T-411-95
Sentencia No. T-411/95
Sentencia No.
T-411/95
NULIDAD POR FALTA
DE COMPETENCIA
El criterio con
que conoce un juez de tutela  competente  es "a prevención", lo que
indica que  se excluye del conocimiento del asunto a los demás jueces aptos
para resolverlo,  cuando  otro juzgador  se ha  anticipado en su conocimiento.
Se concluyó que la competencia debía recaer en el Juzgado del lugar de la
violación o amenaza del derecho vulnerado, por estimarse que la perturbación
del derecho ocurre precisamente en el lugar donde "la persona es
reconocida por la colectividad y donde necesariamente tiene la buena o la mala
fama que la acredita", y que en el caso de la demandante  es en la ciudad
de Bucaramanga por ser allí el asiento principal de sus negocios, el  sitio
donde vive,  y la zona en donde se adelantó el proceso ejecutivo en  su
contra;  razón por la cual  esta Corte definió como competente para resolver,
al Juez de esa ciudad, a quien correspondió inicialmente el análisis de los
hechos de esta acción de tutela y a quien fue remitido  nuevamente el
expediente,   para su resolución en primera instancia y tramitación de la
impugnación, si era del caso.
DERECHO A LA
HONRA-Mérito/DERECHO AL
BUEN NOMBRE-Mérito
Esta Corte ha
sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se
ganan de acuerdo  a las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud
de ellas  pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como
consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario,  carezca
de tal imagen y prestigio, en razón a  su indebido comportamiento social.   En
este último caso difícilmente se puede considerar violado el derecho a la
honra  de una persona, cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a
sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Naturaleza
El derecho a la
intimidad es un derecho personalísimo, según inspiración constitucional
relativa a la dignidad humana, que debe ser tutelado cuando, por la acción  de
terceros, se produce una intromisión indebida en el ámbito personal o familiar
del sujeto que conlleva  la revelación  de asuntos privados, el empleo de su
imagen  o de su nombre, o la perturbación  de sus afectos o asuntos más
particulares e íntimos relativos a su sexualidad o salud, con o sin divulgación
en los medios de comunicación.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Información
comercial
aspectos
relativos al cumplimiento de las obligaciones con establecimientos de crédito y
con el comercio, que tradicionalmente fueron protegidos con reserva frente a
terceros por ser aparentemente información no relevante para la comunidad, hoy
en día  no forman parte en estricto sentido del fuero íntimo  de   una
persona,  cuando  necesariamente acarrean implicaciones sociales que deben ser
conocidas  por los demás en aras  de proteger el interés general de la
colectividad y minimizar al máximo  los riesgos inherentes a toda actividad
económica concebida como de interés público.  Para precisar, las actividades
entendidas como de interés público son aquellas que hacen referencia
estrictamente a la  actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento  e inversión de los recursos
captados del público. Las relaciones comerciales que no tienen las anteriores
características  no se incluyen en este grupo. No es violatorio del derecho a
la intimidad  la divulgación  de la situación financiera o crediticia de una
persona dentro del  término de caducidad de los datos permitido por la
jurisprudencia, cuando  ésta es  veraz, completa, legalmente obtenida, y es
publicada o dada a conocer  mediante canales o medios que no lesionen  los
derechos protegidos por el ordenamiento jurídico.  A juicio de ésta Corte tales
canales o medios de difusión  son aquellos que permiten  un acceso restringido
a esos conocimientos financieros, y constituyen una esfera cerrada, con un
interés cierto  y  legítimo en ese tipo de información.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Base
de datos
La información
que en las Bases de Datos  se maneja debe ser, para no menoscabar los derechos
al buen nombre, honra  e intimidad de las personas, veraz, imparcial, obtenida
en forma legítima  o por medios lícitos y debe ser susceptible a ser
rectificada, conocida y actualizada,  respetando por supuesto la caducidad del
dato, o el tiempo legalmente permitido para que la información comercial de una
persona se encuentre en pantalla.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Deudor
moroso/LISTA DE DEUDORES MOROSOS/CONJUNTO RESIDENCIAL-Deudor Moroso
Tales
publicaciones no menoscaban el derecho a la intimidad de los individuos porque
la  información  que se desprende de esos comunicados tiene  relevancia
económica para los demás miembros del conjunto,  quienes por formar parte de
una comunidad tienen derecho a  conocer la situación financiera de la misma.
Igualmente se consideró que la situación no era violatoria del derecho a la
intimidad, en razón a que "la citada lista no fue divulgada al público en
general sino que se circunscribió a los habitantes del edificio, quienes
evidentemente tenían  interés en conocer  los nombres de aquellos  que, en
perjuicio de la comunidad, venían incumpliendo sus obligaciones para con
ella."
JUSTICIA POR
PROPIA MANO
Quien actúa
mediante  procedimientos  coercitivos o de  presión fuera de  los dispuestos
por la jurisdicción,  con el fin de obtener  el resarcimiento de sus perjuicios
o la obtención de sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusa  y por
consiguiente sus  actos  resultan inválidos e ilícitos a la luz del
ordenamiento jurídico. No se puede recurrir a la presión  en contra de un
deudor para obtener  el pago de las deudas  ya que para ello existen canales
plenamente establecidos y de amplio conocimiento  por parte de  los juristas,
que permiten obtener el cumplimiento de obligaciones comerciales sin menoscabar
derechos fundamentales.  Si estos canales no se utilizan  o si utilizándolos
se presiona al deudor para  que por medio de conductos ajenos a la ley cumpla
sus obligaciones, nos encontramos ante un constreñimiento inaceptable, que bajo
ningún aspecto puede ser tolerado por la jurisdicción constitucional.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Aviso
en prensa/INDEFENSION-Deudor moroso
La accionante
sostiene que la manifestación pública de su condición de deudora en el diario
de mayor  circulación en el país, la coloca en situación de indefensión frente
a la acción del particular, ya que en primera instancia no se contó con su
consentimiento y, en segundo lugar, fue sorprendida por esa reiterada
actuación  sin que pudiere esgrimir medios adecuados de defensa que permitieran
desvirtuar o justificar en el mismo sentido, su condición de deudora. Resulta
evidente la situación de indefensión de la demandante frente al particular, ya
que se utilizaron canales extralegales  muy poderosos para esgrimir su
situación,  que no permiten una fácil confrontación entre las partes y por el
contrario pueden generar perjuicios superiores a los hechos que motivaron la
publicación.
MEDIOS DE
COMUNICACION-Responsabilidad
La publicación de
avisos pagados por terceros en  la prensa,  cuando estos son ciertos, veraces y
exactos, no comprometen de ningún modo  al medio informativo. Sin embargo, si
la  información desconoce   esos principios,  "y afecta  en concreto los
derechos enunciados de la persona mediante una comunicación, anuncio o aviso
que no sea cierto, real, veraz o sea inexacto o erróneo, el medio de
comunicación estará en la obligación de rectificar el aviso
correspondiente",  en razón al ineludible deber que tiene tales medios de
garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
paralelamente al ejercicio de su libertad de prensa.
DERECHO A LA
HONRA-Aviso en prensa
No ha habido
violación alguna   del  derecho a la honra  de la accionante,  teniendo en
cuenta que el contenido reseñado en  los  avisos de prensa solo describe una
situación verídica de incumplimiento de obligaciones mercantiles de la
demandante, sin hacer alusiones  deshonrosas o descorteses en contra de ella.
El derecho a la honra exige como presupuesto indispensable el mérito de quien
lo alega,  fundamentado en un estricto  cumplimiento de los deberes con el
prójimo y respecto de  si mismo, ya que la veracidad afecta el calificativo de
este derecho.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Aviso
en prensa
La presunta
violación del derecho a la intimidad, exige un análisis circunscrito al tema
que motivó esta tutela: un aviso  de citación a pagar una deuda.   Este tema,
no es exclusivo  de la solicitante;  no es de la reserva  de ella consigo
misma,  ni tiene que ver con las relaciones de la peticionaria  con su
familia.  Obedece a relaciones  de índole comercial que escapan entonces a la
protección de la intimidad porque se tratan de relaciones comerciales al bien
jurídico que se protege con ese derecho, dentro del cual hay una zona de
reserva  donde la persona solo comparte  tal espacio con un núcleo muy cercano
a ella, el familiar. Por esta razón,  la veracidad de la información no deshace
el derecho a proteger la intimidad,  salvo el caso de quien está sometido a la
opinión pública.  Pero en  presente caso,  no se afecta  la intimidad dentro
del contexto señalado.
DERECHO AL BUEN
NOMBRE-Aviso en prensa
Manifestar
públicamente en el diario de más alta circulación en el país la condición de
deudora de la demandante, sin permitirle recurrir a  mecanismos de defensa
idóneos para lograr su desagravio, lesiona de manera fehaciente el  derecho
fundamental  de la señora al buen nombre, que en otras circunstancias no sería
el vulnerado,  precisamente porque  la divulgación de la situación comercial
entre particulares trascendió a un ámbito general de conocimiento público e
indiscriminado, que  permitió tergiversar con ello necesariamente la imagen
pública de la peticionaria. La divulgación de la condición comercial de una
persona, cuando no obedece a razones legales o a un interés claro de orden
público,  en la prensa o en cualquier  medio de información dirigido  por
naturaleza a un grupo ilimitado  e indiscriminado de personas, constituye un
claro agravio en contra de  su buen nombre, ya que  esas condiciones
financieras no tienen por qué  ser conocidas por toda la sociedad. De lo
anterior se desprende que el representante legal de la Fábrica de Ropa y su
apoderado,  vulneraron  claramente el derecho al buen nombre de la solicitante,
extralimitándose en las facultades que tenían como acreedores para  el cobro
de  una deuda comercial.
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
La explicación
para distinguir el buen nombre de la honra se da especialmente en la dimensión
donde es útil el concepto de buen nombre:  en las relaciones comerciales,
desde que no estén  dentro de las actividades  del art. 335 de la constitución
política.  Todo lo demás  queda bajo la protección de la honra.
INDEMNIZACION DE
PERJUICIOS-Vía ordinaria
La accionante
posee otro medio judicial suficientemente idóneo para obtener la indemnización,
como es la acción de responsabilidad Civil extracontractual ante la
jurisdicción  civil ordinaria. La  vía ordinaria  de responsabilidad civil
extracontractual, es el mecanismo apropiado  para obtener la indemnización de
perjuicios.
REF: EXPEDIENTE
No T-49272
ACTOR: Rosa
Eugenia Serpa Rueda.
PROCEDENCIA:
Tribunal Superior de Bucaramanga.
TEMAS:
- Derecho al Buen
Nombre.
- Derecho a la
intimidad y su relación con
la                                                               Información
comercial.
- Competencia
para indemnización de perjuicios.
MAGISTRADO
PONENTE:
ALEJANDRO
MARTINEZ  CABALLERO.
Santa Fé de Bogotá,
D.C  trece (13) de septiembre de    mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala  Séptima de
Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez  Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, ha pronunciado
la siguiente
SENTENCIA
En el  proceso de
tutela identificado con el número de radicación T- 49272, cuyo expediente llegó
a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Tribunal Superior de
Bucaramanga, de acuerdo a lo ordenado  por el artículo 31 del decreto 2591 de
1991.
I ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Carta Política  y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección correspondiente  de la Corte Constitucional escogió, para efectos de
su revisión, la acción de tutela  T- 49272,  que fue asignada por reparto a la
presente Sala de Revisión.
Una vez estudiada
la  acción  de la referencia,  esta Sala de la Corte Constitucional  profirió
auto el 21 de marzo  de 1995, mediante el cual se declaró la nulidad de todo lo
actuado en primera y segunda instancia ante el   Juez 7o Civil del Circuito de
Cali y ante el Tribunal Superior de la misma ciudad,   por vicios de
competencia. Se estimó  que  el  lugar de la violación o  amenaza del derecho
al buen nombre y a la honra alegados   por   la   accionante, ocurrió en  la
ciudad de Bucaramanga y no en Cali, como había considerado equivocadamente  el
Juez 5o  Civil del Circuito de Bucaramanga a quien correspondió conocer
inicialmente de la presente acción y quien por  razones de competencia,
remitió  el expediente a Cali.
En consecuencia, a
través de la Secretaría General de  la Corte Constitucional  se devolvió el
expediente al  Juez 5o Civil del Circuito  de Bucaramanga, para que ante tal
despacho se surtieran de nuevo los trámites de notificación  a los
intervinientes, resolución del proceso en primera instancia  y tramitación  de
la impugnación si era del caso,  tal como se ordenó en el auto del 21 de marzo
de 1995.   Agotadas las diligencias anteriores ante el Juez 5o Civil del
Circuito y ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, regresó el expediente a
esta Sala de Revisión para definir la tutela objeto de revisión.
1. SOLICITUD
La señora  Rosa
Eugenia Serpa de Rueda presentó ante el Juez  Civil del Circuito de
Bucaramanga, acción de tutela  contra la Fábrica de Ropa el As y contra el
apoderado de la misma, doctor Carlos Martinez Mantilla, por considerar
vulnerados  sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad familiar
y personal, a la honra, al debido proceso  y al juez natural, con base en los
siguientes hechos:
a)  La accionante
contrajo una deuda con la Fábrica de Ropa el As por concepto de suministro de
mercancías, que asciende a la suma de $ 1.455.244 pesos, garantizados mediante
las facturas cambiarias No 1930 del 16 de junio de 1993 por valor de $854.525
pesos;  No   1940 del 16  de junio del mismo año, por  $ 466.169 pesos y la
número  2012 del 1o  de julio de 1993 por $ 134.550 pesos; facturas que   no
habían  sido canceladas al presentarse la tutela.
b) Manifiesta que
por dificultades económicas,  no ha podido cumplir  las obligaciones contraídas,
pero ha estado dispuesta a hacerlo en la medida de sus capacidades, a pesar de
que el acreedor se ha mostrado intransigente en concertar fórmulas de pago.
c) Sostiene que
presumiblemente, con el objeto de enlodar el nombre de su familia o el de su
hermano Horacio Serpa,  la empresa  demandada incurrió en  constreñimiento
público  para obligarla a realizar el pago de la deuda, teniendo en cuenta que
adelantó en forma arbitraria en tres oportunidades - los días 3, 17, y 31 de
julio de 1994-, la publicación de avisos resaltados en el periódico el Tiempo,
que presentan el siguiente contenido:
"ROSA EUGENIA SERPA DUARTE
Favor   presentarse   a    pagar
deuda    pendiente
Fábrica   de   Ropa    el   As   donde
el    doctor
CARLOS MARTINEZ MANTILLA, carrera 12
No   34 -
47,   Oficina   506,    Tel.  30  -  71  - 61,
Bucaramanga".
d) A juicio de la
petente la circunstancia  mencionada  la coloca en evidente situación de
indefensión, ya que ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de
defensa ni las garantías que consagra el ordenamiento jurídico  para proteger
sus derechos  a la intimidad familiar  y propia, a la honra y al buen nombre,
presuntamente  vulnerados por la entidad demandada.
e) Solicita que se
le conceda la acción de tutela respecto a sus derechos constitucionales
lesionados; que se ordene en abstracto, la indemnización del daño que le ha
sido causado por los accionados,  y que se compulsen copias con destino  a la
autoridad competente,  para que se investigue la violación de la ley 23 de
1991.
En el expediente de
Tutela obran como pruebas:
-Los textos
publicados en el periódico el Tiempo los días  3,  17 y 31 de julio de 1994.
-Las copias de las
facturas cambiarias  firmadas, y  de las remesas terrestres de entrega  de
las   mercancías.
-Copia de la orden de publicación  nacional
del aviso clasificado en el diario el Tiempo,    adelantada  por el
representante legal de la fábrica de  el As, Dr. Simón Seselovsky.
-Base de Datos de
Acolmoda, en donde figura la demandante.
-Testimonios de la
parte demandada.
2. DECISIONES
JUDICIALES ANTERIORES
Correspondió el
conocimiento  de la tutela de la referencia al Juzgado 5o Civil del Circuito de
Bucaramanga, que mediante providencia del 12 de agosto  de 1994, decidió
abstenerse de proseguir con el estudio de tal acción, en razón de la
competencia.  En efecto,  señaló el fallador,  que de acuerdo con el primer
inciso del artículo  37 del decreto 2591 de 1991, son competentes a prevención,
"los jueces o tribunales  con jurisdicción  en el lugar  donde ocurriere
la violación  o la amenaza que motivare  la presentación de la solicitud".
Sostuvo, por consiguiente,  que no era competente para  seguir  examinando
ésta acción,  teniendo en cuenta que la violación que se pregona ocurrió
"en la ciudad de Cali, donde  el representante de la  persona jurídica
acreedora, elaboró  y mandó publicar  el aviso que aparece  en las ediciones
del 3, 17 y 31 de julio de 1994".
El expediente  fue
enviado entonces, a los juzgados correspondientes  en Cali, y por  reparto, fue
asignado  al Juez Séptimo Civil del Circuito de esa ciudad,  quien avocó
conocimiento.
Dentro del término,
la apoderada judicial de la  sociedad Fábrica de Ropa el As Ltda, presentó
memorial  explicando la  forma en que la tutelante, Rosa Eugenia Serpa,
respaldó sus compromisos con la empresa, mediante tres cheques del Banco Unión
Colombiano que no fueron pagados al cobro por insuficiencia de fondos.
Manifiesta, que insistentemente  se le solicitó a la demandante la cancelación
de los valores debidos "mediante llamadas telefónicas y requerimientos, a
la única dirección conocida de la Señora"; situación que obligó a la
empresa, ante el silencio de la accionante,  a conferirle poder al Dr.  Carlos
Martínez Mantilla para que por los trámites  del proceso ejecutivo, obtuviera
el cobro  del crédito; proceso que actualmente cursa en el Juzgado 4o Civil
Municipal de Bucaramanga ".  Sin embargo, precisa la apoderada, que al
llegar a la fecha del secuestro de bienes  se descubrió que la "deudora
había cerrado el lugar de trabajo, pues en dicho lugar se encontraba otra
persona con otro establecimiento de comercio y la ejecutada no había dejado
tras de sí información alguna  de su ubicación; simplemente al parecer  se
había trasladado a otra ciudad  a vivir y a trabajar". En consecuencia,
explica que el único mecanismo  que les restaba para poder determinar la
ubicación exacta  de la demandante era la publicación de un aviso, como el que
se divulgó, para determinar el paradero de la misma.
Mediante  sentencia
del veinticuatro (24)  de agosto  de 1994, el juzgado 7o Civil del Circuito de
Cali, CONCEDIÓ la tutela solicitada, argumentando violación a la reputación de
la peticionaria, tanto en el aspecto genérico del buen nombre, como en el
específico de la honra pues "el derecho subjetivo que posee al acreedor,
tiene como límites los procedimientos legales   para lograr la efectividad de
los mismos", razón  por la cual cualquier  "otro mecanismo que exceda
el campo de la privacidad, pone en tela de juicio la credibilidad del individuo
vulnerando el derecho al buen nombre, pues la administración de justicia está
en manos del Estado  y por lo tanto no se puede avalar la actitud  de ejercer
justicia  por la vía privada".
La apoderada de la
Fábrica de Ropa el As, IMPUGNÓ  la sentencia de Primera Instancia,  por
estimar que el "hecho de manifestar  ante particulares o ante entidades
públicas situaciones comerciales que no están basadas en hechos falsos, que
responden a un criterio objetivo y corresponden de manera precisa a los hechos,
se deben tener  como una información  exacta que en ninguna manera vulnera los
derechos  al honor y al buen nombre".  Cuestiona igualmente la decisión,
al señalar que  "de este modo abusa de la acción de tutela  quien
desquiciando el objeto de la misma, pretende amparar lo que no es un derecho
suyo sino precisamente aquello que pugna al orden jurídico y que apareja
responsabilidad y sanción : la renuencia a  cumplir las obligaciones que
contrae".
El Tribunal Superior
de Cali,  en sentencia proferida  el dieciséis (16) de septiembre de 1994,
REVOCÓ  el fallo del juez A-Quo, por considerar  que no hay  vulneración al
buen nombre o a la honra, teniendo en cuenta que éstos  derechos no son
gratuitos, sino que se goza de ellos en virtud del mérito. Según el Tribunal,
el aviso como tal no contiene juicios injuriosos ni escandalosos que permitan
afirmar la existencia de un verdadero daño a la reputación de la persona.
Tampoco, concluye, hay un ejercicio de la justicia por la vía privada, porque
dentro de los procesos jurídicos  hay mecanismos de emplazamiento  similares a
la citación  adelantada por los demandados.
Una vez revisado el
presente  expediente por ésta Sala de la Corte Constitucional, según ya se
dijo,  decidió declarar la NULIDAD de todo lo actuado en  primera y segunda
instancia en Cali,  en razón a la falta de competencia del Juzgado 7o Civil de
esa ciudad para conocer la presente acción de tutela. En efecto, esta Corte
manifestó mediante auto del  veintiuno (21) de marzo de 1995, que el criterio
con que conoce un juez de tutela  competente  es "a prevención", lo
que indica que  se excluye del conocimiento del asunto a los demás jueces aptos
para resolverlo,  cuando  otro juzgador  se ha  anticipado en su conocimiento,
tal  como ocurrió con el Juez 5 Civil  de Circuito de Bucaramanga,  quien
recibió inicialmente el presente expediente. Se concluyó que la competencia
debía recaer en el   Juzgado del lugar de la violación o amenaza del derecho
vulnerado,  por estimarse que la perturbación del derecho al buen nombre o
intimidad ocurre precisamente en el lugar donde "la persona es reconocida
por la colectividad y donde necesariamente tiene la buena o la mala fama que la
acredita", y que en el caso de la demandante  es en la ciudad de
Bucaramanga por ser allí el asiento principal de sus negocios, el  sitio donde
vive,  y la zona en donde se adelantó el proceso ejecutivo en  su contra;  razón
por la cual  esta Corte definió como competente para resolver,  al Juez 5 Civil
de Circuito de esa ciudad, a quien correspondió inicialmente el análisis de los
hechos de esta acción de tutela y a quien fue remitido  nuevamente el
expediente,   para su resolución en primera instancia y tramitación de la
impugnación, si era del caso.
Así, mediante
sentencia de abril veintisiete (27) de 1995,  el  Juez 5o  Civil de Circuito de
Bucaramanga    CONCEDIÓ la acción de tutela de la referencia,  por considerar
que la publicación de los avisos mencionados "conlleva un constreñimiento
público inaceptable que vulnera el buen nombre de la actora", teniendo en
cuenta que el derecho subjetivo que tiene el acreedor para el cobro, tiene como
límite  los mecanismos legales expresamente señalados en el ordenamiento
jurídico.  Sin embargo, no se condena a indemnización de perjuicios a la
empresa accionada ni al abogado Carlos Martínez Mantilla, porque no se pudo
constatar una “causación” real del daño emergente, tal como lo exige el art. 25
del decreto 2591 de 1991.
Luego de la
IMPUGNACIÓN presentada por el Dr. Carlos Martínez Mantilla  en su propio nombre
y como apoderado de la firma "el As Ltda” en contra de la decisión
anterior,  el Tribunal Superior de Bucaramanga decidió, mediante sentencia del
doce (12) de mayo de 1995, REVOCAR el fallo del juez A-Quo por considerar improcedente
la acción de tutela, teniendo en cuenta  que  la accionante goza de  otro medio
de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria, como es la posibilidad de
obtener a través de un proceso por responsabilidad extracontractual, el pago de
la indemnización que le corresponde  por el daño causado. Considera que la
situación aquí descrita, constituye un claro ejemplo de abuso de derecho de quien
puede perseguir el cobro de sumas adeudadas, pero concluye que no existe
violación de los derechos a  la honra y al buen nombre de la señora Serpa
porque  lo que se predica de ella es verdadero.
II
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. De la
competencia.
Resulta competente
esta  Sala  de  la  Corte  Constitucional   para  conocer  de   la acción de
tutela de la referencia, con fundamento  en los artículos 86 numeral 2o y  241
numeral 9o de la Constitución  Política, en concordancia con lo dispuesto por
los  artículos 2o,  33, 34, 35 y  36  del Decreto 2591 de 1991 .  Su examen se
hace en virtud  de la selección que de dicha acción  practicó la Sala
correspondiente,  y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
reglamento de  esta Corporación.
El presente caso
exige puntualizar aspectos ampliamente debatidos por esta Corte en materia de
derechos al buen nombre, honra  e intimidad; su protección y su relación  con
las publicaciones  adelantadas por el apoderado y representante de la Fábrica
de Ropa el As, considerando la existencia de múltiples criterios de
interpretación  que se han plasmado en los fallos judiciales anteriormente
descritos.  En consecuencia se procede a resolver según las siguientes
consideraciones.
2. Del derecho a
la honra.
La Constitución
Política Colombiana en su artículo 2o inciso 2o reconoce  que "las
autoridades de la República están  instituidas  para proteger  a todas las
personas en su vida,  honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades".
El art. 21 de la
C.P. consagra  específicamente la protección del  derecho a la Honra,
entendiendo por ella,  la estimación o deferencia  con la  que cada persona
debe ser tenida  por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le
tratan, en razón a su dignidad humana.  Es  por consiguiente,  un derecho que
debe  ser protegido  con el fin de no menoscabar el  valor intrínseco de los
individuos  frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas  dentro de la colectividad.
Al respecto, los
artículo 17 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, aprobado
mediante la ley  74 del 26  de diciembre de  1968, y el art. 11 de  la
Convención Americana  sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa
Rica", consagran también  el derecho a la honra;  lo que les otorga,
debido a  su carácter de tratados prevalentes a nivel interno, la condición de
criterios de interpretación de derechos fundamentales en virtud del artículo 93
de la Carta Magna.[1]
Tradicionalmente
esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son
derechos que se ganan de acuerdo  a las acciones realizadas por el individuo,
sea que en virtud de ellas  pueda gozar del respeto y admiración de la
colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el
contrario,  carezca de tal imagen y prestigio, en razón a  su indebido
comportamiento social.   En este último caso difícilmente se puede considerar
violado el derecho a la honra  de una persona, cuando es ella misma quien le ha
imprimido el desvalor a sus conductas  y ha perturbado su imagen ante la
colectividad. Por esta razón, la Corte ha señalado en oportunidades
anteriores,  que "no se viola el derecho al buen nombre y a la honra, si
es la misma persona la que con sus acciones  lo está pisoteando y por
consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado" si hubiera
realizado el mas severo cumplimiento  de sus deberes respecto del prójimo y
respecto de sí mismo.[2]
3. Del derecho al
buen nombre.
La defensa del
derecho a la dignidad, por otra parte, involucra varios aspectos de  la
reputación de las personas  que determinan necesariamente   una estrecha
vinculación y conexidad  con el derecho al  "buen nombre" consagrado
en el art. 15 de la C.P.  Doctrinariamente el  "derecho al buen
nombre"  se define, como  la buena  opinión o fama   adquirida por un
individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia  necesaria  de la
acciones protagonizadas por él.
En el mismo sentido,
se ha considerado que "el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su
misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la
conducta  irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento
social del mismo. En otros  términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado
comportamiento del individuo, debidamente  apreciado en sus manifestaciones
externas  por la colectividad".[3]
Al analizar este
derecho en el caso concreto, deben evaluarse entonces las situaciones
particulares de  quien lo alega, para determinar, dado su carácter subjetivo,
si existe o no una violación que perturbe la imagen de la persona, con el fin
de determinar si puede ser objeto entonces de  protección legal.
Son  atentados al
derecho al buen nombre entonces, todas aquellas informaciones que contrarias a
la verdad, distorsionen  el prestigio social que tienen una persona, sin
justificación alguna.  Al respecto esta Corte ha señalado   que "se atenta
contra este derecho, cuando sin justificación ni causa  cierta y real, es
decir, sin fundamento, se propagan  entre el público -bien sea de forma directa
o personal, o a través de los medios de comunicación de masas - informaciones
falsas o erróneas o especies que distorsionen el concepto público que se tiene
del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio  o la
confianza  de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando
en cualquier forma se manipula la opinión general  para desdibujar su
imagen". [4]
4. Del  Derecho a
la Intimidad.
Tradicionalmente se
ha definido el derecho a la intimidad como  aquella esfera de la personalidad
del individuo que éste ha decidido reservar para sí, ocultándola y liberándola
de la injerencia  de los demás miembros de la sociedad.
En efecto, es un
ámbito en el que  la comunidad como distinta al individuo, no tiene más que un
interés secundario en la información o realidad que existe en esa esfera, lo
que le  permite al sujeto desarrollar libremente su personalidad y sustraerse
de la llamada opinión pública, mediante reserva.
Al respecto, la
sentencia T- 412 de 1992  sostiene  que,  "como quiera que  existen
artículos  expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la
religión y creencias y   libertades de la persona humana,  se creyó conveniente
consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares  de
proteger la esfera interna de las personas",  con el objeto de  aislar a
las personas de la impertinencia de terceros y lograr igualmente, la protección
de su imagen.[5]
El art. 15  de la
Constitución Nacional, en su inciso primero  hace alusión a él, cuando
consagra  que "todas las personas tiene derecho  a la intimidad personal
y  familiar y a su buen nombre, y el Estado debe  respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas".
Es un derecho
entonces, personalísimo, según inspiración constitucional  relativa a la
dignidad humana, que debe ser tutelado cuando, por la acción  de terceros, se
produce una intromisión indebida en el ámbito personal o familiar del sujeto
que conlleva  la revelación  de asuntos privados, el empleo de su imagen  o de
su nombre, o la perturbación  de sus afectos o asuntos más  particulares e
íntimos relativos a su sexualidad o salud, con o sin divulgación en los medios
de comunicación.
Se ha considerado
doctrinariamente,  que constituyen aspectos de la órbita privada,  los asuntos
circunscritos a las  relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y
prácticas sexuales,  su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización  de datos a nivel informático,
las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo "comportamiento
del sujeto  que no es conocido por los extraños  y que de ser conocido
originaría críticas  o desmejoraría la apreciación" que  éstos tienen de
aquel. [6]
No obstante,
aspectos relativos al cumplimiento de las obligaciones con establecimientos de
crédito y con el comercio, que tradicionalmente fueron protegidos con reserva
frente a  terceros por ser aparentemente información no relevante para la
comunidad, hoy en día  no forman parte en estricto sentido del fuero    íntimo
de   una  persona,  cuando  necesariamente   acarrean  implicaciones  sociales
que deben ser conocidas  por los demás en aras  de proteger el interés general
de la colectividad y minimizar al máximo  los riesgos inherentes a  toda
actividad económica concebida como de interés público.  Para precisar, las
actividades entendidas como de interés público son aquellas consagradas en el
artículo 335 de la  C.N, que hacen referencia estrictamente a la  actividad
financiera, bursátil, aseguradora  y cualquier otra  relacionada con el manejo,
aprovechamiento  e inversión de los recursos captados del público. Las
relaciones comerciales que no tienen las anteriores características  no se
incluyen en este grupo.
Esto ocurre por
ejemplo con las mencionadas Bases de Datos o listados electrónicos,  las cuales
incluyen para consulta restringida de entidades financieras y establecimientos
de crédito, la información comercial, - léase deudas, créditos y pagos-, de
personas que realizando transacciones en el sector financiero hayan incumplido
sus obligaciones económicas.  La información que en las Bases de Datos  se
maneja debe ser, para no menoscabar los derechos al buen nombre, honra  e
intimidad de las personas, veraz, imparcial, obtenida en forma legítima  o por
medios lícitos y debe ser susceptible a ser rectificada, conocida y
actualizada,  respetando por supuesto la caducidad del dato, o el tiempo
legalmente permitido para que la información comercial de una persona se
encuentre en pantalla.
Algo similar sucede
con la publicación en conjuntos cerrados o edificios, de listados de deudores
morosos  en las áreas sociales. Ciertamente, durante algún tiempo se consideró
violatorio de la intimidad de los directamente implicados en las deudas
comunales,  la publicación de listados que consignaran la identidad de las
personas que tenían esas deudas y las sumas correspondientes,  porque se
pensaba que tal información solo interesaba a los deudores morosos y su revelación
constituía una injerencia indebida en el fuero  íntimo de las personas.   Sin
embargo, esta Corte en la  sentencia T-228 de 1994 consideró que tales
publicaciones no menoscaban el derecho a la intimidad de los individuos porque
la  información  que se desprende de esos comunicados tiene  relevancia
económica para los demás miembros del conjunto,  quienes por formar parte de
una comunidad tienen derecho a  conocer la situación financiera de la misma.
Igualmente se consideró que la situación no era violatoria del derecho a la
intimidad, en razón a que "la citada lista no fue divulgada al público en
general sino que se circunscribió a los habitantes del edificio, quienes
evidentemente tenían  interés en conocer  los nombres de aquellos  que, en
perjuicio de la comunidad, venían incumpliendo sus obligaciones para con
ella." [7]
Al respecto debemos
concretar, que no es violatorio del derecho a la intimidad  la divulgación  de
la situación financiera o crediticia de una persona dentro del  término de
caducidad de los datos permitido por la jurisprudencia, cuando  ésta es  veraz,
completa, legalmente obtenida, y es publicada o dada a conocer  mediante canales
o medios que no lesionen  los derechos protegidos por el ordenamiento
jurídico.  A juicio de ésta Corte tales canales o medios de difusión  son
aquellos que permiten  un ACCESO RESTRINGIDO A ESOS CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS, Y CONSTITUYEN UNA ESFERA CERRADA, CON UN INTERÉS CIERTO  Y
LEGÍTIMO EN ESE TIPO DE INFORMACIÓN.
En el caso  de las
Bases de Datos el interés de las entidades financieras y bancarias que
generalmente tienen acceso a esa información comercial es indiscutible y propio
de su actividad mercantil. Además,  las redes de información que existen,
operan  en un medio de circulación  restringido que no permite al público
conocer  los datos comerciales que se manejan en su interior.
Por tal razón, la
vulneración del derecho a la intimidad en éstos casos, solo puede ser producto
de una violación del  habeas data por el incumplimiento de los requisitos
necesarios de veracidad, oportunidad y recolección legal de los datos, para las
cuales   la legislación ha previsto mecanismos de defensa y rectificación  que
permiten a los sujetos que se encuentran inscritos en las redes, actualizar y
si es del caso, solicitar el retiro de la información.  Algo similar ocurre con
las listas de deudores morosos en los edificios de apartamentos. En general
los datos financieros,  al no pertenecer a la esfera mas intima  de las
personas porque involucran relaciones comerciales con terceros,  no se someten
a la protección del derecho a la intimidad,  salvo  en las circunstancias
expresadas   anteriormente.
5. De la justicia
ejercida por particulares
El art. 229 de la
Constitución Nacional determina que toda persona tiene derecho a  acceder
libremente a la  administración de justicia, como última instancia  en la
solución de los conflictos dentro de un Estado Social de Derecho. En los
conflictos  civiles,  cuando hay incumplimiento en el pago de una deuda, el
ordenamiento procesal establece una normatividad muy completa para los procesos
de ejecución  y dentro de estos hay lugar  a publicaciones ordenadas por el
juez competente, en los medios de difusión que éste autorice.
Por lo tanto, en
aras  de la justicia y el debido proceso, las actuaciones de la
administración se adelantan en forma pública y permanente, ajustadas  a
procedimientos específicos, para garantizar la igualdad y la efectividad de los
principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución,  por ser éstos
fines esenciales de la actividad estatal.
Al respecto, la
Sentencia T-412 de 1992 sostiene que  "La administración de Justicia es
una  función pública, cuyas decisiones son independientes  y cuyas actuaciones
serán publicas y permanentes,  con las excepciones que fije la ley.
Con el fin de evitar
que los procedimientos sean  utilizados para  obstaculizar la administración de
justicia, se  dispone que en las actuaciones prevalecerá el derecho
sustancial.
Así mismo,  se
establece que en el art. 228 de la Carta los parámetros necesarios para que la
justicia sea eficaz, al determinar que los términos procesales se  observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionable.  En consecuencia,  la
solución coactiva, pero imparcial y pacífica,  de las controversias o
conflictos, constituye el objeto propio de la función jurisdiccional. " [8]
En ese orden de
ideas,  resolver los conflictos económicos que no pudieron ser solucionados
mediante el acuerdo de las partes, recurriendo a  la fuerza, la violencia, la
presión o simplemente a canales diversos a los legales, constituye en el fondo
un acto de venganza  privada, que el hombre contemporáneo ha buscado superar,
con el fin de evitar la barbarie y permitir que la administración de justicia
actúe y ofrezca alternativas jurídicas,  mediante el monopolio de la coerción.
Por consiguiente,
"cuando una persona es constreñida mediante una conducta ilícita a
realizar el pago de una obligación,  se encuentra en una clara situación de
indefensión, pues ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de
defensa ni las garantías  consagradas en el ordenamiento jurídico,  como si
ocurre ante un juez, quien velará  por el respeto al debido proceso  como
derecho constitucional fundamental". [9]
Es así, que quien
actúa mediante  procedimientos  coercitivos o de  presión fuera de  los
dispuestos por la jurisdicción,  con el fin de obtener  el resarcimiento de sus
perjuicios o la obtención de sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusa  y
por consiguiente sus  actos  resultan inválidos e ilícitos a la luz del
ordenamiento jurídico.   "Esto fue precisamente  lo que quiso  prohibir el
legislador al consagrar desde el Código Penal de 1837 el tipo penal  denominado
"ejercicio arbitrario de las propias razones",  que hoy dejó de ser
delito  y se convirtió en contravención especial.  El delito estaba consagrado
en éstos términos:   < El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el
fin de ejercer un derecho,  se haga justicia arbitrariamente  por sí mismo,
incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos.>"[10]
6. El caso  en
concreto.
a. De la acción
de tutela contra particulares
El art. 86 de la
C.N  en su inciso primero, consagra  la potestad que tiene toda persona para
ejercitar la acción de  tutela  y  "reclamar  ante   los  jueces,   en
todo momento  y lugar, mediante  un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de  sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados  o
amenazados  por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."
Igualmente, el mismo
artículo determina que   " La ley establecerá  los casos en que la acción
de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio  público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes  el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión".
Al respecto, el art.
42 del decreto 2591 de 1991, que reglamentó el parágrafo anterior del art. 86
de la C.N,  en su numeral 4o  señala la viabilidad  de la acción de tutela en
el evento de acciones u omisiones de particulares, cuando la "solicitud
fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente  o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante  tenga una relación  de subordinación o
indefensión  con tal organización".  Debe entenderse por subordinación e
indefensión, para efectos de interpretación de este artículo,  aquella
diferenciación  determinada  en la sentencia T-412 de 1992 [11] que señala lo
siguiente:
"Subordinación:
Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho
laboral constituye  el elemento característico y el mas importante en el
contrato  de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza  hacia esa
relación contractual  la tutela del estado"
"Indefensión:
la indefensión  se produce cuando  una persona  sin culpa  de su parte  no ha
podido defenderse  o defender sus derechos conforme a  las leyes que
reglamentan su ejercicio".
En el caso que nos
ocupa, la accionante, no sin razón, sostiene que la manifestación pública de su
condición de deudora en el diario de mayor  circulación en el país, la coloca
en situación de indefensión frente a la acción del particular, ya que en
primera instancia no se contó con su consentimiento y, en segundo lugar, fue
sorprendida por esa reiterada actuación  sin que pudiere esgrimir medios
adecuados de defensa que permitieran desvirtuar o justificar en el mismo
sentido, su condición de deudora.
Lo anterior no
significa  que se le señale responsabilidad al medio periodístico en el que se
publicó el aviso, teniendo en cuenta que la información contenida en los
anuncios corresponde estrictamente a la verdad. Al respecto,  la Corte en
oportunidades anteriores ha sostenido, que la  publicación de avisos pagados
por terceros en  la prensa,  cuando estos son ciertos, veraces y exactos, no
comprometen de ningún modo  al medio informativo. Sin embargo,  tal como lo
advierte la sentencia  T-381 de 1994,  si la  información desconoce   esos
principios,  " y afecta  en concreto los derechos enunciados de la persona
mediante una comunicación, anuncio o aviso que no sea cierto, real, veraz o sea
inexacto o erróneo, el medio de comunicación estará en la obligación de
rectificar el aviso correspondiente",  en razón al ineludible deber que
tiene tales medios de garantizar la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, paralelamente al ejercicio de su libertad de prensa. "Esto
además por cuanto corresponde a los medios de comunicación  corroborar las
informaciones -incluso el contenido de  los avisos de publicidad-,
estableciendo  la veracidad de las mismas, de manera que cuando amenacen
derechos fundamentales, es procedente la solicitud de rectificación  por quien
se dice afectado por la publicación.".[12]
En consecuencia,
luego de determinar la inexistencia de responsabilidad por parte del diario el
Tiempo en el desarrollo del presente caso, teniendo en cuenta  el contenido de
la publicación,  resulta evidente la situación de indefensión de la demandante
frente al particular, ya que se utilizaron canales extralegales  muy poderosos
para esgrimir su situación,  que no permiten una fácil confrontación entre las
partes y por el contrario pueden generar perjuicios superiores a los hechos que
motivaron la publicación.  Por consiguiente esta Sala de revisión consideró
procedente el análisis de la tutela de la referencia como se desprende  del
punto que sigue.
b. De la
violación de los  derechos fundamentales.
En el caso
sub-judice la accionante orienta su solicitud hacia la protección de los derechos
al buen nombre, honra e intimidad  que estima vulnerados con la publicación de
tres avisos en el diario El Tiempo que la describen como deudora de la Fábrica
de Ropa  el As Ltda.
De conformidad con
el acervo probatorio  consignado en el expediente, es claro para esta  Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, que no ha habido violación alguna   del
derecho a la honra  de la accionante,  teniendo en cuenta que el contenido
reseñado en  los  avisos de prensa solo describe una situación verídica de incumplimiento
de obligaciones mercantiles de la demandante, sin hacer alusiones  deshonrosas
o descorteses en contra de ella.
Como se  explicó
anteriormente, el derecho a la honra exige como presupuesto indispensable el
mérito de quien lo alega,  fundamentado en un estricto  cumplimiento de los
deberes con el prójimo y respecto de  si mismo, ya que la veracidad afecta el
calificativo de este derecho. Por consiguiente, difícilmente  puede la señora
Serpa  alegar la violación de ese derecho si ella misma es quien  con su
actitud  ha generado distorsión a la valoración pública que los demás tienen de
ella, dados los incumplimientos reiterados de sus obligaciones, desdeñando por
lo tanto el prestigio comercial que hubiere preservado si sus actuaciones
hubieran sido diligentes en el ámbito mercantil al que pertenecía su negocio.
Se repite que este es un derecho que se gana con las conductas irreprochables y
que no se imputa indiscriminadamente  a toda la colectividad.
De otro modo, la
presunta violación del derecho a la intimidad, exige un análisis circunscrito
al tema que motivó esta tutela: un aviso  de citación a pagar una deuda.   Este
tema, no es exclusivo  de la solicitante;  no es de la reserva  de ella consigo
misma,  ni tiene que ver con las relaciones de la señora Serpa  con su
familia.  Obedece a relaciones  de índole comercial que escapan entonces a la
protección de la intimidad porque se tratan de relaciones  comerciales al bien
jurídico que se protege con ese derecho, dentro del cual hay una zona de
reserva  donde la persona solo comparte  tal espacio con un núcleo muy cercano
a ella, el familiar. Por esta razón,  la veracidad de la información no deshace
el derecho a proteger la intimidad,  salvo el caso de quien está sometido a la
opinión pública.  Pero en  presente caso,  no se afecta  la intimidad dentro
del contexto señalado.
Sin embargo,  las
publicaciones adelantadas en  el diario El Tiempo por parte del representante y
apoderado de  la Fábrica de Ropa el As Ltda, no constituyen tampoco  una
conducta ajustada a derecho. En efecto, manifestar públicamente en el diario de
más alta circulación en el país la condición de deudora de la demandante, sin
permitirle recurrir a  mecanismos de defensa idóneos para lograr su desagravio,
lesiona de manera fehaciente el  derecho fundamental  de la señora al buen
nombre, que en otras circunstancias no sería el vulnerado,  precisamente
porque  la divulgación de la situación comercial entre particulares trascendió
a un ámbito general de conocimiento público e indiscriminado, que  permitió
tergiversar con ello necesariamente la imagen pública de la señora Serpa.
En este orden de
ideas, tenemos que la divulgación de la condición comercial de una persona,
cuando no obedece a razones legales o a un interés claro de orden  público,
en la prensa o en cualquier  medio de información dirigido  por naturaleza a un
grupo ilimitado  e indiscriminado de personas, constituye un claro agravio en
contra de  su buen nombre, ya que  esas condiciones financieras no tienen por
qué  ser conocidas por toda la sociedad. De lo anterior se desprende que el
representante legal de la Fábrica de Ropa el As Ltda y su apoderado,
vulneraron  claramente el derecho al buen nombre de la solicitante,
extralimitándose en las facultades que tenían como acreedores para  el cobro
de  una deuda comercial.  La explicación para distinguir el buen nombre (art.
15) de la honra (art. 21) se da especialmente en la dimensión donde es útil el
concepto de buen nombre:  en las relaciones comerciales,  desde que no estén
dentro de las actividades  del art. 335 de la constitución política.  Todo lo
demás  queda bajo la protección de la honra. En el presente caso ya se indicó
que no se violó la honra, pero si se violó el buen nombre, porque este es el criterio
que los demás tienen de uno en la dimensión comercial.
Es más,  con tales
publicaciones  se ejerció realmente   una   presión indebida en contra de la
petente  para obtener el pago  de la deuda con la compañía accionada, teniendo
en cuenta que más allá de la simple  dirección de la solicitante, era posible,
analizando el texto expreso de los avisos,  obtener el pago de las obligaciones
pendientes por la señora Serpa como respuesta  a una divulgación  pública fuera
de los canales estrictamente legales,  que por  naturaleza obliga a quien  la
sufre a realizar los actos necesarios para acallar la situación.  De lo
anterior se debe concluir  que la posibilidad que tiene un acreedor  para
realizar un cobro, no puede desbordar los límites propios  de la ley.  Tampoco
se puede recurrir a la presión  en contra de un deudor para obtener  el pago de
las deudas  ya que para ello existen canales plenamente establecidos y de
amplio conocimiento  por parte de  los juristas,  que permiten obtener el
cumplimiento de obligaciones comerciales sin menoscabar derechos
fundamentales.  Si estos canales no se utilizan  o si utilizándolos  se
presiona al deudor para  que por medio de conductos ajenos a la ley cumpla sus
obligaciones, nos encontramos ante un constreñimiento inaceptable, que bajo
ningún aspecto puede ser tolerado por la jurisdicción constitucional.
c)  De la
indemnización de perjuicios.
El artículo 25 del
decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante la sentencia C-543 de 1992,
consagra en términos generales la posibilidad que tiene el juez de tutela para
decretar la indemnización de perjuicios, “ cuando se comprueba un daño que se
deriva de una acción u omisión antijurídica” [13],
en razón a la necesidad de restablecer la situación  jurídica de la víctima al
estado en que se encontraba antes de la violación de sus derechos
fundamentales,  para asegurar así, el goce efectivo del mismo.
Sin embargo, la
Corte Constitucional ha precisado, “ que la acción de tutela no tiene por
objeto  una determinación judicial  sobre indemnización de perjuicios”[14], motivo por el cual
la aplicación del artículo 25 exige el cumplimiento de la totalidad de  los
requisitos que lo constituyen. De este modo “ se requiere que la indemnización
sea necesaria para  asegurar el goce efectivo  del derecho; que el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del
perjuicio; que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria”[15],
como requisitos que le permiten al juzgador “ realizar a plenitud la justicia
en cada caso. [16]”
En el caso que nos
ocupa, esta Sala considera  que la accionante  posee otro medio judicial
suficientemente idóneo para obtener la indemnización, como es la acción de
responsabilidad Civil extracontractual ante la jurisdicción  civil ordinaria.
El artículo 25 del decreto  2591 de 1991 expresamente señala  la potestad
propia del juez de tutela para  ordenar en abstracto la indemnización  de un
daño emergente causado a  el perjudicado , siempre y cuando  el afectado no
disponga de otro medio judicial.
En cumplimiento  de
lo consagrado en el artículo 44 del Decreto 2591 de 1991 que dispone:
Protección
alternativa. “La providencia que inadmita o rechace  la tutela  deberá
indicar el procedimiento idóneo para proteger  el derecho amenazado o violado.
En este sentido , la
Sala  procede a  determinar  el otro  mecanismo judicial, del que dispone la
peticionaria  para obtener la imdemnización de los perjuicios causados en la
violación de su derecho.
LA ACCION DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
La acción de
responsabilidad extracontractual  debe ser mirada a la luz de lo preceptuado
constitucionalmente, y en tal sentido  el artículo 96 de la Constitución
señala:
“El ejercicio de
las libertades públicas y derechos reconocidos en  esta constitución implica
responsabilidades. Toda Persona esta obligada  a cumplir la Constitución y las
Leyes . Son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos
y no abusar de los propios”.
Esta norma debe ser
entendida  en armonía , con lo preceptuado en el artículo 6 del Texto
Constitucional que consagra:
”Los particulares
sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución   y
las leyes.....
Se constituyen así,
las normas anteriormente citadas  en el soporte jurídico de la acción de
responsabilidad civil extracontractual.
Asi mismo, el
fundamento  de dicha acción es ampliamente desarrollada a través  de  lo
consagrado en la legislación que contempla normas, tanto de carácter sustantivo
como procesal.
En efecto el
artículo 2341 del Código Civil, establece el fundamento de la acción de
responsabilidad civil extracontractual, que en su tenor señala:
”El que ha
cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la Ley imponga  por la
culpa o el delito cometido.”
Se encuentran otras
normas que, aunque referidas a la responsabilidad civil contractual, son
aplicadas por analogía al campo de la responsabilidad civil extracontractual.
Específicamente los artículos 1613 y 1614, referidos a los perjuicios
materiales y morales que se pueden ocasionar con un daño.
Por otra parte, el
Código de Procedimiento Civil  en  su artículo 396  y siguientes establece, los
trámites propios  de un proceso ordinario civil,  que para el presente caso ha
de ser el utilizado por la peticionaria , con el fin de obtener  la
indemnización  por los posibles  perjuicios causados en virtud de la
vulneración  de su  derecho a la intimidad.
El artículo antes
citado, señala :
“Se ventilará y
decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso  que no esté sometido a
un trámite especial”.
Se concluye,
entonces  que la  vía ordinaria  de responsabilidad civil extracontractual, es
el mecanismo apropiado  para obtener la indemnización de perjuicios.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión,  administrando justicia en el nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución :
RESUELVE
PRIMERO: Por las razones expuestas en este fallo
de revisión se REVOCA la decisión tomada en segunda instancia el 12 de mayo de
1995, por el Tribunal  Superior de Bucaramanga, Sala Civil,  dentro de la
acción de tutela  instaurada por la señora Rosa Eugenia Serpa de Duarte.
SEGUNDO:  Se tutela el derecho Fundamental al buen
nombre  de la accionante y en consecuencia se Ordena al representante  de la
Fábrica de Ropa el As Ltda, y a su  apoderado Carlos Martínez Mantilla
abstenerse en lo sucesivo de realizar el tipo de publicaciones descritas en la
parte motiva de este fallo, en contra de la demandante. Para ello  se  exhorta
al juez de conocimiento, a ejercer la vigilancia respectiva  sobre  el asunto.
TERCERO: No procede la tutela respecto a los
derechos a la intimidad y  a la honra, según se consignó en la parte resolutiva
de esta sentencia.
CUARTO:  No procede la indemnización de
perjuicios, por las razones contempladas en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: Ordenar que
por la Secretaria General de esta Corporación se comunique esta providencia al
Juez de Primera instancia con el fin de que se hagan las notificaciones
necesarias según  los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase  e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ  CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Fuera de las anteriores consideraciones, la protección de la
honra también se manifiesta  internamente en los artículos 313 a 322 de nuestro
Código Penal, que consagran como punibles los delitos de injuria y de calumnia.
Se entiende por injuria, toda expresión  que busque imprimir deshonra,
desprestigio o desprecio en contra de una persona, con el fin de desacreditar
su buena reputación o valoración social, siempre y cuando  el hecho al que se
refiera el agravio no sea esencialmente punible.  De ser así,  nos
encontraríamos preferentemente  ante un delito de calumnia, definido
generalmente  como la falsa imputación  en contra de un tercero de la comisión
de  un delito o contravención, que somete al sujeto que la sufre no solo  a la
censura pública sino a la investigación y acción de autoridades competentes.
[2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 063  de 1994. Magistrado
Ponente:  Alejandro Martinez Caballero.
[3]Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T- 229  de 1994.  Magistrado
Ponente :José Gregorio Hernández.
[4]Cfr.  Ibidem.
[5] Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T- 412 de 1992. Magistrado
Ponente: Alejandro Martinez Caballero.
[6] Cfr. Corte Constitucional  S. U - 089 de 1995.  Magistrado
Ponente: Jorge Arango Mejía.
[7] Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T-228 de 1994.  Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández.
[8]Cfr. Corte Constitucional.  Sentencia T- 412 de 1992.  Magistrado
Ponente:  Alejandro Martinez Caballero.
[9]Ibidem.
[10]Ibídem. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 412 de 1992.
Magistrado Ponente:  Alejandro Martinez Caballero.
[11]Cfr. Corte Constitucional . Sentencia T-381 de 1994. Magistrado
Ponente: Alejandro Martinez Caballero.
[12]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 381 de 1994.  Magistrado
Ponente:  Hernando Herrera Vergara.
[13]  Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 1994. Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
[14] Ibidem.
[15] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 1994. Magistrado
Ponente : José Gregorio Hernández.
[16] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  C-543 de 1992.