C-694-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-694/15
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de desmovilizados/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Reconciliación bajo criterios de
priorización en investigación y juzgamiento
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Enfoque
diferencial/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA
LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Participación de
víctimas con características particulares en proceso penal especial y proceso
judicial/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Investigación sin
perjuicio de aplicar criterios de priorización
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Protección
a víctimas de desplazamiento forzado expuestos a mayor riesgo por participación
en proceso judicial especial
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Derecho
a la verdad, justicia y reparación integral de víctimas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Causales
de terminación de proceso de justicia y paz/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Exclusión de lista de postulados a beneficios/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Verificación que postulado a beneficios no
haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos durante y con ocasión
de su pertenencia al grupo/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Solicitud
de audiencia de terminación procede en cualquier etapa del proceso y debe ser
presentada por fiscal del caso/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS
AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Terminación
de proceso de varios postulados a beneficios se puede decidir en la misma
audiencia
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Solicitud
de preclusión de investigación por extinción de acción penal en caso de muerte
del postulado a beneficios/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Continuación
de proceso por extinción del dominio de bienes entregados, ofrecidos o
denunciados si postulado a beneficios fallece con posterioridad a entrega
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Vocación
reparadora de bienes entregados, ofrecidos o denunciados/REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Determinación si bien entregado, ofrecido o denunciado
tiene o no vocación reparadora/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS
AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-No
se afecta requisito de elegibilidad ni condición para acceder a sustitución de
medida de aseguramiento cuando bien ofrecido o denunciado por postulado a
beneficios no pueda ser entregado por inexistencia de vocación reparadora
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Deber
de postulados a beneficios de contribuir a reparación integral de víctimas/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Disposición de bienes entregados, ofrecidos
o denunciados destinados a programas de reparación integral y
restitución de tierras/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-No
afecta bienes adquiridos en proceso de reintegración, frutos de los mismos, ni
los adquiridos de forma lícita con posterioridad a desmovilización
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Esclarecimiento
de la verdad/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Investigación para
esclarecimiento de la verdad conforme a criterios de priorización que
determine Fiscal General de la Nación
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Protección
por Fiscalía General de la Nación de víctimas, testigos y peritos que pretenda
presentar en juicio
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Esclarecimiento
del fenómeno de despojo de tierras/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Realización de labores investigativas para esclarecer patrón de
macrocriminalidad de despojo y abandono forzado de tierras/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Contribución en procedimientos que se
adelantan para restitución de predios despojados o abandonados
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Competencia
de fiscal delegado según criterios de priorización establecidos por Fiscal
General de la Nación
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Criterios
de priorización de casos para garantizar derechos de víctimas/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Concentración de esfuerzos de investigación
en máximos responsables
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Versión
libre y confesión/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE
LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Disposición de
versión rendida por desmovilizado para elaborar y desarrollar programa para
iniciar investigación, comprobar veracidad de información y esclarecer patrones
y contextos de criminalidad y victimización/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Reglamentación y adopción de metodologías para recepción de versiones
libres colectivas o conjuntas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Imposición
de medidas cautelares sobre bienes para efectos de extinción de dominio/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Decreto de medida cautelar sobre bienes
respecto de los que posteriormente se eleve solicitud de restitución
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Incidente
de oposición de terceros a medida cautelar sobre bienes cautelados para efectos
de extinción de dominio/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Levantamiento
de medida cautelar sobre bienes cautelados para efectos de extinción de dominio
si decisión de incidente fuere favorable a interesado
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Formulación
de imputación de cargos/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Labores
de investigación y verificación de hechos admitidos por imputado/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Solicitud programación de audiencia de
formulación y aceptación de cargos/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Solicitud por postulado a beneficios de terminación anticipada del
proceso al aceptar responsabilidad por conductas imputadas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Sustitución
de medida de aseguramiento y deber de postulados a beneficios de continuar en
el proceso/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Solicitud por postulado
a beneficios desmovilizado en libertad, de audiencia de sustitución de
detención preventiva en establecimiento carcelario, por medida privativa de la
libertad
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Requisitos
para solicitar sustitución de medida de aseguramiento
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Suspensión
condicional de ejecución de pena impuesta en justicia ordinaria
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Incidente
de identificación de afectaciones causadas a víctimas/REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Inclusión de víctimas en registros para acceder a
programas de reparación integral y restitución de tierras/REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Defensoría del Pueblo, previa audiencia de incidente de
identificación de afectaciones causadas, explicara a víctimas rutas de acceso a
programas de reparación integral/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-No podrá negarse concesión de pena alternativa cuando víctima no
ejerza su derecho a participar en incidente de identificación de afectaciones
causadas/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Informe a víctima sobre
procedimientos de reparación integral en audiencia de incidente de
identificación de afectaciones causadas/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Trámite de reparación colectiva administrativa por pluralidad de
personas que ostenten dicha condición en incidente de identificación de
afectaciones causadas/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL
MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Participación
de víctimas del patrón de macrocriminalidad en incidente de identificación de
afectaciones causadas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Reparación
integral a víctimas/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN
DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Aplicación
integral de medidas de justicia transicional a víctimas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Condenas
posteriores a pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad/REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Pérdida de beneficio de pena alternativa si
con posterioridad a sentencia y hasta término de condena ordinaria,
beneficiario no entregó, ofreció o denunció bienes adquiridos
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Procedencia
de recursos/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA
LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Improcedencia del
recurso de casación contra decisión de segunda instancia
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Actos
de contribución a la reparación integral
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Restitución
jurídica y material de tierras a despojados y desplazados/REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Inexistencia de restitución directa en procesos
judiciales para integrar medidas de justicia transicional
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Adopción
de medidas conducentes a facilitar la participación en procesos judiciales, de
postulados extraditados
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Saneamiento
jurídico de bienes/REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN
DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Implementación
de programas de condonación y compensación de impuestos que afecten inmuebles
destinados a reparación o restitución
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Pago
de programas de reparación administrativa
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Vigencia, derogatorias y ámbito de aplicación temporal/NORMA
SOBRE REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE
CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Aplicación a hechos
ocurridos con anterioridad a fecha de desmovilización para el caso de
desmovilizados colectivos
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Postulación
de desmovilizados a procedimiento penal especial/REINCORPORACION DE MIEMBROS
DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA
PAZ NACIONAL-Término para solicitar postulación por desmovilización de
manera individual o colectiva
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Trámite
excepcional de restitución de tierras
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Restitución
de bienes y cancelación de títulos y registros obtenidos en forma fraudulenta
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Entrada
en vigencia de incidente de identificación de afectaciones causadas
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros,
ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE DISEÑO
E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS DE INVESTIGACION DE CRIMENES DE SISTEMA (PRIORIZACION)
EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Cargo global reúne requisitos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE REINCORPORACION
DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSECUCION DE LA PAZ NACIONAL-Aspectos procesales de Ley 1592 de 2012
COOPERACION CON PROCESOS
PENALES ORDINARIOS-Previsión especial entre procesos de justicia y paz no implica que
no se tenga obligación con la justicia ordinaria/COOPERACION CON PROCESOS
PENALES ORDINARIOS-Ruptura de unidad procesal según Ley 975 de 2005/COOPERACION
CON PROCESOS PENALES ORDINARIOS-Interacción entre procesos de justicia y
paz con justicia ordinaria según Ley 1592 de 2012/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE COOPERACION CON PROCESOS PENALES ORDINARIOS PARA
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Falta de certeza
EXCLUSION DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION CONTRA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA-Cosa juzgada material
en sentencia C-370/06
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE VERSIONES
LIBRES CONJUNTAS O COLECTIVAS-Requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE AUDIENCIA
CONCENTRADA DE FORMULACION Y ACEPTACION DE CARGOS Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
PROCESO-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia
SUSTITUCION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO Y SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA-Nuevas concesiones y
privilegios para postulados a beneficios, en detrimento de derechos de las víctimas/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y
SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA-Requisitos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
EXTRADICION DE POSTULADOS DE
JUSTICIA Y PAZ-Requisitos
de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE DERECHOS
DE LAS VICTIMAS-Criterios especiales para protección de víctimas/PROTECCION
DE VICTIMAS EXPUESTAS A MAYOR RIESGO DE VULNERACION DE DERECHOS-Protección especial en virtud
del principio de enfoque diferencial/PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS QUE PRETENDA PRESENTAR
EN JUICIO-Deber
legal de la Fiscalía General de la Nación, de brindar protección específica
REMISION DE LA VERSION RENDIDA
POR EL POSTULADO A LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ-No se limita o excluye
participación de otras unidades de la Fiscalía General de Nación o su acceso a
información en procesos de justicia y paz
LIMITE A FUNCIONES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MATERIA DE REPARACION INTEGRAL-Cosa juzgada constitucional en
sentencia C-286/14/CAMBIO DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL POR
IDENTIFICACION DE AFECTACIONES-Cosa juzgada constitucional en sentencia
C-286/14
SISTEMA DE REPARACION JUDICIAL
Y REPARACION ADMINISTRATIVA-Cambio implicó reemplazar incidente de reparación integral por
identificación de afectaciones
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE REPARACION INTEGRAL-Eliminación de incidente de identificación de afectaciones
previsto en Ley 1592 de 2012/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE
REPARACION INTEGRAL-Se revive modelo de reparación judicial regulado en Ley
975 de 2005 según sentencias C-180/14 y C-286/14
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE CONDENAS
POSTERIORES A PENA ALTERNATIVA Y BIENES ENCONTRADOS CON POSTERIORIDAD-No se
estructuró verdadero cargo contra expresión “y hasta el término de la condena
ordinaria allí establecida”
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE ACTOS
DE CONTRIBUCION A REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Cargo carece de certeza
REGULACION DERECHOS DE VICTIMAS
EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Remisión a Ley 1448 de 2011/REGULACION DERECHOS DE VICTIMAS EN
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Cosa juzgada parcial en sentencia C-286/14 frente
a expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las
afectaciones causadas”
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Cargo no
cumple requisitos de certeza, suficiencia, especificidad, claridad y
pertinencia
PRINCIPIO DE COHERENCIA DEL
SISTEMA JURIDICO-Alcance
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Inhibición
por inepta demanda
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
SOBRE DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Inhibición
no impide acudir a jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar
pago de reparación integral
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Remisión
a Ley 1448 de 2011/IMPOSICION DE CARGA ADICIONAL A VICTIMAS RECONOCIDAS EN
PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ RESPECTO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
BIENES ENTREGADOS, OFRECIDOS O
DENUNCIADOS POR POSTULADOS A BENEFICIOS PARA TERMINAR PROCESO DE JUSTICIA Y
PAZ-No exigencia de vocación reparadora/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Norma
no dispone que entrega de bienes que no tengan vocación reparadora por parte de
postulado a beneficios constituya causal de terminación de proceso de justicia
y paz
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ DE
VARIOS POSTULADOS A BENEFICIOS-Cargo de inconstitucionalidad de expresiones al no permitir
a víctimas solicitar audiencia de terminación cuando bienes entregados no
ofrecen vocación reparadora
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Cargo de inconstitucionalidad
por cuanto expresión acusada condiciona continuación de procesos de extinción
de dominio sobre bienes entregados u ofrecidos por postulado a beneficios antes
de su fallecimiento
BIENES ENTREGADOS, OFRECIDOS O
DENUNCIADOS POR POSTULADOS A BENEFICIOS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Cargo
de inconstitucionalidad al no disponer que víctimas tengan derecho a decidir
qué bienes tienen o no vocación reparadora
BIENES ENTREGADOS, OFRECIDOS O
DENUNCIADOS POR POSTULADOS A BENEFICIOS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Cargo
de inconstitucionalidad por permitir bajo condiciones entrega de bienes sin
vocación reparadora afectando derecho a reparación integral de víctimas
DEBER DE POSTULADOS A
BENEFICIOS DE CONTRIBUIR A LA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Cargo de inconstitucionalidad
al no prever que víctimas participen durante incidente de oposición de terceros
y levantamiento de medida cautelar
RECURSOS EN PROCESO DE JUSTICIA
Y PAZ-Limitación/RECURSOS
EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia
DERECHOS DE VICTIMAS A LA PAZ,
GARANTIAS DE NO REPETICION, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Aplicación temporal de Ley 975 de
2005 para caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz/DERECHOS
DE VICTIMAS A LA PAZ, GARANTIAS DE NO REPETICION, VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia
JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Concepto y alcance
JUSTICIA TRANSICIONAL-Sistema de justicia de
características específicas que debe aplicarse de manera excepcional
JUSTICIA TRANSICIONAL-Finalidades
JUSTICIA TRANSICIONAL-Reconocimiento de víctimas/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Restablecimiento de la confianza pública/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Reconciliación/JUSTICIA TRANSICIONAL-Fortalecimiento de
la democracia
JUSTICIA TRANSICIONAL-Mecanismos judiciales o
extrajudiciales/JUSTICIA TRANSICIONAL-Elementos fundamentales
JUSTICIA PENAL-Mecanismo de la justicia
transicional/PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Prevalencia y objetivos
específicos del derecho penal
DERECHO A LA JUSTICIA Y PROCESO
DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Reglas
DERECHO A LA JUSTICIA COMO
ELEMENTO ESENCIAL PARA EVITAR LA PERPETUACION DE IMPUNIDAD-Reiteración de lo establecido
por Corte Interamericana de Derechos Humanos
APLICACION DEL DERECHO PENAL EN
PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Características especiales
PROCESOS DE JUSTICIA
TRANSICIONAL-Excepciones
al deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a responsables
de crímenes investigados
JUSTICIA TRANSICIONAL-Contexto histórico
DERECHO A LA VERDAD-Implicaciones según Corte
Interamericana de Derechos Humanos
DERECHO A LA VERDAD-Instrumento de lucha contra la
impunidad/DERECHO A LA VERDAD-Garantías
COMISIONES DE LA VERDAD-Contribución a la justicia
transicional
COMISIONES DE LA VERDAD-Importancia
VERDAD JUDICIAL Y MEMORIA
HISTORICA EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Relaciones
VERDAD JUDICIAL-Concepto
VERDAD JUDICIAL-Debilidades en casos de
crímenes de lesa humanidad o guerra
VERDAD HISTORICA-No se encuentra sometida a
rigorismos y lógicas propias de un proceso judicial
DERECHO A LA VERDAD JUDICIAL E
HISTORICA-Participación
activa de víctimas en escenarios judiciales o extrajudiciales
DERECHO A LA VERDAD-Instrumentos judiciales y
extrajudiciales
JUSTICIA RESTAURATIVA O
REPARADORA-Finalidad/JUSTICIA
RESTAURATIVA O REPARADORA-Objetivo específico de compensaciones a víctimas
de violaciones de derechos humanos
JUSTICIA RESTAURATIVA O
REPARADORA-No
se agota en lo puramente patrimonial
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Conexión
existente según Corte Interamericana de Derechos Humanos
JUSTICIA TRANSICIONAL-Medidas administrativas
REPARACION INTEGRAL-Derecho fundamental
REPARACION INTEGRAL-Concepto y evolución
DERECHO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL-Se funda
sobre principio de equivalencia entre daños ocasionados y reparación a otorgar
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Reconocimiento
de víctimas como titulares de violaciones graves de derechos humanos
REPARACION-Medida tendiente a hacer
desaparecer efectos de violaciones cometidas/REPARACION-Alcance,
modalidades y monto dependerán de daño ocasionado en cada caso concreto
DERECHO INTERNACIONAL-Fuente imprescindible para
determinación de reparación por graves violaciones a derechos humanos
REPARACION INTEGRAL-Elementos importantes del concepto,
según Corte Interamericana de Derechos Humanos
REPARACION-Ampliación del concepto en la
jurisprudencia interamericana
REPARACION-Instrumentos y decisiones de la
Organización de Naciones Unidas
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD O
INDEMNIDAD DEL DAÑO-Jurisprudencia del Consejo de Estado
REPARACION INTEGRAL-Principio general del derecho
REPARACION INTEGRAL-Valoración de los daños
DERECHO A LA REPARACION-Contenido y alcance
REPARACION INTEGRAL-Diálogo judicial según Consejo
de Estado
REPARACION INTEGRAL-Diálogo interjudicial según
Consejo de Estado
REPARACION INTEGRAL-Construcción dogmática del
concepto por Consejo de Estado/REPARACION INTEGRAL-Flexibilización del
principio extra o ultra petita según Consejo de Estado
PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO
IN PEJUS EN
CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS-Carácter relativo según
Consejo de Estado
DIALOGO JUDICIAL EN MATERIA DE
REPARACION INTEGRAL-Figura de la cosa juzgada internacional
REPARACION INTEGRAL-Control de convencionalidad por
Consejo de Estado
REPARACION INTEGRAL-Finalidad
REPARACION INTEGRAL EN EL AMBITO DE DERECHOS
HUMANOS-Alcance
REPARACION INTEGRAL EN RELACION
CON DAÑOS DERIVADOS DE LESION A BIEN JURIDICO TUTELADO-Opera diferente a un derecho
humano
DERECHO A LA REPARACION-Escenarios diferentes según
jurisprudencia administrativa
REPARACION INTEGRAL-Jurisprudencia Constitucional
REPARACION INTEGRAL-Fundamento en cláusulas
constitucionales y normas de derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad
REPARACION INTEGRAL EN LA
JUSTICIA TRANSICIONAL-Jurisprudencia constitucional
REPARACION-Modalidades
DERECHO A LA REPARACION-Dimensión individual y
colectiva según el derecho internacional contemporáneo
DERECHO A LA REPARACION POR VIA
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
JUSTICIA TRANSICIONAL-Modalidades para garantizar
derecho a la reparación integral de víctimas de violaciones graves
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Principios
y criterios para la adjudicación
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Principio
de integralidad
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Principio
de proporcionalidad
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Estándares
internacionales
DERECHO A LA REPARACION DE
VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL-Principios
DERECHO A LA REPARACION-Garantías de no repetición
REPARACION INTEGRAL POR VIA
ADMINISTRATIVA Y PRINCIPIO DE NO REPETICION-Desconocimiento al imponer límites a
víctimas de daños causados por crímenes de lesa humanidad
GARANTIAS DE NO REPETICION EN
EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Elemento indispensable para alcanzar fines
que persigue
POLITICA CRIMINAL-Priorización
POLITICA CRIMINAL-Autonomía del legislador
POLITICA CRIMINAL-Medidas normativas
PRIORIZACION DE LA POLITICA
CRIMINAL-Justificaciones
POLITICA CRIMINAL-Técnicas de priorización
JUSTICIA TRANSICIONAL-Priorización de la política
criminal
JUSTICIA TRANSICIONAL-Metodologías para aplicar
criterios de priorización de la política criminal
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Antecedentes
y aspectos esenciales
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Razones que motivaron la
reforma
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE GRUPOS
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Trámite
legislativo de Ley 1592 de 2012
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Modificaciones
de Ley 1592 de 2012 a Ley 975 de 2005
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Criterios
de priorización en investigación y juzgamiento
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Reintegración
a la vida civil de excombatientes
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Definición
de víctima
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Garantías
y medidas de protección a grupos expuestos a mayor riesgo
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Desarrollo
y definición de la verdad, justicia y reparación como derechos de las víctimas
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Requisitos
para acceder a beneficios del proceso de desmovilización
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Renuncia
voluntaria a proceso de justicia y paz
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Efectividad
y aplicabilidad oportuna del derecho a la reparación
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Requisito
de elegibilidad relacionado con entrega o denuncia de bienes adquiridos para
garantizar derecho a la reparación
REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS
FRENTE A CAUSALES DE TERMINACION DE PROCESO-Deber de postulados a beneficios de
contribuir activamente
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD-Modificación radica en que
perspectiva debe ser bajo óptica de patrón de macrocriminalidad en actuar de
grupos armados al margen de la ley
PROCESOS INVESTIGATIVOS DE
JUSTICIA Y PAZ-Colaboración
de desmovilizados con policía judicial para dar con paradero de personas
secuestradas o desaparecidas
DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE
TIERRAS-Establecimiento
de patrón de macrocriminalidad cuando víctima haya denunciado
PROCESO DE DESMOVILIZACION Y
REINSERCION-Fiscalía
General de la Nación recibe información relacionada con nombres de miembros de
grupos armados al margen de la ley dispuestos a contribuir
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Ley
admite posibilidad de conflictos o colisiones de competencia entre Tribunales
Superiores y cualquier otra autoridad judicial/REINCORPORACION DE MIEMBROS
DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA
PAZ NACIONAL-Competencia de la Sala de conocimiento de justicia y paz
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Fiscal General de la Nación
debe determinar criterios de priorización de público conocimiento con fuerza
vinculante para ejercicio de acción penal/CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA
ESCLARECER PATRON DE MACROCRIMINALIDAD EN ACCIONAR DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN
DE LA LEY-Finalidad
EXCLUSION DE LISTA DE
POSTULADOS A BENEFICIOS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Medidas adicionales/INCUMPLIMIENTO
DEL COMPROMISO DE ENTREGAR, OFRECER O DENUNCIAR BIENES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE-Modificación
atinente a versión libre y confesión de postulados a beneficios
REPARACION INTEGRAL DE
VICTIMAS-Incorporación
de figura de extinción de dominio para lograr participación más activa de
grupos armados al margen de la ley
EXTINCION DE DOMINIO-Determinación de bienes cautelados
en procesos de justicia y paz/EXTINCION DE DOMINIO-Posibilidad de
extinguir el derecho aunque bienes sean objeto de sucesión por muerte o
titularidad de herederos de postulados a beneficios
EXTINCION DE DOMINIO-Imposición de medidas
cautelares sobre bienes en procesos de justicia y paz
EXTINCION DE DOMINIO-Incidente de oposición de
terceros a medidas cautelares sobre bienes incautados en procesos de justicia y
paz
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Terminación anticipada cuando
imputado acepta responsabilidad
SOLICITUD DE SUSTITUCION DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO
POR ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Posibilidad del postulado a beneficios que
se haya desmovilizado estando en libertad
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA EN JUSTICIA ORDINARIA-Solicitud por postulado a
beneficios condenado por justicia penal ordinaria
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA EN JUSTICIA ORDINARIA-Revocación cuando postulado a
beneficios incurra en cualquier causal de revocatoria
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Suspensión de investigaciones
en contra de postulado a beneficios por Fiscal de conocimiento en jurisdicción
ordinaria
SUSPENSION DE PROCESO DE
JUSTICIA Y PAZ EN JURISDICCION ORDINARIA-Calificación como provisional y
definitiva
INCIDENTE DE REPARACION
INTEGRAL-Reemplazo
por incidente de identificación de afectaciones causadas a víctimas
IDENTIFICACION DE AFECTACIONES
CAUSADAS A VICTIMAS EN PROCESOS DE REPARACION-Alcance y trámite
REINCORPORACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA PAZ
NACIONAL-Garantías
REHABILITACION, RESTITUCION,
INDEMNIZACION, SATISFACCION Y GARANTIAS DE NO REPETICION-Adopción de medidas articuladas
según el hecho victimizante
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Causales de revocatoria de la
pena alternativa
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia de recurso de
apelación contra sentencias y autos que resuelvan asuntos de fondo sin
interposición previa de recurso de reposición
ETAPA DE JUZGAMIENTO EN PROCESO
DE JUSTICIA Y PAZ-Atribución de competencias
REPARACION INTEGRAL DE
VICTIMAS-Actos
de contribución
RESTITUCION JURIDICA Y MATERIAL
DE TIERRAS A DESPOJADOS Y DESPLAZADOS-Remisión a Ley 1448 de 2011
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Integración de medidas de
justicia transicional
DERECHO A LA JUSTICIA-Efectividad/DERECHO A LA
JUSTICIA-Adopción de medidas para facilitar participación en procesos
judiciales, de postulados a beneficios que se encuentren en jurisdicción
extranjera por efecto de extradición concedida
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Efectividad
en relación con bienes entregados, ofrecidos o denunciados por postulados a
beneficios extraditados
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL DE VICTIMAS-Implementación de programas de condonación y compensación de
impuestos que afecten inmuebles destinados a la reparación o restitución
REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS-Financiación
del pago de programas de reparación administrativa/REPARACION INTEGRAL DE
VICTIMAS-Imposición de medidas cautelares sobre bienes, para efectos de
extinción de dominio y restitución jurídica y material de tierras a despojados
y desplazados
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Trámite excepcional para
restitución de tierras
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Restitución de bienes y
cancelación de títulos y registros obtenidos de forma fraudulenta
TRAMITE DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Reglas
INCIDENTE DE IDENTIFICACION DE
AFECTACIONES CAUSADAS A VICTIMAS-Vigencia
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Cargos de inconstitucionalidad
respecto a posibilidad de aplicar criterios de priorización
PRIORIZACION EN PROCESOS DE
JUSTICIA Y PAZ-Investigación
seria, imparcial y en un plazo razonable de violaciones a derechos humanos no
vulnera derechos de víctimas
PRIORIZACION-Instrumento de política
criminal/PRIORIZACION-Alcance
PRIORIZACION-Objeto del proceso penal
LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA-Importancia/LUCHA
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA-Alcance
ESTADOS PARTES DEL PACTO DE SAN
JOSE DE COSTA RICA-Obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos/CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Condiciones que debe cumplir
investigación penal a efectos de ajustarse a estándares internacionales en la
materia
DERECHO A LA IGUALDAD DE
VICTIMAS DE CASOS NO PRIORIZADOS-No existe vulneración por criterios de priorización en la
medida que se funda en criterios racionales
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Materialización
IGUALDAD-Dimensión objetiva y subjetiva
PRINCIPIO DERECHO A LA
IGUALDAD-Manifestaciones
complementarias
DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD-Deber del Estado de adoptar
instrumentos de política criminal
TEST DE IGUALDAD EN TECNICAS DE PRIORIZACION-Examen
TEST DE IGUALDAD-Fines de la priorización
PRIORIZACION-Requisito de necesidad
PRIORIZACION-Test de proporcionalidad en
sentido estricto
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Ambito, interpretación y aplicación normativa
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Priorización
INVESTIGACION EN EL AMBITO DE
LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Reforma sobre aplicación de criterios de priorización
INVESTIGACION EN EL AMBITO DE
LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Criterios de priorización no desconocen deber internacional de
realizar procesos penales de forma seria, imparcial y en un plazo razonable/INVESTIGACION
EN EL AMBITO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL-No vulnera derechos de las víctimas
en la medida en que reconstrucción de patrones macrocriminales, permite
explicar comisión de múltiples crímenes
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Criterios de priorización en interpretación de enfoque diferencial
PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Deber de tener en cuenta
criterios diferenciales en investigaciones y juicios para adoptar medidas
afirmativas en beneficio de grupos poblacionales más vulnerables
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Criterios de priorización empleados,
coinciden con los adoptados por instancias penales internacionales
JUSTICIA TRANSICIONAL-Criterios de priorización en
investigaciones
DERECHO A LA VERDAD-Eficacia
DERECHO A LA VERDAD-Contenido no es igual en
delitos ordinarios que en crímenes internacionales, ni en forma de
investigarlos
FISCAL GENERAL DE LA NACION-Criterios de priorización para
superar inconvenientes en investigaciones por violaciones a derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario
FISCAL GENERAL DE LA NACION-Competencia para participar en
diseño de política criminal del Estado
DESPOJO DE TIERRAS Y
COOPERACION ENTRE FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Esclarecimiento
DESPOJO DE TIERRAS Y
COOPERACION ENTRE FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Aplicación de criterios de
priorización
ESCLARECIMIENTO DEL FENOMENO DE
RESTITUCION DE TIERRAS-Adopción de técnicas de investigación criminal
FISCAL GENERAL DE LA NACION-Competencia para definir
criterios de priorización
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE MIEMBROS
DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION DE LA
PAZ NACIONAL-Criterios
de priorización de casos
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Utilización de estrategia de
priorización no desconoce derechos de víctimas
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Versión libre y confesión del
postulado a beneficios
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Aceptación de cargos y priorización
PATRON DE MACROCRIMINALIDAD-Concepto
ANALISIS CRIMINAL-Soporte sobre varias ciencias y
teorías
PATRONES CRIMINALES-Clasificación
PATRONES CRIMINALES-Metodologías
PATRONES CRIMINALES-Complejidad en la
identificación
PATRONES CRIMINALES-Recomendaciones
PATRONES CRIMINALES-Reconstrucción
NORMA SOBRE REINCORPORACION DE
MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE CONTRIBUYAN A LA CONSECUCION
DE LA PAZ NACIONAL-Medida para agilizar trámite de procesos de justicia transicional
PATRONES MACROCRIMINALES-Construcción técnica brinda a
los afectados una visión completa y real de lo sucedido
VICTIMAS DEL PATRON DE
MACROCRIMINALIDAD EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ SEGUN CRITERIOS DE PRIORIZACION-Cosa juzgada constitucional en
sentencia C-286/14
RESPONSABILIDAD PENAL
INDIVIDUAL-Alcance
PRINCIPIO DE QUE NO HAY DELITO
SIN CONDUCTA-Consagración
constitucional
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD-Consecuencias
PROCESO PENAL-Finalidad principal/PROCESO
PENAL-Determinación de responsabilidad penal individual
RESPONSABILIDAD PENAL
INDIVIDUAL-Inexistencia
de violación
RECEPCION DE VERSIONES LIBRES
COLECTIVAS O CONJUNTAS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL-No afecta el principio de responsabilidad
de acto
RECEPCION DE VERSIONES LIBRES
COLECTIVAS O CONJUNTAS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL-No afecta derechos de víctimas
IMPUTACION, FORMULACION Y
ACEPTACION DE CARGOS COLECTIVOS-No conllevan a la indebida investigación de los hechos
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglamentación y adopción de
metodologías para recepción de versiones libres colectivas o conjuntas
AUDIENCIAS COLECTIVAS DE
IMPUTACION O ACEPTACION DE CARGOS-Realización no implica que no deba determinarse
responsabilidad individual de cada postulado a beneficios
PROCESOS JUDICIALES-Margen de configuración del
legislador
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y
FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Amplia potestad de configuración normativa del legislador
MARGEN DE CONFIGURACION
NORMATIVA DEL LEGISLADOR EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
DISCRECIONALIDAD PARA
DETERMINACION DE ACTUACIONES PROCESALES O ADMINISTRATIVAS-No es absoluta
LEGITIMIDAD DE NORMAS
PROCESALES-Proporcionalidad
y razonabilidad
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Concentración de audiencias no
viola derecho de participación de víctimas/PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Concentración
de audiencias no desconoce deber del Estado de adelantar investigación seria e
imparcial
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Consagración de audiencia
concentrada constituye facultad de configuración del legislador
AUDIENCIA CONCENTRADA DE
IMPUTACION Y ACEPTACION DE CARGOS-Finalidad
AUDIENCIA CONCENTRADA EN
TRAMITE DE JUSTICIA Y PAZ-No desconoce derechos de víctimas a participar en proceso
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Concentración de audiencias
termina reduciendo el término del proceso
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Participación e identificación
de daños causados a víctimas o sus representantes
TERMINACION ANTICIPADA DE
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ POR ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD-No vulnera derecho a la verdad
de víctimas
ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD
EN PROCESO PENAL-Figura procesal
ACEPTACION DE CARGOS-Prerrequisitos
SENTENCIA ANTICIPADA-Forma de terminación abreviada
del proceso penal que responde a una política criminal
SENTENCIA ANTICIPADA-Constitucionalidad
SENTENCIA ANTICIPADA-Respeto por el debido proceso
AUDIENCIA ESPECIAL-Modificación del Código de
Procedimiento Penal/AUDIENCIA ESPECIAL Y SENTENCIA ANTICIPADA-Diferencia
ALLANAMIENTO A CARGOS Y
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Figuras de terminación anticipada del proceso según Ley 906 de
2004
ACEPTACION UNILATERAL DE
CARGOS-Forma
de terminación anticipada del proceso penal
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Formas de terminación
anticipada del proceso penal
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Figuras que no vulneran el
debido proceso/PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Limitados por restricciones
legales que tutelan derechos de las víctimas
TERMINACION ANTICIPADA DEL
PROCESO PENAL POR ALLANAMIENTO A CARGOS O PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Jurisprudencia constitucional
JUSTICIA CONSENSUADA-Fundada en preacuerdos y negociaciones/JUSTICIA
CONSENSUADA-Finalidades
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Terminación anticipada cuando
hechos imputados a postulado a beneficios, hacen parte del patrón de
macrocriminalidad esclarecido por sentencia según criterios de priorización
TERMINACION ANTICIPADA DE
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ DESPUES DE FORMULACION DE IMPUTACION-Norma demandada no eliminó
versión libre ni formulación de imputación
TERMINACION ANTICIPADA DE
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Modificación garantiza principios de eficacia y celeridad
TERMINACION ANTICIPADA DE
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Norma solo permite aplicación de sentencia anticipada
TERMINACION ANTICIPADA DE
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Investigación centrada en revelación de patrones de
macrocriminalidad mediante priorización, gracias a macroprocesos para solución
de casos no priorizados mediante información recaudada
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Naturaleza jurídica y carácter
preventivo
DETENCION PREVENTIVA-Medida cautelar
DETENCION PREVENTIVA Y PENA-Distinción
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Carácter excepcional
DETENCION PREVENTIVA-Carácter limitado en el tiempo
DETENCION PREVENTIVA-Requisitos para que proceda
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Sometimiento a estrictas
exigencias que estructuran su legalidad/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Criterio
de necesidad en su aplicación y finalidades
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Límites
MEDIDAS CAUTELARES-Amplio margen de
discrecionalidad del legislador/MEDIDAS CAUTELARES-Razonabilidad y
proporcionalidad/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Restricciones materiales a la
procedencia
SUSTITUCION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Ambito
de configuración normativa/SUSTITUCION DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Consagra un instrumento especial
que motive a los desmovilizados a contribuir con el restablecimiento de
derechos de las víctimas y  asegure que no continuarán delinquiendo/SUSTITUCION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Restricciones
y condiciones que de no cumplirse darán lugar a revocatoria del beneficio
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Amplia facultad del legislador
para regular procedencia o improcedencia/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Limites
a regulación del legislador por criterios de razonabilidad y proporcionalidad
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE
DETENCION PRIVATIVA-No es necesaria bajo estrictas circunstancias/MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO DE DETENCION PRIVATIVA-Reemplazo por medida no privativa de
la libertad
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Norma señala obligaciones para
cumplir finalidades una vez otorgado el beneficio
SUSTITUCION DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Otorgamiento
de beneficio, condicionado a no haber cometido delitos dolosos con
posterioridad a desmovilización/SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Perpetración
de conductas dolosas lleva a exclusión inmediata de postulado a beneficios de
Ley de Justicia y Paz
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA-Figura procesal
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA-Margen de configuración normativa sin desconocer derechos de
víctimas a la verdad y justicia
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Garantiza finalidades de resocialización y
reintegración propias de proceso de justicia transicional
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA-Exige que postulado a beneficios haya estado privado de la
libertad
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA-Principio de prevención
SUBROGADOS PENALES-Medidas sustitutivas de pena de
prisión y arresto/SUBROGADOS PENALES-Finalidades
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA O LIBERTAD CONDICIONAL-Factores objetivos y subjetivos para
concesión
SUBROGADOS PENALES-Facultad del legislador para
establecer causales, condiciones y regulación por razones de política criminal
SUBROGADOS PENALES-Criterios de racionalidad y
proporcionalidad
POTESTAD DE CONFIGURACION DEL
LEGISLADOR RESPECTO A CAUSALES PARA CONCESION DE LIBERTAD PROVISIONAL-No es absoluta sino relativa
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Objeto
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Beneficio de pena alternativa
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Acumulación de procesos y penas
SUSPENSION CONDICIONAL DE
EJECUCION DE LA PENA EN JUSTICIA ORDINARIA-Permisión cuando conductas hubieren sido
cometidas durante y con ocasión de pertenencia a grupo armado al margen de la
ley
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Comisión de delito no sólo
implica pérdida de beneficio de sustitución condicional de la pena sino
exclusión inmediata de postulado a beneficios
EXTRADICION EN COLOMBIA-Naturaleza jurídica
EXTRADICION-Mecanismo de cooperación
internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad
EXTRADICION-Fundamento/EXTRADICION-Procedimiento
especial
EXTRADICION-Características
COOPERACION INTERNACIONAL EN
MATERIA DE EXTRADICION-Respeto
por la soberanía nacional/COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE EXTRADICION-Límites
DERECHO A LA JUSTICIA Y
EXTRADICION CONCEDIDA-Adopción de medidas frente a postulados a beneficios que se
encuentren en jurisdicción extranjera
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Adopción
de medidas frente a incautación de bienes entregados, ofrecidos o denunciados
por postulados a beneficios extraditados
EXTRADICION-Norma asegura garantía del
derecho a la verdad y reparación
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Remisión
de Ley 1592 de 2012 a Ley 1448 de 2011
RESTITUCION DE TIERRAS-Deberá regirse por Ley 1448 de
2011 salvo que existan medidas cautelares sobre bienes
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN
MATERIA DE RESTITUCION DE TIERRAS DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-No existe vulneración
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ Y
RESTITUCION DE PREDIOS DESPOJADOS O ABANDONADOS-Desarrolla principios de la función
pública/PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ Y RESTITUCION DE PREDIOS DESPOJADOS O
ABANDONADOS-No vulnera derechos de las víctimas
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS Y PROCESO PENAL-Independencia
PROCEDIMIENTO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Objetivo
RESTITUCION DE TIERRAS-Salvaguarda derechos a través
de mecanismos que impiden disposición fraudulenta de bienes
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Entrega de bienes
REPARACION A VICTIMAS-Bienes entregados por
postulados a beneficios
REPARACION A VICTIMAS Y ENTREGA
DE BIENES POR POSTULADOS A BENEFICIOS-Finalidad
REPARACION A VICTIMAS Y ENTREGA
DE BIENES POR DESMOVILIZADOS-Finalidad
ENTREGA DE BIENES POR
DESMOVILIZADOS-Reparación
según Ley 975 de 2005
DERECHO A LA REPARACION DE
VICTIMAS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Grave afectación al permitir que bienes de
desmovilizados se trasladen a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a Víctimas, cuando reparación no es
administrativa sino judicial
RESTITUCION DE TIERRAS
DESPOJADAS EN
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Colaboración en intercambio de información
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Proceso de extinción de dominio
de bienes de desmovilizados
DERECHO A LA REPARACION DE
VICTIMAS-Procedimiento
para imposición de medidas cautelares inmediatas sobre bienes de desmovilizados
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES
DE DESMOVILIZADOS-Procedimientos especiales para evitar obstáculos frente a proceso
de restitución de tierras
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES
DE DESMOVILIZADOS-No afectan derechos de las víctimas, por el contrario, permiten
salvaguardarlos en dos fases
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Traslado de bienes inmediatamente después
de decretadas medidas cautelares cuando exista solicitud de restitución
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES
DE DESMOVILIZADOS FRENTE A RESTITUCION DE TIERRAS-Propósitos constitucionales
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS-Legitimidad para presentar recursos
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL DE VICTIMAS FRENTE A LA CONDONACION Y COMPENSACION DE IMPUESTOS-Remisión
a Ley 1448 de 2011/CONDONACION Y COMPENSACION DE IMPUESTOS DE INMUEBLES
SUJETOS A PROCESOS DE RESTITUCION O REPARACION-No afecta derecho a la
reparación por permitir saneamiento de deudas tributarias
PROCESO DE RESTITUCION DE
BIENES DESPOJADOS-Presunciones de despojo y compensaciones en especie/DERECHO A
LA REPARACION DE VICTIMAS-Presunciones de despojo y compensaciones en
especie
PROCESO DE RESTITUCION DE
BIENES DESPOJADOS-Aplicación de figuras esenciales para que sea efectivo y se
adelante en un plazo razonable
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vocación reparadora de bienes
ofrecidos por postulados a beneficios
TERMINACION PROCESO DE JUSTICIA
Y PAZ Y EXCLUSION DE LISTA DE POSTULADOS-Causales/PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Terminación
cuando postulado a beneficios no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o grupo armado al margen de la ley
TERMINACION PROCESO DE JUSTICIA
Y PAZ Y EXCLUSION DE LISTA DE POSTULADOS-Entrega fraudulenta de bienes que no
tengan vocación reparatoria
TERMINACION PROCESO DE JUSTICIA
Y PAZ Y EXCLUSION DE LISTA DE POSTULADOS-Solicitud de audiencia
DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Afectación
al excluir a víctima de posibilidad de solicitar audiencia de terminación de
proceso de justicia y paz/DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Exclusión
de lista de postulados a beneficios
ACCION PENAL-Preclusión de investigación
como consecuencia de extinción por muerte de postulado a beneficios
VOCACION REPARADORA DE BIENES
OFRECIDOS POR POSTULADOS A BENEFICIOS-Preclusión de investigación como
consecuencia de extinción por muerte
PROCESO DE REPARACION-Continuación cuando postulado
fallece con posterioridad a entrega de bienes
PROCEDIMIENTO PENAL-Fallecimiento de imputado
implica terminación de acción penal y proceso penal
PROCESO DE REPARACION-Continuación frente a bienes
ofrecidos o denunciados por desmovilizado si no han sido entregados
PROCESO DE REPARACION-Suministro de información para
decidir adopción de medidas cautelares
DERECHO A LA REPARACION
INTEGRAL-Interés
de víctimas en allegar información sobre bienes con vocación reparadora para
garantizar reparación efectiva
PROCESO DE REPARACION-Elegibilidad de postulado a
beneficios pese a inexistencia de bienes con vocación reparadora
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Exigencia de vocación
reparadora de bienes
PROCESO DE JUSTICIA
TRANSICIONAL-Reparación
requiere esfuerzos para identificar bienes de desmovilizados de procedencia
ilícita
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desarrollo de fase de
alistamiento como etapa para analizar y determinar grado de vocación reparadora
de bienes denunciados
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Falta de vocación reparadora no
puede ser imputable a propósito de postulado a beneficios de defraudar derechos
de víctimas/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Derecho de víctimas a denunciar bienes
de postulados a beneficios o de terceros que se hayan transferido ilegalmente
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Entrega de bienes destinados a
programas de reparación integral y restitución de tierras
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Afectación de bienes de
postulados a beneficios adquiridos como resultado de proceso de reintegración
PROCESOS DE JUSTICIA
TRANSICIONAL-Prevención
especial positiva mediante resocialización por reintegración de actores armados
JUSTICIA TRANSICIONAL-Garantía del derecho a la
verdad, justicia y reparación de víctimas que permita reintegración económica
de miembros de grupos armados
PROCESO DE JUSTICIA
TRANSICIONAL-Componente
resocializador
JUSTICIA TRANSICIONAL-No afecta bienes adquiridos en
proceso de reintegración, frutos de los mismos, ni los adquiridos de forma
lícita con posterioridad a desmovilización/PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Reconciliación
real de la sociedad
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Levantamiento de medidas
cautelares por solicitud de terceros
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES-Reconoce
derechos de terceros de buena fe sobre medidas ordenadas respecto de bienes de
desmovilizados
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO
DE JUSTICIA Y PAZ-Pretensión indemnizatoria directa que constituye materialización
del derecho a evitar fraudes frente a transferencia de bienes a terceros
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Limitación de recursos
procesales
LIMITES A LA DOBLE INSTANCIA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA-No es absoluto
RECURSO DE APELACION-Limites
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Interposición de recursos
contra sentencias y autos interlocutorios
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Celeridad
LIBERTAD DE CONFIGURACION DEL
LEGISLADOR-Limitación
del recurso de apelación a asuntos de fondo en materia judicial no afecta
garantías procesales
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia del recurso de
reposición
RECURSO DE CASACION EN PROCESOS
DE JUSTICIA Y PAZ-Cosa juzgada material en sentencia C-370/06
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Nueva aplicación temporal de
Ley 975 de 2005
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Postulación e imputación de
hechos
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Etapa administrativa
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desmovilización
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Aplicación a personas
desmovilizadas
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Postulación
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Reforma establece cierre
definitivo del sistema de postulaciones
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Nuevas postulaciones y
restricciones temporales/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Postulación de
desmovilizados al procedimiento penal especial
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Tipos de postulaciones
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Fase judicial/LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Verificación de procesos de elegibilidad frente a
desmovilización individual y colectiva
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Etapa pre procesal ante
Fiscalía General de la Nación/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Versión libre de
desmovilizado
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Etapa procesal/LEY DE JUSTICIA
Y PAZ-Formulación de imputación de hechos
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Fases de imputación y
aceptación de cargos
REFORMA EN VIGENCIA TEMPORAL DE
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance
POSTULACION E IMPUTACION DE
HECHOS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Distinción entre restricciones
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Restricción de nuevas
postulaciones/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Restricción temporal a postulaciones
y exclusión de nuevas desmovilizaciones colectivas
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Cierre de postulaciones
colectivas y plazos especiales para personas desmovilizadas
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No podrá haber nuevas
desmovilizaciones colectivas por lo cual no se aplicara a nuevos grupos al
margen de la ley creados en los últimos años
MARCO JURIDICO PARA LA PAZ-Distinción de eventos en que se
aplica régimen de Ley de Justicia y Paz
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Constitucionalidad frente a la
ampliación del término de los hechos
JUSTICIA TRANSICIONAL-Prórroga del marco de medidas
para lograr la paz/LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Simple prolongación
de los efectos no resulta inconstitucional
POTESTAD DEL LEGISLADOR-Determinación de la vigencia de
Ley de Justicia y Paz
VIGENCIA TEMPORAL DE LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Jurisprudencia
Constitucional
TERMINO DE VIGENCIA DE LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Ampliación
frente a nuevos hechos no implica desconocimiento de temporalidad de la
justicia transicional
VIGENCIA ESPECIFICA DE LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Ampliación
frente a nuevos hechos no afecta derechos de víctimas
LEGISLADOR-Facultad de expedir normas en
materia de justicia transicional
JUSTICIA TRANSICIONAL-Modelo a aplicar en virtud de
ampliación de vigencia de norma a desmovilizaciones posteriores al 25 de julio
de 2005, es el mismo de justicia y paz/AMPLIACION VIGENCIA DE NORMA A
DESMOVILIZACIONES POSTERIORES AL 25 DE JULIO DE 2005-Jurisprudencia
Constitucional
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Ampliación del plazo de
aplicación de Ley 975 de 2005 frente a hechos nuevos, garantiza finalidades de
la justicia transicional de un número mayor de postulados a beneficios y
víctimas
JUSTICIA TRANSICIONAL-Conjunto de procesos de
transformación social y política profunda/JUSTICIA TRANSICIONAL-Ampliación
de valores y principios a través de extensión de la vigencia de Ley de Justicia
y Paz
EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LEY
DE JUSTICIA Y PAZ-Garantiza reintegración a la sociedad de personas en iguales
circunstancias fácticas de desmovilizados antes del 25 de julio de 2005
EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LEY
DE JUSTICIA Y PAZ-Garantiza prevención de acciones u omisiones con las cuales
derechos de víctimas sean vulnerados o amenazados
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Ampliación del término permite
aclaración definitiva de situación jurídica y reintegración de desmovilizados
con posterioridad a vigencia de Ley 975 de 2005
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Ampliación del término frente a
nuevos hechos no afecta aplicación del Marco Jurídico para la Paz
Referencia: expediente D - 9818
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27,
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 y 41  (todos parcialmente) e integralmente los
artículos 19, 20 y 29 de la Ley 1592 de 2012.
Demandantes: Alirio Uribe Muñoz, Iván
Cepeda Castro, Judith Maldonado Mojica, Blanca Irene López Garzón,  Gelasio
Cardona Serna, Lilia Peña Silva, Luis Alfonso Castillo Garzón, Vilma Gutiérrez
Méndez, Diógenes Manuel Arrieta Zabala, Elías Sebastián Castro Ramírez, Dora
María Macías Montero, Ricardo Rosas Viso y Félix Tomás Jiménez
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., once (11) de
noviembre de 2015.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María
Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge
Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, y los
conjueces Gustavo Cuello Iriarte y Enrique Gil Botero, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con
fundamento en los siguientes
I.  ANTECEDENTES
El treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad los ciudadanos Alirio
Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Judith Maldonado Mojica, Blanca Irene López
Garzón,  Gelasio Cardona Serna, Lilia Peña Silva, Luis Alfonso Castillo Garzón,
Vilma Gutiérrez Méndez, Diógenes Manuel Arrieta Zabala, Elías Sebastián Castro
Ramírez, Dora María Macías Montero, Ricardo Rosas Viso y Félix Tomás Jiménez demandaron
los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 y 41  (todos parciales) e integralmente
los artículos 19, 20 y 29 de la Ley 1592 de 2012[1]. A esta demanda se le asignó la radicación
D- 9818, la cual fue admitida el dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013).
1.
NORMAS DEMANDADAS
El texto de las disposiciones demandadas es el siguiente. Se subrayan los
apartes demandados:
“LEY 1592 DE 2012
Por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras
disposiciones.
“Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 2°. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa.
La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento,
sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación
nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el
juzgamiento de esas conductas.
La interpretación y aplicación de las
disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las
normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la
presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas
internacionales que regulan esta misma materia.
La reintegración a la vida civil de las
personas que puedan ser favorecidas con indulto o cualquier otro beneficio
jurídico establecido en la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifican,
prorrogan o adicionan, se regirá por lo dispuesto en dicha ley. La
reintegración a la vida civil de quienes se sometan a los procedimientos de que
trata la presente ley, se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el artículo
66 de esta.
Artículo 3°.
La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 5A del siguiente tenor:
Artículo 5A. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferen­cial reconoce que hay
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza,
etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, la
participación de las víctimas en el proceso penal especial de que trata la
presente ley, así como el proceso judicial y la investigación que se realice,
deberán contar con dicho enfoque, sin perjuicio de la aplicación de
criterios de priorización.
El Estado ofrecerá especiales garantías y
medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones
a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, tales como mujeres,
jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad,
campesinos/ as, líderes/lideresas sociales, miembros de organizaciones
sindicales, defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento
forzado y miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con
ocasión de su participación en el proceso judicial especial de que trata la
presente ley.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 6°. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la
justicia y la reparación integral. La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las
víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su
representante en todas las etapas del proceso a las que se refiere la presente
ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. La magistratura
velará porque así sea.
Artículo 5°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11A del siguiente tenor:
Artículo 11A. Causales de terminación del Proceso de
Justicia y Paz y exclusión de la lista de postulados. Los desmovilizados de grupos armados
organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno
nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán
excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en
audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes
casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial
competente:
1. Cuando el postulado sea renuente a
comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.
2. Cuando se verifique que el postulado ha
incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente
ley.
3. Cuando se verifique que el postulado no
haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo
armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia
al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.
4. Cuando ninguno de los hechos confesados
por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a
un grupo armado organizado al margen de la ley.
5. Cuando el postulado haya sido condenado
por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando
habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha
delinquido desde el centro de reclusión.
6. Cuando el postulado incumpla las
condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de
aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley.
La solicitud de audiencia de terminación
procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por el fiscal
del caso. En una misma audiencia podrá decidirse sobre la terminación del
proceso de varios postulados, según lo considere pertinente el fiscal del
caso y así lo manifieste en su solicitud.
Una vez en firme la decisión de terminación
del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará
compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que esta
adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al
momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las
decisiones a que haya lugar.
Si existieren requerimientos previos por
investigaciones o procesos ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal
especial de Justicia y Paz, una vez terminado este, la Sala de Conocimiento,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, comunicará a la autoridad
judicial competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las
investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de
aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.
En todo caso, la terminación del proceso de
Justicia y Paz reactiva el término de prescripción de la acción penal.
En firme la decisión de terminación del
proceso de justicia y paz, la autoridad competente remitirá copia de la
decisión al Gobierno nacional, para lo de su competencia. El desmovilizado no
podrá ser nuevamente postulado para acceder a los beneficios establecidos en la
presente ley.
Parágrafo 1°. En el evento en que el postulado no
comparezca al proceso de justicia y paz, se seguirá el trámite establecido en
el presente artículo para la terminación del proceso y la exclusión de la lista
de postulados. Se entenderá que el postulado no comparece al proceso de
justicia y paz cuando se presente alguno de los siguientes eventos:
1. No se logre establecer su paradero a
pesar de las actividades realizadas por las autoridades con el fin de ubicarlo.
2. No atienda, sin causa justificada, los
emplazamientos públicos realizados a través de medios de comunicación
audiovisuales o escritos, ni las citaciones efectuadas al menos en tres (3)
oportunidades para lograr su comparecencia a la diligencia de versión libre de
que trata la presente ley.
3. No se presente, sin causa justificada,
para reanudar su intervención en la diligencia de versión libre o en las
audiencias ante la magistratura, si estas se hubieren suspendido.
Parágrafo 2°. En caso de muerte del postulado, el Fiscal
Delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Distrito Judicial, la preclusión de la investigación como
consecuencia de la extinción de la acción penal.
Parágrafo 3°. En todo caso, si el postulado fallece con
posterioridad a la entrega de los bienes, el proceso continuará respecto de
la extinción del dominio de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para
la contribución a la reparación integral de las víctimas, de conformidad con
las normas establecidas en la presente ley.
Artículo 7°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 11C del siguiente tenor:
Artículo 11C. Vocación reparadora de los bienes
entregados, ofrecidos o denunciados. Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para su
entrega por los postulados de que trata la presente ley, deben tener vocación
reparadora. Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener
todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el
marco de la presente ley para reparar de manen efectiva a las víctimas.
Se entienden como bienes sin vocación
reparadora, los que no puedan ser identificados e individualizados, así como
aquellos cuya administración o saneamiento resulte en perjuicio del derecho de
las víctimas a la reparación integral.
El magistrado con funciones de control de
garantías de las Salas de Justicia y Paz al decidir la adopción de medidas
cautelares, deberá determinar si el bien tiene o no vocación reparadora, con
fundamento en la información suministrada por el fiscal delegado del caso y
por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–. Cuando el
magistrado con funciones de control de garantías considere que el bien no tiene
vocación reparadora, el bien no podrá ingresar al Fondo para la Reparación de
las Víctimas bajo ningún concepto. Excepcionalmente, la Fiscalía entregará en
forma provisional al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes entregados,
ofrecidos o denunciados por los postulados que deban ser administrados en forma
inmediata por esa entidad para evitar su deterioro, mientras se surte la
audiencia preliminar de imposición de medidas cautelares.
La Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la Reparación de las
Víctimas–, previo al proceso de recepción del bien para su administración,
adelantará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y con las
demás entidades que posean información relevante, una actualización del
alistamiento del bien objeto de administración que permita establecer sus
condiciones físicas, jurídicas, sociales y económicas.
Parágrafo. Cuando el bien ofrecido o denunciado por
el postulado no pueda ser efectivamente entregado por inexistencia de vocación
reparadora, y se demuestre que el postulado no dispone de ningún otro bien con
vocación reparadora, no se afectará la evaluación del requisito de elegibilidad
ni la condición para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de
que trata el artículo 18A de la presente ley.
Artículo 8°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 11D del siguiente tenor:
Artículo 11D. Deber de los postulados de contribuir a la
reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los requisitos
contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11
respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar,
ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán
puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los
procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente
a estos programas.
La Fiscalía General de la Nación tomará
todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el
presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el
postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por inter­puesta
persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de
la pena alternativa, según corresponda.
Parágrafo. En ningún caso se afectarán los bienes de
los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los
frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad
a la desmovilización.
Artículo 10. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la
presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se
asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en
el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda
develar los contextos, las causas y los motivos del mismo.
La investigación se surtirá conforme a los
criterios de priorización que determine el Fiscal General de la Nación en
desarrollo del artículo 16A de la presente ley. En todo caso, se garantizará el derecho
de defensa de los procesados y la participación efectiva de las víctimas.
La información que surja de los procesos de
Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta en las investigaciones que busquen
esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados
al margen de la ley.
Con la colaboración de los desmovilizados,
la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial
investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará
oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.
Parágrafo. En los eventos en los que haya lugar,
la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los
testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de
los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de
la Defensoría del Pueblo. La protección de los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial a los que se les asignen funciones para la
implementación de la presente ley, será responsabilidad del Consejo Superior de
la Judicatura.
Artículo 11. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 15A del siguiente tenor:
Artículo 15A. Esclarecimiento del fenómeno de despojo de
tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Cuando la víctima haya denunciado el
despojo o abandono forzado de sus bienes por parte de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, el fiscal delegado en coordinación con
las autoridades de policía judicial y de conformidad con los criterios de
priorización, dispondrá la realización de las labores investigativas
necesarias con el objetivo de esclarecer el patrón de macrocriminalidad de
despojo y abandono forzado de tierras. Lo mismo procederá oficiosamente ante
presuntos despojos o abandonos forzados de bienes identificados por la Fiscalía
General de la Nación.
Cuando de los elementos materiales
probatorios o de la información legalmente obtenida, la Fiscalía General de la
Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de
tierras, la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los
procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448
de 2011.
Artículo 12. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 16. Competencia. Recibido por la Fiscalía General de la
Nación, el nombre o los nombres de los miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a lo dispuesto
en la presente ley, el fiscal delegado que corresponda, de acuerdo con los
criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de
conformidad con el artículo 16A de la presente ley, asumirá de manera
inmediata la competencia para:
1. Conocer de las investigaciones de los
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.
2. Conocer de las investigaciones que
cursen en contra de sus miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad
a la desmovilización.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial
que determine el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que expida
antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del
juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.
En caso de conflicto o colisión de
competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan
de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad
judicial, primará siempre la competencia de la Sala de conocimiento de justicia
y paz, hasta tanto se determine que el hecho no se cometió durante y con
ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de
la ley.
Artículo 13. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 16A del siguiente tenor:
Artículo 16A. Criterios de priorización de casos. Con el fin de garantizar los derechos de
las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de
priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter
vinculante y serán de público conocimiento.
Los criterios de priorización
estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macrocriminalidad en el accionar de
los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos,
las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de
investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la Fiscalía
General de la Nación adoptará mediante resolución el “Plan Integral de
Investigación Priorizada”.
Artículo 14. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno nacional a consideración de
la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al
procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el
fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de que tengan
conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los
hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que
sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley.
En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y
los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la
reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente
o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.
La versión rendida por el desmovilizado y
las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán
en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial
asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización
establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el
programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de
la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de
criminalidad y victimización.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación podrá
reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la recepción de versiones
libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que
hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo
que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del
aparato de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de
apoyo. La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación,
formulación y aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den
plenamente los requisitos de ley.
Artículo 16. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17B del siguiente tenor:
Artículo 17B. Imposición de medidas cautelares sobre
bienes para efectos de extinción de dominio. Cuando el postulado haya ofrecido bienes de su
titularidad real o aparente o denunciado aquellos del grupo armado organizado
al margen de la ley al que perteneció, o la Fiscalía haya identificado bienes
no ofrecidos o denunciados por los postulados, el fiscal delegado dispondrá la
realización de las labores investigativas pertinentes para la identificación
plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con
la posesión, adquisición y titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la
Reparación de las Víctimas – participará en las labores de alistamiento de los
bienes susceptibles de ser cautelados, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11C, y suministrará toda la información disponible sobre los mismos.
Esta información será soportada ante el magistrado con función de control de
garantías en la respectiva audiencia para la decisión sobre la imposición de
medidas cautelares.
Cuando de los elementos materiales
probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía,
sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo
armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de
persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de
control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la
solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–.
En esta audiencia reservada, el fiscal
delegado solicitará sin dilación al magistrado la adopción de medidas
cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los
bienes; igualmente, procederá la medida sobre depósitos en entidades
financieras, en el interior y en el exterior del país de conformidad con los
acuerdos de cooperación judicial en vigor. En el caso de bienes muebles como
títulos valores y sus rendimientos, el fiscal delegado solicitará la orden de
no pagarlos, cuando fuere imposible su aprehensión física. En el caso de
personas jurídicas, el magistrado al momento de decretar la medida cautelar
ordenará que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas como administradora del Fondo para la Reparación de las
Víctimas ejerza los derechos sociales que correspondan a las acciones, cuotas o
partes de interés social objeto de la misma hasta que se produzca decisión
judicial definitiva y mientras tanto quienes aparezcan inscritos como socios,
miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante
legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición,
administración o gestión sobre aquellas. Si el magistrado con función de
control de garantías acepta la solicitud, las medidas cautelares serán
adoptadas de manera inmediata.
Los bienes afectados con medida cautelar
serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
Víctimas–, que tendrá la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración
provisional de los bienes, mientras se profiere sentencia de extinción de
dominio.
Parágrafo 1°. Si la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de
las Víctimas– se encuentra administrando bienes que no tengan medida cautelar,
podrá solicitar al magistrado con función de control de garantías, directamente
o a través de la Fiscalía General de la Nación, la imposición de medidas
cautelares sobre los bienes.
Parágrafo 2°. Cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes
respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución,
tales bienes y la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la
Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el
levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura.
Parágrafo 3°. Si los bienes entregados, ofrecidos o
denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía General de la
Nación en los términos del presente artículo, tuvieren solicitud de restitución
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–,
el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y una vez
decretada ordenará el traslado de la solicitud de restitución y los bienes de
manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los
procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad
complementaria.
Parágrafo 4°. Cuando los bienes entregados, ofrecidos o
denunciados por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción
del derecho de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002, el fiscal
delegado de Justicia y Paz solicitará la medida cautelar sobre el bien. Una vez
decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio
declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien
y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces,
que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la
Reparación de las Víctimas. En este caso, de conformidad con lo establecido en
el artículo 11C, los bienes sin vocación reparadora no podrán ingresar al Fondo
para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 5°. Excepcionalmente, el fiscal delegado, atendiendo las
circunstancias de riesgo inminente, perjuicio irreparable o pérdida de los
bienes, podrá comparecer ante el magistrado con funciones de control de
garantías para que tome las medidas urgentes y necesarias para la conservación
de estos, a partir del momento mismo de 1a postulación del desmovilizado al
procedimiento de la presente ley.
Parágrafo 6°. Con posterioridad a la imposición de medidas
cautelares y previo a la recepción del bien para su administración, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
–Fondo para la Reparación de la Víctimas– realizará conjuntamente con la
Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades que posean información
relevante sobre el bien, la revisión del alistamiento de que trata el inciso
final del artículo 11C de la presente ley.
Artículo 17. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo
17C del siguiente tenor:
Artículo 17C. Incidente de oposición de terceros a la
medida cautelar. En los
casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con
derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinción de dominio en virtud
del artículo 17B, el magistrado con función de control de garantías, a
instancia del interesado, dispondrá el trámite de un incidente que se
desarrollará así:
Presentada la solicitud por parte del
interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, el Magistrado con función de
control de garantías convocará a una audiencia dentro de los cinco (5 días
siguientes en la cual el solicitante aportará las pruebas que pretenda hacer
valer y cuyo traslado se dará a la Fiscalía y a los demás intervinientes por un
término de 5 días hábiles para que ejerzan el derecho de contradicción. Vencido
este término e magistrado decidirá el incidente y dispondrá las medidas a que
haya lugar.
Si la decisión del incidente fuere
favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida
cautelar. En caso
contrario, el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión
será parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz.
Este incidente no suspende el curso del
proceso.
Artículo 18. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 18. Formulación de imputación. El fiscal delegado para el caso solicitará
a magistrado que ejerza las funciones de control de garantías la programación
de un audiencia preliminar para formulación de imputación, cuando de los
elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan
dentro del patrón de macrocriminalidad en el accionar del grupo armado
organizado al margen de la ley que se pretenda esclarecer.
En esta audiencia, el fiscal hará la
imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado
disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que
corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente, solicitará la
adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la
contribución a la reparación integral de las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los
sesenta (60) días siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de
su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y
verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el
término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará a la sala de
conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos.
Con la formulación de la imputación se
interrumpe la prescripción de la acción penal.
Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al
postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido
esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los
criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las
afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la
respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las
conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales
casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de
conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el
artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince
(15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La
terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a
beneficios penales adicionales a la pena alternativa.
Artículo 19. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:
Artículo 18A. Sustitución de la medida de aseguramiento
y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado
estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control
de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de
aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo
establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la
autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del
que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías
podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no
mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando
el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Haber permanecido como mínimo ocho (8)
años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización,
por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la
reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario;
2. Haber participado en las actividades de
resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de
buena conducta;
3. Haber participado y contribuido al
esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de
Justicia y Paz;
4. Haber entregado los bienes para
contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley;
5. No haber cometido delitos dolosos, con
posterioridad a la desmovilización.
Para verificar los anteriores requisitos el
magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista
por las autoridades competentes.
Una vez concedida, la sustitución de la
medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de
control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las
víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias:
1.
Que el
postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de
justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la
verdad;
2.
Que el
postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial
competente;
3. Que el postulado no participe del
proceso de reintegración diseñado por el Gobierno nacional para los postulados
a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.
Parágrafo. En los casos en los que el postulado haya estado
privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que
perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso
primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los
beneficios que establece la presente ley.
Artículo 20. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18B del siguiente tenor:
Artículo 18B. Suspensión condicional de la ejecución de
la pena impuesta en justicia ordinaria. En la misma audiencia en la que se haya sustituido la
medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado que
además estuviere previamente condenado en la justicia penal ordinaria, podrá
solicitar al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz la suspensión
condicional de la ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas
que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de
su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
Si el Magistrado de Control de Garantías de
Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar
a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con
ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de
la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir
de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena
respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena
ordinaria.
La suspensión de la ejecución de la pena
será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de Justicia y
Paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria
establecidas en el artículo 18A.
En el evento de que no se acumulen en la
sentencia de Justicia y Paz las penas impuestas en procesos de justicia
ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y
Paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión condicional
de la ejecución de la pena que en virtud del presente artículo se haya
decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de la
pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de
Justicia y Paz.
Artículo 22. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 22. Suspensión de investigaciones. Una vez en firme la medida de aseguramiento
y hasta antes de proferir sentencia en la justicia ordinaria contra un
postulado al proceso de justicia y paz, respecto de un hecho cometido durante y
con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley,
el fiscal que estuviere conociendo el caso en la jurisdicción ordinaria
suspenderá la investigación. Si el proceso en la jurisdicción ordinaria
estuviere en etapa de juicio, el juez respectivo ordenará la suspensión. La
investigación o el juicio únicamente serán suspendidos respecto de la persona
vinculada y del hecho que fundamentó su vinculación. El fiscal o el juez de la
justicia ordinaria informarán a la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz enviando copia de la decisión de fondo adoptada y de la
suspensión.
Parágrafo. La suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria
será provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento de
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y
será definitiva, para efectos de acumulación, si el postulado acepta los
cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el término de prescripción
del ejercicio de la acción penal en la jurisdicción ordinaria, hasta la
terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos.
Artículo 23. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 23. Incidente de identificación de las
afectaciones causadas a las víctimas. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio
al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al
recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte
(20) días hábiles.
La audiencia del incidente se iniciará con
la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio,
para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal.
Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas
y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en
desacuerdo.
La Sala examinará la versión de la víctima
y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser
objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la versión de la víctima, la Sala
la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si
el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se
incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación
de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso
serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba
ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las
respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.
La Sala incorporará en el fallo lo dicho
por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento
del patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados
organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los
motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la
inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de
manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de
tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.
Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo, previo a la
audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá
explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla,
las distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que
se refiere la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa
en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el
incidente de que trata el presente artículo.
Parágrafo 3°. A la audiencia de incidente de identificación
de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a
efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del
tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los
procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo 4°. Si participare en el incidente del que
trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la
condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la
Uni­dad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un
sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se
trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la
reparación colectiva administrativa.
Parágrafo 5°. La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial
correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones
causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al
patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de
conformidad con los criterios de priorización.
Artículo 24. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del siguiente tenor:
Artículo 23A. Reparación integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una
reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán
las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización,
satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho
victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la
Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias.
En concordancia con el artículo 23 de la
presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el
fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas
medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.
Artículo 26. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 25. Condenas posteriores a la pena alternativa
y bienes encontrados con posterioridad. Si a los beneficiarios de la pena alternativa de
conformidad con esta ley, con posterioridad a la concesión de la pena
alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de
su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el
postulado en el marco del proceso especial de que trata la presente ley, estas
conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las
leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas.
Adicionalmente, si con posterioridad a la
sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata
la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida,
la autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena
alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos
por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con
ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona,
perderá el beneficio de la pena alternativa.
Cuando la autoridad judicial competente
compruebe cualquiera de los incumplimientos que se refiere el presente
artículo, procederá a la revocatoria de los beneficios jurídicos y ordenará la
ejecución de la pena principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz.
Parágrafo 1°. Las causales de revocatoria de la pena alternativa
contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado
postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará
siempre y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación,
terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o de
sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de Justicia y
Paz.
Artículo 27. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 26. Recursos. La apelación solo procede contra la sentencia y contra los autos
que resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias,
sin necesidad de interposición previa del recurso de reposición. En estos
casos, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que los modifiquen, sustituyan y
adicionen.
Para las demás decisiones en el
curso del procedimiento especial de la presente ley, solo habrá lugar a
interponer el recurso de reposición que se sustentará y resolverá de manera
oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación se concederá en el efecto
suspensivo cuando se interponga contra la sentencia, contra el auto que
resuelva sobre nulidad absoluta, contra el que decreta y rechaza la solicitud
de preclusión del procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba
en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el
que decide sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz y contra el fallo
del incidente de identificación de las afectaciones causadas. En los demás
casos se otorgará en el efecto devolutivo.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de
que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de
competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo
relacionado con acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los términos previstos en el
Código de Procedimiento Penal vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede el
recurso de casación.
Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas
con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Artículo 29. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 44. Actos de contribución a la reparación
integral. Al
momento de emitir sentencia como consecuencia del procedimiento excepcional de
que trata la presente ley, la Sala de Conocimiento podrá ordenar al postulado
llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos de contribución a la
reparación integral:
1. La declaración pública que restablezca
la dignidad de la víctima y de las personas vinculadas con ella.
2. El reconocimiento público de
responsabilidad, la declaración pública de arrepentimiento y el compromiso de
no incurrir en conductas punibles.
3. La participación en los actos simbólicos
de resarcimiento y redignificación de las víctimas a los que haya lugar de
conformidad con los programas que sean ofrecidos, para tal efecto.
4. La colaboración eficaz para la
localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los
cadáveres de las víctimas, de los que tenga conocimiento.
5. Llevar a cabo acciones de servicio
social.
Parágrafo. La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de
los actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en
la sentencia.
Artículo 30. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 46. Restitución. La restitución jurídica y material de las
tierras a los despojados y desplazados se llevará a cabo mediante el proceso
establecido en la Ley 1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, sustituyan o
adicionen.
Con el objeto de integrar las medidas de
justicia transicional, no habrá restitución directa en el desarrollo de los
procesos judiciales de que trata la presente ley.
Artículo 31. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 46A del siguiente tenor:
Artículo 46A. De los postulados extraditados. Para contribuir a la efectividad del
derecho a la justicia, el Estado colombiano promoverá la adopción de medidas
conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales de los
postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de
extradición concedida. Para ello, el Estado debe procurar la adopción de
medidas conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración
de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas
cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno.
En particular, se deben adoptar medidas
para que los postulados extraditados revelen los motivos y las
circunstancias en que se cometieron las conductas investigadas y, en caso de
fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima.
Entre estas medidas se podrán promover la
transmisión de las diligencias que se realicen con los postulados, garantizar
medidas de protección para las familias de estos, así como todas aquellas que
conduzcan a una materialización efectiva de los derechos de las víctimas.
Para contribuir a la efectividad del
derecho a la reparación integral, se deben adoptar medidas tendientes a
facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los
postulados extraditados sean incautados con destino al Fondo para la
Reparación de las Víctimas de que trata la presente ley, o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según
corresponda. Para el cumplimiento de esta medida, en el marco de los diferentes
acuerdos de cooperación judicial internacional, la Fiscalía General de la
Nación realizará las labores de investigación necesarias para la identificación
y alistamiento de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo
17B de la presente ley, así como para la identificación y persecución de bienes
ubicados en el exterior.
Artículo 32. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo
artículo 46B del siguiente tenor:
Artículo 46B. Saneamiento jurídico de bienes. Con el fin de contribuir a la satisfacción
del derecho de las víctimas a la reparación integral, las asambleas
departamentales y los concejos municipales o distritales implementarán
programas de condonación y compensación de los impuestos que afecten los
inmuebles destinados a la reparación o restitución en el marco de la Ley
1448 de 2011. En caso de que sean condonadas deudas en virtud del presente
artículo, los departamentos, municipios o distritos no podrán ser penalizados,
ser objeto de ningún tipo de sanción o ser evaluados de forma negativa para la
obtención de créditos, con motivo de una reducción en el recaudo tributario
respectivo.
Así mismo, se entenderá condonada la
cartera morosa de servicios públicos domiciliarios y se levantarán los
gravámenes que hayan sido constituidos para la obtención de créditos con el
sector financiero por parte de un desmovilizado, sin perjuicio de que se
mantenga la obligación de pagar dichos créditos en cabeza de este.
Artículo 33. El artículo 54 de la Ley 975 de 2005 tendrá un parágrafo 5° con el
siguiente contenido:
Artículo  54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. (…)
Parágrafo 5°. Los
recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por
los postulados en el marco del proceso penal especial de que trata la presente
ley como aquellos que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo,
serán destinados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas de
reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448
de 2011. Lo anterior sin perjuicio de o establecido en el parágrafo tercero del
artículo 17B y en el artículo 46 de la presente ley.
Artículo 36. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 72. Vigencia, derogatorias y ámbito de
aplicación temporal. La
presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a
partir de su promulgación. Para el caso de desmovilizados colectivos en el
marco de acuerdos de paz con el Gobierno nacional, la presente ley se aplicará
únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su
desmovilización.
En relación con los desmovilizados
individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado
por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), el procedimiento
y los beneficios consagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos
ocurridos con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con
anterioridad al 31 de diciembre de 2012.
Artículo 37. Postulación de desmovilizados al
procedimiento penal especial. Quienes se hayan desmovilizado de manera
individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y
pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán
solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.
Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre
su postulación.
Quienes se desmovilicen de manera
individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su
postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá
un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.
Artículo 38. Trámite excepcional de restitución de tierras
en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida
cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u ofrecimiento de
restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autoridad
judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En
los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.
Artículo 39. Restitución de bienes y cancelación de
títulos y registros obtenidos en forma fraudulenta. Cuando se configure la situación excepcional de que
trata el artículo 38 anterior, el magistrado con funciones de control de
garantías, en audiencia preliminar, surtirá el trámite de restitución bajo las
siguientes reglas:
Para decidir sobre la restitución de los
bienes despojados o abandonados forzosamente y la cancelación de los títulos y
los registros fraudulentos, el magistrado con funciones de control de garantías
dispondrá el trámite de un incidente que se surtirá de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 17C de la Ley 975 de 2005, para
garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y oposición de los
terceros afectados, quienes deberán demostrar su buena fe exenta de culpa. En
caso de que los terceros logren acreditar su buena fe exenta de culpa, el
magistrado ordenará en su favor el pago de las compensaciones previstas en el artículo
98 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Durante el trámite del incidente que se
surtirá para la restitución de bienes despojados o abandonados forzosamente, se
podrán aplicar las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de
la Ley 1448 de 2011, aunque los predios no se encuentren inscritos en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De igual forma, será
aplicable la figura de las compensaciones en especie y reubicación en los casos
en que no sea posible restituir a la víctima el predio despojado según lo
previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El auto que ordene la restitución deberá
contener los aspectos relacionados en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. A
esta audiencia se deberá citar a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
Víctimas– o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, según sea el caso.
Artículo 40. Entrada en vigencia del incidente de
identificación de las afectaciones causadas. Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de
justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al
procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de
identificación de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de
esta ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005”.
Artículo 41. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias, en particular los artículos 7°, 8°, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005”.
2.
LA DEMANDA
Los accionantes señalan que las normas acusadas desconocen los derechos de las víctimas
a la verdad, a la justicia, a la reparación; las obligaciones del Estado en la
investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones a los derechos
humanos; y la garantía de no repetición, formulando los siguientes cargos
descritos extensamente en el texto la demanda:
2.1.
Cargo con
respecto a la posibilidad de priorización de los casos en los procesos de
justicia y paz (expresiones demandadas de los artículos 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14,
18 y 23 de la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes indican que las expresiones
“aplicando criterios de
priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas” del artículo 1º, “sin perjuicio de la
aplicación de criterios de priorización” del artículo 3, “La
investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine
el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la presente
ley” del artículo 10, “y de conformidad con los criterios de
priorización” del artículo 11, “de acuerdo con los criterios de
priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con
el artículo 16A de la presente ley” del artículo 12, “de priorización”,
“de priorización” y “concentrando los esfuerzos de investigación en los
máximos responsables” del artículo 13, “de conformidad con los criterios
de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” del
artículo 14, “las víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad
que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad con los criterios
de priorización” del parágrafo 5º del artículo 23 y el parágrafo del
artículo 18 de la Ley 1592 de
2012, consagran la posibilidad de aplicar criterios de priorización en la
investigación de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones
graves al derecho internacional humanitario, sin garantizar los derechos de las
víctimas a la justicia, la verdad, la reparación integral, a la no repetición y
a la igualdad, contemplados en el Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 93 y
229 de la Constitución y, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, por los siguientes motivos:
Manifiestan que la priorización vulnera el
derecho de las víctimas a la investigación de las violaciones a los derechos
humanos de una manera seria, imparcial y en un plazo razonable, tal como lo
exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como se ha requerido
en particular, en diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como por ejemplo en los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 19
Comerciantes vs. Colombia, Maritza Urrutia vs. Guatemala, Bulacio vs.
Argentina, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, las Palmeras vs. Colombia y
Godínez Cruz vs. Honduras.
Afirman que para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos las situaciones complejas del conflicto armado interno no son
suficientes para eximir al Estado de sus responsabilidades internacionales de
investigar y sancionar de manera seria, imparcial y pronta las graves
violaciones a los derechos humanos.
Aducen que las normas 151, 152, 153, 154,
155 y 158 del CICR establecen que los Estados tienen la obligación de
investigar y sancionar las conductas que consideran como crímenes de guerra, y
que si bien en los procesos de transición pueden existir acuerdos y medidas
especiales, deben respetarse unos mínimos relacionados con la garantía de los
derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la
reparación integral y a la no repetición.
Expresan que los criterios de priorización
estarían afectando el derecho a la igualdad de las víctimas de los casos no
priorizados respecto del cumplimiento de sus garantías a la verdad, a la
justicia, a la reparación integral y a la no repetición.
Explican que en el proceso de justicia
transicional con los paramilitares, contemplado en las Leyes 975 de 2005 y 1592
de 2012, se han tenido avances pero no se ha obtenido como resultado la
efectiva garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación,
pues: (i) no hay una verdadera transición en Colombia del conflicto armado
hacia la paz, (ii) no ha existido un diálogo abierto, sincero y definitivo con
los actores armados y (iii) las estructuras que sustentan el paramilitarismo
continúan ejerciendo su poder, lo cual ha impedido que se materialicen las
garantías de no repetición.
Exponen que en el caso de la Masacre de la
Rochela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los mecanismos
internos con que cuenta el Estado colombiano, incluyendo la Ley 975 de 2005 y
sus decretos reglamentarios, no son los más idóneos o eficaces para garantizar
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y
las garantías de no repetición.
Consideran que la carga de ineficiencia e
ineficacia del Estado a la hora de investigar las conductas que han llevado a
su situación de victimización, no puede recaer en las víctimas, pues no ha
existido una política seria de investigación y desestructuración del
paramilitarismo por parte del Estado. Al respecto, señalan la priorización no
es un mecanismo idóneo para los fines que se quieren alcanzar con la Ley 975 de
2005, como la paz y la reconciliación, pues el Estado ha debido implementar
otro tipo de medidas como el fortalecimiento del aparato judicial, la Fiscalía General
de la Nación o la jurisdicción de justicia y paz mediante el aumento de
presupuesto o personal.
Sostienen que la investigación de las
situaciones que no sean priorizadas no son únicamente una obligación estatal,
sino que también garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia y a la reparación. Así mismo, permiten que exista una verdadera
reconciliación pues le dan al ofensor la posibilidad de reconocer el delito, de
arrepentirse y de que sea el proceso judicial una posible mediación para la
reconciliación con las víctimas y con la sociedad.
2.2.
Cargo
relacionado con el establecimiento de criterios especiales para la protección
de las víctimas (expresiones demandadas de los artículos 3 y 10 de la Ley 1592 de
2012)
Señalan los ciudadanos que los apartados “cuando
el riesgo se genere con ocasión de su participación en el proceso judicial
especial de que trata la presente ley” del artículo 3 y “en los eventos
en los que haya lugar” del artículo 10 de la Ley 1592 de 2012, son
inconstitucionales, pues implican la renuncia del deber del Estado de
garantizar la protección de todos los ciudadanos y en particular de las
víctimas del conflicto armado.
Consideran que el numeral 7º del artículo
250 de la Constitución Política consagra el deber que tiene la Fiscalía General
de la Nación de velar por la protección de las víctimas, el cual no puede
dejarse al arbitrio del operador judicial y menos aún en una situación de conflicto
armado. Resaltan en este sentido que la norma no brinda protección a todas las
víctimas del conflicto, sino que establece una serie de restricciones para que
ésta se otorgue “cuando el riesgo se genere con ocasión de su participación
en el proceso judicial especial de que trata la presente ley”, o “en los
eventos en los que haya lugar”.
2.3.
Cargo sobre
remisión de la versión rendida por el desmovilizado a la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz (segmento normativo demandado del artículo
14 de la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes solicitan que la expresión “la versión rendida por el desmovilizado y
las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán
en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial
asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización
establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el
programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de
la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de
criminalidad y victimización” del artículo
14 de la Ley 1592 de 2012, sea declarada exequible condicionadamente. Lo
anterior con la finalidad de que esta información se remita también a las
unidades de fiscalía pertinentes -Unidad de Derechos Humanos-, y haga parte de los procesos que se llevan
a cabo contra los postulados o contra el bloque, o en los casos de la llamada
parapolítica o paraeconomía, o empresas que los apoyaron o financiaron en su
actuar.
De esta manera, se garantiza el
cumplimiento de la obligación de investigación del Estado colombiano,
contemplada en el artículo 250 de la Constitución, los derechos de las víctimas
a la verdad, a la justicia y a la reparación y favorece que, en el caso que la
persona postulada incumpla con sus compromisos adquiridos, no se haga acreedora
de una rebaja punitiva importante, sea excluida del proceso o renuncie al
mismo.
2.4.
Cargo respecto
de la remisión de la regulación de los derechos de las víctimas en los procesos
de justicia y paz a las reglas de la Ley 1448 de 2011  (expresiones demandadas
de los artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 40 y 41 de la
Ley 1592 de 2012)
Los accionantes aducen que los apartes
demandados de los artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 40 y
41 de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a la obligación constitucional del
Estado colombiano de garantizar los derechos de las personas víctimas del
conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las
garantías de no repetición, ya que al remitir a las víctimas de los procesos de
la Ley 975 de 2005 a los procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011, la
cual es limitada en términos de garantía de los derechos, se contradice el
preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución Política, los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 2 y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Manifiestan que la remisión expresa
realizada por el artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 al concepto de víctima de
la Ley 1448 de 2011, vulnera los derechos de aquéllas a la verdad, la justicia
y la reparación, ya que es una ley limitada en el tiempo y por delitos. Lo
anterior conduce a que no todas las víctimas, que hacen parte de los procesos
de Justicia y Paz, puedan acceder a sus derechos, bien sea por el tiempo que
tiene como límite la Ley 1448 o porque ésta no abarca todas las conductas
delictivas de los grupos armados.
En relación con el tiempo, las víctimas que
hacen parte de los procesos de Justicia y Paz y que sufrieron violaciones a sus
derechos humanos anteriores a las fechas establecidas por la Ley 1448 de 2011,
no tendrían acceso al derecho a la restitución de ninguno de sus bienes y
tampoco a la indemnización, si la violación se produjo antes del 1º de enero de
1985 y antes del 1º de enero de 1991, para el caso de la restitución de
tierras.
Frente al tipo de delito, la aplicación de
la Ley 1448 de 2011 solamente incluye hechos victimizantes, por lo cual si los
afectados no sufrieron uno de estos hechos definidos por el decreto 4800 de
2011 - homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la
violencia sexual, los atentados graves contra la integridad física y mental, el
desplazamiento forzado y el despojo de tierras-  estarían desprotegidos en sus
derechos.
Explican que se está convirtiendo la
responsabilidad judicial en administrativa y con ello la responsabilidad se traslada
del victimario al Estado y se paga mediante fondos públicos. Por lo anterior, exponen
que la remisión a la Ley 1448 de 2011, puede entenderse como una negativa del
Estado colombiano de permitir el acceso de las víctimas a la justicia
ordinaria, especial o contencioso - administrativa (acción de reparación
directa). Consideran que dichas disposiciones contradicen el principio de
separación de poderes contemplado en los artículos 1, 113, 116 y 228 de la
Constitución, al señalar que organismos o agentes de la Rama Ejecutiva ejerzan
funciones para la atención y reparación integral a las víctimas – fondo para la
reparación de las víctimas.
Sostienen que la remisión a la Ley 1448 de
2011, realizada por los artículos 38 y 39 de la Ley 1592 de 2012 - en asuntos
de restitución de tierras-, impone una carga adicional a las personas víctimas
que están exigiendo sus derechos a la restitución, pues tienen que soportar un
nuevo proceso judicial para ello, cuando debería ser el mismo proceso de
justicia y paz el que les garantice sus derechos, y así no someter a las víctimas
a otros procesos, con otros jueces y requisitos. Agregan que los procesos de
justicia y paz conllevan peligro, desgaste físico y emocional, inversión de
recursos y, después de ocho años, no ha tenido los mejores resultados, para que
ahora las víctimas tengan que someterse a otro proceso con mayores esperas, trámites
y  desgastes, lo cual conlleva una carga insoportable y una posible
revictimización.
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitan
de manera principal que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas
y subsidiariamente piden la declaración de exequibilidad condicionada, en el
sentido que la remisión a la Ley 1448 de 2011, se entenderá voluntaria y
excepcional, y en todo caso las víctimas pueden acudir a otros medios o se
utilizarán como parámetros de interpretación otras disposiciones normativas más
favorables para hacer efectivos los derechos.
2.5.
Cargo respecto a
la limitación de las funciones de la Defensoría del Pueblo (parágrafo 1º del artículo
23 de la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes señalan de manera
específica que el parágrafo 1º del artículo 23 limita arbitrariamente las
funciones de la Defensoría del Pueblo, al señalar que solamente deberá explicar
a las víctimas que participan en el proceso las rutas de acceso a los programas
de reparación integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011, lo cual
consideran inconstitucional, pues las víctimas cuentan con muchos más recursos
como las acciones de grupo, la reparación directa, la acción de tutela, los
derechos específicos de las víctimas del desplazamiento forzado y los
mecanismos internacionales establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos o el Sistema de las Naciones Unidas. Por lo anterior, consideran que
establecer que la Defensoría del Pueblo solamente tiene los mecanismos
contemplados en la Ley 1448 de 2011, desconoce las funciones constitucionales
de dicho organismo.
En el caso del parágrafo 1º del artículo 23
de la Ley 1592 de 2012, solicitan que la Corte Constitucional declare su inexequibilidad
o subsidiariamente lo declare exequible condicionalmente, en el sentido que la
Defensoría del Pueblo tiene la obligación constitucional de asesorar a las
personas víctimas del conflicto armado sobre todos los mecanismos o rutas
legales nacionales e internacionales para acceder a sus derechos.
2.6.
Cargo sobre la
cooperación con los procesos penales ordinarios (artículo 11 de la Ley 1592 de
2012)
Manifiestan los ciudadanos que la expresión
“la pondrá a disposición de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, con el fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta
para la restitución de los predios despojados o abandonados de conformidad con
los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011” del artículo 11 de la Ley 975 de 2005, establece las
posibilidades de cooperación entre los procesos de justicia y paz con la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pero
no consagra la cooperación entre los procesos de Justicia y Paz con otros
procesos penales que se estén llevando a cabo en la justicia ordinaria o en las
investigaciones que se estén adelantando en diferentes Unidades de la Fiscalía.
En el caso del artículo 11, solicitan
además que se declare la constitucionalidad condicionada del aparte demandado,
en el sentido de que la Unidad de Justicia y Paz debe cooperar y facilitar
información a otras entidades de la Fiscalía General de la Nación o con
procesos de la justicia ordinaria que estén llevando a cabo investigaciones o
la judicialización de asuntos que tiene relación con el despojo de tierras.
2.7.
Cargos
referentes a la no exigencia de que los bienes de los postulados tengan
vocación reparadora y la facultad que tendrían las víctimas de interponer
ciertos recursos e intervenir en determinadas audiencias relacionadas con
aquéllos (artículo 5, parcial; parágrafo del artículo 7; parágrafo del artículo
8 y 17, parcial de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes consideran que las
expresiones demandadas de los artículos 5, 7, 8 y 17 de la Ley 1592 de 2012 no
exigen que los bienes que los postulados a la Ley de Justicia y Paz ofrezcan
tengan una vocación reparadora, lo cual afectaría los deberes de los postulados
y el derecho a la reparación de las víctimas. De igual manera, invocan el
derecho que tendrían las víctimas de interponer ciertos recursos y de
intervenir en determinadas audiencias relacionadas con aquellos.
En relación con el numeral 3 del artículo 5 de la Ley
1592 de 2012, a cuyo tenor: “Cuando
se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta
persona”, solicitan una
declaratoria de exequibilidad condicionada, en el sentido de que será causal de terminación del proceso o de
exclusión de la lista de postulados el hecho que los bienes que se entregan, se
ofrecen o se denuncian no tengan vocación reparadora.
En lo que atañe con las expresiones “y
debe ser presentada por el fiscal del caso” y “según lo considere
pertinente el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud del inciso 2º
del artículo 11A”, ambas del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, los
ciudadanos solicitan que se declaren exequibles, en el entendido que las
víctimas tienen también el derecho a solicitar la audiencia de terminación del
proceso de Justicia y Paz para uno o varios postulados, potestad que no debe
quedar solamente en cabeza del fiscal del caso, de modo que se garantice el
derecho fundamental de participación de las víctimas en el proceso.
Respecto a la expresión “con
posterioridad a la entrega de los bienes” contemplada en el parágrafo 3º
del artículo 5, solicitan que se declare exequible condicionalmente, en el
sentido que aún cuando el postulado fallezca y no hubiese hecho entrega de los
bienes se deben seguir las investigaciones y, si es del caso, la extinción del
dominio de los bienes que este haya ofrecido, que otros postulados hayan
denunciado, que el fallecido tenía o aquellos que se encuentren por
investigaciones posteriores al fallecimiento, para que se garantice el derecho
de las personas víctimas a la reparación integral.
En el mismo sentido, solicitan la
declaración de exequibilidad condicionada de la expresión “por el fiscal
delegado del caso y por la unidad administrativa especial para la atención y
reparación integral a las víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas”
del inciso tercero del artículo 7, en el sentido que las víctimas tienen
derecho a decidir qué bienes tienen o no vocación reparadora para ellas, así
como a exponer sus argumentos y demostrar ante el juez de control de garantías
sus consideraciones al respecto, para excluir o no un bien para la reparación
integral a las víctimas.
En relación con el parágrafo del artículo 7
reclaman que sea declarado inexequible por flexibilizar los requisitos de los
postulados a la Ley de Justicia y Paz, por cuanto no dispone que haya una
reparación adecuada de las víctimas por parte de los postulados, al no exigir
que los bienes que entregan, denuncien u ofrezcan tengan vocación reparadora
para acceder a los beneficios que otorga la ley.
En este aspecto recuerdan que la Corte
Constitucional estableció en la sentencia C-370 de 2006 que “la reparación
económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las
condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover
la lucha contra la impunidad”, posición que es confirmada por la Corte Suprema
de Justicia en sentencia del 27 de abril de 2011”.
En relación con el parágrafo del artículo
8, consideran que se debe declarar la exequibilidad condicionada del mismo,
para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas, en el
sentido que deben continuar las investigaciones de los bienes lícitos que los
postulados adquieran después de la desmovilización, por cuanto son claros los
vínculos de los grupos armados, en especial de los paramilitares con el
narcotráfico y el uso de testaferros para ocultar la procedencia ilícita de los
bienes.
De igual manera, demandan que se declare la
exequibilidad condicionada de la expresión “si la decisión del incidente
fuera favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la
medida cautelar”, contemplada en el inciso 3º del artículo 17, en el
sentido que las víctimas tienen derecho a interponer recursos frente a la
decisión de levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el magistrado.
2.8.
Cargo formulado
sobre las versiones libres conjuntas o colectivas (parágrafo del artículo 14 de
la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes señalan que, de acuerdo con
las expresiones “colectivas o conjuntas” y “de manera colectiva” contempladas en el parágrafo del artículo 14 de la Ley
1592 de 2012, se podrán realizar versiones libres colectivas o conjuntas y que
la imputación, formulación y aceptación de cargos se puede hacer de manera
colectiva, lo cual consideran inconstitucional por las siguientes razones:
El sistema penal colombiano está fundado en
la responsabilidad penal individual, de modo que establecer procedimientos
colectivos, atenta directamente contra ese derecho constitucional fundamental.
La imputación, formulación y aceptación de
cargos colectivos conllevan a la indebida investigación de los hechos que
dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, evitando que se utilicen técnicas de investigación que tiendan a
establecer las posibles contradicciones entre las versiones, y a clarificar la
responsabilidad individual de las personas que participaron en las acciones del
grupo.
2.9.
Cargo planteado
contra la audiencia concentrada y la terminación anticipada del proceso (Inciso
4º del artículo 18 y artículo 22 de la Ley 1592 de 2012)
Afirman que el inciso 4º del artículo 18 y la
expresión “concentrada” del artículo 22 de la Ley 975 de 2005 disponen
que se podrá programar una audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos, lo cual consideran inconstitucional por las siguientes razones:
Aducen que la concentración de las
audiencias da lugar a la violación del derecho de participación de las víctimas
en el proceso de Justicia y Paz y a la adecuada y seria investigación de las
conductas punibles por parte del Estado, pues una audiencia concentrada no
brinda las garantías para que las víctimas tengan la oportunidad de analizar
los respectivos cargos, especialmente en aquellas situaciones en las que los
postulados hacen una aceptación parcial de los mismos, dejando así a las
víctimas de aquellos cargos que no acepta el postulado sin la posibilidad de
continuar el proceso de Justicia y Paz, viéndose obligadas a continuar por la
vía de la justicia ordinaria el proceso contra el postulado.
Expresan que después de la aceptación de
los cargos por parte de los postulados es cuando se presenta el incidente de
reparación integral, ahora llamado de identificación de afectaciones, por lo
cual es de suma importancia que haya un momento prudente para que las víctimas,
o sus representantes, puedan analizar los cargos y en especial aquellos que no
fueron aceptados. Adicionalmente, estos cargos pueden ser variados por parte
del juez de control de garantías, por lo cual es un momento procesal importante
para las víctimas, si existe alguna variación en los cargos, y por ello, debe
darse el tiempo necesario para el análisis.
Al respecto, explican que la Corte
Constitucional en la Sentencia C–370 de 2006 señaló que: “los términos
procesales desproporcionalmente reducidos conllevan el recorte del derecho de
defensa del sindicado y la denegación a la justicia de las víctimas, pues
impiden establecer con claridad la verdad de los hechos y obtener una justa
reparación”.
2.10.       Cargo  respecto a la terminación
anticipada del proceso por aceptación de responsabilidad (parágrafo del
artículo 18 de la Ley 1592 de 2012)
Exponen que el parágrafo del artículo 18 de la Ley
1592 de 2012, según el cual se podrá solicitar la terminación anticipada del
proceso de Justicia y Paz, si el postulado acepta la responsabilidad por las
conductas imputadas que hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que haya
sido esclarecido es inconstitucional, por las siguientes razones:
Consideran contrario a la Constitución la
solicitud de terminación anticipada del proceso, por cuanto se harían
imputaciones por aquella información que se relaciona con un patrón de
macrocriminalidad y no por la confesión voluntaria libre, veraz y completa de
los hechos de los cuales tenga conocimiento el postulado. En ese sentido,
manifiestan que si bien el patrón de macrocriminalidad es importante para
comprender el “modus operandi” del grupo al que pertenecía el postulado,
no es suficiente para conocer las conductas y las circunstancias de tiempo,
modo y lugar exactas en las que se llevaron a cabo las violaciones cometidas
por el postulado o el grupo al que éste pertenecía.
En este sentido, sostienen que la solicitud
de terminación anticipada del proceso en las condiciones que se establecen en
el parágrafo demandado no se tendría la versión completa de los hechos por
parte del postulado, y se estarían vulnerando los derechos de las víctimas a
las verdad y se incumpliría lo que la Corte Constitucional consideró fundamental
en el proceso de justicia y paz, en el sentido de que las versiones libres
debían ser completas y veraces, olvidando además que los beneficios que reciben
los postulados tienen como condición que sus acciones estén encaminadas al
logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la reparación.
2.11.     Cargo relacionado con la sustitución de la
medida de aseguramiento y suspensión condicional de la ejecución de la pena,
nuevas concesiones y privilegios para los postulados en detrimento de los
derechos de las víctimas (artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de 2012)
Señalan que los artículos 19 y 20 de la Ley
1592 de 2012 establecen nuevas concesiones y privilegios para los postulados,
en detrimento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición de las víctimas, por cuanto el Estado concede
beneficios sin que se cumpla con el deber de realizar una investigación a fondo
de las violaciones a los derechos humanos crímenes de guerra o crímenes de lesa
humanidad que hubiesen cometido los postulados al proceso, por las siguientes
razones:
El artículo 19 permite que se sustituya la
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por
una medida de aseguramiento no privativa de la libertad cuyos requisitos para
su concesión se caracterizan por su laxitud e inoperancia del Estado
Colombiano, al no establecer un mecanismo judicial efectivo para la
investigación, judicialización y sanción de los postulados:
El artículo 19 dispone como requisito para
la sustitución de la pena, que la persona haya permanecido 8 años en un
establecimiento de reclusión después de su desmovilización, lo cual muestra que
durante ese tiempo no se ha logrado que el postulado rinda versión libre plena
y no se ha podido condenar a todos los postulados, lo que constituye una
muestra de la ineficacia del proceso y la vulneración de los derechos de las
víctimas.
El numeral 3 del inciso 2º del artículo 19
establece que el solicitante debe haber participado y contribuido al
esclarecimiento de la verdad; sin embargo, este requisito es más laxo de lo que
dispuso la Corte Constitucional respecto al deber de los postulados en el
sentido que su versión libre debe ser completa y veraz y si no se hace una
investigación seria y exhaustiva de los hechos se estaría sacrificando
desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y
fidedigna de lo ocurrido.
El numeral 4 del inciso 2º del artículo 19
prevé que el postulado puede tener el beneficio de la sustitución también si ha
entregado bienes para la reparación, solamente si a ello hubiere lugar conforme
a las disposiciones de la ley, lo cual quiere decir, que no es necesario que el
postulado entregue bienes, ni que  ésos tengan vocación reparadora, ni que se
denuncien u ofrezcan bienes de otros postulados del grupo al que perteneció;
por el contrario, supedita el beneficio de sustitución únicamente a la entrega
de los mismos si los tiene, vulnerando los derechos de las víctimas a la
reparación integral.
El inciso 3º del artículo 19 dispone que
para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio de
sustitución, el Magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el
postulado o por las autoridades competentes, pero no da lugar a la
participación de las víctimas o sus representantes para contradecir o afirmar
lo que aquél afirma o la autoridad respectiva, lo cual claramente vulnera el
derecho a la participación de las víctimas en cada una de las etapas
procesales, según lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En el parágrafo del artículo 19 dispone que
si el postulado se encontraba privado de la libertad al momento de su
desmovilización, también podrá tener acceso al beneficio, sin considerar que
existe la ejecución de la pena por parte de la justicia ordinaria, de manera
que desconoce la independencia del régimen ordinario, el cual no riñe con el
proceso transicional.
Respecto al artículo 20, el cual establece
la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta por la justicia
ordinaria, considera que ha de ser declarado inexequible, por cuanto desconoce
abiertamente lo actuado en el proceso ordinario y los fundamentos de hecho y de
derecho que dieron lugar a la condena y a la ejecución de la pena por parte del
postulado que se desmoviliza estando en libertad. Agrega que esta situación
vulnera los derechos de las víctimas a la justicia, en la medida en que el
postulado, que fue previamente condenado y se encuentra cumpliendo con la pena
respectiva de la justicia ordinaria, en todo caso estaría condenado por
aquellas conductas que cometió durante y con ocasión de su pertenencia al grupo
armado organizado, causando con ello impunidad.
Además, el inciso 4º del artículo 20
establece que la única persona autorizada para revocar la solicitud de
suspensión de la ejecución de la pena es el Magistrado de control de garantías
por las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A, lo cual deja
sin posibilidad a las personas víctimas o a sus representantes de solicitar la
revocatoria de la medida, violando así su derecho a la participación.
2.12.    Cargo sobre el cambio del incidente de
reparación integral por el incidente de identificación de afectaciones por desconocimiento
del derecho a la reparación integral (expresiones demandadas de los artículos
23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012).
Manifiestan los ciudadanos que las
expresiones demandadas de los artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592
de 2012 derogan las disposiciones que contenían lo relacionado con el incidente
de reparación integral, con lo cual las víctimas quedan sin posibilidad de
ejercer este derecho mediante el proceso de la Ley de Justicia y Paz, de manera
que se contradice el objeto de la Ley 975, uno de los cuales es garantizar el
derecho de las víctimas a la reparación, por los siguientes motivos:
Afirman que estas disposiciones vulneran lo
señalado en los artículos 1, 2, 12, 250, 93 y 94 de la Constitución Política en
los cuales se dispone que el Estado Social de Derecho está fundado en la dignidad
humana, que las autoridades están establecidas también para proteger a las
personas en sus derechos y libertades, el derecho a no ser sometidos a
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la constitucionalización de
los derechos de las víctimas y la interpretación de los derechos y libertades
consagrados en el orden constitucional.
Aducen que el artículo 23 de la Ley 1592 de
2012 desconoce por completo el derecho de las víctimas a acceder a la
reparación integral por la vía judicial del proceso de la Ley de Justicia y Paz,
negando así uno de los propósitos por los cuales se dio vida jurídica a la
misma.
Expresan que el incidente ya no propende
por la reparación integral de las víctimas, sino que se limita a establecer las
afectaciones que estas hayan sufrido a causa de la conducta delictiva del grupo
armado y hace a un lado el concepto de daño. Al respecto manifiestan que la
noción de afectación no dice nada al derecho ni a la tradición jurídica
nacional internacional que ha consolidado una doctrina sobre el perjuicio.
Por lo anterior, los demandantes realizan
las siguientes peticiones a la Corte Constitucional:
Solicitan que declare exequibles
condicionalmente las expresiones “identificación de las afectaciones
causadas”, “identificación
de las afectaciones causadas”, “las afectaciones causadas” y “las afectaciones”, demandadas en el artículo 23 de la Ley 1592
de 2012, en el sentido que se entenderá que el incidente allí referido
permanece como incidente de reparación integral y que este debe contener la
identificación personal cierta y específica de los daños producidos a las
víctimas.
También solicitan la declaración de
inexequibilidad de la expresión “las cuales en ningún caso serán tasados”,
del inciso 5º del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, al considerar que esta
disposición es contraria al derecho a la reparación integral y al concepto de
reparación del daño, por cuando la cuantía del mismo debe ser probada,
reconocida y establecida por la autoridad judicial para que efectivamente pueda
ser reparada.
Piden que se declare la exequibilidad
condicionada del parágrafo 2º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, en el
entendido que se negará la concesión de la pena alternativa al postulado hasta
que cesen las situaciones que dieron lugar a que la víctima, por fuerza mayor –
incluidas amenazas contra su vida, integridad personal o la de su familia, o
dificultades para desplazarse-, no haya podido participar en el incidente de
reparación integral y se configure la garantía de su participación efectiva en
el proceso.
En relación con el artículo 29 de la Ley 1592
de 2012 se evidencia también un déficit de protección del derecho a la
reparación integral en relación con el artículo 45 de la Ley 975 de 2005,
anterior a la modificación de la Ley 1592 de 2012, el cual disponía que la
reparación comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción, componentes que desaparecen en el artículo actual. Por lo
anterior, solicitan a la Corte Constitucional que declare exequible
condicionalmente el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido que la
reparación integral comprende también los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción y que la concesión de la pena
alternativa y el derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba,
comprende la obligación de proveer para el Fondo de Reparación a las víctimas y
la entrega al Estado de bienes para reparación a las víctimas.
Reclaman la declaratoria de inexequibilidad
de las expresiones “en entrada en vigencia del incidente de identificación
de las afectaciones causadas” y “conforme al procedimiento, alcance y objetivos
de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas”,
que completa el artículo 40 de la ley 1592 de 2012, por considerar que es
contrario al derecho a la reparación integral de las personas víctimas.
Asimismo, solicitan la inexequibilidad de
la derogatoria de los artículos 7, 8, 42, 43, 47 y 48, establecida en el
artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, por ser estos artículos los que establecían
las garantías para la reparación integral para las personas víctimas en el
proceso especial de la Ley 975 de 2005.
2.13.
Cargo sobre las
condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con
posterioridad (expresiones demandadas del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012)
Señalan que la expresión “y hasta el término de la condena ordinaria
allí establecida” contemplada
en el artículo 26 de la
Ley 1592 de 2012, dispone que con posterioridad a la sentencia emitida en el
proceso de Justicia y Paz y hasta el término de la condena ordinaria allí
establecida, si la autoridad competente encuentra que el beneficiario de la
pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes
adquiridos por él o por el grupo armado, perderá el beneficio de la pena
alternativa, lo cual consideran inconstitucional por ser contrario a los
derechos a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. En
consecuencia, solicitan que se interprete en el sentido que durante el tiempo
de cumplimiento de la pena alternativa o durante el período de libertad a
prueba se puede proceder conforme al artículo 26 para revocar tales beneficios
y se procederá a ordenar la ejecución de la pena principal contenida en la
sentencia de justicia y paz. Adicionalmente, piden que las víctimas o sus
representantes tengan la facultad de denunciar ante la autoridad judicial
competente la conducta reprochable establecida en este artículo y solicitar la
revocatoria de los beneficios jurídicos.
2.14.
Cargo sobre la
limitación de los recursos en el proceso de Justicia y Paz (artículo 27 de la
Ley 1592 de 2012)
Manifiestan que las expresiones demandadas “solo”
y “de fondo” del inciso 2º, “demás” y “solo” del
inciso 3º y el parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, vulneran el
derecho de las víctimas a la participación efectiva en el proceso de Justicia y
Paz , por cuanto disminuyen sus posibilidades de acudir a los recursos
ordinarios como el de apelación, durante todo el transcurso del proceso y
limitarlo únicamente a la sentencia y autos que resuelvan asuntos de fondo, en
detrimento del derecho que tienen a acceder a recursos judiciales.
En este sentido agregan que, en el caso
específico del artículo 27, la no procedencia del recurso de casación contra la
decisión de segunda instancia vulnera el derecho de las víctimas a ser
escuchadas por el máximo tribunal de la justicia ordinaria, y por considerar
que, por la celeridad de los procesos de justicia transicional se puede dar
lugar a las causales establecidas para la casación en el Código de
Procedimiento Penal.
2.15.
Cargo respecto
de la extradición de los postulados de Justicia y Paz (expresiones demandadas del
artículo 31 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes afirman que las expresiones
“De los postulados
extraditados”, “por
efecto de extradición concedida”, “los postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” contempladas
en el artículo 31 de la
Ley 1592 de 2012, que consagran las normas relacionadas con la extradición de
los postulados de Justicia y Paz, se han convertido en un instrumento para generar
impunidad y vulnerar los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad,
pues se ha impedido que los jefes paramilitares extraditados sigan revelando a
los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia y permite que los
bienes que deberían destinarse a la reparación sean puestos a disposición de
otros gobiernos para acceder a beneficios y rebajas de penas, por los
siguientes motivos:
Aducen que la extradición no puede
convertirse en un instrumento que genere impunidad y ausencia de verdad frente
a las graves violaciones a los derechos humanos.
Expresan que los bienes que debían
destinarse para la reparación de las víctimas ahora se ponen a disposición del
gobierno estadounidense para acceder a beneficios y rebajas de pena por parte
de los postulados extraditados.
Explican que la oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los
paramilitares extraditados han cometido graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que son
imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni indulto, por lo cual,
los Estados tienen la responsabilidad de castigarlos por haberlos cometido.
Exponen que la extradición de los jefes
paramilitares ha impedido que los procesos de justicia y paz avancen y también
ha dificultado la participación de las víctimas en las audiencias de versiones
libres.
Por lo anterior, los accionantes solicitan
la declaratoria de la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas
del artículo 31 de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que, en ningún caso se
entenderá que el tiempo en prisión de las penas que cumplan los paramilitares
en razón de la extradición a otro país por delitos diferentes a los
investigados bajo el proceso especial de la ley 975 de 2005, hacen parte de la
pena alternativa que deben cumplir en el proceso de Justicia y Paz, en el caso
que este culmine con la concesión de una pena alternativa o que son parte de la
pena que tengan que cumplir al finalizar el proceso ante la justicia ordinaria
en caso que los postulados sean excluidos del proceso de Justicia y Paz por
incumplimiento de sus compromisos.
2.16.
Cargo por
violación del derecho a la paz, a las garantías de no repetición y de los
derechos de las víctimas por las nuevas postulaciones y nueva aplicación
temporal de la Ley 975 de 2005 (expresiones demandadas de los artículos 36 y 37
de la Ley 1592 de 2012).
Consideran los ciudadanos que las
expresiones “Para el caso
de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno
nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a la fecha de su desmovilización” y “con anterioridad a su desmovilización y en todo
caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” del artículo 36 y “con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido
este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su
postulación” y el
inciso 2º del artículo  37
de la Ley 1592 de 2012 son inconstitucionales, por cuanto disponen un cambio en
la aplicación temporal de la ley y en especial de los beneficios concedidos a
las personas que quieren someterse a un proceso de justicia transicional, por
los siguientes motivos:
Sostienen que los apartes demandados del
artículo 37 de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a los derechos a la vida, a
no ser sometido a desaparición forzosa y a no recibir tratos crueles, inhumanos
o degradantes, a la paz, al acceso a la administración de justicia y a un orden
político, económico y social justo y a que las autoridades protejan a todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado.
Agregan que con la modificación realizada
se pierde el pretendido objetivo de la paz, puesto que la Ley 975 de 2005,
permite que grupos que no se desmovilizaron continúen delinquiendo otorgándoles
la oportunidad de que accedan a los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz,
aún cuando se había dispuesto que los delitos cometidos con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 no serían objeto de medidas de
justicia transicional, sino que se juzgarían por la justicia ordinaria, en
tanto que medida de coerción sobre los grupos armados especialmente frente a
los paramilitares.
Señalan que esta modificación da vía libre
a que los grupos armados sigan delinquiendo con la garantía de que accederán a
beneficios de la justicia transicional, contrariando el derecho de las víctimas
y de la sociedad en general de que se garantice la no repetición de los actos
atroces cometidos por los grupos paramilitares y por ende contrariando el
derecho a la paz.
Adicionalmente, consideran que lo más grave
es que no se establece una fecha límite hasta la cual los grupos deben
someterse a la justicia para recibir los beneficios de la ley transicional,
sino que se juzgarán bajo la Ley de Justicia y Paz por aquellos crímenes cometidos
hasta la fecha de su desmovilización, sin que la ley determine una fecha límite
en que deben someterse a la justicia.
En este sentido, manifiestan que el mismo Estado
le ha dado licencia a los grupos armados para continuar su actividad delictiva,
contrariando así las obligaciones de proteger a los ciudadanos de las
violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario de perseguir el delito, de garantizar la paz, y de establecer
garantías de no repetición de tales violaciones e infracciones. En este sentido,
traen a colación un conjunto de fallos en los cuales la Corte Suprema ha
determinado claramente la vigencia de la Ley de Justicia y Paz[2].
2.17.
Consideraciones
finales sobre la continuidad de los grupos paramilitares y de los derechos de
las víctimas del conflicto armado.
Los demandantes concluyen que además de las
pocas garantías de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas
por estos grupos, la Ley de Justicia y Paz también ha significado un fracaso en
cuando a las garantías de no repetición, pues no todos los grupos armados se
desmovilizaron y sus estructuras políticas y económicas regionales y nacionales
no se han desvertebrado.
Agregan que ante el fracaso de la
estrategia de desarticulación de los grupos paramilitares, el Gobierno ha
decidido desviar la atención llamándoles Bandas Criminales a los mismos grupos.
Señalan que la propia Corte Suprema de
Justicia ha señalado que estos grupos continúan delinquiendo bajo nuevos
nombres que no tienen reales diferencias con la acción paramilitar.
Resaltan en este sentido, que la comunidad
internacional y en especial la OACNUUDH, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja han manifestado su
preocupación por las acciones de los grupos denominados “Bacrim” y su relación
con los grupos paramilitares, lo cual también ha sido reconocido por la Corte
Constitucional en la Sala de Seguimiento a la Sentencia T- 025 de 2004.
3.
INTERVENCIONES
3.1.
Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Viceministro de Política Criminal y
Justicia Restaurativa, Miguel Samper Strauss, solicitó que se declare la
exequibilidad de las normas demandadas con fundamento en los siguientes
argumentos:
Señala que los artículos 2, 5A, 15, 15A,
16, 16A, 17, 18 y 23 de la Ley 975 (1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 23 de la Ley
1592 de 2012), que establecen un nuevo enfoque de investigación y juzgamiento
dirigido al esclarecimiento de patrones de macrociminalidad, son
constitucionales por las siguientes razones:
Manifiesta que después de 8 años de
implementación de la Ley de Justicia y Paz se han hecho evidentes los desafíos
de la investigación de 4.490 personas por 356.322 hechos punibles bajo un
procedimiento en el que 445.346 han denunciado más de 427.628 delitos, razón
por la cual es necesario implementar una estrategia encaminada al
esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad con el objeto de garantizar al
máximo los derechos de las víctimas.
Afirma que por lo anterior se implementó
una estrategia de priorización que tiene por objeto principal mejorar y hacer
efectiva la implementación del sistema de administración de justicia con una serie
de elementos que garantizan que la priorización no sea caprichosa  ni
arbitraria ni afecte los derechos de las víctimas: (i) debe obedecer a una
serie de criterios establecidos en un plan de investigación priorizada creado
por la Fiscalía General de la Nación; (ii) los criterios deben ser vinculantes
y de público conocimiento; (iii) los criterios deben estar dirigidos a
esclarecer el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados
al margen de la ley y a develar sus contextos, causas y motivos; (iv) los
criterios de priorización deben orientar la concentración de los esfuerzos
investigativos de la Fiscalía hacia los máximos responsables; (v) se establece
la figura de la sentencia anticipada como herramienta a implementar frente a
aquellos casos que no son priorizados; y (vi) la priorización no equivale a la
renuncia del deber de investigar y sancionar las conductas delictivas no
priorizadas.
Aduce que la identificación de patrones de
macrocriminalidad en un contexto específico puede ser altamente útil por las
siguientes razones: (i) ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de
los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley; y (ii) ayuda a
develar la estructura y el modus operandi del grupo armado organizado al
margen de la ley y las operaciones de todo tipo que hicieron posible su
ejecución. Además porque impulsa e integra la construcción adecuada del
contexto de actuación criminal del grupo que se investiga.
Expresa que la identificación de contextos
de las actuaciones criminales tiene múltiples elementos esenciales que mejoran
la eficacia del Estado en la investigación de las graves violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tales como: (i) investigar
conductas delictivas no como hechos aislados sino como el resultado del
accionar de organizaciones delictivas dentro de un determinado contexto; (ii)
crear nuevas estructuras de gestión de las investigaciones; (iii) acumular expedientes
a efectos de determinar patrones de conducta, cadenas de mando y máximos
responsables; (iv) conformar grupos especializados de fiscales que asuman la
investigación de determinados casos.
Destaca que dentro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana[3] ha establecido la existencia de una serie
de obligaciones del Estado que pueden cumplirse a través de este sistema
especial de investigación como: (i) establecer la existencia de estructuras
criminales complejas y sus conexiones que hicieron posible las violaciones;
(ii) dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras
que permitieron las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus
consecuencias; (iii) esclarecer la verdad como un derecho en su conjunto y no
solo como un derecho individual; (iv) garantizar la seguridad y mantener el
orden público y (v) propender por la reconciliación.
Explica que dentro de los procesos de
justicia transicional, investigar a los máximos responsables resulta ser una de
las estrategias más eficientes para entender las motivaciones de los hechos
victimizantes y las estructuras de jerarquía de los grupos criminales.
Expone que las normas de la Ley 1592 de
2012 que se refieren a la reparación integral son constitucionales por las
siguientes razones:
Considera que pese a la remisión realizada
por el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 a la Ley 1448 de 2011, el proceso de Justicia
y Paz conserva una importante función dentro del componente de satisfacción de
la reparación integral. En este sentido, señala que en el incidente de
identificación de afectaciones, las víctimas o sus representantes exponen las
afectaciones causadas por la conducta criminal y su versión será tenida en
cuenta para el esclarecimiento de la verdad y la disposición de medidas específicas
de satisfacción.
Sostiene que en el sistema de reparación
contemplado antes de la Ley 1592 de 2012, no se estaba dando una respuesta
pronta, efectiva ni integral a las víctimas, pues las investigaciones tenían un
enfoque individual y los bienes ofrecidos para la reparación no eran
suficientes para indemnizar a las víctimas y además tenían problemas legales de
titulación, prescripción y documentación. Por lo anterior, concluye que la
remisión a la Ley 1448 de 2011 no solamente es constitucional, sino que resulta
indispensable para poder garantizar los derechos de las víctimas.
Agrega que el sistema de protección de las
víctimas contemplado en la Ley 1448 de 2011 es mucho más completo, pues no
solamente incluye la indemnización sino también la rehabilitación, un acceso
prioritario al subsidio de vivienda, medidas en relación con créditos y
pasivos, ni acompañamiento en la correcta inversión de los recursos.
Señala que la efectividad del programa
masivo de reparación administrativa consagrado en la Ley 1448 de 2011 está
siendo demostrada durante los 2 años que han transcurrido desde su adopción:
(i)    Para mayo de 2013, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas otorgó una indemnización
por vía administrativa a 165.131 víctimas, lo cual implica que las
indemnizaciones entregadas ascienden a $ 962.211’042.458.73.
(ii)  Se otorgaron 126.543 Planes de Atención, Asistencia y
Reparación Integral para mayo de 2013.
(iii)     Respecto de las mujeres víctimas de
violencia sexual para marzo de 2011 de un total de 123 casos reportados se
atendieron 89 casos.
(iv)  Frente a la restitución de tierras para diciembre de
2012 se habían nombrado 15 magistrados para las salas civiles especiales en
restitución de tierras de los Tribunales de Medellín, Cartagena, Cúcuta, Cali y
Bogotá y 39 jueces civiles del circuito especializado en Restitución de
Tierras.
(v)  Para junio de 2013 se habían presentado 43.590
solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
por el equivalente a 2.915.687 hectáreas. Para mayo de 2013, se cuenta con un
acumulado de 93 fallos que dan respuesta a 351 solicitudes de restitución y que
beneficiaron a víctimas de despojo y desplazamiento forzado.
Manifiesta que el cambio del incidente de
reparación integral por el incidente de identificación de afectaciones no
conlleva una vulneración al derecho de las víctimas a la reparación integral
como lo manifiestan los demandantes; por el contrario, contribuye a la
satisfacción efectiva del derecho de las víctimas a una reparación integral al
contribuir a la superación de las dificultades probatorias que conllevaba el
proceso original de Justicia y Paz.
De esta forma, las víctimas no deberán
correr con la carga de probar el daño o el nexo causal, carga ésta que en
muchas ocasiones limitaba el acceso efectivo al derecho a la reparación, como
sucedió en el caso de los procesos No. 34.547 y 38.222 de Justicia y Paz. El incidente
de reparación está concebido como un escenario para probar los daños sufridos,
el nexo causal entre el daño y el accionar del grupo al margen de la ley al
cual pertenecía el postulado y en la determinación del monto de la
indemnización.
Por su parte, el incidente de identificación
de afectaciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1592 de
2012, deberá ser incorporado en la sentencia de forma que en el análisis del
patrón de criminalidad el juez de conocimiento deberá tener en cuenta las
afectaciones narradas por las víctimas para sustentar su decisión,
constituyendo una forma de contribución a la verdad y a la satisfacción de las
víctimas.
Afirma que la reforma, lejos de impedir la
indemnización de las víctimas, pretende generar mecanismos más estrictos para
que el desmovilizado contribuya con sus bienes a la reparación de las mismas
por las siguientes razones:
(i)    El artículo 11 de la Ley 975 de 2005 establece
como requisitos de elegibilidad para el proceso penal especial de justicia y
paz la entrega de todos los bienes producto de la actividad ilegal para que con
estos se repare a las víctimas.
(ii)  El artículo 5 de la Ley 1592 de 2012 establece como
una de las causales de la terminación del proceso de Justicia y Paz y exclusión
de la lista de los postulados, la verificación de que el postulado no haya entregado,
ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado
al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo.
(iii)     El artículo 8 de la Ley 1592 de 2012 impone
el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las
víctimas, mediante la entrega ofrecimiento o denuncia de todos los bienes
adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley
durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, para que sean puestos a
disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas y sean destinadas a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
(iv)     El artículo 29 de la Ley 1592 de 2012,
establece los actos de contribución a la reparación integral que debe llevar a
cabo el desmovilizado.
(v) Por lo anterior, los bienes entregados por los
victimarios se destinan precisamente a los programas de reparación y
restitución de tierras contemplados en la Ley 1448 de 2011 y si bien es cierto
que la víctima específica no será reparada con los bienes de su victimario, lo
anterior no significa que no será indemnizada. En este sentido, señalan que la
reparación por la vía administrativa otorga igualdad a las víctimas pues no
hace depender la indemnización de que el victimario haya entregado bienes.
Aduce que para el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas
para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de
No Repetición, la satisfacción del derecho a la reparación en contextos de
violaciones masivas se orientan de conformidad con las recomendaciones
internacionales y se ajustan a la realidad nacional.
Expresa que la doctrina de las reparaciones
en el campo de la justicia transicional ha sostenido que el estándar de
justicia en contextos de violaciones masivas no puede consistir simplemente en
la tradicional restitución al estado anterior de cosas sino que deben aplicarse
principios como el reconocimiento, la confianza cívica y la solidaridad social.
Agrega al respecto que en contextos de justicia transicional, la mejor manera
de reparar a las víctimas integralmente es mediante programas masivos que
incorporen tanto una suma de dinero como otras medidas que en conjunto
constituyan un programa de reparación integral que atienda a las distintas
consecuencias negativas de las violaciones a los derechos humanos en la vida de
las personas.
Igualmente indica que no es cierto que un
grupo importante de víctimas que hacen parte del proceso de la Ley de Justicia
y Paz quedarían excluidas de los beneficios en materia de asistencia, atención
y reparación consagrados en la Ley 1448 de 2011 dadas las limitaciones
temporales y materiales del proceso por las siguientes razones:
(i)      El artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 en
ningún momento está remitiendo al artículo 3º o al artículo 75 de la ley 1448
de 2011 que consagran los límites temporales o materiales de dicho programa.
(ii)   Las víctimas cuyo hecho victimizante haya
ocurrido con anterioridad a 1985 tendrán derecho al programa de la ley de
víctimas una vez sean reconocidas mediante la sentencia judicial que pone fin
al proceso de justicia y paz.
(iii) La limitación temporal en relación con la restitución
de tierras frente a despojos sucedidos antes del 1º de enero de 1991 fue
declarada constitucional por la Corte Constitucional en sentencia C – 250 de
2012.
(iv) No puede considerarse que existe un límite material
relacionado con los delitos establecidos en la Ley 1448 de 2011 para la
reparación, pues la ley no hace una remisión en este sentido.
3.1.1.
Medidas
dirigidas a la protección especial de ciertos sectores poblacionales
Explica que para los accionantes los
artículos 5º y 15 de la Ley 975 de 2005 vulneran el derecho de las víctimas a
la protección, puesto que el deber de garantía a la seguridad personal es una
función permanente de la Fiscalía General de la Nación a la cual no pueden
renunciar. En relación con esta afirmación aducen que los textos de las normas
no transgreden el derecho a la igualdad y mucho menos establecen que solamente
se dará protección a los miembros de las poblaciones mencionadas si participan
en el proceso de justicia y paz, pues el sentido de este artículo es reafirmar
que quienes participen en el proceso de justicia y paz merecen un nivel
especial de protección, reconociendo la diferencia de riesgos en que puede
estar incursa una persona.
3.1.2.  En relación con las funciones de la Defensoría
del Pueblo
Expone que el artículo 23 de la Ley 1592 de
2012 que contempla que la Defensoría del Pueblo deberá explicar los programas
de reparación integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011, en ningún
momento está limitando las funciones de ese organismo, sino que desarrolla las
contempladas en el artículo 118 de la Constitución Política. Al respecto señala
que lo único que se establece en la norma es un deber específico de ilustración
clara y sencilla sobre los programas de la ley de víctimas, sin que ello
implique que se restrinja la información otorgada solo a esos temas.
3.1.3.  Fortalecimiento del mecanismo de persecución
de bienes
Considera que la reforma establece que si
luego de impuesta la sanción penal al postulado y durante el tiempo igual al de
la pena ordinaria la Fiscalía encuentra un bien que no fue entregado por el
desmovilizado en el proceso de justicia y paz, los beneficios judiciales
deberán ser revocados, lo cual constituye una drástica sanción que no se
contemplaba en el texto original de la Ley 975 de 2005.
En relación con el artículo 25 sostiene que
esta disposición busca garantizar un fin legítimo en términos constitucionales,
pues pretende la materialización de los derechos de las víctimas y conminar al
postulado al cumplimiento de los compromisos que dieron lugar a la concesión de
un beneficio tan importante como lo es la pena alternativa. Igualmente, se
trata de un término y un condicionamiento proporcional y razonable en el
entendido que coincide con la pena originalmente impuesta en el marco del
proceso de Justicia y Paz.
3.1.4.  Sobre las versiones libres conjuntas
Agrega que la realización de versiones
libres conjuntas no compromete la responsabilidad individual, permiten agilizar
los procedimientos y garantiza de mejor manera el derecho a la verdad de las
víctimas. Manifiesta igualmente que, contrario a lo señalado por los
accionantes, la realización de este tipo de actuaciones procesales permite
develar estructuras de macrocriminalidad y además fomentan la economía
procesal.
3.1.5.  Sobre las audiencias concentradas
Indica que la unión de la diligencia de
formulación y aceptación de cargos se presentó porque se evidenció que, en la
práctica, la audiencia de formulación de cargos no difiere de las anteriores, y
por el contrario, se repiten actuaciones surtidas en etapas y audiencias previas
como la formulación de imputación, lo cual no afecta los derechos de las
víctimas ni de los procesados.
3.1.6.  Sobre la terminación anticipada del proceso
Resalta que, contrario de lo manifestado
por los accionantes, la sentencia anticipada, como una forma de terminación
anticipada del proceso, no representa en ningún caso un menoscabo de los
derechos de los procesados ni de las víctimas. A su juicio esta figura
simplemente busca cumplir propósitos de política criminal dirigidos a lograr
mayor eficiencia y eficacia, por cuanto permiten al operador judicial
prescindir etapas procesales y ahorrar esfuerzos por el aparato de justicia.
Señala que con la nueva estructura del
proceso no quedan por fuera los casos de algunas víctimas, como contrariamente
se deriva de la interpretación de los demandantes. En su lugar, se garantiza la
satisfacción efectiva del derecho de todas las víctimas a conocer la verdad de
lo sucedido mediante la identificación del accionar delictivo de un grupo, en
una zona, a través de los macro procesos dirigidos a develar el patrón de
macrocriminalidad así como las causas, contextos y motivos del accionar
delictivo. Por lo anterior, la terminación anticipada del proceso solo
procederá en aquellos casos no priorizados en los que se hayan identificado
previamente las afectaciones causadas a las víctimas y ya se haya esclarecido,
mediante sentencia previa el patrón de macrocriminalidad.
3.1.7.  Sobre la vocación reparadora de los bienes
Afirma que las disposiciones demandadas en
materia de vocación reparadora de los bienes, contrario a lo señalado por los
actores no vulneran el derecho a la reparación integral de las víctimas, sino
que establecen mecanismos para garantizar que los bienes destinados a la
reparación integral sean idóneos y permitan el efectivo resarcimiento, y así solucionar
los diferentes problemas que se presentaron en relación con la regulación de la
terminación anticipada del proceso, la falta de recursos en el fondo de
reparación de las víctimas. Ello permite también hacer frente a desafíos
identificados en la denuncia y entrega de bienes por parte de los postulados,
tal como ha puesto de presente la Corte Suprema de Justicia en Auto del 13 de
diciembre de 2010.
Argumenta que las normas demandas elevan el
tipo de requisitos exigidos a los desmovilizados, de forma que su contribución
a la reparación de las víctimas sea real y no simplemente aparente, lo cual
evidencia la constitucionalidad de las normas. En este sentido, el requisito de
la vocación reparadora de los bienes no tiene por objeto excluir bienes
relevantes para la indemnización de las víctimas, sino por el contrario,
identificar aquellos que no puedan ser individualizados o identificados, o
aquellos cuya administración o saneamiento resulte en perjuicio del derecho de
las víctimas a la reparación integral.
Finalmente, aduce que el parágrafo de los
artículos 5 y 7 de la Ley 1592 de 2012 no flexibilizan las obligaciones de los
postulados, pues estos tienen el deber de denunciar todos los bienes que tengan
o que tenga el grupo en su poder, frente a lo cual será el magistrado el que
indique cuales de estos bienes presentan vocación reparadora.
3.1.8.
Sobre la
limitación de los recursos en el proceso de justicia y paz
Expresa que, prever que el recurso de
apelación sólo proceda contra la sentencia y los autos interlocutorios que
resuelvan asuntos de fondo en el proceso, no desconoce las disposiciones
superiores y por el contrario, busca garantizar la celeridad del proceso
precisamente en razón de la oportuna justicia.
Por otro lado, explica que esta limitación
corresponde a la libertad de configuración legislativa en materia de
procedimientos reconocida en múltiples oportunidades por la Corte
Constitucional.
3.1.9.
Sobre el flujo
de información entre justicia y paz y la justicia ordinaria
Expone que las modificaciones realizadas a
la Ley de Justicia y Paz en ningún momento restringen la posibilidad de que la
información recaudada en los procesos de Justicia y Paz se remita a procesos
adelantados en contra de terceros, pues es perfectamente posible que al
interior de dichos procesos se compulsen copias contra otras personas,
atendiéndose las reglas en materia probatoria.
Por otro lado, indica que en aquellos casos
en los cuales se dé la terminación del proceso penal de justicia y paz, el acervo
probatorio recaudado deberá ser remitido a la justicia penal ordinaria para que
ésta adelante el respectivo juicio y establezca las responsabilidades penales a
las que haya lugar. Por lo anterior, este articulado pretende garantizar que
quienes sean excluidos de Justicia y Paz, sean efectivamente juzgados bajo un
procedimiento ordinario, a efectos de establecer sus responsabilidades y con
ello, contribuir a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la reparación.
3.1.10.   Sobre la sustitución de la medida de
aseguramiento
En relación con la sustitución de la medida
de aseguramiento señala en primer lugar, dos precisiones: (i) la medida de
aseguramiento en el proceso de Justicia y Paz tiene por objeto descontar la
pena que se impondría al finalizar el proceso regulado por la Ley de Justicia y
Paz, por lo cual no es razonable que una medida de aseguramiento tenga mayor
duración que el máximo del término de la pena imponible; (ii) la sustitución de
la medida de aseguramiento no operará de forma automática con el cumplimiento
de los 8 años de privación de la libertad, sino que exige otra serie de
requisitos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas como son: participar y contribuir al esclarecimiento
de la verdad, cumplir con todas las obligaciones que establezca la autoridad
judicial, y participar en el proceso de reintegración diseñado por el Gobierno Nacional
para los postulados a la Ley de Justicia y Paz.
3.1.11.
Sobre el cierre
de postulaciones y la aplicación del proceso penal especial de Justicia y Paz
Resalta que la ampliación de la vigencia
temporal de la Ley de Justicia y Paz no crea ninguna patente de corso para
delinquir ni premia la reincidencia, sino que asegura que las desmovilizaciones
colectivas de las autodefensas estén cubiertas por el régimen de aplicación de la
Ley de Justicia y Paz, pues el 82 por ciento de los desmovilizados lo hicieron
con posterioridad al 25 de julio de 2005, por lo cual la norma no está
permitiendo que se aplique esta ley a hechos cometidos con posterioridad a la
desmovilización sino a hechos ocurridos antes de la misma frente a aquellas
desmovilizaciones que se presentaron después del 25 de julio de 2005.
En relación con los cuestionamientos de los
denunciantes sobre la posibilidad de que en virtud de la reforma a la Ley de Justicia
y Paz ésta se aplique a las BACRIM, el Vice Ministro señala expresamente que
bajo ninguna circunstancia se extiende la posibilidad de desmovilización
colectiva a nuevos grupos de autodefensa o a las BACRIM, pues el Gobierno Nacional
cerró definitivamente en el año 2008 la desmovilización colectiva e individual
de integrantes de las autodefensas ilegales, tal como lo reiteró el Presidente
Juan Manuel Santos, el 7 de febrero de 2011 en las conclusiones del Consejo de
Seguridad Nacional sobre las BACRIM.
Por otro lado, asegura que la Ley 1592 de
2012 permite sancionar fuertemente la reincidencia a través de la exclusión de
la lista de postulados, tal como señala el artículo 11A incorporado a la Ley
975 de 2005.
Finalmente se reitera el compromiso del
Gobierno Nacional de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en un
contexto de justicia transicional y evitar la creación de incentivos perversos
que permitan la desmovilización de estructuras criminales como las BACRIM,
sobre las cuales simplemente debe caer todo el peso de la justicia.
3.2.
Intervención del
Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada especial del Ministerio de
Defensa Nacional solicitó que se declare la exequibilidad de la norma demandada
con fundamento en los siguientes argumentos:
Señala que para la elaboración del proyecto
de la Ley 1592 de 2012 se tuvieron en cuenta tanto la posición de todos los
sectores de la sociedad en las audiencias públicas realizadas en el Congreso,
así como la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos.
Manifiesta que uno de los objetivos
centrales del proyecto es la lucha contra la macrocriminalidad y con ello la
desestructuración de los grupos armados y de sus acciones delictivas.
Afirma que para la redacción del proyecto
se tuvieron en cuenta los tratados y convenciones sobre derechos humanos como
la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura. Así mismo, destaca que también se consultaron los informes
y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aduce que la ley permite que se aplique de
manera más eficaz el derecho al debido proceso de los postulados y de las víctimas,
garantizando un procedimiento más ágil y con respeto de los derechos de los
procesados.
Expresa que mediante esta ley se podrá
combatir la macrocriminalidad y no solamente a los máximos líderes de los
grupos de autodefensas, como ha operado hasta el momento en los procesos de Justicia
y Paz.
Asegura que los instrumentos contemplados
en la Ley 1592 de 2012 permiten garantizar el derecho de las víctimas a la
reparación integral y a la verdad, mejorando la estructura de los
procedimientos.
Explica que la ley tiene en cuenta el
diseño de un programa integral que vincule a todos los combatientes y no solo a
sus jefes.
Expone que la ley no concede una amnistía
de facto pues en ningún momento se autoriza la renuncia a la acción penal sino
que se siguen contemplando los mecanismos de pena alternativa contemplados en
la Ley 975 de 2005.
Considera que el concepto de víctimas
contemplado en la Ley 1592 de 2012 se ajusta plenamente a lo señalado en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial en la Sentencia C - 370
de 2006.
Por lo expuesto, solicita a la Corte que se
esté a lo resuelto en relación con los artículos 4, 5, 7, 8, 10, 15 a 30, 32,
34, 36, 37, 41, 44, 49, 58 y 64 de la ley 975 de 2005, por cuanto ya fueron
analizados en la sentencia C - 575 de 2006.
3.3.
Intervención de
la Universidad Sergio Arboleda
El Centro de Estudios sobre Justicia
Transicional, Víctimas y Restitución de Tierras de la Universidad Sergio
Arboleda, mediante escrito presentado por Orlando Gallo Suárez, Director
Ejecutivo de este Departamento, y Carolina Rosas Díaz, Directora Jurídica del
mismo, manifestaron la posición de su intervención en los siguientes términos:
Inicialmente, en relación con los criterios
de priorización y obligación estatal de investigación de violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, reitera
la posición de este Centro de Estudios al sostener que el Estado tiene la
obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos según se lo imponen la Constitución Política y los diferentes
tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, razón por la que,
para este Departamento, es claro descartar la posibilidad de aplicar cualquier ley
con matices de impunidad.
En segundo lugar, sostiene que la
priorización de casos es un método de clasificación subjetiva que va limitar el
derecho a la verdad, justicia y reparación de muchas víctimas que habrán de
quedar por fuera del listado, como quiera que la garantía de la efectividad de
los derechos consagrados en la Carta se realiza cuando ésta cobija a todas las
personas y no atiende a priorizaciones subjetivas dejando por fuera otras que
reclaman igual consideración.
Finalmente, asevera que los temas
relacionados con los derechos de las víctimas, la postulación, las penas
alternativas y sus procedimientos, ya fueron decididos en la sentencia C-370 de
2006 por la misma Corte Constitucional, razón por la que no es del caso revivir
estos temas.
3.4.
Intervención del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El señor Andrés Bernal Morales, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
representación judicial de la Nación, presentó escrito de intervención en el
que se opuso a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos demandados,
en consideración al siguiente análisis:
En primer lugar, menciona que el método de
priorización en la investigación penal y específicamente en cuanto al delito de
despojo y abandono forzado, se constituye en una metodología de trabajo que
busca imprimir efectividad y eficiencia en la capacidad estatal de investigar,
juzgar y sancionar las graves infracciones a los derechos humanos, de manera
que es una técnica que permite el goce efectivo del derecho al acceso a la
justicia en el marco de la igualdad material.
En este mismo sentido, afirma que de acuerdo
con las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, se ha creado un sistema expedito que
permite remitir información acerca del abandono forzado y despojo de tierras a
la Unidad de Restitución de Tierras, lo cual contribuye a los procedimientos
que adelanta y en esa medida, se ajusta a los parámetros que en materia de
justicia transicional defiende la Constitución Política.
Así las cosas, expresa que a partir de la
lectura de la Ley 1448 de 2011 no se desprende que la remisión de este tipo de
información sea excluyente con la cooperación e intercambio con otras entidades
del Estado.
En segundo lugar, hace referencia a la
remisión efectuada por la Ley 975 de 2005 y la Ley 1592 de 2012 a normas de la
Ley 1448 de 2011, respecto de lo cual aduce que la Corte Constitucional en
múltiples sentencias estableció los criterios de temporalidad, naturaleza del
daño y de contexto, para identificar a las victimas destinatarias de medidas
especiales de atención, por lo cual el sistema de priorización se encuentra
justificado a la luz de las obligaciones del Estado colombiano en materia de
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Además, añade que la definición sobre víctima
contenida en el artículo 3º de norma objeto de la presente demanda, no modifica
en ninguna medida el concepto sobre víctima propiamente considerado en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino que se constituye en
una definición operativa para efectos de reconocer una serie de medidas
especiales de asistencia, atención y reparación.
Con base en esta consideración, estima que
no es cierto que una persona que no satisface los requisitos de temporalidad,
naturaleza del daño y de contexto, adoptadas en la Ley 1448 de 2011, no cuente
con otro mecanismo para hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y
reparación integral, toda vez que en aquellos casos donde no se encaje con
estos criterios se podrá acudir al régimen de derecho ordinario o a otras
regulaciones sobre justicia transicional.
En tercer lugar, alega que las normas
demandadas no vulneran el principio del juez natural y el recurso judicial
efectivo en materia de reparación, en ocasión a que es el juez especializado
quien decide de fondo sobre la titularidad del derecho a la restitución de
tierras de las víctimas de despojo, conforme a lo previsto en el artículo 91 de
la Ley 1448 de 2011. Para esto explica que el proceso de restitución se
conforma de una etapa judicial y otra administrativa, donde la Corte
Constitucional, en sentencia C-715 de 2012, declaró que esta última etapa no
desconoce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y además, precisó
que esta medida se ajusta a la Constitución en el sentido que superó el test de
proporcionalidad.
Linealmente, agrega que la etapa
administrativa es constitucional ya que propende lograr una restitución que
atienda a los criterios de masividad, organización, planeación, igualdad,
eficiencia, entre otros, y a su vez, garantiza que las víctimas tengan acceso a
un recurso judicial efectivo que garantice su derecho a la restitución.
Finalmente, culmina su intervención al
argüir que la remisión al proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de
2011 no implica cargas adicionales o injustificadas a las víctimas, puesto que esta
medida pretende articular dos proceso de justicia transicional que le permitan
a las víctimas obtener las herramientas de reparación respectivas, y optimizar
el proceso de restitución de tierras.
Así pues, cita la sentencia C-715 de 2012,
proferida por la Corte Constitucional, de la cual infiere que el ente
constitucional determinó que toda solicitud de restitución presentada ante la
Unidad de Restitución se tramitará mediante un procedimiento especial que
permite concentrar todos los procesos judiciales, administrativos y de
cualquier otra naturaleza con el fin de obtener “una decisión jurídica y
material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para
el cierre y estabilidad de los fallos”[4].
Esto a su vez se ve reforzado con
estadísticas que presenta la intervención, en la cual muestran que al mes de
agosto de 2013 se habían recibido 8.482 solicitudes, de las cuales 3.191 (el
38%) han finalizado la etapa administrativa del proceso de restitución.
3.5.
Intervención por
parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano Villamarin,
interviene en el proceso de la referencia en calidad de Coordinador del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Bogotá D.C., a través de escrito en el que expone
las siguientes consideraciones:
Afirma que la priorización, como figura
legal, es un mecanismo acorde y compatible con la reforma introducida a la
Constitución de 1991 mediante Acto Legislativo 01 de 2012, aunque la
declaratoria de exequibilidad de la norma deberá estar condicionada a que no
implique en la práctica una renuncia incondicional a la persecución penal de
los casos “no priorizados”, así como frente a los responsables de graves
violaciones de derechos humanos que no se consideren máximos responsables.
Asimismo, aduce que para otorgar facultad
al Fiscal General de la Nación con el propósito de fijar criterios de
priorización, es necesaria una Ley estatutaria especifica ya que este tipo de
competencias se enmarcan dentro de una reserva legal que caracteriza a los
derechos fundamentales, razón por la que debería ser inexequible que mediante
una ley ordinaria se tribuyan estas facultades al Fiscal.
Por último, arguye el hecho según el cual,
para que el Fiscal General de la Nación pueda adoptar mediante resolución el
“Plan Integral de Investigación Priorizada”, es necesario que la Corte
establezca el marco constitucional que oriente esta actividad, con el fin de
evitar que su implementación pueda generar situaciones de impunidad.
3.6.
Intervención por
parte de la Comisión Colombiana de Juristas.
Con el propósito de presentar las razones
que motivaron su intervención, los ciudadanos Mary de la Libertad Díaz Márquez
y Juan Camilo Rivera Rugeles, en calidad de abogados del área de Incidencia
Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron escrito en el que
apoyan la demanda de constitucionalidad en estudio, en consideración a las
siguientes razones:
La primera razón de su intervención, se
enfoca en precisar que el incidente de identificación de las afectaciones
causadas a las víctimas es contrario al derecho que ellas tienen de obtener
reparaciones, pero además, enfatizan en que hay un elemento del derecho
particularmente desconocido por la reforma introducida mediante la Ley 1592 de
2012, cual es el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos a contar con un recurso judicial efectivo para obtener reparaciones.
Así las cosas, consideran que el incidente
de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos no puede ser considerado como un recurso
judicial efectivo para garantizar la reparación, ya que además eliminó el
recurso judicial efectivo que tenían las víctimas para obtener la garantía de
sus derechos.
En segundo lugar, exponen que debe
declararse la inconstitucionalidad total de los artículos 23, 24 y 40 de la Ley
1592 de 2012, así como otras normas que desarrollan, complementan o hacen
mención al incidente de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas, toda vez que consideran que la Corte Constitucional debe integrar a
este estudio otras normas con el fin de conformar una unidad normativa.
Como tercer aspecto, se centran igualmente
en el tema del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas, de lo cual aseguran que la Corte Constitucional debe fallar para
proteger de modo efectivo el derecho de las víctimas a la reparación, en
especial el derecho que ellas tienen a contar con un recurso judicial efectivo
para obtener las reparaciones. Así pues, afirman que no basta con que se dicte
una sentencia de inexequibilidad simple, sino que además debería reincorporase
al ordenamiento jurídico el artículo 23 del incidente de reparación integral.
3.7.
Intervención de
la Universidad del Rosario
El ciudadano Julián Hoyos Bucheli, integrante del
grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, solicita la declaratoria de inexequibilidad de las normas
demandas.
Su escrito de intervención hace remisión únicamente al
cargo segundo expuesto por los demandantes, para lo cual se pronuncia respecto
a: (i) las normas acusadas y la violación a normas superiores que acaecería en
su aplicación; (ii) normas de derecho internacional y de aplicación interna
relevantes para el caso; y (iii) normas de derecho interno que han sido
violadas por las disposiciones demandadas.
3.7.1.
De la remisión a
la reparación por vía administrativa prevista en la Ley 1448 de 2011, por las
leyes 975 del 2005 y 1592 de 2012
Señala el interviniente que las leyes 975
de 2005 y 1448 de 2011 contemplan dos formas no excluyentes de acceder a la
reparación integral por parte de las víctimas del conflicto armado. En la
primera de ellas, cimentada en el principio de solidaridad del Estado, se ofrece
la posibilidad a la víctima de poder acceder a una reparación por vía
administrativa a cargo del erario público en aquellos casos en los que se
desconozcan los victimarios y responsables; la víctima sólo deberá demostrar el
daño sufrido, aunque recibirá un monto que no corresponde a la magnitud del
daño, sino a superar la condición de vulnerabilidad de la víctima. Indica que
la segunda forma en que las víctimas pueden ser reparadas es por vía judicial,
la cual, se presenta en aquellos eventos en los que existe plena identificación
del victimario y del daño causado, de manera que la víctima puede solicitar la
indemnización integral dentro del proceso de Justicia y Paz.
No obstante, manifiesta que se priva a las
víctimas de la posibilidad de obtener un monto conforme al daño sufrido, al establecer
la reparación integral por vías judiciales como un medio accesorio a la
instancia administrativa. Además, aduce que las remisiones previstas en las
leyes 975 del 2005 y 1592 del 2012 a la Ley 1448 del 2011 implicarían que
aquellas víctimas que hayan sido incluidas en procesos de Justicia y Paz
perdieran la posibilidad de ser reparadas integralmente por la vía judicial
como medio principal, y a cambio, serían indemnizadas de acuerdo a los parámetros
establecidos por el Legislador, lo cual frustra la expectativa legitima a que
se les reconozca una reparación acorde a la magnitud del daño sufrido.
3.7.2.  Violación a las normas de derecho
internacional
En este punto hace referencia al artículo 93
de la Constitución Política y cita la sentencia SU-254 del 2013, para explicar
en sentido amplio que las normas del derecho internacional y los
pronunciamientos de las altas Cortes Internacionales que no integren el bloque
de constitucionalidad en stricto sensu, comportan un criterio
interpretativo a la hora de determinar el alcance del núcleo esencial de los
derechos fundamentales.
Así las cosas, expresa que las normas de
derecho internacional que hagan parte del bloque de constitucionalidad en
sentido estricto, tienen la virtualidad de crear criterios normativos para
declarar inexequible una norma de menor jerarquía, por lo cual, los tratados
internacionales ratificados por Colombia de manera referente en la demanda
expuesta, constituyen un grado de violación constitucional.
Asimismo, expone que en relación con los
fallos y las normas de derecho internacional que no hacen parte en sentido
estricto sino en sentido amplio del bloque de constitucionalidad, ofrecen
criterios interpretativos para extender la aplicación del núcleo esencial de
los derechos fundamentales, razón por la que es necesario remitirse al Sistema
Universal y Sistema Regional para entender el concepto del derecho de las
víctimas, así como los de justicia, reparación y verdad.
3.7.3.  Sistema universal
Explica que no existe razón jurídica en el
derecho interno de los países parte para no cumplir con lo dispuesto en los
Pactos en Contra de la Tortura y los Tratos Crueles o Penas, que según el
Comité de Derechos Humanos, define que todo ciudadano tiene la posibilidad de
presentar denuncias y que éstas sean atendidas e investigadas con celeridad e
imparcialidad por las autoridades.
A su vez, menciona que en relación con el
Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la Impunidad, toda violación de los
derechos humanos da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación, bien
sea por parte del Estado o del victimario.
En este sentido, cita la Declaración sobre
los Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas del Delito y el
Abuso del Poder, en la que se establece la obligación que tienen los
delincuentes o terceros responsables de resarcir equitativamente a sus
víctimas, a sus familiares y personas a cargo.
En virtud de lo expuesto, asegura que
determinarse medidas preferentemente administrativas para la reparación de las
víctimas del conflicto armado, se están incumpliendo las Normas de Derecho
Internacional que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, toda vez que
implican la disminución de las herramientas con que cuentan las víctimas para
acceder a una reparación integral.
3.7.4.
Sistema
Regional: Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Primeramente realiza una remisión al caso
Comunidad Moiwane Vs. Suriname, dentro de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y del cual expresa que la obligación que
tienen los países de reparar tiene que estar dirigida al restablecimiento de la
violación de los derechos humanos de la víctima, y en este sentido la
obligación que tienen los Estados de reparar no puede ser incumplida por el
Estado invocando razones de derecho interno.
Asimismo, cita el caso de La Rochela Vs.
Colombia, en donde la Corte Interamericana determinó que la reparación integral
de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida
al pago de una compensación a los familiares de las víctimas.
En virtud de estos argumentos, considera
que la medida de remitir a las vías administrativas como principal forma de
reparación, contraría lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
3.7.5.  Derecho interno
El interviniente cita las Sentencias C-099
de 2013 y SU 254 de 2013, de las cuales explica que la Corte Constitucional ha
definido que la reparación es un concepto que no se limita únicamente a un
resarcimiento monetario, sino que va más allá en la medida que incluye tanto
medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y la memoria histórica, como
medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y se sancione a los
responsables. No obstante, aduce que estas formas de reparación no se podrían
garantizar si se llevan a cabo preferentemente por un medio de vías administrativas,
las que responden únicamente a valores monetarios establecidos por el
Legislador sin la posibilidad que sea un juez quien tase todos los daños a los
que pudo estar sometida la víctima al interior del conflicto armado.
3.7.6. Derecho a la Igualdad
Alega que existe una vulneración al derecho
a la igualdad contemplado en el artículo 13 constitucional, ante la evidente
diferenciación que se hace de las víctimas del conflicto, y que las sometidas
al proceso de Justicia y Paz, perderán el tiempo al que fueron sometidas para
acceder a la reparación integral si no hacen parte de los hechos que las
califican como víctimas; por otro lado, otras podrán acceder a los métodos de
reparación integral por vía judicial o por vía directa.
Así entonces, añade que las remisiones que
se expresan en la reforma de la Ley 1592 del 2012 a la Ley 1448 de 2011,
proponen un sistema masivo de indemnización en la que las reparaciones por vía
judicial se dejan en un segundo plano.
3.7.7.  División de Poderes
En relación con este tema menciona que de acuerdo
a los artículos 113, 115 y 116 de la Constitución Política, y según lo
dispuesto en sentencia C-170 de 2012, las funciones del poder público deben
estar separadas y colaborar armónicamente entre sí de conformidad en un modelo
de especialización de labores estatales, cada una de ellas correspondiente a un
órgano en específico. Es por esta razón, que el interviniente sostiene que la
función que se les atribuye a las Unidades Administrativas no contraría el
principio de división de poderes, pero retirar la función judicial
completamente de las reparaciones masivas es una medida excesivamente
perjudicial para las víctimas.
3.8.
Intervención por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta
escrito de intervención por conducto de su apoderado legal, Nelson Javier
Alvarado Zabala, quien solicita la constitucionalidad de la norma acusada con
base en los siguientes argumentos:
Inicialmente, indica que las disposiciones
acusadas hacen parte de una política pública y masiva de reparación
administrativa que propende por una reparación adecuada, transformadora y
efectiva, en respeto de los principios constitucionales. Asimismo, explica que
las tensiones surgidas entre justicia y paz siempre deben ser analizadas y
tenidas en cuenta para la realización y éxito de procesos transicionales,
aunque reconoce que es notorio que las estrategias que se pretendan aplicar a
este tipo de procesos implican necesariamente el sacrificio de alguno de los
valores en tensión, por lo que se hace necesario diseñar para cada caso
específico un modelo de justicia transicional que se adapte a las condiciones
particulares del mismo.
Por lo anterior, estima que las circunstancias
del caso colombiano obligan a adoptar medidas que flexibilicen valores con el
fin de obtener una justicia reparativa para las víctimas de delitos atroces, lo
que además encuentra como complemento la búsqueda de un modelo de transición
basado en la identificación de la responsabilidad de los actores armados, así
como un equilibrio entre los derechos de las víctimas y la concesión de
perdones bajo el principio de proporcionalidad.
La intervención manifiesta que la
integralidad de la reparación administrativa incorporada en la Ley no se
construye sobre componentes tradicionales de reparación judicial, como con el
daño emergente y el lucro cesante, sino que el programa de reparación
administrativa propuesto incluye la adopción de medidas de satisfacción que
buscan restablecer a la víctima en el goce efectivo de sus derechos, entendidas
como una serie de acciones encaminadas a evitar que las graves violaciones a
derechos humanos se continúen cometiendo. De esta forma, afirma que el esquema
de transición se constituye en un parámetro de análisis para la posterior
definición del monto que ha de otorgarse a las víctimas y para las condiciones
de restitución, que no debe ni puede equipararse a los conceptos de daño
emergente y lucro cesante relacionado con un proceso judicial de estricta
rigurosidad probatoria.
En este sentido, arguye que la norma
demandada pretende disminuir una carga probatoria que las víctimas de graves y
masivas violaciones a los derechos humanos no son capaces de soportar.
En este orden de ideas, precisa que en el
marco de la justicia transicional el elemento del daño es el eje central de la
discusión, pues a partir del mismo se define el hecho victimizante, los
derechos que le asisten a las víctimas y el perdón social para los perpetradores
del daño. De esta forma, el efecto reparador que pretende establecer la
justicia transicional no equivale a la indemnización a que pueda ser reclamada
en procesos civiles comunes, toda vez que incorpora deberes simbólicos y
garantías de no repetición que exceden la sola indemnización pecuniaria.
En esta medida, aduce que limitar los
derechos de las víctimas a su reparación patrimonial no es admisible en el
marco del ordenamiento jurídico colombiano, pues el resarcimiento pecuniario no
constituye el elemento esencial de la reparación efectiva, como fue aceptado
por la Corte Constitucional en sentencia C-228 de 2002.
Bajo esta misma línea de razonamiento,
asegura que la norma demandada garantiza una reparación integral a todas las víctimas
en igualdad de condiciones, pues en todo caso se investigarán, procesarán y
sancionarán a las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de
la ley. Asimismo, sostiene que materializa el derecho a la verdad en el sentido
de contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar
de grupos armados organizados al margen de la ley.
Igualmente, alega que al incluir a las
víctimas como participantes dentro del proceso de Justicia y Paz en el programa
de reparación integral y restitución de tierras, se garantiza a estas la ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación en condiciones que reivindiquen
su dignidad.
Así entonces, manifiesta que la Ley 1448 de
2011, crea un programa articulado en el que se le ofrece y garantiza a la víctima
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral dentro de un
marco sostenible, lo cual permite al Estado desarrollar estas medidas de forma
continua y progresiva, con el fin de garantizar su viabilidad y efectivo
cumplimiento.
En relación con el derecho a la verdad,
expone que la ley reconoce la importancia que las víctimas sean conocedoras de
los hechos que generaron el daño, por lo cual el Estado debe garantizar el
derecho a las víctimas de acceso a la información y dar la posibilidad de
conocer lo que sucedió. Bajo este entendido, declara que la norma demandada en
ningún momento desconoce el derecho a la verdad de las víctimas, antes por el
contrario, ha sido una manera de garantizar el cumplimiento del mismo y de
materializar el derecho a la reparación integral.
Frente al derecho a la justicia, expresa
que éste se encuentra enmarcado dentro de los deberes de investigación efectiva
que permita el esclarecimiento de las violaciones, de identificación de los
responsables y su respectiva sanción, de manera que debe ser articulado con
diferentes normas nacionales y del bloque de constitucionalidad. Esta
responsabilidad no ha sido obviada por el Estado y en este mismo sentido, las
normas demandadas no vulneran este derecho, si se tiene en cuenta que el Estado
dejará de realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables
de los hechos y esclarecer las situaciones en que se hayan dado los mismos.
Así también, expresa que para el
cumplimiento de las medidas y de los derechos contemplados en las Leyes 1448 de
2011 y 1592 de 2012, es importante la existencia del CONPES 3712 y de un Plan
Financiero que responde a la necesidad de financiar en el tiempo las diferentes
medidas que reconoce la Ley 1448 de 2011, con el fin de permitir la
construcción de un lenguaje común entre el goce efectivo de los derechos de la
población desplazada y la sostenibilidad fiscal, lo cual a su vez busca
promover la estabilidad económica.
Por último, el Ministerio culmina su intervención
al hacer un pronunciamiento en relación con el cargo en contra de las
remisiones realizadas por la Ley 1592 de 2012, del cual estima que la parte
demandante omitió el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia
C-250 de 2012, mediante la cual declaró la exequibilidad de los términos “a
partir del primero de enero de 1985”, contenida en el artículo tercero de
la Ley 1448 de 2011, y “entre el primero de enero de 1991 y el término de
vigencia de la Ley”, contenida en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011,
por lo cual, considera que no es dable apreciar el argumento según el cual la
norma demandada resultaría inconstitucional por tener un carácter temporal al
definir los tiempos para que las víctimas sean admitidas dentro de los
procedimientos establecidos por la Ley.
4.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita
a la Corte Constitucional declarar exequibles los artículos 1, 3, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19, 20, 23 y 29 de la Ley 1592 de 2012 (2°, 5A, 15, 15A, 16, 16A,
17, 18, 18A, 18B, 23 y 44 de la Ley 975 de 2005), así como los apartes
demandados de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27,
30, 31, 32 y 33 de la misma ley (6°, 11A, 11C, 11D, 15A, 17, 17B, 17C, 18, 22,
23, 23A, 25, 26, 46, 46A, 46B y 54 de la Ley 975 de 2005) de esa misma Ley, y
los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos aquí
analizados, y declararse inhibida para pronunciarse sobre los artículos 36 (72
de la Ley 975 de 2005) y 37 de la Ley 1592 de 2012, por los siguientes
argumentos:
4.1.
Sobre la
aplicación de la priorización en los procesos de Justicia y Paz
Señala que el establecimiento de criterios de priorización de casos, o
la priorización como tal, es respetuosa tanto de las normas constitucionales
como de las obligaciones internacionales suscritas por Colombia, en tanto
permite a la Fiscalía y a la justicia penal darle prelación a los delitos de
mayor trascendencia social como, de hecho, otras autoridades judiciales y
administrativas pueden, en nuestro ordenamiento jurídico, darle prelación al
trámite y al fallo de determinados asuntos.
En todo caso, aclara que debe diferenciarse la priorización de la
selección, es decir, criterios que permiten que el Estado renuncie a la
investigación y al ejercicio de la acción penal respecto de algunos crímenes,
lo que es sustancialmente diferente y sí entiende este Despacho como contrario
a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de
protección de los derechos humanos, así como violatorio de la dignidad humana
de las víctimas de esas conductas que no sean seleccionadas, y de sus derechos
a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia y, principalmente, de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Manifiesta que en todo caso lo anterior, la priorización, debe
responder a parámetros razonables y proporcionales como los contemplados en la
sentencia C-579 de 2013 y al mismo tiempo que tiene unos límites específicos,
los cuales encuentran su fundamento, especialmente, en el bloque de
constitucionalidad.
4.2.
Sobre la
remisión a la ley de víctimas
En relación con el cargo por la remisión que se hace en varias de las
normas demandadas de la Ley 975 de 2005 a las definiciones, instituciones y
procedimientos administrativos establecidos en la Ley 1448 de 2011 (“Ley de
Víctimas”), expresa que prima facie resulta imposible concluir que
alguna de las anteriores diecisiete (17) proposiciones normativas contra las
que elevan sus cargos los accionantes contradiga las normas constitucionales y
del bloque de constitucionalidad por ellos invocadas como vulneradas, en tanto
que éstas últimas, sin duda, no tienen el grado de especificidad que tienen las
primeras ni se refieren a los asuntos, tan procesales o técnicos, que allí se
regulan.
Aduce en este sentido que los reproches de los accionantes, más que
contra la Ley 975 de 2005, se dirigen contra la Ley 1448 de 2011 (no
demandada), “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, y contra el modelo de justicia transicional que allí,
y en la Ley de Justicia y Paz (modificada por la Ley 1592 de 2012, que fue sólo
parcialmente demandada), adoptó el Legislador.
Expone que el fin perseguido por el Legislador, con los cambios
introducidos a la Ley de Justicia y Paz por la Ley 1592 de 2012, tiene por
objeto separar el proceso penal del que trata la misma ley en mención, en donde
en todo caso se buscaron reconocer y respetar los derechos de las víctimas, de
las medidas estrictamente de reparación, establecidas ahora en la Ley 1448 de
2011, sin con ello pretender desconocer o menoscabar éste o los demás derechos
de las víctimas.
Sostiene que el derecho a la reparación integral de las víctimas no
necesariamente implica que éstas tengan derecho a que exista un incidente de
reparación integral dentro del proceso penal especial que se adelante contra
los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen,
como originalmente se disponía en la Ley de Justicia y Paz, como tampoco
prohíbe o imposibilita que el Estado adopte una política pública de reparación
integral de las víctimas del conflicto armado, por vía administrativa, que se
armonice con las medidas, condiciones, exigencias y fines de reparación que
también se encuentran presentes en el proceso penal —que, por otra parte, no
eliminan o impiden a las víctimas pretender la satisfacción de este derecho, en
tanto que las acciones administrativas y judiciales, como ya se ha explicado en
los precedentes jurisprudenciales citados, deben entenderse como
complementarias y no como excluyentes—.
4.3.
Sobre las
versiones libres colectivas o conjuntas y la concertación de las audiencias
No considera que con motivo de los derechos de las
víctimas, el Legislador no pueda autorizar que se den versiones libres colectivas
o conjuntas; permitir que se concentren audiencias —lo que en forma alguna
contradice el mandato superior de responsabilidad individual en tanto que no
implica que puedan proferirse condenas contra las personas por conductas de
terceros—; o conceder ningún nuevo beneficio a los desmovilizados o restringir,
de alguna manera, la participación de las víctimas dentro del proceso penal de
Justicia y Paz, como sucede con algunas de las normas demandas en donde, por
ejemplo, se impide a las víctimas apelar las decisiones de mero trámite.
Indica también que el Legislador tiene un amplio
margen de configuración al diseñar las herramientas de justicia y paz[5],
y los derechos de las víctimas en forma alguna tampoco le impiden, como suponen
los accionantes, fijar un término para que pueda determinarse si los
beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, efectivamente cumplieron
con el deber de entregar, ofrecer o denunciar los bienes mal habidos que tengan
o que sepan que tiene el grupo armado al que pertenecían.
4.4.
Sobre la
aplicación temporal de la Ley 975 de 2005
Resalta que considera que al legislador le esté vedado modificar las
reglas de vigencia o de aplicación temporal de la Ley de Justicia y Paz, o que
ello automática o necesariamente afecte los derechos de las víctimas, ni
advierte que las modificaciones de esta naturaleza que se hicieron por medio de
la Ley 1592 de 2012 promuevan que los miembros de grupos armados al margen de
la Ley puedan hacerse beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz sin garantizar
o cooperar con la reparación integral de las víctimas.
En relación con los cargos formulados frente a la aplicación temporal
de la Ley 975 de 2005 y los beneficios que se conceden en la justicia
transicional, señalan que las conclusiones expuestas por los accionantes no
cumplen con los requisitos de certeza y pertinencia, en tanto que, más allá de
posibles diferentes concepciones o críticas que puedan hacerse desde el punto
de vista de técnica legislativa, así como de posibles y reprochables errores
que puedan cometerse en la aplicación de las normas demandadas, en las mismas
no se establece la lógica o los efectos que los actores reprochan.
Manifiesta en este sentido que la norma establece que: (i) para quienes
hayan formado parte de desmovilizaciones colectivas, la Ley 975 de 2005 aplica
únicamente para hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización (aún sin
que se fije una fecha límite), y (ii) para quienes se hayan desmovilizado de
forma individual, ésta aplique únicamente para hechos anteriores a su
desmovilización o, en todo caso, anteriores al 31 de diciembre de 2012; y no
que las normas demandadas autorizan a los desmovilizados para que puedan
continuar delinquiendo y que es prescindible o irrelevante el derecho de las
víctimas a la no repetición.
II.
CONSIDERACIONES
1.
COMPETENCIA DE
LA CORTE
Conforme al ordinal 4º del artículo 241 de
la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las
expresiones demandadas.
2.
ESTRUCTURA DE LA
SENTENCIA
En la presente demanda se plantean numerosos cargos de
inconstitucionalidad contra diversos artículos y segmentos normativos de la Ley
1592 de 2012, por la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 o
Ley de Justicia y Paz.
Por razones metodológicas, cada uno de los aspectos que analice la
Corte (admisibilidad, consideraciones, precisión y resolución de los cargos de
inconstitucionalidad, y síntesis), serán reagrupados siguiendo los tres ejes
temáticos centrales de la demanda: (i) diseño e implementación de metodologías
de investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad (priorización);
(ii) algunos aspectos procesales de la Ley 1592 de 2012; y (iii) derechos de
las víctimas (verdad, justicia, reparación integral, garantías de no
repetición, protección y participación en el proceso).
La estructura de la sentencia es la siguiente:
1.     Examen del cumplimiento de los requisitos
de las demandas de inconstitucionalidad.
2.     Precisión de los cargos de
inconstitucionalidad.
3.    Consideraciones sobre: (i) la justicia
transicional en el Estado Social de Derecho; (ii) el derecho fundamental a la
reparación integral; y (iii) importancia de las técnicas de priorización y su
relación con el diseño y aplicación de la Ley 1592 de 2012.
4.    Descripción de los antecedentes y aspectos
esenciales de la Ley 1592 de 2012.
5.    Examen y resolución de cada uno de los
cargos de inconstitucionalidad, reagrupados de conformidad con los tres ejes
centrales del proceso (priorización, aspectos procesales y derechos fundamentales
de las víctimas).
3. EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
3.1. Requisitos que deben cumplir las demandas de
inconstitucionalidad.
El ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad
contra una norma legal determinada debe señalar con precisión el objeto demandado,
el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente
para conocer del asunto. Estos son los tres elementos desarrollados en el
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, que hacen posible una decisión de fondo
por parte de este Tribunal Constitucional.
Para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de
inconstitucionalidad, es indispensable que los argumentos planteados en la misma
permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre
la norma acusada y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.
El artículo 2° del Decreto mencionado en precedencia,
consigna los requisitos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad,
uno de los cuales es el contemplado en el numeral tercero de la citada
disposición, a saber: el señalamiento de las razones por las cuales las
normas constitucionales invocadas se estiman violadas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera
reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que si bien es cierto
la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos
y debe prevalecer la informalidad[6],
deben existir requisitos y contenidos mínimos en la demanda que permitan a la
Corte Constitucional la realización satisfactoria del examen de
constitucionalidad, es decir, el libelo acusatorio debe ser susceptible de
generar una verdadera controversia constitucional.
Por ello, esta Corporación ha interpretado el alcance
de las condiciones materiales que debe cumplir la demanda de
inconstitucionalidad y ha sistematizado, sin caer en formalismos técnicos,
incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de
inconstitucionalidad, que los cargos formulados por la demandante deben ser claros,
ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[7]. Esto significa
que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer
verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el
actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con
argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni doctrinarios
ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la
acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser
capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada (suficiencia).
3.2.
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
3.2.1. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL CARGO
GLOBAL DE INCONSTITUCIONALIDAD  RELACIONADO CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE
INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES DE SISTEMA (PRIORIZACIÓN), EN UN CONTEXTO DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
Los demandantes acusan la inconstitucionalidad
de las expresiones “aplicando
criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas
conductas” (artículo 1º);
“sin perjuicio de la aplicación de criterios de priorización” (artículo 3);
“La investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que
determine el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la
presente ley” (artículo 10); “y de conformidad con los criterios de
priorización” (artículo 11); “de acuerdo con los criterios de priorización
que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo
16A de la presente ley” (artículo 12), “de priorización”, “de
priorización” y “concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos
responsables” (artículo 13) “de conformidad con los criterios de
priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” (artículo 14);
el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012 y la expresión: “las
víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo
dentro del proceso, de conformidad con los criterios de priorización” del
parágrafo 5º del artículo 23, contemplan
la posibilidad de aplicar criterios de priorización en el proceso de Justicia y
Paz.
Tales disposiciones, según los
demandantes,  desconocen la obligación del Estado colombiano de realizar una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable de las conductas
punibles y afecta el derecho a la igualdad de aquellos casos no seleccionados,
vulnerándose los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la
reparación integral a la no repetición y a la igualdad, contempladas en el
Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte considera que el cargo global de
inconstitucionalidad formulado respecto de las expresiones demandadas de los artículos 1, 3, 10, 11, 12, 13 y 14, así
como el parágrafo del artículo 18 y el parágrafo 5º del artículo 23 de la Ley
1592 de 2012 reúne los
requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, según las siguientes consideraciones:
Se cumple con el requisito de certeza,
pues efectivamente la Ley 1592 de 2012 incorpora la posibilidad de aplicar
criterios de priorización en los procesos de justicia y paz, circunstancia que
modifica el sistema procesal penal de la Ley 975 de 2005 y establece reglas
especiales para la realización de las investigaciones.
Así mismo, el cargo es claro y pertinente,
ya que los demandantes plantean dos (2) reparos constitucionales a las normas
acusadas que son: (i) la afectación de la obligación del Estado de realizar una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable, conforme al Preámbulo y
los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y; (ii) la vulneración del derecho a la  igualdad
de las víctimas cuyos procesos no sean priorizados.
Es suficiente, pues los demandantes
realizan una argumentación extensa y fundamentada de las razones por las cuales
consideran que las normas acusadas son inconstitucionales, lo cual refuerzan al
citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre
las que mencionan los casos de 19 comerciantes vs. Colombia, Juan Humberto
Sánchez vs. Honduras, la Rochela vs. Colombia, entre otros. Así también, citan
las normas consuetudinarias números 151, 152, 154, 155 y 158, sistematizadas
por el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- que obligan a los Estados a
investigar y sancionar los crímenes de guerra.
Considera la Corte que el cargo de
inconstitucionalidad global presentado por los demandantes es:
El legislador violó: (i) su deber
constitucional e internacional de realizar una investigación seria, imparcial y
en plazo razonable en relación con la comisión de crímenes de sistema; y (ii)
el derecho a la igualdad de las víctimas cuyos procesos no sean priorizados, en
la medida en que introdujo unos criterios de priorización en diversas
disposiciones de la Ley 1592 de 2012, referidas a los siguientes aspectos: (i)
ámbito de interpretación y aplicación normativa (art.1, parcial); enfoque
diferencial entre las víctimas (art. 3, parcial); establecimiento de la verdad
(art.10, parcial); esclarecimiento del fenómeno de despojo de tierras y
cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (art. 11, parcial); fijación
de criterios de priorización por el Fiscal General de la Nación (art. 12,
parcial); criterios de priorización de casos (art. 13, parcial); versión libre
y confesión (art. 14, parcial); formulación de imputación (parágrafo del art.
18); e identificación de afectaciones causadas a las víctimas correspondientes
al patrón de macrocriminalidad (par. 5 del artículo 23),
Por último, esta Corporación precisa que la
admisión de un cargo de inconstitucionalidad global[8] no restringe su
competencia para examinar la conformidad de cada uno de los artículos legales o
segmentos normativos acusados alusivos a los criterios de priorización.
3.2.2. ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD DE LOS
CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS SOBRE ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES DE
LA LEY 1592 DE 2012.
3.2.2.1 Primer cargo: cooperación con los
procesos penales ordinarios (artículo 11 de la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes consideran que la expresión
“la pondrá a disposición de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, con el fin de contribuir a los procedimientos que ésta adelanta
para la restitución de los predios despojados o abandonados de conformidad con
los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011” del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012, regula las
posibilidades de cooperación entre los procesos de Justicia y Paz con la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pero
no prevé la cooperación entre los procesos de Justicia y Paz con otros procesos
penales de la justicia ordinaria ni con las investigaciones que se adelantan en
diferentes Unidades de la Fiscalía. Lo anterior vulnera los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
El artículo 11 de la Ley 1592 de 2012
consagra la cooperación de la Fiscalía General de la Nación con la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas:
“Cuando de los elementos materiales
probatorios o de la información legalmente obtenida, la Fiscalía General de la
Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de
tierras, la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los
procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448
de 2011”.
La Corte constata que el texto normativo transcrito
no contiene expresión alguna que excluya o cierre la posibilidad de que la cooperación
que tiene la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial
de Restitución de Tierras Despojadas, se extienda a la justicia ordinaria.
Así las cosas, en ningún momento la
previsión de una cooperación especial entre los procesos de Justicia y Paz con
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, implica que no se tenga la obligación de cooperación con la
justicia ordinaria.
La Ley 975 de 2005, en su artículo 21[9],
establece que en aquellos supuestos en los que existan cargos no aceptados por
el procesado, éstos deberán ser remitidos al juez competente para ser juzgados
conforme a las leyes existentes al momento de la comisión de los hechos.
De manera análoga, la Ley 1592 de 2012,
dispone de artículos en los que se refleja la interacción entre el proceso de
Justicia y Paz con la justicia ordinaria. Bajo este entendido, se constata que
esta ley prevé en su artículo 20[10],
así como en el parágrafo de su artículo 21[11],
el deber que tiene la Sala de Conocimiento en compulsar copias de lo actuado al
funcionario competente conforme a la ley vigente al momento del acaecimiento de
los hechos, con la finalidad de continuar el proceso bajo el esquema de la
justicia ordinaria.
Así mismo, el artículo 22 de la misma Ley 1592 de 2012
otorga la posibilidad de suspender provisionalmente el proceso ordinario
cursado en contra de un postulado al proceso de Justicia y Paz, hasta tanto no
se haya consumado la audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos y el imputado haya aceptado
los mismos.
Cabe precisar que estas normas evidencian
la posibilidad de iniciar o reanudar el proceso ordinario, en aquellos
supuestos en que se vea frustrado el proceso de Justicia y Paz, especialmente
en los casos donde el procesado no acepte los cargos.
Así las cosas, la Corte considera que el
cargo de inconstitucionalidad dirigido contra la expresión: “la pondrá a disposición de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el
fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de
los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos
en la Ley 1448 de 2011”,
del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012, carece de certeza, razón por la cual se
abstendrá de adelantar un examen de fondo sobre su conformidad con la
Constitución y proferirá un fallo inhibitorio.
3.2.2.2 Segundo cargo: exclusión del
recurso extraordinario de casación. Cosa juzgada material.
El parágrafo 3° del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012 señala
que “contra la decisión de segunda instancia no
procede recurso de casación”, texto que reproduce de manera exacta el parágrafo
3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en virtud del cual “contra la
decisión de segunda instancia no procede el recurso de casación”.
El parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 fue demandado dentro
del expediente D – 6032 por el cargo de constituir una restricción del derecho
al recurso judicial efectivo, teniendo en cuenta que en el procedimiento
ordinario sí existe la posibilidad de presentar el recurso de casación[12]. Este cargo fue decidido en la
Sentencia C -370 de 2006[13], la cual declaró
exequible este parágrafo teniendo en cuenta que la exclusión del recurso
de casación como medio de impugnación de la sentencia proferida en segunda
instancia por la Corte Suprema de Justicia, no entraña la afectación de
derechos y garantías procesales de los intervinientes en el proceso:
“6.2.3.2.3.5.
La exclusión del recurso de casación como medio de impugnación de la sentencia
proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, no
entraña la afectación de derechos y garantías procesales de los intervinientes
en el proceso, ni la imposibilidad de materializar el derecho sustancial, como
lo señalan los demandantes. Ciertamente no es el recurso de casación el único
idóneo para garantizar la efectividad de tales derechos. La libertad de
configuración de los procedimientos que se asigna al legislador, comporta una
exigencia de adecuación de los mismos a las especificidades de los procesos, a
su naturaleza y objetivos. Es evidente que la ley 975/05 regula un
procedimiento que posee sus propias particularidades, una de ellas, quizás la
más relevante es que se estructura a partir de la confesión plena y fidedigna
de procesado, lo cual genera también unas necesidades procesales específicas.
No resulta afortunado en consecuencia sostener la inconstitucionalidad de la
disposición que excluye la casación en este procedimiento, sobre la afirmación
de un supuesto trato discriminatorio para los intervinientes en el
procedimiento especial, tomando como parámetro de comparación el procedimiento
ordinario, que responde a naturaleza y finalidades diversas.
6.2.3.2.3.6. No
advierte la Corte que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración
de los procedimientos hubiese sobrepasado los límites que le señala la
Constitución en cuanto al respeto de los derechos fundamentales, y
particularmente del debido proceso, en el diseño de los medios de impugnación.
Al contrario observa una preocupación por amparar todas las decisiones que se
profieran en el curso del proceso con algún mecanismo de control.
6.2.3.2.3.7.
Por las anteriores razones el cargo no prospera, se declarará en consecuencia
la exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 26 de la ley 975 de 2005”[14].
En el presente caso, los
accionantes demandan el parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, ya
que consideran que la  improcedencia del recurso de casación contra la decisión
de segunda instancia vulnera el derecho de las víctimas a acceder a la
administración de justicia del máximo tribunal de la jurisdicción, creándose
una regla discriminatoria frente al sistema ordinario, por lo cual el cargo
planteado coincide con el decidido en la Sentencia C- 370 de 2006.
Por lo anterior, es claro que se configura
el fenómeno de la cosa juzgada material en relación con el parágrafo 3º del
artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, sin que exista ninguna razón adicional que
justifique analizar nuevamente este parágrafo. En consecuencia, la Corte
declarará estarse a lo resuelto en sentencia C- 370 de 2006.
3.2.2.3
Tercer cargo: las
versiones libres conjuntas o colectivas (parágrafo del artículo 14 de la Ley
1592 de 2012)
Los demandantes señalan que las expresiones
“colectivas o conjuntas” y “de manera colectiva”
contempladas en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012 permiten
realizar versiones libres colectivas o conjuntas y que la imputación,
formulación y aceptación de cargos se puede hacer de manera colectiva. Lo
anterior, según ellos, es inconstitucional, por cuanto podría afectar la
responsabilidad penal individual, el derecho a la verdad y a la justicia, pues
conllevan a la indebida investigación de los hechos que dieron lugar a las
violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
evitando que se utilicen técnicas de investigación que tiendan a establecer las
posibles contradicciones entre las versiones y a clarificar la responsabilidad
individual de las personas que participaron en las acciones del grupo.
El cargo formulado contra las expresiones
demandadas del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012 reúne los
requisitos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia, en atención a lo siguiente:
El cargo formulado es cierto, por cuanto el
parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012 efectivamente establece que “La Fiscalía General de la Nación podrá
reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la recepción de versiones
libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que hayan
pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo que
contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato
de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo.
La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación, formulación y
aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente los
requisitos de ley”. En
efecto, es notoria la consagración de la ley al otorgar al operador judicial la
posibilidad de utilizar una recepción colectiva para las versiones libres y la
aceptación de cargos, lo cual no se encuentra fuera de contexto con lo expuesto
por los demandantes.
En relación con la claridad y pertinencia,
se precisa que el cargo alcanza estos requisitos, pues los demandantes plantean
que las versiones libres conjuntas o colectivas podría afectar la
responsabilidad penal individual ya que el Estado colombiano se encuentra
fundado sobre este principio. Además, sostienen que los derechos a la verdad y
a la justicia se verían afectados porque la aceptación de cargos colectivos
conduciría a la indebida investigación de los hechos criminales, al evitar que se
utilicen técnicas de investigación para esclarecer contradicciones entre las
versiones que se rinden.
En este sentido, también encuentra la Sala
que se configuran los requisitos de suficiencia y especificidad, en atención a
que los demandantes desarrollan una argumentación que desvirtúa directamente
las disposiciones atacadas mediante la explicación de consecuencias que se
encuentran directamente relacionadas con el cargo que se estudia.
3.2.2.4
Cuarto cargo: la
audiencia concentrada y la terminación anticipada del proceso (Inciso 4º y
parágrafo del artículo 18 y expresión “concentrada” del artículo 22 de
la Ley 1592 de 2012)
Los actores señalan que el inciso 4º y el
parágrafo del artículo 18 y la expresión “concentrada” del artículo 22
de la Ley 1592 de 2012 disponen que se podrá programar una audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, lo cual consideran
inconstitucional, pues vulneraría el derecho de participación de las víctimas
en el proceso de Justicia y Paz y a la adecuada y seria investigación de las
conductas punibles por parte del Estado, pues una audiencia concentrada no
brinda las garantías para que las víctimas tengan la oportunidad de analizar
los respectivos cargos, especialmente en aquellas situaciones en las que los
postulados hacen una aceptación parcial de los mismos, dejando así a las
víctimas de aquellos cargos que no acepta el postulado sin la posibilidad de
continuar el proceso de Justicia y Paz, viéndose obligadas a continuar por la
vía de la justicia ordinaria el proceso contra el postulado.
El cargo formulado cumple con los
requisitos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia, en consideración a lo siguiente:
En primer lugar, se configura el requisito
de certeza en el cargo, en razón a que efectivamente el inciso 4º del artículo
18 y la expresión “concentrada” del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012,
permiten la programación de una audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos[15].
Como segundo aspecto a precisar, el cargo
que se formula es claro y pertinente, pues los demandantes plantean tres (3)
argumentos para desvirtuar directamente las disposiciones acusadas: (i) la
audiencia concentrada no brinda garantías para que en aquellas ocasiones en que
un postulado acepte parcialmente los cargos, las víctimas puedan continuar con
el reclamo de sus derechos en el mismo proceso de justicia y paz, por lo que se
les impone una carga adicional al obligarlos a continuar por vía de jurisdicción
ordinaria; (ii) las víctimas no cuentan con un tiempo prudente para analizar
los cargos, especialmente los que fueron aceptados: (iii) según la Sentencia
C-370 de 2006, la Corte Constitucional señaló que lo términos procesales
desproporcionalmente reducidos impiden la protección de los derechos  a la
justicia, a la verdad y a la reparación.
La suficiencia y especificidad en el cargo
se configuran en la medida en que los demandantes mencionan con detalle y
precisión la afectación directa que se produce en los derechos a la verdad,
justicia y reparación de las víctimas a raíz de las medidas adoptadas por las
disposiciones acusadas, que contemplan la posibilidad de realizar una audiencia
concentrada y de terminar anticipadamente el proceso.
Adicionalmente, los accionantes señalan que
el parágrafo del artículo 18 establece que se podrá solicitar la terminación
anticipada del proceso de Justicia y Paz si el postulado acepta la
responsabilidad por las conductas imputadas que hagan parte de un patrón de
macrocriminalidad que haya sido esclarecido, lo cual consideran inconstitucional,
pues se harían imputaciones por aquella información que se relaciona con un
patrón de macrocriminalidad y no por la confesión voluntaria, libre, veraz y
completa de los hechos, vulnerándose el derecho de las víctimas a la verdad.
El cargo formulado contra el parágrafo del
artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en
atención al siguiente análisis:
El parágrafo acusado establece la posibilidad de terminación anticipada
del proceso cuando el postulado reconoce y acepta la responsabilidad en la
comisión de los delitos. Al respeto la disposición establece que “Cuando
los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de
macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia
y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se
hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de
macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su
responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación
anticipada del proceso (…)”. A partir de esta cita es evidente que no
existe incoherencia entre el cargo formulado y la disposición atacada, de
manera que la certeza del cargo se encuentra demostrada.
En segundo lugar, los demandantes exponen
dos (2) razones por las cuales consideran que este procedimiento especial
afectaría los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación: (i)
la terminación anticipada del proceso por aceptación de la responsabilidad del
postulado, no es suficiente para conocer las circunstancias de tiempo, modo y
lugar exactas en las que se llevaron a cabo los hechos criminales, ya que se
harían imputaciones por información que se relaciona con el patrón de
criminalidad y no por la confesión completa de los hechos; (ii) la norma olvida
que los postulados tienen como condición para recibir beneficios, que sus acciones
estén encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas mediante
información completa y veraz. En virtud de esta exposición, no se presenta duda
alguna en relación con el cumplimiento de los requisitos de claridad y
pertinencia, ya que los argumentos presentan con lucidez y coherencia la idea
que pretenden plantear.
Finalmente, el cargo es suficiente y especifico,
pues los ciudadanos presentan varios argumentos encaminados a describir la
ineficacia de las normas acusadas en forma precisa frente a los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación. A partir de lo expuesto en el
párrafo anterior, es notorio que el escrito no contiene términos generales que
induzcan al operador judicial a inferir otro tipo de sentido.
3.2.2.5. Quinto cargo: la sustitución de la
medida de aseguramiento y suspensión condicional de la ejecución de la pena,
nuevas concesiones y privilegios para los postulados en detrimento de los
derechos de las víctimas (artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes señalan que los artículos
19 y 20 de la Ley 1592 de 2012 consagran dos nuevas concesiones y
privilegios para los postulados que son la sustitución de la medida de
aseguramiento y  la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual
consideran que vulnera los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición de las víctimas, por cuanto el Estado concede
beneficios sin que se cumpla con el deber de realizar una investigación a fondo
de las violaciones a los derechos humanos crímenes de guerra o crímenes de lesa
humanidad que hubiesen cometido los postulados al proceso.
El cargo formulado contra los artículos 19
y 20 de la Ley 1592 de 2012, encaja dentro de los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, por estas
razones:
Frente a la certeza en el cargo, cabe
señalar que ésta se encuentra demostrada por cuanto es verídico que los
artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de 2012, establecen una serie de beneficios
para los postulantes al proceso de Justicia y Paz, entre los cuales se
encuentran dos nuevas concesiones que son la sustitución de la medida de
aseguramiento y suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Respecto a la claridad y la pertinencia en
la formulación, se encuentran asimismo demostradas pues los demandantes
plantean los siguientes argumentos: (i) la posibilidad de sustituir la pena
privativa por una no privativa de la libertad siempre que se haya permanecido
ocho (8) años en un establecimiento penitenciario, demuestra que durante todo
este tiempo no se ha logrado que el postulado rinda versión libre ni se haya
logrado condenar a todos los imputados, lo cual hace ineficaz el proceso; (ii)
el requisito que impone al postulado haber participado y contribuido al
esclarecimiento de la verdad, es demasiado laxo en el sentido que la versión de
los imputados debe ser completa y veraz, acompañada de una investigación seria
y exhaustiva de los hechos que permita garantizar los derechos de las víctimas;
(iii) el requisito de haber entregado bienes para la reparación si a ello
hubiere lugar conforme a la ley, significa que no es necesario que el postulado
entregue sus bienes o que éstos tengan vocación reparadora, lo cual vulnera el
derecho de las víctimas a la reparación integral; (iv) al verificar los
requisitos para la sustitución, el Magistrado tendrá en cuenta la información
aportada por el postulado o las autoridades competentes, sin dar lugar a las
víctimas o sus representantes para contradecir o afirmar lo que dice el
postulado, lo que vulnera el derecho de participación de las víctimas en cada
etapa procesal; (v) se presenta un desconocimiento de la justicia ordinaria al
permitir que los postulados privados de la libertad al momento de su
desmovilización, puedan acceder al beneficio sin haber ejecutado la pena y;
(vi) la suspensión condicional de la pena impuesta por la justicia ordinaria,
desconoce abiertamente lo actuado en el proceso ordinario y los fundamentos de
hecho y de derecho que dieron lugar a la condena, lo cual, vulnera los derechos
de las víctimas a la justicia en la medida que el postulado que fue previamente
condenado recibe un beneficio.
En relación con la suficiencia y la
especificidad, no existe duda que se encuentran cumplidos estos requisitos por
cuanto los demandantes presentan cinco (5) argumentos que describen con
exactitud algunas posibles falencias de las disposiciones acusadas, sin dejar
margen de ambigüedad para el operador judicial.
3.2.2.6.   Sexto cargo: la extradición de los
postulados de Justicia y Paz (expresiones demandadas del artículo 31 de la Ley
1592 de 2012)
Los accionantes señalan que las expresiones
“De los postulados
extraditados”, “por
efecto de extradición concedida”, “los postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” contemplados
en el artículo 31 de la
Ley 1592 de 2012, permiten la extradición de postulados de justicia y paz, lo
cual se ha convertido en un instrumento que genera impunidad y que vulnera los
derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad, pues se ha impedido que
los jefes paramilitares extraditados sigan revelando a los máximos responsables
del paramilitarismo en Colombia y permite que los bienes que deberían
destinarse a la reparación sean puestos a disposición del gobierno estadounidense
para acceder a beneficios y rebajas de penas.
El cargo formulado contra el artículo 31 de la Ley 1592 de 2012 reúne
los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
en consideración a lo siguiente:
La certeza del cargo se encuentra demostrada,
toda vez que es verídica la consagración que realiza el artículo 31 en permitir
expresamente la extradición de postulados extranjeros.
Es claro y pertinente, pues los demandantes
plantean que la norma demandada puede afectar los derechos de las víctimas a la
verdad y a la justicia.
Es suficiente, pues los demandantes
realizan una argumentación extensa y fundamentada de las razones por las cuales
consideran que las normas demandadas son inconstitucionales.
3.2.3. ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD DE LOS
CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
3.2.3.1 Primer cargo: establecimiento de
criterios especiales para la protección de las víctimas (expresiones demandadas
de los artículos 3 y 10 de la Ley 1592 de 2012)
Los demandantes señalan que las expresiones “cuando
el riesgo se genere con ocasión de su participación en el proceso judicial
especial de que trata la presente ley” del artículo 3 y “en los eventos
en los que haya lugar” del artículo 10 de la Ley 1592 de 2012, implican
restricciones que hacen que solamente se proteja a un grupo específico de
personas y no a todas las víctimas del conflicto armado. Esta situación
vulneraría el deber de la Fiscalía General de la Nación de velar por la
protección de las víctimas contemplado en el numeral 7º del artículo 250 de la
Constitución.
La Corte considera que el cargo formulado carece de certeza,
pues las expresiones demandadas no señalan que se deje de proteger a todas las
víctimas del conflicto armado, sino que, por el contrario, se dará una
protección a algunas de ellas por encontrarse inmersas en una situación
especial.
Por una parte, el artículo 3º señala que dentro de las
consecuencias del principio de enfoque diferencial que irradia el proceso
especial de justicia y paz, el
Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos
expuestos a mayor riesgo de vulneración de sus derechos. El segmento normativo
relevante reza:
“El Estado ofrecerá especiales garantías y
medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones
a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, tales como mujeres,
jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad,
campesinos/ as, líderes/lideresas sociales, miembros de organizaciones
sindicales, defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento
forzado y miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con ocasión
de su participación en el proceso judicial especial de que trata la presente
ley”.
Adviértase que, en ningún momento esta
disposición prevé que las víctimas que no hagan parte de las categorías señaladas
no sean protegidas por el Estado; por el contrario, que aquellas que lo hagan,
por sus características particulares, y en virtud del principio de enfoque
diferencial, tendrán una especial protección, cuando en virtud de su
participación en el proceso de justicia y paz, se incremente el riesgo de
vulneración  de sus derechos.
El artículo 10 de la Ley 1592 de 2012 por
su parte señala que “En los eventos en los que haya lugar, la Fiscalía General de la Nación
velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que
pretenda presentar en el juicio”, expresión que tampoco elimina la protección de las víctimas en el
resto de situaciones, sino que se refiere al deber legal de las Fiscalía de
brindar una protección específica a las víctimas, los testigos y los peritos
que vayan a ser presentados por ella ante el juez de justicia y paz.
En conclusión, del contenido verificable
del texto de las disposiciones cuestionadas, no se deduce el alcance
hermenéutico, ni los efectos alegados por los demandantes. Por consiguiente, al
no haberse estructurado un verdadero cargo de inconstitucionalidad contra las
expresiones: “cuando el riesgo se genere con ocasión de su participación en
el proceso judicial especial de que trata la presente ley” del artículo 3 y
“en los eventos en los que haya lugar” del artículo 10 de la Ley 1592 de
2012, la Corte se abstendrá de adelantar un examen de fondo sobre la
conformidad de la misma con la Constitución, y en consecuencia, se declarará
inhibida.
3.2.3.2  Segundo cargo: remisión de la versión rendida
por el postulado a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz
(segmento normativo demandado del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012).
Los demandantes solicitan que la expresión “la versión rendida por el desmovilizado y
las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán
en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial
asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización
establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el
programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de
la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de
criminalidad y victimización”, del artículo 14
de la Ley 1592 de 2012 sea declarada exequible condicionadamente, en el
entendido que esta información sea remitida también a otras Unidades de
Fiscalías como aquella de Derechos Humanos, y haga parte de los procesos que se llevan a cabo contra
los postulados, el bloque , los “parapolíticos”, o procesos que
se adelanten contra  empresas que los apoyaron o financiaron en su actuar.
Al respecto, la Corte encuentra que el artículo 14 de la Ley 1592 de 2012
plantea que la versión rendida
por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de
desmovilización, se pondrán de forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con el claro objetivo de que
el fiscal delegado y la Policía Judicial, inicien la investigación a través del
desarrollo del programa metodológico, buscando establecer patrones y contextos
de criminalidad y victimización, a la luz de los criterios de priorización
previamente establecidos.
Del análisis de esta disposición, se observa que no
consagra expresión alguna que limite o excluya la participación de otras
Unidades de la Fiscalía General de Nación, o su acceso a la información dentro
del proceso de Justicia y Paz. Si bien es cierto, que el legislador estableció
el deber del operador judicial de remitir a la Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz la versión libre y la información recaudada en el
proceso de desmovilización, también lo es, que la norma no contempla
expresiones excluyentes como: únicamente, solamente, privativamente, entre
otras, que pudieran entenderse que cierran la posibilidad para que otras
Unidades de la Fiscalía General de la Nación utilizaran esta información o lo
hicieran en distintos procesos.
De hecho, independientemente de la promulgación de la
norma acusada, la información de los procesos de Justicia y Paz ha sido
esencial para la iniciación de múltiples procesos en contra de otras personas,
como sucede en el caso de la “parapolítica”.
Algunas versiones libres rendidas por postulados al
proceso de Justicia y Paz han conducido a la apertura de investigaciones y a
posteriores condenas de Congresistas vinculados con el paramilitarismo. Lo
anterior ha quedado en evidencia en algunas sentencias condenatorias proferidas
por la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo, aquellas dictadas contra
los ex congresistas Miguel Pinedo Vidal[16]
y Enrique Rafael Caballero[17],
con base en las versiones libres rendidas por el excomandante paramilitar
Hernán Giraldo. En forma similar, las versiones libres rendidas ante fiscales
de Justicia y Paz por Ebert Veloza -alias “H.H.”- fueron el punto de partida
para la posterior condena del ex congresista Juan Carlos Martínez Sinisterra[18]
por sus vínculos con el Bloque Calima.
Al mismo tiempo, varias sentencias proferidas por los
Tribunales de Justicia y Paz dan cuenta del objetivo de investigar las
conductas punibles de Congresistas. Aunque no tienen un grado de detalle,
algunas de estas sentencias exhortan a la Fiscalía a compulsar las copias
pertinentes con el fin de investigar a los demás partícipes de delitos, en
especial a dirigentes políticos que colaboraron con las autodefensas[19].
No se deriva de una interpretación verosímil de la
disposición cuestionada, que las versiones rendidas por los postulados y demás
información recaudada en los procesos de Justicia y Paz, no podrán ser
utilizados en otros procesos o por otras Unidades de la Fiscalía, como
efectivamente se demuestra está sucediendo.
En conclusión, al no haberse estructurado un verdadero cargo de
inconstitucionalidad contra el segmento normativo “la versión rendida por el desmovilizado y las demás
actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma
inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y
la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso,
de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal
General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para
iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada
y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización”, del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012, toda vez que
los argumentos planteados en la demanda carecen de certeza, la Corte se abstendrá de adelantar un
examen de fondo sobre la conformidad del mismo con la Constitución, y por ende,
proferirá un fallo inhibitorio.
3.2.3.3    Tercer cargo: limitaciones a las
funciones de la Defensoría del Pueblo y cambio del incidente de reparación integral por aquel de
identificación de afectaciones (artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012).
Cosa juzgada constitucional
Los demandantes señalan, de manera específica, que el
parágrafo 1º del artículo 23 limita arbitrariamente las funciones de la
Defensoría del Pueblo, al prever que solamente deberá explicar a las víctimas
que participan en el proceso las rutas de acceso a los programas de reparación
integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011, lo cual consideran
inconstitucional, pues aquéllas cuentan con muchos más recursos como las
acciones de grupo, la reparación directa, la acción de tutela, los derechos
específicos de las víctimas del desplazamiento forzado y los mecanismos
internacionales establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o
el Sistema de las Naciones Unidas. Por lo anterior, consideran que establecer
que la Defensoría del Pueblo solamente tiene los mecanismos contemplados en la
Ley 1448 de 2011 desconoce las funciones constitucionales de dicho organismo.
Agregan que las expresiones demandadas de los
artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, derogan las
disposiciones que contenían lo relacionado con el incidente de reparación
integral, con lo cual las víctimas quedan sin posibilidad de ejercer este
derecho mediante el proceso de la Ley de Justicia y Paz, de manera que se contradice
el objeto de la Ley 975, uno de los cuales es, garantizar el derecho de las
víctimas a la reparación.
La Corte advierte que ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, y por ende, procede estarse a lo resuelto en
sentencia      C- 286 de 2014, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la totalidad del
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.
El Tribunal Constitucional constata que en las
sentencias C–180 y C-286 de
2014, analizó el cambio del sistema de reparación judicial contemplado en el
texto inicial de la Ley 975 de 2005 por el de reparación administrativa
establecido en la Ley 1592 de 2012, el cual implicó, a su vez, reemplazar el
incidente de reparación integral por el de identificación de afectaciones:
(i)
La sentencia C-180
de 2014 consideró que la reparación de las víctimas reconocidas en el proceso
de justicia y paz debería ser judicial y no administrativa y por ello decidió declarar inexequibles las expresiones “las
cuales en ningún caso serán tasadas”  e “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros
correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de
2011 a los que haya lugar” del artículo 23, así como también, el inciso 2º
del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
(ii)
Por su parte, la
Sentencia C – 286 de 2014, en
concordancia con la Sentencia C - 180 de 2014, indicó que debería restaurarse
el sistema de reparación judicial de las víctimas contemplado en la Ley 975 de
2005 y por ello declaró la inexequibilidad de los artículos 23, 24, 40 y 41 de
la Ley 1592 de 2012.
De esta manera, mediante dos (2) sentencias de
constitucionalidad se eliminó el incidente de identificación de afectaciones
previsto en la Ley 1592 de 2012 y se revivió el modelo de reparación judicial
regulado inicialmente en la Ley 975 de 2005, por lo cual frente a este cargo,
se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y la Corte declarará
estarse a lo resuelto en sentencias C-180 y C-286 de 2014.
En conclusión, la Corte declarará estarse a lo
resuelto en sentencia         C- 286 de 2014, que declaró inexequibles los artículos
23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.
3.2.3.4  Cuarto cargo: las condenas posteriores a la
pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad (expresiones demandadas
del artículo 26 de la Ley 1592 2012)
Los ciudadanos señalan que, en virtud de la expresión
“y hasta el término de la
condena ordinaria allí establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, se dispone
que si con posterioridad a la sentencia emitida en el proceso de Justicia y Paz
y hasta el término de la condena ordinaria, la autoridad competente constata
que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, ofreció o denunció todos
los bienes adquiridos por él o por el grupo armado ilegal, perderá el beneficio
de la pena alternativa. Consideran que eso es inconstitucional por ser
contrario a los derechos a la verdad y a la reparación integral de las
víctimas, pues impediría que en el término de prueba (igual a la mitad de la
pena alternativa) se pueda hacer un seguimiento al beneficiario que permita
comprobar si ha reincidido en delitos así como que no hubiese existido una
defraudación frente a los bienes.
La Corte considera que el cargo formulado no es
cierto, pues el artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 no eliminó el período de
prueba ni la posibilidad de que en el mismo se determine si el postulado ha
reincidido en delitos y si realizó alguna defraudación con relación a sus
bienes o los del grupo armado al margen de la ley al que pertinencia.
En este sentido, la Sentencia C- 614 de 2013 reconoció
que el artículo 26 de la Ley 1592 no eliminó el período de prueba y, por el
contrario, señaló que durante el mismo se debía verificar que el postulado no
hubiera actuado fraudulentamente frente a los bienes que ofreció para la
reparación:
“2.2.8. Ahora bien, en cuanto a la
revocatoria del beneficio de la pena alternativa, el actor asume de manera
correcta que este evento puede ocurrir hasta el término de la condena ordinaria
impuesta, pero a partir de esta base asume de manera subjetiva e injustificada
que esto se refiere a la totalidad de la condena principal. De ahí que afirme
que el riesgo de revocatoria puede cernirse sobre un tiempo tan considerable
que llegue a representar el resto de la vida de la persona. El
antedicho entendimiento de la norma pasa por alto varios detalles relevantes y
trascendentes. El primero de ellos es el de la existencia del artículo 29 de la
Ley 975 de 2005, que regula la pena alternativa, y que no es objeto de
modificación o de derogatoria expresa por la Ley 1592 de 2012, por lo que se
encontraría, al menos en principio, vigente, y debería ser considerado en el
concepto de la violación.
2.2.9. En el cuarto inciso del artículo 29
de la Ley 975 de 2005 se prevé que, cumplida la pena alternativa y las
condiciones impuestas en la sentencia, se concederá al condenado la “libertad a
prueba” por un término igual a la mitad del de la pena alternativa, período en
el cual éste se compromete a no reincidir en conductas delictivas, a
presentarse ante el tribunal que corresponda y a informar cualquier cambio de
residencia. En el quinto inciso del mismo artículo, que es el relevante para
este asunto, se señala que transcurrido el período de “libertad a prueba”, si
las anteriores obligaciones se cumplieron “se declarará extinguida la pena
principal”, y si no se cumplieron “se deberá cumplir la pena inicialmente
determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que
correspondan”.
En conclusión, al no haberse estructurado un verdadero cargo de
inconstitucionalidad contra la expresión “y hasta el término de la condena
ordinaria allí establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, la
Corte se abstendrá de adelantar un examen de fondo sobre la conformidad del
mismo con la Constitución, y en consecuencia, proferirá un fallo inhibitorio.
3.2.3.5 Quinto cargo: actos de contribución
a la reparación integral (artículo 29 de la Ley 1592 de 2012)
Dentro de las normas que cuestionan los demandantes
por la transformación del incidente de reparación integral en incidente
de identificación de afectaciones, incluyen también el artículo 29 de la
Ley 1592 de 2012, frente al cual señalan que existe un déficit de protección
del derecho a la reparación integral en relación con el artículo 45 de la Ley
975 de 2005 antes de ser derogado por el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, el
cual preveía que la reparación comporta los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción, componentes que no se mencionan
en el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012. Sin embargo, la Sentencia C-286 de
2014, al declarar inexequible el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, que
derogaba entre otros el artículo 45 de la Ley 975 de 2005, revivió esta norma,
por lo cual el cargo formulado por los demandantes ha perdido fundamento y en
la actualidad carecería de certeza, por lo que la Corte se abstendrá de
adelantar un examen de fondo sobre la conformidad del artículo 29 de la Ley 1592
de 2012 con la Constitución. En consecuencia, se proferirá un fallo
inhibitorio.
3.2.3.6 Sexto cargo: remisión de la regulación de los
derechos de las víctimas en los procesos de justicia y paz a las reglas de la
Ley 1448 de 2011  (expresiones demandadas de los artículos 4, 8, 11, 16, 23,
24, 27, 32, 33, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes consideran que las expresiones
demandadas de los artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 27, 32, 33, 38, 39, 40 y 41
de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a la obligación constitucional del
Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
armado a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y a las garantías
de no repetición, al remitir a las víctimas de los procesos de Ley 975 de 2005
a los procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011, la cual es limitada
en la garantía de los derechos, de manera que contradice el Preámbulo y los
artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución Política, los artículos 8 y 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 y 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Los demandantes centran el cargo de
inconstitucionalidad de la remisión que los artículos cuestionados hace a la
Ley 1448 de 2011 por los siguientes motivos: (i) la transformación de la
responsabilidad judicial en administrativa; (ii) la restricción del derecho a
la administración de justicia al evitar el acceso de las víctimas a la justicia
ordinaria, especial o contencioso administrativa; (iii)
la remisión del artículo 4º al concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 y
con ello a sus restricciones temporales y materiales y; (iv) la imposición de
una carga adicional que afecta los derechos de las víctimas en asuntos de
restitución de tierras.
La Sentencia C - 180 de 2014 declaró inexequibles las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el
apartado  “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la
inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de
manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de
tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso
quinto del artículo 23, así como también, el inciso segundo del artículo 24 de
la Ley 1592 de 2012.
Por su parte, la Sentencia C-286 de 2014 declaró inexequibles los
artículos 23, 24, 25, 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012 y la expresión “y
contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas”
contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa.
Entiende la Corte que, en virtud de las
decisiones recientemente adoptadas, sobre este cargo se configura el fenómeno
de la cosa juzgada parcial, en los siguientes aspectos:
(i)
En un sentido
material, frente a lo decidido respecto de los artículos 23, 24, 25, 33, 40 y 41 de la Ley 1592
de 2012 y la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de
las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la
misma normativa, pues las mismas fueron declaradas inexequibles.
(ii)
En relación con los
dos (2) primeros cuestionamientos señalados por el demandante: (i) Frente a la
transformación de la responsabilidad judicial en administrativa y (ii) Respecto
de la restricción del derecho a la administración de justicia al evitar el
acceso de las víctimas a la justicia ordinaria, especial o contencioso
administrativa, pues la Corte decidió en las
Sentencias C – 180 y    C – 286 de 2014 que la indemnización de las víctimas
reconocidas en los procesos de justicia y paz debería ser judicial.
A pesar de la configuración de la cosa juzgada frente
a los artículos 23, 24, 33, 40
y 41 de la Ley 1592 de 2012 y la expresión “y contra el fallo del incidente
de identificación de las afectaciones causadas”, del inciso 3º del artículo
27 de la misma normativa, la Sala encuentra que ese mismo fenómeno no se
presenta en relación con el cargo de inconstitucionalidad dirigido contra los artículos
4, 8, 11, 16, 27 (salvo lo declarado inexequible), 30, 32, 38 y 39 de la Ley
1592 de 2012, en cuanto a los dos aspectos no abordados en las Sentencias C –
180 y  C – 286 de 2014, a saber:
(i)
La
remisión del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 al concepto de víctima de la
Ley 1448 de 2011, y con ello a sus limitaciones temporales y materiales.
(ii)
El reenvío de la
Ley 1592 de 2012 al proceso de restitución de tierras contemplado en la Ley
1448 de 2011.
La admisibilidad sobre esos dos aspectos del cargo de
inconstitucionalidad planteado por la demanda, serán analizados a continuación.
A.
La remisión del
artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 a los derechos de las víctimas, según lo
establecido en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas).
El artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 señala que “Las
víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011” estableciendo que los derechos de aquellas son los
que se encuentran en dicha ley. En virtud de esta norma, los demandantes manifiestan que la
remisión expresa realizada a la Ley 1448 de 2011 vulnera los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, por cuanto es una ley limitada en el
tiempo, así como por los delitos que abarca para garantizar sus derechos. De
acuerdo con los accionantes, eso causa que no todas las víctimas que hacen
parte de los procesos de Justicia y Paz puedan acceder a la protección de sus
derechos, bien sea por el tiempo que tiene como límite la Ley 1448 de 2011 o
porque ésta no abarca todas las conductas delictivas de los grupos armados:
(i)
En relación con el
tiempo, los demandantes destacan que la Ley 1448 de 2011 solamente se aplica a
hechos ocurridos desde el 1º de enero de 1985, límite temporal que sería
aplicado también a las víctimas en los procesos de justicia y paz en virtud de
la remisión realizada por la expresión demandada del artículo 4º de la Ley 1592
de 2012.
(ii)
Frente al tipo de
delito, los actores afirman que la aplicación de la Ley 1448 de 2011 solamente
incluye hechos victimizantes, por lo cual, si las víctimas no sufrieron uno de
estos delitos definidos por el Decreto 4800 de 2011 como el homicidio, el
secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, los
atentados graves contra la integridad física y mental, el desplazamiento
forzado y el despojo de tierras, estarían desprotegidos en sus derechos.
La Corte considera que el cargo de
inconstitucionalidad no cumple con los requisitos de certeza, suficiencia,
especificidad, claridad y pertinencia, por las siguientes razones.
Según la sentencia C-456 de 2012, se
entiende por certeza lo siguiente:
“significa que la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente “y no simplemente sobre una deducida por
el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso,
no son el objeto concreto de la demanda.  Así, el ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere,
entonces, de aquella otra encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”.
En el caso concreto, no existe certeza por cuanto el artículo 4
de la Ley 1592 de 2012, presenta la estructura propia de una cláusula de
reenvío, carente por tanto de un contenido normativo autónomo.
El
principio de coherencia del sistema jurídico apunta a entender el derecho como
un sistema, y a éste como un conjunto de partes interrelacionadas, regidas por
unos principios comunes. En palabras de Del Vecchio, “Las proposiciones
jurídicas particulares, aunque pueden por sí misma considerarse en su
abstracción, tienden naturalmente a constituirse en sistema. La necesidad de
coherencia lógica lleva a que se acerquen aquellas que son compatibles o
respectivamente complementarias, y a que se rechacen las contradictorias
o incompatibles”[20].
Una de las técnicas empleadas por el derecho
continental europeo, en especial el francés, destinadas a asegurar la
coherencia del sistema jurídico, consiste en crear cláusulas de reenvío (clauses
de renvoi), las cuales permiten articular los contenidos de diversos textos
normativos. Se pretende evitar la existencia de lagunas jurídicas y garantizar
la seguridad jurídica.
En otras palabras, el cargo de inconstitucionalidad
carece de certeza, en la medida en que, tratándose de una cláusula de reenvío, es
decir, una disposición que únicamente establece una conexión entre dos leyes, es
imposible que per se, vulnere disposición constitucional alguna.
También se incumple con el requisito de suficiencia,
ya que la argumentación expuesta por los demandantes no logra generar una duda
de constitucionalidad, en relación con la existencia de una presunta limitación
indebida a los derechos de las víctimas por el legislador. Lo anterior, se
insiste, por tratarse de una disposición normativa que carece de un contenido
normativo autónomo.
Así mismo, los planteamientos de los ciudadanos no
resultan claros, en la medida en que terminan aludiendo, en materia de delitos,
a una regulación infralegal (Decreto 4800 de 2011), sin explicar la existencia
de una conexión directa entre ésta y el artículo 4º de la Ley 1592 de 2012.
De igual manera, se incumple con el requisito de pertinencia,
ya que el concepto de la violación se funda en interpretaciones subjetivas de
los ciudadanos.
En este orden de ideas, la Corte considera que los
demandantes no lograron plantear un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo
4º de la Ley 1592 de 2012, y por ende, se declarará inhibida para proferir un
fallo de fondo, por inepta demanda.
Precisa la Corte que, la declaratoria de inhibición
respecto del artículo 4º de la Ley 1448 de 2011, de forma alguna impide que las
víctimas acudan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para
reclamar el pago de una reparación integral.
B.
La remisión de
la Ley 1592 de 2012 al proceso de restitución de tierras contemplado en la Ley
1448 de 2011
Los demandantes cuestionan los artículos 8, 11, 16,
27, 30, 32, 38 y 39 de la Ley 1592 de 2012 en relación con un aspecto que no
fue analizado en las sentencias C – 180 y C – 286 de 2014: la imposición de una
carga adicional a las víctimas reconocidas en los procesos de justicia y paz
respecto de la restitución de tierras, pues para obtenerla tendrán que iniciar
un proceso judicial especial contemplado en la Ley 1448 de 2011. Este cargo se
considera admisible pues reúne los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, como se
expone a continuación:
(i)
Es cierto, pues la
Ley 1592 de 2012 remite a las víctimas de los procesos de Ley 975 de 2005 a los
procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011 en relación con la
restitución de tierras.
(ii)
Es claro y
pertinente, pues los demandantes plantean la imposición de una carga adicional
que afecta los derechos de las víctimas en asuntos de restitución de tierras,
por cuanto tienen que iniciar un proceso judicial distinto al de justicia y paz
para ello, cargo que resulta claro y que tiene gran relevancia constitucional.
En este aspecto, debe resaltarse la importancia de que la Corte revise en este
momento la remisión que hace la Ley 1592 de 2012 a la Ley 1448 de 2011 en
relación con la restitución de tierras, pues este tema no fue definido en las
sentencias C – 180 y C – 286 de 2014, siendo un aspecto esencial en el
reconocimiento de los derechos de las víctimas.
(iii)
Es suficiente y
especifico, pues los demandantes exponen sus razones de forma detallada al
explicar las consecuencias fácticas y jurídicas que generan las disposiciones
demandadas en relación con las obligaciones constitucionales del Estado.
3.2.3.7 Séptimo cargo: la no exigencia de
que los bienes de los postulados tengan vocación reparadora y la facultad que
tendrían las víctimas de interponer ciertos recursos e intervenir en
determinadas audiencias relacionadas con aquéllos (artículo 5, parcial;
parágrafo del artículo 7; parágrafo del artículo 8 y 17, parcial de la Ley 1592
de 2012)
Los accionantes consideran que las expresiones
demandadas de los artículos 5, 7, 8 y 17 de la Ley 1592 de 2012, no exigen que
los bienes que ofrezcan los postulados a la Ley de Justicia y Paz tengan una
vocación reparadora, lo cual afectaría sus deberes, así como el derecho a la
reparación de las víctimas. De igual manera, reclaman el derecho que tendrían
dichas víctimas a interponer ciertos recursos y a intervenir en determinadas
audiencias, relacionadas con la posibilidad de solicitar la terminación del
proceso de Justicia y Paz, la cual de acuerdo con las disposiciones demandadas,
sólo está en cabeza del fiscal del caso.
En relación con el numeral 3 del artículo 5 de la Ley
1592 de 2012, a cuyo tenor: “Cuando
se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta
persona”, solicitan una
declaratoria de exequibilidad condicionada, en el sentido de que será causal de terminación del proceso o de
exclusión de la lista de postulados el hecho que los bienes que se entregan,
ofrezcan o denuncien, no tengan vocación reparadora.
En lo que atañe con las expresiones “y debe ser
presentada por el fiscal del caso” y “según lo considere pertinente el
fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud del inciso 2º del artículo
11A”, ambas del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, los ciudadanos solicitan
que se declaren exequibles condicionadamente, en el entendido que las víctimas
tienen también el derecho a solicitar la audiencia de terminación del proceso
de Justicia y Paz para uno o varios postulados, cuando quiera que los bienes
entregados no ofrezcan vocación reparadora, potestad que no debe quedar
solamente en cabeza del fiscal del caso, garantizando de este modo el derecho
fundamental de participación de las víctimas en el proceso.
Respecto a la expresión “con posterioridad a la
entrega de los bienes” consignada en el parágrafo 3º del artículo 5,
solicitan a  la Corte que se declare exequible condicionalmente, en el sentido
que aun cuando el postulado fallezca y no hubiese hecho entrega de los bienes
que buscarán servir para reparar a las víctimas, se deben seguir las
investigaciones y, si es del caso, la extinción del dominio, de los bienes que
él haya ofrecido con vocación reparadora, los que otros postulados hayan
denunciado que el fallecido tenía, o aquellos que se encuentren como resultado
de  investigaciones posteriores al deceso del postulado, para, de esta forma,
garantizar el derecho de las víctimas a la reparación integral.
En el mismo sentido, solicitan la declaración de
exequibilidad condicionada de la expresión “por el fiscal delegado del caso
y por la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral
a las víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas” del inciso
tercero del artículo 7, en el sentido que las víctimas tienen derecho a decidir
qué bienes tienen o no vocación reparadora para ellas, así como a exponer sus
argumentos y demostrar ante el juez de control de garantías sus consideraciones
al respecto, para excluir o no un bien para la reparación integral a las
víctimas.
En relación con el parágrafo del artículo 7 reclaman
que sea declarado inexequible por flexibilizar los requisitos que deberán
cumplir los postulados a la Ley de Justicia y Paz, por cuanto no dispone que
haya una reparación adecuada para las víctimas por parte de ellos, al no exigir
que los bienes que entregan, denuncien u ofrezcan tengan vocación reparadora
para acceder a los beneficios que otorga la ley.
En este aspecto recuerdan que la Corte Constitucional
estableció en la sentencia C-370 de 2006 que “la reparación económica a
cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias
para garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la
impunidad”, posición que es confirmada por la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 27 de abril de 2011”.
En relación con el parágrafo del artículo 8, consideran
que se debe declarar su exequibilidad condicionada, para garantizar el derecho
a la reparación integral de las víctimas mediante la entrega de bienes con
vocación reparadora, en el sentido que deben continuar las investigaciones de
los bienes lícitos que los postulados adquieran después de la desmovilización,
por cuanto son claros los vínculos de los grupos armados, en especial de los
paramilitares tienen con el narcotráfico, y, la práctica de usar testaferros
para ocultar la procedencia ilícita de los bienes.
De igual manera, demandan que se declare la
exequibilidad condicionada de la expresión “si la decisión del incidente
fuera favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la
medida cautelar”, contemplada en el inciso 3º del artículo 17, en el
sentido que las víctimas tienen derecho a interponer recursos frente a la
decisión de levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Magistrado.
Al respecto, la Corte considera que algunos de los
cargos de inconstitucionalidad reúnen los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, como se
entrará a exponer a continuación:
En relación con el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, es
cierto que, expresamente, el segmento normativo cuestionado no dispone que la entrega de bienes que no tengan vocación
reparadora por parte del postulado constituya causal de terminación del proceso de justicia y paz. De allí que se genere una duda acerca de
su conformidad con la Constitución.
En lo que atañe con las expresiones “y debe ser
presentada por el fiscal del caso” y “según lo considere pertinente el
fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud del inciso 2º del artículo
11A”, ambas del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, la Corte considera que
también se configuró un cargo de inconstitucionalidad, en la medida en que no
se le permite a las víctimas solicitar la audiencia de terminación del proceso
de Justicia y Paz para uno o varios postulados, cuando quiera que los bienes
entregados no ofrezcan vocación reparadora, potestad que, por el momento, sólo
está en cabeza del fiscal del caso. De allí que se cumpla con los requisitos de
certeza, suficiencia, pertinencia y claridad.
En cuanto a la expresión “con posterioridad a la
entrega de los bienes” contemplada en el parágrafo 3º del artículo 5, la
Corte considera que también se configuró un cargo de inconstitucionalidad, en
la medida en que la expresión acusada condiciona, de cierta forma, la
continuación de los procesos de extinción de dominio sobre bienes entregados u
ofrecidos por el postulado.
En el mismo sentido, la Corte estima que se configuró
un cargo de inconstitucionalidad en relación con la expresión “por el fiscal
delegado del caso y por la unidad administrativa especial para la atención y
reparación integral a las víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas”
del inciso tercero del artículo 7, en la medida en que expresamente no se
dispone que las víctimas tengan derecho a decidir qué bienes tienen o no
vocación reparadora para ellas, así como exponer sus argumentos y demostrar
ante el magistrado con función de control de garantías sus consideraciones al
respecto, para excluir o no un bien para la reparación integral a las víctimas.
En relación con el parágrafo del artículo 7 estima la
Corte que también se configuró un cargo de inconstitucionalidad, en cuanto la
norma acusada permite, bajo ciertas condiciones, la entrega de bienes que no
tienen vocación reparadora, y en esa medida, se podría afectar el derecho de
las víctimas a obtener una reparación integral.
Con respecto al parágrafo del artículo 8, los
ciudadanos consideran que se debe declarar la exequibilidad condicionada del
mismo, para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas
mediante la entrega de bienes con vocación reparadora, en el sentido que deben
continuar las investigaciones de los bienes lícitos que los postulados
adquieran después de la desmovilización, por cuanto son claros los vínculos de
los grupos armados, en especial de los paramilitares con el narcotráfico y el
uso de testaferros para ocultar la procedencia ilícita de los bienes.
En parágrafo del artículo 8 atacado dispone:
“En ningún caso se afectarán los bienes de
los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los
frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad
a la desmovilización”.
Aunque a primera vista puede advertirse que los
ciudadanos están partiendo del supuesto de que los desmovilizados continúan
delinquiendo y que por ende, cualquier bien adquirido por ellos de forma
lícita, elemento hermenéutico que no se encuentra consignado en la norma
acusada de inconstitucional, y que, en ese sentido, llevaría a concluir que el
cargo no cumple con el requisito de certeza, la Corte considera necesario
realizar un estudio de fondo del mismo en el marco de los fines de un proceso
de reinserción a la sociedad de los excombatientes.
De igual manera, los ciudadanos demandan que se
declare la exequibilidad condicionada de la expresión “si la decisión del
incidente fuera favorable al interesado, el magistrado ordenará el
levantamiento de la medida cautelar”, contemplada en el inciso 3º del
artículo 17, en el sentido que las víctimas tienen derecho a interponer
recursos frente a la decisión de levantamiento de la medida cautelar dispuesta
por el Magistrado de Justicia y Paz.
Al respecto, la Corte estima que los
ciudadanos configuraron un verdadero cargo de inconstitucionalidad, en la
medida en que el segmento normativo acusado no prevé que las víctimas
participen durante el incidente de oposición de terceros y levantamiento de
medida cautelar. Cumpliendo así con los requisitos para establecer una cuestión
de constitucionalidad.
3.2.3.8 Octavo cargo: la limitación de los
recursos en el proceso de Justicia y Paz (artículo 27 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes manifiestan que las expresiones “solo
y de fondo” del inciso 2º, “demás” y “solo” del inciso 3º  y
el parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, vulneran el derecho de
las víctimas a la participación efectiva en el proceso de Justicia y Paz, por
cuanto disminuyen sus posibilidades de acudir a los recursos ordinarios como el
de apelación, durante todo el transcurso del proceso. Alegan, que las expresiones
demandadas, limitan el ejercicio del recurso de apelación, únicamente a la
sentencia y los autos que resuelvan asuntos de fondo, lo cual afecta los
derechos de las víctimas a la participación, al debido proceso y al acceso
efectivo a la justicia.
El cargo formulado contra las expresiones “solo” y
“de fondo” del inciso 2º y “demás” y “solo” del inciso 3º y
el parágrafo 3º del artículo
27 de la Ley 1592 de 2012, cumple con los requisitos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia por las siguientes razones:
Es cierto, por cuanto el artículo el 27 de la Ley 1592
de 2012 limita la posibilidad de presentar recursos sobre las decisiones en el
proceso de justicia y paz al señalar que “La apelación procede contra los
autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las
audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que
se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de justicia”.
En este mismo sentido, se encuentran consolidados los
cargos con respecto a los requisitos  a la claridad y pertinencia, pues los
demandantes plantean con coherencia y precisión que las disposiciones acusadas:
(i) disminuyen las posibilidades de las víctimas en acudir a los
recursos ordinarios como el de apelación, y lo limitan únicamente a la
sentencia y autos que resuelvan asuntos de fondo; y (ii) la no
procedencia del recurso de casación contra la decisión de segunda instancia,
vulnera los derechos de las víctimas a ser escuchadas por el máximo tribunal de
la justicia ordinaria.
Asimismo, es de reconocerse la configuración de la
suficiencia y especificidad del cargo, en razón a que los argumentos
presentados no revisten ambigüedad sino que atacan concretamente las normas
demandadas.
3.2.3.9 Noveno cargo: violación del derecho
a la paz, a las garantías de no repetición y de los derechos de las víctimas
por las nuevas postulaciones y nueva aplicación temporal de la Ley 975 de 2005
(artículos 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes señalan que las expresiones “Para el caso de desmovilizados colectivos
en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno nacional, la presente ley se
aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su
desmovilización”, y
“con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012” del
artículo 36 y “con
anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno
nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación” y el inciso 2º del artículo  37 de la Ley 1592 de 2012 son
inconstitucionales, por cuanto disponen un cambio en la aplicación temporal de
la ley y en especial de los beneficios concedidos a las personas que quieren
someterse a un proceso de justicia transicional, lo cual puede afectar los
derechos de las víctimas a la paz, a las garantías de no repetición, a la
verdad, a la justicia, y a la reparación.
El cargo formulado contra estas expresiones del artículo 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012 reúne
los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
por los siguientes motivos:
(i)
El cargo es cierto pues
el artículo 36 de la Ley 1592 de 2012 modificó la vigencia de la ley 975
de 2005.
(ii)
El cargo es claro y
pertinente, pues los demandantes plantean que las normas demandadas pueden
afectar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición.
(iii)  El cargo es suficiente, pues los demandantes realizan
una argumentación extensa y fundamentada, de las razones por las cuales
consideran que las normas demandadas son inconstitucionales.
4.  LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO
4.1. Concepto y alcance
La justicia transicional está constituida
por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda[21] en los cuales es necesario utilizar gran
variedad de mecanismos para
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de
lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y
lograr la reconciliación[22].
Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, tienen distintos
niveles de participación internacional y comprenden “el enjuiciamiento de
personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional,
la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de
todos ellos”[23].
El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas entiende por justicia
transicional: “toda la
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a
fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y
lograr la reconciliación”[24].
En similar sentido, la Corte Constitucional
ha acogida una definición de justicia transicional según la cual es: “una institución jurídica a través de la cual
se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para
enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o
sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia
una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la
democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la
aplicación de las instituciones penales corrientes”[25].
Se trata de un sistema de justicia de
características específicas, que debe aplicarse de manera excepcional[26].
Dicho proceso de transformación social
busca solucionar las fuertes tensiones que se presentan entre la justicia y la paz[27], entre los imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos
de las víctimas y las necesidades de lograr el cese de hostilidades[28]. Para ello es necesario conseguir un delicado balance
entre ponerle fin a las hostilidades y prevenir la vuelta a la violencia (paz
negativa) y consolidar la paz mediante reformas estructurales y políticas
incluyentes (paz positiva)[29].
Cada Estado debe confeccionar un modelo de
justicia transicional que se adapte a sus necesidades, enfocadas no sólo en
garantizar la no repetición del conflicto, la reparación efectiva de las
víctimas, el descubrimiento de la verdad sobre lo ocurrido, sino además
propender por la plena reconciliación.[30]
4.2. Finalidades de la justicia
transicional
La Corte Constitucional ha
reconocido que la justicia transicional debe cumplir con los siguientes
objetivos especiales[31]:
·
El reconocimiento de
las víctimas, quienes no
solamente se ven afectadas por los crímenes, sino también por la falta de
efectividad de sus derechos[32].
En este sentido, el primer derecho de aquellas personas que hayan sufrido un
perjuicio como consecuencia de la violación de sus derechos humanos es el
reconocimiento de su condición de víctimas, el cual tiene un carácter
fundamental y autónomo y se deriva su derecho a la dignidad humana[33].
En este marco, el crimen causa una ruptura
no solamente del autor con el Estado, sino también de las propias víctimas con
la sociedad, pues en casos de violaciones masivas de derechos humanos pueden
llegar a ser excluidas del propio sistema social a través del desplazamiento,
la violencia y la ausencia de mecanismos reales para hacer valer sus derechos.
De esta manera, en un contexto de
transición democrática, las víctimas deben recobrar su dignidad y reintegrarse
a la sociedad como ciudadanos iguales[34].
A partir de este reconocimiento las víctimas deben lograr, a lo largo del
proceso, el restablecimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación[35]
que no solamente tienen un valor específico sino que en su conjunto las
dignifican como miembros de una sociedad que reconoce que merecen una
protección especial.
Al respecto ha señalado esta
Corporación: “Sobre estas bases señala que los horrores del pasado deben ser
enfrentados  con mecanismos concretos, cuyo objetivo primordial sea la
satisfacción de los “derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación,
dignificación) y la garantía de no repetición de las atrocidades (Estado de
derecho, reforma institucional, reconciliación democrática, deliberación
pública)”[36].
·
El restablecimiento
de la confianza pública mediante la reafirmación de la relevancia de las normas
que los perpetradores violaron[37]. Las conductas delictivas cometidas a gran
escala no solamente causan un daño particular en las víctimas, sino también en
la confianza de toda la sociedad en la eficacia de las instituciones públicas y
en su capacidad para la tutela de sus derechos y garantizar la convivencia[38].
Por consiguiente, una de las finalidades de la justicia transicional debe ser
restablecer esa confianza en el Estado[39].
En este sentido, el Consejo de
Seguridad ha señalado la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en una situación de conflicto[40].
Por ello ha recomendado que en los acuerdos de paz “Se dé atención
prioritaria al restablecimiento y respeto del Estado de derecho, disponiendo
expresamente el respaldo al Estado de derecho y a la justicia de transición, en
particular cuando se precisa la asistencia de las Naciones Unidas en la
instrucción y los procesos judiciales”[41].
·
La reconciliación[42], que implica la superación de las
violentas divisiones sociales, se refiere tanto al logro exitoso del imperio de
la ley, como a la creación o recuperación de un nivel de confianza social y de
solidaridad que fomente una cultura política democrática que le permita a las
personas superar esas experiencias de pérdida, violencia, injusticia, duelo y
odio, y que se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros[43].
En este sentido, los procesos de justicia transicional deben mirar hacia atrás
y hacia delante con el objeto de realizar un ajuste de cuentas sobre el pasado
pero también permitir la reconciliación hacia el futuro[44].
·
El fortalecimiento
de la democracia[45] mediante la promoción de la participación de todos,
restaurando una cultura política democrática y un nivel básico de solidaridad y
de confianza sociales para convencer a los ciudadanos de que participen en sus
instituciones políticas por razones distintas a la conveniencia personal[46].
En este sentido, la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en las
sociedades que se encuentran sufriendo o han sufrido conflictos causantes de
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario ha sido reconocida en diversos documentos internacionales de las
Naciones Unidas:
a.
La Resolución 40/34 del
29 de noviembre de 1985 que adoptó la “Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder”,
la cual señala los derechos al acceso a la justicia y al trato justo[47],
al resarcimiento[48],
a la indemnización[49]
y a la asistencia[50]
de aquellas víctimas de acciones u omisiones que constituyan violaciones
del derecho penal nacional o que violen normas internacionalmente reconocidas
relativas a los derechos humanos.
b.
El “conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la
lucha contra la impunidad”, elaborados en aplicación de la decisión
1996/119 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual
se consagran 42 principios para la lucha contra la impunidad y de la garantía
de los derechos a saber, a la justicia y a la reparación.
c.
El documento “estrategia
integral. consideraciones para las negociaciones, los acuerdos de paz y los
mandatos” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[51].
d.
Los Principios y
Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y
Obtener Reparaciones. En tal Resolución se señala el alcance de la obligación de
respetar y asegurar que se protejan dichos principios, de aplicar las normas
internacionales de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario[52]
y se consagran los derechos de las víctimas a disponer de recursos[53],
de acceder a la justicia[54],
a la reparación de los daños sufridos[55],
al acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación[56]
y a la no discriminación[57],
entre otros.
e.
Las resoluciones 1674
(2006) y 1894 (2009), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señalan
la importancia de la reforma del sector de la seguridad y los mecanismos de
rendición de cuentas en la protección de los civiles en los conflictos armados.
Igualmente establecieron mandatos en apoyo del Estado de Derecho en muchas
misiones políticas especiales y de mantenimiento de la paz, como las del
Afganistán, Burundi, el Chad, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Haití, Iraq,
Liberia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo,
Sierra Leona, el Sudán, Sudán del Sur y Timor-Oriental[58].
f.
El informe denominado: “Estrategia
integral. Consideraciones para las negociaciones, los acuerdos de paz y los
mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, en el cual se
reconoce la importancia de los esfuerzos del Consejo de Seguridad, y de los
enviados y representantes de las Naciones Unidas por promover las iniciativas
relacionadas con el estado de derecho y la justicia de transición en los
acuerdos de paz.
En este documento se establece una
estrategia integral con el objeto de promocionar el Estado de Derecho,
garantizar la rendición de cuentas, instaurar la confianza en las instituciones
nacionales de justicia y seguridad, la igualdad entre los géneros a través de
un mayor acceso a la justicia, tener en cuenta nuevas amenazas y las causas
fundamentales de conflicto. Así mismo, se formulan una serie de consideraciones
para las negociaciones, los acuerdos de paz y los mandatos, dentro de las
cuales se destacan la necesidad de apoyar la aplicación de las disposiciones
sobre la justicia de transición y el Estado de Derecho en los acuerdos de paz y
de rechazar toda concesión de amnistía por genocidio, crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de los derechos humanos[59].
4.3. Mecanismos de la justicia transicional
La justicia transicional implica la
articulación de un conjunto de medidas, judiciales o extrajudiciales[60],
y puede abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de
la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la
remoción del cargo o combinaciones de todas las anteriores[61], tal como ha
reconocido el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[62].
En este sentido, los elementos de la justicia
transicional son fundamentales para lograr una paz verdadera: (i) la verdad
será una condición para la paz si hace imposible denegar pasadas injusticias;
(ii) la verdad será una condición para la paz cívica mediante el screening
de funcionarios y políticos que hayan colaborado con el régimen pre-transicional;
(iii) la justicia transicional será una condición para la paz si satisface las
demandas de retribución; (iv) la justicia distributiva será una condición de
una paz duradera si determina las causas del conflicto[63]; (v) la
justicia puede evitar nuevos delitos pero hay que estimar si una paz a largo
plazo justifica prolongar el conflicto[64].
Por su parte, existen también múltiples relaciones
entre los elementos de la justicia transicional, por cuanto la justicia sirve a
la verdad, pues es un producto de los trabajos ordinarios de la justicia[65];
la verdad ayuda a la justicia identificando a los perpetradores[66] y también es
un instrumento para dar justicia a las víctimas[67].
4.4.
La justicia penal
La
justicia penal es sólo uno de los mecanismos de la justicia transicional que
debe aplicarse conjuntamente con medidas de verdad, reparación y no repetición
para satisfacer los derechos de las víctimas[68]. Si bien en
el entendimiento de una parte de la población la justicia es comúnmente ligada
con el castigo[69], la
complejidad de los procesos de justicia transicional y su necesidad de
responder a violaciones masivas hacen que los mismos no puedan centrarse
exclusivamente en medidas penales[70] y que estas
tengan un alcance especial para el cumplimiento de las finalidades de la justicia
transicional.
En este
sentido, el Derecho penal en un proceso de justicia transicional exige la
prevalencia de las funciones preventivas de la pena y cumple con objetivos
específicos plenamente articulados con la reconciliación de la sociedad y la
protección de los derechos de las víctimas[71]:
·
La prevención general
negativa[72]
en un proceso de justicia transicional es fundamental, pues de la seriedad de
los mecanismos y de la efectiva condena de los máximos responsables de los
delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera
sistemática, depende que no exista una repetición de las conductas por parte de
otros grupos armados o una reincidencia de los mismos autores de los crímenes.
·
La prevención especial
negativa[73]
está directamente relacionada con una de las finalidades esenciales de la
justicia transicional que es la garantía de no repetición de los crímenes, pues
uno de los objetivos esenciales del proceso es prevenir que se sigan cometiendo
delitos contra la población. En este aspecto es fundamental que el proceso
garantice una real desarticulación de los grupos al margen de la ley y de sus
actividades ilícitas, pues de lo contrario continuarán cometiendo crímenes
masivos contra la población o se transformarán en otros nuevos con distinto
nombre pero con similares objetivos.
·
La prevención especial
positiva[74]
se realiza mediante una resocialización que se logra con la reintegración seria
de los actores armados, la cual solamente se podrá consolidar si se garantiza
la participación de los actores en la sociedad.
·
La prevención general
positiva[75]
se consigue con el restablecimiento de la confianza de los individuos en el
ordenamiento jurídico a través del fortalecimiento del Estado Social de
Derecho, de la democracia y del desmantelamiento de organizaciones criminales.
La
justicia transicional tiene el gran reto de asegurar al mismo tiempo la paz y
la justicia[76]. En este
sentido, si bien la amnistía se puede convertir en un medio para facilitar la
paz y la reconciliación, no puede transformarse en un instrumento para asegurar
intereses personales de inmunidad de la justicia[77].
En tal
sentido, la Corte Constitucional, al hacer referencia al derecho a la justicia
ha establecido numerosas reglas, entre las cuales, y de cara al proceso de
justicia transicional, cabe destacar las siguientes: “(i) la obligación del
Estado de luchar contra la impunidad, (ii) a obligación de establecer mecanismos
de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección
judicial efectiva de los derechos de las víctimas de delitos. En este sentido,
se fija la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales
efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las
investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el juicio, (iii)
el deber constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos
tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales
como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad”[78]
A ese respecto, esta Corporación ha reiterado lo
establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho
a la justicia como elemento esencial para evitar la perpetuación de la
impunidad[79]: “Las
obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos,
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de cualquier
índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías, prescripciones o
causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o disposiciones,
por conducir a  la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la
impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y generan
la responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas mismas razones,
tal tipo de leyes  “carecen de efectos jurídicos[80]”
En este sentido, la propia
aplicación del Derecho penal en los procesos de justicia transicional tiene
características especiales que pueden implicar un tratamiento punitivo más
benigno que el ordinario, sea mediante la imposición de penas comparativamente
más bajas, o la adopción de medidas que sin eximir al reo de su responsabilidad
penal y civil, hacen posible su libertad condicional, o al menos el más rápido
descuento de las penas impuestas[81].
La Corte ha señalado que el deber de juzgar y condenar
a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes
investigados, sólo puede tener excepciones en procesos de justicia
transicional, en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos
humanos, se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a
la reparación integral y se diseñen medidas destinadas a evitar su repetición: “la
determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal
o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es
admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber
de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de
los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede
tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se
investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los
derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se
diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se
repitan”[82].
4.5. Justicia histórica
El conocimiento
sobre el pasado es fundamental en un proceso de justicia transicional[83], no sólo como materialización de un derecho de las víctimas a la
verdad, sino también como un componente fundamental de una reconciliación real
y del restablecimiento de la confianza en el ordenamiento jurídico[84]. El valor de la verdad es doble: es
útil para identificar colaboradores y agentes del régimen previo, y para evitar
que saboteen los esfuerzos de reconstruir la sociedad[85].
En este sentido, los “Principios de Joinet” han reconocido la doble naturaleza
del derecho a la verdad señalando que tiene un valor individual y también uno
colectivo[86].
“(i) En el ámbito individual, la incapacidad de lidiar con lo ocurrido es el
origen del daño que padecen: el guardar secretos dolorosos puede producir la
parálisis de la capacidad de amar y de actuar de las personas[87], por ello cuando las víctimas tienen la posibilidad de
contar su versión de los hechos y hay empatía con su sufrimiento, se les
respeta como personas y se les trata con dignidad y no con des­precio, como suele ocurrir cuando
esas manifestaciones públicas no se han producido[88].
(ii)En
el campo colectivo, desde el punto de vista del derecho a la verdad, si no hay esfuerzos colectivos por recordar, y no se pone
fin a la deshumanización que sentó las bases de las atrocidades, esa sociedad
corre el riesgo de repetirlas[89]”.
En este aspecto, los “Principios de Joinet” plantean
la adopción de ciertas medidas para garantizar la verdad: “Dos series de medidas se proponen a este
efecto. La primera concierne a la puesta en marcha, a corto plazo, de
comisiones no judiciales de investigación. Salvo que haya una justicia rápida,
y esto es poco común en la historia, los tribunales no pueden sancionar
rápidamente a los asesinos y sus cómplices comanditarios. La segunda serie de
medidas tiende a preservar los archivos que tengan relación con las violaciones
de derechos humanos”.
Respecto del derecho a la verdad, la Corte
Interamericana ha afirmado que este implica “(i) el derecho de las víctimas
y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, (ii) a saber
quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos
humanos, y (iii) a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre
los hechos. Así mismo, (iv) en el caso de violación del derecho a la vida, el
derecho a la verdad implica que los familiares de las víctimas deben poder
conocer el paradero de los restos de sus familiares. De otra parte, (v) la CIDH
ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no sólo se predica
respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como un
todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente,
(vi) la CIDH ha evidenciado la conexidad intrínseca entre el derecho a la
verdad, y el derecho a la justicia y a la reparación.[90]”
De la misma manera, la Corte Constitucional se ha
referido al derecho a la verdad como uno de los instrumentos de lucha contra la
impunidad, e incorpora en este derecho las siguientes garantías: “(i) el
derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de
las víctimas a saber”[91].
En sentencia del 22 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos[92],
se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que
constituiría también un medio de reparación. Indicó que tal derecho implica que
las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los
hechos. Señaló que por ejemplo en caso de homicidio, la posibilidad de los
familiares de la víctima de conocer dónde se encuentran sus restos[93]
implica un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe
satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo[94].
Debe asimismo
hacerse referencia a las comisiones de la verdad, las cuales pueden prestar una
ayuda muy valiosa a las sociedades con posterioridad a un conflicto al
comprobar hechos relacionados con infracciones de derechos humanos en el
pasado, fomentar la rendición de cuentas, preservar las pruebas, identificar a
los autores y recomendar indemnizaciones y reformas institucionales[95]. Estas comisiones son
órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen
carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el
Derecho Internacional Humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios
años. Se ocupan, en particular, de las víctimas y concluyen su labor con la
presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación y
sus recomendaciones[96].
Las comisiones de la verdad pueden contribuir a una meta altamente ambiciosa para la justicia transicional, ya que: (i) su búsqueda de la verdad puede implicar la
comprensión de las causas complejas de los abusos pasados contra los de­rechos humanos; (ii) una comisión de la verdad estará en condiciones de hacer recomendaciones sobre reformas
institucionales; (iii) las acciones de una comisión de la verdad se pueden
vincular directamente a la reducción de la pobreza y del racismo, mediante la
reparación y la rehabilitación; (iv) su enfoque
sectorial con respecto a la reforma institucional y al desarrollo de largo
plazo impulsa en sectores estatales y particulares la necesidad de empren­der un proceso de reflexión y reformas institucionales; (v)
una comisión de la verdad puede contribuir a largo
plazo a la democratización y a la igualdad de respeto por todos los ciudadanos
al poner en práctica en el proceso lo que pre­dica en su resultado[97].
En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado la
importancia de las comisiones de la verdad para
enfrentar varios de los múltiples problemas surgidos al interior de las
sociedades en posconflicto: “De esta manera, reafirmando que la plena
realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral
es responsabilidad primordial del Estado, la importancia de las comisiones de
la verdad radica en que permiten plantear un enfoque armónico necesario para
construir la verdad y enfrentar varios de los múltiples problemas surgidos al
interior de las sociedades post conflicto. Se establece así una verdad que
tiene en consideración las sucesivas fases de los crímenes y situaciones
sufridas, pudiendo también examinar casos individuales, desde diversos
conceptos de verdad, ya sea global, moral, objetiva o histórica, sirviendo así
de insumo para el cumplimiento sucedáneo de materializaciones que atañen a las
instancias estatales, entre ellas la implementación de medidas puntuales de
satisfacción y la garantía de no repetición de los hechos”[98].
Sobre tales comisiones, los Principios de
Joinet exigen un conjunto de elementos necesarios para que sean legítimas:
garantía de independencia e imparcialidad, garantía en favor de los testimonios
de víctimas; garantías concernientes a las personas imputadas; publicidad del
informe y; preservación de los archivos con relación a las violaciones de los
derechos humanos[99].
4.6. Relaciones entre la verdad judicial y la memoria histórica en contextos de justicia transicional
La verdad judicial es aquella establecida
al término de un proceso, es decir, en un escenario de discusión en el cual las
partes y las víctimas presentan sus pretensiones, pruebas y argumentaciones. En
los casos de violaciones graves a los derechos humanos, se entiende que es
aquella “verdad oficial obtenida a través de los procesos judiciales
seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces, y que puede o bien
ser declarada expresamente por el juez, o bien inferirse del procedimiento y la
decisión judicial”[100].
En casos de crímenes de lesa humanidad
o de guerra, la verdad judicial adolece de ciertas debilidades tales como: (i)
su carácter fragmentario, por cuanto se limita a las conductas y víctimas
objeto de la litis; (ii) su énfasis se restringe al examen de las
circunstancias y hechos concretos que conocieron las víctimas y los testigos; y
(iii), en muchos casos, se investigan únicamente los delitos y no la
organización criminal. De cualquier forma, la verdad judicial ofrece las
siguientes fortalezas: (i) proporciona seguridad jurídica, dado que es el
resultado de una controversia enmarcada en un conjunto de garantías procesales;
(ii) se funda en medios de prueba legales; (iii) goza de publicidad y (iv) hace
tránsito a cosa juzgada.[101]
Las señaladas insuficiencias que presenta
la verdad judicial se acentúan cuando los mencionados crímenes son investigados
no en contexto, tal y como lo hace la Corte Penal Internacional[102]
y recomienda hacerlo en el ámbito interno de los Estados el Relator de la ONU
para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación, sino
caso a caso; tanto más y en cuanto una misma situación fáctica es objeto de
diversos procesos penales, los cuales pueden conducir incluso a verdades
judiciales contradictorias.
Por su parte, la verdad histórica no se
encuentra sometida a los rigorismos y lógicas propias de un proceso judicial.
En tal sentido, sus formas de construcción son distintas, al igual que sus
fines o propósitos. En efecto, mediante instrumentos de memoria histórica, como
son las comisiones de la verdad, se pretende no sólo establecer
responsabilidades individuales, sino colectivas[103]. Se buscan
explicaciones globales y amplias a los fenómenos de violencia generalizada, y
no la resolución de casos concretos. De allí que si bien se pueden recolectar
numerosos testimonios de víctimas y victimarios, los mismos no están sometidos
a las formalidades propias de un proceso. De igual manera, se pueden emplear
métodos cualitativos y cuantitativos de las ciencias sociales. Así mismo, los
resultados de estos instrumentos extraprocesales suelen encontrarse contenidos
en informes, conclusiones y recomendaciones.
Es preciso señalar que, bien sea que se
trate de escenarios judiciales o extrajudiciales, las víctimas tienen el
derecho fundamental a participar activamente en la determinación de las
verdades judicial e histórica.
En la práctica, los diversos instrumentos
judiciales y extrajudiciales, destinados a garantizar el derecho a la verdad,
interactúan y se complementan mutuamente. Al respecto, en el texto de los
Principios actualizados por la Relatora Diane Orentlicher[104], se lee lo
siguiente:
“PRINCIPIO 5.  GARANTÍAS PARA
HACER EFECTIVO EL DERECHO A SABER  Incumbe a los Estados adoptar las medidas
adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento
independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a
saber.  Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos
no judiciales que complementen la función del poder judicial.
Las sociedades que han  experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma
masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una
comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer
los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e
impedir la desaparición de pruebas.  Sea que un Estado establezca o no un
órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a
las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad
de consultarlos”.
Como puede advertirse, la verdad histórica
está llamada a cumplir la función de complementar lo establecido mediante la
verdad judicial, alcanzada al término de diversos procesos. En tal sentido,
dentro de las fuentes de información con que cuentan las comisiones de la
verdad, se suelen encontrar no sólo las sentencias judiciales, sino todas las
evidencias y material probatorio obrante en los expedientes.[105] En otras
palabras, la memoria histórica se nutre de la verdad judicial.
Al mismo tiempo, en ocasiones, la verdad
judicial se soporta, entre otros elementos probatorios, con insumos de la
verdad histórica, a condición, bien entendido, que los mismos sean debidamente
incorporados en el respectivo proceso. Así por ejemplo, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en la reciente sentencia en el asunto Rodríguez Vera y
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, consideró lo
siguiente:
“La Corte estima que el establecimiento de una comisión
de la verdad, según el objeto,
procedimiento, estructura y fin de su mandato puede contribuir a la
construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento
de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y
políticas en determinados períodos históricos de una sociedad[106].
Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren, no
deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la
determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales por los
medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de
responsabilidad internacional que corresponda a este Tribunal. Se trata de
determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues tienen
todas un sentido y alcance propios, así como potencialidades y límites
particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los casos y
circunstancias concretas que analicen[107]. En este mismo
sentido, el uso de dicho informe no exime a
este Tribunal de realizar una valoración del conjunto del acervo probatorio, de
acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que deba
sujetarse a reglas de prueba tasada[108]. En
este sentido, este Tribunal tomará en cuenta el informe de la Comisión de la
Verdad como un medio de prueba más que debe ser valorado junto con el
resto del acervo probatorio y las observaciones que hubiere hecho el Estado al
respecto.[109]
En conclusión, verdades judicial e
histórica, si bien presentan diferencias importantes en cuanto a la forma de
estructurarse, al final se complementan, coadyuvando ambas a garantizar el
derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Por consiguiente, se
insiste en que las diversas normas procesales, así como los principios que
orientan la tramitación de los mismos, deben apuntar a permitirle a las
víctimas participar activamente en el debate que concluya con una sentencia.
Por el contrario, negarles tal intervención, termina afectando no sólo el
derecho a la verdad en su dimensión individual sino colectiva; estado de cosas
que se agrava cuando las víctimas no tienen conocimiento de que un mismo
supuesto fáctico viene siendo investigado por autoridades judiciales diversas,
incluso ubicadas geográficamente en diferentes regiones del país.
4.7. Justicia
restaurativa o reparadora
En un contexto de transición democrática, el objetivo
específico de las compensaciones  a las víctimas de violaciones de derechos
humanos es restaurar su dignidad y reintegrarlas a la sociedad como ciudadanos
iguales.[110]
De hecho, la reparación contribuye a la justicia en una forma compleja,
vinculando los demás elementos de la justicia transicional (verdad, justicia,
garantías de no repetición) y complementando otros procesos de justicia
transicional que, sin incluir la reparación, se convertirían en ejercicios
irrelevantes para la mayoría de las víctimas. A la reparación se le atribuye
este papel en tanto constituye en sí misma una forma de reconocimiento adeudada
a aquellos ciudadanos cuyos derechos humanos fueron violados.[111]
La justicia
restaurativa o por algunos llamada reparadora[112], tal como lo ha
reconocido esta Corte, no se agota en lo puramente patrimonial[113], pues contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños remedios, indemnizaciones, restituciones, compensaciones,
rehabilitaciones o tributos[114]. En este sentido, existe un consenso internacional
en que: (i) el Estado está
obligado a dar una compensación a las víctimas de graves violaciones de
derechos humanos perpetrados por el Estado; y (ii) si el gobierno que incurrió en las vulneraciones no compensa el nuevo
gobierno está obligado a realizarlas[115]. En todo caso, la reparación también tiene un ingrediente colectivo,
pues en los casos de graves y masivas violaciones a
los derechos humanos, la sociedad en su conjunto sufre perjuicios (spill over effects) frente a los cuales se deben adoptar medidas[116].
Al respecto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la conexión existente entre los derechos a la
verdad, a la justicia y a la
reparación; con relación a este último ha enfatizado  que: “(i) las víctimas de graves violaciones de los derechos
humanos, del derecho internacional humanitario o de crímenes de lesa humanidad
tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y
eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a través de la
restitución íntegra o plena, pero también a través de la indemnización, de la
rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no
repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere
tanto a los daños materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se
concreta a través de medidas tanto individuales como colectivas, y que (v)
estas medidas se encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su
dignidad por el grave daño ocasionado.”[117]
4.8. Medidas
administrativas
Dentro
de los instrumentos de justicia transicional también existen medidas
administrativas que pueden resultar fundamentales en un proceso de
transformación social y política tales como: políticas de reconstrucción[118], las
purgas[119]; la
desmilitarización[120], la
liberación de los esclavos, los cambios económicos y la imposición de reglas
civiles[121].
Las
purgas son procedimientos administrativos y de investigación de antecedentes (screenings)
dirigidos a la exclusión de ciertas
personas vinculadas con el antiguo régimen[122].
En
algunos casos la legislación ha establecido restricciones tales como: la
política de reconstrucción después de la guerra de secesión en los Estados
Unidos, que impedía que quienes se hubieran rebelado contra la
constitución participaran en política[123]; las
purgas que impidieron en la Europa de la posguerra que los
miembros del partido nacional socialista pudieran ser funcionarios públicos[124]; la
desmilitarización de algunos Estados[125]; la
purificación en España y El Salvador sobre militares que hubieran participado
en crímenes de derechos humanos.
4.9. Otras medidas
Existen
otros mecanismos de justicia transicional que también pueden aportar a la
construcción de la justicia y la reconciliación en sociedades en conflicto
tales como el desarme y la reintegración, que constituyen un proceso colectivo
dirigido a la reintegración de los antiguos grupos armados en la nueva sociedad[126], así como también las
formas de justicia tradicional como los Gacaca en Ruanda y los Ubuntu en Sudáfrica, o los ritos de reconciliación[127].
5. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA REPARACIÓN INTEGRAL.
5.1.
El concepto de “reparación
integral” y su evolución
El derecho de la
responsabilidad civil se funda sobre un principio esencial: la equivalencia
entre los daños ocasionados y la reparación que se debe otorgar.[128] En palabras de los hermanos
Mazeaud: "la cuantía de los daños y perjuicios no debe ser
superior ni inferior al perjuicio sufrido por la víctima y del que responda el
autor de la culpa. El responsable debe ser condenado a la reparación de todo el
daño y tan sólo a la del daño causado por su culpa”[129].
La regla es reparar “tout le dommage, mais rien que le dommage”,
esto es, se trata de indemnizar la totalidad de los daños padecidos sin que se
puedan superar sus estrictos límites.
Los citados principios
del clásico derecho civil de daños han conocido unos desarrollos importantes en
el derecho constitucional y en el derecho intenacional de los derechos humanos.
La jurisprudencia constitucional, en línea con los
desarrollos del Derecho Internacional, ha reconocido que las víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos son titulares de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación[130].
La Corte Constitucional ha entendido que esta tríada es inescindible[131]
y se sustenta en el propio texto constitucional[132].
En un sentido amplio, las reparaciones son “las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones
cometidas”[133].
La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que esa reparación debe consistir en una plena restitución (restitutio
in integrum), la cual implica el restablecimiento de la situación
anterior.  De ahí que, por el impacto individual y social que generan las
graves violaciones a los derechos humanos, los titulares del derecho de
reparación, sean las víctimas directas o, en muchos casos, una colectividad o
la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, en función de la definición genérica,
se entiende que el alcance, modalidades y monto de la reparación dependerán del
daño ocasionado en cada caso concreto.
Tratándose de graves violaciones a los derechos
humanos, el Derecho Internacional es una fuente imprescindible para la
determinación de las reparaciones, en virtud de las obligaciones adoptadas por
los Estados en el sentido de respetar y garantizar el pleno goce de los
derechos humanos a toda persona bajo su jurisdicción[134]. Visto así,
la obligación de reparar es un deber específico que deriva de la obligación
general, en cabeza del Estado, de garantizar los derechos humanos, pues una vez
cometida una violación en este ámbito, la única forma de garantizar el goce del
derecho es mediante su reparación integral, si esto es posible, incluyendo una
debida indemnización[135].
Además de reparar, el contenido del deber de garantía incluye las obligaciones
a cargo del Estado de prevenir, investigar e imponer sanciones a los
responsables[136].
Esta remisión al ámbito internacional es particularmente
exigible para los países que conforman el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, por el forma como ha sido consagrada la garantía de reparación en la
Convención Americana y sus desarrollos jurisprudenciales.
Por una parte, por tratarse de asuntos de derechos
humanos, los Estados han adoptado obligaciones de carácter convencional que le
imponen incluso adoptar los lineamientos internacionales en el derecho interno[137].
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), goza de plena autonomía para la
determinación de las reparaciones, una de las razones que explica el amplio
alcance que han tenido estas medidas en la jurisdicción interamericana[138].
Conforme al artículo 63.1 de la Convención:
“Cuando decida que hubo violación de un
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
Esta disposición ha sido entendida por el Tribunal
internacional como el sustento jurídico del concepto “reparación integral”.
Si bien es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus
primeros casos ordenó principalmente indemnizaciones[139], ya desde ese
entonces sentó dos elementos importantes del concepto de reparación integral:
(i) una noción abierta que permitió, más adelante, ampliar la variedad de
medidas reparadoras[140];
y (ii) una amplia autonomía para determinar las reparaciones[141].
Esa modalidad inicial de reparación se expandió con la
definición de nuevas medidas, gestadas no sólo al interior del tribunal
interamericano sino con particular atención a los desarrollos en la materia
dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas.
5.2.
La ampliación
del concepto de reparaciones en la jurisprudencia interamericana
Sólo hasta 1998, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos explicó la ampliación en el concepto de reparación, precisando que:
“La reparación es el término genérico que
comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de
reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la restitutio in
integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para recuperar la
salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular
ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que
fueron ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. [...]La
reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar la
repetición de los hechos lesivos.”[142]
Como puede observarse, la fórmula anotada abrió el
espectro de las medidas de reparación e incluye las garantías de no repetición.
Sin embargo, en esa sentencia no fueron todavía adoptadas decisiones novedosas
con tal finalidad. De hecho, sólo hasta el caso Suárez Rosero se introdujo, por
primera vez, el título “otras formas de reparación” y apenas en el 2004,
con la sentencia Molina Theissen, se introdujo en la práctica ordinaria del
tribunal, el título “medidas de satisfacción y no repetición”. Pero la
importancia del fallo Garrido y Baigorria reside en el esbozo que plantea de
las diversas modalidades de reparación, tal como son conocidas hoy en día. En
concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado la
necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los
daños de manera integral, ordenando además de compensaciones pecuniarias,
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición en función de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados[143].
5.3.
Las reparaciones
en el seno de la Organización de Naciones Unidas
El otro factor relevante, que incentivó la ampliación
del concepto y modalidades de la reparación integral, lo constituyen los
instrumentos,  estudios especializados y decisiones de organismos de la
Organización de Naciones Unidas.
En general, puede observarse que el derecho a la
restitución ha sido reconocido en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los Principios sobre
la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas, entre otros[144].
La Declaración Americana de Derechos del Hombre[145]
y la Declaración Universal de Derechos Humanos[146] marcaron, en
1948, el inicio de una tendencia en el Derecho Internacional por desarrollar
instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela
judicial efectiva de sus derechos, lo cual comprende una indemnización justa y
adecuada[147].
Dentro de esta tendencia, el 29 de noviembre de 1985,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder"[148],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y
para ello es necesario que se permita "que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente"[149].
En 1996, la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, presentó el Informe Final sobre la impunidad de
los autores de violaciones de los derechos humanos, adoptado mediante
Resolución 1996/119, donde se señaló que el derecho de las víctimas a obtener
la reparación de los daños ocasionados por el delito entrañaba tanto medidas
individuales como colectivas. Dentro de las medidas individuales se incluyeron
medidas de restitución —cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere
la situación en la que se encontraba antes de la violación, cuando esto sea
deseable—; medidas de indemnización —orientadas a compensar económicamente los
daños y perjuicios físicos y morales, así como la pérdida de oportunidades, los
daños materiales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia
jurídica—; y medidas de rehabilitación — en particular, atención médica y
psicológica o psiquiátrica—. Como parte de las medidas de carácter colectivo,
se señalaron las reparaciones simbólicas[150].
Por otro lado, aun cuando los Estatutos de los
Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia[151] y para Ruanda[152],
no consagraron la posibilidad de compensar directamente los daños ocasionados a
las víctimas, en todo caso adoptaron algunas medidas para garantizar tal
reparación en los Estados de los que fueran nacionales quienes resultaran
responsables penalmente por los crímenes juzgados por dichos Tribunales.[153]
Esta deficiencia fue corregida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional,
en el que se consagraron medidas para garantizar el derecho de las víctimas a
ser reparadas materialmente, y se previó, incluso, la creación de un fondo
fiduciario para que este derecho sea garantizado de manera efectiva[154].
El Comité de Derechos Humanos también ha reconocido
que el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas cuyos
derechos del Pacto han sido violados. Por lo tanto, el Comité estableció que “[s]i
no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido
violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es fundamental
para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. Además de la
reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el párrafo 6 del
artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo general una
indemnización adecuada”[155].
Este mismo organismo señaló que, cuando procede, la reparación puede entrañar
la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como apologías
públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las
leyes y las prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de
los autores de violaciones de derechos humanos[156].
Por su parte, el Relator Especial sobre la
Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas afirmó que una reparación adecuada, efectiva y
rápida, tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario: “La reparación ha de ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.  Conforme a su
derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario”[157].
5.4. El principio de la integridad o indemnidad del daño
en la jurisprudencia del Consejo de Estado
La reparación integral es un principio general del
derecho, según el cual “debe repararse todo el daño, y sólo el daño”. En
términos de la Corte Constitucional: “el resarcimiento del perjuicio debe
guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede
superar ese límite”.[158]
El principio de reparación integral es un supuesto de
coherencia, lógico y empírico, ya que si la reparación no coincide con la
entidad del daño, simple y llanamente la ecuación de equilibrio no corresponde.[159]
Desde el punto de vista normativo, el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998, acogió construcciones jurisprudenciales en la materia: “el
sistema de valoración equitativa” y “la observancia de los criterios técnicos
actuariales”, en la determinación o cuantificación de los daños”[160]:
“ARTICULO 16. VALORACION DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las
personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales.” (negrillas agregadas).
En similar sentido, el artículo 8 de la ley 975 de
2005[161],
determinó el contenido y alcance del derecho a la reparación, en los siguientes
términos:
“El derecho de
las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no
repetición de las conductas.
“Restitución es la realización
de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior
a la comisión del delito.
“La indemnización consiste en
compensar los perjuicios causados por el delito.
“La rehabilitación consiste en
realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren
traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
“La satisfacción o compensación
moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de
la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
“Las garantías de no repetición
comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos
armados al margen de la ley.
“Se entiende por reparación
simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad
en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
“La reparación colectiva debe
orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la
violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades
afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.”
Al respecto, las jurisprudencias constitucional y
contencioso administrativa han considerado como insuficiente el criterio
indemnizatorio tradicional, según el cual la reparación debía limitarse a un
asunto de fijación de un monto indemnizatorio del perjuicio; tanto más y en
cuanto se trate de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho
internacional humanitario.
Fruto del denominado “diálogo judicial” entre los
jueces internos e internacionales, la Sección Tercera del Consejo, en sentencia
del 20 de febrero de 2008[162],
con ocasión de la resolución de un asunto que vinculaba a unos agentes de la
Policía Nacional con la desaparición de cuatro hermanos en el municipio de
Tuluá (Valle del Cauca), consideró que el derecho de daños debía ser
interpretado y aplicado, tomando en cuenta los avances del sistema
interamericano de derechos humanos:
“De allí que, la labor del juez de lo
contencioso administrativo, en tratándose de los procesos que se formulen para
su conocimiento, con ocasión de la vulneración o trasgresión de derechos
humanos, es la de un funcionario dinámico, con amplias facultades resarcitorias
y de restablecimiento, suministradas éstas por el propio ordenamiento jurídico
interno e internacional, encaminadas a que se obtenga una verdadera reparación
integral del daño derivada de ese quebrantamiento. En ese orden de ideas, la
jurisprudencia contencioso administrativa, debe acompasarse con los
lineamientos que le son trazados por los principios y la regulación contenida
en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, como quiera que dichas
disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma o regla de derecho vigente,
en los términos del artículo 93 de la Carta Política.
“En ese contexto, y si es claro que
prevalece la regulación internacional que reconoce y regula derechos humanos, a
nivel normativo e interpretativo, frente al sistema interno, es ostensible que
el juez de lo contencioso administrativo cuenta con diversas herramientas e
instrumentos dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del
quebrantamiento de derechos humanos, cuando quiera que sean sometidas a su
consideración, con miras al resarcimiento del perjuicio. Por lo tanto, es deber
del juez, en estos eventos, no sólo limitarse a decretar indemnizaciones monetarias
–a partir de la aplicación de bases y criterios actuariales–, sino que, su
obligación, es integrar las medidas con que cuenta a partir del ordenamiento
jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con miras a que el
restablecimiento derivado de una vulneración a los derechos humanos sea
materializado.
“Por consiguiente, resulta perfectamente
viable, en aplicación del principio de “reparación integral”, como se ha visto,
que el juez de lo contencioso administrativo adopte medidas pecuniarias y no
pecuniarias, en idéntico o similar sentido a las que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decantado, entre las cuales
encontramos:
a)
La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su
estado normal o anterior a la Violación, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la
medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras
medidas reparatorias.
b)    La indemnización por los perjuicios materiales
sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material
(daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.
c) Rehabilitación, comprende la financiación de la
atención médica y psicológica o siquiatrica o de los servicios sociales,
juridicos o de otra indole.
d)
Satisfacción, son medidas
morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no
materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad,
actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.
e)
Garantias de no
repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo
legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto
de Violaciónes a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al
margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras”.
Según Fréderic Sudre[163], el diálogo
interjudicial apunta a la adopción de nuevas formas de comunicación entre
diversas jurisdicciones, y en especial, a un constante intercambio de
argumentos jurídicos entre los jueces internos y los internacionales. Expresión
cuyo origen parece remontarse a las reflexiones de Adriantsimbazovina, quien
para 1998 afirmaba que en un estudio titulado “L’autorité des décisions de
justice constitutionnelles et européennes sur le juge administratif français”,
lo siguiente: “la pluralidad y la interacción de los órdenes jurídicos
modernos implica la complementariedad entre las autoridades, necesaria para la
preservación de la coherencia entre ellas, y de un diálogo entre sus jueces
caracterizado por su plasticidad, calidad necesaria para lograr comprender la
complejidad del todo”[164].
En materia de reparación integral, el
“diálogo interjudicial” entre el Consejo de Estado y los jueces
internacionales, no se ha limitado al ámbito de los componentes de aquélla
(i.e. restitutio in integrum, satisfacción, rehabilitación,
indemnización, garantías de no repetición), sino que incluso en la construcción
dogmática de aquélla,  se ha acudido a  ciertos conceptos propios de la esfera
del derecho penal internacional,  trayendo a colación figuras tradicionales
como es aquella de la posición de garante (art. 28 del Estatuto de Roma) o la
comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7º del Estatuto de Roma). Al
respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
marzo de 2009[165],
en el caso de la desaparición de unos campesinos que se movilizaban en el
Departamento del Meta, consideró lo siguiente:
“En ese orden de ideas, el hecho de
analizar la un resultado bajo la perspectiva de  ingredientes normativos (v.gr.
como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que
permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución
material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de
un específico sujeto.
(…)
“Debe colegirse, por lo tanto, que el
principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que
orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo
padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de
la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el
tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación
a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e
internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no
se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH).
“En esa perspectiva, la reparación integral
en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los
daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las
garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que
también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo
por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que
propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos
infringidos, máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones, tienen
origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa humanidad.”
La construcción dogmática del concepto de “reparación
integral”, por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha pasado
igualmente por flexibilizar la comprensión de principios procesales básicos,
como aquel de la congruencia entre lo pedido y lo fallado (decisiones extra
o ultra petita). Así lo entendió el Consejo de Estado al fallar el caso
de una mujer que resultó contaminada de VIH por una transfusión de sangre. Se
argumentó que el juez administrativo, en ejercicio de sus facultades
interpretativas, derivara de la solicitud de reconocimiento general de una
“indemnización del perjuicio inmaterial de carácter moral”, la existencia de un
daño en la vida en relación.[166]
De igual manera, en supuestos de privación injusta de la libertad, donde
expresamente no se formularon pretensiones indemnizatorias por daño a la vida
en relación, el Consejo de Estado lo ha reconocido, deduciéndolo de la petición
general de reparación de daños.[167]
De igual manera, el Consejo de Estado ha precisado
que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el principio de la
no reformatio in pejus presenta un carácter relativo:
“En
los procesos ordinarios de responsabilidad extracontractual del Estado, la
jurisprudencia del Consejo de Estado, ha trazado una serie de principios en
relación con la aplicación de los principios de congruencia y de no reformatio
in pejus, que podrían sintetizarse así:
En procesos en los que el daño proviene de graves
violaciones a derechos humanos o la vulneración grave o significativa de
derechos fundamentales, es posible decretar todo tipo de medidas de justicia
restaurativa conforme al principio de restitutio in integrum y de
reparación integral.
Así las cosas, en este tipo de procesos,
siempre que se constate la violación a un derecho humano, sea fundamental o no,
a causa de una grave lesión, será procedente adoptar todo tipo de
medidas de justicia restaurativa para proteger no sólo la dimensión subjetiva
sino objetiva del derecho afectado.
En los procesos en los que el daño no
provenga de graves lesiones a derechos humanos, es posible que el hecho dañoso
lesione o afecte un derecho fundamental –tanto en su órbita subjetiva como
objetiva-, razón por la que se podrán adoptar las medidas resarcitorias
solicitadas con la demanda o las que de oficio o a petición de parte considere
el juez, pero encaminadas a salvaguardar el núcleo esencial del derecho, bien
sea en su órbita subjetiva u objetiva.”[168]
Otro escenario importante del “diálogo judicial”,
entre los jueces administrativos y los internacionales, en materia de
reparación integral, lo constituye la creación de la figura denominada “cosa
juzgada internacional”. Se trata, en esencia, de articular el funcionamiento de
las justicias interna e internacional, a efectos de evitar el reconocimiento y
pago de una doble indemnización:
“no es posible que, a nivel interno, se determine una
segunda indemnización por los hechos que fueron objeto de juzgamiento en la
Corte Internacional de Derechos Humanos, por cuanto dicha situación
trasgrediría dos pilares del derecho constitucional y procesal moderno: i) el
principio al respeto por la cosa juzgada, en directa relación con el derecho
fundamental al non bis in idem, y ii) el postulado general de
prohibición de enriquecimiento derivado de un mismo hecho; ello quiere
significar que nadie puede pretender derivar de un daño un doble resarcimiento
o indemnización, por cuanto se estaría generando un claro evento de
enriquecimiento injustificado no amparado por la legislación internacional, ni
por la nacional”[169].
De igual manera, el Consejo de Estado ha venido
ejerciendo un control de convencionalidad, con el propósito de determinar si el
Estado colombiano, por acción u omisión, ha quebrantado determinadas
obligaciones internacionales, y en consecuencia, debe entrar a reparar
integralmente a las víctimas. Al respecto, en el asunto de la masacre de
Pichilín (Sucre), en sentencia del 9 de julio de 2014, el Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo consideró lo siguiente:
“En ese orden, comoquiera que la jurisdicción interna,
en ejercicio de la administración de justicia, está llamada a actuar como juez
interamericano a nivel nacional en los casos de graves violaciones a derechos
humanos, esta Sala ejercerá un control de convencionalidad a las conductas
activas y omisiva del Estado en el presente caso y determinará si éste
quebrantó normas internacionales de derechos humanos”[170].
En este orden de ideas, el Consejo de Estado ha
elaborado una sólida jurisprudencia en materia de fundamentos teóricos y
componentes del principio de reparación integral. Al respecto, ha entendido que
su finalidad es orientar el resarcimiento de un daño, con el fin de que la
persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se
encontraba antes de la ocurrencia del mismo, y tal sentido, debe ser
interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido.
En esa perspectiva, la reparación integral en el
ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la
persona reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda
del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una
serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la
reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del
núcleo esencial del derecho o derechos infringidos.
Por el contrario, la reparación integral que opera en
relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado,
diferente a un derecho humano, se relaciona, específicamente, con la
posibilidad de indemnizar plenamente todos los perjuicios que la conducta
vulnerante ha generado, sean éstos del orden material o inmaterial. Entonces,
si bien en esta sede el juez no adopta medidas simbólicas, conmemorativas, de
rehabilitación, o de no repetición, dicha circunstancia, per se, no
supone que no se repare íntegramente el perjuicio.
En ese contexto, según la jurisprudencia
administrativa, resulta imprescindible diferenciar dos escenarios al interior
del derecho de la reparación, los cuales pueden ser expresados en los
siguientes términos: i) de un lado, los relativos a los restablecimientos de
daños antijurídicos derivados de violaciones a derechos humanos y, por el otro,
ii) los referentes al resarcimiento de daños antijurídicos emanados de lesiones
a bienes o intereses jurídicos que no se refieran aquéllos. La anterior
distinción permitirá establecer, en el marco del derecho interno, qué efectos
genera el pronunciamiento de un organismo o un tribunal internacional que
juzgue los hechos en los cuales se controvierta la responsabilidad del Estado
por violaciones a derechos humanos y, adicionalmente, servirá para determinar,
en el caso de las acciones constitucionales, con qué potestades cuenta el juez
nacional para hacer cesar la amenaza o vulneración del correspondiente
derecho.
5.5.
La consolidación
del concepto de reparación integral en la Corte Constitucional Colombiana y sus
notas particulares en un contexto de justicia transicional
Esa visión de reparación, de acuerdo con la cual la
indemnización es sólo uno de los elementos que le componen, por lo que ordinariamente
requiere de otras medidas para alcanzar el pleno restablecimiento de los
derechos humanos conculcados, también fue adoptada por la Corte Constitucional
casi coetáneamente con los avances del sistema internacional[171].
Ya en la sentencia C-228 de 2002, la Corte
declaró que:
“En el derecho internacional se ha
considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos
humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la
indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son
necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron
violaciones graves a los derechos humanos y, además, porq ue el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados
estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados,
que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para
conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la
sanción justa de los responsables”.[172]
En la misma providencia, la Corte sostuvo,
en relación con las fuentes jurídicas, que la petición de reparación del daño
causado surge: (i) del concepto mismo de dignidad humana que busca restablecer
a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito (artículo 1º
superior); (ii) del deber de las autoridades públicas de proteger la vida,
honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad de sus
derechos (artículo 2º de la Carta Política); (iii) del principio de
participación e intervención en las decisiones que los afectan (artículo 2º de
la Constitución); (iv) de la consagración expresa del deber estatal de
protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos
de las víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de
acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos
ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración
Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[173]
Así, la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha entendido que el derecho constitucional a la reparación integral
de las víctimas no sólo tiene fundamento expreso en las cláusulas
constitucionales referidas, sino también en varias normas del derecho
internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por
consiguiente, resultan vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico.[174]
En concordancia con lo anterior, la sentencia C-370 de
2006 destacó que la reparación: i) incluye todas las acciones necesarias y
conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello sea posible, los
efectos del delito; ii) al igual que el concepto de víctima, tiene una
dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se agota en su perspectiva
puramente económica, sino que tiene diversas manifestaciones tanto materiales
como simbólicas; iv) es una responsabilidad que atañe principalmente a los
perpetradores de los delitos que dan lugar a ella, pero también al Estado,
particularmente en lo relacionado con algunos de sus componentes.[175]
Al examinar la constitucionalidad de ciertas
disposiciones de la Ley 1448 de 2011, y particularmente enfocándose en un
contexto de justicia transicional, esta Corporación tuvo oportunidad de recoger
y consolidar algunos de los más importantes parámetros en materia de reparación
integral, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la
materia. En este sentido, la Corte señaló en la sentencia C-715 de 2012:
“(…)
(ii) el derecho a la reparación integral y
las medidas que este derecho incluye se encuentran regulados por el derecho
internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la
determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y
deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la reparación de las
víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas medidas
determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia
restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del
goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas;
(iv) las obligaciones de reparación
incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio
in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la
situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación
de garantía de sus derechos fundamentales (…)
(vi) la reparación integral incluye además
de la restitución y de la compensación, una serie de medidas tales como la
rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Así, el derecho a
la reparación integral supone el derecho a la restitución de los derechos y
bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la
indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el daño causado; medidas
simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las
víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar que las
organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las
estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las
vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) La reparación integral a las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión
individual como colectiva;
(viii) En su dimensión individual la
reparación incluye medidas tales como la restitución, la indemnización y la
readaptación o rehabilitación;
(ix) En su dimensión colectiva la
reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter
simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) Una medida importante de reparación
integral es el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal
actuación (…)
(xi) el derecho a la reparación desborda
el campo de la reparación económica, e incluye además de las medidas ya
mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido,
el derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción
de la verdad y de la memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia,
se investigue y sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado
el derecho a la reparación como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en
una relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a
la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y
sin justicia.
(xii) La reparación integral a las víctimas
debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda
humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que éstos no pueden
confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y
finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos
sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos
derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a derechos de
vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria la ofrece el
Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como título la
comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave
vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas
o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable  de cumplir con
esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación.
(xiii) La necesaria articulación y
complementariedad de las distintas políticas públicas, pese a la clara
diferenciación que debe existir entre los servicios sociales del Estado, las
acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación integral.”[176]
De lo transcrito puede deducirse que esta Corporación
no sólo ha interpretado el alcance del derecho a la reparación de las víctimas
de violaciones a los derechos humanos a la luz de las disposiciones
constitucionales y los desarrollos internacionales en la materia, sino que se
ha encargado de precisar la exigibilidad de este derecho en un contexto de
justicia transicional. En ese sentido, como se indicará adelante, las distintas
modalidades de las reparaciones resultan complementarias —por lo que admiten
cierta flexibilidad y modulación de acuerdo con las circunstancia particulares
de los casos concretos— pero, a su vez, ese derecho a la reparación constituye
un límite infranqueable para el legislador y el gobierno dentro de un marco de
justicia transicional.
5.5. Modalidades de las reparaciones
5.5.1. Reparaciones individuales y colectivas
El derecho de reparación, conforme al derecho
internacional contemporáneo, presenta una dimensión individual y otra
colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios
sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales
relativas al derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su
dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como
la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas.[177]
Como se ha explicado, la reparación no siempre es
monetaria, sino que puede consistir en la restitución de los derechos de las
víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas
oficiales, monumentos, ceremonias conmemorativas, entre otros. Así, este
Tribunal ha reconocido que:
(i)
En el plano individual,
los Principios de Joinet señalan que la reparación a las víctimas puede estar
compuesta por las siguientes: “a) Medidas de restitución (tendentes a que la
víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de indemnización
(perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños
materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c)
Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica
y psiquiátrica)”.
(ii)
En el plano colectivo,
los Principios de Joinet resaltan la importancia de las medidas de carácter
simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público
por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales
restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las
denominaciones de vías públicas, los monumentos que permiten asumir mejor el
deber de la memoria.[178]
5.5.2. Reparaciones por vía judicial y administrativa
La Corte Constitucional ha analizado las diferencias existentes
entre el derecho a la reparación de las víctimas por vías judicial y
administrativa. A este respecto, en la sentencia SU-254 de 2013 se hicieron las
siguientes precisiones:
“En relación con las diferentes vías para
que las víctimas individuales y colectivas de delitos en general, así como de
graves violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado en
particular, puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general los
ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.
Estas diferentes vías de reparación a
víctimas presentan diferencias importantes: (i) la  reparación en sede judicial
hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente
consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se
encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad
en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de
restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo
de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño
antijurídico causado a la víctima.
ii) Mientras que, por otra parte, la
reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa: (i)
por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una
reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes
o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad,
en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño,
ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía
del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de
las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos
y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas
institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y
proporcional a las víctimas”.
Así las cosas, existen diversas modalidades para
garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones
graves a los derechos en un contexto de justicia transicional. Lo importante es
que la víctima pueda elegir entre cuál vía reparatoria seguir: la judicial o la
administrativa.
Como en todos los asuntos que reclaman justicia, quien
tiene a su cargo la interpretación y adjudicación del derecho —en este caso,
del derecho a la reparación integral— goza de un margen de discrecionalidad
cuyos límites últimos se definen por los principios jurídicos que regulan la
materia. En consecuencia, conviene sintetizar aquellos principios
constitucionales e internacionales, que han sido reconocidos como esenciales a
la hora de  establecer la garantía del derecho a la reparación integral, en
favor de las víctimas concretas, de colectividades y de la sociedad en su
conjunto, situados en un marco de justicia transicional.
5.6. Principios y criterios para la adjudicación de
reparaciones
Atendiendo a los desarrollos referenciados, se puede
ver que los parámetros fijados por el Derecho Internacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, definen que la reparación debe ser
justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las
violaciones y a la entidad del daño sufrido[179].
Así mismo, y en concordancia con lo expuesto hasta el
momento, la Corte Constitucional ha determinado que: (i) las reparaciones
tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se
garantice restitutio in integrum, esto es, devolver a las víctimas al
estado anterior al hecho vulneratorio; y (ii) de no ser posible, se deben
adoptar medidas tales como indemnizaciones compensatorias.[180]
En concordancia con la jurisprudencia interamericana,
esta Corporación  también ha reconocido que: (i) la reparación debe ser justa y
proporcional al daño sufrido; (ii) se deben reparar los daños materiales e
inmateriales; (iii) la reparación del daño material incluye tanto el daño
emergente como el lucro cesante, así como medidas de rehabilitación; y (iv) la
reparación debe tener un carácter individual y colectivo.[181]
Entre los varios principios anotados,
merecen especial consideración los principios de integralidad y
proporcionalidad. Esta Corporación ya ha precisado el alcance del principio de
integralidad en los siguientes términos:
“El principio de integralidad, supone que
las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que
respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual
implica que estas diferentes reparaciones no son excluyentes ni exclusivas,
pues cada una de ellas obedece a objetivos de reparación distintos e
insustituibles.
El Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, indicó que  todas las medidas de reparación que se analizan de manera
individual poseen, sin embargo, una dimensión de integralidad, la cual se
compone de una integralidad interna, que supone que los criterios y la
ejecución de las medidas tienen coherencia con el sentido y naturaleza de esta.
Y una externa, entre las diferentes medidas, dado que el significado que
adquieren es  interdependiente de su relación.”[182]
En síntesis, la integralidad de la reparación supone y
exige que se adopten todas las medidas necesarias tendientes a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, de manera tal que se
procure, en la mejor medida posible, que la víctima retorne al estado en que se
encontraba antes de la violación —si es que esa situación es posible y
deseable—,  y en última instancia, que se dispongan las condiciones para la
realización de su proyecto de vida, el cual se ha visto truncado justamente por
la gravedad de las afrentas que ha sufrido.[183]
Por otro lado, el principio de proporcionalidad indica
que la reparación a la que tienen derecho las víctimas debe corresponderse con
el impacto que han generado las violaciones de los derechos humanos en su vida.
En este sentido,  la reparación está llamada a restablecer los derechos de las víctimas
—con una ponderación armónica de las distintas medidas que se han anotado— y a
mejorar sus condiciones de existencia. Pero también serán juzgadas a la luz del
principio de proporcionalidad el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo
del Estado orientadas a garantizar los derechos de las víctimas, esto es la
verdad y la justicia, que como fue referido, al lado de la reparación, componen
una triada inescindible. Sobre este ejercicio de ponderación de los derechos de
las víctimas y el derecho a la paz en un marco de justicia transicional, esta
Corporación ya se ha pronunciado ampliamente[184].
En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha
identificado como estándares internacionales, además de la jurisprudencia
interamericana, los parámetros definidos en “Los Principios y Directrices
Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”
(Principios y Directrices Básicos), de modo que se ha incorporado al
ordenamiento jurídico colombiano la noción de reparación integral y sus
principios rectores, como fuere desarrollada en el ámbito de las Naciones
Unidas:
“Una reparación adecuada, efectiva y rápida
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones
graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su
derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o
jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si
éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.[185]
En síntesis, esta Corporación ha establecido que la
garantía del derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos, en un marco de justicia transicional, debe ser
establecida conforme los principios de integralidad, proporcionalidad,
justicia, eficacia y celeridad, mandatos que pueden realizarse con una
combinación armónica de las distintas modalidades tendientes tanto al
restablecimiento del derecho individual de las víctimas (individuales o
colectivas), como de la propia sociedad en su conjunto.
Respecto de estas últimas medidas, es preciso anotar
que si bien es cierto algunas reparaciones tienen efectos generales y
colectivos, en estricto sentido —y a pesar de las confusiones que se verifican
también en el plano internacional— las garantías de no repetición son
autónomas: no necesariamente se corresponden con una forma de reparación,
aunque el Tribunal Interamericano lo hubiere desarrollado históricamente de ese
modo. Reconocer esta diferencia, en nada mengua los efectos jurídicos que
surgen de la obligación, en cabeza del Estado, de asegurar que no se presenten
casos repetitivos de violaciones a los derechos humanos, establecida bajo el
nombre “garantías de no repetición”. Con el fin de aclarar su
naturaleza, contenido y alcance, esta Corporación sintetizará el marco de
referencia de este aspecto concreto, ordinariamente asociado con la obligación
de reparar.
5.7.  Garantías de no repetición
Esta Corporación ha entendido que la garantía de no repetición está
compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse
conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las cuales
deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa[186].
Visto así, una buena parte de ese tipo de medidas, orientadas a prevenir
violaciones repetitivas a los derechos humanos, no sólo presentan la virtud de
beneficiar a víctimas determinadas, sino que eventualmente tienen la capacidad
de beneficiar a una colectividad o incluso a toda la sociedad. En un marco de
justicia transicional, como puede observarse, esta variedad de medidas resultan
fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos en tales circunstancias excepcionales.
Por lo tanto, las garantías de no repetición son una obligación a cargo del
Estado, no sólo respecto de víctimas individualizadas, sino de la sociedad en
su conjunto.
Esta obligación en cabeza de los Estados Partes de la Convención
Americana, en estricto sentido, deriva de las obligaciones generales
contempladas en los artículos 1.1. y 2, de las cuales se deduce el deber
general de garantizar la prevención de violaciones a los derechos humanos[187].
En este sentido, las garantías de no repetición, como conjunto de medidas
orientadas a prevenir violaciones a los derechos humanos, comprende diversidad
de modalidades, no sólo de  carácter jurídico, sino también político,
administrativo y cultural.
La jurisprudencia interamericana en este sentido es muy abundante, en
particular, a partir del caso Loayza Tamayo en 1999, fallo en el que se ordenó
por primera vez a un Estado derogar legislación interna y modificarla, conforme
los parámetros convencionales. Desde aquel momento, el Tribunal Interamericano
se ha impartido órdenes a los Estados latinoamericanos y caribeños buscando
remediar problemas estructurales del ámbito interno, a partir de la
implementación de diversas medidas: derogación de normas jurídicas, creación y
adopción de normas, mecanismos, políticas y prácticas al interior del Estado,
modificaciones en las normativas y prácticas institucionales, orientaciones
para la capacitación en cultura de derechos humanos de actores precisos y la
sociedad en general. En el mismo sentido, pueden verse otros desarrollos
internacionales[188].
Algunos de esos avances internacionales, orientados a
especificar el contenido de las garantías de no repetición, en tanto que
obligación a cargo del Estado, son los siguientes: (i) reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer
garantías de igualdad[189];
(ii) diseñar y poner en marcha
estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar programas de
educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y
vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de
protección y las consecuencias de su infracción[190]; (iv) introducir
programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las
denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con
funciones en la materia[191];
(v) destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención[192];
(vi) adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el
diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación
de los factores y eventos de riesgo de violación[193]; y (vii)
adoptar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un
grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados[194].
Conforme a los Principios del Informe Joinet, las mismas
causas producen los idénticos efectos, por lo cual:
“(…) tres medidas se imponen para evitar
que las víctimas no sean de nuevo confrontadas a violaciones que puedan atentar
contra su dignidad:
a) Disolución de los grupos armados
paramilitares: se trata de una de las medidas más difíciles de aplicar porque,
si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la
enfermedad;
b) Derogación de todas las leyes y
jurisdicciones de excepción y reconocimiento del carácter intangible y no
derogable del recurso de habeas corpus; y
c) Destitución de los altos funcionarios
implicados en las violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de
medidas administrativas y no represivas con carácter preventivo y los
funcionarios pueden beneficiarse de garantías.”
Los Principios contienen previsiones tendientes a
garantizar el retorno de la sociedad a la paz, dentro de los cuales se destaca
el siguiente:
“Principio 37. Desmantelamiento de las
fuerzas armadas paraestatales/desmovilización y reintegración social de los
niños. Los grupos
armados paraestatales o no oficiales serán desmovilizados y desmantelados. Su
posición en las instituciones del Estado o sus vínculos con ellas, incluidas en
particular las fuerzas armadas, la policía, las fuerzas de inteligencia y de
seguridad, debe investigarse a fondo y publicarse la información así adquirida.
Los Estados deben establecer un plan de reconversión para garantizar la
reintegración social de todos los miembros de tales grupos...”.
En el mismo sentido, la Resolución 60/140 aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a los “Principios y
Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”,
dispone sobre las garantías de no repetición lo siguiente:
“23. Las garantías de no repetición han de
incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que
también contribuirán a la prevención:
a) El ejercicio de un control efectivo por las
autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles
y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la independencia del poder
judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la
salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así
como de los defensores de los derechos humanos;
e ) La educación, de modo prioritario y permanente, de
todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas
armadas y de seguridad;
f ) La promoción de la observancia de los códigos de
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de
servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del
personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir,
vigilar y resolver los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.
X. Acceso a información pertinente sobre
violaciones y mecanismos de reparación”.
La misma Corte Interamericana ha establecido que las
medidas de satisfacción y garantías de no repetición carecen de carácter
económico o monetario y consisten en la realización, por parte del Estado, “de
actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de
un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de
que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelva a
ocurrir y que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas,
el reconocimiento de su dignidad o el consuelo de sus deudos”[195].
En el caso Gómez Lund y otros (“Guerrilla do
Araguaia”) contra Brasil, por ejemplo, la Corte condenó al Estado a la adopción
de un conjunto  de medidas para garantizar la no repetición como: (i) la
educación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas; (ii) la tipificación del
delito de desaparición forzada; (iii) el acceso, sistematización y publicación
de documentos en poder del Estado; (iv) la creación de una Comisión de Verdad;
(v) la búsqueda de los restos mortales; (vi) el esclarecimiento de la verdad de
los hechos y la sanción de los responsables; (vii) la adopción de legislación
para prevenir las violaciones a los derechos humanos; (viii) los actos públicos
de reconocimiento de responsabilidad; (ix) erigir monumentos en honor a
las víctimas, mediante ceremonia pública con presencia de los familiares; (x)
abstenerse de aplicar figuras de amnistías, prescripción y excluyentes de
responsabilidad penal para impedir la investigación y sanción y divulgar los
resultados de las investigaciones.
Finalmente, esta Corporación ha entendido imponer
límites a la reparación integral por vía administrativa a las víctimas de daños
causados por crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, genocidio,
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y violaciones, o cuando
concurran en una misma víctima varios de estos hechos y sean atribuibles a
agentes del Estado, genera una carga desproporcionada y desconoce el principio
de no repetición. En palabras de la Corte:
“En los eventos mencionados, también sería
conculcado el derecho de las víctimas a recibir garantías de no repetición,
pues la reparación integral de las víctimas por parte del Estado se convierte
en el verdadero estímulo para que éste adopte todos los correctivos que sean
necesarios para sancionar a los responsables. Dada la visión gubernamental
según la cual se da mayor relevancia a los costos de la reparación que a la
efectividad de los derechos, por una supuesta afectación de la sostenibilidad
fiscal, los riesgos de repetición de tales hechos podrían aumentar, así quepan
medidas simbólicas de reparación.
En estos eventos, resulta ilegítimo
anteponer los costos de una eventual reparación imputable al Estado, para
sacrificar casi totalmente el contenido de derechos fundamentales e impedir que
el fin de pacificación que busca la ley se logre. En esas circunstancias, la finalidad buscada por la norma es ilegítima y prohibida
constitucionalmente.” [196]
En conclusión, la Corte entiende que las garantías de
no repetición resultan ser un elemento indispensable para alcanzar los fines
que persigue un marco de justicia transicional y, en ese sentido, constituyen
también formas de reparar a las víctimas, aun cuando por su naturaleza,
finalidad y efectos jurídicos, desborden las pretensiones de restablecimiento
pleno de los derechos humanos en situaciones puramente individuales.
6. LA PRIORIZACIÓN COMO
INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL
El legislador es autónomo para
regular la política criminal del Estado, salvo las restricciones
constitucionales[197],  definida como “el conjunto de
respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”[198].
Entre las distintas medidas normativas
que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, forman parte del
concepto de “política criminal”, se encuentran aquellas que: (i) definen
los bienes jurídicos que se buscan proteger por medio de las normas penales,
mediante la tipificación de conductas delictivas[199];
(ii) establecen los regímenes sancionatorios y los procedimientos necesarios
para proteger tales bienes jurídicos[200]; (iii) señalan criterios para
aumentar la eficiencia de la administración de justicia[201];
(iv) consagran los mecanismos para la protección de las personas que
intervienen en los procesos penales[202]; (v) regulan la detención preventiva[203];
y (vi) señalan los términos de prescripción de la acción penal[204].
Dentro de este contexto, la priorización es un instrumento de
política criminal que conduce, mediante el empleo de unos criterios y el
recurso a diversas técnicas de análisis criminal[205],
a racionalizar y concentrar los esfuerzos investigativos en un conjunto de
delitos y de perpetradores, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente la
persecución penal. En este sentido, la priorización no sólo permite establecer
un orden lógico en la atención de las demandas ciudadanas de justicia, sino que
fortalece la actividad investigativa del Estado, en especial, frente a diversas
manifestaciones del crimen organizado, sin que implique renuncia alguna al
ejercicio de la acción penal[206].
La priorización tiene diversas justificaciones: (i) la
sobrecriminalización del sistema hace que sea fácticamente imposible perseguir
al mismo tiempo y con la misma intensidad, todos los delitos; (ii) una visión
de derecho penal, no sólo como un mecanismo de represión, sino en términos de
ejecución de una política pública encaminada a la lucha contra el crimen, que
exige focalizar acciones en los delitos que afectan de manera más grave a la
comunidad;  (iii) reconocer que no todas las demandas de justicia ofrecen la
misma entidad[207] y (iv) la necesidad de clasificar y
reagrupar casos que presenten los mismos patrones criminales.
De igual manera, existen diversos escenarios de empleo de técnicas
de priorización. En efecto, distintas técnicas de priorización son empleadas en
los siguientes contextos: (i) por órganos de investigación criminal estatales;
(ii) en escenarios de justicia transicional; (iii) en ejercicio de la
jurisdicción universal y (iv) por tribunales penales internacionales.
En el sistema acusatorio norteamericano la priorización permite
utilizar la investigación penal no sólo como una forma de recaudar pruebas,
sino como un mecanismo activo de política criminal para la prevención y la
lucha contra formas específicas de criminalidad permitiendo concentrar la
investigación en la persecución: (i) de criminales notorios (conspicuos
lawbreakers), con el fin de disuadir a otros[208];
(ii) de los delincuentes más significativos (significant offenders), es
decir, de aquellos que hayan cometido mayores ofensas a la sociedad[209];
(iii) de forma sustituta (pretextual prosecution), en virtud de la cual
se investiga un crimen menos grave[210] por la imposibilidad de obtener
evidencia suficiente respecto de otro que sí lo es o; (iv) la persecución
secundaria, según la cual se investiga un delito menor con el objeto de obtener
evidencia de un crimen de  mayor entidad[211].
En el caso chileno, la priorización de casos ha girado alrededor de dos ejes.
El primero es la creación de las Fiscalías Especializadas de Delitos
de Alta Complejidad y las Fiscalías de Tratamiento de Causas Menos Complejas, las cuales deben asumir los procesos de manera diferenciada, de conformidad con los criterios
de priorización establecidos en el Plan Estratégico del Fiscal Nacional
de Chile. La complejidad de los
delitos está dada principalmente por: (i) el
tipo y gravedad del delito
y (ii) el acceso al
material probatorio.
El segundo eje está construido
alrededor de la categorización temprana
de causas, en virtud
de la cual todas las noticias criminales son inicialmente clasificadas en cuatro
grupos: (i) archivo definitivo (conducta atípica); (ii) archivo
temporal (conducta típica
con autor desconocido); (iii) aplicación del principio de oportunidad; y finalmente (iv) reparto de los casos
viables. Esta categorización hace que entre el
70 y 80% de las causas
sean inicialmente desestimadas, y sólo un 20% de las denuncias son asignadas a los Fiscales
Adjuntos.
La priorización ha jugado un papel fundamental en
escenarios de justicia transicional, por las siguientes razones: (i) dado el
elevado número de victimarios, de delitos cometidos y de víctimas afectadas,
resulta imperioso  organizar y clasificar los casos, ya que resulta imposible
tramitarlos al mismo tiempo; (ii) la  investigación de crímenes de lesa
humanidad, perpetrados en escenarios de conflicto armado interno o durante
regímenes autoritarios, pasa por reagrupar casos y encontrar patrones
macro-criminales, a efectos de lograr demostrar: a) la existencia de un plan
criminal; b) el ataque contra la población civil; c) la comisión de delitos de
manera masiva o sistemática (actus reus) y d) el elemento intencional (mens
rea); y (iii) permite identificar a los máximos responsables de la comisión
de crímenes de sistema.
Las principales metodologías para aplicar la
priorización en contextos de justicia transicional, bien sea de forma
exclusiva, simultánea o sucesiva,  han sido las siguientes[212]:
·
Los llamados casos
“fáciles” (the easiest cases). Se trata de priorizar aquellos
asuntos que pueden ofrecer resultados a corto plazo. Su lógica consiste en
buscar “las manzanas más bajas del árbol” (low-hanging fruits).
Bien empleada esta técnica puede ayudar a construir casos más complejos contra
los líderes de las organizaciones delictivas[213].
·
Los casos de alto
impacto (the high impact cases). Se priorizan aquellos crímenes
que han tenido efectos muy profundos en determinadas comunidades[214].
·
Las más graves
violaciones (the most serious violations). Consiste en priorizar por
clase de delito, como por ejemplo, crímenes de lesa humanidad[215].
·
Los máximos
responsables (the most responsible perpetrators). Se trata de priorizar
por persona y no por variedad de delito, en especial, los jefes de las
organizaciones delictivas.
[216]
·
Los llamados “casos
emblemáticos” (the symbolic or paradigmatic cases). Se priorizan
algunos asuntos que muestren los patrones criminales de la organización
delictiva, a partir del examen de caso concreto.
En este orden de ideas, se puede priorizar un caso
concreto o una situación[217],
entendida como un universo de asuntos que comparten unos patrones
macro-criminales.
De igual manera, los Estados que adelantan procesos
penales en ejercicio de la jurisdicción universal, han empleado metodologías de
priorización.
En el caso de Canadá,
por ejemplo, el "Programa de Crímenes de Guerra y Crímenes
de Lesa Humanidad", creado en virtud de la ley de Crímenes de Lesa Humanidad
y Crímenes de Guerra,
ejerce la jurisdicción penal sobre las personas que hayan
cometido crímenes internacionales en terceros Estados. El programa permite coordinar a
distintas entidades del Estado que tienen la función de investigar y judicializar a los
presuntos autores de crímenes internacionales, incluyendo las autoridades migratorias, policiales y jurisdiccionales. El objetivo de  la
agrupación  de  las diferentes entidades
estatales es evitar
la duplicidad de esfuerzos en la investigación y sanción. Mensualmente reúne a los representantes del Departamento de Justicia, el Departamento de Nacionalidad e Inmigración, la Agencia de Servicios Fronterizos y la Policía Montada
de Canadá en el Comité de Operaciones y Coordinación del Programa de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, el cual aplica
los criterios de
priorización de casos por
intermedio del Subcomité
de Revisión de Expedientes.
El denominado: “Subcomité de Revisión de Expedientes”,
formula recomendaciones de investigación, análisis o judicialización en los casos contra presuntos
autores de crímenes internacionales que residan en Canadá. Hasta el momento,
ha priorizado 57 casos
sobre los cuales
ha formulado distintas recomendaciones. La priorización de estos últimos no obedece a  unos criterios formalmente adoptados por la Fiscalía
General de Canadá, sino a unos adoptados por el mismo Subcomité: (i) el caso debe
versar sobre  responsabilidad de comando;
(ii) el material
probatorio debe estar corroborado; y (iii) ser fácilmente accesible. En el supuesto en que no se
reúnan estas tres características, pero existan razones
de política pública,
de justicia internacional, de impunidad
internacional, o que verse sobre
un ciudadano canadiense residente en Canadá, el caso puede ser igualmente priorizado. Adicionalmente, los expedientes con elementos criminales comunes son asociados, ya sea por su georeferencia o por sus autores. Este proceso de priorización no contó inicialmente con los tres criterios mencionados, sino con un catálogo
más extendido donde
se incluía la gravedad del delito, el impacto sobre las víctimas, o la posibilidad de expulsar al presunto culpable del territorio
canadiense[218].
Los Tribunales Penales Internacionales, sean
permanentes o ad hoc, dado el elevado número de delitos y presuntos
responsables que pueden investigar, de conformidad con sus correspondientes
competencias, suelen adoptar criterios de priorización de situaciones y de
casos.
El artículo 1.1 del Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona establece la posibilidad de investigar únicamente a las personas que tienen "la mayor responsabilidad" en la comisión
de delitos bajo su
jurisdicción. El Acuerdo
para el Establecimiento de las Cortes
Extraordinarias de Cambodia,  por
su  parte,  contempla el  ejercicio
de  jurisdicción
sobre  "altos funcionarios de la Kampuchea Democrática y aquellos
con mayor responsabilidad"
por los crímenes cometidos entre 1975 y 1979.
El artículo l del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia extiende
la jurisdicción del Tribunal a las "personas responsables de violaciones graves de derecho internacional
humanitario", lo cual fue interpretado por el Primer Presidente del Tribunal como una
priorización de los casos más graves cometidos
por los líderes
del conflicto.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su
parte, adopta planes estratégicos trianuales, en los que fija unos objetivos
generales de investigación (vgr. perseguir a los máximos responsables de los
crímenes más graves) y se señalan unas metodologías para alcanzarlos (vgr.
realización de investigaciones en contexto o focused investigations).
Posteriormente, mediante el empleo de diversas técnicas investigativas[219]
y la labor desarrollada por unidades de analistas especializadas[220],
se delimitan situaciones o se seleccionan casos emblemáticos, con base en
criterios subjetivos, objetivos y complementarios.
7. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y
ASPECTOS ESENCIALES DE LA LEY 1592 DE 2012.
La Ley 1592 de 2012, hace parte de un Sistema de
Justicia Transicional conformado por varias normas, proferidas en contextos
distintos, como lo son: la Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de
2010 y la Ley 1448 de 2011 – Ley de víctimas-, consolidadas a través del Acto
Legislativo No. 01 del 31 de julio de 2012 que instituyó el denominado “Marco
Jurídico Para la Paz” en nuestro ordenamiento, como parte integral de la Carta
Política.
A pesar de las diferencias que pueden existir entre
esas normas, todas confluyen en un objetivo común: poner fin a lustros de
conflicto y barbarie mediante un proceso que permita la materialización del
valor democrático de la Paz, al mismo tiempo que contribuye a la consolidación
de nuestro régimen constitucional.
El antecedente próximo de la Ley 1592 de 2012 es la
Ley de Justicia y Paz a la cual busca reformar, tal y como se puede deducir de
su título: “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975
de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.
Por esta razón, considera la Sala necesario hacer una breve referencia a los
objetivos de dicha Ley, para, a la luz de ellos, dilucidar cuál es
efectivamente la finalidad de la reforma que contiene las disposiciones y
segmentos normativos cuestionados por los demandantes.
7.1.
Razones que
motivaron la reforma de la Ley de Justicia y Paz y trámite legislativo de la
Ley 1592 de 2012
El artículo 1º de la Ley 975 de 2005, establece el
propósito para la cual fue proferida, en los siguientes términos: “La
presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. || Se entiende por grupo armado organizado
al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte
significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de
2002”.
Ese objetivo, fue igualmente resumido por Viviane
Morales Hoyos, quien como Fiscal General de la Nación, y reconociendo que la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz presentaba una serie de problemas que llevaban
la excesiva demora en los procesos, radicó el 15 de septiembre de 2011 en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley  que a la
postre tendría el número 096 de 2011 (Cámara). De acuerdo con la exposición de
Motivos del mencionado Proyecto:
“Cualquier diagnóstico sobre el
funcionamiento e implementación de la Ley de Justicia y Paz debe tener en
cuenta que el objetivo fundamental de esta ley es contribuir a la consolidación
de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos
armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por otra, los derechos de
los postulados al debido proceso. Además, la Fiscalía debe dar una respuesta
oportuna a los postulados sobre la procedencia de una pena alternativa, como
consecuencia de contribuciones efectivas al proceso de reconciliación nacional.
El logro de los objetivos mencionados se
materializa con las sentencias que profieren los magistrados de conocimiento,
con fundamento en la labor investigativa que cumple la Fiscalía General de la
Nación. Para que la tarea encomendada a la Fiscalía pueda llevarse a cabo en
tiempos razonables es indispensable que la ley contemple etapas procesales más
ágiles y expeditas”.[221]
Así, el principal fin de la reforma era implementar
soluciones esenciales y definitivas que contrarrestaran la problemática
utilización del procedimiento  instaurado por la Ley 975 de 2005, que afectaba
la eficacia y celeridad del modelo de justicia y paz. La entonces Fiscal
General, justificó la presentación del proyecto afirmando que:
“Desde mi intervención ante la honorable
Corte Suprema de Justicia, cuando estaba aspirando al cargo de Fiscal General
de la Nación, que hoy ocupo, manifesté mi preocupación por la situación del
proceso de Justicia y Paz y expresé la necesidad urgente de buscar soluciones a
los diversos problemas que genera la aplicación del procedimiento vigente.
(…)
En el tiempo que llevo al frente de la
Fiscalía General de la Nación, y luego de analizar detenidamente la experiencia
acumulada por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz durante
más de cinco años de aplicación de la Ley 975 de 2005, he podido confirmar la
necesidad de introducir algunas modificaciones puntuales a la ley vigente, con
el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, a su vez, va a permitir
agilizar la respuesta del ente investigador frente a las expectativas de
justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional,
en particular, de los órganos internacionales de supervisión de derechos
humanos encargados de hacer seguimiento a la situación de Colombia”.[222]
En la aludida exposición de motivos, la señora Fiscal
sostuvo también que los obstáculos que dificultaban la práctica adecuada y
oportuna del sistema de justicia y paz se concentraban sobre seis puntos
principalmente, en los cuales se enfocaría la propuesta de reforma: i) la
excesiva demora en el trámite de los procesos; ii) el volumen de casos y la
complejidad que plantea su investigación integral; iii) la falta de regulación
para la persecución y aseguramiento de los bienes que deben servir para la
reparación de las víctimas y las restitución de aquellos que les han sido
despojados; iv) las demoras que se generan como consecuencia de intentar
investigar y asegurar la reparación colectiva bajo procedimientos judiciales
diseñados bajo la lógica de reparación individual; v) la complejidad y demora
en el trámite del incidente de reparación; y iv) la ausencia de criterios para
excluir en ciertas circunstancias, a los postulados del proceso de justicia y
paz.[223]
Frente al primer punto relacionado con la demora en
los procesos de justicia y paz, la Fiscal en ejercicio de su iniciativa
legislativa, consideró que ello se debía en gran medida a las múltiples
audiencias públicas requeridas en el marco del procedimiento dispuesto por la
Ley 975 de 2005. Como alternativa, el Proyecto de Reforma propuso “la
supresión de la audiencia ante el magistrado de control de garantías, de manera
que se realice una audiencia ante la sala de conocimiento, en la que se
concentren la formulación y la aceptación de los cargos, la legalización
material y formal de dicha aceptación y el anuncio del sentido del fallo”.[224]
Como segundo obstáculo para la aplicación eficiente
del proceso de justicia y paz, la exposición de motivos planteaba el volumen y
la complejidad de los casos que debían ser investigados por la Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía, en razón al gran número de víctimas, hechos
confesados y personas postuladas. La respuesta a esa dificultad, se centra en
la priorización de las investigaciones, siguiendo el modelo probado como
exitoso en otros escenarios de justicia transicional. Al respecto sostuvo la
exposición de motivos:
“La experiencia comparada de países y de
los tribunales internacionales ad hoc enseña que para lograr una justicia
pronta resulta imperativo establecer prioridades que permitan investigar de
manera preferente algunos casos, bien atendiendo la gravedad de los delitos o
el rango de los autores o las características particulares de las víctimas o el
impacto social causado con el hecho, o bien las fortalezas probatorias y las
posibilidades concretas de obtener resultados de manera más rápida. Estos y
otros criterios, tenidos en cuenta en otros países y por tribunales penales
internacionales, han orientado la adopción de estrategias para priorizar la
investigación de ciertos casos, que han permitido obtener resultados de una
manera más ágil. El volumen actual de casos pendientes de investigación y
juzgamiento ante las autoridades de justicia y paz exige la adopción inmediata
de estrategias que les permitan establecer prioridades en la investigación y
juzgamiento de determinados casos”.[225]
El tercer elemento problemático en el que se enfocaba
el proyecto de ley que buscaba modificar el sistema de justicia y paz, se
fundamenta en la inexistencia en la Ley 975 de 2005 de una regulación que
estableciera el procedimiento que debía seguirse para la persecución y
aseguramiento de bienes que permitieran la reparación de los derechos de las
víctimas. A través de la inclusión de dos artículos, la reforma pretendía que
ante el magistrado de control de garantías, se pudiera solicitar la imposición
de medidas cautelares frente a bienes, la restitución de aquellos que fueron
producto de despojo y/o la cancelación de títulos obtenidos fraudulentamente.
Como cuarto punto, la reforma pretendía eliminar la
competencia de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, de la
investigación de los daños colectivos, dejando esa función al Ministerio
Público y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Afirma la
exposición de motivos: “[e]sta asignación de funciones tiene en cuenta que
la reparación del daño colectivo no deriva en sí misma de la afectación causada
con la conducta criminal individual sino de la lesión colectiva originada en la
situación generalizada de violencia, ante la que resultan más efectivas las
medidas gubernamentales y administrativas. || La lógica individual de los
procesos judiciales y en particular de los procesos penales tiene serias
limitaciones para establecer los daños colectivos y satisfacer debidamente el
derecho a la reparación colectiva de las comunidades y pueblos afectados por la
violencia en Colombia”.[226]
Es importante resaltar que en ese punto del Proyecto
de Reforma, se identificaba la posibilidad de reparación administrativa, en
cabeza del Gobierno Nacional, como la modalidad efectiva de reparación de las
víctimas, frente a daños de naturaleza colectiva.
Para evitar las dilaciones que, de acuerdo con el
análisis pragmático adelantado con la Fiscalía se presentaban en los procesos
de justicia y paz, -como consecuencia del momento procesal en que de acuerdo con
la Ley 975 de 2005 debía interponerse el incidente de reparación-, la reforma
propuso como quinto punto homologarlo al ordinario, considerando que debía
tramitarse una vez emitida la sentencia.
Finalmente, como sexto problema a resolver, el
Proyecto de Ley pretendía crear el instituto de la exclusión del proceso
de justicia y paz, y de finalización del mismo por renuncia voluntaria del
postulado, que  no habían sido incluidos originalmente en la Ley 975 de 2005.
La reforma pretendía facultar a los operadores judiciales para depurar el
universo de postulados, en tres circunstancias específicas: (i) los que
aparecen formalmente en las listas de Gobierno Nacional, pero no habían podido
ser ubicados y/o no habían comparecido en el proceso; (ii) los que voluntariamente
no quieren someterse a justicia y paz o desisten de seguir en dicho proceso; y
(iii) quienes no satisfacían los requisitos de elegibilidad dispuestos en la
ley.
En cuanto al trámite legislativo que siguió el
Proyecto de Ley, la ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del
Congreso número 801 de 2011 luego de realizado el trámite de designación de
ponentes en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
El 8 de noviembre de 2011, se sugirió por parte de los ponentes en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la enmienda total del texto
propuesto para primer debate según lo dispuesto en los artículos 160 y 161 de
la Ley 5ª de 1992[227].
Se incluyeron artículos nuevos y algunas modificaciones que fueron consideradas
como necesarias.[228]
Sin embargo, se respetó la totalidad del proyecto originalmente presentado.
Como constancia de ello se publicó la nueva versión del Proyecto en la Gaceta
del Congreso número 838 de 2011.
Posteriormente, el 16 de noviembre de 2011, la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes aprobó el texto del proyecto de ley en
el primer debate reglamentario, como consta en el Acta Nº 20 de la misma
fecha,  publicada en la Gaceta del Congreso número 057 del 8 de marzo de 2012.
En el marco del debate surtido en el trámite legislativo adelantado en esa
célula legislativa, uno de los dos Coordinadores Ponentes manifestó su
preocupación por el próximo cumplimiento del término de la pena máxima impuesta
por la Ley 975 de 2005 (8 años), lo que implicaría que muchos de los detenidos
de justicia y paz recobrarían su libertad. Propuso dotar a la Fiscalía, a
través de la reforma que desarrollaba el Proyecto de Ley, de herramientas que
le permitieran evitar que eso sucediera.[229]
Así mismo, el Coordinador Ponente también expuso los
criterios en los que se basaba el Proyecto de Ley presentado por la Fiscal
General de la Nación y enmendado totalmente a la luz de los aportes del
Ministerio de Justicia, de la Misión de Apoyo a la Justicia de la OEA y el
Centro Internacional de Toledo para la Paz. Sostuvo en su intervención ante la
Comisión Primera:
“(…) [U]n criterio de celeridad, ese
criterio de celeridad introduce el ordenamiento de la Ley 975; un criterio de
priorización, ese criterio de priorización le va a permitir a la Fiscalía
General de la Nación con base en unos criterios que están establecidos en la
misma ley, criterios de política criminal, criterios de la importancia del
hecho criminal, pero también, calidades del postulado a Justicia y Paz, y
también condiciones específicas de las víctimas, generar un criterio de
priorización para que la Fiscalía pueda priorizar esos casos que requieren ser
resueltos con mayor prontitud relegando, óigase bien, relegando aquellos casos
de menos trascendencia, de menos impacto nacional e internacionalmente, y que
nos va a dar la posibilidad de que la Justicia y Paz pueda resolverse en
términos más o menos ajustados al cronograma fatal que tenemos nosotros que es
precisamente el de los ocho años.
También, dentro de ese criterio de
celeridad, se reducen a dos, las audiencias actualmente establecidas para
los distintos trámites, concentrando en una audiencia final, no solo la
legalidad de la versión apreciada por la Fiscalía, sino también la sentencia.
Esa concentración entonces nos permitirá eliminar una audiencia y hacer más
ágil el trámite, también con unos términos preclusivos; dentro de la necesidad
y agilizar el trámite, se establece un criterio innovador que nos aproxima al
Código de Procedimiento Penal.
En la actualidad, antes de dictar
sentencia, se debe tramitar el incidente de reparación a las víctimas; y ese
trámite de incidente de reparación de las víctimas que conlleva un intento
de conciliación, un debate probatorio, unas versiones de las víctimas para
presentar sus propios hechos, está impidiendo por una barrera procesal, que
se dicten sentencias; lo que se va a hacer con este proyecto de ley es que
primero se dicte la sentencia, y una vez ejecutoriada la sentencia, se dé
trámite al incidente de reparación a las víctimas, tratándose ante todo ¿a
favor de la víctimas¿ de darles un elemento de certeza, de certeza
procesal, que ya cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, sentencia
que además debe estar basada en el esclarecimiento de la verdad en la justicia,
dejando la reparación supeditada a la ejecutoria de esa sentencia.
Igualmente, se abre otra innovación, y esta
la tomamos de las sugerencias del Centro de Toledo para la Paz, pero igualmente
coinciden con las recomendaciones de la OEA; es permitir, que en algunos
casos, la Fiscalía pueda recibir versiones colectivas y formular versiones
colectivas ante la respectiva sala de conocimiento, esto por cuanto esta
pluralidad de más de 4.000 postulados, nos presenta casos en los cuales, muchos
de ellos coinciden en los hechos, muchos de ellos se apoyan unos a otros
haciéndose imputaciones, y si seguimos con el proceso actual obligaría a la
Fiscalía a recibir versiones individualizadas, lo cual va a generar una
pluralidad de trámites procesales que contribuirá a seguir generando la
congestión de Justicia y Paz.
Por lo tanto, al establecerse el
procedimiento de versiones colectivas, y de imputaciones colectivas, sobre todo
tratándose de un tipo delincuencial, basado fundamentalmente en el accionar
colectivo de grupos alzados en armas, o de grupos armados al margen de la ley,
esto le va a dar a la Fiscalía mayores posibilidades de eficiencia en términos
procesales; también es importante anotar que el proyecto de ley enfatiza
mucho más el trámite de la oralidad en el proceso de Justicia y Paz. Y por
último, se crea un comité interinstitucional de política transicional, en el
cual tienen asiento varios despachos públicos, a fin de poder articular de
manera armónica y dentro del espíritu de colaboración en un tema que a todos
nos interesa sobre todo para blindarse frente a la posible intervención de la
Justicia Penal Internacional, esa política que va a convertirse en una política
de Estado y en una política que indudablemente tiene que fortalecer el trámite
concerniente a Justicia y Paz, sobre todo porque aquí en este proyecto se va
a hacer un deslinde entre lo que es la reparación individual y la reparación
colectiva; esa reparación colectiva ya no va a ser trámite judicial sino que va
a dejarse a nivel de distintos organismos de naturaleza administrativa acordes
obviamente con lo dispuesto en la Ley 1448 o Ley de Víctimas; y tendrá un importante
protagonismo en la Ley de Justicia y Paz para efectos de reparaciones
colectivas tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo”.[230]
(Negrilla fuera del texto original).
En el debate parlamentario, se presentó una
intervención del Representante Germán Navas Talero, en la que cuestionaba la
modificación del momento en que se debería interponer por parte de las víctimas
el incidente de reparación, de acuerdo a lo planteado en el Proyecto de Ley.
Según lo consignado en el Acta, manifestó el Representante que:
“(…) [S]uponemos que para que se tenga
derecho a los beneficios que otorga esta ley, tiene que haberse indemnizado a
las víctimas (…) siempre se ha afirmado para que se tenga derecho a esas
rebajas de pena se requiere haber indemnizado a la víctima. || Ahora digo, lo
condeno primero y después indemniza; entonces, ¿cómo voy a tasar una pena y
decir que tiene derecho al beneficio, si aún no ha indemnizado a la víctima?
Recojo sus palabras y lo que dice el texto; quiere esto decir que el juez
tendría que fallar y conceder los beneficios sin que se haya pagado aún los
perjuicios, así lo entendí yo doctor Velásquez, por eso quisiera precisarlo porque
de lo contrario le estaríamos dando beneficios a quienes aún no han resarcido a
la víctima”.[231]
A la inquietud planteada por el Representante Navas,
le dio respuesta el Coordinador Ponente –Representante Hugo Orlando Velásquez–
en los siguientes términos:
“Respecto al tema que preocupa al doctor Navas, el
incidente de Reparación de las Víctimas, como está en la Ley 975, se ha
convertido básicamente en un obstáculo más para aumentar la Congestión en
Justicia y Paz represando la decisión de los distintos procesos, porque ha
condicionado la sentencia a que previamente se resuelva el incidente de
reparación de las víctimas; lo que hacemos nosotros es asimilarlo a lo que está
actualmente el Código de Procedimiento Penal, primero la sentencia, y después
el incidente de reparación de las víctimas; y doctor Navas, yo comparto con
usted todas las preocupaciones en torno a las víctimas, pero actualmente para
las víctimas es más incierto estar sometidos a una sentencia que no ha llegado
y que de pronto no va a llegar, y ver a los postulados libres por cumplimiento
de pena sin una sentencia en firme que los declare responsables, y que por lo
tanto va a dejar en un limbo jurídico los bienes que se han entregado, algunos
con vocación de indemnización, otros porque la misma Fiscalía ha logrado
aprehender los bienes; esos bienes, seguramente no van a ser posiblemente
sometidos a disposición y aplicación a la indemnización de las víctimas si no
hay primero una sentencia, salvo que el postulado, el desmovilizado los
entregue inequívocamente a la reparación; pero para nosotros, indudablemente
que representa más garantía a las víctimas tener una sentencia condenatoria; la
justicia transicional, se basa en una triada: verdad, justicia y reparación, y no
hay verdad mientras no tengamos sentencia, porque la sentencia es la que va a
resolver toda la indagación previa y va a corroborar la confesión hecha por el
postulado; me parece a mí doctor Navas que en ese aspecto nosotros tenemos que
entender porque además fue una sugerencia de la Fiscalía, que primero debemos
dictar la sentencia, se debe dictar la sentencia, y luego si tramitar el
incidente de reparación, y no colocarle una traba insalvable a la sentencia
condicionándola a que previamente se resuelva el incidente de reparación; y eso
no incide en la dosificación de la pena, como aquí hay una pena alternativa y
bien no lo recordó el doctor Osorio, una pena alternativa que seguramente va a
marcar la dosimetría a la cual tiene que acudir el Magistrado de Justicia y Paz
al momento de dictar sentencia, indudablemente que la reparación o el incidente
de reparación no va a incidir en esa dosificación, luego eso no afectaría que
primero sea la sentencia y luego el incidente de reparación”.[232]
Del mismo modo, considera la Sala Plena necesario
resaltar la intervención en la Comisión Primera del Representante Carlos Edward
Osorio, quien manifestando su apoyo al Proyecto de Ley, dejó constancia frente
a cuatro puntos que consideraba debían ser analizados de manera profunda: (i)
aunque reconoció que el Proyecto hace referencia a la priorización y no a la
selección, consideraba oportuno esclarecer si la simple pertenencia a un grupo
al margen de la ley constituye un crimen de lesa humanidad. (ii) la aplicación
de la pena alternativa que suspende la principal únicamente con posterioridad a
la Sentencia. (iii) la distinción entre las conductas colectivas y las
individuales al momento de juzgar si el postulado cumple con los requisitos
para ser beneficiario de la pena alternativa. (iv) la necesidad de armonizar el
Proyecto de Ley con la Ley de Víctimas y el Acto Legislativo que se discutía en
ese momento (Marco Jurídico para la Paz).
En especial, la Corte estima oportuno hacer referencia
al análisis realizado por el Congresista frente al segundo de los puntos
expuestos por él, relacionado con las dificultades generadas por la aplicación
de la pena anticipada:
“(…) [U]n segundo aspecto, señora Fiscal,
que no me parece menos importante doctor Navas, y es el relacionado con las
penas alternativas, en este momento la ley vigente, habla de que se impondrá
una pena no superior a 40 años, esa pena una vez sea determinada, una vez esté
consagrada en una sentencia, se suspende y hay lugar a una pena alternativa que
puede ser de entre 5 y 8 años; ¿qué está ocurriendo en la actualidad?, los
desmovilizados que a diciembre del 2011 van a cumplir aproximadamente 5 años de
detención, tienen una clara expectativa, y tienen la expectativa de que en el
peor de los casos, en el estado más complejo van a tener 8 años como pena
alternativa, es decir, que aproximadamente en 3 años podrían estar en libertad.
Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia
sobre el particular señora fiscal, y usted lo conoce bien, que mientras no
sobrevenga la sentencia condenatoria, la sentencia que se suspende, que puede
ser de 30 o 40 años, que es objeto de suspensión, y que sólo ahí da lugar a la
pena alternativa, que sólo hasta que se expida la pena alternativa, que sólo
hasta que se expida la sentencia puede haber lugar a pensar en la pena
alternativa, es decir que si en 5 años estas personas llevan ya 10 años de
estar privadas de la libertad y no se ha proferido sentencia alguna, no tienen
derecho a la pena alternativa, eso nos ubica en un contexto muy complejo de
seguridad jurídica y de confianza legítima, el desmovilizado asume que en
el peor de los escenarios, en ocho años está en la calle, y esa es una de las
prerrogativas que en su momento el Estado, un Estado serio, independientemente
a que a uno le guste o no la política de desmovilización, independientemente de
que uno esté o no de acuerdo con la justicia transicional, esa es una
realidad”.[233]
(Negrilla fuera del texto original).
Finalmente, después de numerosas intervenciones, el
articulado completo del Proyecto de Ley enmendado, el título del mismo y la
decisión de que continuara su trámite legislativo, fueron aprobadas
unánimemente por los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes.
El 6 de diciembre de 2011, se presentó informe de
ponencia para el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes,
documento que fue publicado en la Gaceta del Congreso número 958 de 2011. En
consecuencia, el Proyecto se debatió y fue aprobado por unanimidad y sin
modificaciones  en la sesión del 16 de diciembre de 2011, como consta en
el Acta de Plenaria 110 de la misma fecha, consignada en la Gaceta del Congreso
63 del 12 de marzo de 2012. El texto definitivo fue publicado en la Gaceta
del Congreso número 997 del 23 de diciembre de 2011.[234]
Siguiendo el trámite, fue presentado el informe para
ponencia en primer debate en la Comisión Primera del Senado
de la República, como fue consignado  en la Gaceta del
Congreso número 221 del 11 de mayo de 2012. En el informe, antes de entrar
de lleno al estudio de la reforma a la Ley 975 de 2005, los Senadores Juan
Fernando Cristo –como coordinador- y Roy Barreras –como ponente-, realizaron
consideraciones detalladas sobre la justicia transicional y su impacto en
nuestro país, en particular sobre: (i) de la justicia transicional:
complementariedad de la justicia restaurativa y la justicia retributiva, (ii) La
tensión entre la Justicia, la Paz y la Reconciliación.
Justicia Retributiva y Justicia Restaurativa, y (iii) Equilibrio entre
Justicia y Paz: sanción penal y mecanismos restaurativos.
Específicamente frente a la reforma a la Ley 975 de
2005, sostuvieron los ponentes:
“El proyecto de ley pretende mejorar los
aspectos nucleares del funcionamiento e implementación de la Ley de
Justicia y Paz, de manera que esta contribuya real y efectivamente al objetivo
que persigue la Nación con los instrumentos de Justicia Transicional:
la consolidación de la paz y la reconciliación nacional, así como la
recuperación del Estado de Derecho, a través de (i) la investigación,
enjuiciamiento y sanción de los mayores responsables de violaciones de los
Derechos Humanos, (ii) la reintegración a la vida civil de los miembros de los
grupos armados al margen de la ley, y (iii) la garantía de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para el Estado colombiano es, a estas
alturas, evidente que la ejecución de la Ley 975 de 2005 es ineficaz
y está cargada de diversas problemáticas. No hay conflicto en torno a la
necesidad de mejorar sus procedimientos con el fin de convertirla en un
verdadero instrumento para la realización de la justicia, la verdad y la
reparación de las víctimas, como aporte al proceso de justicia transicional.
Las víctimas que participan en los procesos
judiciales de Justicia y Paz reclaman la finalización de la incertidumbre en
relación con los hechos que denunciaron; la sociedad tiene aún la confianza en
que el proceso de Justicia y Paz conduzca al esclarecimiento de las causas del
conflicto armado interno en Colombia. En gran parte, el restablecimiento de la
confianza social en las instituciones del Estado -que es una de las finalidades
del proceso de Justicia Transicional_ depende del éxito del
proceso de Justicia y Paz. He ahí la necesidad de continuar fortaleciéndolo.
Más que retribución de castigo a los
desmovilizados por los crímenes que cometieron, la sociedad y, particularmente,
las víctimas directas, demandan grandes dosis de verdad, reclaman que los
perpetradores confiesen o que los operadores judiciales fijen
responsabilidades; también demandan la reparación moral y material por los
daños que les causaron. Se ha debilitado la confianza social alrededor
de la Ley de Justicia y Paz: no hay certeza de que su desarrollo
pueda aportar respuestas a sus pretensiones de justicia, de verdad y de
reparación. Sin embargo, muchas víctimas siguen pacientemente esperando que de
los procesos judiciales surjan soluciones.
Diversas son las situaciones problemáticas
de la Ley de Justicia y Paz que deben ser corregidas, razón por la
cual es actualmente pertinente el presente proyecto de ley. Se mencionan, entre
las más relevantes, las siguientes:
·
La mora en el trámite
de los procesos, derivada en gran medida de la multiplicidad de audiencias que
es necesario celebrar a lo largo del trámite procesal;
·
La investigación
indiscriminada de la totalidad de los delitos cometidos por el procesado,
independientemente de que guarden relación o no con el entendimiento
sistemático del conflicto armado interno.
·
La falta de regulación
en materia de persecución y aseguramiento de los bienes destinados a la
reparación de las víctimas, así como de la restitución de bienes despojados.
·
Las dificultades en la
investigación del daño colectivo, que contrasta con la lógica individual de los
procedimientos judiciales, lo cual, a su vez, genera importantes demoras.
·
El trámite del
incidente de reparación integral a las víctimas dilata enormemente los tiempos
procesales previos a la sentencia condenatoria.
·
La ausencia de
criterios para excluir del procedimiento penal especial a los procesados del
proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias.
·
La dispersión en la
investigación ordinaria de hechos relacionados con el conflicto armado interno,
tales como el financiamiento y apoyo logístico y militar de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
·
La inminencia de
acciones judiciales por parte de los postulados procesados en procura de su
libertad ante la cercanía de los 8 años de vigencia de la Ley 975,
tiempo este que coincide con el tiempo máximo de la pena alternativa de que
trata la misma ley.
·
La ausencia absoluta de
programas de resocialización para los desmovilizados procesados en el marco
de la Ley 975 que están privados de la libertad no atiende la
finalidad del proceso, cual es la reconciliación nacional”.[235]
Luego de los debates y discusiones surtidos por la
Comisión Primera del Senado, en torno a las veintiocho modificaciones
consolidadas por los ponentes al Proyecto enviado por la Cámara de Representantes
(algunas de naturaleza formal otras sustanciales), en sesión del 12 de junio de
2012 de acuerdo a lo consignado en el Acta de Comisión No. 55 de la misma
fecha, que reposa en la Gaceta del Congreso número 456 del 24 de
julio de 2012.
Teniendo en cuenta que el proceso de justicia y paz,
como estaba planteado desde la promulgación de la Ley 975 de 2005, no había
resuelto el círculo de impunidad evidente tras 7 años de vigencia, ni había
llenado las expectativas que la sociedad tenía con su aplicación, Colombia
requería nuevas estrategias de investigación, pues las que se habían intentado
hasta el momento, tal como lo evidenció la Comisión Asesora de Política
Criminal, quien a través de estadísticas de resultados a nivel nacional logró vislumbrar
el porcentaje de impunidad dentro del sistema penal nacional, demostraron no
solo lentitud general en todo el sistema, sino incapacidad administrativa e
infraestructural para dar respuesta a todas las noticias criminales recibidas
por parte de la Fiscalía.[236]
Como muestra de ello, se evoca un fragmento de la
exposición de motivos de las diez modificaciones introducidas por los ponentes
el 8 de octubre de 2012 en el  marco del segundo debate en la Plenaria del
Senado:
“Partiendo de la base de que el proyecto
realza la discrecionalidad que le asiste al Gobierno Nacional en la postulación
de los desmovilizados que participarán finalmente en Justicia y Paz, con el
objetivo de que solo sean aquellos que en verdad quieren contribuir a la paz y
la reconciliación, el articulado incluye una audiencia ante magistrado de
control de garantías para evaluar, en casos particulares y de manera
individualizada, cuándo procedería la sustitución de la medida de
aseguramiento.
7 años después de la entrada en vigencia de
la Ley de Justicia y Paz solo se ha proferido sentencia contra 13 postulados.
De ahí que haya 1.900 postulados que se encuentran privados de la libertad, a
la espera de ser condenados. La demora en los procesos y la existencia de
mejores garantías en el sistema ordinario ha generado que más de 1.600
postulados renuncien a los procesos de Justicia y Paz.
De los 1.900 privados de la libertad, por
lo menos 51 cumplirán 8 años de privación de la libertad (lo equivalente a la
pena alternativa máxima) en diciembre de 2014, y se estima que a partir de entonces cerca de 60
postulados cumplirán 8 años de privación de la libertad cada año, según la
fecha de su ingreso al centro de reclusión del INPEC.
Si bien podría argumentarse que los
desmovilizados pueden permanecer privados de la libertad hasta el tiempo máximo
de la pena principal (entre 40 y 60 años), no es menos cierto que la
expectativa con base en la cual estas personas confiaron en el Estado y en el
proceso, y a partir de la cual decidieron confesar los hechos en los que
participaron, está fundada en una pena privativa de la libertad de máximo 8
años.
Adicionalmente, dado que salir en libertad
será uno de sus principales intereses, es posible canalizar ese interés en un
incentivo para la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y de
reparación de las víctimas. Y, al mismo tiempo, desincentivar el deseo de
tramitar su caso a través de la justicia ordinaria, donde la posibilidad de las
víctimas de conocer la verdad se reduce”[237].
7.2.
Modificaciones
realizadas por la Ley 1592 de 2012 a la Ley 905 de 2005
El Congreso de la República, mediante la Ley 1592 de
2012, modificó y añadió varios artículos a la Ley 975 de 2005. Dentro de los
principales cambios, se evidencia una transformación sustancial al enfoque de investigación
que había manejado hasta entonces la Fiscalía General de la Nación al interior
de la Unidad Especial de Justicia Transicional.
Así, el primer cambio efectuado puede evidenciarse en
la modificación al artículo 2º relativo al ámbito de aplicación de la ley y su
interpretación. El nuevo texto dispone que la investigación, procesamiento,
sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, debe
realizarse aplicando criterios de priorización en la investigación y el
juzgamiento de esas conductas.
En ese sentido, la orden al Fiscal General de la
Nación es la de establecer, a través de “un Plan Integral de Investigación
Priorizada”, criterios de priorización de casos para el ejercicio de la acción
penal, que tendrán carácter vinculante y que serán de público conocimiento”[238].
Los criterios de priorización, en un contexto de
transición reciente y en curso, luego de violaciones masivas a los derechos
humanos o al derecho internacional humanitario, hayan su fundamento lógico en
la insostenibilidad fáctica y normativa del estándar de juzgamiento tradicional
que dispone que hay que juzgar a todos los responsables de todos los crímenes
de lesa humanidad o de guerra, consiguiendo condenarlos a una pena privativa de
la libertad.
En efecto, en lo que respecta a la realidad fáctica,
es imposible juzgar todos los casos si se tiene en cuenta que el número de
crímenes y de responsables es demasiado alto, lo que significa un desgaste
inconmensurable para el aparato jurisdiccional del Estado.
En el ámbito normativo, el punto de partida está en
entender y reconocer que las tensiones entre justicia y paz subsisten, máxime
cuando uno y otro son fines perseguidos constitucionalmente. En ese sentido, es
deber del Estado esforzarse por armonizar justicia y paz. Es en ese momento
cuando se hace necesario apelar a las ponderaciones, por lo cual es posible que
sea indispensable reducir –más no anular- el imperativo de castigo en beneficio
de otros valores como la paz o la transición democrática[239].
En lo que respecta a la reintegración a la vida civil
de los excombatientes, la Ley 1592 de 2012 modificó el artículo 2º de la Ley
975 de 2005 al disponer que el proceso de reincorporación a la sociedad de
quienes se sometan a los procedimientos consagrados en la nueva normativa, se
regirá exclusivamente por el artículo 66 de ésta.
La modificación al artículo 5º de la Ley 975 de 2005,
concerniente a la definición de víctima, radicó en la incorporación de un
inciso adicional del siguiente tenor: “También serán víctimas los demás
familiares –de los miembros de la fuerza pública- que hubieren sufrido un daño
como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida
por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley”.
En relación con el mismo punto, el legislador consagró
el principio del enfoque diferencial añadiendo el artículo 5A a la Ley 975 de
2005.  Dicho artículo ordena al Estado brindar  especiales garantías y medidas
de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones a que se
refiere el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, tales como mujeres, jóvenes,
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos/as,
líderes/lideresas sociales, miembros de organizaciones sindicales,
defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento forzado y
miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con ocasión de su
participación en el proceso judicial especial de que trata la ley.
De otro lado, el artículo 4 de la Ley 1592 de 2012,
modifica el artículo 6 de la Ley 975 de 2005 y remite a la Ley 1448 de 2011,
norma que desarrolla y define la verdad, la justicia y la reparación como
derechos de las víctimas. Asimismo, señala que las víctimas tienen derecho a
participar de manera directa o por intermedio de su representante en todas las
etapas del proceso. La diferencia principal con el artículo análogo de la Ley
975 de 2005, radica en que el derecho a la justicia se tornaba jerárquicamente
superior a los de verdad y reparación. Ello se hace evidente en la medida en
que era deber de las autoridades públicas que intervinieran en los procesos que
se tramitaran con fundamento en esa ley, atender, primordialmente, el deber de
garantía de la justicia por encima de la verdad y la reparación.
Frente a los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley, el artículo 11 de la Ley 975 de 2005 dispuso
seis requisitos que debían cumplir quienes quisieran acceder a los beneficios
que otorgaba el proceso de desmovilización. Sin embargo, el legislador de la
época no contempló la posibilidad de que los candidatos a beneficiarios incumplieran
con ciertos procedimientos de los allí dispuestos y por ende no prescribió
causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz y exclusión de la lista
de postulados.
En consecuencia, la Ley 1592 de 2012 añade el artículo
11 A advirtiendo tal contingencia y ordenó que
“Artículo 11 A: Los desmovilizados de grupos armados
organizados al margen dela ley que hayan sido postulados por el Gobierno
Nacional para acceder a los beneficios previstos en la presente ley serán
excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en
audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes
casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial
competente:
1.     Cuando el postulado sea renuente a
comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.
2.     Cuando se verifique que el postulado ha
incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente
ley.
3.     Cuando se verifique que el postulado no
haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo
armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia
al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.
4.     Cuando ninguno de los hechos confesados por
el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un
grupo armado organizado al margen de la ley.
5.     Cuando el postulado haya sido condenado por
delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando
habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha
delinquido desde el centro de reclusión.
6.     Cuando el postulado incumpla las
condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de
aseguramiento de que trata el artículo 8A de la presente Ley.
La solicitud de audiencia de terminación
procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por el fiscal del
caso. En una misma audiencia podrá decidirse sobre la terminación del proceso
de varios postulados, según lo considere pertinente el fiscal del caso y así lo
manifieste en su solicitud.
Una vez en firme la decisión de terminación
del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar
copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que ésta adelante
las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento
de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones
a que haya lugar.
Si existieren requerimientos previos por
investigaciones o procesos ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal
especial de Justicia y Paz, una vez terminado éste, la Sala de Conocimiento,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, comunicará a la autoridad
judicial competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las
investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de
aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.
En todo caso, la terminación del proceso de
Justicia y Paz reactiva el término de prescripción de la acción penal.
En firme la decisión de terminación del
proceso de justicia y paz, la autoridad competente remitirá copia de la
decisión al Gobierno Nacional, para lo de su competencia. El desmovilizado no
podrá ser nuevamente postulado para acceder a los beneficios establecidos en la
presente ley.
Parágrafo 1°. En el evento en que el
postulado no comparezca al proceso de justicia y paz, se seguirá el trámite
establecido en el presente artículo para la terminación del proceso y la
exclusión de la lista de postulados. Se entenderá que el postulado no        comparece
al proceso de justicia y paz cuando se presente alguno de los siguientes
eventos:
1.     No se logre establecer su paradero a pesar
de las actividades realizadas por las autoridades con el fin de ubicarlo.
2.     No atienda, sin causa justificada, los
emplazamientos públicos realizados a través de medios de comunicación
audiovisuales o escritos, ni las citaciones efectuadas al menos en tres (3)
oportunidades para lograr su comparecencia a la diligencia de versión libre de
que trata la presente ley.
3.     No se presente, sin causa justificada, para
reanudar su intervención en la diligencia de versión libre o en las audiencias
ante la magistratura, si éstas se hubieren suspendido.
Parágrafo 2°. En caso de muerte del
postulado, el Fiscal Delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la preclusión de la
investigación como consecuencia de la extinción de la acción penal.
Parágrafo 3°. En todo caso, si el postulado
fallece con posterioridad a la entrega de los bienes, el proceso continuará
respecto de la extinción del dominio de los bienes entregados, ofrecidos o
denunciados para la contribución a la reparación integral de las víctimas, de
conformidad con las normas establecidas en la presente ley.”
Así mismo, el artículo 6º de la Ley 1592 de 2012 añade
en el artículo 11B la posibilidad expresa de renunciar voluntariamente al
proceso de justicia y paz siempre y cuando la solicitud se  presente ante el
fiscal o el magistrado del caso. La Ley 975 de 2005 no había consagrado
expresamente la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia
y paz, cuando éstos no cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en sus
artículos 10 y 11, razón por la cual, dicho vacío venía siendo llenado, por vía
de interpretación, por medio de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Al respecto, expresamente se señaló en la exposición
de motivos que “Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se
propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización
del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en
cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la
jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos
artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la
consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad
de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento
de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente
las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia”[240].
La denominada figura de la exclusión introducida
formalmente en la reforma a la Ley de Justicia y Paz consistía en sacar “del
procedimiento a los postulados que únicamente han figurado de manera formal en
las listas enviadas por el Gobierno Nacional, pero que no ha sido posible
ubicar ni lograr su comparecencia en el proceso. Así mismo, se hace necesario
excluir a los que voluntariamente desisten de someterse al proceso de justicia
y paz o expresan libremente su decisión de no continuar en el proceso. También
se requiere excluir del proceso a quienes no satisfacen los requisitos de elegibilidad
establecidos en la ley, tan pronto se acredita esta situación”.
El objetivo principal tras la incorporación de dicha
figura, era conseguir que las actuaciones judiciales tuvieran una mayor fluidez
“en la medida en que el esfuerzo de los diferentes equipos de trabajo de
fiscales y magistrados de justicia y paz se podrá concentrar en aquellos casos
en que los postulados realmente estén colaborando eficazmente con la
reconstrucción de la verdad, a favor de la reparación de tantas víctimas que
esperan, por fin, saber lo ocurrido con sus seres queridos”[241].
El Fiscal o el Magistrado, según el caso, debe
resolver la petición y adoptar las medidas que correspondan respecto de la
situación jurídica del solicitante. Si se considera procedente la solicitud,
podrá declararse terminado el proceso y se dispondrá el envío de copia de la
actuación a la autoridad judicial competente, para que ésta adelante las
respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la
comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que
haya lugar. Igualmente, remitirá al Gobierno Nacional copia de la decisión con
el fin de que el desmovilizado sea excluido formalmente de la lista de
postulados.
Para garantizar la efectividad y aplicabilidad
oportuna del derecho a la reparación cuya titularidad radica en las víctimas
del conflicto, el legislador consideró que era menester incluir algunas normas
relativas a tal punto en el articulado de la Ley 1592 de 2012. Es por eso que
el tema de la exclusión cobró mayor relevancia a medida que avanzaba el trámite
legislativo reglamentario.
Sobre el particular, considera la Corte Constitucional
que la consagración expresa del incumplimiento del requisito de elegibilidad
relacionado con la entrega o denuncia de todos los bienes adquiridos por el
postulado o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con
ocasión de su pertenencia al mismo, contribuiría al propósito de
garantizar  a las víctimas el derecho a la reparación, sobre la base de
forzar una definición de los bienes que deben ser objeto de persecución en el
marco del proceso de justicia y paz, aspecto éste que, en la práctica, venía afectando
la efectividad y eficacia de dicho proceso[242].
El deber de los postulados de contribuir activamente
en el proceso de reparación a las víctimas se hace entonces mucho más explícito
y trasciende la generalidad de la norma general referente a las causales de
terminación del proceso, fijando una regla que diera “alcance a los
requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 en relación
con la entrega, denuncia y ofrecimiento de los bienes adquiridos por los
postulados o por el grupo armado al que pertenecían, los cuales serán puestos a
disposición de la Unidad de Víctimas o la Unidad de Tierras, según corresponda.
Esta disposición no solo refuerza la obligación de los postulados de entregar,
denunciar u ofrecer los bienes sino que además envía un mensaje claro de
fortalecimiento del sistema de persecución de bienes por parte de la Fiscalía
General de la Nación. Igualmente, establece que aquel postulado que no cumpla
con esta obligación quedará excluido de Justicia y Paz o perderá el beneficio
de la pena alternativa, según corresponda”[243]
Así, el nuevo artículo 11D es claro en señalar el
deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las
víctimas.  Y que para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados
en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 Y 11 respectivamente de la Ley
en mención, los desmovilizados deben entregar, ofrecer o denunciar todos los
bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la
ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por
interpuesta persona.
Para que se cumpla con el objetivo propuesto, el artículo
11D ordena que los bienes sean puestos a disposición de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras
Despojadas para que se destinen a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda.
Asimismo, se refiere a que las víctimas que sean
acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tienen
acceso preferente a estos programas.
Ordena a la Fiscalía General de la Nación tomar todas
las medidas necesarias para perseguir  los bienes a los que se refiere el
artículo, que no hayan sido entregados,  ofrecidos o denunciados por el
postulado.
El postulado que no entregue, ofrezca o  denuncie
todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen
de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o
por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá
el beneficio de la pena alternativa, según corresponda[244].
El parágrafo del artículo 11D ordena no afectar los
bienes de los postulados que sean adquiridos como resultado del proceso de
reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita
con posterioridad a la desmovilización.
El Artículo 10 de la Ley 1592 de 2012
modifica el artículo 15 de la Ley 975 de 2005. La modificación en este artículo
radica esencialmente en la perspectiva para el esclarecimiento de la verdad. En
el nuevo texto, dicho objetivo debe ser perseguido bajo la óptica de un patrón
de macro-criminalidad en el actuar de los grupos armados organizados al margen
de la ley con la finalidad de que se puedan develar los contextos, las causas y
los motivos del mismo. Dicho elemento estaba ausente en la Ley 975 de 2005,
pues simplemente se buscaba, sin más, el esclarecimiento de la verdad sobre los
hechos objeto de investigación garantizando la defensa de los procesados.
Asimismo, se reitera la priorización como
criterio de investigación según lo determine el Fiscal General de la Nación en
desarrollo del artículo 16A de la Ley 1592 de 2012. También se le da uso a la
información obtenida tras los procesos investigativos de Justicia y Paz con la
finalidad de esclarecer las redes de apoyo y fuentes de financiación de los
grupos armados organizados al margen de la ley.
Se mantienen el enfoque de colaboración de
los desmovilizados para con la policía judicial en aras de dar con el paradero
de personas secuestradas o desaparecidas y el deber de protección de quienes
intervengan en los procesos de investigación y juzgamiento en cabeza de la Defensoría
del Pueblo y del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, por cuestiones
de sistemática, este último tópico es incluido en el nuevo texto como parágrafo
dentro del artículo.
El Artículo 11 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 15A.  El propósito de este nuevo artículo es establecer el patrón
de macro-criminalidad en relación con el despojo y abandono forzado de tierras,
cuando la víctima así lo haya denunciado. La información relevante sobre el
particular, legalmente obtenida, debe ser puesta, por parte de la Fiscalía
General de la Nación, a disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de contribuir a los
procedimientos que ésta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley
1448 de 2011.
El Artículo 12 de la Ley 1592 de 2012 modifica
el Artículo 16 de la Ley 975 de 2005. En el nuevo texto, quien recibe la
información relacionada con el nombre o nombres de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, dispuestos a contribuir en el proceso
de desmovilización y reinserción, es la Fiscalía General de la Nación y ya no
la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, como estaba
consignado en la Ley 975 de 2005. Posteriormente,  el fiscal delegado que
corresponda, de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el
Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo 16A de la nueva ley,
asumirá de manera inmediata la competencia en ella otorgada, la cual se
mantiene sin cambios.
Por otro lado, el nuevo texto admite la
posibilidad de conflictos o colisiones de competencia entre los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la
Ley 1592 y cualquier otra autoridad judicial. Dispone, entonces, que en caso de
presentarse dicha irregularidad, primará siempre la competencia de la Sala de
conocimiento de justicia y paz, hasta tanto se determine que el hecho no se
cometió durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado
organizado al margen de la ley. Este inciso final fue objeto de pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional, quien en Sentencia C-575 de 2006 declaró
su exequibilidad por los cargos formulados.
El Artículo 13 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 16A. El propósito de la incorporación del artículo en mención es el
de garantizar los derechos de las víctimas. Para tal fin, asigna al Fiscal
General de la Nación la función de determinación de los criterios de
priorización para el ejercicio de la acción penal. Dichos criterios, además de
ser de público conocimiento, al tenor del nuevo artículo, tendrán fuerza
vinculante.
Los criterios de priorización han sido
concebidos con la finalidad de “esclarecer el patrón de macro-criminalidad
en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a
develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los
esfuerzos de investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la
Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el “Plan Integral de
Investigación Priorizada”.
En busca de coherencia y solidez, se adoptaron otras
medidas adicionales sobre la figura de la exclusión, más exactamente en relación
con el incumplimiento del compromiso de entregar, ofrecer o denunciar los
bienes adquiridos ilícitamente. Así, la Ley 1592 de 2012, a través del artículo
14, modificó el artículo 17 de la Ley 975 de 2005 en el que se regula lo
atinente a la versión libre y la confesión de los postulados. En ese sentido,
dispuso que los postulados al proceso de justicia y paz deben indicar
detalladamente, entre otros aspectos, “la fecha y motivos de su ingreso al
grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la
reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente
o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron”.
Con el propósito de contribuir a la reparación
integral de las víctimas, y de lograr una participación más activa de los
grupos armados organizados al margen de la ley en la efectividad del derecho de
reparación para con las víctimas, se desarrolla, a través de la incorporación
de los artículos 17A y 17B, la figura de la extinción de dominio.
En el artículo 17A, se define cuáles son los bienes
que pueden ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el
artículo 17B de la misma ley, para efectos de extinción de dominio. El
parágrafo del artículo 17A dispone la posibilidad de extinguir el derecho de
dominio de los bienes, aunque sean objeto de sucesión por causa de muerte o su
titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados.
En lo referente a la imposición de medidas cautelares
sobre bienes para efectos de extinción de dominio, el artículo 17B dispone que
cuando el postulado haya ofrecido bienes de su titularidad real o aparente o
denunciado aquellos del grupo armado organizado al margen de la ley al que
perteneció, o la Fiscalía haya identificado bienes no ofrecidos o denunciados
por los postulados, el fiscal delegado dispondrá la realización de las labores
investigativas pertinentes para la identificación plena de esos bienes y la
documentación de las circunstancias relacionadas con la posesión, adquisición y
titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas ­ Fondo para la Reparación de las Víctimas-
participará en las labores de alistamiento de los bienes susceptibles de ser
cautelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 C, y
suministrará toda la información disponible sobre los mismos. Esta información
será soportada ante el magistrado con función de control de garantías en la
respectiva audiencia para la decisión sobre la imposición de medidas
cautelares.
El Artículo 17 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 17C. Dispone la creación del Incidente de oposición de
terceros a las medidas cautelares impuestas sobre los bienes incautados para
efectos de extinción de dominio, en virtud del Artículo 17B de la Ley 1592 de
2012. Dicho incidente podrá hacerse efectivo en los casos en que haya terceros
que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes a
que se hace alusión.
Luego de surtido el procedimiento señalado
en el artículo en mención, “si la decisión del incidente fuere favorable al
interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En
caso contrario, el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la
decisión será parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz”[245].
Es importante aclarar que el incidente de
oposición de terceros a las medidas cautelares, no suspende el curso del
proceso.
El Artículo 18 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 18 de la Ley 975 de 2005. Se reitera que cualquier
investigación que se adelante debe darse dentro de un patrón de
macro-criminalidad en el accionar del grupo armado organizado al margen de la
ley que se pretenda esclarecer. Bajo ese entendido, “el fiscal delegado para
el caso solicitará a Magistrado que ejerza las funciones de control de
garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de
imputación, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física,
información legalmente obtenida, - o de la versión libre pueda inferirse
razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios
delitos”.[246]
Agrega además un parágrafo que tiene por
objeto agilizar los procesos, dándolos por terminados anticipadamente luego de
que el imputado haya aceptado su responsabilidad, cuando se evidencie que los
hechos que se imputan al postulado hacen parte de un patrón de macro-criminalidad
ya esclarecido a través de alguna sentencia de justicia y paz de conformidad
con los criterios de priorización, previa constatación e identificación de las
afectaciones causadas a las víctimas por el patrón de macro-criminalidad en la
respectiva sentencia. Advierte el artículo en mención que “la terminación
anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios
penales adicionales a la pena alternativa”.
El Artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 18A. Este nuevo artículo plantea la posibilidad que tiene el
postulado que se haya desmovilizado estando en libertad, de solicitar la
sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Dicha prerrogativa se sujeta al cumplimiento de lo establecido en este artículo
y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para
garantizar la comparecencia al proceso del que trata la Ley 1592 de 2012, de
donde se infiere el deber de los postulados de continuar en el proceso. Así, el
Magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución
de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días
contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido
con los requisitos dispuestos para tal fin.
El Artículo 20 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 18B. En consonancia con lo dispuesto en el artículo precedente, el
postulado que hubiere sido condenado por la justicia penal ordinaria, podrá
solicitar, en la misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de
aseguramiento en los términos del artículo 18ª, suspensión condicional de la
ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria.
Sin embargo, dicho beneficio podrá hacerse
efectivo “siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren
sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la ley”[247].
Pese a lo anteriormente dispuesto, la
suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado
de  control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado incurra en
cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A.
El Artículo 22 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 22 de la Ley 975 de 2005. El nuevo texto dispone que el
fiscal que estuviera conociendo el caso en la jurisdicción ordinaria suspenderá
las investigaciones que se adelanten en contra de un postulado al proceso de
justicia y paz “una vez en firme la medida de aseguramiento y hasta antes de
proferir sentencia en la justicia ordinaria respecto de un hecho cometido
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley”.
Asimismo, señala que “si el proceso en
la jurisdicción ordinaria estuviere en etapa de juicio, el juez respectivo
ordenará la suspensión. La investigación o el juicio únicamente serán
suspendidos respecto de la persona vinculada y del hecho que fundamentó su vinculación.
El fiscal o el juez de la justicia ordinaria informarán a la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz enviando copia de la decisión de fondo
adoptada y de la suspensión”[248].
La principal diferencia con el texto de la
Ley 975 de 2005, es que en ésta, el desmovilizado sólo tenía la posibilidad de
aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de
aseguramiento al momento de acogerse a la Ley 1592 de 2012. No existía la
figura de la suspensión de investigaciones.
De otro lado, a través de un parágrafo, se
califica la suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria como
provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz
del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y será definitiva,
para efectos de acumulación, si el postulado acepta los cargos.
El Parágrafo del referido artículo, fue
declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-015 del 23 de enero de 2014, Magistrado Ponente Dr.
Mauricio González Cuervo.
El Artículo 23 de la Ley 1592 de 2012
modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. Se reemplaza el incidente de
reparación integral por el incidente de identificación de las afectaciones
causadas a las víctimas. El cambio esencial en relación a este punto, radica en
que en la misma audiencia en la que el Tribunal Superior de Distrito Judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los
cargos formulados, debe darse inicio de manera oficiosa al trámite del
incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.
Contrario sensu, la Ley 975 de 2005 disponía que una vez surtido el
trámite de la audiencia referida, “previa solicitud expresa de la víctima, o
del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el
magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de
los daños causados con la conducta criminal”.
Con lo anterior, a través de 4 parágrafos
adicionales, se desarrolla y especifica el alcance y trámite del incidente de
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, buscando la mayor
efectividad posible en los procesos de reparación.
Algunas de las garantías contenidas en el
nuevo texto, al tenor del último inciso del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012
y del parágrafo 3 ibídem, respectivamente, son “la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar”, así como el suministro de toda la
“información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito
judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación
integral de la Ley 1448 de 2011”[249].
La modificación esbozada en los anteriores
términos, resulta ser un avance sustancial en el proceso de Justicia y Paz, en
la medida en que no se trasladan cargas adicional a las víctimas en la
reivindicación de sus derechos, sino que es el Estado, en cabeza del aparato
jurisdiccional, quien procura erigirse como garante efectivo en la
materialización y protección de los derechos de las víctimas del conflicto
armado.
El Artículo 24 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 23A. De conformidad con el modelo de reparación contemplado en
la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias, a través de la disposición
incorporada, se adoptan medidas articuladas de rehabilitación, restitución,
indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por
el hecho victimizante, con el fin de asegurar a las víctimas una reparación
integral.
La consecución de dicho objetivo está a
cargo de Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, según corresponda.
El artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 modificó el
artículo 25 de la Ley 975 de 2005 fijando una serie de causales de revocatoria
de la pena alternativa. El cambio radica en que, a diferencia de lo preceptuado
en la Ley 975 de 2005, el postulado ahora sí puede perder la posibilidad de que
se le aplique la pena alternativa si con posterioridad a la concesión de ésta
se le llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de su
desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el
postulado en el marco del proceso especial de que trata la ley.
Estas conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de las
mismas.
Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia
emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la Ley
1592 de 2012, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la
autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena
alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos
por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con
ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona,
perderá el beneficio de la pena alternativa.
El Artículo 27 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 26 de la Ley 975 de 2005. Dispone la procedencia del
recurso de apelación únicamente contra la sentencia y contra los autos que
resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias, sin
necesidad de la interposición previa del recurso de reposición.
De igual manera, prevé los eventos en que
se concede la apelación en el efecto suspensivo cuando “se interponga contra
la sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta, contra el que
decreta y rechaza la solicitud de preclusión del procedimiento, contra el que
niega la práctica de una prueba en el juicio, contra el que decide sobre la
exclusión de una prueba, contra el que decide sobre la terminación del proceso
de Justicia y Paz y contra el fallo del incidente de identificación de las
afectaciones causadas. En los demás casos se otorgará en el efecto devolutivo”.
Por último, se agrega un cuarto parágrafo
del siguiente tenor: “La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas
con los bienes que administré el Fondo para la Reparación de las Víctimas[250]”.
El Parágrafo 3 fue declarado
EXEQUIBLE, por los cargos analizados por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006.
Por otra parte, en relación a la atribución de
competencias, el artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el 32 de la
Ley 975 de 2005, delimitó y especificó más detalladamente el procedimiento y la
asignación de atribuciones en relación a la etapa de juzgamiento, además de
determinar el mecanismo de selección de los Magistrados de Tribunal Superior de
Distrito Judicial a que se refiere la ley en cuestión, así:
“Artículo 32 - Competencia funcional de los
magistrados de los Tribunales Superiores de  Distrito Judicial en Materia de
Justicia y la Paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial designado por el Consejo Superior de
la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los
procesos de los que trata la presente ley.
El juzgamiento en los procesos a los que se
refiere la presente ley, en cada una de las fases del procedimiento, se llevará
a cabo por las siguientes autoridades judiciales:
1. Los Magistrados con funciones de control
de garantías.
2. Los Magistrados con funciones de
conocimiento de las salas de Justicia y Paz del Tribunales Superiores de
Distrito Judicial.
3. Los jueces con funciones de ejecución de
sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las
penas y de las obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la
distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la Judicatura en
cada una de las salas de Justicia y Paz”.
Parágrafo. El Consejo Superior de la
Judicatura adoptará las decisiones conducentes y  proveerá los cargos que sean
necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales
mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por Magistrados diferentes.
La Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia proveerá los cargos de Magistrados de Tribunal Superior de Distrito
Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán
elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley
270 de 1996”[251].
El Artículo 29 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 44 de la Ley 975 de 2005. El texto de este artículo se
refiere a los actos de contribución a la reparación integral. En el nuevo
texto, la Sala de conocimiento podrá ordenar al postulado llevar a cabo
cualquiera de los actos allí mencionados. Los cambios principales realizados
son los siguientes:
a.     No contempla los deberes de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción, expresamente mencionados en el
artículo 44 de la Ley 975 de 2005.
b.     En el numeral tercero (numeral segundo del
nuevo texto), se suprime el deber de pedir perdón a las víctimas y se asume el
compromiso de no incurrir en conductas punibles, no sólo se hace referencia a
las conductas punibles anteriormente cometidas.
c.
Se agrega el deber de
prestar servicio social.
d.     Se sustituye el deber de búsqueda de los
desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y
comunitarias por el deber de participación en los actos simbólicos de
resarcimiento y redignificación de las víctimas a los que haya lugar de
conformidad con los programas que sean ofrecidos, para tal efecto.
e.
Se agrega un parágrafo
que dispone que “La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de los
actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en la
sentencia”.
El Artículo 30 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 46 de la Ley 975 de 2005. El nuevo texto hace remisión al
proceso establecido en la Ley 1448 de 2011 y las normas que la modifiquen,
sustituyan o adicionen, para efectos de la restitución jurídica y material de
las tierras a los despojados y desplazados. Lo anterior, deja sin efecto alguno
el esquema de restitución planteado en la Ley 975 de 2005 que implicaba “la
realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la
situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento
de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus
propiedades, de ser posible”.
Otra modificación realizada tiene como
propósito integrar las medidas de justicia transicional disponiendo que “no
habrá restitución directa en el desarrollo de los procesos judiciales de que
trata la presente ley” [252].
El Artículo 31 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 46A. El artículo 46A se adopta con la finalidad de contribuir a la
efectividad del derecho a la justicia. Para ello, se adoptan “medidas
conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales de los
postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de extradición
concedida. Para ello, el Estado debe procurar la adopción de medidas
conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración de
justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas
cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno.”
Se hace énfasis especial en la adopción de
medidas que permitan a los postulados extraditados revelar los motivos y las
circunstancias en que se cometieron las conductas investigadas y, en caso de
fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima.
Para contribuir a la efectividad del
derecho a la reparación integral, y en relación con los bienes entregados,
ofrecidos o denunciados por los postulados extraditados se adoptan medidas para
que éstos sean incautados con destino al Fondo para la Reparación de las
Víctimas de que trata la Ley 1592 de 2012, o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda.
Para el cumplimiento de esta medida, en el
marco de los diferentes acuerdos de cooperación judicial internacional, la
Fiscalía General de la Nación realizará las labores de investigación necesarias
para la identificación y alistamiento de los bienes de conformidad con lo
establecido en el artículo 178 de la presente ley, así como para la
identificación y persecución de bienes ubicados en el exterior.
El Artículo 32 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Artículo 46B. El fin de la creación de este artículo es contribuir a la
satisfacción del derecho de las víctimas a la reparación integral, para lo
cual,  las asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales
tiene el deber de implementar programas de condonación y compensación de los
impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o restitución
según lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.
En virtud de la medida adoptada, y en caso
de que sean condonadas deudas, los departamentos, municipios o distritos “no
podrán ser penalizados, ser objeto de ningún tipo de sanción o ser evaluados de
forma negativa para la obtención de créditos, con motivo de una reducción en el
recaudo tributario respectivo”.
El mismo beneficio será extendido a la
cartera morosa por concepto de servicios públicos domiciliarios. Se levantarán
igualmente los gravámenes que hayan sido constituidos para la obtención de
créditos con el sector financiero por parte de un desmovilizado, sin perjuicio
de que se mantenga la obligación de pagar dichos créditos en cabeza de éste[253].
El Artículo 33 de la Ley 1592 de 2012 crea
el Parágrafo del Artículo 54 de la Ley 975 de 2005. En aras de financiar el
pago de los programas de reparación administrativa que se desarrollan de
conformidad con la Ley 1448 de 2011, se hará uso de los recursos del Fondo para
la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el
marco del proceso penal especial de que trata la Ley 1592 de 2012 como aquellos
que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo. Es a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a
quien corresponde dar la mencionada destinación a dichos recursos.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el parágrafo tercero del artículo 17B y en el artículo 46 de la Ley 1592 de
2012. Es decir, sin prejuicio de la imposición de medidas cautelares sobre
bienes para efectos de extinción de dominio y de la restitución jurídica y
material de las tierras a los despojados y desplazados.
El Artículo 36 de la Ley 1592 de 2012
modifica el Artículo 72 de la Ley 975 de 2005. El nuevo texto establece las
reglas de vigencia, derogatoria y ámbito temporal de aplicación de la Ley 1592
de 2012 así:
a.     Derogatoria: La Ley 1592 de 2012 deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su
promulgación.
b.     Para el caso de desmovilizados colectivos
en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la Ley 1592 de 2012 se
aplicará únicamente ha hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su
desmovilización.
c.
En lo que respecta a
los desmovilizados individuales[254],
el procedimiento y los beneficios consagrados en la Ley 1592 de 2012, se
aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización y
en todo case con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.
El Artículo 37 de la Ley 1592 de 2012. Fija
como última fecha de postulación el 31 de diciembre de 2012 para todos los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia
de la Ley 1592 de 2012 y que pretendan acceder a los beneficios consagrados en
la Ley 975 de 2005. Vencido ese plazo, el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años
para decidir sobre su postulación.
El término para quienes se desmovilicen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012  y pretendan
solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, es de (1)
año contado a partir de su desmovilización.
El Artículo 38 de la Ley 1592 de 2012.
Establece un trámite excepcional al antes mencionado para la restitución de
tierras en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la
Ley 1592 de 2012 existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una
solicitud u ofrecimiento de restitución en el marco de procedimiento de la Ley
975 de 2005, “la autoridad judicial competente continuará el trámite en el
marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará la dispuesto en
la ley 1448 de 2011”.
El Artículo 39 de la Ley 1592 de 2012
incorpora una nueve disposición referente a la restitución de bienes y a la
cancelación de títulos y registros obtenidos en forma fraudulenta.
Considera la posibilidad de que se
configure la situación excepcional de que trata el artículo 38 ibídem, esto es,
el trámite excepcional de restitución de tierras en el marco de la Ley 975 de
2005. Para abordar tal situación, el artículo en mención dispone que el trámite
de restitución debe surtirse bajo las siguientes reglas:
1. Para decidir sobre la
restitución de los bienes despojados o abandonados forzosamente y la
cancelación de los títulos y los registros fraudulentos, el Magistrado con
funciones de control de garantías dispondrá el trámite de un incidente que se
surtirá de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17C
de la Ley 975 de 2005, para garantizar el ejercicio del derecho de
contradicción y oposición de los terceros afectados, quienes deberán demostrar
su buena fe exenta de culpa.
2. En caso de que los terceros
logren acreditar su buena fe exenta de culpa, el Magistrado ordenará en su
favor el pago de las compensaciones previstas en el artículo 98 de la Ley 1448
de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas. Durante el trámite del incidente que se
surtirá para la restitución de bienes despojados o abandonados forzosamente, se
podrán aplicar las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la
Ley 1448 de 2011, aunque los predios no se encuentren inscritos en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
3. De igual forma, será
aplicable la figura de las compensaciones en especie y reubicación en los casos
en que no sea posible restituir a la víctima el predio despojado según lo
previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El auto que ordene la restitución deberá contener los aspectos relacionados en
el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. A esta audiencia se deberá citar a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -Fondo Jara la Reparación de las Víctimas- o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de restitución de Tierras Despojadas, según
sea el caso.
El Artículo 40 de la Ley 1592 de 2012
Entrada en vigencia del incidente de identificación de las afectaciones
pausadas. Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de
justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al
procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de
identificación de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de
esta Ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005,
El Artículo 41 de la Ley 1592 de 2012. La
Ley 1592 de 2012 rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7, 8, 42,
43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005.
8.       ANÁLISIS DE LAS NORMAS
DEMANDADAS
8.1. CARGOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD CON RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE LOS CASOS
EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ (ARTÍCULOS 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 23
DE LA LEY 1592 DE 2012)
La Corte analizará la procedencia del cargo global de
inconstitucionalidad que se presentó en relación con el diseño e implementación
de metodologías de investigación de crímenes de sistema (priorización) en un
contexto de justicia transicional.
Seguidamente, resolverá los
cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra expresiones que figuran en los
artículos 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 23 de la Ley 1592 de 2012, en la medida en que cada una de ellas contemplan la posibilidad de aplicar criterios de
priorización en el proceso de Justicia y Paz, lo cual desconocería, según los
demandantes, la obligación del Estado Colombiano de realizar una investigación
seria, imparcial y en un plazo razonable de las conductas punibles y además
afectaría el derecho a la igualdad de aquellos casos no priorizados,
vulnerándose los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la
reparación integral a la no repetición y a la igualdad, contempladas en el
Preámbulo y en los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución y 8 y 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
8.1.1.
EXAMEN DEL
CARGO GLOBAL DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Los demandantes plantean dos
argumentos centrales en contra de la constitucionalidad de la priorización: (i) vulneración del derecho que tienen las
víctimas a que las investigación por violaciones a los derechos humanos se
adelanten de  manera seria, imparcial y en un plazo razonable, tal como lo
exige el derecho internacional de los derechos humanos; y (ii) los criterios de
priorización desconocen el derecho a la igualdad de la víctimas cuyos casos no
resulten priorizados.
La Corte considera que no le
asiste la razón a los demandantes, por las razones que pasan a explicarse.
8.1.1.1. La priorización no vulnera el derecho de las
víctimas a la investigación de las violaciones a los derechos humanos de una
manera seria, imparcial y en un plazo razonable
La priorización es un
instrumento de política criminal, cuyo empleo no se limita a escenarios de
justicia transicional, implica que numerosos casos, que antes eran examinados
de forma aislada e inconexa por diversos funcionarios, sean reagrupados e investigados
conjuntamente, merced a la aplicación de distintas técnicas de análisis
criminal[255] (vgr. patrones criminales,
georeferenciación, minería de datos, etc). En tal sentido, no se trata
simplemente de fijar un orden racional de atención racional de las demandas de
justicia, sino de pasar de una técnica tradicional de investigación criminal
del caso a caso, a una que apunte a: (i) establecer el contexto donde
opera una organización criminal; (ii)  determinar la estructura y el
funcionamiento de aquélla; y (iii) en determinadas circunstancias, explique la
comisión serial de delitos cometidos por un determinado individuo contra un
grupo poblacional específico (vgr. delitos sexuales perpetrados contra menores
de edad). Todo lo anterior, sin renunciar a la persecución de aquellos delitos
no priorizados[256].
La priorización comporta entonces que el
proceso penal tenga por objeto no sólo establecer la responsabilidad penal
individual, sino la ejecución de una política criminal encaminada a: (i)
desvertebrar organizaciones delictivas; (ii) prevenir la comisión de futuras
conductas punibles; (iii) satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas, en
sus dimensiones subjetiva y objetiva; y en últimas (iv) a que el Estado cumpla
con su obligación de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos[257].
Al respecto, la Corte ha reconocido la importancia que comporta la
lucha contra la criminalidad organizada, destacando que su alcance es mucho mayor que aquella
encaminada a hacerle frente a los delitos individuales, pues permite el
sometimiento económico o político de sectores enteros de la sociedad, situación
por la cual la comunidad internacional tiene un compromiso decidido para
prevenir y luchar contra este fenómeno mediante diversos instrumentos y
convenciones internacionales[258].
Así las cosas, esta Corporación considera que la priorización no
vulnera el derecho que tienen
las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, a que se adelante
una investigación seria, imparcial y en un plazo razonable. Lo anterior, por
las siguientes razones complementarias:
La obligación de investigar las graves violaciones a los derechos
humanos es uno de los deberes fundamentales de los Estados Partes del Pacto de
San José de Costa Rica. Sobre el particular, a lo largo de su jurisprudencia,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado las siguientes
condiciones que debe cumplir una investigación penal, a efectos de ajustarse a
los estándares internacionales en la materia:
·
Oficiosidad.
Una vez tengan conocimiento de los hechos, las autoridades correspondientes
deben iniciar, por su propia iniciativa, la respectiva investigación[259].
·
Oportunidad.
La investigación debe comenzar en el menor tiempo posible[260],
con el fin de evitar la destrucción del material probatorio.
·
Ser
adelantada en plazo razonable. En los términos de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana[261], la determinación del plazo razonable
depende de un examen de los siguientes factores: (i) complejidad del asunto;
(ii) actividad procesal del interesado; y (iii) conducta de las autoridades
judiciales.
·
Idoneidad
de los funcionarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado
la necesidad de que las investigaciones sean realizadas de forma rigurosa, por
profesionales competentes y utilizando procedimientos apropiados.[262]
·
Independencia
e imparcialidad. Los Estados Partes deben garantizar que los investigadores,
fiscales y jueces  gocen de garantías de independencia  y que inspiren
confianza a la ciudadanía[263]. La exigencia de imparcialidad, a su
vez, se extiende a cada de las etapas de la investigación, incluyendo la
recolección de pruebas.
·
Exhaustividad.
La investigación penal debe ser realizada por todos los medios legales
disponibles, a perseguir, capturar y sancionar a los responsables y, en
últimas, a determinar la verdad de lo sucedido.[264]
Adicionalmente, en casos complejos, que entrañen graves
violaciones a los derechos humanos, según la jurisprudencia internacional, el
Estado debe centrar sus esfuerzos en analizar un conjunto de asuntos, con el
objeto de desentrañar las
estructuras que permitieron esas violaciones. Al respecto, el Tribunal
Internacional en la sentencia del asunto Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, consideró:
“En casos complejos, la obligación de
investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para
desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus
beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso
sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos
humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en
cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los
perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede
resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los
hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y
que busque develar las estructuras de participación”[265].
Como puede advertirse, al implicar la priorización un ejercicio de
asociación de casos mediante el recurso a técnicas de análisis criminal, se
ajusta a los estándares señalados por la jurisprudencia internacional para
determinar si una investigación criminal puede ser considerada seria, imparcial
y realizada en un plazo razonable. De hecho, la superación del modelo de
investigación del caso a caso por uno que conduzca a asociar números
asuntos para luego analizarlos en contexto, le permite al Estado dar una
respuesta más integral a los reclamos de verdad, justicia y reparación de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en Colombia, en su Informe presentado ante la Asamblea General
de la ONU el 24 de enero de 2014[266],
llamó la atención sobre la existencia de problemas estructurales  del modelo de
investigación criminal, los cuales afectaban, a su vez, la garantía de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas:
“83. Durante su colaboración con la
Fiscalía General, el ACNUDH detectó una serie de desafíos relacionados con las
investigaciones penales, entre los que destacaban la falta de mapeo de
casos; la falta de método en la distribución y asignación de los
casos; la compartimentación de casos; un examen
insuficiente de las estructuras de mando o criminales; la limitada
reconstrucción física de los lugares donde se habían cometido los hechos; la no
identificación de las víctimas; la saturación de los fiscales y la falta de
investigadores; la insuficiente capacidad de protección para los fiscales; la
evaluación del desempeño en función del número de procesos iniciados, y no de
los resultados de las actuaciones; el establecimiento de prioridades por
conveniencia; la existencia de lagunas en los conocimientos jurídicos; el
conocimiento insuficiente de las estructuras y las operaciones militares; y la
deferencia a la autoridad militar.”  (negrillas y subrayados agregados).
En conclusión, la aplicación de criterios de priorización no
vulnera el derecho que tienen las víctimas a que el Estado adelante una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable.
8.1.1.2.
Los criterios de priorización no vulneran el derecho a la igualdad de las
víctimas de los casos no priorizados
Los demandantes señalan que la priorización vulnera el derecho a
la igualdad de las víctimas cuyos casos no sean priorizados. La Corte no
comparte la anterior afirmación, por las razones que pasan a explicarse:
El principio de igualdad se materializa en cuatro mandatos
a cargo del legislador: (i) tratar
de forma idéntica
a ciudadanos que se hallen
en iguales circunstancias; (ii) acordar un trato completamente
diferente a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento
común; (iii) un mandato de trato paritario
a personas cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, siendo más relevantes aquéllas que éstas (trato
igual a pesar de la diferencia); y (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también
en una posición, en parte similar y en parte diversa, pero cuyas diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud).
La jurisprudencia constitucional ha considerado que la igualdad ofrece una doble dimensión: objetiva y subjetiva. Según la primera,
se trata de un
mandato de optimización dirigido al legislador y a la administración, según la cual se
deben proferir leyes y adoptar políticas públicas que garanticen, en la mayor medida posible, un trato igual entre los ciudadanos. A su
vez, la dimensión subjetiva apunta
a que el ciudadano es titular del derecho
a exigir un trato igualitario al momento de ejercer
un derecho, tal y como sucede, por ejemplo, con el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.
El principio-derecho
a la igualdad ofrece dos manifestaciones complementarias: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. En los términos de la primera,
los ciudadanos deben recibir el mismo trato en la aplicación
administrativa y judicial
de la ley; según la segunda, el legislador se encuentra obligado a  dispensarle el mismo trato a los asociados.
En este orden de ideas, la concreción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad, le impone al Estado el deber de adoptar instrumentos de política criminal
que permitan acordar un trato diferente entre demandas ciudadanas de justicia distintas. Lo anterior por cuanto ni todos los delitos presentan
el mismo impacto social,
gravedad o relevancia, ni los reclamantes de justicia se encuentran en la misma posición
(vgr. sujetos de especial protección constitucional).
A partir de los anteriores postulados, esta Corporación
debe examinar si la puesta en marcha de técnicas de priorización supera un test
de igualdad.
En lo que concierne a los fines de la
priorización, la Corte encuentra que son los siguientes:
·
Fijar un orden racional
de atención a las demandas ciudadanas de justicia, partiendo de las siguientes
constataciones: (i) no todos los delitos ofrecen el mismo grado de complejidad
ni comportan igual grado de afectación a bienes jurídicamente amparados; (ii)
al mismo tiempo, el espectro de víctimas ofrece diferencias importantes; y
(iii) correlativamente, los victimarios pueden ser individuos aislados o grupos
delictivos con diferentes grados de organización y capacidad para cometer
crímenes a gran escala y de diversa naturaleza (vgr. narcotráfico, lavado de
activos, desplazamiento forzado, despojo de tierras, etc.).
·
Incrementar los niveles
de eficacia y eficiencia de la administración de justicia penal, mediante la
técnica de asociación de casos, fundada en el descubrimiento y reconstrucción
de patrones criminales.
·
Desvertebrar
organizaciones delictivas y judicializar a los máximos responsables.
·
Propender por la
reconstrucción histórica de las más graves violaciones a los derechos humanos,
mediante el adelantamiento de una investigación criminal en contexto.
·
Permitirle a los
procesados ejercer su derecho de defensa de manera efectiva, en la medida en
que no deberán hacer frente a investigaciones fragmentarias, adelantadas por
diversos funcionarios judiciales.
Los referidos fines de la priorización se ajustan plenamente al
deber constitucional de protección de bienes jurídicos (art. 2 Superior) y a
los estándares internacionales en la materia (arts. 1.1. y 2 de la CADH).
Seguidamente, en lo que atañe al requisito de necesidad, la
Corte encuentra que la priorización es una medida indispensable para alcanzar fines
constitucionales válidos. En efecto, ante la imposibilidad fáctica de
investigar todos los crímenes al mismo tiempo, el recurso a criterios
transparentes y públicos de priorización, permite no sólo adelantar procesos
penales de forma progresiva, sino que en casos de crímenes internacionales,
conduce a que ciertas investigaciones de base (fundadas sobre autores
materiales), una vez reagrupadas y encontrados los patrones macro-criminales,
puedan servir para imputarle responsabilidad a los máximos responsables
(técnica de la investigación piramidal)[267], mediante la reconstrucción de
cadenas de mando fácticas y jurídicas.
Por último, la priorización supera un test de proporcionalidad
en sentido estricto. Lo anterior por cuanto la afectación que pueden
sufrir algunos afectados en la medida en que su caso será resuelto en un mayor
tiempo, se compensa con los beneficios que recibe la sociedad y un grupo
importante de víctimas de los peores crímenes.
En conclusión, la priorización no vulnera el derecho a la
igualdad, en la medida en que se funda en unos criterios racionales para
atender, de forma sucesiva,  las demandas ciudadanas de justicia.
8.1.2.
ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS EXPRESIONES DEMANDADAS RELACIONADAS CON
LA PRIORIZACIÓN DE CASOS Y SITUACIONES.
Los demandantes cuestionan un conjunto de expresiones
que permiten la aplicación de la priorización en los procesos de justicia y
paz, cuyo alcance y constitucionalidad serán analizados a continuación:
8.1.2.1. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación
normativa.
El artículo 1º de la Ley 1592 de 2012 incluye a la
priorización dentro de los siguientes aspectos: ámbito de la ley,
interpretación y aplicación normativa. El texto es el siguiente:
“Ámbito de la ley, interpretación y
aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la
investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas
vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes
de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la
investigación y el juzgamiento de esas conductas”[268].
La interpretación y aplicación de las
disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las
normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la
presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas
Internacionales que regulan esta misma materia.
La reintegración a la vida civil de las
personas que puedan ser favorecidas con indulto o cualquier otro beneficio
jurídico establecido en la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifican, prorrogan
o adicionan, se regirá por lo dispuesto en dicha ley. La reintegración a la
vida civil de quienes se sometan a los procedimientos de que trata la presente
ley, se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 66 de ésta”
La aplicación de criterios de priorización a las
investigaciones que se adelantan en el ámbito de la justicia transicional, fue
una de las principales reformas que introdujo la Ley 1592 a la Ley 975 de 2005.
En efecto, la llamada “Ley de Justicia y Paz” no
previó la creación una estrategia investigativa que le permitiera a la Fiscalía
General de la Nación clasificar y reagrupar las numerosas conductas delictivas
confesadas por los desmovilizados, empleando para ello herramientas de análisis
criminal (vgr. cruce de variables criminales, georreferenciación, minería de
datos, etc.) y patrones macrocriminales. Aquello condujo a: (i) que no
existiera un orden lógico de presentación de los casos ante la judicatura, y
por ende, a que las condenas contra los máximos responsables tardaran demasiado
tiempo en ser proferidas; (ii) que crímenes de lesa humanidad y de
guerra perpetrados de manera masiva o sistemática, fueran investigados con las
metodologías tradicionales de los delitos ordinarios, esto es, caso a caso, y
no en contexto; y (iii) que las primeras sentencias proferidas contra los
desmovilizados no reflejaran las verdaderas dimensiones del fenómeno
paramilitar en Colombia.
En conclusión, la adopción de criterios de
priorización encaminados a organizar las investigaciones en escenarios de
justicia transicional, no desconoce el deber internacional de realizar procesos
penales de forma seria, imparcial y en un plazo razonable. Tampoco vulnera los
derechos de las víctimas, en la medida en que la reconstrucción de patrones
macro-criminales permite explicar la comisión de múltiples crímenes, más allá
de las particularidades del caso concreto.
Así las cosas, la Corte declarará exequible la
expresión “aplicando criterios de priorización en la investigación y el
juzgamiento de esas conductas”, del artículo 1º de la Ley 1592 de 2012, por
los cargos analizados.
8.1.2.2. Enfoque diferencial y priorización.
El artículo 3º de la Ley 1592 de 2012 señala la
necesidad de tener en cuenta los criterios de priorización en la interpretación
del enfoque diferencial:
“Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferen­cial
reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su
edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. Por
tal razón, la participación de las víctimas en el proceso penal especial de que
trata la presente ley, así como el proceso judicial y la investigación que se
realice, deberán contar con dicho enfoque, sin perjuicio de la aplicación
de criterios de priorización” [269].
En virtud de la norma anteriormente transcrita, es
deber tener en cuenta criterios diferenciales en las investigaciones y juicios
que se adelanten en los procesos de justicia y paz, con el objeto de adoptar
medidas afirmativas en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables.
En tal sentido, según los demandantes, la expresión “sin
perjuicio de la aplicación de criterios de priorización”, vulneraría el
derecho a la igualdad que propende amparar el artículo 3º de la Ley 1592 de
2012, así como el derecho a que se adelante una investigación seria e
imparcial, en un plazo razonable. La Corte no comparte tal afirmación, por las
razones que pasan a explicarse.
Los criterios de priorización empleados la Fiscalía
General de la Nación[270],
los cuales coinciden, en esencia, como los adoptados por instancias penales
internacionales son los siguientes:
·
Subjetivo. Toma en consideración las calidades particulares de la víctima
(vgr. integrante de un grupo
étnico, menor de edad, mujer, defensor o defensora de derechos humanos, desplazado, funcionario judicial,
periodista, sindicalista, etcétera), así como la caracterización del victimario (vgr. máximo responsable, auspiciador, colaborador, financiador, ejecutor material
del crimen, etc.).
·
Objetivo. Parte de analizar
la clase de delito perpetrado, así como su gravedad y representatividad, en términos de (i) afectación de los derechos
fundamentales de la o las victima(s)
en particular y de la comunidad
en general; y (ii) modalidad de comisión del delito.
·
Complementario. Existen diversos criterios complementarios tales como: región
o localidad donde se perpetraron los crímenes; riqueza
probatoria y viabilidad del caso;  el  examen  del
caso  por  un  órgano  internacional
de  protección  de  los derechos humanos y su riqueza didáctica, entre otros.
Como puede advertirse, el criterio subjetivo de priorización
toma en cuenta las particularidades de las víctimas, en especial, aquellas que
son sujetos de especial protección constitucional. De allí que la precisión que
realiza el artículo 3 de la Ley 1592 de 2012, en el sentido de que hay que
aplicar el enfoque diferencial “sin perjuicio de la aplicación de criterios
de priorización”, lo que indica es que será necesario examinar los demás
criterios de priorización, es decir, el objetivo y el complementario. Lo
anterior por cuanto la priorización es una técnica de gestión de las
investigaciones penales que se funda, entre otras cosas, en el cruce de
variables. De allí que los casos no serán reagrupados tomando en consideración
una única variable (calidad de la víctima), sino cruzándola con otras tales
como: organizaciones delictivas victimarias, regiones, períodos de comisión de
los crímenes, entre otros. Lo anterior permite reconstruir los patrones
macrocriminales, término sobre el cual se fundan numerosas disposiciones de la
Ley 1592 de 2012.
Así las cosas, la Corte declarará exequible la
expresión “sin perjuicio de la aplicación de criterios de priorización”,
del artículo 3º de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
8.1.2.3. Esclarecimiento de la verdad y criterios de
priorización.
El artículo 10 de la Ley 1592 de 2012 consagra la
posibilidad de utilizar los criterios de priorización en las investigaciones
que se adelanten en escenarios de justicia transicional, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 15 de
la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad.
Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos
dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad
sobre el patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados
organizados al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y
los motivos del mismo.
La    investigación
se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el Fiscal
General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la presente ley.
En todo caso, se garantizará el derecho de defensa de los procesados y la
participación efectiva de las víctimas.
La información que surja de los procesos de
Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta en las investigaciones que busquen
esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados
al margen dela ley.
Con la colaboración de los desmovilizados,
la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial
investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará
oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.
Parágrafo. En los eventos en los que haya
lugar, la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas,
los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección
de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo
de la Defensoría del Pueblo. La protección de los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial a los que se les asignen funciones para la
implementación de la presente ley, será responsabilidad del Consejo Superior de
la Judicatura”.
Los ciudadanos alegan que la expresión “La
investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine
el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la presente
ley”, del artículo 10 de la Ley 1592 de 2012, viola el derecho a la
igualdad de las víctimas de los casos no priorizados, así como aquel a que se
adelante una investigación seria e imparcial, en un plazo razonable. La Corte
no comparte tales afirmaciones, por las razones que pasan a explicarse.
La manera como el
órgano de investigación penal planee u organice sus respectivas investigaciones
criminales, es un dato relevante al momento de determinar en qué medida el
derecho a la verdad ha sido garantizado.
La eficacia del derecho a la verdad depende, entre
otras cosas, de la existencia de una auténtica estrategia de investigación
criminal, que permita contar con una visión holística de lo que realmente
aconteció, panorama que incluso en las hipótesis de la comisión de crímenes de
sistema, desborda el estricto marco de la investigación criminal tradicional
(entrevistas, análisis criminal[271],
criminalística, peritazgos, etc.) para verse acompañada por la elaboración de productos
de investigación social aplicada (vgr. estadística, georreferenciación, minería
de datos, archivos históricos, análisis del discurso, trabajos etnográficos;
cartografía social, etc.), así como por el empleo de fuentes primarias y
secundarias[272]
de información.
Lo anterior por cuanto los crímenes de guerra
cometidos de forma sistemática y aquellos de lesa humanidad son
perpetrados por organizaciones, sean legales o ilegales, y no por individuos
aislados[273].
De allí que “saber la verdad” no pasa
simplemente por conocer el nombre de los autores materiales del delito, sino
por tener conocimiento de la forma como se gestaron los planes criminales, la
estructura y el funcionamiento de la organización, los patrones criminales[274],
y llegado el caso, los auspiciadores o colaboradores de aquélla. El contenido
del derecho a la verdad no es igual, en consecuencia, en los delitos ordinarios
que en los crímenes internacionales. Correlativamente, la forma de
investigarlos no puede ser la misma.
Por el contrario, la presencia de disfuncionalidades sistémicas
tales como la fragmentación y la duplicidad de las investigaciones[275]
sobre unos mismos supuestos fácticos, conduce no sólo a desaprovechar los
recursos económicos del órgano de persecución penal, sino que puede conllevar
a: (i) decisiones judiciales contradictorias; (ii) que los investigados no
tengan claridad sobre las conductas que se les imputan; (iii)  posibles
violaciones a la garantía del non bis in ídem; y (iv) y a que las
víctimas y la sociedad en su conjunto no sepan, a ciencia cierta, qué fue lo
que sucedió y cuáles fueron las verdaderas razones.
Precisamente, con el propósito de superar los diversos
inconvenientes que conlleva adelantar investigaciones por violaciones a los
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario sin
contar con una estrategia investigativa transparente y clara, el legislador
previó que el Fiscal General de la Nación fijara unos criterios de
priorización, precisando que “se garantizará  el derecho de defensa de los
procesados y la participación efectiva de las víctimas”.
La facultad que el legislador le acordó al Fiscal
General de la Nación para fijar unos criterios de priorización se ajusta además
a la competencia constitucional que aquél tiene para participar en el diseño de
la política criminal del Estado (art. 251.4 Superior).
Al respecto, la Corte en sentencia C-873 de 2003, precisó que el
Fiscal General de la Nación podía fijar directrices sobre: "aspectos fácticos  o  técnicos
del  proceso  de  investigación,  así  como  a  asuntos
jurídicos generales de índole interpretativa, y  pueden fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales
para el ejercicio de la actividades ínvestígativas, así como designar
unidades especiales para ciertos temas".
En este orden de ideas, el cargo
de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar, y en consecuencia, la
Corte declarará exequible la expresión “La investigación se surtirá conforme a los
criterios de priorización que determine el Fiscal General de la Nación en
desarrollo del artículo 16A de la presente ley”, del artículo 10 de la Ley
1592 de 2012, por los cargos analizados.
8.1.2.4. Esclarecimiento del fenómeno de despojo de
tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El artículo
11 de la Ley 1592 de 2012
contempla la posibilidad de aplicar criterios de priorización respecto del despojo
de tierras y la cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas:
“ARTÍCULO 11. La ley 975 de 2005 tendrá un
nuevo artículo 15A del siguiente tenor:
Artículo 15A. Esclarecimiento del fenómeno
de despojo de tierras y cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Cuando la víctima haya denunciado el despojo o abandono forzado de sus bienes
por parte de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, el
fiscal delegado en coordinación con las autoridades de policía judicial y
de conformidad con los criterios de priorización, dispondrá la
realización de las labores investigativas necesarias con el objetivo de
esclarecer el patrón de macro-criminalidad de despojo y abandono forzado de
tierras. Lo mismo procederá oficiosamente ante presuntos despojos o abandonos
forzados de bienes identificados por la Fiscalía General de la Nación.
Cuando de los elementos materiales
probatorios o de la información legalmente obtenida, la Fiscalía General de la
Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de
tierras, la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los
procedimientos que ésta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley 1448
de 2011.”
Los demandantes alegan que la expresión “y de
conformidad con los criterios de priorización” del artículo 11 de la Ley
1592 de 2012 vulnera el
derecho a la igualdad de las víctimas de los casos no priorizados, así como el
derecho a que se adelante una investigación seria e imparcial, en un plazo
razonable. La Corte considera que no le asiste la razón a los ciudadanos, por
las razones que pasan a explicarse.
La expresión legal acusada se encuentra en un artículo
que propende por el esclarecimiento del fenómeno de despojo de tierras y la
cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El esclarecimiento del fenómeno de restitución de
tierras, dada la magnitud que ha tenido en el contexto del conflicto armado
colombiano, el impacto directo en miles de víctimas y responder a la comisión
de unos planes criminales ejecutados en diversas regiones del país por diversas
organizaciones delictivas a lo largo de los años[276], pasa por
adoptar unas técnicas de investigación criminal novedosas que permitan asociar
casos, cruzar informaciones y variables, encontrar patrones macro-criminales,
construir unos contextos, y en últimas, judicializar a los máximos responsables
de los despojos de tierras.
La aplicación de unos criterios de priorización le
permite a la Fiscalía General de la Nación focalizar o delimitar unas
situaciones concretas de despojo de tierras y construir contextos[277],
lo cual conduce a examinar un fenómeno criminal en sus verdaderas proporciones
e impactos en las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, la Unidad de Restitución de Tierras
viene aplicando técnicas de priorización[278],
lo que le ha permitido realizar ejercicios de focalización o microfocalización
en determinadas regiones o subregiones del país. Para tales efectos, se
adelantan investigaciones administrativas en contexto, lo que implica elaborar
documentos de cartografía social y líneas de tiempo, cuyo valor probatorio ha
sido reconocido por la judicatura.[279]
En este orden de ideas, la fijación de criterios de
priorización que orienten las investigaciones que adelanta la Fiscalía General
de la Nación, cuyo empleo se coordine con aquellas actuaciones que tramita la
Unidad de Restitución de Tierras, antes que vulnerar los derechos de las
víctimas, conduce a que el Estado colombiano brinde una respuesta mucho
completa a las demandas de justicia de los ciudadanos.
Así las cosas, la Corte declarará exequible la
expresión “y de conformidad
con los criterios de priorización”, del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012, por los
cargos analizados.
8.1.2.5. Competencia de la Fiscalía General de la
Nación y criterios de priorización
El artículo 12 de la Ley 1592 de 2012 señala la posibilidad de aplicar los criterios de
priorización en el ejercicio de las competencias del Fiscal General de la
Nación, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 16 de
la ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 16. Competencia. Recibido por la
Fiscalía General de la Nación, el nombre o los nombres de los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de
manera efectiva a lo dispuesto en la presente ley, el fiscal delegado que
corresponda, de acuerdo con los criterios de priorización que establezca
el Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo 16A de la
presente ley, asumirá de manera inmediata la competencia para:
1. Conocer de las
investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
2.   Conocer de las
investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad
a la desmovilización.
Tribunal Superior de Distrito Judicial que
determine el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que expida
antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del
juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.
En caso de conflicto o colisión de
competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan
de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad
judicial, primará siempre la competencia de la Sala de conocimiento de justicia
y paz, hasta tanto se determine que el hecho no se cometió durante y con
ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de
la ley”.
Los ciudadanos alegan que la expresión “de acuerdo
con los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación
de conformidad con el artículo 16A de la presente ley”, del artículo 12 de
la Ley 1592 de 2012, vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas de los
casos no priorizados, así como aquel a que se adelante una investigación seria
e imparcial, en un plazo razonable. La Corte considera que la expresión acusada
se ajusta a la Constitución, por las razones que pasan a explicarse.
El artículo 12 de la Ley 1592 de 2012 instrumentaliza
los criterios de priorización, en la medida en que dispone que, una vez el
fiscal reciba los nombres  de los integrantes del grupo armado organizado al
margen de la ley, asumirá competencia para conocer: (i) las investigaciones de
los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al
grupo armado; (ii) las investigaciones que cursan contra sus miembros y (iii)
aquellas que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o
con posteridad a la desmovilización.
Tomando en cuenta que la aplicación de los criterios
de priorización permiten asociar casos, analizar la estructura y el
funcionamiento de la organización delictiva, encontrar patrones macro-criminales,
y en últimas, judicializar a los máximos responsables, resulta lógico que una
vez el fiscal reciba el nombre de los postulados organice dicha información y
la confronte con otras relacionadas con crímenes cometidos por éstos o el grupo
armado ilegal al cual pertenecen. Tales actividades investigativas no vulneran
los derechos de las víctimas. Todo lo contrario, los garantizan en la medida en
que se adelantará una investigación mucho más integral y completa, y no
fragmentaria o parcial, como sucedería si cada conducta delictiva se
investigara de forma aislada e inconexa.
Así las cosas, la Corte declarará exequible la
expresión “de acuerdo con
los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de
conformidad con el artículo 16A de la presente ley”, del artículo 12 de la Ley 1592 de 2012, por los
cargos analizados.
8.1.2.6. Criterios de priorización de casos.
Los ciudadanos demandan la inexequibilidad de las
siguientes expresiones del artículo 13 de la Ley 1592 de 2012:
“ARTÍCULO 13. La Ley 975 de 2005 tendrá un
nuevo artículo 16A del siguiente tenor:
Artículo 16A. Criterios de
priorización de casos. Con el fin de garantizar los derechos de las
víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de
priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter
vinculante y serán de público conocimiento.
Los criterios de priorización
estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro­criminalidad en el accionar
de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los
contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos
je investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la
Fiscalía General je la Nación adoptará mediante resolución el "Plan
Integral de Investigación Priorizada"
Los ciudadanos alegan que las expresión “priorización”,
“de priorización” y “concentrando los esfuerzos de investigación en
los máximos responsables”, del artículo 13 de la Ley 1592 de 2012, vulneran
el derecho a la igualdad de las víctimas de los casos no priorizados, así como
aquel a que se adelante una investigación seria e imparcial, en un plazo
razonable. La Corte considera que los cargos no están llamados a prosperar, por
las razones que pasan a explicarse.
En virtud del artículo 13 de la Ley 1592 de 2012 se
atribuye al Fiscal General de la Nación la competencia para definir los
criterios de priorización, cuya elaboración se presenta en el marco de las
funciones de este organismo: (i) se deriva de la facultad de participar en el diseño
de la política del Estado en materia criminal contemplada en el numeral 4º del
artículo 251 de la Constitución, (ii) en ningún momento implica la renuncia de
la acción penal y además (iii) constituye una herramienta de política pública
para mejorar la eficiencia del sistema.
En este aspecto, el informe “Verdad, Justicia y
Reparación” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
31 de diciembre de 2013 señaló: “En ese orden de ideas, con relación a la
“Estrategia de Priorización” recientemente adoptada por la Fiscalía General de
la Nación, la Comisión valora las iniciativas orientadas a reunir, sistematizar
y analizar la información que se encuentra dispersa en diferentes instancias y
considera que, en principio, la priorización de casos orientados a eficientizar
la respuesta del sistema de justicia estatal no es incompatible con las
obligaciones emanadas de la Convención Americana”[280].
En este sentido, la utilización de la estrategia de
priorización, por parte de la Fiscalía General de la Nación, no desconoce los
derechos de las víctimas, sino que permite dar una respuesta más eficiente a la
investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en
Colombia centrando la investigación en los máximos responsables. Lo anterior,
no quiere decir que los demás responsables no sean investigados, sino que podrá
centrarse la investigación inicialmente en quienes tengan una mayor
responsabilidad para estudiar de manera más profunda el fenómeno de
macrocriminalidad y luego se investigará y juzgará a todos los demás
perpetradores en virtud de los hallazgos realizados en los primeros
macroprocesos, otorgándose un orden más coherente a la reconstrucción del
fenómeno criminal.
En consecuencia, la Corte declarará exequibles las
expresiones  “priorización”,
“de priorización” y “concentrando los esfuerzos de investigación en
los máximos responsables”, del artículo 13 de la Ley 1592 de 2012,
por los cargos analizados.
8.1.2.7. Versión libre y confesión.
Los ciudadanos acusan la siguiente expresión del
artículo 14 de la Ley 1592 de 2012:
“Artículo  14. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 975
de 2005, el cual quedará así:
Artículo 17. Versión libre y confesión.
Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de
que tengan conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los
hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que
sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley.
En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y
los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la
reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente
o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.
La versión rendida por el desmovilizado y
las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán
en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial
asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos
por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad
y victimización.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación podrá reglamentar y
adoptar metodologías tendientes a la recepción de versiones libres colectivas o
conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que hayan pertenecido al mismo
grupo puedan aportar un contexto claro y completo que contribuya a la
reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato de poder del
grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo. La
realización de estas audiencias permitirá hacer imputación, formulación y
aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente los
requisitos de ley.”
Los ciudadanos alegan que la expresión “de conformidad con los criterios de
priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012, vulneran el derecho a la
igualdad de las víctimas de los casos no priorizados, así como aquel a que se
adelante una investigación seria e imparcial, en un plazo razonable. La Corte
considera que los cargos no están llamados a prosperar, por las razones que
pasan a explicarse.
El artículo 14 de la Ley 1532 de 2012 regula un
aspecto esencial del proceso de justicia y paz, relacionado con la recepción de
la versión libre y confesión del postulado. A partir de ese momento, el fiscal
deberá elaborar el respectivo programa metodológico encaminado a iniciar la
investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y “establecer
los patrones y contextos de criminalidad y victimización”.
Adviértase que, como se ha explicado, la priorización
no es simplemente una técnica para fijar el orden de atención de las demandas
ciudadanas de justicia, sino un instrumento que permite construir
investigaciones criminales más integrales sobre fenómenos de macrocriminalidad.
De allí que su empleo al momento de diseñar los programas metodológicos resulte
fundamental. En efecto, el programa metodológico es la hoja de ruta que deberá
seguirse con el fin de estructurar la investigación y determinar el grado de
participación de un individuo en la comisión de unas determinadas conductas
delictivas.
La Corte considera que vincular la construcción del
programa metodológico a la priorización conducirá a que, desde el inicio mismo
de la investigación, el objetivo no se centre en resolver casos aislados e
inconexos, sino en construir un contexto que permita: (i) determinar la
estructura y funcionamiento de la organización delictiva; (ii) precisar los
factores geográficos, temporales, estratégicos, culturales, sociales, políticos
y económicos que permitieron el surgimiento y accionar del grupo armado ilegal;
(iii) comprender los planes criminales que se venían ejecutando (patrones
macrocriminales); (iv) delimitar el universo de víctimas; (v) identificar a los
máximos responsables; y (vi) determinar el papel que cumplió el desmovilizado
en el diseño o la ejecución directa de los planes criminales.
Así las cosas, esta Corporación estima que los cargos
de inconstitucionalidad no están llamados a prosperar y que, en consecuencia,
declarará exequible la expresión “de conformidad con los criterios de
priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” del artículo 14 de la Ley 1592 de
2012, por los cargos analizados.
8.1.2.8. Aceptación de cargos y priorización.
Los ciudadanos demandan el parágrafo del artículo 18
de la Ley 1592 de 2012, a cuyo tenor:
“Artículo  18. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 975 de
2005, el cual quedará así:
Artículo 18. Formulación de imputación. El fiscal delegado para el caso solicitará
a magistrado que ejerza las funciones de control de garantías la programación
de un audiencia preliminar para formulación de imputación, cuando de los
elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan
dentro del patrón de macrocriminalidad en el accionar del grupo armado
organizado al margen de la ley que se pretenda esclarecer.
En esta audiencia, el fiscal hará la
imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado
disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que
corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente, solicitará la
adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la
contribución a la reparación integral de las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los
sesenta (60) días siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de
su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y
verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el
término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará a la sala de
conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos.
Con la formulación de la imputación se
interrumpe la prescripción de la acción penal.
Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al
postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido
esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los
criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones
causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva
sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas
imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el
magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de
conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el
artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince
(15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La
terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a
beneficios penales adicionales a la pena alternativa”.
Los demandantes alegan que el parágrafo del artículo
18 de la Ley 1592 de 2012, en lo que atañe al empleo de criterios de
priorización, desconoce el deber que tiene el Estado de adelantar una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable, así como el derecho a
la igualdad de las víctimas cuyos casos no han sido priorizados. La Corte considera
que no le asiste la razón a los ciudadanos por las razones que pasan a
explicarse.
A.
El concepto de
“patrón de macrocriminalidad”
Los denominados “patrones criminales” son
objeto de una ciencia social, relativamente nueva, conocida como análisis
criminal, entendida como un conjunto sistemático de procesos analíticos,
dirigidos a promover información oportuna y pertinente a las autoridades
policiales e investigativas, sobre patrones delictivos y tendencias del crimen[281].
Según Sepúlveda Scarpa, se trata de buscar, organizar y analizar datos
relacionados con los delitos, infractores, víctimas y lugares
(georreferenciación), con el fin de encontrar información significativa que
permita prevenirlos y esclarecerlos[282].
El análisis criminal se soporta sobre varias ciencias
y teorías:
·
Criminología ambiental:
estudio de los factores espaciales que pueden influir en el incremento de la
actividad delictiva en un determinado territorio[283].
·
Teoría de la elección
racional: según Felson y Clarke, las personas toman decisiones antes de cometer
un delito, de acuerdo con una percepción de oportunidad y recompensa
anticipada.[284]
·
Teoría de los patrones:
de conformidad con los trabajos de Brantingham, a partir del análisis del lugar
de la comisión del delito, se pueden determinar distintas variedades de
víctimas y delincuentes que lo frecuentan.[285]
·
Teoría de las
actividades rutinarias: sostienen que los infractores, e incluso las
organizaciones criminales, realizan ciertas actividades de manera frecuente.[286]
La International Association of Crime Analysts (IACA)[287]
clasifica los patrones criminales en seis grupos:
·
Series: conjunto de
delitos cometidos por una mismo sujeto en contra de una o varias personas.
·
Spree (ola de delitos):
es un patrón que se caracteriza por una alta frecuencia de actividad delictual,
de un modo casi continuo.
·
Hot spot (zona de alto
riesgo): se presenta cuando en un lugar o zona geográfica ocurre una cantidad
inusual de delitos, perpetrados por diversos delincuentes u organizaciones
criminales.
·
Hot dot (persona de
alto riesgo): una misma persona, o grupo de ellas, son victimizadas con
frecuencia.
·
Hot product (bien
preferido): un bien es apetecido o resulta ser atractivo para ciertos
delincuentes.
·
Hot target (objetivo
preferido): un determinado lugar es frecuentemente victimizado.
En lo que atañe a la identificación de los patrones
criminales, los especialistas[288]
proponen diversas metodologías:
·
Deductivo: mediante el
empleo de diversas variables (vgr. tiempo, espacio, frecuencia, modus
operandi, selección de la víctima, calidad del victimario, etc.), se
encuentran características comunes entre distintos delitos.
·
Enfoque por clases de
delitos: se divide y organiza el universo de delitos, en función del tipo penal.
·
Identificación de
patrones geográficos: consiste en crear mapas que permitan encontrar constantes
entre los crímenes cometidos.
La identificación de patrones macrocriminales
ofrece una complejidad aún mayor, por las siguientes razones:
·
El universo de
víctimas, victimarios y daños causados resulta ser muy elevado.
·
Se investigan delitos
cometidos a gran escala, de manera masiva o sistemática, a veces durante años, ejecutados
de conformidad con un plan o política de una organización criminal (art. 7 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
·
Los perpetradores son
organizaciones delictivas con diversas estructuras (vgr. jerárquica, redes o
nodos, híbridas, etcétera), formas de financiamiento, modus operandi y
redes de colaboradores.
·
Los grupos delictivos,
responsables por la comisión de crímenes de sistema, no suelen cometer una
única variedad de delitos (vgr. desplazamiento forzado, lavado de activos,
homicidios, etcétera). Lo anterior, por cuanto la ejecución del plan criminal,
que se materializa en un ataque contra la población civil, comprende distintas
conductas delictuales. De allí que la técnica de reagrupar delitos, tomando
como base una única variable (i.e. tipo de delito), resulte insuficiente para
construir un patrón de macrocriminalidad.
Las citadas complejidades, llevan a los expertos a formular
ciertas recomendaciones al momento de construir patrones de macrocriminalidad:
(i) tomar en consideración los factores geográficos, históricos, políticos,
sociales, económicos y culturales que permitieron el surgimiento y la expansión
de una organización criminal (contexto);        (ii) reconstruir la estructura
del grupo delictivo y su modus operandi;   (iii) cruzar diversas
variables; (iv) seleccionar adecuadamente las muestras estadísticas; (v)
emplear enfoques multidisciplinarios; (vi) verificar y contrastar las fuentes
primarias (judiciales) y secundarias (no judiciales); (vii) adelantar análisis
cuantitativos y cualitativos; (vii) emplear productos de análisis criminal  (georreferenciación,
minería de datos, análisis de redes, etcétera), entre otras.
Como puede advertirse con facilidad, la reconstrucción
de patrones macrocriminales, si bien parte del examen de conductas concretas
(vgr. un homicidio, un desplazamiento forzado de población, una amenaza contra
un reclamante de tierras, etcétera), no es un simple agregado de las mismas; tampoco
se trata de reagrupar hechos punibles, de conformidad con un determinado tipo
penal (vgr. homicidio en persona protegida, secuestro, violación, etcétera).
La adecuada reconstrucción de un patrón macrocriminal
permite develar la existencia de planes delictivos ejecutados a gran escala, en
una determinada región del país, y en consecuencia, ayuda a explicar las
razones y móviles que llevaron a la comisión de numerosos delitos, de muy
diversa naturaleza, e igualmente, ayuda a orientar la investigación criminal
hacia los máximos responsables. No se trata, en consecuencia, de resolver, caso
a caso, un extenso universo de delitos, sino de reagruparlos técnica y
racionalmente, y así poder avanzar hacia la judicialización de los integrantes
de una organización delictiva, en especial, los máximos responsables de la
comisión de los mismos.
B.
Resolución del
cargo de inconstitucionalidad.
El parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012
consagra una medida destinada a agilizar el trámite de los procesos de justicia
transicional[289].
En tal sentido, bastará con que unos hechos que se le
imputen a un postulado: (i) hagan parte de un patrón de macrocriminalidad; (ii)
hayan sido establecidos por alguna sentencia de justicia y paz, emitida luego
del adelantamiento de un proceso en el que se aplicaron unos criterios de
priorización; y (iii) siempre que se hayan identificado los daños causados a
las víctimas del patrón macrocriminal en la respectiva sentencia, para que el
postulado pueda aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y
solicitar la terminación del proceso.
Adviértase que, el adelantamiento de una investigación
criminal en contexto permite que, una vez probada judicialmente la línea de
actuación, los planes criminales, la estructura y el accionar (modus
operandi) de una determinada organización criminal (patrón de
macrocriminalidad) al término de una sentencia emitida en un trámite que se
adelantó con base en criterios de priorización, no sea necesario demostrar, en
procesos judiciales posteriores, la comisión individual de cada uno de los
delitos imputables a los integrantes del grupo armado ilegal. Bastará con que
cada postulado los acepte para que los respectivos procesos puedan darse por terminados.
En este orden de ideas, la construcción técnica de los
patrones macrocriminales, le brinda a los afectados una visión mucho más
completa y real de lo sucedido, toda vez que apunta a develar las causas
profundas y ocultas de su victimización, sin que aquello se aponga a que las
respectivas autoridades judiciales logren alcanzar un mayor grado de detalle en
relación con lo acontecido en un caso concreto.
Al no prosperar la acusación de inconstitucionalidad,
la Corte declarará exequible el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de
2012, por cargo analizado.
8.1.2.9. Las víctimas del patrón de
macro-criminalidad, establecidas dentro de un proceso, de conformidad con
criterios de priorización. Cosa juzgada constitucional.
Los demandantes alegan que la expresión “las
víctimas correspondientes al patrón de macro-criminalidad que se esté
esclareciendo dentro del proceso de conformidad con los criterios de
priorización” del parágrafo 5º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012,
vulnera el deber que tiene el
Estado de adelantar una investigación seria, imparcial y en un plazo razonable,
así como el derecho a la igualdad de las víctimas cuyos casos no han sido
priorizados.
Al respecto, la Corte declarará estarse a lo resuelto
en sentencia C- 286 de 2014 que resolvió:
“SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos
23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión  “y
contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas”
contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los
artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012”.
8.2. RESOLUCIÓN DE LOS CARGOS DE
INCONSTITUCIOANALIDAD PLANTEADOS EN RELACION CON ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES DE
LA LEY 1592 DE 2012.
En relación con determinados aspectos
procesales de la Ley 1592 de 2012, los demandantes inicialmente plantearon
siete (7) cargos de inconstitucionalidad.
Luego de analizar el cumplimiento de los
requisitos para configurar un cargo de inconstitucionalidad, la Corte concluyó
que: (i) en relación con el artículo 11 de la Ley 1592 de 2012 (cooperación con
los procesos penales ordinarios), el cargo planteado carecía de certeza, razón
que impedía adelantar un examen de fondo; y (ii) respecto a la exclusión del
recurso extraordinario de casación del parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley
1592 de 2012, se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada material. De allí
que la Corte entre a examinar la procedencia de los cinco (5) cargos de
inconstitucionalidad que se configuraron en relación con algunos aspectos
procesales de la Ley 1592 de 2012.
8.2.1. Primer cargo: las versiones libres
conjuntas o colectivas (parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012)
violan el principio de la responsabilidad penal individual y los derechos de
las víctimas a la verdad y la reparación.
Los demandantes señalan que las expresiones
“colectivas o conjuntas” y “de manera colectiva”
contempladas en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012 permiten
realizar versiones libres colectivas o conjuntas y que la imputación,
formulación y aceptación de cargos se puede hacer de manera colectiva, lo cual
consideran inconstitucional por cuanto podría afectar la responsabilidad penal
individual, el derecho a la verdad y a la justicia, pues conllevan a la
indebida investigación de los hechos que dieron lugar a las violaciones de los
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, evitando que se
utilicen técnicas de investigación que tiendan a establecer las posibles
contradicciones entre las versiones y a clarificar la responsabilidad
individual de las personas que participaron en las acciones del grupo armado al
margen de la ley.
Para resolver el cargo de
inconstitucionalidad, la Corte: (i) determinará el alcance del principio de la
responsabilidad penal individual; y (ii) examinará si el parágrafo del artículo
14 de la Ley 1592 de 2012, en la medida en que permite: (i) la recepción de
versiones colectivas o conjuntas; y (ii) la realización de audiencias de imputación,
formulación y aceptación de cargos de manera colectiva, desconoce el mencionado
principio.
8.2.1.1.El alcance de la
responsabilidad penal individual
La culpabilidad es un supuesto ineludible y necesario de la
responsabilidad y de la imposición de la pena, lo que significa que la
actividad punitiva del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la
responsabilidad subjetiva de aquéllos sobre quienes recaiga[290].
En este sentido, para que en el caso de una persona, puedan ser aplicadas las
sanciones previstas en la ley es indispensable que se configure y establezca
con certeza que el procesado es responsable por el hecho punible que ha dado
lugar al juicio[291].
El artículo 29 de la Constitución, en armonía con la definición
del carácter político del Estado como Social de Derecho, y del postulado de
respeto a la dignidad de la persona humana, consagra el principio de que no hay
delito sin conducta, al establecer que “nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”.
En este sentido, para que pueda imponerse una
pena  es necesario que se le realice el correspondiente juicio de reproche, por
no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención le
imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las
circunstancias en que se encontraba[292].
A su vez, el principio de culpabilidad,
derivado de artículo 29 de la Carta Política tiene las siguientes consecuencias[293]:
a)     El derecho penal de acto, por
el cual “sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta
social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”[294].
b)    El principio según el cual no
hay acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del
delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano es valorado
como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser
castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad
por una persona capaz de comprender y de  querer[295],
por lo cual en nuestro sistema jurídico, ha sido proscrita, entonces, la
responsabilidad objetiva[296].
c)      El grado de culpabilidad es
uno de los criterios básicos de imposición de la pena de tal manera que a su
autor se le aplica una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del
juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de
culpabilidad[297].
En virtud de estas consecuencias, cualquier proceso penal tiene
como finalidad principal la determinación de la responsabilidad penal
individual. En tal sentido, se puede afirmar que aquél se encuentra conformado
por un conjunto de actos jurídicos y de etapas que guardan, entre sí, una
relación cronológica, lógica y teleológica: unos son soporte y presupuesto de
los otros, y todos se orientan hacia un mismo fin, cual es, establecer, más
allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable por la comisión
de un determinado delito. De allí que resulte inconcebible un proceso penal que
no se oriente a la consecución de tales cometidos[298]:
“En
suma, el objeto central del proceso penal consiste en el establecimiento de la
responsabilidad penal individual. De allí que la muerte del imputado o acusado
resulte ser una causal razonable de extinción de la acción penal. En efecto, al
fallecer la persona contra la cual se viene adelantando un proceso penal, se
trunca la posibilidad real de establecer su responsabilidad en la comisión de
un determinado comportamiento delictivo. De igual manera, la eventual
imposición de una pena carecería de todo sentido práctico.”[299]
En conclusión, el centro del proceso penal es la determinación de
la responsabilidad penal individual.
8.2.1.2. Resolución del cargo
de inconstitucionalidad.
Los demandantes formulan dos
cuestionamientos específicos a las expresiones demandadas: (i) el sistema penal colombiano está fundado en
la responsabilidad penal individual, de modo que establecer procedimientos
colectivos, atenta directamente contra ese derecho constitucional fundamental y
(ii) la imputación, formulación y aceptación de cargos colectivos conllevan a
la indebida investigación de los hechos que dieron lugar a las violaciones de
los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, evitando que se
utilicen técnicas de investigación que tiendan a establecer las posibles
contradicciones entre las versiones, y a clarificar la responsabilidad
individual de las personas que participaron en las acciones del grupo. A
continuación se analizarán ambos cuestionamientos:
A.
La
no violación de la responsabilidad penal individual
La realización de versiones
libres colectivas o conjuntas, en un contexto de justicia transicional, no
afecta el principio de responsabilidad de acto, por las siguientes razones:
Los crímenes de sistema que
suelen ser judicializados en ejecución de programas de justicia transicional se
caracterizan por lo siguiente: (i) ser ejecutados por organizaciones
delictivas; (ii) de conformidad con un plan de una organización criminal o una política
de un Estado; y (iii) la ejecución de aquél se concreta en un ataque masivo o
sistemático contra un número elevado de víctimas.
En este contexto, la recepción
de versiones colectivas o conjuntas de los antiguos integrantes de un grupo
armado ilegal, antes que atentar contra el principio de responsabilidad penal
individual, conduce a reconstruir el contexto y los  patrones macro-criminales
que caracterizaron la comisión de numerosos crímenes.
Así las cosas, no se trata
simplemente de buscar una mayor eficiencia del sistema de justicia penal
transicional, a costa del principio de responsabilidad penal individual, sino
de contar con un escenario procesal que permita cruzar todas las versiones de
los postulados que pertenecieron a determinado bloque, por ejemplo, con
aquéllas de las víctimas y con el material probatorio recaudado.
La recepción de versiones
sucesivas de varios postulados tampoco afecta los derechos de las víctimas; por
el contrario, permite contar con mayores elementos de juicio para reconstruir
la estructura, funcionamiento y planes criminales de una determinada
organización armada al margen de la ley.
B.
La imputación, la formulación y la aceptación
de cargos colectivos no conllevan a la indebida investigación de los hechos
Los demandantes señalan que la imputación,
formulación y aceptación de cargos colectivos conllevan a la indebida
investigación de los hechos que dieron lugar a las violaciones de los derechos
humanos y del Derecho Internacional Humanitario, evitando que se utilicen
técnicas de investigación que tiendan a establecer las posibles contradicciones
entre las versiones, y a clarificar la responsabilidad individual de las
personas que participaron en las acciones del grupo.
La norma demandada establece la posibilidad
de que la Fiscalía General de la Nación reglamente y adopte metodologías tendientes a la
recepción de versiones libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los
desmovilizados que hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto
claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al
desmantelamiento del aparato organizado de poder.
Lo contemplado en la norma es una
metodología para recibir versiones de varias personas que permita que los
funcionarios develen estructuras de macrocriminalidad y contextos de victimización,
para evitar que los hechos se valoren de manera aislada y permitir un análisis
completo de los delitos. En este sentido, esta norma no excluye que se
verifiquen contradicciones en las versiones; por el contrario, conduce a que
las declaraciones se contrasten de manera más sencilla si se presentan varias
en un menor periodo de tiempo y ante el mismo funcionario, quien podrá examinar
las coincidencias e inconsistencia de las declaraciones. Al respecto, si se
consulta la ponencia para primer debate en el Senado de la República se puede
concluir que la finalidad de la norma fue precisamente esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y
victimización:
“El artículo 13 modifica el
artículo 17 de la Ley  975 de 2005, sobre la Versión libre y confesión.
Respecto de su versión original, se introduce la circunscripción de la versión
libre en los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la
Nación, de manera que el fiscal delegado elaborará y desarrollará el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad
y victimización. Se establece el procedimiento posterior a la diligencia de la
versión libre y se permiten las versiones co- lectivas o conjuntas con el fin
de que los postulados  que pertenezcan al mismo grupo puedan aportar un
contexto claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y el
desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado al margen de la ley y
sus redes de apoyo”.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar
que la realización de audiencias colectivas de imputación de cargos o de
aceptación de los mismos, no implica que no deba determinarse la
responsabilidad individual de cada uno de los postulados.
Por lo anterior, se declarará la
exequibilidad de las expresiones “colectivas o conjuntas” y “de
manera colectiva” del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012.
8.2.2. Segundo cargo: la regulación de la
audiencia concentrada y la terminación anticipada del proceso (Inciso 4º y
parágrafo del artículo 18 y expresión “concentrada” del artículo 22 de
la Ley 1592 de 2012) vulneran el derecho de las víctimas a participar en el
proceso.
Los actores señalan que el inciso 4º y el
parágrafo del artículo 18 y la expresión “concentrada” del artículo 22
de la Ley 1592 de 2012 disponen que se podrá programar una audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, lo cual consideran
inconstitucional, pues vulneraría el derecho de participación de las víctimas
en el proceso de Justicia y Paz y a la adecuada y seria investigación de las
conductas punibles por parte del Estado.
Lo anterior por cuanto, a su juicio, una
audiencia concentrada no brinda las garantías para que las víctimas tengan la
oportunidad de analizar los respectivos cargos, especialmente en aquellas
situaciones en las que los postulados hacen una aceptación parcial de los mismos,
dejando así a las víctimas de aquellos cargos que no acepta el postulado sin la
posibilidad de continuar el proceso de Justicia y Paz, viéndose obligadas a
continuar por la vía de la justicia ordinaria el proceso contra el postulado.
Para resolver el cargo de
inconstitucionalidad, la Corte; (i) examinará el margen de configuración con
que cuenta el legislador en materia de diseño de procesos de justicia
transicional; y (ii) determinará si, en el caso concreto, el Congreso de la
Republica respetó los límites constitucionales en materia de regulación de la audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos.
8.2.2.1. El margen de
configuración del legislador en materia de procesos judiciales.
La Corte Constitucional[300] ha señalado que según el artículo
150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”.
Con fundamento en esta competencia y en la importancia de la ley como fuente
del Derecho, el legislador dispone, por mandato constitucional, de una “amplia
libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones
originadas en el derecho sustancial”[301].
En este sentido, se ha reconocido una amplia potestad de
configuración normativa del legislador en la definición de los procedimientos
judiciales y de las formas propias de cada juicio[302],
a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”[303].
En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para decidir
la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio
de dicha competencia, se encuentra obligado a respetar los principios
establecidos en la Carta Política.[304] Por lo anterior, pese a que el margen
de configuración normativa del legislador es amplio, tiene límites que se
concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de
los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas
constitucionales.[305]
En este sentido, la discrecionalidad para la determinación de las
actuaciones procesales o administrativas no es absoluta, pues debe ejercitarse
dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y
jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y
de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, la defensa y
el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229).
Igualmente, debe hacer vigente el principio de la  primacía del derecho
sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la
finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente
el derecho sustancial[306] en controversia o definición; de lo
contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria[307].
El legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes
jurídicos implicados que se ordenan[308], cumpliendo con los principios de proporcionalidad y
razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas[309], con el objeto de asegurar precisamente la
primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más
completo posible del derecho de acceso a la administración de justicia (art.
229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P)[310], el cumplimiento del postulado de la
buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)[311] y
el principio de imparcialidad[312].
Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las
normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues
sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva
aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de
los intereses en conflicto”.[313] Así las cosas, la violación del
debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva
regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para
el cual fue diseñada, sino especialmente en el supuesto de que ésta aparezca
excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización.[314]
Con el objeto de garantizar el respeto a tales límites amplios de
la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado un conjunto de
criterios planteados inicialmente en la sentencia C-227 de 2009: “i) que
atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad
entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos[315] que en el caso procesal (…) puede
implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración
de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[316]; iii) que
obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la
definición de las formas[317] y iv) que permita la realización
material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial
sobre las formas (artículo 228 C.P.)[318]”[319].
8.2.2.2. Análisis de la
constitucionalidad del
inciso 4º y del parágrafo del artículo 18 y de la expresión “concentrada”
del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012
Los accionantes formulan dos (2)
cuestionamientos en relación con el inciso 4º y el parágrafo del artículo 18 y
de la expresión “concentrada” del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012: (i)
la concentración de las audiencias da lugar a la violación del derecho de
participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz y a la adecuada y
seria investigación de las conductas punibles por parte del Estado; y (ii) las
normas demandadas no brindan un momento prudente para que las víctimas o sus
representantes puedan analizar los cargos y en especial aquellos que no fueron
aceptados.
A.
La concentración
de audiencias en el proceso de justicia y paz no viola el derecho de participación
de las víctimas, ni desconoce el deber del Estado de adelantar una
investigación seria e imparcial.
La consagración de una audiencia
concentrada constituye un ejercicio de la facultad del legislador de
configuración de los procedimientos judiciales, la cual se encuentra plenamente
justificada en la necesidad de dotar de celeridad a los procedimientos y que no
afecta los derechos de los imputados ni de las víctimas.
Según la exposición de motivos
de la Ley 1592 de 2012, la audiencia concentrada de imputación y aceptación de
cargos tiene por finalidad reducir los tiempos del procedimiento de justicia y
paz con el objeto de brindar mayor celeridad y mejorar la eficiencia:
“Mediante
la modificación del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 se prevé que la
formulación de cargos se realice ya no ante el funcionario encargado del
control de garantías sino ante la sala de conocimiento, en una audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, en la que, en caso de que el
postulado acepte los cargos, se realizará también el control de legalidad y se
anunciará el sentido del fallo.
De esta
manera se elimina una audiencia y se acortan significativamente los tiempos del
procedimiento de justicia y paz, se allana el camino para arribar con mayor
prontitud a las sentencias y se introduce un procedimiento más expedito y ágil.
Este diseño procesal, sin duda, se amolda más a la naturaleza de la justicia
transicional y responde al sentimiento nacional e internacional de obtener
resultados en tiempos más cortos”.
Por otro lado, la reforma también se justificó en la necesidad de
que el funcionario encargado del juzgamiento y la sanción conozca de una vez
todos los elementos fácticos y jurídicos que le permitirán adoptar las
decisiones que debe tomar, tal como sucede en el sistema acusatorio:
“Con el
mismo fin de reducir etapas y tiempos procesales, se elimina del artículo 13 el
numeral sexto del texto original, relativo a la formulación de cargos, por
considerar que ella debe efectuarse ante la sala de conocimiento y no ante el
magistrado de control de garantías. Esta modificación, además, guarda
coherencia con el sistema penal acusatorio, en el que la audiencia de
imputación se realiza ante el juez de control de garantías y la audiencia de
formulación de acusación la adelanta el juez de conocimiento.
Realizar
la audiencia de formulación de cargos ante la sala de conocimiento de justicia
y paz, además, permite establecer y delimitar los hechos que fundamentan los
cargos de una vez ante el funcionario competente para el juzgamiento y la
sanción. La misma sala será la que valore los hechos, para su aprobación, los
cuales serán necesariamente el fundamento de la sentencia. La reforma permite
que el funcionario encargado del juzgamiento y la sanción conozca de una vez
todos los elementos fácticos y jurídicos que le permitirán tomar las decisiones
que debe tomar. En este sentido, la modificación implica un importante ahorro
de tiempo que podrá redundar en la mayor celeridad del proceso en general”.
Esta clase de medidas son válidas en un sistema procesal. Así, en
el sistema penal acusatorio la formulación de la imputación y la aceptación de
cargos se presentan en la misma audiencia, sin que se haya considerado que esta
circunstancia afecte las garantías procesales ni los derechos de las víctimas:
“Artículo 288. Contenido. Para la formulación de la
imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
1.     Individualización concreta del
imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el
domicilio de citaciones.
2.     Relación clara y sucinta de los
hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará
el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni
de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para
solicitar la imposición de medida de aseguramiento.
3.     Posibilidad del investigado de
allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el
artículo 351”.
En conclusión, la concentración de las
audiencias de formulación y aceptación de cargos no viola el derecho de participación de las víctimas,
ni desconoce el deber del Estado de adelantar una investigación seria e
imparcial.
B.
Las
normas demandadas brindan un momento prudencial para que las víctimas o sus
representantes puedan analizar los cargos, y en especial, aquellos que no
fueron aceptados
Los accionantes señalan que las
normas demandadas no brindan
un momento prudente para que las víctimas o sus representantes puedan analizar
los cargos y en especial aquellos que no fueron aceptados, pues después de la
aceptación de los cargos por parte de los postulados es cuando se presenta el
incidente de reparación integral.
La concentración de las
audiencias termina reduciendo el término del proceso de justicia y paz, pues se
elimina una audiencia en el trámite para lograr mayor celeridad, tal como
reconoció la propia exposición de motivos, lo cual en principio como ya se
afirmó constituye un ejercicio de la libertad de configuración del legislador
que incluso se aplica en el sistema acusatorio ordinario, pues en el
procedimiento acusatorio la aceptación de cargos se da en la misma audiencia de
formulación de imputación.
En este sentido, pudiera
pensarse que las víctimas tendrían menos tiempo para participar en el proceso o
identificar sus daños si se elimina la audiencia de imputación. Sin embargo,
ello no es así, por dos (2) razones: (i) según el artículo 6º de la Ley 975 “las víctimas tendrán derecho a participar
de manera directa o por intermedio de su representante en todas las etapas del
proceso”, incluso antes de
la versión libre del postulado, por lo cual durante todo el proceso las
víctimas podrán ir determinando cuáles son los perjuicios causados; (ii) el inicio
del incidente reparación integral se da después de la
aceptación de cargos.
En este sentido, cabe recordar
que la sentencia C-370 de 2006 fue categórica en señalar que la participación
de las víctimas inicia desde la diligencia de versión libre; por lo tanto, a
partir de ese momento,  pueden identificar los daños causados:“No es correcta la percepción de los
demandantes en el sentido que las disposiciones acusadas excluyan una
participación de la víctima en las diligencias que allí se regulan. Una visión
sistemática de las normas relativas a las facultades procesales de la víctima
en el marco de los principios que la animan y los desarrollos jurisprudenciales
vigentes en la materia, permiten concluir que, contrario a lo afirmado en la
demanda, la ley garantiza la participación de las víctimas en las diligencias
de versión libre y confesión, formulación de imputación y aceptación de cargos.
Conclusión que resulta reforzada por la clara opción de la ley por un sistema
procedimental marcadamente acusatorio que se desarrolla a través de audiencias
a las que no se puede obstruir el acceso de las víctimas”[320].
En virtud de lo anterior, la Corte declarará
la exequibilidad del inciso 4º del artículo 18 y de la expresión “concentrada”
del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
C. La terminación anticipada del proceso
por aceptación de responsabilidad (parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de
2012) no vulnera el derecho a la verdad de las víctimas.
Los accionantes señalan que el parágrafo
del artículo 18 establece que se podrá solicitar la terminación anticipada del
proceso de Justicia y Paz si el postulado acepta la responsabilidad por las
conductas imputadas que formen parte de un patrón de macrocriminalidad que haya
sido esclarecido, lo cual consideran que es inconstitucional, pues se harían
imputaciones por aquella información que se relaciona con un patrón de
macrocriminalidad y no por la confesión voluntaria, libre, veraz y completa de
los hechos, vulnerándose así el derecho de las víctimas a la verdad.
A continuación, la Corte: (i)
analizará la figura de la aceptación de responsabilidad en el proceso penal; y (ii)
resolverá el cargo de inconstitucionalidad.
8.2.3.1. La figura de la
aceptación de responsabilidad en el proceso penal
En el ordenamiento procesal
colombiano se han contemplado múltiples medidas de colaboración con la justicia
que implican una aceptación de la responsabilidad cuya constitucionalidad ha
sido avalada por esta Corporación:
La sentencia anticipada fue una
figura creada en el artículo 36 del Decreto 2700 de 1991 que se aplicaba por
solicitud del procesado y que implicaba una significativa rebaja de la pena (de
una tercera parte si era antes del cierre de la investigación y de una sexta
parte si se presentaba antes de la fijación de la fecha para la celebración de
la audiencia pública)[321]. En este sentido, la
sentencia anticipada es una forma de terminación abreviada del proceso penal, y
responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor
eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia[322].
Por lo anterior, opera como una confesión simple que implica la renuncia del
Estado a seguir ejerciendo sus poderes de investigación, y la del imputado a
que se agoten los trámites normales del proceso, a la controversia de la
acusación y de las pruebas en que se funda[323].
Esta figura fue declarada constitucional
en la sentencia C-425 de 1996 por cuanto se consideró que respetaba el debido
proceso pues garantizaba plenamente el derecho de contradicción, la presunción
de inocencia, la publicidad, la buena fe y la lealtad procesal. Igualmente
consideró que esta figura constituía una forma de garantizar la celeridad y la
eficiencia de los procesos sin afectar las garantías constitucionales del
procesado:
“El artículo 29 de la Carta
ordena que los procesos se tramiten en forma pronta y oportuna, sin dilaciones
injustificadas. En consecuencia, si en el proceso penal existen suficientes
elementos de juicio que permiten demostrar que la aceptación, tanto de los
cargos como de su responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se
ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales
para demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema
judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos
oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un
deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos”[324].
La Ley 81 de 1993 creó la
audiencia especial, la cual versa sobre la adecuación típica, el grado de
participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena
y la condena de ejecución condicional y que permite el reconocimiento de un beneficio
de rebaja de pena de una sexta a una tercera parte[325].
A diferencia de la sentencia anticipada en esta audiencia existen dudas
probatorias acerca de la intervención en el delito o sobre la calificación de
algunos de sus elementos integrantes y puede ser solicitada también por la
Fiscalía[326]. Esta figura fue analizada por la
Corte Constitucional en sentencia C 394 de 1994, en la cual determinó que el
acuerdo del Fiscal y el procesado es asunto que concierne directa y
específicamente al juez y por ello es razonable y ajustado a la técnica
jurídica el que la ley hubiera establecido el control del acuerdo por aquel.
La Ley 600 de 2000 también
contemplaba la sentencia anticipada con una redacción muy similar a la de la
Ley 81 de 1993, aunque en unos plazos y con unas rebajas distintas[327].
La Ley 906 de 2004 ha
introducido dos figuras de terminación anticipada del proceso, el allanamiento
a cargos y los preacuerdos y negociaciones:
La aceptación unilateral de
cargos, conforme a la Ley 906 de 2004, la cual se puede producir en diversas
etapas procesales, representa una forma de terminación anticipada del proceso,
e involucra  cometidos de política criminal similares a las anteriores
figuras como son los de lograr una mayor eficiencia y eficacia de la
administración de justicia, prescindiendo de etapas procesales que se
consideran innecesarias en virtud de la aceptación del procesado respecto de
los hechos y su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos[328].
En este sentido, se trata de una idea de confesión en sentido natural, como
admisión de cargos sin condicionamiento alguno, no en sentido probatorio, por
cuanto la confesión no constituye un medio de prueba en el nuevo sistema[329].
Los preacuerdos y las
negociaciones representan una vía judicial encaminada a la simplificación de
los procesos mediante la supresión  parcial o total del debate probatorio
y argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso[330].
En este sentido, son también una forma de terminación anticipada del proceso
que comportan el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o
acusado que implica la renuncia libre, consciente, voluntaria y debidamente
informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y
contradictorio que implica descuentos punitivos[331].
La Corte Constitucional revisó
esta figura y determinó que no vulnera, per se, el derecho fundamental
al debido proceso, pues los preacuerdos y negociaciones están limitados por una
serie de restricciones legales que tutelan los derechos de las víctimas[332].
Por su parte, la Sentencia
C-1260 de 2005 se pronunció sobre la constitucionalidad de la terminación
anticipada del proceso penal en relación con ambas figuras en el siguiente
sentido:
“Para la Corte es claro
entonces, que la posibilidad de renunciar a un juicio público, oral, mediante
la celebración de acuerdos entre la fiscalía y el imputado, así como la
aceptación de la culpabilidad al inicio del juicio por parte del acusado, no
viola las garantías constitucionales propias del debido proceso, en la medida
en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser
aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no violación de
derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de
una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada
por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del
imputado o procesado así como que se actuó en presencia del defensor”.
Lo anterior, por cuanto
aceptado por el procesado los hechos materia de la investigación y su
responsabilidad como autor o partícipe, y existiendo en el procesos además
suficientes elementos de juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace
innecesario el agotamiento de todas y cada una de las etapas del proceso, por
lo que procede dictar el fallo sin haberse agotado todo el procedimiento, a fin
de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, según así
también se consagra en el artículo 29 de la Constitución”.
D.     Resolución de los cargos
de inconstitucionalidad.
Los accionantes formulan dos (2) cuestionamientos
concretos a la norma demanda: (i) la solicitud de terminación anticipada del
proceso en las condiciones que se establecen en el parágrafo demandado no
permitiría tener la versión completa de los hechos por parte del postulado;
(ii) la solicitud de terminación anticipada del proceso generaría imputaciones
por aquella información que se relaciona con un patrón de macrocriminalidad y
no por la confesión voluntaria libre, veraz y completa de los hechos. La Corte
no comparte tales afirmaciones, por las razones que pasan a explicarse:
La justicia consensuada, que se
encuentra fundada en los preacuerdos y las negociaciones, debe estar asistida
por unas finalidades como son la de (i) humanizar la actuación
procesal y la pena; (ii) la eficacia del sistema reflejada en la
obtención  pronta y cumplida de justicia; (iii) propugnar por la
solución de los conflictos sociales que genera el delito; (iv) propiciar
la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; (v)
promover la participación del imputado en la definición de su caso
(Art. 348)[333].
En este sentido, el establecimiento de mecanismos de terminación
anticipada del proceso fundados en la confesión y en la colaboración con la
justicia, han sido plenamente aprobados por esta Corporación. La Ley 975 de
2005 no contemplaba mecanismos de terminación anticipada del proceso, los
cuales se incluyeron en la reforma realizada a través de la Ley 1592 cuando los
hechos hagan parte de un patrón de criminalidad ya revelado:
“Dentro del
artículo de formulación de imputación, se incluye la posibilidad de terminación
anticipada del proceso. Teniendo en cuenta el cambio en el enfoque
investigativo que introduce esta reforma a Justicia y Paz, se hace necesario
contar con la posibilidad de terminar anticipadamente el proceso cuando los
hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de
macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de
conformidad con los criterios de priorización”.
Así mismo, el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012
permite que el postulado acepte responsabilidad por las conductas imputadas y
solicitar la terminación anticipada del proceso para que se profiera sentencia,
cuando los hechos que se le imputen hagan parte de un patrón de criminalidad ya
establecido por alguna sentencia de justicia y paz, disposición que según la
ponencia para segundo debate en el Senado de la República se funda en el
siguiente fundamento:
“Esta disposición
responde a las observaciones  de algunos magistrados de Justicia y Paz, así
como de organizaciones de la sociedad civil, que consideran pertinente, que
como consecuencia del cambio de enfoque investigativo, sea posible terminar el
proceso anticipadamente y así no desgastar el sistema con audiencias y demás
etapas del proceso, cuando los hechos imputados al postulado hagan parte de un
patrón de macrocriminalidad ya esclarecido”.
Según los demandantes, esta
disposición puede afectar a las víctimas, pues impediría que mediante el
trámite ordinario del proceso se pudiera acceder a la verdad completa de los
hechos. Sin embargo, la respuesta a esta situación se encuentra en la ponencia
para segundo debate en el Senado de la República en la cual se señala que los
derechos de las víctimas están garantizados por la disposición puesto que en la
sentencia que esclarece el patrón macrocriminal se debe haber identificado las
afectaciones causadas a las  víctimas:
“Es muy importante
resaltar que bajo este esquema de terminación anticipada del proceso no se
descuida a las víctimas, puesto que en la sentencia que esclarece el patrón
macrocriminal se debe haber identificado las afectaciones causadas a las
víctimas. La terminación anticipada ocurre cuando el  postulado acepta su
responsabilidad por las conductas imputadas y solicita dicha terminación, lo
que en todo caso, no implica el acceso a beneficios  penales adicionales a la
pena alternativa”.
En conclusión, esta Corporación
considera que esta norma no vulnera los derechos de las víctimas por los
siguientes motivos:
·
La
aceptación de cargos tiene dos prerrequisitos que resultan fundamentales para
garantizar que el Estado recaude información suficiente sobre los hechos
realizados por el imputado: (i) requiere que previamente se haya presentado una
versión libre y completa de los hechos por parte del postulado; (ii) requiere
que previamente la Fiscalía haya imputado cargos al desmovilizado.
·
La Corte  ha
admitido en múltiples ocasiones la constitucionalidad del mecanismo de
sentencia anticipada.
·
Para
resguardar los especiales deberes que frente a la verdad tiene el Estado en
casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, la norma contempla la exigencia de que haya sido
revelado previamente el patrón de macrocriminalidad.
Tampoco comparte la Corte la afirmación
según la cual la solicitud de terminación anticipada del proceso generaría imputaciones
por aquella información que se relaciona con un patrón de macrocriminalidad y
no por la confesión voluntaria libre, veraz y completa de los hechos.
Para solucionar este
cuestionamiento es necesario tener en cuenta que la norma demandada simplemente
establece la posibilidad de terminación anticipada del proceso después de la
formulación de la imputación, por lo cual no eliminó la versión libre ni la propia
formulación de la imputación:
“Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al postulado
hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por
alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización,
y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas
por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado
podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la
terminación anticipada del proceso. (…)”.
En este sentido sigue
existiendo una confesión libre, veraz y completa de los hechos a través de la
versión libre, tal como lo exige la sentencia        C-370 de 2006, así como
también una posterior formulación de imputación de los delitos atribuidos al
postulado, por lo cual la modificación realizada no afecta el derecho a la
verdad, sino que constituye una forma de darle mayor agilidad a los procesos
garantizando los principios de la función pública de eficacia y celeridad contemplados
en el artículo 209 de la Constitución.
Adicionalmente, debe tenerse en
cuenta que esta norma solamente permite la aplicación de la sentencia
anticipada “cuando los
hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de
macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia
y paz” por lo cual para
que se aplique esta forma de terminación anticipada ya tendrán que haberse
revelado los hechos de los delitos confesados por el postulado, si no es así es
claro que no procede este mecanismo.
Lo que hace la norma es ser
consecuente con la finalidad de la reforma que es el cambio de metodología y
centrar la investigación inicialmente en la revelación de los patrones de
macrocriminalidad mediante el mecanismo de priorización gracias a la
conformación de macroprocesos y posteriormente dar solución a los casos
particulares no priorizados mediante la información recaudada en aquéllos.
De esta manera, este mecanismo
no implica que los hechos individuales ya admitidos por el postulado no sean investigados,
sino que el patrón macro-criminal, que explica y comprende la comisión de
aquéllos, ya se reveló en el macroproceso y se declaró probado en una sentencia
judicial, razón por la cual no tienen que volver a investigarse, pues ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada.
Por lo anterior, se declarará
la exequibilidad del parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012 por los
cargos formulados por los demandantes.
8.2.3. Tercer cargo: la sustitución de la
medida de aseguramiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena
configuran unos “privilegios” para los postulados, en detrimento de los
derechos de las víctimas (artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes señalan que los artículos 19 y 20 de
la Ley 1592 de 2012 consagran dos nuevos privilegios para los postulados
que son la sustitución de la medida de aseguramiento y  la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, lo cual consideran que vulnera los
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición de las víctimas, por cuanto el Estado concede beneficios sin que se
cumpla con el deber de realizar una investigación a fondo de las violaciones a
los derechos humanos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad que
hubiesen cometido los postulados al proceso.
A continuación la Corte analizará las
figuras procesales de sustitución de la medida de aseguramiento y la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, en el contexto de la reforma a la Ley
de Justicia y Paz. A continuación, se analizará si su regulación vulnera los
derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.
8.2.3.1. Examen de
constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. (Sustitución de la
medida de aseguramiento).
A.
Naturaleza
jurídica y carácter preventivo de las medidas de aseguramiento
Las medidas de aseguramiento
hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas
disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad
judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el
cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la
presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social
en la comunidad,  bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a
su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la
decisión judicial[334].
Por lo anterior, las medidas de
aseguramiento son determinaciones eminentemente temporales de tipo preventivo
no sancionatorio que restringen los derechos fundamentales del imputado y que
pueden ser adoptadas por el juez de control de garantías, a petición del
fiscal, en el marco de un proceso penal[335].
En concreto, la detención
preventiva es una medida cautelar que busca asegurar a las personas sindicadas
de haber cometido un delito para evitar su fuga y garantizar la efectiva
investigación, juzgamiento e imposición de la pena en caso de llegar a
desvirtuarse la presunción de inocencia y determinarse la responsabilidad penal
del sindicado[336]. Igualmente, la Corte Constitucional ha
reconocido de manera específica que esta medida tiene un carácter
preventivo, no sancionatorio y excepcional[337], y no constituye una pena:
“En cuanto se refiere a la
detención, la Carta Política distingue claramente entre ella y la pena. El
artículo 28 alude a la primera y exige, para que pueda llevarse a cabo,
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, impartido y ejecutado con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. A la
segunda se refiere el artículo 29, que plasma la presunción de inocencia a favor
de toda persona, estatuyendo, para que pueda imponerse una pena, el previo
juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal
competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio
y con la integridad de las garantías que configuran el debido proceso…
Así, una cosa es detener
al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser
responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de
justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que,
cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de
todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se
llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa
responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada
en la ley…”[338].
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, también ha señalado el carácter
eminentemente excepcional de las privaciones de la libertad[339]. En este
sentido se afirmó que la decisión para proceder a privar de su libertad a una
persona, tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con
palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas[340][341].
De esta manera, el Estado no debe detener para luego investigar, sino que, sólo
está autorizado a restringir la libertad de una persona cuando alcance el
conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio[342]. En
este sentido se señaló:
“La seguridad también debe entenderse como
la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad
física[343].
Ahora bien, este derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la
Convención Americana regula son los límites o restricciones que el Estado puede
realizar. Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos
generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás numerales se
encarguen de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a
alguien de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la
legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente
negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por
ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la
excepción.”(Énfasis
fuera del texto)[344].
Igualmente, la referida Corte resaltó que cualquier
violación de los numerales 2 al 7 del artículo ya mencionado acarrea la
violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la falta de respeto a las
garantías de la persona privada de la libertad implica necesariamente la falta
de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. Además, anotó
que el artículo 7.2 de la Convención establece que “nadie puede ser privado
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas”[345].
De lo anterior se concluye que la privación de la
libertad, debe ser siempre excepcional, y que sólo por causas verdaderamente
necesarias, ya establecidas en las leyes de los Estados, puede llevarse a cabo.
Además de esto,  se deben respetar otros requisitos al momento de privar a una
persona de su libertad[346].
De igual forma, mediante sentencia de la misma Corte, del 23 de noviembre
de 2011, en la cual se analizó el caso “Fleury y otros vs. Haití” y en
el que los demandantes alegaron que habían sido detenidos ilegalmente y
torturados, se resaltó lo atinente a los requisitos de la privación de la
libertad, pues como ya se mencionó antes, al ser ésta la excepción y no la
regla, es ineludible que se respeten determinadas condiciones que hagan que sea
realmente necesario llevarla a cabo[347].
En otras palabras, con la detención
preventiva no se busca castigar a una persona no condenada, pues ello sería
contrario a la presunción de inocencia, sino prevenir ciertos hechos que, de presentarse,
darían al traste con el proceso penal, tales como: (i) la obstaculización del
mismo, (ii) la puesta en peligro de la sociedad o de la víctima, (iii) la
ausencia del imputado o la falta de cumplimiento de la sentencia[348].
Por lo anterior, la detención preventiva
se distingue de la pena en que la adopción de tal medida no comporta definición
alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre
su condena o absolución[349]. En todo caso, la ley permite
que el tiempo de detención sea computado como parte de la pena, lo que se
convierte en un dictado de justicia y de equidad (artículo 406 del decreto 2700
de 1991 y artículo 261 de la Ley 600 de 2000) [350].
La Corte ha hecho énfasis igualmente en el
carácter eminentemente limitado en el tiempo[351] de la detención preventiva y en que
su finalidad no es la de  que se dé una ejecución anticipada  de la pena que
pueda llegar a imponerse, por lo que  es un deber ineludible de las
autoridades  evitar que la medida se prolongue más allá de un lapso razonable[352].
Desde el punto de vista constitucional, la detención preventiva
procede de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos: mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con la observancia de las formalidades legales y por
motivos previamente definidos en la ley[353].
En este sentido, las medidas de
aseguramiento deben someterse al cumplimiento de estrictas exigencias
fundamentales que estructuran su legalidad, a saber: “(i) deben ser
decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un
proceso al cual acceden o accederán; (ii) con carácter eminentemente
provisional o temporal; y (iii) bajo el cumplimiento de los estrictos
requisitos que la Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben
estar fundamentadas en alguna de las finalidades constitucionalmente admisibles
para su imposición”. Adicionalmente, el artículo 250 numeral 1° de la
Constitución destaca el criterio de necesidad como guía que debe orientar la
imposición de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su vez
vinculado a las tres finalidades allí establecidas: (i) asegurar la
comparecencia de los imputados al proceso penal; (ii) la conservación de la
prueba; y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas[354].
La detención preventiva dentro de un Estado Social de Derecho, no
puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal
indiscriminado, general y automático, es decir, que su aplicación o práctica
ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que
señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas
velar por la efectividad de los derechos y libertades de las personas,
garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de
inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana (preámbulo, artículos
1º y 2º) [355].
Bajo esta consideración, para que proceda
la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos
formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere,
además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla
sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente
admisibles para la misma[356].
B.
Libertad
de configuración legislativa en materia de medidas de aseguramiento y sus
límites
El legislador cuenta con un amplio margen
de discrecionalidad en la regulación de las medidas cautelares, aunque las
mismas no deben “afectar la constitución política y deben ser razonables
y proporcionadas”[357] de
manera que, las restricciones a la libertad no pueden convertirse en una regla
general[358].
Por lo anterior, existen una serie de
restricciones materiales a la procedencia de la medida de aseguramiento que
deben ser consideradas tanto por el legislador como también por el juez en el
momento de su imposición:
(i)    La primera es la necesidad de
la medida de aseguramiento. En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al
respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos
constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando
ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales
no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia
del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en
motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos
específicos de cada situación fáctica[359].
Esta necesidad no es política
ni estratégica sino jurídica, es decir, relativa al logro de los objetivos del
proceso penal en general y a los fines de cada medida cautelar en especial. Es
necesaria la medida cuando ésta es indispensable para alcanzar tales objetivos
generales y fines específicos, a los cuales ya se ha referido esta Corporación.[360]
El legislador puede establecer diferentes criterios de necesidad[361]
puesto que la Constitución no fija un parámetro único y puede modificar dichos
criterios para atender cambios en la política criminal, siempre que respete la
Constitución y los tratados internacionales sobre la materia[362] y
no admita que la medida puede ser dictada por capricho o simple conveniencia.
Así, por ejemplo, el criterio de necesidad, a la luz de la política criminal,
puede ser más o menos exigente según la gravedad del delito y la importancia de
los valores constitucionales involucrados[363].
(ii) El segundo elemento es el de
proporcionalidad, cuyo fundamento y trascendencia en el ámbito del derecho
penal ya han sido subrayadas por esta Corte.[364] En efecto, la medida debe ser
proporcional a las circunstancias en las cuales jurídicamente se justifica. Por
ejemplo, en el caso de la detención preventiva, resultaría desproporcionado que
a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las
pruebas, o la comparecencia del sindicado a la justicia, se ordenara la
detención preventiva.[365]
(iii)     Además de estos dos elementos,
hay un tercero: el criterio de convicción acerca de la probabilidad de que el
procesado sea el autor de la conducta punible investigada. Así, en principio y
por regla general, para que las decisiones del fiscal sobre medidas de
aseguramiento se basen en motivos fundados, deben obrar en el acervo probatorio
dos indicios relativos a hechos objetivos que indiquen con una alta
probabilidad, más allá de la simple sospecha o de la mera constatación de una
plausible vinculación de la persona con los hechos investigados, que la persona
es responsable, es decir, que realizó una conducta típica, antijurídica y
culpable[366].
8.2.3.2. Análisis de
constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012
La Corte considera que la
posibilidad de aplicar una sustitución de la medida de aseguramiento
contemplada en el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 es constitucional
por los siguientes motivos:
El legislador tiene amplias
facultades para la regulación de la procedencia o improcedencia de las medidas
de aseguramiento, siendo limitado por criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, las cuales se cumplen plenamente en la norma demandada.
La medida de aseguramiento tiene
un carácter preventivo y no sancionatorio, por lo cual responde a finalidades
preventivas de naturaleza político criminal que deben ser ponderadas por el
legislador, quien así como puede determinar cuándo una medida es necesaria,
puede señalar también cuando es posible prescindir de ella.
En este sentido, el legislador
ha considerado que bajo estrictas circunstancias no es necesaria la medida de
aseguramiento de detención privativa y que la misma puede reemplazarse por una
medida no privativa de la libertad:
“1. Haber permanecido como mínimo ocho (8)
años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización,
por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la
reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas
sobre control penitenciario;
2. Haber participado en las
actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido
certificado de buena conducta;
3. Haber participado y
contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del
proceso de Justicia y Paz;
4. Haber entregado los bienes
para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere
lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;
5. No haber cometido delitos dolosos,
con posterioridad a la desmovilización”[367].
Estos mecanismos garantizan que
esta medida se pueda convertir en un instrumento para motivar la colaboración
eficaz de los desmovilizados en el cumplimiento de las finalidades de la
justicia transicional y en especial en el restablecimiento de los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la reparación,
lo cual resulta esencial para la eficacia del sistema de justicia y paz. A su
vez, la exigencia de la privación de la libertad por ocho (8) años es
consecuente con el máximo de la pena alternativa aplicado en justicia y paz,
pues si la medida de aseguramiento pretende simplemente asegurar el
cumplimiento de la pena y su duración deberá ser tenida en cuenta como
descuento de una eventual pena, no tendría sentido que se prolongara por un
término superior al del máximo que pudiera imponerse en una posible sentencia
en el marco de la Ley 975 de 2005.
Por su parte, una vez otorgado
el beneficio, la misma norma señala un conjunto de obligaciones que permiten
cumplir con las finalidades que se garantizan a través de una medida de
aseguramiento como son: (i) asegurar la comparecencia de los imputados al
proceso penal; (ii) la conservación de la prueba; y (iii) la protección de la
comunidad, en especial de las víctimas[368]:
“Una vez concedida, la sustitución de la
medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de
control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las
víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que el postulado deje de
participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se
compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;
2. Que el postulado incumpla
las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;
3. Que el postulado no
participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno nacional para
los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la
presente ley”.
Por lo anterior, la
consagración de la sustitución de la medida de aseguramiento es un desarrollo
de la libertad de configuración del legislador, que atendiendo a
consideraciones político criminales consagra un instrumento especial que motive
a los desmovilizados a contribuir con el restablecimiento de los derechos de
las víctimas y a su vez asegure que no continuarán delinquiendo mediante
fuertes restricciones que de no cumplirse darán lugar a la revocatoria del
beneficio.
En el mismo sentido, considera
la Corte que el otorgamiento del beneficio de la sustitución de la medida de
aseguramiento, no sólo se encuentra condicionado a “No haber cometido delitos dolosos, con
posterioridad a la desmovilización” (artículo 19.5 de la Ley 1592 de 2012), sino
que la perpetración de tales conductas lleva a la exclusión inmediata del
postulado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
En este orden de ideas, la
Corte declarará exequible el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012.
8.2.3.3. Examen de
constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1592 de 2012. (Suspensión
condicional de la ejecución de la pena).
A.
La
figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena
Los subrogados penales son medidas
sustitutivas de la pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos
que han sido condenados a estas penas, siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos por el legislador[369]. La jurisprudencia ha señalado que
estos mecanismos tienen esencialmente tres finalidades:
(i)    En primer lugar, la finalidad
preventiva especial de la pena para permitir la resocialización del condenado y
en este sentido su reintegración a la sociedad[370].
En este sentido, ha señalado que el fundamento que inspira estos subrogados
penales es el derecho que tiene todo condenado a su resocialización, pues como
ya lo ha expresado esta Corporación "lo que compromete la existencia de
la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la
conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados
penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que
rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad"[371].
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
incorporado a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968, en su
artículo 10.3 establece: “El régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de
los penados"[372].
(ii) En segundo lugar, los principios de
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad[373]. En el marco del Estado Social de
Derecho, la pena como instrumento adecuado para servir a los fines de
prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y
proporcionada[374]; esto significa que si los mismos
fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos
severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de
garantizar la dignidad del condenado[375]. En este sentido, la necesidad de la
pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y
pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e
intimidatorio, sino que también permita “la reincorporación del autor de la
conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte
activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el
desarrollo económico, político, social y cultural”[376].
(iii)     En tercer lugar, la institución de los
subrogados penales obedece a una política criminal orientada a la
mitigación y la humanización de la sanción punitiva. En este sentido, los
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los beneficios con
los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable, han sido
regulados en los diferentes estatutos procesales en provecho de las personas
que han sido condenadas en los casos expresamente definidos por la ley y
también tienen como fundamento la humanización del derecho penal[377].
Para que el juez pueda conceder la
suspensión condicional de la ejecución de la pena o la libertad condicional,
debe verificar tanto factores objetivos que se refieren, en ambos casos, al quantum
de la pena y al cumplimiento parcial de aquélla en el evento de la libertad
condicional, como factores subjetivos relacionados básicamente con antecedentes
personales, sociales  y familiares del sentenciado, así como la modalidad y
gravedad de la conducta, en un caso, y la buena conducta en el establecimiento
carcelario en el otro[378]. Estos beneficios en todo caso
son objeto de un estricto seguimiento otorgándose un período de prueba, por fuera
del establecimiento carcelario, para que, en caso de ser superado
satisfactoriamente, se entendiera conseguida su rehabilitación disponiendo como
consecuencia la extinción de la condena[379].
Esta Corporación ha reconocido que por
razones de política criminal, el legislador tiene facultades para establecer
las causales, condiciones y regulación de los subrogados penales[380],
porque constituyen elementos fundamentales del debido proceso penal y responden
a las evaluaciones propias de la política criminal del Estado[381].
Esta libertad se puede ejercer siempre y
cuando no lesione mandato superior alguno y observe los criterios aludidos de
racionalidad y proporcionalidad[382].  En virtud de lo anterior, la necesidad
de asegurar el respeto de las garantías procesales  ha llevado a la Corte  a
precisar  que la potestad  de configuración del Legislador  con respecto a las
causales para la concesión de la libertad provisional, no es absoluta sino
relativa, en tanto tiene como limitante las normas constitucionales que
reconocen el derecho al debido proceso  y en particular la presunción de
inocencia[383].
B.
Conformidad
del artículo 20 de la Ley 1592 de 2012 con la Constitución.
Los accionantes señalan que la figura de
la sustitución condicional de la ejecución de la pena vulnera los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las
víctimas, por cuanto el Estado concede beneficios sin que se cumpla con el
deber de realizar una investigación a fondo de las violaciones a los derechos
humanos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad que hubiesen cometido
los postulados al proceso. La Corte no comparte tales afirmaciones, por las
razones que pasan a explicarse:
El proceso de justicia y paz tiene por
objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación[384]. Por esta razón se prevé el beneficio
de la alternatividad que consiste en “un beneficio consistente en suspender
la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola
por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a
la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la
reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”[385].
Este beneficio sería incompleto
si no se consideran los
procesos por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley,
pues si el sujeto ha sido condenado o está siendo procesado por la comisión de
otros delitos, el proceso de justicia y paz no definiría completamente su
responsabilidad e impediría su reintegración a la sociedad.
Por esta razón el artículo 20
de la Ley 1592 de 2012 prevé la posibilidad de aplicar una acumulación de
procesos frente a los procesos en curso y de penas frente a procesos ya
culminados, con el objeto que todas “conductas punibles cometidas con
anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al
margen de la ley” queden enmarcadas en el proceso de justicia y paz:
“Acumulación de procesos y penas. Para los
efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen
en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley.
En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con
anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al
margen de la ley.
Cuando el desmovilizado haya
sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de
penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la
prevista en la presente ley” (subrayado fuera de texto).
De esta manera, en virtud de la Ley de
Justicia y Paz, los delitos cometidos con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al
grupo armado organizado al margen de la ley tendrían que ser sancionados en el
marco del proceso de justicia y paz, bien sea mediante la acumulación de
procesos o de la acumulación de penas a tal punto que se señala que en ningún
caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley,
pues se pensaba que la misma pudiera concentrar el reproche penal por todas las
conductas “cometidas durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo
armado organizado al margen de la ley”.
El artículo 20 de la Ley 1592 simplemente
permite la suspensión
condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria cuando
las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y
con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley,
es decir, eventos en los cuales la propia Ley de Justicia y Paz antes de la reforma permitía la
acumulación de la pena. De igual forma, esta medida permite que se suspenda una pena que
se acumula en el proceso de Justicia y Paz. En este sentido, el resultado
frente al monto de la pena es el mismo, pues en todo caso la pena impuesta por
hechos cometidos
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley se podría subsumir en la pena alternativa contemplada en el artículo 20
de la Ley 975 de 2005.
El legislador tiene una libertad de
configuración de las formas de ejecución de la pena y particularmente para el
reconocimiento y regulación de los subrogados penales como la suspensión
condicional siempre y cuando no lesione normas constitucionales, situación que
no se presenta en este caso por los siguientes motivos:
(i)    En primer lugar, la suspensión
condicional de la ejecución de la pena en el proceso de justicia y paz permite
garantizar las finalidades de resocialización y reintegración propias de un
proceso de justicia transicional. En este sentido, esta Corporación ha
manifestado sobre la prevención especial positiva en un proceso de justicia
transicional que “esta finalidad se realiza mediante una resocialización que
se logra con la reintegración seria de los actores armados, la cual solamente
se podrá consolidar si se garantiza la participación de los actores en la sociedad”[386].
Para el caso específico del artículo 18 B la suspensión condicional de la
ejecución de la pena tiene precisamente por objeto garantizar la
resocialización y la reintegración.
(ii) En segundo lugar, la suspensión de la
ejecución de la pena contemplada en el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012 es
una medida plenamente coherente con el sistema de duración de la pena
alternativa de la Ley de
Justicia y Paz aprobada
por la Corte Constitucional en la Sentencia C 370 de 2006, pues exige que el
postulado haya estado privado de la libertad al menos 8 años por delitos cometidos durante y
con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley,
es decir, el término máximo de duración de la pena alternativa incluso en el
caso de acumulación de penas.
Como ya se explicó previamente,
el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012 establece que cuando el desmovilizado
haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se
aplicará la acumulación jurídica de penas y que en ningún caso, la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley, por lo
cual la suspensión de la ejecución de la pena contemplada en el artículo 18 B
simplemente se convierte en un mecanismo temporal aplicable mientras se decide
la acumulación de penas y si esta no se decide se revocará inmediatamente, tal
como dispone esta norma:
“En el evento de que no se
acumulen en la sentencia de Justicia y Paz las penas impuestas en procesos de
justicia ordinaria, o que habiéndose acumulado, la sala de conocimiento de
Justicia y Paz no haya otorgado la pena alternativa, se revocará la suspensión
condicional de la ejecución de la pena que en virtud del presente artículo se
haya decretado. Para estos efectos, se suspenderá el término de prescripción de
la pena en la justicia ordinaria, hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de
Justicia y Paz”.
(iii)     En tercer lugar, la norma
cumple con el principio de prevención, pues contempla un amplio sistema de
vigilancia sobre los postulados que accedan a la suspensión condicional de la
ejecución de la pena. En este sentido, la medida podrá revocarse en una serie
de eventos que garantizan plenamente la colaboración del desmovilizado con los
derechos de las víctimas y la no repetición de conductas punibles:
“1. Que el postulado deje de
participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se
compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;
2. Que
el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial
competente;
3. Que
el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno
nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del
artículo 66 de la presente ley”[387].
Precisa la Corte que la comisión
de un delito no sólo implica la pérdida del beneficio de la sustitución
condicional de la pena, sino la también la exclusión inmediata del postulado,
de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
En este orden de ideas, la Corte declarará
exequibles el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
8.2.4. Cuarto cargo: la extradición de los
postulados de Justicia y Paz (expresiones demandadas del artículo 31 de la Ley
1592 de 2012) vulnera los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Los accionantes señalan que las expresiones
“De los postulados
extraditados”, “por
efecto de extradición concedida”, “los postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” contemplados
en el artículo 31 de la
Ley 1592 de 2012, permiten la extradición de postulados de justicia y paz, lo
cual se ha convertido en un instrumento que genera impunidad y que vulnera los
derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad, pues se ha impedido que
los jefes paramilitares extraditados sigan revelando a los máximos responsables
del paramilitarismo en Colombia y permite que los bienes que deberían
destinarse a la reparación sean puestos a disposición del gobierno
Estadounidense para acceder a beneficios y rebajas de penas.
Para analizar este cargo se estudiará la
naturaleza y el alcance de la extradición en Colombia y posteriormente se
determinará si son constitucionales las reglas especiales contempladas en el
artículo 31 de la Ley 1592 de 2012 frente a los postulados extraditados.
8.2.4.1. Naturaleza  jurídica de
la extradición en Colombia
La extradición es un instrumento de colaboración internacional en
materia penal que mediante trámite, en principio, breve y sumario, que no
implica juzgamiento y tampoco puede dar lugar a un prejuzgamiento permite que
la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el
cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requirente,
cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de
aquél en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por
el mismo[388].
En este sentido, fue concebida por el constituyente como un
mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la
impunidad[389]. Al respecto ha señalado la Corte:
“Se
trata, entonces, de un mecanismo de cooperación internacional destinado a
evitar que al amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que
han transgredido la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su
fuga, teniendo en cuenta la imposibilidad del Estado ofendido para
aprehenderlos dentro del territorio de otro Estado. La extradición es un
instrumento de asistencia y solidaridad internacional, generalmente regido por
tratados públicos y, en ausencia de éstos, por el derecho interno.”[390]
El fundamento de esta figura ha sido la cooperación internacional
con el fin de  impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior
burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el
que se cometió el delito. En efecto, una de las causas que ha dado origen al nacimiento
de esta figura de cooperación internacional, ha sido el interés de los Estados
en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o
parcialmente, no queden en la impunidad[391]. En este sentido se ha señalado:
“La
extradición está sometida a un procedimiento especial que concluye con la
expedición de un acto administrativo de carácter complejo, pues para su
preparación y ejecución concurren varios órganos del Estado pertenecientes tanto
a la Rama Ejecutiva como a la Rama Judicial del poder público”[392].
La extradición tiene a su vez las siguientes características: (i)
el instrumento internacional consagra el principio aut dedere aut iudicare,
es decir, “sancionar o extraditar”[393],  clásico en materia de cooperación
internacional en asuntos penales[394]; (ii) para la extradición es
necesario que se cumpla el principio de doble incriminación[395]; (iii)
la extradición se rige por el principio de especialidad, según el cual la
persona extraditada sólo podrá ser procesada por los motivos alegados en la
solicitud[396]; (iv) la extradición es una
figura basada en el principio de reciprocidad[397]; (v)
un Estado puede negarse a extraditar a sus propios nacionales.[398]
En este sentido, se ha afirmado que la cooperación internacional
que se establece a través de la extradición respeta claramente la soberanía
nacional (Art. 9 C.P.) en la medida en que es con consentimiento libre del
Estado que ésta se solicita, concede u ofrece[399][400][401].
Adicionalmente, la misma contempla una serie de límites que salvaguardan las
garantías constitucionales: “el respeto a los derechos de toda persona, como
el derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29), así
como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la
relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo 11) o al sometimiento a
tortura (artículo 12).”[402].
8.2.4.2. Conformidad de la
disposición acusada con la Constitución
El
inciso 2º del artículo 31 de la Ley 1592 de 2012 contempla que el Estado colombiano promoverá la adopción
de medidas conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales
de los postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de
extradición concedida:
“De los postulados extraditados. Para contribuir a la efectividad del
derecho a la justicia, el Estado colombiano promoverá la adopción de medidas
conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales de los
postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de
extradición concedida. Para ello, el Estado debe procurar la adopción de
medidas conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración
de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas
cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno”.
El inciso 3º señala que “en particular, se deben
adoptar medidas para que los postulados extraditados revelen los motivos y las
circunstancias en que se cometieron las conductas investigadas y, en caso de
fallecimiento o desaparición, la suerte que corrió la víctima”.
Por su parte, el inciso 5º establece que para
contribuir al derecho a la reparación integral se deben adoptar medidas
tendientes a facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por
los postulados extraditados sean incautados con destino al Fondo para la
Reparación de las Víctimas:
“Para contribuir a la efectividad del
derecho a la reparación integral, se deben adoptar medidas tendientes a
facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados
extraditados sean incautados con destino al Fondo para la Reparación de las
Víctimas de que trata la presente ley, o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda. Para el
cumplimiento de esta medida, en el marco de los diferentes acuerdos de
cooperación judicial internacional, la Fiscalía General de la Nación realizará
las labores de investigación necesarias para la identificación y alistamiento
de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 17B de la
presente ley, así como para la identificación y persecución de bienes ubicados
en el exterior”.
La Corte ha considerado que “la extradición de personas
sindicadas de haber cometido el delito, siempre y cuando se realice de
conformidad con nuestra Carta Política, es un mecanismo proporcionado de
cooperación internacional para la erradicación de este crimen internacional”[403].
El acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto
previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre
la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales
de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo
lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera
que no se ejerce función judicial[404]. Por lo anterior, la extradición
constituye simplemente un acto de cooperación internacional y en nada afecta la
responsabilidad de procesar aquellos delitos por los cuales el individuo no fue
juzgado en el extranjero.
El 13 de mayo de 2008, bajo la vigencia de
la Ley de Justicia y Paz y antes de la existencia de la norma demandada, fueron
extraditados los siguientes paramilitares que se encontraban desmovilizados:
Rodrigo Tovar Pupo[405]
alias “Jorge 40”; Eduardo Enrique Vengoechea[406]
alias “El flaco”; Diego Fernando Murillo[407]
alias “Don Berna”; Ramiro Vanoy[408]
alias “Cuco Vanoy”; Hernán Giraldo[409];
Guillermo Pérez Alzate[410]
alias “Pablo Sevillano”; Manuel Enrique Torregrosa Castro Alias Chan; Francisco
Javier Zuluaga Lindo alias “Gordo lindo”[411];
Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”[412].
En este sentido, lejos de permitir que con la extradición se
afecten los derechos de las víctimas, la norma asegura que en este trámite ya
existente previamente se garanticen los derechos a la verdad y a la reparación:
·
En relación
con la verdad, la norma exige la adopción de medidas para facilitar la participación en
los procesos judiciales de los postulados que se encuentren en jurisdicción
extranjera por efecto de extradición concedida:
“De los postulados extraditados. Para contribuir a la efectividad del
derecho a la justicia, el Estado colombiano promoverá la adopción de medidas
conducentes a facilitar la participación en los procesos judiciales de los
postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de
extradición concedida. Para ello, el Estado debe procurar la adopción de
medidas conducentes a la colaboración de estos postulados con la administración
de justicia, a través de testimonios dirigidos a esclarecer hechos y conductas
cometidas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno.
En particular, se deben adoptar medidas
para que los postulados extraditados revelen los motivos y las circunstancias
en que se cometieron las conductas investigadas y, en caso de fallecimiento o
desaparición, la suerte que corrió la víctima.
Entre estas medidas se podrán promover la
transmisión de las diligencias que se realicen con los postulados, garantizar
medidas de protección para las familias de estos, así como todas aquellas que
conduzcan a una materialización efectiva de los derechos de las víctimas”.
·
En lo
atinente a la reparación, la norma exige la adopción de medidas tendientes a facilitar que los
bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados extraditados sean
incautados con destino al Fondo para la Reparación de las Víctimas de que trata
la presente ley, o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas:
“Para contribuir a
la efectividad del derecho a la reparación integral, se deben adoptar medidas
tendientes a facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por
los postulados extraditados sean incautados con destino al Fondo para la
Reparación de las Víctimas de que trata la presente ley, o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según
corresponda. Para el cumplimiento de esta medida, en el marco de los diferentes
acuerdos de cooperación judicial internacional, la Fiscalía General de la
Nación realizará las labores de investigación necesarias para la identificación
y alistamiento de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo
17B de la presente ley, así como para la identificación y persecución de bienes
ubicados en el exterior”.
Por lo anterior, es claro que el artículo 31 de la Ley 1592 de 2012
no es un mecanismo para que con la extradición de los postulados se afecten los
derechos de las víctimas, sino por el contrario, para que respecto de los
postulados extraditados se adopten medidas específicas para garantizar los
derechos a la verdad y a la reparación.
En virtud de lo anterior, se declarará la exequibilidad de las
expresiones demandadas del artículo 31 de la Ley 1592 de 2012 por los cargos
señalados por el demandante.
8.3. RESOLUCIÓN DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
DE ALGUNAS NORMAS DE LA LEY 1592 DE 2012 PLANTEADOS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS
Respecto a la vulneración, por parte de ciertas
disposiciones contenidas en la Ley 1592 de 2012, de los derechos de las
víctimas, los demandantes plantearon inicialmente diez (10) cargos de
inconstitucionalidad.
Después de haber realizado el análisis del
cumplimiento de los requisitos para configurar un cargo de
inconstitucionalidad, la Corte arribó a la siguiente conclusión: (i) en
relación con los segmentos normativos de los artículos 3 y 10 de la Ley 1592 de
2012, el cargo planteado no cumplía con el requisito de certeza, razón que
impedía adelantar un examen de fondo; (ii) respecto a la expresión “la
definición de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012, el cargo carecía de certeza,
suficiencia, pertinencia y claridad; (iii) frente al segmento del artículo 14
de la Ley 1592 de 2012 (remisión de la versión rendida por el postulado a la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz), el cargo no resultaba
ser cierto y como consecuencia esta Corporación se abstendría de adelantar el
examen de fondo; (iv) respecto a las limitaciones a la funciones de la Defensoría
del Pueblo alegadas como consignadas en el parágrafo 1º del artículo 23 de la
Ley 1592 de 2012, advirtió que operaba el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional; (v) frente a la expresión “y hasta el término de la condena
ordinaria allí establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, el
cargo formulado no era cierto, razón que impedía adelantar el examen de fondo;
(vi) respecto al cambio del incidente de reparación integral por el incidente
de identificación de afectaciones incorporado por los artículos 23, 24, 40 y 41
de la Ley 1592 de 2012, se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada material;
y (vii) en relación con el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, con las
declaración de inexequibilidad del artículo 41 de la Ley 1592 de 2012 en la
Sentencia C-286 de 2014, el cargo perdió fundamento y en ese sentido carecía de
certeza.
Por lo anterior, la Corte pasará a examinar de fondo
la procedencia de los cuatro (4) cargos de inconstitucionalidad que estimó la
Corte se configuraron en contra de algunas disposiciones de la Ley 1592 de
2012.
8.3.1. Primer cargo. La
remisión en los procesos de justicia y paz a las reglas de la Ley 1448 de 2011,
vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición.  (Expresiones demandadas de los
artículos 4, 8, 11, 16, 23, 24, 27, 32, 33, 38 y 39 de la ley 1592 de 2012).
Los accionantes consideran que los apartes
demandados de los artículos 4,
8, 11, 16, 23, 24, 27, 32, 33, 38 y 39 de la Ley 1592 de 2012, son contrarios a la
obligación constitucional del Estado colombiano de garantizar los derechos de
las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia, a la reparación
integral, y a las garantías de no repetición, pues las remiten de los procesos
de Ley 975 de 2005 a los procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011. Consideran
que dicha remisión, limita la garantía de sus derechos, lo cual contradice el
preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 93 y 229 de la Constitución Política, los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 2 y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[413].
Los demandantes plantean los siguientes reparos frente
a la remisión realizada a la Ley 1448 de 2011: (i) la transformación de
la responsabilidad judicial en administrativa; (ii) la restricción del
derecho a la administración de justicia al evitar el acceso de las víctimas a
la justicia ordinaria, especial o contencioso administrativa; (iii) la remisión
realizada por el artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 al concepto de víctima de
la Ley 1448 de 2011 y; (iv) la imposición de una carga adicional
que afecta los derechos de las víctimas en asuntos de restitución de tierras,
pues tienen que soportar un proceso judicial distinto (con otros jueces y otros
requisitos), cuando debería ser el mismo proceso de Justicia y Paz el que debiera
garantizarles sus derechos.
En el examen de admisibilidad de los Cargos, la Corte
también encontró que existían fundamentos para entrar a estudiar, de fondo, la
constitucionalidad de las normas que establecen la remisión de la Ley 1592 de
2012 a los procedimientos y reglas de la Ley 1448 de 2011 en relación con la
restitución de tierras. Es decir, los artículos 8, 11, 16, 27, 30, 32, 38 y 39 de la Ley 1592 de 2012.
El estudio de esos elementos del cargo, comenzará con el anállisis de los
artículos 30 y 38, toda vez que ellos realizan una remisión general al
procedimiento de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, mientras que
los demás contemplan remisiones específicas.
8.3.1.1. La remisión de la Ley 1592 de 2012
al proceso de restitución de tierras contemplado en la Ley 1448 de 2011
A.
Análisis de la
remisión general al proceso de restitución de tierras contemplada en los artículos
30 y 38 de la Ley 1592 de 2012
El artículo 30 es la base de la remisión, pues
establece que “la
restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados
se llevará a cabo mediante el proceso establecido en la Ley 1448 de 2011 y las
normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen” y luego agrega que “con el objeto de integrar las
medidas de justicia transicional, no habrá restitución directa en el desarrollo
de los procesos judiciales de que trata la presente ley”.
Por su parte, el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012
establece que la restitución de tierras deberá regirse por las reglas de la Ley
1448 de 2011, salvo que existan medidas cautelares sobre los bienes: “Trámite
excepcional de restitución de tierras en el marco de la Ley 975 de 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley,
existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u
ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de
2005, la autoridad judicial competente continuará el trámite en el marco de
dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley
1448 de 2011”[414].
La razón inicial para la inclusión de normas que
remitieran la restitución de bienes a los procedimientos de la Ley 1448 de 2011
fue la dificultad que presentaba la inexistencia de normas al interior del
proceso penal de justicia y paz que regularan la restitución de tierras, tal
como se manifestó en la exposición de motivos del proyecto:
“Los problemas más apremiantes tienen que
ver: (…) iii) con la falta de regulación de la persecución y el
aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las víctimas así como
de la restitución de bienes cuando estos les han sido despojados a aquellas”.
“Por otra parte, la ausencia de una
regulación específica en la Ley 975 de 2005, sobre el procedimiento que debe
seguirse para la persecución y el aseguramiento de los bienes que
permitirán la reparación de los derechos de las víctimas, explica la necesidad
de incluir en el texto de la ley disposiciones que regulen la imposición de
gravámenes a los bienes identificados por la Fiscalía u ofrecidos por los
postulados; definir expresamente los bienes que son objeto de persecución en el
marco del proceso de justicia paz; y regular lo relacionado con la cancelación
de títulos obtenidos en forma fraudulenta y con la restitución a las
víctimas de los bienes de los que han sido despojadas. (…)
“La práctica también ha evidenciado la
necesidad de regular en la Ley 975 de 2005 el trámite que debe surtirse ante el
magistrado de control de garantías para solicitar el aseguramiento de los
bienes, la restitución de los bienes despojados a las víctimas o la cancelación de títulos y registros
fraudulentos, en los eventos en que ello proceda (artículos 8° y 9° del
proyecto de ley)”. (Negrilla fuera de texto original)[415].
Esta misma argumentación es contemplada en las
ponencias para Primer[416]
y Segundo Debate[417]
en la Cámara de Representantes y también en las ponencias para Primer[418]
y Segundo Debate en el Senado de la República y fue señalada además de manera
expresa en su intervención ante la Plenaria de la Cámara de Representantes por
la Fiscal Viviane Morales Hoyos[419].
Ante esta situación problemática que generó la falta
de regulación, la alternativa adoptada fue la aplicación del régimen de restitución
de bienes contemplado en la Ley 1448 de 2011, tramitado con un procedimiento y
por unas autoridades especializadas: “El artículo 18, adiciona
un nuevo artículo 18B a la Ley 975 de 2005, sobre Régimen de transición
para la restitución de bienes. Todas las disposiciones reformatorias pretenden
incluir a la Ley 975 dentro del gran sistema de justicia transicional, de
manera que sea totalmente coherente con los demás mecanismos dispuestos en
otras leyes. De tal manera, existiendo en la Ley 1448 de 2011 un procedimiento
especial con unas autoridades especialmente instituidas para llevar a cabo la
restitución de tierras despojadas, se dispone que los trámites de restitución
se surtirán conforme a este último procedimiento, con excepción de aquellos
bienes afectos a restitución que tengan medida cautelar a la entrada en
vigencia de esta nueva ley. Sólo de manera excepcional podrá la Fiscalía de
consuno con la Unidad de Tierras tramitar los asuntos de restitución conforme a
los procedimientos de la Ley 975 de 2005 teniendo en cuenta la voluntad de las
víctimas y la uniformidad en cuanto a la vecindad, ubicación o colindancia de
los predios, patrón de despojo y zona geográfica”.
Los demandantes señalan que con estas normas se está
sometiendo a las víctimas a un nuevo proceso luego del procedimiento de
justicia y paz, lo cual vulneraría sus derechos y dilataría la solución de la
controversia, posición que no se comparte por los siguientes motivos:
(i)
En primer lugar, si
bien en virtud de las normas demandadas el proceso de restitución de tierras se
debe llevar a cabo fuera del proceso penal, ello no quiere decir que se deba
realizar con posterioridad al proceso de justicia y paz, pues son absolutamente
independientes y por ello incluso podría iniciarse primero el de restitución de
tierras.
(ii)
En segundo lugar,
las particularidades del proceso penal transicional, dentro del cual es necesario
establecer la responsabilidad penal de todos los responsables por violaciones
masivas de derechos humanos, hacen que el mismo pueda tener una duración mayor
que la del proceso de restitución de tierras.
(iii)      En tercer lugar, la restitución de inmuebles
ha sido tramitada tradicionalmente a través de un proceso civil, por lo cual la
norma simplemente responde a la naturaleza de estos procedimientos.
(iv)      En cuarto lugar, los procedimientos de
restitución de inmuebles tienen una serie de circunstancias ajenas al proceso
penal que pueden hacer conveniente tramitarlos fuera de ese proceso: debe
determinarse la titularidad actual del inmueble y se pueden dar oposiciones de
terceros de buena fe que no tienen ninguna relación con el despojo, cuya
intervención es necesaria para no afectar sus derechos pero que en el proceso
penal puede prolongar indefinidamente una decisión de fondo a través de una
sentencia.
(v)
El procedimiento de
restitución de tierras contemplado en la Ley 1592 de 2012 no es un proceso
ordinario, sino un trámite especial revestido de múltiples herramientas para
garantizar su eficacia: tiene un registro especial de tierras despojadas y
abandonadas forzadamente[420];
contiene un sistema especial de presunciones de despojo que no se aplican en la
jurisdicción ordinaria[421];
contempla la inversión de la carga de la prueba a favor del desplazado; goza de
jueces especializados con herramientas especiales para el procedimiento[422]
y; tiene términos reducidos. Atendiendo a lo anterior, cabe recordar lo
afirmado por esta Corporación en la Sentencia C-820 de 2012, en la cual se
analizó la importancia de garantizar un proceso especial dedicado a cumplir con
una reparación integral de las víctimas de despojo forzoso:
“4.5.3.2. La naturaleza
especial de este procedimiento constituye una forma de reparación, en tanto a
través de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no
equivalentes a los propios del régimen del derecho común, se fijan las reglas
para la restitución de bienes a las víctimas definidas en el artículo 3 de la
ley 1448 de 2011. Esa especialidad, que explica su condición de medio de
reparación, se apoya no solo en las características del proceso definido para
tramitar las pretensiones de restitución a la que se hizo referencia
anteriormente sino también en las reglas sustantivas dirigidas a proteger
especialmente al despojado. En relación con esta última dimensión,
inescindiblemente vinculada con la procesal, cabe destacar, por ejemplo, el
régimen de presunciones sobre la ausencia de consentimiento o causa ilícita,
las reglas de inversión de la carga de la prueba, la preferencia de los
intereses de las víctimas sobre otro tipo de sujetos, la protección de la
propiedad a través del establecimiento de restricciones a las operaciones que
pueden realizarse después de la restitución y el régimen de protección a
terceros de buena fe -de manera tal que los restituidos no se encuentren
obligados a asumir el pago de valor alguno por las mejoras realizadas en el
predio, debiendo éste ser asumido por el Estado-.
4.5.3.3. Las
características especiales de la acción regulada en la ley 1448 de 2011 y su
integración con el concepto de reparación integral en el derecho internacional
y en el ordenamiento colombiano hace posible afirmar, en consecuencia, que
constituye una expresión del derecho fundamental de las víctimas a ser
reparadas”.
(vi)      Cabe resaltar que en el procedimiento
especial de restitución de tierras, a 31 de marzo de 2015 se habían recibido 75.122
solicitudes de inscripción al “Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzadamente” (RTDAF) que corresponden a 60.754 predios. Del mismo modo,  se
hace relevante señalar que de las 8.304 solicitudes inscritas al RTDAF, se
encuentran con demanda 6.513, y de estas demandas “2.232 solicitudes ya
cuentan con sentencia de los jueces de restitución de tierras que corresponden
a 1.866 predios, 3.127 núcleos familiares beneficiados y 94.299 hectáreas. De
estas el 21% se ha dado en Córdoba, otro 14% en Tolima y 11% en Nariño y Valle
del Cauca.”[423].
De ese modo, el procedimiento de restitución de
tierras fue creado con el objetivo concreto de solventar de la forma más
adecuada y expedita las reclamaciones de las víctimas despojadas de sus lugares
de residencia. Obedece a un procedimiento diferenciado que implica per se
una forma de reparación. En este sentido, si todos los procedimientos de
restitución se canalizan en el proceso penal se perdería el esfuerzo realizado
para la creación de una jurisdicción especial de tierras y las víctimas
tendrían que esperar mucho más tiempo para la solución de un problema inmediato
como es la devolución de sus inmuebles, mientras se resuelven otros aspectos
como la determinación de la responsabilidad penal de los imputados.
En relación con las decisiones C – 180 de 2014 y C –
286 del mismo año, si bien las mismas exigen que la reparación sea judicial y
no administrativa, en ningún momento impiden que otro juez transicional (no
penal sino civil) pueda tomar decisiones sobre la restitución de tierras, lo
cual no desconoce los derechos de las víctimas y puede dar una solución más
eficiente a los problemas de restitución de tierras.
En vista de lo anterior, se declararán exequibles las
expresiones demandadas de los artículos 30 y 38 de la Ley 1592 de 2012.
B.
La entrega de
los bienes a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras
Despojadas (artículo 8º
de la Ley 1592 de 2012)
El artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 señala que los
bienes entregados por los postulados para contribuir a la reparación de las
víctimas “serán
puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los
procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente
a estos programas”.
La finalidad de esta norma era canalizar todos los
bienes de los desmovilizados en el sistema de reparaciones de la Ley 1448 de
2011, teniendo en cuenta que la reforma incorporada por la Ley 1592 de 2012
permitía que la indemnización de las víctimas de los procesos de justicia y paz
también se realizara a través de un mecanismo administrativo con posterioridad
a la sentencia. Sin embargo, esta situación ha sido modificada claramente con
ocasión de las Sentencias C - 180 y C – 286 de 2014, las cuales revivieron el
sistema original de reparaciones contemplado en la Ley 975 de 2005.
En virtud de esta situación, permitir que los bienes
de los desmovilizados se trasladen a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuando la reparación de las
víctimas de los procesos de justicia y paz ya no es administrativa sino
judicial, dejaría a las víctimas en los procesos de justicia y paz sin
recursos, lo cual afectaría gravemente su derecho a la reparación.
Por lo anterior, la Corte Constitucional en la
Sentencia C – 286 de 2014 declaró la inexequibilidad del parágrafo 5º del
artículo 33 de la Ley 1592 de 2012 en virtud del cual: “Los recursos del
Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los
postulados en el marco del proceso penal especial de que trata la presente ley
como aquellos que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo,
serán destinados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas de reparación
administrativa que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448 de 2011. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo
17B y en el artículo 46 de la presente ley”.
Sin embargo, en esa sentencia no se señaló
nada en relación con el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 que establece una
disposición similar en virtud de la cual los bienes de los desmovilizados
pasarían a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas para los programas señalados en la
Ley 1448 de 2011.
Por lo anterior, es claro que esta
expresión debe ser declarada inexequible con el objeto de evitar que se afecten
los derechos de las víctimas de los procesos de justicia y paz, pues en caso
contrario los bienes destinados a su reparación pasarían directamente a los
programas contemplados en la Ley 1448 de 2011 y no a la reparación judicial
realizada en virtud de la Ley 975 de 2005.
C.
La colaboración
en el intercambio de información (expresión demandada del artículo 11 de la Ley
1592 de 2012)
El artículo 11 de la Ley señala que “Cuando de los elementos materiales
probatorios o de la información legalmente obtenida, la Fiscalía General de la
Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de
tierras, la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los
procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448
de 2011” (se subraya lo demandado).
La expresión demandada simplemente permite una
colaboración armónica y eficaz entre las autoridades que participan en el
proceso de justicia y paz y las encargadas de la restitución de los predios
despojados o abandonados, lo cual desarrolla los principios de la función
pública y no vulnera los derechos de las víctimas.
D.
Los procedimientos especiales en relación
con las medidas cautelares sobre los bienes de los desmovilizados (parágrafos
2º y 3º del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012)
Los parágrafos 2º y 3º del artículo 16 de la 1592 de
2012 se presentan en el marco del proceso del proceso de extinción del dominio
de los bienes de los desmovilizados, contemplado desde la versión original del
artículo 24 de la Ley 975 de 2005, según el cual “de acuerdo con
los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán
la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena
alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por
el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y
económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se
destinarán a la reparación”. (Negrilla fuera del texto original).
La novedad principal de la Ley 1592 de 2012 en este
aspecto fue establecer de manera expresa un procedimiento para la imposición de
medidas cautelares inmediatas sobre los bienes de los desmovilizados, con el
objeto de asegurar la reparación de las víctimas, tal como se señala en la
exposición de motivos de esta Ley:
“No basta,
sin embargo, con la indicación expresa de los bienes objeto de persecución.
Además, es preciso contar con mecanismos y procedimientos claros y expeditos
que permitan de manera efectiva la imposición de medidas cautelares y
gravámenes sobre dichos bienes, a efectos de garantizar la reparación de las
víctimas, de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales y los fines propios
de la Ley de Justicia y Paz (artículo 8° del proyecto de ley)
La práctica también ha
evidenciado la necesidad de regular en la Ley 975 de 2005 el trámite que debe
surtirse ante el magistrado de control de garantías para solicitar el
aseguramiento de los bienes, la restitución de los bienes despojados a las
víctimas o la cancelación de títulos y registros fraudulentos, en los eventos
en que ello proceda (artículos 8° y 9° del proyecto de ley).”.
El objetivo de la reforma en este aspecto fue asegurar
los derechos de las víctimas a través de la imposición de medidas cautelares.
Sin embargo, para evitar que éstas medidas generen obstáculos frente al proceso
de restitución de tierras se contemplaron dos (2) disposiciones especiales:
El parágrafo 2º del artículo 16 autoriza que cuando se solicite la restitución de bienes
respecto de los cuales se haya decretado una medida cautelar, tales bienes y la
solicitud de restitución, serán transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas sin que se requiera el
levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura:
“Parágrafo 2°. Cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes
respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución,
tales bienes y la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
para efectos de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la
Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el
levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura”.
Por lo anterior, si en dicho procedimiento de
extinción del dominio se decretan medidas cautelares éstas no tendrán que ser
levantadas para que los bienes se transfieran al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, lo
cual agiliza el procedimiento, evitando llevar a cabo de manera independiente
el trámite del levantamiento de la medida.
Esta norma no afecta los derechos de las víctimas,
sino que por el contrario permite salvaguardarlos en dos (2) fases: (i) permite
que inmediatamente se identifique que un bien es de un desmovilizado se dicten
medidas cautelares sobre el mismo, con el objeto de evitar su enajenación
fraudulenta, pues el mismo debe ser destinado a reparar a las víctimas, (ii)
facilita que si el bien ha sido solicitado en un proceso de restitución  sea
transferido inmediatamente al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que inicie sobre el mismo el
proceso de restitución. A través de estos mecanismos se impide que se disponga
fraudulentamente del bien y se garantiza que el mismo sea restituido a las
víctimas.
El parágrafo 3º del artículo 16 señala que si los
bienes solicitados ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados
tuvieren solicitud de restitución ante la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se podrá
solicitar la imposición de una medida cautelar sobre los mismos y una vez
decretada se ordenará su traslado al Fondo de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en virtud de las reglas
señaladas en la Ley 1448 de 2011:
Parágrafo 3°. Si los bienes entregados, ofrecidos o
denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía General de la
Nación en los términos del presente artículo, tuvieren solicitud de restitución
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–,
el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y una vez
decretada ordenará el traslado de la solicitud de restitución y los bienes de
manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a través de los
procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad
complementaria.
De esta manera, este parágrafo permite el traslado de los bienes al Fondo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
inmediatamente después de que se decreten medidas cautelares sobre el mismo, en
aquellos eventos en los cuales exista solicitud de restitución. Como sucede en
relación con el parágrafo 2º, esta disposición también tiene por objeto
permitir que se materialice la restitución de bienes y con ello garantizar el
derecho a la reparación de las víctimas de una forma más ágil y evitando
dilaciones injustificadas.
En consecuencia ambos parágrafos buscan garantizar a
la vez dos propósitos constitucionales: (i) que los bienes de los
desmovilizados sean objeto de medidas cautelares para salvaguardar el derecho a
la reparación de las víctimas y (ii) que dichas medidas cautelares no
sean un obstáculo para que se lleve a cabo el proceso de restitución de los
bienes a sus víctimas, por lo cual se declarará su exequibilidad.
E.
La legitimidad
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas para presentar recursos (parágrafo 4º del artículo 27 de la Ley
1592 de 2012)
El parágrafo 4º del artículo 27 señala que “la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones
relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las
Víctimas”. Esta norma
permite la presentación de recursos por la Unidad Administrativa Especial en
virtud del interés jurídico que le asiste de salvaguardar los derechos de las
víctimas, lo cual no vulnera sino que salvaguarda sus intereses y por ello es
exequible.
F.
La remisión al
marco de la Ley 1448 de 2011 relacionada con la condonación y compensación de
impuestos (expresión demanda del artículo 32 de la Ley 1592 de 2012).
El artículo 32 de la Ley 1592 de 2012 señala que
“Con el fin
de contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas a la reparación
integral, las asambleas departamentales y los concejos municipales o
distritales implementarán programas de condonación y compensación de los
impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o restitución en
el marco de la Ley 1448 de 2011”(se subraya la parte acusada). Esta norma no afecta el derecho de
las víctimas a la reparación, pues por el contrario, permite el saneamiento de
las deudas tributarias de los inmuebles sujetos a procesos de restitución o
reparación, lo cual se explica en la medida que después del despojo pudieron
existir grandes periodos de tiempo en los cuales no se pagaron impuestos.
La remisión realizada a la Ley 1448 de 2011 se
presenta teniendo en cuenta que en virtud de la Ley 1592 de 2012, la
restitución de tierras se realiza según el procedimiento contemplado en la
primera, lo cual, como ya se señaló, no se considera inconstitucional pues: (i)
permite la realización de un procedimiento propio de la restitución de tierras,
(ii) otorga competencia a un juez especializado en el tema, (iii)
contempla unos términos reducidos, (iii) consagra un sistema de
presunciones especiales para favorecer a las víctimas y (iv) puede ser
más ágil que el proceso de justicia y paz, ya que solamente define lo
relacionado con los inmuebles y no el resto de asuntos que deben decidirse en
el proceso de la Ley 975 de 2005, lo cual se encuentra demostrado, pues a la
fecha se han proferido más de mil sentencias sobre restitución de tierras.
En consecuencia la expresión demandada no afecta, sino
que por el contrario,  favorece los derechos de las víctimas, por lo cual será
declarada exequible por el cargo formulado por los demandantes.
G.
Las presunciones
de despojo y las compensaciones en especie (artículo 39 de la Ley 1592 de 2012)
El artículo 39 de la Ley 1592 de 2012 señala que se podrán aplicar las presunciones de despojo
previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 y que además será aplicable
la figura de las compensaciones en especie y reubicación en los casos en que no
sea posible restituir a la víctima el predio despojado según lo previsto en el
artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas:
“Artículo 39. Durante el trámite del incidente que se surtirá para
la restitución de bienes despojados o abandonados forzosamente, se podrán
aplicar las presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448
de 2011, aunque los predios no se encuentren inscritos en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De igual forma, será aplicable
la figura de las compensaciones en especie y reubicación en los casos en que no
sea posible restituir a la víctima el predio despojado según lo previsto en
el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”[424].
Esta norma permite que se apliquen dos (2) figuras
esenciales para que el proceso de restitución pueda ser efectivo y se adelante en
un plazo razonable:
(i)
El régimen de
presunciones de desalojo, en virtud del cual se consagran presunciones de hecho
o de derecho aplicables en los siguientes eventos: la celebración de contratos
a partir de los cuales se evidencie la existencia de constreñimiento para
realizar la disposición patrimonial; la expedición de actos administrativos
posteriores que hayan afectado a las víctimas; la imposibilidad de negar la
restitución cuando el solicitante hubiere probado la propiedad, posesión u
ocupación con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada
otorgó, transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un
tercero y; la presunción en contra de reconocer la posesión sobre el bien
objeto de restitución durante determinados periodos de tiempo.
(ii)
La figura de las
compensaciones en especie y reubicación en los casos en que no sea posible
restituir a la víctima el predio despojado con el objeto de garantizar una
solución en aquellos eventos en los cuales no es posible ordenar la
restitución.
De esta manera, la aplicación de estas dos (2)
medidas, garantiza los derechos de las víctimas y dota de mayor eficacia a los
procesos, razón por la que Sala Plena encuentra que son exequibles.
8.3.2 Segundo cargo. La no exigencia de que los bienes
ofrecidos por los postulados a la Ley de Justicia y Paz tengan vocación
reparadora así como los límites a la posibilidad que tienen las víctimas de
interponer recursos e intervenir en audiencias relacionadas con ese tema,
vulnera su derecho a la reparación (artículo 5 (parcial), parágrafo del
artículo 7, parágrafo del artículo 8 y artículo 17 (parcial)).
El requisito de que los bienes cuenten
con vocación reparadora, se justificó durante el trámite de la reforma a la Ley
de Justicia y Paz, en virtud de la necesidad de que ellos tengan capacidad de
reparar pecuniariamente a las víctimas: “El Artículo 7º, introduce un
nuevo artículo a la Ley 975 de 2005, el artículo 11 C, el cual contempla la
Vocación reparadora de los bienes entregados u ofrecidos, se estipula que los
bienes de los postulados de que trata la ley, deben tener vocación reparadora.
Es decir, que deben reparar pecuniariamente a las víctimas”[425].
Se buscaba solucionar los
diferentes problemas que se presentaron en relación con la regulación de la
terminación anticipada del proceso, la falta de recursos en el Fondo de reparación
de las víctimas, y hacer frente a desafíos identificados en la denuncia y
entrega de bienes, por parte de los postulados. En particular, el legislador tenía
por objeto solucionar un conjunto de problemas señalados por la Corte Suprema
de Justicia en Auto del 13 de diciembre de 2010, tales como: la entrega de
bienes con problemas de titulación, sin títulos de propiedad, afectados por la
extinción del dominio, sujetos a créditos o hipotecas o cuya administración sea
muy complicada[426].
En el mismo Auto, la Corte
Suprema de Justicia señaló la necesidad de establecer una estrategia eficiente
para superar estos inconvenientes y examinar la voluntad real de indemnizar por
parte del desmovilizado: “Este tipo de inconvenientes reales requiere de una
estrategia eficiente para superarlos;  no obstante, es preciso decir que la
falta de medidas administrativas, legales (referidas a la titulación y estado
financiero de las propiedades revertidas para garantizar la indemnización en el
proceso de justicia transicional), no es óbice para examinar la voluntad
real de indemnizar por parte del desmovilizado” [427].
Los accionantes consideran que las
expresiones demandadas de los artículos 5, 7, 8 y 17 de la Ley 1592 de 2012 no
exigen que los postulados denuncien, ofrezcan y entreguen obligatoriamente
bienes con vocación reparadora, lo cual afectaría el derecho a la reparación de
las víctimas y los deberes de los postulados. A continuación se analizarán cada
una de las normas demandadas bajo este cargo:
8.3.2.1 La terminación del proceso de
justicia y paz cuando
se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo
El numeral 3º del artículo 5 de la Ley 1592 de 2012 consagra como causal para la terminación del Proceso de Justicia y Paz y la
exclusión de la lista de postulados: “Cuando se
verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes
adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante
y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta
persona”. En relación con
esta norma los demandantes señalan que es inconstitucional que no se excluya a
los desmovilizados que denuncien, ofrezcan o entreguen bienes denunciados que
no tengan una vocación reparadora.
Si bien la expresión demandada no contempla
la exclusión del desmovilizado que fraudulentamente haya denunciado, ofrecido o
entregado bienes sin vocación reparadora, o de aquel que realice maniobras para
ocultar los que sí la tengan, una interpretación sistemática permite concluir
que éste sí debe ser excluido en virtud de otras causales de terminación del
Proceso de Justicia y Paz contempladas en el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012:
(i)
En primer lugar,
cualquier desmovilizado que realice maniobras fraudulentas para ocultar sus
bienes, deberá ser excluido inmediatamente del proceso de justicia y paz, pues
estará cometiendo el delito de fraude procesal contra el Estado y las víctimas.
En este sentido, el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1592 señala que se es
una causal de terminación del proceso de justicia y paz: “Cuando el
postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a
su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la
libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión”.
(ii)
En segundo lugar,
cualquier desmovilizado que transfiera bienes de procedencia ilegal a terceros,
también deberá ser excluido inmediatamente de justicia y paz, pues estará
cometiendo delitos como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y el
testaferrato, por lo cual se le debe aplicar igualmente la causal de
terminación del proceso contemplada en el numeral 5º del artículo 5º de la ley
1592.
(iii)      En tercer lugar, también tendrá que ser
excluido del proceso de justicia y paz cualquier desmovilizado que no haya
entregado todos sus bienes o los del grupo armado de procedencia ilícita, pues
el numeral 2º del artículo 5º señala que también es causal de exclusión “Cuando
se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de
elegibilidad establecidos en la presente ley”, dentro de los cuales los numerales
10.2 y 11.5 de la Ley 975 de 2005 exigen “que se entreguen los
bienes producto de la actividad ilegal”. Este deber fue analizados en
la Sentencia C – 370 de 2006, en la cual, se declaró exequible que para ese
momento se tuvieran que entregar solamente los bienes producto de la actividad
ilegal:
“6.2.4.1.17.
Ahora bien, se pregunta la Corte si existiendo el deber personal del
responsable de reparar a la víctima con su propio patrimonio, resulta necesario
que se establezca como condición de elegibilidad para poder acceder a los
procesos judiciales que pueden culminar con los beneficios de que trata la Ley
demandada, que las personas entreguen los bienes lícitos que integran su
patrimonio.
6.2.4.1.18.
Los requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente
demandados, son requisitos “para acceder a los beneficios que establece la
presente ley”, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas
circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte
de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título
para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le
pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino
una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien –
o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no
exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes
producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser
entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la
Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto
para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por
estas razones la Corte no encuentra inexequibles las expresiones “producto de
la actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y “producto de
la actividad ilegal” del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se
declarará en la parte resolutiva de esta providencia”.
De esta manera, no es
necesario declarar la exequibilidad condicionada de la norma señalando que
también se excluirá a los postulados que entreguen fraudulentamente bienes que
no tengan vocación reparatoria, pues el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012
contempla esta situación dentro de otras causales de terminación del proceso de
justicia y paz.
8.3.2.2 La solicitud de la audiencia de
terminación del proceso de justicia y paz y la exclusión de la lista de
postulados
Según los demandantes, las expresiones demandadas del
inciso segundo del numeral sexto del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012 ponen
exclusivamente en cabeza del Fiscal del caso, la posibilidad de solicitar la
audiencia de terminación del Proceso de Justicia y Paz y la exclusión de la
lista de postulados:
“La solicitud de audiencia de
terminación procede en cualquier etapa del proceso y debe ser presentada por
el fiscal del caso. En una misma audiencia podrá decidirse sobre la
terminación del proceso de varios postulados, según lo considere pertinente
el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud.
Una vez en firme la decisión de terminación
del proceso penal especial de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará
compulsar copias de lo actuado a la autoridad judicial competente para que esta
adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al
momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte las
decisiones a que haya lugar” (expresiones demandadas subrayadas).
En virtud de la anterior norma, se está excluyendo a
la víctima de una facultad tan importante como es la posibilidad de solicitar la audiencia de
terminación del proceso de justicia y paz y la exclusión de la lista de
postulados, lo cual afecta sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, pues las aparta de un recurso que puede ser efectivo para verificar
el cumplimiento de los deberes de los postulados en relación con las víctimas y
con la sociedad.
Por lo anterior, se declarará la exequibilidad condicionada de las
expresiones “y debe ser presentada por el fiscal del caso” y “según lo considere pertinente el fiscal del
caso y así lo manifieste en su solicitud” contempladas en el artículo 5º de la Ley 1592 de
2012, en el entendido que las víctimas también podrán solicitar la audiencia de
terminación del proceso de justicia y paz.
8.3.2.3 La preclusión de la investigación
como consecuencia de la extinción de la acción penal
El parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 1592 señala
que en caso de muerte del postulado, “el Fiscal Delegado solicitará ante la
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito
Judicial, la preclusión de la investigación como consecuencia de la
extinción de la acción penal”, lo cual es cuestionado por los
demandantes por vulnerar los derechos de las víctimas.
Esta Corporación considera que esa facultad es
plenamente razonable y en nada afecta los derechos de las víctimas, pues es en
el sistema penal ordinario, una vez extinta la acción, procede la terminación
del proceso y si no existe sentencia, la decisión procedente será declarar la
preclusión, tal como operaría también en el sistema ordinario.
En virtud de lo anterior, se declarará la exequibilidad en relación con el cargo
sobre la vocación reparadora de los bienes de la expresión “la preclusión de
la investigación como consecuencia de la extinción de la acción penal” consagrada
en el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012.
8.3.2.4 La continuación del proceso cuando el postulado fallece con posterioridad a la
entrega de los bienes
El parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1592 permite que el proceso de reparación
continúe pese a la muerte del imputado frente a los bienes ya entregados, ofrecidos o denunciados para la
contribución a la reparación integral de las víctimas, siempre y cuando su
fallecimiento se presente después de la entrega. Establece dicha disposición:
“En todo caso, si el postulado fallece con posterioridad a la entrega
de los bienes, el proceso continuará respecto de la extinción del dominio
de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para la contribución a la
reparación integral de las víctimas, de conformidad con las normas establecidas
en la presente ley”.
Bajo las reglas generales del procedimiento penal, el
fallecimiento del imputado implica la terminación de la acción penal[428]
y con ello del proceso penal, por lo cual si bien la acción civil no se
extingue, el fallecimiento del imputado hace que la misma tenga que tramitarse
fuera del proceso penal. De esta manera, permitir la continuación del proceso
luego de la muerte del procesado cuando ya haya entregado bienes resulta una
medida más favorable que la contemplada en el sistema ordinario, pues
facilitaría su reparación en el mismo proceso.
Sin embargo, la norma no señala qué sucede cuando la
muerte se produce con posterioridad al ofrecimiento o la denuncia de los bienes
pero no a su entrega, lo cual puede afectar gravemente los derechos de las
víctimas, pues si se siguen las reglas generales del proceso penal en ese
momento el proceso tendría que concluir, sin lograrse la efectiva reparación.
Por lo anterior se declarará la exequibiliad, en relación con
el cargo sobre la vocación reparadora de los bienes, de la expresión “con
posterioridad a la entrega de los bienes” contemplada en el parágrafo
3° del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que el proceso
también podrá continuar frente a los bienes ofrecidos o denunciados por el desmovilizado si aún no
han sido entregados.
8.3.2.5 El suministro de información para decidir la adopción de medidas cautelares
El inciso 4º del artículo 7º establece que,
al decidir la adopción
de medidas cautelares, se deberá determinar si el bien tiene o no vocación
reparadora, de acuerdo a la información suministrada por el fiscal delegado del
caso y por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–[429].
Esta norma es cuestionada por los demandantes por no permitir que la decisión
también sea tomada en virtud de la información allegada por las víctimas:
“El magistrado con
funciones de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz al decidir la
adopción de medidas cautelares, deberá determinar si el bien tiene o no
vocación reparadora, con fundamento en la información suministrada por el
fiscal delegado del caso y por la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
Víctimas–. Cuando el magistrado con funciones de control de garantías
considere que el bien no tiene vocación reparadora, el bien no podrá ingresar
al Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo ningún concepto.
Excepcionalmente, la Fiscalía entregará en forma provisional al Fondo para la
Reparación de las Víctimas los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por
los postulados que deban ser administrados en forma inmediata por esa entidad
para evitar su deterioro, mientras se surte la audiencia preliminar de
imposición de medidas cautelares” (se subraya la parte demandada).
Frente a este aspecto, identifica la Sala que existe
un interés constitucional justificado de las víctimas en allegar información
sobre bienes que puedan tener una vocación reparadora, toda vez que a través de
ellos, se puede garantizar que se brinde una reparación efectiva. Excluir esa
posibilidad afecta su derecho a la reparación integral.
Resulta relevante mencionar, que gran parte de las
víctimas que concurren al Proceso de Justicia y Paz fueron afectadas por el
desplazamiento forzado de estos grupos al margen de la ley, razón por la cual,
son ellas mismas quienes pueden ofrecer información que permita identificar
bienes adquiridos por estos grupos durante el conflicto, como producto del
arrebato de predios a la población civil.
Así mismo, debe indicarse que las víctimas son las
mayores interesadas en agilizar los procedimientos para el resarcimiento de sus
derechos, lo cual conduce inexcusablemente a determinar que gran parte de ellas
actuará diligentemente con el fin de apoyar a la justicia en la identificación
de los bienes con los cuales se les habrá de indemnizar los daños materiales
causados por el conflicto.
En virtud de lo anterior, se declarará la
exequibilidad de la expresión “el fiscal delegado del caso y por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
–Fondo para la Reparación de las Víctimas” contemplada en el inciso 4º del artículo 7º, en el
entendido que también se deberá tener en cuenta la información suministrada por
las víctimas.
8.3.2.6 La elegibilidad del postulado pese
a la inexistencia de bienes que tengan vocación reparadora
El parágrafo del artículo 7º señala que no se afectará
la elegibilidad del postulado por la inexistencia de bienes que tengan vocación
reparadora: “Cuando el bien ofrecido o denunciado por el postulado no pueda
ser efectivamente entregado por inexistencia de vocación reparadora, y se
demuestre que el postulado no dispone de ningún otro bien con vocación
reparadora, no se afectará la evaluación del requisito de elegibilidad ni la condición
para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el
artículo 18A de la presente ley”.
La exigencia de la vocación reparadora de los bienes,
permite que no se entorpezca el proceso de reparación a través de la entrega de
bienes en los cuales no esté clara la propiedad del desmovilizado o padezcan
vicios que puedan afectar el proceso, finalidad que salvaguarda los derechos de
las víctimas[430].
Sin embargo, el establecimiento de dicha vocación reparadora,
desafortunadamente no impide que los desmovilizados realicen maniobras destinadas a defraudar los derechos
de las víctimas como la transferencia a terceros o su ocultamiento.
En este aspecto, la Corte considera que un sistema de
reparación verdaderamente eficaz en el marco de un proceso de justicia
transicional requiere que se realicen múltiples esfuerzos para identificar
todos los bienes de procedencia ilícita de los desmovilizados, pues de lo
contrario la indemnización se hará muy difícil y se podrían propiciar conductas
de fraude u ocultamiento que afecten la totalidad del proceso.
De esta forma, el Decreto 3011 de 2013, reglamentario de las Leyes 975
de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, desarrollan la “fase de alistamiento”
como una etapa que permite analizar y determinar el grado de vocación
reparadora de los bienes denunciados, a través de ciertas sub-fases en las
cuales se realiza un estudio de los mismos. Permitir a las víctimas la
participación dentro del suministro de información relacionada con los bienes
de los postulados que tengan vocación reparadora, significa establecer un
margen más estrecho de control frente a posibles conductas tendientes ocultar
los bienes o burlar los derechos de las víctimas.
Por lo anterior, se declarará la exequibilidad condicionada del parágrafo
del artículo 7º de la Ley 1592 de 2012, en relación con este cargo, en el
entendido que la falta de vocación reparadora no puede ser imputable a un
propósito del postulado de defraudar los derechos de las víctimas y que las víctimas también tienen derecho a
denunciar bienes de los postulados o los de terceros a los cuales se les hayan
transferido ilegalmente.
8.3.2.7 La entrega de los bienes de los
postulados a
disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución Tierras Despojadas
El inciso segundo del artículo 8º señala que los bienes de los desmovilizados serán
puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011, lo cual se declaró inexequible en el análisis del cargo
anterior y por ello no será estudiado.
8.3.2.8 La afectación de los bienes de los
postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración
El parágrafo del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012
señala que “En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados
adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los
mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la
desmovilización”.
Una de las funciones más importantes de los procesos
de justicia transicional es la prevención
especial positiva, alcanzada mediante una resocialización que se logra con la
reintegración seria de los actores armados[431].
Para cumplir con ese fin, deben brindarse los presupuestos materiales para la
reincorporación social y económica a la vida civil.
El deber del Estado se orienta a estructurar un modelo
de justicia transicional dentro del cual se garanticen los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero que a su vez
permita la reintegración económica de los miembros de grupos armados a la
sociedad, pues de lo contrario será imposible que logren reincorporarse a la comunidad.
En virtud de esta situación, gran parte de la eficacia del proceso de justicia
transicional depende de la estructuración de programas que le permitan, a quien
deja las armas, realizar una actividad económica lícita para obtener recursos
económicos necesarios para subsistir e impedir que reincida en la comisión de
delitos para la obtención de un provecho ilícito.
Esto quiere decir que, el proceso de justicia
transicional no se circunscribe únicamente a un trato sancionatorio, sino que
también tiene un importante componente resocializador, haciendo indispensable
encontrar un punto equidistante entre la rigidez de las sanciones y los
programas orientados a reinsertar a los integrantes de estos grupos a la
comunidad.
Por lo anterior, resulta completamente constitucional
y acorde con los objetivos de la justicia transicional que no se afecten los
bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de
reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita
con posterioridad a la desmovilización, pues de lo contrario se comprometería
su resocialización y con ello uno de los objetivos más importantes del proceso
de justicia transicional que es lograr una reconciliación real de la sociedad.
En virtud de lo anterior se declarará la exequibilidad
en relación con el cargo sobre la vocación reparadora de los bienes, del
parágrafo del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.
8.3.2.9 El levantamiento de las medidas cautelares por
solicitud de terceros
Finalmente los accionantes demandan la expresión “Si la decisión del incidente fuere
favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida
cautelar” contemplada en
el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012.
Esta disposición se presenta en el marco del incidente de oposición de terceros a la medida cautelar
ordenada respecto de los bienes cautelados
para efectos de extinción de dominio y simplemente permite que se levanten las
medidas cautelares en caso que el incidente se decida a favor de los terceros
de buena fe por parte del magistrado con función de garantías.
La finalidad de esta norma es constitucional, pues
reconoce los derechos de los terceros de buena fe sobre medidas ordenadas
respecto de bienes de los desmovilizados. En todo caso, la norma no expresa en
ningún momento la posibilidad de que las víctimas intervengan en el incidente,
lo cual debe quedar completamente claro, pues las referenciadas mediadas tienen
una pretensión indemnizatoria directa y constituyen un mecanismo de
materilización del derecho a evitar la existencia de fraudes frente a la
transferencia de los bienes a terceros.
Por lo anterior se declarará la exequibilidad en
relación con el cargo sobre la vocación reparadora de los bienes, de la
expresión “Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el
magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar” contemplada en
el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que las víctimas podrán
participar en el incidente.
8.3.3 Tercer Cargo: la limitación de los recursos en
el proceso de Justicia y Paz, vulnera los derechos de las víctimas a la
participación, al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia (artículo
27 de la Ley 1592 de 2012)
Los accionantes manifiestan que
las expresiones demandadas del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012 “solo” y
“de fondo” del inciso segundo y “demás” y “solo” del inciso
tercero y el parágrafo 3 integralmente, vulneran el derecho de las víctimas a
la participación efectiva en el proceso de justicia y paz , por cuanto
disminuyen sus posibilidades de acudir a los recursos ordinarios, como el de
apelación, durante todo el transcurso del proceso, limitando su interposición
únicamente a la sentencia y autos que resuelvan asuntos de fondo, lo cual
afecta los derechos de las víctimas a la participación, al debido proceso y al
acceso efectivo a la justicia.
Para el estudio de este cargo
se analizará la limitación de los recursos procesales en Colombia y se
determinará si la restricción de los mismos contemplada en el artículo 27 de la
Ley 1592 de 2012 es constitucional o no.
8.3.3.1. La limitación de los
recursos procesales en Colombia
La Corte Constitucional se ha referido en
numerosas oportunidades a la doble instancia, señalando criterios especiales
para analizar los eventos en los cuales puede limitarse:
·
La Sentencia C-019 de 1993, declaró exequible el artículo 167
del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), siempre que se interprete y
aplique en el sentido que los procesos relativos a menores infractores de la
ley penal son de única instancia cuando en ellos no se decrete o imponga una
medida privativa de la libertad[432].
·
La Sentencia C-150 de 1993 declaró exequibles las partes acusadas del
artículo 16 del Decreto 2700 de 1991, de acuerdo con el cual “Toda
providencia interlocutoria, podrá ser apelada, salvo las excepciones previstas”[433].
·
La Sentencia C-345 de 1993 declaró inexequible la expresión “Sin
embargo, de los procesos sobre actos de destitución, declaración de
insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que impliquen
retiro del servicio, conocerán en única instancia los Tribunales
Administrativos cuando la asignación mensual correspondiente al cargo no exceda
de ochenta mil pesos ($80.000.oo)”, contemplada en el artículo 131 del
decreto ley 01 de 1984. En esta sentencia, la Corte Constitucional manifestó
que la norma vulneraba el principio de la doble instancia, pues consagraba un
trato discriminatorio derivado únicamente de los ingresos laborales mensuales
del accionante[434].
·
La Sentencia C-179 de 1995, consideró constitucional que los procesos
verbal sumario y ejecutivo de mínima cuantía se tramiten en “única
instancia, al considerar que la doble instancia, cuya especial trascendencia en
el campo penal es evidente, no es sin embargo,  forzosa en todos los
asuntos que son materia de decisión judicial”[435].
·
La Sentencia C-657 de 1996 declaró exequibles: (i) la expresión “contra la cual sólo
procede el recurso de reposición” contemplada en el artículo 115  del
Decreto 2700 de 1991, que impide la presentación del recurso de apelación
contra la sanción impuesta al funcionario que no se declara impedido y;
(ii) la expresión “decisión contra la cual no procede recurso alguno”
del artículo 453 del mismo decreto,  que no permite interponer recursos contra
la decisión que ordena el retiro de los asistentes en una audiencia pública. En
este fallo se consideró que “La Constitución Política faculta a la ley para
establecer excepciones al principio general de las dos instancias y no se
trata, en el presente evento, de sentencias condenatorias”[436].
·
La Sentencia C-037 de 1996 declaró la constitucionalidad del artículo 27
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al considerar que “encuentra
la Corte que el desarrollo del artículo que se examina se encuentra
inescindiblemente ligado al principio de la doble instancia, razón por la cual
se torna constitucional incluirlo dentro de una ley estatutaria sobre
administración de justicia”[437].
·
La Sentencia C-956 de 1999 declaró exequible el inciso segundo
del artículo 327 del Decreto 2700 de 1991 “por el cual se expiden las normas
de procedimiento Penal”, relacionado con la imposición de recursos frente a
actos inhibitorios expedidos por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia[438].
·
La Sentencia C-650 de 2001 declaró exequible la
expresión “(…) y contra ella no procede recurso de apelación (…)” consagrada
en el artículo 1° numeral 268 del Decreto 2282 de l989, que modificó el
artículo 507 del Código de Procedimiento Civil[439].
·
La
Sentencia C-154 de 2002 declaró inexequible el numeral 2° del artículo 7° del
Decreto 2272 de 1989 que establecía la competencia en única instancia de los
procesos atribuidos a los jueces de familia, cuando en el municipio no exista
juez de familia o promiscuo de familia[440].
·
La Sentencia C-040 de 2002 declaró exequibles, por
el cargo estudiado en esta sentencia, las expresiones acusadas del artículo 39
de la Ley 446 de 1998 “en única instancia” y “privativamente y en
única instancia”. Este artículo dispone la competencia en única instancia
de los tribunales administrativos[441].
·
La Sentencia C-377 de 2002 declaró exequible el artículo 36 de la
Ley 472 de 1998 que establecía que “contra los autos dictados durante el
trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será
interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil”[442].
·
La Sentencia C-484 de 2002 declaró exequible la expresión “conocerá
privativamente y en única instancia” del inciso
primero del parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2002 “Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura”[443].
·
La
Sentencia C-788 de 2002 declaró exequible
la expresión “Las decisiones que tome el juez
en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”, contenida en el inciso final del artículo 392 de la
Ley 600 de 2000. Esta norma contempla el control de legalidad formal y material
de la medida de aseguramiento y de las medidas relativas a la propiedad,
posesión, tenencia, o custodia de bienes en la Ley 600 de 2000[444].
·
La Sentencia C-900 de 2003 declaró exequible el segmento impugnado del artículo 48
de la Ley 794 de 2003, de acuerdo con el cual “El mandamiento ejecutivo no es apelable”[445].
·
La Sentencia C-248 de 2004 declaró exequible la
expresión: “y contra ella no procede recurso alguno”, prevista en
el artículo 344 de la Ley 600 de 2000. Esta disposición establece la
imposibilidad de imponer recursos frente a la resolución que declara persona
ausente al investigado en un proceso penal[446].
·
La Sentencia C-103 de 2005 declaró exequible, por los cargos
estudiados, el aparte acusado del artículo 70, literal b), de la Ley 794 de
2003, que señala que los procesos de mínima cuantía pueden carecer de doble
instancia[447].
·
La Sentencia C-1237 de 2005 declara exequible, por los cargos examinados en esta
sentencia, el apartado del inciso 2º del num. 2 del art. 50 de la Ley 794 de
2003, de acuerdo con la cual: “los hechos que configuren excepciones previas
deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De
prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las
medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso,
concederá al ejecutante un término de cinco (5) días, para subsanar los
defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la
orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El auto que revoque
el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, salvo en el caso de
haberse declarado la excepción de falta de competencia, que no es apelable.”[448].
·
La Sentencia C-934 de 2006 declaró exequibles los numerales 5, 6,
7, y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, señalando la constitucionalidad
del juzgamiento de los altos funcionarios del Estado en única instancia por la
Corte Suprema de Justicia[449].
·
La Sentencia C-739 de 2006 declaró exequibles los
artículos 662, 678, 682, 701, 720, 721, 726, 728, 735, 739, 795-1 y 834 del
Decreto 624 de 1989, únicamente respecto de los cargos analizados en esta
providencia[450].
·
La Sentencia C-456 de 2006 declaró inexequibles las
expresiones “(…) por una sola vez”  y  “Contra esta
decisión no procede recurso alguno”, contenidas en el artículo 318 de la
Ley 906 de 2004[451].
·
La Sentencia C-863
de 2008 declaró exequible el numeral
9º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, relacionado con el carácter de única instancia de los procesos
verbales sumarios, por cuanto la excepción a la única instancia no se consideró
discriminatoria[452].
·
La Sentencia C-254 de 2012 declaró exequible la expresión “en única instancia”
del artículo 1º de la Ley 144 de 1994 que establece la imposibilidad de
presentar recurso de apelación en los procesos de pérdida de investidura, por considerarse
que constituía un desarrollo de la potestad del legislador en la determinación
de los recursos.
De esta manera, puede
concluirse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que
el derecho a la doble instancia no es absoluto, pues existen eventos en los
cuales puede restringirse por el legislador, siempre y cuando se respeten una serie
de criterios especiales como la razonabilidad y la proporcionalidad frente a
las consecuencias impuestas a través de la providencia que no puede ser objeto
del recurso de apelación.
8.3.3.2 La exequibilidad de las
expresiones demandadas
Los accionantes señalan que las expresiones demandadas del artículo 27 “solo”
y “de fondo” del inciso segundo y “demás” y “solo” del
inciso tercero y el parágrafo 3 integralmente, vulneran el derecho de las
víctimas a la participación efectiva en el proceso de Justicia y Paz, las
cuales se analizarán de manera independiente:
A.  El primer inciso de la norma demandada
establece que “La
apelación solo procede contra la sentencia y contra los autos que
resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias,
sin necesidad de interposición previa del recurso de reposición”. En este sentido, la expresión
“sólo” limita el recurso de apelación a una serie de eventos
específicos, mientras que la expresión de fondo permite que únicamente se
presente este recurso contra aspectos que decidan sobre aspectos de fondo, lo
cual se considera razonable y proporcional, por los motivos esgrimidos a
continuación.
En primer lugar, la norma resguarda la
posibilidad de interponer recursos contra las decisiones más importantes que se
profieren en el proceso de justicia y paz como son las sentencias y los autos
interlocutorios.
En segundo lugar, la disposición está
plenamente justificada en el sentido de otorgar celeridad al proceso de
Justicia y Paz, cuyo trámite puede afectarse por la interposición frecuente de
recursos frente a autos de trámite.
Finalmente, en las sentencias C-150 de 1993, C-657 de
1996, C-650 de 2001 esta Corporación ha señalado que la limitación del recurso
de apelación a asuntos de fondo en materia judicial constituye un ejercicio de
la libertad de configuración del legislador que no afecta las garantías
procesales.
B. Las expresiones“demás” y “solo” del inciso tercero simplemente
reiteran lo señalado en el inciso segundo, estableciendo que en los demás casos
solo procederá el recurso de reposición, lo cual tampoco vulnera los derechos
de las víctimas, pues se considera razonable y proporcional la limitación en este evento
del recurso de apelación.
Previamente se señaló que existe cosa
juzgada material en relación con el parágrafo 3º, pues en la Sentencia C – 370
de 2006 la Corte señaló que no era inconstitucional la imposibilidad de
presentar el recurso de casación en los procesos de justicia y paz.
8.3.4. Cuarto cargo: las nuevas postulaciones y la
nueva aplicación temporal de la Ley 975 de 2005, vulneran los derechos a la
paz, a la verdad, a la justicia a la reparación y a las garantías de no
repetición de las víctimas (artículos 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012).
Los accionantes señalan que las
expresiones demandadas de los artículos
36 y 37 de la Ley 1592 de 2012 son inconstitucionales, por cuanto disponen un cambio en la
aplicación temporal de la ley y en especial de los beneficios concedidos a las
personas que quieren someterse a un proceso de justicia transicional, lo cual
puede afectar los derechos de las víctimas a la paz, a las garantías de no
repetición y a la verdad, a la justicia, y a la reparación.
8.3.4.1
El
alcance de los artículos
36 y 37 de la Ley 1592 de 2012
Los artículos 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012 se
aplican a dos momentos muy distintos del proceso de justicia y paz como son la
postulación y la imputación de los hechos, los cuales no pueden ser
confundidos, pues de lo contrario se les daría un alcance incorrecto, por lo
cual a continuación se analizará el contenido específico de estas dos
disposiciones en el esquema del proceso de justicia y paz, para determinar su
alcance y efectos[453].
8.3.4.2. Etapa administrativa
A.
La
desmovilización
El artículo 2 de la Ley 975 de 2005 señala que la Ley
de Justicia y Paz se aplicará únicamente a personas que hubieran “decidido
desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”[454],
por lo cual, el primer requisito necesario para su aplicación es la
desmovilización, la cual según el artículo 9 de la misma Ley consiste en “el
acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado
organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente”, lo
cual se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002[455].
B.
La postulación
La desmovilización no es suficiente para la aplicación
del procedimiento de justicia y paz, pues según los artículos 10 y 11 de la Ley
1592 de 2012 además es necesario que el desmovilizado sea postulado por el
Gobierno Nacional. La postulación consiste en el envío de un listado que hace
el Ministerio de Justicia y del Derecho a la Fiscalía General de la Nación.
La Ley 975 de 2005 no consagró una fecha límite para
el cierre de las postulaciones, por lo cual miles de desmovilizados
individuales y colectivos siguieron solicitando masivamente su postulación con
posterioridad al 25 de julio de 2005. En este sentido, el artículo 72 de la Ley
975 de 2005 no limitaba las postulaciones ni las desmovilizaciones, sino los
hechos a los cuales podía aplicarse la Ley de Justicia y Paz, por lo cual en
sus diez años de vigencia se han seguido presentando desmovilizados para que se
les postule para la aplicación del procedimiento de la Ley 975, aunque con la
problemática de que solamente se les podrá aplicar a hechos cometidos con
anterioridad al 25 de julio de 2005.
Esta situación motivó que la última desmovilización
colectiva se presentara el 16 de agosto de 2006[456] y a partir del año
2008 el Gobierno Nacional decidió en el Documento CONPES número 3554 que “sólo
atiende a los desmovilizados que voluntariamente abandonan sus grupos y se
entregan individualmente”[457], aunque no existía una norma legal que
ordenara formalmente el cierre de las postulaciones, por lo cual las mismas se
siguen presentando.
Ante esta problemática, uno de los objetivos centrales del Gobierno Nacional
dentro de la reforma realizada a través de la Ley 1592 de 2012 a la Ley de
Justicia y Paz, fue establecer un cierre definitivo del sistema de
postulaciones, tal como señaló el Vice Ministro de Justicia ante la Plenaria de
la Cámara de Representantes:
“Hay otro punto muy importante, sobre el
cual el Gobierno quiere hacer especial énfasis, y es sobre la necesidad que se
tiene sobre cerrar el proceso de justicia y paz, un proceso de justicia
transicional que desde su concepto es excepcional y es temporal, tiene que
tener un cierre definitivo; nosotros no podemos tener coexistiendo una justicia
ordinaria cono muchos de los problemas que todos conocemos, con una justicia
transicional que también empezamos a advertir problemas; por eso, el Gobierno
considera que este tema del cierre debe abordarse desde dos perspectivas; la
primera, teniendo en cuenta el tema de las postulaciones, es decir, hasta
cuándo nosotros vamos a permitir que personas se sigan acordando después de
seis años, de hechos delictivos: tenemos que establecer un cierre para que se
postule, por supuesto que aquí, teniendo en cuenta muchísimo todas las
variables que sobre este tema pueden confluir”[458].
En este sentido, la Ley 1592 de 2012 no amplió el
ámbito de vigencia de las postulaciones, sino que por el contrario, estableció
de manera detallada los dos eventos en los que pueden presentarse nuevas
postulaciones estableciendo restricciones temporales a los mismos:
“Postulación de desmovilizados al
procedimiento penal especial. Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o
colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder
a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su
postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el
Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación.
Quienes se desmovilicen de manera
individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su
postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá
un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación”.
Por lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 1592
de 2012 solo puede haber dos tipos de postulaciones: (i) la de quienes
se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la
vigencia de la ley 1592 de 2012 (3 de diciembre de 2012), que deberá
solicitarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 y (ii) la de
quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en
vigencia de la ley (3 de diciembre de 2012) frente a la cual tendrán un (1) año
contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso
del que trata la Ley 975 de 2005.
C.
Fase judicial
En esta fase se realiza la verificación de los
procesos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 frente a la
desmovilización individual y colectiva contemplada en los artículos 10 y 11 de
la Ley 975 de 2005.
D.
Etapa
pre-procesal
Esta etapa se presenta ante la Fiscalía General de la
Nación, la cual realiza las actividades investigativas necesarias para
establecer la verdad material, determinar los autores intelectuales, materiales
y partícipes, esclarecer las conductas punibles cometidas, identificar los
bienes, fuentes de financiación y armamento de los respetivos grupos armados al
margen de la ley, realizar los cruces de información y las demás diligencias
encaminadas a cumplir lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de
2005. En esta fase el desmovilizado es escuchado en versión libre y deberá
narrar todos los delitos que ha cometido durante su pertenencia al grupo.
E.
Etapa procesal
Esta etapa comienza con la formulación de imputación
del fiscal en la cual se realizará la imputación de los hechos
que se encuentran sometidos a la vigencia contemplada en el artículo 72 de la
Ley 975 de 2005, los cuales inicialmente estaban restringidos a los cometidos
con anterioridad a la vigencia de dicha ley, es decir, del 25 de julio de 2005.
La restricción temporal de esta ley generó un grave
problema jurídico, pues muchas personas se desmovilizaron después de esa fecha
y por lo tanto siguieron incurriendo como mínimo en el delito de concierto para
delinquir por su pertenencia al grupo armado, independientemente de que no
hubieran cometido otros delitos después del 25 de julio de 2005.
Lo anterior implicó que a más de 20.000 personas
desmovilizadas después del 25 de julio de 2005 no se les hubiese podido aplicar
la Ley de justicia y paz, pese a haber participado en acuerdos de paz, lo cual
afectó gravemente la confianza legítima de muchos desmovilizados y creo
inseguridad jurídica y confusión, situación que motivó la reforma al artículo
72 de la Ley 975, tal como expresó el Vice Ministro de Gobierno ante la
plenaria de la Cámara de Representantes:
“La segunda perspectiva o la segunda arista
para el cierre, es importante determinar el tema de la vigencia de la ley de
Justicia y Paz; nosotros consideramos que la ley de Justicia y Paz, tiene que
tener una vigencia por lo menos hasta la fecha de la desmovilización para los
desmovilizados colectivos, por una sencilla razón y por un elemento jurídico, y
es el principio de confianza legítima especial que ha hecho despertar el
Estado, y que tenemos que decirlo claramente, nos vincula frente a aquellos
desmovilizados colectivos”[459].
Con posterioridad de la formulación de imputación se
presentan las fases de imputación y aceptación de cargos, incidente de
identificación de afectaciones y sentencia, los cuales también están limitados
por la restricción temporal de los hechos a los cuales les puede ser aplicada
la ley de justicia y paz.
8.3.4.3 El alcance de la reforma en la
vigencia temporal de la Ley de Justicia y Paz
Teniendo en cuenta lo anterior debe
distinguirse claramente entre las restricciones aplicables a las postulaciones
(que se encuentran contempladas en el artículo 37 de la Ley 1592 de 2012) y las
que se refieren a la imputación de los hechos (que se encuentran contempladas
en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005):
A. En relación con las postulaciones, que se realiza en la primera
fase del proceso de carácter administrativo, la ley establece por
primera vez una restricción y limita las mismas a dos eventos:
-
Quienes se hayan
desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia
de la ley 1592 de 2012 y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la
Ley 975 de 2005, que deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012. Dentro de estas hipótesis es claro
que solamente se permiten desmovilizaciones colectivas realizadas “con
anterioridad a la vigencia de la ley 1592 de 2012”, es decir, al 3 de
diciembre de 2012.
-
Quienes se desmovilicen
de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592
de 2012, que  tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para
solicitar su postulación al proceso de Justicia y paz.
Bajo esta perspectiva, la ley 1592 de 2012
realizó por primera vez una restricción a las postulaciones, las cuales se
encontraban abiertas generando que pudieran seguirse presentando desmovilizados
buscando una postulación, para que se les aplicara la Ley de Justicia y Paz,
incluso mucho después del 2005.
Resalta la Corte, que esta es la primera
restricción que debe hacerse pues lo primero que se hace es la postulación y
luego es al interior del proceso donde se determina a qué hechos se le aplica
la ley.
B. En relación con la imputación de los
hechos,
que se realiza en una fase posterior del proceso de carácter judicial, el
artículo 36 de la Ley 1592 de 2012 sustituyó la expresión “se aplicará
únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de
la fecha de su promulgación” por la frase “rige a partir de su
promulgación”, modificación que eliminó la restricción temporal general
respecto de los hechos frente a los cuales se puede aplicar la Ley de Justicia y Paz:
(i)
En relación con las
imputaciones colectivas, se autoriza la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a las desmovilizaciones colectivas
realizadas después de la vigencia inicial de la Ley de Justicia y Paz, es
decir, del 25 de julio de 2005 respecto de hechos ocurridos con anterioridad a la
fecha de su desmovilización al señalar: “en el marco de acuerdos de paz con
el Gobierno nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos
con anterioridad a la fecha de su desmovilización”.
(ii)
En relación con las
imputaciones individuales, se autoriza la aplicación de la Ley
de Justicia y Paz
a aquellas realizadas después de la vigencia inicial de la Ley de Justicia y Paz, frente a “hechos ocurridos con
anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012”.
En virtud de lo anterior, no puede considerarse que la Ley 1592 de 2012 haya
establecido una vigencia indefinida de la Ley de Justicia y Paz, pues lo que
hizo fue restringir la posibilidad de nuevas postulaciones a eventos
particularmente consagrados en el artículo 37 que colocan por primera vez una
restricción temporal a las postulaciones y excluyen la posibilidad de aplicar
esta ley a nuevas desmovilizaciones colectivas.
En este sentido, en la ponencia para segundo debate en
el Senado de la República queda completamente claro que la regulación implica
el cierre de las postulaciones colectivas y simplemente dio unos plazos
especiales para las personas ya desmovilizadas:
“Postulaciones
Pese a que el
texto cierra el término para que los desmovilizados colectivos e individuales
puedan solicitar su postulación al procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, y
que se restringe la oportunidad para incentivar nuevas desmovilizaciones
individuales, no se hace inmediatamente, sino que con posterioridad a la
entrada en vigencia de la ley, existirá un margen de oportunidad para los ya
desmovilizados y para quienes quieran hacerlo de manera individual así: (i) los
desmovilizados colectivamente podrán solicitar su postulación dentro de los
seis (6) meses siguientes a la promulgación de la ley; (ii) los desmovilizados
individualmente podrán solicitar su postulación dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la ley; (iii) los nuevos desmovilizados
individualmente (es decir, quienes lo hagan después de la vigencia de esta ley)
podrán solicitar su postulación dentro del año siguiente a su desmovilización,
pero en todo caso, el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley se
aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha que
establece expresamente el proyecto.
El Gobierno
Nacional podrá postular desmovilizados colectivos dentro de los dos (2) años
siguientes a la vigencia de esta ley. Así mismo, frente a las solicitudes de
postulación de los desmovilizados individuales, deberá decidir dentro del año
siguiente a la solicitud”.
Bajo esta consideración es muy claro que no podrá
haber nuevas desmovilizaciones colectivas, por lo cual la Ley de Justicia y Paz
no podrá ser aplicada a los nuevos grupos organizados emergentes al margen de
la ley, que se han creado en los últimos años.
Lo realizado por la reforma fue permitir que la Ley de
Justicia y Paz se aplique a hechos realizados con posterioridad al 25 de julio
de 2005, para solucionar la situación jurídica de todas las personas que se
desmovilizaron con posterioridad a esa fecha y que se encuentran en una
situación de inseguridad jurídica, pues su sola pertenencia al grupo después
del 25 de julio de 2005 podría ser considerada como concierto para delinquir y
ello impidió que se les aplicara la Ley de Justicia y Paz. En virtud de lo
anterior se analizará a continuación si la ampliación de la aplicación de la
ley a nuevos hechos es inconstitucional.
En todo caso, debe distinguirse muy bien
los eventos en los cuales se aplica el régimen contenido en la Ley de Justicia
y Paz del contemplado en el Marco Jurídico para la Paz:
Ley 975 de 2005
Acto Legislativo 01 de 2012
Miembros
de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Se entiende por grupo armado organizado al margen de
la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e
integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas
mismas organizaciones, de las que trate la Ley (Art. 1)
Grupos armados al margen de la ley que hayan sido
parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado,
en relación con su participación en el mismo (art. 1).
En los casos de la aplicación de instrumentos de
justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan
participado en las hostilidades, esta se limitará a quienes se desmovilicen
colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen
de manera individual de conformidad con los procedimientos establecidos y con
la autorización del Gobierno Nacional (Parágrafo 1°).
En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de
justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido
parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo
armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo (Parágrafo 2°).
8.3.4.4 Exequibilidad de la norma
demandada
Los demandantes señalan dos preocupaciones frente a la
norma: (i) la posibilidad de que implique una ampliación indefinida de
la ley de Justicia y Paz y (ii) la posible violación de los derechos de
las víctimas al permitir que esta ley se aplique a hechos cometidos después del
25 de julio de 2005 y que a través de ello el Estado le haya dado licencia a
los grupos armados para continuar su actividad delictiva contrariando así las
obligaciones de proteger a los ciudadanos de las violaciones a los derechos
humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de perseguir
el delito, de garantizar la paz, y de establecer garantías de no repetición de
tales violaciones e infracciones.
Como ya se señaló, el primer
cuestionamiento se encuentra descartado, pues lo que hizo esta ley fue el
cierre definitivo de la Ley de Justicia y Paz, por lo cual a continuación se
analizará si la aplicación de esta ley a nuevos hechos es inconstitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional
considera que la ampliación del término de los hechos para la aplicación de la
Ley de Justicia y Paz, contemplada en la Ley 1592 de 2012 es constitucional por
las siguientes razones:
A.
La
prórroga del marco de las medidas de justicia transicional ha sido plenamente
aceptada en Colombia
La prolongación de los efectos de leyes
transicionales en Colombia no es nueva, sino que tienen unos antecedentes muy
claros en las normas que prorrogaron sucesivamente la vigencia de la Ley 104 de
1993:
(i)
El 30 de diciembre
de 1993, el Congreso de la República promulgó la Ley 104 de 1993, en la cual se
consagraron instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la
justicia, estableciéndose causales de extinción de la acción penal y de la pena
en caso de delitos políticos y conexos, cobijando los acuerdos de paz firmados
en 1994 entre el Gobierno Nacional y los grupos CRS, Milicias Urbanas de
Medellín y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera[460]. Esta Ley fue analizada en las
Sentencias C – 425 de 1994, C – 055 de 1995, C – 283 de 1995, C -  344 de 1995
y C – 586 de 1995.
(ii)
El 26 de diciembre
de 1997 se expidió la Ley 418 de 1997, en la cual, se prorrogó la vigencia de
las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, el Congreso cobijó el Acuerdo de Paz
firmado entre el Gobierno Nacional y el MIRCOAR (29 de julio de 1998), según
los Decretos 1247 de 1997 y 2087 de 1998. Esta ley fue declarada constitucional
en las Sentencias C - 340 de 1998, C – 768 de
1998, C- 782 de 1999, C – 047 de 2001, C-048 de 2001, C-203 de 2005, y C-240 de 2009.
(iii)      La Ley 418 de 1997 fue
prorrogada a través de la Ley 782 de 2002, analizada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-923 de 2005, C-928 de 2005, y C-914 de 2010.
Por lo anterior, puede concluirse que la
simple prolongación de los efectos de una ley de justicia transicional no
resulta inconstitucional.
B.
La
Corte Constitucional ha admitido que la determinación de la vigencia de la Ley
de Justicia y Paz es una potestad del legislador
La vigencia temporal de la Ley de Justicia y Paz contemplada en el artículo 72
de la Ley 975 de 2005 ha sido analizada de manera específica únicamente en la
Sentencia C-1199 de 2008 que declaró EXEQUIBLE “la expresión "rige a
partir de la fecha de su promulgación", contenida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, en el
entendido de que el derecho a los beneficios se obtiene a partir del
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes de
dicha ley, de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la
sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 y demás sentencias sobre tales
disposiciones”.
En esta sentencia se manifestó que ante la ausencia de norma
constitucional que regule el tema, la determinación acerca de la fecha de
entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al
legislador, frente a lo cual no resulta posible que el juez constitucional u
otra autoridad cuestionen el sentido de su decisión:
“En reiterada y consistente
jurisprudencia[461] ha señalado esta corporación que,
dada la ausencia de norma constitucional que regule el tema, la determinación
acerca de la fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete
de manera privativa al legislador, frente a lo cual no resulta posible que el
juez constitucional u otra autoridad cuestionen el sentido de su decisión”.
Por lo anterior, concluye que no existe fundamento para
entrar a cuestionar la regla sobre vigencia de la Ley 975 de 2005 que el órgano
legislativo, en legítimo ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
estableció en el artículo 72 de la referida ley:
“Por ello, de cara al cargo de
inconstitucionalidad formulado en este caso por los actores, es claro para esta
corporación que no existe fundamento para entrar a cuestionar la regla sobre
vigencia de la Ley 975 de 2005 que el órgano legislativo, en legítimo ejercicio
de sus atribuciones constitucionales, estableció en el artículo 72 de la
referida ley. De igual manera, considera la Corte que dicha regla, conforme a
la cual todas las disposiciones de esta ley rigen a partir de la fecha de
promulgación de aquélla, no lesiona el modelo de justicia transicional, los
derechos de las víctimas desarrollados por la jurisprudencia de esta
corporación, ni el derecho a la paz, razón por la cual no resulta violatoria de
ninguna de las normas superiores invocadas en la demanda, sino por el
contrario, claramente exequible”.
C.
La
ampliación del término de vigencia de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no implica un
desconocimiento de la temporalidad de la justicia transicional
De conformidad con la jurisprudencia
constitucional, el carácter transicional de una medida no implica
necesariamente su restricción temporal a un término inmodificable, sino que la
misma tiene por objeto el establecimiento de procesos de transformación social y
política profunda[462] para resolver los problemas derivados
de un pasado de abusos a gran escala:
“La justicia transicional está
constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política
profunda[463] en los cuales es necesario utilizar gran
variedad de
mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran
escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos,
servir a la justicia y lograr la reconciliación[464]”[465].
De manera que, la transitoriedad no
implica el establecimiento de términos rígidos de aplicación temporal, sino la
finalidad del proceso de lograr una transformación social para dar solución a
graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, en múltiples
procesos de justicia transicional en el mundo no se han establecido plazos
concretos de aplicación sino que los mismos dependen de condiciones materiales
como el logro de la reconciliación:
(i)
En Irlanda del
Norte, se suscribió el
Acuerdo de Viernes Santo (Good Friday Agreement) el 10 de abril de 1998
por los gobiernos británico e irlandés y aceptado por la mayoría de los
partidos políticos norirlandeses, en el cual se pactó el desarme de los grupos paramilitares, la transformación de la Policía Real del Ulster en un servicio de policía civil y la
liberación de los presos paramilitares pertenecientes a las organizaciones que
respetasen el alto al fuego[466].
En este sentido se presentó una excarcelación paulatina basada en el análisis
de la situación concreta de cada preso y con el compromiso de colaboración con
la paz en sus propias comunidades[467].
(ii)
En
Sudáfrica, a
comienzos de los años noventa el sistema social, político y legal sufrió una
profunda transformación que tuvo por objeto la eliminación del apartheid. En
marzo de 1992, se votó un referéndum que le concedió
facultades al gobierno para avanzar en negociaciones para una nueva
constitución con el Congreso Nacional Africano, cuyo preámbulo proclama la
necesidad de avanzar en la conciliación para superar los conflictos del pasado[468].
En desarrollo del proceso se promulgaron numerosas enmiendas sucesivas sobre la
promoción de la unidad nacional y la reconciliación[469],
en materias judiciales[470] y en las leyes de servicio
público[471].
(iii)      Guatemala ha sido uno de los países que ha
aplicado más amnistías, destacándose
los Decretos Ley 33 de 1982, 27 de 1983, 8 de 1986, 71 de 1987 y más adelante
el 145 de 1996.
(iv)      En Perú, las leyes de amnistía más recientes fueron el
Decreto Ley N° 18692, la Ley N° 26.479 del 15 de junio de 1995 y la Ley 26.492,
la primera dirigida a los participantes de los levantamientos del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y las otras dos a miembros de las fuerzas de
seguridad y a civiles en el periodo de Alberto Fujimori.
(v)
En Honduras también se concedieron algunas amnistías
dentro de las cuales se destacan las otorgadas mediante los Decretos 11 de
1981, 199 de 1987 y 87 de 1991.
(vi)      El Salvador ha sufrido un conflicto armado muy prolongado dentro
del cual se han presentado algunas amnistías como la otorgada a través del
Decreto 805 de 1987 y la Ley de Amnistía General para la Consolidación de
la Paz que sería anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(vii)   En Uruguay se aprobaron múltiples amnistías a través de las
leyes  15.737 de 1985, 15.848 de 1986 y 18.831 de 2011.
(viii) En Mozambique se suscribió el Acuerdo General de Paz de 1992 entre
las dos guerrillas históricas, FRELIMO y RENAMO. Tras dos años de intensas
negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, el 4 de octubre de 1992
Mozambique volvió a la paz, gracias a la firma de los Acuerdos de Roma. Ésta es
una paz negociada entre el gobierno y los rebeldes, gracias a la mediación de
la Comunidad de Sant´Egidio y de un conjunto de voluntarios[472].
En Colombia, mientras subsista el
conflicto armado no se pueden excluir las medidas para el logro de la paz,
siempre y cuando las mismas cumplan con los parámetros necesarios para
garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición.
D.
La
ampliación de la vigencia específica de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no afecta los
derechos de las víctimas
El legislador tiene la facultad de expedir
normas en materia de justicia transicional[473], para lo cual puede crear nuevos
modelos o prorrogar los ya existentes como sucedió con la Ley 104 de 1993. La
Ley 1592 de 2012 solamente modificó las condiciones temporales de aplicación de
la Ley 975 de 2005, más no sus presupuestos fácticos, pues la reforma dejó
intacto el artículo 1º que señala que se dirigirá a la desmovilización de grupos armados organizados al margen
de la ley, es decir, “el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte
significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002”.
En este sentido, el modelo de justicia transicional
que se aplicaría en virtud de la ampliación de la vigencia de la norma a las
desmovilizaciones posteriores al 25 de julio de 2005 es exactamente el mismo de
justicia y paz, que ya ha sido aprobado en reiteradas sentencias por la Corte
Constitucional:
(i)
La Sentencia
C-319 de 2006 analizó si
la Ley 975 debió haberse tramitado a través de una ley estatutaria, concluyendo
que ni regulación del procedimiento penal, ni la
tipificación de delitos, ni la previsión de sanciones tienen reserva de ley
estatutaria, así mismo concluyó que no contiene disposiciones que “(i.)
afectan la estructura general de la administración de justicia,  (ii.)
establezcan o garantice la efectividad de los principios generales sobre el
tema, o (iii.) desarrollan aspectos sustanciales de esta rama judicial del
poder público”.
(ii)
La Sentencia
C-370 de 2006 realizó un
profundo y extenso análisis de la Ley 975 de 2005 al revisar una demanda
presentada contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37
numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005
y contra la ley en su integridad.  Esta sentencia sienta las bases de
aspectos esenciales de los procesos de justicia transicional:
·
Reconoce
que la paz puede ser considerada como uno de los propósitos fundamentales del
Derecho Internacional y como un derecho consagrado en la Constitución Política,
y señala la importancia de la Justicia de transición hacia la paz en una
democracia con instituciones judiciales estables y sólidas.
·
Señala una serie de
conclusiones importantes para el examen de constitucionalidad: (i)
reconoce que las víctimas o perjudicados por un delito gozan de una protección
constitucional que se concreta en sus derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación, (ii) indica que los derechos de las víctimas de graves
abusos en contra de sus derechos humanos están estrechamente vinculados con el
principio de dignidad humana; (iii) afirma que tienen derecho a un
recurso judicial efectivo; (iv) aduce que los términos procesales desproporcionadamente
reducidos conllevan el recorte del derecho de defensa del sindicado y la
denegación del derecho a la justicia de las víctimas; (v) manifiesta que
desconocen los derechos de las víctimas las reglas procesales que reducen su
interés a obtener una indemnización de perjuicios en la etapa final del proceso
penal; (vi) señala que las amnistías dictadas con el fin de consolidar
la paz han sido consideradas como instrumentos compatibles, en ciertas
condiciones como la cesación de hostilidades, con el respeto al Derecho
Internacional Humanitario, siempre y cuando no signifiquen un obstáculo para el
acceso efectivo a la justicia; (vii) expresa que la acción penal es
imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición forzada de
personas; (viii) afirma que los hechos punibles que impliquen graves
atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y
una severa puesta en peligro de la paz colectiva permiten la participación de
la sociedad –a través de un actor popular -, como parte civil en el proceso
penal, a fin de satisfacer el derecho colectivo a conocer la verdad[474].
·
Reconoce la posibilidad
de aplicar el método de ponderación entre la paz, la justicia y los derechos de
las víctimas en procesos de justicia transicional como el de la Ley 975 de 2005[475].
·
Analiza los elementos
de la pena alternativa y concluye que como
medida encaminada al logro de la paz, resulta acorde con la Constitución en
cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una
desproporcionada afectación del valor justicia y además señala que la
misma no constituye un indulto ni una amnistía encubierta.
(iii)      La Sentencia C-531 de 2006 declaró estarse a lo resuelto en las
Sentencias C-319 y C-370 de 2006, inhibirse de otros cargos y solamente realizó
un análisis de fondo sobre el cargo de aprobación
del texto del articulado por fuera de la sesión de la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes, declarando exequible esta norma en relación con el
mismo.
(iv)      La Sentencia C-575 de 2006 declaró estarse a lo resuelto en las
sentencias C - 319 y C - 370 de 2006, y declaró exequibles, por
el cargo analizado, (i) el cuarto inciso del artículo 5, (ii)
la expresión“promover” contenida en los artículos 4 y 7 , (iii)
las expresiones “e informar a los familiares lo pertinente”
contenida en el artículo 7,  (iv) el parágrafo del artículo
10,  (v) las expresiones “sobre los hechos objeto de
investigación” y “a los familiares” contenidas en
el   artículo  15 , (vi) el último inciso del artículo
16,  (vii) el artículo 22 (viii) los incisos 1 a 4 del
artículo 23, (ix)  las expresiones “obligaciones de reparación
moral y económica” contenidas en el artículo  24,  (x) los
incisos uno a cinco del artículo 29, (xi) el artículo 30 por el cargo
relativo  al supuesto desconocimiento del artículo 113 Superior, (xii)
la expresión “ejecutoriados” del artículo 32, (xiii) la
expresión “asistirá” contenida en el artículo 34, (xiv)
las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas” contenidas
en el  numeral 38.2 del artículo 37, (xv) la expresión “facilite” contenida
en el  numeral 38.4 del artículo 37, (xvi) el artículo 41, (xvii)
la expresión “más” contenida  en el numeral  45.2
del artículo 44, (xviii) las expresiones “y de sus parientes” contenidas
en el primer inciso del artículo 58  y (xvix) el artículo 64, todos
de la Ley 975 de 2005, en cuanto consideró que no vulneraban el derecho a la
reparación de las víctimas[476].
Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz
también ha sido analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la cual ha destacado que pese a algunas insuficiencias puntuales, esta ley –
conjuntamente analizada con la Sentencia C – 370 de 2006 – constituye un
importante avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en
especial a la verdad y a la reparación:
“La Ley de Justicia y Paz supone la
morigeración del poder punitivo del Estado  como consecuencia de una serie de
acciones tendientes al aseguramiento de la verdad y la  reparación de las
víctimas. La CIDH destaca la importancia de que en la aplicación de la  Ley, la
satisfacción de estos componentes de verdad y reparación sean rigurosamente
examinados como condición imprescindible de la imposición de la pena atenuada.
La Ley de Justicia y Paz debe ser aplicada como un sistema de incentivos útiles
a la verdad, a la  individualización y castigo de los responsables y a la
reparación de las víctima”[477]
“La CIDH observa que la Ley de Justicia y
Paz establece disposiciones tendientes a satisfacer el derecho de las víctimas
a ser reparadas en forma integral por el daño producto de los crímenes
perpetrados durante el conflicto. El cumplimiento integral de este aspecto
depende en parte de que los desmovilizados beneficiarios devuelvan los  bienes
adquiridos ilícitamente”
[478].
Bajo estas consideraciones, si bien el
Estado podía crear un nuevo modelo legal de justicia transicional para las
personas desmovilizadas después del 25 de julio de 2005 prefirió realizar una
ampliación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz que implica aplicar y
mejorar un modelo cuya legitimidad ya ha sido admitida a nivel nacional e
internacional y que por ello la decisión de un nuevo o viejo sistema recae
sobre el Legislador, de manera que no es inconstitucional. Adicionalmente, se
debe tener en cuenta que la fecha se está prorrogando por primera vez y no
tiene vocación de permanencia por la señalada limitación de las postulaciones,
por lo cual se cumple con la exigencia de la necesaria temporalidad de la
justicia transicional.
E.
La
ampliación del plazo de la aplicación de la Ley 975 de 2005 frente a hechos
nuevos lejos de vulnerar la constitución permite garantizar finalidades propias
de la justicia transicional frente a un número mayor de postulados y de
víctimas
La justicia transicional está constituida por un
conjunto de procesos de transformación social y política profunda[479] en los cuales es necesario utilizar gran
variedad de mecanismos con el
objeto de lograr la reconciliación y la paz, realizar los derechos de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación, restablecer la confianza en el
Estado y fortalecer la democracia, entre otros, es decir, importantes valores y
principios constitucionales[480]
que pueden ser ampliados a través de la extensión de la vigencia de la Ley de
Justicia y Paz:
(i)
En
primer lugar, garantiza la reintegración a la sociedad de aquellas personas que
se encuentran en las mismas circunstancias fácticas de los desmovilizados antes
del 25 de julio de 2005 pero que por alguna circunstancia no hubieran podido
realizar dicho procedimiento con anterioridad.
La
reintegración es una de las finalidades de la pena en los procesos de justicia
transicional aplicable a aquellas personas que pese a haber cometido un delito
han decidido desmovilizarse: “Prevención
especial positiva[481]:
esta finalidad se realiza mediante una resocialización que se logra con la
reintegración seria de los actores armados, la cual solamente se podrá
consolidar si se garantiza la participación de los actores en la sociedad”.
Por lo
anterior, la posibilidad de aplicar la Ley de Justicia y Paz a hechos cometidos con posterioridad al
25 de julio de 2005 maximiza los objetivos de la justicia transicional al
lograr la reintegración integral a la sociedad de un número mayor de personas
que cumplen en todo caso con los mismos requisitos de los postulados iniciales.
(ii)
En
segundo lugar, aumenta el grado de cumplimiento de la garantía de prevención de las acciones u omisiones con
las cuales los derechos de las víctimas sean vulnerados o amenazados.
La Corte IDH desde su
primera sentencia[482]
relacionó la obligación general de garantía del artículo 1.1 de la CADH con el
deber de prevenir, el cual “abarca todas aquellas medidas de carácter
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de
los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal,
es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”.
De manera que se trata de una obligación positiva de parte del Estado que se
enmarca dentro del deber general de garantía, pues el mismo Tribunal ha
señalado que como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos en la
Convención.
Sobre esta obligación
específica cabe hacer mención al caso González y otras (Campo Algodonero)
contra México (2009), en el cual la Corte afirmó que los Estados deben adoptar
medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia
contra las mujeres, “En particular, deben contar con un adecuado marco
jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las
denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe
prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para
que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra
la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos
específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser
víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia
contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas
contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la
Convención Belém do Pará”[483].
Igualmente, la
Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha formulado
directrices sobre qué medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus
obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, las
cuales pueden ser: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos
humanos; garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; existencia
de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación
adecuada a las mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción
que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización
del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género,
accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas
para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en
la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y
elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer[484].
En este
sentido, debe señalarse que la ampliación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz permitirá la desmovilización
de más personas y  grupos y con ello que no sigan cometiendo delitos.
En este
sentido, cabe señalar que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en
la sentencia del caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la
Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia señaló que la
aplicación de la ley de justicia y paz y la desmovilización de los
paramilitares ha dinamizado las investigaciones por violaciones a los derechos
humanos que además ha
producido información valiosa que ha sido determinante para adelantar otros
procedimientos:
“403. En cuanto a las
investigaciones de integrantes de los grupos paramilitares, el Tribunal
constata que si bien los hechos que se someten a consideración del Tribunal
sucedieron hace más de 15 años, es recién a partir del proceso de
desmovilización de grupos paramilitares y guerrilleros y la posterior sanción
de la Ley de Justicia y Paz que se dinamizaron investigaciones relativas a
delitos cometidos por sus miembros.
Con respecto a estas
investigaciones de miembros de grupos paramilitares, existen dos períodos
diferenciados en el desarrollo de la investigación. El primero, que transcurre
entre el año 1997 y 2004 aproximadamente, en que comenzó el proceso de
desmovilización; y el segundo que se desarrolla entre el año 2004 y la
actualidad. Por una parte, con respecto al primer período, es clara la omisión
de no haber llevado a cabo investigaciones sino hasta más de siete años después
y, por ende, el exceso notable del plazo razonable. Sin embargo, desde el
inicio de la desmovilización de grupos armados ilegales y principalmente con la
entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, el Estado llevó adelante de
manera ininterrumpida investigaciones tendientes a determinar la
responsabilidad de paramilitares en violaciones de derechos humanos, en
general, y en el presente caso, en particular. Si bien los procesos no se
encuentran concluidos, el Estado ha informado a esta Corte que las versiones libres
estarían siendo objeto de verificación de veracidad que dos paramilitares han
sido sometidos a audiencia de imputación y que la mayoría de los postulados
están privados de su libertad, esperando una sentencia, desde el comienzo su
desmovilización, hace varios años. Asimismo, las actuaciones llevadas a cabo
por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2004 han producido
información valiosa que ha sido determinante para adelantar otros
procedimientos relativos a los hechos de este caso, y según señalaron el perito
Ciurlizza y el declarante a título informativo Samper, han sido determinantes
para develar información relativa a otros procedimientos judiciales”[485].
F.
La
ampliación del término de la Ley de Justicia y Paz permite la aclaración
definitiva de la situación jurídica y la reintegración de todas las personas
que se han desmovilizado con posterioridad a la vigencia de la Ley 975 de 2005
La ampliación del término de la Ley de Justicia
y Paz frente a hechos posteriores al 25 de julio de 2005 permite la aclaración
definitiva de la situación jurídica de las más de 20.000 personas que se han
desmovilizado después del 25 de julio de 2005, a quienes se les podrá aplicar de manera
directa el procedimiento de la ley de justicia y paz, lo cual podrá facilitar
su reintegración a la sociedad.
La vigencia temporal de la Ley 975 de 2005
ha sido objeto de múltiples discusiones hasta el punto que constituyó uno de
los principales argumentos para su reforma[486]. En este sentido, la problemática
consiste en que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 975 de
2005, es decir del 25 de julio de 2005 se presentaron miles de
desmovilizaciones individuales y colectivas, tal como lo demuestran las
siguientes tablas:
Desmovilizaciones colectivas[487]
Año
Nombre del bloque desmovilizado
Fecha
Número de desmovilizados
Total
2003
Bloque cacique Nutibara
Noviembre 25
868
1035
2004
Autodefensas de Ortega
Diciembre 07
167
2645
Bloque Bananero
Noviembre 25
451
Autodefensas del Sur del Magdalena
Diciembre 4
48
Bloque Cundinamarca
Diciembre 9
148
Bloque Catatumbo
Diciembre 10
1434
Bloque Calima
Diciembre 18
564
2005
Bloque Córdoba
Enero 18
925
10.417
Bloque Sur Oeste Antioqueño
Enero 30
126
Bloque Mojana
Febrero 2
109
Bloque Héroes de Tolová
Junio 15
464
Bloque Montes de María
Julio 14
594
Bloque Libertadores del Sur
Julio 30
689
Bloque Héroes de Granada
Agosto 1
2033
Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada
Agosto 6
209
Bloque Pacífico
Agosto 23
358
Bloque Centauros
Septiembre 3
1134
Bloque Noroccidente Antioqueño
Septiembre 11
222
Frente Vichada del BCB
Septiembre 24
325
Bloque Tolima
Octubre 22
207
Frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio
Diciembre 12
1922
Frente Mártires de Guática
Diciembre 15
552
Bloque Vencedores de Arauca
Diciembre 23
548
2006
Bloque Mineros
Enero 20
2789
17.573
Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá
Enero 28
742
Bloque Central Bolivar – santa Rosa del Sur
Enero 31
2519
Frente Resistencia Tayrona
Febrero 3
1166
Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio
Febrero 7
990
Frentes Próceres del Caguan, Héroes de los Andaquíes y Héroes
de Florencia
Febrero 15
552
Frente Sur del Putumayo
Marzo 1
504
Frente Julio Peinado Becerra
Marzo 4
251
Bloque Norte (El Copey – Chimila)
Marzo 8
2215
Bloque Norte (La Mesa – Valledupar)
Marzo 10
2544
Frentes Héroes del Llano y Héroes de Guaviare
Abril 11
1765
Frente Costanero
Abril 12
309
Frentes Pavarandó y Dabeiba
Abril 30
484
Frente Norte Medio Salaquí
Agosto 16
743
TOTAL DESMOVILIZADOS
31.671
Desmovilizaciones individuales
certificadas
por año 2003 – noviembre 2012[488].
AÑO
Cantidad de desmovilizados
2002
730
2003
2.638
2004
2.720
2005
2.501
2006
2.556
2007
2.934
2008
2.855
2009
2.792
2010
2.228
2011
1.354
2012
780
Total
23.354
La existencia de
desmovilizaciones con posterioridad al 25 de julio de 2005 tiene un problema en
sí mismo independientemente de que el sujeto haya o no cometido delitos
específicos, pues su sola pertenencia al grupo implica un concierto para
delinquir, por lo cual se le consideraría automáticamente como reincidente.
De esta manera, en Colombia se
han desmovilizado más de 20.000 personas con posterioridad a la Ley 975 de 2005
a las que no se les aplica la Ley de Justicia y Paz frente a lo que se han
buscado múltiples opciones como la expedición de la Ley 1424 de 2010, la cual
brinda una solución temporal otorgando beneficios especiales como la suspensión
de la orden de captura o la suspensión condicional de la ejecución de la pena
pero que no brinda una solución definitiva aplicable a todas estas personas
afectando claramente el principio de confianza legítima del Estado.
8.3.4.5 Conclusión sobre el cargo
La Ley 1592 de 2012 restringió la
posibilidad de nuevas postulaciones a eventos particularmente consagrados en el
artículo 37 y excluye la posibilidad de nuevas desmovilizaciones colectivas,
por lo cual no puede considerarse que haya prolongado indefinidamente su ámbito
de vigencia, el cambio realizado se remite específicamente a nuevos hechos
ocurridos desde el 25 de julio de 2005, lo cual es constitucional por los
siguientes motivos:
·
La prórroga
del marco de las medidas de justicia transicional ha sido plenamente aceptada
en Colombia.
·
La Corte
Constitucional ha admitido que la determinación de la vigencia de la Ley de
Justicia y Paz es una potestad del legislador.
·
La
ampliación del término de vigencia de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no implica un
desconocimiento de la temporalidad de la justicia transicional.
·
La
ampliación de la vigencia específica de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no afecta los derechos
de las víctimas.
·
La
ampliación del plazo de la aplicación de la Ley 975 de 2005 frente a hechos
nuevos lejos de vulnerar la constitución permite garantizar finalidades propias
de la justicia transicional frente a un número mayor de postulados y de
víctimas.
·
La
ampliación del término de la Ley de Justicia y Paz permite la aclaración
definitiva de la situación jurídica y la reintegración de todas las personas
que se han desmovilizado con posterioridad a la vigencia de la Ley 975 de 2005.
·
La ampliación
del término de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no afecta la
aplicación del Marco Jurídico para la Paz.
En virtud de lo anterior, se declarará la
exequibilidad de las expresiones demandadas de los artículos 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012 por los
cargos señalados por los demandantes.
9.       SÍNTESIS
Para mayor claridad expositiva, la Corte reagrupará
sus conclusiones, con base en tres ejes temáticos: (i) técnicas de gestión de
investigaciones criminales (priorización); (ii) algunos aspectos procesales de
la Ley 1592 de 2012; y (iii) cargos relacionados con los derechos de las
víctimas.
9.1 PRIORIZACIÓN
9.1.1 Resolución del cargo global de
inconstitucionalidad contra la priorización.
La Corte concluye que no prospera el cargo
global de inconstitucionalidad dirigido contra la adopción de la técnica de
priorización, en el sentido de que violaba el deber estatal de adelantar una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable, así como el derecho a
la igualdad de las víctimas de los casos no priorizados. Lo anterior, por las
siguientes razones:
La priorización es un instrumento de
política criminal que permite, no sólo racionalizar el orden de atención de las
demandas ciudadanas de justicia, mediante la adopción de unos criterios
transparentes (i.e. objetivo, subjetivo y complementario) sino abordar, de
manera mucho más eficiente y eficaz, la investigación de fenómenos delictivos
complejos, mediante el recurso a técnicas de análisis criminal.
De allí que la priorización sea empleada,
con diversos matices y particularidades, en distintos escenarios: (i) en
algunos países, la priorización se ha enfocado a la persecución de la
delincuencia organizada, e incluso, se ha empleado para evitar que el sistema
de administración de justicia se congestione con denuncias de conductas que no
ofrecen relevancia penal; (ii)  en aquellos Estados que ejercen la jurisdicción
penal universal (vgr. Canadá, Francia, España, etcétera), dado que conocen de
asuntos vinculados con realidades muy diversas y lejanas, la priorización ayuda
a contextualizar las investigaciones, y a decidir el orden lógico que éstas deben
seguir; (iii) en situaciones de justicia transicional, la priorización ayuda a
enfocar los esfuerzos investigativos hacia los máximos responsables y los
delitos más graves; y (iv) las instancias penales internacionales, la emplean,
admitiendo que no cuentan con la capacidad logística para judicializar a todos
los perpetradores de crímenes internacionales sobre quienes puede ejercer sus competencias.
En tal sentido, el empleo de la
priorización no configura violación alguna al deber estatal de adelantar una
investigación seria, imparcial y en un plazo razonable.
De igual manera, la Corte decide que no
prospera el cargo de inconstitucionalidad por violación al derecho a la
igualdad, en relación con los casos no priorizados, por las siguientes razones
principales:        (i) la aplicación de la priorización parte de constatar que,
objetivamente, no todas las víctimas son iguales; (ii) los delitos causan
diversos grados de impacto en la sociedad, y (iii) los victimarios son
diferentes                 (vgr. criminales individuales, crimen organizado,
grupos armados ilegales, agentes del Estado, etcétera). En conclusión, la
priorización se funda sobre un criterio de igualdad material. De igual manera, tampoco
comporta una renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal, sino su
racionalización. En efecto, desde el punto de vista teórico, la priorización es
una técnica de gestión de la investigación criminal, que consiste en reagrupar
casos individuales, de conformidad con patrones criminales, construidos a
partir del cruce de diversas variables (temporales, geográficas, calidad de la
víctima, etcétera), y de esta forma, concentrar los esfuerzos investigativos
hacia determinados sospechosos u organizaciones criminales.
9.1.2
Los
diversos cargos de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley 1592
que prevén el empleo de la priorización.
La Corte Constitucional no se ha limitado
solamente a resolver el cargo global de inconstitucionalidad que plantearon los
demandantes contra la priorización, sino que ha examinado la constitucionalidad
de cada uno de los artículos que la prevén en el texto de la Ley 1592 de 2012.
Lo anterior, con el fin de determinar si, en concreto, las expresiones y los artículos
acusados por los ciudadanos, comportan un desconocimiento del deber estatal de
adelantar una investigación seria e imparcial en un plazo razonable y si, de
igual manera, se desconoce el derecho a la igualdad de las víctimas de los
casos no priorizados.
En tal sentido, esta Corporación ha
examinado las referencias que se realizan al concepto de priorización y a sus
criterios, en las disposiciones de la Ley 1592 de 2012 referidas a: (i)
interpretación y aplicación de la ley (art.1); enfoque diferencial (art.3);
esclarecimiento de la verdad (art.10) y del fenómeno de despojo de tierras y
cooperación entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Restitución
de Tierras (art.11); competencias de la Fiscalía General de la Nación (art.12);
criterios de priorización de casos (art.13); versión libre y confesión (art.
14); y aceptación de cargos y priorización (art.18).
Luego de examinar cada uno de los empleos
que el legislador le acordó a la priorización, a lo largo de la Ley 1592 de
2012, la Corte concluye que los cargos de inconstitucionalidad no están
llamados a prosperar.
Por último, en relación con la expresión “las
víctimas correspondientes al patrón de macro-criminalidad con criterios de
priorización”, del parágrafo 5º  del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, la
Corte encuentra que se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
por cuanto en la sentencia C- 286 de 2014, el artículo 23 de la referida normatividad
fue declarado inexequible.
9.2. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES DE LA LEY
1592 DE 2012.
Inicialmente, los demandantes plantearon
siete (7) cargos de inconstitucionalidad relacionados con diversos aspectos
procesales de la Ley 1592 de 2012.
Luego de analizar el cumplimiento de los
requisitos para configurar un cargo de inconstitucionalidad, la Corte concluye
que: (i) en relación con el artículo 11 de la Ley 1592 de 2012 (cooperación con
los procesos penales ordinarios), el cargo planteado carece de certeza, razón
que impide adelantar un examen de fondo, y en consecuencia, procede un fallo
inhibitorio; y (ii) respecto a la exclusión del recurso extraordinario de
casación del parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, se configura
el fenómeno de la cosa juzgada material.
De allí que esta Corporación sólo examina
la procedencia de los cuatro (4) cargos de inconstitucionalidad que se
configuraron en relación con algunos aspectos procesales de la Ley 1592 de
2012.
9.2.1. Primer cargo: advierte que las
versiones libres conjuntas o colectivas (parágrafo del artículo 14 de la Ley
1592 de 2012) vulneran el principio de la responsabilidad penal individual y el
derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
La Corte considera que el cargo por
inconstitucionalidad no está llamado a prosperar por cuanto: (i) las normas
acusadas no eximen del deber que tiene el Estado de probar la responsabilidad
penal de cada postulado en la comisión de determinados crímenes, es decir, no
se estableció un sistema de responsabilidad penal colectiva; (ii) la
realización de versiones libres conjuntas o colectivas permite reconstruir,  de
mejor forma, el contexto de la comisión de los crímenes del grupo armado
ilegal; y (iii) tampoco se desconocen los derechos de las víctimas a la verdad
y la justicia, ya que las versiones libres serán confrontadas con otras pruebas
obrantes en el expediente o que se recauden posteriormente.
9.2.2 Segundo cargo. Plantea que la regulación de la audiencia concentrada y
la terminación anticipada del proceso (Inciso 4º y parágrafo del artículo 18 y
expresión “concentrada” del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012) vulneran
el derecho de las víctimas a participar en el proceso.
La Corte estima que la figura de la
audiencia concentrada en el trámite de justicia y paz no desconoce los derechos
de las víctimas a participar en el proceso, por cuanto se trata de una medida
encaminada a suprimir trámites procesales innecesarios y a agilizar las
actuaciones de los fiscales y magistrados, con miras a obtener sentencias en
menor tiempo. Otro tanto sucede con la terminación anticipada del proceso, por
cuanto los postulados admiten sus responsabilidades en la comisión de
innumerables delitos, por medio de la técnica de los patrones macrocriminales.
La Corte considera que el cargo de
inconstitucionalidad no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:
La aceptación de cargos tiene
dos prerrequisitos que resultan fundamentales para garantizar que el Estado
recaude información suficiente sobre los hechos realizados por el imputado: (i)
requiere que previamente se haya presentado una versión libre y completa de los
hechos por parte del postulado; y (ii) que previamente la Fiscalía haya
imputado cargos al desmovilizado.
El Tribunal Constitucional  ha declarado,
en múltiples ocasiones, la constitucionalidad del mecanismo de sentencia
anticipada.
Para resguardar los especiales
deberes que frente a la verdad tiene el Estado en casos de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la
norma contempla la exigencia de que haya sido revelado previamente el patrón de
macro- criminalidad.
Por último, la terminación
anticipada, regulada en el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, no implica que
los hechos individuales admitidos por el postulado no sean investigados, sino
que el patrón macro-criminal, que explica y comprende la comisión de aquéllos,
ya se ha revelado en el macroproceso y se ha declarado probado en una sentencia
judicial, razón por la cual no tienen que volver a investigarse, pues ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada.
En conclusión, la Corte declarará
exequibles el inciso 4º y el parágrafo del artículo 18 y la expresión “concentrado”,
del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
9.2.3 Tercer cargo: Se orienta a establecer
que la sustitución de la medida de aseguramiento y la suspensión condicional de
la ejecución de la pena configuran unos “privilegios” para los postulados, en
detrimento de los derechos de las víctimas (artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de
2012)
La Corte considera que, en materia de sustitución
de la medida de aseguramiento, el legislador actuó dentro de su ámbito de
configuración normativa. En efecto, atendiendo consideraciones político-criminales consagró un
instrumento especial que motivara a los desmovilizados a contribuir con el
restablecimiento de los derechos de las víctimas y que, a su vez, asegurara que
no continuarían delinquiendo. Lo anterior, acompañado de fuertes restricciones
y condiciones que, de no cumplirse, darán lugar a la revocatoria del beneficio.
De igual manera, en relación con la figura
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la Corte estima que el
legislador ha actuado dentro de su margen de configuración normativa, sin
desconocer los derechos de las víctimas a la verdad la justicia. Lo anterior,
por las siguientes razones:
En primer lugar, la suspensión condicional
de la ejecución de la pena, en el proceso de justicia y paz, permite garantizar
las finalidades de resocialización y reintegración propias de un proceso de
justicia transicional. Para el caso específico del artículo 18 B, la suspensión
condicional de la ejecución de la pena tiene precisamente por objeto garantizar
la resocialización y la reintegración.
En segundo lugar, la suspensión de la
ejecución de la pena, contemplada en el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012, es
una medida plenamente coherente con el sistema de duración de la pena
alternativa de la Ley de
Justicia y Paz declarada
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, pues exige
que el postulado haya estado privado de la libertad al menos 8 años por delitos cometidos durante y
con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
En tercer lugar, la norma cumple con el
principio de prevención, pues contempla un amplio sistema de vigilancia sobre
los postulados que accedan a la suspensión condicional de la ejecución de la
pena. En este sentido, la medida podrá revocarse en determinados supuestos
garantizando plenamente la colaboración del desmovilizado con la salvaguarda de
los derechos de las víctimas y la no repetición de conductas punibles.
9.2.4 Cuarto cargo: Plantea
que la extradición de los postulados de Justicia y Paz (expresiones demandadas
del artículo 31 de la Ley 1592 de 2012) vulnera los derechos de las víctimas a
la verdad y la justicia.
La Corte considera que no les asiste razón a los demandantes, en
el sentido de que la norma acusada vulneraría los derechos de las víctimas a la
verdad y a la justicia, concluyendo que el artículo 31 de la Ley 1592 de 2012
regula in extenso los deberes del Estado colombiano en relación con los
postulados extraditados. Al respecto, la norma acusada prevé que las
autoridades colombianas deben adoptar medidas encaminadas a que los postulados
extraditados: (i) continúen colaborando con la justicia; (ii) revelen los
motivos y las circunstancias en que se cometieron las conductas investigadas;
(iii) faciliten que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados, sean
incautados con destino al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En
conclusión la Corte declarará exequibles las expresiones “de los postulados
extraditados”, “por efecto de la extradición concedida”, “los
postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” del
artículo 31 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
9.3 ALGUNOS CARGOS PLANTEADOS SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS
Respecto a la vulneración, por parte de ciertas
disposiciones contenidas en la Ley 1592 de 2015, de los derechos de las
víctimas, los demandantes plantearon inicialmente once (11) cargos de
inconstitucionalidad.
Después de haber realizado el análisis del
cumplimiento de los requisitos para configurar cargos de inconstitucionalidad,
la Corte concluye: (i) en relación con los segmentos normativos de los
artículos 3 y 10 de la Ley 1592 de 2012, el cargo planteado no cumple con el
requisito de certeza, razón que impide adelantar un examen de fondo; (ii) en
cuanto a la expresión “La definición de estos derechos se encuentra
desarrollado en la Ley 1448 de 2011”, del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012, el
cargo carece de certeza, suficiencia, pertinencia y claridad; (iii) frente al
segmento del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012 (remisión de la versión rendida
por el postulado a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz),
el cargo no es cierto, y como consecuencia, esta Corporación se abstiene  de adelantar
el examen de fondo; (iv) respecto a las limitaciones a la funciones de la
Defensoría del Pueblo, consignadas en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley
1592 de 2012, advierte que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional;
(v) frente a la expresión “y hasta el término de la condena ordinaria allí
establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, el cargo formulado no es
cierto, razón que impide adelantar el examen de fondo; (vi) respecto al cambio
del incidente de reparación integral por el incidente de identificación de
afectaciones incorporado por los artículo 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de
2012, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada material; y (vii) en relación
con el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, con la declaración de
inexequibilidad del artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, en Sentencia C-286 de
2014, el cargo perdió fundamento y en ese sentido carece de certeza.
Por lo anterior, la Corte sólo examina de fondo la
procedencia de cuatro (4) cargos de inconstitucionalidad.
9.3.1.2. La remisión de la Ley 1592 de 2012 al procedimiento
de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011
En segundo lugar, con respecto a la remisión realizada
en los artículos de la Ley 1592 de 2012, al procedimiento de restitución de
tierras reglado en  la Ley 1448 de 2011, la Corte entra a analizar cada una de
las expresiones demandadas concluyendo:
A.
Frente a los
segmentos normativos de los artículos 30 y 38 de la Ley 1592 de 2012
Frente a los segmentos normativos “La restitución jurídica y material de las
tierras a los despojados y desplazados se llevará a cabo mediante el proceso
establecido en la Ley 1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, sustituyan o
adicionen” y “con el objeto de integrar las medidas de
justicia transicional, no habrá restitución directa en el desarrollo de los
procesos judiciales de que trata la presente ley” del artículo 30, y  “excepcional” y “En los demás casos, se observará lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011” del artículo 38 de la Ley 1592 de 2012, en virtud de las cuales
se hace una remisión de los procesos de  restitución de bienes a lo establecido
en la Ley 1448 de 2011, la Sala considera no vulnerados los derechos de las
víctimas por las siguientes razones:
(i)
Si bien en virtud
de la norma demandada, el proceso de restitución de tierras se debe llevar a
cabo por fuera del penal, esto no implica realizarlo con posterioridad al
proceso de justicia y paz, pues son absolutamente independientes, y por ello,
incluso podía ser iniciado primero el de restitución de tierras.
(ii)
Las
particularidades del proceso penal transicional, dentro del cual es necesario
establecer la responsabilidad de todos los autores de  violaciones masivas de
derechos humanos, hace que el mismo pueda tener una duración mayor que aquella
del proceso de restitución de tierras.
(iii)
La restitución de
inmuebles ha sido tramitada tradicionalmente en el marco de un proceso civil,
por lo cual la norma simplemente responde a la naturaleza de estos
procedimientos.
(iv)
Los procedimientos
de restitución de inmuebles tienen una serie de circunstancias ajenas al
proceso penal que, pueden hacer conveniente tramitarlos fuera de éste. Lo
anterior por cuanto (i) debe determinarse la titularidad actual del inmueble; (ii)
pueden existir eventos en los que se demuestre que procede la restitución pero
no el delito; y (iii) se pueden dar oposiciones de terceros de buena fe que no
tienen ninguna relación con el despojo.
(v)
El procedimiento de
restitución de tierras, contemplado en la Ley 1592 de 2012, no es un proceso
ordinario, sino un trámite especial revestido de múltiples herramientas para
garantizar su eficacia.
B.      En relación con el artículo 8º de
la Ley 1592 de 2012
El artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 señala que los
bienes entregados por los postulados para contribuir a la reparación de las
víctimas, deben ser destinados a un fondo común para desarrollar los programas
de la Ley 1448 de 2011. Esta
disposición permite que los bienes de los desmovilizados se trasladen a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución Tierras Despojadas  a pesar de que la reparación de las víctimas de los
procesos de justicia y paz ya no es exclusivamente administrativa sino judicial,
en virtud de lo decidido por esta Corporación en las Sentencias C-180 y C-286
de 2014.
La Corte considera que dicha regulación deja a las
víctimas en los procesos de justicia y paz sin recursos, afectando gravemente
su derecho a la reparación. Por lo anterior, declara la inexequibilidad de la
expresión “Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras
Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las
víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de
justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas”.
La
declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012,
es consecuente con lo decidido por la Corte en sentencia C-180 de 2014:
“el apartado normativo “y remitirá el expediente a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes
para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar”
del inciso quinto del artículo 23 y el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592
de 2012 son inconstitucionales porque impiden a la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial
adoptar las medidas de reparación relativas a la rehabilitación, restitución,
indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de las
víctimas, lo cual desconoce que en virtud del artículo 2º de la Constitución
Política, corresponde a las autoridades garantizar la efectividad de los
derechos de las víctimas y en concordancia con ello y por mandato de los
numerales 6° y 7° del artículo 250 de la Constitución Política, compete al juez
penal de conocimiento adoptar de manera concreta las medidas de reparación
integral dentro del respectivo proceso.”
En síntesis, esta declaratoria de
inexequibilidad, antes que contrariar los precedentes sentados en las
Sentencias C-180 y 286 de 2014 los complementan, acordándole una mayor
coherencia interna al sistema de reparación integral de las víctimas del
conflicto armado interno.
C.      Respecto del segmento normativo del
artículo 11 de la Ley 1592 de 2012
Así mismo, esta Corporación declara la exequibilidad
de la expresión “la pondrá a disposición de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el
fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de
los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley 1448 de 2011” del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012, por considerar que permiten una colaboración armónica y eficaz
entre las autoridades que participan en el proceso de justicia y paz y las
encargadas de la restitución de los predios despojados o abandonados, lo cual
desarrolla los principios de la función pública y no vulnera los derechos de
las víctimas.
D. En relación con los parágrafos 2º y  3º
del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012
En cuanto al parágrafo 2º del artículo 16 de la
Ley 1592 de 2012, la Corte declara su exequibilidad, ya que lejos de generar
consecuencias negativas para  las víctimas, permite la salvaguarda de sus derechos a través de dos
mecanismos que impiden que se disponga fraudulentamente del bien, garantizando
que el mismo sea restituido a las víctimas: (i) permite que
inmediatamente se identifique que un bien es de un desmovilizado se dicten
medidas cautelares sobre el mismo, con el objeto de evitar su enajenación, pues
debe ser destinado a reparar a las víctimas; y (ii) facilita que si el
bien ha sido solicitado en un proceso de restitución sea transferido
inmediatamente al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, para iniciar el proceso de restitución.
El parágrafo 3º del mismo artículo 16, permite el traslado de los bienes al Fondo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en
aquellos eventos en los cuales exista solicitud de restitución, inmediatamente
después de decretadas unas medidas cautelares sobre el mismo, lo cual tiene por
objeto garantizar la restitución de los bienes y con ello el derecho a la
reparación de las víctimas, evitando dilaciones injustificadas.
E. Respecto a la expresión demandada del
artículo 27 de la Ley 1592 de 2012
La Corte considera que la expresión del artículo 27 de
la Ley 1592 de 2012 que establece que “la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones
relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las
Víctimas” está conforme
con la Constitución. Esa disposición permite la presentación de recursos por la
Unidad Administrativa Especial, en cumplimiento del deber  jurídico que le
asiste de velar por los derechos de las víctimas.
F. Frente al artículo 32 de la Ley 1592 de
2012
El artículo 32 de la Ley 1592 de 2012, por su parte,
señala que “Con el fin de contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas
a la reparación integral, las asambleas departamentales y los concejos
municipales o distritales implementarán programas de condonación y compensación
de los impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación o
restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011” (se subraya la parte
acusada). Esta Corporación
estima que ese segmento normativo no afecta el derecho de las víctimas a
la reparación, pues,  por el contrario, permite el saneamiento de las deudas
tributarias de los inmuebles sujetos a procesos de restitución o reparación.
G. Respecto del artículo 39 de la Ley 1592 de 2012
En lo que hace referencia a los cargos planteados por
los accionantes, en el sentido de considerar que la remisión de la Ley 1592 de
2012 a la Ley 1448 de 2011 vulnera los derechos de las víctimas, la Corte
concluyó que las expresiones “se podrán” y “según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de
2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas” del artículo 39 de la Ley 1592 de 2012 son constitucionales, ya que
permiten aplicar las
presunciones de despojo previstas en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011 y la
figura de las compensaciones en especie; dos elementos que juzga necesarios
para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.
9.3.2 Segundo cargo: La no exigencia de que los bienes ofrecidos por
los postulados a la Ley de Justicia y Paz tengan vocación reparadora, así como
los límites a la posibilidad de que disponen las víctimas para interponer
recursos e intervenir en audiencias relacionadas con ese tema, vulnera su
derecho a la reparación.
Los accionantes consideran que las expresiones
demandadas de los artículos 5, 7, 8 y 17 de la Ley 1592 de 2012 no exigen que
los postulados denuncien, ofrezcan y entreguen obligatoriamente bienes con
vocación reparadora, lo cual afectaría los deberes de aquellos y el derecho a
la reparación de las víctimas.
9.3.2.1. En relación con los segmentos normativos del
artículo 5º de la Ley 1592 de 2012
La Corte considera que la expresión “cuando se verifique que el postulado no haya
entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona”, contemplada en el numeral 3º del
artículo 5º de la Ley 1592 de 2012 es constitucional, en relación con el cargo
sobre la vocación reparadora de los bienes. Estima que, si bien este numeral
permite sancionar solamente eventos en los que no se entreguen, ofrezcan o
denuncien bienes adquiridos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo,
existen otras causales en el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012,  que
generan la exclusión de justicia y paz de aquellos desmovilizados que: (i) entreguen
de manera fraudulenta bienes que carezcan de  vocación reparadora; o (ii) que teniendo
la obligación de entregar uno que sí la tenga, no lo haga.
Por otra parte, después de estudiar las expresiones
contempladas en el numeral 6º del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, la Corte
considera que no permitirle a las víctimas solicitar la realización de una
audiencia de terminación del proceso de justicia y paz, cuando los postulados
hayan incurrido en las causales señaladas en la ley, afecta sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación. Por consiguiente, declara la exequibilidad condicionada de
las expresiones demandadas, en
el entendido que las víctimas también podrán solicitar la audiencia de
terminación del proceso de justicia y paz.
Esta Corporación declara la exequibilidad de la
expresión “la preclusión de la investigación como consecuencia de la
extinción de la acción penal”, del parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley
1592 de 2012, toda vez que en
el sistema penal ordinario, una vez  extinta la acción penal,  procede la
terminación del proceso; y si no existe sentencia, la decisión procedente será la
de declarar la preclusión, tal como operaría en el sistema penal ordinario,
demostrando que no se presenta una vulneración a los derechos de las víctimas.
Con respecto a la expresión “con posterioridad a la
entrega de los bienes”, contemplada en el parágrafo 3° del artículo
5º de la Ley 1592 de 2012, el Tribunal Constitucional concluye que es
exequible, en el entendido que el proceso también podrá continuar frente a los
bienes ofrecidos o denunciados
por el desmovilizado, si aún no han sido entregados. Lo anterior, por cuanto la
norma no señalaba qué sucede cuando la muerte se produce con posterioridad al
ofrecimiento, o a la denuncia de los bienes, pero no a su entrega, afectando
los derechos de las víctimas, toda vez que si se siguen las reglas proceso
penal, aquel  tendría que concluir sin lograrse una efectiva reparación.
9.3.2.2. En relación con las expresiones demandadas
del artículo 7º de la Ley 1592 de 2012
La expresión demandada del inciso 4º del artículo 7º de la Ley 1592 de
2012, no exige que se tenga en cuenta la información aportada por las víctimas
para decidir sobre la adopción de medidas cautelares, afectando con ello sus
derechos. En virtud de lo anterior se declaró su exequibilidad condicionada en
el entendido que también se deberá tener en cuenta la información suministrada
por aquellas.
Igualmente, se declaró la exequibilidad condicionada
del parágrafo del artículo 7º
de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que la falta de vocación reparadora, no
podía ser imputable a un propósito del postulado de defraudar los derechos de
las víctimas y que éstas
también pueden denunciar bienes de los postulados o de terceros a quienes se
les hayan transferido ilegalmente.
9.3.2.3. En relación con el artículo 17 de la Ley 1592
de 2012
La Corte declara la exequibilidad de la expresión “Si la decisión del incidente fuere
favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida
cautelar”, contemplada en
el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que las víctimas podrán
participar en el incidente, toda vez que la norma no expresa en ningún momento
la posibilidad de que las víctimas intervengan en él, lo cual debe quedar
completamente claro, pues tienen una pretensión indemnizatoria directa y el
derecho a evitar la existencia de fraudes frente a la transferencia de los
bienes a terceros.
9.3.3 Tercer cargo: La limitación de los recursos en
el proceso de Justicia y Paz, vulnera los derechos de las víctimas a la participación,
al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia.
Esta Corporación concluye que, la limitación de los
recursos en el proceso de justicia y paz consagrada mediante las expresiones “solo”
y “de fondo” del inciso 2º “demás” y “solo” del inciso
3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, es proporcionada y no vulnera el
debido proceso, ya que se encuentra
plenamente justificada en la finalidad de otorgar celeridad al proceso de
Justicia y Paz. Por otro lado, en relación con el parágrafo 3º del artículo 27
de la Ley 1592 de 2012 se consideró que existe cosa juzgada material, pues el
mismo contenido normativo consagrado en esa disposición fue declarado exequible
en Sentencia       C – 370 de 2006 por el mismo cargo formulado por los
accionantes, sin que existan argumentos adicionales que justifiquen analizarla
nuevamente.
9.3.4 Cuarto cargo: se desarrolla en el sentido de que
las nuevas postulaciones y la aplicación temporal de la Ley 975 de 2005,
vulneran los derechos a la paz, a la verdad, a la justicia a la reparación y a
las garantías de no repetición de las víctimas.
La Ley 1592 de 2012 restringió la posibilidad de
nuevas postulaciones a eventos consagrados en el artículo 37, y excluyó la
posibilidad de nuevas desmovilizaciones colectivas. No puede considerarse que
dicha disposición haya prolongado indefinidamente su ámbito de vigencia, pues
el cambio realizado se remite específicamente a nuevos hechos ocurridos desde
el 25 de julio de 2005. Por consiguiente, la Corte declara  exequibles los
artículos 36 y 37 de la Ley 1592 de 2012, ya que:
·
La prórroga del marco
de las medidas de justicia transicional ha sido plenamente aceptada en Colombia[489].
·
Esta Corporación ha
admitido que la determinación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz es una
potestad del legislador[490].
·
La extensión del
término de vigencia de la Ley
de Justicia y Paz, frente a
nuevos hechos, no implica un desconocimiento de la temporalidad de la justicia
transicional.
·
La ampliación de la
vigencia específica de la Ley
de Justicia y Paz frente a hechos
nuevos no afecta los derechos de las víctimas.
·
La prórroga del plazo
de la aplicación de la Ley 975 de 2005,  frente a nuevos hechos, lejos de
vulnerar la Constitución, permite garantizar finalidades propias de la justicia
transicional, respecto a un número mayor de postulados y de víctimas.
·
La ampliación del término
de la Ley de Justicia y Paz, permite la aclaración definitiva de la situación
jurídica y la reintegración de todas las personas que se han desmovilizado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 975 de 2005.
·
La extensión del
término de la Ley de Justicia y Paz frente a nuevos hechos no afecta la
aplicación del Marco Jurídico para la Paz.
III.
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, esta
Corporación, ejerciendo  la administración de justicia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las
siguientes expresiones y disposiciones relacionadas con la aplicación de los
criterios de priorización:
La expresión “aplicando criterios de priorización
en la investigación y el juzgamiento de esas conductas” del artículo 1º de
la Ley 1592 de 2012.
La expresión “sin perjuicio de la aplicación de criterios de
priorización” del artículo
3º de la Ley 1592 de 2012.
La expresión “La investigación se surtirá conforme
a los criterios de priorización que determine el Fiscal General de la Nación en
desarrollo del artículo 16A de la presente ley” del artículo 10 de la Ley
1592 de 2012.
La expresión “y de conformidad con los criterios de priorización” del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012.
La expresión “de acuerdo con los criterios de
priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con
el artículo 16A de la presente ley” del artículo 12 de la Ley 1592 de 2012.
Las expresiones “de priorización” del inciso segundo y “de
priorización” del inciso tercero y “concentrando los esfuerzos de investigación en los
máximos responsables” del
artículo 13 de la Ley
1592 de 2012.
La expresión “de conformidad con los criterios de
priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” del artículo
14 de la Ley 1592 de 2012.
El parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012.
SEGUNDO.- Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, en
relación con la expresión: “la
pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los
procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448
de 2011”, del artículo 11
de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.
TERCERO.- Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia       C-
286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, en relación con la
expresión “las víctimas correspondientes al patrón
de macro-criminalidad con criterios de priorización”, del parágrafo 5º  del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.
CUARTO.- Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en
sentencia        C- 370 de 2006, que declaró exequible el parágrafo 3º del
artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en relación con el parágrafo 3° del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.
QUINTO.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “colectivas o conjuntas”
y “de manera colectiva” del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de
2012, por los cargos analizados.
SEXTO.- Declarar EXEQUIBLES el inciso 4º y el parágrafo del artículo 18
y la expresión “concentrado”, del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012,
por los cargos analizados.
SÉPTIMO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de
2012, por los cargos analizados.
OCTAVO.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “de los postulados
extraditados”, “por efecto de la extradición concedida”, “los
postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” del artículo
31 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.
NOVENO.- Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación
con las expresiones: “cuando el riesgo se genere con ocasión de su
participación en el proceso judicial especial de que trata la presente ley”
del artículo 3º y “en los eventos en los que haya lugar” del artículo
10º de la Ley 1592 de 2012,
por inepta demanda.
DÉCIMO.- Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación
con el segmento normativo: “la
versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el
proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el
fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los
criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación,
elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación,
comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones
y contextos de criminalidad y victimización”, del
artículo 14 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.
DÉCIMO PRIMERO.- Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-
286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.
DÉCIMO SEGUNDO.- Declararse INHIBIDA para proferir
un fallo de fondo en relación con la expresión: “y hasta el término de la
condena ordinaria allí establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.
DÉCIMO TERCERO.- Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de
fondo en relación con el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.
DÉCIMO CUARTO.- Por los cargos  de vulneración a los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación,  y a las garantías de no
repetición, como consecuencia de la remisión de la Ley 1592 de 2012 a los
procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011:
-
Declararse INHIBIDA para
proferir un fallo de fondo, en relación con la expresión: “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”, del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.
-
Declarar INEXEQUIBLE
el segmento normativo: “Estos
bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados
a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata
la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en
los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso
preferente a estos programas”
del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.
-
Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados, las siguientes expresiones y disposiciones
relacionadas con la remisión del proceso de Justicia y Paz a los procedimientos
contemplados en la Ley 1448 de 2011:
·     La expresión: “la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de
contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de los
predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley 1448 de 2011” del artículo 11º de la Ley 1592 de 2012.
·     Los parágrafos 2º y 3º del artículo 16 de
la Ley 1592 de 2012.
·     El parágrafo 4º del artículo 27 de la Ley
1592 de 2012.
·     El artículo 30 de la Ley 1592 de 2012.
·     La expresión: “en el marco de la Ley
1448 de 2011” del artículo 32 de la Ley 1592 de 2012.
·     Las expresiones: “excepcional” y “En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011” del artículo 38 de la Ley 1592 de 2012.
·     Las expresiones: “se podrán” y “según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas” del artículo 39 de la Ley
1592 de 2012.
DÉCIMO QUINTO.- Por los cargos relacionados con la no exigencia de que los bienes ofrecidos
por los postulados a la Ley de Justicia y Paz tengan vocación reparadora, al
igual que los límites a la posibilidad de que disponen las víctimas de
interponer recursos e intervenir en audiencias relacionadas con ese tema:
-
Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados, las siguientes expresiones y disposiciones:
La expresión: “Cuando se verifique que el postulado no haya
entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado
organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al
mismo, de forma directa o por interpuesta persona”, del numeral 3º del artículo 5º de la Ley
1592 de 2012.
Las expresiones: “y debe ser presentada por el fiscal del caso”
y “según lo considere
pertinente el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud”, del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012.
La expresión: “la preclusión de la
investigación como consecuencia de la extinción de la acción penal” consagrada
en el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que
las víctimas también podrán solicitar la audiencia de terminación del proceso
de justicia y paz.
La expresión “con posterioridad a la
entrega de los bienes”, contemplada en el parágrafo 3° del artículo
5º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que el proceso también podrá
continuar frente a los bienes ofrecidos
o denunciados por el desmovilizado si aún no han sido entregados.
La expresión “el fiscal delegado del caso y por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
–Fondo para la Reparación de las Víctimas” del  inciso 4º del artículo 7º de la Ley 1592 de
2012, en el entendido que también se deberá tener en cuenta la información
suministrada por las víctimas.
El parágrafo del artículo 8º de la Ley 1592
de 2012, por el cargo sobre la vocación reparadora de los bienes.
La expresión “Si la decisión del incidente fuere favorable al
interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar” del artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, en
el entendido que las víctimas podrán participar en el incidente.
-
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 7º de la Ley 1592
de 2012, en el entendido que la falta de vocación reparadora no puede ser
imputable a un propósito del postulado de defraudar los derechos de las
víctimas y que las víctimas
también tienen derecho a denunciar bienes de los postulados o los de terceros a
los cuales se les hayan transferido ilegalmente.
DÉCIMO SEXTO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos
analizados,  las expresiones “solo” y “de fondo” del
inciso segundo, y, “demás” y “solo” del inciso tercero del
artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados,
las expresiones “Para
el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el
Gobierno nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos
con anterioridad a la fecha de su desmovilización”, y “con anterioridad a su desmovilización
y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” del artículo 36, y “con anterioridad al 31 de diciembre de
2012. Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir
sobre su postulación” y
el inciso 2º del artículo  37 de la Ley 1592 de 2012
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (e)
Con salvamento
parcial de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Impedimento
aceptado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Impedimento
aceptado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Ausente con
permiso
GUSTAVO CUELLO
IRIARTE
Conjuez
ENRIQUE GIL BOTERO
Conjuez
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-694/15
CAUSALES DE TERMINACION DEL PROCESO DE
JUSTICIA Y PAZ Y EXCLUSION DE LA LISTA DE POSTULADOS-Norma no contempla como causal de exclusión de los
beneficios de justicia y paz, que el aspirante al favorecimiento legal
denuncie, ofrezca o entregue solo bienes sin vocación reparadora (Salvamento
parcial de voto)/CAUSALES
DE TERMINACION DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ Y EXCLUSION DE LA LISTA DE
POSTULADOS-Norma omite prever un deber a cargo del
Estado de investigar e imponer sanciones efectivas, adicionales a la exclusión
del individuo, por eventuales ilícitos de fraude a la justicia, como se
había exigido en la sentencia C-370 de 2006 (Salvamento parcial de voto)
NORMA SOBRE EXCLUSION DE BENEFICIOS DE
JUSTICIA Y PAZ-Debió
condicionarse exequibilidad de norma a que exclusión de beneficios opere sin
perjuicio de obligación del Estado de investigar y sancionar el fraude a la
justicia, con arreglo a las normas penales sobre la materia (Salvamento parcial
de voto)
FORMULACION DE IMPUTACION Y ACEPTACION DE
CARGOS EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Debió condicionarse exequibilidad de norma acusada
(Salvamento parcial de voto)
RESTITUCION DIRECTA DE TIERRAS EN LA
JUSTICIA TRANSICIONAL-Debió
declararse inexequibilidad de norma por suponer que se multiplican cargas
procesales de víctimas al someterlos a otro proceso para reparación integral
del daño (Salvamento parcial de voto)
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Corte debió declararse inhibida a partir
del supuesto que postulado ha sido extraditado para facilitar contribución a la
verdad, justicia y reparación aun cuando no estatuye ni permiso, ni orden, ni
prohibición de extraditarlos (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-9818
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3, 4, 5,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36,
37, 38, 39, 40 y 41  (todos parcialmente) e integralmente los artículos
19, 20 y 29 de la Ley 1592 de 2012.
Demandantes: Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Judith
Maldonado Mojica, Blanca Irene López Garzón,  Gelasio Cardona Serna, Lilia
Peña Silva, Luis Alfonso Castillo Garzón, Vilma Gutiérrez Méndez, Diógenes
Manuel Arrieta Zabala, Elías Sebastián Castro Ramírez, Dora María Macías
Montero, Ricardo Rosas Viso y Félix Tomás Jiménez
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el debido respeto, salvo parcialmente el voto. Si
bien coincido en su mayoría con resoluciones adoptadas en esta sentencia,
disiento de la determinación tomada respecto de los siguientes cuatro
preceptos: el numeral 3º del artículo 5º, el parágrafo del artículo 18, y los
artículos 30 y el 31 (parcial) de la Ley 1592 de 2012. Expongo las razones de
mi discrepancia a continuación:
1. El artículo 5º numeral 3 de la Ley debió
ser objeto de un condicionamiento. Como sostuvieron los actores, la norma no
contempla como causal de exclusión de los beneficios de justicia y paz, que el
aspirante al favorecimiento legal denuncie, ofrezca o entregue solo bienes sin
vocación reparadora. Además, la Ley omite prever un deber a cargo del Estado de
investigar e imponer sanciones efectivas, adicionales a la exclusión del
individuo, por eventuales ilícitos de fraude a la justicia, como se había
exigido en la sentencia C-370 de 2006. En esta última, la Corte controló un
esquema legal que contemplaba para los postulados la obligación de rendir
versión libre, sin especificar que debía ser veraz, plena e integral.
Decía también que si después de la “versión libre”, el Estado descubría
la participación del condenado en un delito no mencionado en su declaración,
debía demostrar el Estado que la omisión –del procesado- era intencional. De lo
contrario, el procesado conservaba los beneficios otorgados por la ley,
extendidos pues al delito no confesado. En cambio, si el Estado lograba
demostrar que la omisión había sido voluntaria, entonces la persona conservaba
los beneficios para todos los delitos confesados, pero no para los inconfesos.
La Corte dijo, al respecto, que no bastaba simplemente con retirarle los
beneficios de la ley de justicia y paz, pues era necesario además imponer
sanciones efectivas (adicionales) por el fraude a la justicia:
“El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la
verdad protege, en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean
investigados. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el
Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación
seria acorde con la normatividad nacional e internacional. Una de las formas de
violación de este derecho es la inexistencia de medidas que sancionen el fraude
a la justicia o sistemas de incentivos que no tomen seriamente en cuenta estos
factores ni promuevan seria y decididamente la consecución de la verdad.
6.2.2.1.7.7. Adicionalmente, el derecho a
la verdad incorpora el derecho a conocer
las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos
fueron cometidos. Todo esto
conduce a que la víctima vea públicamente reconocido su dolor y su plena
ciudadanía en términos de su reconocimiento como sujeto de derechos. Así mismo,
conduce a que las personas afectadas puedan saber, si así lo desean, las
razones y condiciones en las cuales se cometió el delito.
6.2.2.1.7.8. De otra parte, cuando se
trata del delito de desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad
apareja el derecho a conocer el destino final de la persona desaparecida. Según
lo ha establecido la jurisprudencia internacional, mantener a los familiares de
una víctima de desaparición forzada en la incertidumbre sobre el destino de su
ser querido, vulnera el derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o
degradantes.
6.2.2.1.7.9. Naturalmente todos estos
derechos comportan el deber irrenunciable del Estado de investigar de manera
seria y exhaustiva los delitos cometidos y de informar sobre el resultado de
sus investigaciones.
6.2.2.1.7.10. En cuanto se refiere a la dimensión
colectiva de la verdad, su contenido mínimo incluye la posibilidad de las
sociedades de conocer su propia historia, de elaborar un relato colectivo
relativamente fidedigno sobre los hechos que la han definido y de tener memoria
de tales hechos.  Para ello, es necesario que se adelanten investigaciones
judiciales imparciales, integrales y sistemáticas, sobre los hechos criminales
de los que se pretende dar cuenta histórica. Un sistema que no beneficie la
reconstrucción de la verdad histórica o que establezca apenas débiles
incentivos para ello, podría comprometer este importante derecho.”[491]
En concordancia con esa decisión, a mi juicio debía
condicionarse la exequibilidad de la norma a que la exclusión de los beneficios
de justicia y paz opere, sin perjuicio de la obligación que tiene el Estado de
investigar y sancionar el fraude a la justicia, con arreglo a las normas
penales sobre la materia.
2. El artículo 18 parágrafo ha debido igualmente
condicionarse, toda vez que admite la terminación anticipada del proceso sin exigirle al postulado que,
más allá de reconocer llanamente su responsabilidad, haga un aporte al
esclarecimiento de lo que ocurrió, y defina cuál fue específicamente su papel
en el marco de la macrocriminalidad. Lo cual, en mi concepto, afecta el derecho
a la verdad, toda vez que entonces podría darse por terminado sin que se
esclarezcan plenamente las circunstancias específicas en que ocurrieron los
hechos en los que el postulado participó, ni cuál fue su nivel de
responsabilidad. Ciertamente, reconozco que el hecho de aceptar la
responsabilidad, por parte del aspirante a los beneficios legales, puede
interpretarse en el sentido comprehensivo de declarar la verdad sobre los
hechos, con la suficiente especificidad que satisfaga los derechos de las
víctimas, y una exposición sobre su participación en los acontecimientos. Sin
embargo, a mi juicio, para mayor claridad hacia el futuro la Corte
Constitucional ha debido efectuar un condicionamiento explícito, que precisara
justamente ese punto, como una garantía para víctimas y procesados.
3. El artículo 30 inciso 2 debía, por su parte,
declararse inexequible. Si bien comparto que la restitución jurídica y material
de tierras se pueda voluntariamente llevar a cabo mediante el proceso previsto
en la Ley 1448 de 2011, discrepo de la constitucionalidad de la prohibición absoluta para la jurisdicción
de justicia y paz de decretar una restitución directa de tierras. Esto supone
necesariamente multiplicar las cargas procesales de las víctimas, por cuanto
los somete a otro proceso para la reparación integral del daño, lo cual atenta
contra sus derechos a una justicia pronta y equitativa. En aras de la igualdad,
no ha debido admitirse este incremento sustantivo de las cargas jurídicas para
las víctimas.  Finalmente, la Corte ha debido inhibirse en lo que atañe al
artículo 31 (parcial) de la Ley. La norma dice qué debe hacerse cuando un
postulado a justicia y paz ha sido extraditado, con el fin de garantizar su
contribución a la justicia, la verdad y la reparación. Es decir, parte del
supuesto de que el postulado ya ha sido extraditado, y trata de responder la
pregunta de qué debe hacerse en esa hipótesis para facilitar su contribución a
la verdad, la justicia y la reparación. La acción pública y la mayoría de la
Sala Plena sostienen, sin embargo, que la norma permite la extradición de
postulados de justicia y paz, aun cuando en realidad no estatuye ni un permiso,
ni una orden, ni una prohibición de extraditarlos. Por lo cual, el cargo era
incierto.
Por estas razones salvo entonces parcialmente el voto.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Adjunto a la demanda
se presentó un anexo con ciento cuarenta y dos (142) firmas de apoyo y nueve
(9) escritos individuales que también apoyan la demanda suscrita por David
Martínez Durán, Alcides Flores Nuñez, Eliana Ruth Garzón, José Tapia, Miriam
Moreno Castro, Elkin Dario Ramírez C., Rosmira Rojas, Víctor Alfonso Cabrera,
Yenney Burbano Rodríguez.
[2] Sentencias  del 16 de
julio de 2008, 18 de noviembre de 2008, 24 de febrero de 2009, 13 de mayo de
2010, 4 de mayo de 2011, 26 de mayo de 2011, entre otras.
[3] En sentencias como Caso
de la Masacre de Santo Domingo vs. Colomica y del Caso de la Masacre de la
Rochela vs. Colombia, Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, Caso
Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia, entre otras.
[4] Artículo 95 de la Ley
1448 de 2011.
[5] Sólo por citar un ejemplo de esto, sea
pertinente destacar que en la Sentencia C-250 de 2012 (M.P. Humberto Sierra
Porto) la Corte Constitucional declaró que era exequible que el Legislador
estableciera, incluso, una restricción temporal para catalogar a una persona
como víctima del conflicto armado (art. 3 de la Ley 1448 de 2011) y, por esta
razón, concluyó que limitar la reparación patrimonial a las personas víctimas
de hechos acaecidos a partir del 1° de enero de 1985 era razonable, entre otras
razones, porque aunque “[…]se podría sostener que toda delimitación
temporal es inconstitucional, pues en principio las medidas de reparación de
índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas, sin embargo,
tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración
del Legislador, además que sería abiertamente irresponsable desde la
perspectiva de los recursos estatales disponibles para la reparación de los
daños causados, pues generaría expectativas de imposible satisfacción que
acarrarían [sic] responsabilidades ulteriores al Estado Colombiano […]implicaría
el sacrificio de bienes constitucionalmente relevantes cual es en primer lugar
la efectividad de los derechos de las víctimas que se pretende reparar, pues no
se puede desconocer las limitaciones de los recursos estatales que pueden ser
invertidos para tal propósito”.
[6] Corte Constitucional,
Auto del 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
[7] Ver, entre otras, las
sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
[8] La Corte Constitucional
ha admitido, en numerosas ocasiones, el planteamiento de cargos globales de
constitucionalidad, sin que aquello configure un desconocimiento del requisito
de certeza. Ver por ejemplo: C- 791 de 2011; C- 397 de 2011; C- 301 de 2011; C-
978 de 2010; C- 568 de 2010; C- 398 de 2010; C- 149 de 2010; C- 070 de 2010; C-
897 de 2009; C- 682 de 2009; C- 134 de 2009, entre otras.
[9] Artículo 21 de la Ley
975 de 2005: “Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o
acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto
de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los
cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes
procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos
aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley”.
[10] Artículo 20 de la Ley 1592 de 2012: “Suspensión
condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria. En la
misma audiencia en la que se haya sustituido la medida de aseguramiento en los
términos del artículo 18A, el postulado que además estuviere previamente
condenado en la justicia penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de
control de garantías de Justicia y Paz la suspensión condicional de la
ejecución de la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a
la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al
grupo armado organizado al margen de la ley.
Si el magistrado de
control de garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las
conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron
cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado
organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince
(15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia
de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la
pena ordinaria.
La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud
del magistrado de control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado
incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el
artículo 18A.
En el evento de que no se acumulen en la sentencia de Justicia y
Paz las penas impuestas en procesos de justicia ordinaria, o que habiéndose
acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y Paz no haya otorgado la pena
alternativa, se revocará la suspensión condicional de la ejecución de la pena
que en virtud del presente artículo se haya decretado. Para estos efectos, se
suspenderá el término de prescripción de la pena en la justicia ordinaria,
hasta cuando cobre ejecutoria la sentencia de Justicia y Paz”.
[11] Parágrafo del artículo 21 de la Ley 1592
de 2012: “Si en esta audiencia el postulado no acepta los cargos o se
retracta de los admitidos en la versión libre, la Sala de Conocimiento ordenará
compulsar copias de lo actuado al funcionario competente conforme a la ley
vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. Para el
efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y
quinto del artículo 11A de la presente ley”.
[12] Según la Sentencia
de la Corte Constitucional C-370 de 2006, “Controvierten los actores lo dispuesto en
el parágrafo 3º del artículo 26, en virtud del cual “Contra la decisión
de segunda instancia no procede recurso de casación”. Explican que el
recurso de casación sí es procedente dentro del procedimiento penal ordinario
en relación con casos como los que se habrán de someter a la Ley 975/05, según
lo disponen los artículos 205 de la Ley 600/02 y 184 de la Ley 906/04. También
señalan que el objeto del recurso de casación no es simplemente formal, “sino
que busca la realización del derecho material y de las garantías
constitucionales, tanto del procesado como de la víctima” – y recuerdan a este
respecto que tanto la Ley 906/04 como la Ley 600/00 señalan que las finalidades
de la casación son “la efectividad del derecho material, el respeto de las
garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a
estos y la unificación de la jurisprudencia”, motivo por el cual la casación se
relaciona directamente con la realización de los derechos constitucionales al
debido proceso y a la justicia. Por otra parte, afirman que los fines de la
casación, dada su especificidad, no se pueden suplir por el recurso
extraordinario de revisión.
Con base en lo
anterior, afirman que si bien el Legislador tiene el poder de regular el
recurso de casación, no puede hacerlo para generar tratos discriminatorios en
casos de violaciones de los derechos humanos, “en relación con las cuales las
garantías procesales deben ser extremadas para garantizar adecuadamente la
realización de la justicia”.
[13] Sentencia C 370 de
2006; “Vigésimo.- Declarar EXEQUIBLE, por los
cargos examinados, el parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, y
declararse INHIBIDA respecto del resto de la disposición”.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006.
[15] Artículo 18 de la Ley
975 de 2005: “(…) el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la
función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación
de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello
hubiere lugar.
Artículo 22: Si para el
momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía
adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o
acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los
cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en
la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según
el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la
función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente
ley”.
[16] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación penal. Sentencia del 1° de febrero de 2012. Proceso
No. 27.199.
[17] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación penal. Sentencia del 9 de marzo de 2011. Proceso No.
33.416.
[18] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación penal. Sentencia del 8 de junio de 2011. Proceso No.
30.097.
[19] Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Sentencia condenatoria
contra Armando Madriaga Picon y Jesús Noraldo Basto. 6 de diciembre de 2013.
Radicación 110016000253-200782862
[20] Norberto Bobbio, Teoría
General del Derecho, Bogotá, Temis, 2007, p. 183.
[21] Elster, John: Rendición de cuentas. la justicia transicional en
perspectiva histórica, katz, Buenos Aires, 2006, 15; Webber, Jeremy: forms
of transitional justice, en: Williams, Melissa / nagy, rosemary / Elster, John: transitional justice,
New York University Press, Nueva York, 2012, 98; Pensky, Max: el pasado
es otro pueblo. un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones
normativas a las amnistías, en: de Gamboa Tapias, camila: justicia transicional. teoría y
praxis, universidad del rosario, bogotá, 2006, 113; Uprimny Yepes,
rodrigo: las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales,
formas de justicia transicional y el caso colombiano, en: Uprimny Yepes,
Rodrigo / Saffon Sanín, María Paula / Botero Marino, Catalina / Restrepo
Saldarriaga, Esteban: ¿justicia transicional sin transición? verdad, justicia y
reparación para colombia, centro de estudios de derecho, justicia y sociedad,
bogotá, 2006,
13. sentencia c-771 de 2011.
[22] Ambos, Kai: el marco jurídico de la justicia de transición.
especial referencia al caso colombiano, editorial temis, bogotá, 2008, 8; de greiff, pablo: theorizing transitional
justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John: transitional justice, New York
University Press, Nueva York, 2012; orozco, iván. 2009. justicia transicional en tiempos del deber de
memoria. Bogotá, temis – Universidad de los Andes, 9; Forer,
Andreas: justicia transicional, editorial Ibañez, Bogotá, 2012, 19.
[23] Sentencia de la Corte
Constitucional C-771 de 2011.
[24] El Estado de derecho y
la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 4.
[25] Sentencias de la Corte
Constitucional C-771 de 2011; C-052 de 2012.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional C-771
de 2011.
[27] Orozco, Iván: Justicia transicional en
tiempos del deber de memoria. Bogotá:
Temis – Universidad de
los Andes, 2009, 21; Uprimny Yepes, Rodrigo: Las enseñanzas del
análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y
el caso colombiano, en: Uprimny Yepes, Rodrigo / Saffon Sanín, María Paula /
Botero Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban: ¿Justicia transicional
sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006,13; Malamud - Goti, Jaime: Lo bueno y lo
malo de la inculpación y las víctimas, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia
Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 158 y 159; KRITZ, Neil: The Dilemmas of
Transitional Justice, en: Kritz, Neil: Transitional Justice. How Emerging
Democracies Reckon with Former Democracies, V. I,
United States Institute of Peace, Nueva York, 1995; Elster, John: Justice,
Truth, Peace: en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John:
Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 77 y 78; de Gamboa
Tapias, Camila: La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad
por su pasado, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y
Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 150; de Gamboa Tapias, Camila:
La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad por su pasado,
en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis,
Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 150; Elster, John: Justice, Truth,
Peace: en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John: Transitional
Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 88.
[28] Elster, John: Justice, Truth, Peace: en: Williams, Melissa /
Nagy, Rosemary / Elster, John: Transitional Justice, New York University Press,
Nueva York, 2012, 88; Malamud - Goti, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las
víctimas, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis,
Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 158 y 159; de Gamboa
Tapias, Camila: La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad
por su pasado, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y
Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 150.
[29] Malamud -
Goti, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: de Gamboa
Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 158 y 159; Elster, John: Justice,
Truth, Peace: en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John:
Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 77 y 78; De
Gamboa Tapias, Camila: la transición democrática y la responsabilidad de la
comunidad por su pasado, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional.
Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 150.
[30] Zalaquett, José, Balancing
ethnical imperatives an political constraints. The dilemma of new democracies
confronting the past human rights violations, Hastings Law Journal,
1992.
[31] Sentencia de la Corte Constitucional C – 579 de 2013.
[32] De Greiff, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary /
Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York,
2012, 41 y 42.
[33] Sentencias de la Corte
Constitucional T-265 de 2010; T-141 de 2011; C-253A de 2012.
[34] Malamud-Goti y
Grosman, Lucas Sebastián. “Reparations And Civil Litigation: Compensation for Human Rights
Violations in Transitional Democracies” en: De Greiff, Pablo (ed.): The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, New York, 2006, p. 541.
[35] De Greiff, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary /
Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York,
2012, 43.
[36] Sentencia de la Corte
Constitucional C-771 de 2011.
[37] De Greiff, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary /
Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York,
2012, 44; Pensky, Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos
como limitaciones normativas a las amnistías, en: De Gamboa Tapias,
Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario,
Bogotá, 2006, 114.
[38] Jescheck, Hans –
Heinrich: Tratado de Derecho Penal, Parte General, Editorial Comares, Granada,
2002, pág. 2.
[39] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 579 de 2013.
[40] El Estado de derecho y
la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 4.
[41] El Estado de derecho y
la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 24.
[42] De Greiff, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary /
Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva york,
2012, 48;
Pensky, Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos
póstumos como limitaciones normativas a las amnistías, en: De Gamboa
Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 114.
[43] Pensky, Max: El pasado
es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones
normativas a las amnistías, en: de Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y
Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 114.
[44] Orozco, Iván: Justicia transicional en
tiempos del deber de memoria, Temis – Universidad de los Andes, Bogotá: 2009, 37 y 38.
[45] De Greiff,
Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary
/ Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva york,
2012, 48.;
Minow, Martha / Crocker, David / Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 157.
[46] Pensky, Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de
los derechos póstumos como limitaciones normativas a las amnistías, en: de Gamboa
Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 114.
[47] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 40/34, numerales 4 a 7.
[48] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 40/34, numerales 8 a 11.
[49] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 40/34, numerales 12 y 13.
[50] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 40/34, numerales 14 a 17.
[51] Ver el documento:
“Reconciliación nacional después de los conflictos: el papel de las Naciones
Unidas: Estrategia integral. Consideraciones para las negociaciones, los
acuerdos de paz y los mandatos del Consejo de Seguridad”. Párr. 64. Asegurarse
de que en los acuerdos de paz y las resoluciones y los mandatos del Consejo de
Seguridad:“a) Se dé atención prioritaria al restablecimiento y respeto del
Estado de derecho, disponiendo expresamente el respaldo al Estado de derecho y
a la justicia de transición, en particular cuando se precisa la asistencia de
las Naciones Unidas en la instrucción y los procesos judiciales;
b) Se respeten, incorporen por remisión y apliquen las normas
internacionales de imparcialidad, garantías procesales y derechos humanos en la
administración de justicia;
c) Se rechace la amnistía en casos de genocidio, crímenes de
guerra o crímenes de lesa humanidad, incluidos los delitos internacionales
relacionados con la etnia, el género y el sexo, y se garantice que ninguna
amnistía concedida con anterioridad constituya un obstáculo para el enjuiciamiento
ante cualquier tribunal creado o asistido por las Naciones Unidas;
d) La Organización no establezca o participe directamente en
ningún tribunal que contemple la pena de muerte entre las posibles sanciones;
e) Se disponga que todos los procesos judiciales, tribunales y
enjuiciamientos sean creíbles, justos y compatibles con las normas
internacionales sobre la independencia y la imparcialidad de la judicatura, la
eficacia y la imparcialidad de los fiscales y la integridad del proceso
judicial;
f) Se reconozcan y respeten los derechos de las víctimas y los
acusados, de conformidad con las normas internacionales, prestando especial
atención a los grupos más afectados por los conflictos y el
quebrantamiento del Estado de derecho, como los niños, las mujeres, las minorías, los
prisioneros y las personas desplazadas, y se garantice que los procedimientos
de reparación comprendan medidas específicas para su participación y
protección; g) Se
reconozcan los diferentes efectos de los conflictos y de la ausencia del Estado
de derecho en las mujeres y la necesidad de tener en cuenta los aspectos de
género en el restablecimiento del Estado de derecho y en la justicia de
transición, así como la necesidad de la plena participación de las mujeres;
h) Se evite la imposición de modelos externos y se dispongan y
financien una evaluación de las necesidades nacionales y procesos de consulta
nacionales, con una participación significativa del gobierno, de la sociedad
civil y de grupos nacionales fundamentales para determinar el curso de la
justicia de transición y el restablecimiento del Estado de derecho;
i) Cuando se prevea la creación de tribunales mixtos para una
sociedad dividida y no haya garantías claras de la objetividad, imparcialidad y
equidad real y percibida de la judicatura nacional, se considere la posibilidad
de nombrar a una mayoría de jueces internacionales, teniendo en cuenta las
opiniones de los diferentes grupos nacionales, para aumentar la credibilidad y
mejorar la imagen de imparcialidad de dichos tribunales entre todos los grupos
sociales;
j) Se insista en la plena cooperación del gobierno con los
tribunales internacionales y mixtos, incluso en la entrega de acusados, cuando
sea solicitada;
k) Se adopte un planteamiento cabal del Estado de derecho y la
justicia de transición, que comprenda una programación y un calendario
adecuados para la aplicación de los procesos de paz, los procesos de la
justicia de transición y la celebración de elecciones, así como de otros
procesos de la transición;
l) Se provean recursos suficientes para el restablecimiento del
Estado de derecho y la creación de un sistema de la justicia de transición,
incluido un mecanismo de financiación viable y sostenible. Cuando se creen
tribunales auspiciados por las Naciones Unidas, se deberían financiar al menos
parcialmente mediante cuotas;
m) Se considere la posibilidad de crear comisiones nacionales de
derechos humanos como parte de los acuerdos de la transición”.
[52] Organización de las Naciones
Unidas, ONU. Resolución 60/147 de 2005 de la Asamblea General, “Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”: II. Alcance de la obligación: “3. La obligación de respetar,
asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos
humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los
respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:
a) Adoptar disposiciones
legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las
violaciones;
b) Investigar las violaciones de
forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas
contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e
internacional;
c) Dar a quienes afirman ser
víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso
equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con
independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la
violación; y
d) Proporcionar a las víctimas
recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.
[53] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”: numeral VII .
[54] Organización de las Naciones
Unidas, ONU. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 de
2005, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones”: numeral VIII.
[55] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”: numeral IX.
[56] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”: numeral X.
[57] Organización de las
Naciones Unidas, ONU. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”: numeral XI.
[58]  Organización de las Naciones Unidas,
ONU, Consejo de Seguridad. Resoluciones 1674, 5430ª sesión, año 2006, y 1894,
6216ª sesión, año 2009; en las cuales se reconoce el papel fundamental de
la educación y la contribución de las organizaciones regionales en la
protección de civiles en los conflictos armados.
[59] Informe sobre la Estrategia integral.
Consideraciones para las negociaciones, los acuerdos de paz y los mandatos del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
[60] De Greiff, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary /
Elster, John: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York,
2012, 63.
[61] Forer, Andreas: Justicia Transicional, Editorial Ibañez, Bogotá,
2012, 19; Minow, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad
civil, en : Justicia Transicional, en : Minow, Martha / Crocker,
David / Mani, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 90 y 91; El Estado
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 12; Malamud -
Goti, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: de Gamboa
Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 161; Elster, John: Rendición de Cuentas. La justicia transicional en
perspectiva histórica, Katz, Buenos Aires, 2006, 141; Ambos, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 8; Minow, Martha: Comisiones de la verdad, justicia y sociedad
civil, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David / Mani,
Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de
los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 105. El Estado de
derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 4.
[62] Organización de las  Naciones Unidas, ONU. Informe del Secretario General a solicitud del Consejo de
Seguridad. “el Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las Sociedades
que sufren o han sufrido conflictos”. Párr. 4.
[63] Elster, John: Justice,
Truth, Peace:  en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John:
Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 94.
[64] Ibídem, p. 87.
[65]Ibídem, p., 81.
[66] Elster, John: Justice, Truth, Peace:  en: Williams, Melissa /
Nagy, Rosemary / Elster, John: Transitional Justice, New York University Press,
Nueva York, 2012, 82; Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la
elaboración de la verdad, en : Justicia Transicional, en : Minow,
Martha / Crocker, David / Mani, Rama : Justicia Transicional, Siglo del
Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 124.
[67] Elster, John: Justice, Truth, Peace:  en: Williams, Melissa /
Nagy, Rosemary / Elster, John: Transitional Justice, New York University Press,
Nueva York, 2012, 83 y 84; Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la
elaboración de la verdad, en : Justicia Transicional, en : Minow,
Martha / Crocker, David / Mani, Rama : Justicia Transicional, Siglo del
Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad
Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 124.
[68] Teitel, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva
York, 2000, 55.
[69] Teitel, Ruti:
Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 27.
[70] De Gamboa Tapias,
Camila: La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad por su
pasado, en: De Gamboa Tapias, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis,
Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 154.
[71] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 579 de 2013.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-144 de 1997: “La
función del derecho penal en una sociedad secularizada y en el Estado de
derecho pretende proteger, con un control social coactivo, ciertos bienes
jurídicos fundamentales y determinadas condiciones básicas de funcionamiento de
lo social. Por ello se concluye que, tal y como esta Corte lo ha señalado en
diversas ocasiones, la definición legislativa de las penas en un Estado de
derecho no está orientada por fines retributivos rígidos sino por objetivos de
prevención general, esto es, debe tener efectos disuasivos, ya que la ley penal
pretende "que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento
delictivo so pena de incurrir en la imposición de sanciones". Sobre la
prevención general de la pena Vid.: Roxin, Claus: Derecho penal. Parte
general. Civitas, Madrid, 1997, 89. Jescheck, Hans – Heinrich: Tratado de
Derecho penal. Parte general, Comares, Granada, 2002; Muñoz Conde, Francisco /
García Arán, Mercedes: Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Banch, Valencia,
2007, 48, Feijoo Sánchez, Bernardo: Retribución y prevención general, B de F,
Buenos Aires, 2006, 26.
[73] La prevención especial
negativa señala que la pena puede tener también como misión impedir que el
delincuente cometa nuevos crímenes contra la sociedad (vid. Liszt, Franz:
Tratado de Derecho penal, T II, Reus, Madrid, 10; Roxin, Claus: Derecho penal.
Parte general. Civitas, Madrid, 1997, 85; Jescheck, Hans – Heinrich: Tratado de Derecho penal. Parte
general, Comares, Granada, 2002, 5; Mir Puig, Santiago: Derecho Penal. Parte General. Reppertor, 2011, 84; Muñoz Conde,
Francisco / García Arán, Mercedes: Derecho Penal. Parte General, Tirant lo
Banch, Valencia, 2007, 48).
[74] La prevención especial
positiva o resocialización señala que la función de la pena es la reintegración
del individuo a la sociedad (Sentencia de la Corte Constitucional C - 806 de
2002).
[75] Para la prevención
general positiva la finalidad de la pena es el reconocimiento de la norma con
el objeto de restablecer la vigencia de la misma afectada por el delito con el
objeto de mantener las estructuras necesarias de una sociedad (Sentencia de la
Corte Constitucional C - 806 de 2002. Sobre la prevención general negativa vid.
Jakobs, Günther: Derecho penal. Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1997, 18 y
19.
[76] Teitel, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva
York, 2000, 51. Sentencias de la Corte Constitucional C-771 de 2011y C-579 de
2013.
[77] Teitel, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva
York, 2000, 53.
[78] Sentencia de la Corte
Constitucional SU-254 de 2013.
[79] Sentencia de la Corte
Constitucional C-936 de 2010.
[80]
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de
2001.
[81] Sentencia de la Corte
Constitucional C-771 de 2011:“Examinado el concepto, debe señalarse que
existen instituciones usuales en la justicia transicional, la mayoría de las cuales
suelen adoptarse oficialmente por los Estados mediante la aprobación de leyes o
la expedición de normas jurídicas de otro tipo, incluso en algunos casos,
reformas constitucionales. Dentro de tales herramientas deben destacarse todas
aquellas normas de carácter penal, tanto sustanciales como procesales, que
implican un tratamiento punitivo más benigno que el ordinario, sea mediante la
imposición de penas comparativamente más bajas, la adopción de medidas que sin
eximir al reo de su responsabilidad penal y civil, hacen posible su libertad
condicional, o al menos el más rápido descuento de las penas impuestas”.
[82] Sentencia de la Corte
Constitucional C-715 de 2012.
[83] Kritz, Neil: The Dilemmas of
Transitional Justice, en:  Kritz, Neil: Transitional Justice. How Emerging
Democracies Reckon with Former Democracies, V. I, United States Institute of
Peace, Nueva York, 1995, 28. TEITEL, Ruti:
Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 69.
[84] Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la elaboración de
la verdad, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David /
Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de
los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 114.
[85] Elster, John: Justice,
Truth, Peace:  en: Williams, Melissa / Nagy, Rosemary / Elster, John:
Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 81.
[86] “No se trata solamente del derecho individual que toda
víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho
a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su
origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se
reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el "deber de la
memoria" a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que
tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el
conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su
patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades
principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo”.
[87] Minow, Martha: Comisiones de la verdad, justicia y sociedad
civil, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David / Mani,
Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia
Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 85.
[88] Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la elaboración de
la verdad, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David /
Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de
los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 129.
[89] Minow, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad
civil, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David / Mani,
Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia
Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 85; Crocker, David: El rol
de la sociedad  civil en la elaboración de la verdad, en: Justicia
Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David / Mani, Rama: Justicia
Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia
Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 129.
[90] Sentencia de la Corte
Constitucional SU-254 de  2013.
[91] Sentencia de la Corte
Constitucional C-936 DE 2010.
[92] “Corte IDH.
Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Los hechos que dieron
lugar a este proceso consistieron en el apresamiento del líder guerrillero
Efraín Bámaca por el ejército guatemalteco. Estando detenido fue torturado a
fin de que revelara información. Y luego fue desaparecido, sin que hasta el
momento de la sentencia se tuviera información sobre su paradero.”
[93] “Cfr. Corte IDH.
Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997.Vs. Perú, párr. 90;
Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de
1997,, párr. 58; y Caso Neira Alegría y Otros Vs. Perú, sentencia del 19 de
enero de 1995, Reparaciones, párr. 69.”
[94] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de  2013.
[95] Olsen, Tricia D./ Payne Leigh A. /
Reiter, Andrew G./ Wiebelhaus-Brahm, Eric:   When Truth Commissions Improve
Human Rights, When
Truth Commissions Improve Human Rights, The International Journal of Transitional
Justice, Vol. 4, 2010, 457–476.
Ambos, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 54; Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la elaboración de
la verdad, en : Justicia Transicional, en : Minow, Martha / Crocker,
David / Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 129; Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la elaboración de
la verdad, en : Justicia Transicional, en : Minow, Martha / Crocker,
David / Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 129.
[96] El Estado de derecho y
la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones Unidas, 20.
[97] Crocker, David: El rol de la sociedad  civil en la elaboración de
la verdad, en: Justicia Transicional, en: Minow, Martha / Crocker, David /
Mani, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de
los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 129.
[98] Sentencia de la Corte
Constitucional C-771 de 2011.
[99] ONU. Comisión de Derechos
Humanos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por
M. Joinet en la aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión, (2 de
octubre de 1997), Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/rev.1. anexo II Párr. 20: “La
experiencia enseña que es conveniente velar para que estas comisiones no sean
desviadas de su objetivo con la finalidad de que no se puedan presentar ante un
tribunal sus investigaciones. De ahí la idea de proponer principios básicos,
inspirados en el análisis comparado de las experiencias de las comisiones
existentes o que han existido, principios de los que dependerá la credibilidad
de tales comisiones. Estos principios comprenden grandes aspectos que
analizamos a continuación.
A)
Garantía de independencia e imparcialidad.
21. Las comisiones no judiciales de
investigación deben ser creadas por ley. También lo pueden ser por un acto
reglamentario o por un acto convencional en el contexto de un proceso de
restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas.
Sus miembros deben ser inamovibles durante la duración de su mandato y deben estar
protegidos por la inmunidad. Si fuera necesario, la comisión debe estar en
condiciones de poder requerir la asistencia de la policía, de hacer comparecer
y de visitar los lugares implicados en las investigaciones. El pluralismo de
opinión de los miembros de una comisión es, también, un importante factor de
independencia. En sus estatutos se ha de establecer claramente que la comisión
no tiene por finalidad substituir a la justicia, pero si salvaguardar la
memoria y las pruebas. Su credibilidad debe ser asegurada por los medios
financieros y de personal suficientes.
b)
Garantía en favor de los testimonios de víctimas.
22. El testimonio de las víctimas y los
testimonios depuestos en su favor no pueden ser solicitados más que sobre la
base de declaraciones voluntarias. Con fines de protección, el anonimato, puede
ser admitido bajo las reservas siguientes: ser excepcional (salvo en caso de
abusos sexuales); el Presidente y un miembro de la Comisión deben estar
habilitados para asegurarse de lo bien fundado de la solicitud de anonimato y,
confidencialmente, de la identidad del testigo; debe hacer mención al contenido
de la declaración en su informe. Los testimonios de las víctimas deben ser
asistidos, en el marco de su declaración, de una asistencia sicológica y
social, especialmente en el caso de víctimas que han sufrido torturas y abusos
sexuales. Testigos y víctimas han de ser debidamente resarcidos de todos los
gastos que la prestación de su testimonio pudiera llevar aparejados.
c)
Garantías concernientes a las personas imputadas.
23. Si la comisión está habilitada para
divulgar sus nombres, las personas imputadas, salvo que hayan declarado, deben
ser, al menos, convocadas a ese efecto y deben poder ejercer el derecho a
respuesta por escrito. Su informe debe ser agregado a su expediente.
d)
Publicidad del informe.
24. Si la confidencialidad de los trabajos
puede estar justificada, para evitar las presiones sobre los testigos o para
asegurar su seguridad, el informe, por contra, debe ser público y objeto de la
más grande difusión posible. Los miembros de la Comisión deben estar investidos
de inmunidad a efectos de no poder ser perseguidos por delitos de difamación.
2. Preservación de los archivos con relación a las violaciones de los derechos
humanos.
25. Especialmente, luego de un proceso de
transición, el derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Las
medidas que se deben tomar para esto tienen relación con los puntos siguientes:
a) Medidas de protección y de represión
contra la sustracción, la destrucción u ocultación;
b) Realizar un inventario de archivos
disponibles, que incluya los existentes en países terceros con la finalidad de
que, con su cooperación, puedan ser consultados, o en su caso, restituídos;
c) Adaptación a la
nueva situación, de la reglamentación, sobre el acceso a los archivos y su
consulta, principalmente otorgando el derecho a toda persona que sea imputada
la garantía de su derecho a respuesta y que éste sea incluido en su
expediente”.
[100] Rodrigo Uprimny y María
Paula Saffón, “Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la búsqueda  de una
complementariedad dinámica”, en Las víctimas frente a la búsqueda de la
verdad y la reparación en Colombia, Universidad Javeriana, Bogotá, 20076,
p. 152.
[101] Jorge Enrique Ibañez
Najar, Justicia transicional y las comisiones de la verdad, Bogotá,
Biblioteca de Derechos Humanos, 2014, p. 238.
[102] ICC, Office of the
Prosecutor, Prosecutorial strategy 2009- 2012, 1 February 2010, The Hague.
[103] María Teresa Uribe de
Hincapié, “Esclarecimiento histórico y verdad jurídica: notas introductorias
sobre los usos de la Verdad”, en Justicia transicional: teoría y praxis,
Bogotá, Universidad del Rosario, 2006, p. 333.
[104] E/CN.4/2005/102/Add. 1
Consejo Económico y Social Naciones Unidas, Promoción y Protección de los
Derechos Humanos.
[105] Jorge Enrique Ibañez
Najar, ob. cit., , p. 614.
[106] Caso Myrna Mack
Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 131 y 134, y Caso J. Vs. Perú.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 55.
[107] Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 197, y Caso García y Familia
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre
2012. Serie C No. 258, párr. 176.
[108]     Cfr. Caso
Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 101, y Caso J. Vs. Perú.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de
2013. Serie C No. 275, párr. 55.
[109] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de
2014. Serie C No. 287.
[110] Malamud-Goti, Jaime y Grosman, Lucas Sebastián. “Reparations
And Civil Litigation: Compensation For Human Rights Violations In Transitional
Democracies” en: De Greiff, Pablo (ed.): The Handbook Of Reparations,
Oxford University Press, New York, 2006, p. 541.
[111] De Greiff,
Pablo. “Justice and Reparations” en: De Greiff, Pablo (ed.): The Handbook Of
Reparations, Oxford University Press, New York, 2006, p. 459.
[112] Término preferido por
De Greiff por las siguientes razones: i) expresa la idea de que, con el fin de responder a las
diversas necesidades de las víctimas, los victimarios y toda una sociedad
conformada por sobrevivientes, se necesita una variedad de
respuestas; (ii) no buscaría respuestas uniformes para todos los países, sino que se esforzaría por encontrar respuestas
específicas según la situación nacional y con miras a que el país afectado
decida sobre ellas; (iii) se esforzaría por darle una participación
significativa a la población local.
[113] Sentencia Corte
Constitucional, C-280 de 2013.
[114] Teitel, Ruti:
Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 119.
[115] Kritz, Neil: The Dilemmas of Transitional Justice, en:  Kritz, Neil: Transitional Justice. How
Emerging Democracies Reckon with Former Democracies, V. I, United States
Institute of Peace, Nueva York, 1995, xxix.
[116] De Greiff, Pablo:
Transitional Justice, security, and development, World Development Report,
October 29, 2010, 9.
[117] Sentencias de la Corte
Constitucional SU- 254 de 2013 y  C-280 de 2013.
[118] Teitel, Ruti:
Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 154.
[119] Ibidem, p.157.
[120]Ibídem, p., 173.
[121] Ibídem., p.
149.
[122] Ambos, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 71.
[123] Teitel, Ruti: Trasitional
Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2000, 154.
[124]Ibídem, p. 157.
[125] Ibídem, p. 173.
[126] Ambos, Kai: El marco jurídico de la
justicia de transición.
Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 72.
[127] Ambos, Kai: El marco jurídico de la
justicia de transición.
Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 73.
[128] Henri Mazeaud, León Mazeaud y André
Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual
y contractual, Buenos Aires, Ejea, t. iii, vol. i, 1963, pp. 549 y
ss.
[129] Ibídem.
[130] Véase, por ejemplo, la
sentencia C-370 de 2006  en la que se analiza la jurisprudencia de la Corte IDH
que hasta ese momento se había desarrollado en relación con el contenido y
alcance de estas obligaciones, además de analizar el “Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia”, proferido el 13 de diciembre de 2004 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, véase la sentencia
C-454 de 2006 que recoge la línea jurisprudencial que hasta el momento se había
desarrollado en relación con los derechos de las víctimas en el proceso penal.
[131] La doctrina sobre la
interdependencia de esos derechos de las víctimas ha sido jurisprudencia
constante del Tribunal. En este sentido, puede verse, por ejemplo, la sentencia
C-775 de 2003 en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la
ley 600 de 2000 sobre restablecimiento del derecho y se reiteró la trilogía de
derechos de que son titulares las víctimas: verdad, justicia y reparación. En
la providencia se destacó el valor de estos derechos como bienes cardinales de
una sociedad que persiga un orden justo y la interdependencia que existe entre
ellos, de manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. No es
posible llegar a la reparación sin la justicia”. En el mismo sentido, véase las
sentencias C-370 de 2006, C-180 de 2014.
[132] En este sentido puede
verse la sentencia  C-228 de 2002  en la que se reconocen estos derechos sobre
la base de la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y
250).  Véanse también: sentencia C-409 de 2009. De acuerdo con esa
jurisprudencia el derecho a la reparación se sustenta no sólo en las
disposiciones que contemplan las funciones y competencias de la Fiscalía
General de la Nación (art. 250, 6º y 7º) en su redacción proveniente de las
modificaciones introducidas mediante el Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino
también en la dignidad humana y la solidaridad como fundamentos del Estado
Social de Derecho (art. 1º), en el fin esencial del Estado de hacer efectivos
los derechos y dar cumplimiento al deber de las autoridades de asegurar la
vigencia de un orden justo (Preámbulo y art. 2°), en el mandato de protección
de las personas que se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta
(art. 13), en disposiciones contenidas en los tratados que hacen parte del
bloque de constitucionalidad o que sirven como criterio de interpretación de
los derechos (art. 93) , en el derecho de acceso a la justicia (art. 229) y, no
hay por qué descartarlo, en el principio general del derecho de daños según el
cual “el dolor con pan es menos” (art. 230).
[133] Ver, entre otras, una
de las primeras sentencias que lo declara de ese modo: Corte IDH. Caso Bámaca
Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de
2002. Serie C No. 91, párr. 41.
[134] En este sentido, puede
explicarse que la obligación de Colombia de regirse en esta materia por el
derecho internacional, deriva también de una obligación internacional. Véase el
artículo 1.1 de la Convención Americana: “Los Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
[135] Ver Pelayo Moller,
Carlos María y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “La obligación de “respetar” y
“garantizar” los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana”. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de
Talca, Año 10, No. 2, 2012, pp. 141-192. ISSN 0718-0195.
[136] Ver, entre otras,
Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
Serie C No.205, párr. 236.
[137] Las llamadas
obligaciones generales de los Estados parte de la Convención Americana, suman
al artículo 1.1. antes referido, el artículo 2 de la Convención Americana, que
establece la obligación de adoptar disposiciones del derecho interno para
asegurar la garantía de los derechos humanos. Esta disposición reza: “Si el
ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”. (Negrilla fuera del texto original)
[138] Un aspecto comparativo
entre los dos sistemas de protección de derechos humanos es el relativo a las
reparaciones. Mientras en el Sistema Interamericano la noción de reparación
integral y la autonomía del tribunal en su determinación se han fundado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana, el Tribunal Europeo tiene una
facultad más restringida, debido al artículo 41 del Convenio Europeo, que
establece la figura de la satisfacción equitativa, de acuerdo con la cual el
tribunal sólo podrá ordenar medidas de reparación cuando el derecho interno del
Estado condenado fuere imperfecto para tal fin.
[139] Corte IDH. Caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
julio de 1989. Serie C No. 7 y jurisprudencia subsiguiente hasta el caso Corte
IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de
10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, sentencia en la que se introduce una
medida que abre la puerta a nuevas formas de restablecimiento del derecho: la
Corte IDH ordena a Surinam “reabrir
la escuela sita en Gujaba y dotarla de personal docente y administrativo para
que funcione permanentemente a partir de 1994 y poner en operación en el curso
de ese año el dispensario existente en ese lugar”.
[140] La Corte IDH definió
que: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que
incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las
consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como
compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el
daño moral”. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 26.
[141] En esa primera
sentencia, la Corte IDH precisó que “[n]inguna parte de este artículo [63.1]
hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los
instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado Parte
responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función
de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con
independencia del mismo”. En consecuencia, afirma el tribunal que sus únicos
referentes para fijar la “indemnización” son la Convención Americana y los
principios de Derecho internacional aplicables a la materia. Corte IDH. Caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párrs. 30-31.
[142] Caso Garrido y
Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de
1998. Serie C No. 39, párr.41.
[143] En este sentido pueden
verse las sentencias en las que se condena al Estado Colombiano, entre ellas,
Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Corte IDH. Caso de la
"Masacre de Mapiripán" vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de
2005. Serie C No. 134; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs.
Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Corte IDH. Caso de
las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C
No. 148; Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones
Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie
C No. 259; Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de
la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de
2013. Serie C No. 270; Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos
del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287.
[144] Sentencia de la Corte Constitucional C-715
de 2012.
[145] Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en
la Novena Conferencia Internacional Americana (1948), reimpreso en Documentos
Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano,
OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII. Derecho de justicia.
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
[146] Declaración
Universal de Derechos Humanos, AG. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71
(1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[147] Esta tendencia al reconocimiento de la
reparación en los instrumentos internacionales, se verifica también en otros
instrumentos como la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, (Adoptada y abierta a la
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984), prevén la reparación de los
daños causados a las víctimas. En el artículo 14, esta convención establece la
obligación de los Estados de velar porque “1. (...) su legislación garantice a
la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización
justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa
posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura,
las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 2. Nada en lo
dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o
de otra persona a la indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes
nacionales.
[148] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de
1985. Resarcimiento. 8. Los delincuentes o los terceros responsables de su
conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus
familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la
devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridas, el
reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la
prestación de servicios y la restitución de derechos. 9. Los gobiernos
revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el
resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras
sanciones penales. 10. En los casos en que se causen daños considerables al
medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo
posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la
infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso
de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una
comunidad. 11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título
oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido
responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el
gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el
Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. Indemnización
12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o
de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente: a) A las
víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves; b) A
la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan
muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de
la victimización (Negrilla fuera del texto original).
[149] Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de poder, artículo 6 b).
[150] La Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó el Informe Final sobre la
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos
civiles y políticos), adoptado mediante Resolución 1996/119: “41. A escala
individual, las víctimas, ya se trate de víctimas directas o de familiares o
personas a cargo, deberán disponer de un recurso efectivo. Los procedimientos
aplicables serán objeto de la más amplia publicidad posible. El derecho a
obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la
víctima. De conformidad con el conjunto de principios y directrices sobre
el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al
derecho humanitario a obtener reparación (...) este derecho comprende los tres
tipos de medidas siguientes: a) medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser
lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes);  b)
medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios físicos y morales,
así como la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los ataques a la
reputación y los gastos de asistencia jurídica); y  c) medidas de
rehabilitación (atención médica y psicológica o psiquiátrica). 42. A nivel
colectivo, las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral,
como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad,
las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas,
los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de
monumentos facilitan el deber de recordar”. Normas citadas, entre otras, en la
sentencia C-579 de 2013.
[151] Estatuto para el
Tribunal Internacional para el Juzgamiento de personas responsables de graves
violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de
la antigua Yugoslavia desde 1991, (traducción no oficial) Artículo 22.
Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional prevé
en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las
víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las
audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. En desarrollo
de esto, en la Regla No. 106 de las Reglas de procedimiento y prueba para el
Tribunal para Yugoslavia, la obligación de reparar a las víctimas se tramita
ante las autoridades nacionales del Estado del cual sea nacional el condenado y
se establece lo siguiente: “(b) Teniendo en cuenta la legislación nacional
relevante, la víctima o quienes actúen en su nombre, podrán reclamar ante los
tribunales nacionales o las autoridades competentes la compensación a que haya
lugar; c) Para efectos de la reclamación de perjuicios, la decisión del
Tribunal en la que se establezca la responsabilidad criminal de la persona
juzgada será definitiva y vinculante.” (Negrilla fuera del texto original).
Normas citadas, entre otras, en la sentencia C-454 de 2006.
[152] Estatuto del Tribunal
Internacional de Ruanda. Artículo 14. Reglas de procedimiento y de pruebas. A
los efectos de las actuaciones ante el Tribunal Internacional para Ruanda, los
magistrados del Tribunal Internacional adoptarán las reglas de procedimiento y
de pruebas aplicables a la etapa preliminar del proceso, al juicio propiamente
dicho, a las apelaciones, a la admisión de pruebas, a la protección de las
víctimas y testigos y a otros asuntos pertinentes del Tribunal Internacional
para la Ex Yugoslavia, con las modificaciones que estimen necesarias. Artículo
19. Iniciación y tramitación del juicio. 1. La Sala de Primera Instancia deberá
velar porque el procedimiento sea justo, expedito y que se tramite de
conformidad con las normas de procedimiento y de pruebas, con pleno respeto de
los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las
víctimas y los testigos. Artículo 21. Protección de las víctimas y de los
testigos. El Tribunal Internacional para Ruanda, adoptará disposiciones, en sus
reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y
los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias
a puerta cerrada y la protección de su identidad. (Negrilla fuera del texto
original). En 1996, el gobierno de Ruanda adoptó la Ley Orgánica sobre la
Organización de Acusaciones de Ofensas que constituyan Crímenes de Genocidio o
Crímenes contra la Humanidad (Ley Orgánica No. 08 de 1996), en la cual se
establecen instrumentos para compensar a las víctimas de tales crímenes Ver. Corrin
Melanie K. Compensation of Victims Unnamed in an Indictment, en www.nesl.edu/center/wcmemos/2001/corrin.pdf
. Ver también Bassiouni, Chrif, The Right to Restitution Compensation and
Rehabilitation for Victims of Gross Violations os Human Rights and Fundamental
Freedoms, Final Report of the Special Rapporteur, presentado ante la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, U.N. Doc.E/CN.4/2000/62 (2000).  Normas
citadas, entre otras, en la sentencia C-454 de 2006.
[153] Organización de
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, la Resolución 827 estableció lo
siguiente: “el Tribunal adelantará sus funciones, sin perjuicio del derecho de
las víctimas a buscar, a través de medios apropiados, la compensación por los
daños causados como resultado de violaciones al derecho internacional
humanitario”.
[154] Ley 742 de 2002, por la cual
se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17
de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las
Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.
(A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998.) Artículo 75. Reparación a las
víctimas. 1. La Corte establecerá principios aplicables a la
reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que
ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la
Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá
determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o
perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los
principios en que se funda.  2. La Corte podrá dictar directamente una decisión
contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de
otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la
rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización
otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario
previsto en el artículo 79. 3. La Corte, antes de tomar una decisión con
arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el
condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las
que se formulen en su nombre.  4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad
con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada
culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar
efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario
solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 5. Los
Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo
como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en
perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el
derecho internacional.   Artículo 79. Fondo fiduciario. 1. Por
decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo
fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la
Corte y de sus familias. 2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes
que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.
3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la
Asamblea de los Estados Partes.
[155] Observación
General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de
sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004). Normas citadas, entre otras,
en la sentencia C-579 de 2013.
[156] Ibid.
[157] Refiriéndose a la reparación de los daños
sufridos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho
internacional humanitario en la resolución 2005/35 de los                                    “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de  violaciones de las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos
y obtener reparaciones”.
[158] Corte Constitucional,
sentencia C- 197 de 1993.
[159] Enrique  Gil Botero, Responsabilidad
extracontractual del Estado, Bogotá, edit. Temis, 2013, p. 128.
[160] Ibídem, p. 127.
[161] Por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.
[162] Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008, expediente: 16.996,
actor: María Delfa Castañeda y otros, Consejero ponente: Enrique Gil
Botero.
[163] Sudre, F., Le
dialogue des juges, Montpellier, Cahiers de l’IDEDH,  2007, p. 7.
[164] Adriantsimbazovina, J.,
L’autorité des décisions de justice constitutionnelle et européennes sur le
juge administratif francais. París, Edit. L.G.D.J., 1998, p.441.
[165] Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17.994, C.P. Enrique
Gil Botero.
[166] Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004 (exp. 18.273).
[167] Consejo de Estado,
Sección Tercera,  sentencia del 5 de mayo de 2005 (exp. 14.022).
[168] Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 4 de mayo de 2011, Radicación número:
76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados), C.P.
Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, ver sentencia del  21 de noviembre de
dos mil trece (2013), Radicación número: 05001-23-31-000-1998-02368-01(29764),
C.P. Enrique Gil Botero. De
igual manera, en sentencia del 12 de junio de 2013, en el asunto de “Los doce
apóstoles” (Exp. 25.180, C.P. Enrique Gil Botero), el Consejo de Estado
consideró lo siguiente: En consecuencia, se insiste, nada impide que en la
demanda se soliciten medidas de justicia restaurativas dirigidas a reparar
integralmente el daño, pero ello deberá estar expresamente consignado en el
respectivo libelo introductorio, salvo que el daño se derive de graves
violaciones a derechos humanos o derechos fundamentales, en cuyo caso el juez
administrativo debe velar porque la reparación del daño sea integral dada la
magnitud de los hechos.
[169] Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero.
(exp. 05001-23-31-000-1998-02290-01(29273)A.
[170] Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 9 de julio de 2014, asunto de la
masacre de Pichilín (Sucre), C.P. Enrique Gil Botero.
[171] En la sentencia C-579
de 2013 esta Corporación reconoce expresamente, a la luz de los desarrollos
internacionales — en particular, los “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”—, una
amplia gama de medidas orientadas a garantizar la reparación integral a
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario. En ese sentido, la Corte precisó: “Este derecho comprometería a su
vez sus derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición: (i) La restitución que “ha de
devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las
normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho
internacional humanitario”  y comprende “el restablecimiento de la libertad, el
disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la
ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo
y la devolución de sus bienes". (ii) La indemnización que ha de concederse
de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias
de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario,
tales como los siguientes: “a) El daño físico o mental; b) La pérdida de
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d)
Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos,
medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”. (iii) La
rehabilitación, que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como
servicios jurídicos y sociales. (iv) La satisfacción que ha de incluir, cuando
sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a)
Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) La
verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c)
La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para
recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o
presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d)
Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la
reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los
hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g)
Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición
precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
así como en el material didáctico a todos los niveles”. (v) Las garantías de no
repetición que incluyen una serie de medidas para la prevención: “a) El
ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas
armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles
y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del
derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores
conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación,
de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la
capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular
las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el
personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales
y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La
promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los
conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan”.
[172] Sentencia C-228 de
2002.
[173] Al respecto, pueden verse las sentencias de la Corte
Constitucional C-228 de 2002  y C-210 de 2007.
[174] En relación con la amplitud del concepto reparación
integral del daño causado por el delito, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-805 de 2002 y C-916 de 2002. En cuanto al fundamento
constitucional e internacional del derecho a la reparación de las víctimas, véanse
las sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003; C-899 de 2003; C-805 de 2002; C-715 de 2012.
[175] Sentencia C-1199 de
2008.
[176] Sentencia C-715 de
2012.
[177] Cfr. Art. 33 del
Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. La jurisprudencia constante de la Corte
Interamericana señalada, ver supra pp. 14. Otros desarrollos internacionales,
entre ellos, ver supra pp.21. En el mismo sentido, ver Sentencia de la Corte
Constitucional C-454 de 2006.
[178] Sentencia C-579 de
2013.
[179] Sentencia de la Corte
Constitucional SU-254 de 2013.
[180] Cfr. Sentencia de la
Corte Constitucional SU 254 de 2013.
[181] Cfr. Sentencia de la
Corte Constitucional SU 254 de 2013.
[182] Sentencia
de la Corte Constitucional C-454 de 2006: “El
derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también
presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión
individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y
comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.
La integralidad de la
reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la
víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”. Reiterado en la
sentencia C-579 de 2013.
[183] En un completo análisis
de Sergio García Ramírez, antiguo juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre la jurisprudencia de ese tribunal internacional en materia de
reparaciones, salen a relucir aquellos casos en los que la reparación debe
procurar no sólo restablecer el derecho retrotrayendo los efectos de la violación
para situar a la víctima en el estado anterior a la ocurrencia del ilícito
(cosa que resulta casi imposible en la mayoría de los casos), sino también, en
situaciones excepcionales, cuando las circunstancias previas no fueren dignas
tampoco, la reparación deberá buscar situar a la víctima en un escenario que
posibilite el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y la realización
de su proyecto de vida. Para una revisión detallada de la jurisprudencia
interamericana relevante, véase: García Ramírez, Sergio, El amplio horizonte de
las reparaciones en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, El
control del poder, Homenaje a Diego Valadés, T.I, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2011.  La primera sentencia de la Corte IDH
que reconoció la noción de proyecto de vida fue en el caso Loayza Tamayo vs.
Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No.
42.
[184] Sobre la necesidad de
ponderar los derechos de las víctimas y el derecho a la paz de la sociedad,
pueden verse, especialmente, las sentencias C-370 de 2006  y C-579 de 2012.
[185] Asamblea General de las
Naciones Unidas, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005. “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Principio IX – Reparación de los
daños sufridos.
[186] Sentencia de
la Corte Constitucional C-979 de 2005.
[187] Sobre el deber de
prevención de violaciones a los derechos humanos, véase, el desarrollo de la
Corte IDH en la sentencia del caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009. Serie C No.205. Para una fundamentación más extensa sobre
las garantías de no repetición como concreción de las obligaciones generales de
la Convención Americana puede verse: Londoño Lázaro, María Carmelina, Las
garantías de no repetición en la jurisprudencia interamericana: Derecho Internacional
y cambios estructurales del Estado, Tirant lo Blanch, 2014.
[188] De forma similar, el
art. 4.f de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
dispone que los estados deben “[e]laborar, con carácter
general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica,
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la
mujer contra toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de prevención en
distintos ámbitos de los derechos humanos, consultar: arts. 7.d y 8 de la Convención
de Belem do Pará; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia
en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
[189] Organización de las Naciones
Unidas ONU, “La violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la
Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de
Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita
tomada en Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009. Para una revisión exhaustiva de la
jurisprudencia interamericana relativa a las garantías de no repetición, puede
verse la obra citada: Londoño Lázaro, María Carmelina, Las garantías de no repetición en la
jurisprudencia interamericana: Derecho Internacional y cambios estructurales
del Estado.
[190] Por ejemplo, en el
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos el art. 3.a de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, CEDAW, dispone que los Estados deben adoptar medidas para “a) Modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres”.
[191] Ver Corte IDH, caso
González y otras (Campo Algodonero) vs. México sentencia del 16 de noviembre de
2009. Párr. 258.
[192] Por ejemplo, el artículo
4.h de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia
de destinar suficientes recursos para prevenir y eliminar la violencia contra
la mujer.
[193] Ver ONU. Comité de los Derechos
del Niño, Convención de los Derechos del Niño, Observación General 13 relativa
al “Derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia” (18 de
abril de 2011).
[194] Ver Corte IDH, caso
González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre
de 2009. Párr. 258.
[195] Corte IDH. Caso de los
Hermanos Gómez Paquiyauri contra Perú, párr. 211 y caso de los 19 Comerciantes
contra Colombia, sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 244.
[196] Sentencia C-099 de
2013.
[197] Sentencias de la Corte
Constitucional C-873 de 2003; C-1116 de 2003: C- 034 de 2005 y C-936 de 2010.
[198] Sentencias de la
Corte  Constitucional C-646 de 2001 y C-873 de 2003.
[199]  Sentencia de la Corte
Constitucional C-599 de 1998.
[200] Así, en la sentencia
C-198 de 1997 se afirmó: “La selección de los bienes jurídicos merecedores
de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la
distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes
diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la
política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al
legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de
acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración.”. En
idéntico sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-093 de 1993.
[201] Sentencia de la Corte
Constitucional C-227 de 1998.
[202] Sentencia de la Corte
Constitucional C-344 de 1995.
[203]  Sentencia de la Corte
Constitucional C-327 de 1997.
[204]  Sentencias de la
Corte Constitucional C-345 de 199 y C-873 de 2003.
[205] Fiscalía General de la
Nación, La priorización:
Memorias de los talleres para la construcción de los criterios del nuevos
sistema de investigación penal , Bogotá 2013, p. 6.
[206] Sentencia de la Corte
Constitucional C- 579 de 2013.
[207] Lafavre, Wayne y
otros: Criminal Procedure, West, New York, 2008, 981 y 982.
[208] United States vs.
Virgil Raymond Catlett, III. Nov. 19 of 1894. Court of Appeals, Sixth Circuit,
United States.
[209] The People of the State of Colorado,
Plaintiff-Appellant vs. Earl Wayne Garner, Defendant-Appellee, October 23,
1989. Supreme Court of Colorado, En Bank of the United States of America.
[210] Por ejemplo si se
presenta una investigación inicial por concierto para delinquir pero no se
obtienen evidencias suficientes respecto de ese delito pero sí de uno menos
grave como el allanamiento de morada.
[211] Whitebread, Charles /
Slobogin, Christopher: Criminal Procedure, Thomson / West, New York, 2008, 599
a 605.
[212] Ver al respecto: A/HRC/27/56,
Informe del Relator Especial
para la  promoción de la verdad, la justicia, la reparación  y las garantías de
no repetición, Pablo de Greiff, 27 de agosto de 2014.
[213] Morten
Bergsmo y María Paula Saffon, "Enfrentando una fila de atrocidades
pasadas: ¿cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales
centrales?" en Kai Ambos, ed., Selección y priorización como estrategia de
persecución en los casos de crímenes internacionales, Bogotá, 2011, pág. 26.
[214] Siri Frigaard, "Some introductory remarks", en Morten
Bergsmo, ed., Criteria for Prioritizing and
Selecting
Core International Crimes Cases, FICHL Publication Series No 4 (2010), págs. 1
a 3.
[215] Morten Bergsmo y otros, The Backlog of Core International Crimes
Case Files in Bosnia and
Herzegovina, FICHL Publication Series No 3 (2009), págs. 57 a 86.
[216] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Progress and
obstacles
in the fight against impunity for sexual violence in the Democratic Republic of
the Congo, 2014.
[217] La noción de situación, que no es un
concepto de naturaleza procesal, resulta ser más amplio que aquel de conexidad
material y procesal, y con su empleo se busca que se adelante una investigación
integral, lo cual no siempre se logra por la coexistencia de diversos sistemas procesales.
De allí que, así formalmente no puedan conexarse distintos expedientes, la
conformación de equipos de fiscales, analistas e investigadores, permite la
delimitación de situaciones y el trabajo por situaciones y no por casos
aislados.
[218] Beitner, Terry M.; "Canada's Approach to File Review in the Context
of War Crimes Cases", en Criteria  for  Prioritizing  and  Selecting Core  International Crime  Cases
(Morten Bergsmo ed.),
[219] Por ejemplo: análisis
criminal estratégico, minería de datos, análisis histórico, georeferenciación,
cruces de variables criminales, etcétera.
[220] El Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia, al igual que la Corte Penal
Internacional, cuentan con unidades especializadas de analistas, encargadas de
construir los contextos de macrocriminalidad, los cuales cumplen las siguientes
funciones: (i) estructuran y orientan las investigaciones; (ii) ayudan a
seleccionar la forma de autoría y participación que será empleada por los
fiscales; (iii) permiten asociar casos; (iv) y constituyen un medio de prueba
(testigo experto), el cual, junto con las demás evidencias (testimonios,
documentos , etcétera), llevarán a determinar el grado de responsabilidad de un
acusado en la comisión de crímenes internacionales. En otras palabras, estas
investigaciones internacionales se realizan en contexto, en el sentido de
orientar la elaboración de programas metodológicos y la recolección de
evidencia (medio) y, a su vez, conducen a construir contextos (fin).
[221] Gaceta del Congreso 690
del 19 de septiembre de 2011.
[222] Ibídem.
[223] Ver, Gaceta del
Congreso 690 del 19 de septiembre de 2011.
[224] Gaceta del Congreso 690
del 19 de septiembre de 2011.
[225] Ibídem.
[226] Ibídem.
[227] Ley 5ª de 1992 “Por
la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes”, ARTÍCULO 160. PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS. Todo Congresista
puede presentar enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en curso. Para
ello se deberán observar las condiciones siguientes, además de las que establece
este Reglamento: || 1a. El autor o proponente de una modificación, adición o
supresión podrá plantearla en la Comisión Constitucional respectiva, así no
haga parte integrante de ella. || 2a. El plazo para su presentación es hasta el
cierre de su discusión, y se hará mediante escrito dirigido a la Presidencia de
la Comisión. || 3a. Las enmiendas podrán ser a la totalidad del proyecto o a su
articulado. ARTÍCULO 161. ENMIENDAS A LA TOTALIDAD. Serán enmiendas a la
totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del
proyecto, o las que propongan un texto completo alternativo al del proyecto.
[228] Gaceta del Congreso
681 del 10 de octubre de 2012.
[229] Gaceta del Congreso 57
del 8 de marzo de 2012, Acta de Comisión 20 del 16 de noviembre de 2011: “Este
proyecto de ley, aborda reformas importantes a la Ley 975, ley que con la que
vamos a aprobar, igualmente permitirá articular una política especialmente en
materia procesal con respecto a las disposiciones consagradas en la Ley 1424 y
también en la Ley 1448 o Ley de Víctimas; es un proyecto de ley que requiere
con urgencia su evacuación ¿Qué es lo que tenemos actualmente en la Ley 975?
Una situación que ha colmatado completamente la capacidad de la Fiscalía para
resolver 4.634 casos de postulados ante la Ley de Justicia y Paz, más de 26.000
hechos criminales confesados por esos mismos postulados, y ojo señores
Representantes, lo que tenemos ante nosotros es un panorama preocupante, ¿no?,
en agosto del año 2013 se vencerá el término de la pena alternativa máxima
establecida en la Ley 975, eso implica que por vencimiento de términos, en
agosto del año 2013 muchos de los actualmente detenidos ante Justicia y Paz,
sindicados de delitos de lesa humanidad o de pertenencia a grupos alzados en
armas, van a recobrar la libertad por pena cumplida y sin tener una sentencia
condenatoria, situación de impunidad que le va a abrir las puertas a la
Justicia Penal Internacional, para intervenir en Colombia ante la ineficacia
del aparato judicial colombiano. || Se trata entonces, de darle razón a la
Fiscal General de la Nación, que el Congreso pueda darle instrumentos a la
Fiscal General de la Nación para poder agilizar los trámites actualmente en
conocimiento de la justicia transicional”.
[230] Gaceta del Congreso 57
del 8 de marzo de 2012, Acta de Comisión 20 del 16 de noviembre de 2011.
[231] Ibídem.
[232] Ibídem.
[233] Ibídem.
[234] Gaceta del Congreso
997 del 23 de diciembre de 2011: “En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre
de 2011 fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo sin modificaciones
del Proyecto de ley número 096 de 2011 Cámara, mediante la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 ¿por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios¿. Esto con el fin de
que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta
manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de
1992. Lo anterior según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 110, del 16
de diciembre de 2011, previo su anuncio el día 15 de diciembre de los
corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 109”.
[235] Gaceta del Congreso No.
221 del 11 de mayo de 2012.
[236] (Comisión Asesora de Política Criminal, 31 de marzo
de 2012).
[237] Gaceta del Congreso de
la República No. 681 de 10 de octubre de 2012.
[238] Selección y
priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia
transicional, LÓPEZ, Claudia, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Vol. 42, Nº 117, Págs. 529-531, Medellín – Colombia, 2012.
[239] Ministerio de Justicia
y del Derecho, Comisión Asesora de Política Criminal, Informe Final,
Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado
colombiano Junio de 2012, Pág. 89.
[240] Gaceta del Congreso
número 690 del 19 de septiembre de 2011, Pág. 10.
[241] Gaceta del Congreso
número 690 del 19 de septiembre de 2011, Pág. 10.
[242] Corte Constitucional
de Colombia, Sentencia C-752, Octubre.
[243] Gaceta del Congreso
número 681 de 2012. Segundo Debate en Plenaria del Senado.
[244] Congreso de la
República de Colombia, Ley 1592 de 2012, Artículo 11D.
[245] Artículo  17 Ley 1592
de 2012
[246] Artículo  18 Ley 1592
de 2012
[247] Artículo  20 Ley 1592
de 2012
[248] Artículo  22 Ley 1592
de 2012
[249] Artículo  23 Ley 1592
de 2012
[250] Artículo  27 Ley 1592
de 2012
[251] Congreso de la
República de Colombia, Ley 1592 de 2012, Artículo 32.
[252] Artículo 46 de la Ley 975
de 2005
[253] Artículo 32 Ley 1592 de
2012
[254] Aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado
por el Comité Operativo para la Dejación de las Arma (CODA).
[255] Fundación Paz
Ciudadana, Análisis delictual: enfoque y metodología para la reducción del
delito, Edición: Patricio Tudela Poblete, Santiago de Chile, 2010.
[256] Sentencia de la Corte
Constitucional C 579 de 2013.
[257] Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, asunto Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
Párr. 175.
[258] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 334 de 2013.
[259] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, asunto Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de
enero de 2006, párr. 143.
[260] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, asunto Bueno Alves vs. Argentina, sentencia del 11 de
mayo de 2007, párr. 111.
[261] Entre muchas otras, ver:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, asunto Ricardo Canese vs. Paraguay,
sentencia del 11 de agosto de 2004 y asunto de los 19 comerciantes vs.
Colombia, fallo del 5 de julio de 2004.
[262] Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, asunto Ximenes Lopes vs. Brasil,
sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 179.
[263] Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, asunto Herrera Ulloa vs. Guatemala,
sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 171.
[264] Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, asunto Heliodoro Portugal vs. Panamá,
sentencia del 12 de agosto de 2008.
[265] Sentencia de la Corte
IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, párrafo 118.
[266] A/HRC/25/19/Add.3*, Informe
de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
[267] ICTY, Manual
on Developed Practices, La Haya, 1996,  párr. 18
[268] Expresión demandada
subrayada y en negrilla.
[269] Expresión demandada
subrayada y en negrilla.
[270] Ver Directiva 0001 de
2012 de la Fiscalía General de la Nación, “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos,
y se crea un nuevo sistema
de investigación penal
y de gestión de aquéllos
en la Fiscalía General
de la Nación".
[271] Martha Sepúlveda Scarpa,
Análisis delictual: conceptos básicos. Chile,
Fundación Paz Ciudadana, 2010.
[272] Se denominan fuentes
primarias de investigación todas aquellas que tienen un origen judicial (vgr.
sentencias, declaraciones, peritazgos, documentos, etcétera). A su vez, las
fuentes secundarias son todas aquellas que no tienen carácter judicial (vgr.
informes de ONG y organismos internacionales, información de prensa, archivos
históricos, etcétera). Los analistas de contexto transforman esas fuentes en
productos de análisis criminal (mapas, estadísticas, informes de contexto,
tablas, cuadros, etc), las cuales deben ser incorporadas como pruebas al respectivo
proceso judicial, y en esa medida, ser objeto de controversia.
[273] Schabas, W, “Customary law or judge-made
law: judicial creativity at the UN Criminal Tribunals”, En: The legal regime
of the International Criminal Court. Essays in honour of Professor Igor
Blishchenko. Lieden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 232.
[274] Morten Bergsmo, Criteria
for prioritizing and selecting core international crimes cases, Oslo,
Torkel Opsahl Academic Publisher, 2010, p. 45.
[275] Ver Directiva 0001 de
2012 de la Fiscalía General de la Nación, “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos,
y se crea un nuevo sistema
de investigación penal
y de gestión de aquéllos
en la Fiscalía General
de la Nación".
[276] Autores varios, La
restitución de tierras en Colombia: del sueño a la realidad, Ministerio de
Agricultura,  Unidad de Restitución de Tierras, 2014.
[277] Sobre los contextos como medio de prueba
ver: Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 20
de noviembre de 2014, sentencia contra Salvatore Mancuso y otros líderes
paramilitares.
[278] Autores varios, La
restitución de tierras en Colombia: del sueño a la realidad, Ministerio de
Agricultura,  Unidad de Restitución de Tierras, 2014.
[279] Ver al respecto: Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 8 de abril de 2015.
[280] Consideración 48 del
informe.
[281] Martha Sepúlveda Scarpa,
“Análisis delictictual: conceptos básicos”, Análisis delictual: enfoque y
metodología para la reducción del delito, Fundación Paz Ciudadana, Chile,
2010, p. 57.
[282] Ibídem.
[283] Clarke R. y Eck, J.E., Crime
analysis for problems solver in 60 small steps, Washington, 2005.
[284] Felson M. y Clarke, R.,
Opportunity makes the thief, London, 1998.
[285] Brantingham, Environmental
criminology, Rev. Prospect Heights, Illinois, 1991.
[286] Cohen, M. y Felson, M.,
“Social  change and crime rate trends: A routine activities approach”, American
Sociological Review, 1979.
[287] Bruce, C., Identifying
crime patterns, New York, IACA, 2002.
[288] Martha Sepúlveda
Scarpa, ob. cit., p. 69.
[289] Algunos Tribunales Penales Internacionales
también han recurrido a técnicas de agilización de procesos por la comisión de
crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra perpetrados de forma
masiva o sistemática. Así el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en sus
Reglas de Procedimiento y Prueba, trae una regulación de Hechos notorios y
hechos adjudicados:
Hechos
notorios (Regla 94(A)): el
genocidio de Ruanda es tenido por el TPIR como un hecho notorio.
Hechos
adjudicados (Regla
94(B)): hechos probados en casos anteriores pueden ser trasladados a nuevos
casos como presunciones que la Fiscalía no debe probar, pero que la Defensa
puede rebatir, a condición de que; (i) se encuentren probados más allá de toda
duda razonable (no pueden ser producto de preacuerdo); (ii) no pueden ser
caracterizaciones jurídicas (p. ej. “conflicto armado en Bosnia en 1992”),
éstas deben ser determinadas en cada nuevo caso por el Tribunal; (iii) no
pueden estar sujetos a apelación y (v) tampoco pueden referirse a la conducta o
el estado mental del acusado.
[290] Sentencia de la Corte Constitucional C-626 de 1996.
[291] Sentencia de la Corte Constitucional C-626 de 1996.
[292] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2002.
[293] Sentencia de la Corte
Constitucional C-365 de 2012.
[294] Sentencias de la Corte Constitucional
C-239 de 1997; C-179 de 1997; y C-228
de 2003; C-077 de 2006.
[295] Sentencias de la Corte Constitucional C-239 de 1997; C-616 de 2002; y C 928 de 2005.
[296] Sentencias de la Corte Constitucional C-626 de 1996; C-370 de 2002; y
C-319 de 1996.
[297] Sentencia de la Corte
Constitucional C-239 de 1997.
[298] Sentencia de la Corte
Constitucional C-828 de 2010.
[299] Sentencia de la Corte
Constitucional C-828 de 2010.
[300] Sentencias de la Corte Constitucional
C-005 de 1996; C-346 de 1997; C-680 de 1998; C-742 de 1999; C-384 de 2000;
C-803 de 2000; C-596 de 2000; C-1512 de 2000; C-1717 de 2000; C-1104 de 2001;
C-426 de 2002; C-316 de 2002; C-798 de 2003; C-204 de 2003; C-1091 de 2003;
C-899 de 2003; C-318 de 2003; C-039 de 2004; y C-279 de 2013.
[301] Sentencia de la Corte
Constitucional C-927 de 2000.
[302] Sentencia de la Corte
Constitucional C-043 de 2002.
[303] Sentencias de la Corte Constitucional
C-927 de 2000; C-893 de 2001; C-1104 de 2001; C-309 de 2002; C-314 de 2002;
C-646 de 2002; C-123 de 2003; C-234 de 2003; C-1146 de 2004, M.P.; C-275 de
2006; C-398 de 2006; C-718 de 2006; C-738 de 2006; y C-1186 de 2008.
[304] Sentencias de la Corte
Constitucional C-316 de 2002; C-227 de 2009; y C-279 de 2013.
[305] Sentencias de la Corte
Constitucional C-012 de 2002; y C-279 de 2013.
[306] Sentencia de la Corte
Constitucional T-323 de 1999.
[307] Sentencias de la Corte
Constitucional C-204 de 2003; C-471 de 2006; y C-279 de 2013.
[308] Sentencias de la Corte Constitucional
C-736 de 2002; C-296 de 2002 y C-1075 de 2002.
[309] Por ende, se decía en
la Sentencia C-520 de 2009 siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000 y C-925 de
1999.): “‘la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el
presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de
la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino
especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada
frente al resultado que se pretende obtener con su utilización’”.
[310] Sobre el particular se
observó en la sentencia C-316 de 2002: “(…) Es así como la eliminación de una
institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera
que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo
(…)”, escenario en el que el control jurisdiccional de la Corte resulta
definitivo. Pues, “excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia
de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata
de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de
configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal
determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios
constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han
quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia”.
[311] Sentencia de la Corte
Constitucional C-798 de 2003.
[312] Sentencias de la Corte
Constitucional C-925 de 1999; C-203 de 2011; y C-279 de 2013.
[313] Sentencia de la Corte
Constitucional C-925 de 1999.
[314] Sentencia de la Corte Constitucional
C-1512 de 2000.
[315] Sentencias de la Corte Constitucional
C-728 de 2000; y C-1104 de 2001, entre otras.
[316] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
[317] Sentencias de la Corte
Constitucional C-1104 de 2001; y C-1512 de 2000.
[318] Sentencia de la Corte
Constitucional C-426 de 2002, M.P.
[319] Sentencias de la Corte
Constitucional C-203 de 2011 y C-279 de 2013.
[320] Sentencia de la Corte
Constitucional C 370 de 2006.
[321] Artículo 37. Sentencia
anticipada. Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y
hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que
se dicte sentencia anticipada.
Hecha la
solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y
practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días.
Los cargos
formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán
en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.
Las diligencias
se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles,
dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que
no haya habido violación de garantías fundamentales.
El juez
dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una
disminución de una tercera parte (1/3) parte de ella por razón de haber
aceptado el procesado su responsabilidad.
También se
podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación
y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública
el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos
allí formulados. En este caso la rebaja será de una sexta (1/6) parte de la
pena.”.
[322] Sentencia de la Corte
Constitucional C-425 de 1996.
[323] Sentencia de la Corte
Constitucional SU-1300 de 2001.
[324] Sentencia de la Corte
Constitucional C-425 de 1996.
[325] Artículo 4o.
El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo con el número 37-A, del
siguiente tenor:
"Artículo 37 A. AUDIENCIA ESPECIAL. A
partir de la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica del
procesado y hasta antes de que se cierre la investigación, el fiscal, de oficio
o a iniciativa del procesado, directamente o por conducto de su apoderado,
podrá disponer por una sola vez la celebración de una audiencia especial en la
que el fiscal presentará los cargos contra el procesado. La audiencia versará
sobre la adecuación típica, el grado de participación, la forma de
culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución
condicional, la preclusión por otros comportamientos sancionados con pena
menor, siempre y cuando exista duda probatoria sobre su existencia.
Terminada la audiencia se suscribirá un
acta que contenga el acuerdo a que se haya llegado sobre los aspectos a que
hace referencia el inciso anterior. El proceso se remitirá al Juez del
conocimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración
de la audiencia.
Recibido el expediente por el Juez,
dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de conformidad con lo
acordado si encuentra el acuerdo ajustado a la Ley y siempre que no se hayan
violado derechos fundamentales del procesado.
El Juez podrá formular observaciones
acerca de la legalidad del acuerdo, si lo considera necesario, mediante auto
que no admite ningún recurso en el que ordenará devolver el expediente al
fiscal y citará a una audiencia que se realizará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la recepción de las observaciones. En la audiencia el fiscal y el
sindicado discutirán las observaciones con el Juez y manifestarán si las
aceptan, lo que consignarán en un acta. En caso de aceptar las observaciones el
Juez dictará sentencia en el término de cinco (5) días.
Vencido el término establecido en el
inciso tercero de este artículo o finalizada la audiencia a que hace referencia
el párrafo anterior, el Juez, en caso de no aceptar el acuerdo lo improbará
mediante auto susceptible del recurso de apelación.
Al sindicado que se acoja a la audiencia
especial se le reconocerá un beneficio de rebaja de pena de una sexta a una
tercera parte.
PARÁGRAFO 1o. SUSPENSIÓN DE LA
ACTUACION PROCESAL. Desde el momento en que se solicite la audiencia hasta cuando
quede en firme la providencia que decida sobre el acuerdo, se suspenderá la
actuación procesal, por un término que no podrá exceder de treinta (30) días
hábiles. Sin embargo, podrán practicarse diligencias urgentes de instrucción
orientadas a evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigios del
hecho. No se suspenderá en lo referente a la libertad o detención del procesado
o en relación a la vinculación de otras personas que se haya ordenado antes de
dicha solicitud.
Así mismo se suspenderán los términos para
efectos de la libertad provisional y el término de prescripción de la acción
penal.
PARÁGRAFO 2o. El trámite previsto en este
artículo se hará en cuaderno separado, que solo hará parte del expediente si se
concreta el acuerdo. En caso contrario se archivará.
El fiscal no estará obligado a concurrir a
la audiencia cuando advierta que existe prueba suficiente en relación con los
aspectos sobre los cuales puede versar el acuerdo.
[326] Sentencia de la Corte
Constitucional T-356 de 2007. Los institutos procesales
presentaban sus particularidades. Así, la sentencia anticipada se caracterizaba
por que (i) el imputado renunciaba a la tramitación integral del proceso cuando
aceptaba los cargos formulados en su contra y se encontraban demostrados los
presupuestos probatorios para fundamentar sentencia condenatoria; (ii) la
titularidad para solicitar tal beneficio correspondía exclusivamente al
acusado; (iii) la petición se elevaba, en la etapa de instrucción, a partir de
la resolución que resolvía la situación jurídica al procesado, una vez se
encontrara ejecutoriada, hasta antes del cierre de la investigación, sin necesidad
de que esta providencia adquiriera firmeza, obteniendo una rebaja de pena hasta
de 1/3 parte; (iv) en la etapa de juzgamiento, la solicitud podía ser elevada
hasta antes de se fijara fecha para la audiencia pública, obteniendo una rebaja
de pena de hasta 1/6 parte; (v) el procesado debía aceptar integralmente los
hechos investigados, es decir, se trataba de una confesión simple de haber
participado en el hecho; (vi) debía existir en el proceso prueba que condujera
a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado; (vii)
durante la etapa de investigación, fiscal y procesado debían suscribir un acta,
equivalente a la resolución de acusación; durante el juicio, el documento debía
ser suscrito entre el juez y el acusado; (viii) contra el acta no procedía
recurso alguno; (ix) el juez debía aprobar el acuerdo, salvo que violase
garantías constitucionales o legales, y proceder a dictar sentencia
condenatoria, la cual era impugnable. A su vez, la audiencia especial se
caracterizaba por lo siguiente (i) no existía duda acerca de la comisión del
hecho punible, no se establecía la atipicidad del mismo, no concurrían causales
de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas probatorias acerca
de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de sus
elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de
la resolución que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de
que se profiriera providencia que ordenara el cierre de la investigación; (iii)
en la etapa de juzgamiento era improcedente aquélla, por cuanto las posibles
dudas probatorias habían sido despejadas en la resolución de acusación; (iv) el
imputado debía aceptar su responsabilidad en el comportamiento delictivo; (v)
la audiencia terminaba con la suscripción de un acta contentivo del acuerdo
derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de acusación;
y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto
en aspectos sustanciales como procesales.
[327] Artículo 40. Sentencia
Anticipada. A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de
que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el
procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada.
Efectuada la solicitud, el
Fiscal General de la Nación o su delegado, si lo considera necesario, podrá
ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho
(8) días. Los cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su
delegado y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta
suscrita por quienes hayan intervenido.
Las diligencias se remitirán al
juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará
sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no
haya habido violación de garantías fundamentales.
El juez dosificará la pena que
corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera
(1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su
responsabilidad.
También se podrá dictar
sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes
de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para la celebración de
la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de
todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una octava
(1/8) parte de la pena.
Cuando las rebajas por
confesión y sentencia anticipada concurran en la etapa de instrucción, la
rebaja será de las dos quintas (2/5) partes y cuando concurran en la etapa de
juzgamiento, será de una quinta (1/5) parte.
El acta que contiene los cargos
aceptados por el procesado es equivalente a la resolución de acusación.
En los procesos en los que se
requiera definir la situación jurídica y se solicitare sentencia anticipada, la
diligencia deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la
ejecutoria de la decisión.
Cuando se trate de varios
procesados o delitos, pueden admitirse aceptaciones parciales, caso en el cual
se romperá la unidad procesal a partir de la finalización de la diligencia.
Contra la sentencia procederán
los recursos de ley, que podrán interponer el Fiscal General de la Nación o su
delegado, el Ministerio Público; el procesado y su defensor respecto de la
dosificación de la pena, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de
la libertad y la extinción del dominio sobre bienes. La parte civil podrá
interponer recursos cuando le asista interés jurídico para ello.
Desde el momento en que se
solicite la sentencia anticipada hasta cuando se profiera la providencia que
decida sobre la aceptación de los cargos, se suspenden los términos procesales
y de prescripción de la acción penal. Sin embargo, podrán practicarse
diligencias urgentes de instrucción orientadas a evitar la desaparición,
alteración de las pruebas o vestigios del hecho.
En la sentencia anticipada se
resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de los
perjuicios ocasionados.
Parágrafo. Este trámite se
aplicará también, guardando la naturaleza de las decisiones, en aquellos
procesos penales de que conoce integralmente la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
[328] Sentencia de la Corte
Constitucional T-356 de 2007.
[329] Sentencia de la Corte
Constitucional T-356 de 2007.
[330] Sentencia de la Corte
Constitucional C-516 de 2007.
[331] Sentencia de la Corte
Constitucional C-059 de 2010.
[332] Sentencia de la Corte
Constitucional C-059 de 2010. Así las cosas, la Corte Constitucional ha
considerado en materia de acuerdos y preacuerdos lo siguiente: (i) la
existencia de estas figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental
al debido proceso; (ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al
momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su
alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica
que corresponda conforme a la ley penal preexistente; (iv) la intervención de
las víctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos
esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una
necesaria coincidencia de intereses entre la víctima y la Fiscalía, situación
que debe ser tenida en cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la
víctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la
Fiscalía y la defensa, tiene derecho a ser oída e informada acerca de su
celebración;  (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el
mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la
víctima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o
incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos.
[333] Sentencia de la Corte
Constitucional C-516 de 2007.
[334] Sentencias de la Corte
Constitucional C-425 de 1997; C-634 de 2001; C-398 de 2011; C-774 de 2001;
C-154 de 2007 y C-1154 de 2005.
[335] Sentencias de la Corte
Constitucional C-774 de 2001; C-318 de 2008; C-289 de 2012; C-634 de 2001;
C-398 de 2011; C-634 de 2000; C-1198 de 2008 y C-106 de 1994.
[336] Sentencias de la Corte
Constitucional C-425 de 1997; C-154 de 2007 y C-774 de 2001.
[337] Sentencia de la Corte
Constitucional C-774 de 2001.
[338] Sentencias de la Corte
Constitucional C-106 de 1994 y C-774 de 2001.
[339]“El artículo 7 de la
Convención consagra garantías que representan límites al ejercicio de la
autoridad por parte de agentes del Estado.  Esos límites se aplican a los
instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la detención.  Dicha
medida estará en concordancia con las garantías consagradas en la Convención
siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional, respete el
principio a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad
y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática[339].” (Énfasis fuera del
texto).
[340]“El artículo 7 de la
Convención consagra garantías que representan límites al ejercicio de la
autoridad por parte de agentes del Estado.  Esos límites se aplican a los
instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la detención.  Dicha
medida estará en concordancia con las garantías consagradas en la Convención
siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional, respete el
principio a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad
y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática[340].” (Énfasis fuera del
texto).
[341] Caso Servellón
García y otros vs. Honduras.
“[342]
Caso Acosta Calderón, supra nota 47, párr. 111.”
“[343]
Así también
lo ha entendido el Tribunal Europeo, cuando consideró que “las palabras
libertad y seguridad […] se refieren a la libertad y seguridad físicas”. Cfr. ECHR,
Case of Engel and others v. The Netherlands, Judgment of 8 June 1976,
Applications Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72;
5370/72, para. 57. Traducción de la Secretaría de la Corte. El texto
original en inglés es el siguiente:  “[i]n proclaiming the
"right to liberty", paragraph 1 of Article 5 (art. 5-1) is
contemplating individual liberty in its classic sense, that is to say the
physical liberty of the person”.
[344] Sentencia del 26 de
noviembre de 2008, caso “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador.
[345] Caso “Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”. Sentencia del 26 de noviembre de 2008
[346] Cfr. Caso García Asto
y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.” En suma, no es
suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad
esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación
respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha
medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o
restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este
Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia[346]; ii) que las medidas adoptadas sean
las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el
sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado
y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre
todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo
propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad
personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional[346], y iv) que sean medidas que resulten
estrictamente proporcionales[346],
de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la
libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente
que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y,
por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención.
[347] “En cuanto a la arbitrariedad de la detención, el artículo 7.3
de la Convención establece que nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios”. Sobre esta disposición, en otras
oportunidades la Corte ha considerado que nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de
proporcionalidad.
Respecto del
artículo 7.3, este Tribunal ha establecido que, si bien cualquier detención
debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en la
ley nacional, es necesario además que la ley interna, el procedimiento
aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean,
en sí mismos, compatibles con la Convención[347](…)Toda
causa de privación o restricción al derecho a la libertad personal no sólo debe
estar prevista en la ley, en los términos del artículo 7.3 de la Convención, su
finalidad debe ser legítima y compatible con la Convención(…)”
[348] Sentencias de la Corte
Constitucional C-425 de 2008 y C-289 de 2012,
[349] Sentencia de la Corte
Constitucional C-689 de 1996; C-774 de 2001.
[350] Sentencias de la Corte
Constitucional C-774 de 2001; C-689 de 1996.
[351] Sentencia de la Corte
Constitucional C-371 de 2002.
[352] Sentencia de la Corte
Constitucional C-622 de 2003.
[353] Sentencias de la Corte
Constitucional C-774 de 2001 C-327 de 1997.
[354] Sentencia de la Corte
Constitucional C-318 de 2008.
[355] Sentencia de la Corte
Constitucional C-774 de 2001.
[356] Sentencia de la Corte
Constitucional C-774 de 2001.
[357] Sentencias de la Corte
Constitucional C-135 de 1999; C-318 de 2008; C-774 de 2001; C-620 de 2001;
C-425 de 1997 y C-327 de 1997.
[358] Sentencias de la Corte
Constitucional C-425 de 1997; C-150 de 1993; C-318 de 2008; y C-774 de 2001.
[359] Sentencia de la Corte
Constitucional C-805 de 2002.
[360] Sentencias de la Corte
Constitucional C-774 de 2001; C-541 de 1992, C-411 de 1993 y C-395 de 1994 y
T-556 de 2002.
[361] Por ejemplo, en el derecho comparado se
aprecian diferentes criterios de necesidad. El artículo 144 del Código de
Procedimiento Penal francés establece que la detención procede cuando, entre
otras razones, sea el único medio para conservar las pruebas y los indicios
materiales o para prevenir presiones sobre los testigos o sobre las víctimas, o
para evitar un acuerdo fraudulento entre personas sospechosas de ser cómplices
en los hechos; o sea necesaria para proteger a la persona de que trata la
medida. Por su parte, el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal
italiano establece que las medidas de aseguramiento proceden cuando: a) sean
necesarias para preservar la integridad de la investigación, de situaciones de
peligro concreto para la obtención o preservación de las pruebas, b) cuando el
procesado ha huido o existe peligro de que huya o cuando el juez considere que
el procesado huirá por la posibilidad de ser sometido a una pena superior 10 de
prisión; c) cuando por las modalidades y circunstancias específicas del hecho,
así como de la personalidad del procesado, haya un peligro concreto de que
cometa delitos graves contra el orden constitucional o de delitos de
criminalidad organizada o de delitos similares a los que dieron lugar a la
iniciación de la investigación criminal. Ver Pradel, Op. Cit, página 502.
[362] Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado mediante la Ley 74 de 1968 establece: "Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad,
salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta...". Por su parte, la Convención Americana de Derechos
Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972 precisa: "1.Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de
su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes
dictadas conforme a ellas".
[363] Sentencia de la Corte
Constitucional C-805 de 2002.
[364] Así por ejemplo, en materia de
privación de la libertad, en la sentencia C-327 de 1997 la Corte dijo “...Así
pues, aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su
limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al
regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe
observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al
propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a
mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que
consiste el derecho y los límites del mismo.."  Sentencias de la Corte
Constitucional C-774 de 2001 y C-425 de 1997.
[365] Con base en el principio de
proporcionalidad en el derecho comparado, la medida de detención preventiva
puede ser decretada sólo cuando no sea posible acudir a otro tipo de medidas
que garanticen adecuadamente el logro de los fines que se pretenden alcanzar
con la detención. Así por ejemplo, el artículo 275.3 del Código de
Procedimiento Penal italiano establece que la detención preventiva sólo puede
ser aplicada en lo casos en que cualquier otra medida resulte inadecuada y
excluye esta respecto de mujeres embarazadas en período de lactancia, de
enfermos graves, o personas de más de 65 años, a menos que existan razones
poderosas para ordenar la detención. (Artículo  275-4, Código de Procedimiento
Penal italiano). Por su parte, el artículo 137 Código de Procedimiento Penal francés
dispone que la persona perseguida “permanezca libre salvo en razón de
necesidades de la instrucción o a título de medida de seguridad susceptible de
ser sometida a control judicial, o a título excepcional ubicada en detención
provisional”. En el Reino Unido, el artículo 4 del Bail Act de 1976 indica que
“una persona tiene derecho a su libertad salvo en los casos previstos en el
anexo I de esta ley”, y dichos casos son enumerados taxativamente en dicho
anexo. En resumen estas legislaciones consagran al lado del principio de
proporcionalidad, el principio de la subsidiaridad: la detención provisional es
una medida de última ratio para alcanzar fines legítimos. Ver. Pradel, Op.
Cit., páginas 502 y 503. Sentencia de la Corte Constitucional C-805 de 2002.
[366] Sentencia de la Corte
Constitucional C-805 de 2002.
[367] Artículo 18ª de la Ley
975 de 2005.
[368] Sentencia de la Corte
Constitucional C-318 de 2008.
[369] Sentencias de la Corte
Constitucional C-679 de 1998; C-806 de 2002.
[370] Sentencias de la Corte
Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
[371] Sentencia de la Corte
Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
[372] Ibíd.
[373] Ibíd.
[374] Sentencia de la Corte
Constitucional T-596 de 1992.
[375] Sentencia de la Corte
Constitucional C-679 de 1998.
[376] Sentencia de la Corte
Constitucional C-647 de 2001 y C-806 de 2002.
[377] Sentencias de la Corte
Constitucional C-565 de 1993 y C-806 de 2002.
[378] Sentencias de la Corte
Constitucional C-679 de 1998; C-806 de 2002.
[379] Sentencia de la Corte
Constitucional C-806 de 2002.
[380] Sentencias de la Corte
Constitucional C-716 de 1998; C-622 de 2003; C-425 de 2008; C-073 de
2010 y C-762 de 2002.
[381] Sentencias de la Corte
Constitucional C-425 de 2008; C-073 de 2010: “Ahora bien, al igual que
sucede con la imposición de medidas de aseguramiento, los requisitos para
decretar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad
condicional y los beneficios a favor del condenado hacen parte de la libertad
de configuración normativa del legislador porque constituyen elementos
fundamentales del debido proceso penal y responden a las evaluaciones propias
de la política criminal del Estado”.
[382] Sentencias de la Corte
Constitucional C-716 de 1998 y C-622 de 2003.
[383] Sentencia de la Corte
Constitucional C-622 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[384] Artículo 1° de la Ley
975 de 2005.
[385] Artículo 3 de la Ley
975 de 2005.
[386] Sentencia de la Corte
Constitucional C-579 de 2013.
[387] Artículo 18A de la Ley
975 de 2005 al cual remite el inciso 3º del artículo 18B de la misma.
[388] Sentencias de la Corte
Constitucional C-243 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-243 de 2009.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-110 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[389] Sentencia de la Corte
Constitucional C-243 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[390] Sentencia de la Corte
Constitucional C-243 de 2009.
[391] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1106 de 2000.
[392] Sentencia de la Corte
Constitucional C-243 de 2009.
[393] Isabelle Fichet y Marc Mosse, “L’obligation de prendre des
mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des
infractions », Droit International Pénal, París, 2000, p. 871.
[394] Sentencia de la Corte Constitucional
C-673 de 2002.
[395] Sentencia de la Corte Constitucional
C-578 de 2002.
[396] Artículo 61
Confirmación de los cargos antes del juicio. (...) “7. La Sala de Cuestiones
Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas
suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada
crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de
Cuestiones Preliminares: (...)c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que
considere la posibilidad de: (...) ii) Modificar un cargo en razón de que las
pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea
de la competencia de la Corte.
[397] Sentencia de la Corte
Constitucional C-578 de 2002.
[398] Véase los artículos 47
de la Constitución de Eslovenia del 23 de diciembre de 1991 (prohíbe la
extradición de nacionales y condiciona la extradición de extranjeros a la
existencia de un tratado internacional con el Estado que pide la extradición);
17 de la Constitución de Moldavia del 24 de julio de 1994 (prohíbe la extradición
de nacionales y somete la extradición de extranjeros y apátridas a la
existencia de un tratado internacional o a una condición de reciprocidad); 13
de la Constitución de Lituania del 25 de noviembre de 1992 (prohíbe la
extradición de ciudadanos, salvo que un tratado disponga lo contrario); 36 de
la Constitución de Estonia del 28 de junio de 1992 (prohíbe la extradición de
nacionales salvo que sea prevista por un tratado internacional); 26 de la
Constitución de Italia del 27 de diciembre de 1947 (prohíbe la extradición de
nacionales, salvo que un tratado disponga lo contrario); 33 §1 de la
Constitución de Portugal del 2 de abril de 1976 (prohíbe la extradición de
nacionales). Por este tipo de prohibiciones varios Estados modificaron sus
constituciones para permitir este tipo de asistencia con la Corte. Tal fue el
caso de Alemania, que adicionó el artículo 16 de su constitución para permitir
la extradición de alemanes a Estados miembros de la Unión Europea o para su
entrega a un tribunal internacional (Gaceta Legislativa Federal 2000 I 1633),
esta reforma se hizo el 29 de Noviembre de 2000 y entró en vigor el 2 de
diciembre de 2000.
[399] Sentencia de la Corte
Constitucional C-621 de 2001.
[400] Sentencia de la Corte Constitucional C-
621 de 2001 donde se cita a la Corte Permanente Internacional de Justicia,
Asunto  del Vapor Wimbledon, (Francia/Alemania), 1923, Serie A, No. I, página
25. Sentencia de la Corte Constitucional C- 673 de 2002.
[401] Sentencia de la Corte
Constitucional C-620 de 2011.
[402] Sentencia de la Corte
Constitucional C-621 de 2001.
[403] Sentencia de la Corte
Constitucional C-580 de 2002.
[404] Sentencia de la Corte
Constitucional C-580 de 2002.
[405] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 27020 de 13 de junio de 2007.
[406] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 24188 de 28 de marzo de 2006.
[407] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 23912 de 7 de septiembre de 2005.
[408] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 26766 de 30 de mayo de 2007.
[409] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 27019 de 23 de mayo de 2007.
[410] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No.
26814 de 20 de junio de 2007.
[411] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 26768 de 16 de mayo de 2007.
[412] Concepto favorable
para su extradición Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso
No. 28643.
[413] Los demandantes
plantean que estas normas plantean un cambio del modelo de justicia y paz para
ser adaptado al modelo de la ley de víctimas mediante remisiones en relación
con: la definición de los derechos de las víctimas (artículo 6º), la
destinación de los bienes entregados por los desmovilizados (artículo 11D), los elementos
materiales probatorios (artículo 15 A), la regulación sobre medidas cautelares
(artículo 17B), la reparación (artículos 23 y 23 A), en el trámite de los
recursos (artículo 26), el saneamiento judídico de los bienes (artículo 46 B),
los programas e reparación administrativa (54), el trámite de la restitución de
tierras (artículo
38), la presunción de despojo y la figura de las compensaciones (artículo 38),
los cuales son complementados por disposiciones en materia de entrada en
vigencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas y
derogatorias que son necesarias para la remisión del procedimiento de justicia
y paz (artículo 41).
[414] Los apartes subrayados
corresponden a los demandados.
[415] Gaceta del Congreso de
la República número 690 de 2011.
[416] Gaceta del Congreso número 801 de 2011: “La Fiscal General de la Nación, doctora
Viviane Morales Hoyos, identificó los siguientes obstáculos, los cuales deben
ser corregidos en este proyecto de ley:  (…) Con la falta de regulación de la
persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las
víctimas así como de la restitución de bienes cuando estos les han sido
despojados a aquellas”.
[417] Gaceta del Congreso
número 958 de 2011: “Diversas
son las situaciones problemáticas de la Ley de Justicia y Paz que deben ser
corregidas, razón por la cual es actualmente pertinente el presente proyecto de
ley. Se mencionan, entre las más relevantes, las siguientes: (…) Con la falta
de regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a
la reparación de las víctimas así como de la restitución de bienes cuando estos
les han sido despojados a aquellas (…) La práctica también ha evidenciado la
necesidad de regular en la Ley 975 de 2005 el trámite que debe surtirse sobre
la restitución de los bienes despojados a las víctimas o la cancelación de
títulos y registros fraudulentos”.
[418] Gaceta del Congreso
número 221 de 2012: “Diversas
son las situaciones problemáticas de la Ley de Justicia y Paz que deben ser
corregidas, razón por la cual es actualmente pertinente el presente proyecto de
ley. Se mencionan, entre las más relevantes, las siguientes: (…) La falta de regulación
en materia de persecución y aseguramiento de los bienes destinados a la
reparación de las víctimas, así como de la restitución de bienes despojados”.
[419] Gaceta del Congreso número 57 de 2012: "El otro tema, tenía que ver con la
falta de regulación de la persecución y aseguramiento de los bienes destinados
a la reparación de las víctimas; de hecho esto no estaba regulado en la Ley 975
y hemos tenido que acudir a la jurisprudencia, por eso en la propuesta de la
Fiscalía se incluían dos artículos sobre trámites de reparación de bienes, uno
fue incluido en la enmienda pero otro señor ponente se omitió, y creo que son
de esas omisiones secretariales que le suelen suceder a uno y que
afortunadamente para mirarlas encontramos; la enmienda pasa del artículo 19 al
artículo 21, o sea, omite un artículo 20 en el cual estoy proponiendo se
incluya el artículo sobre bienes, sobre las audiencias preliminares en el caso
de los bienes; y estoy segura que fue una omisión totalmente secretarial porque
hace referencia al 18b, y el 18b no se encuentra, entonces para incluirlo en la
plenaria si lo consideran”.
[420] Art. 76 de la Ley 1448
de 2011.
[421] Art. 77 de la Ley 1448
de 2011.
[422] Art. 79 de la Ley 1448
de 2011.
[423] Tomado del Informe
Trimestral de Gestión de la Unidad de Restitución de Tierras del 31 de marzo de
2015, pág. 20.
[424] Los apartes subrayados
corresponden a los demandados.
[425] Gaceta del Congreso 958
de 2011, pág. 11.
[426] Auto del 13 de diciembre de 2010 de la
Corte Suprema de Justicia: “En desarrollo del proceso de justicia y paz, se
vienen suscitando problemas prácticos con la delación y entrega de bienes para
que formen parte del Fondo Nacional de Reparación; mírense algunos:
-
Que se entreguen (o
denuncien) bienes con problemas de documentación (no titulados, con
titulaciones precarias como las llamadas cartas de venta – cartas de propiedad,
cartas de transferencia), es decir, que no son documentos oficialmente
reconocidos, aunque por costumbre en las regiones sean admitidos como forma de
transferencia de bienes[426]
-
Que se entreguen (o
denuncien) bienes sin títulos de propiedad, o que aparezcan a nombre de
personas fallecidas y no se hizo el proceso de sucesión respectivo (Aquí se
denuncian bienes que aparecen registrados a nombre de uno de los hijos
fallecidos de RAMÓN ISAZA ARANGO)
-
Que se entreguen (o
denuncien) bienes con créditos por conceptos de impuestos prediales,
actualizaciones catastrales, cuotas de valorización pendientes, o con déficit
en los pagos de los servicios públicos, en fin, con créditos que ocasionalmente
superan el valor comercial de la propiedad[426].
-
Que contra los
bienes del desmovilizado exista proceso en curso de extinción de dominio.
-
Existen propiedades
que se reportan como del desmovilizado, no obstante existir reclamantes con
derechos adquiridos de posesión por prescripción adquisitiva del dominio.
-
Existen bienes
sociales, bien por tratarse de sociedades conyugales no disueltas, ora porque
se trate de comunidades de propietarios y se requiere garantizar el derecho del
tercero.
-
Existen bienes en
cabeza de testaferros… (en la audiencia se alegó que la política de Justicia y
Paz requiere de un diseño que autorice al testaferro transferir los bienes al
Fondo Nacional de Reparación de Víctimas).
-
El defensor técnico
del postulado reclamó como viable y solicitó (de hecho informó que ostenta la
titularidad de algunas propiedades del desmovilizado, en audiencia pública del
2 de abril de 2010), que se legitime y permita hacer la transferencia de bienes
al Fondo de Reparación de Victimas;  reclamó que se autoricen operaciones
mercantiles bajo la tutoría de la Fiscalía General de la Nación.
Existen entregas de bienes muebles,
semovientes, que generan costes de administración y de manutención”
[427] En relación con la vocación reparadora de
los bienes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
manifestó que los mismos deben ostentar como característica principal el
elemento resarcitorio. Al respecto, sostuvo que: “Se entiende por vocación reparadora la aptitud
que deben tener los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los
postulados en el marco de la presente ley para reparar de manera efectiva a las
víctimas. En sentido
contrario, se pronunció igualmente sobre la definición de bienes que no
ostentan vacación reparadora, sobre los cuales afirmó que son aquellos que “no
pueden ser identificados e individualizados, así como aquellos cuya
administración o saneamiento resulte en perjuicio del derecho de las víctimas a
la reparación integral…”.
[428] Artículo
82 de la Ley 599 de 2000: “Extinción
de la acción penal. Son causales de
extinción de la acción penal: 1. La muerte del procesado”.
[429] El artículo 59 del
Decreto 3011 de 2013, reglamentario de las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y
1592 de 2012, dispone que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
la Reparación Integral de las Víctimas, junto con la Fiscalía General de la
Nación, deberá participar de la “fase de alistamiento”. Esta etapa, es
una fase primordial para determinar el grado de vocación reparadora que tienen
los bienes declarados, la cual, según el artículo 61 del decreto 3011 de 2013,
comprende: (i) el análisis jurídico predial, (ii) descripción
física, (iii) evaluación de los aspectos sociales relevantes que incidan
en la reparación efectiva de las víctimas, (iv) obligaciones a cargo del
bien al momento de su alistamiento, y (v) uso del bien describiendo su
utilización actual y su condición respecto de los usos permitidos, restringidos
o prohibidos de acuerdo a la normatividad vigente, (vi) situación económica
del bien con el fin de valorarlo de acuerdo a los estimativos de los técnicos
de la Fiscalía General de la Nación o de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral de las víctimas o del avalúo comercial que
reporte dicha entidad, y (vii) estado de la administración, indicando su
ocupación y condiciones actuales de explotación económica.
[430] Mediante sentencia del 18 de junio de
2014, Radicado 43.660, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, precisó que la vocación reparadora del bien: “(…) se tiene que
inferir a partir de condiciones físicas, sociales, económicas y no solo
jurídicas, datos que se deben entregar al Juez con el fin de que determine si
tiene la aptitud para ofrecer a las víctimas una expectativa racional y
coherente de reparación frente al daño causado. Por lo mismo, se trata de un
estudio multidisciplinario que se debe asumir con la mayor seriedad frente a un
tema de tanta sensibilidad y no con un criterio formal (…)”.
[431] La prevención especial
positiva resocialización señala que la función de la pena es la reintegración
del individuo a la sociedad (Sentencia de la Corte Constitucional C - 806 de
2002).
[432] Sentencia de la Corte
Constitucional C-019 de 1993.
[433] Sentencia de la Corte Constitucional C-150 de 1993.
[434] Sentencia de la Corte Constitucional C-345 de 1993: “Conclúyese así que se configura
violación al principio de la doble instancia, y específicamente al de la
apelabilidad de las sentencias, ya que dentro de las excepciones a dicho
principio que el artículo 31 de la Carta permite al Legislador establecer, no
encajan aquellos casos en se confiere un trato discriminatorio entre los
colombianos, en razón de sus ingresos laborales mensuales”.
[435] Sentencia de la Corte
Constitucional C-179 de 1995.
[436] Sentencia de la Corte
Constitucional C-657 de 1996.
[437] Sentencia de la Corte
Constitucional C-037 de 1996.
[438] Sentencia de la Corte
Constitucional C-956 de 1999.
[439] Sentencia de la Corte
Constitucional C-650 de 2001.
[440] Sentencia de la Corte
Constitucional C-154 de 2002.
[441] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 040 de 2002.
[442] Sentencia de la Corte
Constitucional C-377 de 2002.
[443] Sentencia de la Corte
Constitucional C-484 de 2002.
[444] Sentencia de la Corte
Constitucional C-788 de 2002.
[445] Sentencia de la Corte Constitucional C-900 de 2003.
[446] Sentencia de la Corte
Constitucional C-248 de 2004.
[447] Sentencia de la Corte
Constitucional C-103 de 2005.
[448] Sentencia de la Corte Constitucional C-1237 de 2005 Por el contrario, con un
criterio razonable, el legislador sustituyó un trámite por otro más breve y
ágil, en procura de una administración de justicia eficaz y el logro de un
orden justo”
[449] Sentencia de la Corte
Constitucional C-934 de 2006.
[450] Sentencia de la Corte
Constitucional C-739 de 2006.
[451] Sentencia de la Corte
Constitucional C-456 de 2006.
[452] Sentencia de la Corte
Constitucional C-863 de 2008.
[453] Para la explicación de
las fases del proceso de justicia y paz se tomará como modelo el esquema
planteado en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del
27 de agosto de 2007 (Radicado 27873. M.P. Dr. Julio E. Socha Salamanca) y se
actualizará de acuerdo a las modificaciones realizadas por la Ley 1592 de 2012.
[454] Artículo  2°.
Ámbito de la Ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula
lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales
de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley,
como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión
de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
La interpretación y aplicación de las
disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las
normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la
presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas
internacionales que regulan esta misma materia.
La reinserción a la vida civil de las
personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro
beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en
dicha ley.
[455] Artículo 9°. Desmovilización. Se
entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas
y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante
autoridad competente.
La desmovilización del grupo armado
organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la
Ley 782 de 2002.
[456] Si bien algunas desmovilizaciones colectivas siguieron
surtiendo efectos hasta el 26 de agosto de 2008 en virtud de decretos
especiales como los 3391 de 2006 y 4719 de 2008 que establecieron que la
desmovilización colectiva inicial también podría extenderse a los miembros de
grupos ya desmovilizados que estuvieran privados de la libertad.
[457] Pág. 12.
[458] Gaceta del Congreso 57.
Jueves 8 de marzo de 2012. Página 17
[459] Gaceta del Congreso 57.
Jueves 8 de marzo de 2012. Página 17
[460] Art. 48: “El Gobierno Nacional podrá
conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales
colombianos que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por
hechos constitutivos de los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada,
conspiración, y los conexos con éstos, cuando a su criterio, el grupo guerrillero
del cual forme parte el solicitante haya demostrado su voluntad de
reincorporarse a la vida civil.
También se podrá conceder dicho beneficio a
los nacionales colombianos que, por fuera de las organizaciones guerrilleras de
las cuales formen o hayan formado parte, así lo soliciten, si a criterio del
Gobierno Nacional demuestran su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
No se aplicará lo dispuesto en este Título
con relación a delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos fuera de
combate o con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión,
secuestro o a actos de ferocidad o barbarie.
PARAGRAFO. No procederán solicitudes de indulto
por hechos respecto de los cuales el beneficio se hubiere negado con
anterioridad, salvo que el interesado aporte nuevos medios de prueba que
modifiquen las circunstancias que fueron fundamento de la decisión”.
[461] Cfr. especialmente las
sentencias C-084 de 1996, C-368 de 2000, C-215 de 1999, C-581 de 2001, C-434 de
2003, y C-932 de 2006.
[462] ELSTER, Jon: Rendición
de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos
Aires, 2006, 15; WEBBER, Jeremy: Forms of Transitional Justice, en: WILLIAMS,
Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York
University Press, Nueva york, 2012, 98; PENSKY, Max: El pasado es otro pueblo.
Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones normativas a
las amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y
Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 113; UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las
enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia
transicional y el caso colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / Saffon Sanín,
María Paula / Botero Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban: ¿Justicia
transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia,
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006, 13. Sentencia
C-771 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[463] ELSTER, Jon: Rendición
de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos
Aires, 2006, 15; WEBBER, Jeremy: Forms of Transitional Justice, en: WILLIAMS,
Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York
University Press, Nueva york, 2012, 98; PENSKY, Max: El pasado es otro pueblo.
Un argumento a favor de los derechos póstumos como limitaciones normativas a
las amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y
Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 113; UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las
enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia
transicional y el caso colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / Saffon Sanín,
María Paula / Botero Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban:
¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para
Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006, 13.
Sentencia C-771 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[464] AMBOS, Kai: El marco
jurídico de la justicia de transición. Especial
referencia al caso colombiano, Editorial Temis,
Bogotá, 2008, 8; DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en:
WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New
York University Press, Nueva york, 2012; OROZCO, Iván. 2009. Justicia transicional en tiempos
del deber de memoria. Bogota, Temis – Universidad de los Andes, 9; FORER, Andreas: Justicia Transicional,
Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, 19.
[465] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 579 de 2013.
[466] LUNDY, Patricia / MCGOVERN Mark: A Trojan Horse? Unionism, Trust and
Truth-telling in Northern Ireland, The International Journal of Transitional Justice, Vol. 2, 2008, 42–62;
DWYER, Clare D.: Expanding
DDR: The Transformative Role of Former Prisoners in Community-Based
Reintegration in Northern Ireland, The International Journal of Transitional
Justice, Vol. 6, 2012, 274 y ss.
[467] AIKEN, Nevin T.: Learning to Live Together: Transitional Justice and
Intergroup Reconciliation in Northern Ireland, he International Journal of Transitional Justice, Vol.
4, 2010, 177.
[468] In
order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be
granted in respect of acts, omissions and offences associated with political
objectives and committed in the course of the conflicts of the past. To this
end, Parliament under this Constitution shall adopt a law determining a firm
cut-off date, which shall be a date after 8 October 1990 and before 6 December
1993, and  providing for the mechanisms, criteria and procedures, including
tribunals, if any, through which such amnesty shall be dealt with at any time
after the law has been passed.
[469] Promotion of National
Unity and Reconciliation Amendment Act 87 of 1995, Promotion of National Unity
and Reconciliation Amendment Act 18 of 1997 , Promotion of National Unity and
Reconciliation Second Amendment Act 84 of 1997, Promotion of National Unity and
Reconciliation Amendment Act 33 of 1998 y Promotion of National Unity and
Reconciliation Amendment Act 23 of 2003, entre otras.
[470] Judicial
Matters Amendment Act 104 of 1996.
[471] Public
Service Laws Amendment Act 47 of 1997.
[472] MOROZZO DELLA ROCCA, Roberto:
Mozambique, Una paz para África, Icaria, Barcelona, 2003, 63 y ss.
[473] Sentencia de la Corte
Constitucional C-253A de 2012.
[474] Sentencia de la Corte Constitucional C –
370 de 2006: “4.9.11. De la jurisprudencia de la Corte que acaba de
exponerse pueden extraerse válidamente las siguientes conclusiones importantes
para el examen de constitucionalidad que ocupa ahora su atención:
4.9.11.1. Del artículo 250 Superior
que señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar por la
protección de las víctimas se desprende que la víctima o perjudicado por
un delito goza de una protección constitucional. Esta protección, en una
interpretación sistemática de la Constitución, en especial del derecho a
acceder a la justicia y del bloque de constitucionalidad, comprende, entre
otros, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
4.9.11.2. Los derechos de las víctimas de
graves abusos en contra de sus derechos humanos están estrechamente vinculados
con el principio de dignidad humana.[151]
4.9.11.3. La Corte ha aceptado que
múltiples instrumentos internacionales consagran el derecho de toda persona a
un recurso judicial efectivo y que, en caso de graves atentados en contra de
los derechos humanos, la comunidad internacional rechaza los mecanismos
internos que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo
ocurrido. Así mismo ha aceptado el derecho a la reparación en cabeza de las
víctimas.
4.9.11.4. La Corte ha entendido el derecho
a la verdad como la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. El derecho a la
justicia como aquel que en cada caso concreto proscribe la impunidad. Y el
derecho a la reparación, como aquel que comprende obtener una compensación
económica, pero que no se limita a ello sino que abarca medidas individuales y
colectivas tendientes, en su conjunto, a restablecer la situación de las
víctimas.
4.9.11.5. Para la Corte, los términos
procesales desproporcionadamente reducidos conllevan el recorte del derecho de
defensa del sindicado y la denegación del derecho a la justicia de las
víctimas, pues impiden establecer con claridad la verdad de los hechos y
obtener una justa reparación.
4.9.11.6. También desconocen los derechos
de las víctimas las reglas procesales que reducen su interés a obtener una
indemnización de perjuicios en la etapa final del proceso penal.
4.9.11.7. Las amnistías dictadas con el fin
de consolidar la paz han sido consideradas como instrumentos compatibles, en
ciertas condiciones como la cesación de hostilidades, con el respeto al Derecho
Internacional Humanitario, siempre y cuando no signifiquen un obstáculo para el
acceso efectivo a la justicia.[152]
4.9.11.8. La acción penal es
imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición forzada de
personas. Lo anterior por varias razones: el interés en erradicar la impunidad,
la necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y se
atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales
correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la
justicia y a la reparación por los daños.
4.9.11.9. Los hechos punibles que impliquen
graves atentados contra los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva permiten la
participación de la sociedad –a través de un actor popular -, como parte civil
en el proceso penal, a fin de satisfacer el derecho colectivo a conocer la
verdad”.
[475] Sentencia de la Corte Constitucional C –
370 de 2006: “5.1. En el anterior capítulo de la sentencia se ha recordado
la importancia constitucional e internacional de la paz, la justicia y los
derechos de las víctimas. Y se ha resaltado que la tensión entre estos derechos
se manifiesta de manera distinta dependiendo de diversos factores, dentro de
los cuales se destaca, para este caso, la adopción de instrumentos legislativos
y judiciales para promover la transición hacia la paz en un contexto
democrático. A partir de tales consideraciones generales sobre los elementos
que se encuentran en tensión al juzgar una ley que propende por alcanzar la
paz, la Corte pasa a señalar la manera como ha de resolverse esta tensión.
5.2. Ante todo, cabe señalar que compete al
legislador identificar las dimensiones en que se expresa dicha tensión y
definir las fórmulas para superarla, en ejercicio de las atribuciones que
claramente le ha confiado el Constituyente. Así, el legislador puede diseñar
los mecanismos que estime conducentes a lograr la paz, valorando las
circunstancias específicas de cada contexto. Lo anterior no significa que esta
amplia competencia del legislador carezca de límites constitucionales. Compete
al juez constitucional identificar tales límites y hacerlos respetar, sin
sacrificar ninguno de los elementos constitucionales en tensión y sin sustituir
al legislador en el ejercicio de las competencias que le son propias”.
[476] Adicionalmente declaró exequibles  de
manera condicionada, por el cargo analizado:  (i)   el
artículo 27 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que  la caracterización
a que en él se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del
archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones, (ii)
las expresiones “a cargo del
autor o partícipe del delito”  contenida en el  numeral 38.3 del
artículo 37 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que todos y cada uno de los
miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su
propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos
violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros
miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
[477] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la aplicación y el alcance d ela ley de justicia y paz en la
República de Colombia.
[478] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la aplicación y el alcance d ela ley de justicia y paz en la
República de Colombia.
[479] ELSTER, Jon: Rendición de Cuentas.
La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos Aires, 2006, 15; WEBBER, Jeremy: Forms of
Transitional Justice,
en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York
University Press, Nueva York, 2012, 98; PENSKY,
Max: El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos
como limitaciones normativas a las amnistías, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila:
Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 113; UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las enseñanzas del análisis
comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso
colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / Saffon Sanín, María Paula / Botero
Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban: ¿Justicia transicional sin
transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006,
13. Sentencia
C-771/11:
[480] DE GREIFF, Pablo:
Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary /
ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva york, 2012,
48.; MINOW, Martha /
CROCKER, David / MANI, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores;
Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar,
Bogotá, 2011,
157.
[481] La prevención especial
positiva resocialización señala que la función de la pena es la reintegración
del individuo a la sociedad (Sentencia de la Corte Constitucional C - 806 de
2002).
[482] Corte IDH. Caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Párr. 175.
[483] Corte IDH. Caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párrafo 258.
[484] Naciones Unidas, La violencia contra la
mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y
consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la
Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999,
párr. 25. Cita tomada de la sentencia del caso Campo Algodonero contra México.
[485] Corte IDH. Caso de las
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica
(Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270.
[486] Al
respecto señala la ponencia para segundo debate en el Senado de la República: “El
artículo 35 modifica el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, sobre la Vigencia y
derogatorias. Uno de los aspectos esenciales que impulsaron la reforma a la Ley
975 de 2005 es justamente su vigencia, de manera que el proyecto aprobado por
la Comisión Primera del Senado de la República, dispone que para el caso de
desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno
Nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a la fecha de su desmovilización. Así también, en relación con los
desmovilizados individuales, el procedimiento y los beneficios consagrados en
el esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad al 1°
de julio de 2012. Fecha esta que será necesario revisar teniendo en cuenta la
fecha probable de vigencia de la presente ley”.
[487] Informe ejecutivo sobre
las desmovilizaciones de la Presidencia de la República
[488] Fuente principal: Grupo de Atención
Humanitaria al Desmovilizado. Min. Defensa – GAHD y Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, Presidencia de la República.
[489] Dos ejemplos al
respecto: (i) La Ley 418 de 1997, se prorrogó la vigencia de las Leyes 104 de
1993 y 241 de 1995, la cual fue declarada constitucional en las Sentencias C -
340 de 1998, C – 768 de 1998, C- 782 de 1999, C – 047 de 2001, C-048 de 2001,
C-203 de 2005, y C-240 de 2009. (ii) La Ley 418 de 1997 fue prorrogada a través
de la Ley 782 de 2002, analizada por la Corte Constitucional en las sentencias
C-923 de 2005, C-928 de 2005, y C-914 de 2010.
[490] Cfr. Sentencias C-084
de 1996, C-368 de 2000, C-215 de 1999, C-581 de 2001, C-434 de 2003, C-932 de
2006, y C-1199 de 2008.
[491]
Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.