SU309-19
Sentencia SU309/19
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
APLICACION DE LA LEY EN
EL TIEMPO-Contenido
normativo
RETROACTIVIDAD DE LA
LEY-Alcance
ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY-Alcance
RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY-Alcance
RETROACTIVIDAD Y
RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY-Diferencias
Los contornos que separan la retroactividad de la
retrospectividad, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar el principio de
respeto por los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas
con el imperativo constitucional de allanar situaciones de desigualdad
incompatibles con los postulados del Estado social de derecho: “Esta
restricción general a que las normas sean aplicadas de manera retroactiva evita
que se entrometa en la producción de efectos frente a hechos consumados, es
decir, aquellas situaciones que se produjeron, cumplieron y quedaron terminados
en vigencia de una norma anterior, por lo que al tratarse de hechos que fueron
ya resueltos conforme a la regla antigua deberán ser acatados por la nueva, a
pesar de tener consecuencias diferentes; sin embargo esta Corte ha sido clara
en señalar que ‘cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han
generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de
entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el
estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley
antigua”
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Características de los efectos en el tiempo
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Efectos ex nunc/SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD-Pueden darse excepcionalmente efectos ex tunc
solamente cuando la Corte lo estipula expresamente
Si la Corte Constitucional guarda
silencio sobre los efectos que le imprime a una determinada decisión de control
abstracto, se entenderá que se trata de efectos ex nunc, que aparejan una
aplicación general, inmediata, hacia futuro y con
retrospectividad, a menos, claro, que la propia Corte expresamente consigne que
lo resuelto en la providencia tiene efectos ex tunc, es decir, que sus
efectos se extienden hacia situaciones jurídicas que se materializaron en el
pasado al amparo de la norma objeto de control.
UNION MARITAL DE HECHO
Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO-Alcance de la sentencia C-075/07
UNION MARITAL DE HECHO
Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO-Reconocimiento se
extiende a las uniones que se habían consolidado con anterioridad a la
sentencia C-075/07
PAREJAS HOMOSEXUALES-Vulneración de la dignidad humana y libre desarrollo de la
personalidad al excluirlos de régimen de protección patrimonial
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se desconoció precedente sobre reconocimiento de unión marital de
hecho entre parejas del mismo sexo, según sentencia C-075/07
Referencia: Expediente T-7.071.794
Acción de tutela formulada por Darío
Gómez Suárez contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada
por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Diana
Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger, y los magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Carlos Bernal Pulido, José Fernando
Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela del
8 de octubre y del 25 de julio de 2018, pronunciados en segunda y primera
instancias, respectivamente, por las Salas de Casación Penal y Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por el
ciudadano Darío Gómez Suárez contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Civil−.
El expediente de la referencia fue escogido por la
Sala de Selección de Tutelas Número Once[1], mediante auto proferido el 26 de
noviembre de 2018, indicando como criterio orientador de selección la necesidad
de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial (criterio
objetivo), con fundamento en el literal a) del artículo 52 del Acuerdo 02 de
2015.
I. ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial especialmente
constituido, el señor Darío Gómez Suárez formuló acción de tutela en contra
de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil−, reclamando la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la
decisión del 12 de febrero de 2018, adoptada por dicha autoridad
jurisdiccional dentro del proceso ordinario de declaratoria de unión marital de
hecho identificado con número de radicación 11001-31-10-018-2008-00331-01, en
el cual el aquí accionante fue demandado.
1. Hechos
La situación fáctica que sustenta la solicitud de
amparo se describe en el escrito de tutela de la siguiente manera:
1.1. El 31 de marzo de 2008, el señor
Rodolfo Hurtado Polanía instauró demanda contra el señor Darío Gómez Suárez,
con el fin de que se declarara que entre ellos había existido una unión marital
de hecho desde el 1º de junio de 2002 hasta el 1º de febrero de 2008 y, por
ende, que había surgido una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes,
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 54 de 1990[2]. En
consecuencia, solicitó también que se decretara judicialmente la disolución y
liquidación de dicha sociedad.
En la demanda se alega, grosso modo,
que demandante y demandado iniciaron desde junio de 2002 una convivencia
permanente y singular; que la misma fue conocida por amigos y familiares; que
la pareja compartía eventos sociales, familiares y recreativos, así como viajes
nacionales e internacionales; que el demandante estuvo al lado del demandado
durante su enfermedad y que le colaboró como empleado en sus actividades
económicas; que compraron dos inmuebles; y que en febrero de 2008 el demandante
presentó su renuncia a la empresa del demandado y se terminó la relación
sentimental, debido a la pérdida de unos activos y a la instalación de cámaras
de seguridad en el sitio de trabajo.
1.2. El proceso correspondió por reparto al
Juzgado 18 de Familia de Bogotá, el cual dio el correspondiente traslado al
demandado. Éste se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que
denominó “inexistencia de los elementos constitutivos de la unión marital de
hecho”, “prescripción” e “ilegalidad de las pretensión”.
1.3. En virtud de las medidas de
descongestión judicial dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, el
proceso pasó al Juzgado 3º de Familia de Descongestión de Bogotá, el cual,
luego de agotado el debate probatorio, mediante sentencia del 31 de enero de
2012 declaró no probadas las excepciones de mérito y, en cambio, declaró la
existencia de la unión marital y la consecuente sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes conformada por los señores Rodolfo Hurtado Polanía y
Darío Gómez Suárez, vigente desde el 1º de junio de 2002 hasta el 1º de febrero
de 2008, y la vez declaró su estado de disolución.
1.4. Inconforme con la anterior
determinación, el señor Darío Gómez Suárez interpuso recurso de apelación.
1.5. La Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, por sentencia del 14 de febrero de 2013,
revocó íntegramente la decisión del a quo y, en su lugar, concluyó que
las pretensiones no tenían vocación de prosperidad, pues no podían desprenderse
efectos patrimoniales de la convivencia entre demandante y demandando. Señaló el
ad quem que el momento a partir del cual se debía contabilizar el
término de dos años previsto en la Ley 54 de 1990 era la expedición de la
sentencia C-075 del 8 de febrero de 2007 −que hizo extensivo el régimen
de las uniones maritales de hecho a las parejas del mismo sexo−, de modo
que como la relación afectiva entre las partes se terminó definitivamente en
marzo de 2008, entre uno y otro evento no alcanzaron a transcurrir los dos años
de cohabitación exigidos por la ley para el surgimiento de una sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes.
1.6. Contra la sentencia de segunda
instancia dictada dentro del proceso ordinario el allí demandante, señor
Rodolfo Hurtado Polanía, promovió recurso extraordinario de casación, etapa
durante la cual las partes defendieron cada una sus posturas: el demandante
recurrente, por un lado, arguyó que la sentencia C-075 de 2007 reconoció las
uniones maritales entre personas del mismo sexo y, aunque no se otorgó efectos
retroactivos a dicha decisión, debe entenderse que se está ante el fenómeno de
la retrospectividad, por lo que lo resuelto por la Corte Constitucional era
aplicable al caso de marras en la medida en que la convivencia entre las partes
se prolongó hasta después de proferido el mencionado fallo de
constitucionalidad; el demandado, por su parte, afirmó que compartía la
argumentación de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá y que, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, los
efectos del control de constitucionalidad no son retroactivos, salvo que así se
manifieste expresamente, de lo que se colige que en el caso concreto no se
cumplió el término de dos años para la conformación de la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes.
1.7. Mediante sentencia del 12 de
febrero de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia casó
la sentencia recurrida y dictó fallo sustitutivo en el que confirmó en su
totalidad el fallo de primera instancia que había accedido a las pretensiones.
El órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria señaló que la retrospectividad permite que un nuevo régimen regule
situaciones jurídicas que están en curso o, lo que es lo mismo, mientras estén produciendo
efectos, lo cual la diferencia de la retroactividad, que supone alterar situaciones
consolidadas en el pasado. Dicho fenómeno –precisó− se predica tanto de
las leyes como de las sentencias de control de constitucionalidad.
En tal sentido, la Sala de Casación Civil estimó
que el juez de segunda instancia cometió un yerro de derecho al aplicar
indebidamente el artículo 2 de la Ley 54 de 1990 desatendiendo lo resuelto en
la sentencia C-075 de 2007, por cuanto, bajo las consideraciones descritas, el
plazo de dos años para la conformación de la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes debía contarse desde el inicio efectivo de la
convivencia y no desde la fecha del fallo de constitucionalidad.
2. Contenido de la petición de amparo
El señor Darío Gómez Suárez reclama la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado a raíz de la decisión
dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al
interior del proceso ordinario que concluyó con la declaratoria de la
existencia de una unión marital de hecho y de la consecuente sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes entre él y el señor Rodolfo Hurtado
Polanía.
Esgrime que la decisión adoptada por la autoridad
jurisdiccional accionada, que revocó la de la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá para, en su lugar, confirmar la
proferida por el Juzgado 3º de Familia de Descongestión de Bogotá en el sentido
de acceder a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Rodolfo
Hurtado Polanía, incurrió en varios defectos constitutivos de causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1. Defecto orgánico por desconocimiento de la
competencia de la Corte Constitucional
Expone que es competencia exclusiva de la Corte
Constitucional fijar los efectos en el tiempo de sus sentencias y que, de
acuerdo con lo prescrito la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
dichas providencias tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte
resuelva lo contrario. Ello –subraya− como consecuencia de la separación
funcional de poderes consagrada en el artículo 113 superior, la función
asignada a esta Corporación de guardar la supremacía e integridad de la Carta y
el principio de seguridad jurídica.
2.2. Desconocimiento del precedente por indebida
aplicación de los efectos en el tiempo de la sentencia C-075 de 2007
Sostiene que como la Corte Constitucional no fijó los
efectos en el tiempo de la sentencia C-075 de 2007, se debe entender que se
aplica hacia futuro, que es el efecto general de los fallos de
constitucionalidad conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 270 de
1996. Refiere que tal ha sido la postura reiterada por este Tribunal en las sentencias
C-113 de 1993, C-131 de 1993, C-226 de 1994 y C-037 de 1996.
No obstante –expresa−, en el caso bajo estudio
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se arrogó la
competencia exclusiva de la Corte Constitucional, al darle un efecto
retrospectivo a la sentencia C-075 de 2007, en oposición a lo previsto por la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia y a la propia jurisprudencia
constitucional en cita, sin algún apoyo más que su propio precedente del 14 de
diciembre de 2015 relativo a la retrospectividad de la Ley 54 de 1990,
equiparando así, de manera indebida, la modulación de los efectos de la
sentencia de constitucionalidad con la modulación de los efectos de la ley.
2.3. Desconocimiento del precedente por equivocada
interpretación de la sentencia C-075 de 2007
Arguye que la sentencia C-075 de 2007 por ninguna
parte señala que la decisión se aplica a uniones maritales de hecho anteriores
a dicho pronunciamiento, por lo que ha de concluirse que los efectos son a
futuro y no como lo consignó la autoridad accionada al manifestar que “la
protección de las parejas homosexuales [emanada de dicho fallo] refugiaba
tanto a los nuevos vínculos, como a los que estuvieran en desarrollo”.
Agrega que no es función del juez, sino del
legislador, determinar el grado de protección que requieren ciertos grupos de
personas, por lo que no puede sustituirse por aquel la apreciación de este
último, ni imponerse niveles de protección máximos o ideales.
Explica que es distinto el tratamiento que se da a los
casos de reconocimientos de pensiones de sobrevivientes, porque allí el titular
del derecho ha muerto y su patrimonio no sufre mengua alguna a causa de la
sustitución pensional, no obstante lo cual la jurisprudencia exige varios
requisitos para su reconocimiento.
2.4. Violación directa de la Constitución por
transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
derechos adquiridos
Anota que la aplicación de la sentencia C-075 de 2007
a una unión marital homosexual existente antes de su expedición, tal como la
efectuó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, viola la
seguridad jurídica, la confianza legítima y los derechos adquiridos con justo
título y de acuerdo al ordenamiento vigente en su momento.
En su parecer, la decisión censurada ataca la
confianza de las personas que convivían con otra persona del mismo sexo bajo la
convicción de que la normatividad vigente no generaba derechos patrimoniales sobre
estas uniones, es decir, se defrauda a quienes sostenían relaciones de este
tipo con la seguridad de que ello no comprometería sus bienes propios.
Afirma que la seguridad jurídica, compuesta por la
certeza del derecho y la previsibilidad de su aplicación, es esencial en el
estado social de derecho, y se ve obstaculizada cuando se toma por sorpresa a
los ciudadanos, por lo cual “debe tenerse especial cuidado en no caer en la
retroactividad pura, maquillada del eufemismo de la retrospectividad”.
Subraya que la retroactividad está proscrita y así lo ha defendido la doctrina,
en razón a que viola derechos adquiridos; por tanto, no se puede regular
mediante una ley nueva una situación jurídica consolidada bajo un régimen
anterior, como lo es en este caso la unión entre las partes enfrentadas, que se
consolidó en el momento de su iniciación, esto es, antes de la sentencia C-075
de 2007.
2.5. Retroactividad en el caso materia de esta
acción de tutela
Alega que el señor Darío Gómez Suárez adquirió la
propiedad sobre sus bienes y contrajo sus deudas conforme al régimen existente
como patrimonio exclusivo, debido a que para entonces las parejas homosexuales
no eran reconocidas como titulares de derechos patrimoniales comunes.
En tal sentido –manifiesta−, mal podía la Sala
de Casación Civil reconocer efectos económicos a la unión de hecho hacia el
pasado (insiste, cuando la Corte Constitucional no lo previó así), convirtiendo
por contera el patrimonio propio en patrimonio común en detrimento de los
derechos del accionante, pese a que para esa época la relación entre él y el
señor Rodolfo Hurtado Polanía no sólo no estaba autorizada por la ley, sino que
se consideraba atentatoria del orden público y tenía reproche social.
Expresa su inconformidad con que, por virtud de una
aplicación retroactiva del régimen de sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes del mismo sexo, el demandante dentro del proceso ordinario, quien
sólo era un empleado del allí demandado, tenga derecho ahora a despojar a este último
de la mitad de su patrimonio, por una convivencia que no tenía reconocimiento
en el orden jurídico.
2.6. Responsabilidad de los Estados por omisión
legislativa en la protección de las minorías
Aduce que es diferente la hipótesis de que los Estados
deban responderle a las minorías por omitir medidas legislativas orientadas a
su protección, pero que ello no puede remediarse con una apropiación por parte
del juez de esa iniciativa, la cual, por demás, solo puede atribuirse el juez
constitucional en casos excepcionales, y en ningún caso desconociendo los
derechos adquiridos, la confianza legítima y la seguridad jurídica de los
ciudadanos, al dotar de efectos situaciones que la ley no contemplaba en su
momento.
Con fundamento en lo anterior, el señor Darío Gómez
Suárez solicita que se deje sin efectos la sentencia del 12 de febrero de
2018, por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
casó la decisión del 14 de febrero de 2013 proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y confirmó, como juez de segunda
instancia, la sentencia dictada el 31 de enero de 2012 por el Juzgado 3º de
Familia de Descongestión de Bogotá, para que, en su lugar, se ordene al órgano
de cierre de la jurisdicción ordinaria que emita una nueva sentencia en la cual
“tenga en cuenta que la sentencia C-075 de 2007, solo se aplica para el
futuro, y que como ésta se profirió el 7 de febrero del año 2007, al primero de
febrero del año 2008, fecha en que se disolvió la unión, según la misma
sentencia, había transcurrido menos de un año de la unión con efectos
jurídicos, por lo cual no se alcanzó a presumir la existencia de la sociedad
patrimonial, por no haber perdurado la unión por los dos años, como mínimo, que
exige el artículo 2 de la Ley 54 de 1990.”
Para sustentar su solicitud, el accionante acompañó el
escrito introductorio de los siguientes documentos:
§   Copia de la sentencia de primera instancia,
proferida el 31 de enero de 2012 por el Juzgado 3º de Familia de Descongestión
de Bogotá[3].
§   Copia de la sentencia de segunda instancia,
dictada el 14 de febrero de 2013 por la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá[4].
§   Copia de la sentencia de casación,
pronunciada el 12 de febrero de 2018 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia[5].
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 11 de julio de 2018[6], la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite la acción de tutela,
dispuso oficiosamente la vinculación del señor Rodolfo Hurtado Polanía, de los
Juzgados 18 de Familia y 3º de Familia de Descongestión, ambos de Bogotá, de la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y ordenó
la notificación del extremo pasivo, así como de las partes e intervinientes
dentro del proceso radicado bajo el número 11001-31-10-018-2008-00331-01.
Integrado el contradictorio, las accionadas se
pronunciaron en los siguientes términos:
3.1. Respuesta de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia
Por oficio número PSCC 459 del 16 de julio de 2018[7], el Presidente de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió copia de la sentencia
dictada el 12 de febrero de 2018 dentro del proceso
11001-31-10-018-2008-00331-01[8].
3.2. Respuesta del señor Rodolfo
Hurtado Polanía
A través de apoderada judicial, mediante memorial del
17 de julio de 2018[9], el señor Rodolfo Hurtado
Polanía, promotor del proceso encaminado al reconocimiento de la unión marital y
de sus efectos patrimoniales de que se trata, dio respuesta a la acción de
tutela oponiéndose a los argumentos del actor.
Manifestó que no es cierto que sea indebida la
aplicación de los efectos de la ley en el tiempo respecto de las sentencias de
control de constitucionalidad, pues la misma Corte Constitucional ha admitido
esta analogía refiriendo que, salvo disposición en contrario, dichos fallos tienen
una aplicación general, inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad (citó
las sentencias T-389 de 2009 y T-860 de 2011). Así que la Sala de Casación
Civil no incurrió en yerro alguno ni se extralimitó en sus competencias–indicó−,
pues lo que realizó fue una aplicación retrospectiva de la sentencia C-075 de
2007, en armonía con lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional acerca
de las sentencias de constitucionalidad condicionada.
Expuso que al criticar el razonamiento de la Corte
Suprema de Justicia el accionante confunde los conceptos de retroactividad y de
retrospectividad, y que su descontento se dirige contra la doctrina
jurisprudencial sentada y ampliamente reiterada por esa alta Corporación sobre
la materia desde hace trece años.
Sostuvo que la figura de la retrospectividad es una
expresión de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas conforme a los
cambios que se suscitan en la sociedad y orientada a remediar las injusticias
existentes, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional; de modo,
entonces, que la disparidad de criterios por parte del accionante no es un
argumento para atacar una providencia judicial como la que aquí se cuestiona.
Enfatizó que, contrario a lo aseverado por el
tutelante, no se produjo una aplicación retroactiva de la sentencia C-075 de
2007, pues cuando esta fue proferida la convivencia entre los contendientes no
estaba finiquitada, de lo que se deriva que, al ser una situación jurídica en
curso, era pasible de la aplicación retrospectiva del nuevo régimen.
3.3. Respuesta del Juzgado 18 de
Familia de Bogotá
La Jueza 18 de Familia de esta ciudad contestó
mediante comunicación del 17 de julio de 2018[10]. Afirmó que la decisión objeto de
censura no fue dictada por ese Despacho judicial sino por el Juzgado 3º de
Familia de Descongestión de Bogotá, no obstante lo cual estaría presta a acatar
lo que se definiera por parte del juez constitucional.
4. Fallo de tutela de primera
instancia
Mediante sentencia del 25 de julio de 2018, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por
el accionante.
El a quo basó la anterior determinación en que,
a su juicio, el extremo pasivo no actuó de manera negligente, como tampoco la
providencia objeto de censura era arbitraria o caprichosa. Por el contrario
–estimó−, la autoridad accionada emitió un fallo dentro del marco que le
confiere la autonomía judicial y en ejercicio de las facultades de
interpretación y aplicación del derecho que le son propias, de conformidad con
los elementos de convicción aportados.
Tras realizar un recuento de los principales
argumentos esbozados por la Sala de Casación Civil en la sentencia atacada, señaló
que dichas consideraciones se acompasaban con lo decidido en otras
oportunidades.
Subrayó que la decisión enjuiciada se ajusta a las
reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que, en tal sentido, no se debe emplear
el mecanismo de la tutela como una tercera instancia en la cual debatir de
nuevo lo que ya fue objeto de pronunciamiento judicial, toda vez que el hecho
de que el accionante no coincida con el criterio del juzgador no invalida lo
actuado.
5. Fallo de tutela de segunda
instancia
La anterior decisión fue impugnada por el accionante.
El expediente fue remitido, entonces, a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, la cual, mediante sentencia del 8 de octubre de 2018,
confirmó el fallo del a quo.
Sostuvo que la decisión de la Sala de Casación Civil
al interior del proceso ordinario de unión marital de hecho fue razonable y
ponderada, en tanto interpretó motivadamente lo dispuesto en el ordenamiento
legal y la jurisprudencia.
Estimó que las consideraciones de la autoridad
accionada corresponden a la valoración del juez de conocimiento bajo el
principio de la libre formación del convencimiento, de acuerdo con la autonomía
de que goza la administración de justicia.
Así, concluyó que la decisión adoptada no puede ser
controvertida mediante acción de tutela, pues esta última no es una instancia
adicional, y que acoger los argumentos del accionante implicaría desconocer los
principios constitucionales de independencia y sujeción a la ley de los
funcionarios judiciales, así como los del juez natural y las formas propias de
cada juicio.
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61
del Acuerdo 02 de 2015, el magistrado sustanciador presentó informe ante la
Sala Plena de la Corte Constitucional, en el que expuso que en el expediente
T-7.071.794 se examinaba una acción de tutela contra providencia judicial
proferida por la Corte Suprema de Justicia, además de que se trataba de un asunto
de relevancia constitucional.
En atención a lo anterior, en sesión del 30 de enero
de 2019 la Sala Plena decidió asumir el conocimiento del caso.
6.2. En consecuencia, por auto del 4 de febrero de
2019 el magistrado sustanciador resolvió poner a disposición de la Sala Plena
el expediente a que se alude y suspender los términos para fallar a partir del
30 de enero de 2019 y hasta por el término de tres meses, de conformidad con lo
previsto en los artículos 59 y 61 del Reglamento Interno de este Tribunal.
6.3. Mediante auto del 5 de marzo de 2019, el
magistrado sustanciador ordenó oficiar al Juzgado 18 de Familia del Circuito de
Bogotá para que remitiera a la Corte copia íntegra del expediente contentivo
del proceso ordinario de unión marital de hecho identificado con número de
radicación 11001-31-10-018-2008-00331-01.
6.4. Por escrito radicado en la Secretaría General de
esta Corporación el 15 de marzo de 2019, el apoderado del accionante solicitó
que se decretara, como medida provisional de protección, la suspensión de los
efectos de la sentencia objeto de tutela, con el propósito de que no se llevara
a cabo la eventual liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes que sigue al proceso declarativo hasta tanto la Corte
Constitucional no emitiera un pronunciamiento definitivo.
6.5. Por auto del 3 de abril de 2019, la Sala Plena
negó la medida provisional solicitada, al advertir (i) que la inscripción de la
demanda ordenada por el juzgado de origen no constituía en sí misma una
afectación iusfundamental y, por el contrario, permitía conservar la integrar
del acervo patrimonial en torno al cual gravita el proceso, (ii) que los
motivos subyacentes a la solicitud de medida provisional eran supuestos
relacionados con la afectación de derechos patrimoniales, y (iii) que no se cumplían
las condiciones jurisprudenciales de razonabilidad y proporcionalidad para
suspender el fallo de casación atacado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Plena es competente para conocer los fallos
proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, y el
artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional).
2. Planteamiento del caso
El señor Darío Gómez Suárez promovió acción de tutela
en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
reclamando la protección de su derecho fundamental al debido proceso. Según la demanda
constitucional de amparo, la vulneración se ocasionó con la decisión dictada el
12 de febrero de 2018 por la mencionada Corporación al interior del
proceso ordinario en el cual se declaró la existencia de una unión marital de
hecho entre el señor Rodolfo Hurtado Polanía y el accionante, junto con la
consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
El tutelante alega que la decisión adoptada por el
órgano de cierre, al aplicar a su caso la sentencia C-075 de 2007 cuando la convivencia
entre las partes surgió con anterioridad a dicha providencia, incurrió en
varios defectos constitutivos de causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, los que denominó: (i) defecto
orgánico por desconocimiento de la competencia de la Corte Constitucional, (ii)
desconocimiento del precedente por indebida aplicación de los efectos en el
tiempo de la sentencia C-075 de 2007, (iii) desconocimiento del
precedente por equivocada interpretación de la sentencia C-075 de 2007, (iv)
violación directa de la Constitución por transgresión de los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y derechos adquiridos, (v) retroactividad en el caso
materia de esta acción de tutela, y (vi) responsabilidad de los Estados por omisión
legislativa en la protección de las minorías.
De acuerdo con lo anterior, solicita que se deje sin
efectos la mencionada sentencia de casación del 12 de febrero de 2018,
para que, en su lugar, se ordene a la Sala de Casación Civil que emita un nuevo
fallo en el cual “tenga en cuenta que la sentencia C-075 de 2007, solo se
aplica para el futuro, y que como ésta se profirió el 7 de febrero del año
2007, al primero de febrero del año 2008, fecha en que se disolvió la unión,
según la misma sentencia, había transcurrido menos de un año de la unión con
efectos jurídicos, por lo cual no se alcanzó a presumir la existencia de la
sociedad patrimonial, por no haber perdurado la unión por los dos años, como
mínimo, que exige el artículo 2 de la Ley 54 de 1990.”
3. Problemas jurídicos
Con base en los hechos descritos, las preguntas
jurídicas a las que debe dar respuesta la Sala Plena en esta oportunidad son las
siguientes:
(i)
¿Se
configura un defecto orgánico por desconocimiento de la competencia de
la Corte Constitucional por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia al establecer, mediante la sentencia del 12 de febrero de
2018, los efectos en el tiempo de la sentencia C-075 de 2007, no obstante
que la Corte Constitucional no efectuó un pronunciamiento expreso sobre los
efectos de dicho fallo de constitucionalidad?
(ii)
¿Se
configura en la sentencia de casación del 12 de febrero de 2018 un
defecto por desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional sobre la aplicación de los efectos en el tiempo de sus providencias,
desarrollado en las sentencias C-113 de 1993, C-131 de 1993, C-226 de 1994 y
C-037 de 1996?
(iii)
¿Se
configura un desconocimiento del precedente por equivocada
interpretación del alcance de la sentencia C-075 de 2007 por parte de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al considerar, mediante la
sentencia del 12 de febrero de 2018, que dicho fallo de
constitucionalidad aplica a las uniones maritales de hecho homoafectivas
conformadas con anterioridad a aquel pronunciamiento?
(iv)
¿Se
configura una violación directa de la Constitución en la sentencia de
casación del 12 de febrero de 2018, por el presunto desconocimiento de los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y derechos adquiridos, al modificar
la autoridad accionada el régimen patrimonial de las uniones entre personas del
mismo sexo constituidas con anterioridad a la sentencia C-075 de 2007?
(v)
¿Se
configura una violación directa de la Constitución en el fallo de
casación del 12 de febrero de 2018 como consecuencia de la alegada
aplicación retroactiva de la sentencia C-075 de 2007 a una unión marital de
hecho surgida con anterioridad a la sentencia de constitucionalidad y finiquitada
después de dicha providencia?
(vi)
¿Se
configura un defecto constitutivo de causal específica de procedencia de tutela
contra providencia judicial a partir del argumento planteado por el actor según
el cual la responsabilidad del Estado por omisión legislativa en la protección
de minorías no puede remediarse mediante intervención judicial?
Ahora bien: dado que en el sub examine el
objeto del reclamo constitucional es una sentencia de casación, es preciso determinar,
en primer lugar, si se encuentran reunidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sólo en el evento de que se constate que se encuentran
reunidos los requisitos generales para abordar el estudio de fondo, la Corte
entrará a determinar si los reproches esbozados por el tutelante –relacionados principalmente
con el razonamiento a partir del cual la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema aplicó la sentencia C-075 de 2007 al caso concreto–, se enmarcan dentro
de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela invocadas en
el libelo.
4. Procedencia de la acción de tutela
4.1. Doctrina constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[11]
La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela
como un mecanismo encaminado a la protección judicial inmediata de los derechos
fundamentales de las personas cuando de la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o, en determinados eventos, de particulares, se desprenda
vulneración o amenaza a los mismos. Este recurso de amparo sólo es procedente
en la medida en que no se disponga de otro medio eficaz de defensa judicial
para salvaguardar los derechos invocados, a menos que se utilice para conjurar
de manera transitoria un perjuicio irremediable, o para hacer cesar un daño que
se le viene ocasionando al solicitante.
La jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido que
las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así sea de forma excepcional,
también pueden dar lugar a la vulneración de garantías constitucionales. Por lo
tanto, si bien en nuestro ordenamiento jurídico ocupan un lugar muy importante
los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial, la
preponderancia que ostentan los derechos fundamentales en el Estado social y
democrático de Derecho habilita su protección en todo contexto, aunque sólo en
circunstancias extraordinarias la acción de tutela se torna procedente para
enervar lo resuelto en una providencia judicial.
Con el propósito de identificar las hipótesis en las
cuales es viable acudir a la acción de amparo para controvertir decisiones de
los jueces cuando el agravio iusfundamental se origina en una providencia por
ellos proferida, a partir de la sentencia C-590 de 2005 esta Corte estableció
los requisitos generales y causales específicas de procedencia de este
mecanismo residual de defensa de los derechos en tales casos.
Como requisitos generales de procedencia,
también denominados por la jurisprudencia como requisitos formales, la referida
providencia desarrolló seis supuestos, a saber:
(i) Que el asunto objeto de estudio
tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que
el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución
corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer
los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos
los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios,
de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación
de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a
evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya
interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez;
con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades
judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad
procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido
de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión
y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita
susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que se lleve a cabo una identificación
razonable de los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados,
y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde
se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en
contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen
indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos
fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de
selección, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.
Igualmente, en la jurisprudencia constitucional se ha precisado que son
improcedentes las acciones de tutela que atacan fallos proferidos por la Corte
Constitucional[12].
4.2. Verificación de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Como medida inicial, es necesario que la Corte
determine si en el sub júdice están debidamente reunidos los
presupuestos jurisprudenciales para atacar, mediante acción de tutela, una
providencia judicial, como en efecto lo es el fallo de casación del 12 de
febrero de 2018, que casó el fallo del ad quem y, en sede de
instancia, confirmó la sentencia por la cual el a quo declaró la
existencia de una unión marital de hecho entre los señores Darío Gómez Suárez y
Rodolfo Hurtado Polanía, junto con la consecuente sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes.
La Sala verificará la concurrencia de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial
censurada y, simultáneamente, determinará la aptitud de los reproches de cara a
un estudio de fondo. Sólo si se supera esta fase del escrutinio se procederá al
examen de la eventual configuración de las causales específicas de
procedibilidad alegadas por el accionante.
4.2.1. Relevancia constitucional
En primer lugar, es evidente que el caso bajo estudio
reviste la relevancia constitucional necesaria para ser examinado en esta sede,
habida cuenta de que el debate gira en torno a la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Carta, por el alegado error judicial que se le endilga a la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, la cuestión relativa
a los alcances de la protección reconocida mediante la sentencia C-075 de 2007
a las parejas del mismo sexo que conforman una unión marital de hecho es
igualmente un asunto que concita el interés de la Sala, por cuanto está
directamente asociado a la justiciabilidad de los derechos de un sector de la
población históricamente discriminado.
Sin embargo, la Sala considera que el cargo sobre la
incompetencia de la Corte Suprema de Justicia para declarar la responsabilidad
del Estado por omisión legislativa –por negar en la ley un adecuado nivel de
protección a las parejas homosexuales–, no es asunto relevante para el caso
concreto, porque ello no involucra un debate sobre un agravio de naturaleza
iusfundamental y, en todo caso, la providencia enjuiciada no declara la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, aunado a que un debate
sobre esa específica materia es del resorte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Por lo tanto, este específico reproche no será
incorporado en el ulterior análisis que realice la Corte.
4.2.2. Subsidiariedad
En lo que atañe al agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios, en el sub júdice se tiene por
satisfecha dicha exigencia, en vista de que la sentencia de casación del 12
de febrero de 2018 fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria y, en esa medida, el actor no disponía de otros medios de impugnación
para rebatir la decisión que fue desfavorable a sus intereses.
4.2.3. Inmediatez
En lo referente al requisito general de inmediatez, se
observa que la providencia objeto del reproche fue proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 12 de febrero de 2018,
la cual fue notificada por edicto fijado el 16 de febrero siguiente y desfijado
el 20 de los mismos mes y año. Por su parte, la demanda constitucional de
amparo se radicó el 9 de julio de 2018.
La acción de tutela se interpuso, entonces, dentro de
un término razonable (poco más de cuatro meses) a partir de la ocurrencia de la
conducta judicial a la que el ciudadano atribuye la violación de sus garantías
iusfundamentales.
4.2.4. Incidencia directa y determinante de la
irregularidad procesal en el sentido de la decisión
En la presente controversia no se discute una
irregularidad procesal por parte de la autoridad judicial accionada, por lo que
no es exigible este requisito.
4.2.5. Identificación de los hechos que generan la
vulneración y oportuna alegación de los mismos al interior del proceso
En lo que toca a la identificación razonable de los
hechos que generan la vulneración, la Sala encuentra que el peticionario expuso
con claridad la conducta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia a la que le atribuye la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso.
Por lo demás, los argumentos en que el actor sustenta
su inconformidad fueron puestos de presente en el marco del proceso ordinario
de unión marital de hecho en el que fungió como extremo pasivo.
4.2.6. La solicitud de amparo no se dirige contra
una sentencia de tutela, ni contra decisión emanada de la Corte Constitucional
Esta exigencia no resulta quebrantada en la presente
ocasión, dado que la providencia que se estima violatoria del derecho al debido
proceso del señor Darío Gómez Suárez fue proferida en sede de casación
por la Corte Suprema de Justicia al interior de un proceso ordinario de unión
marital de hecho, mas no dentro de un trámite de amparo constitucional.
Reunidas así las condiciones mínimas de procedencia,
es viable emprender el estudio de fondo de la controversia.
5. Metodología y fundamentos de la
decisión
En atención a lo anterior, la Sala Plena examinará el
problema jurídico planteado a partir de los siguientes ejes temáticos: a) Las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales –Reiteración de jurisprudencia–; b) Los fenómenos de aplicación de
la ley en el tiempo; c) Los efectos en el tiempo de las sentencias de
constitucionalidad; y, finalmente, d) La sentencia C-075 de 2007 y sus efectos.
Una vez desarrollado este marco jurídico, la Sala Plena se ocupará del análisis
del caso concreto y adoptará las decisiones a que haya lugar en relación con la
protección constitucional deprecada.
a) Las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales –Reiteración
de jurisprudencia–[13]
En la sentencia C-590 de 2005 citada en precedencia
también se determinaron ciertos escenarios especiales en los que, al advertirse
que una decisión judicial adolece de ciertos defectos, se hace oportuna la
intervención del juez constitucional en salvaguarda de los derechos
fundamentales. Tales defectos han sido denominados por la jurisprudencia como causales
específicas de procedencia, o requisitos materiales:
“a. Defecto orgánico, que se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la
Constitución.”
Cuando se advierte la configuración de alguna de
dichas causales específicas de procedencia, se está en presencia de auténticas
transgresiones al debido proceso que reclaman la reivindicación de la justicia
como garante de los derechos, por lo cual esta Corte ha sostenido que en esos
casos “no sólo se justifica, sino se exige la intervención del juez
constitucional”[14].
De modo que el juez ante quien se controvierte una
providencia por conducto de la acción constitucional de tutela, se encuentra
llamado, en primer lugar, a verificar que concurran los requisitos generales
previos a adelantar un escrutinio de mérito, y pasado este primer tamiz, a
constatar que el reproche contra la decisión de que se trata esté enmarcado en
al menos una de las causales específicas antes enunciadas.
Agotado este doble cotejo, el juez constitucional
conseguirá precisar si el pronunciamiento judicial acusado quebranta los
derechos consagrados en la Constitución y, de ser así, le corresponderá
despojarlo de la coraza que le otorgan los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica[15].
b) Los fenómenos de aplicación de la
ley en el tiempo
De conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 4
de 1913[16], la vigencia de la ley
comienza con su promulgación o inserción en el Diario Oficial, y sus efectos
vinculantes inician dos meses después de promulgada, a menos que la propia ley
“fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al Gobierno para
fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado.”
A su turno, la parte primera de la Ley 153 de 1887[17], que en su artículo 49
derogó el artículo 13 del Código Civil, prescribe las reglas generales para
resolver los conflictos en la aplicación de las leyes en el tiempo, entre las
cuales se contemplan (i) el principio de prevalencia general de la ley
posterior sobre la anterior, (ii) la regla de que las meras expectativas no
constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, (iii) el
efecto general inmediato de las leyes, (iv) la subsistencia del estado civil
adquirido conforme a la ley anterior pero con arreglo a la ley posterior en
cuanto al ejercicio de derechos y obligaciones inherentes a dicho estado, (v) la
conservación de derechos reales constituidos bajo ley anterior pero con
sujeción al imperio de la ley nueva en cuanto a su ejercicio, cargas y extinción,
(vi) la validez de los contratos celebrados bajo ley anterior con sometimiento
de sus efectos a la ley nueva, y (vii) la preferencia de la ley preexistente
favorable en materia penal, entre otros.
Por su parte, el Constituyente de 1991 no dejó de lado
la cuestión de la aplicación de la ley en el tiempo, y en el artículo 58
Superior consagró el efecto no retroactivo de las leyes al enunciar que se
garantizan los derechos adquiridos con justo título, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ello, claro está, sin
perjuicio del principio de favorabilidad penal previsto en el inciso 3º del
artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor “en materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.”
A partir de este contexto, se tiene que, en principio,
las normas que integran el ordenamiento jurídico rigen con efecto general e
inmediato para los actos, hechos o situaciones jurídicas que tienen lugar con
posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, ante tránsitos normativos,
los operadores jurídicos se enfrentan a escenarios en los que se abre paso la
aplicación de las normas con distintos efectos en el tiempo.
La retroactividad se configura cuando una norma
se aplica a las situaciones que se consolidaron con anterioridad a su entrada
en vigencia[18]. La irretroactividad de
la legislación implica, entonces, la imposibilidad genérica de afectar situaciones
jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia de una disposición nueva[19]. El alcance de esta proscripción
–que, como se vio, cuenta con fundamento constitucional– se plasma en que la nueva
disposición no tiene vocación para afectar hechos o consecuencias jurídicas que
se han formado válidamente al amparo de una ley anterior, como garantía de
seguridad jurídica. En consecuencia, la excepcional aplicación retroactiva de
una norma sólo puede tener lugar por expresa disposición del legislador –en
tanto productor de la norma–, jamás al arbitrio del juez.
La ultractividad[20] consiste en la aplicación de una
norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a situaciones de hecho que, si
bien tuvieron lugar durante su vigencia, por el efecto general e inmediato de
las leyes, en la actualidad sus efectos se encuentran cobijados por una nueva
disposición jurídica. De este modo, aunque la nueva ley es de aplicación
inmediata, en virtud del fenómeno de la ultractividad se admite la pervivencia
de la normatividad anterior con el objetivo de preservar las pretéritas
condiciones de adquisición y extinción de una determinada relación jurídica, en
beneficio de los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de quienes se
rigieron por la norma derogada[21].
El fenómeno de la retrospectividad, por su
parte, es consecuencia normal del efecto general e inmediato de la ley, y se
presenta cuando las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “el efecto en el tiempo de
las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia el
futuro, ‘pero con retrospectividad, […] siempre que la misma norma no disponga
otro efecto temporal…’. De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica
debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar
situaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir,
situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma’”[22].
Este fenómeno ha sido abordado por este Tribunal como
un “límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de
los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los
asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente
discriminatorias y lesivas del valor de la justicia que consagra el
ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales,
políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.”[23]
En desarrollo de esta postura jurisprudencial, la
Corte Constitucional ha precisado los contornos que separan la retroactividad
de la retrospectividad, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar el
principio de respeto por los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas
con el imperativo constitucional de allanar situaciones de desigualdad
incompatibles con los postulados del Estado social de derecho:
“Esta restricción general a que
las normas sean aplicadas de manera retroactiva evita que se entrometa en la
producción de efectos frente a hechos consumados, es decir, aquellas
situaciones que se produjeron, cumplieron y quedaron terminados en vigencia de
una norma anterior, por lo que al tratarse de hechos que fueron ya resueltos
conforme a la regla antigua deberán ser acatados por la nueva, a pesar de tener
consecuencias diferentes; sin embargo esta Corte ha sido clara en señalar que
‘cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado
situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en
vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que
esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua’[24].”[25]
De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, se puede concluir que las reglas de derecho
sobre aplicación de la ley en el tiempo son las siguientes: “(i) por
regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el
futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad
de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de
regular situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas
anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica
comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han
originado con anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al
momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida
situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el
ordenamiento jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad
y discriminación (tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al momento de
establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar
retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito de
estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos
sociales marginados.”[26]
c) Los efectos en el tiempo de las
sentencias de constitucionalidad
Cuando a través de un juicio de constitucionalidad se determina
que un enunciado normativo no es compatible con el Estatuto Superior, se
producirá un fallo que declare dicha circunstancia mediante su expulsión del
orden jurídico o el establecimiento de unos condicionamientos para su
subsistencia, por oposición a la exequibilidad simple, que ocurre cuando
se declara conforme a la Constitución y, por tanto, se mantiene intacta la
disposición tal como fue concebida por el legislador. La inexequibilidad
de una norma apareja la imposibilidad de aplicarla por ser contraria a la
Constitución, al paso que la exequibilidad condicionada conlleva que el
contenido y el alcance de una determinada disposición corresponderán a la
interpretación fijada sobre el particular por parte de la Corte Constitucional.
Empero, hay eventos en los que la norma, pese a
adolecer de vicios, alcanza a generar consecuencias en el mundo del derecho
antes de su extinción o modulación por parte del juez constitucional, lo que
crea una necesidad de certidumbre, particularmente en lo que respecta a los efectos
temporales de la decisión de inexequibilidad o exequibilidad condicionada.
El artículo 45 de la Ley 270 de 1996[27] prescribe que las
sentencias que dicte la Corte Constitucional en ejercicio de la competencia que
el artículo 241 de la Carta le defirió, tienen efectos hacia el futuro salvo
que la propia Corte resuelva lo contrario.
Se trata de una facultad que emana de la función de
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución encomendada a este
Tribunal por el Constituyente, a partir de lo cual se establece la validez y la
eficacia de las normas en el complejo entramado que es el ordenamiento jurídico.
El cabal cumplimiento de dicho cometido implica, así pues, la posibilidad de
que la Corte determine los efectos de las sentencias en las que desarrolla la
función de control abstracto de constitucionalidad. Sobre el particular, desde
su más temprana jurisprudencia, la Corte sostuvo:
“[I]naceptable sería privar a la
Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto de
éstos, ciñéndose, hay que insistir, estrictamente a la Constitución. E
inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior
jerarquía. Pues la facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de
conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión
que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la
"integridad y supremacía de la Constitución", porque para cumplirla,
el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia
que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la
Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni
una hoja de papel.”[28]
Bajo ese entendimiento, por regla general, es cierto
que las decisiones de inexequibilidad y exequibilidad condicionada de esta
Corte tienen efectos hacia el futuro, pero también lo es que esos efectos
pueden ser definidos en otro sentido por la propia Corporación[29]. Así, la jurisprudencia
constitucional ha definido que existen dos efectos de las referidas sentencias
de control abstracto de constitucionalidad: de un lado, los efectos ex nunc
–desde entonces– que se sustentan en principios como la seguridad jurídica y la
confianza legítima, en la medida en que se acepta que las personas han ajustado
su conducta a la disposición que hasta ese preciso pronunciamiento se presumía
conforme al Texto Superior; y, de otro lado, los efectos ex tunc –desde
siempre–, que se asemejan materialmente a una declaratoria de nulidad en tanto comportan
despojar de la validez de la norma inconstitucional desde su origen, lo que obedece
al principio de supremacía de la Carta y de los mandatos superiores que ella
contempla.
La Corte Constitucional está llamada, entonces, a
resolver sobre la compatibilidad entre las normas y la Carta, contando para
ello con la facultad de valorar, en cada caso, cuál decisión preserva en mayor
medida el ordenamiento superior y los valores sobre los que está fundado el
pacto político, que operan, en última instancia, como límites al legislador:
“[A]l decidir sobre estas
demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita
asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y por
ello, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez
constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una
determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor permita
asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los
efectos de sus sentencias, ya sea desde el punto de vista del contenido de la
decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos temporales”.[30]
Ahora bien: en la jurisprudencia constitucional se ha
reconocido que la competencia en cabeza de la Corte en lo que atañe a
determinar los efectos de sus fallos debe mirarse en clave de su estrecha correspondencia
con los efectos en el tiempo de las normas de derecho: los efectos generales,
inmediatos, hacia futuro y con retrospectividad (predicable de situaciones
jurídicas iniciadas en el pasado pero que se encuentran en curso) coinciden esencialmente
con los denominados efectos ex nunc, que son, a su vez, los efectos que
tienen en principio las sentencias de control abstracto de constitucionalidad
al tenor del artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[31]. Asimismo, la excepción a
la irretroactividad, atribución exclusiva del productor de la norma que se
sustrae a la regla general, se patentiza a nivel de los pronunciamientos de la
Corte cuando esta –de quien emana la regla de derecho que resulta del control– resuelve
expresamente asignarle a sus fallos efectos ex tunc[32].
En efecto, esta comprensión da cuenta de la coherencia
a la que debe apuntar el sistema jurídico, toda vez que los criterios generales
que regulan los efectos de las normas en el tiempo se proyectan en la
modulación que realiza la Corte Constitucional de sus sentencias de control de
constitucionalidad, tal como, con absoluta nitidez, lo ha explicado la
jurisprudencia de este Tribunal:
“Una interpretación sistemática de
las normas reseñadas [artículos 243 C.P. y 45 Ley 270 de 1996] permite
concluir que el efecto temporal de las sentencias de control, que coinciden en
lo esencial con los efectos en el tiempo de las proposiciones jurídicas, es i)
la aplicación general (erga omnes), inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad, ii) siempre que la sentencia (o la norma) no dispongan otro
efecto temporal, esto es, que quien produce la providencia o la disposición
normativa tiene prima facie la posibilidad de asignarle efectos temporales
distintos de los que sugiere la regla general descrita.
Esto quiere decir que el
efecto práctico de una sentencia de control sobre la norma controlada
(inexequibilidad o exequibilidad condicionada) debe cumplirse de inmediato,
hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han
originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en
curso al momento en que se expide la sentencia. Tal como se explicó en la
citada T-389 de 2009, este efecto temporal coincide con la noción de los
efectos temporales de actos jurídicos, denominados efectos ex nunc. Éstos
suponen, justamente, efectos inmediatos, hacia el futuro y vinculantes para
situaciones jurídicas originadas en el pasado y en curso. Por ello, la Corte
Constitucional ha desarrollado la tesis según la cual, por regla general los
efectos de sus sentencias de constitucionalidad son ex nunc, salvo que la misma
Corte asigne otros efectos temporales, en los términos del artículo 45 de la
Ley 270 de 1996.”[33]
En suma, si la Corte Constitucional guarda silencio
sobre los efectos que le imprime a una determinada decisión de control
abstracto, se entenderá que se trata de efectos ex nunc, que aparejan
una aplicación general, inmediata, hacia futuro y con retrospectividad, a
menos, claro, que la propia Corte expresamente consigne que lo resuelto en la
providencia tiene efectos ex tunc, es decir, que sus efectos se extienden
hacia situaciones jurídicas que se materializaron en el pasado al amparo de la
norma objeto de control.
d) La sentencia C-075 de 2007 y sus
efectos
En la sentencia C-075 de 2007 la Corte Constitucional se
ocupó de la demanda de inconstitucionalidad promovida contra los artículos 1 y
2 (parciales) de la Ley 54 de 1990, “[p]or la cual se definen las uniones
maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”,
modificada por la Ley 979 de 2005, por la alegada vulneración del principio de
dignidad humana y del derecho a la libre asociación a causa de que dicho
régimen legal no amparaba a las parejas homosexuales unidas en un proyecto de
vida común.
El problema jurídico que esta Corporación se propuso
dilucidar en esa oportunidad se contrajo a “determinar si la ley, al
establecer el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y limitarlo a
las uniones conformadas por un hombre y una mujer, viola los derechos
fundamentales a la igual protección, al respeto de la dignidad humana, al
mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de las parejas
conformadas por personas del mismo sexo.”
La decisión adoptada por la mayoría fue la de “Declarar
la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979
de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se
aplica también a las parejas homosexuales.”
La Sala Plena sostuvo que la protección y las
instituciones creadas por el legislador en la Ley 54 de 1990, modificada por la
Ley 979 de 2005, les son aplicables a las parejas del mismo sexo que compartían
una unión marital de hecho.
Para llegar a esta conclusión, la Corte,
preliminarmente, descartó la configuración de la cosa juzgada constitucional.
Encontró que se examinaba una norma formal y materialmente distinta a la
controlada por la Corte mediante la sentencia C-098 de 1996. En efecto, la Ley
54 de 1990 fue modificada por la Ley 979 de 2005, en la cual, si bien se
mantuvo la dimensión protectora de la mujer y la familia que se encontraban en
la Ley 54 de 1990, se incorporaron ingredientes nuevos, en cuanto se establecen
unos mecanismos para que los compañeros permanentes, cumplidos ciertos
supuestos, pudieran acceder a un régimen de regulación de los aspectos patrimoniales
de su relación. Así, en palabras de la Corte, “por tal motivo, el conjunto
normativo sometido a control de constitucionalidad es formal y materialmente
distinto de aquel que fue controlado por la Corte mediante la C-098 de 1996, no
habiéndose configurado la cosa juzgada constitucional”.
Adicionalmente, la Corte Constitucional sostuvo que la
sentencia C-098 de 1996 no solo restringió expresamente su análisis a la
dimensión protectora de la mujer y la familia presentes en las normas
demandadas en su momento –artículos 1 y 2 (parcial) de la Ley 54 de 1990–, sino
que, además, dejó abierta la posibilidad de un nuevo examen de
constitucionalidad cuando, entre otras hipótesis, se derivara un impacto
negativo para personas homosexuales.
Desvirtuada la configuración de la cosa juzgada
constitucional, la Corte abordó el régimen patrimonial entre compañeros
permanentes y la situación de la comunidad homosexual frente al ordenamiento
jurídico. Frente a la primera consideración, la sentencia C-075 de 2007 sostuvo
que con la modificación a la Ley 54 de 1990 que tuvo lugar a partir de la Ley
979 de 2005 no desaparecían los fundamentos primigenios de la ley –protección a
la mujer y a la familia– y, por tal motivo, la norma, en principio, se
encuentra ajustada a la Constitución.
Sin embargo, este Tribunal advirtió que la norma
conllevaba una insuficiencia de regulación, puesto que en la actualidad, junto
a la pareja heterosexual, existen –y constituyen opciones validas a la luz del
ordenamiento superior– parejas homosexuales que plantean, en el ámbito
patrimonial, requerimientos de protección que son, en buena medida, asimilables
a aquellos que se predican de la pareja heterosexual.
Por otro lado, con respecto a la situación de la
comunidad homosexual frente al ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional,
citando jurisprudencia sobre los casos donde se establecía que la diferencia de
tratamiento entre parejas homosexuales y heterosexuales puede considerarse como
una forma de discriminación en razón de su orientación sexual, estableció que i)
de acuerdo con la Constitución, está proscrita toda forma de discriminación en
razón de la orientación sexual; ii) existen diferencias entre las
parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, razón por la cual no existe
un imperativo constitucional de dar tratamiento igual a unas y a otras; iii)
corresponde al legislador definir las medidas necesarias para atender
requerimientos de protección de los distintos grupos sociales y avanzar
gradualmente en la protección de quienes se encuentran en situación de
marginamiento; y, iv) toda diferencia de trato entre personas o grupos
que sean asimilables solo es constitucionalmente admisible si obedece a un
principio de razón suficiente.
Como consecuencia de lo anterior, y al emprender en
concreto el juicio de validez de los preceptos impugnados, la Corte
Constitucional consideró que la falta de reconocimiento jurídico a las parejas
homoafectivas por parte de la ley demandada era un “atentado contra la
dignidad de sus integrantes porque lesiona su autonomía y capacidad de
autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida
en común produzca efectos jurídicos patrimoniales, lo cual significa que, dado
un régimen imperativo de derecho civil, quedan en situación de desprotección
que no están en capacidad de afrontar”.
Por lo anterior, en la sentencia C-075 de 2007 se
determinó que no existe una razón constitucionalmente admisible que justifique
someter a un régimen que resulta incompatible con una opción vital a la que han
accedido en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni
resulta de recibo que la decisión legislativa de establecer un régimen para
regular la situación patrimonial entre compañeros permanentes sea indiferente
ante los eventos de desprotección a los que se enfrentan las parejas del mismo
sexo.
Al evidenciar la vulneración al principio de igualdad,
la Corte consideró que es necesario proteger a las parejas homosexuales como
consecuencia de la exclusión originada en las normas demandadas, pues al no
incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial previsto para las
uniones maritales de hecho, el legislador realizó una restricción injustificada
a la autonomía de las parejas homosexuales, dado que no solo obstaculizó la
realización de su proyecto de vida en común, sino que tampoco ofreció una
respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que se puedan presentar
cuando por cualquier causa cese la cohabitación.
Por lo anterior, la Sala Plena declaró que “la
pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la Ley para las
uniones maritales de hecho, esto es comunidad de vida permanente y singular,
mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen de protección
allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de sociedad
patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a
los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren
necesario.”
A partir del análisis de la libertad de configuración
del legislador, la Corte sostuvo que, si bien estos temas son de reserva y
libertad del órgano democrático, en este escenario, la ausencia de protección
en el ámbito patrimonial de la pareja homosexual resultaba lesiva de la
dignidad de la persona, era contraria al libre desarrollo de la personalidad y
comportaba una forma de discriminación proscrita por la Constitución.
Cabe anotar que en dicha providencia la Corte
Constitucional no fijó expresamente los efectos en el tiempo de la decisión de
exequibilidad condicionada allí adoptada.
6. Resolución del caso concreto
6.1. Análisis sobre la configuración
de los defectos constitutivos de causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra sentencia
La Sala Plena se concentrará ahora en el estudio de
las causales específicas o materiales de procedibilidad de la solicitud de
amparo.
Como se mencionó en precedencia, el accionante alega
que se configuraron varios defectos en la sentencia del 12 de febrero de
2018, por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
casó la decisión del 14 de febrero de 2013 proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y confirmó, como juez de
segunda instancia, la sentencia dictada el 31 de enero de 2012 por el Juzgado
3º de Familia de Descongestión de Bogotá, en tanto declaró la existencia de una
unión marital de hecho entre los señores Darío Gómez Suárez y Rodolfo Hurtado
Polanía, junto con la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes, con fundamento en la sentencia C-075 de 2007.
Agrupando los cargos formulados en la demanda, es
menester entonces establecer si el fallo de casación a que se alude incurrió en
los vicios denominados defecto orgánico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. Para cumplir tal
cometido, la Sala efectuará primero una breve reseña del contenido de la
sentencia del 12 de febrero de 2018 y, enseguida, analizará si la Sala
de Casación Civil vulneró el derecho fundamental al debido proceso de que es
titular el promotor de la acción.
6.1.1. Contenido de la sentencia de
casación del 12 de febrero de 2018
Mediante la providencia objeto de censura, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso
extraordinario de casación instaurado por Rodolfo Hurtado Polanía contra el
fallo de segunda instancia que negó las pretensiones del demandante dentro del
proceso ordinario 11001-31-10-018-2008-00331-01, en el cual se reclamaba que se
declarara la existencia de una unión marital de hecho y la consecuente sociedad
entre compañeros entre los señores Darío Gómez Suárez y Rodolfo Hurtado Polanía
El cargo único del recurso extraordinario de casación
consistió en la aplicación errónea, por parte del ad quem (la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá), de los artículos 45 de la Ley 270 de
1996 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 54 de 1990, así como de los efectos
retrospectivos de la sentencia C-075 de 2007.
Para sustentar el cargo, el casacionista sostuvo que,
aun cuando la sentencia C-075 de 2007 otorgó a las parejas homosexuales la
posibilidad de conformar una sociedad patrimonial con efectos hacia el futuro,
las garantías otorgadas por dicha providencia también les son aplicables a
aquellas parejas del mismo sexo que venían conviviendo en unión marital de
hecho con anterioridad a la expedición de la sentencia de constitucionalidad
cuya su convivencia se prolongó hasta después de tal pronunciamiento, de
acuerdo con el fenómeno de la retrospectividad. Arguyó, asimismo, que dicha era
la interpretación necesaria para superar la marcada inequidad y discriminación
de las parejas del mismo sexo.
En las consideraciones, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia inició su estudio con los efectos de
retroactividad, ultractividad y retrospectividad como instituciones jurídicas
desarrolladas para resolver los problemas de sucesión de leyes en el tiempo.
Agotado dicho análisis, la sentencia sostuvo que estos
criterios son extensibles, en cuanto sean compatibles, a las decisiones de
control de constitucionalidad, “en los eventos en que se declare inexequible
una disposición, o se condicione su hermenéutica a través de una exequibilidad
condicionada [casos en los que] los fallos se aplicarán hacia el futuro,
rigiendo las relaciones que se conformen en lo sucesivo, así como los efectos
de las que estaban en ejecución, sin alterar las que están definidas bajo el
régimen normativo anterior. Sin perjuicio, claro está, de que la Corte
Constitucional module los efectos de sus resoluciones, atribuyendo
consecuencias hacia el pasado o difiriendo su vigencia.” Por tal motivo, es
necesario verificar si la sentencia expedida por la Corte Constitucional “previó
efectos retroactivos o ultractivos, pues en estas eventualidades deberá
estarse a lo decidido. De lo contrario, únicamente tendrá consecuencias
respecto a las nuevas situaciones jurídicas o aquellas que se encuentren en
curso.”
Por otro lado, la sentencia objeto de tutela sostuvo
que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha declarado los efectos
retrospectivos de la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho de las
parejas heterosexuales. En ese sentido –expuso– la Corte también puede aplicar,
de manera retrospectiva, los efectos de la sentencia C-075 de 2007. En
otras palabras, si se había aplicado retrospectivamente la Ley 54 de 1990 a las
uniones maritales de hecho de aquellas parejas heterosexuales que formaron
convivencia con anterioridad a la expedición de dicha ley, también es posible
aplicar las disposiciones de dicha ley, bajo los condicionamientos de la
sentencia C-075 de 2007, a las parejas homosexuales constituidas con
anterioridad a dicha sentencia de constitucionalidad, en el supuesto de que no
hayan finalizado la cohabitación antes de la fecha de la expedición de la
mencionada providencia. Según el fallo de casación impugnado, “tal
entendimiento es el que mejor consulta la Constitución Política y efectiviza la
fórmula del estado social de derecho, por proteger los derechos de las personas
históricamente discriminadas, así como salvaguardar la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual.”
Por lo anterior, estimó la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia que no se trata de una aplicación retroactiva de
la sentencia C-075 de 2007, pues las situaciones consolidadas conservarán su
estatus jurídico, lo que significa que los vínculos maritales extinguidos con
antelación al 7 de febrero de 2007 (fecha de expedición de la C-075 de 2007) se
mantendrán intangibles.
No obstante, indicó que “los efectos económicos de
los lazos homosexuales que estuvieran en latencia, a la referida fecha, se
gobernarán por las reglas de la sociedad patrimonial desde que comenzó la
relación. ‘Desconocer esa realidad sería tanto como hacer tabula rasa de un
vínculo afectivo con vocación de permanencia, al que precisamente la Corte
Constitucional guareciéndolo con los derechos consagrados en la Ley 54 de 1990,
en procura de proteger las garantías de las minorías, entre ellas, la de libre
y voluntariamente conformar una familia. O, lo que es peor, que quien a la luz
de los hechos tenía la connotación de compañero o compañera, no puede ser
reconocido como tal porque la convivencia tuvo génesis antes de que se
profiriera el mentado fallo.’”
Como consecuencia de lo anterior, la Corte Suprema de
Justicia consideró que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá “vulneró
el ordenamiento sustancial” al imponer que el conteo de tiempo se hiciera a
partir de la emisión de la sentencia de exequibilidad condicionada, en vez de
hacerlo desde el inicio efectivo de la convivencia, negando el ad quem
por esa vía los efectos retrospectivos de la sentencia C-075 de 2007.
En virtud de ello, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia casó
la sentencia de segunda instancia y procedió a dictar sentencia sustitutiva en
la que confirmó la decisión de primera instancia que accedió a declarar la
unión marital entre los contendientes –con sus consecuencias patrimoniales–,
tras verificar la concurrencia de los requisitos de i) comunidad de vida, ii) singularidad,
iii) permanencia; iv) inexistencia de impedimentos legales que hagan ilícita la
unión, y v) convivencia  ininterrumpida por dos años.
6.1.2. ¿La Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia vulneró el derecho fundamental al debido proceso?
La Sala Plena debe ahora determinar si, en efecto, la
decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
en el mencionado fallo de casación del 12 de febrero de 2018 constituyó
una violación al debido proceso del señor Darío Gómez Suárez, a la luz de la jurisprudencia
constitucional sobre causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
En esa dirección, se repasará primero la definición y
rasgos trazados por la jurisprudencia en relación con las causales de defecto
orgánico, de desconocimiento del precedente y de violación
directa de la Constitución para, seguidamente, verificar si tales vicios se
materializaron en la decisión censurada.
6.1.2.1. Sobre el defecto orgánico
La jurisprudencia constitucional ha establecido que
este defecto tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el
cual dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las funciones
que les asigna la Constitución y la ley[34]. Este mandato se concreta
en la actividad judicial a través de la cláusula del debido proceso consagrada
en el artículo 29 Superior, conforme a la cual los ciudadanos deben ser
juzgados por un juez o tribunal competente, esto es, por el juez natural de
cada causa[35].
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido que
el defecto orgánico tiene carácter i) funcional, cuando la
autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de las
competencias otorgadas tanto por la Constitución, como por la ley[36], lo cual ocurre cuando un
funcionario judicial asume competencias que no le corresponden[37], o ii) temporal,
cuando los jueces, a pesar de contar con atribuciones para realizar determinada
actuación, la realizan por fuera del término contemplado para ello. En ese orden,
de acuerdo con la Corte, en las hipótesis en que un operador judicial desconoce
los límites temporales y funcionales de la competencia, se configura un defecto
orgánico y, en consecuencia, se produce una vulneración el derecho fundamental
al debido proceso[38].
En el caso bajo examen, el accionante afirma la
existencia de un defecto orgánico con base en que, si la Corte Constitucional
es la única autoridad competente para fijar los efectos de las sentencias de
constitucionalidad –al tenor del artículo 45 de la Ley 270 de 1996–, no podía
la Corte Suprema de Justicia suplantar a esta Corporación, dotando a la
sentencia C-075 de 2007 de otros efectos en el tiempo, distintos a los fijados
en la propia providencia.
Sin embargo, como se viene de explicar en las
consideraciones generales de esta sentencia de unificación, los efectos en el
tiempo de las proposiciones jurídicas, se aplican prima facie a las
sentencias de la Corte Constitucional, a través de la aplicación general,
inmediata, hacia futuro y con retrospectividad expresada en los efectos ex
nunc, siempre y cuando este Tribunal no determine expresamente otros
efectos de la providencia, como ocurre con los ex tunc o hacia el pasado,
que constituyen una excepción a la regla general de irretroactividad.
Como se enunció ut supra, al pronunciar la
sentencia C-075 de 2007 la Corte Constitucional no previó explícitamente los
efectos de dicha decisión y, por tanto, ese silencio significa que los efectos
de lo allí resuelto son ex nunc, es decir, el régimen que entonces se
reconoció a las uniones homosexuales ha de aplicarse de manera general,
inmediata, hacia futuro y con retrospectividad, lo que implica la posibilidad
de modificar las relaciones que surgieron con anterioridad a la expedición de
dicha sentencia, pero que se encontraban en curso al momento de declararse la
exequibilidad condicionada.
En ese orden de ideas, la Sala Plena considera que no
le asiste razón al accionante cuando afirma que en el fallo de casación del 12
de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia usurpó la competencia de
este Tribunal Constitucional, pues –se insiste–, dado que la sentencia C-075 de
2007 no definió expresamente sus efectos en el tiempo, era forzoso concluir que
son ex nunc ‒como acertadamente lo dedujo el juzgador de
casación‒ y que, como tal, cobijan tanto a las situaciones jurídicas ulteriores
como a aquellas que para ese momento no se habían consolidado.
Se colige de lo anterior que la sentencia proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no está incursa
en un defecto orgánico, pues dicha autoridad no hizo propias
atribuciones que le fueran ajenas y, por el contrario, en normal desarrollo de
su función jurisdiccional, dio estricta observancia a las normas estatutarias
sobre los efectos de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad,
en concordancia con las reglas elementales de aplicación de la ley en el
tiempo.
6.1.2.2. Sobre el desconocimiento del
precedente
El desconocimiento del precedente establecido
por la Corte Constitucional adquirió la entidad de causal autónoma de tutela
contra providencias judiciales, debido a que, según la jurisprudencia, protege
la interpretación que realiza esta Corporación de los contenidos
constitucionales, normas sobre las que tiene la guarda y protección.
De acuerdo con lo anterior, el defecto por desconocimiento
del precedente tiene lugar cuando el juez se aparta de las decisiones de la
Corte Constitucional, sin realizar referencia expresa a los pronunciamientos que
sirvieron de sustento para resolver casos análogos y sin exponer razones
suficientes que ameriten el distanciamiento.
De acuerdo con la Corte, para evaluar si se está
frente a dicho defecto es preciso i) determinar la existencia de un precedente
o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las
reglas decisionales contenidas en estos precedentes[39]; ii) comprobar que el fallo judicial
impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes, pues de no
hacerlo incurría en un desconocimiento del principio de igualdad[40]; y, iii) verificar si el
juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien
por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr
una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro persona[41].
A partir de lo anterior, este Tribunal ha precisado
que no se configura el defecto siempre que el funcionario jurisdiccional
reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente
con suficiencia los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con
anterioridad. Por ello, el manejo legítimo del precedente obliga a que el juez
i) dé cuenta del balance judicial vigente; ii) presente los razonamientos adecuados
y suficientes para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii)
explique de qué manera su propuesta hermenéutica desarrolla de mejor manera los
derechos y principios superiores.
En esa medida, las autoridades están en el deber de
seguir las decisiones proferidas por los órganos de cierre y, en especial, las
decisiones proferidas por la Corte Constitucional. En carácter vinculante del
precedente permite garantizar los principios de igualdad, justicia formal,
seguridad jurídica, buena fe, a la vez que propende a la coherencia del sistema
jurídico en general. Empero, “esa sujeción no es absoluta, toda vez que los
mandatos de autonomía e independencia judicial facultan al juez para apartarse
del precedente, siempre que formulen una carga argumentativa adecuada y
suficiente. Tales criterios han sido valorados por esta Corte para identificar
si existió o no un manejo ilegitimo del precedente que quebrantara derechos
fundamentales de las partes de un proceso”[42], sin soslayar ‒se enfatiza‒
el valor acentuado del precedente cuando se trata de
pronunciamientos de esta Corporación, tanto de la Sala Plena, como aquellos adoptados
por las Salas de Revisión que constituyen jurisprudencia en vigor.
En el caso que ocupa en esta oportunidad a la Sala, el
actor plantea dos cargos por el defecto de desconocimiento del precedente,
los cuales hace consistir en dos premisas puntuales: en primer lugar, que el
fallo de casación del 12 de febrero de 2018 se apartó del precedente
sentado en las sentencias C-113 de 1993, C-131 de 1993, C-226 de 1994 y C-037
de 1996 sobre la aplicación de los efectos en el tiempo de las sentencias de
constitucionalidad; y, en segundo lugar, que la Sala de Casación Civil incurrió
en un yerro interpretativo porque en el texto de la sentencia C-075 de 2007 no
se señaló que la decisión fuera aplicable a uniones maritales homosexuales anteriores
a dicho pronunciamiento.
Pues bien: en relación con el primer aspecto, la Sala
advierte, preliminarmente, que en ninguna de las providencias invocadas por el
tutelante como “precedentes” la Corte Constitucional se concentró en resolver
un problema jurídico semejante al que debió resolver la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso ordinario de unión
marital de hecho 11001-31-10-018-2008-00331-01.
En efecto, en la sentencia C-113 de 1993 la Corte
examinó la demanda de inconstitucionalidad contra una parte del inciso segundo
del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, por la presunta infracción de los
artículos 4, 53, 84 y 23 transitorio de la Constitución. La norma acusada
prescribía que “Los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro,
salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva
y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución”
y, a juicio de los demandantes, dicha disposición restringía el ámbito de
aplicación del principio de favorabilidad, reconocido también en materia
laboral.
La Corte adelantó un análisis que comprendía también
otras proposiciones jurídicas contenidas en el Decreto demandado y señaló que “la
Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia
sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es
rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de
constitucionalidad.” En ese sentido, encontró que el artículo transitorio
23 de la Carta le confirió al Presidente de la República precisas facultades
para dictar el "régimen procedimental" de los juicios y actuaciones
que deban surtirse ante la Corte Constitucional, pero dentro de ello no podía
estar comprendido el aspecto de los efectos de las sentencias ejecutoriadas
dictadas en asuntos de constitucionalidad.
En la sentencia C-131 de 1993, fueron demandados en
acción pública de inconstitucionalidad los artículos 2º -inciso 2º- y 23 -en
forma parcial- del Decreto 2067 de 1991, en vista de que, en criterio de los
ciudadanos allí demandantes, el establecimiento de requisitos para las demandas
de inconstitucionalidad y de la obligatoriedad de la doctrina constitucional
infringía los artículos 40 y 230 de la Carta.
Esta Corporación se refirió a los derechos políticos,
a su núcleo esencial y a su efectividad, y determinó que la norma impugnada
creaba unos requisitos mínimos razonables que buscaban hacer más viable el
derecho sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial, a la vez que
estableció que la obligatoria observancia de los fallos de la Corte no era
inconstitucional, por la supremacía de la Constitución y la fuerza de cosa
juzgada constitucional que ostentan los pronunciamientos de este Tribunal en la
estructura del ordenamiento jurídico colombiano.
Por su parte, en la sentencia C-226 de 1994 se realizó
control de constitucionalidad sobre los artículos 1º (parcial), 4º, 5º, 6º, 7º,
8º (parcial), 10 (parcial) de la Ley 36 de 1993, reglamentaria de la profesión
de bacteriólogo. Para los accionantes, ese grupo de disposiciones violaba el
Preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 26, 44, 49, 58, 67, 68, 71, 114, 150, 152,
153, 154, 336 de la Constitución, y estimaban que para esa regulación debía
surtirse el trámite de ley estatutaria.
La Corte sostuvo que la ley demandada no regulaba
elementos estructurales esenciales de la libertad de escoger profesión u
oficio, sino que era una expresión de la facultad conferida al legislador de
reglamentar el ejercicio de las profesiones, a fin de permitir que las
autoridades competentes ejerzan las funciones de inspección y vigilancia; por
lo tanto, no era exigible el rigor de la ley estatutaria. Además, estableció
que la ley acusada otogaba a los bacteriólogos una serie de privilegios con
respecto a ámbitos de la vida profesional que implican la exclusión de otros
profesionales igualmente idóneos para efectuar las actividades profesionales
reservadas por la mencionada ley a los bacteriólogos; que la norma había creado
un Colegio Nacional de Bacteriólogos sin atender que ello debía tener
iniciativa gubernamental; y, que la reglamentación de las condiciones de
funcionamiento de los laboratorios por el gobierno estaba orientada por
criterios esencialmente técnicos, lo cual habilitaba la delegación legal para
que autoridades diversas al Congreso establecieran reglamentaciones del
ejercicio profesional,
Finalmente, en la sentencia C-037 de 1996, la Corte
adelantó la revisión del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara,
“Estatutaria de la Administración de Justicia”, efectuando el control previo,
automático e integral de constitucionalidad propio de las leyes estatutarias,
de conformidad con los artículos 153 y 241-8 de la Constitución.
Así, pues, es palmario que en ninguna de las
providencias traídas a colación por el señor Darío Gómez Suárez como fundamento
del cargo por desconocimiento del precedente guarda correspondencia
jurídica y menos fáctica con el caso que debió resolver la Sala de Casación
Civil en la sentencia del 12 de febrero de 2018, por lo que no
resultaban vinculantes para la resolución del problema jurídico allí planteado.
Ahora bien: es cierto que al interior de dichas
sentencias esta Corporación dedicó consideraciones al tema de los efectos en el
tiempo de las sentencias de constitucionalidad, reiterándose invariablemente la
competencia exclusiva de la Corte Constitucional para fijar los efectos de sus
decisiones.
Sin embargo, tampoco se observa que la Sala de
Casación Civil en el fallo del 12 de febrero de 2018 haya pretermitido las
reglas de derecho extraídas de aquellos pronunciamientos, concretamente, en lo
relativo a las atribuciones propias de este Tribunal para determinar los
efectos de sus sentencias de control abstracto de constitucionalidad, pues,
como ya se señaló en el acápite sobre defecto orgánico, la autoridad judicial
accionada, al aplicar la sentencia C-075 de 2007 al caso de marras, en ningún
momento otorgó al silencio de esta Corporación efectos distintos a los que el
ordenamiento jurídico prevé.
Sobre el segundo cargo por desconocimiento del
precedente, vinculado a la “equivocada interpretación” de la sentencia
C-075 de 2007, basta con señalar que, contrario a lo que sostiene el actor, la
Sala de Casación realizó una interpretación acorde con lo decidido en esa
providencia.
Es inequívoco que esta Corporación, al evidenciar el
déficit de protección a que estaban sometidas las parejas del mismo sexo,
resolvió remediar dicha a injusticia en la sentencia C-075 de 2007, haciéndoles
extensivo el régimen jurídico que beneficia a las uniones heterosexuales. Este aspecto
fue ampliamente desarrollado en el fallo de casación del 12 de febrero de
2018, en el cual, acogiendo lo sentado por la Corte Constitucional, se
verificó que la convivencia entre los señores Darío Gómez Suárez y Rodolfo
Hurtado Polanía se produjo conforme a los requisitos legales para la presunción
de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, toda vez que ‒de
acuerdo con lo probado en el proceso‒ su relación de pareja estaba
vigente al momento de proferirse la sentencia de constitucionalidad
condicionada.
No se observa, entonces, que el órgano judicial
accionado se haya apartado de las reglas de derecho establecidas por esta Corte,
ni que las haya desfigurado en manera alguna. De hecho, todo lo contrario, la
decisión de casar el fallo de segunda instancia, para, en su lugar, confirmar
la decisión del a quo, es expresión del riguroso acatamiento del
precedente constitucional.
6.1.2.3. Sobre la violación directa
de la Constitución
De acuerdo con la Corte, todas las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son producto
de un desconocimiento de la Constitución[43]. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado como causal autónoma la violación directa de
la Constitución, que se ocasiona i) cuando se deja de aplicar una
disposición iusfundamental a un caso concreto, o ii) cuando se aplica
la ley al margen de los mandatos de la Constitución[44].
La primera hipótesis, ha dicho esta Corporación, se
presenta porque i) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata
de un derecho fundamental de aplicación inmediata[45]; y, iii) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme a Constitución[46].
Por su parte, la segunda hipótesis está asociada a que
los operadores judiciales están sujetos a la supremacía del Texto Fundamental
por sobre el resto de enunciados jurídicos que integran el ordenamiento y, en
ese sentido, deben tener en cuenta la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 de la Constitución, cuando a
ello haya lugar[47].
La violación directa de la Constitución es un
vicio que consiste, en otras palabras, en la violación al debido proceso
derivada del desconocimiento del carácter prevalente y vinculante que ostentan
las normas superiores.
A juicio del accionante, la providencia de casación del
12 de febrero de 2018 trasgrede la Constitución según dos cargos
puntuales: por un lado, estima que dicha decisión quebrantó los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y derechos adquiridos; y, por otro,
considera que con tal pronunciamiento la Sala de Casación Civil le dio una
aplicación retroactiva, que se encuentra proscrita, al régimen económico para uniones
maritales homoafectivas surgido a partir de la sentencia C-075 de 2007.
Como se indicó en precedencia, la Constitución consagra
la irretroactividad de la ley, a partir de la cual los derechos adquiridos no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
La Corte ha sostenido que la noción de derechos
adquiridos comprende las situaciones jurídicas individuales que han quedado
definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se
entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de
una persona[48]. Bajo esa perspectiva,
existirá un derecho adquirido cuando durante la vigencia de la ley, el
individuo logra cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en
ella, lo cual configura la existencia de una determinada posición o relación
jurídica[49].
La jurisprudencia constitucional ha reconocido tres
supuestos que determinan el alcance de la protección constitucional de los
derechos adquiridos:
“En primer lugar (i) respecto de
aquellas situaciones particulares y concretas que nacen y se desarrollan en el
marco de relaciones que no tienen ni llegan a tener vínculo alguno con la
utilidad pública o el interés social, surge un derecho que hace intangible la
posición o relación jurídica que se consolidó por virtud del cumplimiento de
las condiciones contenidas en la ley. Esas situaciones, por razones de
seguridad jurídica y en virtud del principio irretroactividad de la ley, no
podrían ser afectadas en modo alguno.
En segundo lugar (ii)
cuando se trata de situaciones particulares y concretas que nacen y se
desarrollan en el marco de relaciones que tienen o llegan a tener un vínculo
con la utilidad pública o el interés social, surge un derecho que, si bien
protege la posición o relación jurídica, no resulta intangible. Ello ocurre,
por ejemplo, cuando se otorgan autorizaciones ambientales para la explotación
de recursos naturales o, cuando el ejercicio del derecho de propiedad debe ser
condicionado para alcanzar propósitos de mayor interés asociados por ejemplo a
los procesos de urbanización y ordenación de las ciudades. En estos casos y en
virtud de lo dispuesto por la segunda parte del primer inciso del artículo 58
de la Constitución, a pesar de que existe un derecho no es este inexpugnable en
tanto la situación consolidada deberá ceder frente a intereses superiores
definidos en los artículos 1 (interés general), 58 (Interés público o social),
79 (protección del ambiente sano), 80 (manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales y 82 (interés común). El Estado entonces, por intermedio de las
autoridades competentes cuenta con la capacidad de limitar, gravar, restringir
o expropiar el derecho de propiedad.
En tercer lugar (iii) las
meras expectativas aluden al eventual surgimiento de un derecho en el evento de
que, en el futuro, se cumplan las condiciones previstas en la ley. Se trata
solo de la posibilidad o probabilidad de adquirir un derecho y, en esa medida,
las autoridades en el marco de sus competencias podrían introducir reformas no
solo en las condiciones para su surgimiento sino también para definir su
alcance. No obstante lo anterior, en ocasiones, dichas expectativas deben ser
protegidas en virtud del artículo 83 mediante la adopción de medidas
provisionales o de transición.”[50]
Con base en lo anterior, la Sala Plena considera que
no le asiste razón al accionante, por cuanto pasa por alto que la regulación en
torno al estado civil de las personas y a las relaciones de familia son normas
de orden público que, como tal, resultan imperativas y no están libradas a la autonomía
de los particulares, en razón a la trascendencia social y al valor político de
estas instituciones, tal como lo reconoce la Constitución en su artículo 42.
En la sentencia C-075 de 2007 la Corte advirtió un
tratamiento discriminatorio injustificado respecto de las parejas homoafectivas
unidas en un proyecto de vida común y lo remedió ampliando hacia ellas la
protección legal de la que ya gozaban las parejas heterosexuales. La Ley 54 de
1990 es regulación de orden público y la sentencia que estableció los
mencionados condicionamientos constituye con el texto legal una unidad
normativa inescindible; por lo tanto, lo relativo a la conformación de una
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes no es un asunto que incumba a
la libérrima voluntad de los integrantes de la pareja.
Y la justificación de ello estriba, como lo ha
señalado la propia Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “en
que, por regla general de principio, no se puede concebir la comunidad de vida
sin un fin económico, alimentado por el ahorro y el trabajo conjunto de la
pareja, la solidaridad y el apoyo mutuo, para un mejor bienestar, con la
esperanza de que el capital formado, cuya existencia se coteja al momento de
disolverse, que es cuando de abstracto pasa a ser concreta, sea repartido entre
los socios permanentes en condiciones de justicia e igualdad”, porque “si
no fuere así, se menoscabarían los derechos del sujeto más débil de la
relación, (…) en contravía del ánimo tuitivo que, como quedó dicho, inspiró al
legislador para presumir, bajo ciertos requisitos, dicha sociedad.”[51]
Para esta Corte, lo contrario a la Constitución es
alegar, en contra de la evidencia, la existencia de unos derechos adquiridos
con base en una situación declaradamente opuesta a los mandatos superiores de
dignidad humana, igualdad, protección a la familia y prevalencia del derecho
sustancial, máxime cuando claramente no había una posición jurídica
consolidada, en vista de que la cohabitación entre las partes se prolongó sin
solución de continuidad hasta después de la referida sentencia C-075 de 2007.
En ese contexto, se abre paso el estudio del segundo
cargo de violación directa a la Constitución, relativo a la supuesta
aplicación retroactiva de la sentencia de constitucionalidad a que se alude.
La diferencia entre la aplicación retroactiva y
retrospectiva se refleja con más claridad si se analizan los siguientes
ejemplos:
La Ley 28 de 1932 otorgó capacidad a la mujer casada,
por lo que, con su entrada en vigencia, todas las mujeres que en adelante se
casaran y también aquellas que hubieren contraído nupcias conforme al régimen
anterior, comenzaron a gozar de la libre administración de su patrimonio, sin
representación de sus maridos. El efecto general, inmediato, hacia futuro y con
retrospectividad de la norma implicó, entonces, que las mujeres cuyo vínculo
conyugal había surgido antes de la entrada en vigencia de la ley –al igual que
aquellas que se casaran después– se vieran beneficiadas, a partir de ese
momento, con la posibilidad de comenzar a disfrutar de capacidad civil plena.
En cambio, se estaría ante el fenómeno de la retroactividad en el caso de que,
aplicándose hacia el pasado la nueva ley que reconoció la capacidad civil de
las mujeres, se invalidaran los actos jurídicos celebrados antes de la vigencia
de dicha ley por parte los maridos en representación legal de las esposas.
La Ley 361 de 1997 estableció una garantía laboral a
favor de las personas en condición de discapacidad, consistente en la
prohibición a los empleadores de despedir a los trabajadores en dicha condición,
salvo que medie autorización de la oficina de trabajo, so pena de que se genere
la obligación de pagar una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere
lugar según las normas de trabajo. Al entrar en vigencia esa legislación, el
efecto general, inmediato, hacia futuro y con retrospectividad de la ley
conllevó que la protección allí contemplada beneficiara no sólo a los
trabajadores en condición de discapacidad que iniciaran una relación laboral a
partir de la expedición de la norma, sino que también aquellos que estaban
vinculados al momento de entrar en vigencia la ley contaban con la garantía de
no ser despedidos sin autorización de la autoridad de trabajo. Por el
contrario, se hablaría de un efecto retroactivo si, al aplicar hacia el pasado
esta disposición, se llegara a la conclusión de que los trabajadores en
condición de discapacidad que fueron despedidos antes de la ley, tenían derecho
a ser reintegrados y a reclamar las respectivas indemnizaciones.
Pues bien: en el caso de los efectos patrimoniales
para las uniones maritales entre personas del mismo sexo ocurre lo mismo. La
sentencia C-075 de 2007 les reconoció a los compañeros permanentes de una
relación homoafectiva los derechos patrimoniales que hasta ese momento disfrutaban
solo las parejas heterosexuales, lo que implica, como en el sub júdice, que,
por el efecto general, inmediato, hacia futuro y con retrospectividad de las
normas, las uniones homosexuales que estuvieran en curso al momento de
proferirse el fallo y aquellas que surgieran con posterioridad, fueran acogidas
a este régimen. Retroactividad habría sido si la norma se hubiese extendido a
los compañeros permanentes homosexuales separados antes de la sentencia C-075
de 2007.
Tomando distancia de un efecto retroactivo, en la
sentencia del 12 de febrero de 2018 la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia fue explícita en indicar que lo decidido en la
sentencia C-075 de 2007 no era aplicable para aquellos casos en que la relación
sentimental se había finalizado antes del fallo de la Corte Constitucional:
“No se trata de una aplicación
retroactiva, como lo aseveró el Tribunal y el opositor a la casación, pues las
situaciones consolidadas conservarán su estatus jurídico, lo que se traduce en
que los vínculos maritales extinguidos con antelación al 7 de febrero de 2007
se mantendrán intangibles, como lo precisó esta Sala en sentencia del 13 de
diciembre de 2011.”
Así las cosas, resulta diáfano que se trata de dos
fenómenos bien distintos, pues mientras la retroactividad implica afectar relaciones
jurídicas consolidadas o definidas antes de comenzar a regir la nueva
regulación, la retrospectividad ‒como consecuencia lógica del efecto
general, inmediato y hacia futuro de las proposiciones jurídicas‒ abarca
las situaciones en curso, esto es, las que no se habían finiquitado al momento
de entrar en vigor la nueva regla de derecho. No hay, pues, espacio para la
confusión, pues el razonamiento de la Sala de Casación Civil se inscribe, nítidamente,
en el ámbito de la retrospectividad.
Y es que una interpretación diferente a la plasmada en
la sentencia del 12 de febrero de 2018 implicaría, ahí sí, un
desconocimiento en el caso concreto de los principios superiores que se hallan
a la base de la sentencia C-075 de 2007. La interpretación propuesta por el
accionante refleja, en realidad, una distorsión del precedente, pues, en ningún
apartado la sentencia estableció una diferenciación temporal entre uniones
maritales homosexuales, sino que, por el contrario, se dedicó al estudio
integral de la institución jurídica. Así, advirtió un trato distinto e
injustificado entre las uniones maritales heterosexuales y las homosexuales,
sin referirse en momento alguno a la distinción entre las uniones maritales de
hecho nacidas con anterioridad y aquellas que eventualmente surgieran después
de la expedición de la providencia.
En otras palabras, propinar un trato desigual a las
uniones maritales de hecho de parejas homoafectivas a partir del criterio que
propone el tutelante, conllevaría indefectiblemente una desprotección a las
uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo que estuvieran vigentes,
que es todo lo contrario a lo ordenado en la sentencia C-075 de 2007, atentando
‒por demás‒ contra el principio constitucional de primacía del
derecho sustancial.
En definitiva, la interpretación retrospectiva
efectuada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en la sentencia del
12 de febrero de 2018 no sólo es la que mejor consulta la Constitución en
términos de no discriminación, protección a la familia, prevalencia del derecho
sustancial y dignidad humana, sino que es, además, la postura más sólida desde
el tratamiento que la ciencia jurídica ha dado a los tránsitos normativos.
No prospera, en consecuencia, el cargo por violación
directa de la Constitución.
6.2. Conclusión y decisión a adoptar
Con fundamento en las anteriores razones, se concluye
que la sentencia del 12 de febrero de 2018, proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al interior del proceso
ordinario de unión marital de hecho 11001-31-10-018-2008-00331-01, no incurrió en las
causales de defecto orgánico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución y, por lo tanto, la autoridad judicial accionada
no vulneró, con esa decisión, el derecho al debido proceso invocado por el
señor Darío Gómez Suárez.
Como corolario de lo expuesto, la Sala Plena
confirmará la sentencia del 8 de octubre de 2018, por la cual la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la del 25 de julio de
2018, mediante la cual la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación negó
la tutela deprecada.
7. Síntesis de la decisión
En esta oportunidad la Sala Plena examinó la solicitud
de amparo constitucional promovida por el ciudadano Darío Gómez Suárez contra
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con la decisión proferida por
la mencionada Corporación el 12 de febrero de 2018, al interior del
proceso ordinario en el cual se declaró la existencia de una unión marital de
hecho entre él y el señor Rodolfo Hurtado Polanía, junto con la consecuente
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
Según el accionante, el órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria incurrió mediante el citado fallo en varios defectos
constitutivos de causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales (defecto orgánico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución), por cuanto
aplicó a su caso particular el régimen jurídico para uniones maritales
homosexuales derivado de la sentencia C-075 de 2007, pese a que su convivencia
con la contraparte inició antes de dicho pronunciamiento de la Corte
Constitucional y, una vez proferido este, no alcanzaron a transcurrir los dos
años de cohabitación que exige la ley para la presunción de la conformación de
una sociedad patrimonial. Solicitó, por lo tanto, que se dejara sin efectos la
mencionada sentencia de casación para que, en su lugar, se ordenara la emisión
de una nueva decisión favorable a sus intereses.
Como medida inicial, se constató que la acción de
tutela es procedente en el caso concreto, por cuanto se satisfacen debidamente
los requisitos generales establecidos por la sentencia C-590 de 2005 para
atacar una providencia judicial mediante este mecanismo excepcional de
protección.
Para abordar el estudio de la controversia, la Sala
Plena se refirió a los siguientes ejes temáticos: a) Las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
–Reiteración de jurisprudencia–; b) Los fenómenos de aplicación de la ley en el
tiempo; c) Los efectos en el tiempo de las sentencias de constitucionalidad; y,
finalmente, d) La sentencia C-075 de 2007 y sus efectos.
Al emprender el análisis de mérito, la Sala Plena
examinó los argumentos consignados en el fallo de casación del 12 de febrero
de 2018 y, seguidamente, valoró cada uno de los reproches señalados por el
actor, en relación con las causales denominadas defecto orgánico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Tras este estudio, se evidenció que no se configuraba ninguno de los vicios
alegados por el actor, toda vez que (i) la autoridad judicial accionada no
sustituyó a la Corte Constitucional en la determinación de los efectos de sus
sentencias de control abstracto; (ii) el fallo de casación no se apartó del
precedente sentado por la jurisprudencia constitucional y, por el contrario, lo
acogió rigurosamente; y, (iii) no se infringieron los principios
constitucionales que proscriben la retroactividad, pues lo que hubo fue una
aplicación retrospectiva de la protección reconocida a las parejas del mismo
sexo en la sentencia C-075 de 2007.
Advirtió la Corte que la Sala de Casación Civil no invadió
la competencia de este Tribunal Constitucional, pues, dado que la sentencia
C-075 de 2007 no definió expresamente sus efectos en el tiempo, era forzoso
concluir que son ex nunc ‒como acertadamente lo dedujo el juzgador
de casación‒ y que, como tal, cubren tanto a las situaciones jurídicas
ulteriores como a aquellas que para el momento de proferirse el mencionado
fallo de constitucionalidad condicionada no se habían consolidado.
Asimismo, la Sala subrayó que la regulación en torno
al estado civil de las personas y a las relaciones de familia son normas de
orden público y, por lo tanto, su acatamiento no está librado a la libérrima elección
de los particulares. Además, indicó que la Ley 54 de 1990 y la sentencia C-075
de 2007 ‒mediante la cual esta Corporación remedió el trato
discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo que comparten un proyecto de
vida común‒ conforman una unidad normativa inescindible.
En tal sentido, este Tribunal encontró que es contrario
a la Constitución alegar la existencia de unos derechos adquiridos con base en
una situación declaradamente opuesta a los mandatos superiores de dignidad
humana, igualdad, protección a la familia y prevalencia del derecho sustancial,
máxime cuando claramente no había una posición jurídica consolidada, en vista
de que la cohabitación entre las partes se prolongó sin solución de continuidad
hasta después de la referida sentencia C-075 de 2007.
En sustento de lo anterior, la Sala anotó que existe
una nítida diferencia entre la retroactividad y la retrospectividad, pues
mientras la primera implica afectar relaciones jurídicas consolidadas o
definidas antes de comenzar a regir la nueva regulación, la segunda ‒como
consecuencia lógica del efecto general, inmediato y hacia futuro de las
proposiciones jurídicas‒ abarca las situaciones en curso, esto es, las
que no se habían finiquitado al momento de entrar en vigor la nueva regla de
derecho.
Como consecuencia de lo expuesto, se concluyó que la
autoridad judicial accionada no vulneró con la providencia objeto de censura el derecho
al debido proceso invocado por el accionante, lo cual conduce a confirmar, sin
hesitación, la decisión de negar el amparo constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del
proceso T-7.071.794.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia del 8 de octubre de 2018, proferida en
segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que a su vez confirmó la providencia del 25 de julio de 2018, dictada en
primera instancia por la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, la
cual negó la tutela del derecho al debido proceso invocado por Darío Gómez
Suárez frente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Tercero.- Por Secretaría General, DEVUÉLVASE
inmediatamente el expediente del proceso ordinario de unión marital de hecho
identificado con número de radicación 11001-31-10-018-2008-00331-01 al Juzgado
18 de Familia de Oralidad de Bogotá.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA SU309/19
VINCULATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance (Aclaración de voto)
El carácter vinculante, obligatorio y de fuente
de derecho de la jurisprudencia emanada de los órganos de cierre en sus
jurisdicciones, y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento jurídico
cuando involucra la interpretación de la Constitución como norma última del
sistema jurídico, está ampliamente reconocido. Esta regla de vinculatoriedad de
las sentencias de las altas cortes tiene la finalidad de realizar múltiples principios
constitucionales y guardar la coherencia del ordenamiento jurídico. De modo que
la necesidad de observar el precedente judicial como fuente de derecho está
sustentada en el carácter vinculante de las decisiones judiciales “en especial
si son adoptadas por órganos cuya función es unificar jurisprudencia”
OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE-Se flexibilizó que los jueces pueden apartarse de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin las cargas de transparencia y suficiencia (Aclaración
de voto)
Con el objeto de comprender la
vinculatoriedad del precedente es preciso abordar el concepto
de ‘jurisprudencia en vigor’ que ha desarrollado esta
Corporación. La Corte Constitucional ha sido clara en establecer que los
jueces deben respetar la jurisprudencia en vigor, la
cual corresponde en si misma al “precedente constitucional fijado
reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con
presupuestos fácticos similares, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión
Referencia: Expediente
T-7.071.794
Acción de tutela presentada por
Darío Gómez Suárez en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones
que me llevaron a aclarar el voto en la Sentencia SU-309 de 2019,
adoptada por la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 11 de julio de ese mismo
año.
1.- Aunque el texto final de la sentencia
mejoró sustancialmente lo expresado en el proyecto de fallo que fue discutido y
aprobado en la plenaria de la Corporación, esta aclaración de voto tiene como
propósito evidenciar un asunto que, si bien no cambiaba el sentido de la
decisión, debió ser mejor abordado en las consideraciones de esta sentencia. A
mi juicio, resultaba imperativo precisar que, especialmente los precedentes de
esta Corporación, son vinculantes, y que esta característica unificadora tiene
la finalidad de concretar principios superiores como la igualdad, la confianza
legítima, y el debido proceso. De igual modo, era importante recordar que, para
que el juzgador pueda apartarse válidamente de un precedente, deberá satisfacer
estrictos requisitos y demostrar que su interpretación garantiza de mejor
manera los derechos fundamentales.
2.- En la Sentencia SU-309 de 2019,
la Sala Plena decidió la acción de tutela formulada por Darío
Gómez Suarez en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia (en adelante CSJ). El actor consideró que la sentencia reprochada,
que decidió declarar la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad
patrimonial entre él y su ex pareja, incurrió en defecto orgánico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por lo
cual vulneró su derecho al debido proceso. Lo anterior, porque considera que al
concluir que la Sentencia C-075 de 2007 tiene efectos retroactivos, la CSJ
suplantó a la Corte Constitucional como única competente para fijar los efectos
de sus decisiones y, en consecuencia, desconoció el precedente constitucional
sobre la aplicación de los efectos en el tiempo de las sentencias de
constitucionalidad, y quebrantó los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y derechos adquiridos.
La Sala Plena, luego de realizar un detallado estudio
de la normativa y la jurisprudencia de esta Corporación que estudia los efectos
en el tiempo de las normas jurídicas y de las sentencias de control de constitucionalidad,
concluyó que si la Corte Constitucional guarda silencio sobre los efectos que
le imprime a una decisión en control abstracto, deberá entenderse que se trata
de efectos ex nunc que implican una aplicación general, inmediata, hacia
futuro y con retrospectividad (como el efecto general inmediato de las normas
de derecho). Lo anterior, a menos que la propia Corte establezca expresamente
que lo resuelto en la providencia tiene efectos ex tunc, es decir, que
los mismos se extienden hacia situaciones jurídicas que se materializaron en el
pasado, al amparo de la norma objeto de control. Por esta razón, luego de
advertir que la Sentencia C-075 de 2007 no fijó expresamente los efectos en el
tiempo de la decisión, concluyó que la misma podía aplicarse de forma
retrospectiva y, en consecuencia, decidió no amparar el derecho fundamental al
debido proceso del actor.
3.- Aunque comparto el análisis de la Sala
Plena con base en el cual negó el amparo, opino que afirmaciones realizadas en
las consideraciones de la sentencia relativizaron la vinculatoriedad que tiene
el precedente constitucional para los jueces, y dieron a entender que éstos
últimos pueden apartarse de la jurisprudencia de esta Corporación sin las
cargas de transparencia y suficiencia. En efecto, si bien la sentencia señaló
que las autoridades están en el deber de seguir las decisiones proferidas por
los órganos de cierre y, en especial, las de la Corte Constitucional, sostuvo
que esa sujeción al precedente “no es absoluta, toda vez que los mandatos de
autonomía e independencia judicial facultan al juez para apartarse del
precedente, siempre que formulen una carga argumentativa adecuada y suficiente”.
Considero que la sentencia debió ser más cuidadosa al precisar las subreglas
que esta Corporación ha desarrollado sobre la vinculatoriedad de los
precedentes de la Corte Constitucional y los principios que informan estas
subreglas, y realizar las precisiones que expondré a continuación sobre los
eventos excepcionales en los cuales los jueces pueden apartarse de los mismos.
4.- En primer lugar, como lo
he resaltado en otras providencias, el carácter vinculante, obligatorio y de
fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de los órganos de cierre en
sus jurisdicciones, y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento
jurídico cuando involucra la interpretación de la Constitución como norma
última del sistema jurídico, está ampliamente reconocido. Esta regla de
vinculatoriedad de las sentencias de las altas cortes tiene la finalidad de
realizar múltiples principios constitucionales y guardar la coherencia del
ordenamiento jurídico. De modo que la necesidad de observar el precedente
judicial como fuente de derecho está sustentada en el carácter vinculante[52] de las decisiones judiciales “en
especial si son adoptadas por órganos cuya función es unificar jurisprudencia”[53].
Así lo dispuso la Sentencia T-211 de
2018[54] al establecer que el precedente que emana
de los altos tribunales “adquiere un carácter ordenador y unificador que busca
realizar los principios de primacía de la Constitución, la igualdad, la
confianza legítima y el debido proceso. Adicionalmente, se considera
indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del sistema”
(Negrilla fuera del original). Por su parte, la Sentencia C-816 de
2011[55] explicó que la fuerza vinculante de las
decisiones de las altas cortes surge de su definición constitucional como
órganos jurisdiccionales de cierre, que les impone el deber de unificación
jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. Ese deber de
unificación tiene como fin “brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus
decisiones judiciales superiores”. Bajo
este entendido, la Corte definió tres razones principales para establecer la
vinculatoriedad de los precedentes:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente
se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución
Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la
ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. (…)
La segunda razón se desprende de los principios de
igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la
luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la
independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra
vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras
prescripciones constitucionales (…)
La tercera razón es que la respuesta del precedente es
la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que
se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide
apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta
ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En
ese orden la doctrina ha establecido como precedente:’tratar las decisiones
previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas
razones para decisiones subsecuentes’ y ‘exigir de tribunales específicos que
consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como
una razón vinculante”[56].
5.- En segundo lugar, esta
Corporación sostiene que el precedente es
de obligatorio cumplimiento, aún más tratándose de las sentencias emanadas por
la Corte Constitucional, máximo órgano que vigila el cumplimiento de la
Constitución Política. Por ello, en relación con los
precedentes de la Corte, establece que “la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del
Tribunal constituye una exigencia inevitable”[57].
En este sentido, la Sentencia T-656 de 2011[58] señaló
que “el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más
estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que
la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del
sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su
alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la
vigencia del principio de supremacía constitucional”. En lo referente a las sentencias de control
abstracto de constitucionalidad, la Sentencia SU- 230 de 2015[59]
dispuso:
“La obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende
de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. De un lado,
cualquier norma que sea declarada inconstitucional por parte de la Corte por
ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser
aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio decidendi de todas las
sentencias de control abstracto de constitucional  –bien declaren o no
inexequible una disposición- debe ser también atendida por todas las
autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución”.
En estos casos, basta una sentencia para que exista un
precedente, debido a que éstas determinan la coherencia de una norma legal con
la Constitución Política. Por
ello, se desconoce el precedente constitucional, por ejemplo, cuando se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte
ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o cuando se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
control de constitucionalidad abstracto o concreto[60].
Con el objeto de comprender la vinculatoriedad del
precedente es preciso abordar el concepto de ‘jurisprudencia en vigor’
que ha desarrollado esta Corporación. La Corte Constitucional ha sido clara en establecer que los jueces
deben respetar la jurisprudencia en vigor, la cual corresponde en si misma al “precedente
constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones
trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos similares, frente
a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión”[61].
En relación con este concepto, la Corte Constitucional
ha establecido un catálogo de causales en cuya evidencia es posible declarar la
nulidad de sus fallos por presentarse una grave y ostensible afectación del
debido proceso. Por ejemplo, cuando una Sala de Revisión se aparta de la
jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Corte o la jurisprudencia en
vigor de las Salas de Revisión de Tutela frente a una situación jurídica
similar[62]. De modo que se puede presentar una causal de nulidad
de las sentencias de la Corte por desconocimiento de la jurisprudencia en
vigor, lo cual siempre va a depender de que exista un precedente
jurisprudencial consolidado por las Salas de Revisión. Por lo anterior, “se ha entendido que el concepto
de ‘jurisprudencia en vigor’ guarda íntima relación con el concepto de
precedente”[63].
Así lo estableció la Sentencia SU-230 de 2015 al señalar que:
“el concepto de precedente y el de
“jurisprudencia en vigor” están fuertemente relacionados en la medida en que,
éste último se conforma con una regla de interpretación judicial sucesiva y
homogénea sobre un tema particular –precedente–, que debe ser observado por las
Salas de Revisión cuando estudian casos con hechos similares en los que debe
aplicarse la regla jurisprudencial vigente. Esta posición puede ser modificada
únicamente por la Sala Plena de la Corte Constitucional como autoridad
competente para establecer una línea jurisprudencial nueva o sentar una
modificación de la jurisprudencia en vigor en determinada situación”[64].
6.- En tercer lugar, este
Tribunal ha reconocido que, pese a lo anterior, el deber de aplicación del
precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse
válidamente del mismo, en virtud de los principios de independencia y autonomía
judicial.
Sin embargo, en cualquier caso, esa
posibilidad somete al juzgador a “estrictos requisitos”[65], como lo son: (i) identificar
expresamente el precedente que va a abstenerse de aplicar –carga de
transparencia–; y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, que manifieste las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial
previa –carga de argumentación–. Así se protege el carácter dinámico del
derecho y la autonomía e independencia de la cual gozan los jueces[66]. En relación con la justificación, la Corte
sostiene que el juzgador debe “demostrar suficientemente que la
interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores constitucionales” [67].
7.- En síntesis, no comparto que (i) la sentencia haya
referido apresuradamente las subreglas sobre el alcance de la vinculatoriedad
de los fallos de la Corte debido a la trascendencia que tienen las mismas para
la vigencia de la supremacía constitucional, especialmente en lo que tiene que
ver con la eficacia de los principios de igualdad, debido proceso, seguridad
jurídica, confianza legítima y coherencia del sistema jurídico; y (ii) que no haya precisado de forma
directa y clara que el juzgador que excepcionalmente se aparte de un precedente
deberá satisfacer estrictos requisitos y demostrar que su interpretación
garantiza de mejor manera los derechos fundamentales.
De esta manera, expongo las razones que me conducen a
aclarar el voto respecto de la Sentencia SU-309 de 2019, adoptada por la
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el
magistrado Alejandro Linares Cantilllo.
[2] “Ley 54 de 1990. Artículo 2.—Se presume sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en
cualquiera de los siguientes casos:
a)
Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años,
entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
b)
Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas (y liquidadas)* por lo menos un año antes de la
fecha en que se inició la unión marital de hecho.
Los
compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores
podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los
siguientes medios:
1. Por
mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notario donde dé
fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y
los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente
artículo.~o~
2. Por
manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación
legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en
los literales a) y b) de este artículo.”
*(Nota: La
expresión “y liquidadas ”, contenida en el literal b) del anterior artículo,
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-700
de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos)
*(Nota: La
expresión “por lo menos un año”, del literal b) del anterior artículo, fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-193 de
2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas)
[3] Cfr. fols. 44-60 cuad. ppal.
[4] Cfr. fols. 61-86 cuad. ppal.
[5] Cfr. fols. 87-108 cuad. ppal.
[6] Cfr. fols. 2-3 cuad. primera instancia.
[7] Cfr. fol. 21 cuad. primera instancia.
[8] Cfr. fols. 22-43 cuad. primera instancia.
[9] Cfr. fols. 47-55 cuad. primera instancia.
[10] Cfr. fol. 74 cuad. primera instancia.
[11] Consideración tomada de la sentencia SU-034 de 2018.
[12] Cons. sentencia SU-116 de 2018
[13] Consideración tomada de la sentencia SU-034 de 2018.
[14] Sentencia T-078 de 2014
[15] Sentencia T-064 de 2016.
[16] Código de Régimen Político y Municipal
[17] Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61
de 1886 y la 57 de 1887.
[18] Sentencias C-177 de 2005, T-110 de 2011, T-564 de 2015.
[19] Sentencias T-389 de 2011, T-110 de 2011, T-564 de 2015.
[20] Sentencias C-763 de 2002, C-377 de 2004, T-110 de 2011, T-525 de
2017.
[21] Sentencia T-110 de 2011. En esta oportunidad, la Corte
Constitucional definió que los efectos ultractivos de las normas consisten en
que la “situación en la que una norma sigue produciendo efectos
jurídicos
después de haber sido derogada. Estos efectos se dan de manera concurrente con
los efectos de la ley derogatoria, pero sólo frente a ciertas situaciones que
se consolidaron jurídicamente a partir de lo contenido en la norma derogada
mientras estuvo vigente. El efecto ultractivo es la consecuencia de la
irretroactividad, y por ello se fundamenta también en el respeto que nuestro
orden jurídico garantiza a las situaciones jurídicas consolidadas, respecto de
los efectos de las normas nuevas.”
[22] Sentencias T-389 de 2009 y T-110 de 2011.
[23] Sentencia T-110 de 2011.
[24] Sentencia
C-619/01.
[25] Sentencia T-415 de 2017
[26] Sentencia T-110 de 2011.
[27] ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS
EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que
profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el
futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.
[28] Sentencia C-113 de 1993, reiterada en la
sentencia C-037 de 1996.
[29] Sentencia C-444 de 2011.
[30] Sentencia C-737 de 2001.
[31] En la sentencia T-389 de 2009 se señaló: “De este modo, la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado las características principales y
generales de los efectos en el tiempo de las sentencias de control de
constitucionalidad, que como se dijo, aplican a los fallos de inexequibilidad y
de exequibilidad condicionada. Dichas características, derivan en gran medida
de los efectos en el tiempo de las normas de derecho. En este orden, se tiene
que el efecto temporal de las proposiciones jurídicas es por regla
general, (i) la aplicación general, inmediata y hacia el futuro, pero con
retrospectividad, y (ii) siempre que la misma norma no disponga otro efecto
temporal, esto es, que quien produce la norma tiene prima facie, la posibilidad
de asignarle efectos temporales distintos de los que sugiere la regla general
descrita.| Luego, aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse
de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que
se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones
jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma. Este efecto
temporal, coincide con la noción de los efectos temporales de actos jurídicos,
denominados efectos ex nunc. Éstos suponen justamente, efectos inmediatos,
hacia el futuro y vinculantes para situaciones jurídicas originadas en el
pasado y en curso. La Corte Constitucional ha desarrollado pues, la tesis según
la cual, por regla general los efectos de sus sentencias de constitucionalidad
son ex nunc, salvo que la misma Corte asigne otros efectos temporales, en los
términos del artículo 45 de la Ley 270 de 1996.”
[32] La citada sentencia refirió a este aspecto
en los siguientes términos: “Ahora bien, la situación contraria a la
irretroactividad, es decir los efectos retroactivos, coinciden con el efecto de
los actos jurídicos que pretenden afectar situaciones del pasado, denominados
efectos ex tunc. Éstos, son propios de las nulidades o anulaciones. Implican
justamente, que las situaciones surgidas del acto que se anula, deben ser
modificadas para dejarlas como estaban antes de su expedición. Esto es, como si
el acto no se hubiera producido. | La Corte Constitucional ha descartado pues,
los efectos ex tunc para sus sentencias de control de constitucionalidad como
efecto general, aunque dichos efectos – se insiste- pueden darse si la Corte
así lo estipula de manera expresa. Y, la justificación de su exclusión sugiere,
tal como se ha explicado, el respeto y garantía por situaciones jurídicamente
consolidadas, por los derechos adquiridos y por los principios de la buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, entre otros.”
[33] Sentencia T-860 de 2011.
[34] Sentencia SU-072 de 2018.
[35] Ibidem.
[36] Sentencias T-362 de 2013 y T-121 de 2016.
[37] Ibidem.
[38] Ibidem.
[39] Sentencia SU-114 de 2018.
[40] Ibidem.
[41] Ibidem.
[42] Ibidem.
[43] Sentencia SU-024 de 2018
[44] Ibidem.
[45] Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y SU-069 de 2018.
[46] Sentencias T-199 de 2009, T-590 de 2009 y SU-069 de 2018.
[47] Sentencia SU-069 de 2018 y SU-024 de 2018.
[48] Sentencia C-192 de 2016, C-147 de 1999 y C-168 de 1995.
[49] Sentencia C-192 de 2016.
[50] Ibidem.
[51] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12
de diciembre del 2011. Rad. 2003-01261-01.
M.P. Arturo Solarte Rodríguez.
[52] Sentencia
SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[53] Sentencia
SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[54] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[55] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[56] Sentencia
SU-230 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Sentencia T-292
de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[59] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] Sentencia
SU- 230 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] Auto 563 de
2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] Sentencia SU-230
de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] Sentencia C-634
de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66] Sentencia
T-109 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[67] Ibid.