continuos de incapacidad
de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán por razón de su enfermedad le otorgaban
facultad alguna a su empleador para que, por sí solo, diera por terminado
unilateralmente la vinculación laboral por justa causa. Es decir, tal
prerrogativa no es absoluta ni puede ser ejercida irrazonablemente por aquel, comoquiera
que tenía la obligación de seguir el procedimiento establecido en el artículo
142 del Decreto 019 de 2012, referente al pago de incapacidades y a la emisión
del respectivo concepto de rehabilitación.
Aunado a ello, interesa poner de
manifiesto que la señalada asociación tampoco aportó los elementos probatorios
necesarios y suficientes para desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio que se configura en este caso y, antes bien, se limitó a
afirmar, entre otras cosas, que la terminación unilateral del contrato de
trabajo de la actora se explicaba en una prescripción médica en la que se le recomendaba
no tener ningún tipo de relación cercana con menores de edad por la índole
contagiosa de su enfermedad.
8.5. Por lo hasta aquí consignado, esta
Sala de Revisión revocará en su integridad la providencia proferida en segunda
instancia por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá y, en su lugar, confirmará parcialmente el fallo dictado
en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, solamente en cuanto concedió la
protección constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna, al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Luz Marina
Alvarado Gaitán, lo cual, en esta providencia, se hará de manera definitiva.
Con todo, para efectos de adoptar las
correspondientes órdenes de restablecimiento de los referidos derechos habrá de
tenerse en cuenta, por un lado, que en la historia clínica de la señora Luz
Marina Alvarado Gaitán obra un concepto de rehabilitación médica no favorable
que da cuenta de su estado de salud actual y del alto grado de afectación de
las aptitudes y condiciones en que podría trabajar sin sufrir ningún riesgo en
razón a su padecimiento crónico, y por otro, que tal y como lo apuntó la propia
actora en su comunicación enviada en el transcurso del trámite de revisión, a
pesar de que fue archivada en una primera oportunidad la documentación que
radicó para que se diera inicio a los trámites administrativos requeridos para
la calificación de su pérdida de calificación laboral, activó nuevamente las
diligencias correspondientes ante la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-, entidad adscrita al régimen de prima media con prestación
definida a la que se encuentra afiliada desde el 16 de abril de 1975[134] y que
tiene a su cargo, por virtud de lo expresamente dispuesto en el artículo 142
del Decreto 019 de 2012[135], la evaluación de la pérdida de
capacidad laboral y la calificación del grado de invalidez, así como el origen
de estas contingencias.
En esa misma dirección, es dable advertir
que no existen en el expediente elementos de juicio que permitan a esta Sala
conocer si ya se determinó la eventual pérdida de capacidad laboral de la
actora, si se calificó su grado de discapacidad y el origen de esta
contingencia.
En tales condiciones, aun cuando cabe declarar
la ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo a término
fijo superior a un año por parte de la asociación empleadora, al no haber
mediado autorización previa de la oficina de trabajo, se evidencia la
imposibilidad fáctica de disponer el reintegro de la señora Luz Marina Alvarado
Gaitán a las labores que desempeñaba como madre comunitaria o a otra actividad
de similares o mejores condiciones e, incluso, de que esta proponga alguna otra
alternativa de solución razonable, debido a las condiciones de salud actuales
que la aquejan, no obstante que hoy en día persisten los elementos que dieron
origen a su vinculación -las funciones adelantadas por la trabajadora durante
su vínculo laboral, la continuidad en la prestación del servicio por parte de
la Asociación de Madres Comunitarias y Padres Usuarios Manos Unidas del
Programa Hogares Comunitarios de Fontibón, y la coincidencia entre la
terminación del vínculo contractual y las sucesivas incapacidades médicas
reconocidas a la accionante que muestran un criterio de discriminación-.
Por este motivo, y atendiendo al hecho de
que son sus hijos quienes con sus propios recursos mantienen su afiliación como
independiente activa, la Sala de Revisión optará por ordenar a la mencionada asociación
que garantice la continuidad de la vinculación de la
señora Luz Marina Alvarado Gaitán al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y Pensiones, mediante el pago de los respectivos aportes, por el término que esta requiera mientras se finiquita el trámite
administrativo de calificación de su pérdida de capacidad laboral, con
independencia de su resultado. Esto significa que dicho gravamen cesará una vez
la entidad competente lleve
a cabo hasta su culminación el respectivo proceso de calificación, en el cual
se determine con carácter definitivo el origen y grado de su discapacidad, así
como el eventual reconocimiento y pago de una prestación económica. Lo anterior, con base
en el principio de solidaridad, el cual prescribe el deber positivo de “socorrer
a quien padece la necesidad, con medidas humanitarias”[136] y el
objetivo de garantizarle al sujeto de especial protección constitucional que no
se encuentre desprovisto de los servicios de salud necesarios, de manera que el
tratamiento médico de su enfermedad no pueda suspenderse o ponerse en riesgo.
8.6. Finalmente, respecto de
la eventual cancelación de salarios y prestaciones sociales que legalmente le
correspondan a la actora desde cuando se produjo la terminación unilateral del
contrato de trabajo, así como de la indemnización establecida en el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de
salario, esta Sala de Revisión advierte que dicho reconocimiento, que no fue
pretendido por esta vía, puede ser requerido ante la jurisdicción ordinaria
laboral, en el entendido de que, conforme a los presupuestos fácticos que
respaldan el asunto y la jurisprudencia constitucional en la materia, la acción
de tutela no resulta ser el medio de defensa judicial preferente, en línea de
principio, para resolver sobre cuestiones de carácter económico.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO-. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, el
fallo proferido el 14 de febrero de 2019 por el Juzgado Veintiuno Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y, en su lugar, CONFIRMAR
PARCIALMENTE el dictado el 11 de diciembre de 2018 por el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, solamente en cuanto concedió la
protección constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna, al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Luz Marina Alvarado
Gaitán.
SEGUNDO-. ORDENAR a la Asociación de Madres Comunitarias y Padres
Usuarios Manos Unidas del Programa Hogares Comunitarios de Fontibón que garantice la continuidad de la
vinculación de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Pensiones, mediante el pago de los respectivos
aportes, por el término que esta requiera mientras se finiquita el trámite
administrativo de calificación de su pérdida de capacidad laboral, con
independencia de su resultado. Esto significa que dicho gravamen cesará una vez
la entidad competente lleve a
cabo hasta su culminación el respectivo proceso de calificación, en el cual se
determine con carácter definitivo el origen y grado de su discapacidad, así
como el eventual reconocimiento y pago de una prestación económica.
TERCERO-. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la página web de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ver contenido del contrato individual de trabajo a término fijo suscrito entre
las partes en folios 5 a 8 del cuaderno No. 1 del expediente.
[2]
Además de la reseñada patología, a la actora se le prescribió en la misma fecha
“tromboembolismo pulmonar”, “diabetes mellitus” e “hipotiroidismo”.
Ver concepto de rehabilitación integral rendido por el médico tratante el 7 de
noviembre de 2018 en folios 13 y 14 del cuaderno No. 1 del expediente.
[3]
Ver certificación expedida el 30 de octubre de 2018 por la Caja de Compensación
Familiar Compensar en la que consta el trámite de reconocimiento de las incapacidades
prescritas por el término de 308 días contados a partir del 25 de septiembre de
2017 y con corte hecho al 31 de julio de 2018, fecha de terminación del vínculo
laboral, en folios 11 y 12 del cuaderno No. 1 del expediente.
[4]
Ver notificación de la terminación del contrato de trabajo en el folio 9 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[5]
“Artículo 46. Contrato a término fijo. <Artículo subrogado por el
artículo 3o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El
contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su
duración no puede ser superior a tres años, pero es
renovable indefinidamente.//1. Si antes de la fecha del vencimiento del término
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su
determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a
treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al
inicialmente pactado, y así sucesivamente.//2. No obstante, si el término fijo
es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el
contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los
cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así
sucesivamente (...)”.
[6] Ver acápite de fundamentos de derecho de la
demanda en folios 2 y 3 del cuaderno No. 1 del expediente.
[7] La señora Luz Marina Alvarado Gaitán sustenta su
acción de tutela a partir de algunas consideraciones jurídicas vertidas en la Sentencia
T-041 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] “Artículo 26. No discriminación a persona
en situación de discapacidad. En ningún caso la discapacidad de una persona
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.//No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
[9]
Ver copia simple de la Cédula de Ciudadanía de la demandante en el folio 10 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[10] Ver historia clínica y reportes de evolución médica y seguimiento
de la señora Luz Marina Alvarado Gaitán en folios 15 a 118 del cuaderno No. 1
del expediente.
[11] Ver acápite de pretensiones de la demanda en el folio 2 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[12] Ver folios 120 a 124 y 145 a 149 del cuaderno No. 1 del expediente.
[13] Ver intervención de la entidad en folios 125 a 144 del cuaderno No.
1 del expediente.
[14] “Artículo 61. Terminación del contrato. 1. El contrato de
trabajo termina: (…) c) Por expiración del plazo fijo pactado (…)”.
[15] “Artículo 62.
Terminación del contrato por justa causa. <Artículo modificado por el artículo
7o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> Son justas causas para dar por
terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del empleador:
(…) 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga
carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo
incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento
ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al
vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones
legales y convencionales derivadas de la enfermedad (…)”.
[16] Para la representante legal de la asociación demandada el pedimento
de la señora Alvarado Gaitán no tiene ningún asidero jurídico, “por cuanto
la terminación de su contrato de trabajo fue el resultado, en primer lugar, de
la extinción del periodo fijo convenido, lo cual se dio a conocer con la debida
antelación y, en segundo lugar, del estado de incapacidad extendida más allá de
180 días, consecuente con el padecimiento de una enfermedad de origen común”.
[17] Ver intervención de la entidad en el folio 150 del cuaderno No. 1
del expediente.
[18] Ver folios 153 a 156 del cuaderno No. 1 del expediente.
[19] De igual forma, el operador jurídico
resolvió advertir a la asociación que el incumplimiento de lo ordenado
acarrearía las acciones pertinentes contempladas en los artículos 52 y 53 del
Decreto 2591 de 1991, así como desvincular tanto al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- como a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
del trámite de la acción, “por no tener control de la situación que dio
lugar a la afectación de los derechos fundamentales de la actora, ya que la
misma tuvo su génesis en un contrato laboral suscrito entre esta y el hogar
comunitario demandado”.
[20] A juicio del fallador, “el hecho de solo contar con el concepto
no favorable de rehabilitación hace procedente la protección constitucional
para garantizar los derechos fundamentales de la accionante, mientras no se
califique su pérdida de capacidad laboral”.
[21] Ver folios 166 a 170 del cuaderno No. 1
del expediente.
[22] “Por el cual se fijan las cuantías mínimas de la Garantía Única
en los contratos de aportes que celebra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar”.
[23] La interviniente cita el concepto No. 22804 del 6 de mayo de 2008
proferido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la
Sentencia del 11 de agosto de 2010 radicada con el Número
76001-23-25-000-1995-01884-01 (16941) de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero.
[24] Ver folios 8 a 14 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[25] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[26] “Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las Madres
Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional”.
[27] “Por la cual se vincula el núcleo
familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones”.
[28] Ver folios 2 a 7 del cuaderno No.
3 del expediente.
[29] “Artículo 57. Insistencia. Además de
los treinta (30) días de que dispone la Sala de Selección y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, cualquier Magistrado
titular o directamente el Procurador General de la Nación, el Defensor del
Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá insistir en
la selección de una o más tutelas para su revisión, dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la
Sala de Selección (…)”.
[30] “Por medio de
la cual se precisan y complementan los Lineamientos Generales para el Litigio
Defensorial en aplicación de los Mecanismos de Protección de los Derechos
Constitucionales y se dictan otras disposiciones”.
[31] Se citan apartes de la Sentencia T-217 de 2014,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[32] Ver folios 40 y 41 del cuaderno No. 3 del
expediente. En esta providencia se ordenó comunicar a las partes y terceros con
interés sobre la recepción de la información requerida para que, en caso de
considerarlo necesario, se pronunciaran al respecto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 64 del Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015; así como
suspender los términos para fallar el proceso mientras se daba efectivo
traslado del material probatorio recaudado en cumplimiento de lo allí ordenado.
Su notificación se dio por medio del estado No. 630 el 18 de octubre de 2019.
Ver folio 42 del cuaderno No. 3 del expediente.
[33] Ver folio 172 del cuaderno No. 3 del expediente.
[34] “Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito.
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y
que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.//(…) Se entenderá que
el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual.//Vencidos los términos
establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales”.
[35] Ver folios 47 y 48 del cuaderno No. 3 del expediente.
[36] Ver folios 113 a 116 del cuaderno No. 3 del
expediente.
[37] Ver folios 17 a 37 del cuaderno No. 3 del
expediente.
[38] Notificado por medio del
estado No. 17 el 15 de julio de 2019. Ver folio 38 del cuaderno No. 3 del
expediente.
[39] Acerca del régimen jurídico de vinculación actual de las madres
comunitarias a los hogares comunitarios de bienestar consultar, entre otras,
las Sentencias T-018 de 2016, SU-079 de 2018, T-175 de 2019, C-185 de 2019 y
SU-273 de 2019.
[40] Consultar el artículo 24 de la Ley 1607 de
2012, derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos
para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones”.
[41] Sentencia C-185 de 2019, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[42] Este artículo ha sido materia de control abstracto de
constitucionalidad a través de las Sentencias C-465 de 2014 y C-185 de 2019,
por los cargos de unidad de materia y desconocimiento del derecho al trabajo.
[43] Este decreto fue compilado en la Sección 5 del Decreto 1072 de 2015
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo”.
[44] Artículo 2º del Decreto 289 de 2014, compilado en el artículo
2.2.1.6.5.2. del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
[45] Artículo 3º del Decreto 289 de 2014, compilado en el artículo
2.2.1.6.5.3. del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
[46] Artículo 5º del Decreto 289 de 2014, compilado en el artículo
2.2.1.6.5.5. del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
[47] En esta etapa pueden enlistarse, entre
otras, las Sentencias T-269 de 1995, SU-224 de 1998, T-668 de 2000, T-990 de
2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de
2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001.
[48] Para justificar esta segunda fase, conviene
consultar, entre otras, las Sentencias T-628 de 2012 y T-478 de 2013.
[49] Bajo la más reciente orientación se han proferido, entre otras, las
Sentencias T-130 de 2015, T-508 de 2015, T-018 de 2016, SU-079 de 2018, T-175
de 2019, SU-273 de 2019, C110 de 2019 y C-185 de 2019.
[50] Consultar, entre otras, las Sentencias T-819 de
2001, T-531 de 2002, T-711 de 2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de
2013, T-561 de 2013, T-679 de 2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de
2017, T-307 de 2018 y T-455 de 2019.
[51] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política”.
[52] La propia jurisprudencia de esta Corporación se
ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela,
que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas
características, cuyo fundamento estriba justamente en la aplicación del
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos
mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el concerniente a
la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Consultar, entre otras, las
Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008.
[53] El artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que “El defensor del
pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados,
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo
solicite o que este en situación de desamparo e indefensión”.
[54] “(…) la legitimación en la causa es
una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que
se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe,
entonces, simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”. Sentencia T-416 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[55] Mientras el artículo 5º del referido decreto prevé que la acción de
tutela “(…) también procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto”, sin que
su procedencia en ningún caso esté sujeta a que la acción del particular se
haya manifestado en un acto jurídico escrito; el artículo 13 ejusdem,
por su parte, establece que “la acción de tutela se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)”.
[56] Sobre esta temática en particular, en la Sentencia T-1001 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que “la legitimación en la causa como
requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente (…)”.
[57] Consultar el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[58] Según el artículo 4º del Decreto 289 de
2014, compilado en el artículo 2.2.1.6.5.4. del Decreto Único Reglamentario
1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Trabajo”, podrán ser empleadores de las madres comunitarias “las
entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar que
hayan sido constituidas legalmente, con capacidad contractual, personería
jurídica y que cumplan los lineamientos establecidos por el ICBF”.
[59] “Artículo 1o. Objeto. Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.
[60] Ver Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[61] Consultar, entre muchas otras, las
Sentencias SU-961 de 1999, T-575 de 2002, T-900 de 2004, T-495 de 2005, T-1029 de 2008, T-1048 de
2008, T-367 de 2010, T-662 de 2010, T-277 de 2012, T-281 de 2012, T-283A de
2012, T-450 de 2012, T-569 de 2012, T-805 de 2012, T-832 de 2012, T-914 de
2012, T-915 de 2012, T-916 de 2012, T-935 de 2012, T-171 de 2014, T-246 de
2015, T-540 de 2015 y T-341 de 2019.
[62] Sentencia T-540 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[63] Sentencia T-132 de 2004, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[64] Consultar, entre otras, las
Sentencias T-606 de 2004, T-1167 de 2005, T-206 de 2006, T-681 de 2007, T-095
de 2009, T-883 de 2009, T-584 de 2011, SU-189 de 2012 y T-047 de 2014.
[65] Según lo ha definido la Corte Constitucional, “la reiteración de jurisprudencia es un método de
adjudicación apropiado para resolver problemas jurídicos de frecuente aparición
en determinados escenarios constitucionales. La técnica citada consiste en
recordar y aplicar las subreglas definidas por la jurisprudencia en supuestos
fácticos análogos a los que presenta el caso de estudio. El método comporta
celeridad a la administración de justicia y cumple otros fines
constitucionalmente valiosos, como se explica a continuación: En primer
término, la reiteración de jurisprudencia contribuye a la unificación de la
interpretación consolidando las subreglas jurisprudenciales en el tiempo,
aspecto imprescindible para una aplicación adecuada de los derechos
fundamentales, contenidos en cláusulas de notoria apertura semántica; en
segundo lugar, propende por la consolidación de una cultura de respeto al
precedente lo que, a su vez, dota de eficacia al principio de igualdad, pues
permite que se corrijan aquellos fallos en que los jueces, bajo escenarios
fácticos similares, llegan a consecuencias diversas por la inaplicación de subreglas
decantadas por vía jurisprudencial; finalmente, beneficia la confianza
ciudadana en la administración de justicia, dado que los jueces adoptarán sus
decisiones bajo reglas claras y derroteros señalados por los órganos de cierre del
sistema jurídico”. Sentencia T-589 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema también pueden consultarse, entre
otras, las Sentencias T-603 de 1999, T-505 de 2008 y T-662 de 2013.
[66] En relación con el principio de subsidiariedad de la acción de
tutela pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de
1998, T-554 de 1998, SU-086 de 1999, T-716 de 1999, T-156 de 2000,   T-418 de
2000, T-815 de 2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-1062 de
2001, T-135 de 2002, T-500 de 2002, T-179 de 2003, T-723 de 2010, T-063 de
2013, T-230 de 2013 y T-491 de 2013.
[67] Consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, T-212 de
2009, T-136 de 2010, T-778 de 2010, T-114 de 2014, T-563 de 2014, T-708 de
2014, T-822 de 2014, T-190 de 2015, T-441 de 2015, T-080 de 2016, T-399 de 2016
y T-691 de 2016.
[68] La Carta Política le impone a las autoridades de la República la
obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades -C.P.
art. 2º-, por lo que debe entenderse que los diversos mecanismos judiciales de
defensa previstos en la ley, han sido estatuidos como instrumentos de carácter
preferente a los que deben acudir las personas en búsqueda de la efectiva
garantía de protección de sus derechos. De ahí que se justifique el carácter
subsidiario de la acción de tutela. Sobre la temática, consultar, entre otras,
las Sentencias T-106 de 1993, SU-544 de 2001, T-983 de 2001, T-514 de 2003,
T-1017 de 2006, SU-037 de 2009 y T-715 de 2009.
[69] Esta aproximación encuentra pleno respaldo
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el cual, al referirse a las
causales de improcedencia de la acción de tutela, puntualiza claramente que la
existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada en
concreto, atendiendo al grado de eficiencia y efectividad material   -y no
meramente formal- del mecanismo judicial para encarar las específicas
circunstancias en que se encuentre el solicitante al momento de invocar la
protección del derecho presuntamente conculcado. Esta disposición normativa fue declarada exequible por
medio de la Sentencia C-018 de 1993.
[70] Consultar, entre otras, las sentencias T-373 de 1998, C-272 de
1999, T-768 de 2005, T-1044 de 2007, T-050 de 2011, T-440A de 2012, T-461 de
2012, T-594 de 2012, T-651 de 2012, T-587 de 2012, T-803 de 2013,      T-041 de
2014, T-298 de 2014, T-472 de 2014, T-420 de 2015, T-256 de 2016, T-347 de
2016, T-364 de 2016, T-703 de 2016, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-041 de
2019, T-118 de 2019 y T-052 de 2020.
[71] Ley 1437 de 2011.
[72] Consultar, entre otras, las Sentencias T-1023 de 2008, T-378 de
2013, T-405 de 2015, T-364 de 2016, SU-047 de 2017, T-151 de 2017, T-317 de
2017, T-442 de 2017 y T-305 de 2018.
[73] Sentencia T-341 de 2009, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla. En este caso, la Corte decidió que terminar el contrato de trabajo a término
fijo, sin que se hubiere solicitado el permiso respectivo de la Oficina del
Trabajo de quien había sufrido un accidente de origen profesional, constituía
una violación de los derechos fundamentales del actor, por lo que resultaba
procedente ordenar su reintegro. Este criterio ha sido reiterado, entre otras,
en las Sentencias T-378 de 2013,
[74] Sentencia SU-049 de 2017, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[75] Consultar, entre otras, las sentencias T-062 de 2007 y T-121 de
2011.
[76] Al tenor de dicho artículo, entre los principios mínimos
fundamentales que habrá de tener en cuenta el legislador están la igualdad de
oportunidades para los trabajadores; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social; y protección especial a la mujer.
[77] Consultar,
entre otras, las Sentencias T-513 de 2010, T-190 de 2011 y
T-651 de 2012
[78] En tal precepto se establece que Colombia es un Estado social de
derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.
[79] Este artículo
incorpora una cláusula que reconoce que todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
[80] Según esta disposición normativa, el trabajo es un derecho y una
obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado, por lo que debe garantizarse de forma digna y justa a todas las
personas.
[81] Bajo este canon, el Estado debe adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
[82] De acuerdo con esta preceptiva, la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable de todos los
habitantes del territorio nacional.
[83] De conformidad con esta norma, es
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran, propiciando tanto la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar como la garantía a los minusválidos
del derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
[84] En dicha normativa se dispone que los derechos y deberes
consagrados en la Constitución se interpretarán en consonancia con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
[85] Entre otros instrumentos, también pueden
enlistarse (i) la Declaración de los derechos de las personas con
limitación, aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, (ii) la
Recomendación 168 de la OIT,  (iii) el Convenio 159 de la OIT, (iv)
la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, y (v)
la Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983.
[86] Preceptiva adoptada mediante resolución
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 20 de
1993. En el marco de las esferas previstas para la igualdad de participación se
incluye al empleo en el artículo 7º de dicho instrumento, para
significar con aquel que “(…) los Estados deben reconocer el principio de
que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus
derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas
rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener
un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo (…)”.
[87] Convención suscrita el 7 de junio de 1999 por
la Organización de Estados Americanos -OEA-. Dicho instrumento, en su artículo
1º definió el término discapacidad como “(…) una deficiencia física, mental
o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”, al paso
que en el artículo 3º dispuso que para lograr los objetivos propuestos, los
Estados parte debían comprometerse a “(…) adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad (…)”.
[88] Adoptada en diciembre 13 de 2006 y ratificada
en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. En el artículo 27 de la referida
convención se hizo énfasis al trabajo y al empleo, dándose a entender que los
Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar,
en igualdad de condiciones con los demás, lo que incluye el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Por lo demás, allí se subraya el
compromiso de los Estados parte de salvaguardar y promover el ejercicio del
derecho al trabajo, “incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de
legislación (…)”.
[89] Por citar un ejemplo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 5 sobre los
derechos de las personas con discapacidad, consagra que debe existir una
protección y promoción a través de programas y leyes generales, así como
también por medio de programas y normas de finalidad específica. Documento
E/1995/22.
[90] Sentencia C-744 de 2012,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En dicha providencia, el pleno de la Corporación
abordó el estudio sobre la protección del derecho a la estabilidad laboral
reforzada de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, a
partir de distintos instrumentos internacionales que establecen obligaciones
para que los Estados promuevan medidas dirigidas a evitar que estas personas
sean discriminadas por virtud de su condición y a garantizar el ejercicio
efectivo de sus derechos fundamentales.
[91] Modificada por el Decreto 19 de 2012 y las Leyes 982 de 2005, 1145
de 2007, 1287 de 2009 y 1316 de 2009.
[92] “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999”.
Convenio declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401
de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[93] “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de
oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras
disposiciones”.
[94] “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
[95] “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con
Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de
Incapaces Emancipados”. Esta disposición normativa fue modificada por la
Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad”.
[96] “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Convención y ley
aprobatoria declarados exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-293 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[97] “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
Esta norma, de carácter estatutario, fue expedida con el objeto de garantizar y
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y
de ajustes razonables, y eliminando toda forma de discriminación por razón de
discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. El respectivo Proyecto
de Ley Estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional y declarado
exequible en la Sentencia C-765 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[98] “Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para
sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad”.
[99] Consultar,
entre otras, las Sentencias T-823 de
1999 y C-824 de 2011.
[100] Sobre el contenido de esta ley, consultar, entre otras, las
Sentencias C-410 de 2001, C-072 de 2003, C-810 de 2007, C-824 de 2011, C-606 de
2012, C-066 de 2013, C-458 de 2015 y C-149 de 2018.
[101] Títulos II, III y IV de la Ley 361 de 1997.
[102] Consultar los artículos 22, 23, 24 y 27 sobre integración laboral.
[103] En la Sentencia SU-049 de 2017, M.P. María
Victoria Calle Correa, el pleno de la Corte Constitucional resolvió extender
esta garantía a los contratos de prestación de servicios, aun cuando no
envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad, tratándose de
personas en circunstancias de debilidad manifiesta que tengan una afectación en
su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
en condiciones regulares, con independencia de si se encuentran calificadas con
una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. A tal
prerrogativa se le denomina “estabilidad ocupacional reforzada”.
[104] Dicha norma había sido modificada por el artículo 137 del Decreto
019 de 2012, pero aquel fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-744 de 2012, al concluirse que el Presidente de la República, con la
expedición del referido decreto, excedió los límites de las facultades que le fueron conferidas por el
artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, desconociendo así lo estatuido en el
numeral 10° del artículo 150 Superior.
[105] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[106] Consultar, entre otras, las Sentencias T-440A de 2012, T-651 de
2012, T-018 de 2013, T-116 de 2013 y T-186 de 2013.
[107] Consultar, entre otras, la Sentencia C-824
de 2011.
[108] En el propósito de restablecer el citado derecho de origen
constitucional, las distintas Salas de Revisión han adoptado diferentes medidas
de protección, según las circunstancias del caso, con el fin de: (i) evitar que
la desvinculación laboral se origine en un acto de discriminación; (ii)
equilibrar las cargas en favor de un sujeto que requiere un tratamiento
especial con sustento en la igualdad material; (iii) garantizar la continuidad
en el tratamiento de salud y en casos excepcionales; y (iv) materializar el
principio de solidaridad del ordenamiento constitucional.
frente a
las particulares circunstancias de los casos que han sido materia de
pronunciamiento.
[109] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[110] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[111] M.P. Myriam Ávila Roldán (E).
[112] M.P. Myriam Ávila Roldán (E).
[113] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[114] M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E).
[115] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[116] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[117] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[118] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[119] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[120] Sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[121] Sentencia T-812 de 2008, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[122] Consultar, entre otras, las Sentencias T-198 de
2010 y T-320 de 2016.
[123] Consultar, entre otras, la Sentencia C-200 de
2019.
[124] Consultar, entre otras, las sentencias T-953 de
2008, T-976 de 2008 y T-992 de 2008.
[125] Sentencia T-263 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Acerca del
contenido del derecho a la estabilidad laboral reforzada, consultar, entre
otras, las Sentencias T-1040 de 2001, T-513 de 2006, T-504 de 2008 y T-962 de
2008.
[126] Este artículo fue subrogado por el artículo 3º
de la Ley 50 de 1990. Sobre el entendimiento de esta norma, consultar las Sentencias
C-588 de 1995 y C-016 de 1998.
[127] Consultar, entre otras, las sentencias T-449 de 2008 y T-996 de 2010.
[128] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-1083 de 2007.
[129] Se trata del numeral 15 del literal A) del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º
del Decreto 2351 de 1965.
[130] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[131] Únicamente por el cargo de violación del
derecho al trabajo previsto en el artículo 25 Superior y, en particular, de la
garantía de estabilidad laboral reforzada que se deriva del reseñado precepto
constitucional.
[132] Junto con lo anterior, en la parte resolutiva
de la providencia se apuntó que “(…) Además de la ineficacia descrita
previamente, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
situación de salud,   sin la autorización del inspector de trabajo, tendrán
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren (…)”.
[133] En el análisis concreto de la disposición, la Corte
verificó que, “a pesar de ser una norma protectora, es distinta de otros
fueros especiales que generaron efectos negativos en la contratación de los
sujetos protegidos, como el fuero de maternidad. En efecto, en el caso de
afecciones de salud, el trabajador no es identificable previamente como un
eventual beneficiario de la estabilidad laboral reforzada, pues la condición de
salud en general es imprevisible y contingente. Además, se presenta durante la
vigencia del vínculo laboral y no antes, por lo que no es posible que se convierta
en un criterio para evitar la contratación del trabajador. Finalmente, se trata
de una medida tuitiva que deberá analizarse en cada caso concreto. De otro
lado, la naturaleza protectora de la disposición se ve anulada por su carácter
incompleto, el mismo que la hace inconstitucional. En efecto, las hipótesis de
despido sólo operan por la extinción de la capacidad laboral, entendida como la
posibilidad de prestar el servicio personal para el cual el empleado fue
contratado, que es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Esta circunstancia debe ser verificable objetivamente, lo que exige que la
evaluación sea adelantada por alguien que no sea parte de la situación, pues,
sin duda, sus circunstancias pueden ser objeto de debate. Adicionalmente, debe
considerarse el eventual carácter discriminatorio de las hipótesis que prevé la
norma acusada, pues con ellas se genera una presunción de despido
injustificado, lo que incide en la valoración de cada situación. No obstante,
la disposición no contempla expresamente quién es el encargado de verificar la
configuración de los elementos que, objetivamente, permiten aplicar la causal
de terminación del contrato laboral. El precepto tampoco incluye un dispositivo
que, ante el despido injusto, repare a los trabajadores y disuada a los
empleadores de llevar a cabo actos segregadores. Esta incongruencia en la
regulación le resta fuerza normativa a la prohibición de despido derivada de la
falta de configuración de la justa causa”.
[134] Fecha reportada por la propia entidad en sede del trámite de revisión.
[135] Artículo 142. Calificación del Estado
de Invalidez. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
52 de la Ley 962 de 2005, quedará así: “Artículo 41. Calificación del Estado
de Invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la
calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será
expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de
evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.//Corresponde al
Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias (…)”.
[136] Sentencia T-1040 de 2001. Sobre el
desarrollo jurisprudencial del deber de solidaridad como derivación del
carácter social del Estado y de la adopción de la dignidad humana como
principio fundante del mismo, pueden consultarse, entre muchas otras, las
Sentencias T-523 de 2006, T-516 de 2009 y T-986 de 2012.