T-478-20
Sentencia T-478/20
Referencia: Expediente T-7.779.772
Demandante:
Yuly Andrea Moncada Velásquez
Demandada:
Nueva EPS
Vinculados al trámite: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá,
ICETEX, Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca,
Hospital Universitario Clínica San Rafael, Superintendencia Nacional de Salud y
Ministerio de Salud y Protección Social
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C.,
diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Quinta
de Revisión en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente sentencia, al revisar las decisiones judiciales
relacionadas con la solicitud de tutela de la referencia.
I.    ANTECEDENTES
1.     La solicitud de tutela
Yuly Andrea
Moncada Velásquez, el 1º. de octubre de 2019, presentó demanda de tutela en
contra de la Nueva EPS, para que se le protejan sus derechos fundamentales a la
salud, en su componente de diagnóstico, y a la seguridad social. Lo anterior,
por cuanto esa entidad se ha negado a autorizar y realizar las gestiones
necesarias para que una junta médica multidisciplinaria certifique su
porcentaje de pérdida de capacidad capacidad laboral y la fecha de
estructuración de la misma, requisito para que le sea condonada la deuda
contraída con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (en adelante, “ICETEX”), adquirida a través de la línea de
crédito educativo para estudiantes con limitaciones de especial protección
constitucional de la mencionada entidad.
2.
Hechos relevantes
En la demanda de tutela se hace el siguiente recuento de los hechos
del caso:
2.1 Yuly Andrea Moncada Velásquez nació el 20 de abril de 1989, tiene
30 años. Está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través
de la Nueva EPS, en el Régimen Contributivo, en condición de beneficiaria de su
madre, Lucinda Velásquez.
2.2 Ha sido diagnosticada con“Neurofibromatosis tipo 2”, la cual
se encuentra dentro de la lista de enfermedades contempladas en la Resolución
No. 5265 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, “por la cual
se actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se dictan otras
dispociones.”
2.3 Sumado a lo anterior, padece de “hipoxemia e hiperventilación
alveolar con uso de oxígeno 18 horas al día, schwanonma derecho, plexopatía
bilateral en el miembro superior ixquierdo, en miembro superior derecho con
compromiso moderado en tronco primario inferior de cordon medial y compromiso
en cordon lateral, vértigo, disminución de la agudeza visual”, entre otros
diagnósticos.
2.4 En 2011, inició estudios de Trabajo Social en la Universidad Minuto
de Dios, los cuales finalizó en el 2018.
2.5 Indicó la demandante que, mientras estudiaba, la enfermedad
degenerativa que padece evolucionó y su salud se ha deteriorado lentamente.
2.6 Precisó que, en el trascurso de sus estudios universitarios, fue
becada por parte de la Fundación Saldarriaga Concha con el pago del 75% del
valor de los semestres y el 25% restante se financió a través de un préstamo
con el ICETEX.
2.7 Teniendo en cuenta su situación de persona en condición de
discapacidad, la evolución de su enfermedad y que no ha podido vincularse al
mercado laboral por la misma razón, elevó una solicitud de condonación de la
deuda por el préstamo educativo adquirido al ICETEX, en aplicación del
Reglamento de Crédito de esa entidad.
2.8 Sin embargo, el 7 de septiembre de 2020 el ICETEX emitió respuesta
desfavorable a la pretensión de la demandante, pues requería acreditar el hecho
sobreviniente de la invalidez, a través de un certificado que contenga el
porcentaje de incapacidad laboral y la fecha de estructuración de la misma, de
acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 13 del Reglamento de
Crédito de esa entidad.
2.9 Por lo tanto, solicitó a la Nueva EPS la realización de la
valoración requerida y la emisión del certificado correspondiente. Pero
esta emitió respuesta negativa, por no encontrarse dentro de sus
competencias la expedición de certificados a través de los cuales se evalúe la
capacidad laboral de sus afiliados. Sin embargo, le expidió un certificado de
discapacidad, que estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2020.
2.10 Dado que no pudo presentar al ICETEX el certificado contemplado en
el literal b) del artículo 13 de su Reglamento de Crédito, la entidad ha requerido
a la demandante para que proceda a pagar el crédito educativo adquirido.
2.11 Por último, la demandante manifiesta que, debido a su enfermedad, al
deterioro que ha sufrido en su salud y a que no ha podido trabajar, recibe el
apoyo económico de su madre, quien tiene reconocida una mesada pensional
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
3.     Pretensiones
3.1 La demandante reclama la tutela de sus derechos fundamentales a la
salud, en su componente de diagnóstico, y a la seguridad social.
3.2 En consecuencia, solicita que se
ordene a la demandada que autorice y realice todas las gestiones necesarias
para que una junta médica multidisciplinaria le certifique el porcentaje de su
presunta pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la misma.
4. Trámite
procesal de primera instancia
El Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante auto del 4 de
octubre de 2019, asumió el conocimiento de la demanda de tutela. Además, ordenó
informar de la admisión al Director de la Nueva EPS, al representante legal del
ICETEX, a la Secretaría Distrital de Salud, a la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, al Hospital Universitario Clínica San
Rafael, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y
Protección Social, para que den respuesta a la demanda de tutela.
5. Respuestas
emitidas por la entidad demandada y vinculadas al presente trámite
5.1 Nueva
E.P.S.[1]
Oscar Eduardo
Silva Gómez, apoderado de la empresa prestadora de salud[2], expuso que,
una vez revisada la base de afiliados de la Nueva EPS, se pudo establecer que
la demandante se encuentra afiliada en calidad de beneficiaria en el Régimen
Contributivo.
Por otro lado,
precisó que la acción de tutela que se tramita carece de objeto, por haberse
superado el hecho al que se le atribuye la vulneración de los derechos de la
demandante, teniendo en cuenta que la petición por ella elevada fue respondida
de fondo, de manera clara y completa.
Así mismo, dijo
que el certificado de discapacidad ya fue expedido. Sin embargo, las
valoraciones de medicina laboral, especialidad no clínica, ya no se realizan a
través de la EPS, quien se limita a emitir calificaciones de origen o de
discapacidad. Finalmente, indicó que los servicios de salud son independientes
de los de carácter administrativo, que son los que se requieren en este caso.
Pidió entonces
denegar la acción de tutela interpuesta por Yuly Andrea Moncada Velásquez.
5.2 Alcaldía
Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud
Julio Cesar
Lozano Mier, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)[3], explicó que
la paciente está afiliada, en calidad de beneficiaria, en el Régimen
Contributivo a la Nueva E.P.S., por lo cual no tiene ninguna obligación
respecto de procedimientos, medicamentos y artículos no incluidos en el PBS.
Sin embargo,
afirmó que la realización de junta médica multidisciplinaria para certificar el
estado de invalidez de la demandante es un servicio cubierto por el PBS, según
la Resolución No. 5857 de 2018[4],
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo cual la Nueva
EPS debe proceder a garantizarlo de forma inmediata, a través de la IPS
contratada para el efecto.
Por lo tanto,
solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado frente a las
obligaciones de esa dependencia.
5.3 Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX
Sandra Gricel
Zuleta Hurtado, en calidad de Jefa de la Oficina Asesora Jurídica (E)[5],
manifestó que ese instituto ha financiado los estudios superiores de la
demandante. Respecto de la solicitud de condonación de la deuda contraída,
indicó que la entidad le informó cuáles eran las exigencias legales para tal
efecto, entre las que se encuentra aportar un certificado expedido por la
autoridad competente, en el que conste el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y la fecha de estructuración de la misma. Por ello, solicitó declarar
que ese instituto no ha vulnerado derecho alguno de la demandante, y agregó que
la acción de tutela es improcedente por no existir perjuicio irremediable.
5.4 Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca
Rubén Darío
Mejía Alfaro, en calidad de Secretario Principal de la Sala de Decisión No. 1
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca[6],
informó que en esa entidad no existe solicitud de calificación elevada por
alguna de las entidades de la seguridad social respecto de la invalidez de Yuly
Andrea Moncada Velásquez.
Además, se
precisó en el documento que, de acuerdo con el numeral 3º del artículo
2.2.5.1.1 del Decreto 1072 de 2015[7],
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez son competentes para
calificar los casos en los que se pretende realizar una reclamación ante
compañías de seguros y entidades bancarias, eventos en los cuales se actúa como
perito. Asimismo, aclararon que, contra tal decisión, no procede la
interposición de recursos y que los requisitos mínimos para radicar la
solicitud se encuentran previstos en el artículo 2.2.5.1.28 del mencionado
decreto.
Por lo anterior,
solicitó desvincular a la Junta del trámite de la acción de tutela.
5.5 Hospital
Universitario Clínica San Rafael
Miguel Ángel
Murcia Rodríguez, como representante legal del hospital[8], presentó
escrito en el cual manifestó que, teniendo en cuenta sus obligaciones de
carácter legal y la información consignada en la historia clínica de la
demandante, no hay servicios médicos pendientes por realizarle, por lo cual no
se le ha vulnerado ningún derecho. En consecuencia, solicitó se desvincule a
esa institución del presente trámite.
5.6
Superintendencia Nacional de Salud
En el trámite de
la impugnación, José Manuel Suarez Delgado, en calidad de asesor de la entidad[9],
explicó que tratándose de personas con discapacidad, el artículo 4º de la
Resolución No. 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social[10],
estableció que la implementación de la certificación de discapacidad y el
registro de localización y caracterización de esa población, corresponde a las
EPS, IPS, secretarías departamentales, distritales y municipales de salud, en
todo el territorio nacional. Para el caso concreto, sostuvo que la EPS es la
directa responsable de expedir el certificado de discapacidad, a través de su
red prestadora de servicios, una vez se cumpla la valoración clínica
multidisciplinaria de la paciente.
Por
consiguiente, solicitó que se desvincule a la entidad del presente trámite, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
6. Decisiones
judiciales que se revisan
6.1 Decisión
del juez de tutela de primera instancia
El Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en fallo del 17 de octubre
de 2019 negó el amparo invocado por la demandante, teniendo en cuenta que, para
el despacho, la Nueva EPS y la Secretaria Distrital de Salud adoptaron posturas
que buscaban garantizar una información veraz y concreta hacia lo pretendido,
en garantía del derecho de petición.  En ese sentido, consideró que en la
respuesta emitida por la empresa prestadora de salud el 16 de agosto de 2019,
se pusieron de presente los aspectos jurídicos y reglamentarios que impedían
acceder a la expedición de certificado de discapacidad solicitado.
Por lo anterior,
concluyó que no hubo violación de derecho fundamental alguno a la peticionaria.
6.2
Impugnación
Yuly Andrea
Moncada Velásquez impugnó el fallo teniendo en cuenta que:
(i) No se ha
efectuado una correcta aplicación de la ley de crédito del ICETEX, para ámbitos
de educación, teniendo en cuenta su especial condición y su derecho a tener
igualdad de oportunidades;
(ii) No cabe
duda de que padece una discapacidad, tal como lo evidencia el certificado
expedido por la Nueva EPS el 23 de agosto de 2019, que sin embargo no se ajusta
a lo requerido por el ICETEX; y
(iii) El ICETEX
debió proceder a condonar la deuda, pues de lo contrario tendría que acudir a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, para
lo cual debe cancelar el valor de los respectivos honorarios. No obstante, no
tiene recursos económicos para tal fin, pues su enfermedad le ha dificultado
encontrar trabajo.
6.3 Decisión
del juez de tutela de segunda instancia
La Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá  decidió
confirmar la sentencia dictada en primera instancia[11]. Señaló que
la demandante debió haber presentado una petición formal ante el ICETEX
solicitando la condonación de su crédito y la solución de la problemática
planteada. Además, tampoco se acreditaron circunstancias de las cuales se pueda
deducir que tal instrumento es ineficaz para la protección que ella requiere.
También precisó
que la demandante puede interponer recursos contra los actos administrativos a
través de los cuales se le niegue la condonación. En efecto, puede acudir a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra tales decisiones, en cuyo trámite puede
pedir el decreto de medidas cautelares.
Por último,
señaló que no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
7.
Actuaciones en sede de revisión
Las decisiones
judiciales objeto de revisión fueron escogidas por la Sala de Selección de
Tutelas Número Dos (2) de la Corte Constitucional, a través de auto del 14 de
febrero de 2020, y asignadas mediante sorteo al suscrito magistrado para la
sustanciación.
Cabe señalar
que, desde el 17 de marzo del año en curso, se suspendieron los términos para
la revisión de las sentencias de tutela, según lo dispuesto por el Acuerdo
PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020, emitido por el Consejo Superior de la
Judicatura, por efectos de la emergencia sanitaria generada por el
coronavirus-Covid-19. Dicha suspención se prorrogó hasta el pasado 30 de julio,
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020,
expedido por la misma institución.
A través de auto del 13 de agosto de 2020, el
magistrado sustanciador solicitó como prueba el envío de información
relacionada con la manifestación de la demandante de no encontrarse trabajando,
en razón de su enfermedad, y la dependencia económica de su madre, así como el
monto de la pensión de ésta última, la composición del núcleo familiar, los
gastos del mismo, entre otros.
La demandante, en respuesta enviada el 17
de septiembre de 2020, precisó que padece Neurofibromatosis, desde hace por lo
menos diez años, la cual le ha dejado una discapacidad física y varias secuelas
adicionales. Además, manifestó que es trabajadora social desde 2018, pero se
encuentra desempleada. Convive con su hermana Lady Johana Jiménez y su madre
Lucinda Velásquez, quien está a cargo de los gastos del núcleo familiar. Al
efecto, adjuntó un comprobante de pago de una mesada por parte de Colpensiones,
con fecha 16 de septiembre de 2020, a la señora Lucinda Velásquez, por valor de
$834.188 pesos.
8. Pruebas
que reposan en el expediente de la referencia
-
Cédula de ciudadanía de Yuly
Andrea Moncada Velásquez;
-
Respuesta emitida por la
Nueva EPS a la petición elevada por la demandante, del 26 de agosto de 2019;
-
Certificados de discapacidad
expedidos por la Nueva EPS, el 10 de mayo de 2018 y el 23 de agosto de 2019;
-
Respuesta del ICETEX del 7
de septiembre de 2019, emitida en virtud de la solicitud de condonación elevada
por la demandante;
-
Historia clínica de la
demandante;
-
Escrito de respuesta al auto
de pruebas emitido en sede de revisión y comprobante de pago de una mesada por
parte de Colpensiones, con fecha 16 de septiembre de 2020, a la señora Lucinda
Velásquez, por valor de $834.188 mil pesos;
-
Recibo de pago de los
honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca,
del 2 de marzo de 2020, por $877.803 mil pesos;
-
Correos electrónicos
enviados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca a la demandnate, en torno al trámite relacionado con la evaluación
de la capacidad laboral.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas
jurídicos y esquema de resolución
Corresponde a la
Sala examinar si la Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales de la
demandante al debido proceso, al negarse a adelantar los trámites necesarios
para que sea evaluada su pérdida de capacidad laboral, lo cual es exigido por
el ICETEX para proceder a dar trámite a una solicitud de condonación de la
deuda contraída con dicho instituto. Sobre el particular, la demandante afirma
que no tiene los recursos económicos para el pago de los honorarios de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez, pues por su situación de salud no ha
podido emplearse.
En segundo lugar, y atendiendo a los hechos que se desprenden de los
medios de prueba allegados al expediente que se revisa, así como del contenido
del escrito de impugnación del fallo de primera instacia, la Sala también
analizará si el ICETEX, vinculado al presente trámite en calidad de demandado,
vulneró su derecho al debido proceso al aplicar el literal b) del artículo 13
del Acuerdo 012 de 2019 -Reglamento de Crédito-, frente a la solicitud de
condonación de la deuda adquirida en virtud del préstamo educativo otorgado
para personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Lo anterior,
habida cuenta de que dicha disposición no era aplicable en el caso de la
demandante, pues se trata de una persona cuya condición de discapacidad ya era
manifiesta al momento de adquirir el crédito y fue en razón de esa condición
que lo obtuvo.
Con todo, luego de advertidas las pruebas recaudadas por la Corte,
es necesario analizar preliminarmente si se está ante la carencia atual de
objeto de la solicitud de tutela, respecto de la tramitación del certificado de
pérdida de capacidad laboral de la demandante. Esto debido a que, solo si la
respuesta a ese interrogante es negativa, procederá el análisis de fondo sobre
el amparo de los derechos a la salud y a la seguridad social de la demandante.
Asimismo, en
cuanto a la posible vulneración de los derechos de la accionante por parte del
ICETEX, se procederá a determinar si la acción de tutela cumple los requisitos
de procedencia y, con posterioridad, se analizará el fondo del asunto.
3. Asunto preliminar. Carencia actual de
objeto por daño consumado, respecto del trámite para la expedidición de
certificado a través del cual se evalúa la capacidad laboral
3.1 La solicitud de tutela tiene como finalidad lograr la protección
de los derechos fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados por
entidades públicas o privadas. No obstante, mientras se da trámite al amparo,
pueden surgir algunas circunstancias que lleven al juzgador a concluir que la
amenaza o vulneración que motivó la presentación de la tutela ha desaparecido[12].
En este
supuesto, cualquier orden que el juez de tutela pueda dar respecto del caso se
vuelve inocua y no surtirá efecto debido a que no existe ninguna amenaza o
perjuicio a evitar, situación que desvirtúa el objeto esencial para el que la
acción de tutela fue creada[13].
Por ello, en esos casos, “el amparo constitucional pierde toda razón de ser
como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas
luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción”[14].
Este fenómeno ha sido denominado carencia actual de objeto y se puede originar
por diferentes motivos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado,
y (iii) cualquier otra circunstancia que permita concluir que la orden del juez
de tutela sobre la solicitud de amparo sería inútil[15].
Cuando se
presenta esta hipótesis, el juez debe abstenerse de impartir orden alguna y
declarar la “carencia actual de objeto”. No obstante, de conformidad con
el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[16],
el juez de tutela podrá prevenir a la entidad accionada sobre la obligación que
tenía de proteger el derecho, pues el hecho superado implica aceptar que, si
bien dicha vulneración cesó durante el trámite de la acción de tutela, se
transgredieron los derechos fundamentales del accionante.
3.2 De una
parte, esta Corporación ha señalado que la carencia actual de objeto por hecho
superado se presenta cuando desaparecen las circunstancias que amenazan
la vulneración de un derecho fundamental.
Sobre esta
hipótesis, la Sentencia T-238 de 2017 determinó que deben verificarse
ciertos supuestos por parte del juez de tutela a fin de examinar si se
configura o no este supuesto: “1. Que con anterioridad a la interposición de
la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole
o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor
se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que
dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.3. Si lo
que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado”.
3.3 De otra
parte, la carencia actual de objeto también se puede presentar como daño
consumado. Según la Sentencia T-170 de 2009, este “supone
que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de
su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la
orden del juez de tutela”. En estos eventos, la Corte ha afirmado que es
perentorio que el juez de tutela se pronuncie sobre la vulneración de los
derechos invocados en el recurso de amparo pues, a diferencia del hecho
superado, en estos casos la vulneración nunca cesó y ello llevó a la ocurrencia
del daño.
3.4 En tercer
lugar, en la Sentencia T-309 de 2006, la Corte precisó que también
existen casos en los que opera la carencia actual de objeto porque la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cesó por cualquier
otra causa, la cual no corresponde a ninguno de los dos supuestos
mencionados anteriormente. Así, en la Sentencia T-972 de 2000, la Corte
dijo que, cuando esto ocurre, “(…) no tendría sentido cualquier orden
que pudiera proferir [la] Corte con el fin de amparar los derechos del
accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia.”
3.5 Con base en
los argumentos planteados, se evidencia que, en el presente caso, se está ante
la carencia actual de objeto por daño consumado, en cuanto a la
pretensión de que la Nueva EPS tramitara evaluación de la capacidad laboral. Lo
anterior, por cuanto la demandante pagó los honorarios de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, y la evaluación requerida
se encuentra en trámite. Esta situación fue informada por la demandnate. Al
efecto, allegó al expediente un recibo de pago de los honorarios de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, expedido el 2
de marzo de 2020, por valor de $877.803 mil pesos. Así mismo, la demandante
remitió copia de los correos electrónicos enviados por la junta antes referida,
en torno al trámite relacionado con la evaluación de la capacidad laboral.
3.6 No obstante, la Sala considera necesario llamar la atención
en torno a que, según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las
Entidades Promotoras de Salud - EPS – determinar, en una primera oportunidad,
la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez, y el
origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo
con la calificación deberá manifestar su inconformidad y la EPS la remitirá a
las Juntas Regionales de Calificación de  Invalidez  del orden
regional, cuya decisión será apelable ante Ia Junta Nacional de Calificación
de Invalidez. Por su parte, el Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional (Decreto 1507 de 2014), con base en
el cual se hace la evaluación mencionada, establece el ámbito de aplicación y, dentro
de las excepciones no se contempla expresamente la condonación de los créditos
educativos otorgados por el ICETEX.[17]
3.7 Por otro
lado, los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez deben ser
cubiertos por la entidad de previsión o seguridad social, o la entidad
administradora a la que este afiliado el solicitante, según el trámite previsto
en la norma antes referida; o por las Entidades Administradoras de los Fondos
de Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales, de acuerdo con el artículo
17 de la Ley 1562 de 2012; y también pueden ser cubiertos por el aspitante, de
conformidad con el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, como sucedió en el
caso que se examina, con la posibilidad de que la suma pagada sea reembolsada,
una vez la junta dictamine que existió el estado de invalidez o la pérdida de
capacidad laboral.
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia constitucional,
dejar esta obligación en cabeza de personas que, por su condición económica,
física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, vulnera
su derecho fundamental al mínimo vital. De igual manera, dicha carga
desconoce la protección especial que debe ofrecerles el Estado. Por lo tanto, cuando estas personas no cuentan con los recursos
económicos necesarios para acceder a determinados servicios requeridos con el
fin de consolidar una situación asociada a su derecho a llevar una vida en
condiciones de dignidad, éstos deben ser cubiertos a través de los
esfuerzos de todos los miembros de la sociedad, en virtud del principio de
solidaridad y universalidad del Sistema General de Seguridad Social[18].
3.8 En consecuencia, se procederá a revocar la sentencia
proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá[19],
que a su vez confirmó el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de la misma ciudad[20],
mediante la cual se negó el amparo invocado por Yuly Andrea Moncada Velásquez
y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto
del trámite del certificado de capacidad laboral, por las razones expuestas en
esta providencia.
3.9 Respecto de
la presunta vulneración al derecho al debido proceso de la demandante, en
relación con la indebida aplicación del literal b) del artículo 13 del Acuerdo
012 de 2019 - Reglamento de Crédito del ICETEX, frente a su solicitud de
condonación de la deuda contraída con esta entidad, la Sala encuentra necesario
referirse a los siguientes temas: (i) Análisis de procedencia del asunto
objeto de examen; (ii) las acciones afirmativas en favor de las personas
en situación de discapacidad; (iii) el Reglamento de Crédito del ICETEX;
y (iv) con base en las anteriores consideraciones, analizará el caso
concreto.
4. La
solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad
4.1 En torno a la legitimación por activa[21] se encuentra
que la demanda de tutela fue presentada por Yuly Andrea Moncada Velásquez por
encontrar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad
social. En consecuencia, se halla habilitada para formular el amparo.
4.2  Respecto a la legitimación por pasiva[22], la Sala
encuentra que el ICETEX está legitimado como parte pasiva en el presente
proceso de tutela, teniendo en cuenta que es la entidad con la que la demandante
contrajo una deuda que pretende ahora sea condonada, en aplicación del
procedimiento establecido en el Reglamento de Crédito del mencionado instituto.
4.3 La inmediatez en el presente caso se advierte cumplida,[23]
teniendo en cuenta que el ICETEX emitió respuesta desfavorable a las
pretensiones de condonación de la deuda contraída por la demandante con ese
instituto el 7 de septiembre de 2019 y la solicitud de tutela se presentó el 1º
de octubre siguiente. Es decir, el término de aproximadamente 24 días se
encuentra razonable, en relación con la necesidad de condonación de la deuda
referida.
4.4 Finalmente, en cuanto a la subsidiariedad[24] en el asunto
bajo estudio, la discusión que se propone gira en torno a la aplicación del
literal b) del artículo 13 del Acuerdo 012 de 2019 - Reglamento de Crédito del
ICETEX, para efectos de condonar la deuda contraída por la demandante, la cual
no era aplicable al caso de la accionante. Por este motivo, la entidad vulneró
su derecho al debido proceso, lo cual resulta aún más evidente teniendo en
cuenta la falta de regulación de algunos aspectos relacionados con la
condonación de deudas para personas que accedieron a la línea de crédito del
instituto justamente por encontrarse en condición de discapacidad, misma que ha
ido desmejorando con el paso del tiempo.
Entonces, para la Sala la solicitud de tutela es procedente, pues
aunque la demandante tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
para controvertir el acto que negó la solicitud de condonación de su crédito
educativo con base en una norma que no aplicaba a su caso y por no estar
regulados algunos aspectos del procedimiento a seguir en el caso de personas en
situación de discapacidad que accedieron a una línea de crédito por esa misma
condición; lo cierto es que, posteriormente, dicha situación se agravó, por lo
que el mecanismo ordinario no reviste la idoneidad necesaria para garantizar
sus derechos.
Lo anterior, con
base en las siguientes razones: (i) la peticionaria es un sujeto de especial
protección constitucional por su condición de discapacidad, a quien precisamente
se le debe facilitar el acceso a la protección de sus derechos
constitucionales, removiendo progresivamente los obstáculos que impidan la
satisfacción de sus intereses[25];
y (ii) los mecanismos ordinarios de defensa podrían tardar mucho tiempo en
surtir efecto y es claro que, en el presente asunto, es urgente la intervención
del juez constitucional para que se adopten medidas que hagan posible el
ejercicio de sus derechos y, de esta manera, evitar cualquier acto
discriminatorio en su contra. En consecuencia, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa no
es el mecanismo adecuado para obtener el restablecimiento de los derechos cuya
protección reclama la accionante.
5. Acciones
afirmativas en favor de personas en situación de discapacidad
En virtud del
artículo 13 Superior, se desprende la obligación del Estado y de las
autoridades de adoptar medidas afirmativas para evitar la discriminación,
garantizando así la igualdad real y efectiva de las personas en circunstancia
de discapacidad. En efecto, en razón de dicha obligación, se deben emprender
acciones en favor de los grupos discriminados o marginados y buscar eliminar
las exclusiones de las que ha sido víctima esta población. Más aún, tal mandato
constitucional no se limita al reconocimiento de la igualdad ante la ley de
carácter puramente formal, sino que implica la obligación estatal de realizar
acciones encaminadas a eliminar las barreras discriminatorias. Así, este
precepto busca erradicar de la organización y del accionar estatal, de la
sociedad y de sus estructuras económicas, sociales y culturales, la
discriminación hacia los grupos que tradicionalmente han sido rezagados, como
es el caso las personas en situación de discapacidad.
De tal manera,
resulta necesario hacer alusión a los diferentes contenidos del derecho a la
igualdad. El primero de ellos es la igualdad formal ante la ley, que asegura
que todas las personas recibirán la misma protección y trato por parte de las
autoridades estatales. En segundo lugar, se encuentra la prohibición de
discriminación, la cual busca evitar que se mantenga, agrave o perpetúe la
exclusión de grupos tradicionalmente discriminados en la sociedad por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. Finalmente, la igualdad material, como tercer contenido, es la que
permite (y en muchos casos exige) que el Estado fije tratamientos diferenciados
positivos o afirmativos, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Como se
establece en la Sentencia C-221 de 2011, entre ese tipo de tratamientos
se distinguen las acciones afirmativas o discriminaciones inversas, las cuales
tienen por objeto prever regulaciones que faciliten el acceso a bienes sociales
escasos, a favor de grupos históricamente discriminados o que pertenecen a las
categorías denominadas como sospechosas de discriminación.
Como lo ha
indicado la Corte, tales acciones se refieren a “... políticas o medidas
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de
eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación.
De acuerdo con esta definición, los subsidios en los servicios públicos, las
becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo
económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero también lo son,
aquellas medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o
positiva, y que se diferencian de las otras citadas por dos razones: 1) porque
toman en consideración aspectos como el sexo o la raza, que son considerados
como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, tal y como se explicará
más adelante, y 2) porque la discriminación inversa se produce en una situación
de especial escasez de bienes deseados, como suele ocurrir en puestos de
trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir que el beneficio que se
concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para
otras.”
En el mismo
sentido, tal como se señaló en la Sentencia T-933 de 2013, con la noción
de acción afirmativa no sólo se hace referencia a aquéllas medidas de
discriminación inversa o positiva, sino que igualmente se incluyen otras
especies, en los términos de la jurisprudencia constitucional: “En las
Sentencias C-371 de 2000, C-964 de 2003 y C-293 de 2010 la Corte precisó que el
concepto de acción afirmativa es un género a partir del cual se desarrollan
tres especies: (i) las acciones de concientización, encaminadas a la
sensibilización con respecto a una problemática, como lo son las campañas
publicitarias; (ii) las acciones de promoción y facilitación, como lo son,
verbi gratia, el apoyo económico a los pequeños productores, las becas y ayudas
financieras para estudiantes de escasos recursos y los subsidios en los
servicios públicos; y (iii) las acciones de discriminación inversa o positiva,
que se distinguen por tomar como eje ‘categorías sospechosas’ de discriminación
como lo son el sexo o la raza y se producen ante una situación de especial
escasez de bienes deseados, como ocurre con respecto a los puestos de trabajo o
cupos universitarios, lo que implica que el beneficio que se brinda a ciertas
personas, tiene como contrapartida el perjuicio de otras.”
Al respecto, es
necesario resaltar que dicho trato que busca favorecer a las personas en
situación de discapacidad no es arbitrario, ni se trata de una concesión
caritativa, pues, como lo ha señalado la Corte, “[e]s, por el contrario,
simple cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se
ha hecho mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que
sumar a su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven
sometidos, una carga adicional a la que deben soportar el resto de los
habitantes de la ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el
postulado mínimo de igualdad sino la más elemental idea de un orden justo.”[26]
Del mismo modo,
el trato favorable referido no implica que las personas en situación de
discapacidad estén relevadas de sus deberes y obligaciones constitucionales
como cualquier otro ciudadano: “...la Corte ha reiterado que el derecho a un
trato especial, no llega hasta liberar a las personas con limitaciones de sus
deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus faltas. En criterio de la
Corte  en la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los
discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los discapacitados
adquieren distintos deberes para con las organizaciones política y social, que
les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano.”[27]
En suma, debido
a la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia las personas en
situación de discapacidad, el Estado tiene el deber constitucional de adelantar
medidas afirmativas con el fin de realizar la igualdad material a la cual se
hizo referencia. Así, es necesario tener presente que en el grupo de personas
que han sido víctimas de discriminación, confluyen diversas necesidades
dependiendo del tipo o grado de discapacidad con que cuente la persona, razón
por la que las acciones afirmativas explicadas deben responder a las necesidades
de esta población y tener en cuenta sus particularidades.
En efecto, y
como se encuentra señalado en Sentencia T-427 de 2012, en la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad se establecieron, para
alcanzar los fines propuestos y en armonía con el marco de protección
constitucional para este grupo poblacional, unas obligaciones de acción y otras
de omisión, en cabeza del Estado, respecto de los derechos de las personas con
discapacidad. Entre estas obligaciones, se encuentra la de “tomar todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad.”
En ese sentido,
en el artículo 3º de este instrumento internacional, se consagraron unos
principios generales, entre los cuales cabe destacar el respeto por la
dignidad, autonomía individual y la independencia de las personas con
discapacidad, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad, y la igualdad de oportunidades. Entre estos
principios, la Convención se ocupó de desarrollar el de no discriminación,
señalando que los Estados Partes, i) prohibirán toda discriminación por motivo
de discapacidad, ii) garantizarán protección legal a las personas con
discapacidad contra cualquier tipo de discriminación, y iii) realizarán ajustes
razonables para promover la igualdad de las personas con discapacidad y
eliminar la discriminación a la que este grupo de personas ha sido sometido.
La Convención
definió dichos ajustes razonables como “las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que se requieran en un caso particular, para
garantizarle a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones
de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales no
deben imponer una carga desproporcionada o indebida”.[28]
En conclusión,
es necesario que, al llevar a cabo las acciones afirmativas con el fin de
realizar el derecho a la igualdad material de las personas con discapacidad;
las medidas legislativas, administrativas, entre otras, que se adopten, deben
responder a una situación concreta, pues es necesario tener en cuenta que las
necesidades de quienes conforman este grupo de la población son diferentes
entre sí. Para ello, se requiere que se acuda a lo que el instrumento
internacional de la Convención denomina ajustes razonables, los cuales
involucran no solo la infraestructura física sino también las reglas jurídicas
que, en muchos casos, imponen barreras a las personas en situación de
discapacidad, desconociendo las diferencias existentes entre este grupo y el
resto de personas que no se encuentran en la misma circunstancia.
6. Reglamento
de Crédito del ICETEX, adoptado mediante Acuerdo 025 del 28 de junio de 2017[29]
El artículo 13
del Reglamento de Crédito del ICETEX, establece:
“ARTÍCULO 13. CONDONACIÓN DE DEUDAS.
El Icetex condonará las obligaciones en los siguientes casos:
a.
Por muerte del
beneficiario, certificada mediante la presentación del original del registro
civil de defunción o fotocopia o documento que haga sus veces, expedido por la
autoridad competente (Registradurías especiales, Registradurías municipales,
Registradurías Auxiliares, Notarias, Inspecciones de Policía, corregimientos
autorizados y consulados); sin perjuicios (sic) de los controles o
verificaciones que la entidad deba realizar.
b.
Por el hecho
sobreviniente de invalidez del beneficiario, la cual será acreditada con
certificado expedido por la autoridad competente (EPS, ARS, ARL, Junta regional
de Invalidez), en el cual deberá constar el porcentaje de capacidad laboral y
la fecha de su estructuración; los mismos se presumirán válidos, sin perjuicio
de los controles o verificaciones que la entidad deba realizar.
Parágrafo 1. Los estudiantes con discapacidad que soliciten
crédito educativo a través de la línea para estudiantes con limitaciones o
comunidades de especial protección constitucional, en el evento de que se
demuestre que el porcentaje de su discapacidad ha incrementado con certificado
expedido por la autoridad competente (EPS, ARS, ARL, Junta regional de
Invalidez), en el cual deberá constar el porcentaje de capacidad laboral y la
fecha de su estructuración; los mismos se presumirán válidos, sin perjuicio de
los controles o verificaciones que la entidad deba realizar, se les podrá
condonar la obligación.
Parágrafo 2. La condonación del crédito educativo se realizará desde el
momento en que se produjo el deceso o la invalidez del beneficiario de acuerdo
con la certificación oficial expedida por la autoridad competente.
En los casos en que se detecte el fallecimiento
del beneficiario y se corrobore con la Registaduría Nacional del Estado Civil
que el documento de identidad se encuentra en estado “CANCELADO POR MUERTE”, se
procederá de oficio a la codonación de la deuda, sin necesidad de la solicitud
expresa del codeudor y/o interesado.
Parágrafo 3. El Vicepresidente de Operaciones y Tecnología suscribirá
los actos administrativos de condonación en caso de invalidez y muerte, previo
concepto favorable del Comité de Cartera.”
De lo anterior, se evidencia que para los casos de
estudiantes que hubieran solicitado el crédito a través de la línea para
estudiantes con limitaciones, debe tenerse en cuenta el parágrafo 1º de la
norma transcrita, del cual se desprende que la condonación opera en el evento
en que la discapacidad se incremente.
Sin embargo, el parágrafo 2º contempla que la condonación
de la deuda se realizará desde el momento en que se produce el deceso o la
invalidez del beneficiario, pero no señala el momento a partir del cual opera
la condonación en los casos de incremento de la discapcidad a que se refiere el
parágrafo 1º, ni el porcentaje de incremento de la discapacidad[30]
que se tendrá en cuenta para la condonación, ni el tipo de valoración que
se requiere para acreditar el incremento de la discapcidad posterior a la
obtención del crédito educativo.
7. Análisis
del caso concreto: El ICETEX vulneró el derecho al debido proceso de la demandate
Yuly Andrea Moncada Velásquez
7.1 El asunto
sometido a revisión se basa en los siguientes supuestos fácticos:
(i) La historia
clínica de la demandante, formada por el Hospital Universitario Clínica San
Rafael, del 11 de junio de 2019, señala entre los antecedentes los siguientes:
“PATOLÓGICOS: NEUROFIBROMATOSIS TIPO II ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR CON SECUELAS DE PARALISIS (SIC) FACIAL HB1. FARMACOLOGICOS
(SIC): USUARIA DE OXIGENO POR CANULA NASAL A 2LT/MIN*18HR/DIA. ALÉRGICOS:
NEGATIVO. QX: TIROPLASTIA TIOPO (SIC) I DERECHA RESECCIÓN DE LESIONES EN
CUELLO. TÓXICOS: NEGATIVO.
EXAMEN FISICO (SIC). PACIENTE EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES HIDRATADA SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
RINOSCOPIA ANTERIOR: MUCOSA SANA SEPTUM FUNCIONAL CORNETE INFERIOR EUTROFICO NO
RINORREA. OROFARINGE: DESVIACION (SIC) DE LENGUA HACIA LA DERECHA MUCOSA SANA ÚVULA
CENTRADA AMIGDALAS GRADO I NO ESCURRIMIENTO POSTERIOR. CUELLO: NO MASAS NO
MEGALIAS CICATRICES EUTRÓFICA SIN SIGNOS INFLAMATORIOS.
PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO II A QUIEN SE LE HAN REALIZADO
DOS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA RESECCION (SIC) DE NEUROFIBROMAS EN CUELLO
POSTERIOR PRESENTÓ INMOVILIDAD DE CUERDA VOCAL DERECHA REQUIRIÓ TIROPLASTIA
TIPO I DERECHA EN EL 2014. ACTUALMENTE CON PERSISTENCIA DE DISFONIA ASISTENTE
CON ESTREBOSCOPIA LARINGEA QUE EVIDENCIA PARÁLISIS DE CUERDAVOCAL DERECHA POR
ANTECEDENTE DE TIPOPLASTIA TIPO I EL MANEJO MAS ADECUADO PARA LA CLINICA (SIC)
ES LA INYECCION (SIC) DE MATERIAL TIPO HIDROXIAPATITA DE CALCIO (RENUVOICE) EN
PLIEGUE VOCAL DERECHO PARA MEJORAR CALIDAD DE VOZ.
ADICIONALMENTE PACIENTE CON HIPOACUSIA PROGRESIVA POR LO QUE SE
SOLICITARON EXAMENES AUDIOLOGICOS (SIC) QUE EVIDENCIAN HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL LEVE-MODERADA BILATERAL PARA LO CUAL SE GENERA ORDEN PARA
VALORACION (SIC) POR OTOLOGIA CON LOS RESULTADOS. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN
REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.”
(ii) La
demandante fue beneficiaria de la línea especial de crédito dirigida a los
estudiantes con discapacidades físicas, síquicas o sensoriales de carácter
permanente, que otorga el ICETEX. Inició sus estudios en 2011 y en 2018 obtuvo
el título de Trabajadora Social, otorgado por la Universidad Minuto de Dios, de
la ciudad de Bogotá.
(iii) No
obstante, manifestó que no le ha sido posible ingresar al mercado laboral en
razón de las progresivas complicaciones que le causan las patologías que padece
y que la ponen en situación de discapacidad. Sus gastos, así como los de su
hermana, los asume su madre, quien recibe una mesada pensional
equivalente a $834.188 mil pesos.
(iv) Por lo
anterior, y con el fin de solicitar al ICETEX la condonación de la deuda
contraída para adelantar sus estudios, según lo contemplado en el Reglamento de
Crédito del mencionado instituto, pidió a la Nueva EPS[31] la
expedición de un certificado donde se establecezca el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral y la fecha de estruturación de la misma. En su respuesta, la
Nueva EPS[32]
le indicó que únicamente le compete la emisión de certificaciones de
discapacidad y no calificación de pérdida de capacidad laboral.
Así entonces, la
Nueva EPS le expidió a la demandante un certificado de discapacidad[33].
El certificado estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2020 y contiene la
siguiente información:
CIE-10
DIAGNOSTICO
TIPO DE
DISCAPACIDAD
Q850
NEUROFIBROMATOSIS
(NO MALIGNA)
FISICA
G540
TRASTORNOS DEL
PLEXO BRANQUIAL
FISICA
l693
SECUELAS DE
INFARTO CEREBRAL
FISICA
(v)
Posteriormente, con base en el certificado de discapacidad antes señalado, la
demandante presentó solicitud de condonación de su deuda ante el ICETEX[34].
El instituto emitió respuesta el 7 de septiembre de 2019, a través de la cual
le informó que no era posible acoger de manera favorable su solicitud, teniendo
en cuenta que el certificado aportado no cumplía con lo establecido en el
literal b) del artículo 13 del Acuerdo 012 de 2019, Reglamento de Crédito.
(vi) Por
lo expuesto, y con el fin de poder tramitar la condonación de su deuda con el
ICETEX, la demandante procedió a cancelar con recursos propios los honorarios
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, por
lo cual la expedición del certificado de la presunta pérdida de capacidad
laboral se encuentra en trámite.
7.2 Entonces, la
Sala Quinta de Revisión encuentra que, teniendo en consideración la condición
de discapacidad de la demandante, la misma por la cual obtuvo el préstamo
educativo, la disposición aplicable al momento de dar trámite a la solicitud de
condonación de la deuda elevada por la demandante era el parágrafo 1º del
artículo 13 del Reglamento de Crédito del ICETEX, [35] y no el
literal b), como erradamento lo hizo el instituto.
La actuación del
ICETEX se hizo por fuera de la normativa que regula la condonación de las
deudas contraídas con esa entidad por personas en situación de discapacidad,
vulnerando así el derecho al debido proceso de la demandante.
Sin embargo,
sería inocuo ordenar al ICETEX emitir una nueva respuesta a la solicitud de la
demandante con base en la disposición referida, pues ella no adjuntó
certificado de calificación de pérdida de capacidad laboral, como se establece
en la misma. Por lo tanto, se insta al instituto a dar estricta aplicación al
Reglamento de Crédito de elevarse una nueva solicitud de condonación de la
deuda por parte de la demandante, acompañada de los documentos previstos para
tal efecto, como se prevé sucederá, pues con sus propios recursos acudió a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, para que
le sea expedido el certificado requerido.
Por otro lado,
como se señaló en el aparte 6º, se advierten algunos vacíos normativos que no
permiten tener claridad respecto al procedimiento y los parámetros a tener en
cuenta por parte del ICETEX para efectos de conceder la condonación, razón por
la que el ICETEX deberá realizar ajustes al Reglamento de Crédito, razonables y
con enfoque de derechos, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en
esta providencia, a efectos de que se establezca claramente el momento a partir del cual se realizará la
condonación de la deuda y el porcentaje de incremento de la discapacidad que
se tendrá en cuenta para proceder a dicha condonación, con la finalidad de que
los estudiantes en situación de discapacidad, beneficiarios de crédito,
conozcan los parámetros con los cuales serán tramitadas y evaluadas las
solicitudes de condonación de sus deudas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá[36],
que a su vez confirmó el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de la misma ciudad[37],
mediante la cual se negó el amparo invocado por Yuly Andrea Moncada Velásquez
y, en su lugar, (i) TUTELAR el derecho al debido proceso de Yuly
Andrea Moncada Velásquez, y (ii) DECLARAR la carencia actual de objeto
por daño consumado respecto del trámite del certificado de capacidad laboral,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-478/20
Referencia:
Expediente T-7.779.772
Acción
de tutela instaurada por Yuly Andrea Moncada Velásquez en contra de la Nueva
EPS
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento
las razones que me conducen a aclarar el voto en la sentencia adoptada
por la Sala Quinta de Revisión, en sesión del 10 de noviembre de 2020.
1.  La providencia de la
referencia estudió la acción de tutela presentada por una ciudadana contra la
Nueva EPS, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social. La peticionaria, quien padecía Neurofibromatosis tipo 2 y otras
enfermedades degenerativas, solicitó un préstamo educativo al ICETEX, en
la línea para estudiantes con limitaciones o comunidades de especial protección
constitucional.
Luego de cursar sus estudios,
solicitó la condonación de la deuda, en aplicación del artículo 13 del
Reglamento de Crédito de la entidad. Según la solicitante, tenía derecho a la
condonación de su crédito, habida cuenta de (i) su situación de persona en
condición de discapacidad, (ii) el empeoramiento de su enfermedad, y (iii) el
hecho de que no se había vinculado al mercado laboral por cuenta de su
situación de salud.
Para condonar la deuda, el ICETEX
le solicitó un certificado que contuviese el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y la fecha de estructuración de la misma. Por ese motivo, la demandante
acudió a la Nueva EPS, con el propósito de obtener la valoración requerida y la
emisión del documento correspondiente.
No obstante, la entidad promotora
de salud negó su solicitud, al afirmar que no estaba dentro de sus competencias
expedir certificados en los que se evaluase la pérdida de capacidad laboral de
sus afiliados, pues eso les correspondería a las juntas de calificación de
invalidez. Sin embargo, sí emitió un certificado en el que constaba que las
enfermedades de la demandante le generaban una discapacidad.
En consecuencia, el ICETEX negó
la solicitud de condonación de la accionante y la requirió para que procediese
con el pago del crédito, en tanto el certificado que emitió la Nueva EPS no
cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento de la entidad.
Con fundamento
en lo expuesto, la tutelante presentó recurso de amparo contra la Nueva EPS, en
el que solicitó que se ordenara que haga las gestiones necesarias para realizar
una junta médica multidisciplinaria que emita el certificado requerido por el
ICETEX para la condonación de la deuda.
2.  En primera instancia, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó el amparo, al
considerar que la respuesta emitida por la Nueva EPS garantizó el derecho de
petición de la accionante. En ese sentido, indicó que la entidad puso de
presente los aspectos jurídicos que impedían acceder a lo pretendido por la
actora.
En segunda
instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá confirmó la decisión del A-quo. Sobre el particular,
consideró que la solicitante tenía a su alcance los mecanismos ordinarios para
obtener sus pretensiones y no acreditó que estuviese ante la inminencia de
sufrir un perjuicio irremediable.
3.  Al estudiar la acción de
tutela, como primera medida, la Sala Quinta de Revisión determinó que se
configuró la carencia actual de objeto por daño consumado en relación
con la pretensión de la expedición del certificado de pérdida de capacidad
laboral por parte de la Nueva EPS. Lo anterior, por cuanto la accionante pagó
directamente los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez,
y la valoración se encontraba en trámite al momento que esta Corporación emitió
su decisión.
De otra parte,
estableció que la acción constitucional era procedente contra el ICETEX.
Particularmente, la Corte analizó el requisito de subsidiariedad, y determinó
que el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto administrativo que negó la condonación de la deuda no era un
mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la actora.
4.
Luego, en lo que respecta al análisis de fondo, la Sala
Quinta de Revisión circunscribió sus consideraciones a los siguientes asuntos:
(i) las acciones afirmativas en favor de personas en condición de discapacidad;
y (ii) el análisis de las condiciones para la condonación de deudas en el
Reglamento del ICETEX. Posteriormente procedió a dar solución al caso concreto.
Sobre el primer punto, la
Corte reiteró lo establecido en su jurisprudencia respecto del alcance del
derecho a la igualdad. En virtud de esta garantía, determinó la obligación del
Estado y sus autoridades de adoptar acciones afirmativas para evitar la
discriminación y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas en
condición de discapacidad.
Sobre el segundo punto, la
Sala Quinta de Revisión estudió el alcance del artículo 13 del Reglamento de
Crédito del ICETEX, el cual regula los supuestos para la condonación de deudas
con la entidad. Sobre este punto, en el caso de la actora, este Tribunal
encontró que se presentaron dos inconvenientes al momento de analizar la
solicitud de condonación:
(i)
El ICETEX aplicó lo dispuesto en el literal (b) del artículo citado,
el cual establece la condonación cuando la invalidez del beneficiario es sobreviniente;
aun cuando la norma que le era aplicable a la demandante era el Parágrafo 1º,
que regula las situaciones en las que la discapacidad es previa y ha
incrementado.
(ii)
Había un vacío regulatorio, dado que la norma omitía señalar (a) el
momento a partir del cual opera la condonación en los casos de incremento de la
discapacidad, (b) el porcentaje del incremento que se debe acreditar para ese
efecto, y (c) el tipo de valoración que se requiere para determinarlo.
5.  Con base en las
anteriores consideraciones, la Sala debía resolver si el ICETEX vulneró los
derechos al debido proceso y a la igualdad de la accionante, al aplicar de
forma equivocada una norma de su Reglamento de Crédito[38] para resolver la
solicitud de condonación. Lo anterior, habida cuenta de que la disposición que
utilizó la entidad no le era aplicable a la solicitante, por tratarse de una
persona cuya discapacidad era previa al desembolso del crédito y, por ende, no
era sobreviniente.
Al respecto, la Sala Quinta
encontró que, efectivamente el ICETEX no empleó la disposición que le era
aplicable a la demandante al momento de analizar la condonación del crédito. En
esa medida, concluyó que la entidad vulneró su derecho al debido proceso
administrativo. Por ese motivo, resolvió: (i) revocar las sentencias de los
jueces de instancia en las que se niega el amparo, (ii) tutelar el derecho al
debido proceso de la actora, y (iii) declarar la carencia actual
de objeto respecto del trámite del certificado de pérdida de capacidad
laboral ante la Nueva EPS.
6.  Ahora, a pesar de que
comparto lo decidido en la sentencia en relación con el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de la peticionaria, debo puntualizar mi posición
respecto a la forma en la que se adoptaron las medidas de protección en el caso
concreto. De manera específica, me refiero a lo dispuesto en el numeral 7.2 de
la parte considerativa, en el que la Sala Quinta de Revisión determinó lo
siguiente:
“La
actuación del ICETEX se hizo por fuera de la normativa que regula la
condonación de las deudas contraídas con esa entidad por personas en situación
de discapacidad, vulnerando así el derecho al debido proceso de la demandante.
Sin
embargo, sería inocuo ordenar al ICETEX emitir una nueva respuesta a la
solicitud de la demandante con base en la disposición referida, pues ella no
adjuntó certificado de calificación de pérdida de capacidad laboral, como se
establece en la misma. Por lo tanto, se insta al instituto a dar
estricta aplicación al Reglamento de Crédito de elevarse una nueva solicitud de
condonación de la deuda por parte de la demandante, acompañada
de los documentos previstos para tal efecto, como se prevé sucederá, pues con
sus propios recursos acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, para que le sea expedido el certificado requerido.
Por otro
lado, como se señaló en el aparte 6º, se advierten algunos vacíos normativos
que no permiten tener claridad respecto al procedimiento y los parámetros a
tener en cuenta por parte del ICETEX para efectos de conceder la condonación, razón
por la que el ICETEX deberá realizar ajustes al Reglamento de
Crédito, razonables y con enfoque de derechos, teniendo en cuenta las
consideraciones realizadas en esta providencia, a efectos de que se establezca
claramente el momento a partir del cual se realizará la condonación de la deuda
y el porcentaje de incremento de la discapacidad que se tendrá en cuenta para
proceder a dicha condonación, con la finalidad de que los
estudiantes en situación de discapacidad, beneficiarios de crédito, conozcan
los parámetros con los cuales serán tramitadas y evaluadas las solicitudes de
condonación de sus deudas.”
Sobre este punto, si bien la Sala
realiza un llamado de atención al ICETEX para que, por un lado, aplique la
norma correcta para resolver la petición de condonación que presente la actora
en el futuro y, por el otro, realice ajustes razonables a su Reglamento para
que exista claridad sobre las reglas de juego para los estudiantes que se
encuentran en situación de discapacidad previo a la solicitud de crédito; lo
cierto es que estas medidas no aparecen como órdenes en la parte resolutiva de
la sentencia.
7.  Teniendo en cuenta lo
anterior, sin perjuicio de que estimo que las medidas antes enunciadas son
correctas para atender la situación de vulneración de derechos fundamentales
evidenciada por la Sala, considero que era preciso que éstas fueran incluidas
en la parte resolutiva como órdenes susceptibles de imponerse a la demandada.
De lo contrario, se correría el riesgo de mantener la afectación del derecho al
debido proceso de la peticionaria y de que el amparo sea ineficaz.
A este respecto, el numeral 4º
del artículo 29 del Decreto 2591 determina que el fallo de tutela debe contener
“[l]a orden y la definición precisa de la conducta a
cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela”. Esta
disposición garantiza que la decisión de amparo sea efectiva, a través de la
imposición de mandatos cuyo cumplimiento es obligatorio y que son susceptibles
de imponerse por vía de desacato a la parte demandada.
En virtud de lo anterior, a mi
juicio, las medidas de protección incluidas en el numeral 7.2 de la parte
considerativa debieron incluirse como órdenes en la parte resolutiva, con el
fin de asegurar que la tutela de los derechos de la peticionaria fuese
efectiva. Sin embargo, es preciso aclarar que los llamados de atención al
ICETEX representan un deber jurídico que la entidad debe cumplir en virtud del
amparo que emitió la Corte Constitucional en el caso concreto, pues delimitan
de forma precisa cuáles son las medidas a ser adoptadas.
8.  De esta manera, expongo
las razones que me llevan a aclarar el voto en la Sentencia T-478 de 2020,
en relación con la forma en la que se adoptaron las medidas de protección en el
caso concreto.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Sociedad Anónima constituida mediante la
escritura pública No. 753 del 22 de marzo de 2007, que surge como Entidad
Promotora del Régimen Contributivo a través de la Resolución No. 371 del 3 de
abril de 2008 y del Régimen Subsidiario a través de la Resolución No. 02664 del
17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.
[2] El 9 de octubre de 2019 (Fl. 40, cuaderno
1)
[3] Documento radicado el 9 de octubre de 2019
(Fl.28, cuaderno 1)
[4] Por el cual se
actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de
Pago por Capitación (UPC).
[5] A través de documento radicado el 18 de
octubre de 2019 (Fl.61, cuaderno 1)
[6] En escrito del 9 de octubre de 2019 (Fl.28,
cuaderno 1)
[7] Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a
las siguientes personas y entidades:
1. De conformidad con los dictámenes que se requieran
producto de las calificaciones realizadas en la primera oportunidad:
1.1. Afiliados al sistema general de riesgos laborales
o sus beneficiarios;
1.2. Trabajadores y servidores públicos del territorio
nacional de los sectores público y privado;
1.3. Trabajadores independientes afiliados al sistema
de seguridad social integral;
1.4. Empleadores;
1.5. Pensionados por invalidez;
1.6. Personal civil del Ministerio de Defensa y de las
Fuerzas Militares;
1.7. Personal no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993;
1.8. Personas no afiliadas al sistema de
seguridad social, que hayan estado afiliados al
sistema general de riesgos laborales;
1.9. Personas no activas del sistema
general de pensiones;
1.10. Administradoras de riesgos laborales,
ARL;
1.11. Empresas promotoras de salud, EPS;
1.12. Administradoras del sistema general
de pensiones;
1.13. Compañías de seguros que asuman el
riesgo de invalidez y muerte;
1.14. Afiliados al Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República;
1.15. El pensionado por invalidez o
aspirante a beneficiario o la persona que demuestre
que aquel está imposibilitado, o personas
que demuestren interés jurídico.
2. De conformidad con los dictámenes que se
requieran como segunda instancia de los regímenes de excepción de la Ley 100 de
1993, caso en el cual las juntas regionales de calificación de invalidez
actuarán como segunda instancia, razón por la cual no procede la apelación a la
junta nacional:
2.1. Educadores afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio;
2.2. Trabajadores y pensionados de la
Empresa Colombiana de Petróleos.
3. De conformidad con las personas que
requieran dictamen de pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o
para aportarlo como prueba en procesos judiciales o administrativos, deben
demostrar el interés jurídico e indicar puntualmente la finalidad del dictamen,
manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas, caso en el
cual, las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como peritos,
y contra dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos:
3.1. Personas que requieren el dictamen
para los fines establecidos en este numeral;
3.2. Entidades bancarias o compañía de
seguros;
3.3. Personas con derecho a las
prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 418 de
1997.
PARÁGRAFO. Se exceptúan de su aplicación el régimen
especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación
que soliciten a las juntas regionales de calificación de invalidez como
peritos.
[8] Radicado el 9 de octubre de
2019 (Fl.33, cuaderno 1)
[9] En documento del 30 de octubre de 2019 (Fl.
4, cuaderno 2)
[10] Certificación de Discapacidad. Es el
procedimiento de valoración clínica multidisciplinaria simultánea, fundamentado
en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud-CIF, que permite identificar las deficiencias corporales, incluyendo
las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la
participación que presta una persona, cuyos resultados se expresan en el
correspondiente certificado, y son parte integral del RLCPD [Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad] Corresponde a las
EPS, entidades adaptadas y administradoras de los regímenes Especial y de
Excepción, garantizar los equipos multidisciplinarios de que trata el artículo
5 del presente acto, facilitando la construcción de los mismos dentro de su red
de prestadores.
[11] A través de fallo del 9 de diciembre de
2009.
[12] Sentencia T-290 de 2018, M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[13] Sentencia T-323 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14] Sentencia T-096 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[15] Sentencia T-703 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Artículo 24. Prevención a la
autoridad. “Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido”.
[17] Artículo 2°.Ámbito de aplicación. El Manual Único para la
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional contenido en
el presente decreto, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional,
a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes y del sector privado en general, independientemente de su tipo de
vinculación laboral, clase de ocupación, edad, tipo y origen de discapacidad o
condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, para
determinar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier
origen. El presente Manual no se aplica en los casos de: certificación de
discapacidad o limitación, cuando se trate de solicitudes para reclamo de
subsidio ante Cajas de Compensación Familiar, Fondo de Solidaridad Pensional,
Fondo de Solidaridad y Garantía, así como en los casos de solicitudes dirigidas
por empleadores o personas que requieran el certificado, con el fin de obtener
los beneficios establecidos en las Leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010 y demás
beneficios que señalen las normas para las personas con discapacidad. Estas
certificaciones serán expedidas por las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Contributivo o Subsidiado a la cual se encuentre afiliado el interesado,
de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Parágrafo. Para la calificación de la invalidez
de los aviadores civiles, se aplicarán los artículos 11 y 12 del Decreto número
1282 de 1994.
[18] C-529 de 2010, T-400 de 2017, T-322 de 2011
y T-349 de 2015, entre otras.
[19] El 9 de diciembre de 2019.
[20] Emitido el 17 de octubre de 2019.
[21] Según el artículo 86 de la Constitución,
toda persona, puede presentar acción de tutela para la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o
amenazados. Respecto de la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta puede
ser ejercida (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal;
(iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un agente oficioso.
[22] La legitimación pasiva se refiere a la
aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien
está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cuando esta resulte demostrada, según el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 5° y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991.
[23] La Corte ha resaltado que, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en
todo momento” porque carece de término de caducidad. No obstante, la
jurisprudencia constitucional también es consistente al señalar que la misma
debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho
que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Al efecto,
ver la sentencia T-038 de 2017. El requisito de la inmediatez pretende entonces
que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho
judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se
preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de
aplicación urgente que demanda protección efectiva y actual de los derechos
invocados. En este sentido se pueden consultar las sentencias SU-241 de 2015 y
T-091 de 2018.
[24] De conformidad con el artículo
86 de la Carta y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la procedencia de la
acción de tutela también se sujeta al principio de subsidiaridad, el
cual, tal y como lo ha expresado la Corte en varias de sus sentencias, autoriza
su uso en alguna de las siguientes hipótesis: (i) cuando no exista
otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto
relacionado con la supuesta vulneración de un derecho fundamental; o cuando,
aun existiendo, (ii) dicho mecanismo no resulte eficaz e idóneo para la
protección del derecho; o cuando, a pesar de brindar un remedio integral, (iii)
resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. Como supuesto básico en el examen de
procedencia, este Tribunal ha objetado la valoración genérica de los medios
ordinarios de defensa judicial, pues ha considerado que en abstracto cualquier
mecanismo puede considerarse eficaz, toda vez que la garantía mínima de todo
proceso es el respeto y la protección de los derechos constitucionales. Por
esta razón, la jurisprudencia ha sido clara en afirmar que la eficacia de la
acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y
exigencias propias del caso concreto. Sobre lo expuesto se puede consultar la
sentencia T-598 de 2017.
[25] La Corte Interamericana de Derechos Humanos
en sentencia del julio 4 de 2006, expresó que: “toda persona que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección
especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del
Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y
garantía de los derechos humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados
se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de
medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre, como la discapacidad”.
[26] T-933 de 2013, T-598 de 2013 y T-770 de
2012, entre otras.
[27] T-933 de 2013.
[28] En la Sentencia C-605 de 2012 se analizó, entre
otros problemas jurídicos, si un conjunto de normas de la Ley 982 de 2005
vulneran la Constitución por haber incurrido en una omisión legislativa
relativa al no haber considerado los derechos de las personas con discapacidad
auditiva que no emplean el lenguaje de señas. En punto al concepto de ajustes
razonables sostuvo: “Se entienden como razonables aquellos ajustes que no
imponen una carga desproporcionada o indebida, apreciación que implica la
simultánea ponderación de los costos que tales acciones necesariamente tendrán
para el Estado y la sociedad. A juicio de la Corte, este concepto referente,
así como la trascendental consideración que en él va envuelta, se acompasan debidamente
con los principios constitucionales que inspiran el diseño y ejecución de las
acciones afirmativas, a través de las cuales el Estado procura el logro de la
igualdad real y efectiva garantizada por la Constitución Política. Por
consiguiente, se considera que su uso y aplicación como medida de las acciones
a realizar no plantea problemas en relación con la exequibilidad de estas
normas...” Igualmente, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-066 de
2013, analizó entre otras cuestiones, las barreras que tienen que superar las
personas con discapacidad para hacer efectivos sus derechos, las cuales no sólo
se limitan a las barreras físicas. A ese respecto, la Corporación sostuvo: “Desde
esa perspectiva, la protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad pasa por la eliminación de esas barreras, las cuales no son
únicamente de índole físico, sino también jurídico. Las diferentes modalidades
de infraestructura, la conformación institucional y las reglas jurídicas deben,
en ese orden de ideas, adaptarse de modo tal que su configuración no imponga
limitaciones de acceso a las personas con discapacidad. Así, como lo ha
señalado la Corte `... para el Constituyente, la igualdad real sólo se alcanza
si el Estado se quita el velo que le impide identificar las verdaderas
circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra
este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de
diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras
existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de
condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a
la igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos
de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias
que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente,
en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse
políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.
[29] Modificado por el Acuerdo No. 012 del 26 de
junio de 2019.
[30] En esos términos lo establece el parágrafo
1º.
[31] El 20 de agosto de 2019.
[32] Emitida el 26 de agosto de 2019.
[33] Cabe aclarar que el 10 de mayo de 2018, la
Nueva EPS ya había expedido un certificado de discapacidad con la siguiente
información:
CIE-10
DIAGNOSTICO
TIPO DE DISCAPACIDAD
D430
TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL
ENCEFALO, SUPRATENTORIAL
FISICA
Q850
NEUROFIBROMATOSIS (NO MALIGNA)
FISICA
G540
TRANSTORNOS DEL PLEXO BRANQUIAL
FISICA
[34] 2019267678-CAS-5772111-K3C2J4.
[35] Pues entró a regir la misma
fecha de su expedición, según el artículo décimo tercero del mencionado
estatuto.
[36] El 9 de diciembre de 2019.
[37] Emitido el 17 de octubre de 2019.
[38] Literal b) del artículo 13 del Acuerdo 012 de 2019.