T-042-16
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-042/16
ACCION DE
TUTELA PARA OBTENER REEMBOLSO DE RETROACTIVOS GENERADOS DENTRO DE LA FIGURA
JURIDICA DE PENSIONES COMPARTIDAS-Procedencia excepcional
Los criterios
de procedencia de la tutela para el evento de los retroactivos pensionales
deben ser aplicados conforme a las particularidades que ofrezca cada situación
fáctica verificando siempre; i) la revisión sobre la existencia y titularidad
del derecho reclamado; ii) el grado de diligencia de los accionantes al momento
de buscar la salvaguarda del derecho invocado; y iii) la afectación del mínimo
vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional. No
sobra decir que se debe verificar el cumplimiento de la totalidad de estos
requisitos, de tal manera que a falta de uno de ellos el juez de tutela deberá
declarar la improcedencia de la acción.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y VIDA PROBABLE DE LOS ANCIANOS-Tesis
sobre la vida probable
COMPARTIBILIDAD
PENSIONAL-Régimen legal
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Alcance
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Aplicación
DIFERENCIA ENTRE
COMPARTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD PENSIONAL-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
En aras de dar claridad sobre la
diferencia entre la compatibilidad y la compartibilidad que operan entre las
extralegales y aquellas reconocidas por el I.S.S. y Colpensiones resulta
pertinente traer a colación lo dicho por la Sala de Casación Laboral de Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 30 de enero de 2001:“En ese orden es dable aclarar
que, frente a las pensiones, es distinto el concepto de la compartibilidad del
de la compatibilidad, pues el primero surge conforme a los supuestos de hecho
que los artículos citados disponen, esto es, que una vez se empieza a pagar la
de vejez por el ISS, se comparte su valor con la que venía siendo pagada por la
empresa, reconocida el 17 de octubre de 1985 siendo de cuenta de esta última su
mayor valor, si lo hubiere, mientras que en el segundo no se confunden o
comparten los valores de una y otra pensión, las dos se pagan separadamente,
una por el Instituto y otra por la empleadora”.
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
En 2015 la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la figura de la compartibilidad
pensional reiterando que:”En incontables ocasiones esta Sala de la Corte ha considerado que el
efecto natural de la compartibilidad entre una pensión de jubilación extralegal
y una de vejez, es que a partir del cumplimiento de los requisitos para acceder
a la segunda, el empleador que venía pagando la de jubilación solo quedará
obligado a cancelar, si lo hubiere, el mayor valor que resulte. Es lo que se
conoce como subrogación que, comporta la sustitución del deudor de la
obligación surgida en virtud de lo dispuesto en la ley que, como ya se dijo,
puede ser total o parcial”.
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Finalidad
RETROACTIVO EN
PENSIONES COMPARTIDAS-Procedencia
En el caso de las pensiones compartidas, como fue el empleador
quien pagó al trabajador las mesadas que debieron haber sido asumidas por la
administradora de pensiones, que son precisamente los dineros reconocidos a
título de retroactivos, es al primero y no al segundo a quien le deben ser
reembolsados estos montos. Así, la Circular 1 de 2012 expedida por Colpensiones,
dispone, en su sección 1.4.3., que:
“El giro de retroactivo en pensiones compartidas procede cuando:
(i) Existe una pensión compartida entre un empleador y la administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida; (ii) el trabajador cumple con
los requisitos para ser pensionado por parte de la administradora de pensiones,
pero dicho reconocimiento no es inmediato sino que tarda un tiempo para su
inclusión en nómina y, (iii) el empleador es el que reconoce las mesadas
pensionales en su integridad entre la fecha de cumplimiento de los requisitos
pensionales y la inclusión en la nómina de pensionados; el retroactivo que
resultare del reconocimiento de la pensión, corresponde al empleador, como
quiera que lo que se presenta es un pago anticipado de la pensión de vejez a
cargo del ISS por parte de la entidad jubilante, que para evitarle un perjuicio
al trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación cuando ya no
está a su cargo integralmente, por haber operado la subrogación por parte del
ISS”.
RETROACTIVO EN
PENSIONES COMPARTIDAS-Jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia
Al resolver un caso en el que un trabajador reclamaba estos
retroactivos se pronunció la Corte Suprema de Justicia indicando que: “En realidad,
lo que aquí se presenta es un pago anticipado de la pensión de vejez a cargo
del ISS por parte de la entidad jubilante, que para evitarle un perjuicio al
trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación cuando ya no
está a su cargo íntegramente, por haber operado la subrogación por parte del
seguro social”.
RETROACTIVO EN
PENSIONES COMPARTIDAS-Empleador debe
presentar a la administradora de pensiones autorización del trabajador para
pago de dineros a la entidad jubilante
RETROACTIVOS
GENERADOS POR RELIQUIDACION DE PENSIONES LEGALES DENTRO DE LA FIGURA JURIDICA DE LAS PENSIONES COMPARTIDAS
RETROACTIVOS
GENERADOS POR RELIQUIDACION DE PENSIONES LEGALES DENTRO DE LA FIGURA JURIDICA DE LAS PENSIONES COMPARTIDAS-Caso en que dineros fueron girados a compañía donde trabajaron
los accionantes y esta no realizó el reembolso o lo hizo de forma parcial
Referencia: expediente
T-5163788
Acción de tutela interpuesta por José Trinidad Orduz Cardozo y otros
contra Acerías Paz del Río S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere
la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos por los
Juzgados Primero Civil del Circuito de Sogamoso y Segundo
Civil del Municipio de Sogamoso, en el asunto de referencia.
I. ANTECEDENTES.
Los señores José Trinidad Orduz Cardozo, Dora Inés de
Orduz, Espedito Sanabria Malaver, Humberto Rincón Castro, Luís Adán Calixto
Vargas, Luis Jorge Rafael José Moreno Durán, Pedro Antonio Yate Alape, Pedro
José Abril Vergara, Carlos Enrique Martín Martín, Abel Chacón Huertas, Víctor
Alberto Rincón Rodríguez, Víctor Julio Corredor Castañeda, Jorge Amado Henao
Castrillón, María Antonia Valderrama de Sosa, Luís Francisco Barragán
Siachoque, Rosa Elvira Uscategui Díaz, Gloria María Bertha Prieto de González,
Eva María Guauque Salamanca, Zoilo Gabriel Cepeda Vargas, Tomás Pérez Tristancho,
Gustavo Fonseca Niño, Hipólito Vargas Rincón, Inés Matilde Valderrama, José
Antonio Trujillo, Efraín Gutiérrez Bonilla y Ananías Cely Fonseca interpusieron,
por medio de apoderado, acción de tutela contra la empresa Acerías Paz del Río
S.A. por haber vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital, al pago de
la pensión de vejez, a la igualdad y a la vida digna.
El asunto fue seleccionado para revisión por la Sala
de Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional, mediante Auto
proferido el quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
1.
Hechos relevantes.
1.1.
A los peticionarios les fue reconocida una pensión de jubilación (o
pensión extralegal) por parte de Acerías Paz del Río S.A., posteriormente, el
Instituto de Seguros Sociales (en adelante I.S.S.) les reconoció pensión de vejez
(o pensión legal) por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para
tal efecto.
1.2.
Las pensiones de vejez fueron concedidas con el carácter de
compartidas junto con las pensiones de jubilación, por lo que Acerías Paz del
Río S.A., desde el reconocimiento de la pensión legal, se subrogó en su
obligación parcial de pagar la pensión de jubilación a sus ex-trabajadores
quedando a cargo de esta compañía, en los casos aplicables, únicamente el mayor
valor resultante de la diferencia entre la pensión de vejez legal y la pensión
de jubilación convencional.
1.3.
Tiempo después de que se les hubieran reconocido sus respectivas
pensiones legales (transcurrieron entre diez y once años), los jubilados solicitaron
al I.S.S. y a Colpensiones la reliquidación de sus mesadas pensionales al
considerar que, en aplicación de los artículos 21[1] y 36[2] de la Ley 100 de 1993[3], tenían
derecho a una pensión de vejez mayor a la que inicialmente les fue reconocida.
1.4.
Tanto el I.S.S. como Colpensiones, atendiendo a la fecha de las
solicitudes[4],
accedieron a las peticiones de los accionantes y procedieron a reliquidar sus
mesadas pensionales aplicando normas más favorables que las que se tuvieron en
cuenta al momento del reconocimiento de las respectivas pensiones de vejez. Para
ello se tuvo en cuenta el ingreso base de liquidación correspondiente a toda la
vida laboral de los trabajadores y no solo los últimos diez años de
cotizaciones al sistema, dando como resultado una pensión mayor para cada uno
de los solicitantes.
1.5.
Como consecuencia de la reliquidación de las pensiones legales, Colpensiones
y el I.S.S. reconocieron retroactivos a cada peticionario, los cuales fueron
girados a Acerías Paz del Río S.A. en virtud de las autorizaciones que los
propios trabajadores habían otorgado al momento de reconocimiento de la pensión
extralegal, donde se precisaba que los retroactivos que se llegaran a generar, deberían
ser girados a la compañía.
1.6.
Los actores no estuvieron de acuerdo con que los retroactivos
resultantes de la reliquidación de sus pensiones legales fueran consignados
directamente a Acerías Paz del Río S.A. En su entender, su antiguo empleador no
tiene derecho a estos dineros al no haber participado en el trámite de la
reliquidación de las pensiones legales.
1.7.
Una vez consignados los retroactivos a Acerías Paz del Río S.A., los
actores solicitaron a esta compañía que procediera a reembolsarles los dineros
recibidos de parte de Colpensiones y el I.S.S. Lo anterior bajo el argumento de
que tales montos pertenecían a los trabajadores por haber sido ellos, no su
antiguo empleador, quienes gestionaron el trámite de la reliquidación.
1.8.
La empresa respondió que se abstendría de realizar dichos reembolsos
por cuanto los retroactivos que fueron consignados correspondían a la
compensación del mayor valor pagado por la compañía a cada uno de los
accionantes en el régimen de las pensiones compartidas y, por esta razón, tales
dineros pertenecían a Acerías Paz del Río S.A.
1.9.
En los casos en que la compañía se subrogó totalmente de su
obligación luego de la reliquidación de las pensiones por parte del I.S.S. y
Colpensiones, y una vez recibidos los retroactivos girados por estas entidades,
la compañía procedió a devolver a los accionantes la parte de estos
retroactivos que con arreglo a la ley les correspondía, por tratarse de dineros
que no tuvo que asumir la empresa durante el periodo en que la mesada pensional
legal era inferior a la extralegal. Las personas a quienes les fueron devueltos
estos saldos son: Pedro José Abril Vergara, Ananías Cely Fonseca, Zoilo Gabriel
Cepeda Vargas, Abel Chacón Huertas, Víctor Julio Corredor Castañeda, Eva María
Guaque Salamanca, Jorge Amado Henao Castrillón, José Trinidad Orduz Cardozo,
Gloria María Berta Prieto de González , Humberto Rincón Castro, Víctor Alberto
Rincón Rodríguez, Espedito Sanabria Malaver, Dora Inés Sánchez de Orduz, José
Antonio Trujillo, Rosa Elvira Uscategui Diaz, Inés Matilde Valderrama y Pedro
Antonio Yate Alape.
1.10.    Por otro
lado, en aquellos casos en los que, luego de la reliquidación de las pensiones,
Acerías Paz del Río S.A. se subrogó parcialmente en su obligación de pago de
mesadas pensionales, los ex-trabajadores fueron notificados de que a pesar de
haber recibido la compañía los retroactivos resultantes de la reliquidación de
sus pensiones legales, estos adeudaban dinero a la empresa que sería descontado
en las nóminas siguientes. Las personas cuyas pensiones fueron objeto de
deducciones por parte de la accionada son: Luis Adán Calixto Vargas, Gustavo
Fonseca Niño, Efraín Gutiérrez Bonilla, Carlos Enrique Martín Martín, Luis
Jorge Rafael José Moreno Durán, Tomas Pérez Tristancho, Marie Antonia
Valderrama de Sosa e Hipólito Vargas Rincón.
1.11.    En el caso
de Luis Francisco Barragán Siachoqe, a pesar de que se tiene certeza de que los
retroactivos resultantes de la reliquidación de su pensión fueron girados a
Acerías Paz del Río S.A., con la información disponible no fue posible
determinar si a esta persona le fue devuelta parte de los dineros recibidos por
esta compañía o si por el contrario, le fueron descontadas sumas de su mesada
pensional.
1.12.    Al momento
de interponerse la acción de tutela, el representante de los peticionarios afirmó
que todos ellos eran mayores de 75 años.
2.  Solicitud de Tutela.
Mediante acción
de tutela los accionantes reclamaron la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, al pago de la pensión de vejez, a la igualdad y
a la vida digna, que consideraron vulnerados por Acerías Paz del Río S.A.
A juicio de los
peticionarios, dicha vulneración consistió en la retención ilegal que esta
compañía hizo de los dineros correspondientes al retroactivo generado por la
reliquidación de las pensiones de vejez de cada uno de los peticionarios y que
le fueron consignados directamente por parte Colpensiones y el I.S.S. Según el
entender de los solicitantes, la empresa no podía ser beneficiaria de suma
alguna por dichos retroactivos toda vez que no participó en el trámite de reliquidación
de las pensiones de vejez.
3.  Trámite procesal a partir de la acción de tutela.
Mediante Auto del 25 de junio de
2015, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Sogamoso admitió la acción de
tutela y procedió a la notificación de la parte accionada para el ejercicio de
su derecho de defensa.
4.  Respuesta
de la parte accionada.
Acerías Paz del Río S.A., por
medio de apoderada judicial, explicó que los dineros recibidos de parte de Colpensiones
y el I.S.S., le pertenecían toda vez que las pensiones legales y las extralegales
otorgadas por la empresa son compartidas por mandato del artículo 18[5] del Decreto
758 de 1990[6],
según el cual el empleador se subroga en la obligación de pagar las mesadas
pensionales a sus jubilados, cuando estos acceden la de vejez reconocida por el
Sistema Ggeneral de Pensiones, quedando a cargo de éste únicamente el mayor
valor resultante de la diferencia entre el monto de la pensión de jubilación y
la legal, cuando esta última es inferior a la primera. En otras palabras, una
vez reconocida la pensión de vejez por parte de la administradora de pensiones,
el empleador solo debe pagar el monto que no alcance a cubrir la pensión legal respecto
de la extralegal que se venía reconociendo.
Asimismo, la accionada señaló que
siempre ha cumplido con sus obligaciones de carácter pensional con los
trabajadores: “La Empresa que apodero, cumplió con la obligación legal de
seguir pagando a los accionantes las mesadas pensionales hasta el momento en
que los actores cumplieron con los requisitos legales para obtener la pensión
de vejez por parte del I.S.S., hoy Colpensiones, y así mismo, en el lapso de
tiempo comprendido de (sic) el cumplimiento de estos requisitos a la inclusión
efectiva en la nómina de pensionados del I.S.S., hoy Colpensiones, por lo cual
no existe ninguna violación a los derechos fundamentales de los Actores, como
equivocadamente lo enuncia el apoderado de los mismos”.
Para la parte demandada, los
retroactivos pensionales resultantes de la reliquidación de las pensiones de vejez
corresponden a la compañía por cuanto había pagado un mayor valor que no le
correspondía, dado que la fracción pagada debió haber sido asumida por el I.S.S.
y posteriormente por Colpensiones al tener derecho los peticionarios a una
mayor pensión legal.
Adicionalmente, citó apartes de
las sentencias T-044 de 2011 y T-628 de 2013 para sustentar su argumentación,
en el sentido de que la tutela no es procedente para solicitar el pago de
retroactivos por existir otros mecanismos de defensa judicial.
II. SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Primera
instancia. El Juzgado Segundo Civil Municipal de
Sogamoso, mediante sentencia del 08 de julio de 2015, concedió la protección
invocada por los accionantes y ordenó a Acerías Paz del Río S.A. consignarle a
estas personas el saldo de los dineros recibidos de parte del I.S.S. y
Colpensiones por concepto de retroactivos pensionales.
En cuanto al
examen de procedencia de la tutela para el pago de acreencias laborales, sin
centrarse en que el recurso fue interpuesto para la obtención de retroactivos
pensionales, el juzgado citó apartes de las sentencias T-208 de 2012 y T-480 de
2012 con el fin de determinar los requisitos de procedencia de la acción de amparo
para el reconocimiento de acreencias laborales. El despacho consideró que “una
persona de más de 75 años, donde las esperanzas de vida se disminuyen
dramáticamente debe ser protegida por un estado social de derecho, y además si
nos atenemos a una justicia ordinaria que por la congestión en unas
oportunidades se vuelve lenta, no deja de ser ilusorio que una sentencia
ordinaria, debidamente ejecutoriada se prolongue en el tiempo sin que estas
personas puedan disfrutar en vida de sus derechos legalmente adquiridos”[7].
El juzgado
consideró que la tutela era procedente por evidenciarse una clara vulneración
de los derechos de los solicitantes. En el entendimiento del juez, los peticionarios
tenían un derecho adquirido que no era objeto de debate.[8]
Para el despacho
el retroactivo pensional fue reconocido a los demandantes y no a su antiguo
empleador, donde Acerías Paz del Río S.A. no logró probar que efectivamente lo
girado por Colpensiones y el I.S.S. correspondía al reintegro de las mesadas
pensionales pagadas por la compañía a sus antiguos trabajadores[9].
Segunda
instancia. Mediante sentencia del 18 de agosto de
2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, confirmó y modificó
parcialmente la decisión impugnada ordenando que Acerías Paz del Río S.A.
consignara a los accionantes la totalidad de los dineros recibidos de parte de Colpensiones
y el I.S.S.
En las
consideraciones relativas a la procedibilidad de la acción de tutela el juez de
circuito estimó que al existir un reconocimiento previo de la acreencia laboral
a los peticionarios, se había vulnerado su derecho al mínimo vital, por cuanto
los dineros de los retroactivos que fueron girados a la empresa no habían
ingresado al peculio particular de los solicitantes.
El
despacho consideró que si bien los actores recibieron una prestación compartida
entre Acerías Paz del Río S.A. y el I.S.S. (posteriormente Colpensiones), no se
evidenció una gestión de recobro de los dineros correspondientes a los
retroactivos por parte de la accionada, por lo que a criterio del ad quem
no tenía derecho al pago de dichos retroactivos por ser un tercero no
involucrado en la reclamación de reliquidación.
III. PRUEBAS EN
SEDE DE INSTANCIA
De las pruebas que obran en el
expediente se destacan:
-
Copia de las resoluciones emitidas por el I.S.S. y Colpensiones donde
estas entidades reliquidan las pensiones legales de los accionantes y se genera
un retroactivo pensional. En los mencionados actos administrativos se establece
que dichos retroactivos serán pagados a Acerías Paz del Río S.A.
-
Copia de las autorizaciones suscritas por los accionantes y dirigidas al
I.S.S. para que en caso de generarse un retroactivo pensional de sus pensiones
legales este fuere pagado directamente a Acerías Paz del Río S.A. No reposan
las autorizaciones suscritas por Abel Chacón Huertas, Rosa Elvira Uscategui
Díaz, María Antonia Valderrama de Sosa y Norberto Raúl Belalcazar.
-
Copia de las comunicaciones enviadas por Acerías Paz del Río S.A. a los
accionantes en las que le comunica a cada uno la subrogación que hace la
compañía respecto de la pensión de jubilación que venía pagando por habérseles
reconocido la pensión de vejez por parte del I.S.S.
-
Derecho de petición elevado por Rafael Antonio Valderrama Parra en
calidad de apoderado de los accionantes, donde solicita a Acerías Paz del Río
S.A. el pago de los dineros recibidos por esta compañía por concepto de los
retroactivos resultantes de la reliquidación de las mesadas pensionales de sus
extrabajadores[10].
-
Copias de las respuestas al derecho de petición que fueron dirigidas a
cada uno de los accionantes, en donde la compañía manifestó a los accionantes
que se abstendría de reembolsar las sumas solicitadas porque ello constituiría
un enriquecimiento sin causa de los pensionados[11].
IV. ACTUACIONES EN
SEDE DE REVISIÓN
Con el fin de integrar el
contradictorio en debida forma y dar a Colpensiones la oportunidad de
pronunciarse, la Sala Sexta de Revisión resolvió vincularla. Adicionalmente,
con el fin de obtener los elementos de juicio que le permitieran tomar una
decisión de fondo, mediante auto del 19 de noviembre de 2015 resolvió decretar
pruebas. En efecto, dispuso:
“Primero.- VINCULAR a
Colpensiones a la presente solicitud de amparo. En tal sentido, se ORDENA
a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en conocimiento de Colpensiones
el expediente de tutela T-5163788, para que en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, se pronuncie acerca de la solicitud de
amparo de la referencia.
Segundo.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A., que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de dicho auto, aportase copia del acto por
medio del cual se pactó el reconocimiento de la pensión extralegal a los
accionantes; pacto colectivo, convención colectiva, laudo arbitral, otrosí,
acuerdo o documento equivalente donde consten las condiciones para el
reconocimiento y pago de la pensión extralegal de jubilación.
Tercero.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A., que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, aporte copia de las
comunicaciones por medio de las cuales esa compañía reconoció la pensión extralegal
a cada uno de los accionantes.
Cuarto.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A., que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, aporte copia de los
desprendibles de pago de las mesadas pensionales pagadas por Acerías Paz del
Río S.A. a cada uno de los accionantes desde la fecha de reconocimiento de la pensión
extralegal hasta el momento en que la compañía se subrogó totalmente de esta
obligación o hasta la fecha del auto admisorio de la acción de tutela objeto de
revisión si la subrogación fue parcial.
Quinto.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A., que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, aporte copia de las
comunicaciones en las que la compañía le haya manifestado a Zoilo Gabriel
Cepeda Vargas, Eva María Guauque Salamanca, Jorge Amado Henao Castrillón y
Gloria María Berta Prieto de González, el estado de cuentas entre estas
personas y la empresa en materia de mesadas pensionales con motivo de la
reliquidación de sus pensiones.
Sexto.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A. que, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, genere y aporte una
lista donde se relacionen los pagos realizados cada mes a cada uno de los
accionantes o sus cónyuges, por concepto de las mesadas pensionales extralegales
reconocidas por la compañía desde el primer pago hasta el momento en que la
empresa se subrogó totalmente de esta obligación o hasta la fecha del auto
admisorio de la acción de tutela objeto de revisión si la subrogación fue parcial.
Séptimo.-
ORDENAR a Acerías Paz del Río S.A., que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, aporte las
autorizaciones otorgadas por Abel Chacón Huertas, María Guauque Salamanca, Rosa
Elvira Uscategui Díaz, María Antonia Valderrama de Sosa y Norberto Raúl
Belalcazar para el pago de los eventuales retroactivos pensionales legales a
favor de la compañía.
Octavo.-
ORDENAR a Colpensiones, que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto, aporte las resoluciones por
medio de las cuales reliquidó las pensiones de vejez de Ananías Cely Fonseca,
Víctor Alberto Rincón Rodríguez y Rosa Elvira Uscategui Díaz.
Noveno.-
ORDENAR a Colpensiones, que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto, aporte una lista discriminada
de los valores pagados por esta entidad y por el I.S.S. a cada uno de los
accionantes por concepto de las mesadas pensionales por vejez desde el momento
de su reconocimiento hasta la fecha del auto admisorio de la acción de tutela
que es objeto de revisión.
Décimo.-
ORDENAR a Colpensiones, que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto, genere y aporte una lista
discriminada de los valores pagados por esta entidad y por el I.S.S. a Acerías
Paz del Río S.A., o a los accionantes por concepto de los retroactivos
pensionales resultantes del reconocimiento y la reliquidación de las pensiones
de los accionantes. Esta lista debe incluir la fecha en que cada uno de los
accionantes cumplió los requisitos para la obtención de la pensión legal y la
fecha en que la misma fue efectivamente reconocida y pagada.
Decimoprimero.- ORDENAR
a la Secretaría General de esta Corporación que oficie al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso para que,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, que remita copia de la providencia del 10 de
julio de 2014 expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo con radicado 157593105002200130007401, la cual es citada como
fundamento de su decisión en el fallo del 18 de agosto de 2015.
Decimosegundo.-
ORDENAR Al señor Rafael Antonio Parra Valderrama, representante de
los accionantes, que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente auto, indique si los señores José Trinidad Orduz
Cardozo, Dora Inés de Orduz, Espedito Sanabria Malaver, Humberto Rincón Castro,
Luis Adán Calixto Vargas, Luis Jorge Rafael José Moreno Durán, Pedro Antonio
Yate Alape, Pedro José Abril Vergara, Carlos Enrique Martín, Abel Chacón
Huertas, Víctor Alberto Rincón Rodríguez, Víctor Julio Corredor Castañeda,
Jorge Amado Henao Castrillón, María Antonia Valderrama de Sosa, Luis Francisco
Barragán Siachoque, Rosa Elvira Uscategui Días, Gloria María Bertha Prieto de
González, Eva María Guauque Salamanca, Zoilo Gabriel Cepeda Vargas, Tomás Pérez
Tristancho, Gustavo Fonseca Niño, Hipólito Vargas Rincón, Inés Matilde
Valderrama, José Antonio Trujillo, Efraín Gutiérrez Bonilla y Ananías Cely
Fonseca han iniciado o no acciones judiciales distintas a la acción de tutela tendientes
a obtener el reconocimiento de los derechos que alegan o si interpusieron los
recursos de la vía gubernativa contra los actos administrativos por medio de
los cuales se ordenó el pago de los retroactivos pensionales a favor de Acerías
Paz del Río S.A. En caso afirmativo, suministrar los documentos que permitan
corroborar que tales procedimientos legales fueron efectivamente iniciados ante
la autoridad correspondiente”.
Vencidos los términos
correspondientes, se recibió la siguiente información.
-
Acerías Paz del Río S.A. proporcionó copias de las convenciones
colectivas que desde 1982 han estado vigentes en la compañía y donde se
regularon las pensiones de jubilación de los trabajadores.
-
Acerías Paz del Río S.A. presentó copia de las comunicaciones por medio
de las cuales reconoció pensión de jubilación a José Trinidad Orduz Cardozo,
Dora Inés de Orduz, Espedito Sanabria Malaver, Humberto Rincón Castro, Luís
Adán Calixto Vargas, Luis Jorge Rafael José Moreno Durán, Pedro Antonio Yate
Alape, Pedro José Abril Vergara, Carlos Enrique Martín Martín, Abel Chacón
Huertas, Víctor Alberto Rincón Rodríguez, Víctor Julio Corredor Castañeda,
Jorge Amado Henao Castrillón, , Luís Francisco Barragán Siachoque, Gloria María
Bertha Prieto de González, Zoilo Gabriel Cepeda Vargas, Tomás Pérez Tristancho,
Gustavo Fonseca Niño, Hipólito Vargas Rincón, Inés Matilde Valderrama, Ananías
Cely Fonseca Luis Guillermo Sosa Figueredo (de quien es viuda María Antonia
Valderrama de Sosa), Luis Camilo Salamanca (de quien es viuda Eva María Guaque
Salamanca) y Norberto Raúl Belalcazar Martínez (de quien es viuda Rosa Elvira
Uscategui Díaz. No se presentó información de José Antonio Trujillo ni de
Efraín Gutiérrez Bonilla.
-
Acerías Paz del Río S.A. presentó copia de los desprendibles de pago de
las pensiones de jubilación de José Trinidad Orduz Cardozo, Dora Inés de Orduz,
Espedito Sanabria Malaver Humberto Rincón Castro, Luís Adán Calixto Vargas,
Luis Jorge Rafael José Moreno Durán, Pedro Antonio Yate Alape, Pedro José Abril
Vergara, Carlos Enrique Martín Martín, Abel Chacón Huertas, Víctor Alberto
Rincón Rodríguez, Víctor Julio Corredor Castañeda, Jorge Amado Henao
Castrillón, , Luís Francisco Barragán Siachoque, Gloria María Bertha Prieto de
González, Zoilo Gabriel Cepeda Vargas, Tomás Pérez Tristancho, Gustavo Fonseca
Niño, Hipólito Vargas Rincón, Inés Matilde Valderrama, Ananías Cely Fonseca
Luis Guillermo Sosa Figueredo (de quien es viuda María Antonia Valderrama de
Sosa), Luis Camilo Salamanca (de quien es viuda Eva María Guaque Salamanca) y
Norberto Raúl Belalcazar Martínez (de quien es viuda Rosa Elvira Uscategui Díaz).
No se presentó información de José Antonio Trujillo ni de Efraín Gutiérrez
Bonilla.
-
En relación con la solicitud de las comunicaciones por medio de las
cuales Acerías Paz del Río S.A., le indicó a Zoilo Gabriel Cepeda, Eva María
Guaque Salamanca, Jorge Armando Henao y Gloria María Berta Prieto el estado de
cuentas en materia pensional, la mencionada compañía aportó la documentación
requerida.
-
En relación con la solicitud de las autorizaciones de pago de
retroactivos otorgadas por Abel Chacón Huertas, María Guaque Salamanca, Rosa
Elvira Uscategui y María Antonia Valderrama, únicamente se presentó la
autorización otorgada por Luis Camilo Salamanca de quien Eva María Guaque
Salamanca es viuda.
-
Conforme a lo solicitado, Colpensiones aportó copia de las resoluciones
por medio de las cuales reliquidó las pensiones de vejez de Ananías Cely
Fonseca, Víctor Alberto Rincón Rodríguez y Roberto Raúl Belalcazar Martínez de
quien es viuda la señora Rosa Elvira Uscategui Díaz.
-
En respuesta a la pregunta realizada por esta Corporación a Rafael
Antonio Valderrama sobre la iniciación de acciones legales por parte de sus representados,
este respondió por escrito que no le constaba que los mismos hubieran iniciado
acciones legales ante la jurisdicción ordinaria o que hubieren interpuesto los
recursos de la vía gubernativa.
V. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
Tomando como referencia el acervo
probatorio aportado por las partes así como la narración de los hechos, la Sala
entiende que la respuesta a la cuestión sobre la violación de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes dependerá de la determinación sobre
a quienes pertenecen los retroactivos que resultaron de la reliquidación de las
pensiones legales de los peticionarios.
Para tal efecto, será de vital
importancia determinar el régimen legal al que están sujetas las pensiones de
los actores en el asunto bajo estudio, puesto que cuando opera la figura de la
compartibilidad pensional, situación que no se discute en los hechos de la
demanda ni en las respuestas de los accionados, se deben observar unas reglas
especiales establecidas por la ley y la jurisprudencia para determinar las
obligaciones y derechos que corresponden a quienes comparten el pago de la
pensión del trabajador. Por lo anterior, antes de resolverse el caso concreto,
deberá tenerse claridad sobre cuál es el supuesto de hecho en que se ubica cada
uno de los actores en lo que respecta al valor de la pensión de jubilación en
relación con el monto de las mesadas pensionales reconocidas por Colpensiones y
el Instituto de Seguros Sociales.
En este orden de ideas, la
determinación sobre la vulneración o no de los derechos fundamentales de los
accionantes, dependerá de la resolución de la pregunta sobre quiénes son los
titulares de los dineros en disputa. Por tanto, corresponde a la Sala Sexta de
Revisión determinar si ¿Pertenecen a los peticionarios los dineros
correspondientes a los retroactivos de la reliquidación de sus pensiones
legales y en consecuencia existe una vulneración de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la seguridad social, al pago de la pensión de vejez, a la
igualdad y a la vida digna, por parte de Acerías Paz del Río S.A. al retener
estas sumas que le fueron consignadas por parte de Colpensiones y el Instituto
de Seguros Sociales?
Para ello la Sala se referirá: i) a la procedencia de la
tutela para el reconocimiento de derechos pensionales, específicamente para el pago
de retroactivos; ii) al fenómeno de la compartibilidad pensional en relación
con las pensiones otorgadas por los empleadores con posterioridad al 17 de
octubre de 1985; y iii) al caso concreto.
1.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela para el reconocimiento de derechos pensionales consistentes en el pago
de retroactivos generados dentro de la figura jurídica de las pensiones
compartidas.
La tutela como
mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de las personas,
tiene un carácter excepcional que significa que su procedencia está supeditada
al agotamiento de las vías judiciales ordinarias por parte de quien reclama el
amparo del derecho fundamental que considera vulnerado.
No obstante, la
Constitución[12],
la ley[13]
y la jurisprudencia constitucional han determinado que la misma puede resultar
procedente, aun cuando no se hayan agotado los mecanismos de defensa ordinarios
para la protección del derecho, esto es, las acciones propias de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa[14].
Es así como en
materia de acreencias laborales la jurisprudencia de este Tribunal ha sido
reiterativa en afirmar que por regla general la tutela no procede para obtener
el reconocimiento o pago de prestaciones pensionales. Ello por cuanto la
competencia para dirimir los conflictos laborales y de seguridad social le
corresponde a las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa.
Siguiendo el
mandato del artículo 6 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, según el cual la tutela
no procede cuando existan otros mecanismos de defensa judicial a menos que estos,
en el caso concreto, no resulten idóneos o eficaces, o cuando aun existiendo
medios idóneos se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la
Corte se ha pronunciado sobre los criterios que permiten conocer
excepcionalmente sobre asuntos pensionales a pesar de que los medios ordinarios
de defensa judicial no hayan sido agotados.
En el caso
particular de los retroactivos pensionales, que pertenecen a la categoría de
las acreencias laborales, este Tribunal se ha pronunciado sobre los requisitos
de procedencia de este mecanismo de amparo cuando no se ha agotado la vía
ordinaria o contenciosa administrativa. Con todo, y antes de ocuparnos de estos
parámetros, la Corte no puede dejar de referirse al criterio de procedencia de la
tutela que esta Corporación ha establecido en función de la edad de los
accionantes cuando se trata de personas que han superado la expectativa de vida
de los colombianos.
Sobre este
punto, este Tribunal manifestó, en sentencia T-456 de 1994, lo siguiente:
“Si una persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los
colombianos, y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el
reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el
solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión
judicial, debido a su edad avanzada, unido
esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la
decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano
no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente,
mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el
respeto a su derecho.”
Esta posición, según la cual se ha tener en cuenta la edad del
accionante al momento de determinar la procedencia de la tutela, sostiene que a
las personas que han superado la expectativa de vida no se les debe exigir el
agotamiento de la vía ordinaria o contencioso administrativa por cuanto la
duración de un proceso de esta naturaleza implica el riesgo de que el
accionante no pueda beneficiarse del reconocimiento del derecho que persigue.
Esta postura ha sido reiterada en la jurisprudencia posterior a la sentencia
previamente citada y se ha desarrollado en lo que se conoce como la doctrina de
la vida probable.
Así, en un caso en el que una persona que había superado la
expectativa de vida reclamaba una pensión de sobrevivientes, la Corte
manifestó:
“La vida probable resulta ser, entonces, un factor
determinante cuando se trata de tomar una pronta decisión, en relación con una
prestación como la pensión de sobrevivientes, que como su nombre lo indica,
está necesariamente conectada con la vida que le resta a las personas de la
tercera edad que deben recibirla prontamente antes de que su existencia se
agote, sin necesidad de esperar que los jueces ordinarios o los Tribunales
contencioso-administrativos decidan el caso concreto, muchos años más tarde,
cuando, se presume, el interesado puede haber fallecido”.
En
el mismo sentido, haciendo referencia al carácter subsidiario y excepcional de
la acción de tutela en contraposición a la doctrina de la vida probable, esta
Corporación manifestó lo siguiente:
“(…) Por lo tanto, con el fin de proteger la naturaleza
excepcional y subsidiaria de la misma (la acción de tutela), en la presente
sentencia será adoptado como criterio para establecer la tercera edad, la
expectativa de vida de los colombianos certificada por el DANE correspondiente
a los 74 años[15].
Así, la acción de tutela procederá como mecanismo definitivo para aquellas
personas que alcancen la mencionada edad pues en estos casos la jurisdicción
ordinaria no resulta ser lo suficientemente eficaz e idónea”[16].
(Paréntesis fuera del texto).
Con todo, esta Corte considera
que si bien la doctrina de la vida probable debe ser utilizada como criterio al
momento de determinar la procedencia de la acción de tutela cuando los
accionantes son personas que han superado la expectativa de vida, la edad de estos
no puede significar una permisión absoluta que implique la desatención total de
los requisitos establecidos en la jurisprudencia para los diferentes tipos de
casos que llegan a conocimiento del juez constitucional.
No obstante, se considera que la
doctrina de la vida probable debe ser un criterio preponderante al momento de
determinar la procedencia de la tutela, convirtiéndose así en una directriz que
permee el examen del juez constitucional en la apreciación de los hechos frente
a los requisitos previamente establecidos por la jurisprudencia en cada caso
concreto. En consecuencia, en los eventos en que los accionantes sean personas
que hayan superado la expectativa de vida, se debe flexibilizar en la mayor
medida posible el examen de procedencia en asuntos como la consumación de un
perjuicio irremediable, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial,
la posible afectación del mínimo vital, el requisito de inmediatez en la
presentación del recurso, entre otros.
Teniendo
presente este mandato de flexibilización, cabe referirse a las condiciones especiales asentadas por la jurisprudencia constitucional
para determinar la procedencia de este mecanismo de amparo en los casos en que
se solicitan retroactivos pensionales. la Corte ha determinado que en el examen
que el juez haga sobre la procedencia del recurso, se deben verificar tres (3)
condiciones concurrentes a saber[17]:
i) La existencia y titularidad
del derecho reclamado. Esta exigencia implica que quien solicita el
reconocimiento de un derecho pensional debe aportar al juez alguna prueba
sumaria de que es titular del derecho que reclama. No se trata de exigir al accionante
la acreditación por vía judicial o administrativa de que le corresponde el
derecho reclamado puesto que de ser así el peticionario no se vería en la
necesidad de acudir a la jurisdicción constitucional más que para solicitar
orden de pago del derecho sobre el que ya no existe duda.
Esta Corporación, en sentencia T-414
de 2009, manifestó lo siguiente:
“Así, para
admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega
una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento
de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria,
de la titularidad del derecho exigido”.
En esa medida, la verificación de
la existencia y titularidad del derecho se cumple con la presentación por el accionante
de elementos de convicción que permitan al juez constitucional entender que
este, en efecto, está o puede llegar a estar legitimado a recibir la prestación
pensional que reclama.
ii) Un grado importante de
diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado. En
este punto lo que debe verificar el juez constitucional no es si el accionante
ha agotado los medios ordinarios de defensa judicial, sino que haya activado
los mecanismos legales de defensa para la protección de los derechos, bien sea
por medio de la vía gubernativa o las propias acciones judiciales ordinarias, utilizando
los medios legales a su disposición antes de recurrir a la tutela.
En la sentencia T-341 de 2015 la
Corte se pronunció sobre un caso similar al que hoy ocupa a la Sala de
Revisión:
“En conclusión, esta
Corte ha reconocido por vía de tutela el pago del retroactivo pensional cuando
el accionante logra demostrar: i) la certeza de que le asiste el derecho al
retroactivo pensional; ii) la afectación directa del derecho al mínimo vital ante
el no reconocimiento del mismo; iii) que ha adelantado los recursos en la
vía gubernativa con el fin de controvertir los actos que desconocen su derecho
y; iv) que ha iniciado el proceso ordinario o contencioso administrativo
pertinente, en busca del amparo de sus derechos.”
Con todo, surgen casos especiales
en los que la iniciación de los recursos de la vía gubernativa no es posible
por tratarse de actos administrativos contra los cuales no proceden los
recursos de reposición ni apelación o cuando, por información errada de la
entidad administrativa, se le hace entender al peticionario que los mismos no
son procedentes. En este caso, el peticionario, que no tiene porqué conocer la
minucia de la legislación administrativa, parte de la buena fe de la entidad
estatal que reconoce el retroactivo pensional por lo que sería exagerado
exigirle a este el suponer la mala fe del Instituto de Seguros Sociales cuando
en la parte resolutiva de la resolución advierte que contra esta no proceden
dichos recursos.
Adicionalmente, en lo que tiene
que ver con la iniciación del proceso ordinario o contencioso administrativo
por parte del peticionario, considera la Sala que si bien esta no es una
exigencia desproporcionada, la misma si debe revisarse con menor rigurosidad en
el caso de las personas que han superado la expectativa de vida de los
colombianos.
En efecto, la presentación de una
reclamación ante la vía ordinaria tiene por objeto que la controversia sea
decidida en dicho escenario jurisdiccional, lo que implica la inversión de los
recursos necesarios para probar la titularidad del derecho reclamado y la
espera para que la justicia ordinaria decida en el tiempo necesario para tomar
tal decisión, lo que puede tardar años teniendo en cuenta la realidad de la congestión
judicial en Colombia.
Por lo anterior, el exigir a las
personas de la tercera edad la iniciación de la vía ordinaria como requisito de
procedencia de la tutela, supone para el individuo la carga de iniciar dos
acciones legales diferentes, (tutela y demanda ordinaria) y por lo tanto, la
necesidad de disponer recursos para defender su causa en dos frentes cuando la
realidad es que el amparo consitucional es un mecanismo idóneo para la
reclamación de los derechos de las personas de la tercera edad cuando están en
juego los derechos fundamentales y en ocasiones, su mínimo vital.
No quiere la Corte que las personas
de la tercera edad queden excusadas de mostrar cierto grado de diligencia a la
hora de reclamar sus derechos antes de recurrir a la jurisdicción
constitucional. Esta actividad previa exigida por la jurisprudencia no se agota
en la utilización de la vía gubernativa o la iniciación de las acciones en la vía
ordinaria o contencioso administrativa. Las reclamaciones formales al empleador
o a las autoridades, haciendo uso del derecho de petición, se constituyen en
actividades idóneas y legítimas tendientes a la satisfacción del derecho que se
considera vulnerado con la actuación de las autoridades o de los particulares y
pueden ser tenidas en cuenta por el juez constitucional como señales de
diligencia en la reclamación del derecho por parte de personas de la tercera
edad para quienes la apreciación de los requisitos de procedibilidad deben ser
menos exigentes por ser estos sujetos de especial protección constitucional.
iii) La afectación del mínimo
vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional. Los
derechos pensionales no siempre son reclamados por personas que se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta. Si bien la gran mayoría de los
pensionados son personas de la tercera edad o que han sufrido una pérdida de la
capacidad laboral, no necesariamente se encuentran todos en circunstancias
desfavorables de subsistencia.
Cuando una persona es sujeto de
especial protección, esto no implica una presunción indiscriminada sobre la
precariedad de su situación económica. Con todo, es un hecho que los gastos de
manutención de una persona se acrecientan en el transcurso de la vida y con la
llegada de la vejez donde la salud está cada vez más comprometida con el pasar
de los años, siendo en ocasiones necesaria la atención de terceras personas que
se encarguen de velar por el bienestar del adulto mayor.
La anterior, es una circunstancia
en la que se encuentran los adultos mayores que es reconocida por la
legislación que obliga a los hijos a cuidar de sus padres en la ancianidad. El
artículo 251 del Código Civil dispone que: “Aunque la emancipación dé al
hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de
los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las
circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios”. De esta manera,
el Estado reconoce la debilidad sobreviniente con la edad y, en aplicación del
principio de solidaridad, pone en cabeza de los hijos el cuidado de los padres
en la ancianidad, la cual es, por sí misma, una situación que le significa a
quien le acaece, mayores necesidades y menores medios de procurárselas de forma
autónoma.
El adulto mayor se halla en un
estado desfavorable para la procura de los medios que le permitan llevar a cabo
una vida en condiciones dignas aun con el otorgamiento de una pensión. Al ser esta,
en la mayoría de los casos, el único medio de subsistencia de las personas de
la tercera edad, los pagos relacionados con esta prestación cobran una especial
relevancia al momento de revisar la posible afectación del mínimo vital de un
accionante.
Así, el que una mesada pensional
haya sido reconocida y pagada oportunamente, no es garantía de que el
beneficiario contará con los medios suficientes para llevar una vida en
condiciones normales. En efecto esta pensión puede haber sido otorgada en una
forma injustificadamente reducida respecto del monto al que el pensionado tenía
un derecho legítimo con arreglo a las leyes de seguridad social en virtud del
tiempo trabajado y el valor de las cotizaciones realizadas durante su vida
laboral.
Cuando surgen retroactivos
resultantes de la reliquidación de una pensión legal, se está reconociendo que la
misma fue liquidada inicialmente en indebida forma y que en realidad, el
solicitante tuvo siempre derecho a unas mesadas superiores a las que le fueron
pagadas anteriormente. La administradora de pensiones le reconoce al afiliado
estos dineros a título de retroactivos como pago de las sumas que debiendo
haber ingresado al patrimonio del individuo, no lo hicieron por un error en la
liquidación de su pensión legal. No obstante, el reconocimiento de estos
retroactivos no siempre se da a favor del afiliado, como puede suceder en el
caso de las pensiones compartidas, situación que analizaremos a profundidad más
adelante.
La negativa al reconocimiento de
retroactivos pensionales de las personas de la tercera edad, por tratarse de
dineros que en principio debieron haber ingresado al patrimonio de los
peticionarios puede entenderse como un indicio de vulneración del derecho al mínimo
vital que les asiste. En estas circunstancias el juez constitucional estaría en
el deber de revisar el caso de fondo sin que la declaratoria de procedencia de
la acción por este motivo deba significar un prejuzgamiento en el sentido de entenderse
que la negación al pago de los retroactivos supone, automáticamente, una
vulneración al mínimo vital de los accionantes.
En conclusión,
los criterios de procedencia de la tutela para el evento de los retroactivos
pensionales deben ser aplicados conforme a las particularidades que ofrezca
cada situación fáctica verificando siempre; i) la revisión sobre la existencia
y titularidad del derecho reclamado; ii) el grado de diligencia de los
accionantes al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado; y iii) la
afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho
prestacional. No sobra decir que se debe verificar el cumplimiento de la
totalidad de estos requisitos, de tal manera que a falta de uno de ellos el
juez de tutela deberá declarar la improcedencia de la acción.
2.
El fenómeno de la compartibilidad pensional en las pensiones
otorgadas por los empleadores con posterioridad al 17 de octubre de 1985.
2.1.
Régimen legal.
Con la expedición del Decreto
2879[18]
de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del Instituto de Seguros Sociales, se
estableció la figura de la compartibilidad para las pensiones extralegales
reconocidas por los empleadores a sus trabajadores por medio de convención
colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o de forma voluntaria a partir de la
fecha de expedición del mencionado Decreto. La precitada norma, fue derogada
por el Decreto 758 de 1990, vigente en la actualidad, que mantiene la figura de
la compartibilidad en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior.
El artículo 18 del Decreto 758 de 1990, dispone lo siguiente:
“Los
patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para
los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan
los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en
este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta
del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
Parágrafo.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención
colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.
La norma citada regula la
situación en la cual a un trabajador que recibe una pensión extralegal (concedida
con posterioridad al 17 de octubre de 1985), le es reconocida una legal por
parte del Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones). La consecuencia
jurídica que la norma le asigna a esta situación, es que desde el momento en
que el I.S.S. o Colpensiones reconoce la legal, el empleador se subroga en su
obligación de pagar la extralegal quedando a su cargo únicamente la diferencia
entre la extralegal y la legal cuando la primera es de mayor valor que la última.
En el caso en que la legal sea mayor a la extralegal, el empleador quedará
relevado totalmente de su obligación por lo que no quedaría a su cargo ningún
valor.
Se trata de una subrogación en la
que el empleador, como deudor de la pensión de jubilación, es reemplazado en su
obligación de pagar las mesadas por el I.S.S. o Colpensiones, quien será el
nuevo deudor, pero solo de los valores reconocidos por concepto de la de vejez
con arreglo a la Ley. Se habla entonces de compartibilidad porque entre el empleador
y la administradora de pensiones, comparten el pago de la pensión del
trabajador.
Lo anterior es lo que se conoce
como el fenómeno jurídico de la compartibilidad pensional que se opone a
la figura de la compatibilidad pensional donde un trabajador está
legitimado a recibir dos mesadas pensionales de distinta fuente. En el caso de
las extralegales, el empleador no se subrogaría en el pago de las mesadas a su
cargo con el reconocimiento de la legal, lo que puede suceder por dos razones,
ambas enunciadas en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990:
La primera hipótesis se da cuando
la pensión extralegal que concurre con la legal fue reconocida con anterioridad
al 17 de octubre de 1985. Lo anterior, por cuanto la figura de la
compartibilidad fue establecida por el Decreto 2879 de 1985 que entró en
vigencia el 17 de octubre del mismo año. Si bien esta normativa fue derogada
por el Decreto 758 de 1990, esta nueva disposición precisó que el fenómeno de
la compartibilidad podría afectar únicamente a las pensiones extralegales
reconocidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985.
La segunda situación en la que no
se daría la compartibilidad, sería aquella en la que en la convención colectiva,
pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes en que se
establecieron los requisitos para acceder a la extralegal, se hubiere dispuesto
expresamente que la pensión no sería compartida con aquella eventualmente
reconocida por la administradora de pensiones.
En aras de dar claridad sobre la
diferencia entre la compatibilidad y la compartibilidad que operan entre las extralegales
y aquellas reconocidas por el I.S.S. y Colpensiones resulta pertinente traer a
colación lo dicho por la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia
en sentencia del 30 de enero de 2001[19]:
“En ese
orden es dable aclarar que, frente a las pensiones, es distinto el concepto de
la compartibilidad del de la compatibilidad, pues el primero surge conforme a
los supuestos de hecho que los artículos citados disponen, esto es, que una vez
se empieza a pagar la de vejez por el ISS, se comparte su valor con la que
venía siendo pagada por la empresa, reconocida el 17 de octubre de 1985 siendo
de cuenta de esta última su mayor valor, si lo hubiere, mientras que en el
segundo no se confunden o comparten los valores de una y otra pensión, las dos
se pagan separadamente, una por el Instituto y otra por la empleadora”.
En 2015 la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la figura de la
compartibilidad pensional reiterando que:
“En
incontables ocasiones esta Sala de la Corte ha considerado que el efecto
natural de la compartibilidad entre una pensión de jubilación extralegal y una
de vejez, es que a partir del cumplimiento de los requisitos para acceder a la
segunda, el empleador que venía pagando la de jubilación solo quedará obligado
a cancelar, si lo hubiere, el mayor valor que resulte. Es lo que se conoce como
subrogación que, comporta la sustitución del deudor de la obligación surgida en
virtud de lo dispuesto en la ley que, como ya se dijo, puede ser total o
parcial”[20].
De esta manera, pueden
desprenderse del artículo 18 del Decreto 758 de 1990 dos obligaciones a cargo
del empleador que haya reconocido previamente una pensión de jubilación a sus
trabajadores: La primera, consiste en continuar haciendo las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones a nombre del trabajador mientras
este cumple con los requisitos exigidos por la ley para la obtención de la de
vejez. La segunda está supeditada al hecho de que el monto de las mesadas por vejez
sea inferior a las que venía reconociendo el empleador por concepto de la de jubilación.
En el segundo caso, el empleador deberá continuar pagando al trabajador la
diferencia entre la extralegal y la legal, de manera que el reconocimiento de esta
última no le signifique al jubilado una disminución injustificada de las
mesadas que le venía reconociendo el empleador. Sobre este particular, esta Corporación
en Sentencia T-438 de 2010, anotó:
“Del
régimen jurídico de la compartibilidad pensional puede concluirse que (i) las
pensiones extralegales otorgadas después del 17 de octubre de 1985 tienen vocación
subrogatoria, esto es, que la pensión de jubilación otorgada por el empleador
se entiende que es compartida con el Instituto hasta que el trabajador cumpla
con los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez, excepto en
aquellos casos en que las partes hayan pactado lo contrario; (ii) que una vez
el ex trabajador reúna los requisitos legales y obtenga el reconocimiento de la
pensión de vejez el empleador se libera de su obligación si la prestación
reconocida es igual o mayor a la que él venía cancelando y (iii) que antes del
15 de octubre de 1985, la pensión de jubilación se entendía como una prestación
extralegal, que no se subrogaba al reconocimiento que hiciera de la pensión de vejez
el Instituto de Seguros Sociales, pues subsistía junto a ésta, a no ser que se
estableciera pacto en contrario”.
Ante este panorama normativo y
jurisprudencial resulta claro que cuando opera la compartibilidad y la pensión extralegal
es mayor a la legal, le corresponde al empleador seguir pagando al jubilado la
diferencia entre la mesada pagada por este y aquella reconocida por la
administradora de pensiones. Sobre el particular, la Corte manifestó, en
sentencia T-019 de 2012, lo siguiente:
“Una vez
esto ocurre se subroga la entidad de seguridad social al ex empleador en la
obligación de pago de la misma, salvo en lo relativo al mayor valor que llegare
a resultar en su contra, el cual debe sufragar al pensionado. Así, el ex
empleador podría eximirse de la totalidad de la prestación de jubilación si el
monto de la pensión a su cargo fuere igual o menor a la mesada de vejez pagada
por la entidad de seguridad social, mientras que su obligación se extinguirá
solo parcialmente si la suma sufragada por el Seguro Social tuviere un valor
inferior a la que él venía reconociendo, quedando obligado entonces a
desembolsar el mayor valor no cubierto por la administradora de pensiones”.
Esta obligación que tiene el exempleador
de seguir pagando el mayor valor, lleva consigo la garantía de que a este no le
serán cobradas aquellas sumas que con arreglo a la ley deban ser asumidas por
la administradora de pensiones, precisamente porque la figura de la
compartibilidad libera al empleador de su carga prestacional en la proporción
que es asumida por la entidad pública.
En el caso de
las pensiones compartidas, como fue el empleador quien pagó al trabajador las
mesadas que debieron haber sido asumidas por la administradora de pensiones,
que son precisamente los dineros reconocidos a título de retroactivos, es al
primero y no al segundo a quien le deben ser reembolsados estos montos. Así, la
Circular 1 de 2012 expedida por Colpensiones, dispone, en su sección 1.4.3.,
que:
“El giro de retroactivo en pensiones compartidas procede cuando: (i)
Existe una pensión compartida entre un empleador y la administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida; (ii) el trabajador cumple con
los requisitos para ser pensionado por parte de la administradora de pensiones,
pero dicho reconocimiento no es inmediato sino que tarda un tiempo para su
inclusión en nómina y, (iii) el empleador es el que reconoce las mesadas
pensionales en su integridad entre la fecha de cumplimiento de los requisitos
pensionales y la inclusión en la nómina de pensionados; el retroactivo que
resultare del reconocimiento de la pensión, corresponde al empleador, como
quiera que lo que se presenta es un pago anticipado de la pensión de vejez a
cargo del ISS por parte de la entidad jubilante, que para evitarle un perjuicio
al trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación cuando ya no
está a su cargo integralmente, por haber operado la subrogación por parte del
ISS” (Negrillas fuera del texto).
Al resolver un
caso en el que un trabajador reclamaba estos retroactivos se pronunció la Corte
Suprema de Justicia indicando que:
“En
realidad, lo que aquí se presenta es un pago anticipado de la pensión de vejez
a cargo del ISS por parte de la entidad jubilante, que para evitarle un
perjuicio al trabajador continúa sufragando el valor total de la prestación
cuando ya no está a su cargo íntegramente, por haber operado la subrogación por
parte del seguro social”[21].
En este orden de
ideas, es pertinente mencionar que para el pago de estos retroactivos, el
empleador debe presentar a la administradora de pensiones una autorización del
trabajador para que tales dineros sean girados a la entidad jubilante, es
decir, a la compañía que continuó realizando los pagos de las mesadas hasta el
reconocimiento de la de vejez. Sin dicha autorización, el pago de los
retroactivos no se hace a favor del pensionado sino que queda en suspenso hasta
que la justicia ordinaria decida a quien pertenecen tales retroactivos, así lo
establece la Circular 502 de 2002 expedida por el Instituto de Seguros Sociales[22]
.
No sobra decir,
que la subrogación pensional que afecta al empleador, no lo autoriza en ninguna
forma a sustraerse de su obligación de pago del remanente bajo el argumento de
que al trabajador o extrabajador ya le fue reconocida la legal por parte de la
administradora de pensiones. Del mismo modo, al estar condicionada la
subrogación del empleador por el monto reconocido en la de vejez, tampoco
resultaría justo ni jurídicamente aceptable que el empleador recibiera y
retuviera los montos que llegaren a exceder el monto de la de jubilación reconocidos
por el ISS o Colpensiones puesto que estos corresponden legítimamente al asalariado
que fue quien trabajó y cotizó a lo largo de los años para asegurarse una
prestación vitalicia cuando por el pasar de los años o por otras circunstancias
no estuviera en la capacidad de proveerse los medios de subsistencia para una
vida digna tras la merma de su capacidad laboral.
En este sentido,
esta Corporación manifestó, al ocuparse de un caso similar al que hoy ocupa a
la Sala, que:
“(…) tampoco es legítimo que el empleador suspenda de
manera unilateral y en su totalidad el pago de la pensión a su cargo, bajo el
argumento de que el I.S.S. ya reconoció a la misma persona una pensión de
vejez, y justifique entonces su comportamiento, con el argumento de que no
puede existir “doble beneficio por un mismo derecho”, desconociendo que se
trata en realidad de una pensión compartida. De ocurrir tal situación se
podrían afectar derechos de rango constitucional, como sería el de imponer una
drástica disminución en la pensión, desconocer el derecho reconocido y llegar a
la consecuente afectación del mínimo vital de esa persona. Por ello, como ya se
indicó, sólo podrá el empleador liberarse de la obligación a su cargo, en lo
concerniente al monto que el I.S.S. haya reconocido y nada más, subsistiendo
una obligación dineraria únicamente respecto del excedente.”[23]
2.2.
Retroactivos generados de la
reliquidación de las pensiones legales.
En lo que
respecta a los retroactivos pensionales se debe hacer claridad en que los
mismos pueden generarse por varias circunstancias, siendo la primera de ellas,
el hecho de que transcurra un amplio plazo entre el momento en que el
trabajador adquiere su estatus de pensionado (tiempo de cotización y edad), y
aquel en que efectivamente es incluido en la nómina de la entidad de prestación
social que asumirá el pago total o parcial de la mesada.
En este evento
si el empleador continuó pagando la mesada pensional a su ex empleado, con el
fin de no afectar su mínimo vital, no queda duda que el retroactivo que debe
pagar el ISS-COLPENSIONES- debe ser girado a la empresa si i) las pensiones
fueron reconocidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, ii) no se
excluyó expresamente la compartibilidad pensional y iii) existe autorización
expresa del trabajador, para que los dineros retroactivos correspondientes a la
pension legal sean girados directamente al empleador de parte de la
administradora de pensiones.
De igual manera,
puede surgir un retroactivo pensional de una reliquidación pensional que
solicite el trabajador o el empleador ante la entidad de previsión social, bien
sea porque no se tuvieron en cuanta algunos factores salariales o porque los
empleados son beneficiarios de un régimen más favorable y por tanto son merecedores
de una pensión mayor, tal como ocurre en el presente asunto.
Como puede apreciarse
entonces, en el marco de las pensiones compartidas, pueden surgir retroactivos
por circunstancias distintas al reconocimiento mismo de la de vejez, los cuales
emergen con posterioridad al cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a la misma. Este es el caso de las reliquidaciones que generan
retroactivos en razón a que la pensión legal fue reconocida inicialmente por un
valor menor a aquel que debió haber sido reconocido en virtud de las normas
legales vigentes.
En esta
situación, tanto el empleador como la administradora venían asumiendo la
porción de la mesada que legalmente les correspondía hasta antes de la
reliquidación. En efecto, como lo ordena la ley, el empleador debe continuar
pagando la porción de la de jubilación que no alcanza a ser cubierta por la
legal. Por ejemplo, si a un trabajador le es reconocida jubilación por un valor
de un millón de pesos y posteriormente la administradora le reconoce una legal
por un valor de ochocientos mil pesos, al empleador le corresponderá continuar
pagando la suma de doscientos mil pesos restante ya que el afiliado no puede
verse perjudicado por el reconocimiento de la legal y, por tanto, le quedará
garantizada la suma que inicialmente le fue reconocida por su antiguo
empleador.
Si luego de una
reliquidación de la legal, la administradora acepta que esta prestación debió
ser reconocida por un valor mayor, se tiene entonces que el antiguo empleador debió
haber asumido una porción menor en la pensión compartida toda vez que su
subrogación se da precisamente en la proporción que fue reconocida por el fondo,
debiendo pagar la compañía únicamente los valores que no alcanzaren a ser
cubiertos por la de vejez respecto de la de jubilación que fue concedida inicialmente.
Estos dineros habrían sido asumidos por la entidad jubilante sin estar obligada
a ello por lo que la restitución de los mismos debe darse a favor de quien
asumió su pago, es decir, el empleador, y no el trabajador quien tuvo siempre
garantizado el valor de la pensión compartida en su totalidad.
Si de la
reliquidación resultase que la pensión legal es superior a la de jubilación,
surge que a partir de ese momento el empleador quedará totalmente subrogado en
su obligación de pago y, por otro lado, solo le serán reembolsados los valores
efectivamente desembolsados sin justa causa, quedando para el trabajador la
porción del retroactivo que hubiere superado los montos pagados por encima de
la pensión compartida comprendida en su totalidad.
No sobra
advertir que, dada la naturaleza de la figura de la compartibilidad, no es
posible que el trabajador reciba de cuenta del empleador un valor mayor al
reconocido en la de jubilación, toda vez que este siempre será el límite de las
obligaciones de este último. Así, el monto de la de jubilación es el referente
por medio del cual se determina si la subrogación del empleador, frente a la
entidad de previsión social (ISS-COLPENSIONES) fue total o parcial, dependiendo
de si la pensiónlegal fue reconocida por un valor superior o inferior a la extrelegal.
De acuerdo con
lo anterior, una vez reconocida la pensión legal por un valor inferior a la
convencional, el empleador queda obligado al pago de la diferencia, sin que le
sea permitido reclamar al trabajador los valores pagados por dicho concepto,
cuando la prestación reconocida por el ISS-COLPENSIONES sea reliquidada,
arrojando un mayor valor de pensión al que se venía pagando, pero sin que dicho
monto permita la subrogación total.
Consecuentemente,
no es admisible que la empresa que comparte el pago de la pensión de su
extrabajador con la administradora, haga descuento alguno a la pensión del
mismo, ya que los valores efectivamente pagados por la empresa deben ser
siempre cobrados con cargo a la pensión de vejez cuyo pago es obligación de la
administradora de pensiones.
3.
Caso concreto.
3.1.
Carácter compartido de las pensiones.
En el asunto de
referencia se observa que a los peticionarios les fue reconocida la pensión jubilación
por parte de la empresa accionada. Asimismo, no hay discusión sobre el hecho de
que las mesadas extralegales fueron pagadas a satisfacción de los accionantes
hasta el reconocimiento de la pensión legal y que, posteriormente, los
complementos para alcanzar el valor original de la prestación han sido
sufragados por la compañía hasta la fecha de la presentación de la tutela.
Para la Sala es
claro que las extralegales de los demandantes, al ser reconocidas con
posterioridad al 17 de octubre de 1985 y al no existir un pacto entre Acerías
Paz del Río S.A. y los peticionarios que estipulase la no compartibilidad de
las mismas, el caso concreto debe analizarse en aplicación del régimen legal de
las pensiones compartidas.
3.2.
Procedibilidad de la acción de tutela.
Antes de revisar
el caso concreto en su aspecto sustancial, la Corte encuentra necesario realizar
el examen de procedencia de la tutela con el fin de determinar si en esta
situación particular los reclamos para la protección de los derechos de los
jubilados son susceptibles de ventilarse ante la jurisdicción constitucional
por la vía excepcional de la presente acción.
La Sala procederá
a verificar; i) que existan indicios sobre la existencia y titularidad del
derecho a recibir los retroactivos disputados por parte de los accionantes; ii)
que los peticionarios hayan mostrado diligencia en la búsqueda de la protección
del derecho invocado haciendo uso de los mecanismos legales y judiciales
establecidos para tal efecto, y iii) que la negativa al pago de los
retroactivos que reclaman los actores esté vulnerando o ponga en riesgo su derecho
al mínimo vital. Todo ello teniendo en cuenta el mandato de flexibilización que
en virtud de la doctrina de la vida probable, exige al juez constitucional
tener una menor rigurosidad en el examen de cumplimiento de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia para determinar la procedencia de la tutela
en el caso concreto donde los peticionarios son personas que han superado la
expectativa de vida de los colombianos certificada por el DANE.
3.2.1. Existencia y titularidad de los retroactivos pensionales.
Como puede verse
en el expediente, el I.S.S. y Colpensiones reliquidaron las pensiones legales
de los solicitantes generándose un retroactivo que fue consignado a Acerías Paz
del Río S.A. con base en la autorización previa que los actores otorgaron al
momento del reconocimiento de la jubilación.
En este sentido,
el Tribunal considera que si bien es clara la existencia de los retroactivos
pensionales, a priori, no se puede tener certeza sobre a quién
corresponde la titularidad de los mismos. Con todo, esta verificación de
procedibilidad no consiste en tener seguridad sobre a quién pertenecen estas
sumas, puesto que esta cuestión es la que debe ser decidida de fondo en el
análisis del caso concreto. Lo que la Sala debe identificar es si en efecto
existe un retroactivo que ha sido reconocido por el otorgante de la pensión legal,
pero este, por diferentes motivos, no ha ingresado al patrimonio de quien lo
solicita.
La Sala tiene
claridad sobre el hecho de que los retroactivos que se reclaman en este recurso
de amparo corresponden a las pensiones de lossolicitantes, lo que es suficiente
para entender que, en principio, la jurisdicción constitucional podría conocer
del asunto en cuestión. Esto por cuanto en el expediente obran suficientes elementos
de juicio, como lo son las resoluciones de reliquidación de las pensiones legales,
para entender que los peticionarios podrían estar legitimados por el
ordenamiento jurídico para recibir los retroactivos que reclaman en el presente
recurso.
3.2.2. La constatación de la diligencia de los accionantes en la búsqueda
de la protección del derecho invocado haciendo uso de los mecanismos legales y
judiciales establecidos para tal efecto.
Como puede
observarse en el expediente los peticionarios solicitaron a Acerías Paz del Río
S.A., invocando el derecho de petición, que les entregara los dineros que esta
compañía recibió por concepto de los retroactivos resultantes de la
reliquidación de sus mesadas pensionales.
No obstante, al
ser preguntados por esta Corporación sobre el despliegue o la puesta en marcha
de los mecanismos judiciales de defensa, los solicitantes guardaron silencio. Asimismo,
en el expediente no hay información que permita entender a la Corte que los actores
intentaron la protección de sus derechos acudiendo a la jurisdicción ordinaria.
En este punto,
cabe resaltar que los peticionarios son personas mayores de 75 años por lo que
el agotamiento de la vía ordinaria podría suponerles una carga en exceso gravosa.
Como se dijo, la reclamación de sus derechos por la vía ordinaria y la
posterior presentación de la acción de tutela supone para los accionantes una
contienda por sus derechos en dos frentes, significando en el caso concreto,
gastos de representación en dos procesos de características jurídicas
diferentes donde la espera por un fallo en la vía ordinaria puede darse en
términos de años que los reclamantes no están en condiciones de soportar dada
su avanzada edad dado que todos ellos ya superaron la expectativa de vida
certificada por el DANE, que para el periodo comprendido entre 2010 y 2015 es
de 73.95 años[24].
El hecho de que
los solicitantes no se vean obligados a iniciar las acciones de la vía
ordinaria por su avanzada edad no los excusa de mostrar cierto grado de
diligencia a la hora de reclamar sus derechos ante las autoridades o los
particulares. Considera la Sala que el hecho de que los actores, haciendo uso
de su derecho de petición, hayan reclamado los retroactivos pensionales a Acerías
Paz del Río S.A., da testimonio de una actividad organizada y fundamentada por
parte de estos en la reclamación de sus derechos previa a la interposición de
la tutela. Consecuentemente, la Corporación considera que en el caso concreto
si se evidencia un grado de diligencia suficiente para entender que el recurso
de amparo es procedente en este aspecto sin perjuicio de la posterior revisión
sobre la posible afectación del derecho al mínimo vital de los peticionarios.
3.2.3. Información sobre la afectación del mínimo vital de los
peticionarios.
La Sala reconoce
que el Estado tiene un deber especial de protección con las personas de la
tercera edad por lo que son sujetos de especial protección constitucional. Este
mandato de salvaguardia se ha materializado en numerosas providencias de la
Corte que no solo han evaluado con mayor laxitud los requisitos de
procedibilidad de la tutela y la han concedido de manera definitiva sobre las
controversias puestas a su conocimiento, sino que, además, han reconocido a los
ciudadanos de la tercera edad, prerrogativas y prestaciones a lasque personas
ajenas a este grupo poblacional, no podrían acceder. En este sentido, esta
flexibilidad debe traducirse en una menor rigurosidad en la exigencia de
agotamiento de las vías judiciales ordinarias así como en la apreciación y
exigencia probatoria de las condiciones de vida de los demandantes que son
sujetos de especial protección constitucional.
En lo que tiene
que ver con la afectación del mínimo vital, el representante de los accionantes
no se refirió a su posible vulneración ni manifestó que el mismo estuviera en
riesgo por una u otra circunstancia. En la acción de tutela se limita a afirmar
que los actores son personas de la tercera edad mayores de 75 años a quienes no
se les debería someter a las resultas de un proceso ordinario[25].
La falta de
información no es óbice para que la Corte, de acuerdo a las reglas de la experiencia
y con la certeza de que existieron dineros que dejaron de ser pagados por la
administradora de pensiones, entienda que en el caso concreto puede estarse presentando
una afectación del mínimo vital de los actores.
El que una
persona haya recibido su pensión de manera oportuna no es garantía de que la
misma cuente con los recursos suficientes para procurarse sus necesidades
básicas en condiciones dignas, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones
legales fueron pagadas parcialmente. El concepto del mínimo vital trasciende
los ámbitos de protección de la vivienda y la alimentación, sobre este punto,
esta Corporación precisó que el mínimo vital “constituye la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en
salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”.[26]
Por su parte, la
en la sentencia T-211 de 2011 esta Corporación se refirió al concepto del
mínimo vital reconociendo que el mismo debe ser apreciado en atención a las
condiciones de vida de quien reclama su protección ya que este está ligado con
la dignidad humana y por lo tanto a las condiciones particulares de vida de
cada persona:
“En este orden de ideas, también se ha señalado que el concepto de
mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el
contrario, es cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones
particulares de cada persona. Así, este derecho no es necesariamente
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno
personal y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo
vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha
alcanzado a lo largo de su vida”.
Teniendo en
cuenta esta jurisprudencia, la Sala entiende que la falta de información más
completa sobre las condiciones particulares de vida de cada uno de los
accionantes, como personas a cargo y gastos médicos y de cuidado entre otros,
no le impide a esta Corporación valerse de los elementos de juicio presentes en
el expediente para llegar a una conclusión sobre la posibilidad de afectación
del mínimo vital en el caso concreto. Lo anterior, a través del análisis
conjunto de los datos disponibles referentes a la avanzada edad de los
accionantes, el monto de las mesadas pensionales reliquidadas y al hecho de que
a los peticionarios se les haya reconocido inicialmente una pensión legal por
un valor inferior al que les correspondía de acuerdo a las normas de seguridad
social aplicables.
En lo que
respecta a la edad, este Tribunal advierte que los peticionarios son personas
mayores de 75 años quienes han superado la expectativa de vida de los
colombianos. Es claro que con la llegada de la vejez, los adultos mayores no
solo ven reducida su capacidad de trabajo sino que además, por el pasar de los
años, son más vulnerables a las diferentes contingencias relacionadas con
enfermedades y accidentes. El adulto mayor no solo no está en condiciones
adecuadas para el trabajo sino que además, debe cubrir los gastos necesarios
para la vida en condiciones dignas a los que todas las personas están sujetas como
vestuario, alimentación, recreación y mantenimiento del hogar, entre otros.
Por otro lado,
al no estar la persona en capacidad de procurarse los medios de su propia
subsistencia, la pensión que es resultado de su trabajo, constituye la fuente
de sustento de las personas que han alcanzado la edad para retirarse y ya no
cuentan con un contrato laboral. Claro que esta prestación puede no ser la
única fuente de sustento de un adulto mayor puesto que estos, como todos,
pueden haber acumulado reservas o rentas producto del ahorro, los legados
familiares, las decisiones económicas, entre otros. No obstante, es poco
probable que una persona tenga rentas suficientes para su ancianidad cuando su
salario a lo largo de su vida no ha sido particularmente alto.
Así, sobre el
concepto de mínimo vital en relación con las condiciones de vida adquiridas a
lo largo de la vida laboral, este Tribunal, en sentencia SU-995 de 1999,
expresó:
“Si bien ciertos criterios económicos permiten
fijar un salario mínimo, como base ineludible para la negociación colectiva o
individual del salario entre las partes de una relación laboral, ésta es una
medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida por la
Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste con la cláusula
del Estado Social de Derecho y desnaturalizar el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 Superior. En efecto, cada individuo que ingresa al
mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-, recibe una
retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de
manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira
superar. De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida
(v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo
con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por
satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su
trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus
particulares condiciones de vida”.
En este orden de
ideas, la Sala es consciente de que los adultos mayores que aquí se presentan
como accionantes han superado la expectativa de vida de los colombianos y sus
ingresos no son particularmente elevados como para considerar que estén en
capacidad de soportar la merma en el patrimonio que pudo haberles significado
el reconocimiento de una mesada pensional por un valor inferior a la que les
correspondía y la posterior consignación de la totalidad de los retroactivos
generados de la reliquidación de la misma en favor de su empleador. Como puede
observarse en el expediente, la pensión que reciben no es particularmente alta
puesto que si se promedian las mesadas pensionales de los mismos, estas
equivalen a 2,28 veces el salario mínimo vigente.
La Corporación entiende
que en el caso concreto puede llegar a estar en riesgo el mínimo vital de los demandantes,
circunstancia que es apreciada con mayor laxitud en consideración a la avanzada
edad de los peticionarios. En consecuencia, y en atención a que también se
cumplen los requisitos de titularidad y diligencia en la reclamación de los
derechos fundamentales, la Corte estima que es procedente la acción de tutela y
procederá a revisar el caso concreto en su aspecto sustancial.
3.3.
Titularidad sobre los retroactivos
pensionales.
En relación con
el pago de los retroactivos, se observa que cuando por virtud de lo establecido
en las convenciones colectivas suscritas entre el sindicato de trabajadores y
Acerías Paz de Río S.A., los demandantes cumplieron con los requisitos para
jubilarse, esta compañía reconoció y se obligó a pagar la jubilación de quienes
fueron sus trabajadores. En este punto, cabe advertir que no es objeto de
debate el que la compañía haya incumplido en el algún momento o haya ejecutado parcialmente
el pago que le correspondía como pagadora de la jubilación de sus antiguos
trabajadores.
Vale anotar que
cuando opera la figura de la compartibilidad pensional, la historia de pago de
las mesadas pensionales suele dividirse, en circunstancias normales, en dos
momentos. En una primera instancia, el trabajador cumple con los requisitos
para jubilarse de acuerdo a lo establecido en la convención, pacto colectivo,
acuerdo privado o política de la compañía y, en consecuencia, el empleador
reconoce la pensión de jubilación y se obliga a pagar las mesadas pensionales
en la proporción del salario previamente establecida. Asimismo, el empleador
debe continuar cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
mientras el jubilado cumple con los requisitos legales para acceder a la
pensión de vejez.
La segunda
etapa, inicia cuando al jubilado le es reconocida la de vejez por parte de la
administradora de pensiones. En esta etapa, por tratarse de pensiones
compartidas, pueden suceder dos situaciones:
-
Si la pensión legal es reconocida por un valor igual
o mayor a la que venía percibiendo el jubilado, el empleador quedará totalmente
subrogado en su obligación de pagar la pensión de jubilación, toda vez que no
tendrá que pagar entonces dinero alguno por este concepto puesto que esta
prestación será asumida en su totalidad y en adelante por el fondo de
pensiones.
-
Por otro lado, si la pensión legal es reconocida
por un valor inferior a la pensión de jubilación que venía recibiendo el
individuo, la compañía solo se subrogará en la parte de la pensión que sea
asumida por el fondo de pensiones. Por tanto, la empresa deberá continuar
pagando a su jubilado la parte de la pensión que no alcance a cubrir la entidad
estatal, esto, hasta que tal obligación se extinga por la muerte del
beneficiario o sus sobrevivientes.
En todo caso,
puede darse (y con frecuencia ocurre) que la legal es reconocida y pagada
tiempo después de que el jubilado cumplió con los requisitos establecidos por
la ley para acceder a la de vejez. En este periodo, el empleador continúa
pagando el monto que venía reconociendo antes del cumplimiento de los
requisitos a pesar de que la totalidad o parte de dicha obligación haya
quedado, en estricto sentido a cargo de la administradora. No obstante, cuando
la legal es efectivamente reconocida, la administradora reconoce, a título de
retroactivo, las sumas dejadas de pagar desde el cumplimiento de los requisitos
para pensionarse por parte del trabajador hasta el pago efectivo de la misma. Es
en este evento en que las cartas de autorización para que el empleador reciba
los retroactivos, se hacen efectivas.
En el caso
concreto, los accionantes se dividen en dos grupos, luego de la reliquidación.
A unos les fue reconocida una pensión legal superior a la convencional. A los
demás, la reliquidación les significó un incremento de la de vejez sin que la
misma llegase a superar el monto de la pensión de jubilación.
3.3.1. Casos en los que la reliquidación arrojó una pensión legal superior
a la de jubilación – subrogación total de la compañía.
Acerías Paz del
Río S.A., al recibir la totalidad de los retroactivos resultantes de la
reliquidación de la de vejez, conservó la parte que a su entender le pertenecía
como compensación por el mayor valor pagado desde el reconocimiento de la legal
y consignó a sus antiguos trabajadores las sumas que a estos les correspondían
en razón a que la reliquidación pensional arrojó un derecho prestacional
superior al que fue inicialmente reconocido por el empleador.
En consecuencia,
la compañía puso en conocimiento de sus extrabajadores el valor de los
retroactivos que sería conservado por esta y la porción de los mismos que les
sería entregada, estos fueron los valores que pudieron extraerse de tales
comunicaciones y del expediente:
Tabla 2.
Accionantes a quienes les fueron devueltos saldos de los dineros recibidos por
la compañía como retroactivos pensionales.
Nombre
Retroactivo
neto pagado por el ISS o Colpensiones
Valor
correspondiente a la compañía
Saldo devuelto
al trabajador:
Pedro José Abril Vergara
$21.205.781
$16.150.524
$ 5.055.257
Ananías Fonseca
$23.516.672
$12.801.247
$10.715.425
Zoilo Cepeda Vargas
$16.903.323
$ 9.438.655
$ 7.464.668
Abel Chacón Huertas
$10.048.227
$ 6.853.812
$ 3.194.415
Víctor Julio Corredor Castañeda
$10.698.587
$ 9.937.280
$ 761.307
Eva María Guaque Salamanca
$ 4.829.657
$ 2.728.604
$ 2.101.053
Jorge Amado Henao Castrillón
$18.419.941
$17.219.669
$ 1.200.272
José Trinidad Orduz Cardozo
$47.823.047
$39.606.753
$ 8.216.294
Gloria María Prieto De González
$11.314.243
$ 5.430.647
$ 5.883.596
Humberto Rincón Castro
$17.919.869
$ 5.376.503
$12.543.366
Víctor Alberto Rincón Rodríguez
$10.284.022
$ 6.040.508
$ 4.243.514
Espedito Sanabria Malaver
$22.332.489
$22.092.261
$ 240.228
Dora Inés Sánchez De Orduz
$13.942.923
$ 6.512.683
$ 7.430.240
José Antonio Trujillo
$14.389.061
$ 8.747.529
$ 5.641.532
Rosa Elvira Uscategui Diaz
$ 5.574.748
$10.208.776
$13.419.496
Inés Matilde Valderrama
$16.571.104
$ 4.968.436
$11.602.668
Pedro Antonio Yate Alate
$12.123.626
$ 5.684.662
$ 6.438.964
En este caso la
Sala entiende que, como se ha explicado a lo largo de esta decisión, los
valores pagados por la compañía mientras la pensión legal no había sido
reliquidada deben ser reembolsados a Acerías Paz del Río S.A. En efecto se
trata de sumas que la empresa sufragó por disposición legal. A pesar de que
estos valores debieron ser asumidos por la administradora de pensiones, los
peticionarios vieron garantizado su derecho, por cuanto su antiguo empleador
pagó oportunamente los valores que no cubría la pensión legal con antelación a
su reliquidación.
Aquí hay que
hacer una precisión, la empresa sólo podría apropiarse de los valores
efectivamente pagados durante los últimos cuatro años anteriores a al
reliquidación pensional, tal como se reconoció en los retroactivos por parte
del ISS-COLPENSIONES, debidamente actualizados con el IPC.
Es decir, bajo
ningún aspecto, la empresa puede apropiarse de dineros que no pagó
efectivamente, ya que los mismos corresponden por derecho a los trabajadores,
quienes además, fueron los que solicitaron la reliquidación de sus mesadas con
base en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pidiendo que se les
aplicara el principio de favorabilidad en materia laboral.
Teniendo en
cuenta que la empresa solo asumió el mayor valor hasta el límite del monto reconocido
en la jubilación y bajo el entendido de que luego de la reliquidación la pensión
legal superó el monto de la prestación reconocida por el empleador, la Sala considera
que las sumas que sobrepasaron ese límite y que fueron consignadas a manera de
retroactivo no pertenecen a Acerías Paz del Río S.A., sino al pensionado.
En este sentido,
la Corte revocará parcialmente los fallos de instancia y se ordenará a los
peticionarios devolver a Acerías Paz del Río S.A. las sumas que recibieron por
orden judicial sin estar legitimados para ello. Cabe aclarar, que esta decisión
solo será aplicable para los solicitantes que se señalan en el numeral 1.9. de
los hechos de esta sentencia y que recibieron de parte de la compañía los
saldos correspondientes a la porción de los retroactivos que no pertenecía a la
empresa y que esta les entregó luego de la reliquidación. No obstante, solo
deberán ser devueltos los montos que en su momento fueron erogados por el
exempleador como mayor valor en el marco de las pensiones compartidas.
Considerando que
la Corte no cuenta con los elementos de juicio suficientes para determinar las
cantidades que deben ser reembolsados a la compañía y cuales deben permanecer
en poder de lospeticionarios, la Corporación determina que la liquidación de
estos montos deberá surtirse ante la jurisdicción ordinaria para lo cual la
parte interesada en la recuperación de estos dineros deberá iniciar las
acciones legales pertinentes donde el juez de conocimiento deberá guiarse por
la parte motiva de esta sentencia, en el sentido de que corresponden a la
empresa únicamente los valores que efectivamente fueron erogados con posterioridad
a la reliquidación de las mesadas pensionales de los solicitantes. Asimismo,
Colpensiones deberá presentar a Acerías Paz del Río S.A. la información
solicitada por este Tribunal en el auto de pruebas relacionado en esta
sentencia y que no fue presentada por esa entidad, lo anterior, con el fin de
facilitar al juez laboral la verificación de los dineros erogados por la
compañía desde el momento del reconocimiento de la reliquidación hasta que fue
totalmente subrogado por el ISS-COLPENSIONES.
3.3.2. Casos en los que la reliquidación arrojó una pensión legal superior
a la anterior pero inferior a la pensión de jubilación – subrogación parcial de
la compañía.
En el caso de
las de vejez que luego de haber sido reliquidadas aumentaron pero no
sobrepasaron el monto de la pensión de jubilación inicialmente reconocida,
Acerías Paz del Río S.A. conservó la totalidad de los retroactivos que le
fueron consignados por las administradoras de pensiones. Adicionalmente, esta
compañía consideró que tras la reliquidación de las pensiones, los demandantes
quedaron debiéndole dinero por lo que les informó que los montos adeudados
serían descontados de los pagos de la pensión de jubilación hasta que la deuda
quedara saneada.
En la siguiente
tabla se relacionan los pagos que Acerías Paz del Río recibió de parte del ISS
o Colpensiones por concepto de los retroactivos resultantes de la reliquidación
de sus extrabajadores, la suma a la que esta compañía consideró tener derecho
por haber pagado un mayor valor de complemento y los valores descontados a los
peticionarios luego de la recepción de los retroactivos:
Tabla 3.
Accionantes a quienes se les hicieron descuentos en sus pensiones de jubilación:
Nombre del
accionante
Retroactivo neto
pagado por el ISS o Colpensiones
Valor
correspondiente a la compañía
Saldo cobrado al
trabajador.
Luis Adán Calixto Vargas
$ 5.077.350
$ 5.510.498
-$ 433.148
Gustavo Fonseca Niño
$11.966.909
$13.601.952
-$ 1.635.043
Efraín Gutierrez Bonilla
$11.491.204
$13.401.137
-$ 1.909.933
Carlos Enrique Martin Martin
$ 6.621.044
$ 7.644.911
-$ 1.023.867
Luis Jorge Moreno Duran
$17.074.316
$22.445.817
-$ 5.371.501
Tomás Pérez Tristancho
$ 5.483.162
$ 7.491.521
-$ 2.008.359
Maria A. Valderrama De Sosa
$11.563.200
$13.609.143
-$ 2.045.943
Hipólito Vargas Rincón
$ 8.727.861
$10.206.300
-$ 1.478.439
A manera de
ejemplo, y teniendo en cuenta que todas las comunicaciones de este grupo de
accionantes siguen el mismo formato cambiando solo los valores adeudados, se
muestra un extracto de la carta en la que la empresa puso en conocimiento de
uno de los peticionarios el valor de los retroactivos que a entender de la
misma le corresponden a esta junto con el monto de la deuda en cabeza del
extrabajador:
“Señor Carlos Enrique Martín Martín (…)”
“Con relación al retroactivo girado por el ISS originado en la reliquidación
de la pensión por un valor de 6.621.044, le corresponde a Acerías Paz del Río
quien venía asumiendo un mayor valor de complemento desde el año 1996 que a la
fecha asciende a la suma de $7.644.911, en razón al reconocimiento inicial por
parte del ISS de su pensión de vejez.
Por lo anterior usted debe a Acerías Paz del Río la suma de
$1.023.867, valor que será descontado del complemento hasta cancelar el total
de la deuda”.[27]
La Corte
entiende que los retroactivos girados por las administradoras corresponden a la
compañía por haber realizado pagos que no le eran imputables como complemento
en el marco de las pensiones compartidas. Sin embargo, de lo anterior no se
sigue que, luego de la reliquidación, el extrabajador deba asumir los montos
que fueron pagados de más por Acerías Paz del Río S.A. y que debieron ser cubiertos
o reembolsados por la administradora. Lo anterior por cuanto el trabajador nada
tiene que ver en la compensación obligacional que se surte entre el exempleador
jubilante y la administradora,quienes comparten el pago de la pensión del
afiliado.
No es admisible
que la compañía por el hecho de tener la posibilidad material de hacer
descuentos a las mesadas pensionales de sus jubilados, les descuente a estos
las sumas que debieron ser asumidas por la administradora de pensiones y que no
fueron pagados en razón a que la entidad estatal no realizó la liquidación de
la de vejez conforme al principio de favorabilidad, omitiendo la aplicación de
las normas que regían el régimen de transición de los pensionados.
Se debe
reiterar, que una vez ocurre la reliquidación de la pensión legal dando como
resultado un valor mayor a la anterior, solo pueden darse dos situaciones. La
primera, que siendo la de vejez mayor a la de jubilación, el beneficiario reciba
la parte de los retroactivos que no fueron asumidos por su antiguo empleador
quedando además legitimado a recibir una pensión legal superior a la compartida
que venía percibiendo.
En la segunda
situación, en la que luego de la reliquidación surge una pensión legal mayor a
la anterior pero inferior a la compartida, el pensionado no se verá afectado ya
que continuará percibiendo como mesada el mismo monto reconocido desde un
primer momento. Lo que va a cambiar es la carga obligacional de las partes que
comparten el pago de dicha prestación, de tal forma que ahora la administradora
deberá pagar un mayor valor y la carga del empleador se verá reducida.
En este orden de
ideas, la Sala encuentra que no existe una justificación jurídica para que la
compañía proceda a descontar a sus extrabajadores las sumas que consideró
adeudadas por estos, luego de la reliquidación de sus pensiones de vejez.
En todo caso, y
considerando que la Corte no cuenta con los elementos de juicio suficientes
para determinar las sumas que fueron efectivamente pagadas por la compañía como
complemento de la pensión legal, y que en consecuencia le deben ser reembolsadas,
y cuales deben permanecer en poder de los peticionarios, esta Corporación
determina que la liquidación deberá surtirse ante la jurisdicción ordinaria
para lo cual la parte interesada en la recuperación de estos dineros deberá
iniciar las acciones legales pertinentes donde el juez laboral deberá guiarse
por lo expuesto en esta sentencia, en el sentido de que corresponden a la
empresa únicamente los valores que efectivamente fueron erogados con
posterioridad al reconocimiento de las pensiones legales y hasta su
reliquidación. No obstante, los demandantes tendrán derecho a reclamar la sumas
que les fueron descontadas por la compañía según se relaciona en la sección
1.10 de la presente sentencia o a conservarlas si las mismas ya les fueron
reembolsadas. Asimismo, Colpensiones deberá presentar a Acerías Paz del Río
S.A. la información solicitada por la Corte en el auto de pruebas relacionado
en esta sentencia y que no fue presentada por esta entidad, lo anterior, con el
fin de facilitar al juez laboral la verificación de los dineros erogados por la
compañía en el periodo mencionado.
3.3.3. Caso de Luis Francisco Barragán Siachoque.
En el expediente
no obra información que dé cuenta de los valores correspondientes a los
retroactivos que fueron conservados por parte de Acerías Paz del Río S.A. y
cuales se devolvieron al extrabajador o si por el contrario se le hicieron
descuentos. Solo se tiene conocimiento de que a esta compañía le fueron girados
treinta millones quinientos treinta y tres mil doscientos treinta y seis pesos
($30.533.236) de parte de la administradora de pensiones por concepto de los
retroactivos resultantes de la reliquidación de la pensión legal de este
accionante. En este sentido, si la empresa desea recuperar el dinero que por
orden de los jueces de instancia tuvo que ser devuelto a este ex trabajador, la
misma deberá iniciar el proceso judicial correspondiente ante la jurisdicción
ordinaria probando los valores que se pagaron como complemento del mayor valor
de la pensión, los cuales deberán ser reintegrados a esta.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el dieciocho (18) de agosto de
dos mil quince (2015) por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO.-
CONCEDER PARCIALMENTE el amparo solicitado por los accionantes,
en lo que respecta a que los mismos tienen derecho a conservar los valores de
los retroactivos recibidos, en el monto que supere lo efectivamente pagado por
Acerías Paz del Río S.A. como complemento de la pensión compartida entre el
momento que se aumentó el valor de la pensión legal por parte del
ISS-COLPENSIONES y aquel en que efectivamente la entidad de previsión social
subrogó el pago total de las pensiones de los solicitantes relacionados en la
sección 1.9. de esta providencia.
TERCERO.-
CONCEDER a los accionantes relacionados en la sección 1.10. de la presente
sentencia, la protección a su derecho al mínimo vital, en el entendido que la
empresa Acerías Paz del Río, no debe deducir de su mesada pensional valor
alguno, toda vez que la subrogación ante el ISS-COLPENSIONES sigue siendo
parcial.
CUARTO.-
ORDENAR a los accionantes la devolución de los dineros que en
derecho pertenezcan al empleador Acerías Paz del Río S.A., conforme a la parte
motiva de esta providencia. Para ello las partes llegarán a un acuerdo de pago
sin que se ponga en riesgo el mínimo vital de los pensionados.
QUINTO.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
“Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta
Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en
todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando
el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los
ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”.
[2]
“Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen
cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez
conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a
que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos”.
[3]
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
[4]
En este punto debe advertirse que de acuerdo a lo establecido
en los Decretos 2011 y 2012 de 2012, el Instituto de Seguros Sociales fue
suprimido y, en su lugar, entró en operación la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones. En este sentido, tanto el reconocimiento de las
pensiones de vejez de los accionantes, así como la reliquidación de las mismas
se dieron, según la época de reconocimiento del derecho, por una u otra
entidad.
[5]
“Los patronos registrados como tales en el Instituto de
Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de
jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral
o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán
cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los
asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la
pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. Parágrafo.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención
colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.
[6]
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de
1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.
[7]
Sentencia del 08 de julio de 2015, Rad 2015-115, Juzgado Segundo Civil
Municipal de Sogamoso. Folio 230 del Expediente T-5163788.
[8]
“En el caso concreto el despacho determina que es procedente la acción de
tutela por cuanto, se evidencia una clara vulneración de los derechos
fundamentales aquí invocados por los tutelantes (sic), pues en el caso
particular los tutelantes (sic) tienen un
derecho adquirido es decir que lo que tiene que ver con el reconocimiento de la
pensión y el valor correspondiente a la reliquidación de la misma no es objeto
de debate, teniendo en cuenta que mediante actos administrativos como le
demuestran las resoluciones anexadas a la presente acción este derecho les fue
otorgado en debida forma por el ISS hoy Colpensiones”. Ibídem, 235.
[9]
Ídem.
[10] Folio
139.
[11] Folio
143.
[12] “Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. Inciso 3, artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia.
[13] Numeral 1, artículo 6, Decreto Estatutario 2591 de 2991: “La acción de
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
[14] Constitución Política de
Colombia Titulo VIII, Capítulos 1, 2 y 3. y Ley 270 de 1996 que se refieren a
la Administración de Justicia y determinan las diferentes jurisdicciones en las
que se divide la rama judicial; i) la jurisdicción ordinaria; ii) la
jurisdicción contencioso administrativa; iii) la jurisdicción constitucional; y
iv) las jurisdicciones especiales.
[15]
www.dane.gov.co
[16]
Sentencia T-047 de 2015.
[17] Sentencias T-019 de 2012
y T-341 de 2015.
[18]
Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 029 del 26 de septiembre de 1985,
emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.
[19] Rad No. 14207.
[20]
Rad No. 14207.
[21]
Rad. 31294.
[22]
“No obstante lo anterior, en el evento de que el empleador no obtenga la
respectiva autorización y alegue por escrito ante el Instituto, tener derecho
al retroactivo, originando controversia al respecto, se suspenderá el
reconocimiento y pago del mismo, hasta tanto, la Jurisdicción Laboral decida a
quien corresponde el derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34
del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990)”.
[23]
T-1223 de 2003.
[24]
DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población por sexo y edad 1985- 2015.
[25] Folio
142.
[26]
SU-995 de 1999, sobre el contenido y alcance del derecho al
mínimo vital ver también, entre otras, las sentencias T-211 de 2011 y T-581A de
2011.
[27]
Cuaderno Principal, Folio 47.