C-575-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-575/06
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud
sustancial de la demanda
CONVENIOS DE GINEBRA Y PROTOCOLOS I Y II-Forman parte del bloque de constitucionalidad/MIEMBROS DE LA
FUERZA PUBLICA-Estatus de víctima en ley de justicia y paz/VICTIMA
EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Miembro de la fuerza pública/PRINCIPIO DE DISTINCION EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-No vulneración al otorgar a miembros de la fuerza pública carácter
de víctimas
Para los demandantes la disposición acusada genera una
discriminación en la medida en que considera como víctimas a los miembros de la
fuerza pública, dando lugar entonces a que ya no existan dos bandos claramente
diferenciados, que se enfrentan en el marco de un conflicto armado sino que
sólo habría un actor “que le
causa mal a otro”, en este caso a la fuerza pública, por tanto se parte del
supuesto que Colombia no sufre un conflicto armado sino que la fuerza pública
es objeto de enemigos de las instituciones, caso típico de la delincuencia
organizada y no de una confrontación interna. Afirman que de esta manera se
desconoce lo previsto en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra y el
protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, pues dicha disposición
establece expresamente dos grupos de personas que hacen parte de los conflictos
armados a saber, aquellos que no participan directamente en las hostilidades y
aquellos que sí (Derecho de la Guerra-Principio de Distinción). Al respecto la
Corte recuerda que  como se señaló en la Sentencia C-225 de 1995 los Convenios de Ginebra de 1949  y los Protocolos I y  II a ellos
integrados  hacen parte del bloque de constitucionalidad  y resultan
vinculantes para efectos del control de constitucionalidad efectuado por la
Corte. Ahora bien frente  al texto de dichas
disposiciones internacionales la Corte constata que ninguna oposición se
configura entre  estas y  el  inciso cuarto del artículo 5 de la Ley 975 de
2005 acusado, pues de las mismas no se desprende una prohibición para el Estado
Colombiano  de conceder  o atribuir el estatus de víctima  a los miembros de la
fuerza pública en las circunstancias a que alude la ley referida. Tampoco
encuentra la Corte que con ello se vulnere el principio de distinción -entre la
sociedad civil y los combatientes-  a que se aludió en la misma Sentencia C-
255 de 1995 pues en el presente caso de lo que se trata no es de asimilar  a
los civiles  con dichos combatientes para someter a los civiles  a una
situación de aquellas que precisamente prohíben los textos internacionales
citados, sino que se trata es simplemente del otorgamiento a los miembros de la
Fuerza Pública para efectos de la Ley sub examine del carácter de víctimas. Se
trata pues mas bien de una norma interna más garantista  que las previstas en
el ordenamiento internacional.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance de la obligación del
Estado de promoverlos
La Corte  debe
señalar  que  del análisis gramatical  ni menos aún  del análisis sistemático
de las disposiciones acusadas en el contexto normativo en que ellas se
insertan  se desprende que la expresión “promover”  comporte  la introducción
de elementos de indeterminación o de discrecionalidad  para los servidores
encargados de darles cumplimiento o que con ello se libere al Estado de sus
deberes y obligaciones  respecto de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia  y la reparación. A ello debe sumarse  que como lo señaló la Corte
en la Sentencia C-370 de 2006  la alternatividad a que alude el artículo 3 de
la  Ley 975 de 2005 ha de entenderse establecida en el sentido  de que “la
colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo
de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición” -resalta la Corte-. Desde esta perspectiva  es claro  para la
Corte que  no pueden en manera alguna interpretarse las disposiciones en que se
contiene la expresión acusada  en un sentido que desconozca el cumplimiento por
parte del Estado Colombiano de sus deberes y obligaciones  frente a las
víctimas respecto de sus derechos a la verdad, la justicia y  la reparación, en
armonía con las disposiciones constitucionales y los compromisos
internacionales que de acuerdo con ellas  éste ha adquirido en estas materias.
DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Asistencia  a víctimas
El análisis
que corresponde hacer ahora frente a la acusación formulada en el presente
proceso frente a una expresión diferente del mismo inciso segundo del artículo
34 debe  hacerse a partir  del texto que actualmente rige luego de la sentencia
C-370 de 2006  es decir “La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el
ejercicio de sus derechos y en el marco de la ley.”Ahora bien, a partir de ese
nuevo texto es claro  que la  acusación  formulada a partir de la diferencia
de tratamiento  que los actores consideran se establece en el referido artículo
34 con la  introducción en él de la expresión “asistirá” si se le compara con
las previsiones establecidas en la misma norma para el caso de los imputados,
acusados y condenados, pierde claramente su fundamento. En efecto  dado que la
función que  debe cumplir la Defensoría del Pueblo  no se encuentra limitada a
lo señalado en la Ley 975 de 2005 sino que debe entenderse  que ella se cumple
en el marco de la ley y de las funciones que la Constitución le asigna (art 282
C.P.) dentro de las que se encuentra precisamente  la de velar por la
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y
particularmente orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y
a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos  así
como organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la
ley, es claro que de la expresión acusada en manera alguna puede desprenderse
un entendimiento de la norma  que limite  o haga menos vinculantes para dicha
institución sus deberes para con las víctimas. Víctimas  respecto de las
cuales,   como se  reiterará mas adelante,  no cabe ninguna duda del claro
compromiso del Estado Colombiano en la protección de sus derechos ya no
limitada simplemente al concepto de indemnización económica.
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Obligación de promocionar mecanismos de participación de
organizaciones sociales de asistencia a víctimas
El artículo
35  de la  Ley 975 de 2005 establece que  el Procurador General de la Nación
creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la
Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales. Es decir que en manera alguna puede
entenderse que las disposiciones acusadas contenidas en el artículo 36  de la
misma ley atinente a  la promoción de mecanismos  de participación de las
organizaciones sociales  de asistencia a las víctimas, puedan limitar  de
alguna manera el derecho de acceso de las víctimas a la administración de
justicia  en función de las competencias que se asignan a la Procuraduría
general para promover  la participación de dichas  organizaciones sociales.
Participación que obviamente  ha de entenderse sin perjuicio de las  funciones
a las que  la misma ley 975 de 2005 y en general la Constitución  y la Ley
asignan a las instituciones a que se hace referencia en el citado capitulo
VII.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Protección de su intimidad y seguridad cuando resulte amenazadas/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Protección especial debe brindarse
con el consentimiento de la víctima
Afirman los
demandantes que las expresiones “cuando quieran que resulten amenazadas”, que
hacen parte del numeral 38.2 del artículo 37, vulneran el derecho a la
protección que tiene las víctimas de violaciones a los DDHH, de crímenes de
lesa humanidad y de guerra, en la medida en que crea una limitación a la
obligación general que tiene el Estado de proteger a esas personas víctimas del
conflicto independientemente de la circunstancia que resulten o no amenazadas. Al respecto la Corte señala que las expresiones acusadas
necesariamente deben interpretarse en un sentido de  protección  efectiva de
los derechos de las víctimas y en manera alguna como limitación o excusa para
el Estado de garantizar esos derechos. Desde esta perspectiva no cabría
entender por ejemplo que  el derecho en si mismo  a la protección de la
intimidad o a su seguridad  y la de sus familiares o testigos a favor en el
contexto del acceso a la administración de justicia  pueda quedar supeditada a
una valoración subjetiva  de cualquier funcionario sobre su amenaza. Dichos
derechos en cuanto tales deben siempre estar  protegidos  y ello no en función
solamente de la calidad de víctima sino de persona. Ahora bien, en cuanto se
refiere a una protección adicional o especial  -que es necesariamente el
sentido en que cabe entender  introducidas  por el legislador las expresiones
acusadas  es  claro que como lo pone de presente el señor  Fiscal brindar una
protección especial puede llegar a restringir los derechos de las personas
concernidas y  en este sentido  solo es posible  brindarla  con el
consentimiento de las mismas.  Incorporar a una determinada persona  o a un
grupo de personas a un  programa especial de protección exige  además tomar en
cuenta la condición de riesgo previsible  en que ellas se encuentren, pues no
tendría sentido exigir al Estado  la incorporación a dichos programas a todas
las personas que intervienen en el proceso penal independientemente  de sus
circunstancias.  En ese orden de ideas dicha protección especial deberá
efectivamente  garantizarse  cuando los derechos a que se ha hecho referencia
se encuentren amenazados.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuestos para que prospere
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Alcance del derecho a ser oídas y que se les facilite el aporte de
pruebas/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Alcance del
derecho a ser informadas sobre decisión definitiva/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Superación de la concepción que limitaba los derechos de las
víctimas a una simple pretensión indemnizatoria/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN
EL PROCESO PENAL-Posibilidad de intervenir en todas las fases de la
actuación/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance/
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Carácter bilateral
Para los
demandantes la expresión “facilite”, que hace parte del numeral 38.4 del
artículo 37 de la Ley 975 de 2005  vulnera el derecho de las víctimas a
participar activamente dentro del proceso judicial. A su vez advierten que la
expresión acusada “definitiva”, que hace parte del numeral 38.6 del  mismo
artículo 37, impide que  las víctimas accedan a la documentación recopilada
durante el proceso judicial, por tanto la expresión acusada al establecer una
restricción, en cuanto solo permite el acceso a los casos ya decididos
definitivamente genera como consecuencia la imposibilidad de la víctima para
actuar de alguna forma dentro del proceso como tal hasta tanto no haya una
decisión en firme. Debe reiterar la Corte que las disposiciones acusadas  que
se examinan en este acápite  como todas las que regulan los derechos de las
víctimas en el proceso penal, deben ser interpretadas conforme al estado actual
de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional se ha producido
en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que actualmente se
encuentra superada la concepción reductora de los derechos de las víctimas a
una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las
víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia,
comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la
justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas
las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia
en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva
del carácter bilateral del derecho a un  recurso judicial efectivo en virtud
del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con
los que asisten al procesado. El hecho de que una de las  disposiciones
impugnadas establezca explícitamente el derecho de las victimas a ser
informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, no
puede interpretarse como exclusión de su derecho a participar y a conocer las
diferentes actuaciones surtidas en el proceso previamente a dicha decisión. Tal
reconocimiento explícito del derecho a ser informados de la decisión definitiva
debe entenderse sin perjuicio del derecho que tiene    a intervenir en las
diferentes fases del proceso y en este sentido. Tampoco el hecho de que se
señale que se  facilitará a las víctimas el aporte de pruebas puede entenderse
en un sentido que  limite sus derechos a intervenir en el proceso.
GRUPOS INDIGENAS Y MINORIAS ETNICAS-No
inclusión como personas de especial protección en ley de justicia y paz/CONVENIO
169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Derechos humanos de
pueblos indígenas/CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Valor
normativo/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO-No integración de norma que puede ser suspendida
durante los estados de excepción/OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-No configuración
Argumentan los
demandantes que el Legislador incurrió en una omisión legislativa en la medida
en que no incorpora como personas de especial protección a los grupos indígenas
y minorías étnicas. La jurisprudencia ha identificado una serie de
presupuestos  para que prospere una demanda por omisión legislativa relativa.
Dado que  presupuesto indispensable para entender o no configurada dicha
omisión, consiste en que  exista una obligación específica impuesta por el
Constituyente que se este incumpliendo por parte del Legislador, debe la Corte
examinar si en este caso ese requisito se  da pues de lo contrario la referida
omisión no se configuraría. Los demandantes al respecto invocan tanto el
artículo 7 de la Constitución como el Convenio 169 de la OIT. En relación con
artículo 7 de la Constitución  según el cual “el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” debe señalarse que del
mismo no se desprende una obligación específica que pueda invocarse en este
caso  concretamente en materia de “derechos de las víctimas  frente a la
administración de justicia”  y concretamente  de atención de necesidades
especiales de las comunidades indígenas. Debe entonces examinarse si dicha
obligación específica se encuentra establecida en el Convenio 169 de la OIT.
Previamente empero debe dilucidarse si dicho Convenio y concretamente las
obligaciones que en el puedan establecerse  constituyen disposiciones de
aquellas que por  referirse a tratados y convenios  de derechos humanos
ratificados por el Congreso y que prohíben su limitación en estados de
excepción interan el bloque de constitucionalidad. Al respecto la Corte
constata que  el Convenio 169 de la OIT se encuentra dentro de aquellos textos
internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Congreso.
En efecto dicho texto internacional fue aprobado mediante la Ley 21 de 1991  y
en el se contienen diferentes disposiciones relativas a los derechos humanos
reconocidos a los pueblos indígenas. Empero  ninguna de sus disposiciones
prohíbe la suspensión  de las mismas en los estados de excepción. Tampoco este
figura dentro de los textos a que alude el artículo 4  de la Ley estatutaria de
Estados de excepción como aquellos que no pueden ser objeto de suspensión. Si
bien la Corte ha señalado que dicho Convenio  constituye en armonía con el
artículo 93  superior claramente criterio de interpretación  de los derechos y
deberes  señalados en la Constitución  y en materia de acciones de tutela ha
incluso afirmado que para esos efectos se integra al bloque de
constitucionalidad -particularmente en lo relativo al derecho a ser
consultados- es claro que por  tratarse  de una norma que  puede ser suspendida
durante  los estados de excepción no puede ser tomado como referente de control
en materia de control abstracto  de constitucionalidad. A ello debe sumarse que
de su texto no se desprende tampoco una obligación específica para el Estado
en relación con la materia  concreta a que alude el artículo acusado. Desde
esta perspectiva, encuentra la Corte que ante la ausencia de uno de los
presupuestos necesarios para poder entenderse configurada una omisión relativa
del Legislador -específicamente la existencia de una obligación constitucional
concreta que se esté incumpliendo- no puede entenderse configurada dicha
omisión en el presente caso.
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No  entraña una afectación desproporcionada del valor justicia/ALTERNATIVIDAD
PENAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Colaboración con la justicia debe
encaminarse al logro efectivo de los derechos de las víctimas
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Acceso a
beneficios está supeditado al cumplimiento del conjunto de requisitos y
obligaciones que dicha ley establece
Ninguna duda
cabe de que el único entendimiento posible del parágrafo del artículo 10  según
el cual “Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se
encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos
en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en
las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al
respectivo grupo” es el de que dicha posibilidad  esta supeditada al
cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones que en la misma ley se
imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al que se señala
expresamente en la norma de que  “en las providencias judiciales
correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”. En similar
sentido ha de señalarse que en manera alguna cabría interpretar el artículo 22
acusado   en un sentido que exonere  al desmovilizado,  en la hipótesis que en
el se señala, del cumplimiento del conjunto de  etapas procesales, requisitos
y  obligaciones que en la ley se imponen para quienes pretenden acceder al
beneficio de la alternatividad penal regulada en dicha ley.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO
JUDICIAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Improcedencia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-No podrá
suspender, interrumpir, ni renunciar  a la persecución penal, salvo caso de
aplicación del principio de oportunidad
De acuerdo con el artículo 250 superior la
Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para
la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la
política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad
por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.
ARCHIVO DE DILIGENCIAS-Incidencia sobre
los derechos de las víctimas/ARCHIVO DE DILIGENCIAS-Obligación de motivar la decisión/ARCHIVO DE DILIGENCIAS-Verificación
de la tipicidad objetiva/ARCHIVO DE DILIGENCIAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia
sobre hechos admitidos por desmovilizado
La decisión
de archivo puede tener incidencia  sobre los derechos de las víctimas, pues a
ellas les interesa  que se adelante  la investigación que esclarezca la verdad
y evite la impunidad.  En el marco de  la Ley de Justicia y Paz que se examina
dicha incidencia  como lo pone de presente el señor Procurador  resulta
claramente relevante. En ese sentido la Corte hizo énfasis  en la Sentencia
C-370  de 2006  de la importancia de la realización de las investigaciones  y
del esclarecimiento la verdad de lo sucedido, lo que supone otorgar a las
victimas todos los elementos posibles para el esclarecimiento de la misma. En
ese sentido encuentra la Corte  que frente a la acusación formulada lo que
procede es  efectuar  en el presente caso el mismo condicionamiento por el que
se optó en la Sentencia C- 1154 de 2005  pero   referido esta vez  al articulo
27 de la Ley 975 de 2005 en su conjunto. Así las
cosas la Corte declarará la exequibilidad condicionada del artículo 27 de la
Ley 975 de 2005 en el entendido que  la caracterización
a que en el se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del
archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
AMNISTIA E
INDULTO-Aprobación por mayoría calificada
AMNISTIA E
INDULTO-Distinción
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No concede
amnistía ni indulto/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Trámite legislativo como ley
ordinaria
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No implica indulto
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Determinación del  lugar de reclusión por el Gobierno
La Corte
señala que contrario a lo afirmado por los actores en su demanda la el artículo
30 de la Ley 975 de 2005  no desconoce el principio de separación de poderes,
ni permite que el Gobierno se inmiscuya en la función de administrar justicia,
ello por cuanto la determinación del lugar de reclusión de los condenados por
el procedimiento previsto en la Ley 975, no es una decisión judicial y tampoco
comporta un acto de administración de justicia, sino un acto de ejecución
propio de la función administrativa a cargo del Gobierno Nacional.
RECLUTAMIENTO DE MENORES Y LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Responsabilidad penal/ENTREGA DE MENORES POR GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY Y LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No pérdida de beneficios
A juicio de
los actores, la disposición acusada al establecer que la entrega de los menores
reclutados en las fuerzas armadas ilegítimas, no impide el acceso a los
beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, desconoce la normatividad
internacional según la cual el reclutamiento de niños y niñas a los grupos
armados organizados al margen de la ley es considerado como un delito por la legislación
penal colombiana, un crimen de guerra por el Estatuto de Roma y una violación a
los derechos de los niños de conformidad con el Protocolo Facultativo a la
Convención sobre Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en
los conflictos armados y el Convenio No. 182 de la Organización Mundial del
Trabajo –OIT-. Para la Corte es claro que en el presente caso la acusación
formulada por los demandantes en contra del artículo 64 de Ley 975 de 2005 se
estructura a partir de una interpretación de la disposición acusada  que no se
desprende de su contenido. Es claro en efecto que la circunstancia de que la
entrega de menores  por parte de los grupos armados  no sea causal de pérdida
de los beneficios aludidos  no exime de la responsabilidad a que haya lugar
por el reclutamiento de menores. La norma no puede entenderse  en efecto sino
en el sentido de facilitar dicha entrega -por lo que no se pierden los
beneficios a que en ella se alude-  pero claro esta sin perjuicio de la
responsabilidad penal que de acuerdo con la ley quepa endilgar a quienes hayan
incurrido en esa conducta. En  ese orden de ideas y dado que el artículo
acusado en manera alguna puede interpretarse como eximiendo  de responsabilidad
penal  a quienes  hayan incurrido en  el delito de reclutamiento de menores  el
cago formulado  por el actor a partir de ese presupuesto  no esta llamado a
prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Publicidad de la
información
RESERVA DE INFORMACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia para protección de intimidad, vida, integridad o
seguridad de víctimas y testigos
DERECHO A LA VERDAD EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Suministro de información a familiares de víctima/DERECHO A LA
VERDAD EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Acceso público  a los registros de casos
ejecutoriados/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Derecho de
acceso al expediente
La mención
específica  a las víctimas y sus familiares  en relación con  el conocimiento
de la suerte de los desaparecidos o secuestrados  no puede entenderse  sino
como el propósito  del Legislador de enfatizar que los   familiares de los
secuestrados y desaparecidos serán los primeros destinatarios de la información
que da cuenta de los mismos, sin que ello implique restricción alguna respecto
de las demás víctimas en torno al derecho a la verdad que los ampara, o en
general de la sociedad a conocer la verdad.  Téngase en cuenta que el artículo
7 enuncia de manera enfática el derecho inalienable, pleno y efectivo  de las
victimas pero también de la sociedad de conocer la verdad sobre los delitos
cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el
paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. En el mismo
sentido la mención a  las víctimas y a los parientes  en el artículo 58 para
facilitarles el acceso a los archivos  para hacer vales sus derechos, no puede
entenderse como negación del derecho de  todas las personas a acceder a ellos
pues como  lo explicó la Corte  respecto de los mismos  no cabe entender
establecida  ninguna reserva más allá de la que establecen  las normas vigentes
sobre reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos. En
el mismo sentido la mención  a   los expedientes ejecutoriados no puede
entenderse sino en un sentido que concilia  las necesidades del proceso penal y
la reserva que en el existe con el derecho de todos a conocer la verdad una vez
producida la sentencia. Sin que ello signifique tampoco negación de los
derechos  de las victimas  al acceso al expediente, pues  respecto de ellas se
encentra claramente reconocido el derecho de acceso e intervención en  el
proceso.
VICTIMA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Definición
del concepto de víctima no solo en sentido individual sino también colectivo
Sobre este
aspecto de la acusación relativo a la  dimensión colectiva  del derecho a la
reparación y el supuesto desconocimiento  o limitación en determinados casos de
la misma por parte del legislador en la Ley 975 de 2005  la Corte  constata que
los demandantes parten, como lo pone de presente el señor Fiscal de la Nación,
de un supuesto que  no puede predicarse  de la ley 975 de 2005 a saber  que
ella define el concepto de víctima en un sentido exclusivamente individual. Al
respecto ha de  recordarse que  el primer inciso del artículo 5  que contiene
la definición de víctima  señala que “Para los efectos de la presente ley se
entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o
auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que
hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados
organizados al margen de la ley.”  En este sentido nada impide entender que
cuando la ley  se refiere a la victima o a las víctimas esta haciendo
igualmente  mención   a quienes colectivamente han sufrido un daño,  y en este
sentido a  grupos o comunidades  que han sido afectadas por hechos delictivos
cometidos por las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de
la ley  a los que alude la Ley.
DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO REPETICION-Dimensión colectiva
REPARACION COLECTIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Zonas  afectadas por violencia
Dado que los
demandantes fundamentan su acusación  en contra  de las expresiones a que se
alude en el presente acápite de la sentencia   a partir de un entendimiento
equivocado  del alcance  del concepto de victima al no tomar en cuenta el
carácter colectivo que  la misma puede tener en la ley  975 de 2005 es claro
que los reproches que endilgan a los incisos 1 a 4 del artículo 23 y a las
expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24
pierden  totalmente sentido. A su vez  cabe advertir la acusación que formulan
en contra de las expresiones poblaciones afectadas por la violencia del
artículo 8° y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por
la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 supone un desconocimiento
por parte de la ley  de los derechos de las víctimas colectivas  en concreto
cuando  dichas disposiciones como lo pone de presente el señor Procurador  no
inciden en el contenido y alcance del derecho que tienen dichas  víctimas a
obtener la reparación integral de los daños ocasionados por los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley que regula la Ley 975 de 2005 pues
aluden mas bien  al direccionamiento de la acción del Estado en relación con la
recuperación del tejido social mirado en su conjunto y no de las victimas
individuales o colectivas y sus derechos, que como se ha visto en manera alguna
pueden entenderse desconocidos por la Ley 975 de 2005. En ese orden de ideas la
Corte constata que la acusación formulada en contra del inciso octavo del
artículo 8,  los incisos 1 a 4 del artículo 23, las expresiones “obligaciones
de reparación moral y económica” del artículo 24, la expresión “más” del
numeral  45.2 del artículo 44 y   las expresiones “particularmente en
las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de
2005  no está  llamada a prosperar.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Miembros de grupo armado al margen de la ley responden con su propio
patrimonio/REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Reparación subsidiaria
del Estado/RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA
LEY EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia//DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA
REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Orden en que se satisface por los
obligados
i)  todos y cada uno de los
miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su
propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctima de los actos
violatorios de la ley penal por los que fueren condenados,  ii) también responderán solidariamente por los
daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico
al cual pertenecieron,  iii) la satisfacción
del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación
de los recursos que integran el fondo de reparación establecido por la Ley 975
de 2005. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los
delitos,  en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo
específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del
Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de
los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su
propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El
Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una
cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan
con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen
derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la
eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes
REPARACION DE LA VICTIMA CON ENTREGA DE BIENES OBTENIDOS
ILICITAMENTE-Inconstitucional porque comporta
restricción importante del derecho de las víctimas a la reparación integral
En cuanto
hace a la expresión ilícitamente  contenida en el numeral  45.1 del artículo
44  en el que se  señalan cuales son los actos  de reparación de que trata la
Ley 975 de 2005  y en el que se enuncia como  acto de reparación “la entrega de
bienes  obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas”, la Corte
constata  que dicha expresión por el contexto  en que se halla contenida, así
como por el hecho de que en el mismo artículo no se hace referencia  en materia
de bienes   destinados a la reparación  sino precisamente a los bienes
obtenidos ilícitamente, debe ser declarada inexequible pues ella  comporta una
restricción importante del derecho  de las víctimas a la reparación integral.
Téngase en cuanta que el artículo en que se encuentra dicha expresión  enuncia
precisamente el listado de los actos de reparación  y en materia de bienes solo
enuncia aquellos obtenidos ilícitamente. La
reparación estaría  así limitada a la entrega de bienes obtenidos ilícitamente
y no del conjunto de bienes  que conforman el patrimonio  de los beneficiarios
de la ley.  Por ello y para  que la decisión  en este caso resulte concordante
con lo decidido -en  cuanto al condicionamiento hecho al artículo 54 de la ley
975 de 2005- en la sentencia C-370 de 2005, la Corte declarará la
inexequibilidad de la expresión “ilícitamente”  contenida  en el numeral 45.1
del artículo 44 de  la Ley 975 de 2005 y así se señalará en la parte resolutiva
de esta sentencia.
Referencia: expediente
D-5994
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos -total o
parcialmente acusados- 1° a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64
y 71  de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”
Actores: María Helena Ruíz de Ospina y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C.,  veinticinco  (25) de julio  del
año dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Maria Helena Ruíz de Ospina y
otros actuando como tales en ejercicio de sus derechos políticos  y en su
condición de miembros integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes del Estado, presentaron demanda en contra  de los artículos  -total o parcialmente
acusados- 1° a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la
Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Mediante auto del once (11) de
octubre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la
intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor
Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, a los
Ministros del Interior y de Justicia, de Defensa Nacional y de Hacienda y
Crédito Público, así como al Fiscal General de la Nacional y al Defensor del
Pueblo para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la
constitucionalidad de las normas acusadas.
En dicha providencia, además
decretó un término probatorio de diez (10) días para que se practicaran unas
pruebas, y con ese fin ofició a los Secretarios Generales del Senado de la
República, de la Cámara de Representantes, para que enviaran copia auténtica
del expediente completo que contiene el trámite del proyecto que culminó con la
expedición de la Ley 975 de 2005 y los ejemplares de la Gaceta del Congreso en
los que se publicó el proyecto presentado por el Gobierno y su exposición de
motivos, las ponencias para primer y segundo debate en Senado y Cámara y los
respectivos textos definitivos e igualmente ordenó que se certificara sobre el
quórum deliberatorio y decisorio con los que la Ley 975 de 2005 se discutió y
aprobó.
Así mismo ordenó invitar en este proceso a la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Comisión
Andina de Juristas, con el mismo fin.
De igual manera, invitó a participar en
el presente proceso al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, al Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la Sabana, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio
Arboleda, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, al Decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, al Decano de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, al Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, al Director del Departamento
de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, al Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, al
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura de Cali, al
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla,
al Decano de la Facultad de Derecho Ibagué –Coruniversitaria- y al Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones
demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.980
del 25 de julio de 2005.   Se subrayan las normas acusadas.
“Ley 975 de 2005”
(julio 25)
“por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”
El Congreso de la
República
DECRETA:
CAPITULO I
Principios y definiciones
Artículo
1°. Objeto
de la presente ley.
La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
Se entiende
por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de
autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques,
frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la
Ley 782 de 2002.
Artículo
2°. Ambito
de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a
la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las
personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional.
La
interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas
disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la
negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.
La reinserción
a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía,
indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá
por lo dispuesto en dicha ley.
Artículo
3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente
en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La
concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la
presente ley.
Artículo
4°. Derecho
a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al
que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho
al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.
Artículo
5°. Definición
de víctima. Para
los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que
individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser
consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas
por grupos armados organizados al margen de la ley.
También se
tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición
de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda
procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la
relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se
considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan
sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún
integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se
tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares
en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que
hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el
mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún
integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
Artículo
6°. Derecho
a la justicia. De
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de
realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y
sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas
el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las
medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Las
autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con
fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que
trata este artículo.
Artículo
7°. Derecho
a la verdad. La
sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y
efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada.
Las
investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley
deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas
conductas e informar a sus familiares lo pertinente.
Los procesos
judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no
impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.
Artículo
8°. Derecho
a la reparación. El
derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan
por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las
garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es
la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la
situación anterior a la comisión del delito.
La
indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
La
rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación
de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del
delito.
La
satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes
a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías
de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
Se entiende
por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de
la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública
de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las
víctimas.
La
reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las
poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera
especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia sistemática.
Las
autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales,
colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.
Artículo
9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de
dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley,
realizado ante autoridad competente.
La
desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.
CAPITULO II
Aspectos preliminares
Artículo
10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que
establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen
de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los
mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el
listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y
reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado organizado de que se
trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el
Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los bienes producto de la
actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a disposición del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad
reclutados.
10.4 Que el grupo cese toda interferencia al
libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera
otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se haya organizado para el
tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6 Que se liberen las personas secuestradas,
que se hallen en su poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado
al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a
los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782
de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se
determine su pertenencia al respectivo grupo.
Artículo
11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y
que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
11.1 Que entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso
con el Gobierno Nacional.
11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las
armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.
11.4 Que cese toda actividad ilícita.
11.5 Que entregue los bienes producto de la
actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.
11.6 Que su actividad no haya tenido como
finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
Solamente
podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos
nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de
la Nación.
CAPITULO III
Principios procesales
Artículo
12.
Oralidad. La actuación procesal será oral y en su
realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su
reproducción fidedigna.
La conservación
de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del
Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento, según
corresponda.
Artículo
13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia
serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en
estrados.
Las audiencias
preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que
designe el Tribunal respectivo.
En audiencia
preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:
1. La práctica de una prueba anticipada que
por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida
o alteración del medio probatorio.
2. La adopción de medidas para la protección
de víctimas y testigos.
3. La solicitud y la decisión de imponer
medida de aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer
medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.
5. La formulación de la imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los
anteriores.
Las decisiones
que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse
fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de
desestimación de las pretensiones de las partes.
El reparto de
los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en
que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.
Artículo
14. Defensa. La
defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el
imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de
Defensoría Pública.
Artículo
15.
Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente
ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el
esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y
se garantice la defensa de los procesados.
La Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá
investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del
grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida,
sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta
anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual
o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como
lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
Con la
colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero
de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los
familiares sobre los resultados obtenidos.
La Fiscalía
General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y
los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos
y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría
del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del
Consejo Superior de la Judicatura.
CAPITULO IV
Investigación y juzgamiento
Artículo
16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que
corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:
16.1 Conocer de las investigaciones de los
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.
16.2 Conocer de las investigaciones que cursen
en contra de sus miembros.
16.3 Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad
a la desmovilización.
El Tribunal
Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida
antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del
juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.
No podrá
haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de
Distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y
cualquier otra autoridad judicial.
Artículo
17. Versión
libre y confesión.
Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres
someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la
Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la
presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el
proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que
tenga conocimiento.
En presencia
de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su
pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por
los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán
los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren,
y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión
rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso
de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y
la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El
desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza
la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión
determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la
presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará
y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del
fiscal que conozca del caso.
Artículo
18. Formulación
de imputación. Cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión
libre pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe
de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso
solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la
programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.
En esta
audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y
solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro
de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente
solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de
procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación
a las víctimas.
A partir de
esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de
policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los
hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o
antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza
la función de control de garantías la programación de una audiencia de
formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud,
si a ello hubiere lugar.
Con la
formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.
Artículo
19. Aceptación
de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el
imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la
versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la
desmovilización.
Para su
validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido
por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control
de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del
Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.
Recibida la
actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los
diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido
libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme
a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de
sentencia e individualización de pena.
Parágrafo
1°. Si en esta
audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en
la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al
momento de la comisión de las conductas investigadas.
Parágrafo
2°. Cuando exista
solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
Artículo
20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se
acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado
organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.
Cuando el
desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen
de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre
acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá
ser superior a la prevista en la presente ley.
Artículo
21. Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los
cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso
la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por
las autoridades competentes y las ley es procedimentales vigentes al momento de
su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de
que trata la presente ley.
Artículo
22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en que el desmovilizado
se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló
acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá
oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le
impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la
resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá
hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las
condiciones previstas en la presente ley.
Artículo
23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del
caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados
con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco
(5) días siguientes.
Dicha
audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante
legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de
reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar
sus pretensiones.
La Sala
examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o
está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única
pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los
términos de esta ley.
Admitida la
pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los
cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere
acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en
caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá
el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el
incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia
condenatoria.
Parágrafo
1°. Exclusivamente
para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el
imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio
público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad
Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de
las Víctimas.
Parágrafo
2°. No podrá
negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no
ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.
Artículo
24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley,
en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias.
Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley,
los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones
de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio
de los bienes que se destinarán a la reparación.
La Sala
correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos
previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
Artículo
25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de grupos armados al
margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se
beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con
posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión
de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas
serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes
vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en
el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre,
voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber
participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido
intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena
alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin
exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Teniendo en
cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial
impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y
una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
Artículo
26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procede
para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata
en la respectiva audiencia.
La apelación
procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el
desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma
audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.
El Magistrado
ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral
que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso
por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá
decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que
corresponda.
Si el
recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.
Parágrafo
1°. El trámite de
los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre
los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.
Parágrafo
2°. De la acción
extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de
justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal
vigente.
Parágrafo
3°. Contra la
decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.
Artículo
27. Archivo
de las diligencias.
Si en relación con
los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión
libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de
imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que
indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la
actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará
la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley,
mientras no se haya extinguido la acción penal.
Artículo
28. Intervención del Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la Constitución
Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario, en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales.
CAPITULO V
Pena alternativa
Artículo
29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito
Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de
acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que
el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de
acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el
esclarecimiento de los mismos.
Para tener
derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a
contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza
durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover
actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la
ley al cual perteneció.
Cumplida la
pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir
en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que
corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas
estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida
la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se
deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los
subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.
CAPITULO VI
Régimen de la privación de la libertad
Artículo
30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento
de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.
Los
establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec.
La pena
podrá cumplirse en el exterior.
Artículo
31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos
armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación
colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración
decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se
computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda
exceder de dieciocho (18) meses.
El
funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades
locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que
hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados
de que trata la presente ley.
CAPITULO VII
Instituciones para la ejecución de la
presente ley
Artículo
32. Competencias
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz. Además de las competencias establecidas en
otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el
Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de
juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el
cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.
Corresponde a
la Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los
archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las
personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con
el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del
olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los
registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de
Comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.
Artículo
33. Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia
y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con
competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley.
Esta unidad
será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su
competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los
procedimientos establecidos en la presente ley.
La Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de
una unidad especial de policía judicial, conformada por miembros de las
autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con
competencia en todo el territorio nacional.
Adicionar a la
planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005
establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes
cargos:
150 Investigador Criminalístico VII
15 Secretario IV
15 Asistente Judicial IV
20 Conductor III
40 Escolta III
15 Asistente de Investigación
Criminalística IV
20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará
de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal
Artículo
34. Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio
del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en
los términos señalados en la ley.
La Defensoría
del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en
el marco de la presente ley.
Artículo
35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación creará,
para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia
y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.
Artículo
36. Participación
de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto en la
presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará mecanismos
para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a
las víctimas.
CAPITULO VIII
Derechos de las víctimas frente a la
administración de justicia
Artículo
37. Derechos
de las víctimas.
El Estado
garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir todo el procedimiento un trao
humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía
de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que
resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños
sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el
aporte de pruebas.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las
autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal,
información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la
verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han
sido víctimas.
38.6 A ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos
cuando ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas durante el juicio por un
abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente
ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su
recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un
traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder
percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo
38. Protección
a víctimas y testigos.
Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas
y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar
físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los
testigos, así como, la de las demás partes del proceso.
Para ello se
tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género
y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe
violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y
niñas.
Se dará
capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de
víctimas.
Estas medidas
no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio
justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo
39. Excepción
a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias de
juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a
las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del
juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a
través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación
por las partes.
En particular,
se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños,
niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.
Artículo
40. Otras
medidas de protección durante el proceso. Cuando la publicidad de elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro
grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal deberá
abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su
reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. En ningún caso,
esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un
juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo
41. Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las
entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas,
niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el
proceso.
CAPITULO IX
Derecho a la reparación de las víctimas
Artículo
42. Deber
general de reparar.
Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas
de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia
judicial.
Igualmente,
cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el
daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario
por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por
remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de
Reparación.
Artículo
43.
Reparación. El
Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la
reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes.
Artículo
44. Actos de
reparación. La reparación de las víctimas de la que
trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización,
rehabilitación y satisfacción.
Para tener
derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá
proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese,
destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación
que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y
Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito
Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
Son actos de
reparación integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos
ilícitamente para la reparación de las víctimas.
45.2 La declaración pública que restablezca la
dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento público de haber causado
daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud
de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas
punibles.
45.4 La colaboración eficaz para la
localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los
cadáveres de las víctimas.
45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los
restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a
inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.
Artículo
45. Solicitud
de reparación. Las
víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación
acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos
que sean de su conocimiento.
Nadie podrá
recibir dos veces reparación por el mismo concepto.
Artículo
46. Restitución. La restitución implica la realización de
los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior
a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el
retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser
posible.
Artículo
47.
Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer
grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Los servicios
sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las
normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.
Artículo
48. Medidas
de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de no
repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas
en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 La verificación de los hechos y la
difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no
provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
cree un peligro para su seguridad.
49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las
personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las
tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a
cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
49.3 La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en
primer grado de consanguinidad.
49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento
público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
49.5 La aplicación de sanciones a los
responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos
judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.
49.6 La sala competente del Tribunal Superior
de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento
a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los
órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este
tipo de medidas.
49.7 La prevención de violaciones de derechos
humanos.
49.8 La asistencia a cursos de capacitación en
materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida
podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de
Distrito Judicial.
Artículo
49. Programas
de reparación colectiva. El
Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación
y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación
colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la
institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las
zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos
de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar
a las víctimas de la violencia.
Artículo
50. Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado,
quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el
Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de
Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien
desempeñará la Secretaría Técnica.
El Presidente
de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco
personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.
Esta Comisión
tendrá una vigencia de 8 años.
Artículo
51. Funciones
de la comisión nacional de reparación y reconciliación. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
cumplirá las siguientes funciones:
52.1 Garantizar a las víctimas su participación
en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.
52.2 Presentar un informe público sobre las
razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.
52.3 Hacer seguimiento y verificación a los
procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de
garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos
territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional Reparación y
Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades
extranjeras.
52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica
de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su
adecuada ejecución.
52.5 Presentar, dentro del término de dos años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional
y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe
acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen
de la ley.
52.6 Recomendar los criterios para las
reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a
las Víctimas.
52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes.
52.8 Adelantar acciones nacionales de
reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia
que perturben la paz nacional.
52.9 Darse su reglamento.
Artículo
52. Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisiones regionales serán las responsables de
propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y
tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.
Artículo
53. Composición. Las Comisiones Regionales estarán
integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para
justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un
(1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior
y de justicia.
El Gobierno
Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades
religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el
funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.
Artículo
54. Fondo
para la Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta
especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de
la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a
las reglas del derecho privado.
El Fondo
estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se
entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se
refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y
donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.
Los recursos
administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría
General de la República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los
artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de
las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de
los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del
derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta
se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen
de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
El Gobierno
reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente
a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.
Artículo
55.
Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de
que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto
asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones
judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en
el presupuesto nacional.
56.2 Administrar el Fondo para la reparación de
víctimas.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación
cuando a ello haya lugar.
56.4 Las demás que señale el reglamento.
CAPITULO X
Conservación de archivos
Artículo
56. Deber de
memoria. El conocimiento de la historia de las
causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al
margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en
cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que
corresponde al Estado.
Artículo
57. Medidas
de preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Para
ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría
General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción,
la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la
impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales
pertinentes.
Artículo
58. Medidas
para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el
interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus
derechos.
Cuando el
acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades
de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y
adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.
En todo caso
se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la
intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y
adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no
provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
crear un peligro para su seguridad.
CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios
Artículo
59. Es obligación
del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93
y 189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de
orden público que vive el país y la amenaza contra la población civil y las
instituciones legítimamente constituidas.
Artículo
60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar a
sus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a
acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.
Artículo
61. El Presidente de la República tendrá la
facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los
términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el
beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos
humanitarios.
El Gobierno
Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas
decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.
CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones complementarias
Artículo
62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente
ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.
Artículo
63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta
ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la
ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que
hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones
que se establezcan en esas leyes posteriores.
Artículo
64. Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros de Grupos
armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a
que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002.
Artículo
65. El Gobierno
Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y
oportuna aplicación de la ley de extinción de dominio.
Artículo
66. De acuerdo con
el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará
la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de
capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.
Simultáneamente
y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a
programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión
social y adopción a la normal vida cotidiana.
Artículo
67. Los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la
presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia,
de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Los requisitos
exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos
para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito
Judicial.
La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los
grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de
los empleados, estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por
la presente ley.
Artículo
68. Los recursos de
que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de
justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la
Corporación y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días.
Artículo
69. Las personas
que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan
sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de
resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de
procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en
los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización
ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del
inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte
de armas y municiones.
Las personas
condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en
el presente artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que
para ellas consagra la Ley 782 de 2002.
Artículo
70. Rebaja de penas.
Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas
por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena
impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra
la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la
concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso
de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus
acciones de reparación a las víctimas.
Artículo
71. Sedición.
Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor:
"También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan
parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el
normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena
será la misma prevista para el delito de rebelión.
Mantendrá
plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación
nacional mediante Ley 67 de 1993".
Artículo
72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le
resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad
a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.”
(...)
III.    LA DEMANDA
Los demandantes
advierten que la Ley 975 de 2005 “ha sido perfilada por el Gobierno Nacional
como el principal instrumento para la negociación con los grupos armados
ilegales, y en este caso, con los paramilitares.   Analizando la terminología
usada a lo largo del proceso de formación de la ley por las autoridades
gubernamentales y los Congresistas que apoyaron el proyecto legislativo, concluimos
que, por lo menos en aspectos formales se ha pretendido encuadrar el proceso de
negociación con los grupos mencionados dentro del marco de lo que se ha
conocido como justicia transicional”.
Recuerdan además
que en lo atinente a las características de los derechos de las víctimas dentro
de los procesos de transición, organismos internacionales de protección en
materia de derechos humanos en sus diferentes pronunciamientos han señalado que
el derecho a la justicia contiene cinco (5) requisitos para ser cumplidos a
saber, i) el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves
violaciones a los derechos humanos, ii) el deber del Estado de
investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los
derechos humanos, iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, iv) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del
debido proceso y v) el deber de imponer penas adecuadas a los
responsables de la violación a los derechos humanos.
De otra parte,
señalan que a las víctimas les asiste un derecho inalienable a la verdad y un
derecho a la reparación integral. Precisan que el derecho a la verdad a su vez
tiene dos planos i) uno individual, que implica que la víctima debe
saber quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos y el destino
de las personas en los casos de desapariciones forzadas o asesinatos, así como
el estado de las investigaciones oficiales, y ii) uno colectivo, que
conlleva  que la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo ocurrido así
como las razones y circunstancias en las que los delitos aberrantes llegaron a
cometerse a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
En lo relativo
al derecho a la reparación integral, explican que es una garantía que “debe
abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá por
una parte medidas individuales de reparación relativas al derecho a la
restitución, indemnización y rehabilitación, y por otra, medidas de
satisfacción de alcance general, como las previstas en el conjunto de
principios y directrices sobre el derecho a obtener la reparación”, en ese
entendido, en el plano individual el derecho a referido contiene cinco (5)
elementos a saber, i) restitución, ii) indemnización, iii) rehabilitación,
iv) satisfacción, y v) garantías de no repetición.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan apartes de la sentencia C-228 de 2002, así como los
principios de Joinet 36 y s.s.
En lo atinente a las
acusaciones concretas contra los artículos demandados de la Ley 975 de 2005,
los actores exponen sus argumentos en los siguientes apartes a saber, i) la
inconstitucionalidad de varios artículos de la referida Ley por haberse
tramitado ésta mediante una Ley Ordinaria y no a través de una Ley Estatutaria,
ii) la inconstitucionalidad del contenido material de algunos de los
artículos de la misma Ley, iii) la solicitud de unidad normativa
respecto de todos los artículos acusados y no acusados de la Ley 975 de 2005
que los hace inconstitucionales, y iv) la solicitud de efectos
retroactivos para la sentencia de la Corte Constitucional.
3.1.  La
inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 975  de 2005 por haberse
tramitado ésta mediante una Ley Ordinaria y no a través de una Ley Estatutaria
Para los
demandantes  los artículos 1°, 2° 3° a  8°, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33 36 a 58,
60, 61 y 62 de la Ley 975 de 2005, desconocen lo previsto en el Artículo 152
–literal a- constitucional
Recuerdan que “El
Constituyente de 1991 al crear las leyes estatutarias quiso que fueran una
excepción al sistema general que domina el proceso legislativo, dada la
importancia de los temas que desarrollan.   Señaló que esas leyes deberían
contar para su aprobación, modificación o derogación con una mayoría
cualificada, tramitarse en una sola legislatura y su aprobación requiere el
control previo por parte de la Corte Constitucional”.
Precisan además
que las Leyes Estatutarias son normas que regulan temas esenciales para la vida
social tales como, i) derechos fundamentales y los recursos y
procedimientos que los garantizan y protegen, ii) la administración de
justicia, iii) el régimen de partidos y movimientos sociales, iv) la
participación ciudadana, y v) los estados de excepción.
Sobre el particular citan apartes de la sentencia
C-087 y C-228 de 2002.
En ese orden de
ideas, aducen que se desconoce lo previsto en el literal a) del artículo 152
constitucional, en la medida en que el trámite legislativo que se dio a los
artículos acusados de la Ley 975 de 2005 corresponde al de una Ley Ordinaria,
cuando del contenido material de dichas normas es claro que debieron expedirse
mediante una Ley Estatutaria, dado que establecen mecanismos y procedimientos
para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley, y además reforman funciones
sustantivas de los diferentes órganos de la administración de justicia.
Particularmente, a su juicio, a los
artículos 2°, 26, 32 y 33 acusados debió dárseles el trámite de Ley Estatutaria
en la medida en que crean y regulan una nueva jurisdicción especial para unas
personas específicas, esto es, los miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley.
En efecto, explican que “si bien es cierto que (i) la Corte Suprema de
Justicia puede sufrir una ampliación de sus funciones por medio de creación
legal, (ii) el Consejo Superior de la Judicatura legalmente es el encargado de
decidir sobre la apertura de nuevas salas en los Tribunales Superiores de
Distrito, y (iii) la Fiscalía General de la Nación puede ampliar sus unidades
mediante normas de mucho menos rango que una ley, (...) la conjunción entre
esas tres figuras y el ámbito de aplicación de la ley conlleva la aplicación de
un proceso judicial determinado para que un grupo de personas específicas sean
investigadas, procesadas y sancionadas conforme a lo estipulado en la ley en
cuestión.  (...)  La principal razón que nos lleva a afirmar lo anterior es que
los órganos judiciales nombrados anteriormente, deberán investigar, juzgar y
sancionar sólo a un tipo de personas, quienes están restringidas por varios
requisitos; la inclusión en una lista del Gobierno Nacional, la vinculación al
grupo armado ilegal, la comisión de hechos delictivos durante y con ocasión a
su pertenencia al mismo, su desmovilización individual o colectiva”.
En ese entendido, los artículos referidos
reforman las funciones de diferentes órganos de la administración de justicia
al establecer que: i) determinados operadores
judiciales conocerán sólo unos casos delictivos, es decir, los cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley de quien se investiga, y ii)
sólo lo harán
respecto de personas que pertenezcan a dichos grupos.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan apartes del Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia, el informe
No. 37 del 13 de abril de 2000 –caso No. 11-481- Monseñor Oscar Arnulfo Romero
y Gáldamez, y sentencias emitidas por la misma CIDH entre otros, en los casos
de Mack Chang y del Carachazo.
3.2.  La
inconstitucionalidad por vicios de fondo de algunos de los artículos de la Ley
975 de 2005
3.2.1.  Los
artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 ibídem,
desconocen lo previsto en el artículo 5° del Acto Legislativo No. 03 de 2002
Afirman los
actores, que los artículos acusados establecen elementos propios de lo que se
ha denominado sistema acusatorio de juzgamiento, el cual fue introducido al
ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que en su
artículo 5° señala que “rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de
acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”.
Argumentan que
del contenido material de los artículos acusados, es claro que establecen los
principales elementos del “sistema de juzgamiento acusatorio”, como lo
son la oralidad, la Fiscalía como un ente estrictamente investigador, los
Tribunales como jueces de control de garantías y de juzgamiento, el incidente
de reparación integral, la realización de audiencias específicas, entre otros.
En esos términos,
sostienen que si se tiene en cuenta que la única restricción para el
conocimiento de los delitos cometidos es la vinculación del desmovilizado al
grupo armado organizado al margen de la ley, y su comisión durante y con
ocasión de la pertenencia al mismo (art. 2°, Ley 975/05), es claro que se
vulneró lo previsto en el artículo 5° del citado Acto Legislativo puesto que
los grupos al margen de la ley a los que se refiere la Ley 975 de 2005 se
constituyeron y existen mucho antes de la vigencia de dicha norma tal y como lo
reconoció la Ley 782 de 2002.
3.2.2.  La
expresión “promover”- que hace parte del artículo 4° de la Ley 975 de
2005, vulnera lo previsto en los artículos 1°, 6°, 13, 15, 21, 29 y 229 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8°, 25, 63- y 68),
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3, 9 y 14),
Principios de Joinet (1° a 4°, 19 a 25 y 36 a 45)
Explican los
demandantes que el Estado Colombiano en desarrollo del proceso de
reconciliación nacional previsto en la Ley 975 de 2005, tiene la obligación de
garantizar efectivamente los derechos de las víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra so pena de ser
declarado responsable nacional e internacional como negligente a la hora de
cumplir con el marco normativo que al respecto existe en el ámbito interno y
externo.
En ese sentido,
a su juicio la expresión acusada en el contexto normativo del artículo 4° se
entiende como una posibilidad “indeterminada” y “discrecional” respecto
de los derechos de las víctimas en cabeza del Estado y el proceso de
reconciliación nacional, lo que la hace inconstitucional, toda vez que la
responsabilidad estatal en materia de promoción del derecho de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación no consiste en una simple posibilidad
discrecional de aplicar sino en una obligación inexorable que debe ser cumplida
a cabalidad.
Así pues,
consideran que la expresión “promover” debe ser declarada exequible de
manera condicionada, en el entendido, que la misma no puede ser aducida para no
garantizar debidamente los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
3.2.3.  El
inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, viola lo señalado en el
Artículo 3° Común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949
Estiman los actores, que la disposición
acusada genera una discriminación en la medida en que considera como víctimas a
los miembros de la fuerza pública, dando lugar entonces a que ya no existan dos
bandos claramente diferenciados, que se enfrentan en el marco de un conflicto
armado sino que sólo habría un actor “que
le causa mal a otro”,
en este caso a la fuerza pública, por tanto se parte del supuesto que Colombia
no sufre un conflicto armado sino que la fuerza pública es objeto de enemigos
de las instituciones, caso típico de la delincuencia organizada y no de una
confrontación interna.
Así entonces, aclaran que “cuando se hace alusión a que las consecuencias
propias de las hostilidades recaen en la fuerza pública, la convierte
automáticamente en una víctima de un grupo delincuencial y desconoce a su paso
la existencia de otros actores armados en el conflicto interno”.
En esos términos, indican que se abandona
lo previsto en el artículo 3° de los Convenios de Ginebra, pues dicha norma
establece expresamente dos grupos de personas que hacen parte de los conflictos
armados a saber, aquellos que no participan directamente en las hostilidades y
aquellos que sí (Derecho de la Guerra-Principio de Distinción).
Consideran
entonces, que el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, debe ser
declarado exequible de manera condicionada, en el entendido que los miembros de
la fuerza pública serán considerados como víctimas cuando hayan sufrido
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad
física, psíquica, y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos
fundamentales como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley, sólo cuando hubieran
depuesto las armas, estuvieran por fuera de combate por enfermedad, herida o
detención o por cualquier otra causa, o no estuvieran participando de las
hostilidades, en caso contrario no pueden ser considerados como tales.
3.2.4.  Las
expresiones “promover” e “informar a sus familiares lo pertinente” que
hacen parte del artículo 7° de la Ley 975 de 2005, vulneran lo previsto en los
artículos 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.
1°-1, 8°-1, 25-1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts.
2°-3, 14-1), Principios de Joinet (1° a 4°)
Reiteran los demandantes que la expresión acusada “promover”
en el contexto normativo del artículo 4° se entiende como una posibilidad
indeterminada y discrecional respecto de los derechos de las víctimas en cabeza
del Estado y el proceso de reconciliación nacional, lo que la hace
inconstitucional, toda vez que la responsabilidad estatal en materia de
promoción del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
no consiste en una simple posibilidad discrecional de aplicar sino en una
obligación inexorable que debe ser cumplido a cabalidad.
De igual forma,
argumentan que los apartes acusados “informar a sus familiares lo
pertinente”, desconocen que el derecho a la verdad se encuentra en cabeza
de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que en cada caso
concreto por demás puede tratarse de un sin número de actores, al restringir el
cumplimiento de dicho derecho en dos sentidos a saber, i) limita el
concepto de víctima a los familiares de quien ha sufrido el perjuicio, y ii)
crea un filtro para determinar cuál es la información que deben tener las
víctimas y cuáles no al señalar taxativamente que los órganos judiciales
creados en virtud de la Ley 975/05 tienen la obligación de informar lo
pertinente a los familiares, excluyendo el derecho que tienen otros sujetos de
la sociedad de conocer los hechos ocurridos.
En esos
términos, es claro que en relación con el derecho a la verdad la información
que se dé a las víctimas no puede ser filtrada por parte de los funcionarios de
la Rama Judicial al punto que sean éstos quienes señalen qué es lo pertinente
para las víctimas y qué no, pues son única y exclusivamente las víctimas
quienes tienen la potestad de determinar qué consideran pertinente dentro de
sus ansias de verdad, a ello se suma que limitar la verdad de los hechos
ocurridos a los familiares de las víctimas niega no sólo las especificidades de
cada caso sino igualmente el plano colectivo del derecho a la verdad.
Como fundamento de sus aseveraciones
citan apartes del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos No.
37 del 13 de abril de 2000 –caso No. 11-481- Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Gáldamez.
3.2.5.  El
inciso 8° del artículo 8° de la Ley 975 de 2005, desconoce lo previsto en los
artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos
(arts. 25, 63-1 y 68), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6), y Principios de Joinet (36 a 45)
Afirman que el inciso 8° del artículo 8°
acusado, al señalar que la reparación colectiva -entendida como uno de los
varios elementos que constituyen el derecho a la reparación-, deberá ser
aplicada a comunidades y poblaciones afectadas por la violencia, desconoce que
son los casos concretos los que determinan qué medidas son las apropiadas para
garantizar justamente el derecho a la reparación, de forma tal que al
restringirse los programas de reparación colectiva a partir de factores
netamente territoriales se impide que las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos que no pertenezcan a dichas comunidades o poblaciones no
puedan acceder al referido derecho olvidando así, que la víctima tiene la
condición de tal independientemente del lugar en el que se encuentre.
Hacen énfasis en que “la reparación colectiva, que es sólo un
elemento de derecho a la reparación integral, no puede restringirse sólo para
comunidades o poblaciones, pues las víctimas que tienen la legitimidad para
exigirla, seguramente tienen como referente de colectividad otro modelo de
organización social, más no sólo su territorio.   Más aún son víctimas
independientemente del lugar en que se encuentren”.
3.2.6.  El artículo 9° de la Ley 975 de
2005 vulnera el artículo 22 superior y el Convenios y Protocolos de Ginebra
sobre Derecho Internacional Humanitario
Recuerdan los actores que de conformidad
con lo previsto en el artículo 22 constitucional “el Estado Colombiano tiene la obligación de establecer las
medidas que considere pertinentes para resolver una situación de violencia
generalizada, y en este caso, un conflicto interno armado que ha afectado al
país por más de 50 años”.
Aducen que la finalidad del artículo 9°
demandado es lograr la desmovilización de los miembros, más no del grupo armado
como tal, y por tanto al permitirse la desmovilización individual y no del
grupo propiamente dicho no se encamina en realidad a alcanzar la paz sino por
el contrario “promueve la deserción como una estrategia de guerra al utilizar
los excombatientes como agentes contra el bando contrario”.
En  su criterio  entonces lo que permite
la disposición acusada es que personas que han cometido actos delictivos dejen
de hacer parte de la ilegalidad sin que el grupo en sí mismo deje de existir y
de actuar como estructura criminal, y así, el artículo referido “milita en
contra del desmonte real del paramilitarismo sin que se logre efectivamente la
consecución de la paz”.  Sobre el particular citan el principio No. 19 de
Joinet.
3.2.7.  Los numerales 10-4, 10-5  y  10-6
del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, violan lo establecido en los artículos
1°, 6° 13, 15, 21, 29 , 50 y 229 C.P., Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (arts. 2°-3, 3°, 9°, 14 y 25), Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8°, 25, 63-1 y 68), Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (arts.
3° y 4°), y los Principios de Joinet (1 a 4 y 19 a 45)
- Advierten que
el inciso 4° de la disposición acusada señala como un requisito para la
desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley que no
impidan el ejercicio de los derechos considerados como políticos, creando con
ello un condicionamiento negativo que si bien es constitucional, se convierte
en una obligación de abstención, desconociendo que la interferencia en la
garantía de los derechos políticos no sólo cesa porque el grupo armado que lo
impedía deje de hacerlo.
En ese sentido,
a su juicio es claro que aunque se exija como requisito para la
desmovilización el cese de las actividades que vulneran los derechos de
participación política, el mero control territorial que han logrado los grupos
armados organizados al margen de la ley muchas veces mediante el sometimiento y
el uso de la violencia lo cual se logra entre otras por la interferencia en el
normal desarrollo de las actividades políticas y electorales, conlleva a que
los controles territoriales, electorales y proselitistas acompañados del uso de
la presión armada se hayan internado dentro de las lógicas de vida comunitaria,
de suerte que dichos controles no van a cesar por el simple hecho de que los
que portan las armas digan públicamente que las deponen, esto es, que se
desmovilizan.
Hacen énfasis en
que “así no se dé un constreñimiento armado directo, por ejemplo, para
favorecer uno u otro candidato o impedir algún tipo de mecanismo de
participación ciudadana, la sola presencia del grupo y la posibilidad que se le
da a sus miembros para que, después de la desmovilización, participe en
igualdad de condiciones en los espacios políticos con los otros ciudadanos y
ciudadanas, desconoce las diferencias y dinámicas de subordinación que se
conformaron históricamente entre la población civil y dichos grupos, y que,
seguramente, no van a desaparecer por el sólo hecho que sus miembros estén en
un proceso de desmovilización”.
Consideran en
consecuencia que se debe declarar la constitucionalidad condicionada del inciso
4° del artículo 10 de la Ley 975 ibídem, en el entendido que el cese de toda
interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita también se configura por la mera
existencia del grupo armado organizado al margen de la ley en ciertas zonas
territoriales.
- Por otra
parte, indican los actores que el inciso 5° que hace parte del artículo 10
acusado, que señala como requisito para la desmovilización colectiva de los
grupos armados organizados al margen de la ley el que no se hayan organizado
para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, da lugar a
interpretar que en caso de que se cumpla con dicho requisito se entiende que
los citados delitos serán subsumidos por la pertenencia del miembro al grupo
armado.
En esos términos, precisan que se puede
afirmar que existe una conexidad entre los delitos de tráfico de
estupefacientes y enriquecimiento ilícito con la pertenencia al grupo, teniendo
como argumento que el miembro del mismo que haya cometido esas conductas
punibles al no organizarse estrictamente para su comisión, en el mejor de los
casos recibirá pena alternativa por los mismos o en el peor su responsabilidad
respecto de éstos será obviada porque fueron simplemente herramientas para la
consecución de otros fines, de forma tal que “esa norma se hace más grave en la realidad colombiana en
que de manera pública se ha denunciado la compra y venta de frentes y bloques
paramilitares por reconocidos capos del narcotráfico que pretende por esta vía
sustraerse de la justicia nacional o internacional frente a un delito
internacional como es el narcotráfico”.
- Así mismo, consideran los actores que
el inciso 6° del mismo debe ser declarado exequible de manera condicionada, en
el entendido que la restitución no sólo es requisito para la desmovilización
colectiva sino que además lo debe ser la entrega de los cadáveres de las
personas asesinadas, la información sobre el paradero de las víctimas de
desaparición forzada –vivas o fallecidas-, entre otras conductas de igual
importancia que el secuestro y que han sido consideradas delitos de lesa
humanidad, de guerra y de graves violaciones a los DDHH.
3.2.8.  El parágrafo único del artículo
10 de la  Ley 975/05, desconoce lo establecido en los artículos 29 y 229 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y 25),
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (art. 13), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración sobre la Protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 9° y 13),
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (art. 10),
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°) y los
Principios de Joinet (19 a 25)
Los  demandantes
afirman que  el parágrafo acusado -que hace parte del artículo 10 de la Ley 975
de 2005-, otorga beneficios a personas que han sido condenadas penalmente, con
la única condición de que hagan parte del grupo armado organizado al margen de
la ley con el cual el Gobierno Nacional está negociando. Advierten que darle
beneficios judiciales a esa clase de personas por el simple hecho de ser
miembros de grupos armados y que el Gobierno esté negociando con ellos,
desconoce que si bien los procesos de justicia transicional tienen como
característica ofrecer garantías judiciales para los grupos armados con que el
Estado negocie, dichos beneficios deben tener una relación proporcional a los
delitos cometidos, ello quiere decir que a mayor gravedad del hecho punible
menores deben ser los beneficios otorgados.
En esa medida,
el parágrafo demandado al no hacer ningún tipo de distinción entre los tipos de
delincuentes, ni las clases de crímenes cometidos, esto es, si son de lesa
humanidad, internacionales o delitos de sedición, ni al exigir tampoco un
mínimo de cumplimiento de las penas impuestas vulnera el derecho de justicia
que le asiste a las víctimas del conflicto armado, especialmente si se
considera que si bien “puede que todas las personas que, teóricamente,
accedan a los beneficios contemplados en la norma demandada no hayan sido
condenadas por violaciones a los derechos humanos, pero en el entendido que el
artículo no hace discriminación alguna, se entiende que, en caso que sí lo hayan
hecho, esto no sería obstáculo para beneficiarse con las disposiciones de la
ley 975 de 2005”.
3.2.9.  El
artículo 11 de la Ley 975 de 2005 vulnera lo previsto en los artículos 13 y 22
constitucionales
Advierten los actores, que la finalidad
del artículo 11 demandado es la misma del artículo 9° de la Ley 975 de 2005,
esto es lograr la desmovilización de los miembros, más no del grupo armado como
tal, y por tanto al permitirse la desmovilización individual y no del grupo
propiamente dicho no pretende en realidad alcanzar la paz sino por el contrario
“promueve la deserción como una estrategia de guerra al utilizar los
excombatientes como agentes contra el bando contrario”.
En ese sentido,
lo que permite la disposición acusada es que personas que han cometido actos
delictivos dejen de hacer parte de la ilegalidad sin que el grupo en sí mismo
deje de existir y de actuar como estructura criminal, y así, “la norma milita
en contra del desmonte real del paramilitarismo sin que se logre efectivamente
la consecución de la paz”.  Sobre el particular citan lo establecido en el
principio No. 19 de Joinet.
3.2.10.  Las
expresiones “sobre los hechos objeto de investigación y “a los familiares que
hacen parte del artículo 15 de la Ley 975 de 2005, violan los artículos 13, 15
y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 8°-1,
25-1), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3 y
14-1) y los Principios de Joinet (1 a 4)
Afirman que las
expresiones “sobre los hechos objeto de investigación”que hacen parte
del inciso 1° del artículo 15 acusado, restringen el derecho a la verdad
a lo sucedido en el hecho concreto, desconociendo que el derecho de la víctima
y la sociedad sólo se cumple cuando se conozcan los demás factores que llevaron
a la comisión del hecho punible. Al respecto citan lo establecido en el
Principio No. 1 de Joinet.
De igual manera,
consideran que las expresiones “a los familiares” contenidas en el
inciso 3° del artículo 15 demandado, al señalar taxativamente que la policía
judicial tiene la obligación de informar oportunamente a esas personas, excluye
el derecho que tienen otros sujetos y sociedad en general de conocer la verdad
de los hechos acontecidos, vulnerando en esa forma el derecho a la verdad en
relación con las especificidades de cada caso y en el plano colectivo en
general.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan apartes del Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos No. 37 del 13 de abril de 2000 –caso No. 11-481- Monseñor
Oscar Arnulfo Romero y Gáldamez.
3.2.11.  El
último inciso  del artículo 16 de la Ley 975 de 2005 vulnera lo señalado en los
artículos 29, 229, 235 y 250 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos
(arts. 1°-1, 2°, 8° y 25), Pacto internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (art. 2°)
El inciso 3°
acusado al establecer que los procesos judiciales que se desarrollen bajo el
amparo de la Ley 975 de 2005 no tendrán el conflicto o colisión de competencia
desconoce las obligaciones que la Constitución Nacional le otorgó a la Corte
Suprema de Justicia previstas en el articulo 235 superior y que han sido
desarrolladas en el numeral 3° del artículo 17 de la Ley 270 de 1996, además de
restringir el acceso a un mecanismo que históricamente ha sido usado por las
víctimas de violaciones a los derechos humanos para garantizar la imparcialidad
y autonomía judicial.
En efecto,
aducen que el inciso 3° del artículo 16 acusado impide que la Corte Suprema de
Justicia cumpla con el deber legal que prevé el numeral 3° del artículo 17 de
la Ley 270 de 1996 de resolver los conflictos de competencia en la Jurisdicción
Ordinaria, que no correspondan a alguna de sus salas o a otra autoridad
judicial, en la medida en que establece que “No podrá haber conflicto o
colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra
autoridad judicial”, limitando así abiertamente el accionar que
constitucional y legalmente se le otorgó a la Corte Suprema de Justicia como
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Sobre el
particular citan la sentencia del veintinueve (29) de julio de 1988, proferida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez-Rodríguez.
3.2.12.  Las
expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” que hacen parte
del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, violan lo dispuesto en los artículos 13,
15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 8°-1 y
25-1), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3 y
14-1)y los Principios de Joinet (1° a 4°)
A juicio de los demandantes, las
expresiones acusadas desconocen los elementos del derecho a la verdad, toda vez
que crean un círculo vicioso dentro de la versión que rinde la persona
vinculada al proceso de desmovilización que impide saber realmente la verdad
acerca de los delitos cometidos por dicha persona, lo anterior puesto que
señala que el miembro del grupo armado organizado al margen de la ley que se
acoge a lo previsto en la Ley 975 de 2005 dirá las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que haya participado en los hechos delictivos por los cuales se
acoge a dicha Ley, y en ese sentido, ésta se aplica sólo por las conductas
delictivas por las cuales el miembro del grupo armado “quiso acogerse al
proceso de desmovilización impidiendo en consecuencia acceder a la verdad de
todo lo ocurrido.
En esos
términos, hacen énfasis en que las expresiones acusadas vulneran los planos
individual y colectivo del derecho a la verdad, el primero en la medida en que
la ausencia de coacción para que el implicado confiese todas las
características del crimen cometido -pues estaría sólo obligado a decir lo que
le pareciera- impide saber quiénes fueron los responsables, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los
mismos, el destino de las personas en los casos de desapariciones forzadas o
asesinatos, entre otros, y el segundo, porque la falta de obligatoriedad de la
colaboración del investigado impide que la sociedad en su conjunto conozca la
verdad de lo ocurrido así como las razones y circunstancias en las que los
delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan
a ocurrir en el futuro.
Al respecto
citan un aparte del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre el proceso de desmovilización en Colombia, así como lo establecido en el
Principio No. 1 de Joinet.
3.2.13.  Las
expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” y “dentro
de los sesenta (60) días siguientes”que hacen parte del artículo 18 de la
Ley 975 de 2005, desconocen los artículos 6°, 13, 15, 21, 29 y 229 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8°, 25, 63-1 y
68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°, 9-5 y
14-6), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos
o degradantes (arts. 13 y 14), Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración sobre la
Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 9° y
13), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°),
y los Principios de Joinet (19 a 25 y 36 a 45)
Para los
actores, las expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados”,
que hacen parte del inciso 2° del artículo 18 de la Ley 975 de 2005
vulneran el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de los
delitos de lesa humanidad y de guerra que hayan cometido los grupos armados a
los que hace referencia la Ley 975 de 2005, es decir, en la medida en que
restringe el patrimonio destinado para la reparación –entendido solamente como
indemnización económica- a los bienes de procedencia ilícita, permite que los
responsables de los crímenes no respondan con los bienes de procedencia lícita
lo cual es un contrasentido y genera una discriminación odiosa con el resto de
los delincuentes que responden con su patrimonio para reparar los daños
causados con sus conductas criminales.
En ese
entendido, es claro que “el mensaje que da el Legislador” es que los
beneficiarios de los crímenes graves cometidos con ocasión de la pertenencia a
un grupo armado tiene un fuero patrimonial en la medida en que sus bienes no
pueden ser perseguidos para que respondan por los daños causados con ocasión de
los crímenes cometidos.
Hacen énfasis en
que “independientemente de la existencia del deber de reparar, el dominio
sobre ese tipo de bienes debe ser extinguido por parte del Estado pues, como su
nombre lo indica, son producto de una actividad ilegal.  Por el contrario en
caso que se deba a una víctima una indemnización económica, el victimario debe
responder con la totalidad de su patrimonio hasta que pague totalmente el daño
económico causado”, especialmente si se tiene en cuenta que de conformidad
con el artículo 6° constitucional, una persona bien sea particular o un
servidor público que deba una indemnización a otra persona –en el contexto de
la Ley 975 de 2005-, tiene la obligación de cancelarla con su patrimonio siendo
la única restricción que puede existir el monto de dicho pago más no la
procedencia de los bienes con que se pretende extinguir la deuda.
De igual forma,
aducen que las expresiones “dentro de los sesenta (60) días siguientes”,
que hacen parte del inciso 3° del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, vulneran
el derecho a la justicia, en la medida en que el plazo allí señalado es
totalmente desproporcionado respecto de la obligación que tiene el Estado
Colombiano para investigar y sancionar a los responsables de dichas conductas,
pues si bien es cierto que una investigación no tiene un tiempo determinado y
una de las principales causas de la impunidad en sistemas judiciales como el
colombiano es la tardanza en  la resolución de los asuntos, fijar un término
tan excesivamente corto impide con mayor razón que se logre desentrañar la
complejidad que presentan las conductas típicas ocurridas en el marco de un
conflicto armado interno.
Consideran
entonces que “además de inconstitucional, el término de 60 días es absurdo
(sic) pues la complejidad de una grave violación a los derechos humanos está
atravesada por las múltiples cuestiones: (sic) (i) la participación de actores
que, a manera de autores materiales e intelectuales, colaboradores y
financiadores, permitieron que el hecho ocurriera; (ii) el temor de las
víctimas para colaborar con la administración de justicia, y (iii) la lentitud
con que esta última puede operar cuando de esclarecer graves delitos se trata,
más aún cuando la inoperancia del sistema judicial colombiano ha llevado a que
procesos penales tarden más de 20 años en ser resueltos”.
3.2.14.  Las
expresiones “pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a
la prevista en la presente ley” que hacen parte del inciso 2° del artículo
20 de la Ley 975 de 2005, desconocen los artículos 29 y 229 C.P., Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y 25), Pacto internacional
de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2°), Convención contra la Tortura y
otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes (art. 13), Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
(art. 6°), Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (arts. 9° y 13), Convención Interamericana sobre
Desaparición forzada de personas (art. 10), Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°), y los Principios de Joinet (19 a 25
y 36 a 45)
A juicio de los demandantes, las
expresiones acusadas que hacen parte del inciso 2° del artículo 20 de la Ley
975 de 2005, permiten que las condenas impuestas antes del proceso de
desmovilización sean acumuladas a las penas que se impongan en virtud de lo
previsto en la Ley 975 ibídem, sin que en ningún caso se exceda el término que
trae la referida Ley respecto de la pena alternativa el cual es de 5 a 8 años,
en ese entendido, no existe proporcionalidad entre los hechos cometidos y las
penas impuestas pues sin importar la cantidad de años a los cuales se haya
condenado al delincuente y la gravedad de los delitos en el mejor de los casos
sólo será sancionado con 8 años de prisión, desconociendo así los elementos
estructurales del derecho a la justicia y el deber que tiene el Estado de
sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos,
sanción que por demás no sólo es formal sino especialmente material.
Reiteran que “Darle
el beneficio de acumulación de penas con un máximo de 8 años a personas que ya
han sido condenadas desconoce que el derecho a la justicia, para ser cumplido,
al menos debe contener los siguientes aspectos: (i) el deber de sancionar a
quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, (ii) el
deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con graves
violaciones de los derechos humanos, (iii) el derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo, (iv) el deber de respetar en todos los juicios las
reglas del debido proceso, y (v) el deber de imponer penas adecuadas a los
responsables”.
Sobre el
particular citan la sentencia del año 2001 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, proferida dentro del caso Barrios Altos.
3.2.15.  El
artículo 22 de la Ley 975 de 2005 vulnera lo previsto en los artículos 13, 15 y
21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 8°-1 y 25-1),
Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3 y 14-1)y
los Principios de Joinet (1° a 4°)
Consideran los
actores que el artículo acusado crea un mecanismo extraordinario y sumario que
pretermite todos los pasos procesales previstos en la Ley 975 de 2005 en
relación con las personas que son investigadas o enjuiciadas, por la comisión
de cualquier delito –incluyendo delitos de lesa humanidad, de guerra y
violaciones a los DDHH-, sin acudir a rendir versión libre ni tener que
entregar los bienes con que se pretende reparar a las víctimas, solamente debe
declararse responsable penalmente ante el juez que cumple la función de control
de garantías y de esta forma recibirá los beneficios de la Ley referida de
manera rápida y eficaz.
En ese
entendido, explican que la “supuesta aceptación de responsabilidad” se
vuelve una relación privada entre el investigado o acusado y el Magistrado de
control de garantías, oral o escrita, donde el beneficiario de la ley se limita
a decir que acepta los cargos omitiendo toda la etapa de investigación que es
aquella que pretende garantizar el derecho de las víctimas, pasando de esa
manera directamente a dictar sentencia pretermitiendo la versión libre y la
investigación de los hechos sobre los que puede tener responsabilidad el
desmovilizado.
Destacan
entonces que “El desconocimiento del mecanismo judicial efectivo para garantizar
el derecho a la verdad, se configura en tanto la condena –en este caso mediante
la imposición de una pena alternativa- surge de los hechos que el imputado
quiera declararse culpable usando una comunicación privada ante el juez de
control de garantías.   Siendo así, es apenas obvio que la Fiscalía queda sin
la potestad de investigar absolutamente nada respecto de dichos delitos, y por
lo tanto, se impide que se sepa la totalidad de los hechos –los mismos quedan
restringidos a lo que señale el desmovilizado en su comunicación oral o
escrita-”.
3.2.16.  Los
incisos 1°, 3° y 4° y la expresión “No” contenida en el parágrafo 2° del
artículo 23 de la Ley 975 de 2005 violan lo establecido en los artículos 1°,
6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25,
63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3
9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes (arts. 11-3 y 14) y los Principios de Joinet (36 a 45)
Aducen los
demandantes, que de conformidad con lo previsto en los incisos 1°, 3° y 4°
acusados del artículo 23, se entiende la reparación integral como una relación
procesal entre víctima y victimario, lo cual implica necesariamente la
privatización de la exigibilidad del derecho, impidiendo en esa forma que
sectores sociales que fueron objeto del accionar paramilitar puedan acceder a
una reparación integral en tanto víctimas indirectas que fueron del mismo, con
lo que se desconoce el deber de reparación colectiva, -íntimamente ligado con
la reparación individual- que tiene el Estado en virtud de la interpretación de
diferentes instrumentos de protección de derechos humanos. En ese sentido
consideran que se restringe de manera abierta la exigibilidad del derecho a la
reparación integral.
En lo relativo
al término “No” que hace parte del parágrafo 2° del artículo 23 de la
Ley 975 de 2005, afirman que dicha expresión permite que los responsables por
la comisión de diferentes delitos accedan a los beneficios judiciales sin que
se haya garantizado el derecho a la reparación integral, de forma tal que “se
rompe el nexo causal estipulado en el objeto de la ley demandada, el cual se
puede interpretar bajo la idea según la cual se otorgan beneficios a quienes
colaboran eficazmente a la consecución de la reconciliación nacional y a
garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos, el derecho a la
reparación integral”, desconociendo además que la garantía del derecho a la
reparación integral es una obligación general que recae en cabeza
exclusivamente del Estado Colombiano, deber que por demás es inexorable.
3.2.17.  Las
expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” y “que se
destinarán a la reparación” que hacen parte del inciso 1° del artículo 24 de
la Ley 975 de 2005 desconocen los artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25, 63-1 y 68), Pacto
internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3 9°-5 y 14-6),
Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
(arts. 11-3 y 14) y los Principios de Joinet (36 a 45)
Según los
actores, del contenido material de las expresiones “obligaciones de
reparación moral y económica” y “que se destinarán a la reparación”, es
claro que la interpretación que le da la Ley al derecho de reparación integral
se limita a la indemnización económica y moral dejando por fuera otra cantidad
de elementos necesarios para su garantía real.   Por tanto, dicho aparte
acusado debe ser declarado constitucional de manera condicionada en el
entendido que las obligaciones allí previstas deben incluir la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la
adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos
de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las graves
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
3.2.18.  El
artículo 25 de la Ley 975 de 2005 vulnera los artículos 29 y 229 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y 25), Pacto
internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2°), Convención contra
la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes (art. 13), Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
(art. 6°), Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (arts. 9° y 13), Convención Interamericana sobre
Desaparición forzada de personas (art. 10), Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°), y los Principios de Joinet (19 a 25)
Señalan los
actores que el artículo acusado tiene por finalidad permitir que el
desmovilizado reciba los beneficios señalados en la Ley 975 de 2005 por delitos
que si bien no confesó en la versión libre, se demostró su autoría por parte de
las autoridades judiciales, permitiendo recibir los beneficios aludidos por más
de una vez, o de manera sucesiva con sólo manifestar la aceptación de su
responsabilidad, desconociendo que los beneficios se deben otorgar por una sola
vez, lo que significa que en la versión libre y en la aceptación de los cargos
se confiesen todos los crímenes cometidos y las víctimas puedan acceder a la
verdad de lo sucedido, de forma tal que no se puede dejar en manos de los
desmovilizados un “comodín” para seguir acumulando penas sin superar el
máximo de 8 años, pues cada vez que el poder judicial encuentre la comisión de
otro delito no confesado por el desmovilizado lo razonable y por demás legal es
que se someta a un nueva investigación y juicio por vía ordinaria al no haber
sido aceptados tales delitos en su confesión inicial y en la imputación de
cargos respectiva.
Así mismo, afirman que el artículo
acusado señala una pena mínima para que sea cumplida por los desmovilizados que
se hayan visto involucrados en la comisión de cualquier delito, en caso de
violaciones a los DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra, y por tanto el
tiempo de sanción es totalmente contrario al deber de proporcionalidad que debe
cumplir el Estado cuando del poder punitivo se trata, en el sentido de imponer
penas adecuadas a la gravedad de los hechos cometidos por el infractor de la
Ley Penal, de forma tal que se desconocen abiertamente los elementos
constitutivos del derecho a la justicia en la medida en que la disposición
acusada “tiene como finalidad real
premiar la mentira, (sic) pues permiten que los desmovilizados que no
confesaron la totalidad de sus delitos accedan a los beneficios judiciales
cuando el Estado le compruebe otros por el simple hecho de reconocerlos”.
3.2.19.  El
parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 viola los artículos 13, 29,
229, 234 y 235 de la Constitución Política
En lo atinente
al parágrafo 3° acusado, consideran que en la medida en que dicha disposición
prohíbe que se interponga el recurso de casación desconoce las funciones
previstas en la Constitución Política para la Corte Suprema de Justicia, dado
que si bien “se podría predicar que la exclusión del recurso de casación se
fundamenta en que es la Corte Suprema de Justicia la que conoce del recurso de
apelación –por lo cual se carecería de juez superior que pudiera dirimirlo-, lo
cierto es que existe un órgano mayor que la Sala de Casación Penal de dicho
tribunal, el cual es la Sala Plena.  Siendo así, sí existe un juez de mayor
jerarquía que pueda conocer del recurso de casación –además que sólo es la
Corte Suprema de Justicia quien puede hacerlo- lo cual implica que no hay una justificación
constitucional para prohibirlo”.
3.2.20.  La
expresión “admitidos” que hace parte del artículo 27 de la Ley 975 de
2005, desconoce lo previsto en los artículos 29, 229 y 250 de la Constitución
Política, Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y
25), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2°),
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o
degradantes (art. 13), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración sobre la Protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 9° y 13),
Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de personas (art. 10),
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°), y los
Principios de Joinet (19 a 25)
Explican los
demandantes que de conformidad con lo previsto en el artículo acusado se
entiende que “la Fiscalía puede archivar procesos judiciales por delitos en
los cuales el desmovilizado admitió su participación lo cual es un
contrasentido.   Siendo así, es claro que se vulnera el artículo 250 C.N. según
el cual la misma está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un
delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial,
querella o de oficio”.
En ese
entendido, aducen que desde las perspectiva del deber de investigar que tiene a
su cargo el Estado Colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación,
ésta se encuentra en la obligación de llevar a buen término su función
constitucional más aún cuando hubo una confesión por parte de la persona
desmovilizada, de forma tal que “no se puede permitir que, habiendo recibido
una confesión de la comisión de un hecho delictivo, por razones no explicitadas
dicho órgano tenga la potestad de archivar un proceso.
3.2.21.  Los
incisos 1° a 5 del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 desconocen los artículos
29 y 229 constitucionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.
1°-1, 2°, 8° y 25), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(art. 2°), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles,
inhumanos o degradantes (art. 13), Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración
sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(arts. 9° y 13), Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de
personas (art. 10), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (art. 8°), y los Principios de Joinet (19 a 25)
A juicio de los
demandantes, los incisos acusados del artículo 29 “al permitir que
responsables por graves crímenes en contra de la humanidad sean beneficiados
con penas alternativas a las ordinarias, incumple el primer deber del Estado
con respecto al derecho a la justicia, el cual es no permitir medidas
indultantes para estos casos, pues la única opción posible es la aplicación
literal del derecho internacional de los derechos humanos”, se habla de
indulto porque “aunque el procedimiento legal aprobado establece un mínimo
de pena para el implicado, la legislación nacional ordinaria establece penas
sin posibilidad de rebajas hasta 40 años, lo cual implica que la existencia de
una sanción tan radicalmente irrisoria se puede entender como inexistente”.
Como fundamento de sus aseveraciones
citan un aparte del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre el proceso de desmovilización en Colombia.
Hacen énfasis en
que el Estado no puede conceder indultos abiertos o encubiertos por delitos que
se consideren violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, siendo esa la razón por la cual en la medida en que la disposición
acusada no crea ninguna regla taxativa que restrinja los delitos que podrán
recibir pena alternativa “vulnera gravemente el deber de imponer penas
adecuadas a la gravedad de los hechos al cual se ha comprometido el Estado
Colombiano en virtud de la firma de diferentes tratados, y la aceptación
mediante dicha firma de tribunales y órganos que se han pronunciado al
respecto”.
3.2.22.  El
artículo 30 de la Ley 975 de 2005 vulnera los artículos 13 y 113 C.P.,
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8°) y Pacto internacional de
los Derechos Civiles y Políticos (art. 9°)
Para los
actores, el artículo acusado en la medida en que otorga la facultad al Gobierno
Nacional de escoger el sitio de reclusión de las personas que se hayan acogido
a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, vulnera el principio
constitucional de separación de poderes previsto en el artículo 113 superior,
puesto que no es “valido” que el Gobierno Nacional –cabeza del Poder Ejecutivo-
decida cuál va a ser el establecimiento de reclusión de la persona que ha sido
condenada por la comisión de hechos delictivos que incluyen violaciones a los
DDHH así como crímenes de lesa humanidad y guerra, desconociendo por
consiguiente que la Rama Judicial es independiente y autónoma para decidir
sobre las infracciones a la Ley y sus consecuencias, y se genera por tanto una
injerencia indebida del Poder Ejecutivo en las decisiones de la administración
de justicia.
Así mismo, explican que el artículo
acusado vulnera el derecho a la igualdad, al permitir que las condenas se
purguen en lugares con condiciones de seguridad y demás similares a las del
INPEC, con ello las penas alternativas no se pagarán en cárceles como lo hacen
los demás reclusos sino que incluso se les permite que las condenas se cumplan
en el exterior, privilegiando de esa manera a quienes han cometido graves
crímenes con cárceles especiales en Colombia o en el exterior.
3.2.23.  El
artículo 31 de la Ley 975 de 2005 desconoce lo previsto en los artículos 29 y
229 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y
25), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2°),
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o
degradantes (art. 13), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración sobre la Protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 9° y 13), Convención
Interamericana sobre Desaparición forzada de personas (art. 10), Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 8°), y los Principios
de Joinet (19 a 25)
Los demandantes
advierten que la disposición acusada al permitir que los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley descuenten las penas que les fueron
impuestas con tiempo de permanencia en las zonas de concentración donde
decidieron negociar con el Gobierno Nacional, rompe cualquier sentido de
relación entre la sanción impuesta y el daño causado, y en consecuencia “es
inadmisible que el artículo 31 permita que se descuente un período de 18 meses
a aquellas condenas que, de por sí, son violatorias del deber de imponer penas
adecuadas que contiene el derecho a la justicia”.
3.2.24.  La
expresión “ejecutoriados” que hace parte del artículo 32 de la Ley 975
de 2005, vulnera lo previsto en los artículos 13, 15 y 21 C.P., Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 8°-1 y 25-1), Pacto internacional
de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3 y 14-1) y los Principios de
Joinet (1° a 4°)
Consideran los
actores que la expresión acusada otorga una función a los Tribunales según la
cual deberán garantizar el acceso público a los registros de casos “ejecutoriados”,
vulnerando de esa forma el derecho a la verdad que está en cabeza de las
víctimas, de las personas o grupos que fueron objeto de investigación y sanción
en dichos casos, en la medida en que el deber de garantizar el derecho a la
verdad se cumple cuando el Estado permite y facilita eficazmente que las
víctimas accedan a la documentación recopilada durante el proceso judicial.
En esos términos, advierten que si es
claro que el acceso al proceso judicial es una de las muchas formas de
garantizar el derecho a la verdad, el hecho de que la norma impugnada
establezca como restricción al mismo que los casos ya deban estar ejecutoriados
contraría el ordenamiento nacional e internacional, además de generar a la
víctima en consecuencia la imposibilidad de actuar de alguna forma dentro del
proceso como tal pues la sentencia ya estará debidamente ejecutoriada rompiendo
así con la concepción del recurso judicial, sencillo y eficaz que le asiste a
las víctimas para conocer los expediente después de ejecutoriada la sentencia y
por tanto “lo único que se podría
hacer es un ejercicio de memoria histórica pero se impide la realización de
algún tipo de mecanismo –a nombre propio o por intermedio del Ministerio
Público- para defender sus derechos”.
Aclaran que si en
los procesos penales en general las etapas de juicio y audiencia son públicas,
es un contrasentido que tratándose de graves crímenes se imponga de manera
injustificada hasta la ejecutoria el acceso a las investigaciones,
desconociendo así que por garantía especial para las víctimas los trámites
surtidos en virtud de la aplicación de la Ley 975 de 2005 deben ser públicos en
todas las etapas procesales.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan el Informe Anual 1985-1986 OEA/Ser.L/V/II.68/ del
veintiocho (28) de septiembre de 1986 emitido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
3.2.25.  La
expresión “asistirá” que hace parte del artículo 34 de la Ley 975 de
2005, vulnera los artículos 29 y 229 C.P., Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8° y 25), Pacto internacional de los Derechos Civiles
y Políticos (art. 2°), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas,
crueles, inhumanos o degradantes (art. 13), Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (art. 6°), Declaración
sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(arts. 9° y 13), Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de
personas (art. 10), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (art. 8°), y los Principios de Joinet (19 a 25)
Para los
actores, la expresión acusada otorga funciones diferentes a la Defensoría del
Pueblo, es decir, unas frente a los imputados, otras frente a los acusados y
condenados, y finalmente otras frente a las víctimas, desconociendo así que
mediante una simple norma no se puede crear una diferenciación del papel que
cumple la Defensoría del Pueblo en los procesos especiales a los que se refiere
la Ley 975 de 2005, pues con ello se vulnera la tutela efectiva de los derechos
de las partes en el proceso, de forma tal que si se tiene en cuenta que “el
derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo
229 superior, en caso de las víctimas, tiene como fin que las mismas puedan
exigir sus derechos al interior del proceso judicial, establecer medidas
diferenciada para un órgano estatal respecto de uno u otro actor dentro del
proceso, desconoce que es un deber del Estado ofrecer un recurso eficaz y
establecer las condiciones óptimas para que el mismo sea usado de la mejor
forma”.
En ese
entendido, precisan que la expresión “asistirá” debe ser utilizada en
otros términos que generen una mayor vinculación, o en otra palabras, que no
creen una diferenciación en las funciones de la Defensoría del Pueblo respecto
de las víctimas, los imputados y los acusados, para ello deberá ser declarada
exequible en forma condicionada en el entendido que debe ser interpretada y
aplicada en las mismas condiciones que el verbo “garantizar” como es
usado en el artículo 34 acusado.
Sobre el particular citan un aparte de la sentencia
C-228 de 2002.
3.2.26.  El
artículo 36 de la Ley 975 de 2005 viola los artículos 1°, 6°, 13, 15, 21, 29 y
229 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8°, 25,
63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts.
2°-3, 9° y 14), y los Principios de Joinet (1° a 4°, 19 a 25 y 36 a 45)
A juicio de los
actores, la disposición demandada tiene dos sentidos a saber, i) da a
entender que la obligación allí prevista a cargo de la Procuraduría General de
la Nación, esto es, “impulsar” mecanismos para la participación de las
organizaciones sociales para la asistencia de las víctimas, constituye -en esos
términos- una simple obligación de medio y no de fin, en cuyo caso desconoce
que la participación de las víctimas en los procesos judiciales no puede tener
tal connotación puesto que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la
administración de justicia de las víctimas, en ese sentido, se genera un
incumplimiento de un deber constitucional e internacional cual es garantizar y
no solamente impulsar el acceso de las víctimas a los procesos judiciales y ii)
el sentido que le quiso dar el Legislador al término “asistirá” tiene
como fundamento permitir que organizaciones sociales asistan humanitariamente a
las víctimas del conflicto, si ello se interpreta así existe una vulneración al
derecho fundamental a la reparación pues es claro que el Estado que se ha
comprometido internacionalmente a garantizar ese derecho no puede transmitirlo
a agentes privados por muy “defensable que sea su accionar”.
Al respecto
citan apartes de la sentencia C-228 de 2005 y de la sentencia del veintinueve
(29) de agosto de 2002 proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Caracazo Vs. Venezuela.
3.2.27.  Los
numerales 38.2 a 38.6 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 desconocen lo
establecido en los artículos 1°, 6°, 13, 15, 21, 29 y 229 C.P., Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 2°, 8°, 25, 63-1 y 68), Pacto
internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3, 9° y 14), y los
Principios de Joinet (1° a 4°, 19 a 25 y 36 a 45)
- Explican los
demandantes que las expresiones acusadas “cuando quieran que resulten
amenazadas”, que hacen parte del numeral 38.2 del artículo 37, vulneran el
derecho a la protección que tienen las víctimas de violaciones a los DDHH, de
crímenes de lesa humanidad y de guerra, en la medida en que crea una limitación
a la obligación general que tiene el Estado de proteger a esas personas
víctimas del conflicto independientemente de la circunstancia que resulten o no
amenazadas, puesto que la obligación de protección especial para las víctimas
surge por la configuración de dicha situación y por tanto la Ley no puede
imponer un requisito adicional para que el Estado deba protegerlas so pena de
incurrir en una negligencia que aumente la gravosa situación de incumplimiento.
- Así mismo,
aducen que las expresiones acusadas “a cargo del autor o partícipe del
delito”, que hacen parte del numeral 38.3 del artículo 37, vulneran el
derecho a la reparación integral de las víctimas, en la medida en que la
garantía de reparación aludida se encuentra siempre en cabeza del Estado
independientemente de si a los autores directos de la violación a los DDHH se
les obliga a reparar mediante una sentencia judicial, ello obedece a que la
responsabilidad por los actos cometidos durante el desarrollo de un conflicto
armado interno le imponen al Estado una carga adicional con el fin de proteger
a sus asociados so pena de responder por los daños que se les cause a los
mismos.
- Consideran
además que la expresión acusada “facilite”, que hace parte del numeral
38.4 del artículo 37 ibídem, vulnera el derecho de las víctimas a participar
activamente dentro del proceso judicial desconociendo que el Estado Colombiano
está obligado a garantizar los derechos de éstas en todos los niveles y por
tanto la Ley no puede establecer sobre el particular una simple obligación de
medio, en ese entendido, el uso del verbo “facilitar”  se entiende como
una posibilidad indeterminada y discrecional respecto de los derechos de las
víctimas en cabeza del Estado sin considerar que la responsabilidad estatal en
esa materia de garantía no puede obedecer a una posibilidad discrecional sino
que constituye por el contrario una obligación inexorable que debe ser
cumplida.
Sobre el
particular citan apartes de la sentencia C-578 de 2002.
En esos
términos, precisan que la expresión “facilitar” debe ser declarada
constitucional de manera condicionada, en el entendido que de ésta se desprende
una obligación de resultado respecto de la responsabilidad estatal en materia
de garantía de los derechos de las víctimas.
- Por otra
parte, indican que la expresión acusada “pertinente”, que hace parte del
numeral 38.5 del artículo 37, crea un filtro para decidir la verdad que se le
dará a conocer a las víctimas, desconociendo que la información por medio de la
cual se cumple con el derecho a la verdad no puede ser objeto de filtraciones
por parte de funcionarios de la Rama Judicial, es decir, que éstos no pueden
señalar qué es lo pertinente para las víctimas y que no, puesto que son
únicamente las víctimas quienes tienen la potestad de determinar qué consideran
pertinente dentro de su concepto de verdad, de forma tal que si se establece un
criterio valorativo sobre la pertinencia de la verdad se desconoce el deber que
tiene el Estado de adoptar todas las medidas y recursos efectivos para que las
víctimas conozcan el saber de las conductas que violaron sus derechos pero
nunca escoger que hallazgos son los que las víctimas deben conocer.
Al respecto citan apartes del Informe de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos No. 37 del 13 de abril de 2000
–caso No. 11-481- Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gáldamez.
- Finalmente,
advierten que la expresión acusada “definitiva”, que hace parte del
numeral 38.6 del artículo 37, es contraria a las obligaciones en materia de
derecho a la verdad que se encuentran en cabeza del Estado, ello porque el
deber de garantizar el derecho a la verdad se cumple cuando el Estado permite y
facilita eficazmente que las víctimas accedan a la documentación recopilada
durante el proceso judicial, por tanto la expresión acusada al establecer una
restricción al derecho a la verdad en el sentido que los casos ya estén
decididos definitivamente genera como consecuencia la imposibilidad de la
víctima para actuar de alguna forma dentro del proceso como tal hasta tanto no
haya una decisión en firme.
3.2.28.  El
artículo 41 de la Ley 975 de 2005 viola lo previsto en el artículo 7° C.P. y el
Convenio No. 169 de la Organización Mundial del Trabajo –OIT-
Argumentan los demandantes que la
disposición acusada incurre en una omisión legislativa en la medida en que no
incorpora como personas de especial protección a los grupos indígenas y
minorías étnicas quienes de conformidad con lo previsto en el artículo 7°
superior, gozan de reconocimiento especial el cual trae consigo una serie de
obligaciones inexorables para el Estado, y por tanto si tal reconocimiento se
desconoce ello da lugar a que se vulneren los derechos fundamentales de un
sector de la población que de por sí se encuentra en circunstancias de
debilidad manifiesta.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan apartes de las sentencias T-380 de 1993 y T-652 de
1998.
En esos
términos, aclaran que el artículo demandado debe ser declarado exequible en
forma condicionada, en el entendido que también se aplicará lo allí previsto
para el caso de los grupos indígenas y las minorías étnicas.
3.2.29.  Las
expresiones “ilícitamente” que hace parte del numeral 45.1 y “más”
que hace parte del numeral 45.2 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005 violan
los artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 25, 63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y 14) y los
Principios de Joinet (36 a 45)
Según los
demandantes, la expresión acusada “ilícitamente” que hace parte del
numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005, vulnera el derecho que
tienen las víctimas a la reparación integral que le asiste a las víctimas en el
conflicto, en la medida en que restringe el patrimonio destinado para la
reparación simplemente a los bienes de procedencia ilícita, desconociendo que
independientemente de la existencia de la obligación de reparación, el dominio
sobre los bienes ilícitos debe ser extinguido por parte del Estado dado que son
producto precisamente de una actividad ilegal.
En otras
palabras, indican que sí de conformidad con el artículo 6° constitucional una
persona –bien sea que se trate de un particular o de un servidor público- que
le deba una indemnización a otra persona, -en el caso de la Ley 975 de 2005 se
debe entender obviamente que es a la víctima en el contexto de la comisión de
delitos de lesa humanidad, de guerra y violaciones a los DDHH-, tiene el deber
de cancelarla con su patrimonio independientemente de donde provenga, y es en
ese entendido que la única restricción que puede existir es el monto de dicho
pago más no la procedencia de los bienes con que se pretende extinguir la
obligación de reparación.
Como fundamento
de sus afirmaciones citan entre otras, la sentencia del veintinueve (29) de
agosto de 2002 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Caracazo Vs. Venezuela. y la sentencia del veinticinco (25) de noviembre
de 2003 proferida en el caso Mack Chang.
- De igual
manera, señalan que la expresión acusada “más” que hace parte del
numeral 45.2 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005, desconoce que el derecho a
la reparación se encuentra en cabeza de las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos, quienes en cada caso concreto pueden ser distintos
actores, de forma tal que el derecho a la reparación en graves violaciones a
los derechos humanos no se puede limitar a las personas “más” cercanas
de la víctima, sino que para cada caso concreto puede estar en cabeza de un sin
número de actores y en todo caso de la sociedad en general quienes igualmente
gozan del derecho a la reparación.
3.2.30.  La
expresión “Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” que
hace parte del artículo 45 de la Ley 975 de 2005, desconoce los artículos 1°,
6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25,
63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts.
2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas,
crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y 14) y los Principios de Joinet
(36 a 45)
Para los
demandantes las  expresiones acusadas restringen el derecho a la reparación
integral que le asiste a las víctimas, en la medida en que limitan su
cumplimiento a una sola acción tendiente a garantizarlo, desconociendo así que
la reparación integral no se agota en el simple cumplimiento de los
presupuestos señalados en el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, sino que dichos
presupuestos deben ser entendidos en forma complementaria y conexa sin que ello
signifique que el mero hecho de garantizar uno de ellos genere una reparación
integral, ya que tal derecho siempre implica la adopción de medidas que tiendan
a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.
Sobre el
particular citan lo establecido en el Principio No. 36 de Joinet.
3.2.31.  La
expresión “de ser posible” que hace parte del artículo 46 de la Ley 975
de 2005 vulnera los artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana
sobre Derechos Humanos (arts. 25, 63-1 y 68), Pacto internacional de los
Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la
Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y
14) y los Principios de Joinet (36 a 45)
Explican que la
expresión acusada “de ser posible”, desconoce que el derecho a la
reparación de que gozan las víctimas es integral, con el fin de que puedan
volver a la situación inicial en la que estaban antes de la comisión de los
delitos de lesa humanidad, de guerra y violaciones a los DDHH.  En ese sentido,
la obligación de reparar a cargo del Estado no puede aplicarse
alternativamente, esto es, en los casos en que sea posible, pues esa es una
obligación a la cual no puede sustraerse el responsable amparándose en
problemas de índole económico o en imposibilidades de otro tipo, especialmente
si se considera que la imposibilidad para restituir no debe ir en contravía de
los derechos fundamentales de las víctimas.
Aducen entonces
que “se podría entender que la imposibilidad para restituir los bienes no
debe recaer en la víctima, pues en caso que ocurra el Estado debe responder, y,
si es pertinente, repetir contra el autor de la violación”, al tenor de lo
establecido en el principio No. 36 de Joinet.
Al respecto
citan entre otras, la sentencia del veintinueve (29) de agosto de 2002
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caracazo
Vs. Venezuela. y la sentencia del veinticinco (25) de noviembre de 2003
proferida en el caso Mack Chang.
3.2.32.  Las
expresiones “o sus parientes en primer grado de consanguinidad de
conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas”
que hacen parte del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, violan los artículos 1°,
6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25,
63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos (arts.
2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas,
crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y 14) y los Principios de Joinet
(36 a 45)
Consideran que
las expresiones acusadas son violatorias del derecho a la reparación integral,
en la medida en que contienen restricciones para que las medidas de
rehabilitación se garanticen a personas diferentes a los familiares más
cercanos de las víctimas.
Enfatizan que “al señalar taxativamente que el deber de
rehabilitación se predica de los familiares en primer grado de consanguinidad,
excluye el derecho que tienen otros familiares, otros sujetos y la sociedad en
ser reparadas por lo acontecido.  Tal exclusión es una grave violación al
derecho a la reparación”.
De otra parte,
precisan que el hecho de que mediante las expresiones acusadas se restrinja el
monto de la indemnización económica que se ha de destinar para la
rehabilitación a un presupuesto, desconoce el derecho de reparación integral de
las víctimas toda vez que el pago económico sólo se puede limitar considerando
la gravedad de los hechos y no el acceso a los recursos.
3.2.33.  Las
expresiones “y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad” contenidas
en el numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005 desconocen lo previsto
en los artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 25, 63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y 14) y los
Principios de Joinet (36 a 45)
A juicio de los actores, las expresiones
acusadas son violatorias del derecho a la reparación integral, en la medida en
que restringen la aplicación de la disposición de la que hacen parte, solamente
a los parientes de las víctimas dentro del primer grado de consanguinidad,
desconociendo en consecuencia que las víctimas pueden ser un sin número de
personas que solamente se pueden llegar a determinar en cada caso concreto, por
tanto al establecer la limitación antes referida se excluye en forma tajante el
derecho que tienen otros familiares a ser reparados integralmente a
consecuencia de los hechos ilícitos pues el concepto de víctima no puede ser
restrictivo y menos en materia de conflicto armado.
Reiteran igualmente, que no es compatible
con el derecho a la reparación integral que una ley imponga restricciones a uno
de sus elementos que es la indemnización económica, toda vez que el pago
económico sólo se podría limitar eventualmente por la gravedad de los hechos
pero no en virtud del acceso a los recursos.
Sobre el
particular, citan lo establecido en el principio No. 22 de Joinet.
2.3.34.    Las expresiones “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo
49 de la Ley 975 de 2005 vulneran lo previsto en los artículos 1°, 6°, 13, 15 y
21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 25, 63-1 y 68),
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6),
Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
(arts. 11-3 y 14) y Principios de Joinet (36 a 45)
Aducen los actores que las expresiones
acusadas al señalar que el derecho a la reparación colectiva deberá ser
aplicada a las zonas más afectadas por la violencia, desconocen que únicamente
es en cada caso en concreto en donde se podrá determinar cuáles medidas son las
apropiadas para garantizar dicho derecho.
En esos
términos, advierten que el precepto acusado vulnera el derecho a la igualdad al
excluir“la posibilidad de establecer mecanismos de reparación colectiva a
víctimas que no se agrupan en una ‘zona’ por ejemplo, sindicatos, partidos
políticos, organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre
otras.  Al restringir los programas de reparación colectiva a factores
meramente territoriales impide que las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos que se relacionan con otro tipo de colectividad no puedan
acceder a los mismos”, especialmente si se considera que la reparación
colectiva es sólo un elemento del derecho a la reparación integral que no puede
limitarse con base en factores territoriales dado que las víctimas que tienen
la legitimidad para exigirla seguramente tienen como referente de colectividad
otro modelo de organización social y no únicamente su territorio pues muchas de
ellas son víctimas independientemente del lugar en el que se encuentren.
3.2.35.  El
numeral 52.2 del artículo 51 de la Ley 975 de 2005 vulnera lo establecido en
los artículos 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos
(arts. 1°-1, 8°-1 y 25-1), Pacto internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (arts. 2°-3, y 14-1) y los Principios de Joinet (1° a 4°)
Estiman los
demandantes que el numeral acusado del artículo 51, configura una violación al
derecho a la verdad que ostentan las víctimas, en la medida en que si se tiene
presente lo previsto en la Ley 782 de 2002 -que complementa necesariamente la
Ley 975 de 2005-, es claro que el informe que recae en la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación solo podrá ser elaborado respecto de dos grupos
armados organizados ilegales, esto es la guerrilla y las autodefensas,
desconociendo así que la Comisión tiene una constitución de origen estatal
razón por la cual no puede ser neutral o imparcial respecto de los citados
grupos armados organizados al margen de la ley pues sobre ellos es que
precisamente va a elaborar el correspondiente informe.
Destacan además
que en relación con los grupos guerrilleros es obvio que en tanto éstos tienen
como finalidad derrocar el régimen constitucional y legal vigente, son abiertos
enemigos del Estado, lo que impide que la Comisión referida pueda garantizar la
imparcialidad en la elaboración del informe, igual situación de parcialidad se
presenta “en caso que los grupos que se pretendan documentar en el informe
sean los paramilitares, (...) pues dichos grupos tienen una conformación
Estatal, particularmente, gracias al Decreto 3398 de 1965”.
En ese sentido,
señalan que es claro entonces que si con el informe se pretende determinar la
verdad sobre una de las partes de la negociación, no tiene sentido que éste sea
elaborado por un órgano del cual no se puede predicar neutralidad en relación
con los grupos organizados al margen de la ley, constituyéndose así una
violación al derecho a la verdad colectiva, pues dicho derecho no se garantiza
solamente porque se hagan públicos los documentos que den cuenta de la historia
de la guerra sino porque la información contenida en los mismos deba estar
protegida por la confianza de la sociedad acerca de su concordancia con la
realidad.
3.2.36.  El
Numeral 56.1 del artículo 55 de la Ley 975 de 2005 vulnera lo previsto en los
artículos 1°, 6°, 13, 15 y 21 C.P., Convención Americana sobre Derechos Humanos
(arts. 25, 63-1 y 68), Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(arts. 2°-3, 9°-5 y 14-6), Convención contra la Tortura y otros tratos o penas,
crueles, inhumanos o degradantes (arts. 11-3 y 14) y los Principios de Joinet
(36 a 45)
Afirman que el
numeral acusado restringe el monto de la indemnización económica que se ha de
destinar por concepto de indemnizaciones judiciales a la autorización que se
haga para el efecto dentro del presupuesto nacional, desconociendo así el
derecho de reparación integral de las víctimas toda vez que el pago económico
sólo se puede limitar considerando la gravedad de los hechos y no el acceso a
los recursos.
Hacen énfasis en que no es compatible con
el derecho a la reparación integral que una ley imponga restricciones a uno de
sus elementos que es la indemnización económica, toda vez que el pago económico
sólo se podría limitar eventualmente por la gravedad de los hechos pero no en
virtud del acceso a los recursos.
Sobre el
particular, citan lo establecido en el principio No. 22 de Joinet.
3.2.37.  La
expresión “y de sus parientes” que hace parte del inciso 1° del artículo
58 de la Ley 975 de 2005 vulneran los artículos 13, 15 y 21 C.P., Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1°-1, 8°-1 y 25-1), Pacto internacional
de los Derechos Civiles y Políticos (arts. 2°-3, y 14-1) y los Principios de
Joinet (1° a 4°)
Aducen que como
ya se expuso en relación con artículos acusados con anterioridad, la acusación
se fundamenta en que el derecho a la verdad en los casos de graves violaciones
a los derechos humanos no se puede limitar a los parientes de la víctima, sino
que para cada caso concreto puede estar en cabeza de un sin número de actores y
en todo caso de la sociedad en general, de forma tal que al establecerse que el
acceso a los archivos debe ser facilitado solamente en el interés de las
víctimas y de sus parientes, se excluye de plano el derecho que tienen otros
sujetos de la sociedad en general de saber lo acontecido.
Como fundamento
de sus aseveraciones citan el informe No. 37/00 del trece (13) de abril de
2000, caso No. 11-481 Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gáldamez emitido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como lo establecido en el principio
No. 1 de Joinet.
3.2.38.  El
artículo 64 de la Ley 975 de 2005 desconoce lo previsto en los artículos 44 y
93 C.P., Estatuto de Roma (art. 8°), Protocolo Facultativo a la Convención
sobre Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los
conflictos armados (Ley 833 de 2003) y el Convenio No. 182 de la Organización
Mundial del Trabajo –OIT-
A juicio de los
actores, la disposición acusada al establecer que la entrega de los menores
reclutados en las fuerzas armadas ilegítimas, no impide el acceso a los
beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, desconoce la normatividad
internacional según la cual el reclutamiento de niños y niñas a los grupos
armados organizados al margen de la ley es considerado como un delito por la
legislación penal colombiana, un crimen de guerra por el Estatuto de Roma y una
violación a los derechos de los niños de conformidad con el Protocolo
Facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la participación
de los niños en los conflictos armados y el Convenio No. 182 de la Organización
Mundial del Trabajo –OIT-.
En ese orden de
ideas, advierten que la aplicación del artículo demandado traerá como
consecuencia que si no se pierden los beneficios por entregar los menores
tampoco se perderán por no hacerlo, generando así un total nivel de impunidad
en tanto no habrá investigación judicial y miles de niños y niñas permanecerán
en las filas de los grupos que se desmovilicen paulatinamente, pues como ya se
dijo éstos no tendrán la obligación de entregarlos al Estado para recibir los
beneficios judiciales a que se refiere la Ley 975 de 2005.
3.2.39.  El
artículo 71 de la Ley 975 de 2002 vulnera lo previsto en el Preámbulo, el
artículo 93 C.P. y el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra (art. 1°)
A juicio de los
demandantes, la disposición acusada al considerar el accionar de los grupos de
autodefensas o paramilitares como un delito político desconoce lo previsto en
el Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que esos grupos no tienen
el carácter “contraestatal”, por lo cual es imposible catalogarlos como
una parte autónoma en el conflicto y en consecuencia no se puede considerar que
no son fuerzas contrarias al Estado mismo despojándolos así de la categoría de
actores armados que les corresponde según el Derecho Internacional Humanitario.
Así pues,
estiman que la disposición acusada “desconoce una categoría fundamental del
DIH, el cual es la existencia de actores armados antagónicos que se enfrentan
en conflictos armados –internos o externos-“.
Sobre el
particular citan entre otros, el Informe del 2004 –Ginebra, Suiza-, emitido por
el Comité Internacional de la Cruz Roja, y la sentencia del cinco (5) de julio
de 2004 proferida en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
3.3.
Solicitud de Unidad Normativa
Los demandantes
solicitan que en aplicación del principio de unidad normativa se declare la
inconstitucionalidad total de la Ley 975 de 2005, de forma tal que se realice
un control constitucional en donde se integren tanto las normas acusadas en la
demanda así como aquellas que expresamente no lo fueron, esto es, los artículos
1° a 4°, 9°, 12 a 14, 19, 21, 22, 26 a 28, 32 a 36, 50 a 55.
3.4.  Solicitud de efectos
retroactivos de la sentencia de la Corte Constitucional
De igual manera,
los actores solicitan a la Corte que una vez declarada la inexequibilidad de la
totalidad de la Ley 975 de 2005, en la parte motiva y considerativa del texto
de la sentencia debe quedar en claro que la decisión tiene efectos
retroactivos, con el argumento que las Leyes que establecen amnistías e
indultos en relación con delitos de lesa humanidad, de guerra y por graves
violaciones los DDHH carecen de efectos jurídicos en todo momento pues no reconocen
en realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral que
tienen las víctimas del conflicto armado interno.
Como referente
jurisprudencial citan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la
República de Argentina que declaró que las Leyes que otorgaban amnistías e
indultos expedidas durante el período de las dictaduras militares no podían
hacer parte del ordenamiento jurídico nacional y en consecuencia carecían de
efectos jurídicos, puesto que así lo establecen diversos Tratados y
Convenciones Internacionales sobre la materia, y la sentencia C-557 de 2000.
IV.
INTERVENCIONES
4.1.  Ministerio
del Interior y de Justicia
El Señor
Ministro del Interior y de Justicia, interviene en el presente proceso, en
defensa de los artículos acusados solicitando se declare su exequibilidad. De
acuerdo con las consideraciones  que a continuación se resumen.
4. 1.1. Luego de
plantear una serie de consideraciones generales sobre  los antecedentes,
alcance y objetivos de la Ley 975 de 2005 el señor  Ministro procede al
análisis de los cargos formulados en la demanda.
4.1.2. Respecto
al cargo por el supuesto desconocimiento del artículo 152 superior  sostiene
que: “La Ley 975 de 2005 no afecta el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de las víctimas y por tanto no requería de un trámite de ley
estatutaria”. En similar sentido sostiene que: “los artículos acusados
no modifican la estructura de la rama judicial”.  Por ello concluye que en
manera alguna puede entenderse vulnerado dicho precepto superior.
4.1.3 En cuanto
a los vicios de fondo, el interviniente, hace las siguientes consideraciones:
4.1.3.1.
Sostiene que: “el procedimiento penal especial contenido en la ley de
justicia y paz no vulnera el Acto Legislativo 03 de 2002”.  Para soportar
su argumento se refiere a la intención del Constituyente en el artículo 5º del
Acto Legislativo 03 de 2002, quien no limitó su aplicación en el tiempo, dejó a
la ley la determinación de la gradualidad de la aplicación del nuevo sistema y
la determinación de la vigencia que define los delitos a los cuales ha de
aplicarse, dándole con ello al Legislador un amplio margen de configuración
respecto de la posibilidad de aplicar la norma a delitos cometidos antes de la
expedición del acto legislativo antes citado.  Es así como el principio de
legalidad, contiene la llamada cláusula de reserva legal para el legislador,
por la cual sólo éste está facultado por mandato superior para determinar
conductas punibles, describiéndolas de manera inequívoca, expresa y estricta,
extendiéndose dicha cláusula privativa a la asignación de consecuencias
jurídicas de los delitos y al establecimiento del procedimiento de
investigación y juzgamiento.  Por tanto, asegura que la ley de justicia y paz
establece un procedimiento penal concreto
cuya naturaleza es esencialmente acusatoria al estructurarse a partir de las
instituciones fundamentales inherentes al sistema penal acusatorio.
Explica que a
diferencia de la Ley 906 de 2004, (Código de
Procedimiento Penal) la Ley 975 de 2005 es de aplicación restringida en razón
del objeto perseguido de las particularidades que presentan sus destinatarios,
imputados por la comisión de delitos no amnistiables ni indultables y por la
pena alternativa allí prevista.
Así las cosas,
concluye que la Ley 975 de 2005, no vulnera el artículo 5° del Acto Legislativo
03 de 2005 ni contraviene lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de
2004, pues “i) las instituciones y principios que se recogen del sistema
acusatorio son normas consagradas universalmente no solamente en los Códigos de
Procedimiento sino en los Instrumentos Internacionales de protección de
derechos humanos, ii) el Legislador autorizado por el Constituyente y titular
de la cláusula general de competencia (artículo 150-1 CP), está facultado para
consagrar este tratamiento diferente sin que por ello se vulnere mandatos o
postulados superiores, iii) en la aplicación de la medida de política criminal
el Legislador tuvo en cuenta los principios constitucionales de proporcionalidad
y razonabilidad así como los valores superiores de la justicia y los fines
esenciales del Estado para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo consagrados en el Preámbulo y en los artículos 2, 22 y 29 de
la Constitución Política; iv) el mandato del artículo 5° del Acto Legislativo y
del precepto que lo desarrolla de la Ley 906 de 2004, hacen referencia en forma
clara y expresa al nuevo Código, es decir a la Ley 906 de 2004 y no a otra
norma.”  Se sustenta en el Primer Debate en Comisiones Conjuntas de Senado
y Cámara en donde se analizó el tema.
4.1.3.2. Aspectos relacionados
con el beneficio de la pena alternativa:
4.1.3.2.1.
Respecto de la “supuesta impunidad y falta de proporcionalidad de la pena
alternativa”, a modo de introducción, afirma que en el mismo texto de la
norma se observa que sus disposiciones están destinadas a la protección y
garantía de los derechos, la Ley de Justicia y Paz no limita el derecho a la
justicia y que ningún caso afecta el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas.
En la Ley 975 de
2005, artículo 3°, se define claramente el concepto de alternatividad, el cual
consistente en la suspensión de la pena determinada en la sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa entre cinco y ocho años, la cual no es gratuita, sino que se otorga por “la
contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
Sostiene el Señor
Ministro del Interior y de Justicia que no hay impunidad con el
establecimiento de la pena alternativa, “en tanto que i) para la
determinación de las penas se tendrán los mismos criterios de dosimetría
consagrados en la legislación penal vigente, y ii) el beneficio de una pena
alternativa, en ningún caso puede rebajar de cinco años”.
La pena
alternativa, aduce, será impuesta por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
previa a la imposición de la pena que corresponda por los delitos cometidos de
acuerdo con las reglas establecidas en el Código Penal - artículos 3° y 29° de
la Ley 975 de 2005-. Estas disposiciones tienen como finalidad suspender la
ejecución de la condena por un periodo de tiempo, siempre y cuando se reúnan
una serie de requisitos.  La decisión judicial, en estos casos, no recae sobre
la sanción impuesta, con la plenitud de las garantías procésales, a un sujeto
que infringió el ordenamiento penal, sino
sobre la ejecución de la misma, y tiene, en ese ámbito, un carácter provisional, mientras se mantenga en el juez
la convicción según la cual el condenado i) ha contribuido a la consecución de la paz nacional, colaborado con la
justicia, y contribuido a la reparación
a las víctimas, y, además, ii) se encuentra en proceso de una adecuada resocialización.
Sostiene que es
importante diferenciar la pena alternativa de la pena principal, dado que el
Tribunal Superior de Distrito Judicial debe imponer en la sentencia
condenatoria las penas principales y accesorias que correspondan según lo
establecido en el Código Penal, las estipuladas para cada delito imputado. Este
Tribunal, una vez impuesta la pena principal, decide sobre el beneficio
jurídico de la pena alternativa, el cual no anula, invalida o extingue la pena
principal inicialmente impuesta, ésta sólo se extinguirá cuando cumplida la
pena alternativa, el condenado demostrase el cumplimiento de las demás
condiciones en los términos fijados legalmente.
Resalta que la
pena alternativa no es una pena principal especial - artículos 3°, 29° y 61° de
la Ley de Justicia y Paz – por el contrario, esta pena,  a la que en ningún
caso se le aplicarán los subrogados penales, beneficios o rebajas
complementarias, es un beneficio jurídico que se concede de manera similar a
los subrogados penales en compensación a que el condenado ha cumplido ciertas
condiciones legales, razón por la cual cuando se concede este beneficio, en el
evento de incumplimiento de las obligaciones o compromisos adquiridos la
persona purgará la pena inicialmente determinada.
Manifiesta que
la pena alternativa constituye una sanción razonable y proporcional, la cual
respeta la justicia y posibilita avanzar hacia
la paz. La Ley 975 de 2005, asevera, no busca privilegiar los actos
atroces cometidos por los miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley que hayan sido o puedan ser objeto de imputación, acusación o
sentencia por delitos no amnistiables o indultables.  Por el contrario esta es
un medio para alcanzar un fin legítimo, el logro de la paz, propiciado así: la
desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados organizados al margen
de la ley, facilitando los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva de sus integrantes, garantizando en todo momento los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para el
interviniente, el principio de proporcionalidad no resulta vulnerado por
la pena alternativa, toda vez que, este beneficio se justifica o legitima
constitucionalmente para preservar el interés general y alcanzar la paz y la
justicia establecidos en el Preámbulo de la Constitución Política.  La
existencia de tal estimulo posibilita el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos sucedidos a partir de la propia colaboración de los autores y
partícipes  en tales conductas, estas medidas, que propenden por el logro de la
paz, se encuentran reconocidas en instrumentos internacionales, consideradas
como justicia transicional, señalando los requisitos para que esta sea
reconocida como tal.
Después de hacer
referencia a la naturaleza y características, acudiendo a un análisis
conceptual e histórico, de las figuras del indulto y de la pena alternativa, afirma
que el indulto no esta  contemplado  en la Ley de Justicia y Paz.
Explica que el Legislador en la ley 975 de 2005, siguiendo lo dispuesto por los
Instrumentos Internacionales y la Constitución Política, establece la no
procedencia del indulto y la amnistía para los delitos -más graves- de que
trata la ley, determinando para estos una
pena alternativa privativa de la libertad de la que se beneficiarán los
integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que se
desmovilicen y cumplan con las condiciones que determino la misma.  Es clara,
para el interviniente, la voluntad del Legislador de diferenciar los beneficios
a conceder a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional, cuando los delitos de los que hayan sido o que pudieren
ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes sean indultables
o amnistiables. Concluye que el indulto y la pena alternativa son dos figuras
totalmente diferentes, que gozan de características y regulación distinta.
Sostiene que el
proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz requiere la activa y
fundamental intervención del Gobierno Nacional, presentar la lista para efectos
de elegibilidad (art. 10 y 11).  En tal sentido, adiciona que los organismos de
seguridad del Estado -que hacen parte del Ejecutivo-, son los que poseen la
información de inteligencia relacionada con los integrantes de los grupos
armados organizados al margen de la ley -requerida para elaborar tales listas-.
Esta intervención es necesaria para lograr los objetivos buscados, no por eso
se constituye en ejercicio del derecho de gracia.  Concluye que por mandato
constitucional todo proceso de paz debe estar bajo la dirección del Presidente
de la República y por tanto la Ley 975 de 2005, se encuentra en concordancia y
armonía con las normas constitucionales, los Instrumentos Internacionales y los
pronunciamientos jurisprudenciales que prohíben otorgar indulto o amnistía a
los responsables de los delitos graves, razón por la cual no están llamados a
prosperar los cargos formulados contra los artículos acusados.
Explica que no
es cierto que “las disposiciones de la ley 975 de 2005 constituyen un sistema de impunidad que como sistema es un
indulto velado y una amnistía
encubierta”, pues el hecho
de que se compute el tiempo de permanencia en la zona de concentración como
tiempo de ejecución de la pena alternativa, no transgrede disposición
constitucional alguna.   A pesar de que en esta zona, las personas no están en
las condiciones de austeridad propias de un centro de reclusión normal, si
están sometidos a las restricciones propias de esta figura y por lo tanto,
consideró el Legislador que el tiempo que permanecieran allí adelantando las
conversaciones se computaría como tiempo de ejecución de la pena alternativa.
Lo anterior tiene plena justificación por la finalidad que se persigue que no
es otra que facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la sociedad de
los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.  Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta el acompañamiento y seguimiento que están haciendo a
esta zona de distensión los Delegados de la Organización de Estados Americanos
(OEA), lo cual le otorga mayor legitimidad a las conversaciones que allí se
realizan. Hace referencia a la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley
211 de 2005 Senado.
4.1.3.2.2.
Precisa que no es cierto que la intención del artículo 25 de la Ley 975 de 2005
sea permitir que el desmovilizado omita información sobre delitos graves y mantener
la posibilidad de la pena alternativa en tanto que “si  el  desmovilizado
oculta información  sobre  delitos cometidos pierde el beneficio de pena
alternativa, tanto para los delitos ya aceptados como para los nuevos que se conozcan”.
4.1.3.2.3  Afirma que durante el proceso penal previsto en
la Ley 975 de 2005 “no se
desconoce la autonomía e independencia de la rama judicial ni hay injerencia
indebida del ejecutivo, a indicar el establecimiento de reclusión donde deba
cumplirse la pena efectiva”, por el contrario, se cumplen las garantías que
conforman el debido proceso y se observan las garantías judiciales, los
principios de legalidad, juez natural, juzgamiento dentro de un plazo
razonable, derecho a un defensor, derecho a impugnar el fallo, entre otras
garantías.
Sostiene que con ocasión al principio de colaboración
armónica entre las Ramas del Poder Público, para cumplir los fines del Estado y
desarrollo de la norma superior puesto que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 459 de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la pena impuesta
mediante sentencia ejecutoriada corresponde al Gobierno Nacional a través del
Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en coordinación con el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, en este caso será el Tribunal
Superior de Distrito Judicial - artículo 32 de la Ley 975 de 2005-.
4.1.3.2.4. En
cuanto al cumplimiento de la pena en zonas de ubicación, el interviniente
afirma que “no es cierto que se desconozca la
obligación estatal de sancionar a los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos a verdaderas penas privativas de la libertad al permitir
descontar como pena efectiva el tiempo de permanencia en las zonas de
concentración”.
4.1.3.3.
Argumentos contra los cargos relacionados contra la reparación de las victimas:
4.1.3.3.1 Afirma
que el deber de reparar por los daños infringidos con la conducta punible
corresponde a los infractores, sin que pueda pretender derivarse responsabilidad
estatal al respecto.  Sin embargo, es deber
de los Estados crear recursos judiciales y
administrativos en sus respectivas legislaciones para hacer efectivo
derecho a la reparación de las víctimas,
así como lo establecen, los diferentes Instrumentos Internacionales
sobre derechos humanos. Estos
indican que las respectivas legislaciones establecerán y reforzarán, cuando sea
necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas
obtener reparación mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y
accesibles, la cual deberá ser pronta y adecuada.
Sostiene que
“la obligación de reparación a cargo del infractor, se adecua a la carta
política y a los parámetros del derecho
internacional”.  La Ley
975 de 2005 reconoce la responsabilidad de reparación a las víctimas en cabeza
de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que hayan
cometido las conductas punibles causantes del daño.  Afirma que al establecer
la responsabilidad penal individual, exclusivamente a cargo de su autor y
partícipes, ligado a la exigencia de la culpabilidad, se abandona entonces la
idea de responsabilidad colectiva y objetiva.  El interviniente hace referencia
a normas de derecho internacional, en cuanto a la reparación de los daños
sufridos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Señala que la
jurisprudencia colombiana se ha pronunciado sobre el tema de la potestad
reglada del Estado para exigir de los sujetos, comprometidos en el hecho
punible, la responsabilidad punitiva que les corresponda, comprometiendo la competencia del Legislador para
atribuir a los jueces la facultad de exigir de los comprometidos en la conducta punible la responsabilidad civil, no
sólo al autor en sus distintas modalidades, sino al llamado, conforme a la ley
sustancial, a responder.  Igualmente, el fundamento legal de la responsabilidad
reparatoria originada en la conducta punible se reconoce tanto en el ordenamiento
penal como en el civil.
Precisa que ante
la violación de derechos humanos por parte de grupos organizados al margen de
la ley, ésta no le genera responsabilidad al Estado -no se deriva de la
Constitución Política, ni del bloque de constitucionalidad
como principio general y absoluto la obligación de sustentar en el
Estado tal responsabilidad y la consecuente
reparación a su cargo. Al respecto, se refiere a dos circunstancias:
i) en primer lugar, por el hecho de sus agentes, lo cual evidentemente es descartable,
por cuanto el Estado no autoriza, ni patrocina ni acepta su responsabilidad por
los daños perpetrados por los grupos armados que están precisamente al margen
de la ley, y contra los cuales lucha de manera permanente; ii) por incumplimiento
de su función de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, lo cual
necesariamente debe analizarse y juzgarse en cada caso, toda vez que la
imputación sólo surge en presencia de falla del servicio o riesgo especial, y
atendiendo en todo caso los medios disponibles a su alcance, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90 constitucional .  En tal virtud, mal podría ser
aceptable como regla general y absoluta la responsabilidad estatal por las
violaciones de derechos humanos cometidas por terceros.
Afirma que la
violación de derechos humanos que pueda ser atribuida al Estado y que por ende
comprometa su responsabilidad, ha sido analizada en el ámbito internacional con
sustento en la obligación de los Estados prevista en los Tratados Internacionales
de "respetar los derechos y libertades y a garantizar su
libre y pleno ejercicio". Habiendo mencionado diferentes normas
internacionales sobre la responsabilidad de los Estados respecto a la violación
de los derechos humanos y las obligaciones de cada Estado para proteger los
derechos humanos, hace referencia a las violaciones de los derechos humanos
cometidas por terceros.  Particularmente, estas violaciones, en principio, no
son imputables al Estado dado que la conducta violatoria de los derechos humanos por un tercero no implica por sí misma el
incumplimiento del deber del Estado de garantizar el ejercicio de los
derechos, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
que habría lugar a responsabilidad del Estado cuando éste sí incumple su deber
de "garantizar" el ejercicio de derechos y libertades lo que
ocurre cuando la transgresión de los derechos se realiza por falta de
prevención del Estado o impunemente.
Precisamente
sobre el reconocimiento de la responsabilidad de la reparación en cabeza del
infractor y no del Estado, según lo establece los principios desarrollados por
Naciones Unidas sobre el derecho a obtener reparación por parte de las víctimas
de violaciones de derechos humanos y DIH, no como deber sino como labor
de buenos oficios de los Estados, estos han de procurar establecer
programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el
responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.  Seguido, hace referencia a la
normatividad sobre el tema que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico.
En general la responsabilidad estatal se concentraría no sólo cuando los
viola directamente, sino cuando no garantiza su ejercicio principalmente por
falla del servicio.
Concluye que al
no ser predicable como principio general, la imputación de responsabilidad al
Estado, ésta debe ser determinada en cada caso concreto, no siendo legítimo
pretender que se estableciera como regla general en una ley, cuando no se está
en presencia comprobada de los elementos que configuran el daño antijurídico a
cargo del Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, entonces la ley no hay vulnerado ninguna norma constitucional.
Al efecto señala
jurisprudencia en la que se ha estudiado cómo o en qué casos puede deducirse la
responsabilidad del Estado
Señala que la
Ley 975 de 2005 estableció lo inherente a la “responsabilidad de reparación
de las víctimas a cargo de los miembros de los grupos organizados al margen de
la ley por las conductas punibles cometidas” durante y con ocasión de su
pertenencia al grupo, determino una serie de medidas que amplían las
condiciones para materializar la reparación integral de las víctimas, las
cuales no tienen como fuente la "responsabilidad" sino el principio
de solidaridad inherente al Estado Social de Derecho.
Resalta que la
Ley 975 de 2005 amplía el universo de reparaciones las cuales se dan a cargo
del nuevo "Fondo para la Reparación de Víctimas", integrado por todos
los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o
grupos armados organizados ilegales a los cuales se aplique la misma, por los
bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho
de dominio en curso al momento de la desmovilización, por recursos provenientes
del presupuesto nacional y por donaciones en dinero o en especie, nacionales o
extranjeras.  A cargo de éste, están las indemnizaciones a que resulten
condenados los miembros de tales grupos que resulten penalmente responsables (artículos
54 y 42 de la Ley 975 de 2005).
Explica que en
contexto internacional se ha dado la tendencia a establecer mecanismos
alternativos que buscan la reparación de las víctimas, con fuentes adicionales
a las del responsable del hecho punible causante del daño. En tal sentido, se
ha instado a los Estados a que procuren contribuir en la reparación, no porque
les sea atribuible la responsabilidad derivada del ilícito, sino por
solidaridad asistencial con las víctimas.  La búsqueda de alternativas para
posibilitar el pago de una justa indemnización a las víctimas ha llevado a que
se establezcan mecanismos que suplan la
incapacidad económica del condenado
para asumir el monto total de la indemnización correspondiente.  Se trata
de mecanismos de asunción social del riesgo de sufrir un daño como resultado de
una conducta punible, los cuales pueden sustituir o complementar los criterios
clásicos de la responsabilidad civil individual.
Explica que “las
limitaciones relacionadas con el presupuesto del fondo para la reparación de
víctimas y el presupuesto nacional son razonables y se ajustan a la carta
política”.  No se pueden confundir los deberes estatales generales del
Estado estipulados en los instrumentos internacionales, según los cuales éste
debe establecer en su legislación interna recursos jurídicos (judiciales o
administrativos) eficaces a fin de que las víctimas puedan acceder a la
reparación pronta y adecuada del daño sufrido.  Señala que existe una tendencia
internacional a recomendar que los Estados, -no en calidad de obligación sino
de buenos oficios-, procuren establecer programas nacionales de reparación y
otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no
pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.  Es así como, dentro del diseño de
alternativas que buscan ampliar las condiciones para la realización efectiva de
la reparación integral de las víctimas, el legislador estableció el Fondo para
la reparación de víctimas el cual entre otros recursos se encuentra integrado
por los asignados del presupuesto general de la Nación.
En este caso, la
participación estatal con recursos para nutrir el Fondo, no se hace a título de
responsabilidad, sino como reflejo del Estado Social de Derecho que busca el
logro de mejores condiciones de vida y salvaguarda la dignidad humana y con
miras a suplir las eventuales carencias que pueda tener la reparación de las
víctimas si sólo se limitara a los recursos de que dispongan los titulares de
la obligación de reparar, esto es, los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
Encuentra
razonable que las medidas de rehabilitación se realicen de conformidad con el
Presupuesto del Fondo para la Reparación de Víctimas. Sostiene que dentro de
las recomendaciones internacionales realizadas a fin suplir la incapacidad
económica de los infractores responsables se ha admitido que "Por
razones prácticas o económicas, el resarcimiento podrá tener un mínimo o un
máximo. Podrá asimismo fijarse un valor en función del grado de incapacidad y
de haremos. La concesión de una indemnización podrá limitarse a las víctimas que se hallen en una situación económica grave”.
Además se
refiere a la obligación del Gobierno Nacional de implementar un programa
institucional de reparación colectiva que
comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de
Derecho, particularmente, en las zonas más afectadas por la violencia; a
recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de
violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.  Y aclara
que la expresión “particularmente”, no restringe, sino que enfatiza
reconociendo la especial e innegable condición que "sufren" algunas
zonas del país particularmente afectadas por la violencia ejercida por estos
grupos armados al margen de la ley.
4.1.3.3.2. Considera que “el incidente de reparación integral es una oportunidad para acceder a
las pretensiones  reparatorias y para materializar los derechos a la justicia y
la verdad”.  Este reconocimiento del derecho a la
reparación integral de las víctimas debe estar acorde con mecanismos procésales
expeditos que les permitan el ejercicio de sus derechos, es así como el
Legislador estableció la opción para que dentro del propio procedimiento penal
que se siga contra el miembro del grupo organizado al margen de la ley, la
víctima pueda presentar sus pretensiones de reparación, figura equivalente a la
constitución de parte civil.  La posibilidad de activar el incidente de
reparación integral es una opción que se da a favor de las víctimas, que en
todo caso deja a salvo su posibilidad de hacer efectiva sus pretensiones de
resarcimiento por la vía civil ordinaria.  Sin embargo, si la víctima a su
voluntad no hace uso del incidente de reparación integral, no implica de manera
alguna que se esté desconociendo el derecho a la reparación por lo que ningún
fundamento tiene la imputación que se endilga a lo señalado en el parágrafo 2°
del artículo en cuanto a que “no podrá negarse la concesión de la pena
alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente
de reparación integral".
4.1.3.3.3. No es
cierto, a su parecer, que la fijación de las obligación de reparación moral y
económica a las víctimas implique un desconocimiento a la reparación, pues las
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía
de no repetición, parte de la reparación –artículo 8°-, son en su esencia
obligaciones de contenido pecuniario o moral según sea el caso.  Por lo tanto,
ninguna restricción o exclusión está implicando la terminología usada en el
artículo 24.  Además, señala que el derecho a la reparación integral es sobre
el daño sufrido, así, explica de manera enfática, el objeto de la
reparación es el daño y solo el daño sufrido de lo contrario esto es, de ser
objeto de resarcimiento un perjuicio superior al sufrido por la víctima como
consecuencia de la conducta punible, ocurriría un enriquecimiento sin causa.
4.1.3.3.4.
Señala que la “reparación mediante restitución razonablemente, se encuentra
condicionada a que sea posible su realización”, la reparación integral no
se opone a la posibilidad de establecer criterios para determinar el ámbito y
el monto de la indemnización.
4.1.3.3.5.
Indica el interviniente que “La obligación de entregar bienes ilícitos por
parte de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley es una
condición para acceder a los  beneficios jurídicos previstos por la ley  975
de  2005,  y no una restricción frente a la reparación de las víctimas a la que
resulten condenados”. Enfatiza, que es la obligación de los grupos al
margen de la ley reparar integralmente a las víctimas del daño sufrido como
consecuencia del delito, la cual, encuentra su fundamento no solo en esta ley
sino en las normas legales generales de nuestro ordenamiento jurídico.
Diferente es el mecanismo utilizado para ello, respecto de lo cual, preciso que
los recursos que financiaron la actividad desarrollada por los grupos al margen
de la ley fueron ilícitos, así que la entrega de tales bienes producto de la
actividad ilegal fue concebida como uno de los requisitos de elegilibilidad
para acceder a tal procedimiento, acción de extinción de dominio que también
procederá cuando los desmovilizados omitan informar sobre estos bienes en la
diligencia de versión libre y confesión y se tenga conocimiento de su
existencia por otros medios.
Lo anterior no
significa, que la obligación de reparar integralmente a las víctimas, a cargo
de estos grupos, quede agotada con la simple entrega de tales bienes. Si bien,
éstos hacen parte de los recursos destinados a sufragar la reparación de las
víctimas si no comportan la cuantía suficiente para cubrir las obligaciones de
reparación contenidas en la sentencia condenatoria, las mismas no se extinguen
hasta tanto no se satisfagan integralmente, estando afecto el patrimonio
personal integrados por los restantes bienes de los infractores, tanto presentes
como futuros, existiendo la posibilidad de perseguir tales bienes de
conformidad con lo establecido en el Código Civil.
4.1.3.3.6.
Respecto a la inexistencia de garantía de no repetición, sostiene que “no
hay lugar a vicio de inconstitucionalidad alegado”, pues La Ley de Justicia
y Paz establece de manera amplia y suficiente la regulación de medidas
efectivas para garantizar el derecho a la reparación, suministrando recursos
para ello.   En particular, esta disposición se encuentra en consonancia con el
principio 35 del Conjunto de Principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.  El
Estado colombiano para asegurar el respeto del imperio de la ley, ha promovido y fortalecido la cultura de respeto
de los derechos humanos para lo cual el estado esta realizando algunas
actuaciones para lograrlo.  Dentro de la garantía de la no repetición también
se realizarán homenajes, conmemoraciones y reconocimiento a las víctimas de los
grupos armados organizados al margen de la ley, la verificación de los hechos y
la difusión de la verdad y la aplicación de sanciones penales.
4.1.3.4.
Sostiene que “las disposiciones de la ley no violan el derecho a la
justicia”.  Al respecto afirma que la Ley de Justicia y Paz -artículo 6º-
establece los procedimientos que deben llevar a cabo las autoridades: i) una
investigación efectiva, e ii) identificar, capturar y sancionar a los
responsables, lo cual supone igualmente contar con funcionarios especializados
en técnicas de investigación y con una policía judicial especializada y
permanente.
4.1.3.4.1.
Explica que la Ley de Justicia y Paz, prohíbe la concesión del indulto y la
amnistía para los delitos más graves, como claramente lo dispone el inciso
primero del artículo 10, por lo que no es posible afirmar que “se desconoce
el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar”, no presentándose el
fenómeno de la impunidad.  Señala además que las normas de la Ley de Justicia y
Paz determina las autoridades que llevarán a cabo la investigación, a cargo de
la Unidad de Fiscalía para la Justicia y Paz, y las formas propias del juicio,
a cargo de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de
justicia y paz.
Precisa  que el
Estado colombiano ha adoptado todas las medidas legislativas pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos y cumplir así con los compromisos
adquiridos para proteger los derechos humanos.
4.1.3.4.2.
Señala que la Ley 975 de 2005 guarda concordancia con lo dispuesto en los
artículos 2°, 8° y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, 2-1,
2-3 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, toda vez que, en
el procedimiento establecido en ella, se cumple con los compromisos adquiridos
por el Estado Colombiano ya que respeta los derechos y garantías de los
intervinientes en el proceso sin discriminación.
Es así como
afirma que “los artículos que regulan el procedimiento establecido en la
ley, se ajustan a las disposiciones de la convención americana sobre derechos
humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos”.
Indica que la diferencia establecida en la ley no es
discriminatoria, además de encontrar sustento en una justificación objetiva y
razonable cumple con el principio de racionalidad, pues existe adecuación de la
medida adoptada a los fines perseguidos con ella, que es lograr la
desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley, además
la medida adoptada es el resultado de un análisis previo entre los medios
empleados y el fin de la medida tomada. Una garantía más de las víctimas y de
los procesados es la intervención del Ministerio Público en defensa del orden
jurídico y de los derechos fundamentales.
4.1.3.4.3. Afirma
que “los artículos 9, 10 y 11  de la Ley 975 se encuentran acordes con los
cánones de la justicia transicional”.  Si bien el Legislador estipulo la desmovilización (dejar las armas y abandonar
el grupo armado organizado al margen de la ley), esta desmovilización, la cual
constituye un instrumento de política criminal para la consecución de la paz
nacional, se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.
Esto le permite a los miembros de los grupos armados organizados, acogerse a
este mecanismo sin esperar a que se inicie un proceso de paz formal con dichos
grupos.  La Constitución Política, permite para superar la violencia, la
combinación de vías y la articulación de diversos mecanismos.  La política de
seguridad democrática no exige de manera
exclusiva una situación militar para la situación de violencia que se presenta
en el país, esto es, reincorporación de manera individual o colectiva a la vida
civil.
4.1.3.4.4. No
desconoce la Ley, según el interviniente, “la obligación estatal de
satisfacer el derecho a la justicia en estricto sentido”. En su
intervención, menciona todas la garantías establecidas en la Ley de Justicia y
Paz, enfatizando en toda persona sometida a la misma, ya sea víctima o
desmovilizado tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante las autoridades judiciales que los amparan contra actos
que violen sus derechos fundamentales, lo que implica la obligación de
garantía.
4.1.3.5. El
Legislador, en palabras del interviniente, quiso con las normas que contiene la
Ley 975 de 2005, adoptar medidas para
proteger la dignidad de las víctimas otorgándoles para ello, todas las
facilidades para que pudieran intervenir durante toda actuación en defensa de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sin desconoce el
derecho a la verdad.  Además, para preservar este principio el Estado
garantiza su acceso a la administración de justicia, le brindará trato humano,
protegerá su intimidad y seguridad y la de sus familias, facilitará el aporte
de pruebas, garantizará que sean asistidas por un abogado. Por otro lado. la
Ley 975 de 2005 establece la importancia de organizar, sistematizar y conservar
los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de
las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la misma con el
fin de garantizar los derechos de las víctimas de la verdad y preservar del
olvido la memoria colectiva.
La ley 975 de
2005 deja la posibilidad de que se puedan aplicar otros mecanismos no judiciales
de reconstrucción de la verdad, artículo 7°, tales como las comisiones de la
verdad, lo cual se ajusta plenamente a lo estipulado en los principios
generales 1° a 10 del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.  El artículo 15
dispone  que los servidores públicos en la ley demandada dispondrán lo
necesario para esclarecer la verdad de los hechos.
4.1.3.6. Explica
que si a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley,
beneficiados con la pena alternativa, posterior a la sentencia, se les llegare
a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a los
mismos, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades
competentes dado que “la ley prevé consecuencias jurídicas por la no
confesión de todos los delitos cometidos”.  El beneficio solo se concede
cuando la persona colabore eficazmente con la justicia y acepte su
participación en los hechos siempre y cuando la omisión no haya sido
intencional.
Además la Ley le
impone la obligación al procesado de una confesión y a las autoridades el deber
de exigirlo ya que los verbos “manifestarán” e “indicarán” expresan
imperatividad -artículo 17°-.
4.1.3.7.
Sostiene que aunque la Ley de Justicia y Paz no hace referencia directa a la “obligación
de señalar al momento de la desmovilización el paradero de las personas
desaparecidas”, –artículo 10, numeral 4º-, se puede concluir que
implícitamente este deber se encuentra estipulado allí.  No debe olvidarse que
la desaparición forzada es un delito de conducta permanente cuya comisión cesa
una vez se haya tenido conocimiento de la suerte que corrió la persona o se
haya encontrado el cadáver de la víctima.
Seguidamente,
afirma que la colaboración eficaz para localizar personas secuestradas o
desaparecidas y los cadáveres de las víctimas, la búsqueda de los desaparecidos
y de los restos de las personas muertas y la ayuda para identificarlos son
actos de reparación, “esclarecimiento de la verdad”, que esta en cabeza de la
policía judicial –articulo 44-.  Por otro lado, en la Ley de Justicia y Paz,
también, se establece que la sociedad y las víctimas tienen el derecho
inalienable de conocer el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición
forzada – artículo 7°-.
4.1.3.8. Según
el interviniente “el desconocimiento a la obligación de realizar una
difusión completa de la verdad”, así nominado por el actor, se estableció
con el fin de proteger los derechos a la intimidad de las víctimas de la
violencia sexual y de las niñas y niños y adolescentes víctimas de los grupos
armados al margen de la ley.  Afirma que en estos casos, lo general es la
difusión pública y completa de la verdad, y lo excepcional es la restricción de
esta medida para que no prive mas daños innecesarios a la víctima, los testigos
y otras personas, ni cree un peligro un peligro para su seguridad -artículo
48-1°-.
4.1.3.9.
Respecto a la “inconstitucionalidad por el reducido termino de
investigación”, explica que el término de investigación previsto en la Ley
no es reducido.
Resalta la
existencia de la investigación y verificación de los hechos manifestados de
manera libre, voluntaria y espontánea por parte del desmovilizado así como de
la información de la cual tenga conocimiento la Fiscalía.
4.1.3.10.
Sostiene que el acceso a la justicia por parte de las víctimas lo establecen
disposiciones como las previstas en el artículo 23, así que no es cierto que “la
ley viola el derecho de las víctimas, de graves violaciones a los derechos
humanos, de acceder a un recurso judicial efectivo”. Afirma que la ley sí
posibilita el acceso al expediente, si bien, no se establece en el artículo 62
de la Ley 975 de 2005 de manera expresa, remite la disposición jurídica, debe
tenerse en cuenta que en el caso de las víctimas la Ley 906 de 2004, regula en
forma más amplia y favorable acorde con las normas internacionales y con la
jurisprudencia constitucional los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
lo que llevó a recoger varias figuras en la ley de justicia y paz como el
incidente de reparación integral (artículo 23) y los derechos de las víctimas
(artículo 37).
Indica, que no
es cierto que la Ley acusada limite las facultades de las víctimas durante el
proceso, porque como bien se puede ver tanto las normas internacionales de
derechos humanos como disposiciones del Código de Procedimiento Penal
garantizan el acceso de las víctimas a interponer recursos y obtener
reparaciones. La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en
Ley 975 de 2005 -artículo 2°- deberán realizarse de acuerdo con las normas
superiores y los instrumentos internacionales, además el artículo 62 hace
remisión para todo lo no dispuesto en la Ley de Justicia y Paz a la Ley 782 de
2002 y al Código de Procedimiento Penal.
Finalmente, dice
que la Ley 975 de 2005 ordena la actuación de la Defensoría Pública, a favor de
las víctimas no solo en el incidente de reparación integral sino durante todo
el proceso, debiéndose tener en cuenta la intervención que en el mismo sentido
realicen la Fiscalía General de la Nación, la Sala del Tribunal Superior del
Distrito Judicial y la Procuraduría Judicial para la justicia y la paz, lo cual
da una idea de la importancia que se otorga en la ley a los derechos de las
víctimas.
4.1.3.11. Aspectos
relacionados con el alcance del concepto de víctima.
4.1.3.11.1.
Afirma que la Ley 975 de 2005 es propia de la justicia transicional toda vez que, “contiene
mecanismos especiales para la consecución de la paz, que no restringen los
derechos de los ofendidos por el delito sino que amplían la posibilidad de
reparación para los familiares más cercanos de la víctima directa”.  Es
también, excepcional, por cuanto no es una norma para tiempos de normalidad
sino para propiciar el cese de la violencia en el país ocasionada por los
grupos organizados al margen de la ley.   La Ley de Justicia y Paz diseñó el
mecanismo del Fondo para la reparación de víctimas, el cual está compuesto por
recursos no solo de las personas o grupos armados a los que ser refiere la
misma, sino también por recursos provenientes del Estado y de donaciones, esos
artículos tienen como fin último garantizar la reparación integral de las
víctimas.
4.1.3.11.2.
Respecto del concepto de víctima previsto en el articulo 5° de la Ley 975 de
2005, sostiene “que éste se enmarca dentro de los parámetros internacionales
que integran el bloque de constitucionalidad”.   En esta ley se consideran
víctimas a la familia inmediata, o sea las personas que tengan relación
inmediata o estén a cargo de la víctima directa, es decir se reconoce
expresamente un marco delimitado tendiente a que en dicho concepto se
comprendan prioritariamente a quienes hacen para del núcleo familiar básico.
Así, explica que no es cierto que la norma proporcione un trato discriminatorio
de quienes no se encuentren en el primer grado de consanguinidad.
4.1.3.11.3.
Asegura que la determinación de “la victima que hace el Legislador responde
al margen de configuración que le reconoce la Constitución y se encuentra
acorde con los mandatos constitucionales, sin implicar discriminación alguna”.
Responde éste a un concepto amplio de víctima el cual comprende no solo a las
víctimas directas de delitos graves, sino también a las víctimas indirectas de
quienes fueron muertos o desaparecidos por la acción de los grupos organizados
al margen de la ley, incluyendo dentro de ésta ultima condición madres, padres,
cónyuge, compañeros o compañeras permanentes o hijos es decir personas más próximas
a las víctimas directas.  El Legislador goza de un margen de discrecionalidad
para definir el concepto de víctima a los efectos de la Ley de Justicia y Paz
–artículo 5°-.
Afirma que el
simple tenor literal de las normas internacionales se colige que la definición
de víctima presenta una concepción amplia no condicionada por el entorno
socio-político ni por aspectos circunstanciales referidos a la investidura del
sujeto pasivo de una infracción.   En este contexto los miembros de las fuerza
pública sí pueden ser considerados víctimas.
4.1.3.12.
Respecto de la constitucionalidad del artículo 71 que adiciona el tipo penal de
sedición, afirma que “las autodefensas, al igual de todo grupo armado
al margen de la ley, son combatidas por el Estado”.   Sostiene que el Estado no autoriza ni patrocina ni prohíja el
accionar de las autodefensas que están precisamente al margen de la ley, que no
representan bajo ningún aspecto porque son contradictores y opositores suyos,
en tanto deslegitiman el orden institucional propio del Estado de Derecho.
4.1.3.13. Según
su parecer “la Constitución no se desconoce al establecer como delito
político la pertenencia a grupos paramilitares cuyo accionar interfiera con el
normal funcionamiento del orden constitucional y legal”, toda vez que, no
se puede desconocer que se afecta de manera evidente la Constitución Política
por el actuar de los paramilitares como grupos organizados al margen de la ley.
Con miras a avanzar en los mecanismos
para afrontar el conflicto armado y propender por avanzar en el camino de la
paz, señala que el Legislador como autoridad constitucionalmente legítima para
el efecto, consideró conveniente señalar que también los grupos paramilitares
incurren en sedición, como puede apreciarse durante el trámite legislativo.
Agrega que la adición al tipo penal de sedición no implica que los delitos de
lesa humanidad y narcotráfico cometidos por los grupos organizados al margen de
la ley queden allí subsumidos.
4.2.  Ministerio
de Defensa Nacional
El Ministerio
referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso con
el fin de solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de las
disposiciones jurídicas acusadas, con fundamento en los argumentos que se
resumen a continuación.
El interviniente
recuerda que “Los Estados tienen un legítimo derecho a establecer los
mecanismos asistenciales, de reparación o de conciliación que crea que deba
implementar en el contexto de las especificidades del conflicto armado interno
que afronta y el órgano legislativo un amplio margen de configuración
legislativa para los mismos efectos.  Esta es una circunstancia que ha sido
reconocida históricamente por el derecho internacional, por sus órganos más
representativos y por la misma Corte Constitucional Colombiana.   Las políticas
de paz y reconciliación estructuradas por el Estado a través de sus diferentes
órganos, no pueden tener futuro si los mecanismos de reparación y de
indemnización no cobijan a todas las personas, así se consideren actores del
conflicto, que han sufrido las consecuencias del mismo, menos aún cuando tales
actores han padecido sus consecuencias al defender la legalidad y el Estado de
Derecho”.
Igualmente,
aduce que sin desconocer los principios del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derechos Internacional Humanitario, el Estado tiene derecho a
determinar la forma y cobertura que ha de establecer para reparar las acciones
ilegales e incluso contrarias al derecho de la guerra y al Derecho
Internacional Humanitario cometidas contra cualquiera de los actores del
conflicto armado cuando estos han quedado fuera de combate según los criterios
fijados por los Convenios de Ginebra de 1949.
En esos
términos, estima que los demandantes formulan la inconstitucionalidad del artículo
5º acusado, sobre una contradicción fundamental, la de reconocer que los
soldados y policías caídos, heridos o secuestrados son actores del conflicto
puesto fuera de combate y por lo tanto personas que adquieren un estatus de
protección a la luz de los Convenios de Ginebra y en sus protocolos
adicionales, pero al mismo tiempo el reproche a la disposición acusada pretende
condicionar la posibilidad de que el Estado les conceda la condición de
víctimas y un estatus jurídico consecuente con esta situación cuando
precisamente el Derecho Internacional Humanitario les confiere una protección
especial una vez son puestos fuera de combate y han sufrido alguna lesión en el
cuerpo y en la salud, así “como lo reconocen los mismos demandantes, una vez
los miembros de la fuerza pública son puestos fuera de combate, bien porque son
heridos o tomados como rehenes o enferman a causa del conflicto, ad     quieren
un estatus jurídico internacional según el cual deben ser protegidos, según el
principio de protección”.
Explica que de
conformidad con la doctrina internacional el sistema de protección de los
Convenios de Ginebra se basa en que “las personas protegidas” deben ser
respetadas y protegidas en todas las circunstancias y recibir un trato humano
sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la
nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio
análogo, toda vez que, el trato humano comprende una actitud que debe tender a
garantizar a las personas protegidas una existencia digna a pesar de las
circunstancias por las que estén pasando, es así como las normas
internacionales “prohíben cualquier forma de discriminación hacia las
personas protegidas.  Negarles el carácter de víctimas a los miembros de la
fuerza pública afectados y las medidas de reparación y protección a sus núcleos
familiares es imponer una forma de discriminación”.
En ese
entendido, el interviniente advierte que no es muy claro el objetivo o la
necesidad de la declaración de constitucionalidad condicionada del artículo 5º
acusado, solicitada por los demandantes, si se tiene en cuenta que la
consecuencia natural, inevitable y consustancial de la lesión física o psíquica
de un miembro de la fuerza pública es la imposibilidad obvia de participar en
las hostilidades.
En lo atinente
al cargo formulado contra el artículo 9º acusado, señala que la Corte
Constitucional ha reconocido en diversos pronunciamientos al Legislador una
amplia libertad de configuración política en la escogencia de los mecanismos
tendientes a la solución del conflicto armado en Colombia, en el mismo sentido,
ha expresado que la configuración de los mecanismos para el logro de la
convivencia pacífica obedece a diferentes concepciones frente al conflicto y a
una heterogeneidad de visiones en relación con las soluciones.
En ese orden de
ideas, afirma que “de las disposiciones contenidas en la Ley 975 de 2005, se
puede concluir que el Estado Colombiano cumple a cabalidad con el deber
adquirido con la comunidad internacional de garantizar los derechos humanos de
las personas residentes en Colombia, ya que las autoridades de la República en
acatamiento al mandato estipulado en el artículo 2 constitucional han tomado
las medidas pertinentes en tal sentido para de una parte lograr la desmovilización
de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley,
desmantelar dichos grupos en aras de la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Carta
sancionarlos por los delitos cometidos aplicándoles una pena privativa de la
libertad –velando además por el cumplimiento de estrictos requisitos allí
previstos-, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación garantizando así mismo (sic) los derechos procesales de los
implicados”.
Enfatiza que “al
garantizar el Estado los derechos humanos de las víctimas y procesados y
garantizar su acceso a la administración de justicia, como efectivamente lo
hace en la Ley 975 de 2005, se da cabal cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –art.
2.3.a-, de la Convención Americana de Derechos Humanos –art. 1.1-, de la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio –arts. 1, 3 y
4-, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes –arts. 2, 4 y 5- y Convención Interamericana sobre la
desaparición forzada –art. 1-, entre otras, puesto que como lo disponen los
artículos 29 en consonancia con los artículos 3 y 24 de la Ley de Justicia y
Paz, la Sala competente del Tribunal Superior del Distrito Judicial determinará
la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas
del Código Penal y en caso de que el condenado haya cumplido las condiciones
previstas en la ley, se le impondrá la pena alternativa entre cinco y ocho años
de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el
esclarecimiento de los mismos así como de su contribución a la paz”.
Así mismo,
aclara que Colombia ha cumplido ampliamente los compromisos adquiridos en los
tratados internacionales aludidos, razón por la cual en el Código Penal –Ley
599 de 2000- se encuentran tipificados delitos como el genocidio, la tortura,
la desaparición forzosa, además en dicha norma se prevén penas adecuadas para
esas conductas graves que como ya se dijo de ellas conoce el Tribunal Superior
del Distrito Judicial competente para determinar la pena inicial de los
responsables de los delitos más graves, sólo que por la colaboración prestada
por el condenado por la consecución de la paz nacional, por su colaboración con
la justicia y por la reparación de las víctimas y previo el cumplimiento de los
requisitos legales se le sustituye la pena principal por la pena alternativa.
Explica que la
Ley 975 ibídem no es una disposición jurídica dictada para tiempos de
normalidad, pues se caracteriza por tener normas que establecen mecanismos de
justicia transicional con miras a la consecución de la paz, toda vez que “La
búsqueda de diferentes mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado
en Colombia constituye un desarrollo del propósito de paz amparado por la Carta
Política, gozando el Legislador de un amplio margen de configuración política
para el diseño de tales mecanismos, en el cual se inscriben la Ley 782/2002 que
prorrogó la vigencia de la Ley 418/97 y la ley de justicia y paz como
complementaria de éstas”.
Destaca entonces
que hasta el momento la normatividad en materia de desmovilización –Leyes
418/097 y 782/02-, solamente establecían beneficios jurídicos a favor de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que demostraran
su voluntad de reincorporarse a la vida civil, únicamente respecto de los
delitos políticos y conexos cometidos por ellos, respecto de los cuales puede
concederse el indulto o la resolución inhibitoria, preclusión de investigación
o cede del procedimiento dentro de las actuaciones judiciales en curso, y por
tanto con el fin de complementar las disposiciones jurídicas referidas se
expidió la Ley 975 de 2005 con el propósito de “llenar un vacío jurídico en
relación a los miembros de grupos armados ilegales que, estando comprometidos
en delitos no indultables, avancen de manera seria por los senderos de la paz,
de tal forma que su objetivo es el de facilitar los procesos de paz y
reinserción a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de
la ley articulándolos con la aplicación de la justicia precisamente respecto de
aquellos hechos punibles que por su especial carácter lesivo no son objeto de
amnistía o indulto de conformidad con el marco legal hasta ahora vigente”.
Considera que la
posibilidad de disminución de la intensidad punitiva establecida en la Ley de
Justicia y Paz, lejos de implicar impunidad permite superarla al generar
condiciones para la investigación, juzgamiento y sanción efectiva de los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley, de tal forma que la
justicia sea efectiva, posibilitando el esclarecimiento de la verdad, la
reparación de las víctimas con medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como el cese la
violencia y la reincorporación efectiva de los miembros de tales grupos a la
vida civil en aras al restablecimiento de la paz y la reconciliación nacional,
es por ello que “La política criminal concebida en la Ley 975 refleja una
ponderación adecuada entre la justicia y la paz, de tal forma que la justicia,
sin dejar de serlo, cede su enfoque retributivo basado primordialmente en el
castigo por un enfoque restaurativo que permite salvaguardad la verdad y la
reparación de las víctimas con miras al logro de la paz como derecho y deber
fundamental y fin esencial del Estado”. Como fundamento de sus
aseveraciones cita apartes de la sentencia C-979 de 2005.
Aduce que las
disposiciones de la Ley 975 de 2005 están dirigidos a los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley implicados durante su permanencia en
ellos en la comisión de los delitos más graves, con lo cual se busca el cese de
las actividades delictivas que tanto daño ocasionan a los ciudadanos y a las
instituciones democráticas, su desmovilización, su desmantelamiento, la
aplicación de una sanción penal privativa de la libertad alternativa para cuya
procedencia se tienen en cuenta aspectos tales como la cooperación con la
justicia y así como las acciones tendientes a reparar las víctimas y el
cumplimiento de los compromisos de no interferir el accionar de las autoridades
constitucionales y legales y cesar toda interferencia al libre ejercicio de los
derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita.
De igual manera,
afirma que “el artículo 3 de la Ley 975 de 2005, define claramente el
concepto de alternatividad como un beneficio jurídico que se concede al
condenado, consistente en la suspensión de la pena determinada en la sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa entre cinco y ocho años, la cual no es
gratuita, sino que se otorga por ‘la contribución del beneficiario a la consecución
de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las
víctimas y su adecuada resocialización’.   Ahora bien, de acuerdo con lo
prescrito en los artículos 24 y 29 ibídem, debe diferenciarse la pena
alternativa de la pena principal, puesto que como resultado del proceso penal
adelantado conforme a las previsiones de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial debe imponer en la sentencia condenatoria las
penas principales y accesorias que correspondan según lo establecido en el
Código Penal, es decir, las estipuladas para cada delito imputado en especial y
en el marco de los límites punitivos allí señalados.  Seguidamente, el Tribunal
decide sobre el beneficio jurídico de la pena alternativa, el cual no anula,
invalida o extingue la pena principal inicialmente impuesta, la que sólo se
extingue cuando cumplida la pena alternativa, el condenado demuestra el
cumplimiento de las demás condiciones en los términos fijados legalmente”.
En ese
entendido, señala que el beneficio de la pena alternativa de ninguna manera
modifica los linderos punitivos fijados en el Código Penal para los delitos que
puedan adelantarse mediante la regulación prevista en la Ley 975 de 2005 y por
los que sean condenadas las personas a quienes esta norma se dirige, por tanto,
los quantum punitivos fijados permanecen incólumes, razón por la cual el
fallador al realizar la dosificación punitiva –individualización de la pena- lo
hace acorde con las penas imponibles establecidos en los tipos penales
correspondientes del Código Penal acogiendo las reglas allí previstas de
conformidad con lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 975 referida, pues “este
último precepto, no unifica los límites punitivos de las sanciones imponibles a
los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se
acojan a la Ley 975 de 2005.   Igualmente, es pertinente aclarar, que los
artículos 3, 29 y 61 de la Ley de Justicia y Paz, no hacen referencia a la pena
alternativa como un tipo especial de pena principal, sino como un beneficio
jurídico que se concede de manera similar a los subrogados penales en
compensación a que el condenado ha cumplido las exigencias legales, razón por
la cual cuando se concede este beneficio, en el evento de incumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos la persona purgará la pena inicialmente
determinada”. Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-591 de
1993, C-070 de 1996 y C-013 de 1997.
Recuerda que
bajo el presupuesto de la satisfacción de condiciones de verdad, justicia y
reparación de manera democrática y acorde con la evaluación del contexto
histórico, social y económico, consideró necesario el Legislador ofrecer a las
personas que muestren propósito de enmienda y actitud de rectificación, y
previo cumplimiento de estrictos requisitos de elegibilidad previstos en los
artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, un camino para su reincorporación a la
sociedad, gozando de un beneficio jurídico compatible con su colaboración para
la recuperación institucional y la consolidación de la paz.  En efecto, “Dicho
beneficio consiste en la oportunidad de gozar de la suspensión condicional de
la pena una vez purgado un período básico de privación efectiva de la libertad,
y haber cumplido los compromisos impuestos por los jueces en términos de
reparación, buen comportamiento y penas accesorias”. Sobre el particular
cita un aparte de la Gaceta del Congreso No. 200 del 22 de abril 2005 y apartes
de la sentencia C-591 de 1993.
En ese orden de
ideas, a su juicio “No es cierto como dicen los impugnantes de manera
errónea, que se afecten los derechos de las víctimas por el trato diferenciado
que se da a los responsables, ya que no tienen en cuenta que de conformidad con
el artículo 24 de la Ley de Justicia y Paz, la Sala del Tribunal Superior del
Distrito Judicial competente, fijará en la sentencia condenatoria la pena
principal y las accesorias acorde con los criterios establecidos al respecto en
el Código Penal y adicionalmente, incluirá la pena alternativa prevista en esta
ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el órgano
judicial, las obligaciones de reparación moral y económica de las víctimas y la
extinción del dominio de los bienes destinados a tal fin.  Así pues, contrario
a lo manifestado por los actores, se parte de la pena prevista en el Código
Penal para los respectivos delitos y no de la pena alternativa que sustituye la
inicialmente determinada por la colaboración del implica en la consecución de
la paz, previo el cumplimiento de las obligaciones impuestas”.
Así mismo,
explica que los accionantes en su demanda desconocen que i) la
negociación de paz regulada en la Ley 975 de 2005 no estipula la concesión de
amnistías e indultos ya que establece una pena efectiva para quienes resulten
condenados entre cinco y ocho años de prisión –arts. 3º y 29 de la Ley ibídem-
lo que se encuentra en concordancia y armonía con lo dispuesto en los artículos
30 transitorio de la Constitución Política, 50 de la Ley 418 de 1997, 11 de la
Ley 733 de 2002, además de lo previsto en la jurisprudencia de las Cortes
Colombianas y los pronunciamientos de órganos internacionales protectores de
derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ii) solamente
se otorga amnistía o indulto por delitos políticos, situación que se encuentra
previamente regulada en la Ley 782 de 2002, iii) la Ley 975 de 2005 sólo
se aplica a quienes puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos no
indultables o amnistiables, pues en dicha Ley el Legislador expresamente
establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados
organizados al margen de la ley pero únicamente por la pertenencia o
conformación de dichos grupos, excluyendo que se puedan considerar como
conductas conexas a este delito otras actividades delictivas, iv) de
conformidad con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e
internacional, los delitos más graves no son considerados delitos políticos ni
conexos con éstos, v) precisamente para cumplir con las obligaciones
contraídas de investigar, juzgar y sancionar, el Estado Colombiano expidió la
Ley de Justicia y Paz que le entrega importantes herramientas de la política
criminal a las autoridades para cumplir con la función punitiva que le ha sido
encomendada con aplicación de los principios de oralidad, celeridad y
esclarecimiento de la verdad y con total garantía de los derechos de las
víctimas sin descuidar los de los procesados.
Por otra parte,
estima que la Ley 975 de 2005 no vulnera el derecho a la justicia, toda vez que
el Legislador estableció en el artículo 6º ibídem en forma clara y precisa los
lineamientos que deben seguir las autoridades para dar cumplimiento al derecho
a la justicia al establecer que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo
una investigación efectiva para identificar, capturar y sancionar a los
responsables de los delitos más graves cometidos por integrantes de las
autodefensas o guerrilla y garantizar a las víctimas el acceso a recursos
eficaces para que sus intereses sean atendidos y además adoptar las medidas
enderezadas a evitar que las conductas violatorias de los derechos humanos se
vuelvan a repetir.
En efecto, aduce
que “la Ley 975 de 2005, se encuentra acorde con el Preámbulo de la
Constitución, artículos 2, 5, 29 y 229 superiores, toda vez que el Estado en
ejercicio del ius puniendi del que es titular, tiene el deber de realizar una
investigación efectiva cuyo objeto es la identificación, investigación,
juzgamiento y sanción de los responsables de los delitos más graves cometidos
por los grupos armados organizados al margen de la ley (…)  Estas medidas se
encuentran diseminadas en todo el texto de la ley, debiéndose resaltar lo
estipulado en el Título IX de la norma que hace relación al Derecho a la
reparación de las víctimas –artículos 42 a 56- y las disposiciones del Capítulo
IV –investigación y juzgamiento-.  (…)  Lo anterior, se encuentra en
consonancia con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el sentido que la obligación de investigar supone la existencia de
una investigación adecuada e integral, realizada en un término razonable, es
decir, suficiente pero sin dilaciones reconstruya los fenómenos delictivos que
se investigan, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad a
conocer la verdad de lo acaecido.  La actividad investigativa, supone
igualmente contar con funcionarios especializados en técnicas de investigación
y con una policía judicial especializada y permanente, aspectos que se
encuentran previstos en los artículos que contiene el Capítulo VII y que regula
las instituciones ejecutoras de la ley”.
En igual
sentido, indica que los artículos acusados de la Ley 975 de 2005 no desconocen
el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar, puesto que en el texto de
la aludida Ley se prevén las disposiciones necesarias para suministrar a las
autoridades las herramientas pertinentes para llevar a cabo la investigación,
juzgamiento y sanción de los implicados, es así como en el Capítulo VII se
establecen las instituciones necesarias que hacen parte de la jurisdicción
ordinaria, para su ejecución como son los Tribunales Superiores del Distrito
Judicial en materia de justicia y paz –juez natural en este caso- que se
encargará de adelantar el juzgamiento de los procesos así como vigilar el
cumplimiento de las penas y de las obligaciones que sean impuestas a los
condenados, la Unidad Nacional de Fiscalía para la justicia y paz, delegada
ante los órganos judiciales señalados que investigará y acusará a quienes
resulten implicados en la comisión de estos delitos, para lo cual contará con
el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial con dedicación
exclusiva a esas labores, además, los artículos 34 a 36 disponen que la
Defensoría del Pueblo deberá garantizar a los procesados y condenados la
defensa técnica así como asistir a las víctimas, ordena al Procurador General
crear una Procuraduría Judicial para loa justicia y la paz, para la defensa del
orden jurídico y derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en el
proceso y también le ordena impulsar los mecanismos para la participación de
las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas.
Como fundamento
de sus aseveraciones cita lo previsto en los artículos 250 de la Constitución
Política y 66 de la Ley 906 de 2004, así como un aparte de la sentencia C-406
de 1992.
En igual forma,
aclara que los artículos acusados de la Ley 975 de 2005 no desconoce la
obligación estatal de satisfacer el derecho a la verdad en sus planos colectivo
e individual, pues como ya se dijo el Legislador quiso en las disposiciones de
la Ley aludida, adoptar medidas para proteger la dignidad de las víctimas
otorgándoles para ello todas las facilidades para que pudieran intervenir
durante toda actuación en defensa de sus derechos fundamentales en los términos
señalados en los artículos 38 a 41.
Así las cosas,
explica que la Ley 975 de 2005 responde a los estándares internacionales y a
los mandatos constitucionales, toda vez que adopta una serie de medidas para
conocer la verdad de lo acaecido empezando por la diligencia de versión libre y
confesión en la cual en forma imperativa dispone el artículo 17 ibídem, que los
imputados manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales
se sucedieron los hechos e indicarán los bienes obtenidos ilícitamente y que
entregan para la reparación a las víctimas, en ese entendido, contrario a lo
afirmado por los demandantes los artículos 4º, 7 y 15 acusados se ajustan a los
mandatos constitucionales dado que “la colaboración con la justicia que se
logrará a través de la versión libre, le suministra importantes insumos a la
Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad
de lo acontecido, permitiendo la celeridad del proceso”.
Indica que el
Legislador en el artículo 44 de la citada Ley 975, estableció como actos de
reparación la colaboración eficaz para localización de personas secuestradas o
desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas y la búsqueda
de los desaparecidos y de los restos de las personas muertas y la ayuda para
identificarlos, debiéndose recordar que dicho artículo debe interpretarse en
consonancia con el artículo 42 ibídem, además el numeral 2º del artículo 48
ibídem se refiere a la búsqueda de los desaparecidos como una medida de
satisfacción y garantía de no repetición, de forma tal que, es claro que la Ley
975 de 2005 hace un gran énfasis en investigar la suerte que hayan podido
correr las personas sometidas a desaparición forzada para satisfacer el derecho
a la verdad que tienen la sociedad y los familiares, y a su vez con el
propósito de castigar a los responsables de los delitos.
De otra parte,
manifiesta que “No puede hablarse de quebrantamiento de la igualdad
material, respeto a las prerrogativas e incentivos que la ley de justicia y paz
(Ley 975 de 2005) ha establecido para los miembros de las organizaciones
armadas ilegales, frente a los delincuentes comunes, por cuanto para estos es estatuto
penal ordinario creó igualmente beneficios (subrogados penales), como se
evidencia en la Ley 599 de 2000 (Código Penal), Título IV, que trata de las
consecuencias de la conducta punible, Capítulo I, de las penas clases y
efectos, artículos 36, 38, 39 y 40, Capítulo III, de los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, suspensión condicional de la
ejecución de la pena, artículos 63, 64, 65, 67 y 74, Capítulo V, de la
extinción de la acción y de la sanción penal, artículo 82, numerales 2, 5, 6,
7, 8 y artículo 87”.
Finalmente, el
interviniente llega a las siguientes conclusiones por las cuales considera que
la Ley 975 de 2005 debe ser declarada constitucional,
i) Al hacer efectiva la aplicación de la Ley 975 de 2005 se tiene como
resultado que los familiares de las víctimas del conflicto, al menos en menor
medida, obtengan alguna reparación, los de los desaparecidos tendrán certeza
del lugar en donde están sus seres queridos, lo mismo que a futuro se evitaría
un baño de sangre y un desgaste económico y administrativo del Estado,
atendiendo a estos beneficios se justifica que haya cambio de competencia para
el juzgamiento de los miembros de estos grupos, se les otorgue una condena más
benévola y a cambio se obtenga la verdad, la justicia y la reparación a las
víctimas, incluso en aplicación de los tratados internacionales que han sido
incorporados al bloque de constitucionalidad.
ii) No se puede afirmar que los artículos de la Ley 975 de 2005 viole la
garantía constitucional al debido proceso, toda vez que, fue el mismo
Legislador quien en ejercicio de su potestad de configuración legislativa,
estatuyó un trámite procesal especial para una circunstancia especial, sin
dejar de lado que el juzgamiento sea público, que exista contradicción e
impugnación de las decisiones y la posibilidad de que los terceros afectados se
hagan parte dentro del proceso.
iii) La
responsabilidad del Estado de garantizar la paz, está por encima de conductas
ilegales pasadas y no queda más que buscar el resarcimiento y no persistir en
una guerra sin fin, por esa razón es totalmente válido que se establezcan
instrumentos jurídicos efectivos que hagan posible la realización del principio
de solidaridad y el cumplimiento del deber de participación por parte de los
asociados frente a la protección de los derechos e intereses colectivos.
4.3.  Fiscalía
General de la Nación
El Fiscal General de
la Nación, interviene en el presente proceso para solicitar a la Corte que se
declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud
sustantiva de la demanda, y en su defecto que declare la exequibilidad de los
artículos demandados, con base en los argumentos que se resumen a continuación.
Afirma que la
referida Ley no infringe el régimen constitucional como lo alega el demandante,
sino que por el contrario, es la expresión democrática dada por el Legislador,
cuyo fundamento se encuentra en el Preámbulo y en los fines constitucionales
del Estado Colombiano, además de ser una herramienta institucional de apertura
de la consolidación de la paz con los grupos armados al margen de la ley, de
forma tal que, respeta entre otros, los mandatos constitucionales previstos en
los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 11, 12, 17, 22, 24, 28, 34, 40,42, 44, 45, 58,
93, 95, 333 y 334.
Considera entonces
que la Ley 975 de 2005 no es una disposición jurídica que establezca políticas
de perdón y olvido y que mengue en consecuencia la capacidad investigativa del
Estado, por esa razón se justificó la promulgación de una Ley que facilitara el
proceso de reincorporación a la vida civil de quienes lo deseaban, pero sin que
ello implicara renunciar a la investigación de los delitos cometidos y a la
sanción de los responsables, reconociendo la reparación a las víctimas, exigencias
éstas propias de un modelo de Estado que pregona lo social y se rige por el
derecho, además la Ley ibídem estableció un procedimiento que si bien es
particular respeta a cabalidad la independencia judicial y hace justicia
conforme a la legislación colombiana y a los estándares internacionales,
especialmente si se tiene en cuenta que “el conflicto colombiano requiere de
herramientas eficaces para alcanzar la convivencia pacífica y la Ley 975 se
muestra como la más indicada para tal efecto y para la fortificación de la
democracia y solidificación del Estado Colombiano, que sin, renunciar a su
capacidad sancionadora, a la verdad, la reparación de las víctimas y a la
devolución de los bienes adquiridos ilícitamente, logre la reconciliación
nacional”.
En igual manera,
explica que la Ley 975 de 2005 no contiene figuras de indulto y amnistía,
puesto que las penas allí previstas no son irrisorias y se impondrán por el
Tribunal de Justicia y Paz, de forma tal que al desmovilizado que se someta a
la misma, se le aplicará una pena correspondiente por el delitos o delitos que
se le juzgue, pero igualmente se le fijará una pena de carácter alternativo
sujeta a serios y profundos compromisos que el beneficiario deberá cumplir en
su totalidad, so pena de que dicha pena alternativa se deje inmediatamente sin
efecto y por ende, le corresponda cumplir la pena total asignada en los
términos del artículo 24 ibídem.
En ese sentido,
aclara que el artículo 3° de la Ley 975 de 2005 establece el principio de la
alternatividad de la pena, no obstante, dicho pilar no desconoce la pena
determinada en la respectiva sentencia, pues ésta simplemente se reemplaza por
una pena alternativa, situación que por sí misma no es comparable con el
indulto o la amnistía las que de por sí llevan una perdón de la acción penal
que no se aplica a quienes no se sometan a Ley en cita, de forma tal que, en
ningún momento se desconoce la normatividad internacional sobre la materia que
hace parte del bloque constitucionalidad colombiano.
A su juicio entonces “las
interpretaciones a las que aluden los demandantes, no se ajustan al orden
constitucional ni a las interpretaciones que se deben hacer respecto del Bloque
de Constitucionalidad.  Tampoco se ocupan del proceso de paz como tal como no
sea en su introducción, y calla lo relativo a la fase política del mismo
(proceso de desmovilización y dejación de armas) y su conexión con la fase
judicial enmarcada en la Ley 975.  Esos defectos hacen que la mayor parte de
los cargos sean inanes frente al fin propuesto y no tengan por lo mismo
vocación de prosperidad (sic)”.
En lo atinente a los
cargos concretos formulados en la demanda, el interviniente, advierte que los
cargos planteados en los numerales 3.2.4, 3.2.16, 3.2.24 y 3.2.37, así como
aquellos dirigidos a solicitar la constitucionalidad condicionada de algunos de
los artículos acusados, no reúnen los requisitos establecidos en el Decreto
2067 de 1991, razón por la que la Corte debe declararse inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de éstos por ineptitud sustantiva de la
demanda, puesto que dichos planteamientos constituyen opiniones e
interpretaciones subjetivas del actor sobre la Ley 975 de 2005, acusaciones que
por demás no desarrollan un enfrentamiento normativo entre la Ley demandada y la
Constitución Política que permitan un juicio de constitucionalidad.
No obstante,
considera que en el evento en que esta Corporación decida emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con los artículos acusados, éstos deben
declararse ajustados a la Constitución Política.
En efecto, señala que
respecto del cargo según el cual la Ley 975 de 2005 debió tramitarse mediante
una Ley Estatutaria y no ordinaria, advierte que no toda Ley que regule
situaciones o temas vinculados con derechos fundamentales debe seguir
obligatoriamente el procedimiento establecido para las Leyes Estatutarias, pues
de ser así ello implicaría que todo desarrollo de un derecho fundamental en sus
pequeños o mínimos detalles debiera ser tramitado estatutariamente, lo que
equivaldría a concluir que la mayoría de las Leyes deberían seguir ese trámite
especial porque en su contenido material casi todas afectan de una u otra
manera derechos fundamentales de las personas. Como fundamento de sus
aseveraciones cita apartes de las sentencias C-251 de 1998 y C-620 de 2001.
Respecto del
desconocimiento de lo previsto en el artículo 5° del Acto Legislativo No. 03 de
2002, por parte de los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27
demandados, considera que el planteamiento propuesto en ese sentido, desconoce
que el procedimiento que previó el Legislador para la investigación y
juzgamiento de delitos en el marco de la Ley 975 de 2005 fue particular, sin
que corresponda en rigor al sistema penal acusatorio establecido en la Ley 906
de 2004 o al sistema de la Ley 600 de 2000, pues se trata de un proceso
especial en su trámite que conjuga para ello disposiciones y figuras de la
Leyes en cita.
En efecto, aduce que
la fase previa de investigación remite en su estructura a la Ley 600 de 2000,
además, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 superior, en cualquier
momento procesal los destinatarios de la Ley 975 de 2005 podrán alegar la
favorabilidad y los Magistrados decidirán caso por caso, respetando en esa
forma la garantía constitucional de legalidad.   No obstante, en la medida en
que la Ley 975 ibídem establece un beneficio jurídico de pena alternativa, sólo
para incentivar los procesos de paz y reconciliación nacional, así como la
materialización y reinstitucionalización del Estado de Derecho en Colombia,
puede afirmarse que ella comporta una favorabilidad por vía general, y en razón
de ello el Legislador decidió aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a
su vigencia (art. 72), siempre y cuando se cumpla con su objeto (art. 1°), que
las personas postuladas estén dentro del ámbito de su aplicación (art. 2°), se
reúnan los requisitos de elegibilidad (arts. 10 y 11) y que durante el período
de libertad a prueba se satisfagan las obligaciones adquiridas con motivo del
beneficio jurídico (art. 29), desde luego “como la favorabilidad es una
garantía del imputado, será éste quien decida someterse a la Ley mediante el
logro de la postulación por el Gobierno Nacional, pues, de lo contrario,
cualquier imputación en su contra que se conozca será tramitada por la vía
ordinaria y sometido a la ley vigente al momento de la comisión de los hechos”.
Igualmente, sostiene
que no es cierto que la expresión acusada “promover”, que hace parte del
artículo 4° de la Ley 975 de 2005, vulnere lo previsto en la Constitución
Política ni en los tratados internacionales sobre la materia, toda vez que, el
cargo formulado contra ese precepto se hizo por fuera del contexto político y
jurídico de la Ley en cita, esto es, desconociendo lo previsto en los artículos
6° y 7° de la misma normatividad, además, para entender el contenido del
derecho a la reparación en su dimensión constitucional es necesario hacerlo a
la luz de los artículos 8°, 37, 38 y 42 a 55 de la Ley ibídem, a cuyo tenor y
con el fin de que la reparación se haga efectiva, se prevén todas las medidas
que debe tomar la Fiscalía y el Tribunal Superior para proteger a las víctimas,
creando para ellos una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y un
Fondo para la Reparación de las Víctimas con intervención decidida de la
Oficina de Acción Social de la Presidencia de la República en su calidad de
ordenador del gasto.
En el mismo sentido,
argumenta que en cuanto al derecho a la reparación de las víctimas “la
Fiscalía entiende que constitucionalmente ese deber incumbe a los miembros de
los grupos armados ilegales que han ocasionado los graves daños, porque, de
acuerdo con el numeral 17 del artículo 150  de la Constitución Política,
primeramente, en el marco de la Ley de justicia y paz no se conceden amnistías
o indultos generales, y en segundo lugar, tampoco el Estado ha eximido de
responsabilidad civil a los eventuales beneficiarios, única situación que daría
lugar a que él asumiera las indemnizaciones en lugar de ellos”.
Así mismo, considera
que el inciso 4° del artículo 5° acusado no vulnera lo previsto en los tratados
internacionales, puesto que si bien los demandantes afirman que dicha
disposición jurídica vulnera el numeral 1° del artículo 3° común de los Convenios
de Ginebra, desconocen que dicha norma internacional soslaya que el
encabezamiento de la misma se refiere a unos mínimos obligatorios, de modo que
la legislación interna puede extender la protección como víctimas a los
miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones, discapacidad o
menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de la acción de los
grupos armados ilegales.    En otras palabras, a pesar del conflicto armado la
Fuerza Pública continúa siendo el órgano legal de defensa de la sociedad y el
Estado, mientras que los grupos armados irregulares siempre incurran en los
delitos de rebelión o sedición, y si pretenden someterse a la Ley de Justicia y
Paz, se les investiga y juzga como sujetos activos de tales conductas punibles,
y otras cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo y, como
consecuencia también deberán reparar a las víctimas de la Fuerza Pública.
El interviniente
explica también que no es cierto que las expresiones “promover” y “e
informar a sus familiares lo pertinente”, que hacen parte del artículo 7°
de la Ley 975 de 2005, no vulnera lo previsto en la Constitución Política, toda
vez que, el precepto “promover” no constituye ninguna limitación al
derecho a la verdad previsto en los instrumentos internacionales vigentes sobre
la materia, ya que éste se usa para indicar un medio para lograr algo, es
decir, la promoción solamente constituye uno de los mecanismos que establece la
Ley para hacer efectivo el derecho a la verdad, pues la Ley misma dejó abierta
la posibilidad de emplear otros mecanismos extrajudiciales, regentados por el
mismo Estado cuando se trate de la posibilidad de reconstruir la verdad en el
evento en que no fueren efectivos los procedimientos judiciales propiamente
dichos.
En igual sentido,
afirma que la expresión “e informar a los familiares de lo pertinente”, no
restringe en manera alguna los derechos de las víctimas, pues ésta se refiere
es a una prelación de información a los familiares de las víctimas y no a una
prelación de órdenes de efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación que le asiste a las víctimas por su condición de tal, de suerte
que “prever que los primeros informados sobre la suerte de las víctimas de
conductas de grupos armados al margen de la ley sean sus familiares, es una
cuestión que responde al respeto a la dignidad humana, los vínculos de afecto y
amor derivados de los lazos de sangre y el fomento de la solidaridad, como
bases, deberes y derechos previstos en el Estado Social y Democrático de
Derechos, conforme con los artículos 1°, 2°, 42 y 95 de la Constitución
Política.  Los familiares de las víctimas son los que en primera medida
soportan el dolor y la aflicción por la suerte de sus seres queridos y por la
desinformación en torno a ello, de manera tal que lo pretendido con el aparte
demandado en la norma acusada, es simplemente llevar a esas familias el sosiego
y la esperanza por las noticias que se obtengan respecto de sus parientes,
previsión que en nada mortifica el concepto de víctima para efectos de la Ley
975 de 2005, pero menos aún los derechos de verdad, justicia y reparación que
los amparan”.
En lo que respecto a
la presunta inconstitucionalidad de las expresiones “poblaciones y
comunidades” que hacen parte del artículo 8° demandado, sostiene que dicha
disposición más que referirse a titulares de la reparación colectiva, se
edifica a partir de los propósitos que persigue tal reparación y por tanto
señala que con ella se debe velar por la reconstrucción psicosocial de las
poblaciones y comunidades afectadas, además el contenido material del artículo
8° aludido debe interpretarse en armonía con lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 975 de 2005 que refiriéndose a los programas de reparación colectiva,
hace mención a los derechos de los ciudadanos afectados por los hechos de
violencia y a las víctimas de ella, expresiones por demás abiertas y amplias
que con prescindencia de cualquier modelo de agrupación social precave simple y
llanamente los derechos de las víctimas afectadas con la violencia.  En
síntesis, “no se desconocen los derechos de las víctimas afectadas por las
violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho
internacional de los derechos humanos (sic), cuando quiera que éstas se hallen
conglomeradas en otras formas de asociación colectiva distintas a aquellas
mencionadas por el Legislador, porque lo que allí se hace es asegurar lo
pertinente respecto de esos dos tipos de colectividad, a partir de la realidad
nacional que devela los padecimientos de miembros integrantes de poblaciones y
comunidades determinadas”.
En relación con el
artículo 9° acusado el interviniente considera que los demandantes incurren en
una “ambivalencia argumentativa en el desarrollo del cargo, pues parten del
proceso de desmovilización colectiva e individual demandando la inexequibilidad
total de la norma, para rematar señalando que sólo el aparte referido a la
desmovilización individual es el que debe afrontar la sentencia de
inconstitucionalidad”, razón por la cual no se encuentra soporte en el
petitum de los actores ya que éstos edifican su cargo a partir de una
interpretación aislada de la disposición acusada, desconociendo así que el
artículo 11 de la Ley 975 de 2005 al referirse a los requisitos de
elegilibilidad para la desmovilización individual concreta una serie de
exigencias que no hacen sino precaver que ésta se vincule a actos ciertos,
efectivos y orientados a la desarticulación del grupo armado del que proviene
el desmovilizado.
En ese entendido,
advierte que el numeral 1° del artículo 11 aludido condiciona la elegibilidad
del desmovilizado individual para los fines de la Ley 975 de 2005 a que entre
otras cosas entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo
al que pertenecía, de forma tal que, es claro que la Ley ibídem sí prevé
mecanismos que condicionan el proceso de desmovilización individual.
De igual forma, a su
juicio los actores erigen la inconstitucionalidad del numerales 10.4, 10.5,
10.6 y el parágrafo único del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 a partir de una
interpretación subjetiva de la disposición aludida, según la cual se estaría
generando un factor de conexidad entre el narcotráfico y el enriquecimiento
ilícito, fundado en la pertenencia del actor al grupo armado al margen de la ley,
con lo que se hace un su sentir más grave la situación nacional si se repara en
el hecho, de público conocimiento que se vienen haciendo compraventas de
frentes y bloques de paramilitares por parte de reconocidos capos del
narcotráfico que procuran con ello sustraerse de la justicia doméstica e
internacional.
Considera entonces
que en lo atinente al parágrafo único acusado, es claro que debe interpretarse
en forma armónica con el contexto jurídico total del artículo 10 de la Ley 975
de 2005, pues si bien “por principio general el mayor número de
destinatarios-beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz son personas que
intervinieron directa y personalmente en el proceso de negociación de la paz
con el Gobierno, pues lo hicieron a través de sus miembros o representantes
reconocidos por el Gobierno Nacional” en los términos finados por el inciso
2° del artículo 9° de la Ley ibídem, no puede afirmarse en consecuencia que “el
miembro integrante del grupo armado al margen de la ley al que refiere el
parágrafo demandado (sic), no debiera ser cobijado por los beneficios de la Ley
de Justicia y Paz por no haber sido parte del proceso de negociación con el
Gobierno Nacional, pues es la condición, se reitera, del mayor número de
destinatarios-beneficiarios de dicha Ley, por la simple y llana razón de que el
proceso de negociación se adelantó en rigor con los miembros representantes de
dichos grupos y no con el total de las filas de los mismos, opción contraria a
la lógica y a las posibilidades materiales”.
En ese orden de
ideas, estima que los demandantes analizan el contenido material del artículo
10 acusado “a partir de las recomendaciones provenientes de los organismos
internacionales en torno a la relación beneficios versus miembros integrantes
de grupos armados al margen de la ley condenados y purgando sentencia,
desentrañando  lo que en su sentir es un tratamiento preferencial, sin reparar
en que su argumentación parte de un presupuesto falso, en cuanto la norma
atacada no se refiere a personas condenadas sino a personas privadas de la
libertad (miembros integrantes de los grupos armados al margen de la ley),
categoría que si bien es cierto admite a los condenados, no es exclusiva de
ellos ni para ellos”.
Respecto de los
cargos formulados contra los numerales 10.4 y 10.6 del artículo 10 demandado,
señala que el primero establece como requisito de elegibilidad colectiva que el
grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y
libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita, no obstante, a juicio
de los demandantes esa limitación a los miembros de los grupos armados al
margen de la ley sólo es completa si se les prohíbe igualmente la intervención
en política, así sea sin las armas pues la mera presencia de esos grupos es
suficiente para intimidar y desviar el correcto ejercicio de los derechos y
libertades públicas, desconociendo así los actores que con el fin de dar
cumplimiento a los principios de democracia, participación, pluralismo,
igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades públicas, que
caracterizan al Estado Social de Derecho Colombiano, lo que está
terminantemente prohibido es el proselitismo político armado, además sin uno de
los requisitos de elegilibidad previstos es que el grupo al que pertenece el
paramilitar se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de los
acuerdos con el Gobierno Nacional, no puede temerse por la presencia grupal
intimidatoria de dichos grupos armados, especialmente si se considera que las
personas que se sometan a la Ley 975 de 205 estarán privadas de la libertad y
por tanto no podrán hacer política.   Por su parte, el segundo numeral
referido, debe interpretarse armónicamente con lo establecido en los artículos
15-inciso 2°, 42, 44-numeral 4° y 46 de la Ley ibídem.
Por otra parte, explica
que el cargo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 11 demandado
se aplica lo dicho para el artículo 10 acusado, en el sentido que no es cierto
que en la desmovilización individual no se exija más que la prueba de la
pertenencia al grupo, pues como ya se dijo se exigen otras condiciones tales
como la entrega de bienes ilícitos, la información o colaboración sobre el
móvil del accionar delictivo, entre otros, tendientes a lograr un efectivo
desmantelamiento del agrupo armado al margen de la ley.
En lo atinente al
cargo de inconstitucionalidad contra las expresiones “sobre los hechos
objeto de investigación” y “a los familiares”, contenidas en el
artículo 15 de la Ley 975 de 2005, aduce que los actores incurren nuevamente en
la formulación de la acusación en una “visión parcializada y sesgada de la
Ley 975 de 2005, porque en su propósito de censura callan la expresa previsión
contenida en el inciso final del artículo 7° de la misma ley que prevé que los
procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la misma
impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad”, ello quiere decir que contrario a lo afirmado
en la demanda con la expresión “sobre los hechos objetos de investigación” prevista
en la Ley 975 ibídem, no se restringió la construcción de la verdad a los
hechos objeto de investigación dentro de su marco, por lo demás es apenas
lógico que el artículo 7° suponga una posibilidad cierta y real de
reconstrucción de la verdad a nivel marco, teniendo como punto de partida las
informaciones preexistentes, pero además de eso las que vayan recopilándose con
ocasión de las investigaciones que debe adelantar la unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía General de la Nación, se trata pues “de un proceso de
reconstrucción histórica de la verdad, que por querer del Legislador podrá
ocuparse en el futuro mediante mecanismos distintos al judicial, alimentados en
todo caso, entre otras fuentes, por los procesos que se adelanten en el marco
de la Ley 975 de 2005, porque la verdad que en ellos se descubra sobre los
hechos objetos de investigación, tendrá particular incidencia en ese trabajo
macro de reconstrucción de la verdad”.
Aunado a lo anterior,
estima que respecto de la expresión “familiares” que hace parte del
inciso 3° del artículo 15 acusado, se ocupa de una situación particular
referida al paradero de las personas secuestradas o desaparecidas, para indicar
que una vez que se tenga noticia de ellos, entre otras posibilidades, por la
obtención de la información pertinente por parte de los desmovilizados se
suministran lo datos correspondientes a los familiares, pues no se trata
propiamente en un principio de la reconstrucción de la verdad sino de una
situación en particular que interesa de manera prevalente a los familiares y
secuestrados de los desaparecidos, de forma tal que con ello “no se está
restringiendo la reconstrucción de la verdad respecto de esos familiares,
porque la información es la referida a la suerte y eventual ubicación de esos
secuestrados o desaparecidos, que son quienes padecen en primera línea la
expectante angustia por la suerte de los suyos”.
En ese entendido,
enfatiza entonces que “el propósito del legislador fue privilegiar a los
familiares de los secuestrados y desaparecidos, para que sean ellos los
primeros destinatarios de la información que da cuenta de los mismos, sin que
ello implique restricción alguna respecto de las demás víctimas en torno al
derecho a la verdad que los ampara, derecho abierto y ampliamente desarrollado
en los incisos 1° y 2° del mismo artículo 15”.
Así mismo, manifiesta
que el artículo 16 acusado no desconoce los mandatos constitucionales, toda vez
que, si fue voluntad del Legislador que el conocimiento de los delitos a juzgar
en el marco de la Ley 975 de 2005 se asignara de manera prevalente a los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial que señalara el Consejo Superior de
la Judicatura, ello tiene como propósito concentrar esa competencia en
Tribunales preexistentes pero determinados, de forma tal que el artículo 16
acusado solamente precave eventualidades que conspirarían en contra los fines
propuestos en la Ley ibídem en los términos que se previeron para su
aplicación.
En efecto, explica
que al Consejo Superior de la Judicatura se le facultó para determinar cuáles
de los Tribunales preexistentes serían los encargados de conocer los delitos a
juzgar con sujeción a la Ley 975 de 2005, de manera tal que cumplido ese
cometido la competencia se concentraría en ellos y no habría por lo mismo lugar
a colisiones entre esos y cualquier otra autoridad judicial, en otra palabras, “lo
pretendido fue simplemente asegurar la competencia concentrada, que no mermar
garantías a los intervinientes”, pues se trata de una competencia especial
prevista por la condición de a quien se juzga, esto es, a los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, en relación con los delitos
cometidos con ocasión y durante su pertenencia al grupo, pues sin importar el
lugar de la comisión deben reunirse en un solo proceso las investigaciones en
curso, las que deban iniciarse y las que se conozcan posteriormente en relación
con una misma persona y por tanto, el objetivo de la Ley es único en cuanto a
facilitar los procesos de paz y reincorporación individual o colectiva, siempre con garantías a las víctimas de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.
Afirma en consecuencia que “esas
especiales circunstancias reunidas hicieron que el Legislador definiera de una
vez los temas de competencia, sin posibilidad de manipulación por parte del
Consejo Superior de la Judicatura  que sólo hace un señalamiento para el
reparto del trabajo, y así pretendió evitar los sistemáticos conflictos que
degeneran en injusticia por dilación de términos”, además, “cualquier
dificultad sobre la seguridad de las víctimas, con el fin de que sea eficaz su
acceso a la verdad, la justicia y la reparación, deberá garantizares (sic) a
través de las autoridades, conforme a los artículos 6° y 38 de la Ley 975.
Inclusive, por razón de protección de las víctimas, también podrá tramitarse
excepcionalmente el cambio de radicación del proceso, de acuerdo con los
artículos 46 de la Ley 906 de 2004 y 62 de la Ley 975 de 2005 (principio de
complementariedad), sin que sea menester acudir a una colisión de competencia”.
En relación con las expresiones “y por
los cuales se acogen a la presente ley” que hace parte del artículo 17
acusado, advierte que los demandantes argumentan la inconstitucionalidad de
éstas en una presunta vulneración del derecho a la verdad “porque en su
sentir la investigación en el marco de la ley de justicia y paz quedará,
ceñida, supeditada y restringida a los hechos y circunstancias que buenamente
quiera relatar el postulado”, no obstante, dicho argumento pierde su razón
de ser cuando se repara en el hecho de que la Ley 975 de 2005 ubica en la
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, la obligación de
hacer uso de la facultad oficiosa de investigación, tanto para confirmar la
ocurrencia y circunstancias de los hechos relatados y quizás confesados durante
la versión libre, como en relación con todos aquellos de que se tenga conocimiento
y vinculen la autoría y eventual responsabilidad penal de aquél, así se
infiere, entre otras de lo dispuesto en los artículos 6° y 15 a 18 de la Ley
ibídem.
En lo atinente a la
inconstitucionalidad de las expresiones “procedencia ilícita que hayan sido
entregados” que forma parte del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, sostiene
que respecto del primer precepto acusado los actores hacen una interpretación
equivocada de la disposición y por tanto le otorgan un alcance jurídico que no
tiene, pues allí se hace alusión a los bienes de origen ilícito entregados con
miras a la reparación de las víctimas, por tanto si se confronta la expresión “procedencia
ilícita que hayan sido entregados” con lo dispuesto en el artículo 8° de la
Ley ibídem, sin dificultad se advierte que tales bienes no son los destinados
al resarcimiento del daño causado con el delito, sino a la reparación del
ofendido mediante la restitución que procura regresar a ella la situación
anterior al delito.
En efecto, aduce que
en artículo 8° en cita establece que “la reparación comprende las acciones
de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de
no repetición.   Los bienes producto del delito no pueden, por regla general,
emplearse para la indemnización del daño causado, sino para la restitución como
expresión de la reparación y el desarrollo del principio universal de
restablecimiento del derecho.   Si ello es así, refulge diáfano que el sustento
del cargo parte de una interpretación equivocada de la norma, porque en ella
jamás se está indicando que los bienes de procedencia ilícita entregados por el
procesado estén destinados a la indemnización de la víctima, sino a su
reparación, de tal manera que si una de las formas de ella es la restitución y
a ello se suma que los bienes de procedencia ilícita no pueden ser utilizados
para indemnizar el daño causado con el delito, queda huérfana de respaldo (sic)
la proposición del actor en el sentido de que la norma atacada está
privilegiando el patrimonio particular del procesado, impidiendo que sea
empleado para el resarcimiento del daño causado por el delito, cuando esa no es
la filosofía ni alcance de la norma”, especialmente si se tiene en cuenta
que a pesar de que los miembros de los grupos armados ilegales hayan devueltos
los bienes de procedencia ilícita, ello no significa que hayan satisfecho
completamente su obligación porque de todas formas resta el deber general de
reparación de las víctimas en los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 975 de 2005.
De otra parte, en
relación con las expresiones “y dentro de los sesenta (60) días siguientes”,
que hacen igualmente parte del artículo 18 acusado, aclara que de conformidad
con lo previsto en los artículos 6° y 15 a 18 de la Ley 975 de 2005 la Fiscalía
General de la Nación tiene el deber de investigar y acopiar información sobre
las personas postuladas, antes de recibirles versión libre, de modo que el
término de sesenta (60) días posteriores a la formulación de imputación se
tienen como un lapso de verificación e investigación adicional de los hechos
manifestados en la versión libre o admitidos en la imputación y de todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento el Fiscal dentro del ámbito de su
competencia, de forma tal que, el precepto acusado es claro al determinar que
el Fiscal encargado del caso tendrá que investigar y recolectar información
antes de la versión libre y de la formulación de imputación.
En igual forma, aduce
que el cargo de inconstitucionalidad formulado contra las expresiones “pero
en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la
presente ley”, que hace parte del artículo 20 acusado, no debe proceder
dado que el referente que sirve de análisis para establecer la proporcionalidad
de la pena alternativa no es el que corresponde a la Ley 975 de 2005, enmarcada
dentro de la llamada justicia transicional o justicia de transición entendida
como “el conjunto de procesos interrelacionados de enjuiciamiento y
rendición de cuentas, difusión de la verdad, reconocimiento de reparaciones y
adopción de reformas institucionales que se adelantan en un país tras la
superación de un conflicto armado interno o en las fases finales de este”, es
por tanto ese concepto contemporáneo de justicia el que debe servir como
referente para establecer la proporcionalidad en torno a la pena alternativa, y
como en él se conjugan además los elementos de justicia, verdad y reparación,
la proporcionalidad de la pena alternativa debe analizarse frente a los
resultados que se obtengan en torno a esos tres factores integradores de la
justicia transicional, y por tanto, si la investigación a cargo de la Fiscalía
obtiene los resultados que se procuran en esas tres áreas, obliga entonces a
afirmar que la ecuación resultados versus pena alternativa devela una relación
de equivalencia o proporcionalidad estándar, que responde además al fin último
de la Ley 975 de 2005 cuál es la búsqueda de la paz y la reconciliación
nacional.
En lo atinente al
cargo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 22 de la Ley 975 de
2005, a juicio del interviniente en la formulación de tal cargo “verdaderamente
desquicia el rigor lógico de las fases de investigación y juzgamiento previstas
en la Ley 975 de 2005, porque como si se tratara de una opción aislada prevista
en la ley, se indica que la norma demandada permite por sí misma que el
desmovilizado con investigaciones en su contra en la Fiscalía pueda acceder a
los beneficios de la ley con la simple manifestación, oral o escrita de
aceptación de los hechos y los cargos que deriven de tales investigaciones,
expresión que abriría de inmediato paso al proferimiento de la sentencia
principal y la aplicación de la pena alternativa.  Argumento tal riñe con la
más elemental lógica, porque el mecanismo descrito en la norma demandada hace
parte de un engranaje procedimental que impide pensar que se trate de una
opción legal aplicable al margen de las demás disposiciones de la ley de
justicia y paz”.
En el mismo sentido,
advierte que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 11
de la Ley 975 de 2005, un requisito sine quanon para acceder a los beneficios
establecidos en ésta es que el aspirante sea incluido en las listas de los
postulados que elabora el Gobierno Nacional, dicha postulación según dispuso el
artículo 3° del Decreto Reglamentario No. 4760 de 2005 no implica per se una
concesión automática de los beneficios de la Ley, de manera tal que para
acceder a ellos deben agotarse las respectivas fases y cumplirse además los
requisitos sustanciales que abren camino a la pena alternativa de que trata el
artículo 3° de la Ley ibídem.
Precisa entonces que “En
punto al tema de las cuestiones procesales, es evidente que el desmovilizado al
que se refiere la norma acusada no accede a los beneficios de la ley por la simple
manifestación verbal o escrita de los hechos y la responsabilidad de los que se
hallen en fase de investigación o acusación al momento de su desmovilización,
hecha ante el Magistrado con función de garantías.   Se requiere adicionalmente
y como requisito previo que se hubiese sido incluido en la lista de postulados
del Gobierno Nacional, que de ser así abre camino a las actuaciones previstas
en el artículo 4° del Decreto 4760 de 2005, a la suspensión provisional de esa
o esas investigaciones a la espera de su posible acumulación derivada de la
eventual aceptación de cargos en la audiencia de formulación de los mismos, sin
que ello impida, pues no hay razón para que lo haga, investigar paralelamente
los demás hechos de que se tenga conocimiento y los que eventualmente deriven
de la versión libre que debe rendir el postulado en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 17 de la ley en cita”.
Respecto del artículo
23 acusado, el interviniente sostiene que dicha disposición no hace
diferenciación alguna entre víctima individual y colectiva, de manera tal que
si la expresión allí empleada por el Legislador es simplemente “víctima”, no
hay razón lógica ni jurídica que soporte la afirmación de los actores según el
cual dicha expresión margina a los grupos de víctimas o colectivos de víctimas
afectados por la acción de los grupos armados al margen de la ley, y menos aún
que la disposición referida suponga una odiosa diferenciación entre los unos y
los otros, de forma tal que, el trato diferencial propuesto por los demandantes
se queda “en el ámbito de su personal apreciación e interpretación de la
norma, que no por ello puede servir de soporte a la declaración de
inconstitucionalidad que se persigue”.
En relación con el
artículo 24 demandado, argumenta que los actores hacen una lectura errada del
contenido normativo de dicha disposición, pues ésta se refiere a la reparación
moral y económica, y no a los perjuicios morales y económicos, por esa razón,
si la reparación se entiende como la compensación de un daño causado o la
satisfacción por una ofensa recibida, entonces la reparación podrá ser moral
como en las acciones tendientes a dignificar a las víctimas y difundir la
verdad de lo acontecido, o cuando se dan garantías de no repetición y será
económica cuando se busca la indemnización de los perjuicios materiales y
morales, esas distintas formas de reparación son que establecen igualmente los
artículos 8° y 44 de la Ley 975 de 2005.
En lo atinente a la
inconstitucionalidad del  parágrafo 3° del artículo 26 demandado, estima que la
acusación tampoco encuentra asidero jurídico, toda vez que “El hecho de que
se hubiese ubicado en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
la segunda instancia de las decisiones adoptadas en desarrollo de la ley de justicia
y paz, esto es, en la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, que no
tiene por lo mismo superior funcional (la Sala Plena de dicha Corporación no es
superior funcional de las Salas Especializadas) y que con base en ello hubiese
indicado la Ley que no procede el recurso de casación respecto de la sentencia
de segundo grado dictada en el marco de la Ley 975 de 2005, no es ninguna
novedad legislativa, pero menos aún una novedad restrictiva de derechos.   En
la legislación nacional el recurso extraordinario de casación ha sido previsto
respecto de sentencias de segunda instancia proferidas por Tribunales
Superiores de Distrito, pero nunca respecto de asuntos en los que la Corte
Suprema de Justicia actúa como juez de conocimiento de única instancia o como
juez ad-quem en los asuntos de competencia, en primera instancia, de los
Tribunales Superiores de Distrito”.
Por otra parte, el
interviniente sostiene que la acusación formulada contra el artículo 27 acusado
“devela que aquélla tiene como referente una proposición falsa, pues una
cosa es decir ‘hechos admitidos’ y otra bien distinta ‘delitos admitidos’.   La
primera es la expresión que corresponde al tenor literal de la ley, solo que,
al anteponer a la expresión demandada el término delitos, se introduce una
modificación sustancial sobre el sentido y el alcance de la disposición.  El
vocablo ‘hechos’ que antecede en el texto de la ley al de ‘admitidos’, hace
referencia a un evento fáctico que puede o no corresponder a una hipótesis
delictual, de manera tal que vista la misma en el contexto de la norma,
presupone que el desmovilizado puede, durante la versión que debe rendir en el
marco de la ley de justicia y paz o en posterior actuación, admitir hechos que
la Fiscalía demuestra atípicos o inexistentes, eventualidad sobre la cual se
construye la autorización para disponer del archivo de las diligencias”.
Cita como fundamento
de sus aseveraciones un aparte de la sentencia C-1154 de 2005.
Respecto de la
presunta inconstitucionalidad del artículo 29 acusado, manifiesta que los
demandantes confunden el significado, contenido y alcance de los términos
jurídicos indulto y amnistía, desconociendo en consecuencia que la Ley 975 de
2005 en ningún momento o eventualidad contiene indultos o amnistías, además que
las penas allí previstas lejos de ser irrisorias, no son otras que las normas
correspondientes a un sindicado por el delito que se le juzga, situación
diversa sería el hecho de aplicar una pena de carácter alternativo sujeta a serios
y profundos compromisos que el beneficiario deberá cumplir en su totalidad como
lo establece el artículo 3° de la Ley ibídem, consistentes por demás en la
contribución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación
de las víctimas y su adecuada resocialización, pues de no cumplir con esos
requerimientos la pena alternativa se deja inmediatamente sin efectos, y por
ende al sindicado le correspondería cumplir el total de la pena asignada el
artículo 24 de la Ley aludida el que además dispone que dentro del contenido de
la sentencia, deberá incluirse una pena principal y otra de carácter accesorio.
De otra parte,
destaca que los demandantes “no explican en qué consiste lo irrisorio o los
privilegios que, según el, contiene la ley frente a la pena por imponer, lo que
deja su pretensión en un insubsanable vacío”, pues éstos desconocen que de
conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 975 de 2005 que
establece el principio de alternatividad penal no se desconoce en ningún momento
la pena determinada en la respectiva sentencia, pues ésta solamente es
reemplazada por una pena alternativa, situación que per se no es
comparable en ningún aspecto al indulto y la amnistía, y es en ese sentido, “que
a diferencia de lo que ocurre con el proceso ordinario, el condenado no tiene
derecho a las reducciones de pena por sentencia anticipada, aceptaciones de
responsabilidad, acuerdos con la Fiscalía, confesión u otros estímulos que
mitigan la pena, pues la pena alternativa constituye per se un beneficio
jurídico”.
Hace énfasis entonces
en que las penas contenidas en la Ley 975 de 2005 cumplen con todos y cada uno
de los principios establecidos en los tratados internacionales y en las normas
rectoras del Código Penal Colombiano, tanto es así que “en la sentencia del
Magistrado deberá incluir la pena principal, esto es la que le correspondería
en situación de normalidad (puede ser 480 meses o más) y las accesorias, es
decir, que no sólo debe fallar con pena privativa de la libertad sino puede incluir
cualquier pena accesoria establecida y contemplada en la ley penal, una vez se
haya realizado esta dosificación procederá a establecer la pena alternativa y
los compromisos de comportamiento por el término que el Tribunal disponga,
además, la Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los
requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa, tal como
lo señala el artículo 24”.
En ese orden de
ideas, a su juicio la pena alternativa no constituye una burla a la administración
de justicia, puesto que como ya se ha dicho ésta sólo podrá imponerse una vez
se haya verificado el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley,
además la pena alternativa siempre será privativa de la libertad y comprenderá
un período mínimo de cinco (5) años y uno máximo de ocho (8) años, tasado de
acuerdo con la gravedad de los hechos y una colaboración eficaz en el
esclarecimiento de los mismos por parte del desmovilizado, de suerte que “si
durante el cumplimiento de la pena alternativa o con posterioridad, se llegare
a demostrar que mintió al no aceptar todos los hechos, entregar todos los
bienes ilícitos o no contribuyó a la desmovilización, siguió delinquiendo
dolosamente, la pena alternativa será inmediatamente revocada y deberá cumplir
la totalidad de la pena inicial que contiene la sentencia condenatoria, con la
única salvedad de las omisiones involuntarias de que trata la norma demandada.
La pena principal solo perderá vigencia una vez se haya cumplido con la
totalidad de la pena alternativa y haya pasado el período de prueba señalado,
lo cual quiere decir que, inclusive en libertad, después de cumplir la
consecuencia jurídica alterna, la pena inicial continuará suspendida hasta que
se cumplan los compromisos, pues si no se presenta este cumplimiento se hará
efectivo ipso facto”, a ello se suma que la pena no se cumplirá en”palacios
o cárceles de lujo” puesto que la Ley 975 de 2005 es bastante clara al
exigir que los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de
seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el
INPEC.
En igual sentido,
considera que los argumentos expuestos en relación con la constitucionalidad
del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 proceden para sustentar la exequibilidad
del artículo 30 ibídem.
En efecto, reitera
que el cumplimiento de la pena ser hará en establecimientos de reclusión que
reunirán las condiciones de seguridad y austeridad propios de los
establecimientos administrados por el INPEC, en aplicación de lo dispuesto en
los artículos 9, 10, 21-parágrafo 2° y 29 de la Ley 65 de 1993 –Código
Penitenciario y Carcelario-, de forma tal que, contrario a lo afirmado por los
actores en su demanda no es cierto que exista una intromisión de los poderes
públicos y en particular del Gobierno Nacional con el fin de abrogarse
competencias que no tienen, porque en lo que se relaciona con la fijación del
sitio de reclusión los artículos 14 y 15 de la Ley ibídem estipulan como
funcionarios competentes para la ejecución de la detención y de las sentencias
penales al Gobierno Nacional por conducto del INPEC como establecimiento
adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia mediante su Director General.
Precisa que tanto la
alternatividad penal como el reconocimiento de abono de pena para los miembros
representantes ubicados en la zona de concentración, deben verse desde la
óptica de los fines y naturaleza de la Ley 975 de 2005, que como se ha
reiterado insistentemente tiene una naturaleza especial en cuanto es de
transición para allanar el camino de la paz.
En el mismo sentido,
en relación con el artículo 32 demandado estima que no
es cierto como lo afirman los actores que ésta restringa el acceso a las
víctimas a las investigaciones ni a su participación como tal durante el curso
del proceso, puesto que la citada disposición hace referencia es al
conocimiento que se debe dar al público o la sociedad en general, pero jamás
restringe su participación a quienes además tienen la calidad de sujetos
procesales, alcance jurídico que por demás está expresamente desarrollado en el
artículo 7° de la Ley 975 de 2005 al señalar que existe una obligación de
avisar e informar lo sucedido a las víctimas en aras de garantizar el derecho a
la verdad que a éstas les asiste, a ello se suma, que el artículo 37 ibídem
regula en forma concreta los derechos de las víctimas entre otros, a ser oídas
y que se les facilite el aporte de pruebas, obtener información sobre la
decisión definitiva relacionada con la persecución penal y la interposición de
los recursos de ley.
Así pues, advierte
que “La Ley al señalar expresamente que sólo ejecutoriado el caso es que se
permite el acceso al público, lo que permite, de acuerdo con el artículo 62 en
concordancia con los artículos 323 y 330 de la Ley 600 de 2000, es dar el mismo
tratamiento que a una investigación penal como efectivamente acontece al
consagrar la reserva en la instrucción para efectos de expedir copias de
diligencias , consagrando (sic) como lo afirma  el demandante (sic) la
publicidad del juicio, más no la participación directa de todos los colombianos
que no sufrieron un daño directo como consecuencia de la infracción a la luz
del artículo 5 de la Ley.   Esta restricción no afecta derechos de quienes
tienen en verdad la calidad de víctimas, pues, de lo contrario, sería permitir
que sin tener la calidad de sujeto procesal el ciudadano atribuya calidad y
estado que no le pertenece (sic)”.
Respecto de la
acusación formulada contra la expresión “asistencia” que hace parte del
artículo 36 demandado, afirma que ésta es contradictoria dado que los
libelistas aducen que si la citada expresión implica asistencia judicial a las
víctimas vulnera los mandatos constitucionales, toda vez que, la obligación de
asistencia judicial de las víctimas no puede restringirse a una cuestión de
medio ya que el Estado debe garantizar en todos los casos el acceso a la
administración de justicia, en ese sentido, desconocen que lo que el referido
precepto está reconociendo es que el Estado introdujo en la Ley 975 de 2005 un
mecanismo idóneo y viable para cumplir su obligación de asegurar y hacer
efectivo el derecho a la administración de justicia.
Por otra parte, en lo
atinente al artículo 37 demandado, manifiesta que los demandantes no observan
con detenimiento que dicha disposición en el numeral 6° precisamente habilita a
las víctimas como sujetos procesales y las faculta para interponer recursos,
obtener copias y conocer de primera mano todo lo actuado dándoles la
oportunidad de participar activamente en los procesos que se inicien con ocasión
de la aplicabilidad de la ley, a ello se suma que “la ley al referirse a la
protección de las víctimas cuando resulten amenazadas, no pretende limitar el
derecho a su protección, pues se trata de armonizar con el contenido del
artículo 67 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 200, norma a la
que se acude como complemento tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley 975
de 2005 previendo expresamente la protección cuando se interviene en un proceso
penal, cualquiera sea la calidad”.
Igualmente, sostiene
que “brindar una protección especial como lo expone la norma y como su
nombre lo indica, restringe los derechos al ciudadano, al exigir condiciones
especiales, a la que solo es posible llegar con el consentimiento de la víctima
y no por capricho o arbitrio de las partes.  Incorporarse a un programa
especial de protección exige condiciones y especialmente las relacionadas con
el riesgo, situación que no desconoce la calidad de ofendido, ni sus derechos,
porque la norma no realiza ninguna modificación a los derechos en general que
como afectado le asisten”.
De igual forma, a su
juicio resulta paradójico afirmar como lo hacen los actores que cuando el
numeral 37.4 refiere dentro de los derechos de las víctimas los de ser oídas y
que se les facilite el aporte de pruebas, es que se le están desconociendo,
cuando ellas tienen la calidad de interviniente procesal y actúan a la luz de
sus derechos como sujetos directos y procesales al igual que la Fiscalía en la
Ley y en la actuación ante los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito
Judicial, y por tanto “no se sabe cuál sería el motivo para realizar una
interpretación que el verbo facilitar no tiene, cuando es sinónimo de
proporcionar, entregar, allanar, posibilitar sin obstáculo alguno el acceso a
la justicia, siendo la víctima la principal actora en el proceso de
reconciliación Nacional como lo destaca el artículo 4° de la ley objeto de
debate, a quienes además y para velar por su protección el artículo 39 ha
señalado la excepción a la publicidad de los juicios cuando ofrezca peligro
para los ofendidos”.
Agrega que “por lo
demás, al actuar como sujeto procesal, la víctima tiene acceso a la
investigación que con ocasión de los hechos en los que se ve afectada, (sic)
como lo haría quien actúa en calidad de sujeto procesal con mayor garantía
porque es necesario facilitarle el camino a la información, actuación,
conocimiento de la verdad y protegerla cuando se le afecte o corra peligro en
su integridad o sus familiares y a tener una asistencia directa por la
Procuraduría General de la Nación como lo dispone el artículo 35 de la ley”.
En relación con el
artículo 44 acusado, explica que es constitucional, puesto que la Ley ha
establecido un mecanismo ágil para el pago de los perjuicios y para la
realización de la reparación a las víctimas, a través del Fondo de Reparación y
la recolección de los bienes de procedencia ilícita, en ese entendido, la Ley
no ha excluido la responsabilidad patrimonial por medio de otros bienes, sencillamente
las acciones deben trasladarse a otras jurisdicciones, porque un bien que no es
de lícita procedencia no puede tomarse y llevarse sin más al fondo de
reparación, especialmente si se considera que la Ley es muy clara “en
exigirles a quienes pretendan someterse a la aplicabilidad que entreguen todos
los bienes ilícitamente adquiridos y que vayan al Fondo de Reparación, pero
nada dijo frente a la tenencia de bienes ilícitos por parte de los
desmovilizados y las medidas cautelares que a los mismos deben aplicarse para
efectos de que con ellos se responda por los daños causados con las ilicitudes
cometidas, dejando claro en la ley la responsabilidad que debe asumir el
desmovilizado”.
De otra parte,
sostiene que en lo que atañe a la acusación formulada contra las expresiones “Nadie
podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” que hacen parte
del artículo 45 acusado, deber recordarse que El artículo 90 de la
Constitución Política regula expresamente la responsabilidad patrimonial del
Estado, siendo esta una norma superior, la que no fue modificada a través de la
ley y que tiene plena vigencia, destacándose en ella que cualquier persona
puede demandar mediante acción de reparación directa, cuando se haya causado un
daño con fundamento en un hecho, una omisión, operación administrativa
imputable a la acción u omisión de las autoridades públicas, acción que se
encuentra regulada por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
para proceder a demandar la reparación directa que se pretende”.
En esos términos,
aclara que así como por mandato constitucional se prohíbe juzgar a una persona
dos veces por un mismo hecho, de igual manera no es posible que se reciba
dinero de las arcas del Presupuesto Nacional, por concepto de doble reparación,
pues no es lógico que se cargue al Presupuesto del Estado un pago ya realizado
y entablar además dos acciones de tipo económico contra la Nación.
En lo que se refiere
a la presunta inconstitucionalidad del artículo 46 acusado, afirma que “Ha
establecido la misma Ley que tratándose de víctimas de miembros de
organizaciones armadas que se sometan a la ley de justicia y paz, la reparación
se realizará por intermedio de Acción Social.  Para tal efecto, los subversivos
y paramilitares entregarán los bienes obtenidos ilícitamente al Fondo de
Reparación a las víctimas y cuando la víctima considere que fue despojada
ilícitamente de sus bienes por parte de los acusados, podrá presentar su
respectiva denuncia.   La restitución de bienes individuales se hará porque el
desmovilizado devuelve directamente el bien, o porque el despojado informe a la
justicia o a los Comités de Reparación que hay un bien que le pertenece y está
en manos de miembros de grupos armados irregulares.   Si no se tiene
información sobre el bien, o el desmovilizado no lo entrega voluntariamente o
no puede determinarse su propietario o poseedor, no sería posible la
restitución y a ello se refiere la expresión ‘de ser posible’ que usa el
artículo en cuestión”, especialmente si se tiene en cuenta que si no se
tiene el bien para efectuar la restitución, ello no impide exigir la reparación
por medio de la indemnización y otras formas previstas en los términos de los
artículos 8° y 44 de la Ley 975 de 2005, pues ante situaciones imposibles no le
será exigible al Estado otra conducta diferente a la que se inicie un proceso
de extinción del dominio o que se aplique una reparación colectiva.
El interviniente,
considera que en lo que atañe a las expresiones “y familiares en primer
grado de consanguinidad” que hace parte del artículo 47 demandado, es claro
que con lo allí establecido los derechos de las víctimas están a salvo, ya que
quienes se consideren afectados por los beneficiarios de la Ley 975 de 2005, y
no “se encuadren” dentro del concepto de víctima, todavía cuentan con
otros medios legales para reclamar las correspondientes indemnizaciones, puesto
que la reparación que no tenga carácter económico, como la verdad y la
justicia, estará garantizada para todos los colombianos por la actividad que
desplegará la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía, los
Tribunales y demás autoridades y entidades vinculadas con este proceso al
momento de aplicar la Ley ibídem, y por el papel que puedan desempeñar las
ONG’s que representen a la colectividad.
Así mismo, agrega que
la Ley 975 de 2005 en el artículo 5° acude a un concepto amplio de víctima,
pues no se queda simplemente en aquella persona sobre la cual se materializa la
conducta típica, sino que lo identifica con el perjudicado, es decir, con aquellas
personas que han sufrido un daño directo, ampliando en esa forma el derecho de
acceso a la administración de justicia, pero obviamente imponiendo la carga
mínima de que aquella persona o personas que se consideren víctimas deberán
probar el daño sufrido.
De otra parte,
precisa que la Ley 975 de 2005 en el artículo 5° hace una presunción que
consiste en considerar víctimas a las personas allí expresamente mencionadas,
dado que “el Legislador ha entendido que el cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiares en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, también los son, pero al crear la presunción los exime de
probar que personalmente han sufrido un perjuicio, pues basta la demostración
del parentesco con la víctima directa, de esta manera se amplía el acceso a la
justicia por parte de otros asociados”, a ello se suma que la Ley ibídem
acogiendo una tendencia global que se recogió en la Constitución Política,
reconoce que la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la
reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, así se trate de
delitos consumados o tentados, sino que adicionalmente tiene derecho a que a
través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.
Como fundamento de
sus aseveraciones cita apartes de la sentencia C-530 de 1993.
Igualmente, advierte
que de conformidad con lo previsto en el artículo 42 constitucional, es claro
que el Estado Colombiano reconoce diversos tipos de familia lo que indica que
no todos los miembros de la familia se encuentran en una misma situación de
hecho, en ese entendido, las expresiones acusadas que hacen parte del artículo
47 constitucional se acomodan a un concepto de familia directa que es aquél que
la disposición “defiende en primera instancia y que se amplía por vía legal
al concepto amplio de familia.  (...)  Bajo esos presupuestos es claro que
existe entre los miembros de la familia una desigualdad en los supuestos de
hecho formulados en la acusación.  El Legislador como se ve no está
discriminando por parte alguna, ni mucho menos desconociendo el artículo 42 de
la Carta Política (...) pues el Legislador debe diferenciar en supuestos de
hecho diferentes y la igualdad se basa precisamente en criterios de
diferenciación”.
Así pues, a su juicio
el hecho de que se hayan incluido tan sólo a las personas enunciadas en el
artículo 5° dentro de la presunción de víctimas no implica que se desconozca
dicha calidad a otros miembros de la familia, pero sólo que en éste último
evento deberán probar el daño directo, pues la presunción antes aludida tiene
una única finalidad que es la protección del núcleo familiar, de forma tal que
el artículo 47 acusado sí tiene una finalidad concreta y por demás
constitucionalmente válida.
Al respecto cita un
aparte de la sentencia T-230 de 1994.
En relación con la
presunta inconstitucionalidad del artículo 48 acusado, estima que se pueden
aplicar los mismos argumentos expuestos para el caso del artículo 47 de la Ley
975 de 2005.
En lo atinente al
artículo 49 demandado, advierte que dentro de las funciones de la Comisión de
Reparación se encuentran las de garantizar la participación de las víctimas en
los procesos de realización de sus derechos, presentar un informe público sobre
el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, recomendar los
criterios de reparaciones con cargo al Fondo de Reparaciones, hacer seguimiento
y verificación a la reincorporación encontrándose dentro de las acciones de
reparación las que propenden por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y todas aquellas tendientes a la no repetición, además las
autoridades judiciales fijarán las formas de reparación individuales,
colectivas o simbólicas, los criterios de reparación serán recomendados por la
Comisión Nacional de Reparación y reconciliación para efectos de llevar a cabo
la reparación colectiva.
En esos términos,
manifiesta que los programas de reparación que establece la disposición acusada
se desarrollan en forma general y atendiendo a los criterios fijados por la
Comisión de Reparación, pero por tratarse de zonas que requieren mayor
atención, es necesario darle prelación a las afectadas por la violencia, que
son las que necesitan una recuperación rápida y pronta, sin excluir o descuidar
todas aquellas que demanden atención por ser igualmente afectadas sin que por
ello se incumplan los deberes del Estado al solicitar mayor atención a estas
zonas.
En lo que respecta a
la acusación formulada por los demandantes contra el artículo 51 de la Ley 975
de 2005, aclara que éstos “especulan en sus argumentaciones sobre lo que
será y hará la Comisión Nacional de Reparación, basándose en apreciaciones de
carácter subjetivo sin ningún soporte diferente, además de sus apreciaciones
personales sobre el resultado y el informe que presentará al país en relación
con el proceso de desmovilización una comisión que apenas de acuerdo con las
comunicaciones públicas entra en funcionamiento, aseverando situaciones de
suposición que considera podrían presentarse.   (...)  Las previsiones sobre lo
que será la aplicación de la norma o el funcionamiento de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación no competen al juicio de constitucionalidad de
la respectiva norma sino al ejercicio de las instituciones concernidas, y en
razón al principio democrático de repartición de tareas, la Corte
Constitucional no está habilitada para hacer declaraciones de
inconstitucionalidad sobre la base de eventualidades en la aplicación de la
norma, salvo que el rigor del texto haga estimable y previsible una
interpretación que sería absolutamente inconstitucional”.
El interviniente
señala que en lo que atañe a la presunta inconstitucionalidad del artículo 55
acusado, desconocen los demandantes que la Ley 975 de 2005 en el artículo 43
establece el deber general de reparar por los miembros de los grupos armados
que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en la misma Ley, a
las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados
mediante sentencia judicial, a su vez, el artículo 42 ibídem, dispone que
cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el
daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario
por las disposiciones la Ley aludida, el Tribunal directamente o por remisión
de la Unidad de Fiscalía ordenará la reparación a cargo del Fondo de
Reparación.
En esos términos,
hace énfasis en que el Estado responde subsidiariamente por medio de los
recursos que pongan en el Fondo de Reparación, para satisfacer a las víctimas
cuando los daños hayan sido claramente ocasionados por un grupo armado ilegal
beneficiario de la Ley 975 de 2005 pero no haya sido posible individualizar al
sujeto o sujetos activos, de forma tal que “es la víctima quien escoge si
concurre al incidente de reparación integral para reclamar sus perjuicios al
condenado, independientemente de la acción de reparación que involucre al
Estado por omisión alguna”.
Considera entonces que
lo que hizo el artículo 55 acusado fue dar estricto cumplimiento a lo previsto
en la Constitución Nacional en los artículos 348 y s.s. que regulan lo atinente
al manejo de los recursos provenientes del Presupuesto Nacional.
De igual manera, el
interviniente aduce que en lo que atañe al artículo 71 acusado, el delito o
tipo penal de sedición especial creado por dicha disposición procura apenas
propiciar y facilitar la reincorporación a la sociedad de los desmovilizados,
con fundamento en la “necesaria premisa de trato igualitario ante la ley,
por lo que previó la conformación de grupos de autodefensa con ese particular
propósito de disputarle al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia,
tendría el mismo tratamiento punitivo descrito en el artículo 468 del Código
Penal respecto de los grupos de guerrilla”.
En efecto, explica
que el tipo penal especial referido se creó no con el ánimo de cobijar todas
las conductas de los grupos de autodefensa, particularmente los delitos de lesa
humanidad en que pudieran haber incurrido, sino con el fin de otorgar status
político a la conducta originaria de los mismos, a partir de su innegable nexo
ilícito con los fines políticos del Estado y la afectación que estos venían
cobrando como consecuencia de la conformación de aquellos bajo es criterio
inspirador.
4.4.  Naciones
Unidas – Alto Comisionado para los Derechos Humanos Oficina en Colombia
Por invitación que le
fuere formulada en el Auto admisorio de la demanda el Director de la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
interviene en el proceso de la referencia con el fin de solicitar a la Corte
que declare la inexequibilidad
de las disposiciones jurídicas acusadas, de conformidad con los argumentos que
se recapitulan a continuación.
Recuerda el
interviniente que al ejercer sus competencias en materia de elaboración de las
leyes y administración de justicia el Estado no sólo tiene el deber de ajustarse
a los principios, valores y preceptos contenidos en su ordenamiento
constitucional, sino que también está obligado a ceñirse a las “proposiciones
prescriptivas” de los tratados internacionales a cuya observancia y
aplicación se comprometió por acto de voluntad soberana, ello significa que “en
el terreno específico del derecho punitivo, la actividad legislativa y judicial
de las autoridades nacionales debe ser desarrollada dentro de las pautas y
términos fijados por aquellos tratados pertenecientes al derecho internacional
de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho
penal internacional.   Como es sabido, los instrumentos de estas tres ramas de
la normativa internacional regulan los cometidos que el Estado cumple para definir
las conductas punibles, señalar sus consecuencias jurídicas, investigar su
comisión y acusar, juzgar y sancionar a sus autores.  Aunque independientes y
autónomos entre sí, los ya mencionados ordenamientos tienen relaciones de
convergencia y complementariedad, pues se inspiran en el mismo ideal de
justicia y responden a la necesidad de proteger en todo tiempo y lugar la
dignidad de la persona humana”.
Sobre el particular
cita lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados adoptada en Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
Así mismo, señala que
en repetidas ocasiones la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha establecido que en el caso colombiano dentro del contexto
de violencia y conflicto armado interno que vive el país se perpetran conductas
antijurídicas que comprometen la responsabilidad internacional del Estado
Colombiano por tener como autores o partícipes a servidores públicos y
particulares cuya actuación delictiva se realiza a instigación de las
autoridades o con su consentimiento o aquiescencia, es por esa razón que “Las
conductas ilegítimas que en aludido contexto generan responsabilidad estatal
son las violaciones de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho
internacional humanitario”.
En esos términos,
advierte que “El papel que cabe al Estado colombiano en los crímenes atroces
cometidos por los integrantes de grupos paramilitares no puede ser ignorado
soslayado a la hora de establecer y aplicar un sistema de justicia transicional
como el instituido por la Ley 975 de 2005.   Las normas adoptadas para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley
deben tener en cuenta que muchos de sus beneficiarios han delinquido con el
apoyo o la tolerancia del poder público.  No pocos de los delitos cometidos por
paramilitares colombianos durante y con ocasión de su pertenencia a la
organización criminosa en la cual militaban, se inscriben dentro de los
supuestos en que, según la doctrina internacional, las conductas de individuos
de condición particular implican la responsabilidad estatal”.
De otra parte,
explica que en su calidad de Estado Parte de instrumentos internacionales como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), el Estado
Colombiano se ha comprometido a penalizar las violaciones graves a los derechos
humanos, incluida en ellas los crímenes de lesa humanidad, además como suscriptor
de los Convenios de Ginebra (Ley 5ª de 1960) y el Protocolo Adicional II (Ley
171 de 1994) relativos a las infracciones graves al derecho internacional
humanitario, se encuentra igualmente obligado a administrar justicia respecto
de dichas conductas.
En ese sentido,
precisa que el compromiso de penalizar las conductas lesivas del derecho
internacional humanitario, esto es, constitutivas de delitos graves conforme al
derecho internacional, imponen al Estado Colombiano varias obligaciones a
saber, i) definirlas de modo inequívoco, expreso y claro en su
ordenamiento penal, ii) prevenir razonablemente su comisión, iii) investigarlas
con todos los medios a su alcance, iv) identificar, aprehender y juzgar
a sus autores y partícipes, v) imponer a los responsables sanciones
ajustadas a los principios de individualización, proporcionalidad y
razonabilidad, vi) asegurar a sus víctimas la obtención de prestaciones
reparatorias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción de
alcance general y garantías de no repetición, y vii) garantizar a todas
las personas que se hallen bajo su jurisdicción un recurso efectivo contra
acciones u omisiones violatorias de sus derechos fundamentales.
Como fundamento de
sus aseveraciones cita, entre otros, el Informe sobre el proceso de
desmovilización en Colombia, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos el trece (13) de diciembre de 2004 y la sentencia del veintiocho (28)
de julio de 1998 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Velásquez Rodríguez.
Aunado a lo anterior,
agrega que en la mayor parte de los casos, el incumplimiento de las
obligaciones por parte del Estado en materia de conflicto armado, implica que a
su vez se olvide o menosprecie los derechos de las víctimas del mismo,
enunciados en instrumentos internacionales como los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución No. 40/34 del
veintinueve (29) de noviembre de 1985, el Conjunto de Principios para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la
impunidad, presentados por la Comisión de Derechos Humanos el dieciocho (18) de
febrero de 2005 y los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las
Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General
de la ONU mediante Resolución A/C.3/60/L.24 del veinticuatro (24) de octubre de
2005.
En el mismo sentido,
añade que “La jurisprudencia interamericana ha sostenido que el fundamento
normativo del derecho a la verdad encuentra asidero en los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que ambas
disposiciones son ‘instrumentales’ en el establecimiento judicial de los hechos
y de las circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental.
También ha señalado que tal derecho se enraíza en el artículo 13.1 de la
Convención en cuanto éste reconoce el derecho a buscar y recibir información.
Indica, además, que en virtud de ese mismo artículo, recae sobre el Estado una
obligación positiva de garantizar información esencial para preservar los
derechos de las víctimas, asegurar la transparencia de la gestión estatal y la
protección de los derechos humanos”.
Al respecto cita
entre otras, la sentencia del catorce (14) de marzo de 2001 proferida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos Vs. Perú, la
sentencia del veintisiete (27) de noviembre de 1998 proferida en el caso
Castillo Pérez Vs. Perú y la sentencia del diez (10) de septiembre de 1994
dictada en el caso Aloeboetoe y otros, así como el informe No. 37/00 de 1999
emitido en el caso Romero.
Por otra parte, aduce
que el Estado Colombiano mediante la Ley 742 de 2002 adoptó el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, de forma tal que de conformidad con lo allí previsto
el Estado referido “debe pues, actuar hoy teniendo en cuenta dos
realidades.  La primera, que muchos de los crímenes atroces cometidos en su
territorio por miembros de los grupos armados ilegales hacen parte de aquellas
conductas antijurídicas cuya perpetración representa una amenaza para la paz,
la seguridad y el bienestar de la humanidad.   La segunda, que con arreglo a lo
dispuesto por el Estatuto de Roma cuando un Estado Miembro del mismo no pueda o
no quiera procesar a los responsables de crímenes internacionales, esta tarea
podrá ser asumida por la Corte Penal Internacional”. Al respecto cita lo
previsto en el artículo 21 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Advierte además que “las
obligaciones de penalización del Estado Colombiano con respecto a los ‘delitos
graves conforme al derecho internacional’ se hallan enunciadas en instrumentos
convencionales y no convencionales incorporados, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, al bloque de constitucionalidad.   Por ello las
prescripciones de esos instrumentos han de ser consideradas por las autoridades
colombianas, según el caso, como normas de jerarquía constitucional, como
parámetros de constitucionalidad de las leyes o como disposiciones provistas de
relevancia constitucional para decidir en casos constitucionales concretos
(...) además conforme al inciso segundo del artículo 93 de la Constitución
Política de Colombia, los derechos y deberes consagrados en ella deben
interpretarse ‘de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia’.   Al luz de esta disposición, al hacer la
ley, al aplicarla y al fijar judicialmente sus alcances, las autoridades
nacionales han de tener siempre en cuenta la doctrina y la jurisprudencia
adoptados por los órganos internacionales competentes para interpretar la
naturaleza, el contenido, la extensión y el valor jurídico de normas
pertenecientes al ordenamiento internacional positivo y aún de reglas del
derecho consuetudinario”. Sobre el particular cita lo previsto en el
artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, aclara que
el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos,
conformando un conjunto de instrumentos internacionales de diverso contenido y
efecto jurídico variado a saber, tratados, resoluciones, declaraciones y
recomendaciones deben guiar la actividad de los servidores públicos del Estado
Colombiano en la adopción, aplicación e interpretación de normas relacionadas
con las obligaciones contraídas por la Nación Colombiana en materia de
protección y promoción de los derechos humanos, administración de justicia y
lucha contra la impunidad, además “en el caso concreto de las
recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y por
la Alta Comisionada, es de precisar que muchas de ellas recogen
interpretaciones autorizadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos con las cuales se dan valiosas orientaciones sobre su contenido.
Así mismo, es importante recordar que las recomendaciones de la Alta
Comisionada se han convertido en compromisos asumidos por el Estado Colombiano
en la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanas, adoptada
por consenso”.
En lo atinente a la
Ley 975 de 2005, indica el interviniente que al examinar en su conjunto su
contenido normativo, es claro que ésta enuncia en sus disposiciones los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sin embargo,
no incluye en su articulado mecanismos y recursos eficaces para hacer efectivos
esos bienes jurídicos, al punto que, algunas de sus normas imposibilitan o
dificultan a las víctimas del conflicto la realización de los derechos
aludidos, al tiempo que otras normas van en contravía de las obligaciones
internacionales que tiene el Estado en relación con el respeto y garantía de
los mismos.
En efecto, a su
juicio la Ley 975 ibídem, no estableció un marco jurídico cuya aplicación
permita lograr a favor de la paz y la reconciliación nacional, el
desmantelamiento de los grupos armados ilegales, el adecuado reintegro de sus
miembros a la sociedad, el desmonte real de sus estructuras ilegítimas en los
ámbito político, económico y social, y el efectivo reconocimiento de los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de sus
gravísimos crímenes, a pesar de que el establecimiento de un marco jurídico con
esas condiciones específicas ha sido reiteradamente recomendado a las
autoridades colombianas por diversos organismos internacionales, entre otros,
por el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, las Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Como fundamento de
sus aseveraciones cita el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia emitido el veintiocho (28) de febrero de 2005, así como la Declaración
del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación
de los Derechos Humanos en Colombia rendida en Ginebra-Suiza el veintiuno (21)
de abril de 2005.
En ese orden de
ideas, considera que “La ausencia de un marco jurídico integral y adecuado
en la regulación del sistema de justicia transicional que establece la Ley 975,
hace temer que su aplicación, en vez de contribuir a la superación del
conflicto armado y al logro de la convivencia pacífica entre los colombianos
dilate la consecución de una paz sostenible y dificulte el surgimiento de una
sociedad reconciliada”, además, del texto de la Ley 975 de 2005 es claro
que el articulado en general contraría los principios internacionales de
igualdad y no discriminación, legalidad de los delitos y de las penas,
proporcionalidad de las sanciones penales, responsabilidad del Estado y
garantías de los derechos de las víctimas.
En efecto, advierte
que del texto del articulado de la Ley 975 de 2005, es claro que i) establece
a favor de los delincuentes que a ella se acojan un trato diferenciado que no
se basa en criterios razonables y objetivos, ii) no instituye mecanismos
procesales idóneos para lograr la investigación imparcial y exhaustiva de los
crímenes, iii) no hace referencia alguna al esclarecimiento del papel
que han desempeñado servidores públicos en la organización de grupos armados
ilegales y en el apoyo de sus actividades delictivas, iv) ofrece
generosos beneficios judiciales a los autores de graves crímenes sin exigirles
una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y al logro de la
reparación de las víctimas, v) prevé para sus destinatarios penas que
carecen de proporcionalidad cualitativa y cuantitativa, vi) omite toda
referencia al conflicto armado interno que se libra en Colombia y al derecho
internacional humanitario, con lo cual podría dificultarse el procesamiento de
personas involucradas en los delitos tipificados en los artículos 135 a 164 del
Código Penal, vii) ignora la obligación estatal de reparar cuando el
responsable directo de los crímenes no ha querido o no ha podido cumplir las
prestaciones reparatorias, viii) no crea mecanismos idóneos para que las
instituciones del Estado presten a las víctimas el apoyo proactivo que ellas
tienen derecho a esperar y a lograr, ix) hace depender la reparación de
los bienes y recursos que los victimarios quieran declarar y entregar, y x) erige
en delito político la conformación de grupos paramilitares y la pertenencia a
los mismos, abriendo así el camino para que los integrantes de tales grupos
puedan ser favorecidos con amnistías e indultos.
Así mismo, hace
énfasis en que el texto de la Ley 975 de 2005 “impide o dificulta el
ejercicio del derecho a un recurso judicial efectivo enunciado, por los
artículos 2.3. y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por la Ley 74 de 1968, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, el artículo 6 de la
Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial,
aprobada por la Ley 22 de 1981, el artículo 2° de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por
la Ley 51 de 1981, los artículos 12, 12 y 14 de la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Ley 70
de 1986, y los artículos 8 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura, aprobada pro la Ley 409 de 1997”, por tanto se
reitera, que la Ley 975 ibídem no garantiza efectivamente a las víctimas el
acceso a la administración de justicia, ni su amplia participación en los
procesos que les conciernen.
En lo atinente a la
constitucionalidad de los artículos acusados, hace las siguientes
observaciones:
- Artículo 1°:  Al
permitir aplicar los beneficios judiciales allí previstos a miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley cuya actividad criminal proseguirá
realizándose, “hace temer” que la aplicación de ese cuerpo normativo no
produzca ni la disolución de dichos grupos armados, ni la desaparición de las
estructuras ilegales por ellos creadas durante años, siendo incompatible en
consecuencia con el artículo 37 del Conjunto de Principios para la protección y
la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
- Artículo 2°: Esta
disposición no hace referencia alguna a la existencia en Colombia de un
conflicto armado –reconocido por el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR)- ni a los delitos que los miembros de los grupos armados ilegales hayan
cometido con ocasión y en desarrollo de ese conflicto, de forma tal que dicha
omisión permite que reciban un mismo tratamiento jurídico los responsables de
conductas punibles perpetradas en un contexto de conflictividad bélica y los
responsables de infracciones que tienen conductas de la misma gravedad,
desconociendo así las normas consuetudinarias 151 y 158 del Derecho
Internacional Humanitario, y el principio 19 del Conjunto de Principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad.
- Artículo 4°: Esta
norma limita las obligaciones internacionales del Estado colombiano con
respecto a los derechos de las víctimas, pues esos deberes van mucho más allá
de promover dichos derechos, esto es, no solamente debe iniciar o impulsar un
proceso para procurar su logro, dado que frente a los derechos de las víctimas
el Estado tiene obligaciones de garantía que le imponen la adopción ineludible
de todas las medidas necesarias para asegurar el ejercicio, el goce y disfrute
de esos bines jurídicos, por tanto el artículo 4° desconoce lo previsto en el
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículo 5°: Las definiciones contenidas en los incisos 2° y
4° de dicha disposición, vulneran el derecho a la igualdad y a la no
discriminación, pues sin tener en cuenta los principios internacionales sobre
la materia, al excluir de la condición de víctima a los familiares de personas
que fueron sujetos pasivos de otros delitos atroces cuya comisión es frecuente
dentro del contexto de violencia y conflicto armado, especialmente si se
considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido
reparaciones a personas que no tenía con la víctima directa parentesco dentro
del primer grado de consanguinidad o primero civil, en consecuencia, el
artículo 5° desconoce lo previsto en los artículos 2.1 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1° y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Principio 8vo. de los
Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones.
- Artículo 7°: La expresión promover que hace parte de ese
artículo, no honra la obligación de garantizar los derechos humanos contraída
por Colombia al suscribir los tratados internacionales sobre la materia, la
promoción de las investigaciones tiene un alcance vinculante menos preciso que
la obligación de respetar y garantizar, la obligación derivada del verbo
promover se limitaría a una obligación de medio que no incorpora adecuadamente
la seriedad y exigencia impuesta a tal obligación, ni satisface a plenitud el
requerimiento de efectividad, desconociendo así lo establecido en el artículo
2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1° de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículo 8°: Esta norma al emplear las expresiones “acciones
que propendan”, “acciones tendientes” y “toda prestación (...) que
tienda”, desvirtúa los alcances de exigibilidad de los principios
internacionales adoptados para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la
reparación, pues de acuerdo con dichos pilares correlativo al derecho referido
existe una obligación de hacer que sólo puede ser cumplida a través de la
realización de prestaciones ejecutadas, según el caso, por el responsable del
crimen o aún por el mismo Estado, a ello se suma que el artículo 8° no
establece para las víctimas un recurso efectivo que garantice de conformidad
con el derecho internacional una reparación que además de ser adecuada,
efectiva y rápida resulte proporcional a la gravedad del daño sufrido.  En ese
sentido, el artículo citado desconoce el artículo 2.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como los Principios 15 y 16 de los Principios y
Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
y los Principios 31 a 38 del Conjunto de Principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
- Artículo 10: El numeral 2° no establece para los
desmovilizados la obligación de reparar a las víctimas con todos los bienes que
poseen, por tanto al limitar la entrega de bienes sólo a los que sean producto
de la actividad ilegal se aparta en perjuicio de las víctimas de los principios
internacionales de igualdad y de reparación integral, de forma tal que, al
establecer a favor de los procesados una limitación de tal índole no sólo se
hace una concesión injustificada a los responsables de conductas atroces, sino
que se desconoce a las personas afectadas por sus actos de violencia el derecho
a la proporcionalidad reparatoria.   En consecuencia, el artículo 10 desconoce
los artículos 2.1 y 26 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
Principios 15 y 20 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones.
- Artículos 11 y
13: Respecto del numeral 11.5
del artículo 11 y numeral 4° del artículo 13, aplica las mismas consideraciones
expuestas para el caso del artículo 10.
- Artículo 17: Lo dispuesto en el inciso 2° permite que se
otorgue carácter discrecional o facultativo a la colaboración del imputado para
lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el hallazgo de la verdad,
creando de ese modo una poderosa dificultad para que los servidores de la Rama
Judicial del poder público puedan adelantar satisfactoriamente sus competencias
en materia de investigación y juzgamiento de las conductas punibles, y en ese
sentido “la colaboración plena del imputado no es un requisito para acceder
a los beneficios legales, y por lo tanto no se convierte en un estímulo que lo
incite a cooperar.  Dicha normativa no ha previsto, en particular, sancionar la
ausencia de colaboración del acusado impidiendo la imposición de la pena
alternativa o provocando la revocación de los beneficios ya concedidos”.
El artículo 17
desconoce entonces los artículos 2.1 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los artículos 1.1 y 13.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los Principios 2, 3, 4 y5 del Conjunto de Principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad y la norma consuetudinaria 158 del Derecho Internacional Humanitario.
- Artículo 20: La acumulación de procesos y penas establecida
en el inciso 1°, no hace distinción alguna entre conductas punibles
constitutivas de delitos graves conforme al derecho internacional y conductas
punibles privadas de relevancia frente a ese ordenamiento, por ello sin tal
distingo la acumulación punitiva podrá dar lugar al desconocimiento del
principio internacional de proporcionalidad de la pena.   Apela además, a lo ya
expuesto en relación con la falta de referencia al conflicto armado interno y
por ende, al derecho internacional humanitario.    En consecuencia, el artículo
20 desconoce el artículo 10 desconoce los artículos 2.1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Principio 3 de los Principios y Directrices
Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho
internacional humanitario a interponer recursos, y obtener reparaciones, los
Principios 19 y 24 del Conjunto de Principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y la norma
consuetudinaria 158 del Derecho Internacional Humanitario.
- Artículo 23: El inciso 1° prevé un término muy breve  para la
audiencia pública dentro del incidente de reparación lo que puede impedir que
las víctimas o sus representantes hasta ese momento marginadas del proceso,
puedan intervenir con eficacia en esta etapa procesal, dando lugar a
situaciones que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos a la justicia y a
la reparación, desconociendo así los Principios 11 y 12b) de los Principios y
Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al
derecho internacional humanitario a interponer recursos, y obtener reparaciones
y los Principios 19 y 32 del Conjunto de Principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
- Artículo 25: Al regular “la hipótesis de hechos conocidos”
con posterioridad a la sentencia o al indulto, establece a favor de los
responsables de delitos graves conforme al derecho internacional, la
posibilidad de acumular la imposición de penas alternativas por conductas
punibles cuya responsabilidad no se aceptó en la oportunidad legalmente
señalada, en ese entendido “esa secuencia interminable de beneficios
procesales puede impedir al Estado imponer penas adecuadas a los autores o
partícipes de graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra
de los cuales sólo se tenga conocimiento tras haberse concedido la pena
alternativa prevista en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005”.
En efecto, la falta
de incentivos para que el desmovilizado acepte plenamente la participación o
autoría en los crímenes es manifiesto en el artículo 25 ya que en él no se
sanciona adecuadamente la omisión de información por parte del imputado, por
tanto la concesión del beneficio allí previsto no es proporcional a la
colaboración prestada por el desmovilizado para que las víctimas conozcan la
verdad y reciban una justicia efectiva, en consecuencia, el artículo 25 viola
el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios
3b) y 4 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a
interponer recursos, y obtener reparaciones, los Principios 19 y 28 del
Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad y la norma consuetudinaria 158
del Derecho Internacional Humanitario.
- Artículo 29: Al establecer los mínimos y máximos aplicables
al imponer la pena alternativa, no hizo diferenciación alguna entre las
personas responsables de delitos graves conforme al derecho internacional y
aquellas cuya responsabilidad penal se ha derivado de la comisión de conductas
punibles menos graves, por tanto, los condenados por crímenes atroces estarán
sujetos a penas que por su “lenidad” no corresponden ni a la mayor
gravedad de su conducta ni al daño real que con ella causaron.   Así las cosas “esa
benignidad excesiva en el proceso de individualización de la pena desconoce el
principio de proporcionalidad, en virtud del cual las sanciones penales deben
tener una correspondencia cualitativa y cuantitativa con el delito cometido”, desconociendo
en consecuencia el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
los Principios 19 y 24 del Conjunto de Principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y la
norma consuetudinaria 158 del Derecho Internacional Humanitario.
- Artículo 31: Esta disposición crea entre los beneficiarios de
la Ley 975 de 2005 y las demás personas sujetas a la potestad punitiva del
Estado colombiano un trato diferencial que ni se basa en criterios razonables y
objetivos ni persigue un propósito legítimo a la luz de la normativa
internacional, desconociendo así los artículos 2.1, 14 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1.1. y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículo 37: El numeral 3° omite toda referencia a las
obligaciones reparatorias que corresponden directamente al Estado cuando su
responsabilidad ha sido comprometida por la acción u omisión de sus agentes,
ignorando con ello el principio en cuya virtud cuando el quebrantamiento de una
obligación internacional ha producido un daño surge para el Estado infractor la
obligación de repararlo adecuadamente, además de vulnerar lo previsto en el
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios
15 a 23 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a
interponer recursos, y obtener reparaciones, los Principios 31, 32 y 34 del
Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad y la norma consuetudinaria 150
del Derecho Internacional Humanitario.
- Artículo 42: Con relación al inciso 1° aplica las mismas
consideraciones expuestas para el caso del artículo 37.
- Artículo 44: De acuerdo con lo establecido en el inciso 1°, i)
no se condiciona la concesión del beneficio de la pena alternativa al
cumplimiento del deber de reparar, ii) no se erige en causal de
revocación del beneficio el incumplimiento de tal deber, iii) se abre la
posibilidad de suscribir un instrumento contractual para el cumplimiento futuro
de las obligaciones reparatorias, permitiendo así que los responsables de
delitos graves conforme al derecho internacional puedan gozar del beneficio de
la libertad a prueba sin haber cumplido a cabalidad las obligaciones
correlativas al derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada,
efectiva y rápida.   En consecuencia, el artículo 44 quebranta lo dispuesto en
los Principios 15 a 23 de los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a
interponer recursos, y obtener reparaciones y los Principios 31, 32 y 34 del
Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad
- Artículos 47 y
48: Respecto de las expresiones
“en primer grado de consanguinidad”, que hacen parte de dichas
disposiciones jurídicas, aplica las mismas consideraciones expuestas para el
caso del artículo 5°.
- Artículo 71: Dicho artículo desconoce el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Principios 24 del Conjunto de
Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad.
4.5.  Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos –ILSA-
El Director Ejecutivo
del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos –ILSA-,
ciudadano colombiano,  interviene en el presente proceso a efectos de solicitar
a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la Ley 975 de 2005,
disponiendo además que dicha declaratoria produzca efectos retroactivos, a
partir de las razones que se sintetizan a continuación.
Advierte que una
de las principales víctimas del conflicto armado en Colombia es la población
desplazada, ello se debe entre otras al “carente desarrollo de políticas
públicas y la ineficacia de la poca legislación existente, que no sólo ha
implicado la vulneración de sus derechos civiles y políticos, sino también la
grave violación de sus derechos fundamentales.  En este sentido, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la necesidad de
desarrollar medidas administrativas y legislativas tendientes a garantizar el
pleno disfrute de sus derechos humanos”.
Sobre el
particular cita apartes de la sentencia T-025 de 2004.
En esos
términos, explica que “la interpretación que hacen los artículos 6, 7, 8,
10, 17, 23, 42, 44, 46, 49 y 54 de la Ley 975 de 2005 respecto a los derechos a
la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto
armado, es insuficiente.   Para el caso de la población en situación de
desplazamiento, el ejercicio de tales derechos no sólo hace referencia a la
posibilidad de que la administración de justicia determine la responsabilidad
penal de sus infractores o el esclarecimiento pleno de los hechos, sino que
además, debe incluir en forma expresa, las medidas a través de las cuales el
Estado garantizará la protección de los derechos que ocasión a dicho conflicto
(sic), se encuentran igualmente vulnerados.  En este sentido, cabe resaltar que
los derechos a la propiedad, a la vivienda y a la restitución de los bienes
despojados de la población desplazada, integran de manera preponderante el
conjunto de derechos vulnerados por los actores armados del conflicto”.
Considera
entonces que la Ley demandada “no consagra los mecanismos necesarios para
garantizar la protección de los derechos a la propiedad y a la vivienda de la
población víctima del desplazamiento forzoso en los términos de la Constitución
Política y del derecho internacional de los derechos humanos.   Sus
disposiciones no resultan suficiente para garantizar que, como consecuencia de
los procesos a través de los cuales se determine la responsabilidad penal o
individual o colectiva de los grupos armados al margen de la ley, el Estado
asuma la obligación de restituir y devolver los bienes despojados por las
organizaciones de paramilitares o guerrilleros a sus originales propietarios”.
El interviniente
concluye que existen cuatro (4) razones fundamentales por las cuales la Ley 975
de 2005 debe ser declarada inconstitucional, a saber,
i) sus disposiciones resultan insuficientes para proteger el conjunto
de derechos fundamentales y derechos humanos vulnerados como consecuencia del
conflicto armado, tales como el derecho a no ser sujeto de un desplazamiento
forzoso, a la propiedad, a la vivienda y a la restitución de los bienes,
ii) no prevé obligaciones concretas que los actores armados, así como el
Estado Colombiano deban asumir a fin de reparar el daño que resulte de sus
actuaciones bélicas,
iii) no garantiza que la población desplazada como víctima
particularmente vulnerable, ejerza plenamente su derecho a una reparación
integral y pueda acceder a una justicia de carácter restaurativo,
iv) aunque
su contenido obedece a la naturaleza de las leyes estatutarias ya que regula
aspectos relacionados con los derechos fundamentales de las víctimas y establece
disposiciones sobre el funcionamiento de la administración de justicia en los
procesos de responsabilidad penal de las organizaciones armadas al margen de la
ley, su debate y aprobación se llevó a cabo conforme al procedimiento de las
leyes ordinarias.
4.6.  Corporación
Colectivo de Abogados
El ciudadano Eduardo
Carreño Wilches en su calidad de miembro de la Corporación Colectivo de
Abogados, interviene en el proceso de la referencia con el propósito de
solicitar a la Corte que declare que los artículos acusados no se ajustan a los
mandatos superiores de la Constitución Política, con fundamento en las razones
que se exponen a continuación.
Advierte que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el quince (15) de septiembre de 2005 emitió
una sentencia condenatoria contra el Estado Colombiano por los hechos ocurridos
en el Municipio de Mapiripán (Meta), en donde grupos paramilitares apoyados por
miembros de la fuerza pública realizaron actos constitutivos de delitos de
homicidio, desaparición forzada, tortura entre otros ilícitos, en dicha
providencia el citado Tribunal Internacional hizo alusión a la aplicación de la
Ley 975 de 2005.
Sobre el particular
cita los apartes pertinentes de la sentencia referida.
Concluye que teniendo
en cuenta que el Estado Colombiano se encuentra en la obligación de cumplir con
los fallos emitidos por “órganos convencionales” como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que el fallo antes aludido sea
tenido en cuenta al momento de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la Ley
975 de 2005.
4. 7.  Universidad
Sergio Arboleda
El Decano de la
Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, interviene en el proceso
de la referencia con el fin de solicitar a la Corte que declare que los
artículos acusados se ajustan a lo previsto en los mandatos superiores de la
Constitución Nacional, con base de los argumentos que a continuación se
recapitulan.
El interviniente en
lo atinente al cargo de trámite formulado en la demanda, recuerda que la
violación de artículo 152 constitucional solamente puede ocurrir si se da
alguno de los dos supuestos siguientes, i) si se afecta un derecho
fundamental o ii) si se crea una jurisdicción especial diferente a las
existentes.
En ese entendido,
advierte que “La Constitución no consagra expresamente, dentro de del
capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, ninguno de los
mencionados por los demandantes.   Por un lado, frente a los delitos comunes,
el derecho a la verdad está vinculado a la obligación que tiene el titular de l
acción penal, que es, no debe olvidarse, el Estado, para investigar y
esclarecer los delitos.   Las víctimas de los mismos tienen respecto a los
responsables una acción civil, que pueden ejercer dentro del proceso penal o de
manera independiente en un proceso civil, pero no son titulares de la acción
penal.”
Aduce además que
frente a las graves violaciones de los derechos humanos la doctrina
internacional ha discutido sobre la existencia de un derecho de las víctimas a
que se haga justicia, que se conozca la verdad de los hechos ocurridos y que se
reparen los daños causados “esos llamados derechos, no son muy ajenos a los
principios que guían todo proceso penal, y en todo caso, no se encuentran
contenidos como tales en la Constitución Política Nacional ni en ningún
instrumento internacional sobre derechos humanos ratificado por Colombia.  Por
lo tanto, no se cumple la hipótesis de que se afecte un derecho fundamental”.
En lo relativo a
los cargos concretos formulados contra algunos artículos de la Ley 975 de 2005,
advierte que “La estructura utilizada en la mayor parte de la demanda es la
siguiente: puesto que existe el derecho constitucional a la verdad, justicia y
reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y
puesto que estos derechos han sido interpretados por algunos doctrinantes
internacionales de la siguiente forma: (Premisa Mayor) la palabra tal, del
artículo N debe declararse inconstitucional, ya que su aplicación podría llegar
a producir el efecto Y, el cual es contrario al contenido del derecho a la
verdad, justicia y reparación (Premisa Menor)”.
En ese
entendido, aclara que es necesario establecer que instrumentos internacionales
pueden ser considerados como parte del bloque de constitucionalidad, y por ende
servir de premisa mayor para una demanda de constitucionalidad.
Recuerda que la
Constitución Política en el artículo 93 “limita el efecto del llamado bloque
internacional de constitucionalidad a servir como un medio de interpretación
para los Derechos Humanos consagrados en la Carta.  Ello corresponde
eficazmente al principio de subsidiariedad en la materia que tiene el Derecho
Internacional, obedece al principio de universalidad de los Derechos Humanos y
garantiza a la ves (sic) la existencia de una seguridad jurídica constitucional
por la cual los derechos consagrados no pueden aumentar ni disminuir como
efectos de otros instrumentos distintos a la misma Constitución”.
Advierte que los
demandantes sustentan parte de su demanda en la supuesta contradicción que
existe en la interpretación de algunas palabras de los artículos acusados con
el desarrollo internacional que se ha dado a lo que ellos denominan “derechos
humanos a la verdad, justicia y reparación”, sin embargo, el supuesto
desarrollo internacional no es otros que unos principios actualmente en
consideración en el seno de la ONU –Principios de Joinet-, frente a la
violación de crímenes de guerra, y a algunos comentarios y recomendaciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados
principalmente con crímenes cometidos durante la dictadura Argentina.
En ese orden de
ideas, aduce que “Frente a los Principios de Joinet, que son la columna
vertebral de los argumentos de la demanda, los mismos demandantes reconocen que
ellos no hacen parte del bloque de constitucionalidad y en consecuencia no
pueden ser utilizados como argumentación jurídica para sustentar la
inconstitucionalidad de la ley”, además “Frente a las alegadas frases
dictadas por la Comisión Interamericana, cabe recordar que, en primer lugar la
Comisión IDH no es un órgano jurídico internacional sino un órgano de control
político de la Convención IDH, y en segundo lugar, en el caso de las citas
hechas por los demandantes, no se trata de observaciones generales hechas a la
Convención IDH, ni de recomendaciones hechas al Estado Colombiano, sino de
argumentos específicos para el caso de Argentina, que no pueden ser utilizados
objetivamente sino que deben leerse a la luz de la situación para la cual
fueron proferidas”.
Igualmente
aclara que el derecho a la justicia al que aluden los actores “es una
producción doctrinal internacional, resultado principalmente de las graves
violaciones de DIH en los conflictos internos e internacionales del mundo”, desconociendo
que el citado derecho ha sido abordado por la Constitución desde la perspectiva
del debido proceso y el acceso al recurso efectivo, es un derecho fundamental
que es exigible a partir de la dignidad del individuo como ciudadano, es
inherente a la esencia del Estado garantizarlo para todo tiempo y persona.
En esos
términos, a su juicio “En el caso de la Ley 975 de 2005, el problema que nos
ocupa es diferente, los crímenes cometidos a los que hace referencia tiene como
autor a movimientos armados ilegales y no al Estado, de donde se colige, que la
responsabilidad que tiene el Estado frente a la justicia es la de condenar a
los autores de los hechos y promover investigaciones dirigidas a encontrar la
verdad y a reparar a las víctimas.  El Estado no es el dueño de la verdad ni el
responsable de la reparación, puesto que no son sus actos los que se juzgan”.
En lo atinente
al cargo formulado según el cual el derecho colectivo a la verdad no se cumple
a cabalidad “por efecto de algunas frases de la ley”, indica que habría
que analizar hasta qué punto es razonable colegir un derecho colectivo a la
verdad a partir del derecho al debido proceso contenido en la Constitución,
puesto que ningún instrumento jurídico inmerso en el bloque de
constitucionalidad hace referencia a dicho derecho, “sólo se lo puede
encontrar en algunas interpretaciones doctrinales internacionales citadas por
los demandantes, las cuales no tienen ningún valor constitucional”.
En ese sentido,
destaca que la Ley 975 de 2005 contiene una extensa variedad de herramientas
destinadas a hacer públicos los procesos penales e incluso, prevé la creación
de una Comisión compuesta por elementos del Estado y los distintos grupos
ilegales con el fin de buscar la verdad de los hechos cometidos y hacerla
pública.
Aduce además que
“Los demandante argumentan que los artículos que se refieren a la
participación de la víctima y los familiares en los procesos, a el acceso que
ellos tendrán a los instrumentos procesales, la palabra ‘pertinencia’ adjunta a
los hechos que se darán a conocer a las víctimas y sus familiares, así como la
participación del Estado en la comisión de la verdad, son limitantes del
derecho a la verdad colectiva y que por ende deben ser declarados
inconstitucionales”, sin embargo, ese planteamiento desconoce que la
pretensión de la Ley 975 de 2005 es permitir antes que nada que las víctimas y
sus familiares acceder a la verdad en la medida en que serán ellos quienes se
encarguen de dar a conocer los hechos concretos, pero no es al Estado a quien
le corresponde sobrepasar el duelo y la intimidad de las víctimas para dar
publicidad a los hechos.
De igual manera,
explica que la reparación de las víctimas prevista en la Ley 975 de 2005, no
está únicamente comprendida por la indemnización, sino igualmente por la
verdad, las garantías de no repetición, la rehabilitación de comunidades, entre
otros, en general, se prevé la creación de un fondo de reparación, cuya
financiación provendrá de quienes se acojan a la Ley 975 de 2005, pues éstos
deberán entregar los bienes obtenidos ilícitamente y además en casos concretos
se prevé una parte del proceso en que las víctimas podrán hacer las
reclamaciones pertinentes sobre las reparaciones.
Manifiesta
entonces que “la Ley de ninguna manera pretende dejar sin reparación a las
víctimas o familiares de las víctimas, por el contrario enumera una serie de
herramientas para hacer la reparación viable, y además de las víctimas
individuales y sus familias, la ley prevé reparación a comunidades,
rehabilitación a víctimas, familias y comunidades, contacto con organizaciones
sociales, ayuda especial a niños, mujeres y ancianos”.
Así mismo,
indica que en lo relativo al argumento de la reparación colectiva a partidos
políticos y organizaciones “hay que poner de manifiesto que la reparación en
nuestro sistema es la consecuencia de un daño producido por un hecho, no una
forma de sanción.   Si se trata de violación de derechos humanos, quienes
ostentan esos derechos son justamente las personas individuales, las organizaciones
y los partidos políticos no pueden ser sujetos de derechos humanos.  Parece más
antijurídico el pretender generar indemnizaciones a organizaciones y partidos
políticos por medio de una ley de justicia y paz, que el limitar las
reparaciones a las verdaderas víctimas de los hechos, tanto a nivel individual
como a nivel comunitario, que es lo que hace la ley”.
Por otra parte,
manifiesta que los demandantes advierten sin indicar ninguna norma o
interpretación autorizadas, que es contrario a lo señalado internacionalmente
sobre los procesos de transición que el Estado Colombiano permita mediante una
Ley de la República que los miembros de los grupos armados organizados se
desmovilicen de manera individual dándoles garantías y beneficios sin que
realmente se esté logrando la paz mediante el desmonte real del grupo como tal,
no obstante esa “es una conclusión personal de la parte demandante que no
tiene sustento en ningún razonamiento de fondo, ni en ningún elemento
jurídico.  La afirmación de los demandantes no es coherente con la situación
real de la desmovilización, puesto que pretender dar garantías a quienes
únicamente se desmovilicen en grupo es negar la posibilidad de desmontes
graduales que motiven luego a la reinserción grupal”.
En lo atinente
al cargo formulado por los actores, de acuerdo con el cual la Ley 975 de 2005
establece una serie de discriminaciones que son violatorias del derecho a la
igualdad, considera que no debe proceder toda vez que, si la Constitución
Política prevé la posibilidad de fijar leyes de indulto por delitos políticos,
es evidente que se justicia hacer rebajas de penas en orden a buscar un proceso
de reconciliación nacional y a solucionar la situación de conflicto.
En esos
términos, a su juicio “El test de igualdad que hace el demandante no tiene
además ningún valor puesto que parte del postulado de que todos los
delincuentes son iguales, y en este caso se trata de una situación distinta que
fundamenta la diferencia de penas”, además, la Ley 975 de 2005, busca
proteger a las víctimas de directas y a sus familiares en forma preferente
respecto de las demás personas comunes “ello se sustenta en la lógica
jurídica de que son ellos los acreedores de la reparación y de la verdad, los
demás no pueden ser tratados en igualdad de condiciones a desmedro de quienes
realmente son los ostentadores del derecho.  La justicia consiste en darle a
cada cual lo que le corresponde y en ese sentido, la diferenciación creada por
la norma es simplemente justa”.
Finalmente, afirma
que si bien es cierto que los Convenios de Ginebra relativos al DIH, parten de
una diferenciación entre la población civil y los participantes del conflicto,
dicha diferenciación se justifica en la necesidad de crear una protección
mínima dada la situación para que a quienes no participan en el conflicto se
les respeten sus derechos fundamentales.  En efecto, “esa diferenciación que
hace el DIH, se viola cuando se les quiere quitar a los civiles la protección
que este derecho les confiere, pero de ninguna manera puede entenderse que se
viola el derecho cuando lo que se pretende hacer es una protección más amplia,
que no sólo proteja a los civiles sino también a los combatientes.  Argumentar
que una protección más amplia de los derechos humanos en cuanto a grupo
poblacional es una violación del DIH es desconocer el principio pro homine de
los Derechos humanos y adelantar un proceso de retractación en la protección
Estatal de dichos derechos”.
Concluye entonces que no existe ninguna
trasgresión de las exigencias de los derechos a la verdad, justicia y
reparación, sino que por el contrario, la Ley 975 de 2005 cumple a cabalidad
con lo que se podría catalogar como el contenido material de dichas garantías.
4.8.  Intervención ciudadana
La ciudadana Karol
Patricia Cotes Cantillo, interviene dentro del proceso de la referencia, con el
propósito de coadyuvar la demanda formulada por los demandantes contra la Ley 975 de 2005, y
para el efecto reitera en su escrito los argumentos por ellos expuestos en
contra de las disposiciones acusadas.
4.9.
Intervenciones de organismos y ONG’s internacionales
Dentro del término de fijación en lista,
intervinieron en el presente proceso algunas ONG’s internacionales, así como
personas vinculadas a entidades de rango internacional.   No obstante, de
conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 242 de la
Constitución Nacional en los procesos de constitucionalidad que se adelanten
ante la Corte Constitucional solamente podrán intervenir en calidad de
impugnadores o defensores de las disposiciones jurídicas sometidas a control
los ciudadanos colombianos, razón por la cual las citadas intervenciones no
serán tenidas en cuenta en la sentencia y en relación con ellas se hace
simplemente la siguiente relación.
4.9.1.  Grupo de Abogados de Derechos
Humanos Internacionales –SHIRG-
El Grupo de Abogados de Derechos Humanos
Internacionales –SHIRG-, interviene en el presente proceso a través de uno de
sus miembros con el fin de solicitar a la Corte que declare la inexequibilidad
de las disposiciones acusadas.
4.9.2.  Bar Human Rights Committee
–BHRC-
El BHRC interviene en el presente proceso
a través de un miembro del Comité Ejecutivo, con el fin de coadyuvar las
pretensiones de la demanda, en consecuencia solicita a la Corte que declaré que
los artículos acusados de la Ley 975 de 2005 son inconstitucionales.
4.9.3.
Comisión Internacional de Juristas –International Comisión of Jurists-
La Comisión
Internacional de Juristas –CIJ- interviene en el presente proceso mediante un memorial
en derecho Amicus Curiae, con el fin de solicitar a esta Corporación que
declare que la Ley 975 de 2005 es inconstitucional.
4.9.4.
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL- y Clínica de
Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School
La Directora de la Oficina en Washington
del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL- y los abogados
de la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School,
intervienen en el proceso de la referencia, con el propósito de solicitar a la
Corte Constitucional que declare inexequible la Ley 975 de 2005 por desconocer
en forma evidente los mandatos superiores de la Constitución Nacional.
4. 10.  Intervenciones Extemporáneas
Una vez vencido
el término de fijación en lista,[1] fueron recibidos en la
Secretaria General de esta Corporación, los siguientes escritos extemporáneos:
4.10.1.
El diez (10) de febrero de 2006, intervención de la
Universidad Autónoma de Colombia, suscrita por el
Decano de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, en la que pide a la
Corte Constitucional que declare que los artículos acusados no se ajustan a los
mandatos superiores de la Constitución Nacional.
4.10.2.
El dieciséis (16) de febrero de 2006, intervención
de la Comisión Colombiana de Juristas, suscrita por el
Director y Representante Legal de la misma, mediante la cual se aporta copia de
la demanda que presentó contra la Ley 975 de 2005, y en la que solicita a la
Corte que declare la inexequibilidad de toda la Ley referida.
4.10.3.
El diecisiete (17) de febrero de 2006, intervención
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, suscrita por el Decano de la Facultad de Jurisprudencia, mediante la cual
se remite con destino al proceso de la referencia la Edición Especial de la
Revista de Estudios Socio-Jurídicos sobre Justicia Transicional Volúmenes 6 y 7
que contienen un artículo sobre la Ley 975 de 2005.
4.10.4.
El diecisiete (17) de febrero de 2006, intervención
de la Universidad del Norte de Barranquilla, suscrita por una docente del Área de Derecho Público de la División de
Ciencias Jurídicas, en la que pide a esta Corporación la declaratoria de
inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005.
4.10.5.  El veinticuatro (24) de febrero de
2006, intervención de la Universidad de Ibagué –Coruniversitaria-, suscrita por
un docente de la Facultad de Derecho, en la que se solicita a la Corte
Constitucional que declare la inexequibilidad de los artículos acusados de la
Ley 975 de 2005.
4.10.6.  El veintisiete (27) de febrero de
2006, intervención de la Fiscalía General de la Nación, suscrita por el Fiscal
General de la Nación (E), a través de la cual solicita a la Corte que se
acumulen al proceso de la referencia los expedientes D-5966, D-6028, D-6079 y
D-6081.
4.10.7.
El diez (10) de marzo de 2006, intervención de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, suscrita por el Decano de la
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas mediante la cual pide a esta
Corporación que declare que la constitucionalidad condicionada de los artículos
acusados, en el entendido que los artículos atinentes a los instrumentos y
sistemas establecidos en el procedimiento de la Ley 975 de 2005 en su
interpretación respondan a los valores y principios del Derecho Internacional
Humanitario.
4.10.8.  El veintitrés (23) de marzo de 2006,
intervención de la Universidad Santo Tomás suscrita por la Directora del
Consultorio Jurídico de dicha Universidad, mediante la cual solicita a la Corte
que declare la inexequibilidad de la Ley 975 de 2005.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor
Procurador General de la Nación (E), allegó el concepto número 4046, recibido
el nueve (9) de marzo de 2005, en el cual solicita a la Corte inhibirse para
emitir pronunciamiento de fondo respecto de algunos de los artículos
demandados, con relación a otros solicita la declaratoria de exequibilidad
simple o condicionada y la inexequibilidad de algunas de dichas disposiciones
jurídicas, de conformidad con las siguientes consideraciones.
5.1 El Señor
Procurador General (E) solicita  que la Corte se inhiba para emitir
pronunciamiento de fondo respecto de algunos de los cargos planteados en la
demanda, a saber,
i)Considera que no es procedente examinar la acusación formulada
contra los artículos 9° y 11, inciso 1º de la Ley 975 de 2005, en el sentido
que la desmovilización individual no contribuye realmente a la paz y por el
contrario es una estrategia de guerra, como quiera que los demandantes no
exponen un cargo del cual surja al menos una mínima duda sobre la
incompatibilidad de tales preceptos y una disposición constitucional, en ese
sentido, “la censura a las citadas normas se edifica en los efectos
prácticos que en criterio de los demandantes puede llegar a tener un proceso de
desmovilización individual, más no en el contenido normativo y efecto real de
tales disposiciones”,
ii) No se debe abordar el estudio del cuestionamiento presentado contra
la expresión “sobre los hechos objeto de la investigación” del artículo
15, inciso 1º, ídem, pues se aparta de su contenido normativo, censurando una
interpretación que no se deriva de la norma.   En efecto, a su juicio, los
actores dicen que el mencionado inciso no garantiza que los servidores públicos
establezcan todas las condiciones y móviles de las conductas investigadas,
cuando la norma no hace ni expresa ni tácitamente ninguna exclusión en relación
con los aspectos que deben investigarse de los hechos objeto del proceso, a
ello se suma que, si la censura se refiere a la ausencia de estudios sobre las
causas de las conductas delictivas desde el punto de vista criminológico y con
el fin de servir de parámetro para la adopción de una política criminal, el
cargo igualmente se aparta del contenido de la norma, pues olvida que la
disposición se refiere a los deberes de los servidores públicos que intervienen
dentro de la actuación penal, verbigracia, el Fiscal, el Magistrado de control
de garantías y el de juzgamiento, las autoridades de policía judicial, entre
otros, no de todos los servidores públicos en general, ni de las autoridades
encargadas del estudio y adopción de políticas frente al fenómeno criminal.
iii) En relación con la acusación contra el parágrafo 2º del artículo 23,
los demandantes no señala con claridad y coherencia cuáles son las razones por
las cuales estiman que dicha disposición no permite garantizar el derecho a la
reparación integral, y, además, desconocen por completo el contenido normativo
de la previsión legal que se demanda, que simplemente señala la procedencia del
beneficio jurídico cuando la víctima motu proprio se abstiene de ejercer
sus derechos dentro del incidente de reparación integral, de tal forma que, en
ningún momento el parágrafo acusado hace referencia a condiciones o
prohibiciones a las víctimas que incidan en la efectividad de su derecho a
obtener la reparación integral.
iv) solicita que la Corte se abstenga de emitir  pronunciamiento
respecto de la expresión “que se destinarán a la reparación” que hace
parte del artículo 24 de la Ley 975, pues aunque la demanda la resalta como
acusada ningún cargo se formula en su contra.
v) El cargo planteado contra el artículo 37, numeral 38.2 de la Ley 975
carece de coherencia y justificación, toda vez que, los demandantes solicitan
la inexequibilidad de la norma que consagra el derecho de las víctimas a ser
protegidas en su intimidad y seguridad, cuando quiera que resulten amenazadas,
porque no reconoce el mismo derecho cuando ni la intimidad ni la seguridad
están amenazadas, argumento incoherente y carente de racionalidad, pues
pretenden la adopción de medidas de protección cuando la víctima no las
necesita, porque su seguridad e intimidad no están corriendo ningún peligro.
vi) No existe coherencia entre la acusación formulada contra el inciso
2° del artículo 45 y su contenido, lo que impide adelantar su estudio.  En
efecto, señala que mientras la disposición acusada dispone que “Nadie podrá
recibir dos veces reparación por el mismo concepto”, con el fin de evitar
el eventual abuso de este derecho, el cargo se estructura en que el derecho a
la reparación tiene varios componentes que no pueden ser desconocidos por
aquella disposición, planteamiento que carece de coherencia, pues se refiere a
un asunto distinto -el contenido de la reparación-, y parte de una consecuencia
que de ninguna manera puede atribuirse al artículo demandado, como es el
desconocimiento de todos aquellos componentes del citado derecho de las
víctimas.
5.2 La Vista Fiscal, luego de hacer un
pormenorizado estudio  sobre el contexto jurídico-constitucional que acompañó
la expedición de la Ley 975 de 2005 así como sobre los elementos estructurales
de la  referida Ley 975  y de los parámetros a aplicar para su control procede
a efectuar el análisis de los cargos formulados en la demanda.
Aduce que la acusación formulada por los
demandantes, según la cual la Ley 975 de 2005 debió tramitarse a través del
procedimiento establecido para las Leyes Estatutarias y no mediante una Ley
Ordinaria carece de fundamento.
Por otra parte
en relación con la acusación formulada contra los
artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 de 2005, según
la cual dichas disposiciones desconocen la
vigencia que conforme al artículo 5° del Acto Legislativo No. 03 de 2002
tiene el sistema penal acusatorio, aclara que la Ley
975 ibídem, no fue expedida con el fin de establecer reglas de procedimiento
penal que desarrollaran el Acto Legislativo referido, pues de eso se ocupó en
su momento la Ley 906 de 2004.
Explica que “el legislador expidió la Ley 975 de 2005, con el objeto de
establecer un mecanismo encaminado a la consecución de la paz, mediante el
establecimiento de condiciones que promuevan y permitan la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley a la vida civil,
respetando los derechos de sus víctimas. Se trata así de un procedimiento
especial y distinto al fijado en la Ley 906 de 2004, diseñado para facilitar el
proceso de desmovilización, reincorporación y reconciliación nacional, en
desarrollo del deber estatal de promover la obtención y el mantenimiento de la
paz real y duradera, a efectos de dar cumplimiento al artículo 22 de la
Constitución Política”, en ese sentido, no puede decirse entonces que la Ley aludida en
cuanto establece figuras similares a las previstas en el Acto legislativo No.
03 de 2002, como el Magistrado de garantías, hace parte de ese nuevo sistema
procesal, de tal forma que como lo indica el artículo 5º transitorio sólo puede
aplicarse a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia de la Ley que
la establezca, es decir, a los cometidos a partir del 1º de enero de 2005, como
lo dispuso la citada Ley 906.
Indica que es
claro que en razón de la finalidad misma de la Ley 975 de 2005, ésta es una
norma especial que no puede encuadrarse ni en el sistema mixto de la Ley 600 de
2000 ni en el de la Ley 906 de 2004, sin que ello signifique que los
funcionarios llamado a aplicarla no puedan hacer uso de los mecanismos o etapas
de esas otras Leyes referidas con el fin de garantizar los derechos tanto de
las víctimas como de los victimarios.
Por otra parte, en relación con los cargos formulados contra la
expresión “promover” que hace parte de los artículos 4º y 7º-inciso 2°
de la Ley 975 de 2005, aclara que “de acuerdo a la Real Academia Española de
la Lengua “promover” significa “iniciar o adelantar una cosa, procurando su
logro” o “Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo”.   Desde
el punto de vista gramatical y haciendo una interpretación aislada del artículo
4, podría entenderse la expresión promover en cualquiera de estos dos sentidos.
De acogerse el primero, es decir hacer algo procurando su logro, ciertamente
podría entenderse que las autoridades no estarían realmente obligadas a
garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las
víctimas en desarrollo del proceso de reconciliación nacional, y en concreto
respecto del artículo 7 inciso 2°, tampoco estaría obligado a adelantar una
investigación seria que permitiera determinar lo sucedido, de tal manera que se
incumpliría uno de los deberes que tiene el Estado en materia de Derechos
humanos; sin embargo, bastaría examinar el objetivo que en el artículo 1° se
asigna a la Ley para desestimar esa fragmentada hermenéutica. En efecto, allí
se establece que el proceso de desmovilización encaminado a la consecución de
la paz debe adelantarse “garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación”. Con este objetivo en la mira, otras
disposiciones de la Ley 975 enfatizan el deber del Estado de garantizar el
ejercicio pleno de estos derechos”.
En ese entendido, afirma que cuando el Legislador establece en el artículo
4º de la Ley 975 de 2005 que “deberá promoverse, en todo caso, el derecho de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, debe entenderse que
el Estado debe satisfacer en todo caso los derechos a las víctimas,
especialmente si se tiene en cuenta que i) los derechos de las víctimas
no son absolutos ni prevalecen sobre las garantías procesales que en todo caso
hay que respetar a quienes son sometidos a una investigación penal, y ii) que
el deber de investigar, componente del derecho a la justicia y garantía del
derecho a la verdad, es una obligación de medio, que impone a las autoridades
el deber de adelantar investigaciones serias, más no supone la actuación
infalible de las mismas, por esa razón, el inciso final del artículo 7º, luego
de señalar que las investigaciones y procesos judiciales deben “promover”,
es decir, tomar la iniciativa para lograr el esclarecimiento de los hechos e
informar a las víctimas, indica que el desarrollo de esos procesos judiciales “no
impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad”.
En ese orden de ideas, argumenta que contrario a lo afirmado por los
accionantes, no puede afirmarse que a través de las expresiones acusadas el
Estado se exonera de los correlativos deberes que le imponen los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ni que el deber
constitucional de adelantar la acción penal para investigar los delitos y
conocer la verdad quede a la liberalidad de los funcionarios judiciales, cosa
distinta es que eventualmente el Legislador no prevea mecanismos efectivos que
desarrollen los artículos acusados de la Ley 975 de 2005, aspecto que debe
analizarse frente a cada disposición concreta, cuando por tal motivo pueda ser demandada.
De otra parte,
explica que en relación con las acusaciones formuladas en la demanda relativas
a quienes son los titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación que deben garantizarse durante los procesos penales adelantados
conforme a las previsiones de la Ley 975 de 2005, se deben reiterar los
criterios expuestos por la Vista Fiscal en el concepto No.4030, en el sentido
de que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser incluidos en la
definición de víctima, puesto que si bien de conformidad con lo previsto en el
artículo 5° de la Ley 975 ibídem allí se incluyó dentro de la definición de la
víctima, a los miembros de las fuerzas armadas que hayan sufrido lesiones o
menoscabo de sus derechos como consecuencia de la acción de los grupos armados
al margen de la ley, “esa incorporación que hace el legislador es contraria
a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que éste
les reconoce a los miembros de las fuerzas armadas que hayan padecido algún
daño en la confrontación, el status de combatiente, y los excluye del ámbito de
aplicación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional. En consecuencia, la inclusión de los miembros de la Fuerza
Pública en el contexto de la Ley 975 de 2005, como víctimas del conflicto es
contraria a los estándares internacionales, razón por la cual se solicitará su
inexequibilidad, declaración que no afecta los derechos de éstos, pues, por su
especial función, son protegidos por el Estado a través de otras normativas”.
En esos
términos, a su juicio resulta inaceptable que entre otras cosas, los miembros
de la Fuerza Pública o sus familiares deban recurrir al Fondo de Reparación de
que trata la Ley aludida, para obtener las indemnizaciones a que haya lugar por
su participación y daños sufridos en combate o con ocasión del mismo, como se
derivaría de la aplicación del artículo acusado, cuando el Estado tiene
establecido para ellos instituciones y mecanismos especiales e idóneos para tal
fin.
Del mismo modo,
en relación con el concepto de lo que se debe entender por víctima o víctimas,
señala que la Ley 975 de 2005 les concede posibilidades de acceso a la
administración de justicia en defensa de sus intereses e igualmente a ellos
refiere el derecho a saber la verdad, en algunos de los artículos, a ello se
debe agregar, que la Constitución Política si bien se refiere a la víctima como
destinataria de medidas especiales de protección y titular del derecho a la
reparación integral, no concreta una definición de quién es víctima, ni hace
una distinción con los perjudicados, lo que prima facie podría
avalar la exequibilidad del concepto que trae la Ley aludida, sin embargo, la
definición de las víctimas para efectos de la citada Ley 975, expedida con el
fin de lograr, entre otras cosas, la reconciliación nacional, no se ajusta a
los estándares internacionales conforme a los cuales, los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación deben reconocerse a todo aquel que haya padecido un
daño derivado del comportamiento, es decir, tanto a la víctima directa como a
los perjudicados, que pueden ser uno o varios.
Sobre el particular cita lo establecido en los principios 8 y 9 de
los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de
Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
Advierte además
que en igual sentido, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
han precisado que no sólo los individuos pueden ser considerados como víctimas,
sino que en ciertos casos las mismas comunidades, pueblos indígenas, grupos
políticos, entre otros, pueden ser consideradas como tales, a ello debe
agregarse que la Corte Constitucional en la misma sentencia de
constitucionalidad que consolidó el reconocimiento de los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación, vinculó el concepto de víctima o perjudicado a
la existencia de un daño real, concreto y específico, no necesariamente
económico, derivado de la infracción penal, daño que no puede estar determinado
por la relación de parentesco con la víctima directa, y que como tal justifica
su intervención dentro de la actuación penal.
Al respecto cita
apartes de las sentencias C-228 de 2002, C-239 de 2003
y T-114 de 2004.
Estima que “es
claro que el legislador debe garantizar la intervención en la actuación penal,
tanto de las víctimas directas y sus sucesores, como de los perjudicados con
las infracciones al derecho penal y con mayor razón  a los de violaciones a los
derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, ya
sea que se trate de personas naturales o trascienda a comunidades o
agrupaciones”.
En ese orden de
ideas afirma que dos caminos se vislumbran frente a los cuestionamientos de los
demandantes sobre el reconocimiento de los derechos como víctimas sólo a un
grupo o sector de los eventuales afectados, a saber, i) la Ley 975 de
2005 sólo incorpora en el concepto de víctima, a las víctimas directas y los
parientes más cercanos, y es a ellos a quienes reconoce y garantiza los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, mediante los mecanismos
jurídicos allí previstos, lo cual desconoce flagrantemente que, como lo
establece el Derecho Internacional y la jurisprudencia constitucional, la
condición de titular de los derechos antes mencionados surge del daño, no de la
mera relación de parentesco, de tal manera que puede ser víctima tanto un
familiar en primer grado de consanguinidad, o en tercero, como la misma
comunidad a la que pertenece la víctima directa, un ejemplo evidente de ello
son las prácticas genocidas y los desplazamientos forzados de comunidades
étnicas, pueblos indígenas y tribales a quienes se les reconoce el derecho de
propiedad colectiva sobre el territorio que ocupan ancestralmente (Convenio 169
de la OIT), y ii) la definición de víctima prevista en el artículo 5°
ibídem, pretendía incorporar a quienes la sentencia C-228 de 2002 define como
víctimas y perjudicados, con el fin de brindar a todos los que posiblemente
pueden resultar afectados con las conductas violatorias de los derechos
humanos, los mecanismos de satisfacción de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, lo cual tampoco supera el examen de
constitucionalidad, pues al cuestionamiento anterior, cabe añadir que excluye a
parientes que se encuentran en otros grados de parentesco y que también pueden sufrir
daño como consecuencia del delito, como por ejemplo los hermanos del
desaparecido, cuando éste carece de ascendientes, descendientes y cónyuge o
compañero(a) permanente.
Para el
Ministerio Público entonces “sea cual fuere la finalidad del referido artículo
5° de la Ley 975, es claro que no involucra a todos aquellos que pueden padecer
un daño real y concreto derivado de la conducta punible y, en consecuencia,
permite que ciertos derechos como el derecho a la verdad o a la justicia no
sean garantizados plenamente a las colectividades o grupos poblacionales,
agremiaciones, y tampoco a aquellos que no se encuentran dentro del grado de
parentesco señalado en esa disposición y en los artículos 47 y 48 ídem”, y
en ese sentido, la Ley 975 de 2005 se aparta de los estándares internacionales
en la materia, y viola el principio de igualdad, pues aunque la infracción
genere daños a varias personas con distinta relación de parentesco o a
colectividades, sólo algunas personas, los parientes precisados en el artículo
5° aludido, podrán acudir al proceso en procura de la defensa y satisfacción de
sus derechos como víctimas, pero además, las comunidades únicamente serán
consideradas para adoptar algunas medidas de reparación, no todas, sin
permitirles tampoco la participación en el proceso como víctimas.
En efecto, hace
énfasis en que la inexequibilidad de las disposiciones de la Ley 975 que
restringen el concepto de víctima, es manifiesta, por ejemplo, en relación con
los hijos y padres adoptivos de personas secuestradas, quienes al tenor de la
misma, no son víctimas directas por lo que no pueden acudir al proceso porque
el delito no es homicidio ni desaparición, y tampoco les reconoce los derechos
a la rehabilitación y a ser destinatarios de medidas de satisfacción y garantías
de no repetición como el restablecimiento de la dignidad y otros derechos, por
consiguiente: “cabría preguntarse si una disposición así es compatible con
el artículo 42, inciso 4 de la Constitución Política que pregona la igualdad
entre todos los hijos ya sean procreados o adoptados, y si desde el punto de
vista fáctico es coherente con la realidad, dado que se fundamenta en que los
hijos adoptivos por ser tales no se afectan con el secuestro o la desaparición
de quien los ha adoptado y por ello tampoco requieren atención psicológica
frente a tales conductas”.
Destaca
igualmente que frente a las colectividades sucede otro tanto, pues grupos
étnicos afectados por el desplazamiento forzado de sus lugares ancestrales de
asentamiento, despojados de sus tierras, no podrán acudir como víctimas para
reclamar dentro del proceso penal la devolución de las mismas, precisamente
porque el Legislador no los enunció como tales, y por tanto la única opción con
la que cuentan es esperar a que los funcionarios judiciales, motu proprio,
soliciten la devolución de esos bienes y dispongan su restitución, y si éstos
no lo hacen, ningún recurso o mecanismo de defensa les brinda la Ley 975
aludida, pues no son considerados víctimas y por tanto carecen de la potestad
de impugnar esas decisiones.
En ese entendido,
considera necesario determinar la constitucionalidad de cada una de las normas
demandadas por el desconocimiento de la calidad de víctima, y lo hace en los
siguientes términos, en relación con el artículo 5° atendiendo al principio de
conservación de la norma y la importancia de determinar para efectos de la Ley
975 de 2005 quienes son considerados víctimas, solicita a la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad de la expresión “directos”
que hace parte del inciso 1º y 2° del artículo 5°, de la expresión “o sus
parientes en primer grado de consanguinidad” del artículo 47, y de la expresión
“y la de sus parientes en primer grado de consanguinidad” que hace parte
del artículo 48, de tal forma que el concepto de víctima no sea restringido y,
por el contrario, se compagine y se haga compatible con la definición que la
jurisprudencia constitucional e internacional ha elaborado sobre la materia y
que para estos efectos tiene carácter vinculante para el juez constitucional,
de forma tal que deberá entenderse que, como lo han señalado la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ciertos casos las mismas
comunidades, pueblos indigenas y tribales, grupos políticos, entre otros,
pueden ser consideradas como víctimas cuando se demuestre el daño ocasionado
con el delito a esa comunidad.
De otra parte,
aclara que determinado así el alcance del concepto de víctima, no habría lugar
a solicitar la inexequibilidad de los incisos 1°, 3° y 4° del artículo 23 acusado,
por el cargo referido al incidente de reparación integral, por cuanto las
comunidades también podrán promoverlo, acreditando su condición de víctimas de
los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados al margen de la
ley.
Sobre el particular,
finalmente precisa que “aunque la definición de la víctima traída de la
jurisprudencia constitucional nacional y del derecho internacional puede
ampliar el número de destinatarios de los derechos reconocidos en la ley a las
víctimas, con los consecuentes problemas que pueden generarse para la plena
satisfacción de los derechos que comprometen recursos económicos, la solución
de los problemas presupuestales derivados no es un argumento que razonablemente
justifique la negación de los derechos fundamentales de las víctimas bien sean
individuales o colectivas. Para el Ministerio Público es importante destacar
que estos derechos no pueden quedar al vaivén de la disponibilidad presupuestal
ni de los victimarios ni del Estado, este último  tiene el deber de asumir la
obligación de agotar todos los mecanismos para lograr el resarcimiento real de
las víctimas, como responsable que es de neutralizar y eliminar el conflicto
armado interno y sus efectos directos y colaterales. En este caso, no puede
olvidarse que el obligado a reparar es el Estado, él es el llamado a agotar
todos los medios a su alcance para logar la satisfacción de este derecho tal
como lo establecen los estándares internacionales en esta materia”.
En lo atinente a
las expresiones “e informar a los familiares lo pertinente” que hacen
parte del artículo 7°-inciso 2° y “a los familiares” que hacen parte del
artículo 15 de la Ley 975 de 2005, estima que éstas deben ser declaradas
exequibles, puesto que para garantizar el derecho a la verdad de las comunidades
afectadas con las acciones ilícitas de los grupos armados al margen de la ley,
teniendo en cuenta que las comunidades bien sean ellas colectividades,
asociaciones, agremiaciones, grupos étnicos, entre otros, pueden eventualmente
ser consideradas como víctimas, calidad que les permite acceder al proceso,
colaborar en su desarrollo, informarse de los resultados de las
investigaciones, y, como lo señalan los artículos acusados, conocer la verdad
sobre los delitos y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y
desaparición forzada, especialmente si se tiene en cuenta que el conocimiento
de la verdad tampoco se les niega en aquellos eventos en que no tienen la
calidad de víctima, pues de conformidad con la dimensión colectiva del derecho
a la verdad, es claro que la sociedad también es titular de este derecho tal
como lo indica expresamente el artículo 7° de la Ley ibídem, sociedad que tiene
derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por los grupos armados
al margen de la ley y el paradero de las víctimas y desaparecidos.
En igual
sentido, manifiesta que respecto del cargo contra la expresión “pertinente”
que hace parte del artículo 7°-inciso 2 acusado, la Corte no debería emitir
pronunciamiento alguno, en la medida en que éste “se fundamenta en la
hipotética mala aplicación que hagan los funcionarios judiciales de la norma,
más no en una verdadera confrontación de ella con los postulados
constitucionales, por lo cual se solicitará en primera instancia a la Corte
abstenerse de pronunciarse al respecto. Sin embargo, la Corte podría optar por
declarar su exequibilidad, si se tiene en cuenta que el artículo 37, numeral
38.6 ídem, que desarrolla el artículo 7 precisa que las víctimas  tienen
derecho “a ser informadas sobre la decisión definitiva de la persecución
penal”, y el artículo 48, numeral 49.1 incluye dentro de las medidas de
satisfacción la difusión pública y completa de la verdad”.
En lo atinente a los cargos formulados contra el artículo 10 de la
Ley 975 de 2005 y específicamente contra el numeral 10.4, considera que éste es
constitucional, toda vez que establece que abstenerse de adelantar cualquier
acción que interfiera, de algún modo, en el ejercicio de los derechos políticos
y libertades públicas, es una condición insalvable para acceder a los
beneficios consagrados en al Ley 975 de 2005, de suerte tal que no es posible
que el artículo demandado se interprete en la forma planteada por los
demandantes, es decir, que bajo su amparo los grupos al margen de la ley
continúen establecidos en la zona en donde venían operando, presionen o
intervengan desde allí en actividades proselitistas, por varias razones a
saber, i) la primera condición para acceder a los
beneficios jurídicos establecidos en la Ley 975, es que el grupo armado
organizado al margen de la Ley “se haya desmovilizado y desmantelado en
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional”, esta desmovilización,
como lo señala el artículo 9° inciso final, se realizará conforme a las
previsiones de la Ley 782 de 2002, ii) el artículo 3°
parágrafo 1º de la Ley 975 ibídem, señala que dentro del proceso de negociación
encaminado a la desmovilización, puede acordarse la ubicación temporal de los
miembros del grupo en determinadas zonas del territorio nacional, en donde
deberá garantizarse el normal y pleno funcionamiento de las instituciones
civiles, de tal manera que aún antes de desmovilizarse, los grupos pueden ser
ubicados en zonas distintas a las que venían operando, o si se fijan éstas como
zonas de ubicación, deberán garantizarse allí el normal y pleno funcionamiento
de las instituciones políticas, iii) la desmovilización
comprende la dejación o desintegración del grupo armado al margen de la ley, el
abandono de las armas y la reincorporación a la vida civil, lo cual excluye que
aquél siga haciendo presencia y actuando como tal en las zonas en donde
habitualmente venía operando, de tal manera que a través de la primera
condición señalada en el artículo 10 se garantiza que los grupos armados
organizados al margen de la ley que quieran beneficiarse de las medidas
señaladas en la Ley 975 de 2005, no puedan incidir ni siquiera con su sola
presencia en los procesos electorales, intimidando a los sufragantes o a
quienes hacen proselitismo, pues de llegar a reunificarse y obrar de este modo,
estarían incumpliendo el acuerdo de desmovilización y por tanto cerrando las
posibilidades de acogerse a la citada Ley, iv) el mandato del
artículo acusado lleva implícita la prohibición que extrañan los demandantes,
pues es clara la norma cuando advierte que el grupo debe cesar toda
interferencia en el libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita, comprendiendo en este
concepto cualquier comportamiento o delito que atente contra el ejercicio de
los mecanismos de participación democrática (Titulo XIV, Capitulo único de la
Ley 599 de 2000), y v) finalmente, cabe entender que los
destinatarios de la Ley son los miembros de los grupos armados ilegales que
tengan condenas, sean o puedan ser procesados y condenados por delitos
cometidos con ocasión y durante su pertenencia al mismo, circunstancias que
naturalmente impiden su participación como candidatos en las contiendas
electorales.
Respecto de la
acusación formulada contra el numeral 10.5 del artículo 10 acusado, considera
que lo allí establecido no riñe con el principio de responsabilidad, ni con las
previsiones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes, por varias razones a saber,
i) la disposición aludida establece como condición para acceder
a los beneficios de la Ley 975 de 2005, cuando se trata de una desmovilización
colectiva, que el grupo no se haya organizado o creado con el fin de realizar
tráfico de estupefacientes, de tal forma que si el grupo participó en tales
comportamientos pero no fue creado con este fin, los integrantes pueden ser
beneficiados con la imposición de una pena alternativa de entre 5 y 8 años de
prisión,
ii) esa pena alternativa, como se indicó en
la parte inicial, es distinta de la pena principal que el Tribunal debe
imponerle como responsable del tráfico de estupefacientes y de acuerdo a los
límites punitivos señalados en la descripción típica (artículo 375 y ss de la
Ley 599 de 2000), se trata de un beneficio jurídico que reduce el término de
cumplimiento efectivo de la condena a prisión, bajo el cumplimiento de todas
las condiciones señaladas en la ley. Es decir, al responsable de este delito se
le impondrá la pena que le corresponda de acuerdo a su gravedad, aunque el
tiempo de reclusión penitenciaria sea inferior en virtud del otorgamiento del
beneficio jurídico, al que accede de cumplir con los demás requisitos y
compromisos que señala la Ley 975 de 2005,
iii) el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas al tiempo que
exige la fijación de penas proporcionales a la gravedad de la conducta, no
excluye la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos similares a los
diseñados en la ley, que conlleven el cumplimiento efectivo de sólo una parte
de la pena principal impuesta, es así como señala en el numeral 7° que “Las Partes velarán porque sus tribunales o demás
autoridades competentes tengan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados
en el párrafo 1 del presente artículo y las circunstancias enumeradas en el
párrafo 5 del presente artículo al considerar la posibilidad de conceder la
libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido
declaradas culpables de alguno de esos delitos”, quedando en manos del Legislador nacional la
adopción o no de tales figuras, de acuerdo a la política criminal que, frente
al conflicto armado interno ha optado por establecer mecanismos que faciliten
la dejación de las armas de quienes participan en tales actividades y su
reincorporación a la vida civil, y,
iv) permitir que los miembros de los grupos armados que hayan incurrido
en tráfico de estupefacientes sean eventualmente favorecidos con el beneficio
jurídico de la pena alternativa, no desconoce per se las disposiciones
superiores antes señaladas, máxime cuando la misma ley ha indicado que se
aplica a las conductas cometidas durante y con ocasión de la pertenencia al
grupo armado cuya desmovilización pretende facilitarse mediante los mecanismos
jurídicos fijados en la ley.
En el mismo
sentido, en lo que atañe a la acusación formulada contra el numeral 10.6 del
artículo 10 acusado, considera que éste previa integración de la unidad
normativa con el artículo 11 acusado, deben ser declarados exequibles, bajo el
entendido “que es un requisito de elegibilidad que el desmovilizado informe
todo cuanto sepa sobre la ubicación de la personas desaparecidas o de sus
cadáveres”.  Con ese propósito, reitera los criterios expuestos en el
Concepto No.4030, en el sentido que, los demandantes dirigen la censura
exclusivamente contra el numeral 10.6, sin embargo la argumentación por ellos
esgrimida permite colegir que la omisión legislativa relativa en realidad se
predica de todo el artículo que fija los requisitos de elegibilidad para la
desmovilización colectiva y que de hecho también podría afectar el
artículo 11 ibídem, que señala los requisitos cuando la desmovilización es
individual, porque en este caso también se impone al miembro del grupo entregar
toda la información que permita establecer el paradero de las personas
desaparecidas por la organización armada ilegal de la que desea desvincularse.
En efecto,
indica que como bien lo sostiene la demanda, en garantía del derecho a la
verdad, en la esfera individual y en la colectiva, es imperioso exigir a los
integrantes de los grupos armados ilegales que soliciten acogerse al
procedimiento y beneficios contemplados en la Ley 975 de 2005, que en la
versión libre den toda la información que tengan sobre la localización de las
personas desaparecidas o de sus cadáveres en el evento en que esa organización
ilegal les haya dado muerte, pues las víctimas de tan atroz conducta tienen derecho
a saber en dónde pueden ser hallados sus seres queridos, se encuentren
con vida o no, sin que para tal efecto sea admisible, ni constitucionalmente
aceptable, que esa información sea entregada sólo como parte del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la sentencia para acceder al beneficio jurídico
y satisfacer el deber de reparar “No. Esta información es vital para que el
desmovilizado pueda ser elegible”.
Hace énfasis
entonces en que la desaparición forzada es un crimen atroz contra los derechos
humanos que como tal justifica, en los eventos en que el Estado no cumpla con
la obligación de garantizar a las víctimas el derecho a saber, la intervención
de instancias internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional y
compromete la responsabilidad del Estado, precisamente reviste tal gravedad
este comportamiento que es expresamente prohibido por la Constitución Política
en el artículo 12, del cual se deriva la obligación estatal de fijar mecanismos
tendientes a evitar su consumación y cuando se presente, para que ella cese, en
ese entendido, es indiscutible que debe exigirse al desmovilizado como un
requisito de elegibilidad, que informe todo cuanto sepa respecto de la
ubicación de las personas desaparecidas o de su cadáver, y por consiguiente “bajo
estos parámetros, el deber de suministrar información respecto de las personas
desaparecidas no es exigible únicamente al término del proceso como condición
para gozar de la pena alternativa o de la libertad a prueba, pues él se impone
como requisito para acceder a los beneficios que establece la Ley 975 de 2005.
En otros términos, es presupuesto para su aplicabilidad”.
Aduce entonces
que aunque ciertamente los artículos 10-numeral 10.6. y 11 acusados no disponen
expresamente el deber de informar como un requisito de elegibilidad para la
desmovilización, sobre la ubicación de las personas desaparecidas cuando el
desmovilizado admita haber participado en esta conducta, indiscutiblemente es
una condición que se debe cumplir en el mismo momento de la diligencia de
versión libre, si se desea obtener los beneficios de la Ley, de acuerdo con los
artículos 7°, 15 inciso 3°, 29, 43 y 44 de la misma, pues es inadmisible que el
desmovilizado sea condenado conforme al trámite previsto en la Ley en cita por
el delito de desaparición forzada y sólo se le obligue en la sentencia a
prestar su colaboración para el hallazgo del desaparecido, de modo que, si los
artículos aludidos no se entienden así, el Estado colombiano estaría
incumpliendo sus obligaciones en lo que hace al juzgamiento y sanción en lo que
a este atroz delito se refiere.
Por otra parte,
en relación con el cuestionamiento formulado contra el parágrafo único del
artículo 10 acusado, sostiene que el cargo se
estructura sobre una comprensión equivocada de la interpretación de dicha
disposición jurídica, que no es otra que permitir que aquellos miembros del
grupo armado desmovilizado que se encuentren privados de la libertad, en virtud
de medida de aseguramiento o en cumplimiento de una pena, también puedan
obtener el beneficio jurídico de la Ley 975 de 2005, si la organización
criminal que se desmoviliza colectivamente cumple todas las condiciones fijadas
en el artículo 10 ibídem, y además se reconoce al individuo como integrante de
este grupo o facción mediante providencia judicial, bajo el entendido que el
procesado cumple con las demás condiciones fijadas en la ley para obtener el
beneficio de la alternatividad, es decir, que contribuya a la consecución de la
paz nacional, colabore con la justicia, repare a las víctimas entre otros –art.
3°, Ley 975 de 2005-.
En efecto, explica que la finalidad de la
disposición acusada “es permitir que, como quiera que se trata de una
desmovilización colectiva y el miembro del grupo desmovilizado que desea
acogerse a la Ley se puede encontrar privado de la libertad y no con el grupo
al que pertenece, éste pueda acogerse a ella siempre que en providencia
judicial se le reconozca como integrante del grupo armado o facción que se ha
desmovilizado, pero sin descartar en este evento la verificación del
cumplimiento de las demás condiciones fijadas en el artículo 10, para
determinar si los desmovilizados colectivamente pueden o no someterse a las
normas de la Ley 975 de 2005”, además, de otro lado, el proceso penal en
estos eventos se regirá por las disposiciones señaladas en los artículos 20 y
22 de la Ley 975 ibídem, conforme a las cuales el procesado deberá aceptar los
cargos expuestos en la formulación de imputación, en la decisión que impuso la
medida de aseguramiento o en la resolución de acusación, según sea el caso, y,
atendiendo a una interpretación sistemática, si las conductas imputadas son
secuestro o desaparición forzada, deberá informar el paradero de las víctimas y
colaborar con las gestiones de localización.
En el mismo sentido, advierte que conforme a lo
antes expuesto, también debe entenderse desvirtuado el cargo que con el mismo
fundamento se formula contra el artículo 22 ídem, pues como quiera que los
artículos acusados no autorizan el otorgamiento gratuito de un beneficio
jurídico con incidencia punitiva, como es la pena alternativa, la acusación no
está llamada a prosperar.
En relación con
la presunta inconstitucionalidad del inciso final del artículo 16 de la Ley 975
de 2005, expone que cuando la disposición impugnada determina que “no podrá
haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente Ley y
cualquier otra autoridad judicial”, está haciendo énfasis en el carácter
especial del procedimiento previsto en la Ley 975 ibídem, de tal manera que si
el desmovilizado decide acogerse a ella, los procesos que estén en curso o los
que se inicien con ocasión de la confesión de conductas punibles, serán
juzgados por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, quienes serán los
jueces naturales de quienes soliciten la aplicación de las reglas de
procedimiento señaladas en la misma Ley, y los únicos competentes para decidir
respecto de los delitos a los cuales se aplica esta normativa, y en ese sentido
es claro que “la finalidad de la norma, es precisar que si el desmovilizado
solicita la aplicación de la Ley 975 y cumple las condiciones para ello, los
funcionarios que venían conociendo de los procesos en curso o quienes tenían
asignada esa competencia por la naturaleza del delito investigado en el
procedimiento ordinario, no pueden promover o aducir un conflicto de competencias
para avocar el conocimiento de los procesos adelantados contra  tales
desmovilizados”.
Argumenta
entonces, que partiendo de lo antes expuesto, resulta totalmente desacertado el
cargo formulado, según el cual, el artículo acusado desconoce las funciones
asignadas mediante la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia a la
Corte Suprema de Justicia, pues es evidente que ésta conserva inalterada la
competencia para resolver tales conflictos, naturalmente cuando ellos se
presenten, más no cuando el Legislador en ejercicio de su libertad de
configuración ha fijado las competencias y excluido cualquier posibilidad de
conflicto entre autoridades de distinta jerarquía, especialidad o con
competencias distintas.
En modo similar,
afirma que en cuanto se refiere al cargo por desconocer el derecho de la
víctima a un recurso eficaz para garantizar la imparcialidad de la
administración de justicia, basta señalar que los conflictos de competencia no
se promueven, establecen ni deciden para garantizar la imparcialidad de los
funcionarios que administran justicia, pues para tal efecto existe la figura de
los impedimentos y las recusaciones,. por el contrario, mediante la colisión de
competencia se busca garantizar el juzgamiento por el funcionario competente en
los términos previstos en el artículo 29 constitucional.
Por otra parte, en
relación con la presunta inconstitucionalidad de las expresiones “por los
cuales se acogen a la presente Ley”, contenida en el artículo 17 de la Ley
975 de 2005, y  del artículo 25 de la misma normatividad, considera que, esa
clase de concesiones son inaceptables en el marco de la Ley 975 de 2005, pues
si bien se acepta que en aplicación de los principios de la justicia
transicional los Estados envueltos en conflictos traten de llegar a soluciones
que pongan fin a la situación de crisis, estas soluciones tienen que
necesariamente apuntar a que se reivindiquen y cumplan ciertas condiciones que
contribuyan a la reconstrucción de la verdad, un mínimo de justicia y la
reparación de la víctimas, de forma tal que, si se acepta que el Estado
colombiano debe idear mecanismos para la búsqueda de la paz y de la
reconciliación nacional, también es cierto que él no puede permitir que esos
mecanismos se conviertan en un instrumento que niegue sus fines esenciales,
tales como una contribución efectiva a la justicia para el restablecimiento del
orden y el logro de la reconciliación.
Sobre ese punto, por
tanto aduce que sólo si se establece que en virtud del artículo 17 de la Ley
975 de 2005, los desmovilizados deben informar “todos” los hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la Ley, así como las circunstancias en que tuvieron
lugar, se garantizará el derecho a la verdad de las víctimas, so pena de perder
el beneficio jurídico por el incumplimiento de una de las condiciones para
obtenerlo –art. 29 incisos 2° y 5° ídem), se verán compelidas a confesar todas
sus actividades ilícitas y por ese camino permitir que el derecho a la verdad
pueda hacerse efectivo, pues se reitera “permitir la precitada
interpretación inconstitucional de la expresión acusada del artículo 17 y
conservar dentro del ordenamiento la prerrogativa  del artículo 25, en lo que
hace a la segunda confesión, es incitar a quienes pretenden acogerse a los
beneficios de la ley, a ocultar hechos relevantes en detrimento del derecho a
la verdad del cual es titular la víctima y toda la sociedad colombiana. En
consecuencia, el privilegio que consagra el artículo 25 debe ser declarado
inconstitucional”.
De otra parte,
explica que en relación con el artículo 17 demandado se vislumbran dos
interpretaciones para lograr la consonancia del precepto con la Constitución, a
saber, i) en atención al principio de conservación de la norma, declarar
la constitucionalidad condicionada de la expresión acusada, de tal forma que la
precisión que allí se hace, se entienda como la exclusión de la información
circunstanciada correspondiente única y exclusivamente a aquellas conductas
respecto de las cuales el miembro del grupo armado organizado al margen de la
ley ha solicitado y obtenido cualquiera de los beneficios jurídicos consagrados
en la Ley 782 de 2002, aunque deba informar de tal situación a efectos de verificar
el cumplimiento de la obligación allí impuesta, o ii) declarar
inconstitucional la expresión acusada.
En lo que respecta al
cargo por violación del derecho a la verdad, advierte que la condición de
aplicabilidad de la Ley, referido a la confesión de las conductas delictivas,
no releva al Estado, en cabeza de la Fiscalía general de la Nación, de la
responsabilidad constitucional de investigar en forma seria las conductas
punibles en que el desmovilizado pudo incurrir, es decir, no queda por tal
condicionamiento en manos del desmovilizado el deber de garantizar el
conocimiento de la verdad respecto de conductas que afectan en forma grave los
derechos fundamentales, porque en todos los eventos, es decir, aunque el
desmovilizado manifieste su voluntad de someterse a la Ley 975 de 2005, el
Estado está obligado a investigar y sancionar todos los comportamientos que
constituyan infracción penal y en los que puedan resultar implicados
integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, y, en el evento en
que el desmovilizado no colabore con la administración de justicia, habrá de
ser sancionado con las penas establecidas para los delitos que se logren
demostrar, perdiendo en consecuencia los beneficios otorgados, en consecuencia,
el artículo 25 acusado en lo atinente a la posibilidad de acogerse nuevamente
al beneficio de la pena alternativa debe ser declarado inexequible, pues de
esta forma se logra cierto equilibrio entre los derechos de las víctimas que
han cedido en su derecho a que se sancione drásticamente al victimario de
conductas violatorias de los derechos humanos y las obligaciones impuestas a
éste.
Ahora bien, en lo que atañe al artículo 44 demandado, advierte que la Ley 975 de 2005 en su Capítulo IX hace referencia al
derecho a la reparación, sin embargo, las acciones previstas en él no pueden
considerarse suficientes para que se cumplan los mínimos que exige este
derecho, en ese entendido, debe aclararse es que la Ley en cita no es una Ley
de reparación, pues en ese aspecto, el Estado colombiano debe avanzar en el
propósito de cumplir con su obligación internacional de reparar, mediante la
expedición de otros mecanismos y recursos que permitan aseverar que se ha
cumplido con este componente del derecho de las víctimas, “No obstante lo anterior, ello no significa que per se deba
declararse la inconstitucionalidad de la Ley 975, pues su objetivo está
encaminado a lograr la desmovilización y reinserción de grupos al margen de la
ley, avanzando algunos aspectos en relación con el derecho a la reparación sin
que, se repite, pueda entenderse que con ella el  Estado cumple  en su
integridad con este derecho”.
En ese entendido, explica que dado que el deber de reparar surge como
consecuencia de la declaración de la responsabilidad internacional del Estado
por las violaciones de los derechos humanos establecidos en los tratados
internacionales en el marco del Derecho Internacional, esta declaración genera
una obligación secundaria de reparación y de hacer cesar las consecuencias de
la violación, por consiguiente, toda violación de los derechos humanos genera
un derecho de la víctima o de sus derechohabientes a obtener reparación, e
implica colateralmente un deber del Estado de reparar y el derecho de repetir
contra el autor, es claro entonces que “esa obligación no puede ser
modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su
derecho interno. En consecuencia, si bien la Ley 975 establece en su artículo
42 que los miembros de los grupos armados beneficiados con ella  tienen el
deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que
fueron condenados mediante sentencia judicial, ello no significa que el Estado
quede exonerado de su obligación de reparar, pues, se insiste, él es el titular
de tal deber”.
Así pues, sostiene que cuando el artículo 44 acusado señala que el
condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las víctimas los
bienes, si los tuviere, ello no significa que si a dicho fondo no llegan bienes
o los reportados son reclamados y entregados a sus legítimos dueños, es decir,
restituidos, porque ellos también son víctimas de los delitos cometidos por los
grupos al margen de la ley, y como tal no pueden integrar los recursos del
mencionado fondo, el Estado pueda desatender su obligación de reparar, toda vez
que el citado fondo que crea la Ley 975 de 2005 es sólo un instrumento de los
muchos a los que tendrá que acudir el Estado para lograr el derecho a la
reparación, por tanto no puede entenderse como el único.
Considera
entonces que la Corte “debe modular su sentencia en el sentido de advertir
no sólo que la Ley 975 no es una ley que garantice en un todo el derecho a la
reparación de las víctimas de conductas atroces y, en consecuencia, que  todas
las instancias estatales debemos trabajar en aras de lograr que él se haga
realidad, sino que el deber de reparar en este caso si bien empieza con las
actuaciones de los victimarios, porque de ello depende que éstos puedan gozar
de los beneficios de que trata la ley, el Estado no puede exonerarse de tal
deber. Es decir, que la reparación no puede ni debe depender exclusivamente de
aquellos”, pues como ya se dijo no es constitucional que el legislador en
la Ley aludida sólo prevea la entrega de los bienes “producto de la
actividad ilegal” como requisito de elegibilidad para la desmovilización
colectiva o individual y para el acceso a los beneficios de la pena alternativa
y para la obtención de la libertad a prueba , tal como lo señalan los artículos
10, 11, 18-inciso 2º y 44-numeral 45.1, dejando de lado todos aquellos bienes
que no son de tal procedencia y que como tal integran la prenda general de
garantía de todos los acreedores, facultad que contrario sensu las Leyes 906 de
2004 y 600 de 2000 sí reconocen a los afectados por cualquier hecho punible, en
consecuencia, tal distinción debe ser declara inconstitucional.
En igual sentido, la Vista Fiscal aclara que al Fondo de
Reparación van a entrar los bienes tanto de procedencia lícita como ilícita, en
el evento de estos últimos, se debe entender que ellos quedan sujetos al
proceso de extinción de dominio, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en las sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003, por cuanto a
dicho fondo han de ingresar bienes vinculados directamente al delito de
enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otra serie de delitos a los que
hace referencia el artículo 34 de la Constitución Política, en donde igualmente
es necesario que el Estado determine no sólo la procedencia de dichos bienes
sino que garantice efectivamente los derechos de terceros de buena fe.
En ese orden de ideas, sugiere que “no de otra manera pueden
entenderse las normas de la mencionada ley, pues ella, en razón de los términos
tan breves y el procedimiento tan sumario no puede considerarse en sí misma una
ley de extinción, pese a que su artículo 24, al referirse al contenido de la
sentencia haga referencia a  la extinción de dominio, extinción que sólo será
posible dentro del procedimiento de la Ley 975, si la Sala del Tribunal
correspondiente ha logrado trasladar las pruebas y demás elementos de juicio
que existan en los procesos de extinción en curso, para garantizar los derechos
de todos los afectados”, ello en considerando en particular que para que se
haga efectivo el derecho de reparación en los casos en que el mencionado fondo
puede entregar bienes de los que han entrado a su haber, es necesario que se
garantice a la víctima que el mismo se entrega saneado por todo concepto, toda
vez que, el Estado no le puede traspasar a la víctima la carga de depurar
aquellas acreencias, gravámenes y demás afectaciones que éstos puedan
presentar, tales como impuestos, servicios públicos, entre otros, siendo esa la
razón por la cual corresponde al Fondo de Reparación o en otros términos al
Estado, entregar saneado todos los bienes que vayan a adjudicarse a las
víctimas.
Estima entonces
que las expresiones “de procedencia ilícita” que hacen parte del
artículo 13, numeral 4°, “de procedencia ilícita
que hayan sido entregados” del artículo
18, y “obtenidos ilícitamente” que forman parte del artículo 44, numeral
45.1 de la Ley 975 de 2005, deben ser declaradas inexequibles a efectos de
garantizar el derecho a la reparación de las víctimas permitiéndoles denunciar
y solicitar medidas cautelares sobre todos los bienes del desmovilizado, sean o
no adquiridos en forma ilícita, además, la Corte en su fallo debe advertir si “como
lo entiende el Ministerio Público, la Ley 975 no es una Ley de extinción de
dominio y que como tal ésta debe agotarse, para salvaguardar los derechos de
terceros de buena fe y de las mismas víctimas, salvo que durante el  especial
procedimiento de la Ley 975 se pueda ordenar la extinción de dominio a través
del traslado de pruebas que se pueda hacer de los procesos de extinción que
estén en curso”, ello en la medida en que se pone en evidencia que en la
práctica se van a presentar conflictos entre el fondo que crea la Ley 975
ibídem y el Fondo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, dado que los
bienes que deben ingresar a uno y otro tienen en la mayoría de los casos la
misma procedencia.
En lo que atañe,
a la acusación formulada contra la expresión “y dentro de los sesenta (60)
días siguientes” que hace parte del artículo 18 de la Ley 975 de 2005,
recuerda que corresponde al legislador establecer términos razonables,
acordes con la gravedad de la conducta punible, el tipo y complejidad de los
hechos investigados, como al número de implicados, puesto que el derecho a la
justicia no puede entenderse respetado ni garantizado, si no se cuenta con
mecanismos que permitan investigar en forma seria y juiciosa los
comportamientos delictivos, y con mayor razón tratándose de hechos que
constituyen violaciones graves a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, pues aunque el deber de investigar es una obligación
de medio y no de resultado, si es absolutamente necesario que las autoridades
cuenten con la posibilidad real de investigar.
Como fundamento
de sus aseveraciones cita apartes de la sentencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez, en donde se
advirtió que para cumplir con el deber de investigar, que es de medio y no de
resultado, los recursos con que cuenten las autoridades judiciales encargadas
de investigar deben ser efectivos y no fijados como una simple formalidad
condenada al fracaso.
En esos
términos, expone que si los términos procesales fijados por el Legislador no
son razonables, como se ha dejado expuesto, tampoco constituyen “un recurso
judicial eficaz” para que las víctimas puedan reclamar la efectividad de
sus derechos, por medio de un mecanismo que ofrezca garantías de eficacia e
idoneidad para estas reclamaciones, en consecuencia, el
breve término previsto en la disposición acusada, tampoco garantiza el derecho
a la justicia frente a conductas de singular relevancia como los actos de
genocidio, las masacres, desapariciones, secuestros, entre otros, cuya
investigación reviste naturalmente gran complejidad y requiere de un lapso muy
superior al previsto en la Ley 975 ibídem, para llevar a cabo su investigación,
máxime cuando el ente investigador puede llegar a tener conocimiento de algunos
de esos delitos hasta el momento en que se reciba la versión libre.
Al respecto, cita apartes de la Opinión
Consultiva OC-09/87 del seis (6) de octubre de 1987, Garantías judiciales en
estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así las cosas,
opina que la expresión “y dentro de los sesenta (60) días siguientes”
que hace parte del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, debe ser declarada
inexequible “de tal manera que las investigaciones por los delitos cometidos
por las personas que se acojan al proceso de desmovilización se rijan por los
términos señalados en la Ley 600 de 2000, por cuanto frente a las etapas
procesales previstas en la Ley 975 de 2005, el término de 30 días fijado en la
Ley 906 de 2004, igualmente resultaría irrazonable para los fines propuestos,
máxime cuando el ordenamiento bajo examen no prevé una etapa de investigación
preliminar que permita recaudar elementos materiales probatorios, ni podría
consagrarlo pues no debe perderse de vista que los hechos informados por el
desmovilizado en la versión libre constituyen el eje sobre el cual se
estructura el proceso consagrado en la Ley 975 de 2005 y cualquier
investigación penal de la conducta general del desmovilizado que se adelante
sin que previamente se tenga conocimiento de la posible infracción de un delito
carecería de fundamento, ya que sólo es posible ejercer la acción penal, como
lo determina la propia Constitución en el artículo 250, cuando se tiene
conocimiento de hechos que pueden constituir un delito, más no cuando se
sospecha que una determinada persona, aunque sea integrante de un grupo armado
al margen de la Ley, ha incurrido en otras conductas punibles con ocasión de su
pertenencia al mismo”.
En lo que se
refiere a la presunta inconstitucionalidad de los artículos 20 y 29 de la Ley
975 de 2005, recuerda que el artículo 3° de la Ley en cita define con singular
claridad la alternatividad penal como un beneficio jurídico que se otorga al
condenado, el cual consiste en la suspensión condicional de la ejecución de la
pena determinada en la sentencia, para dar paso al cumplimiento de una pena
alternativa fijada por el juzgador, en un período entre los 5 a 8 años de
prisión, y que se obtiene como lo indica la norma “por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”, en
ese sentido es claro que lo establecido en la Ley ibídem no es ni legal ni
prácticamente un perdón de la pena, ni un indulto disfrazado.
Sobre el
particular cita la sentencia C-171 de 1993.
En esos términos, aclara que “la pena
principal que en todos los casos debe ser tasada por el magistrado que aplique
Ley 975, no es la misma pena alternativa, como lo consideran los demandantes
para fundamentar la falta de proporcionalidad de la sanción fijada a tales
conductas y su condición de indulto disfrazado. Es claro que como resultado del
proceso penal adelantado conforme a las especiales reglas fijadas en la Ley 975
de 2005, el Tribunal deberá imponer en la sentencia condenatoria las penas
principales y accesorias que correspondan de acuerdo al Código Penal, vale
decir, las establecidas en forma particular para los delitos imputados y dentro
de los límites punitivos allí señalados, e igualmente la acumulación de penas
principales no está sometida al techo impuesto por el artículo 20, fijado
exclusivamente para las penas alternativas, sino al que resulte conforme a las
previsiones del Código Penal”, es por ello que una vez impuesta la pena, el
Tribunal resuelve sobre el beneficio jurídico de la pena alternativa y su
reconocimiento, beneficio que como tal, no anula, invalida o extingue la pena
principal impuesta, pues ésta sólo se extingue cuando cumplida la pena alternativa
que ha impuesto el Tribunal, el beneficiario demuestra el cumplimiento de todos
los demás requisitos fijado en la Ley, tal como lo señala el artículo 29 de la
Ley 975 de 2005.
Sostiene además que la pena alternativa,
en los términos fijados por el Legislador tampoco comporta de ninguna forma la
modificación de los linderos punitivos señalados en el Código Penal para
conductas delictivas como el secuestro, la desaparición forzada, el
desplazamiento, el homicidio, las lesiones, el hurto o cualquiera de los
delitos que pueden tramitarse por el procedimiento fijado en la Ley 975 de 2005
y por los cuales sean condenados los miembros de grupos armados organizados al
margen de la Ley, en consecuencia, las sanciones fijadas por el Legislador para
tales conductas permanecen intactas y es por ello que cuando el juzgador, que
en estos eventos es la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial,
realiza el procedimiento de dosificación punitiva o individualización de la
pena aplicable, debe hacerlo con sujeción a las penas imponibles a los tipos
penales respectivos en el Código Penal y siguiendo las reglas allí señaladas,
pues así lo dispone el artículo 29 acusado, a ello se debe agregar, que el
artículo 29 ídem tampoco unifica los límites punitivos de las sanciones
imponibles a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
que se acojan a la Ley 975 de 2005, de tal forma que, obligue al fallador a
señalar dentro de esos únicos márgenes, las penas aplicables, cualquiera sea la
naturaleza y número de delitos por los cuales resulten condenados, dado que “Ese
no es el contenido normativo que se desprende de los textos acusados, pues en
ningún momento la disposición señala que la pena principal imponible en todos
los eventos será de 5 a 8 años de prisión”.
En efecto, indica que el artículo 29 de
la Ley 975 de 2005, no se refiere a la pena alternativa como un tipo especial
de pena principal, sino como un beneficio jurídico que opera de modo semejante
a los subrogados penales, en compensación a la colaboración eficaz que el
procesado le ha prestado a la administración de justicia de cara a un proceso
de paz, y atendiendo a las circunstancias del delito y del procesado, en virtud
del cual si el beneficiado cumple con todas las obligaciones legal y judicialmente
impuestas, y supera el periodo de prueba, será redimido del cumplimiento
integral de la pena principal de prisión fijada por el Tribunal en la
sentencia, de forma tal que “es tan evidente la distinción entre la
naturaleza jurídica de estas dos clases de pena que en el evento que, otorgado
el beneficio de la pena alternativa, la persona que incumpla los compromisos
asumidos, quedará obligado a purgar el tiempo en prisión fijado como pena
principal en la sentencia, ya sean 10, 20, 50 años, salvo el reconocimiento
excepcional de alguno de los subrogados penales establecidos en el ordenamiento
penal vigente, actualmente la Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 890 de
2003, si a ello hay lugar”, a ello se suma que una vez trascurrido el
periodo fijado como pena alternativa, tampoco se entiende cumplida y extinguida
la pena, ni el condenado obtiene la libertad personal incondicional, sino hasta
haber superado también el periodo de prueba.
En ese orden de ideas, considera que la
acusación planteada por los actores contra los artículos acusados, se
fundamenta en una interpretación errónea sobre su contenido materia, según la
cual la pena principal aplicable a los procesados o condenados que se acojan a
la Ley 975 de 2005 es la misma pena alternativa, cuyo máximo en todos los
eventos es de 8 años de prisión, y que en consecuencia el sentenciado obtiene
el perdón de la parte restante de la que le correspondería cumplir, por todos
los delitos que haya cometido, sea uno o varios, siendo “improcedente
afirmar que la ley concede un indulto a los miembros de los grupos armados
ilegales que se desmovilicen y cumplan las demás condiciones señaladas en la
ley para la pena alternativa, pues a quienes sean sentenciados y condenados
conforme a la Ley 975 de 2005, se les debe imponer las penas principales y
accesorias que resulten aplicables de acuerdo a las reglas y quantum fijados en
el código penal para cualquier persona que incurra en los mismos tipos penales.
Lo anterior, sin perjuicio del otorgamiento del beneficio de la pena
alternativa, la cual de ninguna forma sustituye, extingue o reemplaza a la pena
principal impuesta”, especialmente si se tiene en cuenta que el beneficio
jurídico cuestionado, como lo establece el artículo 29 acusado, es incompatible
con el otorgamiento de subrogados penales o de rebajas de pena, de tal manera
que no puede afirmarse que la ley otorga más y mejores beneficios a los que a
ella se acojan, simplemente prevé uno distinto, la alternatividad penal, como
resultado de una colaboración eficaz con la administración de justicia, el
resarcimiento de los perjuicios a las víctimas, la efectiva desmovilización y
cese de actividades delictivas, y la contribución con la desmovilización del
grupo armado al cual se pertenecía.
En relación con
el artículo 24 demandado, sostiene que teniendo en cuenta que dentro del
concepto de víctimas, como se dijo anteriormente, deben incorporarse a las
colectividades, grupos políticos, étnicos, entre otros, la acusación formulada
contra la disposición referida “pierde todo fundamento, pues de acuerdo con
la norma demandada el Tribunal debe señalar ‘las obligaciones de reparación
moral y económica a las víctimas’, las cuales comprenderán cuando sea
procedente y la calidad de víctima se encuentre acreditada, “la adopción de
medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades afectadas”, como lo reclaman los demandantes”, a
ello se suma que el texto legal acusado no se circunscribe a la imposición del
pago de la indemnización de los daños ocasionados, sino que, como expresamente
allí se indica comprende obligaciones morales y económicas, incluyendo en la
sentencia todos aquellos actos de reparación señalados en el artículo 44 de la
Ley 975 de 2005, que sean aplicables frente al caso concreto.
Respecto de la
acusación formulada contra el artículo 27 de la Ley 975 de 2005, advierte que
tanto en vigencia del artículo 250 constitucional original, como en la
disposición modificada por el Acto Legislativo No. 03 de 2002, en materia penal
existe el principio de obligatoriedad, en virtud del cual la Fiscalía tiene el
deber de adelantar la acción penal de las conductas que revistan las
características de un delito y lleguen a su conocimiento por cualquier medio, en
ese entendido, la disposición acusada no riñe con los mandatos
constitucionales, toda vez que, “la obligación de investigar a cargo del
ente fiscal tiene fundamento y origen en el conocimiento y verificación de la
existencia de una conducta que revista las características de delito, por
manera que si los elementos de juicio llevan a desvirtuar su existencia o que
el hecho constituya un delito, naturalmente la obligación y competencia de la
Fiscalía para continuar adelantando la investigación desaparece y no podría
exigírsele que continuara con las indagaciones si no existen motivos
suficientes y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión de un
delito”.
En igual
sentido, explica que en los procesos adelantados contra los desmovilizados,
como en cualquier otro proceso penal, deben respetarse las garantías procesales
que conforman el debido proceso constitucional y que han sido consagradas en
distintas normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad,
ello por cuanto la admisión de los hechos en la versión libre o en posterior
actuación no pueden estimarse como plena prueba para iniciar y adelantar la
investigación de una conducta, cuando concurren otros elementos de juicio que
llevan al Fiscal a considerar que la conducta no es delito o que desvirtúan su
posible existencia.
Sobre el
particular, precisa que frente al mismo contenido normativo la Corte
Constitucional ya se refirió en la sentencia C-1154 de 2005, mediante la cual
declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de
2004, de forma tal que “como quiera que el análisis de la norma frente al
deber de investigar y la posible afectación de los derechos de las víctimas ya
fue efectuado por la Corte Constitucional, con base en las consideraciones allí
expresadas, se solicitará a esa Corporación realice el mismo condicionamiento,
máxime cuando las conductas a las cuales le son aplicadas las normas de la Ley
975 de 2005, pueden revestir mayor gravedad y generar mayores perjuicios a las
víctimas, lo cual, como se ha dicho en precedencia, obliga al Estado a obrar
con mayor cautela con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación”.
En lo atinente
al artículo 30 demandado, afirma la Vista Fiscal que contrario a lo afirmado
por los actores en su demanda la atribución prevista dicha disposición no
desconoce el principio de separación de poderes, ni permite que el Gobierno se
inmiscuya en la función de administrar justicia, ello por cuanto “la
determinación del lugar de reclusión de los condenados por el procedimiento
previsto en la Ley 975, no es una decisión judicial y tampoco comporta un acto
de administración de justicia, sino un acto de ejecución propio de la función
administrativa a cargo del Gobierno Nacional. Así lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-394 de 1995, al declarar exequible el artículo
14 de la Ley 65 de 1993, que establece que “Corresponde
al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través
de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de
aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del
trabajo social no remunerado”.
De otra parte,
en relación con la acusación formulada según la cual las penas no deben ser
cumplidas en fincas, casas de descanso, o lugares que no cumplen las
condiciones de un centro de reclusión, el cargo se fundamenta en las
consecuencias que en criterio de los demandantes, se pueden derivar de la
aplicación de dicha disposición, pero que ciertamente no se desprenden de su
contenido normativo como quiera que el artículo 30 señala expresamente que el
Gobierno asignará el establecimiento de reclusión en donde se cumplirá
la pena efectiva, no el lugar, casa, finca o inmueble en donde se cumplirá la
pena, y de otra parte, la Ley 65 de 1993 en el artículo 20 ha precisado con
indiscutible claridad que “Los establecimientos de
reclusión pueden ser cárceles, penitenciarías, cárceles y penitenciarías
especiales, reclusiones de mujeres, cárceles para miembros de la Fuerza
Pública, colonias, casa-cárceles, establecimientos de rehabilitación y demás
centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario”.
En lo atinente, a la
presunta inconstitucionalidad de los artículos 32 inciso 2º y 37 numeral 38.6
de la Ley 975 de 2005 señala que la publicidad de las actuaciones judiciales
tiene fundamento constitucional en el artículo 228 que permite establecer
excepciones, en el mismo sentido, el Pacto internacional de Derechos Civiles y
Políticos en el artículo 14 numeral 1° permite restricciones excepcionales a la
publicidad del juicio, en casos determinados, atendiendo al interés de la
justicia, y respecto de la sentencia señala que “toda sentencia en materia
penal o contenciosa será pública, excepto en el caso en que le interés de los
menores  de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores”, y la Convención Americana de
Derechos Humanos en el artículo 8° numeral 5° establece que el proceso penal
debe ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de
la justicia.
Así mismo, recuerda
que si bien la Constitución Política establece en principio el carácter público
de la administración de justicia, y admite restricciones al mismo, no debe
olvidarse el deber estatal de garantizar el derecho a la verdad y establecer
los mecanismos jurídicos necesarios para que las víctimas realicen sus derechos,
uno de los cuales sin duda debe ser el acceso de las víctimas al expediente y a
toda la información relacionada con la investigación de los comportamientos de
los cuales se les deriva un daño.
En esos términos,
estima entonces que las disposiciones acusadas no niegan a las víctimas el
derecho de acceder al expediente, y conocer todo lo relacionado con la
investigación de las infracciones graves a los derechos humanos, por el
contrario, si el procedimiento aplicable por remisión del artículo 37 es la Ley
600 de 2000, la víctima puede acceder al expediente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 30 ídem y en los términos precisados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-228 de 2002, eso si, naturalmente sin
necesidad de constituirse en parte civil, ante la desaparición de esa figura y
el establecimiento del incidente de reparación integral, además, en evento en
que el código procesal aplicable sea la Ley 906 de 2004, el funcionario
judicial igualmente debe darle alcance a la sentencia C-228 de 2002, como
quiera que la Ley 906 de 2004 no se refiere a este aspecto en particular,
porque parte del presupuesto que el procedimiento se rige por el principio de
oralidad.
Como
fundamento de sus aseveraciones cita apartes de la sentencia T-1126 de 2003.
Hace énfasis en
que “la Ley 975 no sólo permite a las víctimas acceder al expediente, en
virtud de la remisión efectuada en el artículo 37 numeral 38.5, sino además,
conocer e informarse del desarrollo y el resultado de la investigación, de
conformidad con el numeral 38.6 del mismo artículo. En este orden, el
señalamiento expreso a la decisión definitiva que consagra este precepto no
puede entenderse como la eliminación del derecho que tienen las víctimas a
informarse y a conocer los demás resultados de la investigación”.
En lo que atañe
a la solicitud de constitucionalidad condicionada del artículo 37 numeral 38.4,
planteada por los actores, indica que “Si bien en este caso la acusación no
es concreta, el Ministerio Público insiste que ante la especialidad de la Ley
975, que se repite no puede compararse con ni con el sistema mixto de la Ley
600 ni con el sistema de tendencia acusatoria de la Ley 906, el funcionario
encargado de aplicarlo puede hacer uso de las normas de uno y otro para salvar
las posibles dificultades que en su aplicación puedan surgir. Es claro que el
funcionario que tenga que aplicar este procedimiento especial debe agotar todos
los instrumentos a su alcance para tener los elementos de juicio suficientes
para dictar la sentencia que exige la Ley 975. En consecuencia, tanto la
víctima como el Ministerio Público y la Fiscalía podrán solicitar que las
pruebas válidamente aducidas en los procesos en curso contra el desmovilizado o
grupo al margen de la ley hagan parte de la actuación, garantizado obviamente
el derecho de contradicción. Por tanto, cuando el artículo 37, en su numeral 4
se refiere al derecho de las víctimas a aportar pruebas, se entiende que son
todas aquellas que permitan el esclarecimiento de los hechos confesados o de
que conozca la administración de justicia, los cuales pueden estar soportados
en pruebas que obren en otros procesos.   En consecuencia, es necesario
entender que como la Ley 975 es un procedimiento especial, a él pueden
trasladarse las pruebas que en ellos obren, las cuales necesariamente deben ser
objeto de contradicción. Si bien Ley 975 no consagra una etapa de juicio como
sí la prevé expresamente la Ley 906, ha de entenderse que los funcionarios
competentes han de permitir que los desmovilizados puedan ejercer sus derechos
y hacer uso de las garantías correspondientes, como lo señala la Constitución,
en especial en el artículo 250 constitucional”.
Agrega la Vista
Fiscal que con fundamento en los argumentos antes expuestos, tampoco hay lugar a
declarar la inconstitucionalidad del artículo 32 ídem, por el cargo formulado,
pues es evidente que éste tiene por finalidad garantizar la dimensión colectiva
del derecho a la verdad, esto es, el derecho a saber lo que sucedió y a
conservar la memoria histórica de los episodios violentos sucedidos dentro del
conflicto armado interno, con el fin último de procurar su no repetición.
Por otra parte,
sostiene que en cuanto se refiere a la expresión “y de sus parientes”
del artículo 58 de la Ley 975 de 2005, tampoco puede prosperar el cargo
formulado contra esa disposición, como quiera que el inciso primero, partiendo
de la concepción amplia de víctima, sí garantiza el derecho a saber y a un
recurso judicial efectivo, a aquellas colectividades que han sufrido un daño,
y, además de la dimensión colectiva del derecho a la verdad también se ocupan
los incisos 2° y 3° de la misma norma.
En lo que atañe
a la solicitud de constitucionalidad condicionada del artículo 34 acusado,
efectuada por los demandantes, manifiesta que “la interpretación con base en
la cual se formula el cargo, se edifica en dos errores, de una parte en un
análisis y comprensión fragmentada y no sistemática de los derechos de las
víctimas y de los mecanismos implementados en la ley para su garantía, y en el
considerar que si la norma no vincula a la Defensoría en la protección de los
derechos de la víctima este organismo no está comprometido en esta labor”, de
suerte tal que es absolutamente innecesario hacer el condicionamiento que
reclaman los actores, por cuanto la Defensoría del Pueblo, por disposición
constitucional, tiene a su cargo la defensa, garantía y promoción de los
derechos fundamentales y entre éstos los de las víctimas –art. 282 C.P.-,
especialmente si se tiene en cuenta que el sentido del artículo 34 acusado es
determinar que las víctimas podrán contar con la asistencia de la Defensoría
del Pueblo para la reclamación y ejercicio de sus derechos.
Por otra parte, para la Vista Fiscal es
absolutamente claro que el artículo 36 de la Ley 975 de 2005, en ningún momento
traslada a los particulares las obligaciones que le competen a las autoridades
públicas, sobretodo cuando la misma Ley se encarga de distribuir competencias
entre los distintos organismos estatales que participan en lograr la reparación
efectiva de las víctimas –arts. 47 inciso 2º, 49 y 55 ídem).   En efecto,
explica que el deber de garantizar la reparación integral a las víctimas le
corresponde al Estado, por tanto debe concurrir a satisfacer este derecho
cuando el victimario no entrega bienes ni tiene recursos suficientes que
permitan satisfacer las pretensiones indemnizatorias de las víctimas, por tanto
la responsabilidad del Estado no se limita a la existencia de disponibilidad
presupuestal ni a los recursos del Fondo de Reparación.
En relación con
los artículos 37 numeral 38.3 acusado, 47 acusado y 55 numeral 56.1 acusado,
advierte que el Fondo para la Reparación de las víctimas creado por el artículo
54 de la Ley 975 de 2005, es el organismo encargado de recibir los bienes
entregados por los desmovilizados para la reparación a las víctimas, así como
de administrar los recursos con los cuales deben adelantarse otras medidas de
reparación como la rehabilitación, su función por tanto, es servir de
canalizador y administrador de los recursos destinados a la satisfacción del
derecho a la reparación, más de ninguna manera puede entenderse que sea este
organismo el único obligado a reparar a las víctimas, ni que la satisfacción y
garantía de este derecho se limite a su disponibilidad de recursos, de tal
forma que si el presupuesto del Fondo proveniente de los bienes entregados o
cuyo dominio ha sido extinguido es insuficiente para atender los gastos que
demanda el cumplimiento de las sentencias dictadas en virtud de la aplicación
de la Ley 975 de 2005, corresponderá inequívoca e imperiosamente al Estado
destinar los recursos que sean necesarios para atender a la reparación de las
víctimas, ello es así “no sólo porque es el Estado quien tiene la
obligación, conforme al derecho internacional de los derechos humanos de
garantizar la efectividad del derecho a la reparación de la víctima, sino
además, porque rompería con cualquier sombra de proporcionalidad, razonabilidad
y justicia que el legislador fije reglas especiales de procedimiento que no
sólo le permitieran a los desmovilizados condenados beneficiarse del
cumplimiento de una pena alternativa, sino además, escapar impunemente al deber
de indemnizar, que dentro del proceso penal lo vincula en primera instancia a
él como autor del hecho generador del daño, con la anuencia y complacencia del
Estado en la defraudación de un derecho legítimo de las víctimas”.
En ese entendido, sugiere entonces que la
Corte Constitucional condicione la exequibilidad de los artículos 47 y 55
numeral 56.1 acusados de la Ley 975 de 2005, que al referirse a la
rehabilitación y a las funciones de reparación que se materializan a través del
Fondo, precisan que tales se harán de conformidad con el Presupuesto asignado
para el Fondo para la Reparación de las Víctimas, pues en esos casos las
citadas disposiciones atribuyen funciones de reparación al fondo y las limita a
su presupuesto, y por consiguiente, la eventual carencia de recursos de este
fondo puede afectar la efectividad del derecho a la reparación de las víctimas,
razón por la cual la norma sólo se ajusta a la Constitución, a los principios
de dignidad y de responsabilidad, y al deber de las autoridades de proteger los
derechos de los habitantes, si se entiende que en todo caso el Estado debe
responder por el derecho de las víctimas, sin que la carencia de recursos del
sentenciado o del Fondo de Reparación justifique el incumplimiento de tal
deber.
En el mismo
sentido, estima que igual condicionamiento es preciso hacer respecto del
artículo 37 numeral 38.3 de la Ley 975 de 2005, con el fin de ajustarlo a los
deberes estatales y los compromisos internacionales que éste ha asumido.
De otra parte,
señala que en lo que atañe al artículo 41 demandado es procedente hacer el
condicionamiento solicitado por los actores en su demanda, como quiera que si
bien la disposición, con el amparo constitucional del artículo 13 establece una
acción positiva a favor de las mujeres, niñas y niños, personas de la tercera
edad o con discapacidad que participen en el proceso penal, es decir, de la
población más vulnerable dentro del conflicto armado interno, no incorpora allí
las minorías étnicas que también son víctimas de éste y hacen parte de ese
sector vulnerable, desconociendo así que “es indiscutible que los grupos
étnicos tienen un patrimonio cultural que debe garantizar el Estado y que se
encuentra expuesto fácilmente en la situación actual de conflicto. En este
orden, es necesario comprometer a los distintos actores y autoridades del
proceso penal en la defensa y conservación de esa expresión de
multiculturalismo, pues como lo ha señalado la Corte Constitucional, en sede de
tutela “Del reconocimiento  a la diversidad
étnica y cultural depende la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales,
y que son éstos quienes pueden conservar y proyectar en los diferentes ámbitos
el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, sustrato del
Estado social de derecho acogido en la Carta. Este carácter, reconocido
alude a los pueblos indígenas y tribales, entre éstos a las comunidades negras”
(T-955 de 2003). Se trata entonces de
habilitar mecanismos que permitan ese reconocimiento y conservación, del cual
depende su existencia misma”.
Aduce además que no puede olvidarse que el Convenio 169 adoptado por la Conferencia General de la OIT, aprobado
por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, establece la protección de derechos de
ese tipo de grupos que han sido estimados fundamentales, y que forma parte del
llamado bloque de constitucionalidad, en esos términos es innegable que las
autoridades conforme a lo señalado en los incisos 2° y 3° del artículo 13
constitucional, también deberán atender especialmente a las necesidades de
todos aquellos grupos discriminados o marginados o que se encuentren por su
condición en situación vulnerable, como son las comunidades étnicas.
En lo que se
refiere al artículo 44-inciso 1° acusado, explica que a los demandantes les
asiste razón al afirmar que el cumplimiento del deber de reparar, y en tal
virtud de restituir a las víctimas sus propiedades no puede quedar librado a la
voluntad del desmovilizado, sin embargo, se debe aclarar que es evidente que en
algunos eventos las propiedades de las cuales han sido despojadas puede haber
sufrido deterioro o pérdida, lo que puede suceder con mayor frecuencia cuando
se trata de bienes muebles, semovientes o productos perecederos, de suerte tal
que en esos casos, no puede exigirse al desmovilizado que cumpla con el deber
de restitución, porque le sería imposible hacerlo, y en estos términos lo
previsto en la disposición acusada sería admisible; sin embargo, con el fin de
evitar defraudaciones a las víctimas, es preciso aclarar que éstas en todos los
eventos, tienen derecho a la devolución de los bienes, y de estar acreditado
que ello no es posible, a la correspondiente indemnización por la pérdida de
los mismos.
En ese
entendido, sugiere entonces que “No bastará entonces que el desmovilizado
afirme no poder realizar la devolución de las propiedades a las víctimas, sino
que demuestre plenamente la imposibilidad de hacerlo, sin que por ello se
entienda exonerado del deber de reparar, pues en estos casos deberá
garantizarse el pago indemnizatorio por la pérdida de los bienes”, así
entendido el artículo 44-inciso 1° es constitucional, en la medida en que
garantiza el derecho a la reparación de las víctimas y no exonera al
desmovilizado y mucho menos al Estado, del cumplimiento de todos los deberes
que ello comporta.
Respecto del
artículo 49 de la Ley 975 de 2005 señala que la acusación formulada no está
llamada a prosperar, toda vez que, se sustenta en una interpretación errada de
la disposición demandada, la cual en efecto se refiere al plano colectivo del
derecho a la reparación cuando, en la parte inicial, impone el deber de
implementar un programa institucional de reparación colectiva a través del cual
se restablezca la confianza de la comunidad en general en las instituciones y
la sensación de seguridad, pero en realidad el artículo referido no establece
programas dirigidos específicamente a las víctimas colectivas, respecto de
quienes se predica y debe garantizar la reparación en los términos de los
artículos que anteceden al texto acusado.
Afirma entonces
que “la disposición acusada no incide en el contenido y alcance del derecho
que tienen las colectividades como víctimas a obtener la reparación integral de
los daños ocasionados por los miembros del grupo armado organizado al margen de
la ley que se desmoviliza.  Se repite, la Ley 975 hace algunos avances en el
tema de reparación, pero no puede entenderse que con ella el Estado esté
cumpliendo su deber en esta materia”.
En lo
que se relaciona con el artículo 64 considera que el cuestionamiento planteado
por los actores es insuficiente, además de desconocer que la Ley 975 en el
artículo 10, cuando fija las condiciones para optar por la aplicación de la
misma y obtener los beneficios jurídicos, establece como requisito que “el
grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la
totalidad de menores de edad reclutados”, de tal forma que, el incumplimiento de ese
presupuesto, impide el otorgamiento de los beneficios jurídicos señalados en la
Ley y de haberse concedido, puede perderse si posteriormente se comprueba que
el grupo no hizo entrega total de los menores que había reclutado.
De otra parte, respecto del artículo 71
de la Ley 975 de 2005 el Ministerio Público, recuerda que la Constitución
Política no hace definición alguna sobre el delito político, concediéndole al
Legislador un amplio margen de configuración normativa en relación con dicho
concepto.
5.3 Finalmente,
la Vista Fiscal hace una síntesis de las conclusiones a las que llega y como
consecuencia de ellas solicita a la Corte Constitucional:
5.3.1  Declarar
EXEQUIBLES los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15, 17, 18, 23, 26,
32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 y 62 de la Ley 975 de 2005, frente a los cargos por
vicios de forma que fueron formulados en esta oportunidad.
5.3.2. INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 9° y 11
inciso 1º, 15, la expresión “no” del artículo 23, parágrafo 2º, las
expresiones “que se destinarán a la reparación” que hacen parte del
artículo 24, los artículo 37 numerales 38.2 y 45 inciso 2°, de la Ley 975 de
2005 por inepta demanda.
5.3.3. Declarar
EXEQUIBLES los artículos 12, 13, 16, 17 con la precisión que en el numeral 4.5,
y artículos los 18, 19, 22, 26, 30, 31, 34, 37 numerales 38.5 y 38.6, 46, 49,
58 se hará con los condicionamientos señalados y 64 de la Ley 975 de 2005, en
lo acusado y frente a los cargos examinados, exclusivamente.
5.3.4.
Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA de los artículos 20 y 29 de la Ley
975 de 2005, a que se entienda que: i) la acumulación de las penas
alternativas por las conductas confesadas por el desmovilizado no desvirtúa la
pérdida del beneficio de llegarse a juzgar y sancionar por comportamientos
ocultados. En estos eventos se perderá el beneficio y procederá la acumulación
de penas principales conforme a las reglas del Código Penal., ii) uno de
los requisitos para mantener el beneficio de la pena alternativa es que el
desmovilizado no vuelva a incurrir en los delitos que fueron objeto de la pena
alternativa, iii) la extinción de la pena principal sólo se dará cuando
se cumpla el término de prescripción de ésta y no de la pena alternativa, como
lo señala el inciso 4 del artículo 29, que debe declararse INEXEQUIBLE, y, iv)
la concesión de pena alternativa no extingue la obligación en cabeza del
Estado de investigar y sancionar todos los delitos que lleguen a su
conocimiento y que se imputen a un desmovilizado cuando éste hacía parte del
grupo al margen de la ley, obligación que sólo se extinguirá al vencimiento de
los términos de prescripción de la acción penal, según el delito.
5.3.5. Declarar
la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA de las expresiones “y por los cuales se
acogen a la presente Ley” que hace parte del artículo 17 acusado, de tal
forma que, la precisión que allí se hace, se entienda como la exclusión de la
información circunstanciada correspondiente única y exclusivamente a aquellas
conductas respecto de las cuales el miembro del grupo armado organizado al margen
de la Ley ha solicitado y obtenido cualquiera de los beneficios jurídicos
previstos en la Ley 782 de 2002, aunque deba informar de tal situación a
efectos de verificar el cumplimiento de la obligación allí impuesta.
5.3.6. Declarar
la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA de los artículos 48, numeral 49.1 y 58 de la
Ley 975 de 2005, bajo el entendido que la restricción al conocimiento de la
verdad judicial y del acceso a los archivos, sólo tiene lugar para proteger a
la víctima, los testigos y aquellas personas distintas al enjuiciado, que
colaboraron en el descubrimiento de esa verdad y exclusivamente para proteger
la integridad y la seguridad de estas personas.
5.3. 7.
Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del artículo 71 de la Ley 975 de
2005, en el sentido que, la imputación del delito de sedición a los grupos al
margen de la Ley allí señalados, no implica el reconocimiento de la conexidad
de delitos comunes que constituyan delitos de lesa humanidad, tales como el
genocidio, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento
entre otros.
5.3.8. Declarar
la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA de los artículos 37, numeral 37.3, 47 y 55
numeral 56.1, de la Ley 975 de 2005, a que se
entienda que los gastos que demande la reparación de las víctimas es un deber
que está en cabeza del Estado, y en consecuencia el que el victimario no cuente
con los recursos o los del Fondo de Reparación no sean suficientes para reparar
a la víctima, no justifica la exoneración del Estado del cumplimiento de su
deber.
5.3.9. Declarar
la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del artículo 27 de la Ley 975 de 2005, de
tal forma que las expresiones “motivos o circunstancias fácticas que
permitan su caracterización como delito” se entienda en el sentido que
dicha caracterización corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del
archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público.
5.3.10. Declarar
la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del artículo 41 de la Ley 975 de 2005, de
tal forma que, se entienda que las autoridades judiciales, como las entidades
de apoyo técnico y la procuraduría judicial para la Justicia y la Paz, también
deben atender a las necesidades especiales de todos aquellos grupos
discriminados o marginados o que se encuentren por su condición en situación
vulnerable, como son las comunidades étnicas.
5.3.11. Declarar
INEXEQUIBLES la palabra “directos” del inciso 1º, y los incisos 2° del
artículo 5° ídem, las expresiones “o sus parientes en primer grado de
consanguinidad” que hacen parte del artículo 47, así como las expresiones “y
la de sus parientes en primer grado de consanguinidad” que integran el
artículo 48 demandado.
5.3.12. Declarar
INEXEQUIBLES los incisos 3° y 4° del artículo 5° de la Ley 975.
5.3.13. Declarar
INEXEQUIBLES las expresiones “de procedencia ilícita” que hacen parte
del artículo 13, numeral 4°, y “de procedencia
ilícita que hayan sido entregados” del
artículo 18, inciso 2°, así como las expresiones “obtenidos ilícitamente”
que integran el artículo 44, numeral 45.1 de la Ley 975 de 2005, con las
modulaciones propuestas en los acápites correspondientes.
5.3.14. Declarar
INEXEQUIBLES las expresiones “y dentro de los sesenta (60) días siguientes”
que hacen parte del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, de tal manera que las
investigaciones por los delitos cometidos se rijan por los términos señalados
en la Ley 600 de 2000.
5.3.15.
Declarar INEXEQUIBLE el texto de artículo 25 de la Ley 975 de 2005, según el cual
“sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que
colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito,
de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su
defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya
sido intencional. En éste evento, el condenado podrá ser beneficiario de la
pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas
alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente Ley.  Teniendo
en cuenta la gravedad de los hechos nuevos juzgados, la autoridad judicial
impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y
una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba”.
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las
disposiciones jurídicas acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2.   Estructura de la presente  sentencia
Dada la diversidad y complejidad  de los cargos que los
ciudadanos demandantes  formulan en contra de  diferentes disposiciones  de la
Ley 975 de 2005  y el hecho de que   de manera previa a esta providencia la
Corte  ya se ha pronunciado en relación con dicha Ley en diversas
oportunidades            -particularmente en  las sentencias C-319 y C-370  de
2006- la estructura de la presente sentencia será la siguiente:
i) El alcance de la cosa juzgada en el presente proceso en
relación  con lo decidido en las Sentencias C-319 y C-370  de 2006.
ii) La inhibición respecto de la acusación formulada  por
los actores en el presente proceso en contra de algunas disposiciones de la Ley
975 de 2005   por ineptitud sustancial de la demanda.
iii) La reiteración de los criterios señalados en la
Sentencia C-370 de 2006  respecto de (a) el contenido
de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no
repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
constitucional colombiano, así como (b) las pautas que ha de seguir el juez
constitucional cuando se trata de ponderar la relación entre la paz, la
justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones de los derechos
humanos constitutivas de delito,  que resultan
pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.
iv) El análisis de los cargos formulados por los ciudadanos
demandantes  en el presente proceso, respecto de los cuales no cabe predicar
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional o la ineptitud sustancial de la
demanda.
3.  El alcance de la cosa juzgada en el presente proceso en
relación  con lo decidido en las Sentencias C-319 y C-370  de 2006
La Corte constata que en relación con varios de los cargos
formulados en el presente proceso  se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional en relación con lo decidido en las Sentencias C-319[2]
y C-370[3] de 2006 como
se explica a continuación.
3.1. Cosa juzgada en relación con la acusación formulada en
contra de los artículos  1, 2, 3 a 8, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33,  36 a 58,  60
a 62  de la Ley 975 de 2005  por  no haberse tramitado  mediante el
procedimiento señalado en el artículo 152-2 de la Constitución  previsto para
las leyes estatutarias
Plantean los
ciudadanos demandantes la inconstitucionalidad de los
artículos  1, 2, 3 a 8, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33,  36 a 58,  60 a 62  de la
Ley 975 de 2005, por violación de la reserva de ley estatutaria en
cuanto en su criterio con ellos se regulan  mecanismos y procedimientos para la
protección de los derechos fundamentales de las víctimas de los grupos armados
organizados al margen de la ley, y además se reforman funciones sustantivas de
los diferentes órganos de la administración de justicia, al tiempo que se crea
una jurisdicción especial.
Al  respecto la
Corte  señala  que   en relación con este aspecto de la acusación formulada en
la demanda, la Corporación ya se pronunció en la Sentencia      C-319 de 2006[4],
que declaró exequible la Ley 975 de 2005, en relación con el  mismo
cargo que ahora se plantea por no haberse dado trámite de Ley estatutaria al
proyecto respectivo.
Cabe recordar que en dicha sentencia
C-319 de 2006 la Corte reiteró los criterios jurisprudenciales para determinar
cuándo una ley que se refiere a derechos fundamentales o a aspectos que tocan
con la administración de justicia,  debe surtir el trámite establecido en el
artículo 153 de la Constitución para las leyes estatutarias.  En el referido
fallo se puso de presente  que no toda regulación legal de los derechos
fundamentales tiene  naturaleza de ley estatutaria, sino sólo aquella que de alguna
manera toca su núcleo esencial, esto es, el conjunto de atribuciones y
potestades sin las cuales el derecho no sería reconocido, o mediante la cual se
regula en forma “íntegra, estructural o completa” el derecho correspondiente.
Explicó que dado que ninguno de los dos supuestos tiene lugar en relación con
la ley acusada, el trámite que debía surtirse no era el de una ley estatutaria.
En la misma sentencia la Corporación reafirmó que la regulación del
procedimiento penal no tiene reserva de ley estatutaria, como tampoco la
tipificación de los delitos ni el establecimiento de sanciones. De otra parte,
observó que la Ley 975 de 2005 no crea una jurisdicción especial, sino que
simplemente atribuye a la jurisdicción ordinaria un procedimiento especial que debe
surtirse ante la Fiscalía General y los tribunales superiores, de manera que no
se afecta la estructura general de la administración de justicia, ni se tocan
principios generales o aspectos sustanciales de la Rama Judicial del poder
público, razón por la cual tampoco por este aspecto debía ser objeto de una ley
estatutaria.
Así las cosas dado que en relación con el
cargo ahora formulado en contra de los artículos  1, 2, 3 a 8, 15, 17, 18, 23,
26, 32, 33,  36 a 58,  60 a 62  de la Ley 975 de 2005 se ha configurado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo que corresponde es estarse a
lo resuelto en la referida sentencia C-319 de 2006 y así se señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
3.2 Cosa juzgada en relación con la acusación formulada en
el presente proceso  en contra de i) el numeral 10.6 del artículo  10, ii) las
expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en
el artículo 17, iii) las expresiones “de procedencia ilícita  que hayan sido
entregados”  y  “dentro de los  sesenta (60) días” contenidas en el
artículo 18, iv)  las expresiones “pero en
ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente
ley” contenidas en el artículo 20, v) el
artículo 25, vi)  el parágrafo 3  del artículo 26, vii) las expresiones “los”
y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas
en el inciso cuarto del artículo 29,  viii)  el artículo 31,  ix) la expresión “pertinente” contenida en el  numeral
38.5 del artículo 37,  x) las expresiones “de ser posible”
contenidas en el artículo 46, xi) las expresiones “o sus parientes en
primer grado de consaguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para
la reparación de las víctimas”, contenidas en el artículo 47, xii)  las
expresiones  “y las de sus parientes en primer grado de
consaguinidad”  contenidas en el  numeral 49.3 del artículo 48,
xiii) las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto
nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo 55,  y xiv)  el
artículo 71,  de la Ley  975 de 2005.
La Corte constata que en la Sentencia C-370 de 2006  la
Corporación se pronunció en relación con  diversas disposiciones acusadas en el
presente proceso  respecto de las cuales se configura el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.
3.2.1 Así  cabe precisar que  la Corte  declaró la
inexequibilidad de las expresiones “de procedencia ilícita  que hayan sido
entregados”  contenidas en el artículo 18,  las expresiones “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la
prevista en la presente ley” contenidas en el
artículo 20, las expresiones “sin perjuicio del otorgamiento de la pena
alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley” del inciso primero y el inciso segundo del
artículo 25,  las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado
en el marco de la presente ley” contenidas en el inciso cuarto del artículo
29, el artículo 31,  las expresiones “de ser posible” contenidas
en el artículo 46, las expresiones “dentro de los límites autorizados en el
presupuesto nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo
55,  y el artículo 71  de la Ley  975 de 2005.
En relación con
dichas disposiciones  y frente a la acusación que contra ellas se formula en el
presente proceso es claro entonces que no cabe efectuar ningún pronunciamiento
pues estas han sido  declaradas inexequibles y lo que corresponde es estarse a
lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
3.2.2 En similar sentido cabe precisar que  la Corte   en
la referida sentencia declaró la  exequibilidad condicionada  de varias de las
disposiciones acusadas respecto de cargos idénticos a los que ahora se
formulan, por lo que igualmente se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
3.2.2.1 Así,  cabe recordar que la Corte  en la Sentencia
C-370 de 2006  declaró la exequibilidad del numeral
10.6 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005[5]  “en el
entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las
personas desaparecidas”. En ese orden de ideas respecto de la acusación
formulada en el presente proceso contra dicho numeral,  por no haberse previsto
precisamente dentro de los requisitos de exigibilidad para la desmovilización
colectiva  “la información sobre el paradero de las víctimas de desaparición
forzada –vivas o fallecidas-”[6], se ha configurado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y  lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida sentencia.
3.2.2.2. La Corte en la Sentencia C-370 de 2006  declaró la
exequibilidad, por los cargos analizados[7]
del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, “en el entendido de que la versión
libre debe ser completa y veraz”.
En ese orden de ideas respecto de  la acusación formulada
en el presente proceso en contra de las expresiones “por los cuales se
acogen a la presente ley” contenidas en el artículo 17 de la Ley 975 de 2005[8], que los ciudadanos demandantes hacen consistir
precisamente en que  los preceptos acusados -que hacen parte del
referido artículo 17  declarado condicionalmente exequible- vulneran los planos
individual y colectivo del derecho a la verdad[9],  se configura
igualmente el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
3.2.2.3. La  Corte en la sentencia C-370 de 2006  decidió
declarar exequible por los cargos analizados[10]
el numeral 38.5 del artículo 37[11]  de la Ley
975 de 2005 “siempre y cuando se interprete de acuerdo
con la exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante sentencia C-
228 de 2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder
directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la
verdad, justicia y reparación”.
En ese orden de
ideas  respecto de la acusación formulada en el presente proceso en contra de
la expresión “pertinentes” contenida en dicho inciso  por los mismos cargos ha
de entenderse configurado el fenómeno de la cosa juzgada  y así se señalará en
la parte resolutiva de esta sentencia.
3.2.2.4. La  Corte en la sentencia C-370 de 2006  decidió
declarar exequibles por los cargos analizados[12] las expresiones “en primer grado de consaguinidad de conformidad
con el Presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas”,
contenidas en el primer inciso del artículo 47, y las expresiones “en primer
grado de consaguinidad”  contenidas en el  numeral 49.3 del artículo
48 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que “no excluye como víctima a
otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier
otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados al margen de la ley”.
Al respecto  en
relación con la acusación formulada por los mismos cargos   en el presente
proceso  en contra de las expresiones “o sus parientes en primer
grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas” del primer inciso del artículo 47  y contra las
expresiones “y las de sus parientes en primer grado de
consanguinidad” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975
de 2005, ha de entenderse configurado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
Cabe precisar en
relación con las expresiones “o sus parientes” del primer inciso del
artículo 47, y, “y las de sus parientes” contenidas en el numeral 49.3
del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, que dado su carácter inescindible con
las expresiones que fueron declaradas exequibles de manera condicionada y que
la Corte necesariamente las tomó en cuenta en su análisis -como se desprende
del aparte 6.2.4.2 de la Sentencia C-370 de 2006-  no cabe duda que  en relación
con ellas igualmente se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto  del
cargo que fue analizado en esa sentencia y que ahora plantean nuevamente los
demandantes en el presente proceso con idénticos argumentos.
3.2.3  La Corte constata que en la Sentencia C-370
de 2006  fue igualmente declarada la exequibilidad  de diversas
disposiciones  acusadas en el presente proceso por cargos idénticos a los que
fueron examinados por la Corte en la referida sentencia.
3.2.3.1  Así, la Corte en la Sentencia C-370 de
2006  declaró la exequibilidad del artículo 18  y dentro de él de las
expresiones “dentro de los  sesenta (60) días” que fueron
específicamente analizadas  en el aparte 6.2.3.1.7  de dicha sentencia por un
cargo idéntico al que  se formula por los demandantes en el presente proceso[13].
En ese orden de ideas lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la
referida sentencia  y así se  señalará en la parte resolutiva de esta
providencia.
3.2.3.2   Ahora bien,  como ya se señaló la Corte
declaró la constitucionalidad  pura y simple de las expresiones “Si a los
miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de
la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de
conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar
delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes
de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas
conductas” contenidas en el artículo 25 de la Ley 975 de 2005 por los
cargos analizados -que son los mismos que los actores en el presente proceso
plantean[14]-   e
inexequible el resto del artículo.
Desde esta perspectiva y dado que  los demandantes en el
presente proceso acusaron la totalidad del artículo 25 de la Ley 975 de 2005
por los  mismos cargos respecto de los cuales la Corte se pronunció en la
Sentencia C-370 de 2006, en relación con el aparte declarado exequible  de
dicho artículo 25 corresponde estarse a lo resuelto  en la referida sentencia
por configurarse, como en el caso de los apartes declarados inexequibles, el
fenómeno de la cosa juzgada  constitucional.
3.2.3.3 Cabe señalar igualmente que la Corte en la Sentencia
C-370  de 2006 declaró la exequibilidad frente a los cargos planteados[15]
del parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005.
Disposición que es nuevamente acusada  con idéntico fundamento por lo que lo
que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida sentencia y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.   Inhibición respecto de la acusación formulada  por los
actores en el presente proceso en contra de algunas disposiciones de la Ley 975
de 2005   por ineptitud sustancial de la demanda.
4.1 El señor Fiscal General de la Nación[16]
y el señor Procurador  General de la Nación  (E)[17]
solicitan a la Corte abstenerse  de emitir pronunciamiento de fondo en relación
con la acusación formulada en el presente proceso en contra de diversas
disposiciones de la Ley 975 de 2005  por considerar que  la misma no reúne los
presupuestos señalados  por la Constitución y la Ley para adelantar el juicio
de constitucionalidad  por lo que en su criterio sobre esos aspectos se
configura la ineptitud sustancial de la demanda.
4.2 Al respecto, ha destacado esta Corporación que el juicio de
constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es
dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir
de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales”[18] que no se
relacionan  de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan[19].
En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos
materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone
entonces, como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de
la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia
constitucional[20].
Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no
sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no
lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[21].
En efecto, el artículo 241 de la Constitución determina de manera
expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella corresponde la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos
términos allí expuestos. Según esa norma, no corresponde a la Corte
Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han
sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción
pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente existe demanda, esto es,
una acusación de un ciudadano contra una norma legal planteada en los términos
que señala el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
En ese orden de ideas la Corte ha establecido[22]
que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de
inexequibilidad  sólo si cumple con los requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia[23].
Ahora bien en
relación con el presupuesto procesal de la demanda en forma debe la Corte
aclarar que si bien en su momento el Magistrado sustanciador  procedió a
admitir la demanda expresó, como correspondía a ese momento procesal, que la
admisión de la demanda  en relación con la acusación formulada atendía a la
constatación del cumplimiento de los requisitos formales mínimos a que se
refiere el Decreto 2067 de 1991, esto es, el señalamiento de las normas legales
que se dicen transgresoras, así como la trascripción de las mismas, la
enunciación de las normas constitucionales que el demandante estima
transgredidas y el concepto de la violación.
Como lo puso de
presente la Corte en la sentencia C-1299 de 2005[24],
en armonía con el entendimiento que tradicionalmente y de acuerdo con las
normas positivas se ha hecho acerca del examen que procede en el momento de
admisión de la demanda, por una parte, y en la sentencia por otra, es claro que
la circunstancia de que se admita la demanda mediante la constatación formal de
la existencia de los requisitos legales no significa que se elimine por ello el
análisis que corresponde a la parte final del proceso por cuanto en este último
momento cabe entrar ya a los aspectos sustanciales de la demanda para constatar
si ella permite o no que se formule el estudio en el fondo y se arribe o no a
una conclusión estimatoria que permita decidir efectivamente sobre la
exequibilidad o inexequibilidad de la disposición o disposiciones acusadas.
Efectuado, como corresponde  a esta etapa procesal,  ese
análisis en relación con la acusación formulada por los demandantes  encuentra
la Corte que  en  relación con algunos  de sus elementos la misma no es apta
para  permitir un pronunciamiento de fondo.
4.3 En efecto la
Corte constata que los actores en el presente proceso  incumplieron con la
carga procesal mínima que les es exigida para poder dar desarrollo al juicio de
constitucionalidad en relación con los siguientes aspectos de la acusación
formulada en la demanda:
4.3.1 Inhibición respecto de la
acusación formulada en contra de los artículos
12, 13, 16,
17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración
del artículo 5° del Acto Legislativo No. 03 de 2002
Afirman los
actores, que los artículos acusados establecen elementos propios de lo que se
ha denominado sistema acusatorio de juzgamiento, el cual fue introducido al
ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que en su
artículo 5° señala que “rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de
acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”.
Argumentan que
del contenido material de los artículos acusados, es claro que establecen los
principales elementos del “sistema de juzgamiento acusatorio”, como lo
son la oralidad, la Fiscalía como un ente estrictamente investigador, los
Tribunales como jueces de control de garantías y de juzgamiento, el incidente
de reparación integral, la realización de audiencias específicas, entre otros.
En esos
términos, sostienen que si se tiene en cuenta que la única restricción para el
conocimiento de los delitos cometidos es la vinculación del desmovilizado al
grupo armado organizado al margen de la ley, y su comisión durante y con
ocasión de la pertenencia al mismo (art. 2°, Ley 975/05), es claro que se
vulneró lo previsto en el artículo 5° del citado Acto Legislativo puesto que
los grupos al margen de la ley a los que se refiere la Ley 975 de 2005 se constituyeron
y existen mucho antes de la vigencia de dicha norma tal y como lo reconoció la
Ley 782 de 2002.
Al respecto a
Corte constata  que  en el proceso que culminó con la expedición de la
Sentencia C- 370 de 2006  se formuló una acusación  en el mismo sentido[25]
respecto de la cual la Corte decidió inhibirse por las razones que a
continuación se  reiteran  y que llevan a la Corte  a inhibirse igualmente en
el presente caso.
Como se señaló
en esa ocasión la censura propuesta en los mencionados términos, a juicio de la
Corte, no constituye un verdadero cargo de inconstitucionalidad, puesto que
incumple con los requisitos de certeza y pertinencia que la jurisprudencia
constitucional prevé para las razones que conforman el concepto de la
violación.  En lo referente a la primera condición, el cargo expuesto, se funda
en la contradicción entre la interpretación subjetiva que demandantes hacen de
los preceptos acusados y las normas constitucionales que consideran violadas
por las normas atacadas.  En efecto, el particular entendimiento que los
actores acogen de las normas acusadas les lleva a adscribirlas a la modalidad
de proceso penal prevista en la Constitución luego de la promulgación del Acto
Legislativo 03 de 2002.  Por lo tanto, el cargo de inconstitucionalidad no va
dirigido en contra del contenido concreto de las normas acusadas, sino frente a
las consecuencias que los demandantes les confieren a partir de su propia
comprensión. Una censura de estas características, que toma por objeto del
control de constitucionalidad no al contenido normativo acusado sino a una
interpretación particular del mismo, impide que la Corte emita un
pronunciamiento de fondo y, por ende, deba inhibirse.
De la misma
forma, el cargo estudiado incumple el requisito de pertinencia.  Ello debido a
que pretende edificar la contradicción de las normas acusadas con la Carta
Política a partir de, como se indicó, las consecuencias jurídicas particulares
y concretas que se derivan de la interpretación que hacen los actores de tales
preceptos.  Una comparación de esta clase, que se sustenta no en el contenido
de las normas demandadas, sino en las posibles implicaciones de su utilización
particular, no es apta para promover un juicio de inconstitucionalidad[26].
Así las cosas la
Corte se inhibirá respecto de la acusación formulada en contra de los artículos
12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta
vulneración del artículo 5° del Acto Legislativo No. 03 de 2002 por ineptitud
sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
4.3.2 Inhibición
respecto de la acusación formulada en contra de  los artículos 9 y 11 de la Ley
975 de 2005  por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 22 superiores
Advierten los
actores, que los artículos  9 y  11 de la Ley 975 de 2005 regulan la desmovilización
de los miembros, más no del grupo armado como tal, y por tanto al permitirse la
desmovilización individual de los miembros y no del grupo propiamente dicho, no
pretenden en realidad alcanzar la paz sino por el contrario “promueven la
deserción como una estrategia de guerra al utilizar los excombatientes como
agentes contra el bando contrario”. En su criterio en ese orden de ideas lo que
permiten la disposiciones acusadas es que personas que han cometido actos
delictivos “dejen de hacer parte de la ilegalidad” sin que el grupo en sí mismo
deje de existir y de actuar como estructura criminal, y así, “la norma milita
en contra del desmonte real del paramilitarismo sin que se logre efectivamente
la consecución de la paz”.
Sobre dicha
acusación el señor Procurador considera que “la censura a las citadas normas
se edifica en los efectos prácticos que en criterio de los demandantes puede
llegar a tener un proceso de desmovilización individual, más no en el contenido
normativo y efecto real de tales disposiciones”.
Al respecto la Corte encuentra que
efectivamente los demandantes estructuran la acusación contra los artículos 9 y
11 de la Ley 975 de 2005  a partir de un juicio de conveniencia  de las normas
demandadas  y no de su confrontación con las normas superiores. Desde esta
perspectiva la  acusación así formulada  no satisface el presupuesto de
pertinencia a que ha aludido reiteradamente la Jurisprudencia[27]
Ahora bien, en
relación con la supuesta vulneración del artículo 13 superior,   igualmente
invocado la Corte encuentra que los actores no expone ningún desarrollo
específico en relación con dicha vulneración que permita a  la Corte  examinar
la acusación así formulada.
Al respecto la Corte ha señalado que si bien  el ejercicio
de la acción de inconstitucionalidad no  está sujeta a rigorismos mayores   la
configuración de un cargo de igualdad  requiere un mínimo de desarrollo que
permita a la Corte establecer los términos de comparación propuestos por el
actor, así como los fundamentos concretos  en que sustenta el actor su
acusación.
Dado que esos elementos mínimos no se encuentran reunidos
en el presente caso   el juicio de constitucionalidad  sobre este punto no
puede llevarse a cabo  y lo que corresponde es inhibirse para emitir un
pronunciamiento de fondo al respecto.
En ese orden de
ideas la Corte se inhibirá en relación con la acusación formulada en contra
de  los artículos 9 y 11 de la Ley 975 de 2005  por la supuesta vulneración de
los artículos 13 y 22 superiores por ineptitud sustancial de la demanda  y así
se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3.3. Inhibición en relación con la
acusación formulada en contra del  numeral 4° del artículo 10 de la Ley 975 de
2005
Los demandantes
afirman que el numeral 10.4 del artículo 10  señala como un requisito para la
desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley que no
impidan el ejercicio de los derechos considerados como políticos, creando con
ello un condicionamiento negativo que si bien es constitucional, se convierte
en una obligación de abstención, desconociendo que la interferencia en la
garantía de los derechos políticos no sólo cesa porque el grupo armado que lo
impedía deje de hacerlo.
En ese sentido,
a su juicio es claro que aunque se exija como requisito para la
desmovilización el cese de las actividades que vulneran los derechos de
participación política, el mero control territorial que han logrado los grupos
armados organizados al margen de la ley muchas veces mediante el sometimiento y
el uso de la violencia lo cual se logra entre otras por la interferencia en el
normal desarrollo de las actividades políticas y electorales, conlleva a que
los controles territoriales, electorales y proselitistas acompañados del uso de
la presión armada se hayan internado dentro de las lógicas de vida comunitaria,
de suerte que dichos controles no van a cesar por el simple acto de que los que
portan las armas digan públicamente que las deponen, esto es, que se
desmovilizan.
Hacen énfasis en
que “así no se dé un constreñimiento armado directo, por ejemplo, para
favorecer uno u otro candidato o impedir algún tipo de mecanismo de
participación ciudadana, la sola presencia del grupo y la posibilidad que se le
da a sus miembros para que, después de la desmovilización, participe en
igualdad de condiciones en los espacios políticos con los otros ciudadanos y
ciudadanas, desconoce las diferencias y dinámicas de subordinación que se
conformaron históricamente entre la población civil y dichos grupos, y que,
seguramente, no van a desaparecer por el sólo hecho que sus miembros estén en
un proceso de desmovilización”.
Consideran en
consecuencia que se debe declarar la constitucionalidad condicionada del inciso
4° del artículo 10 de la Ley 975 ibídem, “en el entendido que el cese de toda
interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita también se configura por la mera
existencia del grupo armado organizado al margen de la ley en ciertas zonas
territoriales”.
Al respecto  el señor Procurador pone de presente que el numeral
acusado establece que abstenerse de adelantar cualquier acción que interfiera,
de algún modo, en el ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas,
es una condición insalvable para acceder a los beneficios consagrados en al Ley
975 de 2005, de suerte tal que no es posible que el artículo demandado se
interprete en la forma planteada por los demandantes, es decir, que bajo su
amparo los grupos al margen de la ley continúen establecidos en la zona en
donde venían operando, presionen o intervengan desde allí en actividades
proselitistas[28]. Igualmente destaca que
el mandato del artículo acusado contiene la prohibición que extrañan los
demandantes, pues es clara la norma cuando advierte que el grupo debe cesar
toda interferencia en el libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita, comprendiendo en este
concepto cualquier comportamiento o delito que atente contra el ejercicio de
los mecanismos de participación democrática (Titulo XIV, Capitulo único de la
Ley 599 de 2000).
Para la Corte es claro que en el presente caso la acusación
formulada por los demandantes en contra del numeral  10-4 del artículo 10 de la
Ley 975 de 2005  no solo se estructura a partir de una interpretación de la
disposición acusada  que no se desprende de su contenido, sino que plantea un
problema de aplicación, lo que hace que incumpla los requisitos de  certeza y
de pertinencia que ha señalado la jurisprudencia como requisitos mínimos para
considerar que un cargo de inconstitucionalidad resulte apto para llevar
adelante el juicio respectivo.
En efecto, la
argumentación planteada por los actores en este apartado versa sobre las
consecuencias prácticas  que en su criterio pueden desprenderse de la
aplicación del numeral  acusado.  Por ende, para el presente caso no se está
ante la oposición entre dicho numeral y las normas constitucionales que se
estiman violadas, sino ante la presunta contradicción entre las disposiciones
de la Carta y las consecuencias de índole práctico y particular que los actores
infieren de la aplicación de la disposición demanda.  Inferencia que además  no
encuentra sustento en el contenido del numeral demandado que señala claramente
la obligación  de cesar  toda interferencia al libre ejercicio de los derechos
políticos  y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita.
Así las la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo en
relación con la acusación formulada en contra del  numeral 10-4 del artículo 10
de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3.4
Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del numeral 10-5  del artículo 10 de la Ley 975 de 2005
Para los
actores  en cuanto el numeral 10.5  del artículo 10 de la Ley 975 de 2005
señala como requisito para la desmovilización colectiva de los grupos armados
organizados al margen de la ley el que no se hayan organizado para el tráfico
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito,  ello da lugar a interpretar
que en caso de que se cumpla con dicho requisito se entiende que los citados
delitos serán subsumidos por la pertenencia del miembro al grupo armado.
En esos términos, precisan que se puede
afirmar que existe una conexidad entre los delitos de tráfico de
estupefacientes y enriquecimiento ilícito con la pertenencia al grupo, teniendo
como argumento que el miembro del mismo que haya cometido esas conductas
punibles al no organizarse estrictamente para su comisión, en el mejor de los
casos recibirá pena alternativa por los mismos o en el peor su responsabilidad
respecto de éstos será obviada porque fueron simplemente herramientas para la
consecución de otros fines, de forma tal que “esa norma se hace más grave en la realidad colombiana en
que de manera pública se ha denunciado la compra y venta de frentes y bloques
paramilitares por reconocidos capos del narcotráfico que pretende por esta vía
sustraerse de la justicia nacional o internacional frente a un delito
internacional como es el narcotráfico”.
Al respecto el
señor fiscal General de la Nación advierte que la acusación formulada parte de
una interpretación subjetiva de los demandantes y no del texto  de la
disposición acusada, al tiempo que no toma en cuenta el contexto normativo en
el que se inserta, al tiempo que para el señor Procurador  de la misma no se
desprende la vulneración invocada por los demandantes.
Sobre este punto
la Corte encuentra que efectivamente como advierte el señor Fiscal la acusación
formulada incumple los requisitos de certeza y pertinencia   a que alude la
jurisprudencia.
Al respecto, ha
de reiterarse que la certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace
referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa
efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta,
inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de normas que no fueron
objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de
inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la
interpretación posible del texto acusado. Así mismo ha de recordarse que
la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del
demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto o
el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales,
entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de
inconstitucionalidad.
Ahora bien, los
demandantes en el presente caso hacen en efecto  una particular  interpretación
de la disposición acusada que los lleva a concluir que ella permitiría que se
exima totalmente de responsabilidad a las personas que hayan participado en
actividades de narcotráfico por el simple hecho de la pertenencia  a un grupo
armado que no haya sido creado para tal fin y que se desmoviliza, así como por
ser una simple herramienta para otros fines.  Interpretación frente a la cual
advierten que la aplicación de tal disposición  así entendida traería graves
consecuencias  para el país.
Dado que en
manera alguna  la disposición acusada puede interpretarse en el sentido que
señalan los demandantes   y que es a partir de esa interpretación que los
actores estructuran su acusación, es claro para la Corte que la misma  no
permite que se adelante el juicio de constitucionalidad.
Así, la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo en
relación con la acusación formulada en contra del  numeral 10-5 del artículo 10
de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3.5
Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de la expresión
“no”  contenida en el parágrafo 2 del artículo 23 de la Ley 975  de 2005
En lo relativo
al término “No” que hace parte del parágrafo 2° del artículo 23 de la
Ley 975 de 2005[29], los actores afirman que
dicha expresión permite que los responsables por la comisión de diferentes
delitos accedan a los beneficios judiciales sin que se haya garantizado el
derecho a la reparación integral, de forma tal que “se rompe el nexo causal
estipulado en el objeto de la ley demandada, el cual se puede interpretar bajo
la idea según la cual se otorgan beneficios a quienes colaboran eficazmente a
la consecución de la reconciliación nacional y a garantizar los derechos de las
víctimas, entre ellos, el derecho a la reparación integral”, desconociéndose
además que la garantía del derecho a la reparación integral es una obligación
general que recae en cabeza exclusivamente del Estado Colombiano, deber que por
demás es inexorable.
Al respecto el
señor Procurador advierte que los demandantes no señalaron con claridad y
coherencia cuáles son las razones por las cuales estiman que dicha disposición
no permite garantizar el derecho a la reparación integral, y, además,
desconocen por completo el contenido normativo de la previsión legal que se
demanda, que simplemente señala la procedencia del beneficio jurídico cuando la
víctima motu proprio se abstiene de ejercer sus derechos dentro del
incidente de reparación integral, de tal forma que, en ningún momento el
parágrafo acusado hace referencia a condiciones o prohibiciones a las víctimas
que incidan en la efectividad de su derecho a obtener la reparación integral.
Sobre este
punto  ha de  señalarse nuevamente que la certeza de los argumentos de
inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una
proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no
sobre una distinta, inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de
normas que no fueron objeto de demanda. Así mismo ha de señalarse una vez  mas
que  la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del
demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto o
el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de
pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
Ahora bien, los
demandantes en el presente caso  para formular su acusación  en contra de la
expresión no contenida en el parágrafo 2 del artículo 23 concluyen que la
posibilidad  de  no impedir la concesión de los beneficios  señalados en la
ley  a pesar  de que motu proprio la víctima decida no ejercer su derecho en la
instancia del incidente de reparación comporta la negación de los derechos de
la víctima al reconocimiento de una indemnización.
Dado que en
manera alguna  la disposición acusada puede interpretarse en el sentido que
señalan los demandantes   y que es a partir de esa interpretación que los
actores estructuran su acusación, es claro para la Corte que la misma  no
permite que se adelante el juicio de constitucionalidad.
4.3.6
Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de  las expresiones
“que se destinarán a la reparación” contenidas en el  artículo 24 de la Ley 975
de 2005
Como lo pone de
presente el señor Procurador  en relación con la acusación formulada en la
demanda en contra de las  expresiones “que se destinarán a la reparación”
contenidas en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, cabe señalar que  si bien
los demandantes las resaltan como acusadas ningún reproche se formula en su
contra pues la acusación en este punto los actores la limitan a controvertir la
constitucionalidad de las expresiones  “obligaciones de reparación moral y
económica”  contenidas en el primer inciso del mismo artículo.
Según los
actores en efecto, del contenido material de las expresiones “obligaciones
de reparación moral y económica” y “que se destinarán a la reparación”, es
claro que la interpretación que le da la Ley al derecho de reparación integral
se limita a la indemnización económica y moral dejando por fuera otra cantidad
de elementos necesarios para su garantía real.   Por tanto afirman, dicho
aparte acusado debe ser declarado constitucional de manera condicionada en el
entendido que las obligaciones allí previstas deben incluir la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la
adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos
de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las graves
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Así las cosas
dado que en relación con las expresiones “que se destinarán a la reparación”
acusadas, si bien se mencionan, ningún desarrollo específico es
planteado en la demanda respecto de su inconstitucionalidad, la Corte  se
inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo  y así lo señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
4.3.7
Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del artículo 30 de la Ley 975 de 2005  por la supuesta vulneración del artículo 13 superior
Según los actores el artículo acusado
vulnera el derecho a la igualdad, al permitir que las condenas se purguen en
lugares con condiciones de seguridad y demás “similares” a las del INPEC, con ello las penas alternativas no se
pagarán en cárceles como lo hacen los demás reclusos sino que incluso se les
permite que las condenas se cumplan en el exterior, privilegiando de esa manera
a quienes han cometido graves crímenes con cárceles especiales en Colombia o en
el exterior.
Al respecto la
Corte recuerda que  en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte declaró la
exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo treinta frente al
cargo formulado en ese proceso[30]  en el entendido “que
los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad  propios de los  establecimientos administrados por el INPEC” y en
ese orden de ideas la acusación formulada por el actor en el presente proceso
parte de un contenido normativo  diferente  al que actualmente tiene la norma
luego de la referida sentencia y por tanto necesariamente no atiende el
presupuesto de pertinencia  señalado por la Jurisprudencia.
Adicionalmente
la Corte reitera, como ya lo ha señalado en esta
providencia, que  si bien  el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad
no  está sujeta a rigorismos mayores   la configuración de un cargo de
igualdad  requiere un mínimo de desarrollo que permita a la Corte establecer
los términos de comparación propuestos por el actor  en el proceso de
constitucionalidad, así como los fundamentos concretos  en que éste sustenta su
acusación.   Frente a la acusación formulada la Corte  no encuentra tampoco
dichos desarrollos y en este sentido dado que esos elementos mínimos no se
encuentran reunidos en el presente caso   el juicio de constitucionalidad
sobre este punto no puede llevarse a cabo  y lo que corresponde es inhibirse
para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.
En ese orden de
ideas la Corte se inhibirá en relación con la acusación formulada por los
demandantes en el presente proceso en contra  del   artículo 30  de la Ley 975
de 2005  por la supuesta vulneración del artículo 13 superior por ineptitud
sustancial de la demanda  y así se señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
4.3.8
Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de  las expresiones “nadie podrá recibir dos veces reparación
por el mismo concepto” contenidas en el artículo 45 de la Ley 975 de 2005
Para los
demandantes las  expresiones acusadas restringen el derecho a la reparación
integral que le asiste a las víctimas, en la medida en que limitan su
cumplimiento a una sola acción tendiente a garantizarlo, desconociendo así que
la reparación integral no se agota en el simple cumplimiento de los
presupuestos señalados en el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, sino que dichos
presupuestos deben ser entendidos en forma complementaria y conexa sin que ello
signifique que el mero hecho de garantizar uno de ellos genere una reparación
integral, ya que tal derecho siempre implica la adopción de medidas que tiendan
a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.
Al respecto el
señor Procurador advierte que mientras la disposición acusada dispone que “Nadie
podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”, con el fin de
evitar el eventual abuso de este derecho, el cargo se estructura en que el
derecho a la reparación tiene varios componentes que no pueden ser desconocidos
por aquella disposición, planteamiento que  en su criterio carece de
coherencia, pues se refiere a un asunto distinto -el contenido de la
reparación-, y parte de una consecuencia que de ninguna manera puede atribuirse
al artículo demandado, como es el desconocimiento de todos aquellos componentes
del citado derecho de las víctimas.
Sobre este punto
encuentra la Corte que en efecto  la acusación así formulada  incumple el
presupuesto de  pertinencia  señalado por la jurisprudencia pues la  acusación
se  orienta a controvertir  las expresiones acusadas por lo que ellas no
regulan  a saber los diferentes componentes de la reparación debida a las
víctimas  -aspecto que no es el objeto de la norma acusada-  a tiempo que de
las mismas se deriva una consecuencia que en manera alguna  puede predicarse
de ellas a saber que ellas comportan “que el mero hecho de garantizar uno de
ellos genere una reparación integral”.
Así las cosas la
Corte se  inhibirá para emitir  un pronunciamiento de fondo sobre este aspecto
de la acusación y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3.9 Inhibición
en relación con la acusación formulada en contra del  numeral 52.2 del artículo
51 de la Ley 975 de 2005
Estiman los
demandantes que el numeral acusado del artículo 51, configura una violación al
derecho a la verdad que ostentan las víctimas, en la medida en que si se tiene
presente lo previsto en la Ley 782 de 2002 -que complementa necesariamente la
Ley 975 de 2005-, es claro que el informe que recae en la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación solo podrá ser elaborado respecto de dos grupos
armados organizados ilegales, esto es la guerrilla y las autodefensas,
desconociendo así que la Comisión tiene una constitución de origen estatal
razón por la cual no puede ser neutral o imparcial respecto de los citados
grupos armados organizados al margen de la ley pues sobre ellos es que
precisamente va a elaborar el correspondiente informe.
Destacan además
que en relación con los grupos guerrilleros es obvio que en tanto éstos tienen
como finalidad derrocar el régimen constitucional y legal vigente, son abiertos
enemigos del Estado, lo que impide que la Comisión referida pueda garantizar la
imparcialidad en la elaboración del informe, igual situación de parcialidad se
presenta “en caso que los grupos que se pretendan documentar en el informe
sean los paramilitares, (...) pues dichos grupos tienen una conformación
Estatal, particularmente, gracias al Decreto 3398 de 1965”.
En ese sentido,
señalan que es claro entonces que si con el informe se pretende determinar la
verdad sobre una de las partes de la negociación, no tiene sentido que éste sea
elaborado por un órgano del cual no se puede predicar neutralidad en relación
con los grupos organizados al margen de la ley, constituyéndose así una
violación al derecho a la verdad colectiva, pues dicho derecho no se garantiza
solamente porque se hagan públicos los documentos que den cuenta de la historia
de la guerra sino porque la información contenida en los mismos deba estar
protegida por la confianza de la sociedad acerca de su concordancia con la
realidad.
Al respecto la Corte constata que la acusación formulada en
esos términos plantea  un problema de aplicación  a partir de supuestos que los
demandantes infieren  de la composición de la Comisión Nacional de  Reparación
y Conciliación. Composición que en si misma no es objeto de acusación pues el
artículo 50 que la determina no fue incluido dentro de los textos  acusados en
la demanda. Así mismo la Corte  constata que  la misma presupone una serie de
actuaciones contrarias  a los deberes propios de los servidores públicos que de
ella hacen parte, así como un supuesto direccionamiento de las  conclusiones de
informe público cuya  preparación  se  incluye dentro de las  funciones  de la
referida Comisión  que remite claramente a supuestos que desbordan claramente
el ámbito  que corresponde examinar a la Corte dentro del juicio de
constitucionalidad.
La falencia
reseñada explica, adicionalmente, la falta de pertinencia de las razones que
sustentan la censura sujeta a examen.  En efecto, la argumentación planteada
por los actores en este apartado versa sobre las consecuencias prácticas que en
su criterio podrían desprenderse de la aplicación de la disposición acusada, al
igual que de otras disposiciones que no fueron objeto de la demanda,
concretamente las que establecen la composición de la Comisión Nacional de
Reparación y reconciliación.  Por ende, para el presente caso no se está ante
la oposición entre la disposición acusada  y las normas constitucionales que se
estiman violadas, sino ante la presunta contradicción entre las disposiciones
de la Carta y las consecuencias de índole práctico y particular que los actores
infieren de la aplicación de las disposiciones demandas y de otras que, se
insiste, no fueron objeto de la acción pública
En ese orden de ideas resulta evidente que no se dan los
presupuestos para que la Corte  se pronuncie de fondo  sobre la acusación así
planteada por lo que la Corte se inhibirá  y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
5.  Reiteración de los criterios señalados en la sentencia
C-370 de 2006  en  relación con el contenido de
los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición
en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional
colombiano, así como con las pautas que ha de seguir el juez constitucional
cuando se trata de ponderar la relación entre la paz, la justicia y los demás
derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas
de delito,  que resultan pertinentes para el análisis
de los cargos planteados en la demanda.
Para efectos del
análisis de los cargos respecto de los cuales corresponde pronunciarse a la
Corte en la presente sentencia cabe precisar que la Corporación se remite a las
consideraciones hechas en la Sentencia C-370 de 2006   que  sirvieron en esa
ocasión de  marco conceptual para el análisis  de la constitucionalidad  de la
Ley 975 de 2005  que ahora es nuevamente objeto de demanda.  Consideraciones
que  se referían  al contenido de los derechos a la paz, la justicia, la
verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, así como a las pautas
que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la relación
entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones
de los derechos humanos constitutivas de delito.
Concretamente la
Corte remite  a las consideraciones hechas en esa ocasión  en relación con el
derecho a la Paz -apartado 4.1-; La Justicia de transición hacia la paz en una
democracia con instituciones judiciales estables y sólidas –apartado 4.2.-; Los
Tratados vinculantes para Colombia -apartado 4.3- el alcance interpretativo de
la Jurisprudencia Interamericana relativa al Derecho a la Justicia, a la
investigación y conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a
la no repetición  -apartado 4.4.-
En similar
sentido han de recordarse  las consideraciones hechas en relación con  el
“Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la ONU en 1998
-apartado 4.7.-, así como los informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos - apartado 4.8.-
Igualmente la Corte remite a las consideraciones hechas en
torno  a la justicia y los derechos de las víctimas en
la jurisprudencia constitucional colombiana. 4.9. y a
la necesidad de aplicar el método de ponderación para resolver los
cargos formulados en la demanda. términos en los que se habrá de realizar su
aplicación y el respeto al margen de configuración del legislador. -apartado 5-
Dichas
consideraciones necesariamente son las mismas  que la Corte toma en cuanta para
el análisis que  efectúa a continuación.
Ahora bien,  dado que los actores en el presente proceso
invocan numerosas disposiciones internacionales como sustento de su acusación
no sobra precisar que  como  lo ha señalado de manera reiterada la
jurisprudencia y como se recordó en la  referida Sentencia C-370 de 2006 para
efectos del control de constitucionalidad que corresponde efectuar a la Corte
habrán de tenerse en cuanta   como referentes  para el mismo solamente aquellas
disposiciones que conforman el bloque de constitucionalidad –específicamente
los tratados  y convenios internacionales  ratificados por el Congreso, que
reconocen  los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de
excepción- , sin perjuicio de que  la Corporación pueda acudir en armonía con
el mandato del artículo 93 superior  a otras disposiciones internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia para efectos de  interpretación
de los derechos y deberes a que alude la Constitución y que son en este caso
objeto de la Ley 975 de 2005 sub examine.
6.    Análisis de los cargos
Para efectos del análisis  que corresponde efectuar  en la
presente sentencia  la Corte  agrupará los cargos formulados en función de las
temáticas que ellas abordan y en particular i) los cargos que aluden al concepto
de víctima y a la protección en general de sus derechos ii) los cargos que
aluden a la eventual vulneración del derecho a la justicia, iii) los cargos que
aluden a la eventual vulneración del derecho a la verdad, iv) los cargos que
aluden a la eventual vulneración del derecho a la reparación.
6.1  El análisis de los cargos que aluden al concepto de
víctima y a la protección en general de sus derechos
6.1.1 El análisis de la acusación formulada en contra del
cuarto inciso  del artículo 5 de la Ley 975 de 2005
Para los demandantes la disposición
acusada genera una discriminación en la medida en que considera como víctimas a
los miembros de la fuerza pública, dando lugar entonces a que ya no existan dos
bandos claramente diferenciados, que se enfrentan en el marco de un conflicto
armado sino que sólo habría un actor “que
le causa mal a otro”,
en este caso a la fuerza pública, por tanto se parte del supuesto que Colombia
no sufre un conflicto armado sino que la fuerza pública es objeto de enemigos
de las instituciones, caso típico de la delincuencia organizada y no de una
confrontación interna. Así entonces, advierten que “cuando se hace alusión a que las consecuencias propias de
las hostilidades recaen en la fuerza pública, la convierte automáticamente en
una víctima de un grupo delincuencial y desconoce a su paso la existencia de
otros actores armados en el conflicto interno”.
Afirman  que  de esta manera se desconoce
lo previsto en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra y el protocolo
Adicional de los Convenios de Ginebra, pues dicha disposición establece
expresamente dos grupos de personas que hacen parte de los conflictos armados a
saber, aquellos que no participan directamente en las hostilidades y aquellos
que sí (Derecho de la Guerra-Principio de Distinción).
Consideran
entonces, que el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, debe ser
declaro exequible de manera condicionada, en el entendido que los miembros de
la fuerza pública serán considerados como víctimas cuando hayan sufrido
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad
física, psíquica, y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus
derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún integrante o
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, sólo cuando
hubieran depuesto las armas, estuvieran por fuera de combate por enfermedad,
herida o detención o por cualquier otra causa, o no estuvieran participando de
las hostilidades, en caso contrario no pueden ser considerados como tales.
El Ministro del
Interior  y de Justicia asegura que la determinación de “la victima que hace
el Legislador responde al margen de configuración que le reconoce la
Constitución y se encuentra acorde con los mandatos constitucionales, sin
implicar discriminación alguna”.     Afirma que el simple tenor literal de
las normas internacionales se colige que la definición de víctima presenta una
concepción amplia no condicionada por el entorno socio-político ni por aspectos
circunstanciales referidos a la investidura del sujeto pasivo de una
infracción.   En este contexto  afirma los miembros de las fuerza pública sí
pueden ser considerados víctimas.
Para el
interviniente del Ministerio de Defensa los demandantes formulan su acusación, sobre
una contradicción fundamental, a saber, reconocer que los soldados y policías
caídos, heridos o secuestrados son actores del conflicto puestos fuera de
combate y por lo tanto personas que adquieren un estatus de protección a la luz
de los Convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales, pero al mismo
tiempo el reproche a la disposición acusada pretende condicionar la posibilidad
de que el Estado les conceda la condición de víctimas y un estatus jurídico
consecuente con esta situación cuando precisamente el Derecho Internacional
Humanitario les confiere una protección especial una vez son puestos fuera de
combate y han sufrido alguna lesión en el cuerpo y en la salud.
Explica que de
conformidad con la doctrina internacional el sistema de protección de los
Convenios de Ginebra se basa en que “las personas protegidas” deben ser
respetadas y protegidas en todas las circunstancias y recibir un trato humano
sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la
nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio
análogo, toda vez que, el trato humano comprende una actitud que debe tender a
garantizar a las personas protegidas una existencia digna a pesar de las
circunstancias por las que estén pasando, es así como las normas
internacionales “prohíben cualquier forma de discriminación hacia las
personas protegidas.  Negarles el carácter de víctimas a los miembros de la
fuerza pública afectados y las medidas de reparación y protección a sus núcleos
familiares es imponer una forma de discriminación”.
En ese
entendido, el interviniente advierte que no es muy claro el objetivo o la
necesidad de la declaración de constitucionalidad condicionada del artículo 5º
acusado, solicitada por los demandantes, si se tiene en cuenta que la
consecuencia natural, inevitable y consustancial de la lesión física o psíquica
de un miembro de la fuerza pública es la imposibilidad obvia de participar en
las hostilidades y su necesaria protección.
Por su parte el Fiscal General de la
Nación considera que el inciso 4° del artículo 5°
acusado no vulnera lo previsto en el numeral 1° del artículo 3° común de los
Convenios de Ginebra. Precisa que los actores  desconocen que dicha disposición
internacional se refiere a unos mínimos obligatorios, de modo que la
legislación interna  bien puede extender la protección como víctimas a los
miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones, discapacidad o
menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de la acción de los
grupos armados ilegales.    Precisa que  a pesar del conflicto armado la Fuerza
Pública continúa siendo el órgano legal de defensa de la sociedad y el Estado,
mientras que los grupos armados irregulares siempre incurran en los delitos de
rebelión o sedición, y si pretenden someterse a la Ley de Justicia y Paz, se
les investiga y juzga como sujetos activos de tales conductas punibles, y otras
cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo y, como consecuencia
también deberán reparar a las víctimas de la Fuerza Pública.
Por el contrario
para el señor Procurador  (E) los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser
incluidos en la definición de víctima a que alude el artículo 5° de la Ley 975
ibídem. Explica que   la inclusión  en dicho artículo  de los miembros de las
fuerzas armadas que hayan sufrido lesiones o menoscabo de sus derechos como
consecuencia de la acción de los grupos armados al margen de la ley, “es
contraria a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en la medida en
que éste les reconoce a los miembros de las fuerzas armadas que hayan padecido
algún daño en la confrontación, el status de combatiente, y los excluye del
ámbito de aplicación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional”. En consecuencia, solicita la declaratoria de
inexequibilidad,  de los incisos cuatro y cinco del artículo 5 de la Ley 975 de
2005 declaración que  en su criterio “no afecta los derechos de éstos, pues,
por su especial función, son protegidos por el Estado a través de otras
normativas”.
Precisa que
resulta inaceptable que los miembros de la Fuerza Pública o sus familiares
deban recurrir al Fondo de Reparación de que trata la Ley aludida, para obtener
las indemnizaciones a que haya lugar por su participación y daños sufridos en
combate o con ocasión del mismo, como se derivaría de la aplicación del
artículo acusado, cuando el Estado tiene establecido para ellos instituciones y
mecanismos especiales e idóneos para tal fin.
Al respecto la Corte recuerda que  como se señaló en
la Sentencia C-225 de 1995 los Convenios de Ginebra de
1949  y los Protocolos I y  II a ellos integrados  hacen parte del bloque de
constitucionalidad  y resultan vinculantes para efectos del control de
constitucionalidad efectuado por la Corte.
Sobre este punto
la Corte señaló en efecto lo siguiente:
“Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en
el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos
ratificados por Colombia. Esta Corte ha precisado que para que opere la
prevalencia tales tratados en el orden interno, "es necesario que se den
los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho
humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los
estados de excepción"[31]. En tales
circunstancias es claro que los tratados de derecho internacional humanitario,
como los Convenios de Ginebra de 1949  o el Protocolo I, o este Protocolo II
bajo revisión, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos
humanos que no pueden ser limitados ni durante los conflictos armados, ni
durante los estados de excepción. Además, como lo señaló esta Corporación en la
revisión del Protocolo I, y como se verá posteriormente en esta sentencia,
existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la
Constitución colombiana y los convenios de derecho internacional humanitario,
puesto que todos ellos reposan en el respeto de la dignidad de la persona
humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las disposiciones del
derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y
las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las
acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la
persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados"[32].
En la misma sentencia se puso de presente  que el  artículo 3º
común  a dichos Convenios -aprobado por Colombia por medio de la Ley 5º de
1960, ratificado el 8 de noviembre de 1961- contiene una serie de obligaciones
para las partes en conflicto[33], las cuales son
reproducidas y ampliadas por el articulado del Protocolo II[34],
el cual junto con  la respectiva  ley aprobatoria fue objeto de examen por la
Corte en la referida sentencia.
Ahora bien frente  al texto de dichas disposiciones
internacionales -que son los que invocan los
demandantes y los diferentes intervinientes-  la
Corte constata
que ninguna oposición se configura entre  estas y  el
inciso cuarto del artículo 5 de la Ley 975 de 2005 acusado, pues de las mismas
no se desprende una prohibición para el Estado Colombiano  de conceder  o
atribuir el estatus de víctima  a los miembros de la fuerza pública en las
circunstancias a que alude la ley referida.
Ha de tenerse en cuenta  en efecto que en  dichos textos se
señalan,  como lo pone de presente el señor Fiscal General de la Nación, es
una serie de obligaciones mínimas  que  se imponen a los  Estados en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes y que están
encaminadas esencialmente a proteger a la población civil y en general a  todas
las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa.
Así mismo cabe recordar que en el Protocolo invocado se
señala que el mismo se aplicará sin ninguna distinción
de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o
creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social,
fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo
(denominada en el mismo "distinción de carácter desfavorable"), a
todas las personas afectadas por el conflicto armado en los términos a que en
el se alude[35].  Es decir que del
propio protocolo se desprende que en este campo no cabe hacer discriminaciones
en relación con las personas afectadas por el conflicto, dentro de los cuales
necesariamente han  de incluirse los propios combatientes.
Tampoco encuentra la Corte que con ello se vulnere el
principio de distinción   -entre la sociedad civil y los combatientes-  a que
se aludió en la misma Sentencia C- 255 de 1995[36]
pues en el presente caso de lo que se trata no es de asimilar  a los civiles
con dichos combatientes para someter a los civiles  a una situación de aquellas
que precisamente prohíben los textos internacionales citados, sino que se trata
es simplemente del otorgamiento a los miembros de la Fuerza Pública para
efectos de la Ley sub examine del carácter de víctimas.
Se trata pues mas bien de una norma interna más garantista
que las previstas en el ordenamiento internacional.
Obviamente  dicho reconocimiento, no comporta la
posibilidad de que en estos casos se reciba una doble indemnización sino  que
necesariamente  alude  a una protección que complementa la prevista en el
régimen de seguridad social  y se refiere solamente a los riesgos que no están
cubiertos  por el régimen de seguridad social de la Fuerza Pública.
En ese orden de ideas frente al cargo planteado por la
supuesta vulneración de el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y del
Protocolo II que lo desarrolla la Corte encuentra que la acusación  planteada
en ese sentido por los demandantes no está llamado a prosperar y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.1.2 El  análisis de la acusación formulada en contra de
la expresión “promover” contenida en los artículos  4 y 7 de la Ley 975 de 2005
Para los demandantes el Estado
Colombiano en desarrollo del proceso de reconciliación nacional previsto en la
Ley 975 de 2005, tiene la obligación de garantizar efectivamente los derechos
de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad
y de guerra so pena de ser declarado responsable nacional e internacionalmente
como negligente a la hora de cumplir con el marco normativo que al respecto
existe en el ámbito interno y externo.
Ahora bien,  a
su juicio la expresión  “promover” que el Legislador incluyó en los artículos 4
y 7 de la Ley 975 de 2005[37] puede entenderse  como
una posibilidad “indeterminada” y “discrecional” respecto de los
derechos de las víctimas  cuya protección se encuentra en cabeza del Estado lo
que la hace inconstitucional, toda vez que la responsabilidad estatal en
materia de promoción del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación no consiste en una simple posibilidad discrecional sino en una obligación
inexorable que debe ser cumplida a cabalidad.
Así pues,
consideran que la expresión “promover” debe ser declarada exequible de
manera condicionada, en el entendido, que la misma no puede ser aducida para no
garantizar debidamente los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
En similar sentido se pronuncia el Director de
la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los
derechos humanos  para quien dicha expresión promover no honra la obligación de
garantizar  los derechos humanos garantizada por Colombia al suscribirlos
tratados sobre la materia.
Por su parte el señor Fiscal y el señor
Procurador General de la Nación   señalan que contrario
a lo afirmado por los accionantes, no puede afirmarse que a través de las
expresiones acusadas el Estado se exonere de los correlativos deberes que le
imponen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, ni que el deber constitucional de adelantar la acción penal para
investigar los delitos y conocer la verdad quede a la liberalidad de los
funcionarios judiciales.
Al respecto la Corte  debe señalar  que  del
análisis gramatical  ni menos aún  del análisis sistemático de las
disposiciones acusadas en el contexto normativo en que ellas se insertan  se
desprende que la expresión “promover”  comporte  la introducción  de elementos
de indeterminación o de discrecionalidad  para los servidores  encargados de
darles cumplimiento o que con ello se libere al Estado de sus deberes y
obligaciones  respecto de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia  y la reparación.
En efecto, como lo recuerda el señor Procurador de acuerdo con el Diccionario de  la Real Academia Española de la
Lengua la primera acepción de la expresión “promover” es
“iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro” al tiempo que
igualmente figura dentro  como otra de sus acepciones la de  “Tomar la
iniciativa para la realización o el logro de algo”[38].
Con lo que es claro que en si misma la expresión acusada  no excluye  que
se asegure la realización de los derechos  que en este caso se encuentran
comprometidos.
A su vez ha de
tomarse en cuenta  que las disposiciones acusadas se inscriben en un contexto
normativo en el que   en manera alguna puede darse la interpretación a  que
aluden los demandantes  Así, de acuerdo con el artículo  primero de la ley  975
de 2005 la misma “tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación.”-resalta la Corte-. A su vez el
segundo inciso del artículo segundo de la misma Ley señala que  “La
interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los
tratados internacionales ratificados por Colombia.”- resalta la Corte-.
A ello debe
sumarse  que como lo señaló la Corte en la Sentencia C-370 de 2006  la
alternatividad a que alude el artículo 3 de la  Ley 975 de 2005[39]
ha de entenderse establecida en el sentido  de que “la colaboración con la
justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” -resalta
la Corte-.
Desde esta
perspectiva  es claro  para la Corte que  no pueden en manera alguna
interpretarse las disposiciones en que se contiene la expresión acusada  en un
sentido que desconozca el cumplimiento por parte del Estado Colombiano de sus
deberes y obligaciones  frente a las víctimas respecto de sus derechos a la
verdad, la justicia y  la reparación, en armonía con las disposiciones
constitucionales y los compromisos internacionales que de acuerdo con ellas
éste ha adquirido en estas materias.
Dado que ello es
así no resulta pertinente ni  la declaratoria de inexequibilidad ni el
condicionamiento  planteado por los demandantes.
Así las cosas  ha de concluirse sobre este punto que el cargo
planteado por los actores  en contra de la expresión “promover” contenida
en los artículos 4 y 7 de la Ley 975 de 2005 no está llamado a prosperar y así
se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. |
6.1.3 El análisis de la acusación formulada en contra de
la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34,
Para los
actores, la expresión “asistirá”  contenida en el artículo 34 de la Ley 975 de
2005[40]  establece en relación
con las funciones de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la referida ley
diferencias entre las que se asignan a ella respecto de los imputados, los
acusados y condenados, frente a las que se asignan en relación con las
víctimas, desconociendo así  en su criterio que no se puede crear una
diferenciación del papel que cumple la Defensoría del Pueblo en los procesos especiales
a los que se refiere la Ley 975 de 2005, pues con ello se vulnera la tutela
efectiva de los derechos de las partes en el proceso, de forma tal que si se
tiene en cuenta que “el derecho de acceso a la administración de justicia,
consagrado en el artículo 229 superior, en caso de las víctimas, tiene como fin
que las mismas puedan exigir sus derechos al interior del proceso judicial,
establecer medidas diferenciadas para un órgano estatal respecto de uno u otro
actor dentro del proceso, desconoce que es un deber del Estado ofrecer un
recurso eficaz y establecer las condiciones óptimas para que el mismo sea usado
de la mejor forma”.
Precisan que la
expresión “asistirá” debe ser utilizada en otros términos que generen
una mayor vinculación, o en otra palabras, que no creen una diferenciación en
las funciones de la Defensoría del Pueblo respecto de las víctimas,  frente a
los imputados, acusados y condenados y  para ello solicitan que sea declarada
exequible en forma condicionada en el entendido que debe ser interpretada y
aplicada en las mismas condiciones que el verbo “garantizar” como es
usado en el artículo 34 acusado para dichos imputados, acusados y condenados.
Al respecto el
señor Procurador manifiesta que “la interpretación con base en la cual se
formula el cargo, se edifica en dos errores, de una parte en un análisis y
comprensión fragmentada y no sistemática de los derechos de las víctimas y de
los mecanismos implementados en la ley para su garantía, y en el considerar que
si la norma no vincula a la Defensoría en la protección de los derechos de la
víctima este organismo no está comprometido en esta labor”, de suerte tal
que es absolutamente innecesario hacer el condicionamiento que reclaman los
actores, por cuanto la Defensoría del Pueblo, por disposición constitucional,
tiene a su cargo la defensa, garantía y promoción de los derechos fundamentales
y entre éstos los de las víctimas –art. 282 C.P.-, especialmente si se tiene en
cuenta que el sentido del artículo 34 acusado es determinar que las víctimas
podrán contar con la asistencia de la Defensoría del Pueblo para la reclamación
y ejercicio de sus derechos.
Sobre este
punto  la Corte  deber precisar que  en la Sentencia C-370 de 2006  la Corte al
analizar la acusación formulada en contra de la expresión “presente” -que
declaró inexequible- del segundo inciso del referido artículo 34  puso en
evidencia  que el propósito del capítulo en el que se contiene dicho artículo
-“Capítulo VII instituciones para la ejecución de la presente ley”-  es el de
establecer toda una estructura de apoyo para la ejecución de la Ley 975 de
2005  y la promoción y defensa de los derechos de las víctimas.
Allí se destacó que las víctimas integran, sin duda,  uno de los
sectores más vulnerables de la población frente al cual la Defensoría del
Pueblo, en el marco de sus competencias, puede desarrollar toda una gama de
posibilidades de asesoría, asistencia y protección, en desarrollo de las
facultades que le han sido atribuidas por las leyes que se ocupan de esta importante
institución.  Por ello consideró que la expresión “presente” introducía una
severa restricción a las posibilidades de asistencia a las víctimas por parte
de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe con la concepción amplia de los
derechos de las víctimas a la cual se hizo extensa y reiterada  referencia en
la citada sentencia  y en consecuencia declaró su inexequibilidad.
En ese orden de
ideas el análisis que corresponde hacer ahora frente a la acusación formulada
en el presente proceso frente a una expresión diferente del mismo inciso
segundo del artículo 34 debe  hacerse a partir  del texto que actualmente rige
luego de la sentencia C-370 de 2006  es decir “La Defensoría del Pueblo
asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la
ley.”
Ahora bien,   a
partir de ese nuevo texto es claro  que la  acusación  formulada a partir de la
diferencia  de tratamiento  que los actores consideran se establece en el
referido artículo 34 con la  introducción en él de la expresión “asistirá” si
se le compara con las previsiones establecidas en la misma norma para el caso
de los imputados, acusados y condenados, pierde claramente su fundamento.
En efecto  dado
que la función que  debe cumplir la Defensoría del Pueblo  no se encuentra
limitada a lo señalado en la Ley 975 de 2005 sino que debe entenderse  que ella
se cumple en el marco de la ley y de las funciones que la Constitución le
asigna (art 282 C.P.)[41]   dentro de las que se
encuentra precisamente  la de velar por la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos y particularmente orientar e instruir a los
habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el
ejercicio y defensa de sus derechos  así como organizar y dirigir la defensoría
pública en los términos que señale la ley, es claro que de la expresión acusada
en manera alguna puede desprenderse un entendimiento de la norma  que limite  o
haga menos vinculantes para dicha institución sus deberes para con las
víctimas.
Víctimas
respecto de las cuales,   como se  reiterará mas adelante,  no cabe ninguna
duda del claro compromiso del Estado Colombiano en la protección de sus
derechos   ya no limitada simplemente al concepto de indemnización económica.
Así las cosas la
Corte constata que el cargo formulado en contra de la expresión “asistirá”
contenida en el segundo inciso del artículo 34 de la Ley 975 de 2005 no está
llamado a prosperar y así se  señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
6.1.4 El
análisis de la acusación formulada en contra de las
expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas en el artículo 36 de
la Ley 975 de 2005
A juicio de los
actores, la  expresión “impulsará”  contenida en el
artículo 36 de la Ley 975 de 2005  da a entender que la obligación allí
prevista a cargo de la Procuraduría General de la Nación es de mero
acompañamiento  de los mecanismos para la participación de las organizaciones
sociales para la asistencia de las víctimas,  lo que constituye -en su
criterio- una simple obligación de medio y no de fin, en cuyo caso desconoce
que la participación de las víctimas en los procesos judiciales no puede tener
tal connotación puesto que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la
administración de justicia de las víctimas, en ese sentido, se genera un
incumplimiento de un deber constitucional e internacional cual es garantizar y
no solamente impulsar el acceso de las víctimas a los procesos judiciales. Así
mismo afirman que  el sentido que le quiso dar el Legislador al término “asistirá”
tiene como fundamento permitir que organizaciones sociales asistan
humanitariamente a las víctimas del conflicto, y que  si ello se interpreta así
existe una vulneración al derecho fundamental a la reparación pues es claro que
el Estado que se ha comprometido internacionalmente a garantizar ese derecho no
puede transmitirlo a agentes privados por muy “defensable que sea su
accionar”.
Al respecto  la Vista Fiscal  al tiempo
que  advierte que la acusación parte de presupuestos errados sobre el contenido
del artículo y su finalidad,  precisa  que es absolutamente claro que el
artículo 36 de la Ley 975 de 2005, en ningún momento traslada a los
particulares las obligaciones que le competen a las autoridades públicas,
sobretodo cuando la misma Ley se encarga de distribuir competencias entre los distintos
organismos estatales que participan en lograr la reparación efectiva de las
víctimas –arts. 47 inciso 2º, 49 y 55 ídem).
Al respecto la
Corte encuentra que efectivamente los demandantes  no toman en cuenta en la
formulación de su acusación el contexto  normativo dentro del cual se encuentra
inserto el artículo 36 del que hacen parte las disposiciones que acusan como
tampoco que el objetivo del mismo artículo  no guarda relación ni con el
cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la Nación en  el
ámbito del proceso penal ni con la regulación  en la Ley del tema de la
reparación a las víctimas.
En efecto cabe recordar que el referido artículo  se
encuentra inserto dentro del  Capítulo VII  sobre “instituciones para la
ejecución de la presente ley” en  el que se señalan competencias para  Los
Tribunales Superiores de distrito Judicial (art 32),  La Unidad Nacional de
Fiscalías  para la Justicia y la Paz (art 33),  la defensoría Pública  (art
34), la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz (art 35)  y el
artículo  36 aludido en el que se  señalan competencias a la Procuraduría
General de la Nación en  relación con la  participación  de las organizaciones
sociales de asistencia a las víctimas.
Igualmente cabe
destacar que  el artículo 35  de la  Ley 975 de 2005 establece que  el
Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley,
una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para
el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales –resalta la
Corte-
Es decir que en manera alguna puede entenderse que las
disposiciones acusadas contenidas en el artículo 36  de la misma ley atinente
a  la promoción de mecanismos  de participación de las  organizaciones
sociales  de asistencia a las víctimas, puedan limitar  de alguna manera el
derecho de acceso de las víctimas a la administración de justicia  en función
de las competencias que se asignan a la Procuraduría general para promover  la
participación de dichas  organizaciones sociales.  Participación que
obviamente  ha de entenderse sin perjuicio de las  funciones a las que  la
misma ley 975 de 2005 y en general la Constitución  y la Ley asignan a las
instituciones a que se hace referencia en el citado capitulo VII.
Ahora bien  concretamente en cuanto al supuesto traslado
hacia las  organizaciones sociales que  la expresión “asistencia” implicaría
de las obligaciones  que corresponden al Estado en materia de reparación  de
las víctimas basta señalar que al respecto la propia ley  señala en el capítulo
X  sobre “Derecho a la reparación de las victimas”  no solo de manera expresa
el deber general de reparar (art 42)  sino expresas competencia para el Fondo
para la Reparación de las victimas  (arts 42, 52) u para la  red de solidaridad
social (art 55)
En ese orden de ideas la Corte concluye que la acusación
formulada en contra de de las expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas
en el artículo 36 de la Ley 975 de 2005  no está
llamada a prosperar y así se  señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
6.1.5 El análisis de la acusación formulada en contra de
las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas”, contenidas en el
numeral 38.2 del artículo 37
Afirman los
demandantes que las expresiones “cuando quieran que resulten amenazadas”, que
hacen parte del numeral 38.2 del artículo 37[42], vulneran el
derecho a la protección que tiene las víctimas de violaciones a los DDHH, de
crímenes de lesa humanidad y de guerra, en la medida en que crea una limitación
a la obligación general que tiene el Estado de proteger a esas personas
víctimas del conflicto independientemente de la circunstancia que resulten o no
amenazadas, puesto que la obligación de protección especial para las víctimas
surge por la configuración de dicha situación y por tanto la Ley no puede
imponer un requisito adicional para que el Estado deba protegerlas so pena de
incurrir en una negligencia que aumente la gravosa situación de incumplimiento.
Al respecto  el señor
Fiscal General de la Nación afirma que “la ley al referirse a la protección
de las víctimas cuando resulten amenazadas, no pretende limitar el derecho a su
protección, pues se trata de armonizar con el contenido del artículo 67 de la
Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002[43], norma a la que se acude como
complemento tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 previendo
expresamente la protección cuando se interviene en un proceso penal, cualquiera
sea la calidad”.
Al respecto la Corte señala que las expresiones acusadas
necesariamente deben interpretarse en un sentido de  protección  efectiva de
los derechos de las víctimas -como se puso de presente en la Sentencia C-370 de
2006 en general respecto de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación-   y en manera alguna como limitación o excusa para el Estado de
garantizar esos derechos.
Desde esta
perspectiva no cabría entender por ejemplo que  el derecho en si mismo  a la
protección de la intimidad o a su seguridad  y la de sus familiares o testigos
a favor en el contexto del acceso a la administración de justicia  pueda quedar
supeditada a  una valoración subjetiva  de cualquier funcionario sobre su
amenaza.
Dichos derechos en
cuanto tales deben siempre estar  protegidos  y ello no en función solamente de
la calidad de víctima sino de persona.
Ahora bien, en cuanto
se refiere a una protección adicional o especial  -que es necesariamente el
sentido en que cabe entender  introducidas  por el legislador las expresiones
acusadas  es  claro que como lo pone de presente el señor  Fiscal brindar una
protección especial puede llegar a restringir los derechos de las personas
concernidas y  en este sentido  solo es posible  brindarla  con el
consentimiento de las mismas.  Incorporar a una determinada persona  o a un
grupo de personas a un  programa especial de protección exige  además tomar en
cuenta la condición de riesgo previsible  en que ellas se encuentren, pues no
tendría sentido exigir al Estado  la incorporación a dichos programas a todas
las personas que intervienen en el proceso penal independientemente  de sus
circunstancias.  En ese orden de ideas dicha protección especial deberá
efectivamente  garantizarse  cuando los derechos a que se ha hecho referencia
se encuentren amenazados.
Así las cosas, dado que el único
entendimiento que cabe dar a las  expresiones acusadas es el que viene de
señalarse la Corte encuentra que ellas no contravienen  las normas superiores y
en ese orden de ideas la Corte concluye que la
acusación formulada en contra de de las expresiones “cuando quiera que
resulten amenazadas”, contenidas en el  numeral 38.2 del artículo 37 de la
Ley 975 de 2005   no está llamada a prosperar y así se  señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.1.6 El análisis de la acusación formulada en contra de
la expresión “facilite” contenida en el  numeral 38.4 del artículo 37,  así
como de la  expresión “definitiva” contenida en el  numeral 38.6 del mismo
artículo de la Ley 975 de 2005.
Para los
demandantes la expresión “facilite”, que hace parte del numeral 38.4 del
artículo 37 de la Ley 975 de 2005  vulnera el derecho de las víctimas a
participar activamente dentro del proceso judicial desconociendo que el Estado
Colombiano está obligado a garantizar los derechos de éstas en todos los
niveles y por tanto la Ley no puede establecer sobre el particular una simple
obligación de medio, en ese entendido, el uso del verbo “facilitar”  se
entiende como una posibilidad indeterminada y discrecional respecto de los
derechos de las víctimas en cabeza del Estado sin considerar que la
responsabilidad estatal en esa materia de garantía no puede obedecer a una
posibilidad discrecional sino que constituye por el contrario una obligación
inexorable que debe ser cumplida.
A su vez
advierten que la expresión acusada “definitiva”, que hace parte del
numeral 38.6 del  mismo artículo 37, impide que  las víctimas accedan a la
documentación recopilada durante el proceso judicial, por tanto la expresión
acusada al establecer una restricción, en cuanto solo permite el acceso a los
casos ya decididos definitivamente genera como consecuencia la imposibilidad de
la víctima para actuar de alguna forma dentro del proceso como tal hasta tanto
no haya una decisión en firme.
Al respecto tanto el señor Fiscal como el señor Procurador
advierten que los demandantes  parten del supuesto errado de la imposibilidad
para las víctimas de acceder al expediente judicial y por tanto los cargos
formulados en este sentido no deben estar llamados a prosperar.
Sobre este punto la Corte constata que la censura de los demandantes
en contra de las disposiciones aludidas  se enmarca dentro de un
cuestionamiento global a lo que consideran una precaria  e incompleta garantía
de acceso de las víctimas al proceso similar al que se formulara por los
demandantes en el proceso que culminó con la Sentencia C-370 de 2006. En esa
dirección entienden que el hecho de que las expresiones  impugnadas  aludan a
la idea de facilitar  la presentación de pruebas  o reconozcan expresamente el
derecho a conocer la decisión definitiva comportan la exclusión de las víctimas
en otras fases del proceso o   el carácter precario de su intervención en él
Sobre este punto resulta  entonces relevante recordar las consideraciones
hechas por la Corte en la Sentencia C-370 de 2006  al examinar un cargo en
similar sentido en contra de otras disposiciones de la Ley 975 de 2005 (arts
17,18 y 19)
Expresó la Corporación:
“6.2.3.2.2.5. Esas restricciones que los demandantes acusan respecto
de los derechos de las víctimas de acceder al proceso en las etapas señaladas,
resultan meramente aparentes. El contenido de tales disposiciones en lo que
tiene que ver con las facultades procesales  de las víctimas exige una lectura
concordada con otras disposiciones de la ley que regulan esta específica
materia. En particular con las que se aglutinan bajo el capítulo VIII que
regula los “Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia” en
el que se consagra sus derechos a “ser oídas y a que se les facilite el aporte
de pruebas” (38.4); a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en
los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses, y conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas
(38.5) norma que deberá ser interpretada en el sentido establecido por la Corte
en esta misma decisión; a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a
la persecución penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.
6.2.3.2.2.6. Adicionalmente el sistema de garantías procesales que
la ley establece debe apoyarse en los principios que rigen la ley (art.1º)
conforme a los cuales uno de sus objetivos es garantizar los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia a la reparación,  el cual se concreta en el
enunciado del artículo 37 que establece que el estado “garantizará el acceso de
las víctimas a la administración de justicia.
6.2.3.2.2.7. De otra parte, la aplicación de la ley debe realizarse
con sujeción a los desarrollos que la jurisprudencia constitucional, con base
en el derecho internacional ha efectuado respecto del alcance de los derechos
pocesales  de las víctimas; conforme a ellos, como ya se señaló en otro aparte
de esta decisión y se reitera aquí, el derecho a la justicia comporta un
auténtico derecho constitucional al proceso penal[44]
, y el derecho a participar en el proceso penal[45],
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa, por ejemplo, en
" que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales
serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso,
así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas"[46]
6.2.3.2.2.8. Así las cosas, encuentra la Corte que no es correcta la
percepción de los demandantes en el sentido que las disposiciones acusadas
excluyan una participación de la víctima en las diligencias que allí se
regulan. Una visión sistemática de las normas relativas a las facultades
procesales de la víctima en el marco de los principios que la animan y los
desarrollos jurisprudenciales vigentes en la materia, permiten concluir que,
contrario a lo afirmado en la demanda, la ley garantiza la participación de las
víctimas en las diligencias de versión libre y confesión, formulación de
imputación y aceptación de cargos. Conclusión que resulta reforzada por la clara
opción de la ley por un sistema procedimental marcadamente acusatorio que se
desarrolla a través de audiencias a las que no se puede obstruir el acceso de
las víctimas.”
En ese orden de ideas debe reiterar la Corte que las disposiciones
acusadas  que se examinan en este acápite  como todas las que regulan los
derechos de las víctimas en el proceso penal, deben ser interpretadas conforme
al estado actual de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional
se ha producido en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que
actualmente se encuentra superada la concepción reductora de los derechos de la
víctimas a una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos
de las víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia[47],
comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la
justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas
las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia
en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva
del carácter bilateral del derecho a un  recurso judicial efectivo en virtud
del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con
los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la víctima como
protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección
similares a los de otros intervinientes en el proceso.
En consecuencia,
el hecho de que una de las  disposiciones impugnadas establezca explícitamente
el derecho de las victimas a ser informadas sobre la decisión definitiva
relativa a la persecución penal, no puede interpretarse como exclusión de su
derecho a participar y a conocer las diferentes actuaciones surtidas en el
proceso previamente a dicha decisión. Tal reconocimiento explícito del derecho
a ser informados de la decisión definitiva debe entenderse sin perjuicio del
derecho que tiene    a intervenir en las diferentes fases del proceso y en este
sentido. Tampoco el hecho de que se señale que se  facilitará a las víctimas el
aporte de pruebas puede entenderse en un sentido que  limite sus derechos a
intervenir en el proceso.
En ese orden de ideas es claro para la  Corte que la
acusación formulada de la expresión “facilite” contenida
en el  numeral 38.4 del artículo 37,  así como de la  expresión “definitiva”
contenida en el  numeral 38.6 del mismo artículo por la supuesta limitación de
los derechos de las víctimas en el acceso al  proceso no está llamada a
prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.1.7 El análisis de
la acusación formulada en contra de el artículo 41  de la Ley 975 de
2005
Argumentan los demandantes que el
Legislador al expedir el artículo 41 de la Ley 975 de 2005[48]
incurrió en una omisión legislativa en la medida en que no incorpora como
personas de especial protección a los grupos indígenas y minorías étnicas
quienes de conformidad con lo previsto en el artículo 7° superior, gozan de
reconocimiento especial el cual trae consigo una serie de obligaciones
inexorables para el Estado, y por tanto si tal reconocimiento se desconoce ello
da lugar a que se vulneren los derechos fundamentales de un sector de la
población que de por sí se encuentra en una especial de situación de debilidad.
Por ello
solicitan que el  artículo demandado sea declarado exequible en forma
condicionada, en el entendido que también se aplicará lo allí previsto para el
caso de los grupos indígenas y las minorías étnicas.
Para el señor Procurador es procedente hacer el condicionamiento
solicitado por los actores en su demanda, como quiera que si bien la
disposición, con el amparo constitucional del artículo 13 establece una acción
positiva a favor de las mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad o
con discapacidad que participen en el proceso penal, es decir, de la población
más vulnerable dentro del conflicto armado interno, no incorpora allí las
minorías étnicas que también son víctimas de éste y hacen parte de ese sector
vulnerable, desconociendo así que “es indiscutible que los grupos étnicos tienen
un patrimonio cultural que debe garantizar el Estado y que se encuentra
expuesto fácilmente en la situación actual de conflicto. Aduce además que el Convenio 169 adoptado
por la Conferencia General de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21
de 1991, establece la protección de derechos de ese tipo de grupos. Convenio
que además,   afirma, hace  parte del llamado bloque de constitucionalidad.
Ahora bien,  cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corporación[49]
ha admitido la posibilidad de ejercer el control abstracto de
constitucionalidad en circunstancias en las que  la inactividad del legislador,
en lo que corresponde al cumplimiento y desarrollo de la función legislativa,
puede afectar o desconocer derechos y garantías superiores, y en esa medida,
ser objeto de control jurisdiccional por la vía de la acción pública de
inconstitucionalidad. En estos casos, ha dicho la Corte  que la presunta
infracción de la Constitución  proviene de la falta de regulación normativa en
torno a materias constitucionales sobre las cuales el Congreso tiene asignada
una específica y concreta obligación de hacer.
No obstante lo anterior, en procura de respetar la autonomía e
independencia del Congreso, la misma jurisprudencia ha aceptado que no toda
inactividad legislativa puede ser objeto del control constitucional. Así, la
Corte ha precisado que el análisis de constitucionalidad sólo tiene lugar,
cuando la omisión que se ataca es por esencia relativa o parcial y en ningún caso
absoluta[50].
Al respecto ha señalado la  Corte:
“Tratándose de la omisión absoluta, es claro que el órgano de
control carece de competencia para emitir pronunciamiento de fondo, pues la
misma comporta una ausencia total e íntegra de normatividad que, en cualquier
caso, impide una confrontación material, objetiva y verificable con el texto de
la Carta Política, aspecto que resulta relevante al proceso de
constitucionalidad, en cuanto responde a la técnica a partir de la cual éste
último se edifica, configura y desarrolla.(...)
Por el contrario, en el caso de la llamada omisión relativa o
parcial, la competencia de la Corte Constitucional para proferir decisión de
fondo está plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre una acción
normativa del legislador, específica y concreta, de la que éste ha excluido
determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la
materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e
incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a
sus presupuestos fácticos. (...)” [51]
En es orden de ideas la Corte ha señalado que” la
inconstitucionalidad por omisión no puede ser declarada por el juez
constitucional sino en relación con el contenido normativo de una disposición
concreta, que por incompleta resulta ser discriminatoria[52].
La
jurisprudencia ha identificado  a su vez una serie de  presupuestos
para que prospere una demanda por omisión legislativa relativa, a saber (i) la
existencia de una disposición  frente a la cual se predique la omisión; (ii)
que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado con
el fin de dar un trato idéntico o similar a situaciones expresamente
contempladas en él (iii) que el precepto excluya un ingrediente, condición
normativa o consecuencia jurídica que resulte esencial e indispensable para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental; (iv) que la
exclusión de los casos,  ingrediente, condición normativa o consecuencia
jurídica carezca de un principio de razón suficiente; (v) que la falta de
justificación genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de
la norma; y (vi) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber
específico impuesto por el constituyente al legislador [53].
A partir de dichos presupuestos procede  la Corte a
examinar en el presente caso la acusación formulada por los demandantes.
De acuerdo con el
artículo 41  acusado que hace parte del   Capítulo VII sobre  “derechos de las
víctimas  frente a la administración de justicia”  de la Ley 795 de 2005  Tanto
los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades
especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con
discapacidad que participen en el proceso. Es decir que existe
efectivamente una norma de la cual se predica la omisión  que los demandantes
hacen consistir  en no haber incluido a las poblaciones indígenas  dentro del
listado de  personas respecto de las cuales  se deberán tener en cuanta sus
necesidades especiales. Dicha exclusión no encuentra justificación pues al
haber enunciado el legislador caso especiales merecedores de protección, no se
ve cual fue la razón para no incluir a los pueblos indígenas.
Ahora bien dado
que  presupuesto indispensable para entender o no configurada dicha omisión,
consiste  en que  exista una obligación específica impuesta por el
Constituyente que se este incumpliendo por parte del Legislador, debe la Corte
examinar si en este caso ese requisito se  da pues de lo contrario la referida
omisión no se configuraría.
Al respecto ha de
tenerse en cuenta igualmente que para efectos del control de
constitucionalidad   además de las disposiciones  constitucionales resultan
relevantes una serie de textos internacionales que conforman lo que se ha
denominado el bloque de constitucionalidad  -por ser textos de derechos  humanos
ratificados por el Congreso que no pueden ser suspendidos durante los estados
de excepción- y en este sentido solo si  de una norma constitucional o de una
norma  internacional que este incluida en dicho bloque de constitucionalidad se
desprende una obligación para el legislador que en este caso se esté
incumpliendo podría entenderse configurada la omisión alegada.
Los demandantes
al respecto invocan tanto el artículo 7 de la Constitución como el Convenio 169
de la OIT .
En relación con
artículo 7 de la Constitución  según el cual “el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”   debe señalarse que del
mismo no se desprende una obligación específica que pueda invocarse en este
caso  concretamente en materia de “derechos de las víctimas  frente a la
administración de justicia”  y concretamente  de atención de necesidades
especiales de las comunidades indígenas.
Debe entonces
examinarse si dicha obligación específica se encuentra establecida en el
Convenio 169 de la OIT. Previamente empero debe dilucidarse si dicho Convenio y
concretamente las obligaciones que en el puedan establecerse  constituyen
disposiciones de aquellas que por  referirse a tratados y convenios  de
derechos humanos  ratificados por el Congreso y que prohíben su limitación en
estados de excepción interan el bloque de constitucionalidad, pues solamente en
ese caso ellas podrían ser tomadas en cuenta como referente de control para
efectos del examen de constitucionalidad de la  disposición acusada.
Al respecto la
Corte constata que  el Convenio 169 de la OIT   se encuentra dentro de aquellos
textos  internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el
Congreso. En efecto dicho texto internacional fue aprobado mediante la Ley 21 de
1991  y en el se contienen diferentes disposiciones relativas a los derechos
humanos reconocidos a los pueblos indígenas.  Empero  ninguna de sus
disposiciones  prohíbe la suspensión  de las mismas en los estados de
excepción. Tampoco este figura dentro de los textos   a que alude el artículo
4  de la Ley estatutaria de Estados de excepción como aquellos que no pueden
ser objeto de suspensión.
Si bien la Corte
ha señalado que dicho Convenio  constituye en armonía con el artículo 93
superior  claramente criterio de interpretación  de los derechos y deberes
señalados en la Constitución[54]  y en
materia de acciones de tutela ha incluso afirmado que para esos efectos se
integra al bloque de constitucionalidad  -particularmente en lo relativo al
derecho a ser consultados[55]- es claro
que por  tratarse  de una norma que  puede ser suspendida durante  los estados
de excepción no puede ser tomado como referente de control en materia de
control abstracto  de constitucionalidad
A ello debe
sumarse que de su texto no se desprende tampoco una obligación específica para
el Estado  en relación con la materia  concreta a que alude el artículo
acusado.
Desde esta
perspectiva, encuentra la Corte que ante la ausencia de uno de los presupuestos
necesarios para poder entenderse configurada una omisión relativa del
Legislador -específicamente la existencia de una obligación constitucional
concreta que se esté incumpliendo- no puede entenderse configurada dicha
omisión en el presente caso.
Así las cosas el cargo formulado en contra del
artículo 41 de la Ley  975 de 2005  por la presunta configuración de una
omisión legislativa no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
6.2 El análisis de los cargos que aluden a
la eventual vulneración del derecho a la justicia
6.2.1 El análisis de la acusación formulada en contra del
parágrafo del artículo 10  y del artículo 22 de la Ley 975 de 2005
Los  demandantes
afirman que  el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005[56],
otorga beneficios a personas que han sido condenadas penalmente, con la única
condición de que hagan parte del grupo armado organizado al margen de la ley
con el cual el Gobierno Nacional está negociando. Advierten que darle
beneficios judiciales a esa clase de personas por el simple hecho de ser miembros
de grupos armados y que el Gobierno esté negociando con ellos, desconoce que si
bien los procesos de justicia transicional tienen como característica ofrecer
garantías judiciales para los grupos armados con que el Estado negocie, dichos
beneficios deben tener una relación proporcional a los delitos cometidos, ello
quiere decir que a mayor gravedad del hecho punible menores deben ser los
beneficios otorgados.
Consideran los
actores  así mismo que el artículo 22 acusado[57] crea un
mecanismo extraordinario y sumario que pretermite todos los pasos procesales
previstos en la Ley 975 de 2005 en relación con las personas que son
investigadas o enjuiciadas, por la comisión de cualquier delito –incluyendo
delitos de lesa humanidad, de guerra y violaciones a los DDHH-, sin acudir a
rendir versión libre ni tener que entregar los bienes con que se pretende
reparar a las víctimas, solamente debe declararse responsable penalmente ante
el juez que cumple la función de control de garantías y de esta forma recibirá
los beneficios de la Ley referida de manera rápida y eficaz.
En ese
entendido, explican que la “supuesta aceptación de responsabilidad” se
vuelve una relación privada entre el investigado o acusado y el Magistrado de
control de garantías, oral o escrita, donde el beneficiario de la ley se limita
a decir que acepta los cargos omitiendo toda la etapa de investigación que es
aquella que se pretende garantizar el derecho de las víctimas, pasando de esa
manera directamente a dictar sentencia pretermitiendo la versión libre y sin
investigar los hechos sobre los que puede tener responsabilidad el
desmovilizado.
Destacan
entonces que “El desconocimiento del mecanismo judicial efectivo para
garantizar el derecho a la verdad, se configura en tanto la condena –en este
caso mediante la imposición de una pena alternativa- surge de los hechos que el
imputado quiera declararse culpable usando una comunicación privada ante el
juez de control de garantías.   Siendo así, es apenas obvio que la Fiscalía
queda sin la potestad de investigar absolutamente nada respecto de dichos
delitos, y por lo tanto, se impide que se sepa la totalidad de los hechos –los
mismos quedan restringidos a lo que señale el desmovilizado en su comunicación
oral o escrita-”.
Para el Fiscal
General de la Nación en lo atinente al parágrafo único acusado, es claro
que debe interpretarse en forma armónica con el contexto jurídico total del
artículo 10 de la Ley 975 de 2005,  al tiempo que destaca que no puede
entenderse  que por el hecho de encontrarse en prisión y no haber negociado el
proceso de desmovilización dichas personas deban ser excluidas de los
beneficios de la Ley 975 de 2005.
En cuanto al artículo
22 de la Ley 975 de 2005, afirma que la acusación de los demandantes  “verdaderamente
desquicia el rigor lógico de las fases de investigación y juzgamiento previstas
en la Ley 975 de 2005”. Precisa en este sentido que el  dicho artículo “
hace parte de un engranaje procedimental que impide pensar que se trate de una
opción legal aplicable al margen de las demás disposiciones de la ley de
justicia y paz”.
Advierte  además que
de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 11 de la Ley
975 de 2005, un requisito sine quanon para acceder a los beneficios
establecidos en ésta es que el aspirante sea incluido en las listas de los
postulados que elabora el Gobierno Nacional, -postulación que  incluso no
implica per se una concesión automática de los beneficios de la Ley-, de
manera tal que para acceder a ellos deben agotarse las respectivas fases y
cumplirse además los requisitos sustanciales que abren camino a la pena
alternativa de que trata el artículo 3° de la Ley 975 de 2005
Por su parte el señor Procurador sostiene que los cargos aludidos en contra
del parágrafo del artículo 10 y el artículo 22 de la Ley 975  se estructuran
sobre una comprensión equivocada de dichas disposiciones.  Advierte así que
con el parágrafo acusado el Legislador no pretendió otra cosa  que permitir que
aquellos miembros del grupo armado desmovilizado que se encontraran privados de
la libertad, en virtud de medida de aseguramiento o en cumplimiento de una
pena, también pudieran acceder a los  beneficio jurídico de la Ley 975 de 2005,
si la organización criminal que se desmoviliza colectivamente cumple todas las
condiciones fijadas en el artículo  mismo artículo 10 ibídem, y además  si se
reconoce al individuo como integrante de este grupo o facción mediante
providencia judicial, bajo el entendido que el procesado cumple con las demás
condiciones fijadas en la ley para obtener el beneficio de la alternatividad,
es decir, que contribuya a la consecución de la paz nacional, colabore con la
justicia, repare a las víctimas entre otros.
Precisa que el proceso penal en estos eventos se
regirá por las disposiciones señaladas en los artículos 20 –sobre acumulación
de procesos y penas-  y 22 –sobre investigaciones y acusaciones anteriores a la
desmovilización-  de la Ley 975 de 2005 Así mismo que atendiendo a una
interpretación sistemática, deberá cumplir necesariamente con todas las
obligaciones que se imponen en la ley para quienes quieren acceder s sus
beneficios.
En el mismo sentido, advierte que conforme a lo
antes expuesto, también debe entenderse desvirtuado el cargo que con el mismo
fundamento se formula contra el artículo 22 ídem, pues como quiera que este
tampoco puede entenderse en el sentido de  autorizar el otorgamiento gratuito y
sin ninguna condición  de un beneficio jurídico, como es la pena alternativa,
la acusación no debe estar llamada a prosperar.
Sobre este aspecto de la acusación la Corte
recuerda que  en la Sentencia C-370 de 2005  luego de explicar i) que la alternatividad regulada en la Ley 975 de
2005 se trata de un beneficio que incorpora una rebaja punitiva
significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a
la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y ii) que la
concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos requisitos
establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, iii) que el Legislador  reguló la acumulación de procesos y
penas, como parte de  dicho mecanismo de alternatividad,  constató que  tanto
dicho fenómeno de la altenatividad  así como la acumulación  de procesos y de
penas
“concilian los propósitos de
pacificación de la ley con las exigencias de justicia, en cuanto se orientan a
establecer instrumentos procesales, como la acumulación de procesos y la
acumulación jurídica de penas,  que promueven la desmovilización de personas
que hubiesen incurrido en delitos durante y con ocasión de su pertenencia al
grupo armado al margen de la ley. Pero paralelamente exige que los procesos
susceptibles de acumulación se refieran a conductas respecto de las cuales
pueda operar la ley en cuanto  se hubiese incurrido en ellas durante y con
ocasión de la pertenencia al grupo armado en trance de desmovilización”.   Igualmente que “la acumulación jurídica de penas demanda una
determinación e imposición de la pena originaria acorde con  la naturaleza y
gravedad del hecho. La concurrencia de estas últimas exigencias permite una
ponderación entre el interés de la paz que alienta la ley, y sus pretensiones
de justicia”.
Así mismo la Corte   al analizar la constitucionalidad del artículo
20  de la Ley 975 de 2005  sobre acumulación de procesos y penas explicó que “No
se produce una desproporcionada afectación del valor justicia en razón a que la
acumulación jurídica de penas, determinada conforme a las reglas que para el
efecto establece el código penal, opera en relación con las penas principales
imponibles o impuestas, respecto de los diferentes delitos perpetrados durante
y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al respectivo grupo, que son
objeto de la acumulación. Lo anterior no significa que en estos casos dejen de
ser beneficiados por lo que la ley ha denominado alternatividad penal. De tal
forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al
margen de la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos
correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva
condena que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha
acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y
accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la
pena alternativa de 5  a 8 años en relación con la pena acumulada, si se
cumplen los requisitos de la Ley 975 de 2005. Si transcurrido el tiempo de la
pena alternativa y el período de prueba, el sentenciado ha cumplido  a
cabalidad con las obligaciones establecidas en la ley, la pena inicialmente
determinada en la sentencia como resultado de la acumulación jurídica se
declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y el sentenciado deberá
cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la sentencia (artículos
24 y 29).”
Es decir que en cuanto a la posibilidad de que
las personas condenadas o que se encuentren  siendo investigadas o acusadas
puedan ser objeto del beneficio de la alternatividad regulado en la Ley 975 de
2005 la Corte ya se pronunció en el sentido de que esa posibilidad  no resulta
contraria  a la Constitución.  Resta examinar  si como lo pretenden los
demandantes las disposiciones que regulan tal posibilidad  a saber el
parágrafo del artículo 10 y el artículo 22 acusados pueden entenderse en un
sentido que libere a las personas condenadas  o que se encuentren  siendo
investigadas o acusadas a que ellos aluden  del cumplimiento de los requisitos
y obligaciones que acompañan la concesión de dicho beneficio.
Al respecto la Corte señala que como lo ponen de
presente el señor Fiscal  y el señor Procurador General de la Nación dichos
artículos deben necesariamente examinarse de manera sistemática con el conjunto
de la ley y  particularmente con el  entendimiento que dio la Corte del
beneficio de la alternatividad  al condicionar la exequibilidad del artículo 3
de la Ley 975 de 2005  en el entendido que  dicha alternatividad y la
colaboración con la justicia que en ella se exige  deben estar encaminadas a
“lograr el goce efectivo  de los derechos a las víctimas  a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición”.
En ese orden de
ideas ninguna duda cabe de que el único entendimiento posible del parágrafo del
artículo 10  según el cual “Los miembros del grupo armado organizado al margen
de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los
beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de
2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine
su pertenencia al respectivo grupo” es el de que dicha posibilidad  esta
supeditada al cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones  que en la
misma ley se imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al
que se señala expresamente en la norma de que  “en las providencias judiciales
correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”.
En similar sentido ha de señalarse que en manera
alguna cabría interpretar el artículo 22 acusado   en un sentido que exonere
al desmovilizado,  en la hipótesis que en el se señala, del cumplimiento del
conjunto de  etapas procesales, requisitos y  obligaciones que en la ley se
imponen para quienes pretenden acceder al beneficio de la alternatividad penal
regulada en dicha ley.
Así las cosas y dado que no cabe ninguna duda
sobre el alcance de las disposiciones acusadas   la acusación formulada contra
las mismas por los demandantes en el presente proceso no está llamado a
prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.2.2 El análisis de
la acusación formulada en contra del último inciso del artículo 16 de la Ley
975 de 2005
Para los
demandantes al establecerse en el último inciso  del artículo 16 de la Ley 975
de 2005 que los procesos judiciales que se desarrollen bajo el amparo de la Ley
975 de 2005 no tendrán el conflicto o colisión de competencia se desconoce las
competencias  que la Constitución Nacional le otorgó a la Corte Suprema de Justicia
previstas en el articulo 235 superior, además de restringir el acceso a un
mecanismo que históricamente ha sido usado por las víctimas de violaciones a
los derechos humanos para garantizar la imparcialidad y autonomía judicial.
Al respecto el
Fiscal  General de la Nación manifiesta que el artículo 16 acusado no desconoce
los mandatos constitucionales, toda vez que, si fue voluntad del Legislador que
el conocimiento de los delitos a juzgar en el marco de la Ley 975 de 2005 se
asignara de manera prevalente a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial
que señalara el Consejo Superior de la Judicatura, ello tiene como propósito
concentrar esa competencia en Tribunales preexistentes pero determinados, de
forma tal que el artículo 16 acusado solamente precave eventualidades que
conspirarían en contra los fines propuestos en la  referida Ley en los términos
que se previeron para su aplicación.
Para el Señor Procurador cuando la
disposición impugnada determina que “no podrá haber conflicto o colisión de
competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan
de los casos a que se refiere la presente Ley y cualquier otra autoridad
judicial”, está haciendo énfasis en el carácter especial del procedimiento
previsto en la Ley 975 ibídem, de tal manera que si el desmovilizado decide
acogerse a ella, los procesos que estén en curso o los que se inicien con
ocasión de la confesión de conductas punibles, serán juzgados por los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial, quienes serán los jueces naturales
de quienes soliciten la aplicación de las reglas de procedimiento señaladas en
la misma Ley, y los únicos competentes para decidir respecto de los delitos a
los cuales se aplica esta normativa, y en ese sentido es claro que “la
finalidad de la norma, es precisar que si el desmovilizado solicita la
aplicación de la Ley 975 y cumple las condiciones para ello, los funcionarios
que venían conociendo de los procesos en curso o quienes tenían asignada esa
competencia por la naturaleza del delito investigado en el procedimiento
ordinario, no pueden promover o aducir un conflicto de competencias para avocar
el conocimiento de los procesos adelantados contra  tales desmovilizados”.
Sobre este
punto  la Corte constata que la acusación formulada por la presunta
vulneración  del artículo 235 superior carece totalmente de fundamento pues en
dicho texto superior no se señala  a la Corte Suprema de Justicia la
competencia  a la que alude el actor. Ella proviene  de  la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia -que para efectos del  control  de
constitucionalidad adelantado en este caso  no puede ser invocada como
parámetro de control-.
En cuanto se
refiere  a la afirmación según la cual  en este caso se  desconoce el derecho
de la víctima a un recurso eficaz para garantizar la imparcialidad de la
administración de justicia, basta señalar  como lo hace el señor Procurador que
los conflictos de competencia no se promueven, establecen ni deciden para
garantizar la imparcialidad de los funcionarios que administran justicia, pues
para tal efecto existe la figura de los impedimentos y las recusaciones,. por
el contrario, mediante la colisión de competencia se busca garantizar el
juzgamiento por el funcionario competente en los términos previstos en el
artículo 29 constitucional.
Así las cosas la acusación formulada en este sentido en
contra del  último inciso del artículo 16 de la Ley 975 de 2005 no está llamada
a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.2.3 El análisis de la acusación formulada en contra de
la expresión “admitidos” contenida en el artículo 27
Explican los
demandantes que de conformidad con artículo 27 de la Ley 975 de 2005[58]
en el que se incluye la expresión acusada “admitidos”  “la Fiscalía puede
archivar procesos judiciales por delitos en los cuales el desmovilizado admitió
su participación lo cual es un contrasentido.   Siendo así, es claro que se
vulnera el artículo 250 C.N. según el cual la misma esta obligada a adelantar
el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio”.
En ese
entendido, aducen que desde las perspectiva del deber de investigar que tiene a
su cargo el Estado Colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación,
ésta se encuentra en la obligación de llevar a buen término su función
constitucional más aún cuando hubo una confesión por parte de la persona
desmovilizada, de forma tal que “no se puede permitir que, habiendo recibido
una confesión de la comisión de un hecho delictivo, por razones no explicitadas
dicho órgano tenga la potestad de archivar un proceso.
El  Fiscal General de
la Nación sostiene  que la acusación formulada contra el artículo 27 acusado “devela
que aquélla tiene como referente una proposición falsa, pues una cosa es decir
‘hechos admitidos’ y otra bien distinta ‘delitos admitidos’.   La primera es la
expresión que corresponde al tenor literal de la ley, solo que, al anteponer a
la expresión demandada el término delitos, se introduce una modificación
sustancial sobre el sentido y el alcance de la disposición.  El vocablo
‘hechos’ que antecede en el texto de la ley al de ‘admitidos’, hace referencia
a un evento fáctico que puede o no corresponder a una hipótesis delictual, de
manera tal que vista la misma en el contexto de la norma, presupone que el
desmovilizado puede, durante la versión que debe rendir en el marco de la ley
de justicia y paz o en posterior actuación, admitir hechos que la Fiscalía
demuestra atípicos o inexistentes, eventualidad sobre la cual se construye la
autorización para disponer del archivo de las diligencias”.
Por su parte el señor Procurador General de la Nación  advierte que tanto en vigencia del artículo 250 constitucional
original, como en la disposición modificada por el Acto Legislativo No. 03 de
2002, en materia penal existe el principio de obligatoriedad, en virtud del
cual la Fiscalía tiene el deber de adelantar la acción penal de las conductas
que revistan las características de un delito y lleguen a su conocimiento por
cualquier medio, en ese entendido, la disposición acusada no riñe con los
mandatos constitucionales, toda vez que, “la obligación de investigar a
cargo del ente fiscal tiene fundamento y origen en el conocimiento y
verificación de la existencia de una conducta que revista las características
de delito, por manera que si los elementos de juicio llevan a desvirtuar su
existencia o que el hecho constituya un delito, naturalmente la obligación y
competencia de la Fiscalía para continuar adelantando la investigación
desaparece y no podría exigírsele que continuara con las indagaciones si no
existen motivos suficientes y circunstancias fácticas que indiquen la posible
comisión de un delito”.
En igual
sentido, explica que en los procesos adelantados contra los desmovilizados,
como en cualquier otro proceso penal, deben respetarse las garantías procesales
que conforman el debido proceso constitucional y que han sido consagradas en
distintas normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad,
ello por cuanto la admisión de los hechos en la versión libre o en posterior
actuación no pueden estimarse como plena prueba para iniciar y adelantar la
investigación de una conducta, cuando concurren otros elementos de juicio que
llevan al Fiscal a considerar que la conducta no es delito o que desvirtúan su
posible existencia.
Sobre el
particular, precisa que frente al mismo contenido normativo la Corte
Constitucional ya se refirió en la sentencia C-1154 de 2005, mediante la cual
declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de
2004. En ese orden de ideas y como quiera que el análisis frente al deber de
investigar y la posible afectación de los derechos de las víctimas ya fue
efectuado por la Corte Constitucional, en la referida sentencia  solicita que
realice el mismo condicionamiento, “máxime cuando las conductas a las cuales
le son aplicadas las normas de la Ley 975 de 2005, pueden revestir mayor
gravedad y generar mayores perjuicios a las víctimas, lo cual, como se ha dicho
en precedencia, obliga al Estado a obrar con mayor cautela con el fin de
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación”.
Al respecto la Corte recuerda que de
acuerdo con el artículo 250 superior la Fiscalía General
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un
delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial,
querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá,
en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de
oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el
cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones
de control de garantías.
Así mismo que esta Corporación como lo
pone de presente el señor Procurador se ocupó  en la Sentencia C- 1154 de 2005[59]
del examen  del artículo 79  de la  ley 906 de  2004  que regula de manera
específica el  archivo de las diligencias por parte del Fiscal  y en este
sentido abordo el examen del alcance  de la  obligación de investigar del
Fiscal  y concretamente  de su incidencia frente a las posibilidad de archivo
de las diligencias cuando se constate  que “no existen motivos  y
circunstancias fácticas  que permitan su caracterización como delito”
expresiones estas cuya exequibilidad condicionó en el entendido que  “dicha caracterización corresponde
a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe
ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el
ejercicio de sus derechos y funciones”.
Dado que los demandantes en el presente
caso formulan precisamente  su acusación a partir de argumentos  muy similares
a los  que fueron considerados por la Corte en esa ocasión, resulta relevante
para el examen  de la misma recordar las  principales consideraciones hechas
sobre este punto en dicha sentencia  pues las mismas  necesariamente orientan
la decisión que en este caso habrá de adoptarse.
Dijo la Corte en esa sentencia:
“El artículo
79 de la Ley 906 de 2004 regula de manera específica el archivo de las
diligencias por parte del fiscal[60]. Esta
norma dispone que ante el conocimiento de un hecho el fiscal debe i) constatar
si tales hechos existieron y ii) determinar si hay motivos o circunstancias que
permitan caracterizar el hecho como delito.
Para que un
hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia pueda ser apreciada
como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos que son
los que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos son los atenientes a la
tipicidad de la acción. La caracterización de un hecho como delito obedece a la
reunión de los elementos objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia
como tal surge de la presencia de hechos indicativos de esos elementos
objetivos del tipo.
Sin entrar en
detalles doctrinarios sobre el tipo objetivo, se puede admitir que “al tipo
objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, de una
acción típica y por regla general también la descripción del resultado penado.”[61]
Cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos objetivos que permiten
caracterizar un hecho como delito, no se dan los presupuestos mínimos para
continuar con la investigación y ejercer la acción penal. Procede entonces el
archivo.
La decisión
de archivo de una acción penal no es un desistimiento, como lo plantea uno de
los demandantes, ya que el desistimiento es una figura que permite al querellante,
en cualquier momento y antes de concluir la audiencia preparatoria cesar los
procedimientos[62] frente a
una conducta delictiva típica sobre cuya existencia o caracterización o existen
dudas. De acuerdo al momento en que se realice la petición será el fiscal o el
juez de conocimiento quienes verificaran la libertad y conocimiento con que se
hace dicha petición para proceder a aceptarla. Por lo tanto, el desistimiento
de la acción penal es una figura que parte de la decisión del querellante, sólo
procede para los delitos que requieren querella[63],
es verificada por el fiscal o el juez de conocimiento, una vez aceptada no
permite la retractación y tiene como consecuencia el archivo de la diligencia.
El
desistimiento no se trata de un suceso donde se ha constatado que no existe la
caracterización de un hecho como delito sino todo lo contrario existe una
investigación sobre un suceso que reviste dichas características pero el
querellante decide de manera libre e informada cesar el ejercicio de la acción
penal, decisión que es aceptada por el fiscal o el juez.
Tampoco se
trata de una preclusión[64] pues ésta
sucede en un momento posterior del procedimiento penal donde se ha constatado
que no existe mérito para acusar pero se ha surtido una instancia anterior: la
imputación del indiciado lo que implica la constatación de que los hechos
revisten las características de un delito. Igualmente, el análisis que advierte
la preclusión  puede comprender la constatación de causales eximientes de
responsabilidad entre otros[65], lo que
no es posible para el análisis del archivo de las diligencias que se restringe
a los elementos objetivos del tipo, como quiera que no hay elementos para
caracterizar la conducta o para creer que éste ocurrió frente a los cuales sea
posible examinar la conducta del indiciado.
(…)
El archivo de
las diligencias, como se ha señalado, tampoco es una renuncia, interrupción o
suspensión de la acción penal pues estas actuaciones implican que los
presupuestos para ejercer la acción penal están presentes.
Adicionalmente,
el artículo prevé la posibilidad de reanudar la indagación en el evento de que
surjan nuevos elementos probatorios que permitan caracterizar el hecho como
delito, siempre y cuando no haya prescrito la acción. Por lo tanto, el archivo
de la diligencia no reviste el carácter de cosa juzgada. Así, el archivo de la
diligencia previsto en el artículo 79 bajo estudio, es la aplicación directa
del principio de legalidad que dispone que el fiscal deberá ejercer la acción
penal e investigar aquellas conductas que revistan las características de un
delito, lo cual es imposible de hacer frente a hechos que claramente no
corresponden a los tipos penales vigentes o nunca sucedieron.
La previsión
de la reanudación de la investigación busca también proteger a las víctimas.
Éstas, al igual que el fiscal, en cualquier momento pueden aportar elementos
probatorios orientados a mostrar la existencia de la tipificación objetiva de
la acción penal o la posibilidad de su existencia, lo que de inmediato
desencadenaría la obligación de reanudar la indagación.
Habiendo
constatado que el archivo de la diligencia no corresponde a una  aplicación del
principio de oportunidad ni tampoco se trata de una preclusión del proceso, no
son de recibo los argumentos planteados por los demandantes sobre la
inconstitucionalidad del archivo de la diligencia por parte del fiscal sin el
control del juez de garantías o juez competente.
Sin embargo,
la decisión de archivo de las diligencias se encuentra en el ámbito exclusivo
del fiscal, y no comporta una extinción de la acción penal, pero sí tiene
ciertos aspectos jurídicos que deben analizarse: i) la naturaleza de la
decisión; ii) el fundamento material de la decisión; y iii) las repercusiones
de la decisión para las víctimas en el proceso.
(…)
El segundo
aspecto a considerar es el de la situación de las víctimas ante una eventual
decisión de archivo.
Como lo ha
establecido esta Corporación en varias oportunidades las víctimas en el proceso
penal tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación[66].
Tanto la
Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos
se han pronunciado en varias ocasiones sobre los derechos de las víctimas[67].
En sus pronunciamientos se han consolidado las formas de reparación de las
víctimas que constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación,
la satisfacción y las garantías de no repetición que incluyen entre otras la
garantía de la verificación de los hechos y la revelación completa y pública de
la verdad[68].
La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de
las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación
previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad.
Por lo tanto,
como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las
víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su
inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan
conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la
orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos.
Igualmente,
se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la
reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para
reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una
controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la
solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de
las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que
la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de
las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la
reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir
al juez de control de garantías.
Lo dicho
sobre las víctimas también es relevante para analizar la situación del
Ministerio Público frente a la decisión de archivo.
(…)
De acuerdo a
las anteriores consideraciones, para que dicho artículo sea ajustado a la
Constitución se debe condicionar el sentido de la expresión “motivos o
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” en el
entendido de que dicha caracterización corresponde a la tipicidad objetiva y
que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada
al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y
funciones. Por lo tanto, la Corte Constitucional declarará la exequibilidad del
artículo 79 de la Ley 906 de 2004 condicionándolo en dichos términos.”
Ahora bien, como
se señaló en la sentencia que acaba de citarse, la decisión de archivo puede
tener incidencia  sobre los derechos de las víctimas, pues a ellas les
interesa  que se adelante  la investigación que esclarezca la verdad  y evite
la impunidad.  En el marco de  la Ley de Justicia y Paz que se examina  dicha
incidencia  como lo pone de presente el señor Procurador  resulta  claramente
relevante.
En ese sentido
la Corte hizo énfasis  en la Sentencia C-370  de 2006  en la importancia de la
realización de las investigaciones  y del esclarecimiento la verdad de lo
sucedido, lo que supone otorgar a las victimas todos los elementos posibles
para el esclarecimiento de la misma.
Señaló la
Corporación:
“No puede perderse de vista que esta Ley está diseñada para ser
aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos. Por las
dificultades que implican estas investigaciones, en muchos casos la actuación
estatal no basta para que estos delitos sean totalmente esclarecidos o su autor
identificado. La manipulación de las pruebas, el amedrentamiento y asesinato de
testigos, investigadores y jueces, el terror sobre la población, son medidas
que los grupos armados ilegales, con capacidad de cometer estos delitos, han
adoptado para esconder la dimensión y las pruebas de los mismos. En este
sentido no parece irrelevante recordar que en múltiples casos la comisión de
graves delitos ha quedado impune. Por esta razón no es posible afirmar,
categóricamente, que el Estado, años después de los delitos cometidos,
revelará, gracias exclusivamente a sus propias investigaciones, la verdad sobre
los mismos. Fosas comunes en lugares inhóspitos, desplazamiento de poblaciones
que se han dispersado por todo el territorio nacional, en fin, múltiples
delitos podrán quedar en el silencio y el olvido si sus propios perpetradores,
aquellos que han decidido acogerse a un proceso de paz y que tienen la
intención de vivir al amparo y con las garantías y ventajas del Estado de
derecho, no los confiesan plenamente.
“ Por las razones que han sido expresadas, en casos como estos,
además de confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la
legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para asegurarse
que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de penas
alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos,  colaboren
eficazmente en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias
víctimas. De esta manera, las personas que tendrán los beneficios que supone
vivir en un Estado de derecho, tendrán también las cargas proporcionales que el
derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho a la paz y los derechos de
las víctimas, en especial el derecho a la verdad. De otra forma el Estado
estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y
exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría
sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad
integral y fidedigna de lo ocurrido.
“ En este sentido no sobra enfatizar que frente al tipo de delitos a
que se refiere la ley demandada, sólo la identificación completa de la cadena
de delitos cometidos por cada uno de estos grupos armados específicos permite
conocer la real dimensión de lo sucedido, identificar a las víctimas,
repararlas, y adoptar medidas serias y sostenibles de no repetición. El secreto
sobre lo ocurrido, la manipulación de la verdad y la negación de graves delitos
cometidos por tales grupos no sólo compromete los derechos de cada una de las
personas que ha tenido que sufrir el dolor de la violación de sus derechos sino
el interés de la sociedad entera en conocer lo ocurrido en toda su magnitud y a
adoptar medidas para que nunca más esos delitos vuelvan a ocurrir.”[69]
En ese sentido
encuentra la Corte  que frente a la acusación formulada  -formalmente en contra
de la expresión admitidos pero materialmente en contra la posibilidad misma
regulada en el artículo del archivo del expediente-  lo que procede es
efectuar  en el presente caso el mismo condicionamiento por el que se optó en
la Sentencia C- 1154 de 2005[70]  pero   referido esta
vez  al articulo 27 de la Ley 975 de 2005 en su conjunto.
Así las cosas la Corte declarará la
exequibilidad condicionada del artículo 27 de la Ley 975 de 2005 en el
entendido que  la caracterización
a que en el se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del
archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones y así se
señalará en la parte resolutiva de la sentencia.
6.2.4 El análisis de
la acusación formulada en contra de los incisos uno a cinco del artículo
29 de la Ley 975 de 2005
A juicio de los demandantes, los incisos
acusados del artículo 29 de la Ley 975 de 2005[71]  “al
permitir que responsables por graves crímenes en contra de la humanidad sean
beneficiados con penas alternativas a las ordinarias, incumple el primer deber
del Estado con respecto al derecho a la justicia, el cual es no permitir
medidas indultantes para estos casos, pues la única opción posible es la
aplicación literal del derecho internacional de los derechos humanos”. Afirman
que hablan de indulto porque “aunque el procedimiento legal aprobado
establece un mínimo de pena para el implicado, la legislación nacional
ordinaria establece penas sin posibilidad de rebajas hasta 40 años, lo cual
implica que la existencia de una sanción tan radicalmente irrisoria se
Hacen énfasis en
que el Estado no puede conceder indultos abiertos o encubiertos por delitos que
se consideren violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, siendo esa la razón por la cual en la medida en que la disposición
acusada no crea ninguna regla taxativa que restrinja los delitos que podrán
recibir pena alternativa “vulnera gravemente el deber de imponer penas
adecuadas a la gravedad de los hechos al cual se ha comprometido el Estado
Colombiano en virtud de la firma de diferentes tratados, y la aceptación
mediante dicha firma de tribunales y órganos que se han pronunciado al
respecto”.
Al respecto tanto el
Ministro del Interior, como el Fiscal y el señor Procurador afirman que los
demandantes parten del supuesto errado de que  la Ley 975  es una ley de
indulto cuando ello no es así.
Sobre este punto cabe señalar que la Corte en la sentencia
C-370 de 2006  explicó, al responder un cargo contra dicha Ley por no habérsele
dado el tramite previsto para una ley de indulto o amnistía, que el  beneficio
de la alternatividad penal que en el  se regula en manera alguna puede
entenderse como la concesión de un indulto.
Al respecto la Corte señaló:
3.3.1.  Afirman los demandantes que la Ley 975 de 2005 es
inconstitucional por cuanto no se cumplieron los requisitos establecidos en la
Carta Política  para conceder indultos y amnistías, a saber, votación secreta y
mayoría calificada, requisitos que no se cumplieron porque la ley fue tramitada
y expedida como una ley ordinaria.
3.3.2.  Como se sabe,  el artículo 150, numeral 17 de la
Constitución[72]
establece, en beneficio de la paz,  la posibilidad de conceder mediante ley
amnistías o indultos generales por delitos políticos.
Tanto la amnistía como el indulto se conceden por el Congreso de la
República como representante del pueblo, por altos motivos de conveniencia
pública, con el propósito de lograr la convivencia pacífica que se encuentra
perturbada por quienes optaron en un momento determinado por subvertir el orden
jurídico-constitucional. Al respecto se han calificado como delitos políticos
la rebelión, la sedición y la asonada.
De acuerdo con su finalidad, la concesión de amnistías o indultos
generales es excepcional. Dada la trascendencia  de tales decisiones  para la
sociedad, la Constitución ha establecido que la ley correspondiente debe ser
aprobada por una mayoría calificada constituida por los dos tercios de los votos
de los miembros de una y otra Cámara, requisito este que conforme al reglamento
del Congreso se cumplirá por votación secreta (CP. art. 150-17 y Ley 5 de 1992,
art. 131, literal c).
La amnistía extingue la acción penal, mientras que el indulto es una
institución que redime la pena correspondiente al delito. Mediante aquella el
Estado olvida el delito; cuando concede el indulto no lo ignora, sino que exime
de la pena que es su consecuencia jurídica. Como la amnistía se refiere al
ejercicio mismo de la acción penal su aplicación corresponde a los jueces. Al
ejecutivo le corresponde  conceder el indulto, pues si ya se ha dictado
sentencia e impuesto la condena respectiva, la Rama Judicial ya ha agotado su
competencia funcional, y agotada la jurisdicción es al ejecutivo a quien le
compete hacer efectivas las sentencias condenatorias. Por ello, el artículo 201
de la Constitución le confiere al Gobierno, en relación con la Rama Judicial,
la facultad de conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley, y
con el deber de informar al Congreso sobre el ejercicio de esa facultad.
La amnistía por su propia naturaleza impide proseguir el proceso que
ya hubiere sido iniciado y que no hubiere culminado con sentencia. El indulto
no exime del proceso penal, y en caso de existir sentencia condenatoria ésta no
podrá ejecutarse. Con todo, si al momento de concederse la ley de amnistía ésta
resulta aplicable a personas contra quienes ya hubiere sentencia condenatoria,
se excepciona la cosa juzgada y desde entonces cesa la ejecución de la pena
para lo cual habrá de comunicarse al juez que dictó la sentencia en primera
instancia, institución que la doctrina conoce como amnistía impropia.
3.3.3.  Aplicadas las nociones precedentes al análisis de la Ley 975
de 2005, se observa por la Corte que en ella no se dispone la extinción de la
acción penal en relación con los delitos que puedan ser imputados a miembros de
grupos armados que decidan acogerse a aquella, razón por la cual resulta claro
que el Estado no decidió mediante esta ley olvidarse de las acciones
delictuosas, por lo que en rigor jurídico-constitucional la afirmación según la
cual dicha ley concede una amnistía, no es de recibo.
Por lo que hace a la supuesta concesión de un indulto, tampoco se
encuentra que alguna de las normas contenidas en la ley acusada disponga que la
pena con la cual culmine un proceso iniciado contra los miembros de grupos
armados ilegales que decidan acogerse a esa ley una vez impuesta por sentencia
judicial, deje de ejecutarse. Es decir, no contiene la Ley 975 de 2005 una
disposición que exonere al delincuente del cumplimiento de la sanción penal. Si
bien es verdad que se le hace objeto de un tratamiento jurídico penal menos
riguroso que el existente en el Código Penal -si se cumplen por el infractor
unos requisitos determinados en relación con las víctimas y por la colaboración
con la administración de justicia-, lo cierto es que, aun así, no desaparece la
pena. Esta se impone, pero el procesado puede -con estricta sujeción a los
requisitos y condiciones que el legislador señaló- hacerse acreedor a un
beneficio que podría reducirle la privación de la libertad por un tiempo, sin
que ésta desaparezca, beneficio que será objeto de análisis detenido posteriormente
en esta misma providencia.
No se dan pues en el presente caso los presupuestos que definen  la
amnistía ni el indulto, y por tanto  mal  podía exigirse al Legislador que para
la expedición de la ley acusada diera un trámite reservado a ese tipo de figuras
jurídicas.”
En la misma sentencia
se hizo claridad en el sentido de que dicha figura   de la alternatividad
tampoco  constituye una forma disfrazada de indulto y por tanto no contraviene
la Constitución.
Señaló la Corporación:
“Tal beneficio jurídico, así concebido, no encubre un indulto, como
erróneamente lo entienden los demandantes, pues no significa perdón de la pena.
Como se ha indicado, de conformidad con las reglas establecidas en la ley
acusada, el Tribunal debe imponer en la sentencia condenatoria las penas
principales y accesorias que el Código Penal establece para los
correspondientes delitos, dentro de los limites punitivos establecidos en el
mismo. Además de imponer la pena correspondiente al delito o delitos de que se
trate, el Tribunal resolverá sobre el reconocimiento del beneficio jurídico de
la pena alternativa, siempre que el beneficiario cumpla con todos los
requisitos establecidos para su otorgamiento. La imposición de un pena
alternativa no anula, invalida o extingue la pena originaria. La extinción sólo
se produce una vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta, el
período de prueba y cumplidas las obligaciones derivadas de todos los
requisitos impuestos para el otorgamiento del beneficio.
“ Esta
configuración de la denominada pena alternativa, como medida encaminada al
logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal como se
deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una desproporcionada afectación del
valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena
originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en  el
Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser
cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los
cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena[73].
En ese orden de
ideas frente al cargo ahora planteado por los demandantes en el presente
proceso esta vez en contra de los incisos  uno a cinco  del artículo 29
sustentado en que  dichas disposiciones   comportan el otorgamiento de  un
indulto disfrazado habrán de reiterarse las consideraciones anteriores para
concluir  que el cargo planteado en este sentido no está llamado a prosperar y
así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.2.5 El análisis de la acusación formulada en contra del
artículo 30 por el cargo relativo  al supuesto desconocimiento del artículo 113
superior
Para los
actores, el artículo 30 acusado[74] en la medida en que
otorga la facultad al Gobierno Nacional de escoger el sitio de reclusión de las
personas que se hayan acogido a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005,
vulnera el principio constitucional de separación de poderes previsto en el
artículo 113 superior, puesto que no es “valido” que el Gobierno
Nacional –cabeza del Poder Ejecutivo- decida cuál va a ser el establecimiento
de reclusión de la persona que ha sido condenada por la comisión de hechos
delictivos que incluyen violaciones a los DDHH así como crímenes de lesa
humanidad y guerra, desconociendo por consiguiente que la Rama Judicial es
independiente y autónoma para decidir sobre las infracciones a la Ley y sus
consecuencias, y se genera por tanto una injerencia indebida del Poder
Ejecutivo en las decisiones de la administración de justicia.
Al respecto tanto el Ministro del Interior y de
Justicia como el señor Fiscal  coinciden en afirmar que los actores no toman en
cuenta que “la determinación del lugar de reclusión
de los condenados por el procedimiento previsto en la Ley 975, no es una
decisión judicial y tampoco comporta un acto de administración de justicia,
sino un acto de ejecución propio de la función administrativa a cargo del
Gobierno Nacional.”
Al respecto la
Corte señala que  efectivamente  como lo ponen de presente los intervinientes
contrario a lo afirmado por los actores en su demanda la el artículo 30 de la
Ley 975 de 2005  no desconoce el principio de separación de poderes, ni permite
que el Gobierno se inmiscuya en la función de administrar justicia, ello por
cuanto la determinación del lugar de reclusión de los condenados por el
procedimiento previsto en la Ley 975, no es una decisión judicial y tampoco
comporta un acto de administración de justicia, sino un acto de ejecución
propio de la función administrativa a cargo del Gobierno Nacional.
Así lo precisó
esta Corporación en la sentencia C-394 de 1995[75], al declarar
exequible el artículo 14 de la Ley 65 de 1993, que establece que “Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la
libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de
las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado”.
Dado  pues que  claramente  no asiste razón a los
demandantes sobre este aspecto de la acusación formulada en contra del artículo
30 de la Ley 975 de 2005  el cargo planteado en este sentido no esta llamado a
prosperar y así se señalará en  la parte  resolutiva de esta sentencia.
6.2.6  El análisis de  la
acusación formulada en contra del artículo 64  de la
Ley 975 de 2005
A juicio de los
actores, la disposición acusada al establecer que la entrega de los menores
reclutados en las fuerzas armadas ilegítimas, no impide el acceso a los
beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, desconoce la normatividad
internacional según la cual el reclutamiento de niños y niñas a los grupos
armados organizados al margen de la ley es considerado como un delito por la
legislación penal colombiana, un crimen de guerra por el Estatuto de Roma y una
violación a los derechos de los niños de conformidad con el Protocolo
Facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la participación
de los niños en los conflictos armados y el Convenio No. 182 de la Organización
Mundial del Trabajo –OIT-.
En ese orden de
ideas, advierten que la aplicación del artículo demandado traerá como
consecuencia que si no se pierden los beneficios por entregar los menores
tampoco se perderán por no hacerlo, generando así un total nivel de impunidad
en tanto no habrá investigación judicial y miles de niños y niñas permanecerán
en las filas de los grupos que se desmovilicen paulatinamente, pues como ya se
dijo éstos no tendrán la obligación de entregarlos al Estado para recibir los
beneficios judiciales a que se refiere la Ley 975 de 2005.
Para la Corte es
claro que en el presente caso la acusación formulada por los demandantes en
contra del artículo 64 de Ley 975 de 2005[76]
se estructura a partir de una interpretación de la disposición acusada  que no
se desprende de su contenido. En efecto para la Corte es claro que  de dicho
artículo según el cual “La entrega de menores por parte de miembros de
Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los
beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002” no se
desprende -contrario a lo que afirma el actor- que “si no se pierden los
beneficios por entregar los menores tampoco se perderán por no hacerlo”- Es
claro en efecto que la circunstancia de que la entrega de menores  por parte de
los grupos armados  no sea causal de pérdida  de los beneficios aludidos  no
exime de la responsabilidad a que haya lugar  por el reclutamiento de menores.
La norma no puede
entenderse  en efecto sino  en el sentido de facilitar dicha entrega -por lo
que no se pierden los beneficios a que en ella se alude-  pero claro esta sin
perjuicio de la responsabilidad penal que de acuerdo con la ley quepa endilgar
a quienes hayan incurrido en esa conducta.
En  ese orden de
ideas y dado que el artículo acusado en manera alguna puede interpretarse como
eximiendo  de responsabilidad penal  a quienes  hayan incurrido en  el delito
de reclutamiento de menores  el cago formulado  por el actor a partir de ese
presupuesto  no esta llamado a prosperar y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
6.3 El análisis de los cargos que aluden a la eventual
vulneración del derecho a la verdad.
Análisis conjunto de la acusación formulada en contra  de
las expresiones “informar a sus familiares lo pertinente” contenidas  en el
artículo 7, “sobre los hechos objeto de investigación” contenidas en el  primer
inciso del artículo  15, “a los familiares” contenidas en el tercer inciso del
artículo 15, “ejecutoriados” del artículo 32, “y de sus parientes” contenidas
en el primer inciso del artículo 58 de la Ley 975  de 2005
Los demandantes sobre este punto acusan una
serie de disposiciones de la Ley 975 de 2005 con argumentos que resultan
coincidentes por lo que se examinarán en un solo acápite de la sentencia
Así cabe señalar que los actores argumentan
que las expresiones  “informar a sus familiares lo pertinente” contenidos
en el artículo 7 de la Ley 975 de 2005[77]  desconocen
que el derecho a la verdad se encuentra en cabeza de las víctimas de graves
violaciones de los derechos humanos que en cada caso concreto por demás puede
tratarse de un sin número de actores, al restringir el cumplimiento de dicho
derecho en dos sentidos a saber, i) limita el concepto de víctima a los
familiares de quien ha sufrido el perjuicio, y ii) crea un filtro para
determinar cuál es la información que deben tener las víctimas y cuáles no al
señalar taxativamente que los órganos judiciales creados en virtud de la Ley
975 de 2005 tienen la obligación de informar lo pertinente a los familiares,
excluyendo el derecho que tienen otros sujetos de la sociedad de conocer los
hechos ocurridos.
Afirman
igualmente  que en relación con el derecho a la verdad la información que se de
a las víctimas no puede ser filtrada por parte de los funcionarios de la Rama
Judicial al punto que sean éstos quienes señalen qué es lo pertinente para las
víctimas y qué no, pues son única y exclusivamente las víctimas quienes tienen
la potestad de determinar que consideran pertinente dentro de sus ansias de
verdad, a ello se suma que limitar la verdad de los hechos ocurridos a los
familiares de las víctimas niega no sólo las especificidades de cada caso sino
igualmente el plano colectivo del derecho a la verdad.
A su vez los
actores afirman que las expresiones “sobre los hechos objeto de
investigación”que hacen parte del inciso 1° del artículo 15 de la Ley 975
de 2005[78], restringen el
derecho a la verdad a lo sucedido en el hecho concreto, desconociendo que el
derecho de la víctima y la sociedad sólo se cumple cuando se conozcan los demás
factores que llevaron a la comisión del hecho punible.
De igual manera,
consideran que las expresiones “a los familiares” contenidas en el
inciso 3° del mismo artículo 15 al señalar taxativamente que la policía
judicial tiene la obligación de informar oportunamente a esas personas, excluye
el derecho que tienen otros sujetos y sociedad en general de conocer la verdad
de los hechos acontecidos, vulnerando en esa forma el derecho a la verdad en
relación con las especificidades de cada caso y en el plano colectivo en
general.
En el mismo
sentido señalan los actores  que la expresión “ejecutoriados”,  del
artículo 32 de la Ley 975 de 2005[79]  vulnera  el derecho a
la verdad que está en cabeza de las víctimas, de las personas o grupos que
fueron objeto de investigación y sanción en dichos casos, en la medida en que
el deber de garantizar el derecho a la verdad se cumple cuando el Estado
permite y facilita eficazmente que las víctimas accedan a la documentación
recopilada durante el proceso judicial.  Precisan que si el acceso al proceso
judicial es una de las muchas formas de garantizar el derecho a la verdad, el
hecho de que la norma impugnada establezca como restricción al mismo que los
casos ya deban estar ejecutoriados contraria el ordenamiento nacional e
internacional, además de generar a la víctima en consecuencia la imposibilidad
de actuar de alguna forma dentro del proceso como tal pues la sentencia ya
estará debidamente ejecutoriada
Finalmente sobre
este punto  aducen  respecto de  las expresiones “y
de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58[80]
que el derecho a la verdad en los casos de graves violaciones a los derechos
humanos no se puede limitar a los parientes de la víctima, sino que para cada
caso concreto puede estar en cabeza de un sin número de actores y en todo caso
de la sociedad en general, de forma tal que al establecerse que el acceso a los
archivos debe ser facilitado solamente en el interés de las víctimas y de sus
parientes, se excluye de plano el derecho que tienen otros sujetos de la
sociedad en general de saber lo acontecido.
Al respecto el Fiscal
General de la Nación destaca que la expresión “familiares” que hace
parte del inciso 3° del artículo 15 acusado, se ocupa de una situación
particular referida al paradero de las personas secuestradas o desaparecidas,
para indicar que una vez que se tenga noticia de ellos, entre otras
posibilidades, por la obtención de la información pertinente por parte de los
desmovilizados se suministran lo datos correspondientes a los familiares, pues
no se trata propiamente en un principio de la reconstrucción de la verdad sino
de una situación en particular que interesa de manera prevalente a los
familiares y secuestrados de los desaparecidos, de forma tal que con ello “no
se está restringiendo la reconstrucción de la verdad respecto de esos
familiares, porque la información es la referida a la suerte y eventual
ubicación de esos secuestrados o desaparecidos, que son quienes padecen en
primera línea la expectante angustia por la suerte de los suyos”.
En ese entendido,
enfatiza entonces que “el propósito del legislador fue privilegiar a los
familiares de los secuestrados y desaparecidos, para que sean ellos los
primeros destinatarios de la información que da cuenta de los mismos, sin que
ello implique restricción alguna respecto de las demás víctimas en torno al
derecho a la verdad que los ampara, derecho abierto y ampliamente desarrollado
en los incisos 1° y 2° del mismo artículo 15”.
Por su parte el
señor Procurador sobre este punto  solicita a la Corte que se declare la
constitucionalidad condicionada del artículo 58 de la Ley 975 de 2005, bajo el
entendido que la restricción al conocimiento de la verdad judicial y del acceso
a los archivos, sólo tiene lugar para proteger a la víctima, los testigos y
aquellas personas distintas al enjuiciado, que colaboraron en el descubrimiento
de esa verdad y exclusivamente para proteger la integridad y la seguridad de
estas personas.
Sobre este aspecto de la  acusación cabe
precisar que en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte al analizar la acusación
formulada  en el proceso que culmino con dicha sentencia en contra  de algunas
expresiones del numeral 49.1 del artículo 48 y del tercer inciso del artículo
58 –diferentes de las que ahora se demandan-  hizo particular énfasis en la
importancia del derecho a la verdad  para  la garantía de los derechos de las
víctimas, así como en la clara dimensión colectiva que dicho derecho comporta
para  intentar asegurar que los hechos  de violencia no se repitan.
En dicha  sentencia en efecto la Corte señaló que la Ley 975 de
2005, de conformidad con la Constitución y las normas internacionales que
vinculan al Estado Colombiano, tiene como propósito promover la reconciliación
nacional sobre la base de la reducción de la pena efectiva a cumplir, pero con
la condición de que se garanticen los derechos mínimos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. En esta medida, el legislador entendió que
una de las medidas más importantes para satisfacer los derechos a la verdad y a
la reparación, para promover el deber de la memoria colectiva y para asegurar
la adopción de medidas adecuadas de no repetición, era la reconstrucción de un
relato histórico que pueda nutrirse con las actuaciones que tengan lugar al
amparo de la Ley. Por eso dedicó varios artículos a la protección de este
derecho y un título completo a la garantía de la memoria.
Igualmente destacó la Corte que esta decisión legislativa se adecua
al marco general establecido por las normas internacionales en las que se hace
particular énfasis en el derecho de las victimas y de la sociedad a conocer la
verdad ya que se hagan públicas las investigaciones. Al respecto resulta
relevante recordar nuevamente la jurisprudencia del interprete autorizado de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que, en materia de publicidad
de la información señaló:
“77.     Finalmente, es obligación del Estado, según el deber
general establecido en el artículo 1.1 de la Convención, asegurar que estas
graves violaciones no se vuelvan a repetir.  En consecuencia, debe hacer todas
las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no
repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del
pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo.  La sociedad
tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el
propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.
“78.     Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la
obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la
Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los
resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.” [81]
(subraya fuera de texto)
Al respecto cabe reiterar que  en múltiples artículos de la ley 975
de 2005 y particularmente en los artículos parcialmente demandados  se le
ordena a las autoridades públicas la investigación exhaustiva de los hechos y
su difusión pública como condición para la satisfacción de los derechos de las víctimas
y para la adopción de medidas de no repetición.
Así en el
artículo 7 de la Ley  -parcialmente demandado en el presente proceso- se
establece  expresamente el derecho inalienable, pleno y efectivo    -se
destaca- de la sociedad y  especialmente de las víctimas de conocer la verdad
sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley,
y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
En ese sentido se
señala que las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la
presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las
víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.
En este mismo sentido advierte que los procesos judiciales no
impedirán que en el futuro se implementen otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.
A su vez el
artículo 15   de  la misma ley  -parcialmente demandado igualmente- señala  que
dentro del procedimiento que ella  establece los servidores públicos dispondrán
lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.
La Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la misma ley, deberá
investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del
grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida,
sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta
anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual
o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como
lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de derechos fundamentales.
La norma precisa
que con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará
el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente
a los familiares sobre los resultados obtenidos.
En el mismo
sentido el artículo 32  de la Ley 795 de 2005  -también parcialmente demandado-
en su segundo inciso señala que corresponde a la Secretaria del respectivo
Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y
circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de
cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la
memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros
de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para
divulgar la verdad de lo acontecido.
A su vez el artículo 58 -acusado también parcialmente-  se titula Medidas
para garantizar el acceso a los Archivos y se encuentra inserto en el
Capitulo X de la Ley, destinado integralmente a asegura el deber de la memoria
y la reconstrucción de un relato histórico sobre los fenómenos a los cuales se
aplique la Ley.
En él se señala
que el acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas
y de sus parientes para hacer valer sus derechos.
Así mismo que
cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las
formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso,
custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.
Igualmente que en
todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho
a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y
adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no
provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
crear un peligro para su seguridad.
Ahora bien para la Corte dichos artículos deben interpretase en un
sentido que concilie  tanto el derecho a la verdad de las victimas como de la
sociedad  como los  derechos a la vida, la integridad o la seguridad de las
mismas víctimas y de las personas que han colaborado con la justicia en los
términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y
testigos.
Así lo señaló la Corte  en la Sentencia C-370 de 2006 cuando declaró
la exequibilidad pura y simple de  algunas expresiones contenidas en los
artículos 49 y  58 de la Ley 975 de 2005
Señaló la Corporación:
“ En los
términos de la Constitución, la regla general de la publicidad sólo puede tener
excepciones en virtud de leyes que, de manera específica, establezcan los casos
concretos en los cuales ciertas autoridades claramente definidas pueden
establecer que determinada información es reservada. Adicionalmente, la reserva
sólo resulta procedente si el legislador aporta razones suficientes para
justificarla. En este sentido la Corte ha señalado estrictas condiciones para
que el legislador pueda establecer excepciones a la regla general prevista en
el artículo 74 Superior.  Al respecto, la jurisprudencia constitucional prevé
que tales limitaciones serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia
de reserva legal en relación con la limitación del derecho,  (ii) la necesidad
que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos
fundamentales o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la
seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la
restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual
los documentos pasan al dominio público.[82]
“ Desde esta perspectiva, la norma demandada sólo puede
interpretarse en el sentido de entender que se trata de una norma que remite a
las disposiciones legales que, en cumplimiento de los requisitos mencionados,
consagran la posibilidad de la reserva, pues la Constitución no admite la
existencia de cláusulas abiertas que establezcan restricciones genéricas o
indeterminadas del derecho de acceso a los documentos y la información pública.
En efecto, la Carta sólo autoriza restricciones taxativas, plenamente
justificadas y cuya aplicación no lesione el contenido esencial de otros
derechos constitucionales, en especial el derecho que tienen las víctimas y la
sociedad a conocer la verdad.
“ En consecuencia, a la luz de la Constitución y en aplicación del
principio democrático y específicamente del principio de conservación del
derecho, debe sostenerse que las disposiciones demandadas no están
estableciendo una cláusula general de reserva sino remitiendo a las otras
normas legales vigentes que permiten la reserva de ciertas actuaciones, por
ejemplo, para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los testigos en
casos criminales o garantizar el derecho a la intimidad de los menores o de las
víctimas de delitos sexuales. Además, las normas acusadas aportan criterios
normativos para su aplicación.
“De otra parte, la Corte encuentra que esta interpretación de las
expresiones demandadas es de todo coherente con los principios que orientan la
Ley general de la cual hacen parte y, especialmente, con el contenido y la
finalidad de las normas específicas que integran.
(…)En esos términos, no puede entenderse que la norma demandada
permita, por vía de excepción, sacrificar los bienes, valores y derechos que
persigue todo el Capitulo X dentro del cual se encuentra inserta. Al interprete
del derecho se le deben imponer los criterios de interpretación sistemática y
teleológica en virtud de los cuales debe entenderse que las disposiciones
demandadas se limitan exclusivamente a remitir a las normas vigentes sobre
reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos. Esta
interpretación, como ya se mencionó, satisface el principio de conservación del
derecho, pues permite que la disposición permanezca en el ordenamiento
jurídico.
En suma, en criterio de la Corte, no es posible entender, como al
parecer lo hacen los demandantes, que las normas demandadas están estableciendo
una cláusula general de reserva de la información cuando quiera que así lo
consideren los funcionarios públicos concernidos. Tampoco consagra la reserva
de información a favor de las personas responsables de los delitos que se
investiguen o sobre hechos relevantes para el esclarecimiento histórico del
fenómeno o para la reparación de las víctimas. En este sentido la única
interpretación adecuada de estas disposiciones es aquella según la cual se
admite la reserva de cierta información, pero en los términos en los cuales las
leyes específicas sobre el tema lo establecen, de forma tal que se garanticen
los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la
seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la
legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos.
“ Al amparo de las consideraciones realizadas, la Corte procederá a declarar
exequibles, por los cargos examinados,  la expresión “otras personas” y
“más daños innecesarios” del numeral 49.1. del artículo 48, y a declarar exequibles,
por los cargos examinados, las expresiones “más daños innecesarios” y
“otras personas” del inciso tercero del artículo 58.”[83]
Aplicando los mismos criterios  ahora en relación
con  las disposiciones acusadas en el presente proceso  la Corte constata que
en relación con las diferentes expresiones acusadas de los artículos a que se
ha hecho referencia  no cabe entender  que con  ellas se vulnere o se limite
el derecho de las victimas o de la sociedad al conocimiento de la verdad.
Así la mención
específica  a las víctimas y sus familiares  en relación con  el conocimiento
de la suerte de los desaparecidos o secuestrados  no puede entenderse  sino
como el propósito  del Legislador de enfatizar que los   familiares de los
secuestrados y desaparecidos serán los primeros destinatarios de la información
que da cuenta de los mismos, sin que ello implique restricción alguna respecto
de las demás víctimas en torno al derecho a la verdad que los ampara, o en
general de la sociedad a conocer la verdad.  Téngase en cuenta que el artículo
7 enuncia de manera enfática el derecho inalienable, pleno y efectivo  de las
victimas pero también de la sociedad de conocer la verdad sobre los delitos
cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el
paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
En el mismo sentido la mención a  las víctimas y
a los parientes  en el artículo 58 para facilitarles el acceso a los archivos
para hacer vales sus derechos, no puede entenderse como negación del derecho
de  todas las personas a acceder a ellos  pues como  lo explicó la Corte
respecto de los mismos  no cabe entender establecida  ninguna reserva más allá
de la que establecen  las normas vigentes sobre reserva
judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos.
En el mismo sentido la mención  a   los
expedientes ejecutoriados    no puede entenderse sino en un sentido que
concilia  las necesidades del  proceso penal y la reserva que en el existe con
el derecho de todos a conocer  la verdad una vez producida la sentencia. Sin
que ello signifique tampoco negación de los derechos  de las victimas  al
acceso al expediente, pues  respecto de ellas  como ya se vio en otro acápite
de esta sentencia se encentra claramente reconocido el    derecho de acceso e
intervención en  el proceso.
No asiste pues razón a los demandantes en este
punto y en ese orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad   frente a
los cargos planteados en la demanda   por la supuesta violación del derecho a
la verdad de las expresiones “informar a sus familiares lo pertinente”
contenidas  en el artículo 7, “sobre los hechos objeto de investigación”
contenidas en el  primer inciso del artículo  15, “a los familiares”
contenidas en el tercer inciso del artículo 15, “ejecutoriados” del
artículo 32, “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del
artículo 58 de la Ley 975  de 2005  y así se señalará en la parte resolutiva de
esta sentencia.
6.4 El análisis de los cargos que aluden a
la eventual vulneración del derecho a la reparación
6.4.1 El análisis de la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8,  los
incisos 1 a 4, del artículo 23,  las expresiones “obligaciones de reparación
moral y económica” contenidas en el artículo 24, la expresión “más” contenida
en el numeral  45.2 del artículo 44  y las expresiones “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo 49 de
la Ley 975 de 2005
En el presente
acápite la Corte analizará de manera conjunta  la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8,  los incisos 1 a 4 del artículo 23, las expresiones
“obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24, la
expresión “más” del numeral  45.2 del artículo 44 y   las
expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia”
del artículo 49 de la Ley 975 de 2005  por cuanto la misma se estructura a
partir de argumentos similares  ligados al desconocimiento en criterio de los
demandantes de la dimensión colectiva del derecho a la reparación
Aducen los
demandantes, en efecto  i) que el inciso octavo  del artículo 8° de la Ley
975de 2005[84], al señalar que la
reparación colectiva -entendida como uno de los varios elementos que
constituyen el derecho a la reparación-, deberá ser aplicada a comunidades y
poblaciones afectadas por la violencia, desconoce que son los casos concretos
los que determinan qué medidas son las apropiadas para garantizar justamente el
derecho a la reparación, de forma tal que al restringirse los programas de
reparación colectiva a partir de factores netamente territoriales se impide que
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que no pertenezcan a
dichas comunidades o poblaciones no puedan acceder al referido derecho
olvidando así, que la víctima tiene la condición de tal independientemente del
lugar en el que se encuentre. ii) que  de conformidad con lo previsto en
los incisos 1 a 4° acusados del artículo 23 de la ley 975 de 2005[85],
se entiende la reparación integral como una relación procesal entre víctima y
victimario, lo cual implica necesariamente la privatización de la exigibilidad
del derecho, impidiendo en esa forma que sectores sociales que fueron objeto
del accionar paramilitar puedan acceder a una reparación integral en tanto
víctimas indirectas que fueron del mismo, desconociendo con ello el deber de
reparación colectiva  que tiene el Estado en virtud de la interpretación de
diferentes instrumentos de protección de derechos humanos, restringiendo en
consecuencia la exigibilidad del derecho a la reparación integral, particularmente
en lo relativo a las medidas colectivas que están ligadas necesariamente con
las individuales. iii) que  con las expresiones “obligaciones de
reparación moral y económica” contenidas en el
artículo  24 de la Ley 975 de 2005[86] la
interpretación que le da la Ley al derecho de reparación integral se limita a
la indemnización económica y moral dejando por fuera otra cantidad de elementos
necesarios para su garantía real.
Por tanto, dicho
aparte acusado debe ser declarado constitucional de manera condicionada en el
entendido que las obligaciones allí previstas deben incluir la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la
adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos
de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las graves
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario,   iv) que la expresión “más” que hace parte
del numeral 45.2 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005[87],
desconoce que el derecho a la reparación se encuentra en cabeza de las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos, quienes en cada caso concreto
pueden ser distintos actores, de forma tal que el derecho a la reparación en
graves violaciones a los derechos humanos no se puede limitar a las personas “más”
cercanas de la víctima, sino que para cada caso concreto puede estar en
cabeza de un sin número de actores y en todo caso de la sociedad en general
quienes igualmente gozan del derecho a la reparación.  iv) que las expresiones “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo
49 de la Ley 975 de 2005[88] desconocen que
únicamente es en cada caso en concreto en donde se podrá determinar cuáles
medidas son las apropiadas para garantizar dicho derecho especialmente si se
considera que la reparación colectiva es sólo un elemento del derecho a la
reparación integral que no puede limitarse con base en factores territoriales
dado que las víctimas que tienen la legitimidad para exigirla seguramente
tienen como referente de colectividad otro modelo de organización social y no
únicamente su territorio pues muchas de ellas son víctimas independientemente
del lugar en el que se encuentren.
Sobre este
aspecto de la acusación el Fiscal General de la Nación señala que el artículo
23 de la Ley 975 de 2005  no hace diferenciación alguna entre víctima
individual y colectiva, por lo que si la expresión allí empleada por el
Legislador es simplemente “víctima”, no hay razón lógica ni jurídica que
soporte la afirmación de los actores según el cual dicha expresión margina a
los grupos de víctimas o colectivos de víctimas afectados por la acción de los
grupos armados al margen de la ley, y menos aún que la disposición referida
suponga una odiosa diferenciación entre los unos y los otros, de forma tal que,
el trato diferencial propuesto por los demandantes se queda “en el ámbito de
su personal apreciación e interpretación de la norma, que no por ello puede
servir de soporte a la declaración de inconstitucionalidad que se persigue”.
Respecto de la
presunta inconstitucionalidad de las expresiones “poblaciones y comunidades”
que hacen parte del artículo 8° demandado,  el Fiscal General sostiene
que dicha disposición más que referirse a titulares de la reparación colectiva,
se edifica a partir de los propósitos que persigue tal reparación y por tanto
señala que con ella se debe velar por la reconstrucción psicosocial de las
poblaciones y comunidades afectadas, además el contenido material del artículo
8° aludido debe interpretarse en armonía con lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 975 de 2005 que refiriéndose a los programas de reparación colectiva,
hace mención a los derechos de los ciudadanos afectados por los hechos de
violencia y a las víctimas de ella, expresiones por demás abiertas y amplias
que con prescindencia de cualquier modelo de agrupación social precave simple y
llanamente los derechos de las víctimas afectadas con la violencia.
Por su parte el
señor Procurador advierte que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han precisado que no sólo los individuos pueden ser considerados como
víctimas, sino que en ciertos casos las mismas comunidades, pueblos indígenas,
grupos políticos, entre otros, pueden ser consideradas como tales. Estima que “es
claro que el legislador debe garantizar la intervención en la actuación penal,
tanto de las víctimas directas y sus sucesores, como de los perjudicados con
las infracciones al derecho penal y con mayor razón  a los de violaciones a los
derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, ya
sea que se trate de personas naturales o trascienda a comunidades o
agrupaciones”.
Respecto del
artículo 49 de la Ley 975 de 2005 señala que la acusación formulada no está
llamada a prosperar, toda vez que, se sustenta en una interpretación errada de
la disposición demandada, la cual en efecto se refiere al plano colectivo del
derecho a la reparación cuando, en la parte inicial, impone el deber de
implementar un programa institucional de reparación colectiva a través del cual
se restablezca la confianza de la comunidad en general en las instituciones y
la sensación de seguridad, pero en realidad el artículo referido no establece
programas dirigidos específicamente a las víctimas colectivas, respecto de
quienes se predica y debe garantizar la reparación en los términos de los
artículos que anteceden al texto acusado.
Afirma entonces
que “la disposición acusada no incide en el contenido y alcance del derecho
que tienen las colectividades como víctimas a obtener la reparación integral de
los daños ocasionados por los miembros del grupo armado organizado al margen de
la ley que se desmoviliza”.
Sobre este
aspecto de la acusación relativo a la  dimensión colectiva  del derecho a la
reparación y el supuesto desconocimiento[89]  o limitación[90]
en determinados casos de la misma por parte del legislador en la Ley 975 de
2005  la Corte  constata que los demandantes parten, como lo pone de presente
el señor Fiscal de la Nación, de un supuesto que  no puede predicarse  de la
ley 975 de 2005 a saber  que  ella define el concepto de víctima en un sentido exclusivamente
individual.
Al respecto ha
de  recordarse que  el primer inciso del artículo 5  que contiene la definición
de víctima  señala que “Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños
directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún
tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos
fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan
transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al
margen de la ley.”  En este sentido nada impide entender que cuando la ley
se refiere a la victima o a las víctimas esta haciendo igualmente  mención   a
quienes colectivamente han sufrido un daño,  y en este sentido a  grupos o
comunidades  que han sido afectadas por hechos delictivos cometidos por las
personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley  a los que
alude la Ley, aspecto que corresponderá examinar en cada caso dentro de los
respectivos procesos.
Igualmente
resulta pertinente resaltar que en la ley en que se contienen las expresiones
acusadas  la dimensión colectiva  de los derechos a la verdad, la justicia la
reparación y la no repetición  se manifiesta en varias disposiciones
Así, el artículo
6  al definir el derecho a la justicia señala que el Estado tiene el deber de
realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y
sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas
conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar
todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones
El artículo 7 de
la Ley 975 d 2005 al definir el derecho a la verdad señala que “La sociedad,
y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y
efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada”.
Por su parte el
artículo  octavo luego de señalar que “el derecho de las víctimas a la
reparación comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición
de las conductas” alude a la reparación simbólica que define  como “toda
prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que
tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de
los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.” Al  tiempo
que señala que  “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción
sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se
prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática.”
A su vez el
artículo 49 de la Ley  sobre programas de reparación colectiva  señala que “el
Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación
y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación
colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la
institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las
zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de
los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a
las víctimas de la violencia”.
Ahora bien dado
que los demandantes fundamentan su acusación  en contra  de las expresiones a
que se alude en el presente acápite de la sentencia   a partir de un
entendimiento equivocado  del alcance  del concepto de victima al no tomar en
cuenta el carácter colectivo que  la misma puede tener en la ley  975 de 2005
es claro que los reproches que endilgan a los incisos 1 a 4 del artículo 23 y a
las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del
artículo 24 pierden  totalmente sentido.
A su vez  cabe
advertir la acusación que formulan en contra de las expresiones poblaciones
afectadas por la violencia del artículo 8° y las expresiones “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975
de 2005 supone un desconocimiento  por parte de la ley  de los derechos de las
víctimas colectivas  en concreto cuando  dichas disposiciones como lo pone de
presente el señor Procurador  no inciden en el contenido y alcance del derecho
que tienen dichas  víctimas a obtener la reparación integral de los daños
ocasionados por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley
que regula la Ley 975 de 2005   pues aluden mas bien  al direccionamiento de la
acción del Estado en relación con la recuperación del tejido social mirado en
su conjunto y no de las victimas individuales o colectivas y sus derechos, que
como se ha visto en manera alguna pueden entenderse desconocidos por la Ley 975
de 2005.
En ese orden de
ideas la Corte constata que la acusación formulada en contra del inciso octavo
del artículo 8,  los incisos 1 a 4 del artículo 23, las expresiones
“obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24, la
expresión “más” del numeral  45.2 del artículo 44 y   las
expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia”
del artículo 49 de la Ley 975 de 2005  no está  llamada a prosperar y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.4.2 El análisis de la acusación formulada en contra de
las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito”  contenida en el
numeral 38.3 del artículo 37 y en contra de la expresión “ilícitamente”
contenidas en el numeral 45.1  del artículo 44 de la Ley 975 de 2005
Dada la  concatenación entre los temas que se abordan en
las disposiciones acusadas en este acápite de la sentencia y la relevancia que
para su examen tienen las consideraciones hechas por la Corte en la Sentencia
C-370 de 2005  sobre la obligación que tienen todos y
cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley de
responder con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas
de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados  y  que
también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por
otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron, la Corte analizará la
acusación así  formulada  de manera conjunta.
Aducen los actores que las
expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito”, que hacen parte
del numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005[91]
, vulneran el derecho a la reparación integral de las víctimas, en la medida en
que la garantía de reparación aludida se encuentra siempre en cabeza del Estado
independientemente de si los autores directos de la violación a los DDHH se les
obliga a reparar mediante una sentencia judicial, ello obedece a que la
responsabilidad por los actos cometidos durante el desarrollo de un conflicto
armado interno le imponen al Estado una carga adicional con el fin de proteger
a sus asociados so pena de responder por los daños que se les cause a los
mismos.
A su vez, según
los demandantes, la expresión “ilícitamente” que hace parte del numeral
45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005[92], vulnera el
derecho a la reparación integral que le asiste a las víctimas en el conflicto,
en la medida en que restringe el patrimonio destinado para la reparación
simplemente a los bienes de procedencia ilícita, desconociendo que
independientemente de la existencia de la obligación de reparación, el dominio
sobre los bienes ilícitos debe ser extinguido por parte del Estado dado que son
producto precisamente de una actividad ilegal.
Sobre este punto  el Ministro del interior y de Justicia Afirma que el deber de reparar por los daños infringidos con la
conducta punible corresponde a los infractores, sin que pueda pretender
derivarse responsabilidad estatal al respecto.
Aclara sin embargo, que es deber de los Estados crear recursos judiciales y administrativos en sus
respectivas legislaciones para hacer efectivo derecho a la reparación de
las víctimas, así como lo establecen, los
diferentes Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. Estos indican que las respectivas
legislaciones establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos
judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación
mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y accesibles, la cual
deberá ser pronta y adecuada.
Afirma que la
violación de derechos humanos que pueda ser atribuida al Estado y que por ende
comprometa su responsabilidad, ha sido analizada en el ámbito internacional con
sustento en la obligación de los Estados prevista en los Tratados Internacionales
de "respetar los derechos y libertades y a garantizar su
libre y pleno ejercicio". Habiendo mencionado diferentes normas
internacionales sobre la responsabilidad de los Estados respecto a la violación
de los derechos humanos y las obligaciones de cada Estado para proteger los
derechos humanos, hace referencia a las violaciones de los derechos humanos
cometidas por terceros.  Particularmente, estas violaciones, en principio,
afirma, no son imputables al Estado dado que la conducta violatoria de los
derechos humanos por un tercero no implica
por sí misma el incumplimiento del deber del Estado de garantizar el
ejercicio de los derechos, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que habría lugar a responsabilidad del Estado cuando éste
sí incumple su deber de "garantizar" el ejercicio de derechos
y libertades lo que ocurre cuando la transgresión de los derechos se realiza
por falta de prevención del Estado o impunemente.
En ese orden de
ideas señala que al no ser predicable como principio general, la imputación de
responsabilidad al Estado, ésta debe ser determinada en cada caso concreto, no
siendo legítimo pretender que se estableciera como regla general en una ley,
cuando no se está en presencia comprobada de los elementos que configuran el
daño antijurídico a cargo del Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, entonces la ley no ha vulnerado ninguna norma constitucional.
Afirma
igualmente que “la ley consagra medidas complementarias que amplían las
posibilidades reales de alcanzar la reparación integral a las víctimas - la
contribución del estado en el fondo para la reparación de víctimas y en la
realización de medidas de satisfacción de
carácter colectivo se fundamenta en el principio de solidaridad y no en
la responsabilidad del estado por las conductas punibles cometidas por los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley”.
Explica que en
contexto internacional se ha dado la tendencia a establecer mecanismos
alternativos que buscan la reparación de las víctimas, con fuentes adicionales
a las del responsable del hecho punible causante del daño. En tal sentido, se
ha instado a los Estados a que procuren contribuir en la reparación, no porque
les sea atribuible la responsabilidad derivada del ilícito, sino por
solidaridad asistencial con las víctimas.  La búsqueda de alternativas para
posibilitar el pago de una justa indemnización a las víctimas ha llevado a que
se establezcan mecanismos que suplan la
incapacidad económica del condenado
para asumir el monto total de la indemnización correspondiente.  Se trata
de mecanismos de asunción social del riesgo de sufrir un daño como resultado de
una conducta punible, los cuales pueden sustituir o complementar los criterios
clásicos de la responsabilidad civil individual.
Por su parte el señor
Fiscal General de la  Nación señala que los demandantes no toman en cuenta que
la Ley 975 de 2005 en el artículo 43 establece el deber general de reparar por
los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en la misma Ley, a las víctimas de aquellas conductas
punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial, a su vez,
el artículo 42 ibídem, dispone que cuando no se haya logrado individualizar al
sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades
del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones la Ley aludida, el
Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía ordenará la
reparación a cargo del Fondo de Reparación.
En esos términos, hace énfasis en que el Estado responde
subsidiariamente por medio de los recursos que pongan en el Fondo de
Reparación, para satisfacer a las víctimas cuando los daños hayan sido
claramente ocasionados por un grupo armado ilegal beneficiario de la Ley 975 de
2005 pero no haya sido posible individualizar al sujeto o sujetos activos, de
forma tal que “es la víctima quien escoge si concurre al incidente de
reparación integral para reclamar sus perjuicios al condenado,
independientemente de la acción de reparación que involucre al Estado por
omisión alguna (sic)”.
Por su parte el Representante de la oficina del Alto
Comisionado para los  Derechos Humanos de las Naciones Unidas  advierte que al
limitar la entrega de bienes sólo a los que sean producto de la actividad ilegal
la Ley 975 de 2005 se aparta en perjuicio de las víctimas de los principios
internacionales de igualdad y de reparación integral, de forma tal que, al
establecer a favor de los procesados una limitación de tal índole no sólo se
hace una concesión injustificada a los responsables de conductas atroces, sino
que se desconoce a las personas afectadas por sus actos de violencia el derecho
a la “proporcionalidad reparatoria”.
Al respecto el Señor Procurador solicita  que  se declare la inexequibilidad de las expresiones  “obtenidos ilícitamente” que forman parte del
artículo 44, numeral 45.1 de la Ley 975 de 2005 para  garantizar el derecho a
la reparación de las víctimas
Ahora bien, en relación con este aspecto de la acusación
formulada por los demandantes cabe recordar que la Corte en la sentencia  C-370
de 2006  precisó  que  son  los perpetradores de los delitos  a que alude la Ley 975 de 2005  los
que deben  responder con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos
causados.
Igualmente que al Estado corresponde solo de manera
subsidiaria  y en determinadas circunstancias  entrar a concurrir  con la
reparación a las víctimas.
Señaló la Corte los siguiente:
“6.2.4.1.9. Se pregunta la Corte si el derecho a la reparación
integral garantiza que, incluso en procesos de justicia transicional, los
responsables de delitos respondan con su propio patrimonio por los daños que su
actividad criminal ha producido.
6.2.4.1.10. En principio podría sostenerse que si bien en la
justicia ordinaria se aplica el  principio general de derecho según el cual
quien causa un daño debe repararlo, en procesos de justicia transicional a
través de los cuales se enfrentan violaciones masivas y sistemáticas de
derechos humanos y ante un universo enorme de victimas directas e indirectas,
quien debe responder es el Estado y no  los perpetradores. Incluso podría
sostenerse que puede ser una condición de quienes deciden someterse a un
proceso de paz tras un legado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos, que el componente patrimonial de las reparaciones sea asumido por el
Estado y no por los responsables del daño, quienes no estarían dispuestos a
arriesgar su patrimonio personal que se vería completamente menguado si con él
tuviera que sufragarse los cuantiosos daños producidos. Finalmente podría
sostenerse que esta forma de reparación – a través de recursos públicos y no
del patrimonio personal de los responsables – no supone una violación del
derecho de las víctimas pues finalmente estas recibirán algún tipo de
reparación, sin importar la fuente a través de la cual se financian.
6.2.4.1.11. Este argumento sin embargo tiene una serie de
debilidades constitucionales que la Corte no puede dejar de advertir. En primer
lugar, como entra a explicarse, no parece existir una razón constitucional que
permita excepcionar el principio general según el cual todo aquel que cause un
daño antijurídico esta obligado a repararlo y trasladar el costo total de la
reparación a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo término, incluso si se
aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de responsabilidad, lo
cierto es que no esta autorizado para perdonar – ni penal ni civilmente – a
quien ha cometidos delitos atroces o al responsable de actos de violencia
masiva o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante
del daño equivale a una amnistía integral de la responsabilidad debida.
Finalmente, parece constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir
el patrimonio de los responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los
cuales pueda comprobarse que las personas responsables tienen inmensas fortunas
mientras que quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran
en dolorosas condiciones de pobreza y desarraigo. Entra la Corte a explicar
cada una de estas cuestiones.
6.2.4.1.12. En primer lugar, al menos en principio, no parece
existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de
violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien
causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la
Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han
considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del
perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos
de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el
cual el Estado resulte responsable – por acción o por omisión – o cuando los
recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de
reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria
que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en
procesos de justicia transicional hacia la paz.
6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría
parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse
a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal
que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y
en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero
constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad
civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la
totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se
estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil,
responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los
ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el
contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta. La Corte
no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece
necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo
de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el
legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las
circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es
relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia
masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta
manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo
de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos
causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un
límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia
digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que
habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada
caso individual.
En la misma sentencia la Corte  puso de presente que dado
el nexo de causalidad entre la actividad del grupo
específico y los daños ocasionados individual o colectivamente por ese grupo
específico dentro del cual realizaron las actividades delictivas  la
responsabilidad derivada de dichas actuaciones  debe ser solidaria.
Señaló la Corporación:
“Lo anterior conduce a señalar que para la ley bajo examen resulta
particularmente relevante la causalidad existente entre los hechos punibles
judicializados y la actividad de los grupos armados específicos que después de
haberse organizado para cometer delitos decidan desmovilizarse. Esta relación
entre la actividad de los individuos que se desmovilizan y su pertenencia al
grupo específico dentro del cual delinquieron, genera un nexo de  causalidad
entre la actividad del grupo específico y los daños ocasionados individual o
colectivamente por ese grupo específico dentro del cual realizaron las
actividades delictivas. Si bien la responsabilidad penal continúa siendo
individual[93], la
responsabilidad civil derivada del hecho punible admite el elemento de la
solidaridad, no solamente entre los penalmente responsables sino respecto de
quienes por decisión judicial hayan sido calificados como miembros del grupo
armado específico, entendido como el frente o bloque al que se impute
causalmente el hecho constitutivo del daño, en virtud de la relación de
causalidad que se estructura entre las conductas delictivas que generan el daño
y la actividad en concreto de ese grupo específico que actúa al margen de la
ley al cual pertenecieron los desmovilizados. Todos los hechos punibles
sometidos al ámbito de la Ley 975/05 exigen que su perpetración se produzca
durante y con ocasión de la pertenencia de los individuos desmovilizados a los
grupos armados, lo que fundamenta la responsabilidad civil del grupo específico
al amparo del cual se cometieron los delitos juzgados por parte de miembros de
un grupo armado determinado, calificados como tales judicialmente.
(…)
“ Para la Corte es claro que si los beneficios que establece la ley
son para el grupo específico, o para sus miembros en razón a la pertenencia al
bloque o frente correspondiente, éste debe tener correlativas responsabilidades
de orden patrimonial, incluso al margen de la determinación de
responsabilidades de índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y la
relación de causalidad con la actividad del grupo específico y se haya definido
judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque correspondiente.
Los daños anónimos, es decir aquellos respecto de los  cuales no ha sido
posible individualizar al sujeto activo, no pueden quedar exentos de
reparación; comprobado el daño y el nexo causal con las actividades del bloque
o frente armado ilegal cuyos miembros judicialmente identificados sean
beneficiarios de las disposiciones de la ley, tales miembros deben responder a
través de los mecanismos fijados en la ley.
“ El artículo 54, bajo examen establece que el fondo para la
reparación de las víctimas estará integrado por todos los bienes o recursos que
a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la ley, por recursos provenientes del presupuesto
nacional y por donaciones en dinero o especie, nacionales o extranjeras. La
satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la
afectación de los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a
reparar son los perpetradores de los delitos,  en subsidio y en virtud del
principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los
perpetradores. Antes de acudir a recursos del estado para la reparación de las
víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o
frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los
daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta
secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de
las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial
que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del
artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos
de los perpetradores sean insuficientes.
“ No obstante, si bien el artículo 54, inciso segundo, señala que el
Fondo para la Reparación se nutre de “los bienes o recursos que a cualquier
título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a
que se refiere la presente ley”, no señala a qué título responden los miembros
del grupo específico, es decir, del bloque o frente dentro del cual realizaron
actividades delictivas. Tampoco indica en qué situación se encuentran las
víctimas de cada frente o bloque en punto a la indemnización de los perjuicios
que tales grupos específicos le ocasionaron. De tal manera que dicho artículo
establece un mecanismo de reparación colectiva, sin indicar aspectos esenciales
de la responsabilidad en que dicha reparación colectiva encuentra fundamento.
Esto crea una ambigüedad sobre las bases y los alcances de dicha
responsabilidad, a tal punto que se podría concluir que las víctimas solo
tienen derecho a la reparación en la medida en que el perpetrador específico
del delito que les ocasionó el daño cuente con recursos suficientes para pagar
la correspondiente indemnización, lo cual sería una afectación desproporcionada
de dicho derecho que quedaría librado a la disponibilidad de recursos de cada
individuo perpetrador del delito. Esa interpretación es manifiestamente
inconstitucional en el contexto de la desmovilización de grupos armados al
margen de la ley estimulada por beneficios penales. Por eso, es necesario
condicionar la exequibilidad de la norma, sin impedir que el Fondo de
Reparación sea alimentado por recursos del presupuesto nacional y por
donaciones, habida cuenta del goce efectivo del derecho a la reparación de las
víctimas que podría verse seriamente disminuido si el Fondo de Reparación fuera
integrado exclusivamente con bienes o recursos de los integrantes de cada frente
o bloque armado ilegal.
“ Los argumentos relativos a la necesidad de proteger los derechos
de las víctimas a la reparación se atienden con el condicionamiento que la
Corte introducirá a la norma, en el sentido que quienes judicialmente hayan
sido calificados como integrantes del grupo armado específico responden
civilmente, de manera solidaria, con su patrimonio, por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del bloque o frente al cual pertenecieron, no
solo por los perjuicios derivados de los delitos por los cuales fueren
individualmente condenados.
“ En consecuencia la Corte declarará exequible, por los cargos
examinados, el inciso 2° del artículo 54, en el entendido que todos y cada uno
de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con
su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctima de los actos
violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros
miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron.”[94]
De lo decidido en dicha sentencia se desprende claramente
que  i)  todos y cada uno de los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para
indemnizar a cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley penal
por los que fueren condenados,  ii) también
responderán solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros
miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron,  iii) la satisfacción del principio de reparación
exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran
el fondo de reparación establecido por la Ley 975 de 2005. Así, los primeros obligados
a reparar son los perpetradores de los delitos,  en subsidio y en virtud del
principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los
perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las
víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o
frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los
daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta
secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de
las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial
que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del
artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos
de los perpetradores sean insuficientes.
Ahora bien frente a la acusación formulada en el presente
proceso la Corte encuentra que las consideraciones hechas en la referida
sentencia no solamente deben ser reiteradas sino que orientan necesariamente la
decisión a adoptar en el presente caso.
Así  en relación  con  las expresiones  “a cargo del
autor o partícipe del delito” contenidas  en el numeral 38.3 del artículo
37 de la Ley 975 de 2005  la Corte encuentra que no cabe duda  de que  dentro
de los derechos  de las víctimas  frene a la administración de justicia
resulta claramente compatible con la Constitución que  estas tengan derecho a
una pronta e integral  reparación de los daños sufridos  a cargo del autor o
partícipe del delito.
Empero como en la misma sentencia se señaló  la reparación
integral que les es debida a las víctimas  no puede quedar supeditada a  que el perpetrador específico del delito que les ocasionó el daño cuente
con recursos suficientes para pagar la correspondiente indemnización, lo cual
sería una afectación desproporcionada de dicho derecho que quedaría librado a
la disponibilidad de recursos de cada individuo perpetrador del delito o de los
participes del mismo.
En ese sentido  y en armonía con el condicionamiento hecho
en la Sentencia C-370 de 2005  debe señalarse que el autor o partícipe del
delito también responderá solidariamente por los daños
ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico al
cual pertenecieron, por lo que la constitucionalidad de la expresión acusada
habrá de condicionarse en ese sentido en la presente sentencia.
No sobra por lo demás  señalar que como lo puso de presente
la Corte en la misma Sentencia  C-370 de 2006 dicha responsabilidad  en cabeza
del  perpetrador específico del delito y solidariamente de los miembros del
grupo al que pertenece  no significa que el Estado pueda liberarse de las
obligaciones que  de manera  subsidiaria le corresponden frente a las víctimas.
Como en la sentencia
C-370 de 2006 se señaló el Estado ingresa en esta secuencia  de reparación sólo
en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en
especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto
de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la
Ley 975 de 2005[95]) y ante la eventualidad
de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes
En ese orden de ideas  y en armonía con lo decidido en la
referida sentencia C-370 de 2006  la Corte declarará la exequibilidad  de las
expresiones “a cargo del  autor o partícipe del delito” contenidas en el
numeral 38.3  del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una
de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron; y que al Estado corresponde  una responsabilidad subsidiaria  en
el caso en que los bienes de los autores o partícipes y los de  los miembros de
los grupos a que ellos pertenecen  no resulten suficientes.
Ahora bien en
cuanto  hace a la expresión ilícitamente  contenida en el numeral  45.1 del
artículo 44  en el que se  señalan cuales son los actos  de reparación de que
trata la Ley 975 de 2005  y en el que se enuncia como  acto de reparación “la
entrega de bienes  obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas”,
la Corte constata  que dicha expresión por el contexto  en que se halla
contenida, así como por el hecho de que en el mismo artículo no se hace
referencia  en materia de bienes   destinados a la reparación  sino
precisamente a los bienes obtenidos ilícitamente, debe ser declarada
inexequible pues ella  comporta una  restricción importante del derecho  de las
víctimas a la reparación integral.
Téngase en
cuanta que el artículo en que se encuentra dicha expresión  enuncia
precisamente el listado de los actos de reparación  y en materia de bienes solo
enuncia aquellos obtenidos ilícitamente.
La reparación estaría  así limitada a la entrega de bienes
obtenidos ilícitamente  y no del conjunto de bienes  que conforman el
patrimonio  de los beneficiarios de la ley.  Por ello y para  que la decisión
en este caso resulte concordante con lo decidido -en  cuanto al
condicionamiento hecho al artículo 54 de la ley 975 de 2005- en la sentencia
C-370 de 2005, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión
“ilícitamente”  contenida  en el numeral 45.1 del artículo 44 de  la Ley 975 de
2005 y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Ahora bien, para hacer totalmente concordante la decisión
y para que no quede ninguna duda sobre este punto la declaratoria de
inexequibilidad  se hará también respeto de la expresión “obtenidos” que
precede la expresión ilícitamente acusada por el actor.
5.  Alcance de la decisión  limitado a lo resuelto  en la
presente sentencia y efecto general inmediato  de la misma
En armonía con su jurisprudencia y en especial con lo
decidido en la sentencia C-370 de 2006 la Corte no accederá a las peticiones de
i) unidad normativa para declarar la inexequibilidad total de la ley, y de ii)
señalar efectos retroactivos a la  presente Sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-319 de 2006  en relación con
la acusación formulada en contra de los artículos  1, 2, 3 a 8, 15, 17, 18, 23,
26, 32, 33,  36 a 58,  60 a 62  de la Ley 975 de 2005  por  no haberse
tramitado  mediante el procedimiento señalado en el artículo 152-2 de la
Constitución  previsto para las leyes estatutarias
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-370 de 2006  en relación con
la acusación formulada en contra i) del numeral 10.6 del artículo  10, ii) las
expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en
el artículo 17, iii) las expresiones “de procedencia ilícita  que hayan sido
entregados”  y  “dentro de los  sesenta (60) días” contenidas en el
artículo 18, iv)  las expresiones “pero en ningún
caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” contenidas en el artículo 20, v) el artículo 25, vi)  el
parágrafo 3  del artículo 26, vii) las expresiones “los” y “por los
cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas en el
inciso cuarto del artículo 29,  viii)  el artículo 31,  ix) la expresión “pertinente” contenida en el  numeral
38.5 del artículo 37,  x) las expresiones “de ser posible”
contenidas en el artículo 46, xi) las expresiones “o sus parientes en
primer grado de consaguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para
la reparación de las víctimas”, contenidas en el artículo 47, xii)  las
expresiones  “y las de sus parientes en primer grado de
consaguinidad”  contenidas en el  numeral 49.3 del artículo 48,
xiii) las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto
nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo 55,  y xiv)  el
artículo 71,  de la Ley  975 de 2005
Tercero.- INHIBIRSE para emitir  pronunciamiento de fondo en relación con la
acusación formulada en contra de  i) el  artículo 9, ii)  los numerales  10.4 y
10.5 del  artículo 10, iii) el artículo 11, iv)  Los
artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 v)
la expresión “no” del parágrafo 2 del artículo 23, vi) las expresiones “que
se destinarán a la reparación” contenidas en el  artículo 24, vii) el artículo 30 -por la supuesta vulneración del artículo 13
superior-, viii) las expresiones “nadie podrá recibir dos veces reparación
por el mismo concepto” contenidas en el artículo 45, y ix) el numeral 52.2
del artículo 51 de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda.
Cuarto.-
Declarar INEXEQUIBLES  las expresiones “obtenidos ilícitamente”
contenidas en el numeral 45.1  del artículo 44 de la Ley 975 de 2005
Quinto.-
Declarar  EXEQUIBLES, por el cargo analizado, i) el cuarto inciso
del artículo 5   ii) la expresión “promover” contenida en los
artículos 4 y 7 , iii) las expresiones “e informar a los familiares lo
pertinente”  contenida en el artículo 7,  iv) el parágrafo del artículo
10,  v) las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” y “a
los familiares” contenidas en el   artículo  15 , vi) el último inciso del
artículo 16,  vii) el artículo 22 viii) los incisos 1 a 4 del artículo 23 ix)
las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica”
contenidas en el artículo  24,  x) los incisos uno a cinco del artículo 29, xi)
el artículo 30 por el cargo relativo  al supuesto desconocimiento del artículo
113 superior, xii) la expresión “ejecutoriados” del artículo 32, xiii)
la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34, xiv) las
expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas”contenidas en el
numeral 38.2 del artículo 37 xv) la expresión “facilite” contenida en
el  numeral 38.4 del artículo 37, xvi) el artículo 41 xvii) la expresión “más”
contenida  en el numeral  45.2 del artículo 44  xviii) las expresiones “y de
sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58  y xvix) el
artículo 64 de la Ley 975 de 2005.
Sexto.- Declarar EXEQUIBLES  DE MANERA
CONDICIONADA, por el cargo analizado,  i)   el artículo 27 de la Ley 975 de
2005 en el entendido que  la caracterización a que en él se alude corresponde a
la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser
motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio
de sus derechos y funciones,   ii) las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito”  contenida en el  numeral
38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que todos y cada uno
de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con
su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos
violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros
miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
CON ACLARACION DE VOTO
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
AUSENTE CON EXCUSA
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO,  JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO A LA SENTENCIA C-575  DE 2006.
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Principios (Aclaración de
voto)
PRINCIPIO DE
DISTINCION EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Significado
(Aclaración de voto)
PERSONA
PROTEGIDA-Definición según el Derecho Internacional
Humanitario (Aclaración de voto)
VICTIMA EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Concepto/MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Situaciones en las
que adquiere  estatus de víctima (Aclaración de voto)
El concepto de víctima dentro de una situación de confrontación
armada debe ajustarse a la filosofía que alienta el derecho internacional de
los conflictos armados, conforme a la cual tienen la condición de víctima las
personas que no participan directamente en las hostilidades o que ha dejado de
participar en ellas. Este concepto incluye por supuesto a los miembros de la
fuerza pública que hubieren dejado de participar en las hostilidades, ya sea
por que hubiesen depuesto las armas, o hayan sido puestos  fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa. Lo que no resulta admisible
frente a la estructura conceptual del derecho internacional humanitario es que
se considere víctima a los combatientes (de cualquiera de las fuerzas
enfrentadas) que participen directamente en las hostilidades y que como
consecuencia de esa participación activa recibieren alguna lesión en su
integridad física. Su condición de víctima, a la luz de esa normatividad,
surge en virtud de la transgresión ( por el contendor )  de las reglas del
derecho internacional humanitario, concretamente por hacerlo objeto de ataques,
no obstante haber depuesto las armas, o haber sido puesto fuera de combate a
consecuencia de enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa,
circunstancias éstas que proveen el estatus de persona protegida. Los miembros
de la fuerza pública adquieren el estatus de personas protegidas por el derecho
internacional humanitario y en consecuencia potenciales víctimas de los delitos
contra esa normatividad, cuando se encuentren en las situaciones previstas en
el artículo 3°  común a los Convenios de Ginebra de 1949, o en el artículo 4°
del  Protocolo II Adicional, a que se ha hecho referencia. La norma debió en
consecuencia ser declarada exequible, incluyendo éste condicionamiento.
Los siguientes
son los motivos por los cuales presento aclaración de voto a la Sentencia C-575
de 2006, por medio de la cual, entre otras determinaciones, la Corte declaró
exequible el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005. Considero que la
norma debió declararse exequible de manera condicionada, tal como se expone a
continuación.
1.
El precepto acusado y las razones que
fundamentan la exequibilidad.
El inciso 4° del
artículo 5° de la Ley 975 de 2005, establece que son víctimas, para efecto de
la ley, los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad  física y/o
sensorial (visual o auditiva) o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
La sentencia
parte del reconocimiento de que tanto los Convenios de Ginebra de 1949, como
los Protocolos I y II   a ellos integrados, hacen parte del bloque de
constitucionalidad, y resultan vinculantes para efectos del control de
constitucionalidad. Sin embargo sostiene, que no se vislumbra ninguna oposición
entre las normas de esos instrumentos internacionales y el contenido del inciso
acusado; sustenta su afirmación en los siguientes argumentos:
(i)
Que de esa normatividad internacional,
vinculante, no se desprende una prohibición para el Estado colombiano de
conceder o atribuir el estatus de víctima a los miembros de la fuerza pública[96].
(ii)
Que el Protocolo II señala que el mismo se
aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza,
color sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole,
origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro
criterio análogo (o “distinción de carácter desfavorable”) a todas las personas
afectadas por el conflicto armado en los términos a que en él se alude. De
donde concluye la Sala que el propio Protocolo proscribe las discriminaciones
en relación con las personas afectadas por el conflicto, “dentro de los
cuales necesariamente han de incluirse los propios combatientes.”
(iii)
Que la norma no entraña violación del
principio de distinción, pues de lo que se trata no es de asimilar a los
civiles con los combatientes para someter a aquellos a una situación prohibida
por los textos internacionales, “sino que se trata simplemente del
otorgamiento a los miembros de la Fuerza Pública, para efectos de la ley sub
examine, del carácter de víctimas. Se trata más bien de una norma interna más
garantista que las previstas en el ordenamiento internacional[97]”.
(iv)
Que se trata de una protección
complementaria a la prevista en el régimen de seguridad social que ampara a los
miembros de la Fuerza Pública, respecto de los riesgos  que no se encuentran
cobijado por este sistema.
La sentencia parte de un error hermenéutico en cuanto, prescinde en
su análisis, de los principios que orientan el Derecho Internacional
Humanitario, de imperativa aplicación en el asunto sometido al juicio de la
Corte.
2.
Los principios del Derecho Internacional
Humanitario como referente de constitucionalidad
Esta Corte tiene una jurisprudencia bastante consolidada[98]
sobre el carácter vinculante en el orden interno, de las reglas y principios
del derecho internacional humanitario, dada su naturaleza de normas de ius
cogens[99], su
integración al bloque de constitucionalidad, y por ende, su carácter de
referente de constitucionalidad para el juicio de esta naturaleza.
“Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en
los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un
catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte
del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991
confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los
derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. En
consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho
internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo
demás, es lo congruente con el carácter imperativo que caracteriza a los
principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el  ius
cogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la  expresión formal
y por escrito, esto es, la codificación de los principios ya existentes en el
derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la
importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera
existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario[100]”.
Uno de los principios medulares del derecho internacional de los
conflictos armados es el de distinción que impone a los combatientes, en
todo momento, la obligación de distinguirse de la población civil, y de todos
aquellos que no participan en las hostilidades, con el fin de preservar a estos
últimos de los estragos del conflicto. De este principio se deriva un concepto
también de singular importancia para el derecho internacional humanitario, como
es el de persona protegida, noción que cumple un papel limitador del
ámbito personal de aplicación de los principios y reglas de esta normatividad
de excepción.
El artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949, delinea el
ámbito personal de aplicación de esa normatividad, al establecer que en caso de
conflicto armado que no sea de índole internacional que surja en el territorio
de una de las Altas Partes Contratantes, las partes  tienen unos imperativos
éticos mínimos que deben respetar en relación con “Las personas que
no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa”.
Así mismo el artículo 4° del Protocolo II, relativo a las Garantías
Fundamentales que se deben aplicar a los conflictos armados que regula este
instrumento, refiere su aplicación a “Todas las personas que no participen
directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas”.
De donde se deriva que el concepto de víctima dentro de una
situación de confrontación armada debe ajustarse a la filosofía que alienta el
derecho internacional de los conflictos armados, conforme a la cual tienen la
condición de víctima las personas que no participan directamente en las
hostilidades o que ha dejado de participar en ellas. Este concepto incluye por
supuesto a los miembros de la fuerza pública que hubieren dejado de participar
en las hostilidades, ya sea por que hubiesen depuesto las armas, o hayan sido
puestos  fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier
otra causa.
Lo que no resulta admisible frente a la estructura conceptual del
derecho internacional humanitario es que se considere víctima a los
combatientes (de cualquiera de las fuerzas enfrentadas) que participen
directamente en las hostilidades y que como consecuencia de esa participación
activa recibieren alguna lesión en su integridad física. Su condición de
víctima, a la luz de esa normatividad,  surge en virtud de la transgresión (
por el contendor )  de las reglas del derecho internacional humanitario,
concretamente por hacerlo objeto de ataques, no obstante haber depuesto las
armas, o haber sido puesto fuera de combate a consecuencia de enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa, circunstancias éstas que proveen
el estatus de persona protegida.
La aplicabilidad de los principios que rigen el derecho
internacional humanitario como criterios relevantes de interpretación de  la
disposición analizada emerge del contenido de los artículos 1° y 2° de la ley
975/04, en la cual se inserta la norma, que establecen como objeto de la ley el
de “facilitar  los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley (…),
y como sus destinatarios a las personas vinculadas a grupos armados organizados
al margen de la ley, que fueren autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a esos grupos, y que hubieren
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación
nacional. Es evidente que la norma se inserta en el contexto de una ley
orientada a la superación del conflicto armado, y a la investigación y sanción
de los autores y partícipes, así como a la reparación de las víctimas, de los
crímenes que se hubieren cometido por los miembros de las organizaciones que
intervienen como actores de ese conflicto. Así que, tratándose de crímenes de
guerra – propios del contexto de conflicto armado – la condición de víctima
está vinculada al concepto de persona protegida por el derecho internacional
humanitario, y desde luego a la trasgresión grave de las reglas de la guerra.
Los miembros de la fuerza pública adquieren el estatus de personas
protegidas por el derecho internacional humanitario y en consecuencia
potenciales víctimas de los delitos contra esa normatividad, cuando se
encuentren en las situaciones previstas en el artículo 3°  común a los
Convenios de Ginebra de 1949, o en el artículo 4° del  Protocolo II Adicional,
a que se ha hecho referencia. La norma debió en consecuencia ser declarada
exequible, incluyendo éste condicionamiento.
Esta interpretación en manera alguna puede considerarse un menoscabo
de los derechos de los miembros de la fuerza pública que deben actuar dentro
del conflicto armado, puesto que como agentes estatales tienen sus propios
esquemas de cobertura de los riesgos  inherentes a su actividad funcional. Lo
que sí resulta insólito es que mediante la norma analizada, en los términos en
que está diseñada, se pretenda trasladar al fondo de reparación de víctimas, la
indemnización que corresponde al Estado, por las discapacidades ocasionadas a
los miembros de la fuerza pública, en desarrollo de su actividad funcional, lo
cual evidentemente va  en desmedro de sus derechos prestacionales.
De otra parte,
el argumento central para la declaratoria de exequibilidad, sin
condicionamientos, de la norma examinada, radica en que ésta no es incompatible
con los principios del derecho internacional humanitario, en cuanto que los
instrumentos respectivos regulan unos mínimos que deben ser observados por los
Estados, sin perjuicio de que la cobertura de la protección se amplíe por
decisión de los estados partes en esas Convenciones. Ciertamente este es un
argumento que ha desarrollado la Corte, para eventos en que la ley nacional
amplía el  ámbito protectorio previsto en la ley internacional. Sin embargo,
esta ampliación es legítima cuando ello no comporta una distorsión de los
principios que regulan la materia. Así lo estableció, por ejemplo, a propósito
de la ampliación de cobertura que la legislación interna imprime al crimen de
genocidio, en relación con la Convención Internacional: “No hay óbice para
que las legislaciones nacionales adopten un concepto más amplio de genocidio, siempre
y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste  en la
destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que tenga una
identidad  definida. Y es indudable que un grupo político la tiene[101]”.(Destaco)
Este argumento
no aplica al  presente caso puesto que la pretendida ampliación protectoria,
parte del desconocimiento de uno de los principios que regulan la normatividad
humanitaria como es el principio de distinción y su derivado el estatus
de persona protegida. Tal distorsión no conviene ni al desarrollo
conceptual del derecho que regula los conflictos armados, al que la
jurisprudencia de esta Corte ha tributado valiosos aportes, ni a aquellos en favor
de quienes se establece la ampliación. Se subvierte así, sin ningún rendimiento
protectorio, la esencia del ámbito personal de aplicación del derecho
internacional humanitario a los conflictos armados de carácter no
internacional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-575 DEL 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Incompatibilidad
con algunos tratados internacionales (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-5994
Demanda de inconstitucionalidad contra  artículos de la Ley 975 de
2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia,
como también lo hiciera frente a las sentencias C-370 del 2006 y C-400 del
2006, con fundamento en las siguientes razones:
1. En primer
lugar, considero que en materia penal, el legislador debe ajustarse a los
principios, valores y preceptos constitucionales y al mismo tiempo, al derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho
penal internacional. Desde esta perspectiva, sostengo que con la expedición de
la Ley 975 de 2005 se desconocen los compromisos internacionales adquiridos por
Colombia, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y los
Protocolos de Ginebra y su Protocolo Adicional II, en cuanto a:
(i)
prevenir y penalizar las violaciones graves de
derechos humanos, incluidas los crímenes de lesa humanidad, conforme a los
principios de individualización, proporcionalidad y razonabilidad;
(ii)
juzgar las infracciones graves del derecho
internacional humanitario (crímenes de guerra) y de no hacerlo, será
competencia de la Corte Penal Internacional, si el tribunal sustrajo al acusado
de su responsabilidad penal o no hubiere sido instruido en forma independiente
o imparcial;
(iii)
La Ley 975 desconoce los principios de igualdad
y no discriminación, legalidad de los delitos y de las penas, proporcionalidad
de las sanciones penales, responsabilidad del Estado y garantía de los derechos
de las víctimas.
2. En segundo
lugar, considero que existe inconstitucionalidad de normas específicas de la
Ley 975 de 2005, que en mi concepto violan los artículos 2.1, 2.3, 25 y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios 2, 3, 4, 5,
8, 15, 16, 19, 20 de los Principios y Directrices sobre los derechos de las
víctimas de violaciones graves y manifiestas de derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario. Principalmente, los artículos 5º y 7º, parciales;
10, parágrafo; 15, 16, parciales; 22; 23, parcial; 29; 37 y 44 que a mi juicio,
quebrantan las citadas normas internacionales en lo mencionado.
Por todo lo
expuesto reitero mi posición respecto a que la Ley 975 de 2005 es inexequible
en su totalidad.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Auto 286/06
Referencia: expediente
D-5994
Parte resolutiva de la Sentencia C-575 de 2006 -Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos -total o parcialmente acusados- 1° a
13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71  de la Ley 975 de 2005
“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”-
Actores: María Helena Ruíz de Ospina y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C.,  dieciocho  (18) de octubre del año
dos mil seis (2006).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y legales y
Considerando
1. Que mediante Sentencia C-575 de 2006 la Corte se pronunció frente
a la demanda formulada por María Helena Ruiz de Ospina y otros en contra  los
artículos -total o parcialmente acusados- 1° a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34,
36 a 58, 60 a 62, 64 y 71  de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”-
2. Que como se desprende de la parte motiva de dicha
Sentencia (Págs.  221[102], 179[103],
183[104] y 221 respectivamente)
la Corte encontró que los cargos formulados en contra de  i) el inciso 8 del
artículo 8, ii) las expresiones  “impulsará” y “asistencia”  del artículo 36, iii) la expresión “definitiva”
contenida en el numeral 38.6 del artículo 37,  y iv)  las expresiones  “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”, no estaban llamados a prosperar  y por tanto así se
declararía en la parte resolutiva de la sentencia.
3. Que en dicha Sentencia  en la parte resolutiva
no  se incluyó la declaración que reflejara la decisión así adoptada por la
Corte  respecto de dichas disposiciones. Por lo que la Corporación constata
que se presentó  un error involuntario  al momento de documentar el fallo
adoptado en la  Sala Plena,  en tanto  como se ha visto se omitió incluir en la
parte resolutiva  de la Sentencia  la decisión adoptada por la Corte  en
relación con  i) el inciso 8 del artículo 8, ii) las expresiones  “impulsará” y “asistencia”  del
artículo 36, iii) la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo
37,  y iv)  las expresiones  “particularmente en las
zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”.
RESUELVE
Declarar que en la documentación de la sentencia
C-575 de 2006 se presentó un error involuntario  al transcribir el numeral
quinto de la parte resolutiva  de la  misma en el que se omitió incluir  i) el
inciso 8 del artículo 8, ii) las expresiones  “impulsará” y “asistencia”  del artículo 36, iii) la expresión “definitiva” contenida
en el numeral 38.6 del artículo 37,  y iv)  las expresiones  “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”.
En consecuencia dicho numeral quinto queda así:
“Quinto.- Declarar  EXEQUIBLES, por el
cargo analizado, i) el cuarto inciso del artículo 5   ii) la
expresión “promover” contenida en los artículos 4 y
7, iii) las expresiones “e informar
a los familiares lo pertinente”  contenida en el artículo 7,  iv)  el inciso 8 del artículo
8,  v) el parágrafo del artículo 10,  vi) las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” y “a los familiares” contenidas en el   artículo  15, vii) el último
inciso del artículo 16,  viii) el artículo 22, ix) los incisos 1 a 4 del
artículo 23, x)  las expresiones “obligaciones
de reparación moral y económica” contenidas en el artículo  24,  xi) los incisos uno a cinco
del artículo 29, xii) el artículo 30 por el cargo relativo  al supuesto
desconocimiento del artículo 113 superior, xiii) la expresión “ejecutoriados” del artículo 32, xiv) la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34,   xv)   las expresiones  “impulsará” y “asistencia”  del artículo 36, xvi) las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas”contenidas en el  numeral 38.2
del artículo 37, xvii) la expresión “facilite” contenida en el  numeral 38.4
del artículo 37, xviii) la expresión “definitiva” contenida en el  numeral 38.6
del artículo 37, xix) el artículo 41, xx) la expresión “más” contenida  en el numeral  45.2 del artículo 44,   xxi)   las expresiones  “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49,  xxii)
las expresiones “y de sus
parientes”
contenidas en el primer inciso del artículo 58  y xxiii) el artículo 64 de la
Ley 975 de 2005“por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
AUSENTE EN COMISION
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
A folio 1138 del Cuaderno Principal No.2, obra un oficio con fecha diez (10) de
febrero de 2006, en el que se informa que el término de fijación en lista
venció el día nueve (9) de febrero de la misma anualidad a las 4:00 p.m.,
ordenado mediante Auto del once (11) de octubre de 2005.
[2] M.P. Álvaro Tafur Galvis
S.V. Jaime  Araujo Rentaría Humberto Sierra Porto
[3]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández
S.V. Jaime Araujo Rentaría, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto.
[4] M.P.
Álvaro Tafur Galvis S.V. Jaime Araujo Rentaría,  Humberto Antonio Sierra
Porto.  En este  sentido  la Corte en la Sentenia C-370 de 2006  por un cargo
similar contra diversos artículos de la ley  975 de 2005 se estuvo a lo
resuelto en la referida sentencia C-319 de 2006.
[5]
Artículo
10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados
o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios
de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General
de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado
organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento
de acuerdo con el Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los
bienes producto de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a
disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese
toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se
haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento
ilícito.
10.6 Que se liberen las
personas secuestradas, que se hallen en su poder.
Parágrafo. Los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la
libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales
correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.
[6] Los
ciudadanos demandantes  en el presente proceso al respecto señalan
expresamente: “el inciso 6° acusado debe ser declarado exequible de manera
condicionada, en el entendido que la restitución no sólo es requisito para la
desmovilización colectiva sino que además lo debe ser la entrega de los
cadáveres de las personas asesinadas, la información sobre el paradero de las
víctimas de desaparición forzada –vivas o fallecidas-, entre otras conductas de
igual importancia que el secuestro y que han sido consideradas delitos de lesa
humanidad, de guerra y de graves violaciones a los DDHH.”
[7]
En este caso referidos  al presunto desconocimiento del derecho a la verdad
como parte del derecho a la justicia.  Cargos analizados en el aparte 6.2.2 de
la Sentencia C-370 de 2006  y particularmente en los apartes 6.2.2.1.5 a
6.2.2.1.7.26
[8]
Artículo
17. Versión
libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la
ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía
General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y
beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado
asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos
los hechos de que tenga conocimiento.
En presencia de su
defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan
participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a
estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se
acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que
se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de
su ingreso al grupo.
La versión rendida por
el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de
desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y
la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información
suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se
dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de
control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados
por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley,
quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará
audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que
conozca del caso.
[9] Los
ciudadanos demandantes afirman al respecto que  las expresiones acusadas
desconocen los elementos del derecho a la verdad, toda vez que crean un círculo
vicioso dentro de la versión que rinde la persona vinculada al proceso de
desmovilización que impide saber realmente la verdad acerca de los delitos
cometidos por dicha persona, lo anterior puesto que señala que el miembro del
grupo armado organizado al margen de la ley que se acoge a lo previsto en la
Ley 975 de 2005 dirá las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya
participado en los hechos delictivos por los cuales se acoge a dicha Ley, y en
ese sentido, ésta se aplica sólo por las conductas delictivas por las cuales el
miembro del grupo armado “quiso acogerse al proceso de desmovilización
impidiendo en consecuencia acceder a la verdad de todo lo ocurrido.”
[10] Referentes a la violación del derecho de las
víctimas  a acceder a un
recurso judicial efectivo por las limitaciones en el acceso al expediente, y la
limitación de sus facultades procesales aparte 6.2.3.2.1.9 de la Sentencia.
[11]
Artículo
37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará
el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho:
(…)
38.5 A recibir desde el
primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código
de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus
intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias
del delito del cual han sido víctimas.
(…)
[12]
En ese caso referidos  a i) la presunta violación del derecho a la reparación
por limitarse a los parientes en primer  grado de consanguinidad  dicho derecho
–aspecto analizado en el punto  6.4.2 de la Sentencia C-370 de 2006-  ii)
respecto de  las limitaciones presupuestales  aplicables al fondo de Reparación
de las víctima        -aspecto analizado en el punto 6.2.4.3.3 de la sentencia
C-370 de 2006-.
[13] Los actores  en el presente proceso aducen que las
expresiones “dentro de los sesenta (60) días siguientes” vulneran el
derecho a la justicia, en la medida en que el plazo allí señalado es totalmente
desproporcionado respecto de la obligación que tiene el Estado Colombiano para
investigar y sancionar a los responsables de dichas conductas, pues si bien es
cierto que el tiempo de una investigación no tiene un tiempo determinado y una
de las principales causas de la impunidad en sistemas judiciales como el
colombiano es la demora en las mismas, que se imponga un término tan
excesivamente corto impide con mayor razón que se logre detallar la complejidad
que presentan las conductas típicas ocurridas en el marco de un conflicto
armado interno. Acusación que es idéntica a la que analizó la Corte en la
Sentencia C-370 de 2006  y que resumió la Corte de la siguiente manera “Manifiestan los demandantes que el
término de 60 días previsto en el artículo 18 demandado es inconstitucional,
porque resulta insuficiente para adelantar una investigación seria, que sea a
su vez, un recurso efectivo que permita el esclarecimiento adecuado de la verdad y la
realización de la justicia”.
[14] Señalan los actores que el artículo acusado tiene por
finalidad permitir que el desmovilizado reciba los beneficios señalados en la
Ley 975 de 2005 por delitos que si bien no confesó en la versión libre, se
demostró su autoría por parte de las autoridades judiciales, permitiendo
recibir los beneficios aludidos por más de una vez, o de manera sucesiva con
sólo manifestar la aceptación de su responsabilidad, desconociendo que los
beneficios se deben otorgar por una sola vez, lo que significa que en la
versión libre y en la aceptación de los cargos se confiesen todos los crímenes
cometidos y las víctimas puedan acceder a la verdad de lo sucedido, de forma tal
que no se puede dejar en manos de los desmovilizados un “comodín” para
seguir acumulando penas sin superar el máximo de 8 años, pues cada vez que el
poder judicial encuentre la comisión de otro delito no confesado por el
desmovilizado lo razonable y por demás legal es que se someta a un nueva
investigación y juicio por vía ordinaria al no haber sido aceptados tales
delitos en su confesión inicial y en la imputación de cargos respectiva.
[15] A saber la violación del
acceso a la justicia
[16] El Fiscal General de la Nación, advierte que los cargos
planteados en los numerales 3.2.4,
3.2.16, 3.2..24 y 3..2.37,
así como aquellos dirigidos a solicitar la constitucionalidad condicionada de
algunos de los artículos acusados, no reúnen los requisitos establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, razón por la que la Corte debe declararse inhibida para
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de éstos por ineptitud sustantiva
de la demanda, puesto que dichos planteamientos constituyen opiniones e
interpretaciones subjetivas del actor sobre la Ley 975 de 2005, que no plantean
un enfrentamiento normativo entre la Ley demandada y la Constitución Política.
[17] Por otra parte, el Ministerio Público solicita que la
Corte se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo respecto de algunos de los
cargos planteados en la demanda, a saber:
i) Los artículos 9° y 11, inciso 1º de la Ley 975 de
2005, en el sentido que la desmovilización individual no contribuye realmente a
la paz y por el contrario es una estrategia de guerra, como quiera que los
demandantes no exponen un cargo del cual surja al menos una mínima duda sobre
la incompatibilidad de tales preceptos y una disposición constitucional, en ese
sentido, “la censura a las citadas normas se edifica en los efectos
prácticos que en criterio de los demandantes puede llegar a tener un proceso de
desmovilización individual, más no en el contenido normativo y efecto real de
tales disposiciones”,
ii)
La expresión “sobre los hechos
objeto de la investigación” del artículo 15, inciso 1º, ídem, pues se
aparta de su contenido normativo, censurando una interpretación que no se
deriva de la norma.   A su juicio, los actores dicen que el mencionado inciso
no garantiza que los servidores públicos establezcan todas las condiciones y
móviles de las conductas investigadas, cuando la norma no hace ni expresa ni
tácitamente ninguna exclusión en relación con los aspectos que deben
investigarse de los hechos objeto del proceso, a ello se suma que, si la
censura se refiere a la ausencia de estudios sobre las causas de las conductas
delictivas desde el punto de vista criminológico y con el fin de servir de
parámetro para la adopción de una política criminal, el cargo igualmente se
aparta del contenido de la norma, pues olvida que la disposición se refiere a
los deberes de los servidores públicos que intervienen dentro de la actuación
penal, verbigracia, el Fiscal, el Magistrado de control de garantías y el de
juzgamiento, las autoridades de policía judicial, entre otros, no de todos los
servidores públicos en general, ni de las autoridades encargadas del estudio y
adopción de políticas frente al fenómeno criminal.
iii)
La expresión “no” contenida en el
parágrafo 2º del artículo 23, pues para la vista fiscal los demandantes no
señala con claridad y coherencia cuáles son las razones por las cuales estiman
que dicha disposición no permite garantizar el derecho a la reparación
integral, y, además, desconocen por completo el contenido normativo de la
previsión legal que se demanda, que simplemente señala la procedencia del
beneficio jurídico cuando la víctima motu proprio se abstiene de ejercer
sus derechos dentro del incidente de reparación integral, de tal forma que, en
ningún momento el parágrafo acusado hace referencia a condiciones o
prohibiciones a las víctimas que incidan en la efectividad de su derecho a
obtener la reparación integral.
iv)
La expresión “que se destinarán a
la reparación” que hace parte del artículo 24 de la Ley 975, pues aunque la
demanda la resalta como acusada ningún cargo se formula en su contra.
v)
El  numeral 38.2 del artículo
37 de la Ley 975  pues considera que carece de coherencia y justificación, toda
vez que, los demandantes solicitan la inexequibilidad de la norma que consagra
el derecho de las víctimas a ser protegidas en su intimidad y seguridad, cuando
quiera que resulten amenazadas, porque no reconoce el mismo derecho cuando ni
la intimidad ni la seguridad están amenazadas, argumento incoherente y carente
de racionalidad, pues pretenden la adopción de medidas de protección cuando la
víctima no las necesita, porque su seguridad e intimidad no están corriendo
ningún peligro.
vi)
El inciso 2° del artículo 45 pues no
existe coherencia en la acusación formulada lo que impide adelantar su
estudio.  Advierte que mientras la disposición acusada dispone que “Nadie
podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”, con el fin de
evitar el eventual abuso de este derecho, el cargo se estructura en que el
derecho a la reparación tiene varios componentes que no pueden ser desconocidos
por aquella disposición, planteamiento que carece de coherencia, pues se
refiere a un asunto distinto -el contenido de la reparación-, y parte de una
consecuencia que de ninguna manera puede atribuirse al artículo demandado, como
es el desconocimiento de todos aquellos componentes del citado derecho de las
víctimas.
[18] Ver, entre otros, los autos 097 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias
C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-519 de 1998, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1052 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-452 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentaría;
C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[19] Sentencia C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[20] Sentencia C-044 de 1997, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[21] Ver, entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-013 de
2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[22] Ver la sentencia C-528 de 2003, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[23] Ver sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. En dicha Sentencia se precisó que i) La claridad de un cargo se
predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite
a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su
justificación.  Aunque merced el carácter público de la acción de
inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica,
como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se
encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos
de modo tal que sean plenamente comprensibles; ii) La certeza de los argumentos
de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una
proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no
sobre una distinta, inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de
normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces,
es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal
verificable a partir de la interpretación del texto acusado; iii) El requisito
de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un
cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se
advierten contrarias a la Carta Política.  Este requisito refiere, en estas
condiciones, a que los argumentos expuestos por del demandante sean precisos,
ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en
la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y
verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución
Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad
a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales”[23] que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta
omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia
del juicio de constitucionalidad[23].”[23]
Las
razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto
estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es,
fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se
expone y se enfrenta al precepto demandado.”[23].
En ese sentido, cargos que se sustenten en (i) simples
consideraciones legales o doctrinarias; (ii) la interpretación subjetiva
de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en
un problema particular y concreto; o (iii) el análisis sobre la
conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras
censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de
inconstitucionalidad.
Por último, la condición de suficiencia ha sido
definida por la jurisprudencia  como la necesidad que las razones de
inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.”
[24] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[25] La demandantes en ese proceso  consideraban que los artículos 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la Ley 975/05, en su integridad, así
como el apartado “y el Código de Procedimiento Penal” contenido en el
artículo 62 ejusdem, violaban el derecho constitucional a la justicia.
Ello en la medida que tales normas incorporan institutos jurídicos del sistema
de enjuiciamiento penal previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002 y que, en
ese sentido, necesariamente remiten al Código de Procedimiento Penal adoptado
por la Ley 906 de 2004.  Por ende, las normas acusadas violaban la Carta
Política, pues vendrían a ser aplicadas respecto de conductas anteriores a la
vigencia del Acto Legislativo mencionado.  Desde esta perspectiva, los actores
solicitan a esta Corporación que declare la constitucionalidad condicionada de
los artículos demandados, “bajo la interpretación de que el procedimiento
allí previsto sólo es aplicable a delitos cometidos después del 1º de enero de
2005.  Para el resto de efectos, tales normas son inconstitucionales.”
[26] Ver al respecto  la
Sentencia C-370 de 2006  Apartado 6.1.1.4  cuyas consideraciones se reiteran.
[27]
Ver, entre muchas otras, la sentencia C-1052/01,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28]
El Señor Procurador considera que dicha
interpretación no es posible por varias
razones a saber, i) la primera condición para acceder a
los beneficios jurídicos establecidos en la Ley 975, es que el grupo armado
organizado al margen de la Ley “se haya desmovilizado y desmantelado en
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional”, esta desmovilización,
como lo señala el artículo 9° inciso final, se realizará conforme a las
previsiones de la Ley 782 de 2002, ii) el artículo 3°
parágrafo 1º de la Ley 975 ibídem, señala que dentro del proceso de negociación
encaminado a la desmovilización, puede acordarse la ubicación temporal de los
miembros del grupo en determinadas zonas del territorio nacional, en donde
deberá garantizarse el normal y pleno funcionamiento de las instituciones
civiles, de tal manera que aún antes de desmovilizarse, los grupos pueden ser
ubicados en zonas distintas a las que venían operando, o si se fijan éstas como
zonas de ubicación, deberán garantizarse allí el normal y pleno funcionamiento
de las instituciones políticas, iii) la desmovilización
comprende la dejación o desintegración del grupo armado al margen de la ley, el
abandono de las armas y la reincorporación a la vida civil, lo cual excluye que
aquél siga haciendo presencia y actuando como tal en las zonas en donde
habitualmente venía operando, de tal manera que a través de la primera
condición señalada en el artículo 10 se garantiza que los grupos armados
organizados al margen de la ley que quieran beneficiarse de las medidas
señaladas en la Ley 975 de 2005, no puedan incidir ni siquiera con su sola
presencia en los procesos electorales, intimidando a los sufragantes o a
quienes hacen proselitismo, pues de llegar a reunificarse y obrar de este modo,
estarían incumpliendo el acuerdo de desmovilización y por tanto cerrando las
posibilidades de acogerse a la citada Ley, iv) el mandato del
artículo acusado lleva implícita la prohibición que extrañan los demandantes,
pues es clara la norma cuando advierte que el grupo debe cesar toda
interferencia en el libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita, comprendiendo en este
concepto cualquier comportamiento o delito que atente contra el ejercicio de
los mecanismos de participación democrática (Titulo XIV, Capitulo único de la
Ley 599 de 2000), y v) finalmente, cabe entender que los
destinatarios de la Ley son los miembros de los grupos armados ilegales que
tengan condenas, sean o puedan ser procesados y condenados por delitos
cometidos con ocasión y durante su pertenencia al mismo, circunstancias que
naturalmente impiden su participación como candidatos en las contiendas
electorales.
[29]
Artículo 23.
Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del
Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de
la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal
del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados
con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco
(5) días siguientes.
Dicha audiencia se
iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o
abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación
que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus
pretensiones.
La Sala examinará la
pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado
el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada,
decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la
pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los
cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere
acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en
caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá
el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el
incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia
condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para
efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o
su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público,
podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su
condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá
negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no
ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.
[30]
A saber la violación del derecho a la justicia  por el “desconocimiento  de la
obligación estatal de sancionar a los responsables  de graves violaciones  a
los derechos humanos a verdaderas  penas privativas de la libertad” . Cargo
formulado por  los demandantes en ese proceso en contra  del artículo 31 pero
respecto del cual la Corte consideró necesario efectuar la unidad normativa con
el artículo 30  para condicionar  la exequibilidad del inciso segundo de dicho
artículo.
[31]
Sentencia C-295/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[32] Sentencia C-179/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
[33] Artículo 3 (común a las cuatro Convenios de Ginebra de 1949)
En
caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio
de
una
de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la
obligación
de
aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1)
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de
las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate
por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las
circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada
en
la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la
fortuna o cualquier
otro
criterio análogo.
A
este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las
personas
arriba
mencionadas:
a)
los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas
sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b)
la toma de rehenes;
c)
los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes
y
degradantes;
d)
las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente
constituido,
con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados.
2)
Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un
organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz
Roja,
podrá
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además,
las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos
especiales,
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La
aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto
jurídico de las Partes en conflicto.
[34] Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
sin carácter internacional (Protocolo II)
Aprobado
el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados
Entrada
en vigor: 7 de diciembre de 1978, de acuerdo con el artículo 95
Preambulo
Las
Altas Partes contratantes,
Recordando
que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del
respeto a la persona humana en caso de conflicto armado sin carácter
internacional,
Recordando,
asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos
ofrecen a la persona humana una protección fundamental,
Subrayando
la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales
conflictos armados,
Recordando
que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda
bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la
conciencia pública,
Convienen
en lo siguiente:
TITULO
I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
Artículo
1: Ambito de aplicación material
1.
El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no
estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas
armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un
mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el presente Protocolo.
2.
El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y
de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados
de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
Artículo
2: Ambito de aplicación personal
1.
El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter
desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna,
nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en
adelante "distinción de carácter desfavorable"), a todas las personas
afectadas por un conflicto armado en el sentido del artículo 1.
2.
Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una
privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquél,
así como las que fuesen objeto de tales medidas después del conflicto por los
mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los artículos 5 y 6 hasta
el término de esa privación o restricción de libertad.
Artículo
3: No intervención
1.
No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de
menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al
gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender
la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios
legítimos.
2.
No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación
para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el
conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte
contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
TITULO
II: TRATO HUMANO
Artículo
4: Garantías fundamentales
1.
Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que
hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen
derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus
prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin
ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no
haya supervivientes.
2.
Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se
refiere el párrafo 1:
a)
los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las
personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura
y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;
b)
los castigos colectivos;
c)
la toma de rehenes;
d)
los actos de terrorismo;
e)
los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y
degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de
atentado al pudor;
f)
la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
g)
el pillaje;
h)
las amenazas de realizar los actos mencionados.
3.
Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en
particular:
a)
recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a
los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la
guarda de ellos;
b)
se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias
temporalmente separadas;
c)
los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos
armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;
d)
la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de
quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del
apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido
capturados;
e)
se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento
de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan
en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de
la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y
para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.
(…)
TITULO
III: HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS
Artículo
7: Protección y asistencia
1.
Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el
conflicto armado, serán respetados y protegidos.
2.
En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida
de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su
estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en
criterios médicos.
Artículo
8: Búsqueda
Siempre
que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se
tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los
heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los
malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a los
muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.
(…)
TITULO
IV: POBLACION CIVIL
Artículo
13: Protección de la población civil
1.
La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra
los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección,
se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
2.
No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles.
Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal
sea aterrorizar a la población civil.
3.
Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal
participación.
Artículo
14: Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil
Queda
prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles.
En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales
como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras
de riego.
(…)
[35] Es  decir  respecto de todos los conflictos armados que no estén
cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas
armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un
mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el referido Protocolo.
[36]
[37]
Artículo
4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de
reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover,
en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales
de los procesados.
Artículo 7°. Derecho
a la verdad.
La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y
efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y
procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la
investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus
familiares lo pertinente.
Los procesos
judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no
impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.
[38] Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española  vigésima primera edición pag. 1676.
[39]
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en
suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La
concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la
presente ley.
Artículo
declarado exequible por los cargos examinados en la Sentencia C-370 de 2006, en
el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a
lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición.
[40] Artículo 34. Defensoría pública. El
Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho
de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos
señalados en la ley.
La Defensoría del Pueblo asistirá
a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.
El segmento tachado fue declarado
inexequible  en la Sentencia C-370 de 2006 frente a los cargos analizados, a saber la restricción
de los derechos de las víctimas a ser asistidas en el proceso penal.
[41] ARTÍCULO 282. El Defensor del Pueblo velará por
la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo
cual ejercerá las siguientes funciones:
1.   Orientar e instruir a los
habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el
ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o
entidades de carácter privado.
2.      Divulgar
los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3.   Invocar el derecho de
Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho
que asiste a los interesados.
4.      Organizar
y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.
5.      Interponer
acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
6.      Presentar
proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
7.      Rendir
informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.
8.      Las
demás que determine la ley.
[42]
Artículo 37.
Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las
víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las
víctimas tendrán derecho:
(…)
38.2 A la protección
de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a
favor, cuando quiera que resulten amenazadas.
[43] ARTICULO 67. Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y
coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de
la Fiscalía", mediante el cual se les otorgará protección integral y
asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero
permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas
corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal.
En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro,
la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.
El
artículo 1de la Ley 782 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 45.043, de
23 de diciembre de 2002, prorroga la vigencia de este artículo por un término
de cuatro (4) años
[44] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[45] Cfr., Sentencia C- 275 de 1994, MP, Alejandro Martínez
Caballero.
[46] Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e
investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias,
aprobado por el Consejo Económico y social de las Naciones Unidas, mediante
resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General.
mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la sentencia
C-293 de 1995.
[47] Cfr. Sentencia C- 228 de 2002, entre otras.
[48]
Artículo
41. Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las
entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas,
niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el
proceso.
[49]  Ver entre otras las sentencias C-543/96. M.P.
Carlos Gaviria Díaz, C-246/01 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-739/01
M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1064/01 M.P.  Manuel José
Cepeda y Jaime Córdoba Triviño,  C-041/02: M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, C-185/02. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[50] Ver la sentencia C-185/02. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[51] Sentencia C-185/02. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52] Sentencia C-146/98 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[53] Ver entre otras las  sentencias C-543/96 M.P. Carlos
Gaviria Díaz, C-427/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1549/00 M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez, C-1177/01
M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-185/02 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, C-311/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,  C-780/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , C-1125/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Ver, entre otras las
Sentencias   Sentencia C-169 de 2001 M. P. Carlos Gaviria Díaz,.C- 418 de 2002
M.P. Alvaro Tafur Galvis
[55] Ver entre otras las
sentencias T-606 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,  SU-383/03   y T-
M.P. Álvaro Tafur Galvis
[56]
Artículo
10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados
o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios
de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General
de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado
organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento
de acuerdo con el Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los
bienes producto de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a
disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese
toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se
haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento
ilícito.
10.6 Que se liberen las
personas secuestradas, que se hallen en su poder.
Parágrafo. Los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la
libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales
correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.
[57]
Artículo
22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en
que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta
investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado,
asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos
consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la
formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el
caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función
de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.
[58]
Artículo
27. Archivo de las diligencias. Si en relación con los
hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre
o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación,
el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible
existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si
surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme
con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya
extinguido la acción penal.
[59] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[60]
Proyecto de Ley  001 de 2003 de Cámara de Representantes. Gacetas del Congreso
89, 104 de 2003; Gacetas del Congreso 200 y 248 de 2004; Gaceta del Congreso
377 de 2004, Acta 39 de 2004, Senado de la República; Gaceta del Congreso 273
de 2004; Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo 79 de la Ley 906 de 2004
fue concebido y aprobado en sus correspondientes debates en comisión y en
plenaria de la Cámara de Representantes en los siguientes términos:
Cuando la
fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no
existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como
un delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de
la actuación.
En su paso por el Senado de
la República fue adicionado el segundo inciso del artículo:
Sin embargo,
si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras
no se haya extinguido la acción penal.
Dicha adición respondió a
una proposición efectuada por la Fiscalía General de la Nación ya que “Es
necesario prever la posibilidad de reanudar la indagación en el evento de
surgir nuevos elementos probatorios que así lo indiquen.”
El anterior artículo fue
aprobado por la Plenaria del Senado de la República con la adición propuesta en
el primer debate en comisión del Senado y el artículo fue mantenido de esa
manera por la comisión accidental de conciliación que se conformó durante el
trámite legislativo de la Ley 906 de 2004.
[61]
Roxin, Claus. 1999. Derecho Penal. Parte General, Tomo I. Fundamentos la
Estructura de la Teoría del Delito, p. 304. Madrid: Civitas.
[62]
Ley 906 de 2004. Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cualquier
momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante
podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los
procedimientos.
Si al momento de
presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le corresponde
a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de
proceder a aceptarla y archivar las diligencias.
Si se hubiere formulado la
imputación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el
parecer de la Fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.
En cualquier caso el desistimiento
se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado, y
una vez aceptado no admitirá retractación.
[63] Ley 906 de 2004. Artículo 74. Delitos que
requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en
los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:
1.
Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena
privativa de la libertad.
2.
Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin
secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de
sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones personales con
deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1º); lesiones
personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso
1º); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales
culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131);
violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo
220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P.
artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias
recíprocas (C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229);
maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230);
inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación de
los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no
exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes
(C. P. artículo 239 inciso 2º); alteración, desfiguración y suplantación de
marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento
cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246
inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248);
abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso
fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253);
disposición de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación
de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de
telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación de bienes
(C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de
aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo
263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en
bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P.
artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los
deberes profesionales (C. P. artículo 445).
[64]
Ley 906 de 2004. Artículo 331. Preclusión. En cualquier momento, a partir de la
formulación de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la
preclusión, si no existiere mérito para acusar.
[65]
Ley 906 de 2004. Artículo 332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en
los siguientes casos:
1. Imposibilidad de iniciar
o continuar el ejercicio de la acción penal.
2. Existencia de una causal
que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.
3. Inexistencia del hecho
investigado.
4. Atipicidad del hecho
investigado.
5. Ausencia de intervención
del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término
máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código.
Parágrafo. Durante el
juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1º y 3º,
el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de
conocimiento la preclusión.
[66]
Sentencia C-228 de 2002 MP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett. AC: Jaime Araujo Rentería. La sentencia revisó la constitucionalidad
del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”. El actor solicitaba a la Corte Constitucional declarar la
inconstitucionalidad de la norma demandada, que regula  la constitución de la
parte civil en el proceso penal para los perjudicados o sus sucesores con la
finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del
daño ocasionado por la conducta punible, por ser violatoria de los artículos
13, 93 y 95 de la Constitución, así como de los artículos 1 y 5 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789). Los problemas
jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fueron  i)
¿Es la exigencia de que la parte civil en el proceso penal se constituya a
través de abogado, una violación de su derecho a acceder a la justicia en
condiciones de igualdad? Y ii) ¿Son las limitaciones que se le imponen a los
perjudicados o sus sucesores para intervenir dentro de la “actuación penal”
sólo a partir de la resolución de apertura de instrucción y para acceder al
expediente durante la investigación preliminar, violaciones a su derecho a
acceder a la justicia en condiciones de igualdad? La sentencia
estableció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como derechos
de las víctimas en el proceso penal. La parte resolutiva de la sentencia es del
siguiente tenor “Primero.-Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos
estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el
entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a
la justicia en los términos de la presente sentencia.
Así mismo, declarar
EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo y
tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida
en el inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE.
Segundo.-Declarar EXEQUIBLE
el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en
el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan
constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.
Tercero.-Declarar EXEQUIBLE
el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados,
salvo la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que
se declara INEXEQUIBLE.”
[67]
Es importante resaltar el caso Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el cual se estableció la  obligación de los Estados de
prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos, de investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables,
de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación. Así mismo el Relator Especial para la Comisión de Derechos Humanos,
subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
elaboró un Informe Relativo al Derecho de Restitución, Indemnización y
Rehabilitación a las Víctimas de Violaciones Flagrantes de Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales en el cual se establecieron los siguientes
principios respecto de los derechos de las víctimas:
La violación de un derecho
humano da a la víctima el derecho a obtener una reparación.
La obligación de garantizar
el respeto a los derechos humanos incluye el deber de prevenir las violaciones,
el deber de investigarlas, el deber de tomar medidas apropiadas contra sus
autores y el deber de prever reparaciones para las víctimas.
La reparación por
violaciones de derechos humanos tiene el propósito de aliviar el sufrimiento de
las víctimas y hacer justicia mediante la eliminación o corrección, en lo
posible, de las consecuencias de los actos ilícitos y la adopción de medidas
preventivas y disuasorias respecto de las violaciones.
La reparación debe responder
a las necesidades y los deseos de las víctimas. Será proporcional a la gravedad
de las violaciones y los daños resultantes e incluirá la restitución, la
indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no
repetición.
La reparación de
determinadas violaciones flagrantes de los derechos humanos que constituyen
crímenes en virtud del derecho internacional incluye el deber de enjuiciar y
castigar a los autores. La impunidad está en conflicto con este principio.
Deben reclamar la
reparación las víctimas  directas y, si procede, los familiares, las personas a
cargo, u otras personas que tengan una relación especial con las víctimas
directas.
Además de proporcionar
reparación a los individuos, los Estados tomarán disposiciones adecuadas para
que los grupos de víctimas presenten reclamaciones colectivas y para que
obtengan reparación colectivamente.
[68]
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre
y otros vs. Perú) Sentencia de 14 de Marzo de 2001.  La Corte
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la sentencia Barrios Altos
del Perú estableciendo que  la amnistía que había concedido Perú era contraria
a la Convención, a pesar de que el país se había comprometido a reparar
materialmente a las víctimas, pues se estaba desconociendo su derecho a la
verdad y a la justicia:“Todo Estado está en la obligación de realizar una
investigación exhaustiva de hechos de los cuales tenga conocimiento como
presuntas violaciones de derechos humanos, además de sancionar a los
responsables de los mismos… El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el
derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen
los artículos 8 y 25 de la Convención.¨ (párrafos 47-49 sentencia de fondo). En
el mismo sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el
derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad
humana en proceso penales no se limita sólo a la reparación material sino
además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el
derecho a la verdad y a la justicia (Ver sentencias  T-1267 de 2001 MP: Rodrigo
Uprimny Yepes; SU-1184 de 2001 MP: Eduardo Montealegre Lynett; C-578 de 2002
MP: Manuel José Cepeda Espinosa; C-875 de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil; C-228
de 2002 MP Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-004 de
2003 MP. Eduardo Montealegre Lynett; T-249 de 2003 MP: Eduardo Montealegre
Lynett.)
[69] Sentencia C-370 de 2006
apartados 6.2.2.1.7.20, y ss
[70] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[71]
Artículo
29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito
Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de
acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el
condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de
acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el
esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la
pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir
con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el
tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades
orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual
perteneció.
Cumplida la pena
alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir
en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la
presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas estas
obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la
pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá
cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos
en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se
aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias
a la pena alternativa.
Mediante la Sentencia C-370
de 2006  se decidió Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del
inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 975 de 2005: “los” y “por los
cuales fue condenado en el marco de la presente ley”, y EXEQUIBLE el
inciso quinto, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando
haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la
comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo
[72] “ARTÍCULO 150.— Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)
17.
Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y
otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos
de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará
obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.”
No
sobra recordar que dicha posibilidad igualmente se establecía en el artículo  76, numeral 19 de la Constitución  derogada.
[73]  Sentencia C-370 de 2006
apartado 6.2.1.4.8.
[74]
Artículo
30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el
establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.
Los establecimientos
de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los
establecimientos administrados por el Inpec.
La pena podrá
cumplirse en el exterior.
La Corte en la Sentencia C-370 de 2006  decidió Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados,
el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que
dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario.
[75] M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[76]
Artículo 64.
Entrega de menores.
La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la
ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la
presente ley y la Ley 782 de 2002.
[77]
Artículo
7°. Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas,
tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los
delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre
el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y
procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la
investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a
sus familiares lo pertinente.
Los procesos
judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no
impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.
[78]
Artículo
15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la
presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se
asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de
investigación y se garantice la defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por
conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado
de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o
colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como
lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de
los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas
secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares
sobre los resultados obtenidos.
La Fiscalía General de
la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos
que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los
peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del
Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del
Consejo Superior de la Judicatura.
[79]
Artículo
32. Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en
materia de justicia y paz. Además de las competencias establecidas en
otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el
Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de
juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el
cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.
Corresponde a la
Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los
archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las
personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con
el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del
olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los
registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de
Comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.
[80]Artículo 58. Medidas
para facilitar el acceso a los archivos.  El acceso a los
archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus
parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se
solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de
autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y
adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.
En todo caso se
deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la
intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes
víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más
daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un
peligro para su seguridad.
[81] Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los hechos que
dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname
aracaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados masacraron a más
de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los que lograron
escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o
internamente desplazados.  A la fecha de la presentación de la demanda no había
habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni
sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras.
[82] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-527/05,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[83]  Sentencia C-370 de
2006  apartados 6.2.2.3.9. y ss.
[84]
Artículo
8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación
comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las
conductas.
Restitución es la
realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la
situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización
consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación
consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas
que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o
compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer
la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías de no
repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de
los grupos armados al margen de la ley.
Se entiende por
reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la
comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública
de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las
víctimas.
La reparación
colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones
afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las
comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.
Las autoridades
judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o
simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.
[85]
Artículo
23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia
en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente
declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de
la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de
ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación
integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia
pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se
iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o
abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación
que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus
pretensiones.
La Sala examinará la
pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado
el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada,
decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la
pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los
cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere
acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en
caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá
el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el
incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia
condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para
efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o
su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público,
podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su
condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la
concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su
derecho en el incidente de reparación integral.
[86]
Artículo
24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en
la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las
accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la
presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el
Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las
víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la
reparación.
La Sala
correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos
previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
[87]
Artículo
44. Actos de reparación. La reparación de las
víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Para tener derecho a
gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al
Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese,
destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación
que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y
Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito
Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
Son actos de
reparación integral los siguientes:
(…)45.2 La declaración
pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas
con ella.
(…)
[88]
Artículo
49. Programas de reparación colectiva. El Gobierno, siguiendo las
recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá
implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda
acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del
Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la
violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados
por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la
violencia.
[89] (incisos 1 a 4° del artículo 23, expresiones “obligaciones
de reparación moral y económica” del artículo  24
de la Ley 975 de 2005)
[90] (artículo 8° de la Ley 975de 2005, expresión “más”
del numeral 45.2 del artículo 44, expresiones “particularmente en las
zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005)
[91]
Artículo
37. Derechos
de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las
víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las
víctimas tendrán derecho:
(…)
38.3 A una pronta e
integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
delito.
(…)
[92]
Artículo
44. Actos de reparación. La reparación de las
víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Para tener derecho a
gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al
Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese,
destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación
que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y
Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito
Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
Son actos de
reparación integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado
de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.
45.2 La declaración
pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más
vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento
público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de
no repetir tales conductas punibles.
45.4 La colaboración
eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización
de los cadáveres de las víctimas.
45.5 La búsqueda de los
desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y
comunitarias.
[93] Aún bajo los nuevos paradigmas de responsabilidad
penal acogidos por la ley penal  colombiana. En este sentido, establece el
artículo 23 del código penal  que:“también es autor quien actúa como miembro u
órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un
ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria
se detente (…)”.
[94]  Sentencia C-370 de 2006
apartado 6.2.4.4.7. y ss.
[95]
Artículo
42. Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que
resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el
deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que
fueren condenados mediante sentencia judicial.
Igualmente, cuando
no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y
el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las
disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la
Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.
[96] Sentencia C-575 de 2006,
folio 171.
[97] Ibídem folio 172.
[98] Corte Constitucional,
sentencias C-574 de 1992, MP, Ciro Angarita Barón;  C- 225 de 1995, MP,
Alejandro Martínez Caballero; C- 578 de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-
991 de 2000, MP, Álvaro Tafur Galvis; C-251 de 2002, MP, Eduardo Montealegre
Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, ; C- 578 de 2002, MP, Manuel José Cepeda
Espinosa; C-1076 de 2002, MP, Clara Inés Vargas Hernández..
[99] Sentencia C- 574 de 1992
y C-251 de 2002.
[100] Sentencia C- 574 de
1992.
[101] Corte Constitucional ,
C- 177 de 2001.
[102] En dicha página de la parte motiva se señaló:  “En ese orden de ideas la Corte constata que
la acusación formulada en contra del inciso
octavo del artículo 8,  los incisos 1
a 4 del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y
económica” del artículo 24, la expresión “más” del numeral
45.2 del artículo 44 y   las expresiones “particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley
975 de 2005  no está  llamada a prosperar y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
[103] En dicha página de la parte motiva se señaló:  “En ese orden de ideas la Corte
concluye que la acusación formulada en contra de de las expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas en
el artículo 36 de la Ley 975 de 2005  no está llamada a prosperar y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.”
[104]
En dicha página de la  parte motiva se señaló:
“En ese orden de ideas es claro para la  Corte que la
acusación formulada de la expresión “facilite” contenida
en el  numeral 38.4 del artículo 37,  así como de la  expresión “definitiva”
contenida en el  numeral 38.6 del mismo artículo por la supuesta limitación de
los derechos de las víctimas en el acceso al  proceso no está llamada a
prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia”.