T-607-09
SENTENCIA T- 607/09
Sentencia
T-607/09
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Alcance
DERECHO A LA SALUD-Derecho fundamental
per se
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Criterios jurisprudenciales que obligan a las EPS a prestar este
derecho
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Continuidad
servicio de salud
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Deber de diagnosticar el estado actual de salud de la actora y
suministrar el tratamiento médico requerido hasta que recupere definitivamente
su estado de salud
Referencia: expediente T-2291267
Acción de tutela instaurada por María Francelina
Castillo Niño contra Flores Tinzuque S.A. y Coomeva E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Treinta Civil
Municipal de Bogotá y el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, que
resolvieron la acción de tutela promovida por María Francelina Castillo Niño
contra Flores Tinzuque S.A. y Coomeva E.P.S.
I.
ANTECEDENTES
El 26 de febrero de 2009, María
Francelina Castillo Niño interpuso acción de
tutela ante el Juzgado Treinta Civil Municipal de
Bogotá, contra Flores Tinzuque
S.A. y Coomeva E.P.S., por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna.
Fundamentó su acción en los siguientes
1. Hechos
1.1 La accionante sostiene que el 26 de
julio de 1996 suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año
con la sociedad Flores Tinzuque S.A., para desempeñar el cargo de operaria
agrícola.
1.2 Señala que
de acuerdo con el diagnóstico de su médico tratante adscrito a Coomeva E.P.S.,
padece “problemas en la columna” y afecciones en sus extremidades
inferiores, enfermedades que, al parecer, son consecuencia de un accidente de
trabajo ocurrido el 11 de julio de 2000.
1.3 Afirma que
en consideración del diagnóstico anotado, el 22 de julio de 2008 le fue
ordenada una intervención quirúrgica en su columna vertebral denominada “Bloqueo
epidural L4 – L5 central”, la cual debía ser practicada en febrero de 2009.
1.4 Manifiesta
que a pesar de su estado de salud y de la necesidad de recibir tratamiento
médico, el 21 de julio de 2008 Flores Tinzuque S.A. le comunicó la terminación
de su contrato de trabajo.
1.5 Explica que
como consecuencia de su desvinculación laboral, se efectuó su desafiliación del
Sistema de Salud y, por tanto, no ha podido recibir la atención médica que
requiere para su recuperación.
1.6 Por último,
precisa que debido a la terminación de su contrato de trabajo, no posee los
recursos económicos suficientes para costear por su cuenta los servicios de
salud que necesita.
2. Solicitud de tutela
Por lo anterior, María Francelina
Castillo Niño solicitó ante al juez de tutela ordenar a las sociedades accionadas que garanticen la prestación de
los servicios médicos que requiere para la recuperación definitiva de su estado
de salud.
3. Trámite de instancia
3.1 La acción de
tutela fue tramitada ante el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá, el cual,
mediante auto del día 27 de febrero de 2009, ordenó su notificación a Flores
Tinzuque S.A. y a Coomeva E.P.S.
Respuesta de Flores Tinzuque S.A.
3.2 En escrito dirigido al juez de tutela,
el 4 de marzo de 2009, Flores Tinzuque S.A. mediante apooderado, solicitó no
conceder la tutela interpuesta.
3.3 Para fundamentar su solicitud, señaló que la terminación del contrato suscrito con la actora
obedeció a la expiración del plazo pactado para el efecto. En este sentido,
señaló que dado lo anterior, Flores Tinzuque S.A. no tiene obligación legal de
mantener la afiliación de la accionante al Sistema de Salud.
3.4 Por su parte, Coomeva E.P.S. guardó
silencio sobre los hechos y consideraciones que fundamentan la presente acción.
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
·
Copia de la certificación laboral expedida el 29
de julio de 2008 por la sociedad Flores Tinzuque S.A., a nombre de María Francelina
Castillo Niño (folio 5, cuaderno 2).
·
Copia de la orden médica dada el 22 de julio de
2008 por Mario Herrera, médico especialista en ortopedia y traumatología, a
nombre de María Francelina Castillo Niño (folio 9, cuaderno 2).
·
Copia del “Formato único de reporte de accidente
de trabajo” diligenciado por Colpatria A.R.P., a nombre de María Francelina
Castillo Niño (folio 10, cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “Columna
Lumbosacra” realizado, el 10 de julio de 2007, por la Unidad Médico Quirúrgico
San Luis, a María Francelina Castillo Niño (folios 11 y 23, cuaderno 2).
·
Copia de la orden médica dada, el 24 de julio de
2008, por Augusto Bernal, médico especialista en otorrinolaringología, a nombre
de María Francelina Castillo Niño (folio 12, cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “Ecografía
de rodilla izquierda” realizado el 30 de mayo de 2006 por el Instituto de
Diagnóstico Médico - IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 13,
cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico
“Neuroconducción” realizado, el 21 de enero de 2008 por el Instituto de
Diagnóstico Médico - IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 14,
cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “Electrocardiograma”
realizado, el 21 de enero de 2008, por el Instituto de Diagnóstico Médico - IDIME,
a María Francelina Castillo Niño (folio 15, cuaderno 2).
·
Copia del resultado de los exámenes de
laboratorio realizados, el 24 de junio de 2008, por el Instituto de Diagnóstico
Médico - IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 16, cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “TAC de
senos paranasales o cara” realizado, el 20 de febrero de 2008, por el Instituto
de Diagnóstico Médico IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 17,
cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “Columna
Lumbosacra” realizado, el 20 de febrero de 2008, por el Instituto de
Diagnóstico Médico - IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 18,
cuaderno 2).
·
Copia de la historia clínica de María Francelina
Castillo Niño elaborada por Coomeva E.P.S. (folios 19 a 22 y 26 a 39, cuaderno
2).
·
Copia del formato “Solicitud de ayudas
diagnósticas” expedido, el 5 de diciembre de 2005, por Coomeva E.P.S., a nombre
de María Francelina Castillo Niño (folio 25, cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “Ecografía
articular de rodilla” realizado, el 30 de mayo de 2006, por el Instituto de
Diagnóstico Médico - IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 40,
cuaderno 2).
·
Copia del resultado del examen médico “RX Tórax
PA o AP y lateral” realizado, el 30 de mayo de 2006, por el Instituto de
Diagnóstico Médico, IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 41, cuaderno
2).
·
Copia del resultado del examen médico “RM
Columna Lumbosacra” realizado, el 25 de junio de 2008, por el Instituto de
Diagnóstico Médico, IDIME, a María Francelina Castillo Niño (folio 42, cuaderno
2).
·
Copia del carné de afiliación de María
Francelina Castillo Niño a Coomeva E.P.S. (folio 43, cuaderno 2).
5. Pruebas
practicadas por la Corte Constitucional
5.1 Por
encontrar necesario practicar algunas pruebas con el fin de contar con mayores
elementos de juicio para proferir el fallo, mediante auto del 18 de agosto de
2009, el magistrado sustanciador dispuso que la Secretaría General de esta
Corporación solicitara a Coomeva E.P.S. informar a este Despacho:  Cuál es el
estado de salud de la accionante; cuáles son los servicios médicos que esa entidad
le ha prestado; cuáles son los procedimientos quirúrgicos que requiere para su
recuperación definitiva; cuáles son los efectos para su salud en caso de no
recibir la atención médica debida; y si esa empresa ha negado dicha atención y
las razones de hecho y de derecho que justifican su negativa.
5.2 Mediante
escrito remitido a la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 26 de
agosto de 2009, Coomeva E.P.S. señaló que en la
actualidad no es posible indicar los servicios de salud requeridos por la
accionante, toda vez que “no [ha] tenido contacto con la señora María
Francelina Castillo Niño desde hace más de nueve meses, fecha en la que quedó
retirada por novedad realizada por su empleador. || La usuaria actualmente se
encuentra en estado RETIRADO”
Sin embargo, esa
entidad agregó: “Al parecer, [la accionante] estuvo en valoración por
MD laboral en octubre de 2007, relata dolor en las rodillas sobre todo al
caminar, también en caderas desde hace unos 12 meses. Fue operada de un quiste
baker en rodilla izquierda en febrero de 2007. Difiere disneas con alguna
frecuencia, (…). Ortopedia ordena una radiografía con columna como diagnóstico
de lumbalgia mecánica, presentando además paréstesias en miembro inferior
izquierdo, solicitando además una EMG con NC MMII (normal, con fecha enero 21 08).
La RX aún no se la han realizado.” En el mismo sentido, Coomeva E.P.S.
indicó que la actora padece “desviación septal severa, hipertrofia de
cornetes, solicitándole septoplastia, turbinoplastia, con síntomas desde hace
unos 6 años (…). Comenta que le han mencionado los médicos que sus pulmones
están afectados (?). Sobrepeso. Trauma en rodilla izquierda hace unos 8 años,
en su trabajo atendida en San Luis de Sibaté, no realizando FURAT [Formato
Único de Reporte de Accidentes de Trabajo] por parte de su empleador.
Posterior a su cirugía por trauma de menisco, ha presentado chasquido
articular.”
Con relación a
los servicios médicos prestados a la accionante, la E.P.S. precisó que “se
le han autorizado consultas por especialistas, controles de seguimiento,
terapia ocupacional, terapia física, medicamentos, exámenes diagnósticos, RX
electrocardiograma, resonancia nuclear magnética de columna lumsacra,
tomografía axial computarizada de senos paranasales.”
II. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN
1 Sentencia de primera instancia
1.1 Mediante sentencia del 11 de marzo de 2009, el
Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá declaró la improcedencia de la presente
acción de tutela.
1.2 En su sentencia, el juez de instancia señaló que
la acción interpuesta no satisface el requisito de inmediatez, como quiera que
el accidente que ocasionó los padecimientos de salud alegados por la actora
ocurrió en el año 2000.
1.3 Adicionalmente, precisó que la acción de tutela
tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, pues “siendo que la
pretensión de la tutelante al ser despedida sin justa causa, es continuar
afiliada a la seguridad social y a riesgos profesionales, se recuerda, genera
una típica acción laboral; desde esta perspectiva su conocimiento corresponde
al juez de trabajo que no al juez constitucional, de manera que el amparo así
orientado, en virtud precisamente del carácter residual de la tutela se torna
de todas formas improcedente.”
1.4 Por último, indicó que Coomeva E.P.S. no está
obligada a prestar sus servicios a quienes no realizan los aportes
correspondientes al Sistema de Salud y, “por lo tanto, está autorizada para
dejar de prestarle sus servicios a las personas que han sido desafiliadas por
sus patronos, luego de que se ha terminado la relación laboral.”
2. Impugnación de María Francelina Castillo Niño
2.1 Mediante escrito del 8 de marzo de 2009, la
accionante, actuando por intermedio de su apoderado judicial, solicitó ante el
juez de instancia revocar el fallo adoptado y, en su lugar, conceder la solicitud
de tutela de sus derechos fundamentales.
2.2 Al sustentar la impugnación, reiteró: “…en
esencia no es el derecho al trabajo lo que mi poderdante espera que se le
tutele, y si así se entendió, manifiesto que expresamente renunciamos a ese
derecho en esta acción, pues  como ya se ha dicho, lo que rogamos es que se
tutele el derecho a la buena salud y a que se le ordene a la E.P.S. Coomeva que
se le practiquen las cirugías que están pendientes de practicarle a la
accionante”. (Negrilla fuera del texto).
3. Sentencia de segunda instancia
3.1 En sentencia del 23 de abril de 2009, el Juzgado
Veintiséis Civil del Circuito de  Bogotá confirmó la decisión adoptada el 11 de
marzo de 2009 por el Treinta Civil Municipal de Bogotá, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la presente acción tutela.
3.2 Para sustentar su decisión, reiteró los
argumentos expuestos por el juez de tutela de primera instancia, en el sentido
de señalar que la presente acción no satisface el requisito de subsidiariedad.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991 y con la selección y el reparto efectuados el 25 de junio de 2009, esta
Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Problema jurídico
2.1 De acuerdo con los hechos expuestos y
la pretensión de tutela incoada, corresponde a la Corte determinar si Coomeva E.P.S. vulneró los derechos fundamentales de la accionante a
la salud, a la integridad y a la vida digna, al interrumpir el tratamiento
médico prescrito por su médico tratante, adscrito a esa E.P.S., como
consecuencia de la suspensión en el pago de los aportes al Sistema de Salud y
la terminación de su relación laboral con la sociedad Flores
Tinzuque S.A.
2.2 Para dar solución al problema
jurídico planteado, la Sala reiterará el criterio jurisprudencial de esta
Corporación relativo a la protección de los derechos fundamentales de los
usuarios del Sistema de Salud, en los casos en que las E.P.S. niegan la
continuidad en la atención médica requerida por sus afiliados, sin que para el
efecto exista una justificación constitucional admisible.
2.3 Con base en
lo anterior, esta Sala de Revisión estimará si se deben amparar los derechos
fundamentales invocados por María Francelina Castillo Niño y, en
consecuencia, revocar las sentencias de tutela proferidas el 11 de marzo de
2009 por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá y el 23 de abril de 2009
por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del
presente trámite.
3. Principio
de continuidad en la prestación de los servicios médicos. Reiteración de
jurisprudencia
3.1 En
concordancia con el artículo 49 de la Constitución Política, “La atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.” En este sentido, la norma
constitucional dispone que corresponde al Estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud “conforme a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad”, así como “establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y
ejercer su vigilancia y control.”
3.2 En
consideración de lo anterior, en virtud de las normas, tratados y convenios
internacionales que se entienden incorporados al ordenamiento jurídico interno
en concordancia con el artículo 93 Superior[1], el Estado
colombiano ha asumido la obligación de garantizar la efectividad del derecho
fundamental a la salud[2], así como de interpretar
el ordenamiento jurídico interno que desarrolla la materia a la luz del derecho
internacional.
En efecto, por
ejemplo, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al
ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968, el Estado reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental.” Así mismo, la Observación General 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud[3]”, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) -órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto-, es
clara al afirmar que “la salud es un derecho
humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos.”
3.3 Por su
parte, en la sentencia C-463 de 2008[4], la Corte explicó que en
consideración del artículo 49 de la Constitución, el principio de universalidad
conforme al cual el Estado debe garantizar la prestación de los servicios de
salud, permite concluir que el derecho a la salud es un derecho fundamental,
como quiera que “el rasgo primordial de la fundamentabilidad de un derecho
es su exigencia de universalidad, esto es, el hecho de ser un derecho
predicable y reconocido para todas las personas sin excepción, en su calidad de
tales, de seres humanos con dignidad.[5]”
3.4 Ahora bien,
en atención a lo expuesto, en varias oportunidades esta Corte se ha pronunciado
sobre el derecho fundamental a la prestación continúa, permanente y sin
interrupciones de los tratamientos médicos debidamente prescritos[6].
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que
las E.P.S. y demás entidades públicas y privadas responsables de prestar el
servicio público de salud, no pueden abstenerse legítimamente de su obligación
constitucional y legal de procurar la recuperación de los pacientes, así como
tampoco de su obligación de continuar y culminar los tratamientos médicos ya
iniciados, pues una omisión en este sentido vulnera los derechos fundamentales
a la salud, a la integridad y a la vida digna.
En efecto, en la
sentencia T-1198 de 2003, la Corte precisó:
“Los criterios que informan el deber de las
E.P.S. de garantizar la continuidad de las intervenciones médicas ya iniciadas
son: (i)  las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben
ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las
entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse
de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la
interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos
contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al
interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de
sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya
iniciados.” (Negrilla fuera del texto).
3.5 Sobre el
particular, la Corte ha señalado que el derecho a la continuidad en la
prestación de los servicios médicos debe ser comprendido en concordancia con tres
criterios: (i) la necesidad del paciente de recibir atención médica[7];
(ii) el derecho a mantener el servicio en condiciones de calidad y eficiencia[8];
y (iii) el principio de buena fe y confianza legítima[9].
Con relación al
primer criterio, la Corte ha concluido que "Por necesarios, en el
ámbito de la salud, deben tenerse aquellos tratamientos o medicamentos que de
ser suspendidos implicarían la grave y directa afectación de su derecho a la
vida, a la dignidad o a la integridad física. En este sentido, no sólo
aquellos casos en donde la suspensión del servicio ocasione la muerte o la
disminución de la salud o la afectación de la integridad física debe
considerarse que se está frente a una prestación asistencial de carácter
necesario.[10]” (Negrilla fuera
del texto).
Respecto del
derecho a conservar la prestación de los servicios de salud en condiciones de
calidad y eficiencia, en la sentencia T-739 de 2004[11]
la Corte explicó que resultan vinculantes para el Estado colombiano, entre
otras disposiciones, las previsiones sobre progresividad y calidad indicadas en
la Observación General 14 emitida por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, señalada anteriormente. En este sentido, esta
Corporación indicó que en el caso concreto, el juez de tutela deberá examinar
si la medida adoptada es regresiva, esto es, “no justificada con base en la
consecución de un fin constitucionalmente legítimo y que fue tomada sin
realizar un análisis suficiente de otras posibilidades distintas a la medida
contraria al cumplimiento del deber de progresividad”; situación en
la cual se deberá concluir que dicha medida vulnera el derecho fundamental a la
salud del paciente. De ocurrir lo contrario, es decir, cuando se acredite que
la medida no es regresiva, el juez de tutela deberá determinar (i) si el
servicio de salud es prestado en condiciones médicas que pongan en riesgo la
vida del paciente o que estén dispuestas de forma tal que sea imposible el
acceso físico a las instituciones encargadas de la prestación de los servicios
de salud; y (ii) si por la imposibilidad de acceder a los establecimientos de
salud “o debido a la falta de calidad de los procedimientos médicos
suministrados, no sea posible obtener el tratamiento adecuado para recobrar el
estado de salud o, incluso, se afecte el bienestar físico o emocional del
usuario del servicio”; circunstancias en las que también se entenderá
vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna.
Por su parte,
con relación al principio de la buena fe y la confianza legítima, en la
sentencia T-573 de 2005[12], la Corporación subrayó:“La
continuidad en la prestación del servicio público de salud se ha protegido no
sólo en razón de su conexión con los principios de efectividad y de eficiencia
sino también por su estrecha vinculación con el principio establecido en el
artículo 83 de la Constitución Nacional de acuerdo con el cual “Las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante estas.” Esta buena fe constituye el fundamento sobre
el cual se construye la confianza legítima, esto es, la garantía que tiene la
persona de que no se le suspenderá su tratamiento una vez iniciado.” (Negrilla
fuera del texto).
3.6 De igual
manera, desde sus primeras sentencias[13], la Corte ha entendido
que el derecho a la continuidad de los servicios de salud permite hacer una
distinción entre la relación jurídica-material y la relación jurídica-formal
que se crea entre el paciente y la entidad responsable de procurar tales
servicios. Al respecto, en la sentencia T-886 de 2008[14],
esta Corporación reiteró[15]: “(…) puede hacerse
la distinción entre la relación jurídica- material, esto es la prestación del
servicio que se materializa en una obligación de medio o de resultado según el
caso, y la relación jurídica-formal, que se establece entre la institución y los
usuarios.” Una institución encargada de prestar el servicio de salud, puede
terminar la relación jurídico–formal con el paciente de acuerdo con las normas
correspondientes, pero ello no implica que pueda dar por terminada
inmediatamente la relación jurídica–material, en especial si a la persona
se le está garantizando el acceso a un servicio de salud.” (Negrilla fuera
del texto).
3.7 En
desarrollo de tales criterios, la jurisprudencia constitucional ha establecido
las condiciones conforme a las cuales las entidades encargadas de prestar
servicios de salud no pueden abstenerse de suministrar dichos servicios de
manera continua, permanente y oportuna:
“Para que se continúe con un tratamiento
médico o con el suministro de un medicamento, es necesario determinar si la
suspensión de los medicamentos viola derechos fundamentales, y para esto se
deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Debe ser un médico tratante de la
E.P.S. quien haya determinado el tratamiento u ordenado los medicamentos; 2. El
tratamiento ya se debió haber iniciado, o los medicamentos suministrados (...).
Esto significa que debe haber un tratamiento médico en curso. 3. El mismo
médico tratante debe indicar que el tratamiento debe continuar o los
medicamentos deben seguir siendo suministrados.[16]”
(Negrilla fuera del texto).
3.8 Así mismo,
en consideración de lo anterior, en la sentencia T-170 de 2002[17],
la Corte indicó algunas de las razones que no constituyen un fundamento
legítimo a la luz de la Constitución para que las entidades prestadoras de
servicios de salud se abstengan de dar continuidad a la prestación de los
servicios médicos ya iniciados:
“(i) porque la persona encargada de hacer
los aportes dejó de pagarlos;
(ii) porque el paciente ya no esta inscrito en la E.P.S. correspondiente, en
razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo;  (iii) porque la
persona perdió la calidad que lo hacia beneficiario; (iv) porque la E.P.S.
considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita,
a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de
otra E.P.S. y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi)
porque se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al
paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene
prestando.” (Negrilla fuera del texto).
3.9 Bajo las
circunstancias anotadas, la Corte ha estimado que a fin de garantizar la
protección de los derechos fundamentales del paciente, la entidad pública o
privada que al momento de la suspensión de los servicios médicos se encontraba
suministrando el tratamiento médico requerido por el afiliado, debe garantizar
su culminación[18]. En este sentido, dichas
entidades sólo podrán suspender válidamente los servicios médicos requeridos
por un paciente, hasta tanto el nuevo prestador de los mismos haya asumido su
suministro efectivo[19]. En estos casos, la
Corte ha afirmado que el juez de tutela debe concluir que no resulta ajustado
al principio de prevalencia de los derechos fundamentales, el someter al
enfermo a trámites administrativos como la solicitud de los servicios médicos
requeridos en calidad de participante vinculado del Sistema de Salud o la
petición de inclusión en el régimen subsidiado, si se tiene que la entidad
accionada es la que conoce (i) el estado de salud del paciente y (ii) el
tratamiento médico que éste requiere para su recuperación y, (iii) cuenta con
los recursos humanos y tecnológicos para garantizar su culminación[20].
Al respecto, en
la sentencia T-127 de 2007[21], la Corte señaló que en
virtud del principio de continuidad de los servicios de salud, los tratamientos
médicos en curso no pueden suspenderse válidamente si:
“i) se encuentran fuera del Plan, (ii)
venían siendo prestados por la entidad accionada (A.R.S., E.P.S. o empresa
solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el [paciente]), y (iii) son
necesarios para tratar o diagnosticar una patología grave que padece, entonces,
será la entidad accionada (E.P.S., A.R.S.,  o empresa solidaria de salud a
la que se encuentre afiliado) la encargada de continuar con su suministro, con
cargo a recursos del Fosyga, hasta tanto otra entidad prestadora de servicios
de salud asuma de manera efectiva la prestación de los servicios requeridos.
Una vez suministrado el servicio médico excluido del Plan, la entidad
respectiva tendrá derecho a repetir contra este fondo. De otro lado, considera la
Corte que si los servicios requeridos (i) se encuentran dentro del Plan (POS o
POSS), (ii) venían siendo prestados por la entidad accionada (E.P.S., A.R.S. o
por la empresa solidaria de salud a la que se encuentre afiliado el [paciente])
y (iii) fueron ordenados por su médico tratante, entonces, será la entidad
accionada (EPS, ARS o la empresa solidaria de salud a la que se encuentre
afiliado el menor), la encargada de continuar con su suministro, con cargo a
sus propios recursos.”
3.10 Con relación a lo anterior, en la sentencia C-800 de 2003[22],
esta Corporación aclaró que dado que el principio de continuidad busca
esencialmente evitar que se suspenda abruptamente el servicio de salud, en
estos casos el juez de tutela no debe resolver la discusión económica de quién debe asumir el costo del tratamiento médico, así
como hasta cuándo ha de ser suministrado.
Adicionalmente, en la citada sentencia la Sala Plena de la Corte
aclaró:
“la Corte ha señalado algunos eventos en
que constitucionalmente es aceptable que se suspenda la prestación del servicio
de salud (sentencias T-406 de 1993 y T-829 de 1999).
Por ejemplo, cuando el tratamiento fue eficaz y cesó el peligro para la vida y
la integridad, en conexidad con la salud, el principio de continuidad del
servicio público no exige que siga un tratamiento inocuo ni tampoco ordena que
pasados varios meses de haberse terminado un tratamiento por una enfermedad se
inicie uno nuevo y distinto por otra enfermedad diferente. Sin embargo, estas
circunstancias han de ser apreciadas caso por caso mientras no exista una
regulación específica de la materia.
En todo caso, cuando constitucional y
legalmente no corresponda a una E.P.S. continuar un tratamiento médico, lo que
se decida al respecto ha de ser producto de un debido proceso básico (artículo 29,
C.P.), precepto desarrollado por el legislador al impedir categóricamente a las
E.P.S. desafiliar de forma unilateral y caprichosamente a una persona (Artículo
183 de la Ley 100 de 1993). Ahora bien, lo
anterior no significa que en el evento en que se presentan afiliaciones
múltiples en desmedro de los principios constitucionales que rigen el sistema
de salud, esté prohibido efectuar los correctivos encaminados a evitar que una
misma persona continúe afiliado a dos E.P.S., (…)”.
3.11 En suma,
las entidades públicas y privadas responsables de prestar el servicio público
de salud no pueden suspender válidamente la prestación de tratamientos médicos
ya iniciados. En este orden, la desvinculación laboral del paciente, y en
consecuencia, la suspensión de los aportes al Sistema de Salud, no constituyen
una razón válida de orden constitucional para interrumpir un tratamiento médico
en curso. En este sentido, a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación,
se puede concluir que los requisitos conforme a los cuales el juez de tutela
debe examinar si procede la solicitud de amparo en estos casos son: (i) que el
tratamiento médico haya sido ordenado por el médico tratante adscrito a la
E.P.S.; (ii) que dicho tratamiento se encuentre en curso y haya sido
interrumpido por razones ajenas al paciente; y (iii) que el paciente aún no se
encuentre afiliado a otra E.P.S. o no haya recibido atención médica por parte
de otra entidad.
4. Estudio del caso concreto
4.1 Con base en las consideraciones y
fundamentos expuestos, esta Sala de Revisión determinará si Coomeva E.P.S. vulneró los derechos fundamentales de la accionante
al interrumpir el tratamiento médico prescrito por su médico tratante adscrito
a esa E.P.S., como consecuencia de la suspensión en el pago de los aportes al
Sistema de Salud y la terminación de su relación laboral con la sociedad Flores Tinzuque S.A. el 21 de julio de 2008.
4.2 Para resolver el presente caso, en las consideraciones generales
de esta sentencia, la Sala concluyó que la interrupción de un tratamiento
médico en curso como consecuencia de la terminación de la relación laboral y la
suspensión en el pago de los aportes al Sistema de Salud, vulnera los derechos
fundamentales del paciente a la salud, a la integridad y a la vida digna.
4.3 En aplicación
del criterio jurisprudencial expuesto, como pasará a demostrarse, la presente
acción de tutela debe prosperar para proteger los derechos fundamentales
invocados y garantizar la continuidad del tratamiento médico prescrito a María
Francelina Castillo Niño por Coomeva E.P.S.
En efecto, en primer lugar, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, está
demostrado que antes de que se produjera su desvinculación laboral de la
sociedad Flores Tinzuque S.A., la accionante se
encontraba afiliada a Coomeva E.P.S. en calidad de cotizante[23].
En segundo
lugar, se encuentra acreditado que el personal médico adscrito a Coomeva E.P.S.
efectuó el diagnóstico de los padecimientos de salud de la accionante, así como
del tratamiento médico que requiere para su recuperación. En efecto, de acuerdo
con las pruebas aportadas, particularmente las
relativas a exámenes de diagnóstico y citas médicas practicadas desde el año
2007 hasta el 26 de febrero de 2009 -fecha de interposición de la presente
solicitud de amparo-, el personal médico adscrito a esa
E.P.S. señaló que la accionante padece “ciática
izquierda[24]”, “Discopatía
L3 – L4 y L4 – L5. Espondiloartrosis lumbosacra[25]”
y “…un pequeño nódulo calcificado proyectado hacia la base pulmonar
derecha en topografía del lóbulo medio, probablemente relacionado con pequeño
granuloma residual[26]”. Adicionalmente,
Coomeva E.P.S. informó a este despacho que el estado de salud de la actora es
delicado, toda vez que padece “lumbalgia mecánica, presentando además
parestesias en miembro inferior izquierdo” || desviación septal severa,
hipertrofia de cornetes, (…). Sobrepeso. (…). Posterior a su cirugía por trauma
de menisco, ha presentado chasquido articular.”
En igual
sentido, se encuentra demostrado que dado su estado de salud, el 22 de julio de 2008 su médico tratante adscrito
a Coomeva E.P.S. le prescribió una intervención
quirúrgica denominada “Bloqueo epidural L4 – L5 central”[27]
y el 21 de enero de 2008 le ordenó el examen de diagnóstico “EMG con NC MMII”. Así mismo, en
consideración de lo sostenido por esa E.P.S., se encuentra probado que requiere
dos intervenciones quirúrgicas adicionales denominadas “septoplastia” y
“turbinoplastia”.
En tercer lugar, de conformidad con lo afirmado por Coomeva E.P.S. durante el presente trámite, se
encuentra demostrado que aunque la accionante requiere la prestación de los
servicios médicos señalados, esa entidad “no [ha] tenido contacto con la señora María Francelina Castillo Niño
desde hace más de nueve meses, fecha en la que quedó retirada por novedad
realizada por su empleador.” En este sentido, en consideración de lo
indicado en el escrito de tutela y precisado por la E.P.S. accionada, dada la suspensión en el pago de los aportes al Sistema de Salud y la terminación
de su relación laboral con la sociedad Flores Tinzuque
S.A. el 21 de julio de 2008[28], las intervenciones
quirúrgicas requeridas por la accionante para la recuperación de su estado de
salud no han sido llevadas a cabo, así como tampoco el examen de diagnóstico
ordenado por su médico tratante adscrito a Coomeva E.P.S., denominado “EMG con NC MMII”
En cuarto lugar,
no existe prueba de que en la actualidad María Francelina Castillo Niño se encuentre afiliada a otra E.P.S o haya recibido la atención
médica que necesita por parte de otra entidad de salud. Al respecto, en el
escrito de tutela la actora señaló que debido a la
terminación de su contrato de trabajo con Flores
Tinzuque S.A., no posee los recursos económicos
suficientes para costear por su cuenta los servicios de salud que necesita.
4.4 Así las cosas, en aplicación de la
jurisprudencia constitucional expuesta en los fundamentos normativos de esta
sentencia, esta Sala encuentra que la presente acción de tutela debe ser
concedida, como quiera que se encuentra demostrado que en virtud de sus
múltiples afecciones, la accionante requiere de la continuidad del tratamiento
médico que fue interrumpido abruptamente por Coomeva E.P.S., como consecuencia
de la suspensión en el pago de los aportes al Sistema
de Salud y la terminación de su relación laboral con la sociedad Flores Tinzuque S.A. A juicio de la Sala, entonces, se debe reiterar
que a la luz de la Constitución Política, dichas razones resultan insuficientes
para negar la atención médica requerida por la accionante, pues esa omisión
afecta gravemente sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad y a la
vida digna y vulnera el principio de continuidad en la prestación de los
servicios de salud.
4.5 En virtud de
lo anterior, dado que quedó demostrado que Coomeva
E.P.S. vulneró los derechos fundamentales de la accionante al interrumpir el
tratamiento médico prescrito por su médico tratante adscrito a esa E.P.S., esta Corporación revocará las sentencias de
tutela proferidas el 11 de marzo de 2009 por el Juzgado Treinta Civil Municipal
de Bogotá y el 23 de abril de 2009 por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito
de la misma ciudad, mediante las cuales se declaró la improcedencia de la
acción interpuesta por María Francelina Castillo Niño
contra esa entidad.
4.6 En
consecuencia, ordenará a Coomeva E.P.S. que garantice la prestación de los
servicios médicos requeridos por la accionante. Para el cumplimiento de este
orden, debido a que “desde hace más de nueve meses” esa E.P.S. “no [ha]
tenido contacto con la señora María Francelina Castillo Niño, la Corte
dispondrá que dentro del término de los cinco días  siguientes a la
notificación de esta sentencia, Coomeva E.P.S. diagnostique cuál es el estado
de salud actual de la accionante, así como el tratamiento médico al que debe
ser sometida para que, en lo posible, recupere de manera definitiva su estado
de salud. De conformidad con el resultado de dicha valoración médica, dentro
del término de los tres días siguientes y en consideración del criterio del
médico tratante, Coomeva E.P.S. deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar
el suministro y terminación del tratamiento médico prescrito.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias adoptadas el once (11) de marzo de 2009 por el
Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá y el veintitrés (23) de abril de 2009
por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de
la acción de tutela instaurada por María Francelina Castillo Niño contra
Flores Tinzuque S.A. y Coomeva E.P.S., y en su lugar, CONCEDER la tutela
de sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad y a la vida digna.
Segundo.-
ORDENAR a Coomeva E.P.S. que dentro de los cinco
(5) días  siguientes a la notificación de esta
sentencia, diagnostique cuál es el estado de salud actual de María Francelina Castillo Niño, así como el
tratamiento médico al que debe ser sometida para que, en lo posible, recupere
de manera definitiva su estado de salud. De conformidad con el resultado de
dicha valoración médica, dentro del término de los tres (3) días siguientes, en
consideración del criterio del médico tratante Coomeva E.P.S. deberá adoptar
las medidas necesarias para garantizar el suministro y terminación del
tratamiento médico prescrito.
Tercero.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. ||
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia.”
[2] Entre otros instrumentos internacionales que regulan
la materia, véase el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial; el apartado f) del párrafo 1 del
artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer; el artículo 24 de la Convención sobre
los Derechos del Niño; y el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
[3] Observación general 14. El derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud. 11/08/2000. E/C.12/2000/4, CESCR. 22º período de
sesiones.
[4] En esa oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad
del literal j) del artículo 14 de la Ley 1222 de 2007, en el aparte que dispone
“En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten
medicamentes no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo,
las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico Científico dichos
requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las
tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos
mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre
las EPS y el Fosyga”, en el entendido de que la regla sobre el reembolso de
la mitad de los costos no cubiertos, también se aplica, siempre que una EPS sea
obligada mediante acción de tutela a suministrar medicamentos y demás servicios
médicos o prestaciones de salud prescritos por el médico tratante, no incluidos
en el plan de beneficios de cualquiera de los regímenes legalmente vigentes.
[5]
Adicionalmente, la Corporación precisó: “Para la Sala es claro entonces que
el principio de universalidad en salud conlleva un doble significado: respecto
del sujeto y respecto del objeto del sistema general de salud.
(i) Respeto del sujeto, esto es, del destinatario de la seguridad social en
salud, el principio de universalidad implica que todas las personas
habitantes del territorio nacional tienen que estar cubiertas, amparadas o
protegidas en materia de salud. (ii) Respecto del objeto, esto es, la
prestación de los servicios de salud en general, este principio implica que
todos los servicios de salud, bien sea para la prevención o promoción de la
salud, o bien para la protección o la recuperación de la misma; razón por la
cual deben estar cubiertos todos estos servicios dentro de los riesgos
derivados del aseguramiento en salud.”
[6]
Véanse las sentencias T-392 de 2009, T-263 de 2009, T-197 de 2009, T-919 de
2008, T-741 de 2008, T-970 de 2007, T-770 de 2007, T-837 de 2006, T-672 de
2006, T-335 de 2006, T-922 de 2005, T-842 de 2005, T-573 de 2005, T-568 de
2005, T-128 de 2005, T-442 de 2003, T-1198 de 2003, T-308 de 2005, entre otras.
[7]
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-765 de 2008, T-567 de 2008 y
T-363 de 2007.
[8]
Véanse por ejemplo, las sentencias T-197 de 2009 y T-760 de 2008.
[9]
Criterio jurisprudencial reiterado en las sentencias T-761 de 2008, T-344 de
2008 y T-998 de 2007.
[10] Sentencia T-829 de 1999. En esa oportunidad, la Corte
concluyó: “Así, aunque el
literal b) del artículo 58 del decreto 806 de 1998 “literalmente rece”, como
dijo la E.P.S. en su intervención, que procede la desafiliación del trabajador
y de sus beneficiarios cuando aquél pierda tal calidad y no pueda continuar
aportando como independiente, la verdad es que los padecimientos de la
peticionaria, derivados de un procedimiento practicado en Salud Total E.P.S.,
deben seguir tratados hasta su culminación -porque en este caso es posible-,
como lo sostuvo esta Corporación en dos asuntos similares
(Sala Octava de Revisión, sentencia T-281 de 1996, M.P. Julio César Ortiz
Gutiérrez, y Sala Tercera de Revisión, sentencia T-396 de 1999, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.), ya que, de lo contrario, se estaría sometiendo a la
demandante indefinidamente a un malestar que no le permite desarrollarse
normalmente como individuo -al punto de que no puede trabajar- y, por ende, a
una vida indeseable; además, es un padecimiento que se puede superar
precisamente con el tratamiento que reiteradamente le ha sido negado a la demandante.
|| Los anteriores factores permiten a la Sala, como lo ha hecho en
anteriores oportunidades esta Corporación, inaplicar el literal b) del artículo
58 del decreto 806 de 1998, pues resulta inconstitucional para este caso concreto,
al comprometer el derecho constitucional de la demandante a la salud (artículo
49 de la Constitución Política), en conexión con su derecho fundamental a una
vida digna (artículos 1 y 11 ibídem).” (Subraya fuera del texto).
[11] En la citada sentencia la Corte concluyó: “[L]a Corte encuentra que la actuación adelantada por el Seguro Social
E.P.S. no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes puesto que (i) el
traslado de los usuarios del tratamiento de hemodiálisis a la ciudad de Santa
Marta se fundó en motivos serios y compatibles con el cumplimiento de las
finalidades propias del derecho a la salud, en especial la protección de la
vida en condiciones dignas;  (ii) esta decisión no constituyó una
afectación injustificada del principio de progresividad del derecho a la salud
ni afectó el contenido esencial de los postulados de accesibilidad y calidad,
sino que, antes bien, constituyeron un desarrollo de los mismos para el caso
concreto; y (iii) no existe prueba suficiente que los pacientes o sus familias
carezcan de los recursos necesarios para asumir los costos de transporte, razón
por la cual no está acreditada la vulneración del postulado de accesibilidad al
servicio de salud.”
[12] Adicionalmente, esta Corporación estimó: “El derecho fundamental a la salud y en
este orden de cosas, la posibilidad de que el joven Alveiro Rojas Lozano lleve
una vida digna en condiciones de normalidad, se encuentran en riesgo serio e
inminente en virtud de la negativa por parte del ISS Seccional Santander de
continuar con el tratamiento iniciado y de suministrar las drogas recetadas. El tratamiento neurológico, así como la
necesidad de ingerir los medicamentos recetados, son definitivos para controlar
los ataques intempestivos de epilepsia que sorprenden al joven en cualquier
momento del día o de la noche, que obstaculizan la posibilidad de llevar una
vida digna y de calidad y lo ponen en una situación de completa dependencia e
indefensión. Por las razones expuestas, esta Sala de decisión resuelve, (…) CONCEDER
la protección del derecho fundamental a la salud del joven Alveiro Rojas
Lozano. En consecuencia, se ordena al Seguro Social, Seccional Santander, que
en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, disponga lo necesario, si aún no lo ha hecho, para que se le
suministren los medicamentos al demandante y se reanude el tratamiento
neurológico por él requerido.” (Subraya fuera del texto).
En el mismo sentido, se
puede consultar la sentencia T-993 de 2002.
[13]
Véase, por ejemplo, la sentencia T-597 de 1993.
[14] En esa oportunidad, la Corte concluyó: “En el caso presente, la
menor que requiere tratamiento urgente para el soplo cardiaco que padece venía
siendo atendida por la ARS demandada, pues ella y su núcleo familiar
pertenecían al régimen subsidiado. Ahora bien, durante el transcurso de esta
relación jurídico - formal y jurídico - material con dicha ARS, su padre se
vinculó mediante una relación laboral temporal con una empleadora que lo afilió
al régimen contributivo a través de la EPS Cafesalud. No obstante, para el
momento en que el juez produjo la Sentencia que ahora se revisa, esa
vinculación laboral ya había terminado, por lo cual la afiliación al régimen contributivo
(relación jurídico-formal con esta EPS) estaba también llamada a terminar, de
conformidad con el régimen legal aplicable. || Así las cosas, al momento de
adoptar la Sentencia que ahora se revisa, el juez ha debido considerar las
implicaciones de esta situación frente al principio de continuidad del
servicio. Así mismo, ha debido tener en cuenta que una cosa es la relación
jurídico - formal y otra la relación jurídico - material, y esta distinción
tenía que haberlo llevado a conceder la protección del derecho a la salud de la
menor hija de la demandante, ordenando a la ARS demandada continuar
suministrándole atención integral, incluido el procedimiento concretamente
solicitado a través de la acción de tutela, denominado “cierre endovascular de
ducto arterioso por vía percutánea a través de cateterismo cardíaco con
dispositivo tipo coil tornado”. No a otra conclusión podía haber llegado
si, además, hubiera tenido en cuenta que por tratarse de la salud de una niña
de dos años de edad afectada de una patología grave, estaba frente a un sujeto
de especial protección constitucional. || Así las cosas, en la parte resolutiva
de la presente decisión  se ordenará a la ARS Coosalud que, sin aun no lo
ha hecho, en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de la presente decisión,  inicie todas las gestiones
necesarias para programar y llevar a cabo en forma oportuna el procedimiento
médico que requiere la menor. Así mismo, se ordenará continuar prestándole
tratamiento integral mientras lo requiera.” (Subraya fuera del texto
original).
[15]
Este criterio jurisprudencial fue igualmente reiterado en la sentencia T-760 de
2008.
[16]
Sentencia T-138 de 2003.
[17] En este contexto, este Tribunal reiteró: “Es posible entonces
concluir que la jurisprudencia constitucional ha fijado un amplio alcance del
principio de continuidad del servicio público de salud, garantizando así el
que una persona continúe recibiendo un tratamiento o un medicamento que sea
necesario para proteger principalmente sus derechos a la vida y a la
integridad. La protección efectiva de estos derechos fundamentales lleva al
juez de tutela a impedir que por controversias de índole contractual, económico
o administrativo, se permita a una entidad prestadora de servicios de salud
incumplir la responsabilidad social que tiene para con la comunidad en general,
y con sus afiliados y beneficiarios en particular.”
[18]
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-785 de 2006, T-672 de 2006,
T-185 de 2006, T-721 de 2005, T-305 de 2005, T-875 de 2004, T-1079 de 2003,
T-993 de 2002.
[19]
Entre otras, se puede consultar la sentencia T-127 de 2007.
[20]
Este criterio se puede confrontar con lo resuelto en las sentencias T-567 de
2008, T-344 de 2008 y T-363 de 2007.
[21]
En esta oportunidad, la Corte consideró que “de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional citada, Coomeva EPS viola el derecho fundamental
a la salud de Julián Orlando García Delgado al suspender el suministro de un
tratamiento médico que requiere, antes de que éste haya sido efectivamente
asumido por otro prestador.” Este criterio fue reiterado en la sentencia
T-760 de 2008.
[22] En esa oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad el artículo 43
de la Ley 789 de 2002, “en el entendido de que, en ningún caso se
podrá interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando,
cuando de él depende la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la
amenaza cese u otra entidad asuma el servicio, salvo la expresión “hasta por un
período de seis (6) meses verificada la mora”, que se declara INEXEQUIBLE.” Al
respecto, la Corte señaló: “3.4. Dentro del sentido de las normas
constitucionales que consagran el derecho a la vida y a la salud y de la
jurisprudencia constitucional al respecto, la Corte Constitucional debe
entonces condicionar la exequibilidad de la norma para garantizar el goce
efectivo de los derechos invocados. || 3.4.1. En efecto, si la persona deja
de tener una relación laboral, deja de cotizar al régimen contributivo del
Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra forma a dicho
régimen, pero estaba recibiendo un servicio específico de salud, se pueden
distinguir dos situaciones posibles: (a) que la vida y la integridad de la
persona dependan del servicio médico específico que se está recibiendo y (b)
los demás casos. En la primera situación, constitucionalmente no es admisible
que se interrumpa el servicio de salud específico que se venía prestando, pues,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ello implicaría sacrificar el
goce efectivo de los derechos a la vida y a la integridad de una persona. Son
entonces las EPS que prestaban en cada caso específico el servicio requerido
las que deben garantizar, en primera instancia, que la prestación del mismo no
se suspenda; en segunda instancia, la obligación de garantizar la continuidad
en la prestación del servicio será responsabilidad de la entidad o las
entidades a las cuales les corresponda seguir atendiendo a la persona,
dependiendo de la situación jurídica y económica en la que ésta se encuentre.
|| Ahora bien, en los casos en que las EPS deban seguir atendiendo a una
persona, a pesar de que ésta ya no cotiza para el régimen contributivo, se
generarán unos costos que no encuentran respaldo financiero en el régimen
contributivo. La jurisprudencia de esta Corte ya ha reiterado que es el Estado,
por intermedio del Fondo de solidaridad y garantía (Fosyga) del Ministerio de
Protección Social, quien debe responder oportunamente a las peticiones mediante
las cuales una EPS repita para asegurar la sostenibilidad del sistema (sentencia SU-819 de 1999).” (Subraya fuera del
texto).
[23] Cfr. Folio
43, cuaderno 2.
[24] Cfr. Folio
9, cuaderno 2.
[25] Cfr. Folios
11, 18, 23 y 42, cuaderno 2.
[26] Cfr. Folio 41, cuaderno 2.
[27] Cfr. Folio
9, cuaderno 2.
[28] Cfr. Folio 5, cuaderno 2.