T-352-19
Sentencia T-352/19
ACCION DE TUTELA
PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
DERECHO
AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Capacidad
como atributo
CAPACIDAD
DE GOCE-Significado/CAPACIDAD DE EJERCICIO-Significado
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Establecimiento
de acciones afirmativas
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Relación con la capacidad
jurídica
La
negación indebida de la capacidad jurídica de las personas en situación de
discapacidad, ha afectado o puesto en riesgo el goce de algunos derechos
fundamentales, como es el derecho al voto, el derecho a otorgar su
consentimiento para las relaciones íntimas, el derecho a casarse y a fundar una
familia, así como los derechos respecto de la patria potestad de los hijos, los
derechos reproductivos, el derecho a celebrar un acto jurídico, y el derecho a
recibir un tratamiento médico, de modo que resulta reprochable, desde el punto
de vista del principio de dignidad humana, así como de los mandatos derivados
de la búsqueda de igualdad material, desconocer que las personas en situación
de discapacidad, por muy grave que sea su condición, no son, salvo decisión
judicial, incapaces.
SUSTITUCION PENSIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL-Fundamento
normativo
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos
que debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario
CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Entidades
a las que les corresponde realizar la calificación
CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL EN LAS
FUERZAS MILITARES Y LA POLICIA NACIONAL-Organismos y
autoridades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral
DEPENDENCIA ECONOMICA-Reglas para
determinarla
PROHIBICION EN MATERIA PENSIONAL DE EXIGIR REQUISITOS
ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY-Reiteración
de jurisprudencia
SUSTITUCION PENSIONAL EN EL REGIMEN PENSIONAL DE LA POLICIA
NACIONAL-Orden estudiar reconocimiento del derecho
pensional sin exigir requisitos no contemplados en la ley
Referencia:
Expediente T-7.034.044
Acción de tutela
interpuesta por Víctor Gabriel Sanabria Ángel en contra de la Policía Nacional
- Ministerio de Defensa.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En trámite de revisión del fallo proferido
en primera instancia por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, el veintisiete
(27) de julio de dos mil dieciocho (2018), y en segunda instancia por la Sala Civil
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve
(29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel,
actuando en nombre propio, interpuso el 30 de mayo de 2018 acción de tutela en
contra de la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la no discriminación, al mínimo vital, a la dignidad y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por la entidad accionada, ante la negativa
de reconocimiento y pago de la sustitución pensional[1] a la que alega tener
derecho, con base en los siguientes:
B.   HECHOS RELEVANTES
1. Víctor Gabriel Sanabria Ángel relata que su señor padre, Jaime Sanabria Duarte, trabajó para la
Policía Nacional de Colombia por un lapso de 20 años y, por lo tanto, le fue
reconocida la pensión de vejez.
2. El señor Jaime
Sanabria Duarte falleció el 27 de marzo de 2011[2] y, con ocasión a ello, el accionante le solicitó[3] a la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional, en calidad de hijo en situación de discapacidad. Como soporte de lo
anterior presentó ante la entidad accionada un dictamen emitido el 17 de junio
de 2002[4].
3. La Policía
Nacional profirió la Resolución No. 01586 del 13 de octubre de 2011[5], mediante la cual le reconoció el 50% de la sustitución pensional
a la señora María Rosalba Fonseca, por haber acreditado la calidad de compañera
permanente. Respecto de la solicitud del señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel, en el mismo acto administrativo decidió dejar en suspenso el
reconocimiento y pago del restante 50% de la sustitución pensional al
considerar que:
“(…)
El señor VICTOR GABRIEL SANABRIA ANGEL en calidad de hijo
discapacitado del causante, para demostrar su condición de beneficiario allega
registro civil de defunción, declaración extraproceso y documento de identidad.
Que mediante comunicado ARPRE-GRUPE No. 112928 del 8 de junio de
2011 el Grupo de Pensionados de la Policía Nacional solicitó al señor VICTOR
GABRIEL SANABRIA ANGEL, valoración de la Junta Médico Laboral reciente expedida
por funcionarios médicos de la Policía Nacional, donde se determine el origen y
fecha de la disminución de la capacidad psicofísica, así como, su consecuente declaratoria
de interdicción y nombramiento de Curador o Guardador General con la facultad
para administrar los bienes, debiendo remitir el auto admisorio de la
respectiva demanda y registro civil de nacimiento con nota marginal de
reconocimiento paterno, sin que hasta la fecha los haya aportado, razón por la
cual, la parte de sustitución pensional a la que pueda tener derecho el señor
VÍCTOR GABRIEL SANABRIA ANGEL, en calidad de hijo discapacitado del causante será
dejada en suspenso, hasta tanto se allegue la Sentencia ejecutoriada dentro del
proceso en mención, la valoración de medicina laboral de la Policía Nacional y
el registro civil de nacimiento que contenga la nota marginal de reconocimiento
paterno” (Subrayado fuera de texto).
4. Contra la
anterior resolución, el señor
Víctor Gabriel Sanabria Ángel presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación los que fueron resueltos a través de las Resoluciones No.002 del 9 de
enero de 2012 y No. 01102 del 4 de abril de 2012.
5. El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel fue valorado por el Área de
Medicina Laboral – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el 03 de
febrero de 2012 con una pérdida de capacidad laboral de 85.75%. En la
descripción de la deficiencia estableció: “Secuelas Parálisis Cerebral
Espástica con retardo mental moderado a severo”, la causa de la enfermedad
esta referenciada de la siguiente manera: “Paciente de sexto embarazo madre
de 22 años, embarazo con anemia y complicaciones vasculares, parto a término
institucional con hipoxia perinatal, presentó hipoxia neonatal y retardo
desarrollo psicomotor mental y del lenguaje, estuvo hospitalizado los tres
primeros años por parálisis cerebral y luego estuvo en el Instituto Roosevelt y
luego en Teletón desde los 11 años, por tres años”[6].
6. El 8 de febrero de
2018 la señora María Rosalba Fonseca[7], presentó ante la Policía Nacional una solicitud para obtener el
reconocimiento del 100% de la sustitución pensional, por haber acreditado la
calidad de compañera permanente y al estar en suspenso a través de la
Resolución No.01586 de 2011, el 50% restante de la prestación.
7. La entidad
accionada a través del oficio S-2018-041978 del 24 de julio de 2018[8] le brindó respuesta a la petición, afirmado que no era procedente
por los siguientes argumentos: (i) el señor Víctor Gabriel Sabría Ángel
solicitó el pago y reconocimiento a través de un escrito radicado bajo el
consecutivo E-2018-022090; (ii) dentro del expediente pensional obra dictamen
de la Junta Medico Laboral de la Policía en el que le determinó al accionante
una pérdida de capacidad laboral del 85.75% y, (iii) la entidad, a través de
comunicación S-2018-029314 SEGEN le requirió al señor Víctor Gabriel Sanabria
Ángel, para que allegara sentencia judicial debidamente ejecutoriada, donde
designe  un tutor o representante legal con la facultad para administrar los
bienes.
8. El 12 de marzo de
2018, el accionante radicó ante la Policía Nacional una nueva solicitud con el
propósito de que se levantara la suspensión del reconocimiento del derecho
pensional pretendido[9]. La petición fue resuelta de forma negativa el 23 mayo de 2018[10]. Para ello, se reiteraron las exigencias señaladas en la mencionada
Resolución No.01586 de 2011.
9. Luego de exponer los hechos que motivan la interposición de esta acción
de tutela, el accionante solicita que, a través de ella, le sea reconocida la
sustitución pensional de su fallecido padre Jaime Sanabria Duarte. Señala, así
mismo, que dicho reconocimiento deberá de ser retroactivo e incluir el pago de
intereses, desde el 27 de marzo de 2011, fecha en que murió su padre.
10. Mediante Auto del 31
de mayo de 2018[11], el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, admitió la demanda
de tutela, vinculó a la señora María Rosalba Fonseca y ordenó correr traslado a
la accionada Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional. En el término otorgado por el juez de instancia, se
presentaron las siguientes contestaciones:
C.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
11. El Jefe del Área de
Prestaciones Sociales[12] de la Secretaría General de la Policía Nacional - Ministerio de
Defensa Nacional, con escrito No. 2018-032385 del 05 de junio de 2018, solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción de tutela[13]. Frente a los hechos de la demanda, explicó que el señor Víctor
Gabriel Sanabria, en calidad de hijo del señor Jaime Sanabria Duarte, allegó el
18 de mayo de 2011 formulario con solicitud de reconocimiento pensional, en
donde puso en conocimiento de la entidad que era una persona con discapacidad
absoluta y permanente, conforme al dictamen realizado el 16 de junio de 2002
por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional. En razón de lo anterior, mediante
comunicación oficial No. 112928 ARPRE-GRUPE del 8 de junio de 2011, se le
solicitó copia autentica del proceso de declaratoria de interdicción y,
consecuentemente, el nombramiento de curador o guardador general. Aclaró que al
accionante se le han reconocido todas las prestaciones sociales a las que ha
tenido derecho, pero no ha cumplido con aportar los documentos exigidos para el
reconocimiento de la mesada pensional. Frente a la solicitud presentada el 12
de marzo de 2018, explicó que fue debidamente contestada y se le reiteró lo
contemplado en la mencionada resolución.
Respecto
de la razones de la defensa, precisó que, los derechos invocados por el
accionante no han sido trasgredidos por la entidad, puesto que unas autoridades
médico laborales determinaron que el accionante presenta una serie de
condiciones de salud, que implican que requiera de un curador o guardador
general, para que represente sus intereses, puesto que padece de retracción en
los miembros inferiores en flexión; marcha con ayuda de un tercero, presenta
rigidez espástica generalizada; el examen mental denota un paciente retraído
que contesta con monosílabos, afecto depresivo, que no establece contacto
visual y sin control de esfínteres.  Asegura que la exigencia del nombramiento
judicial de un curador o guardador general se explica teniendo en cuenta que,
en ocasiones, “… el reconocimiento de una mesada pensional sin tener dicha
figura jurídica se presta para aprovechamiento de terceros”.
Señaló
que “Ahora lo que pretende el accionante en su propia representación lo cual
genera dudas, pues de conformidad al anterior concepto el accionante no puede
escribir, por sí solo, no tiene sustento, pues el accionante no puede
solicitarle a un juez en funciones constitucionales y por intermedio de una
acción de tutela se elimine una determinación jurídica expuesta en un acto
administrativo que es para su propio beneficio, pues lo solicitado por la
Policía Nacional no es un requisito extraordinario el cual va en contra de sus
derechos prestacionales y fundamentales, todo lo contrario se le solicitó un
curador para proteger sus intereses, ahora bien, la acción de tutela no puede
ser utilizada como un mecanismo de controversia jurídica pues así, lo estipula
el ordenamiento legal, resaltando que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para solicitar la eliminación de un aparte de un acto administrativo
para en su lugar pretender un reconocimiento pensional” (subrayado fuera
texto). Concluyó que la Corte Constitucional ha establecido que las prestaciones
sociales son un derecho fundamental y la protección a la seguridad social es un
deber del Estado, así como de todas las autoridades administrativas que tienen
a cargo la función de reconocimiento de dichas prestaciones.
Finalmente,
se mostró en desacuerdo con que se utilice la acción de tutela para obtener una
indemnización y, menos aún para que se decreten pensiones[14], con el argumento de un supuesto daño a la salud.
D.
RESPUESTA DEL TERCERO VINCULADO
12. María Rosalba
Fonseca, como compañera permanente de Jaime Sanabria Duarte, intervino en el
proceso en calidad de vinculada[15]. Señaló que a través de la Resolución 01586 del 13 de febrero de
2011, la entidad accionada le reconoció el 50% de la sustitución pensional.
Informó que, frente al acto administrativo anteriormente referido, el señor
Víctor Gabriel Sanabria Ángel presentó los recursos de reposición y de
apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones No. 00002 del
9 de enero de 2012 y 01102 del 4 abril de 2012, respectivamente. Por lo tanto,
consideró que existe un acto administrativo debidamente ejecutoriado.
13. Indicó que no es la
persona idónea para determinar la clase de enfermedad que puede padecer el
señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel toda vez que, al cumplir los 18 años, es
decir, en marzo de 1991, él trabajaba en una ferretería de propiedad de su otra
hermana, Mireya Sanabria, en la ciudad de Bogotá, localidad de Kénnedy. Afirmó
que tiene conocimiento de que el actor convive con una señora, con quien al
parecer tiene dos hijos, de modo que la autoridad médica[16] es quien debe establecer la discapacidad del accionante.
14. Por último, explicó
que al transcurrir más de 6 años de haber quedado en suspenso el 50% restante
de la sustitución pensional, le solicitó a la Policía Nacional, mediante
escrito radicado el 9 de febrero de 2018, el reconocimiento del 100% de la sustitución
pensional.
Señaló
que la entidad, a través del oficio No. S-2018-021865/ARPRE-GRUPE-1.10 del 19
de abril de 2018, le dio respuesta al escrito que ella radicó. Aportó al
proceso de tutela el mencionado escrito [17] y recalcó lo siguiente:
“(…)
…se observa que a la fecha sigue en suspenso el reconocimiento del
50% de la sustitución de pensión que le pueda corresponder al señor VICTOR
GABRIEL SANABRIA ANGEL, toda vez que aún no ha aportado la documentación que se
le solicitó en la resolución No. 01586 del 13 de octubre de 2011 para entrar a
realizar el reconocimiento de la parte dejada en suspenso.
Razón por la cual se procederá a oficiarle para que en el término de
10 días a un mes como lo establece el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015,
allegue la documentación solicitada o en su defecto se tendrá en cuenta el
desistimiento tácito y se procederá a otorgar esa parte en suspenso a su
poderdante.”.
Por
lo tanto, consideró que en ningún momento ha actuado en contra de la ley, sino
que ha cumplido con los mandatos constitucionales y legales. Por ello solicitó finalmente,
que se desestimen las pretensiones de tutela.
E.
PRUEBAS RELEVANTES APORTADAS AL PROCESO
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor
Víctor Gabriel Sanabria Ángel[18].
-
Copia del Registro Civil de Defunción No.
07100454 del señor Jaime Sanabria Duarte[19].
-
Copia de la Resolución No. 01586 de 2011, emitida
por la Dirección General de la Policía Nacional – Ministerio de Defensa
Nacional[20].
-
Dictamen de pérdida de
capacidad laboral[21] No. 0001064 del 03 de febrero de 2012
proferido por el Área de Medicina Laboral – Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, en donde se califica al actor con una pérdida de capacidad laboral de
85.75%.
F.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: Sentencia del Juzgado Doce
Civil del Circuito de Bogotá
15. El veintisiete (27)
de julio de dos mil dieciocho (2018), el juez de la primera instancia declaró
improcedente la acción de tutela, por ausencia del requisito de subsidiariedad.
16. En sustento de lo
anterior, consideró que por regla general la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para lograr el reconocimiento y posterior pago de la acreencia
pensional, dado que para ello existen medios de defensa judicial ordinarios a
los que puede acudir el afectado, con miras a satisfacer sus pretensiones. Señaló
que el actor alega la causación de un perjuicio irremediable que en este caso
sería la afectación del mínimo vital, aunque no logró acreditar que se
encuentre dentro de dichas circunstancias, para que resulte procedente el
amparo[22].
Impugnación
17. Mediante escrito
radicado el 3 de agosto de 2018, el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel impugnó
el fallo de tutela proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá,
al indicar que la decisión carece de congruencia con las peticiones efectuadas.
Señaló que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de sus
derechos constitucionales, dado que se está discutiendo la “solicitud del
requisito de interdicción para el acceso al derecho a la pensión”, puesto
que, a su juicio, la prestación social ya fue reconocida por la Policía
Nacional, aunque la exigencia de ese requisito, impide el efectivo pago de la
misma. Por lo tanto, la pretensión central de este proceso, es la de permitir
el acceso a la pensión, sin la necesidad de renunciar a su capacidad jurídica,
que es la consecuencia directa de la declaratoria de interdicción[23].
Segunda
instancia: Sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil
18. Mediante fallo
proferido el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la segunda
instancia confirmó la decisión primera instancia, toda vez que concluyó
que el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial[24].
G.  ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Solicitud de selección del asunto,
por parte de la Corte Constitucional
19. El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel presentó,
ante la Corte Constitucional, un escrito en el que solicita la selección de la
tutela[25].
Refirió que es inconstitucional y contrario a sus derechos que la entidad
accionada le exija ser declarado interdicto y se le nombre curador para poder
hacer efectivo un derecho pensional que, asegura, ya le fue reconocido, toda
vez que dicha exigencia no está contemplada en la ley y por ello resulta
incluso contrario a la Ley 1346 de 2009, mediante la cual se busca la inclusión
de las personas en situación de discapacidad, y la eliminación de barreras
administrativas que implica un trato discriminatorio. Explicó que, al ser
declarado interdicto, su capacidad jurídica queda limitada y no podría celebrar
distintos actos jurídicos como comprar inmuebles, casarse o incluso administrar
el dinero que reciba de la mesada pensional.
Informó que, para su sorpresa, después de la impugnación de
la tutela, se enteró de que su hermana, Mireya Sanabria Ángel, adelanta en el
Juzgado 22 de Familia de Bogotá, un proceso de interdicción en su contra y que,
en razón de ello, el 14 de agosto de 2018 se decretó la interdicción
provisional designando a su familiar como curadora. Menciona que su hermana“(...)
tuvo esta iniciativa porque a su parecer la interdicción es la única forma
en la que podré acceder a mi derecho pensional y mi familia tiene una
preocupación legítima frente a mi porvenir económico. Sin embargo, reitero
que la interdicción es algo que no deseo, y que este proceso es algo que se
adelanta sin mí, pues yo considero que he de poder acceder a la pensión sin
tener que comprometer mi capacidad jurídica, pues conozco las implicaciones de
ello” (subrayado fuera de texto).
Insistencia para la selección del
asunto
20. El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez
presentó el 29 de noviembre de 2018 escrito de insistencia[26] para la selección del
expediente, al considerar que las sentencias de la Corte Constitucional T-611
de 2016, T-655 de 2016 y T-185 de 2018, explican que resulta desproporcionado y
contrario al ordenamiento jurídico exigirle a las personas que se encuentran en
situación de discapacidad la obtención de una sentencia judicial de
interdicción y, en consecuencia, el nombramiento de un curador a efectos de
obtener el pago efectivo de una sustitución pensional, en virtud, de los
compromisos internacionales adoptados por Colombia al suscribir la Convención
sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, aprobado mediante Ley 1346
de 2009.
Concluyó que varios aspectos constitucionalmente relevantes
pueden surgir del estudio del expediente y presenta varios interrogantes: ¿Es
constitucionalmente admisible que se exija a las personas en situación de discapacidad
que busquen la declaratoria de interdicción judicial a fin de obtener el
reconocimiento y pago de pensiones como medida de protección en favor de tales
sujetos de especial protección constitucional?, es decir, considera que es
necesario establecer cuáles son los límites de las potestades de las
autoridades y entidades competentes en materia pensional para hacer exigencias
a las personas en situación de discapacidad para acceder a las prestaciones
económicas que reconoce el sistema de seguridad social en pensiones.
Por último, consideró que es necesario establecer si, en el
caso concreto, se desconocieron los precedentes de la Corte Constitucional en
materia de exigibilidad de sentencia de interdicción para obtener el efectivo
reconocimiento y pago de una pensión o si, por el contrario, tal exigencia
resulta adecuada y razonable, en procura de proteger los derechos del
accionante.
Auto del 18 de enero de 2019
21. El día 18 de enero
de 2019[27],
la Sala Cuarta de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, con el ánimo de garantizar el derecho al debido proceso y obtener los
elementos de juicio necesarios para adoptar una mejor decisión, vinculó al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Bogotá y a la Defensoría
de Familia Centro Zonal de Bosa, y ofició a la Defensoría de Familia Centro
Zonal de Bosa para que realizara y enviara a la Corte Constitucional, un
informe de un estudio sociofamiliar, realizado a partir de una visita al
domicilio del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel. Así mismo, de manera específica, contestara varios interrogantes
dirigidos a establecer la situación personal y familiar del accionante. Dichas
preguntas se transcribirán, con su correspondiente respuesta, más adelante.
22. El veintiocho (28)
de enero de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta corporación[28], remitió al despacho
el expediente de la referencia, informando que el término probatorio señalado
en el Auto del 18 de enero de 2019 venció en silencio.
23. Sin embargo, el 31
de enero de 2019[29]
la Secretaría General de esta Corte, envió al despacho del Magistrado
sustanciador la respuesta emitida por el señor Ernesto León Martínez, actuando
como Defensor de Familia del Centro Zonal Bosa Regional Bogotá donde remite el informe
de visita domiciliaria efectuado por la trabajadora social, en la residencia
del actor.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Bosa
El
informe de visita domiciliaria[30],
realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señala que el 29
de enero de 2019 la trabajadora social comisionada dentro del equipo
interdisciplinario, llegó a las 9:15 am al domicilio del señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel, donde fue atendida por el mismo actor, quien se encontraba con
un hijo de 4 años en la vivienda.
Al
dar respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por la Corte
Constitucional, señala el informe lo siguiente:
1.
¿Quiénes conforman actualmente el núcleo
familiar del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel? Especifique el número de personas, edades, ocupación y relación de
parentesco. ¿Cómo se desarrolla la convivencia entre
ellos?
Respuesta:
Elabora un cuadro con la composición actual del grupo familiar.
Nombre y Apellido
Parentesco
Edad
Escolaridad
Estado Civil
Actividad
Ocupación
Víctor
Gabriel Sanabria Ángel
Es
el accionante
44
Universidad
incompleta
Unión
libre
Incapacidad
permanente para trabajar
Sin
ocupación
Leidi Viviana Suarez Ospina
Compañera
31
Tecnólogo
Unión
libre
Trabajando
Empleada
-
Hijo
4
Preescolar
N.A
Estudiando
-
-
Hijo
2
Preescolar
N.A
Estudiando
-
Respecto de la convivencia con la señora
Leidi Viviana Suarez refiere que desde hace 5 años viven en unión libre y mantienen
una relación afectuosa, cordial y de apoyo mutuo, basada en el diálogo ante las
dificultades económicas.
2.
¿Tiene actualmente el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel algún
acompañamiento diario o supervisión de alguna persona?
Respuesta: No
tienen ningún acompañamiento diario o supervisión alguna.
3.
¿El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS)?
Respuesta:
No. El señor informa que se encuentra inactivo en la Policía. Informa que lo
atienden por urgencias y que para esto debe firmar un pagaré.
Se consultó la aplicación ADRES
(Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud) en la que reporta que “El afiliado con número de documento 79620963
no se encuentra en BDUA”.
4.
¿En qué condiciones de habitabilidad se
encuentra el lugar donde reside el señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel y su grupo familiar?
Respuesta:
El señor Víctor reside con su familia hace año y medio en un apartamento
ubicado en un conjunto residencial en el 5º piso. El apartamento consta de 2
habitaciones pequeñas, sala, comedor, baño, cocina y zona de lavado en la misma
cocina. Son tenedores en arriendo. El canon es de $450.000 pesos y cancelan
mensualmente $100.000 pesos, por concepto de servicios públicos.
5.
¿El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel toma
algún medicamento o requiere alguna forma de asistencia?
Respuesta:
El señor y su pareja informan que el único medicamento que ingiere es Omeprazol
para la gastritis.
6.
¿Qué fuentes de ingreso tiene actualmente el
accionante y su grupo familiar o la persona que se encuentra a cargo de él? ¿A
cuánto ascienden dichos recursos mensuales?
Respuesta:
Responde que el único ingreso que tiene Víctor Gabriel es de $300.000 pesos, el
cual le consigna una amiga que vive en España que fue su profesora en el
bachillerato. La compañera del señor, se desempeña como auxiliar de archivo y
percibe el valor de $980.000 mensuales.
7.
¿Quién radicó la demanda de tutela mediante la
cual él solicita que la Policía Nacional le reconozca una sustitución
pensional? ¿Actuó personalmente o por intermedio de alguien?
Respuesta: La radicó el señor Víctor
Gabriel personalmente y actuó a nombre propio.
8.
¿El señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel
comprende las preguntas formuladas y se comunica fácilmente de manera verbal o
por escrito?”.
Respuesta:
El señor Víctor Gabriel comprendió todas las preguntas formuladas y aunque se
comunicó todo el tiempo verbalmente, manifiesta que se comunica más fácil por
escrito.
Finalmente, aportó un registro fotográfico
de la vivienda, un genograma y una tabla con condiciones habitacionales y
aspectos socio económico. Allegó fotocopia de la cédula de ciudadanía de la
señora Leidi Viviana Suarez Ospina, y del registro civil de nacimiento de los
menores.
Auto del 06 de febrero de 2019
24. A fin de garantizar el debido proceso
que les asiste a las partes en el trámite de la tutela y, en cumplimiento del artículo 64 del Acuerdo 02 de dos mil
quince (2015), se le ordenó a la Secretaría General de esta corporación,
poner a disposición de las partes o de los
terceros con interés, las pruebas recibidas, en concordancia con lo previsto en
el artículo 110 del Código General del Proceso. Adicionalmente, al
revisar la página de internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil[31], se encontró que el
señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, con fecha de nacimiento del veintiuno (21)
de marzo de mil novecientos setenta y tres (1973), fue inscrito en la Notaria
Primera de Villavicencio, Meta, el veinte (20) de septiembre de mil novecientos
setenta y cuatro (1974), con el serial No. 0000935475, de modo que se ofició a
dicha entidad para obtener copia del respectivo registro civil de nacimiento.
25. Como respuesta de lo anterior, la
Secretaría General de la Corte Constitucional remitió la respuesta emitida el 12
de febrero de 2019 por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La Registraduría Nacional del Estado Civil[32]
Allegó registro civil de nacimiento del
señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel con el serial 935475 inscrito en la Notaría
Primera de Villavicencio, Meta, el 20 de septiembre de 1974, e informó que
dicho registro se encuentra en estado válido y disponible para el trámite al
que tenga lugar. Estas pruebas fueron puestas a conocimiento de las partes,
para su eventual contradicción.
Auto del 11 de febrero de 2019
26.  El día 11 de febrero de 2019 el Magistrado sustanciador, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y para un mejor proveer, emitió auto decretando la
práctica de pruebas[33].
Para ello, ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que dentro
de los tres (3) días siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, proceda a informar:
“ i.   ¿Hay
diferentes tipos de registro civil de nacimiento?
ii.   ¿Cuál
sirve para acreditar la filiación?
iii.   ¿Qué significa el registro civil de nacimiento con nota
marginal de reconocimiento paterno?, ¿Es usual? y ¿Para qué se utiliza?
iv. ¿En el caso del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel,
identificado con cédula de ciudadanía número79.620.963 de Bogotá, existe alguna
nota marginal en el registro civil de nacimiento? En caso afirmativo, aportarlo
al expediente”.
27. El veinte (20) de
febrero de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta corporación[34], remitió al despacho
el expediente de la referencia, informando que el  auto fue comunicado y
durante dicho término no se recibió respuesta alguna.
Auto del 14 de febrero de 2019
28. El día 14 de febrero de 2019, el Magistrado sustanciador ordenó la práctica de nuevas pruebas[35]. Para ello, ofició a
la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, para que informara:
“a) El estado
actual de la solicitud de sustitución pensional del señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel, identificado con cédula de ciudadanía número 79.620.963 de
Bogotá.
b) ¿Qué
trámites adicionales se han cumplido después de la Resolución 01586 del 13 de
octubre de 2011 y hasta la fecha, respecto del señor Víctor Gabriel Sanabria
Ángel?
c) Adjunte
prueba de los eventuales actos administrativos que se han proferido con
posterioridad a la Resolución 01586 del 13 de octubre de 2011.
d) ¿Ha
acudido algún familiar del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, a la Policía
Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, para solicitar el reconocimiento de
la mesada pensional que eventualmente, ¿le pudiere corresponder? En dado caso,
¿En qué calidad se presentó dicha solicitud?
e)
¿Actualmente existe alguna orden de pago de la mesada pensional que le pudiere
corresponder al señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel? En caso afirmativo,
indique ¿Quién esta cobrado directamente el valor de la mesada pensional?”.
29. El veintiséis (26)
de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Secretaría General de esta
corporación[36]
remitió al despacho el expediente de la referencia, informando que el término
probatorio señalado en el Auto del 14 de febrero de 2019, venció en silencio.
30. El ocho (08) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)[37]
la Secretaría General de esta Corte, envió al despacho del Magistrado
sustanciador la respuesta emitida por la Policía Nacional – Ministerio de
Defensa Nacional.
Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional
Informa que, en el caso en particular, elaboró un proyecto
de resolución en la que se resolverá lo relativo al 50% del restante de la
sustitución pensional del señor Jaime Sanabria, no obstante, no aportó ningún
acto administrativo.
Auto del 20 de febrero de 2019
31. El 20 de febrero de 2019[38]
el Magistrado sustanciador reconoció personería jurídica para
actuar a la apoderada judicial designada por el señor Víctor Gabriel Sanabria
Ángel, en los términos y para los efectos del poder conferido, ordenó poner a disposición de las partes o de los terceros con
interés, las pruebas allegadas el dieciocho (18) de febrero de dos mil
diecinueve (2019) por la apoderada judicial y, de
manera conjunta, se concedió el término de tres (3) días, para que el
accionante y la señora Leidi Viviana Suarez Ospina efectuaran el reconocimiento
del documento que redactaron y no suscribieron, en el que hacen un recuento de
su vida familiar y personal.
32. El cinco (05) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)[39]
la Secretaría General de esta Corte, informó que acorde con lo previsto en el
artículo 110 del Código General del Proceso se realizó publicación en lista de
las pruebas allegadas y se corrió traslado a las partes dentro del proceso.
Precisó que durante el término se acercó el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel
junto con la señora Leidi Viviana Suarez Ospina a hacer presentación y
reconocimiento del documento antes mencionado.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
33. Esta Corte es
competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del
6 de diciembre de 2018, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Doce
de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los
jueces de instancia y asignar su sustanciación al Magistrado ponente.
B.
CUESTIÓN PREVIA
Procedencia de la acción de tutela
34. Legitimación
por activa: El artículo 86
de la Constitución Política[40]
dispone que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido
vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en
nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. En el presente
caso, Víctor Gabriel Sanabria Ángel presentó la demanda en nombre propio. Adicionalmente, en el trámite de revisión el
accionante le confirió poder especial a la doctora
Gloria Juliana Bustamante Reyes, a quien se le reconoció personería jurídica
para actuar dentro del proceso, de manera que se
encuentra cumplido el requisito de la legitimación en la causa por activa.
35. Legitimación por pasiva: El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[41] establece que la acción
de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que viole
o amenace un derecho fundamental. En este sentido, la Policía Nacional de
Colombia es una entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa Nacional,
creada mediante el Decreto-Ley 1000 de 1891 y, fundada en el artículo 218 de la
Constitución Política. Así mismo, la Ley 62 de 1993, precisó la función y
organización de la Policía y su estructura fue definida de acuerdo con el Decreto
4222 del 23 de noviembre de 2006 y el Decreto 216 del 28 de enero de 2010. Por
lo tanto, se trata de una institución demandable mediante el presente trámite.
36. Inmediatez: Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de
interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto de
la acción u omisión que causa la afectación de sus derechos fundamentales[42]. En el caso concreto, la Sala observa que el hecho vulnerador alegado por el
señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel,
es la negativa del reconocimiento de la sustitución pensional, mediante comunicado
de 23 de mayo de 2018, mientras que la demanda
fue interpuesta el 30 de mayo del mismo año[43]; término que
ni siquiera supera un mes, por lo que la Sala lo considera prudente y razonable
frente al principio de inmediatez.
37. Subsidiariedad: De conformidad con
el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos concordantes del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y
subsidiario, es decir, únicamente será admisible en
el momento en que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, este
no resulte eficaz o en caso, de que se pretenda evitar un perjuicio
irremediable. En cualquier circunstancia,
deberá verificarse si los mecanismos judiciales ordinarios resultan eficaces
para la protección del derecho, pues en el evento de que así no sea, la
garantía constitucional se torna procedente[44].
En ese sentido, procede excepcionalmente como
mecanismo de protección definitivo -cuando el titular de los derechos no
disponga de otro medio de defensa judicial o cuando existiendo ese medio,
carece de idoneidad o eficacia. El amparo será transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable-, en cuyo
caso la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva
por parte del juez natural.
38. La Corte
Constitucional ha manifestado en reiteradas oportunidades que, en principio, la
acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de carácter pensional, por tratarse de un asunto
supeditado al cumplimiento unos requisitos definidos previamente en la ley.
39. Adicionalmente, la
improcedencia general de la acción de tutela con fines pensionales se funda en
la existencia de otro medio de defensa judicial, ya que los litigios que surjan entre afiliados o
beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras
de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son competencia de la
Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, salvo que se trate de
servidores públicos que tengan relación legal y reglamentaria y la entidad del
Sistema de Seguridad Social, sea de naturaleza pública, caso en el cual, el
asunto compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
40. No obstante lo
anterior, se ha admitido la procedencia de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, cuando se
constata que la negativa de la entidad compromete el núcleo esencial de un
derecho fundamental. Excepcionalmente, procede cuando se verifica que “(i)
su falta de otorgamiento ha generado un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo
vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el
interesado tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos; y (iii) aparecen
acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial
es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente
afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable”[45]. A esto, además, se ha agregado un elemento adicional,
consistente en verificar que “(iv) (…) en el trámite de la acción de
tutela –por lo menos sumariamente- se cumplen con los requisitos legales para
acceder a la prestación reclamada”[46].
41.  De acuerdo con lo
anterior, es preciso concluir que la protección constitucional invocada en el
trámite pensional es excepcional y no se orienta a soslayar los medios
judiciales ordinarios con que cuenta el accionante, sino a garantizar la
efectividad de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, conforme
lo dispone el artículo 2º de la Constitución Política.
42. En el presente caso, se constata
que el otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el proceso ordinario ante
la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, a pesar de que
permite plantear la problemática que surge de los hechos de la demanda y
solucionarlo (idoneidad), no resulta eficaz, dadas las particularidades del
caso en concreto[47],
como es que: (i) Víctor Gabriel Sanabria Ángel presenta
un 85.75% de pérdida de capacidad laboral, es decir, es una persona en
situación de discapacidad; (ii) el actor no recibe un
ingreso mensual, producto de un trabajo, dada la limitación física que presenta
en sus miembros inferiores, puesto que no le resulta fácil desplazarse. Dentro
del trámite de revisión, el accionante manifestó que el único ingreso que recibe
es  la ayuda económica que le aporta una amiga del exterior de $300.000. Por
otra parte, el efecto inmediato de la suspensión del
reconocimiento de la sustitución pensional implica la posible afectación del
mínimo vital del accionante y de su grupo familiar, el cual está compuesto por su
compañera permanente y sus dos hijos menores de 2 y 4 años[48], cuyos derechos son
igualmente prevalentes, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución
Política. Adicionalmente, no cuenta con bienes o familiares obligados a cumplir
obligaciones alimentarias respecto del accionante; (iii) el medio ordinario resulta ineficaz, puesto
que el accionante acudió a la acción de tutela solicitando la protección
urgente de su derecho fundamental al mínimo vital,  frente a lo cual, constata
la Sala que la espera y costos del proceso ordinario
podrían agravar su situación y profundizar el riesgo para sus derechos
fundamentales. Por lo expuesto la Sala considera que se
satisface el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, la acción de
tutela es procedente, puesto que resulta imperiosa la intervención del juez constitucional.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y
ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
43. Acorde
con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta sentencia, le
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Policía Nacional –
Ministerio de Defensa Nacional, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, y al mínimo vital del
señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, al suspender el reconocimiento y pago del restante 50% de la sustitución pensional, en calidad alegada
de hijo discapacitado, con fundamento en que, según la decisión de la Policía
Nacional, debe aportar sentencia de interdicción judicial junto con el nombramiento
de curador o guardador a efectos de administrar su patrimonio y, que lo
represente para el pago de la mesada pensional, así como el registro civil de
nacimiento con nota marginal de reconocimiento paterno.
44. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado por la Sala,
en primer lugar, esta procederá a analizar: (i) el derecho fundamental a la
personalidad jurídica y las limitaciones a la capacidad; (ii) la sustitución
pensional en el régimen pensional de la Policía Nacional; (iii) la exigencia de
requisitos extralegales para el reconocimiento y pago de prestaciones de la
seguridad social, como una actuación contraria a la vigencia y eficacia de los
derechos fundamentales. Este estudio permitirá determinar (iv) si la Policía Nacional
vulneró los derechos fundamentales del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, al
someter el estudio de su solicitud a la realización de trámites no previstos
por la ley, como requisito para decidir la solicitud en la materia.
D.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PERSONALIDAD
JURÍDICA Y LAS LIMITACIONES A LA CAPACIDAD
45. El artículo 1º de la
Constitución Política funda la existencia del Estado Social de Derecho en la
protección de la persona y el respeto a la dignidad humana. En esta medida, el artículo 14 establece
que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de
su personalidad jurídica”, concebida como un
derecho fundamental, y presupuesto esencial de derechos y garantías de los
seres humanos. Por lo tanto, a través del ordenamiento
jurídico, tan solo se limita a su reconocimiento, en cumplimiento del mandato
constitucional y de compromisos internacionales adquiridos en materia de
derechos humanos[49].
46. El derecho a la personalidad
jurídica es el reconocimiento que la sociedad realiza como sujeto de derechos y
obligaciones y comprende adicionalmente “la posibilidad de que todo ser
humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su
condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su
personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados
atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra
el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica (CP
art. 14) está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a
todos los atributos propios de la personalidad jurídica” [50]. De modo que, las
autoridades públicas deben garantizar, entre otras, la libertad, la autonomía y
la integridad física y moral de todo ser humano.
47. Ahora bien, los atributos de la
personalidad, son una categoría autónoma del derecho civil, que tienen por
finalidad vincular la personalidad jurídica de los seres humanos, al
ordenamiento jurídico. Por ello, el derecho invocado anteriormente, se materializa
mediante estos atributos, aun cuando algunos de ellos también gocen del
carácter de derecho fundamental. Tradicionalmente el ordenamiento jurídico los
ha identificado como: (i) el nombre; (ii) la capacidad; (iii) el estado civil;
(iv) el domicilio; (v) la nacionalidad y, (vi) el patrimonio.
48. Concretamente el atributo de la personalidad denominado como la capacidad
se ha definido como la aptitud, el talento y la cualidad de que
disponen las personas, para el buen ejercicio de algo[51]. Según nuestra legislación civil, esta destreza
puede ser de goce y de ejercicio[52]. La capacidad de
goce consiste en la aptitud general que tiene toda
persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es un
atributo esencial de la personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o
legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma, sin el
ministerio o la autorización de otra. Implica,
entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio
jurídico, sin que para ello requiera acudir a otra persona.
Luego, la capacidad
de goce es la regla general, pues, todo individuo de la
especie humana, la posee. En tanto la capacidad de ejercicio, es uno de los
requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos
jurídicos del que, en principio, gozan todas las personas, excepto aquéllas que
la ley declara como incapaces (art.
1503 del Código Civil.).
49. De ahí que, cuando a una persona se le imposibilita ejercer o
gozar de la capacidad de ejercicio, se le denomine como incapaz. No obstante, dicho
concepto no surge para dar un trato discriminatorio, sino por el contrario, se establece para brindar una
mayor protección de los derechos de que son titulares.
50. El concepto de incapacidad, es utilizado con el propósito de proteger los intereses de aquellas personas que, por
diferentes motivos previstos en la ley, carecen de ciertas facultades, ya sea
porque no tienen el total discernimiento, carecen
de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse, y administrar sus bienes,
o porque simplemente no se encuentran habilitados en el mundo jurídico
para ejercer por sí mismos sus derechos y obligaciones[53]. En este sentido, las incapacidades
pueden ser absolutas o relativas[54]; absolutas cuando la persona presenta una
discapacidad mental severa que compromete sus funciones cognitivas con
evolución critica[55], es un impúber o es una persona que no
puede darse a entender, mientras que las relativas, hacen referencia a los
menores adultos que no han obtenido habilitación de edad, o los disipadores que
se hallen bajo interdicción.
51. En
este orden de ideas, para aquellas personas que se encuentran dentro de la
clasificación de las incapacidades absolutas, el legislador instituyó como medida de protección el proceso de interdicción, y es precisamente a través de este procedimiento de jurisdicción voluntaria[56], que un juez
declara en sentencia que una persona no posee las capacidades suficientes para
ejercer derechos y adquirir obligaciones y, por consiguiente, le nombra un
curador[57] para que lo represente en la toma de
decisiones, tanto en su integridad como en el aspecto patrimonial[58].
52. De suerte que, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico nacional, la única autoridad pública legitimada por la
ley para declarar la incapacidad jurídica de una persona es un juez de la
República, como fruto de un proceso de interdicción. Lo anterior implica que,
no les corresponde a las otras autoridades públicas, incluidos los jueces que
no poseen competencia al respecto, así como las autoridades administrativas y,
con mayor razón los particulares, ejerzan o no funciones públicas, presten o no
servicios públicos, privar de facto o a través de exigencias extra legales, de la
capacidad de ejercicio a las personas, ya que esta decisión vulnera el derecho
fundamental a la personalidad jurídica.
53. En suma, el derecho a la
personalidad jurídica supone el reconocimiento de la existencia de un
individuo, sujeto de derechos y obligaciones, así como el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad.
Ahora bien, de conformidad con el preámbulo
y el artículo 13 de la Constitución Política, la
igualdad constituye uno de los valores fundantes del Estado colombiano. “Desde
el punto de vista netamente formal, comporta el deber de tratar a todos los
individuos con la misma consideración y reconocimiento. En ese sentido, el
Estado tiene la obligación de abstenerse de concebir normas, diseñar, promover
o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar decisiones e
interpretaciones del ordenamiento jurídico vigente, que conduzcan a agravar o
perpetuar la situación de exclusión, marginación o discriminación de grupos
tradicionalmente desventajados en la sociedad” [59].
54. El derecho al igual
reconocimiento y trato como persona ante la ley, supone que las personas en situación de discapacidad deben gozar de la
plenitud de los derechos que la Constitución reconoce a todos los seres humanos,
sin que puedan ser discriminadas en razón de su particular condición de
discapacidad[60], y sin que admita el señalamiento de incapaces o la exigencia, sin
respaldo legal, del nombramiento de un curador.
55. Por ello, a través de
diferentes mecanismos[61] se han tratado de superar las desigualdades que afrontan ciertos
grupos poblacionales y de esta manera, ha adoptado el Estado Colombiano la
obligación de promover acciones afirmativas, es decir, “medidas dirigidas a
favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o
reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr que tengan una mayor
representación, y así, estén en condiciones de igualdad en dignidad y derechos”[62].
56. Es bajo estas circunstancias que, la capacidad
jurídica es un atributo inherente a todas las personas por su condición humana,
necesario para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y adquiere una mayor importancia para las personas en
situación de discapacidad, cuando tienen que tomar decisiones fundamentales con
respecto a su vida, su salud, su educación, su trabajo y sus bienes, por lo
que, su especial condición, no podría necesariamente conducir a privarlos de esta
aptitud.
La negación indebida de la capacidad
jurídica de las personas en situación de discapacidad, ha afectado o puesto en
riesgo el goce de algunos derechos fundamentales, como es el derecho al voto, el
derecho a otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas, el derecho a
casarse y a fundar una familia, así como los derechos respecto de la patria
potestad de los hijos, los derechos reproductivos, el derecho a celebrar un
acto jurídico, y el derecho a recibir un tratamiento médico, de modo que
resulta reprochable, desde el punto de vista del principio de dignidad humana,
así como de los mandatos derivados de la búsqueda de igualdad material,
desconocer que las personas en situación de discapacidad, por muy grave que sea
su condición, no son, salvo decisión judicial, incapaces.
57. Así las cosas, resulta
imperioso resaltar el carácter fundamental que entraña el derecho a la
personalidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. Razón por
la cual, las entidades gubernamentales deben asumir una posición activa para brindar:
el respeto y la protección del ejercicio de sus derechos a este grupo poblacional, en
aras de garantizar la voluntad y las preferencias de estos sujetos, de
modo que no se creen barreras ilegales y por el contrario se eliminen las existentes,
para el ejercicio efectivo de sus derechos.
E.
LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN EL RÉGIMEN
PENSIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
58. El inciso
primero del artículo 48 de la Constitución Política consagra: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.” al ser adicionalmente, un derecho fundamental
irrenunciable.
59. Respecto de las contingencias
ocasionadas por el deceso del trabajador o pensionado, el sistema general de
seguridad social estableció el reconocimiento de diferentes prestaciones
económicas a favor de aquellas personas que se
encontraban al cuidado del causante, a fin
de protegerlas en su mínimo vital; de modo que se ven, en cierta medida, desamparadas
por la muerte de quien proveía el sustento del núcleo familiar.
60. Teniendo en cuenta que existe una diferencia entre (i) el afiliado
que está cotizando al sistema general de seguridad social para cubrir el riesgo
de invalidez, vejez y muerte y, (ii) la persona que ya cumplió los requisitos
exigidos por la ley, quien goza de una pensión de vejez o invalidez, reconocida
por el sistema general de seguridad social, resulta sensato entonces que,
respecto de cada uno de ellos, se establezca una solución diferente, en
relación con la prestación económica que se le reconoce a sus beneficiarios. Por
ello, el legislador diseñó la pensión de sobrevivientes, para el primer caso y
la sustitución pensional, para el segundo.
61. De manera que la pensión de
sobrevivientes es una prestación nueva que se genera con ocasión del
fallecimiento del cotizante al sistema general de seguridad social en
pensiones, sin que este hubiere obtenido su derecho a pensionarse. En tanto, la sustitución pensional se presenta ante la muerte
del pensionado, por vejez o por invalidez, hipótesis en la cual tiene lugar la
subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la prestación
económica que venía recibiendo su titular y no la generación de una prestación
nueva o diferente[63].
“La finalidad
que se persigue con la sustitución pensional es, en síntesis, la de suplir la
ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus
familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las
condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto
que en la mayoría de los casos la sustitución tiene el alcance de una ayuda
vital para dichos beneficiarios, es decir, indispensable para su subsistencia”[64].
62. Es así como, la sustitución de
una mesada pensional tiene como propósito específico permitirles a los
beneficiarios del causante, mantener el nivel de vida que tenían antes del
deceso del familiar pensionado, a fin de que su derecho constitucional al
mínimo vital, no se vea afectado.
63. Pues bien, dado que la Constitución
Política, en el artículo 217, autoriza la creación de un régimen especial para
el personal de las fuerzas militares, la ley regula de manera separada la
carrera profesional y el régimen de prestaciones sociales de los diferentes
estamentos que las integran[65]. Esta autorización se ejerció
mediante la Ley 923 de 2004, por medio de la cual se regula
el reconocimiento de las prestaciones sociales de los
miembros de la Policía Nacional[66].
64. Por otra parte, el artículo 4 del Decreto-Ley 4433 de 2004, “Por medio del cual se fija el régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública” señala que: “El
régimen especial de asignación de retiro y de pensiones de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, regula los derechos a las prestaciones económicas
periódicas de quienes prestan sus servicios a la Nación como miembros de la
Fuerza Pública que comprende la asignación de retiro, la pensión de invalidez,
y su sustitución, así como la pensión de sobrevivencia”. Los artículos 2, 11, 12, 13, 23, 30, 31, 33
y 40, regulan el reconocimiento de la sustitución pensional.
65. Por su parte, el artículo 11, numeral 11.1, prevé la forma como debe ser
distribuida la prestación, en caso de que existan varios beneficiarios.
“ARTICULO 11. Orden de
beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las pensiones
causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del
Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de
formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente
orden:
11.1 La mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de
18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante” (subrayado fuera de texto).
66. De modo que los hijos inválidos que dependen económicamente
del causante hacen parte del grupo de beneficiarios que pueden acceder a la sustitución
pensional, en una proporción del 50% de la prestación económica cuando existe cónyuge
o compañera permanente, y en un 100% si no existieren.
67. Ahora bien, jurisprudencialmente
se han establecido los requisitos para que el hijo inválido acceda a la
sustitución pensional: (i) el parentesco de hijo respecto del causante, (ii) la
condición de invalidez del solicitante y, (iii) la dependencia económica frente
al fallecido[67].
El parágrafo 1º del artículo 11 del Decreto
4433 de 2004 señala que “Para efectos de este artículo el vínculo entre
padres, hijos y hermanos será el establecido en el Código Civil, y la
calificación de la invalidez de los beneficiarios, será acreditada con
fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan
lo concerniente a la determinación de dicho estado”. En estos términos los
requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de la sustitución
pensional son:
(i)
Parentesco con el causante
68. El artículo 35 del Código Civil
define el parentesco de consanguinidad como la relación que existe entre las
personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los
vínculos de la sangre.
69. El certificado del registro
civil es el documento en el que se consignan los hechos y actos relativos al
estado civil de las personas, entre ellos el nacimiento. El otorgamiento y la
prueba del registro civil se encuentra reglamentado por el Decreto-Ley 1260 de
1970[68]. Las inscripciones en el registro de nacimiento gozan de presunción
de autenticidad.
70. De acuerdo con lo anterior y con las normas civiles que regulan la
materia, la filiación de consanguinidad, entre padre e hijo, se acredita con el
registro civil de nacimiento.
(ii)
La condición de invalidez del solicitante
71. De acuerdo con el artículo 38
de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que, por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
En el régimen de las Fuerzas Especiales y
de la Policía, el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 establece el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez cuando la incapacidad
adquirida en el servicio genere una pérdida de la capacidad laboral igual o
superior al 50%[69].
Autoridades y entidades que califican
72. Respecto a la condición de invalidez, la Ley 100 de 1993 que creó y estructuró el sistema de seguridad
social, estableció en su artículo 41 que le competía a una comisión interdisciplinaria o
junta regional, con sede en las capitales de departamento y en las ciudades de
alta demanda, calificar en primera instancia la invalidez. Posteriormente la norma
fue modificada por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 y actualmente
señala:
“El estado de
invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos
siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez
vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno
Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de su capacidad laboral.
Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y
el origen de estas contingencias.”
Así las cosas, le correspondía
al extinto Instituto de Seguros Sociales, y ahora a la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a las administradoras de riesgos
profesionales, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y
muerte, y a las entidades promotoras de salud, calificar el grado de invalidez
en primera instancia. En el evento en que el interesado no esté de acuerdo con
la decisión “deberá
manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la
entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco
(5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”[70].
Adicionalmente la Ley 1562 de
2012 modificó los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y reguló la materia
respecto de las Juntas de Calificación de invalidez. Por lo tanto, las autoridades anteriormente relacionadas son las encargadas de dictaminar
el respectivo porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de su
estructuración.
73. En las
fuerzas militares, el artículo 14 del Decreto 1796 de 2000, relaciona los
organismos y las autoridades médico laborales encargadas de calificar la
pérdida de capacidad laboral, de la siguiente manera:
“1.
El
Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta
Médico-Laboral Militar o de Policía
Son
autoridades Medico-Laborales militares y de policía:
1. Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía.
2. Los
integrantes de las Juntas Médico-Laborales.
3. Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados
a Medicina
4. Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y
Policía Nacional”.
Por otra parte,
el artículo 19 del mencionado decreto señala que la Junta Médico-Laboral, que
es la primera instancia en la determinación de la pérdida de la capacidad
laboral del personal de la Policía Nacional, se puede reunir en los siguientes
casos:
“1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se
encuentren lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.
2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones.
3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses,
continuos o discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de
expedición de la primera excusa de servicio total.
4. Cuando existan patologías que así lo ameriten
5. Por solicitud del afectado
“PARÁGRAFO. Si después de una Junta Médico-Laboral definitiva
la persona continúa al servicio de la Institución y presenta más adelante
lesiones o afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante
nueva Junta Médico-Laboral”.
Vigencia del dictamen
74. Ahora bien, respecto de la vigencia del
dictamen de pérdida de capacidad laboral, el artículo 44 de la Ley 100 de 1993
señala que el estado de
invalidez podrá revisarse: “Por solicitud de la entidad de previsión o
seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar,
modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar”.
75. En el régimen particular de la Policía Nacional, el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 refiere que las decisiones
del Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía de Revisión, “son
irrevocables y obligatorias” y que, por regla general, contra estas solo
proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes. No obstante, el artículo 10
dispone que la Dirección de Sanidad de cada Fuerza o de la Policía Nacional
realizará, por lo menos una vez cada tres (3) años, exámenes médicos de
revisión al personal pensionado por invalidez[71].
76. Lo anterior implica que en los
casos de las prestaciones que se fundan en la invalidez, es posible realizar
una recalificación periódica y, en esa medida, al tener en cuenta la Ley 100 de
1993, es procedente una nueva valoración médica para los beneficiarios de una
prestación económica reconocida, por una declaratoria de invalidez.
La realización
de nuevos dictámenes se justifica debido a que “el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral puede variar a lo largo del tiempo, de manera que resulta
acorde a criterios de justicia material el que, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico, proceda realizar una valoración cuando
existan elementos que dejen ver la posibilidad de variación (incremento,
disminución e incluso desaparición de la disminución de la capacidad laboral)”[72].
(iii)
Dependencia económica
77. Por vía
jurisprudencial, la Corte Constitucional[73] se ha ocupado de precisar el alcance de la dependencia económica. Específicamente
en la sentencia T-538 de 2015, se recopilaron las reglas a tener en cuenta,
cuando se trata del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, indicando
que:
“(…) la jurisprudencia [ha diseñado] un conjunto
de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente (…), a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del
conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua
subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir
en los siguientes términos:
1. Para tener independencia económica los recursos deben ser
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia
y la vida digna (…).
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia
económica (…).
3. No constituye independencia económica recibir otra
prestación (…). Por ello, entre otras cosas, la
incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la
Ley 100 de 1993 (…).
4. La independencia económica no se configura por el simple
hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un
ingreso adicional (…).
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia
económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes (…).
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para
acreditar independencia   económica (…)”.
78. Sumado a esto, es necesario verificar que posterior al suceso del deceso
no hubiese podido llevar una vida digna, con autosuficiencia económica, por
cuanto, antes del fallecimiento estaba sometido al auxilio que recibía del
causante[74]. De modo que, “siempre habrá
subordinación cuando la persona requiera total o parcialmente de los ingresos
de otra para cubrir sus necesidades básicas[75]”.
F.
LA EXIGENCIA DE
REQUISITOS EXTRALEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUYE UNA ACTUACIÓN CONTRARIA A LA VIGENCIA Y EFICACIA DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
79. De forma reiterada, la Corte
Constitucional ha cuestionado las decisiones que han adoptado las entidades
pertenecientes al régimen de seguridad social, al exigir requisitos extralegales
para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del sistema. En esta
medida, se exponen varias sentencias que han reprochado dicha actuación.
80. Entre
otras decisiones coincidentes, en la sentencia T-655
de 2016, se estudió la acción de tutela presentada por una persona de 70
años a quien Colpensiones le suspendió el
pago de su mesada pensional, por considerar la entidad que en el dictamen de
invalidez, señaló que el solicitante requería ayuda de terceros. Bajo dicha circunstancia,
se le exigió al actor allegar sentencia y acta de posesión de quien fuera
designado como su curador, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 52,
88 y 89 de la Ley 1309 de 2009. La Sala concluyó
que la entidad accionada desconoció el derecho a la personalidad jurídica
del accionante, ya que anuló la posibilidad de que este dispusiera de su
patrimonio pensional, pese a que expresó claramente su voluntad de acceder al
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. La conducta de la entidad
lesionó los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al
mínimo vital del accionante, cuando lo privó arbitrariamente de la posibilidad
de controlar sus propios asuntos económicos, disfrutar su pensión de invalidez
y contar con los recursos necesarios para asegurar su digna subsistencia.
Esta decisión llamó la atención sobre la necesidad de comprender: i)
que las personas en condición de discapacidad tienen derecho al reconocimiento
de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en iguales
condiciones que los demás; ii) que las salvaguardas que se prevean para ejercer
su capacidad jurídica deben respetar sus derechos, voluntad y preferencias y
iii) que se deben otorgar los apoyos necesarios para que la persona pueda
ejercer su capacidad jurídica, expresar su voluntad y obrar conforme a ella.  De modo que, concedió el amparo de los
derechos y dejó sin efectos el aparte de la resolución que suspendió el
ingreso a nómina de pensionados del actor. La Corte, igualmente, ordenó el pago
de la prestación, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la
sentencia.
81. Por
su parte, la sentencia T-509 de 2016 analizó un caso en el que
Colpensiones le suspendió el
pago de la prestación económica a la que tenía derecho un señor de 61 años,
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 55,2%, porque no le había
allegado sentencia judicial de interdicción, requisito que consideraba
indispensable la entidad para proteger al actor, dado que este último
presentaba pérdida de capacidad laboral relacionada con una enfermedad mental.
En dicha oportunidad la providencia hizo énfasis en que las personas con discapacidad mental tienen
capacidad jurídica para actuar y decidir. En este sentido, señaló que es deber
del Estado, asegurar a estas personas medidas de protección y/o apoyo que
respeten siempre la voluntad y las preferencias de estos sujetos, atendiendo el
grado de discapacidad, por lo que Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital del accionante al exigirle sentencia de
interdicción, dado que la discapacidad mental que lo aqueja no lo inhabilita para
reclamar y administrar su pensión de invalidez.
82. En la sentencia T-317 de 2015, se estudió la acción de tutela presentada por una persona en
condición de discapacidad, a quien le exigieron requisitos adicionales a los
dispuestos en la normativa, como lo era la tramitación de un proceso de
interdicción a través del cual se nombrara un curador definitivo para proceder
al estudio de fondo del reconocimiento pensional, lo cual constituyó un
obstáculo de tipo formal que, a su vez, condujo a una grave afectación del
mínimo vital y seguridad social. Concluyó que esta exigencia ilegal era
contraria al principio de solidaridad y al deber de protección especial para
este sector de la población.
83. Adicionalmente, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional[76] ha establecido las subreglas que deben aplicarse para resolver las
controversias que se presentan, cuando se exige sentencia de interdicción para
incluir a una persona en nómina. Al respecto, la Sala Cuarta de Revisión precisa
que las reglas aplicables a estos casos son las siguientes:
-
Todas las personas, sin distinción alguna,
tienen los mismos derechos y libertades, en razón a la dignidad inherente de
todo ser humano.
-
Las personas en situación de discapacidad tienen
derecho a tomar sus propias decisiones en un marco que respete su autonomía,
libertad e independencia individual.
-
Toda persona se presume plenamente capaz, hasta
que se demuestre lo contrario, a través de un proceso judicial.
-
Si una persona ha sido diagnosticada con alguna
afección mental, resulta discriminatorio considerar prima facie que debe
ser declarada interdicta y someterse a la curaduría de un tercero.
-
En principio, constituye una medida
discriminatoria condicionar el pago de una prestación social a una persona con
discapacidad, argumentando que debe allegar sentencia de interdicción y
acta de posesión del curador que administrará sus bienes.
84. Si bien la sentencia T-185 de
2018 incluyó reglas adicionales a las aquí descritas, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional se apartará de las mismas, considerando que
esta posición responde a la causal de modificación consistente en “(ii) la
comprobación acerca de la irrazonabilidad, inconstitucionalidad o manifiesta
injusticia del arreglo jurisprudencial vigente al vulnerar principios y valores
nodales para el Estado Constitucional”[77], como pasa a explicarse y argumentarse:
1.
La referida sentencia advirtió que “vi) Sólo
en aquellos casos en los cuales se acredite claramente que la persona padece
una discapacidad mental absoluta y no puede administrar sus propios
recursos, resulta excepcionalmente posible condicionar su inclusión en nómina
de pensionados al inicio de un proceso de interdicción y no a su
culminación. vii) En el supuesto anterior, es
viable condicionar el pago del retroactivo pensional al nombramiento definitivo
de un curador, sin embargo, a efectos de garantizar el derecho fundamental al
mínimo vital del afectado, debe ordenarse el pago de las mesadas pensionales de
forma directa o por intermedio de su cónyuge, compañero permanente o pariente,
siempre comunicando la decisión al Defensor de Familia para que ejerza las
labores de supervisión correspondientes”.
2.
La anterior exigencia es no solamente
irrazonable, sino también inconstitucional, dado que permite que una autoridad administrativa, sin competencia legal o
constitucionalmente atribuida para ello, desconozca la capacidad jurídica de
una persona que no ha sido declarada interdicta por decisión judicial y, por lo
tanto, goza de plena capacidad para ejercer sus derechos. Al permitir la
negativa a la inclusión en nómina, mediante la exigencia del inicio de un
proceso de interdicción y condicionar el pago del retroactivo, a la posesión
efectiva del curador, la regla anterior estaría materialmente otorgando
competencia a una autoridad administrativa para desconocer el derecho
fundamental a la personalidad jurídica, lo que resulta contrario al artículo 14
de la Constitución, así como a la cláusula de Estado Social de Derecho
(artículo 1 de la Constitución), concretada en el principio de juridicidad de
la actuación de las autoridades (artículos 121 y 122 de la Constitución), postulados
que, en conjunto, implican que las autoridades administrativas no pueden
ejercer funciones para las cuales no dispongan de competencia, ni exigir
requisitos para la realización de los trámites que se realicen ante ellas, que
no estén previstos en la ley, ni siquiera alegando que persiguen el interés o
la protección del solicitante. En el mismo sentido, esta regla asignaría
irregularmente la función a las autoridades pensionales para nombrar
administradores de bienes ad hoc (su cónyuge, compañero permanente o un
pariente), a pesar de ser ésta, también, una función jurisdiccional, para la
cual, el Legislador no ha dispuesto su atribución excepcional a autoridades
administrativas (artículo 116 de la Constitución).
3.
Igualmente, permitir a
las autoridades administrativas que condicionen el reconocimiento de derechos y
la inclusión en nómina, al inicio de un proceso de interdicción y al
nombramiento de un curador, contraría el principio de igualdad respecto de
sujetos de especial protección constitucional, en este caso, las personas en
situación de discapacidad, puesto que constituye un acto de discriminación, al
asimilar indebidamente la pérdida de capacidad laboral, con la
incapacidad jurídica, a pesar
de que ésta no ha sido judicialmente declarada y de que, la atribución de un
determinado porcentaje de pérdida de capacidad laboral no puede ser
automáticamente entendido como la incapacidad para autodeterminarse.
4.
Además, debe tenerse en cuenta que declarar, así
sea transitoriamente y con fines precisos, que una persona padece de
discapacidad mental absoluta, se trata de una decisión grave, que afecta el
derecho fundamental a la personalidad jurídica y, pese a ello, la regla
precitada no prevé el agotamiento de un debido proceso judicial y únicamente
confía la supervisión del Defensor de Familia, garantía que resulta
insuficiente frente a los derechos fundamentales en juego.
5.
En realidad, lo único que resulta constitucional
es que las autoridades pensionales, sin poder declarar de facto la falta de
capacidad jurídica de las personas, ni exigir requisitos extralegales, de
manera paralela al ejercicio diligente de sus competencias, soliciten a la
Defensoría de Familia, el ejercicio de sus funciones respecto de las personas
en situación de discapacidad, las que incluyen, las medidas de restablecimiento
de derechos y la de solicitar, si es del caso, el inicio de un proceso de
interdicción judicial[78]. Sin embargo, la puesta en conocimiento de la situación al defensor
de familia, no constituye una razón válida para demorar o suspender el
reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas.
6.
Por lo tanto, la conjunción de los derechos
fundamentales a la personalidad jurídica y el derecho fundamental al debido
proceso, que incluye el derecho al juez natural, a las formas propias de cada
juicio y a la defensa y contradicción, implican confirmar que únicamente un
juez tiene competencia, en el ordenamiento jurídico colombiano, para privar
transitoria o definitivamente de la capacidad de ejercicio a las personas,
mediante una declaración judicial de interdicción.
85. A continuación se aborda el
estudio de la exigencia de requisitos extralegales respecto del reconocimiento
y del pago de prestaciones económicas en el sistema de seguridad social, a fin
de explicar, en cada uno de los eventos, los derechos que se pueden llegar a
vulnerar con la decisión que adopta la autoridad administrativa.
La exigencia de requisitos
extralegales frente al reconocimiento de prestaciones de la seguridad social
86. En virtud del artículo 29 de la
Constitución Política, todas las personas gozan del derecho fundamental al
debido proceso, que debe ser aplicado a todo tipo de actuaciones judiciales o
administrativas. De manera que nadie podrá ser juzgado o su solicitud o trámite
administrativo decidido, sino conforme a las leyes preexistentes, ante la autoridad
competente y con la observancia de las formas propias de cada actuación.
87. Adicionalmente, el artículo 84 de la Constitución Política precisa que “Cuando
un derecho o una actividad haya sido reglamentado de manera general, las
autoridades públicas, no podrán establecer, ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio” (subrayas no originales).
Finalmente, el
parágrafo primero del artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo[79], refiere que “La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la
petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico
vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de
sus archivos” (subrayado fuera texto).
88. De manera tal que, en un Estado Social de Derecho, caracterizado por
la seguridad jurídica y por la imparcialidad en la toma de decisiones, las entidades encargadas de reconocer
prestaciones económicas en el sistema general de seguridad social, específicamente
en este caso, la Policía Nacional, no pueden exigir a los beneficiarios del
sistema, que pretenden el reconocimiento pensional, el cumplimento de
formalidades o requisitos no previstos en la ley, puesto que el derecho mismo, nace
en el momento en que la persona reúne los requisitos dispuestos por la
legislación para ser beneficiaria y no cuando la autoridad disponga su
reconocimiento, tras someter a la persona a un trámite dilatorio, innecesario y
contrario al principio de juridicidad. Por lo tanto, al momento de imponer exigencias
no previstas en la ley, la autoridad pensional vulnera el derecho fundamental
al debido proceso administrativo, en su componente de legalidad[80], pues, impone trabas no sólo extralegales, sino que, según el caso,
pueden resultar contrarias a la vigencia y eficacia de los derechos
fundamentales, en particular, al derecho a la seguridad social.
La exigencia de requisitos
extralegales para el pago de prestaciones reconocidas
89. A diferencia de lo que ocurre cuando para el examen
del asunto, la entidad pensional exige requisitos extralegales, caso en el cual
se vulnera esencialmente el derecho fundamental al debido proceso, en el evento
en que la entidad del sistema general de seguridad social, reconoce una
prestación económica, pero le impone al beneficiario, exigencias no previstas
en la ley, para el pago efectivo de los derechos ya reconocidos – inclusión en
nómina -, etc. En este caso, la
exigencia ilegal afecta los derechos a la seguridad social y al y al mínimo
vital del actor o de su núcleo familiar[81].
90. En la sentencia T-426 de 2018 la Corte Constitucional explicó lo
siguiente: “el derecho a la seguridad social conlleva la facultad de acceder
a una pensión de vejez; esta a su vez se encuentra estrechamente ligada con el
derecho al mínimo vital, de manera que la inclusión en nómina de pensionados de
quien se le ha reconocido su pensión de vejez o jubilación, garantiza la
permanencia de la remuneración y acceso a las necesidades básicas propias y de
su familia. Por tanto, se genera una afectación a tales derechos cuando las
administradoras de pensiones interrumpen la continuidad en los ingresos del
pensionado al abstenerse de realizar de manera oportuna la inclusión en la
nómina de pensionados”.
91. En este punto es preciso
recordar que conforme al artículo 2º de la Ley 700 de 2001, modificada por la
Ley 952 de 2005, las mesadas pensionales pueden ser reclamadas por el
titular o su representante, mediante presentación personal o, por un tercero,
que cuente con una autorización especial para el efecto, puesto que a partir de
la vigencia de la referida ley, “…se crea la obligación,
para todos los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones
que tengan a su cargo el giro y el pago de las mesadas pensionales, de
consignar la mesada correspondiente a cada pensionado en cuentas individuales,
en la sucursal de la entidad financiera que el beneficiario elija y que tenga
sucursal bancaria en la localidad donde se efectúa regularmente el pago y en la
cual tenga su cuenta corriente o de ahorros, si éste así lo decide…” para que proceda la consignación de la mesada pensional.
En ese sentido, el artículo
4º del Decreto 2751 de 2002[82] estableció que “se entiende por
autorización especial el poder conferido para el cobro de mesadas debidamente especificadas,
el cual debe presentarse personalmente por el beneficiario, su representante
legal ante un Notario Público, Cónsul o ante un funcionario público que de
acuerdo con la ley haga sus veces”.
92. Por lo tanto, no es dable que la
entidad del sistema general de seguridad social imponga requisitos adicionales
a los previstos en la ley, para el pago de prestaciones económicas, cuando el
legislador se ocupó de regular, la autorización especial y el poder que puede
conferir el titular de un derecho, cuando éste no pueda o no logre reclamar
directamente el valor de su mesada pensional.
La imposición de barreras ilegales
para el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad
93. El
inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política establece que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”. Así mismo el artículo 47 señala que “El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran”.
94. En esta medida, al ratificar la
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado colombiano
expidió la Ley 1346 de 2009, dictó normas para la protección
de personas en situación de discapacidad mental y estableció el régimen de la
representación legal de los incapaces emancipados. La mencionada ley, tiene por
“objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con
discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal
desempeño en la sociedad”.  Dispuso que en la protección
y garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad mental,
se tomarán en cuenta los siguientes principios: (i) el respeto de su dignidad,
su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y
su independencia y, (ii) la no discriminación por razón de discapacidad[83].
95. Por consiguiente, en razón a la protección
constitucional reforzada de que gozan las personas en condición de
discapacidad, se establecen obligaciones para todas las entidades,
independientemente del servicio que se preste, la eliminación de barreras y
obstáculos que impiden su natural desenvolvimiento en la sociedad.
96. La protección otorgada a este
grupo poblacional, se ha establecido al punto de que en el inciso segundo el artículo 18 de la Ley 1306 de 2009 se señaló que
le:
“Corresponde
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de
Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad
mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier
persona haga ante la Entidad.
El
funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que reciba noticia o denuncia
sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta que requiera asistencia,
deberá informar inmediatamente al Defensor de Familia, a efectos de que este
proceda a tomar las medidas administrativas de restablecimiento de derechos o a
interponer las acciones judiciales pertinentes”.
97. En razón de lo anterior, existe
el deber institucional y ciudadano de informar al defensor de familia sobre el
conocimiento de una persona que pueda encontrarse en situación de discapacidad
absoluta, a fin de que, la entidad, en cumplimiento de sus funciones, proceda a
tomar medidas administrativas de restablecimiento de derechos.
De todo lo anterior, se concluye que tanto
la legislación interna, como los instrumentos internacionales, se han
preocupado por ofrecer a las personas en situación de discapacidad,
un entorno favorable para su desarrollo en condiciones dignas y respetuosas, con
el propósito de brindar inclusión en la sociedad, trato igualitario y
eliminación de cualquier barrera u obstáculo que impidan su normal desarrollo.
98. La imposición de barreras
ilegales puede derivar en situaciones desproporcionadas ya que se les imponen
cargas excesivas a personas que, dadas sus circunstancias de debilidad
manifiesta, son sujetos de especial protección constitucional.
99. Adicionalmente, es necesario
recordar que los artículos 2, 4, y 5 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006, ratificada por Colombia a través de la Ley
1346 de 2009, les impone la obligación a los Estados de eliminar cualquier
distinción o restricción, por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio
de un derecho o libertad fundamental.
G.   LA POLICÍA NACIONAL VULNERÓ EL DERECHO AL
DEBIDO PROCESO DEL SEÑOR VÍCTOR GABRIEL SANABRIA ÁNGEL, AL SOMETER EL ESTUDIO
DE SU SOLICITUD AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NO PREVISTOS POR LA LEY
La sentencia de interdicción y el
nombramiento de curador no son exigencias legales para el reconocimiento de la
sustitución pensional
100. En el presente
caso, la Policía Nacional profirió la Resolución No.
01586 del 13 de octubre de 2011[84], mediante la cual le reconoció el 50% de la sustitución pensional
a la señora María Rosalba Fonseca, por haber acreditado la calidad de compañera
permanente. Respecto de la solicitud del señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel, en el mismo acto administrativo decidió dejar en suspenso el
reconocimiento y pago del restante 50% de la sustitución pensional al
considerar que:
“(…)
El señor VICTOR GABRIEL SANABRIA ANGEL en calidad de hijo
discapacitado del causante, para demostrar su condición de beneficiario allega
registro civil de defunción, declaración extraproceso y documento de identidad.
Que mediante comunicado ARPRE-GRUPE No. 112928 del 8 de junio de
2011 el Grupo de Pensionados de la Policía Nacional solicitó al señor VICTOR
GABRIEL SANABRIA ANGEL, valoración de la Junta Médico Laboral reciente expedida
por funcionarios médicos de la Policía Nacional, donde se determine el origen y
fecha de la disminución de la capacidad psicofísica, así como, su consecuente
declaratoria de interdicción y nombramiento de Curador o Guardador General con
la facultad para administrar los bienes, debiendo remitir el auto admisorio de
la respectiva demanda y registro civil de nacimiento con nota marginal de
reconocimiento paterno, sin que hasta la fecha los haya aportado, razón por la
cual, la parte de sustitución pensional a la que pueda tener derecho el señor
VÍCTOR GABRIEL SANABRIA ANGEL, en calidad de hijo discapacitado del causante
será dejada en suspenso, hasta tanto se allegue la Sentencia ejecutoriada
dentro del proceso en mención, la valoración de medicina laboral de la Policía
Nacional y el registro civil de nacimiento que contenga la nota marginal de
reconocimiento paterno”.
101. De modo que, la Policía
Nacional sin ni siquiera tener conocimiento del resultado de la valoración de
la Junta Médica Laboral, es decir, del porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, le reclamó al actor sentencia de interdicción con nombramiento de
curador y con la facultad para administrar los bienes. Con este proceder, la entidad demandada asimiló, indebidamente, la pérdida
de la capacidad laboral con la incapacidad y, por ello, equivocadamente exigió
una interdicción. Se trata de un actuar contrario a derecho e inaceptable en la
medida en que no es dable generalizar que todas las personas que sean
calificadas con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, deban ser declaradas
interdictas y en ese orden de ideas, privadas de su
capacidad jurídica[85].
102. En un Estado Social de Derecho,
las personas que presentan una discapacidad, no pueden ser discriminadas en
razón de su condición y, en esa medida, gozan de los mismos derechos y
libertades del resto de la sociedad; se les debe respetar en su integridad, así
como en la toma de decisiones, en el marco del reconocimiento de la voluntad de
las personas, puesto que se presumen plenamente capaces, hasta que se demuestre
lo contrario ante la autoridad judicial competente para ello quien, a este
respecto, actúa como garante de la personalidad jurídica de las personas.
103. Por lo tanto, resulta
discriminatorio exigir el auto admisorio de la demanda o sentencia de
interdicción y acta de posesión del curador que administre los bienes, para
reconocer prestaciones económicas en el sistema general de seguridad social, al
imponer, en cierta medida, más barreras a este grupo poblacional, lo que desconoce el reconocimiento de la dignidad
humana y la capacidad jurídica de las personas diagnosticadas con alguna
afección.
104. Adicionalmente, al momento de diligenciar el formulario para adelantar el trámite
de reconocimiento de la sustitución pensional ante la Policía Nacional se le
exigió: (i) valoración de la Junta Médico Laboral
reciente expedida por funcionarios médicos de la Policía Nacional, donde se
determine el origen y fecha de la disminución de la capacidad psicofísica; (ii)
declaratoria de interdicción y nombramiento de curador o guardador general con
la facultad para administrar los bienes, debiendo remitir el auto admisorio de
la respectiva demanda y, (iii) registro civil de nacimiento con nota marginal
de reconocimiento paterno. Por lo que le imponen
requisitos que no están contemplados en la legislación para acceder a la
sustitución pensional.
De acuerdo con lo expuesto con precedencia,
cumplidas las exigencias establecidas por la ley de acreditar: (i) el parentesco con el causante, (ii) la condición de invalidez
del solicitante; y (iii) la dependencia económica respecto del padre, cuando se
trata del hijo inválido, la entidad encargada de reconocer prestaciones
económicas debe proceder a su reconocimiento y pago, sin más dilaciones o
exigencias adicionales, so pena de vulnerar el derecho fundamental al debido
proceso y, en el caso de tratarse de personas en situación de discapacidad,
imponer barreras discriminatorias al ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales.
105. En este sentido, debe
reprocharse que una autoridad administrativa, como la Policía Nacional, se
arrogue indebidamente la potestad de declarar de facto a personas sin capacidad
de goce, sin competencia para ello y en violación del debido proceso, ya que exigir
sentencia o iniciación de un proceso de interdicción significa desconocer de
hecho que se trata de alguien que goza de capacidad de ejercicio, la que no
puede ser ignorada por dicha autoridad pública. En el evento en que se llegare
a discutir la capacidad jurídica de una persona, el trámite de interdicción se debe
adelantar, conforme a las reglas establecidas en el artículo 28 de la Ley 1306
de 2009, donde se brindan garantías judiciales a este grupo de personas, en la
medida en que tienen la posibilidad de controvertir los medios de prueba, por
ello “se establece que el juez realizará audiencia con la persona
diagnosticada con alguna afección mental y dispondrá la práctica de todas
aquellas pruebas que estime convenientes para verificar su estado de salud,
expresamente se indica que deberá ordenar la realización de un examen
psicológico u ocupacional por un equipo interdisciplinario”[86].
106. Pero, en este punto surge una
pregunta: ¿Por qué, a pesar de no constituir un requisito legal, la entidad accionada
le exigió al señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel la declaratoria de interdicción y nombramiento de curador o
guardador general con la facultad para administrar los bienes en el acto
administrativo que debía resolver su solicitud de sustitución pensional?
Respecto del interrogante anteriormente
efectuado, la Policía Nacional respondió de la siguiente manera: “Ahora lo que pretende el accionante en su propia representación lo
cual genera dudas, pues de conformidad al anterior concepto el accionante no
puede escribir, por sí solo, no tiene sustento, pues el accionante no puede
solicitarle a un juez en funciones constitucionales y por intermedio de una
acción de tutela se elimine una determinación jurídica expuesta en un acto
administrativo que es para su propio beneficio, pues lo solicitado por la
Policía Nacional no es un requisito extraordinario el cual va en contra de sus
derechos prestacionales y fundamentales, todo lo contrario se le solicitó un
curador para proteger sus intereses…”[87].
107. Así las cosas, la entidad
cuestiona el hecho de que el accionante hubiere iniciado la acción de tutela en
su propio nombre, dado que conforme al concepto de valoración, el actor no
podía escribir por sí solo.
Sin embargo, respecto de esta afirmación se
considera lo siguiente:
(i)
El dictamen de pérdida de capacidad laboral, elaborado
el 3 de febrero de 2012, nada refiere respecto a la capacidad de lectura y
escritura del actor.
(ii)   Conforme al artículo 83 de la Constitución Política “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas” (negrillas no originales).
(iii) Del informe resultado del estudio sociofamiliar que se adelantó durante
el trámite de revisión, el Defensor de Familia ICBF- Centro Zonal Bosa, informó
que el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel fue la persona que atendió la visita
domiciliaria, refirió que en nombre propio radicó la demanda de tutela, que
comprendió todas las preguntas formuladas por el despacho, y se comunicó todo
el tiempo verbalmente[88].
108. Lo anterior refuerza la
conclusión según la cual, resulta posible y admisible, que una persona valorada
con una pérdida de capacidad laboral del 85.5%, puede presentar una acción de
tutela, razona perfectamente y aunque se comunica más fácil por escrito, expresa
plenamente su voluntad, de modo que no hay lugar a cuestionar que el actor no
hubiere sido la persona que presentó la acción de tutela.
109. Por lo tanto, no resulta de
recibo el argumento expuesto por la entidad para exigir requisitos extralegales
al actor, pues, en el evento en que se presenten dudas respecto del dictamen de
pérdida de capacidad laboral, puede acudir al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, en segunda instancia, ya que el legislador estableció los
medios a través de los cuales es dable que las entidades igualmente
controviertan estas decisiones las que, en el caso de la Policía Nacional, a
pesar de tratarse de actos administrativos de trámite, gozan igualmente de
presunción de legalidad.
110. Incluso, es necesario recordar
que los dictámenes emitidos tienen una vigencia intemporal, dado que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral puede variar a lo
largo del tiempo, de manera que logre incrementar o disminuir, circunstancia
que en este caso pudo eventualmente ocurrir e implicaría utilizar la facultad
de ordenar la realización de una nueva valoración, dado que la valoración data
del 3 de febrero de 2012, y resulta razonable que se llegue a verificar las
condiciones reales del actor, por efecto del trascurso del tiempo.
Adicionalmente,
la Policía Nacional señaló que le exige la sentencia de interdicción y el
nombramiento de curador “para proteger sus propios intereses”. No
obstante, en este punto, siendo una entidad pública
adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, resulta
reprochable que en sus decisiones exija requisitos no contemplados en la
legislación, para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de hijos
inválidos, y que desconozca derechos fundamentales del actor y de un grupo
familiar conformado por cuatro personas, de los cuales hay dos menores de edad
de 2 y 4 años.
Tal
como se estableció en esta sentencia, si la entidad consideraba que los
derechos del accionante podían estar en riesgo, debía poner la situación en
conocimiento de la defensoría de familia, en lugar de desconocer su deber de
actuar con respeto del ordenamiento jurídico, arrogándose funciones que
jurídicamente no le corresponden.
Las anotaciones en el registro
civil, relativas al reconocimiento del padre, no son exigencias legales
111. El artículo 5º del Decreto-Ley
1260 de 1970 señala que los hechos y los actos
relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente
registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos extramatrimoniales,
legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones,
habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones
judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de
matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambio de nombre,
declaraciones de seudónimo, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de
ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los
hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro.
112. Así mismo, el artículo 8º explica
que el archivo del registro civil se compone de los siguientes elementos:
“1. El
registro de nacimientos.
2. El
registro de matrimonios.
3. El
registro de defunciones.
4. Los
índices de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones.
5. El libro
de visitas y,
6. El
archivador de documentos”.
113. En
el registro de nacimientos se anotarán “todos los derechos y actos relativos
al estado civil y a la capacidad de las persona” y el folio subsistirá
hasta cuando se anote la defunción o sentencia que declare la muerte presunta
por desaparecimiento[89].
114. En el presente caso, por
solicitud realizada por el Magistrado sustanciador a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, esa entidad remitió copia del registro civil de nacimiento
del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel con No. 00935475, con fecha de
nacimiento del 21 de marzo de 1975, en datos específicos del nacimiento está el
nombre del padre y del denunciante, que en este caso obedeció al señor Jaime
Sanabria Duarte, identificado con cédula de ciudadanía número 5.297.604 de
Puerto López, Meta.
115. Por lo tanto, tampoco
resulta admisible que la Policía Nacional le exija que el registro civil de
nacimiento tenga una cierta “nota marginal de reconocimiento paterno”,
requisito no previsto en la legislación para la determinación de la filiación.
Del registro civil que obra en el expediente[90], se constata que el accionante fue registrado el 20 de septiembre
de 1974 por el señor Jaime Sanabria Duarte, en calidad de padre.
116. En este punto se observa que, el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional al invocar la protección de
los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al mínimo
vital, a la dignidad y a la seguridad social. No obstante, constata la Sala de
Revisión que para impartir una adecuada protección de los derechos
fundamentales que se encuentran aquí en cuestión, y a partir de las
circunstancias del caso, se debe proteger otros derechos involucrados en
aplicación del mandato constitucional de prevalencia y eficacia de los derechos
fundamentales, así como el rol mismo del juez de tutela[91].
117. En este sentido, esta Corte ha
considerado que “…la
naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades
que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de
ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este
mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez
de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento
del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar
vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional
fundamental”[92]. Lo anterior justifica que en casos como el presente, al existir
elementos probatorios que indicarían posiblemente la vulneración de derechos
fundamentales diferentes[93], como es el caso del derecho al debido proceso administrativo, el
juez de la acción de tutela ejerza sus poderes para ampliar el objeto del
contencioso constitucional y proferir, llegado el caso, una sentencia “extra
o ultra petita”.
118. Así las cosas, es evidente
que la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental al debido proceso
administrativo del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, así como el derecho
fundamental a la igualdad de una persona en situación de discapacidad, al
reclamar el cumplimiento de requisitos no exigibles legalmente, para el reconocimiento
de la sustitución pensional, que previamente solicitó. Lo anterior, implica que
la parte resolutiva de la presente sentencia, revocará las sentencias de
primera y segunda instancia, que declararon la improcedencia del amparo solicitado
y, en su lugar, se concederá la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
En el presente caso, no es posible
concluir que, además, exista vulneración de los derechos a la seguridad social
y al mínimo vital, teniendo en cuenta que la verificación del cumplimiento de
los requisitos legales para acceder a la sustitución pensional, es un asunto
que le compete, en este caso, a la Policía Nacional. Sin embargo, en atención
al principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público
(artículo 113 de la Constitución), se ordenará remitir copia del registro civil
de nacimiento a la entidad accionada, para que, en el término de un (1) mes contado
a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a definir la
solicitud de sustitución pensional, a partir de la revisión únicamente de los
requisitos legales señalado en el punto 65 del presente proveído. Advierte
finalmente la Sala Cuarta de Revisión, que el ejercicio de la facultad de
ordenar la actualización del dictamen de pérdida de capacidad laboral, no puede
ser utilizado como mecanismo dilatorio del reconocimiento de la prestación en
cuestión y, por lo tanto, en caso de recurrir a esta facultad, dicho trámite
deberá realizarse de manera paralela y no suspensiva, es decir, sin que la
espera del nuevo dictamen implique, por sí sola, la suspensión de la decisión
frente a la solicitud, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 10, del Decreto 1796 de 2000.
H.  SÍNTESIS
119. Víctor Gabriel Sanabria Ángel,
actuando en nombre propio instauró acción de tutela en contra de la Policía
Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación,
al mínimo vital, a la dignidad y a la seguridad social, presuntamente
vulnerados por la entidad accionada, al exigirle la declaratoria
de interdicción y el nombramiento de curador o guardador general, con la
facultad para administrar los bienes, así como el registro civil de nacimiento
con nota marginal de reconocimiento paterno, para poder
resolver la solicitud de sustitución pensional. La pretensión de la demanda se
encaminó a ordenar a la entidad accionada el pago equivalente al 50% de la
respectiva mesada pensional, que le correspondía como subrogado del derecho
pensional, en calidad de hijo inválido del señor Jaime Sanabria Duarte.
120. En sede de revisión, la Corte Constitucional analizó, de acuerdo al
material probatorio allegado y bajo las facultades ultra
y extra petita si la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a
la seguridad social, y al mínimo vital del señor Víctor Gabriel Sanabria
Ángel, al suspender el reconocimiento y pago del restante 50%
de la sustitución pensional en calidad de hijo discapacitado, con
fundamento en que debe aportar sentencia de interdicción, junto con el
nombramiento de curador o guardador que lo represente para el pago de la mesada
pensional, así como el registro civil de nacimiento con nota marginal de
reconocimiento paterno, dado que el Área de Medicina Laboral – Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional lo calificó con un 85.75% de pérdida de
capacidad laboral.
121. A fin de resolver
el problema jurídico planteado por la Sala, se estudiaron varios temas como fueron: el
derecho fundamental a la persona jurídica y las limitaciones a la capacidad
jurídica (-aparte D de la sentencia-); la sustitución pensional en el
régimen pensional de la Policía Nacional (-aparte E de la sentencia-); la exigencia de requisitos extralegales frente al reconocimiento
de prestaciones de la seguridad social, como una actuación contraria a la
eficacia y vigencia de los derechos fundamentales (-aparte F de
la sentencia-). Concluyó la Corte que, la Policía Nacional vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del accionante (-aparte G de la sentencia-), al exigir requisitos no previstos en la ley, lo que constituyó una
imposición de barreras ilegales para el ejercicio de los derechos de las
personas en situación de discapacidad, lo que constituye, igualmente, una
vulneración al derecho fundamental a la igualdad. Se
identificó que la sentencia
de interdicción y el nombramiento de curador son exigencias no previstas en la
ley para el reconocimiento de la sustitución pensional,
lo mismo que las anotaciones en el registro civil,
relativas al reconocimiento del padre.
En
atención de las anteriores consideraciones, concluyó la
Sala Cuarta de Revisión que la Policía Nacional vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad del señor Víctor
Gabriel Sanabria Ángel, al someter el estudio de su solicitud a la obtención y pruebas
de requisitos más allá de los previstos por la ley, por presumir su incapacidad
jurídica para actuar.
122. Por consiguiente, se revocarán las
decisiones emitidas por la
Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, del veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio de la cual confirmó
el fallo proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, veintisiete
(27) de julio de dos mil dieciocho (2018) que declaró improcedente el amparo
constitucional, la que también se revocará para, en su lugar, tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad del señor Víctor
Gabriel Sanabria Ángel. Así mismo se ordenará, por intermedio de la Secretaria General de la Corte
Constitucional, remitir copia del registro civil de nacimiento del señor Víctor
Gabriel Sanabria Ángel a la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, para que obre dentro del archivo de la respectiva entidad y se
tenga en cuenta a la hora de valorar su caso en particular.
Así mismo, se
ordenará a la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional que, en un
plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la notificación de este fallo,
proceda a verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
hijo inválido, en el trámite de sustitución pensional del señor Víctor Gabriel
Sanabria Ángel y decidir de fondo la solicitud en el mismo término máximo,
teniendo en cuenta el registro civil de nacimiento remitido por esta
corporación y sin que sea dable exigir la declaratoria de interdicción y el nombramiento de curador o
guardador general, con la facultad para administrar los bienes para proceder a
su estudio.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia emitida
por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, del veintinueve (29) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), por
medio de la cual confirmó el fallo proferido por el Juzgado Doce Civil del
Circuito de Bogotá, el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho
(2018), que declaró improcedente el amparo constitucional, el que también se
revoca para, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y, a
la igualdad del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, en los términos señalados
en la presente providencia.
Segundo.- ORDENAR, por intermedio de
la Secretaria General de la Corte Constitucional, remitir copia del registro
civil de nacimiento del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel a la Policía
Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, para que sea tenido en cuenta al momento de decidir sobre la
solicitud de sustitución pensional en cuestión.
Tercero.- ORDENAR a la Policía
Nacional – Ministerio de Defensa Nacional que, en un plazo máximo de un (1)
mes, contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a verificar el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para hijo inválido en el
trámite de sustitución pensional, del señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel, y
decidir de fondo la solicitud en el mismo término máximo, teniendo en cuenta el
registro civil de nacimiento remitido por esta corporación y las razones aquí
expuestas, sin que le sea aceptable exigir requisitos o trámites no legalmente
previstos para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Cuarto.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-352/19
Referencia: Expediente T-7.034.044.
Acción de tutela
interpuesta por Víctor Gabriel Sanabria Ángel contra la Policía Nacional-
Ministerio de Defensa.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por
las providencias de la Corte Constitucional, a continuación expongo las razones
que me conducen a aclarar el voto en la Sentencia T-352 de 2019,
proferida por la Sala Cuarta de Revisión, el 2 de agosto de ese mismo año.
1. En
la referida providencia, esta Corporación estudió la acción de tutela
presentada por el señor Víctor Gabriel Sanabria Ángel contra
la Policía Nacional–Ministerio de Defensa, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, debido proceso y a la
seguridad social, ante la negativa recurrente de dicha entidad de reconocerle
al actor la sustitución pensional derivada de su calidad de hijo en situación
de discapacidad de miembro fallecido de la Policía Nacional, a la que alega
tener derecho.
La vulneración
surge, según el demandante, de la exigencia de la entidad estatal de presentar
declaratoria de interdicción y nombramiento de curador o guardador general con
la facultad para administrar sus bienes, para acceder a dicha prestación. Por
esa razón, para adelantar el trámite pensional, la entidad exige remitir el
auto admisorio de la respectiva demanda y el registro civil de nacimiento con la
nota marginal de reconocimiento paterno, a pesar de tratarse de exigencias
ajenas en principio, a los requerimientos de ley.
2. El
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá- Sala Civil, en primera y segunda instancia,
respectivamente, declararon improcedente la acción de tutela, al considerar que
el actor debió acudir a la jurisdicción ordinaria para ventilar sus
pretensiones, sumado a que no encontraron prueba alguna de perjuicio
irremediable en su caso concreto.
3. La
Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación decidió revocar dichas providencias
y en su lugar tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Sanabria Ángel, al considerar que, en efecto, le fueron
exigidos requisitos extralegales para el reconocimiento de la sustitución
pensional de su difunto padre. Actuaciones que además consideró la Sala como
actos discriminatorios y contrarios a los postulados de la Constitución en
materia de igualdad.
4. Comparto plenamente la decisión adoptada en
la sentencia en el sentido de proteger los derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso del actor, -ante el actuar indebido de la Policía Nacional
de exigirle requisitos extralegales para reconocer y pagar la sustitución
pensional a la que tenía derecho-. No obstante, aclaro mi voto porque no
comparto ciertas consideraciones expuestas en el Capítulo F del fallo, especialmente
relacionadas con la referencia a una sentencia proferida por una Sala de
Revisión de la Corte, pues se trata de argumentos que no sólo no son aplicables
al caso concreto, sino que además le quitan fuerza a las explicaciones
concretas de la providencia en favor de los derechos pensionales del
peticionario.
En
efecto, en el citado capítulo, la Sala expuso que en reiterada jurisprudencia
de esta Corporación se les ha reprochado a las entidades pertenecientes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones el exigir requisitos
extralegales para dilatar u obstaculizar el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales a las que los ciudadanos alegan tener derecho;
especialmente, cuando se trata de personas en situación de discapacidad, pues
son sujetos de especial protección constitucional. Específicamente, se hizo
alusión a las Sentencias T-317 de 2015[94],
T-509[95]
y T-655 de 2016[96],
que son providencias en las que se establecieron varias subreglas para resolver
los casos en los que se ha exigido a los ciudadanos sentencias de interdicción
para ser incluidos en nómina de pensionados.
Más
adelante, sin embargo, se mencionó la Sentencia T-185 de 2018[97], en la que se
incluyeron reglas adicionales sobre el tema, específicamente en lo atinente a
los casos en los que se acredita claramente que la persona solicitante de la
pensión padece una discapacidad mental absoluta y no puede administrar
sus propios recursos. Paradójicamente, la Sala sostuvo frente a esta
providencia, que se separaba de ella como precedente, por su abierta “irrazonabilidad,
inconstitucionalidad o manifiesta injusticia”[98]
en estos casos.
Es
sobre este aspecto en particular que recae mi aclaración, en la medida en que
si bien la Sentencia T-185 de 2018[99]
es acertada en lo que tiene que ver con las subreglas generales que deben
aplicarse para resolver las controversias sobre la exigencia de requisitos
extralegales, como la declaratoria de interdicción para reconocer la
sustitución pensional en calidad de persona en situación de discapacidad
absoluta, su aplicación en el caso concreto es inadecuada. La mención y
análisis de las subreglas en las que se permitió excepcionalmente condicionar
la inclusión en nómina de pensionados al inicio de un proceso de interdicción
cuando la persona padece una discapacidad mental absoluta, (aspecto que
constituye la ratio decidendi de esa sentencia), no era una cita
jurisprudencial necesaria o pertinente en las circunstancias estudiadas por la
Sala, ya que, tal y como se colige de las pruebas aportadas al proceso, el
accionante en este asunto tenía plena capacidad de comprensión de lo solicitado
y de sus derechos.
En
efecto, al respecto se destaca del estudio sociofamiliar[100] que se adelantó
durante el trámite de revisión, el 29 de enero de 2019. La trabajadora social
delegada del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) – Centro Zonal
Bosa, expuso que: (i) el actor fue quien atendió la visita, “comprendió
todas las preguntas formuladas y se comunicó todo el tiempo verbalmente, [pero] manifiesta que se comunica más fácil por escrito”[101]; y (ii) el señor Sanabria Ángel le informó que en el presente
trámite de tutela él interpuso la acción en nombre propio y él mismo fue quien
la radicó.
5. Con lo anterior, queda demostrado de
forma suficiente que si bien es cierto el actor tiene una pérdida de capacidad
laboral del 85.75%, su capacidad mental y cognitiva no se encuentra afectada de
tal forma que pueda ser considerado discapacitado mental absoluto, por lo cual
era innecesario hacer alusión a las consideraciones enunciadas en la
providencia T-185 de 2018, al no tener aplicación concreta al caso
objeto de estudio, pues no corresponde a las circunstancias fácticas de este.
De esta manera, expongo brevemente las razones que me
conducen a aclarar el voto respecto de la sentencia T-352 de 2019,
adoptada por la Sala Cuarta de Revisión.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folios 14 a 29. Cuaderno No.1.
[2] A folio 2, obra registro civil de defunción. Cuaderno 1.
[3] A folio 45, consta el escrito radicado por Víctor Gabriel
Sanabria Ángel el 18 de mayo de 2011 para el reconocimiento de la sustitución
pensional  Cuaderno No.1.
[4] El accionante hace alusión a un dictamen  emitido el 17 de junio de
2002, no obstante, no fue aportado dentro expediente. En el escrito en el que
solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional señaló: “De la manera
más atenta me permito informar a esa jefatura, que el día 27 de marzo de 2011,
falleció mi señor padre JAIME SANABRIA DUARTE con CC 3.297.604 de Piedecuesta
(Sant) y de igual forma solicito muy amablemente me sea reconocida y cancelada
la pensión la cual tengo derecho por ser una persona con discapacidad absoluta
permanente reconocida por intermedio de la Junta Medico Laboral de la Policía
Nacional con fecha 17-06-2002”.
[5] Folios 4 a 6. Cuaderno No.1
[6] Folios 47 y 48. Cuaderno No. 1.
[7] Folios 181 y 182. Cuaderno de revisión en
la Corte Constitucional.
[8] Folio 189. Cuaderno de revisión en la Corte
Constitucional.
[9] Folios 7 a 11. Cuaderno 1.
[10] Folios 12 y 13. Cuaderno No.1.
[11] Folio 32. Cuaderno No.1.
[12] Mayor Carlos Augusto Herrán Osorio.
[13] Folios 50 a 53. Cuaderno 1.
[14] Corte Constitucional, sentencias T-099/00, T-480/94, T-314/96,
T-357/96, T-439/96, T-637/97, T-030/98 y, T-361/98.
[15] Folios 112 a 114. Cuaderno No.1.
[16] El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la
Junta Regional de Calificación, entre otros.
[17] Folio 111. Cuaderno No.1.
[18] Folio 1. Cuaderno 1.
[19] Folio 2. Cuaderno No. 1.
[20] Folios 4 a 6. Cuaderno No.1.
[21] Folios 47 y 48. Cuaderno No. 1.
[22] Sentencia del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá. Folios 128
a 132. Cuaderno No.1.
[23] Escrito de impugnación. Folios 139 a 147. Cuaderno No.1.
[24] Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá - Sala Civil de Decisión. Folios 3 a 6. Cuaderno No.3.
[25] Folios 3 a 15. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[26] Folios 69 y 70. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[27] Folios 80 y 81. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[28] Folio 84 Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[29] Folio 96. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[30] Folios 86 a 94. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional
[31] https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/
[32] Folios 116 y 117. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[33] Folio 118. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[34] Folio 121 Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[35] Folios 122. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[36] Folio 124 Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[37] Folio 96. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[38] Folio 155. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[39] Folio 162. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[40] Constitución Política, Artículo 86 “toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[41] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, art 86º; D 2591/91, art 1º
[42] Corte Constitucional, sentencia SU-961/99.
[43] Acta individual de reparto. Folio 31. Cuaderno No.1.
[44] En virtud de su naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha
descartado que “la utilización de la tutela como vía preferente para el
restablecimiento de los derechos” y ha reconocido que tal calidad “obliga
a los asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para
conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso
indebido de la acción como vía preferente o instancia adicional de protección”.
Corte Constitucional, sentencia T-603/15.
[45] Corte Constitucional, sentencias
T-249/06, T-055/06, T-851/06, T-1046/07, T-597/09 y T-427/11.
[46] Corte Constitucional, sentencia T-340/18.
[47] Corte Constitucional. Sentencia T-170/17: “La eficacia consiste
en que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial
competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el
derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una
solución integral frente al derecho comprometido”.
[48] El informe de visita domiciliaria da cuenta de la composición
familiar actual y el estado económico del actor. Páginas 97 a 106. Cuaderno de
revisión en la Corte Constitucional.
[49] En los instrumentos internacionales se reconoce el derecho a la
personalidad jurídica, es así como el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ratificado por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968 establece que “Todo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica”. La razón jurídica del derecho fundamental al reconocimiento de
la personalidad jurídica la encontramos en el preámbulo del Pacto Internacional
que reconoce “Que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana”. Igualmente, en el artículo 3° de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, consagra este derecho, el cual fue ratificado por
Colombia a través de la Ley 16 de 1972.
[50] Corte Constitucional, sentencias C-109/95.
[51] Corte Constitucional, sentencia C-579/01.
[52] Artículo 1502 del Código Civil.
[53] Corte Constitucional en la sentencia
C-983/02, declaró EXEQUIBLE la palabra “sordomudo” contenida en los artículos
62, 432 y 1504 del Código Civil, e INEXEQUIBLE la expresión “por
escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo Código.
[54] Artículo 1504 del Código Civil.
[55] El artículo 2º de la Ley 1306 de 2009
establece: “Una persona
natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones
psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus
actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio.
La incapacidad
jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa a su
afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial y el derecho de los terceros
que obren de buena fe.
PARÁGRAFO. El término “demente” que aparece actualmente en
las demás leyes, se entenderá sustituido por “persona con discapacidad mental”
y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley en
lo pertinente”.
[56] Artículos 577 a 586 del Código General del Proceso. Ley 1306 de
2009, “Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados”.
[57] El capítulo IV de la Ley 1306 de 2009 trata de la designación de
guardadores, consejerías y curadores.
[58] Artículo 52 Ley 1306 de 2009.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-382/18.
[60] Corte Constitucional, sentencia T- 826/04.
[61] Corte
Constitucional, sentencia T- 026/14. En dicha providencia la Corte
incluyó un listado de tratados internacionales que el Estado colombiano ha
suscrito, con el propósito de adoptar medidas de protección para los ciudadanos
en situación de discapacidad:
“En el ámbito internacional, son múltiples los instrumentos en
los que se ha plasmado la voluntad expresa de la comunidad de naciones de
proteger los derechos de las personas con discapacidad. Las obligaciones
internacionales del Estado colombiano en este campo se derivan de varios
tratados internacionales y de numerosos instrumentos conexos a dichos tratados
que precisan el alcance de las obligaciones convencionales a través de las
cuales se garantiza el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y
se asegura el goce efectivo de otros derechos.
Así, se pueden citar –entre otros- el artículo 2-1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2-2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 1-1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el artículo 2-1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Todas estas disposiciones encuentran un
reflejo directo en el artículo 13 de la Constitución Política colombiana.
En segundo lugar, existen otras obligaciones internacionales
convencionales del Estado colombiano que se refieren expresamente a las
personas con discapacidad. Así, (a) el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –‘Protocolo de San Salvador’-, ratificado mediante Ley 319 de 1996,
dispone en su artículo 18 que toda persona afectada por una discapacidad física
o mental tiene derecho a recibir atención especial con miras a alcanzar el
máximo grado de desarrollo de su personalidad; (b) la Convención sobre los
Derechos del Niño establece, en su artículo 23, diversos derechos para los
niños impedidos; (c) la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad, ratificada mediante Ley 762 de 2002, establece diversas
obligaciones estatales en la materia, según se precisa en el apartado
siguiente; y (d) el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de
Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159),
ratificado mediante Ley 82 de 1988.
Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
adoptado múltiples resoluciones sobre el tema, entre las cuales se pueden citar
la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, la Declaración de
los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de los
Impedidos, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, y –de especial
importancia- las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.
En el ámbito regional interamericano también existen múltiples
instrumentos relevantes, tales como la Declaración de Caracas de la
Organización Panamericana de la Salud sobre la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica en la Atención Primaria; la Resolución sobre la Situación de las
Personas con Discapacidad en el Continente Americano y la Resolución sobre
la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano, así como el
Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente
Americano”.
[62] Corte Constitucional, sentencia T-382/18.
[63] Corte Constitucional, sentencia C-617/01
[64] Corte Constitucional, sentencia C-002/99.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-744/99.
[66] Se hace alusión al régimen de la Policía Nacional para el
reconocimiento de la sustitución pensional, por ser un régimen especial. En el
evento en que existan vacíos en la norma especial se acude a la Ley 100 de 1993
para completar el régimen jurídico.
[67] La Corte Constitucional en la sentencia T-273/18, explica específicamente los
requisitos para acceder al reconocimiento de la sustitución pensional como son:
(i) la relación
filial; (ii) la
situación de discapacidad y que la misma hubiese generado perdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50%; y (iii) la dependencia económica del hijo en situación
de discapacidad con el causante de la prestación.
[68] El Decreto 1260 de 1970 en su artículo 5 establece: “Los hechos
y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en
el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de
hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria
potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones
matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda,
rehabilitaciones…”
[69] Con anterioridad el Decreto 1796 de 2000 consideraba a una persona
inválida con el 75% de pérdida de capacidad laboral.
[70] Inciso segundo artículo 142 del Decreto 019 de 2012.
[71] El artículo 10 del Decreto 1796 de 2000
establece: “La Dirección de Sanidad de cada Fuerza o de la Policía Nacional,
realizará por lo menos una vez cada tres (3) años exámenes médicos de revisión
al personal pensionado por invalidez.
En caso de
evidenciarse que no persiste la patología que dio origen a la prestación, el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía procederá a revisar el
caso.
PARAGRAFO 1o. La evaluación se llevará a cabo aplicando las
mismas normas con las cuales se otorgó el derecho a pensión.
PARAGRAFO 2o. El incumplimiento de esta disposición por parte
del pensionado, previo requerimiento en dos (2) oportunidades, dará lugar a la
suspensión del pago de la pensión hasta cuando cumpla el requisito exigido. (…)”
[72] Corte Constitucional, sentencia T-038/11.
[73] Corte Constitucional, sentencia T-424/18.
[74] Ver sentencia C-066 de 2016. En aquella ocasión se señaló que: “(…)
es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial
que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse
de la situación que éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este
contexto, es innegable que la dependencia económica siempre supondrá la
verificación por parte de los progenitores de un criterio de necesidad, de
sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, que no
les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia
económica”.
[75] Corte Constitucional sentencias C-066/16, C-111/06, T-662/10,
T-674/10 y, T-140/13.
[76] Corte Constitucional, sentencia T-185/18.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-898/11.
[78] Artículo 18 Ley 1306 de 2009.
[79] Ley 1437 de 2011.
[80] Corte Constitucional, sentencia T-777/15.
[81] Corte
Constitucional, sentencia T-187/16.
[82] “Por medio del cual
se reglamenta el artículo 5° del Decreto 2150 de 1995 y la Ley 700 de 2001”.
[83] Artículo 3º Ley 1306 de 2009.
[84] Folios 4 a 6. Cuaderno No.1
[85] La Corte
Constitucional en sentencia T-122/10 señaló: En este punto resulta de suma relevancia establecer
quienes son los titulares de esa especial protección estatal. Frente a ello en
la sentencia T-198 de 2006 se especificó que los conceptos de discapacidad e
invalidez son disímiles, siendo el último una especie dentro del género de las
discapacidades. Puntualmente se dijo: “se encuentra establecido que se presenta una clara diferencia
entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse
que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en
consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos
frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una
discapacidad severa”. (…) Con base en lo antedicho, se puede
interpretar que la idea de limitación pone de presente un panorama genérico al
que pertenecen todos los sujetos que han sufrido una mengua por circunstancias personales,
económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. Por
otra parte, la discapacidad, especie dentro de este género, implica el
padecimiento de una deficiencia física o mental que limite las normales
facultades de un individuo, lo cual armoniza con las definiciones propuestas en
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad. En éstas se habla, de
manera idéntica, de ‘persona impedida’ y ‘persona con discapacidad’,
respectivamente. Por último, la invalidez ha sido asumida en el contexto
internacional como la reducción de la capacidad para el trabajo a consecuencia
de limitaciones físicas o mentales debidamente probadas. Esta idea ha sido
adoptada en el contexto jurídico nacional, que define a la invalidez como una
pérdida que excede el 50% de la facultad para laboral, lo que presupone la valoración de la merma.
[86] Corte Constitucional, sentencia T-185/18.
[87] Folio 52. Cuaderno No.1
[88] Folios 97 a 106. Cuaderno de revisión en la Corte Constitucional.
[89] Artículo 10 y 11 del Decreto 1260 de 1970.
[90] El registro civil de nacimiento solicitado en sede de revisión a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y que obra a folio 117 del cuaderno de
revisión, fue puesto a disposición de terceros, de modo que, la prueba fue sometida
a contradicción. Las partes guardaron silencio, respecto del parentesco con el
causante.
[91] “(…) deben los jueces de tutela y esta Corte en funciones de
revisión de  los fallos correspondientes, adentrarse en el examen y en la
interpretación de los hechos del caso, con el fin de encontrar la esencia y la
verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en conocimiento de la
jurisdicción constitucional de los derechos fundamentales, para efectos de
asegurar la más cabal protección judicial de los mismos y la vigencia de la
Carta en todos los eventos en los que se reclame su amparo por virtud del
ejercicio de la Acción de tutela”: sentencia T-028/93. Así mismo en la
sentencia T-310/95 se precisó que: “(…) dada la naturaleza de la presente
acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones
que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe
estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos
constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos
fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta
procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos
sean extra o ultra petita”.
[92] Corte Constitucional, sentencia T-866/00.
[93]  “Como se observa, esta excepción a la regla general depende de
la existencia de material probatorio suficiente que permita al juez de tutela
inferir la situación de vulneración de derechos fundamentales adicionales al de
petición. Si no existen tales materiales probatorios, no es posible para los
jueces de tutela asumir de oficio la función de proteger derechos
fundamentales, cuya vulneración no se encuentra verificada”: ídem.
[94] Sentencia T-375 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
[95] Sentencia T-509 de 2016 M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[96] Sentencia T-655 de 2016 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[97] Sentencia T-185 de 2018 M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[98] Sentencia C-898 de 2011.M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva citada en la Sentencia T-352 de 2019, como causal para separarse
del precedente.
[99] Sentencia T-185 de 2018 M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[100] Cuaderno de Revisión, folios 97 a 106.
[101] Respuesta a la pregunta No. 8 del
cuestionario hecho a la trabajadora del ICBF por la Sala Cuarta de Revisión.