T-157-14
Sentencia T-794/12
Sentencia
T-157/14
ACCION DE TUTELA PARA
RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Caso de celadores que reclaman el reconocimiento,
liquidación y pago de acreencias laborales
ACCION DE TUTELA PARA
RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional
En reiteradas oportunidades esta Corporación ha
manifestado que la acción de tutela no procede para el cobro de acreencias
laborales. En estos eventos, el afectado dispone de las acciones legales
correspondientes ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral o la
jurisdicción contencioso administrativa, según la forma de vinculación laboral.
Cuando se solicite el pago de acreencias laborales y quede demostrado que las
acciones correspondientes no brindan la protección requerida a los derechos
fundamentales en juego, o cuando se demuestre la inminente ocurrencia de un
perjuicio irremediable, debe entrar el juez de tutela a resolver el conflicto.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Definición/DERECHO AL
MINIMO VITAL-Requisitos para acreditar vulneración
La jurisprudencia ha definido el mínimo vital
como “aquella parte del ingreso del trabajador destinado a solventar sus
necesidades básicas y del núcleo familiar dependiente, tales como alimentación,
vivienda, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre
otras prerrogativas que se encuentran previstas expresamente en la Constitución
Nacional y que además, posibilitan el mantenimiento de la dignidad del
individuo como principio fundante del ordenamiento jurídico constitucional”.
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional
por afectación del mínimo vital/PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
En virtud del principio de subsidiariedad,
la acción de tutela es improcedente cuando la persona dispone de otro medio de
defensa judicial por medio del cual pueda hacer valer sus derechos
fundamentales. No obstante, dicho principio se excepciona cuando el medio
ordinario no es idóneo para la protección de los derechos fundamentales, o
cuando se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, casos en
los cuales procede la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio,
respectivamente. Dicha regla, que también es aplicable a los casos en los
cuales se solicita el pago de acreencias laborales, lleva a la necesaria
conclusión de que la acción de tutela se trata de una solicitud improcedente,
salvo que se cumplan ciertos supuestos a partir de los cuales el juez de tutela
ha de entender que el derecho al mínimo vital se encuentra en riesgo, y deba
entrar a remediar la situación para garantizar que el accionante y su núcleo
familiar cuenten con los medios necesarios para llevar una vida digna.
DERECHO AL PAGO OPORTUNO
DEL SALARIO-No importa modalidad en que se desempeñe el trabajo/DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance
JORNADA LABORAL-Tiempo máximo
La protección al trabajo
establecida por mandato del artículo 25 constitucional, incluye la fijación de
jornadas de trabajo máximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los
servicios propios de la relación laboral y estén sometidos a las órdenes del
empleador. La jornada permanente, indefinida e ininterrumpida, sin períodos de
descanso razonable previamente estipulados, como lo ha establecido esta
Corporación, “atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad,
pone en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y causa daño a su familia,
por lo que resulta contraria al ordenamiento superior”. Por ello es importante
reconocer y pagar oportunamente el trabajo suplementario y el realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, que, como ya lo indicó esta
Sala, constituye factor de salario y hace parte del derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas.
ACCION DE
TUTELA PARA RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Improcedencia por no existir vulneración al
mínimo vital por la falta de pago de las horas extras y los recargos por exceso
de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos
ACCION DE
TUTELA PARA RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Improcedencia por existir otro medio de
defensa judicial
Referencia: expediente T-4138084
Acción de tutela presentada por Saúl
Antonio Rodríguez Calvo y otros contra el Departamento del Atlántico y la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., catorce (14) de
marzo de dos mil catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo expedido
por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, el veintiuno
(21) de septiembre de dos mil doce (2012), en el proceso de tutela promovido por
Saúl Antonio Rodríguez Calvo y otros contra el Departamento del Atlántico y la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico.
El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Once, mediante Auto proferido el veintiocho
(28) de noviembre de dos mil trece (2013).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El
cuatro (4) de septiembre de dos mil doce (2012) los señores Saúl Antonio Rodríguez Calvo, Saúl Rafael
Escorcia Lobo, Selfi Suárez Guerrero, Teresa Isabel Rolong Coronado, Tomás
Rafael Vallejo Coronado, Máximo José Bolaño Ospino, Miguel Fontalvo, Miguel
Muñoz, Miller de Jesús Cervantes Fernández, Santander García Olmos, Ulise
García Rodríguez, Eduardo Marino Silvera Masco, Freddys Alberto Pérez Herrera,
Fredis de Jesús Bolaño Blanco, Libardo de Luque Mina, Ligia Ester Castro de
Navarro, Gabriel Antonio Mendoza Cervantes, Gabriel Antonio Pérez, Gaspar
Antonio Pérez de la Cruz, Germán Emilio Rodríguez Castro, Gertrudis Fontalvo,
Froilan Antonio Sarmiento, León Julio Ordosgoitia Contreras, Leonardo Antonio
Acosta González, Luis Rafael Mendoza Rojano, Manuel Castro Escobar, Manuel
Pérez Sulbarán, Johnny Sarmiento Hidalgo, José Rafael Muñoz Jiménez, Miriam
Hernández de Niño, Ana Milena Barros Reyes, Ana Raquel Medina de Movilla, Ángel
Rafael Caicedo Oliveros, Anibaldo José Peña Terán, Antonio Berdugo Ahumada,
Argemiro Ruiz Ruiz, José Charris Ferrer, José Olimpo Cera Torrenegra, José Peña
Guerrero, Giovany José Niño, Marcelo Ruiz Berrio, Marco Antonio Carpintero
Sanjuán, Marcos Pacheco Cervantes, María Nova Muñoz, Marlene Mercado Ortiz,
José Rojas Oyaga, Juan Bautista Calvo de Ávila, Juan Bautista Morales Marriaga,
Jubenal Antonio Calvo Cantillo, Julián José Niebes de la
Hoz, Gonzalo Martes Acosta, Gustavo Adolfo Solano Tovar, Gustavo Solano
Rodríguez, Wilfredo Rafael Meza Galindo, Jesús Araujo Luque, Jesús María de la
Peña Marchena, Jesús Solano Ahumada, Jhon Jairo Dita Olmos, Lucía Gutiérrez
Valdés, Luis Acuña Mendoza, Hernán Rafael Ospino Lascarro, Hortencia Hereira
Mendoza, Hugo Rafael Ditta Cardona, Humberto Barrios Anaya, Isac Escobar
Romero, Jacquelin Acosta de la Hoz, Jaime Luque Casanova, Jaime Pérez Morelo,
Jairo David Sanjuán Zarate, Javith Mejía Meza, Wilson Gómez, Wilson Huguez
Gómez, Carlos César Gutiérrez Pacheco, César Barranco Calzada, César Lope
Acuña, Claudio Manuel Cantillo Machacón, Ernesto Rafael Blanco Cardona, Estela
Mendoza Polo, Dioscorides Collantes Cervantes, Ebert Antonio Orellano Castro,
Calixto Pacheco Coronado, Calixto Salcedo Ospino, Cándido Cervantes Coronado,
Farid Cervantes Bolívar, Francisco Cabrera Barros, Francisco Javier Urueta
Benavides, Carlos Alberto Silvera Hernández, Carlos Alejandro Cuentas Mendoza,
Alberto Ortiz Navarro, Alberto Sequeda Ferrer, Alejandro Franco Bujato, Alfredo
Enrique Cantillo Vizcaino, Álvaro Ahumada Olivares, Urbano Manuel Lara Arteta,
Vidal Rivaldo Villanueva, Franco Martín Rodríguez del Valle, Eduardo Ocampo
Domínguez, Eduardo Rafael Crecente Ariza, Edwin Rafael Cantillo Domínguez,
Efraín César Salas Pérez, Everts José Charrys Peña, Fabio Antonio Pérez Pertuz,
Clímaco Antonio Mejía Arrieta, Dagoberto Estrada Mercado, Dagoberto Gutiérrez
Pacheco, Darío Bojanini Cervantes, Ariel Enrique Altamar Truyol, Aristóteles
Barraza Terán, Arnaldo Donado Maldonado, Arnaldo Roa Navarro, Arnulfo González
Escobar, Eliécer de la Hoz, Eliecer Enrique Moreno Barraza, Elver Enrique García
Hurtado, Eparquio de Jesús Díaz González, Erasmo Suárez Páez, Álvaro Alfonso
Álvarez Correa, Álvaro Enrique Altamar Sarmiento, Ameth Ramos Iglesia, Mónica
Farides Vizcaino Pacheco, Néstor Gómez Cabarcas, Néstor Manuel Conrado
Pantaleón, Nicolás Mercado Pacheco, Oscar Acuña Caicedo, Oscar Antonio Ruiz
Gutiérrez, Osman José Morales Berdugo, Olvaldo Ramírez Navarro, Pedro Antonio
Pacheco Escorcia, Pedro Celestino Cuentas Mendoza, Plinio de Jesús Navarro
Herrera, Pompilio Enrique de la Cruz Vergara, Rafael Ángel Maury Cepeda, Wilson
José Fernández Cahuana, Wulfran Zambrano, Yiovany Niño Hernández, Yonis Enrique
Cabrera Cantillo, Regulo Reales Fonseca, Roberto Charris Márquez, Robinson
Bolívar Cuenta, Román Antequera Castro, Roque García García, Ruperto Luis
Guerrero Padraza, Luis Alberto Leal Ponce, Luis Alberto Morales Sarmiento, Luis
Angulo Fontalvo, Luis Eduardo Álvarez Romero, Luis Eduardo Pérez Martínez, Luis
Fernando Barros, Luis Lejarde Barraza, Abelardo Urueta Herrera, Abilda Rosa
Martínez de Pardo, Adolfo Ávila, Adolfo Pérez Pérez, Alberto Jiménez de la
Cruz, Rafael Antonio Porto Pacheco, Rafael Mercado Cabrera, Raimundo Sulbarán
Mercado y Raúl Antonio Horta Domínguez; actuando
por intermedio de apoderado judicial, interponen acción de tutela contra el Departamento
del Atlántico y la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, solicitando
la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al
trabajo, a la vida, al mínimo vital y móvil, al pago oportuno del salario y al
debido proceso, que consideran vulnerados por la Administración Departamental al no haberles cancelado oportunamente las horas extras y los
recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en
dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber laborado en
esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley.
En
consecuencia, peticionan que se ordene al Departamento del Atlántico reconocer,
liquidar y pagar a favor de los tutelantes, con recursos del Sistema General de
Participaciones, con su respectiva indexación, además de los intereses a que
haya lugar, las horas extras y los recargos por exceso de horas extras diurnas
y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, además de los días
compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el disfrute del
descanso de ley, liquidando dichos factores desde la misma fecha en que
retroactivamente se reconoció la homologación y nivelación salarial y/o desde
el momento en que se certificó la educación en el Departamento del Atlántico en
el año mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el presente[1].
El apoderado judicial de los accionantes funda la
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
1.1.
Los accionantes laboran y otros laboraban como celadores en las distintas
instituciones educativas del Departamento del Atlántico, desde mucho antes del
proceso de descentralización de la educación que tuvo lugar en el año mil
novecientos noventa y siete (1997), y su remuneración ha sido financiada y
pagada con recursos del Sistema General de Participaciones.
1.2.
Sus representados cumplen a cabalidad con las funciones propias de la celaduría
de acuerdo a las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos, los
rectores de las instituciones educativas, quienes lo hacen a través de
planillas de turno diseñadas por la
Secretaría Departamental y que reposan en la
Oficina de Recursos Humanos de esa misma dependencia.
1.3.
Dada su condición de celadores tienen los salarios más bajos de la
Secretaría de Educación Departamental. Además ejercen sus funciones de
celaduría con horarios que van de 6 p.m. a 6
a.m. y de 6 a.m. a 6 p.m., por lo que requieren especial protección y atención
del empleador, pues vienen laborando en turnos hasta de doce (12) horas diarias,
lo que excede la jornada máxima legal establecida por las normas vigentes.
1.4.
Después de que les fuera cancelado un máximo de cincuenta (50) horas extras
mensuales de conformidad con el literal d) del artículo 36 del Decreto ley 1042
de 1978[2],
quedó un excedente de horas extras pendiente de cancelar, además de días
compensatorios, dominicales y festivos diurnos y nocturnos.
1.5.
Según afirma, la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico sólo ha
reconocido, de las horas laboradas, un total de cincuenta (50) horas mensuales,
no obstante haber laborado ciento veinte (120) o más horas mensuales, quedando
un faltante por mes de setenta (70) o más horas extras para cada uno de sus
representados, quienes han venido reclamando su pago por largo tiempo hasta la
fecha, incluso desde el momento en que les fue reconocida la homologación y
nivelación salarial en el año mil novecientos noventa y siete (1997).
1.6.
Narra que sus representados presentaron memoriales petitorios ante la Administración Departamental solicitando el reconocimiento y pago de los factores salariales
a que tiene derecho el personal de celaduría del régimen nacional,
nacionalizado, departamental y municipal incorporado al Sistema General de
Participaciones (SGP), de conformidad con el Decreto 1042 de 1978 y el artículo
67 del Decreto ley 1278 de 2002, en especial lo que tiene que ver con “horas
extras excedentes y recargos obtenidos del exceso de horas extras diurnas y
nocturnas ordinarias y en días dominicales o festivos laboradas y no canceladas
con los recargos de acuerdo a las normas que regulan la materia y días
compensatorios por haber laborado en días dominicales y festivos sin disfrute
de descansos de ley” (negrillas originales).
1.7.
Señala que pese a las anteriores solicitudes, la Administración Departamental ha desconocido las súplicas de los celadores de las
instituciones educativas, afirmando la “imposibilidad de pagar”,
desconociendo el derecho a la compensación y pago de la labor ejercida bajo el
predominio de la realidad.
1.8.
Con esta negativa, en su criterio, se viola el principio de universalidad del
debido proceso por vía de hecho, toda vez que a los reclamantes se les debió
cancelar los factores salariales indicados por hacer parte de su remuneración
mensual, de manera oportuna y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo
realizado, conforme al soporte de las planillas de turnos laborales que dejan
claro que trabajaron con la autorización plena de sus jefes inmediatos.  Igualmente,
hay violación del debido proceso por vía de hecho, por el desconocimiento de
las normas jurídicas que consagran el régimen salarial del personal de celaduría
de los establecimientos educativos, es decir, los decretos 1042 de 1978 y 1278
de 2002.
1.9.
Los establecimientos educativos gozan de autonomía administrativa, por lo que
es legítimo que el trabajo adicional sea autorizado por el rector o director
por razones de buen servicio.
1.10.
Dice que la
Administración Departamental del Atlántico no ha procedido a reconocer,
liquidar y pagar los factores salariales a que tiene derecho el personal de
celaduría del régimen nacional, nacionalizado, departamental y municipal
incorporado al Sistema General de Participaciones, en especial, las horas
extras y los recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias
y en dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber
laborado en esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley.
1.11.
Considera que se les vulnera el mínimo vital, la igualdad y la dignidad en
función del trabajo, ya que si se observan los desprendibles de pago del
personal al cual representa, no se ha reconocido el total de los turnos
relacionados en las planillas firmadas y autorizadas por el rector de cada
institución, lo que pone en evidencia un enriquecimiento ilícito por parte de
la administración y constituye un trato indigno que los faculta para que
reclamen el cumplimiento de sus derechos laborales.
1.12.
El no cancelarles las prestaciones económicas solicitadas por los peticionarios,
vulnera gravemente su dignidad dado el estado de indefensión en que se
encuentran frente a la
Administración Departamental del Atlántico.
1.13.
Refiere que tiene conocimiento que en administraciones como la del Departamento
del Magdalena se procedió a cancelar de oficio los días compensatorios y el
excedente por concepto de las horas extras diurnas y nocturnas laboradas y no pagadas.
Así mismo, en el Departamento de Córdoba, mediante fallo de tutela se ordenó el
pago de dichas prestaciones.  Igualmente, se dieron precedentes en las
secretarías de educación de Sincelejo, Santa Cruz de Lorica y Montería.
1.14.
Agrega que el Departamento de Córdoba en sede de tutela y de reclamación
administrativa, ha cancelado los factores salariales a que tiene derecho el
personal de celaduría del régimen nacional, nacionalizado, departamental y
municipal incorporado al Sistema General de Participaciones, en especial las horas
extras y los recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias
y en dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber
laborado en esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley.
1.15.
Ante todos los pronunciamientos judiciales y en el entendido de que los
celadores son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones,
el Ministerio de Educación Nacional ha asumido como responsable solidario, acorde
con el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo),
frente a pronunciamientos que ordenan liquidaciones en el Departamento de
Córdoba y en el municipio de Santa Cruz de Lorica.
1.16.
Las sumas adeudadas a sus representados, siendo todos pagados con recursos del
Sistema General de Participaciones, deberán ser asumidas con la misma fuente de
financiación, tal como se hizo con la homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del sector de la educación.  Lo anterior para efectos
de tener precisión y de ser concordantes con lo que hoy predica el Ministerio
de Educación, pues en días pasados procedió a reconocer los mismos derechos a
un grupo de celadores del Departamento de Córdoba.
1.17.
Sus representados no pueden verse sometidos a un trato discriminatorio y
desigual frente a las normas laborales y los casos anteriormente señalados, por
el principio de a trabajo igual salario igual, además por gozar de las mismas
características en uno y otro caso.  Confrontación que cobra fuerza si se
entiende que el Plan Nacional de Desarrollo reglamentado a través de la
Ley 1450 de 2011, faculta la posibilidad de que los acreedores de una deuda
laboral y pertenecientes al Sistema General de Participaciones, en últimas
financiados por el Ministerio de Educación Nacional, reclamen la satisfacción
de sus deudas laborales.
2.
Respuesta de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
La acción de tutela le correspondió al Juzgado Once Laboral del Circuito de
Barranquilla, Atlántico, quien por medio
de Auto del doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012), la admitió y ordenó
notificar a la
Administración Departamental accionada, dándole traslado de los elementos
aportados al proceso.
El
Secretario de Educación Departamental radicó escrito de respuesta ante el
Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, el diecisiete (17)
de septiembre de dos mil doce (2012)[3],
solicitando declarar la improcedencia de la acción de tutela y desestimar la
petición de los accionantes debido a que no existe vulneración a derecho fundamental
alguno por parte de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico,
pues los celadores tutelantes vienen devengando sus salarios y prestaciones sin
ningún tipo de perturbación. En dicha contestación expone los siguientes hechos
y consideraciones:
2.1. Los accionantes laboran y otros laboraban como
celadores en las distintas instituciones educativas del Departamento del
Atlántico, tal como se afirma en el escrito de demanda.
2.2. No es cierto que los tutelantes se encuentren en
estado de indefensión ante la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, pues siempre les ha
garantizado sus derechos laborales legalmente constituidos.
2.3. Los rectores de las instituciones educativas les
asignan a los celadores los horarios que sean necesarios para el buen
funcionamiento de cada institución y en ningún momento se les está vulnerando
algún derecho, toda vez que se les paga las horas extras de ley. Además, desde
el año dos mil nueve (2009) la
Secretaría de Educación del Atlántico viene contratando los servicios de
celaduría con una empresa privada, la cual presta sus servicios en cada una de
las instituciones educativas del Departamento del Atlántico, razón por la cual
no se justifica el recargo de los celadores de planta.
2.4. Se reitera que no se hace necesario recurrir a
excedentes de horas extras porque se cuenta con el servicio de vigilancia
privada desde el año  dos mil nueve (2009), y en todo caso la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico solo está facultada para
reconocer hasta cincuenta (50) horas extras mensuales, de conformidad a lo
consagrado en el Decreto 1042 de 1978.
2.5. La
Secretaría de Educación Departamental ha venido cumpliendo con los salarios de
ley en forma puntual y consecutiva, y se ha ceñido a lo reglado por la ley en
materia de pago de horas extras, por lo que a la fecha no le adeuda a ninguno
de los accionantes suma alguna por este concepto salarial ni por                             ningún
otro.
2.6. Por último, argumenta la improcedencia de la
acción de tutela para la protección de los supuestos derechos vulnerados, toda
vez que los actores cuentan con otro medio de defensa judicial como lo es la
jurisdicción contencioso administrativa, además en el caso planteado no se
demuestra la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable la presente
acción de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
3.
Respuesta de la Gobernación del Atlántico
La apoderada judicial de la
Gobernación del Atlántico, según poder obrante en el expediente[4], presentó escrito de
respuesta ante el Juzgado Once laboral del Circuito el diecisiete (17) de
septiembre de dos mil doce (2012)[5],
solicitando declarar la improcedencia de la acción de tutela por existir otro mecanismo
de defensa judicial y no demostrar perjuicio irremediable alguno de conformidad
con lo señalado en el Decreto 2591 de 1991. En dicha contestación expone los
siguientes hechos y consideraciones:
3.1. Las horas extras mensuales diurnas y nocturnas
vienen siendo canceladas a los funcionarios administrativos oportunamente, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1042 de 1978.
3.2. El anterior Decreto fija el límite para el pago
de las horas extras, el cual por ningún aspecto debe superar las cincuenta (50)
horas extras mensuales. Bajo este contexto legal el Departamento del Atlántico
viene cancelando a estos funcionarios las horas extras nocturnas laboradas.
4. Pruebas relevantes aportadas por las partes y
evaluadas por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla
4.1. Certificados laborales de los tutelantes, copia
de las actas de posesión y copia de los comprobantes de pago mensual.
4.2. Copia de las resoluciones emitidas por la
Secretaría de Educación del departamento del Magdalena, en donde se reconoce y
autoriza el pago de setenta (70) horas extras mensuales.
4.3. Copia de los fallos de tutela emitidos por jueces
de Córdoba, Lórica y Sincelejo, en casos similares al planteado por los
celadores tutelantes.
5. Pruebas decretadas de oficio por el Juzgado Once
Laboral del Circuito de Barranquilla
5.1. Mediante Auto del diecisiete (17) de septiembre
de dos mil doce (2012), la Juez Once Laboral del Circuito, para efectos de
verificar si corresponde al Ministerio de Educación Nacional de Colombia responder
por las deudas laborales del sector educativo, ordenó que por secretaría se
oficiara a dicha entidad para que dé respuesta a los siguientes interrogantes[6]:
5.1.1. ¿Asume la
Nación, el pago de las deudas laborales del sector educativo acorde con el
artículo 148 de la Ley 1450 de 2011?
5.1.2. ¿Se encuentra el Ministerio de Educación
Nacional, en el proceso de certificación y trámite para el cumplimiento de
fallos de tutela por concepto de solicitudes que hacen algunas entidades
territoriales con el objeto de pagar excedentes de horas extras y días
compensatorios de las cuales han sido condenados?
5.2. Respuesta del Ministerio de Educación.  El
once (11) de octubre de  dos mil doce (2012) la
Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, presenta la
respuesta dada por el Subdirector de Monitoreo y Control de dicha entidad, a
los interrogantes planteados por el juzgado.[7]
5.2.1. Al primero responde: Luego de trascribir el
contenido del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo”, señala que “las deudas del sector
educativo con el personal docente y administrativo, se financian con los
excedentes de balance del sistema general de participaciones que constituyen
por ley la principal y primera fuente de financiación, de resultar estos
insuficientes, se certifica el monto de la deuda ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público en los términos de la norma, para que se suscriba el acuerdo
de pago entre la entidad territorial y el Ministerio de Hacienda y Crédito
público (Nación)”.
5.2.2. Al segundo responde: “El Ministerio de
Educación Nacional es la entidad encargada de revisar las liquidaciones de las
deudas laborales del sector educativo presentadas por las entidades
territoriales dentro de las cuales se pueden encontrar los conceptos señalados
en la ley, además de esto corresponde a esta entidad certificar el monto a
reconocer…”.  Aclara que:
“el Ministerio de Educación Nacional NO asigna
recursos para el pago de este tipo de deudas ya que no cuenta dentro de su
presupuesto con partidas que puedan ser destinadas para tal fin, [sino que se
encarga de] revisar las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales, certificar el monto a reconocer y establecer las fuentes de
financiación, en los términos de la ley, por lo que, en la medida que las
entidades territoriales que han presentado deudas cuentan con excedentes de
balance del sistema general de participaciones, se autoriza la destinación de
los mismos al pago de la deuda” (mayúsculas originales).
Concluye, agregando que los municipios de Sincelejo y
Lorica y el Departamento de Córdoba, han informado a dicho Ministerio la
existencia de fallos de tutela en ese sentido, por lo que se les ha solicitado
la remisión de la liquidación para proceder a su revisión.
6. Decisión
del juez de tutela
Con base en el material probatorio señalado, el Juzgado
Once Laboral del Circuito de Barranquilla mediante providencia del veintiuno
(21) de septiembre de dos mil doce (2012), declaró procedente la acción de
tutela instaurada por los accionantes, en su calidad de personal de celaduría
adscrito a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, para la
protección de sus derechos fundamentales al pago oportuno de salarios, mínimo
vital, igualdad, debido proceso y vida digna. En consecuencia, ordenó al
Departamento del Atlántico y/o Secretaría de Educación Departamental del
Atlántico, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que,
en el término perentorio de treinta (30) días contados a partir del día
siguiente a la notificación de la sentencia,
“RECONOZCA, LIQUIDE Y PAGUE, a través del Ministerio
de Educación Nacional y con recursos del sistema general de participaciones
(S.G.P.) la reliquidación y liquidación de horas extras excedentes y recargos obtenidos
del exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en días dominicales
o festivos laboradas y no canceladas con los recargos de acuerdo a las normas
que regulan la materia y días compensatorios por haber laborado en días
dominicales y festivos sin disfrute de descansos de ley, que se adeudan después
de las cincuenta (50) horas que se han venido cancelando mensualmente, desde el
año  mil novecientos noventa y siete (1997), en el que se dio el proceso de
descentralización de la educación hasta el año dos mil doce (2012).  Así mismo,
deberá indexar y reconocer intereses moratorios de los dineros que se han
ordenado cancelar desde su fecha de causación hasta el día de su pago efectivo”.
Para sustentar su decisión, tuvo en cuenta los
siguientes argumentos y consideraciones:
6.1.  La acción de tutela en este caso es procedente
porque se ve afectado el mínimo vital de los accionantes, pues se trata de
personas que devengan menos de dos (2) salarios mínimos a quienes se les
adeudan horas de trabajo como celadores.  Además, se cumple con el requisito de
la inminencia que exige medidas inmediatas, puesto que han sido varios los años
en los que trabajaron horas que no fueron remuneradas y, ello, reclama la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
6.2. La suspensión de pago del salario afecta
sensiblemente las condiciones de justicia conmutativa que debe presidir la
relación laboral y viola el derecho fundamental de todo trabajador a que su
empleador remunere sus labores por medio del pago oportuno del salario[8].
6.3. En cuanto a la posibilidad de ordenar por vía de
tutela el pago de las acreencias salariales de los celadores, a cargo de la
Secretaría Departamental del Atlántico, se remite a los principios de igualdad
y razonabilidad que exigen igualdad de trato ante situaciones idénticas, afirmando
que mal se podría negar el derecho al mínimo vital, correspondiente a los
salarios dejados de cancelar, toda vez y tal como se demuestra con las pruebas
allegadas al plenario, existe un gran número de fallos de tutela en los que se
ordenó la cancelación de las horas extras adeudadas a los celadores por
diferentes entes territoriales[9].
7. Impugnación
El nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012), el
Secretario de Educación Departamental del Atlántico, impugnó la sentencia de
tutela, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Nuevamente señaló que desde el año dos mil nueve (2009) se viene contratando
por parte de la entidad el servicio de vigilancia con una empresa privada, por
lo que no es necesario acudir a excedentes de horas extras dado que la empresa
de vigilancia privada se encarga de cubrir las horas nocturnas así como los
fines de semana y festivos, y que en todo caso solo están facultados para
reconocer hasta cincuenta (50) horas mensuales en virtud de lo contemplado en
el Decreto 1042 de 1978.  Concluye, que a la fecha no se les adeuda a ninguno
de los accionantes valor alguno por horas extras ni por otro concepto salarial[10].
El once (11) de octubre de dos mil doce (2012), el
Juzgado Once Laboral del Circuito resuelve no conceder la anterior impugnación
por extemporaneidad, ya que fue presentada por fuera del término legal, según
el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ordenando remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
8. Actuaciones
en sede de revisión
La Sala
de Revisión para efectos de adoptar una
decisión informada en el asunto de la referencia, mediante auto fechado el tres (3) de febrero de dos
mil catorce (2014)[11],
resolvió:
8.1.
Requerir a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico para que
informe: (i) Cómo están vinculados a la
Administración Departamental los celadores tutelantes. (ii) En caso de
estar vinculados por contrato, enviar una copia de los mismos. (iii) Si
es por tercerización, remitir copia del contrato. (iv) Certificar cuál
es la jornada de trabajo ordinaria de los celadores. (v) Certificar y
adjuntar la planilla acerca del pago de horas extras de cada uno de los
accionantes durante los años dos mil once (2011), dos mil doce (2012) y dos mil
trece (2013). (vi) Certificar si los mismos presentaron alguna solicitud
a la Administración Departamental para interrumpir la prescripción y en caso
tal, enviar copia de dicha actuación.  (vii) Certificar cómo se reconoce
el trabajo en días festivos y dominicales y remitir constancia individual del
monto que por ese concepto se le ha cancelado a cada uno de los actores.  (viii)
Certificar acerca de la jornada laboral de los actores, su horario diario de
trabajo y cuántas horas laboran en la semana.
8.2.
Requerir al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla para que envíe a
este Despacho las pruebas aportadas por el apoderado judicial de los
accionantes  mil ciento treinta y tres (1133) folios, según indica en oficio
radicado en dicho Juzgado el seis (6) de septiembre de  dos mil doce (2012) – (folio
24) y las demás que hayan sido recaudadas en el trámite de tutela.  Requerimiento.
9. Respuesta de la
Secretaría de Educación Departamental
Mediante oficio 0577 del dieciocho (18) de febrero de dos
mil catorce (2014), el Secretario de Educación Departamental rinde informe
acerca de los cuestionamientos realizados por la Corporación[12], en su orden:
9.1. “Los accionantes se encuentran vinculados a la
Secretaría de Educación Departamental de acuerdo al [listado]” que
relaciona ciento cuarenta y cuatro (144) personas, determinando sus cédulas, si
están desvinculadas actualmente o nombradas en provisionalidad o en propiedad
(ver Anexo al final de la sentencia).
En el listado no aparece información de Teresa Isabel
Rolong Coronado, Ligia Ester Castro de Navarro, Gertrudis Fontalvo, Miriam
Hernández de Niño, Ana Milena Barros Reyes, Ana Raquel Medina de Movilla, María
Nova Muñoz, Marlene Mercado Ortiz, Estela Mendoza Polo, Francisco Javier Urueta
Benavides, Eduardo Ocampo Domínguez, Arnaldo Donado Maldonado, Mónica Farides
Vizcaino Pacheco y Wulfran Zambrano; quienes también son peticionarios en la
presente acción de tutela.
9.2. “[…] la jornada de trabajo ordinaria de los
celadores adscritos a la Planta de cargos administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico es de 44 horas semanales”.
9.3. “A partir del año 2009 la
Secretaría de Educación del Atlántico viene contratando los servicios de
celaduría con una empresa privada, la cual presta sus servicios en cada una de
las Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico, razón por la cual
no se hizo necesario recurrir a horas extras durante la vigencia de los años
2011, 2012 y 2013”.
9.4. “Revisando los archivos que reposan en la
Secretaría de Educación no se evidenció solicitud de pago de horas extras por
parte de los accionantes con el fin de interrumpir la prescripción”.
9.5. “El horario diario de trabajo de los celadores
actores es de ocho (8) horas diarias, laborando cuarenta y cuatro (44) horas a
la semana”.
Con la respuesta, se anexa fotocopia de la
Circular Externa No. 0042 del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce
(2012), dirigida a los rectores de las instituciones educativas del
departamento del Atlántico, en donde se informa el horario laboral para la
prestación del servicio de vigilancia de los celadores que pertenecen a la planta
de personal administrativo de la
Secretaría de Educación Departamental, financiados con recursos del Sistema
General de Participaciones, y de la empresa Serviconi[13].
§  “Establecimientos Educativos o sedes con dos (2) o
cuatro (4) celadores del SGP: El horario de estos funcionarios administrativos
se organizará en dos turnos de la siguiente manera:
Turno
Lunes a viernes
Sábados
Primero
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
6:00 a.m. a 10:00 a.m.
Segundo
2:00 p.m. a 10:00 p.m.
10:00 a.m. a 2:00 p.m.
“En estos casos, el servicio de Serviconi
se prestará así:
Lunes a viernes
Desde las 10:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día
siguiente
Fin de semana
Desde el sábado a las 2:00 p.m. hasta el lunes a las
6:00 a.m.
§  “Establecimientos Educativos o sedes con cero (0) a un
(1) celador del SGP: El horario de estos funcionarios administrativos se
organizará en dos turnos de la siguiente manera:
Lunes a jueves
6:00 a.m. a 3:00 p.m.
Sábado
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
“En estos casos, el servicio de Serviconi
se prestará así:
Lunes a viernes
Desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día
siguiente
Fin de semana
Desde el sábado a las 0:00 a.m. hasta el lunes a las
6:00 a.m.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar el
fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas
jurídicos
El
cuatro (4) de septiembre de dos mil doce (2012) los señores Saúl Antonio Rodríguez Calvo y otros, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauraron
acción de tutela contra el Departamento del Atlántico y la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, por considerar que sus
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al trabajo, a la vida, al
mínimo vital y móvil, al pago oportuno del salario y al debido proceso, fueron
vulnerados debido a la no cancelación oportuna de las horas extras y los
recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en
dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber laborado en
esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley. En consecuencia,
peticionan que se ordene al Departamento del Atlántico reconocer, liquidar y
pagar dichos rubros a favor de los tutelantes, con recursos del Sistema General
de Participaciones, con su respectiva indexación, además de los intereses a que
haya lugar, y liquidándolos desde la misma fecha en que retroactivamente se
reconoció la homologación y nivelación salarial y/o desde el momento en que se
certificó la educación en el Departamento del Atlántico en el año mil
novecientos noventa y siete (1997) hasta el presente.
Tanto el
Secretario de Educación Departamental como la apoderada judicial de la
Gobernación del Atlántico, solicitan declarar la improcedencia de la acción de
tutela por existir otro mecanismo de defensa judicial y no demostrar perjuicio
irremediable alguno o, en su defecto, desestimar la petición de los accionantes
debido a que no existe vulneración a derecho fundamental alguno toda vez que vienen
devengando sus salarios y prestaciones sin ningún tipo de perturbación.
Los accionantes acuden a la acción de tutela para
reclamar el reconocimiento, liquidación y pago de las mencionadas acreencias
laborales, que consideran les adeuda la Administración Departamental del Atlántico; omisión del ente territorial accionado que, en su
concepto, les ha desconocido los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al trabajo, a la vida,
al mínimo vital y móvil, al pago oportuno del salario y al debido proceso.
En
consecuencia, el caso le plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:
¿Es la acción de tutela el mecanismo adecuado para
exigir el pago de las horas extras y los
recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en
dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber laborado en
esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley?
¿Vulneran
el Departamento del Atlántico y la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico derechos fundamentales de
los accionantes, al no haberles cancelado oportunamente las horas extras y los
recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en
dominicales o festivos, además de los días compensatorios por haber laborado en
esos mismos días sin el disfrute del descanso de ley?
Antes
de dar respuesta a los problemas jurídicos, la
Sala Primera de Revisión reitera la
jurisprudencia en relación con: a) la procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el pago
de acreencias laborales; b) el derecho al
mínimo vital; c) el derecho al trabajo y al pago oportuno del salario, y d) la
jornada laboral de los empleados públicos del orden territorial.
3.
Procedencia excepcional
de la acción de tutela para exigir el pago de acreencias laborales
3.1. En virtud de lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 86 de la
Constitución Política, complementado por los artículos 6 y 8 del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales[14],
que resulta improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
salvo que se demuestre que éste último no es eficaz o idóneo para la protección
requerida o que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[15].
La
primera de dichas excepciones, se presenta cuando el juez verifica que el
mecanismo de protección judicial alternativo no cumple con los requisitos de eficacia
e idoneidad en la protección de los intereses constitucionales de la persona.
La segunda, se da cuando se verifica un perjuicio irremediable, es decir, “un
grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser
contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”[16].
Ha señalado esta Corporación, que para determinar la irremediabilidad del
perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos
que configuran su estructura[17]:
(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente[18];
(ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad[19]; (iii)
que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes[20];
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
3.2. Ahora bien, para determinar la procedencia de la
acción de tutela el juez constitucional debe establecer si la misma se presenta
como mecanismo principal o transitorio[21].
Procede como mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales, si no
existe otro medio de defensa judicial o, en caso de existir, éste no resulta
idóneo o eficaz.  No obstante, si el accionante cuenta con un instrumento que
resulta idóneo o eficaz y persiste en la presentación de la acción
constitucional como mecanismo transitorio, es necesario que se demuestre que la
tutela de sus derechos es indispensable para evitar un perjuicio irremediable.
En este sentido, la Corte ha manifestado que “siempre que la acción de
tutela sea utilizada como mecanismo transitorio, su procedencia está
condicionada a la existencia de un perjuicio irremediable: ese fue precisamente
el requisito impuesto por el Constituyente y no puede ni la
Corte, ni ningún otro juez, pasarlo inadvertido[22]”.
3.3. Bajo esta regla, en reiteradas oportunidades esta Corporación ha
manifestado que la acción de tutela no procede para el cobro de acreencias
laborales. En estos eventos, el afectado dispone de las acciones legales
correspondientes ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral o la
jurisdicción contencioso administrativa, según la forma de vinculación laboral[23].  Al respecto dijo la
Corte en sentencia de unificación:
“[…] 1. El
amparo laboral, en lo que concierne al pago oportuno de los salarios adeudados,
tiene carácter excepcional. En primer término, la vía de la tutela sólo se
reserva para situaciones límite en las que la falta de pago del salario expone
al trabajador a sufrir una situación crítica económica y psicológicamente. En
segundo término, la tutela es procedente, “siempre que concurran las
condiciones de procedibilidad de la misma”, esto es, “cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (C.P. art., 86).
Estas dos condiciones de fondo no le restan eficacia ni validez a los derechos
de los trabajadores, cuya defensa se garantiza a través de los procedimientos
ordinarios y especiales diseñados por el Legislador, y por conducto de la
jurisdicción ordinaria. De otro lado, se reconoce el carácter subsidiario de la
acción de tutela, que no puede desconocerse a riesgo de que la jurisdicción
constitucional olvide su verdadero cometido institucional y termine por invadir
de manera ilegítima e inconveniente la competencia constitucional y legal de la
jurisdicción ordinaria. Ni la
Corte Constitucional, ni los jueces de tutela, pueden ni deben sustituir a los
jueces de la jurisdicción ordinaria encargados de ordenar la ejecución y pago
de las deudas laborales y demás derechos de los trabajadores”[24].
3.4. En este orden de ideas, cuando se solicite el
pago de acreencias laborales y quede demostrado que las acciones
correspondientes no brindan la protección requerida a los derechos
fundamentales en juego, o cuando se demuestre la inminente ocurrencia de un
perjuicio irremediable, debe entrar el juez de tutela a resolver el conflicto[25].  Al
respecto, ha dicho esta Corporación que “de manera excepcional puede
acudirse a ella [la tutela] para obtener la cancelación de salarios,
siempre y cuando éstos constituyan la única fuente de recursos económicos que
le permitan al trabajador asegurar su vida digna y cuando su no percepción
afecte su mínimo vital”[26].
Así las cosas, se reitera, que el cobro de acreencias
laborales es un asunto ajeno a la acción de tutela. Sin embargo, cuando dicho
pago de salarios constituye el único medio para que el accionante y su núcleo
familiar desarrollen una vida en condiciones dignas, “el mencionado pago
[se constituye] en un derecho fundamental de aplicación inmediata destinado
a suplir el mínimo vital de las personas en aras de evitar un perjuicio
irremediable”[27].
4.
El derecho al mínimo vital
4.1.
La jurisprudencia ha definido el mínimo vital como “aquella parte del
ingreso del trabajador destinado a solventar sus necesidades básicas y del
núcleo familiar dependiente, tales como alimentación, vivienda, salud,
educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre otras
prerrogativas que se encuentran previstas expresamente en la
Constitución Nacional y que además, posibilitan el mantenimiento de la
dignidad del individuo como principio fundante del ordenamiento jurídico
constitucional [28]”[29].
Como se observa, el mínimo vital es un presupuesto básico
para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales
y, ello, explica el por qué la
Corporación le ha prodigado tanta atención a esta garantía constitucional[30], bajo el
entendimiento que “[e]l pago oportuno y completo de un salario
garantiza el goce de lo que se ha denominado el mínimo vital, considerado éste
como aquellos recursos absolutamente imprescindibles para solucionar y
satisfacer no solamente las necesidades primarias de alimentación y vestuario,
sino aquellas relacionadas con la salud, educación, vivienda, seguridad social
y medio ambiente, factores insustituibles para la preservación de calidad de
vida”[31].
4.2.
También ha aclarado la Corporación[32]
que el concepto de mínimo vital del
trabajador no debe confundirse con la noción de salario mínimo, como quiera que
la “garantía de percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se
asienta en una valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente
cuantitativa”[33]. De ahí pues, que la valoración del mínimo
vital corresponde a las condiciones especiales de cada caso concreto y no al
monto de las sumas adeudadas o a “una valoración numérica de las necesidades
biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación
material del valor de su trabajo”[34].
Bajo esta regla, el mínimo vital es
concebido en la jurisprudencia constitucional como un concepto indeterminado
cuya concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso[35].  En este
sentido, la vulneración del derecho al mínimo vital puede establecerse
atendiendo a las consecuencias que para la persona tiene la privación de sus
ingresos laborales en la situación concreta en que se encuentra.
Lo anterior conlleva, necesariamente, que el juez
constitucional para efectos de otorgar o negar el amparo solicitado, en primer
lugar, realice una valoración concreta de las necesidades básicas de la persona
y su entorno familiar y de los recursos necesarios para sufragarlas, y, en
segundo lugar, determine si el mínimo vital se encuentra amenazado o
efectivamente lesionado[36].
4.3. Ahora bien, cuando se alega como
perjuicio irremediable la afectación del derecho al mínimo vital, la doctrina
constitucional ha precisado una serie de “hipótesis fácticas mínimas”[37] que deben
cumplirse para que el juez constitucional reconozca la vulneración del mínimo
vital, como consecuencia del no pago oportuno de los salarios devengados por el
trabajador. Tales presupuestos son los siguientes:
“1) Que exista un incumplimiento en el pago del
salario al trabajador que por su parte ha cumplido con sus obligaciones
laborales;
“2) Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo
vital de la persona. Esto se presume cuando
a) el incumplimiento es prolongado o indefinido[38]. La no
satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación
del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para
que proceda la acción de tutela, o
b) el incumplimiento es superior a dos (2) meses[39], salvo que
la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario mínimo[40].
“3) La presunción de afectación del mínimo vital debe
ser desvirtuada por el demandado o por el juez, mientras que al demandante le
basta alegar y probar siquiera sumariamente[41]
que el incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica[42], dada la carencia de
otros ingresos o recursos diferentes al salario que le permitan asegurar su
subsistencia[43].
“4) Argumentos económicos, presupuestales o
financieros no son razones que justifiquen el incumplimiento en el pago de los
salarios adeudados al trabajador[44].
Lo anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento
de impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan
los recursos necesarios para hacer efectivo el pago.
“En resumen, las hipótesis fácticas mínimas que deben
cumplirse para que puedan (sic) tutelarse el derecho fundamental al mínimo
vital mediante la orden de pago oportuno del salario debido son las siguientes:
(1) Que exista un incumplimiento salarial (2) que afecte el mínimo vital del
trabajador, lo cual (3) se presume si el incumplimiento es prolongado o
indefinido, salvo que (4) no se haya extendido por más de dos (2) meses
excepción hecha de la remuneración equivalente a un salario mínimo, o (5) el
demandado o el juez demuestren que la persona posee otros ingresos o recursos
con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su
familia, (6) sin que argumentos económicos, presupuestales o financieros puedan
justificar el incumplimiento salarial.
4.4.
A las anteriores hipótesis fácticas mínimas que deben concurrir en el
caso concreto para configurar la inminencia del perjuicio irremediable, se
agrega que las sumas que se reclamen no sean deudas pendientes, “en
cuyo caso la tutela se torna improcedente para obtener el pago de deudas
laborales pues no se está ante un perjuicio irremediable”[45].  La jurisprudencia de la
Corte ha sido clara en negar la procedencia del amparo constitucional cuando
se trata de hacer efectivo el cobro de deudas pendientes, pues en tales eventos
no se está ante la vulneración de derechos fundamentales, ya que está en juego
es un interés patrimonial que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria en
su competencia laboral o ante la jurisdicción contencioso administrativa, según
sea caso. En consecuencia, no hay lugar a tutelar derecho fundamental alguno
pues no se trata de una de aquellas situaciones excepcionales en las que el
incumplimiento de una deuda conduce inexorablemente a la vulneración de un
derecho fundamental[46].
4.5. Por otra parte, la
Corte Constitucional ha establecido que cuando el peticionario solicita el
pago de prestaciones laborales diferentes al salario y a las indemnizaciones
por despido, el análisis de procedibilidad debe ser más estricto, pues “la
regla general adoptada por la jurisprudencia consiste en señalar que la acción
de tutela es improcedente para su reclamación”[47].
En
los términos expuestos, la jurisprudencia ha precisado que esa regla tiene
algunas excepciones:
“(i) cuando [l]os medios ordinarios de defensa
judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los
derechos presuntamente conculcados;
(ii) [en el evento] en que tales medios de defensa
judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos
fundamentales;
(iii) cuando [e]l accionante es un sujeto de especial
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas,
mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por
tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de
tutela (sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004,
y T-1012 de 2003)”[48].
4.6. Frente al pago oportuno del salario, se ha
sostenido que “el derecho de los trabajadores al pago oportuno de su
remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación
de un deber surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero
derecho fundamental”[49].
Así las cosas, se entiende que el pago de salario está directamente vinculado
al goce del mínimo vital de la persona, el cual, como ya se indicó, “no se agota con la satisfacción de las
necesidades mínimas de la persona, o de su grupo familiar, que simplemente le
procure la mera subsistencia...[50]”[51].
4.7. De lo
anterior, se deduce que la acción de tutela será procedente para conceder el
pago de salarios y prestaciones laborales, cuando quede demostrado o se pueda
presumir de los elementos de juicio obrantes en el proceso, que el no pago de
dichos emolumentos genera un riesgo al mínimo vital de la persona o de sus
dependientes. A partir de encontrarse acreditadas dichas hipótesis fácticas en
el caso concreto, debe concluirse “que se le ha ocasionado [al actor] un perjuicio irremediable por el no
pago oportuno y en esta circunstancia prospera la tutela”[52].
Como
se observa, la procedencia de la acción de tutela depende de la observancia
estricta del principio de subsidiariedad, en la medida en que la regla general
que rige la administración de justicia es que los conflictos de naturaleza
laboral entre particulares o entre personas y el Estado deben resolverse a
través de los canales ordinarios y a partir de los procedimientos comunes.
4.8.
En conclusión, se encuentra que en virtud del principio de subsidiariedad, la
acción de tutela es improcedente cuando la persona dispone de otro medio de
defensa judicial por medio del cual pueda hacer valer sus derechos
fundamentales. No obstante, dicho principio se excepciona cuando el medio
ordinario no es idóneo para la protección de los derechos fundamentales, o
cuando se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, casos en
los cuales procede la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio,
respectivamente. Dicha regla, que también es aplicable a los casos en los
cuales se solicita el pago de acreencias laborales, lleva a la necesaria conclusión
de que la acción de tutela se trata de una solicitud improcedente, salvo que se
cumplan ciertos supuestos a partir de los cuales el juez de tutela ha de
entender que el derecho al mínimo vital se encuentra en riesgo, y deba entrar a
remediar la situación para garantizar que el accionante y su núcleo familiar
cuenten con los medios necesarios para llevar una vida digna.
5.
El derecho al trabajo y al pago oportuno del salario.  Reiteración de jurisprudencia
5.1.
El derecho al trabajo adquiere una particular importancia desde el preámbulo de
la Constitución Política, al ser consagrado como un valor fundante del Estado
colombiano, a efectos de alcanzar un orden político, económico y social justo.
Seguidamente, el artículo 1º de la Carta determina que Colombia es un Estado
Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. Bajo estas directrices, el trabajo se constituye en
fundamento del Estado colombiano, en un derecho y un deber de todas las
personas, y en una actividad objeto de protección y salvaguarda especial, sea
ésta pública o privada.  Así, lo ratificó esta Corporación:
“[…] dentro de
la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la
consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la
organización social sino como principio axiológico de la
Carta; y además, que constituye la actividad libre y lícita del hombre, que no
sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al
progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o
subordinada.
“[…].  El trabajo como derecho, implica una regulación
fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones
legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la
persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan
impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete
adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía”[53].
5.2.
Específicamente, la Constitución contiene una serie de normas que protegen el
trabajo subordinado, entra éstas se encuentran el artículo 25 que señala que “[e]l
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas”; y el artículo 53 que determina la
atribución del Congreso de expedir un estatuto del trabajo bajo unos principios
mínimos fundamentales, entre los que se puede mencionar la remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, que debe ser
suficiente para garantizar al trabajador y a su familia una existencia digna.
Otros principios orientados a la protección del trabajo son la estabilidad en
el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas laborales; las facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; el principio pro operario referente a la favorabilidad
en beneficio del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
del derecho; la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; la garantía de la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; la protección especial
a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, y la garantía del
derecho al pago oportuno del salario y las pensiones legales, y su reajuste
periódico.
5.3. La protección del trabajo no solo es de origen
constitucional, sino que se ha plasmado en instrumentos internacionales que por
virtud del artículo 93 de la
Carta Política, hacen parte de la
normativa iusfundamental de nuestro país, al ser incorporados al bloque de
constitucionalidad[54], como, por ejemplo, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23)[55]; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7)[56];
el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (art. 6)[57],
y los Convenios Internacionales de Trabajo de la
OIT ratificados por Colombia.
5.4. En este orden de ideas, puede afirmarse que el
derecho al trabajo, como un valor fundante del Estado Social de Derecho,
compromete a las autoridades públicas con la protección del trabajador frente a
posibles abusos del empleador.  Así lo ha señalado la
Corporación:
“[E]l
derecho al trabajo surge con particular importancia a partir del
Preámbulo de la Constitución, a efectos de ser protegido en la perspectiva de
un orden político, económico y social justo. A lo cual concurre el artículo 1
ibídem otorgándole un valor fundante en el Estado Social de Derecho que entraña
Colombia, ámbito en el que le corresponde a las autoridades proveer a su
garantía en condiciones dignas y justas, es decir, atendiendo a la realización
de los fines del Estado materializando los atributos y consecuencias del
derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la órbita estatal, a partir de
políticas laborales consonantes con la dignidad y justicia que deben irradiar
el derecho al trabajo, le compete al Legislador establecer normas tendientes a
salvaguardar los intereses del empleado frente al empleador. Vale decir, es
tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular,
promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación
del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio
rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores,
función ésta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios
a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus
bienes y servicios”[58]
(negrillas originales).
5.5. En decisión posterior, esta Corporación indicó
que el trabajo cuenta con una triple naturaleza constitucional[59].  Por una parte, (i)
es valor fundante del régimen democrático y del Estado Social de Derecho, por
otra, (ii) es un derecho fundamental de desarrollo legal y, por último, (iii)
es una obligación social (arts. 1, 25 y 53
C.P.). Por este motivo el trabajo es “objeto de una especial salvaguarda
por parte del Estado, no sólo por razón de esa particular naturaleza, sino
porque permite poner de realce la primacía de otros principios igualmente
protegidos, como el respecto a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de las personas que como trabajadores adelantan una actividad
tendiente a desarrollar su potencial físico o mental, en aras de la provisión
de los medios necesarios para su subsistencia y sostenimiento familiar”[60].
5.6.
Entonces, siendo la protección del trabajo un principio constitucional, la
norma superior impone a todos los órganos del Estado, en todos sus niveles
(nacional, departamental, distrital y local), a las ramas del poder público
(Legislativa, Ejecutiva y Judicial) y a los órganos de control (Ministerio
Público y Contraloría General de la Nación) y electorales, la obligación de
desarrollar políticas orientadas a la ampliación y protección del empleo, su
conservación, la creación de nuevos puestos de trabajo para combatir la
desocupación y la preservación de las condiciones laborales más benéficas para
los trabajadores, lo que incluye una adecuada compensación[61].  Por lo tanto, todos
aquellos actos que realice el Estado en contravía del principio de protección
del trabajo estarán en contra de la
Constitución.
5.7.
Ahora bien, la Constitución ha establecido que además de las características
intrínsecas del trabajo, es indispensable que éste se realice en condiciones
dignas y justas, “es decir, su realización en un entorno sin características
humillantes o degradantes o que desconozca los principios mínimos fundamentales
establecidos por la Constitución, y además que permita su desarrollo en
condiciones equitativas para el trabajador”[62].  En este orden de
ideas, el hecho de que el artículo 25 de la
Constitución consagre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,
implica que la protección no sólo se extienda a los principios dispuestos en el
artículo 53 de la Constitución, sino que además comprenda la garantía de otros
derechos fundamentales en el ámbito laboral como son el derecho a la integridad
tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la intimidad, al buen
nombre, a la libertad sexual, entre otros[63].
5.8. También hace parte del derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, la adecuada
retribución o remuneración obtenida por la actividad laboral desplegada, es
decir, el salario, que en todo caso debe colmar las necesidades y
urgencias de quien efectúa la actividad laboral, y que se entienden vitales
porque buscan garantizar no solo los derechos fundamentales de quien trabaja
sino de su núcleo familiar dependiente, en aspectos tan trascendentales como
vivienda, vestido,
alimentación, educación, salud, entre otros[64].  Así las
cosas, el pago periódico y completo del salario pactado constituye un derecho
del trabajador y una obligación a cargo del empleador, cuyo incumplimiento
afecta los derechos a la subsistencia y al trabajo en condiciones dignas y
justas[65].
5.9.
En consecuencia, el Estado acorde con el artículo 53 de la
Constitución, es el llamado a garantizar ese salario vital y móvil[66], que tiene
como propósito mantener el poder adquisitivo del trabajador[67], para
que de esta forma se permita satisfacer el consumo de las cosas necesarias y el
goce de los bienes indispensables para una vida digna. Ahora bien,
“la noción de salario
ha de entenderse en los términos del Convenio 95 de la
Organización Internacional del Trabajo –relativo a la protección del salario–,
ratificado por la Ley 54 de 1992, que en el artículo 1° señala:
"El término
´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación
o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar".
“Esto quiere decir
que para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz
salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago
cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la
labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o
denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no
sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el
empleado –sentido restringido y común del vocablo–, sino a todas las cantidades
que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras –entre
otras denominaciones–, tienen origen en la relación laboral y constituyen
remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado”[68] (negrillas fuera de texto).
Entonces, se entiende que el concepto de
salario, en la resolución de problemas jurídicos semejantes al que ocupa a esta
Sala de Revisión,  comprende “todas las sumas que sean generadas en virtud
de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o
denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes”[69], es decir,
que abarca conceptos como primas, cesantías, vacaciones, horas extras, etc.
5.10. En relación con
el pago oportuno del salario a los trabajadores durante la ejecución de las
relaciones laborales, la
Corporación ha desarrollado una doctrina que es importante retomar en el
presente caso:
“Se llega así, a la
postulación de una serie de principios que, partiendo de la necesidad de
superar el desequilibrio connatural al intercambio entre empleador y empleado,
revelan un instituto jurídico –el salario–, central dentro del desarrollo de
una sociedad como la colombiana. Ha dicho la
Corte:
"Bajo el
entendido de la especial situación de desigualdad que se presenta en las
relaciones de trabajo, el legislador ha arbitrado mecanismos que de alguna
manera buscan eliminar ciertos factores de desequilibrio, de modo que el
principio constitucional de la igualdad, penetra e irradia el universo de las
relaciones de trabajo.
"Precisamente, el
principio a trabajo igual salario igual se traduce en una realización específica
y práctica del principio de igualdad.
"Constitucionalmente
el principio se deduce:
- Del ideal del orden
justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en las relaciones
de trabajo (preámbulo, arts. 1o, 2o y 25
C.P.).
- Del principio del
reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la
garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de
vida decoroso (arts. 1o, 25 y 53, inciso final C.P.).
- Del principio de
igualdad pues la naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en
la equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes, el suministro
de la fuerza de trabajo a través de la prestación del servicio, y la
remuneración o retribución mediante el salario, se construye bajo una relación
material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de que el valor
del trabajo debe corresponder al valor del salario que se paga por este (art.13
C.P.).
- De
los principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no
sólo la correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del
trabajo y el valor del salario, sino con respecto a los trabajadores que
desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y eficiencia iguales; el
establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil "proporcional a la
calidad y cantidad de trabajo", e incluso, la "irrenunciabilidad de
los beneficios mínimos" establecidos en las normas laborales, pues el
trabajo realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como
contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea
equivalente a dicho valor (art. 53 C.P.)[70]”.
“[…].  La idea o principio que anima la garantía de percibir
los salarios y las demás acreencias laborales, se asienta en una valoración
cualitativa, antes que en una consideración meramente cuantitativa. Las
aspiraciones del trabajador a un mejor nivel de vida, y las posibilidades de
planear la distribución de sus ingresos, todo a partir de la asignación
económica establecida en la ley o el contrato de trabajo, son razones que
impulsan y respaldan al funcionario judicial para exigir del empleador un
estricto cumplimiento de la obligación al pago oportuno y completo de la
remuneración asignada a cada empleado.
“[…].  Además, resulta claro que para los
trabajadores, los ingresos que reciben por concepto de salario son el resultado
justo de la ejecución de una relación contractual, en la que ellos han cumplido
las obligaciones y deberes que les corresponden, de modo que resulta lógico,
proporcionado y éticamente plausible, exigir también del empleador, la realización
completa de sus compromisos a través de la cancelación cumplida de lo que en
derecho y justicia les debe. Se trata entonces, no sólo de proteger el
equilibrio y el bienestar económico que se derivan de la prestación de
servicios personales, sino de garantizar la integridad del vínculo jurídico que
surge entre las partes, evitando que se abuse y se desconozcan derechos
legítimamente adquiridos y constitucionalmente garantizados, como realización
parcial del orden justo y la convivencia pacífica para todos los asociados”[71].
5.11.
Así, el derecho de todo trabajador a que su empleador remunere sus labores por
medio del pago oportuno del salario tiene carácter fundamental, toda vez que “el derecho de todos los trabajadores al pago
oportuno de su remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la
simple enunciación de un deber surgido de la relación laboral, sino que se
trata de un verdadero derecho fundamental.  La cumplida cancelación del salario
está íntimamente ligada a la protección de valores y principios básicos del
ordenamiento jurídico”[72].
Debido a su carácter fundamental, el Estado tiene el deber de asegurar que el
pago oportuno de la remuneración originada en una relación laboral se encuentre
protegida contra violaciones o amenazas, en concordancia con las obligaciones
de respeto y garantía de los derechos humanos de sus habitantes[73] y
con el artículo 2 de la Carta Política[74].
Sin embargo, como ya fue precisado, si
bien el derecho al pago oportuno del salario tiene carácter fundamental, frente
a su vulneración, y en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de
tutela, en principio es la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral la
llamada a decidir sobre tales casos, pues es frente a ella que pueden
instaurarse las acciones diseñadas por el ordenamiento jurídico colombiano para
exigir el pago de acreencias laborales.
6. La jornada laboral de los
empleados públicos del orden territorial
6.1. Ya esta Corporación ha
señalado que en lo relativo al ámbito territorial, la facultad de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen de
prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales, le corresponde al
Congreso y al Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 150, num. 19[75], literales e) y f), de
la Constitución Política[76].
A partir de esa fijación, procede la intervención, complementaria, de los
concejos municipales y las asambleas departamentales, por mandato de los
artículos 313, num. 6°, y 300, num. 7°, superiores, respectivamente, con el fin
de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios[77].
6.2. Efectivamente, con base
en el máximo salarial previamente delimitado por el gobierno nacional, los
alcaldes y los gobernadores señalan las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos, en lo que se ha
denominado “un proceso de definición armónica entre las distintas
autoridades que intervienen en el mismo”[78]. En cambio, en
relación con el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos
territoriales, la competencia corresponde al Congreso y es indelegable en las
corporaciones públicas territoriales, quienes tampoco podrán arrogárselas, por
expresa prohibición constitucional (art. 150, num. 19, inc. 2° lit. f).
6.3.
Sobre la concurrencia de competencias del Congreso, el Gobierno y las entidades
territoriales,
[l]a jurisprudencia ha destacado que la articulación
entre las mencionadas competencias opera a partir de dos premisas: (i) la
necesidad de reconocer la vigencia del principio de Estado unitario, que impone
que sea el Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas generales en materia
de régimen salarial de los servidores públicos; y (ii) la imposibilidad de
vaciar las competencias constitucionales de las entidades territoriales sobre
la determinación de las escalas salariales y los emolumentos de sus servidores
estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local[79].
6.4.
Ahora bien, para los empleados públicos del sector nacional, el Decreto 1042 de
mil novecientos setenta y ocho (1978) en su artículo 33, estableció la norma
general sobre jornada máxima legal de trabajo fijándola en cuarenta y cuatro
(44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del respectivo organismo
puede determinar el horario de trabajo. Este Decreto en principio cobijaba tan
sólo a “los empleados públicos que desempeñan las distintas categorías de
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional”[80].  Sin embargo, dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400
de 1968 que regula la administración del personal civil que presta sus
servicios en los empleos de la
Rama Ejecutiva del poder público, resulta aplicable a los empleados públicos
del nivel territorial, pues el artículo 2 de la
Ley 27 de 1992, así como el inciso 2° del artículo 87 de la
Ley 443 de 1998, hicieron extensivas a este clase de servidores las normas del
referido Decreto 2400 de 1968, incluidas las disposiciones que lo modifican o
complementan.
6.5.
Tal aplicación extensiva no cabe en relación con los trabajadores oficiales del
sector territorial, toda vez que las normas que disponen esta aplicación
gobiernan al personal de carrera administrativa exclusivamente, dentro del cual
no se encuentran los referidos trabajadores, quienes, por consiguiente,
continúan rigiéndose en lo concerniente a la jornada de trabajo máxima legal,
por las norma contenida en el artículo 3° de la
Ley 6 de 1945, que en términos generales establece que para los trabajadores
del nivel territorial, la jornada laboral no
podrá exceder de ocho (8) horas al día, ni de cuarenta y ocho (48) a la semana,
salvo las excepciones legales (art. 3 Ley 6/45) y que la jornada
ordinaria diurna estará comprendida entre las
seis (6) horas y las dieciocho (18) horas, y la jornada ordinaria nocturna
entre las dieciocho horas (18) y las seis (6) horas (par. 3°, art. 3 Ley 6/45, mod. art. 1 Ley 64/46).
La Corporación ya se ha pronunciado acerca de la vigencia y campo de
aplicación del artículo 3 de la Ley 6 de 1945. La
Sala de Revisión considera pertinente transcribir in extenso algunos de
los argumentos planteados:
“El artículo 3° de la
Ley 6ª de 1945, es anterior en el tiempo al Código Sustantivo del Trabajo
(C.S.T.) actualmente vigente, el cual fue adoptado mediante los Decretos 2663
de 1950 y 3743 del mismo año.  Aquella norma estableció de manera general, y
por primera vez en Colombia, la jornada máxima legal de ocho (8) horas al día y
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, aplicable a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo individual. Dicho concepto, el de jornada máxima
legal, difiere del de jornada ordinaria, pues aquel hace relación al número
máximo de horas que la ley autoriza que se laboren en un mismo día, al paso que
la jornada ordinaria es la convenida entre las partes dentro del límite de la
jornada máxima legal.
“En el momento en el que fue
expedida, la disposición contenida en el artículo 3° de la
Ley 6ª de 1945 rigió todas las relaciones laborales individuales públicas y
privadas, pero más adelante, al expedirse el C.S.T, dejó de aplicarse al sector
privado toda vez que el artículo 161 de ese estatuto contiene la norma sobre
jornada máxima legal que resulta aplicable solamente a las relaciones
individuales de trabajo de carácter particular, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 3° ibídem.
“Adicionalmente, el artículo 4° del
mismo C.S.T estableció que las relaciones de derecho individual de trabajo en
el sector público no se rigen por ese Código, sino por “los estatutos
especiales que posteriormente se dicten”, y el artículo 492 ibídem, mantuvo la
vigencia del  “derecho individual del trabajo en cuanto se refiere a los
trabajadores oficiales”, en referencia clara a la
Ley 6ª de 1945. Así las cosas, una vez expedido el C.S.T, la disposición
acusada dejó de regir para las relaciones individuales de trabajo en el sector
privado, pero continuó vigente para este mismo tipo de relaciones en el sector
público, aplicándose, por consiguiente, a todos los trabajadores oficiales del
Estado, sin que hasta la fecha haya sido derogada, modificada o sustituida por
otra disposición.
“3. Para los empleados públicos del
sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33 estableció la norma
general sobre jornada máxima legal de trabajo fijándola en cuarenta y cuatro
(44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del respectivo
organismo puede fijar el horario de trabajo…”[81]
(negrillas fuera de texto).
Entonces, es importante reiterar que la jornada laboral
establecida en la Ley 6 de 1945, modificada por la
Ley 64 de 1942, rige para los trabajadores oficiales de cualquier orden, y que
el Decreto Ley 1042 de 1978[82],
que determina una jornada de trabajo máxima legal de cuarenta y cuatro (44)
horas semanales, se aplica a los empleados públicos que prestan sus servicios
en las entidades de la Rama Ejecutiva de los niveles nacional, departamental,
distrital, municipal, conforme a lo señalado en el artículo 87 de la
Ley 443 de 1998, que derogó la Ley 27 de 1992[83].
6.6.
Según el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978, “[l]a asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que
se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro
horas semanales”.  Norma que coincide con el artículo 1 del Decreto Ley 85
de 1986, “por el cual se establece la jornada de trabajo para los empleos de
celadores”, que modifica en lo pertinente el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978[84],
que señala: “A partir de la vigencia del presente decreto, a la asignación
mensual fijada por la escala de remuneración para los empleos de celadores,
corresponde una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales”.
6.7. Entonces, para el reconocimiento y pago de las
horas extras, es decir, las que superen la jornada de cuarenta y cuatro (44)
horas semanales, y los recargos por el trabajo realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio, debe acudirse a las disposiciones pertinentes
del Decreto 1042 de mil novecientos setenta y ocho (1978), que fijan la jornada
ordinaria nocturna, la que de manera
habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6
a.m. del día siguiente (art. 34), las
jornadas mixtas (art. 35), las horas extras diurnas (art. 36), las horas extras
nocturnas (art. 37), el trabajo ordinario en días dominicales y festivos (art.
39), el trabajo ocasional en días dominicales y festivos (40), entre otras, sin
perder de vista que “[e]n ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras
mensuales" (art. 46, lit. d), Decreto 1042 de 1978, modificado art. 13
Decreto Ley 10 de 1989).
6.8. La
protección al trabajo establecida por mandato del artículo 25 constitucional,
incluye la fijación de jornadas de trabajo máximas, dentro de las cuales los
trabajadores presten los servicios propios de la relación laboral y estén
sometidos a las órdenes del empleador. La jornada permanente, indefinida e ininterrumpida,
sin períodos de descanso razonable previamente estipulados, como lo ha
establecido esta Corporación, “atenta contra la dignidad del trabajador,
cercena su libertad, pone en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y
causa daño a su familia, por lo que resulta contraria al ordenamiento superior”
[85].  Por ello
es importante reconocer y pagar oportunamente el trabajo suplementario y el
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, que, como ya
lo indicó esta Sala, constituye factor de salario y hace parte del derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas.
7. Análisis
del caso concreto
Pasa,
entonces, la Sala a analizar el caso concreto para decidir si la acción de
tutela promovida por los actores es procedente. En caso de serlo, deberá
determinar si la
Administración Municipal del Atlántico desconoció los derechos fundamentales a
la dignidad, a la igualdad, al trabajo, a la vida, al mínimo vital y móvil, al
pago oportuno del salario y al debido proceso, al no haberles cancelado
oportunamente a los celadores tutelantes las horas extras y los recargos por exceso
de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos,
además de los días compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el
disfrute del descanso de ley.
7.1. Los accionantes, en
total ciento cincuenta y ocho (158) celadores, algunos de ellos vinculados actualmente
a la Secretaría Departamental del Atlántico, según comunicación enviada por el
Secretario de Educación de dicho departamento[86],
eligieron la acción de tutela como
mecanismo principal para el
cobro de acreencias laborales, en
particular, las horas extras y los recargos por exceso de horas extras diurnas
y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, además de los días
compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el disfrute del
descanso de ley, no obstante existir otro mecanismo de protección judicial idóneo y eficaz, ante
la jurisdicción contencioso administrativa en razón de su vinculación a la
planta de cargos administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico[87].
El juez constitucional puede
aceptar la procedencia de acción de tutela para el cobro de acreencias
laborales, siempre y cuando quede demostrado que con ella se pretende evitar un
perjuicio irremediable por afectación al mínimo vital que, tratándose de
asuntos salariales, puede afectar la subsistencia no solo del trabajador sino
de su núcleo familiar dependiente.
Ante lo anterior, para que
proceda la acción de tutela debe estar probada la vulneración del derecho
fundamental al mínimo vital o, por lo menos, deben existir elementos a partir
de los cuales se pueda presumir su afectación, y es precisamente esto lo que no
encuentra esta Sala, pues de acuerdo a las pruebas  allegadas al proceso, no es
posible concluir que se esté ante una situación que permita excepcionar el
principio de la subsidiariedad.
7.2. Efectivamente, no existen
elementos a partir de los cuales se pueda concluir o presumir que el mínimo
vital de los actores está siendo amenazado o vulnerado por la falta de pago de las horas extras y los recargos por exceso de horas
extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, asimismo de
los días compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el disfrute
del descanso de ley. Además, se están reclamando deudas pendientes y, tal como lo
ha precisado esta Corporación, en estos casos la tutela se torna improcedente
debido a que no se está ante un perjuicio irremediable.
7.3. En este contexto, la
Sala Primera de Revisión, declarará
improcedente la acción de tutela interpuesta por los actores en contra de la Administración
Departamental del Atlántico, para el reconocimiento y pago de las horas extras y los recargos por exceso de horas
extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, además de
los días compensatorios por haber laborado en esos mismos días sin el disfrute
del descanso de ley, debido a
que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad. Los peticionarios
disponen de otro mecanismo de defensa judicial ante la jurisdicción contencioso
administrativa, a la cual pueden acudir para hacer valer sus derechos, pues en
el presente caso la Sala de Revisión no encuentra elementos de juicio a partir
de los cuales pueda concluir que dicho medio judicial carezca de idoneidad, ni
que haya un perjuicio irremediable que afecte el derecho al mínimo vital del
señor Saúl Antonio Rodríguez Calvo y los demás demandantes.
Por
lo expuesto la Sala procederá a revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Once Laboral del Circuito de Barranquilla, el veintiuno (21) de septiembre de
dos mil doce (2012), mediante la cual se tutelaron los derechos fundamentales al pago oportuno de salarios, mínimo vital, igualdad,
debido proceso y vida digna; y, en su lugar, declarar la improcedencia de la
tutela.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de
Barranquilla, Atlántico, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce
(2012), mediante la cual se tutelaron los
derechos fundamentales al pago oportuno de salarios, mínimo vital, igualdad,
debido proceso y vida digna de los señores Saúl Antonio Rodríguez Calvo, Saúl Rafael Escorcia
Lobo, Selfi Suárez Guerrero, Teresa Isabel Rolong Coronado, Tomás Rafael
Vallejo Coronado, Máximo José Bolaño Ospino, Miguel Fontalvo, Miguel Muñoz,
Miller de Jesús Cervantes Fernández, Santander García Olmos, Ulise García
Rodríguez, Eduardo Marino Silvera Masco, Freddys Alberto Pérez Herrera, Fredis
de Jesús Bolaño Blanco, Libardo de Luque Mina, Ligia Ester Castro de Navarro,
Gabriel Antonio Mendoza Cervantes, Gabriel Antonio Pérez, Gaspar Antonio Pérez
de la Cruz, Germán Emilio Rodríguez Castro, Gertrudis Fontalvo, Froilan Antonio
Sarmiento, León Julio Ordosgoitia Contreras, Leonardo Antonio Acosta González,
Luis Rafael Mendoza Rojano, Manuel Castro Escobar, Manuel Pérez Sulbarán,
Johnny Sarmiento Hidalgo, José Rafael Muñoz Jiménez, Miriam Hernández de Niño,
Ana Milena Barros Reyes, Ana Raquel Medina de Movilla, Ángel Rafael Caicedo
Oliveros, Anibaldo José Peña Terán, Antonio Berdugo Ahumada, Argemiro Ruiz
Ruiz, José Charris Ferrer, José Olimpo Cera Torrenegra, José Peña Guerrero,
Giovany José Niño, Marcelo Ruiz Berrio, Marco Antonio Carpintero Sanjuán,
Marcos Pacheco Cervantes, María Nova Muñoz, Marlene Mercado Ortiz, José Rojas
Oyaga, Juan Bautista Calvo de Ávila, Juan Bautista Morales Marriaga, Jubenal
Antonio Calvo Cantillo, Julián José Niebes de la
Hoz, Gonzalo Martes Acosta, Gustavo Adolfo Solano Tovar, Gustavo Solano
Rodríguez, Wilfredo Rafael Meza Galindo, Jesús Araujo Luque, Jesús María de la
Peña Marchena, Jesús Solano Ahumada, Jhon Jairo Dita Olmos, Lucía Gutiérrez
Valdés, Luis Acuña Mendoza, Hernán Rafael Ospino Lascarro, Hortencia Hereira
Mendoza, Hugo Rafael Ditta Cardona, Humberto Barrios Anaya, Isac Escobar
Romero, Jacquelin Acosta de la Hoz, Jaime Luque Casanova, Jaime Pérez Morelo,
Jairo David Sanjuán Zarate, Javith Mejía Meza, Wilson Gómez, Wilson Huguez
Gómez, Carlos César Gutiérrez Pacheco, César Barranco Calzada, César Lope
Acuña, Claudio Manuel Cantillo Machacón, Ernesto Rafael Blanco Cardona, Estela
Mendoza Polo, Dioscorides Collantes Cervantes, Ebert Antonio Orellano Castro,
Calixto Pacheco Coronado, Calixto Salcedo Ospino, Cándido Cervantes Coronado,
Farid Cervantes Bolívar, Francisco Cabrera Barros, Francisco Javier Urueta
Benavides, Carlos Alberto Silvera Hernández, Carlos Alejandro Cuentas Mendoza,
Alberto Ortiz Navarro, Alberto Sequeda Ferrer, Alejandro Franco Bujato, Alfredo
Enrique Cantillo Vizcaino, Álvaro Ahumada Olivares, Urbano Manuel Lara Arteta,
Vidal Rivaldo Villanueva, Franco Martín Rodríguez del Valle, Eduardo Ocampo
Domínguez, Eduardo Rafael Crecente Ariza, Edwin Rafael Cantillo Domínguez,
Efraín César Salas Pérez, Everts José Charrys Peña, Fabio Antonio Pérez Pertuz,
Clímaco Antonio Mejía Arrieta, Dagoberto Estrada Mercado, Dagoberto Gutiérrez
Pacheco, Darío Bojanini Cervantes, Ariel Enrique Altamar Truyol, Aristóteles
Barraza Terán, Arnaldo Donado Maldonado, Arnaldo Roa Navarro, Arnulfo González
Escobar, Eliécer de la Hoz, Eliecer Enrique Moreno Barraza, Elver Enrique
García Hurtado, Eparquio de Jesús Díaz González, Erasmo Suárez Páez, Álvaro
Alfonso Álvarez Correa, Álvaro Enrique Altamar Sarmiento, Ameth Ramos Iglesia,
Mónica Farides Vizcaino Pacheco, Néstor Gómez Cabarcas, Néstor Manuel Conrado
Pantaleón, Nicolás Mercado Pacheco, Oscar Acuña Caicedo, Oscar Antonio Ruiz
Gutiérrez, Osman José Morales Berdugo, Olvaldo Ramírez Navarro, Pedro Antonio
Pacheco Escorcia, Pedro Celestino Cuentas Mendoza, Plinio de Jesús Navarro
Herrera, Pompilio Enrique de la Cruz Vergara, Rafael Ángel Maury Cepeda, Wilson
José Fernández Cahuana, Wulfran Zambrano, Yiovany Niño Hernández, Yonis Enrique
Cabrera Cantillo, Regulo Reales Fonseca, Roberto Charris Márquez, Robinson
Bolívar Cuenta, Román Antequera Castro, Roque García García, Ruperto Luis
Guerrero Padraza, Luis Alberto Leal Ponce, Luis Alberto Morales Sarmiento, Luis
Angulo Fontalvo, Luis Eduardo Álvarez Romero, Luis Eduardo Pérez Martínez, Luis
Fernando Barros, Luis Lejarde Barraza, Abelardo Urueta Herrera, Abilda Rosa
Martínez de Pardo, Adolfo Ávila, Adolfo Pérez Pérez, Alberto Jiménez de la
Cruz, Rafael Antonio Porto Pacheco, Rafael Mercado Cabrera, Raimundo Sulbarán
Mercado y Raúl Antonio Horta Domínguez. En su lugar, DENEGAR la
solicitud presentada por los actores por ser improcedente.
Segundo.- Por Secretaría General de la
Corte, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO
Listado de funcionarios remitido por la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico[88]
Nº
CÉDULA
NIVEL DE CONTRATACIÓN
ESTADO
FUNCIONARIOS
1
854005
Desvinculado
CASTRO ESCOBAR MANUEL
2
856061
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
DE LUQUE MINA LIBARDO
3
856069
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MAURY CEPEDA RAFAEL ÁNGEL
4
862959
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CUENTAS MENDOZA CARLOS ALEJANDRO
5
863931
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
FERNANDEZ BARROS LUIS
6
978902
Desvinculado
ORDOSGOITIA CONTRERAS LEÓN JULIO
7
2844670
Propiedad
ACTIVO
ANGULO FONTALVO LUIS
8
3716507
Desvinculado
ORELLANO CASTRO EVER ANTONIO
9
3718477
Propiedad
ACTIVO
ACOSTA GONZÁLEZ LEONARDO ENRIQUE
10
3724105
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CERVANTES CORONADO CÁNDIDO
11
3724479
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PACHECO CERVANTES MARCOS AURELIO
12
3724627
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SILVERA MASCO EDUARDO MARINO
13
3724634
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CALVO CANTILLO JUVENAL ANTONIO
14
3726123
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
RODRÍGUEZ CALVO SAÚL ANTONIO
15
3732326
Desvinculado
GONZÁLEZ ESCOBAR ARNULFO
16
3732480
Desvinculado
CONRADO PANTALEÓN NÉSTOR
17
3734206
Propiedad
ACTIVO
PACHECO ESCORCIA PEDRO ANTONIO
18
3734400
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CANTILLO MACHACÓN CLAUDIO MANUEL
19
3734583
Propiedad
ACTIVO
CERA TRORRENEGRA JOSÉ OLIMPO
20
3734613
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CAICEDO OLIVERO ÁNGEL RAFAEL
21
3735083
Propiedad
ACTIVO
ROA NAVARRO ARNALDO SEGUNDO
22
3736133
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PÉREZ PERTUZ FABIO ANTONIO
23
3736967
Propiedad
ACTIVO
ESCORCIA LOBO SAÚL RAFAEL
24
3742221
Propiedad
ACTIVO
DE LA
HOZ GUTIÉRREZ ELIECER DE J.
25
3744486
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MORENO BARRAZA ELIECER ENRIQUE
26
3748215
Propiedad
ACTIVO
RUIZ BERRÍO MARCELO
27
3751614
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MERCADO CABRERA RAFAEL
28
3753144
Propiedad
ACTIVO
GUTIERREZ PACHECO DAGOBERTO
29
3753551
Propiedad
ACTIVO
LÓPEZ ACUÑA CÉSAR AUGUSTO
30
3753954
Propiedad
ACTIVO
PÉREZ DE LA
CRUZ GASPAR ANTONIO
31
3754746
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
DITA CARDONA HUGO RAFAEL
32
3755317
Desvinculado
GÓMEZ CABARCAS NÉSTOR
33
3755484
Propiedad
ACTIVO
SULBARÁN MERCADO RAIMUNDO
34
3755501
Propiedad
ACTIVO
URRUETA HERRERA ABELARDO
35
3756694
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
AHUMADA OLIVARES ÁLVARO ENRIQUE
36
3756723
Propiedad
ACTIVO
GARCÍA OLMOS SANTANDER
37
3756931
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
RAMÍREZ NAVARRO OSWALDO RAFAEL
38
3757168
Propiedad
ACTIVO
ARAUJO LUQUE JESÚS MARÍA
39
3757494
Propiedad
ACTIVO
ORTIZ NAVARRO ALBERTO
40
3760089
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MORALES SARMIENTO LUIS ALBERTO
41
3763965
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SARMIENTO CONRADO FROILAN ANTONIO
42
3764127
Propiedad
ACTIVO
SALCEDO OSPINO CALIXTO CÉSAR
43
3766587
Desvinculado
NIEBLES DE LA
HOZ JULIÁN
44
3769299
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SEQUEDA FERRER ALBERTO
45
3769587
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ROJAS OYAGA JOSÉ ÁLVARO
46
3770334
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MERCADO PACHECO NICOLÁS SALES
47
3770454
Propiedad
ACTIVO
DÍAZ GONZÁLEZ EPARQUIO DE JESÚS
48
3770645
Propiedad
ACTIVO
OSPINO LASCARRO HERNÁN RAFAEL
49
3776755
Propiedad
ACTIVO
BARRIOS ANAYA HUMBERTO
50
3778144
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PÉREZ ZULVARÁN MANUEL DE JESÚS
51
3779658
Propiedad
ACTIVO
ANTEQUERA CASTRO ROMÁN ANTONIO
52
3815541
Desvinculado
LEAL PONCE LUIS ALBERTO
53
3950899
Desvinculado
MUÑOZ ESTRADA MIGUEL ÁNGEL
54
4995066
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MUÑOZ JIMÉNEZ JOSÉ RAFAEL
55
5076797
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
FERNÁNDEZ CAHUANA WILSON JOSÉ
56
5113982
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
COLLANTES CERVANTES DIOSCORIDES
57
7399130
Desvinculado
CHARRIS FERRER JOSÉ
58
7408246
Propiedad
ACTIVO
VALLEJO CORONADO TOMÁS RAFAEL
59
7409055
Desvinculado
SOLANO RODRÍGUEZ GUSTAVO
60
7420922
Desvinculado
CARPINTERO SANJUAN MARCO ANTONIO
61
7421420
Propiedad
ACTIVO
ÁLVAREZ R. LUIS EDUARDO
62
7421639
Desvinculado
GUTIÉRREZ PACHECO CARLOS
63
7422385
Desvinculado
CALVO DE ÁVILA JUAN BAUTISTA
64
74634468
Propiedad
ACTIVO
MORALES MARRIAGA JUAN BAUTISTA
65
7466872
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
GARCÍA GARCÍA ROQUE
66
7471887
Desvinculado
RIVALDO VILLANUEVA VIDAL ENRIQUE
67
7473576
Desvinculado
RODRÍGUEZ DEL VALLE FRANCO MARTÍN
68
7473770
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
NAVARRO HERRERA PLINIO DE JESÚS
69
8525250
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
JIMÉNEZ DE LA CRUZ ALBERTO
70
8536027
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SUÁREZ PAEZ ERASMO
71
8536743
Propiedad
ACTIVO
REALES FONSECA RÉGULO RAFAEL
72
8600165
Propiedad
ACTIVO
RUIZ GUTIÉRREZ OSCAR
73
8601312
Fallecido
RUIZ RUIZ ARGEMIRO
74
8630216
Propiedad
ACTIVO
MENDOZA CERVANTES GABRIEL ANTONIO
75
8630629
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PEÑA TERÁN ANIBALDO JOSÉ
76
8631328
Propiedad
ACTIVO
BLANCO CARDONA ERNESTO RAFAEL
77
8631864
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CHARRIS MARQUEZ ROBERTO
78
8631872
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ESTRADA MERCADO DAGOBERTO
79
8632037
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SUÁREZ GUERRERO SELFI RENETT
80
8632069
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
HUGUEZ GÓMEZ WILSON A..
81
8632566
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CANTILLO VIZCAINO ALFREDO ENRIQUE
82
8632647
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BOLÍVAR CUENTAS ROBINSON RAFAEL
83
8633032
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
RODRÍGUEZ CASTRO GERMÁN EMILIO
84
8633342
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BERDUGO AHUMADA ANTONIO ENRIQUE
85
8633742
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SOLANO AHUMADA JESÚS MARÍA
86
8633747
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ACUÑA MENDOZA LUIS
87
8633807
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
LUQUE CASANOVA JAIME ANTONIO
88
8634142
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
LEJARDE BARRAZA LUIS ALBERTO
89
8634880
Propiedad
ACTIVO
PACHECO CORONADO CALIXTO RAFAEL
90
8635783
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BOLAÑO OSPINO MÁXIMO JOSÉ
91
8635800
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PORTO P. RAFAEL
92
8635898
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ÁLVAREZ CORREA ÁLVARO ALFONSO
93
8636460
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
GARCÍA RODRÍGUEZ ULISE
94
8636564
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SOLANO TOVAR GUSTAVO ADOLFO
95
8637432
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BARRAZA TERÁN ARISTÓTELES DE JESÚS
96
8637487
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ALTAMAR SARMIENTO ÁLVARO
97
8638434
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
NIÑO HERNÁNDEZ GIOVANY JOSÉ
98
8639964
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MEZA GALINDO WILFREDO RAFAEL
99
8640093
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CERVANTES FERNÁNDEZ MILLER DE J.
100
8640441
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SARMIENTO HIDALGO JOHNNY DE JESÚS
101
8640662
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BOLAÑO BLANCO FREDIS DE JESÚS
102
8641657
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CUENTAS MENDOZA PEDRO CELESTINO
103
8642692
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
DITA OLMOS JHON JAIRO
104
8662754
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MEJÍA ARRIETA CLÍMACO ANTONIO
105
8667507
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MORALES BERDUGO OSMAN JOSÉ
106
8676011
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SALAS PÉREZ EFRAÍN CÉSAR
107
8678623
Desvinculado
MENDOZA ROJANO LUIS RAFAEL
108
8678870
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
MARTES ACOSTA GONZALO
109
8682525
Desvinculado
GÓMEZ COTES WILSON
110
8712506
Desvinculado
BARRANCO CALZADA CÉSAR AUGUSTO
111
8714247
Desvinculado
PÉREZ PÉREZ ADOLFO
112
8716354
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
DE LA
PEÑA MARCHENA JESÚS MARÍA
113
8723281
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
LARA ARTETA URBANO MANUEL
114
8724704
Desvinculado
FONTALVO CÁRDENAS MIGUEL ANTONIO
115
8755724
Desvinculado
PÉREZ HERRERA FREDIS ALBERTO
116
8768775
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
PÉREZ MENDOZA GABRIEL ANTONIO
117
8790382
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CABRERA CANTILLO YONIS ENRIQUE
118
8791502
Propiedad
ACTIVO
CABRERA BARROS FRANCISCO
119
12488198
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
DE LA
CRUZ VERGARA POMPILIO
120
22439044
Desvinculada
HEREIRA MENDOZA HORTENCIA ISABEL
121
22507126
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ACOSTA DE LA
HOZ JACQUELIN HELENA
122
22632723
Propiedad
ACTIVO
MARTÍNEZ DE PARDO ABILDA ROSA
123
22639043
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
GUTIÉRREZ VALDÉS LUCÍA
124
72015417
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
SILVERA HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
125
72041574
Desvinculado
ALTAMAR TRUYOL ARIEL ENRIQUE
126
72042832
Desvinculado
GUERRERO P. RUPERTO
127
72070620
Propiedad
ACTIVO
MEJÍA MEZA JAVITH
128
72071324
Propiedad
ACTIVO
RAMOS IGLESIAS AMETH
129
72073060
Propiedad
ACTIVO
GARCÍA HURTADO ELVER ENRIQUE
130
72120270
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
BOJANINI CERVANTES DARÍO ANTONIO
131
72120589
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CANTILLO DOMÍNGUEZ EDWIN RAFAEL
132
72120980
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CERVANTES BOLÍVAR FARID ENRIQUE
133
72123444
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CRESCENTE ARIZA EDUARDO RAFAEL
134
72138814
Desvinculado
PÉREZ MARTINEZ LUIS EDUADO
135
72207660
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
ESCOBAR ROMERO ISAAC
136
72220201
Desvinculado
PÉREZ MORELO JAIME ENRIQUE
137
72300457
Propiedad
ACTIVO
SANJUÁN ZÁRATE JAIRO DAVID
138
72300540
Propiedad
ACTIVO
PEÑA GUERRERO JOSÉ VICENTE
139
72301355
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
HORTA DOMÍNGUEZ RAÚL ANTONIO
140
72301409
Propiedad
ACTIVO
ACUÑA CAICEDO OSCAR ALBERTO
141
72304441
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
CHARRYS PEÑA EVERTS JOSÉ
142
72304534
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
FRANCO BUJATO ALEJANDRO
143
72308989
Provisional Vacante Definitiva
ACTIVO
RODRÍGUEZ OSORIO GUSTAVO ADOLFO
144
850439
Desvinculado
TUESCA ÁVILA ADOLFO A.
[1] Folios 1 al 19 del cuaderno
principal.  En
adelante, los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente lo contrario.
[2] Por el cual se establece el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
[3] Folios 30 al 34.
[4] Folio 37.
[5] Folios 35 al 36.
[6] Folio 42.
[7] Folios 69-70.
[8] Argumento sustentado con apoyo en las sentencias
T-972 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-426 de 1992 (M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-063 de 1995 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) y
SU-995 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) de la
Corte Constitucional.
[9] Argumento sustentado con apoyo
en la sentencia T-187 de 1993 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[10] Folios 67 al 67.
[11] Folios 9-10 del cuaderno 2.
[12] Folios 13 al 18 del cuaderno 2.
[13] Folios 17-18 del cuaderno 2.
[14] Ver sentencias SU-111 de 1997
(M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-827 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-648 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-691 de 2005 (M.
P. Jaime Córdoba Triviño), T-1089 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-065 de
2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-015  de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-764 de 2008 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[15] Al respecto, pueden consultarse
las sentencias T-225 de 1993 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-086 de 1999 (M.
P. José Gregorio Hernández Galindo), SU-544 de 2001 (M. P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-875 de 2001 (Álvaro Tafur Galvis), T-983 de 2001 (M. P. Álvaro Tafur
Galvis, T-999 de 2001 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M. P. Clara
Inés Vargas Hernández), entre muchas otras.
[16] Sentencia T-1190 de
2004 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[17] Sentencia SU-484 de 2008 (M. P.
Jaime Araujo Rentería).  En igual orden de ideas, las sentencias T-225 de 1993
(M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544 de 2001 (M. P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-983 de 2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-1316 de 2001 (M. P.
Rodrigo Uprimny Yépes), T-290 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-424
de 2011 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.  En la sentencia T-1155
de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación al hablar de
subsidiariedad de la tutela y la prueba requerida para demostrar que hay
perjuicio irremediable, sostuvo: “[…] para demostrar el perjuicio irremediable,
al menos se deben señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre
dicho perjuicio. El juez no se los puede imaginar, por supuesto que no se
necesitan términos sacramentales pero al menos alguna indicación que le permita
al juzgador tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una
situación que lo afecta a él y a su familia”.
[18] En relación con este
requisito de la inminencia, en la sentencia T-227 de 2010 (M. P. Mauricio
González Cuervo), planteó la Corte que “deben existir evidencias fácticas de la
amenaza real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas
para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética”.  Sentencia T-227
de 2010 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[19] En la sentencia T-227
de 2010 (M. P. Mauricio González Cuervo), señaló la
Corporación que “no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo
de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona,
objetivamente, es decir, la gravedad debe ser determinada o determinable, so
pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente”.
[20] En relación con las medidas de
protección de los bienes jurídicos afectados, la
Corte ha dicho que estas deben responder de manera precisa y proporcional a la
inminencia del daño, de tal manera que se pueda concluir que de no tomarse, la
generación del daño se volvería inminente. Sentencia T-211 de 2009 (M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[21] Al respecto ver sentencias T-290
de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-007 de 2008 (M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa) y T-287 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre
otras.
[22] Ver sentencia T-1316 de 2001 (M.
P. Rodrigo Uprimny Yépes).  Posición reiterada en la sentencia T-424 de 2011
(M. P. Juan Carlos Henao Pérez).
[23] Consultar la sentencia T-1046 de 2012 (M. P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez), en cuya oportunidad la
Corte debió resolver si la acción de tutela presentada por un trabajador era
procedente para solicitar el pago de los tres periodos de vacaciones que le
adeudaba la Alcaldía Municipal de Ábrego, por los períodos laborados
comprendidos entre los años 2009 y 2012, concluyendo que la petición del actor
no cumplía con el requisito de la subsidiariedad, pues tenía a su disposición
otro medio de defensa judicial, ya sea ante la jurisdicción laboral o la
jurisdicción contencioso administrativa, según haya sido la forma de
vinculación laboral con el ente territorial.
[24] Sentencia SU-995 de 1999 (M. P.
Carlos Gaviria Díaz).  Lo que es reiterado en la sentencia T-065 de 2006 (M. P.
Jaime Córdoba Triviño), en donde se afirmó: “[…] la
Corte ha señalado que “la acción de tutela no es un mecanismo idóneo para
obtener el pago de acreencias laborales, en el entendido que el artículo 86 de la
Carta establece que dicho instrumento tiene entre sus características la
subsidiaridad, es decir, que sólo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro mecanismo idóneo de defensa judicial o cuando en concurrencia de éste
se acredite la inminencia de un perjuicio irremediable que permita conceder el
amparo de manera transitoria”.  En esta oportunidad le correspondió a la
Sala de Revisión decidir: (i) si el incumplimiento en el pago de los salarios
adeudados al actor por parte de la entidad territorial demandada le vulneró sus
derechos de carácter constitucional y, (ii) si la acción de tutela era
procedente para lograr su protección ante la existencia de vías judiciales
ordinarias para obtener su pago. Finalmente, concedió la protección de los
derechos fundamentales a la vida, a la subsistencia, al trabajo, a la salud, a
la seguridad social y al mínimo vital del actor.
[25] En la sentencia SU-995 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria
Díaz), la Corte sostuvo: “La acción de tutela sólo procederá como mecanismo
para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y
psicológica. Con esta referencia se busca dejar intacta la competencia de la
jurisdicción laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones
injustificadas, inminentes y graves que hacen urgente la intervención del juez
de amparo”.  También pueden ser consultadas las sentencias T-225 de 1993 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-125 de 1994 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
SU-879 de 2000 (Vladimiro Naranjo Mesa), entre otras.
[26] Sentencia T-1087 de
2002 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[27] Ver sentencias T- 011 de 1998 (M. P.
José Gregorio Hernández Galindo), T-144 de 1999 (M. P. José Gregorio Hernández
Galindo), T- 1088 de
2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-148 de 2002 (M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-626 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-435 de 2006
(M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-809 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-702 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-032 de 2013
(M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[28]  Al respecto cabe recordar lo
dicho por la Corte en sentencia SU-995 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz): “El
amparo laboral no se extiende a todo el salario adeudado, sino a la parte de
éste que corresponda al mínimo vital. Aunque el componente del mínimo vital, no
necesariamente equivale al monto del salario mínimo, en todo caso se trata de
las sumas indispensables para satisfacer en condiciones de dignidad humana las
necesidades básicas de una persona. El juez en cada caso debe determinar,
conforme a patrones históricos objetivos, la cuantía del mínimo vital. El
amparo laboral, procede sólo en circunstancias críticas extremas, en las que la
no percepción del mínimo vital, sólo pueda enfrentarse mediante la tutela para
evitar de este modo un perjuicio irremediable. Por consiguiente, el remedio
limitado que a través de la tutela se otorga, parte del presupuesto elemental
de que el cumplimiento integral de los derechos laborales se debe perseguir a
través del medio judicial establecido por la ley. Por lo demás, la sentencia es
clara en enmarcar estos casos dentro del concepto de perjuicio irremediable…”.
[29] Sentencia T-944 de
2004 (M. P. Álvaro
Tafur Galvis).
[30] En relación con el tema del
mínimo vital pueden consultarse las sentencias T-426 de 1992 (M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-530 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-111 de 1997
(M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-273 de 1997 (M. P. Carlos Gaviria Díaz),
T-011 de 1998 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), T-384 de 1998 (M. P.
Alfredo Beltrán Sierra), SU-995 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), T-100 de
1999 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-263 de 2000 (M. P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-439 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), T-818
de 2000 (M. P. Alejandro Martínez caballero), T-394 de 2001 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-694 de 2001 (M. P. Jaime Araujo Rentería), T-907 de
2001 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-1160 de 2001 (M. P. Jaime Araujo
Rentería), T-148 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-664 de 2002 (M.
P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-776 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-353 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-772 de 2003 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-816 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-1049
de 2003 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-162 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur
Galvis), T-092 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-335 de 2004 (M.
P. Clara Inés Vargas Hernández), T-944 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur Galvis),
T-099 de 2005 (M. P. Jaime Araujo Rentería), C-111 de 2006 (M. P. Rodrigo
Escobar Gil), T-309
de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-435 de 2006 (M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto), C-543 de 2007 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), SU-484 de
2008 (M. P. Jaime Araujo Rentería), T-651 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-701 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-702 de 2008
(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-764 de 2008 (M. P. Jaime Araujo
Rentería), entre otras.
[31] Sentencia T-043 de
2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).  En igual sentido ver la sentencia T-764 de
2008 (M. P. Jaime Araujo Rentería).
[32] Sentencia T-857 de
2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).  En igual sentido, pueden
consultarse las sentencias T-220 de 1998 (M. P. Fabio Morón Díaz) y la
T-439 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[33] Sentencia SU-995 de
1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[34] Ibídem.
[35] Sentencia T-809 de
2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[36] Ver sentencias T-827
de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-764 de 2008 (M. P. Jaime Araujo
Rentería).
[37] Ver sentencias T-148 de 2002 (M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-065 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
T-809 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-651 de 2008 (M. P. Clara
Inés Vargas Hernández).
[38] Aspecto que se precisa en la
sentencia T-725 de 2001 (M. P. Jaime Araujo Rentería): “Sobre la afectación del
mínimo vital  o de subsistencia ha dicho la
Corte, en reiterada jurisprudencia, que éste se presume afectado, cuando la
suspensión en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el
tiempo, de tal suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una
situación económica crítica que afecta sus derechos fundamentales y que hace
necesaria la intervención rápida y eficaz del juez de tutela para restablecer
su goce, correspondiéndole al demandado la demostración de que el peticionario
de la tutela cuenta con otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender
sus necesidades primarias vitales y las de su familia”.  También puede ser consultada la
sentencia T-362 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[39] Sentencia T-795 de 2001 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa): “[L]a Corte ha establecido una presunción de
afectación del mínimo vital cuando la suspensión en el pago del salario es
prolongada o indefinida, salvo que se trate del incumplimiento de hasta
dos salarios mínimos mensuales”.
[40] Sentencias T-241 de 2000 (M. P.
José Gregorio Hernández Galindo), T-1026 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez
Caballero), T-992
de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-065 de 2006 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño).
[41] Sentencia T-795 de 2001 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa): “[L]a Corte ha precisado que si se afirma que el
derecho al mínimo vital  está siendo vulnerado y ello se demuestra
indiciariamente, corresponde al juez de tutela determinar si en efecto se
configura dicha vulneración. Ello se desprende de la especial función asignada
al juez de garantizar los derechos fundamentales”.
[42] “La acción de tutela procede
sólo para proteger el mínimo vital  del accionante, esto es, “para evitar
que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica”,
sentencias
SU-342 de 1995, T-019 de 1997, T-081 de 1997, T-261 de 1997.
[43] Sentencia T-683 de 2001 (M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra): “En efecto, si hay elementos de juicio que indican
que el trabajador tiene otros ingresos que le permiten subsistir dignamente sin
el salario, la tutela no puede prosperar”.  Dicho requisito corresponde a una
carga probatoria del accionado.
[44] Sentencia T-035 de 2001 (M. P.
Cristina Pardo Schlesinger):
“[…] esta
Corporación ha señalado que una entidad pública o privada que se encuentre
inmersa en problemas de orden económico o financiera, no la exime de su
principal obligación como empleadora, cual es la de cumplir oportunamente con
el pago de las acreencias laborales...”.  En igual sentido pueden consultarse las
sentencias T-011 de 1998 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), T-399 de 1998
(M. P. Alfredo Beltrán Sierra), SU-995 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz),
T-144 de 1999 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), T-259 de 1999 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-286 de 1999 (M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-387 de 1999 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-906
de 2001 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-162 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur
Galvis) y SU-484 de
2008 (M. P. Jaime Araujo Rentería).
[45] En la sentencia T-162 de 2004 (M. P.
Álvaro Tafur Galvis), la Corte sostuvo que “la protección de la acción de
tutela no se extiende a sumas de dinero adeudadas con anterioridad”.  También, entre otras, las
sentencias T-1059 de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1118 de
2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) y T-1023 de 2002 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño).
[46] Ver sentencias T-1023 de 2002
(M. P. Jaime Córdoba Triviño) y T-162 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[47] Sentencia T-535 de 2010 (M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva).  En esta oportunidad la
Corte Constitucional resolvió ordenar a la empresa accionada “le pague [al
peticionario] lo que le adeuda por concepto de los salarios atrasados
correspondientes a los tres (3) meses anteriores a tal notificación, así como
el restablecimiento permanente y continuo del pago de su sueldo” en la medida
en que existió una vulneración de su mínimo vital. Sin embargo, señaló que “en
lo relativo al pago de las demás prestaciones que se adeudan [prima de navidad,
prima de servicios y prima de antigüedad], el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales para la defensa de estos intereses; además, la sustracción por parte
del empleador en estos pagos, observa la
Sala, si bien podría pensarse que agrava la situación económica del actor, no
se encuentra en relación directa con la afectación de su mínimo vital, asociada
–de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte– al salario como medio de
subsistencia”.  En igual sentido la sentencia
T-084 de 2007 (M. P. Jaime Araujo Rentería), en
la que se estudió el caso de un señor al que le adeudaban el salario
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil cinco
(2005); abril, mayo y junio de dos mil seis (2006); la prima de navidad de dos
mil cinco (2005), las primas de servicios de dos mil seis (2006), la prima de
antigüedad por quince (15) años de servicios y siete (7) períodos de
vacaciones. La Corporación únicamente ordenó a la entidad demandada que le
pagara al actor los salarios adeudados al considerar que las demás prestaciones
debían ser reclamadas ante la jurisdicción ordinaria. Precedente reiterado en
la sentencia T-424 de 2011 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez), mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela en relación con la solicitud de
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, de las prestaciones
sociales adeudadas y del pago de los aportes a la seguridad social, y se
concedió el amparo del derecho fundamental al mínimo vital de la accionante, en
relación con sus pretensiones de obtener el reconocimiento y pago de los
salarios adeudados y de la indemnización por despido injusto.
[48] Sentencia T-983 de 2007
(M. P. Jaime Araujo Rentería).
[49] Sentencia SU-995 de
1999 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz).
[50] Sentencia T-827 de 2004 (M. P.
Rodrigo Uprimny Yepes).
[51] Sentencia T-664 de
2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[52] Sentencia T-1155 de
2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[53] Sentencia C-107 de
2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia SU-484 de 2008 (M. P.
Jaime Araujo Rentería), la
Corporación señala como acciones del Estado para hacer cumplir el principio
constitucional del trabajo, la planeación económica, la nacionalización o
colectivización de las empresas, la prelación a los trabajadores en la venta de
empresas del Estado, la dirección de la economía, la reforma agraria y el
acceso a la tierra de los trabajadores agrarios, un sistema fiscal pensado en
la progresividad, etc.
[54] Entre muchas otras, puede consultarse la
sentencia C-191 de 1998 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[55] “Artículo 23.- 1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.  2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.  3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  4. Toda persona
tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses”.
[56] “Artículo 7.-  Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores: i) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual
por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la
higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos,
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los
días festivos”.
[57] “Artículo 6.- Derecho
al Trabajo. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a
través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los
minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a
fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar,
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer
el derecho al trabajo”.
[58] Sentencia C-019 de
2004 (M. P. Jaime Araujo Rentería).
[59] Sentencia C-100 de
2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).   Posición inicialmente planteada en la
sentencia T-011 de 1998 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
[60]  Ibídem.  En este
mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-009 de 1993 (M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-579 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-657 de 1997
(M. P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1064 de 2001 (M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño) y T-611 de 2001 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño).
[61] Así lo señaló la
Corporación en sentencia C-521 de 1995 (M. P. Antonio Barrera
Carbonell): “En virtud de su consagración
como un derecho [el trabajo], nuestra Constitución compromete al Estado en el
deber de protegerlo, creando, estimulando e incentivando las condiciones
socioeconómicas propicias que promuevan una oferta de oportunidades laborales
para todas aquéllas personas en capacidad de trabajar, expidiendo la
normatividad que asegure unas relaciones laborales "dignas y justas",
con arreglo a los principios fundamentales básicos y mínimos ideados por el
Constituyente y, en ejercicio de su capacidad de intervención, limitando los
abusos que pueden engendrarse al amparo de las leyes del mercado y del
principio de la autonomía de la voluntad, o regulando las condiciones
requeridas para racionalizar la economía con el fin, de asegurar el pleno
empleo de los recursos humanos, la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo, especialmente en lo laboral, y el mejoramiento
de la calidad de vida de los trabajadores”.
[62] Sentencia C-107 de
2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[63] Sentencia C-898 de
2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[64] Sentencia SU-484 de 2008 (M. P. Jaime
Araujo Rentería).
[65] Sentencia T-234 de
1997 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[66] El tema del salario
mínimo, vital y móvil es desarrollado en la sentencia SU-995 de 1999 (M. P.
Carlos Gaviria Díaz).
[67] Este concepto es tomado de la sentencia SU-400
de 1997 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
[68] Sentencia SU-995 de
1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[69] Ibídem. En igual
sentido la sentencia T-435 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[70] Sentencia C-521 de 1995 (M. P. Antonio Barrera
Carbonell).
[71] Sentencia SU-995 de
1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[72] Sentencia SU-995 de 1999 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz).  La Corte precisó en la sentencia T-992 de 2005 (M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto) que el “incumplimiento prolongado pone al trabajador y a
su núcleo familiar en una situación de indefensión”.
[73] Obligaciones
contenidas, entre otros, en el artículo 1.1. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo desconocimiento acarrea la
responsabilidad internacional del Estado colombiano.  Sentencia T-992 de 2005
(M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[74] El artículo 2 de la
Constitución Política de Colombia, establece: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
“Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[75] Precepto que
establece aquellos ámbitos en donde el Constituyente determinó la expedición de
leyes marco, a través de las cuales el Congreso dicta las normas generales que
contienen los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno
para regular diferentes asuntos.
[76] Sentencia C-1218 de
2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).  En esta oportunidad la
Corte declaró exequible la expresión “los docentes estatales que presten sus
servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o
mineras, disfrutarán, además, de una bonificación especial”, contenida en el
artículo 134 de la Ley 115 de 1994.
[77] Ver la sentencia
C-173 de 2009 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), en la que Corte se pronunció
acerca de las reglas sobre la concurrencia de competencias del Congreso, el
Gobierno y las entidades territoriales, respecto a la fijación del régimen
salarial de los servidores públicos adscritos a estas últimas.  Al respecto,
señaló: concurre una “fórmula de armonización entre el principio de Estado
unitario (Art. 1º C.P.) y el grado de autonomía que la
Constitución reconoce a las entidades territoriales, la cual se proyecta en la
definición de la escala salarial de los empleos que ejercen los servidores
públicos adscritos a ellas.  De acuerdo con esta fórmula, es al Congreso al que
le corresponde proferir una ley marco que determine el régimen salarial y
prestacional de los servidores del Estado, a partir de la cual el Gobierno
Nacional determinará los aspectos particulares y concretos de dicho régimen.
Estos presupuestos normativos sirven de marco legal para que los órganos de
representación popular de las entidades territoriales, ejerzan la competencia
constitucional de definir las escalas salariales de los empleos
correspondientes”. También pueden ser consultadas las sentencias C-112 de 1993
(M. P. Hernando Herrera Vergara), C-315 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-054 de 1998 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-1218 de 2001 (M. P. Álvaro
Tafur Galvis) y C-402 de 2003 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[78] Sentencia C-315 de
1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[79] Sentencia C-402 de
2003 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] La expresión
subrayada fue declarada exequible mediante sentencia C-402 de 2003 (M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva) y, en oportunidad posterior, la
Corporación mediante la sentencia C-101 de 2011 (M. P. Mauricio González
Cuervo), estudió una demanda formulada contra la misma expresión, declarándose
inhibida por ineptitud sustancial de la demanda.
[81] Sentencia C-1063 de
2000 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa).  Mediante esta sentencia se declaró
exequible la expresión “[l]as horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) al
día, ni de cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las excepciones legales”,
contenida en el artículo 3° de la Ley 6ª de 1945, e inexequible la expresión
“[s]in embargo la duración máxima de las labores agrícolas, ganaderas o
forestales, será de nueve (9) horas diarias o de cincuenta y cuatro (54) en la
semana. Las actividades discontinuas o intermitentes, así como las de simple
vigilancia, no podrán exceder de doce (12) horas diarias, a menos que el trabajador
resida en el sitio de trabajo”, contenida en la misma normativa, por encontrar
las referidas excepciones discriminatorias.
[82] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones
[83] El tema es
desarrollado en la sentencia C-1063 de 2000, (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Igualmente, es estudiado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia de mayo 4 de 1990 (C. P. Álvaro Lecompte Luna), radicado No. 4420, y
en la sentencia de abril 10 de 2010 (C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila),
radicado No. 1397-08, expediente 2010-N09282-01, de la misma Sección.
[84] El texto original de
dicha norma era el siguiente: “Artículo 33º.- De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia
podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la
semana excedan un límite de 66 horas…”.
[85] Sentencia C-024 de 1998 (M. P. Hernando
Herrera Vergara).
[86] Folios 13 al 16 del
cuaderno 2.
[87] Folio 16 del cuaderno
2.
[88] Folios 13 al 16 del
cuaderno 2.