T-553-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-553/11
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Concepto/PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Entorno
físico como una forma de integración social
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL-Mecanismos
de integración social a personas con limitaciones para facilitar la
accesibilidad a espacios públicos
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA IGUALDAD DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Normativa
sobre la accesibilidad física del entorno
Una manifestación del reconocimiento de los derechos
a la dignidad humana y de la igualdad de las personas con discapacidad es
reconocimiento de su derecho a la accesibilidad para lograr su integración
social, toda vez que si el ambiente físico es accesible, la persona puede
ejercer sin obstáculo el derecho a la libre locomoción y, por esta vía, puede
disfrutar de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el
trabajo, etc. En el ordenamiento interno colombiano, La Ley 361 de 1997
estableció mecanismos de integración social para las personas con limitación.
Según esta ley, las ramas del poder público deben disponer todos los recursos
necesarios para el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 1
(artículo 4). Específicamente, el Título IV denominado “De la accesibilidad”
establece como finalidad la eliminación de todo tipo de barreras en el diseño,
ejecución de vías, espacio público y mobiliario urbano, así como en la
construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada
(artículo 43)- Su parágrafo señala que todos los espacios y ambientes descritos
en ese título deberán garantizar el acceso de todas las personas y
especialmente de la población con algún tipo de “limitación”. Acerca del
concepto de accesibilidad y barreras físicas, esta ley preceptúa que por accesibilidad
debe entenderse la condición que permite en cualquier espacio o ambiente
interior o exterior la movilización segura de todas las personas y el uso
seguro de todos los servicios instalados allí; y por barreras físicas, todas
aquellas trabas u obstáculos físicos que impidan la libertad o movimiento de
las personas.
DERECHO A LA ACCESIBILIDAD FISICA Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE LOCOMOCION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Eliminación de las barreras arquitectónicas también
compromete a las edificaciones de carácter privado
La Corte Constitucional ha protegido el
derecho a la accesibilidad física, en su manifestación del derecho a la libre
locomoción, ordenando a las entidades accionadas que elaboren un plan mediante
el cual se garantice gradualmente el goce efectivo de este derecho, atendiendo
a su carácter programático. De los
fallos puede colegirse que esta Corporación ha protegido en varias
oportunidades los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y libre
locomoción de las personas en situación de discapacidad, ante la falta de
garantía de acceso físico a las instalaciones que prestan un servicio público,
pero cabe advertir que también ha sido enfática en afirmar, de acuerdo con el
contenido de la Ley 361 de 1997, que la eliminación de las barreras
arquitectónicas también compromete a las edificaciones de carácter privado.
DERECHO A LA ACCESIBILIDAD FISICA DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Elaboración
de un “plan” para asegurar el goce efectivo en su faceta prestacional
Esta Corporación ha establecido que cuando la
protección de un derecho fundamental, en su faceta prestacional, requiere de un
desarrollo progresivo, la autoridad competente debe adoptar  un plan encaminado
a satisfacer el goce efectivo del derecho, pues en caso contrario existiría un
incumplimiento de importantes obligaciones constitucionales. En resumen, debe
existir (i) un plan específico para garantizar de manera progresiva el goce
efectivo del derecho constitucional en su faceta prestacional; (ii) un
cronograma de actividades para su ejecución. El plan (iii) debe responder a las
necesidades de la población hacia la cual fue estructurado; (iv) debe ser
ejecutado en un tiempo determinado, sin que este lapso se torne en irrazonable
ni indefinido y; (v) debe permitir una verdadera participación democrática en
todas las etapas de su elaboración.
DERECHO A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Prohíbe cualquier diferenciación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica, entre otras
El
derecho a la igualdad prohíbe cualquier diferenciación injustificada, originada
en razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica, entre otros criterios. Además, establece la obligación a
cargo del Estado de adelantar acciones afirmativas a favor de grupos
históricamente marginados y excluidos de la sociedad.
DERECHO
A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Situaciones que constituyen actos discriminatorios
En el caso de las personas en situación de
discapacidad, esta Corporación ha referido que pueden constituir actos de
discriminación contra esta población: “la conducta, actitud o trato, consciente
o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y
oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto
discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a
que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su
exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad. El acto
discriminatorio puede originarse en una acción deliberada o un resultado no
previsto, lo cual en todo caso “(…) implica la violación del derecho a la
igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte,
restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias
personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio
sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable”.
Ahora bien, para que un trato diferente esté justificado esta Corporación ha
encontrado que deben observarse los siguientes parámetros: “primero, que los
hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera
diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; y tercero, que
la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además
adecuada.” Los actos discriminatorios pueden originarse en el lenguaje de las
normas o en las prácticas de las instituciones o de la sociedad que de manera
injustificada llegan a constituirse en una forma de vida y son aceptados con
naturalidad, lo cual conlleva que las personas que sufren este tipo de
exclusión tengan que soportar cargas infundadas desde el punto de vista moral
y/o jurídico. A la luz de las consideraciones precedentes, la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad de las personas en situación de discapacidad
puede devenir no sólo por acción sino también por la omisión de acciones
afirmativas de que son titulares lo cual mantiene la estructura de exclusión
social e invisibilidad a la que han sido sometidas históricamente, y que
obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA LIBERTAD DE
LOCOMOCION-Vulneración por existencia
de barreras físicas y arquitectónicas en el Complejo Judicial de Paloquemao
El edificio en
donde funciona el Complejo Judicial de Paloquemao presenta limitaciones de
acceso físico y arquitectónico, pues aunque se evidencia la existencia de
rampas y de dos salas de audiencias en el primer piso de esta edificación,
éstas no cumplen con las condiciones técnicas legales ni de diseño, por tanto,
pese a su existencia, se presenta una negación de acceso. Además, con la
realización de la diligencia de inspección judicial se corroboró que el
Complejo Judicial de Paloquemao no está adecuado de acuerdo con las
especificaciones de la Ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario, pues las
rampas que se encuentran en el primer piso del bloque C, D, y E no cumplen con
las condiciones mínimas de inclinación y de seguridad, algunas barandas
presentan deterioro, no hay bandas fluorescentes a cada costado de la rampa que
permitan leer el sendero en caso de que no haya luz, las salas de audiencias no
son accesibles, no hay batería de baños para personas con discapacidad y
tampoco cuenta con ascensores para que las personas con discapacidad física
puedan movilizarse hacia los pisos superiores. Dicha omisión está generando en
el caso concreto una vulneración de los derechos del actor, pues allí es donde
ejerce generalmente su profesión de abogado litigante.
DERECHO A LA IGUALDAD Y AL LIBRE
EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por cuanto barreras físicas y
arquitectónicas que existen al interior del Complejo Judicial de Paloquemao son
excluyentes
El ambiente en el
caso concreto está jugando un papel  excluyente, en la medida en que para el
accionante la edificación en donde funciona el Complejo Judicial de Paloquemao
está asociada al lugar donde puede desempeñar su profesión de abogado pero no
puede acceder a éste como lo hace el resto de la población que no tiene una
discapacidad física porque la edificación está diseñada para personas que
pueden desplazarse caminando por todo el Complejo. Para el actor, dichas
instalaciones, adquieren una significación especial porque en este escenario
físico es donde se proyecta como una persona capaz de desempeñar un oficio con
idoneidad, competencia y en igualdad de condiciones frente a sus demás colegas.
Pero el mensaje intrínseco que se le envía al actor y a las personas que se
encuentran en su misma situación cuando no pueden movilizarse con autonomía por
todo el Complejo, es de indiferencia y exclusión. En este caso, el entorno
físico no sostiene las aspiraciones del accionante, no le permite ser con plena
libertad y autonomía ni acceder a un ingreso económico para la satisfacción de
sus necesidades, por tanto se está incumpliendo con la obligación
constitucional de garantizar su participación plena en todos los aspectos de la
vida, de conformidad con el contenido del artículo 9 de la Convención de los
Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
DERECHO A LA AUTONOMIA, LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por existencia de barreras físicas y
arquitectónicas en el Complejo Judicial de Paloquemao
DERECHO AL MINIMO VITAL-Vulneración por existencia de barreras físicas y
arquitectónicas en el Complejo Judicial de Paloquemao por cuanto ingresos
económicos devienen del ejercicio de la profesión como abogado litigante
Las
barreras físicas y arquitectónicas también constituyen una vulneración del
derecho al mínimo vital del actor, pues como él mismo lo afirma, sus ingresos
económicos devienen principalmente del ejercicio de su profesión como abogado
litigante en el Complejo Judicial de Paloquemao Sin embargo, no se le está
garantizando el ejercicio de su profesión en igualdad de oportunidades frente a
los demás colegas debido a la negación de acceso al Complejo.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por existencia de barreras físicas y
arquitectónicas en el Complejo Judicial de Paloquemao
Las barreras que existen en el ambiente
físico del Complejo Judicial de Paloquemao niegan el acceso a la administración
de justicia no sólo del actor sino de todas las personas que se encuentren en
su misma circunstancia y que acuden a dichas instalaciones para adelantar los
trámites que requieren.
DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA LIBERTAD DE
LOCOMOCION-Orden al Consejo Superior
de la Judicatura para que diseñe un plan específico para garantizar
accesibilidad al Complejo Judicial de Paloquemao
Referencia: expediente  T- 2.980.403
Peticionario: Carlos Alberto Toro Múñoz contra el
Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  siete (7) de julio de dos mil once
(2011)
La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Luís Ernesto Vargas Silva y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos
86, y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por
la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el 24 de noviembre de 2011 y, por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el 26 de enero de 2011, en la acción de tutela incoada por
Carlos Alberto Toro Múñoz contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial.
1
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del
Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Tres de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1
SOLICITUD
El accionante Carlos Alberto Toro Muñoz
instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial, por considerar que
está vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la
dignidad humana, debido a que no puede ejercer su profesión de abogado
litigante con plena autonomía porque el Complejo Judicial de Paloquemao, sitio
al que debe acudir con frecuencia, no cuenta con condiciones de accesibilidad
para personas en situación de discapacidad. Relata que no hay ascensores por
los cuales pueda desplazarse hacia los pisos superiores, a lo que se suma que
la mayoría de las salas de audiencias son muy estrechas y en varias ocasiones
por falta de accesibilidad física no puede llegar puntualmente a las diligencias
programadas, lo cual lo pone en desventaja frente a sus colegas que sí pueden
desplazarse por todo el Complejo.
1.2
HECHOS RELATADOS POR EL
ACTOR
1.2.1
El 4 de marzo de 2009, en
las horas de la noche, cuando el accionante se disponía a llegar a su
residencia, un sujeto le disparó por la espalda en cuatro oportunidades, y como
consecuencia de este suceso, tiene una discapacidad física de sus miembros
inferiores.
1.2.2
En septiembre del mismo año,
fue sujeto de un nuevo atentado en el cual su esposa perdió la vida. En este
mismo mes, se graduó como abogado en Florencia (Caquetá) y por razones de
seguridad salió de allí como desplazado y se residenció en la ciudad de Bogotá.
1.2.3
Desde el 3 de febrero de 2010,
inició su oficio de abogado instaurando acciones de tutela y adelantando otro
tipo de trámites, y actualmente se desempeña como abogado litigante en Derecho
Penal. En razón del campo en el que ejerce su profesión, debe acudir con
frecuencia al Complejo Judicial de Paloquemao.
1.2.4
Por su situación de
discapacidad se le dificulta ejercer su carrera como profesional del derecho
porque las instalaciones del Complejo de Paloquemao no son adecuadas para su
desplazamiento y movilidad.
1.2.5
El ejercicio de su profesión
se ha tornado aún más difícil, pues no puede competir con otros profesionales
del derecho en iguales condiciones, ya que los demás abogados pueden
desplazarse fácilmente por todo el complejo, hablar con familiares, fiscales y jueces
sin ningún obstáculo, mientras él debido a su limitación física no puede hacer
lo mismo ante la inexistencia de rampas y ascensores que le permitan ir a las
oficinas ubicadas en los pisos superiores, a partir del segundo piso, bloques
B, C y D. Señala que ha perdido la oportunidad de ser contratado por clientes,
pues sus colegas les han expresado que él no se puede movilizar para realizar
los trámites de sus familiares detenidos.
1.2.6
Como un ejemplo de la
situación que debe afrontar día a día para ejercer su oficio, narra que el 5 de
noviembre de 2010 (aproximadamente a las 9:30 p.m), no pudo ingresar a la sala
en donde se iba a adelantar la audiencia de legalización de captura, imputación
de cargos, medida de aseguramiento y otras. Ante dicho obstáculo, la jueza le
dijo grotescamente que “así como me había subido al tercer piso me acomodara
como pudiera, tomando una actitud indiferente con mi situación de discapacidad
(…)”. Agrega que además de su discapacidad física, tampoco puede controlar
esfínteres y que en ese momento se encontraba en dificultades por ello.
1.2.7
Ante el suceso anterior, la
jueza y el Fiscal Séptimo Especializado instaron a su prohijado para que
contratara otro abogado que sí pudiera entrar a la sala de audiencias o, de lo
contrario, nombrarían un defensor público, propuesta que su cliente y el
peticionario rechazaron. El accionante considera que este hecho evidencia la
vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y a la dignidad humana.
1.2.8
Sumado a lo anterior, en
algunas oportunidades le han cancelado audiencias importantes por llegar
relativamente tarde “pues subir de un piso a otro no sólo es complicado sino
demorado”, máxime cuando debe solicitar ayuda al Centro de Servicios
Judiciales, centro que en algunas oportunidades no cuenta con personal que le
ayude y, por tanto, debe acudir a los policías que se encuentran en el Complejo
o a la buena voluntad de las personas que quieran ayudarlo.
1.2.9
Además, los policías que lo
ayudaban a desplazarse en el complejo judicial de Paloquemao le han manifestado
que su labor es la de velar por la seguridad del complejo. En consecuencia,
tiene que esperar a que otras personas le ayuden o a que los funcionarios del
Centro de Servicios lo carguen hasta el piso en el que tiene la respectiva
audiencia. Como si ello no bastara, cuando logra llegar a la sala de
audiencias, la puerta es tan angosta que su silla de ruedas no puede pasar y de
nuevo debe acudir a soluciones inadecuadas como, por ejemplo, que un
funcionario del INPEC lo cargue al otro lado del estrado, situación que no
responde al derecho al tratamiento digno que merecen todas las personas en
situación de discapacidad.
1.2.10   En la actualidad, tanto el Centro de Servicios del
Complejo como la Administración del Complejo Judicial ya no le prestan la ayuda
que requiere para acudir a sus audiencias.
1.2.11
Refiere que del desempeño de
su trabajo depende su sustento económico, el de sus dos hijos y el de su madre
que tiene sesenta años de edad.
1.2.12
Para el actor es incómodo que
lo tengan que subir cargado a donde requiere ir, le genera incomodidad y aún
más delante de sus clientes, pues siente que se encuentra en condiciones
desiguales frente a sus compañeros. Además, ha visto afectada su autoestima
como profesional del derecho.
1.2.13
Por último, señala que ya
ha presentado solicitudes respetuosas a la administración del Complejo Judicial
de Paloquemao, quienes le explican que no existen recursos para mejorar la
movilidad de las personas en situación de discapacidad. Resalta que no es él la
única persona que requiere esta adecuación sino todas las personas en su misma
circunstancia como funcionarios, víctimas o víctimarios, entre otros.
1.2.14
En virtud de lo anterior,
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, con el fin de
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a
la dignidad humana.
1.3
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Radicada la acción de tutela el 19 de noviembre de
2010, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,
la admitió, ordenó correr traslado a la entidad accionada para que ejerciera su
derecho de defensa y contradicción, y además para que aportara y solicitara las
pruebas que estimara pertinentes.
1.3.1     Respuesta extemporánea del Director Ejecutivo
Seccional
El Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, expuso que la edificación donde funciona el Complejo
Judicial de Paloquemao ha presentado en los últimos años algunas adecuaciones
para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, dentro de las cuales se
encuentran una serie de rampas que permiten el fácil acceso al primer piso de
la edificación, así como el desplazamiento en las distintas dependencias que
funcionan en la planta baja del mismo.
Refiere que las personas con alguna discapacidad
física que acuden a la edificación con el fin de acceder a los despachos
judiciales y salas de audiencias, los funcionarios del Centro de Servicios y
Apoyo Judicial, o los miembros de la Policía Nacional les prestan su apoyo para
que puedan acceder a los diferentes pisos; así mismo, explica que en la medida
en que su condición sea informada, existen dos salas de audiencias en el primer
piso, en las cuales a solicitud de los interesados, se desarrollan las
diligencias del caso.
Por lo anterior, considera que la Dirección Seccional
ha atendido de manera oportuna y eficaz las necesidades de las personas con
alguna discapacidad. En consecuencia, la acción de tutela se torna
improcedente.
2
DECISIONES JUDICIALES
2.1
DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA – SALA CIVIL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.-
En primera instancia, la Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida
el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010), decidió negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, aduciendo que
la Sala no encuentra elementos en el expediente que le permitan concluir que si
no actúa con la prontitud e inminencia propia de la acción de tutela, se cause
un perjuicio irremediable. Agregó que si bien no desconocen la situación de
sujeto de especial protección constitucional del actor por parte del Estado,
existen otros medios judiciales encaminados a lograr el mismo fin y
suficientemente garantistas como la acción popular, pero sobre todo cuya
naturaleza propende por la protección del interés general, a diferencia de la
tutela que persigue un interés particular.
Señaló que los jueces de tutela no cuentan con la
competencia suficiente para disponer erogaciones del presupuesto otorgado a
cada entidad para ordenar la construcción de rampas de acceso y/o de otros
medios para garantizar la accesibilidad física de las personas en situación de
discapacidad.
En conclusión, para el Tribunal la acción de tutela se
torna improcedente por existir otros medios de defensa judicial.
2.2
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el fallo proferido por el juez
de primera instancia, aduciendo que se le están vulnerando sus derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad. Manifestó que
no percibe un ingreso mensual fijo, por eso su sustento y el de su núcleo
familiar deviene del ejercicio de su profesión como abogado litigante en el
área penal principalmente. Contó que es el único proveedor de su hogar, el cual
está conformado por dos niños de 10 y 5 años de edad, y que sus padres son
adultos mayores a los cuales les ayuda económicamente porque no perciben
ingreso alguno.
Señaló que si bien, como lo dicen los magistrados, la
Ley 361 de 1997 establece unos mecanismos para la integración social de las
personas en situación de discapacidad, precisamente está interponiendo la
presente acción de amparo porque todas las leyes que existen a favor de esta
población se están desconociendo en su caso particular. Lo anterior repercute
en el ejercicio de su derecho fundamental al trabajo porque no puede
desplazarse normalmente por las instalaciones del Complejo Judicial de
Paloquemao ante las barreras estructurales que presenta. Recordó que le
cancelaron una audiencia de libertad por vencimiento de términos porque no pudo
llegar a tiempo, esto debido a que todas las salas de audiencias se encuentran
en los pisos superiores.
Agregó, que no quiere vivir de la caridad de los entes
gubernamentales y no gubernamentales y es por esta razón que acude con todo su
esfuerzo al Complejo Judicial de Paloquemao y a las salas de audiencias a
ejercer su profesión: “nadie sabe cómo es la vida de un discapacitado, como los
dolores que nos aquejan a diario, tomo seis clases de pastas diferentes para
mis dolores, hasta morfina me han llegado a formular, el control de los
esfínteres es nulo, y por tanto está uno a merced de su cuerpo, y por eso no
permito que me carguen al pasarme la baranda de la sala de audiencias, es que
ni siquiera las salas permiten el ingreso con mi silla de ruedas, sino que me toca
que hacer maromas para poder estar en la audiencia, mi situación no es la
mejor, pero sin embargo trato de salir adelante, trabajando honradamente, solo
estoy solicitando al honorable magistrado ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura, y la administración del Complejo Judicial de Paloquemao que cumplan
la ley y permitan la movilidad del suscrito con medios de acceso, sean rampas o
ascensor para desplazarme normalmente por el complejo judicial”.
Indicó que en la actualidad cursa un proceso de acción
popular que inició el ciudadano JAIME ENRIQUE LOZANO. Sin embargo, aseguró que
no se presenta como una alternativa ágil y eficaz para la defensa de sus
derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitó la protección de los derechos
al trabajo y al mínimo vital, a través de la acción de tutela por ser el medio
más expedito y efectivo.
2.3  DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
– SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 26 de enero de 2011, confirmó la sentencia proferida por el juez
de instancia, aduciendo que en la actualidad cursa una acción popular cuya
pretensión guarda estrecha relación con el propósito de la presente tutela,
además, que dicho proceso tiene medidas previas, y si el actor encuentra alguna
causal que se adecue a su situación puede solicitar dicha medida ante el juez
de conocimiento. En suma, sostuvo que existe otro medio de defensa judicial
para solicitar la defensa de sus derechos fundamentales, y, de otro lado, que
el actor no acreditó cómo su derecho al mínimo vital se estaba afectando.
3
PRUEBAS
3.1  Dentro del expediente obran, entre otras, las
siguientes pruebas:
3.1.1   Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado del
actor.
3.1.2
Fotocopia de la constancia de
devolución de la carpeta del proceso que cursa en el Juzgado 56 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, en el que el accionante actúa en calidad
de abogado defensor del indiciado.
3.1.3 Fotocopia del dictamen de calificación de la pérdida
de capacidad laboral del peticionario en un porcentaje del 75.55 %
3.1.4
Fotocopia de la constancia de
la cancelación de una audiencia porque el accionante no se presentó a la hora
indicada.
3.1.5
Fotocopia de la queja que
elevó el actor en contra de la jueza 54 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías, en razón a que el 4 de noviembre de 2010 estaba
programada una audiencia de legalización de captura, medida de aseguramiento,
imputación de cargos y otros, y cuando el actor acudió a dicha sala advirtió que
su silla de ruedas no podía pasar por la puerta, ante lo cual le preguntó a la
jueza que si podía celebrarse dicha audiencia en otra sala accesible para él,
pero la funcionaria expresó: “así como subió que mire a ver como se acomoda y
entra a la sala (…)”. Además, como el actor no tiene control de esfínteres, no
permitió que lo cargaran para que lo llevaran a ocupar el puesto en su calidad
de abogado defensor de uno de los indiciados, manifestándole a la jueza que
ello iba en contra de su dignidad humana. Ante esta situación la servidora
pública asumió una actitud intransigente y autoritaria, y manifestó que ése era
su despacho y su sala y que no estaba en la obligación de cambiarla. Por lo
cual, ordenó retirar del recinto a su defendido y al actor, realizando la
audiencia sin su presencia.
3.1.6
Fotocopia de la solicitud que
presentó el accionante ante la Coordinadora de Servicios Judiciales del
Complejo Judicial de Paloquemao con el fin de que se adecuen las instalaciones
físicas de éste para garantizar la accesibilidad física de las personas en
situación de discapacidad.
3.1.7
CD en donde se encuentra un
video en el cual se evidencia la forma en la que tiene que desplazarse el actor
a los pisos superiores del Complejo Judicial de Paloquemao.
3.2
ACTUACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL: DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y PRUEBAS DECRETADAS POR LA
SALA.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto del 12
de mayo de 2011, ordenó poner en conocimiento de la Procuraduría General de la
Nación y de la Defensoría del Pueblo el trámite del presente proceso de tutela,
para que expresaran lo que estimaran conveniente.
De igual forma, con el fin de contar con mayores
elementos de juicio que explicaran mejor los hechos particulares del caso,
mediante el mismo auto, a través de la Secretaría General, la Sala decretó las
siguientes pruebas: (i) invitó al Grupo de Investigación de  Derechos Humanos y
DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda
de Bogotá, al programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS-
de la Universidad de los Andes, al director de la maestría en Discapacidad e
Inclusión Social de la Facultad de Medicina y a la línea de investigación de
educación inclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, a la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, a la Universidad
de la Sabana y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
-Dejusticia-, para que, si lo consideraban pertinente, emitieran su opinión
sobre la acción de tutela de la referencia. (ii) Ofició al
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, para que informaran: 1) si tenían un plan de
adecuación de las instalaciones físicas del Complejo Judicial de Paloquemao
para las personas en situación de discapacidad y, de ser así, en qué etapa de
desarrollo se encuentra y cuál es su cronograma de actividades. 2) Cuáles son
las condiciones actuales de acceso de esta población a las instalaciones de
dicho complejo. (iii) Ordenó la práctica de una inspección judicial en
el Complejo Judicial de Paloquemao el 3 de junio de los corrientes y solicitó a
la Defensoría del Pueblo que dispusiera de un funcionario que tuviera
conocimiento acerca de las condiciones de accesibilidad física de las personas
en situación de discapacidad para que acompañara el desarrollo de dicha
diligencia.
Una vez se practicó la diligencia de inspección
judicial antes referenciada, esta Sala consideró pertinente vincular a la
Fiscalía General de la Nación, por lo cual, mediante auto adiado el 9 de
junio de este año, ordenó su vinculación para que se pronunciara respecto
de lo que considerara pertinente, y también ofició al Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial,
para que allegara la documentación pertinente en donde constara el
plan al cual hacía referencia en el escrito de fecha 26 de mayo de 2011, con el
respectivo cronograma de actividades.
Integrado debidamente el contradictorio y rendidos los
informes del caso, la Sala resume las comunicaciones e intervenciones allegadas
por la Secretaría General, al despacho del Magistrado Sustanciador:
3.2.1
Procurador General de la
Nación
El 20 de mayo de 2011, el Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, intervino en el presente proceso de tutela
teniendo en cuenta la importancia que el asunto reviste en relación con los
derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Para
iniciar, refirió que los jueces constitucionales negaron fríamente la presente
acción de tutela sin que mediara un análisis profundo del caso y tan solo
argumentaron la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
El Procurador General de la Nación también manifestó
que en determinadas circunstancias la carencia de rampas, escalones especiales
o ascensores que les permitan a las personas en situación de discapacidad
movilizarse, implica la afectación directa del derecho a la dignidad humana de
las personas con limitaciones físicas, e indirecta de quienes deben ayudarlos
en su movilización. Agregó que aunque existen diversos instrumentos
internacionales y normativa interna que propenden por la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, en muchos eventos estas normas no se
cumplen efectivamente.
Además, puso de presente algunos pronunciamientos de
esta Corporación en los cuales se ha abordado la importancia de hacer efectivos
los derechos de esta población y, particularmente, un fallo en el cual la Corte
ordena adecuar las instalaciones físicas de unas entidades públicas para
garantizar el acceso físico de las personas con discapacidad al interior de
ellas.
El Jefe del Ministerio Público indicó que en un Estado
Social de Derecho, cuyo principio rector es la dignidad humana, no pueden pasar
inadvertidas las necesidades de las personas con mayor debilidad. Por lo
anterior, el presente caso desborda la cuestión de si existen otros medios de
defensa judicial, pues de lo que se trata es de crear las condiciones de
habitabilidad para las personas con discapacidad, lo cual se encuentra conforme
con el contenido del artículo 13 de la Carta.
Por consiguiente, el Estado en virtud del principio constitucional
de solidaridad debe abanderar de manera activa el proceso de adecuación de las
instalaciones que faciliten la movilidad de las personas en situación de
discapacidad, y conceptuó que la Corte Constitucional debe emitir una orden de
protección para que el Complejo Judicial de Paloquemao sea adecuado con las
obras necesarias para la movilidad de las personas con discapacidad, la cual
debe extenderse a toda la rama judicial, por lo que el efecto de la sentencia
debe superar la aplicación interpartes y cobijar con su obligatoriedad a todo
despacho judicial que en la actualidad no cuente con las obras de
infraestructura mínimas para el acceso y movilidad de esta población.
3.2.2
Grupo de Investigación de
Derechos Humanos y DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda.
El 27 de mayo de 2011, el Grupo de investigación de
Derechos Humanos y DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda intervino en el presente proceso de tutela para
exponer las siguientes líneas argumentales:
3.2.2.1 Se
refirió a la dignidad humana de las personas con discapacidad y consideró que
esta garantía no estaba siendo asegurada por el Estado colombiano. Por ejemplo,
en el caso del accionante, una persona con discapacidad física, víctima de la
violencia social, que hace su mejor esfuerzo para desarrollar su proyecto de
vida como abogado penalista, las barreras físicas del Complejo Judicial de
Paloquemao le impiden llevarlo a cabo sin que el Estado intervenga.
En desarrollo de este argumento, recordó que la
jurisprudencia constitucional ha trazado tres lineamientos frente al contenido
del enunciado normativo dignidad humana: (i) como autonomía,
posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características
(vivir como quiera); (ii) como ciertas condiciones materiales concretas
de existencia (vivir bien); (iii) como acceso a bienes no patrimoniales,
integridad física y moral (vivir sin humillaciones). Para el caso concreto,
aseguró, se le está vulnerando al tutelante su derecho a la autonomía porque no
puede desempeñar libremente su actividad profesional como proyecto de vida.
También se vulnera su dignidad humana como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia. En este sentido explicó que el hecho de que al
accionante lo tengan que cargar para poder acceder a las audiencias judiciales
con la molestia que él mismo manifiesta de no controlar esfínteres, constituye
una clara vulneración de la dignidad humana. Igualmente, se vulnera este
derecho, en su expresión de intangibilidad de los bienes, por las condiciones
físicas y morales que generan constantes humillaciones para el señor Carlos
Alberto Toro.
3.2.2.2
Sostuvo que el derecho a la igualdad se está transgrediendo, pues al
peticionario no se le está garantizando ni la igualdad formal que tienen todos
los abogados de acceder a sus diligencias judiciales, ni la igualdad de trato,
ya que como él describe no lo quieren ayudar subiéndolo a los despachos
judiciales que requiere. Igualmente, si la discriminación es toda distinción,
exclusión o restricción que menoscabe el ejercicio de los derechos del
ciudadano Carlos Alberto Toro, es claro que su ejercicio profesional se está
viendo afectado por no poder acceder por omisión del Estado al no garantizar el
uso de ascensores o rampas. Ciertamente, manifestó que no puede comprenderse
cuál es la protección especial que se le está dando al abogado Carlos Alberto
Toro, quien no tiene ninguna garantía institucional para acceder a los
despachos judiciales en ejercicio de su trabajo, y tampoco como fruto de una
política pública del Estado colombiano a favor de la población con
discapacidad.
3.2.2.3 Abordó
el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad desde una: (i)
dimensión jurídica, en el sentido del reconocimiento de la accesibilidad como
parte del contenido del derecho a la no discriminación, como un derecho
subjetivo, o un principio jurídico de todos ellos; (ii) dimensión política, en
el sentido de que la accesibilidad como principio inspirador de las políticas
públicas implica un mandato legal a los poderes públicos.
Expuso que la accesibilidad puede alcanzarse a través
de diferentes vías dentro de las cuales destaca dos: el diseño para todos y los
ajustes razonables. Respecto al diseño para todos, refirió, la Convención de
los Derechos Humanos de las personas con discapacidad lo contempla como un
principio inspirador y por esta vía se busca garantizar la accesibilidad
universal. Frente a los ajustes razonables, mencionó que son unas medidas
específicas que tienen como objeto o meta la accesibilidad en casos
particulares, pero que se adoptan cuando ésta no es posible desde la previsión
del diseño para todos, teniendo en consideración las necesidades específicas de
una persona.
3.2.2.4
Indicó que al accionante le están siendo impuestas barreras de acceso a la
justicia como persona perteneciente a una población en estado de
vulnerabilidad. Agregan que la restricción no sólo es para los sujetos que ven
afectados sus derechos y acuden al sistema judicial, sino también para los
agentes judiciales que trabajan en el sistema, como el abogado Carlos Alberto
Toro, que ven vulneradas las reglas de Brasilia de acceso a la justicia.
3.2.2.5 Consideró
que al accionante se le está vulnerando su derecho al mínimo vital, pues él ha
escogido el litigio jurídico como plan de vida y medio de subsistencia, de modo
que al no poder desarrollar su trabajo, no sólo se le niega la accesibilidad
física, sino que también se ve amenazado su medio de ingreso económico.
3.2.2.6 Concluyó
que el Estado debe proteger especialmente al accionante garantizándole unas
condiciones dignas para el ejercicio de su trabajo en los edificios que
paradójicamente administran justicia, como también su autonomía, lo que le
permitirá desarrollar su proyecto de vida. Además, resaltó que la accesibilidad
se erige como un nuevo derecho para las personas en situación de discapacidad y
que el Estado colombiano está en la obligación de diseñar una política pública
de discapacidad que garantice el goce efectivo de todos los derechos de esta
población.
3.2.3
Unidad de Recursos Físicos
e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura –Sala Administrativa-
El 26 de mayo de 2011, el Director de la Unidad de
Recursos Físicos e Inmuebles, con respecto al alcance del proyecto para la
adecuación del Complejo Judicial de Paloquemao, manifestó lo siguiente:
3.2.3.1
Con la entrada en vigencia del
nuevo sistema penal acusatorio se evidenció la necesidad de ejecutar un
proyecto de adecuación del Complejo Judicial de Paloquemao por etapas, en
consideración a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el
desarrollo de dicho proyecto, a las condiciones físicas de la edificación y a
que se encuentra ocupada, lo cual no permitió su ejecución en una sola fase.
3.2.3.2
El alcance del proyecto para
la adecuación – remodelación y ampliación del Complejo Judicial de Paloquemao
comprende la elaboración de los estudios técnicos complementarios, adecuación
física, acabados y construcción de dos pisos adicionales en el Bloque E, previo
reforzamiento estructural del mismo para adecuarlo a las exigencias de la Ley
400 de 1997; adecuación física de los pisos segundo al quinto del Bloque C;
adecuación de las baterías sanitarias existentes; construcción de zonas
complementarias compuestas por salas de espera, salas de jueces, salas de
abogados, testigos, sala de testigos especiales (menores de dieciocho años),
así como despachos para la Defensoría Pública y Ministerio Público; también la
construcción de un punto fijo de ascensores, integrando arquitectónicamente la
totalidad del Complejo, lo cual permitirá el fácil acceso de las personas en
situación de discapacidad conforme a la Ley 361 de 1997.
3.2.3.3
A la fecha se ha ejecutado la
adecuación física de los pisos 2 al 5 de los Bloques B y C los pisos 1 al 4 del
Bloque E. En el primer piso de este último bloque se encuentra el Centro de
Servicios Judiciales, el cual cuenta con rampa de acceso para personas con
discapacidad. También se realizó la construcción de rampas al interior del
complejo para garantizar la libre circulación de personas con discapacidades
físicas y se adecuaron las salas de audiencias en el primer piso del Bloque D.
3.2.3.4
Con los recursos que se
asignen para el 2012 se efectuará la adecuación del piso 5 del Bloque E y con
las partidas de las vigencias de 2013 a 2014 se efectuará la construcción del punto
fijo de ascensores que garantizará la circulación por todo el Complejo de las
personas en situación de discapacidad. Lo anterior, previo cumplimiento de los
requisitos legales para la expedición de las respectivas licencias de
construcción.
3.2.3.5
Como medida provisional, en la
presente vigencia se adecuará en el primer piso del Complejo Judicial de
Paloquemao, un espacio para la atención especial de personas en situación de
discapacidad, mientras se surten los trámites administrativos para la apropiación
de recursos, obtención de licencias y ejecución de las obras descritas
precedentemente.
3.2.3.6
El 9 de junio de 2011, el
Director Ejecutivo Seccional allegó en seis (6) folios y un CD los planos
arquitectónicos correspondientes a cada uno de los cinco (5) pisos que componen
el Complejo. En dicho oficio expuso que tal y como se había evidenciado en la
inspección judicial que se adelantó el pasado 3 de junio, el Consejo Superior
de la Judicatura no ha sido ajeno a la problemática que presenta la población
con alguna discapacidad física para el ingreso al inmueble, por lo cual ha
adelantado obras tendientes a permitir la movilidad en la citada edificación, y
tiene dentro de sus proyectos continuar con el mejoramiento del Complejo
Judicial para la comodidad de todos los usuarios de la justicia.
3.2.4
Grupo de Acciones Públicas
de la Universidad del Rosario
El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del
Rosario, rindió su concepto en el proceso de la referencia en los siguientes
términos:
3.2.4.1 Existe
una referencia ineludible en la acción de tutela bajo estudio al carácter de
sujeto de especial protección constitucional que adquiere el señor Toro en
virtud de su condición de discapacidad física, lo cual no puede ser un asunto
secundario en la valoración del presente caso por las implicaciones
constitucionales que la decisión que se adopte tendrá en general, así como por
su incidencia para las personas que tengan tal carácter. Agregó que en el marco
del Estado Social de Derecho, la discapacidad deja de pertenecer únicamente a
la esfera privada de los individuos que la presentan y se convierte en una
realidad que no puede ser omitida por la sociedad, la cual debe, por tanto, ser
tenida en cuenta en el accionar del aparato estatal, en la consagración de
garantías por parte del legislador y en la adopción de políticas públicas
encaminadas al bienestar de las personas con discapacidad, mediante las cuales
se permita su desarrollo normal dentro de la sociedad, así como el acogimiento
de medidas judiciales que den lugar a la efectiva protección de la totalidad de
sus derechos.
De igual manera, al vulnerar el derecho a la libre
locomoción del señor Toro, se transgrede su derecho a la igualdad y, en el
mismo sentido, se incurre en una discriminación en contra suya. Concluye que un
individuo en situación de discapacidad, como lo es el señor Toro, es un sujeto
de especial protección constitucional en virtud de las condiciones particulares
del grupo poblacional del que hace parte, lo cual impone una obligación en
cabeza del Estado de otorgar una protección especial que debe concretarse en
acciones específicas que permitan su atención efectiva, garantizando el ejercicio
de sus derechos y el desarrollo vital de sus intereses, tal y como se
estableció en la sentencia C-640 de 2009.
3.2.4.2 En el caso sub-lite hay que partir de la base del
perjuicio que está sufriendo el accionante y que consiste básicamente en la afectación
de su derecho al trabajo, que ha devenido en la vulneración del mínimo vital
por las repercusiones negativas que la imposibilidad de movilizarse en el
Complejo Judicial de Paloquemao ha generado en la economía de su núcleo
familiar, pues del ejercicio profesional del petente depende el cubrimiento de
las necesidades básicas propias y de sus familiares. Estas circunstancias
particulares del solicitante denotan la urgencia de la acción de tutela como
medio preferente de defensa judicial en los términos del Decreto 2591 de 1991.
Además, asegura, se debe tener en cuenta la manifiesta
vulnerabilidad del accionante por su situación de discapacidad, lo que da lugar
a su cualificación como sujeto de especial protección constitucional. Estas
circunstancias permiten concluir que la acción popular no sería el mecanismo
idóneo para el amparo de los derechos constitucionales del señor Toro Múñoz. En
conclusión, considera que verificadas las circunstancias de gravedad y de
urgencia que reviste el presente caso respecto a un sujeto de especial
protección constitucional, el contexto del caso ameritaba al menos un estudio o
valoración de fondo por los jueces de instancia, quienes declararon la
improcedencia de la tutela bajo el único argumento de que por el solo hecho de
que el accionante tiene otro medio de defensa judicial, éste es más efectivo,
sin mayores miramientos.
3.2.4.3 Indica que es manifiestamente irrazonable someter a
una persona en situación de discapacidad a esperar los resultados de una acción
popular, mientras sus derechos fundamentales siguen siendo vulnerados,
especialmente su mínimo vital y el de su familia. Aduce que en este tipo de
casos en que hay una relación entre un interés colectivo (accesibilidad) y los
derechos fundamentales de una persona que hace parte del grupo afectado, es
necesario distinguir las pretensiones del actor que involucran la violación de
sus derechos subjetivos, y por ende, son susceptibles de ser protegidos
mediante la acción de tutela, de aquellas pretensiones que están encaminadas a
la defensa del interés general y que deben ser tramitadas por otros mecanismos.
Dice que si el accionante no sufriera ninguna vulneración a sus derechos
fundamentales con ocasión de la falta de accesibilidad a Paloquemao, en ese
caso, la tutela sería totalmente improcedente. Sin embargo, el actor sufre
discriminación, es decir, una vulneración al derecho a la igualdad que debe ser
remediada mediante la acción de tutela.
3.2.4.4 Sostiene que en el caso del señor Carlos
Alberto Toro se encuentran afectados sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la libre circulación, a la autonomía, al trabajo y al mínimo vital. En el
caso concreto, la falta de infraestructura genera que el señor Carlos Alberto
Toro no pueda recorrer de manera independiente las instalaciones del Complejo
Judicial de Paloquemao donde se desempeña como abogado y lo sujeta a la
voluntad de terceras personas que no están obligadas a movilizarlo según sus
requerimientos, sino sólo cuando los agentes de policía lo consideren verdaderamente
necesario, es decir, para las audiencias. De esta manera el señor Toro no sólo
se ve restringido en cuanto al derecho a la libre circulación, sino también a
la autonomía.
3.2.4.5 Sostiene que en este caso es procedente tutelar el
derecho al trabajo para que el actor pueda ejercer en igualdad de oportunidades
las gestiones inherentes a su función de defensor y no tenga que ser desplazado
de sus labores en razón a su discapacidad, pues esto es contrario tanto al
derecho a la igualdad como al trabajo y, en consecuencia, al mínimo vital.
3.2.5
Defensoría del Pueblo
El 16 de junio de 2011, el Defensor Delegado para la
Dirección del Seguimiento, Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas
para la realización de los Derechos Humanos, Miguel Polo Rosero, emitió su
concepto en el presente proceso de tutela luego de haber asistido a la
diligencia de inspección judicial en el Complejo Judicial de Paloquemao,
practicada el pasado 3 de junio. Al respecto manifestó que:
3.2.5.1
La acción de tutela es
procedente pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial,
teniendo en cuenta que para el caso particular del actor las demás acciones
carecen de idoneidad.
3.2.5.2
Con respecto a la inspección
judicial que se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao, expresó que
dicho Complejo no cumple a cabalidad con la normativa vigente sobre
accesibilidad a edificios abiertos al público, por las siguientes razones: 1)
las circulaciones verticales entre los entrepisos no presentan rampas para
personas con discapacidad; 2) las circulaciones verticales que salvan
diferencias en el primer piso no tienen las condiciones técnicas necesarias
para su uso: rampas mal dimensionadas y sin condiciones de seguridad; 3)
no existen barandas y/o pasamanos en todas las rampas y escaleras, y en algunos
casos las barandas no permiten el agarre de forma correcta; 4) al
interior del edificio algunos pasamanos están mal anclados o no tienen las
medidas necesarias ni el diseño para soportar correctamente su función. Algunos
están deteriorados y no soportan más peso que el propio; 5) no todas las
puertas de salida abren en la misma dirección de la vía de evacuación y no
todas las salidas auxiliares que se encuentran a los costados poseen sistemas
adecuados para la apertura en el sentido de evacuación; 6) no todas las
escaleras tienen cinta antideslizante, es decir, en cada escalón y en la
totalidad de ancho de cada una de las huellas. No es recomendable que la cinta
cubra únicamente la mitad central o tres cuartos (3/4) de la escalera; 7)
en el módulo central de acceso se encontró que existen barreras de control,
puertas con mecanismo de seguridad y cambios de nivel que afectan el fácil
desplazamiento de personas con discapacidad y transeúntes; 8) no existe
un plan de evacuación que contemple a las personas en situación de
discapacidad, por falta de señalización en los accesos; 9) no existe un
plan de evacuación en las salas de audiencias que contemple la necesidades de
las personas con discapacidad, pues se encontraron barreras físicas y
arquitectónicas que evitan su movilización; 10) algunas salas de
audiencia no permiten el ingreso de silla de ruedas y por ende, impiden la
movilidad y la actividad profesional de personas en situación de discapacidad; 11)
no existe un plan de evacuación para la población con discapacidad
imposibilitada para caminar, ya que el edificio en sus entrepisos superiores no
cuenta con rampas u otros elementos de infraestructura que le permitan evacuar
la edificación y salvaguardar su vida con autonomía; 12) no en todas las
rampas los techos están a una altura mínima de 2 metros y en algunos casos la superficie de las mismas no es rugosa, estriada o está provista de
material antideslizante.
3.2.5.3
Indico que la inadvertencia de
las disposiciones contenidas en la Ley 400 de 1997, constituye una transgresión
al derecho de locomoción no sólo del ciudadano demandante si no de todos
aquellos que se encuentran en su misma situación. Manifiesta que, en efecto,
frente a las personas en circunstancia de discapacidad, es obligación
garantizar la accesibilidad a las instalaciones y edificios abiertos al
público, sin que esta población tenga que tolerar obstáculos, barreras o
limitaciones que les impidan vivir de forma independiente y/o participar
plenamente en todos los ámbitos de la vida, tal y como lo establece el artículo
9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad, ratificada el pasado 10 de mayo. Además, también supone la
vulneración del derecho a la igualdad, que en el caso particular de las personas
con discapacidad exige del Estado acciones afirmativas, precisamente para
promover una vida satisfactoria en términos de acceso, garantía y disfrute de
derechos. Sostiene que cuando el Estado omite adoptar las medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás personas a instalaciones abiertas al público,
contraviene el artículo 5 de la Convención y el artículo 13 de la Constitución
Política.
3.2.5.4
Frente al caso particular del
actor, manifiesta que por la labor que desempeña, esto es, por su condición de
abogado, es necesario que todo el Complejo Judicial de Paloquemao se encuentre
libre de barreras que le impidan ejercer su carrera en términos de igualdad con
el resto de profesionales del derecho, pues tal y como se pudo constatar en la
inspección judicial que se realizó el 3 de junio de este año, no hay rampas ni
ascensor para el traslado al segundo, tercer, cuarto y quinto piso, en donde no
sólo se encuentran varias salas de audiencias sino también despachos
judiciales. Además, algunas salas de audiencias no cumplen con las exigencias
de inclusión previstas en la ley, al punto de que es físicamente imposible su
ingreso. Lo anterior, le impone una carga adicional al actor que no tiene el
deber jurídico de soportar y que restringe injustificadamente su capacidad
profesional y su plan autónomo de vida, en perjuicio del ejercicio pleno de los
derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a
la libertad de profesión u oficio.
Por lo expuesto precedentemente, considera que es
necesario adoptar las medidas pertinentes para superar la situación en la que
se encuentra el actor y aquellas otras personas que estén en su misma situación
a través de un fallo inter comunis.
3.2.6
Universidad Nacional de
Colombia – Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
El 21 de junio de los corrientes, el decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia remitió el concepto
que emitió la coordinadora de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social,
en el cual exponen que la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas
con discapacidad, es un marco suficiente que obliga a las entidades públicas y
privadas del país a garantizar los derechos de la población con discapacidad en
Colombia, ya que incorpora al ordenamiento jurídico colombiano los contenidos
de la Convención en los que claramente se detallan las medidas que se deben
adoptar para garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones con
las demás personas.
3.2.7
Fiscalía General de la
Nación
El 15 de junio de 2011, la Fiscalía General de la
Nación, a través de la Jefe de la Oficina Jurídica, intervino en el presente
proceso de tutela para solicitar que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación no es
propietaria del bien inmueble objeto de la litis, pues su titularidad se
encuentra en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, y para el efecto,
allegó copia simple del certificado de tradición y libertad del inmueble en
donde está ubicado el Complejo Judicial de Paloquemao.
3.2.8
Aspectos relevantes de la
diligencia de inspección judicial que se practicó el pasado 3 de junio en el
Complejo Judicial de Paloquemao.
El pasado 3 de junio
se realizó una inspección judicial en el Complejo Judicial de Paloquemao con el
fin de verificar las condiciones de accesibilidad física a dichas instalaciones
y quedo acreditado, según concepto técnico que suministró un arquitecto
consultor externo de la Defensoría del Pueblo, que:
3.2.8.1    En la Oficina del Centro de Servicios y Apoyo
Judicial no se dispone de accesibilidad para los módulos como tampoco de
una batería de baños dispuesta para las personas en situación de discapacidad;
que la rampa de acceso a dicha oficina cumple con los requerimientos arquitectónicos
de acuerdo al 11% en relación 5 a 1, sin embargo no cuenta con ninguna baranda
tanto para las personas con discapacidad como para los adultos mayores.
3.2.8.2    La entrada principal del Complejo no cuenta con
ningún tipo de señalización y no le permite a las personas con cualquier tipo
de discapacidad entender por dónde es el ingreso; con respecto a la rampa que
se encuentra al ingreso del Complejo, no cumple con las condiciones mínimas de
inclinación, está en una situación física precaria, y las barandas están
deterioradas.
3.2.8.3    Para el ingreso al Bloque A de esta edificación, primer
piso, se observó que la rampa no cumple con las condiciones mínimas de
inclinación del 11%, como tampoco tiene una cinta fluorescente de acuerdo con
la exigencia legal, que le permita leer a las personas con discapacidad el
sendero de la rampa. También se verificaron las condiciones de accesibilidad
para los pisos superiores y se pudo establecer que no hay ascensor ni rampas,
sólo se puede realizar dicho desplazamiento por las escaleras.
3.2.8.4    En el bloque C, primer piso, se
constató que existe una rampa de acceso, la cual según concepto técnico no
cumple con las condiciones mínimas de inclinación como tampoco con las
condiciones de seguridad al no tener en los dos costados cinta que permita su
visualización en la oscuridad. También se observó un deterioro en las barandas,
y en el caso de una emergencia van a dejarse inutilizadas, ya que ante su
evidente deterioro podría generar más accidentes de los que podría llegar a
prevenir.
3.2.8.5    En las ventanillas de las Oficinas de
Administración de Apoyo Judicial, se constató que la rampa no cumple con
las condiciones mínimas de pendiente e inclinación y tampoco con las
condiciones de emergencia. Respecto a las ventanillas, cumplen con las
condiciones mínimas de accesibilidad.
3.2.8.6    En el Bloque C, primer piso, se encuentran algunas
salas de audiencias, pero no siempre el accionante tiene la posibilidad de
que el desarrollo de las audiencias donde él interviene como abogado defensor
les sean asignadas, pues esta distribución de las salas es de competencia del
Centro de Servicios. Respecto a las rampas, no cumplen con las condiciones
mínimas de pendiente como tampoco tienen barandas o ayudas, no se contempla
tampoco ninguna medida de precaución para sugerir que hay una inclinación en el
terreno.
3.2.8.7    En el Bloque F, segundo piso,  se constató que
el único acceso es a través de escaleras, y que allí se encuentran
desarrollando sus labores varias fiscalías, a las que el accionante tampoco
puede movilizarse. En resumen, el Bloque F no cumple con las condiciones
mínimas de accesibilidad ni con un plan de emergencias.
3.2.8.8    Respecto al ingreso del actor a las salas de
audiencias que se encuentran en el primer piso del Bloque F
del Complejo Judicial de Paloquemao, se verificó que tiene dificultades de
accesibilidad porque a veces debe ingresar por una entrada que tiene escaleras.
Aunque un miembro de la Policía que se encontraba a la entrada de la misma,
manifestó que le prestan la colaboración requerida a las personas en situación
de discapacidad.
3.2.8.9    En la Sala de Audiencias No. 101 D del Bloque F se
constató que las puertas y el mobiliario no cumplen con unas condiciones
mínimas de accesibilidad, tiene negación de acceso, el actor no puede ingresar
a la sala de audiencias por la entrada principal porque su silla de ruedas no
puede pasar por la puerta que le permite el acceso al lugar que debe ocupar en
su calidad de abogado defensor. Los micrófonos son de cable, lo que permite su
traslado a la distancia que se requiera.
3.2.8.10
En el segundo piso del
Bloque C, se observó que el accionante
debe subir con la ayuda de tres personas al segundo nivel porque sólo hay
escaleras. Según concepto técnico, es importante tener en cuenta el tiempo y el
esfuerzo para su movilización al segundo piso, así como también las
consecuencias que podrían devenir en caso de una emergencia.
3.2.8.11
En las salas de audiencia 210 C y 211 C se verificó que el ingreso a las mismas es restringido, no hay acceso físico para las
personas en situación de discapacidad; la anterior situación también se repite
en las salas 209 C y 203 C.
3.2.8.12
También se verificó que
existen salas de audiencias en el bloque C que cumplen con las condiciones de accesibilidad
física para personas con discapacidad.
3.2.8.13
Por último, se constató que la Coordinación del
Centro de Servicios y Apoyo Judicial designa las dos salas de las que se
disponen en el primer piso con prelación a las personas en situación de
discapacidad, siempre y cuando los juzgados informen de esta circunstancia en
una planilla, con anterioridad.
4       CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1  COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución,
y 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación es
competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia.
4.2
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala examinar si la entidad accionada
está vulnerando los derechos a la accesibilidad, a la libre locomoción, a la
autonomía, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital del señor Carlos Alberto
Toro Múñoz, quien se encuentra en situación de discapacidad, al no garantizar
la accesibilidad física al Complejo Judicial de Paloquemao, en donde desempeña,
generalmente, su profesión como abogado litigante.
Para resolver la controversia, la Sala Séptima
examinará: Primero, el derecho a la accesibilidad de las personas en
situación de discapacidad. Segundo, el deber de desarrollar acciones
afirmativas frente a las personas en circunstancia de discapacidad como
manifestación del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva. Tercero,
el análisis de las anteriores premisas a la luz del caso concreto.
4.2.1    EL DERECHO A LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.
4.2.1.1 Concepto de discapacidad y
el ambiente físico como una forma de integración social.
Las personas que se encuentran
en alguna circunstancia de discapacidad pertenecen a una población
históricamente invisibilizada y excluida, debido a la falsa idea de que no
pueden realizar aportes a la sociedad. Ésta puede ser una razón que explique su
baja o casi inexistente participación en ámbitos de la vida pública. A lo
anterior se suman los sentimientos de vergüenza, lástima, incomodidad por
compartir los mismos espacios con personas con diferentes discapacidades,
ignorancia, prejuicios, etc., que ahondan aún más la indiferencia y la
marginación a la que ha sido sometida esta población durante siglos.[1]
Debido a la exclusión social que ha tenido que
soportar injustificadamente esta población, aunque tardíamente, han surgido
grupos organizados de personas en situación de discapacidad y diferentes
organizaciones en el mundo que se han comprometido con la defensa de sus
derechos, lo cual se ha expresado en diferentes instrumentos internacionales y
otros documentos con fuerza jurídica a través de los cuales se les exige a los
Estados el reconocimiento de todas las garantías de esta población como plenos
sujetos de derechos.[2]
Es importante resaltar que la protección de los
derechos humanos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia de
discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo social, esto es,
la discapacidad entendida como una realidad, no como una enfermedad que
requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume desde el punto
de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene una
visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y
el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la
discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que
se centra en el aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los
seres humanos, independientemente del tipo de discapacidades que tengan.
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma
en la forma cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la
discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente
social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de
la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este
modelo, la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas con
discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. En su
modo más puro, quienes defienden este modelo sostienen que la discapacidad es
una construcción social (de hecho esta afirmación es hecha en el Plan de Acción
para la Discapacidad de la Unión Europea de 2003) y, por tanto, que la sociedad
debe adaptarse para responder a las necesidades de las personas con
discapacidad. Este modelo se concretó en la Declaración para la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad de julio de 1996, inspirada en
las Reglas Estándar de las Naciones Unidas para la equidad de oportunidades de
las personas con discapacidad. En este instrumento se afirma que la forma
como la sociedad está organizada sirve a la exclusión de las personas con
discapacidad y hace un llamado al diálogo cívico con organizaciones no
gubernamentales que abogan por los derechos de estas personas.[3]
Por tanto, no puede desconocerse que el ambiente (físico,
cultural, etc.) puede tener un impacto positivo o negativo en la manera de
asumir y entender la discapacidad, pues “los efectos de la discapacidad sobre
una persona dependen de manera fundamental del entorno social, es decir, que la
discapacidad no es únicamente un problema individual. Esto significa que un
medio social negativo y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en
invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social positivo e integrador
puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las
personas afectadas con una discapacidad”.[4]
En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen
a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del
ambiente físico[5]
a las necesidades de esta población, es decir, el entorno físico está concebido
para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual corresponde al
imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las
potencialidades que cada uno debe tener[6],
etc. Al respecto, esta Corporación ha afirmado lo siguiente:
“En el curso de la historia, las personas
discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del
tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto completamente
habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los lugares y los
medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la felicidad, se fundan
en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de todas sus
capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o simplemente sufre una
dolencia que le impide vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos
sociales – económicos, artísticos, urbanos -, se ve abocado a un proceso difuso
de exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la carga que debe
soportar”.[7]
De lo anterior puede colegirse que el ambiente
físico tiene una gran importancia en términos de inclusión/exclusión social
para cada ser humano según su proyecto de vida. Es decir, la relación persona –
ambiente juega un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la
posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas. Por consiguiente,
es necesario que los estados y las sociedades reconozcan la importancia de que
el entorno responda a las necesidades de todas las personas, teniendo en cuenta
a aquellas con diferentes tipos de discapacidades para lograr su integración
social y garantizar plenamente el ejercicio de todos sus derechos.
Ahora bien, el derecho a la accesibilidad
constituye un puente para el disfrute de otras garantías constitucionales como
la libertad de locomoción, el libre desarrollo de la personalidad y la
autonomía como expresión de la dignidad humana, pues a través de la posibilidad
de acceder a diferentes espacios físicos, el individuo puede elegir hacia dónde
quiere dirigirse de manera autónoma y seguir el plan de vida que él mismo se ha
trazado. El derecho a acceder al ambiente físico se encuentra relacionado con
el derecho a la libertad en sus múltiples expresiones, entre las que se
encuentra la atinente al libre desarrollo de la personalidad:
“La esencia del libre desarrollo de la personalidad
como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de
toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles
injustificados o impedimentos por parte de los demás.
El fin de ello es la realización de las metas de cada
individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su
temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las
demás personas y del orden público”[8]
Acerca de la protección constitucional del
derecho a la libre locomoción, “la jurisprudencia de
esta Corporación ha promovido la aplicación de las normas constitucionales y
legales que reconocen la protección especial que el Estado debe brindar a las
personas discapacitadas y ha garantizado su acceso, en igualdad de condiciones,
al espacio público y las instalaciones y edificios abiertos al público”[9]
4.2.1.2 Normativa sobre la
accesibilidad física del entorno.
Como se indicó en la sentencia C-410  del 25 de
abril de 2001[10],
el Estado colombiano ha adquirido el compromiso de integrar a las personas en
situación de discapacidad a la sociedad para reivindicar sus derechos en
condiciones de igualdad real y efectiva con el resto de ciudadanos. Este
compromiso se remonta a mediados del siglo XX, cuando la comunidad
internacional, a través de diversos instrumentos normativos, evidenció la necesidad
de reconocer un trato especial a esta población que les garantizara una vida en
condiciones dignas.
Una manifestación del reconocimiento de los
derechos  a la dignidad humana y de la igualdad de las personas con
discapacidad es reconocimiento de su derecho a la accesibilidad para lograr su
integración social, toda vez que si el ambiente físico es accesible, la
persona puede ejercer sin obstáculo el derecho a la libre locomoción y, por
esta vía, puede disfrutar de otros derechos fundamentales como la educación, la
salud, el trabajo, etc.[11]
En consonancia con lo anterior,
en el ordenamiento interno colombiano, la Ley 361 de 1997 estableció
mecanismos de integración social para las personas con limitación. Esta ley se
inspiró en el contenido de múltiples instrumentos internacionales de derechos
humanos de las personas con discapacidad como la Declaración de los Derechos
Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año de 1948,  la Declaración
de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de
1971,  la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación aprobada
por la Resolución 3447 de la misma organización el 9 de diciembre de 1975, el
Convenio 159 de la OIT,  la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco
1981,  la Declaración de las Naciones Unidas concernientes a las personas con
limitación de 1983 y  la Recomendación 168 de la OIT de 1983 para avanzar en la
efectividad de sus derechos fundamentales, su realización personal y su
integración social (articulo 1).
Según esta ley, las ramas del
poder público deben disponer todos los recursos necesarios para el ejercicio de
los derechos contemplados en el articulo 1 (articulo 4).
Específicamente, el Título IV denominado “De la
accesibilidad” establece como finalidad la eliminación de todo tipo de barreras
en el diseño, ejecución de vías, espacio publico y mobiliario urbano, así como
en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o
privada (articulo 43)- Su parágrafo señala que todos los espacios y ambientes
descritos en ese titulo deberán garantizar el acceso de todas las personas y
especialmente de la población con algún tipo de “limitación”. Acerca del
concepto de accesibilidad y barreras físicas, esta ley preceptúa que por
accesibilidad debe entenderse la condición que permite en cualquier espacio o
ambiente interior o exterior la movilización segura de todas las personas y el
uso seguro de todos los servicios instalados allí; y por barreras físicas,
todas aquellas trabas u obstáculos físicos que impidan la libertad o movimiento
de las personas.
A la vez, fija parámetros acerca de cómo eliminar las
barreras arquitectónicas de los edificios abiertos al público, incluidas las
edificaciones de propiedad privada. También establece que las edificaciones de
varios niveles que no tengan ascensor deben contar con rampas con las
especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas de conformidad con la
reglamentación vigente (artículos 47, 48, 52, 53) De otro lado, señala el
término de dieciocho (18) meses para que las entidades estatales competentes
elaboren planes para la adaptación de los espacios públicos, edificios,
servicios e instalaciones dependientes (artículo 57)
Específicamente sobre la accesibilidad a edificios
abiertos al público, el Decreto 1538 de 2005 “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 361 de 1997”, preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 9o. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. Para el diseño, construcción o adecuación de los
edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los siguientes
parámetros de accesibilidad:
A. Acceso a las edificaciones
1. Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de
ruedas, bastones y demás elementos o ayudas necesarias, por parte de las
personas que presenten dificultad o limitación para su movilidad y
desplazamiento.
2. Se dispondrá de sistemas de guías e información
para las personas invidentes o con visión disminuida que facilite y agilice su
desplazamiento seguro y efectivo.
B. Entorno de las edificaciones
1. Las hojas de las ventanas del primer piso, que
colinden con andenes o sendas peatonales, no podrán abrir hacia afuera.
2. Los desniveles que se presenten en edificios de
uso público, desde el anden hasta el acceso del mismo, deben ser superados por
medio de vados, rampas o similares.
3. Cuando se trate de un conjunto de edificios o
instalaciones de uso público, deberá garantizarse por lo menos que una de las
rutas peatonales que los unan entre sí y con la vía pública, se construya según
las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de este decreto.
C. Acceso al interior de las
edificaciones de uso público
1. Al menos uno de los accesos al interior de la
edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de
personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho
mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.
2. Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de
los mismos debe garantizar el libre acceso y maniobrabilidad de las personas
con movilidad reducida y/o en sillas de ruedas.
3. Las puertas principales de acceso a toda
construcción, sea esta pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o
en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas al
empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de circulación peatonal.
4. Las puertas de vidrio siempre llevarán franjas
anaranjadas o blanco fluorescente a la altura indicada.
5. En caso de que el acceso al inmueble se haga
mediante puertas giratorias, torniquetes o similares, que dificulten el
tránsito de las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, se deberá
disponer de un acceso alterno que les facilite su ingreso.
6. Todas las puertas contarán con mecanismos de fácil
apertura manual para garantizar una segura y fácil evacuación en cualquier
emergencia, incluyendo los sistemas de apertura eléctricos y de sensores. Para
tal efecto, todos los niveles de la edificación contarán con planos de ruta de
emergencia y la señalización de emergencia de acuerdo con los parámetros
adoptados por el Ministerio de la Protección Social.
7. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario
accesible.
D. Espacios de recepción o vestíbulo
1. El área que ocupe el mobiliario de recepción debe
ser independiente del área de circulación.
2. En las salas de espera o descanso, se dispondrán
espacios para los usuarios en silla de ruedas, que permitan su permanencia sin
obstruir las zonas de circulación.
3. Las edificaciones de uso público que dispongan de
áreas para la espera o estancia de personas y que colinden con vacíos sobre
otros niveles, deberán garantizar la seguridad a través de la construcción de
protecciones como muros, rejas o barandas sólidas.
PARÁGRAFO.
Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria aplicación,
en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño,
construcción o adecuación de los edificios de uso público:
a) NTC 4140: ´Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, pasillos, corredores. Características Generales´;
b) NTC 4143: ´Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, rampas fijas´;
c) NTC 4145: ´Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Escaleras´;
d) NTC 4201: ´Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas´;
e) NTC 4349: ´Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Ascensores´” (Subraya fuera de texto)
En definitiva, como una manifestación de
los compromisos que ha asumido el Estado colombiano en el plano internacional
para la protección de los derechos humanos de las personas en situación de
discapacidad y, primordialmente, para lograr su integración social, se han
establecido lineamientos claros en el tema específico de la accesibilidad a los
edificios que presten un servicio público con el fin de que se adapten a sus
necesidades.
Además, en torno al tema que se viene
desarrollando, la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, ratificada el pasado 10 de mayo por nuestro país y que
integra el denominado bloque de constitucionalidad, establece en su artículo
9, acerca de la accesibilidad, lo siguiente:
“1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico,
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones de exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán
las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los
servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios,
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas,
para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas
con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al
menor costo.” (Subraya y negrilla fuera de texto)
A su vez, el artículo 2 de esta
Convención establece una serie de definiciones dentro las cuales se
resaltan, por su pertinencia para el caso, dos: diseño universal y ajustes
razonables. Con respecto a la primera, dicho instrumento  señala que por diseño
universal “se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El ´diseño universal´ no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten”. Respecto al segundo concepto, preceptúa que
por  ajustes razonables “se
entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”.
En definitiva, este instrumento indica que la
independencia y la participación en todos los ámbitos de la vida pública y
privada de las personas en situación de discapacidad depende en un grado muy
importante de la garantía de accesibilidad al entorno físico. Este instrumento
internacional a la vez contempla que el acceso físico debe garantizarse para
ingresar a los edificios y otros ambientes en donde se desarrolla generalmente
la vida del ser humano (vías públicas, transportes, escuelas, viviendas,
instalaciones médicas, trabajo). Ante la ausencia de un compromiso de la
sociedad para entender las circunstancias en las que viven las personas con
diferentes discapacidades, resalta la importancia de brindar formación a todas
las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que las personas
con discapacidad deben afrontar cotidianamente y de forma silenciosa. También
se debe resaltar el concepto de ´diseño universal´ que contempla la Convención
en el sentido de que el diseño debe ser pensado para toda la población en
general, con y sin discapacidad; sin embargo, ello no excluye que se realicen
los ´ajustes razonables´ que requiera una población en particular.
4.2.1.3
El derecho a la accesibilidad física es una garantía
tutelable.
La Corte Constitucional ha
protegido el derecho a la accesibilidad física, en su manifestación del derecho
a la libre locomoción, ordenando a las entidades accionadas que elaboren un
plan mediante el cual se garantice gradualmente el goce efectivo de este
derecho, atendiendo a su carácter programático. Esta perspectiva puede
evidenciarse en fallos como los siguientes:
En el fallo de revisión de tutela T-1639
del 28 de noviembre de 2000[12],
se resolvieron dos casos de personas en situación de discapacidad que no podían
desplazarse con libertad dentro de edificios públicos: el primero relacionado
con un ciudadano que solicitó que se ordenara al municipio de Chiquinquirá la
instalación de un ascensor y la construcción de rampas que le permitieran a las
personas con dificultades de locomoción acceder al Centro Administrativo
Municipal, sin poner en riesgo su vida y su salud, lo cual deviene en la
afectación a su derecho a la libre locomoción y a la igualdad, ya que en su
caso particular debe desplazarse en silla de ruedas. El segundo caso está
referido a un estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia que
consideró que sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y
libertad de locomoción estaban siendo vulnerados por la institución educativa,
ya que debido a su condición de discapacidad física se veía obligado a
desplazarse en silla de ruedas por espacios no diseñados para ello, para
cumplir con sus actividades académicas, por lo cual solicitó la construcción de
rampas que redujera los riesgos a los cuales se encontraba expuesto como
también todas las personas en su misma circunstancia. La Sala concedió el
amparo del derecho fundamental a la igualdad y ordenó a la Alcaldía de
Chiquinquirá dispusiera lo necesario para que el accionante pudiera realizar la
gestión de sus asuntos ante dicha entidad; y a la Universidad de Antioquia le
ordenó que programara las actividades académicas del estudiante en espacios
adecuados y teniendo en cuenta sus condiciones especiales.
En la sentencia T-595 del 1 de
agosto de 2002[13],
la Sala Tercera de Revisión se planteó si Transmilenio S.A. había
desconocido los derechos constitucionales invocados por el actor debido a que
los buses alimentadores del Sistema Troncal de Transmilenio que circulaban
cerca de su residencia, no eran accesibles para él, puesto que debe desplazarse
en silla de ruedas. En esta oportunidad, la Sala consideró que si bien
Transmileno S.A. no podía de manera inmediata e instantánea garantizar el
acceso del accionante al sistema de transporte sin tener que soportar cargas
excesivas, lo mínimo que debía hacer para proteger la prestación de carácter
programático derivada de la libertad de locomoción es contar con un plan
encaminado a asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad física. En consecuencia, tuteló los derechos a la libertad de
locomoción y a la igualdad del peticionario, y ordenó a Transmilenio que en el término máximo de dos años, diseñara un plan
orientado a garantizar el acceso del accionante al sistema de transporte
público básico de Bogotá, y que una vez diseñado el plan, iniciara
inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma
incluido en él.
En la sentencia T-276 del 2 de abril de 2003[14], esta
Corporación abordó el caso de un concejal del municipio de Mariquita, quien
tenía discapacidad física y para su movilización se desplazaba en una silla de
ruedas. El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la libertad de locomoción y otros, por considerar que estaban
siendo transgredidos por la administración municipal al no efectuar las
adecuaciones necesarias en su estructura física para facilitar el acceso a las
personas con discapacidades físicas. En esta ocasión la Sala protegió los
derechos fundamentales invocados por el actor aduciendo que es titular de una
especial protección por parte del Estado, es habitante del municipio, es
concejal, tiene una discapacidad física para lo cual requiere movilizarse en
silla de ruedas, y para el ejercicio de sus funciones debe visitar con
frecuencia las instalaciones del Palacio Municipal, el cual carece de
accesibilidad para las personas en situación de discapacidad; y le otorgó un
término a la accionada de dieciocho meses para que realizara las adecuaciones
pertinentes.
En sentencia T-030 del 28 de enero de 2010[15], se decidió
el caso de una señora que invocó la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la dignidad humana y a la libre locomoción, debido a que la
administración departamental del Cauca y municipal de Popayán no han construido
las rampas que le faciliten su acceso al Palacio Municipal en razón a que debe
desplazarse en silla de ruedas. En esta oportunidad la Sala de Revisión
encontró vulnerado su derecho a la igualdad y de locomoción por omisión del
deber de trato especial y ordenó a la Gobernación del Cauca que se ejecutaran
las obras contratadas para la instalación de las rampas en el edificio de la
Gobernación y que adoptara las medidas pertinentes para la efectiva eliminación
de barreras arquitectónicas que vulneran el derecho a la libre locomoción de la
accionante.
De los fallos precedentemente expuestos puede
colegirse que esta Corporación ha protegido en varias oportunidades los
derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y libre locomoción de las
personas en situación de discapacidad, ante la falta de garantía de acceso
físico a las instalaciones que prestan un servicio público, pero cabe advertir
que también ha sido enfática en afirmar, de acuerdo con el contenido de la Ley
361 de 1997, que la eliminación de las barreras arquitectónicas también
compromete a las edificaciones de carácter privado.[16]
4.2.1.4 La jurisprudencia ha
exigido la elaboración de un “plan” para asegurar el goce efectivo del derecho
a la accesibilidad física de las personas en situación de discapacidad en su
faceta prestacional.
Esta Corporación ha establecido que cuando la
protección de un derecho fundamental, en su faceta prestacional, requiere de un
desarrollo progresivo, la autoridad competente debe adoptar  un plan encaminado
a satisfacer el goce efectivo del derecho, pues en caso contrario existiría un
incumplimiento de importantes obligaciones constitucionales.[17] Ahora bien, los
requisitos que la Corte Constitucional ha exigido para la estructuración de una
política pública también pueden predicarse de un plan. En este sentido, la
jurisprudencia ha identificado tres aspectos a tener en cuenta:
“La primera condición es que la política
efectivamente exista. No se puede tratar de unas ideas o conjeturas respecto a
qué hacer, sino un programa de acción estructurado que le permita a la
autoridad responsable adoptar las medidas adecuadas y necesarias a que haya
lugar. Por eso, como se dijo, se viola una obligación constitucional de
carácter prestacional y programática, derivada de un derecho fundamental, cuando
ni siquiera se cuenta con un plan para progresivamente cumplirla.[18] (…)
La segunda condición
es que la finalidad de la política pública debe tener como prioridad garantizar
el goce efectivo del derecho. En tal sentido, por ejemplo, no puede tratarse de
una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de acciones
reales y concretas.[19]
Así pues, también se viola la Constitución cuando existe un plan o un
programa, pero se constata que (i) “sólo está escrito y no haya sido
iniciada su ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea evidentemente
inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y
necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se
ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazo­nable”.[20] (…)
La tercera condición es que
los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la
política pública permitan la partici­pación democrática.[21] En tal sentido, la
jurisprudencia ha considerado inaceptable constitucionalmente que exista un
plan (i) ‘que no abra espacios de participación para las diferentes
etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde espacios, pero éstos sean
inocuos y sólo prevean una participación intrascendente.’[22]
En resumen, debe existir (i)
un plan específico para garantizar de manera progresiva el goce efectivo del
derecho constitucional en su faceta prestacional; (ii) un cronograma de
actividades para su ejecución. El plan (iii) debe responder a las necesidades
de la población hacia la cual fue estructurado; (iv) debe ser ejecutado en un
tiempo determinado, sin que este lapso se torne en irrazonable ni indefinido y;
(v) debe permitir una verdadera participación democrática en todas las etapas
de su elaboración.
4.2.2
LA PROHIBICIÓN DE NO
DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 13, Y LA CONSECUENTE OBLIGACIÓN DE
DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS EN CIRCUNSTANCIA DE
DISCAPACIDAD.
La cláusula del derecho a la igualdad prohíbe
cualquier discriminación originada en razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otros
criterios. Además, establece la obligación, a cargo del Estado, de adelantar acciones
afirmativas a favor de grupos históricamente marginados y excluidos de la
sociedad, las cuales son constitucionalmente admisibles para garantizar real y
materialmente el ejercicio de este derecho, por lo menos, en iguales
condiciones, a las personas en situación de debilidad, vulnerabilidad o cuya
situación se enmarque dentro de los criterios que son considerados como
sospechosos, frente a las demás que no se encuentren en su misma circunstancia.
En punto al importante cometido que se busca alcanzar
a través del despliegue de acciones afirmativas por parte del Estado frente a
las personas en situación de discapacidad, esta Corporación ha referido que “el
fin perseguido a través de las medidas de diferenciación positiva es el de contrarrestar
- equilibrar - los efectos negativos que generan las discapacidades en punto a
la participación de los discapacitados en las distintas actividades que se
desarrollan en la sociedad”[23]
(Negrilla fuera de texto)
Se reitera que el contenido del artículo 13 de la
Constitución Política busca la realización de una justicia material para todas
las personas. En consecuencia, la especial protección constitucional que se
otorga a diferentes personas o grupos en estado de vulnerabilidad, como es el
caso de aquéllos ciudadanos con diferentes discapacidades, no es un favor que
les otorga el Estado o un acto de caridad sino que es un deber
constitucional (artículos 13, 47, 54, 68). Al respecto, esta Corporación ha
sido enfática en sostener que:
“el trato favorable no constituye un privilegio
arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”[24] (Subraya fuera de texto)
Sin embargo, el deber de trato especial no significa
que las personas en situación de discapacidad se encuentren relevadas de sus
deberes y obligaciones constitucionales como cualquier otro ciudadano.[25]
Ahora, la omisión de acciones afirmativas constituye
una forma de discriminación. Aunque no hay ánimo de discriminar, ello no
significa que el resultado no sea excluyente.
Específicamente, en el caso de las personas en
situación de discapacidad, esta Corporación ha referido que pueden constituir
actos de discriminación contra esta población: “la conducta, actitud o trato,
consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos,
libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro,
el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato
especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto
directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad. [26]” [27] (Subraya
fuera de texto)
El acto discriminatorio puede originarse en una acción
deliberada o un resultado no previsto, lo cual en todo caso “(…) implica la
violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida
a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y
libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o
se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista
justificación objetiva y razonable”[28].
(Subraya fuera de texto)
Ahora bien, para que un trato diferente esté
justificado esta Corporación ha encontrado que deben observarse los siguientes
parámetros: “primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión
de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado
constitucionalmente; y tercero, que la consecución de dicho fin por los medios
propuestos sea posible y además adecuada.”[29]
Los actos discriminatorios pueden originarse en el
lenguaje de las normas o en las prácticas de las instituciones o de la sociedad
que de manera injustificada llegan a constituirse en una forma de vida y son
aceptados con naturalidad, lo cual conlleva que las personas que sufren este
tipo de exclusión tengan que soportar cargas infundadas desde el punto de vista
moral y/o jurídico.[30]
A la luz de las consideraciones precedentes, la
vulneración del derecho fundamental a la igualdad de las personas en situación
de discapacidad puede devenir no sólo por acción sino también por la omisión de
acciones afirmativas de que son titulares[31]
lo cual mantiene la estructura de exclusión social e invisibilidad a la que han
sido sometidas históricamente, y que obstaculiza el ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales.[32]
Al respecto, esta Corporación ha establecido que para
verificar la existencia de un acto discriminatorio por omisión de acciones
afirmativas, deben concurrir los siguientes requisitos:
“La existencia de una discriminación por omisión de
trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica diversos
extremos: (1) un acto - jurídico o  de hecho - de una autoridad pública o de un
particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos
de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre
el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos,
libertades u oportunidades de los discapacitados.”[33]
En últimas, cualquier trato diferenciado para que sea
constitucionalmente admisible debe tener sustento en los valores y principios
constitucionales y, claramente, en la observancia del contenido del artículo 13
de la Carta Fundamental.
5       ESTUDIO DEL CASO
CONCRETO
5.1  HECHOS PROBADOS:
Antes de abocar el estudio de los
supuestos fácticos para acoger o desestimar las pretensiones del solicitante,
es pertinente referirse a los hechos que se encuentran debidamente probados en
el presente caso y que a continuación se resumen:
5.1.1          El señor Carlos Alberto Toro tiene una
discapacidad física, por lo cual se moviliza en una silla de ruedas; es abogado
y se desempeña en el área del litigio penal. Por ello debe acudir continuamente
al Complejo Judicial de Paloquemao para realizar las diligencias propias de su
oficio, pero está limitado para ello por la denegación de accesibilidad para
desempeñar su profesión con autonomía, al punto que su derecho al trabajo y al
mínimo vital se encuentran afectados.
5.1.2           El pasado 3 de junio se realizó una inspección
judicial en el Complejo Judicial de Paloquemao con el fin de verificar las
condiciones de accesibilidad física a dichas instalaciones y quedó acreditado,
según concepto técnico emitido por un arquitecto consultor externo de la
Defensoría del Pueblo, que las instalaciones donde se encuentra el Complejo no
cumple con las condiciones necesarias para brindar una adecuada accesibilidad a
las personas en situación de discapacidad a dicho entorno. En particular, en la
diligencia el Despacho observó lo siguiente: (i) las rampas que se
encuentran ubicadas en el primer piso del Complejo no se ajustan a las
condiciones mínimas de inclinación, algunas no tienen barandas o están
deterioradas, y no existen para acceder a los pisos superiores del Complejo; (ii)
no hay ascensores; y (iii) las salas de audiencias ubicadas en el
primer piso como la mayoría de las que se encuentran ubicadas en los pisos
superiores no permiten el ingreso del accionante con su silla de ruedas a, en
particular al sitio que debe ocupar en su calidad de abogado defensor, porque
sus puertas son angostas.
5.1.3           Se encuentra acreditado (folio 49 cuaderno
1) que la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles del Consejo Superior de la
Judicatura tiene un proyecto para la adecuación del Complejo Judicial de
Paloquemao, en virtud de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio,
pero no existe un plan concreto frente a la accesibilidad física de las
personas en situación de discapacidad.
5.2
EXAMEN DE LA PROCEDENCIA
Para el juez constitucional de primera
instancia, el presente asunto escapa a la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela, pues no se encuentra acreditada la concurrencia de un perjuicio
irremediable, pese a que reconoce la calidad de sujeto de especial protección
constitucional que ostenta el actor. Además, indicó que no se puede desconocer
la existencia de otros mecanismos de defensa judicial suficientemente
garantistas y que son de interés general como el presente asunto, pues la
acción de amparo debe proponerse de forma inmediata y en interés particular.
Agregó que los jueces constitucionales no tienen la competencia suficiente para
disponer de erogaciones del presupuesto otorgado a cada entidad y lo remite a
que ejercite la acción popular, a través de la cual puede obtener un beneficio
a favor de todas las personas con discapacidad.
En sede de impugnación, el juez
constitucional de segunda instancia compartió el mismo criterio del juez de
primera instancia y reiteró la improcedencia de la acción de tutela por existir
una acción popular en curso cuya pretensión guarda relación con la que se
invoca a través de la acción de tutela. Además, indicó que el actor no había
demostrado la afectación a su mínimo vital, lo cual no había dejado de ser una
afirmación sin respaldo probatorio.
Al respecto, esta Sala considera necesario
recordar que la procedencia de la acción de tutela cuando estén involucrados
derechos colectivos debe examinarse a la luz de los derechos subjetivos que se
encuentren en juego y de los cuales exista prueba de su vulneración.
En el caso concreto, el accionante
solicita la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas en el Complejo
Judicial de Paloquemao, las cuales no le permiten ejercer su profesión como
abogado penalista con plena autonomía. Por ejemplo, evidencia las dificultades
que debe enfrentar cotidianamente para asistir a las salas de audiencias, pues
éstas son muy angostas y no puede ingresar con su silla de ruedas. Lo anterior,
lo hace sentirse en desventaja frente a sus demás colegas que pueden caminar y
recorrer todo el Complejo para adelantar los trámites de sus clientes. Aún más,
señala que en ocasiones no ha sido contratado por la dificultad que tiene para
circular en dichas instalaciones y sus clientes optan por otros profesionales
del derecho.
Si bien, las pretensiones del actor
benefician al resto de población en situación de discapacidad que se hallen en
su misma circunstancia, este hecho no excluye la procedencia de la acción
constitucional en el presente caso, pues el problema jurídico versa sobre la
afectación  de los derechos subjetivos individuales del actor, estos son, el
derecho a la accesibilidad, a la igualdad, a la libre locomoción, al trabao y a
ejercer su profesión.
Por lo tanto,  en virtud de su condición
de sujeto de especial protección constitucional, ante la inexistencia  de otros
mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los derechos
invocados y por tratarse de un asunto de relevancia constitucional, la acción
de tutela se abre paso como el mecanismo idóneo para invocar el amparo de sus
derechos fundamentales a la accesibilidad, a la libre locomoción, a la dignidad
humana, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital
5.3      ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE
5.3.1      La existencia de barreras físicas y arquitectónicas
en el Complejo Judicial de Paloquemao vulnera el derecho a la accesibilidad y a
la libertad de locomoción del actor.
5.3.1.1 Durante el desarrollo de la inspección judicial que se
llevó a cabo el pasado 3 de junio en las instalaciones del Complejo Judicial de
Paloquemao, se observó que si bien como lo expone la Dirección Ejecutiva
Seccional de Bogotá y la Unidad de Recursos Físicos del Consejo Superior de la
Judicatura, en el primer piso se encuentran dispuestas rampas de acceso para la
población en situación de discapacidad física, éstas no cumplen con las
condiciones mínimas de inclinación, excepto la de la entrada al Centro de
Servicios y Apoyo Judicial; sin embargo, esta rampa no tiene barandas, las
cuales deberían estar ubicadas a 70 y 90 centímetros tanto para las personas en situación de discapacidad física como para los adultos
mayores (folio 122 y 123 cuaderno 1). Es decir, aunque se pudo constatar la
existencia física de rampas en el primer nivel del complejo, éstas no cumplen
con los requisitos técnicos exigidos por ley, no hay medidas de precaución para
advertir que hay un desnivel en el terreno (folio 124 del cuaderno 1) y se
encuentran en mal estado y con deficiente señalización, lo que puede traer como
consecuencia una deficiente evacuación del edificio o generar mayores
accidentes en caso de una situación de emergencia.
Acerca de las condiciones de accesibilidad
física en el primer piso, el Despacho pudo verificar la dificultad con la que
el actor se moviliza por las rampas, y casi siempre con ayuda de terceras
personas. En este respecto, el peticionario hizo la siguiente manifestación :
“(…) en algunas oportunidades tengo que esperar a que alguien me ayude en la
rampa de la entrada y en los bloques siento dificultad porque las rampas están
demasiado paradas, cuando ha llovido mucho y las personas tocan la rampa, m
resbalo y no puedo subir. Igualmente, tengo que esperar a que alguien me
colabore para que me suban por las rampas. Advierte que ´si ingreso al primer
piso, allí se encuentran unos baños a los cuales no puedo ingresar porque
tienen unas registradoras y no tengo acceso (…)” (folio 124 del cuaderno 1)
De otro lado, frente a la solución
planteada por la Dirección Ejecutiva Seccional que consiste en que el personal
del Centro de Servicios y de Apoyo Judicial le brinde la colaboración necesaria
a la población en situación de discapacidad para atender sus requerimientos, se
evidencia que esta alternativa puede ser una medida provisional en el corto
plazo, pero no puede tener el carácter de definitiva porque ahonda la
dependencia del actor frente a terceros. Al respecto, es importante recordar la
manifestación del peticionario frente al derecho a su autonomía:
“La situación mía, lo que yo digo es que
tengo que tener una autonomía para poderme manejar dentro del Complejo Judicial
para poder desempeñar mis labores como abogado. No estar dependiendo de otra
persona en todo momento, en cada circunstancia que yo necesite movilizarme,
estar dependiendo de una persona. O sea no se me están dando las posibilidades
para yo poder desempeñar mi trabajo como debe ser, con una autonomía, solo,
preguntándole a los fiscales, jueces, en los diferentes pisos si no que me toca
que esperar a llamar a alguien, a preguntarle a alguien que por favor me
colaboren, me suban, y además no puedo entrar a las salas de audiencias como ya
evidenciaron normalmente (…)” (folio 126, reverso, del cuaderno 1)
5.3.1.2 Por otra parte, esta Sala considera que aunque el
personal del Centro de Servicios y Apoyo Judicial y miembros de la Policía
Nacional le ha colaborado al actor, en algunas oportunidades, para movilizarlo
a los pisos superiores cuando así lo ha requerido para el desarrollo de alguna
diligencia u otros trámites, dicha actuación no deviene de una obligación legal
sino de una manifestación del principio de solidaridad, tal y como acontece
cuando personas que acuden al Complejo le han prestado dicha colaboración.
Además esta ayuda no es exigible
jurídicamente y, por tanto, deviene del querer o disponibilidad de dicho
personal, pero sobre todo esta solución es contraria al propósito de inclusión.
Por esta razón, no desarrolla el contenido de los valores y principios
constitucionales.
En definitiva, la medida propuesta por la
accionada no asegura la realización de los derechos a la accesibilidad y a la
libre locomoción del actor, pues el actor depende de la voluntad de terceros
para movilizarse por dichas instalaciones y, en consecuencia, su derecho a la
dignidad humana, esto es, a desarrollar autónomamente su proyecto de vida, está
siendo denegado.
5.3.1.3 Frente a la afirmación por parte de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá referente a que existen dos
salas de audiencias en el primer piso y que siempre y cuando la condición de
discapacidad sea informada al Centro de Servicios, éstas se pueden asignar al
actor, se advierte lo siguiente:
Si bien existen dos salas de audiencias en
el primer piso, el actor aduce que no siempre le corresponden sus diligencias
en éstas; la razón, según lo informó personal del Centro de Servicios, es que
los Despachos Judiciales no informan esta condición, razón por la cual pasa
inadvertida esta calidad ante las numerosas solicitudes que reciben a diario.
Por ejemplo, el Secretario de la Coordinación del Centro de Servicios refirió
durante el curso de la inspección judicial: “A veces, los Juzgados no avisan y
al doctor ha tocado colaborarle para subirlo del Centro de Servicios porque el
Juzgado no avisa al grupo de salas la condición del doctor, entonces viene a
pedir, a veces personal, custodios, subirlo a unos pisos, dos, tres, y no sé si
de pronto ha tenido problema de ingresar a los despachos, tal vez si, porque la
silla de ruedas no entra por la puerta de los despachos y eso se sale del
Centro de Servicios (…)” (folio 127, reverso, cuaderno 1)
Además, aunque existen dos salas de
audiencias en el primer piso, en la inspección se observó que las mismas no
cumplen con las medidas mínimas y presentan negación de acceso en la entrada
que comunica hacia el lugar donde el actor debe ubicarse como abogado defensor,
pues tienen 85 centímetros cuando deberían tener más de 90 centímetros. Al respecto, el actor manifestó durante la diligencia:
“lo que normalmente hacen es que ponen una
silla aquí y yo me traslado a la silla y luego me levantan esta silla de ruedas
y me la ponen allí pero cuando tengo problemas de enfermedad o personales, no
me puedo trasladar de una silla a otra y me toca quedarme aquí sentadito.
Entonces, prácticamente no puedo hacer audiencia a veces (…)
Se le interroga al señor CARLOS ALBERTO
TORO, por parte del Despacho del magistrado sustanciador, cuando se refiere
a que no puede trasladarse de una silla a otra por problemas personales ¿se
refiere al no control de esfínteres en ese momento? Responde: correcto. A veces
duro ocho, diez horas fuera de la casa y a medida que yo me tengo que estar
haciendo catéter cada cuatro horas, pero sin embargo el pañal empieza a mojarse
y cuando se moja demasiado no me traslado a otra parte porque se evidencia la
situación mía” (Folio 125, reverso, cuaderno 1)
5.3.1.4  Ahora bien, como quedó expuesto en las
consideraciones precedentes, la relación persona – ambiente, constituye una
interacción que crea un entorno adecuado para que el ser humano pueda
desarrollar su proyecto de vida, es lo que determina un hábitat favorable a sus
aspiraciones.[34]
En el caso de las personas con discapacidad, una manifestación del respeto por
su dignidad humana se materializa en la adecuación del ambiente físico a sus
necesidades para lograr su inclusión social “entendiendo por incluyente aquel
medio que no solo te sostiene, sino que te permite ser libre, te ayuda a
evolucionar de acuerdo con tu naturaleza y sustenta tu libertad profunda (…)”[35]
Cabe preguntarse si el Complejo Judicial
de Paloquemao cumple con las exigencias legales a nivel nacional e
internacional respecto al derecho a la integración de las personas en situación
de discapacidad a los edificios que prestan un servicio público, máxime cuando
en el caso particular se trata de instalaciones en donde se desarrolla la labor
de administrar justicia.
La respuesta al anterior interrogante,
luego de analizar las pruebas que obran en el expediente, es que el Complejo
Judicial de Paloquemao tiene barreras físicas y arquitectónicas que le impiden
al accionante la accesibilidad y la libre locomoción dentro del mismo. Las
consecuencias que devienen de esta negación de acceso son graves en el caso del
actor porque en su calidad de abogado litigante en materia penal, debe acudir
permanentemente al Complejo para ejercer su profesión, oficio que ha elegido
como un plan para desarrollarse en uno de los aspectos de la vida, y de cuyo
ejercicio se deriva su sustento económico y el de su núcleo familiar, integrado
por dos niños de 10 y 5 años de edad.
Aunque la Dirección Ejecutiva Seccional de
la Administración Judicial y el Complejo Judicial de Paloquemao, a través de
sus representantes, explicaron que (i) el Centro de Servicios y Apoyo Judicial
cumple con todas las especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad
y cuentan con personal para brindar la colaboración que las personas en
situación de discapacidad requieran; (ii) en la entrada al edificio del
Complejo existe la señalización necesaria para que las personas con
discapacidad accedan al mismo; (iii) la Dirección Ejecutiva en coordinación con
la Fiscalía General y la ARP Colmena, está trabajando en la elaboración de un
plan de emergencia y evacuación; (iv) en el punto de información del primer
piso suministran al usuario todo el tipo de información necesaria frente a la
ubicación de despachos, fiscalías, etc. y,  por tanto, no todos los usuarios
deben trasladarse por todo el complejo. Además  cuentan con centro de
fotocopiado; (v) existen bandas “fotolumicentes” en las rampas, aunque no en su
totalidad; (vi) existen salas de audiencias en el primer piso del complejo
judicial; (vi) aunque algunas barandas de las rampas presentan deterioro, era
cuestión de ajustarlas; (vii) las ventanillas de las oficinas de administración
judicial eran accesibles a la población en situación de discapacidad; (viii)
las diligencias en las salas de audiencias tienen prioridad para las personas
con discapacidades, pero dicha condición le debe ser informada al Centro de
Servicios para que adelante el trámite de su programación; (ix) en las oficinas
del segundo piso del bloque F, se encuentran despachos de la Fiscalía; (x) el
personal de la policía le presta la colaboración necesaria a las personas en
situación de discapacidad; y otras razones según consta en los folios 122 al
128 del cuaderno 1, estos esfuerzos no son suficientes y por el contrario
se evidencia una seria limitación a los derechos fundamentales del actor.
5.3.1.5 En conclusión, el edificio en donde funciona el
Complejo Judicial de Paloquemao presenta limitaciones de acceso físico y
arquitectónico, pues aunque se evidencia la existencia de rampas y de dos salas
de audiencias en el primer piso de esta edificación, éstas no cumplen con las
condiciones técnicas legales ni de diseño, por tanto, pese a su existencia, se
presenta una negación de acceso. Además, con la realización de la diligencia de
inspección judicial se corroboró que el Complejo Judicial de Paloquemao no está
adecuado de acuerdo con las especificaciones de la Ley 361 de 1997 y su decreto
reglamentario, pues las rampas que se encuentran en el primer piso del bloque
C, D, y E no cumplen con las condiciones mínimas de inclinación y de seguridad,
algunas barandas presentan deterioro, no hay bandas fluorescentes a cada
costado de la rampa que permitan leer el sendero en caso de que no haya luz,
las salas de audiencias no son accesibles, no hay batería de baños para
personas con discapacidad y tampoco cuenta con ascensores para que las personas
con discapacidad física puedan movilizarse hacia los pisos superiores. Dicha
omisión está generando en el caso concreto una vulneración de los derechos del
actor, pues allí es donde ejerce generalmente su profesión de abogado
litigante.
5.3.2   Las barreras
físicas y arquitectónicas que existen al interior del Complejo Judicial de
Paloquemao son excluyentes y vulneran el derecho a la igualdad del señor Carlos
Alberto Toro Muñoz.
5.3.2.1 Lo expuesto precedentemente, tiene un impacto negativo
en el ejercicio de la profesión del accionante, pues éste se encuentra
en desventaja frente a los demás profesionales del derecho que sí pueden
recorrer las instalaciones del Complejo con libertad, acudir a los despachos
judiciales y fiscalías, ingresar sin dificultad a la sala de audiencias, etc.,
por tanto, no se le está garantizando la igualdad de oportunidades frente a
estos profesionales del derecho, al paso que se verifica una omisión en la
adopción de acciones afirmativas a favor del peticionario, pues (i) se
trata de dos poblaciones diferentes: profesionales del derecho que no tienen
discapacidad física y pueden desplazarse sin obstáculos por el Complejo
Judicial de Paloquemao y abogados, como el actor, que presentan una
discapacidad física y tienen negación de acceso a las instalaciones del
Complejo; (ii) la discriminación positiva tiene sustento en un fin
constitucionalmente admisible, esto es, el artículo 13, 47, 54 y 68 de la
Constitución Política y; (iii) lo que se pretende es la realización de
una verdadera justicia material.
5.3.2.2 Es decir, el ambiente en el caso concreto está
jugando un papel  excluyente, en la medida en que para el accionante la
edificación en donde funciona el Complejo Judicial de Paloquemao está asociada
al lugar donde puede desempeñar su profesión de abogado pero no puede acceder a
éste como lo hace el resto de la población que no tiene una discapacidad física
porque la edificación está diseñada para personas que pueden desplazarse
caminando por todo el Complejo. Para el actor, dichas instalaciones, adquieren
una significación especial porque en este escenario físico es donde se proyecta
como una persona capaz de desempeñar un oficio con idoneidad, competencia y en
igualdad de condiciones frente a sus demás colegas. Pero el mensaje intrínseco
que se le envía al actor y a las personas que se encuentran en su misma
situación cuando no pueden movilizarse con autonomía por todo el Complejo, es
de indiferencia y exclusión. En este caso, el entorno físico no sostiene las
aspiraciones del accionante, no le permite ser con plena libertad y autonomía
ni acceder a un ingreso económico para la satisfacción de sus necesidades, por
tanto se está incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar su
participación plena en todos los aspectos de la vida, de conformidad con el
contenido del artículo 9 de la Convención de los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad.
En el caso del señor Carlos Alberto Toro
Muñoz, el trato desigual al que está siendo sometido deviene del fracaso de la
adaptación del ambiente a sus necesidades no de su incapacidad de integrarse a
la sociedad, porque como él mismo lo afirma en su escrito de impugnación:
“(…) yo no quiero llegar a pedir limosna
en las calles, y por eso es que con todo mi esfuerzo acudo a trabajar en el
complejo judicial de paloquemao, con todo mi esfuerzo voy a las salas de
audiencias a ejercer mi profesión (…) nadie sabe cómo es la vida de un
discapacitado, como los dolores que nos aquejan a diario, tomo seis clases de
pastas diferentes para mis dolores, hasta morfina me han llegado a formular, el
control de los esfínteres es nulo, y por tanto está uno a merced de su cuerpo,
y por eso no permito que me carguen al pasarme la baranda de la sala de
audiencias, es que ni siquiera las salas permiten el ingreso con mi silla de
ruedas, sino que me toca que hacer maromas para poder estar en la audiencia, mi
situación no es la mejor, pero sin embargo trato de salir adelante (…)” (folios
41 y 42 cuaderno principal)
Se reitera, no es suficiente la buena
intención de las entidades públicas y privadas respecto a la integración social
de las personas con discapacidades (por supuesto, dicho compromiso también
involucra a la sociedad), sino que se requiere el desarrollo de acciones
afirmativas concretas que garanticen el goce efectivo de los derechos
fundamentales de esta población.
En resumen, en el
caso objeto de estudio la entidad accionada omite el deber de trato
diferenciado, constitucionalmente admisible, pues el actor es una persona
que: (i) tiene una discapacidad, (ii) en efecto, se le  margina y excluye del acceso
al ambiente físico en el Complejo Judicial de Paloquemao, (iii) no tiene una
forma alternativa para movilizarse y cumplir con las actividades inherentes al
ejercicio de su profesión, (iv) por tanto se encuentra en desventaja frente a
los demás abogados que sí pueden movilizarse por todo el complejo, y (v) en
consecuencia, el ejercicio pleno de su derecho a la igualdad de oportunidades
en el desempeño de su oficio y de otras garantías constitucionales están siendo
limitadas sin justificación alguna.
5.3.2.3 Por otro lado, no es acorde con los postulados y
valores constitucionales, la actitud indiferente de los jueces y fiscales
frente a la situación del peticionario, cuando en situaciones como las que
narra, al llegar a la sala de audiencias en los pisos superiores con toda la
dificultad que esto representa, le dicen que “así como me había subido al
tercer piso me acomodara como pudiera, tomando una actitud indiferente con mi
situación de discapacidad (…)”  Y continúa: “Ante el suceso anterior, la jueza
y el Fiscal Séptimo Especializado instaron a su prohijado para que contratara
otro abogado que sí pudiera entrar a la sala de audiencias o, de lo contrario,
nombrarían un defensor público, propuesta que su cliente y el peticionario
rechazaron.”
Por lo anterior se
observa la necesidad de realizar un proceso de sensibilización con todas
las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la
población con discapacidad, con el fin de confrontar los prejuicios sociales
que son los que profundizan aún más las condiciones de invisibilización a la
que esta población ha sido sometida. Asumir como normal el hecho de que el
personal del Centro de Servicios y Apoyo Judicial como miembros de la Policía
Nacional tengan que trasladar al actor cuando requiere movilizarse a los pisos
superiores o ingresar a las salas de audiencias, vulnera su derecho a la
autonomía y dignidad humana.
Los hechos narrados por el actor respecto
al trato que recibe en algunas oportunidades en el ejercicio de su profesión,
constituyen cuando menos una actitud reprochable, máxime tratándose de
funcionarios encargados de administrar justicia.
5.3.3    Otros derechos que son vulnerados en el caso
particular del accionante.
5.3.3.1 Autonomía, libre
desarrollo de la personalidad, dignidad humana.
Como quedo expuesto en líneas anteriores,
la solución que la accionada presenta como una forma de garantizar los derechos
fundamentales del actor, en el sentido de que los policías o el personal de la
Oficina del Centro de Servicios le pueden brindar la ayuda necesaria para su desplazamiento,
no es idónea. Lo que debe garantizarse es la autonomía del accionante para que
pueda realizar su proyecto de vida tal y como lo ha planeado, ejerciendo su
profesión con libertad, sin que las barreras físicas y arquitectónicas
constituyan un obstáculo para sus propósitos. Además, el hecho de que el actor
dependa de la “ayuda” que quieran brindarle los demás lo ponen en una situación
de dependencia, en el plano de quien está a la espera de “un favor” y,
no en su reconocimiento como sujeto pleno de derechos.
El señor Carlos Alberto Toro Muñoz
manifiesta que en el punto de información no le suministran todos los datos que
requiere, como respuesta al personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Bogotá quienes afirmaron que allí proporcionaban toda la información sin
necesidad de que el usuario tuviera que desplazarse por los pisos superiores,
en los siguientes términos:
“(…) Ellos me envían, vaya al Juzgado y
averigüe tal cosa. De tal forma, que ellos no me dan la información que yo
necesito, por lo tanto me toca desplazarme o mandar a alguien para que vaya al
Juzgado. De la misma forma la colaboración de la Policía es muy limitada, hay
días que no me colaboran, ellos dicen que están aquí para la seguridad, no
están aquí para subir ni bajar discapacitados. Entonces la situación mía, de
autonomía no es la mejor. Yo no me puedo movilizar solo y todos los juzgados
están en otros pisos.” (folio 127 cuaderno 1)
Por otra parte, el hecho de que al actor
lo tengan que subir cargado a los pisos superiores o que en las salas de
audiencias tenga que ser levantado de su silla de ruedas ante la imposibilidad
de ingresar en ella, son actos que atentan contra su derecho a la dignidad
humana. El mismo accionante indica que en ocasiones no se deja trasladar por
terceros porque como no tiene control de esfínteres se evidenciaría su
situación, máxime cuando esto sucede delante de sus clientes. Lo anterior ha
afectado su autoestima como profesional del derecho y como persona.
5.3.3.2 Mínimo vital
Las barreras físicas y arquitectónicas
también constituyen una vulneración del derecho al mínimo vital del actor, pues
como él mismo lo afirma, sus ingresos económicos devienen principalmente del
ejercicio de su profesión como abogado litigante en el Complejo Judicial de
Paloquemao Sin embargo, no se le está garantizando el ejercicio de su profesión
en igualdad de oportunidades frente a los demás colegas debido a la negación de
acceso al Complejo. Como lo afirma el actor:
“(…) yo entiendo que existen unas salas a
partir del segundo, tercero, cuarto y quinto piso que me permiten la
accesibilidad pero igual si no puedo subir a ellas, yo que saco con que sean
unas salas grandes, amplias, si no puedo subir a ellas. Yo necesito es una
forma de movilizarme en los pisos superiores, segundo, tercero, cuarto y quinto
piso porque no solamente subo a audiencias, yo también subo a donde un juez, a
solicitarle un auto, a solicitarle una petición, cosas diferentes que tenemos
que hacer los abogados en los despachos judiciales y no lo puedo hacer
personalmente. De tal forma que estoy limitado en la movilidad mía como
abogado, en mi trabajo, como es litigando aquí en el Complejo Judicial de
Paloquemao”. (Folio 127 del cuaderno 1)
5.3.3.3 Acceso a la administración de
Justicia
Para finalizar, las barreras que existen
en el ambiente físico del Complejo Judicial de Paloquemao niegan el acceso a la
administración de justicia no sólo del actor sino de todas las personas que se
encuentren en su misma circunstancia y que acuden a dichas instalaciones para
adelantar los trámites que requieren.
5.3.4                                                                                                           No
existe un plan específico para garantizar el derecho a la accesibilidad física
de las personas en situación de discapacidad a las instalaciones del Complejo
Judicial de Paloquemao.
A la vez se evidencia que aunque la Unidad
de Recursos Físicos e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura allegó un
documento en el cual explica que a la fecha se ha ejecutado la adecuación
física de los pisos 2 al 5 de los bloques B y C, y los pisos 1 al 4 del Bloque
E, tal y como se pudo constatar en la diligencia de inspección judicial, estos
espacios presentan en su totalidad barreras físicas y arquitectónicas para el
señor Carlos Alberto Toro Muñoz y para todas la personas que se encuentran en
su misma situación, por tanto no son accesibles.
Además, frente a la afirmación de que el
primer piso del Complejo junto a las dos salas de audiencias que se encuentran
allí están adecuados para garantizar la fácil circulación de las personas con
discapacidades físicas, también se pudo comprobar que esta aseveración no es
del todo cierta, pues existen dificultades para el acceso físico a estas
instalaciones.
También informaron que con las partidas de
las vigencias 2013-2014 se efectuara la construcción de un punto fijo de
ascensores que garantice la circulación por todo el complejo de las personas
con discapacidad.
Finalmente, manifestaron que como medida
provisional en la presente vigencia se adecuaría en el primer piso del complejo
un espacio para la atención especial de las personas con discapacidad.
Sin embargo, se evidencia que no existe un
“plan” de acuerdo con las características que esta Corporación ha establecido
para que pueda tenerse como tal, pues (i) no existe un plan específico
para garantizar la accesibilidad física a las personas en situación de
discapacidad, pues las adecuaciones realizadas obedecen a la implementación del
Sistema Penal Acusatorio. En consecuencia, no se ha garantizado el goce
efectivo de los derechos constitucionales de esta población; (ii) no se
allegó dicho  plan como tampoco se especificó en qué etapa se encuentra y cuál
era su cronograma de actividades; (iii) ante la inexistencia de un plan
específico, tampoco pudo verificarse que éste respondiera a las necesidades de
las personas en situación de discapacidad. En este punto cabe anotar que las
adecuaciones físicas del Complejo realizadas a la fecha, en desarrollo de la
implementación del Sistema Penal Acusatorio, no tuvieron en cuenta las
necesidades de esta población. Obsérvese como la totalidad de las rampas que se
encuentran en el primer piso no cumplen con las exigencias técnicas y legales,
y en esta medida no garantizan la autonomía de quienes las requieren; (iv)
no se tiene conocimiento acerca de los tiempos de ejecución ante la ausencia de
un plan concreto a favor de las personas en situación de discapacidad; (v) ante
la ausencia de plan no puede predicarse la verdadera participación democrática
en todas las fases del mismo por las personas que van a resultar impactadas por
éste.
Por las razones anteriores esta Sala
concluye que la entidad accionada no tiene un plan específico para garantizar
la accesibilidad física al Complejo Judicial de Paloquemao de las personas en
situación de discapacidad.
En virtud de las anteriores
consideraciones se dictarán las siguientes:
6
ÓRDENES
6.1
Inmediatas
6.1.1
Se instará al Consejo
Superior de la Judicatura para que adelante una campaña de sensibilización
dirigida a los servidores públicos que laboran en el Complejo Judicial de
Paloquemao y que están involucrados directamente con la negación de acceso que
debe enfrentar cotidianamente el accionante, en razón a su discapacidad física.
6.1.2
Se ordenará al Consejo
Superior de la Judicatura que adecue el mobiliario de las salas de audiencias
ubicadas en el primer piso del Complejo Judicial de Paloquemao, de tal forma
que garantice la accesibilidad física del peticionario al interior de las
mismas.
6.1.3
Teniendo en cuenta la
preocupación que manifestó la Defensoría del Pueblo respecto a la ausencia de
un plan de emergencias y de evacuación en el Complejo, se ordenará a la entidad
accionada que implemente dicho plan y  tenga en cuenta a la población en
situación de discapacidad.
6.1.4
Se ordenará al Consejo
Superior de la Judicatura que (i) implemente las barandas y/o pasamanos en
todas las rampas y escaleras del primer piso observando las especificaciones
técnicas para el caso y, además, que (ii) realice la señalización necesaria
para la guía de las personas con discapacidad.
6.1.5
Se ordenará al Consejo
Superior de la Judicatura que implemente una base de datos en el Centro de
Servicios y Apoyo Judicial para que priorice la asignación de las salas de
audiencias ubicadas en el primer piso del Complejo Judicial de Paloquemao a
favor de las personas en situación de discapacidad, mientras se garantiza a
esta población su plena accesibilidad al edificio. La base de datos deberá ser
administrada por la oficina del Centro de Servicios y Apoyo Judicial con el fin
de que distribuya la correcta asignación de las salas ante la solicitud de los
despachos judiciales y de las personas en situación de discapacidad.
6.1.6
Como una medida provisional,
mientras se le garantiza al actor y a otras personas en situación de
discapacidad el pleno ejercicio de su derecho a la accesibilidad y a la
libertad de locomoción, el Consejo Superior de la Judicatura deberá disponer de
personal o una brigada de guías para la atención y el acompañamiento que el
actor y otras personas en situación de discapacidad requieran en el primer piso
y en los pisos superiores del Complejo.
6.2
Mediano plazo
6.2.1
Se ordenará al Consejo
Superior de la Judicatura que diseñe un plan específico que garantice el
derecho fundamental del accionante a la accesibilidad y a la libertad de
locomoción de la población en situación de discapacidad en un plazo máximo de un
(1) año, teniendo en cuenta como mínimo los parámetros expuestos en la
consideración 4.2.1.4 de esta providencia, y realizado lo anterior se inicie
inmediatamente la ejecución de dicho plan, el cual no podrá exceder un
término superior de cinco (5) años. Es importante anotar que dicho plan deberá
implementar las obras necesarias a que haya lugar no sólo en los pisos
superiores de la edificación sino en el primer piso, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la normativa vigente, en términos de accesibilidad física para las
personas en situación de discapacidad.
6.2.2 Se ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura que rinda un informe mensual a la Procuraduría General de la Nación
y a la Defensoría del Pueblo acerca de la estructuración de todas las fases del
plan específico a que se hizo referencia precedentemente.
6.2.3 Se comunicará la presente decisión al Procurador
General de la Nación y al Defensor del Pueblo, para que, dentro de la órbita de
sus competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
7       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR
las sentencias proferidas por la Sala Civil de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 24 de noviembre de 2010 y el 26 de enero de 2011,
respectivamente, en cuanto negaron los derechos fundamentales invocados por el
actor. En su lugar CONCEDER la protección de los derechos fundamentales
a la igualdad, a la accesibilidad, a la libertad de locomoción, al libre
desarrollo de la personalidad, a la autonomía, al trabajo y al mínimo vital de CARLOS
ALBERTO TORO MÚÑOZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. INSTAR
al Consejo Superior de la Judicatura que,
en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del
presente fallo de tutela, adelante una campaña de sensibilización
dirigida a los servidores públicos y personal administrativo que laboran en el
Complejo Judicial de Paloquemao y que están involucrados directamente con la
negación de acceso que debe enfrentar cotidianamente el accionante en razón a
su discapacidad física, con el fin de generar un mayor compromiso y comprensión
de las circunstancias en las que viven las personas con diferentes
discapacidades.
TERCERO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en un término no superior a
un (1) mes contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela,
adecue el mobiliario de las salas de audiencias ubicadas en el primer piso del
Complejo Judicial de Paloquemao, de tal forma que se le garantice el derecho a
la accesibilidad física del peticionario al interior de las mismas.
CUARTO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de tres (3)
meses contados a partir de la notificación del presente fallo de tutela,
implemente un plan de emergencia y evacuación que tenga en cuenta a la
población en situación de discapacidad.
QUINTO. ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo de tutela, (i)
implemente las barandas y/o pasamanos en todas las rampas y escaleras del
primer piso observando las especificaciones técnicas para el caso, y (ii)
realice la señalización necesaria para la guía de las personas con
discapacidad.
SEXTO. ORDENAR al
Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación del presente fallo de tutela, implemente una base de
datos en el Centro de Servicios y Apoyo Judicial para que priorice la
asignación de las salas de audiencias ubicadas en el primer piso del Complejo
Judicial de Paloquemao a favor de las personas en situación de discapacidad,
mientras se garantiza a esta población su plena accesibilidad al edificio. La
base de datos deberá ser administrada por la oficina del Centro de Servicios y
Apoyo Judicial con el fin de que distribuya la correcta asignación de las salas
ante la solicitud de los despachos judiciales y de las personas en situación de
discapacidad.
SÉPTIMO. ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura que, de manera inmediata a partir de
la notificación del presente fallo de tutela, y como una medida provisional
mientras se le garantiza al actor y a otras personas en situación de
discapacidad, el pleno ejercicio de su derecho a la accesibilidad y a la
libertad de locomoción, se disponga de personal o de una brigada de guías para
la atención y el acompañamiento que el actor y otras personas en situación de
discapacidad requieran en el primer piso y en los pisos superiores del
Complejo.
OCTAVO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término
de un (1) año contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela,
diseñe un plan específico que garantice el derecho fundamental del
accionante y de la población en situación de discapacidad a la accesibilidad y
a la libertad de locomoción, teniendo en cuenta como mínimo los parámetros
expuestos en la consideración 4.2.1.4 de esta providencia; y una vez realizado
lo anterior; inicie inmediatamente la ejecución de dicho plan, labor que
deberá culminarse en un término no superior a cinco (5) años. El plan deberá contemplar
las obras necesarias a que haya lugar no sólo en los pisos superiores de la
edificación sino también en el primer piso, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la normativa vigente en términos de accesibilidad física para las personas en
situación de discapacidad.
NOVENO. ORDENAR al Consejo
Superior de la Judicatura que rinda un informe mensual a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo acerca de la estructuración
de todas las fases del plan específico a que se hizo referencia en el numeral
OCTAVO.
DÉCIMO. EXHORTAR
al GOBIERNO NACIONAL para que verifique la implementación de las
leyes de integración social de las personas en situación de discapacidad y de la
Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, con el fin
de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de esta población,
específicamente, en lo atinente al derecho a la accesibilidad física.
DÉCIMO PRIMERO.
COMUNICAR la presente decisión al Procurador General de la Nación y al
Defensor del Pueblo, para que, dentro de la órbita de sus competencias, hagan
un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
DÉCIMO SEGUNDO.
Por secretaría general librar las
comunicaciones de que trata el Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz.
[2] Ibídem.
El
artículo 3° de la Ley 361 de 1997 refiere “ (…) El Estado Colombiano inspira
esta ley para la normalización social plena y la total integración de las
personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la
materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones
Unidas en el año de 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concernientes a las personas con limitación de 1983 y en
la recomendación 168 de la OIT de 1983” A lo anterior, podría agregarse la Convención de los Derechos Humanos de las personas en circunstancia de discapacidad,
ratificada por el Estado colombiano el pasado 10 de mayo.
[3] Corte Constitucional, sentencia T-974 del 30 de noviembre de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[4] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Acerca de la noción de ambiente físico, el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes se
refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza. En
términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno natural e
intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado, tiene
razón de ser para los humanos en la medida en que está ocupado; la
significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de PEINADO PONTÓN,
Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad e Inclusión Social.
Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005,
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
[6] Es importante hacer una nota sobre la noción de discapacidad y
especialmente subrayar que todos los seres humanos estamos avocados a convivir
con esta circunstancia: “(…) En este sentido me he dado cuenta de que la
discapacidad, como la enfermedad, es connatural a la condición humana. O sea
que, inevitablemente el desarrollo de una persona avanza hacia la pérdida de su
capacidad para intervenir laboralmente, para operar con autonomía en los
ámbitos en que se mueve. Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado,
la asunción de las responsabilidades que se tienen a nivel familiar y toda
suerte de participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (…)” Tomado
de GUERRERO Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en “Discapacidad e
Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión
Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[8] Corte Constitucional, sentencia T-594 del 15 de diciembre de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[9] Ibídem
[10] M.P. Alvaro Tafur Galvis
[11] Corte Constitucional, sentencia T-276 del 2 de abril de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12] M.P. Alvaro Tafur Galvis
[13] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[14] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[15] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[16] Al respecto ver la sentencia T- 010 del 14 de enero de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa
[17] Corte Constitucional, sentencia T-760 del xxx. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
“[18] Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); dice la Corte al respecto: ´Primero, como se
dijo, debe existir una política pública, generalmente plasmada en un plan. Es
lo mínimo que debe hacer quien tiene la obligación de garantizar la prestación
invocada. Se desconoce entonces la dimensión positiva de un derecho fundamental
en sus implicaciones programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un
plan que conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizarlo
y protegerlo.´”
“[19] Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); dice la Corte al respecto: ´Segundo, el plan
debe estar encaminado a garantizar el goce efectivo del derecho; el artículo 2°
de la Constitución fija con toda claridad este derrotero. La defensa de los
derechos no puede ser formal. La misión del Estado no se reduce a expedir las
normas y textos legales que reconozcan, tan sólo en el papel, que se es titular
de ciertos derechos. La racionalidad estatal mínima exige que dichas normas
sean seguidas de acciones reales. Estos deben dirigirse a facilitar que las
personas puedan disfrutar y ejercer cabalmente los derechos que les fueron reconocidos
en la Constitución.´”
“[20] Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).”
“[21] Al respecto, la Corte señaló específicamente lo siguiente: ´Tercero, el plan debe ser sensible a la participación ciudadana
cuando así lo ordene la Constitución o la ley. Este mandato proviene de
diversas normas constitucionales, entre las cuales se destaca nuevamente el
artículo 2°, en donde se indica que es un fin esencial del Estado ‘(…)
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; (…)’, lo
cual concuerda con la definición de la democracia colombiana como participativa
(artículo 1° C.P.).´ Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).”
“[22] Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).”
[23] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[24] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[25] Ibídem
[26] Ver las Sentencia T-288/95  y T-378/97 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[27] Corte Constitucional, sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003. M.P. Alvaro Tafur Galvis
[28] Ibídem
[29] Corte Constitucional, sentencia T-117 del 13 de febrero de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[30] Ibídem
[31] Sobre el acto discriminatorio por omisión
del deber de trato especial pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T-378 de 1997, C-381 de 2005, T-068 de 2006, T-1248 de 2008, C-640 de 2009.
[32] Ibídem
[33] Corte Constitucional, sentencia T-288 del 5 de julio de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[34] PEINADO PONTÓN, Javier, “Habitat y Discapacidad” en “Discapacidad
e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión
Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
[35] Ibídem, pág. 296