T-265-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-265/08
DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL-Deben
estar debidamente garantizados por el Estado
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-Carácter prestacional
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
para protección de derechos prestacionales
ACCION DE TUTELA-Procedencia para
reclamar procedimientos incluidos en el POS
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Suministro y adaptación de audífonos
DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-Suministro
de audífonos previa evaluación médica y si son autorizados deben ser
suministrados por la EPS
Referencia: expediente T-1.739.202
Accionante:
José Benjamín Robayo Delgado
Demandado:
Coomeva E.P.S.
Magistrado
Ponente:
Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., diez
(10) de marzo de dos mil ocho  (2008)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo
Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco Gerardo Monroy Cabra, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá
D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por José Benjamín Robayo Delgado
contra Coomeva E.P.S.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
El actor José
Benjamín Robayo Delgado formuló acción de amparo constitucional con motivo de
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad
con la vida en condiciones dignas, en la que solicita la autorización y el
cubrimiento total de los audífonos ordenados por su médico tratante y el
tratamiento integral que requiera para la recuperación de su salud.
2. Reseña Fáctica
2.1. El señor José Benjamín Robayo Delgado tiene 69 años de edad, se
encuentra afiliado a Coomeva E.P.S. y padece de hipoacusia sensorial
moderada a severa bilateral.
2.2. Con base en el anterior diagnóstico, una audióloga de la Unidad
Quirúrgica de los Alpes le ordenó “adaptar audífonos digitales
bilateralmente de gama básica o intermedia”. El accionante cotizó en dicha
I.P.S. el valor de unos audífonos Starkey Digital Ite Destiny 400 y allí
le informaron que su costo ascendía a un millón trescientos mil pesos
($1´300.000) cada uno.
2.3. El señor Robayo Delgado solicitó a
Coomeva E.P.S. el suministro de los audífonos y ésta procedió a su negación por
cuanto se trataba de un insumo excluido del P.O.S. Igualmente, en el formato de
negación de servicios de salud, la E.P.S  accionada expuso como única
alternativa para que el usuario accediera al servicio, la asunción del costo de
forma particular.
3.      Consideraciones de la parte actora
Sostiene el accionante que la actuación de Coomeva E.P.S. es
violatoria de su derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la
integridad física y a la seguridad social, puesto que al omitir la autorización
de los audífonos demandados pone en inminente peligro su salud y obstaculiza la
posibilidad de obtener un mejoramiento de su calidad de vida.
Así mismo, señala que no cuenta con los recursos económicos
suficientes para cubrir de forma particular el valor de los audífonos, toda vez
que a sus 69 años trabaja como zapatero devengando apenas lo suficiente para
cubrir las necesidades básicas de él y su familia.
4. Pretensiones de la accionante
El señor José Benjamín Robayo Delgado solicita, en primer lugar, que
se ordene a Coomeva E.P.S. autorizar de inmediato y cubrir la totalidad del
valor de la adaptación de los audífonos marca Starkey Digital Ite Destiny
400 ordenados por el médico tratante. En segunda medida, insta a que se
autorice el cubrimiento total del tratamiento integral que requiera para la
recuperación de su salud.
5.        Respuesta de la entidad accionada
5.1.   Coomeva
E.P.S.
Señala la
entidad accionada que el diagnóstico hipoacusia bilateral moderada a severa y
la recomendación de adaptar audífonos digitales bilateralmente de gama básica o
intermedia en ningún momento comprende una referencia específica de audífonos
como la cotizada por el señor Robayo Delgado.
De otro lado,
manifiesta que el diagnóstico y tratamiento fue ordenado por una audióloga de
la cual no se ofrece nombre claro o sello de identificación, pero no existe una
solicitud formal realizada por un médico especialista en otorrinolaringología,
quien es el único profesional con capacidad para tratar una patología como la
que aqueja al accionante. Así mismo, informa que dentro del P.O.S. existen insumos
(audífonos análogos) con igual beneficio para el paciente.
Finaliza
argumentando que ha brindado al señor Robayo Delgado toda la atención  médica
que ha requerido y que se encuentra incluida en el Plan Obligatorio de Salud,
por lo que no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por
el actor en su escrito de tutela.
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.      Sentencia única de instancia
El Juzgado
Primero Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del nueve (9) de julio
de dos mil siete (2007), negó el amparo deprecado por el señor José Benjamín
Robayo Delgado bajo los argumentos que a continuación se exponen.
El a-quo inicia
su disertación exponiendo generalidades de la Acción de Tutela y de los
derechos fundamentales a la salud, la vida y la Seguridad Social.
Posteriormente señala que la entidad accionada no incurrió en la violación de los
derechos cuya protección demanda el accionante, toda vez que, a su juicio,
dentro del expediente no se encuentra prueba siquiera sumaria de que el señor
Robayo Delgado haya elevado una petición ante la E.P.S. tendiente a obtener los
audífonos requeridos, así como tampoco existe prueba de la que éstos hayan sido
prescritos por un médico adscrito a Coomeva E.P.S.
2. Material
probatorio relevante en el caso.
2.1. Formato de negación de servicios de salud expedido por Coomeva E.P.S.
el 23 de Mayo del 2007.
2.2. Cotización de audífonos bilaterales marca Starkey digital Ite
Destiny 400 expedida por la Unidad Quirúrgica de los Alpes.
2.3. Ficha Audiológica de la Unidad Quirúrgica de los Alpes donde
ordenan audífonos digitales bilateralmente de gama básica o intermedia.
2.4. Carné de afiliación a Coomeva E.P.S.
III.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86
de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. En el presente caso, el señor José Benjamín Robayo Delgado actúa en defensa de sus derechos e
intereses, razón por la que se encuentra legitimada para presentar la acción.
2.2.
Legitimación pasiva
La empresa
demandada es una entidad de carácter particular que se ocupa de prestar el
servicio público de salud, por lo tanto, de conformidad con el numeral 2 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el
presente proceso de tutela.
3.      Problema
jurídico
Corresponde a
esta Sala determinar si Coomeva E.P.S. vulneró los derechos fundamentales a la
vida, la salud y la dignidad humana del señor Robayo Delgado al no autorizar el
suministro de los audífonos bilaterales marca Starkey Digital Ite Destiny
400 solicitados por el accionante.
Para tal efecto,
se revisará jurisprudencia relacionada con el Plan Obligatorio de salud, los
requisitos para obtener la autorización de servicios de salud excluidos e
incluidos en el P.O.S. a través de la acción de tutela y el derecho a la salud
en conexidad con la vida en condiciones dignas.
4. Naturaleza
Prestacional del derecho a la salud. Excepciones a la regla. Procedencia de la
Acción de Tutela. Reiteración de jurisprudencia.
La Constitución
Política de 1991 consagra a la salud y a la seguridad social como servicios
públicos de carácter obligatorio cuya regulación, organización, dirección y
prestación se encuentra a cargo del Estado. Igualmente, se conciben como
derechos de carácter prestacional  por cuanto requieren una infraestructura y
un desarrollo legal y presupuestal para que resulten exigibles al Estado. Por
tal motivo esta Corporación, en múltiple jurisprudencia, ha indicado que en principio
la acción de tutela no resulta procedente para proteger derechos de dicha
naturaleza, como quiera que ésta fue diseñada para garantizar el efectivo
amparo de derechos de raigambre fundamental en aquellas oportunidades en las
que no existan otros medios de defensa judicial lo suficientemente idóneos o
eficaces.
Empero, la Corte
Constitucional ha manifestado que existen tres supuestos de hecho excepcionales
en los que un derecho de carácter prestacional puede preservarse a través de la
acción de tutela. Al respecto se ha dicho:
“Así las cosas, se han desarrollado los siguientes supuestos
fácticos en los que un derecho de tipo prestacional, como la salud, es
susceptible de protección mediante tutela: i) cuando el derecho prestacional se
halla en conexidad con un derecho de rango fundamental, de modo que la
afectación del primero conlleva la del segundo, ii) cuando el sujeto del
derecho es un niño, una persona de la tercera edad o un discapacitado
sensorial,  físico o psíquico y iii) cuando, como consecuencia del desarrollo
legal o administrativo de una norma constitucional abstracta, el derecho
prestacional se transmuta y adquiere raigambre fundamental”[1].
Lo anterior,
implica que un derecho prestacional como la salud puede ser amparado vía de
tutela si se encuentra en conexidad con el derecho fundamental a la vida en
condiciones dignas, a la igualdad, al el libre desarrollo de la personalidad,
entre otros. Del mismo modo, tratándose de niños, de personas de la tercera
edad o de discapacitados el derecho a la salud se torna fundamental, toda vez que
en atención a la situación de indefensión y debilidad manifiesta en la que se
hallan dichos sujetos, opera una transformación en la naturaleza del derecho.
Así, en el caso de los menores, la Constitución Política es precisa al indicar que
la salud es un derecho fundamental, mientras que tratándose de los adultos
mayores tal calidad se deriva de la lectura del artículo 46 de la Carta
Política[2].
Por otra parte,
la transmutación de derechos prestacionales en derechos fundamentales opera en
materia de salud de forma que una vez se incluye un servicio médico dentro de
la lista de aquellos cuya prestación resulta obligatoria puede hablarse de
derechos subjetivos susceptibles de ser exigidos al Estado por vía de tutela.
Sobre el asunto, se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia
constitucional:
“Estos derechos subjetivos, que se desprenden de las normas que
configuran el sistema de seguridad social, eliminan la indeterminación de los
derechos programáticos y materializan situaciones concretas exigibles al Estado.
Tal exigencia puede hacerse por vía de tutela, por cuanto el derecho a la
salud, en su dimensión de derecho subjetivo, es de naturaleza fundamental, en
virtud de su estrecha relación con el principio de dignidad humana, vínculo que
responde al criterio fijado por la Corte Constitucional como parámetro
funcional de definición de derechos fundamentales.”[3]
Ahora bien, acorde con lo señalado anteriormente, una vez se
determina la procedencia de la acción de tutela es deber del juez establecer si
resulta viable conceder el amparo deprecado por el demandante. Esta Corporación
ha desarrollado una serie de requisitos de indispensable concurrencia en
aquellos casos en los que se pretenda obtener, a través de la acción de tutela,
la autorización y suministro de medicamentos, tratamientos, procedimientos e
insumos excluidos o incluidos en los Planes Obligatorios de Salud de los
regímenes contributivo y subsidiado. Así, tratándose de exclusiones del P.O.S.
existen los siguientes requerimientos:
(i)
que la falta del servicio médico excluido
amenace los derechos a la vida o la integridad personal, interpretando tales
derechos a la luz del principio de dignidad humana;
(ii)
que el medicamento, tratamiento o procedimiento
solicitado no pueda ser reemplazado por otro que contemplado en el P.O.S.
ofrezca los mismos resultados bajo los criterios de calidad y efectividad;
(iii)
que quien solicita el servicio no cuente con la
capacidad económica suficiente para sufragar su costo de forma particular y
(iv)
que el procedimiento o medicamento haya sido
prescrito por un médico adscrito a la E.P.S o E.P.S-S.
Por otra parte, si la controversia versa sobre servicios de salud
incluidos en el Plan de Beneficios, la Corte Constitucional ha sido precisa al
indicar que únicamente se requiere acreditar (i) que el medicamento ha sido
ordenado por un médico adscrito a la E.P.S. y (ii) que ésta se ha negado a
autorizar su suministro, siendo irrelevante la conexidad del derecho con otros
de carácter fundamental o la capacidad económica del solicitante. Acerca de
este tema en Sentencia T-028 de 2007, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo
Monroy Cabra, se dijo:
“En suma, para que proceda la acción de tutela
para reclamar medicamentos o tratamientos médicos incluidos dentro de los
planes obligatorios de salud, no es necesario acreditar que su no práctica o
suministro afecta el derecho a la vida del actor. Sin embargo, esto no
significa que éste no deba demostrar que el medicamento o procedimiento que
demanda le fue ordenado por su médico tratante de la respectiva EPS o ARP, y que
su práctica o suministro fue negado por la misma.”
Así pues, corresponde al juez de tutela
determinar las circunstancias de cada caso concreto para establecer si es
viable conceder el amparo o si, por el contrario, la controversia debe llevarse
a la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.
6.
Autorización de servicios médicos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Suministro de Audífonos. Retiración de jurisprudencia.
Conforme al
artículo 162 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 806 de 1998 (artículo 7) y la
Resolución 5261 de 1994, entre otras normas que regulan la materia, el Plan
Obligatorio de Salud comprende (…) el
conjunto básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso
de necesitarlos, todo afiliado al Régimen Contributivo que cumpla con las
obligaciones establecidas para el efecto y que está obligada a garantizar a sus
afiliados las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y Entidades Adaptadas, EAS,
debidamente autorizadas, por la Superintendencia Nacional de Salud o por el
Gobierno Nacional respectivamente, para funcionar en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. (…) Sus contenidos son definidos por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud e incluye educación, información y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de la enfermedad, en los diferentes niveles de complejidad así como el
suministro de medicamentos esenciales en su denominación genérica.[4]
Así, la Resolución 5261 de 1994, por medio de la cual se
crea el Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones incluidas en el
Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, y el
Acuerdo 228 de 2002, a través del cual se establece el Manual de Medicamentos
del Plan Obligatorio de Salud, incluyen una serie de servicios de salud cuya
prestación está en cabeza de las empresas promotoras de salud, que en tal
sentido están llamadas no sólo a autorizar el medicamento o procedimiento sino
a cubrir su costo con los recursos de la unidad de pago por capitación (U.P.C.)
y sin que sea posible la figura del recobro ante el FOSYGA.
Para el caso concreto, que versa sobre un procedimiento más
no sobre un medicamento, la norma aplicable es la Resolución 5261 de 1994 que
en lo concerniente a audífonos dispone:
ARTICULO 82. Establecer como actividades,
intervenciones y procedimientos de Otorrinolaringología, los siguientes:
(…)
27108 Adaptación de audífono
(…)
ARTICULO 109. OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y/O
TERAPEUTICOS. Se considerarán para el nivel II
de complejidad los siguientes procedimientos:
(…)
Otorrinolaringología:
(…)
-
Adaptación de audífonos
(…)
Esta Corporación ha realizado una interpretación
finalista de los artículos citados para concluir que aun cuando estos se
refieren al procedimiento “adaptación de audífonos” y no al suministro de ellos,
el segundo debe entenderse incluido en el primero, como quiera que sólo así el
procedimiento contemplado cumpliría el objetivo de conseguir una recuperación
de la patología padecida por el afiliado y aliviar, en la medida de lo posible,
la discapacidad auditiva sufrida por éste.
En los últimos años la Corte Constitucional ha
venido desarrollando una línea jurisprudencial respecto del suministro de
audífonos que puede apreciarse, entre otras, en la Sentencia T-1278 de 2005:
“De lo dicho se colige que la inclusión de la
adaptación de audífono, cuyo suministro se encuentra excluido no permite la
recuperación de la función auditiva perdida o afectada y, definitivamente, no
se compadece con los postulados superiores referidos. Es decir, resulta
inadmisible a la luz de los preceptos constitucionales la interpretación
restrictiva que se ha hecho respecto del suministro del audífono, como excluido
del Plan Obligatorio de Salud, pues sin el suministro de este último, no se
logra el objetivo de rehabilitación.”[5]
Una vez establecido que el suministro de
audífonos está contemplado dentro del Plan Obligatorio de Salud, deviene
necesario concluir que las empresas promotoras de salud no pueden negar su
autorización, pues una actuación en tal sentido contraría los preceptos y
criterios constitucionales en detrimento del derecho fundamental autónomo a la
salud de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud.
Realizadas las anteriores consideraciones, esta
Sala procede a estudiar el caso particular del señor José Benjamín Robayo
Delgado.
5.      Caso
Concreto.
El señor Robayo
Delgado manifiesta que sufre de hipoacusia sensorial moderada a severa
bilateral por lo que su médico le ordenó la adaptación de dos audífonos
marca starkey digital ite destiny 400, dispositivos que solicitó a Coomeva
E.P.S. que procedió a negarlos por cuanto se encontraban excluidos del Plan
Obligatorio de Salud.
Por su parte, la
entidad accionada alega que el procedimiento no fue ordenado por el médico
especialista capacitado para ello (otorrinolaringólogo)  y que la audióloga que
lo prescribió no dejó ningún dato que permitiera su correcta identificación.
Así mismo, aduce que de la orden médica anexada por el actor a su escrito de
tutela, no se desprende que los audífonos requeridos sean los de la referencia
exigida por éste.
Igualmente, una
vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, esta Sala
encontró lo siguiente: (i) el accionante es una persona de la tercera edad, con
escasos recursos económicos y con una limitación en sus órganos de audición; (ii)
los dispositivos auditivos solicitados por el actor se encuentran incluidos en
el Plan Obligatorio de Salud; (iii) el servicio médico solicitado por el actor
fue ordenado por una audióloga de difícil identificación, bien como médica
particular o como médica adscrita a Coomeva E.P.S., toda vez que no existe un
sello o un nombre legible en la orden médica; y (iv) el suministro de audífonos
fue negado por Coomeva E.P.S., a través del denominado “Formato de negación
de servicios de salud”, donde se expuso como motivación para la decisión,
la exclusión de tales aparatos del P.O.S. y se ofrece como única alternativa la
asunción particular de su costo[6].
Conforme con lo
anterior, es posible predicar la procedencia de la presente acción de tutela
por proteger el derecho a la salud del accionante, ya que resulta evidente para
la Sala que el señor Robayo Delgado es un sujeto de protección especial del
Estado por cuanto su condición física y económica lo ubica en una posición de
debilidad, indefensión y desigualdad frente a los demás actores sociales, de donde
deviene el carácter fundamental de su derecho a la salud, pues como se dijo en
Sentencia T-820 de 2002
“esta prestación [la salud] se torna
fundamental, entre otras, en los siguientes eventos:
e)
Cuando debido a las condiciones físicas,
mentales, económicas o sociales en las que le corresponde vivir disminuyen
significativamente su capacidad para enfrentar la enfermedad, siempre y
cuando;
f)       El Estado o la sociedad tengan la capacidad
para enfrentarla sin sacrificar otro bien jurídico de igual o mayor valor
constitucional y;
g)
La prestación solicitada sea necesaria:
a.- para sobrepasar las barreras que le permiten llevar su vida con
un grado aceptable de autonomía,
b.- para mejorar de manera significativa las condiciones de vida a
las que lo ha sometido su enfermedad o,
c.- para evitar una lesión irreversible en aquellas condiciones de
salud necesarias para ejercer sus derechos fundamentales.” [7]
De otro lado, no puede pasarse por alto que según la jurisprudencia
de esta Corporación, el suministro de audífonos está comprendido dentro del
Plan Obligatorio de Salud. Entonces, en el asunto bajo examen igualmente estamos
frente a un derecho fundamental autónomo en virtud de la figura de la
transmutación.
Ahora bien, una vez establecida la procedencia de la tutela, resulta
necesario determinar si el señor José Benjamín Robayo Delgado cumple con los
requisitos para que, por medio de esta acción, la Corte Constitucional ordene
la autorización de los audífonos requeridos.
En los capítulos precedentes se expuso que si un servicio de salud
estaba contemplado dentro del P.O.S. el juez de tutela debía autorizar su
prestación siempre que se acreditara que había sido ordenado por un médico
adscrito a la E.P.S. y que ésta se había negado a autorizarlo.
Efectivamente y respecto de la segunda exigencia mencionada, el
señor Robayo Delgado solicitó ante Coomeva E.P.S. la autorización para la
entrega de los dispositivos auditivos, no obstante lo cual obtuvo una respuesta
negativa y contraria a los postulados constitucionales, como quiera que en
dicha oportunidad se argumentó su exclusión del Plan Obligatorio de Salud.
Ahora, en lo concerniente a la prescripción del procedimiento por
parte de un galeno adscrito a la E.P.S., la Sala encuentra que tal requisito no
está probado dentro del expediente, pues, en primer lugar, tal y como lo aduce
la entidad accionada, no existen dentro de la orden médica datos que permitan
identificar de forma cierta a la audióloga que formuló el tratamiento y, en
segunda medida, tampoco es esta profesional la facultada para diagnosticar,
evaluar y tratar la patología del accionante, como quiera que de una lectura de
la Resolución 5261 de 1994 es posible concluir que en efecto,  tal y como lo
alega Coomeva E.P.S., la adaptación de audífonos es un procedimiento
comprendido en la especialidad de otorrinolaringología.
Así pues, dado que no convergen los requisitos necesarios para que
esta Sala ordene la autorización del suministro de audífonos dicha pretensión
será negada, no sin antes realizar la siguiente salvedad. De las pruebas
allegadas al expediente, se desprende que en un primer momento Coomeva E.P.S.
se negó autorizar la entrega de los dispositivos alegando su exclusión del Plan
Obligatorio de Salud y, a pesar de ello, en respuesta a la acción de tutela
presentada, adujo que la negativa se debía a la inclusión de audífonos análogos
dentro del P.O.S. y a la falta de orden del médico competente adscrito a la
E.P.S.[8].
Dadas las circunstancias precedentes y puesto que se advierte la
contradicción entre la información brindada por Coomeva E.P.S. al usuario y la
suministrada al juez de tutela al momento de la contestación de la acción, la
Sala  ordenará a la entidad demandada que programe al señor Robayo Delgado cita
con el médico especialista capacitado para formular el tratamiento que requiere
para la recuperación de su enfermedad y advertirá que si éste considera que el
actor debe usar audífonos bilaterales, ellos deberán ser autorizados sin que
haya lugar a presentar oposición bajo el argumento de encontrarse excluidos del
Plan Obligatorio de Salud porque, como se expuso a lo largo de esta
providencia, tal interpretación de la Resolución 5261 de 1994 no se compadece
con los principios que orientan un Estado Social de Derecho.
Finalmente, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento acerca
de la pretensión de tratamiento integral realizada por el señor Robayo Delgado,
ya que, como se expuso a lo largo de esta providencia, no existe en el momento
diagnóstico proferido por médico competente acerca de la patología sufrida por
el accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá
en la que se decidió denegar el amparo invocado por el señor José Benjamín
Robayo Delgado.
SEGUNDO: ADICIONAR el fallo de única
instancia en el sentido de ordenar a Coomeva E.P.S. que dentro del término de
cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de la presente
providencia programe al señor José Benjamín Robayo Delgado cita con un médico
otorrinolaringólogo y, en caso de que éste determine que el accionante requiere
audífonos bilaterales, suministre tales dispositivos asumiendo su costo por
tratarse de una prestación incluida en el Plan Obligatorio de Salud.
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-881 de
2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] El artículo 46
establece: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su
integración a la vida activa y comunitaria”.
[3] Sentencias T- 869
de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-227 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, entre otras.
[4] Decreto 806 de 1998, artículo 7.
[5] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[6] Ver Cuaderno Principal, Folio 1.
[7] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[8] Cuaderno Principal, Folio 19