C-881-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-881/14
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Vigilancia y seguimiento de personas
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS-Posibilidad de que el fiscal ordene la práctica de
dicha medida en el proceso penal y su limitación a través del criterio de la
expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Significados
La
integración normativa posee tres (3) significados: (i) la realización de un
deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de
inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la
identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos
que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho; (ii) es un
mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del
legislador; (iii) y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia
del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez
constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales,
pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada
construcción jurídica.
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Procedencia
La jurisprudencia
ha señalado que la integración de la unidad normativa procede
en los siguientes eventos: “(i) cuando un ciudadano demanda una disposición
que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera
que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar
su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; (ii) en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas, con el
propósito de evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo; (iii)
cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra
disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad
PROTECCION DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SUS LIMITES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD-Elementos generales/DERECHO A LA INTIMIDAD-Concepto
y alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD-Contenido
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD-Dimensiones
El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en
dos DIMENSIONES: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos
o documentos privados, o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de
toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida
privada.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Instrumentos internacionales
Cabe recordar que algunos instrumentos internacionales
de derechos humanos, consagran la mencionada garantía constitucional, como son:
(i) La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 señala que: “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”. (ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 17.1 establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de ley contra esas injerencias o esos ataques”. (iii) La Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11.2 prevé: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, no de ataques ilegales a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Núcleo esencial
El núcleo esencial del derecho a la intimidad supone
la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona, exenta del
poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la
sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida
personal, espiritual y cultural.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Formas de vulneración
La
Corte en la sentencia T–696 de 1996, decisión reiterada en las sentencias T–169
de 2000 y T–1233 de 2001, ha indicado que el derecho a la intimidad es
vulnerado por lo menos de las siguientes maneras: (i) La intromisión en la
intimidad de la persona que sucede con el simple hecho de ingresar en el campo
que ella se ha reservado. Es un aspecto meramente material, físico, objetivo,
independiente de que lo encontrado en dicho interior sea publicado o de los
efectos que tal intrusión acarree. Cabe en este análisis la forma en que el
agente violador se introduce en la intimidad del titular del derecho y no tanto
el éxito obtenido en la operación o el producto de la misma, que se encuentran
en el terreno de la segunda forma de vulneración antes señalada. (ii) En la
divulgación de hechos privados, en la cual incurre quien presenta al público
una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir,
perteneciente al círculo íntimo de cada quien, siempre y cuando no se cuente
con autorización para hacerlo bien de su titular, bien de autoridad competente.
(iii) Finalmente, la presentación falsa de aparentes hechos íntimos no
corresponde con la realidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Ambitos
El
derecho a la intimidad plantea diferentes esferas o ámbitos, como son el
personal, familiar, social y gremial, todos ellos comprendidos en el artículo
15 Superior, y que están manifestadas concretamente: (i) relaciones familiares;
(ii) costumbres; (iii) prácticas sexuales; (iv) salud; (v) domicilio; (vi)
comunicaciones personales; (vii) espacios para la utilización de datos a nivel
informático; (viii) creencias religiosas; (ix) secretos profesionales; y en
general (x) todo comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al
conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo decida relevar
autónomamente su acceso al público.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados en que se clasifica
Dependiendo
del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el
conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad: (i) La
intimidad personal, alude a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de
poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto,
salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizados
aspectos íntimos de su vida. (ii) La segunda, responde al secreto y a la
privacidad en el núcleo familiar. En el ámbito de las relaciones
intrafamiliares, cabe resaltar que todos sus miembros gozan también del derecho
a la intimidad, por lo que es predicable igualmente establecer que cae dentro
de la órbita de lo íntimo de cada uno de ellos aquello que éstos se reservan
para sí y no exteriorizan ni siquiera a su círculo familiar más cercano, y que
merece el respeto por ser un ámbito exclusivo que incumbe solamente al
individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y
de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a
exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones de los otros
miembros de la familia, por ser específicamente individual. (iii) La tercera,
involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales
como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de
la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo
social, a pesar de restringirse-en estos casos-el alcance del derecho a la
intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar
otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la
dignidad humana. (iv) Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse-conforme a derecho-la explotación de cierta información.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protección del ámbito privado
DERECHO A LA INTIMIDAD-Delimitación del ámbito público desde el punto de
vista espacial y material
Desde el
punto de vista espacial deben distinguirse 3 tipos de lugares con niveles de
protección distintos respecto del derecho a la intimidad. Dependiendo del
lugar, se permitirá una mayor o menor injerencia por parte de particulares o
autoridades del Estado, y podrán ejercerse diferentes tipos de derechos, como
el derecho al trabajo, al estudio, a la libertad de cátedra, a la recreación, a
la cultura, a la información y de petición:  (i) El espacio público, reconocido
en el artículo 82 de la C.P. que establece como deber del Estado “velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular”. El espacio público es en
este contexto un derecho ciudadano de acceso, utilización y goce, como también,
un lugar en el que se ejercen múltiples derechos, en un contexto mediado por
normas y susceptible de ser restringido por las autoridades, por lo cual el
derecho a la intimidad podrá limitarse en el mismo. (ii) El espacio privado se
define como el lugar donde la persona desarrolla libremente su intimidad y su
personalidad en un “ámbito reservado e inalienable”. En este sentido, las
residencias y los lugares en los que las personas habitan, son el espacio
privado por excelencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que el
desarrollo de la intimidad y el libre ejercicio de las libertades individuales,
también se produce en el domicilio, que “comprende, además de los lugares de
habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en
los que la persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida
privada, separada de los terceros y sin su presencia”. Al igual que el espacio
público, el espacio privado, es tanto un derecho como un lugar en el que se
ejercen derechos, principalmente la intimidad y las libertades individuales.
Así, la garantía y protección de los espacios privados, está estrechamente
asociada a la noción de intimidad y por ello la limitación de este derecho en
los mismos debe ser excepcional. (iii) Existen también espacios semi-privados o
semi-públicos. En un extremo se encuentra la calle como espacio público por
excelencia y, de otro lado, el domicilio privado como espacio privado por
definición. Espacios “intermedios” que tienen características tanto privadas
como públicas, son los lugares de trabajo como las oficinas, los centros
educativos como los colegios y las universidades, los restaurantes, los bancos
y entidades privadas o estatales con acceso al público, los almacenes y centros
comerciales, los cines y teatros, los estadios, los juzgados y tribunales,
entre otros. Desde una perspectiva material, el concepto de “privacidad” o “de
lo privado”, corresponde a los asuntos que en principio tocan exclusivamente
con intereses propios y específicos de la persona humana, sin que afecten o se
refieran a los demás miembros de la colectividad; razón por la cual, sobre
estos asuntos la sociedad a través del ordenamiento jurídico, no le exige o le
impone a las personas el deber de informar o comunicar. Desde esta perspectiva,
a contrario sensu, si alguna materia es considerada por el derecho de
importancia o relevancia pública, su naturaleza se transforma de un asunto
íntimo a una cuestión socialmente catalogada como común o general. A este
respecto, los mismos principios de la lógica jurídica, son claros en establecer
que los conceptos ‘público’ y ‘privado’, son categorías jurídicas antagónicas y
que, por lo mismo, no pueden tener puntos de intersección. Ello, en términos
coloquiales, se traduce como: “o bien una cosa es de naturaleza pública, o bien
su contenido es de esencia privada”.
DERECHO A LA INTIMIDAD-No es absoluto
El derecho a la intimidad no es absoluto, pues puede
limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa
de intereses superiores del ordenamiento
DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones
DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones deben respetar principios de
razonabilidad y proporcionalidad
LIMITACIONES AL DERECHO A LA INTIMIDAD-Respeto de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático
LIMITACIONES AL DERECHO A LA INTIMIDAD-Corresponde al juez en cada caso concreto, sopesar las
circunstancias para objetivamente determinar si hay lugar al sacrificio de la
intimidad de la persona en pro del interés general de la comunidad
DERECHO A LA INTIMIDAD-Razones por las que puede verse sujeto a limitaciones
LEGISLADOR-Si
bien puede establecer limitaciones del derecho a la intimidad, éstas deben ser
razonables y proporcionadas
MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL INDICIADO-Derecho comparado
EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD-Origen del concepto y aplicación
EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD EN LA LEGISLACION
PROCESAL PENAL COLOMBIANA-Contenido
normativo
EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD EN LA LEGISLACION
PROCESAL PENAL COLOMBIANA-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN LA LEGISLACION PROCESAL
COLOMBIANA-Contenido normativo
LIMITES A LA REALIZACION DE SEGUIMIENTO PASIVO POR
ORDEN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Jurisprudencia constitucional
MEDIDA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS-Alcance restringido
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS-Relación entre la medida y el fin pretendido
MEDIDA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS-Es proporcional en sentido estricto/MEDIDA DE
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS-Sujeción a controles y
restricciones en Código de Procedimiento Penal
La
medida es proporcional en sentido estricto, pues no solamente no afecta el
núcleo esencial del derecho a la intimidad, sino que también está sujeta a una
serie de controles y restricciones contemplados en el propio Código de
Procedimiento Penal: (i) En primer lugar, de acuerdo al propio texto de la
norma, la decisión debe ser motiva de manera razonable. (ii) En segundo lugar,
la decisión debe estar fundada en los medios cognoscitivos previstos en el
Código de Procedimiento Penal, es decir, que requiere de un sustento basado en
información recogida en el proceso. (iii) En tercer lugar, la medida de
vigilancia está limitada en el tiempo, pues si en el lapso de un (1) año no se
obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio
de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos. (iv) En cuarto lugar
requiere autorización del Juez de Control de Garantías para la determinación de
su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General. (v)
Finalmente, vencido el término de la orden de vigilancia u obtenida la
información útil para la investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de
Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad
sobre lo actuado.
MEDIDA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO-Motivos por los cuales resulta razonable
La
medida de vigilancia y seguimiento es razonable por los siguientes motivos: (i)
Está fundada en una finalidad legítima como es la persecución y sanción de las
conductas que atentan contra los bienes jurídicos tutelados. (ii) Tiene un
alcance limitado y muy específico que permite la vigilancia respecto de eventos
que no afecten el núcleo esencial de la intimidad como campos abiertos, a plena
vista, o cuando se hayan abandonado objetos, por lo cual no se podrá aplicar en
aquellos casos en los cuales sea necesaria una afectación más profunda de la intimidad
como allanamientos y registros, interceptaciones o retenciones. (iii) Tiene una
relación absoluta con la finalidad pretendida, situación que se encuentra de
manera muy clara en la norma, pues la misma señala que su objetivo es conseguir
información útil para la investigación que se adelanta.
MEDIDA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO-Motivos por los cuales resulta proporcional
La
medida de vigilancia y seguimiento es proporcional por los siguientes motivos:
(i) Es idónea para alcanzar el fin de recaudar información sobre la comisión de
la conducta punible. (ii) Constituye un medio mucho menos restrictivo para la
obtención de pruebas que otros como el allanamiento, el registro y la
interceptación de comunicaciones. (iii) Es proporcional en sentido estricto,
pues no solamente no afecta el núcleo esencial del derecho a la intimidad, sino
que también está sujeta a una serie de controles y restricciones: la decisión
debe ser motivada de manera razonable; debe estar fundada en medios
cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal; está limitada en
el tiempo, pues si en el lapso de un año no se obtuviere resultado alguno, se
cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si
surgieren nuevos motivos; requiere autorización del Juez de Control de
Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de
las 36 horas siguientes a la expedición de la orden y; vencido el término de la
orden de vigilancia u obtenida la información útil para la investigación el
fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para que realice la
audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
Referencia: expediente
D-10273
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54
(parcial) de la Ley 1453 de 2011
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil
catorce (2014)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva -quien la preside-,
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Sáchica Méndez, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.     ANTECEDENTES
El
dieciséis (16) de mayo de 2014, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana Cindy Liliana Páez Montero, demandó la
constitucionalidad parcial del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011. A esta
demanda se le asignó la radicación D-10273.
1.1.
NORMA DEMANDADA
El texto de la disposición demandada es el siguiente. Se subrayan los
apartes demandados:
“LEY 1453 DE 2011
Artículo  54. Vigilancia y seguimiento de
personas. Vigilancia y seguimiento de personas. El artículo 239
de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 239. Vigilancia
y seguimiento de personas. Sin
perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en
cumplimiento de su deber constitucional, el fiscal que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos
en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo
a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá
disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte
de la Policía Judicial. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado
alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a
expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio que la
técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar videos
y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan
recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los
autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste
y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la
intimidad del indiciado o imputado o de terceros.
En todo caso se surtirá la autorización del Juez de Control de
Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte
de la Fiscalía General. Vencido el término de la orden de vigilancia u obtenida
la información útil para la investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de
Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad
sobre lo actuado.
Parágrafo. La
autoridad que recaude la información no podrá alterar ninguno de los medios
técnicos anteriores, ni tampoco hacer interpretaciones de los mismos”.
1.2.
DEMANDA
La ciudadana Cindy Liliana Páez Montero considera que las expresiones
demandadas del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 vulneran los artículos 1º,
2º, 15º y 28º de la Constitución, al afectar gravemente el derecho a la
intimidad, por las siguientes razones:
1.2.1.
CARGO FORMULADO FRENTE A LA
EXPRESIÓN MOTIVOS RAZONABLEMENTE FUNDADOS
La accionante señala que el artículo 54 de la Ley 1453
de 2011 contempla la posibilidad de que el fiscal ordene la vigilancia de una
persona con fundamento en “motivos razonablemente fundados”, lo cual desconoce
el derecho a la intimidad, pues permite que el fiscal lo afecte de manera grave
con base en indicios que señalen la mera posibilidad de que una persona haya incurrido
o esté incurriendo en una conducta punible:
1.2.1.1.
Manifiesta que el derecho a la
intimidad no se reduce a la garantía de no ser molestado, sino que también
abarca el derecho a controlar el uso que otros hagan de la información de la
persona, el cual es vulnerado por la norma demandada, pues permite la
intromisión en la vida privada de una persona y el acopio de datos sobre sus
actividades cotidianas.
1.2.1.2.
Afirma que con la protección
del derecho a la intimidad se busca garantizar a los ciudadanos el manejo de su
existencia según su discrecionalidad, otorgando un espacio en el cual puedan
desarrollar su vida en privacidad, en el que puedan actuar libremente,
desarrollando sus derechos individuales sin intervenciones arbitrarias por
parte del Estado, garantía que es vulnerada por la norma demandada, la cual
permite que se afecte la vida privada de las personas con una simple decisión
discrecional del fiscal.
1.2.1.3.
En virtud de lo anterior aduce
que las expresiones demandadas le dan más prevalencia a  la consecución de
pruebas que al respeto por la intimidad de las personas, vulnerando sus derechos
y otorgándole prevalencia a criterios subjetivos de la Fiscalía General de la
Nación.
1.2.1.4.
Expresa que el artículo 54
evidencia la violación de dos (2) ámbitos de protección del derecho a la
intimidad reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
(i)
La no divulgación o
conocimiento, por parte de terceros de los hechos, situaciones, comportamientos
e informaciones que la persona desea mantener reservadas para sí o para el
núcleo familiar, pues con la medida demandada las actividades de una persona y
de su familia pueden ser vigiladas por las autoridades públicas.
(ii)
La no intromisión en los
ámbitos físicos o espaciales donde la persona desenvuelve su existencia, pues
la medida permitiría la intromisión en el desarrollo social de la vida de una
persona.
1.2.2.
CARGO RESPECTO DEL INCISO
TERCERO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 1453 DE 2011
La accionante señala que el inciso tercero del
artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 permite que en la ejecución de la medida de
vigilancia y seguimiento se establezca un límite abstracto y ambiguo como la “expectativa
razonable de la intimidad”, lo cual vulneraría el derecho a la intimidad al
establecer un amplio margen de discrecionalidad en el alcance de la medida.
1.2.2.1.
Afirma que este inciso desconoce
el ámbito privado de todos los ciudadanos en su ámbito personal y familiar, al
permitir intromisiones arbitrarias por parte del Estado.
1.2.2.2.
Aduce que el legislador no
pone un verdadero límite a la vigilancia del indiciado, sino que simplemente
señala “cuidando de no afectar la expectativa razonable de la intimidad del
indiciado o imputado o de terceros”, sin definir en ningún momento cuál es
esa expectativa razonable:
“El legislador no pone un verdadero límite a la
vigilancia del indiciado, expresa que “…cuidando de no afectar la expectativa
razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros” ¿cuál es la
expectativa razonable?”.
1.2.2.3.
Expone que en virtud de la
norma demandada el alcance que pueda tener la vigilancia y el seguimiento se
puede someter a la mera voluntad del fiscal y de la policía judicial, pues el
término “expectativa razonable de intimidad” es completamente
indeterminado y puede dar lugar a múltiples interpretaciones.
1.2.3.
Concluye que la protección de
la intimidad y de la dignidad humana tiene gran importancia en un Estado Social
de Derecho y por ello debe ser salvaguardado por la Corte Constitucional.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  INTERVENCIÓN DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho
y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia solicita a la Corte
Constitucional declarar exequibles los apartes demandados del artículo 54
parcial de la Ley 1453 de 2011 por los siguientes motivos:
1.3.1.1.
Considera que las
disposiciones demandadas no vulneran el derecho a la intimidad personal y
familiar ni el principio de dignidad, por cuanto: (i) la propia norma
acusada determina clara y taxativamente que la decisión fue sometida a un
control automático formal y material de legalidad y constitucionalidad por el
Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes a la expedición;
(ii) las actividades de seguimiento y vigilancia pasiva que se
desarrollan de forma legal y adecuada no interfieren el núcleo esencial del
derecho a la intimidad ya que solo vigilan de manera estática (vigilancia) o móvil
(seguimiento) a personas, lugares o cosas que están en lugares públicos.
1.3.1.2.
Manifiesta que no es necesario
que exista una orden judicial previa en actividades de seguimiento pasivo de
personas, pues éstas no involucran la intrusión en el núcleo esencial del
derecho a la intimidad personalísima o familiar  ya que se desarrollan frente a
interacciones y actividades públicas que ejercen las personas en la sociedad.
1.3.1.3.
Sostiene que las actividades
humanas que pueden ser objeto de seguimiento pasivo no son las que se
desarrollan en ámbitos estrictamente íntimos, por lo que es legítimo que sean
conservadas, y se registren usando los medios técnicos y tecnológicos que se
encuentren apropiados.
1.3.1.4.
Concluyen que las técnicas
aplicadas conforme a las normas que regulan el procedimiento penal colombiano
ejercidas de manera legítima y adecuada no generan ningún detrimento al núcleo
esencial del derecho a la intimidad o al principio de la dignidad humana por
los siguientes motivos: (i) se emprenden por una orden legítima de un Fiscal
de la República; (ii) tienen control formal y material de legalidad por
parte de un Juez de Control de Garantías e; (iii) implican actividades
pasivas de observación y seguimiento de personas, cosas o lugares, en espacios
públicos, en donde fácticamente es casi imposible tener algún grado de
intimidad por cuanto se está a la vista del público.
1.3.2.
INTERVENCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ.
El doctor Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Director
del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad
Libre de Colombia – Sede Bogotá y el docente de la misma universidad Vadith
Orlando Gómez Reyes, solicitan a la Corte que declare la exequibilidad del
artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 por los siguientes motivos:
1.3.2.1.
Señalan que esta Corporación
ha destacado en su jurisprudencia la relación entre dignidad e intimidad frente
a las relaciones especiales de sujeción, como, por ejemplo, poder limitar
algunos derechos fundamentales como la intimidad, la reunión, el trabajo y la educación.
1.3.2.2.
Afirman que en la democracia
constitucional todo está sujeto a límites, inclusive los derechos, por lo que no
son absolutos. En este sentido, se generan escenarios en donde los derechos se
ven limitados por acción del titular del derecho, por límites establecidos en
el ordenamiento jurídico o por razones de interés público, lo cual sucede con
la intimidad.
1.3.2.3.
Manifiestan que el seguimiento
pasivo es consecuente con los límites de la potestad legislativa, ya que es
conforme a los fines del Estado como el de asegurar la convivencia pacífica y  garantizar
la efectividad de principios, derechos y deberes de la Constitución, entre
otros.
1.3.2.4.
Indican que la jurisprudencia
constitucional ha expresado que el derecho a la intimidad puede ser limitado si
se pretende preservar el interés general, por razones legítimas y justificadas
constitucionalmente y que exista una circunstancia que le otorgue relevancia
pública al dato que se analiza.
1.3.2.5.
Aducen que la intervención estatal
desplegada por fiscales en la vigilancia y seguimiento de personas no es una
actividad arbitraria por cuanto responde a un interés general que está
justificado constitucionalmente mediante el artículo 250 Superior.
1.3.2.6.
Indican que los jueces de
Control de Garantías deben ponderar los principios del debido proceso, la administración
de justicia, la seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, con los
principios que desarrollan los derechos a la intimidad, la libertad, la igualdad
y la dignidad.
1.3.2.7.
Concluye afirmando que los
límites constitucionales y legales al seguimiento y vigilancia de personas son
las garantías que impiden que esta actividad sea subjetiva, arbitraria o
caprichosa, lo cual también impide la vulneración de los derechos de dignidad e
intimidad.
1.3.3.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
DE DEFENSA
La representante del Ministerio de Defensa Nacional
considera que la norma demandada debe ser declarada constitucional de acuerdo a
los siguientes argumentos:
1.3.3.1.
Aduce que en el artículo 250
de la Constitución se determinan los parámetros constitucionales de las normas
que rigen las actividades de seguimiento pasivo por parte de la policía
judicial dentro del proceso penal.
1.3.3.2.
Manifiesta que el artículo 1º del
propio Código de Procedimiento Penal consagra que las actividades del artículo
demandado se deben realizar resguardando la dignidad humana de los individuos
afectados directa o indirectamente por tales procedimientos, esto es, no
efectuarlas manifiesta ni notoriamente y que no afecten activamente el núcleo
fundamental del derecho a la intimidad.
1.3.3.3.
Sostiene respecto al artículo 2º
del Código de Procedimiento Penal que la autoridad competente para ordenar
actividades de seguimiento pasivo es el Fiscal, por cuanto cuenta con
legitimidad prima facie que se puede desvirtuar con un control
automático de legalidad material y formal.
1.3.3.4.
Manifiesta que artículo el 144
del Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal debe fundamentar su
actuación en la aplicación sistemática de los principios y normas
Constitucionales, el Bloque de Constitucionalidad y el Código de Procedimiento
Penal.
1.3.3.5.
Indica que las actividades
humanas que pueden ser objeto de seguimiento pasivo no se desarrollan en
ámbitos estrictamente íntimos, por tal motivo deben conservarse, apreciarse y
registrarse conforme a los medios técnicos y tecnológicos que se encuentren
apropiados.
1.3.3.6.
Por último, resalta que las
técnicas aplicadas de acuerdo a las normas del procedimiento penal colombiano
ejercidas de manera legítima y adecuada no generan ningún detrimento al núcleo
esencial del derecho a la intimidad o al principio de la dignidad humana.
1.3.4.
INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
El Director Nacional de Estrategia en Asuntos
Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la norma demandada por los
siguientes motivos:
1.3.4.1.
Resalta el reconocimiento que
la Corte Constitucional hizo frente a la importancia de la investigación que
realiza la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Judicial en
cumplimiento de lo encomendado a través del artículo 250 de la Constitución,
cuando esta Corporación efectuó el control de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 2002 de 2002.
1.3.4.2.
Señala que uno de los
mecanismos de la Fiscalía para determinar la necesidad o no de vincular a una
persona e incluso de conocer el modus operandi de organizaciones
criminales es la vigilancia por parte de la Policía Judicial a un indiciado o
imputado si existen serios motivos para deducir que el seguimiento es útil para
la investigación.
1.3.4.3.
Indica que la Corte
Constitucional ha reconocido la existencia de suficientes herramientas para
garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales de las personas que
son objeto de seguimiento pasivo por parte de la Policía Judicial, dentro de las
cuales existe una autorización previa del Juez de Control de Garantías y el
respeto a los derechos a la vida, a la igualdad, a la libertad, al debido
proceso y a los pactos internacionales sobre derechos humanos que hayan sido
ratificados por Colombia.
1.3.4.4.
Afirma que injerencias medias
e intensas en derechos fundamentales se han considerado constitucionales, en
especial si se prevé la reserva judicial, tal como sucede frente a la
disposición acusada, en cuanto exige que de forma previa o posterior exista un
control del Juez para garantizar que la afectación de los derechos
fundamentales sea razonable y ajustada a la Constitución, al debido proceso y a
las disposiciones legales.
1.3.4.5.
Señala que tal protección
frente al derecho a la intimidad personal se mantiene a nivel internacional, ya
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la
Convención Americana de Derechos Humanos no permiten injerencias ilegales o
abusivas en la vida privada de las personas, su familia, domicilio o
correspondencia y se requiere de protección legal contra tales intromisiones.
1.3.4.6.
Manifiesta que el derecho a la
intimidad se puede limitar por el interés general si el ejercicio de este
derecho perjudica la convivencia pacífica o amenaza el orden justo y también en
circunstancias en que el disfrute del mismo se enfrente con otros derechos
fundamentales de carácter individual.
1.3.4.7.
Considera que la norma acusada
es necesaria, razonable y proporcional por cuanto: (i) la orden de
seguimiento tiene límites temporales impuestos por la norma que se demanda,
frente a los cuales la Corte indicó que la ejecución de la misma se debe
ajustar al marco impuesto por el legislador para cumplir sus fines; (ii)
la orden de seguimiento es expedida por el fiscal encargado de la
investigación; (iii) el seguimiento contemplado en el artículo 54 de la
Ley 1453 de 2011 se debe basar en motivos razonablemente fundados que señalen
que la persona puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga de
acuerdo al análisis del acervo probatorio recaudado, garantizando que la orden
no es caprichosa ni arbitraria y; (iv) el último inciso de la
disposición demandada exige la realización de un doble control judicial anterior
y posterior de las medidas: uno dentro de las 36 horas siguientes a la
expedición de la orden y otro dentro de las 36 horas siguientes a la
realización de las labores de seguimiento.
1.3.5.
INTERVENCIÓN DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento
Administrativo – Dirección Nacional de Inteligencia, considera exequibles los
apartes demandados por las siguientes razones:
1.3.5.1.
Indica que la Constitución
Política ha delegado en el Fiscal del caso la adopción de medidas que impliquen
la afectación de derechos fundamentales  durante el proceso penal, para lo cual
deberá someter tales decisiones al juez de control de garantías.
1.3.5.2.
Afirma que la norma no implica
una vulneración al derecho a la intimidad, ya que las medidas que imparta el
fiscal y que afecten derechos fundamentales como el derecho a la intimidad
deben contar con la autorización del Juez de Control de Garantías dentro de las
36 horas siguientes a la expedición de la orden.
1.3.5.3.
Considera que la expresión
“motivos razonablemente fundados” no deja al criterio del Fiscal la
posibilidad de realizar un seguimiento pasivo del indiciado ya que debe guiarse
por los lineamientos del Código de Procedimiento Penal y cuya autorización
depende del Juez de Control de Garantías.
1.3.5.4.
Sostiene que la Corte
Constitucional ha reconocido algunos límites al derecho a la intimidad como la
preservación de un interés general teniendo en cuenta las investigaciones de
conductas punibles que afecten a la sociedad.
1.3.5.5.
Indica que antes de proferir
la orden de seguimiento, el Fiscal debe ponderar entre el fin que se persigue
con la medida para salvaguardar intereses generales y el derecho fundamental
que se pueda limitar con la misma.
1.3.6.
INTERVENCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
El Doctor Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano, decano de
la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia, solicita a la Corte se declare inhibida para pronunciarse
de fondo por los siguientes motivos:
1.3.6.1.
Indica que es cierto que en
Código de Procedimiento Penal no hay una norma específica mediante la cual se
regule los motivos fundados frente a casos de vigilancia y seguimiento de
personas, sin embargo sí existen reglas para expedir la orden de registro y
allanamiento y que de acuerdo a la Corte Constitucional por un criterio
analógico, el fiscal debe tener en cuenta los parámetros del artículo 221 del
Código de Procedimiento Penal.
1.3.6.2.
Sostiene que a través de los
motivos fundados se puede llegar a la conclusión que el delito investigado
tiene como probable autor o partícipe al sujeto sobre el que se ordena el
seguimiento y vigilancia, para lo cual se debe contar con el informe de policía
judicial, una declaración jurada de testigo o informante, entre otros.
1.3.6.3.
Afirma que el Fiscal no
utiliza indicios y valoraciones subjetivas  para sustentar la orden, por cuanto
debe fundamentarse, sustentarse y razonarse con elementos materiales probatorios
o evidencia física.
1.3.7.
INTERVENCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
Los ciudadanos Óscar Fernando Betancur García y
Alejandro Castañeda Gómez, estudiantes de Derecho de la Universidad de Caldas y
miembros de la Clínica Socio Jurídica de Interés Público de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Universidad, orientados por la
Doctora Lucero Ríos Tovar, coordinadora de la Línea de Protección a las Víctimas
del Conflicto Armado solicitan que la Corte se declare inhibida para proferir
un fallo de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, o en su defecto
profiera un fallo de exequibilidad de acuerdo a los siguientes motivos:
1.3.7.1.
Aducen que si se realiza un
estudio de constitucionalidad, se debe declarar exequible la norma demandada ya
que el derecho a la intimidad supone límites que imponen restricciones a
cualquier tipo de intervención de un agente estatal con el fin de proteger
intereses y manifestaciones de las personas en su esfera privada.
1.3.7.2.
Expresan que para poder
limitar o interferir en el ejercicio del derecho a la intimidad y su protección
se deben cumplir dos reservas: la legal, esto es la facultad del legislador
para señalar los márgenes y formalidades que deben seguir las autoridades; y la
reserva judicial que se presenta frente a la autorización y verificación por
parte de los jueces del cumplimiento de los márgenes previstos por el
legislador y el constituyente.
1.3.7.3.
Señalan que los artículos 28 y
250 Superiores permiten la intromisión en la órbita privada del individuo para
proteger valores y bienes constitucionalmente protegidos, para lo cual se deben
cumplir requisitos sin los cuales tal intromisión no tendría legitimidad
constitucional ni legal.
1.3.7.4.   Igualmente realizan un test de proporcionalidad en
donde determinaron que:
1.3.7.4.1.     La finalidad de la norma acusada pretende con el
seguimiento pasivo de personas frente a los cuales la Fiscalía General de la
Nación tenga motivos razonablemente fundados lograr identificar a autores o
participes de conductas punibles así como recolectar la evidencia física y los
elementos materiales probatorios para ese efecto.
1.3.7.4.2.     La disposición demandada desarrolla el artículo 250
Constitucional, en especial su numeral tercero en el que se exige la
autorización del juez de control de garantías para adelantar medidas
adicionales de investigación en donde se afecten derechos fundamentales, situación
que se genera en la actuación que se discute. Por tal motivo manifiestan que la
medida persigue fines constitucionalmente legítimos.
1.3.7.4.3.     La idoneidad de la disposición demandada respecto a la
facultad investigativa de la Fiscalía General de la Nación es una prerrogativa
exclusiva de orden constitucional la cual se materializa a través de diversos
métodos de investigación orientados al cumplimiento de las funciones como ente
a cargo del ejercicio de la acción penal. Resaltan la importancia del seguimiento
pasivo para lograr una óptima labor de investigación que se acomoda a los
criterios exigidos constitucionalmente para poder limitar de manera legítima el
derecho a la intimidad ya que tiene diversos grados de protección y con el
mandato de reserva legal y judicial.
1.3.7.4.4. La necesidad de limitar el derecho a la intimidad ya que es un
instrumento de investigación que se considera como una de las medidas
adicionales restrictivas de derechos fundamentales sometidas a control
judicial, fundamental para el efectivo cumplimiento de la labor investigativa
de la Fiscalía, la cual no es arbitraria y cuenta con control judicial previo y
posterior.
1.3.7.4.5. La proporcionalidad de la medida en sentido estricto no está
fundamentada tan solo en criterios sospechosos o arbitrarios de la autoridad
judicial sino que para garantizar el derecho a la intimidad y otros derechos
que se puedan ver comprometidos con el seguimiento pasivo se realiza una doble
labor de vigilancia por parte del juez de control de garantías.
1.3.8.
INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA
NACIONAL
La Secretaría General de la Policía Nacional solicita
a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo
sobre la demanda presentada de acuerdo a los siguientes argumentos:
1.3.8.1.
Señala que la accionante no
tiene un hilo conductor con las justificaciones pertinentes que permitan
comprender lo expresado en la demanda, ya que presentó un análisis superficial
sin una posición jurídica real y verificable, basándose en conjeturas y
supuestos de hechos alejados de la realidad fáctica y jurídica.
1.3.8.2.
Afirma que la demanda
presentada sólo atacó la facultad del Fiscal para ordenar a la Policía Judicial
una actividad de vigilancia y seguimiento bajo motivos  fundados, desconociendo
los postulados propuestos por esta Corte.
1.3.8.3.
Resalta la importancia del
control constitucional posterior realizado por los Jueces de Control de
Garantías sobre una orden de vigilancia y seguimiento, acto en el que se
verifica la protección de los derechos fundamentales, la legalidad formal y
material de la actuación y se estudia la legalidad de la actuación conforme a
la Ley 906 de 2004.
1.3.9.
INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL
El doctor Juan David Riveros Barragán, miembro del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal considera que la Corte Constitucional
se debe declarar inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
norma acusada por las siguientes razones:
1.3.9.1.
Indica que no se presentó un
examen detallado entre cada disposición legal y las disposiciones
constitucionales que eran consideradas vulneradas, ya que solo se citó la norma
demandada y las disposiciones que manifiesta son violadas por la misma, sin
exponer los motivos jurídicos que apoyan tal vulneración.
1.3.9.2.
Manifiesta que de acuerdo a
diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional es posible que el Derecho
a la intimidad se afecte durante el transcurso de un proceso penal, haciéndose
necesario que éste ceda, ya que prevalece el interés general de investigar una
presunta conducta delictiva.
1.3.9.3.
Aclara que no existe en cabeza
de la Fiscalía una facultad discrecional para ordenar actividades de vigilancia
y seguimiento, ya que la misma disposición indica que estas operaciones se
deben desarrollar por la existencia de motivos razonablemente fundados y deben
ser sometidas a un Juez de Control de Garantías.
1.3.10.
INTERVENCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
La Doctora Claudia Liliana Uribe Mejía, docente
coordinadora del Área Penal del Departamento de Práctica de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia le solicita a la
Corte Constitucional declare la constitucionalidad condicionada de la norma
demandada al considerar lo siguiente:
1.3.10.1.
Afirma que la limitación al
derecho a la intimidad, no puede depender del arbitrio del Fiscal por cuanto
está obligado a fundamentar sus razones y debe contar con medios cognoscitivos
que motiven esa intromisión la cual a su vez será autorizada por un Juez de
Control de Garantías quien realizará una verificación previa y posterior de la
orden y de la ejecución.
1.3.10.2.
Aduce que la disposición
demandada cumple con los preceptos de la Corte Constitucional ya que indica de
manera detallada que en el seguimiento se debe recaudar información relevante
para el caso investigado y tratando de no afectar la expectativa razonable de
la intimidad del indiciado, imputado o de terceros, motivo por el cual
considera que no se vulnera el artículo 15 de la Constitución.
1.3.10.3.
Reitera que le corresponde al
Juez de Control de Garantías como garante de la protección de derechos
constitucionales y legales de quienes participan en el proceso penal,
determinar si el fiscal cuenta con motivos razonablemente fundados de acuerdo a
medios cognoscitivos, para realizar vigilancia y seguimiento de una persona.
1.3.10.4.
Considera que esta Corporación
podría hacer más precisa la norma declarando la exequibilidad condicionada de
la misma en cuanto a la revisión por parte del Juez de Control de Garantías
examine cada una de las medidas de vigilancia que se autorizan de acuerdo a un
juicio de necesidad y proporcionalidad conforme a los términos establecidos por
la Corte.
1.3.10.5.
Señala que el condicionamiento
se realizaría en el entendido que la motivación fundada no se diera sobre la
vigilancia en general sino frente a cada medida a implementar para ejecutar
actividades de vigilancia como grabaciones en sitios públicos, lugares privados,
interceptaciones, uso de agentes encubiertos, entre otros.
2.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO
El Procurador General de la Nación, solicita a la
Corte Constitucional sea declarada la constitucionalidad de la disposición
demandada por los siguientes motivos:
2.1.
Considera que la
expresión “motivos razonablemente fundados”,
permite que el fiscal que adelanta una investigación realice una valoración en
donde se pueda emitir o no una orden para vigilar un sujeto en particular, por
lo que a su parecer, el aparte acusado permite proteger los intereses de la
sociedad respecto a la investigación de delitos.
2.2.
Aduce que el
derecho a la intimidad puede ser limitado en la investigación penal con el
objetivo de preservar determinados valores constitucionales que cuentan con la
misma importancia que el derecho a la intimidad, y señala que en caso
contrario, si se procediera como lo solicita la accionante y se declarare
inexequible la expresión acusada, el resultado permitiría al fiscal que sin
motivo suficiente pudiera expedir una orden para la vigilancia de una persona
cuando así lo considerara sin que se hiciera necesario que verificara que la
actuación procesal fuese necesaria, adecuada y proporcionada.
2.3.
Indica que a
través del desarrollo de la vigilancia de personas conforme al inciso 2° de la
norma acusada no se vulnera el ordenamiento superior ya que la información útil
es obtenida por parte de la policía judicial y entregada al fiscal que ordenó
la diligencia  quien a su vez presentará lo recaudado en la audiencia de
control de legalidad.
2.4.
Señala que las actividades
descritas en el aparte demando tienen como rasgo común que se realizan sobre
actos externos y públicos de las personas objeto del seguimiento o vigilancia,
y no respecto actividades privadas o íntimas de la misma.
2.5.
Adicionalmente manifiesta que
con el seguimiento o vigilancia no se pueden obtener elementos materiales
probatorios que permitan inculpar directamente a las personas, sino apenas
aportar información relevante a la Fiscalía sobre cómo o hacía dónde dirigir su
investigación o construir su teoría del caso, en tanto que le permitirán
establecer cuándo y sobre quién solicitar autorizaciones para hacer interceptaciones,
allanamientos y otras actividades que afectan la intimidad de las personas y
para las que, por ende, sí se exige un control de legalidad judicial previo.
2.6.
Afirma que si se lee la norma
en el marco normativo específico con las actividades previstas se protegen los derechos fundamentales,
inclusive el derecho a la intimidad del indiciado o imputado, por cuanto los
elementos materiales probatorios que se obtengan pertenecerán a la
investigación de carácter penal a cargo de un funcionario de la Fiscalía y a
nadie más ya que se trata de información reservada, de esta manera no podrán
circular libremente ni divulgarse a terceros.
2.7.
Concluye
señalando que la norma demandada determina que al vencerse el término de la
orden de vigilancia y obtenida la información para la investigación, el fiscal
deberá acudir ante el juez de control de garantías  para que se realice la
audiencia de control de legalidad sobre todo lo actuado, evitando cualquier
vulneración del derecho a la intimidad y privacidad del indiciado o del
inculpado.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para
pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada.
3.2.
APTITUD DE LOS CARGOS
FORMULADOS EN LA DEMANDA
3.2.1.
El artículo 2° del Decreto
2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda
en los procesos de control de constitucionalidad[1].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con
precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la
razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
3.2.2.
Por otro lado, en la Sentencia
C-1052 de 2001, esta Corporación señaló las características que debe reunir el
concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las
razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes[2],
requisitos cumplidos por los cargos formulados por la demandante:
3.2.2.1.
Los dos (2) cargos formulados
son claros y ciertos: (i) el primer cargo señala que la norma demandada contempla
la posibilidad de que el fiscal ordene la vigilancia de una persona con base en
“motivos razonablemente fundados” en virtud de indicios que le permitan inferir
que el indiciado o imputado pudiere conducirlo a obtener información para la
investigación, lo cual coincide con el texto del inciso segundo del artículo 54
de la Ley 1453 de 2011; (ii) el segundo cargo expresa que el inciso 3º del
artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 permite la ejecución de la medida de
vigilancia y seguimiento empleando cualquier medio que la técnica aconseje,
cuidando no afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o
imputado o de terceros, lo cual determina un margen de discrecionalidad en el
alcance de la medida, tal como afirma el actor.
En este sentido, el punto de partida de la demanda es cierto, pues
efectivamente el artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 contempla una medida de
vigilancia y seguimiento que puede ordenar el fiscal con fundamento en indicios
y cuyo alcance se encuentra delimitado por el concepto de “expectativa
razonable de intimidad”, concepto propio del sistema acusatorio procedente
de la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
3.2.2.2.
En relación con la
suficiencia, la demanda explica las razones específicas por las cuales la norma
cuestionada vulnera el derecho a la intimidad: (i) el primer cargo se
centra en que la expresión “motivos razonablemente fundados” permite que
el fiscal afecte de manera grave el derecho a la intimidad con base en indicios
que señalen la mera posibilidad de que una persona haya incurrido o esté
incurriendo en una conducta punible; (ii) el segundo cargo señala que el
inciso tercero del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 permite que en la
ejecución de la medida de vigilancia y seguimiento se establezca un límite
abstracto y ambiguo como la “expectativa razonable de la intimidad”, lo
cual vulneraría el derecho a la intimidad al establecer un amplio margen de
discrecionalidad en el alcance de la medida, lo cual también es expresado por
la norma demandada.
3.2.3.
Frente a la pertinencia
constitucional, la demanda platea dos (2) debates muy importantes para la
protección del derecho a la intimidad en el proceso penal: (i) la
legitimidad de que la fiscalía ordene la vigilancia y el seguimiento del
indiciado con base en motivos razonablemente fundados y (ii) la
limitación del alcance de la medida de vigilancia y seguimiento con fundamento
en una “expectativa razonable de la intimidad”.
Las medidas de vigilancia y seguimiento contempladas
en la norma permiten tomar fotografías, filmar videos y, en general,
realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información
relevante a fin de identificar o individualizar los autores o partícipes, las
personas que lo frecuentan, situación que puede llegar a limitar el derecho a
la intimidad de los ciudadanos, por lo cual es muy importante que la Corte
Constitucional analice la legitimidad de estos instrumentos, tal como ya lo han
hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3],
el Tribunal Europeo de Derechos[4] y los máximos
tribunales de otros países[5], en los cuales
se han señalados una serie de reglas básicas para su aplicación.
3.3.
INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD
NORMATIVA
3.3.1.
Según lo previsto en el inciso
3º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte puede integrar la unidad
normativa[6],
con el objeto de buscar evitar, que proferido un pronunciamiento
parcial, se genere incertidumbre acerca del contenido armónico e integrado de
la disposición legal objeto de análisis, con lo cual el fallo produzca una
interpretación del contenido de la norma que resulte “incoherente o
inaplicable"[7].
3.3.2.
De esta manera, la integración
normativa posee tres (3) significados: (i) la realización de un deber de
quien participa en el debate democrático, a través de la acción de
inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la
identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos
que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho; (ii) es
un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del
legislador; (iii) y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la
coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del
juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos
sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una
determinada construcción jurídica[8].
3.3.3.
La jurisprudencia
ha señalado que la integración de la unidad normativa procede en los siguientes eventos: “(i) cuando un
ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido
deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada; (ii) en aquellos casos en los cuales la
disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas, con el propósito de evitar que un fallo
de inexequibilidad resulte inocuo; (iii) cuando la norma demandada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta
serias dudas de constitucionalidad”[9].
3.3.4.
En este caso se configura la primera
causal para la aplicación de la integración de la unidad normativa frente
al primer cargo formulado por el demandante, ya que el término “motivos
razonablemente fundados” debe ser analizado en el marco de la expresión “el
fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el
imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación
que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo”, pues
de lo contrario el problema jurídico planteado por la actora no podría
examinarse de manera integral y coherente.
3.3.5.
El planeamiento de la accionante
no se dirige exclusivamente a cuestionar
el término “motivos razonablemente fundados”, sino que expresa que la
norma demandada vulnera el derecho a la intimidad, al permitir que el fiscal
pueda ordenar la medida de vigilancia y seguimiento a través de motivos
razonablemente fundados en meros indicios derivados de los  medios
cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal. Por lo
anterior, la demandante no cuestiona que el fiscal tenga que motivar su
decisión, sino que pueda limitar la intimidad de una persona con fundamento en
meros indicios establecidos en la legislación procesal penal.
3.3.6.
En este sentido, la
Corte ha reconocido que en razón del carácter informal de la acción pública,
que ha de despojarse de tecnicismos y complejidades procesales con miras a la
efectividad del derecho político del ciudadano (art. 40 C.P.), puede estructurar
la proposición jurídica completa, es decir, la regla de Derecho sobre la cual
habrá de recaer el examen de constitucionalidad y el fallo[10].
3.3.7.
En este caso, la proposición
jurídica completa exige un sujeto (el fiscal), una causal para
ordenar la medida (motivos razonablemente fundados), un fundamento
probatorio de estos motivos (medios cognoscitivos previstos en el código de
procedimiento penal, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere
conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta)
y una medida ordenada (seguimiento pasivo). De esta manera, es
necesario analizar e integrar todos los elementos de la proposición jurídica:
(i)
La expresión “motivos
razonablemente fundados” no puede analizarse aisladamente sino teniendo en
cuenta que los mismos deben motivar una decisión del fiscal.
(ii)
En segundo lugar, los “motivos razonablemente fundados” en los cuales debe basarse el fiscal para ordenar la
medida deben basarse según la propia norma en los medios
cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal, para inferir que
el indiciado o el imputado pudiere conducir a conseguir información útil para
la investigación que se adelanta. En este sentido, no tendría sentido
analizar la expresión “motivos razonablemente fundados” sin tener en
cuenta que la propia norma señala que éstos deben estar basados en los medios
cognoscitivos contemplados en la legislación procesal penal para la obtención
de información para la investigación.
(iii)
En tercer lugar, los motivos
razonablemente fundados señalados por la actora se adoptan para disponer
que se someta a seguimiento pasivo, por lo cual el estudio carecería
de coherencia si no se menciona la medida objeto de valoración, es decir, la
disposición del seguimiento pasivo.
Por lo anterior, la Corte Constitucional estudiará la
constitucionalidad de la expresión “el fiscal que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a
conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá
disponer que se someta a seguimiento pasivo”.
3.4.
PROBLEMA JURÍDICO
En virtud de lo anteriormente señalado, la Corte Constitucional analizará
dos (2) problemas jurídicos: (i) si la expresión “el fiscal que
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el
imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación
que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo
determinado, por parte de la Policía Judicial” afecta el derecho a
la intimidad al permitir que el Fiscal ordene el seguimiento de una persona con
base en motivos razonablemente fundados en medios cognoscitivos contemplados en
la Ley Procesal Penal; (ii) Si el inciso 3º del artículo 54 de la Ley
1453 de 2011 desconoce el derecho a la intimidad, al permitir que en la
ejecución de la medida de vigilancia y seguimiento se emplee cualquier medio
teniéndose como límite “la expectativa razonable de la intimidad del
indiciado o imputado o de terceros”.
Para resolver estos problemas jurídicos es necesario
analizar los siguientes temas: (i) la protección del derecho a la
intimidad; (ii) las medidas de vigilancia en el derecho comparado, (iii)
la expectativa razonable de intimidad y (iv) las normas demandadas.
3.5.
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A
LA INTIMIDAD Y SUS LÍMITES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
3.5.1.
ELEMENTOS GENERALES DEL
DERECHO A LA INTIMIDAD
3.5.1.1.
Concepto y alcance
El derecho a la intimidad hace parte de la esfera o
espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las
demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se
concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o
núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones
que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico[11].
En este sentido, la intimidad corresponde al “área
restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser
penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden
dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con la Constitución y la ley”[12].
Por lo anterior, el derecho a la intimidad hace referencia al ámbito
personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos,
comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la
injerencia o al conocimiento de extraños[13].
Este derecho implica la facultad de exigir de
los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo,
que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de
aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir,
y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas[14].
El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en
dos DIMENSIONES: (i) como secreto que impide la divulgación
ilegítima de hechos o documentos privados, o (ii) como libertad, que se
realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a
la esfera de su vida privada[15].
En este sentido, el derecho a la intimidad tiene un status
negativo, o de defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera
privada y a la vez un status positivo, o de control sobre las
informaciones que afecten a la persona o la familia. Mediante este derecho se
asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable,
en el que es posible encontrar el recogimiento necesario para proyectar
libremente la personalidad, sin las intromisiones propias de la vida en
sociedad[16].
En todo caso, el derecho a la intimidad se caracteriza
por su carácter de “disponible”; lo cual significa que el titular de
esta prerrogativa, puede decidir hacer pública información que se encuentra
dentro de esa esfera o ámbito objeto de protección[17].
De esta manera, en aquellos casos en los cuales existe de por medio una
aceptación expresa o tácita en dar a conocer informaciones o circunstancias que
recaen en ésta esfera íntima, podría aceptarse la intromisión de un tercero.[18]
En este sentido, con el transcurso de la vida corriente y como
consecuencia de las relaciones interpersonales que la misma implica, el titular
de esta garantía se vea impelido a sacrificarla en aras de dar prevalencia al
orden social y al interés general o ante la concurrencia con otros derechos o
principios[19].
3.5.1.2.
Consagración
El artículo 15 de la Constitución Política consagra,
entre otras garantías, el derecho de toda persona a su intimidad personal y
familiar, al tiempo que estipula que la correspondencia y demás formas de
comunicación privada son inviolables, por lo que sólo pueden ser
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley[20].
En este sentido, el artículo 15 de la Constitución
establece una serie de garantías para su protección: (i) el deber del
Estado y de los particulares de respetarlo; (ii) la inviolabilidad de la
correspondencia y demás formas de comunicación privada, salvo el registro o la
interceptación por orden judicial, en los casos y con las formalidades de ley
y; (iii) la reserva de libros de contabilidad y demás documentos
privados, salvo su exigibilidad para efectos tributarios o judiciales y para
los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, "en los
términos que señale la ley"[21].
Adicionalmente, la intimidad también está relacionada
con otros derechos como la autodeteminación y la dignidad, pues: “...encuentra
su razón de ser y su fundamento último en el ámbito de autodeterminación y
libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición
indispensable para el libre desarrollo de su personalidad y en homenaje
justiciero a su dignidad”[22].
Así mismo, cabe recordar que algunos instrumentos
internacionales de derechos humanos, consagran la mencionada garantía
constitucional, como son:
(i)
La Declaración Universal de
Derechos Humanos en su artículo 12 señala que: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
(ii)
El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17.1 establece que: “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra esas injerencias o
esos ataques”.
(iii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su
artículo 11.2 prevé: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, no de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.”[23]
En todo caso, el Constituyente reservó al
Legislador la facultad de determinar el alcance de las garantías
constitucionales para la protección de las diversas formas de comunicación y de
documentos privados. Esta reserva de ley, no obstante, debe ser ejercida de tal
forma que no desconozca el núcleo esencial del derecho a la intimidad personal
y familiar[24].
3.5.1.3.
Núcleo
esencial
El núcleo esencial del derecho a la intimidad supone
la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona, exenta del
poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la
sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida
personal, espiritual y cultural[25].
En
este contexto, el contenido básico del derecho fundamental a la
intimidad presupone la existencia y goce de un espacio reservado de cada
individuo que se encuentra exento de la intervención o intromisiones
arbitrarias del Estado y la sociedad.
Por
tanto, el ámbito de este derecho “depende
de los límites que se impongan a los demás, como exigencia básica de respeto y
protección de la vida privada de una persona. La existencia del núcleo esencial
de dicho derecho, exige que existan espacios medulares en donde la personalidad
de los sujetos pueda extenderse en plena libertad, pues deben encontrarse
excluidos del dominio público. En aquellos espacios la garantía de no ser
observado (el derecho a ser dejado sólo) y de poder guardar silencio, se
convierten en los pilares esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del
derecho a la intimidad”.[26]
3.5.1.4.
Formas de
vulneración
La Corte en la sentencia T–696 de 1996, decisión
reiterada en las sentencias T–169 de 2000 y T–1233 de 2001, ha indicado que el
derecho a la intimidad es vulnerado por lo menos de las siguientes maneras[27]:
(i)      La intromisión en la intimidad de la persona que sucede
con el simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha reservado. Es un
aspecto meramente material, físico, objetivo, independiente de que lo
encontrado en dicho interior sea publicado o de los efectos que tal intrusión
acarree. Cabe en este análisis la forma en que el agente violador se introduce
en la intimidad del titular del derecho y no tanto el éxito obtenido en la
operación o el producto de la misma, que se encuentran en el terreno de la segunda
forma de vulneración antes señalada.
(ii)   En la divulgación de hechos privados, en la cual
incurre quien presenta al público una información cierta, veraz, pero no
susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente al círculo íntimo de
cada quien, siempre y cuando no se cuente con autorización para hacerlo bien de
su titular, bien de autoridad competente.
(iii) Finalmente, la presentación falsa de aparentes hechos íntimos no
corresponde con la realidad[28].
3.5.1.5.
Ámbitos y grados en
relación con el derecho a la intimidad
El derecho a la intimidad plantea diferentes esferas o
ámbitos, como son el personal, familiar, social y gremial, todos ellos
comprendidos en el artículo 15 Superior, y que están manifestadas concretamente:
(i) relaciones familiares; (ii) costumbres; (iii) prácticas
sexuales; (iv) salud; (v) domicilio[29];
(vi) comunicaciones personales; (vii) espacios para la
utilización de datos a nivel informático; (viii) creencias religiosas; (ix)
secretos profesionales; y en general (x) todo comportamiento del sujeto
que únicamente puede llegar al conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo
individuo decida relevar autónomamente su acceso al público[30].
En relación con el derecho a la intimidad, la Corte ha
distinguido entre diferentes niveles de privacidad de la información de los
particulares. Así, en primer lugar, la Corte ha dicho que la esfera
personalísima del derecho a la intimidad está integrada por “aquellos
fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están
sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños”[31]. No obstante, en
su afán por sistematizar la dogmática sobre lo que debe considerarse íntimo, en
su sentido más estricto, y lo que, siendo personal, puede ser objeto de conocimiento
público, la Corte ha sostenido que la información que atañe a un individuo
puede delimitarse en grados de reserva[32]. Dependiendo
del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el
conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad:
(i)
La intimidad personal, alude a
la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es
decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el
hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizados aspectos íntimos de su vida[33].
La doctrina norteamericana reconoce el núcleo esencial
del derecho a la intimidad, a través del denominado “the rigth to be let
alone”, es decir, el derecho a ser dejado solo[34],
aplicado por la justicia americana, en el caso de la actriz Brigitte Bardot en
1959, en donde los Tribunales decidieron que el hecho de que una persona
fotografiara a otra en su residencia y publicara tales fotografías sin ningún
tipo de autorización, a pesar de la manifestación inequívoca de refugiarse en
su casa, en aras de encontrar el sosiego y la tranquilidad que reporta la soledad,
violaba la intimidad de la persona[35].
En este aspecto, el derecho a la intimidad implica la
reserva del lugar de habitación, o del recinto privado en que se encuentre la
persona. Al respecto es necesario tener en cuenta que, como lo dijo la Corte, “el
derecho a la intimidad de toda persona y de toda familia, protegido por la
Constitución, que las autoridades deben respetar y hacer respetar según el
precepto mencionado, comprende el ámbito reservado e inalienable al que
aquéllas se acogen, con total independencia de la propiedad o administración
del inmueble que las cobija, o del tiempo durante el cual permanezcan dentro de
él, por lo cual no es menos susceptible de amparo constitucional la casa tomada
en arriendo, la habitación de un inquilinato o el cuarto de un hotel, que la
casa cuyo derecho de dominio puede demostrar quien la habita, o en la cual ha
vivido por muchos años.”[36].
En la misma línea, la Corte ha reconocido que el derecho
a la intimidad no se limita al concepto de domicilio utilizado por el derecho
civil, restringido exclusivamente al lugar de habitación permanente del sujeto,
sino que irradia todo espacio privado en el que el individuo desarrolla sus
actividades personales, independientemente de que resida permanentemente en él[37].
Por lo anterior, en relación con el domicilio, la Corte ha expresado que no es
menos susceptible de amparo constitucional la casa tomada en arriendo, la
habitación de un inquilinato o el cuarto de un hotel, que la casa cuyo derecho
de dominio puede demostrar quien la habita, o en la cual ha vivido por muchos
años[38].
(ii)
La segunda, responde al
secreto y a la privacidad en el núcleo familiar[39]. En el ámbito
de las relaciones intrafamiliares, cabe resaltar que todos sus miembros gozan
también del derecho a la intimidad, por lo que es predicable igualmente
establecer que cae dentro de la órbita de lo íntimo de cada uno de ellos aquello
que éstos se reservan para sí y no exteriorizan ni siquiera a su círculo
familiar más cercano, y que merece el
respeto por ser un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es
resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas
conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el
que no caben legítimamente las intromisiones de los otros miembros de la
familia, por ser específicamente individual[40].
(iii)
La tercera, involucra las
relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales como, las
sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de la
interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social,
a pesar de restringirse-en estos casos-el alcance del derecho a la intimidad,
su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar otros derechos
constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la dignidad humana[41].
(iv)
Finalmente, la intimidad
gremial se relaciona estrechamente con las libertades económicas e involucra la
posibilidad de reservarse-conforme a derecho-la explotación de cierta
información[42].
3.5.2.
LA PROTECCION
DEL AMBITO PRIVADO
El derecho a la intimidad se ha definido como el
espacio de personalidad de los sujetos que no puede llegar a ser por ningún
motivo, salvo por su propia elección, de dominio público[43].
Dicha definición permite sostener que el origen y alcance de este derecho como
manifestación de protección a la integridad moral del individuo, se desenvuelve
entonces a partir de la evolución de los conceptos ‘público’ y ‘privado’[44]
y su contenido depende de aquellos límites establecidos por el derecho para
determinar la mayor o menor intervención del Estado en la esfera personal de
los ciudadanos[45].
En virtud de lo anterior es necesario delimitar el ámbito público tanto desde
el punto de vista espacial pero también material[46].
3.5.2.1.
Desde el punto
de vista espacial deben distinguirse 3 tipos de lugares con niveles de
protección distintos respecto del derecho a la intimidad. Dependiendo del
lugar, se permitirá una mayor o menor injerencia por parte de particulares o
autoridades del Estado, y podrán ejercerse diferentes tipos de derechos, como
el derecho al trabajo, al estudio, a la libertad de cátedra, a la recreación, a
la cultura, a la información y de petición[47]:
(i)      El espacio público, reconocido en el artículo 82 de la
C.P. que establece como deber del Estado “velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular”[48]. El
espacio público es en este contexto un derecho ciudadano de acceso, utilización
y goce, como también, un lugar en el que se ejercen múltiples derechos, en un
contexto mediado por normas y susceptible de ser restringido por las
autoridades[49],
por lo cual el derecho a la intimidad podrá limitarse en el mismo[50].
(ii)  El espacio privado se define como el lugar donde la
persona desarrolla libremente su intimidad y su personalidad[51]
en un “ámbito reservado e inalienable”[52]. En
este sentido, las residencias y los lugares en los que las personas habitan,
son el espacio privado por excelencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha
admitido que el desarrollo de la intimidad y el libre ejercicio de las
libertades individuales, también se produce en el domicilio, que “comprende,
además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos aquellos espacios
o recintos aislados en los que la persona normal y legítimamente pretenda
desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros y sin su
presencia”[53].
Al igual que el espacio público, el espacio privado, es tanto un derecho
como un lugar en el que se ejercen derechos, principalmente la intimidad y las
libertades individuales. Así, la garantía y protección de los espacios
privados, está estrechamente asociada a la noción de intimidad y por ello la
limitación de este derecho en los mismos debe ser excepcional[54].
(iii) Existen también espacios semi-privados o semi-públicos[55].
En un extremo se encuentra la calle como espacio público por excelencia y, de
otro lado, el domicilio privado como espacio privado por definición. Espacios
“intermedios” que tienen características tanto privadas como públicas, son los
lugares de trabajo como las oficinas, los centros educativos como los colegios
y las universidades, los restaurantes, los bancos y entidades privadas o
estatales con acceso al público, los almacenes y centros comerciales, los cines
y teatros, los estadios, los juzgados y tribunales, entre otros[56].
3.5.2.2.
Desde una
perspectiva material, el concepto de “privacidad” o “de lo privado”,
corresponde a los asuntos que en principio tocan exclusivamente con intereses
propios y específicos de la persona humana, sin que afecten o se refieran a los
demás miembros de la colectividad; razón por la cual, sobre estos asuntos la
sociedad a través del ordenamiento jurídico, no le exige o le impone a las
personas el deber de informar o comunicar. Desde esta perspectiva, a contrario
sensu, si alguna materia es considerada por el derecho de importancia o
relevancia pública, su naturaleza se transforma de un asunto íntimo a una
cuestión socialmente catalogada como común o general. A este respecto, los
mismos principios de la lógica jurídica, son claros en establecer que los
conceptos ‘público’ y ‘privado’, son categorías jurídicas
antagónicas y que, por lo mismo, no pueden tener puntos de intersección. Ello,
en términos coloquiales, se traduce como: “o bien una cosa es de naturaleza
pública, o bien su contenido es de esencia privada”[57].
3.5.3.
LIMITACIONES AL DERECHO A
LA INTIMIDAD
3.5.3.1.
El derecho a la intimidad no
es absoluto[58],
pues puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con
la defensa de intereses superiores del ordenamiento[59].
En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que este derecho “puede
ser objeto de limitaciones” restrictivas de su ejercicio “en guarda de
un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por
el artículo 1º de la Constitución"[60],
sin que por ello se entienda que se puede desconocer su núcleo esencial.[61]
3.5.3.2.
El reconocimiento de que el
derecho a la intimidad se vea sometido a restricciones significa, que cierta
información del individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Admitir que
este derecho no es absoluto, implica asentir que en ciertas ocasiones, cuando
el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o
se amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser
divulgada. Por lo anterior, la Corte ha señalado que “en el desarrollo de la
vida corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su
intimidad como consecuencia de las relaciones interpersonales que las
involucran. En otros casos, son razones de orden social o de interés general o,
incluso, de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de
información o expresión, las que imponen sacrificios a la intimidad personal”.[62]
3.5.3.3.
De esta manera la intimidad
puede ser objeto de limitaciones o interferencias por razones de “interés
general”, “legítimas”, y “debidamente justificadas constitucionalmente.[63]
Así las cosas, la intimidad puede ser susceptible de limitación como resultado
de la interrelación de otros intereses de igual manera constitucionalmente
relevantes[64],
siempre que el recorte sea necesario para lograr el fin legítimamente previsto,
sea proporcionado para alcanzar el mismo y no afecte su núcleo esencial.
[65]
3.5.3.4.
En esa medida, las
limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que la de cualquier otro
derecho fundamental, deben respetar los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático. Estos principios han sido aplicados por esta
Corporación para examinar las limitaciones a los derechos que haga el
legislador, pero también al ponderar el enfrentamiento de derechos.[66]
3.5.3.5.
Corresponde al juez en cada
caso concreto, sopesar las circunstancias para objetivamente determinar si hay
lugar al sacrificio de la intimidad de la persona en pro del interés general de
la comunidad[67].
3.5.3.6.
De esta manera, el derecho a
la intimidad puede verse sujeto a limitaciones fundamentalmente por dos (2) razones[68]:
(i)    Cuando el interés general se ve comprometido y se
perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden justo, cierta
información individual puede y debe ser divulgada[69].
Intereses de orden superior justifican la limitación del derecho a la intimidad
para efectos tributarios, judiciales y de inspección, vigilancia e intervención
del Estado[70].
(ii)  En determinadas circunstancias, cuando se presente una
colisión con otros derechos individuales que compartan el carácter de
fundamental como, por ejemplo, el derecho a la información, la dignidad humana
y la libertad[71].
3.5.3.7.
El ejercicio del ius
puniendi del Estado, cuyo objetivo es la persecución y sanción de las
conductas que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, constituye razón
suficiente para limitar el derecho a la intimidad, mediante la regulación legal
que ordena a la administración suministrar, a petición de la autoridad judicial
competente, las declaraciones tributarias presentadas por particulares con
fines diversos a la defensa penal[72].
3.5.3.8.
El interés de la sociedad en
que se investiguen las conductas delictivas y se sancione a sus responsables,
en procura de preservar la vigencia de un orden justo, es también un bien
protegido por  la Constitución. El acopio de información en relación con las
personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese
interés constitucionalmente protegido. Sin embargo, su recaudo debe realizarse
con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha
establecido para la protección de los derechos fundamentales especialmente
expuestos a su afectación, vulneración o mengua en el contexto de una
investigación criminal[73].
3.5.3.9.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ha analizado en varias oportunidades los principios que deben
regir la restricción del derecho a la intimidad, en especial en las sentencias Tristán
Donoso vs. Panamá Escher y Otros vs. Brasil:
(i)
En la Sentencia del caso Tristán
Donoso vs. Panamá[74] se
estudió la interceptación, grabación y divulgación de una conversación
telefónica de un abogado y la posterior apertura de un proceso penal por
delitos contra el honor como represalia a las denuncias del señor Tristán
Donoso sobre la referida grabación y divulgación[75].
En esta sentencia se señaló que “el derecho a la vida privada no es un
derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre
que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben
estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en
una sociedad democrática”[76].
(ii)
En la Sentencia del Caso
Escher y Otros vs. Brasil[77] la
Corte interamericana de derechos humanos analizó la legitimidad de las medidas
de interceptación y monitoreo de comunicaciones realizada a unos ciudadanos[78].
En esta sentencia se señalaron una serie de criterios respecto de la injerencia
en la intimidad de las personas: debe “a) estar prevista
en ley; b) perseguir un fin legítimo, y c) ser idónea, necesaria y
proporcional”[79].
En esta sentencia la Corte Interamericana destacó que “En
ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el Tribunal ha
resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan
afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas,
pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”[80].
3.5.3.10.
De esta manera, puede
concluirse que si bien el legislador puede establecer limitaciones del derecho
a la intimidad, éstas deben ser razonables y proporcionadas.
3.6.
LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA
EN EL DERECHO COMPARADO
La vigilancia y el seguimiento del indiciado son
actuaciones realizadas por la policía judicial para la obtención y el
aseguramiento de pruebas de una conducta punible, las cuales se han contemplado
en numerosas legislaciones penales de todo el mundo:
3.6.1.
En Alemania, el
artículo 100 c) del Código de Procedimiento Penal permite la utilización de
técnicas de vigilancia para establecer hechos del caso o determinar información
del perpetrador, dentro de las cuales se consagra la posibilidad de tomar fotografías
o grabaciones visuales[81].  Por
su parte, la Ley para la lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras
manifestaciones de la criminalidad organizada (OrgKG)[82]
introdujo el literal e) del 163 del Código de Procedimiento Penal, el cual
regula el sometimiento a observación policial, que sirve a la investigación
reservada y a la adquisición de conocimientos para la producción de un "cuadro
de movimientos" específico de la persona "sometida" a
observación[83],
cuyo fin es reconocer relaciones y vinculaciones colaterales[84].
El sometimiento a observación de una persona, con
motivo de la averiguación de datos personales durante un control policial,
exige un principio de sospecha acerca de la existencia de un hecho punible de
relevancia considerable, y sólo se puede dirigir contra el imputado o la
llamada persona de contacto, y es admisible, únicamente, cuando de otro modo
fuera sumamente difícil o considerablemente menos exitosa la averiguación de
los hechos o la investigación del lugar de residencia del autor[85].
3.6.2.
En Francia, la
vigilancia de personas es una medida especial contemplada en el artículo 706.80
del Código de Procedimiento Penal que se aplica por los agentes de la policía
judicial contra los indiciados cuando existan una o varias razones plausibles
de hacerlas sospechosas de haber cometido un delito de criminalidad organizada[86].
3.6.3.
En el Reino Unido, la
posibilidad de realizar una vigilancia del indiciado se encuentra contemplada
en la sección 6.27 de las Reglas de Procedimiento Criminal “Criminal
Procedure Rules”[87] y en la Sección 28 de la Ley de Regulación de Poderes
de la Investigación “Regulation of Investigatory Powers Act” de 2000, la
cual distingue tres (3) tipos de vigilancia: la directa, la intrusiva y aquella
que utiliza agentes encubiertos[88].
3.6.4.
En los Estados Unidos,
la vigilancia “survelleince” es una actuación realizada por la policía
judicial dentro de los procesos penales que se encuentra limitada por la cuarta
enmienda que señala que el “derecho de los habitantes de que sus personas,
domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones
arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no
se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o
protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las
personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”[89].
En virtud de esta limitación se permiten las medidas
de vigilancia y seguimiento realizadas por orden de la fiscalía, siempre y
cuando no constituyan una pesquisa o aprehensión arbitrarias, para cuyo
análisis la Suprema Corte creo la doctrina de la expectativa de
intimidad “expectation
of privacy” que exigen la aplicación de un doble test sobre la
medida[90]: (i) la expectativa subjetiva de privacidad
que cada persona tiene en una sociedad y que varía en cada individuo de acuerdo
a sus circunstancias y (ii) la expectativa razonable de privacidad
reconocida en abstracto para todos los individuos en una sociedad.
Así mismo, existe una Ley especial para la vigilancia
de personas denominada “Foreign Intelligence Surveillance Act” que
establece medidas particulares para el seguimiento de personas.
3.6.5.
En España, si bien la
Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece una regulación específica respecto
de la vigilancia y el seguimiento del indiciado si establece que “Cuando el
Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien
directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él
mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime
pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los
partícipes en el mismo”[91],
disposición cuyo texto se reitera en el art. 1.º Real Decreto 769/1987, sobre
regulación de la Policía Judicial.
3.6.6.
Irlanda tiene una de las legislaciones más amplias sobre
vigilancia contempladas en el “Criminal Justice Surveillance Act” de
2009  que define la vigilancia (surveillance) como “el monitoreo,
observación, escucha para o hacer una grabación de una persona específica o grupo
de personas o sus movimientos, actividades o comunicaciones o el monitorio o
hacer grabaciones de lugares o cosas”.
3.6.7.
En Chile, la vigilancia
se contempla de manera expresa para evitar la fuga del imputado o la
substracción de documentos o cosas que constituyeren el objeto de la diligencia[92]
como una medida previa al registro de un bien.
3.6.8.
En Ecuador, el Código
de Procedimiento Penal de 2000 permite que el juez de garantías penales
disponga la vigilancia  del lugar, con orden de detener y conducir a su
presencia a las personas que salgan  y de detener las cosas que se extraigan para
evitar  la  fuga  de  personas  o  la  extracción  de  las armas, instrumentos,
objetos o documentos que se trate de detener[93].
3.6.9.
En Perú[94]
y Panamá[95] se
permite ordenar la vigilancia temporal de lugares o edificios cuando fuere
indispensable para la investigación de delitos, la obtención de pruebas o para
evitar la fuga del sindicado.
3.7.
LA EXPECTATIVA RAZONABLE DE
INTIMIDAD Y SU APLICACIÓN EN COLOMBIA
3.7.1.  El origen del concepto de expectativa razonable de
intimidad y su aplicación en los Estados Unidos
3.7.1.1.
El concepto de expectativa
razonable de intimidad “reasonable expectation of privacy” fue creado en
los Estados Unidos, como un criterio para establecer en qué eventos la fiscalía
puede realizar actuaciones de investigación y búsqueda sin una orden judicial y
cuándo ésta se exige en virtud de la Cuarta Enmienda[96].
3.7.1.2.
Este concepto fue acuñado por
primera vez en la sentencia del caso Katz vs. U.S. en la cual se
decidió un recurso interpuesto por Charles Katz, quien fue condenado por cargos
relacionados con la realización de apuestas ilegales mediante la captación de
las conversaciones que realizaba en un teléfono público a través de un
dispositivo electrónico colocado al interior de la cabina[97].
La Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que era aplicable la cuarta
enmienda también a la grabación de conversaciones sin ayuda de tecnología en
este evento porque una cabina telefónica es un lugar donde se tiene una
expectativa razonable de intimidad[98].
El voto concurrente de esta
sentencia del Juez Harlan señaló que en estos eventos es necesario hacer un test
dual en el cual los individuos deben demostrar: (i) una expectativa
subjetiva actual de privacidad y (ii) que la sociedad puede asumir esta
expectativa como razonable[99], la
cual se debe reconocer en el hogar de la persona pero no frente a objetos, actividades o
declaraciones que exponga a plena vista de terceros, doctrina que se ha
adoptado en numerosas decisiones de la
Suprema Corte de los Estados Unidos y de las cortes federales de algunos
estados:
3.7.1.2.1.
En la Sentencia United
States vs. Oliver (1984), la Suprema Corte de los Estados Unidos señaló
que no existe una expectativa razonable de privacidad en campo abierto (open
field)[100].
3.7.1.2.2.
En la Sentencia United
States vs. White (1971), la Suprema Corte señaló que la participación
de un agente encubierto en un diálogo en tiempo real con el sospechoso no
vulnera la expectativa razonable de intimidad, pues siempre existe el riesgo de
que el interlocutor sea un agente de persecución penal infiltrado[101].
3.7.1.2.3.
En la Sentencia United
States v. Knotts (1983), la Suprema Corte estudio el caso de una
persona seguida a través de un beeper colocado en su vehículo concluyendo que
no se vulneraba la expectativa razonable de intimidad mediante la colocación de
un dispositivo para determinar los movimientos realizados por una persona en
público[102].
3.7.1.2.4.
En la Sentencia United
States vs. Karo (1984), la Corte Suprema consideró que no existía una
expectativa razonable de intimidad por colocar un beeper en una lata utilizada
para hacer drogas ilícitas, sin embargo, posteriormente sí invalidó la prueba
en relación con que finalmente condujo al domicilio del autor[103].
3.7.1.2.5.
En la Sentencia California
vs. Ciraolo (1986), la Corte Federal de California señaló que no
vulneraba la expectativa razonable de intimidad y por ello no requería orden
judicial la realización de sobrevuelos en los cuales se encontraran cultivos
ilícitos[104].
3.7.1.2.6.
En la Sentencia California
vs. Greenwood (1988), la Corte Federal de California encontró que no se
afectaba la expectativa razonable de intimidad cuando se buscaban evidencias en
colectores de basura[105].
3.7.1.2.7.
En la Sentencia United
States vs. Díaz (1994), la Suprema Corte consideró que no existe
expectativa de privacidad respecto de las actuaciones realizadas en el parqueadero
de un motel[106].
3.7.1.2.8.
En la Sentencia United
States vs. Kyllo (2001), la Suprema Corte señaló que la obtención de
imágenes a través de imágenes térmicas en el domicilio de un ciudadano no
respeta la expectativa razonable de intimidad y por ello requiere de orden
judicial[107].
En esta sentencia, se encontró que el domicilio de las personas se encuentra
plenamente protegido por el derecho a la intimidad y por ello se requiere orden
judicial así no se ingrese en el mismo sino se utilice tecnología para hacer un
escaneo termal[108].
De esta manera, en los Estados Unidos el concepto de
expectativa razonable de intimidad fue creado para establecer un límite entre
las labores de vigilancia y aquellas que al ser consideradas como allanamiento
y registro requieren orden judicial.
3.7.2. La expectativa razonable de intimidad en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
En el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos la doctrina de la expectativa razonable de intimidad ha sido
especialmente utilizada para el análisis de casos ocurridos en países cuya
legislación procesal penal consagra el sistema acusatorio como el Reino Unido,
aunque posteriormente se ha extendido para el estudio de otro tipo de
afectaciones al derecho a la intimidad:
3.7.2.1.
En el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, la expresión “Reasonable Expectation of Privacy” apareció
por primera vez en 1997[109] en
el caso Halford v. United Kingdom, para señalar que vulneraron
gravemente la intimidad unas interceptaciones realizadas a los teléfonos del
trabajo de una empleada de la policía con el objeto de utilizarlas para
discriminarla y evitar que obtuviera un ascenso[110].
3.7.2.2.
En el año 2001, la Corte
utilizó nuevamente el test en el caso P.G. & J.H. v. United Kingdom
en el cual la policía utilizó una conversación de un sospechoso con un policía
en una estación de policía para obtener una muestra de su voz. En esta sentencia
se hace un test de dos (2) fases: (i) en la primera se verifica la
existencia de una interferencia en la vida privada de acuerdo a la expectativa
subjetiva de intimidad y (ii) en la segunda se verifica que constituya
una medida que, en una sociedad democrática, es decir, que sea necesaria para
la protección de la seguridad, la prevención del crimen y la protección de los
derechos de otros. En esta sentencia el tribunal consideró que existían eventos
como éste en el cual la expectativa de intimidad es parcial, pues se puede
esperar razonablemente que quien participa en la conversación conozca y utilice
la información, pero que en este evento si no se realiza el procedimiento legal
no se puede utilizar la grabación electrónica[111].
3.7.2.3.
En el año 2003, en el caso
Peck v. United Kingdom, el Tribunal analizó el caso de un joven cuyo
intento de suicidio en una vía pública fue grabado por una cámara de vigilancia
pública y luego transmitido por televisión por la BBC. En esta decisión, se
realiza un análisis de dos (2) criterios: (i) la existencia de una
interferencia con la vida privada y (ii) si la interferencia está de
acuerdo con la ley y persigue un fin legítimo. En esta decisión, el Tribunal
señaló que el joven tenía la expectativa razonable de que su conducta solamente
fuera observada por las personas que se encontraran en el lugar y no por los
televidentes de la BBC[112].
3.7.2.4.
En el año 2003, en el caso
Perry v. United Kingdom, el Tribunal analizó el caso de un
sospechoso de robo que se rehusó en varias ocasiones a ser identificado en
ruedas de sospechosos y por ello la policía tomó imágenes suyas en la cárcel en
virtud de las cuales varias víctimas lo señalaron como autor de delitos[113].
En esta decisión se analiza: (i) si existió una interferencia en la vida
privada y (ii) si la misma está de acuerdo con la ley y persigue un fin
legítimo. En esta sentencia se reconoce que “El
monitoreo de acciones de un individuo o un sitio público a través del uso de
equipo fotográfico que no grave datos visuales, no da pie para una interferencia
con la vida privada del individuo”.
3.7.2.5.
En el año 2005, en el caso
Hannover v. Germany, el Tribunal analizó la posible violación de
la intimidad cometida a través de unas fotos tomadas por un paparazzi a la
Princesa Carolina de Mónaco y su novio. El Tribunal concluyó que la princesa
tenía una expectativa de intimidad que no podía ser afectada, pues las fotos no
se tomaron para un debate de interés público[114].
3.7.3. La expectativa razonable de intimidad en la Legislación
Procesal Penal Colombiana
En Colombia, la expectativa
razonable de intimidad es un criterio utilizado para definir aquellos eventos
en los cuales la policía judicial o la Fiscalía General de la Nación pueden
realizar una vigilancia y seguimiento de manera autónoma y cuando requieren de
una orden:
3.7.3.1.
El artículo 230 del
Código de Procedimiento penal permite que la policía judicial pueda adelantar
un allanamiento o registro cuando no
exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la
orden. En la misma norma establece que “no existe dicha expectativa cuando
el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra
abandonado” y cuando “el objeto se encuentre a plena vista merced al
auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del alcance
normal de los sentidos”.
3.7.3.2.
El artículo 239 permite la
vigilancia y el seguimiento de personas cuidando de no afectar la expectativa
razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros.
3.7.3.3.
El artículo 240 permite la
vigilancia de cosas empleando cualquier medio idóneo, siempre y cuando no se
afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del imputado o de
terceros.
3.7.3.4.
La Corte Suprema de Justicia
se ha referido en algunos casos a la expectativa razonable de intimidad:
3.7.3.4.1. En Sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009), la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el actor
no tenía una expectativa razonable de intimidad respecto de un registro
ordenado sobre un taxi sin orden judicial[115].
3.7.3.4.2. En Sentencia del nueve (9) de noviembre de dos mil seis (2006), la
Corte analizó el caso de uniformados que se desplazaron al lugar de residencia
de una persona donde llevaron a cabo labor de vigilancia que se extendió
durante varios días, lo cual les permitió constatar información suministrada
por la ciudadanía. De ahí, entonces,  que el registro al inmueble estuvo
precedido de una pesquisa seria que arrojó suficientes elementos de juicio y un
conocimiento fundado para inferir que en el sitio operaba un expendio de
narcóticos[116].
3.7.3.4.3. En Sentencia del 5 de junio de dos mil trece (2013), la Corte Suprema
de Justicia analizó la legalidad de una serie de actuaciones de la policía en
las cuales primero realizó una requisa preventiva en virtud de la cual se
incautaron sustancias y posteriormente ingresó a un predio cercado pero con el
portón principal abierto. En relación con la incautación se manifestó que esta
no vulneró el derecho a la intimidad pues la requisa se realizó en la vía
pública como parte de un procedimiento para conjurar una actividad delictiva[117].
Frente al ingreso al inmueble se consideró que no se presentó propiamente en la
vivienda, sino en partes del predio donde se tenían cultivos y frente a las
cuales no se tenía expectativa de intimidad[118].
En este sentido, la Corte señaló que la inviolabilidad del domicilio comprende
en principio la vivienda y la ampliación solo opera cuando exista una
expectativa razonable de intimidad:
“Esto ha llevado a la Corte a
sostener que la garantía de la inviolabilidad del domicilio comprende en
principio la vivienda, y que la ampliación de su cobertura de protección a
otras áreas de la propiedad solo opera cuando en relación con ellas sea también
pertinente predicar la existencia de una razonable expectativa de intimidad,
consultados factores como sus niveles de privacidad o los fines para los cuales
se encuentran destinadas”.
3.8.
EL SEGUIMIENTO DE PERSONAS
EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL COLOMBIANA
3.8.1.  El Decreto 50
de 1987 contempló por primera vez a
la vigilancia especial de personas en el Código de Procedimiento Penal Colombiano,
regulándola como una medida de aseguramiento de la prueba: “Aseguramiento de la prueba. En el desarrollo de la actividad
probatoria el juez deberá tomar las medidas tendientes a garantizar que los
elementos materiales de prueba no sean alterados, ocultados o destruidos para
lo cual podrá ordenar vigilancia especial de las personas o los inmuebles el
sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte, la incautación de
papeles, libros y otros documentos, y efectuar todas las actuaciones que
considere necesarias para el aseguramiento de las pruebas”[119].
3.8.2.  El Decreto 2700 de 1991 consagró
nuevamente a la vigilancia especial de personas como una medida para evitar que los elementos materiales de prueba
sean alterados, ocultados o destruidos, con una regulación muy similar a la de
la legislación anterior[120].
3.8.3.  La Ley 600 de 2000 estableció una regulación
mucho más completa del seguimiento pasivo, definiendo sus siguientes elementos:
(i) las autoridades que los realizan (funcionarios judiciales y de
Policía Judicial), (ii) el objeto de la vigilancia (actividades
sospechosas de preparación, ejecución, consumación u obtención de efectos
de conductas tipificadas en la ley penal), y (iii) los objetivos de
la medida (impedir la ejecución o consumación de conductas punibles,
determinar la procedencia de la acción penal, recaudar pruebas, atender
solicitudes de asistencia judicial, determinar el origen de los bienes, ubicar
las víctimas)[121].
3.8.4.  La Sentencia C-431
de 2003 declaró exequibles los
vocablos “preparación” e “impedir la ejecución o
consumación de conductas punibles” e inexequible la palabra “sospechosas”,
contenidos en el artículo 243 de la Ley 600 de 2000, con fundamento en los siguientes
argumentos:
3.8.4.1.
No desborda
las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación que con
anterioridad al inicio de la acción penal coordine labores de investigación
adelantadas por los funcionarios judiciales o de policía judicial para determinar
su procedencia. En este sentido, cuando la Fiscalía General de la Nación ordena
realizar labores de inteligencia sobre actividades sospechosas de estar
encaminadas a la vulneración de bienes jurídicos tutelados tiene un objetivo
constitucionalmente válido como es buscar pruebas con fines judiciales o la de
prevenir la comisión de delitos:
“En ese orden de ideas, cuando el
Fiscal General o su delegado ordena a un funcionario judicial o de policía
judicial realizar labores de inteligencia sobre actividades sospechosas de
estar encaminadas a la vulneración de bienes jurídicos tutelados, individuales
o colectivos, encuentra una finalidad constitucionalmente válida cual es la de
buscar pruebas con fines judiciales o la de prevenir la comisión de delitos,
constituyéndose en una herramienta valiosa de política criminal que el
legislador en ejercicio de su libertad de configuración encontró importante
delegar en el ente acusador con el fin de identificar, individualizar o
capturar los autores o partícipes, desarticular empresas criminales, impedir la
ejecución o consumación de conductas punibles, determinar la procedencia de la
acción penal, recaudar pruebas, atender solicitudes de asistencia judicial, determinar
el origen de los bienes y ubicar víctimas”.
3.8.4.2.
La
intervención de funcionarios judiciales o de policía judicial en la etapa
previa a la comisión de un delito, bajo la dirección y coordinación del Fiscal
General o su delegado constituye “una medida eficaz de lucha contra la
delincuencia”.
3.8.4.3.
Sin embargo,
esta sentencia también estableció una serie de límites a la realización del
seguimiento pasivo por orden de la Fiscalía General de la República:
(i)
En primer
lugar, señaló que estas actividades no pueden quedar al capricho o al arbitrio
de quienes desempeñen funciones de policía judicial, por lo cual se requiere de
la existencia de circunstancias objetivas externas que constituyan indicios
concretos sobre el particular o la existencia de a lo menos un principio de
prueba[122].
(ii)
En segundo
lugar, se estableció que las actividades de incursión o seguimiento deben
realizarse exclusivamente para la
identificación, individualización o captura posterior, cuando se cumplan para
el efecto los requisitos constitucionales o legales, o para impedir la
ejecución o consumación de conductas punibles[123].
(iii)
En tercer lugar, se
exigió que la decisión se motive expresamente para facilitar el control
preventivo de las conductas delictuosas y garantizar el derecho a no ser
molestado ni individualmente ni en su familia cuando no existan los motivos
previstos por la ley para el efecto[124].
(iv)
Finalmente se
contempló que las actividades de incursión o seguimiento pasivo deben ser
temporales y realizadas de manera razonable: “Adicionalmente, se observa por
la Corte que las actividades de incursión o seguimiento pasivo a que se refiere
la disposición acusada no pueden ser de carácter permanente e indefinido, sino
que necesariamente habrán de ser temporales y realizadas de manera razonable,
de tal suerte que en ningún caso puedan significar hostigamientos abusivos,
pues la política criminal del Estado ha de adelantarse siempre conforme a la
Constitución”.
3.8.4.4.
La Ley 906 de 2004
reguló de manera específica la vigilancia y el seguimiento de personas
estableciendo que el fiscal podrá ordenar a la Policía Judicial el seguimiento
pasivo del indiciado cuando tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo
con los medios cognoscitivos previstos en el código, para inferir que el indiciado
o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la
investigación que se adelanta, siempre y cuando contara con la autorización
previa del Director Nacional o Seccional de Fiscalía. Adicionalmente agregó que
esta orden será cancelada si en un año no se obtienen resultados.
Por
otro lado, estableció que en la
ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica aconseje
para recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los
autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste
y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la
intimidad del indiciado o imputado o de terceros
Finalmente
concluye que se requerirá el control posterior del juez de control de garantías para la determinación de
su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.
3.8.4.5.
La Ley 1453 de 2011
realizó una serie de modificaciones puntuales al procedimiento contemplado en
la Ley 906 de 2004: (i) eliminó la exigencia de autorización por parte
de Director Nacional o Seccional de
Fiscalía, (ii) exigió un control posterior de legalidad realizado por el
Juez de Control de Garantías que debe llevarse a cabo una vez vencido el
término de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la
investigación y (iii) exigió de manera expresa que la autoridad que
recaude la información no altere los medios técnicos utilizados ni hacer
interpretaciones de los mismos.
3.9.
ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES
ACUSADAS
Como se mencionó previamente, el derecho a la
intimidad no es absoluto, pues es posible limitarlo por razones de interés
público o por el propio consentimiento expreso o tácito de la persona. Sin
embargo, no toda restricción a esta garantía es legítima, sino que debe cumplir
con una serie de pautas especiales que se analizarán a continuación respecto de
las expresiones demandadas:
3.9.1.
Exequibilidad de la primera
parte de la norma
La primera expresión analizada contempla la
posibilidad de que el fiscal ordene la vigilancia y seguimiento de una persona
con fundamento en “motivos razonablemente fundados” para inferir que el
indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la
investigación que se adelanta:
“(e)l fiscal que tuviere motivos razonablemente
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código,
para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir
información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se
someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía
Judicial”.
La accionante señala que esta disposición permite que
se afecte la vida privada de las personas con una simple decisión discrecional
del fiscal, por lo cual considera que vulnera el derecho a la intimidad, posición
que no se comparte, pues la medida de vigilancia y seguimiento consagrada es
una restricción razonable y proporcional a este derecho fundamental:
3.9.1.1.
Razonabilidad de la medida
El estudio de la razonabilidad de la medida requiere
de la evaluación de 3 factores: (i) el fin buscado por la medida, (ii)
el medio empleado para alcanzar dicho fin y (iii) la relación entre el
medio y el fin[125],
los cuales serán analizados a continuación en relación con la medida de
vigilancia y seguimiento de personas:
3.9.1.1.1.
Finalidad legítima de la
limitación
El derecho a la intimidad no es absoluto, pues puede
limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa
de intereses superiores del ordenamiento[126].
Estas limitaciones deben fundarse en el interés general y ser legítimas y “debidamente
justificadas constitucionalmente”. La Corte constitucional ha reconocido
que una de estas razones se presenta cuando se perjudica la convivencia
pacífica o se amenaza el orden justo[127]. En
particular, esta Corporación ha señalado que el ejercicio del ius puniendi del
Estado, cuyo objetivo es la persecución y sanción de las conductas que atentan
contra los bienes jurídicos tutelados, constituye una razón suficiente para
limitar el derecho a la intimidad[128].
En este sentido, la Sentencia C-431 de 2003 expresó sobre la vigilancia pasiva que encuentra una finalidad constitucionalmente válida
cual es la de buscar pruebas con fines judiciales o la de prevenir la comisión
de delitos:
“(c)uando el Fiscal General o su
delegado ordena a un funcionario judicial o de policía judicial realizar
labores de inteligencia sobre actividades sospechosas de estar encaminadas a la
vulneración de bienes jurídicos tutelados, individuales o colectivos, encuentra
una finalidad constitucionalmente válida cual es la de buscar pruebas con fines
judiciales o la de prevenir la comisión de delitos, constituyéndose en una
herramienta valiosa de política criminal que el legislador en ejercicio de su
libertad de configuración encontró importante delegar en el ente acusador con
el fin de identificar, individualizar o capturar los autores o partícipes,
desarticular empresas criminales, impedir la ejecución o consumación de
conductas punibles, determinar la procedencia de la acción penal, recaudar
pruebas, atender solicitudes de asistencia judicial, determinar el origen de
los bienes y ubicar víctimas”.
De esta manera, la medida de vigilancia y seguimiento
de aquella persona frente a quien se ha inferido que ha incurrido en una
conducta punible está fundada en una finalidad completamente legítima como es
la persecución y sanción de las conductas que atentan contra los bienes jurídicos
tutelados a través del aseguramiento pronto y eficaz de los elementos
materiales probatorios.
3.9.1.1.2.
La medida de vigilancia y
seguimiento tiene un alcance restringido
La medida analizada permite la vigilancia y el
seguimiento del indiciado o el imputado para conseguir información útil para la
investigación que se adelanta mediante fotografías, videos y, en general,
realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información.
En todo caso, esta medida tiene un alcance muy específico que permite la
vigilancia respecto de eventos que no afecten el núcleo esencial de la
intimidad como en campos abiertos o públicos o a plena vista.
De esta manera, esta medida no es aplicable cuando sea
necesaria una afectación más profunda de la intimidad como allanamientos y
registros, interceptaciones o retenciones:
(i)      En virtud de una simple medida de vigilancia y
seguimiento no podrá ingresarse a un domicilio
privado para obtener elementos materiales probatorios y evidencia física
o realizar la captura del indiciado, pues en este evento es necesario realizar
un registro o allanamiento, el cual está previsto en el artículo 219 de la Ley
906 de 2004:“Procedencia de los registros y allanamientos. El fiscal
encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los
artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y
evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado,
podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el
cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento
tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo
podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento
de detención preventiva”.
(ii)   La simple medida de vigilancia y seguimiento no podrá
implicar la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de
mensajería especializada o similar que reciba o remita el indiciado o imputado,
pues en ese evento deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 233 del Código
Penal: “Retención de correspondencia. El
Fiscal General o su delegado podrá ordenar a la policía judicial la retención
de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o
similar que reciba o remita el indiciado o imputado, cuando tenga motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que existe información útil para la investigación”.
(iii) La orden de vigilancia y seguimiento tampoco autoriza a realizar una
interceptación de telecomunicaciones, pues en ese caso se debe aplicar el
procedimiento contemplado en los artículos 235 y ss de la Ley 906 de 2004[129].
En virtud de lo anterior, el Código de Procedimiento
Penal y la Constitución Política de Colombia limitan la medida de vigilancia y
seguimiento a técnicas en las cuales no sea necesario realizar un registro, un
allanamiento, retener correspondencia o realizar una interceptación de
comunicaciones.
3.9.1.1.3.
Existe una absoluta relación
entre la medida y el fin pretendido
La vigilancia y el seguimiento de personas tiene la
finalidad exclusiva de asegurar elementos materiales probatorios para la
investigación y el juzgamiento de una conducta punible, situación que se
encuentra de manera muy clara en la norma pues la misma señala que su objetivo
es conseguir información útil para la investigación que se adelanta para
identificar o individualizar los autores o partícipes, las personas que lo
frecuentan, los lugares donde asiste y aspectos similares.
Esta medida permiten la obtención de elementos
materiales probatorios de una manera ágil y próxima a la comisión del delito,
lo cual es esencial en la investigación de conductas punibles, pues pasado
cierto tiempo la indagación se hace cada vez más difícil[130].
Con el correr de los días las evidencias físicas desaparecen, los testigos
olvidan los hechos y los delincuentes tienen más tiempo para ocultarse, por
ello, una investigación penal debe ser reactiva, pronta y eficaz, a través de
medios que permitan el aseguramiento inmediato de las pruebas para evitar la impunidad.
3.9.1.2.
La medida es proporcional
La proporcionalidad del medio se determina mediante
una evaluación de su idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente
legítimo de acuerdo con el principio de razón suficiente); su necesidad, en el
sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos
para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados;
y su proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que la efectividad del fin
que se persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los
principios que sufren restricción, elementos que se analizarán a continuación.
3.9.1.2.1.
La medida es idónea para
lograr el fin pretendido
La vigilancia y seguimiento es una medida idónea para
alcanzar el fin de recaudar información sobre la comisión de la conducta
punible, pues en virtud de ésta es posible realizar actuaciones para la
individualización de los autores y partícipes.
Adicionalmente, esta medida no es una invención de la
legislación procesal penal colombiana, sino que se encuentra consagrada en
muchos países como Alemania[131], Francia[132],
el Reino Unido[133],  Estados
Unidos, España[134], Irlanda[135],
Chile[136],
Ecuador[137],
Perú[138] y
Panamá[139],
en los cuales se ha reconocido la importancia de contemplar un instrumento que
permita la vigilancia y el seguimiento de personas y que no requiera de una
orden judicial previa por no implicar una afectación del núcleo esencial del
derecho a la intimidad.
3.9.1.2.2.
La medida es necesaria
La medida de vigilancia y seguimiento constituye un
medio mucho menos restrictivo para la obtención de pruebas que otros como el
allanamiento, el registro y la interceptación de comunicaciones.
En este sentido,
el núcleo esencial del
derecho fundamental a la intimidad presupone la existencia y goce de un espacio
reservado de cada individuo que se encuentra exento de la intervención o
intromisiones arbitrarias del Estado y la sociedad.
La medida analizada no tiene por objeto afectar el
núcleo esencial del derecho a la intimidad sino realizar una vigilancia o
seguimiento pasivo del indiciado en campos, abiertos, a plena vista o en sitios
abandonados.
Es decir, en este caso, el monitoreo se realiza
respecto de actividades que el propio individuo realiza en el transcurso de la
vida corriente y como consecuencia de sus relaciones interpersonales[140],
siempre y cuando además no se vulnere la expectativa razonable de intimidad.
3.9.1.2.3.
La medida es proporcional en
sentido estricto
La medida es proporcional en sentido estricto, pues no
solamente no afecta el núcleo esencial del derecho a la intimidad, sino que
también está sujeta a una serie de controles y restricciones contemplados en el
propio Código de Procedimiento Penal:
(i)
En primer lugar, de acuerdo al
propio texto de la norma, la decisión debe ser motiva de manera razonable.
(ii)
En segundo lugar, la decisión debe
estar fundada en los medios cognoscitivos
previstos en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que requiere de un
sustento basado en información recogida en el proceso.
(iii)
En tercer lugar, la medida de
vigilancia está limitada en el tiempo, pues si
en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la
orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren
nuevos motivos.
(iv)
En cuarto lugar requiere autorización del Juez de Control de Garantías para la
determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía
General.
(v)
Finalmente, vencido el término
de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la investigación
el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para que realice la
audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
Por lo anterior, la medida de vigilancia y seguimiento
es constitucional pues constituye una limitación legítima del derecho a la
intimidad, pues cumple con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad
señalados por la jurisprudencia de esta Corporación.
3.9.2.
Exequibilidad del inciso 3º
del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011.
El inciso tercero del artículo 54 de la Ley 1453 de
2011 permite la ejecución de la medida de vigilancia y seguimiento empleando
cualquier medio que la técnica aconseje, cuidando de no afectar la expectativa
razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros:
“En
la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio que la técnica
aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar videos y, en
general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar
información relevante a fin de identificar o individualizar los autores o
partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste y
aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la
intimidad del indiciado o imputado o de terceros”.
La actora señala que este inciso desconoce el ámbito
privado de todos los ciudadanos en su ámbito personal y familiar al permitir
intromisiones arbitrarias por parte del Estado, pues no pone un verdadero
límite a la vigilancia del indiciado, sino que simplemente señala “cuidando
de no afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado
o de terceros”, sin definir en ningún momento cuál es esa expectativa
razonable.
No se comparte el cuestionamiento de la accionante
según el cual la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado
o de terceros no implica ninguna restricción a intervenciones arbitrarias por
parte de la fiscalía, pues por el contrario la norma agrega una limitación muy
importante a las medidas realizadas en virtud de la vigilancia y el seguimiento
que es coherente con la razonabilidad que ha exigido esta Corporación respecto
de toda limitación al derecho a la intimidad:
(i)
La Sentencia T-453 de 2005[141] señaló al respecto: “Las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual
que la de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, en el contexto de un sistema
democrático. Estos principios han sido aplicados por esta Corporación para
examinar las limitaciones a los derechos que haga el legislador, pero también
al ponderar el enfrentamiento de derechos” (negrillas y subrayado fuera de
texto).
(ii)
La Sentencia C-540 de 2012
manifestó por su parte: “Si bien el
derecho a la intimidad no es absoluto, ya que puede ser objeto de limitaciones
o interferencias pero sólo por razones de “interés general, legítimas y
debidamente justificadas constitucionalmente”, y dichas limitaciones deben
respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el
contexto del sistema democrático” (negrillas y subrayado fuera de texto).
(iii)
La Corte también ha analizado
la razonabilidad de las medidas que afectan la intimidad en diversas sentencias
como las T-713 de 1996[142], T-172 de 1999[143], T-1033 de 2001[144] y T-158
A de 2008[145].
De esta manera, exigir la razonabilidad de la
limitación no solo no es inconstitucional, sino que desarrolla las exigencias
para la protección del derecho a la intimidad. En este sentido, lejos de
reconocerse que el criterio de expectativa razonable de intimidad pueda
desconocer este derecho, permite que se realice un control adicional a la
medida de vigilancia y seguimiento, pues el juez de control de garantías deberá analizar
la razonabilidad concreta de la medida frente a la intimidad en dos (2) momentos:
(i)
Al momento de emitir la
autorización sobre la legalidad formal y
material de la medida, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la
expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.
(ii)
Vencido el término de la orden
de vigilancia u obtenida la información útil para la investigación el fiscal
comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, cuando se realice la
audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
Por otro lado, tampoco puede considerarse que el
concepto de expectativa razonable de intimidad sea una invención ambigua del
legislador colombiano, pues este criterio ha sido utilizado en los últimos
cuarenta (40) años en los sistemas penales acusatorios que permite verificar en
cada evento concreto la razonabilidad de la medida y que en todo caso se debe
excluir en eventos en los cuales el individuo no puede tener una expectativa de
no ser observado como en campos abiertos o espacios públicos.
La variedad de eventos que pueden presentarse en
virtud de este seguimiento, tal como lo demuestra la jurisprudencia de otros
países hace que sea imposible fijar una lista taxativa de casos en los cuales
sea prohibida la vigilancia, especialmente teniendo en cuenta el avance de la
tecnología en este aspecto, por lo cual será cada juez en cada caso concreto
quien al realizar el control señalado en la norma demandada deberá determinar
si una técnica es o no razonable frente a la limitación del derecho a la intimidad.
Por lo anterior, se declarará la exequibilidad del
inciso 3º del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011, pues no desconoce las
garantías constitucionales del indiciado sino que, por el contrario, consagra
un criterio de protección adicional del derecho a la intimidad que deberá ser
tenido en cuenta por el fiscal y por el juez de control de garantías.
4.
CONCLUSIONES
4.1.
El derecho a la intimidad hace
parte de la esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia
arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial
del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada
esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más
limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico.
4.2.
El núcleo esencial del derecho
a la intimidad supone la existencia y goce de una órbita reservada para cada
persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones
arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno
desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural.
4.3.
El derecho a la intimidad se
caracteriza por su carácter “disponible”, por lo cual con el transcurso
de la vida corriente y como consecuencia de las relaciones interpersonales que
la misma implica, el titular de esta garantía se vea impelido a sacrificarla en
aras de dar prevalencia al orden social y al interés general o ante la
concurrencia con otros derechos o principios.
4.4.
Dependiendo del nivel en que
el individuo cede parte de su interioridad hacia el conocimiento público, se
presentan distintos grados de intimidad: (i) La intimidad personal, que alude
precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder guardar
silencio; (ii) el secreto y la privacidad en el núcleo familiar; (iii)
las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales como, las
sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de la
interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social y;
(iv) la intimidad gremial, que se relaciona estrechamente con las
libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse-conforme a derecho-la
explotación de cierta información.
4.5.
El derecho a la intimidad no
es absoluto, pues puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de
terceros o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento.
4.6.
La vigilancia y el seguimiento
del indiciado son actuaciones realizadas por la policía judicial para la
obtención y el aseguramiento de pruebas de una conducta punible, las cuales se
han contemplado en numerosas legislaciones penales de todo el mundo como en
Alemania, la Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Chile, Ecuador,
Perú y Panamá entre otros.
4.7.
La expresión “el fiscal que
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el
imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación
que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo” es
exequible, pues constituye una limitación razonable y proporcional del derecho
a la intimidad:
4.7.1.  La medida de vigilancia y seguimiento es razonable por
los siguientes motivos:
(i)
Está fundada en una finalidad
legítima como es la persecución y sanción de las conductas que atentan contra
los bienes jurídicos tutelados.
(ii)
Tiene un alcance limitado y muy
específico que permite la vigilancia respecto de eventos que no afecten el
núcleo esencial de la intimidad como campos abiertos, a plena vista, o cuando
se hayan abandonado objetos, por lo cual no se podrá aplicar en aquellos casos
en los cuales sea necesaria una afectación más profunda de la intimidad como
allanamientos y registros, interceptaciones o retenciones
(iii)
Tiene una relación absoluta
con la finalidad pretendida, situación que se encuentra de manera muy clara en
la norma, pues la misma señala que su objetivo es conseguir información útil
para la investigación que se adelanta.
4.7.2.  La medida de vigilancia y seguimiento es proporcional
por los siguientes motivos:
(i)
Es idónea para alcanzar el fin
de recaudar información sobre la comisión de la conducta punible.
(ii)
Constituye un medio mucho
menos restrictivo para la obtención de pruebas que otros como el allanamiento,
el registro y la interceptación de comunicaciones.
(iii)
Es proporcional en sentido
estricto, pues no solamente no afecta el núcleo esencial del derecho a la
intimidad, sino que también está sujeta a una serie de controles y
restricciones: la decisión debe ser motivada de manera razonable; debe estar
fundada en medios cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal; está
limitada en el tiempo, pues si en el lapso de un año no se obtuviere resultado
alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a
expedirse, si surgieren nuevos motivos; requiere autorización del Juez de
Control de Garantías para la determinación de su legalidad formal y material,
dentro de las 36 horas siguientes a la expedición de la orden y; vencido el
término de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la
investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para
que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
4.8.
La expectativa razonable de la
intimidad del indiciado o imputado o de terceros adiciona una limitación muy
importante a las medidas realizadas en virtud de la vigilancia y el seguimiento
que es coherente con la razonabilidad que ha exigido la Corte Constitucional respecto
de toda restricción al derecho a la intimidad.
5.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, la
expresión “el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo
con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el
indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la
investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento
pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial” contemplada
en el artículo 54 de la Ley 1453 de 2011.
SEGUNDO.
Declarar EXEQUIBLE por el
cargo analizado, el inciso 3º del artículo 54 de la Ley 1453 de 2011.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y
archívese el expediente.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General
[1] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
[2] Sentencias de la Corte Constitucional C –
480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;  C – 675
de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y C – 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] Ver Casos Tristán Donoso vs. Panamá y Escher y Otros vs.
Brasil.
[4] Ver casos Halford v. United Kingdom y Perry v. United
Kingdom
[5] Ver casos United States vs. Katz U.S., United States vs.
Oliver, United States vs. White, United States v. Knotts, United States vs.
Karo, United States vs. Díaz y United States vs. Kyllo.
[6] Sentencia de la Corte Constitucional C-761 de 2009. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[7] Sentencias de la Corte Constitucional C-560 de 1997, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; C-381
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-1032 de 2006, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; C-544 de 2007, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C-055 de 2010, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[8] Sentencia de la Corte Constitucional C-761 de 2009. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[9] Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-055 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; C-879 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-889 de 2012, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; C-1017 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[10] Sentencias de la Corte Constitucional C-356 de 1994, M.P.
Fabio Morón Díaz; C-472 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-232 de 1997,
M.P. Jorge Arango
Mejía; C-600 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-224 de 2004, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; C-381 de 2005, M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; C-506 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-895 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; C-816
de 2011, M.P. Mauricio
González Cuervo; C-966 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa y C – 579 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub entre muchas otras.
[11] Sentencias de la Corte Constitucional T-517 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero;  C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-872 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-405 de 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-303 de 2008, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-708 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-916
de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo
Martelo Mendoza; T-634 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa y C-850 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[12] Sentencias de la Corte Constitucional T-696 de 1996, M.P.
Fabio Morón Díaz y T-437 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[13] Sentencias de la Corte Constitucional T-411 de 1995, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; SU-056 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell y
T-439 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14]  La sentencia citada remite a su vez a las sentencias de
la Corte Constitucional T-530 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-552 de
1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-913 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[15] Sentencia de la Corte Constitucional T-222 de 1992, M.P.
Ciro Angarita Barón y T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[16] Sentencia de la Corte Constitucional T-210 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-489 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17] Sentencias de la Corte Constitucional T-552 de 1997, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-303 de
2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Martelo
Mendoza
[18] Sentencia de la Corte Constitucional T-437 de 2004, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Sentencias de la Corte Constitucional T-552 de 1997, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza.
[20] Sentencias de la Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; C-131 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-634
de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa
[21] Sentencia de la Corte Constitucional
C-489 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[22] Sentencias de la Corte
Constitucional T-022 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
[23] Sentencia
de la Corte Constitucional C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[24] Sentencia de la Corte Constitucional
C-489 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[25] Sentencia de la
Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Sentencia de la
Corte Constitucional T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-131 de 2009,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Sentencias de la Corte Constitucional T-696 de 1996. M.P.
Fabio Morón Díaz, reiterada posteriormente en las sentencias T-169 de 2000,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1233 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería y T-787
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional T-916 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[29] Esta Corporación ha considerado, que el concepto de
domicilio desde la Constitución, adquiere una dimensión más amplia, respecto de
la clásica noción civilista, pues además de la casa de habitación, comprende “todos
aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más
inmediata su intimidad y su personalidad mediante el ejercicio de su libertad.”
[30] Sentencias de la Corte Constitucional T-233 de 2007, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-708 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y
T-916 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En simular sentido Sentencias
de la Corte Constitucional SU-089 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; T-411 de
1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar
Gil y T-634 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[31] Sentencia de la Corte Constitucional SU-056 de 1995, M.P.
Antonio Barrera Carbonell
[32] Sentencia de la Corte Constitucional C-1153 de 2005, M.P.
Margo Gerardo Monroy Cabra.
[33] Sentencias de la Corte Constitucional C-053 de 2001, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos..
[34] En la jurisprudencia de esta Corporación, se ha
identificado con el nombre de: “el derecho a ser dejado en paz”. Sentencia
T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.
[35] Sentencias de la Corte Constitucional C-282 de 1997 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo y T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Véase, Madrid-Malo, Mario, Estudios sobre derechos fundamentales, Bogotá. 1995.
[36] Sentencia de la
Corte Constitucional T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[37] Sentencia de la Corte Constitucional T-233 de 2007, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 1997, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[39] Sentencias de la Corte Constitucional C-053 de 2001, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional T-916 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[41] Sentencias de la Corte Constitucional C-053 de 2001, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[42] Sentencias de la Corte
Constitucional C-053 de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-787 de
2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-438 de 2013,
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[43] Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y
libertad de información: Un conflicto de derechos. Editorial Siglo XXI, México,
1971. Pág. 49.
[44] Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[45] Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-407 de
2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[46] El voto
concurrente del Juez Harlan en la sentencia Katz vs. United States señaló que
el criterio para la delimitación de la vida privada no podía ser exclusivamente
el lugar de los hechos sino también la expectativa de intimidad del sujeto.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional
T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[48] Sentencia de la Corte Constitucional
T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[49] Sentencia T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[50] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System.
[51] Sentencias de la Corte Constitucional C-024 de 1994, M.P.
Alejandro Martínez Caballero y C-505 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[52] Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 1997, M.P.
Fabio Morón Díaz.
[53] Sentencia de la Corte Constitucional C-041 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional
T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional
T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[56] Sentencia de la Corte Constitucional
T-407 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[57] Sentencia de la Corte Constitucional T-407 de 2012, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[58] Sentencias de la Corte
Constitucional T-501 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-394 de
1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-517 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-453 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-640 de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo; C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza;. Asimismo,
puede consultarse la sentencia T-768 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[59] Sentencias de la Corte
Constitucional C-501 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-517 de 1998,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-505 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-336 de 2007, M.P.
Jaime Córdoba Triviño y C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[60] Sentencia de
la Corte Constitucional T-414 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
[61] Sentencia de
la Corte Constitucional C-501 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-692
de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño. Asimismo, puede consultarse las sentencias T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil y T-768 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[62] Sentencias de
la Corte Constitucional T-552 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y
C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] Sentencias de la Corte Constitucional C-640 de 2010, M.P.
Mauricio González Cuervo y C-850 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[64] Sentencias de la Corte Constitucional T-210 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-517 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[65] Sentencia C-692 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[66] Sentencias de la Corte Constitucional C-475 de 1997, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-489
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-453 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-768 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[67] Sentencia de la Corte Constitucional T-696 de 1996, M.P.
Fabio Morón Díaz.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[69] Sentencia de la Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[70] Sentencia de la Corte Constitucional C-489 de 1995, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[71] Sentencia de la Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-489 de 1995, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[73] Sentencia de
la Corte Constitucional C-336 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[74] Sentencia del 27 de enero de 2009
[75] Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a “la
[alegada interceptación, grabación y] divulgación de una conversación
telefónica del abogado Santander Tristán Donoso […]; la posterior apertura de
un proceso penal por delitos contra el honor como [supuesta] represalia a las
denuncias del señor Tristán Donoso sobre [la referida grabación y divulgación];
la falta de investigación y sanción de los responsables de tales hechos, y la
falta de reparación adecuada”.
[76] Sentencia de 27 de enero de 2009.
[77] Sentencia del 6 de julio de 2009.
[78] Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a “la
[alegada] intercep[ta]ción y monitoreo ilegal de las líneas telefónicas de
Arle[i] José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves
Cabral, Celso Aghinoni y Eduardo Aghinoni, […] miembros de las organizaciones
[ADECON] y [COANA], llevados a cabo entre abril y junio de 1999 por parte de la
Policía Militar del [e]stado de Paraná; [la divulgación de las conversaciones
telefónicas,] así como la denegación de justicia y reparación adecuada”.
[79] Sentencia del Caso Escher y Otros vs. Brasil.
[80] Cfr. Caso Yatama, supra nota 61, párr. 152; Caso
Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela  (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182, párr. 78 y Caso Tristán Donoso,
supra nota 9, párr. 153.
[81] Artículo 100 c) del Código de
Procedimiento Penal Alemán.
[82] Gesetz zur
Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der
organisierten Kriminalität
[83] ROXIN, Claus: Derecho procesal penal, Editores del Puerto,
2000, pág. 61.
[84] Artículo 163 e) del Código de
Procedimiento Penal Alemán.
[85] ROXIN, Claus: Derecho procesal penal, Editores del Puerto,
2000, pág. 61.
[86] Artículo 706-80.
[87] Sección 6.27 de las Reglas de Procedimiento
Criminal del Reino Unido.
[88] Artículo 26 de la Ley de Regulación de Poderes de la
Investigación.
[89] Sjaak Nouwt,Berend R. de Vries,Corien
Prins: Reasonable Expectations of Privacy?, Asser Press, La Haya, 2005,
9.
[90] Ver, por ejemplo, United States vs. Katz de 1979,  United
States vs. White de 1971, United States vs. Knotts de 1983, United States vs. Karo
de 1984, United States vs. Jacobsen, Kyllo vs. United States de 2001, entre
muchas otras.
[91] Artículo
773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España.
[92] Art. 213 del Código de Procedimiento
Penal Chileno.
[93] Art. 197 del Código de Procedimiento
Penal de Ecuador de 2000
[94] Art. 237º del Decreto Legislativo Nº 95
de 2004.
[95] Art. 301 de la Ley 63 de 2008.
[96] ADAMS, James / BLINKA, Daniel: Prosecutor's
Manual for Arrest, Search and Seizure, Lexis Nexis, 2012, 2279.
[97] WHITEBREAD, C.
/ SLOBOGIN, C.: Criminal Procedure, Thomson / West, Nueva York, 2008, 357.
[98] Katz vs. U.S.,
1967.
[99] Voto concurrente del Juez Harlan: “Mi comprensión de la regla que ha emergido de las
decisiones previas es que hay un requisito dual, primero que la persona haya
exhibido una actual (sujetiva) expectativa de privacidad y, segundo, que la
expectativa sea una que la sociedad estè preparada para reconocer como
razonable. Por consiguiente, el hogar de una persona, un lugar en el cual
espera privacidad, pero objetos, actividades o declaraciones que exponga a
plena vista de terceros no están protegidos, porque no ha sido exhibida ninguna
intención de dejarlos para sí mismo. De otro lado, conversaciones abiertas no
estarían protegidas de ser difundidas, porque la expectativa de intimidad en
esas circunstaqncias sería irrazobable”.
[100] ADAMS, James / BLINKA, Daniel: Prosecutor's
Manual for Arrest, Search and Seizure, Lexis Nexis, 2012, 2279.
[101] Sentencia caso United States vs. White
(1971): “Desde que Katz v. United States,
supra, la piedra de toque del análisis de la Cuarta Enmienda  ha sido si una
persona tiene “una expectatitva razonable de intimidad protegida
constitucionalmente. La enmienda no protégé la mera expectativa subjetiva de
privacidad, sino solo aquella expectativa que la sociedad está preparada para
reconocerla como razonable. Porque los campos abiertos son accesibles al pú
blico y a la policía en el sentido
que un hogar, oficina o estructura comercial no lo están y debido a que las
cercas o señales de “no ingresar” no prohiben al público ver espacios abiertos,
la señaladas expectativa de privacidad en campos abiertos no se reconoce como
razonable”.
[102] Sjaak Nouwt,Berend R. de Vries,Corien
Prins: Reasonable Expectations of Privacy?, Asser Press, La Haya, 2005,
11.
[103] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System, 312
[104] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System, 301.
[105] BLOOM, Robert M.: Searches,
Seizures, and Warrants: A Reference Guid, Greenwood, 2003, 49.
[106] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System, 301
[107] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System, 286.
[108] Sentencia caso Danny Lee Kyllo v. United States, 11 de junio de 2001.
[109] GÓMEZ-AROSTEGUI, Tomás, Defining private life under the
european convention on human rights by referring to reasonable expectations, 35
CAL. W. INT’L L. J. 153 (2005), 165.
[110] Sentencia caso Halford v. the United Kingdom, 25 de junio de 1997.
[111] Sentencia caso P.G. & J.H. v. United Kingdom, 25 de
septiembre de 2001.
[112] Sentencia caso Peck v. United Kingdom, 28 de enero de 2003.
[113] Sentencia caso
Perry v. The United Kingdom, 17 de julio de 2003.
[114] Sentencia caso von Hannover v. Germany, 24 de junio de 2004.
[115] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia del mayo veintisiete (27) de dos mil nueve (2009),
M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
[116] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del nueve (9) de
noviembre de dos mil seis (2006). M.P. Marina Pulido de Barón.
[117] Corte Suprema de
Justicia. Sala
de Casación Penal. Sentencia del 5 de junio de 2013. M.P. José Leonidas Bustos
Martínez: “En relación con los dos primeros es evidente que se trató de un
procedimiento legítimo, por cuanto el decomiso de la sustancia se efectuó en
desarrollo de una requisa preventiva, en plena vía pública, llevada a cabo
dentro del marco de un operativo orientado a conjurar una actividad delictiva,
para la cual los infantes de marina no requerían orden escrita ni permiso de
autoridad, y su captura, al igual que el aseguramiento de los elementos
materiales probatorios incautados, mientras intervenía policía judicial, se
cumplió en virtud de su sorprendimiento en flagrante actividad delictiva”.
[118] Corte Suprema de Justicia.
Sala de
Casación Penal. Sentencia del 5 de junio de 2013. M.P. José Leonidas Bustos Martínez:
“Frente a estos supuestos fácticos, no cuesta trabajo concluir que las
afirmaciones de la demandante, en el sentido de que la incursión fue ilegal
porque se trataba de un predio debidamente cercado, carecen de fundamento,
porque la garantía constitucional de inviolabilidad, como ya se dijo, no tiene
por objeto la protección de la propiedad privada, sino del derecho a la
intimidad personal y familiar, la que se circunscribe, en principio, al sitio
de residencia, y en el presente caso es claro que las unidades de la Armada
Nacional no ingresaron a las instalaciones habitacionales. La tesis expuesta
por la recurrente, consistente en que la garantía de inviolabilidad se extendía
a toda el área que se hallaba encerrada, exigía demostrar que en los terrenos
aledaños a la vivienda sus moradores desarrollaban también actividades
privadas, merecedoras de protección, pero la libelista no se ocupa de acreditar
este hecho, y de las características del lugar claramente se establece que esta
situación no se presentaba, por cuanto se trataba de un predio cercado con
alambre de púas, que no ofrecía ningún tipo de privacidad a sus moradores en
esas áreas, ni les permitía albergar, por tanto, expectativa alguna de
intimidad en ellas, que demandara un tratamiento de protección idéntico al del
lugar de residencia”.
[119] Art. 259 del Decreto 50 de
1987.
[120] Art. 256 del Decreto 2700 de 1991: “Aseguramiento
de la prueba. El
funcionario judicial deberá tomar las medidas necesarias para evitar que los
elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal
fin podrá ordenar entre otras las siguientes medidas: Disponer vigilancia
especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de éstos,
la retención de medios de transporte, la incautación de papeles, libros y otros
documentos”
[121] Art. 243 de la Ley 600 de 2000: “Medidas especiales
para el aseguramiento de pruebas. El Fiscal General de la Nación o el
Fiscal Delegado en quien delegue esta función, ordenarán la incursión o
seguimiento pasivo por parte de funcionarios judiciales y de Policía Judicial,
sobre o en actividades sospechosas de preparación, ejecución,
consumación u obtención de efectos de conductas tipificadas en la ley penal, a
fin de identificar, individualizar o capturar los autores o participes,
desarticular empresas criminales, impedir la ejecución o consumación de
conductas punibles, determinar la procedencia de la acción penal, recaudar
pruebas, atender solicitudes de asistencia judicial, determinar el origen de
los bienes, ubicar las víctimas”
[122] Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra: “De esta suerte, si bien es verdad que las
autoridades competentes tienen que realizar actividades tendientes a la
prevención de las conductas delictuosas,  ello no puede quedar al capricho
o al arbitrio de quienes desempeñen funciones de policía judicial, pues se
pondría en serio peligro la libertad personal. Por esto, la autorización que se
confiere al Fiscal General de la Nación o al Fiscal Delegado en quien delegue
esa función, para ordenar la incursión o seguimiento pasivo por funcionarios
judiciales o de policía judicial a quienes puedan realizar actos de preparación
de conductas tipificadas en la ley penal, no puede legítimamente abarcar a
personas que se consideren “sospechosas” de tales conductas, sino que se
requiere la existencia de circunstancias objetivas, externas, que constituyan
indicios concretos sobre el particular o la existencia de a lo menos un
principio de prueba, para que las autoridades mencionadas puedan iniciar la
incursión o seguimiento pasivo de alguien, razón esta por la cual se declarará
la inexequibilidad de la expresión “sospechosas” contenida en el artículo 243
de la Ley 600 de 2000”.
[123] Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Siera: “Por
otra parte, si la persona tiene el derecho a no ser molestada ni
individualmente, ni en su familia, ello significa que esa incursión o
seguimiento pasivo que autoriza el artículo 243 del Código de Procedimiento
Penal, no puede realizarse sino de manera exclusiva para la finalidad prevista
en la norma citada, es decir, para la identificación, individualización o
captura posterior, cuando se cumplan para el efecto los requisitos
constitucionales o legales, o para impedir la ejecución o consumación de conductas
punibles”.
[124] Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Siera: “De manera que, se hace entonces indispensable
que quien imparta la orden de realizar la incursión o seguimiento pasivo de
alguien para las finalidades citadas, documente la decisión, con una motivación
expresa que facilite el control preventivo de las conductas delictuosas y
garantice al mismo tiempo el derecho a no ser molestado ni individualmente ni
en su familia cuando no existan los motivos previstos por la ley para el
efecto”
[125] Sentencia de
la Corte Constitucional C-673 de 2001, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[126] Sentencias de la Corte
Constitucional T-501 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-517 de 1998,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-505 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-692 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-336 de 2007, M.P.
Jaime Córdoba Triviño y C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[127] Sentencia de la Corte Constitucional T-158A de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[128] Sentencia de la Corte Constitucional C-489 de 1995, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[129] Artículo  235
de la Ley 906 de 2004: “Interceptación de comunicaciones telefónicas y
similares.   El fiscal podrá ordenar, con el único objeto de
buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se intercepten
mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas,
radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya
información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las
entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación
tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de
la orden.
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que
participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del
defensor.
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero
podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los
motivos fundados que la originaron.
[130] PASTOR, Daniel: El plazo razonable en el proceso del
Estado de Derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, 49 y ss.
[131] Artículo 100 c) del Código de Procedimiento Penal
[132] Artículo 706.80 del Código de Procedimiento Penal
[133] Sección 6.27 de las Reglas de Procedimiento Criminal
[134] Art. 1.º Real Decreto 769/1987
[135] Criminal Justice Surveillance Act de 2009
[136] Art. 213 del Código de Procedimiento
Penal Chileno.
[137] Art. 197 del Código de Procedimiento
Penal de Ecuador de 2000
[138] Art. 237º del Decreto Legislativo Nº 95
de 2004.
[139] Art. 301 de la Ley 63 de 2008.
[140] Sentencias de la Corte Constitucional T-552 de 1997, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y T-044 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza.
[141] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[142] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[143] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[144] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[145] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.