T-285-19
Sentencia T-285/19
DESISTIMIENTO DE TUTELA-Improcedencia en sede de
revisión
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Factores que deben tenerse en cuenta para determinar plazo razonable
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Modalidades sobre la prestación del servicio
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Marco normativo y jurisprudencial
MODALIDADES SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR-Jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la posibilidad de modificar la modalidad
MODALIDADES SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la posibilidad de modificar la modalidad
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Contenido y desarrollo jurisprudencial
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION
SOBREVINIENTE-Configuración
por cuanto los actores, quienes prestaban servicio militar, perdiendo interés
en el resultado de la litis
Referencia:
Expedientes T-6.840.751, T-6.840.881 y T-6.858.363
Acciones de tutela
interpuestas por:
Expediente
T-6.840.751: Jairo Alexis Páez Barrera contra el
Ministerio de Defensa Nacional y el Director General de la Policía Nacional.
Expediente
T-6.840.881: Juan Sebastián Porras García contra el Ministerio de Defensa
Nacional y el Director General de la Policía Nacional.
Expediente
T-6.858.363: John Anderson Romero Ortiz contra la Policía Nacional.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada
Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos (i) el 1 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Yopal (Casanare) y el 17 de abril de 2018 por la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), dentro de la
acción de tutela interpuesta por Jairo Alexis Páez Barrera contra el Ministerio
de Defensa Nacional y el Director General de la Policía Nacional (Expediente
T-6.840.751).
(ii) El 22 de marzo de 2018 por el
Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el 23 de mayo
de 2018 por la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la acción de tutela interpuesta por Juan Sebastián
Porras García contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Director General de
la Policía Nacional (Expediente T-6.840.881).
(iii) El 25 de abril de 2018 por el
Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de la acción
de tutela promovida por John Anderson Romero Ortiz contra la Policía Nacional
(Expediente T-6.858.363).
Los expedientes T-6.840.751 y T-6.840.881
fueron seleccionados para revisión y
acumulados para ser fallados en una misma sentencia por la Sala de Selección Número
Siete a través del Auto del 13 de julio de 2018.[1] Por su parte, el proceso radicado con
el número T-6.858.363 fue seleccionado para revisión y acumulado al T-6.840.751
por decisión de la Sala de Selección Número Siete que consta en el Auto del 27
de julio de 2018, comunicado por estado del 13 de agosto del mismo año.[2]
I.    ANTECEDENTES
Los señores Jairo
Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751) y Juan Sebastián Porras García
(Expediente T-6.840.881), quienes actúan en nombre propio y John Anderson
Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363), quien actúa a través de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados por el Ministerio de
Defensa Nacional y la Policía Nacional al incorporarlos para prestar el
servicio militar obligatorio como auxiliares de policía regulares y no
cambiarlos al grado de auxiliares de policía bachilleres, modalidad que corresponde a su nivel de
formación académica.
En criterio de la Policía Nacional no es posible
acceder a las pretensiones de los accionantes pues estos fueron dados de alta
como auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros
Alfonso López Pumarejo mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017 y se
graduaron como bachilleres académicos el 26 de agosto de 2017, por lo que entre
su incorporación y la fecha de su graduación pasaron 2 meses y 25 días. A
continuación se exponen los antecedentes de las acciones de tutela de la
referencia:
1.
Expediente T-6.840.751
1.1.
Hechos
1.1.1. El señor Jairo Alexis Páez Barrera
nació el 26 de febrero de 1999 en Aguazul (Casanare) y actualmente tiene 20 años de edad.[3]
1.1.2. El actor manifestó que cuando se presentó a definir su
situación militar en la Policía Nacional se le informó que (i) prestaría el
servicio militar como “auxiliar bachiller”, (ii) recibiría una
bonificación y las prebendas propias de la modalidad, (iii) estaría cerca de su
familia y (iv) sus funciones serían diferentes a las de los auxiliares de
policía regulares.
1.1.3. Aseguró que cuando se encontraban en la etapa de inducción le
hicieron firmar unos documentos en los que se cambiaba la modalidad en la que
iba a prestar su servicio militar y fue vinculado como auxiliar de policía regular,
razón por la cual se encuentra lejos de su familia.
1.1.4. Añadió que efectuó el proceso de incorporación en el grupo
de Yopal (Casanare) y fue enviado a la ciudad de Tumaco para realizar funciones
de “auxiliar de policía” en materia de seguridad de instalaciones con
armamento de largo y corto alcance, así como patrullando sectores en los cuales
se ha puesto en peligro su vida. Precisó que no ha recibido capacitación
pese a que cumple las mismas funciones que un profesional que tiene formación
por 1 o 3 años tratándose de suboficiales y oficiales.
1.1.5. Mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017, la Policía
Nacional dio de alta como auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo a un personal compuesto por 159
hombres para que prestaran el Servicio Militar Obligatorio, entre los que se
encuentra Juan Sebastián Porras García.[4]
1.1.6. El accionante aportó copia simple del diploma y el acta en
los que consta que se graduó el 26 de agosto de 2017 como bachiller académico
cuando tenía18 años de edad.[5] El título fue conferido por el Instituto André
Michelin[6] por haber cursado y aprobado los estudios
correspondientes al ciclo lectivo especial integrado de la Educación Media
Académica para Adultos de acuerdo al Decreto 3011 del 10 de diciembre de 1997.
1.1.7. El señor Páez Barrera adjuntó con la demanda de tutela
fotocopia del carné Nro. 048187108 expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional- en el que consta que su grado es el de “auxiliar
bachiller” y que la fecha del vencimiento del documento es el 1 de
diciembre de 2018.[7]
1.1.8. Advirtió que no presentó solicitud a la institución demandada
para requerir el cambio de modalidad pues muchos de sus compañeros se
encuentran en la misma situación y, pese a que han presentado peticiones, la
Policía ha negado las mismas bajo el argumento que se habían firmado documentos
en los que habían escogido voluntariamente prestar el servicio militar como
auxiliares de policía regulares.
1.1.9.      El actor solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso administrativo, de manera que
se le permita prestar el servicio militar como auxiliar de policía bachiller,
modalidad que le es aplicable, y que se cumpla con lo estipulado en el artículo
48 de la Ley 048 de 1993 que consagra que “[e]l conscripto llamado al
servicio tiene derecho a que el Estado le reconozca los pasajes y viáticos para
su traslado al lugar de incorporación, su sostenimiento durante el viaje y el
regreso a su domicilio una vez licenciado”.
1.2.    Traslado y contestación de la demanda[8]
El Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Yopal (Casanare), mediante auto del 21 de febrero de
2018, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Ministerio de Defensa y
al Director General de la Policía Nacional para que ejercieran su derecho a la defensa en el término
de dos días, contados a partir del recibo de la comunicación.
1.3.    Respuesta de la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional
1.3.1. El Jefe (E) de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional presentó escrito de
contestación Nro. 2018-001845 -DINCO- /ASJUD 1.10 el 26 de febrero de 2018 y
señaló que esa dependencia no vulneró los derechos a la igualdad y al debido
proceso del accionante.
1.3.2. Indicó que el accionante escogió voluntariamente prestar su
servicio militar como auxiliar de policía por 18 meses. Precisó que en el
Sistema de Incorporación –SINCO-  de la Policía Nacional consta que el señor
Jairo Alexis Páez Barrera participó en la convocatoria Nro. 401-2017 que “estaba
dirigida a los jóvenes que ostentaran el título académico de bachilleres, al
igual a los no bachilleres, y que desearan resolver su situación militar en la
modalidad de ‘Auxiliar de Policía’”.[9]
1.3.3. Puso de presente que para las convocatorias de auxiliares
de policía “se pueden inscribir los hombres (las mujeres se pueden postular
de manera voluntaria y en los casos que determine la ley) que se encuentren en
un rango de edad entre los 18 a 24 años, con mínimo octavo grado de educación
secundaria o con título de bachiller, que no presente alguna
clase de patología de diagnóstico físico-motor y Psicológico, que le impida
desempeñar cargos relacionados con el manejo de armas”.[10] (Subraya y
Negrilla del texto)
1.3.4. Aclaró que el artículo 1 de la Ley 2 de 1977 dispone que “[p]ara efecto de la prestación del servicio militar
obligatorio, se establece un servicio especial equivalente con el carácter de
auxiliar de la Policía Nacional”.
1.3.5. Explicó que la definición de la situación militar se puede
hacer mediante la elección de la modalidad de auxiliar bachiller de policía o
auxiliar de policía que tienen una duración de 12 o 18 meses, dependiendo del
grado de escolaridad.
1.3.6. Recalcó que no hay condicionamiento para que jóvenes
bachilleres y mayores de edad presten su servicio militar en la modalidad de
auxiliar de policía y que antes de la inscripción se le da a los aspirantes una
inducción en la que se les explica los pormenores de la convocatoria.
1.3.7. El Jefe (E) de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional solicitó que se verificara la
autenticidad del diploma y el acta de grado aportados por el accionante para
descartar posibles falsedades.
1.3.8. Junto con la contestación de la tutela se anexó la
Resolución 091 del 1 de junio de 2017 de la Policía Nacional en la que se resolvió
dar de alta en la Policía Nacional a Jairo Alexis Páez Barrera.[11]
1.4.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
Sentencia de primera
instancia
1.4.1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal (Casanare)
profirió sentencia el 1 de marzo de 2018 en la que declaró improcedente la acción
de tutela al considerar que quienes comparecen a las convocatorias para definir
su situación militar lo hacen de manera libre y voluntaria.
1.4.2. El juzgado aseveró que la Policía Nacional orienta a los
jóvenes sobre las modalidades de incorporación así como sus consecuencias y que
no hay pruebas e indicios que permitan concluir que la institución engañó o
desorientó a quienes participaron de la convocatoria. Finalmente, la autoridad
judicial concluyó que el accionante tenía a la mano otras “instancias como
son los órganos de control, y vigilancia, como la Personería o Procuraduría
General de la Nación”[12] para resolver su controversia.
Impugnación
1.4.3. El accionante presentó escrito de impugnación el 9 de marzo
de 2018 en el que precisó que su proceso de incorporación se llevó a cabo en
Yopal (Casanare) pero fue trasladado a Tumaco. Señaló que una vez obtuvo el
título de bachiller, la Policía Nacional estaba en la obligación de cambiarlo
de modalidad y permitirle prestar el servicio militar obligatorio en calidad de
auxiliar de policía bachiller. Finalmente, el actor advirtió lo siguiente:
“La Policía
Nacional, en cabeza de la Dirección de Incorporación [ha] vulnerado mis
derechos fundamentales al darme una modalidad muy diferente a la que la ley me
otorga. Si bien es cierto que me presenté voluntariamente y firmé, en la
actualidad es mi voluntad presentar mi servicio como BACHILLER, ya que con
sacrificio terminé y obtuve un título que me reconoce como bachiller.”[13]
Sentencia de segunda
instancia
1.4.4. En sentencia del 17 de abril de 2018, la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare) confirmó el fallo
de primera instancia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal
(Casanare). La Sala advirtió que el accionante se presentó voluntariamente a la
convocatoria y tenía conocimiento de la modalidad en la que iba a prestar el
servicio militar obligatorio, de manera que no accedió a sus pretensiones.
2.  Expediente T-6.840.881
2.1.    Hechos
2.1.1.
El señor Juan Sebastián Porras
García nació el 1 de marzo de 1999 en Villavicencio
(Meta) por lo que actualmente tiene
20 años de edad.[14]
2.1.2.
El actor manifiesta que se presentó
a la Policía Nacional en Yopal (Casanare) a definir su situación militar y se le
informó que (i) prestaría el servicio militar como “auxiliar bachiller”, (ii)
recibiría una bonificación y las prebendas propias de la modalidad, (iii)
estaría cerca de su familia y (iv) sus funciones serían diferentes a las de los
auxiliares de policía regulares.
2.1.3.
Asegura que al momento de la
inducción le hicieron firmar unos documentos a través de los cuales se vinculó
como auxiliar de policía, por lo que cumple funciones para las cuales no
fue capacitado y que ponen en riesgo su integridad y su vida.
2.1.4.
Mediante Resolución 091 del 1 de
junio de 2017, la Policía Nacional dio de alta como auxiliares de policía del
curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo a un
personal compuesto por 159 hombres para que prestaran el Servicio Militar
Obligatorio, entre los que se encuentra Juan Sebastián Porras García.[15]
2.1.5. El accionante aportó copia simple del diploma y el acta en
los que consta que se graduó el 26 de agosto de 2017 como bachiller académico
cuando tenía18 años de edad.[16]
El título fue conferido por el Instituto André Michelin por haber cursado y
aprobado los estudios correspondientes al ciclo lectivo especial integrado de
la Educación Media Académica para Adultos de acuerdo al Decreto 3011 del 10 de
diciembre de 1997.
2.1.6. El actor solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, de manera que se le permita
prestar el servicio militar como auxiliar de policía bachiller,
modalidad que le es aplicable, y que se cumpla con lo estipulado en el artículo
48 de la Ley 048 de 1993 que consagra que “[e]l conscripto llamado al
servicio tiene derecho a que el Estado le reconozca los pasajes y viáticos para
su traslado al lugar de incorporación, su sostenimiento durante el viaje y el
regreso a su domicilio una vez licenciado”.
2.2.    Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Once
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante auto del 7 de marzo
de 2017, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Director General de
la Policía Nacional para que en el
término de dos días, contados a partir del recibo de la comunicación, ejerciera
su derecho a la defensa.
2.3.    Respuesta de la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional
2.3.1. El Jefe (E) de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional presentó escrito de
contestación Nro. 2018-002531 -DINCO- /ASJUD 1.10 el 15 de marzo de 2018 y
señaló que esa dependencia no vulneró los derechos a la igualdad y al debido
proceso del accionante.
2.3.2. Señaló que Juan Sebastián Porras García adelantó su
registro a través de la Unidad Básica de Incorporación Casanare y que en el
sistema se registra que, al momento en que se presentó a definir su situación
militar, no era bachiller pues en su formato de inscripción reportó que solo
había cursado hasta grado décimo en el Colegio Gimnasio Pedagógico Sabio Caldas
de la ciudad de Yopal (Casanare).
2.3.3. El funcionario manifestó que aunque el actor presentó
diploma y acta de grado en la que consta que se graduó como bachiller académico
del Instituto André Michelin el 26 de agosto de 2017, lo cierto es que el señor
Porras García había sido dado de alta con fecha fiscal 1 de junio de 2017 como
auxiliar de policía. Por lo anterior solicitó al juez de instancia que se
revisara la autenticidad de los documentos aportados.
2.3.4. Por su parte, adujo que el accionante cumplió con una fase
de instrucción y capacitación en el manejo de armas de fuego, así como de
técnicas y tácticas defensivas para cumplir adecuadamente su labor como
auxiliar de policía.
2.3.5. Pone de presente que el actor fue asesorado por un señor
llamado Diego Barragán quien se aprovecha de los jóvenes y les exige cierta
cantidad de dinero con la promesa de cambiarles la modalidad del servicio.
Añadió que el supuesto asesor ya presentó varias acciones de tutela en las que
anexa como soportes diplomas y actas de grado expedidas por el Instituto André
Michelin.
2.3.6. Expuso que a los aspirantes se les realiza una inducción en
la que se les informa acerca de los pormenores de las convocatorias y que el
accionante escogió libremente la modalidad para prestar su servicio militar.
2.4.    Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de
primera instancia
2.4.1. En sentencia del 22 de
marzo de 2018, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá negó el
amparo de los derechos de Juan Sebastián
Porras García pues para el 1 de junio de 2017, momento de la
incorporación, el accionante no acreditaba la condición de bachiller académico,
lo que implicaba que debía ingresar a prestar el servicio militar obligatorio
bajo la modalidad de auxiliar de policía regular.
2.4.2. Adicionalmente, el juzgado
compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara el
presunto delito de fraude procesal y falsedad en documento privado en que podía
haber incurrido el señor Juan Sebastián Porras García.
Impugnación
2.4.3. El accionante presentó escrito de impugnación el 3 de abril
de 2018, precisó que su proceso de incorporación se llevó a cabo en la ciudad
de Yopal (Casanare) pero fue trasladado al Departamento de Policía de Florencia
(Caquetá) y señaló que luego de graduarse como bachiller académico la Policía
Nacional estaba en la obligación de permitirle prestar el servicio militar
obligatorio como auxiliar de policía bachiller. Finalmente, el actor advirtió
lo siguiente:
“La Policía Nacional,
en cabeza de la Dirección de Incorporación [ha] vulnerado mis derechos
fundamentales al darme una modalidad muy diferente a la que la ley me otorga. Si
bien es cierto que me presenté voluntariamente y firmé, en la actualidad es mi
voluntad presentar mi servicio como BACHILLER, ya que con sacrificio terminé y
obtuve un título que me reconoce como bachiller”.[17]
Autos de pruebas
2.4.4. Por medio de auto del 15 de mayo de 2018, la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vinculó al Director de Incorporación de la Policía Nacional para que allegara
los antecedentes administrativos del accionante, incluyendo el formato de
inscripción y selección de incorporación.
2.4.5. A través de Auto del 18 de mayo de 2018, la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
solicitó al Instituto André Michelin copia auténtica de los certificados académicos,
fecha exacta de grado y horarios de clase e informara la sede donde cursó sus
estudios el accionante.
2.4.6. La Policía Nacional y el
Instituto André Michelin no remitieron los documentos solicitados.
Sentencia de
segunda instancia
2.4.7. Mediante sentencia del 23
de mayo de 2018, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que aunque el actor podría resolver la
controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dicho
mecanismo de defensa no resultaba idóneo y eficaz.
2.4.8. La autoridad judicial
indicó que la Policía Nacional no vulneró los derechos de Juan Sebastián Porras
García, pues este no había obtenido el
título de bachiller antes de su incorporación y fue informado de las
alternativas para prestar su servicio militar, así como los derechos, deberes,
riesgos y beneficios de cada una de las modalidades.
2.4.9. Por lo anterior, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de
primera instancia que negó el amparo de los derechos.
3.  Expediente T-6.858.363
3.1.
Hechos
3.1.1.
El señor John Anderson Romero Ortiz nació el 28 de diciembre de 1997 en Bogotá (Cundinamarca) por lo que actualmente tiene 21 años de edad.[18]
3.1.2.
El actor manifiesta que fue
incorporado para prestar el servicio militar el 1 de noviembre de 2017 como auxiliar
de policía por lo que se encuentra en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional en la ciudad de Bogotá.
3.1.3. Mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017, la Policía
Nacional dio de alta como auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo a un personal compuesto por 159
hombres, entre los que se encuentra John Anderson Romero Ortiz, para que
prestaran el Servicio Militar Obligatorio.[19]
3.1.4. El accionante aportó copia simple del diploma y el acta en
los que consta que se graduó el 26 de agosto de 2017 como bachiller académico
cuando tenía18 años de edad.[20] El título fue conferido por el Instituto André
Michelin por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al ciclo
lectivo especial integrado de la Educación Media Académica para Adultos de
acuerdo al Decreto 3011 del 10 de diciembre de 1997.
3.1.5.
El actor sostiene que la modalidad auxiliar de policía con la que se le
vinculó no existe pues el artículo 13 de la Ley 48 de 1993 solo enuncia las
siguientes: (i) soldado regular, de 18 a 24 meses, (ii) soldado bachiller,
durante 12 meses, (iii) auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses y (iv)
soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.
3.1.6. Por lo anterior, solicita
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a
la igualdad, se le reconozca la condición de bachiller, se corrija la modalidad
de vinculación y se termine su servicio militar al cumplir 12 meses.
3.2.    Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 20 de abril de 2018,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Director General de Policía
Nacional para que en el término de
dos días, contados a partir del recibo de la comunicación, ejerciera su derecho
a la defensa.
3.3.
Respuesta de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional
3.3.1. El Jefe (E) de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional presentó escrito de
contestación Nro. 2018-003989 -DINCO- /ASJUD 1.10 el 24 de abril de 2018 y
señaló que esa dependencia no vulneró los derechos a la igualdad y al debido
proceso del accionante.
3.3.2. Señaló que la búsqueda de los antecedentes del proceso de
selección que John Anderson Romero Ortiz adelantó a través de la Unidad Básica
de Incorporación Facatativá en la Convocatoria Nro. 401-2017 arrojaron que el
accionante, al momento en que se presentó a definir su situación militar, no
era bachiller pues en su formato de inscripción reportó que solo había cursado
hasta grado séptimo en el Colegio Miguel Ángel Cornejo del municipio de
Facatativá  (Cundinamarca).
3.3.3. El funcionario manifestó que aunque el actor presentó
diploma y acta de grado en la que consta que se graduó como bachiller académico
del Instituto André Michelin el 26 de agosto de 2017, lo cierto es que el señor
Romero Ortiz había sido dado de alta con fecha fiscal 1 de junio de 2017 como
auxiliar de policía. Por lo anterior, solicitó al juez de instancia que se
revisara la autenticidad de los documentos aportados.
3.3.4. Por su parte, adujo que el accionante cumplió con una fase
de instrucción y capacitación en el manejo de armas de fuego, así como de
técnicas y tácticas defensivas para cumplir adecuadamente su labor como
auxiliar de policía.
3.3.5. Expuso que a los aspirantes se les realiza una inducción en
la que se les informa acerca de los pormenores de las convocatorias y que el
accionante escogió libremente la modalidad para prestar su servicio militar.
3.4.
Decisión judicial
objeto de revisión
3.4.1. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá
profirió sentencia el 25 de abril de 2018 en la que negó el amparo de los
derechos invocados pues, al momento de la incorporación, el actor no se había
graduado como bachiller.
3.4.2. La autoridad judicial agregó que no podía considerarse que “la
ocurrencia de un hecho sobreviniente, como la adquisición del título de
bachiller automáticamente cambie la modalidad del servicio militar obligatorio,
pues esto viene definido con las condiciones vigentes al momento en que se
produce el reclutamiento, atendiendo además las características del proceso de
convocatoria e incorporación, las cuales son conocidas de antemano por el
interesado”.[21]
3.4.3. El juzgado advirtió que el accionante no agotó la “vía
gubernativa” y que no puso su situación en conocimiento de la autoridad
accionada antes de la presentación de la acción de tutela. Resaltó que el actor
no invocó alguna norma que permita la variación de la modalidad de servicio
militar y para terminar señaló lo siguiente:
“La condición de
bachiller debe ser previa a la incorporación a fin de solicitar la aplicación
de los beneficios que tal condición confiere, lo cual en el presente caso no se
acredita, de forma que no puede considerarse que se haya incurrido en violación
del debido proceso al momento de la incorporación, pues la condición de
bachiller en ese momento no existía ni podía ser invocada por el interesado.
(…)
No puede compararse
la situación del accionante con los incorporados que ostentaban el título de
bachiller con [anterioridad] a la incorporación, pues las condiciones
personales son diferentes, de manera que tal derecho no se acredita como
vulnerado”.[22]
3.4.4. La anterior decisión no fue objeto de impugnación.
4.  Actuaciones en sede de revisión
4.1.
Auto del 23 de octubre de
2018
4.1.1.
Mediante Auto del 23 de octubre de 2018, la Sala
Séptima de Revisión  suspendió los términos para fallar en los procesos de la
referencia y ofició a Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), Juan
Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881), así como a John Anderson
Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) para que informaran:
-
¿Cuáles grados escolares cursaron en instituciones
educativas diferentes al Instituto André Michelin y hasta qué fecha
desarrollaron esos estudios?
-
¿En qué fecha se matricularon al Instituto André Michelin?
-
¿En qué modalidad se matricularon en el Instituto André Michelin?
-
¿Cuántos ciclos
cursaron y en qué lapso adelantaron sus estudios en el Instituto
André Michelin?
4.1.2. Por
su parte, ofició a la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional para
que remitiera copia de los formatos de inscripción que los accionantes diligenciaron
al momento de su incorporación e informara el cronograma de la convocatoria
Nro. 401 de 2017, en qué fecha se incorporaron a la institución los actores,
cuál fue la capacitación o el curso de formación que recibieron antes de
prestar sus servicios y las funciones que desempeñaban.
4.1.3. Adicionalmente,
ofició al Instituto André Michelin para que informara la
fecha en que los accionantes se matricularon en el instituto, los ciclos
cursados, el periodo en que estudiaron y cuándo se graduaron. Al instituto
se le indicó que para el cumplimiento de la orden debía anexar los documentos
que soportaran la información suministrada (matrícula, certificado de notas,
horarios, acta de grado y otros).
4.1.4. También, ofició a la Fiscalía General
de la Nación para que informara sobre el estado de la
investigación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento
privado contra el señor Juan Sebastián Porras García en virtud de la compulsa
de copias que ordenó el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de tutela del 22 de marzo de 2018 y remitiera el expediente
correspondiente.
4.1.5. Finalmente, ofició a la
Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá) para que remitiera la información académica disponible con respecto
a matrículas, grados escolares cursados en instituciones educativas y fechas de
graduación de los accionantes.
4.2.    Auto del 18 de diciembre de
2018
4.2.1. Por medio del Auto del 18 de diciembre de 2018, la
Magistrada ponente volvió a solicitar al Instituto
André Michelin que informara la fecha en que los accionantes se matricularon en
el instituto, los ciclos cursados, el periodo en que estudiaron y cuándo se
graduaron. Adicionalmente, solicitó al instituto que informara si tiene convenio con la
Policía Nacional para ofrecer Educación media de adultos a
auxiliares de policía y explicara la manera los
señores Jairo Alexis Páez Barrera
(Expediente T-6.840.751) y John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363)
se graduaron como bachilleres. Lo anterior, pues pese a que debían cursar los
ciclos de la educación media de adultos, correspondiente a los grados décimo y
once, se prepararon en solo seis meses (febrero a julio de 2017).
4.2.2. Para terminar, se ofició a la Escuela de Carabineros
de Facatativá, de manera que informara si tienen un convenio con el Instituto
André Michelin para que en sus instalaciones se preparen los auxiliares de
policía para cursar los ciclos de la educación básica formal y media de adultos
y también explicara si John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) se
preparó en la Escuela de Carabineros de Facatativá en la jornada fin de semana
y en qué periodo.
4.3.    Respuesta de la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional
4.3.1. El jefe del grupo para la selección de auxiliares de
policía presentó documento en el que informó que la Convocatoria Nro. 401-2017,
modalidad auxiliares de policía, fue ordenada mediante comunicado oficial
electrónico Nro. S-2017-012354-DITAH del 24 de abril de 2017, incorporación de
auxiliares de policía y auxiliares de policía bachiller 2017.
4.3.2. Junto con el escrito se anexó el oficio SUTAH-DIRCR-3.1 que
tiene como asunto “incorporación de auxiliares de Policía y Auxiliares de
Policía Bachiller 2017”[23] y
contiene las cuotas de incorporación de personal de auxiliares para el segundo
semestre del año 2017 que se relacionan a continuación:
Modalidad
Fecha de
incorporación
Cantidad
Auxiliar de policía bachiller
27 de abril de 2017
300 extraordinario MEBOG
27 de junio de 2017
6.578
Auxiliar de policía
01 de junio de 2017
2.800
01 de agosto de 2017
2.200
4.4.    Respuesta de la Secretaría de Educación
Distrital (SED Bogotá)
4.4.1. La jefe de la Secretaría de Educación Distrital (SED
Bogotá) se pronunció con respecto al auto del 23 de octubre de 2018 en oficio
del 30 de octubre de 2018. En el documento advirtió que con el fin de ejercer
la función de inspección y vigilancia en la prestación del servicio se ofició y
remitió el escrito de tutela a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la
SED y a la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe para que
indicaran si tenían conocimiento de la situación concreta o, en caso contrario,
indagaran al respecto.
4.4.2. Indicó que la Dirección de Inspección y Vigilancia de la
SED informó que no era competente dado que el Instituto André Michelin no hace
parte del conjunto de planteles educativos oficiales del distrito capital y
tampoco se trata de un colegio dado en concesión o del sistema de convenio
(educación subsidiada en colegios privados).
4.4.3. Anunció que la Dirección de Cobertura de la Secretaría de
Educación del Distrito (SED) presentó la siguiente información académica
disponible con respecto a matriculas, grados escolares cursados en
instituciones educativas y fechas de graduación de los accionantes, según lo
reportado por el Sistema Integrado de matrículas (SIMAT) del Ministerio de
Educación.
-  Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751): “[P]or
los años comprendidos entre 2008 y 2017 (anexo en 10 folios copia de formato
Simat Estados de Alumno), última anotación el día 31 de julio de 2017 ´Retirado
–Deserción, IE El Paraíso de la Secretaría de Educación de Yopal, grado 4
adultos, jornada fin de semana’”.
-  Juan Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881):“[P]or los años comprendidos entre 2008 y 2018 (anexo copia
de formato SIMAT Estados de Alumno en 11 folios), última anotación
el día 10 de mayo de 2018 ‘Graduado Instituto André Michelin, Bogotá, Grado
ciclo 6, Jornada fin de semana’”.
-  John
Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363):
Matriculado en el año 2015 en el colegio Miguel Ángel Cornejo de Facatativá
(Cundinamarca).[24]
4.4.4. La funcionaria precisó que las normas reglamentarias para
instituciones de carácter privado son la Ley 115 de 1994, así como los Decretos
1860 de 1994 y 2253 de 1995. Además, expuso que la Secretaría de Educación
Distrital ejerce las funciones de control, inspección y vigilancia de los
planteles educativos privados.
4.4.5. Finalmente, señaló que se requirió a la Dirección de
Inspección y Vigilancia para que verifique la situación del Instituto André Michelin
y establezca si en los casos de la referencia existen irregularidades en la
prestación del servicio educativo.
4.5.    Respuestas del Instituto André Michelin
Respuesta del 6 de
noviembre de 2018
4.5.1. El 6 de noviembre de 2018, el Instituto André Michelin remitió
a la Secretaría General de la Corte Constitucional 3 documentos firmados por el
rector de la institución educativa.
-  En el primer oficio hace constar que Jairo Alexis Páez
Barrera (Expediente T-6.840.751) se preparó en el Instituto André Michelin en
la jornada fin de semana desde febrero hasta julio del año 2017 y que se graduó
el 26 de agosto de 2017.[25]
-  En el segundo oficio hace constar que Juan Sebastián Porras
García (Expediente
T-6.840.881) se preparó en
el Instituto André Michelin en la jornada fin de semana desde febrero hasta
julio del año 2017 y que se graduó el 26 de agosto de 2017.[26]
-  En el último oficio, el rector hace constar que John Anderson Romero Ortiz (Expediente
T-6.858.363) se preparó en la Escuela de Carabineros de Facatativá en la jornada
del fin de semana.[27]
Respuesta del 14 de
enero de 2019
4.5.2. El 14 de enero de 2019, el Instituto André Michelin remitió
a la Secretaría General de la Corte Constitucional 3 documentos firmados por el
rector de la institución educativa en los que hace constar que Jairo Alexis
Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), Juan Sebastián Porras García (Expediente
T-6.840.881) y John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) solo
cursaron y aprobaron en el instituto el ciclo 2° correspondiente al grado 11° entre
los meses de febrero a julio de 2017.
4.5.3. En los documentos se pone de presente que de acuerdo con el
artículo 36 del Decreto 3011 de 2007, al momento de ingresar a los programas de
educación para adultos, “los educandos podrán solicitar que
mediante evaluación previa, sean reconocidos los conocimientos, experiencias y
prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber cursado determinado grado de
escolaridad formal, a través de los cuales puedan demostrar que han alcanzado
logros tales que les permita iniciar su proceso formativo, a partir del ciclo
lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera
anticipada”.
4.5.4. Para concluir, en los
escritos se deja claro que “[e]l tiempo de duración de los cursos los fijan
por lo general los comandantes ya que se tiene en cuenta el tiempo que les
fijan a los policías para terminar sus estudios y en común acuerdo de las
partes se realizan los cursos”.[28]
4.5.5. Junto con la respuesta el instituto anexó los certificados
con la valoración académica de los accionantes en las áreas de ciencias
naturales y educación ambiental, tecnología e informática, matemáticas,
humanidades, educación artística, educación física, recreación y deportes,
ciencias sociales, educación religiosa, ética y valores humanos, así como
convivencia.[29]
4.6.    Respuesta de la Escuela Nacional de Carabineros
Alfonso López Pumarejo
4.6.1. Por medio del oficio Nro.S.2019/000183/DIREC-ASJUD 1.5 del
15 de enero de 2019, el Director de la Escuela Nacional de Carabineros expuso
que “no tienen convenio con el Instituto André Michelin para la prestación
de servicios de educación básica formal”.[30] Además informó lo siguiente:
“El personal de
aspirantes a Auxiliares de Policía que ingresan a prestar su servicio militar
obligatorio y que deseen terminar su bachillerato y/o educación básica formal y
media de adultos, deben de manera voluntaria y personalmente realizar las
coordinaciones necesarias para que a través de un instituto acreditado puedan
acceder a la nivelación de su educación, caso en el cual como estímulo se da la
posibilidad, para que en las instalaciones de la Escuela Nacional de
Carabinaros, este personal pueda recibir su jornada académica los días sábados
en un horario de 14:00 a 18:00 y domingos de 7:00 a 12:00 horas; formación
académica que es muy aparte da la instrucción ofrecida por la Policía Nacional,
como preparación del personal de aspirantes que prestan su servicio militar
dentro de ella”.[31]
4.6.2. Para terminar, el director señaló que el proceso de
incorporación es liderado por la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional, dependencia que realiza una evaluación de los requisitos previos
establecidos en la convocatoria.
Expediente T-6.840.751 (Jairo Alexis Páez Barrera contra el Ministerio
de Defensa Nacional y el Director General de la Policía Nacional)
4.7.    Respuesta de la Dirección de Antinarcóticos de
la Policía Nacional
4.7.1. Mediante oficio Nro. S-2018-091843 / ARAFI –GUTAH– 1.5 del
26 de octubre de 2018, la jefe del grupo de talento humano de la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional informó que se verificó el sistema para
la administración de talento humano (SIATH) y se constató que Jairo Alexis Páez
Barrera se desempeña como auxiliar de policía y está adscrito a la Dirección de
Antinarcóticos, Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Nro. 8,
“cuya función es la de prestar seguridad a los grupos móviles de
erradicación manual de cultivos de uso ilícito”.[32]
Expediente T-6.840.881 (Juan Sebastián Porras García contra el Ministerio de
Defensa Nacional y el Director General de la Policía Nacional)
4.8.    Respuesta de la unidad de delitos contra la fe
pública, el patrimonio económico y el orden económico de la Fiscalía General de
la Nación
El Fiscal jefe de la
unidad de delitos contra la fe pública, el patrimonio económico y el orden económico
de la Fiscalía General de la Nación remitió correo electrónico recibido el 25
de octubre de 2018 por la Secretaría General de la Corte Constitucional en el
que manifestó que la investigación por los delitos de
fraude procesal y falsedad en documento privado contra el señor Juan Sebastián
Porras García, en virtud de la compulsa de copias que ordenó el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Bogotá, se encuentra en etapa de indagación y el
11 de octubre de 2018 se impartieron las primeras órdenes de policía judicial.
4.9.    Respuesta del Departamento de Policía de Caquetá
4.9.1. Por medio de oficio Nro. S-2018-052794/ COMAN –ASJUR-29.25
del 29 de octubre de 2018, el comandante del departamento de Policía de
Caquetá  solicitó información a la Unidad de Auxiliares de Policía
(AUXPO-DECAQ) para que realizara la verificación en las historias laborales y
la búsqueda arrojó lo siguiente:
“En referencia a lo
anterior se evidencia en la historia laboral de la unidad Policial. LA
ESCUELA NACIONAL DE CARABINAROS ‘Alfonso López Pumarejo’ en el folio
04 en el formato de código: 2SP-FR-003, SELECCIONAR EL TALENTO HUMANO PARA
LA POLICÍA NACIONAL- FORMATO DE INSCRIPCION DE ASPIRANTES,
con numero SM-38731, la fecha de incorporación a la institución el señor
Auxiliar Regular de Policía JUAN SEBASTIAN PORRAS GARCÍA, de fecha 03 de abril
de 2017 en la ciudad donde se inscribió fue en Yopal-Casanare”.[33]
4.9.2. Junto con la respuesta se anexó el formato de inscripción
del aspirante que diligenció Juan Sebastián Porras García el 3 de abril de 2017
en el que informó que había cursado hasta grado décimo y que se desempeñaba
como mesero.[34]
4.10.   Respuesta de la Fiscal 328 Seccional
4.10.1. En oficio Nro. 2033001-248 recibido en la Secretaría
General de esta Corporación el 2 de noviembre de 2018, la Fiscal 328 Seccional señaló
que a la investigación por los delitos de fraude
procesal y falsedad en documento privado contra el señor Juan Sebastián Porras
García, en virtud de la compulsa de copias que ordenó el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de tutela del 22 de marzo de
2018, le correspondió el radicado Nro. 110016000050201815244 y fue asignada a
dicha Fiscalía seccional el 3 de septiembre de 2018.
4.10.2. Expuso que
las diligencias se encuentran en etapa de indagación y que “se impartieron
órdenes iniciales a Policía Judicial el día 11 de Octubre de 2018, con el fin
de obtener los Elementos Materiales Probatorios y Evidencias Físicas que
servirán de fundamento para la investigación”.[35]
4.10.3. En la
orden de policía judicial emitida, la Fiscal 328 Seccional advirtió que se
debía obtener certificación en la que el Instituto André Michelin indique si
Juan Sebastián Porras García fue graduado en ese establecimiento educativo como
bachiller y fotocopia auténtica del acta de grado y el diploma.[36]
4.10.4. La
funcionaria anexó copia del expediente de la investigación penal que consta de
38 folios.
Expediente T-6.858.363 (John Anderson
Romero Ortiz contra la Policía Nacional)
4.11.   Respuesta de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional
4.11.1. El jefe de seguridad de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional se pronunció por oficio Nro. S-2018-088251/ SEPRI-SEGUR- 3.1 del
29 de octubre de 2018 y advirtió que John Anderson Romero Ortiz se encuentra
cumpliendo funciones de seguridad en la dirección.
4.11.2. Expuso que en la hoja de vida del señor Romero Ortiz reposa
un documento proferido por el colegio Miguel Ángel Cornejo en el que se
cerífica que el señor Romero Ortiz cursó y aprobó el ciclo cuarto
correspondiente a los grados octavo y noveno de educación básica formal adultos
durante el segundo semestre del 2014 y primer semestre de 2015.[37]
4.11.3. Finalmente, el funcionario agregó que se indagó al
accionante por sus estudios y este respondió lo siguiente:
“Estudié desde el
año 2005 hasta el primer semestre del 2014 en el Instituto Técnico Industrial
del municipio de Facatativá-Cundinamarca, toda la primaria y hasta la mitad del
grado octavo, luego terminando el segundo semestre de 2014 culminé el grado
octavo y en el primer semestre del 2015 validé el grado noveno en el colegio
Miguel Ángel Cornejo”.[38]
4.12.   Respuesta del apoderado de John Anderson Romero
Ortiz
4.12.1. Mediante oficio del 7 de noviembre de 2018, el apoderado de
John Anderson Romero Ortiz presentó copia de varios
correos electrónicos en los que se comunicó con su representado.
4.12.2. En el
primer correo el señor Romero Ortiz le remitió al abogado copia del Auto del 23 de octubre de 2018 proferido por la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional para que fuera revisado. El
accionante manifestó que había desistido de la tutela.[39]
4.12.3. En el segundo correo del 30 de octubre de 2018, el
apoderado le manifestó a John Anderson Romero Ortiz que si deseaba desistir de la tutela debía enviar un
escrito dirigido a la Corte Constitucional pues él no se encontraba facultado para
ello.[40]
4.12.4. En el último correo electrónico del 6 de noviembre de 2018,
el abogado le preguntó a John Anderson Romero Ortiz si iba a aportar la
información y los documentos solicitados por esta Corporación.[41]
II.CONSIDERACIONES
1.  Competencia y
procedibilidad
La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991,
para revisar los fallos de tutela adoptados en los procesos de la referencia.
Antes de realizar el respectivo análisis de procedencia,
corresponde a la Sala pronunciarse sobre la aparente manifestación de
desistimiento de la tutela de John Anderson Romero Ortiz (Expediente
T-6.858.363).
1.1.    Cuestión previa – procedencia del desistimiento
de la acción de tutela en sede de revisión en el caso de John Anderson Romero Ortiz  (Expediente T-6.858.363)
1.1.1. Con apoyo
en la doctrina,[42]
la Corte Constitucional ha precisado que el desistimiento es una declaración de
voluntad y un acto procesal que implica dejar atrás la acción, el recurso o el
incidente promovido.[43]
Con relación a su trámite y desarrollo la Corte resalta que (i) debe hacerse de
manera incondicional, (ii) tiene que ser unilateral, (iii) implica la renuncia
a todas las pretensiones de la demanda y (iv) el auto que admite el
desistimiento o lo resuelve equivale a una decisión de fondo, con los efectos
propios de una sentencia absolutoria y con alcances de cosa juzgada.
1.1.2. Particularmente, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 se
ocupa de la posibilidad de desistir de la tutela en los siguientes términos:
“Artículo 26.
Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente
podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el
desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los
derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía”.
(Subraya fuera del original)
1.1.3. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al
señalar que el desistimiento es improcedente cuando la tutela ha sido
seleccionada para revisión por la Corte Constitucional dado el interés general
y público que se encuentra comprometido. La Sala Quinta de Revisión se
pronunció sobre el particular en la sentencia T-260 de 1995[44] de la
siguiente manera:
“Así las cosas, llegado el asunto a la revisión
de la Corte Constitucional, no está de por medio tan sólo el debate entre las
partes, que, en principio y por regla general, resulta definido en las
instancias. Desaparece entonces un interés individual y adquiere trascendencia
la relación entre el caso concreto, que sirve a la Corte como elemento
pedagógico, y la interpretación de la normativa constitucional que le es
aplicable.
(…)
Si esto es
así, cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las
personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden
desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo
ya de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido
un interés público. La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno
de los intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni
por virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional”.
1.1.4. En la
sentencia T-129 de 2008,[45]
la Sala enumeró algunas de las razones por las cuales no es procedente el
desistimiento de la tutela en sede de revisión, a saber:
“(i) esta etapa no
es una instancia adicional dentro del proceso de tutela, por tanto, el interés
de las partes no es relevante ni para adelantarla, ni para dejar de hacerlo;
(ii) el objetivo más importante de esta etapa, es el análisis de fondo sobre la
manera como se ha interpretado y aplicado por los jueces los preceptos
contenidos en el ordenamiento superior y la doctrina fijada por la Corte
Constitucional en asuntos similares; y (iii) la revisión es una etapa que
trasciende los intereses concretos de las partes, y por tanto lo que en ella se
resuelva es un asunto de interés público que incumbe a toda la colectividad”.
1.1.5. En sede de revisión, el apoderado John Anderson Romero
Ortiz remitió a la Corte Constitucional copia de un correo electrónico en el
que su poderdante (i) le envió para revisión el Auto del 23 de octubre de 2018
en el que la Sala Séptima de Revisión requirió información sobre su formación
académica y (ii) le aclaró que él había desistido de la tutela.
1.1.6. El apoderado también anexó copia de un correo electrónico
en el que le manifiesta a John Anderson Romero Ortiz que si desea desistir de
la tutela debe enviar un escrito dirigido a la Corte Constitucional pues él no
está facultado para ello.
1.1.7. Corresponde a esta Sala poner de presente que en el
expediente no hay ningún documento en el que conste la voluntad de John Anderson Romero Ortiz de desistir del trámite constitucional antes de que el proceso fuera seleccionado para
revisión y acumulado al T-6.840.751
por decisión de la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional
que consta en el Auto del 27 de julio de 2018.
1.1.8. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que la
copia del correo electrónico remitido por John Anderson Romero Ortiz a su
apoderado es una manifestación de desistimiento de la tutela, concierne a esta
Sala declarar la improcedencia de la misma solicitud, dado que se formuló
cuando el expediente ya había sido seleccionado para revisión por esta
Corporación.
1.2.    Legitimación en la causa por activa y pasiva
1.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y
el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien
actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental”.[46]
1.2.2. El
requisito de legitimación en la causa por activa se cumple en los casos de Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente
T-6.840.751) y Juan Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881). En dichos
procesos, los accionantes presentaron la tutela cuando ya eran mayores de edad
y actuaron en nombre propio.
1.2.3. En el caso del ciudadano John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363), la
tutela la presentó un abogado quien, junto con la demanda, anexó las pruebas de
la tutela, así como la copia de su cédula y tarjeta profesional de abogado.[47]
1.2.4. El
apoderado también anexó un documento en el que John Anderson Romero Ortiz otorgó
poder especial, amplio y suficiente al abogado Jaime Sierra Sánchez para que en
su nombre y representación presentara acción de tutela contra la Policía
Nacional para que se le reconociera la calidad de auxiliar de policía
bachiller. Junto a la firma y la huella del señor Romero Ortiz se encuentra una
inscripción en la que se lee “No puedo autenticar en notaría porque me
encuentro en servicio en la seccional Bogotá”.[48]
1.2.5. El
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela puede presentarse a
través de representantes judiciales y que “[l]os poderes se presumirán
auténticos”.[49]
1.2.6. La
jurisprudencia constitucional reconoce que la presunción de autenticidad de los
poderes cuando la tutela es ejercida por apoderado es una manifestación del
principio de la informalidad en que se inspira la acción constitucional.[50] A su vez, en la sentencia T-531 de
2002[51]
se estableció que el apoderamiento en materia de tutela implica los siguientes
elementos:
“(i) un acto
jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un
escrito, llamado poder que se presume auténtico[52]. (iii) El referido poder para promover
acciones de tutela debe ser especial.[53] En este sentido (iv) El poder
conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido[54] para la promoción[55] de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen[56] en
el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede
ser un profesional del derecho[57] habilitado
con tarjeta profesional[58].
1.2.7. En la sentencia T-817 de 2014,[59] la Sala Segunda de Revisión analizó
la demanda de tutela presentada por un apoderado judicial en representación de
20 personas contra el Municipio de Santa Cruz de Lorica y concluyó que se
encontraba acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa.
1.2.7.1.
Aunque en ese caso 11 de los
accionantes no presentaron poder autenticado, la Sala recalcó que cuando el
proceso de tutela se promueve por intermedio de apoderado, “la legitimación
por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser
abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, el cual se presume
auténtico, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en
un  proceso ordinario para solicitar el amparo constitucional”.
1.2.7.2.
La Sala resaltó que todos los
accionantes otorgaron poder especial a su abogado quien se identificó con la
tarjeta profesional correspondiente y aunque 11 de los poderes no se
encontraban autenticados, ello no era causal para declarar la improcedencia de
la acción de tutela ante la referida presunción contenida en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.
1.2.8. Sobre el particular también puede consultarse la sentencia
T-377 de 2017,[60] en la que
la Sala Tercera revisó varias acciones de tutela interpuestas contra la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. Entre los casos analizados se encuentra el
radicado bajo el número T-5.435.009 en el que el actor solicitó la entrega de la
ayuda humanitaria por ser víctima de desplazamiento. En el expediente se
encontraba probado que el accionante había otorgado un poder a mano y sin
autenticar para la interposición de la acción de tutela y pese a ello,
la Sala concedió el amparo del derecho de petición en el caso reseñado.
1.2.9. Por lo anterior, la Sala concluye que la tutela interpuesta
por John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) cumple con el requisito
de legitimación en la causa por activa pues el actor confirió poder especial, amplio
y suficiente al abogado Jaime Sierra Sánchez para que en su nombre y
representación presentara acción constitucional, documento que se presume auténtico.
1.2.10. Por
su parte, las acciones de amparo se dirigieron contra el Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional y, particularmente, contra el Director General de
esa institución, por lo que se encuentra acreditado el requisito
de legitimada por pasiva en los términos de los artículos 86 de la Carta
Política y 5 del Decreto 2591 de 1991.
1.3.    Inmediatez
1.3.1. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión
que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el
particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto”.[61] Para analizar el cumplimiento de este requisito, la Sala
llevará a cabo su estudio grupal de los expedientes de la referencia.
1.3.2. En
los casos analizados, los accionantes manifestaron que la Policía Nacional
vulneró sus derechos fundamentales debido a que fueron incorporados para
prestar el servicio militar obligatorio como auxiliares de policía regulares y
no se había realizado el cambio a la modalidad de auxiliares de policía
bachilleres.
1.3.3. Sobre
el particular cabe resaltar que los actores fueron dados de alta por la Policía Nacional como
auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros
Alfonso López Pumarejo mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017.
1.3.4. Tratándose
del caso del señor Jairo Alexis
Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), entre
la fecha en que fue expedido el acto administrativo que lo dio de alta como
auxiliar de policía (1 de junio de 2017) y la fecha en que interpuso la tutela
(13 de febrero de 2018) transcurrieron 8
meses y 12 días.
1.3.5. Con
respecto a la tutela de Juan
Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881), entre la fecha en que fue
expedido el acto administrativo que lo dio de alta como auxiliar de policía (1
de junio de 2017) y la fecha en que interpuso la tutela (7 de marzo de 2018)
transcurrieron 9 meses y 6 días.
1.3.6. En
lo tocante al asunto de John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363),
entre la fecha en que fue expedido
el acto administrativo que lo dio de alta como auxiliar de policía (1 de junio
de 2017) y la fecha en que interpuso la tutela (19 de abril de 2018) transcurrieron 10 meses y 18 días.
1.3.7. En
todos los casos, entre el acto que presuntamente vulneró los derechos de los
accionantes y la presentación de la tutela trascurrieron más de ocho meses. Sin
perjuicio del término prolongado, para la Sala se supera el análisis del
requisito de inmediatez en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
Constitucional sobre la materia.
1.3.8. La
jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Corporación establece que el juez
de tutela debe realizar un análisis sobre la razonabilidad del plazo para
interponer la tutela para cada caso particular, con base en algunos factores que
ha identificado y justifican la inactividad del accionante, a saber:
(i) La ocurrencia
de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito.
(ii) La incapacidad
del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus derechos.
(iii) La existencia
de una amenaza grave e inminente que resulte urgente conjurar de manera
inmediata mediante la acción interpuesta.
(iv) La ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los
derechos.
(v) La inactividad
vulnera derechos de terceros afectados con la decisión.
(vi) La existencia
de un nexo de causalidad entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales presuntamente conculcados.
(vii) La
permanencia de la vulneración en el tiempo, es decir, la situación desfavorable
al actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.
(viii) La especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otras), convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez.[62]
1.3.9. En
los asuntos de la referencia se cumple el requisito de inmediatez pues existe
un nexo de causalidad entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. Aunque los accionantes
dejaron transcurrir más de 8 meses desde su incorporación a la Policía Nacional
para presentar la demanda de tutela, la tardanza está justificada porque la relación especial de sujeción que existe entre quienes prestan
su servicio militar obligatorio y el Estado implica que los reclutas tengan
restringido su derecho a la libertad locomoción como consecuencia de la
disciplina requerida para el cumplimiento de los mandatos constitucionales
impuestos a la fuerza pública.[63]
1.3.10. Asimismo,
la decisión de incorporar a los accionantes como auxiliares regulares de
policía representaría a una vulneración continua de sus derechos fundamentales pues,
en términos prácticos, se verían obligados prestar el servicio militar en una
modalidad que no corresponde a su nivel de formación académica.
1.4.    Subsidiariedad
1.4.1. Los
artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, esta Corporación ha
establecido que “un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela
cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho
fundamental invocado”.[64]
1.4.2. En
los asuntos objeto de revisión, los accionantes podían hacer uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la Resolución 091 del 1
de junio de 2017 por la que fueron dados de alta por la Policía Nacional como
auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros
Alfonso López Pumarejo y el cambio de la modalidad para prestar el servicio
militar obligatorio.
1.4.3. No
obstante, en la sentencia T-746 de
2015,[65]
la Sala Segunda de Revisión se pronunció sobre un caso en el que un joven
solicitó a la Policía Nacional que se cambiara la modalidad en la que iba a
prestar el servicio militar obligatorio de auxiliar de policía a la auxiliar de
policía bachiller.
Al momento de
determinar si se cumplía el requisito de subsidiariedad, la Sala  se resaltó
que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no era eficaz para la
protección expedita de los derechos fundamentales del accionante y que mientras
se adelantaba el trámite correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el accionante iba a terminar de prestar el servicio militar
obligatorio en la modalidad de auxiliar de policía por lo que la decisión del
juez administrativo se tornaría ineficaz.
1.4.4. En atención al precedente antes citado, esta Sala estima
que las tutelas interpuesta por los señores Jairo Alexis Páez Barrera
(Expediente T-6.840.751), Juan Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881)
y John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) superan el requisito de
procedencia relativo a la subsidiariedad.
2.  Problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema
jurídico a resolver en la presente providencia es el siguiente:
¿La Policía Nacional vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso de los varones obligados a prestar servicio militar cuando los
incorpora como auxiliares policías regulares y se niega cambiarlos a la
modalidad de auxiliares de policía bachilleres, en atención a que la fecha en
que se graduaron como bachilleres académicos es posterior a la de su incorporación
a la institución?
Para resolver el
problema jurídico planteado, la Sala estudiará a continuación las siguientes temáticas: (i) la
obligación constitucional y las modalidades para prestar el servicio militar
obligatorio, (ii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado sobre la posibilidad de modificar la modalidad en la que se presta el
servicio militar, (iii) el desarrollo jurisprudencial de la figura de la
carencia actual de objeto y, finalmente, (iv) procederá a resolver el caso
concreto.
3.
La obligación constitucional y las modalidades para
prestar el servicio militar obligatorio
3.1.
Esta Corporación desde sus
inicios indicó que “[e]l servicio militar es una obligación constitucional
que implica la restricción temporal de cierto ámbito de los derechos y
libertades individuales”.[66]
3.2.
La jurisprudencia reiterada
de la Corte Constitucional considera que la obligación de prestar el servicio
militar “corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico
impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía,
la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden público”.[67] Sobre el
particular, en la sentencia C-511 de 1994,[68] la Corte expuso lo siguiente:
“La propia Carta
Política impone a los colombianos obligaciones  genéricas y específicas, en
relación con la fuerza pública.  En efecto, de manera general, dentro de las
obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de ‘respetar y
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener
la independencia y la integridad nacionales" o para "defender y
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica’; ....
y de ‘propender al logro y mantenimiento de la paz’ (art. 95 C.N.).  Deberes estos
genéricos cuya finalidad, resulta coincidente con los fines que son propios de
las instituciones conformantes de la fuerza  pública; de suerte que no están
desprovistos los asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les
son impuestas por el orden superior.
Lo que responde,
sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y contemporáneo, que al
tiempo que rodea de garantías al hombre para su realización en los distintos
ámbitos de su existencia, le encarga, en la dimensión de los deberes
autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del cumplimiento de un
conjunto de deberes, la mayoría de los cuales  con alcances  solidarios,
cuando nó (sic) de conservación de los principios de sociabilidad, que permitan
realizar una civilización mejor o hacer más humanos los efectos del crecimiento
económico, y de los desarrollos   políticos y sociales”.
3.2.1.Adicionalmente,
la Corte Constitucional advirtió que esta obligación constitucional es
consecuencia del principio según el cual, prevalece el interés social sobre el
privado, a lo que se suma el hecho de que los derechos subjetivos que emanan de
la carta política no tienen carácter absoluto y se encuentran limitados por las
obligaciones constitucionales.[69]
3.2.2.Además, esta
Corporación también ha sostenido que el servicio militar obligatorio es “un
deber de estirpe constitucional, de aplicación general y con carácter
perentorio, salvo las excepciones que fije el ordenamiento jurídico”.[70]
3.3.
Antes de la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991 existían varias leyes que
regulaban el servicio militar obligatorio en la modalidad de auxiliares de la
Policía Nacional.
3.4.
La Ley 2 de 1977 contempló
en el artículo 1 que la modalidad de auxiliar de la Policía Nacional era
equivalente para prestar el servicio militar obligatorio.[71]
3.5.
Además, la Ley 4 del 16 de
enero 1991 consagró en el artículo 29 el servicio militar obligatorio para
bachilleres en la Policía Nacional, modalidad que debía ser prestada “en los
cuerpos de policía local, bajo la dirección y mando de la Policía Nacional y
con una duración de un (1) año”.
3.6.
Posteriormente, en la Constitución
de 1991 se estableció en el artículo 2 como algunos de los fines del Estado “defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
3.6.1.El
artículo 216 de la Constitución Política que se encuentra en el capítulo 7 del
título VII dispuso que la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y que “[t]odos los colombianos
están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.
3.6.2.En el
artículo 218 superior, el
Constituyente confirió al legislador la facultad de organizar la Policía
Nacional que es definida como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de
la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
3.6.3.Sobre
este punto, la Sala Séptima de revisión en la sentencia T-049 de 2018[72] puso de presente que la prestación del servicio militar
obligatorio se armoniza no solo por los artículos 2 y 216 de la Constitución
Política “sino,
además, obedece a la materialización de los principios de solidaridad y
reciprocidad social prevalentes en el Estado Social y Democrático de Derecho,
donde existe una correlación entre los derechos y obligaciones que se derivan
de la relación entre ciudadanos y las instituciones públicas”.
3.7.    Por su parte, el artículo 13 de la Ley 48 de
1993, por la cual se reglamentó el servicio de Reclutamiento y Movilización,
contempló las siguientes formas para prestar el servicio militar obligatorio:
“Artículo 13. Modalidades
prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer
diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio
militar obligatorio.
Continuarán rigiendo las
modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:
a. Como soldado regular, de 18
a 24 meses.
b. Como soldado bachiller,
durante 12 meses.
c. Como auxiliar de policía
bachiller, durante 12 meses.
d. Como soldado campesino, de
12 hasta 18 meses.
Parágrafo 1o. Los soldados, en
especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones
inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la
realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a
tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica.
Parágrafo 2o. Los soldados
campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica en
donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta
su preparación académica y oficio”.
3.8.    Adicionalmente, el Decreto 1070 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, dedica el titulo 6 al
servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. Así pues, el artículo
2.5.6.1.1.1. consagra que el “servicio auxiliar de policía establecido por
la Ley 2ª de 1977 es una forma de prestar el servicio militar obligatorio”.
3.9.
Finalmente, resulta
imperioso indicar que Ley 1861 de 2017 del 4 de agosto de 2017, reglamentó el
servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización y derogó,
entre otras disposiciones, la Ley 2 de 1977, el Decreto 750 de 1977, el
Capítulo IX Ley 4 de 1991, el Decreto 2853 de 1991 y la Ley 48 de 1993.
3.9.1.El
artículo 13 de la Ley 1861 de 2017 se refiere a la duración del servicio
militar obligatorio en los siguientes términos:
Artículo 13.
Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio tendrá
una duración de dieciocho (18) meses y comprenderá las siguientes etapas:
Formación militar
básica;
Formación laboral
productiva;
Aplicación práctica
y experiencia de la formación militar básica;
Descansos.
Parágrafo 1o. El
servicio militar obligatorio para bachilleres mantendrá el período de doce (12)
meses. Los conscriptos bajo esta modalidad de servicio no podrán acceder a la
formación laboral productiva.
Parágrafo 2o. El
conscripto accederá a la formación laboral productiva que será proporcionada
por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), previo cumplimiento de
requisitos exigidos por esta institución educativa.
Parágrafo 3o. La
organización de Reclutamiento y Movilización promoverá a través de convenios
que el conscripto que no haya terminado su educación básica secundaria o
educación media, pueda obtener su título de bachiller al terminar la prestación
del servicio militar obligatorio.
Parágrafo 4o. El
conscripto obligado a prestar servicio militar por doce (12) meses podrá
solicitar el cambio a los contingentes incorporados por un término de servicio
militar de dieciocho (18) meses, obteniendo los beneficios de estos. Los
ciudadanos incorporados para la prestación del servicio militar a dieciocho
(18) meses no podrán solicitar el cambio a los contingentes incorporados para
un término de servicio militar de doce (12) meses.
3.9.2.Además,
el artículo 15 de la ley enunciada establece que el servicio militar
obligatorio puede ser prestado en las siguientes modalidades: (i) Soldado en el
Ejército, (ii) Infante de Marina en la Armada Nacional, (iii) Soldado de
Aviación en la Fuerza Aérea, (iv) Auxiliar de Policía en la Policía Nacional y
(v) Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario.
3.10.
Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional se ha pronunciado con respecto a la
diferenciación de las modalidades en las que se puede prestar el servicio
militar obligatorio.
3.11.
Inicialmente, en la
sentencia C-511 de 1994[73] la Corte se pronunció acerca de las demandas de
constitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 48 de 1993, por la
cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. Uno de los
cargos analizados se dirigió contra el artículo 13 que se refiere a las
modalidades de prestación servicio militar obligatorio pues, a juicio de los
demandantes, la diferencia entre bachilleres y campesinos infringía “por
omisión” el precepto constitucional que consagra la igualdad de los
ciudadanos.
3.11.1. La Sala Plena de esta Corporación indicó que las
modalidades para prestar el servicio militar obligatorio se crearon según
patrones geográficos y en consideración a la situación sociocultural, económica
e histórica (ciudadanos urbanos y rurales), así como por patrones intelectuales
(quienes son bachilleres y quienes no han alcanzado ese grado académico).
3.11.2. Este Tribunal declaró la exequibilidad del
artículo 13 demandado, advirtió que las diferencias entre las distintas
modalidades no tenían ánimo discriminatorio y que, particularmente, la
distinción por el grado de capacitación entre bachilleres y no bachilleres “es
el resultado de un esfuerzo, en países como el nuestro, por mejorar los niveles
de desempeño de las personas en los distintos campos de la cultura. Entonces, a
juicio del legislador, imponer un plazo mayor de 12 meses a los bachilleres
llamados a desempeñar labores y tareas en la vida social, en este conjunto
normativo de la economía, no debe confundirse, con un trato privilegiado”.
3.12.
Además, la Sala Octava de
Revisión expuso en la sentencia T-976 de 2012[74] que la distinción entre soldados bachilleres y
las demás modalidades para prestar el servicio militar obligatorio radica en el
grado de capacitación académica que presupone el mejoramiento eventual de los
niveles de productividad en la sociedad. Además, la Sala hizo notar que la
diferenciación del plazo y las funciones que deben desempeñar los bachilleres “obedece
a una protección mínima de las vida (sic) de aquellos que teniendo el
acceso a la educación, puedan desempeñar labores asimilables a su grado de
instrucción”.
3.13.
De acuerdo con los elementos
jurisprudenciales y normativos expuestos, es posible concluir que el servicio
militar es una obligación derivada del texto constitucional establecida para
garantizar la soberanía, la defensa y la convivencia pacífica.
3.13.1. Desde antes de la promulgación de la
Constitución Política de 1991 existía la obligación de los colombianos de “tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la
independencia nacional y las instituciones” y la posibilidad de
prestar el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliares de la Policía
Nacional.
3.13.2. Bajo el orden constitucional vigente se otorgó
al legislador la facultad de determinar las condiciones para realizar la
incorporación de personas a la fuerza pública.
3.13.3. En virtud de la competencia otorgada por el
constituyente se han expedido leyes y decretos reglamentarios en materia de
reclutamiento. De esta manera, el establecimiento de diferentes modalidades
para prestar el servicio militar obligatorio se hizo en atención a factores
académicos o intelectuales, así como geográficos y tuvo en cuenta las condiciones
socioculturales, económicas e históricas de la población.
3.13.4. Finalmente, esta Corporación ha resaltado que la
distinción entre los bachilleres y los que no tienen ese grado de capacitación
académica a la hora de la incorporación para prestar el servicio militar
obligatorio no tiene carácter discriminatorio y tiene como fin el mejoramiento
de los niveles de productividad y que las personas desempeñen funciones acordes
con su grado de instrucción.
4.  Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
la posibilidad de modificar la modalidad en la que presta el servicio militar
obligatorio
4.1.    La Corte Constitucional ha revisado varias
acciones de tutela interpuestas por jóvenes que solicitan el cambio de
modalidad en la que prestan el servicio militar obligatorio para pasar de auxiliares
de policía o soldados regulares a la de auxiliares de policía o soldados en la
calidad de bachilleres.
4.2.    Inicialmente, en la sentencia T-565 de 2003,[75] la Sala
Segunda revisó el caso de un joven que fue incorporado a prestar el servicio
militar obligatorio como auxiliar de policía regular y, posteriormente, cumplió
con los logros académicos que tenía pendiente por lo que se graduó como
bachiller. Sus padres solicitaron que se cambiara la modalidad en la prestación
del servicio y la Sala declaró la improcedencia de la tutela por falta de
legitimización en la causa por activa dado que los progenitores no habían
acreditado los requisitos para actuar en calidad de agentes oficiosos.
4.3.    En la sentencia T-711 de 2003,[76] la Sala
Quinta de Revisión estudió la tutela que interpuso el apoderado de varios
padres quienes señalaron que sus hijos habían sido incorporados a la Policía
Nacional para prestar su servicio militar obligatorio en la Escuela Rafael
Reyes de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) pese a que su domicilio se encontraba
en el municipio de Floridablanca (Santander).
4.3.1.Los padres resaltaron que las actas de
compromiso firmadas por sus hijos para prestar el servicio militar como
auxiliares regulares están viciadas de nulidad, ya que los jóvenes reclutados
no habían podido leer el documento previamente a su suscripción. Por lo
anterior, solicitaron que sus hijos retornaran a sus lugares de origen.
4.3.2.La Sala concluyó que los padres de los jóvenes
no estaban legitimados para presentar la tutela en representación de estos,
dado que todos los auxiliares de policía eran mayores de edad. Adicionalmente,
la Sala determinó que no se acreditaban los presupuestos para que operara la
agencia oficiosa dada la ausencia de la manifestación de actuar en dicho sentido
y porque no se comprobó la imposibilidad material de los jóvenes de promover
por sí mismos la acción de tutela.
4.4.    En la sentencia T-218 de 2010,[77] la Sala
Cuarta de Revisión analizó la tutela interpuesta por un accionante contra la Sexta Zona de Reclutamiento
-Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército- de las Fuerzas
Militares. El accionante relató que se graduó como bachiller académico el 13 de diciembre de 2008 y el 17 de febrero de 2009, fue incorporado al
Ejército Nacional como soldado regular y remitido al Batallón de Infantería
ROOKE ubicado en la ciudad de Ibagué (Tolima), pese a su título académico.
4.4.1.La entidad demandada advirtió que el actor no
había hecho el proceso de inscripción por intermedio del plantel educativo
en el cual cursaba sus estudios de secundaria, no tenía la calidad de bachiller académico al momento de la
inscripción y suscribió un freno extralegal en el que aceptó ser incorporado en
la modalidad de soldado regular.
4.4.2.Inicialmente, la Sala llevo a cabo un estudio
del marco jurídico que regula la obligación de los colombianos de prestar
servicio militar, así como del derecho al debido proceso administrativo y
encontró que “para
el caso de los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la
edad, el parágrafo 1º, del artículo 14, de la Ley 43 de 1998, dispone que se
inscribirán por medio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la
Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército”.
4.4.3.La Sala concluyó que el reclutamiento del
accionante se produjo con total desconocimiento de su nivel de formación
académica pues el actor se graduó como bachiller académico el 18 de diciembre
de 2008 y su incorporación se presentó hasta el 17 de febrero de 2009, por lo
que la Comandancia de la Zona Sexta de Reclutamiento debió “establecer la real situación
que envolvía al conscripto”. Por lo anterior, se revocaron las sentencias objeto de revisión
y se ordenó a la accionada que modificara
la modalidad en que fue incorporado el tutelante.
4.5.    Posteriormente, la Sala Quinta de Revisión
analizó la tutela interpuesta por un accionante contra la Cuarta Zona de Reclutamiento de la IV
Brigada del Ejército Nacional y el Batallón Pedro Justo Berrío de Medellín en sentencia T-711 de 2010.[78] El actor
informó que el 24 de noviembre de 2009 había acudido a resolver su situación
militar y firmó un documento en
el que aceptó prestar su servicio militar obligatorio como soldado regular,
pese a que no se le había explicado el contenido del mismo.
4.5.1.La Sala reiteró algunas de las consideraciones
consignadas en la sentencia T-218 de 2010[79] y estimó que aunque el accionante no
había acreditado la calidad
de bachiller académico al momento
de la inscripción para definir su situación militar, se graduó el 3 de abril de
2009 y fue incorporado al contingente de soldados regulares en noviembre del
mismo año.
4.5.2.Por lo anterior, concluyó que la entidad
accionada debió analizar la situación del joven inscrito antes de su
incorporación y, en consecuencia, revocó las sentencias de instancia, concedió
el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo del accionante y
ordenó a la entidad accionada que modificara la modalidad en que había sido incorporado.
4.6.    Por su parte, en la sentencia T-976 de 2012,[80] la Sala
Octava de Revisión centró su análisis en la tutela interpuesta por una madre,
en calidad de agente oficiosa, contra del Ejército Nacional de
Colombia-Batallón de Infantería de Selva Nro. 35 Héroes de Güepi Larandia
(Caquetá).
4.6.1.La agente oficiosa señaló que la definición de
la situación militar de su hijo se aplazó ya que cuando fue citado al Distrito Militar Nro. 3 de Kennedy (Bogotá)
cursaba grado décimo y era menor de edad. Añadió que en el momento en que se volvió
a presentar ante la autoridad militar fue incorporado al Ejército Nacional como
soldado regular aunque
tenía la calidad de bachiller. Finalmente, sostuvo que la accionada no contestó
una petición en la que solicitó el cambio de modalidad.
4.6.2.La Sala se
refirió a la obligación de prestar el servicio militar, sus modalidades y
excepciones, así como al debido proceso
administrativo y la importancia del consentimiento informado en los procesos de
reclutamiento e incorporación. Sobre la posibilidad de que un joven preste el
servicio militar obligatorio en una modalidad que no corresponde a su nivel de formación
académica la Sala expuso lo siguiente:
“En tal
sentido, incluso en aquellos casos en los cuales un joven, teniendo el derecho
a ser soldado bachiller, opte por una modalidad con un alto grado de peligrosidad
como soldado regular y los funcionarios de reclutamiento del Ejército, la
Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional cuenten con elementos claros y
objetivos para considerar que no tiene las aptitudes psicofísicas, psicológicas
o mentales, tienen la obligación de adoptar medidas para encausar el
consentimiento libre y espontáneo a favor de sus
derechos.”
4.6.3. Para resolver el
asunto, la Sala encontró probado que el joven había obtenido el título de bachiller académico antes de ser
incorporado y que los documentos en los que aceptó ser reclutado como soldado
regular (Acta de Compromiso Prestación Servicio Militar como Soldado y Freno Extralegal para Personal Aspirante) no fueron firmados
al momento de su inscripción como producto del
consentimiento informado espontáneo y libre.
4.6.4.En consecuencia, la Sala confirmó la
decisión de declarar la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado en cuanto al derecho de petición y, por su parte, concedió el amparo
al derecho al debido proceso administrativo y ordenó a la Comandancia del Batallón de Infantería de
Selva Nro. 35 Héroes de Güepi de las Fuerzas Militares de Colombia
y a la Comandancia de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del
Ejército Nacional de Colombia que adelantaran las respectivas actuaciones
administrativas para modificar la modalidad de incorporación del recluta.
4.7.    Posteriormente, la Sala Segunda de Revisión
estudió en la sentencia T-746 de 2015[81]
la tutela interpuesta por un joven quien manifestó que en el mes de mayo de
2014 se presentó ante la Policía Nacional para prestar servicio militar
obligatorio como auxiliar de policía y el 30 de abril de 2015 presentó
solicitud en la que pidió que la modalidad en la que se incorporó cambiara a la
de auxiliar bachiller. Añadió que respondía económicamente por grupo familiar
compuesto por su compañera permanente y su hija y que existía concepto de un
médico psiquiátrica de la Policía Nacional en el que se recomendaba su
desacuartelamiento ante sus dificultades para adaptarse a sus labores.
4.7.1.En la providencia se hace alusión a la obligación
constitucional de prestar servicio militar, las distintas modalidades para la
prestación de servicio militar, así como al derecho a la unidad familia.
4.7.2.La
Sala sostuvo que el actor había obtenido el título académico de bachiller en el
año 2012, ingresó a la Policía Nacional el 30 de mayo de 2014 y que aunque se
inscribió en la convocatoria correspondiente como auxiliar de policía, los
formatos que firmó no demostraban la voluntad del accionante de renunciar a su
calidad de auxiliar bachiller para inscribirse como auxiliar de policía
regular.
4.7.3.Por lo
anterior, la Sala concedió el amparo de los derechos fundamentales y concluyó
que inicialmente “aquellos ciudadanos que se presenten para resolver su
situación militar y que detenten el título de bachiller, deben ser inscritos
bajo la modalidad de auxiliar bachiller y solo en casos en los que exista una
renuncia expresa, precedida por una inducción apropiada, se entenderá que el
conscripto decidió de forma voluntaria adoptar otra modalidad”.
4.8.    Por su parte, en la sentencia T-294 de 2016,[82] la Sala
Sexta revisó la tutela interpuesta por un joven que se graduó como bachiller el
4 de diciembre de 2014, ingresó como auxiliar de policía el 11 de febrero de
2015 y, posteriormente, solicitó la corrección de la modalidad para prestar
servicio militar obligatorio en atención a que firmó documentos en los que no
tenía claro a lo que se estaba comprometiendo.
4.8.1.Para la Sala, la Regional de Incorporación de Oficiales
tenía la obligación de dirigir y asesorar
al aspirante con respecto a las modalidades de prestar el servicio militar, de
manera que se garantizara el debido proceso administrativo y debió indagar la
intención del accionante para que se registrara en la modalidad adecuada.
4.8.2.Así pues, la Corte concedió el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del accionante y
ordenó que se modificara la modalidad en que fue incorporado.
4.9.    Finalmente, en la sentencia T-457 de 2017,[83] la Sala Cuarta de Revisión estudió la
tutela interpuesta por un joven que fue reclutado como auxiliar de policía
regular. El actor manifestó que no se le indicaron las circunstancias bajo las
cuales prestaría el servicio militar obligatorio, por lo que solicitó el cambio
de modalidad a la de auxiliar de policía bachiller.
4.9.1.Luego de que se profirió la primera instancia
que negó el amparo de sus derechos, el accionante desistió de la tutela,
manifestó su deseo de continuar  en la institución, terminar su servicio
militar obligatorio como auxiliar de policía y señaló que había interpuesto la
acción constitucional por sugerencia de sus compañeros sin tener claro lo que
estaba realizando.
4.9.2.La Sala declaró la carencia actual de objeto por
acaecimiento de una situación sobreviniente. Lo anterior porque el actor
presentó manifestación para desistir de la acción de tutela y, por otra parte,
se inscribió y adelantaba el curso para patrullero de la Policía Nacional.
4.9.3.Adicionalmente, la Sala determinó que la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional no había vulnerado los
derechos del peticionario dado que su incorporación se había presentado el 24
de noviembre de 2015 y para ese momento no acreditaba el título académico de
bachiller. Sobre este punto se dejó claro que el grado de bachiller académico
fue el 11 de diciembre de 2015, fecha posterior a aquella en la que ingresó a
prestar servicio militar obligatorio como auxiliar de policía regular. La Sala
se refirió a este punto de la siguiente manera:
“Vistas así las cosas, el demandante por no cumplir con la
condición de ostentar la calidad de bachiller al momento de su reclutamiento o
incorporación, debía ingresar al servicio militar obligatorio en la Policía
Nacional bajo la modalidad de auxiliar de policía regular (18 a 24 meses),
debido a que debió acreditarla en el momento de la incorporación, tal como lo
ha manifestado esta Corte en reiterada jurisprudencia[84].
En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión concluye que la
entidad accionada no vulneró derecho alguno al incorporarlo como auxiliar de
policía regular”.
4.10.   En suma, las Salas de Revisión que estudiaron
las tutelas mediante las cuales se solicitó el cambio de modalidad en la que se
prestaba el servicio militar obligatorio concedieron el amparo de los derechos
de los actores en los casos en que se comprobó que los accionantes fueron
incorporados al Ejército y la Policía Nacional en calidad de soldados o
auxiliares regulares, pero la fecha de su grado como bachilleres académicos se
había presentado con anterioridad a su incorporación.
4.11.   Por su parte, en la sentencia T-457 de 2017,[85] la Sala
Cuarta de Revisión analizó un caso en que el accionante había sido incorporado
como auxiliar de policía regular para prestar su servicio militar y, con
posterioridad, se graduó como bachiller académico. En esa ocasión, la Sala
consideró que la Policía Nacional no había vulnerado los derechos fundamentales
del actor pues este no acreditó la condición de “ostentar la calidad de
bachiller al momento de su reclutamiento o incorporación”.
5.  Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
posibilidad de modificar la modalidad en la que presta el servicio militar
obligatorio
5.1.
El Consejo de Estado ha
resuelto controversias de tutela en las que jóvenes solicitaron el amparo de
sus derechos por haber sido incorporados como soldados o auxiliares de policía
regulares pese a que con anterioridad a su ingreso a la fuerza pública ya se
habían graduado como bachilleres académicos.
5.2.
En la sentencia del 12 de
abril de 2012,[86]
la Sección Primera del Consejo de Estado estudió la tutela en que un joven
señaló que fue incorporado como auxiliar de policía regular aunque ostentaba la
calidad de bachiller académico. En esa oportunidad, la correspondiente Sección
confirmó la decisión de negar la acción de amparo de los derechos del
peticionario pues concluyó que el joven había renunciado de manera libre y
voluntaria a prestar el servicio militar obligatorio como auxiliar de policía
bachiller.
5.3.
En el mismo sentido se
profirió la sentencia del 3 de agosto de 2017,[87] en la que la Sección Quinta del
Consejo de Estado no tuteló los derechos fundamentales de un joven que
cuestionaba la modalidad en la que había ingresado a prestar el servicio
militar obligatorio. La Sala advirtió que el accionante no demostró que su
incorporación había “sido producto de algún vicio de su consentimiento o de
un engaño o por parte de la Policía Nacional al momento de aceptar su
incorporación”.
5.4.
Por su parte, existen un
gran número de sentencias de tutela en las que el Consejo de Estado ha
concedido el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de muchos jóvenes que fueron incorporados a la Policía o al Ejército
Nacional  para prestar servicio militar obligatorio como soldados o auxiliares
de policía regulares aunque ya se habían graduado como bachilleres académicos.[88]
5.4.1.En total
se analizaron 12 sentencias de tutela del máximo órgano de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y en todas se accedió al reconocimiento de las
pretensiones de los peticionarios pues se comprobó que la fecha del grado como
bachilleres académicos de los jóvenes era anterior a la de su incorporación al
Ejército o la Policía Nacional.
5.4.2.Para
garantizar los derechos de los actores, las secciones Primera, Segunda en sus
diferentes subsecciones, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado emitieron las
siguientes órdenes en sus providencias:
-       Cambiar la modalidad en la que fueron
incorporados los accionantes, de acuerdo con su nivel de formación académica.
-       Garantizar que las funciones asignadas a los
peticionarios fueran las contempladas para los soldados y auxiliares de policía
bachilleres (Parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 48 de 1993).
-       Trasladar a los jóvenes de los lugares en los
que prestaban su servicio militar obligatorio a uno cerca de su núcleo
familiar.
-       Garantizar el desacuartelamiento al momento en
que se cumplieran los 12 meses de servicio militar que deben cumplir los
auxiliares de policía y los soldados bachilleres y expedir la correspondiente
libreta militar.
6.
Desarrollo
jurisprudencial de la figura de la carencia actual de objeto
6.1.
La Corte Constitucional asegura
desde sus inicios que la acción de tutela es un mecanismo instaurado para
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales por lo que, en caso de
prosperar, tal mandato debe reflejarse en la adopción de una orden judicial en
la que se imponga a una persona que realice una conducta o que se abstenga de
realizar alguna, en aras del restablecimiento de las garantías fundamentales
vulneradas.[89]
6.2.
No obstante, existen eventos
en los que la acción de amparo pierde su objeto durante el trámite de instancia
o en sede de revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque (i) la
situación de hecho que producía la violación o amenaza de derechos
fundamentales fue superada, (ii) acaece el daño que se buscaba evitar con la
orden del juez de tutela, o porque (iii) ocurre cualquier otra circunstancia
que hace inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela.
6.3.
Todos estos eventos se
enmarcan dentro del fenómeno denominado carencia actual de objeto que ha sido
desarrollado por vía legal y jurisprudencial, tal como pasará a explicarse.
6.4.
El numeral 4 del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela es improcedente “[c]uando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando
continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. Por su parte, el
artículo 24 del decreto mencionado establece el campo de acción del juez
constitucional ante circunstancias en las que se presente la carencia actual de
objeto, a saber:
“Artículo 24.
Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea
posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el
fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también
prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para
evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
6.5.
Finalmente, el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991 desarrolla la cesación de la actuación impugnada de la
siguiente manera:
“Artículo 26.-Cesación
de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá
desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el
desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los
derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía”.
6.6.
La primera aproximación jurisprudencial
al concepto de la carencia actual de objeto se encuentra en la sentencia T-033
de 1994[90] en la que Sala Quinta expuso lo siguiente:
“[L]a desaparición
de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción -bien sea por haber
cesado la conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o aplicación
el acto en que consistía el desconocimiento del derecho, o por haberse llevado
a cabo la actividad cuya ausencia representaba la vulneración del mismo-
conduce a la pérdida del motivo constitucional en que se basaba el amparo.
Ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden,
pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de
materia”.
6.7.
Posteriormente, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007[91] analizó la incidencia y los efectos
jurídicos que tiene la muerte del accionante en el trámite de tutela. A partir de
un análisis jurisprudencial la Corte señaló que la carencia actual de objeto se
había fundamentado “en la existencia de un daño consumado[92],
en un hecho superado[93], en la asimilación de ambas
expresiones como sinónimas[94], en la mezcla de ellas como un
hecho consumado[95] y hasta en una sustracción de
materia[96], aunque también se ha acogido
esta última expresión como sinónimo de la carencia de objeto[97]”.
Dicho
esto, la Sala Plena advirtió que aunque las diferentes Salas de Revisión de la
Corte Constitucional no tenían criterios unívocos al momento de declarar la
carencia actual de objeto, era posible concluir que esta figura se presenta
como consecuencia de la acreditación de un hecho superado o un daño consumado.
6.8.
Posteriormente, el desarrollo
de la jurisprudencia constitucional amplió las hipótesis en las que se presenta
la carencia actual de objeto. La Sala Octava de Revisión en la sentencia T-585
de 2010[98]
aseguró que la carencia actual de objeto también puede derivarse “de alguna
otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”.
Para aclarar este punto, precisó que ello puede ocurrir cuando se modifican
los hechos que originaron la acción de tutela y el accionante pierde interés en
la satisfacción de la pretensión.
6.9.
En la sentencia T-200 de
2013,[99]
la Sala Octava de Revisión delimitó aún más esta hipótesis y resaltó que el
fenómeno de la carencia actual de objeto puede ocurrir “como consecuencia de
una situación sobreviniente que [modifique] los hechos y pretensiones
que sustentaron la acción de tutela incoada y que conlleva a que cualquier
orden proveniente de la autoridad constitucional no surta efecto alguno o haya
desaparecido el interés de la accionante en lo pretendido mediante la tutela”.
6.10.
Queda claro que por vía
jurisprudencial se estableció que la configuración de la carencia actual de
objeto puede darse ante el acaecimiento de un hecho sobreviniente, lo que ha
sido reiterado en múltiples pronunciamientos de las diferentes salas de esta
Corporación.[100]
6.11.
Así las cosas, el fenómeno
de la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de tres sucesos que
comportan consecuencias distintas: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado
o (iii) por el acaecimiento de un hecho o situación sobreviniente. Corresponde
ahora definir y delimitar cada uno de estos supuestos de hecho.
6.12.
La carencia actual de objeto
por hecho superado “[a]contece cuando entre el momento de la interposición de
la acción de tutela y el momento del fallo, ha sido satisfecha la pretensión
contenida en la solicitud de amparo”.[101]
Si el
acaecimiento del hecho superado se presenta durante el trámite de las
instancias, los jueces declararán improcedente el amparo y podrán pronunciarse
con respecto a la vulneración de derechos en atención a lo dispuesto en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Por otra parte, si esta hipótesis se
presenta durante el trámite de revisión, las salas al interior de esta
Corporación deberán declarar el hecho superado y “tendrá el deber de
examinar el caso determinando el alcance de los derechos fundamentales en
concreto”.[102]
6.13.
La carencia actual de objeto
por daño consumado puede acreditarse cuando “se ha consumado la violación o
amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que
se concrete el peligro”.[103]
En este evento, procede la indemnización de perjuicios por vía ordinaria o
en sede de tutela según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991.
En
este caso, si el daño se consuma durante el trámite de instancia o de revisión,
aunque no procede la protección solicitada los jueces, tribunales y la Corte
Constitucional deben (i) pronunciarse de fondo, (ii) advertir a la parte
accionada que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar
a la presentación de la acción de amparo de acuerdo con el artículo 24 del
decreto 2591 y (iii) compulsar copias a la entidades que tengan la función de
investigar las conductas de los sujetos pasivos dentro del trámite de tutela.
6.14.
Finalmente, la carencia
actual de objeto se puede presentar ante el acaecimiento de una situación
sobreviniente “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada”. En
estos casos  “la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el
actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha
situación, perdió interés en el resultado de la litis”.[104]
En
este escenario, “y según
las circunstancias de cada caso, el juez constitucional puede pronunciarse de
fondo cuando encuentre que existan ‘actuaciones a surtir, como la repetición por los costos asumidos o
incluso, procesos disciplinarios a adelantar por la negligencia incurrida’”.[105]
7.  Resolución de los casos concretos
7.1.    Análisis de la posible configuración de la
carencia actual del objeto por el acaecimiento de una circunstancia
sobreviniente en los asuntos de la referencia
7.1.1.Ahora bien, corresponde indicar que esta
Corporación revisó tutelas en las que la pretensión central giraba en torno a
la prestación del servicio militar obligatorio y en dichos asuntos se declaró
la carencia actual del objeto por el acaecimiento de una circunstancia
sobreviniente.
7.1.2.En la sentencia T-186 de 1995,[106] la Sala
Sexta de Revisión estudió la tutela interpuesta por mujer quien solicitó que su
compañero fuera exonerado de la prestación del servicio militar de manera que
se protegiera su derecho fundamental a la familia. En dicho asunto, la Sala
declaró la carencia actual del objeto (sustracción de materia) dado que al
momento en que se profirió la sentencia, el compañero de quien presentó la
acción de amparo ya no se encontraba prestando servicio militar.
7.1.3.De otra parte, en la sentencia T-457 de 2017,[107] la Sala Cuarta de Revisión analizó la tutela interpuesta por un accionante
quien solicitó el cambio de modalidad en la que prestaba el servicio militar
obligatorio. En este caso también se declaró la carencia actual del objeto por
el acaecimiento de una circunstancia sobreviniente, en atención a que el actor
manifestó su voluntad de prestar el servicio militar en la modalidad en la que
había sido incorporado.
7.1.4.En los proceso objeto de revisión los
accionantes solicitaron que se cambiara la modalidad a través de la cual fueron
vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, de manera que pasaran
de ser auxiliares regulares de policía a auxiliares de policía bachilleres.
7.1.5.Los actores fueron dados de alta por la Policía
Nacional como auxiliares de policía regulares del curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo mediante Resolución 091 del 1 de
junio de 2017.
7.1.6.Como el servicio militar obligatorio como
auxiliar de policía regular tiene una duración de 18 meses, Jairo Alexis Páez
Barrera (Expediente T-6.840.751), Juan Sebastián Porras García (Expediente
T-6.840.881) y John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) debían
cumplir con dicha obligación constitucional desde el 1 de junio de 2017 hasta
el 1 de diciembre de 2018.
7.1.7.Así pues, el servicio militar obligatorio de los
peticionarios se terminó el 1 de diciembre de 2018, mientras se surtía el
trámite de revisión en esta Corporación. Incluso, la suscrita Magistrada
ponente profirió el segundo auto de pruebas el 18 de diciembre de 2018 para que
se allegara toda la información que había sido requerida mediante auto de la
Sala Séptima de Revisión del 23 de octubre de
2018.
7.1.8.De conformidad con todo lo anterior, en los
asuntos de la referencia se configuró la carencia actual de objeto ante el acaecimiento de un hecho o situación
sobreviniente que no tiene origen en el obrar de la entidad
accionada, que hace que cualquier
orden para la satisfacción de la pretensión de la tutela se torne inocua y que
los accionantes hayan perdido interés en el resultado de la litis.
7.1.9.Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala
determinara si existió o no una vulneración de los derechos fundamentales de
los accionantes. Para realizar el estudio de los asuntos de la referencia, la
Sala expondrán los hechos de cada una de las tutelas y, posteriormente, llevará
a cabo un análisis para todos los casos acerca de la posible afectación de los
derechos fundamentales de los peticionarios.
7.2.    Expediente T-6.840.751 (Jairo Alexis Páez
Barrera)
7.2.1.El señor Jairo Alexis Páez Barrera nació el 26 de febrero de 1999 en Aguazul (Casanare) y actualmente tiene 20 años de edad.[108]
7.2.2.El actor se presentó a resolver su situación
militar ante el grupo de incorporación Yopal (Casanare) y mediante Resolución
091 del 1 de junio de 2017, la Policía Nacional lo dio de alta como auxiliar de
policía del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo
para que prestaran el servicio militar obligatorio.[109]
7.2.3.El Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional- expidió el carné Nro. 048187108 en el que consta Jairo Alexis Páez
Barrera tiene el grado de auxiliar bachiller y que la fecha del vencimiento
del documento era el 1 de diciembre de 2018.[110]
7.2.4.El accionante ingresó como auxiliar de policía
adscrito a la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación Nro. 8 de
la Dirección de Antinarcóticos que brinda seguridad a los grupos móviles de
erradicación manual de cultivos de uso ilícito.
7.2.5.El señor Páez Barrera manifestó que se presentó voluntariamente y
aceptó ser incorporado como auxiliar de policía regular pero que como terminó
sus estudios de educación media debía ser reconocida su condición para prestar
el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliar de policía bachiller.[111]
7.2.6.De acuerdo con el diploma y el acta de grado
aportados,[112]
el actor se graduó como bachiller académico el 26 de agosto de 2017 en el Instituto André
Michelin, 2 meses y 25 días después de que la Policía Nacional lo diera de alta
como auxiliar de policía regular.
7.2.7.Ahora bien, el jefe de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional solicitó que
se verificara la autenticidad del diploma y el acta de grado aportados por
Jairo Alexis Páez Barrera.
7.2.8.Dado el señalamiento hecho, esta Sala solicitó
información a la Secretaría de Educación Distrital (SED Bogotá) y ante el
requerimiento hecho la entidad advirtió que en el Sistema Integrado de
matrículas (SIMAT) del Ministerio de Educación se encontraba registrado que la
última anotación sobre Jairo Alexis Páez Barrera estaba fechada el 31 de julio
de 2017 y era “Retirado –Deserción, IE El Paraíso de la Secretaría de
Educación de Yopal, grado 4 adultos, jornada fin de semana”.[113]
7.2.9.Aunque el accionante solo había cursado hasta
grado noveno, el Instituto André Michelin advirtió que el actor estudió en la
jornada fin de semana desde febrero hasta julio del año 2017, se graduó el 26
de agosto de 2017 y únicamente cursó y aprobó el ciclo 2° correspondiente al grado 11° en atención a una
evaluación previa en la que le fueron reconocidos conocimientos, experiencias y
prácticas sin exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad
formal (art. 36 del Decreto 3011 de 2007).[114]
7.2.10. Las autoridades judiciales que conocieron la tutela
declararon la improcedencia de la misma.
7.3.    Expediente T-6.840.881 (Juan Sebastián Porras
García)
7.3.1.El señor Juan Sebastián Porras García nació el 1 de marzo de 1999 en Villavicencio (Meta) por lo que actualmente tiene 20 años de edad.[115]
7.3.2.El 3 de abril de 2017, el actor se presentó a
resolver su situación militar ante el grupo de incorporación de Yopal
(Casanare). En el formato de inscripción informó que había cursado hasta grado
décimo y que se desempeñaba como mesero.[116]
7.3.3.Mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017,
la Policía Nacional lo dio de alta como auxiliar de policía del curso 051 de la
Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo para que prestaran el
servicio militar obligatorio.[117]
7.3.4.El Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional- expidió el carné Nro. 099881648 en el que consta que Juan Sebastián
Porras García tiene el grado de auxiliar bachiller y que la fecha del vencimiento
del documento era el 1 de diciembre de 2018.[118]
7.3.5.El actor se incorporó como auxiliar de policía
en el departamento de Casanare. Manifestó que se presentó voluntariamente y
aceptó ser incorporado como auxiliar de policía regular pero que como terminó
sus estudios de educación media debía ser reconocida su condición para prestar
el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliar de policía bachiller.[119]
7.3.6.De acuerdo con el diploma y el acta de grado
aportados,[120]
el actor se graduó como bachiller académico el 26 de agosto de 2017 en el Instituto André
Michelin, 2 meses y 25 días después de que la Policía Nacional lo diera de alta
como auxiliar de policía regular.
7.3.7.El jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional indicó que Juan Sebastián
Porras García manifestó que no era bachiller cuando se presentó a definir su
situación militar y que para la fecha del supuesto grado se encontraba en la
escuela de formación.
7.3.8. El funcionario de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional expuso que el
actor es asesorado por Diego Barragán, quien promete a los auxiliares de policía
cambiar la modalidad en la cual prestaran el servicio militar obligatorio a
cambio de una cantidad de dinero.  Añadió que las tutelas interpuestas por el
señor Diego Barragán siempre tienen como soporte diplomas y actas de grado
expedidos por el Instituto André Michelin, por lo que solicitó que se
verificara la autenticidad los documentos académicos que fueron aportados por
Juan Sebastián Porras García.
7.3.9.El Instituto André Michelin advirtió que el
actor estudió en la jornada fin de semana desde febrero hasta julio del año
2017, se graduó el 26 de agosto de 2017 y cursó y aprobó el ciclo 2° correspondiente al grado 11°.[121]
7.3.10. Las autoridades judiciales que conocieron la tutela negaron
el amparo de los derechos fundamentales del accionante y, particularmente, el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá al que se le repartió la
acción constitucional en primera instancia compulsó copias a la Fiscalía General
de la Nación para que se investigara el presunto delito de fraude procesal en
que habría podido incurrir Juan Sebastián Porras García.
7.4.    Expediente T-6.858.363 (John Anderson Romero
Ortiz)
7.4.1.El señor John Anderson Romero Ortiz nació el 28 de diciembre de 1997 en Bogotá (Cundinamarca) por lo que actualmente tiene 21 años de edad.[122]
7.4.2.El actor se presentó a resolver su situación
militar y mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017, la Policía
Nacional lo dio de alta como auxiliar de policía del curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo para que prestaran el servicio militar
obligatorio.[123]
7.4.3.El Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional- expidió el carné Nro. 048187182 en el que consta John Anderson Romero
Ortiz tiene el grado de auxiliar bachiller y que la fecha del vencimiento
del documento era el 1 de diciembre de 2018.[124]
7.4.4.El accionante ingresó como auxiliar de policía y
prestó su servicio militar obligatorio en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional de la ciudad de Bogotá en funciones de seguridad.[125]
7.4.5.De acuerdo con el diploma y el acta de grado
aportados,[126]
el actor se graduó como bachiller académico el 26 de agosto de 2017 en el Instituto André
Michelin, 2 meses y 25 días después de que la Policía Nacional lo diera de alta
como auxiliar de policía regular.
7.4.6.El jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional indicó que John Anderson
Romero Ortiz manifestó que no era bachiller cuando se presentó a definir su
situación militar y que para la fecha del supuesto grado se encontraba en la
escuela de formación. Por lo anterior, el funcionario solicitó que se
verificara la autenticidad del diploma y el acta de grado aportados por el
peticionario.
7.4.7.Aunque el accionante solo había cursado hasta
grado noveno,[127]
el Instituto André Michelin advirtió que el actor estudió en la jornada fin de
semana desde febrero hasta julio del año 2017, se graduó el 26 de agosto de
2017 y únicamente cursó y aprobó el ciclo
2° correspondiente al grado 11° en atención a una evaluación previa en la que
le fueron reconocidos conocimientos, experiencias y prácticas sin exigencia de
haber cursado determinado grado de escolaridad formal (art. 36 del Decreto 3011
de 2007).[128]
7.4.8.El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
de Bogotá negó el amparo de los derechos invocados en sentencia del 25 de abril
de 2018.
Análisis de la
posible vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de los accionantes
7.5.    De manera previa, corresponde a la Sala advertir
que los accionantes fueron incorporados a la Policía Nacional como auxiliares regulares
mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017 y la normatividad que aplicaba
para ese proceso de ingreso era la contenida en la Ley 48 de 1993 que solo fue
derogada por la Ley 1861 de 2017 hasta el 4 de agosto de 2017.
7.6.    En todos los casos analizados, los accionantes
fueron dados de alta por la Policía Nacional como auxiliares de policía
regulares del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López
Pumarejo mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017.
7.7.    Por su parte, los documentos aportados por los
peticionarios dan cuenta que se graduaron como bachilleres académicos el 26 de
agosto de 2017, esto es, 2 meses y 25 días después de su incorporación.
7.8.    A lo anterior se suma el hecho que, de acuerdo
con lo informado por el  Instituto André Michelin, los actores cursaron
y aprobaron el ciclo 2° correspondiente al
grado 11° desde
febrero hasta julio del año 2017 en la jornada fin de semana.
7.9.    De la información suministrada se puede concluir
que luego de ser incorporados a la Policía Nacional el 1 de junio de 2017,
aparentemente, los accionantes siguieron cursando sus estudios en el Instituto
André Michelin hasta el mes de julio de 2017.
7.10.   De acuerdo con lo establecido en la sentencia T-457 de 2017,[129] para que
opere el cambio de la modalidad de auxiliar de policía regular a la de
bachiller es necesario acreditar la condición de bachiller académico antes de
la incorporación, circunstancia que no se probó en ninguno de los casos objeto
de revisión.
7.11.   La Sala considera que no existió vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de Jairo Alexis
Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), Juan Sebastián Porras García (Expediente
T-6.840.881) y John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363), pues estos no
demostraron ser bachilleres académicos al momento de su incorporación, a lo que
se suma el hecho que, al parecer, continuaban cursando estudios del ciclo 2°
correspondiente al grado 11°.
7.12.   Ahora bien, para la Sala no es posible pasar por
alto que el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de
Incorporación de la Policía Nacional solicitó verificar la autenticidad del
diploma y el acta de grado aportados por todos los accionantes.
Particularmente, el funcionario advirtió en el caso de Juan Sebastián Porras García
(Expediente T-6.840.881) que este había sido asesorado por una persona llamada
Diego Barragán, quien promete a los auxiliares de policía regulares que puede
cambiar la modalidad en la que son incorporados para prestar el servicio
militar obligatorio por una cantidad de dinero y, para ello, siempre aporta
diplomas y actas de grado expedidos por el Instituto André Michelin junto con las demandas
de tutela.
7.13.   Sobre este punto, la Sala encuentra que las
demandas de tutela de Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751) y Juan
Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881) son idénticas y tienen el
mismo correo electrónico de notificación derechos.barragan123456789@hotmail.com.
7.14.   Adicionalmente, en el trámite de la tutela de
Juan Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881), el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de
la Nación para que se investigara el presunto delito de fraude procesal y
falsedad en documento privado en que podía haber incurrido el acto y aunque en
segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo solicitó al Instituto André
Michelin copia auténtica de los certificados académicos, fecha exacta de grado
y horarios de clase e informara la sede donde el señor Porras García cursó sus
estudios, el instituto hizo caso omiso a lo que se le requirió.
7.15.   Mediante autos del 23 de octubre y el 18 de
diciembre de 2018, esta Sala de Revisión ofició a los accionantes y al Instituto André Michelin para que informaran la fecha en
que se había llevado a cabo el proceso de matrícula en el instituto, los ciclos
cursados, el periodo en que estudiaron y cuándo se graduaron y se les indicó que
para el cumplimiento de la orden debía anexar los documentos que soportaran la
información suministrada (matrícula, certificado de notas, horarios, acta de
grado y otros).
7.16.   Ante tal requerimiento, los accionantes
guardaron silencio y aunque el mencionado instituto omitió informar y anexar
los documentos relativos a la matrícula de los actores, sí remitió copia de los
diplomas, las actas de grado y certificados de notas de los accionantes y
también manifestó que Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), Juan
Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881) y John Anderson Romero Ortiz
(Expediente T-6.858.363) habían cursado y aprobado estudios del ciclo 2°
correspondiente al grado 11° en la jornada fin de semana desde febrero hasta julio del
año 2017.
7.17.   Ante tal panorama, la Sala encuentra imperioso
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales, determine si existieron
irregularidades en la expedición de los títulos académicos mediante los cuales
los actores pretendieron demostrar ser bachilleres académicos.
7.18.   La Sala encuentra que ni los accionantes ni el Instituto André Michelin aclararon las particularidades de los casos y la manera en que fueron
otorgados los títulos académicos que son el sustento de la acción
constitucional y de la pretensión de modificación de la modalidad en la que
fueron incorporados los peticionarios para prestar servicio militar.
7.19.   Para la Sala debe
aclararse por qué motivo los accionantes, que para el mes de febrero se
encontraban en el último año de estudios secundarios, no se inscribieron
durante el transcurso del año lectivo por intermedio del Instituto André
Michelin para definir su situación militar, tal como lo dispone el parágrafo 1
del artículo 14 de la Ley 48 de 1993.[130]
7.19.1. También debe
establecerse si los accionantes viajaban los sábados a la ciudad de Bogotá a estudiar
en el Instituto André Michelin, pues estos realizaron su proceso de inscripción
en Yopal (Casanare) y Facatativá (Cundinamarca) pero, supuestamente, cursaron y
aprobaron estudios del ciclo 2° correspondiente al grado 11° en la jornada fin
de semana desde febrero hasta julio del año 2017.
7.19.2. Particularmente,
en el caso de T-6.840.881 (Juan
Sebastián Porras García) se debe clarificar este punto en atención a que está
demostrado que el accionante se presentó a resolver su situación militar ante
la Policía Nacional en la ciudad de Yopal (Casanare) el 3 de marzo de 2017. No
obstante, el Instituto André Michelin expuso que el señor Porras García estudió desde febrero hasta julio del año
2017.
7.19.3. También debe
clarificarse cuál fue el examen que realizaron Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751) y John Anderson
Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) para cursar en el Instituto André Michelin solo grado once, pese
a que se encontraba acreditado que antes de ingresar a esa institución solo
habían cursado hasta grado noveno.
7.20.   Como se expuso con anterioridad, en todos los
casos objeto de revisión se encontró acreditada la carencia actual de objeto. En
consecuencia, tratándose del expediente T-6.840.751 (Jairo Alexis Páez Barrera), la Sala revocará las sentencias proferidas el 1 de marzo de 2018 por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Yopal (Casanare) y el 17 de abril de 2018 por
la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), que declararon la improcedencia de la tutela interpuesta por
Jairo Alexis Páez Barrera contra el Ministerio de Defensa Nacional y el
Director General de la Policía Nacional. En su lugar, declarará la carencia actual de
objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente.
7.21.   Por su parte, en
los asuntos radicados bajo los números T-6.840.881 (Juan Sebastián Porras García) y T-6.858.363 (John Anderson Romero Ortiz), la
Sala revocará las sentencias de instancia que negaron el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso administrativo. En su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
7.22.   Además,
compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de
sus competencias, investigue si ocurrieron irregularidades en la expedición de
los títulos académicos y si existe responsabilidad penal por parte de los empleados del Instituto André Michelin, Jairo Alexis Páez Barrera
(Expediente T-6.840.751), John Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) y
el señor Diego Barragán quien
aparentemente asesoró a dos de los peticionarios.
7.23.   Finalmente,
compulsará copias a la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá) para que
investigue si existieron irregularidades en la expedición de los títulos de
bachilleres académicos de los actores por parte del Instituto André Michelin.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar los
presentes asuntos.
SEGUNDO.- En el expediente T-6.840.751, REVOCAR las sentencias proferidas el 1 de marzo de 2018 por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Yopal (Casanare) y el 17 de abril de 2018 por
la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), que declararon la improcedencia de la tutela interpuesta por
Jairo Alexis Páez Barrera contra el Ministerio de Defensa Nacional y el
Director General de la Policía Nacional. En su lugar, En su lugar, DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de
una situación sobreviniente en el presente asunto, por las razones expuestas en
esta providencia.
TERCERO.- En el expediente T-6.840.881, REVOCAR
las
sentencias proferidas el 22
de marzo de 2018 por el Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá y el 23 de mayo de 2018 por la Sección Tercera – Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que se resolvió NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la
igualdad solicitado por Juan Sebastián Porras García quien presentó acción de
tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Director General de la
Policía Nacional. En su lugar, DECLARAR la CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una situación sobreviniente en
el presente asunto, por las
razones expuestas en esta providencia.
CUARTO.- En el expediente
T-6.858.363, REVOCAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Juzgado Sesenta Administrativo
del Circuito de Bogotá, en la que se resolvió NEGAR el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad
solicitado por John Anderson Romero Ortiz quien presentó acción de tutela
contra la Policía Nacional. En su lugar, DECLARAR la CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una situación sobreviniente en
el presente asunto, por las
razones expuestas en esta providencia.
QUINTO.- COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que realice las
investigaciones que considere pertinentes a efectos de determinar si se
presentaron irregularidades en la expedición de los títulos académicos y si existe
responsabilidad
penal por parte de los empleados
del Instituto André Michelin, Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente T-6.840.751), John Anderson
Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) y del señor Diego Barragán quien aparentemente asesoró a dos de los
peticionarios.
SEXTO.- COMPULSAR copias a la Secretaría de
Educación del Distrito (Bogotá) para que investigue si ocurrieron
irregularidades en la expedición de los títulos de bachilleres académicos de Jairo Alexis Páez Barrera (Expediente
T-6.840.751), Juan Sebastián Porras García (Expediente T-6.840.881) y John
Anderson Romero Ortiz (Expediente T-6.858.363) por parte del Instituto André
Michelin.
SÉPTIMO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sala de Selección Número Siete de 2018, integrada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera y el Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[2]
Sala de Selección Número Siete de 2018, integrada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera y el Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[3]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que se
encuentra dentro del expediente, Jairo Alexis Páez Barrera nació el 26 de
febrero de 1999 en Aguazul (Casanare) por lo que actualmente tiene 20 años.
Folio 8 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[4]
La Resolución 091 del 1 de junio de 2017 de la Policía
Nacional, por la cual se da de alta a un personal de Auxiliares de Policía
pertenecientes al curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo fue aportada por el Jefe (E) de
la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional junto con la contestación de la acción de tutela. Folios 22 y 23 del
cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[5]
El accionante aportó como pruebas el diploma y el acta de grado, documentos en
los que consta que se graduó como bachiller académico en el Instituto André
Michelin. Folios 6 y 7 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[6]
En el acta de grado aportada por el accionante se indica que
el Instituto André Michelin es un “plantel privado con resolución No.
3029 del 10 de octubre de 2003, para el programa de educación formal de
adultos, de carácter académico, modalidad presencial semipresencial en el nivel
de educación básica primaria y secundaria para los ciclos: Segundo (grados 4° y
5°), tercero (grados 6° y 7°), cuarto (grados 8° y 9°) y educación media
académica (grados 10° y 11°)”. Folio 6 del cuaderno principal del expediente
T-6.840.751.
[7]
Folio 9 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[8]
Inicialmente la acción de tutela interpuesta por Jairo Alexis
Páez Barrera contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Director General de
la Policía Nacional (Expediente T-6.840.751) se repartió el 13 de febrero de
2018 al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá. No
obstante, mediante auto del 14 de febrero de 2018, dicho despacho remitió la
acción de amparo a los juzgados del circuito de Yopal (Casanare) por
competencia. Folio 11 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[9]
Folio 19 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751 (reverso).
[10]
Folios 19 (reverso) y 20 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[11]
La Resolución 091 del 1 de junio de 2017 de la Policía
Nacional por la cual se da de alta a un personal de Auxiliares de Policía
pertenecientes al curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo fue aportada por el Jefe (E) de
la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional junto con la contestación de la acción de tutela. Folios 22 y 23 del
cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[12]
Folio 27 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.751 (reverso).
[13]
Folio 34 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.751 (reverso).
[14]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que se
encuentra dentro del expediente, Juan
Sebastián Porras García nació el 1 de marzo de 1999 en
Villavicencio (Meta), por lo que actualmente tiene 20 años. Folio 8 del
cuaderno principal del expediente T-6.840.881.
[15]
La Resolución 091 del 1 de junio de 2017 de la Policía
Nacional por la cual se da de alta a un personal de Auxiliares de Policía
pertenecientes al curso 051 de la Escuela
Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo fue aportada por el Jefe (E) de
la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional junto con la contestación de la acción de tutela. Folios 18 y 19 del
cuaderno principal del expediente T-6.840.881.
[16]
El accionante aportó como pruebas el diploma y el acta de grado, documentos en
los que consta que se graduó como bachiller académico en el Instituto André
Michelin. Folios 6 y 7 del cuaderno principal del expediente T-6.840.881.
[17]
Folio 34 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.881
(reverso).
[18]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que se
encuentra dentro del expediente, John Anderson Romero Ortiz nació el 28 de
diciembre de 1997 en Bogotá (Cundinamarca) por lo que actualmente tiene 21 años
de edad. Folio 10 del cuaderno principal del expediente
T-6.858.363.
[19]
La Resolución 091 del 1 de junio de 2017 de la Policía
Nacional por la cual se da de alta a un personal de Auxiliares de Policía pertenecientes
al curso 051 de la Escuela Nacional
de Carabineros Alfonso López Pumarejo fue aportada por el Jefe (E) de la
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional junto con la contestación de la acción de tutela. Folios 23 y 24 del
cuaderno principal del expediente T-6.858.363.
[20]
John Anderson Romero Ortiz aportó como pruebas el diploma y el acta de grado,
documentos en los que consta que se graduó como bachiller académico en el
Instituto André Michelin. Folios 8 y 9 del cuaderno principal
del expediente T-6.858.363.
[21]
Folio 27 del cuaderno principal del expediente T-6.858.363 (reverso).
[22]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente T-6.858. 363.
[23]
Folio 45 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751 (reverso).
[24]
La Secretaría de Educación Distrital (SED Bogotá) presentó la información académica disponible con respecto a matriculas,
grados escolares cursados en instituciones educativas y fechas de graduación de
los accionantes. Folio 47 del cuaderno de revisión del expediente
T-6.840.751 (reverso).
[25]
Folio 130 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[26]
Folio 132 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[27]
Folio 131 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[28]
Folios 143 y 144 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[29]
Reverso de los folio 145, 146 y 147 del cuaderno de revisión del expediente
T-6.840.751.
[30]
Folio 149 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[31]
Folio 149 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[32]
Folio 38 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[33]
Folio 41 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751 (reverso).
[34]
Folio 42 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[35]
Folio 80 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[36]
Folio 119 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[37]
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional anexó el Certificado Nro. 1426
en el que el colegio Miguel Ángel Cornejo
hace constar que el señor John Anderson Romero Ortiz cursó y aprobó el ciclo
cuarto correspondiente a los grados octavo y noveno de educación básica formal
adultos durante el segundo semestre del 2014 y el primer semestre de 2015. Folio
40 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[38]
Folio 40 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[39]
Folio 122 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[40]
Folio 121 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[41]
Folio 121 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[42]
Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T.II.
[43]
Corte Constitucional, providencias T-146A de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), A-163 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y A-114 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[44]
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 1995 (MP José Gregorio Hernández
Galindo) reiterada, entre otras, en las sentencias T-172 de 2005 (MP Jaime
Araújo Rentería), T-360 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-681 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y AV  Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-147 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván
Palacio Palacio).
[45]
Corte Constitucional, sentencia T-129 de 2008 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; SV Nilson Pinilla Pinilla).
[46] Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.
Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones
impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[47]
El abogado que interpuso la tutela con número de radicado
T-6.858.363, en la que John Anderson Romero Ortiz solicitó la protección de sus
derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la Policía Nacional, anexó
copia simple de su cédula de ciudadanía y su tarjeta profesional. Folio 12 del
cuaderno principal del expediente T-6.858.363.
[48]
Folio 13 del cuaderno principal del expediente T-6.858.363.
[49]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales.
[50]
Corte Constitucional, sentencia T-451 de 2006 (MP Jaime Araújo Rentería), en la que la Sala
Primera de Revisión señaló que “de acuerdo con lo dispuesto en la normativa ibídem
[artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991], el amparo constitucional puede ser
solicitado directamente por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, o a través de sus representantes legales, contractuales
o judiciales, caso este último en el cual el poder se presume auténtico, como
manifestación del principio de la informalidad en que se inspira el trámite”.
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[52]
Esta presunción  fue establecida por el legislador delegado en el decreto
2591 de 1991.  Sobre la misma se pronunció tangencialmente la Corte en
sentencia T-001 de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de abogados que
presentaron acción de tutela como agentes oficiosos sin demostrar la
indefensión de los agenciados, la Corte niega la tutela por que no se
configura  la agencia oficiosa y no se reúnen los requisitos  para el
apoderamiento judicial, afirmó la Corte: “Los poderes se presumen auténticos,
según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal
autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no
está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin
que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado”.
[53]
“En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características
de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga
una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión”.
[54]
“En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de
procedimiento civil en la materia, así en la sentencia T-530 de 1998 acoge y
aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: ‘En los poderes especiales,
los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con
otros’”.
[55]
“En este sentido en la en la (sic) sentencia T-695 de1998 la Corte  no
concedió la tutela impetrada debido a que el abogado quien presentó la tutela
pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de
tutela. En esta oportunidad la Corte reiteró la doctrina sentada en la
sentencia T-550 de 1993 oportunidad en la cual la Corte afirmó:  “De otro lado,
debe desecharse la hipótesis de que el poder conferido para adelantar un
proceso judicial sirve al propósito de intentar la acción de tutela a que
pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y,
si bien es cierto que la tutela tiene un carácter informal, también lo es que
tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se
presentó y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acción de tutela a
nombre de otro y a título profesional”  En un sentido similar ver sentencia
T-002 de 2001, en la cual la Corte afirmó que la condición de apoderado en un
proceso penal no  habilita  para instaurar acción de tutela, así  los  hechos
en que se esta se fundamenta tengan origen en el proceso penal”.
[56]
“En la sentencia  T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una
tutela promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien
actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no
debió darle trámite al respectivo proceso  debido a que el  abogado no allegó
el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.  En este
sentido aseveró que  “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de
la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe
desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal
es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme
al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción
de tutela”.
[57]
En la sentencia T-207 de 1997 la Corte se extendió en consideraciones acerca de
la informalidad, propia de la acción de tutela y de sus implicaciones frente al
ejercicio de la misma.  Con respecto al apoderamiento judicial como excepción
al principio de informalidad de la acción señaló: “Caso distinto es el de quien
ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional, en virtud de
mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del marco legal
y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la
cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto 196 de
1971).  Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio,
que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los
intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo
apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias
judiciales y que responderá por su gestión.”
[58]
Sobre la obligatoriedad de que la representación  judicial en tutela sea
asumida por abogados en ejercicio no existe regulación expresa ni en la
Constitución ni en los decretos reglamentarios de la acción de tutela, ante este
vacío la Corte en sentencia T-550 de 1993  mediante  interpretación sistemática
del ordenamiento jurídico,  a partir de las  disposiciones generales sobre
representación judicial y en especial a partir de la disposición del artículo
38 del decreto 2591 de 1991 (que  señala las faltas  para los abogados que
promuevan irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta disposición no
tendría sentido  sino se entendiera que la representación judicial  sólo
pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.
[59]
Corte Constitucional, sentencia T-817 de 2014 (MP
Mauricio González Cuervo).
[60]
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[61]
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[62]
Sobre los factores que la jurisprudencia constitucional ha
enunciado para establecer si la acción de tutela fue ejercida dentro de un
plazo razonable y proporcionado pueden consultarse, entre otras, las siguientes
providencias: Corte Constitucional, sentencias T-954 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y AV Nilson Pinilla Pinilla) T-610 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo),
T-980 de 2011 (MP Luís Ernesto Vargas Silva), T-1037 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), T-160 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-732 de 2013
(MP María Victoria Calle Correa), T-119 de 2014 (MP
María Victoria Calle Correa), T-655 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva; AV Alberto Rojas Ríos) y T-249 de 2018 (MP José Fernando
Reyes Cuartas; SVP Carlos Bernal Pulido).
[63]
Corte Constitucional, sentencia T-358 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz; AV Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz), en
la que la Sala Tercera de Revisión advirtió que “[a] luz de la
jurisprudencia constitucional, no se puede inferir la existencia de una
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del menor de edad y de los
peticionarios derivada de su incorporación al Ejército Nacional. De otra parte,
la restricción de otros derechos fundamentales derivada del reclutamiento para
prestar el servicio militar - derechos a la libertad, a la libre locomoción, a
la educación, al libre desarrollo de la personalidad -, es consecuencia
necesaria y legítima de la logística y de la disciplina militares,
indispensables para el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a
las Fuerzas Militares, todo ello dentro del marco constitucional de respeto y
protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales (CP art. 1)”.
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-311 de 1996 (MP
José Gregorio Hernández Galindo) y SU-772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-746 de 2015 MP Myriam Ávila Roldán).
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-250 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-363 de 1995 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), reiterada en los siguientes fallos C-561 de 1995 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) y C-740 de 2001 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Manuel José
Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; SVP Jaime Araujo Rentería y AV
Rodrigo Escobar Gil).
[68]
Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero)
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-409 de 1992 (MP).
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[71]
Ley 2 de 1977. Artículo 1. se
establece un servicio especial equivalente con el carácter de auxiliar de la
Policía Nacional”.
[72]
Corte Constitucional, sentencia T-049 de
2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger).
[73]
Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1994 (MP
Fabio Morón Díaz; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero), en la que la Corte se pronunció sobre dos demandas contra
los artículos 4o. (parcial), 9 (parcial), 10, 11, 13 (parcial), 14, 36, 37, 41
(parcial), 42, 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley 48 de 1993, “por la
cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”. Las
consideraciones de la providencia fueron reiteradas en las sentencias T-218 de
2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-711 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), C-1409 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y T-294 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-976 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada)
citada en la providencia T-294 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[75]
Corte Constitucional, sentencia T-565 de
2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-711 de
2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-218 de
2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-711 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-218 de
2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[80]
Corte Constitucional, sentencia T-976 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada).
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-746 de
2015 (MP Myriam Ávila Roldán).
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-294 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[83]
Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[84]
Ver, entre otras, las sentencias T-294 de 2016, T-039 de 2014, T-774 y T-587
de 2013, T-976 de 2012.
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[86] Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación
número: 11001-03-15-000-2011-02993-01(AC), sentencia del 12 de abril de 2012.
CP. María Claudia Rojas Lasso.
[87]
Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicación número:
25000-23-41-000-2017-02787-01(AC), sentencia del 3 de agosto de 2017. CP. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
[88]
Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicación número:
15001-23-31-000-1-2012-00056-01(AC), sentencia del 17 de mayo de 2012. CP. Mauricio
Torres Cuervo. || Sección Segunda, Subsección
A. Radicación número: 25000-23-37-000-2013-01497-01(AC), sentencia del 28 de
febrero de 2014. CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. || Sección Cuarta.
Radicación número: 25000-23-37-000-2015-02199-01(AC), sentencia del 5 de julio
de 2016. CP. Martha Teresa Briceño De Valencia (E). || Sección Cuarta.
Radicación número: 25000-23-42-000-2017-02788-01(AC), sentencia del 17 de
agosto de 2017. CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. || Sección Segunda,
Subsección B. Radicación número: 25000-23-42-000-2017-03086-01(AC), sentencia
del 6 de septiembre de 2017. CP. Carmelo Perdomo Cuéter. || Sección Quinta.
Radicación número: 25000-23-41-000-2017-01265-01(AC), sentencia del 26 de
septiembre de 2017. CP. Carlos Enrique Moreno Rubio. || Sección Quinta.
Radicación número: 25000-23-41-000-2017-01556-01(AC), sentencia del 15 de
noviembre de 2017. CP. Rocío Araújo Oñate. || Sección Primera. Radicación
número: 25000-23-41-000-2017-01421-01(AC), sentencia del 1 de diciembre de
2017. CP. Roberto Augusto Serrato Valdés. || Sección Segunda, Subsección A. Radicación
número: 25000-23-36-000-2017-01951-01(AC), sentencia del 1 de febrero de 2018.
CP. William Hernández Gómez. || Sección Primera. Radicación número:
25000-23-42-000-2017-05140-01(AC), sentencia del 1 de febrero de 2018. CP.
Oswaldo Giraldo López. ||
Sección Primera. Radicación número:
25000-23-42-000-2017-05142-01(AC), sentencia del 1 de febrero de 2018. CP. Oswaldo
Giraldo López. || Sección Cuarta. Sentencia del 8 de febrero de 2018. CP. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-036 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-033 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[91]
Corte Constitucional, sentencia SU-540 de
2007 (MP Álvaro
Tafur Galvis; SV Humberto Antonio Sierra Porto; AV Nilson Pinilla Pinilla).
[92]
Sentencias T-184 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-808 de 2005,
T-980 de 2004, T-696 y T-436 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-288 de 2004
y T-662 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-496 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; T-084 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-498 de
2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[93]
Sentencias T-233 de 2006, T-1035 de 2005, T-935 y T-936 de 2002, M.P. Jaime
Araujo Rentería; T-1072 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-539 de
2003, T-923 de 2002, T-1207 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-428 de 1998,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[94]
Sentencias T-414 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-253 y T-254
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[95]
Ver sentencias T-373 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se
confirmó el fallo de segunda instancia por carencia actual de objeto ya que,
sostuvo la sentencia, “al respecto, esta Corporación en reiteradas ocasiones se
ha referido al hecho consumado; comprendido tal fenómeno jurídico como la
cesación de la actuación impugnada de una autoridad pública o particular, lo
que deviene en la negación de la acción impetrada pues no existe objeto
jurídico sobre el cual proveer”; T-855 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, en la
que sencillamente se dijo “en virtud de que se está en presencia del fenómeno
jurídico del hecho consumado, la Sala estima pertinente confirmar la
providencia objeto de revisión” y T-001 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[96]
T-1020 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-348 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-428 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[97]
Sentencia T-659 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en la que se dijo
que dada la muerte de la accionante “resulta palmario que la acción de tutela
perdió su razón de ser y debe ser negada por sustracción de materia. En otros
términos hay carencia de objeto pues no podría esta Corte impartir la orden
requerida por el actor (SIC) a través de la solicitud en caso de concluir que
ésta era procedente.”
[98]
Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[99]
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
[100]
Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), T-625 de 2017 (MP
Carlos Bernal Pulido), T-721 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), T-106
de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas), T-130 de 2018 (MP Antonio José
Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado), T-149 de 2018 (MP Carlos Bernal
Pulido), T-256 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger), T-379 de 2018 (MP Alberto
Rojas Ríos), T-005 de 2019 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo) y T-168 de 2019 (MP
Alberto Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido).
[101]
Corte Constitucional, sentencia SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo).
[102]
Corte Constitucional, sentencia SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo).
[103]
Corte Constitucional, sentencia SU-655 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SVP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo).
[104]
Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos).
[105]
Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2018 (MP Carlos Bernal Pulido).
[106]
Corte Constitucional, sentencia T-186 de
1995 (MP Hernando
Herrera Vergara).
[107]
Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[108]
Folio 8 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[109]
Folios 18 y 19 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.751.
[110]
Folio 9 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751.
[111]
Jairo Alexis Páez Barrera manifestó
en el escrito de impugnación que “[l]a Policía Nacional, en cabeza de la
Dirección de Incorporación [ha] vulnerado mis derechos fundamentales al darme
una modalidad muy diferente a la que la ley me otorga. Si bien es cierto que me
presente voluntariamente y firmé, en la actualidad es mi voluntad presentar mi
servicio como BACHILLER, ya que con sacrificio terminé y obtuve un título que
me reconoce como bachiller. Folio 34 del cuaderno principal del expediente
T-6.840.751 (reverso).
[112]
Folios 6 y 7 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.751.
[113]
Folio 47 del cuaderno principal del expediente T-6.840.751 (reverso).
[114]
Folios 130 y 143 (reverso) del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[115]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que se
encuentra dentro del expediente, Juan
Sebastián Porras García nació el 1 de marzo de 1999 en
Villavicencio (Meta), por lo que actualmente tiene 20 años. Folio 8 del
cuaderno principal del expediente T-6.840.881.
[116]
Folio 42 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.881.
[117]
Folios 18 y 19 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.881.
[118]
Folio 9 del cuaderno principal del expediente T-6.840.881.
[119]
Juan Sebastián Porras García
manifestó en el escrito de impugnación que “[l]a Policía Nacional, en cabeza de
la Dirección de Incorporación [ha] vulnerado mis derechos fundamentales al
darme una modalidad muy diferente a la que la ley me otorga. Si bien es cierto
que me presente voluntariamente y firmé, en la actualidad es mi voluntad
presentar mi servicio como BACHILLER, ya que con sacrificio terminé y obtuve un
título que me reconoce como bachiller. Folio 34 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.881 (reverso).
[120]
Folios 6 y 7 del cuaderno principal del
expediente T-6.840.881.
[121]
Folios 132 y 143 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[122]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que se
encuentra dentro del expediente, John Anderson Romero Ortiz nació el 28 de
diciembre de 1997 en Bogotá (Cundinamarca) por lo que actualmente tiene 21 años
de edad. Folio 10 del cuaderno principal del expediente
T-6.858.363.
[123]
Folios 23 y 24 del cuaderno de revisión del expediente T-6.858.363.
[124]
Folio 11 del cuaderno principal del expediente T-6.858.363.
[125]
Folio 40 del del cuaderno de revisión del expediente
T-6.840.751.
[126]
Folios 8 y 9  del cuaderno principal del
expediente T-6.858.363.
[127]
Folio 40 del del cuaderno de revisión del expediente
T-6.840.751 (reverso).
[128]
Folios 131 y 144 del cuaderno de revisión del expediente T-6.840.751.
[129]
Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[130]
Ley 48 de 1993. Artículo 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la
obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso
del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no
podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la
mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad
podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se
establecen en la presente Ley. || Parágrafo 1o. Los alumnos de último año de
estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante el
transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en
coordinación con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.
|| Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de
bachilleres para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control
Reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad.
|| Parágrafo 2o. La inscripción militar prescribe al término de un (1) año,
vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente.