C-580-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-580/02
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Facultades
del representante del Estado colombiano
CONVENCION DE
VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez en la representación de un Estado
TRATADO
INTERNACIONAL-Representación
de un Estado por una persona natural
TRATADO
INTERNACIONAL-No necesidad
de plenos poderes para negociación y adopción por ejercicio de representación y
posterior otorgamiento
TRATADO
INTERNACIONAL-Saneamiento
de ineficiencia por posterior otorgamiento de plenos poderes
TRATADO
INTERNACIONAL-Saneamiento
de falta de plenos poderes para autenticar el texto
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Procedimiento
de tracto largo, de doble tracto o solemne
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite
ordinario con una particularidad
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Remisión a la Corte Constitucional/TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Remisión extemporánea a la Corte Constitucional
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Objeto y fin/CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Mecanismos necesarios para
garantizar eficacia
El presente tratado tiene como
objeto especificar las obligaciones que tienen los Estados dentro del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos en relación con la desaparición forzada
de personas. Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
aun en ausencia de un tratado que las especifique, la gran mayoría de las
obligaciones estatales en relación con la desaparición forzada de personas
proviene del reconocimiento mismo de los derechos humanos. De tal forma, el
solo reconocimiento de ciertos derechos, bien sea a través de la costumbre, de
las normas convencionales, o de cualquiera de las fuentes de derecho
internacional contempladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia o reconocidas por la jurisprudencia internacional,
obliga a los Estados a crear los mecanismos necesarios para garantizar su eficacia
dentro de sus respectivas jurisdicciones. La selección de los mecanismos de
protección adecuados, la determinación de la forma de desarrollarlos y la
creación de mecanismos de cooperación internacional resultan determinantes a la
hora de garantizar la eficacia pretendida.  Con todo, estos son aspectos que,
por su especificidad, difícilmente pueden ser resueltos a través del derecho
internacional consuetudinario o del solo reconocimiento convencional de
determinados derechos. El presente tratado tiene por objeto fijar pautas a las
cuales deben sujetarse los ordenamientos internos de los Estados que hacen
parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En tal
medida, sus disposiciones no resultan directamente aplicables en los ordenamientos
internos, sino que deben ser desarrolladas por los Estados a través de normas
internas. Las cláusulas del tratado imponen a los Estados obligaciones de
prevenir, suprimir y sancionar la desaparición forzada, con el fin de
erradicarla de los países del sistema interamericano, contribuyendo de este
modo a proteger los múltiples derechos fundamentales vulnerados con tal
conducta. La Convención impone ciertos deberes a los Estados, como sujetos
obligados a protegerlos. Por otra parte, la misma Convención afirma que los
Estados no pueden eximirse de cumplir tales deberes en ningún caso, y que el
delito no es aceptable ni siquiera durante los estados de excepción.
DERECHO
PENAL INTERNACIONAL-Surgimiento
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Mecanismo de erradicación del
delito
A pesar de que la presente
Convención no constituye en estricto sentido un tratado de derechos humanos
sino más bien un mecanismo de erradicación del delito, comparte con aquellos el
mismo fin protector de los derechos esenciales de las personas.  En tal medida,
puede afirmarse que desde un punto de vista teleológico la Convención reconoce
los derechos humanos y establece mecanismos que contribuyen en gran medida a su
protección.
BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD EN CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA
DE PERSONAS-Garantías
no expresas en la Constitución o adscritas
DESAPARICION
FORZADA EN ESTADOS DE EXCEPCION-Deberes del Estado de abstenerse de realizar y de impedir/DESAPARICION
FORZADA-Deberes del Estado
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Definición
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Ambito de aplicación de la
definición/CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Efectos
de la definición
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Definición impone a penas un
mínimo de elementos del tipo/CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS-Facultades del Estado de asumir mayores
responsabilidades en la protección
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Coexistencia de otras fuentes
de derecho que amplíen alcance de responsabilidad del Estado/CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Mínimo que debe ser
protegido por Estados sin perjuicio de adopción de definiciones más amplias/CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Elementos de
definición no tienen efectos sobre determinación de responsabilidades penales
individuales
DESAPARICION
FORZADA-Instrumentos
internacionales
DESAPARICION
FORZADA-Instrumentos
internacionales son complementarios/DESAPARICION FORZADA-Ampliación del
tipo penal para reforzar protección de derechos involucrados
DESAPARICION
FORZADA-Soberanía
del Estado para establecer regímenes de protección más rigurosos
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA-Consagración de una categoría de sujeto
activo determina el alcance mínimo de obligación internacional de Estados de
tipificarlo
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Exigencia por el Estado para
que se configure la conducta punible/CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Privación de libertad seguida de
ocurrencia de una de varias circunstancias
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Falta de información o
negativa a reconocer el hecho o a informar sobre el paradero
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Obligación de los Estados de
tipificar el delito
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Tipificación y dosificación de
penas
Este delito debe considerarse como de
ejecución continuada o permanente hasta que no se conozca el paradero de la
víctima.  Esta obligación resulta razonable si se tiene en cuenta que la falta
de información acerca de la persona desaparecida impide a la víctima y a sus
familiares el ejercicio de las garantías judiciales necesarias para la
protección de sus derechos y para el esclarecimiento de la verdad: la persona
sigue desaparecida.  Esta situación implica que la lesión de los bienes
protegidos se prolonga en el tiempo, y por tanto, la conducta sigue siendo
típica y antijurídica hasta que el conocimiento que se tenga acerca del
paradero de la persona permita el ejercicio de tales garantías judiciales. En
esa medida, la conducta de desaparición forzada se realiza durante el tiempo en
que se prolongue la privación de la libertad y no se tenga información acerca
de la persona o personas que se encuentren en tal circunstancia.
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Circunstancias de atenuación
punitiva
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Medidas para establecer
jurisdicción
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Reglas para adecuar y
armonizar normas sobre extradición de los Estados
EXTRADICION-Prohibición por delitos políticos
DESAPARICION
FORZADA-Determinación
legislativa de no constituir delito político para efectos de extradición
EXTRADICION
EN DESAPARICION FORZADA-Mecanismo proporcionado de cooperación internacional para
erradicación
EXTRADICION
EN DESAPARICION FORZADA-Sujeción a propias autoridades si no se concede
LIBERTAD
PERSONAL-Legalidad
del procedimiento por privación material/PENA IMPRESCRIPTIBLE-Prohibición
constituye restricción de motivos por los cuales el Estado puede privar de la
libertad/PENA IMPRESCRIPTIBLE-Prohibición constituye vigencia temporal
de decisiones
Las reglas contenidas en los dos primeros
incisos van encaminadas a preservar la legalidad del procedimiento mediante el
cual se priva materialmente a una persona de su libertad.  Es decir, se restringe
la forma como el Estado puede ejercer dicha actividad. Entre tanto, las
garantías contenidas en el último inciso restringen en alguna medida los
motivos por los cuales el Estado puede privar de la libertad a las personas –al
prohibir la detención, prisión y el arresto por deudas-, y la vigencia temporal
de las decisiones a través de las cuales puede ejecutar materialmente la
decisión de privar de la libertad a una persona, en particular, a través de las
penas y las medidas de seguridad.
LIBERTAD PERSONAL-Regulación directa de actividad material
del Estado
LIBERTAD PERSONAL-Objetivo básico de reglas de disposición
constitucional
Es necesario concluir que, si bien las
reglas contenidas en el artículo 28 constitucional tienen repercusiones
fundamentales en relación con los límites de la actividad del legislador, y con
las facultades de los demás órganos del Estado, su objetivo básico es el de
condicionar la actividad de las autoridades encargadas de ejecutar las
decisiones a través de las cuales el Estado ejecuta la privación de la libertad
a una persona. Es decir, dichas reglas van dirigidas principalmente a regular
la actividad de quienes disponen de los medios de coerción necesarios para
privar de la libertad a las personas.
LIBERTAD
PERSONAL-Sentido
de regla constitucional/LIBERTAD PERSONAL-Restricción de actividad
material del Estado
LIBERTAD
PERSONAL-Referencia
a reglas del debido proceso y demás garantías constitucionales/CLAUSULA
GENERAL DE LIBERTAD-Interpretación expansiva del contenido de garantías
LIBERTAD
PERSONAL-Alcance
de la potestad legislativa
LIBERTAD
PERSONAL-Motivos
fundados para que autoridad judicial efectúe privación/LIBERTAD PERSONAL-Resolución
de privación
LIBERTAD
PERSONAL-Constitucionalidad
del término de duración de resolución de privación
LIBERTAD
PERSONAL-Sola
iniciación de acción penal no comporta afectación inminente
PRESCRIPCION
DE LA ACCION PENAL-No concebida como mecanismo de protección frente a la libertad
salvo resolución de autoridad judicial que la afecte
PRESCRIPCION
DE LA ACCION PENAL FRENTE A LA LIBERTAD-Alcance de la protección
ACCION
PENAL-Prohibición
de imprescriptibilidad es garantía no absoluta del debido proceso
ACCION
PENAL-Finalidad
del Estado/PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-Trato diferenciado por
legislador del término dependiendo del delito
PRESCRIPCION
DE LA ACCION PENAL-Criterios para fijación del término
DESAPARICION
FORZADA-Prohibición
impone al Estado deber especial de protección/DESAPARICION FORZADA-Ampliación
de facultades legislativas para satisfacer interés en erradicar la impunidad/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DESAPARICION FORZADA-Facultades para
extender término de prescripción
DESAPARICION
FORZADA-Compete
a sociedad en conjunto erradicar la impunidad
DESAPARICION
FORZADA-Interés
general prevalente en conocer la verdad y responsabilidad individual e
institucional por los hechos/DESAPARICION FORZADA-Mecanismos útiles para
crear conciencia sobre magnitud de daños causados
ACCION
PENAL POR DESAPARICION FORZADA-Imprescriptibilidad/ACCION PENAL POR DESAPARICION
FORZADA-Términos de prescripción ante delito consumado
DESAPARICION
FORZADA-Prohibición
de aplicar causal de obediencia debida
DESAPARICION
FORZADA        -Obligación
de impartir educación necesaria a funcionarios encargados de aplicar la ley
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Incompatibilidad con el
servicio y exclusión de justicia penal militar
DESAPARICION
FORZADA-Delitos
que no tienen relación con el servicio
DESAPARICION
FORZADA-No es
de conocimiento de la jurisdicción penal militar
DESAPARICION
FORZADA-No es
un acto relacionado con el cumplimiento de funciones militares
DESAPARICION
FORZADA-Exclusión
para conocimiento de jurisdicciones especiales
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Fueros y competencias
especiales para juzgamiento de algunos funcionarios del Estado
DESAPARICION
FORZADA-Fueros
y competencias especiales para juzgamiento de algunos funcionarios del Estado
ESTADOS
DE NORMALIDAD Y ESTADOS DE EXCEPCION-Alcance respecto de los derechos y
garantías/ESTADOS DE EXCEPCION-Intangibilidad de ciertos derechos
DESAPARICION
FORZADA EN ESTADOS DE EXCEPCION-Prohibición
Referencia: expediente
L.A.T.-218
Asunto: Revisión oficiosa de la “Ley 707 del 28 de noviembre de
2001 ‘Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas’” hecha en Belem do Pará, el nueve de
julio de 1994.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dos (2002).
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 241-10 de la Constitución Política, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República hizo llegar a la Corte Constitucional, el día 1 de
diciembre  de 2001, copia del texto de la Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 “Por
medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas”, hecha en Belem do Para el nueve (9) de junio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), con el fin de que se someta al respectivo
control de  constitucionalidad por parte de esta Corporación.
Mediante Auto del 10 de
diciembre de 2001, el suscrito magistrado ponente  asumió el conocimiento de la
disposición enviada por la Presidencia de la República y ordenó oficiar a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes para que remitieran a esta Corporación los antecedentes
legislativos de la norma en comento, con el fin de verificar el procedimiento
mediante el cual fue aprobada.  Así mismo, solicitó al Ministerio de Relaciones
Exteriores las Certificaciones de los funcionarios que intervinieron en las
negociaciones del instrumento internacional.
II. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DEL TRATADO
El texto de la norma conforme a su
publicación en el Diario Oficial Año CXXXVII No. 44.632 del primero (1) de
diciembre de 2001 es el que se transcribe a continuación:
“LEY
707 de 2001
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto de la “CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION
FORZADA DE PERSONAS, hecha en Belem do Pará, el nueve de junio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) que a la letra dice:
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS
Los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos,
PREOCUPADOS por el hecho de que subsiste la
desaparición forzada de personas;
REAFIRMANDO que el sentido genuino de la
solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de
consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado
en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
CONSIDERANDO  que la desaparición forzada de
personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave
ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en
contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización
de Estados Americanos;
CONSIDERANDO que la desaparición forzada de
personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter
inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre
derechos Humanos, en la declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
RECORDANDO que la protección internacional de
los derechos humanos es de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria
de la que ofrece el derecho interno y tiene como fundamentos los atributos de
la persona humana;
REAFIRMANDO que la práctica sistemática de la
desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad;
ESPERANDO que esta Convención contribuya a
prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el
Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la protección de los derechos
humanos y el estado de derecho,
RESUELVEN adoptar la siguiente Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
ARTICULO I
Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a:
a) No practicar, no permitir, ni tolerar la
desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o
suspensión de garantías individuales;
b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a
los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de
personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir,
sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y
d) Tomar las medidas de carácter legislativo,
administrativo, judicial o de cualquier otra índole, necesarias para cumplir
con los compromisos asumidos en la presente  Convención.
ARTICULO II
Para los efectos de la presente Convención, se
considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por
personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantías procesales pertinentes.
ARTICULO III
Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales,  las medidas legislativas que
fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de
personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta  su extrema
gravedad.
Dicho delito será considerado como continuado o
permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
Los Estados Partes podrán establecer
circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que
constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida
de la víctima o suministren informaciones que permitan establecer la
desaparición forzada de una persona.
ARTICULO IV
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas
serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada
Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la
causa en los siguientes casos:
a) Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus
hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción;
b) Cuando el imputado sea nacional de ese Estado;
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere
apropiado.
Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para
establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención
cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no
proceda a extraditarlo.
Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el
territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño
de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte
por su legislación interna.
ARTICULO V
La desaparición forzada de personas no será considerada delito
político para los efectos de extradición.
La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos
que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre
Estados Partes.
Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de
desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de
extradición que celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un
tratado y reciba de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud
de extradición podrá considerar la presente Convención como la base jurídica
necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada.
Los Estado Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con
sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la
constitución y de más leyes del Estado requerido.
ARTICULO VI
Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a
sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito
de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de
proceso penal, de conformidad con su legislación nacional.
La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado
que haya solicitado la extradición.
ARTICULO VII
La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la
pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas
a prescripción.
Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que
impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de
prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación
interna, del respectivo Estado Parte.
ARTICULO VIII
No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o
instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición
forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de
no obedecerlas.
Los Estado Partes velarán asimismo porque, en la formación del
personal o de los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley,
se imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición forzada de
personas.
ARTICULO IX
Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de
desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las
jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de
toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán
considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares.
No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en
tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención
de Viena sobre relaciones Diplomáticas.
ARTICULO X
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales
como Estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición
forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos
judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el
paradero de personas privadas de libertad o su estado de salud o para
individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo
efectiva.
En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al
derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán
libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus
dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede
encontrar a las persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción
militar.
ARTICULO XI
Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de
detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la
legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales
actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los
pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona
con interés legítimo y otras autoridades.
ARTICULO XII
Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la
búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieren
sido trasladados a otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la
desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores.
ARTICULO XIII
Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las
peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará
sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas
cautelares.
ARTICULO XIV
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación
sobre una supuesta  desaparición forzada se dirigirá, por medio de su
Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente
gobierno solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la
información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás
información que estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la
admisibilidad de la petición.
ARTICULO XV
Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en
sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros
acuerdos suscritos entre las Partes.
Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales
regidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos, relativos a la
protección de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, y a
prisioneros y civiles en tiempo de guerra.
ARTICULO XVI
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO XVII
La presente Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría
General de la organización de los Estados Americanos.
ARTICULO
XVIII
La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO XIX
Los Estados podrán formular reservas a la
presente Convención en el momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o
adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito
de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ARTICULO XX
La presente Convención entrará en vigor para los
Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o
adhiera a ella después  de haber sido depositado el segundo instrumento de
ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o
adhesión.
ARTICULO XXI
La presente Convención regirá indefinidamente,
pero cualquiera de los Estados Partes  podrá denunciarla. El instrumento de
denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de
depósito del instrumento de denuncia la Convención cesará en sus efectos para
el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
ARTICULO XXII
El
instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual
enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a
los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que
hubiese.
En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se
llamará “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el
9 de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
III. INTERVENCIONES
3.1 Intervención de la Asociación de
Familiares de Retenidos Desaparecidos
La Presidenta de la citada asociación,
intervino en el proceso de la referencia efectuando las siguientes
consideraciones:
-La Convención sobre la desaparición
forzada constituye una muestra del reconocimiento gubernamental de la necesidad
de incorporar a la legislación vigente herramientas que permitan juzgar y
castigar el delito de desaparición forzada, en concordancia con el mandato del
artículo 12 Superior el cual prescribe: ”Nadie será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
-Por otra parte, este instrumento coadyuva
a la legislación interna en la materia especialmente en lo que respecta a la
Ley 589 de 2000 y constituye un nuevo avance en la construcción de un país
democrático y en paz.
3.2 Intervención del Ministerio de
Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores
intervino mediante apoderado, solicitando la declaratoria de exequibilidad de
la Ley 707 de 2001, con fundamento en los siguientes argumentos:
-El Estado Colombiano, en concordancia con
lo estipulado por los artículos I a IV de la citada Convención, que comprometen
a los firmantes a no permitir ni tolerar la desaparición forzada, expidió la
Ley 589 de 2000 en la cual se tipificó esta conducta como delito, tipo penal
que posteriormente fue incorporado en el artículo 165 del Código Penal. La
descripción de la conducta típica realizada en la Convención objeto de análisis,
guarda perfecta relación con la que trae la legislación interna, aunque esta
última fue más garantista en cuanto a la ampliación de los sujetos activos del
delito, pues incluyó a los sujetos pertenecientes a grupos armados al margen de
la ley.
-Por otra parte, en cuanto al artículo 5 de
la Convención  el cual señala que la extradición procederá con sujeción a las
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido, resulta acorde con el
artículo 35 de la Constitución Política.
-Igualmente, la exclusión de la obediencia
debida como eximente de responsabilidad en los casos de desaparición forzada,
encuentra perfecta relación con el ordinal 4 del artículo 32 del Código Penal,
el cual contiene un prescripción en el mismo sentido, la cual ha sido avalada
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-551 de 2001.
-En relación con el artículo 9 de la
Convención relativo al juzgamiento de los autores o partícipes del delito por
la jurisdicción común competente en cada Estado, advierte el interviniente que
en nuestra legislación la competencia para el juzgamiento del delito de
desaparición forzada se ha asignado a los jueces de circuito especializados,
además el Código Penal Militar impide a la justicia militar asumir competencia
para el conocimiento de esta conducta típica.
3.3 Intervención del Ministerio
de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho
intervino mediante apoderado efectuando las siguientes consideraciones:
-La Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas aprobada mediante la Ley 707 de 2001 recoge en
su contenido muchos de los postulados que sustentan el Estado Social de
Derecho, y materializa el principio contenido el en el artículo 9 Superior el
cual dispone que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios de Derecho Internacional  aceptados por
Colombia.
-En el mismo sentido, afirma el
interviniente que el tema de la sanción y prevención de la desaparición forzada
de personas, guarda perfecta concordancia con el artículo 12 Superior el cual
proscribe dicha conducta que lesiona derechos y garantías fundamentales de los
individuos.
-Del mismo modo, la incorporación en la
legislación interna de este tipo de instrumentos internacionales, fortalece los
mecanismos de control a la desaparición forzada a través del intercambio de
información y la cooperación judicial entre Estados, favoreciendo la labor de
las instituciones nacionales que trabajan en la lucha contra este delito.
-Finalmente señala que la ley objeto de
estudio constituye una herramienta que permite adelantar acciones conjuntas de
control, prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, todo ello
dentro del marco que conforman los principios de Derecho Internacional y el
respeto de la autonomía y soberanía de los Estados.
3.4 Intervención de la Fiscalía General de
la Nación
El Fiscal encargado, remitió a esta
Corporación escrito de intervención, en el que efectúa las siguientes
consideraciones:
- La ley aprobatoria de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, responde a los
compromisos internacionales que ha adquirido Colombia en esta materia,  que
encuentran estrecha relación  con la preocupación mundial que ha generado el
fenómeno de la desaparición forzada, y que se ha materializado en nuestro país
en la  proscripción constitucional de esta conducta y en la aprobación de
legislación interna con relación a  este delito (artículo 165 Código Penal).
- Cita como antecedente de la Convención la
Declaración de la Asamblea General ONU del año 1992, mediante la cual se
determinó que el fenómeno de la desaparición forzada se presenta cuando: (i)
exista privación de la libertad por agentes gubernamentales o grupos
organizados que actuaran  en nombre o con autorización del gobierno,(ii) se
produjera la negativa a reconocer que la persona se encuentra privada de la
libertad o que el sujeto se viera privado de la respectiva protección legal.
-Señala que el Estatuto de la Corte Penal
Internacional consagra como sujeto activo del delito de desaparición forzada no
sólo al Estado, sino que también incluye a los grupos al margen de la ley,
criterio que adoptó nuestra legislación interna, primero mediante la Ley 589 de
2000 y posteriormente a través del Código Penal. En concepto del interviniente,
este mayor ámbito de protección que establece nuestra ley penal no se opone a
la definición plasmada en la Convención objeto de estudio, ya que la
normatividad contenida en los tratados consagra un ámbito mínimo de protección
que puede ser ampliado por los Estados partes.
- Por otra parte, aduce que los compromisos
que consagra la Convención consistentes en que el delito de desaparición
forzada debe ser considerado en la legislación interna como de carácter
continuado o permanente mientras no se establezca el destino de la víctima, y
que sea  punible en la modalidad de tentativa en nada se oponen a la Carta ni a
la legislación interna que prevé la existencia de dispositivos amplificadores
del tipo penal.
- También considera ajustados a la Carta
Política los artículos IV a VI que se refieren a la cooperación internacional,
ya que en su concepto, los compromisos internacionales aceptados por los Estados
demuestran que es compatible con el principio de soberanía el que un Estado
decida autónomamente en ciertas circunstancias previamente establecidas, no
aplicar su legislación interna a conductas punitivas realizadas dentro de su
territorio o extender la aplicación de sus leyes a hechos acaecidos fuera de
sus fronteras, pues tratándose de conductas consideradas como crímenes
internacionales –como la que ocupa este análisis- , se considera que a  toda la
comunidad internacional le asiste interés el la protección de los bienes
jurídicamente tutelados que se vulneran con esta conducta.
- Por último señala que se produce una
perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución
Política  y el convenio objeto de estudio, toda vez que este último encuentra
su fundamento en el respeto a la dignidad de la persona humana criterio
fundamente de nuestra normatividad superior.
3.5 Intervención del Ministerio de
Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional
intervino mediante apoderado solicitando la declaratoria de exequibilidad de la
Ley 707 de 2001 con base en los siguientes fundamentos:
-El tratado Internacional que
se aprueba mediante la Ley 707 de 2001, se ajusta a los principios
fundamentales de respeto a la dignidad humana consagrados en nuestra Carta
Política.
-Igualmente, anota que la
desaparición forzada está proscrita en nuestra Carta Política y tipificada como
delito en el Nuevo Código Penal, normatividad que representa un avance
importante en materia de la protección a los derechos humanos, máxime si se
tiene en cuenta que esta conducta transgrede diversos derechos fundamentales
protegidos por nuestra Constitución y consagrados en diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano.
3.6 Intervención de la Comisión
Colombiana de Juristas
La Comisión Colombiana de Juristas
intervino a través de su Presidente para solicitar la declaratoria de
exequibilidad de la ley 707 de 2001 con base en las siguientes consideraciones:
-El crimen de la desaparición forzada
vulnera múltiples derechos entre los que se encuentran  la dignidad humana,  la
integridad física,  la vida, el de toda persona detenida a ser llevada ante la
autoridad judicial, entre otros. Todos estos derechos se encuentran reconocidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son de obligatorio cumplimiento
para nuestro país en virtud de las Leyes 16 de 1972 y 74 de1968, respectivamente,
y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, prevalecen en el orden
interno.
-Con relación a las obligaciones que
surgen para los Estados en virtud de la Convención cuyo análisis se adelanta,
señala el interviniente que de conformidad con el artículo primero de este
instrumento internacional, allí se establecen dos tipos de compromisos: el
primero, consistente en una obligación genérica para los Estados de tomar todas
las medidas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención,
el segundo se refiere a obligaciones precisas que se consagran a lo largo del
texto de la Convención y que pueden enunciarse de la siguiente manera:
1.      Obligación de tomar las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la justicia en los casos de
desaparición forzada: Este compromiso tiene como fin principal garantizar a las
personas la sanción efectiva para aquellos autores, copartícipes o cómplices
del delito de desaparición forzada, en desarrollo del deber de garantía del
Estado, consagrado en el artículo segundo Superior.
Esta realización de la justicia dentro
del marco del Estado Social de Derecho incluye dos aspectos: a)La prohibición
de conductas que atenten contra los derechos humanos y b) El establecimiento de
mecanismos judiciales que permitan la sanción de estas conductas.
Al respecto, la Corte ha señalado que el
derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 229 Superior ostenta
el carácter de fundamental ya que éste permite a todos las personas la efectiva
realización de sus derechos.
De este reconocimiento del derecho de
acceso a la justicia surgen diferentes derechos que se encuentran comprendidos
en el mismo, ellos son el derecho a la verdad, entendida como la garantía que
tienen los familiares a conocer la suerte de los suyos, el derecho a la
reparación y a la justicia propiamente dicha.
La obligación de garantía del derecho a
la justicia se concreta en la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada en varias medidas que los Estados deben adoptar. Ellas son: a) La
tipificación como delito de la desaparición forzada de personas y la imposición
de una pena apropiada de acuerdo a su extrema gravedad (artículo 3), b) El
establecimiento de la jurisdicción del Estado sobre la causa en los casos en
que el delito se haya cometido en su territorio, c) La consagración de la
desaparición Forzada como delito susceptible de extradición, d) La exclusión o
la limitación del término de prescripción de la acción penal. El artículo
séptimo de la Convención establece que la acción y la sanción penal de éste
delito no están sujetas a prescripción; sin embargo, el segundo inciso reconoce
una excepción cuando exista una norma interna que impida la aplicación de la
imprescriptibilidad, el período de prescripción debe ser igual al término de la
sanción del delito más grave en la legislación del país. Esta excepción
operaría para el Estado Colombiano. e)La prohibición de aceptar la obediencia
debida como eximente de responsabilidad y por último, f) la prohibición de que
presuntos responsables del delito sean juzgados por jurisdicciones especiales.
2.      Obligación de tomar medidas para
prevenir la desaparición forzada: Estas medidas deben estar dirigidas en primer
orden, a velar porque los funcionarios públicos encargados de la aplicación de
la ley reciban la educación necesaria sobre el delito de la desaparición
forzada de personas; y en segundo orden los Estados deben adoptar controles
dirigidos a evitar la ocurrencia de este delito de lesa humanidad.
3.      Obligación de no permitir ni
tolerar la desaparición forzada ni siquiera en situaciones excepcionales:
Considerando como ya se señaló, que el crimen de desaparición forzada es un
delito de lesa humanidad que vulnera múltiples derechos y garantías
fundamentales, no puede permitirse la desaparición forzada de personas ni
siquiera durante los estados de excepción.
4.      Obligación de Cooperación entre
Estados para la búsqueda, identificación y restitución de menores trasladados a
otro estado como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres: Este
compromiso, consagrado en el artículo 12 de la Convención guarda perfecta
concordancia con nuestra Carta Política ya que se encuentra dirigido a proteger
los derechos de la niñez, que, como lo establece el artículo 44 Superior, prevalecen
sobre los derechos de los demás.
Esta disposición de la Convención tiene
como fin principal dar respuesta a una desafortunada realidad que acompañó la
desaparición forzada de personas en muchos países y que consiste en sustraer a
los niños del control de sus padre desaparecidos y de sus familiares para
entregárselos a otras familias, inclusive a las mismas personas que ejecutaron
la desaparición forzada.
De esta manera se están garantizando los
derechos fundamentales de los niños a través de un instrumento legítimo de
cooperación internacional.
-En cuanto a la definición que
del delito desaparición forzada hace la Convención, aclara el interviniente que
ella “no es una camisa de fuerza para los Estados que den cumplimiento a la
obligación de tipificar el delito de la desaparición forzada”, ya que de
acuerdo con el principio pro homine del derecho internacional,
los tratados internacionales de derechos humanos contienen un mínimo de
garantías y por consiguiente, todas las disposiciones internas que garanticen
en mayor medida la protección de los derechos de las personas  son aceptadas
por el derecho internacional.
-Con relación a la
compatibilidad con otros tratados, afirma el interviniente que en la Convención
se desarrollan dos previsiones: la primera, dirigida a garantizar que los
Estados conserven su derecho a suscribir tratados internacionales sobre temas
relacionados con la Convención.  Ello guarda perfecta concordancia con el
artículo 224 de nuestra Carta Política, que establece la atribución del Estado
Colombiano para suscribir acuerdos internacionales. La segunda previsión hace
referencia a la no aplicabilidad de la Convención en conflictos armados
internacionales, pues a estas situaciones se aplica la normatividad específica
contenida en los Convenios de Ginebra y el Protocolo I adicional a los mismos.
-Finalmente señala que las
disposiciones que conforman la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, lejos de contrariar las disposiciones constitucionales,
las desarrollan y permiten dar más vigencia a los derechos consagrados en la
misma.
IV. CONCEPTO DEL  PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación
solicitó la declaratoria de exequibilidad de la Ley 707 de 2001, señalando que
la Convención que mediante dicha ley se aprueba constituye una herramienta para
el logro de uno de los objetivos consignados en la Constitución de 1991, cual
es la garantía de los derechos fundamentales de las personas, máxime si se
tiene en cuenta que el delito de desaparición forzada de personas se constituye
en una agresión a varios derechos fundamentales.
En su concepto este instrumento
internacional no vulnera la Carta Política de 1991, ya que el único reparo que
podría  efectuársele es en relación con la imprescriptibilidad de la acción y
de la sanción penal contenida en el artículo 7 de la Convención, ya que ello
contrariaría el articulo 28 de la Carta Política. No obstante, el mismo
artículo 7 señala que si la Constitución del Estado no permite la
implementación de esta medida, la prescripción de la sanción debe ser igual a
la consagrada para el delito más grave que contemple la legislación interna,
salvedad que hace que el artículo 7 sea ajustado a la Carta.
Finalmente, manifiesta el agente del
Ministerio Público que el contenido de la Convención es respetuoso de la
legislación interna de los Estados Partes, ya que este instrumento
internacional está consagrando los criterios generales que éstos deben observar
con el fin de que se cumpla el objeto de la Convención.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
decidir sobre la exequibilidad del tratado de la referencia, así como de su ley
aprobatoria, de conformidad con lo prescrito por los artículos 24, numeral 10
de la Constitución Política y 44 del Decreto 2067 de 1991.
2. La revisión formal de la “Ley 707
del 28 de noviembre de 2001 ‘Por medio de la cual se aprueba la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas’” hecha en Belem do Pará,
el nueve de julio de 1994
2.1 La Negociación y la Celebración del Tratado
De conformidad con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación el deber constitucional de revisar
los tratados internacionales, así como las leyes por medio de las cuales se
incorporan en el ordenamiento jurídico interno, incluye el examen de las
facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el
articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional
respectivo con su firma o de otra forma, de conformidad con los artículos 7 a
10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de
1969.
Como lo establece el artículo 7
de la mencionada Convención de Viena de 1969, la representación de un Estado
por parte de una persona para todo lo relativo a la celebración de un tratado
es válida en cualquiera de las siguientes circunstancias:  1. si presenta
adecuados plenos poderes (CV art. 7.1 a);  2. si se deduce de la práctica del Estado,
o de otras circunstancias, que es su intención considerar a esa persona
representante del Estado para esos efectos, y prescindir de la presentación de
plenos poderes (CV art. 7.1 b); o 3. si se deduce de las funciones de la
persona como el jefe de Estado, jefe de Gobierno o ministro de relaciones
exteriores (CV art. 7.2 a).
Por otra parte, la
representación de un Estado por parte de una persona natural es válida para
negociar y adoptar el texto de un tratado: a) si dicha persona se encuentra
acreditada como jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va
a celebrar o (CV 7.2 b);  b) si dicha persona está acreditada como
representante del Estado ante una conferencia, organización internacional o
ante uno de los órganos de ésta (CV art. 7.2 c).
Constatada la ocurrencia de
alguna de las anteriores circunstancias, debe entonces considerarse cumplido el
requisito de verificar las facultades del representante del Estado para cada
una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado como el
presente.
Ahora bien, la Jefe de la
Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a esta
Corporación copia de los plenos poderes que otorgó el entonces presidente de la
República Cesar Gaviria Trujillo, el 2 de agosto de 1994, al Embajador
Representante Permanente de la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de Estados Americanos, Julio Londoño Paredes, para autenticar con
su firma el texto definitivo de la
“Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” hecha en
Belem do Pará, el nueve de julio de 1994 (fl. 19).
Como se observa, para la fecha
en que fue adoptado y autenticado el texto de la Convención, el entonces
presidente de la República todavía no había otorgado los plenos poderes a quien
negoció, adoptó y autenticó su texto en representación de Colombia.  Sin
embargo, dichos poderes no eran necesarios para la negociación y la adopción
del texto, pues de acuerdo con el artículo 7.2 c) de la Convención de Viena de
1969, la representación que ejercía el señor Londoño ante la Organización de
Estados Americanos era suficiente para negociar y adoptar el texto del tratado
en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones ante la Asamblea General de
dicha organización.
Por otra parte, el posterior
otorgamiento de plenos poderes por parte del presidente de la República implica
el saneamiento de la ineficacia que hubiera podido surgir como consecuencia de
la falta de plenos poderes para autenticar con su firma el texto del
instrumento objeto de estudio, conforme lo establece el artículo 8º de la
Convención de Viena.
En consecuencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 189-2 de la Carta Política, en concordancia
con el numeral 2° del artículo 7 y con el artículo 8º de la Convención de
Viena  (aprobada mediante Ley 32 de 1985), la Corte Constitucional concluye que
el señor Julio Londoño Paredes estaba facultado para negociar y adoptar
mediante su voto el texto del tratado que se estudia, y que la falta de plenos
poderes para autenticar el texto del mismo fue saneada conforme lo establece el
artículo 8º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
2.2 Trámite realizado en el
Congreso de la República para la expedición de la ley aprobatoria
De acuerdo con el numeral 2°
del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República, en
su carácter de Jefe de Estado, está encargado de dirigir las relaciones
internacionales, lo que incluye la facultad de celebrar tratados con otros
sujetos de derecho internacional que, para comprometer la responsabilidad
internacional del Estado deberán someterse a la aprobación del Congreso de la
República.  Esto conduce a que el procedimiento de celebración de este tipo de
instrumentos internacionales se inscriba dentro del procedimiento que la
doctrina ha denominado de tracto largo, de doble tracto o solemne.
El trámite que se debe dar a
las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el de leyes ordinarias,
con la única particularidad de que deben iniciar su trámite en el Senado, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 154 de la
Constitución.
De acuerdo con las pruebas que
obran en el expediente, el trámite surtido en el Congreso de la República para
la expedición de la Ley 707 de 2001 fue el siguiente:
1. El día tres (3) de octubre
de 2000, el señor presidente de la República a través de sus ministros de
Relaciones Exteriores y de Justicia, Guillermo Fernández de Soto y Rómulo
González, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley
aprobatoria del Tratado, con el fin de que se le diera primer debate en el
Senado de la República.
2. El Proyecto de ley que
contiene el texto definitivo del Tratado fue radicado bajo el número 159/01
Senado, y publicado en la Gaceta del Congreso N° 89 de marzo 27 de 2001, la
cual obra dentro del expediente (fls. 4-9).
3. En la Gaceta N° 137 de abril
19 de 2001, fue publicada la ponencia para primer debate en el Senado, del
proyecto de ley referenciado, como consta en el expediente (fls. 18-20).
4. El día veinticinco (25) de
abril de 2001, en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado, con
quórum reglamentario (10 senadores), fue discutido y aprobado el proyecto (10
votos a favor), según la certificación expedida por el secretario de esa
Comisión, que se encuentra en el expediente (fl. 12).
5. En la Gaceta N° 177 del
siete (7) de mayo de 2001, fue publicada la ponencia para segundo debate en el
Senado, la cual obra en el expediente (fls. 67-68).
6. El Senado de la República,
en sesión plenaria celebrada día catorce (14) de junio de 2001, aprobó el
proyecto con el quórum legal, constitucional y reglamentario (92 senadores),
según consta en la Gaceta del Congreso N° 331, del nueve (9) de julio de 2001
(fl. 71), y en la certificación expedida por el secretario general de dicha
Corporación, que se encuentra en el expediente (fl. 26).
7. En la Gaceta N° 436 del
cinco (5) de septiembre de 2001, fue publicada la ponencia para primer debate
al proyecto de ley  N° 010/01 Cámara,159/01 Senado, la cual se encuentra dentro
del expediente (fls. 110-111).
8. El proyecto fue discutido y
aprobado en primer debate  en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el mismo día cinco (5) de septiembre de 2001, por el voto
favorable de diecisiete representantes, según consta en certificación expedida
por el secretario general de esa Comisión, que obra en el expediente (fl. 146).
9. En la Gaceta N° 492 del
veintiséis (26) de septiembre de 2001, fue publicada la ponencia para segundo
debate del proyecto (fls. 122-123).
10. La Cámara de
Representantes, en sesión plenaria celebrada el día dieciséis (16) de octubre
de 2001, aprobó por 136 votos a favor el proyecto, según certificación expedida
por el secretario general de dicha corporación, la cual reposa en el expediente
(fl. 108).
11. El día veintiocho (28) de
octubre de 2001, se le impartió sanción presidencial al proyecto,
convirtiéndose en la Ley 707 de ese año.
2.3 La remisión a la Corte
Constitucional de la ley aprobatoria y del tratado por parte del Gobierno
Nacional
La “Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 ‘Por
medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas’” hecha en Belem do Pará, el nueve de julio de 1994 fue
remitida a esta Corporación por parte de la Secretaria Jurídica del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el día 1º de
diciembre de 2001. Es decir, por fuera del término de seis (6) días que prevé
el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.  Sin embargo, como
lo ha sostenido en diversas oportunidades esta Corporación, este solo hecho no
es suficiente para declarar la inexequibilidad del tratado ni de su ley
aprobatoria.[1]
Teniendo en cuenta todo lo
anterior, encuentra la Corte que la Ley 707 de diciembre veintitrés (23) de
1999 cumple con todos los requisitos impuestos por la Carta Política para
efectos de la tramitación de leyes aprobatorias de tratados internacionales,
razón por la cual esta Corporación habrá de declarar su exequibilidad desde el
punto de vista formal.
3. La revisión del Tratado
desde el punto de vista material
3.1 Objeto y fin del Tratado
El presente tratado tiene como
objeto especificar las obligaciones que tienen los Estados dentro del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos en relación con la
desaparición forzada de personas.  Como lo ha reconocido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, aun en ausencia de un tratado que las
especifique, la gran mayoría de las obligaciones estatales en relación con la
desaparición forzada de personas proviene del reconocimiento mismo de los
derechos humanos.  De tal forma, el solo reconocimiento de ciertos derechos,
bien sea a través de la costumbre, de las normas convencionales, o de
cualquiera de las fuentes de derecho internacional contempladas en el artículo
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o reconocidas por la
jurisprudencia internacional, obliga a los Estados a crear los mecanismos
necesarios para garantizar su eficacia dentro de sus respectivas
jurisdicciones.
Sin embargo, el solo
reconocimiento de que los Estados que hacen parte del sistema internacional
tienen la obligación de prevenir, sancionar e investigar las desapariciones
forzadas que ocurren dentro de sus respectivas jurisdicciones no es suficiente
para garantizar la eficacia de los derechos que se pretenden proteger.  La
selección de los mecanismos de protección adecuados, la determinación de la
forma de desarrollarlos y la creación de mecanismos de cooperación
internacional resultan determinantes a la hora de garantizar la eficacia
pretendida.  Con todo, estos son aspectos que, por su especificidad,
difícilmente pueden ser resueltos a través del derecho internacional
consuetudinario o del solo reconocimiento convencional de determinados
derechos.
Las anteriores insuficiencias
en la protección de los derechos humanos y en la prevención general del delito,
y ante la precaria situación del individuo como sujeto de derecho
internacional, a lo largo del Siglo XX surgió la necesidad de crear mecanismos
de responsabilidad estatal e individual.  De esta necesidad surge entonces el
derecho penal internacional.  Esta rama del derecho lleva a los Estados a
asumir responsabilidades cada vez más específicas en relación con la
prevención, investigación y represión del delito.  Los mecanismos a través de
los cuales los Estados asumen tales responsabilidades son de diversa índole.
Desde el desarrollo progresivo de una jurisdicción universal, la utilización de
las facultades del Consejo de Seguridad de la ONU con fundamento en el capítulo
VII de su Carta constitutiva, pasando por la creación de sistemas regionales de
protección de los derechos humanos, hasta la adopción de mecanismos
particulares de cooperación como los tratados de extradición.
Dentro del anterior contexto,
el presente tratado tiene por objeto fijar pautas a las cuales deben sujetarse
los ordenamientos internos de los Estados que hacen parte del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos en lo que se refiere a la
desaparición forzada. En tal medida, sus disposiciones no resultan directamente
aplicables en los ordenamientos internos, sino que deben ser desarrolladas por
los Estados a través de normas internas.  Las cláusulas del tratado imponen a
los Estados obligaciones de prevenir, suprimir y sancionar la desaparición
forzada, con el fin de erradicarla de los países del sistema interamericano,
contribuyendo de este modo a proteger los múltiples derechos fundamentales
vulnerados con tal conducta.
Por otra parte, vale la pena
resaltar que la Convención, si bien no pretende propiamente definir o regular
el contenido y alcance de tales derechos, sí impone ciertos deberes a los
Estados, como sujetos obligados a protegerlos. Por otra parte, la misma
Convención afirma que los Estados no pueden eximirse de cumplir tales deberes
en ningún caso, y que el delito no es aceptable ni siquiera durante los estados
de excepción.
A pesar de que la presente
Convención no constituye en estricto sentido un tratado de derechos humanos
sino más bien un mecanismo de erradicación del delito, comparte con aquellos el
mismo fin protector de los derechos esenciales de las personas.[2]  En tal medida, puede
afirmarse que desde un punto de vista teleológico la Convención reconoce los
derechos humanos y establece mecanismos que contribuyen en gran medida a su
protección.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 93 de la
Carta,[3]
en concordancia con el artículo 94,[4]
aquellas garantías adicionales de la Convención, que no estén expresas en la
Carta Política o adscritas directamente a ella, hacen parte del bloque de
constitucionalidad[5] latu sensu.[6]
Es decir, constituyen parámetros para la interpretación de los alcances del
artículo 12 constitucional.[7]
3.2 Las disposiciones particulares del
tratado.
Artículo 1
El artículo 1 establece los
compromisos estatales generales que serán desarrollados en los artículos
posteriores.  Dentro de tales compromisos el Estado colombiano adquiere los
deberes de abstenerse de realizar y de impedir la desaparición forzada de
personas, aun en estados de excepción; el de sancionar a las personas
involucradas en el mismo a cualquier título; el de cooperar con los demás
Estados partes para prevenir, sancionar y erradicar el delito y; el de adoptar
las medidas internas necesarias para implementar la Convención.
Artículo 2
El artículo 2 define la
desaparición forzada como una privación de la libertad de una o más personas,
con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, en la cual,
independientemente de su forma, no se da información sobre su paradero, se
niega el hecho o no se informa sobre la ubicación de la persona, impidiéndole
ejercer sus recursos y garantías legales.  En relación con esta definición es
necesario que la Corte se detenga sobre diversos aspectos.
En primer lugar, en lo que se
refiere al ámbito de aplicación de la definición.  Como lo dice su mismo texto,
los efectos de la definición de desaparición forzada se circunscriben a la
aplicación de la Convención.  Ello significa que la responsabilidad del Estado
por el incumplimiento de las obligaciones consagradas dentro de la Convención
–por supuesto dentro del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos- está determinada por los elementos contenidos en el artículo 2º.  En
particular, en lo que se refiere a la tipificación, a la investigación y a la
sanción del delito.  Contrario a lo que ocurre en otros instrumentos
internacionales, como aquellos que se derivan de la creación de órganos jurisdiccionales
internacionales, la definición no pretende determinar directamente los
elementos constitutivos de responsabilidad penal individual,[8] sino que
fija ciertos elementos a los cuales las partes deben adecuar su derecho penal
interno, de conformidad con las obligaciones contenidas en los literales b) y
d) del artículo 1º, y con el inciso primero del artículo 3º de la Convención.
De tal modo, la definición impone apenas un mínimo de elementos del tipo, pero
no afecta la facultad del Estado de asumir mayores responsabilidades en la
protección –interna o internacional- de los derechos que se pretenden
garantizar a través de la desaparición forzada.
De lo anterior se derivan
varias consecuencias.  Entre ellas, las siguientes:  1) al tiempo con la
Convención, pueden coexistir otras fuentes de derecho internacional que amplíen
el alcance de la responsabilidad internacional del Estado, por dentro o por
fuera del sistema interamericano, mediante una definición más amplia de la
desaparición forzada;  2) la definición del artículo 2º establece un mínimo que
debe ser protegido por los Estados partes, sin perjuicio de que estos adopten
definiciones más amplias dentro de sus ordenamientos internos; y por lo tanto,
3) los elementos de la definición contenida en el artículo 2º no tienen el efectos
sobre la determinación de responsabilidades penales individuales por el delito
de desaparición forzada.
En la Sentencia C-317/2002
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte hizo un recuento de los
instrumentos internacionales sobre desaparición forzada y mencionó el artículo
2º de la presente Convención, refiriéndose a la forma como este instrumento
internacional coadyuva indirectamente a la erradicación de este delito mediante
la imposición de obligaciones a los Estados partes.  Al respecto dijo:
“Como queda visto, la comunidad internacional
ha reconocido que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad
pues se trata de un atentado múltiple contra derechos fundamentales del ser
humano en cuanto supone la negación de un sinnúmero de actos de la vida
jurídico-social del desaparecido, desde los más simples y personales hasta el
de ser reconocida su muerte, situación que acarrea para los Estados el deber
de adoptar medidas legislativas, administrativas, y de política para prevenir y
erradicar este crimen de lesa humanidad. (resaltado fuera de texto)
Sin embargo, la Corte reconoció
que tales instrumentos internacionales son complementarios y por tanto no
impiden a Colombia reforzar la protección de los derechos involucrados
ampliando el tipo penal de la desaparición forzada de acuerdo con sus
disposiciones constitucionales.  Así, a pesar de la similitud que existía entre
el artículo 165 del nuevo Código Penal (Ley 599/2000) y los criterios generales
contenidos en la Declaración 47/133 de 1992 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas,[9]
esta Corporación concluyó que la protección constitucional frente a la
desaparición forzada es más amplia que la consagrada en los instrumentos
internacionales.[10]
Sostuvo que, como el artículo 12 de la Carta no establece un sujeto activo
específico para el delito, la protección constitucional frente a la
desaparición forzada impide que se condicione la calidad de los sujetos activos
a su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.  Por lo tanto, declaró
la inexequibilidad de la expresión “perteneciendo a un grupo armado al
margen de la ley”, contenida en el inciso primero del artículo 165 del
nuevo Código Penal.
En efecto, como lo establecen
diversos instrumentos internacionales,[11] como así mismo lo reconoce el
considerando número 5 del preámbulo de la presente Convención, y como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación,[12] la
protección internacional de los derechos humanos constituye una forma de
coadyuvancia, que complementa los mecanismos establecidos internamente para su
protección, pero que en modo alguno restringe la soberanía del Estado para
establecer regímenes de protección más rigurosos.  En tal medida, la
consagración explícita de unas categorías de sujetos activos[13] está
encaminada a determinar el alcance mínimo de la obligación internacional de los
Estados partes de tipificar el delito de desaparición forzada, pero no
repercute directamente sobre la responsabilidad penal de los individuos.   Por
lo tanto, desde este punto de vista, el artículo 2º es constitucional.
Por otra parte, el citado
artículo de la Convención establece que independientemente de que la privación
de la libertad adopte una forma o apariencia de legalidad, el delito se consuma
cuando tal privación esté seguida “de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o informar sobre el paradero
de la persona”. (énfasis añadido)  Por lo tanto, para que se configure la
conducta punible el Estado colombiano debe exigir que la privación de la
libertad esté seguida por la ocurrencia de una sola de las siguientes
circunstancias: a) la falta de información, b) la negativa a reconocer el hecho
o c) de informar acerca del paradero de la persona.
Entre tanto, el artículo 165
del Código Penal, en su redacción original establecía que la privación de la
libertad debía estar seguida “de
su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar
información sobre su paradero”,
debiendo concurrir el primero con una negativa a reconocer el hecho o a
informar sobre el paradero de la persona.  Sin embargo, la Corte declaró la
constitucionalidad del tipo siempre y cuando se entienda “que la conjunción “y”
no exige que para cometer la infracción el particular deba ser  requerido, sino
que basta
solamente la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de
la libertad ...”.
Así, en la medida en que el artículo 2º de
la Convención requiere solamente la falta de información o la negativa a
reconocer el hecho o a informar sobre el paradero de la persona, esta
disposición se ajusta –también desde este punto de vista- a la Constitución
Política.
Artículo 3
El artículo 3 establece la obligación de
los Estados de tipificar el delito conforme a las disposiciones
constitucionales, teniendo en cuenta su gravedad para efectos de establecer las
penas aplicables,[14]
y determinando su estructura como delito de ejecución continuada, hasta tanto
no se conozca el paradero de la víctima.[15]  Por otra parte condiciona la posibilidad
de establecer atenuantes a su aparición con vida o al suministro de información
que permita determinar la existencia del delito.[16]
De tal modo, el Estado tiene la
obligación de tipificar la desaparición forzada, dosificando las penas
aplicables dentro del máximo permitido por la Carta –especialmente por su
artículo 34- y dentro de un mínimo que, si bien no está establecido
concretamente en la Convención, debe ser proporcional a la importancia de los
valores y bienes jurídicos que se pretenden proteger, tal y como estos han sido
reconocidos en los instrumentos internacionales.[17]
Por otra parte, este delito debe
considerarse como de ejecución continuada o permanente hasta que no se conozca
el paradero de la víctima.  Esta obligación resulta razonable si se tiene en
cuenta que la falta de información acerca de la persona desaparecida impide a
la víctima y a sus familiares el ejercicio de las garantías judiciales
necesarias para la protección de sus derechos y para el esclarecimiento de la
verdad: la persona sigue desaparecida.  Esta situación implica que la lesión de
los bienes protegidos se prolonga en el tiempo, y por tanto, la conducta sigue
siendo típica y antijurídica hasta que el conocimiento que se tenga acerca del
paradero de la persona permita el ejercicio de tales garantías judiciales.[18]  En esa
medida, la conducta de desaparición forzada se realiza durante el tiempo en que
se prolongue la privación de la libertad y no se tenga información acerca de la
persona o personas que se encuentren en tal circunstancia.[19]
Acorde con lo anterior, el artículo 3º de
la Convención faculta a los Estados partes para establecer circunstancias de
atenuación punitiva en dos eventos en que los participantes contribuyan a que
el hecho resulte menos lesivo de los bienes jurídicos protegidos.  En primer
lugar, cuando las personas que hayan participado en la realización de los
hechos ayuden a que la víctima aparezca con vida o cuando suministren
información que permita establecer la comisión del hecho.[20]  Esta
determinación de las circunstancias de atenuación punitiva resulta razonable en
la medida en que propugna por la protección efectiva de los mismos bienes que
se pretenden salvaguardar mediante la tipificación de la conducta, en el evento
de que ésta ya ha sido cometida.  Así, si bien la conducta sigue estando
penalizada, los atenuantes constituyen un incentivo para que se preserve y respete
la vida de las personas desaparecidas y para que puedan recuperar su libertad y
demás derechos o, al menos, para que se pueda establecer la verdad acerca de la
comisión del hecho punible, se puedan determinar las responsabilidades
institucionales e individuales[21]
y con ello se contribuya a la prevención del delito y a su reparación integral,
pues en todo caso el Estado tiene la obligación internacional de investigar la
comisión de dichos delitos.[22]
Artículo 4
El artículo 4 establece que los hechos
constitutivos de desaparición forzada serán delitos en todos los Estados parte
y que por tanto estos adoptarán medidas para establecer su jurisdicción.  En
particular, el Estado adoptará dichas medidas: 1) Cuando la desaparición
forzada o cualquiera de los hechos que la constituyen se hayan realizado dentro
del ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el principio de territorialidad;[23]  2) según el principio
de nacionalidad activa, cuando el imputado sea nacional del Estado parte; 3)
conforme al principio de nacionalidad pasiva, cuando la víctima sea nacional
del Estado parte, si éste lo estima apropiado[24]
y; 4) en todo caso, cuando el imputado se encuentre en territorio del Estado
parte y éste no proceda a extraditarlo.[25]
Sin embargo, aclara que la Convención no faculta a los Estados para ejercer su
jurisdicción sobre el territorio de otro Estado parte, ni para desempeñar
funciones exclusivas de las autoridades de otros Estados partes.
Las anteriores reglas se adecuan a los
principios de territorialidad y de nacionalidad contenidos en el inciso 2º del
artículo 4º de la Constitución, según el cual “[e]s deber de los
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes”.[26]  Por lo tanto, la
Corte no encuentra ningún reparo en relación con su constitucionalidad.
Artículo 5
El artículo 5 contiene ciertas reglas para
adecuar y armonizar las normas sobre extradición de los Estados partes con
relación al delito de desaparición forzada.
En primer lugar, establece que la
desaparición forzada no se considerará delito político para efectos de
extradición, que se entenderá incluida como delito extraditable en los tratados
vigentes entre las partes, y que éstas lo incluirán como tal en sus futuros
tratados de extradición.
El artículo 35 de la Carta Política prohibe
al gobierno nacional conceder la extradición por delitos políticos, concepto
que la Constitución no define expresamente.
Con todo, para ejercer dicha competencia es
necesario que el legislador tenga en consideración qué delitos se estima que
constituyen crímenes internacionales.[27]
En el ámbito internacional, según diversos instrumentos internacionales, el
delito de desaparición forzada es considerado un crimen internacional.
Incluso, en algunos de tales instrumentos, se considera como un delito de lesa
humanidad, incompatible con cualquier calificación como delito político.  Aun
cuando en los instrumentos internacionales la calificación de delito de lesa
humanidad sólo se le otorga a la desaparición forzada de personas cuando es
cometido de manera sistemática o a gran escala, ello se debe a que los Estados
tienden a restringir posibles injerencias externas sobre su soberanía.  Sin
embargo, el desarrollo progresivo de dicha figura -coherente con la amplia
protección que otorga el artículo 12 de nuestra Carta- tiende a prescindir de
la necesidad de que sea una conducta sistemática o de  gran escala para efectos
de clasificarse como un crimen de lesa humanidad[28] y más bien considera
que su ejecución individual también lo es.
Por lo tanto, al determinar que la
desaparición forzada no constituye un delito político para efectos de
extradición, el legislador está ejerciendo su competencia en dentro de las
facultades que le otorga la Carta Política.  Este ejercicio concreto de tal
competencia, resulta compatible con el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos, y razonable a la luz de la protección
que el Estado debe brindar a las personas frente a la desaparición forzada.
Adicionalmente, la extradición de personas sindicadas de haber cometido el
delito, siempre y cuando se realice de conformidad nuestra Carta Política, es
un mecanismo proporcionado de cooperación internacional para la erradicación de
este crimen internacional.
Por las anteriores razones, la Corte no
encuentra reparo alguno en la disposición que excluye la desaparición forzada
de los delitos políticos para efectos de la extradición.  Por el contrario,
resulta conforme al carácter garantista de nuestra Constitución.  En esa
medida, tampoco existe reparo en que la desaparición forzada quede incluida
dentro de los tratados de extradición vigentes entre las partes de la
Convención, ni que se incluya como parte de los tratados futuros que hayan de
ratificarse.
Adicionalmente, el artículo 5 establece que
para aquellos Estados que de acuerdo con su ordenamiento interno requieran de
un tratado, la Convención constituye un título jurídico suficiente para
extraditar una persona a otro Estado parte de la misma.  Para los que no lo
requieran, la Convención impone la obligación de extraditar a las personas
solicitadas por otro Estado parte, de acuerdo con su legislación interna.
Finalmente agrega que el procedimiento de extradición se llevará a cabo de
acuerdo con el ordenamiento interno de cada parte.  En ello la Corte tampoco
encuentra problema alguno de constitucionalidad.
Artículo 6
El artículo 6, por su parte, ordena que si
alguna de las partes no concede la extradición, someterá el caso a sus propias
autoridades para que lo investiguen, y si es del caso lo juzguen, como si el
delito hubiera sido cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con su
legislación interna, comunicando los resultados del proceso al Estado
solicitante.
Frente a estas disposiciones, que pretenden
otorgar a las partes diversos mecanismos para llevar a cabo la extradición de
conformidad con sus respectivos ordenamientos internos, o asumir el
conocimiento de la causa dentro de su propia jurisdicción, la Corte tampoco
considera que haya reparo alguno de constitucionalidad.
Artículo 7
El artículo 7 establece que tanto la acción
penal como la pena por el delito de desaparición forzada son imprescriptibles,
salvo que una norma fundamental del Estado parte disponga lo contrario.  En tal
caso, la prescripción será igual a la del delito más grave previsto dentro de
la legislación interna de la parte.
Para efectuar el análisis de lo dispuesto
en el artículo 7º de la Convención es necesario establecer una distinción entre
la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena, figuras éstas
a las cuales la Convención trata indistintamente.  Ello se debe a que en su
artículo 28, nuestro ordenamiento constitucional establece que “[e]n
ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni
penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”
Como el artículo 28 prohíbe las penas
imprescriptibles, Colombia se encuentra en el evento regulado por el segundo
inciso del artículo de la Convención para efectos de la prescripción de la
pena.  Tal inciso dispone que si hay una norma fundamental de este tipo, la
prescripción de la pena será igual a la del delito más grave previsto en la
legislación interna.
Sin embargo, la regla constitucional
contenida en el artículo 28 prohíbe la imprescriptibilidad de las penas, pero
no se refiere explícitamente a las acciones penales.  A pesar de la falta de
una regla explícita, no se puede afirmar prima facie, que la
imprescriptibilidad de la acción penal está permitida constitucionalmente.  En esa
medida, para efectos de la revisión constitucional del presente tratado, es
necesario establecer si nuestro país se puede acoger a la hipótesis regulada en
el inciso 1º o si, por el contrario, de acuerdo con la Constitución se debe
atener a lo regulado por el inciso 2º, también respecto de la prescripción de
la acción penal en el delito de desaparición forzada de personas.
Por lo tanto, la Corte debe establecer si
la imprescriptibilidad de la acción penal frente a la desaparición forzada
resulta aceptable a partir de la Constitución.
Para tal efecto, es necesario interpretar
el sentido del artículo 28 constitucional, en particular, de la disposición
contenida en el inciso tercero, que prohibe que haya penas y medidas de
seguridad imprescriptibles.  Una vez identificado el sentido de esta
disposición, pasará la Corte a determinar el alcance de la misma, como garantía
frente a la intemporalidad de la potestad estatal para iniciar una acción
penal.
A partir de tal alcance, entrará a ponderar
los principios en tensión en la regla de imprescriptibilidad de la acción penal
en la desaparición forzada, tratando de armonizarlos en cuanto sea posible,
sacrificando lo menos posible el alcance de cada uno de ellos.
Pasa la Corte, entonces, a determinar el
sentido del artículo 28 de la Constitución.
La prohibición de la imprescriptibilidad de
las penas está contenida en el artículo 28 que consagra la cláusula general de
libertad personal.  Aparte de esta cláusula inicial, dentro de dicho artículo
se establecen una serie de garantías para preservar esta libertad fundamental.
Estas garantías están estructuradas en forma de reglas, encaminadas
principalmente a restringir la actividad del Estado frente a la libertad del
individuo.  Si bien dichas reglas no abarcan por completo el contenido de la
libertad personal frente a la acción del Estado, sí definen su alcance frente
en aspectos puntuales.
Así, las reglas contenidas en los dos
primeros incisos van encaminadas a preservar la legalidad del procedimiento
mediante el cual se priva materialmente a una persona de su libertad.
Es decir, se restringe la forma como el Estado puede ejercer dicha
actividad.  Entre tanto, las garantías contenidas en el último inciso
restringen en alguna medida los motivos por los cuales el Estado puede
privar de la libertad a las personas –al prohibir la detención, prisión y el
arresto por deudas-, y la vigencia temporal de las decisiones a través
de las cuales puede ejecutar materialmente la decisión de privar de la libertad
a una persona, en particular, a través de las penas y las medidas de seguridad.
Como se ve, salvo la prohibición de
detención, prisión y arresto por deudas, las reglas contenidas en el artículo
28 van encaminadas principalmente a regular directamente la actividad
material del Estado, determinando la forma y el alcance de su potestad para
privar de la libertad a las personas.  Es decir, la regulación constitucional contenida
en el artículo 28 va dirigida principalmente a las autoridades encargadas de
llevar a cabo físicamente las decisiones mediante las cuales se ejerce esta
actividad.  Salvo, claro está, la prohibición de detención, prisión y arresto
por deudas, que se dirige principalmente a restringir la actividad del
legislador.  Con todo, esta prohibición también actúa indirectamente como un
mecanismo de protección frente a las autoridades que cumplen materialmente las
decisiones de privación de la libertad, proscribiendo su ejecución, al margen
de lo que dispongan las autoridades que las dictaron y las demás normas del
ordenamiento jurídico.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario
concluir que, si bien las reglas contenidas en el artículo 28 constitucional
tienen repercusiones fundamentales en relación con los límites de la actividad
del legislador, y con las facultades de los demás órganos del Estado, su
objetivo básico es el de condicionar la actividad de las autoridades encargadas
de ejecutar las decisiones a través de las cuales el Estado ejecuta la
privación de la libertad a una persona.  Es decir, dichas reglas van dirigidas
principalmente a regular la actividad de quienes disponen de los medios de
coerción necesarios para privar de la libertad a las personas.[29]
Una vez establecido que el sentido de las
reglas contenidas en el artículo 28 es principalmente restringir la actividad
material del Estado, pasa la Corte a determinar su alcance.  Específicamente,
en cuanto tiene que ver con aquella regla según la cual están prohibidas las
penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
En relación con el alcance del artículo 28,
la Corte debe afirmar que, si bien el sentido general de las reglas contenidas
en el artículo 28 es el de proteger la libertad personal frente a la actividad
material del Estado, tal libertad no se puede concebir sin la necesaria
referencia a las reglas del debido proceso y a las demás garantías contenidas
en la Constitución.  La frase inicial del artículo 28 que constituye una
cláusula general de libertad, y el carácter directo e inescindible de la
relación que existe entre este artículo y otras disposiciones constitucionales
favorece una interpretación expansiva del contenido de sus garantías que
permita la realización plena de su texto.  Al respecto, la Corte ha dicho:
“(...) El artículo 28 de la C.P., de
un modo no taxativo, enumera conductas que atentan contra el núcleo intangible
de la libertad personal y que ilustran bien acerca de sus confines
constitucionales: ‘Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley’.
“Bajo la forma de
derechos o libertades especiales (conciencia, cultos, enseñanza etc), la
Constitución protege ámbitos específicos de la libertad. La dignidad de la
persona humana y el valor supremo que la Constitución le otorga, explican y
justifican su carácter expansivo. Sin embargo, en ausencia de otra norma
constitucional, el artículo 28 de la C.P., a manera de cláusula general,
representa la máxima tutela y reconocimiento a la libertad y en ella se
encuentra definido el amplio espacio de su protección.” (resaltado fuera de
texto) Sentencia C-301/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Sin embargo, de la vocación expansiva de la
cláusula general de libertad con que inicia dicho artículo no se derivan
necesariamente otras reglas de carácter tan perentorio como las que están
expresamente contenidas en su texto.  En efecto, su vis expansiva no
significa que, por fuera del contexto de protección frente a la actividad
material del Estado, el alcance de sus disposiciones sea el mismo.  En esa
medida, las reglas dirigidas a restringir la actividad coercitiva mediante la
cual el Estado priva materialmente de la libertad a una persona no pueden
interpretarse como si contuvieran otras reglas que restringen de manera
perentoria la potestad de configuración legislativa en aspectos diferentes,
aunque estén relacionados con la libertad personal.  Para determinar cuál es el
alcance de la potestad legislativa en los aspectos relacionados con la libertad
personal es necesario entrar a ponderar los principios o los intereses
constitucionales en juego en cada caso.[30]
Como se desprende de una interpretación
sistemática del artículo 28, salvo la detención administrativa,[31] y la aprehensión en
flagrancia (C.N. art. 32), la acción material mediante la cual el Estado priva
a las personas de la libertad requiere que previamente una autoridad judicial
competente haya resuelto imponer una pena privativa de la libertad o una medida
de seguridad, o dictar un mandamiento escrito para asegurar su comparecencia al
proceso, la integridad de las pruebas, o para proteger a la comunidad frente al
procesado.[32]
A su vez, para que una autoridad judicial
pueda privar de la libertad a un individuo es necesario que existan motivos
fundados que, ponderados, prevalezcan sobre el interés de garantizar la
libertad en el caso concreto.  Sólo una vez efectuada dicha ponderación, puede
la autoridad judicial adoptar la resolución a través de la cual se puede privar
a la persona de su libertad, mediante las formalidades que consagra la ley,
bien se trate de una sentencia condenatoria, de una medida que ordene una
detención preventiva, o una captura.
Tales resoluciones[33] pueden ser ejecutadas
materialmente en cualquier momento, incluso a través de la coacción.  De tal
modo, mientras estén vigentes, son susceptibles de afectar la libertad personal
y otros derechos fundamentales del procesado.  Siendo ello así, entre mayor sea
el tiempo en que la resolución es ejecutable, más gravosa es la carga que debe
soportar quien se encuentra sujeto a ella.  Por lo tanto, teniendo en cuenta
que la proporcionalidad de una carga depende la importancia atribuida al fin
que persigue, la constitucionalidad del término de duración de una resolución
semejante depende de su ponderación frente al valor constitucional de los
intereses que pretende proteger.
En todo caso, sin embargo, la sola
iniciación de una acción penal no comporta una afectación inminente de la
libertad personal.  En efecto, mientras no exista una sentencia condenatoria,
una medida que ordene una detención preventiva, o una captura, no se puede
afirmar que hay una resolución estatal que constituya el título mediante el
cual el Estado pueda afectar materialmente la libertad individual de una
persona.  En esa medida, la imprescriptibilidad de una acción penal no tendría
como consecuencia automática prolongar en el tiempo la ejecución de una
actividad material concreta del Estado tendiente a privar de la libertad
individual a un sujeto determinado, ni a agravar la carga que tiene que
soportar.
Por lo tanto, contrario a lo que sucede con
las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta –salvo, como se dijo
antes, el arresto y la prisión por deudas-, la prescripción de la acción penal
no puede concebirse como un mecanismo de protección frente a la libertad
personal salvo que una autoridad judicial haya proferido una resolución que
tenga la potencialidad de afectar materialmente la libertad personal de un
individuo determinado.
Habiendo establecido el alcance de la
protección que otorga la prescripción de la acción penal frente a la libertad
personal, en particular en cuanto se refiere al artículo 28, pasa la Corte a
ponderar los principios e intereses en tensión en la imprescriptibilidad de la
acción frente al delito de desaparición forzada.
Si bien tiene un alcance restringido como
mecanismo para la protección de la libertad personal, ampliar la prohibición de
imprescriptibilidad de las penas a las acciones penales es una garantía del
debido proceso frente a la posibilidad de que el Estado ejerza de forma
intemporal el ius puniendi.  Sin embargo, esta garantía no puede ser
absoluta.  Su alcance depende del valor constitucional de los intereses
protegidos mediante la acción penal específica frente a la cual se pretenda
oponer.
Dependiendo del delito que pretenda juzgar,
al iniciar una acción penal el Estado busca proteger intereses de diverso valor
constitucional.  Por esta razón, resulta razonable que el legislador le de un
trato diferenciado al término de prescripción de la acción penal dependiendo
del delito.  En efecto, esto es posible entre otras razones debido al diferente
valor constitucional de los intereses o bienes jurídicos protegidos.
Por supuesto, ello no significa que el
único criterio razonable para fijar el término de prescripción de la acción
penal sea la gravedad de la conducta, pues dentro del diseño de la política
criminal del Estado el legislador puede determinar el término de prescripción a
partir de otros criterios valorativos que desde una perspectiva constitucional
sean igualmente válidos a las consideraciones de tipo dogmático o axiológico.
Entre ellos, pueden considerarse la necesidad de erradicar la impunidad frente
a delitos en los cuales resulta especialmente difícil recopilar pruebas o
juzgar efectivamente a los responsables.[34]
En el caso de la
desaparición forzada, la prohibición consagrada en el artículo 12 impone al
Estado un deber especial de protección.  Este deber implica, a su vez, una
ampliación del conjunto de facultades de que dispone el legislador para
satisfacer el interés en erradicar la impunidad.  Esta ampliación de la
potestad configurativa del legislador se traduce específicamente en la facultad
para extender el término de prescripción.  En primer lugar, por el interés en
erradicar la impunidad, para lo cual es necesario que la sociedad y los
afectados conozcan la verdad, que se atribuyan las responsabilidades
individuales e institucionales correspondientes, y en general que se garantice
el derecho de las víctimas a la justicia.  En segundo lugar, por el derecho de
las víctimas a recibir una reparación por los daños.  En tercer lugar, debido a
la dificultad que suponen la recopilación de las pruebas necesarias y el
juzgamiento efectivo de quienes habitualmente incurren en tales conductas.
Con todo, podría
pensarse que existen otros motivos que hacen innecesaria la imprescriptibilidad
de la acción penal en relación con este delito y además restan fundamento
constitucional a una posibilidad semejante.  En efecto, de conformidad con el
artículo 3 de la presente Convención, con el ordenamiento interno colombiano, y
con la jurisprudencia internacional, el delito de desaparición forzada es de
carácter continuo hasta tanto no se establezca el paradero de la persona
desaparecida.[35]
Por tanto, el término de prescripción de la acción empezaría a correr cuando
esto ocurra.  Así, como en los casos de desaparición forzada es posible que la
suerte de la persona jamás se conozca, en la práctica es raro que la acción
prescriba.  Por otra parte, la iniciación del término de prescripción presupone
el conocimiento de la suerte de la persona.  Por lo tanto, la
imprescriptibilidad no serviría para satisfacer el interés en establecer tal
circunstancia.
La Corte considera
que la primera objeción no es atendible, pues el alcance del deber de
protección del Estado y del interés correspondiente en erradicar el delito, así
como el alcance del derecho de las víctimas a obtener justicia y una reparación
adecuada, no pueden depender exclusivamente de que la persona aparezca.  Este
solo hecho, por sí mismo, no en todos los casos facilita las labores de
investigación y juzgamiento del Estado.  En cuanto a la segunda objeción,
resulta innegable que la imprescriptibilidad no ayuda a establecer el paradero
de la persona desaparecida.  Aun así, subsisten el interés en erradicar el
delito y en reparar los daños.
El interés en erradicar la impunidad por el
delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto.  Como ya
se dijo, para satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la
verdad de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades individuales e
institucionales correspondientes.  En esa medida, tanto el interés en que se
conozca la verdad, como en que se atribuyan responsabilidades individuales e
institucionales por los hechos, sobrepasan el ámbito del interés individual de
las víctimas.  Por el contrario, constituyen verdaderos intereses generales de
carácter prevalente en los términos del artículo 1º de la Carta Política.
En efecto, el conocimiento público de los
hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y
la obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear
conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causadas por
el delito.  En esa medida, son también mecanismos de prevención general y
especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye,
autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas.  En general,
la acción penal en los casos de desaparición forzada de personas es un
mecanismo a través del cual se establecen responsabilidades institucionales que
llevan a que el Estado se sujete al derecho en el ejercicio de la fuerza, y a
hacer efectivo el deber de las autoridades de proteger y garantizar los
derechos fundamentales.[36]
Podría alegarse, antitéticamente, que
además de la libertad individual, las personas inculpadas tienen derecho a un
debido proceso sin demoras injustificadas, y en general, están cobijadas por
una garantía de prontitud en relación con la administración de justicia.  En
esa medida, pese a que la iniciación de una acción penal por sí misma no
conlleve una afectación de la libertad individual, sí podría conculcar los
anteriores derechos.
La posibilidad de que se inicie una acción
penal en su contra en cualquier tiempo implicaría una amenaza perpetua de tales
derechos, con el agravante de que el paso del tiempo disminuye sus
posibilidades de defensa, pues el acceso a testimonios, documentos y demás
pruebas se vuelve más difícil.  Adicionalmente, ni la amenaza de sus derechos,
ni la disminución de sus posibilidades de defensa le serían oponibles, pues la
iniciación de la acción penal es una labor que corresponde al Estado, y las
demoras en que incurra, sólo a éste le son imputables.
Sin duda, la imprescriptibilidad de la
acción penal por el delito de desaparición forzada puede afectar los derechos
de las personas inculpadas, y puede disminuir sus posibilidades de defensa por
la dificultad de acceso a las pruebas.  Sin embargo, la demora en cumplir el
deber de investigar no es una excusa válida para dejar de hacerlo.  La
prontitud, más allá de su función como garantía subjetiva del derecho de acceso
a la administración de justicia en favor de los inculpados, cumple un papel
como principio objetivo de la función judicial, encaminado al logro de la
justicia en favor de todos los que tengan un interés legítimo en el resultado
del proceso.  Por lo tanto, al operar a favor del sindicado no puede terminar
afectando negativamente la finalidad general que persigue.  Además, la mediatez
temporal de las pruebas afecta por igual a todas las partes en el proceso.  Por
lo tanto, no se puede afirmar que sea una circunstancia que disminuya las
posibilidades probatorias de la parte que se defiende a favor del ente acusador
o de la parte civil.
Si la acción penal ha prescrito por la
omisión del Estado en el cumplimiento de su deber de investigar y de
identificar a los responsables, éste no puede alegar su propio hecho aduciendo
la prescripción, y haciendo nugatorio el interés general y el derecho de las
personas afectadas de conocer la verdad y a la realización efectiva de la
justicia.  En esa medida, la prescripción de la acción penal derivada de la
desaparición forzada de personas constituye un límite para la realización de
los objetivos y valores constitucionales de proteger la dignidad de la vida
humana a través de la erradicación de la impunidad.  Por tal motivo, el interés
en recibir pronta justicia no es un argumento suficiente para fundamentar la interpretación
según la cual la Carta prohíbe la imprescriptibilidad de la acción penal en el
delito de la desaparición forzada.
Aun así, a pesar de que deba preferirse una
interpretación del artículo 28 que maximice las posibilidades de conocer la
verdad y de responsabilizar a los individuos e instituciones que tuvieron
alguna injerencia en los hechos, ello no es suficiente para sostener la
constitucionalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente al
delito de desaparición forzada de personas.
Para ello la Corte debe establecer también
la idoneidad y la necesidad de esta medida para lograr los objetivos que con
ella se pretenden.  Con tal fin, la Corte debe analizar, por un lado, si es
adecuada para proteger los bienes jurídicos prevalentes y, por otro, si no
existe una medida igual de efectiva, que afecte menos los derechos de las
personas inculpadas.
Por lo anterior, pasa la Corte a analizar
si la imprescriptibilidad de la acción penal es un medio adecuado para lograr
los fines propuestos y si estos no se pueden satisfacer a través de mecanismos
que afecten menos los derechos del inculpado.
En relación con su idoneidad, podría
argumentarse que la imprescriptibilidad de la acción penal es un medio poco
eficaz y por tanto no es idónea para proteger los intereses en juego.  El paso
del tiempo haría demasiado difícil acceder a las pruebas necesarias para
determinar lo ocurrido, y la identidad de los responsables.  En esa medida,
luego de cierto tiempo, la iniciación de una acción penal no sería apta para
lograr el objetivo propuesto.
Esta objeción parte de un hecho innegable:
en términos generales el tiempo afecta también la posibilidad de conocer la
verdad e identificar a los responsables.  Sin embargo, frente a semejante
objeción es necesario advertir dos circunstancias.  Por una parte, resultaría
difícil establecer un criterio definitivo para determinar en qué momento la
acción penal y el interés en proteger los derechos a la verdad y a identificar
a los responsables debe ceder frente a la dificultad que ello plantea.  Por
otra parte, aunque la dificultad de conocer la verdad sea una realidad en la
mayoría de los casos, no es necesariamente así en todo ellos.  No se puede
aceptar la dificultad para proteger los derechos individuales en la mayoría de
los casos como argumento para negar absolutamente su protección.  En esa
medida, la eficacia variable de la acción penal en el tiempo no significa que
su imprescriptibilidad sea inadecuada para proteger el interés general y los
derechos individuales a conocer la verdad y los individuos e instituciones
responsables.
Habiendo establecido que la
imprescriptibilidad de la acción penal en el delito de desaparición forzada es
un mecanismo idóneo para realizar los intereses que va encaminada a proteger, pasa
entonces la Corte a establecer si es una medida necesaria.
Dado que, independientemente del tiempo
transcurrido, el Estado tiene las obligaciones de investigar los hechos y de
juzgar a los responsables,[37]
el análisis debe hacerse teniendo en cuenta la idoneidad de las alternativas de
las cuales dispone el Estado para llevar a cabo la investigación.  En este
sentido, podría alegarse que la acción penal no es el único medio para saber la
verdad, identificar a los responsables y reparar a las víctimas.  Por lo tanto,
debería preferirse otro mecanismo que no afectara tanto los derechos de las
personas inculpadas de haber cometido una desaparición forzada de personas.
Así, en cuanto tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, puede
alegarse que las víctimas del delito tienen la posibilidad de acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa para reclamar del Estado la reparación
directa de los perjuicios causados.  Además, este proceso es público, y al
serlo, se satisface también el interés general en conocer la verdad e
identificar a las autoridades  responsables.
Sin embargo, ello no satisface el interés
en atribuir responsabilidades individuales.  En primer lugar, debido al corto
término de caducidad de dicha acción.[38]
Por otra parte, a pesar de que en la acción de reparación directa se establecen
ciertos hechos, no tiene por objeto determinar quién los cometió, ni
atribuirles responsabilidades individuales a las personas.  Si bien dentro de
dicha acción se debe establecer la responsabilidad del Estado por un daño, no
es necesario que se identifique plenamente a cada uno de los sujetos
responsables.  En efecto, al margen de la responsabilidad eventual del Estado
por la autorización, el apoyo, o la aquiescencia de cometer el delito de
desaparición forzada, los sujetos activos del mismo no necesariamente son
funcionarios, ni la conducta, en todas sus modalidades requiere una
participación del Estado.
Por otra parte, también en cuanto tiene que
ver con el esclarecimiento de la verdad, la acción de reparación directa no
resulta tan eficaz como la acción penal.  Así, aun cuando el tiempo puede
imponer barreras para el esclarecimiento de los hechos y a la identificación de
los responsables, son la Fiscalía General de la Nación y sus órganos adscritos,
y no las partes, el juez o los auxiliares de la justicia dentro de un proceso
contencioso administrativo, quienes tienen la mayor disponibilidad de los
medios técnicos necesarios para sobrepasarlas.
En esa medida, frente a una desaparición
forzada de personas, la acción penal es el medio más eficaz para proteger los
intereses en juego, y su imprescriptibilidad es un mecanismo que en
determinadas circunstancias puede resultar necesario para establecer la verdad
de los hechos y para atribuir responsabilidades individuales e
institucionales.  En tal medida, frente a la garantía de seguridad jurídica y
de recibir pronta justicia, es necesario entonces concluir que prevalecen el
interés en erradicar el delito de desaparición forzada y en reparar a las
víctimas.
Sin embargo, el interés estatal en proteger
a las personas contra la desaparición forzada no puede hacer nugatorio el
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.  Por lo tanto,
cuando el Estado ya ha iniciado la investigación, ha identificado e
individualizado a los presuntos responsables, y los ha vinculado al proceso a
través de indagatoria o de declaratoria de persona ausente, la situación
resulta distinta.  Por un lado, porque en tal evento está de por medio la
posibilidad de privarlos de la libertad a través de medios coercitivos, y
además, porque no resulta razonable que una vez vinculados al proceso, los
acusados queden sujetos a una espera indefinida debida a la inoperancia de los
órganos de investigación y juzgamiento del Estado.
En tales eventos, el resultado de la
ponderación favorece la libertad personal.  En particular, el interés de la
persona vinculada a un proceso penal de definir su situación frente a medidas a
través de las cuales el Estado puede privarlo materialmente de la libertad.
Por lo anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal resulta conforme a
la Carta Política, siempre y cuando no se haya vinculado a la persona al
proceso a través de indagatoria.  Cuando el acusado ya ha sido vinculado,
empezarán a correr los términos de prescripción de la acción penal, si el
delito está consumado.
Así, como conclusión del análisis
precedente, la Corte establece que la regla de imprescriptibilidad de la acción
penal por el delito de desaparición forzada, contenida en el inciso primero del
artículo 7 de la Convención, no resulta contraria a la Carta Política.  El
legislador, al adecuar el ordenamiento interno al presente tratado, puede
establecer la imprescriptibilidad de la acción para dicho delito.  Sin embargo,
si el delito está consumado, los términos de prescripción de la acción
empezarán a correr una vez el acusado haya sido vinculado al proceso.
Entre tanto, en lo que se refiere a la
imprescriptibilidad de la pena, deberá aplicarse el inciso segundo que dispone
que la prescripción de la pena será igual a la del delito más grave previsto en
la legislación interna.
Artículo 8
El artículo 8 impide a los Estados admitir
la obediencia debida a órdenes de superiores que dispongan, autoricen o
alienten la desaparición forzada, agregando que la persona sujeta a ellas podrá
y deberá desconocerlas.  Además establece la obligación de los Estados de
educar a los funcionarios encargados de aplicar la ley sobre el delito de
desaparición forzada.
El artículo 12 de la
Constitución establece que [n]adie será sometido a
desaparición forzada ...”.  Por su parte, el inciso 1º del artículo 91 de
la Constitución establece que “[e]n caso de infracción
manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el
mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.”  En
esa medida, no es necesaria mayor argumentación para concluir que el mandato de
un superior no exime la responsabilidad del inferior en relación con el delito
de desaparición forzada.  Sin embargo, el inciso 2º del artículo 91,
refiriéndose al inciso 1º, dispone que “[l]os militares en
servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la
responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.”
Sin embargo, esta
Corporación ha establecido que el inciso 2º del artículo 91 constitucional
tiene un alcance limitado.  Esta causal de exoneración es aplicable únicamente
cuando se establece que el inferior pudo tener una duda razonable acerca de la
licitud de la orden, pero no lo es cuando la orden es manifiestamente
delictiva.[39]
En la medida en que atentados contra los derechos humanos como la desaparición
forzada constituyen conductas abiertamente ilegales, y que no se requieren
mayores conocimientos jurídicos para comprender este hecho, no pueden
considerarse susceptibles de esta causal de exoneración de responsabilidad.[40]
Con todo, ha dicho
también la Corte, tal conclusión no se deriva exclusivamente de un análisis
acerca del alcance que tiene la dignidad humana en el ámbito interno[41] e internacional, sino
que se fundamenta también en consideraciones normativas.  En particular, debido
a la existencia de reglas expresas que prohíben la aplicación de esta causal de
exoneración de responsabilidad del inferior, y que, al estar contenidas en
tratados de derechos humanos, constituyen garantías no contempladas
explícitamente en la Constitución, y por lo tanto, prevalecen en el orden
interno según lo disponen los artículos 93 y 94 constitucionales.[42]  En tal sentido, en un
pronunciamiento reciente, la Corte se refirió específicamente sobre la
prohibición de aplicar la causal de obediencia debida en el delito de
desaparición forzada.  Al estudiar la constitucionalidad de la regla contenida
en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 32 del nuevo Código Penal, que
expresamente excluye la aplicación de obediencia debida de los delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura,[43]
dijo:
“La referencia expresa que se hace de ellos,
en forma enunciativa, simplemente resulta coherente, como lo recuerda la vista
fiscal, con el artículo 91 inciso primero de la Carta, así como con los
diferentes textos de derecho internacional aplicables en nuestro ordenamiento
en este campo (art. 93 C.P.), en los que expresamente se excluye la posibilidad
de acudir a la obediencia debida para excusar los actos de genocidio,
desaparición forzada y tortura, así como otras conductas claramente prohibidas
en cualquier circunstancia[44].”
Sentencia C-551/01 (M.P. Alvaro Tafur Galvis)
Aun más, en una oportunidad anterior, la
Corte había condicionado la exequibilidad del artículo 15 del Decreto 85 de
1989,[45]
mediante el cual se establecía el régimen disciplinario de los militares, a que
las órdenes violatorias de los derechos humanos fundamentales no deben ser
ejecutadas, y de serlo, el subalterno imputado no puede alegar la obediencia
debida como causal de exoneración.  En tal oportunidad dijo:
“En consecuencia, la Corte declarará que es
exequible, siempre que se entienda que las órdenes militares violatorias de los
derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana, no
deben ser ejecutadas y que, en caso de serlo, tales órdenes no podrán ser
alegadas como eximentes de responsabilidad. En este evento, no se remite a duda
que el militar subalterno que se abstiene de observar una orden militar que
comporte la violación de los derechos fundamentales intangibles, no podrá ser
objeto de sanción penal o disciplinaria.” Sentencia C-578/95 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
En virtud de lo anterior, la prohibición de
alegar la obediencia debida frente al delito de desaparición forzada de
personas, contenida en el artículo 8 de la Convención no sólo se adecua a la
Carta, sino que constituye un imperativo constitucional básico para proteger la
dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes.
Del mismo modo, la obligación de impartir
la educación necesaria acerca del delito de desaparición forzada a los funcionarios
encargados de la aplicación de la ley tampoco merece reparo alguno de
constitucionalidad.  Por el contrario, contribuye al desarrollo de los
artículos 41 y 222 de la Carta.
Artículo 9
El artículo 9 establece que los hechos
constitutivos del delito no podrán considerarse cometidos en ejercicio de
funciones militares y que las personas acusadas de desaparición forzada sólo
podrán ser juzgados por la justicia ordinaria, y prohibe que lo sean por parte
de cualquier jurisdicción especial, particularmente la militar.
En relación con la incompatibilidad con el
servicio y la consiguiente exclusión de la justicia penal militar en relación
con el delito de desaparición forzada, la Corte no encuentra reparo alguno de
constitucionalidad.  En efecto, esta Corporación ha determinado que existen
ciertos delitos que bajo ninguna circunstancia pueden tener relación con el
servicio, en los términos a los que se refiere el artículo 221 de la Carta.  Ha
afirmado que los delitos de lesa humanidad jamás pueden tener un vínculo con el
servicio que de acuerdo con la Constitución le corresponde prestar a las
fuerzas armadas, y por lo tanto, de ellos siempre debe conocer la justicia
penal ordinaria.[46]
En relación con la anterior subregla de
atribución de competencia, la Corte se ha referido específicamente a la
desaparición forzada, incluyéndola dentro de los delitos que no pueden ser de
conocimiento de la jurisdicción penal militar.  En dicha ocasión dijo:
“Tercero, si bien el legislador en su
facultad de configuración, creyó conveniente sólo hacer expresa mención de los
delitos de tortura, genocidio y  la desaparición forzada, como conductas
que en nada se relacionan con el servicio y, que como tales, impiden a la
jurisdicción penal militar conocer de ellas cuando se presenten, es claro que
éstas no son la únicas que han debido quedar excluidas expresamente del
conocimiento de justicia castrense, dado que existen otra serie de
comportamientos que, en los términos de la doctrina  de esta Corporación, “son
tan abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública
que su sola comisión rompe todo nexo funcional del agente con el servicio”,
conductas éstas que, en consecuencia, escapan de la competencia de esta
jurisdicción especial.”
“Así, teniendo en cuenta que el factor
funcional es el que en últimas determina la competencia  de la jurisdicción
penal militar, ha de entenderse que existen delitos no enunciados en el
artículo 3 de la ley 522 de 1999 que, por su misma naturaleza, no pueden ser
considerados “relacionados con el servicio” y como tales, en ningún caso
podrán ser de conocimiento de la justicia castrense. En todos estos casos,
corresponderá a la justicia ordinaria aprehender la investigación y juzgamiento
de esta clase de conductas.” Sentencia C-878/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
En esa medida, tanto la disposición que
establece que no puede considerarse como un acto relacionado con el
cumplimiento de funciones militares (inciso 2º), como la que proscribe de su
conocimiento a la jurisdicción penal militar conocer del delito de desaparición
forzada de personas (inciso 1º) no merecen reproche de constitucionalidad.[47]  Por el contrario,
como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, estas reglas son
imperativas desde el punto de vista constitucional.
Aun así, podría encontrarse reparo a la
norma, pues no sólo se refiere a la justicia militar, sino que extiende la
prohibición a toda jurisdicción especial.  Ahora bien, aparte de las
autoridades administrativas y de los particulares que cumplen funciones
jurisdiccionales de manera transitoria, las jurisdicciones especiales que
consagra la Constitución son aquellas que no hagan parte de la jurisdicción
ordinaria.  En particular, la jurisdicción penal militar, la jurisdicción
indígena y los jueces de paz.
En cuanto a las autoridades
administrativas, el inciso tercero del artículo 116 de la Carta es perentorio
al establecer que “no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos.”
En relación con las funciones
jurisdiccionales ejercidas por los particulares, si bien la Constitución no
consagra una cláusula igual a la de las autoridades administrativas, resulta de
la misma naturaleza que no pueden investigar ni juzgar la comisión de delitos,
pues dichos asuntos trascienden la capacidad transaccional de las partes
procesales.[48]
En relación con la proscripción de la
jurisdicción indígena para conocer del delito de desaparición forzada, tampoco
observa la Corte que exista reparo de constitucionalidad, pues según el
artículo 246 constitucional, corresponde precisamente al legislador establecer
“las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema
judicial nacional.”
Del mismo modo, tampoco encuentra reparo en
la proscripción de los jueces de paz, pues ni el conocimiento de delitos, ni el
de simples contravenciones es acorde con la función que la Constitución les
asigna.[49]
Por lo anterior, la exclusión de las demás
jurisdicciones especiales tampoco merece reproche constitucional.
Finalmente, el inciso 3º del artículo 9
establece que no se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales
en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.  Corresponde entonces a la
Corte establecer si la atribución de fueros y competencias especiales para el
juzgamiento de algunos funcionarios del Estado constituye un privilegio, una
inmunidad, o una dispensa en los términos del artículo 9º de la Convención.
Podría aducirse que aun cuando el hecho
mismo de establecer un mecanismo de juzgamiento impide que se considere como
una dispensa o una inmunidad, una excepción a la regla general de juzgamiento
implica per sé un privilegio.  Sin embargo, ello no es así.  En primer
lugar, porque en la Constitución estas excepciones están establecidas en forma
de garantías para preservar la integridad de la función constitucionalmente
asignada a la institución a la cual pertenecen los funcionarios, no como
prerrogativas estamentales en favor de grupos o personas determinadas.
En segundo lugar, porque además de
constituir garantías a favor de la institución, y no de la persona enjuiciada,
estas excepciones sirven como mecanismos de balance que permiten el logro de la
justicia.  Es decir, la atribución del juzgamiento a otras altas instituciones
estatales no puede verse como un mecanismo para disminuir el control que se
tiene sobre tales funcionarios.  Al contrario, tiene como objetivo impedir que
una desigualdad de poderes entre el alto funcionario juzgado y su juzgador
impida el logro de la justicia.  En esa medida, la atribución de fueros y
competencias especiales antes de interpretarse como privilegios que impidan o
dificulten el deber del Estado de enjuiciar a los responsables del delito de
desaparición forzada, constituyen mecanismos que garantizan a un mismo tiempo
la integridad de determinadas instituciones constitucionales y la independencia
en el juzgamiento de los responsables.
Por lo anterior, la Corte considera que la
regla que prohibe los privilegios, inmunidades y dispensas especiales en los
procesos por el delito de desaparición forzada es constitucional.  Del mismo
modo, considera que lo es la salvedad establecida en relación con la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, pues resulta acorde el numeral 5º del
artículo 235 de la Constitución.
Artículos 10 y 11
El artículo 10 impide que se alegue un
estado de excepción o cualquier otra situación similar para justificar la
desaparición forzada y dispone que en tales eventos deben preservarse medios
judiciales idóneos para establecer: a) el paradero de los detenidos, b) su
estado de salud y c) la identidad de las autoridades que ordenaron o ejecutaron
su privación de la libertad.  Por otra parte ordena que las autoridades
judiciales tengan acceso libre e inmediato a los centros de detención o a
cualquier otro lugar donde haya motivos para creer que se encuentre una persona
desaparecida, incluidos los sujetos a jurisdicción militar.
Así mismo, el artículo 11 reitera la
obligación del Estado de mantener a las personas privadas de la libertad en
lugares oficialmente reconocidos, presentándolos sin demora ante las
autoridades judiciales competentes de acuerdo con el ordenamiento interno.  Por
otra parte, ordena a los Estados partes establecer y mantener registros de las
personas detenidas, a los cuales deben tener acceso –entre otras- los
familiares, abogados, jueces y demás autoridades.
De conformidad con nuestro ordenamiento
constitucional, durante los estados de normalidad, las personas conservan la
plenitud de sus derechos y de las garantías necesarias para su ejercicio.  Durante
los estados de excepción el gobierno puede restringir algunos de tales
derechos, en la medida en que sea estrictamente necesario para conjurar los
efectos del estado excepcional y permitirle restablecer la normalidad.  Con
todo, sin embargo, algunos de tales derechos son considerados intangibles y su
limitación está prohibida independientemente de que se haya declarado un estado
de excepción.  Así, incluso resultaría completamente contrario a la
Constitución permitir que durante los estados de excepción se puedan cometer
desapariciones forzadas de personas.
En tal sentido, el numeral 2º del artículo
214 de la Constitución establece que durante tales estados “[n]o
podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una
ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de
excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger
los derechos de conformidad con los tratados internacionales.” Sin embargo,
sin los mecanismos necesarios para ejercerlos, tales derechos no pasarían de
ser simples enunciados.  Por lo tanto, en el numeral 3º siguiente, el
constituyente dispuso en que “[n]o se interrumpirá el normal funcionamiento
de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado”.
Por su parte, el artículo 4º de la Ley 137
de 1994 reguló los controles judiciales y las garantías de los derechos
fundamentales a las que hace referencia el citado numeral 2º del artículo 214
constitucional.  Tal disposición estatutaria dispone que son intangibles, entre
otros, los mismos derechos que se pretenden proteger mediante la tipificación
de la desaparición forzada de personas, y reitera que no se podrán suspender
las garantías necesarias para el ejercicio de tales derechos.[50]  Refiriéndose a tal
artículo, la Corte, en Sentencia C-179/94 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), dijo:
“En este artículo el
legislador, valiéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia una serie de
derechos que califica de intangibles, durante los estados de excepción,
los cuales no pueden ser objeto de suspensión o restricción alguna por el
legislador extraordinario, ya que se consideran como bienes imprescindibles
para la dignidad de la persona humana.”
“Durante los estados de excepción, es de
común ocurrencia que se afecten ciertos derechos que la misma Constitución
permite restringir o limitar en épocas de normalidad, valga citar: el derecho
de reunión, el derecho de asociación, la libertad de circulación, etc.; sin
embargo, existen otros que en ninguna época pueden ser objeto de limitación,
como los contenidos en la disposición legal que se estudia, los cuales son
considerados como inafectables.”
En virtud de lo
anterior, durante los estados de excepción no sólo está prohibida la
desaparición forzada, sino que además, el Estado está obligado a garantizar
cada uno de los derechos protegidos mediante la tipificación de la conducta.
En esa medida, es indispensable preservar los medios necesarios para que las
autoridades judiciales y los familiares de las personas privadas de la libertad
conozcan de su paradero, de su estado de salud y de la identidad de las
autoridades que realizaron las detenciones.
Por lo anterior,
resultan ajustadas a la Carta las disposiciones contenidas en los artículos 10
y 11 de la Convención.
Artículo 12
Del mismo modo, tampoco encuentra la Corte
reproche alguno al artículo 12, que dispone un deber genérico de colaboración
entre los Estados partes para la búsqueda, identificación, localización y
restitución de menores de edad que hayan sido trasladados o retenidos en otros
Estados debido a la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores.
Por el contrario, tal disposición permite la protección de los derechos de los
niños, acorde con lo dispuesto en los artículos 2º y artículo 44 de la Carta.
Artículos 13 y 14
Los artículos 13 y 14 contienen reglas
aplicables a los trámites en relación con la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que no ameritan ninguna objeción desde el punto de vista
constitucional. El artículo 13 dispone que en casos de desaparición forzada el
procedimiento para tramitar peticiones o comunicaciones ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos será el contenido en el Pacto de San José,
los estatutos y reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana,
incluso en lo que se refiere a medidas cautelares.  Entre tanto, el artículo 14
establece que cuando la comisión reciba una petición o comunicación sobre
desaparición forzada solicitará información sobre el paradero de la persona al
respectivo gobierno, sin que ello determine la admisibilidad de la petición.
Artículo 15
Por su parte, el artículo 15 contiene una
cláusula de salvaguarda de interpretación según la cual el contenido de la
Convención no restringe el alcance de los acuerdos previos entre las partes.
Además, restringe su aplicación, excluyéndola del ámbito de los conflictos
armados internacionales, los cuales regidos por el Derecho Internacional
Humanitario, en particular, aquellos tratados aplicables a los conflictos
internacionales.
Artículos 16, 17 y 18
Los artículos 16, 17, y 18 de la
Convención establecen respectivamente el carácter semiabierto de la Convención,
determinando que pueden ser partes los miembros de la Organización de Estados
Americanos, las formas en que estos pueden prestar su consentimiento y
determinan que el depositario de los instrumentos para llevarlo a cabo es la
Secretaría General de la Organización.
Artículo 19
Por otra parte, el artículo 19
establece la posibilidad de que las partes emitan reservas en distintos
momentos de la celebración de la Convención, sujeto a la regla general de que
no sea incompatible con el objeto y fin del tratado y que, además, se refiera
específicamente a una o más disposiciones de la misma.  Tampoco estas
disposiciones convencionales ameritan un reproche desde el punto de vista
constitucional.
Artículos 20, 21 y 22
Por su parte, el artículo 20 entrada en
vigencia del tratado, el artículo 21 establece la posibilidad de denunciar la
Convención, y el artículo 22 determina los idiomas en que el texto de la
Convención hace fe, establece quién es el depositario y dispone su registro
ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.  Estos artículos finales
tampoco conllevan problemas de constitucionalidad.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor procurador
general de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de
1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas hecha en
Belem do Pará, el nueve de julio de 1994 y la Ley
707 del 28 de noviembre de 2001 por medio de la cual se aprueba dicha
convención.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese en el expediente.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-580/02
INTERPRETACION
POR PRINCIPIOS/PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-Expresión explícita o implícita/PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA-Consagración constitucional (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES-Consagración
(Salvamento parcial de voto)
DELITO Y PENA-Prescriptibilidad es una manifestación de
la seguridad jurídica (Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL Y
PENA-Prescriptibilidad
(Salvamento parcial de voto)
DESAPARICION
FORZADA-Consumado el
delito comienza término de prescripción (Salvamento parcial de voto)
AMNISTIA E
INDULTO EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expediente L.A.T.-218
Revisión oficiosa de
la Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 "Por medio de la cual se aprueba la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas" hecha en
Belem do Pará, el nueve de julio de 1994.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corporación, el suscrito magistrado presenta las razones de
su disenso:
1.     En la teoría constitucional existe un
método de interpretación, denominado interpretación por principios.  Los
principios constitucionales pueden estar expresados de manera explícita o
implícita.  La seguridad jurídica es un principio que se encuentra consagrado
implícitamente en nuestra Constitución.
Los principios
constitucionales pueden estar consagrados de manera genérica o de manera
específica o de una forma mixta (genérica y específica); por ejemplo: La
igualdad se encuentra consagrada de manera genérica en el artículo 13 de la
Constitución, lo que no es obstáculo para que haya otras consagraciones
específicas de la igualdad; como son la igualdad de acceso a los cargos
públicos, la igualdad del hombre o la mujer o la igualdad de los hijos.
La prescriptibilidad
de los delitos y de las penas, no es más que una manifestación concreta y
explícita, del principio explícito de la seguridad jurídica en nuestro sistema
constitucional.
2.     A mi juicio el artículo 28 de la
Constitución, inciso final, consagra en nuestro sistema jurídico la
prescriptibilidad tanto de la pena, como de la acción penal; pues no se
entendería que las penas prescriban y que la acción sea imprescriptible.  Si la
pena es prescriptible, debe serlo también el camino que conduce a ella, que en
este caso es la acción penal, ya que no puede haber pena sin acción.
3.     La Corte buscando hacer conciliable la
seguridad jurídica, con la imprescriptibilidad, hizo una mistura de principios
inconciliables y creo un Frankenstein jurídico ya que permitió que la acción
fuera imprescriptible y al mismo tiempo acepto que cuando ya estén
individualizados los autores o cómplices, comience a correr la prescripción
respecto de ellos.
En mi criterio
aunque la desaparición forzada pueda ser considerada un delito de ejecución
permanente, una vez se consuma el delito aunque no haya imputado como autor o
cómplice, comienza a correr el término de prescripción (que hoy en día tiene
para ese delito un máximo de 30 años).
4.     En relación con el tema de amnistías e
indultos, considero que el Protocolo II de Ginebra permite las más amplias
amnistías e indultos al final de un proceso de paz y que no excluye esta clase
de delitos.  Cosa diversa es que no puedan existir autoamnistias; que las
víctimas de estos delitos tengan derecho a la verdad, a la indemnización de
perjuicios y a la justicia, y que los autores de ellos se reconozcan culpables
públicamente, pues de lo contrario no gozarán de amnistía ni de indultos.
En los anteriores términos, respetuosamente
dejo consignada mi aclaración de voto sobre el asunto de la referencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-580/02
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Contenido y alcance de la acción penal en
materia de prescripción (Salvamento parcial de voto)
DESAPARICION
FORZADA-Aplicación de pena
más grave de legislación interna (Salvamento parcial de voto)
TRATADO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Método de interpretación (Salvamento parcial de voto)
TRATADO
INTERNACIONAL-Interpretación
restrictiva (Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL Y
PENA EN CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Prescripción (Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL Y
PENA-Comparten aspectos
sustanciales en cuanto a los fines (Salvamento parcial de voto)
PRESCRIPCION DE
LA ACCION PENAL-Significado
y fines (Salvamento parcial de voto)
PODER PUNITIVO
DEL ESTADO-Límites
constitucionales materiales (Salvamento parcial de voto)
PODER PUNITIVO
DEL ESTADO-Fijación de
límites mínimos y máximos (Salvamento parcial de voto)
PRESCRIPCION DE
LA ACCION PENAL-Sanción a
inactividad del Estado (Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL POR
DESAPARICION FORZADA-Consecuencias
de imprescriptibilidad (Salvamento parcial de voto)
DELINCUENTE-Alternativas a su comportamiento criminal
(Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL-Imprescriptibilidad  y legalidad
internacional (Salvamento parcial de voto)
ACCION PENAL-Imprescriptibilidad  puede convertirse en
obstáculo para operancia de justicia internacional (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expediente L.A.T. 218
Revisión oficiosa de la “Ley 707 del 28 de noviembre de 2001 “Por
medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas”, hecha en Belem do Pará, el nueve de julio de 1994.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Con el acostumbrado respeto, la suscrita Magistrada disiente de la
decisión de la Corporación que declaró exequible el texto de la “Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belem do Pará,
el nueve de julio de 1994.  A mi juicio, la Corte debió haber afirmado, en la
parte resolutiva de la sentencia, que existe en nuestro ordenamiento jurídico
una norma de carácter fundamental que impide la aplicación de la imprescriptibilidad
de la acción penal y de la pena en casos de desaparición forzada de personas, y
que por ende, el Estado colombiano debía haberse acogido, en ambos casos, a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo VII del instrumento internacional.
1. Contenido y alcance del artículo VII de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El artículo VII de la “Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas” está integrado por dos disposiciones
complementarias, que como tales, deben ser interpretadas.
En el primer inciso se dispone lo siguiente:
“La acción penal derivada de la desaparición forzada
de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la
misma no estarán sujetas a prescripción”
Por su parte, el inciso segundo reza:
“Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental
que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período
de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la
legislación interna del respectivo Estado Parte”.
Ahora bien, para la mayoría de la Corte, al estipular el artículo
28 constitucional que “En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto
por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”,
necesariamente el Estado colombiano debía recurrir al inciso segundo del
artículo VII del tratado internacional, esto es, aplicar para los casos de
desaparición forzada de personas la pena más grave que existiera en la
legislación interna, vale decir, a la luz del nuevo Código Penal, cuarenta ( 40
) años de prisión. Nótese, por lo demás, que esta es ya, por lo demás,  la pena
a imponer para los casos de desaparición forzada de personas agravada ( art.
166 del C.P. ).
En lo que concierne a la prescripción de la acción penal, la
mayoría de la Corte consideró que no debía aplicarse, correlativamente, aquella
igual al del delito más grave cometido en la legislación colombiana, que en
este caso cuenta con una norma especial para los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura y  desplazamiento forzado ( art. 83.2 del C.P. ),
- la cual aumenta a treinta ( 30 ) años el término de prescripción a diferencia
del término de prescripción ordinario de veinte  ( 20 ) años -, sino que, el
legislador, dentro de su ámbito de configuración normativa, estaba facultado
para establecer la imprescriptibilidad de la acción penal para el delito de
desaparición forzada. Así pues, quienquiera que haya incurrido en el mencionado
ilícito,  puede ser investigado y juzgado por el Estado colombiano hasta el
último de sus días y ser condenado a una pena que ascendería, llegado el caso,
a cuarenta años de prisión.
A mi juicio, la mayoría de la Corte arribó a esta conclusión
haciendo una interpretación incorrecta del artículo VII del instrumento
internacional, por las razones que paso a explicar.
La interpretación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, tal y como lo han señalado reiteradamente la Corte Interamericana
sobre Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se orienta
por los métodos de interpretación que aparecen recogidos en el artículo 31 de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, a cuyo tenor:
“Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”
Ahora bien, la estirpe claramente voluntarista del derecho
internacional público conduce a que, en primer lugar, los tratados
internacionales sean interpretados de manera restrictiva, insistimos, so pena
de desconocer el alcance del consentimiento dado por los Estados al momento de
adoptar un instrumento internacional. De allí que, la Convención de Viena
recoja el método exegético como el punto de partida para realizar cualquier
interpretación sobre los acuerdos internacionales.
Así pues, en el caso concreto, el inciso segundo del artículo VII
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no
distingue, en absoluto, entre la prescripción de la acción penal y de la pena
para efectos de inaplicar la regla general de las imprescriptibilidad de ambas
instituciones procesales, cuando quiera que exista una norma interna de
carácter fundamental que disponga lo contrario. De tal suerte que, en mi
concepto, y partiendo de los artículos 28, 29 y 228 constitucionales, la
conclusión debió haberse extendido a la prescriptibilidad de la acción penal y
no tan sólo a aquella de la pena.
1. Límites constitucionales materiales al poder punitivo del
Estado.
Para la mayoría, el silencio que guardó la Constitución en su
artículo 28 sobre la prescriptibilidad de la acción penal, en tanto que límite
material temporal al ejercicio del ius puniendi del Estado, es
interpretado como una autorización para que el legislador, en el caso concreto
del delito de desaparición forzada, pueda disponer la imprescriptibilidad de la
acción penal, bien entendido, manteniendo la proscripción de la cadena
perpetua. En otros términos, se partió de una simple separación técnica y
tajante entre la acción penal y la pena, sin reparar que, aunque diferentes,
ambas instituciones comparten importantes aspectos sustanciales, especialmente,
en cuanto a sus fines.
En tal sentido, la prescripción de la acción penal  es la cesación
que el Estado hace de su potestad punitiva por el cumplimiento del término
estipulado en la ley. En cuanto a los fines perseguidos con esta institución
procesal, esta Corte ha señalado los siguientes:
“Diferentes circunstancias relacionadas con el paso del tiempo,
justifican la interrupción de la actividad judicial: la pérdida de interés
social par imponer una sanción al delincuente, la dificultad en conseguir
pruebas de la culpabilidad o la inocencia y la injusticia de mantener a una
persona indefinidamente sujeta a las consecuencias de la acción penal, más aún
cuando la propia Constitución consagra el principio de presunción de
inocencia ( C.P. art. 29 ) y la prohibición de las penas y medidas de
seguridad imprescriptibles ( C.P. art. 28 ).”[51]
A decir verdad, la
fijación de límites mínimos y máximos para el ejercicio de la potestad
sancionatoria del Estado es una constante en los ordenamientos penales
occidentales, un principio general del derecho, que redunda en interés de la
sociedad en la medida en que el Estado debe cumplir, en el menor tiempo
posible, con el deber constitucional de investigar y sancionar el crimen,
empleando para tal propósito todos los medios jurídicos y logísticos con que
cuente, tal y como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en reiterada jurisprudencia, precisamente a propósito de casos de desaparición
forzada de personas[52].
La prescripción de la acción penal, en consecuencia, sanciona la inactividad
negligente o incluso dolosa del Estado. Correlativamente, la fijación de
límites máximos para el ejercicio del ius puniendi redunda a favor de
delincuente en la medida en que su situación jurídica será definida en un
término razonable, y así mismo, en beneficio de la sociedad en la medida en que
logre cicatrizar y perdonar las heridas de un pasado histórico turbulento. Buen
ejemplo de los anteriormente descrito son las diferentes comisiones de la
verdad, conformadas al término de regímenes autoritarios o de conflictos
armados internos, fruto de las cuales se logró conocer la verdad pero a cambio
fue preciso renunciar al ejercicio del ius puniendi.
A contrario, admitir la imprescriptibilidad de la
acción de la acción penal para un crimen de lesa humanidad como lo es la
desaparición forzada de personas, deja la puerta abierta para que el Estado
justifique, durante mucho tiempo,  su omisión de actuar amparado en la propia
Constitución, vale decir, estaríamos generando un efecto perverso o no deseado.
Aunado a lo anterior, el paso del tiempo, lejos de ser un catalizador de
cualquier investigación criminal, constituye su peor aliado. En efecto, en
materia de pruebas técnicas, la recolección de las mismas debe efectuarse en el
menor tiempo posible, en la escena misma del crimen. Los testimonios son de
difícil consecución y lo cierto es que el trascurso del tiempo hace que el
relato de los hechos pierda exactitud y concreción. Además, en casos de
desaparición forzada, la experiencia demuestra que es casi imposible lograr una
prueba escrita o una confesión. El indicio, por tanto, se constituye, la mayor
de las veces, en el único medio de prueba. De tal suerte que, permitirle al
Estado que, en cualquier momento adelante investigaciones por desaparición
forzada parece, prima facie, una medida encaminada a combatir la
impunidad de este crimen atroz, y por ende proporcionada frente a la
restricción al derecho defensa del imputado, más en la práctica, por la
ausencia de pruebas, conduce a una mayor frustración al no poder declarar la
culpabilidad de los responsables del crimen.
Por otra parte, en un estado social y democrático de derecho, la
imposición de una pena guarda también una estrecha relación con el paso del
tiempo y con la satisfacción de la conciencia jurídica general mediante la
afirmación de unos valores sociales, en un momento histórico determinado. En
tal sentido, el derecho liberal no sólo debe defender a los delincuentes de la
mayoría, ni retribuir el daño causado, sino que ha de respetar la dignidad del
delincuente e intentar ofrecerle alternativas a su comportamiento criminal[53].
En suma, el término legal de treinta ( 30 ) años para perseguir a
un posible de responsable de un caso de desaparición forzada y la imposición de
una pena de prisión que puede llegar a los cuarenta ( 40 ) años, estimo que
son, de por sí, instrumentos idóneos y proporcionados de una política criminal
seria y coherente contra un crimen abominable como es la desaparición forzada
de personas, y que se compadecen con la restricción que conoce el derecho
constitucional fundamental de defensa del imputado y que no genera los efectos
perversos de la inactividad e irresponsabilidad del Estado y de dejar la puerta
abierta para que, quizá en un futuro muy lejano, se adelante una investigación
que culminará en un fallo absolutorio por falta de pruebas.
2. Imprescriptibilidad de la acción penal y legalidad
internacional.
Sin lugar a dudas, la persecución internacional de los crímenes de
guerra, del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad – entre ellos
la desaparición forzada de personas -  pasa por repensar, y relativizar en
cierta forma, los principios básicos del derecho penal liberal:  concepto
amplio del principio de legalidad ( nullum crimen sine iure ),
inoperancia del non bis in idem frente a instancias internacionales de
investigación y juzgamiento e imprescriptibilidad de la acción penal ( que no
de la pena, como se desprende del texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional ).
Ahora bien, la imprescriptibilidad de la acción penal en el ámbito
internacional no ofrece los reparos que anotábamos en el orden interno. En
efecto, la práctica demuestra que los testigos de estos crímenes sienten menos
temor al momento de rendir su declaración. Que muchas veces, el estado de cosas
que se vivía a la sazón en su país de origen impedían que cumpliesen, sin
apremio ni temor alguno, su deber de declarar. Al respecto, los numerosos casos
fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de
desaparición forzada ilustran esta situación. De tal suerte que, el paso del
tiempo, no hace tanta mella en el derecho de defensa del sindicado ni conspira
contra la efectividad de una investigación penal, como sí ocurre in foro
domestico.
Aunado a lo anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal en
el orden interno puede convertirse, paradójicamente, en un obstáculo para la
operancia de la justicia internacional. En efecto, si las autoridades internas,
amparadas en la Constitución, disponen de todo el tiempo que deseen para
adelantar una investigación por desaparición forzada,  ¿cómo le endilgará la
Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional al Estado
colombiano la falta de resultados concretos en las investigaciones por casos de
desapariciones forzadas? o ¿ de qué manera le reprochará falta de voluntad en
adelantar una investigación de esta clase, si no se dispone de términos de referencia
en el derecho interno para medir la razonabilidad del tiempo empleado en
adelantar una  investigación?.
De igual manera, cada vez que el Estado colombiano sea demandado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso de desaparición
forzada que no ha sido plenamente reparado, en el sentido de que las acciones
penales, disciplinarias y administrativas no han llegado a buen término, el
demandado podrá alegar que no ha incumplido el tratado internacional, que no se
ha vencido el término razonable para actuar,  ya que su Constitución no le
establece unos términos perentorios para adelantar una investigación de esta
naturaleza.
3. Principio de igualdad e imprescriptibilidad de la acción penal.
La posición mayoritaria de la Corte plantea,
a mi opinión, reparos en materia de principio de igualdad. En efecto, la
autorización que figura en el fallo al Congreso de la República para que
modifique el artículo 83.2 del C.P. en el sentido de hacer imprescriptible la
acción penal en los casos de desaparición forzada de personas, llevaría a que
fuese, en nuestro ordenamiento jurídico, el único crimen de lesa humanidad
con esa característica. En otros términos, a pesar de que existen otros
crímenes de igual naturaleza y magnitud                   ( sistemáticos,
graves, dirigidos contra la población civil e imprescriptibles a la luz de la
legalidad internacional ) que a diario se cometen en nuestro país, la
desaparición forzada tendría un tratamiento punitivo distinto, no justificado
por razones objetivas.
Fecha ut supra
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
[1]
Ver las Sentencias C-489/93 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-059/94 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-187/99 M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[2]
Este mismo criterio teleológico ha sido empleado por la Corte en las Sentencias
C-574/92 aparte B.1.c); C-179/94, C-225/95 fundamentos 7 y 11, para considerar
los tratados de Derecho Internacional Humanitario como parte del corpus de
derechos humanos.  En el fundamento 7, esta última Sentencia afirma que “(…)
estos convenios hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo
de los derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos humanos en
sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son normas de ius
cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la persona humana.
Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la
protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el
régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana. La
diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están diseñados,
en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros operan en
situaciones de conflicto armado, pero ambos cuerpos normativos están concebidos
para proteger los derechos humanos”. El carácter determinante de la finalidad
protectora de los derechos humanos fundamentales como criterio para integrar al
bloque de constitucionalidad quedó al parecer definido en la Sentencia C-179/94
que afirmó: “Finalmente cabe agregar que las disposiciones del derecho
internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las
cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las
acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la
persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados.”
(resaltado fuera de texto).  Ver también Sentencia C-156/99. Reiterando dicho
criterio ver: C-423/95, C-578/95, C-092/96  C-135/96, C-040/97 y C-156/99
aparte 2.2.2, SU-256/99.
[3]
En cuanto establece que “los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso y que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en
el orden interno”
[4]
Según este artículo “[l]a enunciación de los
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
[5]
En la Sentencia C-295/93 la Corte estableció que para que una disposición de un
tratado internacional haga parte del bloque de constitucionalidad: “... es necesario que se den los dos supuestos a
la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que
sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los estados de excepción.”
Ver también Sentencias C-295/93 y C-092/96 fundamento 11.  El hecho de
que el artículo 93 se refiera a tratados y no a los derechos en sí mismos y
que, por consiguiente para que estos prevalezcan en el ordenamiento interno
sería necesario, en principio, que el tratado estableciera expresamente la prohibición
de limitarlos en estados de excepción quedó zanjada definitivamente con la
incorporación del derecho internacional humanitario al bloque de
constitucionalidad, pues no todos los tratados de DIH proscriben la limitación
de los derechos consagrados en ellos durante estados de excepción.  Algunos ni
siquiera consagran propiamente derechos.  Sin embargo la Corte afirmó esta
circunstancia se deriva de su mismo ámbito de aplicación.  Ver Sentencia
C-225/95 fundamento 11.
[6]
La Corte ha dicho que “... conforme a esta acepción, el bloque de
constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la
constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata
el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones,
por las leyes estatutarias ...” Sentencia C-359/97.  Posteriormente ha
sostenido que las disposiciones que hacen parte del bloque de
constitucionalidad latu sensu constituyen “... parámetros para
determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas a control”
Sentencia C-774/01.
[7]
En relación con el bloque de constitucionalidad, la Corte ha señalado que no
todas las disposiciones de un tratado de derechos humanos entran a ser parte
del bloque de constitucionalidad.  Al respecto ha dicho: “.Si bien es cierto
que los tratados internacionales vigentes en Colombia encuentran un
incuestionable fundamento en normas constitucionales, ello no significa que
todas sus normas integran el bloque de constitucionalidad y sirven de
fundamento para realizar el control de constitucionalidad de las leyes que
lleva a cabo esta Corporación.” (resaltado fuera de texto) Sentencia C-327/97.
[8]
Como ejemplos de tales instrumentos se pueden citar las Resoluciones 808 y 827
de 1993, y el informe de la Comisión de Expertos S/25274, para la creación del
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, así como la Resolución
955/94 y su anexo contentivo del Estatuto del tribunal para Ruanda; así como el
Estatuto de Roma y el texto final del documento preparatorio de los elementos
de los crímenes de los que conoce la Corte Penal Internacional
PCNICC/INF/3/Add. 2.
[9]
Comparando el delito con lo establecido en la mencionada Declaración y en la
Ley 589 de 1999, dijo: “El proyecto de ley que se convirtió en
la Ley 599 de 2000, en su artículo 165 tipifica el delito desaparición forzada
de personas dentro  del Capítulo I del Título III, Delitos contra la
libertad individual y otras garantías, conservando la misma descripción que
está prevista en la Ley 589 de 2000. Asimismo, la descripción típica del delito
de desaparición forzada es muy similar a la definición contenida en el artículo
II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con
el texto de la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas,
Resolución 44/162 de 15 de diciembre de 1989.”
[10]
Al referirse a la protección frente a la desaparición forzada y a la tortura,
consagrada en el artículo 12  constitucional dijo: “Además, al
no haber cualificado el sujeto activo que comete la desaparición el
constituyente estableció una prohibición de carácter universal que se dirige a
todas las personas independientemente de la calidad que ostenten, sea agente
público o particular, que resulta ser más amplia que la consignada en los
instrumentos internacionales tal como lo reconoció la Corte al revisar el
artículo 279 de la Ley 100 de 1980 que tipificaba el delito de tortura.”  De
manera similar a como estaba consagrada inicialmente la desaparición forzada en
el inciso 1º del artículo 165 de la Ley 599 de 2000, el Proyecto de Artículos
para un Código de Crímenes contra la Humanidad (encargo que le realizó la
Asamblea general en 1947), que corresponde al trabajo de codificación y el
desarrollo progresivo de normas internacionales sobre el tema, realizado por la
Comisión de Derecho Internacional de la ONU, establece que la conducta debe
haber sido instigada o dirigida por el Estado, por una organización o por un
grupo, como condición para que se configure la desaparición forzada (art. 17
i).
[11]
Entre ellos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 17
dispone que su jurisdicción es complementaria a la de los Estados Partes del
mismo.
[12] La Corte en Sentencia C-317/2002 sostuvo: “También puede concluirse de lo visto y
analizado, que el conjunto de determinaciones que se han adoptado en el
ámbito internacional en relación con los derechos humanos, y
particularmente en lo que corresponde a la desaparición forzada, constituyen
el parámetro mínimo de protección a partir del cual los Estados deben
orientar su legislación ...” (resaltado y subrayado fuera de texto
original).
[13]
“agentes del Estado ... personas o grupos de
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado”
[14]
Así mismo, el numeral 1º del artículo 4º de la Declaración 47/133 de 1992 de la
Asamblea General de la ONU dice “1. Todo acto de desaparición forzada será
considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas
apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.”
[15]
Por su parte, el numeral 1º del artículo 17 de la Declaración 47/133 AG-ONU de
1992 dice: “1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito
permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de
la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.”
Sin embargo, en el caso Blake, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableció, en el mismo sentido que la Convención, que el delito era de
carácter continuado “hasta el momento en que se establezca el destino o
paradero de la víctima”.
[16]
El numeral 2º del artículo 4º de la Declaración 47/133 AG-ONU dice: “2. Las
legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para
quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición
forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den
voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición
forzada.”
[17]
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que la desaparición forzada implica una vulneración de
los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), a la vida (art. 4), a la
integridad personal (art. 5º), y a ser llevado ante una autoridad judicial en
caso de detención (art. 7.5), a las garantías judiciales necesarias (art. 8º).
Al respecto ver Caso Godinez Cruz, Sentencia de enero 20 de 1989, CIDDHH,
Fundamentos 161-167, citada por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-317/2002.
[18] Así mismo, dice el numeral 2º del artículo 17 de la
Declaración 47/133: “2. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se
suspenderá la prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta
que se restablezcan esos recursos.”  Por su parte, el artículo 2º del
mencionado Pacto dice:
“3. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c)Las autoridades competentes cumplirán toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.”
[19]
En tal sentido, el artículo 26 del Código Penal establece que “[l]a
conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la
acción o en aquél en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea
otro el del resultado.”
[20] El artículo 167 el nuevo Código Penal establece
circunstancias de atenuación punitiva más restringidas.  Limita la reducción de
la pena a aquellos casos en que los autores o partícipes, sin referirse a la
determinación de los responsables.  Dice que tales circunstancias específicas
de atenuación se aplicarán a quienes voluntariamente: “... liberen a la
víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que
se encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren
información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones
físicas y psíquicas” o cuando “suministran información que conduzca a la
recuperación del cadáver de la persona desaparecida”
[21]
El artículo 5º de la Declaración 47/133 dice: “Además de las sanciones
penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la
responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de
las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales
desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado
conforme a los principios del derecho internacional.”
[22]
En cualquier caso, el Estado tiene la obligación de investigar la comisión de
tales delitos.  Al respecto, el artículo 11 de la Ley 589 de 1999 dispone: “Sin
perjuicio de la extinción de la acción penal o terminación del proceso por
cualquier causa, en el delito de desaparición forzada de personas, el Estado
tiene la obligación permanente de realizar todas las acciones necesarias
tendientes a establecer el paradero de la víctima, conocer sobre las razones de
su desaparición e informar sobre ello a sus familiares.”  En este mismo
sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
diciendo: “El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se
hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.  Si el aparato
del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en
cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede
afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a
las personas sujetas a su jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando se tolere
que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo
de los derechos humanos reconocidos en la Convención” Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Fundamento 178.
[23]
El principio de territorialidad, tal y como está contenido en el nuevo Código
Penal, establece:
“Artículo 14. Territorialidad. La ley
penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio
nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional.
“La conducta punible se considera
realizada:
“1. En el lugar
donde se desarrolló total o parcialmente la acción.
“2. En el lugar
donde debió realizarse la acción omitida.
“3. En el lugar
donde se produjo o debió producirse el resultado.”
Dicho principio a su vez comprende el
criterio de la territorialidad por extensión, que según el mismo Código
consiste en:
“Artículo 15. Territorialidad por
extensión. La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la
conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado que se encuentre fuera
del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los Tratados o
Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
“Se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo
de cualquier otra nave o aeronave nacional, que se halle en altamar, cuando no
se hubiere iniciado la acción penal en el exterior.”
[24] En relación con el principio de
nacionalidad activa, el Código Penal trae las siguientes disposiciones que, a
falta de otro criterio, son aplicables en cuanto se trate de nacionales
colombianos:
“ Artículo 16. Extraterritorialidad. La
ley penal colombiana se aplicará:
(...)
“2. A la persona
que esté al servicio del Estado colombiano (sea nacional y), goce de inmunidad reconocida por el
derecho internacional y cometa delito en el extranjero.
“3. A la persona
que esté al servicio del Estado colombiano (sea nacional y), no goce de inmunidad reconocida por
el derecho internacional y cometa en el extranjero delito distinto de los
mencionados en el numeral 1º, cuando no hubiere sido juzgada en el exterior.
“4.
Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se
encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero,
cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad
cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el
exterior.
“Si se trata de
pena inferior, no se procederá sino por querella de parte o petición del
Procurador General de la Nación.
En cuanto se refiere al criterio de
nacionalidad pasiva, establece el siguiente numeral:
“5. Al
extranjero que fuera de los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3, se
encuentre en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en
perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley
colombiana reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea
inferior a dos años (2) y no hubiere sido juzgado en el exterior. (resaltado fuera de texto)
En este caso
sólo se procederá por querella de parte o petición del Procurador General de la
Nación.
[25]
A este respecto, en un caso no regulado por los numerales anteriores, el
siguiente numeral del artículo 16 del nuevo Código Penal contiene las
siguientes reglas:
“6. Al extranjero que haya
cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, siempre que se
reúnan estas condiciones:
“a) Que se halle en
territorio colombiano;
“b) Que el delito tenga
señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior
a tres (3) años;
“c) Que no se trate de
delito político, y
“d) Que solicitada la
extradición no hubiere sido concedida por el gobierno colombiano. Cuando la
extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal. (resaltado fuera de texto)
“En el caso a que se refiere el presente
numeral no se procederá sino mediante querella o petición del Procurador
General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado en el exterior.”
[26]
Acerca de los diferentes principios que rigen el ejercicio de la jurisdicción
en materia penal ver las Sentencias C-1189/00 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y
C-621/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[27]
Ver entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero y
Santana, Sentencia de diciembre 8 de 1995, Serie C No. 22.  Así mismo, ONU,
Comisión de Derecho Internacional, artículo 18 del Proyecto de Código de
Crímenes contra la Humanidad, 1996.
[28]
La presente Convención es muestra de ello.  La mayoría de las consecuencias de
que una conducta se considerara como de lesa humanidad están consagradas en el
presente tratado, así como en numerosas declaraciones de diversas
organizaciones internacionales. Las principales consecuencias son: la
atribución de responsabilidades individuales sin posibilidad de que ésta sea
excluida en virtud de las órdenes de superiores o en inmunidades, la exclusión
de la categoría de delitos políticos, y la consiguiente obligación de
extradición o juzgamiento, la exclusión de las condiciones de asilado o
refugiado y la imprescriptibilidad de los delitos, entre otros.  Calificando la
desaparición forzada como crimen de lesa humanidad ver OEA AG/RES. 666
(XIII-0/83) de nov. 18 de 1983; OEA AG/RES 742 (XIV-0/84); OEA AG/RES 1022
(XIX-0/89) Resol. 7; AG/RES 1044 (XX-0/90); OEA SG “Informe sobre la
Calificación de la desaparición forzada de personas como crimen de lesa
humanidad: principales efectos jurídicos” (CP/CAJP-898/93) de abril 12 de 1993.
En el sistema ONU, diciendo específicamente que no se requiere una violación
generalizada o sistemática para que sea considerado de lesa humanidad ONU CDI
Informe del Relator de 1989, parr. 147 período 41 de sesiones, julio 2 a 21 de
1989 No. 10 (A/44/10); en el mismo sentido ONU ECOSOC “Informe sobre
administración de justicia y derechos humanos de los detenidos”
(E/CN.4/Sub.2/1990/NGO/1) de julio 2 de 1990.
[29]
En este mismo sentido, ver Sentencia C-024/94 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[30]
En el mismo sentido, la Corte ha interpretado que la obligación del artículo 28
de la Constitución de poner a disposición del juez a la persona detenida dentro
de las 36 horas no debe interpretarse de manera rígida en el contexto de un
conflicto armado, cuando ello resulta peligroso para la persona detenida o
imposible de realizar.  Ver  Sentencia C-251/02 (M.Ps. Clara Inés Vargas Hernández
y Eduardo Montealegre Lynett) Fundamentos. 107-110.
[31]
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-024/94 interpretó la regla
constitucional consagrada en el artículo 28 que ordena que las personas
detenidas sean puestas a disposición del juez competente dentro de las 36 horas
siguientes, también como una facultad de llevar a cabo detenciones
administrativas dentro de ese lapso.  Este tipo de detenciones no requieren
orden escrita de autoridad judicial.  En el mismo sentido ver también Sentencia
C-270/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[32]
En este sentido ver la Sentencia C-774/01 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[33]
“Mandamientos escritos” según la terminología utilizada por el
constituyente en el inciso 1º del artículo 28 de la Carta.
[34]
En tal sentido, la Corte ha dicho: “Como ha quedado expuesto anteriormente, la
diferencia de trato entre empleados oficiales y particulares, en materia de
prescripción de la acción penal, se justifica por la existencia de la potestad
estatal para fijar la política criminal frente a determinados delitos, según su
gravedad, complejidad, consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea
posible afirmar la vulneración del derecho a la igualdad.” Sentencia C-345/95
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35]
Según lo dispuso esta Corporación mediante Sentencia C-317/02 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), en el artículo 165 del nuevo Código Penal que tipifica la
desaparición forzada, la expresión “‘seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar
información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley,’ debe entenderse que la conjunción ‘y’  no exige que para
cometer la infracción el particular deba ser  requerido, sino que basta
solamente la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de
la libertad”.  Por su parte, el artículo 26 del mismo estatuto dispone que “[l]a
conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la
acción o en aquél en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea
otro el del resultado.”  Por lo tanto, la conducta se continúa realizando
entre tanto no se tenga información sobre el paradero de la persona,
independientemente de que se omita reconocer la privación de la libertad.  En
el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Blake ya citado.  Ver Nota 9 supra.  Requiriendo también el
esclarecimiento de los hechos, el numeral 1º del artículo 17 de la Declaración
de la AG ONU 47/133.  Ver Ibíd..
[36]
En casos de desaparición forzada los mecanismos como las comisiones de la
verdad de carácter internacional, gubernamental, o privado han contribuido a la
erradicación de dicha práctica.  En particular, pueden citarse los casos del
informe “Nunca más”, presentado por la llamada “Comisión Sábato” en Argentina,
la cual aunque era de naturaleza privada, fue apoyada por el gobierno de
entonces, y sirvió como base para el juzgamiento de algunos mandos militares
por delitos cometidos durante la dictadura Videla.  Así mismo, en cumplimiento
del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el FMLN en El Salvador, la Asamblea
General de la ONU creó una “Comisión para la verdad en El Salvador”, presidida
por Thomas Buergenthal ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la cual publicó los nombres de los responsables de las diversas
violaciones de derechos humanos durante el conflicto salvadoreño, originando
con ello un proceso de responsabilidad individual e institucional.
[37]
En este mismo sentido, la Ley 589 de 1999, en su artículo 8º crea la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual deberá investigar incluso los
casos acaecidos antes de la vigencia de la ley.
[38]
El término de caducidad de dicha acción es de dos años.   Con todo, la Ley 589
de 2000 dispone:
“Artículo 7°. El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
tendrá un inciso segundo del siguiente tenor:
“Sin
embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada
del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que
aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición.”
[39] Al respecto la Corte dijo: “La obediencia ciega, como
causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es
manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta. La
legislación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de
obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la
ilicitud del contenido de la orden”. Sentencia C-587/95 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo).  En el mismo sentido, la Corte Suprema ha dicho que la sola
forma de licitud no es suficiente para exonerar al inferior, cuando el
contenido de la orden es antijurídico: “De lo anterior se desprende que, en uno
y otro caso, la orden debe ser legítima; que aun cuando se emita con las
formalidades legales, si tiene un contenido antijurídico jamás podrá justificar
el hecho, pese a que se invoque el principio constitucional de que trata el
artículo 91, pues de él no se desprende un obedecimiento ciego, sino su
cumplimiento dentro de los límites racionales y coherentes que demandan un
Estado de derecho y apreciando las concretas circunstancias que rodean el hecho
al momento de su ejecución.” (resaltado fuera de texto) Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de junio 13 de 1995, Rad. 9785
(M.P. Carlos E. Mejía Escobar)
[40]
Al respecto, la Corte ha dicho: “Así, en virtud del criterio que se deja
expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por
su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en
ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sola
enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos,
lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la
Constitución.” Sentencia T-409/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[41]
En este sentido, la Corte, en otro pronunciamiento dijo: “Los derechos
fundamentales constituyen límite constitucional del ejercicio del poder. Su
fuerza irradiadora, por el lugar prioritario que ocupan en el orden político,
económico y social justo, limita entre otros, el alcance del artículo 91 de la
Constitución.” Sentencia T-439/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[42]
Al respecto, la Corte, al analizar la constitucionalidad del Protocolo II
Adicional a los 4 Convenios de Ginebra de 1949, dijo: “En tales circunstancias,
una conclusión se impone: no se puede invocar la obediencia militar debida para
justificar la comisión de conductas que sean manifiestamente lesivas de los
derechos humanos, y en particular de la dignidad, la vida y la integridad de
las personas, como los homicidios fuera de combate, la imposición de penas sin
juicio imparcial previo, las torturas, las mutilaciones o los tratos crueles y
degradantes. Esta conclusión no sólo deriva de la importancia de estos valores
en la Constitución colombiana y en el derecho internacional humanitario sino
que, además, coincide con lo prescrito por otros instrumentos internacionales
en la materia que obligan al Estado colombiano. Así lo consagra, por ejemplo,
la "Convención contra la tortura, y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes" de las Naciones Unidas, la cual fue suscrita por
nuestro país el 10 de abril de 1985, aprobada por la Ley 70 de 1986, ratificada
el 8 de diciembre de 1987 y, por ende, en vigor para Colombia desde el 7 de
enero de 1988. El artículo 2º ordinal 3º de esta Convención, la cual prevalece
en el orden interno, puesto que reconoce derechos que no pueden ser suspendidos
en los estados de excepción (CP art. 93), establece inequívocamente que ‘no
podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública
como justificación de la tortura’.” Sentencia C-225/95 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[43] Tal
disposición dice: “No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
(...)
“4. Se obre en
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las
formalidades legales.
“No
se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura.”  (resalta la Corte)
[44] De acuerdo con la Declaración sobre la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº47/133 del 18 de diciembre
de 1992 ninguna orden o instrucción de autoridad pública, sea civil, militar o
de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada, y
en consecuencia, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el
derecho y el deber de no obedecerla (art. 6.1.). Y en relación con la tortura,
el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos”, y sobre el tema específico de acuerdo al
artículo 5 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979, mediante Resolución 34/169, ningún funcionario encargado de
hacer cumplir la ley podrá, infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura
u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de
un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza a la
seguridad nacional o cualquier otra emergencia pública, como justificación de
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De otro
lado, en relación con el genocidio  figura la Convención para la prevención y
castigo del crimen de genocidio, aprobada por Ley 28 de 1959.
Adicionalmente deben tenerse en cuenta en este campo
una serie de normas de derecho internacional en relación con otros delitos en
los que prima facie  no cabe la obediencia debida  como excusa. Así en relación
con las ejecuciones arbitrarias o sumarias, la violación y
actos de agresión sexual, y la mutilación, se debe señalar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de
Derechos Civiles y Políticos,
así como los Convenios de Ginebra, artículo 3 común y Protocolo II, artículo 4;; Finalmente sobre el Apartheid, debe mencionarse la
Convención sobre la Represión y el castigo del crimen de Apartheid. (Ley 26 de 1987).
[45] El mencionado artículo, demandado el los apartes
subrayados, decía:
“La responsabilidad de toda orden militar recae
en quien la emite y no en quien la ejecuta.”
“Cuando el subalterno que la recibe advierta
que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un delito,
acto contra el honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta,
debe exponerlo así al superior. Si este insiste, el subalterno está obligado
a cumplirla previa confirmación por escrito”
[46]
Al respecto ha dicho: “b) que el vínculo entre el hecho delictivo y la
actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una
gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad.
En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria,
dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de
la Fuerza Pública.” Sentencia C-358/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[47]
En el mismo sentido, el artículo 3º del Código Penal Militar dispone: “Delitos
no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el
servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada,
entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales
ratificados por Colombia.” (resalta la Corte)
[48]
En este sentido, la Corte ha dicho: “No es concebible
que  el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal,  se desplace de
manera permanente y general a los árbitros y conciliadores ( CP art 113).
Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden
la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea
posible habilitación alguna.” Sentencia T-057/95 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).  En oportunidad más reciente lo reiteró afirmando: Dentro de este
contexto, no es difícil arribar a la conclusión según la cual los
particulares investidos de la facultad de administrar justicia no pueden
pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la soberanía
nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón de su naturaleza,
están  reservados al Estado, a través de sus distintos órganos.” (resaltado
fuera de texto)  Sentencia C-1436/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[49]
Al respecto la Corte ha dicho: “Esta Corporación estima que efectivamente el
asignar el conocimiento de las contravenciones, esto es de verdaderos hechos
punibles, a los jueces de paz, contraviene la naturaleza de su cargo y el
carácter de sus responsabilidades.” Sentencia C-536/95 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa).
[50] En lo pertinente, el artículo dice: Artículo 4°.
Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados
por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a
la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser
sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica; (...)  a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a
prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus ...
“Tampoco podrán ser suspendidas las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos.” (resalta
la Corte)
[51] Corte Constitucional, sentencia del 2 de agosto de
1995, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 82 del Decreto 100 de
1980, C- 345/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia
del 29 de julio de 1988, asunto Velásquez Rodríguez c. Honduras, serie C. Núm.4
y Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 20 de enero de 1989,
asunto Godínez Cruz c. Honduras, serie C, 1989, núm. 5, entre muchas otras.
[53] Mir Puig, Santiago, El derecho penal en el Estado
Social y Democrático de Derecho, Ed. Ariel derecho, Madrid, 1994, p. 45.