T-564-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-564/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En la sentencia C-590/05 la Corte
Constitucional sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y motivos de
procedibilidad
Lo esencial para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la
concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, (iii) el requisito, consistente en la necesidad de
intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.
En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de
procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable
Esta Corporación ha
caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de
las disposiciones jurídicas en los asuntos sometidos al conocimiento del juez.
Para que el mismo proceda, debe comprobarse la existencia de una irregularidad
que tenga un impacto considerable al momento de adoptar la respectiva
sentencia, esto es, que los errores en que incurra, obstaculicen o lesionen la
efectividad de los derechos constitucionales. En relación a la interpretación
irrazonable de las disposiciones jurídicas, la Corte Constitucional ha señalado
que se trata de la causal más restringida para la procedencia de la tutela por
defecto sustantivo. Esto debido a que la interpretación de la ley es un campo
en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de
independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado
Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial,
evitando injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento
jurídico al que están sometidas sus decisiones, de conformidad con el artículo
230 superior.
INTERPRETACION IRRAZONABLE DE LAS DISPOSICIONES
JURIDICAS-Hipótesis en las cuales
puede incurrir la autoridad judicial
Esta Corporación ha señalado
que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable, al menos en dos hipótesis: (i) cuando le otorga a
la disposición jurídica un sentido y alcance que  no tiene, es decir, deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo
que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el
principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual
se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se
pretende su derivación no es posible por contrariar los principios
básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o, (ii) cuando le confiere
a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero
que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados.
DEFECTO
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Corresponde
a la parte actora la carga de explicar la existencia de tal arbitrariedad
En cuanto a la carga de la
prueba por interpretación errónea de la norma, es menester precisar que la
Corte Constitucional indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela
contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte
actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es
abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien
presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el
acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado
sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Esta Corporación ha
desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la posición de la
jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento
nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio de la función
judicial. En esta oportunidad, la Sala reiterará los principales elementos de
esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del precedente constitucional
para los jueces, y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la
acción de tutela.
PRECEDENTE
JUDICIAL-Definición
Esta Corporación ha definido
el precedente judicial como “aquel antecedente del conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia” y ha señalado que una sentencia antecedente es relevante para
la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): “i.
En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada
con el caso a resolver posteriormente. ii. La ratio debió haber servido de base
para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional
semejante (a la que se estudia en el caso posterior).iii. Los hechos del caso o
las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un
punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido
será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente”.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN
MATERIA DE TUTELA Y EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Diferencia/DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE EN MATERIA DE TUTELA Y EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Aspectos
comunes
En relación con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento
normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de
fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. Como
aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia
constitucional para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la
relevancia de la interpretación autorizada que hace la Corte como guardiana de
la integridad y supremacía de la Carta, de acuerdo con la posición y misión
institucional que le confiere el artículo 241 Superior. El papel de
homogeneizar la interpretación de la Constitución es especialmente relevante en
materia de derechos fundamentales que, como se sabe, son consagrados en
cláusulas especialmente abiertas e indeterminadas. En lo que toca a los fallos
de constitucionalidad, el carácter obligatorio de la jurisprudencia
constitucional se desprende de sus efectos erga omnes y de la
cosa juzgada constitucional. Además, por mandato expreso del artículo 243
Superior, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la
Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la
parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio
decidendi contiene la solución constitucional a los problemas jurídicos
estudiados, debe ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la
aplicación de la ley sea conforme con la Constitución, norma de normas. La
Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca sus precedentes
incurre en un defecto sustantivo debido a que desconoce el derecho vigente, o
lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales
cuyo alcance precisa esta Corporación. Este respeto al precedente también se
hace extensible a las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de
tutelas de esta Corporación, pues ello materializa el principio de igualdad y
constituye una exigencia del principio de confianza legítima que prohíbe al
Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles, a la vez que
opera como un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la
Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad
y coherencia del ordenamiento jurídico. La doctrina contenida en la parte
motiva de las sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio
decidendi de tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a
cabo por otras autoridades judiciales, en virtud de la competencia
institucional de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia
Esta Corte ha considerado que
su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: “(i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la
ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”. Sin embargo,
debido a que una práctica jurisprudencial saludable no puede basarse en la
petrificación de determinadas decisiones o concepciones del derecho, el
principio de autonomía funcional del juez implica que puede apartarse del
precedente jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre razones debidamente
fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con una carga
argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a la
Constitución, en todo o en parte”.
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Actualización del ingreso base de liquidación de la
primera mesada pensional
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA PENSION-Fundamental/DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION
DE 1991
Respecto al
derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, por medio
de la garantía de la indexación de la primera mesada pensional, la Sala
presenta las siguientes conclusiones acerca de las reglas jurisprudenciales
aplicables al asunto analizado: 1. El derecho fundamental a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones, mediante la figura de la indexación, es aplicable
a todas las categorías de jubilados, sin discriminación alguna por la modalidad
de la prestación, por el origen de la misma, o por el momento en que se causó.
Por tanto, esa garantía cobija a las personas que adquirieron el derecho al
reconocimiento de una pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991. Esto tiene fundamento en la aplicación de los
artículos 48 y 53 superiores, debido a que el fenómeno inflacionario
afecta a todo tipo de pensionados por igual. El reconocimiento del pago de la
indexación de la primera mesada pensional, es un principio del Estado Social de
Derecho que desarrolla los artículos 13 y 46 constitucionales, que tienen la
finalidad de proteger a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo
vital.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por configuración de defecto sustantivo, indebida
aplicación normativa y omisión en la aplicación directa de la Constitución/DEFECTO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL
Todas las
instituciones del Estado, entre ellas las Altas Cortes, están en la obligación
de acatar el precedente proferido por este Tribunal Constitucional, en
ejercicio de su función de interpretar autorizadamente la Carta Política y, en
ese sentido, definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales,
razón por la cual su incumplimiento hará procedente la acción de tutela contra
las providencias judiciales. En el caso del incumplimiento de ordenar,
reconocer o pagar la indexación de la primera mesada pensional, las decisiones
judiciales incurrirán en los defectos: i) sustantivo por inaplicación de las
normas específicas sobre la materia, ii) sustantivo por interpretación
irrazonable de las normas laborales, iii) desconocimiento del precedente
constitucional, iv) violación directa de la Constitución, sin perjuicio de la
existencia de otros que se desprendan de la situación concreta del accionante.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se ordena calcular su monto acorde a la fórmula
adoptada en la sentencia T-098 de 2005
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-No se aplica para el caso el precedente fijado en
sentencia SU1073/12
Referencia: expedientes T-3852770 y T–3866480 (AC)
Acciones de tutela instauradas por José Mauricio González y Luis
Orlando Guzmán Rodríguez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia; y Daniel Dussan Guzmán, contra Cajanal EICE en liquidación y la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto
de dos mil trece (2013).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Mediante
la cual se adelanta el trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela
dictados dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-3.852.770
Primera Instancia: Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
Segunda Instancia: Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
T–3.866.480
Primera Instancia: Juzgado Treinta y Tres Laboral
del Circuito de Bogotá.
Segunda Instancia: Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES.
1. Expediente T-3.852.770
Los ciudadanos José Mauricio
González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez, iniciaron proceso ordinario laboral
ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, bajo radicado No. 32.240,
contra la extinta Álcalis de Colombia, solicitando el reintegro al cargo que
ocupaban, el pago de salarios y demás factores salariales dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta el respectivo reintegro. De manera
subsidiaria, requirieron judicialmente el reconocimiento de una pensión
restringida de jubilación debidamente indexada, de conformidad al artículo 133
de la Ley 100 de 1993.
El referido Juzgado, en sentencia
del 30 de julio de 2003, condenó a Álcalis de Colombia a pagar a favor de los
demandantes una pensión restringida de jubilación a partir de los 50 años y
absolvió a la empresa demandada de las demás pretensiones.
En la parte motiva de la
sentencia se expuso que no era procedente la indexación de la primera mesada
pensional, debido a que: “no se indexan las obligaciones si del
incumplimiento del empleador no se deriva una significativa depreciación de la
obligación, en cuyo caso solo procede la indexación como componente de daño
emergente ocasionado al acreedor||(…) Por lo anterior y teniendo en cuenta que
a la entidad demandada no se le puede imputar el incumplimiento o mora en el
pago de las mesadas pensionales a que se contrae la condena, que hubiese
derivado en una depreciación de la obligación, se impone la absolución de la
demandada”.[1]
La anterior decisión fue apelada
y conoció en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, quien profirió sentencia el 30 de noviembre del
mismo año, confirmando la decisión de primera instancia. Contra el anterior
fallo se interpuso recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual en providencia del 16 de abril de 2007, decidió no casar la
sentencia, argumentando que los demandantes incurrieron en un error en la
técnica de casación al atacarla por la infracción directa y no por la
interpretación errónea de las normas sobre indexación pensional.
Álcalis de Colombia Ltda., en
liquidación, por medio de Resolución No. 00253 del 20 de noviembre de 2007,
reconoció a José Mauricio González una pensión restringida de jubilación en
cumplimiento del fallo judicial proferido por el Juzgado Sexto Laboral de
Circuito de Bogotá, a partir del 24 de octubre de 2007 hasta el 24 octubre de
2017, fecha en la cual cumpliría la edad de 60 años y Colpensiones le
reconocería la pensión por vejez.
Respecto a Luis Orlando Guzmán
Rodríguez, Álcalis de Colombia le reconoció una pensión restringida de
jubilación, en cumplimiento del mismo fallo judicial, a partir del 28 de enero
de 2008 y hasta el 28 de enero de 2018, fecha en la cual Colpensiones le
reconocería su pensión de vejez, si cumple con los requisitos para tal
propósito.
Con posterioridad los actores
interpusieron derecho de petición de indexación de primera mesada pensional
ante el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia[2], quien en
comunicación ALC-20123170026981, del 6 de febrero de 2012, negó tal pretensión
con base en la excepción de cosa juzgada, debido a la existencia de un proceso
ordinario que puso fin al debate sobre el derecho reclamado.
Inconformes con el contenido de
las resoluciones, las providencias judiciales que dieron origen a las mismas, y
las comunicaciones posteriores emitidas por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, los ciudadanos José Mauricio González y
Luis Orlando Guzmán Rodríguez, interpusieron acción de tutela ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra las decisiones proferidas por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la vida en condiciones dignas, el mínimo vital y el debido proceso.
1.2    Trámite dado a las
acciones de tutela interpuestas
1.2.1 La decisión adoptada por
la Corte Suprema de Justicia
En sentencia del 9 de agosto de
2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo reclamado,
argumentando que los accionantes pretendían revivir una controversia que
concluyó al proferirse fallo por parte de la Sala de Casación Laboral de esa
Corporación. Ante esa situación los accionantes impugnaron el referido fallo de
tutela, que correspondió resolver a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, quien en decisión del 14 de septiembre de 2012 declaró la
nulidad de lo actuado e inadmitió la solicitud de amparo.
Con el propósito de sustentar su
decisión de nulidad, la Sala de Casación Civil argumentó que, debido a la
calidad de órgano límite y cierre de la jurisdicción ordinaria que ostenta la
Corte Suprema de Justicia, no hay fundamento alguno para que sus decisiones
puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras
autoridades, puesto que no hay otra entidad que pueda disputarle las
resoluciones que efectúe en ejercicio de su propia competencia.
Aunado a ello, consideró que no
debían remitirse las acciones de tutela para su eventual revisión ante la Corte
Constitucional, porque no se resolvió de fondo la solicitud de amparo presentada.
1.2.2 Admisión de la acción de
tutela
Los accionantes, por medio de
escrito del 4 de octubre de 2012, solicitaron a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que, de
conformidad con el Auto 004 de 2004 proferido por la Corte Constitucional[3], admitiera la
acción de tutela. Mediante auto de 8 de octubre de 2012, se avocó la solicitud
de amparo y se notificó a las entidades accionadas y terceros interesados, sobre
el asunto de la referencia, para que ejercieran sus derechos de contradicción y
defensa.
1.2.3 Intervención de las
entidades accionadas.
En escrito del 10 de octubre de
2012, la Corte Suprema de Justicia señaló que el Consejo Seccional no tenía la
competencia para conocer del asunto de la referencia, según lo dispuesto en la
Constitución y en el Decreto 1382 de 2000, el cual prescribe que las tutelas
que se interpongan contra la Corte Suprema deberán repartirse al interior de la
misma y resolverse por la Sala de decisión, sección o subsección,
correspondiente, de conformidad con su  reglamento interno. Igualmente
manifestó que la Corte Constitucional carece de facultades legales y
constitucionales para conferir competencia a otros funcionarios judiciales para
conocer de las solicitudes de amparo, por tratarse de una facultad exclusiva, “cuyo
desconocimiento puede inducir en error a los usuarios del servicio ocasionando
absurdas congestiones en los órganos judiciales y prohijando el desconocimiento
ciudadano de la normatividad vigente”.[4]
De otra parte, en oficio del 12
de octubre de 2012, el representante legal del Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles de Nacionales de Colombia, expuso que los accionantes ya
surtieron la totalidad del proceso de acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia, razón por la cual no es procedente tramitar nuevamente la acción ante
otro juez. De la misma manera, afirma que los actores no expusieron las
falencias de los fallos de instancia que atacan, y que no surtieron el
requisito de inmediatez, pues interpusieron la solicitud de amparo cinco años
después de la sentencia que concluyó el proceso laboral. Finalmente, concluyó
que no puede desconocerse la existencia de decisiones judiciales previas, esto
es, las que tuvieron lugar dentro del proceso ordinario, porque éstas hicieron
tránsito a cosa juzgada y absolvieron a la demandada de indexar la primera
mesada pensional a los demandantes. Por tanto, solicitó declarar improcedente
el amparo solicitado.
1.2.4 Decisión de primera
instancia.
En sentencia del 19 de octubre de
2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, expuso que la acción de tutela no cumplió con el
requisito de inmediatez, el cual es un factor decisivo para la procedibilidad
de la misma frente a providencias judiciales, pues los actores interpusieron la
solicitud de amparo cinco años después de concluir el proceso ordinario. En ese
sentido, concluyó que revivir la discusión propuesta, atenta contra la
seguridad jurídica, aunado al hecho que los actores no demostraron estar frente
a la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por tanto, negó el amparo de los
derechos reclamados.
Los accionantes impugnaron tal
decisión, argumentando que, contrario a lo expuesto por el juez de primera
instancia, sí hay evidencia de la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues el último sueldo devengado al momento del retiro era superior
a los cinco salarios mínimos y en la actualidad, al no indexarse la prestación,
su mesada es inferior al salario mínimo, por lo cual no pueden satisfacer de
manera digna sus necesidades básicas. Respecto al argumento de la inmediatez,
afirmaron que no se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional y el Consejo
Superior de la Judicatura han dictado sentencias favorables en procesos de
tutela, a pesar de no cumplirse con ese requisito.
1.2.5 Decisión de segunda
instancia.
En sentencia del 30 de enero de
2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, expuso que no entraría a estudiar el fondo del asunto, en
consideración a que los accionantes no agotaron en debida forma todos los
medios de defensa judiciales, conferidos por la justicia ordinaria. Con el
propósito de sustentar su afirmación, sostuvo que los demandantes presentaron recurso
extraordinario de casación contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de
2004 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el cual no prosperó,
porque incurrieron en un error en la técnica de casación al atacarla por la
infracción directa y no por la interpretación errónea de las normas sobre
indexación pensional.
Así las cosas, consideró que los
actores no hicieron un uso adecuado de los mecanismos que la ley les otorga
para la reclamación de sus pretensiones, por lo cual no puede predicarse que
cumplieran con el requisito de subsidiariedad, para la procedibilidad de la
acción de tutela. Por tanto, confirmó la decisión del juez de instancia, esto
es, declaró improcedente el amparo constitucional y negó la protección de los
derechos fundamentales reclamados.
1.2.6 Pruebas relevantes
contenidas en el expediente
a. Solicitud dirigida al
Ministerio de Protección Social, Fondo de Pasivo Pensional Ferrocarriles de
Colombia, el 10 de junio de 2011, suscrita por los accionantes.
b. Resoluciones número 0253 del
20 noviembre de 2007 y 0028 del 24 de abril de 2008, proferidas por Álcalis de
Colombia Ltda., reconociendo la pensión restringida de jubilación.
c. Resoluciones número 0139 y
0140 del 7 de enero de 2010, proferidas por Álcalis de Colombia Ltda., por las
cuales se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.
d. Oficios números
ALC-20123170042571 del 29 de febrero de 2012; ALC-20123170026981 y
2012-317-011333-1, proferidos por el Ministerio de la Protección Social Fondo
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
e. Copia de la Resolución B-0089
del 13 de octubre de 2009, proferida por Álcalis de Colombia Ltda., por el cual
se da cumplimiento a un fallo de tutela que ordena la indexación pensional,
proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
2. Expediente T – 3866480
El ciudadano Daniel Dussan
Guzmán, presentó solicitud ante la Caja Nacional de Previsión, (en adelante
Cajanal EICE en liquidación) de reconocimiento y pago de la indexación de la
primera mesada pensional, la cual fue resuelta el 11 de febrero de 2011[5] y en la cual
se negaron sus pretensiones, con el argumento según el cual no adjuntó
sentencia judicial que ordenase ese pago.
Debido a ello, el accionante
interpuso demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la
cual correspondió resolver al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Neiva, quien mediante fallo del 25 de febrero de 2011, declaró la nulidad
parcial de la resolución que le reconoció la pensión[6] y del acto administrativo
que le negó la reliquidación pensional y, que a su vez condenó a Cajanal a
reconocer y pagar los respectivos ajustes teniendo en cuenta la asignación
básica junto con los demás emolumentos percibidos, desde el día 11 de noviembre
de 1993, pero con efectos fiscales desde el 27 de febrero de 2006. El actor no
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia.
Con posterioridad el actor,
inconforme con la reliquidación efectuada, presentó acción de tutela contra
Cajanal EICE en liquidación y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en
adelante UGPP), solicitando que la indexación de la primera mesada pensional se
realizara con el salario actualizado al momento en que cumplió la totalidad de
requisitos para el reconocimiento de la prestación, esto es, tiempo y edad, y
no con base en el salario devengado al momento en que cumplió las semanas
necesarias para acceder a la pensión, de conformidad con lo expuesto por esta
Corte en Sentencia SU-1073 de 2012.
Las entidades accionadas no se
pronunciaron respecto de los hechos y pretensiones expuestos en esta acción de
tutela.
2.1    Decisión de primera
instancia
En sentencia del 5 de febrero de
2013, el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá consideró que el
debate planteado por el actor no corresponde a un asunto puramente
constitucional, además de estar demostrado que acudió a la jurisdicción
contenciosa administrativa, quien dirimió la controversia planteada respecto
del reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional desde
el momento que obtuvo el estatus de pensionado. Adicionalmente expuso que no
resulta oportuno que el juez constitucional, bajo el pretexto del amparo de
derechos fundamentales, entre a reemplazar la competencia de jueces ordinarios
o especiales.
Por último, argumentó que el
actor desconoce que al haberse adoptado una sentencia judicial negando el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, no sería la acción de
tutela el escenario para resolver un posible vicio sustancial o de
procedibilidad, puesto que ello sería competencia del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. En consecuencia, negó el amparo solicitado.
2.2    Impugnación y sentencia
de segunda instancia
Inconforme con la decisión adoptada
por el juez de primera instancia, el accionante interpuso recurso de apelación,
argumentando que a pesar que el accionante demandó por la vía ordinaria el pago
de la indexación de su primera mesada pensional, concurren diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde ha reiterado que los
derechos laborales se pueden reclamar por la vía de tutela, por ser derechos
adquiridos. Por tanto, concluyó que el mecanismo de amparo impetrado es
pertinente para tal fin.
En sentencia del 19 de marzo de
2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
expuso que el actor no controvirtió la providencia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, en donde se le negó la indexación
de su primera mesada pensional; hecho que hace que la acción constitucional se
torne improcedente, pues la misma no puede emplearse para enmendar las
deficiencias atribuibles al accionantes en el proceso contencioso. Además de
ello, adujo que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de
inmediatez, pues no se entiende cómo, si la presunta vulneración de derechos de
la actor ocurrió desde febrero de 2011, sólo hasta el 23 de enero de 2013, esto
es, un año y diez meses después, se acuda a la tutela como única forma de
remediar su situación. Por tanto, negó las pretensiones del accionante.
2.3 Pruebas relevantes contenidas
en el expediente.
Pruebas allegadas por la parte
accionante:
a. Fotocopia del derecho de
petición del 10 de junio de 2008, en el cual se solicitó que Cajanal
reconociera y pagara la indexación de la primera mesada pensional (cuaderno
principal de la demanda, folio 17).
b. Fotocopia de la Resolución PAP
039961 del 21 de febrero de 2011, expedida por Cajanal, en la cual resuelve un
recurso de reposición, interpuesto por el actor contra el acto que le concedió
la pensión con indexación a partir de 1993 (cuaderno principal de la demanda,
folio 19).
c. Copia del fallo proferido por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, del 25 de febrero de
2011, en el cual se reconoce la indexación de la primera mesada pensional al
actor, a partir del 11 de noviembre de 1993 (cuaderno principal de la demanda,
folio 26)
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
conocer de los fallos objeto de revisión, de conformidad con lo determinado en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en el Auto de la Sala de Selección número cuatro, proferido el 24
de abril de 2013.
2. Cuestión previa
En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992, por el cual se adoptó el Reglamento
de la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador presentó informe ante la
Sala Plena de esta Corporación en el cual informó, que el expediente radicado
bajo el número T-3.852.770 versaba sobre una acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. A partir de la presentación del caso, el Pleno de este Tribunal
decidió que el asunto objeto de revisión debía seguir siendo de conocimiento de
la Sala novena de Revisión.
3. Planteamiento del caso y presentación del problema
jurídico
De conformidad con la situación expuesta, los ciudadanos José
Mauricio González y Luis Orlando Rodríguez, solicitaron la indexación de su
primera mesada pensional, la cual consideran que no se efectúo de conformidad
con la jurisprudencia de este Tribunal. Para tal propósito, acudieron a los
medios ordinarios de defensa establecidos para ello, en los cuales se
profirieron decisiones que accedieron parcialmente a sus pretensiones, pues no
les fue liquidada la pensión desde la fecha que ellos afirman tener derecho.
Ante esa situación, interpusieron recurso extraordinario de casación el cual
fue adverso a los intereses de su demanda. Por las razones expuestas, los
accionantes instauraron acción de tutela contra las providencias judiciales
proferidas en el proceso ordinario, a fin que se les garantizaran sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital y al debido proceso.
Al respecto, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en
su calidad de Tribunal de primera instancia, expuso que la acción de tutela no
cumplió con el requisito de inmediatez, ni demostró la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Por ello declaró improcedente el amparo reclamado. Ante
esa decisión, los accionantes impugnaron el fallo y correspondió a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolver la
controversia, la cual negó las pretensiones, con el argumento según el cual los
accionantes incurrieron en un error en la técnica de casación al atacarla por
la infracción directa y no por la interpretación errónea de las normas sobre
indexación pensional. Por tanto, consideró que no se hizo un uso adecuado del
mecanismo judicial, razón suficiente para declarar la improcedencia de la
solicitud de amparo.
En relación con lo expuesto, esta
Sala advierte que a pesar que los accionantes no expusieron de manera clara y
suficiente las razones por las cuales las sentencias acusadas vulneraron su
derecho al debido proceso, se desprende de los hechos de la demanda que los
actores hacen referencia a la posible existencia de: i) defecto sustantivo por
interpretación incorrecta de las normas sobre indexación de primera mesada
pensional y ii) desconocimiento del precedente constitucional.
De otra parte, el ciudadano Daniel
Dussan Guzmán, solicitó la indexación de su primera mesada pensional ante
Cajanal EICE, la cual no accedió a su petición, razón por la cual interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, quien declaró la nulidad parcial de la resolución
que le reconoció la pensión[7]
y del acto administrativo que le negó la reliquidación pensional, condenando a
Cajanal a indexar la prestación a partir de noviembre de 1993. Ante esta
decisión, el actor no interpuso recurso de apelación pero con posterioridad,
presentó acción de tutela contra Cajanal EICE y la UGPP, argumentando que la
reliquidación de su pensión no se efectuó de manera adecuada.
En sede de tutela se negó la
protección solicitada por el actor, con base en dos argumentos. El primero de
ellos, es que el accionante no agotó todos los medios de defensa, pues no
acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El segundo es que los
jueces de tutela censuran que la tutela se presentase un año y 10 meses después
de la sentencia con la cual concluyó el proceso ante la jurisdicción
contenciosa, razón por la cual consideran que no se cumplió con el requisito de
inmediatez.
De
conformidad con la situación expuesta, la Sala deberá determinar si las
situaciones expuestas cumplen con los requisitos generales y específicos para
la procedibilidad de la acción contra providencias judiciales. De esa manera,
si llegare a concluirse que las solicitudes de amparo, cumplen con los
presupuestos expuestos, se analizará (i) si los fallos proferidos por la
jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, incurrieron en un defecto sustantivo por falta de aplicación de
los artículos 4 (supremacía de la Constitución),
48 (seguridad social), 53 (mínimo vital) superiores; (ii) si las decisiones
adoptadas en las instancias referidas desconocieron el precedente
constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional.
Para resolver
estas cuestiones, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: (i) la procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales por existencia de un defecto
sustantivo o material; (iii) caracterización de la causal genérica de
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento
del precedente constitucional; (iv) la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la actualización del ingreso base de liquidación de la
primera mesada pensional. Luego, a partir de las reglas que se deriven del
anterior análisis, se resolverá el caso concreto.
4. Reiteración de
jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.
Esta Corporación ha desarrollado una sólida doctrina en
relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales. En sentencia T-757 de 2009, se expuso que la Corte
Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una doctrina bien
definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.[8]
Esta  línea se basa en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los
principios de autonomía e independencia judicial[9].
Para lograr este adecuado
equilibrio, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de
la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes
en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; por otra
parte, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una
providencia judicial vulnere los derechos fundamentales. Esto con el fin de
evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y
entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha
recalcado constantemente que la acción sólo procede cuando se encuentre
acreditada la amenaza a un derecho fundamental.
A continuación, se reiterará
brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena
en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[10]. En aquella oportunidad
se expuso que la tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde
un punto de vista literal e histórico[11],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[12] e, incluso,
a partir de la ratio decidendi[13]
de la sentencia C-543 de  1992[14],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
Así, al estudiar la procedencia
de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos
formales[15],
que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción,
adecuados a la especificidad de las providencias judiciales:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.”
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.”
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.”
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.”
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”
f. Que no
se trate de sentencias de tutela.”[16][17]
De cumplirse la totalidad de los
requisitos enunciados, el juez debe abordar el siguiente nivel de análisis,
esto es, determinar si la sentencia impugnada presenta alguna de las causales
genéricas de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia de
esta Corporación, las cuales han sido clasificadas en: defecto orgánico,[18]
sustantivo[19],
procedimental[20]
o fáctico[21];
error inducido[22];
decisión sin motivación[23];
desconocimiento del precedente constitucional[24];
y violación directa a la Constitución[25].
Sobre la determinación de los
defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre
ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o
el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el
desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de
una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[26].
No sobra señalar que el criterio
sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se
mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos
fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de
seguridad jurídica e independencia judicial[27].
Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración
grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe
a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
De acuerdo con las
consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia de la
acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de
tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas
establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y,
(iii) el requisito, consistente en la necesidad de intervención del juez
de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[28].
En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de
procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, una vez reiterados
los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, esta Sala estudiará los requisitos específicos,
propuestos en el problema jurídico, esto es, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente constitucional.
5. Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales por existencia de un defecto sustantivo o
material. La interpretación irrazonable como causa del defecto sustantivo.
Reiteración de jurisprudencia[29].
Esta Corporación ha caracterizado
este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia
judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas en los asuntos sometidos al conocimiento del juez. Para
que el mismo proceda, debe comprobarse la existencia de una irregularidad que
tenga un impacto considerable al momento de adoptar la respectiva sentencia,
esto es, que los errores en que incurra, obstaculicen o lesionen la efectividad
de los derechos constitucionales[30].
Esta Corte ha precisado que una
providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando:
“(i) la
norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la
autoridad judicial[31],
(ii) el
juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[32],
bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso
concreto es inconstitucional[33],
ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[34] o,
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó;
(iii) el
fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, finalmente;
(iv) la
aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición
normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente
errónea o irrazonable.”[35]
En relación a la última de estas hipótesis,
esto es, la interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas[36], la Corte
Constitucional ha señalado que se trata de la causal más restringida para la procedencia
de la tutela por defecto sustantivo. Esto debido a que la interpretación de la
ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios
de independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado
Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial,
evitando injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento
jurídico al que están sometidas sus decisiones, de conformidad con el artículo
230 superior.[37]
Al respecto, en Sentencia T-1093
de 2012, esta Corporación expuso que la independencia y autonomía del juez al
interpretar las normas o la Constitución, tiene límites, puesto que el carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos  (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 C.P.), deben guardar relación directa con los postulados del Estado Social de Derecho.
Así las cosas, “las
autoridades judiciales en el Estado Social de Derecho están sometidas a las
restricciones derivadas del diseño constitucional adoptado en la Constitución. En
ese sentido, su labor interpretativa encuentra como límite infranqueable
el principio de legalidad, pilar del Estado de Derecho”[38].
Este principio, cabe precisar, ha de ser entendido en su acepción amplia, es
decir, como precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en
cuya cúspide, además, se encuentra la Constitución, norma superior que tiene la
pretensión de otorgar unidad y coherencia al ordenamiento jurídico[39].
El proceso de aplicación del
derecho es complejo e impone la necesidad de que la autoridad judicial
participe activamente en la interpretación del ordenamiento jurídico, pues en
no pocos casos los jueces al resolver una controversia jurídica, más allá de
llevar a cabo una aplicación mecánica de los textos legales, realizan un
ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica
esencialmente la determinación de cuál es la norma jurídica aplicable al caso y
las consecuencias que de ella se derivan en el proceso de subsunción. En ese
orden de ideas es importante precisar que la Corte ha distinguido entre disposiciones
jurídicas y el producto de su interpretación. Igualmente, la Corte ha
entendido que una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas,
mientras que una misma norma jurídica puede estar contenida en diversas
disposiciones[40].
A partir de dicha perspectiva, el
Tribunal Constitucional en Sentencia T-1045 de 2008, se refirió a la relación
entre defecto sustantivo por interpretación irrazonable y el principio de
autonomía judicial. En aquella oportunidad manifestó que:
“la
autonomía funcional del juez protege la aplicación razonable del derecho y no
puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación
posible, ya que el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone
restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta
relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no
satisfacen dicho requerimiento. La autonomía judicial no equivale, entonces, a
la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho, puesto que de la
Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la
corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios,
derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada
por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. || Así las
cosas, cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada, se configura un defecto sustantivo
que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la
acción de tutela en contra de la decisión judicial”.
En la misma línea, este Tribunal
precisó[41]
que a partir de la lectura del texto constitucional se advierte la existencia
de “algunos mandatos de índole hermenéutica para los funcionarios judiciales”,
que ineludiblemente guían y limitan su actividad interpretativa. Al
respecto la Corte avanzó las siguientes consideraciones:
“En primer
lugar, tal y como se ha reiterado en varias oportunidades, está el principio de
interpretación conforme, según el cual todos los mandatos del ordenamiento
jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con
las disposiciones constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que
toda interpretación que no sea conforme a la Constitución, debe ser descartada;
segundo, que ante dos interpretaciones posibles de una norma, el juez se debe
inclinar por aquella que, en forma manifiesta, resulte más adecuada a los
mandatos superiores; tercero, que en caso de dos o más interpretaciones que
sean, en principio, igualmente constitucionales, el juez, en ejercicio de su
autonomía funcional, deberá escoger en forma razonada aquella que considere
mejor satisface los dictados del constituyente en el caso concreto.||También
esta Corte ha señalado que la autonomía que la Carta “reconoce a la
interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la
irrazonabilidad de sus respectivos resultados esto es, los frutos del ejercicio
hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la Corporación que
cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o
a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio
que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las
decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene
entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto
global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación
sistemática-finalista”.[42]
De conformidad con lo expuesto, esta
Corporación ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto
sustantivo por interpretación irrazonable, al menos en dos hipótesis:
(i) cuando le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que  no tiene, es decir,
deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco
normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta
manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis
en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de
la que se pretende su derivación no es posible por contrariar
los principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o,
(ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una
interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las
varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de
rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.[43]
En relación con la primera
hipótesis, la Corte ha indicado que las fallas originadas en el proceso
hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar
que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”[44]. Ello implica, que no se
trate de una simple discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa
acogida por la autoridad judicial, sino que la misma ha de ser manifiestamente
irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho.
Igualmente, sobre este mismo
tópico, la Sala Novena de Revisión en Sentencia T-079 de 2010 (M.P.
Luis Ernesto Vargas) puntualizó que “la interpretación errada de una
disposición jurídica constituye una transgresión evidente al principio de
legalidad, parte esencial del derecho fundamental al debido proceso, y un
desconocimiento de la obligación del juez de fallar dentro del imperio de la
ley (es decir, del derecho)”.
De otra parte, en relación a la
segunda de las hipótesis, la Corte ha señalado que, sí bien en éste también se
está en presencia de una afectación al principio de legalidad, su nota
particular está dada “por una mayor incidencia del desconocimiento de la
Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto
sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en
cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar
ese proceso y condicionar su resultado”[45].
Igualmente, ha indicado que “cuando la interpretación otorgada a la
disposición legal es posible, pero contraviene el contenido constitucional
aparejando la vulneración o el desconocimiento de los derechos fundamentales o
preceptivas superiores, el juez constitucional está en la obligación de adecuar
el contenido de dicha norma legal y hacerla consonante con los fines y
principios constitucionales”[46].
Sin embargo, esta Corte ha
explicado que es probable que en “algunas circunstancias concurran los
dos motivos genéricos señalados y que la interpretación contraevidente de la
ley comporte, así mismo, la vulneración de ciertos contenidos de la
Constitución, que sean relevantes para el caso específico. Empero, los motivos
referentes a la interpretación que dan lugar al defecto sustantivo son, en
principio, independientes y, en consecuencia, no es indispensable que concurran
para que sea viable hablar de defecto sustantivo derivado de la interpretación,
pues pueden configurarse por separado, hipótesis en la cual, cada uno genera el
anotado defecto sustantivo, sin necesidad de que se configure la otra causal”[47].
Finalmente, en cuanto a la carga
de la prueba en este escenario jurisprudencial, es menester precisar que la
Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2007 indicó: “En
todo caso, cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo
casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar
que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En
este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial
una mayor diligencia pues el acto que impugna es nada menos que una decisión de
un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales
existentes”.
6. Breve caracterización de la
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales por desconocimiento del precedente constitucional[48].
Esta Corporación ha desarrollado
una sólida línea jurisprudencial sobre la posición de la jurisprudencia
constitucional como fuente de derecho en el ordenamiento nacional y sobre la
importancia del precedente para el ejercicio de la función judicial. En esta
oportunidad, la Sala reiterará los principales elementos de esta doctrina en lo
que toca a la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces, y
su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de tutela.[49]
En primer lugar, conviene
recordar que desde la Sentencia SU-047 de 1999, la Corte expresó que una
sentencia se compone de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso
o decisum, (ii) las razones directamente vinculadas de forma
directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi y (iii)
los argumentos accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial,
conocidos como obiter dicta[50], y
aclaró que sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor
normativo[51].
En segundo lugar, esta
Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel antecedente del
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia” y ha señalado que una sentencia antecedente es
relevante para la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o
todos ellos):
“i. En la
ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada  con el
caso a resolver posteriormente.
ii. La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el
caso posterior).
iii. Los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[52].
En relación con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento
normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de
fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. En los
apartados que siguen se expondrán los aspectos comunes para ambos tipos de
sentencia y aquellos propios de cada clase de fallo, a partir de
los cuales la Corte ha establecido que los jueces se encuentran vinculados a la
jurisprudencia constitucional.
Como aspectos comunes se resaltan
la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional para garantizar el
carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la interpretación
autorizada que hace la Corte como guardiana de la integridad y supremacía de la
Carta, de acuerdo con la posición y misión institucional que le confiere el
artículo 241 Superior. El papel de homogeneizar la interpretación de la
Constitución es especialmente relevante en materia de derechos fundamentales
que, como se sabe, son consagrados en cláusulas especialmente abiertas e
indeterminadas.
En lo que toca a los fallos de
constitucionalidad, el carácter obligatorio de la jurisprudencia constitucional
se desprende de sus efectos erga omnes y de la
cosa juzgada constitucional. Además, por mandato expreso del artículo 243
Superior, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la
Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la
parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio
decidendi contiene la solución constitucional a los problemas
jurídicos estudiados, debe ser atendida por las demás autoridades judiciales
para que la aplicación de la ley sea conforme con la Constitución, norma de
normas[53].
La Corte ha considerado que una
decisión judicial que desconozca sus precedentes incurre en un defecto
sustantivo debido a que desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica
de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa esta
Corporación.[54]
Este respeto al precedente
también se hace extensible a las sentencias proferidas por las Salas de
Revisión de tutelas de esta Corporación, pues ello materializa el principio de
igualdad y constituye una exigencia del principio de confianza legítima que
prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles, a
la vez que opera como un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la
Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad
y coherencia del ordenamiento jurídico[55].
La doctrina contenida en la parte motiva de las sentencias de revisión de
tutela que constituyen la ratio decidendi de tales fallos,
prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales,
en virtud de la competencia institucional de la Corte Constitucional como
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución[56].  Como lo expuso
esta Corporación en Sentencia T-292 de 2006:
“En
síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi
de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a
la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho precisamente
para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué se
apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.”[57]
Como resulta evidente de la
exposición realizada, el desconocimiento de la doctrina contenida en las
decisiones de revisión de tutela se traduce en una vulneración al principio de
igualdad en la aplicación de la ley, de la confianza legítima, y de la unidad y
coherencia del ordenamiento[58].
A partir de los elementos
presentados como fundamento del carácter vinculante del precedente
constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede
ser desconocida de cuatro formas:
“(i)
aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de constitucionalidad;
(ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución;
(iii)
contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y
(iv)
desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”[59].
Sin embargo, debido a que una
práctica jurisprudencial saludable no puede basarse en la petrificación de
determinadas decisiones o concepciones del derecho, el principio de autonomía
funcional del juez implica que puede apartarse del precedente jurisprudencial
siempre y cuando “(…) encuentre razones debidamente fundadas que le permitan
separarse de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar
que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte”.[60]
En conclusión, para decidir sobre
la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso: (i)
determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en
cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo
incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad y; (iii) verificar
si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien
por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado,
bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para
lograr una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine.[61]
7. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional
Esta Corte ha
construido un  precedente reiterado en relación a la indexación de la primera
mesada pensional, con base en los artículos 48 y 53 superiores[62]. Como no es el propósito
de la ponencia exponer cada uno de los desarrollos jurisprudenciales sobre la
materia, el estudio que efectuará la Sala, se limitará a exponer las decisiones
que han tenido mayor incidencia en la materia, labor que asume a continuación.
En un primer
momento, esta Corporación relacionó la indexación pensional con el derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones. De esa manera, expuso que la
actualización monetaria de la primera mesada pensional debía ser un presupuesto
jurídico preponderante para garantizar los derechos fundamentales del
trabajador, a pesar que no existiera con anterioridad de la Ley 100 de 1993, norma
alguna que ordenara tal acción. Así, en Sentencia SU-120 de 2003, se estudiaron
algunos fallos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
los cuales fueron acusados de vulnerar el principio de igualdad y
favorabilidad, porque desconocieron el derecho a la indexación de prestaciones
reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones.
En la referida
oportunidad, se expuso que “los jueces no pueden desconocer la necesidad de
mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de
las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco
pueden apartarse del querer [del] legislador, para quien ha sido una
preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes
pensionales”.[63]
Más allá de la
determinación de este Tribunal Constitucional de revocar los fallos proferidos
por la Corte Suprema, para amparar los derechos fundamentales de los
accionantes, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo,  a la seguridad
social y a la favorabilidad laboral, la decisión constituye un  precedente central
respecto a la materia, porque definió reglas jurisprudenciales que debían ser
aplicadas en casos similares, las cuales debido a su importancia la Sala
sintetiza a continuación[64]:
(i) Los
pensionados tienen el derecho constitucional de mantener el poder adquisitivo
de su mesada pensional.
(ii) El
legislador incurrió en una omisión al no contemplar la indexación de las
mesadas causadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
(iii) Los
criterios de orden constitucional, como el principio de favorabilidad e
igualdad, deben guiar la interpretación del juez al momento de colmar la
referida omisión.
(iv) La acción
de tutela es procedente para solicitar la indexación de la primera mesada
pensional, cuando la autoridad judicial desconoce el principio de favorabilidad
en la interpretación de la ley laboral, al no aplicar el artículo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo[65].
Con posterioridad, esta Corte se
pronunció nuevamente respecto de la indexación de la primera mesada pensional,
pero en sede de control abstracto. En Sentencia C-862 de 2006, se debatió sobre
la omisión en que incurrió el legislador al no prever la indexación de las pensiones
de aquellos trabajadores que se retiraron voluntaria u obligatoriamente de una
empresa cumplidos veinte años de servicio sin haber alcanzado la edad de
jubilación[66].
En esa oportunidad se reiteró la posición asumida en la Sentencia SU-120 de
2003, esto es, el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de
su mesada pensional, y adoptó el criterio propuesto en la Sentencia T-098 de
2005, según el cual “(…) calcular el monto de la mesada pensional con base
en un ingreso que el extrabajador percibió años antes de que finalmente le
fuera reconocida la pensión, contraría el mandato superior de equidad ,
el derecho a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en
consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder
adquisitivo del dinero, así como también compromete los derechos fundamentales
al debido proceso, y a la igualdad del pensionado cuando, aun después de haber
agotado todos los medios de justicia ordinaria de los que disponía, el
trabajador encuentra que la violación de sus derechos goza de la legitimidad
aparente que le otorga un fallo judicial.”. Así las cosas, concluyó que el
salario base para la liquidación de la primera mesada pensional debería ser
actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (en
adelante IPC), certificado por el Departamento Nacional de Estadística (en
adelante DANE)[67]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1095-12.htm
- _ftn72.
En sentido
similar, se manifestó en Sentencia C-891A de 2006, relativa a la indexación de
mesadas causadas con ocasión al reconocimiento de pensiones sanción, en
la cual se expuso que el legislador había incurrido en una omisión al no crear
un mecanismo para mitigar los efectos adversos producidos por el fenómeno
inflacionario, sucedido a partir del momento en que se causó el derecho y la
fecha de exigibilidad del mismo. Debido a ello, adoptó el mismo método previsto
en la sentencia C-862 de 2006, esto es, actualizar la prestación estudiada con
base en la variación del IPC, certificado por el DANE.
A partir de los
dos pronunciamientos estudiados en sede de constitucionalidad del año 2006, la
Corte delimitó el alcance y contenido del derecho de indexación de la primera
mesada pensional y dispuso que sus efectos tuvieran un carácter general, esto
es, que debían aplicarse a todo tipo de situaciones en las cuales se
reconociera el derecho de acceder a una pensión, sin consideración al origen
legal o convencional de la misma y sin que se oponga el fenómeno de la
prescripción sobre la exigibilidad de tal derecho.
No obstante, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se apartó de los pronunciamientos
proferidos por esta Corporación y continuó negando la actualización de la
primera mesada pensional de las prestaciones causadas con anterioridad a la
Constitución de 1991. Con ocasión a ello, algunos demandantes presentaron
solicitud de amparo argumentando que esta entidad había incurrido en un
desconocimiento del precedente constitucional, al desconocer las sentencias
C-862 de 2006 y C-891A del mismo año, además de varias sentencias en sede de
tutela. Con fundamento en esos hechos este Tribunal Constitucional, en
Sentencia T-457 de 2009, determinó que aunado a la vulneración del precedente
constitucional, las decisiones proferidas por la entidad accionada incurrieron
en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable y vulneración directa
de la Constitución por violación de los derechos fundamentales a la seguridad
social, mínimo vital, debido proceso y al mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones de los actores.
Para sustentar
estas afirmaciones, expuso que la actualización del ingreso base de liquidación
es predicable de todos los pensionados, pues el fenómeno inflacionario impacta
por igual a todas las categorías de jubilados: “De ahí que esta
Corporación haya sido enfática en afirmar que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional se hace extensivo a los pensionados que adquirieron
esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y,
por supuesto, de la Constitución Política de 1991, pues el fenómeno de pérdida
de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los pensionados”.[68]
De la misma
manera, en Sentencia T-906 de 2009 se siguió la misma línea
jurisprudencial al ampararse los derechos fundamentales de un pensionado cuya petición
de indexación fue negada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
en acatamiento del precedente formulado por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. En aquella oportunidad la Sala de Revisión encontró
procedente la solicitud de amparo “toda vez que se estableció la vulneración
de los derechos fundamentales del peticionario, con las decisiones de la Sala
Laboral del Tribunal, así como de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, en
el sentido de no conceder el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional, desconociendo el precedente de esta Corporación sobre el
tema, cuando la pensión fue causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991”.
En la misma
línea argumentativa, esta Corporación en Sentencia T-901 de 2010, reiteró
que la indexación de las mesadas pensionales procedía aun en los casos en los
cuales el derecho prestacional se causó en vigencia de la Constitución Política
de 1886. De esta manera, expuso que el parámetro legal para la actualización de
las pensiones no era la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
pues ello validaría un criterio discriminatorio respecto a las diferentes
clases de jubilados y modalidades de reconocimiento de pensiones. Con el
propósito de sustentar esas premisas, afirmó que antes de la expedición de la
Constitución Política de 1991, existían argumentos de orden supralegal para
aplicar la indexación del ingreso base de liquidación.
Conceptos como
la equidad, el principio in dubio pro operario, la indexación de las
sentencias por inflación, el principio de progresividad, entre otros,
constituyen contenidos esenciales del derecho que no fueron innovaciones introducidas
por la actual Carta Política. “Más aún, valores como la solidaridad y la
equidad, son características objetivas y a priori del derecho, que
deben ser tenidas en cuenta por el juez al momento de valorar las conductas. El
argumento de amparar el derecho a la indexación de la primera mesada pensional
de personas que cumplieron la edad exigida con posterioridad a 1991, y
rechazarlo con respecto a quienes alcanzaron la edad con anterioridad a esta
fecha nunca ha sido planteado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
porque el perjuicio irremediable se torna más ostensible entre más avanzada sea
la edad de la persona a quien no se le ha indexado su primera mesada pensional”.[69]
Con
posterioridad la Sala Novena de Revisión en sentencias T-1093, T-1095, T-1096
del año 2012, retomaron el tema de la indexación de la primera mesada pensional
y recopilaron los pronunciamientos de esta Corporación respecto del derecho
fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la
imprescriptibilidad de ese derecho. A partir de un análisis jurisprudencial sobre
las principales decisiones de esta Corte sobre la materia, contrastadas con el
desarrollo de las principales líneas argumentativas adoptadas por la Sala
Laboral de la Corte de Justicia, determinó que a pesar de los pronunciamientos
contradictorios, asumidos por el Tribunal de Casación, respecto de la
indexación de prestaciones causadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, la
Corte Constitucional en ejercicio de su función de guarda integral de la
Constitución ha mantenido una posición garantista acorde a los principios del
Estado Social de Derecho al proferir decisiones en sede de constitucionalidad y
de tutela que garantizan la igualdad de los pensionados sin importar el régimen
pensional, el origen de la prestación o, la fecha en que se causó el derecho. Así
las cosas, concluyó que a pesar que no existiera norma expresa en la
Constitución de 1886 respecto a la obligación de indexar las pensiones, ello no
puede erigirse como óbice para actualizar las prestaciones causadas con
anterioridad a 1991, como lo ha entendido la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, “ya que aun sin mediar tránsito constitucional alguno, la
jurisprudencia de esa Corporación ya reconocía la existencia de un derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, el cual debía ser reconocido en
arreglo a los principios del derecho del trabajo y, en todo caso, de
enfrentarse a tesis en sentido contrario, estas últimas debían ceder en
aplicación del principio de favorabilidad.”[70]
A partir del
estudio efectuado sobre las principales decisiones de este Tribunal
Constitucional, respecto al derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo
de las pensiones, por medio de la garantía de la indexación de la primera
mesada pensional, la Sala presenta las siguientes conclusiones acerca de las
reglas jurisprudenciales aplicables al asunto analizado:
1. El derecho
fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, mediante la figura
de la indexación, es aplicable a todas las categorías de jubilados, sin
discriminación alguna por la modalidad de la prestación, por el origen de la
misma, o por el momento en que se causó. Por tanto, esa garantía cobija a las
personas que adquirieron el derecho al reconocimiento de una pensión con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Esto
tiene fundamento en la aplicación de los artículos 48 y 53 superiores, debido a
que el fenómeno inflacionario afecta a todo tipo de pensionados por igual.
2. El reconocimiento del pago de
la indexación de la primera mesada pensional, es un principio del Estado Social
de Derecho que desarrolla los artículos 13 y 46 constitucionales, que tienen la
finalidad de proteger a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo
vital.
3. Todas las instituciones del
Estado, entre ellas las Altas Cortes, están en la obligación de acatar el
precedente proferido por este Tribunal Constitucional, en ejercicio de su
función de interpretar autorizadamente la Carta Política y, en ese sentido,
definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales, razón por la cual
su incumplimiento hará procedente la acción de tutela contra las providencias
judiciales. En el caso del incumplimiento de ordenar, reconocer o pagar la
indexación de la primera mesada pensional, las decisiones judiciales incurrirán
en los defectos: i) sustantivo por inaplicación de las normas específicas sobre
la materia, ii) sustantivo por interpretación irrazonable de las normas
laborales, iii) desconocimiento del precedente constitucional, iv) violación
directa de la Constitución, sin perjuicio de la existencia de otros que se
desprendan de la situación concreta del accionante.
Con base en estos criterios se
resolverán los casos concretos del asunto de la referencia.
8.      Estudio del caso
concreto.
De conformidad con lo expuesto,
la acción de tutela contra providencias judiciales es una figura extraordinaria
en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, los asuntos aquí estudiados
deberán satisfacer la totalidad de los requisitos desarrollados por la
jurisprudencia de esta Corporación para tal fin. En ese orden de ideas, se
evaluará en un primer momento si las solicitudes de amparo objeto de esta
revisión, cumplen con los presupuestos generales de procedibilidad, luego, si
hay lugar a ello, se determinará si las decisiones adoptadas dentro de los
procesos ordinarios controvertidos incurrieron en alguno de los defectos
alegados por los accionantes.
8.1    Agotamiento de los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con el propósito de analizar la totalidad del cumplimiento
de cada uno de los requisitos generales, para la procedibilidad de esta
solicitud de amparo, la Sala estudiará estos de manera individual. En el
evento, en que no se cumpliere con uno solo de ellos, será razón suficiente
para declarar la improcedencia de la acción, sin que haya lugar a estudiar
algún otro presupuesto o el fondo de las decisiones adoptadas en los procesos
acusados.
8.1.1 Expediente T-3.852.770
a. Relevancia Constitucional.
El asunto planteado a esta Sala de Revisión posee
relevancia constitucional, por las siguientes razones: (i) hace referencia a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de
garantía a la indexación de la primera mesada pensional y; (ii) plantea el
problema de la vinculación al precedente constitucional contenido en sentencias
de control abstracto y concreto de constitucionalidad, y al respeto, por parte
del juez ordinario, del alcance específico del derecho fundamental a la
actualización del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de
los accionantes.
b. El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios.
En relación con lo accionado frente a la Corte
Suprema de Justicia, los actores agotaron todos los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios disponibles para solicitar la indexación de su
primera mesada pensional. En ese sentido, de acuerdo con los antecedentes del
expediente, los peticionarios iniciaron proceso ordinario laboral, dentro del
cual ejerció, en primer término, el recurso de apelación y, posteriormente, el
recurso extraordinario de casación.
c. El principio de inmediatez.
En reciente sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012, la
Sala Plena de la Corte unificó su jurisprudencia sobre este punto y precisó que
tratándose de acciones de amparo que envuelvan la tutela del derecho
fundamental a la indexación de la primera mesada pensional, el requisito de
inmediatez se entiende satisfecho mientras no se haya realizado la
actualización del IBL de la prestación, pues  en este caso la vulneración
iusfundamental es constante[71].
Por ende, el requisito de inmediatez se encuentra cumplido
en el caso analizado.
d. Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal,
ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los
derechos fundamentales.
Este requisito no es aplicable al caso concreto pues las
irregularidades que se alegan son de carácter sustancial.
e. Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos
que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial,
en caso de haber sido posible.
Como se expuso en los antecedentes de esta sentencia y en
el planteamiento del problema jurídico, el accionante ha formulado cargos
constitucionales contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que negó
el reconocimiento de su derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
En esa dirección, el peticionario asevera que la Sala de Casación Laboral
habría incurrido en vulneración de sus derechos fundamentales, pues a
diferencia de la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional admite la indexación con base en el último salario percibido, debidamente
actualizado a la fecha en que cumplió el estatus pensional, pues de otra manera
las mesadas pensionales perderían poder adquisitivo.
Para sustentar
esa afirmación expuso que en la parte motiva de la sentencia se argumentó que
no era procedente la indexación de la primera mesada pensional, debido a que: “no
se indexan las obligaciones si del incumplimiento del empleador no se deriva
una significativa depreciación de la obligación, en cuyo caso solo procede la
indexación como componente de daño emergente ocasionado al acreedor||(…) Por lo
anterior y teniendo en cuenta que a la entidad demandada no se le puede imputar
el incumplimiento o mora en el pago de las mesadas pensionales a que se contrae
la condena, que hubiese derivado en una depreciación de la obligación, se
impone la absolución de la demandada.”
f. Que el fallo controvertido no sea una sentencia de
tutela.
Al respecto, basta señalar que las providencias judiciales
que se consideran vulneratorias de los derechos fundamentales se produjeron en
el escenario del proceso ordinario laboral.
Así las
cosas, la Sala concluye se encuentran debidamente cumplidos los requisitos
generales para la procedencia esta acción de tutela contra las providencias
judiciales de la referencia. Por tanto, procederá a estudiar el cumplimiento de
los requisitos específicos de conformidad a la situación planteada, esto es, la
existencia un defecto sustantivo y la vulneración del precedente
constitucional.
8.1.2 Expediente T-3.866.480
a. Relevancia Constitucional.
Al igual que en el expediente estudiado en el punto
anterior, éste asunto tiene relevancia constitucional, debido a que hay
decisiones por parte de jueces de la justicia ordinaria que no cumplen con el
mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de las pensiones por
medio de la indexación de la primera mesada pensional.
b. El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios.
Esta Sala encontró que el actor no agotó la
totalidad de mecanismos jurídicos para el reconocimiento de la indexación de su
primera mesada pensional. Así, de conformidad con las pruebas que obran en el
expediente de esta acción de tutela, se corrobora que el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Neiva, profirió sentencia de primera instancia,
en la cual indexó el valor de su pensión a partir del 11 de noviembre de 1993,
la cual no fue apelada. Por tanto, al no acudirse ante la segunda instancia, ni
interponerse el recurso extraordinario de casación, sin que se justifique
impedimento de tipo alguno para ello, esta solicitud no cumple con uno de los
requisitos generales para su procedencia.
Ahora bien, se advierte que ante la existencia
de un nuevo precedente constitucional respecto de la prohibición de oponer el
requisito de inmediatez, para el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional, de conformidad con las sentencias T-1093 de 2012, T-1095 de
2012, T-1096 de 2012 y SU-1073 de 2012, concurre un nuevo hecho jurídico que
permitiría al actor, si así lo estima conveniente, acudir ante la entidad
accionada para hacer efectiva su pretensiones y, dependiendo de la decisión que
se adopte, interponer las acciones legales a que hayan lugar, con el
agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa. Por tanto, de
conformidad con lo expuesto (Agotamiento de los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, Supra 6), se declarará la improcedencia de la
acción de tutela del proceso con número de radicado T – 3866480. Esto sin
perjuicio de la procedencia de una nueva actuación, judicial o administrativa,
en virtud de la vigencia del citado precedente en materia de indexación de la
primera mesada pensional.
8.2    Requisitos específicos
para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Expediente
T-3.852.770
Estudio
de fondo sobre las decisiones adoptadas en los procesos de instancia.
La Sala
Novena de Revisión analizará de forma conjunta los problemas jurídicos que
involucran los siguientes reproches: (i) defecto sustantivo por falta de
aplicación de los artículos 48 y 53 C.P., en armonía con los artículos 4 y 380
superiores; (ii) defecto por desconocimiento del precedente constitucional.
De
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta acción de tutela, la
Constitución, en sus artículos 48 y 53, prescribe la obligación de mantener el
poder adquisitivo constante los recursos destinados a cubrir las pensiones y el
derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las mismas. Como se estudió, la
Corte Constitucional ha establecido la existencia del derecho fundamental
a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual incluye por lo menos
las dos siguientes categorías: (i) el derecho a la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional y; (ii) la garantía al
reajuste periódico de las pensiones.
Al
respecto, las decisiones proferidas dentro del proceso ordinario laboral, se cuestionan por aplicar
interpretaciones de normas sustanciales contrarias a los postulados
constitucionales. En atención a ello, la Sala considera pertinente exponer los
fundamentos de las sentencias objeto de revisión, con el propósito de
determinar si las mismas incurrieron en un defecto sustantivo.
En la
decisión de primera instancia del proceso ordinario laboral, que adoptó el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, se accedió parcialmente a las
pretensiones de los accionantes, pues se obligó a Álcalis de Colombia a
reconocer una pensión restringida de jubilación, pero sin la respectiva indexación.
Así las cosas se argumentó que “no se indexan las obligaciones si del
incumplimiento del empleador no se deriva una significativa depreciación de la
obligación, en cuyo caso solo procede la indexación como componente de daño
emergente ocasionado al acreedor||(…) Por lo anterior y teniendo en cuenta que
a la entidad demandada no se le puede imputar el incumplimiento o mora en el
pago de las mesadas pensionales a que se contrae la condena, que hubiese
derivado en una depreciación de la obligación, se impone la absolución de la
demandada”.[72]
En el mismo sentido, se pronunció la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, quien en segunda instancia confirmó la decisión
con base en los mismos fundamentos jurídicos.
Frente
a este argumento, los accionantes argumentaron que evidentemente sus mesadas
pensionales habían sufrido una depreciación tan notoria que a pesar que, en el
momento en el cual fueron retirados del servicio ganaban más de cinco salarios
mínimos, y en la actualidad sus mesadas son inferiores al salario mínimo
mensual legal vigente[73].
Estos argumentos tampoco fueron
de recibo por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien
se limitó a exponer que los demandantes incurrieron en un error en la técnica
de casación al atacarla por la infracción directa y no por la interpretación
errónea de las normas sobre indexación pensional.
De esta
manera, las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral se
fundamentaron en dos argumentos principales: (i) la indexación no procede,
debido a que no se comprobó un detrimento patrimonial de la parte demandante; (ii)
no se presentó una interpretación errónea de las normas que regulan la
indexación pensional.
Frente al
primero de estos argumentos, la Sala ha señalado en los fundamentos jurídicos
anteriores que la decisión consistente en no indexar las mesadas pensionales
desconoce el derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de ese tipo de
prestaciones. Al respecto se han expuesto las principales decisiones judiciales
sobre la materia, con el propósito de argumentar que existe un precedente
consolidado al respecto. De otra manera, es evidente que las mesadas
pensionales de los accionantes no guardan relación alguna con los pagos
efectivamente percibidos al momento del retiro del servicio.
De otra
parte, respecto al segundo de los presupuestos principales, las sentencias
censuradas no observaron los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido
de garantía a la indexación de la primera mesada pensional, ni atendieron a los precedentes
proferidos por esta Corporación para casos similares, aun cuando el derecho fundamental a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su dimensión de garantía a la
actualización del IBL, era plenamente aplicable al asunto (Art. 4, 48, 53 y 380 C.P.). Este derecho, como se anotó en los fundamentos normativos de la providencia de revisión,
le otorga a su titular el poder jurídico de exigir al empleador o AFP obligada,
la actualización del ingreso base de liquidación a efecto de corregir los
efectos nocivos que la inflación hubiere causado sobre el poder adquisitivo de
la moneda y, de contera, sobre el monto de la prestación.
Así las
cosas, frente a las decisiones proferidas en el proceso ordinario, se concluye
que i) incurrieron en un defecto sustantivo por falta de aplicación de los
artículos 48 y 53 de la Constitución, que garantizan la actualización de las
mesadas pensionales y; (ii) vulneraron el precedente constitucional, sobre la
materia, pues basándose en interpretaciones caprichosas desatendieron los
pronunciamientos de esta Corporación sobre casos similares, en donde se ordenó
indexar las mesadas pensionales, sin importar su monto, fecha de causación y culminación
de los procesos ordinarios que decidieron las mismas, de conformidad con las
sentencias SU-1073 de 2012, T-1093 de 2012, T-1095 de 2012 y T-1096 de 2012,
entre otras.
Ahora
bien, respecto de los argumentos expuestos por los jueces de los procesos de
tutela según los cuales: (i) el amparo es improcedente debido a que los
accionantes no interpusieron el recurso extraordinario de casación de con la
técnica adecuada; y (ii) no hay inmediatez entre la ocurrencia de los hechos y
la interposición de esta acción de tutela, la Sala considera que estas
valoraciones no tienen sustento constitucional con base en la siguiente
exposición.
El
primer argumento hace referencia al requisito de subsidiariedad según el cual
deben agotarse, de manera previa, todos los medios judiciales disponibles para
interponer la acción de tutela. Ello no implica que deba obtenerse una
respuesta favorable por parte de las instancias judiciales o administrativas, o
que las sentencias acusadas deban ser casadas por la Corte Suprema de Justicia,
para agotar tal requisito, máxime si la protección invocada compromete el derecho
al mínimo vital. Por tanto, se concluye que contrario a lo expuesto por los
jueces de instancia, los accionantes fueron exhaustivos en el agotamiento del
proceso ordinario.
De otra parte, en relación a la
segunda premisa, esta Corte ha expuesto que tratándose de acciones de tutela en
las cuales se solicite la indexación de la primera mesada pensional, el
requisito de inmediatez se entiende satisfecho mientras no se haya realizado la
actualización del IBL de la prestación, pues  en este caso la vulneración de
los derechos fundamentales es constante[74].
Aunado a ello la indexación de la primera mesada
pensional, es una garantía constitucional de carácter imprescriptible la cual
se causa de manera periódica, razón por la cual, se reitera, puede ser exigida
en cualquier tiempo. En consecuencia, los argumentos expuestos por los
jueces del proceso de tutela, no tienen fundamento constitucional, razón por la
cual se desestimarán y se declarará la procedibilidad formal y material de esta
acción de tutela.
9. Fórmula que deberá aplicar
el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de
Colombia para efectuar la indexación de la primera mesada pensional del
actor.
Con el propósito de garantizar el
restablecimiento definitivo de los derechos conculcados a los accionantes,
debido a la negativa de las accionadas a indexar su primera mesada pensional, la
Sala expondrá los parámetros que deberán ser tenidos en cuenta para tal fin.
Esta decisión tiene fundamento en la fórmula empleada en la Sentencia T-098 de
2005[75],
la cual será aplicada a este caso concreto. Así las cosas el ajuste de la
mesada pensional de los demandantes se hará de conformidad a la siguiente
fórmula:
R=   Rh      Índice
final
Índice inicial
Según la cual el valor presente
de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el
promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, esto es, a
partir del momento en que cumplieron cincuenta años de edad, entre el índice
inicial, que es el existente al mes de abril de 1993.
Debe determinarse así el valor de
la primera mesada pensional actualizada al 24 de octubre de 2007 para el
ciudadano José Mauricio González y, al 28 de enero de 2008 para el ciudadano
Luis Orlando Guzmán González, fecha en la cual cumplieron el requisito de edad
para acceder a la pensión restringida de jubilación. El Fondo de Pasivo Social
Ferrocarriles de Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes
pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable.
Después establecerá la diferencia
resultante entre lo que la accionada debía pagar y lo que efectivamente pagó
como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas se
descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema
de seguridad social en salud, únicamente si el Fondo de Pasivo Social
Ferrocarriles de Colombia prueba que los accionantes no efectuaron tales pagos.
Por tratarse de una obligación de
tracto sucesivo, la entidad demandada liquidará la prestación mes vencido y
también pagará el valor correspondiente a la prima legal, siempre teniendo la
precaución de llevar las sumas de dinero adeudadas a los accionantes a valores
actuales, de conformidad a lo expuesto en esta sentencia.
10. La decisión que debe
adoptar la Sala en el presente caso
10.1  Expediente
T-3.852.770
En concordancia con lo expuesto, esta
Corte adoptará medidas con el objetivo de restablecer los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, conculcados a los
ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez.
Para ello, la Sala considera
importante recordar que en el evento de dejar sin efecto alguna decisión
adoptada por un alto tribunal, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional ha asumido las siguientes modalidades
de protección:
(i) si
en el proceso ordinario uno de los fallos de instancia ha sido conforme a la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, el juez de tutela debe
dejar sin efecto la sentencia contraria al precedente y, en su lugar, confirmar
el fallo de instancia que se ajusta a la jurisprudencia constitucional o; (ii)
si ninguno de los fallos de instancia del proceso ordinario ha sido favorable a
las pretensiones, y ha vulnerado el precedente constitucional, deberán
adoptarse medidas necesarias de protección, dictando sentencia sustitutiva o de
remplazo[76].
En el caso de los ciudadanos José Mauricio González
y Luis Orlando Guzmán Rodríguez, ninguno de los jueces del proceso ordinario
accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, la indexación de la primera
mesada pensional.  Así, en Sentencia del 30 de julio
de 2003, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, condenó a
Álcalis de Colombia a pagar una pensión restringida de jubilación a los
accionantes, a partir del momento en que cumplieran cincuenta años de edad. No
obstante negó el pago de la indexación por las razones expuestas en los hechos
de esta sentencia, decisión que se mantuvo incólume en segunda instancia y en
sede de casación. Por esa razón, la Sala Novena de
Revisión dejará sin efecto aquellas decisiones judiciales que negaron la
indexación pensional, esto es, las sentencias proferidas por: (i) la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de abril de 2007; (ii) la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de
noviembre de 2004; y (iii) el numeral segundo de la sentencia dictada por el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, el 30 de julio de 2003.
En consecuencia, se revocarán las decisiones adoptadas en
el proceso de acción de tutela, proferidas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su
lugar se concederán los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social de los ciudadanos José Mauricio González y
Luis Orlando Guzmán Rodríguez.
En razón a lo expuesto, la Sala ordenará al Fondo de Pasivo Pensional Ferrocarriles de
Colombia, que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta
sentencia, pague a los accionantes, el valor de la diferencia dineraria
adeudada por concepto de la indexación del IBL. Esto es, que actualice el valor
de las mesadas pensionales desde el momento en el cual fueron retirados del
servicio hasta el momento en el cual cumplieron el estatus para determinar el
monto real de la pensión. Luego deberá reajustar la cantidad monetaria que
resulte a valores actuales y realizar los pagos causados desde el momento en el
cual presentó la reclamación para el pago de la pensión restringida de
jubilación, que originó el proceso ordinario, hasta la fecha de notificación de
esta Sentencia, de conformidad con la fórmula para indexar las mesadas expuesta
en esta decisión (Fórmula que deberá
aplicar el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia para efectuar la
indexación de la primera mesada pensional del actor. Supra número 9)
La decisión respecto al tiempo en la interrupción de la
prescripción, tiene fundamento en la aplicación de lo dispuesto en Sentencia
T-098 de 2005, en la cual se expuso que de conformidad con los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo
la prescripción en materia laboral es de tres años contados desde cuando la
respectiva obligación se haya hecho exigible y que “el simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho
debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual
comienza a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al
señalado para la prescripción correspondiente.”
En reciente jurisprudencia este Tribunal en Sentencias
T-1093 de 2012, T-1095 de 2012, T-1096 de 2012 y SU-171 de 2013, entre otras,
reiteró la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación en Sentencia
SU-1073 de 2012, según la cual el término para la prescripción de la primera
mesada pensional debía contabilizarse desde la fecha de expedición de esa
decisión de unificación, esto es, a partir del 12 de diciembre de 2012, por
cuanto desde ese momento no cabía duda que los pensionados cuyas prestaciones
fueron causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991 tenían derecho a
dicha indexación. Tal situación difiere de la expuesta en este pronunciamiento,
pues los accionados cumplieron con los requisitos para acceder a su pensión con
posterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, razón por la
cual no les es aplicable el precedente respecto a la indexación dispuesto en
Sentencia SU-1073 de 2012.
10.2  Expediente T–3.866.480
De conformidad con lo expuesto en esta Sentencia, el ciudadano
Daniel Dussan Guzmán no cumplió con los
requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, relativo al agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios.
Por esta razón, la Sala confirmará las decisiones adoptadas
en el proceso de acción de tutela, esto es, negará la solicitud de amparo de
los derechos reclamados, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR, los fallos proferidos por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
el 19 de octubre de 2012, en primera instancia y, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura el 30 de enero de 2013, en segunda
instancia; en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando
Guzmán Rodríguez. Como consecuencia de ello, CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales a la
actualización de las pensiones en su contenido de indexación de la primera
mesada pensional, a la igualdad de trato ante la ley, y al debido proceso.
SEGUNDO.- DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de abril de 2007, únicamente respecto de los ciudadanos José Mauricio
González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez en el
proceso ordinario laboral interpuesto por Álvaro Álvarez Arévalo y otros,
contra Álcalis de Colombia Ltda., radicado bajo el número 26695 de esa
Corporación.
TERCERO.- DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de noviembre de 2004, únicamente
respecto de los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán
Rodríguez, en el proceso ordinario laboral
interpuesto por Álvaro Álvarez Arévalo y otros, contra Álcalis de
Colombia Ltda., radicado bajo el número 93 2240 01, de
esa entidad.
CUARTO.- DEJAR SIN VALOR Y EFECTO, el numeral primero de la
sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá, el 30 de julio de 2003, exclusivamente frente
a los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez
y únicamente respecto de la suma de dinero liquidada
por concepto de mesada pensional en esa decisión, en el proceso ordinario laboral interpuesto por Álvaro Álvarez Arévalo
y otros, contra Álcalis de Colombia Ltda.,
radicado bajo el número 32.240 de esa entidad.
QUINTO.- ORDENAR al
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, actualice el ingreso base de
liquidación de la primera mesada pensional de los ciudadanos José
Mauricio González y Luis Orlando Guzmán Rodríguez.
Esto es, que lleve a valores monetarios actuales, la sumas de dinero que se
pagaban a los accionantes al momento de su retiro en abril de 1993, hasta
el día en que se causó el derecho a la pensión por el cumplimiento de la
edad, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor y dando aplicación
a la fórmula empleada por la Corte Constitucional en Sentencia T-098 de 2005,
explicada en esta sentencia. En lo sucesivo, el Fondo de Pasivo Social
Ferrocarriles de Colombia, deberá continuar pagando el monto de la mesada
actualizada, de acuerdo con los incrementos legales a que haya lugar.
SEXTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia, que
dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a
pagar las sumas de dinero insolutas por concepto de indexación de primera
mesada pensional a los ciudadanos José Mauricio González y Luis Orlando
Guzmán Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia, esto es desde el momento en el cual presentó la reclamación para el
pago de la pensión restringida de jubilación, que originó el proceso ordinario,
hasta la fecha de notificación de esta Sentencia.
SÉPTIMO.- NEGAR
el amparo de los derechos fundamentales reclamados por el ciudadano Daniel
Dussan Guzmán, por la razón explicada en esta sentencia.
OCTAVO.- CONFIRMAR las sentencias proferidas
por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá el 5
de febrero de 2013, en primera instancia y, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de marzo de 2013, en segunda
instancia; en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por el ciudadano Daniel Dussan Guzmán.
NOVENO.-
LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase,
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración de voto
Con salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA
SENTENCIA T-564/13
DERECHO A LA INDEXACION Y CONTABILIZACION DEL TERMINO
DE PRESCRIPCION-Se debió aplicar precedente
fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13 (Salvamento de voto)
Aunque comparto el amparo
concedido respecto de los derechos fundamentales de los accionantes, consideró
que en los casos de indexación de la primera mesada pensional, de acuerdo con
la regla fijada en la sentencia SU-131 de 2013, procede el pago retroactivo de
las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la
mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de
la fecha de esta sentencia.
Referencia:
expedientes T-3.852.770 y T-3.866.480
Accionantes: José
Mauricio González y Luís Orlando Guzmán Rodríguez; y Daniel Dussan Guzmán.
Accionados: Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y Cajanal EICE en
Liquidación y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)
Magistrado
Ponente:
LUÍS
ERNESTO VARGAS SILVA.
Salvo parcialmente y aclaro mi
voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en
sesión del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), por las razones
que a continuación expongo:
La Sala en el caso T-3.852.770
tuteló el derecho fundamental de los accionantes a la actualización de las
pensiones en su contenido de indexación de la primera mesada pensional, por
consiguiente, ordenó al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de Colombia, que
pagara los dineros insolutos desde el momento en el cual presentaron la
reclamación para el pago de la pensión restringida de jubilación hasta la fecha
de notificación de esta sentencia.
Aunque comparto el amparo
concedido respecto de los derechos fundamentales de los accionantes, consideró
que en los casos de indexación de la primera mesada pensional, de acuerdo con
la regla fijada en la sentencia SU-131 de 2013, procede el pago retroactivo de
las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la
mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de
la fecha de esta sentencia.
En virtud de las anteriores
consideraciones, aclaro mi voto en la decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
[1]
Cuaderno principal de la demanda, folios 152-153.
[2]
Los accionante acudieron a esa entidad, en observancia a lo dispuesto en el Decreto
2601 de 2009, que modificó el artículo tercero del Decreto 805 de 2000, el cual
prescribe: “(…) Mientras se implementa la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, que tendrá a su cargo el reconocimiento de las pensiones y la
administración de la nómina de pensionados de Álcalis de Colombia en
Liquidación, el Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia reconocerá las pensiones que estaban a cargo de Álcalis de Colombia en
Liquidación así como las cuotas partes pensionales que correspondan y
adelantará las labores de revisión y revocatoria de pensiones cuando a ello
hubiere lugar, para lo cual se subrogará en la administración del contrato
fiduciario que Álcalis de Colombia en Liquidación celebre para administrar los
recursos destinados a financiar los gastos de administración inherentes al
reconocimiento, administración de la nómina, administración de archivo y demás
actividades inherentes a esa labor (…)”
[3]
En el cual se decidió que en los casos en que exista vulneración del derecho de
acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus
derechos fundamentales, por no admitir a trámite la acción de tutela contra
providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37
del decreto 2591 de 1991, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de
tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la
actuación de una Sala de Casación de dicha Corte.
[4]
Cuaderno principal de la demanda, folio 7.
[5]
Resolución PAP 039961. Cuaderno principal de la demanda, folio 50.
[6]
Resolución 13278 del 14 de diciembre de 1994.
[7]
Resolución 13278 del 14 de diciembre de 1994.
[8]
Cfr. Sentencias T-362 de 2013, T-757 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[9] Al respecto
ver sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[10] Se trata de
una exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[11] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la
función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la
procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”
autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra
los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función
jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los
jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a
supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente
relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar
derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[12] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibíd.
[13] Sobre los
conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de
1999  (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[14] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones
judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[15] Siempre,
siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[16] Sentencia C- 590 de 2005 M.P, Jaime Córdoba Triviño.
[17] Cfr. Sentencia T-722 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[18] Hace
referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que
dicta la sentencia.
[19] Cuando se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[20] El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias
T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-996 de 2003 (M.P Clara
Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).
[21] Referido a
la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la
independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto
fáctico es supremamente restringido.
[22] También
conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el
cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del
funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[23] En tanto la
motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de
legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[24] “(se
presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[25] Cuando el
juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no
se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de
2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[26] Ver
Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[27] Es decir,
que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material,
representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[28] Sentencia
C-590 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, sentencia
T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[29] Por tratarse de una
reiteración jurisprudencial, en este punto se hará referencia a la línea
argumentativa expuesta por esta Sala de Revisión en pronunciamientos recientes,
que comparten unidad de materia respecto a este punto.  Específicamente se
tendrán en cuenta las Sentencias T-1093, T-1095, T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] El defecto sustantivo,
como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido ampliamente
estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver los fallos
SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda; C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-018 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-757 de
2009, T-1093 de 2012, T-1095 de 2012, T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Cfr. Sentencia T-573 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
[32] Sobre el particular,
además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008 de 1998
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33] Cfr. sentencia SU-1722
de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas. Tal es el caso por ejemplo de todas las
decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[34] Sentencia SU-159 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda).
[35] Sentencia T-1095 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] En este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo del fallo T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett). En el caso, un miembro de grupos armados al margen de la ley que se
hallaba fuera del país, ofreció colaboración a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la Ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no podrían otorgarse tales
beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue
considerada irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los
beneficios en las condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los jueces son independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta de
una razón jurídica para negar una interpretación penal  más favorable, fue
considerada suficiente para otorgar el amparo.
[37] Sentencia T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Sentencias T-1093,
T-1095, T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Al respecto, el Pleno de
esta Corporación en sentencia C-1026 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
indicó cuanto sigue: “Si los jueces, por una parte, son los encargados
de hacer efectivos los derechos y libertades individuales, y por otra, son los
que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que respecto de ellos, el principio de legalidad cobra
una dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el
desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios ejercicios
interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las
cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito
constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del
valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe
conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional,
especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en
efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los
dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de
legalidad”.
[40] Al respecto, la Corte en sentencia C-038 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto) indicó: “Si bien, los
anteriores términos son utilizados indistintamente, lo cierto es que la teoría
jurídica y la doctrina constitucional distinguen con claridad la disposición de
la norma. Por disposición se entiende “cualquier enunciado que forma parte de
un documento normativo, esto es, cualquier enunciado del discurso de las
fuentes”. Por su parte, la norma es el contenido de sentido de la disposición,
su significado, que es una variable dependiente de la interpretación. En tal
sentido, se entiende que la norma es el significado que se deriva de la
disposición, una vez esta última es interpretada. De lo anterior, se deduce
que, en punto de interpretación, la disposición constituye su objeto y la norma
el resultado. Al respecto, cabe aclarar que la relación entre disposición y
norma no es siempre unívoca, toda vez que puede suceder que de un texto o
enunciado legal se deriven diversas normas, así como una misma norma esté
contenida en distintas disposiciones”.
[41] Sentencia C-1026 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[42] Sentencia T-1093 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se cita la Sentencia C-011 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[43] Sentencia T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Cfr.
Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[45] Ibíd.
[46] Como puede apreciarse,
esta causal se encuentra íntimamente ligada con el criterio hermenéutico de
interpretación conforme, según el cual, la interpretación de la totalidad de
los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía
con las disposiciones constitucionales. En esa dirección la Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas) manifestó lo
siguiente: “Así pues, el principio de interpretación conforme encuentra
su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica
debe arrojar un resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente
permitido, sino más allá debe estar ajustado a la Constitución Política”.
[47] Cfr.
Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[48] Por tratarse de una
reiteración jurisprudencial, en este punto se hará referencia a la línea
argumentativa expuesta por este despacho en pronunciamientos recientes, que
comparten unidad de materia respecto a este punto.  Específicamente se
tendrán en cuenta las sentencias T-1093, T-1095, T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Al respecto, ver la
sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda) en la cual se sistematiza la
jurisprudencia constitucional sobre el papel del precedente en el orden
jurídico colombiano. La línea comprende los fallos C-104 de 1993 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), C-113 de 1993 (Jorge Arango Mejía), C-131 de
1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-123 de 1995 (Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-836 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), C-036 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-447 de
1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero) y SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda).
[50] Cfr. Sentencias SU-047
de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), T-292 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda), T-1095 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[51] Ver sentencias SU-047 de
1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez
Caballero), y las sentencias C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
y C-037 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa). En los primeros pronunciamientos, la Corte se refirió a la ratio decidendi como cosa juzgada implícita.
[52] Cfr. Sentencia T-1093 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[53] Al respecto, resulta
particularmente ilustrativo el concepto de cosa juzgada material en
el que se evidencia la necesidad de acudir a las razones consignadas en los
fallos de la Corte para determinar si una nueva disposición reproduce un
contenido normativo retirado del ordenamiento jurídico por la Corte, y en cuanto a la importancia de la interpretación constitucional en las sentencias de
exequibilidad puede pensarse en la relevancia absoluta que poseen las
consideraciones constitucionales en las sentencias condicionadas en las que la Corporación determina la interpretación conforme con la constitución de las disposiciones
legales.
[54] En
efecto, la sentencia C-131 de 1993 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) que estudió la constitucionalidad del artículo 23
del Decreto Ley 2067 de 1991, concluyó en materia de cosa juzgada
constitucional, que los fallos de control abstracto tienen fuerza obligatoria,
en la medida en que: i) tienen efectos erga omnes y no simplemente inter
partes, conforme al artículo 243 de la Carta; ii) tales efectos resultan
obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque no necesariamente, porque
depende de la Corte, como se dijo, fijar autónomamente tales efectos; iii) que
frente a las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la
misma norma nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la seguridad
jurídica; iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales,
en especial las de inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de
controversia por las mismas razones, y v) que todos los operadores jurídicos
están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada material de
las sentencias de la Corte Constitucional.
[55] Cfr. Sentencia T-292 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda): “Por las razones anteriores, puede
concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente
pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión
constitucional -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante
para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del
reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la
interpretación constitucional de los derechos fundamentales” a través del
mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241
de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes
constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del
ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una
exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la consecuencia final
sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución, en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y
comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima  en la
estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las
personas”.
[56] Cfr. Sentencia T-292 de
2006 y, en el mismo sentido, la sentencia C-386 de 1996 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero).
[57] Sentencias T-566 de
1998, C-104 de 1993, reiteradas también en la T-292 de 2006.
[58] Sentencia C-036 de 1997
y T-292 de 2006 y SU -1184 de 2001.
[59] Cfr. Corte
Constitucional, sentencias T-086 de 2007 y T-292 de 2006, T-158 de 2006,
SU-1184 de 2001, T-462 de 2003, T-1625 de 2000, SU-640 de 1998 y SU 168 de
1999, entre otras.
[60] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
[61] Sentencia T-1096 de 2012
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[62] Artículo 48: (…) La
ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante.
Artículo 53: (…) El
estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
[63] Ibídem.
[64] Esta síntesis fue
efectuada por la Sala en una oportunidad anterior, en Sentencias T-1093 de
2012, T-1095 de 2012, T-1096 de 2012.
[65]  Esta línea está conformada, entre otras, por las sentencias T-085 de
2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-815 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes),
T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería) y T-469 de 2005 (M.P. Clara Inés
Vargas).
[66]  Cfr. Sentencia
C-862 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[67]  Ibídem.
[68] Cfr. Sentencia T-457 de
2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[69] En la
sentencia T-362 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao) la Corte advirtió: “La edad de los afectados ha sido un
elemento pilar de los fallos que han concedido la acción de tutela en estos
casos, no solamente por el derecho a gozar de una especial protección
constitucional consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política, sino porque la combinación de la pérdida del poder adquisitivo del
ingreso con el aumento de la edad, genera inminente el perjuicio irremediable
que eventualmente puede recaer sobre estos sujetos”.
[70] Sentencia T-1095 de 2012
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[71] En Sentencia SU-1073 de
2012, se determinó que en casos de indexación de primera mesada pensional, debe
entenderse que la acción de tutela procede aun sin satisfacer el requisito de
inmediatez porque: (i) los derechos de la seguridad social son imprescriptibles
y (ii) porque la vulneración en estos casos se causa de manera periódica.||En
cuanto a la imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional y su relación con el requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042 de 2011 que la negativa a su reconocimiento “(…)
puede originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que
implica una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de
presentarse alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo
soportada incluso hoy en día por los extrabajadores y ahora pensionados de la
accionada. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene un carácter de
actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se cumple con el
requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los presupuestos
exigidos para declarar procedente la acción.”
En similar sentido
sentencias T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-130 de 2009 (M.P.
Humberto Sierra Porto), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-908 de
2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-129 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto)
y T-1059 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy). Igualmente, puede ser consulto el
numeral Decimocuarto de la sentencia SU-1073 de 2012 citada.
[72] Cuaderno principal de la
demanda, folios 152-153.
[73] Al momento en que fueron
retirados del servicio José Mauricio González ganaba el equivalente a 5.59
salario mínimos y Luis Orlando Guzmán Rodríguez 5.57 salarios mínimos.
(Cuaderno principal de la demanda, folio 3).
[74] En similar sentido
sentencias T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-130 de 2009 (M.P.
Humberto Sierra Porto), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-908 de
2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-129 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto)
y T-1059 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy); SU-1073 de 2012 (M.P. Jorge
Pretelt); T-1093 de 2012, T-1095 de 2012, T-1096 de 2012 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[75]  La reliquidación
mediante esta fórmula ha sido ordenada por la Corte en aquellos casos en que no se ha reconocido el derecho a la indexación en ninguna de las instancias del
proceso laboral ordinario, pues cuando ello ha sucedido opta por dejar vigente
tal providencia. Ver las sentencias T-425 de 2007, T-815 de 2007 y T-055 de
2007, T-570 de 2009, (M.P. Humberto Sierra Porto); T-1093 de 2012, T-1095 de
2012, T-1096 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-131 de 2013 (M.P. Alexei
Julio Estrada), entre otras.
[76] En general pueden consultarse las siguientes decisiones de la Corte Constitucional: Sentencias SU-917 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio) SU-1158 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy), T-1095 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-951 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), Autos 235 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), 149A de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), 010 de 2004 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), 127 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), 141B de 2004 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis),  085 de 2005 (Jaime Córdoba Triviño), 96B de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra), 184 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), 249
de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy), 045 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y
235 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), entre otros