T-250-20
Sentencia
T-250/20
Referencia: Expediente T-7.654.124
Acción de tutela formulada por William
Monte en contra de los sitios web www.areacucuta.com, www.zfrontera.blogspot.com.co,
www.noticucuta.blogspot.com.co, www.pamplonanews1.blogspot.com y el Canal Tro
(programa Oriente Noticias)
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., quince (15) de julio dos mil veinte (2020).
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside−
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política,
y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo del 26 de agosto
de 2019, proferido por el Juzgado 5º de Familia de Cúcuta dentro de la acción
de tutela promovida por el ciudadano William Monte[1] en contra
de los sitios web www.areacucuta.com, www.zfrontera.blogspot.com.co,
www.noticucuta.blogspot.com.co, www.pamplonanews1.blogspot.com y el Canal Tro
(programa Oriente Noticias).
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Once[2],
mediante auto del 19 de noviembre de 2019. Como criterios de selección se
indicaron los siguientes: asunto novedoso y necesidad de pronunciarse
sobre una determinada línea jurisprudencial (criterios objetivos), con
fundamento en el literal a) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.
I.
ANTECEDENTES
El 12 de agosto de 2019, el ciudadano William Monte formuló acción de tutela en
contra de los sitios web www.areacucuta.com ‒en adelante Área
Cúcuta‒, www.zfrontera.blogspot.com.co ‒en adelante Z
Frontera‒, www.noticucuta.blogspot.com.co ‒en adelante Noticúcuta‒,
www.pamplonanews1.blogspot.com ‒en adelante Pamplona News‒ y el
Canal Tro (programa Oriente Noticias), por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al
olvido, y al trabajo. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de la solicitud:
1. Hechos
A continuación, se relatan los supuestos fácticos
relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por el
accionante en el escrito inicial:
1.1. El actor afirmó que el 5 de julio de
2003 recibió el título de médico cirujano por parte de la Universidad del Norte
y que, posteriormente, realizó estudios de posgrado en medicina estética láser
en Italia y España.
1.2. Manifestó que en ejercicio de su
actividad profesional realizó múltiples procedimientos estéticos y que, en una
de esas ocasiones, el 2 de abril de 2013, falleció su paciente. Aseguró que dicha
situación le resultó “altamente dolorosa” y que intentó suicidarse
propinándose un disparo en la cabeza.
1.3. Afirmó que dicha situación fue cubierta
por diferentes medios de comunicación digitales que publicaron lo sucedido en
sus páginas de internet y blogs, en los que incluso se especuló sobre sus
títulos y su salud.
1.4. Sostuvo que pasados 6 años desde que
ocurrieron los hechos, pese a que su situación legal fue aclarada, en los
medios digitales accionados permanecen aquellas noticias, las cuales, al ser asociadas
a su nombre en los diferentes motores de búsqueda, le afectan gravemente.
Respecto de esa circunstancia aseveró: “me ha perpetuado a una asociación
entre mi nombre y las noticias que mancilla mi honra y buen nombre impidiendo
se me materialice el derecho fundamental al perdón y olvido y a su vez me
limita considerablemente mi acceso a las ofertas laborales por cuanto hoy en
día es común que los empleadores de manera genérica ‘googleen’ el nombre de sus
candidatos. Esta situación también afecta mi derecho al ‘habeas data’ por
contener información de hechos personales (intento de suicidio) que son de
difícil interpretación y ciertamente hacen parte de mi privacidad.”
1.5. Expuso que, adicionalmente, en dichas
publicaciones también se han realizado afirmaciones contrarias a la verdad que
le han generado complicaciones, a saber: (i) en el sitio web Área Cúcuta[3] el 3 de
abril de 2013 se publicó información sobre los hechos de la muerte de su
paciente el 2 de abril de 2013, y se menciona además que él realizó
procedimientos con biopolímeros y que las señoras I.O. y K.T.
iniciaron procesos jurídicos en su contra sin obtener éxito, lo cual es falso
‒añadió que a la fecha no tiene antecedentes judiciales‒; (ii) en
la página Z Frontera[4]
el 2 de abril de 2013 se publicó que él falleció y que la paciente fue traslada
al hospital Erasmo Meoz, cuando evidentemente está vivo y en realidad la
paciente fue atendida en la clínica San José; (iii) en el sitio Pamplona News[5] el 2 de
abril de 2013 se publicó una noticia que narra lo ocurrido e indica que el
disparo que él mismo se hizo solo le produjo heridas en el cuero cabelludo,
cuando en realidad se ocasionó una hemiplejía derecha y un trastorno maniaco
depresivo que debió ser tratado por más de dos años; (iv) en el portal de
Youtube el noticiero del canal Tro[6]
se observa un video en el que se relatan los hechos y aparece un funcionario de
la secretaría departamental de salud afirmando que él (el accionante) no es
cirujano, cuando sí fue titulado como médico cirujano por la Universidad del
Norte; y, (v) en el sitio Noticúcuta[7]
el 3 de abril de 2009 se publicó un escrito en el cual se exponen hechos
relacionados con una denuncia penal acerca de un procedimiento médico practicado
a una mujer, sin que se lograra probar en el proceso que le inyectó
biopolímeros y situación que fue objeto de un acuerdo con la Fiscalía hace más
de 8 años.
Todo lo anterior, aduce, implica un
perpetuo mancillamiento de su buen nombre y una sobreexposición de un acto
privado ‒como lo fue su intento de suicidio‒, así como también se
erige en una barrera para acceder a oportunidades laborales. En suma, lo expone
a una condena social permanente por hechos que ya han sido esclarecidos por la
justicia y lo enfrenta de por vida con aquella penosa situación que, aunque parcialmente
cierta, prefiere dejar en el pasado.
2. Contenido de la petición de amparo
De acuerdo con el anterior recuento fáctico, el señor William
Monte solicita al juez constitucional que, como consecuencia de la tutela de
sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al
olvido, y al trabajo,
se ordene a los sitios web y al canal demandados eliminar las noticias
relacionadas con su nombre y con los hechos narrados, particularmente aquellas
contenidas en los enlaces reseñados en la demanda constitucional de amparo.
Para sustentar su solicitud, el actor aportó los
siguientes documentos:
§  Copia del diploma mediante el cual la Universidad del
Norte le otorgó el título de médico cirujano[8].
§  Copia de su cédula de ciudadanía[9].
§  Copia de su registro civil de nacimiento[10].
§  Copias de las noticias publicadas en www.areacucuta.com[11],
www.zfrontera.blogspot.com[12],
www.noticucuta.blogspot.com[13]
y www.pamplonanews1.blogspot.com[14],
e impresión de la noticia publicada en el perfil de Youtube del Canal Tro[15].
§  Copia del diploma mediante el cual la Universidad
Externado de Colombia le otorgó el título de Especialista en Derecho Médico[16].
§  Copia de la consulta de antecedentes penales y
requerimientos judiciales a nombre de William Monte en el portal la
Policía Nacional, de fecha 6 de agosto de 2019[17].
§  Copias de la certificación de atención recibida en la
clínica psiquiátrica Monserrate de Bogotá entre el 17 de abril y el 3 de mayo
de 2013[18],
y de la historia clínica expedida por dicha institución[19].
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 12 de agosto de 2019[20], el Juzgado 5° de Familia
de Cúcuta admitió a trámite la demanda de tutela, ordenó la notificación al
extremo pasivo y vinculó al Ministerio de Comunicaciones. Adicionalmente,
dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación ‒Seccional
Cúcuta-Norte de Santander‒, para que informara si existía alguna denuncia
penal contra el señor William Monte por parte de las señoras I.O.
y K.T. y, en caso afirmativo, remitiera copias de las actuaciones.
3.1. Por escrito allegado el 13 de agosto de 2019 y a
través del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Procesos Judiciales y
Extrajudiciales de la Oficina Asesora Jurídica[21], el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones ‒MicTIC‒ manifestó
que es incompetente en relación con los hechos del caso, pues no le corresponde
la función de inspección, vigilancia y control al motor de búsqueda, a las
páginas web mencionadas y a las publicaciones realizadas por
particulares.
Afirmó que, de acuerdo con la Corte Constitucional[22], Google no es responsable
de los datos generados por terceros y que la responsabilidad recae sobre los
medios de comunicación que difunden la información que vulnera los derechos
fundamentales, de lo que se infiere además que el MinTIC debe ser desvinculado
de la acción de tutela, por cuanto no tiene competencia para expedir la
regulación encaminada a la protección de los usuarios de internet.
En consecuencia, el MinTIC invocó la excepción de “ilegitimidad”,
en tanto no participó de los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo,
y pidió su desvinculación del proceso.
3.2. Mediante memorial del 15 de agosto de 2019 y por
intermedio de su Gerente[23], Televisión Regional
del Oriente ‒Canal Tro‒ afirmó que, si bien los hechos
ocurridos fueron objeto de noticia, una vez enterados de la acción de tutela el
canal procedió a eliminar el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=5lomb3_M2k4&feature=youtube, el cual ya no
se encuentra disponible en el portal de Youtube de ese medio de comunicación.
3.3. La Fiscalía General de la Nación
‒Dirección Seccional Norte de Santander‒ remitió constancia del
15 de agosto de 2019[24] en la que indicó que “consultado
el sistema SPOA no se encontró registro de noticia alguna donde aparezca como
indiciado [William Monte] siendo denunciantes [I.O.]
Y [K.T.].”
3.4. Los demás integrantes del extremo pasivo
guardaron silencio.
4. Fallo de tutela objeto de revisión
Mediante sentencia del 26 de agosto de 2019, el
Juzgado 5° de Familia de Cúcuta estimó que los hechos ocurridos el 2 de abril
de 2013, en los cuales tuvo lugar el deceso de una paciente, implicó que los
medios de comunicación difundieran la noticia, sin que ello representara una
afectación a la honra y al buen nombre del peticionario por cuanto él se
encontraba implicado, y sostuvo que si en todo caso se sentía afectado a causa
de dichas publicaciones, “éste contaba con otros medios a dónde acudir para
que su nombre quedara en limpio”.
Señaló que el principio de veracidad conlleva que las
noticias sobre hechos delictivos o procesos judiciales no podrán ser alteradas
a la verdad histórica en relación con lo acontecido, y que los accionados se
encontraban facultados para publicar el suceso al amparo de la libertad de
información.
Sin embargo, al considerar que las noticias seguían
apareciendo en las páginas de internet y blogs después de 6 años de haber
ocurrido los hechos, el juez resolvió conminar a “Área Cúcuta,
zfrontera.blogspot.com.co, noticucuta.blogspot.com.co y periódico digital de
Pamplona ‒pamplonanews1.blogspot.com” para que, en el término de 48
horas, eliminaran de sus enlaces de internet la difusión de la noticia relativa
a la situación en que se vio involucrado William Monte el 2 de abril de
2013, con el argumento de que “en la actualidad se está perjudicando el buen
nombre y vida profesional del actor, al seguirse difundiendo tal suceso.” Agregó
el juez de instancia que dicha determinación era consecuencia de que los mencionados
medios, pese a haber sido notificados de la acción de tutela, guardaron
absoluto silencio.
Respecto de Canal Tro, el juez encontró que en su
escrito de contestación su representante informó que ya se había eliminado el
contenido de los enlaces de internet y que, por tanto, el mismo no se
encontraba disponible en el canal de Youtube, por lo que concluyó que la acción
se tornaba improcedente frente dicho medio de comunicación.
La anterior determinación no fue objeto de impugnación.
5. Actuaciones en sede de revisión
Por escrito radicado en la Secretaría General de la
Corte Constitucional el 3 de marzo de 2020, la Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo intervino dentro del
proceso, solicitando a la Corte que revocara la sentencia proferida por el
Juzgado 5° de Familia de Cúcuta, debido a que dicha autoridad desconoció el
requisito de procedibilidad establecido en el numeral 7 del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, consistente en solicitar previamente a los medios de
comunicación la rectificación de la información publicada, advirtiendo también
que “las conclusiones de este fallo no encuentran soporte en las
consideraciones realizadas por el juez”. Como sustento de su petición
presentó los siguientes argumentos:
Recordó que las acciones civiles y penales no excluyen
la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre. Seguidamente, afirmó que la
solicitud previa de rectificación es un requisito de procedibilidad de la
acción de tutela cuando se pretende la protección de los derechos a la honra y al
buen nombre. Este requisito ‒explicó‒ asegura la mayor protección
posible tanto del derecho a la libre expresión, como de los derechos al buen
nombre y a la honra, y permite tomar los correctivos necesarios luego de que el
medio de comunicación haya realizado un análisis juicioso de la situación,
respetando la presunción de buena fe. Aunque se trata de una exigencia que
tradicionalmente se ha predicado respecto de los medios de comunicación
convencionales, la jurisprudencia constitucional la ha hecho extensible a otros
canales de información, especialmente cuando por medio de ellos se ejerce una
actividad periodística.
De acuerdo con lo anterior, frente al caso bajo
estudio anotó que “dentro del expediente no se advierte la presencia de
ninguna prueba presentada por el accionante, dirigida a demostrar que solicitó
a los distintos medios demandados, la corrección o rectificación de las
informaciones que pretende eliminar, es posible concluir que éste no le brindó
a los accionados la oportunidad de corregir la información relacionada con los
hechos ocurridos en abril de 2013 antes de interponer l acción de tutela cuyo
análisis nos concierne. Es decir, no cumplió con el requisito de procedibilidad
establecido en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, motivo
por el cual, la Defensoría del Pueblo solicitará que se revoque el fallo de
primera instancia, por cuanto el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en
Oralidad resolvió favorablemente la acción de tutela desconociendo este
requisito.”
A su vez, solicitó que se tuvieran en cuenta las
siguientes consideraciones, “previendo el eventual desarrollo de una línea
jurisprudencial en materia del derecho al olvido, aplicable a los casos en los
cuales la información publicada a través de sitios web afecta los derechos al
buen nombre y a la honra de terceros”:
Tras recapitular sobre las fuentes jurídicas y el
alcance de los derechos a la honra, al buen nombre y a la libertad de
expresión, información u opinión, así como sobre la garantía de rectificación
en condiciones de equidad, se refirió al derecho al olvido como elemento de
control de los medios de comunicación en internet. Mencionó que, si bien a
nivel internacional este derecho ha tenido un amplio desarrollo, en Colombia la
Corte Constitucional ha circunscrito su desarrollo en el sentido de que la
información sobre una condena penal debe ser objeto de circulación restringida,
a fin de evitar estigmatizaciones y señalamientos contra la persona que saldó
sus cuentas con la justicia, sin que ello signifique prohibir que la sociedad
se informe sobre un hecho cierto y objetivo, pues se estaría atentando contra
el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
Expuso que existen casos emblemáticos en el derecho
comparado respecto del derecho al olvido frente a información con imprecisiones
o errores que es divulgada por medios de comunicación en internet, pero con
relevancia pública y una función constitucional. En ese contexto, citó
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[25] y del Tribunal Superior
de España[26] conforme a los cuales
concluye que “los afectados tienen derecho a que la información sobre ellos
que se encuentra en estas plataformas desaparezca luego de cierto tiempo para
no afectar su buen nombre”, y precisó que para la aplicación del derecho al
olvido se ha desarrollado un test que “se fundamenta en la adecuación y el
interés público de la información, de tal manera que exista un equilibrio entre
el derecho del ciudadano y el de la sociedad a tener una información veraz
sobre los temas que le son relevantes.”
Sostuvo que, dado el impacto de la internet en materia
de los derechos al buen nombre y a la honra, mientras no se emita una
regulación por el legislativo, la Corte Constitucional debe desarrollar en su
jurisprudencia el derecho al olvido en casos que no involucren condenas o
antecedentes penales, con el fin de garantizar que las personas no sufran
discriminaciones de forma perpetua, pero propendiendo hacia un equilibrio entre
el derecho del afectado y los derechos de la sociedad a tener una información
veraz sobre temas de interés público.
Para lograr dicho propósito ‒indicó‒ se
puede acudir a un test con base en los parámetros para establecer el grado de
protección de la libertad de expresión al entrar en conflicto con los derechos
de terceros, verificando en cada caso (i) quién comunica, (ii) de qué o de
quién se comunica, (iii) a quién se comunica, y (iv) por qué medio de comunica[27], de manera que se adopte
la medida menos lesiva para la libertad de expresión, siempre y cuando se
garantice que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de
difamación y desinformación, a la vez que se restringe el derecho al olvido
frente a contenidos que gozan de una protección acentuada por tener relevancia
pública.
Finalmente, a partir de una distinción del alcance del
derecho a la rectificación y del alcance del derecho al olvido ‒siendo
que el primero apunta a que la información errónea o falsa sea corregida o
aclarada, mientras que el segundo busca el retiro de la información‒,
estimó que en los casos en que la información sea relevante para sociedad pero
contenga imprecisiones solo se podrá solicitar al medio de comunicación la
corrección, pero si la información no es relevante para el interés público se
podrá amparar el derecho al olvido, sin perjuicio de solicitar la
rectificación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, el señor William Monte
reclama la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al
trabajo, los cuales considera
vulnerados como consecuencia de las publicaciones expuestas en los sitios de internet
demandados, que hacen referencia al episodio del día 2 de abril de 2013 cuando
una paciente que estaba bajo su cuidado profesional falleció tras un
procedimiento al que se sometió, luego de lo cual él (el promotor de la acción)
intentó quitarse la vida. Por
lo tanto, solicita que el juez constitucional ordene a los accionados que
eliminen las mencionadas noticias de sus respectivos portales web.
Dentro del trámite de tutela la mayoría de los
integrantes del extremo pasivo guardaron absoluto silencio; sólo uno se pronunció
para informar que ya había suprimido el contenido objeto de controversia.
La sentencia única de instancia declaró improcedente
la acción de tutela, mas sin
embargo “conminó” a los demandados para que procedieran a eliminar las
publicaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
3. Problema jurídico a resolver
En primer término, teniendo en cuenta que en el curso de
la actuación el Canal Tro (programa Oriente Noticias) puso de presente que la
noticia objeto de debate fue eliminada de la página web donde venía
siendo difundida, resulta pertinente verificar qué ocurrió con los demás
enlaces de internet de que se queja el actor. A partir de lo anterior, se
procederá a analizar si aún existe materia sobre la cual emitir un
pronunciamiento en esta sede judicial o si, por el contrario, se configura una
carencia actual de objeto.
En caso de que no se haya extinguido el supuesto de
hecho que motivó la censura constitucional, corresponderá a la Sala dilucidar
si en el presente asunto se encuentran reunidos los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo
excepcional de protección de derechos humanos.
Sólo si tras este análisis se comprueba que la
intervención de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un
estudio de fondo, la Corte se ocupará de determinar si los derechos
fundamentales a
la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo invocados por el señor William
Monte fueron vulnerados por parte de los sitios web demandados, al mantener
publicadas las noticias que aluden a los acontecimientos del 2 de abril de
2013, relacionados con el fallecimiento de una paciente y el posterior intento
de suicidio por parte del actor.
De manera preliminar, entonces, con miras a
agotar el estudio de los aspectos previos antes enunciados, pasa la Sala de
Revisión a examinar los siguientes ejes temáticos: (i) El fenómeno de la
carencia actual de objeto; y, (ii) La procedencia de la acción de tutela.
(i) El fenómeno de la carencia actual de objeto
La Corte Constitucional ha desarrollado en su
jurisprudencia la carencia actual de objeto como un fenómeno que tiene
lugar cuando se extinguen los supuestos fácticos que subyacen a la vulneración
iusfundamental ventilada en la solicitud de amparo. Desaparecido el objeto del
litigio, caería en el vacío cualquier determinación del juez constitucional encaminada
a hacer cesar aquellas conductas de las que presuntamente se derivaba la
afectación de derechos fundamentales.
Esta circunstancia se presenta ‒por
ejemplo‒ cuando las pretensiones del promotor de la acción han sido
satisfechas, o en los eventos en que finalmente se ha materializado la amenaza o
ha acaecido el perjuicio que se buscaba conjurar a través del resguardo
constitucional.
Sobre el particular, en reciente pronunciamiento esta
Sala de Revisión recogió la doctrina sobre las distintas tipologías en que se
concreta la carencia actual de objeto y su respectiva caracterización,
en los siguientes términos:
“(i) El hecho superado: ‘regulada
en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo,
se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i)
se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en
la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.’[28]
(ii) El daño consumado ‘consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar,
de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que
se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto.’[29]
(iii) Situación sobreviniente
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por
carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del
acaecimiento de una ‘situación sobreviniente’ que no tiene origen en el
obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a
raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.’[30]”[31]
En un escenario así, el mecanismo de tutela pierde
toda su eficacia, habida cuenta de que la intervención del juez constitucional
se torna inane para dispensar la protección en los precisos términos
pretendidos por el peticionario, por lo que eventualmente el pronunciamiento
judicial se circunscribirá a constatar que se obtuvo lo solicitado, o se dirigirá
al resarcimiento del daño o a la adopción de medidas para evitar que se repitan
lesiones a los derechos fundamentales, en el caso de que se logre evidenciar
que la vulneración se produjo.
En el caso bajo estudio, la Sala Novena de Revisión advierte
que, en efecto, se configura una carencia actual de objeto en relación con tres
de los cinco sitios web accionados, toda vez que los contenidos que el
actor estima atentatorios de sus derechos y que provocaron la interposición de
la acción de tutela ya no se encuentran disponibles.
Por una parte, se observa que desde el trámite surtido
en primera instancia el Gerente de Televisión Regional de Oriente ‒Canal
Tro‒, al ser notificado de la demanda, informó al juez instructor que “una
vez recibida la presente acción de tutela, TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE
LIMITADA ‒CANAL TRO, procedió a eliminar el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5lomb3_M2k4&feature=youtu.be
y ya no se encuentra disponible en nuestro canal de Youtube.”[32]
Y, efectivamente, consultado por la Sala el referido link[33], se confirma que la plataforma de videos Youtube
muestra inmediatamente una ventana con el mensaje “Este video no está
disponible.”
Asimismo, revisados los enlaces de internet denunciados
por el actor en los portales Área
Cúcuta[34] y Noticúcuta[35], se encuentra que las publicaciones de que
se duele el señor William Monte no existen y, por lo tanto, no pueden
ser vistos por los usuarios de la red.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las noticias
publicadas en las restantes páginas web acusadas, esto es, Z Frontera[36] y Pamplona News[37], pues los contenidos objeto de controversia
siguen disponibles para la consulta en internet.
Pues bien: la pretensión del accionante consiste,
justamente, en que los sitios accionados eliminen las noticias relacionadas con
su nombre y con los hechos del 2 de abril de 2013 en los que estuvo
involucrado. Dado que dichas publicaciones fueron suprimidas en tres de los
cinco sitios que conforman el extremo pasivo, para la Sala de Revisión es
forzoso concluir que respecto de esos demandados se ha configurado un hecho
superado, comoquiera que el solicitante ya obtuvo aquello que perseguía
mediante la acción de tutela, con ocasión del obrar de quienes ejercen control
sobre las plataformas de información a que se alude.
De acuerdo con lo anterior, no resulta acertada la decisión
adoptada por el Juzgado 5° de Familia de Cúcuta en sede de instancia,
consistente en “declarar improcedente la presente acción constitucional
(…) respecto a la entidad accionada Canal Tro”[38], al verificar que los contenidos objeto de
reproche ya habían sido eliminados, pues la declaratoria de improcedencia como
consecuencia del fenómeno de carencia actual de objeto en realidad se configura
“cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”, al tenor
de lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. En
otras palabras: al no evidenciarse un daño consumado, no había lugar a la
declaratoria de improcedencia.
Como corolario de esta constatación, se impone,
entonces, revocar el fallo único de instancia para, en su lugar, declarar el
acaecimiento del fenómeno de carencia actual de objeto, por hecho superado,
en relación con los accionados Área Cúcuta, Noticúcuta y Canal Tro.
Frente a los demás integrantes del extremo pasivo que
aún mantienen publicadas las noticias que dieron lugar a la demanda de amparo,
esto es, los sitios web Z
Frontera y Pamplona News, corresponde ahora agotar el análisis de procedencia
de la acción de tutela, previo a examinar el fondo de la controversia.
(ii) Procedencia de la acción de tutela[39]
La Constitución de 1991, en su artículo 86, consagró
la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que
persigue una protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad
pública o, en determinados eventos, de particulares, cuando quiera que de su
acción u omisión se desprenda vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales.
En razón a su carácter excepcional, se trata de un
recurso que sólo es procedente en la medida en que el peticionario no disponga
de otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para salvaguardar sus
garantías constitucionales, a menos que, dada la inminencia de una lesión
iusfundamental, se acuda al mismo como mecanismo transitorio para conjurar un
perjuicio irremediable.
En desarrollo de
dicha disposición superior, y en concordancia con
lo previsto en el Decreto 2591 de 1991[40], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que para establecer la
procedencia formal de
la acción de tutela es preciso verificar
que concurran los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación
en la causa por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv) subsidiariedad.
Antes de pasar a
determinar si en el asunto sub júdice se materializa el quebranto de derechos fundamentales que
aduce el actor, es necesario, entonces, verificar el cumplimiento de cada uno de estas condiciones de procedencia:
Legitimación en
la causa por activa. El artículo 86 de la Carta Política
establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que
considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una
autoridad pública o, en ciertas circunstancias, por un particular.
Este requisito consiste en indagar si el promotor de
la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este recurso judicial, ya
sea porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, o bien,
porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de
promover su propia defensa, a través de la figura de la agencia oficiosa[41].
En el caso bajo estudio, se observa que el señor William
Monte promueve la acción de tutela a nombre propio con el fin de que se
garanticen sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo, los que estima
vulnerados por unas publicaciones de internet que relatan los hechos del 2 de
abril de 2013, donde falleció una paciente y él mismo intentó quitarse la vida.
Desde este punto de vista, no cabe duda de que la solicitud encaminada a la protección
de los derechos propios cumple con las exigencias de la legitimación en la
causa por activa.
Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de
procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior[42], el cual prescribe que el
recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas
hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta
responsabilidad –ya por acción, ora por omisión− en la transgresión de
los derechos fundamentales que suscita la reclamación.
En desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[43]
prevé los eventos en los cuales los particulares pueden ser sujetos pasivos de
la acción de tutela, entre los cuales se contempla la posibilidad de acudir a
este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del demandado.
A propósito de la indefensión, de vieja data la jurisprudencia
constitucional la ha descrito como la imposibilidad o impotencia en que se
encuentra alguien, en razón a determinadas circunstancias puntuales, para
repeler el agravio a sus derechos, lo que quiere decir que “(…) no tiene su
origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado
sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en
su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)”[44].
Esta Corporación ha reconocido que uno de los casos en que se
evidencia una asimetría entre particulares que, a su vez, da cuenta de una
posición de indefensión del uno respecto del otro, es en el ámbito de la
divulgación de información por medio de redes sociales masivas e internet, dada
la dificultad que tiene el afectado para controlar la propagación de la misma a
través de estos canales o medios:
“(…) [L]a Corte ha fijado
la presunción de que el individuo se halla en situación de indefensión, a causa
del impacto social que puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su
potencial influencia en las creencias y opiniones de las personas. Lejos de ser
un particular más, los medios son organizaciones que, debido a la naturaleza de
su actividad, ejercen de facto también un amplio poder social que puede llegar
a lesionar derechos individuales con un incontrastable efecto multiplicador. De
ahí que se reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para la
protección de las prerrogativas fundamentales del individuo”.[45]
Bajo ese entendimiento, en el presente asunto debe
entenderse que los respectivos administradores de los portales de noticias
accionados[46] están legitimados en la
causa por pasiva, en tanto son quienes tienen manejo y control respecto de los
sitios web donde reposan las publicaciones objeto de debate.
Inmediatez. Dado que la acción de tutela está encaminada a proveer
una salvaguarda urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una
amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda constitucional
de amparo es un presupuesto primordial para la procedencia de este mecanismo.
En el presente caso, el presunto hecho vulnerador se
relaciona con las publicaciones en internet sobre hechos que involucran al
accionante y que tuvieron lugar el 2 de abril de 2013, esto es, alrededor de
hace seis años, misma fecha en la cual se expusieron las noticias objeto de
controversia en los portales web accionados. La demanda constitucional
de amparo, por su parte, fue radicada ante la autoridad judicial el 12 de agosto
de 2019[47].
A primera vista puede avizorarse que el tiempo
transcurrido entre la publicación de las noticias en internet y el momento en
que se promovió el reclamo constitucional es irrazonable. Inclusive si se tiene
en cuenta que después de los acontecimientos del 2 de abril de 2013 el señor William
Monte estuvo internado bajo tratamiento psiquiátrico entre el 17 de abril y
el 3 de mayo de 2013, conforme a la certificación y la historia clínica
expedidas por la Clínica Monserrat[48], la acción de tutela carece de inmediatez en
tanto la urgencia de protección queda desvirtuada ante la evidencia de que el
interesado no ha demostrado una actitud diligente al dejar pasar más de un
lustro sin buscar la salvaguarda sus derechos, y sin presentar argumento alguno
que justifique su inactividad.
En efecto, el actor aduce que las publicaciones en
cuestión lo perjudican por cuanto contienen información inexacta ‒e
incluso falsa‒ sobre su praxis profesional y lo sucedido el día en que
falleció su paciente, pero no explica por qué sólo hasta ahora se ha percatado
de la afectación que ello supone para sus derechos fundamentales, como tampoco ofrece
alguna razón que justifique su reacción en extremo tardía. No esgrime que a lo
largo de este tiempo haya intentado infructuosamente promover sus intereses por
otras vías ‒lo que, en todo caso, no habría excluido su posibilidad de
instaurar acción de tutela[49]‒ y, de hecho, ni siquiera da cuenta
de haber hecho un esfuerzo por remediar la situación tan pronto tuvo
conocimiento de las publicaciones. Nótese, incluso, que las capturas de
pantalla impresas que aportó con el escrito inicial datan del 13 y el 24 de
febrero de 2018, lo que razonablemente lleva a inferir que el actor contaba con
la opción de reclamar, por lo menos, un año y medio antes de que radicó la
acción de amparo ante un despacho judicial.
Sin argumentos mínimos que logren justificar la
tardanza para acudir a la justicia constitucional en el caso concreto, la Sala
no tiene motivos para flexibilizar el estudio del requisito de inmediatez, y
menos cuando, siendo tan manifiesto su incumplimiento, es imposible pasar por
alto el extenso lapso transcurrido. Lo contrario significaría desnaturalizar la
acción de tutela como mecanismo de protección urgente de derechos fundamentales.
La Sala no ignora que, en otra oportunidad, al
ocuparse del aspecto relativo a la inmediatez, la Corte ha estimado que la
antigüedad de la publicación en internet no obsta para dar por satisfecho el
requisito cuando la acción de tutela es interpuesta dentro de un término
razonable luego de presentada oportunamente la solicitud de rectificación al
medio informativo responsable, a partir del momento en que el interesado “tuvo
conocimiento de la noticia publicada la página web (...) y de su
referencia en ella , y advirtió que sus derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra estaban siendo afectados por la información
emitida.”[50]. Pero en el presente asunto nada afirmó el actor
sobre haberse enterado recientemente de las noticias que lo mencionaban y del
detrimento que ‒según aduce‒ las mismas le ocasionan y,
adicionalmente, nada dijo sobre haber presentado solicitud de rectificación. Este
último punto pasa a examinarse en el acápite siguiente.
Subsidiariedad. Por su carácter excepcional, la acción de tutela sólo
procede ante la inexistencia de otros medios judiciales que permitan ventilar
las pretensiones del tutelante, o bien, cuando a pesar de existir, aquellos
carecen de idoneidad o resultan ineficaces para el caso concreto, en razón a
variables como la urgencia de protección o la extrema vulnerabilidad del sujeto
que reclama la protección.
Lo anterior supone que si el asunto puede ser ventilado
ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo ordinario, en
principio, deberán agotarse las etapas y las formas previstas en el
ordenamiento jurídico para cada proceso, y el juez de tutela no debe desplazar
el conocimiento del juez instituido para el efecto.
En cuanto a la satisfacción del requisito de
subsidiariedad en el caso bajo examen, la Sala estima necesario hacer un
análisis detenido.
Tratándose específicamente de la protección vía amparo
constitucional de los derechos a la honra y al buen nombre, es menester
recordar que esta garantía se articula con el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad que consagra el artículo 20 constitucional, el cual
contempla el derecho fundamental a la libertad de expresión, en sus facetas de
libertad de opinión y libertad de información[51].
Este derecho a la libertad de expresión goza de una
presunción de prevalencia en el ordenamiento jurídico[52], dado el inescindible vínculo de la
democracia con la apertura al flujo permanente de diferentes puntos de vista, a
la circulación de multiplicidad de datos y, en general, a distintos escenarios
de interacción que dan espacio al debate y la participación, esenciales en el
Estado social de Derecho. En esa misma dirección, el artículo 73 de la Carta
protege la libertad de prensa y reconoce la independencia de la actividad
periodística, garantía que, como lo ha señalado esta Corporación de vieja data,
también ostenta una posición privilegiada “dada su importancia para la vida
democrática y para el intercambio de ideas”[53]. Como deber correlativo frente a ese alto
estándar de protección, quienes ejercen la libertad de difundir información, y en
particular los comunicadores y quienes tienen por oficio la difusión de
información, están llamados observar los principios de veracidad e imparcialidad
en su actividad, de suerte que el público no sea inducido deliberadamente a
errores o sesgos y, por el contrario, tenga la posibilidad de valorar por
cuenta propia los contenidos y formarse una opinión crítica de manera autónoma[54].
En coherencia con el encumbrado lugar que ocupan estas libertades en el
esquema jurídico político adoptado en la Carta Política, el numeral 7 del artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 1991 consagra expresamente una condición de
procedencia para solicitar por vía de acción de tutela la rectificación de la
información transmitida por medios de comunicación, o en el caso de informes
periodísticos divulgados por redes sociales. Así, el ciudadano que considere
vulnerados sus derechos a raíz de la difusión de una información que estima
inexacta o errónea y pretenda acudir al amparo constitucional para conjurar esa
circunstancia, debe acreditar que previamente presentó una petición de
rectificación al responsable de la publicación.
El alcance y
contenido del derecho a la rectificación ha sido caracterizado por la
jurisprudencia en los siguientes términos:
“(i) constituye un mecanismo menos intimidatorio que la
sanción penal y más cercano en el tiempo a la
concreción del daño; (ii) garantiza la protección de los derechos a la honra y
al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad
de expresión y de información; (iii) no presupone para su ejercicio que se
declare, previamente, la existencia de
responsabilidad civil o penal del comunicador o que se establezca la intención
de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o
parcial; (iv) basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de
tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de
rectificarla; (v) ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de
la declaratoria de responsabilidad civil o penal,
pues una rectificación oportuna “impide que los efectos difamatorios se
prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales”. (vi) no persigue imponer
una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su
objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la
reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con
igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio
destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea,
tergiversada o carente de imparcialidad. Así, “según los términos del acto
comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las
aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias
no son arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan”. (vii) no
excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y moral–,
mediante el uso de otros medios de defensa previstos
en el ordenamiento jurídico”.[55]
Desde sus primeros pronunciamientos[56], esta Corporación ha
desarrollado una sólida y pacífica línea en relación con la necesidad de agotar
la solicitud previa de rectificación, en tanto mecanismo autocompositivo y prejudicial[57], como requisito de
procedencia de la acción de tutela; exigencia que es plenamente compatible con la proscripción
constitucional de la censura y tiene como punto de partida el supuesto de que
el emisor ha actuado de buena fe, pero no es infalible, y es capaz de enmendar
el error:
“El requisito de la solicitud
previa pretende dar al emisor de la información la oportunidad de contrastar y
verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación
son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la
información por él difundida. En todo caso, el periodista o el medio de
comunicación – u otra persona que informe, debido a la amplitud tecnológica que
hoy se presenta con recursos como el Internet -, tiene el deber de responder si
se mantiene o rectifica en sus aseveraciones.
Se trata entonces de una
garantía previa a cualquier participación de las autoridades judiciales, tanto
para quien pretende la rectificación de la información, como para la persona
que la haya emitido, al igual que para el colectivo que tiene derecho a ser
informado de forma veraz e imparcial. En caso de que el juez de tutela
constate que no se ha presentado solicitud de rectificación alguna, debe
declarar improcedente la acción, ya que no se cumplieron los requisitos
procedimentales mínimos para poder analizar de fondo la litis.”[58] (se resalta)
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la solicitud previa de
rectificación como condición de procedibilidad es exigible cuando la
información inexacta o errónea objeto de reclamación fue divulgada por medios
de comunicación, por quienes actúan en calidad de periodistas, o por quienes
sin ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a trasmitir
información[59].
No obstante, dicho requisito de procedencia se exceptúa en los casos en
que la información publicada, aunque veraz, atente de forma ilegítima contra la
intimidad personal o familiar, conclusión a la que se ha arribado en casos
relacionados con publicaciones que permiten la identificación de menores de
edad en el marco de actuaciones como investigaciones por hechos delictivos o
procesos policivos[60], o en eventos en que la
publicación acusada revela detalles de la vida privada de la persona de manera
inapropiada y sin la debida autorización[61].
Es pertinente
anotar, igualmente, que en el evento en que la información transmitida
sea cierta,
pero se presente de una forma que
vista en conjunto induzca a una
interpretación imprecisa o equivocada al receptor, y cuando de ello se desprenda una
afectación a la reputación y los derechos de la persona involucrada, el derecho a
la rectificación no se materializa forzosamente
con la supresión o eliminación del contenido[62]. Al propiciar
la respectiva corrección, aclaración y/o actualización
de la información, o emplear herramientas técnicas que acoten su difusión masiva, se puede conseguir un equilibrio donde no
resulte desproporcionadamente sacrificada la libertad de expresión. Bajo este entendido, ha dicho la
Corte que “el derecho/obligación
de rectificación no debe silenciar a los ciudadanos sino constituir un ‘límite orientado
a que la acción comunicativa se aleje de afirmaciones irresponsables que
generen confusión en la colectividad que confía en la profesionalidad, el prestigio y la credibilidad de los comunicadores’.” [63]
En esa dirección, la jurisprudencia constitucional ha
enfatizado que “[r]esulta imprescindible que antes de solicitar el amparo a
los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la honra, que se
consideran vulnerados por la publicación de un artículo periodístico, a través
del cual se ejercen los derechos fundamentales a la libertad de información y
de expresión, sea dado a conocer al medio de comunicación del cual se solicita
corrección, todo el material probatorio que pueda acreditar, y con el cual éste
pueda analizar y ponderar la información que ha divulgado.”[64]
Pues bien: con la panorámica que ofrecen estas
consideraciones y revisada la demanda de amparo y sus anexos, la Sala de
Revisión advierte que el señor William Monte no acreditó ‒y, de
hecho, ni siquiera mencionó‒ haber presentado previamente la solicitud de
rectificación ante los accionados, cuya vocación como medios informativos salta
a la vista. En efecto, Z Frontera
lo anuncia desde su eslogan “Las noticias como son!” y, a su turno, Pamplona
News se presenta como “El Primer Periódico Digital de Pamplona”, aunado
a que, verificados los contenidos de dichos sitios web, es notorio que su
objeto es la difusión de noticias de interés para la población de las
localidades de Villa del Rosario y Pamplona, en Norte de Santander.
Adicionalmente, allí los acontecimientos del 2 de abril de 2013, relativos al
fallecimiento de la paciente y el posterior intento de suicidio del actor, son
relatados como hecho noticioso, mas no como opinión.
Para la Corte, el requisito de solicitud previa de
rectificación no está excluido por el hecho de que no se trate de medios de
comunicación tradicionales o constituidos convencionalmente, pues, como se
indicó en precedencia, al establecerse la función informativa como elemento
objetivo, es indiferente que la misma se realice profesionalmente o no, o cuál
sea el canal empleado para informar:
“Si bien la solicitud de rectificación
previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de
tutela tradicionalmente ha sido exigible a los medios de comunicación
convencionales, dicho requisito es extensible, en los términos de la reciente
jurisprudencia constitucional, a otros canales de divulgación de información.
En la sentencia T-263 de 2010, tras definir el requisito de la rectificación
previa para la interposición de la acción de tutela, la Corte señaló que la
presentación de esta solicitud da lugar a que ‘el periodista o el medio de
comunicación – u otra persona que informe, debido a la amplitud tecnológica que
hoy se presenta con recursos como el Internet -, tiene el deber de responder si
se mantiene o rectifica en sus aseveraciones.”[65]
En tal sentido, es claro que el promotor de la acción
estaba llamado a acudir en primer lugar a los medios accionados para reclamar
la rectificación ‒en cualquiera de sus modalidades‒ de las noticias
que lo involucran, antes de proceder a judicializar su inconformidad respecto
de la información allí publicada. Sujetándose a la jurisprudencia diáfana y
reiterada de esta Corporación, esta Sala no puede dispensar tal omisión, la
cual resulta menos excusable cuando el propio demandante asegura que se
encuentra cursando el último año para recibir el título de abogado y que
inclusive ha hecho estudios de posgrado en derecho. La inobservancia del
requisito de procedibilidad en mención conduce, forzosamente, a la declaración
de improcedencia de la acción de tutela.
Por último, sobre el derecho al habeas data y
al olvido, y el derecho al trabajo, invocados por el actor, la Sala estima
necesario realizar dos precisiones que en nada cambian la conclusión sobre la
improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto, comoquiera que el
reproche del actor se reduce a controvertir la información publicada y, en esa
medida, cualquier eventual remedio judicial estaría enmarcado en el ámbito de
la rectificación.
Por un lado, en cuanto al derecho al habeas data
‒a partir del cual la jurisprudencia ha configurado el derecho al olvido[66]‒, esta Corte ha puntualizado que, tratándose de información
periodística, la normatividad legal relativa a la protección de datos
personales no es aplicable, en razón de la función social que cumplen los
medios de comunicación, de suerte que, en dicho escenario, el alcance y
contenido del derecho al habeas data se ve traducido en las garantías de
conocer, rectificar y actualizar propias del derecho a la información[67]. Así pues, esta Corporación ha
señalado que la Ley 1581 de 2012 no es aplicable cuando la discusión
gravita en torno a la información periodística difundida por un medio de
comunicación, en tanto la sección d) del artículo 2 de dicha ley exceptúa de su
ámbito de aplicación “archivos de información periodística y otros
contenidos editoriales”, diferenciándola por esa vía de la información
contenida en una base de datos o en archivos[68],
contexto este en el cual sí opera aquella regulación[69].
Y, por otro lado, en relación con el derecho al
trabajo, basta con indicar que los argumentos acerca de su presunta vulneración
se fundan en la alegada afectación a la reputación del accionante a causa de
las publicaciones, de modo que aparece como una derivación del reclamo
principal vinculado a resguardar la honra y el buen nombre, respecto del cual
la Sala no habrá de pronunciarse por los motivos expuestos.
Así las cosas, en vista de que la solicitud no
satisface los requisitos mínimos de procedencia, no hay cabida a un estudio de
mérito de acuerdo con el esquema trazado al formular el problema jurídico, por
lo que se declarará la improcedencia de la acción de tutela en relación con los portales de internet Z Frontera y Pamplona News.
4. Síntesis de la decisión
En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud de
amparo constitucional formulada por el ciudadano William Monte para la protección de sus derechos fundamentales
a la honra y al buen nombre,
al habeas data y al olvido, y al trabajo, los cuales considera vulnerados a causa de las noticias
expuestas en los sitios de internet demandados, que hacen referencia al
episodio del día 2 de abril de 2013 cuando una paciente que estaba bajo su
cuidado profesional falleció tras un procedimiento al que se sometió, luego de
lo cual él (el promotor de la acción) intentó quitarse la vida. Solicitó, por lo tanto, que el juez
constitucional ordene a los accionados que eliminen las mencionadas publicaciones
de sus respectivos portales web. Por su parte, la mayoría de los integrantes del
extremo pasivo guardaron absoluto silencio; sólo uno de ellos se pronunció para
informar que ya había suprimido el contenido objeto de controversia.
La Sala de Revisión determinó que, previo a establecer si los sitios web
demandados quebrantaron los
derechos del actor
al mantener publicadas las noticias que aluden a los acontecimientos del 2 de
abril de 2013, era necesario dilucidar,
de manera preliminar, (i) si persistían las circunstancias de hecho que dieron
lugar a la solicitud de amparo, o si, por el contrario, se había extinguido el
objeto del reclamo constitucional; y, (ii) si se encontraban reunidos los requisitos
de procedencia de la acción de tutela, bajo
el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional de protección de
derechos humanos.
Conforme a ese esquema, se constató que las publicaciones objeto de debate fueron
suprimidas en tres de los cinco sitios demandados. En tal sentido, dado que el
peticionario obtuvo aquello que perseguía mediante la acción de tutela, lo cual
ocurrió con ocasión del obrar de quienes ejercen control sobre las plataformas
de información a que se alude, la Sala concluyó que respecto de los mismos se
configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.
Seguidamente, se efectuó el examen de procedencia de
la acción de tutela frente a los accionados que aún tienen expuestas en
internet las publicaciones que involucran al actor. De ese modo, se verificó
que, aunque se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa y por
pasiva, no se satisfacen las condiciones de inmediatez y subsidiariedad inherentes
al mecanismo de amparo constitucional. Ello, por cuanto el interesado (i) dejó
transcurrir más de seis años sin buscar
la salvaguarda sus derechos, y sin presentar argumento alguno que justifique su
inactividad a lo largo de todo ese tiempo, y (ii) no acreditó el requisito
consistente en solicitar previamente la rectificación a los medios informativos
concernidos, desatendiendo así el numeral 7 del artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre el
particular, en virtud de la cual se ha subrayado el carácter prevalente del
derecho a la libertad de información en un sistema democrático.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Con fundamento en numeral iii) del ordinal segundo del
Auto 121 de 2020, LEVANTAR la suspensión de términos decretada por parte
del Consejo Superior de la Judicatura al interior del expediente de tutela
T-7.654.124, comoquiera que la decisión adoptada en la presente sentencia puede
ser cumplida de forma compatible con las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio sin suponer la imposición de cargas desproporcionadas a las partes
e intervinientes en el proceso.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del 26 de agosto de 2019, proferida por
el Juzgado 5° de Familia de Cúcuta, por la cual se declaró improcedente la
acción de tutela promovida por William Monte frente a Canal Tro y se
conminó a “Área Cúcuta, zfrontera.blogspot.com.co,
noticucuta.blogspot.com.co y periódico digital de Pamplona
‒pamplonanews1.blogspot.com” a eliminar de sus páginas de internet
las noticias relativas a los hechos del 2 de abril de 2013 que involucran al
demandante, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. En su lugar, (i) DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO,
por configurarse el fenómeno de hecho superado, frente a los sitios web
Área Cúcuta72, Noticúcuta73 y el Canal Tro, y (ii) DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de tutela formulada por William Monte en relación con los
portales de internet Z Frontera74 y Pamplona News75, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Con el propósito de garantizar la reserva de la identidad del
accionante y de las demás personas mencionadas en el escrito de tutela, así
como para prevenir un eventual efecto contraproducente en relación con sus
derechos al buen nombre y a la honra, la Sala de Revisión ha reemplazado los
nombres originales con nombres ficticios.
[2] Integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el
magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[3] http://ww.areacucuta.com
[4] http://zfrontera.blogspot.com.co
[5] http://pamplonanews1.blogspot.com.co
[6] https://youtube.com
[7] http://noticucuta.blogspot.com.co
[8] Cfr. fol. 1 cuad. ppal.
[9] Cfr. fol. 2 cuad. ppal.
[10] Cfr. fol. 3 cuad. ppal.
[11] Cfr. fols. 4-5 cuad. ppal.
[12] Cfr. fols. 6-7 cuad. ppal.
[13] Cfr. fols. 8-9 cuad. ppal.
[14] Cfr. fols. 10-11 cuad. ppal.
[15] Cfr. fol. 12 cuad. ppal.
[16] Cfr. fol. 13 cuad. ppal.
[17] Cfr. fol. 14 cuad. ppal.
[18] Cfr. fol. 16 cuad. ppal.
[19] Cfr. fols. 17-25 cuad. ppal.
[20] Cfr. fols. 42 cuad. ppal.
[21] Cfr. fols. 53-60 cuad. ppal.
[22] Para el efecto citó la sentencia T-277 de 2015.
[23] Cfr. fol. 63 cuad. ppal.
[24] Cfr. fols. 64-65 cuad. ppal.
[25] En la sentencia C-131 de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea estudió el caso de un ciudadano que demandó a un periódico de amplia
difusión en Cataluña, Google Inc. y Google Spain, debido a que al digitar su
nombre en el motor de búsqueda Google aparecían vínculos a la página del
periódico que mencionaba que sus bienes habían sido subastados por deudas. El
Tribunal concluyó que se vulneraba la normativa sobre protección de datos
personales no sólo cuando se difundían datos inexactos, sino cuando son
inadecuados, no pertinentes, excesivos, desactualizados y se conservan durante
un periodo superior al necesario, salvo que su conservación obedezca a fines
mayores. Por lo tanto, reconoció la posibilidad de solicitar el retiro de los
contenidos que tengan esas características, a menos que la información sea
relevante para el público, caso en el cual no se puede solicitar su remoción.
Por otra
parte, en la decisión del 24 de septiembre de 2019 se resolvió la controversia entre
Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL), un
organismo independiente de Francia dedicada a que la ley de privacidad se
aplique a la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales. Este ente
le había ordenado a Google en 2015 que eliminara en todo el mundo la lista de
resultados de búsqueda que contuviera información dañina sobre una persona, y
el Tribunal indicó que el derecho al olvido se vulnera si la retención de datos
infringe las normas sobre protección de datos, no obstante lo cual la retención
ulterior debe ser lícita cuando sea necesaria para garantizar la libertad de
expresión e información. En consecuencia, determinó que el gestor del motor de
búsqueda no estaba obligado a proceder a retirar la información objeto de
requerimiento en todas las versiones de su motor.
[26] En la sentencia 545/2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior
de España (Pleno) resolvió un caso en el que se solicitaba modificar una
publicación de un sitio web de un diario de amplia circulación en España
relativo a una detención ocurrida en los años ochenta. Sobre el derecho al
olvido, se concluyó que si el afectado no es un personaje público puede
oponerse al tratamiento de sus datos personales en una búsqueda general en
internet a partir de sus datos personales (nombre y apellido) que “haga
permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente
dañosas para su honor o intimidad, sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás”,
por la estigmatización y el rechazo que de ello se deriva.
[27] Para ello se apoya en la sentencia T-155 de 2019.
[28] Sentencia T-481 de 2016.
[29] Sentencia T-481 de 2016.
[30] Sentencias T-481 de 2016, T-625 de 2017.
[31] Sentencia T-025 de 2019.
[32] Cfr. fol. 63 vto.
[33] https://www.youtube.com/watch?v=5lomb3_M2k4&feature=youtu.be
(Consulta realizada el 12 de febrero de 2020)
[34] http://www.areacucuta.com (Consulta realizada el 12 de febrero de
2020)
[35] http://noticucuta.blogspot.com.co (Consulta realizada el 12 de
febrero de 2020)
[36] http://zfrontera.blogspot.com.co (Consulta realizada el 12 de
febrero de 2020)
[37] http://pamplonanews1.blogspot.com.co (Consulta realizada el 12 de
febrero de 2020)
[38] Cfr. fol. 88
vto.
[39] Varios de los fragmentos de las consideraciones sobre procedencia
de la acción de tutela han sido tomados de la sentencia T-102 de 2019.
[40] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[41] Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
“La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.” (se subraya)
[42] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991.
[43] “Artículo 42.
Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución",
que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede
siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y
por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la
intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE.
Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular
que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".”
[44] Sentencia T-290 de 1993
[45] Sentencia T-693 de 2016
[46] Se hace
referencia a www.zfrontera.blogspot.com.co y www.plamplonanews1.blogspot.com.co
[47] Cfr. fol. 40 cuad. ppal.
[48] Cfr. fols.
16-25 cuad. ppal.
[49] Cons.
sentencias T-1193 de 2004 y T-681 de 2007.
[50] Sentencia
T-040 de 2013.
[51] Sobre el particular, en la sentencia T-102 de 2019 se precisó:
“Dentro
de la noción de libertad de expresión conviene identificar la faceta
relacionada con la posibilidad de procurar y divulgar información propiamente
dicha que, en la medida en que puede ser sometida a verificación, y es
susceptible de ser verdadera o falsa, de otra faceta relacionada con la
facultad de conocer y manifestar opiniones, que devienen de la libertad de
pensamiento y están más próximas a apreciaciones, reflexiones o valoraciones
sobre un tema, un fenómeno, una persona, etc., y que por lo tanto no
necesariamente soportan un juicio de verdad o falsedad, pues están
estrechamente relacionadas con una percepción más o menos subjetiva sobre el
objeto o el acontecimiento. La distinción indicada cobra especial relevancia,
pues, como esta Corte lo ha subrayado, mientras que la información ha de
ajustarse a estándares de veracidad e imparcialidad, en contraste, la emisión
de opiniones no tiene en principio límites.”
[52] De acuerdo con la sentencia T-391 de 2007, la presunción de
prevalencia de la libertad de expresión se concreta a partir de las siguientes
pautas:
“1.
Presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de protección del
derecho constitucional. En principio, toda expresión se presume cubierta por la
libertad consagrada en el artículo 20 Superior, salvo que se demuestre en cada
caso concreto y de forma convincente que, por sus características, se justifica
la limitación de tal expresión, por estar dadas las condiciones
constitucionales para ello –que se señalarán en capítulos subsiguientes-.
2.
Presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos,
valores y principios constitucionales en casos de conflicto. Cuandoquiera que
el ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos,
valores o principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se
haya de otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha
primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio
constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las
circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con
cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de
esta libertad. (…)
3.
Sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre la libertad de
expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto. Cualquier
limitación estatal sobre la libertad de expresión, a través de los actos de
cualquier autoridad pública –en ejercicio de funciones legislativas,
administrativas, judiciales, policivas, militares o de otra índole-, se ha de
entender como una intervención constitucionalmente sospechosa. (…)”
[53] Sentencia
T-080 de 1993.
[54] Respecto de los principios de veracidad e imparcialidad que rigen
la libertad de información, en la sentencia T-244 de 2018, la Corte sostuvo:
“De
acuerdo con esa comprensión, la Corte ha explicado que el principio de
veracidad supone que los enunciados fácticos puedan ser verificados
razonablemente, es decir, no exige que la información publicada sea
irrefutablemente cierta, sino un deber de diligencia razonable del emisor. De
ese modo, el juez constitucional deberá verificar si: ‘(i) se realizó un
esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin
un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin
la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la
intimidad y al buen nombre de otras personas’.
En
consecuencia, se desconoce el principio de veracidad cuando la información se
sustenta en ‘rumores, invenciones o malas intenciones’ o, cuando pese a ser
cierta, se presenta de tal manera que hace incurrir en error a su destinatario.
A su
vez, el principio de imparcialidad ‘envuelve una dimensión interpretativa de
los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino
entre el hecho y la opinión’. Si bien la Corte ha entendido que el
Constituyente de 1991 no pretendió llegar al extremo de una imparcialidad
absoluta, este principio ciertamente exige establecer distancia entre la
noticia objetiva y la crítica personal, ya que el público tiene derecho a
formar libremente su opinión y ‘no recibir una versión unilateral, acabada y ´pre-valorada´
de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de
vista contrarios, expuestos objetivamente.’”
[55] Sentencia
T-135 de 2014.
[56] Cons. sentencias T-512 de 1992, T-603 de 1992, T-609 de 1992, T-611
de 1992, T-332 de 1993, T-369 de 1993, T-595 de 1993, T-259 de 1994, T-074 de
1995, T-472 de 1996, T-066 de 1998, T-605 de 1998, T-094 de 2000, T-036 de
2002, T-921 de 2002, T-437 de 2004, T-787 de 2004, T-1198 de 2004, T-219 de
2009, T-439 de 2009, T-496 de 2009,T-260 de 2010, T-263 de 2010, T-546 de 2010,
T-219 de 2012, T-040 de 2013, T-088 de 2013, T-453 de 2013, T-904 de 2013,
T-277 de 2015, T-725 de 2016, T-593 de 2017, T-200 de 2018.
[57] Sentencia
T-546 de 2010.
[58] Sentencias
T-263 de 2010, T-219 de 2012.
[59] Sentencias T-471 de 1994, T-386 de 2002, T-921 de 2002, T-437 de
2004, T-482 de 2004, T-787 de 2004, T-1198 de 2004, T-219 de 2009, T-040 de
2013, T-593 de 2017, T-121 de 2018 y T-102 de 2019.
[60] En las sentencias T-200 de 2018, T-453 de 2013, T-496 de 2009 se
trataba de informes periodísticos publicados en diarios locales que
suministraban datos que permitían la identificación de menores de edad que
presuntamente habían sido víctimas de agresiones sexuales; en la sentencia
T-904 de 2013 se examinó una noticia que reveló en televisión sin autorización
la imagen de unos menores de edad jugando en una azotea, lo que fue objeto de
una querella por el ruido que molestaba a los vecinos.
[61] En la sentencia T-611 de 1992 se examinó la publicación
sensacionalista de las relaciones sentimentales y familiares de un artista por
diferentes medios escritos de comunicación; en la sentencia T-259 de 1994 se
estudió la publicación de un periódico que presentó de forma morbosa y mendaz
una noticia con el cuerpo semidesnudo y sin vida del hijo de la accionante; en
la sentencia T-036 de 2002 se hizo referencia a la publicación de un diario que
especulaba y ventilaba algunas circunstancias respecto del suicidio del hijo de
la accionante y supuestos vínculos con satanismo, información ésta que fue extraída
de la familia mediante engaños (suplantando a una autoridad judicial); en la
sentencia T-439 de 2009 se abordó la denuncia contra un canal de televisión que
difundió en un reportaje el rostro y la voz de una mujer entrevistada doce años
atrás, en donde revelaba circunstancias comprometedoras que afectaron sus
relaciones familiares y sociales.
[62] Cons.
sentencias T-040 de 2013, T-725 de 2015, T-277 de 2015.
[63] Sentencia
T-135 de 2014.
[64] Sentencia
T-437 de 2004.
[65] Sentencia T-593 de 2017.
[66] La Corte ha sintetizado en la sentencia
SU-458 de 2012 el contenido del derecho al olvido en los siguientes términos: “La
facultad de supresión, como parte integrante del habeas data, tiene una doble
faz. Funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la
administración de información personal. En una primera faceta es posible
ejercer la facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por
completo de la base de datos, la información personal respectiva. Caso en el
cual la información debe ser suprimida completamente y será imposible
mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta es la idea
original del llamado derecho al olvido). En una segunda faceta, la facultad de
supresión puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la
información que está sometida a circulación. Caso en el cual la información se
suprime solo parcialmente, lo que implica todavía la posibilidad de almacenarla
y de circularla, pero de forma especialmente restringida.”
[67] En la sentencia T-277 de 2015 se recordó que el artículo 2, literal
d), de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece expresamente que “(…) (e)l
régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley
no será de aplicación: (…) d) A las bases de datos y archivos de información
periodística y otros contenidos editoriales…”. Bajo este entendimiento, a
partir de una interpretación del texto constitucional, la Corte precisó: “al
examinar de cerca el contenido esencial del derecho al habeas data, se advierte
que este tiene como elementos centrales la posibilidad de conocer, rectificar y
actualizar las informaciones que sobre una persona reposen en bancos de datos
públicos o privados. Así las cosas, pareciera ser que en relación con la
información publicada por los medios de comunicación el derecho a la
información provee algunas de las prerrogativas que protege el derecho al
habeas data. El derecho a conocer las informaciones se encuentra resguardado
por el derecho a la información, pues cualquier persona puede acceder a aquello
que publican los medios de comunicación en relación con su nombre y otros datos
personales. De igual forma, en cuanto a la posibilidad de actualizar y
rectificar, existe un derecho a que lo publicado por los medios sea veraz e
imparcial o, en su defecto, a que se rectifique la información suministrada en
condiciones de equidad.”
[68] Sentencia T-040 de 2013.
[69] En la sentencia SU-458 de 2012 se indicó: “Para la Corte es
claro que el derecho al habeas data opera en el contexto determinado de la
administración de bases de datos personales. Por tanto, su ejercicio es
imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté
contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de
carácter personal. Estos presupuestos han permitido que esta Corte descarte la
invocación del habeas data por ejemplo para proteger información personal que
conste en distintos soportes, no organizados en una base de datos o en un
fichero, o para proteger información de otro carácter, como información académica,
científica, técnica, artística que, a pesar de estar contenida en base de datos
o archivos, esté desvinculada de personas naturales o jurídicas.” Cabe
anotar que, en las sentencias C-748 de 2011 y T-277 de 2015, la Corte sostuvo
que el legislador estatutario podría regular las garantías del habeas data
en relación con el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de
comunicación.