T-526-20
Sentencia T-526/20
Referencia: Expediente T-7.797.806
Acción de
tutela instaurada por GMTY actuando en representación de su hija menor de edad WERT
en contra de Seguros Bolívar
Magistrado ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de las sentencias adoptadas en primera y segunda instancia por
el Juzgado Tercero de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Sede Desconcentrada en la localidad de
Suba y el Juzgado Veinte Civil
del Circuito de Bogotá, mediante las cuales se abordó el estudio de la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la intimidad y a la dignidad
humana de la menor de edad WERT por parte de la compañía de Seguros Bolívar S.A.
I.
ANTECEDENTES
A.   CUESTIÓN PREVIA
La presente acción de tutela tiene
por objeto la protección de los derechos fundamentales de una menor, que
involucra el tratamiento de datos sensibles relativos a su salud[1]. Por tal razón, y en aras de proteger su intimidad, privacidad y
el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, se emitirán respecto de este caso dos copias del mismo fallo,
diferenciándose en que se sustituirán los nombres reales de los sujetos
involucrados, en aquella que se publique por la Corte Constitucional. Así las
cosas, en esta providencia se hará referencia a la menor de edad con las siglas
WERT y a la madre con las abreviaturas GMTY.
B.
LA DEMANDA DE TUTELA
1.
La señora GMTY –actuando en nombre y representación de su
hija de 17 años WERT– interpuso acción de tutela el 10 de julio de 2019, en
contra de Seguros Bolívar[2], por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de esta última a la salud, a la
seguridad social, a la intimidad y a la dignidad humana, con ocasión de la
negativa de la compañía accionada autorizar la cobertura de un procedimiento
médico prescrito, por considerarlo de carácter estético y, por ende, excluido
de la póliza de salud. En ese sentido, solicitó al juez constitucional que se
tutelen los derechos fundamentales invocados y que se ordené a Seguros Bolívar
S.A. “realizar la operación (…)”[3].
C.   HECHOS RELEVANTES
2.
WERT informó en el
2018 a su madre que padecía un problema en su zona íntima, el cual le generaba
incomodidad y dolor[4].
3.
El día 14 de
diciembre de 2018, la señora GMTY decidió consultar con un profesional de la
salud[5], quien luego
de realizar la respectiva valoración de la menor de edad, encontró que
presentaba una patología denominada “labios menores redundantes bilaterales”
y propuso un procedimiento de “vulvectomía parcial”[6].
4.
El 21 de diciembre de
2018, mediante correo electrónico, la señora GMTY solicitó “la autorización”[7] del procedimiento a la compañía de Seguros
Bolívar, manifestando que, a su juicio, no se trataba de una cirugía estética,
por cuanto su fin es garantizar el desarrollo y bienestar de la menor de edad[8].
5.
El 26 de diciembre de
2018, Seguros Bolívar profirió comunicación en la que indicó que el
procedimiento prescrito se encontraba excluido de la póliza contratada de
conformidad con lo previsto en la condición segunda, literal f), del contrato[9], argumentando que la lesión padecida
por la menor de edad “es de carácter benigna, por lo que no genera
compromiso funcional, es decir, es una alteración sin potencial de malignizarse”.
6.
El día 22 de abril de
2019, la señora GMTY asistió, junto con su hija menor de edad, a una valoración
psicológica con una profesional adscrita a Seguros Bolívar, quien indicó que la
última padece de “baja autoestima y distorsión en la autoimagen” debido
a la condición médica diagnosticada[10].
D.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
7.
En auto del 11 de
julio de 2019, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
Sede Desconcentrada en la localidad de Suba procedió a admitir la acción de
tutela de la referencia[11], y vinculó
al profesional de la salud Daniel E. Sanabria, a la Asociación Médica Los
Andes, a Seguros Bolívar S.A., al Ministerio de Salud y de la Protección Social,
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES), a Positiva Compañía de Seguros y a la Superintendencia Nacional
de Salud.
Respuesta de
Positiva Compañía de Seguros[12]
8.
Positiva Compañía de
Seguros solicitó su desvinculación del proceso de tutela, al considerar que la
menor de edad no se encuentra afiliada a dicha administradora y que, por esa
razón, no pudo ser responsable de la conducta vulneradora endilgada.
Respuesta de
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES)[13]
9.
ADRES solicitó la
declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva[14], argumentando que, dentro de las
funciones de dicha administradora, no se encuentra la prestación de servicios de
salud, por lo que manifestó que la presunta conducta vulneradora que generó la
presentación de la acción de tutela no es imputable a su acción u omisión. Sin
embargo, aclaró que a la accionante le corresponde agotar los mecanismos que
tenga a su alcance y que, en este sentido, al estar afiliada a la Nueva EPS del
régimen contributivo de salud, la menor de edad puede iniciar el proceso para ser
valorada por su patología por parte del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Respuesta de
Seguros Bolívar S.A.[15]
10.
Por medio de escrito
radicado el 16 de julio de 2019, Seguros Bolívar S.A. solicitó al juez
constitucional la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, por no
acreditar el requisito de subsidiariedad. Al respecto, manifestó que entre la
madre de la menor de edad y esa compañía existe un contrato de seguro, suscrito
en ejercicio de la libertad contractual, que consta de unas coberturas y unas
exclusiones, de conformidad con las condiciones previamente conocidas por el
tomador[16]. En este
sentido, afirmó que la accionante cuenta con mecanismos de defensa previstos en
el ordenamiento jurídico para efectos de discutir la interpretación de las cláusulas
contractuales y que, en este orden de ideas, por regla general, no es
competencia del juez constitucional decidir este tipo de controversias. Finalmente,
aseguró que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cabeza de la
EPS a la cual se encuentra afiliada la menor de edad, es el ente encargado de
garantizar todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de
aquellas patologías clasificadas como de “origen común”, motivo por el
cual, en su opinión, no vulneró derecho fundamental alguno.
Respuesta de
la Superintendencia Nacional de Salud[17]
11.
Por medio de escrito
radicado el 18 de julio de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó
la declaratoria de la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no tiene como objeto la prestación del servicio de salud y que,
por el contrario, se trata de un organismo de carácter técnico, cuya misión es
ejercer la inspección, la vigilancia y el control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
12.
A pesar de estar
vinculados al proceso de tutela de la referencia[18], el profesional de la salud Daniel
E. Sanabria, la Asociación Médica Los Andes y el Ministerio de Salud y de la
Protección Social no intervinieron en el proceso judicial.
E.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Juzgado
Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada en la
localidad de Suba[19]
13.       En sentencia del 22 de
julio de 2019, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con
Sede Desconcentrada en la localidad de Suba tuteló los derechos fundamentales a
la salud, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la intimidad de WERT.
Al respecto, afirmó que a las aseguradoras que suscriben contratos de medicina
prepagada, les corresponde prestar un servicio de salud integral, en
particular, cuando se trata de la autorización y práctica de procedimientos de
los cuales dependen los derechos de un niño, niña o adolescente. En este
sentido, consideró que, si bien la definición de este tipo de controversias es
competencia de la jurisdicción ordinaria civil, lo cierto es que, tratándose de
los derechos de una menor de edad, es procedente de manera excepcional.
Impugnación
14.       El 25 de julio de 2019, la
compañía de Seguros Bolívar S.A. impugnó la decisión de tutela de primera
instancia. En su escrito, la accionada insistió en su solicitud de declarar
improcedente la acción de tutela por no acreditarse el requisito de
subsidiariedad, pues el contrato de seguro de “hospitalización, cirugía y
maternidad”
que suscribió con la señora GMTY se rige por normas del Código de Comercio y,
por ende, la definición de las controversias que surjan es competencia de la
jurisdicción ordinaria[20].
Segunda
instancia: Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá[21]
15.       Por medio de sentencia del
29 de agosto de 2019, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de
tutela. Como fundamento de lo anterior, argumentó que la definición de este
tipo de controversias corresponde, por regla general, a la jurisdicción
ordinaria civil, salvo que se demuestre que el medio de defensa previsto para
el efecto no es eficaz, ni idóneo o que existe riesgo de configuración de un
perjuicio irremediable, lo que, a su juicio, en el caso en concreto no sucede,
en la medida en la que la patología padecida por la menor de edad no pone en
riesgo su vida o integridad.
F.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS APORTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
Auto de
pruebas
16.
Mediante
auto del 24 de septiembre de 2020[22], el Magistrado
sustanciador decidió oficiar: (i) a la señora GMTY; y (ii) a la compañía Seguros
Bolívar, con el propósito de
que ampliaran la información que suministraron dentro de la acción de tutela de
la referencia o, en su defecto, aportaran elementos de juicio nuevos al debate.
Particularmente,
a la señora GMTY se le preguntó sobre (i) cómo está compuesto su núcleo
familiar; (ii) cuáles son los ingresos y gastos de este; (iii) si ha iniciado
otro proceso judicial por los mismos hechos expuestos en la acción de tutela;
(iv) a qué EPS se encuentra afiliada su hija (v) y si han realizado algún
trámite ante ella respecto del procedimiento médico requerido. Por su parte, a la compañía Seguros
Bolívar se le indagó respecto de (i) cuál es el protocolo que se sigue para determinar la
naturaleza de un procedimiento médico; (ii) si existe algún trámite interno que
le permita a un usuario controvertir dicha calificación y; (iii) si se ha
iniciado algún proceso judicial diferente al que revisa actualmente la Corte
por los mismos hechos.
17.
La
Secretaría General de esta corporación puso en conocimiento que, en el término
establecido, se recibió contestación de la madre de la accionante[23],
en los siguientes términos:
(i)
Respecto de los
ingresos y gastos mensuales, la señora GMTY informó que, en la actualidad, tiene
un trabajo estable y devenga un salario mensual correspondiente a la suma de
$17.000.000, de los cuales gasta un total de $11.000.000 en su sostenimiento,
el de su hija y el de dos sobrinos menores de edad, uno de los cuales habita en
su vivienda.
(ii)
Informó que es
propietaria de dos bienes inmuebles ubicados en las ciudades de Bogotá y de Cúcuta,
respectivamente. En el primero se encuentra la residencia que comparte junto con
su hija y un sobrino; y del segundo recibe una renta correspondiente a $700.000,
por un contrato de arrendamiento.
(iii)
Afirmó que no ha
iniciado alguna reclamación administrativa o un proceso judicial en contra de
la compañía Seguros Bolívar S.A., por los hechos que originaron la
interposición de la acción de tutela que, actualmente, estudia la Corte en sede
de revisión. Por lo demás, advirtió que la aseguradora no ha variado su
posición sobre la improcedencia de la prestación reclamada.
(iv)
Finalmente, puso
en conocimiento de la Sala que, con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela, se acercó a la Nueva EPS, entidad del régimen contributivo de
salud a la cual se encuentra afiliada su hija menor de edad, para efectos de
solicitar la práctica del procedimiento médico requerido, pero dicha solicitud
también fue desestimada en esa instancia[24].
18.
La compañía
Seguros Bolívar S.A., no dio respuesta a las preguntas formuladas por el
Magistrado sustanciador, en el término establecido en el auto de pruebas del 14
de septiembre de 2020.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
19.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto del 31 de enero de 2020, expedido por la Sala Número Dos de
Selección de este Tribunal, que ordenó la revisión del presente caso[25].
B.
CUESTIÓN PREVIA: PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
20.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, para el ejercicio
de la acción de tutela se deben acreditar unos requisitos que permitan
establecer su procedencia para resolver el problema jurídico puesto en
conocimiento del juez constitucional. Así las cosas, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional procederá a realizar un análisis sobre (i) la
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la inmediatez y, por
último, (iii) la subsidiariedad.
21.  Legitimación por activa: El artículo 86 de la Constitución Política[26]
establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela
directamente o a través de un representante que actúe en su nombre. Si bien el
titular de los derechos fundamentales es a quien, en principio, le corresponde
interponer el amparo constitucional, lo cierto es que es posible que un tercero
acuda ante el juez de tutela en su nombre. En efecto, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela también puede ser
interpuesta por el representante de la persona que ha visto vulneradas sus
prerrogativas, por otra persona que agencie oficiosamente sus derechos en los
casos autorizados por la ley, o por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales[27].
22.  Tratándose de los menores de edad, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que éstos pueden acudir directamente a la acción de
tutela[28] o a través
de sus representantes legales. Sin embargo, cabe aclarar que el inciso tercero
del artículo 44 de la Constitución dispone que “la familia, la sociedad y el
Estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”,
circunstancia por la cual, prima facie, “cualquier persona puede
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores”. Aun cuando de la citada norma parecería inferirse un mandato
amplio de legitimación, es preciso señalar que su alcance ha sido objeto de
limitación por la Corte, a partir de las reglas que se derivan de la patria
potestad que detentan los padres, y de la procedencia excepcional de la agencia
oficiosa. Al respecto, se ha señalado que:
“En aquellos [casos] en que se busca la protección
de los derechos fundamentales de los niños, la agencia oficiosa sólo será
procedente cuando sus padres o, en ausencia de ellos, sus representantes
legales, primeros llamados a su protección, estén imposibilitados física o
mentalmente para representarlos o cuando, pudiendo hacerlo, no acudan en su
defensa. Esta subregla se deriva, por una parte, del reconocimiento que como
derecho fundamental le otorga la Constitución a la honra, a la dignidad y a la
intimidad de la familia (CP arts. 15 y 42), aunado al rol que se prevé para
dicha institución como motor para la protección, amparo y desarrollo de sus
integrantes (CP arts. 5, 42 y 44). Y, por la otra, responde a la lógica misma
del Decreto 2591 de 1991, en donde la legitimación por activa de la acción de
tutela, se sujeta a la actuación del titular del derecho fundamental vulnerado
o amenazado, directamente o a través de sus representantes, y sólo en aquellos
casos en que ello no resulte posible, habilita el actuar del agente oficioso,
tal como ya se explicó. Incluso, el artículo 44 del Texto Superior, sujeta la
obligación de asistir y proteger al niño, por virtud del cual cualquier persona
‘puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores’, a un orden lógico de actuación, esto es, en primer lugar, la
familia y, en segundo término, la sociedad y el Estado”[29] .
23.  En el caso concreto, se advierte que la señora GMTY
interpuso la acción de tutela en nombre de su hija, la menor de edad WERT,
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, y a quien la compañía
de Seguros Bolívar le negó la cobertura de un procedimiento médico por
considerarlo excluido de la póliza de salud contratada. En razón de lo
anterior, la Sala considera que se acredita el requisito de legitimación en la
causa por activa, pues la actuación se realiza en virtud de la representación
legal que detentan los padres respecto de sus hijos, en desarrollo de la patria
potestad.
24.
Legitimación por
pasiva: El artículo
5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho
fundamental[30]. Al mismo tiempo que prevé la posibilidad de interponer este mecanismo contra
las actuaciones u omisiones de particulares, de acuerdo con los casos taxativos
y excepcionales previstos en el artículo 86 de la Constitución y desarrollados en
el artículo 42 del citado Decreto[31]. En virtud de lo expuesto, el numeral 4 del
citado artículo dispone que el amparo constitucional procede con el fin de
garantizar los derechos de aquella persona que se encuentra en situación de
subordinación o indefensión frente a un particular. La norma consigna lo
siguiente:
“9.
Cuando
la solicitud sea para tutelar [a] quien se encuentre en situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
25.
La
Corte, a través de su jurisprudencia[32],
ha diferenciado las figuras de la subordinación e indefensión, puesto que ambas
se desprenden del equilibrio que deben guardar las relaciones entre los
particulares, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad. Así las
cosas, en el año 1993, dictó la sentencia T-290, en la que consideró que: “la subordinación alude a la existencia de
una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus [empleadores], o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también
implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen
en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su
derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
26.
De lo anterior, se
desprende que la diferencia entre una y otro figura se encuentra en el tipo de
relación que tienen los particulares. Así, si está regulada por un título
jurídico, existe subordinación; empero, si la dependencia obedece a una
situación de naturaleza fáctica, se trata de un caso de indefensión.  Ello deberá
ser advertido con especial cuidado por parte del juez de tutela, al realizar el
análisis de cada caso concreto. Por lo demás, de manera reiterada, esta Corporación ha
dicho que para satisfacer el requisito de legitimación en la causa por pasiva
es necesario acreditar dos requisitos: (i) que se trate de uno de los sujetos
respecto de los cuales procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente,
con su acción u omisión[33].
27.
En el asunto sub-judice, no es posible considerar que la compañía de Seguros
Bolívar S.A. se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro de la acción
de tutela de la referencia, en consideración a la hipótesis prevista en el
numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[34], como quiera que ésta aseguradora no
está encargada de la prestación de un servicio público, sino que, por el
contrario, ofrece planes adicionales a los previstos en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las normas del contrato de seguros, lo
que necesariamente plantea una diferencia entre la entidad y las labores que
cumple una EPS. Precisamente, la Ley 100 de 1993, en el artículo 155, por su
naturaleza jurídica, no prevé a las compañías de seguro como integrantes del
citado Sistema[35]. Tampoco
es posible apelar a la legitimación en la causa con fundamento en una aparente
situación de indefensión, ya que, como se explicará más adelante, la accionante
cuenta con mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico para
efectos de determinar el alcance de la cobertura de la póliza de salud y, si es
del caso, obtener la reivindicación de la prestación reclamada.
28.
Por lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión concluye que la compañía
Seguros Bolívar S.A. puede ser demandada por vía de tutela, en virtud de la
relación de subordinación que existe entre ésta y el extremo accionante, por
las razones que a continuación pasan a exponerse:
29.
Las pólizas de salud son un tipo de contrato de seguro por
adhesión que se caracteriza por contener cláusulas, respecto de las que no
existe negociación entre las partes que acuerdan su suscripción, puesto que uno
de los extremos contractuales generalmente se adhiere a las condiciones
estipuladas por el otro. Pese a ello, este tipo de contratos autorizados en el
ordenamiento jurídico no anulan el principio de la autonomía de la voluntad, ya
que la parte contratante que se vincula a las cláusulas de estos negocios es
libre de conocer de forma previa su contenido y de consentir en su celebración.
30.
Sin embargo, lo cierto es que la imposibilidad de fijar,
enjuiciar y discutir las cláusulas por parte de uno de los extremos de la
relación contractual, implica la necesidad de realizar un análisis diferenciado,
respecto del efecto que la adhesión en las pólizas de seguro genera frente al
principio de igualdad que, por regla general, existe en las relaciones entre
los particulares, y cuya existencia, como lo ha señalado la Corte, es lo que
excluye las relaciones de poder que justifican la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra estos últimos.
31.
Precisamente, en la sentencia C-378 de 2010, este tribunal
manifestó que en el Estado social de derecho se cuestiona la premisa según la
cual los particulares ejercen sus actividades bajo condiciones reales de
igualdad, pues la asimetría en las relaciones jurídico privadas hace que la
acción de tutela también se proyecte en ese escenario, cuando de por medio se
encuentra la necesidad de amparar o proteger los derechos fundamentales. Así, la
tutela parte del supuesto de que los particulares, en ciertos casos, no se
encuentran en un plano de igualdad, ya sea porque están investidos de
unas determinadas atribuciones especiales (como ocurre en los
casos de prestación de servicios públicos o en la hipótesis jurídica de
subordinación), porque sus actuaciones puedan afectar grave y
directamente el interés colectivo, o porque se presenta una
situación de dependencia fáctica (como sucede en los eventos de
indefensión).
32.
Aun cuando tradicionalmente la subordinación suele ser
analizada desde la existencia de un parámetro normativo que de forma expresa
imponga una relación de dependencia entre particulares, no es menos cierto que
ella también puede manifestarse, cuando el origen de la sujeción jurídica, como
ocurre con los contratos, actos o negocios jurídicos, se presenta como
consecuencia de un desequilibrio contractual entre las partes, dadas las
atribuciones especiales con las que cuenta una de ellas. Esto es precisamente
lo que ocurre en el caso bajo examen, en el que el desequilibrio contractual se
presenta por la suscripción de una póliza de seguro bajo la modalidad de
adhesión, dejando en una situación de subordinación al tomador, al tener que
aceptar en una posición de sumisión las condiciones preestablecidas por la
parte económicamente fuerte de la relación contractual, esto es, la compañía de
Seguros Bolívar S.A.
33.
No obstante, la sola adhesión no basta para que se entienda
por acreditado el requisito de legitimación por pasiva, pues, por una parte, el
reconocimiento de la eficacia directa de los derechos fundamentales entre
particulares por vía de la acción de tutela (como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad), obliga a verificar que
la amenaza o violación se presente respecto de un derecho de tal categoría; y
por la otra, a que la conducta cuestionable, como ya
se dijo, se pueda vincular, directa o indirectamente, con la acción u omisión
de la parte investida de las atribuciones especiales.
34.
En el asunto sub-examine, ambos
presupuestos se cumplen, toda vez que los hechos se relacionan con el
reconocimiento y pago de una póliza de salud que, en principio, busca amparar
riesgos relacionados específicamente con la garantía de dicho derecho
fundamental. Si bien tales pólizas son una de las modalidades de los planes
adicionales de salud[36], las cuales, de
configurarse, dan lugar al reembolso del valor del evento médico cubierto[37], de suerte que no
asumen la prestación directa de ningún tratamiento, ni de algún tipo de
procedimiento, lo cierto es que, según afirma la accionante, es con esta
cobertura con la que busca cubrir la realización de la contingencia en salud
que presenta su hija. En últimas, a juicio de la Corte, se advierte que el
cobro de la póliza, por la naturaleza de la prerrogativa a amparar, permite entender
que la salvaguarda se relaciona con la protección, al menos, transversal, de un
derecho fundamental.
35.
Aunado a lo anterior, se advierte que la conducta
cuestionable se vincula de forma directa con la acción de la compañía Seguros
Bolívar S.A., al ser ésta quien le negó a la menor de edad WERT, en su
condición de beneficiaria de la póliza de salud, la cobertura del procedimiento
médico “vulvectomía parcial”, por considerarlo
excluido de la póliza contratada. Por consiguiente, respecto de la citada
compañía se acredita la legitimación en la causa por pasiva, conforme a las
razones previamente expuestas.
36.
De otro lado, y en
línea con lo expuesto, no se cumple con este requisito en relación con los vinculados
por parte del juez primera de instancia, esto es, el profesional de la salud
Daniel E. Sanabria, la Asociación Médica Los Andes, Positiva Compañía de
Seguros, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES), el Ministerio de Salud y de la Protección Social, y la
Superintendencia Nacional de Salud, pues ellos no son responsables de la
conducta que desencadenó la presunta vulneración de los derechos alegados por
la accionante, motivo por el cual esta Sala procederá a desvincularlos del
proceso en la parte resolutiva de la sentencia.
37.
Inmediatez: El principio de inmediatez de la acción de tutela está
instituido para asegurar la efectividad del amparo y, en concreto, garantizar
la protección expedita de los derechos fundamentales que se encuentren
amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular, en los casos previstos en la Constitución y en la
ley. Por lo tanto, el transcurso de un lapso irrazonable entre los hechos y la
interposición del amparo tornaría improcedente a la acción, puesto que se
desatendería su fin principal. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional, interpretando el artículo 86 de la Constitución, ha sostenido que,
si bien no existe caducidad para efectos de la interposición de la acción de
tutela, lo cierto es que una de sus características innatas se concreta en
otorgar la protección inmediata de los derechos. Es decir, que su
interposición se habilita cuando existe una amenaza que requiera de una
intervención urgente del juez constitucional para proteger uno o varias
prerrogativas fundamentales[38].
38.
Lo
anterior, necesariamente lleva a concluir que entre la comisión de la conducta
vulneradora y la interposición de la acción de tutela debe transcurrir un
término razonable, pues, admitir lo contrario, es decir, la procedencia del
amparo luego de transcurrido un lapso prolongado, implica la desnaturalización
de este medio judicial dispuesto en el artículo 86 de la Constitución,
situación que puede desencadenar en violaciones de derechos de terceros y
generar inseguridad jurídica[39]. Pese a lo anterior, la
valoración del principio de inmediatez, como requisito de procedencia, no es un
asunto fácil, en la medida en que al juez constitucional le corresponde evaluar
dicha situación de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto.
39.
En este
asunto, se tiene que la última actuación de la compañía Seguros Bolívar S.A.
fue el escrito remitido a la madre de la accionante el día 26 de diciembre de
2018, por medio del cual negó la cobertura del procedimiento médico “vulvectomía
parcial”, por considerarlo de carácter estético y, por ende, excluido de
las cláusulas previstas en el contrato de seguro médico[40].
Por su parte, la acción de tutela que estudia la Sala fue interpuesta el día 10
de julio de 2019[41].
40.
De lo
anterior, es posible verificar que, entre la fecha de la última actuación de la
compañía de Seguros Bolívar S.A. y el momento en el que se activó el amparo
constitucional transcurrieron 6 meses y 15 días, término que la Sala considera
razonable y proporcionado. Al respecto, podría considerarse que la potencial vulneración
es continúa y actual, pues más allá de que la póliza de salud tan solo da lugar
al reembolso de su valor, lo cierto es que la accionante alega que su
reconocimiento es esencial para cubrir la contingencia médica que necesita la
niña. Por lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión concluye que la acción de
tutela de la referencia acredita el requisito de inmediatez, por lo que se
procederá con el estudio del principio de subsidiariedad.
41.
Subsidiariedad: En
virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
reiterada jurisprudencia constitucional adoptada en la materia[42] y los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991[43], la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como
mecanismo de protección definitiva: (i) cuando el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando, aun existiendo, ese
medio carezca de eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral
los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso concreto. Por lo demás, el amparo constitucional también procede como
mecanismo transitorio de defensa judicial, tan solo cuando la tutela se ejerza
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable respecto de un derecho
fundamental. En este último caso, la protección se extenderá hasta tanto se
produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[44].
42.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el perjuicio
irremediable se caracteriza por ser (i) inminente, es decir, que la
amenaza de lesión al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que
el daño del bien jurídico del afectado es de una gran intensidad; (iii) urgente,
en tanto que las medidas para conjurar la vulneración se requieren con
prontitud; e (iv) impostergable, debido a que la actuación judicial resulta
inaplazable frente a la garantía efectiva de los derechos comprometidos[45].
Procedencia excepcional de la acción de
tutela para definir controversias relacionadas con el contenido de las cláusulas
de un contrato de seguro médico o póliza de salud
43.
Como se advirtió en
párrafos anteriores, la acción de tutela es un mecanismo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución, con el fin de obtener la protección efectiva de
los derechos fundamentales, cuando el accionante no disponga de otros medios judiciales
de defensa; o cuando estos, aun existiendo, no sean idóneos o eficaces; o aún
siéndolo, no sean lo suficientemente expeditos para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable. De lo anterior, se desprende que el amparo
constitucional es residual y subsidiario frente a los medios de defensa
ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico y, en esa medida, en casos
como el que es objeto de revisión por parte de la Sala, por regla general, la
tutela es improcedente.
44.
En efecto, esta corporación
ha considerado que, en materia de contratos de seguro, la acción de tutela no
es procedente para efectos de resolver las controversias que puedan surgir,
como quiera que en el ordenamiento jurídico existen diferentes mecanismos
judiciales que permiten al interesado ejercer la defensa material de sus
derechos. Precisamente, en el Código General del Proceso se consagran
actuaciones de naturaleza declarativa, las cuales, según la cuantía, se
clasifican en procesos verbales o verbales sumarios, mediante los cuales se
pueden resolver distintos problemas jurídicos originados en el examen sobre las
coberturas otorgadas en una póliza[46]. Es allí en
donde los demandantes pueden, con todas las garantías propias del debido
proceso (CP art. 29), presentar ante el juez ordinario sus pretensiones soportadas
en pruebas y, a su vez, controvertir los argumentos planteados por la
contraparte.
45.
Adicionalmente, este
tipo de controversias también puede ser puesta en conocimiento de la
Superintendencia Financiera, en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 y
siguientes de la Ley 1480 de 2011[47]. De
conformidad con la norma en cita, dicha entidad puede conocer de los conflictos
que surjan entre los consumidores financieros y las aseguradoras, relacionados
con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
asuman con ocasión de su actividad[48], procesos
que, en todo caso, se tramitaran por el procedimiento verbal sumario[49].
46.
En el asunto bajo
examen, tal y como se ha venido señalando en esta sentencia, la naturaleza de
las pólizas de salud, definidas en los artículos 17 y siguientes del Decreto
806 de 1998[50], surgen como
una posibilidad para que los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud
opten por planes adicionales de cobertura en dicha área, que les otorguen
beneficios opcionales y voluntarios, financiados con recursos distintos a los
derivados de la cotización obligatoria y que son responsabilidad exclusiva de
los particulares que los contratan[51]. En este
sentido, el artículo 19 del Decreto en cita establece que los usuarios del
sistema de salud pueden escoger entre (i) planes de atención complementaria en
salud; (ii) planes de medicina prepagada o; (iii) pólizas de salud[52].
En este mismo orden de ideas, el artículo 37 de la Ley 1438 de 2011 prevé que los
usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud pueden optar por planes
voluntarios “que podrán incluir coberturas asistenciales relacionadas con
los servicios de salud [y que] serán contratados voluntariamente y
financiados en su totalidad por el afiliado o las empresas que lo establezcan
con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias o el subsidio a la
cotización”[53].
47.
En particular, las pólizas
de salud se rigen por lo establecido en el título V del Código de Comercio,
según el cual “el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y de ejecución sucesiva” por lo que, en estricto sentido,
encuentran su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad. Es importante
insistir en que estas pólizas no suponen la prestación de servicios de salud,
sino que, de conformidad con la legislación comercial, aseguran un riesgo que,
de concretarse, da lugar a un reembolso de una suma de dinero[54].
Respecto de la procedencia específica de la acción de tutela para decidir controversias
relacionados con planes adicionales de salud, esta Corte se ha pronunciado en
diferentes oportunidades y, en línea jurisprudencial pacífica y reiterada ha
fijado, como regla general, la improcedencia del amparo para efectos de
resolver este tipo de controversias que son de naturaleza civil o comercial,
salvo que se advierta que, en el caso concreto, las mismas no son eficaces e
idóneas para resolver de manera pronta e integral el problema jurídico
planteado o, exista riesgo de configurarse un perjuicio irremediable[55].
La acción de tutela interpuesta por la
señora GMTY, en representación de su hija menor de edad es improcedente, por no
responder a la exigencia de subsidiariedad de la acción de tutela
48.       En el caso concreto, la Sala Cuarta de
Revisión observa que el debate propuesto por la accionante se enmarca en la
discusión respecto de las coberturas de un contrato de naturaleza privada, como
quiera que la póliza de salud de la cual es beneficiaria la accionante y su
hija, es un contrato comercial, que se rige por las disposiciones del título V del
Código de Comercio, tal y como se indicó previamente en esta providencia.
49.       Frente a esta situación, el ordenamiento
jurídico dispone de mecanismos de defensa, en particular, la señora GMTY,
actuando en representación de su hija menor de edad, puede acudir a un proceso
de naturaleza declarativa, de los establecidos en el Código General del Proceso
ante el juez ordinario civil, para efectos de determinar si el procedimiento
ordenado se encuentra o no cubierto por las cláusulas de la póliza de salud
suscrita con la compañía de Seguros Bolívar S.A. De igual forma, como ya se
explicó, también podría optar por acudir a la Superintendencia Financiera,
entidad que, en virtud de las facultades jurisdiccionales que le han sido
otorgadas, puede resolver disputas sobre la cobertura de dicha póliza, por intermedio
de un proceso verbal sumario, el cual se caracteriza por ser expedito y
eficiente. En este sentido, si bien en el presente asunto se encuentran
involucrados los derechos de una menor de edad, en particular, el derecho a la
salud, tal circunstancia no es suficiente por sí misma para tornar procedente
el amparo, por las siguientes razones.
50.       Del contenido de la póliza de salud
aportada al expediente de tutela[56], se advierte
que ésta tiene la finalidad de “garantizar el pago de los gastos médicos en
que se incurra como consecuencia del evento médico cubierto (…)”, es decir,
que de la misma no depende la prestación del servicio médico ordenado por el
profesional de la salud, sino que, por el contrario, lo que se busca es el
reconocimiento económico del valor del tratamiento realizado, tal y como se
indicó en párrafos anteriores. Nótese que el pago de la prestación asegurada no
tiene un carácter preventivo, esto es, que la suma sirva para
sufragar de forma directa el valor del procedimiento médico requerido, sino
que, su cobertura es posterior, por lo que únicamente cubre los
gastos en que se incurra, a través de la devolución del dinero correspondiente
al importe cancelado. Se trata de una prestación de contenido claramente
económica, que restituye el patrimonio de quien paga una contingencia en salud,
por fuera de las coberturas ordinarias que ofrece el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
51.       En este sentido, se tiene que la póliza de
la cual es beneficiaria la menor de edad es un plan voluntario de salud, con
contenido exclusivamente económico y cuyos beneficios adicionales, no incluyen
asumir la práctica directa de algún procedimiento o tratamiento médico, los
cuales se garantizan a través del Sistema General de Salud, por lo que es
indispensable acudir a esa instancia, precisar las coberturas que allí se
otorgan y, en caso de tener que llegar a asumir algún valor, una vez se haya
efectuado el procedimiento requerido, formalizar su cobro ante el seguro.
52.       En línea con lo anterior, antes de acudir a
la acción de tutela contra la aseguradora, no existe prueba en el expediente
que acredite que la señora GMTY y su hija menor de edad, se acercaron a la
Nueva EPS del régimen contributivo para efectos de solicitar la valoración por
parte de un galeno y que, con base en su criterio, le ordene la práctica del
procedimiento requerido. Si bien en sede de revisión se alega que luego de la
promoción del amparo la EPS negó su cobertura, tal afirmación carece de
soporte, y si ello fue así, se desconocen, además, las razones que la hayan
sustentado. En este punto cabe señalar que la accionante cuenta con mecanismos
de defensa dispuestos en el ordenamiento jurídico, para efectos de discutir la
decisión de la Nueva EPS, pues, se insiste, Seguros Bolívar S.A no es un
prestador de salud y tan solo restituye el patrimonio, cuando se acredita un
importe a pagar.
53.       A lo anterior se agrega que de la historia
clínica aportada, no se advierte que la patología diagnosticada a la menor de
edad ponga en riesgo inminente su salud o su vida, en la medida en que, si bien
padece un trastorno de autoestima, el dictamen psicológico practicado también
estableció que aquella: (a) presentó un adecuado porte y actitud; (b) se
encontraba alerta y orientada en las tres esferas; (c) no existía presencia de
ideación suicida y/o de muerte y; (d) se reportaron patrones de sueño y
alimenticios adecuados para su edad[57].
54.       Finalmente, conforme con las pruebas
aportadas en sede de revisión, es posible advertir que la accionante cuenta con
los medios necesarios no solo para disponer la práctica del procedimiento por
fuera del sistema de salud, si así lo considera pertinente, sino también para
interponer las acciones judiciales correspondientes, en representación de su
hija, en contra de la compañía de Seguros Bolívar S.A., como quiera que cuenta
con un trabajo estable y devenga una suma fija de $17.000.000 mensuales, de los
cuales gasta un total aproximado de $11.000.000, motivo por el cual es posible
considerar que para ésta, no es desproporcionado asumir la carga de acudir al
juez competente para efectos de discutir las cláusulas dispuestas en la póliza
de salud contratada
55.       Por lo anterior, en criterio de la Sala
Cuarta de Revisión es claro que los mecanismos de defensa judiciales previstos
en el ordenamiento jurídico, para efectos de resolver el problema puesto en
conocimiento del juez constitucional, no sólo son idóneos, sino que son
eficaces para resolver la controversia. De la misma forma, no es procedente, de
manera transitoria, la acción de tutela interpuesta, como quiera que no es
posible verificar el riesgo de configuración de un perjuicio irremediable dadas
las pruebas aportadas al expediente.
56.       Como consecuencia, la Sala Cuarta de
Revisión procederá a confirmar, por las razones aquí expuestas, la sentencia de
tutela de segunda instancia proferida el día 29 de agosto de 2019, por parte
del Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá, en la que se revocó la
decisión del a-quo y, como consecuencia, se declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la señora GMTY, en representación de su hija
menor de edad WERT.
C.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
57.
A la Sala
Cuarta de Revisión le correspondió decidir si la acción de tutela es procedente
para pronunciarse respecto de la negativa de una aseguradora a autorizar el
pago de un procedimiento médico ordenado a una menor de edad, por considerarlo
de carácter estético y, por ende, excluido de las coberturas de la póliza de
salud, de la cual es beneficiaria. Como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en
la parte motiva de esta providencia, la Sala observó lo siguiente:
(i)
La acción de tutela no
es, en principio, el mecanismo para resolver las controversias que se suscitan como
consecuencia de la aplicación de las cláusulas de las pólizas de salud, pues para
ello los usuarios cuentan con mecanismos judiciales de defensa dispuestos ante
el juez ordinario civil o ante la Superintendencia Financiera, para efectos de
determinar el alcance de determinada cláusula contractual.
(ii)
La acción de tutela es
procedente, de manera excepcional, para resolver controversias contractuales relacionada
con las pólizas de salud, cuando de conformidad con el caso concreto, los
medios de defensa ordinarios no son eficaces o, en su defecto, cuando existe
riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual la
protección será transitoria.
(iii)
En el caso bajo
revisión, se advierte que, en atención a las características de la patología
padecida por la menor de edad y las condiciones fácticas de su núcleo familiar,
no es
desproporcionado que, por intermedio de su madre, inicie las acciones
pertinentes ante el juez ordinario civil o ante la Superintendencia Financiera,
para efectos de determinar el alcance de las coberturas de la póliza de salud
contratada. En todo caso, la señora GMTY y su hija también pueden iniciar las
acciones judiciales correspondientes para discutir la decisión de la EPS, sobre
la negativa de la práctica del procedimiento.
58.
Por
todo lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión procederá a confirmar la sentencia
de segunda instancia proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de
Bogotá el día 29 de agosto de 2019, mediante la cual se revocó la decisión adoptada
por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede
Desconcentrada en la Localidad de Suba el día 22 de julio de 2019, para en su
lugar declarar improcedente la acción de tutela interpuesta, por las razones
indicadas en esta sentencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las consideraciones expuestas en
esta providencia, la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado
Veinte Civil del Circuito de Bogotá el día 29 de agosto de 2019, la cual,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, y revocó la decisión adoptada
por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede
Desconcertada en la Localidad de Suba el día 22 de julio de 2019.
Segundo.- DESVINCULAR del proceso de tutela al profesional de la salud Daniel E.
Sanabria, a la Asociación Médica Los Andes, a Positiva Compañía de Seguros, a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), al Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la
Superintendencia Nacional de Salud, por no contar con legitimación en la causa
por pasiva en el proceso.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, LIBRAR las comunicaciones, así como DISPONER las
notificaciones a las partes, a través del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada en la localidad de Suba, previstas en el artículo
36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Ley 1581 de 2012, art. 5; y Decreto 1377 de 2013, art. 3.
[2] La accionante indicó que interponía la acción de tutela en contra
de Seguros Positiva. Sin embargo, en el transcurso del proceso, el juez de
primera instancia logró advertir que el verdadero accionado era Seguros
Bolívar.
[3] Ver folio 2 del cuaderno de tutela.
[4] Afirmación realizada en el hecho número 1 del escrito de tutela, el
cual se encuentra visible en el folio 1 del cuaderno principal.
[5] El médico Daniel E. Sanabria, quien tiene convenio con la
aseguradora.
[6] Historia clínica visible en los folios 9-13 del cuaderno principal.
[7] La accionante, en su escrito, solicita la autorización de la
práctica del procedimiento, pese a que la aseguradora la naturaleza de la
póliza contratada no es garantizar la practica de procedimientos de salud, sino
el desembolso del valor de los mismos, siempre que estén amparados en la misma.
Ver folio 1 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[8] Correo electrónico visible en el folio 14 del cuaderno principal.
[9] Comunicación del 26 de diciembre proferida por Seguros Bolívar,
visible en el folio 15 del cuaderno principal.
[10] Ver copia de la historia clínica en los folios 16-18 del cuaderno
principal.
[11] La acción de tutela fue dirigida en contra de Positiva Compañía de
Seguros. Sin embargo, el juez constitucional de primera instancia advirtió que
la accionante cometió un error involuntario en el nombre de la aseguradora
demandada y procedió a corregir el trámite vinculando a la Compañía de Seguros
S.A. en el auto admisorio de la demanda.
[12] Contestación visible en los folios 34-36 del cuaderno principal.
[13] Escrito visible en los folios 37-40 del cuaderno principal.
[14] También solicitó al despacho modular la orden, en el caso de
conceder el amparo, en el sentido de no comprometer la estabilidad financiera
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[15]  Escrito visible en los folios 42-71 del cuaderno principal.
[16] La copia de las cláusulas del contrato de seguro médico se
encuentra en los folios 54-71 del cuaderno principal.
[17] Escrito visible en los folios 72-80 del cuaderno principal.
[18] Ver oficio y citaciones en los folios 24-33 del cuaderno principal.
[19] Sentencia de primera instancia visible en los folios 82-85 del
cuaderno principal.
[20] Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia.
[21] Sentencia de segunda visible en los folios 7-10 del cuaderno de
segunda instancia.
[22] Auto comunicado el 9 de octubre de 2020.
[23] Escrito remitido vía email a la Corte Constitucional el 14 de
octubre de 2020.
[24] Sobre las razones que llevaron a la EPS a negar la práctica del
procedimiento médico, la madre de la accionante no esgrimió ningún motivo en
particular.
[25] Auto notificado el 13 de marzo de 2020.
[26]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
[27] “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
[28] Ver sentencias T-341/93, T-293/94, T-456/95, T-409/98; T-182/99,
T-335/01 y T-1220/03, T-895/11, entre otras.
[29] Corte Constitucional, sentencia T-732/14.
[30] De
conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2o. de esta ley”. CP, art 86º; D 2591/91, art 1º.
[31] “Articulo 42.-Procedencia. La acción
de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos:1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud
este encargado de la prestación del servicio público de educación.   // 2. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público
de salud. // 3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
este encargado de la prestación de servicios públicos. // 4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización. // 5. Cuando contra quien se hubiere
hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución. // 6.
Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en
el artículo 15 de la Constitución. // 7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. / 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que
a las autoridades públicas. // 9. Cuando la solicitud sea para tutelar [a]
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela”.
[32] Corte Constitucional, sentencias T-735/10,
T-387/11, T-657/12, T-731/13, T-782/14 y T- 014/15, entre otras.
[33] Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006 se expuso:
“la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la
presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del
demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado,
vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
[34] “Artículo 42. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 2. Cuando
contra quien hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de salud.”
[35] “Artículo 155. Integrantes del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud está
integrado por: 1. Organismos de Dirección, Vigilancia y Control: // a)
Los Ministerios de Salud y Trabajo; // b) El Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud; // c) La Superintendencia Nacional en Salud; / 2. Los
Organismos de administración y financiación: a) Las Entidades Promotoras de
Salud; b) Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de salud; c) El
Fondo de Solidaridad y Garantía. [-En adelante Adres- Administradora de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015] // 3. Las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas. // 4. Las demás
entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente Ley, estén adscritas
a los Ministerios de Salud y Trabajo. // 5. Los empleadores, los trabajadores y
sus organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema
contributivo y los pensionados. // 6. Los beneficiarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en todas sus modalidades. // 7. Los Comités de
Participación Comunitaria "COPACOS" creados por la Ley 10 de 1990 y
las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud. // 8.
<Numeral adicionado por el artículo 243 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo
texto es el siguiente:> Operadores logísticos de tecnologías en salud y
gestores farmacéuticos. // El Ministerio de Salud y Protección Social
reglamentará los requisitos financieros y de operación de los agentes de los
que trata este numeral. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el
desarrollo de sus funciones, garantizará la libre y leal competencia económica,
mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal”.
[36] De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011 y el
Decreto 806 de 1998.
[37] Así lo señala expresamente el contrato de seguro, al especificar
que su finalidad es la de “garantizar el pago
de los gastos médicos en que se incurra como consecuencia del evento médico
cubierto”. Folio 51 del cuaderno de tutela.
[38] Ver SU-108/18.
[39] Ver sentencias SU 961/99, SU 298/15, SU 391/16 y SU-108/18.
[40] Folio 15 del cuaderno principal.
[41] Según el acta de reparto visible en el folio 21 del cuaderno
principal.
[42] Ver, entre otras, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15, T-548/15 y
T-317/15.
[43] Se trata de los artículos 6 y 8.
[44] Puntualmente,
el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 establece que: “Artículo 8o. La
tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro
medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. // En el caso del
inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado. // En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. // Si no la instaura,
cesarán los efectos de éste. (…)”.
[45] Estas características fueron reseñadas en la sentencia T-786/08.
[46] En la sentencia T-442/15, la Sala Tercera de Revisión estableció
que: “los medios judiciales adecuados para tramitar las controversias que
puedan originarse con ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los
procesos declarativos que, en el contexto del Código General del Proceso,
incluirían el verbal o el verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a
385, así como 390 a 394, y 398 del Código General del Proceso) o el proceso
ejecutivo (artículo 422 Ibidem) en los casos descritos en el artículo 1053 del
Código de Comercio”.
[47] Por medio de la cual se dita el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones.
[48] Artículo 57 de la Ley 1480 de 2011.
[49] Artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.
[50] Por el cual se
reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social
en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
[51] “Artículo 18. Definición de Planes
Adicionales de Salud, PAS. Se entiende por plan de atención
adicional, aquel conjunto de beneficios opcional y voluntario, financiado con
recursos diferentes a los de la cotización obligatoria. // El acceso a estos
planes será de la exclusiva responsabilidad de los particulares, como un
servicio privado de interés público, cuya prestación no corresponde prestar al
Estado, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que le son
propias. // El usuario de un PAS podrá elegir libre y espontáneamente si
utiliza el POS o el plan adicional en el momento de utilización del servicio y
las entidades no podrán condicionar su acceso a la previa utilización del otro
plan”.
[52] “Artículo 19. Tipos de PAS.
Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueden prestarse los
siguientes PAS: 1. Planes de atención complementaria en salud. // 2. Planes de
medicina prepagada, que se regirán por las disposiciones especiales previstas
en su régimen general. // 3. Pólizas de salud que se regirán por las
disposiciones especiales previstas en su régimen general”.
[53]  “Artículo 37. Planes Voluntarios de Salud.
(…)  Tales Planes podrán ser: 169.1 Planes de atención complementaria del
Plan Obligatorio de Salud emitidos por las Entidades Promotoras de Salud. // 169.2
Planes de Medicina Prepagada, de atención prehospitalaria o servicios de
ambulancia prepagada, emitidos por entidades de Medicina Prepagada. // 169.3
Pólizas de seguros emitidos por compañías de seguros vigiladas por la
Superintendencia Financiera. // 169.4 Otros planes autorizados por la
Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud (…)”.
[54]  Ver sentencias T-428/15 y T-678/15.
[55] Ver sentencias T-277/91, T-307/97, T-732/98, T-128/00, T-181/04,
T-186/05; T-1064/05, T-1217/05, T-660/06, T-662/06, T-650/07, T-626/08,
T-1081/08, T-795/08, T-774/09, T-158/10,  T-134/11, T-811/11, T-500 A/12,
T-802/13, T-126/14, T-346/14, T-392/14, T-412 A/14 y T-507/17.
[56] Folios 51- 70 del cuaderno principal.
[57] Folios 16-18 del cuaderno principal.