T-879-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-879/06
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
reconocimiento de prestaciones sociales/ACCION DE TUTELA-Requisitos de
procedencia excepcional para reconocimiento de pensión
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no
existir perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por
cuanto no se aportaron pruebas suficientes que acrediten la vulneración del
mínimo vital
La demandante
no aportó elementos fácticos al proceso que permitan al juez constitucional
establecer que en el asunto sometido a estudio, se esté afectando el derecho
fundamental a la seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital,
pues debe precisarse que en tal sentido no aportó dentro del proceso pruebas
contundentes y suficientes que acrediten que ante la falta del reconocimiento solicitado,
se comprometan sus condiciones mínimas de vida.
Referencia: expediente T-1382576
Acción de tutela instaurada por Jovita del Carmen Pinzón Moreno
contra la E.S.E. Hospital San Rafael de Barrancabermeja
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio
de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Barrancabermeja, dentro de la acción de tutela instaurada por Jovita del Carmen
Pinzón Moreno contra la E.S.E. Hospital San Rafael de Barrancabermeja
I.       ANTECEDENTES
1.      La
demanda de tutela
El 15 de mayo de 2006, la señora Jovita
del Carmen Pinzón Moreno instauró acción de tutela contra la E.S.E. Hospital
San Rafael de Barrancabermeja, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales
“a la seguridad social, debido proceso, a la subsistencia, al mínimo vital,
a la dignidad, [y] a la igualdad”, porque no le ha reconocido y
pagado la cuota parte que le corresponde para que le sea otorgada la pensión de
vejez.
La demandante laboró en la E.S.E.
Hospital San Rafael de Barrancabermeja desde el 1º de enero de 1977 hasta el 23
de junio de 1983. Posteriormente, trabajó en el Instituto de Seguros Sociales
desde el 1º de noviembre de 1994 hasta junio 25 de 2003 cuando se transformó en
la E.S.E. Francisco de Paula Santander, a la cual se incorporó automáticamente
en virtud de lo establecido en el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 y, al
menos hasta el 3 de enero de 2006 se encontraba todavía vinculada a esta
entidad, en el cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales. (Fl. 29)
La accionante solicitó a la E.S.E.
Hospital San Rafael, accionada, el reconocimiento de la cuota parte que le
corresponde y, mediante oficio del 3 de mayo de 2006, le respondieron que dicho
reconocimiento le correspondía al Fondo de Pensiones Territorial Santander
-Bucaramanga- al cual ella también acudió con la misma pretensión obteniendo
como respuesta, mediante oficio DRH-0656, que el reconocimiento le correspondía
a la E.S.E. Hospital San Rafael mencionado.
Por otra parte, la E.S.E. Francisco de
Paula Santander le solicitó al Fondo de Pensiones Territorial Santander el
reconocimiento de la cuota parte pero el Fondo le respondió, mediante oficio
F.P.T.S. 240 del 30 de marzo de 2006, que no accedía porque el reconocimiento
le correspondía al Hospital San Rafael en virtud de lo establecido en el
Convenio de Concurrencia del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
La demandante indica que su pensión está
compuesta por una cuota parte que le corresponde al Instituto de Seguros
Sociales, la cual ya fue reconocida, y otra que le corresponde a la E.S.E.
Hospital San Rafael, demandada, para que la E.S.E. Francisco de Paula Santander
le reconozca la pensión. Por lo tanto, considera que como ya cumplió los
requisitos (número de semanas cotizadas y edad) para obtener su pensión, tiene
derecho al reconocimiento de la misma.
Agrega que necesita su pensión para poder
subsistir ya que no tiene otros ingresos y aunque existe la vía ordinaria
laboral para solicitar el reconocimiento y pago solicitado, no puede someterse “a
un largo proceso cuyas decisiones por tardías equivaldrían a la anulación del
derecho” ya que la Corte Constitucional ha señalado “que el reconocimiento
y pago de las pensiones es un derecho fundamental que es protegido por acción
de tutela.
De otra parte informa que acudió “a la
Personería Municipal la cual elaboró el oficio P-OQ 596 del 6 de febrero de
2.006 sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta.”
Por lo tanto, solicita i.) que se
ordene a la E.S.E. Hospital San Rafael, accionada, que acepte y reconozca la
cuota parte que le corresponde por el tiempo laborado para esa institución y
comunique la decisión por escrito a la E.S.E. Francisco de Paula Santander “de
manera URGENTE e INMEDIATA” y ii.) que se prevenga a la E.S.E.
Hospital San Rafael para que reconozca cumplidamente las cuotas partes a que
tiene derecho la demandante por sus años de servicios y se abstenga de
cualquier dilación o demora en el giro y pago de las mismas a la E.S.E.
Francisco de Paula Santander y para que no incurra en conductas similares hacia
el futuro.
2.       Trámite de instancia
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, mediante
Auto del 22 de mayo de 2006, admitió al demanda y vinculó al proceso al
Instituto de Seguros Sociales -Pensiones- y al Fondo de Pensiones Territorial
Santander –Departamento de Santander- para que “dentro del término
perentorio de dos (2) días siguientes a la notificación de este proveído,
rindan las explicaciones y justificaciones que consideren pertinentes en
relación con los derechos que motivaron la solicitud de amparo.” Así mismo,
ordenó que se practicaran todas las pruebas que fueran necesarias para
verificar los hechos que motivaron la solicitud de amparo.
3.       Contestación de la demanda
3.1.   El
Instituto de Seguros Sociales
Vencido el
término otorgado por el a quo para responder la demanda, la Gerente
Nacional de Recursos Humanos del Instituto de Seguros Sociales, mediante oficio
8231–07763 recibido el 20 de junio de 2006, contestó el requerimiento del a
quo en los términos que a continuación se sintetizan.
En primer término reconoce que en consideración a la escisión de la
dependencia donde la demandante prestaba sus servicios al Instituto de Seguros
Sociales y su incorporación automática en la planta de personal de la E.S.E.
Francisco de Paula Santander, ordenada por el Decreto 1750 de 2003, el
reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Pinzón corresponde a
esa Empresa, conforme a su nuevo régimen legal y al procedimiento previsto en
las Circulares externas 019 y 052 de 2004 suscritas por el Ministerio de la
Protección Social y el Presidente del ISS en las que, según afirma, se precisó
lo siguiente:
“A los trabajadores incorporados como empleados públicos a las
plantas de personal de las Empresas Sociales del Estado que no habían cumplido
los requisitos de pensión establecidos en la convención colectiva de trabajo,
pero son beneficiarios del régimen  de transición de que trata el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, les serán aplicables hasta diciembre del 2007, los
requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto de la
pensión establecidos en el Decreto Ley 1653 de 1977 como funcionarios de
Seguridad Social, o en la Ley 33 de 1985 como servidores públicos (…).”
El reconocimiento de estas pensiones estará a cargo de la Empresa
Social del Estado a la cual esté vinculado el trabajador, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1748 de 1995, entidad esta que para efecto de
compartir la pensión continuará cotizando a la administradora de pensiones del
Instituto de Seguros Sociales, quien asumirá la pensión de vejez una vez
cumplidos los requisitos  establecidos para el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida.”
Adicionalmente,
en concordancia con lo establecido en la Ley 33 de 1985, existe la necesidad de
cobrar las cuotas partes correspondientes a los tiempos servidos por la
accionante en las entidades diferentes a la E.S.E. Francisco de Paula
Santander, la cual reconocerá la prestación pretendida.
Por lo tanto, la
E.S.E. Francisco de Paula Santander consultó la cuota parte correspondiente a
la accionante por el tiempo de servicio prestado al Instituto y la Gerencia,
que ella dirige, el 26 de febrero de 2006 aceptó dicha cuota, como considera lo
deberá hacer la E.S.E. Hospital San Rafael de Barrancabermeja por el tiempo
laborado por la accionante a esa entidad.
En consecuencia,
como el Instituto de Seguros Sociales, dentro de sus competencias, atendió de
fondo la solicitud de cuota parte pensional formulada por la E.S.E. Francisco
de Paula Santander respecto a la pensión de jubilación de la accionante,
solicitó abstenerse de proseguir acción alguna contra el Instituto.
3.2.   Fondo
de Pensiones Territorial Santander -Departamento de Santander-
Mediante oficio “240#03981”
del 30 de mayo de 2006, suscrito por el Secretario General del Departamento
(E) y por la Coordinadora del Fondo de Pensiones Territorial Santander, se dio
respuesta, extemporánea, al requerimiento del a quo de la siguiente
manera.
Señalan que el
Fondo “OBJETA” la cuota parte que reclama la accionante teniendo en cuenta que
aparece certificada[1] y con calidad de retirada
del Hospital San Rafael de Barrancabermeja, pues para los exfuncionarios, como
ella, el Convenio de Concurrencia No. 326 de 1999 no avaló la deuda
prestacional ni estableció recursos que por concepto de cuotas partes deba
pagar el Fondo, con recursos de la Concurrencia y como administrador de los
recursos del Pasivo Prestacional.
De otra parte,
indicaron que mediante la Resolución No. 2282 del 5 de agosto de 1999 se
discriminó la deuda para cada uno de las Instituciones del Sector Salud en
Santander, especificando el valor correspondiente a cada concepto[2]
y advirtiendo que la deuda avalada para cada una de las instituciones estaría
sujeta a reajustes por actualización de costos y liquidaciones individuales
definitivas previas al giro “pero en ningún momento se contempla el pago
de cuota parte para las personas que figuren con calidad de retirados como es
el caso de la tutelante.” -Negrilla original-
Así mismo, en el
referido Convenio, no se fijó valor alguno para los funcionarios retirados de
las instituciones hospitalarias a 31 de diciembre de 1993, ni se estableció
para el Fondo la obligación de pagar las cuotas partes del personal retirado de
la Certificación de Beneficiarios del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
El Convenio de
Concurrencia estipuló los porcentajes de concurrencia del Departamento de
Santander y de la Nación para el pago de cesantías, reserva pensional de jubilados
y reserva pensional de activos o bonos pensionales, pero, reiteraron, no dijo
nada de las cuotas partes del personal que aparece como retirado en la referida
Certificación.
Aclararon que
los recursos del Convenio se manejan mediante una fiducia[3]
que tiene destinación específica, de manera que el Fondo asumió el pago de los
pensionados por instituciones hospitalarias a 31 de diciembre de 1993 y el pago
del bono pensional, previo el lleno de los requisitos de ley, de personal
activo de las mismas instituciones a la misma fecha, cuando sea solicitado por
el Instituto de Seguros Sociales o por otro fondo legalmente constituido.
Agregaron que en la cláusula primera del Convenio suscrito entre el
Departamento de Santander, la Secretaría de Salud Departamental y las E.S.E. y
Hospitales del Departamento, se señaló que su objeto sería sustituir a las
Instituciones de Salud de Santander por parte del Fondo, entre otras, en el cobro
de cuotas partes pero no en el pago de las cuotas partes pensionales,
que es lo pretendido en la tutela.
En conclusión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, “es
responsabilidad de la E.S.E. Hospital San Rafael de Barrancabermeja
presupuestar y pagar las obligaciones que se generen a partir del 1 de enero de
1994 con sus funcionarios y ex funcionarios, hasta que se realice el estudio y
cálculo actuarial de la deuda concurrida a 31 de diciembre de 1993,
responsabilidad que de conformidad a (SIC) la Ley 715 de 2001 y Decreto
306 de 2004 corresponde al ministerio de Hacienda y crédito público (SIC), proceso
que actualmente está llevando a cabo.”
En ese orden de
ideas, solicitaron se desvinculara al Fondo de Pensiones Territorial Santander
de la tutela por no existir fundamento legal para su vinculación y porque no se
ha violado derecho alguno de la demandante.
La E.S.E.
Hospital San Rafael de Barrancabermeja no respondió la demanda de tutela.
4.      Pruebas
4.1.   Aportadas
por la demandante
·
Copia del oficio del 30 de marzo de 2006 del
Departamento de Santander y del Fondo de Pensiones Territorial de Santander,
como respuesta al oficio del 21 de marzo de 2006 de la E.S.E. Francisco de
Paula Santander, mediante el cual objetan el proyecto de resolución sobre al
reconocimiento de la cuota parte para la pensión de la señora Pinzón. (Fls. 5 y
13-14)
·
Copia de certificación expedida el 24 de marzo
de 2006 por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander sobre calidad de
retirada del Hospital San Rafael de la señora Pinzón y la consecuente
obligación de ese Hospital de reconocer la cuota parte a que haya lugar en
favor de aquella. (Fl. 6)
·
Copia del oficio del 8 de agosto de 2005 del
Departamento de Santander y del Fondo de Pensiones Territorial de Santander
como respuesta al oficio del 27 de julio de 2005 de la E.S.E. Francisco de
Paula Santander, mediante el cual objetan el proyecto de resolución por el cual
se pretende reconocer una prestación solicitada por la señora Pinzón. (Fls. 7-8
y 16-17)
·
Copia de certificación expedida el 5 de agosto
de 2005 por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander de que la señora
Pinzón no aparece como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud
del “Hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga (SIC)”
por lo que el reconocimiento de la cuota parte a que haya lugar le corresponde
a la “ESE HOSPITAL RAMON GONZALEZ VALENCIA (SIC).”(Fl. 9)
·
Copia del oficio (sin fecha legible) de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander dirigido a la señora Pinzón mediante el
cual pone en su conocimiento las objeciones del Hospital San Rafael y del Fondo
de Pensiones Territorial de Santander para no reconocer la cuota parte
reclamada y le envía “un último oficio para entrar a resolver de fondo el
reconocimiento de su pensión de jubilación.” (Fl. 10)
·
Copia del oficio del 30 de marzo de 2006 de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander dirigido al Fondo de Pensiones Territorial
de Santander mediante el cual le reitera la consulta sobre la cuota parte para
la pensión de jubilación de la señora Pinzón. (Fls. 11 y 12)
·
Copia del oficio (con fecha de recibido 16 de
marzo de 2006) del Fondo de Pensiones Territorial de Santander como respuesta
al oficio del 28 de febrero de 2006 del Hospital San Rafael, mediante el cual informa
que la señora Pinzón no aparece certificada en calidad de beneficiaria activa o
inactiva del mismo por lo que no es procedente un eventual pago de bono
pensional a su nombre con recursos del Pasivo Pensional. (Fl. 15)
·
Copia del oficio del 6 de abril de 2006 de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander dirigido al Hospital San Rafael mediante el
cual reitera la consulta realizada mediante oficio del 21 de febrero de 2006,
sobre la cuota parte de la pensión de la señora Pinzón. (Fl. 18)
·
Copia del oficio del 3 de marzo de 2006 del
Hospital San Rafael dirigido a la señora Pinzón, mediante el cual le responde
un derecho de petición relacionado con la solicitud de información sobre el
trámite que debe adelantar para obtener el reconocimiento del bono pensional.
(Fls. 19 y 20)
·
Copia del oficio del 21 de febrero de 2006 de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander dirigido al Hospital San Rafael mediante el
cual le reitera una consulta sobre la pensión de la Señora Pinzón. (Fl. 21)
·
Copia del certificado de registro civil de
nacimiento de la señora Pinzón, cuya fecha de nacimiento es el 16 de mayo de
1950. (Fl. 22)
·
Copia de la C.C. No. 28’013.713 de la señora
Pinzón, cuya fecha de nacimiento es el 16 de mayo de 1950. (Fl. 23)
·
Copia del oficio del 11 de mayo de 2004, del
Hospital San Rafael a la señora Pinzón sobre su historia laboral. (Fls. 24-26)
·
Copia de la certificación de fecha 8 de mayo de
2003, expedida por el Hospital San Rafael[4] sobre la
prestación de los servicios de la señora Pinzón a esa entidad entre el 1º de
enero de 1977 y el 23 de junio de 1983 en el cargo de auxiliar de enfermería.
Además, hace constar que la señora Pinzón está “inscrita como Beneficiaria
del Pasivo Pensional” del mismo, por lo cual es al Ministerio de Hacienda a
quien le corresponde asumir el bono pensional. (Fl. 27)
·
Constancia expedida por el Instituto de Seguros
Sociales, el 10 de septiembre de 2004, sobre certificación recibida de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander que hace constar el período laborado por la
señora Pinzón en el ISS. (Fl. 28)
·
Copia de la certificación expedida por la E.S.E.
Francisco de Paula Santander, el 3 de enero de 2006, sobre la vinculación de la
señora Pinzón a esa entidad en virtud del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003
y que no presenta interrupciones laborales. (Fl. 29)
·
Certificado expedido por el Instituto de Seguros
Sociales, el 26 de junio de 2003, relativo a que la señora Pinzón no figura
percibiendo pensión por parte de esa entidad. (Fl. 30)
·
Carta de la señora Pinzón, del 2 de julio de
2003, dirigida al Instituto de Seguros Sociales en la que jura no estar
disfrutando pensión alguna. (Fl. 31)
·
Copia del oficio del 6 de febrero de 2006 de la
Personería de Barrancabermeja, mediante el cual eleva derecho de petición en
nombre de la señora Pinzón al Hospital San Rafael de esa ciudad para que le
diera información relacionada con el trámite que debe adelantar para el reconocimiento
del bono pensional que le corresponde emitir a esa entidad con destino a la
E.S.E. Francisco de Paula Santander. (Fls. 32 y 33)
·
Copia del oficio del 14 de marzo de 2006 del
Hospital San Rafael dirigido a la Jefe de Recursos Humanos (no se sabe de
dónde) anexando copia de la solicitud de esa entidad al Fondo de Pensiones
Territorial Santander, del 28 de febrero de 2006, sobre si la señora Pinzón se
encuentra en la reserva para pensiones del personal activo y mesadas
pensionales de los funcionarios que laboraron hasta el 31 de diciembre de 1993
y la respuesta de ese Fondo, mediante oficio recibido por su destinatario el 10
de marzo de 2006, en el que informa que la señora Pinzón no está certificada en
calidad de beneficiaria activa o inactiva del mismo, por lo que no es
procedente un eventual pago de bono pensional a su nombre con recursos del
Pasivo Prestacional. (Fls. 34-36)
4.2.   Aportadas
por el Instituto de Seguros Sociales
·
Copia del oficio 8231-02392 del 27 de febrero de
2006 suscrito por la Gerente Nacional de Recursos Humanos del Instituto de
Seguros Sociales dirigido a la E.S.E. Francisco de Paula Santander mediante la
cual informa que ACEPTA la cuota parte relacionada con la señora Pinzón. (Fl.
60)
4.3.   Aportadas
por el Fondo de Pensiones Territorial de Santander -Gobernación de Santander-
·
Certificación expedida por la Secretaría General
del Fondo de Pensiones Territorial de Santander sobre la calidad de retirada del
Hospital San Rafael de la señora Pinzón. (Fl. 65)
·
Copia parcial del Certificado de Calidad
de Beneficiarios del 27 de agosto de 1998 expedido por el Director General de
Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud, donde
aparece el nombre de la señora Pinzón. (Fls. 66-68)
·
Copia del Contrato Interadministrativo de
Concurrencia 326 de 1999, celebrado entre el Ministerio de Salud -Fondo
Nacional de Pasivo Prestacional del Sector Salud- y el Departamento de
Santander, el 23 de noviembre de 1999. (Fls. 69-79)
·
Copia de la Resolución No. 02282 del 5 de agosto
de 1999 expedida por el Ministerio de Salud “por la cual se reconoce la
calidad de Beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, se
determina el monto y se fija la concurrencia para el pago de la deuda
prestacional causada o acumulada a 31 de diciembre de 1993, de 43 Instituciones
de Salud del Departamento de Santander.” (Fls. 80-85)
·
Copia del Contrato de Encargo Fiduciario
Irrevocable No. 93/2000 celebrado entre el Departamento de Santander y la
Fiduciaria Popular S.A. (Fls. 86-95)
·
Copia del Convenio Interadministrativo suscrito
entre el Departamento de Santander, la Secretaría de Salud Departamental, las
Empresas Sociales del Estado y los Hospitales del Departamento de Santander, el
8 de diciembre de 2000. (Fl. 96-107)
5.      Sentencia
objeto de revisión
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, mediante sentencia del 30 de
mayo de 2006, denegó la tutela considerándola improcedente, ya que “no se
remite (SIC) duda que, el conflicto que se pone de presente es de
estirpe legal y de carácter laboral, no involucra la protección de derechos
fundamentales”.
En efecto,
estimó que el Juez de tutela no es competente para reconocer pensiones ni para
determinar a quién le corresponde, una vez reconocida, su pago, pues para ello
está instituida la jurisdicción ordinaria laboral, mediante un proceso
ordinario, máxime que no se encuentra probado un perjuicio irremediable que haga
viable el amparo de manera transitoria.
Adicionalmente
sostuvo que “no existiendo aún, acto administrativo que ordene el
reconocimiento de la pensión solicitada por la actora al I.S.S. no es la acción
de tutela el mecanismo apto para forzar ese reconocimiento (…)”. “Obsérvese que
las entidades requeridas por el I.S.S. para que concurran a financiar la
prestación laboral que se estudia a favor de la accionante, manifestaron en su
momento las razones de hecho y de derecho por las cuales no están legalmente
obligadas a asumir tal obligación; luego corresponde definir al Juez natural
quien (SIC) tiene la razón y declarar lo que en derecho corresponda”.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela
reseñada, con base en la Constitución Política (Arts. 86 y 241-9), en
concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (Arts. 33 al 36) y en cumplimiento del
Auto del veinticuatro (24) de julio del año 2006, proferido por la Sala de
Selección de Tutelas Número Siete de esta Corporación.
2.      Materia sometida a revisión
En esta
oportunidad la Sala debe analizar si para el caso concreto la acción de tutela
es procedente para amparar los derechos fundamentales invocados por la señora
Pinzón Moreno y si a través de este mecanismo se puede ordenar a la E.S.E.
Hospital San Rafael de Barrancabermeja que expida la cuota parte que aquella
reclama por los servicios que le prestó, en el período comprendido entre el 1º
de enero de 1977 y el 23 de junio de 1983, cuando se desempeñó como Auxiliar de
Enfermería.
3.     Procedencia
excepcional de la acción de tutela para resolver los conflictos relacionados
con el reconocimiento de prestaciones sociales, particularmente en materia de
pensiones. Reiteración de Jurisprudencia
De conformidad
con la jurisprudencia constitucional[5], la acción de tutela no
es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas
con el reconocimiento de prestaciones sociales, particularmente en materia de
pensiones.
En efecto, según
la Corte en diferentes providencias[6] la acción de tutela no
procede para el reconocimiento de derechos pensionales, bien se trate de
pensiones de vejez, invalidez, o de sobrevivientes, pues por tratarse de
derechos litigiosos de naturaleza legal, la competencia prevalente para
resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico
a la justicia laboral o contenciosa administrativa según el caso, siendo
entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales
derechos, en caso que se logre demostrar su amenaza o violación.
Por lo tanto, se
puede afirmar que como regla general la acción de tutela no procede cuando lo
que se discute es un derecho que no ha sido reconocido, ni judicial, ni
extrajudicialmente, por lo que ante tal circunstancia deben entrar a operar son
los mecanismos ordinarios de defensa para que a través de ellos se alcance el
fin perseguido.
Esta posición se
fundamenta en el carácter excepcional, subsidiario y residual de ese mecanismo
de amparo constitucional, según se desprende del artículo 86 de la Carta
Política y de la jurisprudencia de esta Corporación. Afirmar lo contrario
implicaría que se desnaturalizara “la esencia y finalidad de la acción de
tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los
derechos fundamentales de las personas y se ignoraría la índole preventiva de
la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos
derechos que les impide dictar órdenes declarativas de derechos litigiosos de
competencia de otras jurisdicciones.”[7]
No obstante lo anterior, la Corte también ha
señalado que, excepcionalmente, es posible el reconocimiento de esta clase de
derechos por vía de tutela, no sólo cuando se ejerce como mecanismo
transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la existencia de un
perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial preferente es
ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una protección
inmediata, circunstancias que deben ser valoradas por el juez constitucional en
cada caso particular.
En tal sentido esta Corporación ha precisado que la
acción de tutela procede para el reconocimiento de pensiones, cuando los
titulares de esos derechos son personas de la tercera edad o que por su
condición económica, física o mental se encuentran en condición de debilidad
manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más
digno y proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad.[8]
En tales casos, ha considerado que la tardanza o
demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y
reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa,
sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad
al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en
principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de
tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de
los derechos fundamentales.
El criterio de interpretación acogido por la
jurisprudencia constitucional, tiene entonces como fundamento los artículos 13
y 46 de la Carta, los cuales le imponen al Estado, por una parte, el deber de
brindar una protección especial “a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta”, y por la otra, la obligación de concurrir, con la colaboración de
la sociedad y la familia, a “la protección y la asistencia de las personas de
la tercera edad.”
No sobra aclarar, en este punto, que la condición de
persona de la tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para
definir la procedencia de la acción de tutela en estos casos, pues para que el
mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria o
contenciosa, es también condición necesaria acreditar que el daño impetrado al
solicitante afecta materialmente sus derechos fundamentales o aquellos que lo
son por conexidad -como la dignidad, el mínimo vital, la salud y la
subsistencia digna-, así como que darle trámite al litigio por el mecanismo de
defensa ordinario hace temporalmente nugatorio el ejercicio y disfrute de tales
derechos, haciendo mucho más gravosa la situación particular del actor.[9]
Con fundamento en el criterio general expuesto según
el cual, la acción de tutela es procedente para reconocer derechos pensionales
únicamente cuando el juez constitucional llegue a la convicción que es
necesario brindar una protección urgente e inmediata que no es posible lograr a
través del mecanismo ordinario de defensa, la jurisprudencia reiterada[10]
de esta Corporación ha señalado que la viabilidad del amparo en esos casos
exige la acreditación de un perjuicio irremediable,[11]
circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del juez de los
siguientes factores: i.) la edad para ser considerado sujeto especial de
protección; ii.) la condición física, económica o mental; iii.) el grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo
vital; iv.) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del
interesado de la presunta afectación y v.) el despliegue de cierta actividad
administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos.
A partir de estos criterios de interpretación, la
Sala entrará a establecer si en el presente caso se cumplen las condiciones
sustanciales y formales que hacen viable la protección constitucional por vía
de tutela.
5.      El
caso concreto
En el presente caso la demandante instauró la
acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales “a la
seguridad social, debido proceso, a la subsistencia, al mínimo vital, a la
dignidad [y] a la igualdad”, los cuales estimó vulnerados con la
negativa del Hospital San Rafael de Barrancabermeja de expedir la cuota parte o
bono pensional que le corresponde por los servicios que prestó y que requiere
con urgencia para que el Instituto de Seguros Sociales, le reconozca y pague su
pensión de vejez.
El Instituto de
Seguros Sociales indicó que aceptó la cuota parte que la E.S.E. Francisco de
Paula Santander le consultó por el tiempo de servicio de la demandante, para el
reconocimiento de la pensión de vejez, la cual informó que asumiría, para lo
cual existe la necesidad de cobrar las cuotas partes correspondientes a los
tiempos servidos por la demandante a otras entidades y, en consecuencia,
solicitó se le desvinculara del proceso de tutela.
El Fondo de
Pensiones Territorial Santander -Departamento de Santander- indicó que objetó
la cuota parte que se le cobró porque la misma le corresponde reconocerla y
pagarla al Hospital San Rafael de Barrancabermeja, por lo que solicitaron se
les desvinculara del proceso, por no haber vulnerado derecho alguno de la
demandante y por no existir fundamento legal para su vinculación.
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja denegó la tutela considerándola
improcedente, pues el conflicto presentado por la demandante es de estirpe
legal y de carácter laboral, al tiempo que no involucra derechos fundamentales,
así como que no existe acreditado un perjuicio irremediable que permita el
amparo de manera transitoria. Adicionalmente, estimó que las entidades a las
que el ISS les ha solicitado el reconocimiento del bono pensional han expuesto
sus razones de hecho y de derecho por las cuales consideran que no están
obligadas a asumir tal obligación, de manera que corresponde al juez natural la
definición del conflicto.
El conflicto
planteado tiene origen en la situación que a continuación se sintetiza.
El artículo 33
de la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector
Salud, para garantizar el pago del Pasivo Prestacional, a 31 de diciembre de
1993, por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilación, de los funcionarios que prestaban sus servicios en entidades del
sector salud y que reunían los requisitos para ser beneficiarios del Fondo.
El Decreto 530
de 1994 definió los beneficiarios del Fondo Nacional del Pasivo Prestacional
para el sector salud indicando que eran aquellos servidores públicos o
trabajadores privados que no tenían garantizado el pago de su pasivo
prestacional causado o acumulado hasta el fin de la vigencia presupuestal de
1993 y que pertenecían a las instituciones en él relacionadas.
La Dirección
General de Descentralización y Desarrollo Territorial, del Ministerio de Salud,
expidió el Certificado de Calidad de Beneficiarios, el 27 de agosto de 1998,
mediante el cual se estableció que la Secretaría Departamental de Salud de
Santander y, entre otros Hospitales, el Hospital San Rafael de Barrancabermeja,
reunían los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, en
concordancia con el literal a) del artículo 8º del Decreto 530 de 1994, para
acceder a los recursos del Fondo del Pasivo Prestacional. También se estableció
que las personas relacionadas en esa certificación, entre las cuales se
encuentra la demandante de este proceso, cumplían los requisitos establecidos
en el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 en concordancia con el artículo 10 del
Decreto 530 de 1994, para ser reconocidas como beneficiarias del mismo Fondo.
Posteriormente,
mediante la Resolución No. 02282 del 5 de agosto de 1999, del Ministerio de
Salud, se reconoció el carácter de beneficiarios del referido Fondo a los
funcionarios y ex funcionarios relacionados en la certificación del 27 de
agosto 1998, se fijó el monto de la deuda prestacional de 43 Instituciones de Salud
del Departamento de Santander reconocidas como beneficiarias del Fondo y se
estableció la concurrencia para el pago del pasivo por parte de la Nación en un
70,60% y del Departamento de Santander en un 29,40.%.
El 23 de
noviembre de 1999, con base en las disposiciones citadas, se suscribió el
Contrato Interadministrativo de Concurrencia 326 entre el entonces Ministerio
de Salud -Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud- y el
Departamento de Santander para la financiación del pasivo prestacional de los
funcionarios y ex funcionarios del sector salud de este departamento causada a
31 de diciembre de 1993.
En virtud del anterior Convenio se sustituye por
parte del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Santander a la
E.S.E. Hospital San Rafael de Barrancabermeja en el pago de las mesadas
pensionales, cobro de cuotas partes pensionales, liquidación y pago de bonos
pensionales, con los recursos que por concurrencia le giren la Nación y el
Departamento de Santander.
El 22 de
noviembre de 2000, el Departamento de Santander suscribió el contrato de
encargo fiduciario irrevocable de administración y pago 93/2000 con la
Fiduciaria Popular S.A. “para la administración y pago de los funcionarios y
exfuncionarios de la Secretaría de Salud Departamental beneficiarios del Fondo
del Pasivo Prestacional del Sector Salud, de la deuda causada o acumulada por
concepto de cesantías, reservas para pensiones, pensiones de jubilación, bonos
pensionales, causados o acumulados hasta el 31 de diciembre de 1993 de las
cuarenta y tres (43) instituciones de salud del Departamento de Santander
relacionadas en el contrato de concurrencia No. 326 de 1999.”
El Departamento
de Santander -Secretaría de Salud- las Empresas Sociales del Estado y los
Hospitales del Departamento de Santander celebraron, el 8 de diciembre de 2000,
un convenio interadministrativo cuyo objeto es “sustituir a las
Instituciones de Salud de Santander por parte del Fondo Territorial de
Pensiones del Departamento en el pago de las mesadas pensionales, cobro de
cuotas partes, liquidación y pago de bonos pensionales con los recursos que por
concurrencia le giren la Nación y el Departamento de Santander, de los
beneficiarios únicos y exclusivos del fondo del Pasivo Prestacional,
relacionado en la certificación del 27 de agosto de 1998, expedida por la
Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, del Ministerio
de Salud.”
Hasta ese punto se tiene conocimiento del curso
legal que se ha dado al manejo del tema. Por su parte, tanto la E.S.E. Hospital
San Rafael de Barrancabermeja como el Fondo Territorial de Pensiones de
Santander se niegan a reconocer la cuota parte que la demandante está
reclamando y que asegura es necesaria para efectos de que se le reconozca su
pensión de vejez, por haber cumplido con los requisitos de tiempo de servicios
(20 años) y edad (50 años).
Al respecto es necesario precisar que,
efectivamente, la señora Pinzón ha cumplido con el requisito de la edad, según
consta en su cédula de ciudadanía y en su registro civil de nacimiento, pues a
la fecha de instaurar la demanda de tutela contaba con 55 años de edad.
No ocurre lo mismo con el requisito de tiempo de
servicio pues, de lo acreditado en el expediente, se tiene que: i.) laboró
del 1º de enero de 1977 al 23 de junio de 1983, para el hospital San Rafael, es
decir, 6 años, 5 meses y 22 días; ii.) del 1º de noviembre de 1994 al 25
de junio de 2003, en el Instituto de Seguros Sociales, es decir, 8 años, 7
meses y 24 días y iii.) desde el 26 de junio de 2003, al menos hasta el
3 de enero de 2006, para la E.S.E. Francisco de Paula Santander, de manera que
serían 2 años, 6 meses y 8 días más, para un total de 17 años, 7 meses y 22
días, con lo cual, como se anunció, no está cumplido el requisito de tiempo se
servicio, o al menos no está acreditado dentro del expediente de tutela, para
dar certeza sobre la causación del derecho, y así poder considerar a quién le
correspondería el reconocimiento de la pensión de la accionante.
Por otra parte, de
conformidad con la jurisprudencia citada, en circunstancias normales, un
conflicto como el que se presenta en este caso no es de incumbencia de la
jurisdicción constitucional pues remiten a un conflicto legal que debe ser
resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En tales eventos
se debe disponer lo pertinente para que el conflicto se resuelva mediante el
ejercicio de los mecanismos judiciales ordinarios.
En efecto, como
se mencionó anteriormente, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación[12], la acción de tutela no
procede cuando lo que se pretende es el reconocimiento de derechos pensionales,
pues por tratarse éstos de derechos litigiosos de naturaleza legal, la
competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada
por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa
según el caso.
Aceptar la tesis
contraria, supone desconocer la existencia de los medios judiciales ordinarios
establecidos por la ley, para dirimir esa clase de controversias acerca de la
titularidad de la pensión e igualmente desconocer que la acción de tutela no ha
sido establecida como mecanismo alternativo o sustitutivo de los procesos
ordinarios.[13]
Así las cosas,
resulta entonces claro, que la acción de tutela es procedente en materia de
reconocimiento de pensiones judiciales, de manera excepcional y sólo cuando de
la ponderación de todos los factores relevantes aparezca clara la existencia de
un perjuicio irremediable que lleve al juez a la convicción que de no brindarse
la protección urgente e inmediata de los derechos del peticionario éstos se
verían vulnerados o continuarían siendo gravemente amenazados.
Ahora bien, conforme los criterios que se deben
tener en consideración para el análisis del caso concreto, la Sala encuentra lo
siguiente:
i.) la demandante cuenta en la actualidad
con 56 años de edad, de manera que no puede ser considerada como sujeto
especial de protección; ii.) tampoco se informó ni se acreditó afecciones en su
condición física, económica o mental.
Al respecto es preciso indicar que tampoco aparece
demostrado que la demandante tenga quebrantos graves de salud que la coloquen
ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, así como es claro que a
la fecha cuenta con 56 años de edad, la cual no constituye un elemento que haga
viable el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues en ese sentido
cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte,[14]
ha indicado que la tutela sólo es procedente en estos casos, si se encuentran
vulnerados los derechos fundamentales del demandante, tales como el mínimo
vital, la salud o la vida, pues la sola circunstancia de pertenecer una persona
a la tercera edad (la cual se ha fijado en 71 años el límite mínimo de la
ancianidad por ser el promedio de vida de los colombianos), lo cual tampoco es
del caso, no es razón suficiente para proceder a hacer una valoración
eminentemente mecánica procediendo a conceder el amparo sin más
consideraciones, sino que se requiere de la comprobación efectivamente de la
vulneración de los derechos fundamentales que se invocan y que se esté
realmente ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable.[15]
iii.) No se sabe con certeza cuál es el grado
de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al
mínimo vital, pues no pasó de la afirmación sobre la necesidad de que se le
reconociera la cuota parte para el reconocimiento de la pensión, pero también
aparece certificado que al menos hasta el 3 de enero de 2006 la demandante
estaba vinculada a la E.S.E. Francisco de Paula Santander; iv.) no hay
certeza de la existencia previa del derecho, por el requisito de tiempo de
servicio, y la acreditación por parte de la demandante de la presunta
afectación, pues como quedó expuesto, el tema involucra un debate de orden
legal que evidencia la necesidad de acudir al juez de la causa para que dirima
tal conflicto y v.) en cuanto al despliegue de la actividad administrativa
y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos es claro que la
demandante ha solicitado a las entidades eventualmente responsables el
reconocimiento de la cuota parte pero ambas exponen razones de orden legal para
no aceptar tal pedimento.
Así pues, la
demandante no aportó elementos fácticos al proceso que permitan al juez
constitucional establecer que en el asunto sometido a estudio, se esté
afectando el derecho fundamental a la seguridad social en conexidad con el
derecho al mínimo vital, pues debe precisarse que en tal sentido no aportó
dentro del proceso pruebas contundentes y suficientes que acrediten que ante la
falta del reconocimiento solicitado, se comprometan sus condiciones mínimas de
vida.
Por lo
anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia de instancia ya que se
ajusta a lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido
de que las pretensiones de carácter laboral, cuando no se configuran las
situaciones extremas que ameritan excepción, deben tener curso ordinario ante
los tribunales, con arreglo a los procedimientos de esa misma naturaleza, lo
cual implica, en términos del artículo 86 de la Constitución, que la acción de
tutela es entonces improcedente, a no ser que se establezca la inminencia de un
perjuicio irremediable, en cuyo caso sería aplicable la protección transitoria
a quienes lo afrontan.
III.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, el 30 de mayo de 2006, que
denegó la tutela invocada por la señora Jovita del Carmen Pinzón Moreno.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
Ponente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
En la Certificación de Beneficiarios del Pasivo Prestacional del Sector Salud
del Departamento de Santander, expedida el 27 de agosto de 1998, por la
Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio
de Salud.
[2]
Cesantías, Reserva Pensional Jubilados y Bonos Activos.
[3]
Para lo cual se abrió una cuenta principal denominada “Departamento de
Santander–Encargo Fiduciario Convenio 326” con 2 subcuentas: una para la
Reserva Pensional de Jubilados y otra para la Reserva Pensional de Activos
(bonos pensionales).
[4]
“ENTIDAD PÚBLICA A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO POR DECRETO ORDENANZA 100 DE
1995.”
[5] Ver entre muchas
otras las Sentencias T-607, T-562 y T-487 de 2005; T-245 T-812 y T-083 de 2004;
T-463 de 2003; T-1042 y T-634 de 2002; T-1316 y, T-977 de 2001; T-1116, T-886 y
T-612 de 2000; T-618 y T-325 de 1999; T-718 y T-116 de 1998; T-637 de 1997;
T-371 de 1996; T-456 de 1994 y T-426 de 1992.
[6]
Ver las sentencias T-776 y T-245 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-607 y
T-562 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-692 y T-487 de 2005 y T-692
de 2004, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[7] Sentencia
T-660/1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[8] T-487 de 2005 M.P.
Alvaro Tafur Galvis y T-083 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[9] Sentencia T-083 de 2004.
[10] En la Sentencia SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
la Corte hizo expresa referencia a estos criterios de ponderación en matera de
reconocimiento de derechos pensionales por vía de tutela, consolidando el
precedente fijado por la propia jurisprudencia en un sinnúmero de fallos
dictados por las distintas Salas de Revisión.
[11] En
relación con el perjuicio irremediable, la Corte ha establecido igualmente un
mínimo de requisitos para que éste se pueda configurar:
i) El
perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a
suceder, lo que significa que se requiere contar con los elementos  fácticos
suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin
de tener la certeza de su ocurrencia.
ii) el
perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona, puede ser moral o material, y que
sea susceptible de determinación jurídica.
iii), el
perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que
conlleven la superación del daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio y que esa respuesta armonice con las
particularidades de cada caso.
vi) la medida de protección debe
ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene
que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño antijurídico
irreparable.[11]
[12] Ver entre otras las Sentencias T-776, T-692, T-607,
T-562, T-487 y T-245 de 2005; T-812, T-562, T-245 y T-083 de 2004 ; T-463
de 2003; T-1042 y T-634 de 2002 ; T-1316 y T-977 de 2001; T-1116, T-886 y
T-612 de 2000; T-618 y T-325 de 1999; T-718 y T-116 de 1998; T-637 de 1997;
T-371 de 1996; T-456 de 1994 y T-426 de 1992.
[13] Al respecto en la Sentencia T-969 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería,
la Corte dijo:
“En
efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las
decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, pues
fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de
juicio indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento
y efectividad se propende. En este sentido ha sido clara la jurisprudencia de
la Corporación en indicar que “los fallos emitidos en materia de acción de
tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún
cuando de estos se predica su carácter legal”. -subraya fuera de texto-
[14] Ver Sentencias T-536/03, T-634/02, T-482/01.
[15] A ese respecto cabe recordar lo afirmado por la Corte
en la Sentencia T-463 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, cuando al
referirse a la acción de tutela y los adultos mayores, señaló lo
siguiente:
“Entre
los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores[15], quienes al alcanzar cierta
edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en
toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de -
entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente de
ingresos que puedan percibir sea la pensión de jubilación - quienes lograron
acceder a ella, por supuesto -. Es por esto que resulta especialmente grave la
no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello
puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna[15], el derecho a la salud[15] y el derecho al mínimo vital[15] , entre otros, de las
personas ancianas. Ha dicho esta Corporación al respecto: "Si una
persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos (se estima
en 71 años), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio
en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente,
pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el
momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad
avanzada, unido esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen
demora en la decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces,
ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente,
mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene
el respeto a su derecho. Por supuesto que el Juez de Tutela debe hacer un
equilibrado análisis en cada caso concreto, no olvidando que en el momento de
transición institucional que vive el país, es posible una demora en las
decisiones judiciales. O sea, no se puede adoptar una solución
mecánica para todos los casos sino que debe analizarse individualmente a cada
uno de ellos "[15].
¿ Qué sucede entonces,
cuando una persona que tiene una edad avanzada pero no ha cumplido 71 años,
estimados como límite mínimo de la ancianidad, reclama la protección de
derechos fundamentales cuyo objeto está constituido por pretensiones no
requeridas previamente ante la administración? En primer lugar, y de acuerdo
con la jurisprudencia sobre la materia, para que el no pago de las mesadas
pensionales - o su reajuste ­constituya una vulneración directa de derechos
fundamentales, aquel debe afectar de manera grave la posibilidad fáctica de
subsistencia del accionante, es decir, el perjuicio que ocasiona la omisión de
un deber legal debe redundar en un menoscabo desproporcionado de los derechos
fundamentales de la persona. Se sigue de lo anterior que si el actor no
acredita, al menos sumariamente, la grave afectación de su mínimo vital o de su
derecho a la vida digna como consecuencia del no pago - o no reconocimiento-
del reajuste pensional, la tutela no será la vía adecuada para demandar el
cumplimiento de sus pretensiones.”[15]