C-408-01
Sentencia C-408/01
Sentencia C-408/01
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Examen previo de facultades al Presidente
CARGO PUBLICO-Requisitos
y calidades por legislador/DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Exigencias
razonables del legislador/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CARGOS
PUBLICOS-Límites en requisitos y calidades
Con excepción de los empleos respecto de los cuales el mismo
constituyente ha señalado los requisitos y calidades que deben reunir los
aspirantes a ocuparlos que, generalmente son los más altos cargos del Estado,
corresponde al Congreso establecerlos por medio de ley, sea cual fuere
la clase o el nivel del empleo, esto es, de carrera, de libre nombramiento y
remoción, o de concurso público. Sin embargo, en desarrollo de esa potestad el
legislador no cuenta con una libertad absoluta, pues al determinar tales
condiciones debe respetar la Constitución y, por consiguiente, no puede crear
exigencias irrazonables o desproporcionadas que impidan ejercer el derecho de
acceso a los cargos públicos
FUNCIONES O CARGOS PUBLICOS-Límites legislativos en requisitos o condiciones
CARGO PUBLICO-Profesional
en una especialidad
AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA-Profesional en una especialidad/AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA-Requisitos
de conocimientos relacionados con el área
Cuando el precepto impugnado exige ser "profesional" en
una de las especialidades allí enunciadas, necesariamente ha de entenderse que
los candidatos deben poseer título universitario en una cualquiera de esas
áreas, es decir, haber cursado y aprobado los estudios correspondientes y, por
consiguiente, obtenido el título que, según la ley, los acredita para
desempeñarse como tales. La exigencia de conocimientos, de quien se va a
desempeñar como Auditor ante la Contraloría General de la República, en áreas
como las enunciadas no vulnera la Constitución pues, además de tratarse de
materias que están íntimamente relacionadas con la labor que a tal funcionario
le compete ejercer tiene como propósito primordial que tal función sea
desarrollada por una persona idónea, con capacidad intelectual suficiente para
ejecutarla en forma eficiente, con calidad, probidad y eficacia, como lo exige
la función pública.
CARGO PUBLICO-Requisitos
de conocimientos relacionados con el área
GESTION FISCAL-Alcance
de la vigilancia/AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA-Alcance del control/AUDITOR
GENERAL DE LA REPUBLICA-Conocimientos especializados
La vigilancia de la gestión fiscal comprende la administración y
manejo de los fondos y bienes públicos, lo que significa que el Auditor debe
controlar las etapas de recaudo, gasto, inversión, adquisición, conservación,
enajenación, entre otras actividades, que realice o ejecute la Contraloría
General de la República, asuntos que requieren conocimientos especializados en
materia presupuestal, financiera, económica, contable, administrativa,
jurídica, tributaria, etc.
AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA-Función técnica
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Alcance
El principio de igualdad, como se ha dicho, "se traduce en el
derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos
individuos de lo que se concede a otros en idénticas  circunstancias, de donde
se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la
ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de
ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento
de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico,
económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben
ser relevantes para el derecho. Ese principio de la igualdad es objetivo y no
formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la   diferencia entre
los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de
la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que
concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de
supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos
distintos."
IGUALDAD EN CARGOS PUBLICOS-Requisitos de acceso
AUDITOR Y CONTRALOR GENERAL DE LA
REPUBLICA-Requisitos distintos para el desempeño
AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA-Conocimientos técnicos y calidades éticas
Si el Auditor debe vigilar fiscalmente al máximo órgano de control
fiscal del país resulta acorde con la función a desempeñar que se le exijan
conocimientos técnicos en materias relacionadas con las ciencias económicas,
contables, jurídicas, financieras o de administración, para que pueda cumplir
tal función con la solvencia técnica suficiente en términos de calidad y
eficiencia, como lo exige la función pública. Requisito que debe ir unido con
las calidades éticas y morales que le permitan desarrollar esa actividad con
honestidad, transparencia, imparcialidad e independencia, como se exige a todos
los empleados públicos y, en especial, a quienes ejercen funciones de control.
CARGO PUBLICO-Requisitos
constitucionales no modificables por legislador
AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA-Requisitos no contemplados en la
Constitución
Referencia: expediente D-3209
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) del Decreto 272 de 2000
Actor: Orlando Rengifo Callejas
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) abril de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano ORLANDO RENGIFO CALLEJAS demandó parcialmente el artículo 14 del
Decreto 272 de 2000, “Por el cual se determina la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la República”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda en referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada,
conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 43905 de febrero 22 de 2000,
y se subraya lo demandado:
“DECRETO LEY 272 DE 2000
(febrero 22)
"Por el cual se determina la organización y funcionamiento de
la Auditoría General de la República.
"El Presidente de la República de
Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el
numeral 2 del artículo 1 de la ley 573 de 2000,
DECRETA:
"Artículo 14. Del Auditor
General de la República. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
274 de la Constitución Política, el Auditor General de la República será
elegido para un período de dos años por el Consejo de Estado, de terna
presentada por la Corte suprema de Justicia. La persona designada deberá
ser profesional en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras
o de administración.”
III. LA DEMANDA
Considera el actor que el aparte demandado lesiona los artículos 4,
13, 40, 267 y 272 de la Carta Política, por las razones que se resumen en
seguida.
-    El artículo 4 de la
Carta resulta violado por el aparte acusado, pues al ser la Constitución norma
de normas, ésta prevalece sobre cualquier norma de inferior jerarquía.
-
La disposición demandada también vulnera el
principio de igualdad al otorgar un tratamiento distinto a los profesionales
que aspiren a ser Auditor General de la República, frente a los ciudadanos que
tengan cualquier título universitario y aspiren a ocupar el cargo de Contralor
General de la República, Contralor Departamental, Contralor Distrital o
Contralor Municipal; ello, en la medida en que éstos, de conformidad con los
artículos 267 y 272 de la Constitución, pueden ser profesionales de cualquier
disciplina, lo cual fue declarado exequible en las sentencias C-592/95 y
C-320/94.
-
Las funciones asignadas al Contralor General,
los contralores territoriales y el Auditor General son similares. La Auditoría
general vigila la gestión fiscal de la Contraloría General y las Contralorías
Departamentales y, exepcionalmente, las distritales y municipales, entonces,
“no se entiende esa discriminación odiosa para los profesionales de otras
disciplinas para impedirles que puedan acceder al cargo de Auditor General de
la República, cuando quienes van a fiscalizar (contralores) pueden ser
precisamente profesionales de todas las disciplinas académicas, tal como está
avalado en las sentencias referenciadas”.
-    Adicionalmente, considera
que la discriminación indicada lesiona el derecho político de acceder al
ejercicio de las funciones públicas (art. 40 C.P.).
IV. INTERVENCION CIUDADANA
En este proceso no hubo participación de ningún ciudadano.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación, en concepto No. 2369
recibido el 21 de noviembre de 2000, intervino en este proceso para solicitar
ala Corte que declare la constitucionalidad de la expresión acusada del
artículo 14 del decreto 272 de 2000, con base en las razones que se señalan a
continuación.
En primer lugar, indica que en este caso existe cosa juzgada
relativa, por cuanto la Corte Constitucional, en la sentencia C-1339 de 2000
(M.P. Antonio Barrera Carbonell) declaró exequible la totalidad del Decreto 272
de 2000, “en cuanto no hubo exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias que le fueron otogadas al Gobierno, según la Ley 573 de 2000”,
con ciertas precisiones que no se refieren al artículo que aquí se acusa. En
consecuencia, considera que la Corte debe proceder a efectuar el examen
material de la disposición demandada.
-
“Es competencia del legislador, propia de la
facultad de la libre configuración legal que la Carta le otorga, el establecer
los requisitos que estime necesarios para el ejercicio del cargo de Auditor
General, y ello en nada contraría la Constitución, en tanto resultan razonables
para el cumplimiento de las funciones que al mismo le han sido asignadas en el
artículo 17 del Decreto 272 de 2000, con las modificaciones de que fuera objeto
en la sentencia proferida por esa H. Corporación No. C-1339 de 2000”.
-    "La exigencia
de requisitos tendientes a asegurar la idoneidad de la persona que va a ocupar
el cargo de Auditor, no desconoce el principio de igualdad, puesto que se trata
de una exigencia mínima establecida por el legislador, la cual se encuentra
razonable desde el punto de vista de las funciones que debe cumplir. El nivel
mínimo de conocimientos que exige la norma, persigue garantizar que quien
dirige los destinos de la Auditoría, lo hará con criterios técnicos apropiados.
Si bien las funciones pueden coincidir con aquellas que desempeñan las
Contralorías, debe tenerse en cuenta que los destinatarios del control son
diferentes y, en este caso, exigen una mayor responsabilidad del órgano de
control."
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de la presente demanda
de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241-5 de la
Carta Política.
2. Planteamiento del problema
Corresponde en esta oportunidad a la Corte decidir si el
establecimiento de los requisitos consagrados en la norma acusada, para
desempeñar el cargo de Auditor General de la República, infringe el
ordenamiento superior.
3. Facultades extraordinarias
El decreto 272 de 2000, materia de acusación parcial, fue expedido
por el Presidente de la República, en desarrollo de las facultades
extraordinarias que le confirió el Congreso en el numeral 2 del artículo 1 de
la ley 573 de 2000, que prescribe:
"Artículo 1. Facultades
extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo
150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días
contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con
fuerza de ley para:
1. (…)
2. Determinar la organización y
funcionamiento de la Auditoría Externa de la Contraloría General de la
República en lo no previsto en la ley 330 de 1996.
(…)"
En esta oportunidad no es necesario analizar
si el legislador extraordinario al expedir la norma acusada se ajustó o no a
las facultades otorgadas, pues este asunto ya fue objeto de examen por la Corte
en la sentencia C-1339 de 2000[1],
en la que declaró exequible el decreto 272/00, en su integridad, por no exceder
el Presidente de la República "el límite
material de las facultades extraordinarias
que le fueron otorgadas por el legislador". En consecuencia, por este aspecto existe cosa juzgada
constitucional y así se declarará.
Sin embargo, debe anotarse que dicho fallo únicamente produce
efectos de cosa juzgada relativa, por cuanto la Corte lo limitó al tema antes
señalado, es decir, al uso de las facultades extraordinarias;  salvo en lo que
respecta a los artículos 10, 35 y 17 numerales 3, 7, 12, 16 y 21 los cuales
también se analizaron por razones de fondo.
En la demanda que hoy corresponde resolver a esta corporación, se
acusa el artículo 14 del decreto enunciado, por contenido material, es decir,
por aspectos distintos a los estudiados en la sentencia precitada.
4. Requisitos y calidades para ejercer cargos públicos
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 150
de la Constitución, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes,
y por medio de ellas ejercer las siguientes funciones:
"7. Determinar la estructura de la
administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades
del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica (…)"
"23. Expedir las leyes que
regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios
públicos".
De otra parte, en el artículo 125 del mismo
ordenamiento se consagra:
"El ingreso a los cargos de carrera,
y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de
los aspirantes."
Al hacer un análisis sistemático de estos
preceptos constitucionales resulta claro para la Corte que, con excepción de
los empleos respecto de los cuales el mismo constituyente ha señalado los
requisitos y calidades que deben reunir los aspirantes a ocuparlos que,
generalmente son los más altos cargos del Estado, corresponde al Congreso
establecerlos por medio de ley, sea cual fuere la clase o el nivel del
empleo, esto es, de carrera, de libre nombramiento y remoción, o de concurso
público.
Sin embargo, en desarrollo de esa potestad el
legislador no cuenta con una libertad absoluta, pues al determinar tales
condiciones debe respetar la Constitución y, por consiguiente, no puede crear
exigencias irrazonables o desproporcionadas que impidan ejercer el derecho de
acceso a los cargos públicos, contenido en el numeral 7 del artículo 40 del
Estatuto Supremo.
Al respecto ha dicho la Corte:
"(…) Aun cuando esta Corte reconoce que dentro del ámbito de
libertad del legislador se comprende el establecimiento de los requisitos
-genéricos y específicos- para el ejercicio de cargos o funciones públicas, tal
facultad debe realizarla con estricta sujeción a los mandatos constitucionales
que lo obligan  a no condicionar -hasta el punto de hacer impracticable- el
ejercicio de derechos fundamentales que, como la igualdad, la dignidad,
y el ejercicio de funciones y de cargos públicos, son base estructural del
orden constitucional pues, éstos le vedan la posibilidad de establecer
requisitos que los condicionen más allá de lo razonable, o de crear condiciones
que impliquen de manera injustificada, el acceso desigual a su ejercicio.
Por otra parte, el ejercicio del derecho político fundamental al
desempeño de funciones y cargos públicos, consagrado en el artículo 40-7 de la
Carta de 1991, se encuentra protegido por las mismas garantías que protegen el
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y, en general, por
los principios de libertad e igualdad que dan contenido a estos derechos.
De ahí que al exigir ciertos requisitos o condiciones -tanto
genéricas como específicas- para ejercer funciones o cargos públicos y al
establecer normas que rijan la práctica laboral, el legislador no pueda
vulnerar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 40 de la
Carta o de cualquier otro derecho fundamental. Como tampoco pueda desconocer
los valores y principios que conforman nuestra organización social,
institucional y política."[2]
Y en pronunciamientos posteriores expresó:
"constitucionalmente no le es dable al legislador señalar requisitos que,
sin justificación razonable y objetivamente atendible, vulneren el principio de
igualdad o restrinjan  mas allá de lo que sea razonablemente necesario el
acceso a un puesto de trabajo o que impongan restricciones no admisibles en
relación con el derecho o bien que se busca proteger."10
Bajo estos parámetros procede la Corte a
analizar la disposición acusada.
5. Requisitos para acceder al cargo de Auditor de la Contraloría
General de la República
Advierte la Corte que en la Constitución no se consagran los
requisitos o calidades que deben reunir los aspirantes a ocupar el cargo de
Auditor ante la Contraloría General de la República, pues ella se limita a
prescribir:
"Artículo 274. La vigilancia de la
gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor
elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada
por la Corte Suprema de Justicia".
Ante esta circunstancia, correspondía al
legislador ordinario, o al extraordinario debidamente facultado para ello,
señalarlos, como en efecto ocurrió en la norma parcialmente demandada.
En la norma demandada el legislador exige que
para desempeñarse en el mencionado cargo, se requiere ser profesional en "ciencias
económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración". En
consecuencia procede la Corte a analizar si dicho requisito se ajusta o no a la
Constitución.
En primer lugar, debe la Corte aclarar que
cuando el precepto impugnado exige ser "profesional" en una de
las especialidades allí enunciadas, necesariamente ha de entenderse que los
candidatos deben poseer título universitario en una cualquiera de esas áreas,
es decir, haber cursado y aprobado los estudios correspondientes y, por
consiguiente, obtenido el título que, según la ley, los acredita para
desempeñarse como tales.
En segundo término, es importante reiterar que ""(..)
De la existencia de tal derecho (derecho de acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos) no puede colegirse que el ejercicio de
funciones públicas esté libre de toda exigencia y requisito para quien es
llamado a los cargos de mayor responsabilidad. Por el contrario, el
buen éxito de la gestión estatal y, por ende, el bien común, dependen de una
adecuada preparación y de la idoneidad profesional, moral y técnica de las
personas a las que se confía la delicada responsabilidad de alcanzar las metas
señaladas por la Constitución. Ello se expresa no solamente en el
señalamiento previo y general de la forma como se accederá al desempeño del
cargo, lo cual asegura la legitimidad de la investidura (elección o
nombramiento), sino la previsión de las calidades y requisitos que debe reunir
aquel en quien recaiga la designación, las cuales pueden ser señaladas
directamente por la Constitución o, en sustitución de ella, por la ley, ya que
es al legislador a quien corresponde establecer las normas generales aplicables
al ejercicio de la función pública, sujetando eso sí todos sus mandatos a la
preceptiva fundamental."[3]
En el caso que hoy se demanda, considera la
Corte que la exigencia de conocimientos, de quien se va a desempeñar como
Auditor ante la Contraloría General de la República, en áreas como las
enunciadas: ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de
administración no vulnera la Constitución pues, además de tratarse de materias
que están íntimamente relacionadas con la labor que a tal funcionario le
compete ejercer: el control de los dineros y recursos públicos, asunto eminentemente
técnico, tiene como propósito primordial que tal función sea desarrollada por
una persona idónea, con capacidad intelectual suficiente para ejecutarla en
forma eficiente, con calidad, probidad y eficacia, como lo exige la función
pública.
Si la Contraloría General de la República es una entidad de carácter
técnico, encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación (art. 267
C.P.), mediante el control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, cómo no exigir a quien va a controlarla
fiscalmente que tenga conocimientos en materias relacionadas con las áreas
sobre las cuales versa aquélla.
Esta la razón para que la Corte señalara en la sentencia C-499/98[4], al pronunciarse sobre
este mismo tema, que "el ejercicio del control fiscal externo
impone, como requisito esencial, que los órganos que lo lleven a cabo sean
de carácter técnico y gocen de autonomía administrativa, presupuestal y
jurídica.[5]"
La vigilancia de la gestión fiscal, como se
ha reiterado, comprende la administración y manejo de los fondos y bienes
públicos, lo que significa que el Auditor debe controlar las etapas de recaudo,
gasto, inversión, adquisición, conservación, enajenación, entre otras
actividades, que realice o ejecute la Contraloría General de la República, asuntos
que requieren conocimientos especializados en materia presupuestal, financiera,
económica, contable, administrativa, jurídica, tributaria, etc, de ahí la norma
acusada exija que quien va ejercer esa tarea tenga título relacionado con
algunas de esas áreas del conocimiento.
Así las cosas, el requisito de razonabilidad
y proporcionalidad se encuentra cumplido pues, se repite, los estudios
profesionales especializados que se exigen en la norma demandada, a los
candidatos que se postulen para ser Auditor General de la República ante la
Contraloría General de la República, permiten demostrar su idoneidad y probidad
para ejecutar satisfactoriamente la función asignada que, se repite, es de
carácter eminentemente técnico. La preparación e idoneidad profesional y moral
de dicho funcionario se constituye entonces, en garantía suficiente para lograr
el éxito de la labor asignada en términos de calidad, eficiencia y eficacia, lo
cual incide a su vez en el bien común. Por tanto, el requisito exigido en la
norma acusada no es lesivo del ordenamiento supremo y así se declarará.
6. Principio de igualdad
Dice el demandante que la norma acusada
infringe el principio de igualdad, al consagrar unos requisitos distintos para
quienes aspiren a desempeñarse como Auditor General de la República frente a
los exigidos para ocupar el cargo de Contralor General de la República,
Contralor Departamental, Contralor Distrital o Contralor Municipal, a quien
sólo se les exige ser profesionales de cualquier disciplina (arts. 267 y 272
C.P.).
No comparte la Corte el punto de vista del
actor, quien parte de una concepción errada del principio de igualdad. En
efecto: el principio de igualdad, como tantas veces se ha dicho, "se
traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que
exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas
circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva
igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las
diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige
precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los
hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas
ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho. Ese principio de la
igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de
los iguales y de la   diferencia entre los desiguales. Se supera así el
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el
cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y
prescribe diferente normación a supuestos distintos."
En el presente evento, no se dan los presupuestos para aplicar tal
principio, pues es evidente que el cargo de Contralor General de la República
es sustancialmente distinto del de Auditor General de la República, y si bien
ambos vigilan la gestión fiscal, el primero la ejerce en una forma amplia:
frente a todas las personas y entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación; y el segundo en forma restringida, esto es, únicamente respecto de la
Contraloría General, máximo órgano de control fiscal del Estado. Entonces,
resulta obvio sostener, que el controlador (Auditor) y el controlado (Contraloría
General) están en situaciones disímiles que impiden efectuar el juicio de
igualdad, por ello se han establecido requisitos distintos para el desempeño de
uno y otro empleo.
Si el Auditor debe vigilar fiscalmente al máximo órgano de
control fiscal del país resulta acorde con la función a desempeñar que se
le exijan conocimientos técnicos en materias relacionadas con las ciencias
económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración, para que
pueda cumplir tal función con la solvencia técnica suficiente en términos de
calidad y eficiencia, como lo exige la función pública. Requisito que debe ir
unido con las calidades éticas y morales que le permitan desarrollar esa
actividad con honestidad, transparencia, imparcialidad e independencia, como se
exige a todos los empleados públicos y, en especial, a quienes ejercen
funciones de control.
Casos como el aquí se estudia, han sido objeto de estudio por parte
de esta Corte, valga citar a título de ejemplo, la disposición que exigía ser
abogado para desempeñarse como Defensor del Pueblo. La argumentación de la
corporación para declarar la exequibilidad de la norma acusada se expuso así:
" Así, pues, a juicio de la Corte, los requisitos para ejercer
aquellos cargos respecto de los cuales el Constituyente ha guardado silencio no
son otros que los fijados por el legislador, en virtud de la cláusula general
de competencia.
No se vulnera con ello el derecho a la igualdad, como sostiene la
demandante al mostrarse extrañada por la exigencia legal de que el Defensor del
Pueblo sea abogado.
En efecto, todo requisito, por su misma naturaleza y finalidad,
busca precisamente establecer diferencias tendientes a garantizar el adecuado
desempeño de un cargo, así que en la materia que nos ocupa, no se menosprecia a
los demás profesionales sino que se selecciona entre las distintas profesiones la de mayor afinidad con las
responsabilidades propias del empleo.
Presume el legislador, apoyado en el poder del que ha sido revestido, que, tratándose
de un cargo cuya misión fundamental consiste en la defensa de los derechos
humanos, quien mejor puede conocer  acerca de ellos, dada su profesión,
es el abogado, no solamente por su formación académica sino por las varias
funciones de índole jurídica que, por mandato expreso de la Constitución, han
sido confiadas al Defensor del Pueblo. Tal es el caso de la invocación del
Habeas Corpus, la interposición de acciones de tutela y de acciones populares y
la presentación de proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
La ley, entonces, ha obrado en consecuencia, determinando que el Defensor del
Pueblo deberá ser abogado, a lo cual ha agregado otros requisitos.
Puede discreparse de ese pensamiento del legislador o considerarse
que ha podido partir de presupuestos diferentes, tal como el que propone la
accionante, pero nunca derivar de ello una inconstitucionalidad de la norma,
pues lo dicho en nada contradice los mandatos superiores."[6]
7. Finalmente, es pertinente aclarar al actor
que si bien la Corte Constitucional declaró inexequible en la sentencia
C-320/94[7],
un aparte del artículo 68 de la ley 42 de 1993, que exigía como requisito para
acceder al cargo de Contralor Departamental, Distrital o Municipal ser
profesional en las mismas áreas a que se refiere la norma que hoy se acusa,
ello se produjo por que la Constitución señaló directamente los requisitos de
esos empleos y allí solamente exigió "tener título universitario",
sin indicar en qué área del conocimiento. En consecuencia, el legislador no
podía variar la Constitución. Dijo la Corte en el primer fallo:
"Asiste razón a los demandantes al afirmar la
inconstitucionalidad parcial del artículo 68,  en la parte que dice:  "ciencias
económicas, jurídicas, contables, de administración o financieras",
por cuanto son bien claros los preceptos  del orden superior  que no podían ser
transgredidos por la ley (artículo 4o. C.N.).  En efecto, el inciso 7o. del
artículo 272 de la constitución Política dispone que para ser elegido contralor
departamental, distrital o municipal se requiere la nacionalidad de colombiano
por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco (25) años,
"acreditar título universitario", y las demás calidades que
establezca la ley.  La circunstancia de que esta disposición es limitante del
derecho político al acceso a los cargos públicos, impone su interpretación
restrictiva, y lleva a esta Corporación a considerar que no podía el
legislador, como lo hizo en la parte acusada del artículo 68, calificar la
exigencia de la Carta, que se limita a exigir título universitario, para
agregar una restricción adicional, sobre la misma causal diseñada por el
constituyente, que la hiciera más restrictiva del derecho fundamental
señalado (artículo 40 de la C.N.);  por lo tanto, se declarará inexequible el
segmento acusado."
Argumentación que fue reiterada en la
sentencia C-592/95[8],
en la que se declaró inexequible ese mismo requisito para el cargo de Contralor
General de la República.
En el caso del Auditor ante la Contraloría,
como ya se ha explicado, la Constitución no fijó los requisitos y calidades
para acceder a él, por eso la decisión que aquí se adopta difiere sustancialmente
de las precitadas.
8. Conclusiones
De lo expuesto se puede concluir lo siguiente:
1. La ley puede fijar requisitos y calidades para el desempeño de
empleos públicos, en los eventos en que el constituyente no lo haya hecho;
2. Tales requisitos deben estar dirigidos exclusivamente a demostrar
el mérito o cualificación del aspirante o candidato para ejercer la función
asignada;
3. El derecho de acceso al desempeño de cargos públicos no se opone
a la fijación de requisitos y calidades para su ejercicio, siempre y cuando
éstos no excedan los límites de razonabilidad y proporcionalidad en relación
con la labor que a ese empleo le corresponde cumplir y la finalidad de la
función pública en general.
4. En la fijación de tales requisitos el legislador debe respetar el
principio de igualdad y los demás derechos constitucionales. Por tanto, un
requisito "sólo será razonable si apunta a asegurar en el candidato la
cualificación técnica, profesional, empírica o académica requeridas para el
idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o
empleo, la probidad moral y ética requeridas para detentar con dignidad tan
encomiable investidura y, en suma, para que el ejercicio de la función pública
conduzca a realizar el interés general y a efectivizar los derechos protegidos
constitucionalmente."[9]
Criterios que en el caso que aquí se ha examinado se encuentran
cumplidos, pues la exigencia de ser profesional en una de las áreas consagradas
en el precepto parcialmente demandado, se dirige exclusivamente a demostrar la
cualificación del Auditor en el ejercicio del control de la gestión fiscal de
ña Contraloría General de la República, a el asignada.
En razón de lo anotado, la Corte Constitucional declarará exequible
el aparte acusado del artículo 14 del decreto 272 de 2000, por no vulnerar
precepto constitucional alguno.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E:
Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-1339 de 2000, que
declaró exequible la totalidad del decreto 272 de 2000, por el aspecto de las
facultades extraordinarias.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 14 del
decreto 272 de 2000, que prescribe: "…. en ciencias económicas,
contables, jurídicas, financieras o de administración."
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Aclaración de voto a la Sentencia C-408/01
TEST DE RAZONABILIDAD EN CARGOS PUBLICOS-Aplicación en requisitos y calidades (Aclaración de voto)
CARGO PUBLICO-Criterios
de evaluación de requisitos (Aclaración de voto)
Sin duda, toda norma que establezca requisitos para acceder a un
cargo público tiene efectos jurídicos. Para determinar cuándo estos efectos son
compatibles con la Constitución y cuándo son contrarios a ella es preciso
acudir a criterios objetivos para evaluar su razonabilidad desde la perspectiva
constitucional.
TEST DE IGUALDAD-Criterios/TEST DE IGUALDAD-Importancia (Aclaración de voto)
Los criterios han sido estructurados por la Corte Constitucional en
un test de igualdad o, cuando están en juego otros derechos, en un test de
razonabilidad. Si bien es cierto que la Corte no ha aplicado estos criterios en
todas sus sentencias relativas a derechos, ello no impide que hacia el futuro
la Corte articule de manera clara y explícita cuáles son las preguntas
cruciales de las cuales depende la constitucionalidad de las limitaciones a un
derecho y en qué orden las va a abordar, así como con qué grado de rigor va a
exigir que las pautas que surjan de este análisis sean respetadas por el
legislador. De esta manera el juez constitucional no sólo se autolimita, sino
que introduce elementos de predictibilidad en la interpretación de la
Constitución y, además, fija referentes comunes que estimulan la deliberación
pública sobre cuál es el límite a los límites que el legislador puede establecer
cuando regula una materia que afecta un derecho.
TEST DE IGUALDAD EN CARGOS PUBLICOS-Importancia respecto de requisitos (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3209
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 14 (parcial) del Decreto 272 de 2000
Actor: Orlando Rengifo Callejas
Magistrado ponente:
Dr.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Aunque comparto la conclusión a la cual llegó la Sala, me aparto de
manera respetuosa de algunos aspectos de los considerandos. La cuestión central
que motiva esta aclaración es la de si ha debido aplicarse un test de
razonabilidad o un conjunto de criterios objetivos que, sin tener la estructura
del test de razonabilidad, permitiera apreciar si los requisitos demandados en
este caso son o no son razonables a la luz de la Constitución.
En este proceso era necesario responder dos preguntas relativas a
los derechos fundamentales involucrados. La primera es si el requisito
establecido viola el derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P.). La segunda es
si tal requisito es contrario al derecho político fundamental a acceder a
cargos y funciones públicas (art. 40 numeral 7 de la C.P.). Para responder
estas preguntas es necesario acudir a criterios objetivos que permitan evaluar
la razonabilidad del requisito demandado.
La norma en cuestión no es simplemente un ejercicio de la potestad
del legislador para establecer condiciones relativas a las calidades que debe
tener quien aspire a ser Auditor General de la República. Tampoco es solamente
una disposición sobre organización y funcionamiento de la Auditoría. El
artículo demandado excluye a ciertas personas de manera definitiva de la
oportunidad de ser Auditor General de la República. Por lo tanto, afecta los
dos derechos anteriormente mencionados.
Sin duda, toda norma que establezca requisitos para acceder a un
cargo público tiene efectos jurídicos semejantes a la demandada. Para
determinar cuándo estos efectos son compatibles con la Constitución y cuándo
son contrarios a ella es preciso acudir a criterios objetivos para evaluar su
razonabilidad desde la perspectiva constitucional.
Tales criterios han sido estructurados por la Corte Constitucional
en un test de igualdad o, cuando están en juego otros derechos, en un test de
razonabilidad. Si bien es cierto que la Corte no ha aplicado estos criterios en
todas sus sentencias relativas a derechos, ello no impide que hacia el futuro
la Corte articule de manera clara y explícita cuáles son las preguntas
cruciales de las cuales depende la constitucionalidad de las limitaciones a un
derecho y en qué orden las va a abordar, así como con qué grado de rigor va a
exigir que las pautas que surjan de este análisis sean respetadas por el
legislador. De esta manera el juez constitucional no sólo se autolimita, sino que
introduce elementos de predictibilidad en la interpretación de la Constitución
y, además, fija referentes comunes que estimulan la deliberación pública sobre
cuál es el límite a los límites que el legislador puede establecer cuando
regula una materia que afecta un derecho.
No es esta aclaración de voto el lugar indicado para aplicar un test
de igualdad o un test de razonabilidad. Basta con decir que de haber sido
aplicados habrían cobrado mayor relieve cuestiones como las siguientes:
- Cuando el legislador establece requisitos para acceder a un cargo
público, puede acudir a diferentes aproximaciones. Puede exigir (i) títulos,
(ii) experiencia, (iii) determinadas condiciones, o (iv) haber pasado una
prueba o concurso. En algunos eventos el legislador ha acudido a todos estos
tipos de requisitos. En otros eventos sólo ha empleado alguno de ellos. En este
caso, el legislador recurrió a un tipo de requisito: tener un título
profesional en los ámbitos del saber expresamente ennumerados en el artículo
demandado[10].
La pregunta inevitable es si ello es razonable desde el punto de vista constitucional.
- Cuando el legislador no tiene en cuenta la experiencia al momento
de definir los requisitos para acceder a un cargo público, excluye a un grupo
de personas que pueden legítimamente aspirar al mismo. Por ejemplo un
exContralor General de la República o un exMinistro de Hacienda que no tenga
alguno de los títulos expresamente enumerados en el artículo demandado no podrá
ser elegido Auditor General de la República. El interrogante ineludible es si
ello es razonable dentro del marco de la Constitución.
- Cuando el legislador limita a cierto tipo de profesionales el
acceso a un cargo público obviamente excluye a otros. Por ejemplo, en este caso
no puede ser Auditor General un ingeniero industrial, un matemático o un
físico, por citar tan solo tres profesionales en ámbitos del saber afines a la
auditoría. La cuestión que esta exclusión plantea es si pasa un test de
igualdad o si es una limitación razonable del derecho fundamental a acceder a
cargos públicos.
Creo que estas preguntas son relevantes para todos los ciudadanos
colombianos titulares de los derechos  fundamentales que he mencionado. Por
ello merecían un análisis y una respuesta de la Corte.
Fecha ut supra,
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1]
M.P. Antonio Barrera Carbonell
[2]
sent. C-537/93 M. P. Ciro Angarita Barón
10
Cfr.  entre otras, Corte Constitucional -Sala Plena-.  Sentencia C-221 de mayo
29 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  Sentencia C-511 de
septiembre 3 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] SENT. C-487/93 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[4]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[5] C-132/93 MP. José
Gregorio Hernández Galindo; C-374/95 MP. Antonio Barrera Carbonell; C-534/93
MP. Fabio Morón Díaz; SC-167/95 MP. Fabio Morón Díaz; C-586/95 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo; C-100/96 MP. Alejandro
Martínez Caballero; C-272/96 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[6] Sent. C-487/93 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[7]
M.P. Fabio Morón Díaz
[8]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[9]
ibidem
[10]
Decreto Ley 272 de 2000. Artículo 14. Del Auditor General de la República. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la Constitución Política, el
Auditor General de la República será elegido para un período de dos años por el
Consejo de Estado, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. La
persona designada deberá ser profesional en ciencias económicas, contables,
jurídicas, financieras o de administración.