T-751-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-751/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO-Configuración
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que la configuración del defecto fáctico se presenta cuando la valoración
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva, esto es,
cuando el funcionario judicial (i) simplemente deja de valorar una prueba
determinante para la resolución del caso; (ii) cuando excluye sin razones
justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando (iii) la valoración
del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales.
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
Esta
Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del
juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela,
debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la
emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha puntualizado
que una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando: (i) la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la
autoridad judicial, (ii) el juez apoya su decisión en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó;
(iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva y, finalmente; (iv) la aplicación de la
norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es
inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o
irrazonable.
CONTRATO DE SEGUROS-Elementos esenciales/CONTRATO DE SEGUROS-Definición acogida por la
Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia pues el juez constitucional no puede
actuar como juez de conocimiento o apelación ordinario
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que Tribunal Superior tuvo en cuenta
diferencia entre tomador por cuenta propia y tomador por cuenta ajena en Póliza
de vida
CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA-Orden a Superintendencia Financiera para que estudie
la probable ocurrencia de prácticas inseguras en la suscripción de seguros de
vida
Referencia:
expediente T – 2927926
Acción de tutela instaurada por Sarimna Fierro contra el
Tribunal Superior de Bogotá y otros
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., seis (6) de octubre de dos mil once (2011).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados(a) Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el veinte (20)
de octubre de dos mil diez (2010), en primera instancia; y la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil
diez (2010), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
1. De los hechos y la demanda
Sarimna Fierro[1] interpone acción de
tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá[2]
, con vinculación oficiosa del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá y
Alico Colombia Seguros de Vida S.A. (antes AIG Colombia Seguros de Vida S.A.)[3],
por considerar que el Tribunal Superior de Bogotá vulneró sus derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la  administración de justicia.
A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda[4]:
1.1.
En la demanda de tutela se relata que el día veintitrés  (23) de noviembre de dos
mil cinco (2005) el señor Luis Alberto Herrera Cuitiva falleció a causa de
asfixia mecánica por estrangulación, con posterior lanzamiento al agua. Se
expresa que al momento del deceso el señor Herrera Cuitiva se encontraba
asegurado mediante contrato de seguro de accidentes personales instrumentado en
la póliza N°. 1039516, certificado 67047, expedida por la compañía AIG Colombia
Seguros de Vida S.A. el trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2005), en
donde como única beneficiaria de la misma figuraba la promotora del amparo,
quien además aduce ostentar la calidad de compañera permanente del causante.
1.2.
La peticionaria indica que en su calidad de beneficiaria de la póliza a que se
ha hecho referencia, formuló reclamación ante AIG Colombia Seguros de Vida
S.A., con el objeto de obtener la suma dineraria cubierta por dicho
instrumento. Manifiesta que la aseguradora negó el pago impetrado argumentado para
el efecto que el amparo de muerte del señor Herrera Cuitiva se encontraba
excluido, pues había ocurrido por actos mal intencionados de terceros,
situación no cubierta por la referida póliza.
1.3.
La accionante inició proceso ordinario contra AIG Colombia Seguros de Vida
S.A., con la pretensión de que se declarara a dicha entidad civil y
contractualmente responsable de pagar a la demandante la suma de ochenta
millones de pesos ($80.000.000) correspondientes al valor asegurado en la
referida póliza de accidentes personales, así como los intereses moratorios más
altos liquidados de conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Bancaria, desde el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil
cinco (2005) y hasta cuando se verificara el pago total de la obligación.
1.4.
El conocimiento en primera instancia del proceso ordinario formulado contra la
aseguradora estuvo a cargo del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá,
quien a través de sentencia del cinco (05) de diciembre de dos mil ocho (2008)
acogió las súplicas de la demanda y condenó a la entidad demandada a pagar a la
peticionaria la suma reclamada, más los intereses moratorios mensuales
liquidados sobre dicho importe, a la tasa bancaria corriente aumentada en una
mitad, desde el veintidós (22) de enero de dos mil seis (2006) y hasta que el
pago integral fuera satisfecho.
1.5.
AIG Seguros de Vida S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia del
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, el cual fue resuelto por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del diez (10)
de agosto de dos mil diez (2010), en el sentido de revocar la decisión apelada,
y en su lugar, declarar la inexistencia del contrato de seguro de vida que
sirvió de base a la condena de primera instancia.
1.6.
Al momento de proferirse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la
Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía Veinte (20) Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, continuaba realizando las
averiguaciones pertinentes, iniciadas con ocasión de la muerte del señor Luis
Alberto Herrera Cuitiva.
2.
Del proceso ordinario de Sarimna Fierro contra AIG Colombia Seguros de Vida
S.A.
Para
mejor proveer, a continuación se resumen algunas de las actuaciones más relevantes
del trámite ordinario que dio  origen a la decisión judicial que ahora se
cuestiona por vía constitucional:
2.1.-
Con fundamento en los hechos ya descritos (Supra 1.1 a 1.2), y persiguiendo la pretensión indicada con anterioridad (Supra 1.3), el seis
(06) de julio de dos mil seis (2006), por intermedio de apoderado judicial,
Sarimna Fierro presentó demanda ordinaria contra AIG Colombia Seguros de Vida
S.A. Entre las pruebas cuyo decreto y práctica se solicitó, se destacan los
testimonios de Rodolfo Restrepo Benavides y Ángela Salazar Roncancio, así como
el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada.
2.2.-
Por auto del catorce (14) de julio de dos mil seis (2006) el Juzgado Veintidós
Civil del Circuito de Bogotá admitió la demanda. Enterada del proceso iniciado
en su contra, la aseguradora se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló las siguientes excepciones: (i) genérica, con fundamento en los
artículos 305 y 306 del CPC; (ii) inexistencia de responsabilidad, en tanto la
muerte del asegurado ocurrió a consecuencia de actos malintencionados de
terceros, evento contemplado como exclusión de responsabilidad en la condición
segunda de la póliza de seguros y; (iii) falta de legitimación en la causa por
activa, en la medida que la accionante reclama el cobro del seguro invocando su
condición de compañera permanente.
Asimismo,
en su defensa la demandada pidió a la juez de la causa decretar y practicar
como pruebas los testimonios de José Manuel Herrera Cuitiva, Bertha Libia Ríos
Rodríguez y Rodolfo Restrepo Benavides, al igual que el interrogatorio de parte
de Sarimna Fierro.
2.3.
Por auto del treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006), el Juzgado de
conocimiento abrió el término legal de pruebas, y dispuso hora y fecha para
recaudar los testimonios y declaración de parte solicitada por los sujetos
procesales.
En
audiencia pública del primero (1°) de octubre de dos mil siete (2007) fue
recibida la declaración de parte surtida por Santiago Lozano Atuesta como
apoderado general de la demandada, a partir de las preguntas formuladas por el
extremo demandante en sobre cerrado. Del mismo modo, rindieron su testimonio
los testigos  Flor Ángela Salazar Roncancio y Rodolfo Restrepo Benavides.
Pasa
la Sala a citar algunos fragmentos de dichas declaraciones.[5]
2.3.1.
Declaración de parte de Santiago Lozano Atuesta  (apoderado general de AIG
Seguros de Vida S.A.)
El
representante judicial de la demandante preguntó al declarante sobre la
expedición de la póliza de accidentes personales por parte de AIG Seguros, la
calidad de tomador del seguro asumido por la empresa Gas Natural S.A.
E.S.P.[6], y la designación de
Sarimna Fierro como beneficiaria de la misma. El declarante indicó que AIG
Seguros de Vida S.A. libró la póliza, aceptó que Gas Natural S.A. actuó en
calidad de tomador de esta, y manifestó que la designación de Sarimna Fierro
como beneficiaria se realizó “vía telefónica” (fl. 85 Cdno 1.
ordinario).
Al
ser preguntado sobre la capacitación que la aseguradora brinda al personal
encargado de comercializar la póliza colectiva de accidentes personales
suscrita con Gas Natural para sus usuarios, el representante de AIG Seguros
indicó:
“A todos los asesores comerciales se les dictan
charlas sobre la naturaleza de esta póliza, preguntas que deben hacer al
asegurado y las ilustraciones que deben dar a los (…) clientes, en este proceso
obra la grabación telefónica que se equipara a una declaración de
asegurabilidad… || no recuerdo pero se les envía por correo las condiciones del
seguro adquirido, observo en el expediente que junto con la póliza que se me ha
puesto de presente hay una carta donde le están enviando al asegurado las
condiciones del seguro. De otro lado la compañía tiene una línea nacional
gratuita donde atiende cualquier inquietud”. (fl. 86 Cdno. 1 ordinario)
2.3.2.
Testimonio rendido por Flor Ángela Salazar Roncancio (amiga de Sarimna Fierro)
El
juzgado luego de ponerle en conocimiento los hechos por los cuales fue llamada
a declarar le solicitó a la testigo que narrara todo lo que supiera y le constara
en relación con los hechos objeto del proceso ordinario. En ese sentido, la
declarante indico:
“Contesto: Sarimna Fierro es mi amiga hace 10 años y
me dijo que me iban a citar acá para que dar fe de que ella era compañera del
señor Luis Alberto Herrera, yo ella la conozco hace 10 años y a Luis Alberto
Herrera lo conocí hacía 4 años, él era comerciante vendía ropa, eran compañeros
vivían juntos, él viajaba mucho por su trabajo, era comerciante, con él no tuve
cercanía y a él sí lo conocía y él le ayudaba mucho a ella. Preguntada por el
apoderado de la parte actora. Manifiéstele al despacho si tenía conocimiento
que el señor Herrera Cuitiva tenía contratado una póliza de accidente personales.
Contestó: no tenía ni idea. Preguntada: indíquele al despacho cual fue el último
día que vio al señor Herrera Cuitiva antes de su fallecimiento. Contestó: el
día que cumplió años Sarimna 26 de agosto de 2006 (…) Preguntada: indíquele al
despacho si la señora Sarimna Fierro era la única persona con quien convivía el
señor Herrera Cuitiva. Contestó: pues según tengo entendido no tenía otra
persona que conviviera, no supe si tenía otra mujer, no conocí otra persona”.
(fl. 88 Cdno. 1 ordinario)
2.3.3.
Testimonio rendido por Rodolfo Restrepo Benavides (residente del inmueble
desde el cual se contrató la póliza vía telefónica)
El
juzgado luego de ponerle en conocimiento los hechos por los cuales fue llamado
a declarar, le solicitó al testigo que narrara todo lo que supiera y le
constara en relación con los hechos objeto del proceso ordinario. En ese sentido,
el declarante indicó que: (i) conocía a Luis Alberto Herrera Cuitiva desde el
año 2000, (ii) el asegurado contrató la póliza desde el teléfono de su casa con
el fin de que la prima de la misma fuera pagada a través del recibo de cobro
del servicio de gas natural instalado en su residencia (la de Restrepo
Benavides), (iii) el valor de la prima ($13.500) sería abonado mensualmente a
un crédito que Restrepo Benavides adeudaba a Herrera Cuitiva, (iv) el difunto
se dedicaba regularmente al comercio de ropa y hacía pedidos por valor de uno o
dos millones de pesos, (v) desconocía el motivo por el cual el asegurado
efectúo la suscripción del contrato en su residencia. Al respecto señaló:
“Contestó: yo conozco al señor Luis Alberto Herrera
Cuitiva, desde el año 2000. El señor Luis Alberto Cuitiva sacó la póliza de
seguros en mi casa para que yo la pagara de unos intereses que yo tenía que
pagarle a él, y así descontábamos lo de la póliza. El aparte de eso él me
vendía a mí ropa, hacía pedido de un millón, de dos millones. Otras veces se
quedaba en mi taller. Preguntado por el apoderado de la parte actora.
Manifiéstele al despacho si usted tenía conocimiento de algún tipo de seguro
que tuviera el señor Herrera Cuitiva en caso afirmativo con qué compañía de
seguros. Contesto: sí yo sí sabía con la compañía AIG, por la compañía de gas él
me contó a mí. Preguntado: manifiéstele a esta audiencia las razones por las
cuales el señor Herrera Cuitiva contrató el seguro de accidentes personales a
través del recibo de gas perteneciente a la cometida del inmueble donde usted
reside. Contestó: el motivo nunca me dijo ni me explicó el motivo, él me dijo
que le hiciera el favor y yo le dije que bueno. Preguntado: indíquele al
despacho si usted conoce o conoció las razones por las cuales el señor Herrera
Cuitiva decidió contratar un seguro de accidentes personales. Contestó: es que él
hablaba muy poquito, no era muy hablador simplemente me dijo hágame el
favorcito y yo le dije no hay ningún problema”. (fl. 89 y 90 Cdno. 1 ordinario)
Adicionalmente,
señaló que (vi) conocía a Sarimna Fierro hace cinco (5) o seis (6) años, y se
enteró que aquella era la beneficiaria del seguro cuando la póliza llegó a su
casa, (vii) luego de verificado el deceso de Herrera Cuitiva entregó la póliza a
Sarimna Fierro, (viii) el asegurado le solicitó que guardara la póliza y por
eso nunca se la entregó a aquél, (ix) desconocía las zonas y clientes que
visitaba el señor Herrera Cuitiva porque “los compradores no les gusta que
uno se dé cuenta quien es el que le está comprando … porque ellos desconfían
que uno les vaya a vender más barato”, (x) tenía una relación de negocios
con Sarimna Fierro porque “ don Luis me tenía una letra de $2.500.000 a mí y
yo se la pagué a doña Sara”, (xi) el occiso le pidió “el favor de que si
podía sacar un seguro para que me lo cargaran a mi cuenta del servicio de gas
que porque le parecía muy barato, era económico, cuando él me contó que era tan
barato yo le dije que por qué no sacábamos otro para mí también, eso tan
barato”. Igualmente, el testigo indicó lo siguiente:
“Preguntado: sírvase indicar a este despacho si usted tiene
conocimiento de cómo se enteró el señor Herrera Cuitiva de este seguro de accidentes
personales. Contestó: yo creo que fue con unos volantes que venía con el recibo
de gas, porque él me lo mostró y si eso es verdad hágale. Preguntado: manifieste
a esta audiencia a quien le entregó usted la póliza de accidentes personales
cuando llegó a su domicilio. Contestó: yo le dije ve lucho ya llegó la póliza
que usted pidió. Y él me dijo déjemela ahí, pero no le vaya a comentar a
ninguno. Preguntado: indique a esta audiencia si en algún momento usted entregó
la póliza de accidentes personales al señor Luis Alberto Herrera Cuitiva o a la
señora Sarimna Fierro. Contestó: cuando la póliza llegó yo le hice saber a él y
también el recibo por que había que descontar los $13.500 que cobraban de la
póliza, después de la muerte de Luis Alberto Herrera Cuitiva le entregué la
póliza a doña Sarimna porque la beneficiaria era ella. (…)”. (fl. 89 y 90 Cdno.
1 ordinario)
En
audiencia pública del tres (3) de octubre de dos mil siete (2007) fue recibida
la declaración de parte surtida por Sarimna Fierro. Igualmente, prestó
declaración el testigo José Manuel Herrera Cuitiva. Pasa la Sala a citar
algunos fragmentos de dichas declaraciones.
2.3.4.
Declaración de parte de Sarimna Fierro (beneficiaria de la póliza)
Luego
de que la juez del proceso tomara el juramento de rigor a la deponente, el
apoderado judicial de la parte demandada procedió a interrogar a Sarimna
Fierro. Al respectó la declarante manifestó que (i) tenía treinta y cinco (35)
años de edad, (ii) convivió como compañera permanente durante cinco (5) años
con el asegurado bajo el mismo techo, (iii) no tenía claridad sobre la persona
que pagó la prima de la póliza, (iv) la dirección consignada en la póliza y en
el recibo de Gas Natural mediante el cual se cobraba la prima correspondía al
lugar de trabajo del asegurado y no al de la residencia de la pareja, (v) no
fue informada por Luis Alberto Herrera Cuitiva sobre la suscripción del seguro,
(vi) la grabación de la voz que se escucha designándola vía telefónica como
beneficiaria de la póliza, consignada en el disco compacto allegado al proceso
por el apoderado de la entidad demandada, corresponde a la de su compañero
permanente – no obstante indicó que la misma no se escuchaba de forma nítida-.
Asimismo, la declarante precisó lo siguiente:
“Preguntada 3: obra en el expediente el recibo de Gas
Natural y la póliza que le entregó AIG en la cual se consigna como dirección la
carrera (…), explíquele al juzgado el por qué la dirección diferente a la que
correspondía a su hogar. Contestó: porque esa era la dirección del sitio de
trabajo de él, Luis Alberto. Preguntada 4: dígale al despacho qué persona pagó
las facturas de gas natural y la prima que se cobró en ellas. Contestó: no sé,
creo que don Rodolfo, no sé el apellido, o Luis Alberto Herrera. (…) Preguntada
10: indíquele al juzgado cómo se enteró de la muerte de su compañero. Contestó:
don Rodolfo me avisó. Preguntada 11: indíquele al juzgado si al momento de
avisarle la fatal noticia don Rodolfo le indicó qué había pasado. Contesto: sí,
yo fui a buscarlo, porque llevaba días que no iba a la casa y don Rodolfo me
dijo que él había fallecido. Preguntada 12: recuerda usted la fecha en que don
Rodolfo le informó del fallecimiento de su compañero, y en caso afirmativo cuál
es ésta. Contestó: sí me acuerdo el 28 de noviembre de 2005. Preguntada 13: en
el certificado o constancia expedida por la fiscalía en que usted aportó a la
aseguradora se dice que la muerte de don Luis Alberto a asfixia mecánica por estrangulación,
dígale al juzgado si usted en alguna oportunidad ha ido a la fiscalía para que
se investigue este antecedente. Contestó: No. Preguntada 14: dígale al juzgado
si usted tiene conocimiento donde fue encontrado el cadáver del señor Herrera
Contestó. Sí, en el dictamen que me dio la fiscalía dice que fue encontrado
flotando sobre las aguas del río Tunjuelito. Preguntada 15: indíquele al
juzgado si usted vio u observó el cadáver de su esposo. Contestó: no.
Preguntada 16: dígale al juzgado desde qué fecha si es que lo recuerda, no
tenía noticias de don Luis Alberto. Contestó: no recuerdo bien si desde el 20 o
21 de noviembre”. (fl. 91- 92 Cdno. 1 ordinario)
2.3.5.
Testimonio de José Manuel Herrera Cuitiva (hermano del asegurado)
El
Juzgado luego de ponerle en conocimiento los hechos por los cuales fue llamado
a declarar le solicitó al testigo que narrara todo lo que supiera y le constara
en relación con los hechos objeto del proceso. En cuanto a ello, el testigo
indicó que: (i) era hermano de Luis Alberto Herrera Cuitiva, (ii) su hermano
vivía solo en tanto “no tenía ninguna compañera”, (iii) desconocía quién
era Sarimna Fierro, “ni mi hermano me comentó nada”, (iv) el occiso “no
tenía trabajo, se la pasaba en varias partes, está desempleado, era ayudante de
camión, de construcción, mecánica, lo que le saliera, por temporadas le salía
trabajo”, (v) su hermano no era comerciante de ropa, (vi) “[n]o tenía
conocimiento de la póliza de seguros, mi hermano me contaba todo pero nunca me
dijo eso”, (vii) la voz de la persona que figuraba suscribiendo vía
telefónica la póliza e identificándose como Luis Alberto Herrera Cuitiva en el
disco compacto aportado al proceso por AIG Colombia Seguros de Vida S.A., no
correspondía a la de su hermano, (viii) el trato con su hermano “era bien,
como buenos amigos. Y la íbamos bien, el cada nada nos visitaba y nosotros le
dábamos almuercito”. Seguidamente, el apoderado judicial de la demandante
realizó las siguientes preguntas al testigo:
“Preguntado por el apoderado de la parte demandante.
Manifieste al despacho con quien convivía su hermano Luis Alberto. Contestó: mi
hermano vivía solo en una pieza en un cuarto pequeño apenas le cabía la camita
y nada más. Preguntado: manifiéstele al despacho si usted conoce el nombre de
la propietaria del inmueble en el cual residía y en caso afirmativo cuál es.
Contestó: distingo la señora la dueña de la casa pero el nombre no me acuerdo.
Preguntado: manifieste al despacho si usted está en posibilidades de colaborar
en averiguar el nombre completo de dicha propietaria donde su hermano residía
como la dirección exacta de la misma para que la señora juez estudie la
posibilidad de citarla a rendir testimonio. Contestó: sí me comprometo a
conseguir la dirección y el nombre de la propietaria del inmueble. Preguntado: manifiéstele
al despacho cuándo fue la última vez que se vio con su hermano Luis Alberto.
Contestó: el 22 de noviembre de 2005 lo vi la última vez. (…). Preguntado: manifiéstele
al despacho si usted tuvo conocimiento de alguna relación sentimental con
alguna mujer y en caso afirmativo con quien. Contestó: yo que sepa mi hermano
no tenía novia. Preguntado: manifiéstele al despacho hasta qué grado de
instrucción académica tuvo su hermano. Contestó: tuvo hasta quinto de primaria.
Preguntado: manifiéstele al despacho si usted conoce el nombre de otras
personas y la dirección de las mismas que puedan en un momento dado rendir
testimonio de tener conocimiento el lugar y las condiciones en donde él residía.
Contestó: mi hermana María Angélica Herrera, ella le colaboraba a pagar el
arriendo a él. (…)”. (fl. 94 Cdno. 1 ordinario)
Posteriormente,
el apoderado de la parte demandante puso en conocimiento del deponente algunos
de los dichos del señor Benavides y lo cuestionó sobre los mismos a lo que este
último respondió:
“Ese señor Rodolfo Restrepo no le sabía el nombre sino
hasta hoy en esta audiencia, que el señor el día que mi hermano murió con mi
hermana y yo pasamos a buscarlo en una sastrería a preguntarlo cuando no lo
encontramos y le preguntamos al señor que si lo había visto por ahí. Y nos dijo
que no que él estuvo esa noche por ahí, que mi hermano se la pasaba ahí tomando
en esa sastrería, por eso nosotros lo preguntamos ahí. De lo del taxi sí es
falso. Preguntado: manifiéstele al despacho por qué razón fue usted y su
hermana a preguntar por su hermano a dicha dirección donde afirma usted queda
una sastrería. Contestó: porque mi hermano se la pasaba ahí al pie de la puerta
sentado tomando, él se la pasaba ahí tomando diariamente”. (fl. 95 Cdno. 1
ordinario)
Nuevamente
el apoderado judicial de la accionante enseñó al declarante algunos de los
dichos del señor Benavides y lo cuestionó sobre los mismos. El declarante
frente a ello manifestó:
“Lo de la póliza mi hermano no me comentó, no sabía
nada de eso y lo de la plata mi hermano no tenía plata de donde haber sacado
para prestar dos millones, no tenía esa plata, por que como le comento mi
hermana le ayudaba para pagar el arriendo. Eso es mentira lo que comentan que
el vendía ropa y compraba, él se dedicaba como le comento, trabajaba de ayudante
de camión, en construcción, mecánica o mensajero, lo que le saliera.
Preguntado. Manifiéstele al despacho si usted ha presentado alguna petición
verbal o escrita a la fiscalía que adelanta la investigación por el
fallecimiento de don Luis Alberto para que agilicen tal investigación.
Contestó: la otra vez venimos con mi hermana a averiguar lo de mi hermano a
preguntar al investigador y no sabemos nada sobre el caso todavía, necesitamos
averiguar”. (fl. 95 Cdno. 1 ordinario)
2.4.-
Por medio de memorial radicado en la secretaría del juzgado el cuatro (4) de
octubre de dos mil siete (2007), el representante judicial de la parte
demandante solicitó a la titular del despacho que “estudie la posibilidad de
dar aplicación a la facultad oficiosa que la Ley le confiere en los artículos 37,
numeral 4°, 179 y 180 del estatuto procesal civil, para que sean decretadas y
practicadas las pruebas testimoniales de las personas referidas por el hermano
del occiso y las que él a través del apoderado de la pasiva allegará con
nombres y direcciones como así quedó comprometido en su testimonio, con el
ánimo [de] establecer la verdad y aclarar las inconsistencias
encontradas” (fl. 99 Cdno. 1 ordinario).
El
anterior memorial fue coadyuvado por el apoderado judicial del extremo
demandado, quien en solicitud del mismo día pidió el testimonio de María
Angélica Herrera Cuitiva, persona que a juicio del interviniente “como
hermana del asegurado fallecido, deberá declarar si la demandante convivía con
su hermano, reconocerá la voz del asegurado y rendirá su versión sobre las
contradicciones e inconsistencias que se encuentran en el proceso (…).
|| De la señora Lila, (…) quien le tenía arrendada una habitación al
asegurado, según versión que obra en el expediente…” (fl. 97 cdno. 1
ordinario).
2.5.
A través de auto del diecinueve (19) de octubre de dos mil siete (2007) el
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá se abstuvo de acceder a la solicitud
de las partes, argumentando para el efecto que “[d]e conformidad con
lo establecido en el artículo 183 del C.P.C. las pruebas deberá[n]
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello” (fl. 100 Cdno. 1 ordinario). Las partes
presentaron recurso de reposición contra la decisión de la juez de
conocimiento, la cual al resolver la petición mantuvo en firme el auto
recurrido.
2.6.
Mediante sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil ocho (2008) la juez de
conocimiento declaró infundadas las excepciones de mérito propuestas por la
aseguradora, y acogió las pretensiones de la demanda. En ese sentido, condenó a
la demandada a pagarle a la demandante la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000),
más intereses moratorios mensuales liquidados sobre dicho importe, a la tasa
bancaria corriente certificada, aumentada en una mitad, desde el veintidós (22)
de enero de dos mil seis (2006) y hasta que el pago integral fuera solucionado.
Sobre
el punto de controversia en esta acción de tutela, es decir, la existencia del
contrato de seguro, la juez indicó lo siguiente:
“La existencia del contrato de seguro.
El contrato de seguro es posible probar “por escrito o por confesión”,
conforme lo expresa el artículo 1046 del código de comercio (a. 3°, L.389/97);
en el presente caso su prueba se ha establecido a través del certificado No.
67047 visto al folio 4 del expediente, lo mismo que por confesión proveniente
de la aseguradora, al darle respuesta al punto 2° de los hechos de la demanda;
en principio, la existencia aquí del contrato de seguro a que se refiere el
libelo fundamental es una cuestión que no admite réplica; sin embargo, como al
final de la instrucción de la litis la demandada cuestiona su real existencia
al plantear una aparente situación de duda respecto a la intervención del
asegurado Herrera Cuitiva relativa a la incertidumbre de si fue él, “quien
solicitó y concertó el seguro”, concluyéndose cómo es que “resulta
evidente su inexistencia” (alegato de conclusión, hoja 6, #3.3), en
respaldo de la cual, “ante las serias dudas que tiene este litigio, y la
alta probabilidad de que se esté perpetrando un fraude, resulta trascendental
(…) -ordenar- la práctica de pruebas adicionales (…)” (ib. #4), se hace
necesario pertinente examen de esa situación. Veamos:
La circunstancia que pone en discusión la demandada,
que le habilita para razonar sobre la posible gestación de fraude dentro del
proceso de que se trata, se fundamenta en el hecho de haberse encontrado
ciertas contradicciones resultantes de lo dicho por la demandante y los
terceros Rodolfo Restrepo Benavides y Manuel Herrera Cuitiva, con relación al
contenido oral del CD involucrado en esta litis, respecto de lo cual el
declarante hermano del asegurado fallecido afirmara no aparecer allá la voz del
hermano; esto es, la duda respecto “a inferir que no fue el asegurado
Herrera Cuitiva quien solicitó y concertó el seguro” se respalda en que la
identidad de la persona que interviniera en la concertación del seguro no está
determinada en autos; en estas circunstancias se requiere establecer en qué
forma se llegó a la creación del contrato de seguros en discusión.
Por descontado se tiene que las partes intervinientes
en contratos de tal naturaleza son, según lo reza el artículo 1037 de la citada
codificación comercial: “1. El asegurador, o esa la persona jurídica que
asume los riesgos (…) y 2. El tomador, o sea la persona que obrando por cuenta
propia o ajena, traslada los riesgos”, tal como aparece en el certificado
No. 67047 (f. 4), correspondiente a la póliza de accidentes personales No.
1039516, el tomador, esto es, la persona contratante del seguro, lo es “Gas
Natural S.A. E.S.P.”; en principio, por lo tanto, la persona que contratara el
seguro discutido en autos, a favor del asegurado Luis Alberto Herrera Cuitiva,
resulta ser dicha empresa de servicio público, dado que aquel mencionado
certificado no expresa nada diferente, ni ha sido probado lo contrario; así,
entonces, queda desvirtuada la duda que sobre el particular refiere la
demandada en su alegación de conclusión, por cuanto demostrado con suficiencia
está en autos que fue “Gas Natural S.A. E.S.P.” “quien solicitó y concertó
el seguro”, quedando establecido así que cuestión irrelevante es aquella
que atañe con la voz del asegurado Herrera Cuitiva contenida en el aludido CD,
como quiera que para los positivos efectos contractuales no se requiere que sea
de él, resultando indiferente que lo sea de cualquier otra persona.
Estableciéndose de esta manera la legitimidad del
contrato de seguro, conocida la persona de su contratante, y la del asegurado,
y por supuesto, la del asegurador, en verdad no se requiere prueba adicional de
ninguna índole, como que tampoco se vislumbra intento de fraude”. (fl. 155
Cdno. 1 ordinario)
2.7.
La aseguradora presentó recurso de apelación frente a la sentencia de primera
instancia. Por auto del trece (13) de febrero de dos mil nueve (2009) la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá admitió la apelación en el efecto suspensivo.
2.8.
Con respaldo en los numerales 1° y 3° del artículo 361 del C.P.C., la parte
demandada solicitó el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia. En
ese sentido, insistió en el recaudo de los testimonios de la hermana de Luis Alberto
Herrera Cuitiva y de la arrendataria de la habitación donde presuntamente
habitaba el asegurado; igualmente, solicitó como prueba trasladada la copia
auténtica del expediente contentivo de la investigación que se adelantaba en la
Fiscalía General de la Nación por la muerte de Herrera Cuitiva.
A
su turno, el representante judicial de la demandante impetró igualmente el
decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, en particular, solicitó la
ampliación de los testimonios de Rodolfo Restrepo Benavides y José Manuel
Herrera Cuitiva; la recepción de los testimonios de William Martínez Trujillo,
Luis Carlos Tangarife Vargas y Pedro José Herrera, personas que según relató el
interviniente, podían dar fe de las relaciones comerciales presuntamente
desarrolladas por Luis Alberto Herrera Cuitiva.
Adicionalmente,
indicó que el declarante Rodolfo Restrepo Benavides lo llamó para informarle
que “el hermano del hoy obitado, señor José Manuel Herrera Cuitiva, lo había
visitado a proponerle que si le daba dinero le podía ayudar en la reclamación
que se estaba adelantando ante la compañía de seguros, ya que de lo contrario,
procedería a perjudicar dicho proceso donde él ya había declarado, a lo cual
simplemente le respondí que lo denunciara ante la Fiscalía, porque no veía otro
camino legal a hacer, de cuya situación enteré oportunamente y en forma
telefónica al ilustre apoderado de la pasiva, dejando la situación en ese
estado y sin volverme a percatar de qué había sucedido al respecto ”.
A lo anterior agrega que luego de proferida la sentencia de primera instancia
se comunicó con Restrepo Benavides quien le “confirmó que él sí había
presentado la denuncia contra el hermano del hoy occiso y que a su vez había
llegado un telegrama de la Fiscalía que conoció de dicho caso, enterándolo del
archivo provisional”[7]. (fl. 9 Cdno. 2
ordinario)
Al
resolver el pedimento de la parte demandada, el Tribunal por auto del ocho (8)
de mayo de dos mil nueve (2009) negó el decreto de los testimonios reclamados,
por considerar que la petición no encuadraba en los eventos previstos en los
numerales 1° y 3° del artículo 361 del C.P.C., pues dichos testimonios, de una
parte, no eran los mismos solicitados por la parte demandante y, de otra, no
pretendían la discusión de hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, sino para cuestionar afirmaciones
hechas por un declarante. Esta decisión fue objeto de súplica, la cual fue
desestimada por el Tribunal mediante auto del dos (2) de junio de dos mil nueve
(2009).
En
cuanto a la solicitud de prueba trasladada, la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá accedió a su decreto y ordenó a la Fiscalía General de la Nación el
envío en copia autentica del expediente referido. En auto independiente del
ocho (8) de mayo de dos mil nueve (2009), el Tribunal se abstuvo de
pronunciarse sobre lo pedido por la parte demandante, al considerar dicha
solicitud extemporánea.
2.9.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá decidió de fondo la apelación
propuesta, mediante sentencia del diez (10) de agosto de dos mil diez (2010). En
esa dirección, revocó la decisión del a quo y declaró, en su lugar, la
inexistencia del contrato de seguro base de la acción.
En
sustento de su decisión, el Tribunal argumentó que el artículo 898 del Código
de Comercio señala que un negocio jurídico será inexistente cuando haya sido
celebrado sin la observancia de alguno de los elementos esenciales.
Seguidamente, indicó que el artículo 1045 del estatuto comercial consagra como
elementos esenciales del contrato de seguro: (i) el interés asegurable; (ii) el
riesgo asegurable; (iii) la prima o precio del seguro y; (iv) la obligación
condicional del asegurador.
Acudiendo
a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior expuso
el concepto de interés asegurable en el ámbito del seguro de vida, en
los siguientes términos:
“Sobre el primero de los anotados elementos, la
jurisprudencia en tratándose del seguro de vida ha dicho que en este tipo de
contratos “(…) toda persona tiene interés asegurable en su propia vida (art.
1137, num. 1°, C de Co.), “en la de las personas a quienes legalmente pueda
reclamar alimentos” (num. 2°) y “en la de aquellas cuya muerte o incapacidad
puedan aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una
evaluación cierta” (num. 3°), hipótesis en las cuales no es necesario el
asentimiento del asegurado que se encuentre en tales condiciones. Pero si se
quiere asegurar mediante un seguro individual la vida de una persona que no es
actualmente –o en potencia- alimentante del tomador, o cuyo fallecimiento o
discapacidad resultan intrascendentes en la esfera patrimonial de aquel, para
que el seguro pueda tomarse, es indispensable que ese tercero exprese su
voluntad por escrito, no sólo para habilitar el seguro, sino también el monto
de la suma asegurada y el de los beneficiarios (inc. 2°, art. 1137, ib.)”[8].”.
Luego
de fundadas las premisas normativas de su decisión, el Tribunal Superior de
Bogotá analizó el acervo probatorio obrante en el expediente y concluyó que no
se demostró que Gas Natural S.A., como pretendido tomador de la póliza,
tuviere, por un lado, interés asegurable respecto de la vida de Luis Alberto Herrera
Cuitiva o, de otro, facultad para contratar en nombre de aquél. Asimismo,
puntualizó (i) que la póliza allegada al proceso no permitía acreditar que la
empresa de servicios públicos estuviera apoderada para adquirir a título de “tomador”
el seguro sobre la vida de Herrera Cuitiva, “debido a la ausencia de un
interés legítimo con efectos vinculantes respecto de una situación patrimonial
propiamente dicha” y; (ii) que al margen de la veracidad de la mentada “declaración
de asegurabilidad” contenida en la grabación allegada al expediente, la
misma en todo caso sería inconducente a efectos de demostrar el otorgamiento de
asentimiento de asegurabilidad, por no reunir los presupuestos consagrados en
el artículo 1137 del estatuto mercantil, en especial el consentimiento escrito
del asegurado.
Todo
lo anterior condujo al Tribunal accionado a concluir que el contrato de seguro
de accidentes personales a que se refiere la póliza 1039516 y el certificado
67047, invocados como base de la acción promovida por Sarimna Fierro contra AIG
Seguros de Vida, devenía inexistente. Al respecto señaló:
“Resultando, entonces, que esa relación de carácter
económico que se predica del anotado elemento denominado “interés
asegurable”, (…) es el presupuesto esencial que no se tuvo en cuenta en el
momento de la celebración del contrato base de la presente litis, pues los
medios probatorios no permiten inferir que en ese entonces Gas Natural SA.
E.S.P. estuviera respaldada por las presunciones singulares consagradas en el
artículo 1137 del estatuto mercantil, en especial aquella encaminada a señalar
que la muerte del asegurado pudiera aparejarle un perjuicio económico, o la
concerniente al hecho de existir el asentimiento escrito del tercero asegurado,
para proceder a contratar el seguro sobre la vida del señor Luis Alberto
Herrera Cuitiva, siendo equivocado el razonamiento del a quo al
considerar “irrelevante” la existencia del consentimiento de éste último.
En consecuencia, atendiendo la ausencia de uno de los
elementos esenciales del contrato base de la responsabilidad relacionada con el
cumplimiento de la obligación condicional a cargo de la compañía de seguros, se
impone colegir su inexistencia, siendo por demás inconducentes los testimonios
de Rodolfo Restrepo Benavides, Flor Ángela Salazar Roncancio (folio 88 a 90) y la restante prueba documental, relativas a las copias allegadas por la Fiscalía que
informan sobre la investigación adelantada por el delito de homicidio del
asegurado, para considerar lo contrario”.
2.10.
En consecuencia, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá
declaró la inexistencia del contrato de seguro de vida base de la acción
ordinaria promovida por Sarimna Fierro, negó las pretensiones de la demanda, y
condenó en costas de ambas instancias a la parte demandante. La sentencia
dictada en segunda instancia se notificó a las partes por edicto fijado el
diecisiete (17) de agosto de dos mil diez (2010), por el término de tres (3)
días,  de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.
3.
Cargos formulados contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá
3.1.
La demandante sostiene que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al
dictar sentencia de segunda instancia en el proceso por ella promovido contra
AIG Colombia Seguros de Vida S.A., entendió que el contrato de seguro de vida,
base de la acción ordinaria, era inexistente “por cuanto faltó uno de los
elementos esenciales cual era el interés por parte de la empresa tomadora “Gas
Natural S.A. ESP”, además del consentimiento por parte del asegurado, a las
voces del artículo 1137 del C. Co”. Bajo tal premisa, la accionante
confecciona su cargo bajo la modalidad de defecto fáctico, en los
siguientes términos:
“No se detuvo el Tribunal en el análisis de la
naturaleza de colectivo del contrato de seguro de vida representado en la
póliza No. 1039516, circunstancia que hacía innecesario el consentimiento del
asegurado, pues bien lo preceptúa el inciso segundo del artículo 1137 del C.
CO., cuando preceptúa: “En los seguros individuales sobre la vida de un
tercero, se requiere el consentimiento escrito del asegurado, con indicación
del valor del seguro y del nombre del beneficiario. (…)”.
En segundo lugar, no se advirtió por parte del
Tribunal que no era necesario auscultar en el interés asegurable en cabeza del
tomador, pues aquella empresa no es en términos de seguros un “tomador”
sino un simple intermediario comercial, mediante el cual se coloca en el
mercado el seguro de vida, teniendo como base la plataforma informativa de los
usuarios que maneja la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.
Al no ser la empresa “Gas Natural S.A.”, el tomador de seguro, no puede
predicársele la existencia o falta de interés en la relación aseguraticia.
Al descartarse que la empresa “Gas Natural S.A.
E.S.P.”, oficiara como tomadora del contrato de seguro de vida, palmario
resultaba que el seguro contratado lo fue sobre la propia vida del asegurado,
es decir, naturalística  y jurídicamente, es un contrato de seguro por cuenta
propia, condición que impedía socorrer el consentimiento escrito del asegurado,
pues aparece claro en el proceso que la grabación que hace las veces de
declaración, contiene la voz del asegurado señor Luis Alberto Herrera Cuitiva
(…).
Tenemos en conclusión que los contratos de seguros de
vida, agenciados a través de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
debido a su cobertura, son arquetípicamente seguros de vida en nombre propio,
pues es el asegurado quien extiende su anuencia para asegurar su propia vida.
Pensar lo contrario, es decir, que los seguros de vida canalizados a través de
las empresas de servicios públicos, carecen de efecto legal por cuanto en ellos
no aparece el interés de la empresa, es admitir que todos los seguros de vida
tomados bajo esa modalidad son inexistentes, lo que implicaría una burla al
verdadero interés de las personas indicadas en los numerales 1 y 2 del artículo
1137 del C. Co. y con tal yerro darle vía libre a que las aseguradoras abusen
más de lo que abusan de su posición dominante, objetando las reclamaciones que
les presenten en tales contratos de seguro, basándose en tan errada
jurisprudencia.
(….)
En el presente caso se cometió el equívoco de
equiparar el interés en el seguro de vida, con el carácter resarcitorio del
mismo. Por tanto, no resulta acertado indicar que en los contratos de seguro de
vida por cuenta de un tercero, deba existir indefectiblemente un carácter
resarcitorio o de compensación por la ocurrencia del siniestro, que pueda
confundirse con el interés asegurable”.
3.1.
La Sala, interpretando la demanda, entiende que la accionante denuncia la
ocurrencia de un defecto fáctico apoyada en las siguientes razones: el
Tribunal Superior de Bogotá no advirtió que a partir del acervo probatorio obrante
en el expediente se demostraba que (i) la empresa Gas Natural S.A no concurrió
al contrato de seguro en calidad de tomador sino como intermediario y,
(ii) la póliza convenida se suscribió por cuenta propia.
El
anterior yerro condujo al Tribunal a incurrir en un defecto sustantivo
por las siguientes razones: (iv) dio trámite a una norma inaplicable, dándole,
además, un alcance que no tenía. Así, (iv.a) el artículo 1137 del C. Co. no resulta
aplicable respecto de Gas Natural S.A. porque el contrato base de la acción
ordinaria era de naturaleza colectiva y por cuenta propia, esto último
en tanto la mencionada empresa no tenía la calidad de tomador de la póliza y;
(ii.b) le dio un alcance irrazonable al artículo 1137 del C. Co., pues dicha
norma solo exige la autorización por escrito del asegurado en aquellos
contratos de naturaleza individual suscritos sobre la vida de un tercero, más
no en los colectivos.
3.2.
Con fundamento en los hechos y fundamentos jurídicos descritos, en la demanda
de tutela se solicita, en síntesis, se conceda el amparo constitucional de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, (i) se deje sin valor y
efecto la sentencia de segunda instancia proferida el diez (10) de agosto de
dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso
ordinario de Sarimna Fierro contra la sociedad AIG Colombia Seguros de Vida
S.A. y; (ii) se deje en firme la sentencia de primer grado dictada el cinco
(05) de diciembre de dos mil ocho (2008) por el Juzgado Veintidós Civil del
Circuito de Bogotá, dentro de la misma causa.
4.
Intervenciones en primera instancia
4.1. Por auto del siete (7) de octubre de dos mil diez
(2010) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia avocó
conocimiento de la acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá,
vinculó al trámite a la sociedad AIG Colombia Seguros de Vida S.A, al Juzgado Veintidós
Civil del Circuito de Bogotá y al apoderado judicial de la accionante en el
proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia ahora impugnada por vía
constitucional, y dispuso su notificación con el objeto de que efectuaran los
descargos que a bien tuvieran sobre los hechos, consideraciones y pretensiones
elevadas en la demanda de tutela.
4.2. AIG Colombia Seguros de Vida S.A., el Tribunal
Superior de Bogotá y el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, dejaron
transcurrir en silencio el término de traslado de la demanda.
4.3. A su turno, el apoderado judicial de la
demandante en el proceso ordinario, presentó escrito ante la Corte Suprema de
Justicia, acogiendo los argumentos expuestos en la demanda de tutela,
reiterando los expresados ante los jueces ordinarios, y añadiendo los
siguientes:
4.3.1. El Tribunal Superior de Bogotá cometió un grave
yerro en la interpretación del interés asegurable respecto a los seguros de
vida grupo, confundiéndolo con el interés asegurable en los seguros de vida
individual o seguros de vida grupo deudores, que difieren sustancialmente.
4.3.2. Diferentes empresas, entre ellas Gas Natural
S.A. E.S.P., están conformando pólizas grupo vida “que finalmente no son
colectivas sino agrupadoras que son muy diferentes, pues para que sean
verdaderas colectivas tiene que ineludiblemente existir un interés diferente
entre tomador y el asegurado a solo contratar el seguro, (…) donde tales
entidades que actúan en calidad de tomadoras del contrato de seguro tienen un
solo interés, cual es, la comercialización en masa de dicho producto a cambio
de una retribución que les da la compañía de seguros”.
4.3.3. Más adelante, el interviniente señala, “jamás
existirá en tales casos un interés asegurable entre el banco, la empresa de
energía de Cundinamarca, Codensa, Gas Natural etc, y el bien asegurado, que
para el caso de marras es la vida de quien funge como asegurado, que ninguna de
ellas se verá afectada en su patrimonio bajo ningún punto de vista, porque uno
de tales asegurados sufrió un accidente y quedó incapacitado total y
permanentemente o falleció o uno de tales vehículos asegurados sufrió un
accidente y afectó alguno de los amparos de pérdida parcial o total por daños o
hurto, entre otros, porque repito hasta la saciedad, entre el tomador del
seguro no existe un interés diferente a la facilidad en contratar dicho seguro
con pago mensual y a un costo más económico que una póliza individual, pero jamás
entre ellos un interés asegurable desde su verdadera concepción técnica y
jurídica”.
4.3.4. Finalmente, el interviniente reitera que a su
juicio el Tribunal incurrió en una vulneración iusfundamental “al haber
interpretado erróneamente la norma y por ende no estar acorde con la realidad y
avance jurídico en dicho tema, donde el tomador del contrato dejó de tener la
verdadera calidad e identidad jurídica, sino se convirtió en un simple canal de
distribución de seguros a cambio de una interesante comisión, donde jamás
existirá interés asegurable alguno, como lamentablemente y equivocadamente lo
pretendió el (…) Tribunal…”. (fl. 98 Cdno. 1)
5. Del fallo de primera instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010),
negó el amparo constitucional impetrado.
A juicio de la Sala de Casación Civil, el Tribunal
Superior accionado no incurrió en la vulneración iusfundamental invocada pues, “se
sustentó en argumentos de carácter legal que, aunque la Sala, en campo
estrictamente legal, pudiera no compartir en su integridad, de ninguna manera
pueden ser calificados como claramente opuestos a la razón o provenientes de un
proceder subjetivo o derivados del simple capricho o arbitrariedad, lo que
descarta, entonces, la posibilidad de explorarlos en el campo de la acción de
tutela, dado que no se trata de una actividad ilegítima que ciertamente se
oponga de manera evidente al ordenamiento jurídico”.
6. Impugnación
La
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos
esgrimidos en la demanda de tutela, y haciendo suyos los narrados por su
apoderado judicial en la intervención que este efectuó ante el a quo.
7.
Del fallo de segunda instancia
Mediante sentencia del veintitrés (23) de noviembre de
dos mil diez (2010), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión de primera instancia. Al abordar el estudio del
asunto concreto el juez constitucional de segundo grado concluyó que el
Tribunal demandando no vulneró los derechos constitucionales invocados por la
demandante, pues “la valoración que hizo el Tribunal de los hechos y las
pruebas allegadas al proceso, lo llevó a concluir sobre la inexistencia del
contrato de seguro de vida a que se refiere la póliza No. 1039516, expedida por
la Compañía AIG Seguros de vida S.A.; en un ejercicio interpretativo que surge
razonable, alejado de toda arbitrariedad”.
8.
Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional
El magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas
por considerarlas útiles, y por ende necesarias para resolver de fondo. En ese
sentido, requirió al Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá para que
remitiera en calidad de préstamo el expediente contentivo del proceso ordinario
de Sarimna Fierro contra AIG Colombia Seguros de Vida S.A., radicado bajo el número
2006-314 de ese Despacho.
En acatamiento a lo ordenado por la Corte, el Juzgado
Veintidós Civil del Circuito de Bogotá remitió en término el expediente
solicitado.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de treinta
y uno (31) de enero de dos mil once (2011), expedido por la Sala de
Selección Número Uno (1) de esta Corporación.
2.
Problema jurídico planteado
2.1.
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a
la Sala Novena de Revisión establecer si la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de Sarimna Fierro, al dictar sentencia de
segunda instancia en el proceso ordinario por ella iniciado en contra de AIG Colombia
Seguros de Vida S.A.
2.2.
En ese sentido, la Sala deberá determinar, en un primer momento, si en el caso
concreto se cumplen los presupuestos formales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, de suplirse dicha etapa judicial,
comprobará si el Tribunal accionado incurrió en causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, en particular,
si como lo afirma la demandante:
2.2.1.
Se configuró un defecto fáctico en cuanto el Tribunal Superior no advirtió que a partir del acervo probatorio obrante
en el expediente se demostraba que (i) la empresa Gas Natural S.A no concurrió
al contrato en calidad de tomador sino como intermediario y, (ii) la
póliza convenida se suscribió por cuenta propia.
2.2.2.
Se incurrió en defecto sustantivo por cuanto el Tribunal Superior: (iii) dio trámite a
una norma inaplicable, asignándole, además, un alcance que no tenía. Así, (iii.a)
el artículo 1137 del C. Co. no resulta aplicable respecto de Gas Natural S.A.
porque el contrato base de la acción ordinaria era de naturaleza colectiva y por
cuenta propia, esto último en tanto la mencionada empresa no tenía la
calidad de tomador de la póliza, pues compareció al negocio jurídico como
intermediaria y; (iii.b) le dio un alcance irrazonable al artículo 1137 del C.
Co en tanto dicha norma solo exige la autorización por escrito del asegurado en
aquellos contratos de naturaleza individual suscritos sobre la vida de un
tercero, más no en los colectivos.
2.2.3.
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte Constitucional se
referirá brevemente sobre: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales, (ii) los defectos fáctico y sustantivo como causales
genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, (iii) los elementos esenciales de los contratos de seguros.
Posteriormente,
la Sala aplicará estas reglas para solucionar el caso concreto.
a.
Solución del problema jurídico
3.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia
3.1.
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad y supremacía del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio
adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del
estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a
partir de la procedencia excepcional de la acción de tutela, dentro de
supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[9].
3.2.
De este modo, en sentencia C-590 de 2005 el Pleno del Tribunal Constitucional
señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción de
tutela contra sentencias judiciales. Así, para que una acción de tutela proceda
formalmente deben reunirse los siguientes requisitos: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[10],
(ii) que el actor, antes de acudir al juez de tutela[11],
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance,
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales, (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[12].
3.3.
Igualmente, para que la acción de tutela proceda materialmente debe acreditarse
en el caso concreto alguna de las causales genéricas de procedibilidad
ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[13]
sustantivo[14], procedimental[15]
o fáctico[16]; error inducido[17];
decisión sin motivación[18];  desconocimiento del
precedente constitucional[19]; y violación directa a
la constitución[20].
En
relación con estas últimas, la Corte ha manifestado que no existe un límite
indivisible entre ellas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma
inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden
derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de
apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de
aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso
específico[21].
3.4.
En conclusión, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra
de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el
cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia
de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación
para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine qua non,
consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental.[22]
4. Breve caracterización de la causal genérica de
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto fáctico
4.1. La Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar que la configuración del defecto fáctico se presenta cuando la
valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva,
esto es, cuando el funcionario judicial (i) simplemente deja de valorar una
prueba determinante para la resolución del caso; (ii) cuando excluye sin
razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando (iii) la
valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales[23].
4.2. En esa medida, lo que corresponde al juez
constitucional es evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad
judicial desconoció la realidad probatoria del proceso[24].
Sobre el particular, esta Corporación ha señalado: “No obstante lo anterior
advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa
judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones”[25].
4.3.
En virtud de esta garantía constitucional de autonomía y competencia de los
operadores judiciales, la Corte ha concluido que sólo ante una valoración
probatoria ostensiblemente incorrecta, se configura el defecto fáctico[26].
Así, la  sentencia T-066 de 2005, precisó: “La doctrina constitucional sobre
la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse
incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es sumamente clara, exige
que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo.  Sólo bajo esos supuestos es
posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan
estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”.
5.
Breve caracterización del defecto sustantivo como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales[27].
Reiteración de jurisprudencia
5.1.
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la
acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales.
5.2.
En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha puntualizado que una providencia
judicial incurre en defecto sustantivo cuando[28]: (i) la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad
judicial[29], (ii)
el
juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[30],
bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso
concreto es inconstitucional[31], ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional[32] o, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó[33]; (iii) el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva y, finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica
derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por
ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
6.
Breve caracterización de los elementos
esenciales de los contratos de seguros
6.1. Esta Corporación en sentencia C-269 de 1999, al
estudiar una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 82 de
la ley 45 de 1990 –por la cual se expiden normas en materia de intermediación
financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y
se dictan otras disposiciones- se refirió a los elementos esenciales del
contrato de seguros, sus partes y demás intervinientes.
6.1.1. En cuanto a la definición del concepto de
contrato de seguros, la Corte Constitucional señaló que el ordenamiento
jurídico colombiano no contempla una noción clara y expresa de esta clase de
vínculo contractual, por ello, acudió a la enunciación que la jurisprudencia de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha acuñado sobre el
mismo:
“... Aun cuando el Código de Comercio vigente
en el país desde 1.972 no contiene en el Título V de su Libro Cuarto ninguna
definición expresa del contrato de seguro, lo cierto es que con apoyo en varias
de las disposiciones que de dicho Título hacen parte, y de modo particular en
los artículos 1037,1045,1047,1054,1066,1072,1077 y 1082, bien pude decirse, sin
ahondar desde luego en mayores detalles técnicos para el caso impertinentes,
que es aquél negocio solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto
sucesivo por virtud del cual una persona –el asegurador- se obliga a cambio de
una prestación pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los
límites  pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo
riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos
o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros
respecto  de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio
mismo,  supuestos en que se les llama de “daños” o de “indemnización efectiva”,
o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es la
previsión, la capitalización y el ahorro (...)”.[34]
6.1.2. En lo relativo a las partes y demás
intervinientes en el contrato de seguros, la Corte, siguiendo la normatividad
plasmada en el Código de Comercio, señaló que en la formación y ejecución de
esta modalidad contractual “intervienen dos grupos de personas: a) las
partes contratantes, que son las obligadas por el contrato y b) ciertas
personas interesadas en sus efectos económicos. Son partes contratantes: el asegurador,
o sea la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para
ello con arreglo a las leyes y reglamentos y el tomador, esto es la
persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos (C.Co.,
art. 1037). Es preciso mencionar que el tomador es la persona natural o
jurídica que interviene como parte en la formación del contrato, de la cual se
exige una capacidad y conducta precontractual (C.Co., art. 1058), determinante
en la validez del negocio jurídico y a cuyo cargo corren ciertas obligaciones.
La calidad de tomador es unitaria pues se utiliza en todos los contratos de
seguro sin importar su naturaleza y objeto (seguros de daños y de personas) y
en la mayoría de los casos coincide con la calidad de asegurado. Esto se
desprende de la propia norma, cuando define al tomador como la persona que
obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos”.
6.1.3. Igualmente, la Corporación indicó que en el
contrato de seguro, además de las partes, participan “el asegurado,
como titular del interés asegurable o asegurado, lo que supone que, en los
seguros de daños, es la persona cuyo patrimonio puede resultar afectado,
directa o indirectamente, con la ocurrencia de un riesgo (C.Co., art.1083) y en
los seguros de personas, aquel cuya vida o integridad corporal se ampara con el
contrato de seguro; y el beneficiario, o sea la persona que tiene
derecho a recibir la prestación asegurada, quien puede o no identificarse con
el tomador o el asegurado, o ser designado en la póliza o por la ley (C.Co.,
art. 1142)”.
6.1.4. En línea con lo expuesto, con apoyo en los
artículos 1083, 1137, 1054 y 1066 del Código de Comercio, el Tribunal mencionó
los elementos esenciales de los contratos de seguros. En ese
sentido, expresó que “los elementos del contrato de seguro son: el interés
asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación
condicional del asegurador. Su importancia radica en que, si falta alguno de
ellos, el contrato no produce efecto alguno[35]
(C.Co., art. 1045)”.
Seguidamente, la Corte definió cada uno de estos
elementos en los siguientes términos:
“El interés
asegurable, es decir, el objeto del contrato de seguro, equivale a “la
relación económica, amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que
una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o
derechos tomados en sentido general o particular[36].”,
el cual presenta características diversas según se trate de seguros de
daños o de personas. El riesgo asegurable ha sido definido por la
legislación comercial como “... el suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y
cuya realización da origen a la obligación del asegurador.” (art. 1054).
El
tercer elemento, o sea la prima o el precio del contrato de
seguro (C.Co., art. 1045), comprende la suma por la cual el asegurador acepta
el traslado de los riesgos para asumirlos e indemnizarlos en caso dado. En
virtud de la obligación condicional, el asegurador asume el
riesgo contratado por el tomador, mediante el pago de la prestación asegurada,
sujeta la condición de ocurrencia del siniestro, dentro del mes siguiente a la
fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su
derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077 (C.Co., art. 1080[37]).
Dicho pago se traduce en una indemnización en los seguros de daños o en la
cancelación de la suma asegurada en los seguros de personas”. (Negrilla fuera
del original)
6.2.
Del mismo modo, en sentencia T-490 de 2009 se indicó que “[e]n el caso del
seguro de vida, cuyo principal riesgo a amparar es la vida, el contrato puede
tener mayores cubrimientos o extensiones respecto de los riesgos de enfermedad,
accidentes e invalidez”. En todo caso, en este tipo de contrato la
normatividad es especialmente cuidadosa al momento de regular su formación,
debido al riesgo que con él se ampara (vida e integridad como bien jurídico
protegido). En esta especie contractual, el interés asegurable al
momento de pactar la póliza ha sido resaltado por la doctrina en materia de
seguros. En esa dirección, se ha puntualizado lo siguiente:
“La existencia de un interés asegurable es también
necesaria en un contrato de seguro para protegerse contra la posibilidad de
ofrecer un incentivo a individuos poco escrupulosos que podrían tratar de
causar daños en los bienes de otra persona con objeto de cobrar el importe de
las pólizas de seguro que se hubieran hecho previamente sobre esos bienes en
favor suyo. Esto es asimismo cierto en el caso de los seguros de vida, si bien
en esta forma de seguro existe la posibilidad de una doctrina del interés
asegurable mucho más liberal. Fácil le será al lector imaginar los riesgos a
que tendría que hacer frente su existencia si fuera posible que cualquier
persona extraña asegurara su vida, sin su conocimiento y sin su consentimiento,
por una suma cualquiera…”[38].
En un sentido similar, la doctrina igualmente ha
precisado que:
“El interés asegurable. Una póliza de seguro de vida
es nula y sin valor a menos que la persona que la obtiene o el beneficiario
tenga algún interés asegurable sobre la vida del asegurado. || Las razones que
justifican esta obligación son (1) evitar todo incentivo al crimen y (2) que la
carencia de todo interés asegurable convierta el seguro en un juego de azar, y
el juego de azar va en contra de la política pública. || En un caso famoso se
dijo que el interés asegurable es el “interés que procede de las relaciones
de la parte que obtiene el seguro, ya sea como acreedor o fiador del asegurado,
o de vínculos de sangre o afecto con éste, los cuales justifiquen la esperanza
razonable de beneficios al proseguirse la existencia del mismo”. Un interés
asegurable sólo necesita existir cuando se suscribe la póliza; su desaparición
ulterior no anula el contrato. Un interés asegurable puede surgir de distintas
causas, pero estos tres grupos generales incluirán prácticamente todos los
casos: (1) el interés de una persona sobre su propia vida, (2) un interés que
proceda de “amor o afecto”, (3) un interés pecuniario”[39].
6.3. Recogiendo la preocupación plasmada por la
doctrina, el legislador colombiano regula el interés asegurable como
elemento esencial de los contratos sobre personas en el artículo 1137 de
dicha obra, en los siguientes términos:
“Interés asegurable. Toda persona tiene interés
asegurable: 1) En su propia vida; 2) En la de las personas a quienes legalmente
pueda reclamar alimentos, y 3) En la de aquellas cuya muerte o incapacidad
pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una
evaluación cierta. || En los seguros individuales sobre la vida de un tercero,
se requiere el consentimiento escrito del asegurado, con indicación del valor
del seguro y del nombre del beneficiario. Los menores adultos darán su
consentimiento personalmente y no por conducto de sus representantes legales.
|| En defecto del interés o del consentimiento requeridos al tenor de los
incisos que anteceden, o en caso de suscripción sobre la vida de un incapaz
absoluto, el contrato no producirá efecto alguno y el asegurador estará
obligado a restituir las primas percibidas. Sólo podrá retener el importe de
sus gastos, si ha actuado de buena fe”.
6.4. Señalados de forma general –y a modo de
ilustración- las partes y demás intervinientes de los contratos de seguros, así
como sus elementos esenciales y la relevancia que tiene en las pólizas sobre la
vida de las personas el interés asegurable, pasa la Sala a estudiar el
caso concreto.
b.
Del caso concreto
7.1. La peticionaria presentó demanda ordinaria civil
en contra de AIG Colombia Seguros de Vida S.A. con la pretensión principal de
obtener en su calidad de beneficiaria, el pago del importe asegurado
($80.000.000) en la póliza de accidentes personales tomada por Gas
Natural S.A. ESP en favor de Luis Alberto Herrera Cuitiva, persona que
según manifiesta la accionante era su compañero permanente al momento del
fallecimiento, acaecido el 23 de noviembre de 2005 producto de asfixia mecánica
por estrangulación.
7.2. Como base de la acción ordinaria la demandante
allegó al expediente la referida póliza expedida el 13 de septiembre de 2005, la
cual otorga amparo por muerte accidental e incapacidad total y permanente al
asegurado Luis Alberto Herrera Cuitiva por un valor de $80.000.000,
estableciendo como beneficiaria del 100% del importe de la póliza a la señora
Sarimna Fierro, quien además aparece mencionada en el documento en calidad de
compañera permanente del asegurado.
7.3. En el trámite del proceso ordinario los testigos
de la parte demandante y la propia accionante en declaración de parte surtida
ante el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá manifestaron en líneas
generales lo siguiente:
7.3.1. Flor Ángela Salazar[40]
adujo que (i) hace 10 años tenía una relación de amistad con la beneficiaria
del seguro, (ii) Sarimna Fierro convivía con el asegurado y, (iii) Luis Alberto
Herrera Cuitiva se dedicaba al comercio de ropa. (Supra I. Antecedentes 2.3.2.)
7.3.2. Sarimna Fierro[41] señaló que (i) convivió
con el asegurado como compañera permanente bajo el mismo techo por un periodo
aproximado de 5 años, inmediatamente anteriores a su deceso, (ii) no tenía claridad sobre la persona que pagó la
prima de la póliza pero entendía que había sido Rodolfo Restrepo Benavides,
(iii) la dirección consignada en la póliza y en el recibo de Gas Natural S.A.
mediante el cual se cobraba la prima correspondía al lugar de trabajo del
asegurado y no al de la residencia de la pareja, (iv) no fue informada por el
señor Herrera Cuitiva sobre la suscripción del seguro, (v) la grabación de la
voz que se escucha designándola vía telefónica como beneficiaria de la póliza,
consignada en el disco compacto allegado al proceso por el apoderado de la
entidad demandada, correspondía a la de su compañero permanente, no obstante
indicó que la misma no se escuchaba de forma nítida, (vi) no había acudido a la
fiscalía a solicitar que se investigara la causa de la muerte de su compañero
permanente y, (vii) luego del deceso no había visto el cuerpo de su compañero
permanente. (Supra I. Antecedentes 2.3.4.)
7.3.2. Rodolfo Restrepo Benavides[42] indicó que (i) conocía a Luis Alberto Herrera Cuitiva
desde el año 2000, (ii) el asegurado contrató la póliza desde el teléfono de su
casa con el fin de que la prima de la misma fuera pagada a través del recibo de
cobro del servicio de gas natural instalado en su residencia (la de Restrepo
Benavides), (iii) el valor de la prima ($13.500) sería abonado mensualmente a un
crédito que Restrepo Benavides adeudaba a Herrera Cuitiva, (iv) el difunto se
dedicaba regularmente al comercio de ropa y hacía pedidos por valor de uno o
dos millones de pesos, (v) desconocía el motivo por el cual el asegurado
efectúo la suscripción del contrato en su residencia, (vi) conocía a Sarimna
Fierro hace 5 o 6 años y se enteró que aquella era la beneficiaria del seguro
cuando la póliza llegó a su casa, (vii) luego de verificado el deceso de
Herrera Cuitiva entregó la póliza a Sarimna Fierro, (viii) el asegurado le
solicitó que guardara la póliza y por eso nunca se la entregó a aquél, (ix)
desconocía las zonas y clientes que visitaba el señor Herrera Cuitiva, (x)
tenía una relación de negocios con Sarimna Fierro porque “ don Luis me tenía
una letra de $2.500.000 a mí y yo se la pagué a doña Sara”, (xi) el occiso
le pidió “el favor de que si podía sacar un seguro para que me lo cargaran a
mi cuenta del servicio de gas que porque le parecía muy barato, era económico,
cuando él me contó que era tan barato yo le dije que por qué no sacábamos otro
para mí también, eso tan barato”. (Supra I. Antecedentes 2.3.3.)
7.4. Contrario a lo expresado por Flor Ángela Salazar,
Sarimna Fierro y Rodolfo Restrepo Benavides, el señor José Manuel Herrera
Cuitiva[43], hermano del asegurado y
testigo llamado por la aseguradora, manifestó que no obstante la cercanía que
tenía con su hermano, éste nunca le había mencionado que tuviera una compañera
permanente o novia, o que hubiere adquirido una póliza de accidentes personales.
Igualmente, expresó que (i) no conocía a Sarimna Fierro, (ii) su hermano no era
comerciante de ropa ni tenía las condiciones financieras que señalaron los
testigos de la demandante pues este era pobre y no tenía dinero para prestar
como lo había indicado Rodolfo Benavides, trabajaba ocasionalmente como
ayudante de camión, mecánica o construcción; vivía solo en una pequeña habitación
alquilada que le pagaba una hermana que brindaba ayuda económica al asegurado,
(iii) no tenía conocimiento de la póliza en la que el señor Luis Alberto
Herrera Cuitiva fungía como asegurado, (iv) a Rodolfo Benavides lo conoció
cuando fue a buscar a su hermano Luis Alberto en una sastrería que este último
frecuentaba y en la que ingería licor, (v) él y su hermana habían solicitado
información a la fiscalía sobre la muerte de Luis Alberto, sin embargo, el ente
investigador no les dio mayores datos y, (vi) la voz que se escucha grabada en
el disco compacto allegado al expediente por la aseguradora en la que una
persona se identifica como Luis Alberto Herrera Cuitiva y designa, vía
telefónica, a Sarimna Fierro como beneficiaria de una póliza de accidentes
personales, no corresponde a la de su hermano.
7.5. Debido a la evidente disparidad de versiones los
apoderados judiciales de ambas partes pidieron a la juez de conocimiento el
decreto y práctica oficiosa de pruebas con el objeto de despejar la incertidumbre
sobre el asunto. La juez de la causa desestimó la solicitud de las partes al
entender que esta era extemporánea.
7.6. Al dictar sentencia la juez indicó que la duda
sobre la autenticidad de la voz en que se designa a Sarimna Fierro como
beneficiaria de la póliza devenía intrascendente para los precisos fines del
proceso ordinario, pues el contrato de seguro se había pactado entre AIG
Colombia Seguros de Vida S.A. y Gas Natural S.A., teniendo esta última empresa la
calidad de tomador de la póliza por cuenta ajena en favor de Luis
Alberto Herrera Cuitiva. En este orden de ideas, la juez dio validez al
contrato y, luego del análisis de los restantes aspectos de la cobertura de la
póliza, condenó a la aseguradora a pagar el importe del valor asegurado a la
demandante.
7.7. Apelada la decisión por la parte vencida, el
Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 10 de agosto de 2010
resolvió de fondo el recurso propuesto[44]. En su decisión el
Tribunal coincidió con la juez de primera instancia según la cual el contrato
fue suscrito entre AIG Colombia Seguros de Vida S.A. y Gas Natural S.A.,
teniendo como tomador de la póliza a la empresa de servicios públicos
domiciliarios en favor de Luis Alberto Herrera Cuitiva.
No obstante lo anterior, el ad quem, a
diferencia del a quo, se detuvo a examinar el cumplimiento de los
elementos esenciales del contrato. En esa dirección, entendió que el mismo era
inexistente pues tratándose de un contrato de seguros de personas, tomado
por Gas Natural S.A. por cuenta ajena, era necesario que dicha empresa
demostrara la presencia de un interés asegurable sobre la vida de Luis
Alberto Herrera Cuitiva, o la autorización por escrito del este último,
aspectos que no halló acreditados en el expediente. Por esa razón el Tribunal
no entró a estudiar la veracidad o no de la voz consignada en el aludido disco
compacto y procedió a revocar la sentencia de instancia, para en su lugar, declarar
la inexistencia del contrato de seguro.
7.8. Contra la decisión del Tribunal Superior de
Bogotá la señora Sarimna Fierro presentó acción de tutela en la forma en que se
señaló en los antecedentes de esta sentencia (Supra I. Antecedentes 3). Planteada
la situación fáctica que rodeó la adopción de las respectivas decisiones por el
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la
misma ciudad, pasa la Sala a estudiar la procedibilidad formal y material de la
acción de tutela.
8. De la procedibilidad formal de la acción de tutela
contra el Tribunal Superior de Bogotá
A
continuación la Sala analizará la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por Sarimna Fierro contra la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, estudiando, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos formales
de procedibilidad de la acción y, en segundo término –y si hay lugar a ello- la
procedencia material del amparo.
En
este apartado es necesario tener en cuenta que la acción de tutela, cuando se
dirige contra providencias judiciales, es una herramienta de protección
iusfundamental de carácter subsidiario y restringido (Supra II. Fundamentos
de la Decisión  3). Por ello, la Sala limitará su análisis a los cargos
planteados por la demandante, en tanto el amparo constitucional no es una
tercera instancia ni representa un medio alternativo de protección judicial,
estándole vedado al juez constitucional el enjuiciamiento oficioso de todos y
cada uno de aquellos puntos considerados por el juez ordinario en su respectiva
sentencia.
Igualmente,
en la medida que el cumplimiento integral de los presupuestos formales de
procedibilidad y materiales de procedencia es necesario para la prosperidad del
amparo, la Sala, de encontrar que algunos de ellos no es satisfecho en la
demanda, declarará la improcedencia de la acción de tutela, sin entrar a
estudiar los restantes presupuestos de procedencia. En esa dirección, y por
economía procesal, la Sala abordará en primer término aquellos requisitos
formales que evidencian, prima facie, mayores dificultades en su
cumplimiento.
8.1.-
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
En
cuanto a este presupuesto formal de procedibilidad la Corte Constitucional en
sentencia C-590 de 2005 puntualizó: “[e]sta exigencia es comprensible pues,
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”.
Bajo
tal marco, y sin entrar a estudiar la razonabilidad o no de los fundamentos
jurídicos que sustentan la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá
impugnada por vía constitucional, la Sala encuentra que los cargos propuestos
en la acción de tutela no están llamados a superar el estadio formal de
procedibilidad bajo análisis, pues los argumentos jurídicos que invoca la
accionante en su demanda de amparo constitucional (i) no fueron alegados al
interior del proceso judicial ordinario, teniendo la oportunidad para haberlo
hecho y, (ii) presentan problemas relacionados con la identificación de los
hechos que habrían generado la presunta violación iusfundamental alegada en la
demanda de tutela.
8.2.1.
La accionante denuncia la ocurrencia de un defecto fáctico apoyada en
las siguientes razones: (i) el Tribunal Superior
de Bogotá no advirtió que a partir del
acervo probatorio obrante en el expediente se demostraba que  (i.a) la empresa
Gas Natural S.A no concurrió al contrato de seguro en calidad de tomador
de la póliza sino de intermediario y, (i.b) la póliza convenida se suscribió
por cuenta propia.
Sin
embargo, revisada la demanda presentada ante la jurisdicción ordinaria por
Sarimna Fierro y las intervenciones efectuadas por su apoderado en dicho
proceso, la Sala encuentra que el representante judicial de la peticionaria no
solo no fundamentó su actuación con base en argumentos razonablemente similares
a los que expresa ahora en sede de tutela, sino que por el contrario utilizó
una estrategia litigiosa diametralmente opuesta a la que interpone ante el juez
constitucional. De este modo, en criterio de la Sala, no resulta admisible desde
la óptica de la acción de tutela contra providencias judiciales, fundar una
presunta violación iusfundamental en supuestos jurídicos que, lejos de
demostrar una actuación irregular de la autoridad judicial, comportan en
realidad una maniobra alternativa de actuación litigiosa.
8.2.1.1.
En efecto, unas son las consecuencias jurídicas que se generan si se opta por
manifestar que la póliza fue suscrita por cuenta propia por el asegurado
Luis Alberto Herrera Cuitiva, y otras las que se constituyen si se sostiene que
el seguro de vida se suscribió por cuenta ajena teniendo como tomador a
Gas Natural S.A, pues a partir de allí el operador jurídico debe verificar el
cumplimiento de los elementos esenciales del contrato de seguros, atendiendo a
los contratantes del mismo (Supra II. Fundamentos 6.0 a 6.4).
De
este modo, el apoderado de la demandante (i) no alegó la condición de tomador
de la póliza por cuenta propia de Luis Alberto Herrera Cuitiva, antes
bien, (ii) se encargó de demostrar la calidad de tomador de la póliza
radicada en la empresa Gas Natural S.A., por cuenta ajena en favor de
Luis Alberto Herrera Cuitiva y, (iii) en ningún momento aludió a las consecuencias
jurídicas que, a su juicio, se derivaban de la naturaleza colectiva de la
póliza.
8.2.1.2.
Así, el representante judicial de la peticionaria allegó a la demanda ordinaria
la póliza número 1039576 expedida por AIG Colombia Seguros de Vida S.A., en la
que se señala como tomador a la empresa Gas Natural S.A.
8.2.1.3.
Igualmente, en interrogatorio de parte surtido en el Juzgado Veintidós Civil
del Circuito de Bogotá el primero de octubre de 2007, el apoderado judicial de
la actora se encaminó a acreditar la posición contractual de Gas Natural S.A.
como tomador de la póliza. En esa dirección, inquirió a través de
cuestionario presentado en sobre cerrado al representante legal de AIG Colombia
Seguros de Vida S.A., sobre la calidad de tomador asumida por la empresa
Gas Natural S.A. en el contrato de seguro de accidentes personales base de la
acción ordinaria.
En
esa dirección, a través de pregunta asertiva puntualizó lo siguiente: “Manifiéstele
al Despacho, ¿cómo es cierto, si o no, que la aseguradora que usted representa,
expidió el certificado número 67047 en aplicación a la póliza de accidentes
personales número 1039576, que se le pone de presente, cuyo tomador es la
sociedad Gas Natural?” (fl. 82 Cdno. 1 ordinario). Frente a este
cuestionamiento el interrogado respondió “Es cierto” (fl. 85 Cdno. 1
ordinario).
8.2.1.4.
Aunado a lo expuesto, la juez de primera instancia en el trámite ordinario (i) expresó
que Gas Natural S.A. tenía la calidad de tomador de la póliza, (ii)
indicó que el contrato de seguros fue suscrito por cuenta ajena, y (iii)
descartó que Luis Alberto Herrera Cuitiva hubiese actuado en la posición de
tomador por cuenta propia. Por esta última razón, la juez desatendió el
aspecto alusivo a la veracidad o no de los testimonios surtidos en el proceso
que ponían en duda la autenticidad de la voz consignada en el disco compacto
allegado al proceso en el que se consigna parcialmente la génesis del contrato:
“…descontado se tiene
que las partes intervinientes en contratos de tal naturaleza son, según lo reza
el artículo 1037 de la citada codificación comercial: “1. El asegurador, o
sea la persona jurídica que asume los riesgos (…) y 2. El tomador, o sea la
persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos”, tal
como aparece en el certificado No. 67047 (f. 4), correspondiente a la póliza de
accidentes personales No. 1039516, el tomador, esto es, la persona contratante
del seguro, lo es “Gas Natural S.A. E.S.P.”; en principio, por lo tanto,
la persona que contratara el seguro discutido en autos, a favor del asegurado
Luis Alberto Herrera Cuitiva, resulta ser dicha empresa de servicio público,
dado que aquel mencionado certificado no expresa nada diferente, ni ha sido
probado lo contrario; así, entonces, queda desvirtuada la duda que sobre el
particular refiere la demandada en su alegación de conclusión, por cuanto
demostrado con suficiencia está en autos que fue “Gas Natural S.A. E.S.P.”
“quien solicitó y concertó el seguro”, quedando establecido así que
cuestión irrelevante es aquella que atañe con la voz del asegurado Herrera
Cuitiva contenida en el aludido CD, como quiera que para los positivos efectos
contractuales no se requiere que sea de él, resultando indiferente que lo sea
de cualquier otra persona”. (fl. 155 Cdno. 1 ordinario)
Las
anteriores premisas no merecieron reproche alguno por parte del
representante judicial de la demandante, el cual remotamente a controvertirlas
en el trámite de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscó
su confirmación. Efectivamente, en sus alegatos de conclusión en dicha
instancia -luego de referirse a algunos testimonios- manifestó cuanto sigue:
“Por todas las anteriores excelentes consideraciones que
tuvo la señora jueza veintidós (22) civil del circuito de Bogotá, fue que
emitió sentencia de fondo desestimando las excepciones propuestas por la
pasiva, calendada el 5 de diciembre de 2008, la cual debe ser mantenida y por
ende confirmada en todas sus partes, puesto que con todo respeto, no existe
dentro del trámite del proceso, prueba alguna que demuestre que ésta debe ser
infirmada, por el contrario, se ha podido probar y corroborar la clara como
evidente obligación que aún ostenta la demandada con mi mandante y todos los
medios de prueba brindan claridad sobre la forma en que ocurrieron los hechos y
la obligación en cabeza de AIG Colombia Seguros de Vida S.A. hoy Alinco de
Colombia Seguros de Vida S.A. a favor de mi mandante señora Sarimna Fierro”.
8.2.2.
Asimismo, la actora manifiesta que el defecto fáctico en que, a su juicio,
incurrió el Tribunal Superior de Bogotá, llevó a esa Colegiatura a cometer un defecto sustantivo por cuanto: (i)
dio trámite a una norma inaplicable, asignándole además, un alcance que no
tenía. Así, (i.a) el artículo 1137 del C. Co. no resultaría aplicable respecto
de Gas Natural S.A. porque el contrato base de la acción ordinaria era de
naturaleza colectiva y por cuenta propia, esto último en tanto la
mencionada empresa no tenía la calidad de tomador de la póliza y; (i.b)
le dio un alcance irrazonable al artículo 1137 del C. Co., pues dicha norma
solo exige la autorización por escrito del asegurado en aquellos contratos de
naturaleza individual suscritos sobre la vida de un tercero, más no en los
colectivos.
8.2.2.1.
Descendiendo al análisis formal del defecto sustantivo planteado,
la Corte advierte que el cargo sustantivo adolece de falencias idénticas a las
halladas al analizar la procedibilidad formal del defecto fáctico pues, el
apoderado judicial de la demandante (i) no alegó al interior del proceso
ordinario las específicas consecuencias jurídicas que según su perspectiva de
análisis se derivaban de la naturaleza colectiva que alega tiene el contrato de
seguro base de la acción ordinaria, (ii) reafirmó la condición de tomador
de la póliza en cabeza de Gas Natural S.A. y, (iii) aceptó la tesis de la juez
de primera instancia según la cual (iii.a) el contrato fue pactado por Gas
Natural S.A. como tomador de la póliza por cuenta ajena en favor de Luis
Alberto Herrera Cuitiva y, (iii.b) descartó la calidad de tomador por cuenta
propia del señor Herrera Cuitiva al señalar que devenía improcedente
examinar la autenticidad de la voz consignada en el disco compacto allegado al
trámite por la aseguradora en la que se expresaba el testimonio, aparentemente,
del asegurado.
8.2.2.2.
En síntesis, si el representante judicial de la demandante aceptó que Gas
Natural S.A. pactó por cuenta ajena y en calidad de tomador la
póliza de vida en favor de Luis Alberto Herrera Cuitiva y que este último no
contrató la póliza por cuenta propia, resultaba previsible y razonable
que el Tribunal Superior de Bogotá entendiera que el artículo 1137 del C. Co.
–en armonía con el artículo 1045 de la misma obra-  era aplicable al asunto
frente a Gas Natural S.A., pues esta norma hace alusión a uno de los elementos
esenciales de dicha especie de contrato de seguros.
De
manera que, si otra era la perspectiva jurídica del apoderado judicial de la
demandante, debió expresarla al interior del proceso ordinario y no esperar a
que dicho trámite finalizara para, por vía de tutela, exponer una nueva
estrategia litigiosa ante el juez constitucional, introduciendo una tesis
jurídica desconocida en el proceso ordinario en que se profirió la sentencia
que se ataca mediante amparo constitucional.
No
debe olvidarse que la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional y restringida en su análisis, pues no puede el juez constitucional
actuar como juez de conocimiento o apelación ordinario, inmiscuyéndose en el
estudio de aspectos que, habiendo tenido la oportunidad de ser expuestos en las
instancias, no lo fueron por decisión, inacción o descuido de las partes. La
Sala reitera que el amparo constitucional no es una tercera instancia ni un
medio alternativo de defensa judicial. La actora pretende que la Corte entre a
evaluar múltiples posibilidades interpretativas, planteando tesis que incluso
se contradicen con lo expresado en el proceso ordinario, lo cual a todas luces
se estima inadmisible en el trámite de tutela.
8.2.3.
En conclusión, la Sala concluye que los cargos materia de análisis no superan
el escenario formal de procedibilidad en estudio. Por tanto, confirmará las
sentencias de tutela de instancia que declararon la improcedencia del amparo
constitucional.
Consideraciones
finales
9.
La Corte remitirá copia de esta sentencia a la Superintendencia Financiera, con
miras a que dicha entidad estudie la probable ocurrencia de prácticas
inseguras en la suscripción de esta modalidad contractual de seguros de
vida, sin perjuicio de los restantes aspectos que, en el marco de su
competencia, considere necesario analizar[45]. Lo anterior en atención
a (i) la queja formulada por la accionante relativa al presunto abuso de la
posición dominante en la constitución de la póliza de seguros que dio origen al
proceso ordinario por ella iniciado contra la aseguradora AIG Colombia Seguros
de Vida S.A., (ii) la especial génesis del fallido contrato de seguro reseñada
en los antecedentes de esta sentencia (Supra  I. Antecedentes 2.1 a 2.10 y II. Fundamentos de la Decisión 6.2 a 7.8) y, (iii) la efectividad de los derechos de
los consumidores consagrados en la Carta (art. 78 C.P.)[46],
10.
Asimismo, toda vez que la accionante puso en conocimiento de esta Sala la
investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la muerte del
señor Luis Alberto Herrera Cuitiva y la presunta comisión del delito de falso
testimonio, la Corte remitirá copia de esta sentencia a la Fiscalía 20
Seccional de la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad de Bogotá,
y la Fiscalía 202 Seccional de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, despachos
que según consta en el expediente adelantan las investigaciones correspondientes
(Supra  I. Antecedentes 1.1 a 2.10). Lo anterior, como es natural, sin
perjuicio de las demás conductas que el ente investigador considere pasibles de
persecución penal.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
Levantar la suspensión de términos
ordenada en el presente trámite de revisión.
Segundo.-
Confirmar las sentencias de instancia
que declararon la improcedencia de la tutela en el asunto de la referencia, dictadas por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil
diez (2010), en segunda instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010), en
primera instancia, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero.-
Remitir copia de esta sentencia a la Superintendencia
Financiera, la Fiscalía 20 Seccional de la
Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad de Bogotá, y la Fiscalía
202 Seccional de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, para los efectos señalados en la parte motiva de
esta sentencia (Supra 9 y 10 caso concreto).
Cuarto.-
Ordenar la devolución del expediente contentivo del proceso
ordinario de Sarimna Fierro contra AIG Colombia Seguros de Vida S.A., radicado
bajo el número 2006-314, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo por
el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá.
Quinto.-Ordenar que se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
[1] En adelante
también la accionante, la peticionaria o la demandante.
[2] En adelante
también el accionado, el demandado o el Tribunal Superior.
[3] En adelante la Sala hará referencia a la aseguradora con el nombre que tenía al momento de iniciarse el
proceso ordinario, es decir, AIG Colombia Seguros de Vida S.A.
[4] En este aparte
se sigue la exposición de la accionante. La Sala igualmente complementará la narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos obrantes
en el expediente. Finalmente, con el objeto de facilitar la lectura de las
citas textuales que se realicen en la presente sentencia, la Sala prescindirá de las mayúsculas, el subrayado y la negrilla empleada por las partes en sus
intervenciones en el trámite de tutela y en el proceso ordinario impugnado por
vía constitucional.
[5] Con el objeto
de facilitar la lectura de las mencionadas declaraciones y testimonios, la Sala corregirá algunos errores ortográficos y de digitación. Igualmente, prescindirá
de las mayúsculas en la citación de las mismas.
[6] En adelante
también Gas Natural S.A.
[7] El
representante judicial de la demandante adjuntó al memorial tres declaraciones
rendidas ante notario público por personas que supuestamente conocían Luis Alberto
Herrera Cuitiva,  así como unas fotografías en las que presuntamente
aparecerían el difunto asegurado y la señora Sarimna Fierro.
[8] Corte Suprema
de Justicia Sala de Casación Civil Magistrado Ponente Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo. Sent. 6 de julio de 2007. Exp.: No. 05001 31 03 002 1999 01
[9] Cfr.
Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de
1993 T-231 de 1994 relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente,
las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido)
y T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la
posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y
caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la
doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004,
doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005,
que en esta ocasión se reitera.
[10] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[11]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[12]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que
si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[13]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[14]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[15] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[16]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[17]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[18] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[19] Se
presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[20]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[21] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2004.
[22] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004.
[23] Al
respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996,
SU-477 de 1997, T-267 de 2000, entre otras.
[24] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-442 de
1994. En esta decisión la Corporación advirtió: “Evidentemente, si bien el
juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio
en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de
evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera
se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la
sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores
constitucionales.”
[25] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
[26] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-336 de
2004 y T-212 de 2006.
[27] El defecto
sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido
ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver
los fallos T-159 de 2002, C-590 de 2005, T-462 de 2003, T-018 de 2008, T-757 de
2009.
[28] En este aparte
se sigue de cerca las sentencias T-462 de 2003 T-018 de 2008 y
T-757 de 2009.
[29] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-573 de 1997.
[30]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden
consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[31] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia SU-1722 de 2000. Tal es el caso por ejemplo de
todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[32] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-984 de 1999.
[33] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia SU-159/02.
[34]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia No. 002 del 24 de
enero de 1.994, M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
[35]
Esta norma debe entenderse junto con el artículo 897 C.Co., según el cual “Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se
entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración
judicial.”.
[36]
OSSA G., J. Efrén. Teoría General del Seguro - El Contrato. Editorial Temis
Bogotá-Colombia 1.991, pág.73.
[37]
Modificado por el artículo 83 de la Ley 45 de 1.990, titulado como “Oportunidad
para el pago de la indemnización.”.
[38] Allen,
Francis T. “Principios generales de los seguros”. Fondo de cultura
económica, México, 1955. p. 16.
[39]
Riegel, Robert y S. Miller, Jerome. “Seguros generales, principios y
prácticas”, Compañía Editorial Continental, México, 1977. p. 205.
[40] Audiencia
celebrada el día primero de octubre de 2007 por la juez ordinaria en primera
instancia.
[41] Audiencia
celebrada el día 3 de octubre de 2007 por la juez ordinaria en primera
instancia.
[42] Audiencia
celebrada el día primero de octubre de 2007 por la juez ordinaria en primera
instancia.
[43] Audiencia
celebrada el día 3 de octubre de 2007 por la juez ordinaria en primera
instancia.
[44]
Las partes nuevamente solicitaron el decreto y práctica de pruebas en segunda
instancia, accediendo la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá
únicamente al traslado de las copias auténticas del trámite investigativo que la Fiscalía 20 Seccional de la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad de Bogotá adelantaba por la muerte del señor Luis Alberto Herrera Cuitiva.
Asimismo, el apoderado de la demandante puso en conocimiento del ad quem
una denuncia que Rodolfo Benavides realizó en contra de José Manuel Herrera
Cuitiva por la presunta comisión del delito de falso testimonio (Supra I.
Antecedentes 2.7 a 2.9).
[45]
Sobre prácticas inseguras declaradas por la Superintendencia Financiera puede consultarse la
circular externa 007 de 1996, título II, capitulo primero, numeral 3.6.; la resolución
1736 de 2007 y la circular externa 024 de 2010, entre otras. Igualmente, frente
a prácticas inseguras declaradas por la Superintendencia de Valores puede ser consultada la resolución 0729 de 2004, entre otras.
[46] En
cuanto a los derechos de los consumidores del sector asegurador puede
consultarse la sentencia C-332 de 2000. Igualmente, la ley 1238 de 2009, entre
otras normas y sentencias.