T-738-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-738/13
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
­
En lo atinente a la situación específica de ciertos
sujetos de especial protección constitucional, como
las personas discapacitadas, este Tribunal ha desarrollado la tesis según la
cual es indispensable que estos cuenten con un mecanismo judicial dinámico y
eficaz que les permita salvaguardar su derecho a la estabilidad en el empleo,
en caso de ser despedidos sin la autorización previa del inspector del trabajo.
En igual sentido se ha pronunciado la Corte cuando se trata de remediar la
vulneración de los derechos fundamentales de una persona que ha sido
desvinculada en razón de una afectación a su salud, de manera que ha sufrido
una discriminación en el ámbito laboral. Por tal razón, dado que los mecanismos
previstos por las normas procesales laborales no responden a la urgencia e irremediabilidad
del perjuicio que puede ocasionar el desempleo de una persona discapacitada o
con disminuciones en su salud, la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el reintegro en estos casos, pues se trata de salvaguardar los
derechos de una persona discriminada en el ámbito laboral, como consecuencia de
una disminución en sus condiciones generales de salud o de una condición
permanente de discapacidad.
ACCION DE TUTELA PARA
OBTENER REINTEGRO LABORAL CUANDO SE TRATA DE PREVENIR LA VULNERACION DEL
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional cuando existe
nexo de causalidad entre el despido y el estado de salud
La
Corte ha señalado que la simple desvinculación unilateral de un individuo que
padece una enfermedad o una discapacidad, no es suficiente para que prospere la
protección a través del amparo de tutela, puesto que para ello es indispensable
además, que esté comprobado el nexo de causalidad entre las condiciones de
salud de la persona y su despido o la terminación del contrato de trabajo, de
manera tal, que pueda deducirse un trato discriminatorio.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA
La existencia de una protección especial a este
grupo de personas, que les garantiza la permanencia en el trabajo con el objeto
de protegerles su dignidad humana y los derechos a la seguridad social y a la
igualdad. Cabe recordar que la estabilidad laboral reforzada no solo la
ostentan quienes padecen invalidez o discapacidad, sino también las personas
que han padecido graves deterioros en su estado de salud y se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Aplicación no solo a contratos de trabajo a término
indefinido, sino también en aquellos casos en que los contratos son de duración
específica
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR
DISCAPACITADO-Carece de todo efecto
despido o terminación de contrato sin la autorización previa del Ministerio de
Trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADOR EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION Y DERECHO A LA
REUBICACION LABORAL-Reiteración de
jurisprudencia
Es
importante reiterar que el beneficio de la estabilidad laboral reforzada, no
solo debe entenderse como el mecanismo que impide terminar con la relación
laboral al trabajador que se encuentra en condición de debilidad manifiesta,
sino además como garantía que implica el derecho a la reubicación en un puesto
de trabajo adecuado a su condición de salud en el que “pueda potencializar su
capacidad productiva y realizarse profesionalmente”. Sin embargo, ha de
agregarse que en caso de que el empleador evidencie que existe un principio de
razón suficiente que lo exonere de efectuar dicha obligación, puede eximirse de
cumplirla.
DERECHO AL MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Orden de reintegro a un cargo de igual o
superior al que venía desempeñando, de acuerdo con el estado actual de salud y
pago de indemnización equivalente a 180 días de salario
Referencia: expedientes acumulados
T-3939598, T-3943747 y T-3945650
Acciones de tutela incoadas por separado por Héctor
Materón Díaz contra la Corporación Club Campestre los Andes y Acción del Cauca
S.A. [T-3939598]; María Ximena Reina Méndez contra el Conjunto Residencial
Tarbes de San José [T-3943747]; y Belisario Carvajal contra el Consorcio
Cajamarca - Anaime y Julio Ernesto Aranaga Londoño [T-3945650].
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre
de dos mil trece (2013)
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º
de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T – 3939598
A
continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro
del expediente de la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Materón
Díaz contra la Corporación Club Campestre los Andes y Acción del Cauca S.A.
1.1
Hechos
1.1.1. Manifiesta el señor Héctor Materón Díaz de 66 años,
que el 11 de noviembre de 2011 celebró contrato de trabajo con la empresa de
servicios temporales Acción del Cauca S.A. bajo la modalidad de trabajador en
misión en la Corporación Club Campestre los Andes, en donde ocupó el cargo de
auxiliar de servicios internos.
1.1.2. Aduce que el 25 de julio de 2012 sufrió un accidente
de trabajo que le generó un desgarre de meniscos, por lo cual, el médico de
ortopedia y traumatología le ordenó “fisioterapia terapéutica integral SOD,
consulta de control por traumatología y ortopedia, resonancia nuclear magnética
de miembros internos, articulación con el pie y cuello de pie rodilla cadera”. Es
de aclarar, que en la historia clínica expedida por el Hospital Francisco de
Paula Santander, con fecha de ingreso y egreso del 26 de julio de 2012, se le diagnosticó:
“esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla”
por causa del accidente de trabajo y se expidió incapacidad por 8 días con
valoración por “ortopedia con DX de esguince de rodilla”. [1]
1.1.3. Indica el actor que el 17 de septiembre de 2012 la
empresa Acción del Cauca S.A. le informó acerca de la terminación unilateral
del contrato, aduciendo que la Corporación Club Campestre los Andes dejaba de
requerir los servicios para los cuales fue contratado.
1.1.4. Dos días después de que le fuera notificada la
terminación unilateral de su contrato de trabajo, el señor Materón Díaz debió
asistir nuevamente al Hospital Francisco de Paula Santander, aquejado por el insistente
dolor en su rodilla. En esta oportunidad, el hospital le diagnosticó un “edema
derrame e inestabilidad” y le advirtió que el resumen de la evolución
requería “regular evolución dolor intenso con las terapias”.
1.1.5. Como parte de su seguimiento médico, el 16 de octubre
de 2012 la Unidad de Artroscopia del Centro Médico Imbanaco de Cali, mediante
informe médico en el que señaló que el señor Materón Díaz, presenta ruptura de
ligamento cruzado anterior, con lesión de menisco externo, sumado a una lesión
de gastronemio, se encuentra actualmente utilizando un inmovilizador de
rodilla. Que en tanto este diagnóstico se confirmó con resonancia magnética se
recomienda la realización de una “artroscopia rodilla derecha,
reconstrucción de ligamento cruzado anterior y sutura de menisco externo con
tornillos de interferencia y suturas de menisco de bioart”.
1.1.6. Como consecuencia de dicho accidente de trabajo, el
accionante debió ser intervenido quirúrgicamente el 12 de noviembre de 2012. A pesar de la referida cirugía, siguió presentando molestias en su rodilla derecha, debiendo
acudir el 8 de marzo de 2013 a la Sociedad Médica para el Alivio del Dolor, en
la ciudad de Cali, en cuyo plan de tratamiento le dieron las siguientes
recomendaciones:
“1- Debe intensificar el plan casero de ejercicios,
doy indicaciones al paciente y la esposa sobre cómo realizar ejercicios
isométricos para fortalecimiento del cuadriceps bilateralmente. Se recomienda
natación y gimnasio.
2- Continuar con analgesia previamente ordenado,
manejo adicional en Clínica del Dolor Fundalivio, uso de medidas locales.
3- Recomendaciones laborales para su reintegro: manejo
de peso hasta 7 Kg., control a marchas prolongadas, control a uso de gradas,
evitar uso de escaleras, control a postura bípeda prolongada, control a
posturas en acunclillado, de duración al menos cuatro meses. Remito a medicina
laboral.”
1.1.7. En virtud de su delicado estado de salud, y ante la
terminación de su contrato de trabajo, el señor Materón Díaz, resolvió promover
acción de tutela  el 4 de abril de 2013, y contra la Corporación Club Campestre
Los Andes y contra Acción del Cauca S.A., al considerar que las accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al ocasionarle una merma considerable en
su calidad de vida y en su mínimo vital al no permitirle continuar laborando.
1.2.
Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela
Afirma
el accionante que Acción del Cauca S.A. y la Corporación Club Campestre los
Andes, vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a
la salud, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, al
debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, al terminar de forma
unilateral el contrato de trabajo, pese a que se encontraba en proceso de
recuperación, con ocasión del accidente de trabajo ocurrido el 25 de julio de
2012. Por lo anterior, solicita que se ordene su reintegro.
1.3.
Respuesta de las entidades demandadas
1.3.1.
Corporación Club Campestre Los Andes
La
Corporación Club Campestre Los Andes, a través de su representante legal, dio
respuesta a la acción de tutela mediante oficio del 17 de abril de 2013[2],
en el que señaló que efectivamente el señor Héctor Materón Díaz inició sus
labores en la empresa el 11 de noviembre de 2011, pero afirmó desconocer la
ocurrencia del accidente de trabajo y la fecha, modalidad y causal de
terminación del contrato celebrado entre el actor y el empleador, Acción del
Cauca S.A.
Manifestó
carecer de legitimación en la causa dentro del trámite, teniendo en cuenta la
inexistencia del vínculo laboral entre las partes, razón por la cual solicitó
la improcedencia de la tutela en vista de que el accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial para discutir lo pretendido. No allegó prueba de
representación legal.
1.3.2.
Acción del Cauca S.A.
Acción
del Cauca S.A., a través de su representante legal Eduardo McCormick
Arciniegas, tal como consta en el certificado de matrícula mercantil allegado,
contestó la acción de tutela mediante escrito del 10 de abril de 2013[3],
en el que manifestó lo siguiente:
“PRIMERO: (…)
No es cierto que la modalidad del contrato sea en
misión, ya que se trata de un contrato de trabajo por el tiempo que dure la
realización de la obra o labor determinada, en desarrollo del cual, fue enviado
en misión el trabajador a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE LOS ANDES.”
Aceptó
la existencia del accidente de trabajo pero negó que la terminación del
contrato haya ocurrido a causa del mismo o mientras el actor se encontraba
incapacitado, con restricciones o recomendaciones médicas, porque ya se
encontraba restablecido en sus capacidades laborales. Así mismo, adujo que la
terminación de la relación laboral se fundamentó en la cláusula segunda del
contrato, la cual prescribe que “la labor contratada durará por el tiempo
estrictamente necesario, y hasta cuando el usuario considere que ha cumplido la
labor para la cual fue contratado, según el pedido ya contratado. En
consecuencia este contrato terminará en el momento en que el usuario comunique
al empleador que ha dejado de requerir los servicios del trabajador sin que el
empleador tenga que reconocer indemnización alguna…”.
Finalmente,
manifestó que éste tipo de conflictos debe redimirlo la jurisdicción ordinaria,
más aún porque el actor no se encontraba en estado de debilidad manifiesta.
1.4.
Actuaciones procesales
1.4.1.
Decisión del Juez de tutela de Única Instancia[4]
El
17 de abril de 2013, el Juzgado Primero
Penal Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, denegó el amparo al
considerar que la tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro
laboral y menos aún porque el accionado no cumplió con el requisito de
inmediatez, ya que dejó transcurrir 6 meses y 19 días para impetrar la acción. Señaló
finalmente, que a partir de los elementos de prueba aportados, se evidenció que
las empresas accionadas no vulneraron los derechos del actor teniendo en cuenta
que la terminación del contrato fue justificada en una de las causales
contenidas dentro del mismo.
1.5.
Pruebas que obran en el expediente
1.5.1. Comunicación de vinculación del señor Héctor Materón
Díaz como trabajador del Club Campestre los Andes expedido por la Directora
Administrativa Financiera de la entidad y dirigida al Departamento de Talento
Efectivo expedida el 20 de junio de 2011[5].
1.5.2. Contrato de trabajo “por el tiempo que dure la
realización de la obra o labor determinada”  celebrado el 22 de noviembre
de 2011 entre Acción del Cauca S.A. en calidad de empleador y el señor Materón
Díaz en calidad de trabajador en misión[6].
1.5.3. Historia clínica del actor expedida por el Hospital
Francisco de Paula Santander con fecha de ingreso y egreso del 26 de julio de
2012, en la que se relaciona el accidente de trabajo sufrido por el accionante,
se diagnostica “esguinces y torceduras de otras partes y las no
especificadas de la rodilla” y se expide incapacidad por 8 días con
valoración por ortopedia[7].
1.5.4. Epicrisis del 8 de agosto de 2012 expedida por el
Hospital Francisco de Paula Santander en la que consta que el actor asistió a
consulta externa especializada por causa del trauma de rodilla ocasionado por
el accidente de trabajo[8].
1.5.5. Informe de accidente de trabajo del empleador Acción
del Cauca S.A. en el que se relaciona el accidente del señor Héctor Materón
Díaz, expedida el 15 de agosto de 2012[9].
1.5.6. Resultados de la resonancia nuclear magnética de
rodilla realizada al actor el 28 de agosto de 2012, de la cual se concluyó “signos
de ruptura de la unión musculotendinosa del gastronemio medial, ruptura del
ligamento cruzado anterior, ruptura del cuerno anterior del menisco externo y
edema óseo a nivel de la paleta y a nivel del aspecto posterior del cóndilo
femoral”[10].
1.5.7. Comunicación de fecha 17 de septiembre de 2012 suscrita
por el Director Nacional de Contratación de Acción del Cauca S.A., mediante la
cual informó al actor que la Corporación Club Campestre los Andes dejaba de
requerir los servicios para los cuales fue contratado, teniendo en cuenta la
cláusula segunda del contrato de trabajo suscrito “por el tiempo que dure la
realización de la obra o labor determinada”[11].
1.5.8. Certificación expedida por Acción del Cauca S.A.
mediante la cual se indica que el actor ha estado vinculado a la compañía
mediante contrato por duración de obra o labor determinada, al servicio de la
Corporación Club Campestre Los Andes desde el 22 de noviembre de 2011 hasta el
17 de septiembre de 2012[12].
1.5.9. Epicrisis del 19 de septiembre de 2012 expedida por
el Hospital Francisco de Paula Santander en la que consta que el actor asistió
a consulta externa especializada por causa del trauma de rodilla ocasionado por
el accidente de trabajo[13].
1.5.10. Resumen de historia clínica expedida por la Unidad de
Artroscopia del Centro Médico Imbanaco de Cali, el 16 de octubre de 2012,
mediante informe médico prescribió al actor la realización de “artroscopia
rodilla derecha, reconstrucción de ligamento cruzado anterior y sutura de
menisco externo con tornillos de interferencia y suturas de menisco de bioart”[14].
1.5.11. Diagnóstico para cirugía por lesión de ligamento
cruzado anterior, rodilla derecha y lesión menisco externo, expedida el 16 de
octubre de 2012[15].
1.5.12. Ordene de cirugía denominada “Nota operatoria”,
expedida por la Clínica de Occidente en la que consta que el actor ingresó por
urgencias el 10 de noviembre de 2012 y se le realizaron los procedimientos de “remodelación
de menisco medial y lateral por artroscopia y reconstrucción de ligamento
cruzado anterior con injerto autologo o con aloinjerto por artroscopia”[16].
1.5.13. Orden de fisioterapia, 20 sesiones, expedida el 15 de
noviembre de 2012 por diagnóstico de artroscopia rodilla derecha,
reconstrucción de ligamento cruzado anterior[17].
1.5.14. Relación de citas por paciente, expedida por el
Hospital Francisco de Paula Santander en el que se relacionan las citas a
fisioterapia a las que asistió el actor desde el 14 de agosto al 28 de agosto
de 2012, del 29 de noviembre al 17 de diciembre de 2012 y del 15 de febrero a
28 de febrero de 2013[18].
1.5.15. Historia clínica del 11 de febrero de 2013 por
revisión de médico general con diagnóstico de desgarro de meniscos presente, esguinces
y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la
rodilla[19].
1.5.16 Historia clínica expedida por Fundalivio el 8 de
marzo de 2013 donde se evidencia un diagnóstico repetido, y se indica que el
paciente debe intensificar el plan casero de ejercicios isométricos para
fortalecimiento del cuadriceps bilateralmente, se recomienda natación y
ejercicio; continuar analgesia previamente ordenada; y se dan recomendaciones
laborales para reintegro: manejo de peso hasta 7 kg., control a marchas prolongadas, control a uso repetido de gradas, evitar el uso de escaleras,
control a postura bípeda prolongada, control a postura en acuclillado, de
duración al menos cuatro meses. Se remite a medicina laboral[20].
2. Expediente T- 3943747
A
continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro
del expediente de la acción de tutela interpuesta por María Ximena Reina Méndez
en contra del Conjunto Residencial Tarbes de San José, representado por los
señores Carlos Méndez, en calidad de tesorero y Pedro Cristancho, presidente
encargado del Consejo de Administración.
2.1 Hechos
2.1.1 Manifiesta la señora María Ximena Reina Méndez que es
madre cabeza de familia de su núcleo familiar compuesto por su hijo de un año y
11 meses y su esposo quien se encuentra en condición de discapacidad por “retrombosis
venosa profunda”, calificada el 2 de noviembre de 2011 con un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral del 25,75%[21],
razón por la cual no se encuentra laborando y no percibe ingreso económico
alguno.
2.1.2 Aduce que el 2 de mayo de 2012 suscribió un contrato
de prestación de servicios con el referido conjunto residencial para ejercer el
cargo de administradora y representante legal del Conjunto Residencial Tarbes
de San José.[22]
2.1.3 El 27 de noviembre de 2012 debió ingresar por
urgencias al Hospital Cardio Infantil debido a los altos niveles de estrés generados
por las obligaciones de su cargo y las presiones que los miembros del Consejo
de Administración ejercían sobre ella.
2.1.4 Explica que su estado de salud empezó a deteriorarse
luego de que se presentará un robo en las oficinas de la administración por un
monto de $2`900.000, monto por el cual debió responder a pesar de que la
aseguradora asumió el siniestro. Posteriormente, se presentó un segundo hurto
que correspondió a la sustracción de una chequera de las oficinas de la administración
de la cual se giró y cobró fraudulentamente un cheque por valor de  $7`000.000.
A pesar de que ambos sucesos fueron denunciados a la Fiscalía para su
correspondiente investigación, la accionante afirmó que fue objeto de agresiones
verbales y físicas, de las cuáles afirma tener un video como prueba de ello.
2.1.5 El 20 de enero de 2013, la accionante ingresó nuevamente
al Hospital de la Fundación Cardio Infantil, en donde permaneció todo el día bajo
observación y se le practicaron varios exámenes médicos. En esa oportunidad,
además de reiterarse su antecedente de artritis reumatoide juvenil que se
encuentra en tratamiento con corticoides, le fue diagnosticado un desgarro no
traumático de músculo en miembro inferior izquierdo, por lo que se le ordenó
restricción de apoyo, uso de muletas, medicación e incapacidad por 7 días,
hasta el 26 de enero.[23]
2.1.6 Manifiesta que el 28 de enero de 2013, recibió un
correo electrónico al que se anexó un archivo correspondiente a una carta fechada
el 24 de enero y suscrita por el presidente encargado del Consejo de
Administración y el tesorero, en la que le informaban que daban por terminado
de manera unilateral su contrato de prestación de servicios. Argumentaron en su
momento que las razones para tal determinación fueron las siguientes causales: (i)
no haber allegado las constancias de afiliación a seguridad social (Salud y
pensiones); (ii) no elaboración ni publicación de las actas de asamblea
del Consejo de Administración; (iii) incumplimiento en las obligaciones
establecidas en la Ley 675 de 2001; y, (iv) el uso inadecuado de las
áreas comunes y falta de cuidado con los bienes, título y valores bajo su
responsabilidad. Aclara la accionante que la anotada decisión se produjo
durante el tiempo en que se encontraba incapacitada médicamente.
2.1.7 Explica la accionante, que antes de la terminación
del referido contrato, y a pesar de haber estado incapacitada, su esposo le
colaboró en varias gestiones propias de su cargo. En otra oportunidad, a pesar
de su incapacidad, debió asistir a su trabajo para hacer entrega del acta de la
reciente Asamblea, la cual, si bien fue enviada a los miembros del Consejo para
su revisión y posterior aprobación, esta jamás le fue devuelta con sus
respectivas firmas, lo que imposibilitó su publicación. Con respecto al
incumplimiento de las otras causales, recordó que desde un principio el
Presidente del Consejo y al Tesorero conocieron su imposibilidad económica de
asumir el pago de la póliza de responsabilidad exigida, por lo cual quedó a la
espera de que se ajustara el valor de la misma. En cuanto a los aportes a
seguridad social, indicó que en tanto ella era la única fuente de ingresos económicos
de su hogar, ya se encontraba vinculada al régimen de salud, como beneficiaria
de su esposo, situación que puso en conocimiento de los referidos miembros del
consejo de administración, y ellos consintieron tal situación.
2.1.8
Aunando a lo anterior, el día 6 de
febrero de 2013, la actora debió ingresar al Hospital Cardio Infantil de urgencias,
con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar que comprometía ramas
segmentarias basales bilaterales y en el lóbulo medio, con imagen compatible
con infarto pulmonar. Esta patología supuso su anticoagulación, una incapacidad
por 20 días y la prestación del servicio de oxígeno domiciliario.[24]
2.2
Fundamentos jurídicos de la acción de tutela
Afirma
la accionante que los demandados vulneraron sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, vida digna, mínimo vital, seguridad social y a
la subsistencia, al firmar el acta de terminación unilateral y anticipada del
contrato mientras se encontraba en estado de debilidad manifiesta por motivos
de salud, sin tener en cuenta que es madre cabeza de familia y que el ingreso
económico que percibía como administradora, es la única fuente de ingresos
económicos para sufragar sus necesidades básicas, personales y familiares.
Por
lo anterior, solicita su reintegro al cargo, el pago de los salarios dejados de
percibir y la devolución inmediata de los $2`900.000 que pagó con ocasión de
uno de los hurtos ya referidos, pues aclara que dicha suma fue cubierta en su
momento por la aseguradora.
2.3
Respuesta de la entidad accionada
El
Conjunto Residencial Tarbes de San José mediante escrito de fecha 20 de
febrero de 2013[25],
suscrito por su representante legal, Mery Galeano Sánchez, dio contestación a
la acción de tutela, aclarando los siguientes puntos:  primero, que la actora no cumplió con sus obligaciones
contractuales y legales correspondientes a su cargo, como la no publicación del
acta (Ley 675 de 2001, artículo 51), el no pago de la póliza de responsabilidad
(Ley 675 de 2001, artículo 50)  y no haber aportado las constancias de pago de
afiliación y/o aportes a seguridad social (Ley 100 de 1993, artículo 15 y Ley
1122 de 2007, artículo 18), razones suficientes para dar por terminado con
justa causa el contrato de prestación de servicios. Segundo, insistió en que no
puede confundirse un contrato de dicha naturaleza con uno del ámbito laboral,
razón por la cual solicitó la declaración de improcedencia de la acción de
tutela, más aun, por la inexistencia de un perjuicio irremediable, porque,
contrario a lo afirmado por la actora, su esposo tan solo tiene una pérdida de
capacidad laboral de 25.75%, lo cual no le impide cumplir con sus obligaciones
familiares. Así las cosas, consideró contradictoria la afirmación de que la
actora sea madre cabeza de familia, máxime cuando ella misma propuso en una
oportunidad, que su esposo la remplazara en sus funciones por encontrarse ella incapacitada[26],
lo cual evidencia que su cónyuge no está impedido para laborar.
Igualmente,
la representante legal del conjunto residencial alegó que no le consta el hecho
de que la actora haya informado al presidente y tesorero del Consejo de
Administración acerca de su imposibilidad de pagar la póliza de responsabilidad
y de hacer los aportes a seguridad social, adicionales a los que su esposo ya
viene haciendo, y mucho menos, que estas propuestas hayan sido aceptadas por
ellos. Finalmente, en lo que respecta a su estado de salud, adujo que no se ha
calificado pérdida de capacidad laboral y por ende se desvirtúa el estado de
debilidad manifiesta alegado. Anexa la certificación expedida por la alcaldesa
local de Usaquén que la registra como administradora del conjunto y su cédula
de ciudadanía.
2.4
Actuaciones procesales
2.4.1
Decisión de primera instancia[27]
El
27 de febrero de 2013, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá
D.C. amparó los derechos deprecados por la señora Reina Méndez. Para ello
expuso los siguientes argumentos: primero, la condición de debilidad manifiesta
de la actora, la cual se probó con lo plasmado en la historia clínica; segundo,
el empleador, a pesar de conocer su estado de salud, omitió su deber de acudir
previamente al inspector de trabajo para autorizar el despido de la actora;
tercero, se probó la afectación al mínimo vital y a una vida digna porque la
actora es madre cabeza de familia y debido a la gravedad de sus patologías, se
patentiza su imposibilidad para conseguir empleo.
Por
lo anterior, tuteló de manera transitoria los derechos a la estabilidad laboral
reforzada y al mínimo vital de la accionante y ordenó al representante legal
del conjunto el reintegro de la actora al mismo cargo que venía ejerciendo y al
pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir. Finalmente, advirtió a
la actora que de no interponer la respectiva demanda laboral dentro de los
cuatro meses siguientes, cesarían los efectos de la parte resolutiva de la
sentencia.
2.4.2
Impugnación[28]
El
Presidente del Consejo de Administración del Conjunto Residencial Tarbes de San
José señaló que el Juez de Primera Instancia falló sin realizar un estudio
profundo, que determinase si había afectación al mínimo vital de la actora.
Tampoco analizó, que el contrato finiquitado con la accionante, no era su única
fuente de ingresos, pues ella no cumplía horario y por ende podía desempeñar
otras funciones. Además, se indicó que tiene bienes en los Llanos Orientales,
tal como consta en su declaración de renta presentada ante la DIAN.
Finalmente,
alegó que la actora no es madre cabeza de familia como lo afirma, por cuanto
convive con su esposo, quien como ella lo manifestó en varias oportunidades
ante el Consejo de Administración, es pensionado de la FF.MM.
2.4.3
Incidente de desacato[29]
El
2 de abril de 2013, la actora presentó incidente de desacato debido a que el
cumplimiento del fallo se hizo 18 días después de la notificación de la
sentencia, y no dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha
decisión, como lo prescribió la parte resolutiva de la misma. Así mismo, señaló
que el reintegro al cargo de administradora se hizo con base en el contrato de
prestación de servicios y no mediante una vinculación de carácter laboral, tal
y como lo estipuló el juez de tutela. Finalmente, advirtió que a la fecha no le
había sido hecha la entrega del cheque correspondiente a los salarios dejados
de percibir, pues afirma que sólo le enviaron copia del mismo a su correo
electrónico.
Anexó
copia de las órdenes médicas de incapacidad por treinta días contados desde 2
de marzo de 2013[30];
prescripción de oxigeno domiciliario durante 18 horas diarias por tres meses[31];
y, órdenes de suspensión del servicio de luz de la dirección  de su residencia,
expedidos en marzo de 2013 por Codensa.[32]
2.4.4
Contestación incidente de desacato[33]
Manifestó
el Presidente del Consejo de Administración del Conjunto que el caso no se
debió estudiar bajo las normas laborales sino sólo por las leyes civiles y
comerciales teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.
En
cuanto a la afectación del mínimo vital de la actora, anexó pruebas que
persiguen desvirtuar su estado de vulnerabilidad: (i) cuatro (4)
certificados de matrícula inmobiliaria expedidos por la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá, en los que aparece la accionante como titular de dominio de
bienes inmuebles adjudicados bajo la figura “adjudicación sucesión nuda
propiedad”[34];
(ii) pantallazo de la página de la Rama Judicial, revisión de procesos,
en el que se evidencian las actuaciones de un proceso de restitución de
inmueble arrendado en donde la actora actúa en calidad de demandante[35].
Se afirmó igualmente, que la actora está afiliada a la EPS de medicina
prepagada Colmédica, lo que justifica que su atención en salud sea prestada por
el Hospital Cardio Infantil. Finalmente, se reiteró el hecho de que el esposo de
ésta, no se encuentra impedido para laborar pues sólo tiene una discapacidad
calificada del 25%.
En
cuanto a la causal de despido, adujo que la misma se dio, no por su incapacidad
médica, sino por la aplicación de la cláusula séptima del contrato, es decir,
por su incumplimiento en los deberes contractuales.
Escrito
presentado por el señor Lindon Jonson Gamboa Sotelo,  presidente del Consejo de
Administración del Conjunto Residencial Tarbes de San José al Juez de Segunda
Instancia[36]
Informó
al Juez sobre varias incapacidades presentadas por la actora: (i) del 1
al 3 de abril de 2013; (ii), del 4 de abril;  y, (iii) del 5 de
abril al 4 de mayo de 2013[37].
Se alega igualmente, el inconformismo respecto de los documentos que soportan
estas incapacidades, está dado en que en estos reza una nota que dice: “este
documento carece de validez como certificado de incapacidad. Por favor,
acérquese a una oficina de atención al afiliado de su EPS, para la respectiva
transcripción”. Frente a ello, se indicó que la misma actora respondió que
el Conjunto era quien debía solicitar el trámite respectivo ante la EPS. Sin
embargo, se alega que dicha transcripción no es posible por cuanto la actora
está afiliada en calidad de beneficiaria.
El
señor Gamboa Sotelo, manifestó igualmente, sus dudas con respecto a que la
accionante requiera oxigeno durante 18 horas al día, teniendo en cuenta para
ello, que el día 16 de marzo de 2013, fecha en la que se encontraba
incapacitada, asistió a la Asamblea de Copropietarios del Conjunto Portal del
Comendador I de 2:30 a 8:00 p.m., sin presentar problemas de salud y sin
utilizar oxígeno durante todo ese tiempo. Para probar lo anterior, anexó un DVD[38]
en el que presuntamente se grabó la referida asamblea y aparece la señora María
Ximena Reina Méndez. Aunado a dicha prueba, anexó un documento en el que la
administradora de dicho conjunto, Zulma Guerrero y el Presidente de la Asamblea
del mismo, Rodrigo González, afirmaron haber visto a la actora, propietaria del
apartamento 111, en compañía de su esposo, sin presentar ningún problema de
salud.[39]
2.4.5
Sentencia de segunda instancia[40]
El 16 de abril de 2013 el Juez Cincuenta y Cinco Penal
del Circuito revocó el fallo de primera instancia, y en su lugar, denegó los
derechos deprecados por la actora, al considerar que se desconoció el principio
de subsidiariedad, pues además de que la controversia recae sobre derechos de
orden legal, la accionante puede reclamar la protección de sus derechos ante la
jurisdicción ordinaria.
Afirmó
igualmente, que de los hechos expuestos y probados en el trámite procesal no se
infirió la necesidad de requerir medidas urgentes e inmediatas para evitar un
perjuicio irremediable en vista de que la actora se encuentra afiliada al
régimen de seguridad social en salud, como beneficiaria de su esposo, de donde
se colige que él tiene un ingreso económico que le permite cotizar al régimen
contributivo y asegurar su mínimo vital y el del núcleo familiar. Éste
argumento sirve igualmente para desvirtuar la supuesta condición de madre
cabeza de familia.
2.5.1
Pruebas que obran en el expediente
2.5.1.1 Fotocopia cédula de ciudadanía de la actora.[41]
2.5.1.2 Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Marcos
Leonardo Parra Saavedra, esposo de la accionante.[42]
2.5.1.3 Registro civil de matrimonio de Marcos Leonardo Parra
Saavedra y María Ximena Reina Méndez.[43]
2.5.1.4 Registro civil de nacimiento del hijo de la actora,
con fecha de 11 de marzo de 2011.[44]
2.5.1.5 Calificación de invalidez del esposo de la accionante
Marcos Leonardo Parra Saavedra, expedida por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá Cundinamarca, mediante la cual se establece un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral  del 25,75%.[45]
2.5.1.6 Copia del contrato de prestación de servicios
celebrado el 2 de mayo de 2012 entre el Presidente del Consejo de
Administración y María Ximena Reina Méndez.[46]
2.5.1.7 Certificación expedida por la Alcaldesa Local de
Usaquén mediante la cual se registró el acta del Consejo de Administración de
fecha 23 de abril de 2012, por medio de la cual se nombró, como administradora
del Conjunto Residencial Tarbes de San José primera y segunda etapa, a la
señora María Ximena Reina Méndez.[47]
2.5.1.8 Cartas del 10 de septiembre de 2012 suscritas por
Josefina María Navarrete de Plaza, Consejera Vocal del conjunto, mediante la
cual informa su inconformidad por las labores desarrolladas por la actora como
administradora.[48]
2.5.1.9 Cartas fechadas el 22 de octubre y 29 de noviembre, ambas
de 2012, suscritas por Mary García, auditora fiscal del conjunto residencial en
cuestión, en las que solicita al Consejo de Administración, le informen el
nombre de la E.P.S., A.R.L. y fondo de pensiones de la señora María Ximena
Reina Méndez.[49]
2.5.1.10 Carta fechada el 27 de diciembre de 2012, suscrita por
Mary García, auditora fiscal del conjunto residencial anotado, en la cual
solicita al Consejo de Administración, nombrar un asistente o administrador
delegado para que cumpla con los horarios previstos de atención al público,
teniendo en cuenta el estado de salud de la señora María Ximena Reina Méndez, y
solicita además, se anexe copia de los aportes a seguridad social de ésta
última.[50]
2.5.1.11 Documento redactado por la accionante por el cual
informa a los miembros del Consejo de Administración del conjunto, que debió
acudir al servicio de urgencias médicas, en razón a su estado de salud. Para
ello anexa incapacidades médicas expedidas en los meses de noviembre y
diciembre de 2012 y de enero de 2013, las que fueron emitidas por la Fundación
Cardio Infantil. Aduce que las mismas fueron enviadas por correo electrónico el
19 de enero de 2013.[51]
2.5.1.12 Carta suscrita por la actora el 23 de enero de 2013 y
remitida al Consejo de Administración del Conjunto Residencial Tarbes de San
José, mediante la cual informa que laboró los días 18 y 19 de enero de 2013, a pesar de que fue incapacitada del 17 al 21 del mismo mes. Además, indica que ese mismo 21 de
enero fue nuevamente incapacitada por espacio de 15 días más, por lo que
propone que su esposo la reemplace en el ejercicio de sus funciones para evitar
traumatismos al conjunto. Obra firma de recibido de la señora Mary García,
Auditora Fiscal del conjunto.[52]
2.5.1.13 Comunicación expedida por el Consejo de
Administración del Conjunto el 24 de enero de 2013, mediante la cual informan a
la accionante la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios
suscrito entre ellos, decisión que sustentaron, en los incumplimientos en su
obligación de cotizar a seguridad social; por la no elaboración y publicación de
las actas de Asamblea del Consejo de Administración, y por omitir el deber
prescrito en la Ley 675 de 2001.[53]
2.5.1.14 Impresión de correo electrónico recibido por la accionante
con el cual prueba que recibió un correo del señor Carlos Méndez el 28 de enero
de 2013, con el asunto “comunicación Consejo Tarbes de San José”[54]
2.5.1.15 Copia de la minuta de control de la empresa de
vigilancia, en la que se alerta que la actora dejó de ser la administradora del
conjunto, por lo que se restringe su entrada. Fecha 23 de enero de 2013.[55]
2.5.1.16 Certificados de consulta de afiliados en la base de
datos única del FOSYGA, expedido el 26 de marzo de 2013, en la que aparece la
actora y su esposo como afiliados al régimen contributivo, EPS Aliansalud, en
calidad de beneficiaria y cotizante respectivamente.[56]
2.5.1.17 Acta de reintegro expedida el 16 de marzo de 2013.[57]
2.5.1.18 Notificación de reintegro expedida el 16 de marzo de
2013.[58]
2.5.1.19 Copia del cheque mediante el cual se cumple con la
obligación de pagar los salarios dejados de percibir, con fecha del 17 de marzo
de 2013.[59]
2.5.1.20 Copias de órdenes de suspensión del servicio de energía
de la residencia de la señora Reina Méndez, expedidos en marzo de 2013 por
Codensa.[60]
2.5.1.21 Certificados de tradición de matrícula inmobiliaria
expedidos por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, en los que aparece
la accionante como titular de dominio de bienes inmuebles adjudicados bajo la
figura “adjudicación sucesión nuda propiedad”.[61]
2.5.1.22 Pantallazo de la página de la Rama Judicial, “revisión
de procesos”, en la que se evidencia que la señora Reina Méndez actúa en
calidad de demandante dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado.[62]
2.5.1.23 DVD en el que presuntamente se grabó la asamblea del
Conjunto Portal del Comendador I y aparece la señora María Ximena Reina Méndez sin presentar problemas de salud.[63]
2.5.1.24 Documento en el que la administradora y el Presidente
de la Asamblea del Conjunto Portal del Comendador I, afirman haber visto a la señora
Reina Méndez, propietaria del apartamento 111, en compañía de su esposo, sin
presentar problemas de salud.[64]
2.5.1.25 Historia clínica de la actora expedida por el
Hospital Fundación Cardio Infantil.
2.5.1.26 Historia de hospitalización con fecha de ingreso del
27 de noviembre de 2012 y de egreso 10 de diciembre del mismo año. Se
diagnostica “poliartritis” no especificada y se expide una incapacidad de doce
(12) días.[65]
2.5.1.27 Historia de ingreso por urgencias con fecha de
ingreso y egreso del 16 de enero de 2013. Se diagnostica artritis juvenil no
especificada y se expide una incapacidad de cinco (5) días.[66]
2.5.1.28 Historia de ingreso por urgencias con fecha de
ingreso y egreso del 20 de enero de 2013. Se diagnostica “otros desgarros (no
traumáticos) del músculo” y se expide una incapacidad de siete (7) días, desde
el 20/01/2013 hasta 26/01/2013.[67]
2.5.1.29 Recomendaciones de egreso luego de hospitalización, expedida
el 11 de febrero de 2013 y con fecha de ingreso del 6 de febrero del mismo año,
mediante la cual se diagnosticó “artritis reumatoideas especificadas”.[68]
2.5.1.30 Prescripción de medicamentos.[69]
2.5.1.31 Epicrisis de la hospitalización precedente.[70]
2.5.1.32 Incapacidad por enfermedad general desde el 6 de
febrero al 25 de febrero de 2013.[71]
2.5.1.33 Incapacidad por treinta días contados desde el 2 de
marzo de 2013.[72]
2.5.1.34 Prescripción de oxigeno domiciliario durante 18 horas
diarias por tres meses, expedida el 5 de marzo de 2013.[73]
2.5.1.35 Incapacidades del 1 al 3 de abril de 2013, del 4 de
abril y del 5 de abril al 4 de mayo de 2013.[74]
2.5.1.36 Resultados del examen de tomografía axial de tórax
realizado el 2 de junio de 2013, del cual se concluyó “tromboembolismo
pulmonar” y “alteración del realce de la glándula tiroidea”.[75]
3. Expediente T- 3945650
A
continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro
del expediente de la acción de tutela interpuesta por Belisario Carvajal en
contra del Consorcio Cajamarca Anaime y Julio Ernesto Aranaga Londoño.
3.1
Hechos
3.1.1
Manifiesta el señor Belisario
Carvajal de 63 años de edad[76],
que fue contratado por el señor Julio Ernesto Aranaga Londoño, administrador de
Obras Civiles y por el Consorcio Cajamarca Anaime como conductor de volqueta
para transportar materiales de construcción.
3.1.2 Refiere que el 17 de enero de 2013 presentó un dolor
abdominal por el cual debió ir por urgencias a la Clínica Tolima, en la que
luego de una valoración inicial y de la realización de una ecografía de vías
urinarias se diagnosticó que presentaba “quistes simples renales
bilaterales, que en el lado derecho reemplazan casi por completo al riñón”
3.1.3 Relata que el 9 de febrero de 2013, mientras se
encontraba laborando, le ordenaron entregar las llaves del vehículo y le
informaron la terminación del contrato con el argumento de que lo veían
cansado.
3.1.4 Aduce que el 19 de febrero de 2013 debió acudir nuevamente
a su EPS en la que al valorarlo, advirtieron que a nivel del abdomen presentaba
“dolor importante lumbar derecho con puño percusión positiva ipsilateral”.
Así, mismo en el acápite de las observaciones de dicho informe médico, se indicó
lo siguiente:
“Paciente con ausencia funcional del riñón derecho con
puño percusión e importante dolor lumbar derecho. Se da incapacidad por una
semana 7 días a partir de la fecha 19 de febrero de 2013. Se inicia
ciprofloxacino 500mg cada 12 horas. Se solicita renograma GTPA + filtración
glomerular, urocultivo, proteínas en orina de 24 horas, sodio, potasio, Bun,
creatinina, ácido úrico, urotac.
Se explicó al paciente que debe traer los laboratorios
urgente ya que es posible que debamos utilizar insulina y probablemente nefretomía
derecha.”[77]
3.1.5 Finalmente, manifiesta que al pretender reclamar ese
mismo día los medicamentos prescritos, le fue informado que se encontraba
desafiliado desde el 2 de enero de 2013.
3.2
Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela
Afirma
el accionante que los demandados vulneraron sus derechos fundamentales a la
vida digna, salud, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital al despedirlo
injustificadamente, sin tener en cuenta que, por una parte, debe acudir de
forma permanente a control en vista del criterio médico basado en que su riñón derecho
debe ser extraído; y por otra, que no tiene los medios económicos para costear
los gastos que ello ocasione.
Por
lo anterior, solicita su reintegro laboral, la cancelación de los salarios
dejados de percibir y la continuación del pago de los aportes a seguridad
social hasta la finalización del tratamiento, rehabilitación y calificación de
pérdida de capacidad laboral.
3.3
Respuesta de la entidad accionada
El
señor Julio César Aranaga Londoño y el Consorcio Cajamarca Anaime mediante su
representante legal, contestaron la acción de tutela, con el oficio del 15 de
marzo de 2013[78].
En éste manifestaron de forma conjunta, que no existió contrato de trabajo
entre el consorcio y el señor Belisario
Carvajal, sino que fue el señor Julio Aranaga, subcontratista del consorcio,
quien pactó un contrato verbal con el actor por un término de duración de obra
o labor, es decir, que el señor Aranaga era el responsable de pagar y afiliar a
seguridad social a los conductores de las volquetas de su propiedad.
Con
respecto a la terminación del contrato, refieren que éste finiquitó al momento
en que el consorcio dejó de requerir los servicios de las volquetas. Además,
adujeron no conocer los problemas de salud del accionante, pues durante la
relación laboral, éste nunca informó nada al respecto.
Así
las cosas, solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela ya que
el actor no allegó pruebas que demuestren: (i) que el empleador tenía
conocimiento de su estado de salud; (ii) que el despido haya sido a causa de
ello;  y (iii) que se encuentra afectado su mínimo vital.
3.4
Actuaciones procesales
3.4.1
Decisión de Primera Instancia[79]
El
21 de marzo de 2013 el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué denegó el amparo
constitucional solicitado, al considerar improcedente la tutela debido a que no
cumplió con el principio de subsidiaridad pues existe otra vía judicial para
satisfacer las pretensiones solicitadas, basadas esencialmente en la
declaración de la existencia del contrato laboral entre las partes.
3.4.2
Impugnación[80]
Señaló
que el juez de primera instancia no realizó un examen exhaustivo de las pruebas
aportadas, por cuanto no estimó que en las planillas de recaudo integrado de
seguridad social y parafiscales del consorcio, aparece su nombre en el listado
de afiliados lo que probaría la existencia del vínculo laboral entre las
partes. Además, indicó que el juez desconoció la jurisprudencia de las altas
Cortes al afirmar que la acción de tutela no procede para el reconocimiento de
sus pretensiones.
3.4.3
Sentencia de Segunda Instancia[81]
El
Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagué confirmó la sentencia de primera
instancia al considerar que si bien existió una relación laboral entre el
Consorcio y el actor, la cual finalizó el 9 de febrero de 2013, se probó dentro
del trámite procesal que ello no ocurrió por motivo de la enfermedad, pues como
consta en la historia clínica, la enfermedad fue diagnosticada sólo hasta el 19
de febrero de 2013, de lo cual se concluye que el empleador no tenía
conocimiento de ésta y por ende no le era exigible solicitar autorización
previa ante el Ministerio de Trabajo para finalizar el contrato.
3.5
Pruebas que obran en el expediente
3.5.1
Cédula ciudadanía del actor con fecha
de nacimiento el 28 de abril de 1949.[82]
3.5.2 Vale No. 0602 de Julio Ernesto Aranaga Londoño
administrador de Obras Civiles, con fecha del 1 de mayo de 2012.[83]
3.5.3 Planilla de recaudo integrado de seguridad social y
parafiscales a nombre del Consorcio Cajamarca Anaime con fecha de pago del 20
de diciembre de 2012, en el cual se incluye como afiliado al actor y se
relaciona el pago de los aportes respectivos, a partir de un Ingreso Base de
Cotización (IBC) de un (1) salario mínimo.[84]
3.5.4 Documento expedido el 9 de febrero de 2013 por
Belisario Carvajal en el cual declara que el señor Julio Aranaga está a paz y
salvo con él.[85]
3.5.5 Resultados de ecografía de vías urinaria expedido por
la Clínica del Tolima el 17 de enero de 2013, en la cual se concluye la
presencia de quistes simples renales bilaterales, que en el lado derecho
reemplazan casi por completo al riñón.[86]
3.5.6 Prescripción de medicamentos expedida el 17 de enero de
2013.[87]
3.5.7 Orden para valoración y manejo por nefrología de
forma prioritaria, expedida el 17 de enero de 2013.[88]
3.5.8 Resultados de uroanálisis con sedimento y densidad
urinaria expedidos el 17 de enero de 2013.[89]
3.5.9 Historia clínica expedida por Fresenius Medical Care
el 19 de febrero de 2013 a nombre del actor, en la cual se evidencia que el
paciente presenta ausencia funcional del riñón derecho con puño percusión e
importante dolor lumbar derecho. Se diagnosticó insuficiencia renal crónica no
especificada y se prescribieron medicamentos y exámenes de laboratorio urgente
por posible realización de nefrectomía derecha. Se expidió incapacidad por 7
días.[90]
3.5.10 Prescripción de medicamentos y estudio de renograma
dtpa + filtración glomerular expedido el 19 de febrero de 2013.[91]
3.5.11 Prescripción de examen de urotac y cita de control
por nefrología urgente expedidos el 19 de febrero de 2013.[92]
3.5.12 Incapacidad médica por 7 días expedida el 19 de
febrero de 2013.[93]
3.5.13 Prescripción de renograma pre y post captopril
expedida el 19 de febrero de 2013.[94]
3.5.14 Certificado expedido por Famisanar EPS el 19 de
febrero de 2013, mediante el cual se informa que el señor Belisario Carvajal
estuvo afiliado a la entidad en calidad de cotizante cabeza de familia, desde
el 18 de abril de 2010 hasta el 1 de febrero de 2013 y se encuentra actualmente
retirado.[95]
3.5.15 Recaudo integrado de seguridad social y parafiscal
del Consorcio Cajamarca Anaime de los meses de diciembre de 2012, enero de 2013
y febrero de 2013, en los cuales se relaciona como afiliado al actor.[96]
3.5.16 Reporte de semanas cotizadas en pensiones por el
actor, expedido por Colpensiones por el periodo comprendido entre enero de 1967 a febrero de 2013 y actualizado hasta el 14 de febrero de 2013. Se relacionan las cotizaciones realizadas
en los años 2011, 2012 y 2013.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de
la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro del
trámite de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación de los
casos y planteamiento de los problemas Jurídicos.
2.1
Expediente T-3939598
El señor Héctor Materón Díaz, interpone
acción de tutela contra Corporación Club
Campestre los Andes y Acción del Cauca S.A. y alega que las accionadas
vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la
salud, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, al
debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada al dar por terminado el
contrato de trabajo, pese a haber sufrido un accidente laboral el 25 de julio
de 2012, y persistir algunas alteraciones en su salud.
Por su parte, la Corporación Club Campestre los Andes a través de su
representante legal, alegó que si bien el actor inició labores en la empresa, jamás
conoció la ocurrencia del accidente de trabajo y la causal de terminación
laboral entre el señor Materón Díaz y Acción del Cauca S.A.
A su vez, Acción del Cauca S.A. a través de su
representante legal negó que se haya celebrado con el accionante un contrato
bajo la modalidad “en misión”, pues el contrato celebrado corresponde al de
“por el tiempo que dure la realización de la obra o labor determinada”.
Confirmó la ocurrencia del accidente de trabajo, sin embargo, negó que la
terminación del contrato haya sido a consecuencia de encontrarse incapacitado o
con restricciones físicas, toda vez que ya había restablecido sus capacidades
laborales.
El juez de instancia denegó el amparo solicitado por
considerar que existen mecanismos ordinarios de defensa judicial al alcance del
actor como la acción ordinaria laboral. Además, anotó que las accionadas no
vulneraron los derechos invocados, toda vez que la terminación del contrato laboral
obedeció a la cláusula segunda del mismo “Duración del contrato”, por tanto, no
se configura un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
Con fundamento en la situación fáctica y las
decisiones tomadas por los jueces de instancia le corresponde a la Sala de
Revisión determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a la seguridad
social, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y a la
estabilidad laboral reforzada del ciudadano Héctor Materón Díaz a quien le terminaron
el contrato de trabajo que había suscrito, a pesar de las condiciones de salud
en que se encontraba; y si en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, ambas empresas, tanto contratista como beneficiaria de la obra, deben
responder solidariamente por la vulneración de los derechos alegados por el
accionante.
2.2
Expediente T-3943747
La señora María Ximena Reina Méndez,
impetra acción de tutela contra el Conjunto Residencial Tarbes de San José, al
considerar que la accionada vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital
y a la estabilidad laboral reforzada al dar por terminado el contrato suscrito
entre las partes, a pesar de encontrarse en período de incapacidad. Por ende,
solicita el reintegro al cargo que desempeñaba bajo la modalidad de un contrato
de trabajo que le garantice todas las prestaciones sociales.
Por su parte, el Conjunto Residencial
Tarbes de San José, a través de su representante legal se opuso a la prosperidad de la acción, argumentando
que dio por terminado el
contrato de prestación de servicios con justa causa porque la actora no cumplió
con las obligaciones contractuales pactadas como: (i) publicación del acta de
la asamblea general[97]
(ii)  pago de la póliza de responsabilidad[98] (iii) y cotización a la
seguridad social[99].
También manifestó que no se puede confundir la naturaleza del contrato de
“prestación de servicios” con el “contrato laboral”, razón por al cual,
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, toda vez que
no hay evidencia de un perjuicio irremediable.
El juez de primera instancia concedió el
amparo a los derechos invocados por la accionante. Consideró en primer lugar, la
condición de debilidad manifiesta de la señora María Ximena Reina Méndez, toda
vez, que de conformidad con lo evidenciado en la historia clínica se vislumbra
la gravedad de las patologías padecidas; en segundo lugar, manifestó que a
pesar que el empleador conocía el estado de salud de la accionante, omitió
acudir ante el Inspector del Trabajo para autorizar el despido; y, en tercer
lugar, por cuanto se probó la afectación al mínimo vital y a la vida digna,
toda vez que la señora María Ximena Reina Méndez ostenta la calidad de madre
cabeza de familia.
Por su parte, el juez de segunda instancia
revocó el fallo de primera instancia, y en su lugar, denegó el amparo a los
derechos invocados al considerar que se desconoció el principio de
subsidiariedad, en tanto existen mecanismos ordinarios de defensa judicial al
alcance de la actora. Indicó así mismo, que del trámite procesal no se infirió
la necesidad de requerir la implementación de medidas urgentes e inmediatas
para evitar un perjuicio irremediable. Finalmente, desvirtuó la situación de
madre cabeza de familia alegada por la señora María Ximena Reina Méndez.
De acuerdo con los hechos expuestos,
corresponde a la Corte determinar si el Conjunto Residencial Tarbes de San José
vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada de la señora María Ximena Reina Méndez, al no permitirle continuar prestando
sus servicios como administradora, durante la vigencia de la incapacidad
laboral.
2.3
Expediente T-3945650
El
señor Belisario Carvajal impetra acción de tutela en contra del Consorcio
Cajamarca Anaime y el señor Julio Ernesto Aranaga Londoño, al considerar que
vulneraron sus derechos a la vida digna, a la salud, al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada, al dar por terminado el contrato de trabajo sin
tener en cuenta el estado de salud en el que se encontraba.
El
señor Julio Cesar Aranaga Londoño y el representante legal del Consorcio
Cajamarca Anaime, al contestar la acción de tutela, mediante oficio del 15 de
marzo de 2013[100],
manifestaron de forma conjunta, que jamás existió contrato de trabajo entre el
consorcio y el señor Belisario Carvajal,
sino que fue el señor Julio Aranaga, subcontratista del consorcio, quien pactó
un contrato verbal con el actor por un término de duración de obra o labor
culminada, es decir, que el señor Aranaga era el responsable de pagar y afiliar
a seguridad social a los conductores de las volquetas de su propiedad. Con
respecto a la terminación del contrato, refieren que éste se dio cuando el
consorcio dejó de requerir los servicios de volqueta. Además, adujeron que
durante el tiempo que el accionante laboró, no conocieron sus problemas de
salud, pues nunca informó nada al respecto.
3. Análisis de los casos
concretos
A partir de los elementos constitucionales,
legales, jurisprudenciales y fácticos planteados en precedencia, la Corte debe
analizar si la actuación de los entes demandados en los asuntos de la
referencia, a los accionantes les fueron desconocidos sus derechos a:
La
procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reintegro
laboral del trabajador en condiciones de debilidad manifiesta.
La acción de tutela, debido a su naturaleza
subsidiaria y residual, sólo es procedente (i) cuando el afectado no
dispone de otro medio de defensa judicial para obtener la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales, o (ii) cuando existiendo tales
medios, éstos no resultan idóneos y eficaces para salvaguardar el derecho en
razón de las circunstancias del caso o las particulares condiciones de quien
solicita la protección, y por lo tanto, se hace imperiosa la intervención
inmediata del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable de carácter iusfundamental. En el último evento, el amparo
procede de forma transitoria.[101]
Más específicamente, con relación a la
solicitud de reintegro elevada por esta vía por un trabajador que ha sido
despedido de forma injustificada, esta Corporación ha definido en reiterada
jurisprudencia que la acción de tutela, en principio, no es procedente. Lo
anterior, por cuanto existen medios judiciales ordinarios en los que se debe
definir esa pretensión, como la acción ordinaria laboral y la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, según se trate de la naturaleza del vínculo.
Así, la jurisprudencia ha sostenido que:
“Como regla general la acción de tutela no es el medio
idóneo para reclamar las prestaciones sociales derivadas de una relación
laboral. Teniendo en cuenta las competencias de las diferentes jurisdicciones,
es la jurisdicción laboral quien, en principio, está llamada a prestar su
concurso para decidir controversias que se inscriben en el desarrollo de un
contrato de trabajo.
En este orden de ideas, las pretensiones que están
dirigidas, por ejemplo, a obtener el pago de salarios, el reconocimiento de
prestaciones sociales, el reconocimiento o reliquidación de pensiones, la
sustitución patronal, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas
prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación
laboral previa, en principio, no están llamadas a prosperar por vía de la
acción de tutela, en consideración al criterio de subsidiaridad que reviste la
protección constitucional.”[102]
Sin embargo, también ha establecido que en
ciertos casos el amparo es procedente de manera excepcional para reclamar el
reintegro, ya sea como mecanismo definitivo o transitorio. En este sentido, “el juez de tutela está habilitado para conceder la
protección de manera definitiva, si por la gravedad de las
circunstancias del caso resulta inoperante asistir al debate ante la
jurisdicción laboral, o transitoria, cuando el asunto objeto de
discusión puede ser discutido en última instancia ante la jurisdicción laboral.”[103] (Subraya fuera del texto original).
En
primer lugar, sobre la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo
definitivo, esta Corporación, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991,
sostuvo que se requiere (i) que no exista otro medio judicial para la
protección de los derechos fundamentales vulnerados, o (ii) que los
medios ordinarios de defensa resulten inoficiosos, es decir, que no sean
idóneos para enfrentar la vulneración del derecho fundamental. Esta idoneidad
del medio ordinario de defensa debe evaluarse en cada caso, pues “la
irremediabilidad del perjuicio que enfrenta el derecho fundamental depende
siempre de las circunstancias particulares de la amenaza.”[104]
En segundo lugar, cuando la tutela se
interpone como mecanismo transitorio, existiendo un medio judicial
ordinario idóneo, la Corte ha sostenido que se requiere demostrar que su
interposición es necesaria para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. Para determinar la
irremediabilidad del perjuicio en un caso concreto, esta Corporación ha
establecido la necesidad de que concurran varios elementos, entre ellos:
“(i) la inminencia del daño, es
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente,
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la
probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada.
(ii) La gravedad, esto es, que
el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de
gran intensidad.
(iii) La urgencia, que exige la
adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza.
(iv) La impostergabilidad de la
tutela, que implica acreditar la necesidad de recurrir al amparo como
mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos
fundamentales.”[105] (Subrayas fuera del texto original)
En consecuencia, solamente la concurrencia de estos
elementos demuestra la configuración de un perjuicio irremediable el cual
faculta al juez constitucional para que, en reemplazo del juez natural, ampare
los derechos presuntamente amenazados o vulnerados tramitando la tutela como
mecanismo transitorio.
Ahora bien, en lo atinente a la situación específica
de ciertos sujetos de especial protección constitucional, como las personas discapacitadas, este Tribunal ha desarrollado la
tesis según la cual es indispensable que estos cuenten con un mecanismo judicial
dinámico y eficaz que les permita salvaguardar su derecho a la estabilidad en
el empleo, en caso de ser despedidos sin la autorización previa del inspector
del trabajo. En igual sentido se ha pronunciado la Corte cuando se trata de
remediar la vulneración de los derechos fundamentales de una persona que ha
sido desvinculada en razón de una afectación a su salud, de manera que ha
sufrido una discriminación en el ámbito laboral. Así, ha dispuesto esta
Corporación:
“En virtud de la
aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el
despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la
cual procede la tutela como mecanismo de protección”.[106]
Por tal razón, dado que los mecanismos
previstos por las normas procesales laborales no responden a la urgencia e
irremediabilidad del perjuicio que puede ocasionar el desempleo de una persona
discapacitada o con disminuciones en su salud, la acción de tutela resulta procedente
para reclamar el reintegro en estos casos, pues se trata de salvaguardar los
derechos de una persona discriminada en el ámbito laboral, como consecuencia de
una disminución en sus condiciones generales de salud o de una condición
permanente de discapacidad.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC 18/03 del
17 de septiembre de 2003[107],
ha señalado la obligación que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos
humanos laborales de todos los trabajadores y no tolerar situaciones de
discriminación en perjuicio de éstos, en la relación de trabajo que se
constituya entre particulares, ni permitir que los empleadores privados violen
los derechos de los trabajadores, ni que el vínculo contractual vulnere las
pautas mínimas internacionales[108].
En
igual sentido, el artículo 25 de la Carta Política señala que el “trabajo es
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas”. Esto no significa que cualquier discusión que
surja en relación a este derecho constitucional deba resolverse mediante la
acción de tutela, puesto que, por regla general, las discrepancias laborales se
tramitan ante la jurisdicción ordinaria o ante el contencioso administrativo,
en atención a la forma de vinculación de que se trate.[109]
Sin
embargo, esta Corporación ha reiterado que a pesar de que el amparo de tutela
no es el medio idóneo para obtener el reintegro laboral, dicho mecanismo sí es
procedente, cuando versa sobre personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, como consecuencia de su condición económica, física o
mental y que buscan proteger su derecho a la estabilidad laboral reforzada. En
este sentido la sentencia T-576 de 1998, dispuso:
“Pues bien, la tutela no puede llegar hasta el extremo
de ser el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas
retiradas de un cargo; además, frente a la estabilidad existen variadas
características: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la
estabilidad ‘precaria’ (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción
que puedan ser retiradas en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad),
hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el
despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad
absoluta.
(…)
No se deduce de manera tajante que un retiro del
servicio implica la prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así
prosperaría la acción en todos los casos en que un servidor público es
desligado del servicio o cuando a un trabajador particular se le cancela el
contrato de trabajo; sería desnaturalizar la tutela si se afirmara que por el
hecho de que a una persona no se le permite continuar trabajando, por tutela se
puede ordenar el reintegro al cargo.”.
Así
mismo, la sentencia T-198 de 2006 sostuvo en relación a la procedibilidad de la
acción[110],
lo siguiente:
“En un primer término, debe observarse que la acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral frente a
cualquier tipo de razones de desvinculación. En efecto, esta Corporación ha
sostenido que solamente cuando se trate de personas en estado de debilidad
manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una
estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente”.
Por
otra parte, la Corte ha señalado que la simple desvinculación unilateral de un
individuo que padece una enfermedad o una discapacidad, no es suficiente para
que prospere la protección a través del amparo de tutela, puesto que para ello
es indispensable además, que esté comprobado el nexo de causalidad entre las
condiciones de salud de la persona y su despido o la terminación del contrato
de trabajo, de manera tal, que pueda deducirse un trato discriminatorio[111].
De lo expuesto, se establece que: “(i) en principio
no existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii)
frente a ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en
virtud de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha
presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de
especial protección, la tutela no prosperará por la simple presencia de esta
característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la
condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de
un acto discriminatorio y un abuso de derecho. Por último, (v) la tutela sí
puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado
de salud ameriten la protección laboral reforzada”.[112]
Protección
de la estabilidad laboral reforzada a los discapacitados.
La
Carta Política en su artículo 13 le impone al Estado el deber de proteger de
manera especial a las personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que se realicen contra ellas.
Igualmente
el artículo 47 superior le impone al Estado adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, proporcionándoles la atención especializada que
requieren. Y el artículo 54 de la Constitución consagra que: “[e]s
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional
y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
Por
otra parte, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[113]
dice:
“En ningún caso la
limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así, mismo
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes
fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrá derecho a una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”. (Subrayas fuera del texto)
Este Tribunal, al analizar la constitucionalidad
de la norma invocada, en sentencia C-531 de 2000 declaró su exequibilidad pero “bajo
el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los
principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts.
2º y 13), así como de especial protección constitucional a favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts 47 y 54), carece de
todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona
por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de
trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para
el despido o terminación del respectivo contrato”.
Así las cosas, conforme con las normas
constitucionales y acorde con el desarrollo legislativo y jurisprudencial
referido, esta Corporación ha constatado la existencia en el ámbito de las
relaciones laborales de un verdadero derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada[114] de aquellas personas que
por sus condiciones físicas, sensoriales o psicológicas están en circunstancia
de debilidad manifiesta.[115]
Además, la Corte Constitucional estableció que la
estabilidad laboral reforzada “constituye un derecho constitucional,
igualmente predicable de otros grupos sociales…”. Agregó que “con esa
estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del
discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física,
sensorial o psicológica, como medida de protección especial y en conformidad
con su capacidad laboral”[116].
Igualmente esta Corporación en la sentencia T-198
de 2006 ha extendido la protección de las personas que se encuentra en una
situación de discapacidad: “puede afirmarse que la protección otorgada por
la Constitución y desarrollada por la Ley 361 de 1997 se encuentra dirigida a
la discapacidad, y no solamente a la invalidez”.
Por otra parte, debe referirse al concepto de
discapacidad debido a que en un comienzo el legislador hizo referencia al
estado de invalidez más no al de discapacidad, atendiendo el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993, que reza: “Se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas[117], en la
Resolución 48/96 del 20 de diciembre[118], elaboró un
criterio sobre la discapacidad, en los siguientes términos:
“Con la palabra
discapacidad se resume el gran número de diferentes limitaciones funcionales
que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La
discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o
sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente
o transitorio”.
Así mismo, dicha norma en su artículo 7º impone a
los Estados la tarea de proteger a las personas que se encuentran en situación
de discapacidad, frente a cualquier tipo de discriminación en el mercado
laboral, así:
“1. Las disposiciones legislativas y
reglamentarias del sector laboral no deben discriminar contra las personas con
discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo.
(…)
6. Los Estados, las organizaciones de
trabajadores y los empleadores deben cooperar para asegurar condiciones
equitativas en materia de políticas de contratación y ascenso, condiciones de
empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a mejorar el ambiente
laboral a fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud, y medidas para la
rehabilitación de los empleados que hayan sufrido lesiones en accidentes
laborales.”
Para el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, en la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, incorporada a nuestra legislación mediante la Ley 762 de
2002, se precisa el concepto de discapacidad:
“El término discapacidad significa una
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y
social”.
La Corte Constitucional
ha sostenido que: “se encuentra establecido que se presenta una clara
diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría
afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la
especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente
nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto
de una discapacidad severa”.[119] Agrega que la
discapacidad “implica una
restricción debida a la deficiencia de la facultad de realizar una actividad en
la forma y dentro del margen que se considera normal para el ser humano en su
contexto social. En este sentido, discapacidad no puede asimilarse,
necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas con un algún grado
discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral…”[120].
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que las normas
tanto nacionales como internacionales buscan proteger a las personas que se
encuentran en estado de discapacidad, esto acontece, cuando un individuo no
puede desarrollarse laboralmente en condiciones óptimas de salud, por lo que se
ve la necesidad de salvaguardar sus derechos para que pueda permanecer en el
empleo sin ningún tipo de obstáculos.
La Corte ha reconocido a favor de las personas
que están en condición de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia
de padecimientos físicos, sensoriales o psicológicos, el beneficio de una “estabilidad
laboral reforzada” garantizándoles “la permanencia en el empleo (…)
luego de haber adquirido la respectiva limitación (…), como medida de
protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”.[121]
La sentencia T-263 de 2009 estableció como
elementos que configuran la estabilidad laboral reforzada, los siguientes: “(i)
el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón a su
situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el
inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con
base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda ser
considerado eficaz”.
De lo expuesto se deduce la existencia de una
protección especial a este grupo de personas, que les garantiza la permanencia
en el trabajo con el objeto de protegerles su dignidad humana y los derechos a
la seguridad social y a la igualdad. Cabe recordar que la estabilidad laboral
reforzada no solo la ostentan quienes padecen invalidez o discapacidad, sino
también las personas que han padecido graves deterioros en su estado de salud y
se encuentran en una situación de debilidad manifiesta[122].
En este sentido la sentencia T-198 de 2006 indicó:
“En materia laboral, la
protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia
de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las
cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin
necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de
discapacitado”.
Además
la jurisprudencia constitucional ha señalado que la estabilidad laboral
reforzada de las personas que se encuentran discapacitadas o afectadas en su
estado de salud, opera sin importar la modalidad del contrato laboral existente[123].
De acuerdo a ello, el empleador solo podrá desvincular al trabajador que
presenta disminución física o psíquica, cuando medie autorización del inspector
del trabajo y por causa distinta a la de su padecimiento[124]. Se
puede así concluir que se trata de un tipo de protección relativa y no
absoluta[125],
puesto que en la hipótesis de que el trabajador incurra en una justa causa para
dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, el empleador se
encuentra facultado para tramitar la autorización de despido ante la autoridad
competente.[126]
De
lo anterior, se concluye que los trabajadores que se encuentran afectados en su
estado de salud tienen derecho al reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada sin importar el tipo de vínculo laboral adoptado por las partes,
mientras el inspector o autoridad competente no autorice su desvinculación. En
virtud de ello tiene “el derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se
configure una causal objetiva que extinga la relación laboral, circunstancia
que de todas formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del
trabajo”[127].
Así como también podrá obtener el pago de la indemnización contemplada en el
inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el caso en que la
desvinculación laboral se realice sin esa previa autorización.
Ahora
bien, este Tribunal ha expuesto “que en aquellos casos en los que el juez de
tutela encuentre acreditado que la terminación del contrato de trabajo de quien
ha sufrido mengua en su estado de salud no ha sido llevada a cabo con la autorización
por parte de la autoridad administrativa, deberá dar aplicación a la presunción
(…) en virtud de la cual se ha de asumir que la causa de dicha desvinculación
es, precisamente, la desmejora de su salud y, por consiguiente, de la
disminución de su capacidad laboral”.[128]
La Sala reitera que todo despido de un trabajador discapacitado
debe contar con la previa autorización de la autoridad de trabajo
correspondiente, pues sin dicho permiso la terminación del contrato laboral
será ineficaz, razón por la cual el empleador deberá reintegrar al empleado y
pagarle  la indemnización a que se refiere el inciso segundo del artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, que corresponde a 180 días de salario. De esta manera, se
reafirma que el referido permiso no es una simple formalidad, pues su
verificación es necesaria para evitar que el empleador incurra en la violación
de los derechos de uno de sus trabajadores en situación de discapacitada que
cuenta con especial protección constitucional.[129]
Finalmente,
es importante reiterar que el beneficio de la estabilidad laboral reforzada, no
solo debe entenderse como el mecanismo que impide terminar con la relación
laboral al trabajador que se encuentra en condición de debilidad manifiesta,
sino además como garantía que implica el derecho a la reubicación en un puesto
de trabajo adecuado a su condición de salud en el que “pueda potencializar
su capacidad productiva y realizarse profesionalmente”[130].
Sin embargo, ha de agregarse que en caso de que el empleador evidencie que
existe un principio de razón suficiente que lo exonere de efectuar dicha
obligación, puede eximirse de cumplirla[131].
3.1
Solución de los casos
3.1.1
Expediente T-3939598
Recuerda la Sala de Revisión, que el señor Materón Díaz suscribió
un contrato laboral con la empresa Acción del Cauca S.A., pero prestó sus
servicios en el Club Campestre los Andes, en donde el 25 de julio de 2012 sufrió un accidente de trabajo que
le causó lesiones físicas, las que si bien fueron tratadas durante el tiempo
que siguió laborando, las mismas le han causando permanente dolor y graves
molestias al caminar, debiendo acudir a posteriores controles médicos y terapias.
En
la medida en que el accidente de trabajo tuvo ocurrencia casi dos meses antes
de su desvinculación, la Sala de Revisión no encuentra válido el argumento esgrimido
por la empresa contratante, según el cual, ésta no tuvo  conocimiento del anotado
accidente. Sin embargo, debe anotarse, que dicho accidente ocurrió el 25 de
julio de 2012, la elaboración del informe de la A.R.L. SURA, a la cual se
encontraba afiliado el accionante, se hizo el 15 de agosto de 2012, y el despido
del trabajador se produjo hasta el 17 de septiembre. Ello significa que el
tiempo transcurrió entre el reporte y el despido fue de un poco más de un mes,
y de casi dos meses desde el accidente laboral, tiempo suficiente para que el
empleador se hubiese informado sobre el mismo. Además, debe anotarse que luego
de la referida novedad laboral, el trabajador estuvo incapacitado, situación
que igualmente debió ser conocida por el empleador, por obvias razones, como la
referente al cruce de información entre la E.P.S y el empleador en tanto responsable
de los aportes a salud.
Por
estas razones, tras advertirse que hubo suficiente tiempo entre el momento en
que se realizó el informe del accidente laboral y el anotado despido, y
comprobado que la condición médica del actor venía evolucionando con las
complicaciones ya anotadas en los antecedentes de esta decisión, su desvinculación
sorpresiva supuso la vulneración de su derecho al mínimo vital, por cuanto perdió
su fuente de ingresos económicos. Esta decisión, igualmente generó en el actor la
violación de sus derechos a la seguridad social y a la salud, al ver truncada
su atención médica, así como la posibilidad de seguir recibiendo los
tratamientos para superar las lesiones causadas por el referido accidente de
trabajo. Además, debe anotarse que el accionante se encuentra en una situación
de extrema vulnerabilidad, por cuanto es una persona de 66 años de edad, al
límite de su edad productiva, que ahora con la limitación física que lo aqueja,
lo ubica en un panorama laboral muy complejo, pues le sería casi imposible acceder
a otro trabajo en su estado actual.
Recuerda la Sala, que tal y como se indicara en los antecedentes de
este caso y de los datos derivados de las pruebas aportadas, el señor Materón
Díaz debió acudir a su servicio médico, no solo para ser atendido luego del
accidente laboral, lo que supuso en su momento una incapacidad laboral de 8
días, sino que además, debido a las limitaciones de movilidad y el permanente
dolor ha recibido asistencia médica en reiteradas oportunidades, en las cuales se
le ha recomendado la restricción en su movilidad, evitar en lo posible las
escaleras, marchas prolongadas, y estar mucho tiempo de pie. Estas
consideraciones médicas, confirman plenamente que el accionante padece una discapacidad,
que en los términos de la especial protección constitucional esbozada por la
jurisprudencia aquí citada, lo hace beneficiario de la estabilidad laboral
reforzada, por estar probado que su situación de salud le impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin
que para impartir dicha especial protección se requiriera una previa
calificación que acredite su condición de discapacitado.[132] Es por ello, que la
jurisprudencia ha señalado que de probarse por el juez constitucional que la terminación del
vínculo laboral de un trabajador que ha sufrido una merma en su salud, se ha
producido sin la autorización de la
autoridad administrativa correspondiente, deberá presumir que la causa de dicha
desvinculación es, precisamente, esa desmejora de su salud. [133]
En consecuencia, se advierte que al momento de producirse por
parte de la empresa Acción Cauca S.A. la desvinculación laboral del señor
Materón Díaz, presuntamente bajo la consideración de que el Club Campestre los
Andes ya no requería sus servicios, supuso el desconocimiento de sus derechos fundamentales,
pues estaban dados todos los elementos que lo hacían beneficiario de una
protección laboral reforzada, motivo por el cual de haberse querido su desvinculación
en los términos de ley, debió contarse de manera previa con la autorización del
Inspector de Trabajo, lo cual no ocurrió en este caso.
Por lo anterior, esta Sala de Revisión, apoyada en la citada
jurisprudencia, puede concluir que la terminación del contrato laboral del
accionante obedeció a la condición médica y posterior restricción en la
actividad física del accionante, con lo cual se configura la vulneración del
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, constituyéndose en un trato
discriminatorio en razón a esa especial condición de vulnerabilidad.
Por lo anterior, se revocará el
fallo del 17 de abril de 2013, proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal
de Santander de Quilichao – Cauca, el cual denegó la tutela solicitada por el
señor Héctor Materón Díaz. En su lugar, se concede el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Héctor
Materón Díaz.
Para ello, se ordenará a la empresa Acción
del Cauca S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces
que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere efectuado,
reintegre al señor Héctor Materón Díaz, a
un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando al momento de su desvinculación, atendiendo
para ello, que éste sea compatible con
sus condiciones actuales de salud.
Ordenar igualmente a la empresa Acción del Cauca S.A.,
que proceda a efectuar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir por el señor Materón Díaz, desde el momento de su desvinculación
hasta su efectivo reintegro. De la misma manera, deberá la empresa accionada proceder
a realizar los aportes que por concepto de salud y pensiones dejó de hacer
durante todo el tiempo de su desvinculación.
Finalmente,
ordenar a la empresa Acción del Cauca S.A.que proceda a pagar al señor Materón
Díaz la indemnización equivalente a 180 días del salario, devengado al momento
en el cual se configuró el despido, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
3.1.2
Expediente T-3943747
En el caso, las pretensiones de la señora
María Ximena Reina Méndez se dirigen a lograr el reintegro al cargo de
administradora bajo la modalidad de un contrato de trabajo y a que se le
otorgue el pago de las prestaciones sociales a las cuales estima tener derecho,
en virtud de los servicios prestados al Conjunto Residencial Tarbes de San José.
Con fundamento en los criterios
jurisprudenciales expuestos, advierte esta Sala de Revisión, que la accionante
María Ximena Reina Méndez acordó prestar sus servicios al Conjunto Residencial
Tarbes de San José mediante un contrato de prestación de servicios, al cual por
regla general no le son aplicable las garantías y beneficios propios de una vinculación
de carácter laboral. Sin embargo, esta Corporación ha considerado, que sin
importar las formalidades bajo las cuales se establezca una relación laboral, incluso
si esta se enmarca en una forma
contractual de prestación de servicios, el trabajador podrá demandar por
la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de una
vinculación laboral, y reclamar la estabilidad laboral reforzada si demuestra
la concurrencia de los elementos de un contrato realidad (subordinación o
dependencia, prestación personal del servicio y contraprestación económica).
Además, el trabajador deberá igualmente probar
la conexidad entre su desvinculación y su condición de debilidad manifiesta
representada en su limitación, mental, síquica o física, lo cual supondría la configuración
de una conducta discriminatoria por parte de su empleador. En este supuesto, la
acción de tutela será procedente como mecanismo de protección excepcional. No
obstante lo anterior, la Sala de Revisión considera que en el presente caso, no se cumplieron los requisitos de procedencia excepcional
de la acción de tutela, por las razones que se explican a continuación.
Recuerda esta Corporación que la
Constitución Política contempla en su artículo 86 que la acción de tutela, es
un mecanismo judicial preferente y sumario que se caracteriza por su protección
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y por ser un
mecanismo al que se acude de manera subsidiaria[134], es
decir, que en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando
existiendo estos, la misma se tramite como mecanismo transitorio de defensa
judicial para evitar un perjuicio irremediable[135].
Así, esta característica esencial de la subsidiariedad busca evitar que
la acción de tutela sea utilizada como (i) un mecanismo judicial adicional
o paralelo[136] a los establecidos de manera previa por el Legislador[137], (ii) con el fin de solucionar los errores
cometidos por las partes, o para (iii) revivir aquellos términos
fenecidos a consecuencia de su propia incuria procesal[138].
En consideración a ello, se observa que la
subsidiariedad en cuanto requisito necesario para la procedencia de la acción
de tutela no se encuentra cumplido en el presente caso. En efecto, la
accionante, pretende hacer valer su condición médica, así como la discapacidad
de su esposo, como justificación válida para que el contrato de prestación de
servicios suscrito con el Conjunto Residencial Tarbes de San José no se dé por
terminado, alegando para ello que se está a ante una relación laboral, y porque
además, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales. Debe anotarse que el
Consejo de Administración del conjunto residencial para el cual prestaba sus
servicios la accionante, esgrimió razones concretas y puntuales que llevaron a
tomar la decisión de prescindir de los servicios de la accionante, ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. Si bien la actora
controvierte en parte lo afirmado por los demandados, la reclamación planteada
en el seno de esta acción de tutela, se limita a establecer un incumplimiento contractual,
cuya resolución es competencia del juez natural, en la jurisdicción ordinaria,
razón por la cual esta reclamación escapa por completo a la competencia del
juez constitucional.
De igual manera, la Sala de Revisión considera que la
señora Reina Méndez tampoco tiene vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social y a la salud, pues ha venido recibiendo la atención médica por
ella requerida, en razón a su vinculación al régimen contributivo en salud, en
calidad de beneficiaria de su esposo. Así mismo, no es de recibo su argumento
según el cual es madre cabeza de hogar, en razón a la discapacidad que afecta a
su esposo y le impide laborar, pues fue la misma accionante quien en escrito enviado
al consejo de administración, propuso que fuera su esposo quien la reemplazara
en el trámite y cumplimiento de algunas de las gestiones propias de su cargo, mientras
se reponía de su incapacidad médica. Lo anterior desvirtúa la alegada “incapacidad”
de su esposo para asumir alguna actividad productiva que reditúe en un ingreso
económico para su hogar, y por lo mismo deja sin sustento lo afirmado por la
actora en cuanto que ella es madre cabeza de hogar por ser la única proveedora
de recursos económicos para el sustento de su núcleo familiar.
En conclusión, a juicio de la Sala, el presente
asunto  escapa al conocimiento del juez constitucional, por cuanto el
ordenamiento jurídico tiene dispuesto para su definición otros medios judiciales
de defensa, como es que la señora Reina Méndez acuda a la jurisdicción
ordinaria, con apoyo en las pruebas pertinentes, para demostrar allí, si cumplió
o no las condiciones contractuales pactadas con el Conjunto Residencial aquí
demandado. Igualmente podrá acudir ante la jurisdicción laboral, si así lo
considera pertinente, para alegar la existencia de un contrato de carácter
laboral, y reclamar la protección laboral reforzada a que tendría derecho en
razón a su especial condición de vulnerabilidad, así como la garantía de sus
demás derechos que derivan de dicho vínculo laboral.
Así, la situación aquí planteada torna en
improcedente la acción extraordinaria, subsidiaria y residual de la tutela, de
acuerdo con la jurisprudencia reiterada sobre la materia, como correctamente lo
señaló el Tribunal de segunda instancia en el proceso de tutela.
De lo anterior se concluye adicionalmente,
que tampoco procede el amparo constitucional en forma transitoria, toda vez que
no se encuentra demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
amenace los derechos de la demandante, como tampoco su mínimo vital o el de su
familia, ni se trata de una persona de la tercera edad cuya vida en condiciones
dignas dependa del reclamo prestacional planteado.
Por lo tanto, se revocará el fallo de
fecha 16 de abril de 2013 proferido por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del
Circuito de Bogotá, el cual revocó el fallo proferido por el Juzgado Treinta y
Siete Penal Municipal de Bogotá en el que amparó los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora María Ximena
Reina Méndez, para en su lugar rechazar por improcedente, con sustento en las
razones expuestas en la presente sentencia.
3.1.3
Expediente T-3945650
En el presente caso, observa la Sala de Revisión, que en efecto,
tal y como consta en el formulario de “Recaudo Integrado de Seguridad Social y
Parafiscales” aportado por el señor Belisario Carvajal al proceso, es claro que
el consorcio Cajamarca Anaime lo tenía como trabajador suyo, pues para el 20 de
diciembre de 2012, fecha de pago registrado en el referido formulario, se
encontraba afiliado a la EPS Famisanar Cafam - Colsubsidio, al fondo de
pensiones Colpensiones, y a la Caja de Compensación Familiar “Cooperativa del
Sur del Tolima”. Este documento confirma que en efecto existía una relación de carácter
laboral, en la cual el referido consorcio era el empleador y no el señor Julio
Ernesto Aranaga, como se afirmó en la respuesta a esta acción de tutela.
Además, la novedad de retiro del accionante como empleado se dio el 9 de
febrero de 2013, es decir, casi un mes después de que el accionante presentará
durante el trabajo la dolencia lumbar, la cual con el correr de los días, y
cuando aún se encontraba vinculado laboralmente, permitió confirmar que padecía
de una grave afección en sus riñones, al punto que su riñón derecho ya no tenía
función renal alguna, y su extracción se hacia necesaria.
Así, confirmada la existencia de la referida relación laboral
entre el señor Carvajal y el Consorcio Cajamarca Anaime, y visto que la
enfermedad renal se hizo evidente antes del despido del accionante, considera
esta Sala de Revisión, que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales atrás
expuestos, los trabajadores que se
encuentran afectados en su salud tienen derecho al reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada sin importar el tipo de vínculo laboral adoptado
por las partes, aún cuando el trabajador no se encuentre al momento de su
despido, cobijado por alguna incapacidad médica. En efecto, recuerda esta Sala
de Revisión, tal y como se explicara en el primero de los casos resueltos en
esta providencia, al probarse que la
situación de salud del trabajador le impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de sus labores en las condiciones regulares, que se deberá impartir una
especial protección, sin que para ello se requiriera una previa calificación
que acredite su condición de discapacitado,[139] protección que se extenderá mientras el inspector o
autoridad competente no autorice su desvinculación.
En
esta medida, cuando al señor Carvajal le fue informada la terminación de su
contrato de trabajo, ya había tenido que acudir al servicio médico, el cual
procedió a la realización de varios exámenes médicos para diagnosticar su
enfermedad, así como su remisión a medicina especializada dada la complejidad
de la patología que lo aquejaba y que ya había alcanzado su diagnóstico pleno
el 17 de enero de 2013, es decir 23 días antes de su despido.
Aceptar
las condiciones en que se produjo su desvinculación supondría ratificar la
afectación de la cual viene siendo objeto respecto de sus derechos a la
seguridad social, a la salud y al mínimo vital, pues como ya se evidenció
dentro del expediente, se trata de una persona de 63 años a quien se le ha
suspendido el servicio médico, al cual no podría acceder tras no contar otro  ingreso,
que permita asumir esa atención por su cuenta. En consecuencia, la Sala
considera que el señor Carvajal tiene derecho a permanecer en su cargo hasta
tanto se configure una causal objetiva que extinga la relación laboral,
circunstancia que de todas formas debe ser verificada y autorizada por el
inspector del trabajo.
Visto lo anterior, la Sala de Revisión
procederá a revocar los fallos emitidos por el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Ibagué el día veintiuno de marzo de 2013 y por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Ibagué – Tolima el día 12 de abril de 2013, que negaron
el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Belisario
Carvajal.  En su lugar, se concederá por las razones y en los términos de esta
sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la
estabilidad laboral reforzada del señor Belisario Carvajal.
Para ello, se ordenará al Consorcio
Cajamarca Anaime por intermedio de su representante legal o quien haga sus
veces que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere efectuado,
reintegre al señor Belisario Carvajal, a
un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando al momento de su desvinculación,
atendiendo para ello, que éste sea
compatible con sus condiciones actuales de salud.
Ordenar igualmente al Consorcio Cajamarca Anaime, que proceda a efectuar el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir por el señor Belisario Carvajal, desde el momento
de su desvinculación hasta su efectivo reintegro. De la misma manera, deberá la
empresa accionada proceder a realizar los aportes que por concepto de salud y
pensiones dejó de hacer durante todo el tiempo de su desvinculación.
Finalmente,
ordenar al Consorcio
Cajamarca Anaime que proceda a pagar al
señor Materón Díaz la indemnización equivalente a 180 días del salario,
devengado al momento en el cual se configuró el despido, de conformidad con el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución:
RESUELVE
PRIMERO.- RESPECTO DEL EXPEDIENTE
T-3939598
REVOCAR el fallo de fecha 17 de abril de 2013, proferido por el
Juzgado Primero Penal Municipal de Santander de Quilichao – Cauca, el cual
denegó la tutela solicitada por el señor Héctor Materón Díaz. En su lugar, CONCEDER
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Héctor
Materón Díaz y, en consecuencia, ORDENAR
a la empresa Acción del Cauca S.A., por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere
efectuado, reintegre al señor Héctor Materón Díaz, a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía
desempeñando al momento de su
desvinculación, atendiendo para ello, que éste sea compatible con sus condiciones actuales de salud.
ORDENAR
igualmente a la empresa Acción del Cauca S.A., que proceda a efectuar el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor
Materón Díaz, desde el momento de su desvinculación hasta su efectivo
reintegro. De la misma manera, deberá la empresa accionada proceder a realizar
los aportes que por concepto de salud y pensiones dejó de hacer durante todo el
tiempo de su desvinculación.
Finalmente,
ordenar a la empresa Acción del Cauca S.A.que proceda a pagar al señor Materón
Díaz la indemnización equivalente a 180 días del salario, devengado al momento
en el cual se configuró el despido, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
SEGUNDO.- RESPECTO DEL EXPEDIENTE T-
3943747
REVOCAR el fallo de fecha 16 de abril de 2013 proferido por el
Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, el cual revocó el fallo
proferido por el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Bogotá en el que
amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada de la señora María Ximena Reina Méndez, para en su lugar RECHAZAR
POR IMPROCEDENTE, con sustento en las razones expuestas en la presente
sentencia.
TERCERO.- RESPECTO DEL EXPEDIENTE T-
3945650
REVOCAR los fallos emitidos por el Juzgado Sexto Civil Municipal
de Ibagué el día veintiuno de marzo de 2013 y por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Ibagué – Tolima el día 12 de abril de 2013, que negaron el amparo
de los derechos fundamentales invocados por el señor Belisario Carvajal. En su
lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de esta sentencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la estabilidad
laboral reforzada del señor Belisario Carvajal
y, en consecuencia, ORDENAR  al Consorcio Cajamarca Anaime por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, en el término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere efectuado, reintegre al señor Belisario
Carvajal, a un cargo de igual o superior
jerarquía al que venía desempeñando al momento de su desvinculación, atendiendo para ello, que éste sea compatible con sus condiciones actuales de salud.
ORDENAR
igualmente al Consorcio
Cajamarca Anaime, que proceda a efectuar
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el
señor Belisario Carvajal, desde el momento de su desvinculación hasta su
efectivo reintegro. De la misma manera, deberá la empresa accionada proceder a
realizar los aportes que por concepto de salud y pensiones dejó de hacer
durante todo el tiempo de su desvinculación.
Finalmente, ORDENAR al Consorcio Cajamarca Anaime que proceda a pagar al señor Materón Díaz la
indemnización equivalente a 180 días del salario, devengado al momento en el
cual se configuró el despido, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 25 y 26
del cuaderno principal.
[2] Ibíd. ff. 46 a 49 del cuaderno principal.
[3] Ibíd. ff. 38 a 40 del cuaderno principal.
[4] Ibíd. ff.
51 al 56 del cuaderno principal.
[5] Ibíd. f.
16 del cuaderno principal.
[6] Ibíd. ff.
14 y 15 del cuaderno principal.
[7] Ibíd. ff. 25
y 26 del cuaderno principal.
[8] Ibíd. f.
27 del cuaderno principal.
[9] Ibíd. ff.
17 y 18 del cuaderno principal.
[10] Ibíd.
f. 19 del cuaderno principal.
[11] Ibíd.
f. 13 del cuaderno principal.
[12] Ibíd.
f. 44 del cuaderno principal.
[13] Ibíd.
f. 28 del cuaderno principal.
[14] Ibíd.
f. 20 del cuaderno principal.
[15] Ibíd. f. 21 del
cuaderno principal.
[16] Ibíd. f. 29 del
cuaderno principal.
[17] Ibíd. f. 22 del
cuaderno principal.
[18] Ibíd. ff. 23 y 24
del cuaderno principal.
[19] Ibíd. f. 30 del
cuaderno número 1.
[20] Ibíd. f. 31 del
cuaderno número 1.
[21] Ibíd. f. 54 a 57 del cuaderno número 1.
[22] Ibíd. f. 75 del
cuaderno principal. Este folio corresponde a la certificación expedida el 1° de
junio de 2012 por la Alcaldesa Local de Usaquén, en el que certifica que el
Consejo de Administración del Conjunto Residencial Tarbes de San José Primera y
Segunda Etapa, mediante acta del 23 de abril de 2012, nombraron como
administradora y representante legal a la señora María Ximena Reina Méndez.
[23] folios 62 a 67 del cuaderno número 1.
[24] Folios 26 a 29 del cuaderno número 1.
[25] Ibíd. ff. 84 al
88 del cuaderno número 1.
[26] Así consta en la
comunicación realizada por la actora ante el Consejo de administración el día
de 23 de enero de 2013, folios 68 y 69 del cuaderno número 1.
[27] Ibíd. ff. 97 al
107 del cuaderno número 1.
[28] Ibíd. ff. 115 al
116. del cuaderno número 1.
[29] ff. 4 al 9 del cuaderno
número 2.
[30] Ibíd. 20 del
cuaderno número 2.
[31] Ibíd. f. 21 del cuaderno
número 2.
[32] Ibíd. f. 22 del
cuaderno número 2.
[33] Ibíd. ff. 4 al 9
del cuaderno número 2.
[34] Ibíd. ff. folios
23 y 24 del cuaderno número 2.
[35] Ibíd. ff. folios
23 y 24 del cuaderno número 2.
[36] Folios 65 al 67 del
cuaderno número 2.
[37] Folios 68 al 70 del
cuaderno número 2.
[38] Folio 75 del cuaderno
número 2.
[39] Folio 74 del cuaderno
número 2.
[40] Folios 76 al 86 del
cuaderno número 2.
[41] Folio 16 del cuaderno
número 1. Consta en la cédula de ciudadanía de la señora Reina Méndez nació el
4 de julio de 1980, por lo que al momento de interponer esta acción de tutela
contaba con 32 años de edad.
[42] folio 77 del cuaderno
número 1. Consta en la cédula de ciudadanía del señor Parra Saavedra esposo de
la accionante, que nació el 14 de julio de 1971, por lo que al momento de
interponer esta acción de tutela contaba con 41 años de edad.
[43] folio 78 del cuaderno
número 1.
[44] folio 79 del cuaderno
número 1.
[45] folios 54 a 61 del cuaderno número 1.
[46] folio 89 a 93 del cuaderno número 1.
[47] folio 75 del cuaderno
número 1.
[48] folios 63 y 64 del
cuaderno número 2.
[49] folio 58 y 59 del
cuaderno número 2.
[50] folio 57 del cuaderno
número 2.
[51] folios 70 a 72 del cuaderno número 1.
[52] folios 68 a 69 del cuaderno número 1.
[53] folio 17 y 18 del
cuaderno número 1.
[54] folio 19 del cuaderno
número 1.
[55] folio 76 del cuaderno número 1.
[56] folios 35 y 36 del
cuaderno número 2.
[57] folio 53 del cuaderno
número 2.
[58] folio 54 del cuaderno
número 2.
[59] folio 55 del cuaderno
número 2.
[60] folio 22 del cuaderno número 2.
[61] folios 41 al 48 del cuaderno número 2.
[62] folios 38 al 40 del
cuaderno número 2.
[63] folio 75 del cuaderno
número 2.
[64] folio 74 del cuaderno
número 2.
[65] folios 30 a 47 del cuaderno número 1.
[66] folios 48 a 53 del cuaderno número 1.
[67] folios 62 a 67 del cuaderno número 1.
[68] folio 23 del cuaderno
número 1.
[69] folio 24 del cuaderno
número 1.
[70] folios 26 a 29 del cuaderno número 1.
[71] folio 25 del cuaderno
número 1.
[72] folio 20 del cuaderno
número 2.
[73] folio 21 del cuaderno
número 2.
[74]
folios 68 al 70 del cuaderno número 2.
[75]
folio 20 del cuaderno número 1.
[76] A
folio 2 del cuaderno número 1, obra fotocopia de la cédula de ciudadanía del
señor Belisario Carnaval en la que se observa que nació el 28 de abril de 1949,
razón por la cual, para la fecha de interposición de esta acción de tutela (11
de marzo de 2013) contaba con 63 años de edad.
[77]
Folio 6 del cuaderno número 1.
[78]
Folios 39 al 56 del cuaderno número 1
[79] folios 74 a 80 del cuaderno número 1.
[80] folios 59 al 69 del
cuaderno número 1.
[81] folios 9 al 16 del
cuaderno de segunda instancia
[82] folio 16 del cuaderno
número 1.
[83] folio 19 del cuaderno
número 1.
[84] folio
17 del cuaderno número 1.
[85] folio
38 del cuaderno número 1.
[86] folios
21 a 22 del cuaderno número 1.
[87] folio
23 del cuaderno número 1.
[88] folio
24 del cuaderno número 1.
[89] folio
25 del cuaderno número 1.
[90] folio
20 del cuaderno número 1.
[91] folio
26 del cuaderno número 1.
[92] folio
27 del cuaderno número 1.
[93] folio
29 del cuaderno número 1.
[94]
folio 30 del cuaderno número 1.
[95] folio
18 del cuaderno número 1.
[96] folios
33 a 37 del cuaderno número 1.
[97] De conformidad con lo
regulado en la Ley 675 de 2011, Por medio de la cual se
expide el régimen de propiedad horizontal.
[98] Contenido el en
parágrafo 3º, del artículo 50, de la Ley 675/11.
[99] Ley 100 de 1993,
artículo 15, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones
[100] Folios 39 al 56 del
cuaderno principal
[101] Ver
Sentencias T-434 de 2008 y T-588 de 2009, entre otras
[102] Ver Sentencia T-768 de
2005.
[103] Ver Sentencia T-009 de 2008.
[104] Ver Sentencia T-009 de
2008
[105] Ver la sentencia T-309
de 2010, entre otras.
[106]
Sentencia T-198 de 2006.
[107]
Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición jurídica y derechos de
los migrantes indocumentados.
[108] “(…)
El estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos
laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de
nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en
perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre
particulares (empleador – trabajador). El estado no debe permitir que los
empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la
relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales (…)”.
[109] Sentencias
T-992 de 2008, T-886 de 2009, T-663 y T-019 de 2011.
[110] Sentencias
T-132 y T-663 de 2011.
[111] Ídem.
[112] Sentencias
T-519 de 2003, T-689 de 2004, T-530 de 2005, T-385 de 2006, T-1097 de 2008,
T-866 de 2009 y T-663 de 2011, entre otras.
[113] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se
dictan otras disposiciones”.
[114] Sentencia T-132
de 2011.
[115] Sentencia T-962
de 2008, T-263 de 2009 y T-132 de 2011, entre otras.
[116] Sentencia C-531 de 2000.
[117] Artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
[118] Sobre Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad.
[119] Sentencia T-198
de 2006.
[120] Ídem.
[121] Sentencia C-531
de 2000.
[122] Sentencias
T-132 y T-121 de 2001.
[123] Sentencias
T-065 de 2010, T-292 y T-663 de 2011.
[124] Sentencias
T-490 de 2010 y T-292 de 2011.
[125] Sentencia T-663
de 2011.
[126] Sentencia T-936
de 2009.
[127] Sentencias
T-663, T-132 de 2011 y el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
[128] Sentencias
T-936 de 2009 y T-663 de 2011.
[129]
Sentencia T-447 de 2013.
[130] Sentencias
T-504 de 2008 y T-663 de 2001.
[131] Sentencias
T-1040 de 2001 y T-663 de 2011.
[132] Ver
sentencia T-198 de 2006.
[133] Sentencias
T-936 de 2009 y T-663 de 2011.
[134] Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, T-648,
T-691, T-1089 de 2005, T-015 de 2006 y SU-913 de 2009
[135] Sobre la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan
relevantes las sentencias T–225 de 1993, T–1670 de 2000, SU–544 de 2001,
SU-1070 de 2003, y C-1225 de 2004 en las cuales se sentaron las primeras
directrices sobre la materia, las que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004.
y la sentencia T-827 de 2003.
[136] Sentencia C-543 de 1992.
[137]
Sentencia SU-622 de 2001.
[138] Sentencias C-543 de 1992, T-567 de 1998, T-511 de
2001, SU-622 de 2001 y  T-108 de 2003 entre otras.
[139] Ver
sentencia T-198 de 2006.