T-577-19
Sentencia T-577/19
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Procedencia excepcional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad,
calidad del servicio de agua y no discriminación en la distribución
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
DERECHO AL AGUA POTABLE-Vulneración por no suministro del servicio de agua a sujeto de especial
protección
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden de diseñar política pública encaminada a superar situación de
vulneración del derecho fundamental de agua potable
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden a alcaldía municipal suministrar en forma continua agua potable a
la accionante y su núcleo familiar por el medio que considere más idóneo
Referencia: Expediente T-7.030.965
Acción de tutela
instaurada por José Vicente
Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo –
Socha, Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Alcaldía
Municipal de Socha.
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la Sentencia
de única instancia, proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Socha - Boyacá el 13 de agosto de 2018, que resolvió la
acción de tutela interpuesta por José Vicente
Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del
Acueducto Pantano Largo – Socha Boyacá (en adelante la Junta), y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá).[1]
I. ANTECEDENTES
En seguida, se exponen los hechos relevantes, la decisión de
instancia y las actuaciones adelantadas en Sede de Revisión.
1.
Hechos relevantes[2] y fundamentos de la solicitud de amparo
El 27 de julio de 2018, el señor José
Vicente Carvajal Márquez presentó acción de tutela contra la Junta, en la que solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas
y al agua, los que consideró vulnerados debido a que
no se le instaló un punto de agua para uso doméstico en su vivienda. En seguida, se enuncian los hechos relevantes del caso.
1.1.
El señor José Vicente Carvajal Márquez reside, junto con su esposa e hijo de 20 años, en la vereda Sagra
Arriba ubicada en el Municipio de Socha, Boyacá.[3]
Según afirma, lleva siete años solicitando que se le instale un punto de agua
para uso doméstico en su vivienda.[4]
Al respecto, expresó:
“…
nosotros no contamos con otro servicio de acueducto ni adonde más acudir ya que
este es el más cercano. También nos damos cuenta de que el agua de este
acueducto se utiliza para darle de beber al ganado y para las marraneras que
hay allí, pero nadie se atreve a denunciar este hecho.”[5]
1.2.
En un primer momento, el 18 de octubre de 2011, el accionante junto con 11 personas
más hicieron la solicitud, por medio de la Personería Municipal de Socha, al
Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, así:
“…
nos inquieta la necesidad de poder contar con un punto de agua para el servicio
doméstico y transcurrido más de un año sin obtener respuesta alguna de la
propuesta dada por el Ingeniero Delgado de Corpoboyacá, quien manifestó que el
Presidente debería elevar la solicitud de cambio de destinación del recurso
hídrico de regadío y abrevadero para el servicio doméstico el cual es un
derecho fundamental.”[6]
1.3.
Luego, el 24 de octubre de 2017, el señor Carvajal presentó la solicitud de un
punto de agua para uso doméstico a la Junta,[7]
parte accionada en la presente tutela.[8]
Justificó su petición en los siguientes términos: “carezco de este servicio
desde hace muchos años y me abastezco de una toma que no es apta para consumo
humano.”[9]
En la acción de tutela presentada, manifestó que “nunca me responden [las
peticiones]”.
Además,
en el expediente consta que en esa misma fecha, el señor Froilan Niño Rodríguez,
en calidad de Presidente de la Junta, pidió a Corpoboyacá la ampliación de la
concesión, “atendiendo a que existen nuevos usuarios que solicitan la
prestación de este servicio ya que sus predios no cuentan con el mismo.”[10] A
esta solicitud anexó el listado de dichas personas, entre las que se cuenta el
señor José Vicente Carvajal.
1.4. El 15 de noviembre de 2017, la Junta llevó a cabo
una reunión, a la que asistió el accionante. En esta, se le pidió a él y a
otros ciudadanos, que también solicitaron un punto de agua, que “dieran
espera para reunirnos con los usuarios de la red que conduce cerca a sus fincas
para analizar las ventas y posibles cone[x]iones.”[11]
1.5.
Posteriormente, el 4 de diciembre del mismo año, hubo otra reunión de la Junta
con cinco (5) de los solicitantes de puntos de agua, a la que asistió la esposa
del accionante. Según consta en el acta, se les informó:
“…
las razones por las cuales nos (sic) es imposible vender puntos en el momento
ya que podríamos entrar en sanciones con Corpoboyacá por excedernos en el
número de usuarios para los cuales nos otorgaron el caudal y que debemos
esperar al aumento del caudal, pero como somos conscientes de la necesidad de
nuestros vecinos nos saldremos con aprobación de los demás usuarios, decidimos
aprobar el compartimiento del recurso con los vecinos más cercanos ya que se
propuso compartir los puntos que no están en servicio todos los días pero los
propietarios no aceptaron y como no queremos imponerles acuerdos como estos,
aceptamos los más cercanos. Así que se elaborarán actas individuales de
acuerdos con cláusulas y compromisos de común acuerdo por 3 meses a partir de
la fecha.”[12]
1.6.
El 13 de abril de 2018, es decir seis meses después, Corpoboyacá dio respuesta
a la solicitud de ampliación presentada por la Junta Administradora el 24 de
octubre de 2017. En esta le indicó que “para solicitar la ampliación de la
concesión de aguas superficiales contenida en el expediente OOCA-0015/13, es
necesario presentar a Corpoboyacá debidamente diligenciados en medio físico y magnético
los formatos FGP-77 ‘Listado de Suscriptores’ (incluyendo los nuevos usuarios
por afiliar) y FGP-89 (Información Costos de Inversión y Operación) a fin de
realizar la respectiva liquidación por servicios de evaluación ambiental.”[13]
Además,
en esta comunicación, advirtió que el 23 de febrero de 2018, se otorgó una
concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17[14] a la
Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha “razón por
la cual Corpoboyacá no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la
demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside.” Y, en
consecuencia, sugirió: “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas
para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada
la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud
Departamental.”[15]
1.7.
El 19 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de la
Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera
Sonia Márquez) y los solicitantes de un punto de agua. En esta, se planteó como
solución que: “las 30 personas formen su asociación y se solicite una
concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la
captación…” Días después, el 23 de julio, mediante un oficio, la Alcaldía
formalizó el acuerdo en los siguientes términos:
“…
con el fin de obtener suministro de agua para el consumo humano a los
habitantes de la vereda Sagra arriba y Soraqu[í], la administración municipal
frente a estos temas, se permite comunicarles que se encuentra evaluando su
petición para lo cual se realizar[á] una mesa técnica junto con la corporación
autónoma regional de Boyacá “CORPOBOYAC[Á]” sede territorial Socha para evaluar
las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se
pueda legalizar la concesión pertinente como se lleg[ó] a un acuerdo en la
reunión realizada el día 19 de julio del año en curso [2018] en la vereda Sagra
Arriba junto con los usuarios peticionarios.
De
la misma manera la administración municipal se compromete con la asesoría para
los trámites pertinentes en caso de realizar la concesión así mismo con el
suministro de tubería.”[16]
1.8.
El 27 de julio de 2018, el señor José Vicente presentó acción de tutela contra
la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo. Invocó la protección de
sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida
digna y al agua. Solicitó al juez constitucional ordenar a la Junta
Administradora accionada la autorización de un punto de agua para su vivienda.
2.
Trámite de única instancia y respuesta de los
accionados
2.1. El 30 de julio de 2018, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Socha admitió la acción de tutela y ordenó
vincular al proceso a la Personería de dicho Municipio, como agente del
Ministerio Público, y a Corpoboyacá - sede Socha, “por ser una institución
que ampara el cuidado y la preservación de los recursos naturales”.
Asimismo, corrió traslado a estas autoridades y a la Junta accionada para que ejercieran
su derecho de defensa y contradicción.[17]
2.2. Junta Administradora del
Acueducto Pantano Largo.[18]
El 3 de agosto de 2018, el señor Froilán Niño Rodríguez, en calidad de Presidente,
aclaró que la solicitud del accionante fue conocida el 24 de octubre de 2017,
cuando de manera escrita la presentó junto con diez (10) usuarios más.
Manifestó, además, que se le comunicó a la comunidad y al señor Carvajal que no
es posible acceder a lo solicitado por falta de caudal, ya que “el otorgado
en la concesión fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de
Sagra Arriba y Soraqu[í].”[19]
De igual forma, precisó que en las reuniones extraordinarias con la comunidad
de las veredas Sagra Arriba y Soraquí “se acordó compartirles de los puntos vecinos ya existentes caudal para sus
labores domésticas, mientras se encontraba una posible solución”.[20] Desde entonces, ha estado trabajando en
conjunto con la Alcaldía, en particular con la Secretaría Municipal de Obras,
Planeación y Servicios Públicos, y Corpoboyacá.
Adicionalmente, afirmó
que existen más solicitantes del servicio de agua y con el fin de garantizar el
derecho a la igualdad de los habitantes de la vereda Sagra Arriba, el 19 de
julio de 2018, la Alcaldía, a través de “la ingeniera de Planeación Municipal”,
se comprometió a iniciar la construcción de un nuevo acueducto al cual quedaría
vinculada la vivienda del accionante, entre otras.[21] Por último, señaló que
“no es por gusto ni arbitrariedad” que la Junta no les vende puntos de
agua a las personas que se encuentran sin servicio de acueducto, sino que el
caudal que les fue otorgado ya se encuentra distribuido y no pueden ofrecer una
materia prima con la cual no cuentan.
2.3. Corpoboyacá y la
Personería Municipal de Socha. Guardaron silencio.
3.
Decisión objeto de revisión
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha
negó el amparo solicitado por el señor José Vicente Carvajal Márquez,[22] por tres
razones principales. Primera, la Junta no puede material ni legalmente
concederle el punto de agua que requiere, pues no cuenta con el caudal para
acceder a su petición. En este mismo sentido, resaltó que existen otras treinta
personas que solicitan el mismo servicio y que, si el Acueducto accionado
accediera a la instalación del punto de agua solicitado, se desmejoraría la
calidad de vida de los demás integrantes de la vereda de Sagra Arriba. Segunda,
sostuvo que autorizar dicha instalación desconocería “que el caudal
autorizado [por Corpoboyacá] fue de 1.28 litros/segundo para 133
familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í]”.[23] Y, por
último, afirmó que “en la actualidad el Estado adelanta las acciones
pertinentes a fin de crear otro punto, para el abastecimiento del vital líquido”.[24] En consecuencia,
instó al accionante a “estar pendiente de los trámites a efectuar por
CORPOBOYACÁ en asocio con la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios
Públicos de Socha a fin de que quede incluido en el nuevo punto a crear para el
suministro de agua”. [25]
Esta decisión no fue impugnada por las partes.
4.
Actuaciones adelantadas en Sede de Revisión
El 23 de enero de 2019, mediante auto, la Magistrada ponente
dispuso vincular al proceso a la Alcaldía Municipal de Socha y a la Gobernación
del Departamento de Boyacá. Asimismo, ofició a las partes para que informaran
acerca del estado actual del suministro de agua potable en el domicilio de
accionante y se refirieran a la construcción del nuevo acueducto que, según lo
afirmado por la Junta,
abastecería la vivienda del señor José Vicente Carvajal Márquez, entre otras.[26]
4.1. El señor José
Vicente[27]
informó que actualmente, durante el invierno, se abastece del agua que “nace
en una finca contigua, donde un vecino (…)”, pues el caudal es
suficiente para cubrir las necesidades de 3 familias; “pero, en verano el
suministro del preciado líquido es inexistente.”[28] Además, afirmó
que no ha “recibido [de parte de la Alcaldía ni de la Gobernación]
ninguna respuesta a la solicitud de instalación del punto de agua (…)”;
en cuanto a la Junta, dijo que de manera verbal le reiteraron que “el agua
no alcanza.”[29]
Por último, manifestó que tuvo “conocimiento que la Junta Administradora
del Acueducto Pantano Largo, ha vendido derechos a puntos de agua a personas
que los solicitaron con posterioridad”[30]
a su requerimiento, pero que no tenía cómo probar esta afirmación.
4.2. La Junta [31] afirmó que el
suministro de agua en el área “se encuentra en el mismo estado a cuando se
respondió la tutela” y que no tienen conocimiento sobre la situación de la
vivienda del señor José Vicente, “al no haber disponibilidad de ingresos
según resolución de Corpoboyacá.”[32]
Explicó que aún no ha podido acceder a las 33 solicitudes, “por la falta
de caudal”.[33]
También precisó el acueducto Pantano Largo “continua en el mismo estado ya
que si se realizan cambios [en la] ampliación del caudal, mediante acto
administrativo los haría Corpoboyacá.”[34]
4.3. La Gobernación de Boyacá[35] afirmó desconocer los
hechos expuestos por el accionante y solicitó a esta Corporación que declare su
falta de legitimación en la causa. Indicó que “el Departamento de Boyacá no
funge como autoridad ambiental ni tiene competencia frente a la prestación de
servicios públicos en dicho municipio (…)”[36] Argumentó, por una
parte, que son las corporaciones ambientales “las encargadas por mandato
legal de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales…”[37]
Y, por otra parte, resaltó que le corresponde al Municipio asumir la función de
garantizar el acceso a los servicios públicos, en los términos de los artículos
5 y 6 de la Ley 142 de 1994, y los numerales 10 y 19 del artículo 6 de la Ley
1551 de 2012.[38]
Además, manifestó que “ha realizado visitas a las juntas administradoras de
los acueductos rurales en el municipio de Socha, para brindar asistencia
administrativa en fortalecimiento empresarial y legalización de las juntas, en
especial la desarrollada el día 25 de [mayo] de 2018.”[39]
4.4. La Alcaldía de Socha[40] solicitó ser
eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Manifestó
que para garantizar el derecho al agua de todos los habitantes del Municipio “construy[ó]
una planta de tratamiento de agua potable”, que provee agua apta para el
consumo humano.[41]
Afirmó que:
“trabaja
mancomunadamente con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘Territorial
Socha’, ya que ellos son los encargados de supervisar y dar control a las
concesiones de agua otorgadas a los acueductos rurales, con la personería
municipal dando cumplimiento a los estatutos de las juntas administradoras de
los acueductos rurales … con la secretar[í]a de salud del departamento quien
realiza la función de vigilancia y control de la calidad del agua a través de
visitas periódicas al sistema de suministro.”[42]
Con respecto al estado actual de la construcción del nuevo
acueducto, sostuvo que, acorde con lo informado por los usuarios de la nueva
junta, este se encuentra en “proceso de legalización” y dicha Institución
“ha brindado el apoyo jurídico y económico para su creación.”[43] Sobre el
plan de acción inmediata para garantizar a todas las personas del Municipio el
acceso al servicio de agua, indicó que:
“[l]a alcaldía
municipal y la unidad de servicios públicos presta el servicio de agua potable
a las comunidades rurales aledañas al sector urbano con el fin de garantizar el
acceso de agua potable y saneamiento básico a los habitantes que no reciban el
servicio por medio de un acueducto veredal, en este sentido se tienen inscritos
a la Unidad de Servicios Públicos de Socha 187 HABITANTES DEL ÁREA RURAL.
De igual forma la
Unidad de Servicios Públicos de Socha tiene cobertura en todo el centro urbano
del municipio, brindando un servicio con calidad y apto para el consumo humano
según estudios realizados por la secretar[í]a de salud departamental.
En caso de no poder
brindar el servicio de agua potable y saneamiento básico a usuarios del sector
rural, SE INCENTIVA LA CREACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO A
TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, DONDE SE APORTA CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS DE
CAPTACIÓN.”[44]
En lo que tiene que ver con el plan de mediano plazo, no señaló
nada puntual y manifestó que siguen “trabajando para mejorar la cobertura y
calidad de los servicios públicos domiciliarios”,[45] tal y como
está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal. Por último,
insistió en que “se ha motivado a las juntas administradoras de los
acueductos rurales a intervenir de manera pronta en el suministro de agua
potable para el consumo humano de todos los habitantes del municipio…”[46]
4.5. Corpoboyacá[47] indicó que, mediante
Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2014, otorgó concesión de aguas
superficiales a la Junta accionada, “con destino a uso doméstico a
novecientas veinticuatro (924) personas, a derivar de la fuente denominada
‘Nacimiento Pantano Largo’, ubicada en la vereda Sagra Arriba, en jurisdicción
del municipio de Socha, en un caudal de 1,28 L/s.”[48] Informó que, el
24 de octubre de 2017, dicha Junta solicitó la ampliación de la concesión,
teniendo en cuenta que existían nuevos usuarios requiriendo la prestación de
este servicio.[49]
Frente a la solicitud, respondió que era:
“… necesario
presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos
los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios
para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’. A fin de
realizar la respectiva liquidación por servicio de evaluación ambiental;
igualmente se le informó que sobre la fuente hídrica denominada ‘Manantial
Pantano Largo’, se encuentra también otorgada una concesión de aguas
superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17, razón por la cual
CORPOBOYAC[Á] no puede garantizar si esta fuente hídrica podrá sostener la
demanda hídrica adicional.
Que mediante
radicado de salida No. 104-10735 del seis (06) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018), CORPOBOYACÁ realizó observaciones y correcciones a la
evaluación del programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua para que la
titular lleve a cabo las modificaciones indicadas y entregarlas a la Entidad,
la cual debía ser entregada a la Corporación el doce (12) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), sin que a la fecha hayan sido presentadas.[50]
En referencia al
expediente OOCA-00113/17 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 560 del
veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), donde se otorgó
concesión de aguas a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO
DE SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-7, en un caudal total de 0,49
L/s, con destino a uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales
bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas
para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto, a derivar de la
fuente hídrica denominad[a] ‘Manantial Pantano Largo’, en la vereda Sagra
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha.”[51]
4.6. La Personería Municipal de Socha[52] sugirió que se revise “de
manera minuciosa la concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ a la Junta
Administradora de Acueducto Pantano…”. En concreto, considera relevante “entrar
a establecer si esta concesión de aguas otorgada también es para abrevadero o
solo consumo doméstico y que si se llegase a establecer que el uso es
compartido es decir doméstico y abrevadero, se entraría a implantar qu[é]
prioridades existen.” Por último, manifestó: “[s]i bien es cierto
el Municipio de Socha se compromete o manifiestan junto con la Junta
administradora de acueducto organizar o formar un nuevo acueducto rural, pero
esto conlleva tiempo y mientras tanto esta familia estaría sin servicio de
agua.”[53]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia y procedencia de la acción de
tutela
1.1. Esta Corte es competente
para conocer la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de
octubre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Diez, que decidió
escoger para revisión el expediente de la referencia.
1.2. La acción de tutela estudiada
cumple con los requisitos de procedibilidad. En cuanto al requisito de
legitimación, por un lado, el señor José Vicente puede invocar, en nombre
propio, el amparo de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y
al agua, en consonancia con lo afirmado en la Constitución, que dice que toda
persona tiene la “acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) por sí
misma” la protección de sus derechos (Art. 86, Inc. 1º, CP).[54] Y, por otro lado, la
solicitud de protección constitucional se puede interponer contra la Junta,
dado que se trata de un particular encargado “de la prestación de un
servicio público” (Art. 86, Inc. 5°, CP).[55]
De igual manera, se encuentra acreditado este requisito respecto de la Alcaldía
Municipal de Socha y de Corpoboyacá, ambas de naturaleza pública, pues se trata
de entidades susceptibles de ser sujeto pasivo de la acción de tutela (Arts. 5
y 13 del Decreto 2591 de 1991). Además, se constata, frente a la primera, que es
el ente territorial al que le corresponde garantizar el acceso a los servicios
públicos dentro de su jurisdicción, en los términos de los numerales 10° y 19
del artículo 3° de la Ley 134 de 1994[56]
y el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.[57] Y, con respecto a
Corpoboyacá, por ser la máxima autoridad ambiental, encargada de proteger y administrar
los recursos naturales y dar las concesiones de agua (Arts. 23, 31.3 y 31.9 de
la Ley 99 de 1993).[58]
1.2.1.          También
se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues la acción se
interpuso en un término oportuno y razonable, teniendo en cuenta que la misma
se radicó el 27 de julio de 2018 y la última actuación de parte del señor
Carvajal ocurrió el 19 de julio del mismo año, cuando asistió a una reunión con
los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal
de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los otros usuarios solicitantes de un
punto de agua, para buscar de manera conjunta una solución a su situación. Se
aclara que si bien el accionante presentó por primera vez una petición similar
en el 2011, en dicha ocasión fue ante el Presidente del Acueducto Frayle La
Rinconada. En todo caso, lo más relevante para acreditar el cumplimiento de
este requisito es que para el momento de la interposición de la acción de la
tutela la situación expuesta por el ciudadano es continua y actual, ya que a la
fecha aún no cuenta con un punto de agua y, ello implica, que la afectación de
los derechos invocados permanece en el tiempo.[59]
1.2.2. Por último, se cumple con
el requisito de subsidiariedad, dado que el señor José Vicente Carvajal
invoca la protección del derecho al agua para consumo humano en tanto garantía
fundamental,[60]
no la faceta colectiva susceptible de ser amparado mediante la acción popular. Así,
esta Sala reitera la jurisprudencia constitucional que ha considerado que la acción
de tutela es procedente cuando: (i) se invoque la protección del derecho
al agua para consumo humano como fundamental en su dimensión individual,[61] (ii) el agua
solicitada es para consumo humano,[62]
no para uso agrícola ni otra destinación;[63]
(iii) las circunstancias del actor evidencian que la falta de este
recurso puede comprometer otros derechos fundamentales, como la vida en
condiciones dignas y la salud;[64]
y, (iv) el accionante adelantó alguna gestión ante las autoridades
competentes para que le sea satisfecha la pretensión que ahora plantea ante el
juez de tutela.[65]
1.2.2.1. Frente a los criterios enunciados previamente, esta Sala
de Revisión considera relevante plantear dos precisiones. Primero, enfatizar
que “no toda
reclamación que se haga respecto del citado servicio [acceso al agua], puede ser
susceptible de acción de tutela, sino solamente aquella que se dirija a
garantizar el acceso a dicho líquido, cuando el mismo está destinado al consumo
humano, que ha sido entendido como un derecho fundamental.”[66] Es decir que, “para
establecer la procedencia de la acción de tutela cuando su pretensión es la
protección del derecho al agua, el juez debe verificar que esté destinada al
consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de
fundamental, de lo contrario, se trataría del derecho colectivo al agua y en
este caso se debe acudir a la acción popular, consagrada en la Ley 472 de 1998.”[67] Sobre
esto, la Sentencia T-381
de 2009 dijo:
“… (i) el derecho al agua sólo tiene el carácter
de fundamental cuando está destinada al
consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la
vida en condiciones dignas y a la salud; (ii) por lo anterior, la acción de
tutela resulta procedente para hacer efectivo el derecho fundamental al agua
potable, solamente cuando ella es
necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas,
pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación
agropecuaria o a terrenos deshabitados; (iii) cuando el agua es necesaria para
preservar a la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho
fundamental que recae sobre ella puede
ser protegido a través de la acción
de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra
el particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho;
(iv) el derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de tutela, que desplaza la
acción popular, cuando existe
afectación particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o
múltiples personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio
irremediable en la órbita de este derecho fundamental; (v) de conformidad con
los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica la disponibilidad continua y
suficiente de agua para los usos personales y domésticos, la calidad salubre del agua, y la accesibilidad física, económica e igualitaria a ella.”[68]
1.2.2.2. Segundo,
si bien el criterio para determinar si se trata de un derecho fundamental o no,
es la verificación de que el agua requerida sea para consumo humano, pues es
ello lo que, en principio, explica que otros derechos fundamentales puedan
verse afectados, como la salud y la vida en condiciones dignas,[69] ello no quiere decir que en la actualidad no
se trate de un derecho justiciable por sí solo:
“[l]a
interdependencia de los derechos liga el derecho al agua con otros, tales como
la igualdad, la vida digna y la salud. Es inevitable que quien carece de agua
potable ponga en riesgo su salud y su alimentación, entre otros derechos. Sin
embargo, la naturaleza jurídica del derecho al agua es independiente de los
demás que pueden estar comprometidos, y esa precisión de su contenido permite
enfocar las peticiones de las personas ante las autoridades judiciales para que
ante la ausencia de agua no estén obligadas a demostrar afectaciones en su
salud a causa de la falta del recurso hídrico, sino que sea suficiente
argumentar la carencia en las condiciones mínimas requeridas para el consumo
humano para presentar un debate de tipo constitucional por amenaza o violación
de derechos fundamentales.”[70]
1.2.3. En el caso concreto, se constata que, el accionante
solicita la protección del derecho fundamental al agua (i) para su propio
consumo y el de su familia, no para uso agrícola, (ii) la falta de este recurso
puede comprometer otros derechos, dado que en la actualidad suple la necesidad
de este recurso “de una toma que no es apta para consumo humano”, lo
que, sin lugar a dudas, pone en riesgo su salud y la vida en condiciones dignas,
tal y como lo afirma el accionante al invocar también la protección de dichos derechos;[71] y, (iii)
el señor José Vicente Carvajal ha adelantado, desde el 2011, actuaciones para
resolver su situación. Sobre esto último se resalta que, en dicho año solicitó,
por medio de la Personería Municipal al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada,
luego, en el 2017, a la Junta accionada en este caso; y, si bien pareciera que
esta última actuación ha generado resultados positivos, lo cierto es que al día
de hoy, no cuenta con un acceso a un punto de agua. Por último, en
consideración a lo expuesto previamente, se considera que la acción popular no sería idónea en el caso de
la referencia, pues mediante esta solamente podrían protegerse derechos
colectivos como el medio ambiente o la salubridad pública, que no son los
invocados. En conclusión, se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad,
por las razones previamente enunciadas.
2.
Problema jurídico
2.1. Acorde con los antecedentes
expuestos, la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema
jurídico: ¿La Junta, la Alcaldía de Socha y
Corpoboyacá vulneran el derecho fundamental al agua para consumo humano del
señor José Vicente Carvajal Márquez,[72]
quien durante la época de lluvia se abastece de este líquido de una toma que no
es apta para su consumo y que en verano no cuenta con suministro, al no
adelantar las gestiones pertinentes para instalar en su vivienda un punto de
agua, bajo el argumento de la falta de caudal de la fuente hídrica sobre la que
actualmente tiene la concesión de uso de aguas superficiales la Junta, a pesar
de que (i) se ha autorizado el uso del caudal para uso pecuario y
agrícola[73]
y (ii) la Alcaldía asumió un compromiso para adelantar las actuaciones
necesarias para encontrar una solución a la situación del accionante?
2.2. Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, (i) se demostrará que el señor José Vicente
tiene derecho fundamental al agua para consumo humano; luego, (ii) se
explicará que el caso concreto evidencia una tensión entre la escasez del
recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo”
carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional y la
pretensión del accionante, para después pasar a exponer las razones por las
cuales se considera que la Junta y la Alcaldía de Socha omitieron cumplir con
sus responsabilidades en la garantía de este derecho; y, por último, (iii) se
emitirán las órdenes para garantizar la protección de los derechos invocados.
3.
José Vicente Carvajal Márquez y su núcleo
familiar tienen derecho fundamental al agua para consumo humano; más aún, por
tratarse de personas de bajos recursos que viven en un área rural
3.1. El señor José Vicente y su núcleo familiar tienen derecho al agua
para su propio consumo, pues se trata de “una garantía inherente a la persona humana (…)”.[74] Ello supone que tengan acceso continuo a la
cantidad suficiente y apta para su uso personal y doméstico. Con la protección
invocada, el accionante está solicitando el goce de una necesidad básica, de un
elemento indispensable para su existencia, dado que es:
“… (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los
hombres y mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su
subsistencia; (ii) inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o
modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiv[o], puesto
que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o de
subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de
subsistencia para cada una de las personas que integran el conglomerado
social.”[75]
3.2. Además, el
derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor Carvajal, tiene una
naturaleza fundamental que, si bien no está consagrado expresamente en la
Constitución, se deduce de una lectura sistemática, “así se concluye
si se tiene en cuenta el Preámbulo de la misma, la fórmula política de un
estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la
dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar privilegiado
que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del
servicio público del agua potable y saneamiento básico.”[76] Es más, se ha considerado que el derecho fundamental al agua para
consumo humano tiene sustento en los artículos 365[77] y 366,[78] que establecen:
“… como
objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades básicas de agua
potable de los ciudadanos y le impone la responsabilidad de priorizar su gasto
público en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de la
población. Esta fórmula del Estado Social de Derecho, implica entonces no solo
la responsabilidad estatal de satisfacer las necesidades básicas de la
población, sino el derecho correlativo del agua para consumo humano, exigible,
en algunos casos, mediante la acción constitucional.”[79]
De igual manera,
la Sentencia T-398 de 2018 indicó que existen normas de las que “implícitamente
se desprende su importancia y su carácter fundamental”; entre estas,
menciona: “el artículo 8º (título I) prevé la obligación del Estado y de las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales del territorio
colombiano, el artículo 79 (cap. 3, título II) establece el derecho de toda
persona a gozar de un ambiente sano y el deber estatal de velar por la
diversidad e integridad del medio ambiente, como también el artículo 365 (cap.
5, título XII) dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado, y por tanto se debe asegurar su prestación eficiente.”[80] Con base en lo anterior, se reitera que el
derecho al agua para consumo humano es fundamental y, si bien no está
consagrado expresamente en una norma constitucional, tiene sustento normativo
en la Constitución, tal y como acaba de explicarse.
3.3. Esta Sala de
Revisión encuentra relevante precisar que aunque en un principio se comprendió
que este derecho era fundamental por tener conexidad con el derecho a la salud
y a la vida en condiciones dignas,[81] actualmente, teniendo en cuenta el
alcance que se le ha reconocido tanto en tratados internacionales como en la
jurisprudencia de esta Corporación, es razonable afirmar que se trata de un
derecho fundamental autónomo.[82] Así pues, si bien el accionante
invocó también la protección de sus derechos a la salud y a la vida en
condiciones dignas, aún si ello no hubiera sido así, el juez constitucional
tendría competencia para analizar su caso, en tanto se trata de una garantía susceptible
de ser protegida por medio de la acción de tutela.[83] Pasa la Sala a desarrollar este punto.
3.3.1. El derecho
al agua para consumo humano, comprendido como una garantía fundamental autónoma,
tiene sustento en diferentes tratados internacionales,[84] que forman parte integra de nuestro
ordenamiento normativo en virtud del artículo 93 de la Constitución.[85] Entre los principales se destacan los
siguientes: la Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),[86] la Convención de los Derechos del Niño (CDN)[87] y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD).[88]
En este escenario, también es relevante hacer referencia al sistema
interamericano, que si bien no tiene una mención expresa del derecho al agua
“… es
posible señalar que haciendo una interpretación sistemática de estos
instrumentos, este se encuentra implícito en el artículo 4º de la CADH, por
cuanto la falta de acceso al agua impide la consecución de una existencia digna
o en condiciones de bienestar y en el artículo 11 del Protocolo de ‘San
Salvador’, se establece que: ‘Toda persona tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’, puesto que la
prestación de agua potable es uno de los principales servicios públicos
esenciales. En consecuencia, los sistemas regionales de protección de derechos
humanos, vía interpretación, han desarrollado en su jurisprudencia un conjunto
de estándares relacionados con este derecho.”[89]
3.3.1.1. Además, este derecho también ha
sido reconocido en otros
instrumentos como declaraciones, resoluciones, observaciones o planes de acción,
adoptados por conferencias internacionales de las Naciones Unidas o
elaborados por organismos que forman parte de ésta.[90] Entre
estas se cuentan: la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano de Estocolmo (1972),[91]
la Declaración de Mar de Plata (1977),[92] la Declaración de
Dublín (1992),[93]
la Declaración de Río de Janeiro (1992),[94] el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (1994),[95] la Observación General No. 15
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC);[96]
la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de
julio de 2010,[97]
la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de
diciembre de 2015[98]
y la Declaración de principios
de los jueces sobre la justicia del agua presentada en el Octavo Foro Mundial
del Agua realizado en Brasilia (2018).[99]
3.3.2. La Corte Constitucional, con base en la Observación
General número 15 del Comité DESC,[100] ha manifestado que
la garantía del derecho fundamental al agua debe satisfacer,
por lo menos, los componentes de disponibilidad,[101] calidad[102] y accesibilidad[103] (física,[104] económica,[105] igualitaria[106] y de información[107]) de este recurso.[108] Con base en dicha Observación,
también ha reconocido que hay ciertos mínimos que deben cumplirse de manera
inmediata:
“a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de
agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las
enfermedades.
b) Asegurar el derecho de acceso al agua
y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en
especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
c) Garantizar el acceso físico a las
instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y
regular de agua salubre.
d) Velar por que no se vea amenazada la
seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua.
e) Velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles.
f) Adoptar y aplicar una estrategia y un
plan de acción nacional sobre el agua para toda la población prestando especial
atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
g) Vigilar el grado de realización, o no
realización, del derecho al agua.
h) Adoptar programas de agua orientados
a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos
vulnerables y marginados.
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades
asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de
saneamiento adecuados.”[109]
En todo caso,
esta Sala de Revisión recuerda que el derecho fundamental al agua tiene una
componente prestacional, que tal y como se reconoce en la Observación Nº 15 del
Comité implica una garantía progresiva, dados los obstáculos que representa la
escasez de recursos. En este sentido, si bien el Estado tiene el deber de
cumplir con unos mínimos para la materilización de este derecho, la manera cómo
lo haga obedecerá a sus propias condiciones. De manera que, “tiene un margen
de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer
frente a sus circunstancias específicas.”[110] Sobre
el particular, el citado documento también afirma:
“18. Los Estados Partes tienen el deber
constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y
efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua.
La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos
los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos
el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional,
como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.”[111]
3.4. Con base
en lo anterior, se concluye, además, que el derecho al agua para consumo humano
del señor José Vicente Carvajal implica que se le reconozca, cuando menos, la
cantidad mínima de agua, sobre la base de no discriminación, teniendo en cuenta
que su núcleo familiar forma parte de un grupo vulnerable por habitar en el
área rural del Municipio de Socha y al igual que algunos de sus vecinos se
encuentran sin el acceso a este recurso; a pesar, de que otros sí lo tienen y
también se han autorizado concesiones de uso del agua destinada a otros fines,
como el pecuario. Adicionalmente, lleva esperando por la garantía de este
derecho durante muchos años, por lo menos consta que desde el 2011. Sobre el
particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que “[l]as
personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos,
tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los
últimos de la fila’ en acceder al agua potable.”[112]
Y, ha resaltado que “[e]l goce efectivo de este derecho debe
involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades
territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más
vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”[113]
Entre las últimas sentencias sobre el tema se cuentan las siguientes: T-418
de 2010,[114] T-103 de 2016,[115]
T-129 de 2017,[116] T-475 de 2017,[117]
T-012 de 2019,[118] entre otras.
3.5. Una
consideración adicional para concluir que el accionante tiene el derecho a que
se le garantice la protección invocada tiene que ver con que se trata de una
persona que ha actuado conforme al ordenamiento normativo colombiano. Es decir,
su vivienda no está ubicada en un área que haya sido considerada ilegal por la
Alcaldía ni en una zona donde se puedan presentar desastres. Además, el
accionante ha procurado canalizar su pretensión por los medios establecidos en
dos ocasiones, la primera en el 18 de octubre de 2011, mediante un derecho de
petición al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada; y, el segundo, el 24
de octubre de 2017, momento en el que presentó la solicitud ante la Junta
accionada. En caso contrario, podría ser otra la conclusión, pues el juez de
tutela tendría que analizar tales hechos antes de conceder la protección
invocada.[119] A manera de ejemplo, la Sentencia
T-546 de 2009 negó la protección del derecho al agua para consumo humano,
debido a que el accionante usó “una vía ilegal para obtener el suministro de
agua potable” sin que se presentaran razones urgentes y necesarias que
explicaran dicha medida.
3.6. Ahora
bien, la Sala de Revisión reconoce, como lo ha hecho la jurisprudencia
constitucional previamente, que el derecho fundamental al agua para consumo
humano tiene una faceta prestacional y, en consecuencia, su garantía es
progresiva, “de manera que el Estado además de adoptar medidas inmediatas,
debe planear estrategias para asegurar que, de manera progresiva, suministre el
líquido a todas las personas. En relación con las medidas inmediatas, recae en
las autoridades la obligación de provisión de agua para el consumo humano
básico a través de los medios que estime más convenientes. Con respecto a las
obligaciones progresivas, es un deber de las autoridades estatales actuar hasta
el máximo disponible de sus recursos, y crear planes, programas y políticas que
tengan como objeto garantizar la prestación efectiva del derecho al agua.”[120] Teniendo
en cuenta lo anterior, cuando el juez de tutela advierte que existe una
afectación desproporcionada de los derechos invocados por la falta de un plan o
programa para garantizar en un plazo razonable esta dimensión del derecho al
agua para consumo humano, este “puede ordenar que las autoridades accionadas
establezcan una hoja de ruta que permita la ejecución de las obras necesarias
para acceder a este preciado líquido.”[121] Entre las decisiones de
esta Corporación, en las que teniendo en cuenta la dimensión prestacional del
derecho al agua para consumo humano, se ha ordenado a las autoridades
municipales que diseñen una política para garantizar de manera progresiva su
goce efectivo, se resaltan las siguientes: T-312 de 2012,[122]
T-028 de 2014,[123]
T-733 de 2015[124]
y T-129 de 2017.[125]
3.7. En síntesis, el derecho al agua para consumo humano, invocado
por el señor José Vicente Carvajal, es fundamental, autónomo y tiene sustento
en normas constitucionales. En consecuencia, tanto el Estado como los
particulares que presten este servicio tienen la obligación de garantizar “el acceso suficiente,
regular, salubre y equitativo al agua potable, con especial atención” al accionante, quien
pertenece a una población vulnerable, en tanto es un habitante del sector
rural.[126]
Además, como se expuso previamente, dicha garantía tiene una
faceta prestacional, de la que se deriva la obligación del Municipio de tener
un plan escrito que garantice progresivamente, en un plazo razonable el goce
efectivo del mismo.
4.
La Alcaldía de Socha y la Junta Administradora
del Acueducto Pantano Largo vulneraron la faceta de accesibilidad del derecho
al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal Manrique y de su familia
4.1. Desde
hace más de 7 años, el señor Carvajal solicitó por primera vez que se le
instalara un punto de agua en su vivienda, a pesar de ello, al día de hoy ello
no ha sido así. En sus palabras, vive la siguiente situación: en invierno, satisface
su necesidad desde un nacimiento de agua de “una finca contigua,
donde un vecino (…), pero en verano el suministro del preciado líquido
es inexistente.”[127]
De manera que, el derecho al agua para
consumo humano ha sido desconocido en su faceta accesibilidad física,[128] cuando
menos, por dos razones. Por un lado, carece de un punto de acceso al líquido
vital en su residencia; y, por otro lado, la manera como actualmente se surte
de este líquido no le garantiza el acceso permanente a agua de calidad, esto es
apta para consumo humano.
4.2. Ahora bien, la Sala resalta que
el caso analizado evidencia una
tensión entre (i) la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente
denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para sostener
una demanda hídrica adicional, conforme con lo manifestado por Corpoboyacá y (ii)
la pretensión del accionante. Si bien dicha tensión no le resta, en lo
absoluto, el valor que tiene la garantía del derecho al agua para el consumo
humano, pone de presente la necesidad de que el juez de tutela valore, al
menos, lo siguiente con el fin de establecer el grado de exigibilidad en cada
caso concreto. Si bien esta Sala de Revisión propone los siguientes factores,
no se trata de un listado taxátivo, sino enunciativo, como pasa a explicarse:
a.
La ubicación geográfica del accionante
para determinar en cabeza de quién está la obligación de adelantar las
gestiones para garantizarle el derecho fundamental al agua para consumo humano.
Por ejemplo, un acueducto veredal, la empresa de servicios públicos
correspondiente o el municipio; o, si es el caso, determinar la existencia de una
responsabilidad compartida entre estas.
b.
La disponibilidad del caudal respecto del
cual se pretende tener acceso para el abastecimiento del agua para consumo
humano. En este punto, es importante recordar que, conforme con la Ley, existe
un orden de prioridad al momento de otorgar las concesiones sobre las fuentes
hídricas,[129]
de acuerdo con el cual, aquella que es para consumo humano ocupa el primer
lugar.[130]
En todo caso, las concesiones sobre este recurso también pueden darse para otro
tipo de usos, legalmente autorizados,[131]
como el agrícola por ejemplo. De manera que, tal y como lo establece el Decreto
Único Reglamentario 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.2., que compiló el
artículo 37 del Decreto 1541 de 1978, “[e]l Suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto,
el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga
prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por
turnos, conforme al artículo 122 de este Decreto.”
c.
La sobresaturación de la demanda, que pone
de relieve que el recurso hídrico es finito y, en razón a ello, en sede de
tutela las autoridades deben ser cautelosas en la manera cómo protegen el
derecho fundamental al agua, si hay lugar a ello. Ello quiere decir que, se
debe tener en cuenta la distribución del recurso hídrico frente al cual se
plantea la pretensión, con miras a no alterar los derechos adquiridos frente a
ésta. Sin embargo, la finitud del agua no puede ser una excusa para que no se
adelanten actuaciones con miras a encontrar la alternativa viable para
garantizar este derecho.
d.
Los requerimientos técnicos particulares y
específicos para cada caso. Los que podrían depender, por ejemplo, de la
ubicación de la vivienda del accionante; el terreno en el que está ubicada; de
la existencia de un sistema de alcantarillado a la cual se pretende tener
conexión, pues es diferente solicitar el acceso a una red preexistente frente a
una situación en la que ésta aún no ha sido construida o ni siquiera planeada;
la distancia entre la vivienda y la red de alcantarillado preexistente; entre
otras circunstancias.
e.
La capacidad institucional de suministrar
el acceso al agua para consumo humano, dependiendo del tipo de institución
directamente responsable, bien sea una empresa de servicios públicos
domiciliarios, un acueducto veredal o el municipio, en aquellos casos que
presta el servicio directamente. En concreto, podría valorarse, por ejemplo, las
solicitudes ciudadanos existentes y las políticas públicas vigentes para la
garantía del acceso a este servicio público domiciliario. En este escenario, es
importante tener en cuenta, tanto aquello que debería ser en el marco de
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia; así
como, la manera cómo efectivamente se está garantizando, es decir, el plan que
viene ejecutando la administración local correspondiente. Lo anterior, sin
perder de vista la dimensión prestacional que implica garantizar el derecho al
agua para consumo humano. Además, le corresponde al juez de tutela ser
deferente con las decisiones que tomen los administradores en el marco de sus
competencias. Por ejemplo, si un municipio decide garantizar en un primer
momento el acceso al servicio de acueducto atendiendo a unos factores técnicos
a determinada zona rural, frente a otra, podría concluirse que dicha decisión
es razonable y está justificada si así se demuestra.
4.3. Teniendo
en cuenta la ubicación geográfica del accionante, podría pensarse que toda la
responsabilidad recae sobre la Junta, debido a que se trata de la organización
comunitaria que presta el servicio de acueducto en el área que esta ubicada su
vivienda, justamente ello explica que el señor Carvajal Márquez le haya
solicitado la instalación de un punto de agua. Ello por cuanto tiene las mismas
responsabilidades que una empresa prestadora de servicios públicos en los
términos previstos en la Ley 142 de 1994, lo que le impone la obligación de
adelantar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de
alcantarillado.[132]
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:
“[d]entro de la categoría de
organizaciones autorizadas para la prestación del servicio se encuentran los
acueductos comunitarios. Su régimen jurídico es el mismo que el de las empresas
prestadoras de servicios públicos, dado que la Ley 142 de 1994 les confiere la
potestad de ser prestadoras del servicio y no establece diferencias entre las
obligaciones de los distintos prestadores. En ese sentido, deben garantizar el
derecho al agua, en los componentes de disponibilidad, accesibilidad y calidad.
(…)”[133]
4.3.1. No
obstante, un análisis integral de los cinco factores mencionados previamente lleva
a otra conclusión, esto es que dicha Junta no esta en capacidad de acceder a la
pretensión formulada por el accionante en esta ocasión, por las siguientes razones:
(i) la concesión de agua que le fue reconocida esta limitada a brindar
el servicio a las 924 personas para las que se solicitó inicialmente, (ii) conforme
con lo informado por Corpoboyacá, la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario
para soportar una demanda hídrica adicional a la prevista; (iii) carece
de los requerimientos técnicos para acceder a lo solicitado por el accionante;
y, en este mismo sentido, (iv) no cuenta con la capacidad institucional.
4.3.2. En todo caso, la
Sala considera que sí hubo un actuar omisivo de parte de la Junta, que implicó
una vulneración del derecho al agua para consumo humano del accionante, pues no
adelantó las gestiones pertinentes para que Corpoboyacá estudiara a fondo la
solicitud de ampliación de la concesión. Si bien, como se mencionó, el 24 de
octubre de 2017, la Junta presentó una petición en dicho sentido, en respuesta
a esta se le informó el procedimiento a seguir;[134] sin embargo, no llevó
a cabo el trámite indicado. Esta omisión implica un total desconocimiento de su
obligación de garantizar el goce de este derecho fundamental. Ahora bien, esta
Sala de Revisión precisa que el reproche a la Junta se limita a la omisión de
adelantar el trámite correspondiente ante Corpoboyacá para solicitar la
ampliación de la concesión; es decir, no se desconoce que el resultado de dicha
petición depende de variables ajenas a su competencia y que corresponden
únicamente a la Corporación mencionada.
4.4. De manera que, teniendo
en cuenta las actuales particularidades del caso, se concluye que la obligación
de adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho fundamental
al agua para consumo humano del accionante está en cabeza de la Alcaldía de Socha.
Esta conclusión tiene sustento en la aplicación de los factores mencionados en
el fundamento 4.2 de esta providencia y en las normas constitucionales y
legales relevantes en el asunto.
4.4.1. Por un lado, en
aplicación de los factores, se tiene que la vivienda del accionante se ubica en
el área rural del Municipio de Socha (Boyacá), área en la cual el servicio de
acueducto no es prestado por una empresa de servicios públicos domiciliarios,
sino que en algunos casos se han organizado acueductos veredales, como el
accionando. Sin embargo, como ya se dijo, éste carece de los mecanismos para
acceder a la pretensión del accionante y, en consecuencia, le corresponde a la
Alcaldía asumir las competencias constitucionales y legales en la materia (este
punto será desarrollado en detalle en el fundamento siguiente, que corresponde
al 4.4.2.). En lo referente a la disponibilidad de caudal y la sobresaturación
de la demanda, se trata de un asunto que debe ser determinado por Corpoboyacá,
justamente ello explica que en el compromiso asumido por la Alcaldía el 19 de
julio de 2018 se haya expresado la necesidad de convocar a una mesa técnica con
presencia de dicha institución para determinar la fuente hídrica frente a la
cual podría solicitarse la concesión de uso. Ahora, con respecto a los
requerimientos técnicos y a la capacidad institucional de suministrar el acceso
al agua para consumo humano, la Administración Municipal no planteó un
argumento en el que expresará su falta de capacidad institucional ni obstáculos
relacionados con requerimientos técnicos particulares y específicos. Por el
contrario, existe una plena voluntad de dicha Alcaldía de dar cumplimiento a
sus obligaciones, tal y como se comprometió en la reunión del 19 de julio de
2018.
4.4.2. Conforme con lo
establecido en la Constitución y la ley, la primera autoridad pública que tiene
la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos es el municipio.[135] De manera que, en el
caso concreto, le corresponde a la Administración de Socha asegurar el acceso
al agua para consumo de los habitantes del Municipio, tanto de la cabecera
municipal como de aquellos que viven en áreas rurales. Por ello, la Sala
responderá negativamente la solicitud presentada por esta autoridad municipal,
en el sentido de ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda
endilgar.” Lo anterior por cuanto se trata de un mandato de orden
constitucional y legal, no susceptible de ser relevado. El incumplimiento del
mismo se evidencia en lo siguiente: (i) el deber constitucional y legal
que tiene la autoridad municipal no se agota con garantizar el derecho al agua
para el consumo humano en la cabecera municipal y a los habitantes aledaños,
pues el mismo también es predicable respecto de las personas que viven en el
área rural; (ii) a la fecha, ha omitido asumir los compromisos a los que
llegó en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor Carvajal y los otros solicitantes
de un punto de agua; y, por último, (iii) conforme con lo informado en
respuesta al Auto de pruebas, no existe un plan de acción a mediano plazo
frente a la población rural.
4.5. La Alcaldía de
Socha tiene el mandato constitucional y legal de garantizar a todos los
habitantes del Municipio el derecho al agua para consumo humano. Los artículos 365 y 366 de la
Constitución Política de 1991 disponen, (i) el deber del Estado de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes de
territorio nacional, (ii) la posibilidad de que sean prestados por el Estado de
forma directa o indirecta o por comunidades organizadas o por particulares,
(iii) la regulación, control y vigilancia de la prestación de los servicios en
cabeza del Estado y (iv) el objetivo principal del Estado de implementar
soluciones a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable. Al respecto, la
Sentencia C-094 de 2015, en reiteración de lo afirmando en la Sentencia T-740
de 2011,[136] resaltó:
“el deber [que tiene el Estado] de ejercer acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y
promover la efectividad del derecho al agua debe llevarse a cabo a través de la
adopción de disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias y
judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del agua
potable y ayuden a los particulares y a las comunidades a ejercer este derecho,
a través de la difusión de información adecuada sobre el uso higiénico del
agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los
desperdicios de agua, entre otros.”[137]
4.5.1. Este deber constitucional se concreta en los numerales 10 y
19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”,[138]
y los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Dichas normas establecen que la administración municipal es la principal garante
y gestora en materia de servicios públicos.[139] A su
turno, la Ley 1176 de 2003, “por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, previó una participación con
destinación específica del sistema general de participaciones para el sector
agua potable y saneamiento básico, a fin de que los municipios dediquen una
parte de los recursos girados por la Nación a financiar actividades
relacionadas directamente con la materia, como los subsidios que se otorguen a
las personas más vulnerables, la inversión en proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico, la construcción, ampliación, optimización y
mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, los programas de
macro y micromedición y de reducción de agua no contabilizada, entre otros. Ahora
bien, la obligación constitucional y legal que tienen los municipios respecto
de la garantía del derecho al agua para consumo humano, puede ser directa o
indirecta. Indirecta cuando el acceso a este recurso se da por medio de una
empresa de servicios públicos o un acueducto veredal y directa cuando lo presta
el municipio; de manera que, sólo en este último caso dicho ente territorial
tiene deberes inmediatos con los usuarios.
4.5.2. Como acaba
de evidenciarse, la Alcaldía de Socha tiene, se insiste, la obligación
constitucional y legal de garantizar el derecho fundamental al agua para
consumo humano. Bien sea directamente o por medio de empresas prestadoras del
servicio de acueducto. En este sentido, la Sala de Revisión resalta que la
Administración Municipal, conforme con lo informado en respuesta al Auto de
pruebas, ha cumplido este deber frente a los usuarios de la cabecera municipal
y algunas comunidades aledañas; ello, por cuanto construyó una planta de
tratamiento de agua potable, que conforme con los análisis garantiza que dicho
líquido sea apto para el consumo humano. Sin lugar a dudas, ello evidencia el
acatamiento de la responsabilidad que tiene frente a dicha población; no
obstante, se llega a una conclusión diferente en el caso del accionante, quien
es habitante del sector rural.
4.5.3. Si bien ha
procurado cumplir su obligación frente a los habitantes del sector rural
incentivando “LA CREACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO A
TODAS LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO”; esta estrategia no es suficiente para
cumplir con las obligaciones explicadas previamente. Sin lugar a dudas, en el
caso concreto se evidencia que la organización de un acueducto veredal es la
mejor alternativa para garantizar el derecho del accionante. En todo caso, ello
no lo releva del deber de “garantizar la prestación del servicio de agua
potable” (Art. 3º, Núm. 19, Ley 136 de 1994) y “asegurar que se presten
a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio (…)”
(Art. 5, Núm. 1º, Ley 142 de 1994). En este mismo sentido, la
jurisprudencia constitucional “ha sido clara en señalar que la prestación
indirecta del servicio no exime al Estado, y puntualmente al municipio, de la
responsabilidad de garantizar el acceso a éste, por cuanto conserva las
facultades de control y vigilancia en su prestación que recae sobre la correcta
prestación del servicio.”[140]
4.6. A la fecha, la
Alcaldía de Socha no ha cumplido los compromisos asumidos en la reunión del 19
de julio de 2018 con el señor Carvajal y los otros solicitantes de un punto de
agua. En todo caso, la Sala resalta que además de incentivar la creación de
juntas administradoras, en el caso concreto se evidencia que la autoridad
municipal accionada sí asumió, en la reunión del 19 de julio de 2018, un
compromiso que evidencia su intención de cumplir cabalmente su obligación legal
y constitucional. El mismo incluía las siguientes actividades: (i) realizar “una
mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘CORPOBOYAC[Á]’
sede territorial Socha para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes
de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente (…)”;
(ii) brindar “los materiales para traer la captación…”; y,
(iii) prestar “la asesoría para los trámites pertinentes en caso de
realizar la concesión así mismo con el suministro de tubería.” Desafortunadamente,
no se ha ejecutado ninguna de ellas.
4.6.1.
Con base en el material probatorio obrante en el expediente, incluyendo la
respuesta de la Alcaldía Municipal de Socha, se concluye que lo que sucedió es
que dicha Autoridad dejó en manos de los particulares interesados la completa
solución de los problemas que obstaculizan el acceso efectivo al agua potable. Lo
que, se insiste, evidencia un incumplimiento de sus deberes constitucionales y
legales, dado que:
“la administración municipal es
responsable de garantizar el abastecimiento continuo y permanente del servicio
de agua, si la prestación del mismo es directa, pero también en aquellas
ocasiones en las cuales se contrata a un tercero para encargarse del
suministro, o cuando por circunstancias geográficas las comunidades constituyen
acueductos comunitarios o veredales destinados específicamente a la
satisfacción de un grupo de personas que no tienen acceso a los acueductos
instalados para abastecer un municipio.”[141]
4.6.2. Y, si bien la Alcaldía
anexó los estudios previos para la contratación de los servicios de análisis de agua potable y aguas
residuales para el Municipio de Socha, por un valor de nueve millones m/cte
(9´000.000), en la descripción de la necesidad de la contratación no se
establece si éstos tienen alguna relación con la construcción del nuevo
acueducto.[142]
Así, se concluye que, al día
de hoy los compromisos están incumplidos y se ha delegado, de manera absoluta,
a los ciudadanos que asuman las gestiones para garantizarse su acceso al agua. Lo
anterior, es contrario a la obligación del Municipio, pues “la autogestión
que ellas [las
comunidades] despliegan no exonera en manera alguna al Estado de las
obligaciones constitucionales y legales frente a la ciudadanía respecto de la
oportuna y adecuada prestación del servicio público de agua.”[143]
4.7. La Alcaldía de Socha carece de un plan
tendiente a la garantía progresiva del derecho al agua para consumo humano de
las personas que viven en áreas rurales. El derecho fundamental al agua, al
igual que todos los derechos, tiene una faceta prestacional,[144] que impone al Estado
el deber de garantizar su acceso de manera progresiva y programática; en todo
caso, se reitera que:
“el
carácter progresivo o prestacional de un derecho fundamental no es un permiso
para la inacción. El hecho de que la Constitución y la ley permitan por la
provisión de los servicios de agua por comunidades organizadas de particulares,
no implica que las entidades territoriales puedan desentenderse de sus
obligaciones constitucionales de prestar los servicios de agua y alcantarillado
y que estos cumplan con las condiciones de acceso y potabilidad exigidas. Sobre
todo, la Administración no puede dar la espalda cuando las propias comunidades
sí han actuado, pero han solicitado la intervención de la Administración para
poder remover los obstáculos que existan y hacer realidad los planes que hayan
sido concebidos (…).”[145]
4.7.1. Por lo anterior, le corresponde a la Autoridad
Municipal accionada cumplir con la obligación de contar con plan un escrito y
público, orientado a garantizar de manera sostenible la faceta prestacional del
derecho al agua para consumo humano de manera progresiva. Pues esta faceta no
es, de ninguna manera, un permiso para la inacción o para una precaria o
irrazonable planeación. Por lo anterior, el Alcalde de Socha, como jefe de la
administración local (Art. 314 CP), tiene entre sus atribuciones la de asegurar
la prestación de los servicios públicos municipales (Art. 315, Núm. 3 CP) y,
por tanto, debe liderar la construcción de un plan estratégico que garantice
soluciones concretas para el problema de falta de accesibilidad al agua en el
área rural, tal como es el caso del accionante. Ello por cuanto
“la administración municipal tiene a
su cargo, en virtud de la Constitución y de las normas que la desarrollan,
asistir a la comunidad a través de apoyo técnico, jurídico y financiero, para
superar las falencias en la prestación del servicio que pongan en riesgo los
derechos fundamentales de la comunidad, sin que la ubicación geográfica de la
comunidad y su acueducto, por no hacer parte del casco urbano, sea una razón
para que la administración se desentienda de lo que allí ocurra.”[146]
4.7.2. Sin embargo, en respuesta al Auto de pruebas, no dio
información concreta sobre su plan de acción inmediata para garantizar el
acceso al agua de la población rural, se refirió a la prestación de este
servicio en la cabecera municipal y la zona aledaña a esta. [147] Y, en lo
que tiene que ver con el plan de mediano plazo, no señaló nada puntual y
manifestó, en abstracto, que continúa “trabajando para mejorar la cobertura
y calidad de los servicios públicos domiciliarios”,[148] tal y
como está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal.
4.8. Por último, en lo que
tiene que ver con Corpoboyacá, la Sala encuentra que ha actuado conforme con
sus obligaciones legales. Se recuerda que a esta le corresponde “administrar,
dentro del área de su jurisdicción (…) los recursos naturales renovables
y propender por su desarrollo sostenible.”[149] En concreto,
tiene la obligación de analizar las solicitudes de concesiones sobre fuentes
hídricas, en los términos del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “por la cual
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones”, que dispone en el numeral 9º:
“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
(…)
9º. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(…)”
4.8.1. No obstante, la Sala
estima pertinente resaltar dos hechos de la actuación de la Corporación.
Primero, que hayan pasado seis (6) meses entre la solicitud de ampliación de la
concesión de aguas superficiales, que fue presentada por la Junta el 24 de
octubre de 2017, y la respuesta del 13 de abril de 2018. Segundo, a pesar de
conocer, desde el 24 de octubre de 2017, que habitantes del sector rural del
Municipio de Socha carecían de un punto de agua para consumo humano, el 23 de
febrero de 2018, optó por otorgar una concesión sobre la fuente hídrica
“Manantial Pantano Largo”, mediante Resolución 560 de 2018, que está destinada
para “uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y
uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo
de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto (…).”[150] Aclara la Sala
que no está poniendo en duda que la concesión otorgada mediante Resolución 560
de 2018 se haya dado con el debido cumplimiento de los requisitos para ello.
Sin embargo, llama la
atención que a pesar de conocer la necesidad de personas que requieren del
servicio de agua para uso doméstico, en su respuesta del 13 de abril de 2018
haya pasado por alto el planteamiento de una alternativa para la comunidad; más
aún, cuando es dicha Institución la que cuenta con la información sobre la
oferta hídrica disponible en la jurisdicción. Sobre el particular, se limitó a
advertir que “Corpoboyacá no puede garantizarle si esta fuente podrá
sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside” y
sugirió “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo
doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud
Departamental.”
4.8.2. Ahora bien, lo
anterior no implica el establecimiento de una regla rígida, conforme con la
cual el derecho al agua para consumo humano tiene prioridad en abstracto. De
ninguna manera, pues los derechos invocados siempre deben ser analizados
conforme con las condiciones particulares y específicas de cada caso, tal y
como debe ocurrir también cuando se invoque la protección del derecho
mencionado. Sin embargo, se reitera que el agua para consumo humano tiene una
relación inescindible con el derecho a la vida y la dignidad; por lo cual,
cuenta con una protección constitucional prevalente y reforzada con respecto a
los otros usos posibles de este recurso natural. Es por ello, que posponer su
garantía implicaría para las autoridades correspondientes la carga de una
argumentación amplia y suficiente, que explique porque se anteponen los otros
usos al consumo humano.
4.9. En síntesis, teniendo en cuenta (i) la
ubicación geográfica de la vivienda del accionante, (ii) la
disponibilidad del recurso hídrico frente al cual el accionante planteó la
pretensión, (iii) la sobresaturación de la demanda, (iv) la
ausencia de requerimientos técnicos especiales, así como (v) la
capacidad institucional, esta Sala de Revisión concluye que le corresponde al
Municipio de Socha cumplir con los compromisos acordados en la reunión del 19
de julio de 2018, posteriormente formalizados en un documento con fecha del 23
de julio del mismo año. Adicionalmente, la Alcaldía tiene el deber de cumplir
con el mandato constitucional y legal de garantizar la faceta prestacional del
derecho fundamental al agua para consumo humano y, en consecuencia, debe contar
con un plan escrito y público que garantice el acceso progresivo al servicio de
acueducto.
5.     Órdenes a impartir
5.1.
La Sala concluye, con base en el análisis precedente, que en la actualidad no existe
por parte de la Alcaldía de Socha un plan consolidado y definitivo, que le
permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a la
cantidad mínima de agua que le garantiza su derecho fundamental al agua. No se
desconoce que la Alcaldía ha realizado avances en el cumplimiento de su deber
de garantizar el acceso a agua potable a los residentes de la cabecera
municipal y a las comunidades aledañas a esta; sin embargo, como se explicó su obligación
no termina ahí, pues también tiene un deber frente a las personas que viven en
áreas rurales.
5.2. En consecuencia, se le
ordenará que dé cumplimiento a la estrategia que planteó en la reunión llevada
a cabo el 19 de julio de 2018, entre los miembros de
la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha
(ingeniera Sonia Márquez) y los usuarios solicitantes de un punto de agua,
incluido el accionante. Esto es: (i) brindar la asesoría necesaria para
la conformación de una nueva asociación que conforme un nuevo acueducto
comunitario y para adelantar los trámites correspondientes ante Corpoboyacá en
el proceso de solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar
una mesa técnica con Corpoboyacá, para analizar las diferentes fuentes hídricas
de abastecimiento e identificar una frente a la cual pueda darse la concesión
de uso de aguas superficiales, (iii) disponer de los recursos
presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua, tal y como
lo dispone el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que estableció dentro
de las competencias de los municipios “directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer
las siguientes competencias (…) 76.1. Servicios Públicos. Realizar directamente o a
través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas
en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.
5.3. Como
medida a corto plazo, dirigida a conjurar de forma inmediata la falta de acceso
a un punto de agua en la vivienda del accionante, se ordenará a la Alcaldía
Municipal que analice y determine el medio idóneo para suministrar la cantidad
mínima de agua potable en la vivienda del señor José Vicente Carvajal.[151]
6.     Síntesis de la decisión
En esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión analizó
si las autoridades públicas, tanto la Alcaldía como la Corporación Autónoma
Regional, y un acueducto comunitario desconocen la garantía del derecho al agua
para consumo humano cuando no se garantiza la accesibilidad del mismo. Con el
fin de resolver el problema jurídico, reiteró las siguientes reglas
jurisprudenciales: (i) el derecho al agua para consumo humano es
fundamental, autónomo y con sustento en normas de la Constitución; (ii)
la Alcaldía municipal es la principal autoridad, conforme con la Constitución y
la Ley, responsable de la garantía de este derecho; (iii) dicha
responsabilidad no se reduce, ni siquiera, ante la existencia de acueductos
comunitarios.
III. DECISIÓN
Se vulnera el derecho al agua para consumo humano de
un habitante del área rural, quien no tiene el acceso a la mínima cantidad de
este líquido en su vivienda, dado que no le ha sido instalado un punto de agua
y, debido a ello, se abastece ocasionalmente de una fuente que no es apta para
consumo humano. El análisis del caso llevó a concluir que en la garantía de la
faceta de la accesibilidad al agua confluyen responsabilidades de autoridades
públicas y privadas. (i) La administración municipal es la principal
responsable frente al asunto, pues tiene la obligación constitucional y legal
de garantizar el derecho fundamental al agua dentro de su jurisdicción, tanto
en la cabecera municipal como las áreas rurales, incluidas aquellas que por
razón de la distancia geográfica con el casco urbano sean administradas por
comunidades rurales o veredales. Esta obligación implica el apoyo técnico y
jurídico a las comunidades para la ejecución de todas las acciones que permitan
la accesibilidad del agua. (ii) Las corporaciones autónomas regionales, en
cumplimiento de sus funciones, deben garantizar el respeto de la prioridad que
tiene la concesión de agua para consumo humano, frente a los otros posibles
usos de este líquido. (iii) Los acueductos veredales tienen las mismas
responsabilidades que las empresas prestadoras
de servicios públicos, dado que la Ley 142 de 1994 no establece diferencias
entre las obligaciones de los distintos prestadores.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.
- REVOCAR
la sentencia del 13 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Socha en la que se negó el amparo solicitado por el señor José
Vicente Carvajal Márquez;
en su lugar, CONCEDER la protección del derecho al agua para consumo
humano por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal del Socha que, en el término
máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, en
caso de no haberlo hecho, elabore un plan de solución definitiva al problema de
accesibilidad del accionante, lo que implica el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la reunión del 19 de julio de 2018, que incluye: (i) brindar
la asesoría necesaria para (a) conformar un nuevo acueducto comunitario y (b)
adelantar los trámites correspondientes ante Corpoboyacá en el proceso de
solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar una mesa
técnica con Corpoboyacá, en la que se analicen las diferentes fuentes hídricas
de abastecimiento disponibles y se defina aquella que servirá de abastecimiento
al nuevo acueducto comunitario; y, (iii) disponer de los recursos
presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua.
TERCERO.- ORDENAR
como medida de protección inmediata, a la
Alcaldía de Socha que, en término de un (1) mes contado a partir de la
notificación de este fallo, analice y determine el medio más idóneo para
garantizar la cantidad mínima de agua apta para el consumo humano al
accionante.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de octubre de 2018
proferido por la Sala de Selección número Diez, conformada por la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazu Ocampo,
seleccionó para revisión el expediente de la referencia, con base en el
criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental” y
objetivo “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial.”
[2] Los hechos relevantes presentados en esta sección tienen
sustento probatorio en todo el expediente, tanto en el cuaderno del juez de
instancia (Cuaderno principal), como en el que se armó en sede de Revisión
(Cuaderno de revisión). Es decir, no se trata tan sólo de un recuento de lo
afirmado por el accionante en el escrito de tutela.
[3] Conforme con la información expuesta por el accionante, su
vivienda está identificada con la matrícula inmobiliaria No. 094-7219, ubicada
en la vereda Sagra Arriba – Sector Catavita, en el Municipio de Socha, Boyacá.
[4] Al respecto, se pueden consultar las
peticiones presentadas por el señor José Vicente Carvajal el 24 de octubre de
2017 a la Junta Directiva del Acueducto Pantano Largo y por la Personera
Municipal de Socha el 18 de octubre de 2011 al Presidente del Acueducto Frayle
La Rinconada (Cuaderno principal. Folios 9 y 10).
[5] Cuaderno principal. Folio 1.
[6] Cuaderno principal. Folio 10.
[7] Corpoboyacá otorgó la concesión a la
Junta el 17 de marzo de 2006, mediante resolución 0330, con destino a uso
doméstico de 80 familias. Luego, el 31 de octubre del mismo año, a través de la
Resolución 1452, amplió la concesión para 41 familias más.
[8] Si bien el accionante afirma en su escrito de tutela que “desde
hace siete años estoy solicitando a la Junta Administradora de Acueducto
Pantano Largo…”, una revisión de todos los documentos que obran en el
expediente permite precisar que, en realidad, la petición de hace siete años
fue presentada al Presidente del Acueducto Frayle La
Rinconada, no a la Junta accionada, tal y como se precisa en el punto 1.2. Al
respecto, es relevante mencionar que a folio 22 del expediente, la Junta
accionada aportó copia de la solicitud de la Personera Municipal de Socha, con
una anotación en la que indicó que la misma fue dirigida al Acueducto Frayle
Rinconada, no al Acueducto Pantano Largo.
[9] Cuaderno principal. Folio 9.
[10] Cuaderno de revisión. Folio 86 (reverso).
[11] Cuaderno principal. Folios 18.
[12] Cuaderno principal. Folio 21.
[13] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).
[14] Hace referencia a la Resolución 560 del
23 de febrero de 2018, “por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales”, otorgada a la Asociación de Suscriptores Carvajal
Gómez del Municipio de Socha.
[15] Cuaderno de revisión. Folio 87 (reverso).
[16] Cuaderno principal. Folio 27.
[17] Cuaderno principal. Folio 11.
[18] Junto con la contestación de la acción de tutela, anexó
fotocopias de los siguientes documentos: acta de la asamblea general del 15 de
noviembre de 2017, donde se dio a conocer la solicitud de punto de agua y la
respuesta (folios 17 a 19); acta de la reunión extraordinaria del 4 de
diciembre de 2017 (folios 20-21); derecho de petición del accionante, dirigido
al Presidente Acueducto Frayle la Rinconada, con la siguiente anotación: “señores
del juzgado esta solicitud fue dirigida en el 2011 el 18 de octubre pero al
acueducto el Frayle Rinconada no al nuestro a ellos es a quien solicit[ó]
hace 7 años sin respuesta nosotros s[í] hemos respondido”; solicitud
escrita que presentó el accionante el 24 de octubre de 2017 (folio 23); acta de
la reunión del 19 de julio de 2018 (folio 24-25); acuerdo con la Oficina de
Planeación Municipal, suscrito por la Ingeniera Diana Marcela Dallos (folio
27); listado de solicitantes del nuevo acueducto (folio 26).
[19] Cuaderno principal. Folio 15.
[20] En la contestación de la acción de tutela se aportaron copias de
las actas de la Asamblea General No. 135 del 15 de noviembre de 2017 y No. 4
del 4 de diciembre de 2017 (Cuaderno principal. Folios 17 al 19, 20 y 21).
[21] Ver copia del Acta No. 1 del 19 de julio de 2018, en la que se
señaló que “siendo las 2:30 p.m. nos reunimos con la ingeniera de planeación
y los usuarios y la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo y nos
traen una posible solución: Las 30 personas formen su asociación y se solicite
una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la
captación así como don Olmos solicitó su concesión (…). La Junta como tal les
aclaramos, hemos estado en acompañamiento con ellos pero nos ha sido imposible
venderles porque ya no tenemos caudal para ofrecerles” (Cuaderno principal.
Folios 24 y 25).
[22] Cuaderno principal. Folios 28 al 39. El Juzgado Promiscuo
Municipal de Socha reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
el derecho a la salud y su relación con el suministro de agua potable. Sobre el
particular, afirmó: “[p]ara nadie es desconocido que todo ciudadano
Colombiano tiene derecho a la salud y de contera al suministro de agua potable,
y si no está en condiciones de costeársela por sus escasos recursos es el
Estado a quien le corresponde velar por este derecho.” Luego, sostuvo que
tanto la prestación del servicio de salud como de agua debe prestarse de manera
ininterrumpida, precisó que este deber está en cabeza del Estado y resaltó que “también
tienen la obligación (…) las entidades privadas que se comprometen a
garantizarlos y prestarlos.”[22] Más
adelante, se refirió al derecho al agua y su relación con el derecho a la
salud. En particular, se refirió a la Sentencia T-616 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se señalaron los aspectos que el juez
constitucional debe tener en cuenta a fin de garantizar el goce pleno del
derecho al agua para consumo humano, es decir, la disponibilidad, la calidad y
la accesibilidad. Cuaderno principal. Folio 33.
[23] Cuaderno principal. Folio 38.
[24] Cuaderno principal. Folio 39.
[25] Cuaderno principal. Folio 39.
[26] El Auto de pruebas obra en los folios 17 a 19 del Cuaderno
de revisión. Dado que no hubo respuesta por parte del accionante y la
accionada, el 14 de febrero de 2019, la Sala Segunda de Revisión ordenó
suspender los términos hasta tanto las pruebas fueran debidamente recaudadas
(Cuaderno de revisión. Folios 153-156).
[27] Cuaderno de revisión. Folio 199-204.
[28] Cuaderno de revisión. Folio 200.
[29] Cuaderno de revisión. Folio 200.
[30] Cuaderno de revisión. Folio 200-201.
[31] Cuaderno de revisión. Folios 223-226.
[32] Se refiere a la Resolución 1452 del 31 de
octubre de 2006, “por medio de la cual se amplía la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante resolución 0330 del 17 de marzo de 2006”.
[33] Para justificar esta afirmación, se
refirió a la Resolución 1452 del 31 de octubre de 2006; no obstante, una
lectura de la misma, no permite comprender a qué parte hace alusión.
[34] Cuaderno de revisión. Folio 223.
[35] Cuaderno de revisión. Folios 28-46.
[36] “[en consecuencia] no podría considerarse autoridad
ambiental ni sujeto pasivo que le habilite otorgar, fiscalizar, vigilar, ni
controlar los trámites para autorizar el punto de agua en el municipio de
Socha.”Cuaderno de revisión. Folio 30.
[37] Cuaderno de revisión. Folio 30 (reverso). Más adelante,
reiteró que Corpoboyacá “tiene funciones de máxima autoridad en el área de
su jurisdicción” y la competencia para otorgar concesiones, en los términos
previstos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
[38] Esta afirmación la realizó nuevamente en
los siguientes términos: “corresponde a la Alcaldía Municipal de Socha
asegurar que se presten a sus habitantes los servicios domiciliarios de
acueducto…” Cuaderno de Revisión. Folio 41.
[39] Cuaderno de revisión. Folio 41.
[40] Anexó copias de los siguientes documentos. (i) La
sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que se ordena el archivo
definitivo de las diligencias dentro de la acción popular Nº 2004-563 (folio
127-129). El 8 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Boyacá
profirió las siguientes órdenes: “PRIMERO: Declárese la vulneración del
derecho colectivo al GOCE DE UN AMBIENTE SANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS y a la SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLCIA, por parte del municipio de Socha. || SEGUNDO. Ordénese a la
Secretaría de Salud de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 41
del Decreto 475 de 1998, con relación a sus funciones, que en el términos de
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo,
realice visita de vigilancia y control al agua que se suministra para consumo
humano en el municipio de Socha en donde se analicen mínimo cuatro puntos
estratégicos y se obtengan las muestras así: i) A la salida del sistema de
tratamiento, ii) La red de distribución, iii) dos residencias del municipio y
iv) verificar la necesidad de la utilización de cloro residual; entre otras.” El
12 de diciembre de 2018, el Despacho N° 1 del mismo Tribunal declaró el
cumplimiento de las órdenes emitidas en sentencia del 8 de septiembre de 2005,
pues se certificó la potabilidad del agua para consumo humano, “dado que los
resultados obtenidos arrojan un índice de riesgo equivalente al 0.00% que lo
cataloga como ‘sin riesgo’, sin que ello sea óbice para que continúe con las
inversiones y gestiones tendientes a mantener tales condiciones.” Cuaderno
de Revisión. Folio128. (ii) Los estudios previos de selección de mínima
cuantía, cuyo objeto de contratación es la prestación de los servicios de
análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de Socha, por un
valor de nueve millones m/cte (9´000.000) (folios 120-125). En la descripción
de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, se expresa que
en cumplimiento de las estrategias de vigilancia, prevención y control
planteadas por el Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud
Departamental, se deben “realizar muestras, contra muestras,
caracterizaciones y asesoría en el tratamiento haciendo seguimiento de los
diferentes puntos de muestreo autorizados y concertados… Además que en el
primer trimestre y en el tercer trimestre del presente año se deben tomar
muestras de demanda de cloro y mostraje de captación (agua cruda), ubicadas en
el ojo de agua, pozo de las hojas y en la bocatoma de la quebrada del tirque,
así como la toma de muestras de aguas residuales de la Quebrada Chiniscua o
Soraqui, Quebrada Santa María y Quebrada Honda. || Actualmente en la Unidad de
servicios Públicos se encuentran adscritos 1465 usuarios, que requieren de agua
potable de calidad y sin riesgo por parte del Municipio, para lo cual el
Municipio de Socha no cuenta con el personal de planta ni con la infaestructura
y equipos adecuados para desarrollar directamente esta actividad de toma de
muestras y en consecuencia tiene la necesidad de contratar la prestación de
servicios externos con personas idóneas, avaladas por la Secretaría de Salud.
|| Es conveniente, por higiene, por tratarse de un tema de salud pública,
porque los servicios públicos domiciliarios son de primera necesidad para la
población, la ejecución de este proyecto de agua tratada y cruda. Que este
proyecto se deberá encontrar dentro del Plan de Desarrollo municipal ‘SEGUIMOS
TRABAJANDO POR UNA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 2016-2019’. En razón a que el proceso
de contratación da solución a esta problemática, son necesarios para el
cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo, por
anteriormente descrito, se procede a iniciar con la misma para que esta sea
satisfecha, ya sea con una persona natural o jurídica, que sea idónea teniendo
en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente
la obra, con el mínimo riesgo y los mejores resultados de cumplimiento y
responsabilidad” Cuaderno de Revisión. Folio 120 (reverso). (iii) La
disponibilidad presupuestal Nº 2019020012 (folio 126). (iv) Los análisis de
agua potable del Municipio de Socha realizados por la Secretaría de Salud de
Boyacá durante el 2018 (folios 130-146).
[41] Como información adicional, declaró que la actual administración
logró la certificación en los recursos de agua potable, “para así dar cumplimiento
a la norma exigida por la secretar[í]a de salud.” Esta afirmación
fue reiterada en los siguientes términos: “la planta de tratamiento de agua
potable del municipio brinda agua apta para el consumo humano.” Cuaderno
de revisión. Folio 118 (reverso). Como sustento de
sus afirmaciones, anexó los análisis y un registro fotográfico de la
planta. Cuaderno de revisión. Folios 59-75.
[42] Cuaderno de revisión. Folio 117 (reverso).
[43] Cuaderno de revisión. Folio 118.
[44] Cuaderno de revisión. Folio 118.
[45] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).
[46] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).
[47] Cuaderno de revisión. Folios 77-92. Con
la respuesta al auto de pruebas, anexó los siguientes documentos: Auto No. 0189
del 13 de marzo de 2013, “por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales”; Resolución No. 0221 del 17 de febrero de
2015; Auto No. 1446 del 11 de agosto de 2015; Radicado No. 103-16827 del 24 de
octubre de 2017; Radicado de salida No. 104-4458 del 13 de abril de 2018;
Oficio No. 104-10735 del 6 de septiembre de 2018; y, Resolución No. 560 del 23
de febrero de 2018.
[48] Cuaderno de revisión. Folio 78. Señaló
que dicha concesión fue solicitada el 21 de diciembre de 2012, mediante
formulario radicado bajo número 17416. Además, precisó que con base en dicha
solicitud se “dio apertura al expediente OOCA-0015-13; y mediante Auto No.
0189 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), CORPOBOYACÁ admitió
solicitud de la referida concesión de aguas” También refirió que “mediante
Auto No. 1446 del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), CORPOBOYACÁ no
aprobó memorias, cálculos y planos del sistema de captación de la concesión de
aguas presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA
SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con Nit: 900036656-1, teniendo
en cuenta que las mencionadas memorias, cálculos y planos del sistema de
captación no tienen correlación y no garantizan derivar el caudal de 1.28 L/s”
[49] Esta solicitud quedó consignada bajo radicado No. 103-16827 del
24 de octubre de 2017. Cuaderno de revisión. Folio 78.
[50] Más adelante, sostuvo que “la JUNTA ADMINISTRADORA
ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada
con Nit: 900036656-1, no ha radicado nuevas solicitudes de modificación o
ampliación de la concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica
denominada ‘Nacimiento Pantano Largo’, ni ha solicitado la inclusión de una
fuente hídrica alterna.” Cuaderno de revisión. Folio 78
(reverso).
[51] Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).
[52] Cuaderno de revisión. Folio 112.
[53] Cuaderno de revisión. Folio 112.
[54] En este mismo sentido, el inciso 1º del artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 expresa: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.”
[55] De la misma manera, el numeral 3° del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala: “La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…)3. Cuando
aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios.”
[56] El artículo 3o de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de
2012, dice: “[c]orresponde al municipio:
(…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente,
de conformidad con la Constitución y la ley. (…)19. Garantizar la prestación
del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la
jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos
domiciliarios.”
[57] El numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece que:
“[e]s competencia de los municipios en relación con los servicios
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con
sujeción a ella expidan los concejos: Asegurar que se presten a sus habitantes,
de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio en los
casos previstos en el artículo siguiente. (…)”
[58] Corpoboyacá
es un ente de carácter público. Se trata de una Corporación Autónoma Regional,
encargada “por la
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables (…)”
(Art. 23, Ley 99 de 1993). El
artículo 31 dispone: “Las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 3) Promover
y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables; (…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(…)”
[59] Esta
subregla jurisprudencial también fue aplicada en la Sentencia T-012 de 2019.
M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. En esa ocasión, la Sala de Revisión afirmó, frente al expediente
T-6.470.199, que: “los accionantes consideran que la vulneración a sus
derechos fundamentales se viene produciendo desde hace varios años debido a la
completa inexistencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en el
corregimiento de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. La omisión de las
entidades accionadas genera afectaciones individuales y desconoce derechos
fundamentales como el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
básico. Adicionalmente, el abandono de los accionantes y su comunidad por parte
de las autoridades públicas es una circunstancia continua y actual. Por lo
anterior, la Sala advierte que la afectación de los derechos fundamentales
permanece en el tiempo, manteniéndose una vulneración que hace necesaria su
protección por vía de tutela.” De igual manera, se aplicó en las siguientes
sentencias, en las que también se invocó la protección del derecho fundamental
al agua: T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017.
M.P. (e) Iván Humberto Escrucería; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta
Gómez; T-218 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-245
de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle
Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo.
[60] Es
decir, se invoca la protección de la dimensión subjetiva del derecho. Sobre
esto, la sentencia C-220 de 2011 aclaró: “…como derecho fundamental, el derecho al
agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la
tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales
en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de
particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El
reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al
desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la
acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo
está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la
jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho
individual y colectivo.” Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se constata que la protección pretendida
busca salvaguardar el derecho al agua en su connotación fundamental, la acción
de tutela es el mecanismo indicado para el efecto; de lo contrario, se debe
acudir a la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998, para la protección
de los derechos colectivos. Esta regla ha sido aplicada para analizar el
requisito de subsidiariedad en las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297
de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en esta última se concluyó: “los accionantes no se limitan a solicitar el acceso al servicio
público de agua y/o acueducto (como derecho colectivo), sino que centran su
petición en la protección inmediata (i) del derecho fundamental al agua,
en su dimensión subjetiva, ya que buscan la garantía indispensable para la
supervivencia y la realización de otros derechos fundamentales, relacionada con
el consumo humano mínimo; y (ii) las condiciones
de vida digna afectadas por la desconexión del
suministro del recurso hídrico por parte de la empresa accionada, respecto de
los cuales ellos acreditan una afectación directa que requiere de medias
urgentes e inmediatas. Por ello, para esta Sala la tutela, en este caso, es el
medio más idóneo y eficaz de protección.” De igual manera, este criterio fue aplicado en las siguientes
sentencias: T- 223 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; T-188 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; T-118 de 2018. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo; T-325 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-532 de 2016. M.P. Aquiles
Arrieta Gómez; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-093 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-642 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-362 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; T-242 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-752 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; entre otras.
[62] La Sala reitera que, tal y como se dijo en la Sentencia
T-348 de 2013, el juez constitucional al asumir un examen de
esta naturaleza debe “verificar que [la protección del derecho al agua para
consumo humano que se invoca] esté destinada al consumo humano, pues ésta es
la característica que define su carácter de fundamental” Sentencia T-348 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido, se enfatiza que el
agua para consumo humano es: “una garantía que
subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por
virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios
públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en
lo referente al acceso al ‘agua potable’, para lo cual, en la Ley 142 de
1994, el legislador dispuso del servicio de acueducto, incluyéndolo dentro
de la categorización de los servicios públicos domiciliarios. Precisamente, al
definir el alcance del citado servicio, el artículo 3 del Decreto 302 de 2000
dispone que: ‘servicio público domiciliario de acueducto (…). Es la
distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y
medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias
tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y
transporte.’” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. El criterio que recalca la necesidad de que el juez de tutela
verifique en el análisis de procedencia que se trata de agua para consumo
humano ha sido aplicado en varias sentencias, entre las que se cuentan: T-012
de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-358 de
2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-398 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475
de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-338 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-129 de 2017. M.P.
(e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-245 de
2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-348 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; T-381 de 2009.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; entre otras.
[63] Así,
por ejemplo, la Sentencia T-358 de 2018 concluyó que no se encontraba cumplido
el requisito de subsidiariedad, pues no se demostró que “los accionantes requieran de la conexión
del servicio de acueducto para acceder al agua como líquido vital.” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. Asimismo, la Sentencia T-099 de 2017 concluyó que no
se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto: “las peticiones están dirigidas a lograr un cometido
esencialmente patrimonial, que tiene que ver con uno de los varios trámites que
debe hacer la empresa constructora para asegurar que las viviendas que edifica
cuenten con un sistema de acueducto y alcantarillado.” Sentencia
T-099 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este mismo sentido, la
Sentencia T-504 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, afirmó que en dicho
caso no se cumplió el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, declaró
la improcedencia de la acción, por cuanto se comprobó que el inmueble no estaba
siendo habitado y, de hecho, se destinaba a actividades comerciales.
[64] Esta Corporación, desde su inicio, recalcó
que la falta del derecho al agua, en su dimensión subjetiva, pone en riesgo
otros derechos, así, por ejemplo, la Sentencia T-578
de 1992 afirmó: “[e]n principio, el agua constituye fuente de vida y
la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida
de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado
en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública
(CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional
fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de
tutela.” Sentencia T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-022 de 2008. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; T-207 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992, M.P.
Ciro Angarita Barón; entre otras.
[65] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En el
mismo sentido, se pronunció la Sentencia T-163 de 2014.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[66] Sentencia T-358 de 2018. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este
caso, la Sala de Revisión declaró la improcedencia de la acción, porque no se
demostró que el agua se solicitara para consumo humano.
[67] Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[68] Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Esta consideración ha sido reiterada en las siguientes sentencias: T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-641 de 2015. M.P.
Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[69] Sobre el particular, la Sentencia T-103 de 2017 afirmó: “[e]sta
Corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva de ese derecho, [se
refiere al agua para el consumo humano] al aceptar que es fuente de vida y
presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la
vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana. ||
De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido
comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones
materiales de existencia, así como un presupuesto esencial del derecho a la
salud y del derecho a gozar de una alimentación sana.” Sentencia T-103 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. De igual
manera, la Sentencia T-358 de 2018 resaltó “desde los primeros años de este Tribunal,
la Corte entendió que la ausencia del agua para su consumo afecta la vida de
las personas y su salud, por lo que procede la acción de tutela como remedio
judicial, al entender que se está en presencia de una garantía inherente a la
persona humana.” Sentencia T-358 de 2018. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[70] Sentencia
T-245 de
2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Esta consideración fue reiterada en la
Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. De igual manera, las
siguientes sentencias han afirmado que el derecho al agua para consumo humano
es autónomo y justiciable en sí mismo, al respecto se sugiere consultar las
sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P.
(e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos,
SPV Luis Ernesto Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-028 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; entre otras.
[71] Cuaderno principal. Folio 9.
[72] Si bien el accionante invocó la protección de los derechos
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, un estudio del
expediente, únicamente presentó una justificación con respecto al derecho al
agua, sin presentar una explicación de porqué invocó la protección de las otras
garantías constitucionales.
[73] En concreto, se hace referencia a la concesión reconocida
el 23 de febrero de 2018, a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del
Municipio de Socha.
[74] Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[75] Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[76] Sentencia T-028 de 2014. M.P. María
Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez. Esta consideración fue
reiterada en la Sentencia T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[77] El artículo 365 de la Constitución
estableció que los servicios públicos pueden ser prestados tanto por el Estado
como por los particulares, pero estos “estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley”
(Ley 142 de 1994 artículo 15) En la Sentencia C-389 de 2002, la Corte evidenció
la intención del constituyente de que las comunidades organizadas o los
particulares pudieran concurrir a la prestación de los servicios públicos
por “la
complejidad de las necesidades de la vida moderna, (…) han replanteado las
modalidades de acción e injerencia oficial para lograr los fines del Estado” De
acuerdo con la sentencia C-263 de 2013, la Constitución acogió un modelo de “economía social de mercado”,
que propende por armonizar el derecho a la propiedad privada y el
reconocimiento de libertades económicas, con la intervención del Estado en la
economía, de manera que confluyen “la mano invisible del mercado y el brazo visible del Estado”. Al
respecto ver además las sentencias T-540 de 1992, C-616 de 2001, C-389 de 2002,
C-150 de 2003, C-741 de 2003, C-228 de 2010 y C-197 de 2012.
[78] El artículo 366 Superior dispone que: “El bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales
del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable. || Para
tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.”.
[79] Sentencia
T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 indicó que “esta
Corporación se ha referido al agua para el consumo humano, como una garantía
que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366,
por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los
servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre
otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’.” Sentencia T-358 de
2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Una comprensión en este mismo sentido
del derecho al agua se expone en las siguientes sentencias: T-100 de 2017. M.P.
Alberto Rojas Ríos; T-028 de 2014. M.P. María
Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.
[81] Así, por ejemplo, la Sentencia T-891 de
2014 afirmó: “(i) El agua para consumo humano es un derecho fundamental,
pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud (...)”
Sentencia T-891 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. En este mismo sentido se pronunciaron las
sentencias: T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-227 de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; T-413 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-140 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-431 de 1994. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-578
de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita
Barón; entre muchas otras.
[82] En este sentido se ha pronunciado recientemente esta Corporación,
sobre el particular se sugiere consultar las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-118 de
2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto
Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-028 de 2012.
M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre
otras.
[83] Sobre este punto, la Sentencia T-223 de 2018 sostuvo: “[a]unque el derecho al agua no fue establecido taxativamente en
la Carta Política, la jurisprudencia, los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, lo
han reconocido como un derecho humano autónomo.” Sentencia
T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84] De manera previa, es relevante mencionar que la Comunidad
Internacional hizo un primer avance, en el sentido de reconocer el derecho al
agua, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en la que se
dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus
condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable
en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de
reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elemento por parte del
hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo
o como integrante del cuerpo social.” Celebrada en Mar de Plata, Argentina, entre el 14 y 25 de marzo de 1977.
[85] Tal y como lo afirmó la Sentencia T-297 de 2018, “la Sala
considera necesario recordar que por mandato constitucional (Articulo 93,
adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2001), los derechos y deberes
consagrados en la Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados
internacionales ratificados por Colombia; El Pacto Internacional de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad,
por lo que las observaciones efectuadas por el órgano competente, constituye en
criterio válido de interpretación del mismo y complementando el marco normativo
de los derechos fundamentales de la Constitución.” Sentencia T-297 de 2018.
Gloria Stella Ortiz Delgado. Entre las sentencias que sustenta el
carácter fundamental del derecho al agua en tratados internacionales se
cuentan: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-100 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa; entre otras.
[86] En el parágrafo 2 de su artículo
14 señala que los Estados Parte deben asegurar a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en (…) [el] abastecimiento de agua”.
Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra
la Mujer. Artículo 14. Agosto 12, 1979. Ratificada por Colombia mediante la Ley
51 de 1981.
[87] En el parágrafo 2 de su artículo
24 señala que los Estados Parte deben garantizar el servicio a la salud y
combatir las enfermedades y la malnutrición de los niños y niñas “mediante el suministro de
alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre” Convención
sobre los Derechos del Niño. Artículo 24. Noviembre 20, 1989. Ratificada por
Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[88] En el parágrafo 2 de su Artículo
28 señala que los Estados Parte tiene la obligación de “asegurar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua
potable”. Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Artículo 28. Diciembre 13, 2006. Ratificada por Colombia mediante
la Ley 1346 de 2009.
[89] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo. Esta consideración también fue tenida en cuenta en las sentencias:
T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez;
[90] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
[91] En la que se consagró, como un principio, que: “[l]os recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua,
la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los
ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según
convenga.”
[92] Este “fue el primer llamamiento
a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos
hídricos y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer
las necesidades de agua potable de toda la población. También reconoció que
todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de
calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[93] En este “se reiteró que el
derecho al agua es un derecho fundamental y advirtió sobre la amenaza que
suponen la escasez y el uso abusivo del “agua dulce” para el desarrollo
sostenible, para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para el
desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano
(…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[94] Se“elaboró paralelamente al
Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos
internacionales que regulan el derecho al agua. En este se resaltó la
importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, el
capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un
suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del
planeta, conservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y
químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de
la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades
relacionadas con el agua (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[95] Este Programa “también hace una clara referencia al derecho al agua en
el principio número 2, el cual sostiene que: ‘los seres humanos […] tienen el derecho a un adecuado estándar de
vida para sí y sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, agua y
saneamiento adecuados’.” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[96] Esta
Observación señaló, con base en una interpretación de los artículos 11 y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que
el acceso al agua es un derecho humano que se encuadra claramente en las
garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12.
Diciembre 16, 1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Cabe
destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC)
se estableció el 28 de mayo de 1985 en virtud de la Resolución 1985/17 del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en
inglés) para desempeñar las funciones de supervisión, monitoreo y adecuada
aplicación del PIDESC.
[97] Esta Resolución reconoció
explícitamente “que
el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute
de la vida y de todos los derechos humanos.” Naciones Unidas.
Asamblea General. Res. 64/292 El derecho humano al agua y el saneamiento. Sesión no.
64. Julio 28, 2010.
[98] En esta, se reconoció la existencia autónoma e
independiente, pero interrelacionada, de “los derechos humanos al agua potable
y el saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado” Naciones Unidas. Asamblea General. Res.
70/169 Los derechos
humanos al agua potable y al saneamiento básico. Septuagésimo
periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.
[99] Esta Agenda “reconoció que el acceso universal al agua y saneamiento es
uno de los 17 Objetivos Globales. El objetivo referente al acceso al agua -el
número 6- dispone que los Estados deben unificar esfuerzos y adoptar las
medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y
asequible, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de
higiene en todos los niveles para todas y todos para el año 2030.” Sentencia
T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[100] Contenido en el “Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el
Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos
Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento
que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Tal y
como lo señaló la Sentencia T-012 de 2019: “es importante reiterar que la
Observación General No. 15 del CDESC ha sido admitida por la Corte
Constitucional en varias de sus sentencias como referente para delimitar el
contenido del derecho de acceso al agua potable. De acuerdo con la
jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que forman parte del bloque de
constitucionalidad –y con ello del ordenamiento interno– los tratados de
derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales deben integrarse en los
términos en que han sido desarrollados por sus intérpretes autorizados. Estas
interpretaciones, por tanto, deben ser atendidas por el Estado como
consecuencia de haber aceptado la competencia de dichas instancias. (…) Tal
y como lo afirma la Sentencia T-012 de 2019: “[u]na de las decisiones
precursoras en explorar el contenido del derecho al agua según lo establecido
en la Observación General No. 15, fue la sentencia T-270 de 2007. Es de
destacar que el acceso al agua como derecho fundamental había sido abordado en
otros pronunciamientos, no obstante, es reciente la utilización de la
Observación General No. 15 como fundamento jurídico central. En efecto,
académicos expertos sobre la integración del derecho humano al agua en el
ordenamiento jurídico han señalado que “para determinar el marco dentro del cual
se puede mover la regulación económica colombiana es fundamental conocer los
pronunciamientos de los intérpretes autorizados de los tratados de derechos
humanos ratificados por Colombia y la forma como los ha incorporado la CCC
[Corte Constitucional colombiana]. Por su obligatoriedad, ya no es admisible
que un operador jurídico no incluya en sus análisis estos pronunciamientos.
(Subrayado fuera del texto original)”. López Murcia, J. y L. García Daza, La
obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales:
el caso de los servicios públicos en Colombia, International Law: Revista
Colombiana de Derecho Internacional, Vol. 6, n° 12, 2008, p. 237. Recuperado:
http//: revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13926”
Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Entre las
sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el
contenido del acceso al agua, se cuentan las siguientes: T-398 de 2018. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo;
T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-790 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-028 de 2014.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-541 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-980 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-740 de 2011. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-546 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[101] La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo
y suficiente para los usos personales y domésticos. (...) La cantidad
de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos
individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la
salud, el clima y las condiciones de trabajo.
[102] La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe
ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las
personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables
para cada uso personal o doméstico.
[103] La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser
accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del
Estado Parte.
[104] El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder
a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar,
institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos
los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y
culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al
género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse
amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
[105] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al
alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.
[106] El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al
alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.
[107] La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua
[108] Entre los ámbitos de protección del derecho al agua
mediante la acción de tutela se cuentan: ““A la luz
del orden constitucional vigente, la jurisprudencia constitucional ha entendido
que el derecho al agua comprende, entre otras las siguientes protecciones: (i)
cuando la prestación del servicio se vuelve dramáticamente intermitente y
esporádica, afectando los derechos fundamentales de las personas; (ii) cuando
una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano
–concretamente ha tutelado el derecho a tener un acueducto, tanto en su faceta
positiva como negativa–; (iii) el derecho a acceder y disponer de agua con
regularidad y continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones
básicas de prestación del servicio; (iv) el derecho al acceso al agua de una o
varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la
disponibilidad o el acceso a la misma y cuando las autoridades dejan de adoptar
las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe; (v)
que la disposición y acceso al agua no se suspenda en condiciones de urgencia;
(vi) el acceso al agua sin discriminación; (vii) cuando se cuenta con un
inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los derechos
fundamentales de las personas; (viii) cuando se cuenta con un inadecuado
servicio de acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las
personas; y (ix) cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos
establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho
al agua.” Sentencia T-418 de 2010. M.P.
María Victoria Calle Correa. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia
T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[109] Naciones Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales. Observación General No. 15 El derecho al agua (artículos 11
y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Noviembre de 2002. párr. 12. En el pie de página 98 se citaron algunas
sentencias que han usado esta
Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua.
[110] Naciones
Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación
General No. 15.
[111] Naciones
Unidas. Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación
General No. 15.
[112] Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo. En esa
oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y
la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los
derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los
de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y
negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable
mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera
contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales
derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que
habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos
económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su
derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable,
garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.” Esta consideración
ha sido reiterada en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles
Arrieta Gómez, T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[113] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[114] . En esa
oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y
la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los
derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los
de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y
negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante
una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con
un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por
otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el
sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la
omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser
protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles
que no sean ‘los últimos de la fila’.”
[115] En
el análisis del caso concreto, se desestimaron los argumentos presentados por
la autoridad municipal accionada, mediante los que buscó explicar la situación.
Estos fueron presentados en los siguientes términos: “(i) por la lejanía de las
veredas La Venta y El Saladito, ellas gozan de un acueducto veredal y su
funcionamiento es responsabilidad propia. Con la precisión de que la
administración, a través de las empresas de servicio públicos, se encarga
únicamente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el casco
urbano; y (ii) que si la comunidad quiere solucionar la contaminación que
afecta el sistema de captación, debe iniciar un proceso de servidumbre de agua
contra el dueño del predio colindante hacia el que presuntamente se movería la
fuente.” Frente a ello, la Sala de Revisión consideró que “[l]a administración tenía, sin embargo, el deber de asumir la
responsabilidad por la inacción ante una situación como la indicada. Primero,
por virtud de los artículos 366 y 367 de la Constitución, y el desarrollo que
de esas disposiciones contiene la Ley 142 de 1994, la provisión de agua potable
es responsabilidad del ente territorial en cualquiera de sus modalidades, en
este caso, de la Alcaldía Municipal de Urrao y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 que estableció que a los municipios
les compete promover, financiar
o cofinanciar proyectos de construcción, ampliación rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. Segundo, el agua
potable es un derecho fundamental que convoca a todas las entidades del Estado
para su protección, y en particular, en un caso como este, a las que
constituyen la administración pública del lugar. Resulta entonces naturalmente
extraño al orden constitucional que las autoridades públicas adopten una
actitud de abstención notoria frente a una comunidad expuesta al consumo
permanente de agua contaminada, que pone en riesgo objetivo sus derechos
fundamentales a la vida, la integridad y la salud.” T-103 de
2016. M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Alejandro Linares Cantillo.
[116] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida
digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección
constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando,
para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua
potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos
de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las
entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les
permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia
T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[117] En esta Sentencia, la Sala de Revisión consideró que las
autoridades vulneraban el derecho fundamental al agua de las familias
campesinas habitantes de las veredas El Espino y Ojo
de Agua pertenecientes al Municipio de La Mesa, que fueron afectados
con la ola invernal del 2010, que produjo la caída de la infraestructura
de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y
Anapoima. En el análisis del caso, se comprobó que la conducta de las entidades
accionadas -los municipios de La Mesa, Quipile y
Anapoima- había sido negligente, por dos razones: (i) no cuentan “con verdaderas
estrategias de diseño e implementación de la prestación del servicio de
acueducto que impacten en el plano material el goce efectivo del derecho al
agua” y (ii) omitieron
adoptar alguna medida efectiva para garantizar a los habitantes la satisfacción
de sus necesidades básicas. Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván
Humberto Escrucería Mayolo.
[118] En el análisis del caso concreto, la Sentencia T-012 de 2019
afirmó: “[e]l olvido institucional de la
accionante, su familia y su comunidad se ve reflejado en las cifras de
cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas rurales
del departamento de Bolívar. Según el Plan Departamental de Desarrollo 2016 -
2019 “Bolívar Sí Avanza”, mientras que el servicio público domiciliario de agua
potable solo cubre el 35% de las áreas rurales, en la actualidad no se tienen
cifras sobre la cobertura del servicio de saneamiento básico (lo que indica una
probable inexistencia absoluta del servicio). Específicamente, el Plan de
Desarrollo refiere que en la actualidad un total de 232 corregimientos y una
población de 115.824 habitantes rurales carecen por completo de acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento básico. || 5.6.11. Lo anterior
representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada por esta
Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado
de la accionante, su familia y comunidad es el reflejo del olvido al han sido
relegados los habitantes rurales del departamento de Bolívar, en clara
contradicción de las prioridades establecidas en la Constitución Política y los
fines del Estado Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la actitud de
abstención notoria adoptada por las autoridades territoriales frente a una
comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada y a condiciones
ambientales insalubres.” Y, en consecuencia,
concluyó: “es claro que ninguno de los
componentes esenciales del derecho fundamental al agua potable se encuentra
satisfecho, por lo que resulta esencial garantizar a la accionante, su familia
y comunidad el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a
agua apta para el consumo humano.” Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[119] Al respecto, como lo sintetizó la Sentencia T-374 de 2018:
“en los casos en que existe una conexión ilegal al sistema de abastecimiento
de agua potable, la Corte ha establecido que no puede pasar por alto esa
conducta, y ha adoptado diferentes tipos de decisiones. || De un lado, en un
primer escenario estimó que esa situación le impedía amparar los derechos
invocados y resolvió negar el amparo, postura que evolucionó, y atendiendo a
las especiales condiciones de vulnerabilidad y el contexto propio de cada caso,
ha considerado procedente conceder la protección de los derechos reclamados
cuando con ello se afectan las condiciones de sujetos especialmente protegidos.
|| De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de violencia para impedir la
suspensión del servicio y abuso del derecho que se refleja en la afectación
cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura, dictando fallos que sin
perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho usadas, propenden por la
superación de la falta de agua potable para los actores.” Sentencia T-374
de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[120] Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Una consideración en sentido similar ha sido planteada en las sentencias: T-733
de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010. M.P.
María Victoria Calle Correa; entre otras. Al respecto, la Sentencia T-475 de
2017 afirmó: “como sucede en el caso
de los derechos fundamentales en general, garantizar la faceta positiva del
derecho al agua puede implicar acciones complejas, como la construcción de
obras necesarias para el suministro del líquido, con las implicaciones
presupuestales que esto conlleva. Teniendo en cuenta la complejidad de las
medidas necesarias para garantizar esta faceta, es razonable que el Estado las
desarrolle de manera progresiva (...).” Además, expuso un recuento de algunas decisiones que se han
proferido en sede de tutela para garantizar el derecho fundamental al agua para
consumo humano. Precisó que en algunas ocasiones esta Corporación ha señalado
la obligación que tienen las autoridades estatales de “adelantar el diseño
de una política pública”, y dijo, con fundamento en la Sentencia C-251 de
1997, que ello es así “para garantizar de manera progresiva el
derecho al agua cuando es necesario construir o reparar un acueducto veredal o
municipal que no presta adecuadamente sus servicios. Ello ha sido así debido a
que la Corte atendiendo la doctrina
internacional más autorizada sobre la materia señaló que dicho carácter
progresivo ‘no implica que los Estados pueden demorar la toma de medidas
necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas
las medidas posibles es inmediato, ya que tienen la obligación de iniciar
inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos
contenidos en el Pacto.’” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
[121] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo. Más adelante, en esta misma decisión judicial, se reiteró: “Así las cosas, la obligación de garantizar el acceso a una cantidad
esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una
cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues
constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el
cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente
comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar inmediatamente
todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el
componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del
mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el
diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los
recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que
se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.”
[122] En esta decisión, se concluyó que los derechos fundamentales al agua, a la
salud, a la vida y a la dignidad de los habitantes de las comunidades
residentes en las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos se encontraban
vulnerados, en tanto no garantizaron la disponibilidad mínima del agua. Por lo
anterior, la Sala de Revisión ordenó: “a las alcaldías de los municipios de
Apulo y Tocaima que, inicien el diseño de una política pública que esté
encaminada a superar la situación de abastecimiento de agua potable a las
veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos, para lo cual cuentan con un término
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de ésta
sentencia. En ésta se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para el
efecto, tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión a otros
acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento
con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo deberán realizar las
apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado el plan deberán
iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma
incluido en él, y en todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar
a más tardar un año después de la notificación de ésta sentencia.” Sentencia
T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[123] En esta Sentencia se concluyó que: “[t]oda persona tiene derecho a que la Administración asegure un
mínimo vital de agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y
continuidad y a que por lo menos, exista un plan de acción debidamente
estructurado que asegure, progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión
del derecho y que posibilite la participación de los afectados en el diseño,
ejecución y evaluación de dicho plan.” Sentencia
T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[124] En esta ocasión, se evidenció que la Alcaldía Municipal de
Cali carecía de “un plan consolidado y definitivo,
que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a
su derecho al agua. Si bien se cuenta con algunos avances, respecto a cómo
proceder, en términos generales no hay aún un plan de acción debidamente
diseñado y consolidado para atender y asegurar las necesidades de la comunidad
a la cual pertenece el accionante. Como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, la carencia de un plan o de un programa de acción implica que
los residentes de un corregimiento no van a poder asegurar el goce pleno y
efectivo de una dimensión positiva o prestacional del derecho fundamental, en
este caso el de agua potable.” Sentencia T-733 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[125] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida
digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección
constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando,
para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua
potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos
de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las
entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les
permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia
T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[126] En este mismo sentido, la Sentencia T-129 de 2017 expresó: “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a
la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de
grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se
encuentran asentados en áreas urbanas.”
[127] Cuaderno Revisión. Folio 200.
[128] La Corporación también ha abordado el
tema de la falta de provisión de agua potable debido a la inexistencia de red
de acueducto o del líquido. Así, en la Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub decidió el caso de un grupo de ciudadanos que
vieron desaparecer un conjunto de manantiales de los que se surtían de agua
potable las parcelas de su propiedad, debido a la construcción de un túnel
vial, en detrimento de su derecho fundamental al agua potable. La Corte
Constitucional concedió la tutela y ordenó que se conformase un comité técnico
para determinar en un plazo de seis (6) meses cuál era la solución idónea para
garantizar el suministro definitivo de agua y se ejecutase la decisión
acordada. Ver en el mismo sentido, por ejemplo, las sentencias T-143 de 2010.
M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo; T-091 de
2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-418 de 2010.
M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio
González Cuervo; y, T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[129] El artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, dispone que “Para otorgar concesiones de agua, se tendrá en cuenta el siguiente
orden de prioridad: || a. Utilización para el consumo humano, colectivo o
comunitario, sea urbano o rural; || b. Utilización para necesidades domésticas
individuales; || c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la
acuicultura y la pesca; || d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la
acuicultura y la pesca; || e. Generación de energía hidroeléctrica; || f. Usos
industriales o manufactureros; || g. Usos mineros; || h. Usos recreativos
comunitarios, e || i. Usos recreativos individuales.”
[130] La prioridad que tienen las solicitudes de concesiones de
agua para consumo humano está consagrada en el artículo 2.2.3.2.7.6. del
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 41 del
Decreto 1541 de 1978, y en el artículo 2.2.3.2.7.8. del Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015, que compiló el artículo 43 del Decreto 1541 de
1978.
[131] El
artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1076
de 2015, que compiló el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, establece: “toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines: || a. Abastecimiento doméstico en los casos
que requiera derivación; || b. Riego y silvicultura; || c. Abastecimiento de
abrevaderos cuando se requiera derivación; || d. Uso industrial; || e.
Generación térmica o nuclear de electricidad; || f. Explotación minera y
tratamiento de minerales; || g. Explotación petrolera; || h. Inyección para
generación geotérmica; || i. Generación hidroeléctrica; || j. Generación
cinética directa; || k. Flotación de maderas; || l. Transporte de minerales y
sustancias tóxicas; || m. Acuicultura y pesca; || n. Recreación y deportes; ||
o. Usos medicinales, y || p. Otros usos minerales.”
[132] El artículo 15 de la Ley 142 de 1994 afirma: “Pueden prestar los servicios
públicos: (…) 15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas.”
[133] “44. La Sala destaca que
los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad
local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de
dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o
ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica
en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la
construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa
de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. || 45. En
este orden de ideas, los acueductos comunitarios son figuras jurídicas,
constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales,
autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en
un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los
recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una
zona determinada. Constituyen la materialización de los principios de
participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar
con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para
garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área
de funcionamiento.” Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[134] Esto es: “presentar a la Corporación debidamente diligenciados
en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’
incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo,
inversión y operaciones’.”
[135] Frente a la prestación de servicios
públicos, por una parte, los departamentos tienen las funciones de apoyo y
coordinación, en los términos previstos en el Artículo 7° de la Ley 142 de
1994, que afirma: Competencia de los departamentos para la prestación de los
servicios públicos. “Son de competencia de los departamentos en relación con
los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a
ella expidan las asambleas || 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las
actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas
oficiales, mixtas o privadas. || 7.2. Apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el
Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así
como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de
servicios públicos. || 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades
prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y
económicas lo aconsejen, <sic> la organización de asociaciones de
municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de
convenios interadministrativos para el mismo efecto.” Por otra parte, la
Nación tiene las siguientes competencias, en los términos del artículo 8 de la
Ley 142 de 1994, “8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y
controlar el uso del espectro electromagnético. || 8.2. En forma privativa
planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea
económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o
privadas. || 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas
oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a
las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de
telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y
operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el
desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto
previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. || 8.4. Apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos
o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las
empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para
desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y
a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias
cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa. || 8.5. Velar
porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la
protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los
recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación,
producción, transporte y disposición final de tales servicios. || 8.6. Prestar
directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad
suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. || 8.7. Las demás que
le asigne la ley.” Además, el numeral 5 del artículo 162 establece que: “El
Ministerio de Desarrollo*, a través del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes funciones, además de las
competencias definidas para los Ministerios en esta Ley, en relación con los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas
aquellas que las complementen. || 162.5. Diseñar y promover programas
especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en
coordinación con las entidades nacionales y seccionales.”
[136] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[137] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[138] “<Artículo modificado por el
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los
recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley.
(…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. (…)”
[139] Ley 142 de 1994, Artículo 5.-
Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios
públicos. “Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en
los casos previstos en el artículo siguiente. || 5.2. Asegurar en los términos
de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de
las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. || 5.3.
Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con
cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93
y la presente Ley. || 5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo
con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional. || 5.5. Establecer en
el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar
cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. || 5.6. Apoyar con
inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
las actividades de su competencia. || 5.7. Las demás que les asigne la ley.” Artículo 6.- Prestación directa de servicios por parte de los municipios.
“Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su
competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y
las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que
ocurre en los siguientes casos: 6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios
invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa
alguna que se ofreciera a prestarlo; || 6.2. Cuando, no habiendo empresas que
se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación
pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y
a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; || 6.3. Cuando,
aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados
por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para
el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad
y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales
empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las
metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de
servicios. || 6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un
servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la
que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio,
la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su
contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha
actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como
autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede
sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades
prestadoras de servicios públicos. || En el evento previsto en el inciso
anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea
incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley
dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las
regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y
contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las
Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el
municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará
compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley. || Cuando un municipio
preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de
calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el
pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos
años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones
que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para
proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes
y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando
ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta
asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes
municipales necesarios, para que ésta pueda operar. || De acuerdo con el
artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio
preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno,
para constituir un monopolio de derecho.” En concordancia con las
disposiciones de la Ley 142 de 1994, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, “Por
la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01/01) de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, compete al
municipio realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
[140] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
En este mismo sentido, las respectivas salas de revisión se pronunciaron en las
sentencias Ver por ejemplo las sentencias: T-418 de 2010. M.P.
María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo; y, T-139 de 2016.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[141] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo. En esta decisión, se
concluyó: “[c]on fundamento en los
artículos 366 y 367 de la Constitución y la ley 142 de 1994 que los desarrolla,
la administración municipal debe velar por el adecuado funcionamiento de
los acueductos de la zona de su jurisdicción, tanto de los relacionados con el
sector urbano como rural, como aquellos que por razón de la distancia geográfica
con el casco urbano, sean administrados por comunidades rurales o veredales.
Este deber implica el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para la
operación del acueducto, y en caso de que el abastecimiento comunitario no sea
de calidad, garantizar a todas las personas el mínimo de agua diario potable
que requieran para suplir sus necesidades básicas.”
[142] Para ampliar la información sobre esto, se sugiere ver el
pie de página 39.
[143] Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. En este
mismo sentido, la Sentencia T-245 de 2016 afirmó: “los
acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del
agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para
prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la
comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el
suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada.
Constituyen una materialización de los principios de participación ciudadana en
la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las
autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro
del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.”
Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[144] Así, por ejemplo, la Sentencia T-388 de 2013 afirmó que el carácter progresivo de la garantía de la faceta prestacional
de un derecho supone, en todo caso, un contenido básico exigible judicialmente “no
sometido a debate en una democracia, a saber: el derecho constitucional a que
exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y
sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios
de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén
implementando. Cuando el juez de tutela constata que una política pública
desconoce abiertamente alguno o varios de estos parámetros mínimos, estará ante
una violación a la Constitución Política.” Corte Constitucional, sentencia
T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo.
En esta, la Corte resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de tutela
instauradas por personas privadas de la libertad, debido a las condiciones
indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa de
Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán,
y la de Barrancabermeja por la vulneración de los derechos a la dignidad
humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en especial, por el grave
hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La Corte concluyó que el
Sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un estado de
cosas inconstitucional, entre otras cosas, por una ausencia notoria de medidas
legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia
para aliviar la situación de vulneración de derechos en el Sistema
penitenciario; así como una ausencia de coordinación de entidades llamadas a
solventar la problemática. En particular, la Sala de Revisión consideró que en
los casos en que las facetas prestacionales de un derecho fundamental sean de
carácter progresivo “las personas tienen, por lo menos, el derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté
implementando”. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convoque al Consejo
Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y
carcelario, teniendo en cuenta parámetros de estructura, proceso y resultado,
en el planteamiento de la política de intervención. Esta consideración fue
reiterada en la Sentencia T-276 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[145] Sentencia T-129 de 2017 dijo: Sentencia T-129 de 2017.
M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez. Esta consideración también fue planteada en la
Sentencia T-245 de 2016, M.P.:
Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[146] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa,
AV. Alejandro Linares Cantillo.
[147] Cuaderno de revisión. Folio 118.
[148] Cuaderno de revisión. Folio 118 (reverso).
[149] Ley 99 de 1993, Artículo 23.
[150] Cuaderno de Revisión. Folio 78.
[151] Según la OMS, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua
diarios para cubrir sus necesidades básicas y evitar afecciones de salud. Sin
embargo, esta cantidad es indicativa y depende del contexto particular. Por
ejemplo, las madres lactantes y las personas enfermas de VIH/SIDA requieren de
más de 100 litros de agua diarios. Para mayor información, consultar:
Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos. El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9.
Asimismo, en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta Corporación ha
ordenado el suministro de esta cantidad de agua diaria para proteger el derecho
al agua potable de los accionantes. Al respecto, consultar las sentencias T-012
de 2019, M.P. Cristina Pardo; T-575 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo; T-641 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.