T-582-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-582/14
MINISTERIO PUBLICO-Función en el proceso penal
La Ley 906 de 2004 se refirió a las funciones del Ministerio
Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento en el proceso
penal, posicionándolo como “sujeto especial” y no como parte o interviniente,
aun cuando reiteró sus facultades de intervención, cuando sea necesario, en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y
garantías fundamentales, en coherencia con el numeral 7° del artículo 277
constitucional. Ello implica que el acceso a la información, las evidencias o
los elementos materiales recaudados por las partes, se restrinja a las
oportunidades y condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe
sujetarse, pues lo contrario, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia,
implicaría suponer que goza de privilegios frente a la fiscalía, la defensa o
las víctimas, lo cual repugna con la idea de proceso equilibrado, con igualdad
de armas entre acusación y defensa.
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Improcedencia
por cuanto no se vulneraron los derechos de la Procuradora al negarle el acceso
a la carpeta correspondiente a la fase de indagación, ya que hay otras
oportunidades en la que la ley procesal penal autoriza su participación
Referencia:
expediente T-3968375
Acción de tutela presentada por Karime Chávez Niño, en su condición
de Procuradora 240 Judicial Penal I, contra la Fiscalía 11 Seccional Unidad de
Vida Bogotá
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil
catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y
los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de abril de dos
mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal de
Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de junio de dos mil trece
(2013), dentro del proceso de tutela iniciado por Karime
Chávez Niño, en su condición de Procuradora 240 Judicial Penal I, contra la
Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho,
mediante Auto proferido el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
Karime Chávez
Niño, Procuradora 240 Judicial Penal I y en su condición de agente
especial dentro de la actuación No. 110016000017-201215360 adelantada por la
Fiscalía, el quince (15) de abril de dos mil trece (2013) interpuso
acción de tutela contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra
la Vida de Bogotá, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales
del Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que considera vulnerados al haberle negado el acercamiento a la
carpeta contentiva de la información acopiada por el ente fiscal en la fase de
indagación. Para la solicitante, el acceso a la información obtenida en el
curso de la investigación, es un presupuesto indispensable para que el
Ministerio Público pueda ejercer las funciones que la Constitución y la ley le
asignan en el proceso penal.  Razón por la cual, peticionó que se tutele “[…]
el derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia se ordene a la
Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida en cabeza del Dr. ANTONIO LUIS
GONZÁLEZ, el acceso material y efectivo a la carpeta del expediente
referenciado”[1].
La accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. Afirma que el veintidós (22)
de marzo de dos mil trece (2013) fue designada por la Procuradora Delegada para
el Ministerio Público en Asuntos Penales, para intervenir en representación del
Ministerio Público, en calidad de agente especial dentro de la actuación No.
201215360 que se adelantaba en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida,
por el homicidio del joven BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS[2].  En tal designación, y
para efectos de control de la gestión, se le comunicó el deber de rendir
informes periódicos a la Delegada atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No.
224 del dos (2) de septiembre de dos mil once (2011)[3] y en cumplimiento de las
resoluciones 202 de 2003 y 484 de 2005 proferidas por el Procurador General de
la Nación, así como de las directrices emanadas de la Entidad, sin perjuicio de
las funciones y obligaciones constitucionales y legales que su cargo le impone.
1.2. Señala, que en cumplimiento
de dicha delegación, hizo presencia en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de
Vida el treinta (30) de marzo de dos mil trece (2013), en donde fue informada
por la titular del despacho que la actuación había sido reasignada a la
Fiscalía 11 Seccional de la misma unidad, a donde acudió para comunicar su
designación de agente especial, el tres (3) de abril de dos mil trece (2013).
Como ese día no logró acceder a la información requerida, y luego de otro
intento fallido, el once (11) de abril nuevamente se presentó a la Fiscalía 11
con el propósito de practicar la visita a la carpeta y poder dar cumplimiento a
las instrucciones impartidas en la Resolución No. 224 del dos (2) de septiembre
de dos mil once (2011), que le imponía la obligación de rendir el primer
informe pormenorizado dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación
como agente especial. En esa ocasión, le fue entregado un oficio suscrito el diez
(10) de abril de dos mil trece (2013) por Antonio Luis González, Fiscal 11
Seccional de la Unidad de Vida, en el que le indicaba “que en virtud de la
orientación jurisprudencial que en dicho documento cita, ‘el Ministerio Público
no tiene acceso material a la carpeta que maneja la parte Fiscalía General
de la Nación, por lo tanto ese Despacho [le] informará sobre la realización
de audiencias a desarrollar sobre esa investigación para que ejerza el rol
pertinente’”[4]
(negrillas originales).
1.3. Agrega, que en la misma
comunicación le fue precisado que “no existe ninguna distinción en cuanto a
la manera como llegue el Ministerio Público al proceso, es decir, si es por
Agencia Especial o no, o si se trata de un procurador delegado para el
despacho, y que lo único cierto es que el Ministerio Público,
constitucionalmente lo ha admitido la Corte Constitucional, es un interviniente
especial, y la Corte Suprema de Justicia ha orientado sobre su participación
frente al sistema de partes”[5].
1.4. Afirma que el accionado
desconoce que el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá, en Memorando 000015
del veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011), recordó a los fiscales
delegados, que
“[…] las
funciones de los agentes del Ministerio Público, están discernidas por la
Constitución Política y la Ley, de tal suerte que el acceso de dichos
funcionarios a los expedientes y carpetas que se encuentran a cargo de dichos
de los Despachos (sic), se presumen en ejercicio de dichas funciones e incluye
la guarda por parte de éstos servidores, de la reserva que requieren las
investigaciones y por ende no requieren de más requisito que la carta de
presentación que la Personería de Bogotá envía a los fiscales delegados y jefes
de unidad al momento en que uno de sus agentes es asignado para ejercer su labor
en determinada unidad.  Imponer requisitos adicionales, menoscaba el
ejercicio de la función del Ministerio Público y entorpece la dinámica que debe
caracterizar los procedimientos en vigencia de la ley 600 de 2000 y de la ley
906 de 2004” [6]
(negrilla fuera de texto).
1.5. En relación con la
interposición de la acción de tutela, explica que el Ministerio Público no
cuenta con otro mecanismo para poder acceder a la administración de justicia,
debido a que la determinación adoptada por el Fiscal 11 Seccional, “no es un
acto interlocutorio que permita la interposición de recurso alguno, menos
control judicial ante juez de control de garantías, siendo la acción
constitucional el único recurso con el que se cuenta para que sea amparado el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”[7].
2. Respuesta del Fiscal 11
Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá
El Fiscal 11
Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de Bogotá, el diecinueve
(19) de abril de dos mil trece (2013) radicó escrito de respuesta ante la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[8], mediante el cual solicita
negar la petición de Karime Chávez Niño, Procuradora 240
Judicial Penal I, debido a que no le ha
vulnerado ningún derecho fundamental y su actuación se ha ceñido a la ley y la
jurisprudencia que se ocupa de la actividad del Ministerio Público en el
proceso penal acusatorio.
En dicha contestación agrega los
siguientes hechos y consideraciones:
2.1. Explica, que el sistema
penal acusatorio, diseñado conforme al Acto Legislativo 03 de 2002, es un
sistema de partes, “que sin ninguna discusión son la FISCALÍA Y LA DEFENSA,
[quienes] tienen derecho de ir construyendo su teoría del caso”[9], y que la
participación de la Procuraduría se acepta en calidad de órgano propio pero no
con facultades de parte (mayúsculas originales). Precisa que la actuación
procesal a la cual solicita la Procuradora tener acceso material, se encuentra
en la etapa de indagación, por lo que goza de reserva.
2.2. Señala que en el presente
caso la accionante solicita que se le “permita tener acceso a la carpeta que
es de una parte (FISCALÍA), no se trata de un proceso penal, pues este se
inicia cuando el Estado presente la acusación y la sustente debidamente; en el
escenario de la formulación de acusación se hará el DESCUBRIMIENTO PROBATORIO y
es ahí donde la defensa, y la Procuraduría TENDR[Á] ACCESO MATERIAL a los
medios de conocimiento que la PARTE FISCAL[Í]A GENERAL tenga en ese momento y
que sirvan de sustento a la pretensión del Estado (la acusación)”
(mayúsculas originales)[10].
2.3. Expone que “[a]ntes de la
formulación de acusación para la Procuraduría los actos de investigación, los
medios de conocimiento que ejercite la Fiscalía General de la Nación son
[RESERVADOS], es decir no tiene acceso material a ellos, y la explicación está
radicada en que [en] la ley 906 de 2004, la PROCURADURÍA en sede penal no es
PARTE, es un órgano propio como lo define la [j]urisprudencia de la Sala Penal
o interviniente discreto como lo señala la doctrina Constitucional”[11] (mayúsculas
originales).
2.4. Precisa, que la
participación de la Procuraduría en la etapa preliminar o de investigación
formal “tiene su mayor dinámica en las intervenciones que haga en las
audiencias por ejemplo ante los Jueces de control de garantía[s], sean
audiencias solicitadas por la defensa, víctima o fiscalía y excepcionalmente
las que pueda solicitar la Procuraduría de acuerdo al marco legal”[12].
2.5. Concluye que la Procuraduría
“NO puede tener acceso material a los actos de investigación y elementos
materiales probatorios de la Fiscalía o de la Defensa en la medida que en este
sistema procesal no tiene la condición de sujeto procesal en cuanto a la función
penal”. Además, que la procuraduría, en el sistema de partes, no puede tener
acceso a la documentación de la que cada  parte dispone para la construcción de
su teoría del caso, en las etapas preliminar o de investigación y, por ende, no
le es permitido solicitar dicha información ni a la defensa ni a la Fiscalía, “salvo
el tema de la reactivación de la figura de archivo en los términos del artículo
79 y con las orientaciones de la sentencia C-1154 de 2005”[13].
3. Decisión del juez de tutela
de primera instancia
La Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de abril de dos mil
trece (2013)[14],
negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Karime Chávez Niño, al
considerar que la decisión de la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida no
constituye un defecto material o procedimental que resulte violatorio de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, debido a que “permitirle, en este estado de las actuaciones, el
pleno acceso a la carpeta del ente investigador, a sus evidencias recaudadas y,
por consiguiente, conocer el perfil de los que podrían ser los términos de una
eventual acusación, distorsionaría las finalidades del sistema y el alcance de
los derechos fundamentales de quienes aquí intervienen en calidad de partes”.
Precisó:
“[…] debe
indicar esta Sala que le asiste parcialmente la razón a la Fiscalía accionada
en su negativa frente a la solicitud de la doctora Chávez Niño.  En
efecto, una cosa es el derecho que tiene el Ministerio Público a que se le
autorice un mínimo de acceso al trámite adelantado en la etapa de indagación,
cuando está llamado a intervenir dentro de alguna de las diligencias
susceptibles de practicarse en el marco de la misma, y en lo que sea necesario
para el cabal cumplimiento de sus específicas funciones, y otra muy distinta
que pueda acceder ilimitadamente y en cualquier momento, a toda la información
y los elementos materiales probatorios recaudados en dicho estadio por el ente
acusador. || En efecto –y en ello acierta la entidad demandada– la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha analizado de forma extensa el
papel ciertamente limitado que deben cumplir los procuradores judiciales en el
sistema penal acusatorio, en el que no pueden desbordar la labor de garante
imparcial que les ha sido asignada por el ordenamiento jurídico, lo cual
implica evitar, hasta donde sea posible, asumir una actitud que en el fondo
pueda apreciarse como la que es propia de una parte interesada en el
litigio, so pena de romper el equilibrio que está llamado a regir dentro de un
procedimiento por naturaleza adversarial”[15]
(negrillas y cursivas originales).
Sin embargo, le advirtió al ente
fiscal que en el evento en que la Procuradora 240 Judicial Penal I, deba
intervenir dentro de la etapa de indagación en alguno de los trámites en los
que la ley exige o faculta su presencia, sea debidamente convocada y le sean respetados
los derechos otorgados en el artículo 111 de la Ley 906 de 2004.
4. Impugnación
El dos (2) de mayo de dos mil
trece (2013), la Procuradora 240 Judicial Penal I presentó impugnación peticionando
revocar el fallo de tutela[16].
Luego de reiterar algunos de los argumentos planteados en la demanda, precisó
que las visitas que practican los agentes del Ministerio Público, en calidad de
agentes especiales, a las actuaciones penales, sin diferenciar la etapa en la
que se encuentren, “se llevan a cabo para ejercer justamente un control
de gestión, facultad establecida en la Constitución Nacional artículo 118 y
el Decreto Ley 262 de 2000 […], referido al interés de establecer si el Fiscal
que tiene a su cargo la investigación, ha sido diligente en el desempeño de su
función…”[17]
(negrillas originales). Además señaló que “[n]o debe olvidarse que el
Ministerio Público continúa desplegando dentro del actual sistema procesal
penal acusatorio, una doble misión institucional, de un lado ejerciendo control
de gestión y[, de otro lado,] como interviniente Constitucional en el Proceso
Penal, siendo el primero de ellos, la función que cumple cuando es imperiosa la
visita a una carpeta || […], para ello se actúa con profesionalismo, bajo la
reserva que le exige la ética, con el fin de establecer posibles falencias,
abusos o irregularidades, cometidas por el funcionario instructor, que de
existir darían paso a compulsar las copias pertinentes ante las autoridades
correspondientes”[18].
5. Decisión del juez de tutela
de segunda instancia
La Sala de
Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de junio
de dos mil trece (2013), confirmó la decisión impugnada[19].
6. Actuaciones
adelantadas en sede de revisión
Mediante Auto
fechado el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), la Sala
Primera de Revisión, para efectos de adoptar una decisión informada en
el asunto de la referencia y con fundamento en el artículo 13 del Decreto 2067
de 1991, invitó a expertos en el área del derecho procesal penal con el fin de
que rindieran un concepto en derecho sobre el problema jurídico planteado en la
acción de tutela, entre ellos, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a
las Facultades de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y de la
Universidad Libre[20].
Es así, como el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el once (11) de diciembre de dos mil
trece (2013), presentó su concepto en el que concluye que la decisión de la
Fiscalía 11 de la Unidad de Vida no vulneró ningún derecho fundamental de la
Procuraduría General de la Nación, como lo sostiene la Procuradora 240 Judicial
Penal I de Bogotá, en sus funciones de intervención judicial en la
investigación penal sobre el homicidio de que fue víctima Brian Andrés Jiménez
Vargas, pues en nada se afectó ni el debido proceso ni el derecho de acceso a
la administración de justicia.  Explica:
“[…] la investigación sobre los hechos presuntamente delictuosos,
[…], corresponde adelantarla a la Fiscalía General de la Nación para que si así
aparece conforme a esa indagación, formule entonces los cargos que considere
pertinentes de acuerdo con la legislación penal a quienes deben ser vinculados
al proceso penal respectivo, lo que se cumple en la audiencia de imputación,
pero no antes. || Esto significa que con anterioridad a la formulación de cargos
en esa audiencia, la Fiscalía, dentro de la órbita de sus funciones
constitucionales y legales deberá no solamente adelantar la investigación que
otrora se cumplía por los jueces de instrucción, sino que en ejercicio de sus
nuevas atribuciones con acopio de los elementos materiales probatorios y de las
hipótesis que sobre el caso en concreto en torno a las causas y modalidades de
comisión del hecho y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su
comisión que aparezcan como razonables, formule o no la acusación
correspondiente, que es lo que se conoce como la “teoría del caso”,
medios materiales de prueba que al formular la acusación se harán públicos para
el acusado y para la sociedad, audiencia en la cual podrá participar el
Ministerio Público. || Lo que resulta extraño a la función de éste, es que
cuando apenas están recaudándose los elementos probatorios iniciales y cuando
la acusación no ha sido todavía formulada, pueda inmiscuirse de manera directa
en una actividad propia de quien tiene la calidad de parte acusadora, pues con
la misma lógica podría también adentrarse en la actividad que en su propia
esfera se adelante por quien prepara su propia defensa, pues resulta una grave
afectación del equilibrio procesal que el Ministerio Público pueda interferir
la actividad de una de las partes, la acusadora, y le estuviera vedado también
hacer lo propio con la otra parte, el acusado o su defensa. Por ello para
preservar la igualdad de las dos partes, se hace entonces indispensable que no
pueda interferir antes de la audiencia de imputación en la actividad de ninguna
de las dos”[21].
El Coordinador
del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre, presentó informe el veinte (20) de enero de dos
mil catorce (2014), en el que planteó su conformidad con la decisión adoptada
por el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del veintinueve (29) de
abril de dos mil trece (2013), y observó que la acción de tutela no se hace
viable, “ya que la entrega de la mencionada carpeta no es obligatoria ni la
intervención de la Procuradora Judicial indispensable, es decir la decisión
final de la Fiscalía 11 Seccional se ciñe al ordenamiento legal, aunque no
compartimos sus consideraciones sobre las partes y el papel del Ministerio
Público en el sistema acusatorio”[22].
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera es competente
para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico
La señora Karime Chávez Niño,
Procuradora 240 Judicial Penal I, interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida de
Bogotá, para solicitar el amparo de los derechos fundamentales del
Ministerio Público al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que considera fueron vulnerados al haberle negado el acercamiento, en
su condición de agente especial, a la carpeta contentiva de la información
acopiada por el ente fiscal en la fase de indagación.  Sostuvo la accionante
que el acceso a la información obtenida en el curso de la investigación, es un
presupuesto indispensable para que los agentes del Ministerio Público, en
calidad de agentes especiales, puedan ejercer un control de gestión sobre las
actuaciones de quienes desempeñan funciones públicas conforme al artículo 118
constitucional.
Por su parte, el Fiscal 11
Seccional de la Unidad de Vida al contestar la acción de tutela, solicitó que
fuera negada porque su decisión, de negar el acceso del Ministerio Público a
las actuaciones surtidas dentro de la etapa de indagación,  resulta ajustada al
ordenamiento y al precedente de la Corte Suprema de Justicia[23].  Sostuvo que las
actuaciones adelantadas en la etapa de indagación gozan de reserva y que al
contenido de lo que en esta etapa se obtenga, solo puede accederse
materialmente una vez se celebren los actos de descubrimiento probatorio, en
las oportunidades definidas por la ley.
De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala
Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera la
Fiscalía (Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá) los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
los agentes del Ministerio Público, que actúan en calidad de agentes especiales
(Procuradora 240 Judicial Penal), al negarles el acceso a la información
recaudada, sabiendo que la actuación procesal a la cual se solicita tener
acercamiento material se encuentra en la etapa de indagación?
Antes de asumir el estudio de
fondo del problema jurídico que plantea la presente solicitud de amparo,
precisa la Sala que el análisis de la procedencia de la acción de tutela en el
caso concreto, se contrae al hecho de que hubo una actuación del Fiscal 11
Seccional de la Unidad de Vida que, según afirmó la accionante, generó una
supuesta vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público, para
cuya garantía no existe un medio de defensa judicial idóneo, toda vez que la
decisión del Fiscal fue tomada a través de un oficio, que no constituye una
providencia interlocutoria frente a la cual se pueda interponer algún recurso
ordinario de conformidad con el artículo 176 de la Ley 906 de 2004[24], y menos
extraordinario[25].
Entonces, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para la
salvaguarda de los derechos fundamentales que la funcionaria considera
conculcados con la actuación del ente fiscal, al no permitirle el acceso a la
mencionada carpeta para realizar la “visita especial”.
A continuación, la Sala procederá
a (i) recordar que el Ministerio Público en las etapas
de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley 906 de 2004,
actúa en condición de sujeto especial; y (ii) estudiar el
caso concreto.
3. El Ministerio
Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal que
regula la Ley 906 de 2004, actúa en condición de sujeto especial
3.1. De acuerdo
con la Constitución Política, el Ministerio Público puede ser definido como un
órgano de control autónomo e independiente, que ejerce funciones relacionadas
con la guarda y la promoción de los derechos humanos, la protección del interés
público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas[26]
.
3.2. La facultad
de intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales en general y
en los procesos penales en particular, encuentra un fundamento constitucional en
el artículo 277 numeral 7° de la Constitución Política, que de manera expresa
le asigna al Procurador General de la Nación la función de “[i]ntervenir en
los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales”, por sí o por medio de sus delegados y
agentes, quedando circunscrita su participación al cumplimiento de estos
específicos objetivos, tanto en el marco de la Ley 600 de 2000[27],
como en el de la Ley 906 de 2004[28].
3.3. Además del
fundamento anterior, señala la sentencia C-399 de 1995[29], que “esa
posibilidad de intervención en los procesos judiciales también se desprende en
forma tácita y natural de varias de las otras funciones señaladas por el mismo
artículo 277 de la Carta”. En efecto, al Procurador General de la Nación corresponde
vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos (numeral 1°), proteger los derechos
humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo
(numeral 2°), defender los intereses de la sociedad (numeral 3°), así como los
intereses colectivos, en especial el medio ambiente (numeral 4°).  Según la
providencia citada,
“[e]l
cumplimiento de tales funciones implica, en muchos eventos, la intervención de
la Procuraduría en determinados procesos judiciales, por lo cual, incluso si no
existiera la consagración expresa del ordinal 7º del artículo 277 de la Carta,
sería perfectamente constitucional que la ley, a quien compete determinar lo
relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría (CP art. 279),
hubiera consagrado esa participación del Ministerio Público en los procesos.
Así sucedió durante la vigencia de la anterior Constitución, puesto que esa
Carta no preveía expresamente la intervención del Procurador en los procesos
judiciales pero le adscribía las funciones de promover la ejecución de las
leyes y sentencias, y supervigilar la conducta oficial de los empleados
públicos, lo cual sirvió de piso constitucional suficiente para que la ley
regulara la intervención del Ministerio Público en la justicia.
“Finalmente, el
Procurador debe cumplir las demás funciones que determine la ley (CP art. 277
ord 10), por lo cual, incluso si no existieran los fundamentos expresos y
tácitos anteriormente mencionados, el Legislador habría podido, en principio,
atribuir una función de esa naturaleza al Ministerio Público, obviamente
respetando las competencias de los otros órganos del Estado.
“6- No hay pues
duda de que el Procurador, por sí o por medio de sus delegados o agentes, puede
intervenir, como órgano autónomo de control, en los procesos penales…”.
3.4. La facultad
de intervención en el proceso penal puede ser ejercida directamente por el
Procurador General de la Nación, “cuando la importancia o trascendencia del
asunto requieran su atención personal”[30],
o a través de los Procuradores Delegados[31],
los Procuradores Judiciales con funciones de intervención en los procesos
penales[32],
los agentes especiales[33]
y los personeros distritales y municipales[34], en
los casos y ante las autoridades señaladas en las disposiciones citadas.
3.5. Los marcos
de competencia funcional y operacional dentro de los cuales debe cumplirse esta
intervención, no solamente se encuentran establecidos en la ley, sino también
en las resoluciones expedidas por el Procurador General, como Supremo Director
del Ministerio Público, quien goza de una importante competencia de regulación
normativa en la fijación de políticas y criterios de intervención, cuyas
directrices deben ser acatadas por sus delegados y agentes.
En relación con
la competencia residual de regulación normativa que le defiere el Legislador al
Procurador General de la Nación, la Corporación en la sentencia C-743 de 1998[35],
habló del “carácter imperativo del deber de fijar, por vía de reglamentación
general, los criterios de intervención necesaria ante las autoridades y en los
procesos judiciales y administrativos, en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, en desarrollo
del Artículo 277-7 C.P.”; precisando:
“A juicio de
esta Corte, por tratarse de una competencia cuyo desarrollo es indispensable
para traducir los postulados constitucionales que se han  estudiado en
resultados concretos, que además actualiza y da concreción al marco funcional
que, conforme a la Constitución Política y a la ley, constituye la misión
institucional del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, como
su supremo director, tiene el deber constitucional de darle cumplido
desarrollo. Se trata de un instrumento de  importancia estratégica crítica para
el eficaz cumplimiento de tales funciones constitucionales y legales, y para
asegurar la coherencia, armonización y necesaria coordinación que debe existir
entre la gestión a cargo de las Procuradurías Delegadas, de las Procuradurías
Territoriales y de los agentes del Ministerio Público, atendidos, desde luego,
sus ámbitos de competencia  funcional, material y territorial”.
3.6. No
obstante, debe tenerse en cuenta que las formas y posibilidades de intervención
del Ministerio Público en el proceso penal, estarán determinadas por el modelo
de enjuiciamiento que corresponda, atendiendo a la actual coexistencia en el
sistema penal colombiano de dos códigos de procedimiento, con modelos de
enjuiciamiento diferentes, sin que ello implique la variación de los
fundamentos y fines que enmarcan la razón de ser de su participación en el
proceso penal, y que consisten en la defensa del orden jurídico, la protección
del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales,
como ya fue indicado.
En relación con
el sistema procesal inquisitivo que adoptó la Ley 600 de 2000, explicó la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[36], que:
“[…] desde la
perspectiva del modelo de enjuiciamiento establecido por la Ley 600 de 2000,
por virtud del papel que constitucional y legalmente le ha sido asignado, el
Ministerio Público, como sujeto procesal, tiene la facultad de participar
activamente en todo el trámite procesal, y en esa medida debe ser
obligatoriamente convocado a intervenir en él por los funcionarios judiciales,
y notificado de las decisiones que se adopten en el proceso, como forma de
asegurar el ejercicio de sus funciones, pues de llegar a ignorársele,
resultaría menoscabada, no sólo la validez del trámite, sino que se pondría en
riesgo la intangibilidad de los derechos y garantías fundamentales de los demás
intervinientes, la vigencia del ordenamiento jurídico y, eventualmente, el
patrimonio público.
“[…]
“El régimen
inquisitivo del anterior modelo, facilitaba y tornaba necesaria la intervención
de diversos actores del proceso con facultades y  pretensiones sustancialmente
distintas, y ello aconsejaba la presencia de un sujeto que diera equilibrio a
las partes. Recuérdese que el fiscal tenía la doble condición de acusador y
funcionario investido de jurisdicción, lo cual le permitía no solamente limitar
derechos fundamentales como la libertad, sino llevar a cabo el ejercicio de la
acción penal, de la cual se desprendía una vez quedaba en firme la acusación
por él proferida, para adquirir desde ese instante la condición de sujeto
procesal”.
3.7. El Acto
Legislativo 03 de dos mil dos (2002), introdujo en el ordenamiento nacional el
sistema procesal acusatorio, y modificó algunas disposiciones de la Carta
Política, principalmente, el artículo 250 que señala las funciones de la
Fiscalía General de la Nación, e incluyó un parágrafo que aseguró la presencia
de la Procuraduría General de la Nación en el proceso penal, al establecer que
“continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y
juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la
Constitución Nacional”. Acerca de este parágrafo, se pronunció la
Corporación en la sentencia C-966 de 2003[37],
en el siguiente sentido:
“[…] el
parágrafo del artículo 250, adosado a la Constitución por el artículo 2º del
Acto Legislativo 03 de 2002, es el resultado de una discusión planteada desde
los orígenes del proceso de adopción de la reforma constitucional referida, y
que giró en torno al papel de la Procuraduría General de la Nación en el
desarrollo del nuevo sistema acusatorio del proceso penal.
“En un comienzo,
la idea consistía en replantear las funciones del Ministerio Público en el
proceso penal, ya que, tal y como se defendía en el proyecto presentado por el Gobierno,
al otorgarse a los jueces de garantías el control de la legalidad de las
medidas limitativas de derechos, la presencia del Ministerio Público dentro del
esquema propuesto era innecesaria.
“No obstante, a
lo largo de las discusiones legislativas, la posición del Congreso respecto del
papel de la Procuraduría en el proceso penal varió al punto que en la segunda
vuelta, durante el debate en el Senado de la República, dicha célula
legislativa decidió permitir el ingreso del Ministerio Público al proceso penal
con el fin de armonizar sus funciones con aquellas que le confiere el artículo
277 de la Carta y permitir, fundamentalmente, la conservación y protección de
las garantías sustanciales y procesales, de contenido individual y público, en
el desarrollo de los procesos penales tramitados en el país.
“Esta decisión
se plasmó posteriormente en el texto puesto a consideración de la Plenaria del
Senado, en el último debate del Acto Legislativo, en la norma que actualmente
conforma el parágrafo del artículo 250 de la Carta Política.
“Por manera que
el asunto de si la Procuraduría debía [o] no intervenir en el proceso penal
acusatorio no surgió durante el penúltimo debate llevado a cabo en la Comisión
Primera del Senado de la República sino que fue objeto de reflexión y
consideración por parte de los Congresistas desde la presentación misma del
proyecto por parte del Gobierno Central.
“El hecho de que
la decisión final no haya estado acorde con la propuesta inicial no desvirtúa
el aserto de que el tema estuvo siempre presente en el debate, prueba de lo
cual resulta que, precisamente, el Congreso cambió de parecer a la hora de
aprobar su redacción final.
“[…]
“Para esta
Corporación, la discusión acerca de la presencia de la Procuraduría en el
proceso penal tenía una finalidad específica y era determinar el alcance de la
protección de las garantías procesales –diferentes a la libertad del procesado–
y del interés público comprometido en el modelo judicial acusatorio. Así, el
marco conceptual dentro del cual se presentó dicho debate no era, en sí mismo,
el de la presencia de la Procuraduría en el proceso penal. Esta era apenas una
discusión instrumental dirigida a solucionar el problema de la preservación de
la legitimidad del proceso judicial en todos sus ámbitos.
“Por la razón
anterior, la Corte considera que la ‘institución política objeto de reforma’,
a que se refiere el artículo 226 de la Ley 5ª cuando prohíbe las modificaciones
esenciales, no es la Procuraduría como agente del proceso penal sino la
protección de las garantías individuales y públicas en dicho proceso. Es en
éste contexto en el que el debate del Ministerio Público adquiere relevancia y
sentido práctico. Por ello, el Congreso, preocupado por garantizar en grado
máximo la legitimidad del proceso penal, decide ampliar y reforzar la gama de
protección ofrecida inicialmente por el juez de garantías y le permite al
Ministerio Público seguir ejerciendo las funciones asignadas por el artículo
277 de la Carta en el trámite de las diligencias penales bajo el nuevo sistema
acusatorio”.
3.8. Bajo este
marco constitucional, fue promulgada la Ley 906 de 2004 “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”, que establece en el Libro I de
disposiciones generales, la siguiente estructura: Título I, jurisdicción y
competencia; Título II, acción penal; Título III, Ministerio Público; Título
IV, partes e intervinientes, en donde incluye a la Fiscalía General de la
Nación, la defensa, el imputado y las víctimas; Título V, deberes y poderes de
los intervinientes en el proceso penal, y Título VI, la actuación.  Obsérvese
que el Legislador no ubicó al Ministerio Público dentro de la categoría de
parte o interviniente sino que lo posicionó como un organismo propio que,
conforme al artículo 119 de la Ley, “intervendrá en el proceso penal cuando
sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales”. En este sentido, señaló la Corte
Suprema de Justicia:
“Si se repara,
de un lado, que el proceso acusatorio, siendo adversarial, exige que se
conserve el equilibrio y la igualdad entre las partes en contienda; y, de otro,
que los fines del Ministerio Público en las actuaciones judiciales deben
cumplirse, en cuanto resulte necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, deviene claro
que su intervención en el proceso penal es contingente  –en tanto
puede o no ejercerla– y que corresponde en la práctica a la de un sujeto
especial cuyas únicas pretensiones son la defensa del orden jurídico,
la protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos
fundamentales, que busca asegurar esos cometidos superiores, sin que le sea
permitido alterar el necesario equilibrio  de las partes principales del
proceso, que, en últimas, no pueden ser otras que la acusación y la defensa,
dado el carácter eminentemente contradictorio que el modelo ostenta, sin
perjuicio del compromiso que comparte con la Fiscalía de propender por la
garantía de los derechos de las víctimas” (negrillas y cursivas originales)[38].
En este sentido,
el nuevo sistema ha sido calificado por la jurisprudencia como un proceso
adversarial modulado con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta
integralmente las características de un modelo acusatorio puro, sino que
mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que
pretenden responder a las necesidades y particularidades de la realidad
colombiana[39].
3.9. Bajo esta
condición de sujeto especial no fueron pocas las funciones generales y
específicas que la Ley 906 de 2004 le asignó a la Procuraduría. A tales competencias
se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2005[40],
al estudiar la constitucionalidad del artículo 79 del Código de Procedimiento
Penal, que reconoce en cabeza de la Fiscalía la facultad de archivar las
diligencias cuando se evidencia la inexistencia de delito. Esta norma se estimó
exequible bajo el entendido de que tal decisión del fiscal, sea “motivada y
comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus
derechos y funciones”[41].
La anterior
conclusión se obtiene del estudio que desarrolla la providencia bajo cita, acerca
del lugar que ocupa el Ministerio Público en el sistema acusatorio colombiano, en
donde se recoge una relación detallada de las restantes oportunidades y
supuestos en los que la ley procesal penal autoriza la participación de dicho
órgano. Así las cosas, le compete al Ministerio Público:
“[…] solicitar el cambio de radicación[42], recusar a
los funcionarios[43],
presentar querellas en los términos del artículo 71 de la Ley 906 de 2004[44],
estar presente en la destrucción del objeto material del delito[45], solicitar
el pronunciamiento definitivo sobre bienes cuando haya sido omitido[46],
solicitar medidas cautelares sobre bienes en procesos  en los que sean víctimas
menores de edad o  incapaces[47],
solicitar la apertura del incidente de reparación integral[48], solicitar
la práctica de pruebas anticipadas cuando esté ejerciendo funciones de policía
judicial, cuando se reúnan los requisitos del artículo 284 o [en] el evento
contemplado en el último inciso del artículo 357 de la Ley 906 de 2004[49],
solicitar el relevo del defensor discernido[50],
estar presente en todas las audiencias de la etapa de juzgamiento[51],
insistir en la admisión del recurso de casación[52], demandar la
agravación de la pena[53],
solicitar la acción de revisión[54],
solicitar la preclusión de la investigación cuando haya vencido el plazo en los
términos del artículo 294[55]
o cuando se presenten las causales establecidas en el artículo 332 de la Ley
906 de 2004[56],
efectuar solicitudes en la audiencia preliminar[57], presentar
argumentos en la audiencia de solicitud de imposición de medida de
aseguramiento[58],
controvertir la prueba aducida por la Fiscalía en la audiencia de control de
legalidad de aplicación del principio de oportunidad[59], participar
en la audiencia de estudio de la solicitud de preclusión[60], recibir
copia del escrito de acusación […][61],
participar en la audiencia de formulación de la acusación[62], efectuar
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria[63], solicitar
al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba[64],
hacer oposiciones durante el interrogatorio[65],
una vez terminados los interrogatorios de las partes hacer preguntas
complementarias para el cabal entendimiento del caso[66], presentar
alegatos atenientes a la responsabilidad del acusado[67], intervenir
en todo lo relacionado con la ejecución de la pena[68], participar
en la aplicación de las penas accesorias[69]
y asistir a las diligencias en el territorio nacional[70] entre otras”.
3.10. La Sala
Plena, en la sentencia C-144 de 2010[71],
teniendo en cuenta las diferentes funciones asignadas al Ministerio Público en
el proceso penal, precisó que no pueden ser interpretadas como piezas con las
cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del
procedimiento en cuestión.  Así las cosas, estimó:
“51. […] como lo
ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en reciente
pronunciamiento, el “Ministerio Público, como interviniente, tiene unas
facultades limitadas en el curso del juicio oral, de acuerdo con las cuales
únicamente cuando observe la manifiesta violación de garantías y derechos
fundamentales puede solicitar el uso de la palabra ante el juez, y
excepcionalmente, con el único propósito de conseguir el ‘cabal conocimiento
del caso’, el Representante de la Sociedad también podrá interrogar a los
testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a contrainterrogar y
menos a utilizar la técnica propia de este tipo de preguntas, pues aquella
facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de las partes ni para
introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente objetados entre
ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por una de las partes o
se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad que debe existir
entre ellas”[72].
“52. Las
consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el Ministerio
público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso
penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una
función de doble cariz consistente en velar por el respeto de los intereses de
la sociedad, así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos
al proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los
condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia,
para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan
el sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del
procedimiento.
“53. El
ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la
legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás
se le ha instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y
excesos a favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con
el despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las
condiciones para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a
Derecho”.
3.11. En el
marco de un proceso penal adelantado contra una Procuradora Judicial de Santa
Marta, adscrita a una Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de esa ciudad y acusada del delito de prevaricato por omisión, en
razón de su silencio frente a la preclusión de la investigación decretada por
la Fiscal; la Corte Suprema de Justicia[73]
fijó los contornos de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal
regulado por la Ley 906 de 2004, en las fases de indagación, investigación y
juzgamiento.  Se hace trascripción in extenso de los apartes pertinentes
que guiarán la decisión del caso concreto:
“Bajo este
panorama, frente al nuevo proceso, en la indagación, la investigación y el
juzgamiento, se le asignan diversas funciones relacionadas, algunas, con su
condición de garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y,
otras, que comprometen su gestión como representante de la sociedad[74].
Funciones, casi todas, signadas por la contingencia de su actuación, lo cual
significa que la legalidad del proceso o la existencia o validez de una
audiencia o diligencia determinada, no quedará comprometida en ausencia de su
ejercicio, siempre y cuando se le hubiere convocado con la debida antelación
a ella a fin de posibilitar su asistencia, pues es la forma como el modelo
asegura que pueda cumplir los cometidos que constitucional y legalmente le han
sido asignados (negrillas originales).
“[…]
“En relación con
la primera categoría de funciones[75],
esto es, la de garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales,
al Ministerio Público le corresponde, entre otras, las de ejercer vigilancia
sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías
fundamentales...
“[…]
“Pese a esta
amplia gama de facultades que de suyo justifican la participación del
Ministerio Público en las actividades investigativas de la Policía Judicial,
sea que hayan sido autónomamente dispuestas u ordenadas por la Fiscalía o un
Juez de Garantías, es lo cierto que por fuera del derecho que le asiste a que
se le informe y se le cite oportunamente a la práctica de las audiencias y
diligencias, no tiene jerarquía alguna sobre los jueces, fiscales o
funcionarios de policía judicial, de modo que el acceso a la información,
evidencias o elementos materiales recaudados, sólo puede lograrlo en las
oportunidades y condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe sujetarse,
pues lo contrario implicaría suponer que goza de privilegios frente a la
fiscalía, la defensa o las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso
equilibrado, con igualdad de armas entre acusación y defensa (negrillas
fuera de texto).
“En ese orden
de ideas, no resulta factible, por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la
información recaudada por la Fiscalía o la defensa, cuando ni siquiera para
ellas se ha dado inicio a la fase de descubrimiento probatorio (negrillas
fuera de texto).
“[…]
“si al Delegado
de la Procuraduría no se lo convoca a las actuaciones en las que su presencia
resulta obligatoria, o no se le comunica la decisión de archivar la
investigación, resultan menoscabadas las posibilidades de ejercer actos de
vigilancia en pro de las víctimas, el ordenamiento jurídico o el patrimonio
público, razón de ser de su existencia” (negrillas originales).
“[…]
“1.3 De
lo expuesto se tiene que, aun cuando la enumeración de las facultades asignadas
al Ministerio Público en el marco de los códigos de procedimiento penal de 2000
y 2004, permite identificar marcadas coincidencias respecto de las actividades
que le compete desarrollar en la actuación penal, la forma distinta de
caracterizar su participación, como sujeto procesal en el primero, y como órgano
propio del proceso en el segundo, genera importantes diferencias en punto a
la forma en que desarrolla sus cometidos constitucionales, de defensa del orden
jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales
del procesado y la víctima (negrillas originales).
“Es así como,
pese a que en los dos ordenamientos el legislador reserva al Procurador General
de la Nación, directamente o a través de sus delegados y agentes, la facultad
de decidir en cuáles asuntos ha de intervenir, su actividad resulta mucho más
amplia en el marco de la Ley 600 de 2000, en donde cuenta con total autonomía
para efectuar solicitudes probatorias y de postulación en orden a demostrar, en
las diferentes fases de la actuación y ante los distintos funcionarios
judiciales, su perspectiva valorativa acerca del compromiso de responsabilidad
penal del procesado o su inocencia frente a los cargos que se le imputan.
“Opuestamente,
en la Ley 906 de 2004 su actividad es más contemplativa, asumiendo un rol
marcadamente pasivo pero vigilante, en el cual no cuenta con espacios para
formular su propia teoría del caso, ni para presentar solicitudes probatorias
dirigidas a su demostración en el curso del juicio oral, público y contradictorio
(negrillas fuera de texto).
“Tampoco le es
permitido interrogar a los testigos y en general suscitar discusiones en
desarrollo del debate, al punto que, con las salvedades anotadas, las únicas
facultades que en esta materia se le otorgan son las de solicitar la práctica
de pruebas de especial influencia en los resultados del juicio, que no hayan
sido pedidas por las partes[76], y
de efectuar preguntas complementarias a los testigos, una vez finalizados los
interrogatorios, llamadas exclusivamente a aportar elementos de juicio para el
cabal entendimiento del caso[77].
“[…]
“Naturalmente,
la facultad probatoria de la que el legislador quiso dotar al Ministerio
Público en desarrollo del modelo penal acusatorio, no deja de suscitar
dificultades en su aplicación, particularmente sobre la forma en que habría de
instrumentalizarse, que en la práctica conducen a negarle la posibilidad de
hacer uso de ella.
“[…]
“De manera similar,
las facultades del Ministerio Público para presentar sus alegaciones al final
del debate probatorio, han de ser interpretadas con estricta sujeción a su
condición de órgano autónomo que lo faculta para participar en el juicio,
motivo por el cual lo que de él se espera es que enfatice en si el
procedimiento ha sido respetuoso de la legalidad y de los derechos y garantías
del procesado y la víctima, sin perjuicio de que pueda efectuar una evaluación
de lo probado para solicitar la absolución o la condena del convocado a juicio.
“En idénticas
condiciones, si en los procesos seguidos bajo la égida de la Ley 600 de 2000 al
Ministerio Público en calidad de sujeto procesal le asiste legitimidad para
impugnar los autos interlocutorios o las sentencias –bien absolutorias o
condenatorias–, a partir de la filosofía que inspira el proceso rituado en
la Ley 906 de 2004, se concluye que en esa sistemática procesal cuenta con la
misma potestad, en la medida que así lo exijan los propósitos misionales
que la Constitución le traza, en defensa del orden jurídico, de los intereses
de la sociedad, o como garante de los derechos fundamentales (negrillas
originales).
“[…]
“En síntesis, su
intervención en este modelo de enjuiciamiento siempre estará presidida por la
vigencia de los bienes jurídicos cuya guarda se le encomendó, lo cual explica
que su participación no alcance la plenitud de la calidad de parte, razón por
la cual el código expresamente autoriza su presencia para convalidar o
legitimar los actos que afectan las garantías fundamentales; faculta su
intervención frente a la disposición y el ejercicio de la acción penal; permite
su participación activa en la realización de las audiencias; le concede cierta
participación en la dinámica probatoria; le encomienda de manera especial y
específica la protección de los intervinientes procesales; le otorga capacidad
de ingerencia (sic) en lo relacionado con la privación de la libertad; le
encarga la protección de la legalidad de las decisiones judiciales; y, lo erige
como garante de la imparcialidad, de la independencia judicial y del juez
natural; para lo cual dispone frente a esos cometidos constitucionales de las
acciones y recursos previstos en el ordenamiento”[78].
3.12. La Sala
Primera de Revisión de Tutelas de la Corporación, en la sentencia T-293
de 2013[79],
luego de señalar las características más sobresalientes que gobiernan el sistema
penal acusatorio colombiano consagrado en la Ley 906 de 2004, “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Penal”, analizó el rol que cumplen el
fiscal, la defensa, el juez control de garantías, el Ministerio Público y la
víctima.  En lo que tiene que ver con el Ministerio Público, recordó que es un
sujeto especial y discreto, y que el ejercicio de sus
competencias dentro del proceso penal debe realizarse con total respeto por las
garantías procesales constitucionales y de conformidad con la ley, retomando el
estudio emprendido en la sentencia C-144 de 2010, anteriormente citada[80].
3.13. En
conclusión, la Ley 906 de 2004 se refirió a las funciones del Ministerio
Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento en el proceso
penal, posicionándolo como “sujeto especial” y no como parte o interviniente, aun
cuando reiteró sus facultades de intervención, cuando sea necesario, en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales, en coherencia con el numeral 7° del artículo 277 constitucional.
Ello implica que el acceso a la información, las evidencias o los elementos
materiales recaudados por las partes, se restrinja a las oportunidades y
condiciones procesalmente establecidas, a las cuales debe sujetarse, pues lo
contrario, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia, implicaría suponer
que goza de privilegios frente a la fiscalía, la defensa o las víctimas, lo
cual repugna con la idea de proceso equilibrado, con igualdad de armas entre
acusación y defensa.
4. El Fiscal 11 Seccional de la
Unidad de Vida no vulneró los derechos fundamentales de la Procuradora 240
Judicial Penal I, en su condición de agente especial, al negarle el acceso a la
carpeta correspondiente a las diligencias radicadas bajo el consecutivo
201215360, que se encuentran en la etapa de indagación
4.1. El veintidós
(22) de marzo de dos mil trece (2013), la Procuradora 240 Judicial Penal I fue
designada por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales, para intervenir en representación del Ministerio Público, en calidad
de agente especial, dentro de la actuación No. 110016000017-201215360 que se
adelantaba en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida, por el homicidio
del joven BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS, para efectos de control de la gestión[81].  En dicha
designación se indica: “El agente designado velará por el respeto al
ordenamiento jurídico, los derechos y garantías fundamentales y su intervención
deberá ceñirse a lo preceptuado en la resolución No. 202 de 2003 y/o 484 de
2005, proferida por el Señor Procurador General de la Nación, así como a las directrices
emanadas de la Delegada, sin perjuicio de las funciones y obligaciones
constitucionales y legales que su cargo le impone”[82].
Según señaló la accionante, una
vez hizo presencia en la Fiscalía 52 Seccional de la Unidad de Vida, fue
informada por la titular del despacho que la actuación había sido reasignada a
la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida, a donde acudió para comunicar su
designación de agente especial. Sin embargo, no logró acceder a la información
requerida y, en su lugar, le fue entregado un oficio suscrito el diez (10) de
abril de dos mil trece (2013) por Antonio Luis González, Fiscal 11 Seccional de
la Unidad de Vida, en el que le indicaba “que en virtud de la orientación jurisprudencial
que en dicho documento cita, ‘el Ministerio Público no tiene acceso material
a la carpeta que maneja la parte Fiscalía General de la Nación, por lo
tanto ese Despacho [le] informará sobre la realización de audiencias a
desarrollar sobre esa investigación para que ejerza el rol pertinente’”[83] (negrillas
originales).
En razón de lo anterior, planteó
la Procuradora 240 Judicial Penal I su inconformidad en sede de tutela, por
entender que ella “en representación del Ministerio Público, como garante de
la sociedad, en ejercicio del control de gestión de la administración de
justicia, y en especial delegada para actuar en calidad de Agente Especial,
debe tener derecho a acceder a la información que reposa en la carpeta, puesto
que [se] encuentr[a] revestida de la potestad de practicar visita a la
actuación, con el propósito de atender en debido forma la función propia del
cargo”[84].
4.2. Las facultades y funciones del
Ministerio Público están reguladas en los artículos 109[85], 110[86], 111[87] y 112[88] de la Ley 906 de 2004 y,
como fue señalado anteriormente, en las etapas de indagación, investigación y
juzgamiento penal actúa en condición de sujeto especial.
4.3. El artículo 36 del Decreto
Ley 262 de 2000[89],
regula la coordinación de la intervención ante las autoridades judiciales de
los agentes de la Procuraduría, en los siguientes términos: “El Procurador
General asignará a los procuradores delegados funciones de coordinación y
vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades judiciales
que realicen los diferentes funcionarios de la Procuraduría y los personeros.
Estos delegados podrán desplazar a los respectivos agentes, asumiendo
directamente la intervención judicial, si lo consideran necesario, o
designando, ocasionalmente, agentes especiales. Igualmente, podrán
desplazar a los personeros distritales y municipales, ordenando la intervención
de procuradores judiciales” (negrillas fuera de texto).
4.4. La Resolución No. 017 del cuatro
(4) de marzo de dos mil (2000), emanada del Procurador General de la Nación, dispone
en el artículo 29 la distribución de la función de coordinación de la
intervención de las autoridades judiciales: “La función de coordinación
establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 se distribuye dependiendo
de la especialidad de los procuradores judiciales que coordinan, en las
siguientes Procuradurías Delegadas: || - Procuraduría Delegada para el
Ministerio Público en Asuntos Penales…”.
4.5. La Resolución No. 202 del veintiocho
(28) de abril de dos mil tres (2003), proferida por el Procurador General de la
Nación, reglamenta las intervenciones mínimas obligatorias de quienes actúan en
representación del Ministerio Público en los procesos adelantados por la
jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar, por delitos que
afectan severamente las normas de convivencia en el territorio nacional,
especialmente en materia de derechos humanos, menoscabo al patrimonio público y
aquellos en los que el sujeto pasivo sea un menor de edad[90]. Precisa en el artículo
1, que “[q]uien represente al Ministerio Público deberá cumplir celosamente
las obligaciones previstas en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución
Política, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal Militar, el
Decreto 262 de 2000, las Resoluciones expedidas por el Procurador General de la
Nación y las demás normas vigentes, para lo cual desplegará la actividad
necesaria en defensa del orden jurídico y las garantías de las personas que
intervienen en el proceso…”[91]
(negrillas fuera de texto).
4.6. El artículo 1 de la
Resolución No. 484 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil cinco (2005),
del Procurador General de la Nación, establece que “[e]l Ministerio Público,
como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, y como
representante de la sociedad, intervendrá en las actuaciones procesales penales
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de
las garantías fundamentales. || La intervención se efectuará a través de
las Procuradurías Delegadas para la Casación Penal, las Procuradurías Delegadas
para la Investigación y Juzgamiento Penal, la Procuraduría Delegada para el
Ministerio Público en Asuntos Penales, los Procuradores Judiciales en lo Penal,
los Personeros Distritales y Municipales, y los agentes especiales”
(negrillas fuera de texto).
En relación con las agencias
especiales, el artículo 8 de la Resolución 484 señala que “[e]n los procesos
que de acuerdo con los criterios que se definen en el artículo siguiente[92] sea
necesaria la intervención del Ministerio Público, esta se cumplirá a través de
agencias especiales que constituirá la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales…”.
4.7. La Resolución No. 224 del dos
(2) de septiembre de dos mil once (2011), emanada de la Procuradora Delegada
para el Ministerio Público en Asuntos Penales, reitera en el artículo 1 la
competencia del Procurador General de la Nación y la Procuradora Delegada para
el Ministerio Público en Asuntos Penales, para designar agentes especiales en
las actuaciones judiciales, y señala en el artículo 2 “que por regla general
la intervención de los Procuradores Judiciales Penales I y II es de carácter
ordinario y solo por excepción se constituyen agencias especiales”. Conforme
al artículo 4, tal designación “impone una intervención mínima
obligatoria, conforme a lo previsto en las resoluciones 202 de 2003,
artículo segundo y parágrafo, y 484 de diciembre de 2005, sin perjuicio de las
demás intervenciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de una
adecuada representación del Ministerio Público” (negrillas fuera de texto).
Entre otros asuntos, la
Resolución 224 regula la duración de la agencia especial en los siguientes
términos: “La designación de un Procurador Judicial penal como Agente
Especial, comporta la representación del Ministerio Público en todas las
instancias procesales de la actuación judicial. || Por consiguiente, el Agente
Especial ostenta la representación del Ministerio Público en la actuación
judicial hasta que se produzca el acto de relevo o cancelación de la Agencia
Especial, proferida por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en
Asuntos Penales o por el señor Procurador General de la Nación, en los casos
que así se amerite”.
4.8. Como puede observarse, las
normas que con antelación fueron descritas y que hacen referencia a la
categoría de “agentes especiales” de la Procuraduría General de la Nación, se
enmarcan en la función constitucional que establece el numeral 7° del artículo
277 Superior, en el sentido de “[i]ntervenir en los procesos y ante las
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales”. Esta función es claramente diferenciable de la “vigilancia
de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”,
consagrada en el artículo 118 de la Constitución Política, y que es reiterada
en el numeral 6° del artículo 277[93].
Debe precisarse que el Decreto Ley
262 de 2000, a partir del artículo 23, estableció las diferentes funciones que
cumplen las procuradurías delegadas, a saber: (i) funciones preventivas
y de control de gestión[94];
(ii) funciones disciplinarias[95];
(iii) funciones de protección y defensa de los derechos humanos[96]; (iv)
funciones de intervención ante las autoridades administrativas[97]; (v) funciones de
intervención ante las autoridades judiciales[98],
entre ellas, funciones de intervención judicial en procesos penales[99], en procesos
contencioso administrativos[100],
en procesos civiles y agrarios[101],
en procesos de familia[102]
y en procesos laborales[103];
(vi) funciones de intervención ante el Consejo Superior de la Judicatura[104], y (vii)
funciones de intervención ante el Congreso de la República[105].
4.9. Con el escrito de tutela se
anexa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil
trece (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público
en Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa[106], en donde se lee:
“En ejercicio
de la facultad derivada del artículo 36 del Decreto Ley 262 de febrero 22 de
2000[107],
en concordancia con el artículo 29 de la Resolución 017 del 4 de marzo de la
misma anualidad, proferida por el señor Procurador General de la Nación,
verificado los requisitos establecidos en el artículo 9° de la Resolución 484
de 2005, y teniendo en consideración la connotación de los hechos, se dispone
CONSTITUIR la presente Agencia Especial y DESIGNAR a la Procuraduría 240
Judicial Penal de Bogotá, para que en calidad de agente especial intervenga
en representación del Ministerio Público dentro del radicado No.
110016000017201215360 que se adelanta en la Fiscalía 52 seccional de la Unidad
de Vida de esta ciudad, por el homicidio de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ VARGAS. ||
El Agente Especial comunicará de inmediato su designación como tal al Despacho
judicial que adelanta la actuación y para efectos de control de gestión,
rendirá informes periódicos a esta delegada, atendiendo lo dispuesto en la
resolución 224 del 02 de septiembre de 2011. || El agente designado velará por
el respeto al ordenamiento jurídico, los derechos y garantías fundamentales y su
intervención deberá ceñirse a lo preceptuado en la resolución No. 202 de 2003
y/o 484 de 2005, proferida por el Señor Procurador General de la Nación,
así como a las directrices emanadas de la Delegada, sin perjuicio de las
funciones y obligaciones constitucionales y legales que su cargo le impone”
(mayúsculas originales).
De acuerdo a la anterior agencia
especial, puede concluirse que a la Procuraduría 240 Judicial Penal I de
Bogotá, le fueron asignadas las funciones de intervención judicial en procesos
penales, en el caso específico, concretadas al radicado No. 110016000017-201215360
que adelanta la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá y, por
ende, se le confió la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de
los derechos y garantías fundamentales. Es así, como su labor se circunscribe en
el numeral 7° del artículo 277 de la Constitución Política y en los artículos
109, 110, 111 y 112 de la Ley 906 de 2004, anteriormente trascritos.
En este marco funcional se
comprende por qué la actuación de la Procuradora, que es un sujeto especial en
las etapas de indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley
906 de 2004, debe circunscribirse a las diligencias y actuaciones que son de su
competencia y bajo las condiciones procesalmente establecidas, para lo cual
debe ser informada oportunamente ya sea por el fiscal, el juez o la policía
judicial, por el medio más expedito. El acceso ilimitado a toda la información,
evidencias o elementos materiales recaudados por la Fiscalía en la etapa de la
indagación, fase que es previa al descubrimiento probatorio que tiene lugar
dentro de la audiencia de formulación de acusación[108], como bien lo señala el
funcionario accionado, puede afectar su teoría del caso y, con ello, el
principio de igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y la
defensa, “cuyo desarrollo implica una ampliación tanto de las garantías para
preparar una defensa técnica estratégica, como de la carga de la Fiscalía para
sustentar probatoriamente la acusación”, tal como fue sostenido por la
Corporación en la sentencia C-536 de 2008[109].
En esa oportunidad, señaló:
“[…] la Corte
ha resaltado la circunstancia de que desde el punto de vista metodológico, el
principio de igualdad de armas responde a la lógica que impone la metodología
de investigación de los sistemas penales de tendencia acusatoria, ya que en
este sistema ambas partes procesales, tanto [a] la Fiscalía como al imputado o
acusado, le es dable recaudar material probatorio durante la etapa de
investigación, así como solicitar y controvertir pruebas en la etapa de juicio,
lo cual pone en evidencia el papel diligente y activo que se le otorga al
imputado y acusado en materia probatoria durante las diferentes etapas del
proceso penal. A este respecto, esta Corporación ha expresado: || ‘En
efecto, a diferencia del sistema de tendencia inquisitiva adoptado por la
Constitución de 1991, y que aún rige en buena parte del país, en el que la
Fiscalía ejercía –a un tiempo– función acusatoria y funciones
jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal el rol del ente de
investigación se ejerce con decidido énfasis acusatorio, gracias a lo cual,
pese a que su participación en las diligencias procesales no renuncia
definitivamente a la realización de la justicia material, el papel del fiscal
se enfoca en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de
inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del método
adversarial’”[110].
4.10. Así las cosas, la Sala
observa que la limitación que en el nuevo sistema de indagación e investigación
penal se establece para que el Ministerio Público acceda a la información,
evidencias o elementos materiales recaudados por la Fiscalía, no va en
detrimento de sus funciones de defensa del orden jurídico, del patrimonio
público, o de los derechos y garantías fundamentales, ni vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido
a que hay otras oportunidades y supuestos en los que la ley
procesal penal autoriza la participación de dicho órgano, entre otras, (i)
está facultado para presentar argumentos en la audiencia de solicitud de
imposición de medida de aseguramiento[111];
(ii) puede controvertir la prueba aducida por la Fiscalía en la
audiencia de control de legalidad de aplicación del principio de oportunidad[112];
(iii) puede solicitar la preclusión de la investigación cuando haya
vencido el plazo en los términos del artículo 294[113] o cuando se
presenten las causales establecidas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004[114],
y participar en la audiencia de estudio de la solicitud de preclusión[115];
(iv) puede recibir copia del escrito de acusación[116]; (v)
puede participar en la audiencia de formulación de la acusación[117];
(vi) puede participar en todas las audiencias que se desarrollen durante
la etapa de juzgamiento[118];
(vii) está facultado para realizar solicitudes probatorias en la
audiencia preparatoria[119],
y para solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios
de prueba[120];
(viii) puede hacer oposiciones durante el interrogatorio[121],
y una vez terminados los interrogatorios de las partes hacer preguntas
complementarias para el cabal entendimiento del caso[122]; (ix)
está facultado para presentar alegatos acerca de la responsabilidad del acusado[123];
(x) puede insistir en la admisión del recurso de casación[124],
demandar la agravación de la pena[125]
y solicitar la acción de revisión[126];
(xi) puede intervenir en todo lo relacionado con la ejecución de la pena[127];
(x) puede participar en la aplicación de las penas accesorias[128],
y (xi) está facultado para asistir a las diligencias en el territorio
nacional[129].
En este orden de ideas, encuentra
la Sala que la actuación del Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de
Bogotá, de limitar el acceso a la carpeta contentiva de la información por él acopiada
en la fase de indagación, a la Procuradora 240 Judicial Penal I, en su
condición de agente especial, no comprometió las funciones que el Ministerio
Público debe cumplir en el proceso penal, conforme al artículo 111 de la Ley
906 de 2004, como garante de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales, y como representante de la sociedad. Al contrario, la conducta
del ente fiscal, a quien corresponde “adelantar el ejercicio de la acción
penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito”[130]
está justificada en razón de su función de “[a]segurar los elementos
materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce
su contradicción”, conforme al artículo 250 constitucional, que materializa
el debido proceso, en su faceta de legalidad de las formas[131]. Entonces, la actuación
del Fiscal está lejos de ser considerada arbitraria o caprichosa, por
configurar un defecto sustantivo o procedimental; asimismo, está lejos de desconocer
el precedente constitucional o de constituir una violación directa a la
Constitución.
5. Conclusión
En atención a lo anterior, se
concluye que el Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la Procuradora 240 Judicial Penal I, al negarle el acceso a la carpeta
correspondiente a las diligencias radicadas bajo el consecutivo 201215360 y que
se encontraban en la fase de indagación, toda vez que en el sistema de
indagación, investigación y juzgamiento penal que regula la Ley 906 de 2004, el
Ministerio Público es un “sujeto especial” y su conducta debe circunscribirse a
las diligencias y actuaciones que son de su competencia y bajo las condiciones
procesalmente establecidas.
En razón de ello, la Sala Primera de Revisión confirmará
los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en segunda instancia, por la Sala
de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que negaron la
tutela solicitada por Karime Chávez Niño, en su condición de
Procuradora 240 Judicial Penal I de Bogotá.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Primera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en este proceso por medio de Auto del veintisiete (27) de
noviembre de dos mil trece (2013).
Segundo.- CONFIRMAR las sentencias del veintinueve
(29) de abril de dos mil trece (2013) y del seis (6) de junio de dos mil trece
(2013), proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema
de Justicia, respectivamente, que negaron la acción de tutela interpuesta por Karime Chávez Niño, en su condición de Procuradora 240 Judicial
Penal I, contra la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida
de Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
SONIA MIREYA VIVAS
PINEDA
Secretaria General
(E)
[1] Folio 10 del
cuaderno principal.  En adelante, los folios que se refieran harán parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[2] A folio 12 se
observa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil
trece (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público
en Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa.
[3] Obrante a folios
15 al 21.
[4] Ver Oficio del diez
(10) de abril de dos mil trece (2013) suscrito por el doctor Antonio Luis
González obrante a folios 13 y 14.  Dicha posición se fundamenta en una
sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de
octubre de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos
Martínez, que en torno a la función del Ministerio Público en la Ley 906 de
2004, plantea: “[…] de modo que el acceso a la información, evidencia o
elementos recaudados, solo puede lograrlo en las oportunidades y condiciones
procesalmente establecida (sic), a las cuales debe sujetarse, pues lo contrario
implicaría suponer que goza de privilegios frente a la Fiscalía, la defensa o
las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso equilibrado con igualdad de
armas entre acusación y defensa. || En este orden de ideas no resulta factible,
por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la información recaudada por la
Fiscalía o la defensa cuando ni siquiera para ella se ha dado inicio a la fase
de descubrimiento probatorio”.
[5] Folio 4.
[6] Folio 4.  Ver
Memorando 000015 del veinticinco (25) de abril de dos mil uno (2001) suscrito
por el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá, obrante a folio 22.
[7] Folio
6.
[8] Folios 29 al 39.
[9] Folio 29.
[10] Folio 29.
[11] Folio
29.
[12] Folio
30.
[13] Folio 30.
Sustenta su posición en las siguiente decisiones: Corte Constitucional,
sentencias C-1154 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y C-144 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
sentencia del 5 de octubre de 2011, radicado 30592, MP José Leonidas Bustos
Martínez.
[14] Folios 40 al 50.
[15] Folios
46 y 47.
[16] Folios 53 al 60.
[17] Folio
57.
[18] Folios 58 y 59.
[19] Folios 3 al 21 del
cuaderno 2.  Señaló
que “[e]n el caso sub-exámine la Sala confirmará el fallo impugnado porque
pronto se advierte la ausencia del mencionado presupuesto porque la doctora
KARIME CHÁVEZ NIÑO, Procuradora 240 Judicial Penal I de Bogotá, no logra
demostrar de qué manera se le estén vulnerando las garantías fundamentales que pretende
proteja el juez de tutela, si se tiene en cuenta que la información
suministrada por el despacho judicial accionado, infiere la Sala que la
investigación que cursa con ocasión a los hechos en los que perdió la vida
quien correspondía al nombre de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ, se viene adelantando
conforme a los parámetros establecidos en la Ley 906 de 2004 y que hace inferir
a la Sala que se le está garantizando el debido proceso”.  Agregó, además, que
en la comunicación mediante la cual le fue negada a la Procuradora el acceso a
la carpeta contentiva de la investigación, la Fiscalía 11 de la Unidad de Vida
manifestó que oportunamente se le informará sobre la realización de las
audiencias propias del proceso para que en ellas actúe el Ministerio Público conforme
a la ley.
[20] Folios
13 y 14 del cuaderno de revisión.
[21] Folios 5 y 6 del
cuaderno de revisión.
[22] Folio 29 del
cuaderno de revisión.
[23] Sentencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de octubre
de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos Martínez.
[24] El
artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, establece: “Recursos
ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. || Salvo la
sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y
resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. || La apelación
procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados
durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o
absolutoria”.
[25] Los
recursos de casación y revisión son procedentes, el primero, contra las
sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por
delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (artículo 181 de la
Ley 906 de 2004) y, el segundo, contra sentencias ejecutoriadas, en los casos
señalados en el artículo 192 ibíd.
[26] Artículos 118,
277 y 278 de la Constitución Política. De acuerdo al artículo 118 “[e]l
Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del
ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio
Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas”.  Acerca de la naturaleza jurídica del
Ministerio Público en la Constitución de 1991, puede consultarse la sentencia
C-743 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz).
[27] El artículo 122
de la Ley 600 de 2000, que fija las pautas de intervención del Ministerio
Público en el proceso penal, establece: “El Ministerio Público actuará dentro
del proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de
los derechos y garantías fundamentales, podrá intervenir en todas las etapas de
la actuación, con plenas facultades de sujeto procesal y será ejercido por el
Procurador  General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados”.
[28] El artículo 109
de la Ley 906 de 2004, que regula a su turno la intervención del Ministerio
Público en el proceso penal, plantea en su inciso primero: “El Ministerio
Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales. El Procurador General de la
Nación directamente o a través de sus delegados constituirá agencias
especiales en los procesos de significativa y relevante importancia, de acuerdo
con los criterios internos diseñados por su despacho, y sin perjuicio de que
actúe en los demás procesos penales”.
[29] MP Alejandro
Martínez Caballero (unánime).
[30] Ver el artículo
7 numeral 17 del Decreto Ley 262 de 2000, “Por el cual se modifican la
estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del
Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias
interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se
modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de
inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas
situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”.
[31] El artículo 29
del Decreto Ley 262 de 2000 señala las funciones de intervención judicial que
cumplen los procuradores delegados en procesos penales como Ministerio Público.
[32] Ver el artículo
42 del Decreto Ley 262 de 2000.
[33] El artículo 110 de la
Ley 906 de 2004, establece: “De la agencia especial. La constitución de «agente
especial» del Ministerio Público se hará de oficio o a petición de cualquiera
de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional”.
[34] Al respecto,
puede consultarse el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993, “por el cual se
dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”; el
artículo 178 de la Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”; el artículo
123 de la Ley 600 de 2000, y el artículo 109, inciso segundo, de la Ley 906 de
2004.
[35] MP Fabio Morón
Díaz (unánime).
[36] Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia del cinco (5)
de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos Martínez. pp. 31-32.
La Corporación en esta providencia hizo un estudio de las funciones del
ministerio público en el proceso penal regulado en la Ley 600 de 2000 y en la
Ley 906 de 2004, en el marco de un proceso adelantado contra la Procuradora 44
Judicial II de Santa Marta, adscrita a la Fiscalía Tercera Delegada ante los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de esa ciudad; acusada del delito
de prevaricato por omisión, en razón de su silencio frente a la resolución de
preclusión de la investigación decretada por la Fiscal a favor de las personas
vinculadas al proceso, en el cual, finalmente, fue absuelta de los cargos que
le fueron formulados.
[37] MP Marco Gerardo
Monroy Cabra (AV Jaime Araujo Rentería). En esa oportunidad se declaró
exequible el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002, únicamente en cuanto
a la inserción del parágrafo del artículo 250 de la Constitución Política, pero
exclusivamente por los cargos analizados en la providencia.
[38] Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia
del cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos
Martínez. pp. 34-35.
[39] Cfr.
las sentencias C-873 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-591 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández; SPV Alfredo Beltrán Sierra),
C-1194 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-454 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño), C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-396 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SV Nilson Pinilla Pinilla), C-186 de 2008 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; SV Jaime Araujo Rentería; AV Clara Inés Vargas
Hernández), C-025 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV Jaime Araujo Rentería),
C-144 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), C-260 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), entre otras.  En la sentencia C-591 de 2005 se precisó que “el
nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes
procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado,
un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de
unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su
inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y
por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y
la víctima.  Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no
tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez,
bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un
mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación
de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los
derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la
víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo
ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad”.
[40] MP
Manuel José Cepeda Espinosa (AV Jaime Araujo Rentería). En esta providencia se
estudió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 15
(parcial), 16 (parcial), 79, 177 (parcial), 274, 284, 285, 288 (parcial), 290 (parcial),
291, 306 (parcial), 308 (parcial), 327 (parcial), 337, 383 (parcial), 435, 436
y 455 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal”.
[41] Es decir, que el archivo del expediente por parte del
fiscal que conoce del asunto, procederá cuando “constate que no existen motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible
existencia como tal”, y debe ocurrir siempre y cuando dicha caracterización
corresponda a la tipicidad objetiva y a la decisión del archivo de las
diligencias de forma motivada y comunicada tanto al denunciante como al Ministerio
Público.  Cfr. sentencia C-1154 de 2005, apartado 4.8.
[42] Artículo 47 de la Ley 906 de 2004.
[43] Artículo 61de la
Ley 906 de 2004.
[44] Artículo 71 de
la Ley 906 de 2004.
[45] Artículo 87 de
la Ley 906 de 2004.
[46] Artículo 90 de
la Ley 906 de 2004.
[47] Artículo 92 de
la Ley 906 de 2004.  En la sentencia C-210 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra;  AV Nilson Pinilla Pinilla), se estimó la constitucional de la
limitación de la intervención del Ministerio Público dispuesta en el artículo
92 para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a favor de
menores de edad e incapacitados, víctimas de hechos punibles. Se sostuvo que
dicha medida se encuentra exequible y no crea un trato desigual ilegítimo
frente a las víctimas adultas, pues en este caso el llamado a proteger sus
intereses, es, según la Constitución, la propia Fiscalía. Por esta razón, la
medida legal juzgada representa una manifestación del poder de configuración
legislativa, que además incluye una discriminación positiva que por las
características específicas de los sujetos a favor de quienes se crea, reclaman
una protección especial, en este caso representada por la competencia atribuida
al Ministerio Público.
[48] Artículo 102 de
la Ley 906 de 2004.
[49] Artículos 112 y
284 de la Ley 906 de 2004. Por medio de la sentencia C-591 de 2005 (MP Clara
Inés Vargas Hernández; SPV Alfredo Beltrán Sierra) la Corte declaró exequible
el artículo 284 al considerar que no vulnera el principio de inmediatez de la
prueba.
[50] Artículo 122 de
la Ley 906 de 2004.
[51] Artículos 149 y
355 de la Ley 906 de 2004.
[52] Artículo 184 de
la Ley 906 de 2004.
[53] Artículo 188 de
la Ley 906 de 2004.
[54] Artículo 193 de
la Ley 906 de 2004.
[55] Artículo 294 de
la Ley 906 de 2004.
[56] Artículo 332 de
la Ley 906 de 2004.
[57] artículo 357 de
la Ley 906 de 2004.
[58]
Artículo 306 de la Ley 906 de 2004.
[59]
Artículo 327 de la Ley 906 de 2004.
[60]
Artículo 333 de la Ley 906 de 2004.
[61]
Artículo 337 de la Ley 906 de 2004. La disposición normativa incluía un
condicionamiento en el sentido de que la entrega de la copia del escrito de
acusación era “con fines únicos de información”, expresión que fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-209 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[62] Artículo 339 de
la Ley 906 de 2004.
[63] Artículo 357 de
la Ley 906 de 2004.
[64] Artículo 359 de
la Ley 906 de 2004.
[65] Artículo 395 de
la Ley 906 de 2004.
[66] Artículo 397 de
la Ley 906 de 2004.
[67] Artículo 443 de
la Ley 906 de 2004.
[68] Artículo 459 de
la Ley 906 de 2004.
[69] Artículo 462 de
la Ley 906 de 2004.
[70] Artículo 486 de
la Ley 906 de 2004.
[71] MP Juan Carlos
Henao Pérez (unánime). En esa oportunidad la Corporación estudio una demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 112, 357, 245, 362,
397, 415, 438, 450 y 454 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el
Código de procedimiento penal”.
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia de veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009), Proceso No. 30782 (cita original).
[73] Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia del cinco (5)
de octubre de dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos Martínez.
[74] Artículo 111
num. 2° de la Ley 906 de 2004.
[75] Artículo 111
num. 1° de la Ley 906 de 2004.
[76]
Artículo 357 de la Ley 906 de 2004.
[77]
Artículo 397 ibídem.
[78] Ibíd., pp. 31-54.
[79] MP María
Victoria Calle Correa.
[80] En la sentencia T-293 de 2013, resolvió
la Sala Primera de Revisión la solicitud de amparo interpuesta por los
Procuradores 21 y 24 Judiciales II, constituidos en agentes especiales en el
proceso penal radicado con el número 201200105, contra el Juzgado Segundo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por considerar que dicho
órgano judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva de la Procuraduría General de la Nación, al revocar la
medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por el Juzgado 60
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a un ciudadano imputado
por la comisión de varios punibles que afectan la administración pública y la
seguridad pública. Concluyó
que “la
participación del Ministerio Público en la audiencia de solicitud de imposición
de medida de aseguramiento, está reglada por lo que establece el artículo 277
superior que determina que la función de este órgano estatal está relacionada
con la intervención en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, pero
también por los límites propios que le impone el legislador penal en la Ley 906
de 2004, como quiera que es un interviniente sui generis que puede abogar
por los derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin sustituir ni al
Fiscal ni a la defensa” (negrillas fuera de texto). En este orden de
ideas, se confirmaron las sentencias de los jueces de instancia que habían
negado la solicitud de amparo instaurada por los procuradores.
[81] A folio 12 se
observa la Agencia especial No. 10607 del veintidós (22) de marzo de dos mil
trece (2013), suscrita por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público
en Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa, en donde se lee: “En
ejercicio de la facultad derivada del artículo 36 del Decreto Ley 262 de
febrero 22 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Resolución 017 del
4 de marzo de la misma anualidad, proferida por el señor Procurador General de
la Nación, verificado los requisitos establecidos en el artículo 9° de la
Resolución 484 de 2005, y teniendo en consideración la connotación de los
hechos, se dispone CONSTITUIR la presente Agencia Especial y DESIGNAR a la
Procuraduría 240 Judicial Penal de Bogotá, para que en calidad de agente
especial intervenga en representación del Ministerio Público dentro del
radicado No. 110016000017201215360 que se adelanta en la Fiscalía 52 seccional
de la Unidad de Vida de esta ciudad, por el homicidio de BRIAN ANDRÉS JIMÉNEZ
VARGAS. || El Agente Especial comunicará de inmediato su designación como tal
al Despacho judicial que adelanta la actuación y para efectos de control de
gestión, rendirá informes periódicos a esta delegada, atendiendo lo dispuesto
en la resolución 224 del 02 de septiembre de 2011...” (mayúsculas originales).
[82] Folio
12 del cuaderno de revisión.
[83] Ver oficio del diez
(10) de abril de dos mil trece (2013) suscrito por el doctor Antonio Luis
González obrante a folios 13 y 14.  Dicha posición se fundamenta en una
sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de
octubre de dos mil once (2011), radicado 30592, MP José Leonidas Bustos
Martínez, que en torno a la función del Ministerio Público en la Ley 906 de
2004, plantea: “[…] de modo que el acceso a la información, evidencia o
elementos recaudados, solo puede lograrlo en las oportunidades y condiciones
procesalmente establecida (sic), a las cuales debe sujetarse, pues lo contrario
implicaría suponer que goza de privilegios frente a la Fiscalía, la defensa o
las víctimas, lo cual repugna a la idea de proceso equilibrado con igualdad de
armas entre acusación y defensa. || En este orden de ideas no resulta factible,
por ejemplo, que pueda tener acceso a toda la información recaudada por la
Fiscalía o la defensa cuando ni siquiera para ella se ha dado inicio a la fase
de descubrimiento probatorio”.
[84] Folio
8.  En el escrito de impugnación del fallo de primera instancia expedido por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, precisó: “Es
de anotar que las visitas que practicamos los Agentes del Ministerio Público a
las actuaciones penales, sin distinguir la etapa en la cual se encuentren, se
llevan a cabo para ejercer justamente un control de gestión, facultad
establecida en la Constitución Nacional artículo 118 y el Decreto Ley 262 de
2000 - Art. 37, referido al interés de establecer si el Fiscal que tiene a su
cargo la investigación, ha sido diligente en el desempeño de su función de
ordenamiento de pesquisas y actividades tendientes a la búsqueda de
explicaciones y argumentos para establecer las condiciones y existencia del
hecho, posibles autores, formas de participación, etc., máxime cuando la
administración de justicia debe satisfacer la necesidad de los ciudadanos, en
tanto servicio público que es” (negrillas originales) (folio 57).
[85] El
artículo 109 de la Ley 906 de 2004, consagra: “El Ministerio Público
intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. El
Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados
constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y relevante
importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por su
despacho, y sin perjuicio de que actúe en los demás procesos penales. ||
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993, en
los mismos eventos del inciso anterior los personeros distritales y municipales
actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso penal y ejercerán
sus competencias en los juzgados penales y promiscuos del circuito y
municipales y ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que en cualquier
momento la Procuraduría General de la Nación los asuma y en consecuencia los
desplace. || Parágrafo. Para el cumplimiento de la función, los fiscales,
jueces y la policía judicial enterarán oportunamente, por el medio más
expedito, al Ministerio Público de las diligencias y actuaciones de su
competencia” (negrillas fuera de texto).
[86] El
artículo 110 de la Ley 906 de 2004, dispone: “De la agencia especial. La
constitución de “agente especial” del Ministerio Público se hará de oficio o a
petición de cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno
Nacional”.
[87] El artículo
111 de la Ley 906 de 2004, establece las funciones del Ministerio Público en
los siguientes términos: “Son funciones del Ministerio Público en la
indagación, la investigación y el juzgamiento:
“1. Como garante
de los derechos humanos y de los derechos fundamentales: || a) Ejercer
vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar
garantías fundamentales; || b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones
realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República
que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental; || c) Procurar
que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y
la justicia; || d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad
como medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de
conformidad con los Tratados Internacionales, la Carta Política y la ley; || e)
Procurar que de manera temprana y definitiva se defina la competencia entre
diferentes jurisdicciones en procesos por graves violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; || f) Procurar el cumplimiento
del debido proceso y el derecho de defensa; || g) Participar cuando lo
considere necesario, en las audiencias conforme a lo previsto en este código.
“2. Como
representante de la sociedad: || a) Solicitar condena o absolución de los
acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión; ||
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la
restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos,
solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares que
procedan; || c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas,
testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su
efectiva protección por el Estado; || d) Participar en aquellas diligencias o
actuaciones donde proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima
individual o colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción
penal, procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los
derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en
los eventos de aplicación del principio de oportunidad; e) Denunciar los
fraudes y colusiones procesales.
[88] El
artículo 112 de la Ley 906 de 2004, reza: “Actividad probatoria. El Ministerio
Público podrá solicitar pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales
esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial siempre y cuando
se reúnan los requisitos previstos en el artículo 284 del presente código. ||
Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso
del artículo 357 de este código”.  El artículo 357 regula las solicitudes
probatorias durante la audiencia preparatoria.
[89] Por
el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General
de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de
competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de
la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se
regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren
sujetos.
[90] El parágrafo del
artículo 3 de la Resolución 202, reza: “La intervención del Ministerio Público
será igualmente obligatoria, en aquellos delitos en los que el sujeto pasivo de
la conducta típica sea un menor de edad, atendiendo a su especial condición y
la protección que el artículo 44 de la Constitución Política les otorga,
esencialmente en tratándose de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”.
[91] El artículo 2 de
la Resolución 202, preceptúa: “Cuando el Procurador General de la Nación o el
Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, designe un
agente Especial para que intervenga en los procesos penales de competencia de la
Justicia Penal Ordinaria o de la Justicia Penal Militar, éste además de
desarrollar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento de las
funciones Constitucionales y Legales, realizará como mínimo las siguientes
tareas: || a. Intervenir en el trámite de los recursos que se interpongan,
emitiendo concepto sobre la forma como deben decidirse. || b. Conceptuar en la
oportunidad procesal correspondiente, sobre la forma como debe calificarse el
proceso. || c. Solicitar en la etapa de investigación, las pruebas necesarias
para el esclarecimiento de los hechos e intervenir en su práctica. || d. Dentro
del término de traslado de que tratan los artículos 400 del Código de
Procedimiento Penal y 563 del Código Penal Militar, solicitar las pruebas que
resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Igualmente
solicitará el avalúo de daños y perjuicios si a ello hubiere lugar y las
nulidades que estimen procedentes. || e. Intervenir en las audiencias
preparatorias, de juzgamiento y de Corte Marcial. || En la misma forma,
intervendrán los Procuradores Judiciales cuando se trate de procesos que
conozcan en primera instancia los Fiscales Delegados ante los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Superior Militar”.
[92] El artículo 9 de
la Resolución No.
484 de 2005, dispone: “Para
la constitución de las agencias especiales, se atenderán los siguientes
criterios: || a) La naturaleza del delito. En este caso, se deberá intervenir
mediante agente especial en los procesos y actuaciones que se adelanten por los
delitos de genocidio, homicidio doloso, los descritos en el Título II del Libro
II del Código Penal; desaparición forzada, secuestro simple y extorsivo,
privación ilegal de la libertad, detención arbitraria especial, desconocimiento
del habeas corpus, tortura, desplazamiento forzado, acceso carnal abusivo con
menor de catorce años, actos sexuales con menor de catorce años, acceso carnal
o acto sexual abusivos con incapaz de resistir, tráfico de personas, trata de
personas, urbanización ilegal, extorsión, lavado de activos, testaferrato,
enriquecimiento ilícito de particulares, ilícito aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, terrorismo, propagación del virus de
inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B, tráfico de estupefacientes en
delitos de competencia de la justicia especializada, peculado por apropiación,
concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito de servidor público, prevaricato, soborno transnacional,
fraude procesal, fraude a resolución judicial, rebelión; || b) La calidad del
imputado. En este caso se determinará la intervención de un agente especial del
Ministerio Público cuando se impute a un servidor público la autoría o
participación en delitos cuya pena privativa de la libertad esté fijada en la
ley en su mínimo, igual o superior a cuatro años de prisión; || c) Las
condiciones especiales de la actuación. Deberá constituirse agente especial,
del Ministerio Público cuando se den circunstancias que puedan afectar las
garantías procesales del imputado, la imparcialidad o independencia de la
administración de justicia; || d) La calidad del sujeto pasivo. El agente
especial del Ministerio Público intervendrá en todas las actuaciones penales en
las que el sujeto pasivo de la conducta punible sea menor de edad o un incapaz;
|| e) La alarma social. Se constituirá agente especial del Ministerio Público
en todos aquellos casos en los que, atendidas circunstancias objetivas, se
determine que el hecho punible ha causado gran impacto en la colectividad,
cualquiera que sea la naturaleza de este; || f) La discrecionalidad de la
Procuraduría General de la Nación. También podrá constituirse agente especial
del Ministerio Público en aquellos casos en los que el Procurador General de la
Nación o la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales
así lo determinen, en ejercicio de su poder discrecional y de acuerdo con las
políticas generales de intervención en defensa del orden jurídico, del patrimonio
público, o de los derechos y garantías fundamentales” (negrillas fuera de
texto).
[93] Artículo 277 de
la Constitución Política. “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: […] 6.
Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e
imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley”.
[94]
Artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000.
[95] Artículo
25 ibíd.
[96] Artículo
26 ibíd.
[97] Artículo
27 ibíd.
[98] El artículo 28
del Decreto Ley 262 de 2000, reza: “Funciones de intervención ante las
autoridades judiciales. Los procuradores delegados que intervienen ante las
autoridades judiciales tienen la condición de agentes del Ministerio Público,
para lo cual ejercerán las funciones que se les asignen en la ley y en los
artículos siguientes. || Parágrafo. Los procuradores delegados podrán
intervenir en el trámite especial de tutela ante cualquier autoridad judicial,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de
los derechos y garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales,
colectivos o del ambiente, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del
artículo 277 de la Constitución Política...”.
[99] El artículo 29
del Decreto Ley 262 de 2000, establece: “Funciones de
intervención judicial en procesos penales. Los procuradores delegados cumplen
las siguientes funciones de intervención judicial en procesos penales como
Ministerio Público: || 1. En el trámite de la casación ante la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. || 2. En los procesos que conoce la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por delitos cometidos por
miembros del Congreso de la República. || 3. En el trámite de extradición. ||
4. En la investigación penal de funcionarios con fuero constitucional o legal
en los procesos de competencia del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal
General y en los procesos que adelanten los Fiscales de la Unidad Delegada ante
la Corte Suprema de Justicia, así como en el juzgamiento que corresponda en los
mismos casos ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación. || 5. En
las acciones de revisión de competencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia. || 6. En los trámites de segunda instancia que se
surtan ante los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante la
Sala de Casación Penal de la misma corporación. || 7. En las actuaciones
penales que adelante el Congreso de la República. || 8. Las demás que les
asigne o delegue el Procurador General”
[100] Artículo
30 del Decreto Ley 262 de 2000.
[101] Artículo
31 ibíd.
[102] Artículo
32 ibíd.
[103] Artículo
33 ibíd.
[104] Artículo
34 ibíd.
[105] Artículo
35 ibíd.
[106] Folio
12.
[107] El
artículo 36 de la normativa referida, como ya se indicó en líneas anteriores,
hace referencia a la coordinación y vigilancia que corresponde ejercer a los
procuradores delegados en relación con los funcionarios de la Procuraduría y
los personeros que intervienen ante las autoridades judiciales.
[108] El
artículo 344 de la Ley 906 de 2004, dispone: “Inicio del descubrimiento. Dentro
de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el
descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez
de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el
descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física
de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir,
exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3)
días para su cumplimiento.  [El texto subrayado fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-1194 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), exclusivamente por el cargo analizado, en el entendido de que dicha
potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250
constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus
delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a “suministrar, por
conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e
informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al
procesado”]. || La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la
defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las
declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el
juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en
cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que
le hubieren sido practicados al acusado. || El juez velará porque el
descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación
de acusación. || Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra
un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que
debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las
partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y
la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe
excluirse esa prueba”. Artículo declarado exequible de manera condicionada, por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el
descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia
física específica.
[109] MP Jaime Araujo Rentería (AV Nilson Pinilla
Pinilla y Jaime Araujo Rentería). En esta providencia, en el marco de una
demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 268 (parcial) de
la Ley 906 de 2004 y otras disposiciones, por considerar que son violatorias
del Preámbulo, de los artículos 29, 30 y del inciso 3º del numeral 1º del
artículo 250 de la Constitución Nacional, además del Acto Legislativo 03 de
2002, del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; fue
analizado el principio de igualdad de armas, concluyendo que “constituye
entonces un elemento esencial de la garantía del derecho de defensa, de
contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y  hace
relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder
presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que permitan
equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, dentro de las
cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al material
probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición
sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra parte
procesal…”.
[110]
Sentencia C-536 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería).
[111] El
artículo 306 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 59 de la Ley
1453 de 2011, preceptúa: “Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.
El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de
aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en
audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. || Escuchados
los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá
su decisión. || La presencia del defensor constituye requisito de validez de la
respectiva audiencia” (negrillas fuera de texto). La
sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 306, en el entendido de que la víctima
también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida
correspondiente.  La sentencia T-293 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
analiza el sistema penal de tendencia acusatoria y el papel que cumplen las
partes, los intervinientes y el Ministerio Público dentro del proceso y frente
a las medidas de aseguramiento.
[112] El
artículo 327, modificado por el artículo 5 de la Ley 1312 de 2009, señala:
“Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de
control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar
aplicación al principio de oportunidad. || Dicho control será obligatorio y
automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio
Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la
Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano. || La aplicación
del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la
Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si
hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la
conducta y su tipicidad” (negrillas fuera de texto).  Debe tenerse en cuenta
que la sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), declaró
inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe recurso alguno”
del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.
[113] El artículo 294
de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 55 de la Ley
1453 de 2011, dispone:
“Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el
fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de
conocimiento. || De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo
cual informará inmediatamente a su respectivo superior. || En este evento el
superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que
corresponda en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento
en que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se
presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando
el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces
penales del circuito especializado. || Vencido el plazo, si la situación
permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la
defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de
Conocimiento” (negrillas
fuera de texto).
La constitucionalidad del artículo 294 se estudió en la sentencia C-806 de 2008
(MP Humberto Antonio Sierra Porto. AV Jaime Araujo Rentería), en donde se
determinó que si bien lo usual es que la Fiscalía General de la Nación le
solicite al juez de conocimiento decretar la preclusión de la investigación,
esta disposición regula un supuesto excepcional, “consistente en que, ante una
omisión grave del órgano de investigación, la defensa o el Ministerio Público
quedan facultados para solicitarle al juez decretar la preclusión de la
investigación pasados sesenta (60) días de la audiencia de imputación de
cargos, sin que exista formulación de una acusación”.  Se trata de una facultad
reconocida a la defensa y al Ministerio Público, que a su vez permite al juez
ejercer también la facultad, que no obligación, de declarar la preclusión de la
investigación pasados sesenta (60) días, siempre y cuando se presente o no
alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión.
[114] El artículo 332
de la Ley 906 de 2004, preceptúa: “Causales. El fiscal solicitará la preclusión
en los siguientes casos: || 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el
ejercicio de la acción penal. || 2. Existencia de una causal que excluya la
responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal. || 3. Inexistencia del hecho
investigado. || 4. Atipicidad del hecho investigado. || 5. Ausencia de
intervención del imputado en el hecho investigado. || 6. Imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia. || 7. Vencimiento del término máximo
previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código [numeral
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-806 de
2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto)]. || Parágrafo. Durante el juzgamiento,
de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio
Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la
preclusión” (negrillas
fuera de texto).
[115]
Artículo 333 de la Ley 906 de 2004.  “Trámite. Previa solicitud del fiscal el
juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se
estudiará la petición de preclusión. || Instalada la audiencia, se concederá el
uso de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los
elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la
imputación, y fundamentación de la causal incoada. || Acto seguido se conferirá
el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al
defensor del imputado. || En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de
pruebas. || Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una
(1) hora para preparar la decisión que motivará oralmente” (negrillas fuera de
texto). Este artículo declarado exequible de manera condicionada, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar
elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición
de preclusión del fiscal.
[116] El
artículo 337 de la Ley 906 de 2004 dispone que “[…] La Fiscalía solamente
entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio
Público y a las víctimas”.
[117] El artículo 338
de la Ley 906 de 2004, establece que “[d]entro de los tres (3) días siguientes
al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para
la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el
juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo; y el artículo  339
consagra el trámite en los siguientes términos: “Abierta por el juez la
audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes;
concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para
que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos,
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito
de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para
que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. || Resuelto lo
anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente
acusación. || El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su
validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de
la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. ||
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás
intervinientes sin que su ausencia afecte la validez” (negrillas fuera
de texto).
Mediante la sentencia
C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 339, en el entendido de que la víctima también puede
intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar
observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de
incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.
[118] El
artículo 149 de la Ley 906 de 2004 que consagra el principio de publicidad,
establece: “Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de
juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin
decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no
podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público,
la víctima y su representación legal…” (negrillas fuera de texto).  En este
sentido, el Ministerio Público podrá participar en la audiencia de formulación
de acusación (artículo 338 y 339 ibíd.), la audiencia preparatoria (artículo
355) y el juicio oral (artículo 366).
[119] El  artículo 357
de la Ley 906 de 2004, establece: “Solicitudes probatorias. Durante la
audiencia [preparatoria] el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la
defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su
pretensión. || El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando
ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo
con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. || Las
partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que
libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. ||
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio
Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas
que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará
su práctica” (negrillas
fuera de texto).
Por medio de la sentencia C-545 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) la
Corporación declaró exequible el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden
realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía.  En la sentencia T-503 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) se analiza el papel que está llamado a cumplir
el Ministerio Público durante los interrogatorios realizados en la audiencia de
juzgamiento.
[120] El artículo 359
de la Ley 906 de 2004, señala: “Las partes y el Ministerio Público
podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios
de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código,
resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a
probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba…” (negrillas
fuera de texto).  La sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) declaró la exequibilidad condicionada del inciso primero
del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la
exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba.
[121] Dispone el artículo
395 de la Ley 906 de 2004: “Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que
no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la
pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o
incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la
oposición es fundada o infundada” (negrillas fuera de texto). En la sentencia
C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en donde fueron analizados los
derechos de la víctima del delito a la verdad, la justicia y la reparación
integral, se aclaró que en el sistema colombiano el Ministerio Público es un
interviniente sui generis que también puede abogar por los derechos de
todos, incluidas las víctimas en la etapa del juicio, sin sustituir ni al
Fiscal ni a la defensa.  En razón de ello, decidió declarar exequible el
artículo 395 de la Ley 906 de 2004.
[122] El artículo 397
de la Ley 906 de 2004, reza: “Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el
interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda
la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una
vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio
Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento
del caso” (negrillas fuera de texto). La constitucionalidad de este
artículo fue estudiado en la sentencia C-260 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), que declaró exequible la expresión subrayada.
[123] El artículo 443
de la Ley 906 de 2004, preceptúa: “Turnos para alegar. El fiscal expondrá
oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de
manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación. || A
continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las
víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes
podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. ||
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los
cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto
ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del
último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los
temas abordados” (negrillas fuera de texto).
[124] El artículo 184
de la Ley 906 de 2004, dispone: “Admisión. Vencido el término para interponer
el recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro
de los treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda. || No será
seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia
presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio
Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes
supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal,
no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta
fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las
finalidades del recurso. || En principio, la Corte no podrá tener en cuenta
causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo
a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante
dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los
defectos de la demanda para decidir de fondo. || Para el efecto, se fijará
fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta
(30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer
su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda” (negrillas
fuera de texto).
[125] En desarrollo
del principio de no agravación, establece el artículo 188 de la Ley 906 de 2004
que “[c]uando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena
impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su
representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado” (negrillas fuera
de texto).
[126] El artículo 193
de la Ley 906 de 2004, reza: “Legitimación. La acción de revisión podrá ser
promovida por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás
intervinientes, siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente
reconocidos dentro de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán
hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se
requerirá poder especial para el efecto” (negrillas fuera de texto).
[127] El artículo 459
de la Ley 906 de 2004, establece: “Ejecución de penas y medidas de seguridad.
La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada,
corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad. || En todo lo relacionado con la
ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e
interponer los recursos que sean necesarios” (negrillas fuera de texto).
[128] Conforme al artículo
462 de la Ley 906 de 2004, si se trata de la privación del derecho a residir en
determinados lugares o de acudir a ellos; de la prohibición de consumir bebidas
alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y de la inhabilidad
especial para el ejercicio de la patria potestad, se oficiará al agente del Ministerio
Público para su control.
[129] Conforme al
parágrafo del artículo 486 de la Ley 906 de 2004, “[…] El Fiscal General de la
Nación podrá autorizar la presencia de funcionarios judiciales extranjeros para
la práctica de diligencias en el territorio nacional, con la dirección y
coordinación de un fiscal delegado y la asistencia de un representante del Ministerio
Público” (negrillas fuera de texto).
[130]
Artículo 250 de la Constitución Política.
[131] El
artículo 29 de la Constitución Política, señala: “El debido proceso se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. || Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio. || En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. ||
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ||
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”
(negrillas fuera de texto).