SU141-20
Sentencia SU141/20
PROTECCION A LA LIBERTAD DE
EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA DE PERIODISTAS, A QUIENES, EN EL MARCO DE UN
PROCESO PENAL, LES FUE PROHIBIDO EL INGRESO A AUDIENCIAS PRELIMINARES
CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO-Fenómeno
que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o
situación sobreviniente
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Únicamente se
configura carencia respecto del ingreso de los accionantes, en calidad de
periodistas, a las audiencias preliminares
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION-Consagración
constitucional e Instrumentos internacionales de Derechos Humanos
LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y alcance
LIBERTAD DE
EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA CON RELACION A LA PUBLICIDAD DE LAS AUDIENCIAS
PRELIMINARES-Protección de la presencia de los
medios de comunicación en las audiencias penales preliminares
JUICIOS PARALELOS-Definición
Los juicios paralelos se definen como
“aquel conjunto de informaciones y noticias, acompañadas de juicios de valor
más o menos explícitos, difundidas durante un determinado periodo de tiempo en
los medios de comunicación sobre un caso (…) y cuya característica principal es
que ‘se realiza una valoración social de las acciones sometidas a la
investigación judicial, lo que podría influir en la voluntad y opinión de los
jueces’”
LIBERTAD DE
EXPRESION-Ejercicio
por parte de los medios de comunicación implica la prohibición de llevar a cabo
juicios paralelos
Los juicios paralelos constituyen un
“uso desmedido de [la] facultad comunicativa de los medios de comunicación, que
incide en la correcta administración de justicia. Si bien “es algo correcto y
necesario en una sociedad democrática” que los medios proporcionen información
sobre los procesos penales, “cuando los juicios de valor (…) se producen al
tiempo que se está celebrando el juicio estamos ante el juicio paralelo [que]
pueden afectar la imparcialidad del tribunal y esto, a su vez, se refleja sobre
el derecho del acusado a la presunción de inocencia y en general al derecho a
un juicio justo”. De allí que “un ejercicio desmedido de la intervención
mediática en la actuación jurisdiccional ponga en grave peligro los derechos
fundamentales de las partes, y particularmente del inculpado, a un proceso
justo, puede ser sometido a restricciones como una necesidad de ordenación
racional en una sociedad democrática de los respectivos espacios de eficacia
garantizada a cada uno de los derechos”
LIBERTAD
DE EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA CON RELACION AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE
ACTUACIONES PENALES EN EL DERECHO COMPARADO
La jurisprudencia
comparada permite concluir lo siguiente. La publicidad de las actuaciones
judiciales penales es una garantía de las sociedades democráticas. Esta
garantiza que los ciudadanos puedan ejercer control ciudadano respecto de la
administración de justicia y promueve el debate sobre asuntos de interés
público. Asimismo, la publicidad representa una garantía para el derecho a un
juicio justo y para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta última
libertad implica la presencia o el acceso de los medios de comunicación a las
audiencias penales –incluidas las audiencias preliminares–, por cuanto la
prensa es la encargada de informar al público acerca de la administración de
justicia. No obstante, la publicidad de los procesos penales y, por contera, de
la libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación puede ser
limitada con el fin de proteger otros principios y derechos fundamentales,
tales como el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la
intimidad, los derechos de los menores, el derecho a un juicio justo, o para
asegurar la correcta administración de justicia, entre otros. Las cortes de derechos humanos y de
derecho comparado han sostenido que las limitaciones al principio de publicidad
de las actuaciones penales deben analizarse a partir de los siguientes juicios,
a saber: (i) legalidad, (ii) razonabilidad, (iii) necesidad y (iv)
proporcionalidad.
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-No
es absoluto ya que puede existir reserva de algunas actuaciones judiciales
RESERVA
DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARES-Decisión de reserva debe ser motivada en atención al
principio de necesidad
RESERVA
DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARES-Criterios que debe considerar el Juez de Control de
Garantía al adoptar la decisión de reserva, previa ponderación de derechos y principios
en conflicto
Al
adoptar las medidas de reserva, los jueces penales de control de garantías
deberán considerar los siguientes criterios: (i) La medida restrictiva del
principio de publicidad deberá estar fundada en una causal legal de reserva;
(ii) La medida restrictiva del principio de publicidad deberá perseguir un
objetivo constitucionalmente imperioso; (iii) El juez deberá tener en cuenta, a
su vez, el grado de afectación a las libertades de expresión, información y
prensa, y, en particular, al derecho fundamental a obtener información sobre
asuntos de interés público; (iv) El juez deberá analizar la existencia de
medidas alternativas que permitan conjurar el “riesgo de afectación cierto y
actual” que justifica la medida restrictiva del principio de publicidad y que resulten
menos lesivas respecto de las libertades de expresión, información y prensa;
(v) La solicitud de medidas restrictivas de la publicidad solo podrá ser
presentada por las partes e intervinientes en el proceso penal.
RESERVA
DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARES-Proporcionalidad de la decisión
La
proporcionalidad implica estudiar, a su vez, si la medida (a) es adecuada para
lograr el fin constitucionalmente imperioso, (b) es necesaria, en tanto no
existen medidas alternativas que impongan una restricción menor al principio o
derecho constitucional que la reserva afecta y, que a su vez, garanticen el
principio o derecho que protege la reserva, y (c) es proporcionada en sentido
estricto si el grado de satisfacción del principio o derecho constitucional
cuya protección persigue la reserva justifica el grado de afectación del
principio o derecho que se afecta con la misma.
LIMITES
A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Reglas jurisprudenciales para restringir la libertad de los
medios de comunicación de opinar sobre procesos judiciales
El cubrimiento periodístico de las audiencias no podrá
afectar el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a derechos
de terceros, al derecho a la intimidad o a derechos de menores de edad, o los
intereses de la justicia, el orden público, la moral pública o la seguridad
nacional. Asimismo, de conformidad con la Sentencia SU 274 de 2019, los medios
de comunicación deberán evitar “realizar juicios valorativos sobre la actuación
procesal -juicio paralelo-, lo cual puede influir en la resolución del proceso
y en la imparcialidad de los jueces”.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo, por “interpretación
asistemática” al prohibir ingreso de periodistas a las audiencias preliminares,
en el marco de un proceso penal
Referencia: expediente T-7.414.038
Acción de tutela interpuesta por María Camila Orozco
Becerra y otros en contra del Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá y la Fiscalía 23 Seccional de la Dirección Especializada
contra la Corrupción
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
1.
Síntesis del caso. Los días 31 de enero, 6 y 15 de febrero, de 2019, se
llevaron a cabo las audiencias preliminares adelantadas en contra del
exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá y otros, por los delitos de
concusión, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. El 31 de enero
de 2019, el Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
declaró la reserva de las audiencias preliminares. La providencia judicial que
declaró la reserva se fundamentó en “el riesgo para las víctimas” y “garantizar
el buen curso y éxito de la investigación”. Como consecuencia de esta
decisión, fue prohibido (i) el ingreso del público y de la prensa a las
audiencias y (ii) el acceso a las grabaciones.
2.
Los periodistas María Camila Orozco
Becerra, Juan Carlo Giraldo, César Augusto Melo, César Jiménez Flechas, Leónidas
Medina Jiménez y Florencio Sánchez interpusieron acción de tutela en contra de
la providencia judicial que declaró la reserva. Manifestaron que esta decisión
vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus
derechos al debido proceso y al trabajo, por cuanto, en el caso sub examine,
esta no fue debidamente motivada, desconoció el precedente constitucional y se
fundó en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia
penal. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia declararon improcedente la solicitud de tutela.
I.
ANTECEDENTES
3.
Hechos. Los días 31 de enero, 6 y 15 de febrero, de 2019, la
Juez 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (en
adelante, la Juez) llevó a cabo las audiencias preliminares adelantadas en
contra del exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá[1], César Augusto Ceballos,
y otros, por los delitos de concusión, concierto para delinquir y
enriquecimiento ilícito, por las “presuntas prebendas entregadas al director
(…) con el fin de beneficiar a reclusos”[2]. En particular, se
realizaron, de forma concentrada, las siguientes diligencias: (i) “legalización
de allanamiento”, (ii) “legalización de elementos materiales
probatorios”, (iii) “suspensión del poder dispositivo”, (iv)
“legalización del procedimiento de captura”, (v) “formulación
de imputación” y (vi) “imposición de medida de aseguramiento”.
4.
El 31 de enero de 2019, la Fiscal 23
Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción (en adelante, la
Fiscal), solicitó la reserva de las audiencias preliminares[3]. La solicitud se
fundamentó en “el riesgo para las víctimas” y “garantizar buen
curso y éxito de la investigación”. Al respecto, la Fiscal manifestó que “existen
muchas otras personas que a futuro van a ser vinculadas a la investigación.
Entonces, la Fiscalía requiere esa protección no solamente para la
investigación, sino para las víctimas y para los testigos que tiene en este
momento, [dado que esta información], de pronto, se [va] a
ventilar en el transcurso de esta audiencia”[4].
La Procuradora 4 Judicial II de Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado (en
adelante, la Procuradora 4 AVCA) coadyuvó esta solicitud[5]. En esta misma audiencia,
mediante auto, la Juez declaró la reserva de las audiencias preliminares.
5.
Sin embargo, los apoderados judiciales de
los imputados se opusieron a la decisión de reserva del trámite[6]. Los defensores
formularon dos argumentos al respecto. Primero, señalaron que dicha decisión
desconoció el derecho al debido proceso de los indiciados, en tanto la
publicidad de las actuaciones garantiza el derecho a un juicio público.
Segundo, advirtieron que la decisión de reserva no era una medida necesaria,
porque la Fiscalía había publicado “los pormenores de la investigación”
en sus redes sociales antes del inicio de la audiencia. Por tanto, solicitaron
que las audiencias preliminares se adelantaran de forma pública o, en su
defecto, que se desconcentraran aquellas diligencias que no están expresamente
previstas como reservadas por el artículo 155 de la Ley 906 de 2004[7].
6.
No obstante, la Juez mantuvo la decisión
de reservar las audiencias preliminares[8].
Indicó que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 906 de 2004,
es posible exceptuar el principio de publicidad cuando “el juez considere
que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas,
jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad
nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban
intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se
comprometa seriamente el éxito de la investigación”. En el caso concreto,
concluyó que “se puede estar afectando terceros o testigos (…) [y, a su
vez,] se puede estar afectando el desarrollo de la actuación”[9]. Además,
recordó que “la audiencia de allanamiento es reservada”, por lo que
mantuvo la decisión de reserva, y procedió a dar inicio a la actuación. En
consecuencia, fue prohibido (i) el ingreso del público y de la prensa a
las audiencias preliminares y (ii) el acceso a las grabaciones de las
mismas.
7.
Los días 6 y 15 de febrero de 2019, la
Juez dio continuación a las audiencias preliminares[10]. En estas se mantuvo la
reserva, por lo que el público y la prensa tampoco pudieron ingresar a las
mismas. Una vez finalizaron las audiencias, el proceso fue enviado “al
Centro de Servicios Judiciales”, para ser asignado a un juez de
conocimiento[11].
8.
Solicitud de tutela. El 14 de febrero de 2019, los periodistas María
Camila Orozco Becerra, Juan Carlo Giraldo, César Augusto Melo, César Jiménez
Flechas, Leónidas Medina Jiménez y Florencio Sánchez interpusieron acción de
tutela, con solicitud de medida provisional, en contra del Juzgado 22 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y de la Fiscal 23
Seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción[12]. En particular,
cuestionaron el auto que declaró la reserva de las audiencias preliminares,
proferido el 31 de enero de 2019 por la Juez accionada. Al respecto, los
accionantes manifestaron que la providencia judicial que declaró la reserva
vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, así como sus
derechos al debido proceso y al trabajo. Esto, por cuanto, en su criterio, esta
decisión incurrió en tres irregularidades, a  saber:
8.1.
La decisión de reserva no fue
debidamente motivada. Los accionantes
señalaron que en el presente caso no se configuraba causal alguna de las
excepciones legales al principio de publicidad. En particular, indicaron lo
siguiente:
(i)
“No es un asunto de
seguridad nacional, ni la información relacionada con este puede afectar el
orden público o la moral pública, no involucra víctimas menores de edad y no
puede afectar los intereses de la justicia”[13]. La información del
proceso penal se refiere a un tema de interés nacional, por tratarse de
presuntas conductas típicas cometidas por un funcionario público en ejercicio
de sus funciones.
(ii)
“La protección de las
víctimas” no está prevista “como causal de reserva de audiencias”[14]. En todo
caso, en el asunto sub examine, las presuntas víctimas son los testigos
dentro del proceso.
(iii)      De admitirse como causal de reserva “la necesidad
de salvaguardar las resultas de la actividad investigativa” de un proceso
en curso, como ocurrió en este asunto, podría desconocerse el principio de
publicidad en la mayoría de procesos[15].
Para los accionantes, por lo general, en las audiencias preliminares “se
ventilan investigaciones en curso, o se descubren elementos materiales
probatorios”, por lo que la aplicación de esta excepción implica “admitir
el retorno a una justicia sin rostro, o peor, una justicia sin publicidad”.
8.2.
La decisión de reserva
desconoció el precedente constitucional.
Los accionantes señalaron que la Juez no “determinó cuáles eran los
precedentes aplicables al caso, no solo en tema de publicidad de los
procedimientos judiciales, sino en relación con la ponderación como manera de
dirimir los conflictos entre derechos fundamentales”[16].
8.3.
La decisión de reserva se fundó
en una interpretación asistemática del principio de publicidad en materia penal. Según indicaron los accionantes, al ordenar la
reserva de las audiencias preliminares, la Juez no consideró que la reserva
afectaba “a toda la sociedad, la cual se v[ió] impedida de conocer
con transparencia e independencia los hechos de una investigación de manera
imparcial y completa, la cual solo se garantiza con la difusión de las noticias
a través de la libertad de prensa”[17].
Por consiguiente, la Juez no llevó a cabo “un análisis de proporcionalidad
entre los derechos en tensión, que sin ir más lejos serían libertad de prensa,
libertad de expresión e información”[18].
9.
En consecuencia, los accionantes
solicitaron que: (i) como medida provisional, se les permita el ingreso
a la continuación de las audiencias preliminares, que se llevaría a cabo el 15
de febrero de 2019, y (ii) se ordene a la Juez que autorice el ingreso
de los periodistas a (a) las audiencias que se adelanten dentro del
proceso penal en contra del exdirector de la cárcel La Modelo y, en general, (b)
“a todos los procesos penales”, a excepción de aquellos en
los que proceda la reserva prevista por la Ley 906 de 2004[19].
10.
Admisión de la solicitud, medida
provisional y vinculaciones. El 14 de
febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (i)
admitió la acción de tutela[20],
(ii) negó la medida provisional[21],
(iii) ordenó la vinculación del coordinador del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, de la Procuradora 4
AVCA, del apoderado de las víctimas y de los “defensores de los indiciados”[22], y (iv)
“corr[ió] traslado” de la solicitud a las autoridades accionadas[23], a fin de
que rindieran el informe previsto por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
11.
Contestaciones a la solicitud de
tutela. En relación con los hechos de
la acción de tutela, se recibieron las siguientes contestaciones e informes:
Contestaciones e
informes
Fiscal 23 Seccional de la Dirección Especializada
contra la Corrupción[24]
No presentó solicitud alguna.
Señaló que la decisión de reserva no fue arbitraria. Esta se justificó en “la
ponderación de derechos fundamentales”, en virtud de la cual, la
restricción a los medios de comunicación tuvo por objeto “salvaguardar la
vida e integridad personal de los internos (…) así como el
éxito de la investigación”.
Juez 22 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá[25]
Solicitó que se niegue el amparo
solicitado, porque “no se ha violado ningún derecho fundamental”. La
reserva fue debidamente motivada y, en todo caso, no restringe el ejercicio
de la libertad de prensa, en tanto los accionantes “pueden obtener la
información que requieren para ser publicitada”, por medio de los “comunicados”
de la oficina de prensa del Complejo Judicial. En el caso concreto, dicho comunicado
consistió en dos trinos compartidos en la red social Twitter[26].
Procuradora 4 AVCA[27]
No presentó solicitud alguna. La
decisión de reserva “no fue una decisión arbitraria e injusta”. La
Juez adujo razones “suficientes para restringir el principio de publicidad”,
habida cuenta de la “gravedad de los hechos”.
Periodistas accionantes[28]
Solicitaron que se emita
pronunciamiento de fondo en este asunto. Manifestaron que no ha cesado la
vulneración de sus derechos fundamentales, porque la reserva se “mantendrá”
en “las diferentes audiencias que deban realizarse (…) ante
el juez de control de garantías”.
José Andrés González Gaitán[29]
Coadyuvó la solicitud de tutela.
Señaló que sus libertades de expresión, información y prensa han sido
vulneradas “con las decisiones de algunos Juzgados, como el accionado, de
imponer reserva a las diligencias por fuera de las causales establecidas en
la Ley”.
Carlos Eduardo Ángel[30], en calidad de
apoderado judicial de uno de los imputados en el proceso penal
Coadyuvó la solicitud de tutela.
En este caso, “se pretermitió de manera flagrante y grosera la garantía y
principio de publicidad en disfavor de los procesados y de la sociedad”.
Esto, porque la reserva no estuvo debidamente motivada. Las razones alegadas
por las autoridades accionadas “nunca se argumentaron ni soportaron
suficientemente”. Por el contrario, la solicitud y declaratoria de
reserva, respectivamente, se basaron en una “simple manifestación”, “sin
que se aportase elemento o argumento alguno más allá de su decir”.
Corporación Excelencia en la Justicia[31]
Coadyuvó la solicitud de tutela.
Señaló que, en virtud del principio de publicidad, “los medios de
comunicación y la comunidad en general podrán acceder a las audiencias
públicas”. La decisión que restrinja este principio debe “estar sujeta
al principio de necesidad que deberá ser demostrado según lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 1712 de 2014”.
12.
Decisión de primera instancia. El 27 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela, por configurarse
carencia actual de objeto[32].
Habida cuenta de que las audiencias preliminares concluyeron el 15 de febrero
de 2019, “no existe razón para que el juez constitucional, eventualmente,
pudiera dictar órdenes encaminadas a conjurar un posible agravio a los derechos
de la parte actora, en caso de haberse arribado a esa decisión”[33]. En esta
medida, la intervención del juez en este caso resultaba inocua, dado que las
pretensiones de la solicitud de tutela tenían por objeto asegurar “la
presencia del público durante la actuación judicial, mas no la invalidación de
la audiencia”.
13.
Impugnación. Los accionantes impugnaron la sentencia del a quo.
Solicitaron que se revoque la decisión del Tribunal, a fin de que se profiera
una decisión de fondo, en la que se amparen sus derechos fundamentales.
Manifestaron que no se configuró carencia actual de objeto, en tanto no ha
cesado la vulneración de sus derechos fundamentales[34]. Al respecto, indicaron
que la decisión de reserva “se extiende a la posibilidad de obtener copias
de los audios”, por lo que no han podido “informar de manera completa lo
ocurrido en las audiencias”. Es más, advirtieron que confirmar la decisión
del Tribunal implicaría consentir la “perpetua vulneración de [sus]
derechos”. Esto, por cuanto, “cada vez que se fuera a realizar una
audiencia dentro del proceso, y el juez determinase que es reservada, sería
necesario interponer una nueva tutela, la cual se resolvería con posterioridad
a la realización de la audiencia”. La Corporación Excelencia en la Justicia[35], la
Fundación para la Libertad de Prensa (en adelante, Flip)[36] y el abogado Carlos
Eduardo Ángel, coadyuvaron la impugnación[37].
14.
Decisión de segunda instancia. El 30 de abril de 2019, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia resolvió “confirmar” la sentencia de
primera instancia y, además, “advertir” a la Fiscalía accionada que “debe
adoptar las medidas idóneas que permitan superar la limitación del derecho a la
libertad de información de los accionantes”[38]. A pesar de que confirmó
la decisión del a quo, la Corte Suprema de Justicia descartó la
configuración de carencia actual de objeto y procedió a estudiar de fondo el
caso concreto. Primero, advirtió que no se configuró dicha causal de
improcedencia, porque al momento de emitirse el fallo de primera instancia “no
se había resarcido la afectación” y, en todo caso, los accionantes no han
podido acceder a las grabaciones de las audiencias preliminares. Segundo,
consideró que “no existió la afectación de los derechos alegados por los
demandantes”. Para el ad quem, la Juez motivó, de manera suficiente,
la decisión de reserva. Esta se fundó en el “eventual peligro en que se
encontraban los denunciantes del delito, así como sus familiares”. No
obstante, en atención a que las libertades de expresión e información
contribuyen al control ciudadano del ejercicio del poder público, advirtió que
la reserva dentro del proceso “no puede ser de manera permanente, sino hasta
tanto estén superadas las situaciones que motivaron la limitación de esa
garantía”.
II.
ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN
15.
Selección y reparto. El 28 de junio de 2019, la Sala de Selección Número
Seis de 2019 seleccionó el expediente de la referencia[39] y lo repartió al
magistrado Carlos Bernal Pulido[40].
16.
Solicitud de pruebas y suspensión de
términos. El 20 de agosto de 2019, la
Sala Primera de Revisión ordenó la práctica de pruebas y la suspensión de los
términos procesales en el presente asunto[41].
En particular, solicitó a las partes, a varias entidades y organizaciones[42] que
rindieran los informes previstos por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Esto, a fin de obtener información sobre: (i) la decisión de reserva en
el caso concreto, (ii) la prohibición de ingreso a miembros de la prensa
a audiencias preliminares en casos similares y (iii) los acuerdos,
protocolos y directrices relacionados con las solicitudes y declaratorias de
reserva.
17.
Informes e intervenciones recibidas en
sede de revisión. Durante el trámite
de revisión fueron allegados al proceso 25 informes e intervenciones[43]. La
información allegada al proceso fue la siguiente:
Informes e
intervenciones
Juan Carlo Giraldo, periodista accionante
Solicitó que se convoque a audiencia
pública.
Flip
Solicitó que se convoque a
audiencia pública.
Mauricio Barbosa
Solicitó que se confirmen las
decisiones de instancia. Esto, porque la decisión de reserva no vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes.
Andrés Felipe Espejo
No presentó solicitud alguna.
Indicó que los periodistas “no cuentan con los conocimientos idóneos para
hacer una debida interpretación de los conceptos que emite la Corte
Constitucional”, lo cual es “una grave irresponsabilidad”.
Nubia Constanza Sánchez Castro
No presentó solicitud alguna.
Indicó que la Corte debe “realizar un test de ponderación” entre la
libertad de expresión y los derechos “al buen nombre, a la intimidad, la
honra, entre otros”, a fin de determinar “cuál de los dos debe operar
para cada caso particular”.
Juan Carlo Giraldo, periodista accionante
Informó que los accionantes: (i)
no fueron notificados acerca de las razones que justificaron la decisión de
reserva en el caso concreto, y (ii) no han “podido tener acceso a
los audios de las audiencias”. Asimismo, se refirió a casos similares en
los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias penales (ver
anexo I).
Florencio Sánchez, periodista accionante
Informó que los accionantes: (i)
no fueron notificados acerca de las razones que justificaron la decisión de
reserva en el caso concreto, y (ii) no han “podido tener acceso a
los audios de las audiencias”. Asimismo, se refirió a casos similares en
los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias penales (ver
anexo I).
Leonidas Medina Jiménez, periodista accionante
Informó que la reserva de las
audiencias penales “se ha convertido en algo antojadizo”. En otros
casos, los jueces han negado el ingreso de la prensa a dichas audiencias “por
el simple hecho de ser periodistas (…), lo que vulnera el derecho a la
libre expresión”.
Juez 22 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías
Informó que la decisión de
reserva en el caso concreto estuvo fundada en las disposiciones de la Ley 906
de 2004, que permiten la reserva de las actuaciones “en salvaguarda de las
presuntas víctimas, de testigos y del buen curso y éxito de la investigación”.
Estas razones fueron comunicadas a los accionantes el 7 de febrero de 2019,
en respuesta a una petición elevada por ellos.
Fiscal 23 Seccional de la Dirección Especializada
contra la Corrupción
Informó que la solicitud de
reserva en el caso concreto estuvo fundada en el peligro a las víctimas y
testigos, quienes manifestaron a la Fiscalía “que serían objeto de
atentados y represalias por parte del personal del Inpec”. Advirtió que
varios testigos “recibieron amenazas a tal punto que no quisieron declarar”,
a pesar de que algunos de ellos fueron trasladados.
Consejo Superior de la Judicatura
Informó que no cuenta con
información estadística acerca de la reserva de las audiencias penales
preliminares. Asimismo, indicó que profirió el Acuerdo PSAA04-2785 de 2004, “protocolo
de salas de audiencias en el sistema penal acusatorio”.
Fiscalía General de la Nación
Informó que “no ha proferido acuerdos,
directrices o circulares acerca del procedimiento que deben seguir los
fiscales delegados para solicitar la reserva de las audiencias públicas”.
El fiscal delegado “debe analizar caso a caso cuándo es procedente
solicitar la reserva de una audiencia”, en atención a las disposiciones
de la Ley 906 de 2004.
Asimismo, indicó
que no cuenta con información estadística acerca del “número de
solicitudes que han elevado los fiscales delegados para declarar (sic) la
reserva de las audiencias públicas”.
Procuradora 4 AVCA
Informó que conoció acerca de la
solicitud de reserva de la fiscal “una vez instalada la audiencia”
preliminar. Apoyó dicha solicitud, en atención a lo previsto por el artículo
18 de la Ley 906 de 2004.
Asomedios, Corporación Excelencia en la Justicia y
AMI
Informaron que no cuentan con
información acerca de otros casos en los cuales se ha limitado el ingreso de
la prensa a audiencias penales. Sin embargo, indicaron que la Flip “se encuentra
recolectando dicha información”.
Caracol Televisión
Informó acerca de casos similares
en los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias penales
(ver anexo I).
RCN Televisión
Informó acerca de casos similares
en los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias penales
(ver anexo I).
Flip
Solicitó que se revoquen las decisiones de instancia
y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales de los accionantes.
Indicó que la decisión de reserva en el caso concreto constituyó “censura
previa”, en tanto “se trata de una medida de control preventivo”
al ejercicio de la libertad de expresión. Al respecto, agregó que las
decisiones de reserva deben adoptarse “mediante autos motivados”, lo
cual no ocurrió en el caso concreto. Para la Flip, esto desconoce el marco
constitucional de protección de la libertad de expresión.
Asimismo, informó
acerca de casos similares en los cuales se ha limitado el ingreso de la
prensa a audiencias penales (ver anexo I).
Defensoría del Pueblo
Solicitó que se revoquen las
decisiones de instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales
de los accionantes. Indicó que, en el caso concreto, “no [hubo] una
debida fundamentación” acerca de las razones que justificaron la decisión
de reserva. Advirtió que estos casos deben analizarse a partir de “un
estricto test de ponderación”, en virtud del cual “restringir la
posibilidad de acceder al desarrollo de las audiencias debe ser la última
medida”. Esto, porque “existen otras mecanismos mediante los cuales
las autoridades judiciales pueden proteger los derechos fundamentales de las
partes, sin coartar la libertad de información”.
Caracol Radio
Informó acerca de casos similares
en los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias penales
(ver anexo I).
Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial
de Paloquemao
Informó que no cuenta con
información estadística acerca de la reserva de las audiencias penales.
Asimismo, indicó que el Complejo Judicial no “convoca a una rueda de
prensa o publica un comunicado de prensa” respecto de las audiencias
reservadas, salvo que “el juez director de la audiencia lo considere
necesario”. Al respecto, allegó copia de los trinos publicados en la red
social Twitter sobre el proceso sub examine.
Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá
Informó que no cuenta con
información estadística acerca de las solicitudes y declaratorias de reserva
en las audiencias penales preliminares.
Periodistas accionantes
Informaron acerca de casos
similares en los cuales se ha limitado el ingreso de la prensa a audiencias
penales (ver anexo I).
Leonidas Medina Jiménez, periodista accionante
Informó que la solicitud de
reserva no fue debidamente motivada por la Fiscal. Esto, porque “no esbozó
la totalidad de [los] argumentos, ni demostró la existencia real de
las amenazas, sino que se limitó a invocar la protección genérica de las
víctimas de las conductas punibles”.
Media Legal Defense Initiative
La decisión de reserva no se
ajusta al estándar internacional fijado por otras cortes de derecho
comparado. En particular, porque la Juez (i) no motivó la decisión de
reserva ni (ii) consideró medidas alternativas a la prohibición de
ingreso de la prensa a las audiencias preliminares.
Mauricio Pava Lugo
Indicó que interpuso demanda de
acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 152 de la Ley
906 de 2004 (D-13512). Esta demanda fue admitida por la magistrada Cristina
Pardo Schlesinger.
18.
Vinculaciones y respuestas a la
solicitud de tutela. El 4 de octubre
de 2019, la Sala Primera de Revisión ordenó vincular al presente trámite a (i)
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, (ii) la
Fiscalía General de la Nación, (iii) la Procuraduría General de la
Nación y (iv) la Policía Nacional[44].
Primero, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura solicitó
su desvinculación[45].
Indicó que “no ha vulnerado los derechos fundamentales” de los
accionantes, por cuanto “no se ha adelantado acción alguna que los afecte”.
Segundo, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se confirmen los fallos
de instancia[46].
Señaló que la declaratoria de reserva en el caso concreto no fue arbitraria.
Por el contrario, esta decisión “contó con suficiente motivación y
fundamento”, “es completamente razonable y se encuentra amparada por la
autonomía de las decisiones judiciales”, por lo que “no se advierte la
existencia de los defectos que le atribuyen los accionantes”. Tercero, la
Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación[47], porque “no es la
llamada a responder las súplicas objeto de la acción constitucional”.
Finalmente, la Policía Nacional señaló que “no conoce de las capturas (…)
o del manejo de la información de interés público en medios de comunicación”
en el caso concreto[48].
Sin embargo, no presentó solicitud alguna en relación con el asunto sub
examine.
19.
Competencia de la Sala Plena. Según lo previsto por el artículo 61 del Acuerdo 02
de 2015, mediante el auto de 16 de octubre de 2019, la Sala Plena asumió el
conocimiento de este asunto[49].
20.
Convocatoria a audiencia pública. El 22 de octubre de 2019, por medio del Auto 571 de
2019, la Sala Plena convocó a audiencia pública[50]. En esta providencia,
además, se llevó a cabo una convocatoria abierta a periodistas, a jueces
penales de control de garantías, a directores especializados de la Fiscalía
General de la Nación y a coordinadores de centros de servicios judiciales, para
que enviaran sus intervenciones en relación con este asunto. La Corte recibió
37 escritos y videos[51]
presentados por: veintiún (21) periodistas, diez (10) jueces, cinco (5)
abogados y la Fiscalía General de Nación. Sus intervenciones están relacionadas
en el anexo II de esta providencia.
21.
Audiencia pública. El 12 de diciembre de 2019, la Sala Plena llevó a
cabo audiencia pública en este asunto. El siguiente cuadro sintetiza el
contenido de las intervenciones de la audiencia:
Intervenciones
Interviniente
Contenido de la
intervención
Primer panel:
Condiciones
en las que se aplicaron las excepciones del principio de publicidad en el
caso concreto
Florencio Sánchez,
periodista accionante[52]
Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes. De un lado, indicó que la Fiscal (i)
argumentó, de manera genérica, que existía un riesgo para las víctimas, sin
identificarlas, ni referirse de manera concreta a un peligro, y (ii) no
presentó a la Juez elementos materiales probatorios que dieran cuenta,
siquiera de manera sumaria, de las supuestas amenazas en contra de víctimas y
testigos. De otro lado, advirtió que la única audiencia que es reservada por
“mandato legal” es la de legalización de allanamiento. Sin embargo, la
Juez no expuso razón alguna para justificar por qué la totalidad de las
audiencias debían ser reservadas.
La reserva de las
audiencias penales “se ha convertido en una costumbre”. En muchos
otros casos de interés nacional, los jueces han prohibido el ingreso de la
prensa a las salas de audiencia, sin justificación alguna.
Claudia Viviana Riveros Rojas, juez 22 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá[53]
La decisión de reservar las audiencias preliminares
no es una práctica generalizada de los jueces penales de función de
garantías.
En el caso concreto, la decisión de reserva no fue
arbitraria ni caprichosa. Por el contrario, esta estuvo fundada en lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley 906 de 2004. Asimismo, señaló que esta
decisión “es una orden judicial que no admite recursos”.
Las audiencias se adelantaron de forma concentrada,
en virtud del principio de celeridad de las actuaciones penales. Esto, a fin
de evitar “dilaciones que lleven al vencimiento de términos, todo lo cual
(…) demanda su trámite concentrado”.
Los periodistas
cuentan con otras alternativas para acceder a la información. Por ejemplo,
por medio de los comunicados de prensa que publica el Complejo Judicial de
Paloquemao.
Aída Esperanza Moreno, fiscal 23 seccional contra la corrupción[54]
La reserva de las audiencias penales preliminares no
es una práctica generalizada.
En el caso
concreto, la decisión de reserva estuvo justificada. En efecto, los
potenciales testigos que se encuentran privados de la libertad han
manifestado, de forma “recurrente y sistemática”, que “temen por
sus vidas, pues en los centros penitenciaros nadie les garantiza la vida e
integridad personal”.  Esto constituye una obstrucción a la justicia que
dificulta el éxito en la investigación.
Segundo panel:
Condiciones
en las que se aplican las excepciones del principio de publicidad en las
audiencias preliminares
Germán Rey Franco,
jefe de la oficina de Comunicaciones de Paloquemao[55]
Se refirió a dos asuntos, a saber: (i) la
comunicación a los periodistas de las audiencias que se llevan a cabo en el
Complejo Judicial y (ii) la información publicada en el caso concreto.
Primero, la reserva de las audiencias preliminares es informada a los
periodistas por diversos “medios de difusión”: WhatsApp, e-mail
y personalmente. Segundo, en el caso concreto, la Juez autorizó la
publicación de información referida a “la estructura de las audiencias
preliminares: en qué momento se hacía la legalización cuáles eran los cargos
imputados al procesado (…) y en qué momento se toma la medida
aseguramiento y cuál era la misma”. Esta información fue publicada en Twitter.
Advirtió que los
jueces están dispuestos a dialogar con los periodistas, a fin de encontrar
una solución a esta situación.
José Alberto Salas Sánchez, director especializado contra la Corrupción de la
Fiscalía General de la Nación
Las restricciones al principio de publicidad se
encuentran justificadas en las audiencias preliminares. Esto, porque “la
información que se anticipa en la etapa preliminar del proceso cuenta con una
alta probabilidad de obstruir acciones futuras frente a la vinculación de
nuevas personas o en la consolidación de nuevos elementos materiales
probatorios”.
Los criterios que justifican que se solicite la
reserva porque “se compromete seriamente el éxito de la investigación”
son los siguientes: (i) “número de personas vinculadas al proceso,
condición que se define por la existencia de empresas criminales y redes ilegales”;
(ii) “calidad del indiciado, condición que persigue la custodia de
aquellas personas que requieren medidas de protección especiales o
adicionales en virtud de la actividad que desempeñan”; (iii) “valor
de los activos y sus implicaciones en la economía regional o nacional,
contando (…) el potencial para descubrir recursos aún no determinados”
y (iv) naturaleza de la actividad ilícita.
No existen
lineamientos o criterios adicionales para la solicitud de reserva de
audiencias. Estos criterios deben ser analizados en cada caso concreto, según
cierto nivel de discrecionalidad que soporta la autonomía e independencia de
las actuaciones del fiscal del caso.
Carmen Maritza González Manrique, procuradora delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales[56]
Las restricciones a la publicidad se justifican en
escenarios “tempranos” del proceso penal, como los de investigación e
indagación. Por el contrario, en las etapas de juzgamiento y comunicación de
la sentencia opera el principio de máxima divulgación.
La decisión de celebrar la audiencia “a puerta
cerrada no es la única medida, pero sí la más radical”. El juez puede
explorar otros márgenes de aplicación de la reserva.
La reserva no “es
la regla general” en los procesos penales.
Óscar Julián Guerrero Peralta, profesor de la Universidad Externado de Colombia[57]
El principio de publicidad se relaciona con el
derecho a un juicio justo y público. Sin embargo, este puede ser restringido
en algunos casos.
Las limitaciones
a la publicidad durante las etapas tempranas anteriores al juicio oral
resultan admisibles, en tanto son compatibles con la Constitución y la
Convención Americana. Esto, por cuanto en las audiencias preliminares “todavía
no se ha desvirtuado la presunción de inocencia” del indiciado.
Tercer panel:
Condiciones
de ingreso de la prensa a las audiencias preliminares. Publicidad de las
actuaciones penales y el ejercicio de las libertades de información y prensa
Edison Lanza,
relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
La administración de justicia en materia penal está
“sujeta al principio de transparencia”, al escrutinio de la sociedad y
al control de los medios de comunicación. La publicidad no se agota con la
presencia de los medios de comunicación en las audiencias. Esta incluye “la
facilitación de documentos, grabaciones, entre otros”.
El juez debe
aplicar un test de proporcionalidad para resolver colisiones entre la
libertad de expresión y la protección del fin legítimo que persigue la
reserva.
Paula Robledo Silva, defensora delegada para Asuntos Constitucionales y
Legales de la Defensoría del Pueblo[58]
Las excepciones al principio de publicidad deben ser
interpretadas de forma restrictiva. Esto implica que los jueces deben fundar la
reserva “en la estricta necesidad de adoptar la medida restrictiva de la
publicidad”.
Es necesario
definir “pautas hermenéuticas orientadoras del margen de discrecionalidad
judicial” para declarar la reserva de las actuaciones judiciales. Al
respecto, propuso la aplicación de un “juicio específico de
proporcionalidad” que permita garantizar los principios de máxima
divulgación y de buena fe. En virtud de este juicio, la excepción al
principio de publicidad debe: (i) estar fundada en una causal legal, que
deber ser interpretada de manera restrictiva; (ii) ser proporcional,
lo que implica que no deben existir “medidas menos lesivas” e igual de
eficaces para asegurar la finalidad que persigue la reserva, y (iii)
asegurar “la mínima afectación posible al principio de publicidad”.
Luisa Fernanda Isaza Ibarra, coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas
de la Fundación Para la Libertad de Prensa[59]
Las excepciones a la publicidad previstas por el
Código de Procedimiento Penal deben armonizarse con el test tripartito
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, estas deben: (i)
estar definidas de forma expresa en la ley, (ii) perseguir objetivos
imperiosos y (iii) ser idóneas, necesarias y proporcionales en sentido
estricto.
La Corte debe “promover
el diálogo entre jueces, periodistas y la sociedad civil”. Asimismo, debe
precisar el estándar aplicable a este tipo de escenarios, habida cuenta de
que (i) “este es un caso único en la región” y (ii) ha
registrado otros casos en Colombia en los cuales se ha restringido el ingreso
de la prensa a las audiencias penales. Las restricciones pueden
sistematizarse así: (a) con violencia; (b) por parte de
privados, sin intervención del juez; (c) por parte de funcionarios,
sin intervención del juez; (d) por parte del juez, sin motivación; (e)
por parte del juez, con motivación insuficiente, y (f) por parte del
juez, con motivación suficiente, pero con medidas desproporcionadas. Sin
embargo, advirtió que “este es un subregistro” (ver anexo I).
Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en
la Justicia[60]
La publicidad es uno de los
principios fundamentales del proceso penal. Sin embargo, de conformidad con
el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, existen ciertas limitaciones a este
principio. No obstante, el juez que haga uso de tal potestad debería estar obligado
a consignar, por escrito, las particulares razones que justifican en el caso
concreto la decisión de reserva del proceso.
Ana Lucía Molina Narváez, integrante del Colegio de Abogados Penalistas de
Colombia[61]
Las excepciones al principio de
publicidad deben tener “carácter excepcional”. Esto implica, entre
otras, que la reserva debe prever un plazo razonable de vencimiento. La
reserva solo debe mantenerse mientras subsista un riesgo cierto y objetivo.
III.
CONSIDERACIONES
22.
Objeto de la decisión. La Sala Plena advierte que la solicitud de tutela sub
examine versa sobre la presunta vulneración de las libertades de expresión,
información y prensa de los periodistas accionantes. Esto, como consecuencia de
la decisión judicial adoptada el 31 de enero de 2019 por la Juez 22 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá relativa a la
declaración de reserva de las audiencias preliminares adelantadas en contra del
exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. La providencia judicial que declaró
la reserva implicó que a los accionantes se les prohibiera el ingreso a las
audiencias preliminares y no les fuera permitido el acceso a las grabaciones de
las mismas.
23.
Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes
problemas jurídicos: ¿La solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?
En caso afirmativo, ¿la autoridad judicial accionada incurrió en alguno de los
defectos específicos alegados por los accionantes, al declarar la reserva de
las audiencias preliminares en el caso concreto?
24.
Metodología de la decisión. Para dar respuesta a los problemas jurídicos, la
Sala Plena analizará, como cuestión previa, si en el asunto sub
examine se configura carencia actual de objeto. Luego, determinará el
alcance de las libertades de expresión, información y prensa, así como su
relación con el principio de publicidad en el marco de las audiencias
preliminares del proceso penal. Por último, resolverá el caso concreto, para lo
cual seguirá la metodología de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales.
1.
Cuestión previa. Carencia
actual de objeto por daño consumado
25.
La acción de tutela es un mecanismo de
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular[62].
Si durante el trámite de la acción de tutela (i) “se satisface por
completo la pretensión contenida en la acción de tutela”[63],
(ii) “finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la
solicitud de amparo”[64]
o (iii) sobreviene una situación que acarrea la “inocuidad de las
pretensiones”[65],
se configura carencia actual de objeto.
26.
La jurisprudencia constitucional ha indicado
que la carencia actual de objeto es una causal de improcedencia de la acción de
tutela, por cuanto implica “la desaparición del supuesto básico del cual
parte el artículo 86 de la Constitución”[66].
En efecto, la intervención del juez constitucional se justifica para hacer
cesar vulneraciones y amenazas ciertas a los derechos fundamentales, “lo
cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido
positivo o negativo”[67].
De allí que, siempre que se encuentre probada alguna de estas circunstancias,
el juez deba declarar carencia actual de objeto. De lo contrario, las órdenes
carecerían de sentido ante “la superación de los hechos que dieron lugar al
recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor”[68].
27.
En tales términos, cuando se acredite la
configuración de carencia actual de objeto, el juez constitucional no se
encuentra obligado a emitir pronunciamiento de fondo sobre el asunto[69]. Sin
embargo, de considerarlo necesario, puede llevar a cabo observaciones sobre los
hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, a fin de
condenar su ocurrencia, advertir sobre su falta de conformidad constitucional o
conminar al accionado para evitar su repetición[70], o porque “se impone
la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto”[71].
28.
La jurisprudencia constitucional ha
señalado que el daño consumado es una de las categorías de la carencia actual
objeto. Este tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con
la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el
juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”[72].
Esta situación puede concretarse en dos momentos[73]:
(i) antes de interponerse la acción de tutela o (ii) durante el
trámite de la misma, bien sea ante los jueces de instancia o en el curso del
proceso de revisión ante la Corte. En el primer caso, el juez debe declarar la
improcedencia de la acción, de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[74].
En el segundo, el juez puede “proferir órdenes adicionales tendientes a
proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar
los responsables”[75].
En todo caso, para declarar la carencia actual de objeto por daño consumado, el
juez debe acreditar que el daño causado es “irreversible”[76].
Esto, por cuanto “respecto a los daños que son susceptibles de ser
interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial, no es dable
decretar la carencia actual de objeto”[77].
29.
Por último, esta Corte ha advertido que,
cuando se configure el daño consumado, “es perentorio un pronunciamiento de
fondo del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño
ocurre durante el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la
vulneración que dio origen a la acción de amparo”[78].
Así, habida cuenta de las particularidades de cada caso concreto, el juez
constitucional podrá: “hacer una advertencia a la autoridad o particular
responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito a conceder la tutela (…), proteger la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales transgredidos y tomar medidas
para que los hechos vulnerados no se repitan”[79].
30.
En el caso concreto, la Sala Plena
encuentra acreditada parcialmente la configuración de carencia actual de objeto
por daño consumado. La presunta vulneración de la libertad de expresión de
los accionantes deriva de la providencia judicial de 31 de enero de 2019,
mediante la cual la Juez accionada declaró la reserva de las audiencias penales
preliminares. Los efectos de esa decisión se concretaron en las prohibiciones
de (i) ingreso a las audiencias preliminares y (ii) de acceso a
las grabaciones de las mismas. Pues bien, para la Sala Plena, únicamente se
configura carencia actual respecto del ingreso de los accionantes a las
referidas audiencias. Esto, por cuanto, en atención al principio de preclusión
de las etapas procesales[80],
las audiencias preliminares en el proceso penal concluyeron. Esto implica que
se consumó la afectación de las libertades de expresión, información y prensa
alegada por los accionantes, por dos razones. De un lado, la Juez accionada
perdió competencia para pronunciarse en relación con la decisión de reserva en
el caso concreto. De otro lado, por las particularidades del caso concreto, si
bien la providencia que declaró la reserva incidió en el ejercicio de las
referidas libertades, no afecta la validez de las audiencias preliminares, en
tanto esta no comprometió derecho fundamental alguno de las partes en el
proceso. Por lo anterior, la intervención del juez constitucional devendría
inocua, en tanto ya se consumó la afectación a la libertad de expresión de los
accionantes, por no haber podido ingresar a las audiencias preliminares. No
obstante, no se configura carencia actual de objeto respecto del acceso a las
grabaciones de las audiencias preliminares. Según lo afirmaron en su solicitud
de tutela y durante el trámite de revisión, los accionantes “no han podido
tener acceso” a las grabaciones, lo que incide en el ejercicio de sus
libertades de expresión, información y prensa. Por tanto, no ha cesado la
vulneración alegada por los accionantes.
31.
A pesar de lo anterior, la Sala Plena
considera necesario emitir pronunciamiento de fondo en relación con ambos
asuntos. Esto, por dos razones. Primero, las prohibiciones de ingreso a las
audiencias preliminares y de acceso a las grabaciones derivan de la decisión de
reserva sub examine, esto es, la providencia que presuntamente vulneró
las libertades de expresión, información y prensa de los accionantes. En esta
medida, el objeto del presente fallo sigue siendo esa providencia judicial, por
lo que la Sala encuentra justificado estudiar su incidencia en el ejercicio de
los derechos fundamentales alegados, que incluye ambas prohibiciones. Segundo,
este pronunciamiento es relevante para definir el alcance de estas libertades,
debido a la “proyección que pueda tener el asunto”[81]
sub examine respecto del ingreso de la prensa a las audiencias
preliminares. Así que, para la Sala Plena, es necesario analizar la conformidad
constitucional de la decisión de reserva proferida en el caso concreto. Máxime
cuando, en atención a los casos similares reportados (ver anexo I), es
necesario fijar criterios que permitan armonizar el ejercicio de estas
libertades con el principio de publicidad de las audiencias preliminares.
2.
Libertades de expresión,
información y prensa en relación con la publicidad de las audiencias
preliminares
2.1.    Consideraciones generales sobre la libertad de
expresión
32.
La libertad de expresión está prevista
por el artículo 20 de la Constitución. Esta protege “la libertad [de
toda persona] de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación”. El marco constitucional de protección de la libertad de
expresión lo integran, además, las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad[82].
En particular, los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos[83],
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[84] y 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH)[85].
33.
La jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la libertad de expresión en sentido amplio comprende otros
derechos y libertades fundamentales “específicos”[86] y “autónomos”[87]. Estos son: (i)
libertad de expresión stricto sensu o libertad de opinión[88], entendida
como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio
pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma
escogidos por quien expresa”[89];
(ii) libertad de información, que incluye la “libertad de búsqueda y
acceso a la información, libertad de informar”[90], el derecho a recibir “información
veraz e imparcial sobre hechos ideas y opiniones de toda índole”[91],  así como “buscar
información, e investigar en las fuentes donde pueda estar la información,
procesar la información (…) y trasmitirla a través de un medio determinado”[92]; (iii)
libertad de prensa, referida al derecho a “fundar medios masivos de
comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de
funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad social”[93]; y (iv)
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Asimismo, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la libertad de expresión (art.
20 de la CP) incluye otros cuatro contenidos normativos, a saber: (i) “la
prohibición de censura cualificada y precisada por la [CADH]”[94],
(ii) “la prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del
odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la [CADH] y
la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial”[95];
(iii) la prohibición de pornografía infantil[96]
y (iv) “la prohibición de la instigación pública y directa al
genocidio”[97].
34.
La jurisprudencia constitucional e
interamericana han advertido que la libertad de expresión –y todos los
derechos autónomos que derivan de ella– es objeto de protección
reforzada por parte del Estado. Esto se explica por “el valor
instrumental de la libertad de expresión para el ejercicio de los demás
derechos fundamentales, como su función esencial dentro de los regímenes
democráticos”[98].
De un lado, la libertad de expresión permite el ejercicio de otros derechos y
libertades fundamentales, porque “la libre manifestación y comunicación del
pensamiento, así como el libre flujo social de información, ideas y opiniones,
han sido erigidos en ‘la condición indispensable de casi todas las demás
formas de libertad’”[99].
De otro lado, esta libertad “constituye un elemento estructural básico para
la existencia de una verdadera democracia participativa”[100], habida cuenta de que
facilita, entre otros, “el control ciudadano sobre la gestión pública”[101].
35.
Las finalidades que cumple la libertad de
expresión en los sistemas democráticos justifica que se reconozca “una
presunción constitucional a favor de la libertad de expresión”[102].
Esta presunción se concreta en cuatro aspectos. Primero, la presunción
de que toda expresión se encuentra protegida constitucionalmente, “salvo que
se demuestre en cada caso concreto y de forma convincente que, por sus
características, se justifica la limitación de tal expresión”[103]. Segundo,
la presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos,
valores y principios constitucionales en casos de conflicto, que “cesará
cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional
adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias
generales en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las
condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta libertad”[104]. Tercero,
la sospecha de inconstitucionalidad de las medidas que limiten el ejercicio de
la libertad de expresión, por lo que “cualquier limitación estatal sobre la
libertad de expresión, a través de los actos de cualquier autoridad pública –en
ejercicio de funciones legislativas, administrativas, judiciales, policivas,
militares o de otra índole–, se ha de entender como una intervención
constitucionalmente sospechosa”[105].
Cuarto, la prohibición de censura, que “cobija cualquier tipo de
control, obstaculización, interferencia o restricción previa, que tenga por
propósito o por efecto, directo o indirecto, intencional o accidental, limitar
o restringir el libre flujo social de comunicaciones”[106]. Sin embargo, la
presunción a favor de la libertad de expresión es “derrotable”[107], por
lo que las limitaciones a su ejercicio deberán analizarse en cada caso
concreto.
36.
Aun cuando, en principio, todas las
formas de expresión gozan de esta protección constitucional, existen discursos
especialmente protegidos. Estos “reciben una protección especial, por su
importancia (…) para la consolidación, funcionamiento y preservación de
la democracia”[108].
Dicha especial protección se predica del discurso político[109], el
“debate sobre asuntos de interés público”[110], el “discurso sobre
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y candidatos a ocupar
cargos públicos”[111],
así como de los “discursos que expresan elementos esenciales de la identidad
o dignidad personal”[112].
Por tanto, la Constitución protege especialmente “la publicación de
informaciones e ideas referentes a cuestiones que tienen relevancia pública”[113], “las
expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los
asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia
el Estado y los funcionarios públicos”[114],
así como la expresión de “elementos culturales de grupos étnicos y
minoritarios”[115],
el “discurso religioso (…) y aquellos que expresan la propia
orientación sexual y la identidad de género”[116].
37.
Asimismo, dicha protección especial
adquiere mayor intensidad cuando las libertades de expresión, información y
prensa se ejercen “a través de los medios masivos de comunicación”[117].
Esto, por cuanto la prensa cumple una función “medular para la democracia”[118].
Diversos instrumentos internacionales han reconocido el rol de los medios de
comunicación para fomentar “un debate abierto y fundamentado, que, a su vez,
favorec[e] la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública,
la emancipación de las personas y la participación de los ciudadanos”[119]. Por
esta razón, esta Corte ha precisado que “las autoridades tienen un margen de
apreciación menor para determinar la existencia de una necesidad social
imperativa que justifique el establecimiento de una limitación”[120] al
ejercicio de estas libertades por parte de los medios de comunicación. Esto
conlleva que dichas limitaciones estén sujetas a un “control estricto de
constitucionalidad”[121].
38.
Por último, el ejercicio de estas
libertades deberá llevarse a cabo en el marco de la responsabilidad social de
los medios de comunicación. La jurisprudencia constitucional ha advertido que “los
medios de comunicación gozan de libertad y autonomía para expresar y comunicar
en forma veraz e imparcial la información, pero deben hacerlo de manera
responsable, de forma que no vulneren o amenacen los derechos fundamentales de
las personas, dentro del marco del Estado social de derecho”[122].
Esto, por cuanto los medios de comunicación no “pueden erigirse en entes
omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias
jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden
público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o
con ocasión de sus actividades”[123].
Esta responsabilidad surge “desde el momento mismo en que se inicia el
proceso de obtención, preparación, producción y emisión de la información,
durante el cual los principios de la imparcialidad y la veracidad deben
prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas,
sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos a informar libremente,
pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del
respeto a la dignidad y a los demás derechos de las personas”[124].
39.
En tales términos, la responsabilidad
social de los medios de comunicación se justifica en que el ejercicio de la
libertad de expresión debe orientarse “al compromiso con los ideales
democráticos, adquiriendo un sentido la libertad transmitida [por]
ellos, no de prevalencia de intereses personales o de grupo, sino,
principalmente colectiva”[125].
Los medios de comunicación “disponen
de una capacidad no sólo para defender determinadas posiciones, sino que éstas
deben encuadrarse en el marco del interés general para no convertir el poder de
que disponen en agente de privilegios contrarios al pluralismo que se busca
realizar”[126]. Por tanto,
constituye un ejercicio abusivo de la libertad de expresión cuando “se
exceden los fines por los cuales ha sido reconocido”[127] este derecho, por
ejemplo, en los casos en los que su ejercicio “invade el ámbito de intimidad
de las personas o ante la obtención de información por medios ilícitos”[128].
2.2.    Libertades de expresión, información y prensa en
relación con la presencia de los medios en las audiencias penales preliminares
40.
La protección de las libertades de
expresión, información y prensa por parte de los medios de comunicación guarda
relación con la publicidad de las actuaciones penales –incluidas las
audiencias preliminares–. El artículo 228 de la Constitución prevé que “la
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la publicidad
es “uno de los principios estructurales de la correcta y adecuada
administración de justicia”[129].
Esto, por cuanto este principio desarrolla dos garantías fundamentales,
autónomas e independientes: el derecho al debido proceso de las partes (art. 29
de la CP)[130]
y la libertad de expresión (art. 20 de la CP). En efecto, la publicidad de las
actuaciones judiciales “constituye un instrumento fundamental para la
efectividad de los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción
(…) a favor de los sujetos procesales y un medio indispensable para que la
comunidad en general ejerza el control y vigilancia sobre las actuaciones de
las autoridades públicas”[131].
41.
Las libertades de expresión, información
y prensa también protegen la presencia de los medios de comunicación en las
audiencias preliminares. La comunidad y los medios de comunicación tienen
derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial acerca de “las
actuaciones que se realizan en las audiencias”[132] penales preliminares,
lo que también comprende los “registros magnetofónicos de las mismas”[133].
Esto, por cuanto la administración de justicia es un asunto de interés general
que no está exento del control ciudadano[134].
La publicidad no es “una simple formalidad procesal, sino (…) un
presupuesto de eficacia de la función judicial y de la legitimación de la
democracia participativa”[135].
De allí que las excepciones a la publicidad constituyan medidas que inciden en
el ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa, en tanto
limitan “el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades
públicas”[136].
Por tanto, “el principio constitucional general aplicable a las actuaciones
que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la reserva tiene
carácter excepcional y es de interpretación restrictiva”[137].
42.
En efecto, la publicidad de las
actuaciones penales incide directamente en el ejercicio de las libertades de
expresión, información y prensa. En 2019, durante el 174º periodo de sesiones
de la Comisión Interamericana, el Relator Especial para la Libertad de
Expresión advirtió que la publicidad de los procesos penales “no solo trata
sobre el derecho de los periodistas a cubrir las audiencias, sino el derecho de
toda la sociedad a recibir información de elevado interés público, más cuando
se tratan de hechos conectados con posibles situaciones de corrupción,
rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio de la función, pública, el
control social, entre otros”[138].
En consecuencia, el Relator resaltó la importancia de analizar estos casos “de
acuerdo con los estándares interamericanos”[139]
sobre libertad de expresión y acceso a la información.
43.
Asimismo, la “Declaración Conjunta de
el Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, el
Representante de la OSCE sobre la Libertad de Prensa y el Relator Especial de
la OEA sobre Libertad de Expresión”[140],
suscrita en diciembre de 2002, se refiere al ejercicio de la libertad de
expresión y la administración de justicia. Esta Declaración señala que “la
justicia cumple una función pública clave y, como tal debe estar sometida al
escrutinio público”[141].
En efecto, “los tribunales y los procesos judiciales, al igual que las demás
funciones del Estado, están sometidos al principio de la máxima transparencia
en la información, que solo puede ser superado cuando es necesario para
proteger el derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia”[142].
De allí que “no se pueden justificar las restricciones a la información
sobre procesos legales en curso, a menos que exista un riesgo sustancial de
grave perjuicio para la imparcialidad de tales procesos y que la amenaza al
derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia supere el
perjuicio para la libertad de expresión”[143].
Las eventuales sanciones que se adopten respecto de la publicación de
información sobre los procesos legales podrán “aplicarse únicamente tras un
juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial”[144].
44.
Ahora bien, los medios de comunicación deben
procurar ejercer estas libertades de conformidad con la prevalencia de los
derechos de los menores, prevista por algunos instrumentos internacionales. Mediante
la Resolución 67/187, Naciones Unidas adoptó los “Principios y Directrices (…)
sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal”[145].
La directriz 10 prevé “medidas especiales para los niños”, que disponen
que “[l]a intimidad y los datos personales de un niño que se vea o se haya
visto envuelto en actuaciones judiciales o no judiciales (…) deben
protegerse en todas las fases”[146].
Esto implica “la prohibición de dar a conocer o publicar, sobre todo en los
medios de comunicación, cualquier información o dato personal que revele o
permita indirectamente descubrir la identidad del niño”[147].
Es más, el Comité de los Derechos del Niño afirmó que, incluso en el marco de
procesos penales en los que se juzguen a menores de edad, es necesario que los
estados eviten la adopción de “medidas que puedan dificultar la plena
participación del niño en su comunidad, por ejemplo [mediante] la estigmatización,
el aislamiento social o una publicidad negativa”[148].
Este estándar de protección previsto para los menores sindicados debe
emplearse, a su vez, en casos en los cuales los menores de edad hayan sido
víctimas de delitos, especialmente de aquellos en contra de su libertad e
integridad sexual. Este estándar es compatible con el principio de interés
superior del menor, reconocido por la Constitución y reiterado por la
jurisprudencia constitucional. En virtud de este principio, “los derechos de
los menores de edad priman sobre los de los demás, por lo cual se ofrecen
mayores garantías y beneficios, para proteger su formación y desarrollo”[149],
“lo cual obliga (…) a aplicar un grado especial de diligencia y
cuidado”[150],
45.
Por lo demás, en relación con los
procesos penales, los medios de comunicación deben ejercer sus libertades de
expresión, información y prensa en el marco de su “responsabilidad social”[151]. La
“influencia y posición”[152]
de los medios de comunicación en la sociedad y la naturaleza de los asuntos que
se discuten en los procesos penales justifican la imposición de deberes y
cargas especiales, a fin de que el ejercicio de la actividad periodística no
interfiera de manera indebida en la garantía de otros derechos o en la correcta
administración de justicia. Esto implica que la información publicada no debe “atentar
contra los derechos humanos, el orden público y el interés general”[153] o “la
independencia judicial”[154].
En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha advertido que en relación
con los procesos penales “a los medios ‘se impone fundamentar y
contrastar la información antes de entregarla al público; no confundir la
información con la opinión; rectificar, si es del caso, informaciones falsas o
imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener información; no aceptar
gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio propio informaciones;
sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia y por ende, a la realización
del paradigma propio del Estado social de derecho’”[155]. Esto, sin
perjuicio de las responsabilidades “de orden civil y penal a que está sujeto
[el medio de comunicación] y [que] se le pueden exigir cuando
incurra en afirmaciones inexactas, calumniosas o injuriosas”[156].
46.
Asimismo, el ejercicio de las libertades
de expresión, información y prensa debe estar sujeto a la “autorregulación
de los periodistas y de los medios de comunicación”[157].
En la sentencia SU 274 de 2019, esta Corte indicó que la responsabilidad de los
medios de comunicación “ha incrementado de forma exponencial, por cuanto la
publicación de información sesgada, parcializada o falsa, puede generar toda
clase de conflictos, que solo pueden evitarse o mitigarse a partir de la
autorregulación de los medios”[158].
Esto significa que “los profesionales y los medios deben respetar los
valores y normas éticas derivados de la función social que cumplen, los métodos
correctos que pueden emplear y la responsabilidad sobre las consecuencias de su
actividad”[159].
Por consiguiente, los medios deben “respetar y promover el bien general, lo
cual significa que deben propender por ‘evitar la producción de daños y la
violación de derechoso bienes fundamentales de las personas y la sociedad”[160],
mediante el “respeto de las leyes y los derechos de las personas, así como a
través de la precaución y el cuidado de su labor”[161].
Esta autorregulación no implica, en absoluto, censura a la actividad
periodística. La autorregulación de los medios “es una decisión interna del informador;
(…) es fruto de su libre decisión; es una salvaguardia para el recto uso de
la información; y se mueve en el ámbito de la responsabilidad ética”[162],
lo cual no conlleva algún tipo de restricción legal para el ejercicio de la
libertad de expresión.
47.
El ejercicio de la libertad de expresión
por parte de los medios de comunicación también implica la prohibición de
llevar a cabo juicios paralelos por parte de los “medios de comunicación en
los procesos judiciales, particularmente, en los juicios penales”[163].
Los juicios paralelos se definen como “aquel conjunto de informaciones y
noticias, acompañadas de juicios de valor más o menos explícitos, difundidas
durante un determinado periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un
caso (…) y cuya característica principal es que ‘se realiza una
valoración social de las acciones sometidas a la investigación judicial, lo que
podría influir en la voluntad y opinión de los jueces’”[164].
Por lo general, estos juicios paralelos se llevan a cabo a partir de una “desmedida
e incontrolada inmersión en los hechos justiciables que integran el proceso en
marcha, construyendo verdaderas acusaciones, interviniendo directamente sobre
las fuentes de prueba sin ningún control (…) incluso revelando fuentes
ilícitas o prohibidas y proponiendo verdaderos veredictos de condena”[165].
Estos juicios también implican el traslado “a la sociedad (…) de
espacios o zonas de duda sobre la imparcialidad del Tribunal o de alguno de sus
miembros”[166].
48.
Por lo anterior, los juicios paralelos
constituyen un “uso desmedido de [la] facultad comunicativa”[167]
de los medios de comunicación, que incide en la correcta administración de
justicia. Si bien “es algo correcto y necesario en una sociedad democrática”
que los medios proporcionen información sobre los procesos penales, “cuando
los juicios de valor (…) se producen al tiempo que se está celebrando el
juicio estamos ante el juicio paralelo [que] pueden afectar la
imparcialidad del tribunal y esto, a su vez, se refleja sobre el derecho del
acusado a la presunción de inocencia y en general al derecho a un juicio justo”[168].
De allí que “un ejercicio desmedido de la intervención mediática en la
actuación jurisdiccional ponga en grave peligro los derechos fundamentales de
las partes, y particularmente del inculpado, a un proceso justo, puede ser
sometido a restricciones como una necesidad de ordenación racional en una
sociedad democrática de los respectivos espacios de eficacia garantizada a cada
uno de los derechos”[169].
3.
Ejercicio de las libertades
de expresión, información y prensa en relación con las restricciones a la
publicidad de las actuaciones penales en el derecho comparado
49.
La relación entre el principio de
publicidad de las actuaciones penales y el ejercicio de las libertades de
expresión, información y prensa ha sido ampliamente estudiada en el derecho
comparado[170].
Algunas Cortes han advertido que “sería difícil encontrar un asunto público
de mayor preocupación e importancia para los ciudadanos que la manera en la
cual se adelantan los juicios penales”[171].
Es más, estas Cortes han reconocido que de la libertad de expresión deriva “el
derecho de la prensa y del público a ingresar a audiencias penales”[172].
Esto se funda en la protección de “la libre discusión de los asuntos
públicos”[173],
por cuanto la publicidad de las audiencias penales garantiza que la ciudadanía
pueda ejercer control sobre los funcionarios e instituciones judiciales[174], lo
que, a su vez, “promueve la imparcialidad, accesibilidad y efectividad”[175] de
la actividad judicial.
50.
Sin embargo, el ingreso a audiencias
penales no es un derecho absoluto, por lo que los jueces pueden “limitar
la publicidad de sus actuaciones cuando ello sea necesario para la correcta
administración de justicia”[176].
Con todo, las “circunstancias en las que puede prohibirse el ingreso de la
prensa y del público a un juicio penal son excepcionales”[177]. La jurisprudencia
comparada se ha referido a esta cuestión en relación con las limitaciones al
ejercicio de la libertad de expresión, en términos generales, y las
restricciones a la publicidad de los juicios penales –audiencias de
juzgamiento[178]
y audiencias preliminares[179]–.
Su jurisprudencia puede resumirse de la siguiente manera.
51.
Corte Interamericana de Derechos
Humanos[180]. Si bien esta Corte no ha analizado la relación entre
las referidas libertades y la publicidad de las actuaciones judiciales en
materia penal, sí ha construido una sólida línea jurisprudencial acerca del
estándar de protección de la libertad de expresión y sus restricciones. Esta
Corte ha sostenido que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los
principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace
posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el
control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de
las funciones públicas”[181].
La libertad de expresión permite, precisamente, “el control democrático, por
parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión pública”[182].
Así que es necesario que “los periodistas que laboran en los medios de
comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para
realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen
informada a la sociedad”[183].
Ahora bien, la jurisprudencia interamericana ha señalado que el ejercicio de la
libertad de expresión “tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los
demás derechos fundamentales”[184],
por lo que el Estado puede limitar su ejercicio. No obstante, dicha limitación
“requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por
la propia Convención”[185].
52.
Restricciones al ejercicio de la libertad
de expresión. La Corte Interamericana
ha señalado que la “libertad de expresión no es un derecho absoluto (…)
el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de establecer
restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión”[186].
Sin embargo, dichas restricciones “tienen carácter excepcional y no deben (…)
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa”[187].
Esto, por cuanto, “dada la importancia de la libertad de expresión en una
sociedad democrática, el Estado (…) debe minimizar las restricciones a
la circulación de la información”[188].
Para evaluar la convencionalidad de las medidas que restringen la libertad de
expresión, la jurisprudencia interamericana ha fijado el estándar del test
tripartito[189].
En virtud de este estándar, toda medida que implique la restricción o
limitación del ejercicio de la libertad de expresión debe satisfacer tres
requisitos.
53.
Primero, la limitación debe estar
prevista legalmente. La restricción de la libertad de expresión debe estar
fundada en una norma legal, “en sentido formal y material”[190].
Este requisito también excluye la posibilidad de interpretar analógicamente las
normas que restrinjan la libertad de expresión. Segundo, la limitación debe
perseguir el logro de objetivos imperiosos a la luz de la CADH. Son
finalidades imperiosas la protección de “los derechos de los demás”, la
seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública[191].
Tercero, la limitación debe ser proporcional. La medida que restrinja el
ejercicio de las referidas libertades deberá ser idónea, necesaria y
proporcionada en sentido estricto. En otras palabras: (i) la idoneidad
implica que la medida sea adecuada para asegurar la consecución del objetivo
imperioso alegado para restringir la libertad de expresión; (ii) la
necesidad conlleva que la medida restrictiva adoptada debe ser la menos gravosa
entre las alternativas razonables disponibles, y que esta “no limit[e]
más allá de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en [el] artículo”[192]
13 de la CADH; y, por último, (iii) la proporcionalidad en sentido
estricto garantiza que la restricción “interfi[era] en la menor
medida de lo posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de
expresión”[193].
Este estándar ha sido aplicado por la Corte Interamericana para analizar las
restricciones al derecho “de acceder a la información pública”[194].
54.
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos[195]. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos (en adelante, CEDH) prevé que “[t]oda persona tiene derecho a que su
causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable (…).
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de
audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o
parte del proceso”. Estas limitaciones deben estar fundadas en “interés
de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional (…), cuando
los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes
del proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente
necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad
pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”[196].
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “la administración de justicia
obtiene su legitimidad de la publicidad de sus actuaciones (…). Existe
una alta expectativa de publicidad en los procedimientos penales ordinarios”[197].
Esto, por cuanto “el carácter público de los procedimientos protege a las partes
de la administración de justicia secreta y sin escrutinio público. Asimismo, la
publicidad permite que se mantenga la confianza en la labor de las cortes”[198].
55.
A su vez, el Tribunal Europeo ha
reconocido la importancia de la libertad de expresión y de los medios de
comunicación en las sociedades democráticas. Al respecto, ha sostenido que “la
libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de las
sociedades democráticas, y una de las condiciones básicas para su progreso y la
realización personal de los individuos”[199],
por lo que “la prensa juega un rol preeminente en un Estado de derecho”[200],
en tanto a esta “corresponde publicar información e ideas sobre asuntos de
interés público”[201].
El Tribunal Europeo ha señalado que, dado que el ejercicio de las libertades de
expresión, información y prensa “conlleva deberes y responsabilidades, estas
pueden ser sometidas a formalidades, condiciones o restricciones (…)
previstas por la ley y [siempre que] sean necesarias en una sociedad
democrática”[202].
Esto implica que estas libertades pueden ser limitadas para proteger “los
intereses de seguridad nacional, integridad territorial o seguridad pública,
para prevenir la violencia o el delito, para proteger la salud o la moral, la
protección de la reputación o derechos de otros, para prevenir la publicación
de información confidencial, o para mantener la autoridad e imparcialidad
judicial”[203].
Estas limitaciones deben cumplir con tres condiciones, a saber: (i) la “limitación
debe estar prevista legalmente” [204],
(ii) la limitación debe perseguir la protección de alguno de los
principios, derechos “intereses o valores” prescritos por el CEDH[205]
y (iii) la limitación debe ser necesaria[206].
Este estándar es aplicable a toda medida adoptada por cualquier autoridad pública
que interfiera en el ejercicio de la libertad de expresión[207].
56.
Restricciones a la publicidad de las
actuaciones judiciales. El Tribunal
Europeo ha advertido que la publicidad de los procedimientos judiciales no es
un principio absoluto. Este puede ser limitado en virtud de las excepciones
previstas por el artículo 6 del CEDH o en aras de proteger otros derechos
previstos por dicho Convenio. En efecto, cuando la “vida, la libertad o la
seguridad personal estén en riesgo, o los derechos protegidos por el artículo 8
de la Convención, (…) los estados deben organizar sus procedimientos
penales de manera que dichos intereses no sean injustificadamente vulnerados”[208].
Asimismo, el Consejo de Europa ha reconocido que la libertad de expresión puede
“colisionar con otros derechos protegidos por el Convenio, como el derecho a
un juicio justo”[209].
En cualquiera de estos eventos, el juez deberá ponderar los principios y
derechos en colisión en cada caso concreto[210].
Sin embargo, en el marco de esta ponderación, “antes de impedir el acceso
del público al proceso penal, las cortes deben verificar que la reserva es
necesaria para la protección del principio alegado y, a su vez, limitar la
reserva a aquellos asuntos estrictamente necesarios para proteger dicho
principio”[211].
57.
En tales términos, el Tribunal Europeo ha
considerado que no constituyen violaciones al artículo 6 del CEDH aquellas
medidas que limitan la publicidad de las actuaciones judiciales con el fin de
proteger (i) “la privacidad de los menores, las partes y para evitar perjudicar
los intereses de la justicia”[212],
(ii) los derechos de víctimas y testigos[213],
(iii) “el orden público y la seguridad”[214]
de los asistentes al juicio, entre otras. Al respecto, en el caso B. and P.
v The United Kingdom, el Tribunal consideró que la restricción a la
publicidad del proceso mediante el cual se definió la residencia y custodia de
un menor no vulneró el CEDH. En este tipo de casos, la reserva “permite al
juez obtener los elementos de juicio necesarios para decidir acertadamente, en
tanto esta medida garantiza que los padres y otros testigos puedan hablar sobre
temas privados o íntimos, sin temor a la opinión pública”[215].
Estos objetivos “se verían frustrados con la publicidad”[216].
58.
Por el contrario, el Tribunal Europeo ha
declarado que una autoridad judicial vulnera el CEDH cuando, al declarar la
reserva de un proceso penal: (i) “no adoptó medida alguna para
contrarrestar el efecto negativo de la reserva en la administración de justicia”[217]
o en el derecho a un juicio público[218],
tales como “restringir el acceso a determinados documentos o reservar solo
algunas sesiones del proceso, y en la medida necesaria para preservar la
confidencialidad de la información”[219];
o (ii) la reserva se fundó en razones “lamentablemente lacónicas”[220]
acerca de la necesidad de proteger “víctimas o testigos”[221].
Sobre este último punto, en el caso Belashev v Russia, el Tribunal
consideró que “garantizar la seguridad de víctimas, testigos y otras partes
procesales, en atención a la naturaleza de los cargos” que analizaría el
juez nacional es una razón insuficiente para limitar la publicidad del proceso
penal[222].
Dicha autoridad judicial “debió haber explicado con mayor detalle por qué le
preocupaba [la seguridad de] las víctimas y testigos (…). Asimismo,
era importante que manifestara por qué la seguridad de víctimas y testigos
tenía preeminencia sobre el principio de publicidad. Es más, si el juez hubiese
tenido acceso a determinada información para adoptar dicha decisión, debió
trasladarla a las partes (…), para que pudieran debatir sobre ese asunto.
El Tribunal observa que el Gobierno no allegó documento alguno que diera
cuenta de qué información fundó la decisión”[223]
de reserva. En consecuencia, el Tribunal concluyó que las restricciones al
principio de publicidad no pueden estar fundadas solo en la mera alegación de
uno de los principios y derechos protegidos por el CEDH.
59.
Estados Unidos[224]. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reiterado
que la publicidad es una característica del sistema penal estadounidense. En
efecto, “una prensa responsable es esencial para garantizar una efectiva
administración de justicia, en particular, en materia penal (…). La
prensa no solo publica información acerca de los juicios, sino que previene la
injusticia, al someter a policías, fiscales y a los procesos judiciales a la
supervisión y crítica por parte del público”[225].
Por tanto, el principio de publicidad se predica de todas las etapas del
proceso penal –preliminary hearings, pretrial proceedings y trials–,
que incluye a las audiencias preliminares. Así que el hecho de que “las
audiencias preliminares no concluyan con una condena o estas no se adelanten en
presencia de un jurado, (…) no disminuye la importancia que tiene la
presencia del público para el correcto funcionamiento de los procedimientos
respecto del proceso penal en general”[226].
Es más, la publicidad en estos casos se justifica en que, en ocasiones, las
audiencias preliminares “proveen la única oportunidad para que el público
observe el [funcionamiento del] sistema de justicia penal”[227].
60.
Restricciones a la publicidad de los
procesos penales. La Corte Suprema de
los Estados Unidos ha advertido que “la publicidad del proceso a través de
la libertad de prensa no es un derecho absoluto sino que deberá ceder ante un
interés superior, un proceso limpio, contribuyendo en ocasiones la denegación
de publicidad a lograr el mencionado interés”[228].
Sin embargo, las medidas que impliquen la exclusión del público y de la prensa
de las audiencias penales  –preliminary, pretrial y trial– son
excepcionales y deben cumplir con tres requisitos. Primero, debe existir una probabilidad
sustancial de que la publicidad pueda afectar “principios de mayor peso”[229].
Segundo, la reserva no debe extenderse a aspectos que no sean necesarios para
proteger esos principios[230].
Tercero, no deben existir medidas alternativas –distintas a la celebración
de la audiencia “a puerta cerrada”– para proteger dichos principios[231].
Este último requisito ha sido entendido en el sentido de que “no considerar
otras alternativas a la reserva absoluta de la diligencia”[232] desconoce la protección
constitucional al derecho de ingreso a las audiencias penales.
61.
En aplicación de este estándar, la Corte
Suprema de los Estados Unidos ha declarado la inconstitucionalidad de medidas
que ordenaron la exclusión del público y de la prensa de audiencias penales
referidas a: (i) la legalización de pruebas relacionadas con la
intimidad del procesado, porque no se limitó la reserva a aquellos aspectos
estrictamente necesarios para proteger el derecho a la intimidad[233]; (ii)
la selección de los jurados de conciencia, previo al inicio del juicio, dado
que el juez no consideró la existencia de otras alternativas, como reservar “solo
las partes de las transcripciones que eran necesarias para proteger el
anonimato de los jurados”[234],
y (iii) al juicio oral adelantado por la presunta comisión de delitos
sexuales, puesto que no se demostró la necesidad de la medida[235].
62.
Canadá[236]. La Corte Suprema de Canadá ha señalado que “el
principio de publicidad es un elemento distintivo de las sociedades
democráticas y opera respecto de todos los procesos judiciales”[237].
Este principio está intrínsecamente relacionado con la protección
constitucional a la libertad de expresión. La publicidad contribuye a “garantizar
la integridad del proceso judicial, al demostrar que ‘la justicia es
administrada de forma no arbitraria y de conformidad con el estado de derecho’”[238].
De allí que “la libertad de la prensa para informar acerca de los procesos
judiciales sea un valor central [en las democracias]”[239]. Esta libertad está
relacionada con “el derecho de los ciudadanos a recibir información. La prensa
cumple un rola vital, en tanto es el conducto mediante el cual el público
recibe la información acerca del funcionamiento de las instituciones públicas.
En consecuencia, [el Estado] no puede interferir ‘a la ligera’ en el
principio de publicidad”[240].
El principio de publicidad opera, a su vez, en las etapas preliminares del
proceso penal, puesto que las finalidades de la publicidad en esa etapa “son
las mismas que se predican en el juicio”[241].
63.
Restricciones a la publicidad en los
procesos penales. La Corte Suprema de
Canadá ha sostenido que las medidas que “prohíben el ingreso del público [y
de la prensa] a las cortes y a la información sobre las cortes (…) restringen
la libertad de expresión”[242].
Esto, por cuanto esta libertad comprende “el derecho a obtener información
que promueve el debate público en relación con las cortes”[243].
Por tanto, las medidas que restrinjan la publicidad de los procesos penales
deben satisfacer el estándar del “test Dagenais/Mentuck”[244].
Este tiene por propósito “armonizar la libertad de expresión con otros
derechos y principios imperiosos, mediante la ponderación. Estos derechos y
principios son más amplios que la mera administración de justicia, e incluyen
el derecho a un juicio justo (…), así como los derechos a la privacidad
y a la seguridad”[245].
Este estándar evita que los jueces adopten una interpretación jerárquica entre
los derechos y principios constitucionales[246].
64.
En virtud del test Dagenais/Mentuck,
toda medida que implique la reserva del procedimiento penal o parte de este
debe cumplir con los siguientes dos requisitos. Primero, la medida debe ser
necesaria. Esta debe ser necesaria para “para prevenir un riesgo cierto
al derecho a un juicio justo [o a la correcta administración de justicia u
otro derecho fundamental], en tanto no existen medidas alternativas para
prevenir dicho riesgo”[247].
La necesidad exige que el juez analice: (i) la certeza del riesgo, el
cual debe estar debidamente sustentado; (ii) la finalidad de la medida,
puesto que esta no puede interpretarse de manera “tan amplia” que, en
aras de asegurar “la correcta administración de justicia”, se reserve
información de interés público; y (iii) la existencia de medidas
alternativas disponibles[248].
Segundo, la medida debe ser proporcional. La satisfacción de los
principios constitucionales que persigue la reserva deben tener mayor peso que
la posible afectación a los derechos de las partes o de la libertad de
expresión[249].
65.
España[250]. El Tribunal Constitucional español ha indicado que
la libertad de expresión guarda relación con la publicidad de las actuaciones
judiciales. Esto, por cuanto “el principio de la publicidad de los juicios
(…) implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes
en los mismos, pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede
hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social
(…). Este papel de intermediario natural desempeñado por los medios (…) se
acrecienta con respecto a acontecimientos que por su entidad pueden afectar a
todos y por ello alcanzan una especial resonancia en el cuerpo social”[251].
Asimismo, este Tribunal ha señalado que las audiencias judiciales son públicas
y, por tanto, son una fuente pública de información. Así que “forma parte
del contenido del derecho a la libertad de información que no se impida el
acceso a la mencionada fuente. Cuestión distinta es la de qué actuaciones
judiciales son públicas en este sentido y qué limites pueden imponerse a dicha
publicidad”[252].
66.
Restricciones a la publicidad en los
procesos penales. Para el Tribunal
Constitucional español, las limitaciones y excepciones al principio de
publicidad deben estar fundadas en dos elementos. Estos son: (i) la
legalidad y (ii) la proporcionalidad de la medida. Primero, la legalidad
exige que el juez lleve a cabo “una interpretación estricta” de la
disposición legal que autoriza la reserva. Esto implica que, incluso en la “fase
sumaria [del proceso penal] amparada por el secreto”, no es
suficiente “su mera alegación (…) para limitar más derechos –ni en
mayor medida de lo necesario– que los estrictamente afectados por la norma
entronizadora del secreto”[253].
Segundo, la proporcionalidad exige ponderar entre los derechos y
principios que podrían ser amenazados con la publicidad del procedimiento[254]. La
ponderación “permit[e] al órgano judicial adoptar también una medida
intermedia entre la audiencia pública y la celebración de la sesión a puerta
cerrada”[255].
Las medidas alternativas pueden incluir “la exclusión de la entrada de
determinados medios técnicos de captación o difusión de información, como
podrían ser las cámaras fotográficas, de vídeo o televisión”[256].
67.
India. La Corte Suprema de India ha resaltado que la
libertad de expresión confiere a los miembros de la prensa el derecho a
presenciar actuaciones judiciales y, en consecuencia, a publicar, de manera
veraz, la información obtenida[257].
Esto también se funda en el principio de publicidad de las actuaciones
judiciales. Sin embargo, el juez puede limitar este principio cuando ello
resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta
administración de justicia y asegurar la protección de otros principios y derechos
fundamentales. Las limitaciones pueden consistir en la reserva de todo el
procedimiento o parte de él, dependiendo de las circunstancias del caso
concreto[258].
Recientemente, esta Corte reconoció que, en virtud de la importancia que
revisten ciertos casos para la ciudadanía, la publicidad puede consistir en “la
transmisión en vivo” de determinadas audiencias de relevancia nacional,
previo permiso de la Corte Suprema y el consenso de las partes[259]. En todo caso, el juez
deberá ponderar los intereses en conflicto antes de autorizar la
transmisión en vivo[260].
68.
Reino Unido. La publicidad es un elemento definitorio de los
juicios penales en el Reino Unido. La Cámara de los Lores y la Corte Suprema
del Reino Unido han señalado que el principio de publicidad[261] autoriza la presencia
de los medios de comunicación en los juicios penales[262]. Las excepciones a este
principio deben estar previstas legalmente. Sin embargo, en virtud los derechos
reconocidos por el artículo 8 del CEDH[263],
se han ampliado las excepciones a la publicidad, las cuales deben ser evaluadas
a la luz de cuatro consideraciones: (i) no existe una prevalencia prima
facie entre los derechos previstos por el CEDH y la libertad de expresión, (ii)
el peso de cada derecho debe ser analizado en cada caso concreto, (iii)
las restricciones o afectaciones a los derechos deben estar justificadas y (iv)
el juez debe ponderar entre los derechos en conflicto[264] en cada caso concreto,
habida cuenta de que, en algunos casos, “el derecho a la vida privada y
familiar del procesado puede tener poco peso, y, en otros, el interés público
de la publicación del juicio puede ser inexistente”[265].
En aplicación de este estándar, estas Cortes han admitido las restricciones a
la publicidad de las actuaciones penales, con el fin de proteger (i) el
derecho a la intimidad y a la vida familiar[266]
del acusado y (ii) los derechos de los menores de edad[267].
69.
Sudáfrica. En relación con los juicios penales, la Corte
Constitucional sudafricana ha reconocido el “derecho a una administración de
justicia pública y abierta”[268].
Según esta Corte, la Constitución protege no solo “el derecho a ingresar a
audiencias”[269],
sino también a que las deliberaciones judiciales sean públicas[270]. No obstante, estos
derechos pueden ser limitados cuando: (i) exista una disposición legal
que limite “razonablemente” la publicidad[271] y (ii) la medida
adoptada sea proporcional en relación con la libertad de expresión y el
derecho a un juicio justo[272].
Con todo, la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Suprema han advertido
que el principio de “justicia pública y abierta” también comprende la
posibilidad de los medios de televisar y transmitir juicios penales[273].
70.
Conclusiones. La jurisprudencia comparada permite concluir lo
siguiente. La publicidad de las actuaciones judiciales penales es una garantía
de las sociedades democráticas. Esta garantiza que los ciudadanos puedan
ejercer control ciudadano respecto de la administración de justicia y promueve
el debate sobre asuntos de interés público. Asimismo, la publicidad representa
una garantía para el derecho a un juicio justo y para el ejercicio de la
libertad de expresión. Esta última libertad implica la presencia o el acceso de
los medios de comunicación a las audiencias penales –incluidas las
audiencias preliminares–, por cuanto la prensa es la encargada de informar
al público acerca de la administración de justicia. No obstante, la publicidad
de los procesos penales y, por contera, de la libertad de expresión que ejercen
los medios de comunicación puede ser limitada con el fin de proteger otros
principios y derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la
integridad y seguridad personal, a la intimidad, los derechos de los menores,
el derecho a un juicio justo, o para asegurar la correcta administración de
justicia, entre otros.
71.
Para ello, en términos generales, las
cortes de derechos humanos y de derecho comparado han sostenido que las
limitaciones al principio de publicidad de las actuaciones penales deben
analizarse a partir de los siguientes juicios, a saber: (i) legalidad, (ii)
razonabilidad, (iii) necesidad y (iv) proporcionalidad. Primero,
la legalidad de la medida implica que la reserva debe adoptarse con
fundamento en una disposición legal. Este requisito ha sido exigido, en
particular, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la
razonabilidad conlleva que la restricción a la publicidad debe perseguir un
fin constitucionalmente legítimo, que debe estar debidamente motivado en el
caso concreto. Tercero, la necesidad exige que el juez analice la
existencia de medidas alternativas a la reserva absoluta del procedimiento
penal que permitan la realización del fin constitucionalmente legítimo
perseguido y, en la medida de lo posible, el ejercicio de la libertad de
expresión. Por último, la proporcionalidad demanda examinar si el grado
de satisfacción del principio constitucional cuya protección persigue la medida
que limita la publicidad justifica el grado de afectación del principio
constitucional que se sacrifica con la misma. Estos requisitos deberán
analizarse en cada caso concreto, por cuanto, no existe una primacía absoluta
de la libertad de expresión respecto de los demás principios y derechos
constitucionales.
4.
Publicidad y reserva de las
audiencias penales preliminares
72.
La Ley 906 de 2004 regula la publicidad
en las actuaciones penales. Esta norma dispone que la publicidad es un
principio rector y una garantía procesal del Sistema Penal Acusatorio. Su
artículo 18 señala que “[l]a actuación procesal será pública. Tendrán acceso
a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad
en general”. Por tanto, la publicidad es la regla general en el desarrollo
de las audiencias preliminares y de juzgamiento. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha advertido que la Ley 906 de 2004, “por tratarse de un
sistema con tendencia acusatoria, que orienta su ejercicio en el principio
procesal de publicidad, de manera más temprana permite que las actuaciones sean
conocidas públicamente, esto es desde la audiencia de legalización de captura o
formulación de acusación”[274].
Sin embargo, el proceso penal permite “el secreto sumarial de ciertas
actuaciones judiciales”[275],
el cual “se justifica por la necesidad de imparcialidad y limpieza del
proceso”[276].
Estas finalidades adquieren especial relevancia en las etapas tempranas del
proceso penal, tales como las audiencias preliminares.
73.
No obstante, la Constitución prescribe
que el Legislador puede fijar excepciones a la publicidad de las actuaciones
judiciales. En materia penal, estas excepciones se encuentran previstas por los
artículos 18 y 149 a 152A de la Ley 906 de 2004. En virtud de estas
disposiciones, el juez de control de garantías, como “director del proceso”[277],
deberá decidir acerca de la reserva en “los casos en los cuales el juez
considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las
víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la
seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que
deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se
comprometa seriamente el éxito de la investigación”[278].
74.
La decisión de reserva deberá ser
motivada. La reserva podrá consistir en “limitar la publicidad de todos los
procedimientos o parte de ellos”[279].
Asimismo, dependiendo de la excepción legal aplicable, el juez podrá, además, (i)
“determinar la reserva de identidad de los datos personas de las víctimas (…)
y los de cualquier otra personas que esté bajo su guardia y custodia”[280], (ii)
imponer “a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen
o perciben”[281],
y (iii) prohibir que los testigos “sean fotografiados, o se capte su
imagen a través de cualquier otro medio”[282].
Estas medidas deberán adoptarse en atención al principio de necesidad, por lo
que “si desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el
juez la levantará de oficio o a petición de parte”[283].
75.
Asimismo, en relación con las audiencias
penales preliminares, la Ley 906 de 2004 prevé la reserva de algunas
actuaciones. Su artículo 155 dispone que serán reservadas “las audiencias de
control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de
comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. También las
relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección
corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en
caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente aquella en
la que decrete una medida cautelar”[284].
Respecto de las demás audiencias preliminares deberá garantizarse su publicidad
y, por consiguiente, el ingreso a “los intervinientes, los medios de
comunicación y la comunidad en general”[285].
76.
Por lo demás, aun cuando la reserva de
las audiencias penales preliminares está regulada por la Ley 906 de 2004, la
Ley de Transparencia puede ser un criterio auxiliar para resolver las
solicitudes relacionadas con el acceso a la información relativa a los juicos
penales. La Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública”, prevé que “toda la información en poder de los
sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública”[286].
Esto significa que “dichos sujetos están en el deber de proporcionar y
facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles”[287],
por lo que “[e]n la interpretación del derecho de acceso a la información se
deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad”[288].
En estos términos, corresponde a la “entidad pública”[289]
“aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la
información solicitada debe permanecer reservada o confidencial”[290].
Ello implica que el sujeto obligado debe “demostrar que la información debe
relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente”[291],
entre ellos, (i) la protección “del derecho a la intimidad (…),
el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad”[292],
o (ii) “la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, (…)
el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la
administración efectiva de la justicia, los derechos de la infancia y la
adolescencia”[293],
entre otros. En estos casos, el sujeto obligado “deberá establecer (…) si
la revelación de la información causaría un daño presente, probable y
específico que excede el interés público que representa el acceso a la
información”[294].
5.
Criterios para armonizar el
ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa con las
excepciones al principio de publicidad en materia penal
77.
Como se señaló en las secciones
anteriores, las libertades de expresión, información y prensa protegen “la
libre discusión de los asuntos públicos”, que, en el proceso penal, se
garantiza mediante la publicidad de las actuaciones judiciales. En efecto, este
principio permite que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a controlar la
actuación de los funcionarios judiciales. Sin embargo, este control “no
puede efectuarse sin la intervención de los medios”[295],
por cuanto estos “se encargan de vincular al poder judicial con el medio
social. Es la prensa, la radio y la televisión los que se han atribuido la
función de informar al público acerca de la justicia”[296].
En estos términos, las decisiones sobre la reserva de las actuaciones
judiciales no solo constituyen una excepción al principio de publicidad, sino
que también implican, por contera, una limitación al ejercicio de las referidas
libertades.
78.
Ahora bien, a pesar del rol determinante
que cumplen los medios de comunicación para la democracia, el ejercicio de su “derecho
constitucional a la libertad de información puede generar excesos que influyan
negativamente en un proceso penal en marcha”[297].
Por tanto, es necesario armonizar el ejercicio de estas libertades con el
principio de publicidad y sus excepciones en materia penal. Sin embargo, como
lo señaló esta Corte en la sentencia SU 274 de 2019, el “punto de partida
debe consistir en el mayor respeto posible de la libertad de información y la
publicidad (máxima divulgación) y, en esa medida, en la prohibición prima facie
de cualquier restricción a menos de que quien la exija presente poderosas
razones constitucionales para ello”[298].
Será el juez quien “analiza[rá] las variables que puedan presentarse
en cada caso y efectuar una ponderación en los derechos o principios que puedan
verse afectados”[299].
79.
Para la Sala Plena, la armonización del
ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa con las
restricciones a la publicidad de las actuaciones penales, incluidas las
audiencias preliminares, debe llevarse a cabo a partir de la ponderación de los
diferentes principios y derechos en conflicto. Para ello, el juez deberá
analizar que la medida que restringe la publicidad: (i) esté fundada en
una causal legal de reserva, (ii) persiga un fin constitucionalmente
imperioso y (iii) sea proporcionada. La proporcionalidad implica
estudiar, a su vez, si la medida (a) es adecuada para lograr el fin
constitucionalmente imperioso, (b) es necesaria, en tanto no existen
medidas alternativas que impongan una restricción menor al principio o derecho
constitucional que la reserva afecta y, que a su vez, garanticen el principio o
derecho que protege la reserva, y (c) es proporcionada en sentido
estricto si el grado de satisfacción del principio o derecho constitucional
cuya protección persigue la reserva justifica el grado de afectación del
principio o derecho que se afecta con la misma.
80.
En otras palabras, al adoptar las medidas
de reserva, los jueces penales de control de garantías deberán considerar los
siguientes criterios:
(i)
La medida restrictiva del
principio de publicidad deberá estar fundada en una causal legal de reserva.
Dicha causal deberá interpretarse de forma restrictiva y no podrá aplicarse por
analogía.
(ii)
La medida restrictiva del
principio de publicidad deberá perseguir un objetivo constitucionalmente
imperioso. Esto implica que la decisión debe estar justificada en la existencia
de un “riesgo de afectación cierto y actual”[300]
respecto de: (a) el derecho a un juicio justo e imparcial, a la
presunción de inocencia, a derechos de terceros, al derecho a la intimidad o a
derechos de menores de edad, o (b) los intereses de la justicia, el
orden público, la moral pública o la seguridad nacional. Esto excluye la
adopción de medidas restrictivas del principio de publicidad irrazonables o que
se basen en riesgos hipotéticos o eventuales.
(iii)      El juez deberá tener en cuenta, a su vez, el grado de
afectación a las libertades de expresión, información y prensa, y, en
particular, al derecho fundamental a obtener información sobre asuntos de
interés público. Para tal efecto, el juez deberá considerar: (a) la
calidad del sujeto indiciado, imputado o acusado, (b) la naturaleza del
delito, (c) el tipo de información que se pretende reservar y (d)
la etapa procesal. El derecho fundamental a obtener información acerca de las
actuaciones penales tendrá mayor peso en procesos adelantados en contra de
funcionarios y personajes públicos, así como en aquellos relacionados con
asuntos de interés general (v. gr. delitos en contra de la
administración pública), en especial, cuando la información que se debate en el
proceso incide en el ejercicio del control político o social por parte de los
ciudadanos. Asimismo, las libertades de expresión, información y prensa tendrán
mayor peso “a medida que avanza el trámite procesal”, hasta concluir con
la publicación de la decisión.
(iv)       El juez deberá analizar la existencia de medidas
alternativas que permitan conjurar el “riesgo de afectación cierto y actual”
que justifica la medida restrictiva del principio de publicidad y que resulten
menos lesivas respecto de las libertades de expresión, información y prensa.
Con este fin, el juez podrá tener en cuenta: (a) las medidas previstas
por los artículos 149 a 152A de la Ley 906 de 2004; (b) la posibilidad
de desconcentrar algunas audiencias, sin afectar el cumplimiento de los
términos previstos por la Ley 906 de 2004; (c) el acceso, total o
parcial, a las grabaciones de las audiencias preliminares, salvo que su reserva
sea estrictamente necesaria; (d) la publicación de comunicados de
prensa, que contengan información completa y suficiente acerca de las
decisiones adoptadas en las audiencias, por ejemplo, respecto de hechos,
consideraciones y órdenes, entre otros; (e) la celebración de ruedas de
prensa en las cuales el juez informe acerca de las actuaciones adelantadas, y,
por último, (f) la restricción de ingreso de medios de captación de
imágenes, tales como cámaras fotográficas o dispositivos audiovisuales, entre
otros. Será el juez, en cada caso concreto, quien determinará la necesidad de
la medida restrictiva del principio de publicidad.
(v)
La solicitud de medidas
restrictivas de la publicidad solo podrá ser presentada por las partes e
intervinientes en el proceso penal. Esta solicitud deberá dar cuenta de (a)
el riesgo de afectación cierto y actual de los principios constitucionales cuya
protección se pretenda con la restricción a la publicidad, (b) la
idoneidad de la medida restrictiva para lograr los objetivos imperiosos que
persigue y, por último, (c) la inexistencia de medidas alternativas
menos lesivas del principio de publicidad y de las libertades de expresión,
información y prensa.
81.
Estos criterios instituyen “pautas”[301]
para adoptar las decisiones de reserva, que no “reglas definitivas ni
absolutas”[302].
Los criterios deberán ser analizados en cada caso concreto por el juez
competente. Por tanto, los mismos no anulan la autonomía y la independencia de
los jueces penales de control de garantías para adoptar una decisión de reserva
de cualquier tipo (total o parcial). Estos criterios tienen por finalidad que
las decisiones de reserva sean legales, razonables y proporcionadas, para lo
cual el juez deberá analizar y ponderar los principios y derechos
constitucionales que pueden verse amenazados con la publicidad o la reserva de
la actuación penal. Esto significa que no es suficiente que las decisiones de
reserva se funden únicamente en alegar una disposición legal, sin considerar la
protección constitucional de otros derechos, tales como las libertades de
expresión, información y prensa; o, en el caso de ordenar la publicidad, los
derechos a un juicio justo e imparcial, la presunción de inocencia, derechos de
terceros y de menores de edad, o los intereses de la justicia, entre otros. Será
el juez quien deberá determinar la medida idónea, necesaria y proporcionada que
permita armonizar los principios y derechos constitucionales en colisión, lo
cual puede significar la adopción de una medida de reserva absoluta o una medida
alternativa o de reserva parcial, en atención a las particularidades de cada
caso. Por lo demás, estos criterios se ajustan al estándar internacional que
han adoptado los tribunales de derechos humanos y otras cortes de derecho
comparado.
82.
Por su parte, los medios de comunicación
deberán ejercer sus libertades de expresión, información y prensa conforme a
los límites constitucionales y legales que derivan de su responsabilidad social,
así como garantizar la veracidad e imparcialidad de la información. Esto
implica que el cubrimiento periodístico de las audiencias no podrá afectar el
derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a derechos de
terceros, al derecho a la intimidad o a derechos de menores de edad, o los
intereses de la justicia, el orden público, la moral pública o la seguridad
nacional. Asimismo, de conformidad con la Sentencia SU 274 de 2019, los medios
de comunicación deberán evitar “realizar juicios valorativos sobre la
actuación procesal -juicio paralelo-, lo cual puede influir en la resolución
del proceso y en la imparcialidad de los jueces”[303].
6.
Caso concreto
83.
Como se señaló en el párr. 22, la
Corte advierte que la solicitud de tutela sub examine cuestiona el auto
de 31 de enero de 2019, por medio del cual la Juez 22 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bogotá declaró la reserva de las
audiencias preliminares adelantadas en contra del exdirector de la cárcel La
Modelo de Bogotá. A juicio de los accionantes, dicha providencia judicial
vulneró sus libertades de expresión, información y prensa, por cuanto implicó
que se les prohibiera el ingreso a las audiencias preliminares y no les fuera
permitido el acceso a las grabaciones de las mismas.
84.
Dada la naturaleza de la decisión sub
examine, la Corte seguirá la metodología de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales. Por lo anterior, analizará si, en el caso concreto,
se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva.
Luego, verificará si la solicitud de tutela (i) satisface los requisitos
generales de procedibilidad y (ii) acredita la configuración de al menos
un defecto específico. En tal caso, habrá lugar al amparo de los derechos
fundamentales cuya protección pretenden los accionantes.
85.
La tutela sub examine cumple con los
requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva. De un lado, los seis accionantes acreditaron que
ejercen la profesión de periodistas para los medios de comunicación Caracol
Radio, CMI, El Home, Red Noticias, RCN Noticias y Caracol Televisión, y  que
cubren “las audiencias del complejo judicial de Paloquemao (…) con el fin de
[transmitir] la noticia e informar a la ciudadanía”[304]. Por tanto, son
periodistas titulares de las libertades de expresión, información y prensa, las
cuales fueron presuntamente vulneradas por la decisión de reserva sub
examine. En efecto, dicha providencia implicó que a los accionantes no les
fuera permitido el ingreso a las audiencias preliminares ni el acceso a las
grabaciones de las mismas, lo que, a su vez, ha impedido que puedan informar
acerca de la referida actuación judicial. De otro lado, la Juez es la presunta
responsable de la vulneración de la libertad de expresión alegada por los
accionantes. Esto es así, por cuanto, el 31 de enero de 2019, dicha autoridad profirió
la providencia judicial que declaró la reserva de las audiencias preliminares
en el marco del proceso penal adelantado en contra del exdirector de la cárcel
La Modelo de Bogotá, entre otros. En tales términos, esta autoridad está
legitimada en la causa por pasiva, dado que presuntamente vulneró los derechos fundamentales
cuya protección se solicita mediante la acción de tutela sub examine.
86.
La tutela sub examine cumple con los
requisitos de procedibilidad de acción de tutela en contra de providencias
judiciales. Primero, el asunto tiene
relevancia constitucional, en tanto versa sobre la presunta vulneración de
las libertades de expresión, información y prensa de los periodistas
accionantes, a quienes les fue prohibido el ingreso a las audiencias
preliminares y no les fue permitido acceder a las grabaciones de las mismas. En
tales términos, no se trata de un asunto de mera legalidad, sino de naturaleza
constitucional. En efecto, este caso plantea la necesidad de definir el alcance
de la protección a la libertad de expresión (art. 20 de la CP) en relación con el
principio de publicidad de las audiencias preliminares (art. 228 de la CP) y la
declaratoria de reserva de las mismas (arts. 18 y 149 a 152A de la Ley 906 de
2004). Segundo, la solicitud de tutela satisface el requisito de subsidiariedad,
en tanto los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para solicitar la protección de sus libertades de expresión, información
y prensa. Esto, por cuanto (i) en contra de la providencia judicial que
declara la reserva de la actuación penal no “procede recurso alguno” y,
si existiera dicho recurso, (ii) los accionantes no tienen la condición
de “parte” en el proceso, por lo que no estarían legitimados para
interponerlo. Tercero, la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez,
dado que fue interpuesta en un término razonable y proporcional. En efecto, la
providencia judicial que declaró la reserva de las audiencias preliminares fue proferida
el 31 de enero de 2019, y los accionantes interpusieron la solicitud de tutela
catorce días después, esto es, el 14 de febrero de 2019. Cuarto, la
irregularidad alegada en la acción de tutela surtió un efecto decisivo en la
providencia que se impugna[305].
Esto, por cuanto las irregularidades alegadas, de resultar acreditadas, surten
efectos determinantes en la decisión de declarar reservadas las audiencias
preliminares, que, a su vez, “comporta una grave lesión de los derechos
fundamentales”[306]
cuya protección se pretende. Quinto, la solicitud de tutela contiene una identificación
razonable de los hechos. Por último, la solicitud no fue interpuesta en
contra de un fallo de tutela, sino en contra de un auto proferido por una
juez penal de control de garantías, en el marco de las audiencias preliminares
adelantadas en un proceso penal.
87.
Habida cuenta de que en el presente
asunto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, la Corte
analizará si la decisión judicial cuestionada incurrió en los defectos
específicos alegados por los accionantes.
88.
Indebida motivación de la decisión
judicial. La Corte ha reiterado que
el deber de justificar las decisiones judiciales “garantiza la transparencia
de las providencias y previene la arbitrariedad del juez”[307], en la medida en que
permite que las partes conozcan los fundamentos de las decisiones y que las
puedan controvertir[308].
La indebida motivación se configura siempre que la decisión judicial
cuestionada “carezca de legitimación o respaldo en el ordenamiento jurídico,
debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, exigencia que busca evitar
una posible arbitrariedad en la administración de justicia”[309].
Ahora bien, la Corte ha advertido que “en virtud del principio de autonomía
del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar
que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa,
abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela
intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado”[310]. Esto
significa que el defecto por indebida motivación no implica el análisis de “controversias
interpretativas”[311],
sino que está referido a estudiar si “la providencia [es] un mero
acto de voluntad del juez, es decir, (…) una arbitrariedad”[312].
Estas particularidades justifican que la jurisprudencia constitucional considere
que este defecto es “una causal independiente de procedibilidad de la tutela
contra sentencias, tras [haber sido] valorada, en varias ocasiones, como
una hipótesis de defecto sustantivo o material”[313].
En tales términos, el defecto específico relativo a la indebida motivación de
la decisión judicial exige demostrar que la argumentación en la que el
funcionario judicial fundamentó su decisión es, de manera manifiesta,
defectuosa o insuficiente, o que simplemente la providencia carece por completo
de motivación.
89.
La Juez no incurrió en la presunta
indebida motivación alegada por los accionantes. La Corte constata que, en la audiencia de 31 de enero
de 2019, la Fiscal motivó la solicitud de reserva de las audiencias
preliminares. Para tal efecto, argumentó que, dada la naturaleza de ese proceso
penal, así como la situación de las víctimas, de los procesados y de los
testigos, la reserva resultaba necesaria para conjurar “el riesgo para las
víctimas” y para “garantizar (…) el éxito de la investigación”.
Sobre esto último, advirtió que “la Fiscalía requiere esa protección no
solamente para la investigación, sino para las víctimas y para los testigos que
tiene en este momento, [dado que esta información], de pronto, se
[va] a ventilar en el transcurso de esta audiencia”[314]. Del mismo modo, la
Juez también motivó la decisión de reserva. Tras citar el artículo 18 de la Ley
906 de 2004, consideró que la reserva resultaba procedente, por cuanto, en el
caso concreto, “se puede estar afectando terceros o testigos (…) [y,
a su vez,] se puede estar afectando el curso de la investigación”. Por
tanto, no se configuró el defecto por indebida motivación, por cuanto la
decisión sub examine no es manifiestamente “defectuosa o insuficiente”.
La providencia judicial cuestionada da cuenta “de los fundamentos fácticos y
jurídicos que la soportan”[315],
a saber, la configuración de una de las causales de reserva que, conforme a la
normativa penal, permiten aplicar las excepciones al principio de publicidad.
90.
Desconocimiento del precedente. La Corte ha resaltado que “el desconocimiento del
precedente, sin una debida justificación, hace procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el
derecho a la igualdad”[316].
El desconocimiento de precedente se configura siempre que “un juez desconoce
una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada
situación”[317].
Cuando una autoridad judicial considere pertinente apartarse del precedente, “tiene
la obligación de motivar claramente su decisión, exponiendo las razones que
justifican su postura”[318].
Esto implica que el juez debe satisfacer las cargas de (i) transparencia,
esto es, hacer “referencia al reconocimiento expreso del precedente que se
busca modificar o desconocer”[319]
y (ii) suficiencia, es decir, exponer “de manera suficiente y
razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse”[320] del
precedente. Si se aparta del precedente sin cumplir con las referidas cargas,
el juez incurre en “la causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales relacionada con el desconocimiento del
precedente judicial”[321].
91.
La Juez no incurrió en el presunto
desconocimiento de precedente alegado por los accionantes. En el escrito de tutela, ellos se limitaron a señalar
que la Juez no “determinó cuáles eran los precedentes aplicables al caso, no
solo en tema de publicidad de los procedimientos judiciales, sino en relación
con la ponderación como manera de dirimir los conflictos entre derechos
fundamentales”. Sin embargo, ni en la solicitud de tutela ni en ninguna
otra actuación judicial se indicó cuál precedente judicial fue desconocido con
la decisión de reserva de las audiencias preliminares. Es más, los accionantes
no identificaron la subregla presuntamente inaplicada por la decisión
cuestionada ni las providencias judiciales desconocidas por la autoridad
judicial demandada. Por tanto, tampoco explicaron en qué términos dicha
autoridad desconoció la jurisprudencia al decretar la reserva de las audiencias
preliminares. Así, el cuestionamiento relativo al supuesto desconocimiento del
precedente es por completo indeterminado e incierto. En estos términos, la
Corte concluye que, en el asunto sub examine, no está acreditado,
siquiera de manera sumaria, que se configuró el presunto desconocimiento de
precedente en la decisión cuestionada.
92.
Defecto sustantivo. La Corte ha reiterado que el principio constitucional
de independencia judicial implica la autonomía interpretativa del juez. A la
luz de esta última, el juez es autónomo para interpretar y aplicar las normas
jurídicas. Sin embargo, este principio no es absoluto[322]; dicha autonomía
interpretativa debe ejercerse de manera compatible con la Constitución y con la
Ley. Por el contrario, cuando se ejerce de manera evidentemente incompatible
con la Constitución o la Ley se configura el defecto sustantivo[323]. En
particular, este defecto se presenta siempre que: (i) el fundamento de
la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por
impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le
reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador[324]; (ii) el juez
interpreta de manera manifiestamente irrazonable la norma[325]; (iii) el juez
se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga
omnes[326];
(iv) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución[327]; (v)
“el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición”[328];
(vi) “la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso”[329] y,
por último, (vii) se afectan derechos fundamentales, debido a que el
operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación[330].
93.
La Corte ha señalado que se configura
defecto sustantivo por “interpretación asistemática del ordenamiento
jurídico”[331],
cuando el juez emplea “una hermenéutica no sistémica de la norma, con
omisión del análisis de otras disposiciones”. Este defecto se presenta
siempre que se profiere una decisión sin interpretar, de manera sistemática,
otras disposiciones de carácter legal o cuando se “desconoce el lugar
sistemático que [la Constitución Política] ocupa dentro del ordenamiento
jurídico”[332].
En otros términos, este defecto se configura cuando la providencia cuestionada
se basa en una interpretación asistemática de una disposición, a pesar de que
la aplicación de la misma “requiere una interpretación sistemática
con otras normas, las cuales resultan necesarias (…) y son determinantes
en la resolución del caso concreto”[333].
La Corte ha concluido que este defecto se acredita cuando, por ejemplo, al
aplicar una determinada disposición legal, el funcionario judicial (i) “no
tuvo en cuenta que el caso implicaba considerar la tensión” entre derechos
fundamentales[334],
(ii) decidió en “abierto desconocimiento” de los mandatos constitucionales[335] y (iii)
desconoció el marco jurídico constitucional compuesto, por ejemplo, por normas
que integran actos legislativos y sentencias de constitucionalidad y de
unificación dictadas por la Corte Constitucional[336]. Por tanto, a
diferencia del defecto por indebida motivación, este defecto implica valorar la
interpretación y aplicación de una norma en un caso concreto, que no un
análisis de manifiesta arbitrariedad. De allí que, en el marco de este defecto,
la Corte pueda estudiar aquellas decisiones que “confier[en] a la
disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta
formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados”[337]
respecto de los principios y derechos fundamentales.
94.
Defecto sustantivo por “interpretación
asistemática del ordenamiento jurídico” alegado en el asunto sub examine. Los accionantes señalaron que la interpretación
aislada y no sistemática del artículo 18 de la Ley 906 de 2004 impidió que la
Juez “ponderara todos los derechos en pugna”, apreciara de fondo “la
necesidad de limitar la publicidad (…) y privara a los periodistas de
[la posibilidad] de acudir a las audiencias”. Por tanto, en su criterio,
dicha interpretación impidió que la Juez “amparara los derechos a la
expresión e información, al permitir que los periodistas puedan conocer las
actuaciones por vía de las grabaciones, transcritos (sic) y demás registros
que se hayan generado, para consecuentemente informar al público en general, en
el ejercicio natural de su labor periodística”. En tales términos, a juicio
de los accionantes, al declarar la reserva de las audiencias preliminares, la
juez “no tuvo en cuenta que el caso implicaba considerar la tensión” con
las libertades de expresión, información y prensa y, por tanto, decidió en “abierto
desconocimiento” de las mismas.
95.
La Juez incurrió en el defecto
sustantivo por “interpretación asistemática”, al decretar la reserva en el
asunto sub examine. La Corte constata
que, tras referirse al artículo 18 de la Ley 906 de 2004, la Juez consideró
que, habida cuenta de las particularidades del caso concreto, “se puede
estar afectando terceros o testigos (…) [y, a su vez,] se puede
estar afectando el curso de la investigación”. En estos términos, la Juez
fundó su decisión de declarar la reserva de dicha audiencia únicamente en lo
dispuesto por el mencionado artículo y no interpretó esta disposición de manera
sistemática con las otras normas aplicables en materia de reserva, en
particular, con el marco normativo constitucional relativo a las libertades de
expresión, información y prensa (art. 20 de la CP). Es decir, la decisión de
declarar la reserva de las audiencias preliminares se fundó en “en una
hermenéutica no sistémica” de las causales de reserva previstas por el
artículo 18 de la Ley 906 de 2004 y, por tanto, la Juez omitió “el análisis
de otras normas que regulan el caso”, en particular, de las referidas libertades.
96.
Como se señaló en los párr. 40 y
41, el principio de publicidad de las actuaciones penales guarda estrecha
relación con las libertades de expresión, prensa e información. Estas
libertades protegen “la libre discusión de los asuntos públicos”, que,
en el proceso penal, se garantiza mediante la publicidad de las actuaciones
judiciales. Por esta vía, además, se protege el derecho de los ciudadanos a
ejercer control sobre las actuaciones judiciales y se “promueve la
imparcialidad, accesibilidad y efectividad” de las mismas. Así las cosas,
la decisión de declarar reservadas las audiencias preliminares no solo implica
una excepción al principio de publicidad en el marco del proceso penal, sino
que, por contera, compromete el ejercicio de las libertades de expresión,
información y prensa. Por esta razón, al decidir sobre la reserva de tales
audiencias, corresponde al juez de control de garantías interpretar las
disposiciones de la Ley 906 de 2004 y, en particular, las específicas causales
que dan lugar a la reserva de las audiencias previstas por los artículos 18 y
149 a 152A ibidem, de manera sistemática con el marco constitucional
relativo a las libertades de expresión, información y prensa (art. 20 de la
CP). Esto le era especialmente exigible a la Juez, habida cuenta de que, en el
caso concreto, el ejercicio de estas libertades guardaba una clara conexión con
el principio democrático, porque se trataba de un proceso penal adelantado en
contra de un funcionario público por presuntos hechos de corrupción.
97.
El marco constitucional de las libertades
de expresión, información y prensa, implica, como se señaló en el párr. 35,
el reconocimiento de la “presunción constitucional a favor de la libertad de
expresión”. A la luz de esta presunción, (i) tales libertades son
objeto de protección, “salvo que se demuestre en cada caso concreto y de
forma convincente que, por sus características, se justifica la limitación de
tal expresión”[338]
y (ii) “cualquier limitación estatal de cualquier autoridad pública
(…) [respecto de estas libertades] se ha de entender como una
intervención constitucionalmente sospechosa”[339]. Dicha protección
resulta de mayor intensidad en aquellos casos en que la libertad de expresión
se ejerce por medios masivos de comunicación, habida cuenta de su importante
rol en el funcionamiento de la democracia[340].
A su vez, a la luz del referido marco normativo, las medidas que limiten el
ejercicio de las referidas libertades –como es el caso de la declaratoria de
reserva de las audiencias preliminares– deben ser analizadas a partir de un
juicio de ponderación, en atención a los criterios fijados por la Sala Plena.
98.
Dado lo anterior, la Sala Plena analizará
la constitucionalidad de la decisión de reserva de las audiencias preliminares sub
examine a la luz de los criterios fijados en la parte motiva de esta
sentencia. Esto, para determinar si, en el caso concreto, dicha decisión
implicó la vulneración de las libertades de expresión, información y prensa de
los periodistas accionantes. Así las cosas, la Sala Plena determinará si la
decisión de reserva (i) se funda en una disposición legal, (ii)
persigue objetivos constitucionalmente imperiosos y (iii) es proporcional,
lo que implica analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto de la reserva adoptada en el caso concreto.
99.
Primero, la decisión de reserva se
fundó en la aplicación de una disposición legal. La Juez declaró la reserva de las audiencias
preliminares de conformidad con lo previsto por el artículo 18 de la Ley 906 de
2004. En efecto, tras citar esta disposición, la Juez consideró que, dadas las
circunstancias del caso concreto, la decisión de reserva se fundaba en que la
publicidad de las audiencias preliminares “ponía en peligro a las
víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes”, del mismo
modo que “comprometía seriamente el éxito de la investigación”.
En este orden de ideas, la funcionaria judicial justificó dicha decisión de
manera explícita en las excepciones al principio de publicidad previstas por la
referida disposición legal.
100.
Segundo, la decisión de reserva
persiguió objetivos constitucionalmente imperiosos. Esta decisión tenía por objeto, de un lado, proteger
los derechos a la vida e integridad personal de los testigos del proceso penal
y, del otro, garantizar la efectiva administración de justicia por medio del
buen curso de la investigación penal. Estos objetivos, además de legítimos,
resultan imperiosos en el contexto del proceso penal referido. Esto, por cuanto
la investigación penal versaba sobre presuntos delitos relacionados con la
administración de la cárcel La Modelo de Bogotá y los testigos de la Fiscalía
eran precisamente reclusos del mismo centro carcelario. Es más, algunos de
tales testigos, según manifestó la Fiscal expresamente, “recibieron amenazas
a tal punto que no quisieron declarar” y señalaron que “serían objeto de
atentados y represalias por parte del personal del Inpec”. En estos
términos, para la Corte es claro que la decisión de declarar reservadas las
audiencias preliminares persiguió objetivos que, en el caso concreto de la
referida investigación, resultaban necesarios e ineludibles, habida cuenta de
los riesgos que la publicidad de tal audiencia podría implicar para la vida e
integridad de los testigos y para el buen curso de la investigación.
101.
La decisión de reserva no fue
proporcional, por cuanto esta medida no era necesaria. El examen de proporcionalidad exige analizar la
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida
restrictiva de las libertades de expresión, información y prensa, según lo
referido en los párr. 79 y 80. Primero, la decisión de declarar
reservadas las audiencias preliminares en el asunto sub examine fue
idónea para alcanzar los objetivos relativos a la protección de las víctimas y testigos,
así como la garantía de la efectiva administración de justicia. Esto, porque la
reserva de las audiencias preliminares es una medida apropiada para resguardar
la identidad de los testigos y evitar que el público en general los identifique
e individualice y, con esto, que pudieran resultar afectados su vida e
integridad, así como el desarrollo de la investigación penal.
102.
Segundo, a pesar de lo anterior, la
medida referida no es necesaria. Esto, por cuanto la Juez adoptó la medida más
restrictiva de las libertades de expresión, prensa e información, sin siquiera
considerar otras alternativas disponibles que permitieran garantizar los
referidos objetivos. Con la decisión sub examine, la Juez prohibió el
ingreso del público y, en particular, de los periodistas accionantes, a las
audiencias preliminares, así como su acceso a la totalidad de las grabaciones
de las mismas. Esta es, sin duda, la medida más restrictiva en relación con el
ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa, en el marco del
proceso penal y, en particular, de las referidas audiencias preliminares. Al
adoptar esta decisión, correspondía a la Juez analizar si existían, conforme a
las posibilidades institucionales y a las características del caso concreto,
otras alternativas para proteger la identidad de los testigos y de las
víctimas, así como para asegurar la efectiva administración de justicia por
medio del buen curso de la investigación penal. Al adoptar esta decisión, la
Juez debía analizar si otras medidas permitían alcanzar los objetivos
señalados, sin anular el ejercicio de las referidas libertades en relación con
el proceso penal en curso. A título ilustrativo, la Juez debió estudiar la
existencia de otras medidas distintas a la reserva absoluta de las audiencias
preliminares, tales como las siguientes: (i) la desconcentración de las
audiencias preliminares, por cuanto, como lo ha señalado la Sala de Casación
Penal, a pesar de que estas audiencias “suelen hacerse de manera conjunta y
sucesiva, (…) son diligencias de naturaleza y con objeto completamente
diferentes”[341];
(ii) la reserva de solo una o algunas actuaciones propias de tales
audiencias (ver párr. 74), (iii) la entrega de audios con
posterioridad a la audiencia en los que se omita la información que permitiera
identificar a víctimas y testigos, (iv) la publicación de comunicados de
prensa con información completa y suficiente sobre el desarrollo de la
audiencia y la decisiones adoptadas, entre otras (ver párr. 79 y ss.).
103.
No obstante, en la audiencia pública
llevada a cabo en sede de revisión, la Corte constató que los intervinientes y
la Juez advirtieron que el análisis de necesidad fue por completo omitido al
adoptar la decisión de reserva. Este análisis era exigible a la juez accionada,
por la especial importancia y connotación nacional del proceso que se
adelantaba. En efecto, las audiencias preliminares se adelantaron (i) en
contra de un funcionario público, (ii) que desempañaba el cargo de
director en la cárcel La Modelo, (ii) por la presunta comisión de
delitos en contra de la administración pública, tales como, concusión,
concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, por las “presuntas
prebendas entregadas al director (…) con el fin de beneficiar a reclusos”.
Así, existía un interés general en conocer acerca de las audiencias
preliminares, con el fin de garantizar el ejercicio del control político o
social por parte de los ciudadanos, no solo respecto del funcionamiento de la
administración de justicia, sino también en relación con la conducta de los
funcionarios involucrados en dicho caso de corrupción. En otras palabras, la
publicidad de estas audiencias garantizaba “el derecho de toda la sociedad a
recibir información de elevado interés público, más cuando se tratan de hechos
conectados con posibles situaciones de corrupción, rendición de cuentas,
transparencia en el ejercicio de la función, pública, el control social, entre
otros”[342].
Por tanto, correspondía a la Juez analizar la existencia de medidas
alternativas, que permitieran dar a conocer información completa y suficiente
sobre el desarrollo de dichas audiencias, y sin afectar el curso del proceso,
de la investigación o los derechos de las víctimas y testigos.
104.
En atención a lo anterior, la Corte
considera que, en el caso concreto, la Juez incurrió en defecto sustantivo por
“interpretación asistemática” de las causales previstas por el artículo
18 de la Ley 906 de 2004. Al aplicar dicho artículo y declarar reservadas las
audiencias preliminares, la Juez desconoció el marco normativo constitucional
de las libertades de expresión, información y prensa. Esto, por cuanto, si bien
su decisión estuvo fundada en una causal legal de reserva y tuvo por objeto la
consecución de un fin constitucionalmente imperioso, esta no fue proporcionada.
La Corte advierte que, en particular, el análisis de necesidad de la reserva de
las referidas audiencias fue por completo omitido por la Juez, a pesar de que
este resulta imprescindible al adoptar este tipo de medida, de conformidad con
los criterios fijados por esta Corte en la parte motiva de esta sentencia. Este
defecto implicó la vulneración de las libertades de expresión, información y
prensa de los accionantes. Esto, por cuanto la prohibición de ingreso a las
audiencias y de acceso a las grabaciones de las mismas constituyó, en el caso
concreto, una limitación innecesaria y, por tanto, desproporcionada del derecho
a recibir y publicar información sobre un proceso de interés público, necesario
para garantizar el control ciudadano sobre el funcionamiento de sus instituciones
y funcionarios.
105.
Al respecto, la Corte reitera que, si
bien la declaratoria de reserva de las audiencias preliminares es, conforme la
Ley 906 de 2004, una decisión discrecional, esta no puede ejercerse de manera
arbitraria. Esto es así, habida cuenta de que (i) las actuaciones
judiciales en materia penal se rigen por el principio de publicidad, (ii)
la reserva de tales actuaciones es de naturaleza excepcional, (iii) por
tal razón, esta última decisión únicamente procede en las específicas causales
previstas por los artículos 18 y 149 a 152A de la Ley 906 de 2004, y, en todo
caso, (iv) habida cuenta de que la decisión de reserva implica una
restricción frente a las libertades de expresión, información y prensa, el juez
deberá tener en cuenta el marco constitucional de dichas libertades y, en
concreto, aplicar los criterios fijados en la parte motiva de esta decisión.
Por el contrario, adoptar la decisión de reserva de las audiencias preliminares
sin tener en cuenta lo anterior da lugar a la configuración del presunto
defecto sustantivo por “interpretación asistemática”, como ocurrió con
la decisión sub examine.
106.
Ahora bien, respecto del acceso a las
grabaciones de las audiencias preliminares, la Sala Plena considera que los
accionantes deben elevar la solicitud para acceder a dichas grabaciones ante el
juez de conocimiento en el proceso penal referido. Esto, por tres razones.
Primero, la Juez accionada perdió competencia para pronunciarse acerca de las
decisiones adoptadas durante las audiencias preliminares del proceso –lo que
incluye la decisión de reservar las grabaciones– cuando concluyeron dichas
audiencias. Por tanto, la Juez no es competente para levantar la reserva
ordenada en este asunto. Segundo, ordenar a la Juez que decida sobre la reserva
de las grabaciones implicaría un trámite adicional en el proceso penal, por
cuanto sería necesario que esta solicitara la devolución del expediente, para
resolver acerca de la reserva. Tercero, es el juez de conocimiento quien tiene
la competencia para pronunciarse sobre la reserva del proceso penal, y, en este
sentido, determinar qué información puede entregarse a los medios de
comunicación. En efecto, dado que la información versa sobre actuaciones
adelantadas en un proceso penal en curso, es el juez que actualmente conoce del
mismo quien tiene la competencia para decidir acerca de la entrega de dichos
documentos. En tales términos, es el juez de conocimiento quien puede
determinar (a) si desaparecieron las causas que dieron lugar a esa
restricción, según lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley 906 de 2004[343], así
como (b) la incidencia que la entrega de dicha información –de forma
total o parcial– podría tener en las futuras actuaciones del proceso penal.
Esto no implica, bajo ningún supuesto, que el juez de conocimiento revise la
decisión de reserva adoptada por la Juez en este caso.
107.
Órdenes a impartir. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional confirmará parcialmente las decisiones de instancia, que
declararon carencia actual de objeto en este asunto. Asimismo, declarará que la
decisión adoptada el 31 de enero de 2019 por la Juez accionada vulneró las
libertades de expresión, información y prensa de los accionantes, por cuanto no
consideró medida alternativa alguna para garantizar el ejercicio de estas
libertades. Sin embargo, habida cuenta de que en este caso se configura
carencia actual de objeto, la Sala no proferirá órdenes de protección. Esta
decisión constituye, por sí misma, una forma de reparación. Finalmente, la Sala
Plena advertirá que las decisiones de reserva que se adopten en las audiencias
preliminares de los procesos penales deben fundarse en una interpretación
sistemática de las causales de reserva a la luz de las disposiciones
constitucionales, de conformidad con los criterios fijados en la parte motiva
de esta providencia (ver párr. 79 y ss.).
108.       Por lo demás, la Sala Plena ordenará levantar la suspensión
de términos procesales adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en
este asunto[344]. De conformidad con el Auto
121 de 16 de abril de 2020, la Sala Plena tiene competencia para “levantar
la suspensión de términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su
consideración”, siempre que se configure alguno de los siguientes
criterios: “(i) la urgencia en adoptar una decisión de fondo o una medida
provisional dirigida a la protección de los derechos fundamentales; (ii) la
importancia nacional que revista el caso; y (iii) la posibilidad material de
que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible con las
condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio, sin que ello
implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las
autoridades concernidas”[345]. La Sala constata el tercero de tales
criterios en el caso sub examine. Esto, por cuanto la presente decisión
no implica la imposición de cargas desproporcionadas a las partes ni a las
autoridades accionadas. En efecto, en el presente asunto, se configura carencia
actual de objeto, por lo que la Corte no preferirá órdenes adicionales que
impliquen el desconocimiento de las normas que regulan el aislamiento
preventivo obligatorio, ni las condiciones en las que las autoridades
judiciales están administrando justica, de conformidad con los acuerdos
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, la Sala
levantará la suspensión de términos en el asunto sub examine.
IV.
DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR
la suspensión de los términos procesales, ordenada por el Consejo Superior de la
Judicatura, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión de 30 de abril de 2019, proferida por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión de 27 de
febrero de 2019, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que
declararon carencia actual de objeto en el caso concreto.
Tercero.- DECLARAR
que la decisión de reserva adoptada el 31 de enero de 2019 por la Juez 22 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá vulneró las libertades
de expresión, información y prensa de los accionantes, por cuanto no consideró
ni adoptó medida alternativa alguna para garantizar el ejercicio de estas
libertades. Sin embargo, no se expedirán órdenes de protección por configurarse
carencia actual de objeto por daño consumado. Esta sentencia constituye, por sí
misma, una forma de reparación.
Cuarto.- ADVERTIR
que las decisiones de reserva que se adopten en las audiencias preliminares de
los procesos penales deben fundarse en una interpretación sistemática de las
causales de reserva a la luz de las disposiciones constitucionales, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia, al decidir sobre la reserva de las audiencias preliminares, los
jueces de control de garantías deberán ponderar entre, por una parte, las
libertades de expresión, información y prensa, y, por otra, los principios
constitucionales que la declaratoria de reserva garantiza, en particular, los
derechos de las partes, intervinientes, víctimas, testigos y menores de edad,
así como los intereses de la justicia, la integridad del proceso penal, el
orden público, la moral pública y la seguridad nacional. Al llevar a cabo esta
ponderación, el juez debe sujetarse a los criterios expuestos en esta
providencia y considerar la adopción de medidas alternativas idóneas para
satisfacer las libertades de expresión, información y prensa
Quinto.- LIBRAR, por
Secretaría General, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO
I
Intervenciones
de los periodistas, jueces penales con función de control de garantías,
abogados penalistas y la Fiscalía General de la Nación
Intervenciones presentadas por periodistas
No.
Nombre
Contenido de la intervención
1
Elizabeth Díaz Sepúlveda
Señaló que ha presenciado casos en los cuales los
jueces o fiscales adelantan la audiencia de forma privada, dado que se
involucra como víctimas a menores de edad. También relató que, en ocasiones "simplemente
disponen que no se deje entrar, sin más información. Solo cierran la
puerta".
2
Norbey Quevedo Hernández
Señaló que, en los siguientes dos casos, se
restringió el acceso de la prensa a audiencias penales preliminares: (i)
audiencia adelantada contra Cesar Augusto Ceballos y (ii) audiencia
adelantada "contra miembros de la Policía Nacional", por
actos de corrupción. Indicó que "son frecuentes las restricciones que
imponen los jueces en cuanto a las grabaciones de audio y video, así como la
toma de fotografías de los intervinientes en las audiencias, al igual que el
uso del teléfono móvil celular como instrumento de trabajo". En los
casos reseñados "no se informaron las razones por las cuales se
impidió el ingreso". Además, la decisión "se efectuó
verbalmente y a través de un agente de policía, bajo el escueto argumento que
están cobijadas bajo la reserva".
3
Andrea Sarria
Indicó que en las zonas donde ejerce como periodista
judicial de Cali y del Valle del Cauca "también hay problemas para
que la prensa pueda hacer su trabajo". Señaló que muchos de los
procesos objeto de reserva refieren a temas como "bandas criminales,
narcotráfico, corrupción, casos políticos, funcionarios públicos".
Expuso que, en múltiples ocasiones, cuando "la prensa quiere darle
seguimiento" a los "procesos de judicialización" ha
sido "imposible ingresar a las audiencias". Incluso, en
ocasiones, se les ha prohibido el ingreso al Palacio de Justicia. También
señaló que no les han permitido acceder a "los videos de las
audiencias" y que, en los casos que logran ingresar, es "porque
el mismo implicado está interesado" en poner en conocimiento del
público el caso. Finalmente, refirió que dicha situación "ha venido
empeorando en los últimos tres años".
4
Catalina Vargas
Indicó que el
acceso de los medios a las audiencias es muy relevante, dado que estos pueden
"revelar grandes escándalos de corrupción, violaciones contra los
derechos humanos y también grandes delitos". Adujo que prohibir el
ingreso de la prensa a las audiencias "significa también tapar muchas
verdades que están ocurriendo". Señaló que, para cumplir su función
como periodistas, requieren ingresar "sus materiales de
trabajo", pero que reconoce que deben cumplir unas "reglas
de juego" al interior de los complejos judiciales. Expuso que en
muchas ocasiones le han impedido, incluso, el uso de su celular, lo que
dificulta su trabajo.
5
Claudia Julieta Duque
Indicó que desde hace aproximadamente diez años
viene "asistiendo una censura sistemática por parte de los jueces de
la república, respecto al cubrimiento de audiencias". Indicó que ello
"comenzó con los juicios y procesos que se abrieron contra los
funcionarios del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, involucrados en temas de
corrupción y de violación a los derechos humanos". Expuso también
que una funcionaria judicial la "ha censurado con la excusa de
salvaguardar la majestad de la justicia". Explicó que "las
excusas fueron múltiples, pero principalmente enfocadas hacia la protección
de la seguridad nacional". Consideró que, según los principios de
Lima y otros, "para invocar razones de seguridad nacional en medio de
una censura tiene que haber una motivación real y una definición  clara de
qué se considera por seguridad nacional". En su concepto, la causal
de "seguridad nacional fue utilizada como una excusa sin fundamento,
para proteger funcionarios públicos del escrutinio al que deben estar
sometidos". Indicó que se alegan motivos "no sustentados en
la ley"  que "vulneran el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos", y que no están considerados dentro
de las excepciones del Código de Procedimiento Penal.
6
Daniel Pacheco
Consideró que restringir el ingreso de los
periodistas a las audiencias judiciales implica limitar los derechos a la
libertad de expresión y al acceso a la justicia, por cuanto "es a
través de los medios que las poblaciones y las audiencias tienen acceso a la
justicia". Por ello, consideró que la restricción "debe ser
la excepción y no la regla, como está sucediendo ahora en Colombia".
7
Darío Arizmendi
Solicitó que se permita a los periodistas "asistir
y estar presentes en las audiencias", por cuanto "algunos
jueces" han impedido el acceso a información "veraz y
objetiva, de lo que pasa en las distintas audiencias".
8
Hylenne Guzmán Anaya
Relató que "en diciembre de 2018, cuando
cubría las audiencias de imputación de cargos" en contra de
funcionarios públicos de la ciudad de Cartagena, fue objeto de restricción a
la libertad de prensa. Expuso que, durante la audiencia, le quitaron su
celular, el cual "terminó en manos del juez de garantías" que
presidía la diligencia. Señaló que, incluso, le solicitaron la clave de su
celular y que accedieron a su Whastapp.
9
Wilson Morales
Señaló que, en ocasiones, se les ha prohibido el
ingreso a las audiencias, sin que se motive la decisión. Relató que, en una
ocasión particular, un "familiar de los procesados" le acusó
de estar grabando mediante su celular, lo cual no era cierto. Por ello, el
juez lo "sacó de la audiencia sin mayor justificación".
Solicitó mayores garantías para los periodistas.
10
Sofía Flórez
Indicó que, en octubre de 2019, asistió a una
audiencia de imputación de cargos en contra de dos funcionarios de Cartagena.
En esa ocasión le advirtieron que no podía ingresar, pues "el juez no
autorizaba el ingreso de nadie" y porque "la sala estaba
llena", lo cual no era cierto.
11
Libia Domínguez
Refiere que, a
una colega, la retiraron de la sala de audiencias durante el cubrimiento del "Plan
Quiroz" en Cartagena.
12
Gilberto Martínez
Adujo que, en Tolima, ha evidenciado la vulneración "del
derecho a informar y de ser informados los ciudadanos" en muchas
oportunidades. Refirió que se han reservado, entre otros, casos como el del
homicidio de la esposa de Joaquín Aldana, comandante de la Policía. Los
argumentos presentados por los jueces son: seguridad para desarrollar la
audiencia, solicitud de las familias de los capturados, reserva de la
información para no afectar los procesos y filtración de la información.
13
Giovani Celis
Señaló que el ingreso de los periodistas a las
audiencias es necesario, para que las noticias sean "construidas con
veracidad".
14
Guillermo Gómez
Señaló que la restricción de ingreso a las
audiencias es constante y que "nada tiene que ver la labor de los
periodistas con la seguridad de los funcionarios públicos". Indicó
que las audiencias son de carácter público y cualquier persona puede
ingresar, incluso los periodistas. Expuso que los jueces exhiben argumentos
tales como que "no les gustan las cámaras" o que "no
están preparados para enfrentar a la prensa".
15
Guillermo Larrota
Consideró que el derecho a la libertad de prensa es
uno de los derechos que, actualmente, deben ser objeto de mayor protección.
Indicó que "la prohibición al acceso a las audiencias judiciales es
la excepción y no la norma". Además, expuso que el cubrimiento de
las audiencias es una garantía de información en temas de alta relevancia,
tales como casos de corrupción, por lo que debe ser garantizada.
16
Juan Carlo Giraldo
Expuso que, como reportero de RCN, fue "sacado
de salas de audiencia", por cuanto el juez consideraba que no debía
haber prensa durante la diligencia. En particular, refirió que, hace dos
años, lo expulsaron de una audiencia en un caso de corrupción. Expuso que la
exclusión de la prensa desconoce la naturaleza pública del sistema penal de
tipo oral.
17
Juan Pablo Gómez
Refirió que, recientemente, ha experimentado
dificultades para ingresar a las salas de audiencias. Indicó que, en
ocasiones, les permiten el ingreso, pero sin cámaras ni grabadoras, lo que "genera
un problema", dada la velocidad con la que hablan los intervinientes
durante la audiencia, por lo que el periodista no alcanza a capturar toda la
información.
18
Laura Palomino
Expuso que sí le han vulnerado su derecho "a
dar información", a pesar de que los periodistas son una "extensión
de las audiencias" y "veedores" de lo que allí
sucede. Señaló que los casos de corrupción son muy frecuentes en Colombia y
que la función de la prensa ha sido imprescindible para denunciar dicho
fenómeno. Indicó que, en los casos en los cuales ha sido expulsada de
audiencias judiciales, los jueces no han fundamentado debidamente su
decisión.
19
María Camila Orozco
Refirió que, según el Código de Procedimiento Penal,
estas diligencias deben ser públicas. También indicó que documentó catorce
casos en los cuales los jueces impidieron el ingreso de la prensa a las
diligencias judiciales, sin presentar una motivación suficiente. Entre esos
casos están el del ex magistrado Francisco Ricaurte, procesado por el "cartel
de la toga", y el del ex director de la Cárcel Modelo, César Augusto
Ceballos. Refiere que los asuntos de las diligencias son de alta relevancia
social y que, por lo tanto, se debe privilegiar la transparencia del proceso.
Expuso que el argumento recurrente de la Fiscalía General de la Nación es que
se coloca "en peligro la vida de testigos" y que "la
presencia de los medios es impertinente", dado que "se revelarán
nombres de futuros procesados que, a la postre, nunca terminan vinculándose a
las investigaciones". También señaló que los argumentos se presentan
sin soporte alguno y que, no obstante, los jueces acogen las solicitudes de
reserva.
20
Nancy Liliam Torres
Señaló que sí ha tenido dificultades para cubrir
audiencias en el complejo judicial de Paloquemao y en otros juzgados. Resalta
que los casos objeto de seguimiento son de gran relevancia social y que es
muy importante permitir su acceso a las audiencias públicas, dado que esa
allí donde la prensa ejerce su derecho a informar.
21
Rafael Aristizábal
Señaló que sí ha sido objeto de "arbitrariedades"
por parte de jueces de la república, quienes le han impedido el ingreso a
diligencias judiciales. En particular, refirió el caso de las audiencias
preliminares del capitán del Inpec, David Alexander Álvarez. En esa ocasión,
no se les permitió el ingreso a la audiencia de legalización de captura.
También señaló que, al día siguiente, pudo ingresar a la audiencia de
imputación de cargos, pero le impidieron grabar el contenido de la audiencia.
Indicó que, en el caso reportado, no hubo argumentación alguna por parte de
la juez respecto de las razones que sustentaban la reserva.
Intervenciones presentadas por jueces de control de
garantías
No.
Nombre
Contenido de la intervención
1
Juez 2 Penal Municipal con FCG
Señaló que los criterios que utiliza para aplicar la
reserva son los señalados en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004. Sin
embargo, expuso que se "debe realizarse un ejercicio de hermenéutica
con las demás disposiciones que integran nuestro ordenamiento jurídico";
por ejemplo, deben considerarse "instrumentos legales como los
artículos 18, 149, 152 A de la Ley 906 de 2004", junto a
disposiciones como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 8.6 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. También se debe considerar el "test de necesidad y de
proporcionalidad en sentido estricto" propuesto por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-274 de 2013, la cual resolvió sobre la
exequibilidad de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional. Indicó que solo se someten a reserva las
audiencias previstas por el artículo 155 de la Ley 906 de 2004 "y de
manera excepcional, cuando se presenta solicitud de parte". Además,
el "análisis de ponderación frente a la colisión de intereses"
debe "analizarse y determinarse en cada caso concreto". Por
ejemplo, deben recibir especial consideración "casos relacionados con
la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes".
2
Juez 6 Penal Municipal con FCG
Señaló que los criterios que utiliza para aplicar la
reserva son los dispuestos por el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, según lo
previsto por los artículos 149, 150, 151, 152, 152A del Código de
Procedimiento Penal. En los demás casos debe prevalecer el carácter público
de las audiencias, para que los “periodistas y el público pueden estar
presentes en la audiencia". Sobre la forma en la que comunica la
reserva, indicó que "al público y a los periodistas, antes de iniciar
la audiencia, se les informa que la audiencia es de carácter reservada,
indicándoles las normas pertinentes si lo solicitan".
3
Juez 17 Penal Municipal con FCG
Indicó que se debe distinguir si la actuación se
surte en la etapa preprocesal o en la procesal, dado que, en la segunda, "resulta
imperativo atender el referido principio de publicidad establecido en el
artículo 145". Además, "en la etapa preprocesal no existe
una norma que imponga llevar a cabo audiencias públicas y, por oposición a
ellas, se adelantan de manera reservada, como ocurre en el caso de una orden
de captura que se realiza antes de vincular al indiciado al proceso
penal". En su concepto, la decisión de reserva se analiza según los
artículos 150, 151, 152 y 162A del Código de Procedimiento Penal. También
indicó que "nunca ha sido criterio de la suscrita disponer la reserva
de la audiencia en consideración a la persona que es objeto de la acción
penal, su cargo o calidad". Así, concluyó que es el juez de control
de garantías, en la etapa procesal, el que "puede hallarse en una
situación que amerite clausurar la sala para llevar a cabo la audiencia como
reservada". En relación con la forma en la que comunica la reserva,
expuso que debe permitirse "a los intervinientes el uso de la
palabra, antes de decretar el cierre de la audiencia, para que se pronuncien
frente a la petición", de conformidad con la Ley 1257 de 2008.
Solicitó a la Corte Constitucional la creación de "una Dirección
Nacional de Comunicaciones de la Rama Judicial", que "disponga
de un equipo de comunicadores con capacitación en derecho
constitucional" y otras especialidades jurídicas. Indicó también
que, en casos como el de Daneidy Barrera Rojas, conocida como "EpaColombia",
los medios "desacreditan la labor judicial" y "ejercen
presiones indebidas".
4
Juez 26 Penal Municipal con FCG
Señaló que utiliza "como criterio el
principio de proporcionalidad", lo que implica considerar la
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida. En
su concepto, los criterios "se configuran a la luz de los casos
concretos, de tal suerte que la conclusión en cada uno de los subprincipios
de proporcionalidad (…) dependerá de los medios con los que se acredite el
grado de afectación o de riesgo del fin que se quiera proteger".
Además, "en tanto mayor resulte el interés de la sociedad en el caso
concreto (...) mayor será el peso del sacrificio del derecho a la libertad de
información, lo que deberá tenerse en cuenta al establecer la
proporcionalidad en estricto sentido". En relación con la
comunicación de la reserva, expuso que “la decisión motivada que profiere
el funcionario judicial se adopta públicamente, de modo que los asistentes y
periodistas se enteran en el mismo acto de la orden y de su justificación; es
solo con posterioridad a ello, que se ejecuta la orden y se limita la
publicidad de la diligencia".
5
Juez 33 Penal Municipal con FCG
Indicó que la publicidad, “como principio rector
en el desarrollo de las audiencias preliminares, es la regla y la excepción
es el carácter reservado de las mismas por motivos expresamente establecidos
en la ley". Expuso que “en la práctica, el juez de control de
garantías se entera por los medios de comunicación o por alguno de los
intervinientes, fiscal en la mayoría de los casos, que se trata de una
audiencia en la que las partes tienen determinada calidad". Así, es
cuando el juez instala la audiencia que el interesado puede hacer "la
manifestación [de reserva] correspondiente". Finalmente,
indicó que no se debe "tener en cuenta si se trata de un funcionario
público, por el cargo en sí, o de una investigación por delitos de
corrupción", dado que "la fundamentación del juez debe atender
a su función de garantizar los derechos de los intervinientes".
Sobre la comunicación de la reserva, expuso que “de conformidad con el
artículo 18 de la norma procedimental penal, el juez debe motivar las razones
por las cuales una audiencia debe ser reservada para el público en general,
toda vez que su función es de garante de los derechos dentro del
proceso".
6
Juez 24 Penal Municipal con FCG
Para aplicar la reserva, sigue criterios
"como los establecidos en los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura" como los acuerdos 2785 de 2004", el 2800 de 2004 y
el 4717 de 2008. Relató que "hace unos años los jueces de Paloquemao
y el Consejo Superior de la Judicatura conformamos un comité de prensa, en
vista de cómo fue tratada por los medios de comunicación la juez tercera
penal municipal con función de control de garantías" dentro del caso
"Colmenares". También refirió que, en esa ocasión, "se
acordó la construcción de una sala de prensa" y de un "protocolo
para regular lo referente a la prensa en las salas de audiencia, pero este no
fue aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura". Solicitó "que
se haga una reglamentación", "una estrategia de
comunicación" y "un gran foro de carácter
internacional".
7
Juez 56 Penal Municipal con FCG
Expuso que, para declarar la reserva, aplica lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley 906 de 2004 y los artículos 4,5 y 9
del Acuerdo 2785 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que el
Acuerdo 2785 de 2004 "no se maneja de manera uniforme, pues en los
procesos adelantados (…) en contra de funcionarios o relativos a presuntos
actos de corrupción, se ha permitido el ingreso limitado de periodistas",
a pesar de que no "hayan acreditado que previamente hicieron la
solicitud", según el artículo 9 del acuerdo referido. Señaló que "las
audiencias normalmente son muy concurridas" y que "resulta
insuficiente el espacio de las salas del complejo judicial Paloquemao",
pues "no hay un lugar específico para las grandes cámaras".
8
Juez 70 Penal Municipal con FCG
Indicó que se ha basado en los siguientes “criterios
para aplicar la reserva: (i) interés superior del menor (…), (ii) la
seguridad, (iii) vida e integridad de los intervinientes y sujetos procesales
cuando estén en riesgo". Expuso que estos "se aplican en
todos los casos a que haya lugar, sin hacer diferenciación alguna, en razón a
procesos adelantados en contra de un funcionario público o presuntos actos de
corrupción". Expuso que, cuando aplica la reserva, "se
exponen los argumentos jurídicos a los asistentes de las audiencias".
También indicó que ha propuesto a los periodistas "brindar la
información del contenido de los audiencias, para que puedan replicarla de
manera acertada jurídicamente, sin embargo, han desistido de los espacios de
comunicación que se les ofrecen". Así, relató que, por ejemplo, para
el caso de Aída Merlano sugirió la transmisión de información vía Whatsapp "en
tiempo real y permanente", pero que esto fue reprochado como "obstrucción
a la prensa". Indicó que el ejercicio de la función del juez en el
marco de las audiencias "se dificulta por circunstancias ajenas a la
dinámica propia de la audiencia, como, por ejemplo, la luz de las cámaras que
apuntan directamente a la cara del servidor".
9
Juez 73 Penal Municipal con FCG
Señaló que, para declarar la reserva, considera "las
manifestaciones que, previo al inicio de las diligencias, efectúa el
funcionario(a) delegado(a) de la Fiscalía General de la Nación, atendiendo
que es el sujeto procesal que tiene pleno conocimiento de la investigación".
También considera lo manifestado por "cualquier otro
interviniente". Esto, por cuanto "en principio, resulta
ajeno al juez cualquier aspecto relacionado con la necesidad de llevar a cabo
las audiencias de manera reservada, si se tiene en cuenta que en este estadio
desconoce las particularidades del asunto". Los criterios de reserva
son aplicados "de manera uniforme a los casos sometidos" a
su conocimiento, "indistintamente que se trate de funcionarios
públicos o actos de corrupción, exceptuando únicamente aquellos relacionados
con menores de edad". En este último caso "si no ha mediado
solicitud en ese sentido por la Fiscalía, Ministerio Público o Representación
de la Víctima, procede a indagar con la Fiscalía General de la Nación acerca
de la necesidad o no de realizar la audiencia de manera reservada".
En relación con la forma en la que comunica la reserva, señaló que “la
determinación de realizar las audiencias de manera reservada es comunicada
tanto a los asistentes como a los periodistas cuando concurren, dando a
conocer el motivo de la determinación".
10
Jueces del Complejo Judicial “Paloquemao”
Expusieron que, en el caso sub examine, se debían
considerar las siguientes disposiciones: el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 14.12), sobre restricciones al principio de
publicidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.5),
sobre garantías judiciales. Advirtieron que hay una coalición entre los
derechos a la libertad de información y a la vida e integridad personal, dado
que se debate la protección de una víctima, "potencial testigo de los
hechos". Resaltaron que, en este caso, debe prevalecer la protección
del derecho a la vida, por cuanto la libertad de información admite
restricciones. Por consiguiente, solicitaron que se confirmara la orden de la
Corte Suprema de Justicia. Además, señalaron que el caso bajo análisis debe
ser una oportunidad para coordinar el trabajo entre los jueces y los
periodistas. En consecuencia, propusieron (i) la creación de mesas de
trabajo, conformadas por periodistas y jueces, para  construir un protocolo
de trabajo, y (ii) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura
disponer lo necesario para celebrar un encuentro internacional entre prensa y
justicia.
Intervenciones presentadas por abogados
No.
Nombre
Contenido de la intervención
1
Carmen Adriana Blanco
Indicó que "la seguridad de los procesados y
de las víctimas, así como de los familiares de unos y otros, se ven afectadas
por información que trasciende de manera indebida", mediante los
medios de comunicación "del orden nacional y del orden regional o
local". Consideró que "la información consignada"
también "sirve de medio de presión inadecuado, para que los jueces se
aparten de la imparcialidad que los debe caracterizar".
2
Diana Muñoz
Consideró que "la presencia de los medios de
comunicación en las audiencias preliminares" tiene un "efecto
nefasto", tanto para el procesado, como para la administración de
justicia, dado que "las calidades de quienes concurren como
comunicadores" no son "de naturaleza jurídica".
Así, estos replican "su interpretación de lo que aconteció", por
lo que la información que recibe el público “es inexacta y ambigua”.
Esto, además, genera una "presión indebida" en la
administración de justicia, lo que desconoce el derecho al debido proceso.
Por consiguiente, requirió que "se permita a los jueces seguir
ejerciendo las facultades que tienen, para excepcionar el principio de
publicidad en las diligencias".
3
Francisco Bernate
Expuso que "la publicidad es un principio
que cubre todas las actuaciones", de conformidad con el Código de
Procedimiento Penal. Esto incluye "la participación de la
comunidad" y de los medios de comunicación, la cual constituye una
garantía social para el procesado. Sin embargo, dicho principio "no
es absoluto", pues hay limitaciones, tales como cuando se afecta el
interés de menores de edad, o la seguridad nacional. En su concepto, "lo
que resulta cuestionable" es "ambientar posturas dentro de
un procedimiento penal", mediante los medios de comunicación. Por
ello, solicitó a la Corte Constitucional "reafirmar" el
principio de publicidad y precisar que las restricciones deben ser motivadas
adecuadamente y no con "base en especulaciones" y "manifestaciones
gaseosas".
4
Luis Fernando Becerra
Consideró que "los medios de comunicación
perjudican enormemente la información que se otorga", dado que los
periodistas "no están preparados para informar a la sociedad".
Por consiguiente, afirmó que los medios de comunicación no deben ingresar a
las audiencias públicas, por cuanto carecen de formación jurídica.
5
Marlon Díaz
Señaló que a los periodistas se les debe permitir el
ingreso, sin restricción alguna. Solo de forma excepcional se debe limitar su
acceso a una audiencia preliminar. Esto, en ejercicio de los derechos a
informar y a la libertad de prensa, siempre y cuando no se afecten, por
ejemplo, los derechos de los menores de edad.
Intervención presentada por los directores
especializados de la Fiscalía General de la Nación[346]
La Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación presentó un documento mediante el cual expuso “la
posición institucional (…) a partir de las respuestas otorgadas por cada una
de las direcciones especializadas al cuestionario que les fue formulado
mediante el auto 571 de 2019”.
1.     Criterios aplicados para solicitar la reserva de las
audiencias penales preliminares, según las excepciones previstas por el
artículo 18 de la Ley 906 de 2004
La directora señaló que la publicidad “es
transversal a todo el ordenamiento procesal penal y su aplicación no se
limita a los sujetos procesales, sino que se extiende a terceros ajenos al
proceso, incluidos los medios de comunicación”. Así, explicó que, según
lo manifestado por los directores especializados, los criterios utilizados
por los fiscales para solicitar la reserva de una audiencia son los señalados
por los artículos 18, 150, 151 y 152 de la Ley 906 de 2004, los cuales se
desarrollan a continuación.
(i)
Peligro de las víctimas,
jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, la cual “deriva del
respeto necesario de los derechos fundamentales que precisa la actuación
procesal a favor de todos los intervinientes”.
(ii)
La afectación de la
seguridad nacional, que “se ajusta al valor y a las implicaciones de la
información que se provee en instancias preliminares para el control de
garantías”.
(iii)
Que se exponga a un grave
riesgo los derechos fundamentales de los menores de edad que deban intervenir
en el proceso, particularmente el derecho a la intimidad, lo cual garantiza “la
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En este
caso, “los parámetros para limitar el principio de publicidad” son: el
grado de participación del menor en la conducta, el nivel de afectación, el “aporte
que el niño realice dentro de la actuación penal en la etapa preliminar”.
(iv)
Que se menoscabe el derecho
del acusado a un juicio justo, la cual “operará siempre que se persiga el
respeto de las garantías asociadas con el debido proceso y el derecho a la
defensa”.
(v)
Se compromete seriamente el
éxito de la investigación, para lo cual se considera: “el número de
personas vinculadas al proceso”, “la calidad del indiciado o
iniciada”, “el valor de los activos y sus implicaciones en la economía
regional o nacional”, “cuando la publicidad de los elementos de prueba que sustenten
las solicitudes preliminares” puedan “afectar gravemente el desarrollo
de la investigación” y, finalmente, “la naturaleza de la actividad
ilícita que da origen a los activos”.
Expresó que los directores especializados
coincidieron al señalar que “los criterios en mención deben ser aplicados
de acuerdo con las circunstancias que se presenten en cada caso concreto, por
lo cual, fijar criterios diferenciadores adicionales (…) implicaría ampliar
el espectro de la excepción”. Por lo anterior, sostuvo que en la Fiscalía
General de la Nación “no existen criterios o lineamientos adicionales
sobre la materia y la solicitud de reserva de las audiencias penales
preliminares obedece a las circunstancias propias de cada proceso”.
2.     Aplicación de los criterios para decretar la reserva
Señaló que, habida cuenta de que “los criterios
aplicados para solicitar la reserva de las audiencias son los dispuestos en
la ley” estos “son adoptados de manera uniforme a la totalidad de
investigaciones”, independientemente del “sujeto pasivo de la
investigación”. Los directores especializados fundamentaron su respuesta
en lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política y los
principios de imparcialidad e igualdad en la actuación penal, prescritos por
los artículos 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal.
3.     Comunicación y motivación de la reserva
Señaló que “el fiscal expone ante el juez las
razones por las que considera que debe ser aplicada alguna de las causales de
excepción y es este funcionario [el juez], según lo dispuesto en los
artículos 18 y 149 a 152ª del Código de Procedimiento penal, quien, en
ejercicio de sus facultades, resolverá el asunto sometido a su consideración
y posteriormente comunicará la orden adoptada”. Por lo tanto, “es el
juez quien pone en conocimiento la importancia de la privacidad de la
audiencia, lo cual debe hacer sin indicar datos concretos del caso, ni
permitir la materialización de las causales previstas para que proceda la
excepción”.
ANEXO II
Casos reportados en los que fue restringido el ingreso
de la prensa a audiencias penales
Restricciones al
ingreso de periodistas a audiencias penales preliminares[347]
No.
Asunto
Alcance de la reserva
Justificación del juez
Reportado por
1
Proceso penal por el homicidio de María Elena Úsuga.
La audiencia se adelantó de forma privada. Se limitó
al acceso al equipo periodístico de Séptimo Día.
El juez primero penal del circuito de Facatativá no
ofreció una explicación, ni siquiera cuando la periodista solicitó que se le
permitiera ingresar sin cámaras.
Caracol TV
2
Proceso penal que involucraba a un menor de 14 años.
Se restringió el acceso al expediente, a pesar de
que las propias víctimas solicitaron las copias.
No se tiene información sobre la motivación del juez
segundo penal del circuito de Facatativá para restringir el acceso de los
medios de comunicación.
Caracol TV
3
Proceso penal que involucraba a un menor de 14 años.
Se restringió el acceso de las cámaras a la
audiencia, pero se permitió la entrada del periodista.
El juez de Soacha señaló que restringía el acceso de
cámaras porque las víctimas eran menores de edad.
Caracol TV
4
Proceso penal contra el entonces director de la
cárcel "La Modelo" de Bogotá, César Augusto Ceballos.
Se impidió el ingreso a la audiencia y la grabación
de la diligencia.
El juez 22 penal con función de control de garantías
no motivó su decisión. Con posterioridad, informó que pretendía “salvaguardar
la vida e integridad física de las víctimas, de los testigos objeto de
investigación y de la eficacia en la investigación”.
Caracol TV /FLIP/Media
Legal Defence Initiative
5
Proceso penal contra Luis Alejandro Pérez Walteros,
secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
Se restringió totalmente el acceso de la prensa a
las audiencias de juzgamiento.
El juez 22 del circuito de conocimiento declaró que
la audiencia era reservada, porque involucraba a un funcionario judicial.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
6
Proceso penal contra el General (r) Jorge Romero,
por presuntos actos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército.
Se restringió el acceso a de cámaras de televisión y
también se prohibió grabar videos con teléfonos celulares. Solo se permitió
la grabación de audios.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá aseguró que prefería concentrarse en lo
importante y que no quería que la diligencia se convirtiera en un “show
mediático”.
Caracol TV/ Juan Carlo Giraldo/
Florencio Sánchez
7
Proceso penal por presunta corrupción al interior
del Invima.
Solo se permitió el acceso de periodistas. No se
permitió el ingreso de elementos electrónicos que permitieran grabar o
registrar lo sucedido en la audiencia.
No se tiene información sobre la motivación de la
juez 47 penal con función de control garantías, para restringir el acceso de
los medios de comunicación.
Caracol TV
8
Proceso penal contra el ex magistrado Francisco
Javier Ricaurte.
Se restringió el acceso de los periodistas a la
audiencia de solicitud de libertad del procesado.
No se tiene información sobre la motivación del juez
22 penal con función de control de garantías para restringir el acceso de los
medios de comunicación.
Caracol TV/FLIP/RCN/ Juan Carlo
Giraldo/ Florencio Sánchez
9
Proceso penal del caso Odebrecht contra Federico
Gaviria y Eduardo Zambrano.
Se impidió el acceso de la prensa a las audiencias
concentradas ante el juez de control de garantías y a las que se adelantaron
ante los juzgados especializados. La Policía obligó a la prensa a borrar
material grabado antes de iniciar las diligencias.
No se tiene información sobre la motivación de los
jueces para restringir el acceso de los medios de comunicación.
Caracol TV/ Caracol Radio/
RCN/RCN/ Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
10
Proceso penal del caso Odebrecht contra Juan Carlos
Granados, contralor de Bogotá.
Se impidió el ingreso de cámaras y grabadoras a las
instalaciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Simplemente se informó a los periodistas que no se
permitía el ingreso de la prensa.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
11
Proceso penal contra Stella Durán por presuntos
actos de corrupción en el Invima.
Se restringió el acceso de la prensa a las
audiencias concentradas.
No se tiene información sobre la motivación del juez
70 con función de control de garantías para restringir el acceso de los
medios de comunicación.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
12
Proceso penal contra Guillermo Grosso, exinterventor
de SaludCoop.
Se restringió el acceso de la prensa a las
audiencias preliminares.
El juez de control de garantías indicó que la Sala
estaba llena, pero únicamente expulsó a la prensa.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
13
Proceso penal contra Ramsés Vargas, exdirector de la
Universidad Autónoma del Caribe.
Se restringió el acceso de la prensa a las
audiencias preliminares.
El juez séptimo penal con función de control de
garantías de Barranquilla le pidió a la prensa que se retirara, porque la
sala de audiencias era muy pequeña.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
14
Proceso penal contra Luis Alfonso Hoyos, ex asesor
de Óscar Iván Zuluaga.
La Policía impidió el acceso de los periodistas a
las instalaciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
donde se celebraba el juicio oral.
La Policía impidió el ingreso de la prensa sin
informar las razones de dicha decisión.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
15
Proceso penal contra Gustavo Villegas, exsecretario
de seguridad de Medellín.
Se restringió el acceso a las audiencias
preliminares.
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
16
Proceso penal contra Carlos Enrique Masmela,
exdirector seccional de la Rama Judicial de Bogotá.
Se restringió el acceso de la prensa a las
audiencias preliminares.
No se tiene información sobre la motivación del juez
76 con función de control de garantías de Bogotá, para restringir el acceso
de los medios de comunicación.
Caracol TV/ Caracol Radio/ RCN/
Juan Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
17
Proceso penal contra César Cristhian Gómez Castro,
Alcalde de Popayán.
A un periodista no se le permitió grabar la
diligencia en la que se revocó la medida de aseguramiento del procesado. Fue
expulsado de la diligencia.
No se tiene información sobre la motivación del juez
cuarto penal del circuito para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
FLIP
18
Proceso penal contra César Cristhian Gómez Castro,
alcalde de Popayán.
A un periodista no se le permitió ingresar a la
audiencia de imputación de cargos.
El juez tercero con función de control de garantías
decidió efectuar la audiencia de forma reservada para proteger los derechos
de los hijos (menores de edad) del alcalde.
FLIP
19
Proceso penal en contra de los "Bulldozers"
en el caso de Odebrecht.
El periodista tuvo que mostrar las fotos de su
celular y borrar todo el contenido referido a la audiencia de acusación.
Un policía le indicó al periodista que no podía
grabar, porque pondría en riesgo a la juez y a los asistentes a la audiencia.
FLIP
20
Proceso Penal contra dos miembros de la Policía
Nacional en Firavitoba (Boyacá).
Se impidió el ingreso de dos periodistas a la
audiencia concentrada.
El juez de control de garantías indicó que no se
permitiría el ingreso de periodistas a la audiencia, por la solicitud fue
presentada por los familiares de los procesados.
FLIP
21
Proceso penal contra Alain Manjarrez Flórez, el exgobernador
encargado de San Andrés.
A un periodista se le prohibió grabar la audiencia
concentrada y fue expulsado de la diligencia.
El periodista aseguró que fue expulsado de la
diligencia, por haber divulgado parte de esta, lo que presuntamente afectó el
proceso.
FLIP
22
Proceso penal contra ex directivos y contratistas de
la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A.E.
No se permitió el acceso de un periodista a la
audiencia de imputación de cargos.
El juez de control de garantías no motivó su decisión.
Simplemente manifestó que no quería que estuvieran presentes los medios de
comunicación.
FLIP
23
Proceso penal en un caso de extorsión con material
íntimo.
A un periodista se le impidió el acceso a una
audiencia preliminar.
La juez tercera penal con función de control de
garantías ordenó la reserva de la diligencia por solicitud de la víctima.
FLIP
24
Proceso penal contra un soldado del Ejército
Nacional de Colombia, acusado de asesinar a un policía.
A los periodistas no los dejaron pasar la puerta del
edificio en el que quedan los juzgados.
Los guardas de seguridad informaron a una periodista
que, por orden del juez de control de garantías, la audiencia sería
reservada.
FLIP
25
Proceso penal contra "Pichi Belén",
integrante de la organización criminal conocida como "La
Oficina" de Medellín.
A un periodista se le negó el ingreso a una
audiencia preliminar.
El juez de control de garantías decidió que, por
asuntos de seguridad nacional, y con el fin de preservar la seguridad de los
funcionarios, la audiencia debía ser reservada.
FLIP
26
Proceso penal contra Rafael Botero, alias "Tista".
Le impidieron el ingreso a un periodista a una
audiencia preliminar
El juez de control de garantías explicó que la
audiencia se llevaría a cabo de forma reservada, para proteger los derechos
de los menores, cuya identidad iba a ser revelada en la diligencia.
FLIP
27
Proceso penal contra los propietarios del inmueble "La
Esmeralda".
Se prohibió el ingreso de un periodista a la
audiencia de imputación de cargos
El juez penal municipal ambulante con función de
control de garantías no motivó su decisión.
FLIP
28
Proceso penal contra Jesús Vargas Cuagiboy, por el
presunto secuestro de tres periodistas ecuatorianos.
A los periodistas no se les permitió entrar al
edificio en el que se celebraba la audiencia concentrada ante el juez 21 con
función de control de garantías de Santiago de Cali.
Los guardias de seguridad le indicaron a los
periodistas que no era posible autorizar su ingreso un día domingo.
FLIP
29
Proceso penal en contra de Aída Merlano.
A un periodista se le impidió ingresar a una
audiencia ante el juez de control de garantías.
El juez de control de garantías sostuvo que no le
gustó que su rostro hubiera aparecido en una nota que el periodista hizo
sobre él para un noticiero.
FLIP
30
Proceso penal contra Luz Piedad Valencia, ex
alcaldesa de Armenia.
A un periodista se le impidió ingresar cámaras y
grabadoras de audio a una audiencia.
Además, ese día el juzgado profirió un comunicado en
el que hizo referencia a dicha prohibición.
No se tiene información sobre la motivación del juez
primero penal del circuito de conocimiento para restringir el acceso de
cámaras y grabadoras.
FLIP
31
Proceso penal contra Carlos Mario Álvarez, alcalde
de Armenia.
Se prohibió el ingreso de una periodista a la
audiencia de fallo.
Un miembro de la Policía Nacional le informó a la
periodista que no podía ingresar por orden del juez, quien no motivó la
decisión.
FLIP
32
Proceso penal contra Liliana Campos Puello, alias "La
Madame".
A la prensa se le negó el ingreso a las audiencias
preliminares.
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías, para restringir el acceso de los medios de comunicación.
RCN/Juan Carlo Giraldo/Florencio
Sánchez
33
Proceso penal contra Jahumeth Flórez alias "Chori",
por su presunta participación en la muerte de una periodista.
A la prensa se le negó el ingreso a las audiencias
preliminares.
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
RCN/Juan Carlo Giraldo/ Florencio
Sánchez
34
Proceso penal contra Miguel Antonio Rico, por su
presunta participación en la muerte del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez.
A la prensa se le negó el ingreso a las audiencias
preliminares
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
RCN/ Juan Carlo Giraldo/
Florencio Sánchez
35
Proceso penal contra Carlos Eduardo Correa y Marcos
Daniel Pinera, por presuntos actos de corrupción.
Se negó el ingreso del periodista a una diligencia.
El juez no motivó su decisión.
MEDIA LEGAL DEFENCE INITIATIVE
36
Proceso penal contra Pedro Aguilar en el caso del “cartel
de la chatarrización”.
Se negó el ingreso de la prensa a las audiencias
preliminares
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
RCN/ Juan Carlo Giraldo/
Florencio Sánchez
37
Proceso penal contra el senador Julio Gerlein.
Se negó el ingreso de la prensa a las audiencias preliminares.
El juez aceptó la solicitud del abogado de la
defensa, quien pidió que la audiencia fuera reservada porque las nietas del
procesado podrían resultar afectadas por la información que se divulgaría
sobre aquel. Además, la procuradora manifestó que se sentía presionada por la
presencia de los medios de comunicación.
RCN/Florencio Sánchez/FLIP/ Juan
Carlo Giraldo/ Florencio Sánchez
38
Proceso en contra de miembros de la “oficina de
Envigado” y Edison García, alcalde de Barbosa.
Se negó el ingreso de la prensa a las audiencias
preliminares.
No se tiene información sobre la motivación del juez
de control de garantías para restringir el acceso de los medios de
comunicación.
FLIP
39
Proceso en contra de siete “políticos implicados
en el caso de corrupción de Aida Merlano”.
Se impidió el ingreso de un periodista a la
audiencia de formulación de cargos.
No se tiene información sobre la motivación del juez
único penal con funciones de control de garantías para restringir el acceso
de los medios de comunicación
FLIP
40
Proceso en contra de Ricardo Andrés Carvajal Salgar,
por su presunta participación en la detonación del artefacto explosivo de la
Escuela de Cadetes “Francisco de Paula Santander”
Se impidió el ingreso de periodistas a la sala de
audiencias, mediante auto proferido el 23 de septiembre de 2019.
El juez segundo penal del circuito especializado de
Bogotá señaló que la sala de audiencias no tenía suficiente capacidad.
Florencio Sánchez
41
Proceso en contra de un empleado de un candidato por
presuntos actos de corrupción.
Se expulsó a la prensa de la sala de audiencias.
El juez primero municipal de Barranquilla de control
de garantías señaló que la medida era necesaria, con el fin de preservar la
identidad de menores.
Media Legal Defence Initiative
SALVAMENTO DE VOTO SUSCRITO EN CONJUNTO POR LOS
MAGISTRADOS ALEJANDRO LINARES CANTILLO,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Y
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA SU141/20
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se
debió declarar la improcedencia por no configurarse defecto sustantivo por
“interpretación asistemática”, por cuanto decisión de autoridad judicial se enmarcó en una de las
situaciones excepcionales que justifican la restricción del principio de
publicidad (Salvamento de
voto)
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN PROCESO PENAL-Alcance y límites (Salvamento de voto)
Como
toda garantía, la publicidad en el proceso penal, si bien opera como regla
general, encuentra límites dentro de la Constitución y la ley. Ciertamente, la
intimidad o la protección de menores tienen su referente Constitucional
(artículo 15 y 43 respectivamente).
RESERVA DE LAS AUDIENCIAS PENALES PRELIMINARES- Decisión
de reserva se fundamentó en un criterio de necesidad de protección de la vida e
integridad de potenciales testigos e intervinientes (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-7.414.038
Acción de tutela instaurada María Camila Orozco Becerra y otros en contra del
Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá y la Fiscalía 23 Seccional de la Dirección
Especializada contra la Corrupción
Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
corporación, nos permitimos salvar el voto de manera conjunta, frente a lo
resuelto por la mayoría de la Sala Plena en la sentencia SU-141 de 2020. No
obstante ser promotores de la libertad de expresión y compartir el análisis
teórico y conceptual del derecho a la información, consideramos que la decisión
adoptada por la mayoría incurre en contradicciones y tiene efectos notorios e
inaceptables a la luz de los mandatos constitucionales sobre las garantías de
independencia y autonomía judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente
salvamento
(i) se explican las razones del desacuerdo con el alcance y la interpretación
que otorgó la decisión de la mayoría al defecto sustantivo por
“interpretación asistemática” que en esta oportunidad encuentra configurado la
Corte; y (ii) se señalan las razones del distanciamiento de los magistrados
disidentes frente al entendimiento de la mayoría de la Sala Plena del principio
de publicidad en el proceso penal.
I.
La configuración del
defecto sustantivo por “interpretación asistemática” supone una contradicción
en la decisión de la mayoría de la Sala Plena y su parte motiva, e incide en
las garantías de independencia y autonomía judicial
1.
En opinión de los Magistrados
disidentes es contradictorio que la sentencia SU-141 de 2020 expresamente
señale que la juez accionada no incurrió en la presunta indebida motivación
alegada por los accionantes, pues la Juez negó el ingreso de periodistas a
partir de una decisión que no es manifiestamente “defectuosa o insuficiente”
(…) [y dando] cuenta de los “fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan”[348]; y,
paralelamente, concluya que existe un indebido sustento normativo en la misma
providencia, por no evidenciarse un ejercicio de armonización entre las
causales legales de reserva y el artículo 20 Superior[349]. Tal y como se
evidenció en el proceso, durante la actuación, la juez accionada de control de
garantías valoró la necesidad de proteger la vida e integridad de eventuales
testigos, ante lo sustentado por la Fiscalía General de la Nación en cuanto a
que “recibieron amenazas a
tal punto que no quisieron declarar”, aunado a que “serían objeto de
atentados y represalias por parte del personal del Inpec”[350], siendo
evidente que la decisión de reserva persiguió objetivos constitucionalmente
imperiosos.
2.
Por tanto, el fallo del cual nos
apartamos incurre en una
contradicción intrínseca puesto que primero afirma que la juez de control de
garantías sí motivó debidamente la decisión de reserva de las audiencias
preliminares, para posteriormente concluir que tomó una decisión arbitraria
y que no realizó el test tripartito que sobre libertad de expresión aplica la
Corte IDH y, en algunas oportunidades, la Corte Constitucional, especialmente
respecto del elemento de necesidad, cuando la mayoría de la Sala Plena aceptó
que efectivamente se había valorado la necesidad de dicha medida.
3.
En este asunto, dada la
gravedad del caso la juez, con fundamento en la ley, consideró necesaria la
decisión no solo para la protección de las víctimas, testigos e intervinientes,
sino para el buen desarrollo del proceso, en aplicación de los artículos 149 y
152 del Código Procesal Penal, y por esa razón, no compartimos que no se haya
valorado la necesidad de la medida por parte de la juez.
4.
Es de anotar que, es
innegable que los derechos a la vida y la integridad de los testigos del
proceso penal tienen un valor superior que la libertad de información. En
efecto, la misma sentencia reconoce que tanto en el ordenamiento constitucional
colombiano como en el derecho comparado, se reconoce que la publicidad de las
audiencias dentro del proceso penal puede ser limitada de manera excepcional,
cuando ello resulte imperioso para proteger el derecho a la vida e integridad[351].
Así las cosas, no requería la juez de control de garantías realizar una
ponderación como la señalada en la sentencia SU-141 de 2020, para concluir que
su obligación era la de adoptar medidas para salvaguardar la seguridad personal
de los testigos que al parecer presenciaron los comportamientos delictivos,
como en efecto lo hizo. De esta manera, los Magistrados disidentes encuentran
que la decisión de la juez de instancia sí consideró la necesidad de proteger a
las víctimas, los testigos y el buen desarrollo del proceso penal, de manera
que no debió censurarse ya que dicha decisión satisface los principios de
legalidad y de necesidad.
5.
En esta línea, el defecto sustantivo
invocado por la mayoría de la Sala Plena, permitió que se sometiera la carga de
motivación de los jueces penales a un criterio de suficiencia y
proporcionalidad que se satisface con la aplicación de un test[352]. Para los suscritos, el test resulta innecesario
porque, como bien reconoce la sentencia, la providencia recurrida se ajusta a
los preceptos legales[353]
y, en el caso concreto, se encontraron presentes elementos que, en conjunto,
permitían superar la tensión, alegada en sede de tutela, entre la restricción
excepcional a la publicidad en materia penal y lo dispuesto en el artículo 20
de la Constitución: (i) la motivación suficiente del auto interlocutorio
recurrido (así reconocido en el fundamento 89 de la sentencia SU-141 de 2020);
(ii) la solicitud expresa de la Fiscalía General de la Nación; (iii) la
existencia de los comunicados de prensa y la petición como alternativa para
acceder a información adicional; (iv) el hecho de que se trataba de una
audiencia preliminar; (v) la relevancia y sensibilidad del caso donde se
investigan tipos penales de concusión e enriquecimiento ilícito por parte de un
exdirector del centro penitenciario mencionado; (vi) el hecho de que la
aplicación de la ley de forma motivada y en el marco de la independencia y
autonomía judicial, no exige considerar alternativas menos lesivas como
las propuestas por la mayoría, en el desarrollo del último paso del test de
ponderación “necesidad de la medida”; y (vii) no es proporcional exigir a los
jueces ordinarios una carga argumentativa de realizar una ponderación
para la debida motivación de las restricciones necesarias a la publicidad de
las audiencias preliminares. Asimismo, frente a este test, los Magistrados
disidentes consideran que se deben tener en cuenta dos consideraciones
adicionales.
6.
Primero, las medidas menos lesivas, propias del marco
normativo de la libertad de expresión, no tienen cabida ante una decisión de
reserva a la publicidad que, por disposición expresa del Legislador, se sujetan
al criterio de necesidad[354].
Más allá de eso, las medidas menos lesivas que plantea la sentencia[355]
siembran dudas sobre su razonabilidad frente a la protección de terceros y
víctimas en su implementación. Igualmente, y
suponen costos adicionales, en términos
de eficiencia y talento humano, aspectos que no fueron tenidos en cuenta en la
posición de la mayoría. Además, la consideración sumaria de lo que el propio
caso presentaba como medida para garantizar la publicidad –a saber, los
comunicados informativos del Complejo Judicial de Paloquemao y de la Fiscalía
General de la Nación – desconoce que el valor de dichos comunicados se refleja
en dos elementos fundamentales para el debido proceso: (a) evitan los juicios
paralelos y, con ello, protegen la presunción de inocencia[356]; y (b) son producto de
la dirección del proceso en cabeza del juez, en desarrollo de su autonomía e
independencia.
7.
Lo anterior, en opinión de los
Magistrados disidentes, permite afirmar que, en el presente caso, la juez de
control de garantías también se preocupó por garantizar el derecho a la
libertad de información de los medios de comunicación, sin poner en riesgo la
vida e integridad de potenciales testigos, mediante la divulgación del referido
comunicado de prensa en el que se reseñaba lo acontecido durante la audiencia.
No obstante, la Sala Plena, sin explicar por qué razón consideró que era
insuficiente esta medida, decidió que la juez accionada incurrió en un defecto sustantivo
por interpretación asistemática, al no haber tenido en cuenta la libertad de
información en su decisión, lo cual, como quedó demostrado, no se ajusta a los
hechos probados durante el proceso.
8.
Segundo, la sentencia SU-141 de 2020 impone a todos los
jueces penales en las decisiones de reserva que se adopten en audiencias
preliminares de los procesos penales, el deber de fundarse en una
interpretación sistemática de las causales de reserva a la luz de las
disposiciones constitucionales, esto es, ponderar entre, por una parte,
las libertades de expresión, información y prensa y por otra, los principios
constitucionales que la declaratoria de reserva garantiza en particular, los
derechos de las partes intervinientes, así como los intereses de la justicia y
la integridad del proceso penal. Por lo que, en opinión de la mayoría de la
Sala Plena al llevar a cabo esta ponderación, el juez debe sujetarse a los
criterios expuestos en la SU-141 de 2020 y considerar la adopción de medidas
alternativas idóneas para satisfacer las libertades de expresión, información y
prensa. Dicha advertencia, en opinión de los Magistrados disidentes,
desconoce la especialidad de jurisdicción y la suficiencia de la ley penal.
9.
Por otra parte, a juicio de los suscritos Magistrados la
sentencia objetada dispone la valoración del defecto sustantivo consistente en
una “interpretación asistemática” de las causales previstas en el artículo 18
de la ley 906 de 2004, cuando la disposición legal permite expresamente que,
por razones de protección de las víctimas, testigos, intervinientes, el juez
pueda tomar esta decisión cuando lo considere necesario.
10.
Además, consideramos que a pesar de que no se realizó de forma
explícita el test tripartito, en este caso, la jueza en ejercicio de sus
competencias resolvió en debida forma la tensión de derechos a la que se veía
enfrentada, por cuanto, su decisión tuvo: (a) un fundamento legal; (b) un fin
constitucional legítimo; y (c) fue proporcional, pues la medida es idónea, se
consideró necesaria y no afecta desproporcionadamente el derecho a la
publicidad o a la libertad de expresión. Si bien los criterios de limitación de
la libertad de expresión deben ser restrictivos, lo que implica que los jueces
deben fundar la reserva en la estricta necesidad de adoptar la medida y la
decisión de la mayoría considera que esto no fue así, encontramos que la
necesidad sí fue fundamentada en la decisión de la juez y aceptada en el fallo
que se objeta.
11.
En este sentido, a
nuestro juicio, someter la carga de
motivación judicial al agotamiento de dicha ponderación en los términos de la
sentencia, seguido de la adopción de medidas alternativas idóneas que
satisfagan las libertades de expresión, información y prensa, compromete las
garantías propias del debido proceso, y de reconocimiento constitucional
autónomo, como la independencia y autonomía judicial[357].Todo ello, en
detrimento de ley procesal y sustancial penal y para aterrizar la controversia
en un plano constitucional, a juicio de los suscritos, erróneamente construido
sobre la base de hechos no probados en el expediente sometido a consideración
de la Sala Plena.
12.
De esta forma, el juicio de proporcionalidad que plantea la
sentencia obliga al juez penal a considerar medidas alternativas – no previstas
en la ley – antes de aplicar las causales legales de restricción a la
publicidad, con el objetivo de garantizar la libertad de expresión. Esta
ponderación, más allá de dificultar la aplicación de la
norma penal especial que regula las limitaciones al principio de publicidad en
la etapa de audiencias preliminares, complejiza los procesos, olvida que existen
formas de motivación legitimas y suficientes en la decisión
proferida por el juez del caso, y termina por dificultar la aplicación de
prerrogativas legales del juez en su calidad de director del proceso. Sobre
este punto, las medidas descritas en la decisión de la mayoría, en
su mayoría, carecen de soporte legal, generan dificultades en su
implementación y sujetan al juez a un panorama de eventualidades
infinitas que termina por comprometer su capacidad y autonomía para
decidir sobre las restricciones a la publicidad y afectan otras garantías
constitucionales como la autonomía judicial, los derechos de las
víctimas y el debido proceso. Es así como, consideran los
Magistrados disidentes que sujetar la motivación de los jueces de control
de garantías – que cumplen con la carga de motivación conforme a la
ley – a la consideración de alternativas eventuales y censurar las formas
suficientes de motivación distintas a las que plantea la Corte, es una
forma clara de intromisión en la autonomía judicial que desconoce,
entre otras, la realidad del proceso penal y el debido proceso judicial. Los
jueces de garantías, al aplicar la ley, deben ponderar las distintas
garantías constitucionales de las partes del proceso y no sólo
valorar la libertad de información en la etapa de investigación.
13.
En este orden de ideas, es posible
afirmar que la sentencia SU-141 de 2020 crea un caso bajo el lente de la
libertad de expresión, que tiene por efecto: (i) instrumentalizar el contenido
esencial del artículo 20 de la Constitución a los fines de la sentencia; (ii)
someter elementos esenciales del debido proceso al olvido; y (iii) poner en
peligro la autonomía e independencia[358]
de los jueces de control de garantías, creando una nueva causal para el defecto
sustantivo consistente en una “interpretación asistemática” de las
causales previstas en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, cuando la norma
permite que por razones de protección de las víctimas, testigos,
intervinientes, etc. el juez pueda tomar esta decisión cuando lo considere necesario.
Tres efectos que, en la práctica, entierran la decisión judicial de reserva al
tratarse de un ejercicio de ponderación fundado en el artículo 20 de la
Constitución y sometido a las presunciones de cobertura y prevalencia propias
de esta garantía. De este modo, el defecto sustantivo justifica, a
juicio de la mayoría, la intromisión en la carga de motivación de los jueces
cuando los somete a la aplicación de un test de ponderación,
constitucionalizando una decisión antes agotada con la aplicación estricta y
motivada de la ley y, con ello, comprometiendo no solo la capacidad judicial de
decretar una causal de reserva legal, sino otras aristas del proceso penal como
la investigación.
14.
En síntesis, contrario a lo
considerado por la mayoría de Sala Plena, consideran los Magistrados disidentes
que la decisión del Juzgado 22 de Control de Garantías de Bogotá no permite
configurar un defecto sustantivo por interpretación asistemática. La
decisión adoptada por la juez accionada se enmarcó en una de las situaciones
excepcionales que justifican la restricción del principio de publicidad,
consistente en la necesidad de proteger derechos de superior rango, como la
vida y la integridad, y se acompañó de una medida alterna que buscaba
garantizar la libertad de expresión, información y prensa -como se refleja en
el comunicado de prensa -. Este último aspecto corrobora que la juez sí
tuvo en cuenta dichas libertades, máxime en el caso sobre un proceso de interés
público, pues no de otra manera se explica que al finalizar la audiencia
preliminar, dicha funcionaria haya emitido el mencionado comunicado de prensa,
dando la oportunidad y el espacio con dicho documento de garantizar el control
ciudadano sobre el funcionamiento de sus instituciones y funcionarios.
II.
El principio de publicidad
en materia penal, contenido, alcance y límites en el marco de la Constitución y
la ley
15.
Como toda garantía, la publicidad
en el proceso penal, si bien opera como regla general, encuentra límites dentro
de la Constitución y la ley. Ciertamente, la intimidad o la protección de
menores tienen su referente Constitucional (artículo 15 y 43 respectivamente).
No obstante, la introducción particular de la sentencia SU-141 de 2020 del
ejercicio de ponderación, sujeta la aplicación de las causales de ley
(artículos 18 y 149 a 152A de la Ley 906 de 2004), a un ejercicio propio del
juez de tutela y no del juez de control de garantías.
16.
Cuando la sentencia SU-141 de 2020
determina que “la
decisión de declarar reservadas las audiencias preliminares no solo
implica una excepción al principio de publicidad en el marco del proceso
penal, sino que, por contera, compromete el ejercicio de las libertades de
expresión, información y prensa”[359]
desconoce, por una parte,  la realidad del proceso penal (y su estructuración
por etapas) y, como consecuencia, el deber de protección incremental[360].
17.
Aunque la sentencia
afirma que el principio de publicidad no es absoluto, lo cierto es que
desconoce el deber de dar una aplicación incremental al mismo conforme avanza
el proceso penal. Esto ocurre cuando somete al juez de control de garantías y
al juez de conocimiento al mismo test de ponderación como elemento sine
qua non para motivar la reserva; anulando el reconocimiento incremental
que, en una y otra etapa, reconocía el Legislador en el diseño del proceso
penal. Cabe resaltar que los artículos 228 y 230 de la Constitución, en sus
apartes sobre las excepciones al principio de publicidad, tienen reflejo en,
por lo menos, dos normas del bloque de constitucionalidad en sentido estricto:
(i) el artículo 8 de la CADH[361]
que admite restricciones para “preservar los intereses de la justicia”; y (ii)
el artículo 14 del PIDCP[362]
cuyo ámbito de restricción es mucho más amplio[363].
18.
A pesar de la claridad de la
aplicación de causales de ley para la adopción por parte del juez del proceso
penal para sujetar las audiencias preliminares a reserva, la sentencia reconoce como parte esencial
de la libertad de prensa, expresión y la libertad de información, a través del juicio de necesidad y la adopción de “medidas
menos lesivas”, la
presencia de los medios de comunicación en dichas audiencias. Dicha regla, en opinión de los Magistrados
disidentes, parte de una
lectura equivocada del principio de publicidad en materia procesal penal y el
artículo 20 de la Constitución. Es claro que, la sentencia no
entiende que el principio de publicidad, como todo principio constitucional, no
es absoluto sino que se puede ponderar con otros principios, siendo transversal
a todo el proceso penal, y que el mismo
-como ya se mencionó-
se caracteriza por su protección incremental o maximización. Este aspecto –reconocido
pacíficamente por la jurisprudencia[364]
–, fue omitido en la sentencia adoptada por la mayoría. Es claro que sin
tener un piso jurídico sobre el cual actuar, esto es, una decisión
judicial que adolecería de algún defecto, la mayoría
adoptó un remedio constitucional sobre un caso hipotético y
eventual, un debate basado en la aplicación de un marco normativo visto
con el lente de la libertad de expresión, desnaturalizando el contenido
esencial del artículo 20 de la Constitución y dejando en el olvido
otras garantías constitucionales y elementos esenciales del debido proceso. En este afán de la mayoría de garantizar el mandato
contenido en el artículo 20 de la Constitución, no reconoció ni ponderó
la finalidad constitucional de las medidas restrictivas necesarias a la misma
con el fin de proteger los derechos a la vida e integridad de testigos,
intervinientes etc., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 149
a 152A de la Ley 906 de 2004.
En conclusión, en opinión de los Magistrados
disidentes, es claro, por un
lado, tal y como lo manifestó la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en segunda instancia, que en el presente caso se encontraba
probada con suficiencia la motivación de la providencia recurrida y que
la juez accionada, en efecto, ponderó de forma adecuada la tensión
entre el debido proceso y el principio de publicidad en el marco de audiencias
preliminares. Con fundamento en lo anterior, la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena termina por desconocer el criterio de
autonomía judicial donde la decisión de mantener o no la reserva,
se sujeta al principio de necesidad conforme a lo dispuesto en el
artículo 149 de la Ley 906 de 2004, por lo que la decisión de la
juez de control de garantías no es permanente sino hasta que se superen
las situaciones que motivaron la limitación a dicha garantía,
asunto que deberá ser valorado por el juez de conocimiento, en su debida
oportunidad (protección incremental). Esta sentencia decidida por la
mayoría, asume violaciones que no ocurrieron y por consiguiente se tutela
una vulneración inexistente por parte del juez de control de
garantías, desconociendo a todas luces la naturaleza de la acción
de tutela.
En estos términos queda planteado el salvamento de
voto conjunto, respecto de la sentencia SU-141 de 2020.
Fecha ut supra,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Radicado No. 11001600070620160080000 (cdno. 1, fls. 1
a 36).
[2] Cdno. reservado, CD 1.
[3] Id.
[4] Id.
[5] Id.
[6] Id.
[7] Ley 906 de 2004, artículo 155: “Publicidad. Las
audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor.
La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. // Serán de carácter
reservado las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos,
registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de
personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa
para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que
involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de
agresiones sexuales. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar”.
[8] Cdno. reservado, CD 1.
[9] Cdno. reservado, CD 1.
[10] Cdno. 1, fls. 1 a 36.
[11] Cdno. de revisión 1, fl. 190.
[12] Id.
[13] Id.
[14] Id.
[15] Id.
[16] Id.
[17] Id.
[18] Id.
[19] Id.
[20] Cdno. 1, fls. 57 a 58.
[21] El Tribunal indicó que “la pretensión consignada
en la demanda va encaminada a obtener el mismo resultado que la medida
provisional, por lo cual acceder al decreto de esta última podría constituir un
acto de prejuzgamiento”. Cdno. 1, fls. 52 a 55.
[22] Cdno. 1, fls. 57 a 58.
[23] Id.
[24] Cdno. 1, fls. 63 a 66.
[25] Cdno. 1, fls. 68 a 70.
[26] En particular, mediante dichos trinos fue publicada
la siguiente información del proceso: “Juzgado 22 de Garantías: inician
audiencias preliminares contra director de la cárcel Modelo y otros
funcionarios, por presuntos actos de corrupción al interior del penal”
(cdno. 1, fl. 69), y “Juzgado 22 de Garantías: cobijados con medida de
aseguramiento intramural César Ceballos, director de la cárcel Modelo y 4
personas más, por presuntos vínculos de corrupción para beneficiar a algunos
reclusos” (cdno. de revisión 1, fl. 362).
[27] Cdno. 1, fls. 79 a 81.
[28] Cdno. 1, fls. 89 a 91.
[29] Cdno. 1, fls. 98 a 100.
[30] Cdno. 1, fls. 110 a 120.
[31] Cdno. 1, fl. 134.
[32] Cdno. 1, fls. 142 a 158. Asimismo, cdno. 2, fls. 8 a 18.
[33] Id.
[34] Cdno. 1, fls. 163 a 170.
[35] Cdno. 2, fls. 5 a 6.
[36] Cdno. 2, fls. 20 a 24.
[37] Cdno. 2, fls. 26 a 32.
[38] Cdno. 2, fls. 33 a 62.
[39] Durante el proceso de selección se recibieron 6
solicitudes de selección presentadas por: (i) los periodistas
accionantes (cdno. de revisión 1, fls. 1 a 27); (ii) la Corporación
Excelencia en la Justicia (cdno. de revisión 1, fl. 28); (iii)
Fescomunicación (cdno. de revisión 1, fls. 29 a 31); (iv) la Flip (cdno.
de revisión 1, fls. 33 a 39); (v) la Asociación Colombiana de Medios de
Información, AMI, (cdno. de revisión 1, fls. 41 a 45); y (vi) la
Defensoría del Pueblo (cdno. de revisión 1, fls. 46 a 49).
[40] Cdno. de revisión 1, fls. 50 a 70.
[41] Cdno. de revisión 1, fls. 101 a 107.
[42] Cdno. de revisión 1, fls. 101 a 107. En particular,
el magistrado ponente solicitó informes a: (i) los periodistas
accionantes, (ii) el Juzgado 22, (iii) la Fiscalía 23, (iv)
la Flip, (v) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, (vi) Fiscalía General de la Nación, (vii) la
Procuraduría General de la Nación, (viii) el coordinador del centro de
servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Paloquemao, (ix) el
Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, (x) la Corporación Excelencia en
la Justicia, (xi) la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, (xii)
Asomedios, (xiii) la Fundación Karisma, (xiv) la Asociación
Colombiana de Medios de Información (AMI), (xv) la federación Colombiana
de Periodistas (Fecolper), (xvi) Reporteros Sin Fronteras y (xvii)
a varios medios de comunicación televisiva y radial.
[43] Se recibieron los siguientes informes: (i)
Juan Carlo Giraldo (cdno. de revisión 1, fl. 73); (ii) Flip (cdno. de
revisión 1, fl. 76); (iii) Mauricio Barbosa (cdno. de revisión 1, fls 78
a 82); (iv) Andrés Felipe Espejo Valencia (cdno. de revisión 1, fls. 84
a 86); (v) Nubia Constanza Sánchez Castro (cdno. de revisión 1, fls. 90
a 94); (vi) Juan Carlo Giraldo (cdno. de revisión 1, fls. 172 a 174); (vii)
Florencio Sánchez (cdno. de revisión 1, fls. 175 a 178); (viii) Leonidas
Medina Jiménez (cdno. de revisión 1, fls. 185 a 186); (ix) Juez 22 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (cdno. de revisión 1,
fls. 188 a 197 y cdno. reservado, CD); (x) Fiscal 23 Seccional de la
Dirección Especializada contra la Corrupción (cdno. de revisión 1, fls. 222 a
223 y cdno. reservado, fls. 1 a 48); (xi) Consejo Superior de la
Judicatura (cdno. de revisión 1, fls. 224 a 225); (xii) Fiscalía General
de la Nación (cdno. de revisión 1, fls. 230 a 239); (xiii) procuradora 4
Judicial II Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado (cdno. de revisión 1, fls.
258 a 259); (xiv) Asomedios, Corporación Excelencia en la Justicia y AMI
(cdno. de revisión 1, fls. 261 a 264); (xv) Caracol Televisión (cdno. de
revisión 1, fl. 265); (xvi) RCN Televisión (cdno. de revisión 1, fls.
269 a 273); (xvii) Flip (cdno. de revisión 1, fls. 311 a 328); (xviii)
Defensoría del Pueblo (cdno. de revisión 1, fls. 333 a 335); (xix)
Caracol Radio (cdno. de revisión 1, fls. 358 a 360); (xx) Centro de
Servicios Judiciales de Paloquemao (cdno. de revisión 1, fls. 362 a 364); (xxi)
Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá (cdno. de revisión 1, fl. 366); (xxii)
periodistas accionantes (cdno. de revisión 1, fls. 410 a 419); (xxiii)
Leonidas Medina Jiménez (cdno. de revisión 1, fls. 420 a 424); (xxiv) Media
Legal Defense Initiative (cdno. de revisión 2, fls. 546 a 555 y 575 a 584),
y (xxv) Mauricio Pava Lugo (cdno. de revisión 2, fls. 591 a 615).
[44] Cdno. de revisión 1, fls. 369 a 371.
[45] Cdno. de revisión 1, fls. 423 a 424.
[46] Cdno. de revisión 1, fls. 433 a 440.
[47] Cdno. de revisión 1, fls. 460 a 461.
[48] Cdno. de revisión 2, fl. 565.
[49] Cdno. de revisión 2, fls. 561 a 562.
[50] Cdno. de revisión 2, fls. 627 a 631.
[51] Cdno. de revisión 2, fl. 775.
[52] Cdno. de revisión 2, fls. 735 a 737.
[53] Cdno. de revisión 2, fls. 671 a 684.
[54] Cdno. de revisión 2, fls. 690 a 695.
[55] Cdno. de revisión 2, fls. 802 a 803.
[56] Cdno. de revisión 2, fls. 791 a 801.
[57] Cdno. de revisión 2, fls. 786 a 790.
[58] Cdno. de revisión 2, fls. 908 a 913.
[59] Cdno. de revisión 2, fls. 832 a 854.
[60] Cdno. de revisión 2, fls. 898 a 901.
[61] Cdno. de revisión 2, fls. 856 a 868.
[62] Art. 86 de la C.P.: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública…”
[63] Sentencia T-321 de 2016. Cfr. T-154 de 2017.
[64] Sentencia T-369 de 2017.
[65] Sentencia T-308 de 2011.
[66] Sentencia T-412 de 2008.
[67] Sentencia T-412 de 2008.
[68] Sentencia SU 771 de 2014.
[69] Sentencia T-011 de 2016.
[70] Sentencia T-970 de 2014.
[71] Sentencia T-038 de 2019
[72] Sentencia SU 522
de 2019.
[73] Sentencia T-107
de 2018. Cfr. T-142 de 2016 y T-576 de 2008.
[74] Sentencia T-107
de 2018.
[75] Sentencia SU 522
de 2019. Cfr. Sentencia T-107 de 2018 y T-011 de 2016.
[76] Sentencia SU 522
de 2019.
[77] Id.
[78] Id.
[79] Id.
[80] Auto 232 de 2001.
[81] Sentencia T-038 de 2019
[82] Sentencia T-391 de 2007.
[83] Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
[84] Artículo 19: “1. Nadie podrá ser molestado a causa
de sus opiniones. // 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. // 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a
los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
[85] Artículo 13: “Libertad de pensamiento y de expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas. // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. //
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
2. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional”.
[86] Sentencia C-650 de 2003.
[87] Sentencia T-391 de 2007.
[88] Sentencia T-244 de 2018.
[89] Sentencia C-442 de 2011.
[90] Sentencia T-155 de 2019.
[91] Sentencia T-155 de 2019.
[92] Sentencia T-391 de 2007.
[93] Sentencia T-145 de 2019. Asimismo, ver las sentencias
SU 274 de 2019, T-155 de 2019, T-391 de 2007, entre otras.
[94] Sentencia T-256 de 2013. Asimismo,
ver las sentencias SU 274 de 2019, T-155 de 2019, T-391 de 2007, entre otras.
[95] Id.
[96] Id.
[97] Id.
[98] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[99] Sentencia T-391 de 2007.
[100] Sentencia SU 274 de 2019.
[101] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[102] Sentencia T-391 de 2007.
[103] Sentencia T-243 de 2018.
[104] Sentencia T-391 de 2007.
[105] Sentencia T-391 de 2007.
[106] Sentencia T-391 de 2007.
[107] Sentencia T-155 de 2019,  T-243 de 2018, T-391 de
2007, entre otras.
[108] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[109] Sentencia SU 274 de 2019.
[110] Sentencia T-391 de 2007.
[111] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[112] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[113] Sentencia SU 1723 de 2000.
[114] Sentencia T-155 de 2019.
[115] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[116] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010.
[117] Sentencia T-391 de 2007.
[118] Sentencia T-391 de 2007.
[119] Declaración de Maputo: “Promover la libertad de
expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas”, 2008.
Cfr. Declaración de Brisbane: “Libertad de información: el derecho a
saber”, 2010.
[120] Sentencia T-391 de 2007.
[121] Sentencia T-391 de 2007.
[122] Sentencia
SU 274 de 2019.
[123] Id.
[124] Id.
[125] Sentencia T-155 de 2019.
[126] Id.
[127] Sentencia SU 274 de 2019.
[128] Sentencia SU 274 de 2019.
[129] Sentencia T-049 de 2008.
[130] Sobre la relación entre publicidad de las actuaciones
penales y el derecho a un juicio justo, ver la Sentencia SU 274 de 2019.
[131] Sentencia T-049 de 2008.
[132] Sentencia T-409 de 2014.
[133] Sentencia T-409 de 2014.
[134] Sentencia T-259 de 1994. Cfr. Consejo de
Europa, Comité de Ministros. Recomendación
Rec(2003)13: “The provision of information in relation to court proceedings,
and in particular criminal proceedings, corresponds to the right of the public
to be informed on matters of public concern, including justice”.
[135] Sentencia T-049 de 2008.
[136] Sentencia T-049 de 2008. Cfr. Sentencia C-1154
de 2005.
[137] Sentencia T-920 de 2008 y C-037 de 1996.
[138] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe Anual, 2019.
[139] Id.
[140] http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=87&lID=2
[141] Id.
[142] Id.
[143] Id.
[144] Id.
[145] Resolución
67/187 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
[146] Id.
[147] Id.
[148] Comité de los
Derechos del Niño. Observación General 10 (2002).
[149] Sentencia T-075 de 2013.
[150] Id.
[151] Constitución Política, artículo 20.
[152] Sentencia SU 274 de 2019.
[153] Sentencia SU 274 de 2019.
[154] Sentencia SU 274 de 2019.
[155] Sentencia SU 274 de 2019.
[156] Sentencia T-219 de 2019. Cfr. SU 274 de 2019.
[157] Sentencia SU 274
de 2019.
[158] Sentencia SU 274
de 2019.
[159] Id.
[160] Sentencia SU 274
de 2019.
[161] Id.
[162] Id.
[163] Id.
[164] Id.
[165] Id.
[166] Id.
[167] Id.
[168] Id.
[169] Id.
[170] Cfr.
Corte Suprema de los Estados Unidos, Press-Enterprise Co. v Superior Court of
California, 478 U.S. 1 (1986); Press-Enterprise Co. v Superior Court of
California, 464 U.S. 501 (1984); Waller v Georgia, 467 U.S. 39 (1984), y
Richmond Newspapers, Inc. v Virginia 448 U.S. 555 (1980). Corte Suprema de
Canadá, Canadian Broadcasting Corp. v The Queen, SCC 3 (2011); Vancouver Sun v
Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004), y Dagenais v Canadian Broadcasting
Corp., CanLII 39 SCC (1994). Tribunal
Constitucional español, STC 56/2004, STC 57/2004, STC 65/1992, STC 96/1987 y
STC 30/1982. Corte Suprema de India, Tripathi v Supreme Court of India 1232
(2017) y Naresh Shridar Mirjakar v State of Maharashtra. 3 S.C.R. 744 (1966).
Cámara de los Lores del Reino Unido, Campbell v MGM Ltd. (2004) y Scott v Scott
(1913). Corte Suprema del Reino Unido, Khuja v Times Newspapers Limited. UKSC
49 (2017). Corte Constitucional de Sudáfrica, Independent Newspapers (Pty) Ltd.
v Minister for Intelligence Services CCT 38/07 (2008); S. v Mamabolo CCT 44/00
(2001), entre otras.
[171] “Plainly it would be difficult to
single out any aspect of government of higher concern to the people than the
manner in which criminal trials are conducted”. Corte Suprema de los Estados Unidos, Richmond
Newspapers, Inc. v Virginia 448 U.S. 555 (1980).
[172] “The press and general public have a
constitutional right of access to criminal trials (…) embodied in the
First Amendment”. Corte Suprema de los Estados Unidos, Globe Newspaper Co.
v Superior Court for the County of Norfolk, 457 U.S., 596 (1982). En el mismo
sentido, la Corte Suprema del Reino Unido ha señalado que: “It has been
recognized for many years that the press reporting of legal proceedings is an
extension of the concept of open justice, and it is inseparable from it”. Corte Suprema del Reino Unido, Khuja v Times
Newspapers Limited. UKSC 49
(2017).
[173] “Underlying the First Amendment right
of access criminal trials is the common understanding that ‘a major purpose of
that Amendment was to protect the free discussion of governmental affairs’”.
Corte Suprema de los Estados Unidos, Globe Newspaper Co. v Superior Court for
the County of Norfolk, 457 U.S., 596 (1982).
[174] “The justification for the principle of
open justice (…) namely the value of public scrutiny as a guarantor of
the quality of justice. (…) Its significance has if anything increased
in an age which attaches growing importance to the public accountability of
public officers and institutions and to the availability of information about
the performance of their functions”. Corte
Suprema del Reino Unido, Khuja v Times Newspapers Limited. UKSC 49 (2017). En el mismo sentido, la
Corte Constitucional de Sudáfrica ha indicado lo siguiente: “Of course this
openness seeks to ensure that the citizenry know what is happening, such
knowledge in turn being a means towards the next objective: so that the people
can discuss, endorse, criticise, applaud or castigate the conduct of their
courts. And, ultimately, such free and frank debate about judicial proceedings
serves more than one vital public purpose. Self-evidently such informed and
vocal public scrutiny promotes impartiality, accessibility and effectiveness,
three of the important aspirational attributes prescribed for the judiciary by
the Constitution”. Corte Constitucional de Sudáfrica, S. v Mamabolo CCT
44/00 (2001).
[175] Id.
[176] “More generally, the courts have an
inherent power to sit in private where it is necessary for the proper
administration of justice. (…) The inherent power of the courts extends
to making orders for the conduct of the proceedings in a way which will prevent
the disclosure in open court of the name of the parties or witnesses or of
other matters, and it is well established that this may be a preferable
alternative to the more drastic course of sitting in private”. Corte Suprema del Reino Unido, Khuja v Times
Newspapers Limited,  UKSC 49 (2017).
[177] “Although the right of Access to
criminal trials is of constitutional stature, it is not absolute. (…) But
the circumstances under which the press and public can be barred from a
criminal trial are limited; the State’s justification in denying access must be
a weighty one. Where, as in the present case, the State attempts to deny the
right of access in order to inhibit the disclosure of sensitive information, it
must be shown that the denial is necessitated by a compelling governmental
interest, and is narrowly tailored to serve that interest”. Corte Suprema
de los Estados Unidos, Globe Newspaper Co. v Superior Court for the County of
Norfolk, 457 U.S., 596 (1982). Cfr. Corte Suprema de los Estados Unidos,
Press-Enterprise Co. v Superior Court of California, 464 U.S. 501 (1984).
[178] Cfr.
Corte Suprema de Canadá, Canadian Broadcasting Corp. v The Queen, SCC 3 (2011)
Toronto Star Newspapers Ltd. v Ontario, SCC 41 (2005); Vancouver Sun v Attorney
General 2 S.C.R. 332 (2004), y Dagenais v Canadian Broadcasting
Corp., CanLII 39 SCC (1994); Tribunal Constitucional español, STC 56/2004,
STC 57/2004, STC 65/1992, STC 96/1987 y STC 30/1982; Corte Suprema de India,
Tripathi v Supreme Court of India 1232 (2017) y Naresh Shridar Mirjakar v State
of Maharashtra. 3 S.C.R. 744
(1966); Cámara de los Lores del Reino Unido, Campbell v MGM Ltd. (2004) y Scott
v Scott (1913); Corte Suprema del Reino Unido, Khuja v Times Newspapers
Limited. UKSC 49 (2017), y Corte Constitucional de Sudáfrica, Independent
Newspapers (Pty) Ltd. v Minister for Intelligence Services CCT 38/07 (2008); S.
v Mamabolo CCT 44/00 (2001).
[179] Corte Suprema de
los Estados Unidos de Norteamérica.
[180] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Eduardo Kimel vs. Argentina.
Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177 (2008); Caso Palamara Iribarne
vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135 (2005); Caso
Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107
(2004); Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193
(2009); Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C No. 111 (2004), y Opinión Consultiva OC-5/85, serie A No. 5 (1985).
[181] Caso Claude Reyes y otros vs.
Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151 (2006).
[182] Caso Palamara Iribarne vs. Chile.
Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135 (2005).
[183] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107 (2004).
[184] Caso Tristán Donoso vs. Panamá.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de
2009. Serie C No. 193 (2009).
[185] Id.
[186] Caso Palamara Iribarne vs. Chile.
Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135 (2005).
[187] Caso Tristán Donoso vs. Panamá.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de
2009. Serie C No. 193 (2009).
[188] Id.
[189] Sentencias C-102 de 2018, C-009 de 2018, SU 274 de
2019, SU 420 de 2019, T-361 de 2019, T-102 de 2019, T-243 de 2018, T-391 de
2007, entre otras.
[190] Caso Eduardo Kimel vs. Argentina.
Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177 (2008).
[191] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de
julio de 2004. Serie C No. 107 (2004).
[192] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107 (2004).
[193] Id.
[194] Ver Caso Gomes Lund y otros vs.
Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219 (2010) y Claude
Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151
(2006).
[195]  Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Caso Nikolova and Vandova v. Bulgaria. No. 20688/04 (2014); Caso Welke and Bialek v. Polnad. No. 15924
(2011); Caso Belashev v. Russia. No. 28617/03 (2009); Caso B and P v. The
United Kingdom. No. 36337/97 y 35974/97 (2001); Caso Reipan v. Austria. No.
35115/97 (2001); Caso Doorson v. The Netherlands. No. 20524/92 (1996); Caso
Campbell and Fell v. The United Kingdom. No. 7819/77 y 7878/77 (1984); Caso The
Sunday Times v. The United Kingdom. No. 6538/74
(1979); entre otros.
[196] Artículo 6.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
[197] “Administration of justice, including trials, derives legitimacy
from being conducted in public (…) There is a high expectation of
publicity in ordinary criminal proceedings”. Caso Belashev v Russia. No.
28617/03 (2009).
[198] “The public
character of proceedings protects litigants against the administration of
justice in secret with no public scrutiny; it is also one of the means whereby
confidence in the courts can be maintained. By rendering the administration of
justice visible, publicity contributes to the achievement of the aim of Article
6 § 1, a fair hearing,
the guarantee of which is one of the foundations of a democratic society”. Caso B. and P. v United Kingdom. No.
36337/97 y 35974/97 (2001).
[199]  “Freedom of expression constitutes one of
the essential foundations of a democratic society, one of the basic conditions
for its progress and for each individual’s self-fulfilment”. Caso Lingens v. Austria. No. 9815/82
(1986). Cfr. Consejo de Europa. Freedom of
expression. A Guide to the implementation of article 10 of the European
Convention on Human Rights. Human Rights Handbook. No. 2.
[200] “the press plays a pre-eminent role in
a State governed by the rule of law”. Caso Castells v. Spain. No.
11798/85 (1992). Cfr. Consejo de Europa. Freedom of expression. A Guide to the
implementation of article 10 of the European Convention on Human Rights. Human
Rights Handbook. No. 2.
[201]  “It is incumbent on the press to impart information and ideas on
matters of public interest”. Caso Thorgeir Thorgeirson v. Iceland. No. 13778/88
(1992).
[202] “The exercise of these freedoms, since it carries with it duties
and responsibilities, may be subjected to such formalities, conditions,
restrictions and penalties as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society, in the interests of national security, territorial
integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, for the protection, of the reputation or right
of others, for preventing disclosure of information received in confidence, or
for maintaining the authority and impartiality of the judiciary”. Caso The
Sunday Times v. The United Kingdom. No. 6538/74 (1979).
[203] Id.
[204] Artículo 10 de
la CEDH. Cfr. Consejo
de Europa. Freedom of
expression. A Guide to the implementation of article 10 of the European
Convention on Human Rights. Human Rights Handbook. No. 2.
[205] Id.
[206] Id.
[207]  “State’s interference” must be seen as
any form of interference coming from any authority exercising public power and
duties or being in the public service, such as courts, prosecutors’ offices,
police, any law-enforcement body, intelligence services, central or local
councils, government departments, army decision-making bodies, public
professional structures. Far from being exhaustive, the above enumeration tries
only to picture the possible national authorities whose actions would be
capable of limiting the exercise of freedom of expression. It makes no
difference for the Court which particular authority interferes with this right;
the national government shall be considered as respondent party in all cases
brought before the Court in Strasbourg”. Consejo de Europa. Freedom of
expression. A Guide to the implementation of article 10 of the European
Convention on Human Rights. Human Rights Handbook. No. 2.
[208] “their life, liberty or security of person may be a stake, as
many interests coming generally within the ambit of Article 8 (art. 8) of The
Convention. (…) Contracting States should organize their criminal proceedings
in such a way that those interests are not unjustifiably imperilled. Against this background,
principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests
of the defense are balanced against those of witnesses or victims called to
testify”. Caso Doorson v. The Netherlands. No.
20524/92 (1996).
[209] Consejo
de Europa. Freedom of expression. A Guide to the implementation of article 10
of the European Convention on Human Rights. Human Rights Handbook. No. 2.
[210] Caso Doorson v.
The Netherlands. No. 20524/92 (1996). Asimismo, ver Consejo de Europa. Freedom of expression. A Guide to the implementation
of article 10 of the European Convention on Human Rights. Human Rights
Handbook. No. 2. (“When
such conflict occurs, the Court strikes a balance in order to establish the
pre-eminence of one right over the other. The balance of the conflicting
interests, one of which is freedom of expression, takes into account the
importance of the other”).
[211] “Before excluding the public from a criminal proceedings, courts
must make specific findings that closure is necessary to protect a compelling
governmental interest and limit secrecy to the extend necessary to preserve
such interest”. Caso Belashev v. Russia. No.
28617/03 (2009).
[212] “The proceedings which the present applicants wished to take
place in public concerned the residence of each man’s son following the
parents’ divorce or separation. The Court considers that such proceedings are
prime examples of cases where the exclusion of the press and public may be
justified in order to protect the privacy of the child and parties and to avoid
prejudicing the interests of justice”. Caso B and P v. The United Kingdom.
No. 36337/97 y 35974/97 (2001).
[213] Caso Doorson v.
The Netherlands. No. 20524/92 (1996).
[214] “The Court
therefore accepts that there were sufficient reasons of public order and
security justifying the exclusion of the press and public from the proceedings
against Mr. Campbell. There was accordingly no violation of Article 6”.
Caso Campbell and Fell v. The United Kingdom. No. 7819/77 y 7878/77 (1984). Cfr.
Caso Reipan v. Austria. No. 35115/97 (2001).
[215] “The
proceedings which the present applicants wished to take place in public
concerned the residence of each man’s son following the parents’ divorce or
separation. The Court considers that such proceedings are prime examples of
cases where the exclusion of the press and public may be justified in order to
protect the privacy of the child and parties and to avoid prejudicing the
interests of justice. To enable the deciding judge to gain as full and accurate
a picture as possible of the advantages and disadvantages of the various
residence and contact options open to the child, it is essential that the
parents and other witnesses feel able to express themselves candidly on highly
personal issues without fear of public curiosity or comment”. Caso B. and
P. v The United Kingdom No. 36337/97 y 35974/97 (2001).
[216] “[The Court]
agrees with the Government that to pronounce the judgment in public would, to a
large extent, frustrate these aims”. Caso B. and P. v The United Kingdom No. 36337/97 y 35974/97 (2001).
[217] “The Court further observes that the City Court did not take any
measure to counterbalance the detrimental effect that the decision to hold the
applicant’s trial in camera must have had on public confidence in the proper
administration of justice”. Caso Belashev v. Russia. No. 28617/03
(2009).
[218] Caso Nikolova
and Vandova v. Bulgaria. No. 20688/04 (2014).
[219] “(…) nor did it contemplate taking measures to counterbalance
the effects of the lack of a public hearing, for instance by restricting access
to certain documents only or holding just some of the sessions in camera, to
the extend necessary to preserve confidentiality of the documents in question”.
Caso Nikolova and Vandova v. Bulgaria. No. 20688/04
(2014).
[220] Caso Belashev v. Russia. No. 28617/03 (2009).
[221] Id.
[222] “The Court further looks at the Government’s second
argument to the effect that the exclusion of the public was necessary in the
interests of justice, in particular, for the safety of the victims and
witnesses. The Court observes that the need to protect the safety of victims
and witnesses through the exclusion of the public from the trial was first
mentioned by the Moscow City Court in its decision of 25 December 2001. The
reasons given by the Moscow City Court for holding the hearing in camera were
“to guarantee security to the victims, witnesses and other parties to the
proceedings, taking into account the character of the charges”. The Court
considers these reasons to be regrettably laconic. It would have been
preferable to have expanded this element to explain in more detail why the City
Court was worried about the vulnerability of certain victims and witnesses or
whether and why it was concerned that witnesses and victims could have been
deterred. It was also important to explain why the concern for the safety of
victims and witnesses outweighed the importance of ensuring the publicity of
the trial. Moreover, if the trial court had indeed taken into account certain
information, this should have been presented to the parties, in particular the
applicant, so that an open discussion of the matter could have occurred (…) The Court notes that the government
submitted no documents to show what information had served as a basis for the
City Court’s decision”.
Caso Belashev v. Russia. No. 28617/03 (2009).
[223] Id.
[224] Press-Enterprise
Co. v Superior Court of California, 478 U.S. 1 (1986); Press-Enterprise Co. v
Superior Court of California, 464 U.S. 501 (1984); Waller v Georgia, 467 U.S.
39 (1984); Globe Newspaper Co. v Superior Court for the County of Norfolk, 457
U.S., 596 (1982), y Richmond Newspapers, Inc. v Virginia 448 U.S. 555 (1980),
entre otras.
[225] “A responsible press has always been
regarded as the handmaiden of effective judicial administration especially in
the criminal field (…). The press does not simply publish information about
trials but guards against the miscarriage of justice by subjecting the police,
prosecutors, and judicial processes to extensive public scrutiny and criticism”.
Nebraska Press Association v Stuart, 427 U.S. 539 (1976).
[226]  “It is true that unlike a criminal
trial, the California preliminary hearing cannot result in the conviction of
the accused and the adjudication is before a magistrate or other judicial
officer without a jury. But these features, standing alone, do no make public access
any less essential to the proper functioning of the proceedings in the overall
criminal justice process (….) the preliminary hearing in many cases
provides ‘the sole occasion for public observation of the criminal justice
system’”.  Corte Suprema de los
Estados Unidos, Press-Enterprise Co. v Superior Court of California, 478 U.S. 1
(1986). Asimismo, esta corte
ha advertido que “the presumption of openness may be overcome only by an
overriding interest based on findings that closure is essential to preserve
higher values and is narrowly tailored to serve that interest. The interest is
to be articulated along with findings specific enough that a reviewing court
can determine whether the closure order was properly entered”, Corte
Suprema de los Estados Unidos, Press-Enterprise Co. v Superior Court of
California, 464 U.S. 501 (1984). En otras
oportunidades, esta Corte ha admitido que la limitación a la publicidad puede
estar justificada en asegurar la correcta administración de justicia (“in
some limited circumstances, closure may be warranted. Thus a trial judge may, ‘in the interest of
the fair administration of justice, impose reasonable limitations on access to
trial’”). Corte Suprema de los Estados Unidos, Richmond
Newspapers, Inc. v Virginia 448 U.S. 555 (1980).
[227] Id.
[228] Sentencia SU 274
de 2019. Cfr. Corte Suprema de los Estados Unidos. Nebraska
Press Association v Stuart, 427 U.S. 539 (1976).
[229] “The proceedings cannot be closed
unless specific, on the record findings are made demonstrating that ‘closure is
essential to preserve higher values and is narrowly tailored to serve that
interest’. (…) If the interest asserted is the right of the accused to a
fair trial, the preliminary hearing shall be closed only if specific findings
are made demonstrating that there is a substantial probability that the
defendant’s right to a fair trial will be prejudiced by publicity that closure
would prevent”. Corte Suprema de los
Estados Unidos, Press-Enterprise Co. v Superior Court of California, 478 U.S. 1
(1986).
[230] “The closure must be no broader than
necessary to protect that interest (…). The closure of the entire
suppression hearing here plainly was unjustified. The State’s proffer was not
specific as to whose privacy interests might be infringed if the hearing were
open to the public, what portions of the wiretap tapes might infringe those
interests”. Corte Suprema de los
Estados Unidos, Waller v Georgia, 467 U.S. 39 (1984).
[231] “Any closure of a suppression hearing
over the objections of the accused must meet the following test: (…) the trial
court must consider reasonable alternatives to closing the hearing”. Corte Suprema de los Estados Unidos, Waller v Georgia,
467 U.S. 39 (1984). En el
mismo sentido, “the trial judge made no findings to support closure; no
inquiry was made as to whether alternatives solutions would have met the need
to ensure fairness; there was no recognition of any right under the
Constitution for the public or press to attend the trial, and there was no
suggestions that any problems with witnesses could not have been dealt with by
exclusion from the courtroom or sequestration during the trial, or that
sequestration of the jurors would not have guarded against their being
subjected to any improper information”. Corte
Suprema de los Estados Unidos, Richmond Newspapers, Inc. v Virginia 448 U.S.
555 (1980). “Although the
entry of the order might be read as a judicial determination that other
measures would not suffice, the trial court made no express findings to that
effect; the Nebraska Supreme Court referred to the issue only by implication”.
Corte Suprema de los Estados Unidos,
Nebraska Press Association et al. v Stuart Judge et al. 427 US 539 (1976). Cfr. Corte Suprema de los Estados Unidos,
Press-Enterprise Co. v Superior Court of California, 464 U.S. 501 (1984) (“”there
was also failure to consider alternatives to closure and to total suppression
of the transcript. The trial judge should seal only such parts of the
transcript as necessary to protect the anonymity of the individuals sought to
protect”).
[232] “The closure of the entire suppression
hearing here plainly was unjustified. The State’s proffer was not specific as
to whose privacy interests might be infringed if the hearing were open to the
public, what portions of the wiretap tapes might infringe those interests
(…) and the court did not consider alternatives to immediate closure of the
hearing”. Corte Suprema de los
Estados Unidos, Waller v Georgia, 467 U.S. 39 (1984).
[233] Id.
[234] “Assuming that some jurors had
protectible privacy interests in some of their answers, the trial judge
provided no explanation as to why his broad order denying access to information
at the voir dire was not limited to information that was actually sensitive and
deserving of privacy protection. Nor did he consider whether he could disclose
the substance of the sensitive answers while preserving the anonymity of the
jurors involved. // Thus not only was there a failure to articulate findings
with the requisite specificity, but there was also a failure to consider
alternatives to closure and to total suppression of the transcript. The trial
judge should seal only such parts of the transcript as necessary to preserve
the anonymity of the individuals sought to be protected”. Corte Suprema de los Estados Unidos, Press-Enterprise
Co. v Superior Court of California, 464 U.S. 501 (1984).
[235] “The Massachusetts statute cannot be
justified on the basis of either the State's interest in protecting minor
victims of sex crimes from further trauma and embarrassment or its interest in
encouraging such victims to come forward and testify in a truthful and credible
manner. (…) Compelling as the first interest is, it does not justify a
mandatory closure rule. Such interest could be just as well served by requiring
the trial court to determine on a case-by-case basis whether the State's
legitimate concern for the minor victim's wellbeing necessitates closure. Such
an approach ensures that the constitutional right of the press and public to
gain access to criminal trials will not be restricted except where necessary to
protect the State's interest”. Corte Suprema de los Estados Unidos, Globe
Newspaper Co. v Superior Court for the County of Norfolk, 457 U.S., 596 (1982).
[236] Corte Suprema de
Canadá. Canadian Broadcasting Corp. v The Queen, SCC 3 (2011) Toronto Star
Newspapers Ltd. v Ontario, SCC 41 (2005); Vancouver Sun v Attorney General 2
SCR 332 (2004); Canadian Broadcasting Group v New Brunswick (Attorney General) SCR 480
(1996); y Dagenais v Canadian Broadcasting
Corp., CanLII 39 SCC (1994), entre otras.
[237] “This
Court has emphasized on many occasions that the ‘open court principle’ is a
hallmark of a democratic society and applies to all judicial proceedings”. Vancouver Sun v Attorney General 2 S.C.R.
332 (2004).
[238] “Public access to the courts guarantees the integrity of
judicial processes by demonstrating “that justice is administered in a
non-arbitrary manner, according to the rule of law”.  Openness is
necessary to maintain the independence and impartiality of courts.  It is
integral to public confidence in the justice system and the public’s
understanding of the administration of justice.  Moreover, openness is a
principal component of the legitimacy of the judicial process and why the
parties and the public at large abide by the decisions of courts”. Vancouver Sun v Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004).
[239] “The freedom of the press to
report on judicial proceedings is a core value. Equally, the right of the
public to receive information is also protected by the constitutional guarantee
of freedom of expression”. Vancouver Sun v Attorney
General 2 S.C.R. 332 (2004).
[240] “Equally, the right of the public to
receive information is also protected by the constitutional guarantee of
freedom of expression. The press plays a vital role in being the conduit
through which the public receives that information regarding the operation of
public institutions. Consequently, the open court principle, to put it mildly,
is not to be lightly interfered with”. Vancouver Sun v Attorney General 2
S.C.R. 332 (2004). Cfr. “It is also essential to a democracy, and crucial to the rule
of law, that the courts are seen to function openly.  The press must thus
be free to comment and report upon court proceedings to ensure that the courts
are in fact seen by all to operate openly in the penetrating light of public
scrutiny.  It is only through the press that most individuals can really
learn of what is occurring in the courts. The members of the public, as
‘listeners’ or ‘readers’, have a right to receive information pertaining to
public institutions, in particular the courts”. Edmonton Journal v Alberta, SCC 20 (1989)
[241] “Furthermore, the principle of openness
of judicial proceedings extends to the pretrial stage of judicial proceedings
because the policy considerations upon which openness is predicated are
the same as in the trial stage. Dickson J. found ‘it difficult to accept the
view that a judicial act performed during a trial is open to public scrutiny
but a judicial act performed at the pretrial stage remains shrouded in secrecy’.
Vancouver Sun v Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004).
[242] “Measures that prevent the media from gathering
that information, and from disseminating it to the public, restrict the freedom
of the press guaranteed by s. 2 (b).
To the extent that such measures prohibit public access to the courts and to
information about the courts, they may also be said to restrict freedom of
expression in so far as it encompasses the freedom of listeners to obtain
information that fosters public criticism of the courts”.
Canadian Broadcasting Group v New Brunswick (Attorney General) S.C.R. 480
(1996).
[243] Id.
[244] “While the test was
developed in the context of publication bans, it is equally applicable to all
discretionary actions by a trial judge to limit freedom of expression by the
press during judicial proceedings”. Canadian
Broadcasting Corp. v The Queen, SCC 3 (2011) Toronto Star Newspapers Ltd. v
Ontario, SCC 41 (2005); Vancouver Sun v Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004); y
Dagenais v Canadian Broadcasting Corp., CanLII 39 SCC (1994).
[245] “This
Court has developed the adaptable Dagenais/Mentuck test
to balance freedom of expression and other important rights and interests,
thereby incorporating the essence of the balancing of the Oakes test. The rights and interests considered are broader
than simply the administration of justice and include a right to a fair trial
and may include privacy and security interests”. Vancouver
Sun v Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004).
[246]  “When two protected rights come into
conflict, Charter principles require a balance to be achieved
that fully respects the importance of both rights. A hierarchical approach to
rights must be avoided, both when interpreting the Charter  and when developing the common law”. Dagenais v Canadian Broadcasting Group.
3 SCR 835 (1994).
[247] A publication ban should only be
ordered when: (a) Such a ban is necessary in order to prevent a real and
substantial risk to the fairness of the trial, because reasonably available
alternative measures will not prevent the risk; and (b) The salutary effects of
the publication ban outweigh the deleterious effects to the free expression of
those affected by the ban (…) there must be a
proportionality not only between the deleterious effects of the measures which
are responsible for limiting the rights or freedoms in question and the
objective, but also between the deleterious and the salutary effects of the
measures”. Canadian Broadcasting Corp. v The Queen, SCC 3 (2011)
Toronto Star Newspapers Ltd. v Ontario, SCC 41 (2005); Vancouver Sun v Attorney
General 2 S.C.R. 332 (2004); y Dagenais v Canadian Broadcasting
Corp., CanLII 39 SCC (1994).
[248] “The concept of ‘necessity’ has several
elements:  (1) the risk in question must be well‑grounded in the
evidence and must pose a serious threat to the proper administration of
justice; (2) “the proper administration of justice” should not be interpreted
so widely as to keep secret a vast amount of enforcement information the
disclosure of which would be compatible with the public interest; and (3) in
order to reflect the minimal impairment branch of the Oakes test, the
judge must consider whether reasonable alternatives are available, but he must
also restrict the order as far as possible without sacrificing the prevention
of the risk”. Dagenais v Canadian Broadcasting Corp., CanLII 39 SCC
(1994).
[249] A publication
ban should only be ordered when: (a) Such a ban is necessary in order to
prevent a real and substantial risk to the fairness of the trial, because
reasonably available alternative measures will not prevent the risk; and (b)
The salutary effects of the publication ban outweigh the deleterious effects to
the free expression of those affected by the ban
(…) there must be a proportionality not only between the deleterious effects
of the measures which are responsible for limiting the rights or freedoms in
question and the objective, but also between the deleterious and the salutary
effects of the measures”. Canadian Broadcasting Corp. v The Queen,
SCC 3 (2011) Toronto Star Newspapers Ltd. v Ontario, SCC 41 (2005); Vancouver Sun
v Attorney General 2 S.C.R. 332 (2004); y Dagenais v Canadian Broadcasting
Corp., CanLII 39 SCC (1994).
[250] Tribunal Constitucional español. STC 56/2004. Cfr.
STC 57/2004, STC 65/1992, STC 96/1987 y STC 30/1982.
[251]  Tribunal Constitucional español.
STC 56/2004.
[252] Tribunal Constitucional español.
STC 56/2004. Cfr. STC 57/2004, STC 65/1992, STC 96/1987 y STC 30/1982.
[253] Tribunal Constitucional español. STC 13/1985.
[254] Tribunal Constitucional español. STC 56/2004.
[255] Tribunal Constitucional español. STC 56/2004.
[256] Tribunal Constitucional español. STC
56/2004.
[257]“Let us begin by assuming that the
petitioners who are Journalists, have a fundamental right to carry on their
occupation under Art. 19(1)(g); they have also a right to attend proceedings in
court under Art. 19(1)(d); and that the right to freedom of speech and
expression guaranteed by Art. 19(1) (a) includes their right to publish as
Journalists a faithful report of the proceedings which they have witnessed and
heard in court”. Corte
Suprema de India. Tripathi v Supreme Court of India 1232 (2017) y Naresh
Shridar Mirjakar v State of Maharashtra. 3 S.C.R. 744 (1966).
[258] “If the High Court thus had
inherent power to hold the trial of a case in camera, provided, of course, it
was satisfied that the ends of justice required such a course to be adopted, it
would not be difficult to accept the argument urged by the learned Attorney
General that the power to hold a trial in camera must include the power to hold
a part of the trial in camera, or to prohibit excessive publication of a part
of the proceedings at such trial. What would meet the ends of justice will
always depend upon the facts of each case and the requirements of justice. In a
certain case, the Court may feel that the trial may continue to be a public
trial, but that the evidence of a particular witness need not receive excessive
publicity, because fear of such excessive publicity may prevent the witness
from speaking the truth”. Corte Suprema de India. Naresh Shridar Mirjakar v
State of Maharashtra. 3 S.C.R.
744 (1966).
[259] “(i) To begin with, only a specified
category of cases or cases of constitutional and national importance being
argued for final hearing before the Constitution Bench be live streamed as a
pilot project. For that, permission of the concerned Court will have to be
sought in writing, in advance, in conformity with the prescribed procedure.
(ii) Prior consent of all the parties to the concerned proceedings must be
insisted upon and if there is no unanimity between them, the concerned Court
can take the appropriate decision in the matter for live streaming of the court
proceedings of that case, after having due regard to the relevancy of the
objections raised by the concerned party. The discretion exercised by the Court
shall be treated as final. It must be non-justiciable and non-appealable. (iii)
The concerned court would retain its power to revoke the permission at any
stage of the proceedings suo motu or on an application filed by any party to
the proceeding or otherwise, in that regard, if the situation so warrants,
keeping in mind that the cause of administration of justice should not suffer
in any manner. (iv) The discretion of the Court to grant or refuse to grant
such permission will be, inter alia, guided by the following considerations:
(a) unanimous consent of the parties involved, (b) even after the parties give
unanimous consent the Court will consider the sensitivity of the subject matter
before granting such permission, but not limited to case which may arouse
passion or social unrest amongst section of the public, (c) any other reason
considered necessary or appropriate in the larger interest of administration of
justice, including as to whether such broadcast will affect the dignity of the
court itself or interfere with/prejudice the rights of the parties to a fair
trial, (v) There must be a reasonable time-delay (say ten minutes) between the
live court proceedings and the broadcast, in order to ensure that any
information which ought not to be shown, as directed by the Court, can be
edited from being broadcast”. Corte
Suprema de India. Tripathi v Supreme Court of India 1232 (2017).
[260] Corte Suprema de India. Tripathi v Supreme Court of India 1232 (2017).
[261] “[T]he
limitations of the jurisdiction to impose silence or secrecy must be
commensurate with the purpose for which the jurisdiction exists. That purpose
is to keep the Court available for the enforcement of rights or the redress of
wrongs, and it would not be so available if it could be made a vehicle for
publishing the secret after the hearing is over. I think we are driven to say
that there is jurisdiction to treat as a contempt of Court any wilful and
malicious publication of such a kind as that, if it were known to be allowed,
ordinary sensible people would not come to the Court at all”. Cámara de los
Lores, Scott v Scott (2013); “While there is no contrary public interest
recognised and protected by the law, the press is free to publish anything it
likes. Subject to the law of defamation, it does not matter how trivial,
spiteful or offensive the publication may be. But when press freedom comes into
conflict with another interest protected by the law, the question is whether
there is a sufficient public interest in that particular publication to justify
curtailment of the conflicting right. In the example I have given, there is no
public interest whatever in publishing to the world the fact that the citizen
has a drug dependency. The freedom to make such a statement weighs little in
the balance against the privacy of personal information”, Cámara de los
Lores, Campbell v MGM Ltd (2004).
[262] “It has been recognised for many years that press reporting of legal
proceedings is an extension of the concept of open justice, and is inseparable
from it. In reporting what has been said and done at a public trial, the media
serve as the eyes and ears of a wider public which would be absolutely entitled
to attend but for purely practical reasons cannot do so”. Corte
Suprema del Reino Unido. Khuja v Times Newspapers Limited. UKSC 49 (2017).
[263] Artículo
8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar: “1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el
ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la
defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de
la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de
terceros”.
[264] “The tests which the court must apply are the familiar ones. They are
whether publication of the material pursues a legitimate aim and whether the
benefits that will be achieved by its publication are proportionate to the harm
that may be done by the interference with the right to privacy. The
jurisprudence of the European Court of Human Rights explains how these principles
are to be understood and applied in the context of the facts of each case. Any
restriction of the right to freedom of expression must be subjected to very
close scrutiny. But so too must any restriction of the right to respect for
private life”. Cámara de
los Lores. Campbell v MGM Ltd. (2004).
[265] “These two decisions are the principal
English authorities for an approach to the balancing exercise which is
fact-specific rather than being dependent on any a priori hierarchy of rights.
On some facts, the claimant’s article 8 rights may be entitled to very little
weight. On some facts, the public interest in the publication in the media may
be slight or non-existent”. Corte Suprema del
Reino Unido. Khuja v Times Newspapers Limited. UKSC 49 (2017).
[266] Cámara de los
Lores, Campbell v MGM Ltd (2004).
[267]  Trinity Minor and ORS v Croydon Crown
Court. Citada en Khuja v Times Newspapers Limited. UKSC 49 (2017).
[268]“This systemic requirement of openness in
our society flows from the very founding values of our Constitution, which
enjoin our society to establish democratic government under the sway of
constitutional supremacy and the rule of law in order, amongst other things, to
ensure transparency, accountability and responsiveness in the way courts and
all organs of state function”.
Corte Constitucional de Sudáfrica. Independent Newspapers (Pty) Ltd. v Minister
for Intelligence Services CCT 38/07 (2008). Cfr. S. v Mamabolo CCT 44/00
(2001).
[269] “From the right to open justice flows the media’s right to gain access
to, observe and report on, the administration of justice and the right to have
access to papers and written arguments which are an integral part of court
proceedings subject to such limitations as may be warranted on a case-by-case
basis in order to ensure a fair trial”. Corte Constitucional de Sudáfrica. Independent
Newspapers (Pty) Ltd. v Minister for Intelligence Services CCT 38/07 (2008).
[270] “Section 34 does not only
protect the right of access to courts but also commands that courts deliberate
in a public hearing.  This guarantee of openness in judicial proceedings
is again found in section 35(3)(c) which entitles every accused person
to a public trial before an ordinary court”. Corte
Constitucional de Sudáfrica. Independent Newspapers (Pty) Ltd. v Minister for
Intelligence Services CCT 38/07 (2008). Cfr. S. v Mamabolo CCT 44/00
(2001): “The judiciary cannot function properly without the support and
trust of the public. Therefore courts have over the centuries developed a
method of functioning, a self-discipline and a restraint which, although it
differs from jurisdiction to jurisdiction, has a number of essential
characteristics. The most important is that judges speak in court and only in
court. They are not at liberty to defend or even debate their decisions in
public. It requires little imagination to appreciate that the alternative would
be chaotic. Moreover, as a matter of general policy judicial proceedings of any
significance are conducted in open court, to which everybody has free access
and can assess the merits of the dispute and can witness the process of its
resolution. This process of resolution ought as a matter of principle to be
analytical, rational and reasoned. The rules to be applied in resolving the
dispute should either be known beforehand or be debated and determined openly.
All decisions of judicial bodies are as a matter of course announced in public;
and, as a matter of virtually invariable practice, reasons are automatically
and publicly given for judicial decisions in contested matters. All courts of
any consequence are obliged to maintain records of their proceedings and to
retain them for subsequent scrutiny. Ordinarily the decisions of courts are
subject to correction by other, higher tribunals, once again for reasons that
are debated and made known publicly”.
[271] “In our constitutional scheme a
right entrenched in the Bill of Rights is certainly not absolute. Nor do we
subscribe to a hierarchy of entrenched freedoms and fundamental rights. A right
may be limited, but only in terms of a law of general application to the extent
that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic
society based on human dignity, equality and freedom or by any other provision
of the Constitution”. Corte Constitucional de
Sudáfrica. SABC v NDPP, CCT 58/00 (2006).
[272] “[O]penness and accountability are
underlying values of the Constitution and that, in accordance with the
principle of open justice, the public should, as far as possible, be informed
and aware of what takes place in our courts. Where a court
exercises a discretion under section 173, it must ensure that if, in so doing,
it impinges upon rights entrenched in chapter 2 of the Constitution, the extent
of the impairment of rights is proportional to the purpose the court seeks to
achieve. We do not need to consider here whether this is a section 36
limitation analysis or not. It is clear that it is a proportionality enquiry
that a court exercising its section 173 powers must undertake”. Corte
Constitucional de Sudáfrica. SABC v NDPP, CCT 58/00 (2006).
[273] “Pistorius contends that the live
broadcasting of his criminal trial, through audio (radio), audio-visual
(television) and still photographic means, will infringe his right to a fair
trial (…)”. “The applicants, MultiChoice and Primedia, or their authorized
representatives, [were] permitted to set up
equipment in accordance with the specifications below to obtain a video and
audio recording and/or transmission of the permitted portions (…) of the
criminal trial of Oscar Leonard Pistorius under case number 13/25513”. Corte Suprema de Sudáfrica. Multichoice (pty) Ltd. v
National Prosecution Authority, 10193/2014.
[274] Sentencia SU 274 de 2019.
[275] Id.
[276] Id.
[277] Sentencia SU 274 de 2019.
[278] Ley 906 de 2004, artículo 18.
[279] Ley 906 de 2004, artículos 149, 150 y 151.
[280] Ley 906 de 2004, artículo 149, parágrafo: “Principio
de publicidad. (…) En las actuaciones procesales relativas a los delitos
contra la libertad y formación sexual, violencia sexual y violencia
intrafamiliar, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los intervinientes
en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La
negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando
cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad
competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de los datos
personales de la víctima, los de sus descendientes y los de cualquier otra
persona que esté bajo su guarda o custodia”.
[281] Ley 906 de 2004, artículos 150: “Restricciones a
la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública.
Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la
publicidad de un procedimiento en particular, o se comprometa la preservación
de la moral pública, el juez mediante auto motivado, podrá imponer una o varias
de las siguientes medidas: 1. Limitación total o parcial del acceso al público
o a la prensa. 2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre
lo que ven, oyen o perciben”.
[282] Ley 906 de 2004, artículo 152A: “En aras de
garantizar la vida e integridad personal de los testigos, el juez o el tribunal
podrá decretar la prohibición de que sean fotografiados, o se capte su imagen a
través de cualquier otro medio”.
[283] Ley 906 de 2004, artículo 149.
[284] Ley 906 de 2004, artículo 155.
[285] Ley 906 de 2004, artículo 18.
[286] Ley 1712 de
2014, artículo 3.
[287] Id.
[288] Id.
[289] Ley 1712 de
2014, artículo 5.
[290] Ley 1712 de
2014, artículo 28.
[291] Id.
[292] Ley 1712 de
2014, artículo 18.
[293] Ley 1712 de
2014, artículo 19.
[294] Ley 1712 de
2014, artículo 28.
[295] Sentencia SU 274
de 2019
[296] Id.
[297] Id.
[298] Sentencia SU 274 de 2019.
[299] Sentencia SU 274
de 2019.
[300] Cfr. Sentencia Su 274 de 2019.
[301] Sentencia SU 274
de 2019.
[302] Id.
[303] Id.
[304] Cdno. 1, fl. 3.
[305] Sentencia SU 115 de 2018. “Este requisito no
supone que la decisión cuestionada comporte necesariamente una irregularidad
procesal, sino que la irregularidad que se alega por el tutelante tenga un
efecto determinante en la providencia que se cuestiona”. Cfr.
Sentencias SU 237 de 2019 y SU 074 de 2018.
[306] Sentencia SU 573 de 2019.
[307] Sentencia SU 424 de 2016. Cfr. Sentencia SU
479 de 2019. “La necesidad de que las decisiones de los jueces estén plenamente
sustentadas en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto
de estudio, condujo a que la ausencia de motivación de la decisión judicial se
convirtiera en una causal independiente de procedibilidad de la tutela contra
sentencias, tras ser valorada, en varias ocasiones, como una hipótesis de
defecto sustantivo o material”.
[308] Sentencia SU 659 de 2015. “Decisión sin
motivación, es decir, cuando las determinaciones adoptadas en la parte
resolutiva de la providencia y mediante las cuales se resuelve de fondo el
asunto no encuentran en la parte motiva el fundamento o ratio decidendi, que
permita a los destinatarios de las mismas ejercer un control sobre la razón de
dichas decisiones y eventualmente controvertirlas”.
[309] Sentencia SU 379 de 2019. Cfr. Sentencia SU
113 de 2019. “Decisión sin motivación: se observa cuando los servidores
judiciales no dan cuenta de los supuestos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
[310] Sentencia SU 424 de 2014.
[311] Sentencia T-041
de 2018.
[312] Sentencia T-041
de 2018.
[313] Sentencia T-041
de 2018. Cfr. Sentencias C-590 de 2005 y T-233 de 2007, entre otras.
[314] Cdno. reservado, CD 1.
[315] Sentencia T-041
de 2018.
[316] Sentencias SU 115 de 2019 y SU 069 de 2018. “La
jurisprudencia constitucional también ha decantado que la autonomía de los
jueces encuentra un límite ante la relevancia del precedente en el ordenamiento
jurídico colombiano y la garantía efectiva del derecho fundamental a la
igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, lo cual implica el derecho
ciudadano a tener una interpretación y aplicación equivalente de la Ley”.
[317] Sentencia SU 479 de 2019. “El respeto del
precedente jurisprudencial también se encuentra íntimamente ligado a la
obligatoriedad de los fallos de tutela, lo cual emana precisamente del respeto
por la institucionalidad y los valores y reglas que rigen el Estado social de
derecho. Ello permite garantizar que las decisiones de los jueces no sean
arbitrarias, caprichosas o que desconozcan la interpretación autorizada de la
Carta Política”.
[318] Sentencia SU 115 de 2019.
[319] Sentencia SU 267 de 2019.
[320] Sentencia SU 267 de 2019.
[321] Sentencia SU 479 de 2019.
[322] Sentencia SU 210 de 2017.
[323] Sentencia SU 632 de 2017.
[324] Sentencias SU 242 de 2015 y SU 159 de 2002.
[325] Sentencia SU 115 de 2019.
[326] Sentencias T-462 de 2003 y T-842 de 2001.
[327] Sentencia SU 113 de 2018.
[328] Sentencia SU 627 de 2019.
[329] Sentencia SU 453 de 2019.
[330] Sentencia SU 113 de 2018.
[331] Sentencia T-142 de 2019.
[332] Sentencia T-319 de 2019.
[333] Id.
[334] Por ejemplo, en la sentencia T-008 de 2020, la Corte
consideró que este defecto se configuraba, por cuanto el funcionario judicial “no
tuvo en cuenta que el caso implicaba considerar la tensión entre los derechos
de la niña a no ser revictimizada, por un lado, y de acceso a la administración
de justicia, participar y que se tenga en cuenta su opinión en el proceso penal
(…)”.
[335] Sentencia SU 226 de 2019. “Se trata de un
verdadero defecto sustantivo porque se dio en un abierto desconocimiento del
marco jurídico en materia de pensiones, de las obligaciones de los sujetos que
participan de éste, de las consecuencias de su incumplimiento, y sobre todo del
mandato constitucional según el cual las cargas negativas de las inobservancias
del empleador o de las entidades administradoras, bajo ninguna circunstancia,
pueden ser atribuidas al trabajador”.
[336] Sentencia T-360 de 2018. “(i) La decisión se
fundamenta en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso. En el presente asunto la
sentencia demandada dejó de lado el marco jurídico conforme con el cual
resulta aplicable el tope pensional de 25 smlmv inclusive respecto de pensiones
reconocidas en virtud del régimen de transición. Este marco se encuentra
contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política modificado por el
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 100 de 1993, el Decreto 691 de 1994, la Ley
797 de 2003, y la determinación del alcance normativo de estas disposiciones
señalado mediante las Sentencias de Constitucionalidad C-089 de 1997, C-155 de
1997, C-258 de 2013, las Sentencias de Unificación SU 230 de 2015 y 210 de 2017
y las Sentencias de Sala de Revisión, entre estas las T-892 de 2013 y T-320 de
2015, conforme se explica a continuación”.
[337] Sentencia SU 072
de 2018.
[338] Sentencia T-391 de 2007.
[339] Id.
[340] Id.
[341] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. SP-6699-2014, Radicación No. 43524.
[342] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe Anual, 2019.
[343] Ley 906 de 2004, artículo 149: “(…) El juez podrá
limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa
audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos
siguientes y sin limitar el principio de contradicción. // Estas medidas
deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las causas que
dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de
parte (…)”.
[344] Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, PCSJA20-11518 de 16 de marzo
de 2020, PCSJA20-11519 de 16 de marzo de 2020, PCSJA20-11521 de 19 de marzo de
2020 , PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 de 11 de abril de
2020 y PCSJA20-11546 de 25 de abril de 2020.
[345] Auto 121 de 2020.
[346] Cno. de revisión, fls. 753 a 757.
[347] En este cuadro se consolidó la información reportada
por los siguientes actores: Blu Radio (Cno. de revisión, fls. 283 a 290),
Caracol Radio (Cno. de revisión, fls. 267 y 358 a 360), Caracol TV (Cno. de
revisión, fls. 265), Florencio Sánchez (Cno. de revisión, fls. 175 a 178 y
411), Juan Carlo Giraldo (Cno. de revisión, fls. 172 a 174), Media Legal
Defence Initiative (Cno. de revisión, fls. 546 a 555 y 575 a 584) y RCN (Cno.
de revisión, fls. 269 a 278 y 303).
[348] Fundamento jurídico 89.
[349] Fundamento jurídico 95: “(…) la decisión de
declarar la reserva de las audiencias preliminares se fundó en “en una
hermenéutica no sistémica” de las causales de reserva previstas por
el artículo 18 de la Ley 906 de 2004 y, por tanto, la Juez omitió “el
análisis de otras normas que regulan el caso”, en particular, de las
referidas libertades [de expresión, información y prensa]”.
[350] Fundamento jurídico 100.
[351] Fundamento jurídico 70.
[352] Fundamentos jurídicos 63, 64, 98 y
siguientes.
[353] Se refiere a las causales de
restricción provistas por el Legislador en los artículos 18, 150, 151 y 152 de
la Ley 906 de 2004.
[354] Ley 906 de 2004, artículo 149.
[355] Fundamento jurídico 80, literal
(iv).
[356] Corte Constitucional, sentencia
SU-274 de 2019, fundamentos 64 a 69.
[357] Constitución de 1991, artículos:
29, 228 y 230. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.
[358] Constitución Política, artículos
228 y 230; Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artñiculo 8.
[359] Fundamento jurídico 96, en
desarrollo de lo señalado por la mayoría en los fundamentos 40 y 41.
[360] Sobre la protección incremental
ver: Corte Constitucional, sentencias SU-274 de 2019 y C-599 de 2019.
[361] Convención Americana de Derechos
Humanos, ratificada por Ley 16 de 1972.
[362] Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ratificado por Ley 74 de 1968.
[363] El artículo 14 del PIDs dispone que
“La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores”.
[364]
Corte Constitucional, sentencias SU-274 de 2019 y C-599 de 2019, entre otras.