T-498-03
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Sentencia T-498/03
SECUESTRO-Pago de salarios
SALARIO-Pago a beneficiarios del secuestrado
SECUESTRO-Prueba para pago de salarios a beneficiarios
SECUESTRADO-Continuidad en el pago de salarios u honorarios
SECUESTRADO-Continuidad en el pago de salarios u honorarios hasta
su liberación
La regla general es que el derecho a la
continuidad en el pago de salarios u honorarios procede hasta tanto se produzca
la libertad del secuestrado o desaparecido. Por lo tanto, no se trata de una
obligación a perpetuidad e irredimible pues ella procede hasta tanto se cumpla
una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la
libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad.
SECUESTRO-Necesidad de prueba para la continuidad del pago de
salarios
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no presentarse supuesto
fáctico delictivo de la desaparición
Debe tenerse en cuenta, que en
el evento de que se trate de una desaparición en la que no se avizore un
“supuesto fáctico delictivo,” la tutela se torna improcedente, porque los
motivos por los cuales una persona puede desaparecer son múltiples e inclusive
pueden corresponder a la propia voluntad del desaparecido o a la ocurrencia de
un accidente entre otras muchas posibilidades, casos en los cuales como es
obvio el amparo no es procedente.
Referencia: expediente T-703474
Acción de tutela instaurada por la Señora
Claudia María Viloria Abella contra la  Empresa  de Vigilancia ABSERVIGIA Ltda.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., doce (12) de junio de dos mil tres
(2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos adoptados por
los Juzgados Séptimo Penal Municipal y Séptimo Penal del Circuito de
Bucaramanga dentro de la acción de tutela instaurada por la Señora Claudia
María Viloria Abella contra la  Empresa  de Vigilancia ABSERVIGIA Ltda.
I    ANTECEDENTES
La señora Claudia María Viloria Abella instaura en
nombre propio y en representación de su menor hijo, acción de tutela contra la
Empresa AB SERVIGIA Ltda., pues considera que la demandada le está vulnerando
los derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y a los
derechos del niño, al no cancelarle los sueldos desde el día en que fue
secuestrado su esposo hasta la fecha, igualmente solicita se le cancele el
dinero que ha pagado en tratamientos médicos, pues tanto ella como su hijo se encuentran
desprotegidos del Sistema de Seguridad Social de Salud y le sean resarcidos los
daños causados por la negligencia  de la accionada.
1. Hechos.
1. Sostiene la actora que el 8 de enero de 2002,
cuando su esposo se desplazaba de Bucaramanga a Sabana de Torres, fue
secuestrado, sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna de él.
2. Indica que al momento del secuestro del señor
Nicolás Quintero Turizo, éste era trabajador de la empresa de vigilancia
ABSERBIGIA Ltda. y se desempeñaba como director de seguridad electrónica y
ocasionalmente como escolta. Afirma que estaba vinculado a la empresa desde
noviembre de 2000, pero solo hasta el 1º de marzo de 2001, firmó contrato y
permaneció laborando hasta el día de su secuestro.
3. Manifiesta que su esposo en ningún momento ha
abandonado su cargo, ya que el día del secuestro se encontraba de permiso,
subsistiendo de ésta manera la relación laboral y teniendo la empresa accionada
la obligación de pagar el salario por un término de cinco (5) años.
4. De otra parte señala, que de acuerdo con
información que ha podido averiguar, su esposo participó junto con la policía
en un operativo donde se aprehendieron unos delincuentes que intentaron robar
un carro transportador de alimentos y como consecuencia de este hecho fue
amenazado de muerte.[1]
5. Narra que desde el día del secuestro, hasta la
fecha ha estado totalmente desprotegida con su hijo, pues su esposo era la
persona que les proveía todas las necesidades del hogar, que está sumida en una
profunda crisis emocional y económica, pues precisa que al momento de instaurar
la tutela, debe siete (7) meses de colegio del niño además de la administración
del edificio, que tiene los servicios públicos del apartamento cortados por
falta de pago y ha tenido que empeñar joyas y electrodomésticos, prestar
dinero, para poder sobrevivir y que depende de la caridad de su familia y de la
de su esposo, para la alimentación y las necesidades de su hijo.
6.  Que ante la situación económica tan crítica en que
se encuentra, en varias oportunidades ha presentado derechos de petición ante
la empresa accionada sin obtener respuesta por lo que acudió al Ministerio de
Trabajo y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pero
igualmente no le han resuelto su situación, solo se dedican a investigar.
7.      Manifiesta además que la empresa accionada, se
encuentra en mora del pago de aportes a la Seguridad Social y aduce que cuando
ella solicita que se le dé la autoliquidación de aportes para asistir al
médico, se le informa que no pueden por estar en mora y le dan es una orden
para ir al médico de forma particular, y la consecuencia es que no le compran
los medicamentos.
2.   Pruebas:
1. Partida de matrimonio.
2. Registro civil de nacimiento.
3. Constancia de la denuncia interpuesta ante la
Fiscalía por la desaparición del señor Nicolás Quintero Turizo del 18 de enero
de 2002.
4. Copia de la denuncia de la desaparición hecha ante
la Sijin del 18 de enero de 2002.
5. Copias de actas de compromiso de Abservigia Ltda de
fechas 28 y 31 de mayo de 2001 donde se señala que el señor Nicolás Quintero
Turizo se desplazó como escolta en el viaje Bucaramanga - Barrancas.
6. Copia de los derechos de petición presentados a la
accionada de fechas 25 de febrero, mayo 7, junio 11, julio 22 de 2002.
7. Copias de facturas de servicios médicos de fecha 28
de agosto de 2002.
8. Recibos de servicios públicos donde consta que los
mismos están suspendidos o en cobro jurídico.
9. Cuenta de cobro del Colegio Integrado Santa
Teresita.
10. Constancia de la administración del edificio donde
habita sobre el valor adeudado por cuotas de administración.
11. Recibos de pago de sueldo a la
tutelante.
12. Recetas médicas dadas al hijo de la
tutelante de fecha mayo y agosto del año 2002.
13. Copia del contrato del contrato de trabajo
suscrito con el extrabajador y de afiliación del mismo al sistema de salud.
3.   Intervención de la entidad accionada durante el
trámite de la acción de tutela.
En respuesta al Juzgado de primera instancia, el
Gerente de la entidad demandada señala que el señor Nicolás Quintero Turizo
laboró para la empresa accionada en el cargo de técnico electrónico (no como
escolta), desde el 1º  de marzo de 2001 hasta el 8 de enero de 2002 cuando
pidió un permiso y en adelante nunca se supo más de él, hasta cuando su esposa
dejó una copia de la denuncia presentada por desaparición ante la Fiscalía.
De otra parte informa, que el señor Quintero Turizo,
sin autorización de la empresa se llevó un revólver de propiedad de la empresa
y que no obstante presentarse abandono de cargo del extrabajador a la esposa se
le ha colaborado con algunos gastos médicos del hijo y se le canceló el total
de los salarios pendientes hasta el acaecimiento de los hechos descritos, tal y
como consta en los recibos de nómina.
4.      Decisiones judiciales que se revisan.
4.1    Fallo de primera instancia.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga, en
sentencia del 28 de octubre de 2002, manifiesta que la acción está dirigida
contra una entidad privada, la cual, no está encargada de la prestación de
servicios públicos como educación, salud etc., que no existe relación de
subordinación entre la  tutelante, su hijo y la accionada y que la Sra. Claudia
María Viloria Abella lo que pretende es desprender una responsabilidad civil en
razón al secuestro o desaparecimiento de su esposo ocurrido el 8 de enero del
2002, por fuera de la actividad laboral que desempeñaba en dicha empresa, por
lo que para el caso la tutela resulta improcedente por estar dirigida contra
una empresa que no se encuentra comprendida en el listado del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991.
Igualmente señala, que la desvinculación
de la EPS de la accionante y su hijo,  obedece a que el señor Nicolás Quintero
Turizo no labora como empleado de ABSERVIGIA Ltda, desde el día de su secuestro
o desaparición y al no efectuarse el pago de salario, por ende tampoco hay
descuentos por salud y pensión.  Expresa que no es del resorte del juez de
tutela entrar a dirimir ésta controversia, ya que éste es un mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se observa en el
caso en estudio pues existen otros medios de defensa idóneos como son las
acciones ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria, declarando en consecuencia
improcedente la tutela interpuesta.
4.2    Impugnación.
La demandante en escrito de apelación,
señala que el A quo al no tutelar sus derechos, está agravando su situación,
pues tanto ella como su hijo dependían económicamente de los ingresos de su
esposo y padre, quien laboraba para ABSERVIGIA Ltda, y a raíz de su secuestro
se encuentran totalmente desamparados, pues desde esa fecha dicha Empresa no le
ha vuelto a cancelar el salario mensual con el cual satisfacían sus necesidades
básicas.
4.3      Sentencia segunda instancia.
En fallo fechado el 16 de diciembre de 2002, el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, señala que si bien es
cierto, que el señor Nicolás Quintero Turizo era empleado de la Empresa
ABSERVIGIA Ltda, éste se encontraba de permiso el día que desapareció e
igualmente no estaba desempeñando ninguna labor relacionada con su cargo, de
otra parte indica, que no hay prueba alguna que permita concluir la existencia
de un secuestro, máxime cuando no hay exigencias económicas indiciarias de
éste, ni se ha recibido comunicación alguna al respecto, desconociéndose a la
fecha la causa real de la desaparición, no siendo posible tener por probado un
secuestro únicamente con la denuncia.
Precisa que según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en caso de secuestro se le debe pagar a la familia del
secuestrado los salarios hasta su liberación por un término que no exceda los
dos (2) años, pero manifiesta que como para el caso, no existe evidencia de tal
situación, le asiste en consecuencia razón a la compañía para suspender el
contrato de trabajo mientras se establecen los motivos de la desaparición, por
cuanto la legislación laboral permite al empleador adoptar éste tipo de
medidas. En ese orden de ideas y en relación con ese aspecto confirma la
decisión del A quo.
Aclara sin embargo, que no ocurre lo mismo en lo que
tiene que ver con los derechos de petición que formuló la accionante a la
entidad accionada los días febrero 25, mayo 7, junio 11 y julio 22 del año
2002, en donde solicitaba el pago de los salarios dejados de percibir por su
esposo y las cotizaciones en seguridad social, pues afirma que si bien es
cierto, en principio el derecho de petición no se estableció para ejercitarse
contra particulares, ha de tenerse en cuenta que la accionante pretendía
mediante sus derechos de petición, constituir un medio para obtener la
efectividad de otros derechos fundamentales propios y los de su menor hijo y
dada la situación de indefensión por parte del accionante, en ese aspecto
considera que la tutela procede.
Manifiesta que para el caso, la actora es
la esposa de un extrabajador de la entidad accionada desaparecido, que no
cuenta con otros medios judiciales para obtener la información solicitada, y,
por otra parte, la negativa de ABSERVIGIA Ltda., a dar respuesta de fondo a su
solicitud le está impidiendo conocer si tiene o no derecho a una reclamación
laboral.
En tal virtud ordena al señor GERENTE de ASERVIGIA
Ltda., que dentro del plazo de 48 horas, siguientes a la notificación de esa
decisión, resuelva los derechos de petición que le formulara la señora Claudia
Maria Viloria Abella, en las fecha de Febrero 25, mayo 7, junio 11 y 22 de
julio de 2002.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional a través de esta
Sala es competente para revisar las anteriores providencias, en desarrollo de
las facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en cumplimiento del auto del 5 de marzo de 2003, expedido por
la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de esta Corporación.
2.      Problema Jurídico.
Pretende la accionante que a través de la tutela, se
ordene a la empresa accionada pagarle los salarios y las prestaciones a que
tiene derecho en su condición de cónyuge del señor Nicolás Quintero Turizo,
secuestrado según afirma desde el 8 de enero del año 2002, igualmente solicita
se le cancelen los dineros que ha pagado en tratamientos médicos de ella y su
hijo, pues están desprotegidos del Sistema de Seguridad Social de Salud, así
mismo solicita, le sean resarcidos los daños causados por la negligencia  de la
accionada en acceder a lo solicitado.
Deberá determinar la Sala, si la acción de tutela es
en el presente caso el instrumento procesal adecuado para amparar los derechos
cuya protección se invoca por la parte actora, o si debe acudirse a otros
medios de defensa judicial para lograr su protección.
Para el efecto, la
Sala comenzará por recordar brevemente su jurisprudencia respecto de temas que
están íntimamente relacionados con el asunto para proceder luego a tomar la
decisión que sea del caso.
3.  De la improcedencia de la tutela en
caso de desaparición de una persona.
A partir de la Sentencia T-015 de 1995, esta
Corporación ha venido sosteniendo[2] que la acción de tutela procede para que
los familiares de las personas secuestradas reclamen el pago de los salarios.
Sobre el particular esta Corporación en la
Sentencia SU-562 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, dijo al respecto lo siguiente:
“5- Ahora bien, con el fin de garantizar los
derechos fundamentales del trabajador y de quienes de él dependen, la Corte ha
reconocido la necesidad de adoptar medidas provisionales cuando, en situaciones
excepcionales, la persona está imposibilitada para desempeñar las funciones
inherentes a su cargo.  Ello ocurre, por ejemplo, si un trabajador ha sido
víctima del delito de secuestro y, naturalmente, se configura una causal de
fuerza mayor que le impide laborar.  En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, como se trata de un hecho completamente ajeno a
la voluntad del trabajador, además de la aflicción moral y psicológica
ocasionada por la ausencia de un ser querido, no resulta constitucionalmente
admisible suspender el pago de los salarios, porque ello implicaría desconocer
los derechos de quienes dependen económicamente del trabajador y de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad.  En la Sentencia T-015/95, con ponencia
del Magistrado Hernando Herrera Vergara, la Corte reconoció este punto en los
siguientes términos:
El juez de tutela al interpretar el alcance de
los derechos a la vida y a la subsistencia, debe tener en cuenta la importancia
del salario como sustento del trabajador para atender en forma decorosa sus
necesidades familiares y sociales, propias del núcleo en el cual convive,
frente a una desaparición forzada que lo imposibilita para cumplir con sus
obligaciones laborales. Por ello, si el trabajador no ha incumplido sus
obligaciones laborales ni ha abandonado por su culpa el trabajo, sino que por
el contrario, en virtud del secuestro de que ha sido objeto, se ha visto
forzado a interrumpir la prestación de sus servicios, no puede concluirse que
una persona colocada en dicha situación no tenga derecho a percibir su salario
en cabeza de sus beneficiarios, razón por la cual queda plenamente justificada
la procedencia de la solicitud de amparo para la protección inmediata de los
derechos de la accionante y de su hija menor, quienes dependen económicamente
del empleado, consistente en percibir los salarios y prestaciones
correspondientes a éste y que constituyen el medio para subvenir a sus
necesidades vitales. Es pues, la noción de fuerza mayor la que debe aplicarse
en este asunto, pues a causa de la misma se produjo la interrupción del
servicio por parte de quien estaba en pleno ejercicio de sus actividades
laborales.   (Subrayado fuera de texto)
6- Sin embargo, también es preciso advertir que
la orden para el pago de salarios solamente es procedente cuando se acredita
con absoluta certeza que el trabajador ha desaparecido por motivos de fuerza
mayor y en ejercicio de actividades propias de su cargo que le imposibilitan
para prestar sus servicios y lo colocan en estado de indefensión.
En esa medida la Corte ha sentado una línea
jurisprudencial en la que reconoce el derecho que tienen los beneficiarios del
trabajador secuestrado para recibir el pago de los salarios y las prestaciones
sociales que a él le corresponden, siempre y cuando el hecho delictivo del
secuestro este plenamente acreditado.
En efecto en la sentencia T-158/96, la
Corte manifestó al respecto lo siguiente:
“...Ciertamente, los motivos por los cuales puede desaparecer
una persona son múltiples, y por lo tanto, la sola desaparición, huérfana de
otros medios de prueba, no puede arbitrariamente tomarse como indicio de uno
solo de ellos, verbi gratia el secuestro. Y, en el caso que nos ocupa, fuera
del endeble sustento probatorio que acompaña la pretensión de la parte
demandante, es notable, por vía de ejemplo, la falta de las exigencias
económicas o los comunicados a los que usualmente acuden los delincuentes que
se dedican al secuestro y a la extorsión, manifestaciones estas que
razonablemente habrían podido sugerir el secuestro del desaparecido. En otras
palabras, la acción de tutela no releva de la prueba del secuestro, delito que
no se presume o infiere de la simple desaparición de una persona”.
De conformidad con la
jurisprudencia en mención ha de concluirse, que sino aparece demostrado ningún
hecho que señale la posible ocurrencia del delito de secuestro la tutela se
torna improcedente, pues como se indicó antes los motivos por los cuales puede desaparecer una
persona son múltiples, ya que tal eventualidad puede ocurrir por diversas circunstancias,
tales como la propia decisión de la persona, la ocurrencia de un accidente
etc., y por lo tanto, la sola desaparición, desprovista de otros medios de
prueba que demuestren la comisión del delito del secuestro, no puede
arbitrariamente tomarse como indicio del mismo.
4.  La decisión sobre la
procedencia del pago de salarios en caso de desaparición forzada está a cargo
de la autoridad competente.
De igual forma que existe un rechazo a nivel
internacional en relación con el delito del secuestro dada la calidad del
delito, el ordenamiento jurídico internacional, ha repudiado la comisión
individual o masiva de las desapariciones forzadas y de genocidios como unas de
las conductas más lesivas contra las personas y contra el género humano.
Es por ello que tanto la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas como la Organización de Estados
Americanos, las han calificado como delitos de lesa humanidad, pues se trata de
un atentado contra los derechos fundamentales del ser humano.
En armonía con lo establecido en el campo
internacional, el artículo 12 de la Constitución Política, señala como derecho
absoluto y universal el no ser sometido “a desaparición forzada, a torturas ni
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”
Ahora bien, al abordar el tema de los trabajadores
desaparecidos y la protección especial que consagra la ley para las familias,
cabe señalar que en la Ley 589 de 2000, se tipifica como delito el
genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, y
específicamente en el articulo 10 se regula la situación a que se está haciendo
referencia, cuando establece lo siguiente:
“LEY 589 DE 2000
(julio 6)
por
medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 10. Administración de los bienes de las personas víctimas
del delito de desaparición forzada. La autoridad judicial que conoce o
dirige el proceso por el delito de desaparición forzada, podrá autorizar al
cónyuge, compañero o compañera permanente, a alguno de los padres o de los
hijos del desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y
administración de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo
exclusivo. Quien sea autorizado, actuará como curador de conformidad
con las leyes civiles sobre la materia. El funcionario judicial remitirá estas
diligencias a la autoridad competente, quien adoptará en forma definitiva las
decisiones que considere pertinentes.
Parágrafo 1°. La misma autoridad judicial podrá autorizar a
quien actúe como curador para que continúe percibiendo el salario u honorarios
a que tenga derecho el desaparecido, hasta por el término de dos (2)
años, si este fuera un servidor público.
Parágrafo 2°. Igual tratamiento tendrá, hasta tanto se
produzca su libertad. El servidor público que sea sujeto
pasivo del delito de secuestro.”
(Negrilla y subrayado adicionado)
En relación con el mencionado artículo 10 de la Ley
589 de 2000, cabe precisar que esta Corporación al decidir sobre una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra este artículo, resolvió mediante la
Sentencia C-400 de mayo 20 de 2003[3] declarar inexequible la expresión “
hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público”,
contenida en el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 y “servidor
público”, contenida en el parágrafo 2º de la misma ley.
Para el efecto, la Corte Constitucional en el citado
fallo, llegó a las siguientes conclusiones:
i)  Procede el derecho a la continuidad en el pago de
salarios u honorarios a quien actúe como curador de los servidores públicos o
trabajadores particulares secuestrados o desaparecidos hasta tanto se produzca
su libertad.
ii)  La obligación de continuar el pago de salarios u
honorarios está a cargo del Estado o del empleador particular, sin perjuicio de
que se pueda acudir a mecanismos de garantía del pago, tal como el seguro
colectivo de cumplimiento u otros mecanismos.
iii)  La regla general es que el derecho a la
continuidad en el pago de salarios u honorarios procede hasta tanto se produzca
la libertad del secuestrado o desaparecido. Por lo tanto, no se trata de una
obligación a perpetuidad e irredimible pues ella procede hasta tanto se cumpla
una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la
libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad.
iv )  En síntesis la Corte en el fallo en mención
señaló, que para el caso de las víctimas del delito de secuestro, la
facultad de la autoridad judicial de ordenar la continuidad en la
remuneración se reconozca hasta tanto se produzca la liberación del
secuestrado, indistintamente de que se trate de un servidor público o de un
particular, y que, en el caso de las víctimas del delito de desaparición
forzada, la facultad de la autoridad judicial de ordenar la
continuidad de la remuneración proceda también indistintamente de la calidad de
servidor público o particular del trabajador secuestrado y también hasta tanto
se produzca su libertad o se compruebe su muerte.
Como sustento a la decisión adoptada y en lo que hace
relación específicamente con la protección de los trabajadores secuestrados o
desaparecidos forzadamente y sus familias en la Sentencia C-400 de 2003 se dijo
lo siguiente:
“8.  El artículo 10 de la Ley 589 de 2000 dispuso que
la autoridad que conozca del proceso por el delito de desaparición forzada
podrá autorizar al cónyuge, compañero o compañera permanente, a alguno de los
padres o hijos del desaparecido, que provisionalmente asuma la disposición y
administración de todos o parte de sus bienes; que el autorizado actuará como
curador de conformidad con las leyes civiles y que esa autoridad remitirá la
actuación al competente para que tome las decisiones definitivas a que haya
lugar.
Además, el artículo contiene dos
parágrafos; de acuerdo con el primero,  “La misma autoridad judicial podrá
autorizar a quien actúe como curador para que continúe percibiendo el salario u
honorarios a que tenga derecho el desaparecido, hasta por el término de dos (2)
años, si este fuera un servidor público”.  Y, de acuerdo con el segundo,  “Igual
tratamiento tendrá, hasta tanto se produzca su libertad. El servidor público
que sea sujeto pasivo del delito de secuestro”.
La regla de derecho contenida en el primer
parágrafo del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 faculta a la autoridad judicial
que conoce del proceso por el delito de desaparición forzada para que autorice
que el pago de los salarios u honorarios correspondientes al servidor público
desaparecido, se continúe haciendo a quien actúe como curador hasta por el
término de dos años.
El segundo parágrafo, por su parte,
contiene dos frases que literalmente asumidas carecen de sentido.  No
obstante, si se hace abstracción del signo ortográfico que las separa  -un
punto seguido-  por tratarse de un error de redacción del legislador, se
obtiene una prescripción jurídica dotada de sentido y compatible con la
institución regulada en el artículo del que hace parte.
Así entendido, el segundo parágrafo
extiende a los servidores públicos secuestrados la aplicación de las reglas de
derecho consagradas en los incisos primero y segundo y en el parágrafo primero
del artículo 10; es decir, extiende a ellos lo dispuesto en relación con la
administración de bienes del desaparecido y con el pago de salarios.  No
obstante, en el caso de los servidores públicos secuestrados, dispone que la
autoridad judicial que conoce del proceso por el delito de secuestro podrá
autorizar a quien actúe como curador para que continúe recibiendo el salario u
honorarios hasta que se produzca su libertad.
9.  Como puede advertirse, el artículo 10
de la Ley 589 de 2000 se enmarca también en una política de corresponsabilidad
social y estatal ante las consecuencias generadas por delitos constitutivos de
graves atentados contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.  No
obstante, debe tenerse en cuenta que ella no constituye una prolongación del
régimen jurídico que le precedía pues en verdad se trata de un nuevo régimen,
de unas nuevas reglas de derecho que ya no sólo regulan el delito de secuestro
sino que se extienden también al delito de desaparición forzada de personas.
De este nuevo régimen se infieren varias
situaciones constitucionalmente relevantes.  Por una parte, existen unos bienes
constitucionales en juego pues las reglas de derecho referidas se orientan, en
primer lugar, a proteger el derecho al mínimo vital de las familias de las
víctimas de tales delitos pues se trata de evitar que tales familias, aparte de
la tragedia que plantea la desaparición o el secuestro de sus seres queridos,
queden condenadas a la ruina económica y a la ausencia de los recursos
necesarios para su subsistencia.  En segundo lugar, ese nuevo régimen protege
también el derecho a la seguridad social pues no puede perderse de vista que la
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta
bajo la dirección, coordinación y control del Estado y un derecho irrenunciable
de segunda generación consagrado en el artículo 48 del Texto Superior y que
bajo ciertas condiciones puede adquirir la calidad de derecho fundamental por
conexidad.    Tampoco puede olvidarse que el articulo 5 de la Carta le impone
al Estado el deber de amparar a la familia como institución básica de la
sociedad y que el artículo 44 consagra también, como un mandato ineludible para
el Estado y la sociedad, la protección integral de la familia.
Por otra parte, el derecho a la continuidad
en el pago de salarios u honorarios genera una obligación correlativa que tiene
claros fundamentos constitucionales.  Estos fundamentos remiten al deber
genérico que le asiste al Estado de proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y
al principio de solidaridad, afianzado por la naturaleza de la relación
existente entre el trabajador y el empleador.  (..)
21.  Debe quedar claro que no se trata de
un derecho que debe reconocerse automáticamente tras la desaparición de una
persona sino de un derecho cuyo reconocimiento está supeditado al ejercicio
razonable de una facultad que la ley le confiere a la autoridad que investiga
el secuestro o la desaparición forzada pues ella cuenta, en razón de la
conducción del proceso, con los elementos de juicio requeridos para inferir
fundadamente si se está o no ante uno de tales delitos y para, en caso de así
establecerlo, ordenar que se continúe con el pago de los salarios u
honorarios.  Es decir, la imposibilidad de determinar la estructura típica del
delito a partir del solo hecho de la pérdida de libertad de la persona y la
necesidad de vincular a éste con el obrar deliberado de terceros, así no sean
identificados o declarados penalmente responsables, impone recaudar elementos
de juicio y valorarlos pues sólo de esa manera se acredita esa estructura y se
genera el derecho a la continuidad en la remuneración.
Se impone precisar que, desde luego, la ley
no le concede al funcionario judicial la facultad de decidir a su arbitrio si,
con ocasión de la desaparición de una persona, reconoce o no el derecho a la
continuidad en la remuneración salarial o a la percepción de honorarios pues se
trata del ejercicio de una atribución reglada que impone tomar una decisión de
cara a la realidad procesal y a las consecuencias que de ella se infieran.
(..)  De esa manera se conseguirá
que, en el caso de las víctimas del delito de secuestro, la facultad de la autoridad
judicial de ordenar la continuidad en la remuneración se reconozca hasta tanto
se produzca la liberación del secuestrado, indistintamente de que se trate de
un servidor público o de un particular, y que, en el caso de las víctimas del
delito de desaparición forzada, la facultad de la autoridad judicial de ordenar
la continuidad de la remuneración proceda también indistintamente de la calidad
de servidor público o particular del trabajador secuestrado y también hasta
tanto se produzca su libertad o se compruebe su muerte.
De este modo, todo trabajador que a esta
fecha se encuentre secuestrado o haya sido desaparecido forzadamente tiene
derecho a la continuidad en el pago de salario u honorarios hasta tanto se
produzca su libertad, se compruebe su muerte, se declare su muerte presunta o
concurra otra circunstancia que ponga fin a ese derecho y a la obligación
correlativa del empleador.    (Negrilla y subrayado adicionado)
El
Caso Concreto.
En el asunto sometido a consideración observa la Sala
que si bien está acreditada la existencia de un vínculo contractual entre el
señor Nicolás Quintero Turizo y la empresa de vigilancia privada Abservigía
Ltda e igualmente estar demostrado el lazo de unión entre la tutelante y su
cónyuge, se estima que la desaparición del señor Quintero Turizo tiene, hasta
ahora, una causa indeterminada.
En efecto de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, aparece que realmente se desconoce cual es la causa de la
desaparición del señor Quintero Turizo quien desapareció cuando estaba de
permiso y se desplazaba por la vía que de Bucaramanga conduce a Sabana de
Torres.
La anterior afirmación se hace porque se considera,
que no es posible tener como probado el secuestro únicamente con la denuncia de
desaparición instaurada por su esposa, pues por lo menos hasta el momento de
presentada la acción de tutela no había certeza alguna sobre la comisión del
alegado secuestro, pues desde que ocurrieron los hechos no se ha tenido ninguna
noticia sobre el paradero del señor Quintero Turizo y sus presuntos captores no
han exigido pago de suma alguna por su liberación.
De tal forma que al no
estar demostrado dentro del material probatorio que
obra en el expediente, que la desaparición del
señor Quintero Turizo se origina en la ocurrencia de un secuestro, esta Sala se
abstendrá de realizar el respectivo análisis en relación con éste hecho, no
obstante advertir que en caso de que se estuviera en presencia de ese delito,
lo procedente sería dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
589 de 2000 en armonía con lo resuelto por esta Corporación en la sentencia
C-400 de 2003.
De igual manera, debe tenerse
en cuenta, que en el evento de que se trate de una desaparición en la que no se
avizore un “supuesto fáctico delictivo,” la tutela se torna
improcedente, porque como se explicó anteriormente los motivos por los cuales
una persona puede desaparecer son múltiples e inclusive pueden corresponder a
la propia voluntad del desaparecido o a la ocurrencia de un accidente entre
otras muchas posibilidades, casos en los cuales como es obvio el amparo no es
procedente.
Ahora bien, de llegarse a comprobar que se trata del
delito de “desaparición forzada”, el funcionario competente para decidir
sobre el asunto sería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley
589 de 2000, el funcionario que esté conociendo del delito, pues a éste le
corresponde - según el citado artículo- pronunciarse sobre el pago de salarios
a favor del curador que sea designado (cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de los padres o de los hijos del desaparecido). No
obstante de  manera excepcional y ante conductas arbitrarias del funcionario
judicial que conoce de la desaparición forzada, sería procedente el amparo por
vía de tutela, pues como se expresó en la sentencia C-400 de 2003 “la ley no
le concede al funcionario judicial la facultad de decidir a su arbitrio si, con
ocasión de la desaparición de una persona, reconoce o no el derecho a la
continuidad en la remuneración salarial o a la percepción de honorarios pues se
trata del ejercicio de una atribución reglada que impone tomar una decisión de
cara a la realidad procesal y a las consecuencias que de ella se infieran.”
Igualmente se estima que la tutela no es el
medio idóneo para solicitar el reembolso de dineros por gastos en que se haya
incurrido por tratamientos médicos[4] ni para resarcir posibles daños causados.[5]
Por último, en lo que tiene que ver con los derechos
de petición que formuló la accionante a la demandada de fechas febrero 25, mayo
7, junio 11 y julio 22 del año 2002 y que no fueron contestados oportunamente,
la Sala estima, que tuvo razón el juez de segunda instancia al ordenar al Gerente
de ABSERVIGIA Ltda., que los resuelva, pues si bien en principio el derecho de
petición no está establecido para ejercitarse contra particulares, para el caso
ha de tenerse en cuenta la urgencia que tiene la actora de conocer si tiene o
no derecho a la reclamación laboral presentada así como también aparece clara
la situación de indefensión en que se encuentra ella frente a la empresa como
esposa de un extrabajador de la entidad accionada desaparecido, y su menor
hijo.[6]
En tal virtud, se confirmara el fallo proferido por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
III. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2002 por
el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual, se negó
la acción de Tutela instaurada por la Señora Claudia María Viloria Abella
contra la Empresa de Vigilancia ABSERVIGIA Ltda., pero por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo. LIBRESE, por Secretaría, la comunicación a la que
se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En la denuncia
presentada por la accionante ante el Departamento de Policía Santander -Sección
Policía Judicial e Investigación- (ver fls. 7 y sgtes cuaderno anexo al
expediente), la actora declaró en relación con los hechos presentados lo
siguiente:
“Antes de llegar al peaje de B/maga a B/bemeja (sic)
se encontraron con un amigo de nosotros de nombre JOSE IGNACIO NAVAS, NICOLAS,
le dijo que iba para Sabana de Torres, cuando ya el miércoles en la noche no
aparecía mi esposo me comunique con los familiares y NACHO me dijo que el se lo
había encontrado antes de llegar al peaje que lo único extraño que dijo que mi
esposo le había dicho era que esa camioneta del F-2 ya la había visto dos veces
y siguieron cada uno por su lado y este es el momento que no he sabido mas de
él, el jueves 10-01-02 un amigo de quien no recuerdo el nombre vio el carro
rumbo al Guamo por los lados de San Rafael pero el no sabe si en el carro iba
NICOLAS, eso es todo lo que se hasta el momento (..).”“Mi esposo portaba un
revolver (..) de propiedad de Abservigia Ltda., el iba a Sabana a Cobrar una
plata pero no se quien le debía la plata, el allá en Sabana reparaba equipos de
sonido, televisores. (..)PREGUNTADO. Diga si su esposo o su o su sobrino había
sido amenazado anteriormente por alguna persona en especial o algún grupo al
margen de la ley. CONTESTO. No que yo sepa. PREGUNTADO. Diga si algún miembro
de su familia ha sido secuestrado.  CONTESTO. El papá  de mi esposo de nombre
JORGE ELICER QUINTERO fue secuestrado hace muchos años pero la familia pago el
rescate, luego de que mi suegro fracaso en la constructora lo amenazaron y le
dijeron que le iban a dar por donde mas le dolía el, el año pasado a mi esposo
le dijeron que iban a robar un camión de Nestle, mi esposo le informo de eso a
las autoridades, mi esposo escoltó ese camión hacia Barranca y esa oportunidad
cogieron a 4 delincuentes.”
[2] Ver Sentencias
T-158/96 y T-292/98, T-637/99, T-1634/00, T-1699/00, T-105/01, T-1337/01,
T-688/02.
[3] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] En la Sentencia T-414 de 2001, M.P. Clara
Ines Vargas Hernández se dijo al respecto: “Ahora bien, en cuanto a la
solicitud de reembolso de los gastos médicos es claro que no se puede acceder a
ello, como ya se ha definido jurisprudencialmente.”.[4]
[5] Ver entre otras las Sentencias
T-465/99,T-144/96 y T-194/94.
[6] Reiterando lo manifestado en otraSentencias
T-163/02, T-985/01,SU-166/99,T-374/98 en la Sentencia T-730 de 2001 se dijo:
“La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2.Cuando
el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si
la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será
un derecho fundamental sólo cuando el legislador lo reglamente” (Negrilla
fuera de texto)
(..)
En el caso concreto nos encontramos frente una
situación de indefensión  por parte del accionante, amparada por el numeral 4
del  artículo 42 del decreto 2067 de 1991, el cual señala: “Art. 42
Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de los
particulares en los siguientes casos: ….4. Cuando la solicitud fuere dirigida
contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere
el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización”
En relación con la protección por vía de tutela cuando
el accionante se haya en una situación de indefensión, esta Corte ha señalado
que corresponde al juez de tutela efectuar un estudio de las circunstancias que
rodean al caso particular, con el objeto de determinar si el peticionario  se
encuentra indefenso frente a la vulneración  de sus derechos:[6]
“ En relación con el estado de indefensión, la
jurisprudencia tiene sentado que el juez de tutela analizará los hechos y las
circunstancias que rodean el caso concreto de manera que si resulta que con la
acción u omisión del particular la persona ofendida se encuentra indefensa y
desamparada lo que se traduce en una ausencia e insuficiencia de medios
jurídicos que le permitan resistir la agresión o vulneración de sus derechos
fundamentales se abre paso a la acción de tutela como mecanismo excepcional con
que cuentan las personas para la protección efectiva de sus derechos” (..)
“ Tiene claro la Corte Constitucional, que fuera de
los linderos reglamentarios de la petición respetuosa en interés general o
particular, lo que aquí se controvierte es si un patrono o expatrono,  respecto
del reclamo de quien es o fue su trabajador, puede legítimamente, frente a la
Constitución como ordenamiento integral, existiendo en ella fundamentos y
valores como la justicia, el trabajo, la dignidad de la persona y la equidad  y
la prevalencia del ser humano sobre los factores de producción y desarrollo,
abstenerse arbitrariamente de responderle acerca de si se tiene o no derecho a
una reclamación laboral suya, ya sea por salarios, prestaciones o derechos,
legales o extralegales,  y aun invocar ante los jueces, para persistir en su
displicente actitud ante el solicitante, un supuesto derecho a “guardar
silencio” acerca de su reclamo.
De nuevo la respuesta es negativa. Una cosa es que el
derecho de petición no haya sido reglamentado respecto de organizaciones
privadas y otra muy distinta que se admita, contra diáfanos postulados de la
Constitución, que el trabajador actual o antiguo puede quedar sujeto al
"“sigilo" de la entidad para la cual laboraba o laboró, no respecto
de asuntos reservados o privados, sino con relación a derechos laborales suyos,
salariales o prestacionales “
De lo anterior se
concluye la procedencia de la acción de tutela contra entidades particulares,
especialmente cuando el accionante, bajo una manifiesta situación de
indefensión, busca a través de la solicitud impetrada proteger otros derechos
fundamentales como  el de  seguridad social.”