T-266-17
Sentencia T-266/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que ex-cónyuge solicita el
reconocimiento de sustitución pensional de ex-esposo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión "vía de hecho"
por la de "causales genéricas de procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Concepto, naturaleza y protección
constitucional
SUSTITUCION
PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias
DERECHO
A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos
OBLIGACION
ALIMENTARIA-Naturaleza
jurídica
EXTINCION
DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA-Causales
OBLIGACION
ALIMENTARIA Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias
OBLIGACION
ALIMENTARIA-Formas
en que puede transmitirse
ACCION
DE TUTELA PARA SOLICITAR PAGO DE CUOTA ALIMENTARIA-Subreglas de
procedencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Incumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para el reconocimiento de sustitución pensional de
ex-cónyuge
La accionante, a pesar
de encontrarse atacando en sede de tutela providencias judiciales, omitió
satisfacer a cabalidad los requisitos que para su procedencia han sido
establecidos. Es así, como se evidenció que, entre otros, la accionante no
agotó la totalidad de los mecanismos judiciales que el legislador puso a su
disposición para cuestionar las decisiones judiciales en estudio, así como
identificar si quiera de manera somera los motivos por los que considera que
éstas desconocieron sus garantías fundamentales.
DERECHO
DE ALIMENTOS DE EX-CONYUGE-Orden a Colpensiones empezar a pagar a
ex-cónyuge cuota alimentaria fijada en cuantía del 14,09% de la sustitución
pensional que le fue reconocida a compañera permanente
Referencia: expediente T-5.947.128.
Acción
de tutela presentada por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha de García en
contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el Juzgado
Doce Laboral del Circuito de Bogotá, la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, y la ciudadana Myriam Flórez Susa.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veintiocho
(28) de abril de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados José
Antonio Cepeda Amarís (e), Hernán Correa Cardozo (e) y Alberto Rojas Ríos,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, el veintitrés (23) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), dentro de la acción de tutela presentada por la ciudadana Cecilia
Myrian Fontecha de García en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Laboral, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Bogotá,
el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, y la ciudadana Myriam Flórez Susa.
El expediente de
referencia fue escogido para revisión mediante Auto del veintisiete (27) de
enero de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección Número
Uno.
I.
ANTECEDENTES
El pasado quince (15) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016), la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha de García interpuso acción de tutela
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital que considera fueron
desconocidos por:
-
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones- al negar el
reconocimiento de la sustitución pensional a la que, por la muerte de su
ex-cónyuge, considera tener derecho en cuanto siempre dependió económicamente
de este;
-
El
Juzgado Quinto de Familia de Bogotá por rechazar la demanda ejecutiva de
alimentos que interpuso en contra de la ciudadana Myriam Flórez Susa, con
ocasión a la supuesta inexistencia de un título ejecutivo a partir del cual
pudiera iniciarse el cobro de la cuota alimentaria que considera que ésta tiene
la carga de asumir.
-
La ciudadana Myriam
Flórez Susa, al incumplir con la obligación
alimentaria que su ex-esposo se había comprometido a garantizar por el resto de
su vida y, a partir de la cual, proveía sus ingresos básicos de subsistencia.
De acuerdo con la solicitud de
tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la actora sustenta sus
pretensiones en los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
El
28 de junio de 1970, la señora Cecilia Myrian Fontecha de García, de 67 años de
edad, contrajo matrimonio a través de ceremonia católica con el ciudadano
Virgilio García Rincón y, como producto de el, tuvieron tres hijos, los cuales
actualmente son mayores de edad.
1.2.
Mediante
Resolución No. 024508 del 18 de octubre de 2002, el Instituto de Seguros
Social, hoy Colpensiones, reconoció a favor del señor Virgilio García Rincón
una pensión de vejez por cumplir la totalidad de requisitos exigibles para el
efecto.
1.3.
En
el año 2002, el señor Virgilio García Rincón se separó de hecho de su cónyuge y
empezó una unión marital con la ciudadana Myriam Flórez Susa, la cual perduró
hasta el momento de su fallecimiento el 05 de julio de 2011.
1.4.
El
29 de enero de 2010, la accionante y el señor Virgilio García Rincón
suscribieron la Escritura Pública No. 307 ante la Notaría No. 36 de Bogotá, en
la que decidieron formalizar de mutuo acuerdo su separación a través de la
cesación de efectos civiles del matrimonio católico.
En
ella, pactaron (i) la cesación de los efectos civiles del matrimonio que
contrajeron en 1970 y, adicionalmente, (ii) establecieron una cuota
vitalicia de alimentos por parte del señor Virgilio García Rincón en cabeza de
Cecilia Myrian Fontecha por concepto del 14,09% de la mesada pensional que éste
recibe, la cual equivalía en el momento en que se suscribió dicha actuación a
la suma de 220.000 pesos mensuales.
Respecto
de los alimentos anteriormente mencionados, se declaró que: “el cónyuge
señor VIRGILIO GARCÍA RINCÓN manifiesta que en virtud de los cuarenta años de
matrimonio, es su deseo y voluntad, que en su eventual fallecimiento: su
ex-cónyuge señora CECILIA MYRIAN FONTECHA ORTIZ, sea beneficiaria sobreviviente
en la proporción legal que destine el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la cual no
podrá ser inferior al porcentaje asignado para alimentos, el cual será el
14,09% de la pensión de jubilación.”
1.5.
El
28 de octubre de 2011, mediante Resolución No. 040649, Colpensiones reconoció
la sustitución pensional del señor Virgilio García Rincón en cabeza de la
señora Myriam Flórez Susa en su calidad de compañera permanente del causante.
1.6.
Posteriormente,
con ocasión a la reclamación administrativa que realizó la ahora accionante en
su condición de ex-cónyuge, Colpensiones resolvió dejar sin efecto la
resolución anteriormente referida y suspender el trámite del reconocimiento
pensional hasta que la controversia respecto de quien tiene derecho a la
sustitución en discusión sea resuelta por la jurisdicción ordinaria.
1.7.
Como
producto de lo anterior, Myriam Flórez Susa inició proceso judicial ordinario
en contra de Colpensiones en el que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2014, accedió a sus pretensiones
y ordenó el reconocimiento de la prestación económica reclamada.
Impugnada
la anterior determinación, el 30 de enero de 2015, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Oralidad, tras estudiar la
situación particular puesta en su conocimiento, confirmó la determinación
adoptada.
1.8.
Por
su parte, Cecilia Myrian Fontecha acudió igualmente ante la jurisdicción
ordinaria pero, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo
del 25 de julio de 2015 decidió negar sus pretensiones por considerar que la
solicitante no logró acreditar convivencia con el causante en los últimos 5
años de su vida, ni ostenta la condición de cónyuge de éste, motivo por el cual
no satisfizo ninguno de los requisitos establecidos por la Ley para hacerse
acreedora al derecho que reclama.
La
anterior decisión fue impugnada y, en virtud de los mismos argumentos,
confirmada el 15 de octubre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Laboral.
Por
seguir inconforme con lo resuelto, la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha recurrió al recurso extraordinario de casación y éste fue admitido. No
obstante ello, se tiene que la actora desistió del mismo en cuanto adujo no
contar con los recursos económicos que dicha actuación procesal demandaba.
1.9.
Posteriormente, la
ciudadana Cecilia
Myrian Fontecha promovió un proceso ejecutivo de alimentos en contra de la
señora Myriam Flórez Susa, pues, a su parecer, los acuerdos pactados con su
ex-esposo en la escritura pública de cesación de efectos civiles del matrimonio
católico firmada el 29 de enero de 2010, son plenamente aplicables a la
demandada pues funge como su sucesora y beneficiaria en la pensión que éste
recibía.
1.10.    Dicho
proceso fue tramitado por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Bogotá,
el cual, mediante providencia del 10 de mayo de 2016, rechazó la demanda en
cuanto no se aportó título ejecutivo alguno que proviniera de la señora Myriam
Flórez Susa.
1.11.    No
obstante las negativas anteriormente referenciadas, la actora aduce haber
continuado negociaciones con la señora Myriam Flórez Susa con el objetivo de
obtener, de mutuo acuerdo, el pago de la cuota alimentaria a la que estima ser
acreedora.
1.12.    Aduce
que las anteriores negativas la han dejado desprovista de los medios económicos
básicos de subsistencia, pues durante los 40 años de matrimonio que tuvo con el
señor Virgilio
García Rincón, e incluso después a la cesación de efectos civiles de su matrimonio,
siempre dependió económicamente de éste, motivo por el cual, el hecho de que se
le niegue tanto la sustitución pensional, como los alimentos que mensualmente
le pagaban, la ha dejado en una situación de especial desprotección.
2.    Material
probatorio obrante en el expediente
2.1.
Cédula de Ciudadanía de la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha.
2.2.
Registro Civil del 26 de julio de 1995, en el que se da constancia del
matrimonio suscrito entre los ciudadanos Cecilia Myrian Fontecha y Virgilio García Rincón, el
cual tuvo lugar el 28 de junio de 1970.
2.3.
Registro Civil de Defunción del ciudadano Virgilio García Rincón en el que se
certifica que éste falleció el día 05 de julio de 2011.
2.4.
Escritura Pública No. 307 del 29 de enero de 2010, mediante la cual (i)
se materializó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico suscrito
entre los ciudadanos Cecilia
Myrian Fontecha y Virgilio García Rincón, (ii) se fijó una cuota
alimentaria del 14,09% en cabeza de la señora Cecilia Myrian Fontecha, y (iii)
se liquidó la sociedad conyugal.
2.5.
Resolución No.
12044 del 02 de abril de 2012, mediante la cual el Instituto de Seguros
Sociales, decidió retirar de nómina a la ciudadana Myriam Flórez Susa y dejar
sin efectos la sustitución pensional reconocida mediante Resolución No. 040649
del 28 de octubre de 2011, con ocasión a la controversia existente entre Cecilia Myrian
Fontecha y Myriam
Flórez Susa respecto de la titularidad del derecho a la sustitución pensional
del afiliado Virgilio García Rincón.
2.6.
Resolución No.
GNR 251739 del 08 de octubre de 2013, mediante la cual la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- decidió denegar el reconocimiento de la
sustitución pensional reclamada por la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha en razón a que es menester que la controversia suscitada entre la
solicitante y la señora Myriam
Flórez Susa sea resuelta ante la jurisdicción ordinaria.
2.7.
Demanda ordinaria laboral interpuesta por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la señora Myriam Flórez
Susa, con el objetivo de obtener el reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional de su ex–esposo, el ciudadano Virgilio García Rincón.
2.8.
Contestación a la demanda anteriormente referida,
realizada por la ciudadana Myriam Flórez Susa.
2.9.
Resolución GNR 283893
del 17 de septiembre de 2015, mediante la cual, la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- decidió, con ocasión a las decisiones judiciales que
así lo dispusieron, reconocer en cabeza de la señora Myriam Flórez Susa, la
sustitución pensional del ciudadano Virgilio García Rincón, así como el retroactivo pensional
correspondiente.
2.10.
Oficio del 08 de
marzo de 2016, en el que la apoderada judicial de la señora Cecilia Myrian
Fontecha desistió del recurso extraordinario de casación interpuesto en contra
de la decisión del 15
de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Decisión Laboral, dentro del trámite del proceso ordinario
laboral incoado por su representada en contra de Myriam Flórez Susa y
Colpensiones.
2.11.    Demanda ejecutiva
de alimentos interpuesta por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha en contra de Myriam Flórez
Susa, con ocasión a la obligación alimentaria, que, en su criterio, adquirió
por el fallecimiento del ciudadano Virgilio García Rincón.
2.12.    Providencia del
21 de abril de 2016, en la que el Juzgado Quinto de Familia en Oralidad de
Bogotá, decide inadmitir la demanda ejecutiva presentada por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha en contra de Myriam Flórez
Susa con ocasión a los alimentos que la primera considera le son debidos a
partir del fallecimiento del directamente obligado a cancelarlos.
2.13.
Escrito mediante el que la apoderada de la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha manifestó no
contar con el documento solicitado en el auto de inadmisión anteriormente
referenciado, esto es, un título de ejecución que fuera vinculante para la
demandada.
2.14.    Auto del 10 de
mayo de 2016, mediante el cual el Juzgado Quinto de Familia en Oralidad de
Bogotá decidió rechazar la demanda ejecutiva incoada por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha por haberse
omitido allegar el título ejecutivo correspondiente.
2.15.
Declaraciones juramentadas rendidas por los ciudadanos John Mario
Quintero Carmona, José Miguel Niño Cárdenas y Iván Roberto Fontecha Ortiz, en
las que expresan que conocen a la señora Cecilia Myrian Fontecha y les consta
que ésta no recibe fuente de ingresos alguna de la que pueda derivar su
subsistencia y que, en razón a ello, siempre dependió económicamente de los
recursos que el ciudadano Virgilio García Rincón mensualmente le proveía.
3.    Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La
ciudadana Cecilia Myrian Fontecha interpone acción de tutela por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, el
mínimo vital y la dignidad humana. Ello, en razón a que (i) se le negó
por parte de Colpensiones, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional de su ex–cónyuge, el
señor
Virgilio García Rincón, del cual, si bien inicialmente se separó de hecho y
luego se divorció, siempre dependió económicamente; (ii) la inadmisión y
posterior rechazo de la demanda ejecutiva por alimentos que interpuso ante el Juzgado
Quinto de Familia de Bogotá en razón a que no contaba con un título ejecutivo
que fuera vinculante a la demandada y (iii) la negativa de la
señora Myriam Flórez Susa, en su condición de beneficiaria de la sustitución
pensional de su ex-esposo, el señor Virgilio García Rincón, de cumplir con la
obligación alimentaria que éste tenía con ella, y que le fue trasladada con
ocasión a la sustitución pensional de la que se hizo acreedora.
Considera
que estas negativas le han imposibilitado acceder a una fuente de ingresos de
la que pueda satisfacer sus necesidades básicas y, en consecuencia, la han
reducido a una situación de miseria, pues, a su elevada edad, no cuenta con
medios económicos para subsistir.
4.    Respuesta
de las accionadas
Myriam Flórez
Susa
En su contestación a la presente acción de tutela solicitó negar el
amparo deprecado en relación con la pretensión alimentaria en cuanto, considera
que no existe título valor, ni obligación alguna en su cabeza, motivo por el
cual, no debe dinero alguno a la señora Cecilia Myrian
Fontecha.
Considera igualmente improcedente la pretensión de la señora Fontecha en cuanto, de conformidad con el artículo 411
del Código Civil, la solicitante no cuenta con un vínculo de los allí
mencionados a efectos de poder ser acreedora de los alimentos solicitados.
Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-
A
pesar de haber sido efectivamente notificada del trámite de la presente acción,
la accionada decidió no contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni
prueba alguna que desvirtuara las afirmaciones de la solicitante.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Laboral
A
pesar de haber sido efectivamente notificada del trámite de la presente acción,
la accionada decidió no contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni
prueba alguna que desvirtuara las afirmaciones de la actora.
Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Bogotá
A
pesar de haber sido efectivamente notificada del trámite de la presente acción,
la accionada decidió no contestarla y por tanto, no expuso argumento, ni prueba
alguna que desvirtuara las afirmaciones de la actora.
Juzgado Quinto de Familia de Bogotá
A
pesar de haber sido efectivamente notificada del trámite de la presente acción,
la accionada decidió no contestarla y por tanto, no expuso argumento, ni prueba
alguna que desvirtuara las afirmaciones de la actora.
5.
Sentencias objeto de revisión
Primera Instancia
La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia de primera instancia
proferida el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), decidió
denegar el amparo invocado por la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha. Para ello, adujo que las actuaciones judiciales que están en
controversia, esto es, el fallo del 25 de julio de 2015 proferido por el Juzgado Doce Laboral
del Circuito de Bogotá, así como aquel, que lo confirmó, dictado el 15 de
octubre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
de Decisión Laboral tuvieron lugar un año antes de la presentación de la acción
de tutela, motivo por el cual no se satisfizo el requisito de inmediatez que
debe verificarse previo a proceder con el estudio de una acción de tutela.
Impugnación
Inconforme con lo
resuelto, la señora Cecilia Myrian Fontecha interpuso recurso de apelación
en contra de la decisión anteriormente referenciada, con fundamento en los
argumentos “expuestos en la acción de tutela”.
Segunda
Instancia
La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 15 de diciembre de
2016, decidió confirmar lo resuelto por el a-quo en razón a que
efectivamente no hubo un uso apropiado de este especial medio de protección
constitucional, pues se omitió acudir diligentemente a el.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.    Competencia
La Corte Constitucional es competente
para pronunciarse en sede de revisión en relación con el presente fallo de
tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico
A continuación se plantea la situación
jurídica de la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha, a quien, a pesar
de haber tenido un vínculo matrimonial con el señor Virgilio García Rincón por 40 años, y
siempre haber dependido económicamente de él, se le niega tanto el
reconocimiento del derecho a su sustitución pensional (por no haber convivido
los últimos 5 años de su vida con él), como los alimentos que mensualmente le
eran otorgados.
En ese sentido, se tiene que la actora
reclama el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional de su ex-cónyuge,
el ciudadano Virgilio
García Rincón, petición que fue negada por las accionadas pues se separó de
hecho y, luego, formalmente del causante, motivo por el cual consideraron que
no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos por la ley para hacerse
acreedora a la prestación que reclama.
Destaca que si bien se separó de hecho
del señor Virgilio
García Rincón y éste inició vida marital con la señora Myriam Flórez Susa,
lo cierto es que siempre dependió económicamente de él; tanto así que cuando, en
el 2010 decidieron formalizar su separación, pactaron una cuota alimentaria
equivalente al 14,09% de la mesada pensional que recibía. Obligación que
en el evento en el que resulte imposible reconocerle la pensión reclamada,
considera está siendo desconocida por la señora Myriam Flórez Susa, actual beneficiaría
de la pensión que su ex–esposo gozaba en vida.
De conformidad con lo expuesto,
corresponde a la Sala evaluar los siguientes problemas jurídicos:
(i)      ¿Las actuaciones
judiciales en las que se determinó negar el reconocimiento del derecho a la
sustitución pensional de la accionante vulneran su derecho fundamental al
debido proceso?
(ii)   ¿El Juzgado
Quinto de Familia de Bogotá vulnera los derechos fundamentales de la accionante
al inadmitir el proceso ejecutivo por alimentos que interpuso, en razón a que
no contaba con un título que fuera vinculante específicamente a la demandada?
Previo a entrar a resolver esos problemas jurídicos, la Sala Octava debe
verificar si se satisfacen a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra de decisiones judiciales, así como
los específicos que para el efecto han sido desarrollados por la jurisprudencia
de este Tribunal.
(iii) ¿Puede una
persona tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional de su
ex-cónyuge cuando se evidencia que el solicitante se encuentra formalmente
divorciado del causante y éstos no hicieron vida marital durante los últimos 5
años de su existencia?
(iv) ¿La obligación
alimentaria que se establece en cabeza de uno de los cónyuges al momento de
efectuar la cesación de efectos civiles del matrimonio católico puede ser
transferida tras su muerte a quienes resultaron beneficiarios de las
prestaciones económicas que con ocasión a su muerte surgieron?
Para el efecto, y con miras a dar
solución a la situación jurídica planteada, la Sala procederá a realizar un
análisis de la jurisprudencia constitucional sobre: (i) la procedencia excepcional
de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales; (iii) el derecho a la pensión de
sobrevivientes, sustitución pensional y sus requisitos; (iv) la
obligación alimentaria, su extinción y formas en que puede transmitirse; (v) el
derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional;
para, así, poder pasar a dar solución al caso en
concreto.
3.
Procedencia excepcional
de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección.
Reiteración de jurisprudencia[1].
La acción de tutela, concebida como un
mecanismo jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de
los derechos fundamentales de los individuos, se caracteriza por ostentar un
carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional. Esto, parte del
supuesto de que en un Estado Social de Derecho, como el que nos circunscribe,
existen mecanismos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de
naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el
carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de
preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución a las
diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e
independencia judicial.
Por lo anterior, y como producto del
carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que,
por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo que la invoca no
cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección
requerida, o excepcionalmente, cuando a pesar de existir uno, éste resulta
carente de la idoneidad o eficacia requerida para garantizar la
efectividad de sus derechos fundamentales.
En este sentido, la Corte ha señalado
que hay ciertos eventos en los que a pesar de existir mecanismos ordinarios de
protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela con el
objetivo de obtener la protección pretendida, los cuales han sido sintetizados
de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos es
imposible que el actor obtenga un amparo integral de sus derechos
fundamentales, hipótesis que se configura en los eventos en los que el
mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria
para otorgar la protección requerida, y, por tanto, resulta indispensable un
pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma
definitiva la litis planteada; situaciones dentro de las cuales es
necesario entender que se encuentran inmersos los casos en los que la persona
que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional y, por ello, su situación requiere de una particular
consideración por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia
que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo
suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio
de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de amparo se
encuentra compelido a efectuar una orden que permita la protección provisional
de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez
natural.
Sobre el primero de los eventos
anteriormente mencionados, esta Corporación indicó en Sentencia SU-772 de 2014,
que para determinar la idoneidad del mecanismo ordinario es necesario que el
juez constitucional valore:
“i)
que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de
la decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la
situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el remedio que puede
ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por
ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del
derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades
de los sujetos, como cuando la resolución del problema (…) dependa
estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y
especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona.”
Por ello, se ha considerado que no basta
con verificar la existencia formal de mecanismos ordinarios de protección, sino
que se debe evaluar en el caso en concreto la idoneidad y eficacia con que
estos pueden permitir superar la situación jurídica puesta en conocimiento del
juez constitucional.
Respecto del segundo de ellos, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los
cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda
tildarse de irremediable, a saber: que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza
respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no
existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii)
debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectación de un bien susceptible
de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la
persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de
amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la
inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias
particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser
impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.[2]
En consecuencia, la jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido que, en estos dos eventos, en los que las
circunstancias particulares del caso constituyen un factor determinador, es
posible que la acción de tutela pase a otorgar directamente el amparo
pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir
mecanismos ordinarios de protección a los que sea posible acudir.
4.
Procedencia
Excepcional de la Acción de Tutela en contra de Providencias Judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.[3]
4.1. La procedencia de una acción de
tutela que se presenta por la presunta vulneración ius-fundamental
existente en una providencia judicial, ha sido un fenómeno de amplio y
constante desarrollo en la jurisprudencia de esta Corporación. Al respecto,
inicialmente se expuso una tesis en virtud de la cual, el análisis y
procedencia de este tipo de acciones debía encontrarse siempre supeditado a la
existencia de una evidente y protuberante vía de hecho[4] en el
desarrollo del trámite judicial.
En este sentido, la Corte Constitucional
reconoció la procedencia excepcional de la acción de tutela, para privar de sus
efectos a providencias de carácter jurisdiccional, siempre y cuando, el juez de
la acción de amparo determinara que dicha decisión fue proferida por fuera del
ordenamiento jurídico y como producto de un desconocimiento abierto y
ostensible de preceptos tanto constitucionales, como legales.
4.2. Con posterioridad, esta
Corporación modificó su postura en el sentido de reemplazar la expresión “vía
de hecho”, por causales genéricas y específicas de procedibilidad, de manera
que se hace válida la injerencia del juez de tutela y se justifica la cesación
de los efectos de la providencia jurisdiccional atacada, siempre y cuando se
encuentren configurados dichos requisitos.
4.2.1. A continuación, se realizará una
somera enunciación de los que han sido reconocidos por la jurisprudencia, como
los “requisitos generales de procedibilidad”, los cuales, deben verificarse en
su totalidad para que se pueda proseguir en el estudio del problema jurídico
planteado.
Con el objeto de realizar la antedicha
enunciación, se expondrá la compilación realizada de estos requisitos en
sentencia C-590 de 2005:
-
Que
la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, esto es,
que suponga la afectación de los derechos fundamentales del actor.
-
Que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius-fundamental de
carácter irremediable.
-
Que
se cumpla el requisito de la inmediatez.
-
Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte accionante.
-
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
-
Que
no se trate de sentencias de tutela.
4.2.2. Adicional al
cumplimiento de los anteriores requisitos, se ha expresado por parte de esta
Corporación, la necesidad de que en la providencia que se reputa vulneradora de
derechos fundamentales, se evidencie la existencia de al menos alguno de los
siguientes requisitos específicos:
-
“Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
-
Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
-
Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
-
Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[5] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
-
Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
-
Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
-
Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[6].
-
Violación
directa de la Constitución.”[7]
De forma
que, una vez el juez constitucional ha verificado el cumplimiento de estos
requisitos, es posible que éste entre a analizar la supuesta vulneración ius-fundamental
que se le atribuye a la providencia judicial atacada y, así, llegar a
reestablecer el orden jurídico por ella afectado. Esta tesis ha sido
desarrollada bajo el argumento de que no es plausible concebir que el respeto a
los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, se
erijan como una institución que deba ser sacramentada y dogmatizada al punto de
hacer inmutables las decisiones judiciales que contrarían el ordenamiento
jurídico vigente. Pues se ha considerado que por el contrario, la judicatura
tiene la obligación de velar por la efectiva materialización de su fin último,
esto es, la justa aplicación del derecho y, por tanto, sus decisiones también
se encuentran sujetas al especialísimo y excepcional control que hace esta
Corporación.
4.3. En lo que
respecta a la excepcionalidad en la procedencia de este mecanismo frente a
providencias jurisdiccionales, es pertinente resaltar lo indicado por esta
Corporación en sentencia C-590 de 2005:
“(…) como regla general la acción de tutela no procede
contra decisiones judiciales y esto por varios motivos. Entre ellos, en
primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.”
4.4. Ahora
bien, no es posible perder de vista que los conceptos de “autonomía judicial” y
“arbitrariedad judicial” distan sustancialmente en sus connotaciones, por lo
que es necesario entender que los jueces, en su labor, se encuentran tan
vinculados por los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico, como
cualquier otra autoridad estatal y, por ello, no solo no están autorizados para
desconocer los preceptos Constitucionales que lo rigen, sino que al igual que
los demás servidores públicos, se encuentran compelidos a obedecerlos.[8]
Como
corolario de lo anterior, es menester resaltar que tal y como se expuso en
sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencias judiciales se
constituye en “una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para
asegurar, cuando todos los recursos anteriores han fallado, que a las personas
sometidas a un proceso judicial no les violen sus derechos constitucionales
fundamentales. No se trata entonces de garantizar la adecuada aplicación del
resto de las normas que integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”.[9]
5.
El derecho a la seguridad social,
concepto, naturaleza y protección constitucional. Reiteración de
jurisprudencia.[10]
El Estado Colombiano, definido desde la
Constitución de 1991 como un Estado Social de Derecho, cuenta con la obligación
de garantizar la eficacia de los principios y derechos consagrados en la Carta
Política, no solo desde una perspectiva negativa, esto es, procurando que no se
vulneren los derechos de las personas, sino que, en adición de ello, se
encuentra compelido a tomar todas las medidas pertinentes que permitan su efectiva
materialización y ejercicio.
En este orden de ideas, la seguridad
social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la
condición tanto de derecho fundamental[11], como de
servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[12], surge como un
instrumento a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de sus
derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún
evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y
capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal
consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
Esta Corporación, en Sentencia T-628 de
2007, estableció que la finalidad de la seguridad social guarda:
“necesaria
correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el
servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las
condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de
grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía
de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin
último del poder político[13],
donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación[14]
[sic].”
Adicional a lo expuesto, es necesario
destacar que el concepto de "seguridad social" hace referencia a la
totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo
relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido
socialmente reconocidas; por ello, con respecto al contenido de este especial
derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
Observación General No. 19 destacó que:
“El
derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con
el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de
ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad,
accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de
atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para
los hijos y los familiares a cargo.”[15]
En reiteradas ocasiones, esta Corporación
ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento
en su vínculo funcional con el principio de dignidad humana y en la
satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta
posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que
les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y
la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos
subjetivos.[16]
En la misma línea, esta Corporación, en
Sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este derecho radica en
que "su máxima realización posible es una condición ineludible de la
posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto
constitucional" y, por tanto, se constituye en un elemento esencial
para la materialización del modelo de Estado que hemos acogido y que nos define
como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad,
trabajo y prevalencia del interés general[17].
Por lo expuesto en precedencia, resulta
claro que la garantía al derecho a la seguridad social, entendida como el
mecanismo a partir del cual es posible asegurar la efectividad de los demás
derechos de un individuo, en los eventos en los que éste se ha visto afectado
por ciertas contingencias, se constituye en uno de los institutos jurídicos que
un Estado que pretenda ostentar la condición de Social de Derecho debe
asegurar.
6.    El derecho a la pensión de
sobrevivientes, sustitución pensional y sus requisitos
6.1. Como primera
medida se destaca que, a pesar de que la legislación vigente no prevé
distinción alguna en su consagración[18],
la pensión de sobrevivientes se diferencia de la figura denominada sustitución
pensional, en el hecho de que si bien ambas comparten, desde un punto de vista
teleológico, una misma finalidad, cubren contingencias o situaciones de hecho
disimiles, esto es: (i) la primera, se configura en los eventos en los
que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, ni cumplir con
los requisitos legales para hacerlo, fallece y, previa verificación del
cumplimiento de determinados requisitos creados por la ley, asegura que su
núcleo familiar no se vea irrazonablemente afectado por dicha situación; y (ii)
la segunda, denominada sustitución pensional, se materializa cuando, contrario
a la situación expuesta con anterioridad, el afiliado ya ostenta la
condición de pensionado o cumple los requisitos legalmente exigibles para el
efecto, de forma que esta no consagra un nuevo derecho del que son
titulares los familiares del pensionado, sino que transfiere o sustituye aquel
del que éste goza.
En
este sentido, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes y a la sustitución pensional, deben ser entendidos como uno de
los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental e
irrenunciable a la seguridad social en un caso determinado. Estas prerrogativas
propenden por asegurar que el núcleo familiar del afiliado pueda disfrutar de
los beneficios de una prestación económica que, fundada en principios de
justicia retributiva, equidad, reciprocidad y solidaridad[19],
le garantice a estos el efectivo ejercicio de sus derechos subjetivos ante el
fallecimiento de aquel miembro que se constituía en su sostén económico; de forma
que no vean disminuidas sus condiciones de vida[20].
En
relación con la pensión de sobrevivientes, la Corte ha indicado que esta no se
constituye en una prestación que se consolida en cabeza del cotizante que no ha
cumplido aún los requisitos para hacerse acreedor a alguna otra modalidad
pensional, sino que, al igual que la sustitución pensional, tiene por finalidad
la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad y mantener,
para sus miembros, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con
el que contaban en vida de quien fungía como su sustento económico. Ello, en
cuanto el desconocimiento de dicha garantía puede implicar dejarlos en un
evidente estado de absoluta desprotección e, incluso, reducirlos a una trágica
situación de miseria[21].
6.2. Ahora bien,
tratándose de la sustitución pensional, esto es, en los eventos en los cuales
una persona que goza de una pensión fallece y deja para su núcleo familiar una
pensión que supla sus necesidades básicas, la Ley 100 de 1993, al establecer
qué requisitos deben verse satisfechos, determinó que, del causante, no debe
acreditarse cosa diferente a que haya sido acreedor a una pensión, e impuso, en
quienes fueren los posibles beneficiarios de ésta, la obligación de acreditar
ciertas condiciones dependiendo de su parentesco con el fallecido.
Respecto
de los cónyuges o compañeros permanentes, el artículo 47 de la Ley en mención
establece que estos serán acreedores a una pensión, en forma vitalicia,
siempre que, a la fecha del fallecimiento, (i) tengan más de 30 años
de edad y, adicionalmente, cuente con alguno de los siguientes requisitos: (ii)
no menos de 5 años continuos de convivencia[22], o (iii)
haber procreado hijos como producto de dicha convivencia. O, en forma
temporal y hasta por 20 años, cuando (i) el solicitante cuente con
menos de 30 años de edad y (ii) no tiene hijos con el causante.[23]
Esa
misma normativa, tras la modulación que al respecto realizó esta Corte en la
sentencia C-1035 de 2008, expresó que, en el evento en el que se configurare
una convivencia simultanea entre un cónyuge y un compañero permanente o entre
varios compañeros permanentes dentro de los cinco años anteriores a la muerte
del causante, se hace necesario entrar a efectuar el reconocimiento de manera
proporcional a su convivencia con éste.
Igualmente,
el contenido normativo en estudio dispone que, en los eventos en los que el
causante únicamente convivía con su compañero permanente, pero, mantenía
vigente una sociedad conyugal anterior, corresponde reconocer al compañero
permanente un porcentaje de la pensión proporcional a su convivencia e,
indistintamente de que haya habido separación de cuerpos, corresponderá el
restante al cónyuge[24].
Lo anterior, así el cónyuge “no haya
convivido con el pensionado durante los últimos cinco años anteriores a su
fallecimiento, ya que sólo basta con que pruebe que convivió con este durante
más de cinco años en cualquier tiempo.”[25]
Respecto
del concepto de convivencia esta Corte ha aclarado que es necesario que se
trate de una relación caracterizada por la
“clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia, esto es, que
ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y
con el compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la
muerte del causante y excluye de antemano las relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el causante, como tampoco se refiere a aquellas
situaciones en las cuales el causante convivió con diversas personas de forma
sucesiva (no simultánea), situación que tiene su regulación especial.”[26]
Como
corolario de lo expuesto, se tiene que la legislación vigente establece un
trato diferenciado respecto del reconocimiento de una sustitución pensional
cuando se trata de reclamantes unidos por el vínculo del matrimonio o por la
unión marital de hecho.
En
este sentido, si bien en ambos casos, además de las variables que determinan la
temporalidad en que se reconocerá el derecho[27],
debe verificarse de los solicitantes (i) la vigencia del vínculo y (ii)
una convivencia mayor a 5 años, resulta necesario destacar que, cuando se trata
del reconocimiento de la sustitución pensional de un cónyuge, se requiere
únicamente que éste demuestre que el vínculo no se ha disuelto formalmente[28] y que
la convivencia se dio en algún momento durante la vigencia del matrimonio, mientras
que si se trata de una unión marital de hecho se exige del solicitante
demostrar la pervivencia material de la unión y que existió convivencia del
solicitante con el causante en los 5 años anteriores a su fallecimiento.
7.
La obligación alimentaria, su extinción y formas en que
puede transmitirse
7.1. Como primera
medida, resulta relevante entrar a estudiar la naturaleza de la obligación
alimentaria como una prestación económica de carácter civil que, en virtud del
principio de solidaridad que rige las relaciones entre los particulares, se
debe entre dos personas naturales. Ello, pues, en virtud del estado de
necesidad en que una de estas se encuentra y por el vínculo jurídico que los
une, la parte que se halla en capacidad de velar por el sostenimiento económico
de ambos, está en la obligación de permitirle a la primera satisfacer sus
necesidades básicas de manutención.[29]
Se destaca que la reclamación del derecho de alimentos se constituye en una
prerrogativa de carácter irrenunciable, inembargable y, a excepción de las
mesadas causadas y no pagadas, intransmisible por causa de muerte.
La
obligación alimentaria se constituye en la fuente jurídica de un derecho de
carácter civil, que, de conformidad con la Ley y la Jurisprudencia, requiere
para su exigibilidad de la materialización de 3 requisitos esenciales, estos
son: (i) la necesidad del alimentario, (ii) la capacidad
económica del alimentante[30]
y (iii) un título a partir del cual pueda ser reclamada, esto es, por
disposición legal, convención o por testamento.
Al
respecto, el Código Civil, en sus artículos 411 y siguientes, contiene gran
parte de la normatividad existente en relación con la obligación alimentaria,
sus titulares, clasificación, tasación, exigibilidad, duración y extinción.
En
relación con el último de estos aspectos, dicha normativa dispuso algunos de
los motivos por los cuales puede entenderse extinta la obligación alimentaria,
entre ellos, el cambio de las condiciones que dieron origen a ella, es decir,
la superación de la situación de necesidad del alimentado, su fallecimiento, o
la incapacidad económica del alimentante para seguirlos asumiendo; no obstante,
en los eventos en los que es el alimentante quien fallece, el ordenamiento
jurídico ha previsto que dicha situación no siempre extingue la obligación,
pues, si a pesar del fallecimiento persiste la necesidad de quien funge como su
acreedor, éste último podrá reclamarlos a los herederos del alimentante y
garantizar su pago con los bienes dejados por éste[31].
Conforme
a lo expuesto, resulta claro que la obligación alimentaria no desaparece tras
el fallecimiento del alimentante y puede ser garantizada en principio con los
bienes que conforman la masa sucesoral.
7.2. A pesar de lo
expuesto, en esta ocasión, al igual que en el caso que fue resuelto por esta
Corte en Sentencia T-203 de 2013, es menester que se evalúe qué sucede en los
casos en los que el cumplimiento de la obligación alimentaria se encontraba
ligado a una prestación pensional que es sustituida a una persona ajena a la
obligación inicial y que, en principio, no se encuentra compelida por el
principio de solidaridad al igual que el alimentante original.
En
estos eventos, la Corte ha reconocido que se hace necesario entrar a distinguir
entre la naturaleza civil de la obligación alimentaria y aquella relacionada
con la seguridad social que tiene la sustitución pensional, motivos que harían,
al menos en principio, improcedente cualquier solicitud de cobro de una cuota
alimentaria a partir de los dineros que la sustitución pensional pueda llegar a
generar en un tercero aparentemente ajeno a la relación civil de solidaridad
que dio origen a la obligación alimentaria.
Ahora bien, es pertinente destacar
que, a pesar de que la obligación alimentaria tenga la naturaleza civil y
privada referenciada, ésta encuentra fundamento en la obligación Constitucional
de protección a la familia como núcleo esencial de la sociedad y termina por
escapar de la órbita meramente privada en cuanto a partir de su garantía se
hace posible obtener la plena vigencia de los derechos fundamentales de quien
es acreedor a estos.
La Corte Constitucional ha
considerado que si bien el principio de solidaridad únicamente suele demandar
de un individuo velar por la subsistencia de los miembros de su núcleo familiar
y, en general, de todos aquellos a los que la Ley establece como beneficiarios
de este prerrogativa, lo cierto es que la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido excepcionales eventos en los que, dadas determinadas especialísimas
circunstancias, es posible que “dichos principios se hagan extensivos,
permitiendo que una persona deba ceder una parte de sus intereses para socorrer
a otra, a la cual en la mayoría de situaciones no tendría la obligación de
ayudarla”.[32]
Así, la Corte ha reconocido la posibilidad
de que una obligación alimentaria que encontraba garantía de su cumplimiento en
una prestación pensional, trascienda al proceso de la sustitución pensional y
grave al nuevo beneficiario de esta, así se trate de un tercero que, en
principio, no tendría relación alguna con el alimentado.
Al respecto, la jurisprudencia de
esta Corporación, en específico en la Sentencia T-203 de 2013, estableció una
serie de requisitos que deben encontrarse acreditados para que la situación
antedicha pueda tener lugar, los cuales son, que:
-
Se trate de un sujeto de
especial protección constitucional que amerite un tratamiento diferenciado y
preferente con el objetivo de garantizar la efectividad de sus derechos.
-
Exista una sentencia
judicial en la cual:
(i)
se reconozca una acreencia
alimentaria a favor del accionante.
(ii)
se asegure su pago con un
porcentaje de una pensión de vejez o de invalidez.
-
Se encuentre probado en el
expediente que persiste la necesidad de alimentado.
-
Exista una sustitución
pensional de la prestación con la que se aseguraba la cuota alimentaria, esto
es, la pensión de la que gozaba el alimentante, pues en caso contrario no
podría ordenarse la continuación de su pago por no existir una mesada a la cual
imponerle el gravamen.
-
En el evento de
autorizarse el descuento de la cuota alimentaria, no pueden verse afectados los
derechos fundamentales de la persona beneficiaria de la prestación sustituida.
Presupuesto que se materializa en la mayoría de los
casos en cuanto, el ahora beneficiario de la pensión del causante, no recibiría
menores ingresos a los que percibía en su vida, pues de dicha pensión se cubría
el valor correspondiente a la obligación alimentaria que actualmente se
pretende satisfacer.
Respecto del segundo requisito
reseñado, relativo a que exista una sentencia judicial que acredite la
obligación alimentaria, se tiene que en aquella ocasión (Sentencia T-203 de
2013) la Sala Tercera de Revisión consideró que se trataba de una circunstancia
que debía acreditarse en cuanto “la finalidad perseguida por esta regla
jurisprudencial es adecuar la protección emanada en una orden judicial, la cual
desde una lectura exegeta no podría ser cumplida, ya que la prestación
pensional gravada ha sido sustituida”.
En otras palabras, se indicó que
es necesario acreditar la existencia de una decisión judicial que haya
reconocido los alimentos, pues la protección que se otorgó en esa ocasión
buscaba principalmente materializar una decisión judicial que se había quedado
sin un medio que permitiera su cumplimiento.
Sobre el particular, esta Sala de
Revisión considera que si bien el factor antedicho hace evidente la necesidad
del amparo en cuanto demuestra sin lugar a dudas la titularidad del derecho en
cabeza de quien acude en esta sede a reclamarlo, lo cierto es que no puede ser
concebido como un factor determinante al momento de fijar la procedencia de la
protección invocada.
Lo anterior, en cuanto, como se
expresó con anterioridad, una sentencia judicial es tan solo uno de los títulos
a partir de los cuales puede consolidarse la obligación alimentaria en cabeza
de una persona, siendo igualmente válida y vinculante la convención,
conciliación o acuerdo que se haya realizado por las partes con anterioridad al
fallecimiento del alimentante y en el cual pueden fijarse igualmente tanto los
términos en que ésta será satisfecha, como a partir de qué ingresos se
garantizará su pago (en los casos en estudio, de la pensión que recibía el
alimentante).
7.3. Es de destacar que, contrario a lo concluido en la
Sentencia T-203 de 2013, la protección que esta regla jurisprudencial busca
otorgar no radica únicamente en la garantía del acceso a la administración de
justicia y en el principio de confianza legítima (al pretenderse el
cumplimiento de una sentencia judicial) sino que, además, busca el amparo de
las garantías fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas
de quien solicita el pago de la obligación alimentaria.
En ese sentido, se estima que el
requisito mencionado no debe ser entendido en los términos de la existencia de
una sentencia judicial que demuestre la existencia de la obligación
alimentaria, sino que, en virtud del principio de primacía del derecho
sustancial sobre las formalidades, basta con exponer un título a partir del
cual sea posible determinar su existencia.
7.4. Como corolario de lo expuesto, la Sala considera que,
mientras persistan las condiciones que dieron lugar al surgimiento de la
obligación alimentaria, ésta no puede entenderse extinta a pesar del
fallecimiento del alimentante, y, si bien, en principio, no puede garantizarse
su pago con un gravamen a la sustitución pensional otorgada a un tercero a la
obligación alimentaria, dicha imposibilidad encuentra una excepción en los eventos
en que, a partir de una extensión en el campo de aplicabilidad del principio de
solidaridad, se materializan los requisitos anteriormente reseñados.
III.
CASO EN CONCRETO
1. Recuento fáctico
Corresponde a la Sala realizar el estudio
de la situación jurídica que circunscribe a la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha, de 67 años de edad, quien estuvo vinculada en
matrimonio con el señor Virgilio García Rincón por 40 años y demostró siempre
haber dependido económicamente de él.
Se tiene que el señor Virgilio García
Rincón se hizo acreedor a una pensión de vejez en el año 2002 y, posterior al
reconocimiento de dicha prestación, decidió separarse de hecho de su esposa e
iniciar una unión marital de hecho con la señora Myriam Flórez Susa hasta su fallecimiento en el año 2011.
En el año 2010, la accionante y el señor
Virgilio García Rincón formalizaron su separación a través de Escritura Pública
en la que pactaron la cesación de los efectos civiles de su matrimonio y, de
igual manera, establecieron, de modo vitalicio, en cabeza de la señora Cecilia Myrian
Fontecha una mesada de alimentos por concepto del 14,09% de su mesada
pensional.
Tras el fallecimiento del señor García
Rincón, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional
a la que estima ser acreedora, pero ésta fue negada, tanto por Colpensiones,
como por los jueces de primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario
laboral que inició. Ello, pues, en criterio de dichas autoridades, la actora no
satisfacía a cabalidad los requisitos que le eran exigibles para el efecto,
esto es, por haberse: (i) divorciado formalmente del
causante y (ii) separado de hecho más de 5 años antes de su
fallecimiento.
En el año 2015, previo trámite judicial
ordinario en el que se reconoció el derecho a la sustitución pensional de la
señora Myriam Flórez Susa[33],
Colpensiones expidió una resolución en la que dispuso su pago y excluyó de este
reconocimiento a la accionante por no contar con orden judicial que así lo
dispusiera.
Con
posterioridad a estos trámites, la actora solicitó el pago de los alimentos a
los que, desde hace muchos años, ha venido teniendo derecho y los cuales están
siendo negados por la señora Myriam Flórez Susa en su condición de beneficiaria
de la sustitución pensional del señor Virgilio García Rincón. Lo anterior,
puesto que al serle negada
la sustitución pensional que pretendía, requiere de dicho reconocimiento para
llevar una vida en condiciones dignas.
En consecuencia, acudió a un proceso
ejecutivo con el objetivo de obtener el pago de la obligación alimentaria que
pactó con el ciudadano Virgilio García Rincón en la escritura pública de
cesación de los efectos civiles de su matrimonio y que, en virtud de la
sustitución pensional que tuvo lugar, estima es vinculante a la señora Myriam Flórez Susa.
La accionante acudió a este especial
mecanismo de protección al considerar que se vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, y a la vida en condiciones
dignas a partir de: (i) las actuaciones de Colpensiones y de los jueces
que resolvieron el proceso laboral que incoó, al no reconocerle el derecho a la
sustitución pensional del que estima ser acreedora; (ii) la negativa del
Juzgado Quinto de Familia de Bogotá de admitir la demanda ejecutiva por
alimentos que interpuso en contra de la señora Myriam Flórez Susa, por la
supuesta inexistencia de un título que le fuera vinculante, en la cual
desconoció que, al hacerse acreedora a la sustitución pensional de quien le
debía alimentos, adquirió la carga de asumir los gravámenes que sobre ésta
prestación existían, y (iii) la omisión de la ciudadana Myriam Flórez
Susa de realizar el pago de los alimentos a los que tiene derecho.
2.
Análisis de la vulneración ius-fundamental
De acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, así como con los supuestos fácticos
que circunscriben la controversia en discusión, se procederá a estudiar el caso
particular de la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha con el objetivo
de determinar si existe o no la presunta vulneración ius-fundamental en la que alega
estar inmersa.
En ese sentido, se abordará la situación
fáctica propuesta por la accionante desde cada una de las actuaciones que
considera contrarias a sus derechos fundamentales.
2.1.
Presunta vulneración con ocasión a la negativa de
Colpensiones, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, a reconocer la
sustitución pensional a la accionante.
2.1.1. Como primera
medida, la Sala considera que Colpensiones, en su calidad de administradora de
fondo de pensiones se ha limitado a seguir y acatar las órdenes judiciales que
respecto de la situación jurídica de la accionante han sido proferidas por las
autoridades competentes; motivo por el cual no resulta posible endilgarle
responsabilidad alguna a dicha entidad, más aún cuando la accionante no la
acusa de ninguna irregularidad sino únicamente de haber negado el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional de la que estima ser
acreedora.
2.1.2. Ahora bien,
respecto de las decisiones proferidas el 25 de julio de 2015 y el 15 de octubre
del mismo año, por parte del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá y del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
respectivamente, la Sala abordara su estudio de conformidad con la metodología
que al respecto se ha desarrollado para estudiar la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, esto es, verificar la satisfacción de la
totalidad de los requisitos generales y específicos de procedibilidad que se
han desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte para el efecto.
-
La Sala evidencia que la
accionante acudió personalmente en la defensa de sus intereses jurídicos,
motivo por el cual se concluye que el requisito de legitimación por
activa se encuentra satisfecho en el caso en concreto, en cuanto
no tuvo lugar ningún tipo de intermediación, ni actuación a través de terceros.
-
En relación con el criterio
de relevancia constitucional, se observa que este se cumple, por
cuanto se tiene que
la actora acudió a este especial mecanismo de protección con el objetivo de
obtener la protección de sus derechos al mínimo vital, seguridad social y a la
vida en condiciones dignas, los cuales, de conformidad con lo desarrollado por
la jurisprudencia de esta Corporación, ostentan la naturaleza de fundamentales.
-
Se destaca que la accionante acude a la presente
solicitud a efectos de cuestionar decisiones proferidas por autoridades
judiciales que no fungían como jueces de tutela, por lo que, en esta
ocasión, también debe estimarse satisfecho dicho requisito.
-
Ahora bien, en relación con la inmediatez con la que
debe acudirse a este especial mecanismo de protección, se tiene que si bien no
existe un parámetro definido que permita establecer a priori el plazo en
el que debe acudirse a la acción de tutela, en el presente caso se evidencia
que las decisiones cuestionadas datan de julio y octubre del año 2015, por lo
que para la Sala resulta evidente que, al haberse interpuesto la presente
solicitud de amparo en noviembre del año 2016, esto es, más de 1 año después,
la actora omitió acudir al presente mecanismo de protección de manera diligente
y conforme a la naturaleza de la acción de tutela.
-
Respecto al agotamiento de los medios ordinarios de
defensa judicial, se tiene que la actora agotó tanto la primera, como la
segunda instancia del procedimiento de defensa que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para el efecto. No obstante, está demostrado que la accionante acudió
al recurso extraordinario de casación y posteriormente decidió desistir de él,
siendo su justificación la ausencia de recursos económicos para sufragar los
gastos que dicho procedimiento le implicaba.
En ese sentido,
se hace necesario valorar si el hecho de que la actora haya omitido acudir
efectivamente a dicho recurso extraordinario constituye en una barrera que
impide que actualmente acuda a la acción de tutela para cuestionar esta
decisión.
Considera la Sala
que si bien la jurisprudencia de esta Corte no ha sido enteramente clara
respecto de la necesidad de agotar los recursos extraordinarios existentes al
interior de un procedimiento judicial como el que está siendo objeto de
estudio, lo cierto es que en este caso la accionante no solo acudió a el, sino
que adicionalmente, su solicitud fue admitida por la Corte Suprema de Justicia,
motivo por el cual no tenía ninguna otra actuación que desplegar, ni alguna
otra carga que satisfacer. Lo anterior, hace inentendible su desistimiento,
pues únicamente debía esperar por una resolución por parte del juez competente.
Por lo anterior,
se estima que la accionante al desistir de su solicitud expresó desidia por la
justicia y dejó de agotar uno de los medios que el legislador había diseñado
para el efecto; sin que sea posible afirmar que, en su caso, resultaba
desproporcionado agotar el trámite que efectivamente incoó.
-
Para finalizar, se tiene que la accionante sustentó su
reproche de las decisiones en estudio, únicamente en el hecho de que dependía
económicamente del causante y en que, por haber sido cerca de 40 años cónyuge
del señor Virgilio García Rincón, tenía derecho a la sustitución pensional que
reclama, sin que haya “identificado de manera razonable” tanto los hechos que
generaron la supuesta vulneración de sus derechos, ni que hubiera alegado el
desconocimiento del debido proceso con el que era menester se tramitara dicho
procedimiento judicial.
Es de destacar
que la acción de tutela contra de providencias judiciales es una modalidad
excepcional de este especial mecanismo de protección, que demanda de quien la solicita
el despliegue de una carga argumentativa más exigente a aquella predicable a los ciudadanos en
los demás casos[34].
En ese sentido, se tiene que la acción de tutela no es un medio alternativo o
complementario del que disponen los ciudadanos para mantener, de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica
en concreto. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus
derechos fundamentales están siendo trasgredidos.[35]
Sobre el particular, en Sentencia C-590 de 2005, esta
Corte fue enfática en la necesidad de que el actor:
“identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.”
Por lo expuesto, la Sala concluye que,
respecto de esta pretensión, no se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por
lo que la Sala no entrará a evaluar la presencia de algún defecto en las
decisiones judiciales cuestionadas.
Sin embargo, se llama la atención en que
la accionante se limita a establecer que ella es acreedora al derecho a la
sustitución pensional que reclama. Por ello, se hará un breve estudio de si,
contrario a lo concluido por los jueces del proceso ordinario laboral, la
accionante podría llegar a ser realmente acreedora al derecho a la sustitución
pensional que reclama.
Como se expuso en la parte considerativa
de esta providencia[36], para que una
persona pueda reputarse acreedora a la sustitución pensional de un afiliado en
su condición de cónyuge o compañera permanente de éste, debe acreditar: (i) la vigencia del vínculo matrimonial o de la unión marital de hecho y (ii)
una convivencia mayor a 5 años que, en el caso de tratarse de un cónyuge, puede
haberse dado en cualquier tiempo y, tratándose de una unión marital de hecho,
debe haberse configurado en los últimos 5 años de vida del causante.
En
ese orden de ideas, se tiene que tras un estudio de las condiciones
particulares que circunscriben la situación de la accionante, se estima que
ésta, (i) ni ostenta la condición de cónyuge del señor Virgilio García
Rincón, en cuanto, en vida de éste, determinaron la cesación de los efectos
civiles del matrimonio y, adicionalmente, (ii) se evidencia que está
probado que si bien convivieron por muchos años y, como producto de dicha
convivencia nacieron varios hijos, también se estima diáfano que durante los
últimos 5 años de la vida del causante se encontraban separados, por lo que no
puede aducir tampoco la condición de compañera permanente.
De conformidad con lo expuesto, se
considera que tal y como lo reconocieron las accionadas, la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha no acredita la totalidad de requisitos que le son
exigibles para poderse reputar acreedora del derecho a la sustitución pensional
que reclama y, por ello, las accionadas no pudieron desconocer derecho
fundamental alguno.
2.2.
Presunta vulneración con ocasión a la inadmisión y
posterior rechazo de la demanda ejecutiva de alimentos presentada por la
accionante ante el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá.
La accionante también cuestiona las
decisiones del 21 de abril de 2016 y 10 de mayo del mismo año, proferidas por
el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, que inadmitieron y rechazaron
(respectivamente) la demanda ejecutiva de alimentos que interpuso en contra de
la señora Myriam Flórez Susa quien se negó a pagar la cuota alimentaria que, en
su criterio, adquirió al hacerse acreedora a la sustitución pensional del señor
Virgilio García Rincón.
-
En concordancia con el estudio realizado en el acápite
anterior, la Sala evidencia que, en relación con los requisitos de legitimación
por activa y relevancia constitucional, estos se encuentran
acreditados en cuanto la accionante acudió personalmente a este especial
mecanismo de protección con el objetivo de presuntamente obtener la protección
de sus derechos fundamentales.
-
Respecto del requisito de inmediatez, se tiene
que la última de las actuaciones acusadas, esto es, aquella que rechazó de
manera definitiva la demanda ejecutiva incoada data del 10 de mayo de 2016,
motivo por el cual se evidencia que, si bien la accionante tuvo un periodo de
inactividad judicial desde ese momento hasta el 10 de noviembre de ese mismo
año cuando acudió a este especial mecanismo de protección, esto es, exactamente
6 meses, en el presente caso resulta admisible considerar, con ocasión a su
elevada edad y su precaria situación de vida actual, acudió a este
procedimiento en un término razonable.
-
Ahora bien, en relación con la inexistencia de
mecanismos de defensa, se tiene que la accionante interpuso la demanda
ejecutiva en estudio y ésta fue rechazada por la autoridad judicial ante la que
fue interpuesta. Llama la atención de esta Corporación que la accionante, teniendo
la posibilidad de impugnar dicha decisión, a través de un recurso de apelación[37], omitió hacerlo
y dejó en firme la providencia que ahora pretende cuestionar en sede de tutela.
En ese orden de ideas, resulta evidente a la Sala que la accionante omitió
acudir a la totalidad de mecanismos que el ordenamiento jurídico le ha brindado
para el efecto y pretende usar la acción de tutela como un procedimiento
que supla su propia negligencia.
-
Por último, se tiene que la demanda ejecutiva
interpuesta por la accionante fue inadmitida por no contar con un requisito
esencial de este tipo de procesos, esto es, un título ejecutivo[38] que fuera
predicable de la demandada (la ciudadana Myriam Flórez Susa), pues el único
documento que se allegó por la actora fue la Escritura Pública No. 308 del 29
de enero de 2010, en la que se da constancia de la obligación alimentaria del
señor Virgilio García Rincón respecto de la demandante, sin que dicha
obligación pueda ser transmitida a través de este tipo de procesos de
ejecución.
De conformidad
con lo expuesto, se destaca que la accionante en esta ocasión también omitió
especificar cuáles son los supuestos de hecho y de derecho a partir de los
cuales considera que la decisión cuestionada desconoció sus derechos
fundamentales, es decir, únicamente centra su argumentación en indicar que la
escritura pública en la que pactó el pago de una cuota alimentaria por parte
del señor Virgilio García Rincón debía hacérsele exigible a la señora Flórez
Susa, sin exponer porqué el documento allegado efectivamente se constituye en
un título ejecutivo que habilitara la actuación que deseaba por parte del juez
de ejecución. Es decir, omitió indicar los motivos por los cuales el juzgado
accionado habría incurrido en alguna irregularidad procesal al resolver de la
manera en que lo hizo.
En conclusión, como se expuso en el acápite anterior,
respecto de la pretensión en estudio tampoco se evidencia que la accionante
haya ido más allá de manifestar su inconformidad con la decisión adoptada. Por
ello, debe considerarse improcedente que la accionante solicite la intervención
del juez constitucional sin plantear con precisión por qué la providencia que
cuestiona se aparta de los estándares de racionalidad y razonabilidad propia de
este tipo de decisiones, o por qué resulta inadecuada la labor hermenéutica
desplegada para la solución de su situación particular.
Ahora
bien, no obstante lo anterior, se destaca que en el presente caso la actora
cuestiona las decisiones de inadmisión y posterior rechazo de la demanda
ejecutiva de alimentos que interpuso en contra de la ciudadana Myriam Flórez
Susa por omitir entender que el título ejecutivo que había suscrito con el
señor Virgilio García Rincón era igualmente exigible a la demandada. En ese
sentido, su pretensión no solo consistía en realizar el cobro de los alimentos
que pretende obtener, sino en constituir en la señora Myriam Flórez Susa la
obligación alimentaria que, al menos en principio, se extinguió con el
fallecimiento del obligado a cancelarlos.
Al
respecto, llama la atención de esta Corte que la especial naturaleza de los
procesos ejecutivos lleva implícita la imposibilidad del juez encargado de su
resolución de efectuar declaración alguna de responsabilidad o de constituir un
derecho. En ese sentido, la pretensión de la accionante supera con creces la
competencia constitucional y legalmente investida en el juez demando. Lo
anterior, pues, en ejercicio de sus facultades de ejecución, tiene vedado
entrar a resolver sobre la existencia o no de una obligación y, por ello, no le
cabía razón a la accionante en su pretensión.
2.3.
Presunta
vulneración por la omisión de la ciudadana Myriam Flórez Susa en el pago de la
obligación alimentaria que grababa la pensión del ciudadano Virgilio García
Rincón y que le fue sustituida.
Como
primera medida, vale la pena destacar que esta pretensión no ha sido discutida
en ningún procedimiento judicial, motivo por el cual su análisis no se
encuentra supeditado a la satisfacción de los requisitos generales y
específicos de procedibilidad aplicados hasta ahora, sino que basta con la
verificación de los ordinarios que se predican de todas las acciones de tutela.
En
ese sentido, se dividirá el estudio en 2 etapas, estas son, una de procedencia
de la pretensión invocada y una segunda que analice el fondo de la situación
propuesta.
Estudio
de procedencia
Como primera medida, se hace
necesario valorar que la accionante es una mujer de 67 años de edad que
dependía económicamente de su ex-cónyuge y quien no cuenta con fuentes
autónomas de ingresos a partir de los cuales pueda procurarse los medios
básicos de subsistencia. Por este motivo, a partir del fallecimiento de su
ex-esposo, se ha visto inmersa en una situación de desprotección en virtud de
la cual ha debido recurrir a los buenos oficios de sus conocidos y familiares[39].
Resulta pertinente destacar que si bien,
tal y como se indicó con anterioridad, la acción de tutela solo es procedente
cuando ésta se constituye en el único mecanismo de defensa que permite la
protección de las garantías fundamentales de un individuo. Lo cierto es que la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que dicha regla encuentra una
excepción en los eventos en los que se evidencia que, tras un estudio de las
condiciones materiales del caso, se configura alguno de los supuestos
mencionados en la parte considerativa de la presente providencia que permiten
la flexibilización del estudio de este requisito.[40]
Al respecto se evidencia que si
bien el fallecimiento de su ex-cónyuge tuvo lugar hace más de 5 años, lo cierto
es que, en términos generales, la accionante ha sido diligente al haber acudido
a numerosos mecanismos de protección judicial, como (i) el proceso
ordinario laboral que incoó con el objetivo de obtener el reconocimiento a la
sustitución pensional de su ex-cónyuge; y (ii) el proceso ejecutivo por
alimentos que interpuso en contra de la señora Myriam Flórez Susa con el
propósito de obtener el pago de la cuota alimentaria pactada.
Actuaciones que, a pesar de
haberse mostrado contrarias a sus pretensiones, demuestran fehacientemente que,
desde el fallecimiento del señor Virgilio García Rincón, la actora ha
desplegado incesantes esfuerzos por superar la situación jurídica de
desprotección en que se encuentra inmersa. Ello, incluso con posterioridad al
día 10 de mayo de 2016, momento en que la última actuación judicial que
interpuso para el efecto fue resuelta en contra de sus pretensiones, pues
después de dicho momento siguió en conversaciones con la señora Myriam Flórez
Susa a efectos de obtener de mutuo acuerdo el pago de los dineros de los que
estima ser acreedora.
De otro lado, en cuanto al reconocimiento
y pago de la obligación alimentaria que aduce tener, es necesario destacar que
si bien la actora aún cuenta con otros medios judiciales de defensa, como lo es
acudir ante la jurisdicción civil con el objetivo de que, a través de un
trámite declarativo, se reconozca la pervivencia de la obligación alimentaria y
un sujeto pasivo encargado de garantizarla, lo cierto es que someter a la
accionante a un nuevo trámite judicial, después de cerca de 5 años de disputas
al interior de la jurisdicción terminaría por mostrarse desproporcionado en
cuanto desconocería la elevada edad de la que es sujeta (67 años) y las
especiales condiciones de desprotección en que se encuentra como producto sus
muy limitados recursos económicos.
De ahí que no solo se estime
desproporcionado exigirle el desarrollo de un nuevo proceso jurisdiccional
ordinario que resuelva en forma definitiva sobre la titularidad de los derechos
que reclama, sino que, de hacerse de esta manera, se terminaría por permitir la
vulneración de sus demás derechos fundamentales. Lo anterior, en cuanto el
mecanismo ordinario no resultaría lo suficientemente eficaz como para permitir
la salvaguarda de los intereses en discusión.
Ahora bien, evidencia la Sala que la
pretensión en estudio se encuentra dirigida en contra de la ciudadana Myriam Flórez Susa, quien, en su condición de
particular, hace necesario desplegar una valoración previa sobre su
legitimación por pasiva para hacer parte de este trámite de tutela, pues, si
bien la Constitución y la jurisprudencia han reconocido la viabilidad de
interponer acciones de tutela en contra de particulares, esta posibilidad ha
sido admitida solo de manera excepcional y previo el cumplimiento de alguno de los
requisitos que serán reseñados a continuación, esto es, cuando el particular
accionado:[41]
-
Tenga a su cargo la
prestación de un servicio público;
-
Con su actuar afecte
gravemente un interés colectivo;
-
O, finalmente,
cuando el accionante se encuentre
en situación de subordinación e indefensión con respecto al agresor.[42]
En el presente caso, si bien no se
configura ninguna de las dos primeras cáusales anteriormente mencionadas, para
la Sala resulta claro que la actora se encuentra inmersa en una situación de
indefensión[43] en relación con
la negativa de la señora Myriam
Flórez Susa de reconocer y pagar su mesada alimentaria. Esto, en cuanto depende
ella para obtener los medios básicos de subsistencia, sin que cuente, como se
expuso anteriormente, con un mecanismo judicial eficaz para obtener la
protección de sus garantías fundamentales.
En
conclusión, la Sala estima procedente iniciar el estudio de fondo de la
situación jurídica planteada y resolver si, en efecto, se configuró la
afectación a los derechos fundamentales alegada por la accionante.
Análisis
del fondo de la litis planteada
A manera de aclaración preliminar, la
Sala estima pertinente indicar que el estudio de la presente controversia
implica evaluar la pervivencia de la obligación alimentaria de la que la actora
era acreedora y si ésta puede ser exigible a la señora Myriam Flórez Susa,
quien, en su condición de compañera permanente del señor Virgilio García
Rincón, lo sustituyó pensionalmente.
1)  Conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia,[44] se tiene que la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que a pesar de la muerte del
ciudadano Virgilio García Rincón, quien fungía como alimentante (o sujeto
pasivo de ésta), la obligación puede persistir mientras subsistan los motivos
que dieron origen, esto es, mientras se mantenga la necesidad económica del
alimentado y siga vigente la fuente a partir de la cual se financiaba.
Considera la Sala que en este caso está
probado que la accionante, en virtud de su edad y de la ausencia de cualquier
otro medio a través del cual pueda procurarse por sí misma los medios básicos
de subsistencia, se encuentra en el mismo estado de necesidad que inicialmente
dio origen a la obligación alimentaria. En igual sentido, se evidencia que la
pensión de vejez causada por el señor Virgilio García Rincón, si bien se
extinguió tras su fallecimiento, fue sustituida en cabeza de la ciudadana Myriam Flórez Susa, motivo por el cual debe
entenderse que la fuente persiste.
Una
vez demostrado que la obligación alimentaria se mantiene vigente, procede la
Sala a verificar la configuración de los requisitos que, conforme se expuso en
la parte considerativa[45],
deben materializarse a efectos de que sea procedente entrar a exigir la
obligación alimentaria a un tercero que, si bien en principio sería ajeno a la
relación de solidaridad que dio origen a ésta, es a quien le fue sustituida la
pensión que garantizaba su cumplimiento.
a) Que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional.
Como primera medida, se tiene que la
accionante, por su avanzada edad, esto es, sus 67 años, hace parte del grupo
poblacional de la “tercera edad”, motivo por el cual, a partir de los
postulados de igualdad material introducidos en el artículo 13 de la
Constitución y de la especial protección establecida por el artículo 46 de ese
mismo texto, debe ser considerada como un sujeto de especial protección
constitucional, ello, pues el normal ejercicio de sus derechos se encuentra
limitado por sus especiales condiciones de vida.
b) Título que
acredite (i) la existencia de la obligación alimentaria y (ii)
que su pago haya sido garantizado en un porcentaje de la pensión del
alimentante.
En
relación con el segundo de los requisitos establecidos, se reitera que, como se
indicó con anterioridad,[46]
debe entenderse que la protección buscada en esta ocasión no se limita a la
defensa de la seguridad jurídica y al cumplimiento de las decisiones
judiciales, sino que adicionalmente abarca aspectos relacionados con el mínimo
vital y la vida en condiciones dignas de quien recibe los alimentos, por ello,
el juez constitucional, en vez de únicamente verificar si existe una decisión
judicial que haya reconocido la existencia del derecho, cuenta con la carga de
entrar a constatar la presencia de un título a partir del cual se obtenga
certeza respecto de la existencia del derecho y la manera en que se realizará
su pago, sin que necesariamente este título deba materializarse en una
sentencia judicial.
En
ese sentido, la actora firmó en el año 2010, en conjunto con su entonces
marido, el ciudadano Virgilio García Rincón, una Escritura Pública en la que además de
determinar la cesación de efectos civiles del matrimonio entre ellos realizado
en 1970, fijaron una cuota alimentaria de carácter vitalicio y que (i)
sería paga a partir de los ingresos que éste último recibía como producto de la
pensión de vejez de la que era acreedor; (ii) equivaldría al 14,09% de
ésta y (iii) tendría exigibilidad incluso con posterioridad a su
fallecimiento.
Por
lo expuesto, considera la Sala que (i) el título a partir del
cual se acredita la existencia de la obligación alimentaria está claramente
establecido en el acuerdo realizado entre las partes en el año 2010 y que, (ii)
se aseguró su pago con un porcentaje equivalente al 14.09% de la pensión de
vejez del señor Virgilio García Rincón.
c) Persistencia de
la necesidad del alimentado.
Se
estima igualmente acreditado en el presente caso que la solicitante, se
encuentra actualmente sin una fuente de recursos económicos de la cual pueda
derivar autónomamente sus medios básicos de subsistencia y, adicionalmente, por
su avanzada edad, le resulta más gravoso encontrar un trabajo que le permita
procurárselos por sí misma. En ese sentido, para la Sala es clara la
especial situación de desprotección en que se encuentra la accionante y la evidente
necesidad en que aún se encuentra de recibir los alimentos que el señor
Virgilio García Rincón se obligó a garantizar con ocasión a los 40 años de
matrimonio que vivieron.
d) Sustitución de la prestación económica
pensional que aseguraba el pago de la cuota alimentaria.
El 17 de septiembre de 2015, la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, mediante Resolución No. FNR 283893,
reconoció y empezó a pagar a la ciudadana Myriam Flórez Susa la sustitución
pensional de la prestación económica de vejez en cabeza del señor Virgilio García Rincón a la cual se hizo acreedora
en razón a que, como lo demostró en un proceso judicial, al momento del
fallecimiento del afiliado, ostentaba la condición de compañera permanente de
éste y había convivido con él por más de 5 años.
Por lo expuesto, se evidencia que la
prestación económica a partir de la cual se había garantizado el pago, fue
efectivamente sustituida a la señora Myriam Flórez Susa, quien desde ese
momento ha venido disfrutando de ella.
e) Ausencia de afectación ius-fundamental
en los derechos del beneficiario con la sustitución.
Respecto de este requisito, observa la
Sala que, en el evento de ordenarse el pago de la obligación alimentaria en
cuestión a cargo de la pensión que le fue sustituida a la señora Myriam Flórez Susa, no se verían
afectados de manera alguna los derechos fundamentales de ésta, pues, como está
acreditado, la accionante siempre dependió de los recursos económicos que le
proveía su anterior esposo, y, a partir del año 2010, se formalizó y concretó
la obligación alimentaria en cabeza del señor Virgilio García Rincón, la cual siempre fue
debitada de los ingresos que el alimentante proveía a su núcleo familiar. Por
lo anterior, es necesario concluir que, al gravarse del 14,09% de su pensión,
la ciudadana Myriam Flórez Susa no recibirá menores ingresos a los
que percibía cuando su compañero permanente se encontraba con vida.
2)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que
en el presente caso se encuentran acreditados la totalidad de los requisitos
que la jurisprudencia ha establecido para la aplicación de la excepcional regla
referida y, en consecuencia, se procederá a reconocer que la obligación
alimentaria existente entre la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha y, el difunto,
Virgilio García Rincón,
trascendió a su fallecimiento y, en virtud del principio de solidaridad,
persiste a través de la sustitución que, de la pensión de éste último, fue
beneficiaria la señora Myriam Flórez Susa.
Como corolario de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia procederá a CONFIRMAR
PARCIALMENTE las decisiones adoptadas, en primera instancia, el veintitrés (23) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016), por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, y, en segunda instancia, el quince (15) de diciembre del mismo año, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de
la acción de tutela invocada por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha en contra del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, y la ciudadana Myriam
Flórez Susa.
Lo anterior, en cuanto negaron el amparo
a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en
condiciones dignas de la señora Cecilia Myrian Fontecha, en relación con la
pretensión de (i) reconocimiento de la sustitución pensional del señor Virgilio García Rincón y (ii) la admisión
del proceso ejecutivo incoado para obtener el pago de los alimentos
presuntamente debidos por parte de la señora Myriam Flórez Susa. Ello, pues, la
actora no satisfizo la totalidad de los requisitos que, para la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales se han exigido por la
jurisprudencia.
De otro lado, estas decisiones serán
revocadas en lo relativo al amparo de los derechos fundamental al mínimo vital
y a la vida en condiciones dignas pretendido por la accionante en relación con
la obligación alimentaria que, como se expuso con anterioridad, persiste y
permeó la sustitución pensional de la que se hizo beneficiaria la ciudadana Myriam Flórez Susa.
Ahora bien, evidencia la Sala que, con el
objetivo de materializar la protección aludida, es necesario que sea la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- quien, en cumplimiento de
esta decisión judicial grave el 14,09% de la mesada pensional que, por concepto
de la sustitución pensional del señor Virgilio García Rincón, recibe la ciudadana Myriam Flórez Susa y
pague dicho valor a la accionante, la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha. Lo anterior, con el objetivo de satisfacer el pago de la cuota
alimentaria aquí determinada.
Por ello, se ordenará a la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones- que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, empiece a pagar, a la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha, la cuota alimentaria fijada en cuantía del 14,09% de la sustitución
pensional que le fue reconocida a la ciudadana Myriam Flórez Susa.
Síntesis:
En esta ocasión, corresponde a la Sala resolver la
situación jurídica de la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha de 67 años de edad,
quien pretende (i) el reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional de su ex-cónyuge, (ii) la admisión de la demanda ejecutiva de
alimentos que interpuso en contra de la beneficiaria de la sustitución
pensional de su ex-esposo y que le fue rechazada por no contar con un título
ejecutivo que fuera predicable de la demanda, y (iii) el pago de la
cuota alimentaria que, en vida de éste, pacto sería desembolsada de manera
vitalicia.
La accionante estuvo unida en matrimonio con el señor Virgilio
García
Rincón desde 1970, hasta el año 2010, esto es, por 40 años. No obstante, los
últimos años de ese vínculo (desde el año 2002) los vivieron separados de
cuerpos en cuanto el señor Virgilio García inició una unión marital de hecho
con la ciudadana Myriam Flórez Susa.
El ciudadano Virgilio García Rincón gozaba de una
pensión de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- y servía como sustento económico de tanto su ex-cónyuge (a pesar
de la separación), como de su nuevo núcleo familiar con la señora Myriam Flórez
Susa.
En el año 2010, la accionante y su entonces cónyuge
decidieron formalizar su separación y, a través de una Escritura Pública,
determinaron (i) fijar la cesación de los efectos civiles del matrimonio
que suscribieron en el año 1970; (ii) establecer que el señor Virgilio García adquiriría una
obligación alimentaria de carácter vitalicio con la señora Cecilia Myrian
Fontecha por concepto del 14,09% del valor de la mesada pensional de la que era
acreedor; (iii) que, incluso en el evento de su fallecimiento, dicha
obligación tendría pago a partir los recursos provenientes de su mesada
pensional; y (iv) la liquidación de la sociedad conyugal.
En el año 2011, el ciudadano Virgilio García Rincón
falleció, dejando de esta manera desprovistas de una fuente de recursos
económicos tanto a su ex-cónyuge, como a su entonces compañera permanente.
Tras una larga controversia judicial respecto de la
titularidad del derecho a la sustitución pensional entre las ciudadanas Cecilia
Myrian Fontecha y Myriam Flórez Susa, Colpensiones
determinó reconocer únicamente el derecho a la sustitución pensional a ésta
última en su condición de compañera permanente del causante, pues, de lo
concluido en dichos trámite judiciales, la señora Myrian Fontecha (i) no
ostentaba la condición de cónyuge del causante, (ii) ni convivió
materialmente con éste durante los últimos 5 años de su vida.
Por lo anterior, la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha
acudió ante la señora Myriam Flórez Susa con el objetivo de obtener el pago
de los alimentos que estima le son debidos, pero, al recibir una respuesta
negativa al respecto, interpuso una demanda ejecutiva para conseguir el pago de
la obligación alimentaria a la que estima ser acreedora. Con todo, dicha demanda
fue rechazada por la autoridad judicial a la que fue asignado su conocimiento,
en cuanto consideró que no existía un título que prestara mérito ejecutivo
respecto de la demandada, esto es, la ciudadana Myriam Flórez Susa, pues el
título que se allegó al trámite vinculaba únicamente al, ahora fallecido, señor Virgilio García
Rincón.
Sobre la situación fáctica anteriormente reseñada,
esta Corte realizó el estudio de las tres pretensiones plateadas por la
accionante, estas son, (i) el reconocimiento de la sustitución pensional
del ciudadano Virgilio García Rincón, (ii) la admisión de la demanda
ejecutiva de alimentos interpuesta en contra de la señora Myriam Flórez Susa y
que fue rechazada por ausencia de un título que le fuera vinculante y (iii)
el pago de la obligación alimentaria que pactó con éste y que considera fue
transferida a la señora Myriam Flórez Susa al hacerse acreedora de su
sustitución pensional.
Respecto de las primeras dos, la Sala encuentra que la
accionante, a pesar de encontrarse atacando en sede de tutela providencias
judiciales, omitió satisfacer a cabalidad los requisitos que para su
procedencia han sido establecidos. Es así, como se evidenció que, entre otros,
la accionante no agotó la totalidad de los mecanismos judiciales que el legislador
puso a su disposición para cuestionar las decisiones judiciales en estudio, así
como identificar si quiera de manera somera los motivos por los que considera
que éstas desconocieron sus garantías fundamentales.
Ahora bien, respecto de la pretensión relacionada con
el reconocimiento de obligación alimentaria, la Sala de Revisión estima que, a
la luz de la legislación y jurisprudencia aplicable, la obligación alimentaria
no puede entenderse extinta solo por el fallecimiento del alimentante, motivo
por el cual, si se evidencia que la necesidad persiste, la obligación se
transfiere, al menos en principio, como un pasivo que hace parte de la masa
sucesoral.
Sin embargo, esta Corte en su jurisprudencia[47] ha reconocido la
existencia de eventos en los que la obligación alimentaria estaba garantizada
en la mesada pensional del alimentante y en los que, tras su fallecimiento,
resulta posible que ésta permeé el proceso de sustitución pensional y termine
implicando que una persona que, en principio no estaría compelida por el
principio de solidaridad para asumir la obligación alimentaria, vea gravada la
prestación pensional que sustituyó del alimentante.
Al respecto, en la Sentencia T-203 de 2013 se
desarrollaron cinco requisitos que deben materializarse para que la situación
antedicha pueda tener lugar, estos son:
-
Se trate de un sujeto de
especial protección constitucional;
-
Exista una sentencia
judicial en la cual:
(i)
se reconozca una acreencia
alimentaria a favor del accionante.
(ii)
se asegure su pago con un
porcentaje de una pensión de vejez o de invalidez.
-
Se encuentre probada la
necesidad de alimentado;
-
Exista una sustitución
pensional de la prestación con la que se aseguraba la cuota alimentaria;
-
En el evento de
autorizarse el descuento de la cuota alimentaria, no se vean afectados los
derechos fundamentales del beneficiario de la prestación sustituida.
A pesar de lo expuesto, la Sala considera que el
segundo de los requisitos aludidos no debe ser entendido estrictamente como la
obligación del juez constitucional de verificar la existencia de una decisión
judicial que haya declarado la existencia de la obligación alimentaria y haya
fijado su pago en un porcentaje de la pensión que recibía el alimentante, sino
que, por el contrario, lo que debe acreditarse es un título a partir del cual
se tenga certeza respecto de la existencia de la obligación alimentaria y que
su pago estará a cargo de la pensión del alimentante.
En ese orden de ideas, tras hacer un estudio de los
cinco requisitos reseñados, se concluye que todos se encuentran efectivamente
acreditados de la situación fáctica que circunscribe a la accionante, motivo
por el cual resulta procedente conceder el amparo pretendido y ordenar que sea
a partir de la pensión que le fue sustituida a la señora Myriam Flórez Susa que
se realice el pago de la acreencia alimentaria que persiste en cabeza de la
accionante.
De conformidad con lo expuesto, se ordenará a
Colpensiones que, con el objetivo de garantizar el pago de la obligación
alimentaria, grave en un porcentaje igual al 14,09% de la mesada pensional que
fue sustituida a la ciudadana Myriam Flórez Susa con ocasión del fallecimiento
del señor Virgilio García Rincón y pagué mensualmente dicha
suma a la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha a título de la obligación
alimentaria que se determinó persiste.
IV.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE los fallos
proferidos, en
primera instancia, el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, y, en segunda instancia, el quince (15)
de diciembre del mismo año, por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del trámite de la acción de tutela
interpuesta por la ciudadana Cecilia Myrian Fontecha en contra del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, y la ciudadana Myriam
Flórez de Susa. Lo anterior, respecto de la negativa al
amparo invocado de los derechos fundamentales a la seguridad social,
mínimo vital y vida en condiciones dignas de la señora Cecilia Myrian Fontecha
en relación con las pretensiones de (i) reconocimiento de la sustitución
pensional del señor Virgilio
García
Rincón y (ii) la admisión de la demanda ejecutiva de alimentos que incoó
en contra de la ciudadana Myriam Flórez Susa.
SEGUNDO.- REVOCAR
las decisiones referidas en el numeral anterior de esta parte resolutiva en el
sentido de CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas pretendido por
la accionante en relación con la obligación alimentaria que, como se expuso con
anterioridad, persiste y permeó la sustitución pensional de la que se hizo
beneficiaria la ciudadana Myriam Flórez Susa
TERCERO.- ORDENAR a
la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, despliegue las
actuaciones administrativas correspondientes para gravar el 14,09% de la
sustitución pensional reconocida a la ciudadana Myriam Flórez Susa con
ocasión del fallecimiento del pensionado señor Virgilio García Rincón, de forma que, al
cabo de ese mismo plazo empiece a pagar, a la ciudadana Cecilia Myrian
Fontecha, la cuota alimentaria fijada en ese valor.
CUARTO.- Por Secretaría
General de esta Corporación, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese y Cúmplase,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado
(e)
HERNÁN
CORREA CARDOZO
Magistrado
(e)
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y T-330 de
2015, entre otras.
[2] Ver, entre
otras, las Sentencias: T-225 de 1993, T-293 de 2011, T-956 de 2013 y T-030 de
2015.
[3] Reiterado en Sentencia T-111 de 2014.
[4] En
sentencia SU-159 de 2002, se definió a este fenómeno como: “…aquellas actuaciones judiciales en las que el
juez que decide un conflicto jurídico asume una conducta que contraría de
manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales.”
[5] “Sentencia T-522/01”
[6] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.”
[7] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 2008. Magistrado Ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[9] Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[10] Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915de 2014, T-009 de 2015
y T-330 de 2015.
[11] Ver, entre otras, las sentencias: T-164 de 2013, T-848 de 2013,
SU-769 de 2014 y T-209 de 2015.
[12] Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.
[13] “Artículos
2, 13, 5 de la Constitución. Véase la sentencia C-575 de 1992.”
[14] “Artículo 366 de la Constitución.”
[15] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General No. 19. Introducción, Numeral 2.
[16]Ver, entre otras, las sentencias T-032 de
2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
[17] Constitución Política de Colombia, Artículo 1.
[18] Artículo
46 de la Ley 100 de 1993. “REQUISITOS
PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo
familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca,
siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres
últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las
siguientes condiciones: (…)”
[19] En razón a que, de conformidad con lo reseñado en la sentencia
T-110 de 2011, dicha prestación se establece en cabeza de quienes sostuvieron
una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado.
[20] Ver
sentencias C-1094 de 2003, T-110 de 2011, T-228 de 2014, T-004 de 2015, entre
otras.
[21] Ibídem.
[22] Artículo 47
de la Ley 100 de 1993, literal a) “En forma vitalicia,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;”
[23] Inciso 1 del
Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal b) “En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).”
[24] Incisos 2 y 3 del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal b) “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente”. (aparte subrayado condicionalmente
exequible bajo el entendido de que en los eventos de convivencia simultánea, la
mesada pensional será divida proporcionalmente a la convivencia del causante
con su cónyuge y compañero permanente)
[25] Sentencia T-236 de 2016.
[26] Ver sentencia C-1035 de 2008.
[27] Como se
expuso con anterioridad, los requisitos que determinan si el derecho será
reconocido de manera vitalicia o tan solo temporal y hasta por 20 años.
[28] Con
independencia de que exista separación material de cuerpos y de la sociedad
conyugal.
[29] En
sentencia C-919 de 2001, esta Corte expresó que: “la
obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el
cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la
subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de
asegurársela por sí mismos…”.
[30] Ver, entre
otras, las sentencias C-237 de 1997 y T-203 de 2013.
[31] Al
respecto, el artículo 1227 del Código Civil dispuso que: “Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas,
gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa
obligación a uno o más partícipes de la sucesión.”
[32] Ver
Sentencia T-203 de 2013.
[33] En su condición de compañera permanente del señor Virgilio García Rincón.
[34] En
Sentencia T-654 de 1998, esta Corte expresó: “corresponde
al actor indicar con precisión en qué consiste la violación de su derecho a la
defensa y de qué manera ésta se refleja en la sentencia impugnada originando
uno de los defectos antes mencionados, así como la vulneración ulterior de sus
derechos fundamentales”.
[35] Ver sentencia T-265 de 2014
[36] Numeral
Quinto de la parte Considerativa.
[37] Artículo 438 del Código General del Proceso.
[38] El cual,
de conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, corresponde
a “obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante”.
[39] Ello, tal
y como se encuentra probado en el expediente a partir de las numerosas
declaraciones extra-juicio allegadas y en las que se da constancia de la
complicada situación económica en la que quedó inmersa la accionante con
ocasión al fallecimiento de su ex-cónyuge, el ciudadano Virgilio García Rincón,
quien le proveía recursos económicos a pesar su separación.
[40] Numeral 3
de la parte considerativa de esta providencia.
[41] Al
respecto, en sentencia T-655 de 2011 esta Corte aceptó que “la acción de tutela procede en los casos en los que quien vulnera o
amenaza los derechos fundamentales es un particular, siempre que se cumplan
unas circunstancias y condiciones específicas.”, razonamiento que, en otras palabras, ha sido reiterado en
numerosas ocasiones, entre otras, en las sentencias T-176ª de 2014 y laT-050 de
2016.
[42] Ver, entre
otras, las sentencias T-655 de 2011, T-176ª de 2014 y T-050 de 2016
[43] Al
respecto, en sentencia T-290 de 1993, esta Corte expresó que el estado de
indefensión se materializa en los eventos en que el afectado por una
determinada actuación “carece de defensa, entendida
ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que
se trate”. Y en sentencia T-050 de 2016 se desarrolló
la idea al indicar que: “en otras palabras, a la persona le resulta
imposible detener o repeler efectivamente la amenaza o vulneración a la cual se
está viendo sometida.”
[44] Numeral
6.1. de la parte Considerativa de esta Providencia
[45] Numeral
6.2. de la parte Considerativa de esta Providencia.
[46] En
el numeral 6.3. de la parte considerativa de esta providencia.
[47] En
específico en la Sentencia T-203 de 2013.