T-444-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-444/20
Referencia: Expediente T-7.753.067.
Acción de tutela formulada por Irma del
Socorro Sanzón Guerrero contra el Instituto Hermanas Bethlemitas –Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús- y la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinte
(2020).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Richard
Ramírez Grisales y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela
adoptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga -Sala Civil
Familia-, el 31 de octubre de 2019, que
revocó la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de esa misma ciudad, el 23 de septiembre de 2019, que concedió el amparo solicitado dentro de la acción
de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El 17 de julio de 2019, Irma del Socorro Sanzón
Guerrero, mediante apoderada judicial[1],
formuló acción de tutela contra el Instituto Hermanas
Bethlemitas -Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y a la igualdad, ante la negativa de tramitar el cálculo actuarial de los años que laboró como
docente y el reconocimiento del bono pensional por los 10 años que perteneció a
esa comunidad religiosa.
Hechos probados en el expediente y
pretensión de la demanda
1. La señora Irma del
Socorro Sanzón Guerrero, de 71 años[2] de edad, inició la actualización de su
historia laboral ante Colpensiones, con el fin de obtener su pensión de vejez,
ya que presenta problemas de salud que le impiden trabajar.
2. Manifiesta que su único ingreso lo
obtiene de las clases de música y canto que dicta, pero que se ha visto
imposibilitada para continuar con esa actividad, pues desde hace años padece
constantes eventos de disfonía.
3. Señala que estuvo vinculada como
docente con la prestación de sus servicios de tiempo completo en los Colegios
Parroquial Integrado Santa Cruz de Cachipay, Sagrado Corazón de Jesús de
Bucaramanga, Escuela Oficial el Libertador de Popayán e Integrado de Piendamó
Cauca, los cuales pertenecen al Instituto Hermanas Bethlemitas -Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús-. No obstante, por voluntad propia se desvinculó de
esta congregación como docente y religiosa y se dedicó a la enseñanza en otros
planteles educativos.
4. El 10 de octubre de 2018[3], la demandante solicitó al Instituto
Hermanas Bethlemitas -Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- tramitar ante
Colpensiones el cálculo actuarial de los años 1970 a 1976 que laboró como
docente y el reconocimiento del bono pensional por el tiempo que perteneció a esa
comunidad religiosa. En total, manifestó que permaneció 10 años en el referido
instituto.
5. En respuesta de 19 de noviembre de 2018[4], el mencionado Instituto señaló que no es
posible la generación del bono pensional, pues de conformidad con la
normatividad Canónica y las constituciones de esa comunidad, su permanencia en
la congregación obedeció a actividades de formación religiosa y de
evangelización.
6. Indica la actora que no ha sido posible
solicitar la pensión de vejez por el tiempo de cotización que la comunidad
religiosa se ha negado a reconocer y que le falta para completar el mínimo de
1300 semanas requeridas en el fondo de pensiones al cual pertenece.
7. Debido a lo anterior, y mediante
apoderada judicial, la demandante acude a la acción de tutela[5] para implorar la protección de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al Instituto
Hermanas Bethlemitas –Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- tramitar
solicitud de cálculo actuarial ante Colpensiones por el tiempo laborado en esa
comunidad religiosa.
Material probatorio relevante cuya copia obra en el
expediente
1. Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la accionante[6].
2. Certificado donde consta
que la actora prestó sus servicios como profesora de tiempo completo durante
los años 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975, expedido por el Colegio Integrado
Santa Cruz de Cachipay –Cundinamarca- el 16 de julio de 1976[7].
3. Certificado que da cuenta
que la tutelante prestó sus servicios como profesora de tiempo completo durante
el año 1976, expedido por el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Religiosas
Bethlemitas de Bucaramanga, el 19 de diciembre de 1977[8].
4. Declaración juramentada
dada por la peticionaria ante la Notaría Primera del Circulo de Pasto, en relación
con el tiempo laborado en establecimientos de la congregación religiosa
Hermanas Bethlemitas. En total manifiesta 10 años de
servicios en dicha comunidad[9].
5. Solicitud de bono pensional
elevada por la demandante ante al Instituto Hermanas Bethlemitas -Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús- por el tiempo que ejerció como religiosa[10].
6. Respuesta emitida por el
referido instituto el 19 de noviembre de 2018, en la cual se niega el bono
pensional pedido[11].
7. Reporte de semanas cotizadas por la actora en
pensiones, donde se registran 1.192,86 semanas cotizadas[12].
Actuación procesal
Por auto de 17 de julio de 2019[13], el Juzgado Primero de Familia de
Bucaramanga (i) admitió la acción de tutela; (ii) corrió traslado a las
demandadas para que ejercieran su derecho de defensa; y (iii) vinculó a los
Colegios Sagrado Corazón de Jesús –Religiosas Bethlemitas de Bucaramanga- y
Parroquial Integrado Santa Cruz de Cachipay -Cundinamarca-, como parte accionada
para que se pronunciaran.
Colpensiones contestó[14] que carece de legitimación en la causa
por pasiva, como quiera que el requerimiento de la accionante no es de su
competencia administrativa y funcional, puesto que, los periodos durante los
cuales el empleador no realizó el aporte deben adelantarse bajo la metodología
de cálculo actuarial y éste sólo podrá efectuarse una vez el empleador omiso
realice la solicitud correspondiente y allegue los documentos para tal fin. Por
ende, no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
En sentencia del 30 de julio de 2019, el
Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga amparó el derecho fundamental al
debido proceso administrativo y, por ende, ordenó al Instituto Hermanas
Bethlemitas –Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- que procediera a realizar
los trámites necesarios ante Colpensiones, en aras a que se efectuara el
cálculo actuarial por omisión de afiliación, para que con ello Colpensiones
reconociera y liquidara la prestación pensional de la accionante.
El Instituto de las Hermanas Bethlemitas
-Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- allegó respuesta extemporánea el 5 de
agosto de 2019. Señaló que se opone a las pretensiones de la demanda, ya que la
accionante se vinculó a la comunidad de manera libre con votos perpetuos a
adelantar servicios de apostolado y evangelización que no generan vinculación
que obligue a la comunidad a efectuar los presuntos aportes pretendidos. Por lo
anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
Con ocasión a una acción de tutela
formulada por el Instituto Hermanas Bethlemitas -Provincia del Sagrado Corazón
de Jesús-, por indebida notificación de la presente acción de tutela, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Civil Familia-, en
decisión de 5 de septiembre de 2019, dejó sin efectos la sentencia de 30 de
julio de 2019, proferida por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, y
ordenó la debida vinculación de tal Instituto.
En cumplimiento de lo ordenado por el
referido Tribunal, el 11 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero de Familia
de Bucaramanga vinculó y notificó debidamente al Instituto Hermanas Bethlemitas
-Provincia del Sagrado Corazón de Jesús-, para que se pronunciara.
El Instituto se opuso a todas las pretensiones de la
demanda. Indicó que la vinculación de la religiosa se dio en virtud de la
vocación de servicio, por el acatamiento del voto de obediencia y pobreza,
conforme a sus estatutos y que las otras actividades que desempeñó no se
conciben como fruto de una subordinación laboral sino en atención a su
pertenencia a la comunidad religiosa. Señaló que existe otro medio de defensa
judicial al que puede acudir la actora para dirimir las controversias entre la
iglesia y sus miembros, esto es, los Tribunales Eclesiásticos.
Sentencia de primera instancia
El 23 de septiembre de 2019,
el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga reiteró su decisión inicialmente
adoptada, esto es, concede la protección del derecho fundamental al debido
proceso administrativo, por lo que resolvió “ORDENAR AL INSTITUTO HERMANAS BETHLEMITAS –PROVINCIA
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- que dentro de los quince días (15) siguientes
a la notificación de esta providencia, realice los trámites necesarios ante
COLPENSIONES S.A., en aras a efectuar el cálculo actuarial por omisión de
afiliación, para que con ello se pueda reconocer y liquidar en forma posterior
y si a ello hay lugar, la prestación pensional que se persigue en aplicación a
la normatividad vigente”.
Consideró que la demandante
fue reconocida como ex miembro de la comunidad religiosa, perdurando en su
labor de docente por el lapso de 6 a 9 años, por lo que su vinculación a la
seguridad social era forzosa y, por ende, la cotización a pensión, esto, en
atención a lo dispuesto en el Decreto 1650 de 1977, ratificado por el Decreto
3615 de 2005 y el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Tal normatividad señala
que aquellas personas que profesan una determinada religión se asemejan a
trabajadores independientes, por lo que es deber de las entidades, asociaciones
y/o gremios a los cuales pertenecen, cotizar a pensión y a la seguridad social.
Expuso que si bien es cierto
que la labor espiritual que desempeñan los miembros de las comunidades y
congregaciones religiosas es un asunto privado que a ambas partes atañe, no se
puede desconocer la existencia de una relación de carácter laboral que se
encuentra establecida en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993.
Impugnación
El 27 de septiembre de 2019[15], el Instituto Hermanas Bethlemitas impugnó la decisión. Señaló que la
vinculación de las religiosas a la congregación es apostólica, vocacional religiosa
y voluntaria, por tanto, la accionante lo hizo de forma desinteresada y
adhiriéndose a los estatutos de esa comunidad, lo cual, no genera vinculación
que obligue a efectuar los presuntos aportes reclamados. Indicó, que las
actividades desempañadas por la tutelante no se conciben como fruto de una
subordinación laboral sino en atención a su pertenencia a la comunidad
religiosa. Agregó que existe otro medio de defensa judicial al que puede acudir
la actora para dirimir las controversias entre la iglesia y sus miembros, es
decir, los Tribunales Eclesiásticos.
Sentencia de segunda instancia
El 31 de octubre de 2019, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Civil Familia- revocó la
decisión y, en su lugar, declaró improcedente la tutela, dada su característica
residual y subsidiaria, máxime porque no se encontró acreditada la existencia
de un perjuicio irremediable, ya que su edad no es suficiente para acceder a lo
solicitado. Expuso que la actora está vinculada al Sistema de Seguridad Social
en el régimen contributivo, lo que descarta que su mínimo vital esté en riesgo.
II. ACTUACIÓN PROCESAL EN SEDE DE
REVISIÓN
1. La Sala de Selección de Tutelas Número Uno[16]
de la Corte Constitucional, en Auto[17]
del 31 de enero de 2020, seleccionó el expediente T-7.753.067 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo realizado, lo repartió al
Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente.
2. Por Auto[18] del 19 de junio de 2020, el Despacho del Magistrado Sustanciador ordenó: (i) a la señora Irma del
Socorro Sanzón Guerrero que informara sus condiciones socioeconómicas y de
salud, así como las circunstancias de tiempo y de modo frente a la prestación
de sus servicios como docente en los Colegios Oficial El Libertador de Popayán e Integrado de Piendamó -Cauca-, (ii) al Instituto Hermanas Bethlemitas que certificara el tiempo
durante el cual la accionante prestó sus servicios como docente en el entonces Colegio
Integrado de Piendamó -Cauca-, teniendo en cuenta que ese
Instituto cuenta con el archivo histórico del mencionado Colegio y (iii) vincular al trámite de tutela de la referencia, a las siguientes
instituciones educativas: (a) Colegio Sagrado Corazón de Jesús –Religiosas
Bethlemitas- de Bucaramanga-, (b) Colegio Parroquial Integrado Santa Cruz de
Cachipay -Cundinamarca- y (c) Escuela
Oficial El Libertador de Popayán (hoy Institución Educativa San Agustín Sede el
Libertador)[19],
a efectos de que ejercitaran sus derechos de defensa y contradicción.
3. Efectuadas las correspondientes comunicaciones y
vencido el término probatorito, se produjeron los siguientes pronunciamientos:
3.1.
Colpensiones, en oficio BZ220-6603426, indicó que la acción de
tutela no se encuentra dirigida contra esta entidad, pues las pretensiones de
la misma han sido encaminadas a una actuación que depende de la entidad
“Hermanas Bethlemitas –Provincia del Sagrado Corazón de Jesús-”, lo anterior, al
estimar que no se ha señalado que Colpensiones vulnera los derechos
fundamentales de la accionante.
Afirmó que al
margen de la discusión jurídica que se tramita con la comunidad religiosa, la demandante
presenta cotizaciones a pensión respecto a otros empleadores o en calidad de
trabajadora independiente, y a pesar de que nunca ha solicitado el
reconocimiento pensional a esa entidad, procederá a realizar el correspondiente
estudio de la prestación, en aras de garantizar la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. Al efectuar dicho
estudio concluyó lo siguiente:
- La peticionaria
nació el 21 de enero de 1949, por lo que, a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, el 01 de abril de 1994, tenía 45 años y era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de esa ley.
- Para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005, el 25 de julio de 2005, la accionante acreditaba 527,29 semanas cotizadas,
por lo que, en su caso, el régimen de transición solo va hasta el 31 de julio
de 2010.
- Revisada su historia laboral, se observa que la
tutelante cumplió los 55 años el 21 de enero de 2004 y en los 20 años
anteriores a esa fecha, esto es, entre el 21 de enero de 1984 y el 20 de enero
de 2004, solo acreditó 274,73 semanas de cotización, mientras la norma le
exigía mínimo 500. Así mismo, al finalizar el régimen de transición en su caso,
el 31 de julio de 2010, solo alcanzó a cotizar 630,34 semanas, por lo que no es
procedente el reconocimiento de la pensión de vejez a la luz del Decreto 758 de
1990.
- Frente
a la normatividad vigente, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para el año
2005 la accionante no había alcanzado las 1.000 semanas de cotización, aunque
ya tenía los 55 años cumplidos, puesto que solo acreditaba 510 semanas
cotizadas, por lo que actualmente debería tener 1.300 registradas, además de
los 57 años cumplidos, observándose que, aunque cuenta con 71 años, solo
demuestra 1.234,15 semanas, que no permite sostener que haya cumplido los
preceptos legales para acceder a la pensión de vejez.
Con base en lo expuesto, Colpensiones solicitó que se
declarara que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno de la demandante.
3.2. La
Institución Educativa San Agustín –Sede Principal- mediante respuesta de 1° de
julio de 2020, ratificada en escrito de 13 de julio del mismo año, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al estimar que la peticionaria no tenía ningún
vínculo laboral con la sede el Libertador de Popayán cuando ésta empezó a ser
regida por esa Institución, y en caso tal su vinculación la hicieron las Hermanas
Bethlemitas.
Indicó que la “Escuela
Oficial El Libertador de Popayán (hoy Institución Educativa San Agustín Sede El
Libertador), empezó a formar parte de la Institución el día 27 de noviembre del
año 2007 por decreto 00352 del 19 de noviembre del mismo año. Y ha sido
regentada desde entonces por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, quienes
tienen la dirección de la Institución Educativa San Agustín”.
Solicitó la desvinculación
del proceso de la referencia a la sede El Libertador de la Institución
Educativa San Agustín. Sostuvo que debe responder la congregación de las
Hermanas Bethlemitas, puesto que era la que dirigía la sede en las fechas en
que la actora laboró en esa escuela.
3.3. La accionante allegó declaración extra
proceso rendida el 2 de julio de 2020 ante la Notaría Única de Buesaco -Nariño-,
en la cual manifestó, en relación con su situación económica: que no cuenta con
ingresos fijos, que no puede dictar clases de música por el problema de
garganta que presenta y que sus ingresos provenían de la venta de algunas
manualidades y del apoyo brindado por su mamá pensionada, quien le ayudaba a
reunir dinero para que a través del colegio de una tía pudiera seguir cotizando
a salud.
Manifiesta que su madre, quien con su
pensión solventaba sus gastos falleció el 6 de junio de 2020, por lo que
actualmente no cuenta con ingresos, ya que sus hijos tampoco cuentan con las
condiciones económicas suficientes para ayudarla.
Frente a su estado de salud, indicó que no
es bueno, dado que padece laringitis crónica, rinitis, artritis y achaques
propios de su edad.
En cuanto a los periodos de vinculación en
instituciones educativas, manifestó que trabajó 2 años en la Escuela Oficial El
Libertador de Popayán, 1 año en el Colegio Integrado de Piendamó -Cauca-, 2
años en el Colegio Integrado Santacruz de Cachipay -Cundinamarca- y 1 año en el
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga.
Informó que en las certificaciones
allegadas con el escrito de tutela, consta que el Colegio de Cachipay certificó
más de dos años de servicios prestados, ya que para esa fecha, le fue
certificado en un mismo documento el tiempo prestado en los mencionados Colegios
de Popayán y Piendamó. Explicó que en la certificación del Colegio de Cachipay
están certificados a saber: (i) en Popayán, algunos meses del año 1970 y los
años 1971 y 1972; (ii) en Piendamó, el año 1973; y (iii) en Cachipay, los años
1974 y 1975.
Adicionalmente, arrimó memorial en el cual
manifestó que su vinculación fue directamente con las Hermanas Bethlemitas
cuando hizo parte de la Congregación como religiosa y desarrolló labores de
enseñanza en las referidas instituciones. Solicitó que se reconozca para el
cálculo actuarial el tiempo laborado en el Colegio Integrado de Piendamó -Cauca-,
específicamente lo correspondiente al año 1973, en atención a lo manifestado
por esa Institución Educativa.
3.4 La Hermana
Romelia Gómez, en representación de las Hermanas Bethlemitas –Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús-, allegó oficio el 1 de julio de 2020, en el cual
manifestó que tiene conocimiento de que la accionante atendió la vida
espiritual y vocacional en el Colegio Integrado de Piendamó -Cauca- durante el
año 1973, pero que no cuentan con registros documentales de ello.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Análisis de procedencia formal de la acción
de tutela
2. Conforme a la situación fáctica del
asunto, la Sala iniciará por establecer si concurren los requisitos mínimos de
procedencia de la acción de tutela: (i) relevancia constitucional; (ii) legitimación
en la causa por activa; (iii) legitimación en la causa por pasiva; (iv)
inmediatez; y (v) subsidiariedad. Para ello, se reiterarán las reglas
jurisprudenciales en la materia y, con base en ellas, se verificará el
cumplimiento de esas exigencias. De resultar procedente la solicitud de amparo,
la Sala abordará el examen de fondo.
Relevancia constitucional
3. Este presupuesto se cumple cuando se
constata que el asunto a abordar
involucra algún debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce
de un derecho fundamental[20].
4. La
Sala constata que el presente caso tiene relevancia constitucional, por cuanto está inmerso en una controversia iusfundamental por el presunto
desconocimiento de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al
debido proceso administrativo de la accionante, con ocasión de la negativa del
Instituto Hermanas Bethlemitas de tramitar el cálculo
actuarial de los años que laboró como docente. Se trata de un
debate jurídico relacionado directamente con los derechos fundamentales consagrados
en los artículos 48, 53 y 29 Superiores, respectivamente, cuya resolución es de
competencia de la Corte Constitucional.
5. La demandante es un sujeto de especial protección
constitucional, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra, en razón de lo siguiente: (i) su estado de salud, pues padece
laringitis crónica, artritis y rinitis; (ii) su compleja situación económica,
ya que no puede laborar por tales patologías y, por ende, no percibe un salario
o ingresos fijos; y (iii) se trata de una persona de la tercera edad con 71
años, con las limitaciones naturales que ello implica, tanto físicas como
ocupacionales.
6. Dichas circunstancias refuerzan la relevancia
constitucional de este caso, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 13 de la Carta Política, el juez de tutela está habilitado
para resolver la controversia del mismo.
Legitimación en la causa por activa
7. Reiteradamente se ha señalado que: (i) la
acción de tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales que cualquier
persona puede formular “por sí
misma o por quien actúe a su nombre”;
(ii) no se requiere que el titular de los derechos presuntamente vulnerados instaure
directamente el amparo, ya que un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii)
ese tercero debe tener la calidad de: a) representante del titular de los
derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal[21].
8. Para la Sala se cumple esta exigencia, toda
vez que se constató que la actora
por intermedio de apoderada judicial, debidamente facultada por el poder
especial otorgado, acude en procura de sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.
Legitimación en la causa por pasiva
9. Tal como lo dispone el artículo 5 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra: (i) toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya vulnerado, vulnere o amenace
vulnerar cualquier derecho fundamental, y (ii) las acciones u omisiones de los
particulares[22].
Este presupuesto refiere a la aptitud legal y constitucional de la persona
(natural o jurídica) contra quien se dirige la acción, de ser la posiblemente
llamada a responder por la violación o amenaza del derecho fundamental[23].
10. De igual forma la Sala encuentra
reunido este requisito, ya que el
Instituto Hermanas Bethlemitas, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús –Religiosas Bethlemitas de
Bucaramanga-, el Colegio Parroquial Integrado Santa Cruz de Cachipay
-Cundinamarca- y la Escuela
Oficial El Libertador de Popayán (hoy Institución Educativa San Agustín Sede El
Libertador) tendrían aptitud legal y constitucional de ser los
posiblemente llamados a responder por el presunto desconocimiento de los
derechos fundamentales de la actora, en
el entendido que esas instituciones, conforme a la normatividad y la
jurisprudencia sobre la materia, serían las encargadas de tramitar el cálculo actuarial reclamado, puesto que,
fue para éstas instituciones que la tutelante prestó sus servicios como docente.
11. Por su parte, Colpensiones es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada
al Ministerio de Trabajo, encargada de resolver las solicitudes de
reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados y pensionados del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida. La Sala considera que esta
entidad carece de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que no cuenta con la
competencia legal ni funcional de efectuar el cálculo actuarial solicitado, ya
que este procede hasta tanto el empleador omiso realice la solicitud
correspondiente y allegue los documentos para tal fin.
Inmediatez
12. Aquí corresponde verificar cualquiera de estas situaciones: (i) si resulta razonable el tiempo
comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y el día en que se
formuló la acción de tutela[24];
y/o (ii) si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron
los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus
derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo[25].
13. Se ha indicado que la acción de tutela puede ser
interpuesta en cualquier tiempo, ya que no tiene un término de caducidad. Lo
anterior implica que el Juez constitucional no puede rechazarla por el simple
paso del tiempo y se le impone la carga de estudiar el fondo del asunto. Sin
embargo, por la naturaleza propia de esta acción el amparo debe formularse
dentro un plazo razonable, el cual debe evaluarse en cada caso en concreto[26].
14. Aunque la Corte no ha fijado un plazo determinado que se
considere razonable para instaurar la acción de tutela, sí ha establecido en su
jurisprudencia elementos que coadyuvan el ejercicio del juez de tutela para
fijar la razonabilidad del término en el que fue propuesta la acción, a saber:
(i) la existencia de razones válidas para la inactividad; (ii) cuando la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales persiste pese al paso del
tiempo y; (iii) cuando es desproporcionado exigir la interposición de la acción
de tutela en un plazo razonable dada la situación de debilidad manifiesta en
que se encuentre el peticionario[27].
15. En el presente asunto, si bien la demandante formuló la acción de
tutela el 17 de julio de 2019, es decir, 7 meses después de la negativa de la
accionada de tramitar la solicitud del cálculo actuarial, lo cierto es que esta
Corporación, reiteradamente, ha considerado cumplida la exigencia de inmediatez
cuando el caso versa sobre derechos prestacionales, como lo es los aportes a pensión en el
Sistema General de Seguridad Social, dado que ello implica
una afectación continua de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y, por tanto, la acción
de tutela puede formularse en cualquier tiempo mientras perdure la violación[28].
16. En efecto, este Tribunal
ha sido enfático en reconocer con suficiencia el carácter imprescriptible e irrenunciable que tiene
el derecho a la seguridad social y sus derechos prestacionales periódicos, como es el
caso de los aportes a pensión en el Sistema General de Seguridad Social. Al respecto, ha
indicado que: “(…) en virtud de su naturaleza, los derechos prestacionales, como las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, son imprescriptibles. Es
decir, pueden ser reclamados en cualquier tiempo, por lo que se descarta
la posibilidad de que un juez se abstenga de reconocerlos bajo el argumento de
que la acción de tutela resulta improcedente por razones de inmediatez, al no
haber sido instaurada en un término razonable, pues tales derechos
siempre serán actuales.”[29]
17. De igual forma, en la sentencia T-791
de 2013 señaló: “la jurisprudencia constitucional ha ratificado la regla de la
imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social, con
base en lo previsto en el artículo 48 Superior, constituyendo ello una
interpretación, clara, unívoca, constante y uniforme”.
18. Además de la evidente circunstancia de debilidad manifiesta en la que
se sitúa la accionante por su estado de salud, estatus personal de la tercera
edad y condición económica, y teniendo en cuenta que la presunta vulneración a sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital continúa
vigente, pues, a la fecha, persiste la negativa manifiesta por parte de la
demandada de tramitar la solicitud de cálculo actuarial a la cual considera
tener derecho, la Sala considera reunido el requisito de inmediatez, dadas las particularidades
especiales en las que está inmerso este caso.
Subsidiariedad en materia de reconocimiento
de derechos pensionales cuando
el titular del derecho es sujeto de especial protección constitucional
19. La jurisprudencia de este Tribunal en
reiteradas ocasiones ha señalado que la solicitud de amparo es un medio de
protección de carácter residual y subsidiario que puede utilizarse frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de
defensa o, existiendo, no resulte eficaz u oportuno o se requiera acudir al
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[30].
20. Esta Corte ha precisado que existen
eventos en los cuales es posible que el juez de tutela pueda desatar de fondo
controversias relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales,
dependiendo de las circunstancias del caso, toda vez que dicha prestación
podría ser el único sustento que garantice un mínimo vital y una vida digna. Con
ocasión de ello ha establecido que “el amparo constitucional resulta
procedente en aquellos eventos en que existiendo otros mecanismos ordinarios de
protección, estos se tornan ineficaces y carecen de idoneidad para evitar un
perjuicio irremediable, o cuando recae sobre un sujeto de especial protección”[31].
21. Esta Corporación
ha verificado que este presupuesto se cumple en aquellos casos similares,
relacionados con la afiliación a seguridad social de miembros de comunidades
religiosas. Por ejemplo, en la sentencia T-658
de 2013 se indicó: “Existe pues
una vía institucional definida para facilitar la afiliación de los miembros de
las comunidades religiosas al sistema de seguridad social integral, con el fin
de evitar que estos queden desprotegidos frente a las contingencias derivadas
de la vejez, enfermedad o incapacidad. De ahí que en el evento en que dichas
instituciones, en
ejercicio de la autonomía que les es reconocida, optan por no afiliar a sus
integrantes al sistema de seguridad social, se entiende que asumen directamente
la obligación de asumir el cuidado de estos al llegar a la vejez o cuando
enfrentan situaciones de enfermedad o discapacidad, garantizándoles condiciones
de vida digna, a través de los mecanismos de protección y ayuda mutua que las
propias comunidades dispongan para el efecto. Cuando las comunidades se
sustraigan del cumplimiento de este deber, la persona afectada deberá acudir,
en principio, a las instancias de protección previstas en el Derecho Canónico o
en el derecho propio de la respectiva confesión para hacer efectivos los
compromisos de ayuda mutua y protección que sus comunidades han adquirido con
ellos. Cuando tales mecanismos no existen o no son efectivos y la persona se
expone a quedar en situación de indigencia o a sufrir un perjuicio
irremediable, le asiste el derecho fundamental de acudir a la acción de tutela
para reclamar la garantía de sus derechos.”
22. Por otra parte, al
tratarse de un sujeto de especial protección, la Corte ha indicado “que la
categoría de sujeto de especial protección constitucional está conformada por aquellas
personas que debido a su condición física, psicológica o social
particular, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad efectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en este
grupo de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los
adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las
mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas
que se encuentran en extrema pobreza, de tal manera que resultaría
desproporcionado exigirle a este tipo de personas (en una situación de
vulnerabilidad) el agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de
carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen
como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva
sus derechos fundamentales.”[32]
23. Asimismo, en la sentencia T-588 de 2017
señaló: “(…) en aquellos eventos en
los que se busca el reconocimiento de un derecho pensional por vía tutela, el
análisis de procedibilidad formal se flexibiliza cuando se trata de sujetos
de especial protección constitucional, como es el caso de personas de la tercera
edad que se encuentran en situación de pobreza o debilidad manifiesta,
quienes debido a los quebrantos propios de su edad han perdido su capacidad
laboral, quedando imposibilitados para procurarse los medios necesarios
que garanticen sus necesidades básicas y para solicitar el amparo de sus
derechos fundamentales por vías judiciales ordinarias (…).
(…)“la procedencia de la acción de tutela en estos casos,
cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes
reglas: (i) procede como mecanismo transitorio,
cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial
situación del peticionario; (ii) procede la tutela como mecanismo
definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las
controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias
del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la acción de
tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre
otros. El examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a
través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos (…)”.
24. Si bien en este caso la actora cuenta
con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el
reconocimiento y pago de las semanas pendientes de cotización mediante el trámite del cálculo actuarial que considera tener derecho, este
medio, aunque es idóneo, en la medida en que ha sido previsto como herramienta
judicial para cuestionar la negativa de una prestación de dicha naturaleza, no
resulta eficaz debido a que, la demora en la que podría verse abocado esta
clase de proceso generaría una afectación prolongada de sus derechos
fundamentales.
25. Cuando se trata de la competencia para dirimir
asuntos entre religiosos y sus congregaciones, particularmente lo señalado por
el Instituto de las Hermanas Bethlemitas de que la actora cuenta con un trámite
para dirimir las
controversias entre la iglesia y sus miembros, esto es, los Tribunales
Eclesiásticos, es pertinente aclarar, tal
como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional que la acción de tutela
procede contra las actuaciones de las autoridades eclesiásticas cuando estas
vulneren derechos fundamentales.
En tal sentido se señaló en la sentencia T-449 de
2018, lo siguiente: “Esta Corte ha
reconocido que la acción de tutela puede proceder eventualmente en contra de
las actuaciones de las autoridades eclesiásticas, ante la materialización de
irregularidades que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. En
ese sentido, en relación con la procedencia de la acción de tutela al interior
de trámites judiciales propios de las autoridades religiosas, esta Corte, en
Sentencia T-285 de 1994, indicó que: Sólo sería procedente la acción de tutela contra una actuación
judicial que negara el derecho y los propios contenidos doctrinarios o
confesionales en que se inspira la respectiva religión, es decir, una expresión
del no derecho o vía de hecho, como lo ha denominado la Corporación en
jurisprudencia reiterada(…). Ahora bien, se
considera pertinente resaltar que, como se expresó líneas atrás, en virtud de
la especial autonomía con la que cuentan las autoridades eclesiásticas, no
basta con la simple confrontación entre derechos o que se afirme un presunto
desconocimiento de estos para que resulte admisible la intromisión del juez
constitucional sobre asuntos que en principio competen exclusivamente a estas
autoridades, pues para ello es necesario que la conducta reprochada, una vez
ponderados los derechos en discusión, termine por afectar los derechos
fundamentales de los fieles del culto”.(Negrilla fuera del texto).
26. En razón a que la peticionaria
es un sujeto de especial protección constitucional, dadas las particulares condiciones
que la atañen, tales como su avanzada edad, su estado de salud y la difícil
situación económica que actualmente afronta, es irrazonable y desproporcionado someterla
a un litigio ordinario teniendo en cuenta la tardanza y complejidad que este
tipo de proceso implica, por tanto, la Sala considera que la acción de tutela
es el mecanismo definitivo para desatar la presente controversia iusfundamental.
Problema jurídico a resolver
27. De conformidad con
las circunstancias fácticas del caso, corresponde a la Sala Novena de Revisión establecer si el
Instituto Hermanas Bethlemitas –Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido
proceso administrativo de
Irma del Socorro Sanzón Guerrero, al
negarse a tramitar el cálculo
actuarial -por omisión de afiliación- de los 10 años que estuvo vinculada a la
comunidad religiosa y laboró en algunos Colegios de esa congregación, bajo el argumento de que su vinculación
era de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de apostolado y
evangelización que no generaba la obligación de efectuar aportes pensionales.
28. Con la finalidad de
resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá (i) al marco
jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los miembros de comunidades religiosas y congregaciones;
(ii) a los fundamentos constitucionales para
el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para regir sus asuntos internos y definir las relaciones con sus
miembros. Límites constitucionales de dicha autonomía; y (iii) la protección del derecho
fundamental al debido proceso administrativo en materia de reconocimiento de
derechos pensionales. Con
base en ello, se solucionará el caso concreto.
Marco
jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los miembros de comunidades religiosas y congregaciones. Reiteración de
jurisprudencia[33]
29. Las personas que deciden consagrar su vida al
servicio y vocación religiosa, lo hacen sin esperar a cambio contraprestación
alguna, pues dicho acto obedece a la voluntad de ayuda y caridad, ofreciendo
voluntariamente su trabajo, muchas veces ligado a votos de humildad y pobreza.
No obstante, estas personas requieren que se les garantice amparo y protección
para no quedar expuestas e indefensas, sobre todo al llegar a la vejez, puesto
que, al desprenderse de sus bienes materiales, puede que eventualmente queden
desprotegidos. Ante esta circunstancia, algunos sistemas jurídicos han optado
por establecer en sus legislaciones normativa que facilite a las comunidades el
cumplimiento de sus deberes de reciprocidad, solidaridad y ayuda para con sus
integrantes y adicionalmente han establecido la afiliación obligatoria al
sistema de seguridad social.
30. En el caso de la legislación Colombiana, se expidió
el Decreto 1650 de 1977 “Por el cual
se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales
obligatorios, y se dictan otras disposiciones.”, en el cual se señaló que también podrían ser
afiliados los trabajadores independientes
o autónomos. Luego en el año de 1987 se profirió el Decreto 2419, el cual amplió
la cobertura de los Seguros Sociales Obligatorios a los sacerdotes diocesanos y
a los miembros de las comunidades religiosas de la Iglesia Católica. En el
mismo se estableció que: “la afiliación por este régimen de
excepción tenía carácter facultativo y debía realizarse por medio de las comunidades religiosas o de la
persona jurídica de derecho eclesiástico a la cual se encuentre vinculado el
sacerdote o religioso respectivo, la cual haría las veces de patrono para los
efectos relativos a la afiliación, pago de aportes, informe de novedades y
similares”.[34]
31. Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de
1993, en la cual se estableció el sistema general de seguridad social integral,
regulada a través del Decreto 3615 de 2005, se definió en su artículo 13[35]
que aquellas
personas que profesan una determinada religión se asemejan a trabajadores
independientes, por lo que es deber de las entidades, asociaciones y/o gremios
a los cuales pertenecen, cotizar a pensión y a seguridad social[36]. Luego de las modificaciones introducidas por los
Decretos 2313 de 2006 y 692 de 2010, este artículo conserva su vigencia.
32. Si bien bajo el Decreto 3615 de 2005 es claro que
los miembros de las comunidades religiosas deben afiliarse al Sistema de
Seguridad Social como trabajadores independientes, esta obligación legal no era
clara para la época en que la accionante trabajó en la comunidad accionada,
esto es, entre los años 1970 y 1976, pues no había una norma que consagrara tal
deber. Por tanto, surge el interrogante de si es posible aplicar
retroactivamente estas normas y la propia Constitución Política de 1991 que establece
el derecho fundamental a la seguridad social a una situación que aconteció en un
momento en que no habían sido expedidos tales cuerpos normativos.
33. Al respecto, se ha precisado que, “si bien es
cierto que la situación que ha dado origen al presente proceso, así como las
normas vigentes en el momento de la ocurrencia de los hechos del mismo, eran
anteriores a la expedición de la Constitución de 1991, ello no implica que las
normas y principios consagrados en la misma no sean aplicables al caso concreto.
(…) De lo anterior se desprende que, la Corte Constitucional ha establecido que
a partir de la expedición de la Constitución de 1991, las normas anteriores a
la misma conservarán su vigencia sí y solo sí no son contrarias a lo que ésta
dispone. En caso de ser contradictorias tendrán que ajustarse a la nueva
Constitución o desaparecer del universo jurídico.”[37]
34. Por otra parte, no es la primera vez que en
materia de derechos pensionales la Corte extiende la protección de la
Constitución de 1991 y las leyes posteriores a situaciones acaecidas antes de
la entrada en vigencia de la Constitución, tales han sido los casos, a modo de ejemplo,
los relacionados con la indexación de la primera mesada.
35. Sobre este punto vale la pena traer a colación la sentencia
51272 del 21 de junio de 2017 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en la que, al analizar un caso similar al presente,
determinó que la comunidad religiosa demandada tenía la obligación de realizar
aportes al sistema pensional a favor del demandante, quien perteneció a dicha
comunidad religiosa y trabajó en ella, pero solo desde la fecha que entró en
vigencia el Decreto 3615 de 2005.
36. Queda claro entonces que, actualmente,
y en virtud del principio de supremacía de la Constitución de 1991, existen
disposiciones normativas que facilitan la afiliación de los miembros de las
comunidades religiosas, esto, como garantía de protección de su derecho a la
seguridad social en procura de que los religiosos puedan afrontar vicisitudes
tales como la vejez, la enfermedad o la muerte, sin riesgo de quedar desamparados.
37. En tal sentido, en la sentencia T-441 de 2006,
al resolver una tutela formulada por un grupo de religiosas que fue
excluida por la Alcaldía de Manizales del registro del Sisbén y, en
consecuencia, del régimen subsidiado de salud la Corte consideró que la
administración no había actuado de forma irregular al excluirlas de este
beneficio, por cuanto no reunían los requisitos para ser clasificadas dentro de
alguno de los grupos de población vulnerable hacia los cuales se focaliza el
acceso al sistema de salud a través del régimen subsidiado. En esa ocasión, la
Corte sostuvo que “(l)as demandantes, en su condición de religiosas
católicas dedicadas a actividades de culto, tienen a su disposición las vías
institucionales previstas en el Decreto 3615 de 2005 para acceder al sistema
general de seguridad en salud a través del régimen contributivo y bajo la
figura de los cotizantes independientes colectivos. De esta forma, para el
asunto bajo estudio resultan protegidos tanto el derecho a obtener atención en
salud como el principio de universalidad propio de la seguridad social, por lo
que no procede el amparo constitucional solicitado por las demandantes”.
38. En la sentencia T-658 de 2013, la Corte analizó
el caso de una religiosa que interpuso acción de
tutela contra el Monasterio Santa Clara de Copacabana, en la que solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital,
toda vez que la comunidad religiosa desconoció postulados constitucionales al
no reintegrarla al monasterio, luego de que trascurridos cuatro años de su
retiro del monasterio, le dijeran que no podía volver porque había desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. Aquí, se trataba de una persona de 65 años
de edad, que, como miembro de la comunidad desarrolló labores domésticas y de
recolección de donaciones para la institución y labores de huerta y otros
trabajos encomendados por sus superioras. Además, padecía diversos quebrantos
de salud, atravesaba una difícil situación económica, pues por su dedicación a
la vida religiosa nunca efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social, lo
que le impidió acceder a una pensión de vejez con la cual sufragar sus
necesidades básicas.
39. Para resolver las
pretensiones incoadas en la acción de tutela, la sala se cuestionó si la
comunidad religiosa obró en contra del principio constitucional de solidaridad
y vulneró los derechos a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso de
una de sus integrantes, cuando se negó a readmitirla en el claustro y adelantó
sin su conocimiento un proceso de expulsión de la comunidad, bajo el argumento
de que ésta ha desconocido sus votos de pobreza y obediencia, sin considerar
que: (i) se trata de una persona que ha permanecido durante más de 42 años
integrada a la comunidad; (ii) padece diversos quebrantos de salud propios de
su avanzada edad y que, (iii) debido a su consagración a la vida religiosa, no
efectuó aportes al sistema de seguridad social que le permitieran contar con
una pensión que garantice condiciones de vida digna durante su vejez.
40. La Corte estimó que
una de las expresiones específicas del principio de solidaridad es el deber de
protección y asistencia a las personas de la tercera edad, el cual vincula al
Estado, obligado a diseñar y velar por el adecuado funcionamiento de un sistema
de seguridad social que asegure a todas las personas la posibilidad de contar
con protección suficiente frente a las contingencias derivadas de la enfermedad
o de la pérdida de capacidad laboral que acompaña a la vejez. Este deber se
proyecta además sobre los particulares, quienes, por regla general, están
obligados a efectuar los aportes necesarios para el funcionamiento del sistema
de seguridad social; adicionalmente, están llamados a contribuir de manera
directa al sostenimiento, protección y cuidado de sus parientes mayores, cuando
estos no puedan valerse por sí mismos. Asimismo, indicó que el ordenamiento
jurídico colombiano establece los mecanismos válidos para efectuar la
afiliación de los miembros de las comunidades religiosas al sistema de
seguridad social integral, protegiéndolos así de los albures propios de la
vejez, enfermedad o incapacidad.
Esa vez, esta
Corporación tuteló los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas,
al mínimo vital y al debido proceso de la accionante.
41. Resulta pertinente
traer a colación las sentencias SU-540
de 2007 y SU-189 de 2012 en las cuales, si bien se analizaron casos
semejantes al presente, lo cierto es que esos fallos no constituyen precedentes
que deban seguirse para resolver el caso objeto de examen, tal como pasaremos a
explicar.
42. En la sentencia SU-540 de 2007 se estudió
la tutela formulada por un sacerdote que, inicialmente, demandó a la
Universidad Santo Tomás por el reconocimiento de sus derechos pensionales. La
demanda ordinaria laboral fue resuelta en primera instancia a favor del
accionante, pero revocada en segunda instancia, la cual fue confirmada por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esa vez, la tutela se
dirigió contra la sentencia de casación que negó las pretensiones del
accionante con el argumento de que la relación con la comunidad religiosa no se
regía por las normas del derecho laboral y de la seguridad social, sino por el
derecho canónico.
Al respecto, se ha señalado que “la decisión de la
Corte Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007 no fue indicar cuál era la
respuesta correcta, desde la Constitución y el derecho laboral, al problema
jurídico planteado por la demanda interpuesta por el sacerdote accionante
contra la Universidad Santo Tomás. La decisión de aquella sentencia fue la de
indicar que la respuesta final que se había dado en el caso analizado (la misma
que había dado el juez en primera instancia y que había sido desvirtuada por el
Tribunal Superior en segunda instancia), no era irrazonable o arbitraria. Pero,
obviamente, concluir que la posición esgrimida por la Corte Suprema y el juez
de instancia no era violatoria del derecho al debido proceso no implica de
forma alguna, que respuestas diferentes o diversas, como la dada por el
Tribunal Superior, fueran contrarias al derecho al debido proceso. Para arribar
a tal conclusión sería necesario demostrar que la decisión alternativa es
arbitraria o irrazonable.
..., la sentencia SU-540 de 2007 consideró que la
respuesta judicial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no era
arbitraria o irrazonable y que, por tanto, no violaba el derecho al debido
proceso. No se decidió que aquella respuesta es la única correcta o la más
ajustada a la aplicación integral del orden constitucional vigente.”[38]
(Negrilla fuera del texto).
43. Y en la sentencia SU-189 de 2012 se
resolvió la tutela instaurada por una persona que durante su juventud fue
miembro de una orden religiosa, de la que se había retirado hace varias
décadas. Señaló el actor que toda su vida trabajó como docente y al momento de
solicitar su pensión de vejez, le fue negada porque no reunía el número
suficiente de semanas cotizadas, debido a que durante los primeros 10 años de
labores al servicio de la comunidad religiosa a la que pertenecía, esta no
efectuó cotizaciones. A raíz de esa negativa, el accionante formuló tutela
contra de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto de Seguros
Sociales. En ese caso, la Corte concluyó que el peticionario no reunía el
número de semanas exigido para obtener la pensión de vejez que solicitaba, pues
los años que prestó sus servicios a la comunidad religiosa no podían computarse
como tiempo de cotización, dado que no se enmarcaron en una relación laboral
regida por un contrato de trabajo. Sin embargo, amparó los derechos
fundamentales del accionante y ordenó el reconocimiento de la pensión
subsidiaria de retiro por vejez, que en su caso era aplicable por pertenecer al
régimen del Magisterio.
Si bien la Corte en ese caso no sumó los tiempos de
cotización durante el tiempo que el accionante prestó sus servicios a la
comunidad religiosa porque no existió una relación laboral, tal como se indicó
en el fallo T-658 de 2013, esa decisión no puede considerarse precedente porque
“la Corte no efectuó ninguna consideración sobre la tensión entre el
reconocimiento de la autonomía de las comunidades religiosas para definir las
relaciones con sus miembros y la garantía del mínimo vital de estos. Y no lo
hizo por dos razones: en primer lugar, porque la tutela no se dirigía contra la
comunidad religiosa a la que perteneció el accionante, razón por la cual el
examen de esta tensión no constituía un aspecto central de la decisión; en
segundo lugar, porque para el caso concreto no era necesario, al considerar que
existía un medio alternativo para tutelar el derecho al mínimo vital del
accionante sin comprometer aquella autonomía.”[39]
Fundamentos constitucionales para
el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para regir sus asuntos internos y con sus miembros. Límites
constitucionales de dicha autonomía. Reiteración de jurisprudencia
44. Con la promulgación de la
Constitución Política de 1991 se estatuyó el carácter laico del Estado
Colombiano y por ende se establece su separación respecto de las iglesias,
esto, en atención al criterio
pluralista que se garantiza y se promueve para la sociedad a partir de los
principios de igualdad, libertad y convivencia del Estado Social de Derecho. Como
presupuesto de lo anterior, se dispuso en el artículo 19 Superior que “Se
garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
45. En la sentencia C-1175 de 2004,
esta Corporación definió los principios que orientan la relación entre el
Estado y las Iglesias, así:
“(i) separación entre Estado e Iglesias de acuerdo con
el establecimiento de la laicidad del primero (C-088/94 y C-350/94), (ii)
prohibición de injerencia alguna obligatoria, que privilegie a la religión
católica o a otras religiones en materia de educación (C-027/93), (iii)
renuncia al sentido religioso del orden social y definición de éste como orden
público en el marco de un Estado Social de Derecho (C-088/94 y C-224/94), (iv)
determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como asuntos de
derechos constitucionales fundamentales (C-088/94), (v) prohibición jurídica de
injerencia mutua entre Estado e Iglesias (C-350/94), (vi) eliminación normativa
de la implantación de la religión católica como elemento esencial del orden
social (C-350/94) y (vii) establecimiento de un test que evalúa si las
regulaciones en materia religiosa están acordes con los principios de
pluralidad y laicidad del Estado colombiano (C-152/2003)”[40]
46. Ahora bien, partiendo del principio de libertad de cultos, el
Estado ha reconocido a las iglesias un
amplio margen de autonomía para definir
su organización, su orden interno y las normas que rigen las relaciones con sus
miembros, tal como ha sido establecido en la Ley 133 de 1994 “Por la cual se
desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política”. No obstante, se han impuesto límites al ejercicio de
esta autonomía, como lo ha indicado este alto Tribunal al señalar que
exclusivamente frente a las acciones de orden espiritual y profesión religiosa
se goza de libertad y autonomía, sin olvidar que el ejercicio de este derecho
debe darse sobre presupuestos de respeto a los derechos fundamentales de las
personas, el orden social justo y el cumplimiento de los fines del Estado[41].
47. Tratándose de los límites a la
autonomía religiosa en sus relaciones internas, particularmente frente a los
conflictos que surgen entre las comunidades religiosas y sus propios miembros,
que es el asunto que nos ocupa, la Corte ha emitido pronunciamientos en la
medida en que dicha autonomía se confronte y pueda violentar derechos fundamentales
de los religiosos, particularmente la protección al derecho al trabajo y la
garantía de la seguridad social. Al respecto señaló en extenso:
“Por
virtud de los mandatos constitucionales que amparan la libertad de conciencia y
credo, las autoridades estatales deben entonces respetar las reglas propias de
las organizaciones religiosas y garantizar ‘los compromisos’ que surjan entre
aquellas y sus miembros o adherentes. Dichas relaciones, como sucede en el caso
de la religión católica, se plasman en la profesión de votos solemnes (…) de
pobreza, obediencia y castidad, que llevan, particularmente los dos primeros, a
que voluntaria y espontáneamente dichos miembros o adherentes renuncien a
ingresos destinados a su propio y personal enriquecimiento y que desempeñen las
labores que les sean encomendadas mediante órdenes del correspondiente superior
religioso, competente conforme a las reglas del Derecho Canónico (…).
Ahora bien, aceptada la no sustitución de las reglas
constitucionales de protección al trabajo, sí es necesario determinar la
armonización con esos estatutos especiales a los cuales acceden las personas
por su propia voluntad en ejercicio de la libertad de conciencia, religión y de
su autonomía personal.
En ese orden de ideas, en consonancia con los mandatos
constitucionales que plasman, a su vez, acuerdos celebrados por el Estado
Colombiano en el marco más amplio de sus relaciones internacionales (O.I.T. por
ejemplo) debe velarse por la protección del trabajo personal de los habitantes
del Estado y por ello los Estados resultan obligados a garantizar que no haya
tratos discriminatorios, ni aberrantes, etc. (Negrilla fuera del texto)
Cabe recordar, como se expresa en las constituciones y
ordenaciones de la Orden de Predicadores, cuya aplicación recibe el Estado
Colombiano por virtud del Acuerdo Concordatario, que en contrapartida de los
compromisos que asumen las personas, la Orden, congregación o instituto a su
turno, adquiere el de velar por la subsistencia de aquellas, propiciándoles un
estar acorde con su dignidad personal, la cual es otorgada a través de la
institución concreta a la cual estén asignados. (Negrilla fuera del texto)
Entonces se ha de indicar que en desarrollo y con
respeto de dichos compromisos mutuos y recíprocos y en la medida que ellos se
cumplan no cabría acción del Estado, pues se hallaría garantizados el derecho
inalienable de la persona a la existencia en condiciones de “vida digna”
que los miembros de la Orden aceptan, se repite, por su propia y espontánea
voluntad, en desarrollo de sus convicciones religiosas y de actitud ante la
sociedad. (Subrayas añadidas).
Va de suyo que los compromisos surgidos de la
vinculación y adhesión a una determinada orden, congregación o instituto
religioso no pueden resultar atentatorios de la dignidad humana y por ello
siempre se han de preservar condiciones que garanticen condiciones de
existencia y subsistencia dignas que deben, en todo caso, ser provistas por la
respectiva orden, comunidad o instituto religioso como contrapartida de lo que
voluntariamente las personas a ellas vinculadas en virtud de votos canónicos
aportan para el sostenimiento de las mismas” (Subrayas añadidas).”[42]
48. Es preciso reiterar y enfatizar que, aunque las
comunidades y órdenes religiosas gozan de un amplio margen de autonomía para
regir sus asuntos internos y eventualmente desatar las situaciones que puedan propiciarse
con sus miembros, existe un límite constitucional a dicha autonomía, ya que,
estos entes religiosos deben procurar que en todo caso siempre se respete y
garantice condiciones dignas para los religiosos que optan por consagrar su
vida voluntariamente a actos benévolos y de caridad. De lo contrario, se hace
necesaria la intervención del Estado, con el fin de salvaguardar los derechos
fundamentales de todos sus asociados. “La garantía de que tales compromisos
no priven a las personas que optan por la vida religiosa de las posibilidades
de asegurar una existencia digna durante toda su vida, en particular en
situaciones de vejez o enfermedad, se erige así en un claro límite
constitucional a la autonomía de las comunidades religiosas para definir las
relaciones con sus integrantes”[43].
La protección del derecho fundamental al debido proceso
administrativo en materia de reconocimiento de derechos pensionales
49. En el
artículo 29 Superior se consagró el derecho fundamental al debido proceso, el
cual abarca indistintamente la actividad judicial y administrativa. En este
derecho vienen inmersas garantías sustanciales y procesales, tales como
contradicción, defensa e imparcialidad, entre otras. El hecho de que sea
considerado como derecho fundamental, implica su protección eventualmente a través de
la acción de tutela cuando se encuentre amenazado o sea vulnerado por parte de
una autoridad pública o de un particular.[44]
50. Se ha entendido el debido proceso administrativo como“(…) la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las
garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que
ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados
por la ley”.[45] Así las
cosas, la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo
la observancia del principio de legalidad, conforme el cual toda competencia
ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente dispuesta por la
ley.
51. Respecto de la violación del debido proceso administrativo en
materia de reconocimiento de derechos pensionales, la Corte Constitucional ha
señalado que su vulneración puede repercutir en la violación de otros derechos
fundamentales, tales como el mínimo vital o la seguridad social. Ha indicado: “los procesos
administrativos en materia de seguridad social exigen a quienes los administran
una especial atención en la resolución de solicitudes con base en información
fidedigna, con base en los hechos sobre los cuales se solicita el
reconocimiento del derecho pensional, tales como la existencia de periodos
cotizados no registrados en el expediente pensional, la inexactitud o
actualización de ésta. La omisión total o parcial de ésas circunstancias incide
negativamente contra el debido proceso, cuyo desconocimiento puede redundar
contra otros derechos, como el mínimo vital o el derecho a la seguridad social”.[46]
52. Frente al debido proceso en materia pensional, en la referida sentencia
se concluyó que
“(i) el administrado es sujeto de protección constitucional contra los actos
arbitrarios o contrarios al principio de legalidad que se producen en
desconocimiento del debido proceso; (ii) el respeto de los derechos
fundamentales por parte de la administración en la resolución de una petición
pensional involucra una mayor diligencia y cuidado por parte de la entidad
administradora; (iii) es incongruente la decisión proferida con información
inexacta, máxime si el afiliado manifiesta la existencia de un yerro en la
historia pensional solicita su actualización y la entidad no corrige o verifica
dicha situación fáctica, (iv) los efectos adversos de la mora patronal y de la
falta de diligencia en el cobro por parte de la AFP, no pueden ser trasladados
al afiliado, máxime cuando la omisión impide la consolidación del derecho
pensional[47]”. (Negrilla no incluida
en el texto).
53. De lo
expuesto es pertinente concluir que la observancia del derecho fundamental al
debido proceso administrativo en el ámbito del reconocimiento de prestaciones
pensionales, constituye una garantía sustancial y procedimental para los
asociados. El apego a los preceptos que demanda este derecho, asegura la
concreción del principio de legalidad, ya que se fijan límites entre
el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa,
esta última que, de presentarse podría afectar otros derechos
fundamentales, como el mínimo vital y la seguridad social, lo cual daría lugar
a la procedencia material de la acción de tutela para procurar la salvaguardia
de tales derechos fundamentales.
Caso concreto
54. La señora Irma del
Socorro Sanzón Guerrero, mediante apoderada judicial, formuló acción de tutela
contra el Instituto de las Hermanas Bethlemitas
-Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- y Colpensiones, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales invocados, ante la negativa de tramitar el cálculo actuarial de los años que laboró como
docente y el reconocimiento del bono pensional por los 10 años que perteneció a
esa comunidad religiosa.
55. El mencionado Instituto se opuso a
las pretensiones de la demanda, al estimar que la accionante se vinculó a esa
congregación de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de
apostolado y evangelización que no generan vinculación que obligue a esa comunidad
efectuar los presuntos aportes pretendidos.
56. En primera instancia, el Juzgado
Primero de Familia de Bucaramanga amparó el derecho al debido proceso
administrativo de la peticionaria. Impugnada la decisión, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Civil Familia- la revocó y, en su
lugar, declaró improcedente el amparo solicitado.
57. Examinada la anterior situación
fáctica a la luz de las consideraciones expuestas en precedencia y del material
probatorio obrante en el expediente, la Sala observa que el Instituto Hermanas
Bethlemitas –Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso
administrativo de Irma del Socorro Sanzón Guerrero, al negarse a tramitar el
cálculo actuarial -por omisión de afiliación- de los 10 años que estuvo
vinculada y laboró en algunos Colegios de esa comunidad religiosa.
58. En efecto, de las pruebas
allegadas por la accionante, específicamente de las certificaciones de
servicios expedidas por los colegios que pertenecen o pertenecieron al
Instituto accionado, se evidencia que efectivamente la tutelante prestó sus
servicios como docente entre los años 1970 a 1976, en virtud de las labores
encomendadas por esa congregación religiosa, con ocasión de su vinculación al
apostolado voluntario durante 10 años.
59. Dichas certificaciones no fueron
objetadas ni rechazadas por la accionada, de hecho, ésta reconoció que la demandante
estuvo vinculada a esa comunidad, lo cual refuerza la certeza y validez de la
información certificada. Además, debe recordarse que la actitud procesal
asumida por la accionada frente a este elemento probatorio nunca ha sido
restarle validez, pues su defensa siempre se ha centrado en que, pese a que la
actora estuvo vinculada a ese instituto por un periodo de 10 años y ejerció
actividades propias de su apostolado, no hay lugar al cálculo actuarial por
cuanto la actividad desplegada por la reclamante obedece a las cargas propias
de la actividad religiosa, libre, voluntaria y sin contraprestación.
60. Al respecto, se advierte que obran
pruebas que dan cuenta que la accionante prestó sus servicios como profesora de
tiempo completo durante los siguientes años:
(i) 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
y 1975, expedida por el Colegio Integrado Santa Cruz de Cachipay –Cundinamarca-
el 16 de julio de 1976[48].
(ii) 1976 expedida por el
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Religiosas Bethlemitas de Bucaramanga, el
19 de diciembre de 1977[49].
(iii) Declaración extra juicio
en la cual la tutelante señaló que también ejerció como profesora por virtud de
la designación efectuada por la congregación en la Escuela oficial El
Libertador de Popayán (2 años) y el Colegio Integrado de Piendamó -Cauca- (1
año). Además del periodo durante el cual la peticionaria estuvo vinculada a la
congregación haciendo su apostolado, noviciado y juniorado. Frente a dicha
declaración, tampoco se presentó objeción, por lo que se presume su veracidad[50].
61. Para la Sala no es de recibo que la comunidad
religiosa se niegue a tramitar lo correspondiente al cálculo actuarial bajo el
argumento de que la vinculación de la actora era de manera libre con votos
perpetuos a adelantar servicios de apostolado y evangelización que no generaba
la obligación de efectuar aportes pensionales. Lo anterior, en la medida en que es diáfano el
entendimiento de que aquellas personas que profesan una determinada religión se
asemejan a trabajadores independientes, por lo que es deber de las entidades,
asociaciones y/o gremios a los cuales pertenecen, cotizar a pensión y a
seguridad social.
62. De igual manera, faltó la
congregación religiosa a sus deberes de solidaridad con la ex religiosa, ya
que, este principio en sus manifestaciones le impone el deber de protección y
asistencia, con el agravante de que se trata de una persona de la tercera edad,
lo cual le atribuye la imperiosa carga de de velar por que se garantice la posibilidad de contar con protección
suficiente frente a las contingencias derivadas de la enfermedad o de la
pérdida de capacidad laboral propias de la vejez, máxime, en tratándose de una
ex integrante de la comunidad religiosa que consagró diez años a su servicio,
bajo sus mandatos e instrucciones, de manera voluntaria y bajo los votos de humildad
y desapego de lo terrenal y material.
63. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, que se recoge
en esta decisión, en el evento en que las
congregaciones religiosas, en ejercicio de la autonomía que les es reconocida,
optan por no afiliar a sus integrantes al sistema de seguridad social, se
entiende que asumen directamente la obligación del cuidado de éstos al llegar a
la vejez o cuando enfrentan situaciones de enfermedad o discapacidad,
garantizándoles condiciones de vida digna, a través de los mecanismos de protección
y ayuda mutua que las propias comunidades dispongan para el efecto. Este aspecto resulta relevante en el presente caso
porque, de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente, puede
concluirse que el Instituto
Hermanas Bethlemitas, a pesar de no haber afiliado a la accionante a la
seguridad social, tampoco ha garantizado su cuidado, teniendo en cuenta que es
una persona de la tercera edad.
64. Así se indicado en el entendido que, “cuando
un individuo hace parte de una comunidad religiosa, sobre todo en aquellas que
conforman la Iglesia Católica, los compromisos que se hacen no son unilaterales
sino bilaterales. El individuo hace sus votos de pobreza, obediencia y
castidad, se compromete a no poseer bienes materiales y a entregar todo aquello
que reciba a la comunidad a la que pertenece; por su parte, la comunidad
religiosa a su vez, se compromete a velar por las personas a ella adscritas,
por su salud y su bienestar, sobre todo en aquellos momentos en que necesiten
ayuda, por ejemplo ante la vejez o la enfermedad. (…)
Se trata de un compromiso recíproco que
implica que la persona miembro de la comunidad religiosa tiene la certeza de
que en su vejez no estará desamparada, pese a no tener bienes materiales ni
dinero alguno, sino que la comunidad velará por él y cubrirá sus necesidades.
Lo anterior es normal porque, tal y como lo ha dicho la jurisprudencia, los
compromisos surgidos de la vinculación a una orden o instituto religioso no
pueden atentar contra la dignidad humana, razón por la cual la entidad debe
siempre ofrecer condiciones que garanticen la existencia y subsistencia digna
de los miembros de dichas entidades, como contrapartida de lo que
voluntariamente las personas a ellas vinculadas aportan para el sostenimiento
de las mismas.
De no ser así, solo la comunidad religiosa
como tal se vería beneficiada y al Estado le quedaría el problema social
representado por una serie de personas desamparadas.”[51]
65. Sobre el particular, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que “resulta contrario al principio de
solidaridad que aquellas congregaciones religiosas que, en ejercicio de su
autonomía, optaron por no afiliar a sus miembros al sistema de seguridad
social, luego aspiren a que el erario público cubra los costos que implica la
cobertura de las contingencias de vejez, enfermedad o discapacidad de sus
integrantes cuando, por otra parte, se beneficiaron de las contribuciones que
estos prestaron como miembros activos de la comunidad y no dispusieron lo
necesario para que estos realizaran sus aportes a la seguridad social.”[52]
66. Adicionalmente, la comunidad religiosa de
igual forma viola el derecho al debido proceso administrativo de la accionante,
al sustraerse de las obligaciones legales que le corresponden.
67. Para esta Sala es claro, y se encuentra debidamente acreditado
en el material probatorio que obra en el expediente, que la accionante demostró
que existe un período de 10 años respecto de los cuales no se efectúo su
afiliación en el fondo de pensiones y, por ende, no se realizaron los respectivos
aportes pensionales, pese a que la demandante requirió a la comunidad religiosa
demandada para tales efectos, en atención a lo establecido en la correspondiente
normatividad y en la jurisprudencia constitucional.
68. Es pertinente precisar que no se
trata de interferir en los asuntos regulados por las constituciones y estatutos
internos de la congregación demandada, sino del imperativo análisis que le
confiere la Constitución al juez de tutela frente a la vulneración de los
derechos fundamentales de una ex integrante de esa congregación. Esta
conclusión se relieva ante la necesidad de concertar la autonomía de la cual
están provistas las órdenes religiosas para definir sus asuntos internos y las
relaciones con sus religiosos, con la obligación que tiene el Estado de
procurar la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad y de
paso, como resulta ser en este asunto, la protección de sus derechos
fundamentales, particularmente los derechos a la seguridad social, al mínimo
vital y al debido proceso administrativo de la actora.
69. En consecuencia, se revocará la
decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
-Sala Civil Familia-, el 31 de octubre de 2019,
que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, se confirmará la
sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, el 23
de septiembre de 2019, que concedió la protección del derecho fundamental al
debido proceso administrativo de la accionante; adicionándola en el sentido de
amparar los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de
la demandante.
Síntesis de la
decisión
70. La señora Irma del Socorro Sanzón
Guerrero, mediante apoderada judicial, formuló acción de tutela contra el
Instituto de las Hermanas Bethlemitas -Provincia del Sagrado Corazón de Jesús-
y Colpensiones, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la seguridad
social, entre otros, ante la negativa de tramitar el cálculo actuarial de los 10
años que laboró como docente en esa comunidad religiosa.
71. El Instituto religioso se opuso a
las pretensiones de la demanda, al estimar que la accionante se vinculó a esa
congregación de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de
apostolado y evangelización que no generan vinculación que obligue a esa
comunidad efectuar los presuntos aportes pretendidos.
72. En primera instancia, el Juzgado
Primero de Familia de Bucaramanga amparó el derecho al debido proceso
administrativo de la peticionaria. Impugnada la decisión, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Civil Familia- la revocó y, en su
lugar, declaró improcedente el amparo solicitado.
73. La Corte Constitucional primero encuentra reunidos los
requisitos mínimos de procedencia formal de la acción de tutela: (i) relevancia
constitucional; (ii) legitimación en la causa por activa; (iii) legitimación en
la causa por pasiva; (iv) inmediatez; y (v) subsidiariedad.
74. Luego
la Corte se ocupa por establecer si el Instituto Hermanas Bethlemitas –Provincia del Sagrado
Corazón de Jesús- vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y al debido proceso administrativo de la demandante, al negarse a
tramitar el cálculo actuarial -por omisión de afiliación- de los años que
laboró en algunos Colegios de esa comunidad religiosa, bajo el argumento de que
su vinculación era de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de
apostolado y evangelización que no generaba la obligación de efectuar aportes
pensionales.
75. A fin de resolver
ese problema jurídico, esta Corporación reitera lo relacionado con: (i) al marco
jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los miembros de comunidades religiosas y congregaciones; (ii) los fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para
regir sus asuntos internos y definir las
relaciones con sus miembros. Límites constitucionales de dicha autonomía; y (iii) la protección del derecho
fundamental al debido proceso administrativo en materia de reconocimiento de
derechos pensionales.
76. Efectuado lo anterior, este
Tribunal encuentra vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social,
al mínimo vital y al debido proceso administrativo de la accionante, toda vez
que, con base en el material probatorio obrante en el expediente, evidencia que hubo un período de 10 años en los
cuales no se realizó su afiliación en el fondo de pensiones y, por ende, no se
hicieron los respectivos aportes pensionales, pese a lo establecido en la
correspondiente normatividad y en la jurisprudencia constitucional.
77. En consecuencia, la Corte revoca la
decisión de segunda instancia que declaró improcedente la acción de tutela y,
en su lugar confirma la sentencia de primera instancia que amparó el derecho
fundamental al debido proceso administrativo de la tutelante; adicionándola en
el sentido de proteger los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de la demandante.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia adoptada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga -Sala Civil Familia-, el 31 de octubre de 2019, que
declaró improcedente la acción de tutela formulada por Irma del Socorro Sanzón
Guerrero contra el Instituto Hermanas Bethlemitas –Provincia del Sagrado
Corazón de Jesús- y la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-. En su lugar, CONFIRMAR la decisión
proferida en primera instancia por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, el 23
de septiembre de 2019, que concedió la protección del derecho fundamental al
debido proceso administrativo de Irma del Socorro Sanzón Guerrero y, en consecuencia, ordenó al Instituto Hermanas Bethlemitas
–Provincia del Sagrado Corazón de Jesús- que, dentro
de los quince días (15) siguientes a la notificación de esa providencia, realizara
los trámites necesarios ante la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, “en aras a efectuar el cálculo
actuarial por omisión de afiliación, para que con ello se pueda reconocer y
liquidar en forma posterior y si a ello hay lugar, la prestación pensional que
se persigue en aplicación a la normatividad vigente”; ADICIONÁNDOLA
en el sentido
de TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital de Irma del Socorro
Sanzón Guerrero, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- Por
Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
RICHARD RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ver poder que obra a folio 11 del cuaderno No. 1.
[2]
Según lo consignado en su cédula de ciudadanía que obra a folio 10 del cuaderno
No. 1.
[3]
Folios 19 y 20 del cuaderno No. 1.
[4]
Folios 16 a 18 del cuaderno No. 1.
[5]
Folios 1 a 9 del cuaderno No. 1.
[6]
Folio 10 del cuaderno No. 1.
[7]
Folios 13 y 14 del cuaderno No. 1.
[8]
Folio 12 del cuaderno No. 1.
[9]
Folio 15 del cuaderno No. 1.
[10]
Folios 19 y 20 del cuaderno No. 1.
[11]
Folios 16, 17 y 18 del cuaderno No. 1.
[12]
Folios 21 a 32 del cuaderno No. 1.
[13]
Folio 35 del cuaderno No. 1.
[14]
Folios 40 a 44 del cuaderno No. 1.
[15]
Folios 103 a 105 del cuaderno No. 1.
[16] Integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas.
[17] Folios
8 a 24 del cuaderno de revisión de la Corte Constitucional.
[18] El auto de fecha 19 de junio de 2020, fue comunicado
mediante los oficios OPTB 407 al 411 del 25 de junio de 2020.
[19]
En el año 2005, la escuela El Libertador se
fusionó con el Colegio Nuestra Señora del Carmen-Franciscanas y desde hace dos
años es sede de la Institución Educativa San Agustín.
[20]
Sentencias SU-617 de 2014, T-291 de 2016, T-651 de 2017, T-063
de 2018, T-176 de 2018, entre otras.
[21]
Sentencia SU-377 de 2014. Reglas reiteradas en las sentencias
T-083 de 2016, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018,
T-176 de 2018, T-240 de 2019 y T-565 de 2019.
[22]
Ver sentencias T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018,
T-176 de 2018 y T-565 de 2019.
[23] Cfr. providencias T-1015
de 2006, T-780 de 2011, T-008 de 2016, T-009 de 2016, T-100 de 2017,
T-651 de 2017, T-063 de 2018, T-176 de 2018 y T-565 de 2019.
[24] Fallos T-135 de 2015, T-291 de 2016, T-063 de 2018, T-176 de 2018, T-240 de 2019
y T-565 de 2019.
[25]
Sentencias T-135 de 2015, T-291 de 2016, T-480 de
2016, T-063 de 2018, T-176 de 2018, T-240 de 2019, T-565
de 2019, entre otras.
[26]
Sentencias SU-961 de 1999, SU 108 de 2018, entre otras.
[27]
Ibídem.
[28]
Sentencias T-328 de 2004, T-158 de 2006, T-250 de 2018, entre otras.
[29]
T-297 A de 2018.
[30] T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629
de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015, T-379 de 2015, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de
2018 y T-176 de 2018, entre otras.
[31]
Sentencia T-234 de 2018.
[32]
Ibídem.
[33]
Se seguirá de cerca las consideraciones contenidas en la sentencia T-658 de
2013.
[34]
Ibídem.
[35] El artículo en comento dispone: “Artículo
13. Congregaciones Religiosas. Para
efectos de la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones
religiosas al Sistema de Seguridad Social Integral, estas se asimilan a las
asociaciones.
Para efectos de la afiliación al Sistema
de Seguridad Social Integral, los miembros de las comunidades y congregaciones
religiosas, se asimilan a trabajadores independientes.
Parágrafo 1°. A las comunidades y congregaciones
religiosas no les será exigible la acreditación del número mínimo de afiliados,
ni el establecimiento del servicio de afiliación colectiva al Sistema de
Seguridad Social Integral dentro de sus estatutos.
Parágrafo 2°. Para efecto de la afiliación de los
miembros de comunidades y congregaciones religiosas, estas deberán acreditar un
patrimonio mínimo de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando el número de miembros religiosos sea de 150 o superior; si el
número de religiosos es inferior a 150, el patrimonio a acreditar deberá ser de
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en
ninguno de los dos eventos se deba incluir la reserva especial de garantía
prevista en el artículo 9° del presente decreto.
Parágrafo 3°. La reserva especial de garantía
mínima de que trata el artículo 9° del presente decreto, deberá constituirse
por cada miembro de la comunidad o congregación y deberá prever
permanentemente, el valor correspondiente a dos (2) meses de cotizaciones a
cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren
afiliados de manera colectiva.
Parágrafo 4°. El patrimonio y la reserva
especial de garantía mínima podrán ser constituidos y acreditados por una
persona jurídica diferente a la que solicita la autorización, siempre y cuando
sea también de naturaleza religiosa y sin ánimo de lucro, posea Número de
Identificación Tributaria (NIT) y tenga establecida dentro de las actividades
que desarrolla, la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral de los religiosos pertenecientes a la entidad que solicita la
autorización para que sus miembros religiosos se afilien y paguen por
intermedio de esta los aportes.
En este caso, el Ministerio de la
Protección Social autorizará a la entidad solicitante para que la afiliación y
pago de los aportes al Sistema se efectúe por intermedio de quien constituye y
acredita el patrimonio y la reserva."
[36]
Sentencia T-658 de 2013.
[37]
Salvamento de voto de los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez,
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva a la Sentencia
SU-189 de 2012.
[38]
Salvamento de voto de los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez,
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva a la Sentencia
SU-189 de 2012.
[39]
Sentencia T-658 de 2013.
[40]
Ver entre otras la Sentencia T-658 de 2013.
[41]
Sentencia C-088 de 1994.
[42]
SU-540 de 2007. Ver también T-658 de 2013.
[43]
T-658 de 2013.
[44]
T-559 de 2015.
[45]
T-982 de 2004.
[46]
T-040 de 2014.
[47]
T-040 de 2014.
[48]
Folios 13 y 14 del cuaderno No. 1.
[49]
Folio 12 del cuaderno No. 1.
[50]
Folio 15 del cuaderno No. 1.
[51]
Salvamento de voto de los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez,
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva a la Sentencia
SU-189 de 2012.
[52]
T-658 de 2013.