T-753-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-753/05
DEBIDO PROCESO-Garantías mínimas que
consagra este derecho
DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Principio de celeridad y eficiencia que deben caracterizar la
administración de justicia/DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-La
justicia tardía no es justa
JUEZ DE EJECUCION DE PENAS-Sus funciones
orientadas a garantizar la legalidad de la sanción, a supervisar y controlar la
ejecución de la pena
DEBIDO PROCESO-Vulneración por no
haberse remitido en tiempo el expediente del actor al juez de ejecución de
penas
ACCION DE TUTELA-Hecho superado
Referencia: expediente T-1078426
Acción de tutela instaurada por Wilson García Almeira contra el
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca con citación oficiosa del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja y la Oficina de la Administración Postal Nacional
–ADPOSTAL- sede Arauca.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
catorce ( 14 ) de julio de dos mil cinco (2005).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca
–Sala Única- y la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral-, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Wilson
García Almeira contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca con
citación oficiosa del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y la Oficina de la
Administración Postal Nacional –ADPOSTAL- ubicada en la ciudad de Arauca.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos y pretensiones.
El señor WILSON
GARCÍA ALMEIRA presenta acción de tutela, la cual es tramitada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Arauca –Sala Única- el día 24 de noviembre de
2004, contra el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE ARAUCA por las
siguientes razones:
El señor Wilson
García Almeira fue condenado por delito de rebelión a la pena principal de 75
meses de prisión y multa por el equivalente de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, mediante sentencia judicial de fecha noviembre 4 de
2003.
El día 26 de
noviembre de 2003 fue trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita con el objetivo de cumplir la condena
que le fue impuesta. No obstante, en el momento de instaurar la tutela es
decir, un año después de haber sido trasladado, las diligencias del proceso
penal seguido en su contra no habían sido asignadas a la autoridad judicial de
ejecución de penas y medidas de seguridad del Distrito Judicial de Tunja,
competente para ejercer la vigilancia del cumplimiento de la pena.
Expresa que el
ente accionado ha violado su derecho fundamental al debido proceso por cuanto
no puede realizar peticiones ante los jueces de ejecución de penas, con el fin
de solicitar beneficios administrativos a los cuales considera tener derecho,
tales como el permiso de salida durante 72 horas y el reconocimiento de las
horas de estudio y trabajo que ha desarrollado durante el período en el cual ha
estado privado de su libertad.
Se lee en la
demanda que la situación descrita vulnera su derecho a la igualdad por
cuanto “todos los privados en ésta cárcel y que están condenados ya tienen
asignado para la vigilancia del cumplimiento de la pena un juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Tunja”. Subraya que “los internos de
este penal que tienen asignado su proceso a un juzgado de ejecución de penas de
la ciudad de Tunja pueden hacer peticiones pertinentes, y que corresponden
según lo normado en nuestra legislatura (sic) penal y que otros internos si
pueden hacer de manera regular”. Adicionalmente, señala que “al no
habérsele dado respuesta a su apelación de la primera instancia sustentada
dentro de los términos legales es también violatorio a su derecho a un debido
proceso”.
Con fundamento
en las anteriores circunstancias, el demandante solicita practicar prueba de
inspección judicial sobre su proceso  y las demás que el juzgado de
conocimiento estime pertinentes. Asimismo, que se tutelen los derechos
fundamentales a tener un debido proceso, el derecho a la igualdad y a “estar
en el lugar en donde se encuentre su proceso”.
Las pretensiones
de la demanda son específicamente las siguientes:
1.
Que se tutelen los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
2.
Que se ordene al accionado que en el término
improrrogable de 48 horas ubique al actor en el sitio donde se encuentra el
proceso y se le brinde respuesta a la apelación sustentada dentro de los
términos legales.
3.
Prevenir a la autoridad pública a evitar en el
futuro repetir los hechos que dieron origen a esta solicitud, de acuerdo con el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Contestación del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca.
LUIS ARNULFO
SARMIENTO PÉREZ, Juez Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca contestó la acción de tutela solicitando al juez de
conocimiento denegar las peticiones presentadas.
En primer lugar,
informa sobre las diligencias realizadas para remitir el proceso del actor al
juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Tunja.
Indica que a través del auto de diciembre 19 de 2003, dispuso remitir el
cuaderno original y dejar los detenidos a disposición del juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja –Boyacá. Posteriormente,
el 19 de febrero de 2004, el proceso le fue devuelto por falta de
diligenciamiento de la ficha técnica, ante lo cual corrigió la ficha
técnica de envío y remitió el proceso nuevamente a Tunja el día 26 de abril
de 2004, mediante oficio No. 679 y planilla de correo No. 020 del 28 de abril
del mismo año.
En segundo
lugar, señala que resolvió la solicitud elevada por el accionante ante su
despacho en la cual solicitaba el envío del proceso al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Tunja y adicionalmente, recibió las
certificaciones de trabajo y estudio enviadas por la Penitenciaria de Cómbita,
las cuales remitió al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja empero, éstas le fueron
devueltas a su despacho el día 24 de noviembre de 2004. Añade que “mediante
oficio No. 2349 de diciembre 9 de 2004 se le aclara al Centro de Servicios
Administrativos de Tunja Boyacá las novedades presentadas, se le remiten
nuevamente los documentos y se anexa un derecho de petición recibido el 22 de
noviembre de 2004, donde se solicita el reconocimiento de libertad
condicional”.
En relación con
la impugnación de la sentencia que dictó en calidad de juez de conocimiento del
proceso penal, manifiesta que el recurso de apelación interpuesto por el
defensor de los condenados fue declarado desierto mediante auto de noviembre 24
de 2003. Explica que el término de traslado para los recurrentes y no
recurrentes venció el 21 de noviembre de 2003 y emite constancia de que ni al
momento de notificarse ni en escrito posterior aparece que el condenado haya
interpuesto recurso alguno contra la sentencia.
3.
Intervención del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
El señor MILTON
MERCHÁN SOLANO, Secretario Administrativo del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja se pronunció mediante oficio de fecha diciembre 16 de 2004 en el cual
informa que a través de la comunicación No. 1965 del 19 de febrero de 2004 el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja devuelve un cuaderno con 149 folios al Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Arauca, el cual fue enviado efectivamente el
4 de marzo de la misma anualidad.
Adicionalmente,
expresa que hasta el momento de la contestación del auto de vinculación, la
causa no había regresado a dicha oficina.
4.
Respuesta de la Oficina de Administración
Postal Nacional  (ADPOSTAL) sede Arauca.
El señor ROBIN
FRANCISCO BELLO SAAVEDRA, Jefe de la Oficina Postal de Arauca (E) informó que
el oficio No. 0679 dirigido al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja fue entregado el día 3 de mayo del 2004, aparece sello,
firma ilegible y cédula de ciudadanía No. 11.303.081, agrega que Adpostal le
asignó certificado de entrega No. 8497.
II. PRUEBAS
RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE
1.- Copia de
sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
de Arauca en la causa seguida contra Jorge Enrique Balta Albarracín y Wilson
García Almeira por el delito de rebelión (folios 17 a 25, cuaderno principal).
2.- Copia del
oficio No. 289 OJ de noviembre 28 de 2003 en la cual el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC informa al Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca sobre traslado de los condenados Balta Albarracín y García
Almeira al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Cómbita (folio 31, cuaderno principal).
3.- Copia del
Auto de fecha diciembre 19 de 2003 emitido por el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca por el cual ordena remitir las diligencias y dejar a
disposición los condenados al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja (folio 32, cuaderno principal).
4.- Copia del
oficio No. 1965 del 19 de febrero de 2004 emitido por el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja que devuelve un cuaderno con 149 folios al Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca, correspondiente a la causa penal No. 2003-0025 (folio 148,
cuaderno principal).
5.-  Copia de la
planilla No. 024676 para consignación de correspondencia con franquicia de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja de fecha 27 de
febrero de 2004 en donde se registra oficio No. 1965 destinado al Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Arauca (folio 91, cuaderno principal).
6.- Copia de
oficio remisorio de agosto 10 de 2004, suscrito por el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita ante el
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca de los certificados de estudio
y trabajo del señor Wilson García Almeira (folio 57, cuaderno principal).
7.- Copias de
comunicación No. 1664 de fecha septiembre 28 de 2004 dirigida por el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Arauca al Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja
informando que por ser de su competencia, se remitirán copias de certificados
de trabajo y estudio del interno Wilson García Almeira (folio 67, cuaderno
principal).
8.- Oficio de
fecha octubre 5 de 2004, suscrito por el Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de vigilancia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca en el que dispone
reenviar certificados de estudio y trabajo correspondientes a Wilson García
Almeira toda vez que el expediente de la causa penal fue devuelto a Arauca con
anterioridad (folio 72, cuaderno principal).
9.- Copia del
oficio No. 0679, de fecha Abril 26 de 2004 del Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca a través del cual remite a los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Tunja  cuaderno original del proceso penal seguido
contra Jorge Enrique Balta y Wilson García Almeira por el delito de rebelión
(folio 45, cuaderno principal).
10.- Copia de la
planilla No. 020 para consignación de correspondencia con franquicia de fecha
28 de abril de 2004 del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca que
dispone envío del oficio No. 0679 a los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja (folio 79, cuaderno principal).
11.- Copia de la
planilla de entrega de certificados a domicilio de la Administración Postal
Nacional (ADPOSTAL) Tunja, en donde consta entrega del certificado No. 8497 con
sello de la secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, de fecha mayo 3 de 2004
(folio 101, cuaderno principal).
12.- Constancia
de fecha enero 21 de 2005 suscrita por el Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja en donde
informa que mediante oficio No. 1965 devolvió la causa No. 2003-0025,
adelantada contra Wilson García Almeira y Jorge Enrique Balta Albarracín,  con
destino al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca en razón a que no
se encontraba total y debidamente diligenciada la ficha técnica (folio 131,
cuaderno principal).
13.- Copia del
acta de reparto de fecha 18 de febrero del 2005 emitida por la Juez Cuarta de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, avocando el conocimiento de
la causa No. 2003-0025 por competencia funcional y territorial (folio 149,
cuaderno principal).
14.- Copia de
petición presentada por el señor Wilson García Almeira ante el Juez Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el que solicita redención de la
pena con base en certificados de estudio y trabajo, fechada el 19 de marzo de
2005 (folio 156).
III. TRÁMITE PROCESAL
1.
Admisión de la solicitud.
Por medio de
providencia de enero 18 de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Arauca -Sala Única-, admitió la acción de tutela instaurada por el señor WILSON
GARCÍA ALMEIRA. Mediante auto de fecha diciembre 16 de 2004 el Magistrado
Ponente ordenó vincular como accionados dentro del trámite de acción de tutela
al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja y la Oficina de Administración Postal Nacional de
la ciudad de Arauca a fin de que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron
la solicitud de tutela.
2.
Trámite adelantado por la Corte
Constitucional.
Revisado el
expediente de tutela, así como la situación que motivó la presentación de la
acción, el Magistrado Ponente profirió auto de fecha mayo veinticuatro (24) de
2005 en el cual ordenó al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja informar sobre el recibo
y posterior reparto del expediente No. 2003-0025 que contiene las diligencias
penales seguidas en contra de Jorge Enrique Balta Albarracín y Wilson García
Almeira.
Asimismo,
dispuso que el ente requerido informara sobre la autoridad judicial a la cual
repartió y entregó el expediente penal, indicando la fecha en la cual efectuó
tales diligencias. Finalmente le ordenó remitir copia de las actuaciones
adelantadas particularmente, el auto mediante el cual efectuó el reparto y
aquellos donde conste el trámite subsiguiente otorgado por la autoridad
judicial de ejecución de penas y medidas de seguridad competente.
IV.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.
Fallo de Primera Instancia.
La sentencia de
primera instancia, de fecha enero 20 de 2005 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Arauca –Sala Única- concedió la tutela solicitada tras
sostener que el expediente de la causa adelantada contra el señor Wilson García
Almeira por parte del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca fue
efectivamente enviada al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, despacho judicial donde se
recibió a satisfacción el 3 de mayo de 2004, según sello y firma del
funcionario que recibió el legajo. Por ende, le ordenó al Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de Tunja repartir el asunto e informar al
peticionario el juez a quien le corresponde la vigilancia judicial de la pena
que le fue impuesta a aquél por parte del Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca.
2.
Impugnación.
El Juez
coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Tunja impugnó la decisión
y sostuvo que no puede cumplir la orden toda vez que el expediente de la causa
penal no se encuentra en la oficina que preside ya que éste fue devuelto a la
ciudad de Arauca por carencia de la ficha técnica.
3. Decisión
de Segunda Instancia.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia de febrero 16
de 2005 revoca la decisión del a- quo señalando que “la vía de tutela no es
la solución adecuada para ordenar el traslado de un recluso al sitio o lugar
donde se encuentra su proceso penal, como lo pretende el accionante, ni para
obligar a un funcionario judicial a efectuar el reparto de un expediente que
tampoco se halla en su poder”.
En criterio del fallador, el juez de
primera instancia excedió el ámbito de competencia que tiene el juez
constitucional, aunado al hecho de que al no encontrarse el proceso en poder
del funcionario judicial accionado, la orden impartida en tutela resulta
imposible de cumplir.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las
sentencias proferidas en el asunto de la referencia, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico a resolver.
Revisadas las circunstancias que
motivaron la presentación de la acción de tutela, corresponde a la Corte
Constitucional establecer si la ausencia de asignación de la autoridad judicial
competente para vigilar la ejecución de la pena, vulnera las reglas que
informan el debido proceso de un recluso, quien no puede elevar peticiones
relacionadas con la ejecución de la pena y representa un trato desigual frente
a quienes se encuentran cumpliendo su condena bajo la supervisión del juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
Es decir, si el término de un año y
veinte días durante el cual no se asignó la autoridad judicial competente de
vigilar la ejecución de una sentencia penal constituye la violación de las
reglas del debido proceso y del derecho a la igualdad de la persona condenada
que no puede ejercer las acciones que le confiere la ley en el término de
ejecución de la sentencia.
Por consiguiente, la Corte procederá a:
(i) establecer el alcance del derecho al debido proceso durante la etapa de
ejecución de la pena, (ii) definir la competencia de los jueces de ejecución de
las penas y medidas de seguridad y (iii) estudiará el caso concreto.
3. Reglas que
informan el debido proceso durante la etapa de ejecución de las sentencias
penales.
3.1. La
ejecución es la última parte del procedimiento judicial, que tiene como
finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva del tribunal competente.
En atención a esta definición, la Corte Constitucional ha entendido que las
garantías del proceso penal se extienden a la etapa de la ejecución de la
sentencia. En este sentido, fue dispuesto en el fallo T- 388 de 2004[1]:
“ (…) la ejecución de la pena no puede entenderse escindida del
proceso penal que se siguió en contra de quien se encuentra privado de la
libertad por existir una sentencia condenatoria en su contra, y cuyas garantías
también se predican del tiempo de la ejecución de la pena. La unidad del
proceso presupone que los distintos actos que lo integran estén coordinados y
concurran armoniosamente al fin del mismo, que es la efectividad de la ley
sustancial, obviamente, mediante la observancia de los principios fundamentales
del procedimiento[2]”.
En virtud de lo
anterior, las reglas que informan el debido proceso establecidas en el artículo
29 de la Constitución Política, las disposiciones  internacionales, los
principios de la administración de justicia consagrados en la Ley 270 de 1996,
“Ley Estatutaria de la Administración de Justicia” y aquellos que se
encuentran vigentes en el procedimiento penal son parámetros a los cuales debe
ceñirse la actuación de las autoridades judiciales durante el período de
ejecución de las sentencias.
3.2. El derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política ha sido definido por la Corte Constitucional como “la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y crea las
garantías de protección a los derechos de las personas, por lo que ninguna
actuación de las autoridades públicas depende de su propio arbitrio”[3]. En
este orden de ideas, es deber de las autoridades sujetarse a los procedimientos
previamente fijados y destinados a preservar las garantías sustanciales y
procedimentales consagradas en la Constitución y en la Ley.[4]
Según fue explicado en la sentencia T-266
de 2005[5],
el derecho a un debido proceso comprende al menos las siguientes garantías:
“ (…) las
garantías mínimas que este derecho consagra son:  i) el derecho de acceso a
la administración de justicia ante el Juez natural de la causa; ii) el
derecho a que se le comunique aquellas actuaciones que conduzcan a la creación,
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una multa o
sanción; iii)  el derecho a expresar en forma libre las opiniones; iv) el
derecho a contradecir pretensiones o excepciones propuestas;  v) el derecho
a que los procesos se efectúen en un plazo razonable y, vi)  el derecho a
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra” (subrayado no original).
Tanto el
principio del juez natural como el derecho de los ciudadanos a que el proceso
se efectúe en un plano razonable se encuentran vigentes en tratados
internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento colombiano en
virtud del artículo 93 de la Constitución Política especialmente, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 8 y 25) sobre garantías judiciales y
protección judicial, respectivamente.
En primer lugar, el derecho de acceso a
la administración de justicia implica que existe un juez competente para
decidir cada caso de acuerdo con criterios legales predeterminados por la ley.
Es decir, que el ciudadano goza de certidumbre sobre la autoridad judicial y
las competencias que le son atribuidas a la misma, con el objeto de que se
pronuncie sobre su causa[6].
En segundo lugar, los procesos deben ser desarrollados en un término razonable y sin
dilaciones injustificadas. En armonía con este postulado, la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia consagra el principio de celeridad y el principio
de eficiencia en virtud de los cuales la administración de justicia debe ser
pronta y cumplida[7].
Igualmente, la diligencia con arreglo a la cual deben obrar las autoridades
judiciales en el impulso de sus actuaciones fue incorporada en las normas
rectoras del código de procedimiento penal en especial, el artículo 9 sobre
actuación procesal, en virtud de la cual, la actividad procesal se desarrollará
teniendo en cuenta “(…) la necesidad de lograr la eficacia de la
administración de justicia” y la previsión legal sobre celeridad y
eficiencia (Art. 15 C.P.P.).
Asimismo, esta Corporación ha sostenido
que el derecho a un  proceso sin dilaciones injustificadas procura garantizar a
las personas que acuden a la administración de justicia una protección en el
ámbito temporal del trámite, bajo la idea de que justicia tardía no es justicia[8]. En consecuencia, una
situación de procesamiento no puede ser indefinida so pena de afectar el
derecho de acceso a la administración de justicia.
Considerando las
directrices mencionadas, para la Sala es importante destacar que en una
sociedad democrática, la lentitud de la administración de justicia coloca al
ciudadano en un estado de indefensión que amenaza el ejercicio de sus derechos
y por ende, aquellas acciones que extralimiten periodos de ejercicio procesal
contradicen los propósitos del Estado de derecho.
4.
Competencia de los jueces de ejecución de las penas y medidas de seguridad.
4.1. De acuerdo
con el artículo 22 de la Ley 270 de 1996, los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad son órganos de la jurisdicción ordinaria y su competencia,
materia, características y denominación son establecidos por el Consejo
Superior de la Judicatura[9].
De otro lado, su actividad se encuentra regulada por algunas disposiciones del
Código de Procedimiento Penal, la Ley 599 de 2000 Código Penal y por la Ley 65
de 1993, Código Penitenciario y Carcelario.
En virtud del
artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, los jueces de ejecución de penas
y de medidas de seguridad tienen competencia en el respectivo distrito. Esta
disposición coincide con el Acuerdo 54 de 1994 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura que establece: “Los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad conocen de todas las cuestiones relacionadas con
la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del
respectivo circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar
donde se hubiere proferido la respectiva sentencia (…)[10].
De la misma
manera, el Acuerdo 548 de 1999 “Por el cual se crean y organizan los
circuitos penitenciarios y carcelarios en los distritos judiciales del país”
fija la competencia territorial de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, de acuerdo con el distrito judicial del cual formen parte. El
numeral 9 delimita el Circuito Penitenciario y Carcelario en el Distrito
Judicial de Arauca, mientras que el numeral 29 establece el Circuito del
Distrito Judicial de Tunja:
“9. El Distrito Judicial de Cúcuta comprende el siguiente circuito penitenciario
y carcelario:
“9.1
Circuito Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, cuya cabecera es la ciudad del
mismo nombre, con competencia sobre los municipios de:
Cúcuta
Arauca
Ocaña
“(…)
“29. El Distrito Judicial de
Tunja comprende el siguiente circuito penitenciario y carcelario:
“29.1 Circuito Penitenciario y Carcelario de Tunja, cuya cabecera es
la ciudad del mismo nombre, con competencia sobre los municipios de:
Chiquinquirá
Garagoa
Guateque
Miraflores
Moniquirá
Ramiriquí
Tunja”
Así, será competente para conocer la
ejecución de la pena, aquel juez que se encuentre en el Circuito Penitenciario
y Carcelario respectivo, es decir, el del lugar de reclusión del condenado.
4.2. Las funciones de los jueces de ejecución están orientadas a garantizar
la legalidad de la sanción y a supervisar y controlar la ejecución de la pena.
El artículo 469 del C.P.P. prevé la participación de las autoridades
penitenciarias bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y las autoridades judiciales de ejecución de penas y medidas
de seguridad.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Código Penitenciario y Carcelario
los jueces de ejecución conocen de las siguientes diligencias:
“Artículo 51. Juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad. El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad garantizará la
legalidad en la ejecución de la sanción penal y, en ejercicio de su facultad de
ejecución de las
sentencias proferidas por los Jueces Penales, conoce:
“1. Del cumplimiento de las normas contenidas en este Código y en especial de
sus principios rectores.
“2. De todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con
posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo,
estudio o enseñanza y extinción de la condena.
“3. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o
la medida de seguridad.
“4. De la acumulación jurídica de penas en concurso de varias
sentencias
condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.
“5. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley
posterior, hubiese lugar a reducción o extinción de la pena.
“6. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la
norma discriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su
vigencia.
“7. Del aporte de pruebas para el esclarecimiento de los hecho, punibles
cometidos en los centros de reclusión, a fin de que sean investigados por las
autoridades competentes”.
Estas funciones fueron reiteradas en el artículo 79 del
Código de Procedimiento Penal que prescribe el ámbito de actuación de dichas
autoridades y en el numeral 5º agrega que conocerán de “la aprobación de las
propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de
reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en
las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de
privación efectiva de la libertad”.
4.3. Durante la
etapa de ejecución de las penas y medidas de seguridad prevalecen las acciones
de coordinación y comunicación entre las autoridades encargadas de controlar la
legalidad de la pena. Este es el caso del deber de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad consistente en coordinar con las autoridades
indígenas lo necesario para la ejecución de medidas de aseguramiento aplicables
a los inimputables por diversidad sociocultural (Art. 479 Ley 600 de 2000).
En este
contexto, los pronunciamientos de las autoridades judiciales deben ser
comunicados de manera oportuna y remitirse copias de las actuaciones a las
autoridades concernidas con el cumplimiento de la ejecución de la pena. Algunos
ejemplos de esta situación son los procesos administrativos destinados a
aplicar las penas accesorias previstas en el artículo 472 del C.P.P. como la
prohibición de circular o residir en determinados lugares, evento en el que la
autoridad debe remitir copia de la sentencia a la autoridad judicial y policiva
al lugar en donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado deba residir.
Por lo tanto, de
conformidad con el régimen vigente, las actuaciones encaminadas a notificar,
comunicar, dar aviso e informar a las autoridades judiciales y administrativas
sobre la ejecución de las sentencias representan una condición sine qua non
para el ejercicio de las potestades legales que deben ejercer éstos organismos.
Adicionalmente,
el conocimiento de las decisiones judiciales objeto de ejecución por parte de
las autoridades competentes para vigilar la ejecución de la pena o medida de
aseguramiento es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos
de las personas privadas de la libertad.
En efecto, la
presencia de la autoridad judicial durante la ejecución de la condena es una
garantía para quien es condenado y privado de la libertad. Sobre esta función
del juez de ejecución de penas, algunos países como Argentina introdujeron en
su ordenamiento penal la figura del juez de ejecución de penas considerando que
“la aplicación de la pena no debe quedar exclusivamente a cargo de la órbita
administrativa, siendo de utilidad la interacción de la justicia y de la
administración penitenciaria en beneficio del individuo privado de la libertad[11]”.
De esta manera,
el ordenamiento prevé que durante la etapa de ejecución de la pena, tienen
lugar una serie de solicitudes que puede instaurar la persona condenada ante
las autoridades judiciales y administrativas. De un lado, esta autorizada
legalmente para solicitar la libertad condicional, la suspensión condicional de
la ejecución de la pena y la rehabilitación de la ejecución de derechos y
funciones públicas. Igualmente, según lo dispuesto en el Código Nacional
Penitenciario y Carcelario, el recluso esta en la posibilidad de elevar
solicitudes atinentes a la ejecución de la pena, a saber: Artículo 146
–beneficios administrativos-; artículo 147 -permiso hasta de setenta y dos (72)
horas-; artículo 147 A –permiso de salida-; artículo 148 –libertad preparatoria
y artículo 149 –franquicia preparatoria-.
En consecuencia,
la autoridad judicial de ejecución de penas y medidas de seguridad es garante
del ejercicio de derechos de la persona condenada durante el término de
ejecución de la pena y le corresponde tramitar las peticiones y solicitudes
presentadas por quien ha sido condenado.
5. Estudio
del caso concreto.
5.1. El demandante Wilson García Almeira
se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad de Cómbita cumpliendo la condena de prisión impuesta por el
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca mediante sentencia de
noviembre 24 de 2003. Manifiesta que en el momento de presentar la solicitud de
tutela, el expediente con las diligencias penales adelantadas en su contra, no
había sido entregado a la autoridad judicial de ejecución penas y medidas de
seguridad del distrito judicial de Tunja, competente para controlar la
ejecución de la pena. De otro lado, afirma que el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca no le dio el trámite correspondiente al recurso de apelación
que interpuso en contra de la sentencia condenatoria. En virtud de lo anterior,
solicita la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
El despacho
judicial demandado, así como las entidades citadas oficiosamente le comunicaron
al juez de conocimiento las diligencias adelantadas en relación con el
expediente penal del señor Wilson García. El Juez Primero Promiscuo del
Circuito de Arauca, explicó que con fundamento en la competencia territorial
para ejercer la vigilancia de la ejecución de la pena, adelantó los trámites
necesarios para trasladar el expediente penal a la autoridad judicial del
circuito judicial en donde se encuentra recluido el demandante. La oficina de
ADPOSTAL, sede Arauca informó que el expediente fue entregado al Centro de
servicios administrativos de los Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja según consta en la planilla de correo sellada por la entidad
destinataria. Por su parte, el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja manifestó que no
recibió el expediente del señor Wilson García Almeira y por ende, no podía
realizar el reparto del expediente a las autoridades de ejecución del distrito
judicial de la misma ciudad.
La solicitud de
tutela fue concedida por el tribunal de primera instancia quien comprobó la
existencia de una situación violatoria de los derechos del actor toda vez que
se omitió el deber de asignar una autoridad judicial que se encargara de
realizar el control de legalidad de la pena. La decisión del a- quo fue
revocada por el juez de segunda instancia y se procedió a denegar las
pretensiones de la parte demandante con fundamento en la imposibilidad de
conceder la pretensión del actor consistente en “ser trasladado al lugar
donde se encuentra su expediente”.
De
otro lado, en virtud de las consideraciones expuestas por esta Sala, la
ejecución de las pena es una de las fases que integran el proceso penal y por
ende, le son aplicables las reglas y garantías dispuestas para adelantar tales
trámites. Asimismo, durante la etapa de la ejecución de la pena, el
ordenamiento jurídico prevé la presencia de la autoridad judicial de ejecución
de penas y medidas de seguridad. De acuerdo con las previsiones legales que
desarrollan su función, los jueces de ejecución tienen competencia territorial
para ejercer tal vigilancia y están facultados para controlar la legalidad de
la pena e igualmente, las condiciones en las cuales una condena debe ser
cumplida.
En una primera parte, esta Sala estudiará
el trámite del recurso de impugnación interpuesto por el accionante en contra
de la sentencia condenatoria con el fin de establecer si hubo una posible
violación del debido proceso legal establecido para estos eventos. En la
segunda parte, la Sala se pronunciará sobre la posible dilación injustificada
en el reparto de la causa penal adelantada contra el actor Wilson García al
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
La procedencia del recurso de apelación y el trámite del mismo se
encuentran regulados en los artículos 191 y 194 del Código de Procedimiento
Penal.
5.2. El artículo 194 dispone lo siguiente:
“Artículo 194.
Sustentación en primera instancia del recurso de
apelación.
“Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación,
vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el
expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4)
días, para la sustentación respectiva. Precluido el término anterior, correrá
traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro (4) días.
“Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante
providencia de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición.
“Si fuese viable se concederá en forma inmediata mediante
providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se concede.
“Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y
subsidiario el de apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el
proceso quedará a disposición de los sujetos procesales en traslado común por
el término de tres (3) días, para que, sí lo consideran conveniente, adicionen
los argumentos presentados, vencidos los cuales se enviará en forma inmediata
la actuación al superior.
“Cuando se interponga el recurso de apelación en audiencia o
diligencia se sustentará oralmente dentro de la misma y de ser viable se
concederá, estableciendo el efecto y se remitirá en forma inmediata al
superior”.
De conformidad con esta disposición el
trámite del recurso de apelación permite que las partes cuenten con el término
suficiente para allegar ante el despacho judicial los argumentos que
fundamentan un recurso invocado. En virtud del material probatorio allegado
durante el trámite de la acción de tutela, se puede establecer lo siguiente:
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
Judicial de Arauca profirió sentencia condenatoria el día noviembre 4 de 2003
en contra de los señores  Jorge Enrique Balta Albarracín y Wilson García Almeira
por encontrarlos coautores materiales responsables del delito de rebelión
cometido contra la seguridad del Estado (folio 25).
Mediante oficio recibido el día 10 de
Noviembre de 2003, el abogado defensor presentó recurso de apelación contra la
providencia y asimismo, solicitó al juez correr el traslado para sustentar su
recurso (folio 27). En la constancia secretarial de noviembre 11 de 2003 el
expediente queda en Secretaría a disposición de quienes recurrieron para que
sustenten recurso de apelación hasta el día 14 de noviembre de 2003 (folio 27).
El 18 de noviembre se emite constancia secretarial indicando que en el día “empiezan
a correr los cuatro (4) días de que trata el artículo 194 del C.P.P. para los
no recurrentes a fin de que hagan las manifestaciones que a bien tengan” y
precisa que el término vence el día 21 de noviembre de 2003 (folio 28).
Posteriormente,
a través del auto fechado noviembre 24 de 2003, el despacho judicial declaró
desierto el recurso de apelación considerando que el “término de traslado
legal venció, sin que se allegara la sustentación de la impugnación, dentro del
término indicado para los recurrentes” (folio 29). Finalmente, la
Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito declaró en oficio de
diciembre 3 de 2003 que “queda debidamente ejecutoriada la providencia de
fecha 4 de noviembre de 2003 mediante la cual se condena a Jorge Enrique Balta
y a Wilson García Almeira” (folio 30).
En virtud de las actuaciones surtidas, la
Sala observa que el Juez Primero promiscuo del Circuito de Arauca cumplió el
término de 4 días dispuesto desde el momento en que notificó la apertura del
término para presentar sustentación del recurso de apelación hasta la
finalización del mismo. Igualmente, el despacho dispuso el término de cuatro
días para los no recurrentes y finalmente, profirió auto en el cual declaró
desierto el recurso de apelación y a continuación declaró la ejecutoria de la
sentencia.
En consecuencia, se concluye que no hubo
violación del derecho fundamental al debido proceso del demandante, Wilson
García Almeira como consecuencia del trámite conferido por el Juez Primero
Promiscuo del Circuito de Arauca a la impugnación presentada contra la
sentencia penal en la cual resultó condenado. Por el contrario, la Sala estima
que la actuación judicial estuvo ajustada a las reglas del procedimiento penal
que regulan el trámite del recurso de apelación en el ámbito penal.
La dilación injustificada en el trámite para asignar autoridad
judicial de ejecución de penas y medidas de seguridad.
5.3. En el presente asunto ha sido acreditado (i) que el señor
Wilson García Almeira se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita cumpliendo
pena de prisión (folio 31), (ii) que el Juez Primero Promiscuo del Circuito de
Arauca remitió el expediente penal al Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, ente
encargado de realizar el reparto de los asuntos de conocimiento de los jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad del distrito judicial de Tunja,
(iii) en el momento de presentar la tutela, había transcurrido un año y veinte
días desde la fecha en que el solicitante fue condenado en la jurisdicción
penal –Noviembre 4 de 2003- (folio 17), sin que le hubiese sido asignada la
autoridad competente de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Con
fundamento en las reglas de competencia establecidas para el ejercicio de las
facultades de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, para la
Sala es claro que la vigilancia de la pena que se encuentra cumpliendo el actor
Wilson García Almeira le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Tunja. Este factor de competencia fue atendido por el Juez Primero
Promiscuo del Circuito de Arauca, quien profirió la condena penal al demandante
y por ende, procedió a remitir las diligencias y dejar la competencia del
condenado a las autoridades de Tunja (folio 32).
A
partir de esta decisión, se iniciaron una serie de comunicaciones entre el
despacho judicial de Arauca y el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja con el fin de
remitir las diligencias penales a la autoridad judicial de Tunja. La primera de
estas gestiones fue cumplida por el despacho judicial de Arauca, quien envió el
legajo mediante oficio del día 19 de diciembre de 2003. El expediente fue
devuelto a la ciudad toda vez que no se cumplían las  formalidades en el envío
de expedientes con ficha técnica[12]
(folio 91).
Una
vez recibido el expediente, el despacho de Arauca procedió nuevamente a enviar
las diligencias a Tunja el día 26 de abril del 2004 lo cual consta en oficio y
planilla de correspondencia No. 020 (folios 78 y 79). Esta información fue
confirmada por ADPOSTAL Arauca quien precisó que el expediente fue entregado el
día 3 de mayo de 2004 al Centro de Servicios Administrativos de Tunja (folio
101).
A pesar de lo anterior, el Centro de
Servicios Administrativos de Tunja informó por escrito al juez de conocimiento
de la acción de tutela (folios 90), luego mediante comunicaciones telefónicas
(folio 103) y posteriormente,  en impugnación del fallo de primera instancia,
que el expediente de la causa surtida contra Wilson García Almeira no se
encontraba en el lugar (folio 129 y 131).
Considerando
la situación anteriormente descrita es posible establecer que transcurrió un período
de 12 meses y veinte días desde que el demandante fue trasladado al
establecimiento penitenciario de Cómbita hasta la fecha en que fue presentada
la acción de tutela. Es decir que el actor Wilson García permaneció más de un
año recluido en un centro penitenciario sin que la autoridad judicial que debía
asumir el conocimiento de su situación ejerciera tal función. Durante el
período mencionado el actor no contó con el juez natural o competente para que
ejerciera el control de la pena.
5.4. De otro lado, la Sala nota que en el
término de su reclusión el señor Wilson García Almeira intentó elevar
solicitudes acerca del cumplimiento de su pena y las mismas no fueron resueltas
toda vez que el expediente no estaba a disposición de las autoridades delegadas
para decidir sobre tales solicitudes.
En efecto, mediante derecho de petición
de fecha mayo 5 de 2004 el actor (folio 54) solicita al Juez Primero Promiscuo
del Circuito de Arauca, enviar el expediente a la ciudad de Tunja con el fin de
que las autoridades competentes asumieran el conocimiento de su causa.
Posteriormente, mediante oficio de agosto 10 de 2004 el establecimiento
carcelario de Cómbita envió al Juez Primero Promiscuo del Circuito de Arauca la
documentación sobre estudio y trabajo del interno Wilson García Almeira con el
fin de que dicho despacho analizara la procedencia de la redención de la pena
por estudio y trabajo (folios 57 a 65). Una vez recibió esta documentación, el
despacho judicial de Arauca procedió a remitir las copias de los certificados a
la ciudad de Tunja (folio 67) por ser la autoridad judicial competente para tal
fin. No obstante, en cuanto recibió dicha documentación el Centro de Servicios
Administrativos de Tunja suscribe oficio remitiendo nuevamente la documentación
a Arauca y argumenta que para la fecha el expediente había sido devuelto a
dicha ciudad (folio 72).
Como consecuencia de esta situación
irregular, el actor no obtuvo una respuesta acerca de su solicitud y la
ejecución de su condena continuó sin la participación de las autoridades
judiciales competentes para tal efecto.
La Sala de Revisión considera que los
hechos que originaron esta acción obedecieron a un problema administrativo al
interior del Centro de Servicios Administrativos. Si bien es cierto, el expediente
fue devuelto a Arauca, consta en el trámite que dicho legajo fue remitido
nuevamente a la ciudad de Tunja con entrega efectiva el día 3 de mayo de 2004.
Estas circunstancias no fueron desvirtuadas por el Centro de Servicios
Administrativos de Tunja quien finalmente, informó a la Corte Constitucional
que efectuó el reparto de tal expediente ante el Juez Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de dicha ciudad el día 18 de marzo del 2005 (folio
143, cuaderno principal).
Es decir, que una vez el expediente de la
causa penal fue entregado por ADPOSTAL al Centro de Servicios Administrativos
de la ciudad de Tunja permaneció en las instalaciones de dicha oficina y no fue
objeto de otro procedimiento de envío a la ciudad de Arauca hasta el día en que
finalmente se efectuó el reparto de dicha causa.
Por ello, se presume que durante el
período comprendido ente mayo 3 de 2004 y marzo 18 de 2005 (9 meses y 15 días)
el Centro de Servicios Administrativos de Tunja conservó el expediente penal y
no le otorgó de manera adecuada el trámite de reparto con destino al juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
En virtud de lo anterior, la Sala estima
que la actuación del Centro de Servicios Administrativos fue contrario al
principio de eficiencia consagrado en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia según el cual es deber de los funcionarios y empleados judiciales
de ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo.
Igualmente, el
comportamiento omisivo del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja conllevó la dilación
injustificada en el trámite de las acciones durante la etapa de ejecución de la
sentencia penal y configuró la afectación del derecho al debido proceso y el
derecho de acceso a la administración de justicia del señor Wilson García
Almeira.
Por
consiguiente, ante la evidencia de la violación de los derechos fundamentales
del actor, el juez de segunda instancia habría podido confirmar la orden
otorgada por el  a- quo y de esta manera brindar la protección constitucional
que requería el señor Wilson García Almeira.
6. Hecho que motivó la solicitud de
tutela ha sido superado.
6.1. La acción de tutela deviene en improcedente por carencia de objeto o sustracción de
materia, cuando el hecho que inicialmente vulneró o amenazó con lesionar el
derecho fundamental respectivo, desaparece; lo anterior, se evidencia en cuanto
la decisión del Juzgador, para estas situaciones, no
puede traducirse en una orden de obligatoria observancia[13].
Durante el trámite adelantado por
la Corte Constitucional, fueron solicitadas ante el Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja pruebas
conducentes para verificar las circunstancias que motivaron la presentación de
la  solicitud de tutela. Específicamente, se le solicitó precisar el lugar de
ubicación del expediente penal, las acciones realizadas para repartirlo al
juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad competente y el trámite
subsiguiente que se le otorgó.
De acuerdo con la respuesta
remitida por el Centro de servicios Administrativos que obra a folio 143 del
expediente, esta Sala verificó que en el trámite de la acción de tutela desaparecieron los supuestos de hecho en virtud de los
cuales fue presentada la solicitud de protección constitucional, lo cual
significa la carencia de objeto de la acción de tutela[14].
En efecto, el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja repartió el expediente No. 2003-0025 de la causa adelantada en contra de
Wilson García Almeira y Jorge Enrique Balta Albarracín al Juez Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (según acta de reparto con
preso que consta a folio 157, quien avocó conocimiento de la misma mediante
auto de fecha 18 de febrero del 2005 que obra en el folio 149. Dicha decisión
fue notificada a las autoridades penitenciarias, al Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Arauca y a los sentenciados Wilson García Almeira y Jorge
Enrique Balta Albarracín (folios 150, 151, 152 y 153).
6.2 Asimismo, esta Corporación recibió
copias de los trámites subsiguientes adelantados a instancias de la Jueza
Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en virtud de su
competencia funcional, referentes al cumplimiento de la pena, las cuales se
encuentran pendientes por resolver.
Particularmente, la petición elevada por
el señor Wilson García Almeira, con fecha de febrero 23 de 2005, en la cual
solicita redención de la pena de acuerdo con los certificados de estudio y
trabajo y la correspondiente evaluación de conducta que expida la autoridad penitenciaria
y carcelaria (folio 154). Asimismo, encuentra la Sala que mediante oficio de 16
de marzo de 2005 la Juez Cuarta solicitó al  Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario  de Cómbita, enviar los “certificados de cómputo
de trabajo y estudio que a la fecha registre el condenado junto con la
respectiva calificación de conducta” (folio 155).
En consecuencia, las omisiones que
causaron la vulneración de los derechos del demandante fueron subsanadas lo
cual configura en el presente caso la hipótesis del hecho superado tornándose
la tutela improcedente por sustracción de materia.
Sin embargo,
esta Sala no puede confirmar un fallo que se aparta de los postulados de la
Constitución Política y de los criterios jurisprudenciales de protección de los
derechos fundamentales.
Por este motivo,
revocará el fallo de segunda instancia que dejó sin efectos la protección que
había sido conferida por el juez de primera instancia en la medida en que la
decisión no atendió los parámetros constitucionales para  proteger los derechos
que le fueron vulnerados al demandante como consecuencia de la dilación
injustificada del trámite que debía adelantarse para asignar una autoridad
judicial que se encargara de vigilar la ejecución de la pena que se encuentra cumpliendo
el señor García Almeira en el Establecimiento carcelario de Cómbita.
Adicionalmente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, la Corte prevendrá a las
autoridades judiciales demandadas en el asunto para que no vuelvan a incurrir
en las omisiones que motivaron la presentación de la acción de tutela. Sin
embargo, la Sala  dispondrá que se envíe copia de esta sentencia al Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá con el fin de que investigue la posible
comisión de falta disciplinaria por parte del juez coordinador del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR, la decisión de segunda instancia proferida
por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- el 16 de febrero de 2005 en el cual denegó el amparo del derecho fundamental al
debido proceso invocado por el señor WILSON GARCÍA ALMEIRA, dentro del trámite
de la acción instaurada contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Arauca con citación oficiosa del Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja y la Dirección de Administración Postal Nacional
–ADPOSTAL- sede Arauca.
Segundo. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por
existir un hecho superado.
Tercero. PREVENIR al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Tunja para que en el futuro no incurra en las omisiones que motivaron la
presentación de la acción de tutela de este caso.
Cuarto.
ORDENAR a la Secretaría General de la Corte
Constitucional que envíe copia de esta sentencia al Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá con el fin de que investigue la posible comisión de falta
disciplinaria por parte del Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
la ciudad de Tunja.
Quinto. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] M.P. Jaime Araújo Rentería. Fundamento
jurídico 4.3.
[2] T-1045/02, C-407/97
[3] Sentencia C – 154 de 2004. M.P. Alvaro
Tafur Galvis.
[4] Sentencia C – 641 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[5] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[6] El principio del juez natural se encuentra consagrado
en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996.
[7] Art. 4, Ley 270 de 1996.
[8] Corte Constitucional. Auto de Sala Plena 029 A/02.
[9] El Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo
95 de 1993 “Mediante el cual se reglamentan los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad” y el Acuerdo 54 de 1994 “Por el cual se
fijan los requisitos para el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad".
[10] Según la Corte Suprema de Justicia, “la competencia para asumir
el conocimiento de la ejecución punitiva depende de que el respectivo condenado
se encuentre recluido en uno de los establecimientos carcelarios del circuito
sede del funcionario”. En, Auto del 22 de noviembre de 1996. M.P. Juan
Manuel Torres Fresneda.
[11] Levene Ricardo (h.) “Manual de derecho
procesal penal” , 2º edición, Tomo I. Ediciones
Depalma, Buenos Aires. 1993. Página 344.
[12] El artículo 2 del Acuerdo No. 739 de 2000  de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “Por medio del cual se
reglamenta el envío de los expedientes, títulos valores, documentos y elementos
de procesos penales, entre los despachos judiciales penales, promiscuos municipales,
en asuntos penales, fiscalías y juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad y entre estos y las autoridades administrativas y policivas
correspondientes” estableció el formato único para el envío de expedientes,
títulos valores, documentos y elementos del proceso el cual contiene
información específica sobre los elementos que son enviados.
[13] T-550 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[14] Ver sentencias T-045 de 2005 Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-005 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-027 de
1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-262 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y
T-001 de 2003 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.