C-376-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-376/09
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE, APROBADA POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Consecuencias por no remisión oportuna por el Gobierno a la Corte
Constitucional/LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL-Omisión de
remisión oportuna no genera inconstitucionalidad
En el presente caso, la remisión se llevó a cabo un
día después de vencido el término de seis (6) días que, según el artículo 241-10
de la Constitución tiene el gobierno para remitir a la Corte tanto el tratado
internacional como su ley aprobatoria, y si bien la anotada circunstancia es
contraria a la Carta, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
estimado que no modifica la índole de la ley aprobatoria, ni vicia el trámite
legislativo, aunque sí acarrea dos circunstancias significativas como son: (i) una
vez producida la omisión la Corte puede aprehender de oficio el conocimiento de
los actos para el corresponderte examen de constitucionalidad y (ii) en el
evento de que dichos actos eludan el conocimiento de esta Corte cualquier
ciudadano podrá impugnarlos para que la Corte proceda a la admisión de la
demanda realizando (sic) el control de constitucionalidad no sólo con base en
los cargos formulados sino bajo el texto integral de la Constitución.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
LEY APROBATORIA DE CONVENCION INTERNACIONAL
CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE-Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales en trámite
legislativo
El trámite impartido al proyecto que luego se
convirtió en la Ley 1207 de 2008 cumplió las exigencias constitucionalmente
previstas, toda vez que: tuvo su inicio en el Senado de la República; antes de
darle curso en la Comisión, el texto original del proyecto fue debidamente publicado,
como también fueron publicadas las ponencias y los textos aprobados en cada una
de las Cámaras y en las respectivas comisiones; los anuncios previos a las
respectivas votaciones también fueron hechos; el proyecto en cada uno de los
debates adelantados recibió la aprobación por las mayorías exigidas; se
cumplieron los plazos entre debates y se le impartió la respectiva sanción por
parte del Presidente de la República, por lo que, en cuanto hace a la forma, no
se configuró ningún vicio de inconstitucionalidad capaz de invalidar la ley.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Propósitos
La Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte es un esfuerzo importante en la lucha contra esa práctica prohibida,
que  contribuye a consolidar los valores y finalidades que la Constitución de
1991 le ha trazado al Estado colombiano, ya que en el plano individual,
promueve el respeto de la dignidad humana de los deportistas y pretende
asegurar su adecuada participación en la vida cultural de la Nación, vela por
la salud de los competidores y por la preservación de una actitud leal y todo
en pro de la igualdad de oportunidades que, precisamente, garantiza que haya un
mismo punto de partida para los competidores; en tanto que en el plano social y
dado que mediante el deporte se aprende a ganar y a perder con lealtad y solidaridad,
la Convención busca asegurar la ética en el deporte y evitar la perversión de
los valores educativos implicados en la actividad deportiva que, además, suele
comprometer la imagen de las organizaciones deportivas y la del correspondiente
país.
DOPAJE EN EL DEPORTE-Concepto/DOPAJE EN EL DEPORTE-Actividad
ilícita/DOPAJE EN EL DEPORTE-Implicaciones
Se ha impuesto el uso del término dopaje para designar
toda actividad mediante la cual se pretenda modificar, en términos no
fisiológicos, la capacidad física o mental de un deportista con el propósito de
participar en una competición deportiva con una ventaja previa sobre el resto de
participantes, actividad ilícita que, entre otras consecuencias, tiene la de
alterar el denominado juego limpio. En cuanto conducta susceptible de mejorar
el rendimiento deportivo de una manera ilícita, representa un grave riesgo para
la salud de los deportistas, una traición a los principios de la ética
deportiva y del juego limpio, una burla al adversario y un atentado contra los
valores educativos del deporte.
DEPORTE-Dimensión social/DEPORTE-Actividad/DEPORTE-Ejercicio
se sujeta a disciplinas y normas/DEPORTE-Finalidad
La dimensión social del deporte incide en su
definición y en la disciplina aplicable tanto a las actividades que constituyen
deporte, como a quienes las practican. Ciertamente el deporte es actividad,
pero actividad que en buena parte de los casos se ejerce en un contexto de
competición que exige la previsión de las reglas del juego en cuanto tal y de
aquellas a las que han de someterse los jugadores o practicantes de la
actividad deportiva. Según la Corte, uno de los más importantes elementos que
integran la noción de deporte es la necesidad de que su ejercicio se sujete a
disciplinas y normas, dado que la disciplina deportiva y las reglas del juego
le confieren una identidad propia y permiten distinguirlo de prácticas en las
que impera la liberalidad, el capricho o el querer personal no sometido a
pautas de obligatoria observancia. La Corte ha señalado que, tratándose del
deporte, se imponen como en cualquier orden unos límites determinados y unas
reglas del juego, pues a través del juego las personas no sólo recrean un
orden, sino que aprenden a moverse en ese orden, a adaptarse a él y a respetar
sus reglas, a tal grado que la disciplina deportiva reclama el cumplimiento
riguroso de las reglas del juego y de una conducta irreprochable, cuya transgresión
acarrea sanciones.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Establece
definiciones que contribuyen a su operatividad y al logro de sus finalidades/CONVENCION
INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE-Catálogo de conductas
prohibidas
La Convención al establecer definiciones, acude a una
técnica que es usual en el derecho y sobre todo cuando las regulaciones tienen
por objeto sectores específicos de la realidad social, en los cuales se
utilizan expresiones que no son de uso común o que en el lenguaje cotidiano
tienen un sentido distinto al que se les confiere en el ámbito especial de que
se trate, ámbito que en este caso es el deporte. Las definiciones tienen una
gran importancia para la interpretación de la Convención y, en la medida en que
contribuyen a su operatividad y al logro de sus finalidades, la Corte no
observa que su previsión genere motivos de inconstitucionalidad. La definición
dada a la expresión “infracción de las normas antidopaje”, contiene el catálogo
de conductas prohibidas, entre las que se cuentan la presencia de sustancias
prohibidas, el uso o tentativa de utilizarlas, la negación injustificada a
someterse a la recolección de muestras previa notificación, la falta de
disponibilidad del deportista para la realización de los controles, la
falsificación de cualquier elemento del proceso de control, la posesión de
sustancias o métodos prohibidos, su tráfico o administración y la incitación,
encubrimiento o complicidad relacionada con la infracción de las normas
antidopaje o con la tentativa de violación.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Prevé
modalidades de tentativa en las conductas prohibidas
De conformidad con el texto de la convención, entre
las infracciones previstas se encuentra, en el literal b), el uso o “tentativa
de uso” de una sustancia prohibida o de un método prohibido y, en el literal
e), la falsificación o “tentativa de falsificación” de cualquier elemento del
proceso de control antidopaje. La Corte destaca que los textos citados prevén
modalidades de tentativa que, incluso, podrían dar lugar a la imposición de
sanciones y, aún cuando estima que las conductas preparatorias bien pueden ser
objeto de sanción, advierte que, en tal caso, debe quedar establecido que,
inequívocamente, la sustancia o el método prohibido iban a ser utilizados o que
elemento del control antidopaje que se pretendía falsificar, efectivamente  iba
a ser falsificado para incidir en el control antidopaje.
CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE-Instrumento jurídico internacional aplicable
a la actividad deportiva
El Código Mundial Antidopaje fue adoptado por la
Agencia Mundial Antidopaje y contiene regulaciones referentes a la lucha contra
el dopaje, tales como definiciones, prohibiciones, sanciones, dopaje en
animales, etc., y la coordinación que con sus principios básicos se pretende no
entraña vulneración de normas de la Constitución, pues demuestra la conjugación
de esfuerzos y de medios para lograr un objetivo que es acorde con los valores
y principios constitucionales que se han reseñado.
PERSONAL DE APOYO A LOS DEPORTISTAS-Conformación
El personal de apoyo, según la definición contenida en
el artículo 2-5 está conformado por cualquier entrenador, instructor, director
deportivo, agente, personal del equipo, funcionario, personal médico o
paramédico que trabaje con deportistas o trate a deportistas que participen en
competiciones deportivas o se preparen para ellas.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Imposición
de sanciones a personal de apoyo de los deportistas debe ser conforme al debido
proceso y su responsabilidad no puede ser objetiva
La Convención Internacional en el artículo 9º
puntualiza que los Estados Parte deben adoptar medidas e instar a las
organizaciones deportivas y antidopaje a adoptar medidas, comprendidas
sanciones y multas, dirigidas al personal de apoyo a los deportistas que incurran
en infracciones. Respecto de esta norma, la Corte no tiene reparos de
inconstitucionalidad, pero advierte que, como surge de la Constitución, la
imposición de sanciones ha de estar precedida del cumplimiento de las formas
propias del debido proceso y del establecimiento de la responsabilidad que no
puede ser objetiva.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Apoyo
financiero para programa de pruebas clínicas o controles antidopaje debe someterse
a normas en materia presupuestal/DEPORTE Y RECREACION-Constituyen gasto
público social
La convención en su artículo 11 establece que los
Estados Parte deberán proporcionar financiación con cargo a sus respectivos
presupuestos, para aprobar un programa nacional de pruebas clínicas en todos
los deportes o para ayudar a sus organizaciones deportivas y organizaciones
antidopaje a financiar controles antidopaje, ya sea mediante subvenciones o
ayudas directas o bien teniendo en cuenta los costos de dichos controles al
establecer los subsidios o ayudas globales que se concedan a dichas
organizaciones. Al respecto conviene precisar que el artículo 52 de la
Constitución señala que el deporte y la recreación constituyen gasto público
social y que en esa medida el apoyo financiero previsto en la disposición
analizada responde al cumplimiento de un deber de origen constitucional en
relación con actividades públicas de importancia. Sin embargo, para       que
en este ámbito no predomine la simple liberalidad, es indispensable advertir
que las asignaciones de recursos que lleguen a efectuarse deben cumplir con
estrictos requisitos, dentro de los cuales se cuentan la garantía del principio
de igualdad y no discriminación, el aseguramiento de un retorno social mayor
que el costo de la ayuda y la concordancia de las ayudas con el Plan Nacional
de Desarrollo, sin que sobre señalar que el propio artículo 355 le confiere al
Gobierno la facultad de celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de
desarrollo.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE
EN EL DEPORTE-Exequible
desde el punto de vista material
Referencia: expediente LAT-332
Asunto: Revisión constitucional de la Ley 1207 de 2008, por
medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional contra el
dopaje en el deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París
el 19 de octubre de 2005”.
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C.,  veintisiete (27) de mayo de dos mil
nueve (2009)
I.       ANTECEDENTES
La Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el
artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia autenticada
de la Ley número 1207 del 14 de julio de 2008, “Por medio de la cual se
aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, aprobada
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”.
Mediante Auto del cuatro (4) de septiembre de dos mil
ocho (2008), el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del
presente asunto y solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes
legislativos de la Ley, así como la certificación del quórum y del desarrollo
exacto y detallado de las votaciones. Así mismo, requirió al Ministerio de
Relaciones Exteriores la certificación de los plenos poderes de la persona que
intervino en la suscripción del tratado.
Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista para
efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de
la iniciación del proceso al Presidente del Congreso, al Ministro de Relaciones
Exteriores y al Director del Instituto Colombiano de Deporte -Coldeportes- para
los efectos señalados en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Finalmente, se dio traslado al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los
términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de
1991, procede esta Corporación a decidir sobre la constitucionalidad del
tratado y de la ley que lo aprueba.
II. TEXTO DE LA LEY Y DE LA CONVENCION
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial
No. 47.050 de 14 de julio de 2008, el siguiente es el texto de la ley y del
tratado objeto de revisión:
LEY 1207 DE 2008
(julio 14)
Diario Oficial No. 47.050 de 14 de julio de
2008
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO, en París, el 19 de octubre de 2005.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1º. Apruébase la “Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO, en París, el 19 de octubre de 2005.
ARTICULO 2º. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005, que por el artículo
1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMON OTERO DAJUD
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO
El Secretario General (E.) de la honorable
Cámara de Representantes,
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL
DEPORTE.
París, 19 de octubre de 2005
La Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante
denominada “la UNESCO”, en su 33ª reunión, celebrada en París, del 3 al 21 de
octubre de 2005,
Considerando que el objetivo de la UNESCO es contribuir a la paz y
a la seguridad a través de la promoción de la colaboración entre las naciones
mediante la educación, la ciencia y la cultura,
Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes
relacionados con los derechos humanos,
Teniendo en cuenta la Resolución 58/5 aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el día 3 de noviembre de 2003, referente al
deporte como medio para promover la educación, la salud, el desarrollo y la
paz, en particular el párrafo 7,
Consciente de que el deporte ha de desempeñar un papel importante
en la protección de la salud, en la educación moral, cultural y física y en el
fomento del entendimiento internacional y la paz,
Observando la necesidad de alentar y coordinar la cooperación
internacional con miras a la eliminación del dopaje en el deporte,
Preocupada por la utilización de sustancias dopantes en las
actividades deportivas y por las consiguientes consecuencias para la salud de
los deportistas, el principio del juego limpio (fair play), la
eliminación de fraudes y el futuro del deporte,
Teniendo presente que el dopaje es una amenaza para los
principios éticos y los valores educativos consagrados en la Carta
Internacional de la Educación Física y el Deporte aprobada por la UNESCO y en la
Carta Olímpica,
Recordando que el Convenio contra el Dopaje y su Protocolo
adicional aprobados en el marco del Consejo de Europa son los instrumentos de
derecho público internacional que han sido la fuente de las políticas
nacionales de lucha contra el dopaje y de la cooperación intergubernamental,
Recordando las recomendaciones sobre el dopaje formuladas por la
Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la
Educación Física y el Deporte, en su segunda, tercera y cuarta reuniones
organizadas por la UNESCO en Moscú (1988), Punta del Este (1999) y Atenas
(2004), respectivamente, así como la Resolución 32 C/9 aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO en su 32ª reunión (2003),
Teniendo presentes el Código Mundial Antidopaje adoptado por la
Agencia Mundial Antidopaje en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el
Deporte en Copenhague, el 5 de marzo de 2003, y la Declaración de Copenhague
contra el dopaje en el deporte,
Teniendo presente asimismo el prestigio entre los jóvenes de los
deportistas de alto nivel,
Consciente de la permanente necesidad de realizar y promover
investigaciones con miras a mejorar la detección del dopaje y comprender mejor
los factores que determinan la utilización de sustancias dopantes para que las
estrategias de prevención sean más eficaces,
Consciente también de la importancia de la educación
permanente de los deportistas, del personal de apoyo a los deportistas y de la
sociedad en general en la prevención del dopaje,
Teniendo presente la necesidad de crear capacidades en los
Estados Parte para poner en práctica programas de lucha contra el dopaje,
Consciente también de que incumben a las autoridades públicas
y a las organizaciones encargadas de las actividades deportivas obligaciones
complementarias en la lucha contra el dopaje en el deporte, y en particular la
de velar por una conducta adecuada en los acontecimientos deportivos, sobre la
base del principio del juego limpio (fair play), y por la protección de
la salud de los que participan en ellos,
Reconociendo que dichas autoridades y organizaciones han de obrar
conjuntamente por la realización de esos objetivos, en todos los niveles
apropiados, con la mayor independencia y transparencia,
Decidida a seguir cooperando para tomar medidas nuevas y aún
más enérgicas con miras a la eliminación del dopaje en el deporte,
Reconociendo que la eliminación del dopaje en el deporte depende en
parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje en el
deporte y de la cooperación en el plano nacional y mundial,
Aprueba en este día diecinueve de octubre de 2005 la presente
Convención.
I. ALCANCE
ARTICULO 1º. FINALIDAD DE LA CONVENCION
La finalidad de la presente Convención, en
el marco de la estrategia y el programa de actividades de la UNESCO en el
ámbito de la educación física y el deporte, es promover la prevención del
dopaje en el deporte y la lucha contra este, con miras a su eliminación.
ARTICULO 2º. DEFINICIONES
Las definiciones han de entenderse en el
contexto del Código Mundial Antidopaje. Sin embargo, en caso de conflicto entre
las definiciones, la de la Convención prevalecerá.
A los efectos de la presente Convención:
1. Los “laboratorios acreditados encargados
del control del dopaje” son los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial
Antidopaje.
2. Una “organización antidopaje” es una
entidad encargada de la adopción de normas para iniciar, poner en práctica o
hacer cumplir cualquier parte del proceso de control antidopaje. Esto incluye,
por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico
Internacional, a otras organizaciones encargadas de grandes acontecimientos
deportivos que realizan controles en eventos de los que son responsables, a la
Agencia Mundial Antidopaje, a las federaciones internacionales y a las
organizaciones nacionales antidopaje.
3. La expresión “infracción de las normas
antidopaje” en el deporte se refiere a una o varias de las infracciones
siguientes:
a) la presencia de una sustancia prohibida
o de sus metabolitos o marcadores en las muestras físicas de un deportista;
b) el uso o tentativa de uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido;
c) negarse o no someterse, sin
justificación válida, a una recogida de muestras tras una notificación hecha
conforme a las normas antidopaje aplicables, o evitar de cualquier otra forma
la recogida de muestras;
d) la vulneración de los requisitos en lo
que respecta a la disponibilidad del deportista para la realización de
controles fuera de la competición, incluido el no proporcionar información
sobre su paradero, así como no presentarse para someterse a controles que se
consideren regidos por normas razonables;
e) la falsificación o tentativa de
falsificación de cualquier elemento del proceso de control antidopaje;
f) la posesión de sustancias o métodos
prohibidos;
g) el tráfico de cualquier sustancia
prohibida o método prohibido;
h) la administración o tentativa de
administración de una sustancia prohibida o método prohibido a algún
deportista, o la asistencia, incitación, contribución, instigación,
encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una
infracción de la norma antidopaje o cualquier otra tentativa de infracción.
4. Un “deportista” es, a efectos de control
antidopaje, cualquier persona que participe en un deporte a nivel internacional
o nacional, en el sentido determinado por una organización nacional antidopaje,
y cualquier otra persona que participe en un deporte o encuentro deportivo a un
nivel inferior aceptado por los Estados Parte. A efectos de los programas de
enseñanza y formación, un “deportista” es cualquier persona que participe en un
deporte bajo la autoridad de una organización deportiva.
5. El “personal de apoyo a los deportistas”
es cualquier entrenador, instructor, director deportivo, agente, personal del
equipo, funcionario, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o
trate a deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
6. “Código” significa el Código Mundial
Antidopaje adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje el 5 de marzo de 2003 en
Copenhague y que figura en el Apéndice 1 de la presente Convención.
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7. Una “competición” es una prueba única,
un partido, una partida o un certamen deportivo concreto.
8. El “control antidopaje” es el proceso
que incluye la planificación de controles, la recogida y manipulación de
muestras, los análisis de laboratorio, la gestión de los resultados, las vistas
y las apelaciones.
9. El “dopaje en el deporte” se refiere a
toda infracción de las normas antidopaje.
10. Los “equipos de control antidopaje
debidamente autorizados” son los equipos de control antidopaje que trabajan
bajo la autoridad de organizaciones antidopaje internacionales o nacionales.
11. Con objeto de diferenciar los controles
efectuados durante la competición de los realizados fuera de la competición, y
a menos que exista una disposición en contrario a tal efecto en las normas de
la federación internacional o de otra organización antidopaje competente, un
control “durante la competición” es un control al que se somete a un
determinado deportista en el marco de una competición.
12. Las “normas internacionales para los
laboratorios” son aquellas que figuran en el Apéndice 2 de la presente
Convención.
13. Las “normas internacionales para los
controles” son aquellas que figuran en el Apéndice 3 de la presente Convención.
14. Un “control por sorpresa” es un control
antidopaje que se produce sin previo aviso al deportista y en el que el
deportista es continuamente acompañado desde el momento de la notificación
hasta que facilita la muestra.
15. El “movimiento olímpico” es el que
reúne a todos los que aceptan regirse por la Carta Olímpica y que reconocen la
autoridad del Comité Olímpico Internacional, a saber: las federaciones
internacionales deportivas sobre el programa de los Juegos Olímpicos; los
Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Organizadores de los Juegos
Olímpicos, los deportistas, jueces y árbitros, las asociaciones y los clubes,
así como todas las organizaciones y organismos reconocidos por el Comité
Olímpico Internacional.
16. Un control del dopaje “fuera de la
competición” es todo control antidopaje que no se realice durante una
competición.
17. La “lista de prohibiciones” es la lista
que figura en el Anexo I de la presente Convención y en la que se enumeran las
sustancias y métodos prohibidos.
18. Un “método prohibido” es cualquier
método que se define como tal en la Lista de prohibiciones que figura en el
Anexo I de la presente Convención.
19. Una “sustancia prohibida” es cualquier
sustancia que se define como tal en la Lista de prohibiciones que figura en el
Anexo 1 de la presente Convención.
20. Una “organización deportiva” es una
organización que funciona como organismo rector de un acontecimiento para uno o
varios deportes.
21. Las “normas para la concesión de
autorizaciones para uso con fines terapéuticos” son aquellas que figuran en el
Anexo II de la presente Convención.
22. El “control” es la parte del proceso de
control del dopaje que comprende la planificación de la distribución de los
tests, la recogida de muestras, la manutención de muestras y su transporte al
laboratorio.
23. La “exención para uso con fines
terapéuticos” es la concedida con arreglo a las normas para la concesión de
autorizaciones para uso con fines terapéuticos.
24. El término “uso” se refiere a la
aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
25. La “Agencia Mundial Antidopaje” (AMA)
es la fundación de derecho suizo que lleva ese nombre creada el 10 de noviembre
de 1999.
ARTICULO 3º. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA
REALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESENTE CONVENCION
A fin de realizar los objetivos de la
presente Convención, los Estados Parte deberán:
a) adoptar medidas apropiadas, en el plano
nacional e internacional, acordes con los principios del Código;
b) fomentar todas las formas de cooperación
internacional encaminadas a la protección de los deportistas, la ética en el
deporte y la difusión de los resultados de la investigación;
c) promover la cooperación internacional
entre los Estados Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha
contra el dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mundial Antidopaje.
ARTICULO 4º. RELACIONES DE LA CONVENCION
CON EL CODIGO
1. Con miras a coordinar, en el plano
nacional e internacional, las actividades de lucha contra el dopaje en el
deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código
como base de las medidas previstas en el artículo 5º de la presente Convención.
Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Parte adopten
otras medidas que puedan complementar las del Código.
2. El Código y la versión más actualizada
de los Apéndices 2 y 3 se reproducen a título informativo y no forman parte integrante
de la presente Convención. Los apéndices como tales no crean ninguna obligación
vinculante en derecho internacional para los Estados Parte.
3. Los anexos forman parte integrante de la
presente Convención.
ARTICULO 5º. MEDIDAS ENCAMINADAS A ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE LA CONVENCION
Todo Estado Parte adoptará las medidas
apropiadas para cumplir con las obligaciones que dimanan de los artículos de la
presente Convención. Dichas medidas podrán comprender medidas legislativas,
reglamentos, políticas o disposiciones administrativas.
ARTICULO 6o. RELACIONES CON OTROS
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La presente Convención no modificará los
derechos ni las obligaciones de los Estados Parte que dimanen de otros acuerdos
concertados previamente y sean compatibles con el objeto y propósito de esta
Convención. Esto no compromete el goce por otros Estados Parte de los derechos
que esta Convención les concede, ni el cumplimiento de las obligaciones que
esta les impone.
II. ACTIVIDADES CONTRA EL DOPAJE EN EL
PLANO NACIONAL
ARTICULO 7º. COORDINACION EN EL PLANO
NACIONAL
Los Estados Parte deberán velar por la
aplicación de la presente Convención, en particular mediante la coordinación en
el plano nacional. Los Estados Parte podrán, al cumplir con sus obligaciones
con arreglo a la presente Convención, actuar por conducto de organizaciones
antidopaje, así como de autoridades u organizaciones deportivas.
ARTICULO 8º. RESTRINGIR LA DISPONIBILIDAD Y
LA UTILIZACION EN EL DEPORTE DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS
1. Los Estados Parte deberán adoptar,
cuando proceda, medidas encaminadas a restringir la disponibilidad de
sustancias y métodos prohibidos, a fin de limitar su utilización en el deporte
por los deportistas, a menos que su utilización se base en una exención para
uso con fines terapéuticos. Lo anterior comprende medidas para luchar contra el
tráfico destinado a los deportistas y, con tal fin, medidas para controlar la
producción, el transporte, la importación, la distribución y la venta.
2. Los Estados Parte deberán adoptar, o
instar a adoptar, si procede, a las entidades competentes de su jurisdicción,
medidas encaminadas a impedir o limitar el uso y posesión por los deportistas
de sustancias y métodos prohibidos, a menos que su utilización se base en una
exención para uso con fines terapéuticos.
3. Ninguna medida adoptada en cumplimiento
de la presente Convención impedirá que se disponga, para usos legítimos, de
sustancias y métodos que de otra forma están prohibidos o sometidos a control
en el deporte.
ARTICULO 9º. MEDIDAS CONTRA EL PERSONAL DE
APOYO A LOS DEPORTISTAS
Los Estados Parte adoptarán medidas ellos
mismos o instarán a las organizaciones deportivas y las organizaciones
antidopaje a que adopten medidas, comprendidas sanciones o multas, dirigidas al
personal de apoyo a los deportistas que cometa una infracción de las normas
antidopaje u otra infracción relacionada con el dopaje en el deporte.
ARTICULO 10. SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Los Estados Parte instarán, cuando proceda,
a los productores y distribuidores de suplementos nutricionales a que
establezcan prácticas ejemplares en la comercialización y distribución de
dichos suplementos, incluida la información relativa a su composición analítica
y la garantía de calidad.
ARTICULO 11. MEDIDAS FINANCIERAS
Los Estados Parte deberán, cuando proceda:
a) proporcionar financiación con cargo a
sus respectivos presupuestos para apoyar un programa nacional de pruebas
clínicas en todos los deportes, o ayudar a sus organizaciones deportivas y
organizaciones antidopaje a financiar controles antidopaje, ya sea mediante
subvenciones o ayudas directas, o bien teniendo en cuenta los costos de dichos
controles al establecer los subsidios o ayudas globales que se concedan a
dichas organizaciones;
b) tomar medidas apropiadas para suspender
el apoyo financiero relacionado con el deporte a los deportistas o a su
personal de apoyo que hayan sido suspendidos por haber cometido una infracción
de las normas antidopaje, y ello durante el periodo de suspensión de dicho
deportista o dicho personal;
c) retirar todo o parte del apoyo
financiero o de otra índole relacionado con actividades deportivas a toda
organización deportiva u organización antidopaje que no aplique el Código o las
correspondientes normas antidopaje adoptadas de conformidad con el Código.
ARTICULO 12. MEDIDAS PARA FACILITAR LAS
ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DOPAJE
Los Estados Parte deberán, cuando proceda:
a) alentar y facilitar la realización de
los controles del dopaje, de forma compatible con el Código, por parte de las
organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje de su jurisdicción,
en particular los controles por sorpresa, fuera de las competiciones y durante
ellas;
b) alentar y facilitar la negociación por
las organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje de acuerdos que
permitan a sus miembros ser sometidos a pruebas clínicas por equipos de control
del dopaje debidamente autorizados de otros países;
c) ayudar a las organizaciones deportivas y
las organizaciones antidopaje de su jurisdicción a tener acceso a un
laboratorio de control antidopaje acreditado a fin de efectuar análisis de
control del dopaje.
III. COOPERACION INTERNACIONAL
ARTICULO 13. COOPERACION ENTRE
ORGANIZACIONES ANTIDOPAJE Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
Los Estados Parte alentarán la cooperación
entre las organizaciones antidopaje, las autoridades públicas y las
organizaciones deportivas de su jurisdicción, y las de la jurisdicción de otros
Estados Parte, a fin de alcanzar, en el plano internacional, el objetivo de la
presente Convención.
ARTICULO 14. APOYO AL COMETIDO DE LA
AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE
Los Estados Parte se comprometen a prestar
apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial Antidopaje en la lucha
internacional contra el dopaje.
ARTICULO 15. FINANCIACION DE LA AGENCIA
MUNDIAL ANTIDOPAJE POR PARTES IGUALES
Los Estados Parte apoyan el principio de la
financiación del presupuesto anual básico aprobado de la Agencia Mundial
Antidopaje por las autoridades públicas y el Movimiento Olímpico, por partes iguales.
ARTICULO 16. COOPERACION INTERNACIONAL EN LA
LUCHA CONTRA EL DOPAJE
Reconociendo que la lucha contra el dopaje
en el deporte sólo puede ser eficaz cuando se pueden hacer pruebas clínicas a
los deportistas sin previo aviso y las muestras se pueden transportar a los
laboratorios a tiempo para ser analizadas, los Estados Parte deberán, cuando
proceda y de conformidad con la legislación y los procedimientos nacionales:
a) facilitar la tarea de la Agencia Mundial
Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que actúan de conformidad con el
Código, a reserva de los reglamentos pertinentes de los países anfitriones, en
la ejecución de los controles a sus deportistas, durante las competiciones o
fuera de ellas, ya sea en su territorio o en otros lugares;
b) facilitar el traslado a otros países en
el momento oportuno de los equipos debidamente autorizados encargados del
control del dopaje cuando realizan tareas en ese ámbito;
c) cooperar para agilizar el envío a tiempo
o el transporte transfronterizo de muestras, de tal modo que pueda garantizarse
su seguridad e integridad;
d) prestar asistencia en la coordinación
internacional de controles del dopaje realizados por las distintas
organizaciones antidopaje y cooperar a estos efectos con la Agencia Mundial
Antidopaje;
e) promover la cooperación entre
laboratorios encargados del control del dopaje de su jurisdicción y los de la
jurisdicción de otros Estados Parte. En particular, los Estados Parte que
dispongan de laboratorios acreditados de ese tipo deberán alentar a los
laboratorios de su jurisdicción a ayudar a otros Estados Parte a adquirir la
experiencia, las competencias y las técnicas necesarias para establecer sus
propios laboratorios, si lo desean;
f) alentar y apoyar los acuerdos de
controles recíprocos entre las organizaciones antidopaje designadas, de
conformidad con el Código;
g) reconocer mutuamente los procedimientos
de control del dopaje de toda organización antidopaje y la gestión de los
resultados de las pruebas clínicas, incluidas las sanciones deportivas
correspondientes, que sean conformes con el Código.
ARTICULO 17. FONDO DE CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS
1. Queda establecido un Fondo para la
Eliminación del Dopaje en el Deporte, en adelante denominado “el Fondo de
contribuciones voluntarias”, que estará constituido como fondo fiduciario, de
conformidad con el Reglamento Financiero de la UNESCO. Todas las contribuciones
de los Estados Parte y otros donantes serán de carácter voluntario.
2. Los recursos del Fondo de contribuciones
voluntarias estarán constituidos por:
a) las contribuciones de los Estados Parte;
b) Las aportaciones, donaciones o legados
que puedan hacer:
i)
otros Estados;
ii) organismos y programas del sistema de
las Naciones Unidas, en especial el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, u otras organizaciones internacionales;
iii) Organismos públicos o privados, o
personas físicas;
c) Todo interés devengado por los recursos
del Fondo de contribuciones voluntarias;
d) El producto de las colectas y la
recaudación procedente de las actividades organizadas en provecho del Fondo de
contribuciones voluntarias;
e) Todos los demás recursos autorizados por
el Reglamento del Fondo de contribuciones voluntarias, que elaborará la
Conferencia de las Partes.
3. Las contribuciones de los Estados Parte
al Fondo de contribuciones voluntarias no los eximirán de su compromiso de
abonar la parte que les corresponde al presupuesto anual de la Agencia Mundial
Antidopaje.
ARTICULO 18. USO Y GESTION DEL FONDO DE
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Los recursos del Fondo de contribuciones
voluntarias serán asignados por la Conferencia de las Partes para financiar
actividades aprobadas por esta, en particular para ayudar los Estados Parte a
elaborar y ejecutar programas antidopaje, de conformidad con las disposiciones
de la presente Convención y teniendo en cuenta los objetivos de la Agencia
Mundial Antidopaje. Dichos recursos podrán servir para cubrir los gastos de
funcionamiento de la presente Convención. Las contribuciones al Fondo de
contribuciones voluntarias no podrán estar supeditadas a condiciones políticas,
económicas ni de otro tipo.
IV. EDUCACION Y FORMACION
ARTICULO 19. PRINCIPIOS GENERALES DE
EDUCACION Y FORMACION
1. Los Estados Parte se comprometerán, en
función de sus recursos, a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y
formación sobre la lucha contra el dopaje. Para la comunidad deportiva en
general, estos programas deberán tener por finalidad ofrecer información
precisa y actualizada sobre las siguientes cuestiones:
a) el perjuicio que el dopaje significa
para los valores éticos del deporte;
b) las consecuencias del dopaje para la
salud.
2. Para los deportistas y su personal de
apoyo, en particular durante su formación inicial, los programas de educación y
formación deberán tener por finalidad, además de lo antedicho, ofrecer
información precisa y actualizada sobre las siguientes cuestiones:
a) los procedimientos de control del
dopaje;
b) los derechos y responsabilidades de los
deportistas en materia de lucha contra el dopaje, en particular la información
sobre el Código y las políticas de lucha contra el dopaje de las organizaciones
deportivas y organizaciones antidopaje pertinentes. Tal información comprenderá
las consecuencias de cometer una infracción de las normas contra el dopaje;
c) la lista de las sustancias y métodos
prohibidos y de las autorizaciones para uso con fines terapéuticos;
d) los suplementos nutricionales.
ARTICULO 20. CODIGOS DE CONDUCTA
PROFESIONAL
Los Estados Parte alentarán a los
organismos y asociaciones profesionales pertinentes competentes a elaborar y
aplicar códigos apropiados de conducta, de prácticas ejemplares y de ética en
relación con la lucha contra el dopaje en el deporte que sean conformes con el
Código.
ARTICULO 21. PARTICIPACION DE LOS
DEPORTISTAS Y DEL PERSONAL DE APOYO A LOS DEPORTISTAS
Los Estados Parte promoverán y, en la
medida de sus recursos, apoyarán la participación activa de los deportistas y
su personal de apoyo en todos los aspectos de la lucha contra el dopaje
emprendida por las organizaciones deportivas y otras organizaciones
competentes, y alentarán a las organizaciones deportivas de su jurisdicción a
hacer otro tanto.
ARTICULO 22. LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
Y LA EDUCACION Y FORMACION PERMANENTES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE
Los Estados Parte alentarán a las
organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje a aplicar programas
de educación y formación permanentes para todos los deportistas y su personal
de apoyo sobre los temas indicados en el artículo 19.
ARTICULO 23. COOPERACION EN EDUCACION Y
FORMACION
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con
las organizaciones competentes para intercambiar, cuando proceda, información,
competencias y experiencias relativas a programas eficaces de lucha contra el
dopaje.
V. INVESTIGACION
ARTICULO 24. FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE
Los Estados Parte alentarán y fomentarán,
con arreglo a sus recursos, la investigación en materia de lucha contra el
dopaje en cooperación con organizaciones deportivas y otras organizaciones
competentes, sobre:
a) prevención y métodos de detección del dopaje,
así como aspectos de conducta y sociales del dopaje y consecuencias para la
salud;
b) los medios de diseñar programas con base
científica de formación en fisiología y psicología que respeten la integridad
de la persona;
c) la utilización de todos los métodos y
sustancias recientes establecidos con arreglo a los últimos adelantos
científicos.
ARTICULO 25. INDOLE DE LA INVESTIGACION
RELACIONADA CON LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE
Al promover la investigación relacionada
con la lucha contra el dopaje, definida en el artículo 24, los Estados Parte
deberán velar por que dicha investigación:
a) se atenga a las prácticas éticas
reconocidas en el plano internacional;
b) evite la administración de sustancias y
métodos prohibidos a los deportistas;
c) se lleve a cabo tomando las precauciones
adecuadas para impedir que sus resultados sean mal utilizados y aplicados con
fines de dopaje.
ARTICULO 26. DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION RELACIONADA CON LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE
A reserva del cumplimiento de las
disposiciones del derecho nacional e internacional aplicables, los Estados
Parte deberán, cuando proceda, comunicar a otros Estados Parte y a la Agencia
Mundial Antidopaje los resultados de la investigación relacionada con la lucha
contra el dopaje.
ARTICULO 27. INVESTIGACIONES EN CIENCIA DEL
DEPORTE
Los Estados Parte alentarán:
a) a los miembros de los medios científicos
y médicos a llevar a cabo investigaciones en ciencia del deporte, de
conformidad con los principios del Código;
b) a las organizaciones deportivas y al
personal de apoyo a los deportistas de su jurisdicción a aplicar las
investigaciones en ciencia del deporte que sean conformes con los principios
del Código.
VI. SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LA
CONVENCION
ARTICULO 28. CONFERENCIA DE LAS PARTES
1. Queda establecida una Conferencia de las
Partes, que será el órgano soberano de la presente Convención.
2. La Conferencia de las Partes celebrará
una reunión ordinaria en principio cada dos años. Podrá celebrar reuniones
extraordinarias si así lo decide o a solicitud de por lo menos un tercio de los
Estados Parte.
3. Cada Estado Parte dispondrá de un voto
en las votaciones de la Conferencia de las Partes.
4. La Conferencia de las Partes aprobará su
propio reglamento.
ARTICULO 29. ORGANIZACION DE CARACTER CONSULTIVO Y OBSERVADORES
ANTE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Se invitará a la Agencia Mundial Antidopaje
en calidad de organización de carácter consultivo ante la Conferencia de las
Partes. Se invitará en calidad de observadores al Comité Olímpico
Internacional, el Comité Internacional Paralímpico, el Consejo de Europa y el
Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS). La
Conferencia de las Partes podrá decidir invitar a otras organizaciones
competentes en calidad de observadores.
ARTICULO 30. FUNCIONES DE LA CONFERENCIA DE
LAS PARTES
1. Fuera de las establecidas en otras
disposiciones de esta Convención, las funciones de la Conferencia de las Partes
serán las siguientes:
a) fomentar el logro del objetivo de esta
Convención;
b) debatir las relaciones con la Agencia
Mundial Antidopaje y estudiar los mecanismos de financiación del presupuesto
anual básico de dicha Agencia, pudiéndose invitar al debate a Estados que no
son Parte en la Convención;
c) aprobar, de conformidad con el artículo
18, un plan para la utilización de los recursos del Fondo de contribuciones
voluntarias;
d) examinar, de conformidad con el Artículo
31, los informes presentados por los Estados Parte;
e) examinar de manera permanente la
comprobación del cumplimiento de esta Convención, en respuesta al
establecimiento de sistemas de lucha contra el dopaje, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31. Todo mecanismo o medida de comprobación o control
que no esté previsto en el artículo 31 se financiará con cargo al Fondo de
contribuciones voluntarias establecido en el artículo 17;
f) Examinar para su aprobación las
enmiendas a esta Convención;
g) Examinar para su aprobación, de
conformidad con las disposiciones del artículo 34 de la Convención, las
modificaciones introducidas en la lista de prohibiciones y las normas para la
concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos aprobadas por la
Agencia Mundial Antidopaje;
h) Definir y poner en práctica la
cooperación entre los Estados Parte y la Agencia, en el marco de esta
Convención;
i) Pedir a la Agencia que someta a su
examen, en cada una de sus reuniones, un informe sobre la aplicación del
Código.
2. La Conferencia de las Partes podrá
cumplir sus funciones en cooperación con otros organismos intergubernamentales.
ARTICULO 31. INFORMES NACIONALES A LA
CONFERENCIA DE LAS PARTES
Los Estados Parte proporcionarán cada dos
años a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, en una de
las lenguas oficiales de la UNESCO, toda la información pertinente relacionada
con las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones de
la presente Convención.
ARTICULO 32. SECRETARIA DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
1. El Director General de la UNESCO
facilitará la Secretaría de la Conferencia de las Partes.
2. A petición de la Conferencia de las
Partes, el Director General de la UNESCO recurrirá en la mayor medida posible a
los servicios de la Agencia Mundial Antidopaje, en condiciones convenidas por la
Conferencia de las Partes.
3. Los gastos de funcionamiento derivados
de la aplicación de la Convención se financiarán con cargo al Presupuesto
Ordinario de la UNESCO en la cuantía apropiada, dentro de los límites de los
recursos existentes, al Fondo de Contribuciones Voluntarias establecido en el
artículo 17, o a una combinación de ambos recursos determinada cada dos años.
La financiación de la Secretaría con cargo al Presupuesto Ordinario se reducirá
al mínimo indispensable, en el entendimiento de que la financiación de apoyo a la
Convención también correrá a cargo del Fondo de Contribuciones Voluntarias.
4. La Secretaría establecerá la
documentación de la Conferencia de las Partes, así como el proyecto de Orden
del Día de sus reuniones, y velará por el cumplimiento de sus decisiones.
ARTICULO 33. ENMIENDAS
1. Cada Estado Parte podrá proponer
enmiendas a la presente Convención mediante notificación dirigida por escrito
al Director General de la UNESCO. El Director General transmitirá esta
notificación a todos los Estados Parte. Si en los seis meses siguientes a la
fecha de envío de la notificación la mitad por lo menos de los Estados Parte da
su consentimiento, el Director General someterá dicha propuesta a la
Conferencia de las Partes en su siguiente reunión.
2. Las enmiendas serán aprobadas en la
Conferencia de las Partes por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte
presentes y votantes.
3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta
Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión por los Estados Parte.
4. Para los Estados Parte que las hayan
ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido a ellas, las enmiendas a la
presente Convención entrarán en vigor tres meses después de que dos tercios de
dichos Estados Parte hayan depositado los instrumentos mencionados en el
párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente
enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte que la ratifique, acepte,
apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que el Estado
Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
5. Un Estado que pase a ser Parte en esta
Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4
del presente artículo y que no manifieste una intención en contrario se
considerará:
a) parte en la presente Convención así
enmendada;
b) parte en la presente Convención no
enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por las
enmiendas en cuestión.
ARTICULO 34. PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE
ENMIENDA A LOS ANEXOS DE LA CONVENCION
1. Si la Agencia Mundial Antidopaje
modifica la lista de prohibiciones o las normas para la concesión de
autorizaciones para uso con fines terapéuticos, podrá informar por escrito de
estos cambios al Director General de la UNESCO. El Director General comunicará
rápidamente a todos los Estados Parte estos cambios como propuestas de
enmiendas a los anexos pertinentes de la presente Convención. Las enmiendas de
los anexos deberán ser aprobadas por la Conferencia General de las Partes en
una de sus reuniones o mediante una consulta escrita.
2. Los Estados Parte disponen de 45 días
después de la notificación escrita del Director General para comunicar su
oposición a la enmienda propuesta, sea por escrito en caso de consulta escrita,
sea en una reunión de la Conferencia de las Partes. A menos que dos tercios de
los Estados Parte se opongan a ella, la enmienda propuesta se considerará
aprobada por la Conferencia de las Partes.
3. El Director General notificará a los
Estados Parte las enmiendas aprobadas por la Conferencia de las Partes. Estas
entrarán en vigor 45 días después de esta notificación, salvo para todo Estado
Parte que haya notificado previamente al Director General que no las acepta.
4. Un Estado Parte que haya notificado al
Director General que no acepta una enmienda aprobada según lo dispuesto en los
párrafos anteriores permanecerá vinculado por los anexos en su forma no
enmendada.
VII. DISPOSICIONES
FINALES
ARTICULO 35. REGIMENES CONSTITUCIONALES
FEDERALES O NO UNITARIOS
A los Estados Parte que tengan un régimen
constitucional federal o no unitario les serán aplicables las siguientes
disposiciones:
a) por lo que respecta a las disposiciones
de la presente Convención cuya aplicación competa al poder legislativo federal
o central, las obligaciones del gobierno federal o central serán idénticas a
las de los Estados Parte que no constituyan Estados federales;
b) por lo que respecta a las disposiciones
de la presente Convención cuya aplicación competa a cada uno de los Estados,
condados, provincias o cantones constituyentes, que en virtud del régimen
constitucional de la federación no estén facultados para tomar medidas
legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su
dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, condados,
provincias o cantones, para que estas las aprueben.
ARTICULO 36. RATIFICACION, ACEPTACION,
APROBACION O ADHESION
La presente Convención estará sujeta a la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados Miembros de la
UNESCO de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
ante el Director General de la UNESCO.
ARTICULO 37. ENTRADA EN VIGOR
1. La Convención entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha
en la cual se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para los Estados que ulteriormente
manifiesten su consentimiento en obligarse por la presente Convención, esta
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de
un mes después de la fecha en que hayan depositado sus respectivos instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTICULO 38. EXTENSION DE LA CONVENCION A
OTROS TERRITORIOS
1. Todos los Estados podrán, en el momento
de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
especificar el o los territorios de cuyas relaciones internacionales se
encargan, donde se aplicará esta Convención.
2. Todos los Estados podrán, en cualquier
momento ulterior y mediante una declaración dirigida a la UNESCO, extender la
aplicación de la presente Convención a cualquier otro territorio especificado
en su declaración. La Convención entrará en vigor con respecto a ese territorio
el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un mes después
de la fecha en que el depositario haya recibido la declaración.
3. Toda declaración formulada en virtud de
los dos párrafos anteriores podrá, respecto del territorio a que se refiere,
ser retirada mediante una notificación dirigida a la UNESCO. Dicha retirada
surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de
un mes después de la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.
ARTICULO 39. DENUNCIA
Todos los Estados Parte tendrán la facultad
de denunciar la presente Convención. La denuncia se notificará por medio de un
instrumento escrito que obrará en poder del Director General de la UNESCO. La
denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un
plazo de seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No
modificará en absoluto las obligaciones financieras que haya de asumir el
Estado Parte denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.
ARTICULO 40. DEPOSITARIO
El Director General de la UNESCO será el
depositario de la presente Convención y de las enmiendas de la misma. En su
calidad de depositario, el Director General de la UNESCO informará a los
Estados Parte en la presente Convención, así como a los demás Estados Miembros
de la UNESCO, de:
a) el depósito de todo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
b) la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención conforme a lo dispuesto en el artículo 37;
c) todos los informes preparados conforme a
lo dispuesto en el artículo 31;
d) toda enmienda a la Convención o a los
anexos aprobada conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 y la fecha en
que dicha enmienda surta efecto;
e) toda declaración o notificación
formulada conforme a lo dispuesto en el artículo 38;
f) toda notificación presentada conforme a
lo dispuesto en el artículo 39 y la fecha en que la denuncia surta efecto;
g) cualquier otro acto, notificación o
comunicación relacionado con la presente Convención.
ARTICULO 41. REGISTRO
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención se
registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director
General de la UNESCO.
ARTICULO 42. TEXTOS AUTENTICOS
1. La presente Convención y sus anexos se
redactaron en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis
textos igualmente auténticos.
2. Los apéndices de la presente Convención
se reproducen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
ARTICULO 43. RESERVAS
No se admitirá ninguna reserva incompatible
con el objeto y la finalidad de la presente Convención.
Anexo I. Lista de sustancias y métodos
prohibidos – Normas internacionales.
Anexo II. Normas para la concesión de
autorizaciones para uso con fines terapéuticos.
ANEXO I.
AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE.
CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE
LISTA 2005 DE SUSTANCIAS Y METODOS
PROHIBIDOS
NORMAS INTERNACIONALES
El texto oficial de la Lista de
sustancias y métodos prohibidos será objeto de actualización por parte de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y se publicará en inglés y en francés.
De haber discrepancia entre las versiones de ambos idiomas, prevalecerá la
redactada en inglés.
Esta Lista entró en vigor el 1o de enero de
2005
El uso de cualquier medicamento deberá
limitarse a aquellas indicaciones que lo justifiquen desde el punto de vista
médico.
SUSTANCIAS Y METODOS PROHIBIDOS EN TODO
MOMENTO
(EN COMPETICION Y FUERA DE COMPETICION)
SUSTANCIAS PROHIBIDAS
S1. ANABOLIZANTES
Las sustancias anabolizantes quedan
prohibidas.
1. Esteroides andrógenos anabolizantes
(EAA)
a) EAA exógenos*, entre los que se
incluyen:
18á-homo-17â-hidroxiestr-4-en-3-ona;
bolasterona; boldenona; boldiona; calusterona; clostebol; danazol;
dehidroclorometiltestosterona; delta1-androsten3,17-diona;
delta1-androstendiol; delta1-dihidro-testosterona; drostanolona; estanozolol;
estenbolona; etilestrenol; fluoximesterona; formebolona; furazabol; gestrinona;
4-hidroxitestosterona; 4-hidroxi-19-nortestosterona; mestanolona; mesterolona;
metenolona; metandienona; metandriol; metildienolona; metiltrienolona;
metiltestosterona; mibolerona; nandrolona; 19-norandrostendiol;
19-norandrostendiona; norboletona; norclostebol; norentandrolona; oxabolona;
oxandrolona; oximesterona; oximetolona; quinbolona; tetrahidrogestrinona;
trenbolona y otras sustancias con estructura química o efectos biológicos
similares.
b) EAA endógenos**:
androstendiol (androst-5-en-3â,17â-diol); androstendiona
(androst-4-en-3,17diona); dehidroepiandrosterona (DHEA);
dihidrotestosterona; testosterona y los siguientes metabolitos e isómeros: 5á-androstan-3á,17a-diol;
5á-androstan-3áa,17â-diol; 5á-androstan-3â,17á-diol;
5á-androstan-3â,17â-diol; androst-4-en-3á,17á-diol;
androst-4-en-3á,17â-diol; androst-4-en-3â,17á-diol;
androst-5-en-3á,17á-diol; androst-5-en-3á,17â-diol;
androst-5-en-3â,17á-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3â,17â-diol);
5androstendiona (androst-5-en-3,17-diona); dihidroepitestosterona; 3á-hidroxi-5áandrostan-17-ona;
3â-hidroxi-5á-androstan-17-ona; 19-norandrosterona; 19-noretiocolanolona.
Cuando el cuerpo sea capaz de producir de
forma natural una sustancia prohibida (de las arriba indicadas), se
considerará que una muestra contiene dicha sustancia prohibida cuando
la concentración de esta, de sus metabolitos o de sus marcadores y/o las
relaciones correspondientes en la muestra del deportista se desvíen de
los valores normales en el ser humano y que probablemente no se correspondan
con una producción endógena normal. No se considerará que una muestra contiene
una sustancia prohibida en aquellos casos en que el deportista proporcione
una prueba de que la concentración de la sustancia prohibida, de sus
metabolitos o marcadores y/o las relaciones correspondientes en la muestra
del deportista sean atribuibles a una causa patológica o fisiológica. En
todos los casos, y para cualquier concentración, el laboratorio informará de un
resultado analítico anormal si basándose en algún método analítico
fiable, puede demostrar que la sustancia prohibida es de origen exógeno.
Si el resultado del laboratorio no es
concluyente y no se han medido concentraciones como las mencionadas en el párrafo
anterior, la correspondiente organización antidopaje realizará una
investigación más intensa si hay indicios evidentes, como por ejemplo, una
comparación con perfiles esteroideos, de un posible uso de una sustancia
prohibida.
Si el laboratorio ha informado de la
presencia de una relación T/E (testosterona / epitestosterona) superior a
cuatro (de 4 a 1) en la orina, será obligatorio realizar una investigación para
determinar si dicha relación se debe a causas patológicas o fisiológicas,
excepto si el laboratorio emite un informe de resultado analítico anormal,
basado en cualquier método analítico fiable que demuestre que la sustancia
prohibida es de origen exógeno.
En caso de investigación, se incluirá una
revisión de cualquier control anterior y/o posterior. Si no se dispone de
controles anteriores, el deportista será sometido a controles sin aviso
previo al menos en tres ocasiones durante un período de tres meses.
En el supuesto de que el deportista se
niegue a colaborar en los exámenes complementarios, se considerará que la muestra
del deportista contiene una sustancia prohibida.
2. Otros anabolizantes, entre los que se
incluyen:
Clenbuterol, zeranol y zilpaterol.
A efectos de esta sección:
* “Exógena” hace referencia a una sustancia
que el organismo no es capaz de producir de forma natural.
** “Endógena” hace referencia a una
sustancia que el organismo es capaz de producir de forma natural.
S2. HORMONAS Y OTRAS SUSTANCIAS SIMILARES
Quedan prohibidas las sustancias
siguientes, incluidas otras cuya estructura química o cuyos efectos biológicos
sean similares, así como sus factores liberadores:
1. Eritropoyetina (EPO).
2. Hormona del crecimiento (hGH), factor de
crecimiento análogo a la insulina (IGF-1), factores de crecimiento
mecánico(MGF).
3. Gonadotrofinas (LH, hCG).
4. Insulina.
5. Corticotrofinas.
A menos que el deportista pueda
demostrar que la concentración se deba a causas fisiológicas o patológicas, se
considerará que una muestra contiene una sustancia prohibida (según
lo detallado anteriormente) cuando la concentración de la sustancia
prohibida o de sus metabolitos o de sus marcadores y/o las relaciones
correspondientes en la muestra del deportista exceda el margen de
valores que normalmente se encuentran en el cuerpo humano, de modo que sea poco
probable que se deba a una producción endógena normal.
La presencia de otras sustancias con una
estructura química o efectos biológicos similares, marcador/es de diagnóstico o
factores liberadores de una de las hormonas antes mencionadas o de cualquier
otro resultado que indique que la sustancia detectada es de origen exógeno,
será comunicada como resultado analítico anormal.
S3. â-2 AGONISTAS
Quedan prohibidos todos los â-2 agonistas,
incluidos sus isómeros D- y L-. Para poder utilizarlos es necesario disponer de
una Autorización para Uso Terapéutico.
Se exceptúan el formoterol, el salbutamol,
el salmeterol y la terbutalina administrados por vía inhalatoria para prevenir o
tratar el asma y el asma o el broncoespasmo inducidos por el esfuerzo, que
requieren una Autorización para Uso Terapéutico abreviada.
Sin embargo, se considerará resultado
analítico positivo a pesar de la concesión de una Autorización para Uso
Terapéutico cuando el laboratorio haya informado de una concentración total de
salbutamol (libre más glucurónido) superior a los 1.000 ng/ml, a menos que el deportista
demuestre que el resultado anormal ha sido consecuencia del uso terapéutico
de salbutamol inhalado.
S4. ANTAGONISTAS ESTROGENICOS
Quedan prohibidas las clases siguientes de
antagonistas estrogénicos:
1. Inhibidores de la aromatasa, como por
ejemplo (lista no exhaustiva), aminoglutetimida, anastrozol, exemestano,
formestano, letrozol, testolactona.
c2. Moduladores selectivos de los
receptores estrogénicos (SERM), como por ejemplo, (lista no exhaustiva) raloxifeno,
tamoxifeno, toremifeno.
3. Otras sustancias con actividad
antiestrogénica, como por ejemplo (lista no exhaustiva) ciclofenilo, clomifeno,
fulvestrant.
S5. DIURETICOS Y OTRAS SUSTANCIAS
ENMASCARANTES
Quedan prohibidos los diuréticos y otras
sustancias enmascarantes.
Entre otras sustancias enmascarantes se
encuentran las siguientes (lista no exhaustiva):
diuréticos*, epitestosterona,, inhibidores
de la á-reductasa (p.
ej. dutasteride, finasteride), probenecida y sustitutos del plasma, (como la
albúmina, el dextrano y el hidroxietilalmidón).
Entre los diuréticos se encuentran:
acetazolamida, amiloride, bumetanida,
canrenona, clortalidona, espironolactona, ácido etacrínico, furosemida,
indapamida, metolazona, tiazidas (como la bendroflumetiazida, la clorotiazida y
la hidroclorotiazida), triamtereno y otras sustancias de estructura química o efectos
biológicos similares.
* La Autorización para uso terapéutico no
será válida si la orina del deportista contiene un diurético cuando la
concentración de la sustancia objeto de la autorización es igual o inferior al
límite de positividad.
METODOS PROHIBIDOS
M1. INCREMENTO DE LA TRANSFERENCIA DE
OXIGENO
Queda prohibido lo siguiente:
a) El dopaje sanguíneo, incluido los
productos sanguíneos autólogos, homólogos o heterólogos, o de hematíes de
cualquier procedencia, realizado con fines distintos a los terapéuticos;
b) El uso de productos que incrementan la
captación, el transporte o la liberación de oxígeno, como por ejemplo, los
perfluorocarbonos, el efaproxiral (RSR13) y los productos de hemoglobinas modificadas
(p. ej., sustitutos sanguíneos con hemoglobinas modificadas o
microencapsuladas).
M2. MANIPULACION QUIMICA Y FISICA
Queda prohibido lo siguiente:
La manipulación o el intento de
manipulación con el fin de modificar la integridad y la validez de las muestras
recogidas en los controles de dopaje.
Entre estos métodos prohibidos se incluyen
las perfusiones intravenosas*, la cateterización y la sustitución de la orina.
* Las perfusiones intravenosas quedan
prohibidas, excepto en caso acreditado de tratamiento médico urgente.
M3. DOPAJE GENETICO
Quedan prohibidos el uso no terapéutico de
células, genes, elementos genéticos o la modulación de la expresión génica que
tengan la capacidad de incrementar el rendimiento deportivo.
SUSTANCIAS Y METODOS PROHIBIDOS EN
COMPETICION
Además de las categorías que se señalan en
los apartados del S1 al S5 y del M1 al M3, quedan prohibidas en competición las
categorías siguientes:
SUSTANCIAS PROHIBIDAS
S6. ESTIMULANTES
Quedan prohibidos los estimulantes
siguientes, así como sus isómeros ópticos (D- y L-), si procede:
Adrafinil, amifenazol, anfepramona,
anfetamina, anfetaminil, benzfetamina, bromantán, carfedón, catina*,
clobenzorex, cocaína, dimetilanfetamina, efedrina**, estricnina,
etilanfetamina, etilefrina, famprofazona, fencanfamina, fencamina,
fendimetrazina, fenetilina, fenfluramina, fenmetrazina, fenproporex,
fentermina, furfenorex, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metanfetamina,
metilanfetamina, metilendioxianfetamina, metilendioximetanfetamina,
metilefedrina**, metilfenidato, modafinil, niquetamida, norfenfluramina,
parahidroxianfetamina, pemolina, prolintano, selegilina, y otras sustancias de estructura química
o efectos biológicos similares***.
* La catina está prohibida cuando su
concentración en orina sea superior a 5 microgramos por mililitro.
** Tanto la efedrina como la metilefedrina
están prohibidas cuando su concentración en orina sea superior a 10 microgramos
por mililitro.
*** Las sustancias incluidas en el Programa
de seguimiento para 2005 (bupropión, cafeína, fenilefrina, fenilpropanolamina,
pipradrol, pseudoefedrina y sinefrina) no se consideran sustancias prohibidas.
NOTA: se permite el uso de adrenalina
asociada a anestésicos locales o en preparados de uso local (p. ej., por vía
nasal u oftálmica).
S7. ANALGESICOS NARCOTICOS
Quedan prohibidos los analgésicos
narcóticos siguientes:
buprenorfina, dextromoramida, diamorfina
(heroína), fentanil y sus derivados, hidromorfona, metadona, morfina,
oxicodona, oximorfona, pentazocina y petidina.
S8. CANNABIS Y SUS DERIVADOS
Quedan prohibidos el cannabis y sus
derivados (p. ej., hachís o marihuana).
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDES
Queda prohibido el uso de cualquier
glucocorticosteroide por vías oral, rectal, intravenosa o intramuscular. Su uso
requiere una concesión para Autorización para uso terapéutico.
Todas las demás vías de administración
requieren una Autorización para uso terapéutico abreviada.
No están prohibidos los preparados
dermatológicos.
SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN DETERMINADOS
DEPORTES
P1. ALCOHOL
El alcohol (etanol) está prohibido en
competición en los deportes que se indican, en análisis realizados en aire
espirado y/o sangre y a partir de las concentraciones que se establecen para
cada uno. Se señala entre paréntesis el nivel a partir del cual cada Federación
considera que hay infracción.
- Aeronáutica (FAI) (0,20 g/l)
- Automovilismo (FIA) (0,10 g/l)
- Billar (WCBS) (0,20 g/l)
- Esquí (FIS) (0,10 g/l)
- Kárate (WKF) (0,10 g/l)
- Motociclismo (FIM) (0,00 g/l)
- Petanca (CMSB) (0,10 g/l)
- Pentatlón moderno (UIPM) (0,10 g/l), en
las disciplinas de tiro
- Tiro con arco (FITA) (0,10 g/l)
P2. BETABLOQUEANTES
A menos que se especifique lo contrario, en
los deportes siguientes quedan prohibidos los betabloqueantes en competición:
- Aeronáutica (FAI)
- Ajedrez (FIDE)
- Automovilismo (FIA)
- Billar (WCBS)
- Bobsleigh (FIBT)
- Bolos de nueve (FIQ)
- Bridge (FMB)
- Curling (WCF)
- Esquí (FIS), en salto y snowboard de
estilo libre
- Gimnasia (FIG)
- Lucha libre (FILA)
- Motociclismo (FIM)
- Natación (FINA), en salto y natación
sincronizada
- Pentatlón moderno (UIPM), en las
disciplinas de tiro
- Petanca (CMSB)
- Tiro (ISSF) (también prohibido fuera
de competición)
- Tiro con arco (FITA) (también prohibidos fuera
de la competición)
- Vela (ISAF) (únicamente para los patrones
de la especialidad de Match Race)
Entre los betabloqueantes se encuentran,
entre otros:
acebutolol, alprenolol, atenolol,
betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol,
labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,
pindolol, propanolol, sotalol y timolol.
SUSTANCIAS ESPECIFICAS*
Las “sustancias específicas” son las que
figuran a continuación:
Efedrina, L-metilanfetamina, metilefedrina;
Cannabis y sus derivados;
Todos los â-2 agonistas inhalados, excepto
el clenbuterol;
Probenecida;
Todos los glucocorticosteroides;
Todos los betabloqueantes;
Alcohol.
* “La Lista de sustancias y métodos
prohibidos puede incluir sustancias concretas que sean susceptibles de
infracciones involuntarias de las normas antidopaje debido a su frecuente
aparición en productos medicinales o cuya probabilidad de uso con fines de
dopaje es menor”. Las infracciones de las normas antidopaje que guarden
relación con estas sustancias pueden dar lugar a una sanción reducida,
siempre y cuando el “... deportista pueda demostrar que el uso de la sustancia
específica no tenga por objeto mejorar su rendimiento deportivo...”.
ANEXO II
NORMAS PARA LA CONCESION DE AUTORIZACIONES
PARA USO CON FINES TERAPEUTICOS.
Extracto de las “NORMAS INTERNACIONALES
PARA LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO TERAPEUTICO” de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), en vigor el 1o de enero de 2005
4.0 Criterios para la concesión de
Autorizaciones para Uso Terapéutico
Se puede conceder una Autorización para Uso
Terapéutico (AUT) a un deportista, permitiéndose así que use una sustancia
prohibida o un método prohibido contenido en la lista de
sustancias y métodos prohibidos. Las solicitudes de AUT serán
revisadas por un Comité sobre Autorizaciones para Uso Terapéutico (CAUT).
El CAUT será nombrado por una organización antidopaje. Sólo se
concederán autorizaciones de conformidad estricta con los siguientes criterios:
[Comentario: Estas normas son de aplicación
a todos los deportistas según la definición del Código y conforme a lo
dispuesto en él, es decir, deportistas capacitados y deportistas
discapacitados. Estas normas se aplicarán en función de las circunstancias de
cada individuo. Por ejemplo, una autorización que sea apropiada para un
deportista con discapacidad puede que no sea apropiada para otros deportistas.]
4.1 El deportista deberá presentar
una solicitud de AUT al menos 21 días antes de participar en un evento.
4.2 El deportista experimentaría un
perjuicio significativo en la salud si la sustancia prohibida o el método
prohibido no se administraran durante el tratamiento de una enfermedad
grave o crónica.
4.3 El uso terapéutico de la sustancia
prohibida o del método prohibido no produciría una mejora adicional
del rendimiento, salvo la que pudiera preverse del retorno a un estado normal
de salud tras el tratamiento de una enfermedad comprobada. El uso de una sustancia
prohibida o de un método prohibido para aumentar niveles “por debajo
de los normales” de una hormona endógena no se considera una intervención
terapéutica aceptable.
4.4 No existe alternativa terapéutica
razonable al uso de la sustancia prohibida o método prohibido.
4.5 La necesidad del uso de la sustancia
prohibida o método prohibido no puede ser una consecuencia, ni en su
totalidad ni en parte, de un uso previo no terapéutico de una sustancia de la lista
de sustancias y métodos prohibidos.
4.6 La AUT será cancelada por el
organismo concedente si:
a) El deportista no cumple
inmediatamente los requisitos o condiciones impuestos por la organización
antidopaje que conceda la autorización;
b) Ha vencido el plazo para el que se
concedió la AUT;
c) Se comunica al deportista que la AUT
ha sido retirada por la organización antidopaje.
[Comentario: cada AUT tendrá una
duración especificada según lo decidido por el CAUT. Puede que existan
casos en los que una AUT haya vencido o haya sido retirada y la
sustancia prohibida objeto de la AUT siga presente en el organismo del
deportista. En tales casos, la organización antidopaje que lleve a cabo el
análisis inicial de un hallazgo adverso considerará si el hallazgo es conforme
al vencimiento o retirada de la AUT.]
4.7 No se tendrán en cuenta las solicitudes
de AUT de aprobación retroactiva, salvo en los casos en que:
a) Fuera necesario un tratamiento de
emergencia o un tratamiento de una enfermedad grave, o
b) Debido a circunstancias excepcionales,
no hubo tiempo ni oportunidades suficientes para que un solicitante presentará,
o un CAUT estudiará, una solicitud antes de un control antidopaje.
[Comentario: No son habituales las
emergencias médicas o las enfermedades graves que requieran la administración
de una sustancia prohibida o de un método prohibido antes de que se pueda hacer
una solicitud de AUT. Del mismo modo, son infrecuentes las
circunstancias que requieran que se tenga en consideración sin demora una
solicitud de AUT debido a una competición inminente. Las organizaciones
antidopaje que concedan AUT deberán tener procedimientos internos que
permitan la solución de dichas situaciones.]
5.0 Confidencialidad de la información
5.1 El solicitante debe facilitar un
consentimiento por escrito para la transmisión de toda la información relativa
a la solicitud a los miembros del CAUT y, según proceda, a otros
expertos médicos o científicos independientes, o a todo el personal necesario
involucrado en la gestión, revisión o apelación de las AUT.
En caso de que se necesite la ayuda de
expertos externos e independientes, todos los detalles de la solicitud se
comunicarán sin identificar al médico que participe en los cuidados del deportista.
El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que
las decisiones del CAUT sean distribuidas a otras organizaciones
antidopaje pertinentes conforme a lo dispuesto en el código.
5.2 Los miembros de los CAUT y la
administración de la organización antidopaje involucrada llevarán a cabo
todas sus actividades con confidencialidad estricta. Todos los miembros de un CAUT
y todo el personal que participe habrán de firmar acuerdos de confidencialidad.
En particular, mantendrán confidencial la siguiente información:
a) Toda la información médica y los datos
proporcionados por el deportista y los médicos que participen en la
asistencia médica del deportista;
b) Todos los detalles de la solicitud,
incluido el nombre de los doctores que participen en el proceso.
En caso de que el deportista desee
revocar el derecho del CAUT o del CAUT de la AMA a obtener
cualquier información de salud en su nombre, el deportista deberá
notificar ese hecho por escrito a su médico. Como consecuencia de dicha
decisión, el deportista no recibirá la aprobación de una AUT ni la
renovación de una AUT existente.
6.0 Comités sobre Autorizaciones para Uso
Terapéutico (CAUT)
Los CAUT se constituirán y actuarán
de conformidad con las directrices siguientes:
6.1 Los CAUT incluirán al menos a
tres médicos con experiencia en la asistencia médica y el tratamiento de
deportistas y con buenos conocimientos de medicina clínica, deportiva y en
ejercicio. Para garantizar el nivel de independencia de las decisiones, la
mayoría de los miembros del CAUT no deberán tener ninguna
responsabilidad oficial en la organización antidopaje. Todos los
miembros del CAUT firmarán un acuerdo de conflicto de intereses. En las
solicitudes relativas a deportistas con discapacidades, al menos un miembro del
CAUT debe poseer experiencia específica en asistencia y tratamiento a
deportistas con discapacidades.
6.2 Los CAUT podrán solicitar la
ayuda de aquellos expertos médicos o científicos que consideren apropiados para
analizar las circunstancias de una solicitud de AUT.
6.3 El CAUT de la AMA se compondrá
siguiendo los criterios indicados en el artículo 6. 1. El CAUT de la AMA
se establece para analizar, bajo su propia iniciativa, las decisiones de AUT
concedidas por las organizaciones antidopaje. Conforme a lo especificado en el
artículo 4.4 del Código, el CAUT de la AMA, a solicitud de los
deportistas a los que una organización antidopaje haya denegado una AUT,
volverá a examinar tales decisiones con la capacidad de revocarlas.
7.0 Procedimiento de solicitud de una
Autorización para Uso Terapéutico
7.1 La concesión de una AUT sólo se
estudiará tras la recepción de un impreso de solicitud complementado que debe
incluir todos los documentos pertinentes (véase el Apéndice 1 impreso de AUT).
El procedimiento de solicitud debe realizarse de conformidad con los principios
de confidencialidad médica estricta.
7.2 El impreso de solicitud de AUT,
tal y como se indica en el apéndice 1, puede ser modificado por las organizaciones
antidopaje para incluir solicitudes de información adicionales, pero no se
podrán eliminar secciones ni punto alguno.
7.3 El impreso de solicitud de AUT
podrá ser traducido a otros idiomas por las organizaciones antidopaje,
pero el inglés o el francés deben permanecer en los impresos de solicitud.
7.4 Un deportista no podrá dirigirse
a más de una organización antidopaje para solicitar una AUT. La
solicitud debe indicar el deporte del deportista y, cuando corresponda,
la disciplina y el puesto o papel específico.
7.5 La solicitud debe indicar las
solicitudes previas y/o actuales de permiso para uso de una sustancia
prohibida o un método prohibido, el organismo al que se hizo la
solicitud, y la decisión de ese organismo.
7.6 La solicitud debe incluir un historial
médico completo y los resultados de todos los exámenes, investigaciones de
laboratorio y estudios gráficos pertinentes para la solicitud.
7.7 Cualquier investigación, examen o
estudio gráfico adicional pertinente que solicite el CAUT de una organización
antidopaje se realizará a costa del solicitante o de su organismo deportivo
nacional.
7.8 La solicitud debe incluir una
declaración de un médico convenientemente cualificado que certifique la
necesidad de la sustancia prohibida o del método prohibido en el
tratamiento del deportista y que describa por qué no puede o no debe
usarse una medicación permitida en el tratamiento de la enfermedad.
7.9 La dosis, frecuencia, vía y duración de
la administración de la sustancia prohibida o método prohibido en
cuestión deben especificarse.
7.10 Las decisiones del CAUT habrán
de completarse dentro de un plazo de treinta días tras la recepción de toda la
documentación pertinente, y serán transmitidas por escrito al deportista por
la organización antidopaje pertinente. Cuando se haya concedido una AUT
a un deportista del grupo seleccionado de deportistas sometidos a
controles de la organización antidopaje, el deportista y la AMA
obtendrán inmediatamente una aprobación que incluya información correspondiente
a la duración de la autorización y a las condiciones asociadas con la AUT.
7.11 a) Cuando reciba una solicitud de un deportista
para su revisión, según lo especificado en el artículo 4.4 del Código, el CAUT
de la AMA, conforme a lo especificado en el artículo 4.4 del Código, podrá
revocar una decisión sobre una AUT otorgada por una organización
antidopaje. El deportista proporcionará a la CAUT de la AMA
toda la información correspondiente a una AUT que se haya entregado
inicialmente a la organización antidopaje, y pagará además una tasa de
solicitud. Hasta que el proceso de revisión haya finalizado, la decisión
original permanece vigente. El proceso no debería llevar más de 30 días tras la
recepción de la información por la AMA;
b) La AMA puede realizar una revisión en
cualquier momento. El CAUT de la AMA completará sus revisiones dentro de
un plazo de 30 días.
7.12 Si la decisión relativa a la concesión
de una AUT es revocada tras la revisión, la revocación no se aplicará
retroactivamente y no descalificará los resultados del deportista durante
el período en que la AUT haya sido concedida, y tendrá vigencia 14 días,
a más tardar, después de la notificación de la decisión al deportista.
8.0 Procedimiento abreviado de solicitud de
una Autorización para el Uso Terapéutico (AUTA)
8.1 Se reconoce que algunas sustancias
incluidas en la lista de sustancias y métodos prohibidos se usan para el
tratamiento de enfermedades con las que frecuentemente han de enfrentarse los
deportistas. En tales casos, no es necesaria una solicitud completa como la
detallada en la sección 4 y en la sección 7. Por lo tanto se establece un
procedimiento abreviado para las AUT.
8.2 Las sustancias prohibidas o los métodos
prohibidos que pueden autorizarse mediante este procedimiento abreviado se
limitan estrictamente a las siguientes: agonistas Beta2 (formoterol,
salbutamol, salmeterol y terbutalina) por inhalación, y glucocorticosteroides
por vías no sistémicas.
8.3 Para usar alguna de las sustancias
antedichas, el deportista deberá proporcionar a la organización
antidopaje una notificación médica que justifique la necesidad terapéutica.
Esa notificación médica, que se contiene en el Apéndice 2, describirá el
diagnóstico, el nombre del medicamento, la dosis, la vía de administración, y
la duración del tratamiento.
Habrán de incluirse, cuando sea aplicable,
cualesquiera pruebas realizadas para establecer ese diagnóstico (sin incluir
los resultados reales o detalles).
8.4 El procedimiento abreviado incluye:
a) La aprobación de la sustancia
prohibida objeto del procedimiento abreviado es efectiva desde la recepción
por parte de la organización antidopaje de una notificación completa.
Las notificaciones incompletas deben devolverse al solicitante;
b) Una vez recibida una notificación
completa, la organización antidopaje informará sin demora al deportista.
Se informará también a la FI, FN y ONA del deportista (según
corresponda). La organización antidopaje informará a la AMA únicamente
cuando reciba una notificación para un deportista de nivel internacional;
c) Las notificaciones para una AUTA no
serán tenidas en cuenta para aprobaciones retroactivas, salvo:
- En el tratamiento de emergencia o el
tratamiento de una enfermedad grave, o
- Si debido a circunstancias excepcionales,
no hubo tiempo suficiente u oportunidad para que el solicitante presentara, o
para que un CAUT recibiera una solicitud antes de un control
antidopaje.
8.5 a) La revisión por parte del CAUT
o del CAUT de la AMA puede iniciarse en cualquier momento
durante la vigencia de la AUTA;
b) Si un deportista solicita una
revisión de una denegación subsiguiente de una AUTA, el CAUT de la AMA
tendrá capacidad para solicitar al deportista la información médica
adicional que estime necesaria, corriendo los gastos por cuenta del deportista.
8.6 Una AUTA podrá ser cancelada por
el CAUT o el CAUT de la AMA, en cualquier momento se
comunicará inmediatamente la información al deportista, a su FI y a
todas las organizaciones antidopaje pertinentes.
8.7 La cancelación tendrá efecto inmediato
tras la notificación de la decisión al deportista. El deportista podrá
no obstante solicitar una AUT conforme a lo dispuesto en la sección 7.
9.0 Centro de información
9.1 Las organizaciones antidopaje deben
proporcionar a la AMA todas las AUT, y toda la documentación de apoyo
emitida conforme a lo dispuesto en la sección 7.
9.2 Con respecto a la AUTA, las organizaciones
antidopaje deberán proporcionar a la AMA las solicitudes médicas
presentadas por los deportistas de nivel internacional y emitidas
conforme a lo dispuesto en la sección 8.4.
9.3 El Centro de información garantizará la
estricta confidencialidad de toda la información médica.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., a los 31 de agosto de 2006
Autorizado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso de la República para los efectos Constitucionales.
(Fdo.) ALVARO URIBE VELEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Consuelo Araújo Castro.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase la “Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte”, aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte”,
aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre
de 2005, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a
Presentado al honorable Congreso de la
República por el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Cultura.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAUJO PERDOMO.
La Ministra de Cultura,
PAULA MARCELA MORENO.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme el artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de
2008.
ALVARO URIBE VELEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
CAMILO REYES RODRIGUEZ
III. INTERVENCIONES
1.  Ministerio de Relaciones Exteriores
Mediante escrito del 13 de enero de 2009, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante apoderado, intervino en el
proceso de la referencia para pronunciarse sobre la  exequibilidad de la promulgación
de la Ley 1207 de 2008, de conformidad con los argumentos que a continuación se
reseñan.
Luego de realizar una pequeña referencia histórica
acerca del control de dopaje en las competencias deportivas, el interviniente
señala el trámite que siguió el Convenio Internacional contra el Dopaje en el
Deporte y su ley aprobatoria. En ese sentido, manifiesta que el 31 de agosto de
2006, el proyecto de ley fue autorizado por el Presidente de la República,
quien ordenó someterlo a trámite en el Congreso, donde fue aprobado
convirtiéndose en la Ley 1207 de 2008, sancionada por el primer mandatario el
14 de julio de 2008 y publicada en el Diario Oficial de esa fecha.
En cuanto a la estructura de la Convención
Internacional aprobada mediante Ley 1207 de 2008, informa que está compuesta
por un preámbulo y 7 capítulos, además de incluir dos anexos en los que constan
las listas de sustancias y métodos prohibidos y las normas para la concesión de
autorizaciones para uso con fines terapéuticos.
Dentro del conjunto normativo citado, se resalta el
tema de cooperación internacional en materia de control de dopaje, en virtud
del cual los Estados partes se comprometen a apoyar a las organizaciones
nacionales e internacionales antidopaje, a realizar controles recíprocos y a
contribuir con el financiamiento de las actividades dirigidas a eliminar la
práctica de dopaje en el deporte.
Los demás capítulos contienen (i) el alcance de la
Convención, (ii) las medidas contra el dopaje en el plano nacional que deben
adoptar los Estados parte, (iii) la educación y formación a los deportistas y a
la sociedad en general, (iv) la investigación dirigida a impulsar nuevos
métodos que faciliten el control del dopaje  y (v) el seguimiento de la
aplicación de la Convención.
Acerca de la constitucionalidad de la Ley 1207 de
2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que la Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por el Congreso de la
República y sancionada por el Presidente de la República, persigue el
desarrollo de principios constitucionales relacionados con la promoción del
deporte sano y la protección del derecho a la salud y, por ende, se encuentra
ajustada a la Constitución Política.
En efecto, señala que el deporte sano y la recreación,
hacen parte del derecho a la educación que tienen todas las personas y que,
además, gozan de naturaleza fundamental tratándose de los niños, situación que
motiva la intervención del Estado en su promoción, inspección y vigilancia,
circunstancia bajo la cual es plenamente admisible que el Estado se haga parte
de convenciones internacionales que propicien la lucha contra el dopaje en el
deporte en Latinoamérica.
Por otra parte, la Coordinadora del Grupo Interno de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de escrito de 24 de
septiembre de 2008, comunicó a esta Corporación que el día 13 de julio de 2006,
el Presidente de la República confirió plenos poderes a la Embajadora en Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de la UNESCO, para que, en nombre
del Gobierno Nacional, suscribiera la Convención Internacional Contra el Dopaje
en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de
octubre de 2005 y adjuntó el documento en el que ello consta.[1]
2. Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES-
El Director General de COLDEPORTES, mediante escrito
de 5 de enero de 2009, dio respuesta al oficio remitido por la Secretaría de
esta Corporación y solicitó se declarara exequible la Ley 1207 de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el
deporte aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París el 19 de
octubre de 2005”.
Como fundamento de su solicitud, señala que la
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte es el resultado de una
serie de acciones de los Estados y de organizaciones públicas y privadas
tendientes a contrarrestar el fenómeno del dopaje y a unificar políticas de
control, por lo cual enmarca los propósitos del Programa Mundial Antidopaje
valiéndose tres elementos: (i) un código que facilita la aplicación de una
normatividad disciplinaria única en el mundo para repeler el dopaje en el
deporte; (ii) normas internacionales que comprenden una lista de sustancias y
métodos prohibidos en el deporte y estándares internacionales para
autorizaciones de uso terapéutico, para laboratorios de control de dopaje y
para el control; y (iii) modelos de buenas prácticas y directrices que, sin ser
de obligatorio cumplimiento, han resultado exitosos en el manejo antidopaje.
Resalta el interviniente la importancia que la
legislación nacional y la Constitución Política de 1991 otorgan al deporte,
considerándolo un derecho que incide directamente en la formación y desarrollo
integral de las personas y en el mejoramiento de la salud. Bajo esa línea,
argumenta que la Corte Constitucional ha reconocido que la práctica del deporte
está sujeta a la disciplina y al cumplimiento de determinadas normas que
fomentan la lealtad en las competencias y su ejercicio sano en interés del
deportista y de la comunidad en general.
En consecuencia, considera que la adopción de la Convención
Internacional citada, encuentra justificación en el hecho de que la práctica
del dopaje contraviene los elementos básicos de las competencias deportivas e
implica un juego deshonesto que afecta su ética y disciplina, de modo que el
instrumento internacional pretende garantizar la protección del derecho al
deporte en un marco de equidad.
Igualmente, COLDEPORTES aduce que el deporte es un
elemento esencial de la salud, como quiera que optimiza la calidad de vida de
las personas y contribuye a su desarrollo físico y mental e indica que la
utilización de sustancias prohibidas con el fin de aumentar el rendimiento en
la práctica de actividades físicas competitivas es contraria a las normas
disciplinarias y también al derecho a la salud.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante concepto No. 4718 del 18 de febrero de 2009,
el Procurador General de la Nación solicitó a esta Corporación declarar la
exequibilidad de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte,
aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la educación -UNESCO- en París el 19 de octubre de 2005 y su ley aprobatoria, por
encontrar que formal y materialmente se ajustan a la Constitución Política.
La Vista Fiscal, luego de hacer un recuento del
trámite legislativo dado a la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte y de referir sucintamente su contenido, argumenta que ésta se ajusta,
formal y materialmente, a la Constitución Política, dado que cumple todos los
requisitos para hacer parte del ordenamiento jurídico interno, pues, además de
desarrollar los preceptos constitucionales, promueve el cuidado de la salud de
quienes se dedican a prácticas deportivas.
Así mismo, sostiene que el referido instrumento
internacional respeta los límites de la acción estatal para la formulación y
ejecución de una política exterior, sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia de la Corte Constitucional en materia de
tratados y de leyes aprobatorias de tratados
De acuerdo con el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política, a la Corte Constitucional le corresponde decidir sobre
la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben, control que según la jurisprudencia de esta Corporación se
caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior
a la aprobación de la ley por parte del Congreso y a la sanción presidencial;
(ii) automático, ya que la ley debe ser remitida por el Gobierno Nacional a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción e (iii)
integral, dado que la Corte debe analizar los aspectos formales y materiales
del tratado internacional y de su ley aprobatoria a la luz del texto
constitucional, revisión que comprende tanto el proceso de negociación y
celebración del instrumento en el plano internacional, como el trámite
legislativo desarrollado en el Congreso[2].
Determinado el alcance de su competencia en la
revisión de los instrumentos internacionales, procede la Corte a estudiar la
constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación.
2. Revisión formal del Trámite de Aprobación de la Ley
1207 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional
contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura,
UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”
2.1. Remisión de la Ley Aprobatoria y de la Convención
por parte del Gobierno Nacional
Mediante escrito fechado el 22 de julio de 2008 y
recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día siguiente, el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte copia
autenticada de la Ley 1207 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba la
Convención Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”.
Dado que el Presidente de la República sancionó la ley
el 14 de julio de 2008 y que la Carta remisoria fue efectivamente recibida en la
Secretaría General de la Corte el 23 de julio, la Sala advierte que la remisión
se llevó a cabo un día después de vencido el término de seis (6) días que,
según el artículo 241-10 de la Constitución tiene el gobierno para remitir a la
Corte tanto el tratado internacional, como su ley aprobatoria.
Ciertamente la anotada circunstancia es contraria a la
Carta, pero en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha estimado que
no modifica la índole de la ley aprobatoria, ni vicia el trámite legislativo, “aunque
sí acarrea dos circunstancias significativas como son: (i) una vez producida la
omisión la Corte puede aprehender de oficio el conocimiento de los actos para
el correspondiente examen de constitucionalidad y (ii) en el evento de que
dichos actos eludan el conocimiento de esta Corte cualquier ciudadano podrá
impugnarlos para que la Corte proceda a la admisión de la demanda realizando
(sic) el control de constitucionalidad no sólo con base en los cargos formulados
sino bajo el texto integral de la Constitución”[3].
Como quiera que en la presente oportunidad el retardo
en la remisión del tratado y de su ley aprobatoria no impide que la Corte
adelante el examen de constitucionalidad que a ella se le encomienda, entra la
Corporación a efectuar la correspondiente revisión.
2.2. Negociación y celebración del Tratado
Esta Corporación ha señalado que la competencia
constitucional para revisar los tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias también comprende el examen de las facultades del representante
del Estado para negociar y adoptar el instrumento internacional, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Viena, de 1969, sobre el Derecho
de los Tratados entre Estados.
En el caso objeto de revisión, la Corte ha podido
constatar que la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte,
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en París el 19 de octubre de
2005, fue suscrita, en nombre del Gobierno de la República de Colombia, por la
Embajadora en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- María
Zulema Vélez Jara, de conformidad con los plenos poderes conferidos por el
Presidente de la República el 13 de julio de 2006, según consta en el oficio
OAJ.CAT No. 49133 de 17 de septiembre de 2007, dirigido a esta Corporación por la
Coordinadora del Grupo Interno de Tratados del Ministerio de Relaciones
Exteriores, acompañado de la copia de los plenos poderes referidos[4].
De esta forma, la Corte Constitucional considera que la
Convención Internacional contra el dopaje en el deporte fue suscrita por quien
tenía la capacidad para representar al Estado colombiano, ya que, según el
literal a) del artículo 7 de la Convención de Viena aludido, para la adopción y
autenticación del texto de un tratado y para manifestar el consentimiento del Estado
en obligarse por éste, se considerará que una persona lo representa si presenta
los adecuados plenos poderes, como en efecto ocurrió en el presente caso.
2.3. Trámite surtido en el Congreso de la República
para la aprobación de la Ley 1207 de 2008, aprobatoria de la Convención Internacional
contra el Dopaje en el Deporte
La Corte Constitucional ha señalado que, salvo la
exigencia de iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos de
leyes aprobatorias de tratados internacionales no se encuentran sometidos a un
trámite especial, por lo que para su discusión y aprobación debe seguirse el
trámite de las leyes ordinarias.
De acuerdo con las certificaciones, actas y gacetas
del Congreso remitidas por el Senado de la República y la Cámara de
Representantes, el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la
Ley 1207 de 2008 fue el siguiente:
2.3.1. Trámite en el Senado de la República
2.3.1.1. Radicación y publicación del proyecto de ley
y de su exposición de motivos
El proyecto de ley aprobatorio de “La Convención
Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia
y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”, inició su trámite
en el Senado de la República, en cuya Secretaría General fue radicado el 20 de
septiembre de 2007[5] por el Gobierno Nacional,
a través del Ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araújo Perdomo y de la
Ministra de Cultura Paula Marcela Moreno, correspondiéndole el número de
radicación 141 de 2007/Senado.
El texto inicial del proyecto y su correspondiente
exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 469 de 24
de septiembre de 2007[6], en la cual consta,
además, que el proyecto fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente[7], de relaciones
internacionales, comercio exterior y defensa nacional. inas 9 y 28.n la Gaceta No, 178 de 2008, p a esa fecha y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 178_______________________
2.3.1.2. Ponencia para primer debate
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda
del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 637 del
6 de diciembre de 2007[8], aparece suscrita por el
Senador Juan Manuel Galán Pachón, en quien para tal efecto recayó la
designación, y en ella se propone “dar primer debate al Proyecto de ley No. 141
Senado”[9].
2.3.1.3.      Anuncio para votación en primer Debate
En la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la
República, realizada el 25 de marzo de 2008, se anunciaron los proyectos de ley
que serían discutidos y aprobados en la próxima sesión de la comisión y dentro
de los proyectos anunciados se aludió al No. 141 de 2007/Senado[10].
Lo anterior consta en el Acta de Comisión No. 19 del 25 de marzo de 2008,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 307 del 3 de junio de 2008[11].
De conformidad con el Acta citada, el Secretario de la
Comisión informó a la Presidencia que, según el orden del día aprobado y lo
establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, “se anuncia
para la próxima sesión la discusión y votación de los siguientes proyectos de
ley”, entre los cuales aparece, en primer lugar, el Proyecto de ley No. 141 de
2007, “por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París, el 19 de
octubre de 2007”[12].
2.3.1.4.      Aprobación en primer debate
En la sesión de la Comisión Segunda del
Senado de la República del 1 de abril de 2008 tuvo lugar la discusión[13]
y aprobación[14], en primer debate, del
Proyecto de Ley 141 de 2007 Senado, de conformidad con el anuncio que había sido
realizado en la sesión del 25 de marzo del mismo año y con el orden del día
aprobado que, en el punto referente a votación de proyectos de ley contemplaba,
en primer lugar, el Proyecto de ley No. 141 de 2007/Senado.
La discusión y aprobación constan en el
Acta N° 20 de abril 1° de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 307 de 3
de junio de 2008 y, según informó a la Corte el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado, el quórum deliberatorio y decisorio fue integrado
por 8 de los 13 senadores que integran la Comisión, “algunos de los cuales se
hicieron presentes durante el transcurso de la sesión”, tal como “consta en el
Acta No. 20 del 01 de abril de 2008”[15].
El texto definitivo que en primer debate
fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado aparece publicado en la Gaceta
del Congreso No. 134 del 11 de abril de 2008[16].
2.3.1.5. Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del
Senado de la República del Proyecto de Ley No. 141 de 2007 fue presentada por
el Senador Juan Manuel Galán Pachón y, conforme consta en la Gaceta del
Congreso No. 134 del 11 de abril de 2008, en la cual aparece publicada[17],
en ella se propuso “dar segundo debate al Proyecto de ley número 141 de 2007
Senado”[18].
2.3.1.6. Anuncio para votación en segundo debate
En la Sesión de la Plenaria del Senado de la República,
realizada el 15 de abril de 2008, se anunció para discusión y aprobación, en la
próxima sesión plenaria que tendría lugar el 16 de abril de 2008, el Proyecto
de Ley 141 de 2007 Senado, tal como consta en el Acta de No. 40, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 319 del 5 de junio de 2008[19].
En efecto, de acuerdo con el texto del Acta “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo No. 01
de 2003” la Secretaría anunció que se debatirían, discutirían y votarían en “la
próxima sesión” algunos proyectos, entre los que se halla el Proyecto de ley
No. 141/Senado, “por medio del cual se aprueba la Convención Internacional
contra el Dopaje en el Deporte” y, finalmente en el Acta consta que “Siendo
las 12:05 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día
miércoles 16 de abril de 2008, a las 2:00 p.m”[20].
2.3.1.7. Aprobación en Segundo Debate
En la sesión de la Plenaria del Senado de la República
del 16 de abril de 2008 se desarrolló la discusión y aprobación en segundo
debate del Proyecto de Ley 141 de 2007 Senado, según había sido anunciado en la
sesión plenaria del 15 de abril del mismo año. Así aparece en el Acta de
plenaria No. 41, publicada en la Gaceta del Congreso No. 320 del 5 de junio de
2008, en la cual existe constancia de la discusión[21]
y de la aprobación[22].
Según la certificación del Secretario General del
Senado de la República, en la sesión plenaria del 16 de abril de 2008, la
votación del proyecto de ley en comento fue de 87 honorables senadores que
aparecen registrados como asistentes a la sesión plenaria, toda vez que no se
solicitó verificación del quórum, tampoco votación nominal, ni hubo
impedimentos[23].
Así mismo, el Secretario General del Senado de la
República certifica que el texto definitivo aprobado en la sesión plenaria de
16 de abril de 2008, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 169 de abril
23 del mismo año[24].
2.3.2.      Trámite en la Cámara de Representantes
2.3.2.1.      Radicación del proyecto de ley en la Cámara
de Representantes
El Proyecto de Ley 141 de 2007/Senado, aprobatorio de
“La Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, aprobada por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”,
fue radicado en la Cámara de Representantes con el número 300 de 2008 /Cámara.
2.3.2.2. Ponencia para tercer debate
La ponencia para tercer debate en la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 300 de 2008, fue presentada
por el Representante Augusto Posada Sánchez y, según la publicación que aparece
en la Gaceta del Congreso No. 303 del 30 de mayo de 2008[25],
a la Comisión se le propuso dar el correspondiente debate al proyecto de ley[26].
2.3.2.3. Anuncio para votación en tercer debate
En la Sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, realizada el 4 de junio de 2008, se anunció para discusión y
aprobación en la próxima sesión de comisión el proyecto de ley No. 300 de 2008,
tal como consta en el Acta de Comisión No. 31 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso N° 595 de septiembre 3 de 2008[27].
Según el Acta, la Secretaria General de la Comisión hizo
uso de la palabra e hizo los anuncios, “para la próxima sesión” y “dando
cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003”. Entre los
proyectos anunciados se encuentra el Proyecto de ley No. 141 de 2007/Senado,
300 de 2008/Cámara “por medio de la cual se aprueba la Convención
Internacional contra el Dopaje en el deporte” y, por último, la siguiente
sesión quedó convocada “para el próximo martes a las 10:00 de la mañana”[28].
2.3.2.4. Aprobación en tercer debate
En la sesión de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes del 10 de junio de 2008, se realizó la
discusión y posterior aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 300 de
2008, de acuerdo con el anuncio previo que tuvo lugar en la sesión del 4 de
junio del mismo año.
La Secretaría de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, informó que con la asistencia de 14
representantes, y de manera unánime, se aprobó por votación ordinaria el
proyecto de ley referido[29]. En la Gaceta del
Congreso No. 596 de 3 de septiembre de 2008 fue publicada el Acta No. 32, en la
cual quedó constancia del desarrollo de la discusión[30]
y de la aprobación[31].
El texto aprobado en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 352 del 11 de junio de 2008[32].
2.3.2.5. Ponencia para
cuarto debate
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 300 de 2008, fue presentada
por el Representante Augusto Posada Sánchez y, según la publicación hecha en la
Gaceta del Congreso No. 352 del 11 de junio de 2008[33],
en ella se propuso dar el segundo debate en la plenaria de la Cámara “al
proyecto de ley número 300 de 2008 Cámara y 141 de 2007 Senado”[34].
2.3.2.6. Anuncio para votación en cuarto debate
En la Sesión de la Plenaria de la Cámara de
Representantes, realizada el 18 de junio de 2008, se anunció para discusión y
aprobación en la próxima sesión plenaria el proyecto de ley No. 300 de 2008
Cámara, tal como consta en el Acta de Plenaria No. 119 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 424 del 17 de julio de la misma anualidad[35].
Consta en el Acta citada que la secretaría
anunció el Proyecto de ley 300 de 2008/Cámara, 141 de 2007/Senado, “por
medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte” y, al final, la Secretaría General informó que “Se han anunciado
los proyectos para la sesión de mañana, señor Presidente”[36].
2.3.2.7. Aprobación en cuarto debate
En la sesión de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del 19 de junio de 2008 tuvo lugar la discusión
y aprobación en cuarto debate del Proyecto de Ley No. 300 Cámara, según había
sido anunciado en la sesión plenaria del 18 de junio del mismo año.
Así, conforme a la
certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes[37],
en la sesión plenaria del 19 de junio de 2008, a la que asistieron 147
Representantes, fue considerado y aprobado en votación ordinaria el proyecto
sometido a revisión constitucional. En la Gaceta No. 501 del 4 de agosto del
mismo año fue publicada el Acta de sesión plenaria No. 120 de 2008, en la que
constan la discusión[38] y aprobación[39]
del proyecto.
El texto definitivo aprobado
en la plenaria de la Cámara de Representantes aparece publicado en la Gaceta
del Congreso No. 391 de 27 de junio de 2008[40].
2.3.3. Remisión a la
Presidencia de la República y sanción presidencial
El 25 de junio de 2008, el Secretario General del
Senado de la República remitió al Presidente de la República, para su sanción
ejecutiva, el Proyecto de Ley No. 141 de 2007/Senado y 300 de 2008/Cámara.
Finalmente, el 14 de julio de 2008, el Presidente de la República sancionó la
Ley 1207 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba la Convención
Internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia
y la cultura UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005”.
La Ley 1207 de 2008 fue publicada en el Diario Oficial
No. 47.050 de 14 de julio de 2008.
2.3.4. Conclusiones en relación con el trámite surtido
en el Congreso de la República
2.3.4.1. Según lo establecido en los artículos 154 de la Constitución los
proyectos de ley que se refieren a las relaciones internacionales deben iniciar
su trámite legislativo en el Senado de la República y, salvo esta específica
exigencia, en lo demás ha de observarse el trámite propio de los proyectos
relativos a materias susceptibles de regulación mediante leyes ordinarias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la
Carta, para convertirse en ley, los proyectos requieren su publicación oficial
por el Congreso, “antes de darle curso en la Comisión respectiva, así como la
correspondiente aprobación en el primer debate que tiene lugar en la respectiva
Comisión y la aprobación en cada Cámara en segundo debate, aprobación que ha de
impartirse previa verificación del quórum y por las mayorías exigidas.
Además, el artículo 160 superior señala que “entre el
primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días” y que
“entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince días “, fuera de lo
cual se precisa del anuncio previo a la votación que deberá dar el presidente
de la respectiva Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la que se
realice la votación.
2.3.4.2. Así las cosas, al examinar el trámite del proyecto que después se
convirtió en la Ley 1207 de 2008, la Corte observa lo siguiente:
2.3.4.2.1. Que el trámite se inició en el Senado de la República,
en cuya Secretaría fue radicado el proyecto y que, habiéndole sido asignado el
número 141 de 2007, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente.
2.3.4.2.2. Que antes de darle curso en la Comisión, el texto
original del proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la
Gaceta del Congreso No. 469 del 24 de septiembre de 2007.
2.3.4.2.3. Que igualmente fueron publicadas las ponencias y los
textos aprobados en cada una de las Cámaras y en las respectivas comisiones. En
efecto:
-La ponencia para debate en la Comisión
Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso No 637 del 6 de
diciembre de 2007.
-El texto aprobado en primer debate fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 134 del 11 de abril de 2008.
-La ponencia para segundo debate en la
plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No.
134 de abril 11 de 2008.
-El texto definitivo aprobado en la
plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta No. 169 del 23
de abril de 2008.
-La ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta No.
303 del 30 de mayo de 2008.
-El texto aprobado en la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta No. 352 de 11 de
junio de 2008.
-La ponencia para segundo debate en la
plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso
No. 352 del 11 de junio de 2008.
-El texto definitivo aprobado en la
plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta No. 391 del
27 de junio de 2008.
2.3.4.2.4 Que los anuncios previos a las respectivas votaciones
también fueron hechos. En efecto:
-Según el acta No. 19, correspondiente a la
sesión de la Comisión Segunda del Senado, el proyecto fue anunciado para
votación en la sesión siguiente que tuvo lugar el 1º de abril de 2008, tal como
consta en el Acta No. 20 correspondiente a la sesión realizada en esa fecha.
-Según el acta No. 40 correspondiente a la
sesión plenaria del Senado que tuvo lugar el 15 de abril de 2008, el proyecto
fue anunciado para votación en la sesión siguiente que se llevó a cabo el 16 de
abril de 2008, tal como aparece consignado en el Acta No. 41 correspondiente a
la sesión de esa fecha.
-Según consta en el acta No. 31,
correspondiente a la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes que se efectuó el 4 de junio de 2008, el proyecto fue anunciado
para votación en la sesión siguiente que se realizó el 10 de junio de 2008 y
así consta en el acta No. 32 correspondiente a la sesión de esa fecha.
-Según consta en el acta No. 119,
correspondiente a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 18 de
junio de 2008, el proyecto fue anunciado para votación en la sesión siguiente
que se llevó a cabo el 19 de junio de 2008, tal como consta en el acta No. 120
correspondiente a la sesión de esa fecha.
2.3.4.2.5. Respecto de la aprobación del proyecto en cada uno de
los debates adelantados por las mayorías exigidas, la Corte estima que las
certificaciones remitidas por el Congreso de la República y la verificación en
actas y gacetas, dan cabal cuenta del cumplimiento de este requisito.
2.3.4.2.6. En lo atinente a los plazos establecidos en el
artículo 160 de la Constitución la Corte estima que se cumplieron. En efecto:
-El primer debate en la Comisión Segunda
del Senado tuvo lugar el 1º de abril de 2008 y el debate en la plenaria del
Senado se realizó el 16 de abril del mismo año, luego transcurrieron más de
ocho días, habida cuenta de que estos plazos se cuentan en días calendario y no
en días hábiles.
-El primer debate en la Comisión Segunda de
la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 10 de junio de 2008, mientras
que el debate en la plenaria se efectuó el 19 de junio de 2008, es decir,
después de ocho días.
-El proyecto fue aprobado en la plenaria
del Senado de la República el 16 de abril de 2008 y el debate se inició en la
Cámara de Representantes el 10 de junio de 2008, después de transcurridos más
de 15 días contados desde la primera fecha.
2.3.4.2.7. Como quedó reseñado el Presidente de la República le
impartió sanción al proyecto el 14 de julio de 2008 y de tal modo se cumplió el
requisito contemplado en el numeral 4º del artículo 157 superior.
De todo lo expuesto se deduce que el trámite impartido
al proyecto que luego se convirtió en la Ley 1207 de 2008 cumplió las
exigencias constitucionalmente previstas y que, por lo tanto, en cuanto hace a
la forma, no se configuró ningún vicio de inconstitucionalidad capaz de
invalidar la ley.
3. El análisis material de la Convención
3.1. Contenido general de la Convención
La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte
consta de un preámbulo en el cual se hacen explícitos tanto los motivos como
los propósitos generales que inspiraron su adopción y de 43 artículos
repartidos en 7 títulos que, respectivamente, se refieren al alcance del
instrumento (i), a las actividades contra el dopaje en el plano nacional (ii),
a la cooperación internacional (iii), a la educación y formación (iv), a la
investigación (v), al seguimiento de la aplicación de la Convención (vi) y a
las disposiciones finales (vii).
Los seis artículos iniciales integran el primer capítulo
que, según lo enunciado, alude al alcance de la Convención y se ocupa de su
finalidad, de las definiciones importantes que permitan entender ese alcance,
de las medidas encaminadas a la realización de los objetivos propuestos, de la
relación de la Convención con el Código Mundial Antidopaje y de las relaciones
con otros instrumentos internacionales.
El capítulo segundo, referente a las actividades
contra el dopaje en el plano nacional, comprende los artículos 7 a 12 y alude a
la coordinación de la aplicación del instrumento internacional en el plano
nacional, a las medidas que cada Estado Parte debe adoptar para restringir la
disponibilidad y utilización en el deporte de sustancias y métodos prohibidos,
a las medidas dirigidas al personal de apoyo de aquellos deportistas que
infrinjan las normas antidopaje, a las prácticas ejemplares que deben procurar
los productores y distribuidores de suplementos nutricionales, a las medidas
financieras que cada Estado Parte debe adoptar para propiciar el cumplimiento
de la Convención y a las que conduzcan a facilitar las actividades de control
del dopaje.
Los artículos 13 a 18 conforman el capítulo tercero,
relativo a la cooperación internacional y tratan lo concerniente al estímulo de
la cooperación entre las organizaciones antidopaje y las organizaciones
deportivas, al apoyo de los Estados Parte a la realización de los cometidos de la
Agencia Mundial Antidopaje, a la financiación de esta Agencia por partes
iguales, a distintas formas de cooperación internacional en la lucha contra el
dopaje, al establecimiento de un fondo de contribuciones voluntarias y al uso y
gestión de este Fondo.
El capítulo cuarto va desde el artículo 19 hasta el
23, trata de la educación y formación y al efecto establece unos principios
generales, así como el estímulo a los organismos y asociaciones profesionales
para que elaboren y apliquen códigos apropiados de conducta, el incentivo a la
participación de los deportistas y de su personal de apoyo en la lucha que
contra el dopaje emprendan las organizaciones deportivas y otras que, según los
términos de la Convención, también serán incentivadas a aplicar programas de
educación y formación permanente, dentro de un marco de cooperación que
conduzca al intercambio de información y experiencias entre los Estados y las
organizaciones competentes.
De la investigación se ocupa el capítulo quinto que
está integrado por los artículos 24 a 27, los cuales, en líneas generales,
contienen regulaciones sobre el fomento de la investigación en materia de lucha
contra el dopaje, de la índole de esa investigación, de la difusión de sus
resultados y del estímulo y promoción a las investigaciones en ciencia del
deporte.
El capítulo sexto está integrado por los artículos 28
a 34 que, tratándose del seguimiento de la aplicación de la Convención,
establece una Conferencia de las Partes como órgano soberano, se refiere a la
invitación a la Agencia Mundial Antidopaje en calidad de organización de
carácter consultivo y a la calidad de observadores de otras organizaciones, así
como a las funciones de la Conferencia de las Partes, a los informes nacionales
que ante ella deben rendirse, a la Secretaría de esa Conferencia y a las
enmiendas de la Convención y de sus anexos.
El capítulo séptimo recoge las disposiciones finales y
desde el artículo 35 hasta el 43 establece una regulación específica para los
regímenes constitucionales federales o no unitarios, contiene disposiciones
específicas para la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y
referentes a la entrada en vigor, a la extensión de la Convención a otros
territorios, a la denuncia, al Director General de la UNESCO en cuanto
depositario de la Convención, a su registro, a los textos auténticos y a las
reservas.
Finalmente, los dos anexos se refieren, en su orden, a
la lista de sustancias y métodos prohibidos y a las normas para la concesión de
autorizaciones para el uso, por los deportistas, de sustancias prohibidas con
fines terapéuticos.
3.2. Análisis de constitucionalidad de la Convención a
partir de su contenido general
Una apreciación general del contenido de la Convención
permite sostener que los motivos que la inspiraron y los objetivos que busca
asegurar coinciden con valores y finalidades prohijados por el ordenamiento
constitucional colombiano, como que el artículo 1º de la Carta de 1991 funda el
Estado Social de Derecho en la participación, el respeto a la dignidad humana,
el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, al paso que en
el artículo 2º, dentro de los fines del Estado, se destaca el logro de la
efectividad de los derechos y deberes y la facilitación de la participación de
todos en la vida cultural de la Nación.
Dentro de los derechos establecidos en la Constitución
Política se encuentra el derecho a la recreación y al deporte que, como lo ha
señalado la Corporación, tiene por titulares a las personas que lo practican,
pero también a la comunidad que mediante el deporte busca la recreación[41].
La dimensión social del deporte incide en su
definición y en la disciplina aplicable tanto a las actividades que constituyen
deporte, como a quienes las practican. Ciertamente el deporte es actividad,
pero actividad que en buena parte de los casos se ejerce en un contexto de
competición que exige la previsión de las reglas del juego en cuanto tal y de
aquellas a las que han de someterse los jugadores o practicantes de la
actividad deportiva.
Según lo ha destacado la Corte, uno de los más
importantes elementos que integran la noción de deporte “es la necesidad de que
su ejercicio se sujete a disciplinas y normas”, dado que la disciplina
deportiva y las reglas del juego le confieren “una identidad propia y permiten
distinguirlo de prácticas en las que impera la liberalidad, el capricho o el
querer personal no sometido a pautas de obligatoria observancia”[42].
La Corte ha señalado que, tratándose del deporte, “se
imponen como en cualquier orden unos límites determinados y unas reglas del
juego”, pues “a través del juego las personas no sólo recrean un orden, sino
que aprenden a moverse en ese orden, a adaptarse a él y respetar sus reglas”[43],
a tal grado que “la disciplina deportiva reclama el cumplimiento riguroso de
las reglas del juego y de una conducta irreprochable”, cuya transgresión
“acarrea sanciones”[44].
“La cabal observancia de la disciplina deportiva -ha
expuesto la Corte- preserva la lealtad que debe regir en las competencias,
protege al deporte mismo que, como se ha visto, hace de la disciplina y de las
reglas del juego uno de sus elementos configuradores y, por contera, ayuda a
consolidar los intereses superiores del individuo y de la comunidad que
aparecen como las finalidades loables de una sana práctica deportiva”[45].
Se percibe en el planteamiento anterior una dimensión
ética y una expresión de los deberes correlativos al derecho establecido en el
artículo 52 de la Carta, de conformidad con el cual “el ejercicio del deporte,
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función
la formación integral de las personas”, toda vez que “el deporte y la
recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social”.
Como pone de presente el Ministerio de Relaciones
Exteriores en su intervención, y también en la exposición de motivos del
proyecto de ley aprobatoria, es larga la historia de los estimulantes que,
consumidos por los deportistas, ofrecen la posibilidad de obtener un mayor
rendimiento en las competiciones deportivas.
Sin necesidad de efectuar un recuento de los episodios
en los cuales el consumo de sustancias fue determinante del resultado final de
justas en las que se impuso el consumidor de sustancias estimulantes sobre
aquellos deportistas que no consumieron, cabe sostener que el reproche merecido
por esa actitud ha venido en aumento y no sólo en razón de los efectos que en
la salud de la persona pueda generar el consumo, sino también en guarda de la
lealtad, de la ética y de los valores cuya observancia debe presidir el
desarrollo de las competencias deportivas.
Paulatinamente se ha impuesto el uso del término
dopaje para designar toda actividad mediante la cual se pretenda modificar, en
términos no fisiológicos, la capacidad física o mental de un deportista con el
propósito de participar en una competición deportiva con una ventaja previa
sobre el resto de participantes, actividad ilícita que, entre otras
consecuencias, tiene la de alterar el denominado juego limpio.
Según lo pusieron de presente los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Cultura durante el trámite legislativo, las
presiones para que la comentada alteración se produzca suelen ser grandes,
habida cuenta de los intereses comerciales, del manejo de importantes sumas de
dinero y del reconocimiento social proporcionado por los resultados y se
producen en un contexto de progresiva implementación y de franca multiplicación
de eventos deportivos[46].
La Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte es, entonces, un esfuerzo importante en la lucha contra esa práctica
prohibida y su relevancia se puede medir si se tiene en cuenta la progresiva
extensión del “fenómeno deportivo” que, desde épocas remotas, compromete a
pueblos de diversos orígenes y culturas y que, en la actualidad, trasciende,
con amplitud, las fronteras estatales y comprende un elevado número de
disciplinas deportivas.
En la ponencia para el segundo debate que debía
surtirse en la plenaria de la Cámara de Representantes se lee que el dopaje, en
cuanto conducta susceptible de mejorar el rendimiento deportivo de una manera
ilícita, representa un grave riesgo para la salud de los deportistas, una
traición a los principios de la ética deportiva y del juego limpio, una burla
al adversario y un atentado contra los valores educativos del deporte[47].
En esas condiciones cabe sostener que, en términos
generales, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte,
contribuye a consolidar los valores y finalidades que la Constitución de 1991
le ha trazado al Estado colombiano, ya que en el plano individual, promueve el
respeto de la dignidad humana de los deportistas y pretende asegurar su
adecuada participación en la vida cultural de la Nación, vela por la salud de
los competidores y por la preservación de una actitud leal y todo en pro de la
igualdad de oportunidades que, precisamente, garantiza que haya un mismo punto
de partida para los competidores.
En el plano social y dado que mediante el deporte se
aprende a ganar y a perder con lealtad y solidaridad, la Convención ahora
examinada busca asegurar la ética en el deporte y evitar la perversión de los
valores educativos implicados en la actividad deportiva que, además, suele
comprometer la imagen de las organizaciones deportivas y la del correspondiente
país.
3.3. Análisis de constitucionalidad de los artículos
que integran la Convención
Ahora bien, después de la apreciación general que se
acaba de efectuar, pasa la Corte a revisar, con mayor detenimiento, las
disposiciones particulares que integran el tratado, a fin de apreciar su
específica situación frente a la Constitución.
3.3.1. Alcance
El artículo 1º establece como finalidad de la
Convención promover la prevención del dopaje y la lucha contra este, “con miras
a su eliminación”, dentro del marco de actividades de la UNESCO en el ámbito de
la educación física y el deporte, enunciado en el cual la Corporación no
encuentra motivos de invalidez, sino conformidad con los dictados
constitucionales precedentemente destacados.
El artículo 2º contiene las definiciones que
ayudan a entender la Convención y a fijar su alcance y, tras otorgarles
prevalencia, pasa a definir términos tales como laboratorio acreditado,
organización antidopaje, infracción de las normas antidopaje, deportista,
personal de apoyo a los deportistas, código, competición, control antidopaje,
dopaje en el deporte, equipos de control antidopaje, control durante la
competición, normas internacionales para los laboratorios, normas
internacionales para los controles, control por sorpresa, movimiento olímpico,
control fuera de competición, lista de prohibiciones, sustancia prohibida,
organización deportiva, normas para la concesión de autorizaciones para uso con
fines terapéuticos, control, exención para uso terapéutico, uso y Agencia
Mundial Antidopaje.
Al establecer las definiciones la Convención acude a
una técnica que es usual en el derecho y sobre todo cuando las regulaciones
tienen por objeto sectores específicos de la realidad social, en los cuales se
utilizan expresiones que no son de uso común o que en el lenguaje cotidiano
tienen un sentido distinto al que se les confiere en el ámbito especial de que
se trate, ámbito que en este caso es el deporte. Las definiciones tienen una
gran importancia para la interpretación de la Convención y, en la medida en que
contribuyen a su operatividad y al logro de sus finalidades, la Corte no
observa que su previsión genere motivos de inconstitucionalidad.
Especial atención merece la definición dada a la
expresión “infracción de las normas antidopaje”, que contiene el catálogo de
conductas prohibidas, entre las que se cuentan la presencia de sustancias
prohibidas, el uso o tentativa de utilizarlas, la negación injustificada a
someterse a la recolección de muestras previa notificación, la falta de
disponibilidad del deportista para la realización de los controles, la
falsificación de cualquier elemento del proceso de control, la posesión de
sustancias o métodos prohibidos, su tráfico o administración y la incitación,
encubrimiento o complicidad relacionada con la infracción de las normas
antidopaje o con la tentativa de violación.
Como quiera que la lucha contra el dopaje tiene el
evidente propósito de desestimular conductas ilícitas, incluso mediante la
imposición de sanciones de índole deportiva, es importante la fijación de las
conductas que constituyen infracción, pues así se permite el previo
conocimiento por los interesados y se fijan pautas acordadas con el principio
de legalidad, lo cual, obviamente, no excluye la acción que, en desarrollo de la
Convención, despliegue el Estado para dictar regulaciones precisas que hagan
posible la lucha contra el dopaje.
Entre las infracciones previstas se encuentra, en el
literal b), el uso o “tentativa de uso” de una sustancia prohibida o de un
método prohibido y, en el literal e), la falsificación o “tentativa de
falsificación” de cualquier elemento del proceso de control antidopaje. La
Corte destaca que los textos citados prevén modalidades de tentativa que,
incluso, podrían dar lugar a la imposición de sanciones y, aún cuando estima
que las conductas preparatorias bien pueden ser objeto de sanción, advierte que,
en tal caso, debe quedar establecido que, inequívocamente, la sustancia o el
método prohibido iban a ser utilizados o que elemento del control antidopaje
que se pretendía falsificar, efectivamente  iba a ser falsificado para incidir
en el control antidopaje, perspectiva bajo la cual las comentadas regulaciones
son constitucionales.
El artículo 3º obliga a los Estados Parte a
adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, “acordes con
los principios del Código, fomentar con tal propósito la cooperación
internacional para proteger a los deportistas y promover la cooperación entre
los Estados y las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el
dopaje, todo lo cual se aviene a los postulados constitucionales.
En el artículo 4º la Convención establece que,
con miras a coordinar las actividades de lucha contra el dopaje, los Estados
Parte se comprometen a respetar los principios del Código Mundial Antidopaje y
autoriza a los Estados a adoptar otras medidas que puedan complementar las del
Código que, según se precisa, no forma parte de la Convención.
El Código Mundial Antidopaje fue adoptado por la
Agencia Mundial Antidopaje el 5 de marzo de 2003 en la ciudad de Copenhague y
contiene regulaciones referentes a la lucha contra el dopaje, tales como
definiciones, prohibiciones, sanciones, dopaje en animales, etc., y la
coordinación que con sus principios básicos se pretende no entraña vulneración
de normas de la Constitución, pues demuestra la conjugación de esfuerzos y de
medios para lograr un objetivo que es acorde con los valores y principios
constitucionales que se han reseñado.
En armonía con lo expuesto, el artículo 5º
señala que todo Estado Parte debe adoptar las medidas para cumplir las
obligaciones surgidas de la Convención y que esas medidas podrán ser
legislativas, reglamentarias, políticas o administrativas, mientras que el artículo
6º indica que la Convención no modifica los derechos y obligaciones de los
Estados Parte que dimanen de otros acuerdos y sean compatibles con el objeto y
propósito de la Convención, todo lo cual resulta acorde con la Constitución.
3.3.2. Actividades contra el dopaje en el plano
nacional
Se ocupa luego la Convención de la coordinación en el
plano nacional y al efecto establece, en su artículo 7º, que para
cumplir con sus obligaciones los Estados Parte podrán actuar “por conducto de
organizaciones antidopaje, así como de autoridades u organizaciones
deportivas”. Al respecto cabe destacar que, como lo ha puesto de manifiesto la
Corporación, la comunidad deportiva está “conformada por un conjunto de
organismos que, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico,
deben observar esa disciplina (deportiva), aplicarla cuando haya lugar a ello
y, en todo caso, hacerla respetar”, fuera de lo cual también la Corte ha
señalado que la comunidad deportiva se suele estructurar “a partir de
organismos de naturaleza privada”, situación que no impide sino que, por el
contrario, torna indispensable el ejercicio de las facultades de inspección,
vigilancia y control[48] que, según el artículo
52 superior, le corresponde adelantar al Estado en relación con “las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas”.
Así las cosas, la Corte no encuentra motivos de
inconstitucionalidad en el artículo 7º  y tampoco en el artículo 8º que
impone a los Estados Parte el deber de adoptar medidas encaminadas a restringir
la disponibilidad de sustancias y métodos prohibidos, con la finalidad de
limitar su uso, lo que comprende la lucha contra el tráfico destinado a los
deportistas y el control de la producción, transporte, importación,
distribución y venta. También prevé el artículo 8º el deber que tienen los
Estados Parte de instar a las entidades competentes de su jurisdicción a
adoptar medidas orientadas a impedir o limitar el uso y posesión de sustancias
y métodos prohibidos y, al final, deja a salvo la disposición “para usos
legítimos, de sustancias y métodos que de otra forma están prohibidos o
sometidos a control en el deporte”.
El artículo 9º puntualiza que los Estados Parte
deben adoptar medidas e instar a las organizaciones deportivas y antidopaje a
adoptar medidas, comprendidas sanciones y multas, “dirigidas al personal de
apoyo a los deportistas” que incurran en infracciones. Ese personal de apoyo,
según la definición contenida en el artículo 2-5 está conformado por “cualquier
entrenador, instructor, director deportivo, agente, personal del equipo,
funcionario, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o trate a
deportistas que participen en competiciones deportivas o se preparen para ellas”.
No tiene la Corte reparos de inconstitucionalidad en
contra del artículo 9º, pero advierte que, como surge de la Constitución, la
imposición de sanciones ha de estar precedida del cumplimiento de las formas
propias del debido proceso y del establecimiento de la responsabilidad que no
puede ser objetiva.
El artículo 10 radica en cabeza de los Estados
Parte el deber de instar “a los productores y distribuidores de suplementos
nutricionales a que establezcan prácticas ejemplares en la comercialización y
distribución de dichos suplementos, incluida la información relativa a su
composición analítica y garantía de calidad”, medida que se ajusta a la
Constitución, dada la relevancia de la finalidad que se pretende lograr.
El artículo 11 establece que los Estados Parte
deberán proporcionar financiación “con cargo a sus respectivos presupuestos”,
para aprobar un programa nacional de pruebas clínicas en todos los deportes o
para ayudar a sus organizaciones deportivas y organizaciones antidopaje a
financiar controles antidopaje, “ya sea mediante subvenciones o ayudas directas
o bien teniendo en cuenta los costos de dichos controles al establecer los
subsidios o ayudas globales que se concedan a dichas organizaciones”. También
prevé el retiro del apoyo financiero relacionado con el deporte a los
deportistas y al personal de apoyo suspendidos por haber infringido las normas
antidopaje, mientras dure la suspensión, así como el retiro, en todo o en
parte, del apoyo financiero o de otra índole a la organización deportiva que no
aplique el Código.
Dado que, como se ha expuesto, la comunidad deportiva
también está integrada por organizaciones privadas, algunas dudas relativas a
la constitucionalidad del artículo 11 puede suscitar la prohibición contenida
en el artículo 355 de la Constitución, de acuerdo con cuyas voces, “ninguna de
las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a
favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”.
Al respecto conviene precisar que el artículo 52 de la
Constitución señala que el deporte y la recreación constituyen gasto público
social y que en esa medida el apoyo financiero previsto en la disposición
analizada responde al cumplimiento de un deber de origen constitucional en
relación con actividades públicas de importancia. Sin embargo, para     que en
este ámbito no predomine la simple liberalidad, es indispensable advertir que
las asignaciones de recursos que lleguen a efectuarse deben cumplir con
estrictos requisitos, dentro de los cuales se cuentan la garantía del principio
de igualdad y no discriminación, el aseguramiento de un retorno social mayor
que el costo de la ayuda y la concordancia de las ayudas con el Plan Nacional
de Desarrollo, sin que sobre señalar que el propio artículo 355 le confiere al
Gobierno la facultad de celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de
desarrollo.
Así pues, la sola previsión del apoyo financiero en la
Convención no vulnera la Carta, pero se debe tener en cuenta que, para hacer
viable ese apoyo, han de observarse en el orden interno las reglas que rigen la
materia, a fin de evitar que, so pretexto de la ayuda a los controles
antidopaje, se dé lugar a vulnerar la prohibición contenida en el primer inciso
del artículo 355 superior. En este sentido se debe tener en cuenta que el
propio artículo 11 de la Convención alude a la financiación por los Estados
“con cargo a sus respectivos presupuestos” y a la existencia de “un programa
nacional de pruebas clínicas”, lo cual es ampliamente indicativo de un
condicionamiento que, con el debido rigor, se debe hacer efectivo en el orden
interno.
En otras palabras, la disposición analizada no
involucra una obligación de ejecución de gasto público, por lo cual la
financiación a la que se refiere debe someterse a las normas internas en materia
presupuestal, como tuvo oportunidad de señalarlo la Corte en la sentencia C-820
de 2004.
El artículo 12 contiene el señalamiento de
medidas destinadas a facilitar las actividades de control de dopaje y, en tal
sentido, encarga a los Estados Parte de alentar y facilitar la realización de
los controles, incluso los sorpresivos, por parte de las organizaciones
deportivas y antidopaje que, adicionalmente, podrán negociar “acuerdos que
permitan a sus miembros ser sometidos a pruebas clínicas por equipos de control
del dopaje debidamente autorizados de otros países” y recibir la ayuda del
Estado para “tener acceso a un laboratorio de control antidopaje acreditado a
fin de efectuar análisis de control antidopaje”. La Corte considera que el
contenido de este artículo no quebranta la Constitución, pues contribuye a
aunar esfuerzos para concretar una finalidad acorde con la preceptiva superior.
3.3.3. Cooperación internacional
El artículo 13 se refiere al estímulo de la
cooperación entre las organizaciones deportivas y antidopaje en cada país y en
otros Estados Parte, con la finalidad de alcanzar el objetivo de la Convención,
lo que en nada contradice la Constitución.
El artículo 14 alude al compromiso de los
Estados Parte de “prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial
Antidopaje que, según la definición del artículo 2-25, es una fundación de
derecho suizo creada el 10 de noviembre de 1999 y, según el artículo 15,
los Estados Parte “apoyan el principio de la financiación del presupuesto anual
básico aprobado de la Agencia Mundial Antidopaje por las autoridades públicas y
el Movimiento Olímpico, por partes iguales”, todo lo cual se ajusta a la
Constitución que prevé el cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado colombiano.
El artículo 16 prevé la cooperación
internacional para la realización de pruebas clínicas y les señala a los
Estados Parte deberes que consisten en facilitar la tarea de la Agencia Mundial
Antidopaje y de otras organizaciones antidopaje “en la ejecución de los
controles a sus deportistas, durante las competiciones o fuera de ellas, ya sea
en su territorio o en otros lugares”, en facilitar el traslado a otros países
de los equipos encargados del control, en cooperar para agilizar el envío de
muestras, en prestar asistencia en la coordinación internacional de los
controles, en promover la cooperación entre laboratorios, en alentar los
acuerdos de controles recíprocos y en reconocer los procedimientos de control
de dopaje. En esta enunciación la Corte no advierte la configuración de vicios
de inconstitucionalidad.
El artículo 17 crea un Fondo “de contribuciones
voluntarias” para la eliminación del dopaje, constituido como fondo fiduciario
de conformidad con el reglamento financiero de la UNESCO y nutrido por las
contribuciones de los Estados Parte, por los aportes, donaciones o legados de
otros Estados, de organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, de
los intereses devengados por los recursos del Fondo, del producto de las
colectas y la recaudación en actividades adelantadas en provecho del Fondo y de
otros recursos autorizados por el reglamento que elabore la Conferencia de las
Partes. La Corte no encuentra motivos de inconstitucionalidad en la creación de
este Fondo, en su finalidad, tampoco en el carácter voluntario de las
contribuciones, ni en el artículo 18 que dispone que la Conferencia de
las Partes asignará los recursos del Fondo a la financiación de actividades
aprobadas por ésta y a ayudar a los Estados Parte a la elaboración y ejecución
de programas antidopaje, así como a cubrir los gastos de funcionamiento de la
Convención.
También aquí cabe tener en cuenta que este artículo no
implica la asunción de una ejecución de gasto público no sometida a las normas presupuestales
internas, pues las contribuciones que eventualmente se hagan al Fondo
Voluntario deben cumplir las regulaciones que el Estado colombiano ha
establecido respecto del gasto público y de su ejecución.
3.3.4. Educación y formación
El artículo 19 contiene el compromiso de los
Estados Parte, según sus recursos, de apoyar, diseñar o aplicar programas de
educación y formación sobre la lucha contra el dopaje que adviertan a la
comunidad deportiva sobre los perjuicios que el dopaje causa a los valores
éticos del deporte y sobre las consecuencias para la salud. Tratándose de los
deportistas, los programas deberán ofrecer información precisa sobre los
procedimientos de control, sobre sus derechos y responsabilidades en la lucha
contra el dopaje, sobre la lista de sustancias y métodos prohibidos y sobre los
suplementos nutricionales.
La vinculación ya destacada en esta providencia y que,
según el artículo 52 de la Carta, existe entre el deporte, los valores éticos y
la educación avala, con suficiencia, la constitucionalidad del artículo 19 y
también la de los artículos 20, 21, 22 y 23 que, en su orden, se
refieren al deber de alentar a las organizaciones profesionales a elaborar y
aplicar códigos apropiados de conducta, al estímulo a la participación de los
deportistas y del personal de apoyo en todos los aspectos de la lucha contra el
dopaje, al estímulo a la aplicación de programas de formación permanente por
las organizaciones deportivas y antidopaje y a la cooperación de los Estados
entre sí y con las organizaciones competentes para intercambiar información y
experiencias relativas a programas eficaces en la lucha contra el dopaje.
3.3.5. Investigación
El artículo 24 impone a los Estados Parte el
fomento de la investigación en materia de lucha contra el dopaje, en
cooperación con las organizaciones deportivas y, particularmente, en lo que se
refiere a la prevención y métodos de detección, a los medios para diseñar
programas con base científica de formación en fisiología y sicología y a la
utilización de todos los métodos y sustancias recientes, de conformidad con los
últimos adelantos científicos. El propósito de investigación previsto en este
artículo y las finalidades de esas investigaciones, que no son otras que las de
la Convención, permiten sostener la constitucionalidad del artículo 24 que
también encuentra respaldo en el artículo 69 de la Constitución que encarga al
Estado de fortalecer la investigación científica y de ofrecer las condiciones especiales
para su desarrollo.
El artículo 25 se aviene a la Constitución al
establecer que las investigaciones deberán atenerse a las prácticas éticas
reconocidas en el plano internacional, evitar la administración de sustancias y
métodos prohibidos a los deportistas y tomar las precauciones adecuadas para
impedir que los resultados sean mal utilizados y aplicados con fines de dopaje.
También se ajustan a la Constitución los artículos
26 y 27 que, respectivamente, imponen a los Estados Parte el deber de
comunicar a otros Estados Parte y a la Agencia Mundial Antidopaje los
resultados de la investigación, “a reserva del cumplimiento de las
disposiciones de derecho nacional e internacional aplicables”, así como el
deber de alentar a los miembros de los medios científicos y médicos a llevar a cabo
investigaciones en ciencia del deporte y a las organizaciones deportivas y al
personal de apoyo a aplicar las investigaciones conforme con los principios del
Código.
3.3.6. Seguimiento de la aplicación de la Convención
No se opone a la Constitución el artículo 28
que establece la Conferencia de las Partes como órgano soberano de la
Convención, la faculta para expedir su reglamento y determina que su reunión
ordinaria se celebrará cada dos años y que las extraordinarias tendrán lugar a
solicitud de un tercio de los Estados Parte, cada uno de los cuales dispone de
un voto.
Tampoco es contrario a la Carta el artículo 29
que dispone invitar a la Agencia Mundial Antidopaje en calidad de organización
de carácter consultivo y, en calidad de observadores, al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Internacional Paralímpico, al Consejo de Europa, al
Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte y a otras
organizaciones que la Conferencia decida invitar.
El artículo 30 señala las funciones de la
Conferencia de las Partes y dentro de ellas se destacan las relacionadas con
los mecanismos de financiación del presupuesto anual básico, la adopción de un
plan para la utilización de los recursos del Fondo de Contribuciones
voluntarias, el examen de los informes presentados por los Estados Parte, el examen
del cumplimiento de la Convención y de las enmiendas que se le introduzcan, así
como el examen a las modificaciones que se le hagan a la lista de prohibiciones
y a las normas sobre autorizaciones para usos terapéuticos, en nada de lo cual la
Corte encuentra motivos de inconstitucionalidad.
El artículo 31 ordena a los Estados Parte
rendir cada dos años, ante la Conferencia, toda la información referente a las
medidas adoptadas y es constitucional, como también lo es el artículo 32
que confía al Director General de la UNESCO la tarea de facilitar la Secretaría
de la Conferencia de las partes, establece reglas concretas relativas a la
financiación, con cargo al presupuesto de la UNESCO y a los recursos del Fondo
de contribuciones voluntarias de los gastos de funcionamiento derivados de la
aplicación de la Convención y señala que se reducirán al mínimo indispensable
los gastos de la Secretaría, encargada de la documentación de la Conferencia,
de elaborar el proyecto de orden del día y de velar por el cumplimiento de sus
decisiones.
Se ajustan a la Constitución las previsiones del artículo
33 relativas a las enmiendas a la Convención que pueden ser propuestas por
cada Estado Parte y deben ser transmitidas a los demás, de modo que, si en el
plazo de 6 meses, por lo menos la mitad de los Estados Parte da su
consentimiento se someterá la propuesta a la Conferencia que las aprobará por
mayoría de dos tercios de los Estados presentes y, una vez aprobadas, deberán
ser  objeto de aprobación, ratificación o adhesión por los Estados Parte.
Igualmente, se aviene a la Constitución el artículo
34 que fija un procedimiento específico de enmienda a los anexos de la
Convención, procedimiento que opera siempre y cuando la Agencia Mundial
Antidopaje modifique la lista de prohibiciones o las normas para la concesión
de autorizaciones con fines terapéuticos, en cuyo caso todos los miembros deben
ser enterados, pueden manifestar su oposición en un término de 45 días y sólo
prosperará la oposición cuando dos tercios de los Estados Parte se opongan.
3.3.7. Disposiciones finales
El artículo 35 contiene una previsión especial
para los regímenes constitucionales federales o no unitarios, previsión que se
explica por la existencia de Estados Parte que no hayan acogido el modelo
centralista de organización territorial y, en tal sentido, no se opone a la
Constitución colombiana que instaura un estado unitario con autonomía de sus
entidades territoriales.
El artículo 36 contiene disposiciones atinentes
a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención y no es
contrario a la Constitución, como tampoco lo son los artículos 37 que
regula la entrada en vigor del instrumento internacional y 38 que prevé
la extensión de la Convención a otros territorios, siempre que medie la
necesaria especificación por el Estado Parte respecto de aquellos territorios
de cuyas relaciones internacionales se encarga.
La Corte tampoco advierte motivos de
inconstitucionalidad en los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 que, en su
orden, establecen las reglas para la denuncia de la Convención, las reglas
relativas al depósito, el registro en la Secretaría de las Naciones Unidas,
según lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, los
textos auténticos y los idiomas de la Convención que, al finalizar, indica que
“no se admitirá ninguna reserva incompatible con el objeto y finalidad de la
presente Convención”.
3.4. Los anexos a la Convención
Ahora bien, según el artículo 4º los anexos del Código
Mundial Antidopaje son parte integrante de la Convención. El primero de esos
anexos contiene la lista de sustancias y métodos prohibidos. Así por ejemplo,
señala las sustancias anabolizantes prohibidas y las hormonas y sustancias
similares que también son objeto de prohibición. Dentro de los métodos
prohibidos se menciona, por ejemplo, el incremento de la transferencia de
oxígeno, la manipulación química o el dopaje genético y, fuera de esto, precisa
cuáles son las sustancias y métodos prohibidos en competición y las sustancias
prohibidas en determinados deportes.
El primer anexo no se muestra contrario a los dictados
constitucionales, sino que, por el contrario, introduce una mayor
especificación que es necesaria en garantía de los derechos de los deportistas,
quienes tendrán mayor claridad acerca de las prohibiciones y de las conductas
que merecen reproche.
El segundo anexo se refiere a la concesión de
autorizaciones para el uso con fines terapéuticos de sustancias o de métodos
prohibidos y al efecto establece procedimientos a seguir por el deportista que,
con los mencionados fines, requiera de estas sustancias o métodos, así como
condiciones que, por ejemplo, aluden a la inexistencia de otras alternativas
terapéuticas. Se ocupa también el anexo de regular la confidencialidad de la
información, de la instauración de Comités sobre autorizaciones para uso
terapéutico y de los procedimientos abreviados para solicitar la autorización,
en forma tal que la Corte no advierte la existencia de motivos de
inconstitucionalidad.
4. La Ley aprobatoria de la Convención
Finalmente, la Corte encuentra que el contenido de la
Ley 1207 de 2008 no plantea problemas de índole constitucional, pues se limita
a aprobar la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (i), a
señalar que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, sobre
vigencia en Colombia de los tratados internacionales y su publicación, la
Convención contra el Dopaje “obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma” (ii) y a establecer
que, como ley aprobatoria, rige a partir de la fecha de su publicación.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 1207 de 2008, “Por medio de la cual
se aprueba la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París, el 19 de octubre de 2005”.
SEGUNDO. DECLARAR EXEQUIBLE la Convención Internacional contra el
Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en
París, el 19 de octubre de 2005.
TERCERO. COMUNICAR esta sentencia al Presidente de la República para lo
de su competencia y al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver cuaderno de pruebas No. 1, folio 2.
[2] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-721 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] Cfr. Corte Constitucional, sentencia
C-750 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[4] Cfr. Cuaderno de pruebas No. 1, folios 1
y 2.
[5]
Así consta en el informe que, con fecha 20 de septiembre de 2007, el Secretario
General del Senado envió a la Presidenta de esa Corporación, informándole sobre
la presentación de la iniciativa y respecto de la competencia de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente, dada la materia de la Convención. Véase la
Gaceta del Congreso No. 469 del lunes 24 de septiembre de 2007, pág. 15.
[6] Páginas 1 a 15.
[7] Página 15.
[8] Páginas 25 a 30.
[9] Página 30.
[10]
El proyecto ya había sido anunciado en la sesión de diciembre 11 de 2007, según
consta en el Acta No. 17, correspondiente a esa fecha y publicada en la Gaceta
del Congreso No. 178 del 24 de abril de 2008, páginas 1 y  8, así como en la
sesión de 13 de diciembre de 2007, recogida en el Acta No. 18, también
publicada en la Gaceta No. 178 de 2008, páginas 9 y 28.
[11] El anuncio consta en las páginas 1 y 16.
[12]  Página 16.
[13]
En la Gaceta del Congreso No. 307 del 3 de junio de 2008, fue publicada el Acta
No. 20, correspondiente a la Sesión del 1º de abril de 2008 y la discusión
adelantada consta en las páginas 18 a 22.
[14] La aprobación consta en la página 22 de la Gaceta No. 307 del 3
de junio de 2008.
[15] Cfr. Cuaderno No. 4 del expediente, folio 1.
[16] Página 3.
[17] Páginas 1 a 3.
[18] Página 3.
[19] El anuncio aparece en la página 52.
[20] Página 63.
[21] La discusión consta en las páginas 10 a
12 de la publicación.
[22] De la aprobación hay constancia en la página 12 de la Gaceta No.
320 de 2008.
[23] Certificación del Secretario General del Honorable Senado de la
República. Cuaderno de Pruebas  5, folios 1 y 2.
[24] Página 11.
[25] Páginas 1 a 8.
[26] Página 8.
[27] Constancia del anuncio aparece en la página 20.
[28] Ibídem.
[29] Véase el cuaderno de pruebas No. 2, folio 2.
[30] Páginas 2 y 3.
[31] Página 3.
[32] Página 24.
[33] Páginas 16 a 24.
[34] Página 24.
[35] La constancia del anuncio aparece en la página 36 de la Gaceta
del Congreso No. 424 de 2008.
[36] Página 37.
[37]
Certificación del Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes.
Cuaderno de Pruebas 3, folio 3.
[38] Página 17.
[39] La aprobación consta en las páginas 17 y
18 de la Gaceta del Congreso No. 501 de 2008.
[40] Páginas 42 y 43.
37 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 1994. M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
38 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
39 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 1992. M. P. Ciro
Angarita Barón.
40 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
41 Ibídem.
42 Véase Gaceta del Congreso No. 469 de 2007, página 12.
[47] Véase Gaceta del Congreso No. 352 de
2008, página 17.
43 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 1996. M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa.