T-450-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-450/08
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de salarios
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción de
afectación
DERECHO AL MINIMO VITAL-Pago de salarios y prestaciones
laborales adeudadas
Referencia: expediente T-1769661
Acción de tutela interpuesta por Josefa
Antonia Acosta Cavadia contra el Municipio y el Concejo Municipal de San
Pelayo.
Magistrado Ponente
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil ocho
(2008).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Josefa Antonia Acosta Cavadia interpuso acción de
tutela contra el Municipio de San Pelayo, por considerar que al haberle dejado
de pagar siete (7) meses de salario, dos primas legales y el cincuenta (50) por
ciento de la remuneración por vacaciones y dotaciones, vulnera sus derechos a
la igualdad, al pago oportuno del salario y al derecho de petición.
La señora Josefa Antonia Acosta Cavadia
trabaja como aseadora para el Concejo Municipal de San Pelayo desde el año
1992. Hasta cuando presentó la acción de tutela se le adedudaban siete (7)
meses de salario: uno de 2005, cuatro de 2006 y dos de 2007. Adicionalmente se
le debían las primas de navidad correspondientes a los años 2005 y 2006, y el
50% de las vacaciones y dotaciones ocasionadas en esos dos años. Aduce ser una
persona muy pobre y deber aproximadamente $1’500.000 por concepto de servicios
públicos. En los documentos aportados, el más reciente de ellos muestra que
para el año 2006 devengaba un salario de $440.225 mensuales
La tutelante ha requerido en diferentes ocasiones al
Presidente del Concejo Municipal, quien le responde que el Alcalde, como
representante legal del Municipio, no ha desembolsado los recursos necesarios
para pagar las prestaciones que se le adeudan a la actora.
Concluye solicitando el pago de los siete
(7) meses de salario, las dos primas navideñas de los años 2005 y 2006, y el
50% de las vacaciones y dotaciones ocasionadas en esos dos años.
2. Decisiones que se revisan
En primera instancia conoció del amparo el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo, declarando la acción improcedente.
En el auto admisorio de la acción, la Jueza solicitó al Alcalde del Municipio
que rindiera informe acerca de los hechos narrados en aquella, y no vinculó al
Presidente del Concejo Municipal. Con todo, su decisión final fue que la tutela
debió haberse dirigido contra el Presidente del Concejo Municipal de San
Pelayo, razón por la cual  “se procede declarando la improcedencia de la
presente acción, debiendo la actora iniciar actuación en contra del
representante legal del Honorable Concejo Municipal de esta localidad para
acceder al cumplimiento de sus requerimientos”.
Apelada la decisión, conoció del recurso el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, quien confirmó la providencia de
primera instancia. Comparte, con el a quo, el criterio de acuerdo con el
cual la tutela no fue dirigida contra quien estaría llamado a responder por la
presunta vulneración de los derechos de la accionante, y estima, además, que
para reclamar el pago de prestaciones laborales debe acudir a la justicia
laboral ordinaria.
3. Actuaciones de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, tomando en
consideración los principios que rigen el trámite de las acciones de tutela, a
saber: “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia” (artículo 3, Decreto 2591 de 1991), así como el carácter
informal de la acción, vinculó al proceso al Concejo Municipal de San Pelayo,
entidad interesada en la decisión judicial, que no había sido vinculada en las
instancias.
La Corte adujo como razón primordial para
vincular al Concejo Municipal, en sede de revisión, que “en casos especiales
cuando las circunstancias lo ameritan [y] se encuentran en juego personas cuyo
estado de debilidad es manifiesto”, es deber de la Corte “[p]roceder a
vincular al proceso a quienes no fueron llamadas y registran un interés en el
mismo”.[1]
Esas condiciones concurrían en el caso concreto, pues la tutela era “promovida
por una mujer cabeza de familia, con deudas sumariamente acreditadas, con un
monto salarial que a 2006 ascendía a $440.225, que reclama con urgencia la
protección de sus derechos a la igualdad y al pago oportuno del salario”. Por
tanto, dio traslado del contenido de la demanda al Presidente del Concejo
Municipal de San Pelayo para que se pronunciara, en el término de tres (3)
días, respecto de los hechos o del problema jurídico correspondiente.
Dado que ese primer plazo venció en
silencio, la Corte requirió al Presidente del Concejo para que en el término de
dos (2) días efectuara el pronunciamiento en el proceso,[2] y nuevamente expiró sin
contestación o información alguna.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
El problema jurídico que se somete a
consideración de la Sala es el siguiente: ¿vulnera los derechos al pago
oportuno del salario y al mínimo vital de la peticionaria, la omisión del
Concejo Municipal de San Pelayo de pagarle siete (7) meses de salario, las dos
primas navideñas de los años 2005 y 2006, y el 50% de las vacaciones y dotaciones
ocasionadas en esos dos años?
La Corte, para resolver el presente problema, se
referirá brevemente al régimen de excepcionalidad de la procedencia de las
acciones de tutela para exigir el pago de prestaciones laborales. Después,
estudiará el caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para
exigir el pago de salarios
El artículo 86 de la Constitución establece que la
acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Así las cosas, el trabajador a quien se le adeudan
prestaciones salariales, si bien tiene un medio de defensa judicial ante la
justicia ordinaria, puede usar la acción de tutela cuando quiera que busque
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.[3] Tal es el caso de
quienes encuentran amenazado su derecho a una “remuneración mínima vital y
móvil” (artículo 53, C.P.),  por la renuencia prolongada o indefinida del
empleador de pagar salarios debidos.[4]
El trabajador debe, en ese sentido, demostrar así sea
sumariamente que se ha vulnerado su derecho al mínimo vital.[5] De no hacerlo, los
jueces de instancia están en el deber, como garantes de los derechos
fundamentales que son, de “agotar los medios que tenga[n] a su alcance para
determinar la alteración de este mínimo”.[6]
Ahora bien, en aras de garantizar la protección del
trabajador, la Corte ha establecido un conjunto de presunciones de afectación
del derecho al mínimo vital de los trabajadores. Efectivamente, se presume que
existe una vulneración del derecho al mínimo vital (i) cuando se produzca un
incumplimiento prolongado o indefinido de las prestaciones laborales –que
generalmente ha sido el que excede dos meses-[7]
o (ii) un incumplimiento, inferior a dos meses, si la prestación es menor a dos
salarios mínimos.[8]
Con todo, la Corte ha considerado que para efectos de
brindar protección judicial al derecho al pago oportuno, el término ‘salario’
debe estar integrado por “todas las sumas que sean generadas en virtud de la
labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o
denominaciones que puedan asignarle la ley o las partes contratantes. Así, no
sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el
empleado –sentido restringido y común del vocablo-, sino a todas las cantidades
que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras –entre otras
denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y constituyen
remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado”.[9]
4. Caso concreto
La señora Josefa Antonia Acosta
Cavadia es trabajadora del Concejo Municipal de San Pelayo desde el diecinueve
(19) de agosto de 1992.[10]
A la fecha de presentación de la acción de tutela, el empleador le adeudaba
siete (7) meses de salario
–uno de 2005, cuatro de 2006 y dos de 2007-, dos primas navideñas de los años
2005 y 2006, y el 50% de las vacaciones y dotaciones ocasionadas en esos dos
años. De acuerdo con los documentos aportados por la accionante, su sueldo a
2006 era de $440.225,[11]
vale decir, inferior a dos salarios mínimos[12].
Adicionalmente, la tutelante sustenta sumariamente que es deudora de una suma
de dinero que supera el millón de pesos. Según lo expuesto en la acción de tutela
por su apoderado, la peticionaria “es una persona supremamente pobre y
necesita sostener a su familia ante tal negativa  se ha visto abocada a
recurrir a esta acción, y a veces a negociar su salario a altos intereses, como
también la obligación que tiene que asumir ante los servicios públicos de luz,
agua, gas, teléfono y mercado mensual, que ascienden a la suma casi de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS” (Mayúsculas del original).
Así las cosas, para la Corte está
configurado el presupuesto que hace procedente la acción de tutela cuando se
dirige a obtener el pago de prestaciones salariales. No sólo porque se acreditó
que el empleador debía más de dos meses de salario, sino además porque los
ingresos de la trabajadora han sido inferiores a dos salarios  mínimos. La
mujer, por lo demás, es la cabeza de su hogar y a la presentación de la tutela
debía una suma de dinero que es superior al doble de su ingreso mensual. A
ninguna de estas pruebas o enunciados se opuso la parte demandada, y en
consecuencia rige en este caso la presunción de veracidad de las mismas.[13]
Por consiguiente, esta Sala revocará las
decisiones de instancia que declararon improcedente la acción de tutela. En su
lugar, ordenará al Concejo Municipal de San Pelayo que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, le cancele –si no lo ha hecho- los salarios y prestaciones
laborales adeudadas a la señora Josefa Antonia Acosta Cavadia. De no poderlo
hacer por razones de orden presupuestal, entonces así deberá informarlo y
justificarlo debidamente ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo
(Juez de primera instancia en el presente proceso), y en todo caso deberá
iniciar las gestiones necesarias para que en el término máximo de tres (3)
meses cancele a la tutelante las prestaciones laborales adeudadas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR el fallo de tutela proferido el
siete (07) de septiembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Cereté, que a su vez confirmó el expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Pelayo el diecisiete (17) de julio de 2007, para en su lugar CONCEDER la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva.
Tercero.- ORDENAR al Presidente del Concejo Municipal de San Pelayo que, si no lo ha
hecho, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, cancele a la peticionaria los salarios adeudados hasta la fecha
de presentación de la acción de tutela. De no ser posible su cumplimiento por
razones netamente presupuestales o de manifiesta iliquidez, deberá informarlo
al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo, en forma motivada, debiendo
iniciar en todo caso los trámites necesarios para culminar con el pago en un
término máximo de tres (3) meses.
Cuarto.- El desacato a lo ordenado en esta providencia, se sancionará de
conformidad con lo señalado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Ponente
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Auto del 26 de marzo de 2008.
[2]
Auto del 22 de abril de 2008.
[3]
Sentencias SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-916 de
2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4]
Sentencia SU-995 de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz.
[5]
Sentencias T-259 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-370 de 2001, M.P.
Jaime Córdoba Triviño y T-008 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6]
Sentencia T-818 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7]
Sentencias T-362 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-148 de 2002,
T-133 de 2005 y T-896 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Sentencias T-795 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9]
Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10]
Folio 10.
[11]
Tal y como aparece acreditado en los folios 11-24.
[12]
El decreto 4686 de 2005, en su artículo 1°, había fijado como
salario mínimo la suma de $408.000.
[13]
El decreto 2591 de 1991, en el artículo 20, prescribe: “Si el
informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa”.