C-045-19
Sentencia
C-045/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de
la Corte Constitucional
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por cargos y
contenidos normativos diferentes
NORMA
ACUSADA-Vigencia
PROHIBICION
AL MALTRATO ANIMAL EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991-Incorporación
de los principios de función social y ecológica de la propiedad y constitución
verde o ecológica
PROHIBICION
AL MALTRATO ANIMAL-Excepciones
MALTRATO
ANIMAL-Prohibición legal como conducta castigada por el
orden constitucional vigente
DEBER
DE PROTECCION ANIMAL Y PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Armonización
La armonización del
deber de protección animal con otros derechos exige del legislador y del
intérprete constitucional establecer criterios de razonabilidad o proporcionalidad
que fundamenten las excepciones a la protección animal en el orden jurídico
colombiano.  Así las cosas, el deber de protección animal encuentra como
límites constitucionales admisibles: (i) la libertad religiosa; (ii) los
hábitos alimenticios; (iii) la investigación y experimentación médica; y, en
algunos casos, (iv) las manifestaciones culturales arraigadas.
CONSTITUCION
VIVIENTE-Concepto
NORMA
ACUSADA-Contenido y alcance
CODIGO
DE RECURSOS NATURALES-Reserva de caza y veda de
caza
RECURSOS
NATURALES-Prohibición en todo el territorio
nacional de la caza de animales silvestres bravíos o salvajes y sus excepciones
CAZA
DEPORTIVA-Forma de maltrato animal
El
sacrificio de la vida de un ser vivo por el hombre es una forma extrema de
maltrato en cuanto elimina su existencia misma y es un acto de aniquilamiento.
Cuando es injustificada, la muerte de un animal es un acto de crueldad pues
supone entender que el animal es exclusivamente un recurso disponible para el
ser humano. La caza deportiva, en fin, es un acto dañino en cuanto está
dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte,
mutilándolos o atrapándolos vivos.
CAZA
DEPORTIVA-No constituye una excepción
constitucionalmente admisible a la prohibición de maltrato animal
Se
concluye entonces que la caza deportiva no encuentra fundamento en ninguna de
las excepciones reconocidas jurisprudencialmente a la prohibición del maltrato
animal. La caza deportiva no es expresión de la libertad religiosa, no tiene
como objetivo la alimentación, ni la experimentación médica o científica;
tampoco el control de las especies; ni se trata de una manifestación cultural
arraigada. Por consiguiente, la Corte no encuentra necesario aplicar los
criterios de razonabilidad o proporcionalidad, pues ni siquiera existe una de
las excepciones que darían lugar al análisis sobre lo que debe primar, por
ejemplo, la protección de una práctica cultural o religiosa, o la prohibición
del maltrato animal.
Referencia:
Expediente D-12231
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256
del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8º (parcial) y 30 (parcial) de la Ley
84 de 1989.
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial
la prevista en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución, y
cumplidos los requisitos y el trámite establecidos en el Decretos 2067 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, la
ciudadana LAURA JULIANA SANTACOLOMA MENDEZ presentó demanda contra los
artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256, del Decreto 2811 de 1974 “Por
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente”, y los artículos 8º (parcial) y 30 (parcial)
de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se
regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
Mediante Auto del 31 de julio de 2017,
el magistrado sustanciador inadmitió la demanda por incumplimiento de los
requisitos contenidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Dentro del
término previsto, el 8 de agosto de 2017, la accionante radicó en la Secretaría
General de esta Corporación escrito subsanando la demanda.  A través de Auto
del 24 agosto de 2017 se admitió la demanda, y se dispusieron las
comunicaciones de ley, así como la invitación a algunas entidades a presentar
concepto[1].
Igualmente, se suspendieron los términos procesales, de conformidad con lo
establecido por la Sala Plena de esta Corporación mediante el Auto 305 de 2017[2], con
fundamento en lo dispuesto por el Decreto 889 de 2017[3].
Mediante
Auto del 13 de junio de 2018, la Sala Plena levantó la suspensión de términos
del referente proceso y ordenó notificar a los interesados dicho proveído.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca
de la demanda de la referencia.
II.
TEXTO
DE LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación, se transcribe el texto
de los artículos 248, 252 y 256 del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los artículos
8º y 30 de la Ley 84 de 1989. Se subrayan los apartes demandados.
DECRETO 2811 DE 1974
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Artículo 248. La
fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad
particular.
Artículo 252. Por
su finalidad la caza se clasifica en:
a). Caza de subsistencia o sea que sin
ánimo de lucro tiene como objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la
ejecuta y a su familia.
b). Caza comercial, o sea la que se
realiza por personas naturales o jurídicas para obtener beneficio económico;
c). Caza deportiva, o sea la que se hace
como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma;
d). Caza científica, o sea la que se
practica únicamente con fines de investigación o estudios realizados dentro del
país;
e). Caza de control, o sea la que se
realiza con el propósito de regular la población de una especie cuando así lo
requieran circunstancias de orden social, económico y ecológico;
f). Caza de fomento o sea la que se
realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el
establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza.
Artículo 256. Se
entiende por coto de caza el área destinada al mantenimiento, fomento y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva.
LEY
84 DE 1989
Artículo 8.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en los literales a), c), d), r) del Artículo
6 los actos de aprehensión o apoderamiento en la caza y pesca deportiva,
comercial, industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres,
bravíos o salvajes, pero se someterán a lo dispuesto en el capítulo séptimo de
esta Ley y a los reglamentos especiales que para ello establezca la entidad
administradora de recursos naturales.
Artículo
30.
La caza de animales silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el
territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos:
a) Con fines de
subsistencia, entendiéndose por tal la caza que se realiza para consumo de
quien la ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no esté prohibida total,
parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie,
por la entidad administradora de los recursos naturales, la cual, para el
efecto, publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y
su clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta
restricción, la caza de subsistencia no requiere autorización previa;
b) Con fines
científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de
fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y
determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los
ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad
administradora de los recursos naturales.
En ningún caso
la autorización será por un lapso mayor de dos (2) meses en el año, ni superior
en número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la población estimada por el
director regional, dentro de los tres meses anteriores a la expedición del
permiso. Vencida la autorización o permiso únicamente podrá ser autorizada la
tenencia de animales silvestres, bravíos o salvajes vivos con fines científicos
o investigativos, culturales o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios
o sitios públicos, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en este
estatuto y sus normas concordantes.
III.
DEMANDA
A juicio de la accionante, las normas
demandadas transgreden el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 58, 79, 80,
95 (numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política[4].
Expuso la accionante que la cacería
deportiva es una actividad recreativa que actualmente es objeto de
cuestionamiento ético por el hecho de disponer de la vida de animales sin que
medie una justificación racional, sólo por diversión o recreación humana; por
eso muchas organizaciones y grupos han modificado sus prácticas de cacería.
Además, desde el punto de vista ambiental, aun cuando se realice en cotos de
caza, la cacería deportiva conlleva a la disminución de especies y a la
contaminación ambiental causada por el plomo, “el cual al estar en contacto
con el agua, aire y demás elementos, se oxida y su resultado contaminante se
dispersa rápidamente e impacta negativamente los ecosistemas y sus especies”[5].
En relación con los antecedentes
normativos, explicó que la regulación de los recursos naturales renovables,
especialmente el faunístico, era netamente civil, por eso un ineludible
antecedente tiene que ver con que el Código Civil (Ley 57 de 1887) que
clasificó a los animales dentro del “Capítulo I De las cosas corporales”,
encuadrándolos en la categoría de cosas muebles (artículo 655), inmuebles por
destinación (artículo 658) o muebles por anticipación (artículo 659), con lo
cual el valor de los animales se reducía a un “simple producto de
intercambio”. Sin embargo, con la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974
se separó de los asuntos civiles lo referente a la relación entre el ser humano
y el entorno, y se dio vida a una legislación ambiental autónoma.
Adicionalmente, el Decreto Ley 2811 de 1974 determinó que la fauna silvestre y
acuática pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y de cotos
de caza (artículo 248), así como las especies existentes en aguas de dominio
privado y en criaderos particulares (artículo 267).
Explicó que posteriormente, con el
Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989), se les otorgó especial
protección a los animales silvestres, bravíos o salvajes y a los domésticos o
domesticados, contra el sufrimiento y el dolor causado por las personas
(artículo 1), por lo cual dicha norma significó “un avance sustancial en la
relación animal humano-animal no humano, en tanto que este último ya no solo
era un bien apropiable que generaba responsabilidades a sus propietarios, sino
que su sufrimiento entró a ser una variable relevante para el ordenamiento
jurídico tal que implicaba sanciones si se causaba injustificadamente”[6].
No obstante, en la protección de los animales contra el sufrimiento y el dolor
se establecieron dos excepciones en los artículos 7[7]
y 8[8]
del Estatuto, cuya aplicación genera debates éticos, debido a que la
obligación de evitar dañar a un animal no es absoluta, y profundos debates
filosóficos la permisión del maltrato animal en los casos de manifestaciones
culturales, como consta en los salvamentos de voto de la sentencia C-666 de
2010, y en la sentencia C-041 de 2017.
Manifestó que con la expedición de la
Ley 1774 de 2016[9]
se reconoció “la relevancia moral del sufrimiento y la existencia animal”,
como consta en su artículo primero, norma que modificó el artículo 655 del
Código Civil, y que reconoce que los animales no humanos son seres sintientes.
Así las cosas, los animales adquieren un “tipo de subjetividad” al no
reconocerles como bienes en el sentido estricto del derecho civil clásico, sino
como seres con un valor intrínseco.
Acerca de los antecedentes
jurisprudenciales, mencionó que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como la del Consejo de Estado “han ido perfilando el alcance
ético práctico de las disposiciones jurídicas relativas a la naturaleza
jurídica y alcance de los animales”. En relación con ello cita las
sentencias C-1192 de 2005, T-760 de 2007, C-666 de 2010, T-608 de 2011, C-283
de 2014, T-436 de 2014, T-095 de 2016 y C-467 de 2016 de la Corte
Constitucional; y la sentencia del 23 de mayo de 2012 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C[10]
y la sentencia del 26 de noviembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C[11] del
Consejo de Estado.
Señaló que la caza deportiva no es una
actividad propia de la cultura colombiana y que se encuentra prohibida, a menos
que medie permiso emitido por la autoridad competente. Además, afirmó que la
actividad de caza deportiva pareciera encontrar fundamento jurídico en los
artículos 52, 58, 64 y 333 de la Constitución Política, sin embargo, dichas
disposiciones se encuentran en una tensión no resuelta con los valores y
principios que consagran a los animales como sujeto de derechos, o por lo menos
reconoce su derecho a existir y a no sufrir, salvo “razones moralmente
justificables”.
Indicó que la demanda busca poner de
presente un cuestionamiento relacionado con la facultad que tiene un animal
humano de causar la muerte de un animal no humano por diversión, sin
que medien razones morales que justifiquen disponer de la vida de un animal;
tal acción contraría los “principios de solidaridad, dignidad y protección
de la naturaleza como sujeto de derecho y bien jurídicamente protegido”.
Mencionó que la Ley 1774 de 2016 y las sentencias
T-095 de 2016 y C-476 de 2016, dan cuenta de la superación de la concepción
cosificadora de los animales para terminar dándole el estatus de seres
sintientes y sujetos de derecho. Siendo así, la propiedad privada sobre los
animales no puede ir más allá de una transacción que está limitada no sólo por
razones de protección a los recursos naturales en el marco del desarrollo
sostenible, sino también por los derechos de los animales a existir y a no
sufrir. Asimismo, la libertad económica deberá ser limitada “cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”[12].
Expuso que si bien las normas demandadas
son anteriores a la promulgación de la Carta Política, ello no exime que su
validez y eficacia deban ajustarse a la norma suprema, lo cual en criterio de
la accionante no sucede, ya que dentro de la tipología de caza, establecida en
el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974, la actividad de caza deportiva de
fauna silvestre en lugares destinados para ello como los cotos de caza, es la
única que no cumple con una finalidad social, y permite la captura, muerte y
mutilación de animales silvestre para la recreación humana. Esta actividad es
amparada por los artículos demandados, por tal motivo requiere un control de
constitucionalidad a la luz de la jurisprudencia constitucional, teniendo en
cuenta, entre otros, los parámetros establecidos en la sentencia C-048 de 2017.
Atendiendo a las consideraciones
expuestas, la demandante formuló los siguientes cargos en relación con cada
artículo constitucional que considera vulnerado por las normas demandadas:
(i) Preámbulo:
sostuvo que se vulnera el preámbulo, toda vez que la caza deportiva contraría
la garantía de un orden social justo, pues la justicia implica una repartición
de cargas de forma equitativa y un fin jurídico justificado en razón del
interés general y de otros principios y fines del Estado. Contrario a ello, la
caza deportiva se sustenta en un “fin fútil derivado de un interés egoísta
del individuo que se recrea con el sufrimiento animal”.
(ii) Artículo 1:
alegó que se vulnera este artículo porque la dignidad humana implica respeto y
protección de otros seres sintientes, además del ser humano, y la caza
deportiva al ser un acto cruel e injustificado que tiene como único fin la
recreación, desconoce el deber de trato digno a los animales y el principio
constitucional de protección animal, reiterado en distintos fallos de la Corte
Constitucional[13].
Expuso que el principio constitucional
de protección animal está intrínsecamente relacionado con el deber de
solidaridad, no solo por la necesidad de conservación del medio ambiente para
la supervivencia humana, sino también por el deber de no abusar de los derechos
propios en detrimento de los derechos de los animales no humanos, al ser estos
seres sintientes parte fundamental del medio ambiente. Agregó que la consideración
y compasión por el sufrimiento del otro, incluyendo a los animales como seres
moralmente relevantes para el derecho, reviste un lugar importante en el
ordenamiento jurídico de una sociedad basada en postulados de solidaridad y
justicia.
(iii) Artículo 2:
afirmó que se desconoce este artículo, debido a que la caza deportiva y la
creación de cotos de caza para el desarrollo de dicha actividad, “impide la
realización de los fines esenciales del Estado, en especial, el relacionado con
la garantía de los principios, derechos y deberes constitucionales”, como
los principios de protección animal, solidaridad, precaución, dignidad y
desarrollo sostenible, y los deberes de protección del medio ambiente (animales
y demás recursos naturales), entre otros. Además, las normas demandadas son
contrarias al ordenamiento constitucional y legal vigente, ya que este
proscribe el sufrimiento animal injustificado.
(iv) Artículo 4:
indicó que se quebranta este artículo, porque las disposiciones demandadas no
se ajustan a los principios constitucionales mencionados anteriormente, y
tampoco responden a ninguna interpretación constitucionalmente válida.
(v) Artículo 8:
manifestó que se vulnera este artículo debido a que la caza deportiva es una
actividad que implica la captura, mutilación o muerte de especies de la fauna
silvestre por razones de diversión, que desconoce el deber de protección de las
riquezas naturales, “al no fundarse en razones éticas o morales, como la
necesidad, la cultura o alguna de las excepciones previstas por la Corte
Constitucional en sus fallos (Sentencia C-666 de 2010 y C-095 de 2016)”.
(vi) Artículo 9:
señaló que se transgrede este artículo, pues en él se establece que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Indicó que en la
sentencia T-095 de 2016, la Corte hizo referencia a la importancia de
instrumentos internacionales que, pese a no hacer parte del bloque de
constitucionalidad, son documentos importantes dentro del ordenamiento
jurídico, como es el caso de la Carta Mundial de la Naturaleza, según la cual “Toda
forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad
para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor
intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”[14],
y de la Declaración Universal de los Derechos los Animales de 1978, documento
que consagra la obligación de cuidado y protección de los animales por parte de
los hombres, quienes no pueden atribuirse el derecho de exterminarlos o
explotarlos.
(vii) Artículo 58:
expuso que las normas demandadas violan este artículo al desconocer la función
ecológica de la propiedad y los límites que ello implica, ya que la
biodiversidad sólo es posible si se mantiene el equilibro natural de las
especies, lo cual implica que la fauna deba ser protegida de padecimientos y
maltratos sin justificación legítima[15].
(viii) Artículo 79:
sostuvo que las normas demandadas desconocen este artículo, porque la actividad
de caza deportiva es contraria al deber de protección del medio ambiente que
garantiza el derecho a gozar de un medio ambiente sano y el principio
constitucional del bienestar animal. También, advirtió que la cacería deportiva
fomenta una práctica opuesta al contenido de la educación ambiental y atenta
con el deber de conservar áreas de especial importancia ecológica.
(ix) Artículo 80:
alegó que las normas demandadas contrarían este artículo, pues si bien la caza
deportiva y los cotos de caza representan una estrategia de planificación y
manejo de la fauna, estos desconocen el principio constitucional del bienestar
animal, y la calidad de sujetos de derecho de los animales.
Señaló que siendo los animales seres
sintientes cuya existencia tiene un valor en sí mismo para el ordenamiento
jurídico, se deben limitar todas las actividades que conlleven algún tipo de
aprovechamiento frívolo de la fauna silvestre, en la que no medie un fin
legítimo que se ajuste a los principios, deberes y derechos contenidos en la
Constitución Política, por tanto, la planificación del aprovechamiento de la
fauna debe ser ponderada a la luz del principio de protección animal.
(x) Artículo 95 (numerales 1, 2 y 8): que
los apartes señalados de las normas demandadas desconocen los deberes
establecidos en los numerales 1, 2 y 8 de este artículo.
En relación con el numeral 1, manifestó
que la captura, mutilación y muerte de animales (seres sintientes y sujetos de
derecho) “implica un abuso de los derechos propios (humanos) en detrimentos
de los ajenos (animales silvestres en cotos de caza)”, lo que conlleva a
que las especies animales se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta frente a los métodos de caza, sin que exista una justificación para
ello.
Respecto al numeral 2, indicó que la
caza deportiva desconoce el deber de obrar conforme al principio de
solidaridad, pasando por alto que los animales “son seres sintientes con
status moral”. Que en aplicación de dicho principio los seres humanos están
obligados a adoptar medidas para protegerlos del maltrato y de la muerte
abyecta y fútil.
Sobre el numeral 8, expresó que la caza
deportiva en cotos de caza desconoce el deber de protección y conservación de
los recursos naturales, además de promover la disminución injustificada de las
especies silvestres, sin tener en consideración que su existencia e integridad
importan al ordenamiento jurídico colombiano.
(ix) Artículo 333:
mencionó que las disposiciones demandadas son contrarias a este artículo,
porque si bien la actividad económica y la iniciativa privada son libres, sólo
lo son dentro de los límites del bien común. Además, las empresas tienen una
función social y ecológica, lo cual implica el cumplimiento de obligaciones,
como la protección del bienestar animal y la protección de los recursos
naturales.
También, señaló que la actividad
económica y la iniciativa privada se encuentran limitadas por “el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”, y por la
sintiencia animal.
Con fundamento en las consideraciones
expuestas solicita a esta Corporación que declare inexequible el aparte “y
cotos de caza de propiedad particular” del artículo 248, el literal c y la
expresión “o cotos de caza” del literal f del artículo 252 y el artículo
256 del Decreto Ley 2811 de 1974; así como la expresión “deportiva” del
artículo 8º y la expresión “deportivos” del literal b del artículo 30 de
la Ley 84 de 1989.
IV.
INTERVENCIONES
Federación de Entidades Defensoras de
Animales y del Ambiente de Colombia (FEDAMCO)
La Representante legal de FEDAMCO,
allegó intervención en la que solicitó la declaración de inexequibilidad de las
normas acusadas.
Para sustentar su solicitud alegó que
los animales han sido considerados como objetos, desconociendo que existe un
principio ético que fundamenta la igualdad entre humanos y animales, pues ambos
seres tienen en común la capacidad de sufrir y de experimentar dolor.
Advirtió que desde la filosófica moral
(la escuela de filosofía moral del utilitarismo reformista y la filosofía moral
contemporánea) se ha orientado a considerar igual de importante los intereses
de todos, independientemente de cómo sea el otro, humano o no humano. Por
tanto, es inadmisible legitimar la cacería de animales para el disfrute y
placer de algunos.
Añadió que crear una jerarquía entre los
seres vivos no sólo ha sido la causa de la separación radical entre animales y
humanos, sino también de la clasificación y exclusión entre los mismos seres
humanos por razones de género, etnia, clase o discapacidad, y de la causa de la
crisis ecológica que pone en riesgo la subsistencia de los seres humanos.
Contrario a lo anterior, la ética ecológica plantea que la biodiversidad de
especies es lo que hace posible la vida, y en concreto la especie humana,
además, reconoce que “los animales sienten y sufren, y, por ello, deber ser
sujetos de derechos”.
Asimismo, señaló que no se puede pensar
que existe un abismo insuperable entre animalidad y humanidad, por eso es
necesario una fraternidad entre los seres humanos y el resto de la comunidad
biótica, en la que el respeto y reconocimiento de los derechos de los animales
juegue un papel central.
Por lo tanto, propuso la “introducción
de los seres vivos en la comunidad moral de los derechos”, dado que ello
supone un signo de civilización y sigue la tendencia de expansión del núcleo
original de los derechos.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado
El Director de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado intervino para solicitar que se declaren exequibles
las normas demandadas.
En criterio del interviniente, la
demandante sustenta la acción pública de inconstitucionalidad en cuatro
razonamientos: (i) Que la caza deportiva causa daño ambiental injustificado y,
en consecuencia, desconoce la Constitución Política (ii) Que los animales, por
ser seres sintientes tienen estatus moral y, por lo tanto, son sujetos de
derecho; (iii) Que en virtud del principio constitucional de bienestar animal
está prohibido el maltrato a los animales, y la caza deportiva tiene esa
finalidad; y (iv) Que la cacería deportiva es una forma de violencia
injustificada contra la fauna silvestre que viola el principio constitucional
de dignidad humana.
Sostuvo que, de prosperar las
pretensiones de la accionante, el Estado se quedaría sin la posibilidad de
permitir, previo cumplimiento de una serie de requisitos, la práctica de la
caza deportiva, lo cual no responde a los fines de conservación, fomento y uso
sostenible de la fauna silvestre que son propios de la Constitución Ecológica.
Aunado a lo anterior, la ausencia de regulación de la caza deportiva conlleva a
la realización de una práctica ilegal (furtivismo) que se caracteriza por ser
depredadora, inhumana e indigna, que no respeta vedas, especies, tamaños o
territorios, no discrimina en los métodos de caza, y puede ser cualquiera la
finalidad que motiva a cada furtivo “(diversión, necesidad, alimentación o
simple crueldad)”.
En relación con la regulación normativa
de la caza en Colombia, resaltó el contenido de los artículos 247, 248, 249,
250, 251, 252, 258, 259, 264 y 265 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y señaló que este Código sustrajo
la regulación sobre los recursos naturales de la esfera de la normativa civil y
elevó el medio ambiente al carácter de patrimonio común. También resaltó que en
el Estatuto Nacional de Protección de los Animales se determinó que el acto de
caza de animales silvestres en cualquiera de sus modalidades, excepto la de
subsistencia, queda prohibida salvo que medie autorización expedida por la
entidad administradora de los recursos naturales.
Advirtió que la normativa colombiana
sobre caza deportiva es una de las más estrictas que existen, porque incorporó
dicha actividad directamente en la regulación ambiental, y su interpretación
queda supeditada a la protección de los animales contra el maltrato,
características excepcionales en el derecho comparado relacionado con este
tema.
Señaló que la cacería es una de las
formas de aprovechamiento de la fauna silvestre, y que cada modalidad se ejerce
a través de determinados actos de caza, que pueden o no incorporar todos los
actos definidos en el artículo 251 del Código de Recursos Naturales, sin
embargo, el acto en sí mismo de cazar es igual sin importar el propósito que se
busque, por ello muchas veces las modalidades de caza se confunden entre sí.
Manifestó que la finalidad del acto de
caza, excepcionalmente autorizado, no es aquella que define la modalidad
respectiva para efectos de su reglamentación, denominada “finalidad inmediata
o transitiva”, sino la de servir de instrumento para la conservación,
fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, llamada “finalidad
real o última”, finalidad de todas las modalidades de caza. Agregó que es
equivocado alegar que las normas demandadas, que regulan y permiten la caza
deportiva, son violatorias de la Constitución Ecológica, ya que la finalidad de
las mismas es “la protección del medio ambiente (conservación), la
ampliación del hábitat de la fauna silvestre (fomento) y el aprovechamiento
racional del recurso (trato humano y uso sostenible de los animales)”.
El interviniente, así mismo, se refirió
a la afirmación realizada por la accionante referente a que las normas
demandadas desconocen los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia (artículo 9 de la Constitución Política), debido a que el contenido de
dichas normas no es coherente con la Declaración Universal de los Derechos de
los Animales de 1978 y la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982. Para controvertir
tal afirmación, manifestó que la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue promulgada el 15 de octubre de 1978, y su texto fue elaborado por
la Liga Internacional de Derechos del Animal, pero debido a las inconsistencias
que presentaba el mismo fue reelaborado por la misma ONG y se hizo público en
1990. Adujo que este instrumento nunca ha sido adoptado por las Naciones Unidas
ni por ninguna de sus organizaciones, así como tampoco ha sido incorporado en
un tratado del cual sea parte Colombia, lo que significa que no tiene carácter
vinculante.
En cuanto a la Carta Mundial de la
Naturaleza, indicó que el texto fue promovido por 34 países en vía de
desarrollo[16]
y fue adoptado mediante resolución del 29 de octubre de 1982 de la
Asamblea General de la Naciones Unidas, resolución que no genera efectos “estrictamente”
vinculantes sobre los miembros. Agregó que de la lectura integral y
sistemática de dicho instrumento no se desprende que la caza deportiva entre en
contradicción con su contenido, es más, en el Principio General número 4 de la
Carta se establece el aprovechamiento sostenible y humano de los recursos
fáunicos, lo cual se logra con la caza deportiva regulada y los cotos de caza.
Mencionó tres instrumentos
internacionales que, según su criterio, sí son relevantes y vinculantes para el
Estado colombiano: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de 1975 (Ley 17 de 1981), el
Convenio sobre Diversidad Biológica de 1993 (Ley 165 de 1994) y el Convenio de
Ramsar de 1971 (Ley 357 de 1997).
En su sentir, dichos instrumentos
internacionales son el “eje central de los esfuerzos globales para asegurar
la conservación y aprovechamiento sostenible de las especies de fauna y flora
del planeta”. Por ello, concluyó que desde la perspectiva del derecho
internacional la caza deportiva no constituye una amenaza para el medio
ambiente y para la conservación de las especies de fauna.
Por otro lado, mencionó que la
demandante alegó que la caza deportiva desconoce el principio de dignidad y
solidaridad (artículo 1 C. Pol.), ello, sin tener en cuenta que la Constitución
reserva el carácter de seres morales sólo a las personas, por lo cual la
solidaridad y la dignidad se predica de los seres humanos y no de los animales;
en similar sentido se deben interpretar los numerales 1 y 2 del artículo 95
superior, los cuales establecen deberes de las personas frente a otras personas
y no frente animales, y respecto al deber de protección y conservación del
medio ambiente sano contenido en el numeral 8 del artículo 95, este se refiere
a los actos de las personas frente al medio ambiente, así, por ejemplo, muchas
veces resulta necesario sacrificar algunos individuos de una especie para
asegurar la sostenibilidad de la mayoría de los individuos que la componen[17].
También, el interviniente hizo
referencia a lo manifestado en el escrito de la demanda, referente a que la
caza deportiva implica la captura, mutilación o muerte de especies silvestres,
y que eso constituye maltrato animal, en relación con ello manifestó que tal
afirmación es equivocada, ya que la cacería deportiva practicada en Colombia no
conlleva la captura o mutilación del animal, ni tampoco implica quemar, cortar
o alterar algún órgano o miembro de un animal vivo o causar su muerte con
procedimientos que generen dolor y sufrimiento.
En relación con el principio
constitucional de bienestar animal, señaló que en el derecho comparado es muy
inusual elevar a rango constitucional al deber de protección animal, sin
embargo, muchos países tienen normas de rango legal que buscan la protección y
bienestar de los animales. En Colombia el deber de protección animal tiene
rango constitucional, y un marco legal conformado por las normas demandadas,
sobre las cuales las autoridades ambientales deben reglamentar la caza
deportiva.
Sobre los cotos de caza, el
interviniente manifestó que es una de las herramientas a disposición de las
autoridades para implementar las políticas públicas de conservación ambiental.
Además, en el derecho comparado es bastante común la figura de coto de caza o de
reserva de caza, por ejemplo, “de los 40 países que hacen parte del Consejo
de Europa, 34 promueven la existencia de asociaciones comunitarias de caza,
cuatro hacen que su afiliación sea obligatoria y solo dos no tienen la figura”;
otro ejemplo es el coto de caza El Angolo ubicado en Piura/Perú,
declarado por la UNESCO reserva de la biosfera de la humanidad; siendo así la
finalidad de los cotos de caza no es la muerte o captura de una o varias
especies, sino de crear hábitats de conservación y protección de los
ecosistemas amenazados.
Finalmente, señaló que la dignidad
humana implica que el ser humano pueda autodeterminarse y elegir una actividad
acorde a sus intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, y así diseñar un
modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la
limitación del interés general y la protección del medio ambiente.
Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario, por conducto
de asesora jurídica, intervino para solicitar a esta Corporación que se declare
INHIBIDA para conocer de fondo esta acción pública de inconstitucionalidad,
dado que las normas demandadas están derogadas tácitamente dentro del
ordenamiento jurídico colombiano. Como alternativa solicitó, en caso de que
esta Corte decida resolver de fondo el presente asunto, que se declaren
inexequibles las normas demandadas.
Para sustentar su solicitud principal
manifestó que con la expedición de la Ley 1774 de 2016, se dio una derogación
tácita del Decreto Ley 2811 de 1974 y de la Ley 84 de 1989, dado que “La Ley
1774 de 2016 dispone en el capítulo VIII “De la Caza y la Pesca” que en cuanto
las demás normas no contravengan lo dispuesto [en] dicha Ley se observará en
conjunto toda la normatividad incluyendo el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio ambiente. Afirma la Ley, que en
caso de conflicto entre [lo] dispuesto por la Ley 1774 y otra norma prevalecerá
lo establecido en esta”. Al respecto, esta Corporación debe aclarar que el
“capítulo VIII “De la Caza y la Pesca”” no hace parte de la Ley 1774 de
2016, ni existe una norma que reproduzca de forma textual o parafraseada el
contenido al que hizo referencia la accionante y que fue citado en este
párrafo.
Para sustentar su segunda petición,
indicó que en la Ley 1774 de 2016 se estableció que el Estado, la sociedad y
sus miembros, tienen la responsabilidad de participar activamente en la
prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los
animales; asimismo, tienen el deber de abstenerse de causar daño injustificado
y de denunciar los delitos contra animales de los que tengan conocimiento[18].
También, señaló que en dicha ley se
tipifican los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los
animales, y se establece como excepciones a las penas previstas en esta ley “las
prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales
que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento,
mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción
de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente
aceptadas”[19].
Con base en tales excepciones, la interviniente mencionó que la caza y la pesca
deportiva referida en los artículos demandados no tiene como finalidad ninguna
de los objetivos descritos en las excepciones a las penas por los delitos
contra los animales, por lo tanto, la ejecución de caza deportiva configura la
conducta tipificada en el artículo 339A del Código Penal.
Finalmente, indicó que el caso de
presentarse un conflicto de leyes debe resolverse a favor de la protección
especial de los animales (seres sintientes), y la Ley 1774 de 2016 propugna por
esa protección, así como por el bienestar animal y la erradicación del maltrato
y violencia injustificada contra ellos.
Departamento Administrativo del Deporte,
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
(Coldeportes)
Rubén Andrés Castillo Quevedo, Jefe de
la Oficina de Asesoría Jurídica de COLDEPORTES, allegó respuesta a la
invitación realizada para participar en el presente proceso. Manifestó que, de
conformidad con el artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, correspondía
emitir el concepto a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva
(FEDETIRO).
Universidad Nacional de Colombia – Sede
Bogotá
El Grupo de Investigación en Derechos
Colectivos y Ambientales (GIDCA) intervino en representación de la Universidad
Nacional Sede Bogotá para solicitar que se declaren inconstitucionales las
normas demandadas.
Para sustentar su petición, en un primer
momento el interviniente se refirió al contexto normativo actual de la caza
deportiva, para lo cual hizo alusión al Decreto 1076 de 2015, en el cual se
define la caza deportiva[20],
y se establece que el administrador de los recursos naturales debe realizar
evaluaciones de existencia en fauna silvestre por especie en cada región para
determinar, entre otras cosas, qué especies pueden ser objeto de caza
deportiva, y así poder otorgar un permiso mediante resolución en la que se
describa las especies que autoriza cazar y el tiempo, modo y lugar, en el que
se debe realizar la caza deportiva.
Indicó que la normativa de caza
deportiva adopta una perspectiva de la naturaleza como objeto de apropiación
por parte del ser humano combinado con una perspectiva de conservación utilitaria
de las especies para evitar su agotamiento y así poder mantener su explotación
en el futuro.
En un segundo momento, el interviniente
hizo alusión al sufrimiento animal que causa la caza deportiva y al carácter
deportivo de la misma. Al respecto afirmó que cualquier actividad de caza
genera sufrimiento para el animal cazado, por consiguiente, el elemento a
considerar para determinar si las normas demandadas se ajustan a la
Constitución tiene que ver con los fines por los cuales se desarrolla la caza,
ya que en Colombia la caza puede ser de subsistencia, fomento, control,
científica, comercial o deportiva; ello significa que el ordenamiento jurídico
reconoce distintos fines legítimos para someter a un animal a las condiciones
negativas que la caza genera, pero en el caso de la caza deportiva sus fines
deben contrastarse con los criterios constitucionales que se han fijado para la
protección del ambiente, en especial de los animales.
En relación con el carácter deportivo de
la caza, sostuvo que el deporte reviste tal importancia que se reconoce como un
derecho en el artículo 52 de la Constitucional Política. En la Ley 181 de 1995
se define el deporte como “la específica conducta humana caracterizada por
una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”[21];
asimismo, se definen los conceptos de “recreación” y de “aprovechamiento
del tiempo libre”.
En relación con lo expuesto
anteriormente, el interviniente destacó que “el concepto de deporte se
enmarca en al menos tres elementos a) el carácter lúdico competitivo, b) el
desarrollarse mediante actividades físicas o mentales, c) el tener un carácter
reglado -que establecen la forma de desarrollarlo- y, d) el promover valores
sociales deseados -dimensión social del deporte-. Mientras que las actividades
recreativas implican al menos: a) desarrollar una actividad placentera para el
individuo y b) busca mejorar las condiciones de vida -tanto individual como
colectiva- y, en ese sentido, tiene una dimensión social o colectiva que
implica valores compartidos”.  Ello para indicar que la caza deportiva no
cumple con el requisito de ser una actividad reglamentada, y tampoco es claro
cuáles son los valores colectivos que promueve o cómo esta práctica contribuye
al desarrollo social.
En un tercer y último momento, el
interviniente señaló que “los animales son agentes y sujetos de derecho, y
así los plantea el ordenamiento jurídico colombiano, como seres sintientes, y,
por lo tanto, se les debe respeto, en este caso porque tienen un valor y un fin
en sí mismos”. En relación con esto, agregó que la Corte Constitucional, en
la sentencia C-041 de 2017, señaló que “aunque la Constitución no reconozca
explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no debe
entenderse como su negación, ni menos como una prohibición para su reconocimiento
-innominados-”[22].
Con base en lo expuesto, el
interviniente resaltó tres reglas relacionadas con el reconocimiento de los
derechos de los animales: (i) los intereses y derechos de los seres humanos no
tiene una primacía per se sobre los de los seres no humanos, por lo cual
en cada caso concreto deberá realizarse una ponderación; (ii) el ser humano en
cada caso debe argumentar y demostrar las razones por las cuales deben primar
sus intereses, sin que esto implique un sacrificio desproporcionado de los
intereses y derechos de los animales; y (iii)  debe primar el interés de los
seres humanos sobre los de los seres no humanos, cuando se trate de la
satisfacción de las necesidades básicas humanas, por tanto, en principio,
estará restringida la satisfacción de preferencias humanas no relacionadas con
las necesidades básicas.
Expuso que la protección del ambiente,
incluido los animales, se concibe desde dos perspectivas: primero, la
protección de la fauna para el mantenimiento de la biodiversidad y el
equilibrio natural, y segundo, la protección de la fauna de todo padecimiento y
maltrato sin justificación alguna. En relación con esta última perspectiva, en
Colombia existen tres excepciones al deber constitucional de protección animal,
las cuales fueron establecidas en la sentencia C-666 de 2010, estas son: la
libertad religiosa, los hábitos alimenticios, la investigación científica y la
expresión cultural[23],
y la actividad de caza deportiva no se encuadra en ninguna de las anteriores
excepciones.
Concluyó que la caza deportiva es una
actividad recreativa que busca la satisfacción de los deseos y preferencias
humanas y no la satisfacción de las necesidades básicas humanas, además, es una
actividad que no se encuentra debidamente justificada, que desconoce el deber
de protección del ambiente y el deber de no causar sufrimiento y dolor
injustificado a los animales no humanos. Y a pesar de que tal actividad se
encuentra regulada, la función de dichas normas es evitar el agotamiento de la
fauna, y no la protección y consideración de los animales como sujetos valiosos
en sí mismos.
Universidad Industrial de Santander
(UIS)
Los estudiantes Iván Darío Arévalo
Rodríguez y Leandro Albeiro Sanabria Coronado, asesorados por el profesor Juan
Manuel Sánchez Osorio, actuando en representación de la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas de la UIS, allegaron intervención en la que solicitan que se
declaren inexequibles las normas demandadas.
Para sustentar su solicitud, iniciaron
manifestando que dentro del ordenamiento jurídico colombiano se presenta
dificultad para reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho. No
obstante, la Corte Constitucional en diversos fallos ha abandonado la visión
antropocéntrica para dar paso a una visión biocéntrica, en la que, si bien los
animales no han sido reconocidos como sujetos de derecho, se han establecido
unos parámetros de humanidad, solidaridad, bienestar y cuidado para con un
animal, incluso para con los ecosistemas.
Señalaron que la justicia para los animales
debe ir más allá de la compasión y humanidad, pues tienen derecho a una
“existencia digna”. Bajo ese entendido, la caza deportiva menoscaba la
existencia digna de los “animales no humanos”, transgrediendo a su vez
la relación hombre-medio ambiente.
Por último, expusieron que la caza
deportiva desconoce el deber constitucional de protección de la fauna que está
en cabeza de los ciudadanos y el Estado y contraría los principios y valores
del Estado Social de Derecho, especialmente la prevalencia del interés general
y el principio de dignidad humana.
AnimaNaturalis Internacional
En representación de la organización
AnimaNaturalis Internacional intervino Andrea Padilla Villarraga, vocera en
Colombia de la Organización, para solicitar que se declaren inexequibles las
normas demandadas.
Para sustentar su solicitud hizo
referencia (i) a los argumentos que han llevado a la Corte Constitucional a
distinguir “la capacidad de sintiencia animal como criterio ético relevante
para el reconocimiento moral de los animales y fundamento de su protección
constitucional contra el sufrimiento innecesario”, y (ii) a la caza
deportiva como una actividad cuyo único propósito es causar la muerte y el
sufrimiento innecesario a seres vivos cuyo interés vienen siendo reconocidos
por la Constitución y la Ley.
(i) En  relación con los
planteamientos éticos y normativos que de forma progresiva ha utilizado la
Corte Constitucional para reconocer la sintiencia animal, manifestaron que los
primeros argumentos para fundamentar la prohibición de tratos crueles contra los
animales fueron la protección constitucional del ambiente en razón a las
disposiciones de la Constitución Ecológica y el concepto de la función
ecológica de la propiedad, superando el paradigma antropocéntrico y planteando
una nueva perspectiva ecocéntrica. Posteriormente la Corte empieza a construir
un fundamento ético diferenciado de los animales no humanos respecto del
ambiente, en el que se supera la visión cosificadora del Código Civil, y se
inserta la visión de seres vivos sintientes, seres con los que el ser humano
comparte el contexto vital donde se hace posible la existencia y con los que
tiene en común la capacidad de sentir.
Indicaron que la Corte define dos
perspectivas de la protección a los animales que resultan fundamentales para la
construcción de la naciente “jurisprudencia animalista”, por una parte,
la protección de la fauna en “virtud del mantenimiento de la biodiversidad y
el equilibrio natural de las especies” , y por otra parte, la protección de
la fauna como reflejo de un “contenido de moral pública y conciencia de la
responsabilidad que deben tener los seres sintientes humanos respecto de los
otros seres sintientes”[24].
Así, la Corte identificó un nuevo estatus moral -seres sintientes- para los
animales no humanos.
Mencionaron que en virtud del concepto
de sintiencia, la Corte reconoce la existencia de intereses en los animales y
admite su protección dentro del alcance del concepto de dignidad humana,
concepto que implica que la dignidad de las personas no sólo produce derechos, sino
también deberes en relación con los otros seres vivos sintientes. Agregaron que
de este concepto de dignidad humana, como fundamento de la relación que el ser
humano sintiente tiene con otro ser sintiente animal, se deriva una doble
consecuencia: primera consecuencia, que las personas humanas tienen el deber de
incorporar los intereses de los animales en su “código de comportamiento y
en los cálculos utilitaristas” para la satisfacción de sus propios
intereses; y segunda consecuencia, el deber del Estado de proteger los
intereses de los animales mediante un “sistema jurídico de protección que
garantice la integridad de los seres humanos en cuanto seres sintientes”[25],
lo que implica que la autoridades estatales “no pueden apoyar, patrocinar,
dirigir, ni, en general, tener una participación positiva en acciones que
impliquen maltrato animal”[26].
Señalaron que, a juicio de la Corte,
existen dos parámetros constitucionales de interpretación de las normas
infraconstitucionales que regulan la relación del ser humano con los animales,
estos son: la garantía del bienestar animal y la protección contra su
sufrimiento innecesario. Frente al bienestar animal, los intervinientes
sostuvieron que este mandato se concretó en la Declaración Universal del
Bienestar Animal, en el Ley 84 de 1989 en donde el legislador enumeró una serie
deberes para con los animales, y en la Ley 1774 de 2016 en donde se estableció
los “delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los
animales”, y se incorporó el bienestar animal como un principio, el cual
establece que en el cuidado de los animales debe asegurarse que “1. Que no
sufran hambre ni sed; 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni
dolor; 3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan
manifestar su comportamiento natural”[27].
Y en relación con la protección de los
animales contra el sufrimiento innecesario, señalaron que existen disposiciones
orientadas a garantizar este propósito constitucional, como el Estatuto
Nacional de Protección a los Animales (Ley 84 de 1989), el cual en su artículo
primero objeta la relación abusiva y cruel del hombre con la naturaleza y
ordena la protección de los animales contra el sufrimiento, y en su artículo 29
establece las conductas que son consideradas como crueles. Asimismo, la Ley
1774 de 2016 busca garantizar la protección de los animales contra el
sufrimiento innecesario según lo establecido en sus artículos 1 y 3.
(ii) Respecto a la prohibición de la
caza deportiva en cumplimiento del mandato constitucional de bienestar y
protección animal contra el sufrimiento innecesario, alegaron que la caza
deportiva es incompatible con dicho mandato constitucional, ya que esta
actividad se basa en el maltrato y sufrimiento injustificado de seres
sintientes, pues su único propósito es entretener a las personas a costa del
dolor y la agonía de seres sintientes.
Señalaron que es deber de la Corte
Constitucional continuar armonizando la legislación nacional de conformidad con
el mandato constitucional de protección a los animales, teniendo en cuenta que
estableció, primero, que las manifestaciones culturales no deben entenderse
como concreción de postulados constitucionales que tengan blindaje alguno que
las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento jurídico, cuando se
considere necesario limitarlas o suprimirlas por no ser coherentes con los
valores que busca promocionar la sociedad (Sentencia C-283 de 2014), y segundo,
que el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa,
puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que impliquen maltrato
animal si considera que debe primar el deber de protección animal (sentencia
C-666 de 2010).
Indicaron que, en caso de considerarse
la caza deportiva como una expresión deportiva, ésta tampoco tiene blindaje
constitucional ni genera una excepción al valor constitucional de protección a
los animales. No obstante, los intervinientes aclararon que la caza no puede
ser considerada como un deporte, ya que los animales son sacrificados para
generar satisfacción o diversión, y lo que impera en ella son sentimientos
nocivos.
Finalmente, mencionaron que la
inexistencia actual de derechos de los animales no niega “la existencia de
una dignidad ínsita en ellos, derivada de su capacidad de sentir y de sus
intereses”, por eso la Corte debe ponderar los intereses en conflicto entre
una práctica en desuso y los intereses de seres sintientes.
Universidad de Antioquia
El programa Sociojurídico de Protección
Jurídica a los Animales adscrito al Departamento de prácticas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Política de la Universidad de Antioquia, intervino para
solicitar que se declaren inexequibles las normas demandadas. Para sustentar su
solicitud manifestó lo siguiente:
(i) Que si bien la Corte Constitucional
en la sentencia C-048 de 2017 mencionó que la Declaración Universal sobre
Derechos de los Animales y la Declaración Universal sobre Bienestar animal no
hacen parte del bloque de constitucionalidad, se debe tener en cuenta que estos
instrumentos han sido fundamento de distintos actos jurídicos proferidos por
diferentes órganos estatales, lo cual representa la manifestación de voluntad
por parte del Estado para comprometerse a respetar dichas disposiciones,
entonces, “dando aplicación a la doctrina de los actos propios, con las
diferentes manifestaciones del Estado fundamentadas en estas Declaraciones, se
constituyó estoppel, de manera que se han generado unas expectativas legítimas
que no puede ser defraudadas por el Estado; todas vez que éste último no puede
ir en contra de sus propios actos”.
(ii) Que el derecho a gozar de un
ambiente sano y el deber que tiene el Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, ha sido ampliamente desarrollado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-595 de 2010, C-666 de 2010, C-632 de 2011,
C-123 de 2014, C-467 de 2016, C-041 de 2017, entre otras. En dichas sentencias
se muestra la importancia de la protección del medio ambiente y de la
protección especial a los animales no humanos por ser catalogados como seres
sintientes.
(iii) Que la caza deportiva es una
actividad “abyecta o fútil”, y que, si bien las personas tienen derecho
a elegir dentro del ámbito de los deportes y la cultura, ello no es absoluto, y
sus límites están determinados por los principios y valores del Estado Social y
Democrático de Derecho.
(iv) Que las normas demandadas
contrarían el espíritu de la Constitución Política, el contenido Ley 1774 de
2016, así como los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Universidad Militar Nueva Granada – Sede
Bogotá
En representación de la Facultad de
Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada intervino Gonzalo Guillermo
Molano Salcedo, abogado y docente asesor de la Universidad, para solicitar que
se declaren exequibles las normas demandadas.
Para sustentar su solicitud, el
interviniente manifestó que la caza deportiva no es una práctica con gran
trayectoria en Colombia ni un tema vigente o de trascendencia nacional, era
realizada por personajes de la política colombiana, pero actualmente su
práctica es menor, ya no es una actividad popular entre los colombianos, por
tanto no podría decirse que la caza deportiva es una tradición de la sociedad
colombiana, como sucede en otras naciones como “Estados Unidos, España,
Reino Unido, Alemania y varios [Estados] africanos”.
Señaló que el debate de la presente
demanda se centra en una ponderación de bienes jurídicos tutelables, por un
lado un interés del ser humano (de cazar por deporte) y por otro un interés del
animal (de vivir) y para dar fin al debate existen dos conclusiones
excluyentes: (i) considerar que existe una justificación jurídica, ética y
moralmente aceptable para privar de un bien jurídico a un animal y preferir el
bien jurídico del ser humano, o por el contrario (ii) no existe dicha
justificación y por ende debe preferirse la protección del interés del animal.
Por ello, el juicio de constitucionalidad que se realizará se resume en lo que
se considere “suficientemente justificado, razonable y si se quiere
proporcional para privar de la vida a un animal y lo que no”.
También sostuvo que la semántica de la
expresión “deportiva” en el contexto de la cacería, tiene una gran
importancia en el asunto objeto de examen, dado que para la accionante no es
constitucional una norma que permita la muerte o el sufrimiento de un animal
por razones de entretenimiento. Sin embargo, al aplicar estos mismos argumentos
en contra de la cacería comercial, bien podría llegarse a la misma conclusión,
esto es, que “no podría ser constitucional la norma que permita la muerte de
un animal por simples ambiciones económicas”.
Por último, el interviniente hizo
referencia a muchos planteamientos, como: “¿La cacería deportiva implica un
daño a la naturaleza?” “¿Puede llegar hacer necesaria la cacería deportiva en
determinadas circunstancias (…)?” “¿Se le está causando un sufrimiento mayor al
animal que muere de un tiro que al animal que nace y crece para ser
“sacrificado” en un matadero (…)?” “¿La muerte de un animal en cacería es parte
de la naturaleza?”, ello con el objetivo de generar inquietudes a la Corte
para que tengan en cuenta que declarar la inexequibilidad de las normas
demandas “podría ser una medida excesiva que subestime factores esenciales
que justificaría en determinadas circunstancias su práctica”[28].
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, intervino para solicitar que se declaren exequibles las normas
demandadas.
Para sustentar su solicitud, el
interviniente hizo referencia, en primer lugar, al marco normativo de la caza
deportiva, resaltando el Decreto Ley 2811 de 1974 que regula la actividad de
caza en todas su modalidades, reglamentado mediante el Decreto 1608 de 1978
(compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015). Asimismo, resaltó
la Ley 1774 de 2016 que “se enfoca principalmente en regular las situaciones
que involucran a los animales domésticos”.
Seguidamente
hizo alusión a las características de la caza deportiva en el contexto
latinoamericano con fundamento en estudios realizados en la región y que fueron
consultados por la entidad interviniente. Al respecto manifestó que (i) La caza
deportiva ofrece recreación y experiencias cuyo valor no sólo está representado
por el precio en el mercado de las presas abatidas (valor cinegético), sino
también por el valor material del producto de la caza y los rasgos biológicos
del animal que hacen de su captura una experiencia interesante; (ii) La caza
deportiva ofrece beneficios a terceros y genera ingresos fiscales por concepto
de las licencias de caza; (iii) La caza deportiva es una actividad tradicional
en América Latina y se encuentra asentado en las leyes de esos países, aunque
se encuentre suspendido en algunos (iv) El perfil del cazador deportivo
latinoamericano es una persona de “clase media urbana  y asociado a un
club de caza, pero puede ser también propietario de un predio rural; caza
porque le gusta; invierte en su afición por encima del valor de sus productos,
pues aprecia ante todo el valor recreativo de la caza (…); suele
conocer la reglamentación de la caza, pero no todos cumplen; es un
cazador de fin de semana y que suele viajar largas distancias; acostumbra a
cazar acompañado y a menudo en terrenos de un amigo; entre los cazadores
deportivos legales predomina hombres mayores, de 35 a 40 años; los cazadores
deportivos constituyen un grupo minúsculo de usuarios de la fauna en los países
latinoamericanos, generalmente 0,1% o menos de la población (…) en
Surinam y en algunas provincias de Argentina, alcanza una fracción mucho mayor,
hasta el 7% en la provincia de Córdoba (…)”, y (v) La caza
deportiva está concentrada en las aves, que generalmente son especies que
pueden tolerar altas tasas de extracción, específicamente, los patos
silbadores, palomas, perdices y crácidos, que suelen ser las piezas principales
en Suramérica tropical. Sin embargo, se presenta también la caza mayor,
específicamente en México, América Central y en el norte de Suramérica, que
suelen cazar el venado cola blanca o caramerudo. Agregó que son pocas las
especies habilitadas para caza mayor.
En relación a los efectos derivados de
la actividad de la caza deportiva en las especies de fauna, señaló que es
usualmente leve debido a que su ocurrencia es esporádica, existen límites
legales, es bajo el número de personas que practican esta actividad y
generalmente se concentra en “aves de porte medio que son poco cazadas por
otros usuarios y que puede tolerar altas tasas de extracción”. No obstante,
sostuvo que se debe sumar al cazador deportivo ideal aquel aficionado que no
presta atención a las normas y aumenta la presión sobre la caza mayor, también
apetecida por la caza de subsistencia y la comercial.
Señaló que en Colombia actualmente no
existen cotos de caza, y también hizo referencia a las vedas de caza, al
respecto manifestó que la prohibición de la caza como política permanente puede
ser contraproducente, debido a que puede incentivar “a la caza furtiva y
despilfarro, [además] coarta la comunicación y la cooperación entre
administradores y usuarios”, y hace difícil justificar las erogaciones
requeridas para atender el recurso vedado.
Finalmente, hizo alusión a los
documentos con los que contó la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del
Ministerio para la construcción de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre, la cual se encuentra regulada actualmente en el Decreto 1272 de
2016. Los documentos fueron anexados a la presente intervención[29].
Universidad Libre de Colombia – Sede
Bogotá
En representación de la Universidad
Libre, intervino el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, para
solicitar que se declaren inexequibles las normas demandadas.
Para sustentar su petición los
intervinientes hicieron referencia (i) al concepto de seres sintientes (ii) el
derecho a practicar un deporte y (iii) el bienestar animal como criterio
de interpretación.
En relación con el primer tema,
manifestaron que el concepto de seres sintientes se introdujo en la medida en
que se reconoció la existencia de la relación entre el hombre y los animales,
pensando en su bienestar y abandonado la noción cosificadora de los mismos. A
partir de la adopción de este concepto se debate la idea de protección y
bienestar de los animales haciendo énfasis en el reconocimiento de sus derechos
y en el comportamiento del ser humano con los animales.
Señalaron que desde las distintas
teorías en que se ha analizado el comportamiento del ser humano con los
animales, la que más compagina con la protección y bienestar animal es el
ambientalismo biocéntrico. Al respecto, indicaron que la Corte Constitucional
ha reconocido esferas de protección del medio ambiente desde lógicas
antropocéntricas, ecocéntricas y biocéntricas, en relación con esta última
lógica, la Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 2002 expone el
carácter biocéntrico de la protección del medio ambiente, y en la sentencia
C-041 de 2017 reitera dicha visión, pero haciendo énfasis en la protección de
los animales.
Sobre el segundo tema, manifestaron que
la Constitución Política en el artículo 52 reconoce el derecho de todos los ciudadanos
a practicar un deporte, derecho que ha sido delineado por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, la cual ha determinado que se trata de un derecho
fundamental autónomo[30].
Sin embargo, la Corte también ha establecido “que en consideración a la
innegable dimensión social que la práctica del deporte ostenta, este derecho
está sujeto a regulaciones de diversos niveles: por una parte, la
autorregulación de los particulares (…), pero también el Estado tiene la
facultad, y el deber, de inspeccionar las instituciones deportivas y la
actividad deportiva en sí misma”.
En cuanto al tercer tema, mencionaron
que la demanda involucra al menos dos derechos: la protección del medio
ambiente y de los animales como parte de éste y el derecho a la práctica de un
deporte y a la recreación. Sin embargo, a la luz de los recientes paradigmas
constitucionales sobre la protección del medio ambiente y de los animales, la
caza deportiva, cuyo fin es la recreación, es una expresión deportiva
inadmisible constitucionalmente.
Expresaron que “la relación del
hombre con su entorno exige que las facultades del ser humano para aprovechar
los recursos del medio ambiente sean consideradas dentro de límites de
eticidad”, y la caza deportiva es una actividad que somete a los animales a
tortura y tratos crueles sólo por propósitos recreativos, desconociendo su
carácter de seres sintientes, el concepto de dignidad humana y el principio de
solidaridad. Adicional a ello, los cotos de caza no cumplen con la función
ecológica de la propiedad.
Finalmente, mencionaron que el bienestar
animal como criterio de interpretación reconocido por la Corte no se encuentra
ponderado con la existencia de manifestaciones como la caza deportiva, pues
dicha actividad puede ser reemplazada por otras actividades deportivas
semejantes que no someten a los animales a tratos crueles.
Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva (FEDETIRO)
El Vicepresidente Ejecutivo de FEDETIRO
intervino para solicitar que se declaren exequibles las normas demandadas. El
interviniente fundamentó su solicitud en los siguientes argumentos:
Manifestó que, según la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “el cazador
aprecia más la recreación que el valor material de las piezas recobradas (…) El
cazador se inclina por la cacería de especies que someten a prueba su destreza
como tirador”[31].
Asimismo, expresó que la FAO ha determinado seis características de la caza
deportiva, a saber: (i) Que por lo general el cazador está informado de la
reglamentación vigente, procura cazar legalmente y portar la respectiva
licencia (ii) Que el cazador deportivo generalmente debe trasladarse de zonas
urbanas a áreas rurales de cacería (iii) Que la caza deportiva se ve limitada
por las vedas, número de piezas y otras restricciones legales (iv) Que tal
actividad se practica de manera intermitente y varían las áreas en las que se
realiza (v) Que la caza deportiva genera ingreso por la compra de equipos y
materiales y por otros conceptos en zonas de cacería, y (vi) Que a menudo
quienes realizan esta actividad se organizan en clubes y federaciones de caza y
tiro y propician la creación de cotos para el manejo y la producción sostenida
de la fauna cinegética.
Respecto a las especies cinegéticas en
Colombia, advirtió que no todas las especies de la fauna silvestre son objeto
de caza deportiva, son seis las especies que se pueden cazar en la modalidad
deportiva: cinco especies de aves para la realización de caza menor y un tipo
de venado para la realización de caza mayor. Mencionó que la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) determina el estado
de conservación de las especies cinegéticas en Colombia, para lo cual se
establecieron las siguientes categorías: “Extinto (EX), Amenazado (EW-CR-EN-VU-NT)
y Preocupación menor (LC)”, respecto a las 5 especies cinegéticas de caza
menor en Colombia, las cuales son “el pato barraquete, el pato pisingo o
iguaza, la perdiz común, la torcaza y la paloma silvestre”, se encuentran
en estado “LC” esto es “least concern” o de poca preocupación, y
en cuanto a la única especie de caza mayor en el país, “el venado de cola
blanca”, se encuentra en el mismo estado de las especies mencionadas
anteriormente, es decir, “LC”.
El interviniente señaló que la caza deportiva
posee un valor cultural, económico y ecológico. Respecto al valor cultural,
indicó que la caza deportiva y el tiro deportivo son deportes que hacen parte
de la cultura colombiana, y que han sido realizados por destacados personajes
de la historia del país.
Mencionó que la caza deportiva genera
fuertes vínculos no sólo entre los compañeros que realizan el deporte, sino
también entre los deportistas y sus familiares, lo cual genera una integración
familiar y permite que la pasión y el amor por la caza deportiva se transmita
de generación en generación.
En cuanto al valor económico de la caza
deportiva, explicó que dicha actividad es una fuente importante de la económica
del país, pues el cazador debe pagar el valor del permiso y de la licencia de caza;
el valor de la tasa compensatoria; de las municiones y armas deportivas; de la
cuota anual de afiliación a FEDETIRO, organización que genera varios empleos, y
también deben pagar guías o baqueanos, transporte y alojamiento, lo cual genera
ingresos a comunidades que se encuentra alejadas de los centros urbanos y su
vez los incentiva a conservar el hábitat silvestre.
En relación con el valor ecológico de la
caza deportiva, el interviniente sostuvo que este tipo de caza contribuye al
desarrollo sostenible, pues es un instrumento a través del cual se logra una
protección sostenible de los recursos naturales renovables, asimismo, los cotos
de caza contribuyen en la producción constante y sostenible de especies
cinegéticas.
Señaló que el crecimiento descontrolado
de la población de una especie animal no es igual a un ambiente sano, contrario
a ello puede poner en riesgo la conservación de otras, ya que se incrementa la
competencia por el alimento y muchos animales pueden llegar a morir de hambre,
los bosques pueden convertirse en pastizales, puede cambiar la composición de
un ecosistema, y una gran cantidad de individuos de especies animales también
puede propagar enfermedades sobre otras especies.
En el último acápite de la intervención,
el interviniente mencionó que el deber de protección de los animales no es
absoluto, y que la prohibición de maltrato animal debe entenderse de forma
armónica con el derecho a la dignidad humana, a la recreación y al libre
desarrollo de la personalidad.
Indicó que a partir de la Ley 1774 de
2016 y de la sentencia C-467 de 2016, los animales son considerados seres
sintientes, pero no se les ha reconocido como titulares de derechos, pues se
determinó un punto intermedio entre los animales como sujetos de derecho y como
objetos. Agregó “que los animales sean seres sintientes no excluye su
condición de bienes, sobre los cuales se puede realizar negocios jurídicos”
por eso, en virtud del artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1874, es permitido
que se realicen actos jurídicos sobre los animales que se encuentra en
zoocriaderos o en cotos de caza, y respecto a estos últimos sitios, el
interviniente advirtió que actualmente en Colombia no existe ningún coto de
caza.
En relación con el arma deportiva que
utilizan los cazadores, tema regulado en el Decreto 2535 de 1993, sostuvo que
se utiliza un arma moderna que contiene perdigones de acero, la cual fue
diseñada para causar la muerte inmediata del animal sin prolongar su
sufrimiento, también fue diseñada para que el cazador logre la mayor eficiencia
en la actividad, no se genere contaminación y no genere daños que hagan
inviable al animal como trofeo.
Agregó que los cazadores deportivos se
someten a reglas de “fare chase” o de caza justa”, las cuales prohíben
ciertas prácticas, además el cazador que desconozca las normas que regula la
caza incurrirá en pena de prisión tal como lo establece el artículo 336 del
Código Penal, y será sancionado por FEDETIRO.
Finalmente, indicó que la caza deportiva
es un instrumento para la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, una manifestación deportiva y cultural, que no puede ser excluida
del ordenamiento jurídico por la imposición de la visión que posee la
demandante de tal actividad.
Universidad de la Sabana
La Universidad de la Sabana intervino
para solicitar a la Corte Constitucional que declare exequibles las normas
demandadas.
Para sustentar su solicitud la
interviniente hizo referencia a la regulación de la caza deportiva en Colombia
con el objetivo de determinar si las normas demandadas violan algunos preceptos
constitucionales y si el reconocimiento de los animales como seres sintientes
los hace sujetos de derecho.
Manifestó que inicialmente la regulación
de la actividad de caza en Colombia provenía del Código Civil, instrumento que
también se encargaba de regular lo relacionado con los recursos naturales, sin
embargo, desde 1974 con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se sustrajo dicha regulación de
la esfera privada y se declaró al medio ambiente como patrimonio común.
Indicó que el Decreto Ley 2811 de 1974
estableció que el tratamiento que se le dé a la fauna silvestre debe tener como
fin la conservación, fomento y aprovechamiento racional para lograr su
utilización continua, y una de las formas de aprovechamiento es la actividad de
caza, la cual es definida por dicha norma como “todo acto dirigido a la
captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”[32].
Señaló que la caza está prohibida en
Colombia, y solo se puede llevar a cabo cuando la autoridad competente otorgue
un permiso por un tiempo limitado y determine las especies que se pueden cazar,
la zona de aprehensión, la cantidad y tamaño de las especies y los métodos que
se pueden utilizar para evitar que en el desarrollo de la actividad de caza se
cause sufrimiento al animal.
Sostuvo que la reglamentación que existe
sobre la caza en Colombia es el desarrollo y cumplimiento de la obligación que
la Constitución Ecológica le ha confiado al Estado, y de no existir una
reglamentación al respecto se podría afectar a la fauna silvestre y al medio
ambiente, ya que se generaría la caza furtiva y se despojaría al Estado de una
herramienta de protección y fomento de la fauna silvestre.
Manifestó que si bien a través del
artículo 2 de la Ley 1774 de 2016 se les otorgó a los animales la calidad de
seres sintientes, esto no debe entenderse como el reconocimiento de los
animales como sujetos de derecho. Agregó que la Corte ha sido clara en
establecer que no se puede equiparar a los animales con las personas, y que, a
pesar de haberse reconocido a los animales como seres sintientes, estos siguen
siendo bienes jurídicos respecto a los cuales se puede constituir derechos
reales y realizar operaciones jurídicas.
Por último, mencionó que el fundamento
de los derechos que poseen las personas es la dignidad humana, dignidad que no
poseen los animales, por tanto, no tienen estatus moral y su protección es para
garantizar su correcta utilización y así beneficiar a los seres humanos.
Intervención del ciudadano Héctor
Hernández Botero
En el presente proceso intervino el
ciudadano Héctor Hernández Botero, miembro de FEDETIRO y de los Clubes de Tiro
y Caza Deportiva Cazandes y Bogotá, para solicitar que se declaren exequibles
las normas demandadas.
Para sustentar su solicitud, el
interviniente hizo referencia a la constitucionalidad de la caza deportiva y
refutó algunos de los argumentos expuestos en la demanda de
inconstitucionalidad.
(i) Manifestó que en el artículo 52 de
la Constitución Política establece el derecho al deporte, el cual fue
reconocido en la sentencia T-242 de 2016 como un derecho fundamental autónomo.
Asimismo, otros artículos de la Constitución Política garantizan la práctica de
una actividad lícita, reglamentada e inveterada como la caza deportiva, estos
son “los artículos 6, 16, 18, 28, 58 y 84”.
Agregó que la caza en general y
específicamente la caza deportiva se encuentra regulada en el Decreto Ley 2811
de 1974, el cual dispone en su artículo 2 que “el ambiente es (...)
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos”[33]
y con base en ese principio se establece como uno de los objetivos del
Código, “regular la conducta humana (…) y las relaciones que surgen del
aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente”[34].
También, resaltó que el objetivo del Título l “De la fauna silvestre y de la
caza” del Decreto es “asegurar la conservación, fomento y
aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento indispensable
para su utilización continuada”[35],
por lo tanto, según la ley, la caza es una actividad legítima.
(ii) Hizo referencia a cuatro argumentos
que, según el interviniente, fueron empleados por la accionante para sustentar
la demanda de inconstitucionalidad:
(1) Que la caza deportiva niega el
estatus moral de los animales: al respecto manifestó que la dignidad humana
solamente se predica del ser humano, que es el único ser con estatus moral, por
ello no se puede extender el contenido de este derecho subjetivo a las personas
jurídicas o a los animales, pues estos últimos “actúan en razón a sus
instintos y necesidades básicas, sin considerar los efectos morales de sus
actos”, como si lo pueden hacer los seres humanos.
(2) Que la caza deportiva genera
sufrimiento injustificado a los animales, por lo cual se desconoce el principio
constitucional de bienestar animal: al respecto alegó que la caza deportiva es
un deporte que tiene un valor económico y ecológico, que se encuentra regulado
y se practica bajos los parámetros de “fair chase”, lo que implica que
el cazador debe someterse a un código ético y a las normas jurídicas. Agregó
que la caza en su modalidad deportiva es más garantista con la sintiencia
animal que otros tipos de caza.
(3) Que la caza deportiva causa daño
ambiental y desconoce el principio de desarrollo sostenible: al respecto
sostuvo que el principal interesado en preservar el ambiente y la fauna es el
cazador deportivo, pues sin hábitat y sin animales es imposible realizar tal
actividad.
Resaltó que la caza deportiva no implica
una explotación irrestricta de la fauna silvestre ni genera contaminación del
hábitat natural, contrario a ello es una actividad que propende por el
desarrollo sostenible, controla el crecimiento desproporcionado de especies de
la fauna silvestre, y hace rentable la protección del medio ambiente y de las
especies cinegéticas para las comunidades donde se realiza la caza.
(4) Que la caza deportiva es una
expresión de violencia: al respecto indicó que la demandante busca imponer una
visión e ideología desconociendo que cualquier ciudadano puede desarrollar un
pensamiento crítico diferente y, además, tiene la libertad de elegir la
práctica deportiva que desee, según el libre desarrollo de su personalidad.
Agregó que no se puede prohibir la práctica de un deporte cuando no afecta un
derecho ajeno, simplemente porque es contrario a las preferencias morales de un
grupo de personas.
Intervención del ciudadano Ricardo
Urdaneta Holguín
En el presente proceso intervino el
ciudadano Ricardo Urdaneta Holguín para solicitar que se declaren exequibles
las normas demandadas. Para sustentar su solicitud hizo referencia a los
siguientes temas: (i) La ecología y la doctrina de los derechos de los
animales; (ii) el concepto de seres sintientes; (iii) el contexto de la cacería
deportiva y el papel que juega en la ecología; (iv) el modelo de conservación
colombiano; y, por último (v) evaluó los argumentos de la demanda.
(i) La ecología y la doctrina de los
derechos de los animales: el interviniente consideró necesario aclarar la
diferencia que existe entre la ecología y la doctrina de los derechos de los
animales. Sostuvo que la Ecología es la “ciencia que estudia los seres vivos
como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el
propio medio”[36],
la cual se rige por parámetros cuantificables y metodologías rigurosas y sus
premisas y conclusiones son verificables.
En relación con la doctrina de los
derechos de los animales, manifestó que es una teoría filosófica que le permite
a quienes la acogen entender su entorno de forma particular, no es una ciencia
y su naturaleza teórica les permite proponer ideas sin tener que soportarlas
con evidencia[37].
Indicó que la Constitución Política no
hace referencia a la doctrina de los derechos de los animales, sino al concepto
de ecología cuando “regula la función ecológica de la propiedad, el ambiente
sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo,
a la diversidad e integridad del ambiente, a las áreas de especial importancia
ecológica, a los recursos naturales, al deterioro ambiental, y a los
ecosistemas”.
Sostuvo que ninguno de los preceptos
ambientales de la Constitución requiere para su cumplimiento la adopción de la
doctrina de los derechos de los animales dentro del ordenamiento jurídico
colombiano, pues basta acoger los criterios de la ecología para el
mantenimiento y aprovechamiento de los recursos naturales. Agregó que las
doctrinas filosóficas no tienen por qué jugar un papel dentro del ordenamiento
jurídico, y que es rol de la Corte Constitucional evitar “que ese tipo de
doctrinas de ingeniería social se hagan extensivas a individuos distintos a
quienes las acogen voluntariamente”.
(ii) El concepto de los seres
sintientes: al respecto señaló que la doctrina de los derechos de los
animales ha adoptado el concepto de seres sintientes a través del filósofo
Peter Singer. Dicho concepto ha sido adoptado en algunos ordenamientos
jurídicos como el de Nueva Zelanda y el de los miembros de la Unión Europea, y
tanto en el país como en el territorio de la organización se colocó límites
relacionados con las consecuencias de este reconocimiento, además, se permite
la práctica la caza deportiva como herramienta de conservación ambiental.
Indicó que quienes apelan a los derechos
de los animales hacen el siguiente ejercicio argumentativo “a) los animales
son “sintientes”, b) es indigno matar seres “sintientes”, y por tanto c) los
animales tienen derechos”, es decir, además de apoyarse en la sintiencia
animal se apoyan en la idea de dignidad humana. Al respecto explicó que, si
bien existe en cabeza de los seres humanos una responsabilidad en materia
ecológica, ello no significa que se deba reconocer derechos a los animales o
establecer un vínculo entre dichos derechos y la sintiencia animal o la
dignidad humana.
(iii) Contexto de la cacería
deportiva y el papel que juega en la ecología: en este acápite el
interviniente manifestó que los cazadores son los más interesados en el
aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas, lo cual implica a su
vez la conservación de especies no cinegéticas y del hábitat que comparten.
Señaló como modelos exitosos de
conservación los desarrollados en Europa y en Estados Unidos. Con respecto al
modelo de Europa, sostuvo que a pesar de que cada país miembro de la Unión
Europea tiene sus propias reglas, poseen unas reglas comunes, por ejemplo, la
cacería es privada, es decir, se realiza en terrenos privados y la fauna
silvestre es propiedad de la persona en cuyo terreno se encuentre[38],
y los cotos de caza pueden tener simultáneamente producción agrícola o
pecuaria.
En relación con el modelo de
conservación de Estado Unidos y Canadá, mencionó que en “este modelo la
fauna es propiedad pública (…) hay que hacer énfasis en que no es propiedad del
Estado, es propiedad de cada individuo, y es administrado por el Estado en
fiducia”, ello significa que el Estado administra la fauna silvestre y
tiene la responsabilidad de mantener las especies; un particular no puede
cobrar por la caza, sino por entrar a su predio para cazar; las cantidades y
las especies objetos de caza son reguladas por las autoridades de cada Estado
federado, y existen gran cantidad de cotos de caza que también han servido como
refugio de especies extintas[39].
Indicó que ambos modelos de conservación
tienen en común la caza deportiva, ello porque dicha actividad es un incentivo
económico para quienes conviven con la fauna silvestre, evita que se genere el
mercado negro de especies y canaliza recursos económicos del sector privado
para la ecología.
(iv) El modelo de conservación
colombiano: manifestó que en Colombia la fauna silvestre es un bien
público, excepto los que se encuentran en zoocriaderos o en cotos de caza.
También mencionó que los métodos de cacería más utilizados son el de perros y
el de trampas con carga de detonantes artesanales, pues son eficaces y
económicos, y que no es necesario tener un coto de caza para realizar tal
actividad, es decir, que se puede cazar en una propiedad privada que no se haya
constituido como un coto de caza, siempre y cuando se cuente con autorización
previa de la autoridad ambiental respectiva.
Advirtió que las autoridades ambientales
colombianas no han determinado las poblaciones de las distintas especies que
habitan en el territorio colombiano, es decir, nunca han realizado un
inventario de las especies de fauna silvestre, lo cual ayudaría a que las
poblaciones se mantengan en el tiempo.
Según el interviniente, la caza
deportiva y los cotos de caza son el mejor aliado para la conservación de la
fauna silvestre, pues es “el principal mecanismo de atenuación de la caza
furtiva, el principal modo de involucrar a la mayor cantidad de gente posible
en esa conservación, y el modo más eficaz de proteger un hábitat y sus especies
de fauna silvestre de la expansión urbana y de la frontera agrícola”.
(v) Evaluación de los argumentos de
la demanda: en este acápite el interviniente evaluó algunos de los
argumentos de la demanda de inconstitucionalidad y a partir de ello manifestó
que:
- La cacería deportiva,
independientemente del motivo que impulse a quien la practica, ayuda en la
conservación de la naturaleza, lo cual es conforme a la Constitución Política
desde el contexto ecológico. Además, es el modo más eficaz de incentivar a la
conservación de las poblaciones de especies cinegéticas y al mismo tiempo a la
proliferación de especies no cinegéticas.
- Si bien la demandante alegó que la
cacería deportiva no tiene justificación moral, se debe tener en cuenta que
ello es una precisión personal y no se puede invocar la moral para interferir
en las preferencias de determinadas personas, pues si bien es respetable la
posición de la demandante esta no puede hacerse extensiva a la generalidad de
la población.
- La demandante alegó que la caza
deportiva genera daño ambiental a causa del plomo, sin embargo, solamente se ha
detectado plomo en humedales en donde se presenta alta actividad de caza, pero
ello se puede “evitar regulando el uso de perdigones de acero en lugar de
plomo”.
- La tasa compensatoria no es el único
beneficio que se genera con la caza deportiva, pues también genera empleo y
recursos económicos en las zonas rurales, además del beneficio de la
recreación, lo cual es un derecho constitucional.
- La caza deportiva es una actividad
propia de la cultura colombiana, la cual genera un vínculo entre el individuo y
la fauna en su hábitat.
- La protección de la naturaleza es un
objetivo que se alcanza a través de la ecología y no mediante la doctrina de
los derechos de los animales.
-
No
existe relación de causalidad entre el reconocimiento de los animales como
seres sintientes y entre los animales como sujetos de derecho. Resaltó que no
es necesario reconocerles derechos a los animales, pues el mismo objetivo que
se espera conseguir con ello se puede lograr a través del establecimiento de
unos deberes en cabeza de los seres humanos para con los animales.
Intervención del ciudadano Luis
Bernardo José Sánchez Herrera
Mediante escrito de 28 de septiembre de
2018, por fuera del término, el abogado Luis Bernardo José Sánchez Herrera
intervino como apoderado de la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca,
representada legalmente por Jorge Ramírez Díaz, para presentar las razones por
las cuales considera que las normas demandadas se ajustan al marco
constitucional. En su intervención, la entidad presentó tres argumentos: (i)
argumento antropológico, (ii) argumento constitucional de desarrollo
sostenible, normas jurídicas y contexto internacional que reglamentan la caza
deportiva y; (iii) sentimiento de los animales y la dignidad humana.
(i)
Frente
al argumento antropológico, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca
expone, por un lado, el concepto de “desarrollo sostenible” y su evolución, el
cual ha avanzado de una visión economicista que se ocupaba de la conservación
del ambiente y la utilización debida de los recursos, como un medio para lograr
un desarrollo sostenible. Por otro lado, expone el progreso y evolución de la
pesca y caza deportiva, su carácter ancestral y antropológico, sus antecedentes
en épocas prehistóricas, así como la importancia de estas prácticas desde el
punto de vista sociológico y de subsistencia. Así mismo, afirma que la pesca y
la caza sostenible tienen como finalidad la conservación de las especies y los recursos
naturales, ajustándose a los requerimientos de conservación. Por último, la
intervención desarrolla los diferentes instrumentos internaciones que buscan
proteger y conservar el medio ambiente, así como las especies de fauna y flora,
y que, a su vez, permiten la caza y la pesca de una manera responsable, en
donde se garantice la conservación y gestión efectiva de los recursos.
(ii)
Frente
al segundo argumento constitucional de desarrollo sostenible, la Asociación
Colombiana de Piscicultura y Pesca hace un recuento de la evolución del medio
ambiente en la legislación colombiana, su reconocimiento en la Constitución
Política de 1991, los desarrollos jurisprudenciales y los instrumentos
internacionales que han determinado las obligaciones del Estado frente a los
recursos culturales y naturales. De igual manera, la Asociación afirma que
estas normas permiten y regulan la pesca y caza deportiva en Colombia y
establecen obligaciones para la conservación de un medio ambiente sano. A su
vez, la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca manifiesta que las normas
nacionales e internacionales reconocen la caza deportiva, como un instrumento
adicional de conservación y protección del ecosistema. Frente a la caza, en
todas sus modalidades, alegan que esta práctica busca servir como instrumento
de conservación y que la pesca deportiva debidamente regulada no pone en riesgo
ni amenaza el medio ambiente y, por el contrario, permite lograr los objetivos
de conservación y sostenibilidad de la fauna silvestre.
(iii)
Con
respecto al sentimiento de los animales y la dignidad humana, la Asociación
Colombiana de Piscicultura y Pesca considera que la defensa de los animales es
un principio de dignidad humana. Sin embargo, considera que pretender otorgar
una calidad moral a los animales atenta con la misma Constitución Política, que
reserva el carácter de seres morales a las personas. De igual manera, añade que
la Constitución hace referencia a acciones de solidaridad social, que se
circunscriben a “acciones humanitarias” y no sobre acciones de animales.
Por último, la Asociación manifiesta que la caza y la pesca son herramientas
legítimas para el manejo ambiental y considera que una debida regulación y
educación frente al tema, permitirá garantizar una interrelación adecuada entre
los seres humanos y los animales.
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo Flórez, intervino para solicitar la inexequibilidad de los
apartes normativos acusados por la accionante por considerarlos contrarios a la
dimensión ecológica de la Constitución Política.
Para el Procurador, la práctica de la
caza deportiva plantea un conflicto con el interés general y genera fuertes
interrogantes en los planos ético y jurídico, ya que, por un lado, existe un
deber de protección efectiva del medio ambiente y de los seres que lo conforman,
y, por otro, los animales tienen la capacidad de sentir dolor.
Considera que la Corte Constitucional se
encuentra facultada para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los
artículos demandados, ya que no existe cosa juzgada respecto al Decreto Ley
2811 de 1974. Aunque el Decreto fue demandado en su totalidad, el cargo
propuesto se limitaba a las facultades extraordinarias del Presidente de la
República por medio de la Ley 23 de 1973 y la Corte Constitucional determinó
que la norma se ajustaba al ordenamiento constitucional.
Frente a la Constitución Ecológica, el
Procurador considera que este concepto se ha venido desarrollando a partir de
pronunciamientos jurisprudenciales y se ha dado como respuesta a un cambio de
la moral pública y social, que ha obligado a reflexionar sobre aquellas
prácticas que anteriormente eran aceptadas y que ahora se cuestionan a raíz del
sufrimiento y dolor a los animales. De igual manera, este cambio en la moral
pública y social ha llevado a un reconocimiento legal de los animales como
seres sintientes, así como a establecer deberes de protección y cuidado y a la
proscripción de toda forma de maltrato animal. Añade que estas modificaciones
se han dado en gran parte gracias a la conciencia de protección del ambiente
que ha surgido como resultado de la preocupación generalizada por los recursos
ambientales renovables y no renovables.
De acuerdo con lo anterior, considera
que el estudio de la constitucionalidad de las normas demandadas debe ser
integral, a la luz de la Constitución Política de 1991, y sin limitaciones
respecto de aquellos aspectos tradicionales de los derechos que se han alegado
como vulnerados. Afirma igualmente que existen varias obligaciones jurídicas
que se derivan de la dignidad humana, ya que esta no se limita a la dignidad
inherente del ser humano, sino que tiene relación directa con el ambiente en
que se desarrolla la existencia, del cual hacen parte los animales y cuyos
efectos irradian entorno a la forma como se relaciona con los otros seres, la capacidad
de respetarlos y de no infligir tratos crueles e injustificados.
El Procurador señala que uno de los
aspectos esenciales del debate de constitucionalidad es el concepto de moral
pública, el cual se determina como “lo que prevalece en cada pueblo en su
propia circunstancia”. Esta implica que el análisis constitucional de las
normas no debe desconocer el contexto moral y social en que fueron expedidas.
Así mismo, al revisar el contexto social, moral y cultural que rodeó la
expedición de las normas acusadas, la Procuraduría afirma que la crianza de
cotos de caza y la práctica de la caza deportiva eran practicas aceptadas, que
constituían además decisiones que como expresión del derecho al libre
desarrollo de la personalidad o de la libertad de empresa, no tenían más
limitaciones que las contempladas en las normas en la materia.
Hace referencia a la intervención de la
Federación Colombiana de Tiro y Caza, que señala que a lo largo de los años el
deporte ha presentado cambios significativos y que los blancos han sido
remplazados por objetos, para no asemejarlos a animales o personas. Frente a
esto, considera que el debate constitucional debe considerar estos elementos
adicionales, los cuales han sufrido transformaciones importantes, ya que
demuestran que las normas acusadas no solamente causan un sufrimiento
injustificado y excesivo a los animales, sino que además es innecesario, dado
que la actividad deportiva puede practicarse sin el sacrificio animal.
Igualmente, sostiene el Procurador que
la caza deportiva es una actividad que sólo se justifica en la preferencia de
ejercer una práctica que fue catalogada como deporte y que indudablemente causa
dolor a los animales, reduciéndolos a un objeto carente de valor y
desconociendo además el deber de protegerlos como seres sintientes. De igual
manera, afirma que la caza deportiva no es una práctica que se justifica en
razones de subsistencia, ni de control poblacional de la especie, las cuales se
ajustan al ordenamiento constitucional.
En aquellas situaciones en que es
permitido acabar con la vida de un animal bajo justificaciones jurídicas y con
validez ética, el concepto del Procurador sostiene que existe sin embargo una
obligación de causar el menor dolor posible para así limitar el sufrimiento del
animal. En consecuencia, señala que se deben retirar del ordenamiento jurídico
las normas demandadas, que permiten la muerte y mutilación de los animales
exclusivamente para recrear al ser humano, ya que constituyen un
desconocimiento de los progresos que se han dado en materia de protección
ambiental.
Frente a las excepciones a la
prohibición del maltrato animal, la Procuraduría hizo referencia a la Sentencia
C-666 de 2010 de la Corte Constitucional, en la cual se pronunció sobre
actividades reconocidas como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las
novilladas, entre otras, y estableció que se trata de manifestaciones
culturales y tradicionales, las cuales permiten excepcionalmente el maltrato
animal. Para la Procuraduría, la Corte Constitucional ha permitido el maltrato
animal únicamente en ocasiones excepcionales, dentro del cual no se encuentra
consagrada la caza deportiva, pues es una actividad meramente recreacional que
no tiene arraigo cultural en el país.
Igualmente, el Procurador propone que
aquella población que practica actualmente la caza deportiva, la cual parece
ser muy reducida, podría realizar esta actividad en el marco de la caza de
control. De esta manera, quienes deseen realizarla, lo puedan hacer únicamente
en espacios y temporadas determinados y con el objetivo de garantizar el equilibrio
ecológico y la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas. Por último, frente
al grupo poblacional que practica la caza deportiva, considera que se deben
diferir los efectos de la inexequibilidad, por un tiempo prudencial, para que
este grupo pueda ajustar sus proyectos de vida a la nueva realidad y se reduzca
la afectación de sus derechos.
Por las razones expuestas, el Procurador
solicitó a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de las normas
demandadas. Asimismo, solicitó que difiera los efectos de la
inconstitucionalidad de las expresiones acusadas, como medio de protección a
las personas que desarrollan una actividad económica bajo el amparo de las
leyes demandadas.
VI.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.
Competencia
De
conformidad con los numerales 4 y 5 del
artículo 241 de la Constitución, la Corte es
competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta en contra de los artículos 248, 252 y 256 del Decreto 2811 de 1974,
y en contra los artículos 8 y 30 de la Ley 84 de 1989. Lo anterior, debido a
que la demanda va dirigida contra de normas que se encuentran vigentes, que
hacen parte de leyes o de decretos expedidos en uso de facultades
extraordinarias, y sobre los cuales no existe cosa juzgada.
2.
Asuntos
preliminares
En
este acápite, se examinará, en primer lugar, si se presenta cosa juzgada
constitucional; y, en segundo lugar, si las normas demandadas se encuentran
vigentes.
2.1. Sobre la inexistencia de cosa juzgada
constitucional
En su
intervención, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte
pronunciarse de fondo sobre algunas de las normas demandadas, a pesar de que esta
Corporación ya había examinado la constitucionalidad del Decreto 2811 de 1974
en la Sentencia C-126 de 1998. Indica que en dicha Sentencia no se abordaron
los cargos planteados por la demandante en el presente proceso, razón por la
cual no opera el fenómeno de la cosa juzgada. En efecto, la Sentencia C-126 de
1998 estudió las normas demandadas del Decreto 2811 de 1974 y las declaró
exequibles en relación con la presunta falta de competencia del Gobierno de ese
entonces para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
En
la parte motiva de la Sentencia C-126 de 1998
la Corte concluyó que declararía la
exequibilidad del Decreto Ley 2811 de 1974 “pero únicamente en relación con el
cargo formulado por el demandante, esto es, por cuanto el Gobierno no se
excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias al expedir un código
de recursos naturales. Esto significa que, con posterioridad
a esta sentencia, los ciudadanos podrán demandar los distintos artículos de ese
cuerpo normativo no sólo si juzgan que su contenido normativo desconoce la
Carta sino también en caso de que consideren que, en relación con alguno o
algunos de esos artículos, el Gobierno se excedió en el ejercicio de sus
facultades extraordinarias”. En consecuencia, en el resolutivo
tercero decidió: “Declarar
EXEQUIBLE el Decreto-Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, pero
únicamente en relación con los cargos formulados por los demandantes, esto es,
por cuanto el Gobierno no se excedió en el ejercicio de las facultades
extraordinarias al expedir un código de recursos naturales, y por cuanto
los principios que orientan ese decreto y la regulación general que contiene
son compatibles con los principios constitucionales ecológicos, la
participación comunitaria y la autonomía territorial”.
En
consecuencia, la Corte acoge el planteamiento del Procurador en cuanto a que en
el presente caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada.
2.2. Sobre la vigencia de las normas demandadas
La Universidad del Rosario solicitó a la Corte que se
inhibiera de decidir de fondo al alegar que se habría presentado la derogatoria
de la norma demandada. Planteó en su intervención que las normas demandadas se
encuentran derogadas por la Ley 1774 de 2016 pues en ella se señala que “en
caso de conflicto entre los [sic] dispuesto por la Ley 1774 y
otra norma prevalecerá lo establecido en esta”. Considera la
interviniente que las normas demandadas contrarían entonces el artículo 3 de la
citada Ley que establece que el Estado, la sociedad y sus miembros “tienen
la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del
maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber
abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos
y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga
conocimiento”. Señala que ni la caza deportiva –y agrega que tampoco
la pesca- caben en las excepciones que contempla el parágrafo 1º del artículo
339B del Código Penal, introducido por la Ley 1774 de 2016.
Sobre el particular precisa la Corte que el artículo
5º de la Ley 1774 de 2016 adicionó al Código Penal el Título XI-A “De
los delitos contra los animales”, e incorporó al Código Penal los artículo
339A que tipifica el maltrato animal y 339B que establece las circunstancias de
agravación punitiva. En el parágrafo 3º del artículo 339B se exceptuó de la
tipificación penal las conductas a que se refiere el artículo 7º de la Ley 84
de 1989, esto es “el rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como riñas de gallos y los procedimientos
utilizados en estos espectáculos” (art. 7 de la Ley 84 de 1989). El
legislador no excluyó de dicha penalización las conductas a las que hacen
referencia los artículos 8º y 9º de la Ley 84 de 1989.
Especial atención requiere la no exclusión de las
conductas a que se refiere el artículo 8º de la Ley 84 de 1989, entre ellas la
caza deportiva. Surge entonces la duda de si, al no incluir el artículo 8º de
la Ley 84 de 1989 en el parágrafo 3º del artículo 339B del Código Penal, la Ley
1774 de 2016 derogó tácitamente dicho artículo, así como todas las normas que
regulan las condiciones en que se puede realizar la caza deportiva. Esta
interpretación tendría como consecuencia jurídica la penalización de la caza
deportiva. En dicho caso, como plantea la Universidad del Rosario, las normas
demandadas estarían derogadas tácitamente y la Corte debería inhibirse de
fallar de fondo la demanda.
Sin embargo, esta Corte no encuentra sustento en el
planteamiento de la interviniente por dos razones. En primer lugar, no fue esa
la intención del legislador al debatir el proyecto que se convertiría en la Ley
1774 de 2016. En efecto, al revisar los antecedentes de dicha ley, se encuentra
que el parágrafo 3º del artículo 339B que se incorpora al Código Penal mediante
el artículo 5º de la Ley 1774, se incluyó en el debate en la Plenaria del
Senado. Durante el debate se manifestó la importancia de excluir las
actividades que menciona el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, en atención a las
decisiones de la Corte Constitucional. Sin embargo, el Senado no debatió las
implicaciones que tendría la inclusión de este parágrafo sobre otras
actividades no mencionadas allí[40]. En la medida en que el Senado no debatió
el asunto de si penalizar o no la caza deportiva, no se puede deducir la
derogatoria del artículo 8o de la Ley 84 de 1989, y la consecuente penalización
de todas las conductas que no se encuentran en el artículo 7º.
Particularmente respecto de la caza deportiva, objeto
de discusión en la presente demanda, es claro que la Ley 1774 de 2016 no la
prohibió. De hecho el artículo 336 del Código Penal tipifica como delito la
caza ilegal, definida como aquella que comete quien “sin permiso de
autoridad competente o infringiendo normas existentes, excediere el número de
piezas permitidas, o cazare en época de veda”. La Ley 1774 de 2016
tampoco modificó ni derogó expresamente esta norma, es decir que continúa
vigente la penalización de la caza sólo en unas precisas circunstancias,
mientras que está permitida si se realiza cumpliendo los requisitos y
procedimientos legales establecidos en las normas demandadas.
3.     Problema
jurídico y metodología de la decisión
La Corte
debe resolver el siguiente problema jurídico:
¿La autorización
de la caza deportiva transgrede el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 58,
79, 80, 95 (numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política?
Para resolver
este problema jurídico la Corte abordará en esta decisión la evolución
constitucional y legal de la prohibición del maltrato animal como componente de
la obligación de protección del ambiente; el contenido y alcance de las normas
demandadas; para finalizar con el análisis de constitucionalidad de las mismas.
Adicionalmente, se analizarán y definirán los efectos de la Sentencia en este
caso.
4.
La
evolución constitucional y legal de la prohibición del maltrato animal como
componente de la obligación de protección del ambiente
En una de sus primeras sentencias, esta
Corporación explicó cómo nuestro texto constitucional reviste las
características de un programa que no solo le señala al poder público
los límites de lo que está permitido, sino que también le impone el deber
positivo de garantizar la creación de un orden político, económico y social
justo para todos (Preámbulo, art. 2 C.P.). Una Constitución multidimensional:
económica, social, cultural y ecológica que prefigura un modelo de
sociedad dirigido a resolver la tensión entre el individuo y su entorno vital
(Sentencia T-411 de 1992[41]).
Así, nuestra Constitución ecológica o Constitución verde[42] ha
definido un programa de acción político-jurídico que incluye al ambiente
como escenario de nuestro Estado Social de Derecho, donde seres racionales, en
ejercicio de su dignidad (art. 12 C.P.), despliegan a su vez comportamientos
dignos hacia los seres humanos y no humanos que comparten su espacio, como
correlato de sus deberes relacionales (Sentencia C-666 de 2010).
Este marco jurídico empezó a
configurarse aun antes de la expedición de nuestro texto Constitucional de
1991. El Código Civil colombiano de 1887, en su visión clásica de
propiedad[43],
desde la que se veía a los animales como bienes muebles o inmuebles
por destinación[44],
fue desafiado por un orden jurídico que, de manera temprana, impulsó desde la
década de los setenta, imperativos de reconocimiento del ambiente como
patrimonio común[45],
con especial protección de los animales contra el sufrimiento y el dolor[46].
El Decreto 2811 de 1974 o Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente[47], tuvo
como finalidad crear una legislación ambiental en el país, sustrayendo materias
reguladas de manera general en la ley civil para darles una normatividad
especial[48]
(Sentencia C-126 de 1998). La Ley 5 de 1972 había previsto la fundación
y el funcionamiento de las Juntas Defensores de Animales, reglamentándolas a
través del Decreto 497 de 1973. A su vez, la Ley 9 de 1979
estableció medidas para la protección del medio ambiente y reguló por vez
primera el sacrificio animal (artículo 307).
Sin embargo, fue la Ley 84 de 1989
o Estatuto Nacional de Protección de los Animales, la que se erigió en el
principal instrumento normativo para la protección de los animales contra el
sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el ser humano.
Para cumplir tal propósito, reguló los deberes para con los animales (Capítulo
2); la definición de crueldad y sus excepciones (Capítulo 3); penas y
agravantes por conductas trasgresoras de su bienestar (Capítulo 4); su
sacrificio sin crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía (Capítulo 5);
su uso para experimentos e investigación con autorización de un Comité de Ética
al interior del Ministerio de Salud y medidas como la anestesia para evitar el
dolor (Capítulo 6); su transporte sin crueldad, maltratos o fatiga extrema
(Capítulo 7); una prohibición general de cazar en todo el territorio nacional,
exceptuando únicamente aquellas actividades de caza que cumplen con las
finalidades de: a) subsistencia; b) ciencia y/o investigación; c)  control; d)
deporte; y, e) educación. Al igual que una regulación para la pesca que busca
sancionarla, salvo si se realiza con fines de subsistencia y/o de forma
artesanal, o, para el consumo humano o industrial, interno o de exportación
(Capítulo 8).
Lo anterior permite extraer por lo menos
dos conclusiones sobre la legislación en la materia, previa a la Constitución
de 1991: (i) Contiene un mandato general de reconocimiento al ambiente y de
prohibición del maltrato animal; (ii) las excepciones a dichos mandatos son en
extremo limitadas y las finalidades que las acompañan son de vital importancia
a la hora de compatibilizar los usos y costumbres de los colombianos con un
ambiente que demanda protección y que incluye, sin lugar a dudas, a los
animales.
La Constitución Política de 1991
“modificó profundamente la relación normativa
de la sociedad colombiana con la naturaleza” (Sentencia C-126 de 1998), creando una ecologización de la
propiedad privada[49],
como respuesta del Constituyente a la problemática emanada del uso
indiscriminado de los recursos naturales y su necesaria preservación[50],
entendiendo al medio ambiente como un derecho y un bien de la colectividad. El
derecho al ambiente y la protección del mismo, se refleja en varias
disposiciones constitucionales, entre otras: (i) el artículo 58 que establece
que la propiedad es una función social a la que le es inherente una función
ecológica; (ii) El artículo 79, que reconoce el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente; (iii) el artículo 80, que obliga al Estado a
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; (iv) el
artículo 95.8 que establece el deber de las personas y ciudadanos de proteger
los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano; (v) el
artículo 333 que faculta al legislador a delimitar el alcance de la libertad
económica cuando así lo exija el ambiente. Es decir que el ambiente sano es, de
una parte, un derecho, y de otra parte, un límite a otros derechos como el de
la propiedad o el de la libertad económica. Así lo ha ido decantando la
jurisprudencia constitucional.
La Corte ha sostenido que la protección del
ambiente compromete a la sociedad entera (Sentencia T-1172 de 2004). En este escenario, la Constitución
económica desde su tríptico propiedad, trabajo y empresa (T-411 de 1992[51]); la Constitución cultural,
como fundamento de la nacionalidad (C-671 de 1991[52]); la Constitución social,
desde el reconocimiento de los derechos fundamentales (T-406 de 1992[53]) deben coexistir con la Constitución
ecológica que tiene como elementos la la dignidad humana entendida como
derecho-deber y el bienestar animal[54].
El marco jurídico actual ha acentuado
esta tendencia de protección de la naturaleza, irradiando su fuerza a todo el
ordenamiento jurídico. El Código Penal colombiano contempló en su Título
XII los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y,
particularmente, penalizó en el artículo 336 la Caza Ilegal[55].
Otras normas como la Ley 576 de 2000, por medio de la cual se expidió el
Código de Ética para el ejercicio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia;
la Ley 611 de 2000,  expedida para regular el manejo sostenible de
especies de Fauna Silvestre y Acuática; la Ley 746 de 2002, que reguló
la Tenencia y Registro de Perros Potencialmente Peligrosos; la Ley 1638 de 2013
que prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en
circos itinerantes; establecieron importantes estándares legales en
materias relacionadas. Sin embargo, es la Ley 1774 de 2016 la que incorpora
por primera vez el reconocimiento legal de la sintiencia animal en Colombia: “Los
animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial
protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o
indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican
como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y
se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”[56].
Dicho reconocimiento se plasmó en la
adición de un parágrafo al artículo 655 del Código Civil, mediante el cual se
reconoció de manera expresa la calidad de seres sintientes a los animales[57]. Este
Tribunal ha examinado dicha legislación a través de numerosos pronunciamientos,
estableciendo una relación entre la dignidad humana y un ambiente de calidad
(Sentencia C-245 de 2004). A través de su jurisprudencia y en relación con los
animales, se ha movido principalmente para establecer que, aun cuando el
ordenamiento jurídico no los considere seres morales como a las personas
(Sentencia C-467 de 2016 y T-095 de 2016), ha desarrollado deberes relacionales
hacia ellos que limitan en casos concretos el ejercicio de los derechos a la
cultura, la recreación, el deporte, el libre desarrollo de la personalidad y la
iniciativa privada.
La Sentencia C-666 de 2010 señaló que
una concepción integral del ambiente incluye de forma necesaria a los animales,
como parte del concepto de fauna que encuentra protección y garantía en la
Carta Política. Desde esta visión, se excluye cualquier tipo de concepción
meramente utilitarista “que valore a los animales exclusivamente en cuanto
recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres humanos”.
La Corte ha sostenido que la protección animal constituye un límite a la
libertad de configuración del legislador (Sentencia C-1192 de 2005[58]), sin
distinguir el tipo de animal, “ya sean estos salvajes o domésticos, se
encuentren en vía de extinción o no, trátese de especies protegidas o no,
ayuden a mantener el equilibrio de ecosistemas o no, provean recursos
materiales a la especie humana o no”[59].
La armonización del deber de protección
animal con otros derechos exige del legislador y del intérprete constitucional
establecer criterios de razonabilidad o proporcionalidad que fundamenten
las excepciones a la protección animal en el orden jurídico colombiano[60].  Así
las cosas, el deber de protección animal encuentra como límites
constitucionales admisibles: (i) la libertad religiosa; (ii) los hábitos
alimenticios; (iii) la investigación y experimentación médica; y, en algunos
casos, (iv) las manifestaciones culturales arraigadas (Sentencia C-666 de
2010).
Sobre este último punto, la Corte se ha
detenido a evaluar la noción de cultura nacional como “aquellas tradiciones
y cánones corrientes aceptados como colombianos, esto es, los que involucran
prácticas y los valores que prevalecen en el territorio nacional”
(Sentencia C-924 de 2000), sin que dicha definición implique el desconocimiento
de las prácticas culturales minoritarias en el territorio nacional (Sentencia
C-666 de 2010), unas y otras, no son absolutas, precisamente por la
coexistencia de diferentes culturas dentro de un Estado que se funda en el
pluralismo (art. 1° C.P.) y la diversidad (arts. 16, 18, 19 y 20 C.P.).
Tales
manifestaciones culturales no deben confundirse con derechos culturales
(Sentencia C-283 de 2014). Al no entenderse como derivadas de principios
absolutos, las actividades, expresiones o tradiciones culturales permitidas no
son inmunes a nuevas regulaciones o limitaciones legales[61],
requiriendose para su permanencia una justificación legítima, en tanto
no se contrapongan a los deberes contenidos en la Constitución Política
(Sentencia C-666 de 2010).
De
esta manera, una práctica cultural que implique maltrato animal (i) debe gozar
de arraigo social; (ii) limitarse a tiempos y espacios determinados del
territorio nacional y, (iii) tener un carácter excepcional que impida su
extensión geográfica a nuevos territorios (Sentencia C-889 de 2012[62]).
Existiendo incluso una prohibición de emplear recursos públicos para “la construcción de infraestructura que se
dedicase exclusivamente a
actividades culturales que contemplen el maltrato animal”; así como para “difundirlas,
promocionarlas, patrocinarlas o fomentarlas mediante cualquier fórmula de
intervención estatal” (Sentencia C-666 de 2010).
Dentro de este contexto normativo el legislador ha limitado
los derechos al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre
desarrollo de la personalidad y la libertad de empresa e iniciativa privada, en
el caso de los propietarios de circo, quienes ejercían una de las actividades
de mayor antigüedad y tradición, arraigada en Colombia desde tiempos de la
independencia, al expedir la Ley 1638 de 2013 “Por medio de la cual se prohíbe el
uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos
itinerantes” (Sentencia C-283 de 2014). De
igual forma, ha llamado a las autoridades administrativas a cumplir la
legislación ambiental (Sentencia T-436 de 2014), y ha reconocido la importancia
del lenguaje, dejando atrás la noción de bestias por la de animales
no humanos o seres sintientes (Sentencia C-458 de 2015).
En síntesis, esta
Corporación ha deducido del interés superior de protección del ambiente y la
fauna, “un deber de resguardo de los animales contra el padecimiento, el
maltrato y la crueldad. De la relación entre la naturaleza y los seres humanos
se puede inferir el estatus moral de la vida animal y dotar de la capacidad de
sufrimientos a los mismos, por ello se entiende que son seres sintientes que
conllevan a una serie de obligaciones para los seres humanos, de cuidado y
protección” (Sentencia T-095 de 2016).
Lo que ocurre aquí es un ejemplo
de cómo el contenido y alcance de las normas constitucionales se van adaptando
a una sociedad cambiante. Se trata del concepto de Constitución Viviente cuyo
alcance y contenido se va perfilando con los cambios económicos, sociales,
políticos y culturales de la comunidad política[63]. El
contenido de las normas constitucionales, en este caso de las que definen la
protección del ambiente, es determinado por la jurisprudencia constitucional,
al evaluar jurisdiccionalmente su aplicación a través de la acción de tutela o
el control abstracto de constitucionalidad. El contenido de las normas
constitucionales, además, se va precisando y desarrollando por el órgano
legislativo, siempre bajo el principio de supremacía constitucional. El alcance
de las normas constitucionales, no sólo se desarrolla, sino que eventualmente, se
amplía, de manera que no sólo es progresiva, sino inclusive, en ciertos casos,
irreversible[64].
Del recorrido normativo
y jurisprudencial relacionado con la obligación constitucional de protección
del ambiente y la prohibición del maltrato animal, se pueden deducir dos
conclusiones. En primer lugar, la jurisprudencia de esta Corporación ha
delineado el estándar constitucional de prohibición del maltrato animal como
alcance de la obligación de protección a la diversidad e integridad del
ambiente. Esta obligación deriva de una concepción que no es utilitarista, es
decir, que no ve a los animales sencillamente como un recurso disponible para
la satisfacción de las necesidades humanas, sino que son objeto de protección
constitucional autónoma. En este estándar se ha definido que la prohibición del
maltrato animal constituye una limitación a los derechos a la cultura, a la
recreación, al deporte, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad
y a la libre iniciativa privada. Las excepciones a esta prohibición deben ser
examinadas acudiendo a criterios de razonabilidad o
proporcionalidad en situaciones admisibles constitucionalmente,
tales como (i) la libertad religiosa; (ii) la alimentación; (iii) la
investigación y experimentación médica o científica, el control; y, en algunos
casos, (iv) las manifestaciones culturales arraigadas.
En segundo
lugar, las normas constitucionales que obligan a la protección del ambiente, su
integridad y diversidad, y dan fundamento a la prohibición del maltrato animal,
han sido desarrolladas por el Congreso de manera progresiva, con el objetivo de
brindar una protección cada vez mayor a los animales frente al maltrato, y cuyo
avance más significativo ha sido el reconocimiento de los animales como seres
sintientes, a través de la Ley 1774 de 2016. Se trata de una prohibición que si
bien no es absoluta pues admite excepciones, estas excepciones son de alcance e
interpretación restrictiva. Los contenidos de la regla constitucional de
protección del ambiente y la prohibición del maltrato animal, dentro de un
concepto de Constitución viviente, han sido desarrollados, perfilados o
precisados entonces, de manera progresiva por la jurisprudencia constitucional
y por el desarrollo legislativo aquí descrito, que hoy en día es un cuerpo
armónico y uniforme que avanza en una protección cada vez mayor de los animales
frente al maltrato.
5.
El
contenido y alcance de las normas demandadas
En este acápite
se expondrá el alcance de las normas demandadas, las cuales se ubican en el
contexto normativo y constitucional expuesto en el capítulo anterior. El Título
I de la Parte IX del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, estableció por
primera vez la necesidad de “asegurar la conservación,
fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre como fundamento
indispensable para su utilización continuada” (art. 247).
En relación con
la caza deportiva, dicha regulación: (i) dispone que la fauna silvestre
pertenece a la nación, estableciendo como una excepción a dicha regla las
especies de los cotos de caza de propiedad particular (art. 248); (ii) define la
caza como “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos” (art. 250); (iii)
señala que son actividades de caza “la cría, captura, transformación,
procesamiento, transporte y comercialización de especies y productos de la
fauna silvestre”; (iv) clasifica y define los diferentes tipos de caza,
incluyendo la caza deportiva (art. 252); (v) define el territorio fáunico como
aquel que se establece con fines de conservación, investigación y manejo de
fauna silvestre para exhibición (art. 253); (vi) define zoocriadero como
un área para el mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de fauna
con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación (art. 254);
(vii) define la reserva de caza como el área que se alinda con
fines de conservación, investigación y manejo para fomento de especies
cinegéticas, es decir para caza (art. 255); (viii) define los cotos de caza
como “el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de
especies de la fauna silvestre para caza deportiva” (art. 253); y (ix)
define veda de caza  como la prohibición temporal de cazar individuos de
determinada especie en una región (art. 253).
Adicionalmente,
faculta a la autoridad ambiental para determinar los animales silvestres que
pueden ser objeto de caza y para “imponer vedas periódicas o temporales o
prohibiciones permanentes y fijar las áreas en que la caza puede practicarse y
el número, talla y demás características de los animales silvestres y
determinar los productos que puedan ser objeto de aprovechamiento según la
especie zoológica” (art. 258). El precitado Código estipula además que “se
requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en la de
subsistencia” (art. 259). Igualmente, limita los instrumentos y medios
de caza pues establece que solo pueden utilizarse con fines de caza “las
armas, pertrechos y dispositivos que determine la autoridad” (art. 264), a
la vez que prohíbe como medios de caza las quemas o incendios de
acorralamiento, el uso de explosivos, sustancias venenosas, pesticidas o
cualquier otro agente químico que cause la muerte o paralización; o utilizar
productos o procedimientos que no estén expresamente autorizados como medio de
control para especies silvestres, o instrumentos o sistemas de especificaciones
que no correspondan a las permitidas en general o para ciertas zonas (art.
265).
Posteriormente,
la Ley 84 de 1989 estableció que “los animales tendrán en todo el territorio
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa
o indirectamente por el hombre” (art. 1). En consecuencia, define los actos
de crueldad contra los animales (art. 6) y establece ciertas excepciones, entre
las cuales se encuentra la caza deportiva (art. 8). La Ley 84 prohíbe la
caza en todo el territorio nacional, y la permite con fines de subsistencia,
científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de
fomento “pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y
determinada en cuanto a zona de aprehensión, tamaño y especie de los
ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad
administradora de los recursos naturales”. Señala también que “en ningún
caso la autorización será por un lapso mayor de dos meses en el año, ni superior
en número de ejemplares al (1%) de la población estimada por el Director
Regional, dentro de los tres meses anteriores a la expedición del permiso”
(art. 30).
Adicionalmente,
como se expuso antes, desde el año 2000 el Código Penal tipificó la caza ilegal
en el artículo 336 como aquella que se realiza por fuera de las condiciones
legales vistas. Posteriormente, la Ley 1774 de 2016, como ya se explicó,
declaró a los animales como seres sintientes, los dejó de considerar
cosas y aoptó normas sancionatorias del maltrato animal, sin modificar las
regulaciones de la caza deportiva desarrolladas por el Decreto Ley 2811 de 2974
y la Ley 84 de 1989.
En conclusión,
la caza, en términos generales, se encuentra prohibida en Colombia con algunas
excepciones entre las cuales se encuentra la caza deportiva. Dicha práctica está
autorizada de manera muy restringida, en unas precisas condiciones que incluyen
autorización previa, escrita, limitada en el tiempo y respecto a las especies
que pueden ser objeto de caza. El desarrollo de la caza deportiva sin el
cumplimiento de estas condiciones acarrea sanciones administrativas y
eventualmente penales.
En este contexto, la accionante demandó
las disposiciones objeto de control en el presente proceso. En cuanto al
Decreto 2811 de 1974, impugnó, en primer lugar, el aparte del artículo 248 que
establece que la fauna silvestre que se encuentra en los cotos de caza se
exceptúa de la regla general de que dicha fauna pertenece a la nación. En
segundo lugar, el literal c) del artículo 252, que define la caza deportiva
como aquella “que se hace como recreación y ejercicio, sin otra finalidad
que su realización misma”. Por último, demandó el artículo 256, que define
los cotos de caza como “el área destinada al mantenimiento, fomento y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva”.
En relación con la Ley 84 de 1989, la
ciudadana demandó, en primer lugar, la palabra “deportiva” del artículo
8. El artículo 8º remite, a su vez, al artículo 6 de la misma ley que menciona
los hechos que se presumen dañinos o actos de crueldad animal. Según el
artículo 6, quien cometa dichos actos “será sancionado con la pena prevista
para cada caso” en los artículos 10 y subsiguientes de la misma ley.
Volviendo al artículo 8º demandado, el mismo establece como excepciones a los
literales a), c), d) y r) del artículo 6, es decir a cuatro tipos de conductas
que se presumen dañinas o actos de crueldad animal, “los actos de
aprehensión, o apoderamiento en la caza y pesca deportiva, comercial,
industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres, bravíos o
salvajes (…)” (subraya la Corte la palabra demandada).
Por último, la
accionante demandó la palabra “deportivos” del literal b) del
artículo 30 de la Ley 84 de 1989. El artículo 30 establece la prohibición legal
de la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes en todo el
territorio nacional, excepto en los casos que dicha disposición autoriza, entre
los cuales incluye la caza con fines deportivos, excepción que la demandante
pretende que esta Corporación declare inconstitucional.
6.
Análisis
de constitucionalidad de las normas demandadas
Para decidir
sobre la constitucionalidad de las normas demandadas se debe determinar, en
primer lugar, si la caza deportiva constituye maltrato animal; en segundo
lugar, si constituyendo maltrato animal encuadra en alguna excepción admitida;
en tercer lugar, se confrontarán los contenidos normativos que admiten la caza
deportiva con las disposiciones constitucionales que la demandante alega que
han sido vulneradas. Por último, se concluirá sobre la constitucionalidad de
las normas impugnadas.
6.1.
¿Constituye
la caza deportiva una forma de maltrato animal?
El artículo 8º
de la Ley 84 de 1989, demandado, excluye a la caza deportiva de las sanciones
que se derivan del maltrato animal. Según el artículo 6 de la misma, se
presumen como hechos dañinos o de crueldad con los animales, es
decir maltrato animal, entre otros, herir o lesionar a un animal por golpe,
quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego; causar la muerte innecesaria
o daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o fútil; convertir en
espectáculo público o privado, la muerte de animales adiestrados o sin
adiestrar (literales a, b y f).
Algunos
intervinientes sostienen que la caza deportiva no genera maltrato animal porque
en sus procedimientos no hay mutilación ni sufrimiento. Este planteamiento no
coincide con la definición de caza que establece el artículo 250 del Decreto
Ley 2811, según el cual se entiende por caza “todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte,
mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos”.
Adicionalmente,
aun aceptando la hipótesis de que la caza no genera mutilación ni sufrimiento,
sí puede consistir en darle muerte al animal. El sacrificio de la vida de un
ser vivo por el hombre es una forma extrema de maltrato en cuanto elimina su
existencia misma y es un acto de aniquilamiento. Cuando es injustificada, la
muerte de un animal es un acto de crueldad pues supone entender que el animal
es exclusivamente un recurso disponible para el ser humano. La caza deportiva,
en fin, es un acto dañino en cuanto está dirigida a la captura de
animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos.
6.2.
¿Constituye
la caza deportiva una excepción admisible a la prohibición del maltrato animal?
Ahora bien, como
ya se expuso[65],
la prohibición del maltrato animal, como expresión de la obligación
constitucional de protección a la diversidad e integridad del ambiente, constituye
un límite al ejercicio de otros derechos constitucionales como los derechos a
la cultura, a la recreación, al deporte, a la educación, al libre desarrollo de
la personalidad y a la libre iniciativa privada. También se ha dicho que
algunas excepciones a la prohibición del maltrato animal resultan admisibles
constitucionalmente, en cuanto atienden a criterios de razonabilidad
o proporcionalidad, entre las que se encuentran: (i) la
libertad religiosa; (ii) la alimentación; (iii) la investigación y
experimentación médica o científica, el control; y, en algunos casos, (iv) las
manifestaciones culturales arraigadas.
Pasa entonces la
Corte a estudiar si la caza deportiva encuadra en alguna de las excepciones constitucionales
admisibles a la prohibición del maltrato animal.
Como se
desprende de la lectura del artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974, la caza
deportiva se distingue de otras modalidades de caza porque no tiene finalidades
de subsistencia, por lo que su prohibición no compromete el derecho a la
alimentación ni el derecho a la vida digna (literal a); no tiene fines
comerciales, de manera que no compromete el derecho al trabajo y al mínimo
vital (literal b); no tiene finalidades científicas, de manera que tampoco
compromete la obligación del Estado de promover la investigación científica
(literal d); no tiene por finalidad específica el control por circunstancias de
orden social, económico o ecológico, de manera que no afecta dichos órdenes
(literal e). Como lo define el mismo artículo 252, la caza deportiva es la que “se
hace como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma” (literal
c).
Así las cosas,
la caza deportiva no satisface ningún objetivo ni finalidad compatible con la
Constitución. Resta por analizar si la caza deportiva es expresión de una
cultura arraigada en Colombia que deba ser objeto de protección constitucional,
o si está amparada por normas internacionales que prevalezcan en el orden
interno.
Según el Ministerio
de Medio Ambiente “la caza deportiva se ha practicado en el territorio
colombiano desde el primer tercio del siglo pasado” y en diferentes
regiones del país, entre ellas los humedales de la Sabana de Bogotá y del
Caribe, en el Valle del Cauca, Tolima, Huila, Llanos Orientales y en las
planicies de la Costa Atlántica. En el mismo sentido, la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado, la Federación Colombiana de Caza y Tiro, y la Asociación
Colombiana de Piscicultura y Pesca, señalan que se trata de una
práctica ancestral a lo largo de la historia de Colombia.
Algunos
intervinientes, por su parte, plantean que no existen normas internacionales
que prohíban la caza deportiva. Sin embargo, los tratados internacionales
relevantes no tratan específicamente ese punto, de manera que no se puede decir
que prohíban la caza deportiva pero tampoco que obliguen a los Estados a
permitirla[66].
Adicionalmente, los tratados relevantes en la materia no forman parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto (art. 93 C.P.).
Otros
intervinientes advierten que la caza deportiva es practicada y autorizada en
varios países. En efecto, la Corte constató que la caza deportiva
o recreacional es aceptada por varios países en el mundo y practicada
principalmente en Europa[67]
y Norte América[68].
En Europa existe un importante arraigo cultural de la misma. Según la Unión
Europea, para el 2004 existían alrededor de 6.4 millones de cazadores en los 25
Estados miembros de la Unión Europea[69].
Por otra parte, países como Noruega, registran actualmente alrededor de 500.000
personas registradas para practicar la caza deportiva[70].
Francia cuenta con el mayor número de cazadores en Europa, con cerca de 1.5
millones de personas registradas[71],
allí la práctica de la cacería es considerada un pasatiempo importante para la
identidad francesa en zonas rurales[72].
Países como Hungría, el Reino Unido y Canadá, consideran la caza deportiva o
recreacional como parte integral de la tradición y la cultura de sus pueblos[73].
Incluso, estudios han demostrado que en los Países Bajos, a pesar del creciente
desacuerdo frente a la caza de animales por varios sectores de la sociedad, el
consumo y la venta de animales provenientes de la caza deportiva viene siendo
una práctica común en los últimos 30 años[74].
En América Latina, países como Argentina,
Chile, Perú y Uruguay, autorizan la caza deportiva en su legislación y
establecen los requisitos para su práctica. Sin embargo, el número de personas
que se dedican a ella es muy inferior en comparación con los países europeos[75].
Costa Rica prohibió la caza deportiva en 2012 y estableció que esta práctica es
aceptada únicamente en aquellos casos de supervivencia, o en casos en los
cuales se demuestre, a través de estudios técnico-científicos, que la caza es
necesaria para el control de especies con altas densidades de población, o
cuando la densidad poblacional atente contra la propia especie, otras especies,
o la estabilidad del mismo ecosistema[76].
Esta ley tampoco aplica para la conservación, protección y adecuada
administración de la vida silvestre, que resulte del uso o de las costumbres y
tradiciones de los pueblos indígenas, y cuando se realice dentro de su
territorio[77].
A diferencia de
los países mencionados antes, la Corte no encuentra que en Colombia la caza
deportiva tenga en la actualidad arraigo cultural, a pesar de que fue
practicada históricamente en algunas regiones. El ministerio de Medio Ambiente
cita en su intervención un estudio según el cual “en Colombia no se han
otorgado permisos de caza deportiva dentro del periodo del diagnóstico (2000-2014)”.
Señala igualmente ese Ministerio que “en Colombia en la actualidad no
existen cotos de caza”, y que esto se debe, no a la falta de interés, sino
a que la regulación es tan estricta que ha desincentivado su práctica. Para
el año de 1971 Colombia demostraba ser uno de los países con menos licencias de
caza deportiva, únicamente por debajo de países como Chile, y para 1993,
nuestro país reportaba tan solo un 0.14% de la población en ejercicio de esta
actividad[78].
En cualquier
caso, cabe aclarar que inclusive en el evento de que existiera una práctica con
arraigo cultural, ello no constituiría una razón suficiente para configurar por
sí misma una excepción constitucionalmente admisible pues, en tal caso, la
Corte tendría que estudiar las consecuencias que la prohibición podría tener
sobre los derechos fundamentales que se consideran afectados con tal
prohibición, ponderar los derechos o principios en colisión, y prever medidas
de gradualidad para la efectiva protección de los animales objeto de caza
deportiva.
Se concluye
entonces que la caza deportiva no encuentra fundamento en ninguna de las
excepciones reconocidas jurisprudencialmente a la prohibición del maltrato
animal. La caza deportiva no es expresión de la libertad religiosa, no tiene
como objetivo la alimentación, ni la experimentación médica o
científica; tampoco el control de las especies; ni se trata de una
manifestación cultural arraigada. Por consiguiente, la Corte no encuentra
necesario aplicar los criterios de razonabilidad o proporcionalidad,
pues ni siquiera existe una de las excepciones que darían lugar al análisis
sobre lo que debe primar, por ejemplo, la protección de una práctica cultural o
religiosa, o la prohibición del maltrato animal.
6.3.
Análisis
de las disposiciones demandadas a la luz de las normas constitucionales
presuntamente vulneradas, según los cargos presentados por la accionante
La demandante
planteó la inconstitucionalidad de las disposiciones demandadas por presunta
vulneración del Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 58, 79, 80, 95
(numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política.
6.3.1. En relación con
la vulneración del Preámbulo de la Constitución, bajo el argumento de
que la caza deportiva contraría la garantía de un orden social justo, pues la
justicia implica una repartición de cargas de forma equitativa y un fin
jurídico justificado en razón del interés general y de otros principios y fines
del Estado. Contrario a ello, la caza deportiva se sustenta en un “fin fútil
derivado de un interés egoísta del individuo que se recrea con el sufrimiento
animal”.
La Sala considera que, se bien el Preámbulo
establece que se procurará la garantía de un orden político, económico y social
justo, lo cierto es que de su contenido no se deriva directamente la protección
del ambiente sano, ni la prohibición del maltrato animal. La demandante propone
a esta Corporación que asigne al Preámbulo un contenido asociado a un enfoque
particular de justicia, según el cual un orden justo supone la prohibición del
maltrato animal. Como se ha dicho, la prohibición del maltrato animal tiene
fundamento constitucional, pero no se deriva directamente del Preámbulo. Una
interpretación tan amplia del Preámbulo daría lugar a que cualquier norma legal
pudiera ser demandada porque se considera “injusta” desde cierta perspectiva
particular, que puede ser legítima o inclusive válida constitucionalmente, pero
en virtud de otras normas constitucionales con un contenido normativo más específico.
6.3.2. La demandante
alegó también que se presentaba una vulneración del artículo 1º de la
Carta, porque la dignidad humana implica respeto y protección de otros seres
sintientes, además del ser humano, y la caza deportiva, al ser un acto cruel e
injustificado que tiene como único fin la recreación, desconoce el deber de
trato digno a los animales y el principio constitucional de protección animal,
reiterado en distintos fallos de la Corte Constitucional[79]. Sobre
este aspecto, la demandante no expuso con claridad la manera en que la dignidad
humana supone para sus titulares deberes, que pueden ser exigibles en virtud de
otras normas constitucionales, cuyo contenido específico tiene ese alcance. Es
decir, la demandante no expuso, con certeza y claridad, las razones por las que
del artículo 1º de la Constitución se derivaría una prohibición de la caza
deportiva. La argumentación de la demandante no permite concluir de manera
clara que la autorización legal de la caza deportiva derive en una violación de
la dignidad humana. Por tal razón, tal cargo no procederá.
6.3.3. Similar análisis
se puede hacer en lo referente al cargo por violación del artículo 2. Manifestó
la accionante que esta disposición se desconoce debido a que la caza deportiva
y la creación de cotos de caza para el desarrollo de dicha actividad, “impide
la realización de los fines esenciales del Estado, en especial, el relacionado
con la garantía de los principios, derechos y deberes constitucionales”,
como los principios de protección animal, solidaridad, precaución, dignidad y
desarrollo sostenible, y los deberes de protección del medio ambiente (animales
y demás recursos naturales), entre otros. Además, las normas demandadas son
contrarias al ordenamiento constitucional y legal vigente, ya que este
proscribe el sufrimiento animal injustificado. No obstante, al igual que el Preámbulo,
esta norma no contiene una referencia directa a la protección del ambiente sano.
Se trataría de una vulneración indirecta, a partir de una interpretación
particular que depende del alcance de otras normas y derechos constitucionales.
En esa medida, no es posible afirmar que haya una contradicción entre las
normas demandadas y el artículo 2º de la Carta.
6.3.4. Respecto del artículo
4º de la Constitución, la demandante indicó que este se quebrantaba porque
las disposiciones demandadas no se ajustan a los principios constitucionales y
tampoco responden a ninguna interpretación constitucionalmente válida. Para la
Sala, el argumento expuesto no es de recibo, toda vez que, en principio, toda demanda
de inconstitucionalidad está fundada en esta norma superior. En consecuencia,
se trata de una violación indirecta, que en cualquier caso sería procedente en
todo juicio de constitucionalidad. Por tanto, el motivo que sustenta la presunta
vulneración no es lo suficientemente específico, y no genera, per se,
una sospecha razonable de inconstitucionalidad de las normas demandadas.
6.3.5. En lo que tiene
que ver con el artículo 8º de la Constitución, la demandante señaló que
este se vulneraba debido a que la caza deportiva es una actividad que implica
la captura, mutilación o muerte de especies de la fauna silvestre por razones
de diversión, que desconoce el deber de protección de las riquezas naturales, “al
no fundarse en razones éticas o morales, como la necesidad, la cultura o alguna
de las excepciones previstas por la Corte Constitucional en sus fallos
(Sentencia C-666 de 2010 y C-095 de 2016)”.
Sin embargo, se
advierte que el fundamento para prohibir la caza deportiva no debe ser el deber
de protección de la riqueza natural de la Nación, sino, principalmente, como se
ha expuesto, que no existe una razón constitucionalmente válida que permita
mantener en el ordenamiento actividades que generen tratos crueles a los
animales. Por este motivo, para la Sala no se presenta un desconocimiento del
mencionado artículo.
6.3.6. Con relación al artículo
9º constitucional, la demanda planteó su trasgresión pues en él se
establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia. Indicó que en la sentencia T-095 de 2016, la Corte hizo referencia a
la importancia de instrumentos internacionales que, pese a no hacer parte del
bloque de constitucionalidad, son documentos importantes dentro del
ordenamiento jurídico, como es el caso de la Carta Mundial de la Naturaleza,
según la cual “Toda forma de vida es única y merece ser respetada,
cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los
demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de
acción moral”[80], y
de la Declaración Universal de los Derechos los Animales de 1978, documento que
consagra la obligación de cuidado y protección de los animales por parte de los
hombres, quienes no pueden atribuirse el derecho de exterminarlos o
explotarlos.
Al respecto, la
Sala reitera, como se expuso anteriormente[81],
que no existen normas internacionales que prohíban la caza deportiva. Adicionalmente,
los tratados internacionales relevantes no tratan específicamente ese punto, de
manera que no se puede decir que prohíban la caza deportiva pero tampoco que
obliguen a los Estados a permitirla[82].
Adicionalmente, los tratados relevantes en la materia no forman parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto (art. 93 C.P.).
En igual
sentido, para la Corte es claro que los instrumentos internacionales
relacionados por la demandante no se pueden considerar y tampoco establecen
principios de derecho internacional, motivo por el cual no se advierte
trasgresión del artículo 9º constitucional.
6.3.7.
Por
otro lado, la demandante planteó a esta Corporación la violación del artículo
79 de la Carta al considerar que la actividad de caza deportiva es
contraria al deber de protección del ambiente que garantiza el derecho a gozar
de un ambiente sano y el principio constitucional del bienestar animal.
También, advirtió que la cacería deportiva fomenta una práctica opuesta al
contenido de la educación ambiental y atenta con el deber de conservar áreas de
especial importancia ecológica.
El artículo 79
de la Constitución establece el derecho que tienen todas las personas de gozar
de un ambiente sano y el correlativo deber del Estado de proteger la diversidad
e integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines.
La autorización legal de la caza deportiva desconoce el interés superior de
protección del ambiente toda vez que, como se expuso anteriormente, permite el
maltrato animal sin una justificación admisible a la luz de la Carta Política. Como
se ha expuesto, la jurisprudencia constitucional ha definido que la protección
del ambiente incorpora un estándar superior de prohibición del maltrato animal,
que sólo está justificado en ciertas circunstancias excepcionales de colisión
con otras normas o principios constitucionales. Como se demostró en el acápite
4.2., la caza deportiva no encuentra fundamento en ninguna de las excepciones al
maltrato animal que jurisprudencialmente se han econtrado compatibles con la
Constitución. En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, la
autorización legal de la cacería deportiva no encuentra fundamento en la
Constitución y, por el contrario, resulta contraria a ella.
En
efecto, no es admisible constitucionalmente que, a través de la educación, se
fomente, por ejemplo, la caza deportiva, a través de los clubes o escuelas
dedicadas a esta actividad, pues el artículo 79 Superior señala que el Estado
debe fomentar la educación para la protección y el logro de un ambiente sano.
En contraste, en cuanto la caza deportiva no tiene un fundamento
constitucional, no puede ser promovida por el Estado. Bajo esa línea, se deriva
también la vulneración del artículo 67 de la Carta, que señala que la
educación debe formar a los colombianos en la protección del ambiente; y los artículos
277.4, 300.2 y 317 superiores, los que establecen mandatos a diferentes
autoridades administrativas de defender los intereses del ambiente y adecuada
planeación y conservación del mismo.
6.3.8. En lo que tiene
que ver con el artículo 80 constitucional, la demandante alegó su vulneración
al considerar que la caza deportiva y los cotos de caza representan una
estrategia de planificación y manejo de la fauna, estos desconocen el principio
constitucional del bienestar animal, y la calidad de sujetos de derecho de los
animales. Señaló que siendo los animales seres sintientes cuya existencia tiene
un valor en sí mismo para el ordenamiento jurídico, se debe limitar todas las
actividades que conlleven algún tipo de aprovechamiento frívolo de la fauna
silvestre, en la que no medie un fin legítimo que se ajuste a los principios,
deberes y derechos contenidos en la Constitución Política, por tanto, la
planificación del aprovechamiento de la fauna debe ser ponderada a la luz del
principio de protección animal.
Al respecto, la
Sala considera que las normas de mandadas trasgreden esta disposición, puesto
que desconocen el deber del Estado de conservación del ambiente, así como sus
obligaciones de prevenir y controlar su deterioro. Lo anterior, toda vez que,
si bien algunos intervinientes señalaron que la caza deportiva es una actividad
regulada que exige estrictos requisitos para llevarse a cabo y por tanto se
considera planificada, lo cierto es que las autoridades estatales deben velar
por la protección de los animales frente a tratos crueles, situaciones que se
ocasionan con la caza deportiva. De igual manera, se reitera que cualquier tipo
de maltrato animal que no obedezca a un fin constitucional legítimo está
prohibido, así este planificado.
6.3.9. La demanda
plantea el desconocimiento del artículo 95 superior, en específico los
numerales 1, 2 y 8. Para la Sala existe contravía entre las normas demandadas y
el mandato constitucional establecido en el numeral 8 del mencionado artículo
pues, en cuanto se vulnera el deber de protección del ambiente, su diversidad e
integridad (art. 79 C.P.), su práctica constituye un incumplimiento del deber
de velar por la conservación de un ambiente sano, establecido en el numeral 8
del artículo 95 Superior. No encuentra lo mismo la Corte sobre la presunta
vulneración del numeral 1, que como se ha sostenido sobre otras normas
constitucionales de carácter general, como los artículos 1 y 2, dan una
directriz de carácter general que no necesariamente está encaminada a la
protección del ambiente. En cuanto al numeral 2, el mismo se refiere a un
principio de solidaridad social frente a personas cuya vida o salud esté en
riesgo, que no es aplicable a la prohibición del maltrato animal, en cuanto los
animales, si bien se encuentran protegidos constitucional y legalmente frente
al maltrato, no son personas.
6.3.10.
Por
último, en cuanto a los artículos 58 y 333 de la Carta Política, la
accionante planteó que las normas demandadas desconocen la función ecológica de
la propiedad y los límites que ello implica, ya que la biodiversidad sólo es
posible si se mantiene el equilibro natural de las especies, lo cual implica
que la fauna deba ser protegida de padecimientos y maltratos sin justificación
legítima[83]
(artículo 58), y porque si bien la actividad económica y la iniciativa privada
son libres, sólo lo son dentro de los límites del bien común. Además, las
empresas tienen una función social y ecológica, lo cual implica el cumplimiento
de obligaciones, como la protección del bienestar animal y la protección de los
recursos naturales (artículo 333).
Sobre este aspecto, la Sala estima que,
en cuanto la permisión de la caza deportiva desconoce el deber de protección al
ambiente sano, los cotos de caza deportiva, así como las actividades de caza,
desbordan los límites del derecho a la propiedad, en cuanto tal derecho está
supeditado a la función ecológica de la propiedad. La autorización legal de la
caza deportiva también excede los límites constitucionales de los derechos a la
iniciativa privada y la libertad económica, que están supeditados a la
protección del ambiente. Por consiguiente, los derechos a la propiedad, la
iniciativa privada y la libertad económica, están limitados por la prohibición
del maltrato animal.
6.4.
Conclusión
del análisis de constitucionalidad
La Corte declarará la inexequibilidad de
la expresión “y cotos de caza de propiedad particular” del artículo 248
del Decreto Ley 2811 de 1974 pues la única finalidad de la autorización de
propiedad privada sobre fauna silvestre en cotos de caza es  la práctica de la
caza deportiva que, como se vio, es una práctica que contraviene la
Constitución. Por la misma razón, se declarará la inexequibilidad de la
expresión “o cotos de caza”, contenida en el literal f) del artículo
252; así como el literal c) del mismo artículo 252 que define la caza deportiva
y el artículo 256 que define los cotos de caza. En el mismo sentido, la
Corte declarará la inexequibilidad de la palabra “deportivos” contenida
en el literal b) del artículo 30 de la ley 84 de 1989 en cuanto incluye la caza
deportiva como una excepción a la prohibición general de la caza que contempla
dicha disposición.
Estas normas autorizan una práctica que
constituye maltrato animal sin fundamento constitucional. El
deber de protección incluye a los animales silvestres, cuya caza, sin otra
finalidad que la recreación, admiten las normas demandadas. El interés superior
de protección del ambiente, y de la fauna como parte de este, obliga a la
protección de los animales frente al padecimiento, el maltrato y la crueldad.
Por consiguiente, la autorización legal de la caza deportiva, al estar
orientada exclusivamente a la recreación –lo cual la distingue de otros tipos
de caza–, se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales
como parte del ambiente que debe ser protegido constitucionalmente, sino como
recurso disponible para la realización de fines recreacionales particulares del
ser humano, sin otra finalidad que su realización misma. En estas condiciones,
la caza deportiva es contraria al derecho al ambiente sano y a
la obligación de que la educación está orientada, entre otros fines, a la
protección del ambiente (arts. 67 y 79 C.P.). Las disposiciones demandadas también
vulneran las normas superiores que obligan a diferentes autoridades
administrativas a defender el ambiente y la adecuada conservación y planeación
del mismo (arts. 80, 277.4, 300.2 y 317 C.P.), exceden los límites
constitucionales del derecho a la propiedad (art. 58 C.P.) y la libre
iniciativa privada (art. 33 C.P.).
Con respecto a
la demanda parcial del artículo 8º de la Ley 84 de 1989, advierte la Corte que
la palabra “deportiva” demandada califica tanto la caza como la pesca, a
pesar de que en la demanda únicamente  se presentaron cargos respecto de la
figura de la caza deportiva, sin referirse a la pesca deportiva. En
consecuencia, no es procedente acceder a la solicitud de inexequibilidad
planteada en contra de la palabra “deportiva”, pues la Corte no recibió
ni evaluó cargos de constitucionalidad sobre la posible inexequibilidad de la
pesca deportiva, por lo que no es competente para pronunciarse sobre el asunto[84].
Sin embargo, es
procedente excluir de la disposición bajo análisis, esto es, del artículo 8º,
el contenido normativo que resulta inconstitucional. El mencionado artículo 8º
de la Ley 84 de 1989 regula un grupo de excepciones al artículo 6º de la misma
Ley que versa sobre las conductas que causan daño a los animales, o que se
consideran como crueles, e incluye entonces la caza deportiva como una de las
excepciones a las conductas de maltrato animal. Como se ha visto, dicha
excepción es inconstitucional porque la caza deportiva constituye una modalidad
de maltrato animal no admisible constitucionalmente, por lo que no se puede
exceptuar como conducta cruel o que causa daño.
Encuentra la
Corte entonces que la inconstitucionalidad planteada recae sobre una
interpretación de la regla establecida en el artículo 8º, esto es, aquella
según la cual la caza deportiva es una excepción a lo dispuesto en los
literales a), c), d) y f) del artículo 6 de la Ley. Por consiguiente, se
procederá a declarar la constitucionalidad del artículo 8º demandado,
únicamente en relación con los cargos estudiados en esta demanda y bajo el
entendido de que la caza deportiva no constituye una excepción a lo dispuesto
en los literales a), c), d) y f) del artículo 6º de la misma Ley, sino que
encuadra en las conductas descritas en dicho artículo 6º y, por consiguiente,
se encuentra prohibida.
7.
Efectos
de la sentencia
En su concepto,
el Procurador General de la Nación planteó a la Corte que, como medio de
protección a las personas que desarrollan una actividad económica bajo el
amparo de las leyes demandadas, se debería declarar su inexequibilidad de las
mismas con efectos diferidos.
Sobre este
aspecto, cabe recordar que, por regla general, una vez este Tribunal constata
que la ley o norma que fue sometida a análisis de constitucionalidad es
contraria a los mandatos superiores, su declaratoria de inexequibilidad implica
su retiro inmediato del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en aquellas ocasiones
en que la Corte encuentre que la expulsión inmediata de la disposición
demandada, podría tener efectos adversos para otros principios constitucionales,
se ha optado por modular los efectos de la decisión y diferirlos en el tiempo[85].
En consecuencia,
las sentencias de inconstitucionalidad con efectos diferidos se convierten en
una excepción a la regla general y, por tanto, la jurisprudencia de esta Corte
ha señalado que en aquellos eventos en los que se decida optar por dicha
alternativa, se debe contar con la motivación suficiente para ello[86].
En este caso, se
observa que, tal como la advirtió el Procurador, se podría presentar una
afectación del principio de confianza legítima respecto de quienes en virtud de
las normas demandadas realizaban alguna actividad que les representara un
beneficio económico.
En
consecuencia, se considera pertinente resaltar que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido el principio de confianza legítima como
manifestación del principio de buena fe y, conforme con este “las autoridades y los
particulares deben entonces ser coherentes en sus actuaciones, respetar los
compromisos adquiridos en sus acuerdos y convenios, y garantizar la
estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas, de tal suerte que así
como la administración pública no puede  ejercer sus potestades defraudando la
confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado
puede actuar en contra de aquellas  exigencias éticas”[87].
Bajo ese orden, se puede afirmar que el mencionado principio no es
únicamente un ideal ético, sino que es jurídicamente exigible. En consecuencia,
la confianza que el administrado deposita en la seriedad y la estabilidad de
las actuaciones desplegadas por los entes del Estado, merece ser protegida y
respetada[88].
En esta oportunidad es claro que quienes se encuentran vinculados
de alguna manera con la actividad de la caza deportiva se ven afectados en su
confianza legítima, en cuanto su actividad fue establecida de manera legal, con
fundamento en normas jurídicas que se presumían constitucionales y que han
estado vigentes durante 45 años, como el Decreto Ley 2811 de 1974; o por 30
años, como es el caso de la Ley 84 de 1989. Quienes desarrollaban actividades
bajo la normativa que se declarará inconstitucional, tenían la legítima
expectativa de poder continuar desarrollándola. Sin embargo, la protección del
mencionado principio no puede implicar mantener en el ordenamiento unas
disposiciones que, como ya se expuso, son contrarias a la Constitución. En esa
medida, la Corte considera pertinente que en este caso se difieran los efectos de
la decisión, por el lapso de un año, para que quienes resulten afectados con la
determinación de esta Sala, puedan adecuarse a la nueva situación.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar
INEXEQUIBLE la expresión “y cotos de caza de propiedad particular” del
artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974.
SEGUNDO.- Declarar
INEXEQUIBLE el literal c) y la expresión “o cotos de caza” del literal
f) del artículo 252 del Decreto 2811 de 1974.
TERCERO.- Declarar
INEXEQUIBLE el artículo 256 del Decreto 2811 de 1974.
CUARTO.- Declarar
EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos estudiados en esta demanda, el
artículo 8º de la Ley 84 de 1989, bajo el entendido de que la caza deportiva no
constituye una excepción a lo dispuesto en los literales a), c), d) y f) del
artículo 6º de la misma Ley.
QUINTO.- Declarar
INEXEQUIBLE la palabra “deportivos” del literal b) del artículo 30 de la
Ley 84 de 1989.
SEXTO.-
DIFERIR los efectos de las inexequibilidades declaradas en los numerales
anteriores, por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de
la presente sentencia.
Notifíquese, comuníquese y envíese a
la Relatoría de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado Sustanciador
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
aclaración de voto
DIANA FAJARDO FIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHELSINGER
Magistrada
Con salvamento de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA C-045/19
CAZA
DEPORTIVA-Su análisis debió indagar razonabilidad
y proporcionalidad de las normas (Aclaración de voto)
Expediente
D-12231
Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y
256 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8 (parcial) y 30 (parcial) de la
Ley 84 de 1989
Magistrado
ponente:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Con mi acostumbrado respeto por las
decisiones de esta Corte, suscribo esta aclaración de voto en relación con la
providencia de la referencia. Considero que la Sala Plena ha debido analizar
las finalidades constitucionalmente legítimas que persigue la caza deportiva.
La Sentencia desestimó las posibles finalidades legítimas de esta actividad a
partir de la definición legal de caza deportiva. Sin embargo, las
intervenciones recibidas dentro del proceso daban cuenta de que esta actividad,
cuando menos, permitía el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Por lo tanto, no bastaba con abordar la solución del caso a
partir del estudio de las excepciones jurisprudenciales a la prohibición de
maltrato animal, sino que era necesario llevar a cabo un examen más exhaustivo,
referido a indagar acerca de la razonabilidad y proporcionalidad de las
disposiciones en relación con los deberes de protección animal y sus
implicaciones en la consecución de dichas finalidades legítimas.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA C-045/19
NORMA
ACUSADA-Metodología de análisis empleada en la
sentencia careció de rigor  (Aclaración de voto)
Acompaño la sentencia C-045 de 2019 que
declaró la inexequibilidad y exequibilidad condicionada de varias
disposiciones, así como difirió los efectos de las inexequibilidades respecto
del Decreto 2811 de 1974 y de la Ley 84 de 1989, no obstante, aclaro el voto al
considerar que se pudo haber empleado un mayor rigor argumentativo en la
decisión, que examinara otros puntos de discusión constitucional además de la
precisión de ciertos conceptos empleados.
Dentro de los asuntos más cruciales que
estudia el mundo actual está la protección de la naturaleza y su entorno
(plantas y animales) como valores individuales, y la interacción o asocio con
la humanidad, que ha evidenciado diferentes posturas y concepciones sobre la
justicia ambiental.
En la teoría del derecho y de la
filosofía contemporánea[89]
se exponen diversas posturas de análisis que pasan por el bienestar animal, la
ética ambiental, la ecología política, la antropología, la cultura, entre
otros, lo cual implica cambios fundamentales en el trato que debemos brindar a
los animales; por ejemplo, el concepto de sintiencia comprende la capacidad de
experimentar placer y dolor. Entonces, cazar con fines deportivos no es
correcto al soportarse en la recreación o el gusto.
La sentencia C-666 de 2010, fundamento
esencial de la decisión, involucró también un mandato de erradicación
progresiva de conductas crueles para con los animales, como parte del ámbito de
regulación legislativa, no pudiendo ignorar el deber de protección animal y la
consideración del bienestar animal. Las nuevas regulaciones legales y
decisiones posteriores de la Corte imponen evaluar en avance en la garantía
efectiva de la erradicación del maltrato animal por simple diversión, máxime
cuando en esta oportunidad no se compromete principios como el de diversidad
cultural.
Finalmente, la Constitución Política no
puede ser observada simplemente como un instrumento programático, toda vez que
además de contemplarse los valores constitucionales o derechos sociales,
también está plasmada de principios, derechos individuales y colectivos, y
deberes fundamentales, cuya exigibilidad no puede quedar en la indefinición
temporal[90].
Fecha
ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA C-045/19
ANIMALES–Considerarlos “seres sintientes”, concede mayor protección a la vida
animal, que a la vida de seres humanos concebidos y no nacidos (Salvamento de
voto)
MP
Antonio José Lizarazo Ocampo
Expediente
D-12.231
Con el debido
respeto por la determinación de la Sala Plena, manifiesto mi salvamento de voto
en relación con la decisión mayoritaria adoptada sobre la inconstitucionalidad
de los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256 del Decreto Ley 2811 de
1974 y los artículos 8 y 30 (parcial) de la Ley 84 de 1989.
Considero
que dentro
del contexto de la jurisprudencia relativa a la protección de la vida humana,
contenida en las sentencias C-355 de 2006 y SU-096 de 2018, la decisión de la mayoría
que determinó la protección de la vida animal bajo la consideración de tratarse
de “seres sintientes”, termina concediendo mayor protección a la vida
animal que a la vida de seres humanos concebidos y no nacidos, lo cual
contradice el principio constitucional de dignidad humana, entendido este como
el reconocimiento de la particular eminencia de la condición humana y de su
radical diferencia con el resto de seres y del mundo de las cosas.
A mi juicio, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la vida humana naciente,
contenida en las sentencias citadas, no reconoce a los seres humanos no nacidos
ni siquiera la condición de “seres sintientes” que evidentemente tienen,
o al menos le resta total importancia a esta condición. En dichas sentencias,
so pretexto de hacer prevalecer los derechos de la madre, se desconoció el
derecho a la vida del nasciturus, bajo el argumento absolutamente contrario a
la lógica y a la evidencia científica, según el cual la vida humana en
formación solamente es “un valor”. Para la suscrita magistrada, un valor es un
concepto abstracto y universal que solo existe en la mente humana, pero no en
la realidad biológica. Así pues, la Corte ha desconocido incluso el fenómeno
biológico de la vida humana e independiente del nasciturus (humana por poseer
el genoma humano integrado por 23 pares de cromosomas e independiente ontológicamente
por poseer un ADN distinto al de su madre), al equipararlo a un concepto
abstracto (un valor). Más aún, la Corte en la reciente sentencia SU-096 de 2018
ha llegado al punto de dar a este valor un peso mínimo, pues sostiene la
viabilidad de realizar abortos cuando el no nacido ya es viable
extrauterinamente. Por ende, hoy en día, tras ese fallo, no se puede alegar ni
siquiera la falta de necesidad de su muerte.
En aquellos
casos en los que es posible “terminar el embarazo” sin causar la muerte del no
nacido, la Corte ha amparado el sacrificio innecesario de su vida, dando peso
únicamente a lo que en definitiva es una preferencia. Pero en cambio ha
protegido la vida de los animales, en consideración a su condición de “seres
sintientes”. Ha prohibido la disposición innecesaria de su vida. Frente al
animal, sostiene que su vida es indisponible y protegida, cuando no media la
necesidad. No se puede disponer fútilmente de la vida animal. En cambio, frente
al no nacido su indiscutida condición sintiente se torna irrelevante. En
aquellos casos en los que es perfectamente viable preservar las dos vidas, se
da más peso a la opción por la muerte, a pesar de que los procedimientos
abortivos puedan llegar a ser más dolorosos que el disparo a un animal. Así por
ejemplo, en la sentencia SU-096 de 2018 la Corte avaló la aspiración al vacío
del útero de un ser humano de seis meses de gestación, procedimiento
contraindicado en esta etapa y que supone el desmembramiento fetal. Por no
participar de esta forma ilógica y acientífica de razonamiento, me aparto de la
anterior decisión.
En
los anteriores términos salvo mi voto.
Fecha
ut supra,
Cristina
Pardo Schlesinger
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-045 DE 2019
PROTECCION DE LOS ANIMALES-Relación con la dignidad humana (Aclaración de voto)
PROTECCION DE LOS ANIMALES-Concepciones filosóficas (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente D-12231
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala, me permito dar a conocer los motivos por los cuales
aclaro mi voto en esta oportunidad, a pesar de compartir la decisión y varios
de los argumentos que sustentan la opinión mayoritaria.
1. En
esta providencia, la Corte Constitucional estudió una demanda contra los
artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256 del Decreto 2811 de 1974 (Código
de Recursos Naturales) y contra los artículos 8 (parcial) y 30 (parcial) de la
Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección a los Animales), por
considerarlos contrarios al Preámbulo de la Carta y a los artículos 1, 2, 4, 8,
9, 58, 79, 80, 95 (numerales 1, 2 y 8) y 333 de la Constitución Política. A
juicio de la accionante, los apartes normativos acusados que se relacionan con
los cotos de caza y la caza deportiva de animales como actividades de índole
recreativa autorizadas por la legislación, eran disposiciones que debían ser
declaradas inexequibles, al tratarse de ocupaciones contrarias a la defensa del
medio ambiente consagrado en la Carta y al
reconocimiento de los animales “como sujetos de derechos” o como seres
susceptibles de protección frente al sufrimiento y el dolor. El objetivo de la
demanda era el de cuestionar las normas enunciadas por autorizar actividades
que causaban la muerte de animales aparentemente por diversión, sin que
mediaran otras razones adicionales o “moralmente válidas” para el efecto.
2. Como respuesta a estos cargos, la
sentencia mayoritaria sostuvo en su exposición inicial, que la protección al medio ambiente
compromete a la sociedad entera, de manera tal que la Constitución económica (propiedad,
trabajo y empresa), la Constitución cultural (fundamento de la nacionalidad) y la Constitución social
(reconocimiento de los derechos fundamentales) deben coexistir con la Constitución ecológica, que
tiene como “elementos de base la dignidad humana, entendida como
derecho-deber, y el bienestar animal[91]”.
Así, al revisar los
avances legislativos en la materia, el fallo constató que las normas constitucionales que
obligan a la protección del ambiente y que son fundamento de la prohibición al
maltrato animal, se han desarrollado por el Congreso de manera progresiva
acentuando la defensa de la naturaleza. Desde esta perspectiva, la providencia
destacó, por ejemplo, el reconocimiento dado por la legislación nacional a los animales como seres sintientes, tanto en la Ley 1774 de 2016 como en el artículo 655 del Código Civil, y la determinación de considerar el maltrato
de estas especies como una conducta punible conforme a la primera de estas
normativas.
Paralelamente, al
revisar la jurisprudencia constitucional en la materia, la providencia recordó
que esta Corporación ha señalado en el caso de los animales, que
“aunque el ordenamiento jurídico no los considere seres morales como a las
personas[92], [sí] ha desarrollado deberes relacionales frente a ellos
que limitan en casos concretos el ejercicio de los derechos”. En efecto, la sentencia mayoritaria recordó que del
interés superior a la protección del ambiente y a la fauna, se desprende un deber de resguardo de los animales
contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad. Un deber que surge de la
relación entre la naturaleza y los seres humanos, de la que se infiere el
estatus moral de los animales por tratarse de seres sintientes susceptibles de
padecer sufrimientos, y de la que surgen obligaciones para las personas,
relacionadas con el cuidado y protección de tales seres vivos.
Con fundamento en lo anterior, la providencia concluyó que la Corte Constitucional ha venido delineando un estándar de
interdicción al maltrato animal como alcance de la obligación de protección a
la diversidad e integridad del ambiente[93], que se deriva de una concepción que no es utilitarista, es
decir, que no ve a los animales únicamente como un recurso disponible para la
satisfacción de las necesidades humanas, “sino que son objeto de protección
constitucional autónoma”. Bajo ese estándar, la providencia precisó que
cuando es necesario armonizar el deber de protección
animal con otros derechos, la prohibición de maltrato animal puede constituir una limitación a los
derechos a la cultura, a la recreación, al deporte, a la educación, al libre
desarrollo de la personalidad y a la libre iniciativa privada. Se trata sin
embargo de una prohibición que acepta excepciones, bajo criterios de
razonabilidad o proporcionalidad, ante límites
constitucionales admisibles como: (i) la libertad religiosa; (ii) los hábitos alimenticios; (iii) la
investigación y experimentación médica o científica; (iv) el control de
las especies; y, en algunos casos, (v) las manifestaciones culturales
arraigadas.
Así,
al analizar en concreto el tema de la caza deportiva y los cotos de caza, la
providencia mayoritaria sostuvo que se trata de una actividad que sí genera
maltrato animal, en la medida en que la muerte de uno de estos seres vivos “[c]uando es injustificada, (…) es un acto de
crueldad, pues supone entender que el animal es exclusivamente un recurso
disponible para el ser humano”. Se
trata de una práctica que no encuentra fundamento en ninguna de las excepciones
reconocidas jurisprudencialmente a la prohibición ya enunciada, en la medida en
que la caza deportiva no es una expresión de la libertad religiosa, no tiene
como objetivo la alimentación, ni la experimentación médica o científica, o el
control de las especies y tampoco se trata de una manifestación cultural
arraigada.
En consecuencia, luego de desestimar los cargos ligados con la aparente
violación de los artículos 1, 2, 4, 8, 9 y 95-1 superiores[94], la sentencia señaló que las
expresiones acusadas por la accionante eran efectivamente contrarias a los
artículos 79, 80 y 95-8 de la Carta, por desconocer el
interés superior de la protección al ambiente, así como el deber del Estado de
conservar su diversidad e integridad. Igualmente, la Sala encontró vulnerados
los artículos 67 de la Constitución -que sostiene que la educación debe
formar a los colombianos en la protección del ambiente-, y los artículos
277-4, 300-2 y 317 superiores, que establecen mandatos a diferentes
autoridades administrativas de defender los intereses del ambiente y su
adecuada planeación y conservación. Por último, en cuanto a los artículos
58 y 333 de la Carta Política, la decisión mayoritaria señaló que como los
cotos de caza y la caza deportiva desconocen el deber de protección al ambiente
sano, ellos desbordan los límites del derecho a la propiedad, teniendo en
cuenta que ese derecho, así como la iniciativa privada y la libertad económica,
están supeditados a la función ecológica de la propiedad y a la protección del
ambiente respectivamente.
Por todo lo anterior, la providencia declaró inexequibles las expresiones
acusadas[95] y exequible el artículo 8º de la Ley
84 de 1989. Además, difirió los efectos de las declaraciones de inexequibilidad
por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la
sentencia, a fin de respetar la confianza legítima de quienes tuvieran
expectativas frente a la normativa enunciada, con el propósito de que contaran
con un tiempo prudencial para acomodarse a la nueva situación jurídica.
3. Revisadas las premisas
fundamentales de esta decisión, debo señalar que mi inconformidad
con la providencia recae básicamente en su debilidad argumentativa en lo que
concierne a la relación entre dignidad humana y la protección de los animales.
Al respecto, debe recordarse que la protección de estos seres vivos en nuestro
ordenamiento, surge no sólo de un reconocimiento derivado del cuidado del
ambiente y de la fauna, sino del deber humano de evitar el sufrimiento de los
seres sintientes como parte de una posición reflexiva y racional, producto de
la dignidad humana  La ausencia de un análisis más sólido sobre los diferentes
aspectos que confluyen en los debates contemporáneos sobre la vida animal y su
protección jurídica, y la falta de profundización sobre la postura que acepta
nuestro ordenamiento ante ellos con respecto a la dignidad humana y su rol,
favorece que algunos de los razonamientos enunciados en el fallo puedan
percibirse como confusos o contradictorios, al intentar articular de una manera
muy somera, un discurso que parece apoyarse en la sentencia, en premisas filosóficas
opuestas.
En
efecto, si se observa con detenimiento, la providencia reconoce de un lado, que
los animales, como seres sintientes, merecen una protección constitucional que
la sentencia tilda de “autónoma”. Del otro, afirma que los animales no
son sujetos morales iguales a las personas y que su protección se deriva del
deber de proteger el ambiente y el entorno, así como de la obligación de las
personas de no causarles sufrimiento y dolor, por su naturaleza sintiente. Una
aproximación que en el primer caso, parece abogar por el reconocimiento de los
animales como titulares de derechos, -que es una de las alternativas
filosóficas en discusión sobre el tema de la protección animal-; y del otro,
reitera la tesis desarrollada por esta Corporación y por el ordenamiento
jurídico colombiano, tendiente a reconocer la necesidad de proteger la vida
animal sobre la base del deber de las personas de evitar su sufrimiento, como
parte de un compromiso derivado de su dignidad humana, que es una propuesta
diferente dentro de la discusión que existe sobre el cuidado de los animales.
El acercamiento indirecto de la
providencia a visiones del debate diferentes a aquellas que encuentran en la
dignidad humana uno de los fundamentos a los deberes de protección de la vida animal
en nuestro entorno, se extiende a otros apartes del fallo en los que no
sólo se evita hacer explícito ese vínculo, sino que se le resta relevancia a
tal relación[96]. Una
circunstancia que disminuye la fortaleza de los argumentos que soportan la mirada constitucional
mayoritaria sobre este asunto, en momentos en los que la precisión conceptual
frente a este tema resulta particularmente relevante.
4. Desde esta perspectiva considero
que era pertinente presentar en la sentencia, la fundamentación teórica que da
cuenta de las distintas aristas que forman parte del debate
contemporáneo sobre la protección de los animales. Especialmente porque se
trata de una discusión que, si bien en sus orígenes se circunscribió al ámbito
filosófico y ético sobre el tratamiento animal, hoy forma parte de las
reflexiones jurídicas más actuales, entre las que se encuentran algunas que
buscan revisar el tema de los animales desde nuevas perspectivas de justicia o
incluso, desde el discurso de los derechos.
Una
realidad que justifica una aproximación somera al contexto jurídico y
filosófico del que se desprenden estas inquietudes, para ubicar desde allí las
razones que han llevado a la Corte Constitucional a tomar una posición que
puede catalogarse por algunos como intermedia, frente a otras propuestas de
defensa de la causa animal más radicales.
5. En
este sentido es pertinente reconocer que la discusión actual sobre estas
materias se consolida genéricamente a partir de dos premisas filosóficas
opuestas, que por ser teóricas, no tienen una expresión definitiva en contextos
jurídicos actuales. La primera de ellas es una posición antropocéntrica
radical, que desconoce por completo los intereses, necesidades o el sufrimiento
de los animales y se centra en su mera utilidad para los seres humanos, negando
cualquier tipo de responsabilidad moral de las personas frente a estos seres
vivos o su naturaleza sintiente. La segunda, desde el otro extremo, es una
mirada completamente opuesta a la primera, que le reconoce a los animales de manera
plena, en virtud de su naturaleza sintiente y de su similitud con los seres
humanos, un lugar en la sociedad y unos derechos, que se estructuran en
igualdad de condiciones a los reconocidos a las personas en la actualidad.
Ahora bien, el antropocentrismo
fundado en la superioridad ontológica del hombre sobre la naturaleza[97], - a partir de influencias éticas
judeo-cristianas y kantianas[98] que colocaron a las personas en una
posición de dominio pleno frente a los animales[99]-, es una postura límite que se ha
transformado significativamente en las últimas décadas, al admitir el valor de
los animales en la naturaleza y su importancia relacional con las personas, a
partir de un reconocimiento del medio ambiente como fundamento de la vida[100]. Por ende, desde distintas
aproximaciones filosóficas y éticas, se le ha venido dando un reconocimiento
mayor a los animales como seres que aunque son diferentes al hombre, tienen
capacidad de sentir, y especialmente de padecer dolor, por lo que deberían ser
acreedores de protección por parte de las legislaciones ante su naturaleza
sintiente. A consecuencia de ello muchos ordenamientos han dejado de
ser enteramente antropocéntricos, para optar por aproximaciones que en mi
concepto son más garantistas, las cuáles, sin embargo, tampoco reconocen a los
animales como titulares plenos de derechos subjetivos.
Desde esta perspectiva, el debate en
la actualidad se encuentra ubicado realmente entre una de las orillas
previamente mencionadas - la de los derechos-y otra, que podríamos llamar más
bien intermedia, que aunque comparte la expectativa de lograr una mayor
protección de los animales, no les reconoce derechos. La primera, insiste en
proponer una protección jurídica de los animales estructurada casi en los
mismos términos de las garantías establecidas para los seres humanos y su
dignidad, sobre la base de las similitudes de tales seres con las personas,
alegando un deber de reconocimiento de los animales como fines[101] en sí mismos[102] y no como medios, como ya vimos. La
segunda, reconoce[103] una protección jurídica a los
animales considerando su naturaleza sintiente, que supone deberes para el
hombre frente a su cuidado, en consideración a su esencia racional, negando
paralelamente derechos autónomos y subjetivos en cabeza de los animales. En
este último caso, las obligaciones con respecto a los animales recaen en las
personas, en la medida en que los animales, aunque tienen valor, no lo derivan
de su condición de sujetos de derechos en sí mismos considerados, sino de su
relación con los seres humanos a quienes corresponde su amparo y protección[104].
La visión de los animales como seres
sintientes, ha sido inspirada en gran parte por la propuesta de Peter Singer[105], quien, desde una perspectiva
filosófica utilitarista[106], considera que uno de los elementos
que se debe tomar en consideración en la problemática frente a los animales, es
la idea de dolor, y en particular el interés de estos seres de no sufrir[107]. El hecho de que los animales
sufran, hace obligatoria la reflexión humana sobre el tema animal, porque al
ser seres sintientes, no deberíamos ignorar desde nuestras propias habilidades
esa realidad, en especial cuando los seres humanos son quienes a veces les
causan ese dolor[108]. El que los humanos podamos
identificarnos con ese sentimiento y que tratemos de evitarlo en otros seres
sintientes, exige que reflexionemos sobre nuestra acción frente a los animales
y sobre nuestros deberes frente a ellos.
En atención a estas y otras
consideraciones sobre los animales, muchos ordenamientos de forma mayoritaria
reconocen hoy la necesidad de favorecer el bienestar de estos seres vivos y de
promover a través de la legislación, medidas que permitan evitarles
sufrimientos innecesarios, facilitando en ciertas situaciones una protección
jurídica para ellos sobre la base de los deberes de las personas, derivados de
su racionalidad y dignidad.
Con todo, se trata de una
aproximación que no es suficiente para los críticos más fuertes ubicados en la
primera de las posiciones descritas, en la medida en que para muchos de ellos,
la protección jurídica que se propone “no implica la necesaria terminación
del usufructo económico y social que se deriva”[109] de los animales, permitiendo que la propiedad sobre ellos se mantenga incuestionada[110].
Quienes se ubican en esta línea de
pensamiento, sostienen frente al antropocentrismo clásico, por ejemplo, que la
noción de dignidad humana tradicional favorece que se les reste valor a los
animales bajo la idea de una especie de “especieismo”[111], que sería como una forma de
discriminación a estos seres vivos, fundada en la raza o en la prevalencia de
lo humano[112].
Por lo tanto, abogan por encontrar
desde la filosofía premisas nuevas que habiliten un mayor reconocimiento de los
derechos de los animales, pero en condiciones de igualdad con las personas. En
esta línea de pensamiento, Tom Regan[113], desde una perspectiva utilitarista pero partiendo de premisas
igualitarias, sostiene que los intereses de todos los involucrados en una
situación particular deberían ser sopesados de manera igual, para decidir cuál
es el mejor resultado, sin que los intereses de los humanos sean considerados
superiores automáticamente frente a otros, en la medida en que los animales
tienen un valor inherente, ya que junto con las personas son sujetos que
también experimentan la vida[114].
Martha Nussbaum[115], en la misma línea, sostiene desde
su teoría de las capacidades, que deberíamos preservar y reconocer la dignidad
de todos los seres vivos, identificando precisamente los atributos (capacities)
que cada uno de ellos tienen y que les permiten tener una vida floreciente, de
acuerdo con sus diferentes cualidades individuales. A su juicio, la idea de la
racionalidad como presupuesto sobre el que se construye el concepto de valor
frente a los seres humanos en las visiones más antropocentristas, y que le dan
atributos al concepto de dignidad, es limitada[116]. Con Kant, los animales estaban
excluidos del ámbito de la justicia, por su falta de auto conciencia, pero
Nussbaum critica la idea de racionalidad como criterio para diferenciarnos de
ellos, teniendo en cuenta que cuando consideramos la situación de personas
mentalmente afectadas, que son seres humanos que técnicamente carecen de dicha
racionalidad, en todo caso respetamos su dignidad particular con independencia
de su condición. Desde esta perspectiva, ella defiende la idea de una dignidad
fundada en capacidades variadas, que permita reconocer que los animales tienen
un valor inherente, en la medida en que poseen atributos propios que les
permiten tener una vida valiosa. Intenta entonces desde una perspectiva
aristotélica hacer a la dignidad humana compatible con la dignidad de los
animales[117], para promover una protección
jurídica concreta en su favor.
Las
aproximaciones más extremas en esta línea de pensamiento proponen además, bajo
la idea de una especie de “abolicionismo”[118] en
materia animal, que se genere una situación similar a la que se dio con la
supresión de la esclavitud en el caso humano[119], a
fin de lograr que los animales se liberen de la “sujeción” a los seres humanos
y se logre la completa eliminación de la institución de la propiedad frente a
ellos. Su propósito es el de obtener que “todos [aquellos] animales de
sistema nervioso superior”[120] sean
tratados como miembros de una “comunidad de iguales”[121]
junto con las personas, y que, por lo tanto, sean amparados por derechos que
impidan que sean objeto de cualquier apropiación jurídica y/o material[122]. Esa
premisa supone entonces, la imposibilidad de considerar a los animales como
fuente de alimento, investigación, supervivencia, transporte, etc.
4.
Descritas estas posiciones, es claro que el ordenamiento colombiano no es enteramente
antropocéntrico, ni tampoco reconoce a los animales como titulares de derechos
subjetivos. El enfoque adoptado por nuestro sistema jurídico y por esta
Corporación en varios de sus pronunciamientos, es una aproximación que tiende
más a ser intermedia en la discusión filosófica internacional, en la medida en
que claramente exige evitar el sufrimiento animal, al reconocer paralelamente
que en virtud de su calidad de seres racionales y de acuerdo con su dignidad,
son las personas las que tienen deberes concretos frente a los animales,
tendientes a evitar su sufrimiento y dolor como seres sintientes y propendiendo
por su protección y cuidado.
Como
se ve, ilustrar el contexto de esta discusión y fortalecer las premisas
argumentativas que se vienen consolidando frente a la protección de los
animales y la dignidad humana, era en mi criterio un ejercicio que debía
hacerse en la providencia. En especial, porque muchas de las premisas
planteadas en la demanda ilustraban desde distintos ángulos el debate
filosófico y jurídico que aquí se plantea. La ausencia de profundidad en la
argumentación y las incongruencias generadas a partir de explicaciones someras
sobre algunos asuntos relevantes en la materia, explican mi discrepancia en
esta oportunidad, con la decisión mayoritaria.
Fecha
ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA DIANA FAJARDO RIVERA A LA SENTENCIA C-045/19
CONSTITUCION POLITICA-Interpretación de forma integrada, armónica y coherente
(Aclaración de voto)
PODER DE REFORMA DE LA CONSTITUCION-Necesidad de acomodar la Constitución a nuevas realidades
políticas, requerimientos sociales y consensos colectivos (Aclaración de voto)
CAZA DEPORTIVA-Forma de maltrato animal (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente D-12231
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 248 (parcial), 252 (parcial) y 256
del Decreto 2811 de 1974, y los artículos 8º (parcial) y 30 (parcial) de la Ley
84 de 1989.
En esta casa no se caza por deporte
1. Comparto la
decisión adoptada por la Sala en la Sentencia C-045 de 2019, mediante la cual
se considera que la ‘caza deportiva’, esto es, ‘la que se hace como
recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma’ es
inconstitucional, por cuanto conlleva imponer sufrimiento, tratos crueles y
muerte a seres sintientes sin propender, al menos, por un fin constitucional
imperioso.[123]
Como lo advirtió la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia, sólo razones
poderosas relacionadas con la protección necesaria de derechos como (i) la
libertad religiosa; (ii) la alimentación; (iii) la investigación y
experimentación médica o científica, (iv) la integridad o la seguridad y (v) en
algunos casos, el derecho a la cultura (cuando se trata de manifestaciones
culturales arraigadas), pueden llegar a establecer restricciones a las
protecciones que tienen los animales ante la crueldad. Acabar el sufrimiento de
los animales es un fin constitucional imperioso que se debe ir desarrollando
progresivamente, paso a paso y sin retroceder injustificadamente. Permitir un
tipo de actividad como la caza de animales, es una decisión constitucionalmente
razonable solo si busca una finalidad imperiosa por medios no prohibidos,
necesarios y proporcionados. En el presente caso, el paso consiste en señalar
que la caza deportiva, aquella que no tiene otra finalidad que la de realizarla
‘por sí misma’, es una actividad que claramente no propende por un fin
constitucional imperioso como los mencionados, tal como lo advierte la decisión
que acompaño con mi voto. No es razonable, por ejemplo, que se pretenda tener
el derecho a someter a un animal a sufrir o a enfrentar tratos crueles
deliberadamente, por considerar que producir tal sufrimiento es determinante
para poder desarrollar el libre desarrollo de la personalidad. Bajo el orden
constitucional vigente, tal grado de insensibilidad ante el sufrimiento de los
animales no tiene protección alguna.
2. Sin embargo,
aclaro mi voto en tres sentidos. A saber: (1) para resaltar que la declaratoria
de inconstitucionalidad se refiere únicamente a la caza que se realiza
solamente por puro deporte, y no a otros casos en los que puede ser razonable
su uso.  (2) Para advertir que la Constitución Política de 1991 no se
compromete de forma definitiva o necesaria con visiones teóricas específicas y
particulares, pero no puede ser leída de cualquier manera o desde cualquier
perspectiva. Y finalmente, (3) para poner de presente que la riqueza y la
diversidad cultural de Colombia, lejos de tener una tradición de caza por el
mero hecho de cazar, enseñan a respetar a los animales y no someterlos a
sufrimientos o tratos crueles injustificados e irrazonables.
El
sufrimiento y trato cruel que supone la caza, cuando se realiza solamente por
puro deporte, claramente no es razonable constitucionalmente
3. La Sentencia
C-045 de 2019 entiende que la caza de animales por deporte está proscrita del
orden constitucional vigente. Existen contextos en los cuales puede ser
razonable tener que cazar un animal, como cuando una persona lo hace en
legítima defensa porque va a ser atacada por aquel animal y no hay ninguna otra
manera de repeler el ataque. Pero siempre debe tratarse de casos en los cuales
se encuentren afectados otros bienes constitucionales de mayor importancia que
no puedan ser protegidos de otra manera.
4. Por supuesto,
en estos otros eventos en los cuales puede ser razonable cazar un animal, debe
tratarse de situaciones en las que no se cuente con otra opción que sea menos
lesiva y no conlleve el sufrimiento de seres vivientes. De hecho, incluso en
aquellos casos en los cuales sea inevitable tener que optar por este trágico
camino de cazar un animal, deben tomarse las medidas adecuadas y necesarias
para poder reducir al máximo el sufrimiento que se tenga que causar. Es decir,
si la regla de no someter a sufrimiento a un ser viviente no se puede cumplir,
no desaparece, sino que el principio que la sustenta toma fuerza y debe ser
aplicado hasta donde sea posible.
La
Constitución Política de 1991 no tiene compromisos teóricos únicos, exclusivos
y permanentes
5. Los textos
constitucionales son marcos normativos fundamentales en una sociedad, que dan
vida a las estructuras de poder que la rigen y a las limitaciones y funciones
que se le imponen al ejercicio del poder. Su permanencia en el tiempo depende,
en buena medida, en ser textos amplios e indeterminados, no cerrados, a los
cuales pueden dotar de sentido las diferentes generaciones. Las constituciones
son textos de carácter político y jurídico que dan las pautas básicas para
gobernar a las mayorías políticas, sean estas de centro, de izquierda, de
derecha o de la tendencia que se quiera. La Constitución debe ser un marco de
acción para cualquier tipo de Gobierno y de mayoría política, que le dé un
mínimo cauce a su proceder, pero no le imponga una camisa de fuerza que le
impida maniobrar y actuar. En tal medida, no hay un compromiso específico y
unívoco entre la Constitución y una posición política determinada. Este
carácter abierto de los textos constitucionales, permite a las sociedades
construir a lo largo de las décadas consensos que se entrecruzan en torno a los
principios y reglas básicas de la Constitución.[124]
6. Ahora bien,
aceptar que la Constitución no tiene un compromiso teórico único, exclusivo y
perpetuo, no quiere decir que pueda ser leída desde cualquier marco conceptual.
La posición clásica que supone ‘ver como’ cosas a los animales ha sido
desafiada desde la década de los setenta del siglo pasado, como lo advierte la
Sentencia C-045 de 2019. Hay momentos cruciales en este avance; en 1989 se
aprobó la Ley 84 de ese año (Estatuto Nacional de Protección de los Animales),
en 1991 se adoptó la Constitución; la sentencia C-666 de 2010 reconoció a los
animales como seres sintientes[125]
y, en 2011, expresamente el Legislador modificó el texto de Código Civil para
ajustarlo al orden constitucional vigente y establecer que los animales no se
deben ver como ‘cosas’ sino como ‘seres sintientes’ (Art. 1°, Ley 1774 de
2016). ¿Cuáles son las implicaciones teóricas y conceptuales de este cambio en
el ordenamiento? ¿Cuáles son los derechos que hacen parte de la obligación
jurídica que impone a toda persona el deber de no someter a sufrimiento a los
animales? ¿Tienen carácter de derechos las protecciones constitucionales
concedidas a los seres sintientes? Si bajo el orden constitucional vigente
algunas cosas pueden ser sujetos de derecho (como ocurre con los patrimonios
autónomos), ¿cómo deben ser comprendidas las garantías de protección a los
seres sintientes? ¿Son derechos en cabeza de las personas, de los animales
objeto de protección o de ambos?
7. Luego de años
de antropocentrismo, las nacientes visiones ecocéntricas, ambientalistas o
animalistas, por mencionar sólo algunas posturas y posiciones en el debate,
todavía se enfrentan a fuertes y arraigadas visiones decimonónicas que, por
ejemplo, ven a los humanos como ‘animales racionales’ diferentes por su esencia
a los demás. Las concepciones teóricas del siglo XXI no dejan de lado los
avances y discusiones que se han dado desde finales del siglo XIX y a lo largo
del siglo XX. Las posiciones contemporáneas conocen las reflexiones de diversas
investigaciones, sobre cómo las acciones humanas, aunque se racionalicen,
pueden encontrar su origen en pulsiones profundamente inconscientes e
irracionales. En el siglo XXI se conocen los avances en las investigaciones
sobre la evolución de las especies o sobre el código genético de la vida, que
han llevado a comprender que las diferencias entre los distintos tipos de
animales son de grado, no esencial.[126]
8. Las lecturas
de la Constitución Política sobre el lugar jurídico de los animales, que se
comienza a entretejer a través de diferentes casos y sentencias, deberán ser
sensibles a estos nuevos conocimientos y descubrimientos, nutridos además por
el conocimiento ancestral que la diversidad cultural de Colombia tiene y
ofrece.
La
riqueza y la diversidad cultural de Colombia enseñan a respetar a los animales
y no someterlos a sufrimientos o tratos crueles injustificados e irrazonables
9. Colombia es
una tierra rica en fauna animal, que hace parte integral del ambiente y de los
ciclos de las distintas formas de vida.[127] Pero
Colombia también es una tierra llena de culturas ancestrales y sabias, que
resaltan la importancia de la naturaleza y de aprender a respetarla para
convivir con ella, siendo parte de ella. Las relaciones de las culturas
prehispánicas de Colombia con los animales son muy estrechas. En la orfebrería
que se ha logrado conservar en el Museo del Oro, por ejemplo, se puede ver esta
relación que se daba especialmente con ciertos animales (ante todo con felinos
-el jaguar-  y aves; también murciélagos y batracios; y, en menor medida, con
peces, primates y reptiles -sobre todo la serpiente-).[128] En
las culturas ancestrales de Colombia nunca se mantuvo una diferencia esencial y
categórica entre los seres humanos y los demás animales; siempre han entendido
que están integrados. Los pueblos indígenas, de hecho, han considerado que los
seres humanos están fuertemente integrados con algunos animales, teniendo mitos
sobre la posibilidad de mezclarse, e incluso traspasar de una especie a otra.
Las culturas de Colombia, y de América en general, tiene una visión del mundo
que parte de una unión íntima con los animales. No son seres ajenos, separados,
sin inteligencia o sin deseos; se reconoce que tienen consciencia y voluntad.
En algunos casos se considera que fueron ‘gente’, pero perdieron esa condición
por castigos divinos. La cultura Kogi, por ejemplo, cree que los animales
tienen la misma condición de los seres humanos, salvo su forma exterior;
consideran que los animales hablan, piensan, tienen espíritu.[129]
10. En Colombia,
como en el resto de América, han existido tradicionalmente personas y pueblos
cazadores y pescadores, pero dentro de un marco de respeto y armonía con la
naturaleza. Por eso, preservar la fecundidad de la vida también acompaña a las
reglas de cacería. Muchos pueblos originarios tienen la convicción de que
existe un dueño de los animales salvajes, que es el encargado de cuidarlos,
procurarles alimento y hacerlos prolíferos; prohíbe capturar a las hembras
preñadas o dejar mal herido a un animal sufriendo innecesariamente, impone el
deber de cazar en forma rápida y eficaz. Los cazadores “sabían que si se
excedían en la cuota de caza serían castigados por no respetar el equilibrio en
la naturaleza. Cuentan los mitos de cazadores atrapados en sus propias tretas
por una ambición desmedida [ …] Este Señor de los animales no sólo
castiga por el maltrato hacia ellos sino que también sufre porque los animales
son como sus hijos o parientes.”[130] Son
principios y reglas de reciprocidad en la naturaleza, para conservar la armonía
que existe, que enlaza las cosas y permite la vida.
11. Es notorio
que no se ha cazado por el mero acto de cazar, hacerlo sin otro sentido ni
finalidad más que esa: cazar. Cuando las diversas culturas de Colombia han
cazado y cazan, lo han hecho con un sentido y por una razón, no por puro
deporte. En esta Pachamama, en esta casa grande, nunca se puede cazar por
deporte.
Fecha ut supra
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Se
ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto a su cargo (art. 242 C.P. y 7 del Decreto 2067 de 1991); comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la República y al Presidente del
Congreso, para que se pronunciaran respecto de la constitucionalidad de las
normas demandadas (arts. 244 C.P. y 11 del Decreto 2067 de 1991); e invitar a
algunas entidades a presentar su concepto (art. 13 del Decreto 2067 de 2011).
[2] Auto
305 del 21 de julio de 2017, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[3] El
Presidente de la República, conforme las facultades extraordinarias otorgadas
en virtud del Acto Legislativo 01 de 2016, expidió el Decreto 889 del 27 de
mayo de 2017 “por el cual se adiciona un artículo transitorio al
Decreto 2067 de 1991”.
[4]
Cuaderno Principal, Folio 38 Reverso y 39.
[5]
Cuaderno principal, Folio 5.
[6]
Cuaderno principal, Folio 40.
[7] “Quedan
exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f)
y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos” (art. 7 de la Ley 84
de 1989). Este artículo fue declarado exequible condicionalmente
mediante la Sentencia C-666 de 2010.
[8] “Quedan
exceptuados de lo dispuesto en los literales a), c), d), r) del Artículo 6 los
actos de aprehensión o apoderamiento en la caza y pesca deportiva, comercial,
industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres, bravíos o
salvajes, pero se someterán a lo dispuesto en el capítulo séptimo de esta Ley y
a los reglamentos especiales que para ello establezca la entidad administradora
de recursos naturales” (art. 8º de la Ley 84 de 1989)
[9] “Por medio
de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de
1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras
disposiciones”.
[10]
Expediente 17001233100019990909 01.
[11]
Expediente 250002324000201100227 01. Esta decisión se dejó sin efectos mediante
sentencia del doce (12) de diciembre de 2014, Exp. 110010315000201400723
00(AC).
[12]
Artículo 333 de la Constitución Política.
[13] Al
respecto, la accionante mencionó las sentencias C-528 de 1994, C-293 de 2002,
C-245 de 2004, C-666 de 2010, C-439 de 2011, C-283 de 2014, T-760 de 2007,
T-095 de 2016 y C-048 de 2017.
[14] Cita
de la accionante extraída de la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982.
[15] Al
respecto, la accionante manifestó que esta Corporación categorizó a los
animales como seres sintientes con el objetivo de limitar los tributos de la
propiedad, ello con fundamento en la función ecológica de la misma (C-467 de
2016).
[16] Manifestó
que de los 34 países que originariamente firmaron la Carta, 25 de ellos
promueven la caza deportiva. Estos son “Benín, Burundi, Central African
Republic, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa
de Marfil, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Níger, Pakistán, Ruanda,
Senegal, Somalia, Suazilandia, Togo, Camerún, Burkina Fasso y Congo. Bélgica y
los países de la antigua Yugoeslavia, países patrocinadores de la iniciativa,
también promueve la caza deportiva”. Cuaderno principal, Folio 185.
[17] En
relación con esto, el interviniente puso como ejemplo que en el “Caribe
Colombiano se promueve la pesca deportiva del pez león (Pterois antennata) para
proteger la fauna de arrecifes marinos o en el Valle del Cauca donde se promueve
la caza deportiva de la rana toro (Lithobates catesbeianus) para proteger el
hábitat de las ranas nativas” (Cuaderno Principal, Folio 186).
[18]
Artículo 3 de la Ley 1774 de 2016.
[19] El
artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 adiciona el TÍTULO XI-A. DE LOS
DELITOS CONTRA LOS ANIMALES CAPÍTULO ÚNICO. DELITOS CONTRA LA VIDA, LA
INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS ANIMALES al Código Penal; el capítulo
único está conformado por los artículos 339A y 339B.
[20] El
interviniente citó el artículo 2.2.1.2.9.1. del Decreto 1076 de 2015, en el
cual se define la caza deportiva como “aquella que se practica como
recreación y ejercicio, sin otra actividad que su realización misma, por tanto,
no puede tener ningún fin lucrativo”. Cuaderno Principal, Folio 116.
[21] Cita
del interviniente extraída del artículo 15 de la Ley 181 de 1995.
[22] Cita
del interviniente extraída de la sentencia C-041 de 2017.
[23] El
interviniente agregó que en Colombia la caza deportiva no es una práctica
extendida, pues solo el 0,14% de la población practicaba este tipo de caza,
según datos de la FAO para 1993. Consultado en FAO (1993). Utilización de la
fauna silvestre en América Latina: situación y perspectiva para un manejo
sostenible. Roma: FAO.
[24] Cita
del interviniente extraída de la sentencia C-666 de 2010.
[25] Ibidem.
[26] Ibidem.
[27]
Literal b del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016.
[28]
Folio 160 y Ss.
[29] Documento
1 “Características y dinámica de poblaciones de las especies de fauna
silvestre priorizadas sujetas a aprovechamiento y caracterización de otras
especies de gran importancia para la conservación y uso sostenible”(2016):
con base en este documento del interviniente resaltó que (i) para la caza
deportiva se priorizan dos tipos de aves: el pisingo y el pato careto, respecto
de cada especie estudió “sus características físicas y comportamiento de las
poblaciones, distribución geográfica, usos, amenazas, así como su número y el
impacto de la actividad cuestionada en los ecosistemas” (ii) las 21
autoridades ambientales que suministraron información, afirmaron no haber
realizado estudios para determinar las especies objeto de caza deportiva, el
número de individuos a ser cazados, el área en donde se puede practicar la
cacería, ni temporadas de caza, y (iii), las autoridades ambientales también
afirmaron no haber otorgado un permiso para este tipo de caza.
Documento 2 “Revisión y análisis de
los permisos y autorizaciones para la caza y aprovechamiento de fauna silvestre
que han otorgado las autoridades ambientales” (2015): de este documento
resaltó la información proporcionada por las autoridades ambientales acerca de
la caza deportiva en cada región de su jurisdicción, específicamente lo
relacionado con la pertinencia del cobro de la tasa compensatoria para quienes
cacen con fines deportivos.
Documento 3 “Propuesta de estructura
tarifaria de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre” (2016): en
este documento se abordó los elementos estructurales de las tasas y la
propuesta metodológica el diseño de la tasa compensatoria.
Documento 4 “Identificación de los
costos de administración, monitoreo, seguimiento y de inversión requeridos para
la gestión de la fauna silvestre en Colombia” (2015), en este documento se
presenta información económica utilizada para la construcción del “tarifa
mínima base por espécimen” lo cual hace parte de la fórmula del cálculo del
monto a pagar en virtud de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre.
Documento 5 “Determinación del valor
de la tarifa mínima de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y del
costo de implementación” (2015),  en este documento se hace referencia
a los factores que se tuvieron en cuenta para la determinación del valor de la
tarifa mínima de la tasa, para lo cual se tuvo en consideración los costos
sociales y ambientales del daño, los costos de recuperación del recurso, el
valor de depreciación del recurso, y los gastos administrativos para controlar
la actividad de caza en el modalidades en que se requiere permiso.
Documento 6 “Impacto económico del
proyecto de decreto reglamentario de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre” (2015), en este documento se evaluó el impacto de la tasa
compensatoria por la caza de fauna silvestre y los posibles montos a pagar por
cada sector de acuerdo al tipo de caza. Al respecto, el interviniente manifestó
que en la simulación del recaudo potencial de la tasa compensatoria, realizada
con base en los permisos otorgados en los últimos años (2011-2013), no se
incluyó dentro del análisis el tipo de caza deportiva y comercial, “porque
ninguna autoridad ambiental informó del otorgamiento de permisos para estos dos
tipos de caza en el periodo de análisis”, y para la evaluación del impacto
económico de la tasa compensatoria se entrevistó a los asociados del Club de
Caza de los Andes y a los del Club de Caza y Tiro de Bogotá.
También, resaltó de este documento (i)
Que las autoridades ambientales entrevistadas informaron que las especies que
se consideran para ser objeto de caza deportiva son aves como el barraquete o
pato careto, el pato güiro o pisingo y el pez león (ii) Que la caza deportiva
se ha practicado en Colombia desde el primer tercio del siglo pasado y se
realizaba en distintas regiones del país, y (iii)  Que en Colombia en el
periodo comprendido entre 2000 y 2014 no se han otorgado permisos de caza
deportiva. Sin embargo, el recaudo de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre puede representar un aporte significativo, debido a que esta
actividad tiene una demanda considerable en el país, pero previo a ello las
autoridades ambientales deben definir los cupos de aprovechamiento.
[30] Al
respecto los intervinientes citaron la sentencia T-242 de 2016.
[31] Cita
del interviniente extraída de FAO (1993). Utilización de la fauna silvestre
en América Latina: situación y perspectiva para un manejo sostenible. Ediciones
FAO, Roma, pág. 45-48.
[32]
Artículo 250 del Decreto Ley 2811 de 1974.
[33] Cita
del interviniente extraída del artículo 2 del Decreto 2811 de 1974.
[34] Ibidem.
[35] Cita
del interviniente extraída del artículo 247 del Decreto 2811 de 1974.
[36] Cita
del interviniente extraída del diccionario de la Real Academia Española.
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=EKzKpe8.
[37] Para
ilustrar la diferencia que existe entre esos dos conceptos, el interviniente
mencionó, entre otros ejemplos, que desde la ecología es legítimo sacrificar
algunos individuos de una especie para hacer sostenible un hábitat específico,
lo que en esa ciencia se llama “la capacidad de carga de un hábitat”,
mientras que en el contexto de los derechos de los animales, es inaceptable
sacrificar algún animal porque cada uno de estos tiene derecho a la vida, o en
caso de partidarios más flexible de esa doctrina, se puede sacrificar animal,
pero siempre que medie una justificación legítima o que la persona que
sacrifica el animal no lo disfrute.
[38] El
interviniente mencionó que la propiedad privada de la fauna establecida en
Europa ha sido copiada con éxito en otros países de África: en el caso de
Sudáfrica “hay aproximadamente [1.0000] cotos que emplean más de [100.000]
personas”, los cazadores pagar un mayor precio por las especies escasas,
por lo cual algunos se especializan en producir esas especies, en cada coto
habitan un número considerable de especies no cinegéticas y presta el servicio
de conservación de especies que están siendo objeto de caza furtiva, existen
parques naturales y reservas públicas de caza así como en Zimbabue; en el caso
de este país, “desde 1979 se estableció la propiedad privada de elefantes en
su territorio” y el número de estas especies está por encima de la
capacidad de carga del país, contrario a Kenya, país en que se prohibió la caza
de elefantes y la población de estos decayó . Cuaderno 2 de intervenciones,
folio 22.
[39] Al
respecto, el interviniente agregó que en Estados Unidos existen iniciativas
privadas que trabajan por la conservación o recuperación de especies como “Boone
& Crockett Club” y “Ducks Unlimited”.
[40]
Gaceta del Congreso No. 20, págs. 92 a 97.
[41] “Como lo estableció la Corte
Constitucional, "el sujeto, razón y fin de la Constitución de l991 es la
persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado,
sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión
individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política”. Corte Constitucional,  Sentencia
T-411 de 1992.
[42] “Esta
Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple
dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es
exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica
derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares”. Corte
Constitucional,  Sentencia T-760 de 2007.
[43]“En
lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte advirtió, para
lo cual resaltó la influencia y cambios que la Constitución de 1991 imprimió en
nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta del constituyente
para enfrentar el “uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en
contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho
y bien colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad
entera”.  De acuerdo con la sentencia en comento, la ecologización de la
propiedad es producto de la evolución del concepto de Estado, de un parámetro
puramente individual (liberal clásico) a un mandato que supera -inclusive- el
sentido social de la misma para, en su lugar, formular como meta la
preservación de las generaciones futuras, garantizando el entorno en el que
podrán vivir”. Corte Constitucional,  Sentencia T-760 de 2007.
[44]
Código Civil, Libro II. De los bienes, y de su dominio posesión, uso y goce. Capítulo
I. De las cosas corporales. Artículo 655. “Muebles son los
que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos,
como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan
por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúanse las que siendo
muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo
658”.
[Texto
original sin la modificación realizada por la Ley 1774 de 2016].
[45] Decreto 2811 de
1974, artículo 1º: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés social”.
[46] Ley 84 de 1989,
artículo 1°: “A partir de la promulgación de la
presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial
protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente
por el hombre”.
[47]
Reglamentado por los Decretos 1608 de 1978 y 4688 de 2005.
[48] “Previa la
expedición de este código, una persona podía apropiarse de cualquier animal
salvaje a través de la caza y de la pesca, con el único condicionamiento de que
si la persona no tenía permiso del dueño, lo que sea cazado pertenece al dueño
del predio. Sin embargo, luego de la expedición del Código de Recursos
Naturales, en el ya citado artículo 248, toda la fauna silvestre se encuentra
en cabeza del Estado. Con lo que se ve una clara mutación en el concepto de
propiedad privada frente a los recursos naturales, puesto que se cambia el
paradigma en donde la disposición de éstos, se encuentra sujeta al deber que
tiene cada individuo de proteger el medio ambiente. Así, la  protección al
medio ambiente se convierte en un límite específico de las potestades del
ejercicio de la propiedad privada en algunos casos. Ahora, si bien es cierto
que la propiedad de la fauna silvestre dentro del territorio nacional está en
cabeza del Estado, el ordenamiento contempla dos excepciones: los zoocriaderos
y los cotos de caza de propiedad particular”. Corte Constitucional,  Sentencia T-608 de
2011.
[49] “Es decir, que con la
introducción de la nueva función ecológica se ha incorporado una concepción del
ambiente como límite a su ejercicio, propiciando de esta manera una suerte de
“ecologización” de  la propiedad privada,  “porque así como es dable
la utilización de la propiedad en beneficio propio, no es razón o fundamento
para que el dueño cause perjuicios a la comunidad como por ejemplo con la tala
indiscriminada de bosques, la contaminación ambiental, que van en detrimento de
otros derechos de los asociados como lo son el de gozar de un medio ambiente
sano, que en últimas, se traducen en la protección a su propia vida”. Corte Constitucional,  Sentencia T-1172 de 2004.
[50] “La protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto, toda la estructura de
este debe estar iluminada por este fin, y debe tender a su realización. La crisis ambiental es, por
igual, crisis de la civilización y replantea la manera de entender las
relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en
desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de
miseria". Gaceta Constitucional
No. 46, págs. 4-6. Citada en: Corte Constitucional, Sentencias T-254 de
1993 y C-750 de 2008.
[51] Ver,
también: Corte Constitucional,  Sentencias
T-002 de 1992 y C-035 de 2016.
[52] Ver,
también: Corte Constitucional,  Sentencias
C-661 de 2004 y C-426 de 2005.
[53] Ver,
también: Corte Constitucional,  Sentencias
T-125
de 1994 y C-595
de 1999.
[54] “Es así como se advierte un
enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a
ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede
extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al
interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra,
además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado.
En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la
dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para
lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales”. Corte Constitucional,  Sentencia C-339 de 2002. Ver, entre
otras: Corte Constitucional, Sentencias T-002 de 1992, T-411 de
1992, T-863A de 1999, C-666 de 2010, T-068 de 2011, C-889 de 2012, C-283 de
2014, T-436 de 2014, T-095 de 2016, T-622 de 2016 y C-467 de 2016.
[55]
Artículo 336. “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005 El texto con las penas aumentadas es el
siguiente: El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo normas
existentes, excediere el número de piezas permitidas, o cazare en época de
veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y
multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena mayor”.
[56]
Artículo 1°.
[57] “Artículo
2°. Modifíquese el artículo 655 del Código Civil, así: Artículo 655. Muebles.
Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose
ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea
que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su
destino, según el artículo 658. Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres
sintientes a los animales” (resaltado fuera de texto).
[58] “En
efecto, es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4
y 13 de la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el
criterio jurídico de razonabilidad -en tanto límite a la potestad de
configuración normativas- implica la exclusión de toda decisión que éste adopte
y que resulte manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir,
que se aparte por completo de los designios de la recta razón, lo que
ocurriría, por ejemplo, al pretenderse categorizar como expresiones artísticas
y culturales del Estado, comportamientos humanos que única y exclusivamente
manifiesten actos de violencia o de perversión (v.gr. la pornografía, el
voyerismo y el sadismo), que además de considerarse lesivos de los valores
fundamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos fundamentales
como los de la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles”. Corte
Constitucional, Sentencia C-1192 de 2005.
[59] “Este
es el fundamento, como se aclarará más adelante, para que el concepto de
dignidad –como elemento transversal del ordenamiento constitucional y parte
axial de la concreción del concepto de persona dentro del Estado
constitucional- no pueda ser ajeno a las relaciones que el ser humano mantiene
con los otros seres sintientes. En otras palabras, el concepto de dignidad de
las personas tiene directa y principal relación con el ambiente en que se
desarrolla su existencia, y de éste hacen parte los animales. De manera que las
relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas como un
deber de protección a los recursos naturales, sino que resultan concreción y
desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento constitucional, por lo
que la libertad de configuración que tiene el legislador debe desarrollarse con
base en fundamentos de dignidad humana en todas aquellas ocasiones en que
decide sobre las relaciones entre seres humanos y animales; así mismo, en su
juicio el juez de la constitucionalidad se debe edificar la racionalidad de su
decisión sobre argumentos que tomen en cuenta el concepto de dignidad inmanente
y transversal a este tipo de relaciones”. Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010.
[60] “En
consecuencia, las excepciones que existan en el ordenamiento jurídico respecto
de la protección prevista para los animales, no pueden ser fruto del capricho o
discrecionalidad de los poderes constituidos –vinculados en este tema por un
deber constitucional-, sino que tendrán que estar sustentadas en criterios de
razonabilidad o proporcionalidad acordes con los valores y principios que prevé
el ordenamiento constitucional”. Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010.
[61] “Será tarea del juez constitucional en cada caso que le sea
sometido a su examen, determinar que las distintas formas de expresión
en que se manifieste la cultura sean acordes con las demás normas de la
Constitución, para lo cual deberá emplear criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que sean armónicos con los objetivos del Estado social”. Corte Constitucional,  Sentencia C-283
de 2014.
[62] “Estas limitaciones responden a dos planos
diferenciados: (i) la exigencia de carácter cualificado a la práctica cultural,
en términos de arraigo, localización, oportunidad y excepcionalidad,
excluyéndose el reconocimiento estatal a las demás expresiones que no respondan
a estos criterios; y (ii) el deber estatal de adelantar acciones que
desincentiven las prácticas culturales que incorporan maltrato o tratos crueles
a los animales”.
[63] Tan
es así, que incluso se ha reconocido la posibilidad de estudiar nuevamente la
constitucionalidad de preceptos que ya habían sido analizados por la
Corporación, bajo el argumento de que pueda que en un primer momento la norma
bajo análisis se haya encontrado ajustada a la Constitución. Sin embargo,
debido a los cambios económicos, sociales, políticos y culturales de la
comunidad, esta misma norma posteriormente no resulte sostenible a la luz de la
Carta y, por lo tanto, debe entrar la Corte a analizarla bajo fundamentos
materialmente distintos para decidir sobre su constitucionalidad. Al
respecto, ver sentencia C-570 de 2012 y C-221 de 2016.
[64] Se
trata de una aproximación interpretativa similar al de la doctrina del derecho
viviente, adoptado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-557 de
2001, y luego aplicado en varias ocasiones en otras oportunidades. Sin embargo,
es diferente por cuanto tal doctrina estudia la constitucionalidad de normas
legales, de acuerdo al contenido interpretativo que se le haya dado en el derecho
vivo¸ principalmente a través de la jurisprudencia de la jurisdicción
encargada de aplicarla y la doctrina relevante, siempre que esta interpretación
sea consistente, pacífica, reiterada. En este caso, en cambio, no se trata del
alcance interpretativo que por el reconocimiento del derecho viviente se
da a normas legales, sino que se refiere al contenido mismo de las normas
constitucionales, cuyo alcance se desarrolla y precisa en virtud, no sólo de la
jurisprudencia constitucional, sino del desarrollo legislativo del Congreso de
la República, siempre que este no sea contrario a la Constitución.
[65]
Acápite 2.
[66] Si
bien es cierto que Colombia tiene obligaciones internacionales derivadas de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre y la Convención Ramsar, por ser tratados internacionales que
generan obligaciones para el Estado colombiano, estos tratados no contemplan la
obligación de permitir la caza deportiva. Las Convenciones mencionadas
desarrollan obligaciones de protección y preservación de las especies de fauna
y flora y del uso de humedales en el país. Sin embargo, no establecen
parámetros o lineamientos para regular la caza deportiva, ni establecen en ningún
momento la obligación de aprobar la caza deportiva en el país. La aprobación o
prohibición de la caza deportiva, queda a disposición y consideración del
Estado mismo.
[67] En
Europa, países como Francia, España, Noruega, Hungría, el Reino Unido y los
Países Bajos, reconocen la caza deportiva y establecen los requisitos que deben
cumplir aquellas personas que deseen ejercer dicha práctica. Estos requisitos
establecen las temporadas donde se permite la caza deportiva, los animales que
pueden ser objeto de caza, el tipo de armamento o métodos permitidos y la edad
mínima requerida. Estos países también establecen como requisito obligatorio,
la aprobación y expedición de licencias o permisos de cacería.
En Noruega,
aunque la fauna silvestre es considerada de propiedad del estado, la cacería se
permite en territorios de propiedad del estado, como de particulares. Estos
últimos pueden otorgar permisos y licencias en su territorio. J. D.
C. Linnel, K. Skogen and C. Næss. Layout: C. Næss. (2012), HUNTing for
Sustainability, a summary of research findings from Norway, http://fp7hunt.net/Portals/HUNT/Reports/Norwegian%20research%20findings.pdf,
última visita 05/10/18.
[68] En Estados
Unidos de América, se establecen temporadas especificas del año en donde se
puede realizar la caza deportiva, al igual que el número máximo de animales que
pueden ser cazados.
[69]
Knapp, A. (2007), A Review of the European Union’s Import Policies for
Hunting Trophies,  European Commissio, Belgium, p. 13, https://www.traffic.org/site/assets/files/10078/eu-import-policies-for-hunting-trophies.pdf,
última visita 05/10/18.
[70]
Statistisk sentralbyra, Statistics Norway. (2018), https://www.ssb.no/en/jegerreg#relatert-tabell-1,
última visita 05/10/18.
[71]
Complete France, (2014).  Guide to hunting in France, http://www.completefrance.com/home/news/guide-to-hunting-in-france-1-3869666,
última visita 05/10/18.
[72]
Burrows-Taylor, E. (2018), The Local fr, France set for controversial
reforms to hunting laws, https://www.thelocal.fr/20180827/france-set-for-controversial-reforms-to-hunting-laws,
última visita 05/10/18.
[73]
Gulyás, G. (2017) Prime Minister´s Office, Hungarian hunting law is Europe´s
best,  http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/hungarian-hunting-law-is-europe-s-best, https://www.ubcpress.ca/asset/9031/1/9780774812931.pdf,
última visita 05/10/18.
[74]
Schulp, J.A., Pettinga, F., Meester, P. (2014), Game consumption and
attitudes to hunting in the Netherlands, Research in Hospitality
Management, p. 91, ver: file:///D:/Users/danielatq/Documents/Constitucionalidad/Caza%20Deportiva/Game%20consumption%20and%20attitudes%20to%20hunting%20in%20the%20Netherlands.pdf,
última visita 05/10/18.
[75] A
diferencia de los continentes de Europa y Norteamérica, la tradición
latinoamericana en materia de caza deportiva es de menor arraigo, como lo
demuestran los diferentes informes de la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).  La caza deportiva es practicada en
Latinoamérica por una población que oscila entre un 0.01 y 0.1%, mientras que
en otros continentes puede llegar al 5%.
[76]
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de Conservación de
la Vida Silvestre, N 7317, Art. 14 http://www.sinac.go.cr/ES/normativa/Leyes/Ley%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20la%20Vida%20Silvestre%20N%C2%BA%207317.pdf,
última visita 05/10/18.
[77]
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de Conservación de
la Vida Silvestre, N 7317, Art. 14 http://www.sinac.go.cr/ES/normativa/Leyes/Ley%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20la%20Vida%20Silvestre%20N%C2%BA%207317.pdf,
última visita 05/10/18.
[78] Ver:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).  La legislación sobre fauna y flora silvestre y parques naturales en
América Latina. Estudio Comparado. Roma, Julio de 1971.  Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Guía FAO
Conservación 25, Roma, 1993.
[79] Al
respecto, la accionante mencionó las sentencias C-528 de 1994, C-293 de 2002,
C-245 de 2004, C-666 de 2010, C-439 de 2011, C-283 de 2014, T-760 de 2007,
T-095 de 2016 y C-048 de 2017.
[80] Cita
de la accionante extraída de la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982.
[81]
Acápite 4.2.
[82] Si
bien es cierto que Colombia tiene obligaciones internacionales derivadas de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre y la Convención Ramsar, por ser tratados internacionales que generan
obligaciones para el Estado colombiano, estos tratados no contemplan la
obligación de permitir la caza deportiva. Las Convenciones mencionadas
desarrollan obligaciones de protección y preservación de las especies de fauna
y flora y del uso de humedales en el país. Sin embargo, no establecen
parámetros o lineamientos para regular la caza deportiva, ni establecen en
ningún momento la obligación de aprobar la caza deportiva en el país. La
aprobación o prohibición de la caza deportiva, queda a disposición y
consideración del Estado mismo.
[83] Al
respecto, la accionante manifestó que esta Corporación categorizó a los
animales como seres sintientes con el objetivo de limitar los tributos de la
propiedad, ello con fundamento en la función ecológica de la misma (C-467 de
2016).
[84] El
control de constitucionalidad de leyes ordinarias y decretos con fuerza de ley
es rogado, por lo que se circunscribe única y exclusivamente a los cargos presentados
en la demanda (numerales 4 y 5 del art. 242 C.P.). En consecuencia, a
diferencia de otro tipo de controles de constitucionalidad, que son de carácter
automático, la Corte en principio no puede extender su competencia para
estudiar cargos no planteados a la Corporación, lo que iría además en contra de
la presunción de constitucionalidad de las leyes.
[85] Al
respecto, ver sentencia C-737 de 2001. Este fallo también señala que: “esa modalidad de sentencia [efectos diferidos] no implica ninguna
contradicción lógica, pues conceptualmente es necesario distinguir dos
aspectos: la verificación de la constitucionalidad de una norma, que es un acto
de conocimiento, y la expulsión del ordenamiento de esa norma, por medio de una
declaración de inexequibilidad, que es una decisión. Por ende, no existe
ninguna inconsistencia en que el juez constitucional constate la
incompatibilidad de una norma legal (acto de conocimiento) pero decida no
expulsarla inmediatamente del ordenamiento (decisión de constitucionalidad
temporal), por los efectos traumáticos de una inexequibilidad inmediata”.
[86] Al
respecto, ver sentencia C-737 de 2001.
[87]
Sentencia T-892A de 2006.
[88] Al
respecto ver sentencia T-660 de 2002,  T-892A de 2006 y T-458 de 2017.
[89] Jeremy Bentham, Jesús
Mosterín, Juliana González, Alejandro Herrera, Adela Cortina, Tom Regan, Peter
Singer, Martha Nussbaum, Jorge Riechmann, etc.
[90] En la sentencia C-1287 de 2001 se sostuvo: “no
obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su
enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la
manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un
conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones
entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones
propias de una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional”.
En la sentencia C-251 de 1997 en cuanto a los derechos sociales particularmente
del
deber de realización progresiva se manifestó: “no se ha de interpretar
equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo”[90],
ya que “exige que los Estados partes actúan tan rápidamente como les sea
posible en esa dirección”, razón por lo cual “bajo ningún motivo esto se
deberá interpretar como un derecho de los Estados de diferir indefinidamente
los esfuerzos desplegados para la completa realización de los derechos”.
[91] La providencia
mayoritaria cita en el pie de página lo siguiente: “Es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano
ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte
de la naturaleza, otorgándoles a ambos, valor. Desde el plano económico, el
sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al
patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común
y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el Derecho y el
Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente
a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el
agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos
valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de
valores colectivos frente a valores individuales”. Corte Constitucional, Sentencia
C-339 de 2002. Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sentencias
T-002 de 1992, T-411 de 1992, T-863A de 1999, C-666 de 2010, T-068 de 2011,
C-889 de 2012, C-283 de 2014, T-436 de 2014, T-095 de 2016, T-622 de 2016 y C-467
de 2016.
[92] Sentencias T-467 de 2016 y T-095 de 2016
[93] La providencia recordó que la
sentencia C-666 de 2010 consideró que una concepción integral del ambiente
incluye a los animales, como parte del concepto de fauna que encuentra
protección y garantía en la Carta Política.
[94] Según la sentencia no prosperaron los
cargos por violación del artículo 1º de la Constitución, porque la demandante no
expuso con claridad la manera en que la dignidad humana supone para sus
titulares deberes, que pueden ser exigibles en virtud de otras normas
constitucionales, cuyo contenido específico tiene ese alcance. Es decir, la
demandante no expuso, con certeza y claridad, las razones por las que del
artículo 1º de la Constitución se derivaría una prohibición de la caza
deportiva. Lo mismo ocurrió con los alegatos
de violación de los artículos 2 y 4 superiores frente a los que se estimó que
la argumentación era insuficiente. En lo que respecta a la presunta violación
del artículo 8º de la Constitución, la Sala advirtió “que el fundamento
para prohibir la caza deportiva no debe ser el deber de protección de la
riqueza natural de la Nación, sino, principalmente, como se ha expuesto, que no
existe una razón constitucionalmente válida que permita mantener en el
ordenamiento actividades que generen tratos crueles a los animales. Por este
motivo, para la Sala no se presenta un desconocimiento del mencionado artículo”.
Tampoco se estimó contradicción alguna frente al artículo 9 relativo a las
relaciones internacionales del Estado, dado que no existen normas
internacionales que prohíban la caza deportiva, o que obliguen a los Estados a
permitirla y los tratados relevantes en la materia no forman parte del bloque
de constitucionalidad en sentido estricto. No encuentra lo mismo la Corte sobre
la presunta vulneración del numeral 1 del artículo 95 o del 2, ya que éste
último se refiere a un principio de solidaridad social “frente a personas
cuya vida o salud esté en riesgo, que no es aplicable a la prohibición del
maltrato animal, en cuanto los animales, si bien se encuentran protegidos
constitucional y legalmente frente al maltrato, no son personas”.
[95] En efecto, se declararon inexequibles
la expresión “y cotos de caza de propiedad particular” del
artículo 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como el literal c) y la
expresión “o cotos de caza” del literal f) del artículo 252
del Decreto 2811 de 1974. También declaró inexequibles el artículo 256 del
Decreto 2811 de 1974 y la palabra “deportivos” del literal b)
del artículo 30 de la Ley 84 de 1989. Finalmente, se declaró exequible en relación con los cargos de
la demanda, el artículo 8º de la Ley 84 de 1989, bajo el entendido de que la
caza deportiva no constituye una excepción a lo dispuesto en los literales a),
c), d) y f) del artículo 6º de la misma ley.
[96] Como por ejemplo
cuando se dice que la Constitución ecológica tiene como “elementos
de base la dignidad humana, entendida como derecho-deber” y se agrega el
bienestar animal como un elemento diferente y adicional a esa protección.
También sorprende que siguiendo este lineamiento la Constitución ecológica
incluya deberes frente a los animales derivados de la dignidad humana, pero
luego se concluya que la caza deportiva o los cotos de caza no lesionan dicha
dignidad humana.
[97] Sánchez Romero, 2017: 43, citado por Rincón Angarita, Dubán
(2018).
"Los animales como seres sintientes en el marco del principio alterum
non laedere: algunos criterios interpretativos". Revista Inciso,
Universidad La Gran Colombia Armenia. Vol. 20 No 1 (2018). En línea:  https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/issue/view/60  Ultima revisión
septiembre de 2019, pp. 58
[98]  Según Cass Sustein, Immanuel
Kant consideraba a los animales como meros instrumentos al servicio de los
hombres.  Al
respecto puede verse: Cass Sunstein (2004). “What are animal rights?”.
En Cass Sunstein, Martha Nussbaum (2004) “Animal Rights. Current
debates and new directions”. Oxford University Press, New York, pp. 3.
[99] Cfr. Korthals
Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach and Animal
Rights. How animal capabilities would be the best foundation of rights."
Thesis.
Leiden University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019.
[100] Rincón Angarita, Dubán
(2018).
"Los animales como seres sintientes en el marco del
principio alterum non laedere: algunos criterios interpretativos".
Revista Inciso, Universidad La Gran Colombia Armenia. Vol. 20 No 1 (2018). En
Línea:  https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/issue/view/60  Ultima revisión
septiembre de 2019, pp. 58
[101] Ver, Cass Sunstein
(2004). “What are animal rights?”. En Cass Sunstein, Martha
Nussbaum (2004) “Animal Rights. Current debates and new directions”.
Oxford University Press, New York, pp. 3.
[102] La doctrina
internacional identifica a este grupo como los abogan por los derechos de los
animales. Al respecto puede verse a: Armstrong, Susan y Botzler Richard
(2017). “The
Animal Ethics Reader”. General
Introduction, pág. 9.
[103] Cfr.
Korthals Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach
and Animal Rights. How animal capabilities would be the best foundation of
rights." Thesis. Leiden University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1
Ultima revisión, septiembre de 2019.
[104] La doctrina
internacional identifica a este grupo como los que abogan por “el bienestar”
animal o los “reformistas”, a que los primeros acusan de mantener un statu quo
frente a los animales. Al respecto puede verse a: Armstrong,
Susan y Botzler Richard (2017). “The Animal Ethics Reader”. “General Introduction”,
Routledge, New York, pág. 9.
[105] Ver Tom Regan y
Peter Singer (1989). “Animal Rights and Human obligations” Prentice Hall; Edición: 2nd.
[106] Bentham ya había planteado en sus
escritos, la problemática del sufrimiento animal. Ver, Cass Sunstein (2004). “What
are animal rights?”. En Cass Sunstein, Martha Nussbaum (2004) “Animal
Rights. Current debates and new directions”. Oxford University Press, New
York, pp. 3.
[107] Singer, Peter (2017). “Practical Ethics”,
en: Armstrong, Susan y Botzler Richard (2017). “The Animal Ethics
Reader”. Routledge, New York, pág. 32
[108] Cfr. Korthals
Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach and Animal Rights.
How animal capabilities would be the best foundation of rights." Thesis. Leiden
University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019.
[109] Rúa Serna, Juan
Camilo (2016). “Liberar un ruiseñor: una teoría de los derechos para los
animales desde el enfoque abolicionista”.  Revista Opinión Jurídica, Vol.
15 No 30. Julio- diciembre de 2016.  Universidad de Medellín.
[110]Ibídem.
[111] El
término especiecismo, acuñado por Peter Singer, denota un prejuicio o actitud
parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y
en contra de los de otras.
[112] Cfr. Korthals
Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach and Animal
Rights. How animal capabilities would be the best foundation of rights."
Thesis.
Leiden University, pp.  En línea en: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019.
[113] Al respecto puede
verse, Reagan, Tom (1983). “The Case for Animal Rights”, en: Armstrong,
Susan y Botzler Richard (2017). “The Animal Ethics Reader”, Routledge, New York, pág.
15. Este autor considera que estar vivo debería ser considerada una razón
suficiente para argüir que alguien tiene valor.
[114] Cfr. Korthals
Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach and Animal
Rights. How animal capabilities would be the best foundation of rights."
Thesis.
Leiden University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019.
[115] Nussbaum, Martha
(2007).
“Frontiers of Justice. Dissability, Nationality, Species Membership”.  Harvard University
Press.
[116] Cfr.
Korthals Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach
and Animal Rights. How animal capabilities would be the best foundation of
rights." Thesis.
Leiden University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019.
[117] Cfr. Korthals
Altes, Fiona (2018). "Nussbaum’s Capabilities Approach and Animal
Rights. How animal capabilities would be the best foundation of rights."
Thesis.
Leiden University. En línea: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52629/Master%20Thesis%20Fiona.pdf?sequence=1 Ultima revisión,
septiembre de 2019, Pag 9.
[118] Rúa Serna, Juan
Camilo (2016). “Liberar un ruiseñor: una teoría de los derechos para los
animales desde el enfoque abolicionista”.  Revista Opinión Jurídica, Vol. 15 No
30. Julio- diciembre de 2016.  Universidad de Medellín, pp. 210.
[119] Cfr. Francione. G
(2000). “Introduction to Animal Rights. Your child or the
Dog?”  Philadelphia:
Temple University Press.
[120] Rúa Serna, Juan
Camilo (2016). “Liberar un ruiseñor: una teoría de los derechos para los
animales desde el enfoque abolicionista”.  Revista Opinión Jurídica, Vol.
15 No 30. Julio- diciembre de 2016.  Universidad de Medellín, pp. 210.
[121] Ibídem.
[122] Cavalieri, Paola. “¿Are human
rights, human?” (2017).  En: Armstrong, Susan y Botzler Richard (2017).
“The Animal Ethics Reader”. General Introduction, Routledge, New York,
pág. 9.
[123]
Corte Constitucional, Sentencia C-045 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; AV. Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares
Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Cuartas Reyes, Alberto
Rojas Ríos; SV. Cristina Pardo Schlesinger, Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[124] La
metáfora de un consenso traslapado o entrecruzado entre distintas posiciones
teóricas o políticas, que sostienen y fundamentan las reglas y principios
básicos de justicia en una sociedad, proviene del profesor Jhon Rawls en su
texto de liberalismo político [Rawls, John. Liberalismo Político.
Fondo de Cultura Económica. México, 1995. (Political Liberalism.
Columbia University Press)].
[125]
Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez; SV
María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Diego López
Medina, Nilson Elías Pinilla Pinilla). En este caso se resolvió “declarar EXEQUIBLE
el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 ‘por la cual se adopta el estatuto
nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se
regula lo referente a su procedimiento y competencia’, en el entendido: 1) Que
la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y
cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que sólo
podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas;
4)  que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5)
que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero
público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de
estas actividades.”
[126] De hecho, biológica y genéticamente, hay
más cercanía entre los seres humanos y otros primates, que entre éstos últimos
y algunos otros animales como, por ejemplo, las tortugas.
[127] Colombia es el segundo país en biodiversidad biológica del mundo,
luego de Brasil. Actualmente “tiene un registro de 54.871 especies, dentro de
las que se incluyen vertebrados (7432), invertebrados (15269) y plantas
(30.436), es el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo país
más diverso en plantas, anfibios, peces de agua dulce y mariposas, el tercer
país más diverso en reptiles y palmas y el cuarto con mayor variedad en
mamíferos (Sistemas de información sobre biodiversidad en Colombia, 2015)” FAO
en Colombia [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura].
[128] Gault, Enora (2012) El hombre y el
animal en la Colombia Prehispánica. Estudio de una relación en la
Orfebrería. Boletín del Museo de Arte Precolombino. Vol. 17. No 1. Santiago,
2012. El trabajo estudia la constante puesta en escena de la imagen del hombre
con la de ciertos animales, a veces separados y otras veces entremezclados en
una sola figura, que se observa en la iconografía de la orfebrería colombiana
prehispánica en las colecciones del Museo del Oro de Bogotá. Al respecto, puede
verse también, por ejemplo, Lira L.
Claudia (1997) El animal en la cosmovisión indígena en Revista AISTHESIS
N° 30, 1997. Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
[129] Al
respecto ver, por ejemplo, Legast,
Anne (1987) El animal en el mundo mítico Tairona. Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República. Bogotá,
1987.
[130] Lira L. Claudia (1997) El animal en
la cosmovisión indígena en Revista AISTHESIS N° 30, 1997. Instituto de
Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hay “que respetar para
que todos reciban y como todos son beneficiados también hay que retribuir
devolviendo algo de quien se tomó, de ahí, la necesidad de los sacrificios en
honor a la entidad Dueña de los animales […] En la cultura quechua es el Apuyel
Mallku, en la Aymara, el espíritu de las montañas el que se encarga de mantener
saludables no sólo a los animales de los hombres sino también a los salvajes o
silvestres, que son sus animales domésticos” (p.137 y 138).