T-299-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-299/95
DERECHO
DE PETICION-Pronta
Resolución
La respuesta que le otorga
verdadera eficacia al derecho de petición es aquella que, además de producirse
oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se trate; no es otro el
sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a la pronta resolución,
indicando así que no basta un pronunciamiento que tocando de manera apenas
tangencial las inquietudes del peticionario omita el tratamiento del problema,
la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo anterior no significa que en
toda circunstancia la decisión deba acoger las pretensiones del solicitante; lo
que se busca es que, cualquiera sea su sentido,  la respuesta  desate la
materia de la petición.
DERECHO
DE PETICION/DERECHO A OBTENER COPIAS
La efectividad del derecho a obtener
copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las
peticiones formuladasque también hace parte del núcleo esencial del derecho de
petición.
NEGLIGENCIA
ADMINISTRATIVA-No
expedición de certificación/DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS/SERVICIO
MILITAR-Certificación de tiempo
El nexo entre la autoridad y el
particular se remite a la reiteración sucesiva de una misma petición,
generadora de un inexorable pronunciamiento negativo que, desconoce el derecho
de petición y también  el derecho de acceso a los documentos públicos. El
primero, como se expuso más arriba, supone la actuación diligente de la
autoridad pública enderezada a obtener una respuesta que entre al fondo de lo
pedido, resolviendo real y marterialmente y el segundo, implica, en la presente
causa, la expedición de la certificación pedida, documento de cuya disposición depende
que el peticionario ejerza otros derechos, particularmente el que le asiste
para reclamar una pensión de jubilación que, como es sabido exige la
demostración de un determinado tiempo de servicio. Nada diferente a un inútil
desgaste espera a ambas partes trabadas en un conflicto que, en su estado
actual, se revela interminable, cuando, en sentir de la Corte, lo evidente es
que de un estudio concienzudo y total de la documentación anexada por el
ciudadano, la autoridad puede extraer la respuesta que el caso amerita y, con
fundamento en ella, expedir la certificación del tiempo de servicio militar,
observando con ello el derecho de petición y, por contera, el derecho de acceso
a los documentos públicos, por cuya virtud la administración debe proceder a entregar
el certificado que el actor pide.
FUNCION
ADMINISTRATIVA-Eficacia/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE
Una solución de esta naturaleza
tiene en cuenta los derechos del actor, impide que las fallas de la
administración se trasladen a los asociados, responde a los principios de
igualdad, eficacia, economía y celeridad que en términos del artículo 20
superior guían el desempeño de la función administrativa y actualiza los
postulados de la buena fe que se presume en todas las gestiones que los
particulares adelanten ante las autoridades públicas
REF:
EXPEDIENTE No. 69.632
Peticionario:
Manuel Simón Guevara Agudelo.
Procedencia:
Tribunal
Administrativo del Meta
MAGISTRADO
PONENTE:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLLERO
Santa Fe
de Bogotá D.C., once (11) de julio  de mil novecientos noventa y cinco(1995).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado
Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de tutela identificado con el número de radicación T-69.632, adelantado
por Manuel Simón Guevara Agudelo en contra del Coronel(r) Ezequiel Rojas
Casadiego; Jefe de la División de Archivo General del Ministerio de Defensa
Nacional. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte
Constitucional, escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
I.ANTECEDENTES
1.
Solicitud.
El 4 de
abril de 1995, Manuel Simón Guevara Agudelo presentó, ante el Tribunal
Administrativo del Meta, una acción de tutela, invocando, para tal efecto, el
derecho de petición, cuya vulneración, a su juicio, se deriva de los hechos que
expone de la siguientre manera:
-"Por
medio de escrito de julio 14 de 1994 radicado al día siguiente en la División
de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, he solicitado se me
expida un certificado de tiempo de servicio militar prestado  por el suscrito,
durante los años 1968 y 1969 en el batallón aerotransportado  General Serviez
de Villavicencio".
-"El
27 de julio, el Coronel (r ) Ezequiel Rojas Casadiego, Jefe de División del
Archivo General del Mindefensa, me informó que revisadas las nóminas del
batallón nombrado antes no figuraba mi nombre y me pide rectificar los
datos".
-"Mediante
memorial de agosto 8 de 1994 solicité al Comandante del Distrito Militar No. 5,
se me informara por escrito las fechas exactas entre las cuales presté mi
servicio militar en el batallón Serviez  y el número de las resoluciones de
vinculación y desvinculación".
-"En
escrito de agosto 9 de 1994, el señor Comandante del Distrito Militar No. 5 me
suministra parte de la información solicitada".
-"En
memorial de agosto 9 de 1994, pedí al Comandante del Batallón Aerotransportado
General Serviez, se me informara por escrito si en ese batallón se encontraban
los archivos correspondientes a los años 1968 y 1969 del personal de
reservistas, o si los mismos se habían remitido al Archivo General del
Ministerio de Defensa".
-"La
respuesta fue que dichos documentos habían sido enviados al Archivo General.
Oficio de agosto 22 de 1994".
-"En
agosto 24 de 1994, solicité al Rector del Colegio La Salle de Villavicencio,
donde cursé grado 5o. y 6o. de bachillerato, época durante la cual presté mi
servicio militar, se certificara si el suscrito fue estudiante de ese colegio
durante los años 1968 y 1969 y si estando cursando los grados 5o. y 6o. presté
mi servicio militar".
-"La
respuesta aparece en el certificado expedido con fecha 2 de septiembre de 1994
y en otros expedidos el 14 del mismo mes y año."
-"Con
la información recaudada, el 30 de septiembre de 1994, radiqué nueva petición
de que se me expidiera el tiempo de servicio militar, dirigida al Jefe de
División de Archivo General del Mindefensa".
-"La
mencionada dependencia, en oficio No. 2949 de octubre 4 de 1994, condiciona la
expedición del certificado del tiempo de servicio solicitado a que previamente
presente certificación del colegio donde cursé 5o. y 6o., en la que se haga
constar las horas de instrucción militar técnica práctica".
-"En
memorial que presenté el 6 de diciembre de 1994, ante la División de Archivo
General del Mindefensa, anexé los certificados del Colegio La Salle del 14 de
septiembre de 1994 e insistí en mi petición".
-"En
la fecha no se me ha expedido el certificado solicitado ni he tenido respuesta
a mi petición de diciembre 6 de 1994".
El actor
solicita la expedición del certificado pedido y anexa los memoriales
presentados y los oficios que contienen las respuestas a que alude en su
escrito.
A
solicitud del Tribunal Administrativo del Meta, el Jefe de la División de
Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional informó que la petición de 6
de diciembre de 1994 fue despachada verbalmente, en el sentido de exigirle al
interesado allegar la certificación escrita de las horas de instrucción militar
recibidas, expedida por el colegio respectivo, pues a falta de ella no es
posible elaborar la liquidación de servicios. El demandado aportó, además,
fotocopias de los decretos 966 y 2000 de 1967 y de un concepto jurídico
suscrito por el Jefe de la División de Prestaciones Sociales acerca de los
alcances del decreto 966 de 1967 en relación con la prestación del servicio
militar en la modalidad de premilitar.
2. La
sentencia que se revisa.
El
Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de abril 21 de 1995,
resolvió "Declarar impróspera la petición de tutela impetrada por el
ciudadano MANUEL SIMON GUEVARA AGUDELO ....", con base en los argumentos
que se resumen a continuación:
-El
derecho de petición "ha sido considerado como una via directa de acceso a
las autoridades" y a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio de la
Constitución de 1886 que sólo permitía ejercerlo ante las autoridades, la Carta
de 1991 contempla la posibilidad de formular solicitudes a organizaciones
privadas con el propósito de "entronizar la democracia
participativa".
-Las
cuatro peticiones elevadas por el peticionario obtuvieron respuesta oportuna y
así lo reconoce el propio accionante al manifestar que "su solicitud de
julio 14 de 1994 obtuvo respuesta el 27 de julio del mismo año; la petición de
agosto 8 de 1994 se le respondió en agosto 9 del mismo año; que el memorial de
agosto 9 de 1994 fue contestado en agosto 22 de ese año y  que la petición de
septiembre 30 se contestó en octubre 4".
-El
memorial de fecha 6 de diciembre de 1994 "fue contestado verbalmente por
el Jefe de Grupo de Certificación de la División de Archivo General, según
informe que se entiende rendido bajo la gravedad del juramento (Art. 19 Decreto
2591 de 1991), por el Sr. Jefe de la División de Archivo General Mindefensa
(fl.32), informe en el cual también señala la entidad militar los motivos por
los cuales no se le ha expedido al ciudadano MANUEL SIMON GUEVARA AGUDELO el
requerido certificado de tiempo de servicio como soldado pre-militar, lo que
encuentra ajustado a derecho la Sala".
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
Competencia.
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión  dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia.
1. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el derecho de
petición comprende  dos momentos importantes, el primero de los cuales consiste
en la posibilidad de dirigirse respetuosamente a las autoridades, en interés
particular o general, desencadenando de ese modo la actuación correspondiente
que, dentro de un término razonable, conduzca a la adopción de una respuesta
que constituye el segundo elemento integrado a la noción del derecho que el
artículo 23 superior recoge.
La
posibilidad de presentar peticiones atañe a toda persona y es el presupuesto
indispensable para obtener la pronta resolución del asunto sometido al
conocimiento y a la decisión de la autoridad pública. Esta Corporación, en
reiterados pronunciamientos, ha señalado que el derecho de petición no queda
satisfecho con la simple recepción de las solicitudes y que su relevancia, como
mecanismo que permite la comunicación entre los particulares y el poder
público, no deriva primordialmente de esta etapa inicial sino de la solución
que se brinde a la cuestión planteada.
La
respuesta que le otorga verdadera eficacia al derecho de petición es aquella
que, además de producirse oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se
trate; no es otro el sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a
la pronta resolución, indicando así que no basta un pronunciamiento que
tocando de manera apenas tangencial las inquietudes del peticionario omita el
tratamiento del problema, la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo
anterior no significa que en toda circunstancia la decisión deba acoger las
pretensiones del solicitante; lo que se busca es que, cualquiera sea su
sentido,  la respuesta  desate la materia de la petición.
Entre la
presentación de una solicitud y la resolución de la misma media un lapso
suficiente para que las autoridades, dentro del marco de sus competencias,
acometan el estudio de lo pedido, soliciten las informaciones que estimen
pertinentes, alleguen los elementos de juicio necesarios para adoptar,
finalmente, la consecuente decisión. La autoridad puede demandar colaboración
del peticionario en procura de una ayuda que el particular esté en condiciones
de prestarle y que resulte indispensable para resolver. Empero, al solicitante
también le asiste el derecho para exigir que la autoridad, por su parte,
despliegue la actuación que le permita llegar a la decisión que debe adoptar, y
más aún, para pedir que cuando la resolución adoptada comporte el obrar de la
autoridad, con miras a la garantía de los derechos de la persona, se proceda a
efectuar la acción pertinente.
Así
pues, el derecho de petición abarca la actividad que la autoridad está llamada
a desempeñar antes de la respuesta,  a efectos de producirla, y con
posterioridad a ella, siempre que el solo pronunciamiento no sea suficiente.
2. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puesto de manifiesto la relación
que existe entre el derecho de petición y el derecho a acceder a los documentos
públicos, sin perjuicio de la autonomía que se reconoce a este último. En la
sentencia T-464 de 1992 se enfatizó que "la efectividad del derecho a
obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta
resolución a las peticiones formuladasque también hace parte del núcleo
esencial del derecho de petición", y en pronunciamiento posterior la
Corte dijo:
"En
ocasiones el artículo 74 de la Constitución Nacional puede verse como una
modalidad del derecho fundamental de petición. En efecto, el ´derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución´ (art. 23 Constitución Nacional)
incluye, por su misma naturaleza el derecho a acceder a los documentos públicos
(art. 74 Constitución Nacional).
Llama
ciertamente la atención que el constituyente hubiera separado en dos artículos
distintos y bajo títulos diferentes estas dos normas (...) No obstante, es de
señalar que en ausencia del artículo 74, el derecho de acceso a los documentos
públicos se entendería implícito necesariamente en el artículo 23, que consagra
el derecho fundamental de petición.
(....)
Como
se ve, a menudo, peticiones elevadas ante las autoridades tienen por objeto
obtener, revisar o acceder a un documento público. En la gran mayoría de las
ocasiones, el derecho de petición sólo se puede ejercer mediante el
conocimiento de los documentos relacionados con el caso concreto que interesa
al particular, o vinculados con asuntos de interés general". (Sentencia
T-473 de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón. Subrayas fuera de texto).
Puntualizó,
además, la Corte en la providencia citada que el Código Contencioso Administrativo
contempla el derecho a acceder a los documentos públicos como una forma del
derecho de petición (art. 17) y que, en otras oportunidades, el acceso a los
documentos muestra un nexo mayor con el derecho a la información. Lo que no
obsta para que, compartiendo el núcleo esencial de los derechos de petición y a
la información, tenga también "un contenido y alcance particulares que
le otorgan especificidad y autonomía dentro del conjunto de los derechos
fundamentales".
3. El 14
de julio de 1994, el ciudadano Manuel Simón Guevara Agudelo elevó una petición
ante el Jefe de Archivo General del Ejército Nacional, solicitándole la
expedición de un certificado de tiempo de servicio militar por haberlo prestado
durante los años 1968 y 1969, pidió, además, que se hiciera constar las
resoluciones de ingreso y retiro y si durante esos años el país se encontraba
en estado de sitio. El 27 de julio siguiente se le informó que "revisadas
las nóminas del Batallón Aerotransportado de Guarnición Apiay e índices de
soldados de los años 1968 y 1969 no figura",  y se le recomendó rectificar
los datos.
El 8 de
agosto de 1994, el señor Guevara Agudelo se dirigió al Comandante del Distrito
Militar Número 5 pidiéndole la información. Al día siguiente se le entregó
comunicación en la que, entre otros datos, aparece consignado que se le expidió
libreta militar de primera clase, que su especialidad militar fue la de
infante, su grado soldado y que la fecha de licenciamiento es el 5 de diciembre
de 1969. Así mismo se le hizo saber que para obtener el resto de la información
y la constancia de tiempo de servicio militar debía acercarse a la Oficina de
Archivo General del Comando del Ejército.
El 9 de
agosto de 1994, el peticionario presentó escrito dirigido al Comandante del
Batallón Aerotransportado General Serviez en el que reitera su petición. El día
22 del mismo mes y año se le respondió que en esa unidad no existía ningún
documento pues los archivos de los años 1968 y 1969 habían sido enviados al
Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, instándolo a que buscara en
esa dependencia la información requerida.
El 30 de
septiembre de 1994 elevó nueva petición al Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa en la que, luego de enterarlo de las
diligencias cumplidas manifiesta que por virtud del Decreto 966 de 1967 se
estableció la prestación del servicio militar por los estudiantes de quinto y
sexto de bachillerato, grados que cursó durante los años  1968 y 1969
respectivamente, según constancia expedida por el Colegio La Salle de
Villavicencio.
En
respuesta a la solicitud anterior, el 4 de octubre de 1994 se le comunicó al
peticionario que "con el fin de expedir el tiempo real del servicio
militar y de acuerdo a lo estipulado en el artículo segundo del Decreto 966 de
1967, el cual contempla un máximo de un mes de acuartelamiento y el requisito
de siete (7) horas semanales de instrucción militar teórica-práctica durante
sus dos años lectivos, debe anexar certificación autenticada del plantel
educativo donde adelantó el quinto (5o.) y el sexto (6o.) de bachillerato,
donde deberá constar las horas de instrucción militar teórico-prácticas
recibidas mensualmente, de acuerdo a concepto jurídico No. 2239 del cinco (5)
de abril de mil novecientos noventa y tres (1993)".
Es de
anotar que el accionante ya se había dirigido al rector del Colegio La Salle
quien, en la primera ocasión, certificó que Manuel Simón Guevara Agudelo cursó
y aprobó en ese plantel los grados 10 y 11 de educación media vocacional en
1968 y 1969, y transcribió el artículo 1o. Del Decreto 966 de 1967 conforme a
cuyo tenor literal "los estudiantes colombianos varones que cursen loa
años V y VI del nivel de enseñanza media...que no hayan definido su situación
militar y que sean aptos prestarán su servicio militar bajo banderas de
conformidad con programas, reglamentos y documentación que para tal efecto
expida el Comando General de las Fuerzas Militares, con aprobación del
Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional". Con posterioridad, en nueva constancia se agregó que el actor
recibió el título de bachiller académico por haber cumplido con todos los
requisitos legales exigidos y, en una tercera oportunidad, el rector del
establecimiento educativo, a instancias del accionante, indicó que el servicio
militar que prestaron los estudiantes durante 1968 y 1969 fue convocado
"unilateralmente por el Estado...y se prestó en tiempo extraclase...bajo
el exclusivo control y responsabilidad de las fuerzas armadas de turno",
que en tales circunstancias al colegio "únicamente se le solicitó
colaboración en lo pertinente sin afectar la marcha normal" y que la lista
enviada a las autoridades militares "hace 26 años, no se conserva porque
no se considera documento de estudio".
El 6 de
diciembre de 1994 el señor Guevara Agudelo insistió, una vez más, en la
expedición del certificado de tiempo de servicio militar y según lo afirma en
su escrito de tutela, esta última solicitud no le fue resuelta. El Tribunal
Administrativo del Meta entiende que fue respondida verbalmente,  en el sentido
de exigirle al peticionario la constancia que, como se ha visto, el colegio no
puede expedirle.
4. De la
breve exposición que antecede y de otros documentos que obran en autos, surge
con claridad lo siguiente:
-Por
Decreto 966 de 1967 se confirió a los estudiantes de los grados quinto y sexto
de enseñanza media la posibilidad de prestar el servicio militar y
simultáneamente desarrollar la actividad escolar a lo largo de dos años
lectivos, con base en una programación de siete (7) horas semanales de
instrucciones teórico-prácticas y un "acuartelamiento  hasta por un mes en
el último año o durante las vacaciones de acuerdo con el calendario
escolar".
-Manuel
Simón Guevara Agudelo dice haber prestado su servicio militar durante 1968 y
1969 años en los que, según constancia del Colegio La Salle de Villavicencio,
cursó quinto y sexto de bachillerato. El Comandante del Distrito Militar Número
5 certificó que al soldado Guevara Agudelo se le licenció el 5 de diciembre de
1969 y que se le expidió tarjeta militar de primera clase.
-En la
División de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, en donde, según
las autoridades militares reposan los datos referentes a la prestación del
servicio militar por parte de Guevara Agudelo, no existe registro alguno que
sirva de fundamento para expedirle la certificación de tiempo de servicio que
el accionante reclama.
-El Jefe
de la División de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional pretende
subsanar la carencia anotada exigiéndole al peticionario una certificación de
las horas de instrucción militar teórico-prácticas, expedida por el colegio en
el que cursó los dos últimos años de bachillerato.
-El
rector del establecimiento educativo aduce que no le es posible certificar
acerca de los datos pedidos porque la información de ese tipo corresponde a las
autoridades militares y no se encuentra en los archivos del plantel.
-Afirma
el accionante que según el Decreto 966 de 1967 ningún establecimiento de
educación media podía otorgar el título a los estudiantes que no hubiesen
definido su situación militar y que, a él, no sólo se le confirió el título,
sino que adicionalmente se le registró el diploma respectivo. Fuera de lo
anterior, conforme al Decreto citado, al concluir el periodo de instrucción a
los estudiantes de enseñanza media se les debía entregar tarjetas de
reservistas de primera clase que fue, justamente, lo que aconteció en su caso.
-El
concepto número 2239 del 5 de abril de 1993 que el demandado cita para
justificar su negativa a certificar del tiempo de servicio, indica que para
fijarlo se tomarán en cuenta las certificaciones que emanen de las entidades
educativas o "las órdenes del día que den de alta y de baja a dicho
personal y sobre las que se pueda expedir constancia de tiempo de servicio por
la División de Archivo General, de este Ministerio, a fin de ser tenidas en
cuenta para efectos prestacionales".
5. El
análisis de los aspectos anotados deja ver que la administración justifica su
actitud en el hecho de no poseer los registros contentivos de la información
requerida para solucionar la demanda formulada por el ciudadano a quien, en
consecuencia, se le pide suplir esa deficiencia aportando una constancia académica
que, después de varios intentos, le ha sido negada, en forma definitiva, por
carecer el establecimiento educativo de los datos buscados.
Así las
cosas, el nexo entre la autoridad y el particular se remite a la reiteración
sucesiva de una misma petición, generadora de un inexorable pronunciamiento
negativo que, en contra de lo que cree el Tribunal Administrativo de Meta,
desconoce el derecho de petición y también  el derecho de acceso a los
documentos públicos. El primero, como se expuso más arriba, supone la actuación
diligente de la autoridad pública enderezada a obtener una respuesta que entre
al fondo de lo pedido, resolviendo real y marterialmente y el segundo, implica,
en la presente causa, la expedición de la certificación pedida, documento de cuya
disposición depende que el peticionario ejerza otros derechos, particularmente
el que le asiste para reclamar una pensión de jubilación que, como es sabido
exige la demostración de un determinado tiempo de servicio.
Nada
diferente a un inútil desgaste espera a ambas partes trabadas en un conflicto
que, en su estado actual, se revela interminable, cuando, en sentir de la
Corte, lo evidente es que de un estudio concienzudo y total de la documentación
anexada por el ciudadano, la autoridad puede extraer la respuesta que el caso
amerita y, con fundamento en ella, expedir la certificación del tiempo de
servicio militar, observando con ello el derecho de petición y, por contera, el
derecho de acceso a los documentos públicos, por cuya virtud la administración
debe proceder a entregar el certificado que el actor pide.
En
efecto, la situación examinada envuelve factores normativos y fácticos que se
muestran concordantes y, con apoyo en ellos,  es posible establecer la efectiva
prestación del servicio militar por el peticionario y las condiciones y
modalidades en que se desarrolló el cumplimiento de esa obligación. A partir de
esa constatación inicial, inferida de la información allegada por el actor y de
los decretos que trataban la materia, es enteramente viable fijar el tiempo que
duró la prestación del servicio, máxime si comprobadas las circunstancias de
hecho, las referidas normas suministran elementos de juicio acerca de la manera
como debían prestar el servicio quienes se hallaban cobijados por sus supuestos
y nada hace pensar que, en el caso concreto, se hayan desconocido esos
parámetros, todo lo contrario, el cumplimiento de esa obligación constitucional
debe tenerse por cabalmente ajustado a la preceptiva que lo regulaba; de manera
que basta aplicarla a la situación específica del accionante para determinar el
tiempo de su servicio.
Una
solución de esta naturaleza tiene en cuenta los derechos del actor, impide que
las fallas de la administración se trasladen a los asociados, responde a los
principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que en términos del
artículo 20 superior guían el desempeño de la función administrativa y
actualiza los postulados de la buena fe que se presume en todas las gestiones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas . En relación con
el último aspecto, la Corte ha puntualizado lo siguiente:
"Que
los servidores públicos ejerzan su función sobre la base de la buena fe de los
administrados no es en modo alguno graciosa concesión otorgada por los primeros
a los segundos sino derecho de rango constitucional y, por tanto, regla de
obligatoria observancia en todo tipo de trámites y diligencias.
La
vigencia del artículo 83 de la Carta ha implicado un cambio sustancial en el
desarrollo de las funciones estatales, ya que ha invertido los términos de
relación, con miras a eliminar el tradicional esquema de desconfianza y recelo
que caracterizaba el comportamiento de las autoridades respecto de los
particulares. La carga de probar a cada paso la licitud y lealtad de la propia
conducta, que pesaba irremediablemente sobre quien actuara ante los entes
oficiales y que suponía el presupuesto de la mala fe, ha sido sustituida por la
presunción contraria -la de que toda persona actúa de buena fe-,  quedando en
cabeza del Estado y de sus funcionarios la responsabilidad de desvirtuarla
(...).
La
función pública ha sido puesta al servicio de los intereses colectivos y se
ejerce en beneficio de los asociados, no en su contra. De tal modo que quienes
la desempeñan no tienen por cometido - como suele creerse en algunas
dependencias- el de obstaculizar y complicar la vida de las personas y su
normal actividad, sino el de contribuir, dentro del ámbito de las atribuciones
que a cada organismo y funcionario corresponden, al desenvolvimiento armónico y
ordenado de las múltiples relaciones propias de la convivencia social.
Reitera
la Corte lo ya afirmado por ella en Sentencia T-586 del 23 de octubre de 1992
en el sentido de que "el ejercicio de la función estatal no contrapone ni
enfrenta al ciudadano con la autoridad sino que, por el contrario, debe ser la
ocasión para su acercamiento y mutua colaboración en aras de los objetivos que
identifican a todos los miembros de la colectividad". (Sentencia T-578
de1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Un
argumento equitativo, impone, entonces, revocar la sentencia revisada y en su
lugar ordenar que, en garantía del derecho de petición y del derecho a acceder
a los documentos públicos que comporta la obtención de la certificación
solicitada, si todavía no lo ha hecho, el Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa Nacional, proceda a establecer y a
certificar, dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación
de esta sentencia,  el tiempo de servicio militar prestado por Manuel Simón
Guevara Agudelo, previo análisis de la totalidad de la documentación conforme a
la normatividad aplicable en este evento.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia de 21 de abril de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta en el asunto de la referencia.
SEGUNDO.
CONCEDER la
tutela del derecho de petición y del derecho a acceder a los documentos
públicos, en consecuencia ORDENAR al Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa Nacional que si todavía no lo ha hecho,
proceda a establecer y a certificar, dentro del improrrogable término de 10
días contados a partir de la notificación de esta sentencia, el tiempo de
servicio militar prestado por Manuel Simón Guevara Agudelo, previo análisis de
la totalidad de la documentación disponible conforme a la normatividad
aplicable en este evento.
TERCERO.
LIBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General