C-208-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-208/03
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Pérdida de vigencia y no producción de
efectos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISIÓN
LEGISLATIVA RELATIVA-Eventos
RENTAS CONTRACTUALES-Clasificación autónoma
RENTAS CONTRACTUALES-Controversia sobre la exclusión como
clasificación autónoma
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Cargo específico por omisión relativa del
legislador
Referencia: expediente D-4239
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 67 (parcial) de la Ley 179 de 1994 y
el artículo 27 (parcial) del Decreto 111 de 1996.
Accionantes: Alejandro Ramelli Arteaga y
Humberto Antonio Sierra Porto
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil tres
(2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Humberto Antonio Sierra Porto y
Alejandro Ramelli Arteaga solicitan a esta Corporación la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 67 (parcial) de la Ley 179 de 1996 y del artículo
27 (parcial) del Decreto 111 de 1996.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación la Corte transcribe el texto de las
normas demandadas y subraya los apartes acusados,
“LEY 179 DE 1994
(diciembre 30)
Artículo 67. Nuevo. Eliminar las referencias a las rentas
contractuales que se hagan en esta ley.
Trasládase el parágrafo del artículo 20 de la ley 38
de 1989 que quedará como parágrafo del artículo 21 de la misma ley.
Cambiar la expresión Registraduría General del Estado
Civil por la de Registraduría Nacional del Estado Civil.”
“DECRETO 111 DE 1996
(enero 15)
Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios
y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos
directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas
y las multas (Ley 38 de 1989, art. 20, Ley 179 de 1994, art. 55, inc. 10 y
art. 67 y 71)” .
III. LA DEMANDA
Para los demandantes, las disposiciones acusadas
vulneran los artículos 1, 287 y 358 de la Constitución, pues la exclusión del
concepto de “rentas contractuales” del rubro de los ingresos corrientes
de la Nación, afecta los principios de descentralización administrativa y
autonomía territorial.
Explican que como los ingresos corrientes de la Nación
constituyen la base para calcular los recursos transferidos a las entidades
territoriales, si se disminuye el monto de aquellos mediante la exclusión de
algunos tópicos (como las rentas contractuales), se reduce también el ingreso
de esas entidades por dicho concepto, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de
la reciente reforma constitucional (Acto legislativo No. 1 de 2001).
En este sentido, consideran que el legislador debe
garantizar la provisión de fondos suficientes para que el proceso de
descentralización administrativa se traduzca en hechos concretos y se vea
reflejado en decisiones libres sobre asuntos de interés local.  Así, al amparo
de la jurisprudencia constitucional, advierten que el derecho de las entidades
territoriales a participar de las rentas nacionales también hace parte del
contenido esencial de su autonomía (CP. artículo 287).
De otra parte, los demandantes analizan el concepto de
“ingresos corrientes de la Nación” y concluyen que el diseño elaborado en las
normas acusadas no armoniza con los lineamientos generales señalados por el
Constituyente.  En su sentir, la única interpretación válida del artículo 358
de la Carta es que, “con exclusión de los recursos de capital, las demás
rentas nacionales hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y sirven
de base para fijar el monto de las transferencias a las entidades territoriales”.
Por ello, señalan, las rentas contractuales inevitablemente deben incluirse
dentro de la categoría de ingresos corrientes y no pueden ser catalogadas como
recursos de capital.
Con fundamento en la sentencia C-423 de 1995, los
accionantes explican que el concepto de ingreso corriente aparece ligado a la
regularidad del ingreso, característica que puede predicarse de las rentas
contractuales según lo reconoce un sector de la doctrina nacional.  Además,
advierten, la normatividad anterior (Ley 38 de 1989) consideraba las rentas
contractuales dentro del rubro de ingresos corrientes, pero en el nuevo modelo
fue excluida solamente para reducir la participación de las entidades
territoriales en las rentas del nivel nacional.
De esta manera, afirma que si bien es cierto que el
Constituyente se limitó a indicar que los ingresos corrientes de la Nación
comprenden “los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los
recursos de capital” (CP. artículo 358), no puede el Legislador adoptar un
concepto extremadamente amplio de estos últimos con la finalidad de excluir
importantes recursos económicos de las transferencias de la Nación con destino
a las entidades territoriales.
En conclusión, cuestionan la constitucionalidad del
artículo 67 de la Ley 179 de 1994, por haber eliminado la referencia a las
rentas contractuales del estatuto orgánico del presupuesto. Y del artículo 27
del Decreto 111 de 1996, censuran al legislador por no haber incluido las
rentas contractuales como una modalidad concreta de ingresos corrientes no
tributarios.
IV.  INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
El ciudadano Carlos Eduardo Riaño Cárdenas, actuando
en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interviene ante
la Corte para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
En primer término, señala que el Constituyente
encomendó al Congreso la tarea de clasificar, mediante una ley orgánica, las
rentas presupuestales de la Nación y definir cuáles ingresos deben considerarse
como corrientes y cuáles como recursos de capital.  En el caso de las rentas
contractuales, afirma el ciudadano, no pueden clasificarse automáticamente como
ingresos corrientes, pues el hecho de que los recursos provengan de un
contrato, si bien facilita su consecución, no determina la naturaleza del
ingreso.
En segundo término, explica que las rentas
contractuales no constituyen una disponibilidad normal y permanente del Estado,
sino un ingreso contingente que por tal motivo debe ser incorporado en el
presupuesto como un recurso de capital.
En tercer término, recuerda que antes de la
Constitución de 1991 la clasificación de las rentas contractuales como recursos
de capital se justificaba para incluir los ingresos derivados de los contratos
de concesión y asociación de ECOPETROL.  Pero considera una vez creado el Fondo
Nacional de Regalías (CP. artículo 361), encargado de distribuir dichos
ingresos entre las entidades territoriales, era necesario un ajuste normativo,
precisamente el que introdujo la Ley 179 de 1994.  De esta manera, concluye,
los principios de descentralización y autonomía resultaron fortalecidos debido
a que, “los entes territoriales en donde se adelanten explotaciones de
recursos naturales no renovables, así como los puertos por donde se transportan
dichos recursos, se benefician de manera directa de los recursos generados”.
Finalmente, considera que los demandantes confunden el
patrimonio de la Nación con el patrimonio de los entes descentralizados,
pretendiendo que parte de éstos vayan a las entidades territoriales, en abierto
desconocimiento de la regulación constitucional.  Sin embargo, afirma el
interviniente, cuando se generan recursos por contratos que realiza la Nación
con terceros, los mismos se incorporan en el presupuesto y hacen parte de los
recursos para transferencias, como ha ocurrido con los ingresos derivados de la
concesión de la telefonía móvil celular y de la concesión portuaria. Concluye
entonces lo siguiente:
“En consecuencia, no obedeció como lo afirma el
actor a una reforma indudablemente malintencionada o a un cambio insidioso,
sino a una clarificación conceptual que bien podía hacer la ley orgánica, la
cual condujo a que estos fueran considerados como ingresos corrientes no
tributarios”.
Intervención de la Auditoría General de la República
El ciudadano Juan Fernando Romero Tobón, en
representación de la Auditoría General de la Nación, solicita a la Corte
declarar exequibles los apartes demandados.
Antes de abordar el análisis material del asunto, el
interviniente precisa que la distinción entre ingresos corrientes y recursos de
capital no resulta relevante para determinar el monto de los recursos
transferidos a las entidades territoriales, por lo menos hasta el año 2008,
debido a que el Acto Legislativo No. 1 de 2001 incorporó una cifra específica
para realizar dicho cálculo.  Sin embargo, observa, la revisión constitucional
se mantiene frente a la clasificación contenida en la ley orgánica del
presupuesto para determinar si la rentas contractuales tienen o no el carácter
de ingresos corrientes.
También advierte que hay una regulación autónoma para
el manejo, participación y destino de los recursos provenientes de la
explotación del subsuelo, cual es el de las regalías, cuyo modelo es extraño al
diseño previsto en la ley orgánica del presupuesto y a la clasificación en ella
elaborada.  En este sentido, analiza las características de las regalías y
establece las diferencias frente a la participación general en los ingresos
corrientes de la Nación.
Procede luego al estudio de fondo partiendo de la
siguiente premisa: “Aunque la Constitución no lo indique, la definición de
los ingresos no es un tema aleatorio o caprichoso.  El elemento ordenador del
presupuesto así lo exige y se nutre de un bagaje doctrinal y jurisprudencial
relevante”.
Para el interviniente, algunas de las características
de los ingresos corrientes son las de regularidad, predecibilidad,
referencialidad y normalidad, que permiten diferenciarlos de los recursos de
capital, donde existe un alto margen de incertidumbre para su cálculo.
En cuanto a las rentas contractuales, considera que el
Legislador adoptó un modelo que armoniza con los parámetros anteriores, por
cuanto a partir de esa sola circunstancia no puede definirse la naturaleza de
un ingreso como corriente o de capital.   Y aún cuando reconoce que la norma pudo
haber hecho aclaraciones, estima que esa falencia constituye a lo sumo un yerro
de técnica legislativa pero no genera una inconstitucionalidad por omisión.
A pesar de lo anterior, concluye el representante de
la Auditoría, la circunstancia de que el legislador hubiese excluido la
referencia a las rentas contractuales no significa que cuando aquellas
constituyan ingresos corrientes puedan ser excluidas de esa clasificación en la
elaboración de presupuesto.
Intervención de la Federación Colombiana de Municipios
El ciudadano Gilberto Toro Giraldo, en su condición de
Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, interviene ante
la Corte y analiza la constitucionalidad de las normas demandadas.
Como asunto previo considera difícil abordar el
estudio del artículo 67 de la Ley 179 de 1994, por cuanto la sola eliminación
de las rentas contractuales no sugiere el desconocimiento de la Constitución.
Y respecto del artículo 27 del Decreto 111 de 1996, entiende que el cargo
consiste en la exclusión de las rentas contractuales como ingresos corrientes
no tributarios, porque la norma solamente predica esa categoría de las tasas y
multas, pero guarda silencio frente a las rentas contractuales.
A juicio del interviniente, si todos los operadores
jurídicos deben calcular los ingresos corrientes con fundamento en la
clasificación que hace la ley orgánica, las disposiciones acusadas resultan
incompatibles con la definición hecha en el artículo 358 de la Constitución.
Pero si sólo es una definición ordinaria y general, no tendrá relevancia cuando
hay definiciones específicas, como ocurre en los artículos 356, 357 y 358 de la
Carta.
De acuerdo con lo anterior, estima que si para
liquidar las transferencias se pudieran excluir las rentas contractuales que no
sean recursos de capital, el derecho a la autonomía de las entidades
territoriales se vería afectado ante la reducción de los recursos señalados en
la Constitución.
El representante de la Federación Colombiana de
Municipios describe luego cómo ha sido la evolución histórica de la
descentralización administrativa, reivindica su importancia y destaca
finalmente la necesidad de fortalecer sus elementos estructurales.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya
Villazón, mediante concepto No. 3058 solicita a la Corte declarar exequible la
expresión acusada del artículo 67 de la Ley 179 de 1994, e inhibirse para
pronunciarse sobre el artículo 27 del Decreto 111 de 1996.
Como asunto procesal previo, aclara que para la fecha
en que la Corte adopte su decisión puede haber operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, por cuanto el mismo problema jurídico fue planteado en
el proceso número D-4043, donde se cuestionó si el legislador podía eliminar la
referencia a las rentas contractuales dentro de la clasificación de los
ingresos corrientes, o si con ello desconocía la autonomía de las entidades
territoriales.  Con todo, el Ministerio Público aborda luego con el estudio
material del asunto.
A su juicio, para saber si el artículo 67 de la Ley
179 de 1994 desconoce la Constitución debe analizarse la sentencia C-423 de
1995, donde la Corte hizo referencia a la eliminación del rubro “rentas
contractuales” y su posible incidencia en el cálculo de los ingresos
corrientes de la Nación.  Según el Procurador, la Corte dejó en claro que las
rentas contractuales no pueden desaparecer por una decisión coyuntural de la
administración, pues son las características de los bienes objeto de
negociación (como su regularidad o eventualidad), las que permiten definir si
se trata de un ingreso ordinario o de un recurso de capital, aún cuando el
legislador haya eliminado la denominación.
La Vista Fiscal considera que la supresión de las
rentas contractuales como parte de los ingresos corrientes de la Nación, no
obedece al capricho del legislador sino que responde a la necesidad de ajustar
el ordenamiento a los cambios introducidos con la Constitución de 1991.  En
este sentido, explica, las rentas contractuales se conformaban de los ingresos
provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, pero esa
situación cambió con la figura de las regalías, que constituyen recursos de
destinación específica y regulación independiente.
De otro lado, el Procurador advierte que para
garantizar la continua prestación de servicios públicos a cargo del Estado fue
preciso hacer un ajuste institucional, por ejemplo, mediante la explotación y
concesión de muchos bienes y servicios a través de contratos, todo lo cual
significó redefinir los conceptos presupuestales.  Así, señala, como la mayoría
de los contratos de concesión o explotación de bienes estatales requiere de
inversión previa, se compromete el erario público y no siempre se garantiza la
consecución de ingresos.  Para asegurar esta situación, observa cómo el
Legislador prefirió eliminar la referencia a rentas contractuales como parte de
los ingresos corrientes y decidió vincularlas a la naturaleza contractual y a
la especialidad del servicio, así como a la finalidad institucional a través de
la figura de los excedentes financieros.
Con todo, el Procurador considera que el concepto de
rentas contractuales no ha desaparecido del presupuesto, sino que ha sido
objeto de ajuste frente a las nuevas exigencias, particularmente para asegurar
una estabilidad macroeconómica a través del Fondo de Recursos de Superávit de
la Nación.  De esta manera, recuerda que los ingresos por esa vía se
transfieren al Presupuesto General de la Nación solamente cuando hay rentas
netas programables para un periodo mínimo de 8 años (Ley 179 de 1994, artículo
15).
Por lo anterior, concluye que el artículo 67 acusado,
que elimina la referencia a las rentas contractuales del sistema presupuestal,
no desconoce las normas constitucionales invocadas.
Sin embargo, con relación al artículo 27 del Decreto
111 de 1996, el Ministerio Público echa de menos la formulación de un cargo
específico pues, en su sentir, los accionantes no expusieron las razones por
las cuales consideran que la norma desconoce la Constitución.  Ante ello,
solicita a la Corte inhibirse para proferir sentencia de fondo.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- En virtud de lo dispuesto en el
artículo 241-4 de la Constitución, la Corte está formalmente autorizada para
conocer de la demanda contra el artículo 67 de la Ley 179 de 1994, ya que se
trata de una demanda ciudadana en contra de una norma que hace parte de una ley
de la República.
2.- De igual forma, la Corte es competente
para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 27 del Decreto 111
de 1996, que corresponde a los artículos 20 de la Ley 39 de 1989, y 55 (inciso
10), 67 y 71 de la Ley 179 de 1994.  En efecto, ese decreto fue expedido por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades atribuidas por la Ley
225 de 1995, que lo autorizó para compilar las normas orgánicas del presupuesto
sin cambiar su redacción ni contenido.
Si bien es cierto que el precitado decreto
no es formalmente una Ley, también lo es que desde el punto de vista material
las disposiciones compliadas tienen ese carácter[1]
y, por tal motivo, en concordancia con lo previsto en el artículo 241-4 de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la acusación contra el
artículo 27 del Decreto 111 de 1996, toda vez que se trata de una demanda
ciudadana en contra de una norma que también hace parte de una ley de la
República.
Asuntos procesales previos: Inhibición frente al
artículo 67 de la Ley 179 de 1994 y debida formulación del cargo contra el
artículo 27 del Decreto 111 de 1996
3.- Aún cuando la Corte está formalmente autorizada
para decidir sobre la constitucionalidad del artículo 67 acusado, considera que
no existen razones para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de dicha norma, como tuvo oportunidad de reconocerlo
expresamente en un fallo reciente.
En efecto, en la Sentencia C-066 de 2003, la Corte
conoció de la demanda contra varias normas del estatuto orgánico del
presupuesto[2],
entre ellas el artículo 67 de la Ley 179 de 1994, concretamente el aparte que
es demandado en esta oportunidad.  En aquella ocasión la Corte se abstuvo de
pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley, por
considerar  que dicha norma no se encuentra vigente ni produciendo efectos
jurídicos. Al momento de plantear el problema jurídico la Corte sostuvo lo
siguiente:
“Así, si bien en la actualidad el artículo 3º de la
Ley 179 de 1994 no está produciendo efectos, porque fue subrogado por el
artículo 1º de la Ley 225 de 1995, encuentra la Corte que sería susceptible de
producirlos, en el evento en que fuese declarada la inexequibilidad de esta
última disposición, razón por la cual, en tal caso, cabría que la Corte se
pronuncie sobre su constitucionalidad.
Idéntica consideración cabe respecto del artículo 67
de la Ley 179 de 1994, puesto que, independientemente de su contenido normativo
y por virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 225 de 1995, no existe
en la Ley Orgánica de Presupuesto referencia alguna a las rentas contractuales,
razón por la cual el pronunciamiento de la Corte sobre esta disposición sólo
sería relevante en el evento de prosperar la demanda contra el artículo 1º de
la Ley 225 de 1995.”
(Subrayado fuera de texto)
Y luego de analizar el asunto concluyó al respecto:
“Observa, finalmente la Corte, que puesto que no
prosperaron los cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley
225 de 1995, no se presenta el presupuesto que le habría permitido pronunciarse
también sobre los artículos demandados de la Ley 179 de 1994, los cuales no se
encuentran vigentes y no están produciendo efectos, en la medida en que, por
una parte, el artículo 3º fue subrogado por el artículo 1º  de la Ley 225 de
1995, y, por otra, por virtud de lo dispuesto en ese mismo artículo, no existe
en la ley orgánica de presupuesto referencia alguna a las rentas contractuales,
a cuya exclusión de la normatividad orgánica atendía el  artículo 67 demandado.
Por consiguiente, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 1º  de la
Ley 225 de 1995, por los cargos analizados en esta providencia, y se inhibirá
de pronunciarse de fondo sobre los apartes demandados del artículo 3º y sobre
el artículo 67 de la Ley 179 de 1994.”
De acuerdo con lo anterior, la Corte debe inhibirse
para pronunciarse de fondo sobre el artículo 67 de la Ley 179 de 1994, toda vez
que son predicables las mismas consideraciones que fueron expuestas en la
sentencia C-066 de 2003, es decir, por cuanto la norma no se encuentra vigente
ni produciendo efectos jurídicos.
La demanda contra el artículo 27 del Decreto 111 de
1996.  Existencia de cosa juzgada constitucional.
4.- Por otra parte, corresponde a la Corte establecer
si el cargo contra el artículo 27 del Decreto 111 de 1996 fue presentado en
debida forma o si, por el contrario y como lo sugiere el Procurador,  la
demanda no plantea una acusación concreta de inconstitucionalidad y en consecuencia
debe proferirse un fallo inhibitorio.
Para los accionantes dicha norma desconoce los
artículos 1, 287 y 358 de la Constitución, en la medida en que excluye las
rentas contractuales como un rubro específico de los ingresos corrientes no
tributarios.  Sin embargo, la Vista Fiscal considera que esas acusaciones
solamente recaen sobre el artículo 67 de la Ley, pero nada tienen que ver con
el artículo 27 del Decreto 111 de 1996.
Pues bien, a juicio de la Corte los cargos propuestos
en la demanda no sólo guardan relación con el artículo 67 de la Ley 179 de
1994, sino que también se encuentran íntimamente ligados al alcance del
artículo 27 del Decreto en cuestión.
De esta manera, si bien es cierto que la demanda
censura la eliminación del concepto “rentas contractuales” que hizo el
artículo 67 de la ley, también lo es que el mismo cuestionamiento se predica
del artículo 27 del Decreto, en la medida en que excluyó esa denominación para
clasificar los ingresos corrientes no tributarios.
5.- En estas condiciones, la Sala considera que la
demanda recae sobre una suerte de omisión relativa del legislador que, según ha
sido ampliamente explicado por la jurisprudencia, también puede ser objeto de
control constitucional por vía ésta vía[3].
Sobre el particular resulta ilustrativa la sentencia C-1546 de 2000, donde la
Corte delimitó los eventos en los cuales existe una omisión legislativa por
parte del legislador:
“La doctrina de la Corte sobre la materia,
ha indicado que (i) la Corporación únicamente puede conocer de omisiones
legislativas relativas (C-543/06).  Tales omisiones se configuran en aquellos
casos en los cuales el legislador ha regulado de manera insuficiente o
incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de
regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la
Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) -C-543/96- o
incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad.
(ii) El cargo de omisión legislativa relativa debe dirigirse contra un
contenido normativo específico (C-427/00), de suerte que resultan inadmisibles
las acusaciones que se dirigen a derivar la omisión no de lo prescrito en una
norma, sino en un sistema o conjunto de normas.”
6.- En el caso del artículo 27 del Decreto 111 de
1996, los demandantes estiman que el legislador (i) reguló de manera incompleta
el régimen de los ingresos corrientes de la Nación, (ii) específicamente el de
los ingresos no tributarios, (iii) en detrimento de los artículos 1, 287 y 358
de la Carta.  Igualmente advierten que la acusación recae sobre un contenido
normativo concreto, esto es, (iv) la no inclusión del concepto “rentas
contractuales” en el diseño del estatuto orgánico del presupuesto.
Por lo anterior, la Corte no comparte las
apreciaciones del Ministerio Público y por el contrario considera que la
demanda fue presentada de conformidad con las exigencias jurisprudenciales
acerca de las omisiones relativas.  Sin embargo, como pasa a explicarlo,
encuentra que la controversia también fue resuelta en la sentencia C-066 de
2003.
7.- Según fue indicado, en aquella oportunidad la
Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 3º (parcial) de la
Ley 179 de 1994, pues el demandante no compartía la clasificación de los
ingresos corrientes elaborada por el Legislador[4].
A juicio del actor, ese diseño tenía el defecto de “erosionar la canasta de
los recursos que hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación” y
reducía con ello el monto global de los recursos transferidos a las entidades
territoriales.
La Corte estudió entonces si el nuevo esquema
presupuestal era o no compatible con la Constitución, particularmente en cuanto
a la clasificación de los ingresos corrientes de la Nación y la exclusión de
las rentas contractuales como una clasificación autónoma.  Al analizar el punto
la Corte determinó que esa exclusión no reñía con los mandatos superiores y
concluyó lo siguiente:
“Como consecuencia de las disposiciones
acusadas, las rentas contractuales, que en el régimen de la Ley 38 de 1989,
estaban clasificadas dentro de los ingresos corrientes no tributarios de la
Nación, desaparecieron como una clasificación autónoma de los recursos del
presupuesto.”
(...)
“Para estos efectos, es necesario advertir que la clasificación que
debe hacer el legislador, además de por la naturaleza misma de los recursos,
también está condicionada por las definiciones que han sido adoptadas por la
propia Constitución. Tal es el caso las rentas contractuales asociadas a la
explotación de los recursos naturales no renovables, que no obstante que en un
momento estuvieron clasificadas como ingresos corrientes de la Nación, hoy debe
enmarcarse dentro del régimen especial que para las regalías y compensaciones
derivadas de la explotación de los recursos naturales no renovables contemplan
los artículos 360 y 361 de la Constitución.
Por otra parte, el señor Procurador General de la Nación pone de
presente que la mayoría de los contratos de concesión y explotación de bienes
estatales son celebrados por entidades descentralizadas y que dichos contratos
requieren de inversiones previas y del mantenimiento del equilibrio
contractual, lo que en su concepto explicaría la supresión de la clasificación
de las rentas contractuales, y, como contrapartida, la inclusión de los
excedentes financieros de las entidades descentralizadas en el concepto de
recursos de capital (art 13, Ley 179 de 1994). Este último aspecto fue objeto
de consideración parcial en la Sentencia C-892 de 2002, en la que se declaró la
constitucionalidad de la incorporación de los excedentes financieros de las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades de
economía mixta en los recursos de capital, con argumentos que, del mismo modo,
resultan aplicables a los establecimientos públicos.
Por consiguiente, no resulta contraria a la
Constitución, la exclusión de las rentas contractuales como un concepto fijo
dentro de la clasificación de los ingresos presupuestales, y el cargo del actor
por este concepto no está llamado a prosperar, en la medida en que para ello sería
necesario que en cada caso concreto, respecto de determinada renta contractual
se establezca su indebida clasificación, en función de las características
propias de los ingresos corrientes de la Nación.” (Subrayado no original)
8.- Así las cosas, la Sala advierte que la
controversia sobre la exclusión de las rentas contractuales como una
clasificación autónoma dentro de la ley orgánica del presupuesto, fue
definitivamente resuelta en la sentencia C-066 de 2003.  Ante esa
circunstancia, no queda otra alternativa que declarar la exequibilidad del
artículo 27 del Decreto 111 de 1996.  Sin embargo, la Corte limitará el alcance
de la cosa juzgada únicamente al cargo formulado, es decir, a la acusación de
inconstitucionalidad por omisión relativa del legislador.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- INHIBIRSE para pronunciarse de fondo
sobre el artículo 67 de la Ley 179 de 1994.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “los
ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas”, contenida en
el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, pero sólo por el cargo analizado en
esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Sentencias C-365 de 2001 MP.
Clara Inés Vargas Hernández y C-305 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Expediente D-4043. Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 3º (parcial) y 67 (parcial) de la Ley 179 de 1994, y el artículo 1º
(parcial) de la Ley 225 de 1995.  MP. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Cfr., entre otras, las Sentencias
C-073/96, C-543/96, C-540/97, C-427/00, C-1546/00.
[4] Ley 179 de 1994, artículo 3°: “El literal a) del artículo 7° la Ley 38
de 1989 quedará así:
a) El presupuesto de rentas
contendrá la estimación de los ingresos corrientes, las contribuciones
parafiscales, los recursos de capital y los ingresos de los
establecimientos públicos. Esta clasificación modifica las demás
establecidas para el presupuesto General de la Nación en la Ley 38 de 1989.” (Se subraya el
aparte acusado)