T-565-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-565/06
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia
ACCION
DE TUTELA-Carácter
excepcional y subsidiario
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
cuando no existe otro medio de defensa judicial/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos de
procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Defectos
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Causales
genéricas de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la
expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de procedibilidad"
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
adicionales
Para que proceda la acción de tutela contra
decisiones judiciales, además de demostrar la existencia de una causal genérica
de procedencia, es necesario acreditar los siguientes requisitos adicionales:
(i) Que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional; (ii) Que
los medios -ordinarios o extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada se hayan agotado, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Para este efecto, esta Corporación ha sostenido
que el citado perjuicio se presenta cuando se estructuran cuatro elementos
básicos, a saber: El perjuicio debe ser inminente, las medidas para corregirlo
urgentes, el daño debe ser grave y su protección impostergable. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, (iii) que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar en claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) Es indispensable que se identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, poniendo
además de presente que los mismos fueron alegados en el proceso judicial en que
se produjo la violación, siempre que ello hubiese sido medianamente posible; y
finalmente, (vi) el amparo no puede promoverse contra una providencia proferida
en el trámite de la acción de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR INDEBIDA INTERPRETACION JUDICIAL-Improcedencia
VIA DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION-No se configura si fundamento es objetivo
y razonable
VIA DE HECHO-No la constituye interpretaciones del juez que no
comparten las partes
VIA DE HECHO JUDICIAL-Aplicación restrictiva
en materia de interpretación
VIA
DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION-No se configura
por el simple hecho de contrariar criterio de otros operadores jurídicos/INTERPRETACION
DE FUENTES FORMALES DEL DERECHO-Autonomía judicial
El solo hecho de
contrariar el criterio interpretativo de otros operadores jurídicos, e incluso
de los distintos sujetos procesales, no puede considerarse como una de las
causales que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues sin lugar a dudas dicha manifestación jurídica corresponde al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces de otorgarle sentido a
las disposiciones que aplican y de limitar los efectos que puedan derivarse de
ellas, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial previstos en los
artículos 228 y 230 del Texto Superior
INTERPRETACION
LEGAL O JUDICIAL-Autonomía sujeta a límites
Si bien es cierto que los jueces son autónomos
e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en
concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera
de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, ello no los habilitada para
que en desarrollo de esa labor puedan apartarse de los hechos, o dejar de
valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y, menos aún,
desconocer las disposiciones constitucionales que fijan los parámetros bajo los
cuales se desenvuelve la función judicial.
VIA DE HECHO-Casos de interpretación de normas
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
cuando las partes omiten acudir a otro medio de defensa judicial
CONSORCIO
Y UNION TEMPORAL EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA-Capacidad
sin personería jurídica
UNION
TEMPORAL-Escrito
de acusación debe dirigirse contra todos los miembros y de los cuales se deriva
la presunta responsabilidad legal
UNION
TEMPORAL-Integración
de litisconsorcio necesario por pasiva
LITISCONSORCIO
NECESARIO-Indebida
integración se transforma en vicio constitutivo de nulidad procesal
AUTO
ADMISORIO EN PROCESO LABORAL-Indebida notificación
INDEBIDA
NOTIFICACION EN PROCESO LABORAL-Medios de defensa judicial
previstos para defender intereses de afectado
RECURSO
DE REVISION EN PROCESO EJECUTIVO-Indebida notificación
NULIDAD
POR INDEBIDA NOTIFICACION-Puede alegarse como excepción en
proceso que se adelante para ejecución de la sentencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Improcedencia
por existir otro medio de defensa judicial
NOTIFICACION
PERSONAL-Mandamiento
de pago en juicios ejecutivos ante el mismo juez de conocimiento y las mismas
partes
El articulo 108 del Código Procesal del
Trabajo si bien establece la obligación de surtir la notificación personal del
mandamiento de pago en los juicios ejecutivos, no se concibe a la luz de los
principios de economía y celeridad procesal, como una formalidad específica que
resulte exigible en aquellos casos en que se adelanta la ejecución de las
providencias judiciales ante el mismo juez de conocimiento y entre las mismas
partes, por el contrario, su ámbito normativo presupone el inicio de un proceso
autónomo e independiente de aquél en que se impuso la condena objeto de
reclamación. Obsérvese cómo, su misma ubicación en el citado Estatuto Procesal
es indicativo de dicha realidad, ya que además de hacer parte del capítulo XVI
referente a los “procedimientos especiales” que surgen como contrapartida al
procedimiento cognoscitivo, frente al cual la ejecución subsiguiente no es más
que una prolongación; supone como requisito previo para su plena exigibilidad
judicial, la interposición de una demanda ejecutiva ante el juez laboral
competente (C.P.T. art. 101), requerimiento que no resulta compatible con el
trámite procedimental para la ejecución de providencias judiciales ante el
mismo juez de conocimiento, para el que basta una simple petición para que se
profiera el mandamiento ejecutivo (C.P.C. art. 335).
NOTIFICACION DE AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO
EN PROCESO LABORAL-Posibilidades
que brinda ordenamiento jurídico a operador judicial
Al tener que acudir al auxilio de la
analogía, surgen dos posibles alternativas válidas para las autoridades
judiciales, por una parte, pueden aplicar la misma regla jurídica prevista en
la “ejecución como proceso autónomo” para el caso de “la ejecución a
continuación dentro del mismo expediente”, lo que, en términos prácticos,
significaría exigir la notificación personal consagrada en el artículo 108 del
Código Procesal del Trabajo; o por la otra, remitirse en su integridad al
procedimiento establecido en el Estatuto Procesal Civil, en los artículos 335 y
subsiguientes, el cual al regular una situación jurídica-procesal exactamente
igual, permitiría acudir a la notificación por estado como regla positiva para
suplir el vacío normativo que en este tipo especial de procedimientos se
presenta en el Código Procesal Laboral. Por lo demás, esta última alternativa
también se fundamenta, en el hecho de reconocer que el régimen laboral exige en
el artículo 41, literal a), numeral 1°, la notificación personal de la “primera
providencia que se dicte” en el proceso, la que en tratándose de la ejecución
subsiguiente, corresponde frente al demandando, a la del auto admisorio de la
demanda. En estos casos, el auto ejecutivo, debe notificarse por estado,
siguiendo las reglas de notificación de los autos interlocutorios, cuando éstos
no se hubieren dado a conocer en estrados (C.P.L. art. 41, lit. c), num. 1°).
Finalmente, aun cuando la mayoría de la doctrina guarda silencio sobre la
materia, en algunos textos sí se hace referencia expresa a que, en estos
eventos, lo procedente es la notificación por estado del mandamiento ejecutivo
NOTIFICACION PERSONAL DE AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCESO LABORAL-Garantiza derecho de defensa de demandado cuando no se
ha vinculado en debida forma a proceso ordinario
Para esta Corporación es innegable que
cuando una persona no se vinculó en debida forma al proceso ordinario laboral,
sí resulta excesivo acudir a la notificación por estado para dar a conocer el
mandamiento de pago que da inicio a la ejecución de las providencias judiciales
ante el mismo juez de conocimiento, pues mediante dicha forma de publicidad no
se garantiza que los demandados tengan -en realidad- conocimiento acerca de la
existencia del proceso. En estos casos, la interpretación que resulta más
acorde con la Constitución, es aquella que privilegia la forma de notificación
que en mayor medida asegura que el contenido de dicha providencia sea realmente
conocida por la parte demandada, lo que exigiría acudir a la notificación
personal del auto ejecutivo.
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO-Notificación por estado de mandamiento
de pago en proceso ejecutivo laboral
Referencia: expediente T-1317945
Peticionarios: Sociedades R. M. R.
Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA.
Demandados: Juzgado Primero Laboral del
Circuito y Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil seis
(2006).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio
Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de
tutela proferidos por las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de
Justicia, correspondientes al trámite de la acción de amparo constitucional
impetrada por las sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA.
contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar y la Sala Civil,
Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad.
I.       ANTECEDENTES
1.      Demanda, fundamentos y pretensiones
Las sociedades R. M. R. Construcciones S.A.
y Constructora AMCO LTDA., actuando a través de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela en contra del Juzgado Primero Laboral del
Circuito y la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
1.1.  Al respecto, se resaltan los siguientes hechos:
a. Las sociedades Alfredo Muñoz & CIA LTDA y R. M.
R. Construcciones S. en C. conformaron una unión temporal para la presentación
de una propuesta, y si era del caso, la celebración y ejecución de un contrato
estatal con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, cuyo objeto
consistía en la elaboración de los estudios técnicos, el diseño arquitectónico
definitivo y la construcción y dotación de la nueva cárcel de Valledupar.
El contrato para formalizar dicho convenio
de asociación se suscribió el 2 de diciembre de 1998[1].
En el mencionado acto jurídico se reconoció a la unión temporal constituida con
el nombre de “Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar”, y se designó
al señor Roberto Muñoz Roa como representante legal[2].
b.  Una vez adjudicado el contrato por la Dirección
General del INPEC a favor de la citada unión temporal, se procedió a su
correspondiente celebración y ejecución, en el que se asumió por parte del
contratista, entre otras, las siguientes obligaciones: “(...) 8.
Ejecutar la obra dentro del plazo correspondiente y en las cantidades
establecidas en la oferta, las cuales no podrán ser inferiores a las previstas
en la invitación pública; y las requeridas para la construcción del diseño
final; (...) 12. Capacitar a los funcionarios en el manejo y
funcionamiento de los equipos de seguridad suministrados; (...) 16.
Garantizar la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la
integridad personal de quienes laboren o permanezcan dentro de la construcción
de conformidad con las normas vigentes”[3].
c.  Según se acredita en el texto de la demanda, con
posterioridad a la celebración del contrato estatal, las sociedades que integran
la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar se sometieron a varias reformas
societarias. En virtud de lo anterior, la sociedad Alfredo Muñoz & CIA
LTDA  cambió su nombre por el de Constructora AMCO LTDA mediante Escritura
Pública No. 2821 de agosto 24 de 1999[4]. Por su parte, la
compañía R. M. R. Construcciones S. en C. se transformó en una sociedad anónima
y asumió el nombre de R. M. R. Construcciones S.A., según se acredita en la
Escritura Pública No. 2658 del 23 de julio de 2004[5].
d. El día 25 de mayo de 2000, los señores Juana Bautista
Soto Arrieta y Diógenes Pérez Romero, en su condición de herederos del señor
Raúl Antonio Pérez Soto, promovieron demanda ordinaria laboral en contra de la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, conformada por las sociedades
Constructora AMCO LTDA y R. M. R. Construcciones S.A., y solidariamente, frente
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
De acuerdo con los accionantes, el señor
Pérez Soto suscribió contrato de trabajo con la referida unión temporal el 13
de marzo de 1999, el cual terminó el día 30 de agosto del mismo año, fecha en
la que se produjo su muerte a raíz de los politraumatismos causados por una
caída de una altura de 13 metros. Según manifiestan dicho fallecimiento, es “atribuible
al empleador, ya que [el difunto] no estaba afiliado a la seguridad social
integral, ni la empresa le había facilitado los mínimos elementos de protección
laboral, para desempeñar el cargo de albañil”[6].
En el encabezado de la demanda se señala
tanto las personas jurídicas demandadas como las pretensiones y condenas
solicitadas, en los siguientes términos:
“(...) Por medio del presente escrito
procedo a instaurar demanda laboral y demando de manera solidaria mediante
PROCESO ORDINARIO y en contra de las empresas UNIÓN TEMPORAL NUEVA CARCEL
DE VALLEDUPAR con Nit. (...), conformada por ALFREDO MUÑOZ & CIA
LTDA (..) con participación del 60% y R. M. R. CONSTRUCCIONES S. EN C. (...)
con participación del 40 representados por ROBERTO MUÑOZ ROA o por quien haga
sus veces, y solidariamente al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO (INPEC) representado legalmente por el señor FABIO CAMPO
SILVA, mayor de edad, en su calidad de Director o representante legal, o por
quien haga sus veces, a fin de que se cancelen, paguen y reconozcan todas las
pretensiones económicas e indemnizaciones por el fallecimiento del señor RAUL
ANTONIO PEREZ SOTO, hijo de los demandantes y se reconozca la correspondiente
indemnización por la reparación plena y ordinaria de perjuicios en daños
materiales con el correspondiente daño emergente y lucro cesante, los daños
morales de carácter objetivados y subjetivados pagando y reconociendo su valor
en forma consolidada partiendo desde la fecha del accidente de trabajo hasta el
momento del fallo judicial y en forma futura desde el fallo hasta la
terminación del pago de la obligación que se reclama mediante la presente
demanda. // Se reconozca el pago de todas las anteriores sumas con la
correspondiente indexación, intereses corrientes, intereses moratorios y reajustes
para actualizar los valores pagados según la sentencia”[7].
(Subrayado por fuera del texto original).
En el acápite de la demanda correspondiente
a las “notificaciones” el apoderado de los demandantes señaló:
“(...) Los señores JUANA BAUTISTA SOTO
ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO reciben notificaciones personales en la
transversal 27 No. 17 A 54 Fundadores de esta ciudad.
Los demandados UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR en la Cra 14 No. 86 A 76 de la ciudad de Santafé
de Bogotá y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC en la Cra 19
C No. 18 A 34 y/o en la Cra 19 A No. 18 - 60 de la ciudad de Valledupar”[8].
(Subrayado por fuera del texto original).
e. Por reparto le correspondió el conocimiento de la
antedicha demanda al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, el
cual mediante Auto del 4 de septiembre de 2000, procedió a su admisión y ordenó
su notificación y traslado en los términos previstos en la ley. Textualmente,
en la citada providencia se manifestó:
“PRIMERO. Admitir la presente demanda presentada por JUANA
BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO CONTRA LA UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR Y SOLIDARIAMENTE CONTRA EL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.
SEGUNDO. Notifíquese y córrasele traslado al señor ROBERTO
MUÑOZ ROA, en su condición de representante de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR, o quien haga sus veces, y a FABIO CAMPO SILVA, en
su condición de representante del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC, o
quien haga sus veces al momento de la notificación. (...)
La parte demandada, UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, será notificada en la carrera 14 No. 86 A
76, de la ciudad de Santafé de Bogotá y al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INPEC, en la carrera 19C 18 a-34 y/o en la cra 19ª 18-60 de esta ciudad; y se
les hará entrega de copia de la demanda para que la contesten dentro del
término de seis (6) días (Art. 74 C.P.L)”[9]. (Subrayado
por fuera del texto original).
f.  El día 16 de agosto de 2001, la Secretaria del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Valledupar informó al despacho que: “una vez
revisado el proceso de la referencia, se observa que el señor ROBERTO MUÑOZ
ROA, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, es
domiciliado en la ciudad de Bogotá”[10].
Teniendo en cuenta dicho informe
secretarial, en la misma fecha previamente mencionada, el juzgado de instancia
decidió librar despacho comisorio al Juez Laboral del Circuito (Reparto) de
Bogotá, con el propósito de notificar y correr traslado de la demanda a la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar[11]. Dicho
despacho comisorio se identificó con el número 043 y se remitió mediante oficio
No. 0719 de agosto 17 de 2001. En el Auto que contiene el citado despacho
comisorio se precisó que:
“DESPACHO COMISORIO No. 043. // La suscrita
secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, al señor
Juez Laboral del Circuito (reparto) de la ciudad de Bogotá D.C., por el
presente, HACE SABER: // Que en el presente proceso ordinario laboral promovido
por JUAN BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PEREZ, CONTRA LA UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR Y SOLIDARIAMENTE CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Se ha dictado un auto que a la letra dice:
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, Valledupar, Agosto
dieciséis (16) del dos mil uno (2001). // AUTO: // Teniendo en cuenta el
anterior informe secretarial, y una vez revisada la demanda el apoderado de la
parte demandante manifiesta que el señor ROBERTO MUÑOZ ROA, representante legal
de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, es domiciliado en la ciudad de
Bogotá, líbrese Despacho Comisorio al Juez Laboral del Circuito (Bogotá), a fin
de que se le notifique y corra traslado de la demanda según auto de fecha
septiembre cuatro (4) del 2000, con los insertos del caso. (...)”[12].
g. Una vez surtido el reparto del despacho comisorio[13],
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá realizó las actuaciones
necesarias para llevar a cabo la notificación personal de la demanda a la Unión
Temporal Nueva Cárcel de Valledupar. En relación con el cumplimiento de esta
obligación procesal se destacan los siguientes acontecimientos:
- Ante el fracaso de las diligencias
realizadas por el juzgado comisionado para informar personalmente al interesado
sobre la admisión de la demanda, se decidió acudir supletoriamente al trámite
previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, vigente para
aquél momento, el cual frente al cumplimiento del requisito procesal de la
notificación permitía que el notificador del despacho entregara un aviso de
citación a cualquier persona que se encontrara en la dirección del
demandando, informando acerca del proceso y de la necesidad de concurrir al
juzgado en el término de 10 días, con la advertencia que la falta de
comparencia implicaría, previo emplazamiento, el nombramiento de un curador
ad litem[14].
A folio 75 del cuaderno principal, aparece
copia del aviso de citación, en el cual se incorporó la siguiente información:
“(...) AVISO JUDICIAL.// El suscrito
secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santafe de Bogotá D.C.,
Cra 7 # 14 - 07 Piso 8.// CITA A : Roberto Muñoz Roa -como representante legal
o quien haga sus veces- Que debe(n) concurrir al juzgado, ubicado en la
dirección arriba mencionada, dentro de los diez días siguientes a la fecha de
fijación del presente aviso, para recibo de notificación personal del auto
admisorio de la demanda de fecha septiembre 4 de 2000. // Dictado en el proceso
ordinario laboral de Juana Bautista Soto Arrieta y otro contra la Unión
Temporal Nueva Cárcel de Valledupar.// Con la advertencia de que si no
comparece (n) se les designara(n) CURADOR AD LITEM, previo emplazamiento, con
quien se practicara la notificación y se adelantará el proceso. Para los
efectos del numeral 3 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,
será(n) emplazado(s) en la forma prevista en el artículo 318 del mismo Código.
// Se fija el presente aviso judicial citatorio en la puerta de entrada del
inmueble de la Carrera 14 # 86 A 76. // Se fija hoy ocho (8) de Nov./ 2001, se
deja copia del mismo con quien allí se encuentre. // El secretario”.
- Según aparece consignado en el
referido aviso citatorio, el mismo fue recibido en la dependencia de
correspondencia de la sociedad Constructora AMCO LTDA el día 8 de noviembre de
2001 a las 2.25 pm. Lo anterior, conforme al sello dispuesto o ubicado sobre su
contenido, en el que se manifiesta que es “recibido para estudio, no implica
aceptación”[15].
Es preciso resaltar que la dirección de la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, esto es, la carrera 14 # 86 A 76,
corresponde a la misma dirección de notificación judicial de las sociedades R.
M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA, conforme se establece en
los Certificados de Existencia y Representación Legal que acompañan la demanda
de tutela[16]. Además, el señor
Roberto Muñoz Roa, ocupa simultáneamente el cargo de representante legal de la
unión temporal y el de la compañía R. M. R. Construcciones S.A.
- El día 6 de diciembre de 2001, el
notificador del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, informó que: “en
la fecha de hoy se envió copia del aviso por correo certificado y autenticado
de que se trata el artículo 320 del C.P.C., y que la copia del mismo queda
anexo al mencionado expediente para constancia”[17].
Posteriormente, el 5 de febrero de 2002, el citado funcionario ratificó bajo la
gravedad de juramento que: “el informe rendido en este proceso y los hechos
narrados en el mismo corresponden a la verdad”[18].
-
Conforme a lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,
vigente en aquel momento, se procedió a ordenar el emplazamiento de la unión
temporal demandada, siguiendo las directrices previstas en los artículos 29 del
Código Procesal del Trabajo y 318 del citado Estatuto Procesal Civil. Así, en
Auto del 5 de febrero de 2002, se dispuso:
“De conformidad con lo dispuesto en el Art.
29 del C. de P. L. en armonía con el Art. 318 del C. de P.C. el Juzgado EMPLAZA
A LA DEMANDADA LA UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR. Procédase a la
elaboración de los edictos correspondientes. Efectúese las publicaciones por
prensa y radio y allegadas éstas remítanse las diligencias a su lugar de
origen”[19].
- De acuerdo con el artículo 29 del Código
Procesal del Trabajo es viable  el nombramiento del curador ad litem
mientras se surte el emplazamiento ordenado en la ley, siempre y cuando éste se
acredite antes de que se dicte sentencia de instancia[20].
En desarrollo de esta atribución procesal, previa petición de la parte
demandante[21], el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Valledupar, a quien le había sido devuelto el
expediente luego de agotar el despacho comisorio para la notificación del auto
admisorio de la demanda[22],  nombró al señor Oscar
Elías Ariza Fragoso como curador ad litem de la Unión Temporal Nueva
Cárcel de Valledupar. En providencia del 1° de julio de 2003, se ordenó:
“Accédese a lo solicitado por el apoderado
de la parte demandante, en consecuencia nómbrese al doctor OSCAR ELÍAS ARIZA
FRAGOSO, como CURADOR AD LITEM de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR,
representada legalmente por ROBERTO MUÑOZ ROA o quien haga sus veces, para
representarla en este asunto y emplácese al demandado de acuerdo a lo
preceptuado en el art. 318 del C.P.C., y dentro de los términos señalados en el
art. 29 del C.P.L.”[23].
- El curador ad litem se notificó
personalmente de la demanda el día 23 de julio de 2003[24].
Durante el término de traslado presentó escrito de contestación el cual fue
radicado el 6 de agosto del mismo año[25].
- El Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Valledupar mediante Auto del 19 de noviembre de 2003,  ordenó el
emplazamiento del representante legal de la Unión Temporal Nueva Cárcel de
Valledupar, en la forma establecida en los artículos 29 del Código Procesal del
Trabajo y 318 del Código de Procedimiento Civil[26].
Posteriormente, el día 12 de febrero de 2004, se dispuso por el juez de
instancia repetir todo el procedimiento emplazatorio, pues de manera equivocada
se había citado al despacho al señor Roberto Muñoz Rojas, cuando el
representante legal de la unión temporal demandada es Roberto Muñoz Roa[27].
Finalmente, el 30 de abril de 2004, la Secretaria del Juzgado Primero informó
que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el señor juez, en relación con el “cumplimiento
a lo ordenado en el Art. 29 del C.P.L”[28].
h. Una vez concluidas las audiencias de trámite, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar dictó sentencia el 28 de
mayo de 2004. Allí se destacó que: “la demanda se notificó personalmente a
la demandada solidaria y como la demandada principal fue imposible notificarla
personalmente se le nombró curador ad-litem, emplazándola de conformidad con la
ley”[29]. En la parte resolutiva
de la citada providencia se determinó:
“PRIMERO.
Declarar que entre RAUL ANTONIO PÉREZ SOTO (Q.E.P.D) y la empresa UNIÓN
TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, existió contrato de trabajo en su
condición de trabajador y empleador respectivamente.
SEGUNDO. Declarar que RAUL ANTONIO PÉREZ SOTO (Q.E.P.D) sufrió
accidente de trabajo por culpa del empleador el día 15 de junio de 1999.
TERCERO. Condenar a la empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR a pagar a los demandantes lo siguiente:
a. PERJUICIOS MATERIALES POR DAÑO EMERGENTE,
LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y LUCRO CESANTE FUTURO O ANTICIPADO la suma de
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS  CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y TRES PESOS ($43.956.793).
b. PERJUICIOS MORALES: La suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000).
c. CESANTÍAS: La suma de OCHENTA Y UN MIL
PESOS ($81.003)
d. INTERESES A LAS CESANTÍAS: La suma de
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($2.430).
e. PRIMAS DE SERVICIOS: La suma OCHENTA Y
UN MIL PESOS ($81.003).
f.
VACACIONES: La suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($37.500).
TERCERO.(SIC) Absolver a las demandadas
de las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva.
CUARTO. Condénese en costas a la parte vencida.
ESTA DILIGENCIA CON SU LECTURA QUEDA
NOTIFICADA A LAS PARTES EN ESTRADOS”[30]. (Subrayado no
correspondiente al texto original).
i. El 1° de junio de 2004, la parte demandante interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juez de instancia,
argumentando que, entre otras, en la orden proferida no se incluyó como
obligadas al pago de las condenas impuestas a las sociedades que integran la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar. En sus propias palabras señaló:
“No
comparto el fallo de la referencia por lo siguiente: // Porque a folios 1, 2 y
3 del expediente aparece el líbelo introductorio de la demanda, en donde
claramente se dice a quien va dirigida la demanda como es contra las empresas
UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR con Nit. (...), conformada por
ALFREDO MUÑOZ Y CIA LTDA (...) con participación del 60% y R. M. R.
CONSTRUCCIONES S EN C (...) con participación del 40% representada por ROBERTO
MUÑOZ ROA o por quien haga sus veces y solidariamente al INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, representado legalmente por el señor FABIO
CAMPO SILVA, y resulta que la señora Juez a-quo en su parte resolutiva Primera
de la sentencia objeto de apelación decide declarar que entre RAUL PÉREZ SOTO
(Q.E.P.D) y la empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR nada mas la
condena en su parte literal, sin tener en cuenta la conformación de la UNIÓN
TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, es decir, exonera olímpicamente a las
sociedades que la integran, demostrándose del folio 187 y 198 del expediente,
donde aparece el Acta de Conformación de la Unión Temporal Nueva Cárcel de
Valledupar y los Certificados de Existencia y Representación de las sociedades
que lo conforman, y es por esto que no comparto el fallo en el sentido que dejó
de condenar íntegramente a la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, tal
como se lo solicité en la demanda inicial”[31].
j. En segunda instancia, la Sala Civil, Familia y Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de
sentencia del 17 de noviembre de 2004, accedió a la solicitado ampliando la
orden de condena a cargo de las sociedades que integran la Unión Temporal Nueva
Cárcel de Valledupar. Textualmente, en la parte motiva de la citada
providencia, se sostuvo que: “Es procedente por otra parte, la modificación
de la parte resolutiva, en cuanto se refiere a la parte legitimada por pasiva,
en los términos indicados por los recurrentes, pues si la demanda está dirigida
contra las empresas UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, conformada por
ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA y R. M. R CONSTRUCCIONES E en C, y ello está
demostrado a través de las documentales visibles entre folios 187 y 195 del
cuaderno principal, mal podía el juzgado de conocimiento excluir de su condena
a las dos últimas empresas”[32]. Por
lo anteriormente expuesto, en la parte resolutiva se puntualizó:
“(...)
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala
Civil-Familia-Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley; // RESUELVE, // MODIFICA el numeral primero
de la parte resolutiva de la sentencia recurrida de fecha y procedencia
conocidas, para en su defecto declarar que entre RAUL ANTONIO PÉREZ SOTO y la
empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, conformada por las empresas
ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA y R. M. R. CONSTRUCCIONES S EN C, existió un
contrato de trabajo a término indefinido, que terminó por muerte del
trabajador, CONFIRMAR los numerales segundo, tercero, referente a las condenas
adoptadas y cuarto. REVOCA el numeral tercero, para en lugar de absolver a la
demandada de los demás derechos laborales demandados, CONDENARLA a pagar a los
herederos del trabajador JUANA BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO,
por concepto de indemnización moratoria, la suma de diez mil pesos diarios,
desde el cuatro de septiembre de dos mil dos hasta el día en que pague los
derechos prestacionales objeto de condena en la primera instancia”[33].
k. Teniendo en cuenta la oportunidad prevista en los
artículos 334 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a los
cuales es viable ejecutar la sentencia en que se haya condenado al pago de una
suma de dinero ante el mismo juez de conocimiento que profirió el fallo
constitutivo de título ejecutivo; el apoderado de la parte demandante mediante
escrito del 12 de marzo de 2005, solicitó al Juez Primero Laboral del Circuito
de Valledupar que librara mandamiento ejecutivo en contra de la Unión Temporal
Nueva Cárcel de Valledupar y de las sociedades que la integran[34].
En dicha solicitud también se pidió el decreto y práctica de varias medidas
cautelares sobre cuentas corrientes y de ahorros de las empresas demandadas[35].
l. Mediante Auto del 26 de abril de 2005 se accedió a lo
solicitado con fundamento en las siguientes consideraciones: “(...) La
sentencia condenatoria de conformidad con los artículos 100 y 101 del Código de
Procedimiento Laboral, presta mérito ejecutivo, a su vez el artículo 335 del
Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, faculta al
acreedor para solicitar la ejecución de la sentencia dentro del expediente en
que fue dictada y si la solicitud fuere presentada dentro de los 60 días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se notificará por estado, también
autoriza el artículo 101 del C.P.L., la petición de medidas cautelares dentro
del mismo escrito”[36]. En este
contexto, en la parte resolutiva de la citada providencia se resolvió:
“PRIMERO.
Librar orden de pago por la vía ejecutiva en contra de UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR, y de las empresas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA Y R. M. R.
CONSTRUCCIONES S. EN C., y a favor de JUANA BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ
ROMERO, por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 82.480.796), mas $10.000, diarios como
sanción moratoria hasta cuando cancele el crédito laboral y las agencias en
derecho que se causen en este proceso.
SEGUNDO. Decretase el embargo y secuestro de las sumas de
dinero que posea o llegare a poseer las ejecutadas UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL
DE VALLEDUPAR (...), y las empresas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA (...) Y R. M.
R. CONSTRUCCIONES S. EN C. (...), en los bancos: (...). Para lo cual se
oficiará a los Gerentes de dichas entidades bancarias, conectadas a la red
financiera nacional a fin de que hagan el depósito en el Banco Agrario a orden
de este Juzgado”[37].
m. Para la notificación de la citada decisión, se acogió
el sistema de notificación por estado previsto en el inciso segundo del
Código de Procedimiento Civil, conforme al cual: “El mandamiento se
notificará por estado, si la solicitud para que se libre el mismo se formula
dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según
fuere el caso. De lo contrario se notificará en la forma prevista en los
artículos 315 a 320 y 330. (...)”. A folio 341 del cuaderno principal se
comprueba lo anterior al consignarse la siguiente constancia secretarial, a
saber: “JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR. Valledupar. 28
de abril de 2005. Se notificó personalmente a las partes. El notificado Estado
64. (Firma la Secretaria)”.
n.  A través de Auto del 28 de junio de 2005, se ordenó
seguir adelante la ejecución, practicar la liquidación del crédito laboral e
informar a Megabanco acerca de las personas sometidas a la medida cautelar de
embargo para poner a disposición del juzgado las sumas allí retenidas. A este
respecto, se señaló:
“(...) No observándose causal alguna que
pudiera invalidar lo actuado, es el caso darle aplicación por analogía al
artículo 507 del Código de Procedimiento Civil por no estar regulado
íntegramente el trámite del proceso ejecutivo laboral en el Código de
Procedimiento Laboral. Accédase a lo solicitado por el apoderado de la parte
demandante, en consecuencia requiérase a MEGABANCO, para que de cumplimiento a
la orden de embargo comunicada por este despacho por medio del oficio 0365, so
pena de las sanciones que la ley estipula para tal incumplimiento. // En razón
y mérito de todo lo expuesto el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar, // RESUELVE. // PRIMERO. Seguir adelante la ejecución. // SEGUNDO.
Ordenar que se practique la liquidación del crédito laboral. // TERCERO.
Condenase en costas a la parte demandada. Inclúyase como agencias en derecho la
suma de $ 12.462.119. // CUARTO. Ofíciese al Gerente de MEGABANCO”[38].
ñ. El día 30 de junio de 2005, la apoderada judicial de
las sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA. interpuso
recurso de reposición, y en subsidio, de apelación, contra el auto de
mandamiento de pago del 26 de abril del mismo año. Las razones que se
esgrimieron para fundamentar la interposición de los recursos se resumen en los
siguientes términos:
- Para comenzar se alega que en los
procesos ejecutivos laborales no es procedente la notificación por estado del
mandamiento de pago, pues existe una disposición expresa en el artículo 108 del
Código Procesal del Trabajo que impide la aplicación analógica del artículo 335
del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual “el mandamiento de
pago debe notificarse personalmente al ejecutado por tratarse de la primera
providencia que se produce dentro del proceso ejecutivo”[39].
Esto significa, en palabras de las sociedades recurrentes, que la notificación
personal del auto de mandamiento de pago tuvo lugar por conducta concluyente
al presentarse el escrito de impugnación[40].
-
Además de lo expuesto, se estima que no es viable la notificación por estado,
ya que ésta supone que se haya vinculado en legal forma a las empresas
demandadas, lo que, en su opinión, en el presente caso, no ocurrió. A folio 366
del cuaderno principal, se manifestó:
“En el caso concreto, existe una razón
adicional para rechazar la notificación por estado a las sociedades ejecutadas
del mandamiento ejecutivo, originada en el hecho de que estas últimas nunca
fueron notificadas del auto admisorio de la demanda que culminó con la
sentencia que ahora se está ejecutando, irregularidad que se precisa y examina
en el escrito de excepciones que en esta misma fecha estoy presentando y al
cual me remito. // Para los efectos que aquí nos ocupan, lo que es evidente es
que no puede pretenderse notificar por estado el auto recurrido a las
sociedades ejecutadas cuando éstas no fueron legalmente vinculadas al proceso
ordinario dentro del cual se profirió la sentencia presentada como título
ejecutivo, ya que tal procedimiento implicaría una clara violación al debido
proceso y al derecho de defensa. // En realidad la notificación por estado
prevista en el inciso segundo del artículo 355 del Código de Procedimiento
Civil, parte del presupuesto indispensable, que en el caso concreto no se da,
de que los ejecutados hayan sido precisamente vinculados, mediante la respectiva
notificación en legal forma del auto admisorio al proceso ordinario dentro del
cual se profirió la sentencia correspondiente”.
- En cuanto a las razones de fondo que se
esgrimen en contra del mandamiento de pago, se alega la excepción previa de inexistencia
del demandado prevista en el numeral 4° del artículo 97 del Código
Procedimiento Civil, pues la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar no
constituye una persona jurídica distinta a los miembros que la conforman (esto
es, las sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA), por
lo que, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional sobre la materia[41], carece de capacidad
para ser parte y, por ende, para acudir ante las instancias judiciales. Así las
cosas, se puntualizó por los demandados que:
“(...) si la unión temporal no constituye
una persona jurídica diferente a los miembros que la conforman y por lo tanto,
carece de capacidad para ser parte y comparecer en un proceso, es obvio que es
improcedente librar mandamiento ejecutivo en contra suya, ya que no puede ser
sujeto o titular de derechos y/o obligaciones. // La irregularidad que se
comenta, configura igualmente la excepción previa prevista en el numeral 4° del
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, pues la Unión Temporal Nueva
Cárcel de Valledupar no existe, excepción que en cumplimiento de lo
dispuesto por el segundo inciso del numeral 2° del artículo 509 del citado
Código, debe alegarse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de
pago como efectivamente se está haciendo. // Así las cosas y de conformidad con
el mandato del segundo inciso del numeral 7° del artículo 99 del Código de
Procedimiento Civil, solicito a usted declarar probada la excepción previa de
“inexistencia del demandado” en lo que hace relación con la Unión Temporal
Nueva Cárcel de Valledupar, y en consecuencia, excluir a esta última del
mandamiento ejecutivo recurrido”[42].
o.  En la misma fecha en que se recurrió el mandamiento
de pago, las sociedades demandadas propusieron excepción de mérito o de fondo.
Dicha excepción se denominó: “Nulidad por falta de notificación en legal
forma a las sociedades ejecutadas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA, HOY
CONSTRUCTORA AMCO LTDA, y R. M. R. CONSTRUCCIONES S. en C. HOY SOCIEDAD
ANÓNIMA, del autor admisorio de la demanda de fecha 4 de septiembre de 2000”[43].
Para
soportar la citada excepción, las sociedades manifiestan que un recorrido a lo
largo del proceso ordinario laboral demuestra que siempre se vinculó en calidad
de demandada a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, a pesar de no
tener capacidad para ser parte, y por lo mismo, comparecer al proceso. Ello se
demuestra, por ejemplo, entre otras, con el nombramiento del curador ad
litem por el juez de primera instancia el cual fue designado exclusivamente
para representar los intereses de la citada unión, y no los de las sociedades
que la integran. De acuerdo con las mencionadas compañías, el reconocimiento en
calidad de demandadas de las sociedades que integran la unión temporal se
presentó al momento de fallar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en el proceso ordinario, lo que si bien constituye una manifestación
de las facultades de interpretación reconocidas al juzgador por el ordenamiento
procesal, las mismas resultan insuficientes para legitimar el cumplimiento de
las obligaciones que en materia de publicidad del auto admisorio de la demanda
imponen el citado Estatuto Procesal. Textualmente, se afirmó:
“De todo lo anterior, es forzoso concluir
que el Tribunal Superior haciendo uso de la facultad que la ley le reconoce de
interpretar la demanda, le reconoció la calidad de demandada no sólo a la UNIÓN
TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR sino además a las tantas veces mencionadas
SOCIEDADES ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA. y R. M. R. CONSTRUCCIONES & CIA S.
en C., pues de no ser así no habrían podido ser incluidas como sujetos
pasivos de la orden de pago. (...) Debe entonces concluirse que las
sociedades (...) no fueron notificadas del auto admisorio de la demanda
ordinaria laboral instaurada por Juana Bautista Soto Arrieta y Diógenes Pérez
Romero y que, por lo tanto, en relación con ellas se configuró la causal de
nulidad contemplada por el numeral 8 del artículo 140 del C.P.C.// Según lo
dispone el tercer inciso del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, la
nulidad por indebida notificación puede alegarse como excepción en el proceso
que se adelante para la ejecución de la sentencia, siendo por lo tanto claro el
derecho que le asiste a las sociedades ejecutadas para proponer la excepción
que se examina y la procedencia de la misma.// Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, desde ahora solicito a la señora juez, declarar
probada la excepción propuesta con la consecuencia de hacer inejecutable contra
las sociedades [que represento], la sentencia presentada como título ejecutivo,
siguiendo la jurisprudencia de que da cuenta la sentencia proferida por la
Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
el día 9 de julio de 1993, Radicación No. 5930 M.P. Hugo Suescun Pujols”[44].
p. Mediante Auto del 13 de julio de 2005, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Valledupar negó el recurso de reposición y
rechazó de plano la excepción de mérito propuesta, con fundamento en la
extemporaneidad de ambas solicitudes. En la parte resolutiva de la citada
decisión, se puntualizó lo siguiente:
“El art. 335 del C.P.C, modificado por la
Ley 794 del 2003, faculta al acreedor para solicitar la ejecución de la
sentencia dentro del expediente en que fue dictada. El auto que ordena el pago
de la obligación se notificara por estado si la solicitud fuere presentada
dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, pasado ese
término se puede pedir el cumplimiento de la sentencia dentro del mismo
proceso, pero en ese caso la notificación del mandamiento de pago al ejecutado
se hará personalmente.
En el caso bajo estudio, los beneficiarios
de la sentencia solicitaron el cumplimiento de la misma dentro de los 60 días
siguientes al auto que ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior;
El mandamiento de pago se dictó el 26 de abril de 2005 y se notificó por estado
el día 28 del mismo mes y año como lo dispone el artículo en mención, por lo
tanto la notificación personal no era obligatoria.
Como la parte ejecutada dentro de los 10
días siguientes a la notificación no formuló excepciones, se ordenó seguir
adelante la ejecución con la liquidación del crédito.
Ejecutoriado incluso el auto que ordena la
liquidación, presenta la empresa ejecutada recurso de reposición contra el
mandamiento de pago, mediante escrito recibido en la secretaria el día 30 de
junio del presente año, cuando se encontraba vencido el término para impugnar
dicha decisión, puesto que el art. 63 del CPT y SS, establece que el término
para interponer el recurso de reposición es de dos (2) días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación por estado.
En consecuencia se rechaza de plano el
recurso de reposición por haber sido interpuesto extemporáneamente, es decir,
cuando ya se encontraba ejecutoriado el mandamiento de pago, que por orden del
art. 335 del CPC (modificado por la Ley 794 de 2003), se notifica por estado y
no personalmente. Es esa la razón por la que no puede contarse el término para
recurrir desde la notificación personal, porque ese acto es inexistente habida
cuenta que el auto impugnado ya se había notificado en la forma que establece
la ley procedimental civil para los mandamientos de pago seguido de ordinario,
iniciado dentro de los 60 días siguientes al auto de obedézcase y cúmplase lo
ordenado por el superior, la cual exige la notificación personal cuando se
solicita el cumplimiento de la sentencia pasado el término anterior.
Igual situación acontece con la excepción
de nulidad propuesta, pues de conformidad con lo señalado por el art. 509 del
CPC, aplicable por analogía al Procedimiento Laboral, la parte ejecutada podrá
proponer excepciones dentro de los 10 días siguientes a la notificación del
mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición,
confirmando o reformándolo. Consta en el expediente que el auto de mandamiento
de pago se dictó el 25 de abril de 2005, fue notificado por estado el 28 del
mismo mes y año, y el escrito a través del cual se propone la excepción fue
recibido en la secretaria de este despacho judicial el 30 de junio del mismo
año, cuando ya habían transcurrido más de 10 días de la notificación del
mandamiento de pago. De lo anterior se desprende que tal escrito también se
elevó extemporáneamente, es decir, cuando ya se encontraba precluida la
oportunidad procesal para hacerlo y se encontraba ejecutoriado el mandamiento
de pago. De todas maneras la norma aplicable al caso es el Art. 335 del CPC
(modificado por la Ley 794 de 2003) y no el Art. 108 del CPL y SS que menciona
la actora, ya que el CPT y SS no regula la ejecución seguida de ordinario que
es el asunto que se tramita, que no es de ninguna manera el primer acto
procesal de este juicio, ya que esta ejecución se adelanta a continuación del
proceso ordinario, en donde las partes ya venían actuando. El artículo 108 del
CPT y SS, se aplicará cuando se inicie primigenia e independientemente en
proceso ejecutivo cuyo título no sea el resultado de un proceso ordinario”[45].
En la parte resolutiva de la citada
decisión, se determinó:
“PRIMERO. Rechazar de plano el
recurso de reposición y el escrito de excepción presentado por el apoderado de
la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR conformada por las sociedades
ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA hoy CONSTRUCTORA AMCO LTDA y R. M. R.
CONSTRUCCIONES S. en C. hoy R. M. R. CONSTRUCCIONES S.A., por extemporáneo”[46].
q. El día 30 de junio de 2005, la apoderada de las
sociedades demandadas, señora Lina María Sendoya Bejarano sustituyó el poder en
el proceso ejecutivo a favor de la señora Marieta Gutiérrez Vásquez,
acreditando el requisito de la presentación personal ante la Notaría Primera
del Círculo de Valledupar[47]. Luego, el 11 de julio
de 2005, nuevamente se sustituyó el poder otorgándose el mismo al señor Alfredo
Galindo Socarras[48]. Sin embargo, en esta
última sustitución no aparece acreditado el cumplimiento del citado requisito
de la presentación personal a cargo de quien lo otorga, quien, en este caso,
tenía que ser la mencionada señora Marieta Gutiérrez Vásquez[49].
r. El 22 de julio de 2005, el señor Alfredo Galindo
Socarras, actuando en calidad de apoderado judicial de las sociedades
demandadas, interpuso recurso de apelación contra el Auto del 13 de julio de
2005 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito. En el escrito de
impugnación se insiste en que el mandamiento de pago debió notificarse
personalmente, pues la notificación por estado no es viable ante la
falta de comunicación personal del inicio del proceso ordinario que da origen a
la condena impuesta en la sentencia que se cobra ejecutivamente[50].
s. Por último, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Valledupar, quien conoció del proceso ante la admisión de un impedimento
manifestado por el Juez Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, no
concedió el recurso de apelación, al considerar que no consta en el expediente
el poder para actuar a favor del señor Alfredo Galindo Socarras[51].
1.2.  Los argumentos destinados a demostrar la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, se pueden resumir y categorizar en los siguientes
términos, siguiendo para el efecto la propia clasificación realizada por las
sociedades accionantes:
(i)
Vía de hecho por defecto sustantivo cometida por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Valledupar al vincular como parte en el proceso ordinario laboral a
un ente carente de personalidad jurídica
Manifiestan las compañías demandantes que
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar vinculó en calidad de
parte en el proceso ordinario laboral a la Unión Temporal Nueva Cárcel de
Valledupar, ente que no tiene personalidad jurídica y que, por lo tanto, no
podía comparecer a dicha instancia judicial.
En estos términos, se considera que la vía
de hecho alegada consiste                  -precisamente- en reconocerle capacidad
para ser parte a un sujeto eminentemente contractual que carece de
personería jurídica, por lo que se contradice abiertamente lo previsto en el
artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, que exige como conditio sine
qua non para poder actuar en calidad de parte en un proceso judicial, el
reconocimiento de la condición de persona[52].
Finalmente, se citan diversos fallos del
Consejo del Estado y de la Corte Constitucional[53],
para concluir que: “las uniones temporales (artículo 7 de la Ley 80 de 1993)
NO constituyen una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que
las conforman, [por ello] la ausencia de personalidad impide que comparezcan en
proceso ante autoridades judiciales [según lo establecido en] el artículo 44
del Código de Procedimiento Civil. (...) Es claro entonces el grave defecto
sustantivo en que incurrió el ad-quem al conferirle la calidad de demandada a
una unión temporal, ente que carece de personalidad jurídica (...)”.
(ii)
Vía de hecho por defecto procedimental cometida por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Valledupar al aplicar disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, para surtir la notificación del mandamiento de pago,  cuando existe
norma especial en el Código Procesal del Trabajo
De acuerdo con las accionantes, el artículo
108 del Código Procesal del Trabajo, norma especial para el proceso ejecutivo
laboral, dispone que: “las providencias que se dicten en el curso de este
juicio se notificarán por estado, salvo la primera que lo será personalmente
al ejecutado”[54]. En el caso bajo
examen, se afirma que la primera providencia que se profirió fue el auto de
mandamiento de pago, el cual se notificó por estado y no personalmente, como lo
ordena la ley laboral, por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar.
En su opinión, no es posible aplicar el
artículo 335 del Código de Procedimiento Civil para llevar a cabo la
notificación por estado del auto de mandamiento de pago, tal y como lo efectuó
el juez de instancia, pues existe una norma especial, esto es, el citado
artículo 108 del Código Procesal del Trabajo, que impide acudir analógicamente
a los normas del Estatuto Procesal Civil, en los términos consagrados en el
artículo 145 del citado Código Procesal Laboral[55].
Lo anterior, según se sostiene en la demanda, ha sido reiterado en varios
pronunciamientos jurisprudenciales, en los que se ha declarado la nulidad del
proceso por indebida notificación del mandamiento ejecutivo por estados. A
manera de ejemplo, se mencionan las siguientes providencias: “Omaida de
Jesús Quiñones contra Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, auto de junio
26 de 2001. M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos R. Tribunal Superior de Antioquia
(...) Patricia Eugenia López contra Medisalud S.A., 7 de diciembre de 2001.
M.P. Dr. Juan Guillermo Zuluaga A. Tribunal Superior de Antioquia (...) Edison
Rodolfo Rojas contra Emi de Colombia S.A., 30 de mayo de 2002. M.P. Dr. Juan
Guillermo Zuluaga A. Tribunal Superior de Antioquia”[56].
En consecuencia, se incurre en una vía de
hecho por defecto procedimental, al aplicar una norma procesal equivocada, lo
que, en opinión de los demandantes, hace “una vez mas, nugatorio el derecho de
defensa y el derecho fundamental al debido proceso”.
(iii)
Vía de hecho por defecto procedimental cometida por la Sala Civil, Familia y
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar al modificar
la sentencia proferida por el a-quo, en el sentido de vincular a las sociedades
que integran la unión temporal, las cuales no eran parte del proceso ordinario
laboral pues no habían sido legalmente notificadas
Explican las compañías demandantes que todo
el proceso ordinario laboral se surtió reconociendo en calidad de parte
demandada a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, lo que se demuestra,
entre otras, con el nombramiento del curador ad litem para proceder a su
correspondiente defensa[57]. En este orden de ideas,
señalan que las sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO
LTDA tan sólo fueron vinculadas al proceso a partir de la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Valledupar el día 17 de noviembre de 2004, la cual
modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de incluir como
responsables de las condenas impuestas por el a-quo a las mencionadas
empresas. Así, en la parte resolutiva del citado fallo, se decidió:
“(...)
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala
Civil-Familia-Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley; // RESUELVE, // MODIFICA el numeral
primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida de fecha y procedencia
conocidas, para en su defecto declarar que entre RAUL ANTONIO PÉREZ
SOTO y la empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, conformada
por las empresas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA y R. M. R. CONSTRUCCIONES S EN C,
existió un contrato de trabajo a término indefinido, que terminó por muerte del
trabajador, CONFIRMAR los numerales segundo, tercero, referente a las condenas
adoptadas y cuarto. REVOCA el numeral tercero, para en lugar de absolver a la
demandada de los demás derechos laborales demandados, CONDENARLA a pagar a los
herederos del trabajador JUANA BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO,
por concepto de indemnización moratoria, la suma de diez mil pesos diarios,
desde el cuatro de septiembre de dos mil dos hasta el día en que pague los
derechos prestacionales objeto de condena en la primera instancia”[58].
En virtud de lo anterior, es innegable que
el Tribunal accionado al modificar la sentencia de primera instancia condenó a
las sociedades mencionadas, sin percatarse que a las mismas, “no se les
había notificado la demanda, no participaron en el proceso, no pudieron ejercer
su derecho de defensa y, por lo tanto, no podían ser condenadas”. En este
contexto, se concluye:
“No se comprende cómo el Tribunal
simplemente establece que como la unión temporal estaba conformada por dos
sociedades ellas deben responder en un proceso del cual NUNCA FUERON PARTES, un
proceso en el cual nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. // Lo anterior
no sólo es una clara vía de hecho, sino que además, el día 26 de abril de 2005,
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar libra mandamiento de pago
en contra de Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, y de las empresas
ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA y R. M. R. CONSTRUCCIONES S. EN C.; y a favor de
JUANA BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO, (...) // Procediendo
posteriormente a la ejecución de las medidas cautelares en contra de las dos
sociedades, afectándose éstas gravemente. // Es totalmente contrario al
ordenamiento jurídico, y a los derechos fundamentales que se libre mandamiento
de pago en contra de dos personas jurídicas, con base en una sentencia proferida
como consecuencia de un proceso ordinario del cual NUNCA TUVIERON CONOCIMIENTO.
// Lo anterior ha determinado el congelamiento de los bienes de estas
sociedades, generándose graves perjuicios, que están mitigando hasta su propia
existencia, al habérseles violado el derecho a la defensa y al debido
proceso”.
A continuación se adicionan otras razones
para concluir que nunca existió la notificación en legal forma tanto de las
compañías demandadas como de la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar. En
particular, se mencionan las siguientes: (i) La demanda no se comunicó al señor
Roberto Muñoz Roa, representante legal de la mencionada unión temporal, pues el
aviso citatorio se remitió a una dirección judicial incorrecta; (ii) No aparece
en el expediente constancia del aviso enviado, ni de la certificación acerca de
si el mismo fue recibido o no, lo que hace presumir que jamás ocurrió su
remisión; (iii) El emplazamiento realizado no implicó la citación de las
empresas Alfredo Muñoz & CIA LTDA y R. M. R. Construcciones S. en C; (iv)
Se desconoció la ley procesal vigente al momento de adelantar el trámite
emplazatorio (la cual tenía que aplicarse en razón de la exigibilidad del
principio de ultraactividad de las normas procesales que rigen las actuaciones
judiciales que se encuentran en curso[59]), pues dicho
procedimiento judicial para asegurar la comparencia del demandado, le
correspondía adelantarlo al juez comisionado (esto es, al Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Bogotá) y no al Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar; (v) Se incumplió la obligación de realizar las publicaciones
previstas en la ley para surtir el emplazamiento en un diario de amplia
circulación de la localidad y además no aparece en el expediente certificado
acerca de su radiodifusión.
De acuerdo con lo expuesto, se considera por las
accionantes que ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial, el
amparo constitucional está llamado a prosperar, en especial para evitar los
perjuicios económicos causados por el congelamiento de sus cuentas, lo que, en
su sentir, también lesiona sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra.
1.3.
Como pretensiones de la demanda, los accionantes le solicitan al juez de tutela
conceder el amparo definitivo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y al acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de
lo anterior, le piden que anule las sentencias proferidas el 28 de mayo de 2004
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar y el 17 de noviembre
del mismo año por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad.
Finalmente, en caso de acceder a las pretensiones
señaladas, le exigen al juez constitucional que deje sin valor y efecto todas
las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo seguido por Juana Bautista
Soto Arrieta y Diógenes Pérez contra las sociedades R. M. R. Construcciones
S.A. y Constructora AMCO LTDA., que actualmente se cursa en el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Valledupar.
2.
Oposición a la demanda de tutela
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, admitió la demanda a través de auto del 2 de diciembre de 2005, por lo
que ordenó su notificación a las partes, así como la vinculación del Instituto
Nacional Carcelario y Penitenciario -INPEC- y de los señores Juana Bautista
Soto Arrieta y Diógenes Pérez Romero,  en calidad de terceros con interés.
Luego
del vencimiento del término previsto en el auto admisorio para ejercer el
derecho de réplica, se presentó escrito del Instituto Nacional Carcelario y
Penitenciario -INPEC-, oponiéndose a las pretensiones y argumentos de las
sociedades demandantes, con fundamento en las siguientes razones:
- Es reiterada la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de sostener que
la acción de tutela no es un mecanismo de defensa judicial que se pueda
utilizar para controvertir las sentencias debidamente ejecutoriadas, como lo
son, aquellas que se mencionan en la demanda de tutela.
-
Entre el señor Raúl Antonio Pérez Soto y el INPEC no existió ninguna relación
laboral, por lo que no pueden extenderse en su contra las condenas impuestas
por los jueces ordinarios.
II.
TRÁMITE PROCESAL
- La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el quince (15) de
diciembre de 2005 (Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego), negó la tutela
interpuesta con fundamento en la improcedencia de la acción de tutela para
controvertir la validez de las actuaciones y providencias judiciales.
- Frente a esta decisión se interpuso recurso de apelación
por la parte demandante, sin agregar consideraciones distintas a las expuestas
en el texto de la demanda.
- La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el veintiocho
(28) de febrero de 2006 (Magistrado Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés),
confirmó el fallo impugnado con base en las siguientes consideraciones:
“(...) Comparte esta Sala el criterio
manifestado por la Sala de Casación Laboral, pues en realidad la acción de
tutela no sirve ni puede pretender empleársele como mecanismo para controvertir
las actuaciones y decisiones judiciales, a riesgo de desconocer la autonomía e
independencia que a los jueces de la República asegura el artículo 228
Superior. (...) A pesar de lo dicho, el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional ha permitido concluir la procedencia de la acción referida
cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento
objetivo, es decir, que sean sólo el reflejo de la arbitrariedad y el capricho
del funcionario judicial, y generen inocultable perjuicio a la persona que
invoca la protección.
En el caso presente ninguno de los defectos
que estructuran la denominada vía de hecho tuvo ocurrencia, toda vez que las
decisiones que censura la apoderada, fueron proferidas por funcionarios
competentes siguiendo los derroteros del proceso legalmente establecido y
contaron con una debida argumentación jurídica frente a los motivos por los
cuales se pronunciaban, planteamientos que merecieron el análisis y la
aplicación que el caso demandaba. (...) Lo que se denomina en este asunto como
vía de hecho, no pasa de la simple inconformidad que le asiste al ver frustrado
el éxito de las pretensiones expuestas en el proceso, merced a la oportuna
gestión defensiva de la parte demandante”.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia
1. A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es
competente para revisar las sentencias proferidas en el proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Derechos constitucionales violados o amenazados
2. Las accionantes solicitan la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia.
Problema jurídico
3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al
ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las
respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe determinar si en el
trámite del proceso ordinario laboral para el cobro de las prestaciones e
indemnizaciones debidas por la terminación del contrato de trabajo del señor
Raúl Antonio Pérez Soto con ocasión de su muerte y en el correspondiente
proceso ejecutivo iniciado ante el mismo juez de conocimiento para asegurar el
cumplimiento de las órdenes de condena impuestas (C.P.C. arts. 335 y
subsiguientes), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar y la Sala
Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad, vulneraron los derechos fundamentales de las sociedades R. M. R.
Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA al debido proceso, a la defensa y
al acceso a la administración de justicia.
Lo
anterior, por cuanto las citadas autoridades judiciales incurrieron -en
términos de las empresas demandantes- en vías de hecho por defectos
sustantivo y procedimental, por una parte, el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Valledupar al vincular como parte en el proceso ordinario laboral a
un ente carente de personalidad jurídica (esto es, a la Unión Temporal Nueva Cárcel
de Valledupar) y al aplicar disposiciones del Código de Procedimiento Civil,
para surtir la notificación del mandamiento de pago, cuando existe para el
efecto norma especial en el Código Procesal del Trabajo (C.P.L. art. 108); y
por la otra, la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad al modificar la sentencia proferida por el
a-quo, en el sentido de someter a las sociedades que integran la
mencionada unión temporal a las órdenes de condena impuestas contra ésta
última, siendo que las citadas compañías no podían ser consideradas como parte
demandada en el proceso ordinario laboral, pues no habían sido legalmente
notificadas del auto admisorio de la demanda.
4. Para
resolver el citado interrogante, (i) la Sala Quinta de Revisión reiterará a
continuación sus precedentes en relación con la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) incluyendo un estudio
puntual acerca de su prosperidad en casos de indebida interpretación judicial,
(iii) para luego concluir con el análisis del asunto en concreto, a fin de
determinar si se presentó o no la supuesta violación de los derechos
fundamentales invocados por las compañías demandantes.
Reiteración
de jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales
5. Esta Corporación a partir de la sentencia C-543 de 1992[60],
ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de la acción de amparo
constitucional contra providencias judiciales -inicialmente- a través del
denominado concepto de las vías de hecho. Concretamente, en la citada
providencia, la Corte señaló: "La acción de tutela no es el mecanismo
judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en particular
las que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo que las mismas sean el
resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia”.
Sin embargo,
este Tribunal ha manifestado que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es eminentemente excepcional, en razón de que
este mecanismo de defensa judicial es de naturaleza residual y subsidiario, por
lo que no tiene la virtualidad de reemplazar los procedimientos ordinarios, ni
está concebido como medio alternativo, adicional o complementario de éstos
(C.P. art. 86). Por lo tanto, es claro que el propósito de la acción de amparo
constitucional se limita a la protección efectiva de los derechos fundamentales
cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial, o cuando existiendo, ésta
se utilice como medio transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
En este
sentido, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, según el criterio de este Tribunal, se sujeta a la comprobación de
dos condiciones: “la violación de un derecho fundamental y la identificación
plena de la existencia de alguno de los eventos que constituyen causales de
procedibilidad en materia de acción de tutela contra providencias judiciales”[61].
6. Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado cuatro grandes defectos que dan lugar a la
procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales, a saber:
orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental. Sobre cada uno de ellos la Corte
ha expuesto que:
“(...)
se presenta un defecto orgánico cuando la autoridad que tiene a su cargo
la dirección del proceso y profiere la decisión de fondo, no es en realidad su
juez natural. Así mismo, el defecto sustantivo se configura en los casos
en que la decisión judicial es dictada con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
utilización puede generar una inconstitucionalidad sobreviniente o, porque su
contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de
hecho a los cuales se ha aplicado. Por su parte, el defecto fáctico tiene
lugar cuando las pruebas que han sido aportadas al proceso resultan inadecuadas
para tomar la decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple
insuficiencia material. Finalmente, el defecto procedimental se origina
en una manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una
amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de
los demás sujetos procesales con interés legítimo (...)”[62].
En los últimos años la jurisprudencia constitucional
ha evolucionado en relación con las situaciones que hacen viable la acción de
tutela contra providencias judiciales. En efecto, en sentencia T-774 de 2004[63],
se agregaron a las citadas causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, las siguientes:
“[El] error inducido, el cual se
refiere a las situaciones en las cuales la violación de los derechos
fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de su
inducción en error por una circunstancia estructural del aparato de
administración de justicia (...) la decisión inmotivada, que representa
las situaciones en las cuales la providencia judicial presenta graves e
injustificados problemas en su decisión consistentes en la insuficiente
sustentación o justificación del fallo[64]; (...) la violación
directa de la Constitución, en los eventos en que la decisión se apoya en la
interpretación de una disposición en contra de la Constitución desconociendo el
contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes[65],
o en los casos en que el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que se presente solicitud expresa de su declaración por alguna de las partes en
el proceso[66].” Véase, sentencia T-749
de 2005. (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En idéntico sentido,
sentencia       T-994 de 2005. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
7.  Como estos últimos eventos en que procede la acción
de amparo constitucional contra decisiones judiciales suponen abandonar como
requisito de procedencia la existencia de una “actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial”, la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado que el concepto de vía de hecho ha sido superado, para en su lugar
acoger el criterio de las causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela. Esta evolución de la doctrina constitucional fue reseñada de la
siguiente manera en un reciente pronunciamiento de esta Corte:
“(E)n los últimos años se ha venido
presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las
situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias
judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales
pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos
adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia
sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es
más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de
la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente
manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar
que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se
trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de
los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’ En este
caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra
una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a
la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la
de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se
redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de
derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya
constatado la existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente
reconocidos por la jurisprudencia”[67].
8. Para que proceda la acción de tutela contra decisiones
judiciales, de acuerdo con lo previsto por la Corte en sentencia C-590 de 2005[68],
además de demostrar la existencia de una causal genérica de procedencia, es
necesario acreditar los siguientes requisitos adicionales: (i) Que la cuestión
que se discuta tenga relevancia constitucional[69]; (ii) Que los
medios -ordinarios o extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada se hayan agotado, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable. Para este efecto, esta Corporación ha sostenido
que el citado perjuicio se presenta cuando se estructuran cuatro elementos
básicos, determinados en la sentencia T-225 de 1993[70];
a saber: El perjuicio debe ser inminente, las medidas para corregirlo urgentes,
el daño debe ser grave y su protección impostergable[71].
Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, (iii) que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[72];
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar en claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Es indispensable
que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados, poniendo además de presente que los
mismos fueron alegados en el proceso judicial en que se produjo la violación,
siempre que ello hubiese sido medianamente posible; y finalmente, (vi) el
amparo no puede promoverse contra una providencia proferida en el trámite de la
acción de tutela[73].
Recordada la doctrina sobre la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pasa la Corte a examinar
brevemente los alcances de la facultad interpretativa de los jueces.
Reiteración
de jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela en
casos de indebida interpretación judicial
9. De acuerdo con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, los artículos 228 y 230 de la
Carta Política, al reconocer los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, le otorgan a los jueces, en el ejercicio de sus
funciones, una amplia libertad interpretativa para determinar las normas
jurídicas aplicables al caso que juzgan y los efectos que deben derivarse de
ellas.
En apoyo de lo anterior, este Tribunal ha
sido unánime en señalar que siempre que la interpretación normativa que los
operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro de los límites
de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el
criterio del fallador no constituye una irregularidad que haga procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales. Así, a manera de ejemplo, en la sentencia T-123 de 1995[74],
se expresó por parte de esta Corporación que no se estaba frente a una vía de
hecho cuando un juez modificaba su criterio de interpretación frente a una
norma o cuando no se acogía la hermenéutica sostenida por los organismos
judiciales superiores, siempre que la decisión del juez se ajustara a los
lineamientos constitucionales previamente mencionados. Textualmente en la
citada providencia se manifestó:
"La Corte Constitucional
repetidamente ha señalado que se vulnera el principio de igualdad si se otorga
un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una
justificación objetiva y razonable. Se pregunta la Corte si este principio se
viola por el juez que resuelve una caso sometido a su consideración de manera
distinta a como él mismo lo decidió ante una situación sustancialmente
semejante o si se aparta de la jurisprudencia vigente sentada por los órganos
jurisdiccionales de superior rango (Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). // En materia
judicial el principio de igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo
que no quiere decir que pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces
un margen apreciable de autonomía funcional, siempre que se sujeten al imperio
de la ley (CP arts. 230 y 228).
(...) Es evidente que si el
principio de independencia judicial se interpreta de manera absoluta, se
termina por restar toda eficacia al principio de igualdad. En la aplicación de
la ley, los jueces podrían a su amaño resolver las controversias que se debaten
en los procesos. En esta hipótesis no se podría objetar el hecho de que
simultáneamente el juez, enfrentado a dos situaciones sustancialmente
idénticas, fallase de distinta manera.
(...) Los principios y normas
constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y armónica. La
interpretación más acorde con la Constitución es la que evita que la escogencia
de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía. Si
en el caso concreto, el juez está normativamente vinculado por los dos
principios - igualdad e independencia judicial -, debe existir una forma de
llevar los principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos
reciban un grado satisfactorio de aplicación y en el que sus exigencias sean
mutuamente satisfechas.
"La Corte considera que
existe un medio para conciliar ambos principios. Si el juez, en su
sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio
respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos
sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y
de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad
ni inadvertencia y, por tanto, el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación. De otro lado, el juez continuará
gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no
quedará atada rígidamente al precedente." (Subrayado por fuera del texto original).
En idéntico sentido, en
sentencia T-1001 de 2001[75], este Tribunal señaló:
“En materia de interpretación
judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho
son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la
actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El
hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas
autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el
operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso
concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se
trata, en realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en
consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a
salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional
del juez que reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la
aplicación razonable del derecho”[76]. (Subrayado por fuera
del texto original).
De esta manera, el solo
hecho de contrariar el criterio interpretativo de otros operadores jurídicos, e
incluso de los distintos sujetos procesales, no puede considerarse como una de
las causales que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues sin lugar a dudas dicha manifestación jurídica corresponde al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces de otorgarle sentido a
las disposiciones que aplican y de limitar los efectos que puedan derivarse de
ellas, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial previstos en los
artículos 228 y 230 del Texto Superior[77].
10. No obstante lo anterior la jurisprudencia
constitucional también ha sido enfática en sostener que, en todo caso, la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho. Sobre la materia, en sentencia SU-1185 de
2001[78], este Tribunal
manifestó:
“Los mandatos contenidos en los artículos
228 y 230 del Estatuto Superior, en los que se dispone que la administración de
justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley, deben ser armonizados y conciliados con el
artículo 1° de la Carta que propugna por la promoción y protección de la
dignidad humana, con el artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a
todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la
obligación de garantizar los derechos, deberes y libertades de todas las
personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 Superior que consagra,
entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la
igualdad frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las
autoridades públicas...”.
En consecuencia, si bien es cierto que al
juez de conocimiento le compete fijar el alcance de la norma que aplica, no
puede hacerlo en contravía de los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente escoger aquél que se adecue de la
mejor manera a los preceptos constitucionales, o lo que es lo mismo, aquél que
resulte acorde con el principio de interpretación conforme[79].
Precisamente, en sentencia T-538 de 1994, en la cual se falló sobre la
pregunta acerca de cómo debía interpretarse una norma penal que consagraba un término
para apelar, la Corte manifestó que las dos interpretaciones posibles del texto
legal eran igualmente admisibles y razonables. Sin embargo, añadió que en vista
de que el caso bajo análisis era de orden penal y afectaba directamente el
derecho a la libertad personal del inculpado, lo indicado era acoger la
interpretación judicial que efectivamente garantizara la aplicabilidad del
derecho fundamental a impugnar las sentencias condenatorias (C.P. art. 29)[80].
En este sentido, es innegable que la autonomía y
libertad que se le reconoce a los funcionarios judiciales para interpretar las
normas jurídicas, no comprende, en ningún caso, aquellas manifestaciones de
autoridad que supongan un desconocimiento del ordenamiento constitucional, y
menos aun, de los derechos fundamentales de las personas. Así lo ha reconocido
esta Corporación, en otras oportunidades, al sostener que: “es cierto que los
jueces son independientes, (...) su independencia es para aplicar las normas,
no para dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un juez no
puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos
para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución”[81].
Bajo este contexto, en sentencia SU-120 de
2003[82], la Corte determinó que
una decisión judicial puede ser considerada como constitutiva de una
irregularidad que haga procedente la acción de tutela, a partir del ejercicio
de la facultad de interpretación judicial, cuando: “el juez elige
la norma aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o
haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales[83],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[84],
(iii) sin respetar el principio de igualdad[85], y (iv) en
desmedro de los derechos sustantivos en litigio[86]”.
11. Se puede concluir entonces que si bien es cierto que
los jueces son autónomos e independientes para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, ello
no los habilitada para que en desarrollo de esa labor puedan apartarse de los
hechos, o dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso y, menos aún, desconocer las disposiciones constitucionales que fijan
los parámetros bajo los cuales se desenvuelve la función judicial.
12.  Visto lo anterior, esta Corporación procederá a
determinar si, en el caso concreto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar y la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad, incurrieron en las vías de hecho que se
les imputa o si, por el contrario, su actuación se ajustó a los lineamientos
legales, jurisprudenciales y doctrinales vigentes al momento de adoptar su
decisión.
Caso concreto
De la improcedencia de la acción de amparo
constitucional
13. Según lo expuesto anteriormente, la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario de defensa judicial, pues a pesar de existir otros medios jurídicos
para la protección de los derechos fundamentales, procede cuando los mismos
resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Esto significa que “no es propio de la
acción de tutela el [de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los
procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a
la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro
que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”[87].
Así las cosas, como lo ha sostenido esta
Corporación, la acción de tutela es improcedente cuando mediante su ejercicio
se pretende reabrir un asunto litigioso que por la negligencia, desidia e
incuria del demandante, se encuentra debidamente resuelto a través de una
providencia judicial legalmente ejecutoriada. Al respecto, en sentencia T-108
de 2003[88], la Corte expresó que:
“la falta del ejercicio oportuno de los medios ordinarios que la ley ofrece
para impugnar las decisiones judiciales, hacen improcedente la acción de tutela
pues no puede alegarse el no ejercicio de los mismos para su beneficio”[89].
En
consecuencia, cuando el peticionario ha dejado vencer los términos judiciales
para el ejercicio de las acciones o de los recursos ordinarios de los cuales
disponía para obtener la satisfacción de sus derechos, no es procedente la
solicitud de amparo constitucional.
14.  En el asunto bajo examen se alega por las
compañías demandantes que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar
y la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad,
incurrieron en distintas vías de hecho por defectos sustantivo y procedimental,
a saber:
15. La primera irregularidad que se alega consistió en
vincular como parte demandada en el proceso ordinario laboral a un ente carente
de personalidad jurídica, esto es, a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar.
En criterio de las accionantes, con la citada vinculación se incurre en una vía
de hecho por defecto sustantivo, pues se reconoció capacidad para ser parte a
un sujeto eminentemente contractual que carecía de personería jurídica para
actuar en calidad de demandado en un proceso judicial, en los términos
previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil[90].
Frente
a esta irregularidad ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en el sentido de sostener que al no
constituir las uniones temporales una persona jurídica distinta de los miembros
que la conforman, dicha modalidad de asociación contractual carece de capacidad
para ser parte en un proceso judicial, pues quienes tienen dicha calidad legal
son las personas naturales o jurídicas que las integran. Precisamente, esta
Corporación en sentencia C-414 de 1994[91], señaló que a
pesar del reconocimiento que hace el Estatuto de la Contratación Estatal para
que dichos convenios de asociación puedan contratar con el Estado, las uniones
temporales no pueden considerarse jurídicamente “personas”. Al respecto,
se reseñó:
“Se ha discutido en la doctrina sobre la
identidad jurídica de las uniones temporales y los consorcios, y a éstos
últimos se los suele asimilar a la figura del "joint venture" del
derecho americano o al "paternish" de los ingleses, y no pocos al de
una sociedad de hecho por las informalidades que rodean su organización
jurídica .
En nuestro régimen legal, la capacidad es
la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para
realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos válidos en la
esfera del derecho,  y si bien esa habilitación se vincula con la noción de
persona, hasta el punto que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que
en contrario disponga la ley, no es requisito necesario ser persona para
disponer de capacidad jurídica. (...)
De los contenidos de la ley 80 resultan
confirmadas las aseveraciones precedentes. El artículo 6° autoriza para
contratar con las entidades estatales a "..las personas consideradas
legalmente capaces en las disposiciones vigentes". De igual modo
señala que, "también podrán celebrar contratos con las entidades
estatales, los consorcios y uniones temporales".
En estos eventos el Estatuto no se
refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y a las
uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en
resumen significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que
no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales”[92].
En el mismo sentido, en sentencia C-949 de
2001[93] se puntualizó que los
llamados a responder por las obligaciones que se asumen por las uniones
temporales, son las personas naturales o jurídicas que las integran, en virtud
del contenido normativo del derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica previsto en el artículo 14 del Texto Superior. En sus propias
palabras, en la citada providencia se declaró:
“En
torno a la capacidad contractual de los consorcios y uniones temporales la
jurisprudencia constitucional ha expresado que el Estatuto de contratación les
reconoce este atributo sin exigirles como condición de su ejercicio la de
ser personas morales. También ha dicho que el consorcio  es un convenio
de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros
organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con
el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo
un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.(...)
Debe
anotarse que en la intervención de los consorcios y uniones temporales como uno
de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la voluntad está
expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el
respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten
con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal.
Y
si quienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas
naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, es preciso señalar, que tales personas
son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u
omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad” [94].
El Consejo de Estado, especialmente, la
Sección Tercera, ha sostenido en múltiples oportunidades que la capacidad
reconocida a favor de las uniones temporales se limita única y exclusivamente a
la presentación de las propuestas y a la adjudicación, celebración, ejecución y
liquidación de los contratos estatales. En opinión del citado Tribunal, en la
medida en que dichas asociaciones no tienen una personería jurídica distinta a
la de los miembros que la conforman, carecen de capacidad para ser parte y para
comparecer a juicio. Textualmente se ha señalado que:
“Las
uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la ley 80 de
1993 para efectos de contratación estatal, no crean una persona jurídica
nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones.
Al no poseer tal naturaleza jurídica, no tiene capacidad para comparecer en
proceso ante autoridades judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 44
del Código de Procedimiento Civil.
El
consorcio y la unión temporal participan de la misma naturaleza jurídica; la
diferencia se encuentra en la extensión de la sanción en caso de incumplimiento
del contrato que les da origen, mientras en el primero afecta a todos los
integrantes de manera solidaria, en la segunda se imponen las sanciones en
proporción a su participación en la propuesta y ejecución.
Por
lo tanto, al no constituir la unión temporal, ni el consorcio, una persona
jurídica diferente de los miembros que la conforman, no tiene capacidad para
ser parte ni para comparecer en un proceso judicial. Dicha calidad se encuentra
en cabeza de las personas naturales o jurídicas que la han integrado para
celebrar un contrato con el Estado, conforme al artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil.
Tan
es así, que la Sala ha establecido que si un consorcio, léase también unión
temporal, se ve obligado a comparecer a un proceso como demandante o
demandado cada uno de los integrantes debe hacerlo de manera individual
integrando un litisconsorcio necesario”[95].
En apoyo de lo anterior, en un reciente
pronunciamiento, se determinó:
“La Sala ha dicho, en forma reiterada, que
la Corte Constitucional ha dejado claro que tanto los consorcios como las uniones
temporales son asociaciones carentes de personería jurídica y que la
representación que prevé la ley se establece para efectos de la adjudicación,
celebración y ejecución de los contratos. Por lo tanto, el no constituir
la unión temporal una persona jurídica diferente de los miembros que la
conforman, no tiene capacidad para ser parte ni para comparecer en un proceso
judicial; y que quienes tienen la capacidad son, entonces, las personas
naturales o jurídicas que la han integrado. Queda demostrado que la
unión temporal al no ser persona jurídica no tiene capacidad para ser parte ni
para comparecer (art. 44 del C.P.C), y por lo mismo, no puede demostrar su
condición de acreedor. Por esta situación la Sala concluye que no puede
librarse mandamiento de pago y por tanto se confirmará el auto apelado”[96].
En este orden de ideas, tal y como lo ha
sostenido el Consejo de Estado, cuando se pretende demandar a una unión
temporal debe dirigirse el escrito de acusación en contra de todos los
miembros que la conforman y de los cuales se deriva la presunta responsabilidad
legal. En estos casos, de acuerdo con la ley procesal las personas naturales o
jurídicas que hacen parte de dicha unión temporal integraran un litisconsorcio
necesario por pasiva, en la medida en que las relaciones jurídicas
sustanciales sobre las cuales debe pronunciarse la autoridad judicial, no son
susceptibles de ser fraccionadas o divididas respecto de los sujetos que la
integran[97]. La jurisprudencia sobre
la materia, se resume en los siguientes términos:
“(...) al no constituir la unión temporal,
(...) una persona jurídica diferente de los miembros que la conforman, no tiene
capacidad para ser parte ni para comparecer en un proceso judicial. Quienes
tienen tal capacidad son, entonces, las personas naturales o jurídicas que la
han integrado. // Esa es la razón fundamental para que la Sala haya establecido
que si una unión temporal (...), debe comparecer a un proceso judicial, bien
como demandante o como demandados, cada uno de sus miembros debe hacerlo de
manera individual integrando un litisconsorsio necesario”[98].
De acuerdo con el ordenamiento procesal, la
integración del litisconsorcio necesario por pasiva es una obligación legal a
partir del auto que admite la demanda (C.P.C. art. 83)[99],
cuya ausencia se transforma en un vicio constitutivo de nulidad procesal, en
los términos consagrados en el artículo 140, numeral 8, del Código de
Procedimiento Civil[100]. Así lo ha reconocido,
el máximo Tribunal de la justicia administrativa al sostener que: “La falta
de integración del contradictorio no conduce a un fallo inhibitorio sino a la
nulidad del proceso, porque el mismo puede integrarse hasta la sentencia de
primera instancia, en cuyo evento se le otorgan al vinculado las
correspondientes oportunidades procesales”[101].
En el asunto sub-examine le asiste
razón a las empresas demandantes cuando manifiestan que el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Valledupar incurrió en el error de vincular en calidad
de parte demandada a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar en el
proceso ordinario laboral promovido por los herederos del señor Raúl Antonio
Pérez Soto y de no notificar el auto admisorio de la demanda a las personas
jurídicas que por la naturaleza del citado litigio debían ser demandadas, esto
es, a las sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA
(antes R. M. R. Construcciones S. en C. y Alfredo Muñoz & CIA LTDA). Lo
anterior se comprueba, entre otras, en las siguientes piezas procesales:
- En el
auto admisorio de la demanda del 4 de septiembre de 2000, expresamente se
señaló:
“PRIMERO. Admitir la presente demanda presentada por JUANA
BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO CONTRA LA UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR Y SOLIDARIAMENTE CONTRA EL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.
SEGUNDO. Notifíquese y córrasele traslado al señor ROBERTO
MUÑOZ ROA, en su condición de representante de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR, o quien haga sus veces, y a FABIO CAMPO SILVA, en
su condición de representante del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC, o
quien haga sus veces al momento de la notificación. (...)
La parte demandada, UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, será notificada en la carrera 14 No. 86 A
76, de la ciudad de Santafé de Bogotá y al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INPEC, en la carrera 19C 18 a-34 y/o en la cra 19ª 18-60 de esta ciudad; y se
les hará entrega de copia de la demanda para que la contesten dentro del
término de seis (6) días (Art. 74 C.P.L)”[102]. (Subrayado
por fuera del texto original).
- En el despacho comisorio No. 043 que se
libró para notificar y correr traslado de la demanda a la Unión Temporal Nueva
Cárcel de Valledupar a través de los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá,
el cual se profirió con fundamento en el informe secretarial del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Valledupar, en el que se indicó que el
domicilio del represente legal de la citada unión se encontraba -precisamente-
en la ciudad de Bogotá[103].  En la mencionada providencia
se dispuso:
“DESPACHO COMISORIO No. 043. // La suscrita
secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, al señor
Juez Laboral del Circuito (reparto) de la ciudad de Bogotá D.C., por el
presente, HACE SABER: // Que en el presente proceso ordinario laboral promovido
por JUAN BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PEREZ, CONTRA LA UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR Y SOLIDARIAMENTE CONTRA EL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Se ha dictado un auto que a la letra
dice: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, Valledupar, Agosto
dieciséis (16) del dos mil uno (2001). // AUTO: // Teniendo en cuenta el
anterior informe secretarial, y una vez revisada la demanda el apoderado de la
parte demandante manifiesta que el señor ROBERTO MUÑOZ ROA, representante legal
de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, es domiciliado
en la ciudad de Bogotá, líbrese Despacho Comisorio al Juez Laboral del Circuito
(Bogotá), a fin de que se le notifique y corra traslado de la demanda según
auto de fecha septiembre cuatro (4) del 2000, con los insertos del caso. (...)”[104].(Subrayado
por fuera del texto original).
- En el aviso de citación del 8 de
noviembre de 2001, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bogotá, el cual era necesario para notificar la demanda a quien no se podía
comunicar personalmente de la misma, conforme se disponía en el artículo 320
del Código de Procedimiento Civil, vigente en aquel momento.
“(...) AVISO JUDICIAL.// El suscrito
secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santafe de Bogotá D.C.,
Cra 7 # 14 - 07 Piso 8.// CITA A : Roberto Muñoz Roa -como representante legal
o quien haga sus veces- Que debe(n) concurrir al juzgado, ubicado en la
dirección arriba mencionada, dentro de los diez días siguientes a la fecha de
fijación del presente aviso, para recibo de notificación personal del auto
admisorio de la demanda de fecha septiembre 4 de 2000. // Dictado en el proceso
ordinario laboral de Juana Bautista Soto Arrieta y otro contra la Unión
Temporal Nueva Cárcel de Valledupar.// Con la advertencia de que si no
comparece (n) se les designara(n) CURADOR AD LITEM, previo emplazamiento, con
quien se practicara la notificación y se adelantará el proceso. Para los
efectos del numeral 3 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,
será(n) emplazado(s) en la forma prevista en el artículo 318 del mismo Código.
// Se fija el presente aviso judicial citatorio en la puerta de entrada del
inmueble de la Carrera 14 # 86 A 76. // Se fija hoy ocho (8) de Nov./ 2001, se
deja copia del mismo con quien allí se encuentre. // El secretario”[105].
(Subrayado por fuera del texto original).
- En el
Auto del 5 de febrero de 2002, el cual se dictó para ordenar el emplazamiento
de la parte demandada, siguiendo los ritos procesales previstos en el citado
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, en la citada
providencia se determinó:
“De conformidad con lo dispuesto en el Art.
29 del C. de P. L. en armonía con el Art. 318 del C. de P.C. el Juzgado EMPLAZA
A LA DEMANDADA LA UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR. Procédase
a la elaboración de los edictos correspondientes. Efectúese las publicaciones
por prensa y radio y allegadas éstas remítanse las diligencias a su lugar de
origen”[106]. (Subrayado por fuera
del texto original).
- En el Auto del 1 de julio de 2003, por
medio del cual se designó curador ad litem a la parte demandada. En la
citada decisión judicial se ordenó:
“Accédese a lo solicitado por el apoderado
de la parte demandante, en consecuencia nómbrese al doctor OSCAR ELÍAS ARIZA
FRAGOSO, como CURADOR AD LITEM de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE
VALLEDUPAR, representada legalmente por ROBERTO MUÑOZ ROA o quien haga
sus veces, para representarla en este asunto y emplácese al demandado de
acuerdo a lo preceptuado en el art. 318 del C.P.C., y dentro de los términos
señalados en el art. 29 del C.P.L.”[107]. (Subrayado por fuera
del texto original).
- Finalmente, en la parte resolutiva de la
sentencia del 28 de mayo de 2004, en la que se accedió a las súplicas de la
demanda, se determinó:
“PRIMERO.
Declarar que entre RAUL ANTONIO PÉREZ SOTO (Q.E.P.D) y la empresa UNIÓN
TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, existió contrato de trabajo en su
condición de trabajador y empleador respectivamente.
SEGUNDO. Declarar que RAUL ANTONIO PÉREZ SOTO (Q.E.P.D) sufrió
accidente de trabajo por culpa del empleador el día 15 de junio de 1999.
TERCERO. Condenar a la empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR a pagar a los demandantes lo siguiente:
a. PERJUICIOS MATERIALES POR DAÑO
EMERGENTE, LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y LUCRO CESANTE FUTURO O ANTICIPADO la
suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS  CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS ($43.956.793).
b. PERJUICIOS MORALES: La suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000).
c. CESANTÍAS: La suma de OCHENTA Y UN MIL
PESOS ($81.003)
d. INTERESES A LAS CESANTÍAS: La suma de
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($2.430).
e. PRIMAS DE SERVICIOS: La suma OCHENTA Y
UN MIL PESOS ($81.003).
f.
VACACIONES: La suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($37.500).
TERCERO.(SIC) Absolver a las demandadas
de las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva.
CUARTO. Condénese en costas a la parte vencida.
ESTA DILIGENCIA CON SU LECTURA QUEDA
NOTIFICADA A LAS PARTES EN ESTRADOS”[108]. (Subrayado
no correspondiente al texto original).
Partiendo de estas consideraciones,
encuentra la Corte que efectivamente se incurrió por parte del Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Valledupar en el error judicial de vincular en calidad
de demandada a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, quien de acuerdo
con las normas procesales, en especial, con el artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil, carece de capacidad para ser parte y para comparecer a un
proceso. Ahora bien, la citada irregularidad por sí misma no constituye un
vicio que permita invalidar el proceso que se adelantó contra la mencionada
unión temporal. En efecto, lo que realmente se reprocha en estos casos por el
ordenamiento procesal, es el hecho de no vincular al juicio en calidad de parte
demandada a cada uno de los miembros que integran la citada modalidad de
asociación contractual, quienes además de tener plena capacidad para ser parte
y para comparecer al proceso (C.P.C. art. 44), integran -en la mayoría de las
ocasiones- un litisconsorsio necesario por pasiva (C.P.C. art. 83). Por lo
demás, para que esa vinculación resulte válida y legítima, es indispensable
acreditar que frente a ellos se practicó en legal forma la notificación, según
sea el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, como
expresamente se prevé en el numeral 8 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, previamente citado.
En el presente caso, como previamente se
demostró, se aprecia que efectivamente no se vinculó por el a-quo a las
personas que debían acudir al proceso en calidad de demandadas (esto es, a las
sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA), y que,
además, frente a ellas no se adelantó el procedimiento previsto en el
ordenamiento jurídico para llevar a cabo la notificación personal del auto
admisorio de la demanda. Estas irregularidades constituyen, tal y como lo ha
reconocido la jurisprudencia del máximo Tribunal de la justicia administrativa,
defectos que implican la invalidez del proceso, en los términos
consagrados en el citado artículo 140, numeral 8, del Estatuto Procesal Civil[109].
16. En el caso sub-examine, es preciso reconocer que
frente a la vinculación de las sociedades que integran la Unión
Temporal Nueva Cárcel de Valledupar al proceso ordinario laboral promovido por
los herederos del señor Raúl Antonio Pérez Soto, se decidió por el juez de
segunda instancia, esto es, por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a partir del recurso de apelación
interpuesto contra el fallo del a-quo, modificar la parte resolutiva de
la sentencia del 28 de mayo de 2004, en el sentido de ampliar la exigibilidad
de las órdenes de condena impuestas contra la mencionada asociación contractual
a las compañías que la integran, vale decir, a las sociedades R. M. R.
Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA (antes R. M. R. Construcciones S.
en C. y Alfredo Muñoz & CIA LTDA)[110].
Textualmente, en la parte resolutiva de la
sentencia del 17 de noviembre de 2004, en la que se decidió la impugnación
interpuesta, se estableció:
“(...) el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley; // RESUELVE, // MODIFICA
el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida de fecha y
procedencia conocidas, para en su defecto declarar que entre RAUL
ANTONIO PÉREZ SOTO y la empresa UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, conformada
por las empresas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA y R. M. R. CONSTRUCCIONES S EN C,
existió un contrato de trabajo a término indefinido, que terminó por muerte del
trabajador, CONFIRMAR los numerales segundo, tercero, referente a las condenas
adoptadas y cuarto. REVOCA el numeral tercero, para en lugar de absolver a la
demandada de los demás derechos laborales demandados, CONDENARLA a pagar a los
herederos del trabajador JUANA BAUTISTA SOTO ARRIETA Y DIÓGENES PÉREZ ROMERO,
por concepto de indemnización moratoria, la suma de diez mil pesos diarios,
desde el cuatro de septiembre de dos mil dos hasta el día en que pague los
derechos prestacionales objeto de condena en la primera instancia”[111].
De acuerdo con las empresas demandantes,
esta irregularidad constituye un defecto procedimental que torna viable el
amparo tutelar contra decisiones judiciales, pues se impuso a cargo de ellas
las condenas establecidas en contra de la unión temporal, sin percatarse que a
las mismas “no se les había notificado la demanda, no participaron en el
proceso, no pudieron ejercer su derecho de defensa y, por lo tanto, no podían
ser condenadas”. En criterio de esta Corporación, este segundo defecto
alegado por las demandantes se encuentra en estrecha relación de conexidad con
la primera irregularidad puesta de presente. En efecto, al no constituir la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar una persona jurídica distinta de los
miembros que la integran, es claro que carecía de capacidad para ser parte y
para comparecer al proceso (C.P.C. art. 44). En su lugar, quienes debían acudir
en la calidad de parte demandada en el proceso ordinario laboral promovido por
los herederos del señor Raúl Antonio Pérez Soto, eran los integrantes de la
citada asociación contractual a través de la integración de un litisconsorcio
necesario por pasiva (C.P.C. art. 51). En este contexto, para asegurar la
debida conformación del contradictorio, de acuerdo con las exigencias previstas
en la ley procesal (C.P.C. art. 83), surgía como deber imperativo del juez de primera
instancia notificar en legal forma el auto admisorio de la demanda, so pena de
incurrir en una causal de nulidad procesal (C.P.C. art. 140-8)[112].
Obsérvese cómo, en estos términos, le
asiste razón a las empresas demandantes cuando alegan que existe un defecto
procedimental en la forma como fueron vinculadas al proceso
ordinario laboral, pues a pesar de haber sido reconocidas como destinatarias de
la sentencia del 17 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar, en calidad de responsables de las condenas
impuestas contra la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar; es indiscutible
que -de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento procesal- no era el trámite
del recurso de apelación ni la sentencia en que se puso fin al mismo, el
momento procesal idóneo y pertinente para asegurar la debida integración del litisconsorcio
necesario por pasiva, ya que dicha oportunidad precluyó en el instante
mismo en que se dictó sentencia de primera instancia, como lo reconoce
expresamente el inciso segundo del artículo 83 del Código de Procedimiento
Civil[113]. Desde esta
perspectiva, como ya se señaló, la forma como debía garantizarse la comparencia
judicial de las mencionadas sociedades, siguiendo los lineamientos procesales
sobre la materia, era procediendo a la notificación personal del auto admisorio
de la demanda.
En virtud de los hechos anteriormente
reseñados, a manera de resumen, la Corte encuentra, que a pesar de haberse
demandado equivocadamente a la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, el
juez de segunda instancia corrigió dicha deficiencia procesal vinculando al
proceso ordinario laboral a los miembros que la integran, esto es, a las
sociedades R. M. R. Construcciones S.A. y Constructora AMCO LTDA (antes R. M.
R. Construcciones S. en C. y Alfredo Muñoz & CIA LTDA). Sin embargo, la
forma como se adelantó esa vinculación constituye un típico defecto
procedimental, pues se omitió el deber de garantizar su comparencia judicial a
través de la notificación personal del auto que admitió la demanda.
Por consiguiente, a juicio de este
Tribunal, es claro que todas las irregularidades anteriormente reseñadas, se
concretan en un único vicio procesal consistente en vincular en calidad de
parte demandada a las sociedades que integran la unión temporal, sin haberse
practicado en legal forma frente a ellas la notificación personal del auto
admisorio de la demanda, pues es indiscutible que la sentencia de segunda
instancia, no es el momento procesal idóneo y oportuno para integrar en debida
forma el litisconsorcio necesario por pasiva. A este respecto, como previamente
se explicó, es pertinente recordar que el citado vicio es constitutivo de
nulidad procesal, en los términos previstos en el artículo 140, numeral 8, del
Código de Procedimiento Civil, tal y como -en otras oportunidades- lo ha
admitido la jurisprudencia del Consejo de Estado.
17.
Surge entonces el siguiente interrogante: ¿Qué
medio de defensa judicial se establece en el Código Procesal del Trabajo, para
defender los intereses de una persona que no ha sido notificada en legal forma
del auto admisorio de la demanda y que, con posterioridad, es sometida a un
proceso ejecutivo para el cobro de las condenas que se le impusieron en la
sentencia que culminó con el proceso cognoscitivo adelantado en su contra y
frente al cual sostiene no haber tenido conocimiento de su existencia y
trámite?
- Para
resolver este interrogante, en primer lugar, existe la posibilidad de acudir a
lo previsto en el numeral 7° del artículo 380 del Código de Procedimiento
Civil, en el cual se consagra como causal de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, el hecho de “estar el recurrente en alguno de
los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento
contemplados en el artículo 152 (léase 140), siempre que no se haya saneado la
nulidad”. No obstante, en la medida en que la Ley 712 de 2001,
introdujo en el Código Procesal del Trabajo, el citado recurso de revisión con
causales autónomas, taxativas y específicas, sin incluir la correspondiente a
la falta de notificación o emplazamiento, es claro que resulta improcedente
acudir analógicamente a su consagración normativa en el Estatuto Procesal
Civil.
Precisamente,
en un caso similar al que es objeto de revisión, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, precisó que:
“Se
equivoca la recurrente al acudir a las causales de revisión previstas en el
artículo 380 del Código de Procedimiento Civil como fundamento de su
impugnación, toda vez que la Ley 712 de 2001 que reformó el Código Procesal del
Trabajo, si bien incluyó en ese Estatuto por vez primera el recurso de
revisión, lo hizo con motivos propios y un procedimiento específico de donde se
deriva que es a todas luces improcedente la aplicación analógica de las normas
procesales en materia civil. // Ahora bien, de la simple confrontación de las
causales invocadas por la recurrente con las establecidas en el artículo 31 de
la Ley 712 citada, resulta palmario que ninguna de ellas corresponde a los
motivos que podrían dar lugar a la procedencia del recurso extraordinario en materia
laboral y que son las siguientes: ‘(..) 1. Haberse declarado falsos
por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento
de la sentencia recurrida. 2. Haberse cimentado la sentencia en
declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón
de ellas. 3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre
que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por
la justicia penal. 4. haber incurrido el apoderado judicial o mandatario
en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la
parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido
determinante en este’.
Por
lo demás, en el recurso extraordinario de revisión no se trata como lo entiende
el recurrente, de ventilar aspectos que debieron ser discutidos en las
instancias, sino que es un medio de impugnación extraordinario, con causales
especiales y taxativas señaladas en la ley y que se fundan todas ellas en la
comisión de hechos punibles que hayan sido definidos por la justicia penal”[114].
- En
todo caso, como lo que se pretende frente a las empresas demandantes, es la
satisfacción de la condena impuesta en el proceso ordinario laboral, a través
del adelantamiento del proceso ejecutivo subsiguiente ante el mismo juez de
conocimiento, conforme lo reconoce el artículo 335 del Código de Procedimiento
Civil[115], se pregunta esta
Corporación: ¿Si existe algún medio de defensa judicial que le permita al
demandado en el proceso ejecutivo que sigue a continuación del ordinario,
alegar el defecto de la falta de notificación del auto admisorio de la demanda
del proceso cognoscitivo?
Al respecto, el inciso 3° del artículo 143
del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica por analogía al
procedimiento laboral[116], establece que: “La
nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en
legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los
artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para
la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no
se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de
nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista
litisconsorcio necesario”. En este orden de ideas, el mecanismo de defensa
judicial que se reconoce en el procedimiento laboral para corregir la
deficiencia procesal previamente señalada, consiste en alegar como excepción de
fondo al mandamiento de pago, la nulidad por falta de notificación del auto que
admitió la demanda en el proceso ordinario laboral[117].
Así lo ha reconocido expresamente la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, en los siguientes términos:
“Aparece, en primer término, que al
resolver un incidente de nulidad planteado en el juicio ejecutivo, se declaró
la nulidad del proceso de conocimiento desde la notificación del auto admisorio
de la demanda al curador ad litem. Esta nulidad, alegada dentro
del trámite de ejecución adelantado ante el mismo juez de primera instancia que
conoció del proceso en que se dictó la sentencia que sirvió como base de
recaudo, se declaró porque el edicto emplazatorio no permaneció fijado
por el término de un mes en un lugar visible de la secretaría, hecho diferente
al que se propuso como fundamento del incidente, cuál fue el haberse notificado
al curador antes de llevar a cabo el emplazamiento (folios 122 a 124). (...)
Ambos juzgadores de instancia pasaron por alto que el hecho invocado como
causal de nulidad (...) carecía por completo de fundamento puesto que es el
procedimiento correcto de acuerdo con el artículo 29 del CPT, que prevalece en
los procesos laborales sobre lo establecido en los artículo 318 y 320 del CPC.
Se equivocaron dichos jueces entonces al admitir que se planteara un hecho
diferente al interponer el recurso de reposición y aceptar, contra el mandato
del art. 143 del CPC, que se invocara en la impugnación una nulidad
fundamentada en una causal distinta a la inicialmente propuesta cuando se
promovió el incidente (...)
Por otra parte, no resultaba posible que
dentro del proceso ejecutivo se anulara lo actuado en el proceso ordinario que
ya había concluido por sentencia ejecutoriada. Una cosa es que se
autorice alegar la nulidad por indebida representación o falta de notificación
o emplazamiento en legal forma como excepción en el proceso que se adelante
para la ejecución de la sentencia, y otra diferente que en el juicio ejecutivo
se pueda anular un proceso de conocimiento ya concluido y sobre el que recayó
una sentencia.
La circunstancia de que por economía
procesal la ley haya permitido la ejecución de la sentencia a
continuación del juicio ordinario y dentro del mismo expediente, no
significa que en modo alguno pueda confundirse un proceso con otro ni que cada
uno pierda la autonomía que le es propia. Esa posibilidad de adelantar el
juicio ejecutivo a continuación del ordinario, que conlleva evidentes ventajas
de tipo práctico, no autoriza a considerar los procesos, refundiéndolos, como
uno solo, no por consiguiente a suponer que el curador que actuó en el de
conocimiento, ya concluido, continúa siéndolo para la ejecución como erróneamente
lo dispuso el a quo (folio 113), pues cada juicio conserva su diferente
naturaleza y estructura, sus objetivos y características particulares y
autónomas, y aun, para algunos efectos, sus propias causales de nulidad.
De ahí que no sea admisible, como
equívocamente lo decidieron ambos falladores de instancia, que dentro del
trámite del juicio de ejecución pueda anularse lo actuado en el proceso
cognoscitivo. Lo contrario equivaldría a permitir, contra toda lógica, que un
juez de primera instancia pudiera anular no sólo su propia sentencia
definitiva, después de haberla declarado firme, sino también la sentencia
ejecutoriada de su superior, o inclusive la de un juez distinto en el evento de
que la ejecución se llevara a cabo ante uno diferente al que dictó la
providencia que sirve de base del recaudo ejecutivo. (...)
Lo procedente, entonces, cuando se adelanta
un juicio ejecutivo laboral con base en una sentencia dictada en otro proceso
en el cual se haya efectivamente incurrido en causal de nulidad por indebida
notificación o emplazamiento del demandado, será declarar probada la
excepción correspondiente, que hará inejecutable la sentencia contra el
excepcionante y sólo contra él”[118].
De lo anteriormente expuesto, se puede
concluir que efectivamente existe otro medio de defensa judicial previsto en el
ordenamiento jurídico para controvertir las irregularidades puestas de presente
por las empresas demandantes, las cuales, como previamente se demostró, se
concretan en un único vicio procesal consistente en vincular en calidad de
parte demandada a las sociedades que integran la Unión Temporal Nueva Cárcel de
Valledupar, sin haberse practicado en legal forma frente a ellas la
notificación del auto admisorio de la demanda del proceso cognoscitivo.
18. Ahora bien, lo que aparece acreditado en el expediente
objeto de revisión, es que el día 30 de junio de 2005, la apoderada judicial de
las compañías demandantes formuló la excepción de fondo previamente explicada.
Dicha excepción se denominó: “Nulidad por falta de notificación en legal
forma a las sociedades ejecutadas ALFREDO MUÑOZ & CIA LTDA, HOY
CONSTRUCTORA AMCO LTDA, y R. M. R. CONSTRUCCIONES S. en C. HOY SOCIEDAD
ANÓNIMA, del autor admisorio de la demanda de fecha 4 de septiembre de 2000”[119],
la cual fue rechazada de plano por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar, por su presentación extemporánea.
La
pregunta que surge, y es aquí en donde se encuentra la tercera irregularidad
alegada por las empresas demandantes, es si el término para interponer las
excepciones de fondo o de mérito se cuenta desde la notificación por estado del
mandamiento de pago, caso en el cual, la alegación propuesta debe entenderse
como extemporánea, o el plazo para la presentación de las mismas, se calcula a
partir de la notificación personal del citado mandamiento ejecutivo, hipótesis
en la cual, la solicitud de las accionantes se presentó en el momento procesal
oportuno.
En criterio de las demandantes, a pesar de
tratarse de un juicio ejecutivo laboral que se adelanta ante el mismo juez de
conocimiento con base en una sentencia dictada en un proceso ordinario, no es
posible aplicar el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil que reconoce
la posibilidad de notificar por estado el mandamiento de pago[120],
tal y como lo efectuó el juez de instancia[121], pues existe
una norma especial, esto es, el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo,
que exige categóricamente la notificación personal de dicha providencia. Al
respecto, el citado precepto legal determina que: “Las providencias que se dicten
en el curso de este juicio [es decir, el juicio ejecutivo] se notificarán por
estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y sólo serán
apelables en el efecto devolutivo”. Para sustentar esta posición se hace
referencia a tres (3) precedentes jurisprudenciales del Tribunal Superior de
Antioquia, de los cuales tan sólo uno (1) corresponde a una decisión proferida
por dicha Corporación, mientras los dos (2) restantes fueron proferidos por el
Tribunal Superior de Medellín. Dichas providencias, previa solicitud de esta
Sala de Revisión, fueron remitidas por el citado Tribunal, encontrándose que
sólo una (1) de ellas hace referencia al tema objeto de controversia[122].
Por su parte, el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Valledupar, en su condición de demandado en el presente proceso
de amparo tutelar, considera que el artículo 108 del Código Procesal del
Trabajo, tan sólo resulta aplicable en los casos en que se inicie autónoma e
independientemente el proceso ejecutivo y no cuando el mismo sea el resultado
de un proceso ordinario previo. En este último caso, como no existe
normatividad especial en el régimen procesal laboral y tampoco se encuentra
norma que regule el mismo fenómeno judicial para aplicarla analógicamente, es
indispensable acudir al Estatuto Procesal Civil (C.P.C. art. 335), el cual
consagra la posibilidad de agotar la notificación de los demandados por estado[123].
A juicio de los accionantes, como ya se señaló, esta posición jurisprudencial
es constitutiva de vía de hecho por defecto procedimental.
19.  Para esta Corporación, a diferencia de lo expuesto
por los demandantes, la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Valledupar, conforme a la cual la notificación del mandamiento de pago se surte
por estado, no corresponde a una vía de hecho por el citado defecto, pues se
trata de una interpretación objetiva y razonable del ordenamiento jurídico, que
se funda en los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial (C.P. arts. 228 y 230). El criterio interpretativo asumido por la
autoridad judicial demandada, lejos de responder a una hermenéutica arbitraria,
caprichosa o contraria a los valores, principios y derechos constitucionales,
se enmarca dentro de uno de los entendimientos posibles de la forma como se
puede adelantar la notificación del mandamiento de pago en los casos de
ejecución subsiguiente de la sentencia cognoscitiva ante el mismo juez de
conocimiento, cuya legitimidad no sólo deviene de la lectura de las normas que
le sirven de fundamento, sino también de la doctrina especializada sobre la
materia.
- En
cuanto al tenor normativo de las disposiciones legales que resultan aplicables,
es preciso señalar que el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, supone
que a falta de disposición especial en el procedimiento laboral deben aplicarse
analógicamente, en su orden, las mismas normas del Estatuto Procesal del
Trabajo que regulen hipótesis similares y, en su defecto, las previstas en el
Código de Procedimiento Civil[124].
En este
orden de ideas, el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo invocado por
las compañías demandantes, si bien establece la obligación de surtir la
notificación personal del mandamiento de pago en los juicios ejecutivos, no se
concibe a la luz de los principios de economía y celeridad procesal, como una
formalidad específica que resulte exigible en aquellos casos en que se adelanta
la ejecución de las providencias judiciales ante el mismo juez de conocimiento
y entre las mismas partes, por el contrario, su ámbito normativo presupone el
inicio de un proceso autónomo e independiente de aquél en que se impuso la
condena objeto de reclamación.
Obsérvese
cómo, su misma ubicación en el citado Estatuto Procesal es indicativo de dicha
realidad, ya que además de hacer parte del capítulo XVI referente a los “procedimientos
especiales” que surgen como contrapartida al procedimiento cognoscitivo,
frente al cual la ejecución subsiguiente no es más que una prolongación[125];
supone como requisito previo para su plena exigibilidad judicial, la interposición
de una demanda ejecutiva ante el juez laboral competente (C.P.T. art. 101),
requerimiento que no resulta compatible con el trámite procedimental para la
ejecución de providencias judiciales ante el mismo juez de conocimiento, para
el que basta una simple petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo
(C.P.C. art. 335).
Siendo esto así, y al tener que acudir al
auxilio de la analogía, surgen dos posibles alternativas válidas para las
autoridades judiciales, por una parte, pueden aplicar la misma regla jurídica
prevista en la “ejecución como proceso autónomo” para el caso de “la
ejecución a continuación dentro del mismo expediente”, lo que, en términos
prácticos, significaría exigir la notificación personal consagrada en el
artículo 108 del Código Procesal del Trabajo; o por la otra, remitirse en su
integridad al procedimiento establecido en el Estatuto Procesal Civil, en los
artículos 335 y subsiguientes, el cual al regular una situación
jurídica-procesal exactamente igual, permitiría acudir a la notificación por
estado como regla positiva para suplir el vacío normativo que en este tipo
especial de procedimientos se presenta en el Código Procesal Laboral.
Por lo demás, esta última alternativa
también se fundamenta, en el hecho de reconocer que el régimen laboral exige en
el artículo 41, literal a), numeral 1°, la notificación personal de la “primera
providencia que se dicte” en el proceso, la que en tratándose de la
ejecución subsiguiente, corresponde frente al demandando, a la del auto admisorio
de la demanda. En estos casos, el auto ejecutivo, debe notificarse por
estado, siguiendo las reglas de notificación de los autos interlocutorios,
cuando éstos no se hubieren dado a conocer en estrados (C.P.L. art. 41, lit.
c), num. 1°).
- Finalmente, aun cuando la mayoría de la
doctrina guarda silencio sobre la materia[126], en algunos
textos sí se hace referencia expresa a que, en estos eventos, lo procedente es
la notificación por estado del mandamiento ejecutivo[127].
20.  De acuerdo con lo anterior, para esta Corporación el
sólo hecho que el juez de instancia haya acogido uno de los citados criterios
de interpretación, no puede considerarse como una causal que haga procedente la
acción de tutela, pues sin lugar a dudas dicha posición hermenéutica
corresponde al ejercicio de la autonomía prevista a cargo de los jueces para
otorgarle sentido a las disposiciones que aplican y para limitar los efectos y
consecuencias que puedan derivarse de ellas, conforme se deduce de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial reconocidos en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
Del mismo modo, para la Corte la citada
divergencia interpretativa que se presenta entre los distintos operadores jurídicos,
no puede ser resuelta por el juez constitucional, ya que se trata de dos
interpretaciones posibles que se enmarcan dentro de los límites de lo objetivo
y lo razonable y que, además, no resultan contrarias a los valores, principios
y derechos constitucionales. Así, a manera de ejemplo, en sentencia T-336 de
1998[128], se sostuvo que:
“[Como] se desprende de la reiteradísima
jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela tiene por objeto
exclusivo la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales
cuando aparezcan violados o amenazados por acción u omisión de la autoridad
pública o aun de particulares, en los casos previstos por la Constitución y la
ley. //  No es el ámbito propio de la actividad encargada a los jueces de
tutela, como jueces constitucionales, el relativo a las controversias surgidas
entre los particulares y la administración por la interpretación,
aplicación y ejecución de normas legales y reglamentarias, a no ser que
por tales conceptos resulten afectados o en peligro derechos fundamentales de
las personas en concreto, sin que exista a su alcance un medio judicial eficaz
con miras a su defensa”.
En idéntico sentido, en sentencia T-1036 de
2002[129], se señaló:
“(...) las divergencias en la
interpretación de las normas legales, en principio, no son materia que pueda
ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios,
diseñados precisamente para lograr "la superación de las diferencias de
interpretación de las normas y promover, a su vez, la unificación de criterios
entre los funcionarios judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la
ley". Por lo tanto, cuando la labor interpretativa realizada por el juez
se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser
"cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de hecho, y por lo
tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la
interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y
excepcional de la tutela, ésta será improcedente". (...) En suma, el juez
de tutela no puede controvertir la interpretación que de las situaciones de
hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo
que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los
derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela”
Por último, en sentencia T-330 de
2005[130], este Tribunal manifestó:
“Los asuntos que no son susceptibles de
casación, carecerían de una instancia que unifique los criterios de conformidad
con los cuales debe interpretarse la normatividad. Podría objetarse que los
tribunales superiores son la cúspide de los diversos distritos judiciales y
que, en consecuencia, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían
entonces ellos los encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos,
fijando para ello criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las
amplias áreas del derecho que por diversas razones no son susceptibles de
unificación vía casación, la función unificadora, como condición necesaria para
salvaguardar el derecho constitucional a la igualdad, deber ser asumida
funcionalmente por estos entes. ¿Qué ocurre, entonces, cuando los diversos
tribunales de distrito asumen posturas hermenéuticas contrapuestas frente a
situaciones que implican un serio compromiso de derechos fundamentales de los
ciudadanos?
Compete en estos supuestos al juez constitucional
analizar, a la luz de la Carta Política, si las interpretaciones atacadas
vulneran derechos fundamentales de las partes en el proceso de tutela. Es
decir, si los peticionarios alegan que la posición hermenéutica de un operador
judicial respecto de una disposición normativa, es manifiestamente contraria o
restrictiva de sus derechos fundamentales, corresponde al juez de tutela
determinar si una o más interpretaciones vulneran garantías básicas en el caso
concreto. En este sentido será la interpretación que esté más acorde con la
Norma Fundamental la que debe ser adoptada y aplicada por los funcionarios
judiciales”.
21. Sin embargo, para esta Corporación es innegable que
cuando una persona no se vinculó en debida forma al proceso ordinario laboral,
sí resulta excesivo acudir a la notificación por estado para dar a conocer el
mandamiento de pago que da inicio a la ejecución de las providencias judiciales
ante el mismo juez de conocimiento, pues mediante dicha forma de publicidad no
se garantiza que los demandados tengan -en realidad- conocimiento acerca de la
existencia del proceso. En estos casos, la interpretación que resulta más
acorde con la Constitución, es aquella que privilegia la forma de notificación
que en mayor medida asegura que el contenido de dicha providencia sea realmente
conocida por la parte demandada, lo que exigiría acudir a la notificación
personal del auto ejecutivo.
A juicio de la Corte, en el presente caso,
esta regla no resulta aplicable porque aun cuando le asiste razón a las
compañías demandantes, en el sentido de sostener que frente a ellas no se
agotaron los procedimientos previstos en la ley para asegurar la debida
notificación personal del auto que admitió la demanda en el proceso ordinario
laboral, no es cierto que éstas desconocían que en el Juzgado Primero Laboral
del Circuito se estuviera cursando el citado proceso en su contra. En efecto,
como se mencionó en el acápite de antecedentes, a folio 101 del cuaderno
principal, aparece consignado el aviso citatorio dirigido al
representante legal de la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, el cual
fue recibido en la dependencia de correspondencia de la sociedad Constructora
AMCO LTDA, antes Alfredo Muñoz & CIA LTDA, el día 8 de noviembre de 2001 a
las 2.25 pm, en el que se pone en conocimiento la existencia del proceso y la
necesidad de concurrir al juzgado en el término de 10 días, con la advertencia
que la falta de comparecencia implicaría, previo emplazamiento, el nombramiento
de un curador ad litem. Lo anterior, se demuestra conforme al sello
dispuesto sobre su contenido, en el que se manifiesta que es “recibido para
estudio, no implica aceptación”.
Ahora bien, independientemente que el aviso
citatorio se haya dirigido al representante legal de la Unión Temporal, señor
Roberto Muñoz Roa, lo que aparece acreditado es que el mismo fue recibido en
las instalaciones de la compañía Alfredo Muñoz & CIA LTDA, cuya dirección
de notificación judicial prevista en el Certificado de Existencia y
Representación Legal que se acompañó al proceso ordinario laboral[131],
corresponde a la misma dirección prevista para tal propósito por la citada
unión temporal[132].
Aparte de lo anterior, obsérvese cómo, el
señor Roberto Muñoz Roa, al tiempo que ocupa el cargo de representante legal de
la citada unión temporal, ejerce el mismo rol en la Compañía R. M. R.
Construcciones S. en C[133]. Además, para el
momento en que se interpuso la demanda ordinaria laboral, tenía a su vez la
calidad de subgerente de la compañía Alfredo Muñoz & CIA LTDA, empresa a donde
llegó el aviso citatorio[134]. En este contexto,
resulta ilógico que una persona que ocupa varios cargos de dirección en las dos
empresas que integran la unión temporal, siendo a su vez su representante
legal, no se encuentre al tanto de un procedimiento judicial del cual podían
derivarse en su contra claras consecuencias patrimoniales.
Así las cosas, encuentra la Corte que
efectivamente una de las empresas que integran la Unión Temporal Nueva Cárcel
de Valledupar tuvo conocimiento efectivo acerca del proceso que se inició en su
contra, esto es, la compañía Alfredo Muñoz & CIA LTDA., y que, además, las
reglas de la experiencia hacen presumir que el citado hecho debió haberse
puesto en conocimiento de la otra empresa, es decir, de la sociedad R. M. R.
Construcciones S. en C. Precisamente, a manera de ejemplo, el mismo
encabezamiento del aviso citatorio es categórico en señalar que la demanda se dirige
contra la unión temporal en su integridad, y no contra uno sólo de sus
miembros, por lo que es inadmisible suponer que no se haya dado a conocer su
contenido, teniendo en cuenta las consecuencias adversas que se podían derivar
del proceso laboral promovido en su contra.
22.  Por consiguiente, para esta Corporación la omisión de
las compañías demandantes, consistente en abstenerse de acudir al despacho
judicial para notificarse personalmente de la demanda, a pesar de tener
conocimiento del aviso citatorio en el cual se comprometía su responsabilidad
como integrantes de la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, constituye no
sólo una conducta dilatoria contraria a los mandatos del principio
constitucional de buena fe (C.P. art. 83), sino también un comportamiento
lesivo del deber Superior de colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia (C.P. art. 95-7), no susceptible de amparo por vía
tutelar.
Por ello, en el presente caso, se considera
que la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar de
proceder a notificar el mandamiento de pago por estado, y no
personalmente, no constituye una vía de hecho por defecto procedimental. Por lo
que resulta claro que el rechazo a la excepción de fondo propuesta, a través de
la cual se pretendía controvertir el resto de las irregularidades invocadas en
la presente demanda por vía de hecho, se ajustó a los requerimientos legales
que rigen la materia.
En esta medida, la presente acción de
tutela resulta improcedente, pues el accionante tuvo otro medio de defensa
judicial para controvertir las defectos procesales alegados, consistente en
invocar como excepción de fondo al mandamiento de pago, el hecho de no haberse
practicado en legal forma frente a ellas la notificación del auto admisorio
de la demanda del proceso cognoscitivo, el cual no se ejerció en su debido
momento procesal.
23. En este orden de ideas, si la parte afectada no
ejerció las acciones o los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico
para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, el mecanismo de amparo
no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte en un
recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada
jurisdicción, como de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación[135].
Por todo lo anterior, y frente al caso en
concreto, esta Sala de Revisión confirmará el
fallo de segunda instancia que negó la protección constitucional invocada por
el actor, por las razones expuestas en esta providencia.
IV.    DECISION.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR la sentencia del veintiocho (28) de
febrero de 2006 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante la cual denegó el amparo solicitado, por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]             Folios
212 a 216 del cuaderno principal.
[2]             En la
cláusula Quinta del citado convenio de asociación se señaló: “Las partes de
común acuerdo designan al ingeniero ROBERTO MUÑOZ ROA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 3.228.581 de Usaquén, como representante de la unión
temporal durante la vigencia de la misma. Así mismo acuerdan que el
representante legal de la unión temporal sólo podrá ser sustituido con
aquiescencia expresa y escrita de la totalidad de los miembros de la unión
temporal. Se designa como suplente del representante al arquitecto ALFREDO
MUÑOZ ROA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.064.274 de Bogotá,
quien actuará en ausencia temporal o permanente del gerente y/o por diligencia
expresa”.
[3]             Contrato No. 1422-98 entre el INPEC y la Unión Temporal Nueva Cárcel de
Valledupar , visible a folio 17 del cuaderno No. 2.
[4]             Certificado
de Existencia y Representación Legal, visible a folio 27 del cuaderno
principal.
[5]             Certificado
de Existencia y Representación Legal, visible a folio 24 del cuaderno
principal.
[6]             Folio
35 del cuaderno principal.
[7]             Folio
32 del cuaderno principal
[8]             Folio
43 del cuaderno principal.
[9]             Folio 62
del cuaderno principal.
[10]           Folio 72
del cuaderno principal.
[11]           Folio 72
del cuaderno principal.
[12]           Folio 74
del cuaderno principal.
[13]           Acta
Individual de Reparto No. 011022L074M del 23 de octubre de 2001.
[14]           La norma
citada disponía: “Artículo 320. Si no se hallare a quien deba ser
notificado personalmente en la dirección indicada en la demanda, su
contestación, memorial de intervención, escrito de excepciones u otro posterior
en caso de haberse variado aquélla, o a falta de tal dirección en el lugar que la
parte contraria haya señalado bajo juramento, o cuando se impida la
notificación, ésta se surtirá de la siguiente manera: // 1º. El
notificador entregará un aviso a cualquier persona que se encuentre allí y
manifieste que habita o trabaja en ese lugar, en el cual se expresará el
proceso de que se trata, la orden de comparecer y el objeto de la
comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que debe surtirse la
diligencia para la cual se cita, o el término de que disponga para comparecer,
según fuere el caso. El secretario deberá firmar el aviso. // La persona que
reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el notificador, la cual se
agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se dejará constancia de ello. //
2º. El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que
se impida al notificador fijarlo. La notificación se considerará efectuada al
finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso, o a aquél en que debía
hacerse ésta. // Copia del aviso se remitirá a la misma dirección por correo,
de lo cual se dejará constancia por el secretario. // En la misma fecha en que
se practique la diligencia para la notificación personal, el notificador
rendirá informe escrito de los motivos que le hayan impedido efectuarla o dar
cumplimiento a los numerales anteriores. Este informe se considerará rendido
bajo juramento. // 3°. Cuando se trate de notificación del auto que
admita una demanda o del que libra mandamiento ejecutivo, en el aviso se
informará al demandado que debe concurrir al despacho judicial dentro de los
diez días siguientes al de su fijación, para notificarle dicho auto y que si no
lo hace se le designará curador ad litem, previo emplazamiento. Si transcurre
ese término sin que el citado comparezca, el secretario dejará constancia de
ello y se procederá al emplazamiento en la forma prevista en el artículo 318,
sin necesidad de auto que lo ordene (...)”.
[15]           Folio 101
del cuaderno principal.
[16]           Folios 25
y 29 del cuaderno principal.
[17]           Folio 102
del cuaderno principal.
[18]           Folio 104
del cuaderno principal.
[19]           Folio 104
del cuaderno principal.
[20]           Dispone
la norma en cita: “Artículo 29. Nombramiento del curador ad litem y emplazamiento del
demandado. Cuando
el demandante manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la
presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez
procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el
proceso y ordenará su emplazamiento por edicto, con la advertencia de habérsele
designado el curador.
El emplazamiento se efectuará en la forma
prevista en el inciso segundo del artículo 318 del Código del Procedimiento
Civil y no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido.
Cuando el demandado no es hallado o se impide la
notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores,
previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320
del Código de Procedimiento Civil. En el aviso se informará al demandado que
debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su
fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y que si no comparece
se le designará un curador para la litis”.
[21]           Folio 111
del cuaderno principal.
[22]           Mediante
Auto del 24 de septiembre de 2002, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bogotá determinó que: “Teniendo en cuenta el informe secretarial que
antecede el Juzgado dispone la devolución del despacho comisorio a su lugar de
origen previas las desanotaciones del caso respectivas”. (Folio 109 del
cuaderno principal).
[23]           Folio 112
del cuaderno principal
[24]           Folio 72
del cuaderno principal.
[25]           Folio 114
del cuaderno principal.
[26]           Folio 192
del cuaderno principal.
[27]           Folio 205
del cuaderno principal.
[28]           Folio 232
del cuaderno principal.
[29]           Folio 236
del cuaderno principal.
[30]           Folios
243 y 244 del cuaderno principal.
[31]           Folio 246
del cuaderno principal.
[32]           Folio 325
del cuaderno principal.
[33]           Folio 325
del cuaderno principal.
[34]           Al
respecto, dispone el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil: “Cuando
la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega
de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al
cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor deberá solicitar la
ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del conocimiento, para que
se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente
en que fue dictada. No se requiere formular demanda, basta la petición para que
se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte
resolutiva de aquella y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea
necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite
anterior. (...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
[35]           Folios
337 a 339 del cuaderno principal.
[36]           Folio 340
del cuaderno principal.
[37]           Folio 341
del cuaderno principal.
[38]           Folio 364
del cuaderno principal.
[39]           Dispone
la norma en cita: “Las providencias que se dicten en el curso de este juicio
se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al
ejecutado, y sólo serán apelables en el efecto devolutivo”.
[40]           Al respecto,
se puntualizó: “En entonces claro que el auto recurrido debe entenderse
notificado a las ejecutadas en la fecha de presentación de este escrito de
conformidad con lo dispuesto por el primer inciso del artículo 330 del Código
de Procedimiento Civil”. La norma previamente citada, dispone que: “Cuando
una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la
mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o
diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada
personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de
la audiencia o diligencia (...)”
[41]           Se citan
las siguientes sentencias y autos: “Consejo de Estado, Sección Tercera,
autos de mayo 28 de 1999, Exp. 15508; Septiembre 27 de 2001, Exp. 18801;
Diciembre 13 de 2001, Exp. 21305 y; mayo 22 de 2003, Exp. 23283; Sala de
Consulta y Servicio Civil, conceptos del 3 de mayo de 1995 y del 9 de octubre
de 2003; Corte Constitucional, sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994”.
[42]           Folio 368
del cuaderno principal.
[43]           Folios
376 y subsiguientes del cuaderno principal.
[44]           Folio 384
del cuaderno principal (Subrayado por fuera del texto original).
[45]           Folios
388 y 389 del cuaderno principal.
[46]           Folio 389
del cuaderno principal.
[47]           Sobre la
materia dispone el Código de Procedimiento Civil: “Artículo 84. Presentación
de la demanda. Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes
las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier
despacho judicial o ante notario de cualquier círculo; (...)”. “Artículo 65.
Poderes. (...) El poder especial para un proceso puede conferirse por
escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado
como se dispone para la demanda”. “Artículo 68. Sustituciones. (...)
Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para
constituirlo (...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
[48]           Folio 390
del cuaderno principal.
[49]           Folio 390
del cuaderno principal.
[50]           A folio
394 del cuaderno principal, se sostiene que: “(...) el auto recurrido parte
del supuesto, errado en el caso concreto, de que el mandamiento ejecutivo se
notificó a las ejecutadas por estado de conformidad con lo previsto por el segundo
inciso del artículo 335 del C.P.C.// En el caso concreto, existe una razón
clara y evidente para rechazar la notificación por estado a las sociedades
ejecutadas del mandamiento ejecutivo, originada en el hecho de que estas
últimas nunca fueron notificadas del auto admisorio de la demanda que culminó
con la sentencia que ahora se está ejecutando, irregularidad que es
precisamente el fundamento de la nulidad que se ha propuesto como excepción y
cuyo trámite se ha rechazado // En otras palabras, no puede pretenderse
notificar por estado el mandamiento ejecutivo a las sociedades ejecutadas
cuando éstas no fueron legalmente vinculadas al proceso ordinario dentro del
cual se profirió la sentencia presentada como título ejecutivo, ya que tal
procedimiento implicaría una indispensable, que en el caso concreto no se da,
de que los ejecutados hayan sido previamente vinculados, mediante la respectiva
notificación en legal forma del auto admisorio, al proceso ordinario dentro del
cual se profirió la sentencia correspondiente”.
[51]           Folio 397
del cuaderno principal.
[52]           Dispone
la norma en cita: “Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso.
Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.
Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso,
las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer
por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con
sujeción a las normas sustanciales.
Las personas jurídicas comparecerán al proceso por
medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la
ley o los estatutos.
Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga
varios representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, podrá
citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar
separadamente.
Cuando los padres que ejerzan la patria potestad
estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le
designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio”. (Subrayado por fuera del texto original)
[53]           Se citan
las siguientes sentencias y autos: “Consejo de Estado, Sección Tercera,
autos de mayo 28 de 1999, Exp. 15508; Septiembre 27 de 2001, Exp. 18801;
Diciembre 13 de 2001, Exp. 21305 y; mayo 22 de 2003, Exp. 23283; Sala de
Consulta y Servicio Civil, conceptos del 3 de mayo de 1995 y del 9 de octubre
de 2003; Corte Constitucional, sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994”.
[54]           Subrayado
de la demanda.
[55]           Dispone
la norma en cita: “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento
de trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto,
las del Código Judicial”.
[56]           Es
pertinente aclarar que no se anexan copia de la citadas decisiones judiciales.
[57]           A
folio 112 del cuaderno principal, se dispone: “Accédese a lo solicitado por el apoderado
de la parte demandante, en consecuencia nómbrese al doctor OSCAR ELÍAS ARIZA
FRAGOSO, como CURADOR AD LITEM de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE
VALLEDUPAR, representada legalmente por ROBERTO MUÑOZ ROA o quien haga
sus veces, para representarla en este asunto y emplácese al demandado de
acuerdo a lo preceptuado en el art. 318 del C.P.C., y dentro de los términos
señalados en el art. 29 del C.P.L”. (Subrayado por fuera del texto original).
[58]           Folio 325
del cuaderno principal. (Subrayado por fuera del texto original).
[59]           Artículos
699 del Código de Procedimiento Civil y 40 de la Ley 153 de 1887.
[60]           M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[61]           Véase: Sentencia T-056 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[62]           Sentencia
T-082 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63]           M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[64]           Sentencia
T-114 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[65]           Sentencias
SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[66]           Sentencia
T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[67]           Sentencia
T-453 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[68]           M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[69]           Al
respecto, se manifestó: “(...) el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta derechos
fundamentales de las partes”.
[70]           Aplicados
igualmente en las sentencias: T-015 de 1995 y T-468 de 1999.
[71]           Frente al
contenido de estos requisitos, en sentencia T-1103 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), la Corte señaló: “i) El
perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder,
lo que significa que se requiere contar con los elementos  fácticos suficientes
que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la
certeza de su ocurrencia. ii) el perjuicio debe ser grave, es decir,
representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación
jurídica. iii), el perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la
adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del daño, lo
que se traduce en una respuesta adecuada  frente a la inminencia del perjuicio
y que esa respuesta armonice con las particularidades de cada caso. vi) la
medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda
posponerse en el tiempo, ya que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de
evitar la consumación del daño antijurídico irreparable.”
[72]           Sentencia
T-033 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[73]           Sentencia
SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[74]           M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz
[75]           M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[76]           En el mismo sentido, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-345 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-085
de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-441 de 2002 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra) y T-901de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[77]           A este
respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha consagrado que: "[Es]
improcedente (...) la acción de tutela cuando se trata de controvertir la
interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una norma o de una
institución jurídica. // La interpretación de un precepto no puede
considerarse como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de
hecho), por el sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u
ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 y
T-249 de 1997, entre otras).// Se desconocería el principio de autonomía e
independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de tutela
por la interpretación o aplicación que de un precepto o figura jurídica se
hiciera en una providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación
responde a un razonamiento coherente y válido del funcionario judicial". Sentencia T-1004 de
2004. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[78]           M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[79]           En
sentencia C-273 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), este Tribunal
puntualizó: “Según el principio de interpretación conforme, la totalidad de
los preceptos jurídicos deben ser interpretados de manera tal que su sentido se
avenga a las disposiciones constitucionales. La interpretación de una norma que
contraríe éste principio es simplemente intolerable en un régimen que parte de
la supremacía formal y material de la Constitución (C.P. art. 4)”.
[80]           Textualmente, en la citada providencia se
preceptuó: "En síntesis, una interpretación literal del artículo 26 de
la Ley 81 de 1993 como la acogida por el Tribunal Superior de Medellín, permite
afirmar que el término de traslado se contabiliza a partir del momento en que
el expediente se deja a disposición de las partes. Otra interpretación de la
norma es aquella según la cual los (5) días del término para sustentar el
recurso son días completos, lo que justifica su contabilización a partir del
día siguiente al día en que se deja la constancia secretarial. Esta última
interpretación es más favorable para el procesado, en particular, cuando el
acto secretarial dispuesto por la ley con el objeto de informar a los sujetos
procesales que tienen a su disposición el expediente, es efectuado luego de
transcurrido parcialmente el día judicial. Ambas interpretaciones, una literal
y la otra finalista, son igualmente admisibles y razonables. A la luz del
principio pro actione, sin embargo, la segunda interpretación, en el marco del
proceso penal, es más conforme con la Constitución, ya que garantiza la plena
efectividad del derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria (CP
art. 29) (...)
El debido proceso y el acceso a la
justicia (CP arts. 29, 228 y 229) son derechos fundamentales que obligan a
interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del
derecho sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los
asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione). Si
bien los derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o
acción por no concurrir los presupuestos legales para su aceptación, la
decisión judicial no debe ser arbitraria ni irrazonable. Se impone, por lo
tanto, adoptar la interpretación que tome en cuenta el espíritu y finalidad de
la norma y que sea más favorable para la efectividad del derecho fundamental.
No son pocos los casos en que el juez, primer garante del debido proceso, sin
proponérselo conscientemente, patrocina situaciones de absoluta indefensión de
los sindicados y condenados, al prohijar interpretaciones ajustadas al tenor
literal del texto, pero contrarias a su espíritu y finalidad".
[81]           Auto 071
de 2001. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). De igual manera, en un reciente
pronunciamiento, la Corte señaló: "Si bien los jueces cuentan con
márgenes interpretativos, pudiendo escoger entre distintas opciones la que
consideren más ajustada a derecho, los distintos ordenamientos jurídicos
establecen límites que no pueden traspasar so pena de que sus actuaciones no
sean tenidas como válidas. Por ello, puede afirmarse que si por un lado la
razonabilidad en la interpretación de cuerpos normativos está ampliamente
aceptada e incluso estimulada, por el otro, la arbitrariedad judicial es
rotundamente negada. Tanto es así que han sido diseñados mecanismos de defensa
a fin de corregir los yerros protuberantes y las actuaciones u omisiones
arbitrarias de los jueces al momento de interpretar las Leyes. Pero en ciertas
ocasiones los mecanismos de defensa regulares pueden no ser eficaces para
terminar con la vulneración o conjurar la amenaza de los derechos fundamentales
en juego y, por ello, se han estimado pertinentes los recursos judiciales
especiales. Es en ese sentido en el que se ha pronunciado la Corte
Constitucional colombiana al establecer que la acción de amparo resulta
procedente cuando no exista otro medio judicial de defensa o cuando existiendo
éste, su eficacia sea realmente restringida en el caso concreto". Sentencia
T-359 de 2003. (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[82]           M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[83]           Sobre la
posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias
a la Constitución, y con relación a la procedencia de la acción de tutela en
los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraria un
criterio hermenéutico establecido por esta Corporación, ver Sentencias T-001 de
1999, T-522 y T-842 de 2001.
[84]           La Corte
se ha referido a los casos en que la interpretación judicial resulta contra
evidente o irracional, ver Sentencias T-1017 de 1999 y T-1072 de 2000.
[85]           Sobre las
decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias T-123 de 1995, T-008 y T-321 de 1998,
T-068, SU-1300 y T-1306 de 2001.
[86]           La
jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede
ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre
otras, sentencias C-596 de 2000 y T-1306 de 2001.
[87]           Sentencia
C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[88]           M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[89]           En el mismo sentido,
esta Corporación en sentencia T-458 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), manifestó: “El
recurso, como señaló el Tribunal en la primera instancia, no fue utilizado por
el actor. A ese respecto, esta Corte manifestó en la Sentencia T-01 del 3 de
abril de 1992: "...la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar
la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o
especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las
existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya
perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico,
que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente
de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el
respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-01 del 3 de abril de
1992). Y en la Sentencia T-007 del 13 de mayo de 1992, la Corporación recalcó: "Si,
por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro
del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su
actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su
situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que
obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de
utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones,
menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución
establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos
del descuido en que haya podido incurrir el accionante". En la
Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, la Sala Plena de la Corte dejó en
claro: "Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado
y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya
surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución,
dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad
judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un  pronunciamiento
definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia
es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir
de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de
la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su
conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a
las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco
puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de
sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria
contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario
de la acción". En reciente fallo de la Sala Plena se expresó: "La
acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección judicial
del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a
través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los medios judiciales
ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. Cuando ello ocurre,
la tutela se reserva para un momento ulterior. En efecto, si por acción u
omisión el Juez incurre en una vía de hecho, la defensa de los derechos
fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la tutela recupera su virtud
tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, procede, como mecanismo transitorio,
así exista un medio judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar
un perjuicio irremediable. // Sin embargo, si existiendo el medio judicial,
el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su
acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de
tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para
resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-111 del 6 de marzo de 1997. M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
[90]           Dispone
la norma en cita: “Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso.
Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.
Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso,
las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer
por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con
sujeción a las normas sustanciales.
Las personas jurídicas comparecerán al proceso por
medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la
ley o los estatutos.
Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga
varios representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, podrá
citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar
separadamente.
Cuando los padres que ejerzan la patria potestad
estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le
designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio”. (Subrayado por fuera del texto original)
[91]           M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[92]           Subrayado
por fuera del texto original.
[93]           M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[94]           Subrayado
por fuera del texto original.
[95]           Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 13
de diciembre de 2001, expediente  21305. (Subrayado por fuera del texto
original).
[96]           Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 16
de marzo de 2005, Expediente No. 28362. Consejera Ponente: María Elena Giraldo
Gómez. (Subrayado por fuera del texto original).
[97]           El artículo
51 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Litisconsortes
necesarios. Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera
uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las
actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que
impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de
todos”.
[98]           Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
del 15 de mayo de 2003, Expediente No. 22.051. Consejero Ponente: Alier E.
Hernández Enríquez.
[99]           Determina
la citada norma: “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos
respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere
posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean
sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda
deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el
juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes
falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de
comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al
admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas
personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado
sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para
que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer
los citados. (...)”.
[100]         Señala la norma en cita: “El proceso es
nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...)
8.  Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado
o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del
auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o
adición”.
[101]         Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque,  trece
(13) de mayo de dos mil cuatro (2004), Radicación número:
50422-23-31-000-1994-0467-01 (15321).
[102]         Folio 62
del cuaderno principal.
[103]         Folio 72
del cuaderno principal.
[104]         Folio 74
del cuaderno principal.
[105]         Folio 75
del cuaderno principal
[106]         Folio 104
del cuaderno principal.
[107]         Folio 112
del cuaderno principal
[108]         Folios 243
y 244 del cuaderno principal.
[109]         Textualmente, el Consejo de Estado, en un caso idéntico al que es
objeto de revisión, manifestó: “La
Sala considera necesario aclarar que si bien el Agente del
Ministerio Público indicó como causal de nulidad procesal la prevista en el
numeral  9º del artículo 140 C. P. C, lo cierto es que al indicar el hecho que
la origina, por su contenido, refiere a la contenida en el numeral 8º  ibídem
que versa para cuando no se practica en legal forma la notificación, del auto
que admite la demanda, al demandado o a su representante, o al apoderado de
aquél o de éste, según el caso. (...)
El C.C.A refiere,
especialmente, a que en el proceso contencioso administrativo ordinario que
toda persona que conforma un litisconsorcio necesario (activo o pasivo) debe
estar noticiada del auto admisorio de la demanda; esto se deduce del
artículo 207 expresa, en el numeral 3º, que el auto admisorio “se notifique
personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los
actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso”.
Por consiguiente existe el
mandato legal de gran relevancia jurídica para esta jurisdicción de que los
litisconsortes necesarios (activos o pasivos) deben ser notificados del auto
admisorio de la demanda, tal vez por entender que el deber del juzgador de
integrar el litisconsorcio o contradictorio se hace eficaz, se materializa,
mediante la notificación del auto admisorio de la demanda, a quienes lo
conforman (...)
En lo normativo general, el C.C.A.
remite en forma expresa, en el artículo 165, a las disposiciones que sobre las
nulidades procesales contiene el C. P. C.; dispone que serán causales de
nulidad en todos los procesos las señaladas en los artículos 140, 141 y 142. El
citado artículo 140 dice que el proceso es en todo o en parte “8. Cuando no
se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o
al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda
o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición” .
Ahora, particularmente los hechos
ocurridos dentro de este proceso son indicadores, para la Sala, que las
alegaciones del Agente del Ministerio Público son ciertas y que encuentran
respaldo legal, por lo siguiente:
La persona jurídica Sociedad Movitierra
Ltda y la persona natural de Luis Fernando Botero Londoño conformaron,
conjuntamente, el consorcio para participar en la licitación pública en comento
y ejecución y liquidación del contrato y designaron su representante (...)
Ahora como lo demandado por el
licitante vencido es el acto de adjudicación, y no la responsabilidad
contractual del contratista plural-consorciado, el demandado está integrado por
la Autoridad Administrativa que adjudicó y el beneficiario plural de la
licitación.
Se destaca que cuando el demandante
demandó indicó como demandados al Departamento del Tolima y al Consorcio
Movitierra Ltda y Luis Fernando Londoño, personas éstas -jurídica y natural-
que conjuntamente lo constituyeron. Sin embargo la notificación del auto
admisorio de la demanda, como ya se vio, sólo se efectuó al Gobernador y al
Agente del Ministerio Público.
Luego, antes de dictar sentencia el a
quo dispuso notificar el auto admisorio al Consorcio Movitierra Ltda. y
Luis Fernando Botero Londoño, pero dicha notificación fue indebida porque se notificó
a la Sociedad Movitierra Ltda. en calidad de representante del consorcio; esta
notificación es indebida porque siendo que cada una de esas personas que
integraron el contratista plural consorciado debe ser notificada a título
personal, como ya se explicó.
Por lo tanto, como no se notificó
ni a  la Sociedad Movitierra ni a Luis Fernando Botero, a cada uno y en su
condición de personas individuales la notificación hecha a titulo de
representación del consorcio a la Sociedad Movitierra es indebida y quebrantadora
del derecho fundamental al debido proceso y de defensa de esas dos personas (num 8 art. 140 C. P. C).
Se recaba que en los procesos
adelantados en la Jurisdicción, de lo Contencioso,  Administrativa y que se
tramitan mediante el procedimiento ordinario aún así bajo el hecho hipotético
de que el demandante no hubiese señalado como demandado a Luis Fernando Londoño
ni a la Sociedad Movitierra Ltda, que eran los miembros del Consorcio referido,
el Código Contencioso Administrativo exige que el auto admisorio de la demanda “se notifique personalmente a la persona
o personas que, según la demanda o los actos acusados,
tengan interés directo en el resultado del proceso” (num. 3º art. 207).
Siendo ello así, el incumplimiento de
ese deber, también daría hipotéticamente, a que se configure la causal de
nulidad procesal analizada en este caso.
En consecuencia y de conformidad con lo
establecido en el artículo 146 que dispone que la nulidad sólo comprenderá la
actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste, se
declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto siguiente al que
admitió la demanda, relativo a la admisión de su adición por ser la actuación
posterior al motivo que la produjo y, en consecuencia, se ordenará la
notificación del auto admisorio de la demanda al señor Luis Fernando Botero
Londoño y la Sociedad Movitierra Ltda, en la forma como lo indica la ley, con
el objeto de que pueda ejercer su derecho de defensa”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
Bogotá D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dos (2002). Radicación número:
17.588). (Subrayado y resaltado por fuera del texto original).
[110]         En la parte
correspondiente del recurso de apelación, se señaló: “No comparto el fallo
de la referencia por lo siguiente: // Porque a folios 1, 2 y 3 del expediente
aparece el líbelo introductorio de la demanda, en donde claramente se dice a
quien va dirigida la demanda como es contra las empresas UNIÓN TEMPORAL NUEVA
CÁRCEL DE VALLEDUPAR con Nit. (...), conformada por ALFREDO MUÑOZ Y CIA LTDA
(...) con participación del 60% y R. M. R. CONSTRUCCIONES S EN C (...) con
participación del 40% representada por ROBERTO MUÑOZ ROA o por quien haga sus
veces y solidariamente al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,
representado legalmente por el señor FABIO CAMPO SILVA, y resulta que la señora
Juez a-quo en su parte resolutiva Primera de la sentencia objeto de apelación
decide declarar que entre RAUL PÉREZ SOTO (Q.E.P.D) y la empresa UNIÓN TEMPORAL
NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR nada mas la condena en su parte literal, sin tener
en cuenta la conformación de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, es
decir, exonera olímpicamente a las sociedades que la integran, demostrándose
del folio 187 y 198 del expediente, donde aparece el Acta de Conformación de la
Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar y los Certificados de Existencia y
Representación de las sociedades que lo conforman, y es por esto que no
comparto el fallo en el sentido que dejó de condenar íntegramente a la UNIÓN
TEMPORAL NUEVA CÁRCEL DE VALLEDUPAR, tal como se lo solicité en la demanda
inicial” (Folio 246 del cuaderno principal).
[111]         Folio 325
del cuaderno principal. (Subrayado por fuera del texto original).
[112]         Véase, al
respectiva, la sentencia previamente citada del Consejo de Estado referida en
la nota al pie No. 110 de esta providencia.
[113]         Dispone la norma en cita: Cuando el
proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su
naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la
demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el
contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para
el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al
admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas
personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado
sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo
término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para
comparecer los citados. (...)”.
(Subrayado por fuera del texto original).
[114]         Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 26 de enero de
2006. Radicación No. 28262. Magistrado Ponente: Eduardo López Villegas.
[115]         Al respecto, dispone el artículo 335 del
Código de Procedimiento Civil: “Cuando la sentencia haya condenado al
pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan
sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de
hacer, el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha
sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso
ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No
se requiere formular demanda, basta la petición para que se profiera el
mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de
aquella y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario,
para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.
(...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
[116]         Dispone la
norma en cita: “ A falta de disposiciones especiales en el procedimiento de
trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las
del Código Judicial”.
[117]         Véase, al
respecto, LÓPEZ. Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Parte General.
2005. Editorial Dupré. Novena Edición. Págs. 924 y subsiguientes.
[118]         Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de julio de
1993. Radicación No. 5930. Magistrado Ponente: Hugo Suescún Pujols. (Subrayado
por fuera del texto original).
[119]         Folios 376
y subsiguientes del cuaderno principal.
[120]         Dispone la
norma en cita: “(...) El mandamiento se notificará por estado,
si la solicitud para que se libre el mismo se formula dentro de los sesenta
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de
obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. De lo
contrario se notificará en la forma prevista en los artículos 315 a 320 y 330
(...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
[121]         A folio 341
del cuaderno principal aparece consignada la siguiente constancia secretarial: “JUZGADO
PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR. Valledupar. 28 de abril de 2005. Se
notificó personalmente a las partes. El notificado ESTADO 64 (Firma la Secretaria)”.
[122]         Allí textualmente se manifestó: “El 11 de
diciembre de 2001 el señor Juez ordenó que se liquidara el proceso ejecutivo
presentado por EDISON RODOLFO ROJAS, y se señalaron las costas del proceso. Una
vez liquidado, ascendió la deuda a $ 6.983.963.61 (f. 16). // El 18 de enero
del presente año, el señor apoderado de la empresa ejecutada solicitó la
nulidad de lo actuado, ‘por falta de notificación del mandamiento ejecutivo
dictado en dicho proceso’.// ‘La nulidad se fundamento en el artículo 140,
numeral 8° del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por
interpretación analógica y sistemática en el procedimiento laboral por vía
ejecutiva. Esto por cuando no se realizó la notificación del mandamiento
ejecutivo a la parte demandada como lo ordena el artículo 108 del Código de
Procedimiento Laboral, el cual es perentoriamente aplicable al demandado’.
El señor Juez al resolver la
petición que se le formuló la negó argumentado que como en el procedimiento
laboral no existe norma aplicable al caso de la notificación del mandamiento de
pago al ejecutado cuando la acción se sigue a continuación del proceso
ordinario, entonces se requiere acudir al procedimiento civil. (...) DECISIÓN
DE SEGUNDA INSTANCIA. (...) La analogía es la semejanza entre cosas o ideas
distintas, cuya aplicación se admite en Derecho para regular, mediante un caso
previsto en la ley, otro que, siéndole semejante, se ha omitido considerar en
aquella, como la define Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario
Jurídico Elemental. Edit. Heliasta S.R.L. Pág. 22.
Ha sido una constante en
todos aquellos que nos dedicamos a la práctica del derecho laboral considerar,
erradamente por supuesto, que las normas procesales laborales son notoriamente
deficientes, y con gran facilidad e irresponsabilidad acudimos al procedimiento
civil, cuando, en realidad y por enseñanza de la experiencia, a esas normas
procesales no se debería acudir en casi ninguna oportunidad.
Efectivamente, el artículo
145 del CPT dice así en su primera parte: ‘A falta de disposiciones
especiales en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas de
este decreto ...’. // Como lo podemos apreciar, la norma nos obliga a que
acudamos, en primer lugar, a tratar de solucionar la falta de disposición
especial acudiendo al propio procedimiento laboral, es decir, que la analogía
nos impone que miremos hacia adentro del procedimiento laboral para intentar
solucionar el problema que plantea la falta de la disposición especial. // La
segunda parte dice que: ‘... y, en su defecto, las del Código Judicial’.
// Es decir, al Código de Procedimiento Civil solamente podemos acudir cuando
se agoten todas las posibilidades de resolver el problema de falta de
disposición especial analizando las normas del procedimiento laboral. Y no
solamente debemos acudir a las normas expresas o legislación positiva, sino
también a los principios que regulan el proceso laboral y a los principios
generales del derecho.
Si es cierto lo
anterior, entonces el Juez no puede acudir al procedimiento civil para
notificar las providencias que se dictan en el procedimiento ejecutivo laboral,
por dos razones potísimas: // La primera, porque no hay falta de disposición
especial. Efectivamente, el artículo 108 del CPL dice que: ‘Las providencias
que se dicten en el curso de este juicio se notificarán por estados, salvo la
primera, que lo será personalmente al ejecutado ...’. // Si aceptamos que a
continuación del proceso ordinario se pueda adelantar el proceso ejecutivo, esa
permisividad sólo evita someter la demanda ejecutiva a reparto, pero no exonera
al juez de cumplir todas las exigencias que trae el Código en los artículos 100
y siguientes. // El proceso ejecutivo, así se adelante a continuación del
proceso ordinario, es un proceso aparte, diferente y plenamente identificable
de éste. Por lo tanto, la primera providencia que se dicte, que será en éste
caso el mandamiento de pago, se deberá notificar personalmente. // En segundo
lugar, si faltara la disposición especial se precisaría acudir al Código
Sustantivo del Trabajo, el cual indica en el artículo 41 cuales providencias se
notifican personalmente, encontrando en su contenido que se hace conocer de las
partes en forma personal el auto que ‘tenga por objeto hacerle saber la
primera providencia que se dicte’ (...)”. (Tribunal Superior de Medellín.
Sala Laboral. Providencia del 30 de mayo de 2002. Magistrado Ponente: Juan
Guillermo Zuluaga Aramburo. Radicado: 0990202).
[123]         En el auto
del 13 de julio de 2005, a través del cual se rechazó el escrito de excepciones
propuesto, se señaló: “De todas maneras la norma aplicable al caso es el
Art. 335 del CPC (modificado por la Ley 794 de 2003) y no el Art. 108 del CPL y
SS que menciona la actora, ya que el CPT y SS no regula la ejecución seguida de
ordinario que es el asunto que se tramita, que no es de ninguna manera el
primer acto procesal de este juicio, ya que esta ejecución se adelanta a
continuación del proceso ordinario, en donde las partes ya veían actuando. El
artículo 108 del CPT y SS, se aplicará cuando se inicie primigenia e
independientemente en proceso ejecutivo cuyo título no sea el resultado de un
proceso ordinario”. (folio 389 del cuaderno principal).
[124]         Dispone la
norma en cita: “ A falta de disposiciones especiales en el procedimiento de
trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las
del Código Judicial”.
[125]         Véase, al
respecto, LÓPEZ. Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Parte General.
2005. Editorial Dupré. Novena Edición. Págs. 662 y subsiguientes. DEVIS
ECHANDIA. Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Derecho
Procesal. Tomo I. Editorial A.B.C. 1996. Páginas 470 y subsiguientes.
[126]         Véase, por
ejemplo, ARCILA URREA. Jaime. Lecciones de Derecho Procesal del Trabajo.
Editorial Universidad de Antioquia. 1992. OBANDO GARRIDO. José María. Derecho
Procesal Laboral. 2° Edición. Ediciones Tunvimor. 1999. RODRÍGUEZ CAMARGO.
Gregorio. Curso de Derecho Procesal Laboral. Ediciones Librería del Profesiona.
13ª Edición. 2002. VALLEJO CABRERA. Fabián. Derecho Procesal del Reabajo y de
la Seguridad Social. Librería Jurídica Sánchez Ltda. 4ª Edición. 2006.
[127]         Véase, por
ejemplo, BOTERO ZULUAGA. Gerardo. Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Jurídicas. Gustavo Ibáñez. 2ª
Edición. 2005. Textualmente, se señala por el citado autor: “El auto que
libra el mandamiento de pago se debe notificar personalmente al ejecutado,
diligencia que por obvias razones se debe cumplir sólo una vez se han
practicado las medidas previas de embargo y secuestro de bienes, a menos
que, se trate de un proceso ejecutivo iniciado a continuación de uno
ordinario dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el
superior, según el caso, en donde el mandamiento de pago se notifica por
estado. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el
artículo 335 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 35 de la Ley
794 de 2003. // Ahora bien, de acuerdo con la reforma aludida introducida al
estatuto instrumental civil, el juez de la causa siempre será el mismo juez de
la ejecución de la sentencia, pues el hecho de que el proceso ejecutivo se
inicie dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
incidirá única y exclusivamente para efectos de la forma como se debe notificar
el mandamiento de pago, esto es, si se inicia en el término referido, su
notificación se hace por estado y si es después de dicho lapso, se
hará personalmente (...)”.  (Subrayado y resaltado por fuera del texto
original. Pág. 309).
[128]         M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[129]         M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[130]         M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[131]         Folio 219
del cuaderno principal.
[132]         La
dirección correspondiente es: Carrera 14 # 86 A 76
[133]         Folios 215
y 217 del cuaderno principal.
[134]         Certificado
de Existencia y Representación de la citada compañía, visible a folio 220 del
cuaderno principal.
[135]         Véase,
entre otras, las Sentencias C-543 de 1992, T-001 de 1992, T-007 de 1992, SU-111
de 1997 y T-108 de 2003.