C-199-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-199/12
ACUERDO PARA PROMOCION Y PROTECCION DE
INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA-Se ajusta a la Constitución
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS
INTERNACIONALES-Presupuestos
formales y materiales/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite
de ley ordinaria
Conforme lo ha señalado la jurisprudencia, por expresa
disposición de la Carta, sobre los tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias, la Corte Constitucional ejerce dos tipos de control: (i) un control
formal y (ii) un control material de constitucionalidad. Con respecto al
control formal, la propia jurisprudencia ha destacado que, salvo la exigencia
constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la
República, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales y
demás instrumentos internacionales que tienen tal condición, no se encuentran
sometidos a un trámite especial de aprobación, lo que permite concluir que para
efectos de su discusión, aprobación y sanción, los mismos deben seguir el
procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la
Constitución y el Reglamento del Congreso para las leyes ordinarias. Bajo ese
entendido, esta Corporación viene sosteniendo que el control de
constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende los siguientes aspectos: (i) la
remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por
parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado
Colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de
los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en la
Cámara correspondiente; (iv) la publicación del proyecto de ley y su
correspondiente exposición de motivos, de las Actas donde constan las
ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la
Gaceta del Congreso; (v) la aprobación del proyecto en cuatro debates, en las
comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del
proyecto en cada debate; (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual
que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento
del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra; (ix) la consideración del proyecto en por lo menos dos legislaturas;  (x)
la sanción presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la
Corte Constitucional. Por su parte, en lo que se refiere al control de
constitucionalidad material, éste comprende al examen de fondo que debe llevar
a cabo esta Corporación sobre el contenido del tratado y su ley aprobatoria.
Específicamente, dicho control consiste en confrontar las disposiciones del
instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral de
la Constitución, a
partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la
Carta Política.
REQUISITO DE ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas por las que se rige/ANUNCIO PREVIO DE
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Presupuestos/ANUNCIO PREVIO DE VOTACION
EN TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas de valoración
La jurisprudencia constitucional se ha referido al
requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al ordenamiento
jurídico busca, “[p]or una parte, permitir que los congresistas conozcan con la
debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración,
evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por
la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan
interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política
oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación,
dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo
con lo debatido”. En distintos pronunciamientos sobre la materia, esta
Corporación ha destacado que el requisito de anuncio lleva implícitos unos
presupuestos básicos, que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego
verificados por el órgano de control constitucional. Tales presupuestos son:
(i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates
reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la
respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe
realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea
cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no
sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente. Alrededor de los citados presupuestos,
la propia jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas objetivas de
valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el juzgamiento
del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que
permita interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos
que con él se persiguen. Tales reglas son: - El anuncio no tiene que hacerse a
través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión
lingüística, en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución
específica para cumplir el mandato constitucional. - Es posible considerar
cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen
elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas
directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una
sesión posterior. - El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la
cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite, de manera que
sólo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener
ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni
determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el
artículo 160 de la Carta. Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”,
la Corporación ha señalado que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en
la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión
en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera
cumplido el requisito del aviso. - En los casos en que la votación de un
proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la
sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar
con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de
votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que
efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto.
ACUERDO PARA PROMOCION Y PROTECCION DE
INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA-Trámite legislativo
ACUERDOS DE PROMOCION  Y
PROTECCION DE INVERSIONES-Finalidad
La suscripción de acuerdos fundados en la promoción y
protección de las inversiones, hace parte de una política pública de comercio
exterior, coherente y generalizada, utilizada por los Estados, y en particular
por Colombia, para atraer los flujos de inversión directa de los países
exportadores de capital a países en desarrollo, con el fin de aprovechar su
efecto positivo sobre los países receptores de inversión, permitiéndole a éstos obtener beneficios relacionados con la generación de
empleo, la transferencia de tecnología y el complemento del ahorro interno,
entre muchos otros. En ese contexto, los acuerdos para la promoción y
protección recíproca de inversiones, junto con los tratados de libre comercio,
constituyen una de las herramientas más importantes que tienen los países para
la atracción de inversión extranjera.
ACUERDOS DE PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCA DE INVERSIONES APPRI O TRATADOS BILATERALES DE INVERSION BITS-Objeto/ACUERDOS DE PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES APPRI O TRATADOS BILATERALES DE INVERSION
BITS-Características de las cláusulas tipo que contienen/ACUERDOS DE PROMOCION  Y PROTECCION DE INVERSIONES-Derecho comparado/ACUERDOS DE PROMOCION  Y PROTECCION DE
INVERSIONES-Características/CLAUSULAS TIPO-Definición/ACUERDOS DE
PROMOCION  Y PROTECCION DE INVERSIONES-Importancia/ACUERDOS DE
PROMOCION  Y PROTECCION DE INVERSIONES-Se ajustan a la Constitución Política, en la medida que
buscan satisfacer una necesidad de internacionalización e integración de la
economía nacional, que se impone como consecuencia de la globalización de la
economía mundial/ACUERDO
SOBRE INVERSION EXTRANJERA-Objeto/INVERSION DE CAPITAL COLOMBIANO EN EL
EXTRANJERO-Objeto/INTERNACIONALIZACION
DE LAS RELACIONES ECONOMICAS-Importancia
A nivel del derecho comparado, esa clase de
instrumentos se identifican como Acuerdos de Promoción y protección de
Inversiones -APPRI-, también conocidos internacionalmente con la sigla inglesa BITS
-Bilateral Investment Treaties-, y constituyen herramientas usuales de
integración a la que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Dado
su uso generalizado, los APPRI se caracterizan por tener cláusulas “tipo”, esto es, modelos preestablecidos de
acuerdo internacional, de estructura estándar, que usualmente incluyen temas
vinculados con: (i) la definición
de las inversiones protegidas; (ii)
el tratamiento
preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero frente al
inversionista nacional o de un tercer estado; (iii) la prohibición de toda
discriminación al inversionista extranjero; (iv) salvaguardas contra la
expropiación y reconocimiento de indemnización pronta, adecuada y efectiva; (v)
la libre transferencia de inversiones y utilidades; y (vi) el establecimiento
de mecanismos de solución de controversias. Con respecto a los Acuerdos de Promoción y Protección
de Inversiones -APPRI-, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, precisamente, en el contexto del control de constitucionalidad,
previo, automático y oficioso, que le ha correspondido ejercer sobre los
instrumentos de esa naturaleza suscritos por Colombia. En los distintos
pronunciamientos sobre la materia, de manera uniforme, la
Corte ha establecido
que, en términos generales, los APPRI se ajustan a la
Constitución Política, en la medida que buscan satisfacer una necesidad de
internacionalización e integración de la economía nacional, que se impone como
consecuencia de la globalización de la economía mundial. Sobre el punto, ha
explicado que las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de
los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen
el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la
expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles
adecuados de desarrollo económico y bienestar social”, objetivos a los que
contribuyen, sin lugar a dudas, los llamados APPRI. Destacando su importancia, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que los APPRI constituyen, entonces, una herramienta legítima a la
luz de las normas constitucionales, pues la inversión extranjera permite
impulsar la economía local y, por esa vía, brindar mejores condiciones de vida
a la población. Ha explicado este Tribunal, que el “empuje que la inversión
extranjera da a las economías de los países en desarrollo no solo se manifiesta
en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepción de nueva
tecnología, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal
capacitado. Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e
incrementa la base imponible en beneficio de aumento de los recursos tributarios
del Estado. La inversión extranjera en territorio nacional vincula la economía
local con la dinámica internacional, lo cual, en términos generales, evita su
aislamiento del concierto mundial de mercado”. También ha sostenido la
jurisprudencia, que la alternativa opuesta ofrecida por los APPRI, esto es, la
inversión de capital colombiano en otros países, “abre campos de acción en
mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la movilidad de la
economía local. Por virtud de la inversión de capital colombiano en el
extranjero, la economía doméstica ensancha sus horizontes de acción y participa
del dinamismo de mercados más sofisticados”. Conforme con lo dicho, al tenor de
las normas constitucionales, la política de integración promovida por los APPRI
resulta constitucionalmente admisible. Al respecto, la
Corte ha recordado que el artículo 226 de la
Constitución expresamente compromete al Estado en la promoción de “la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional",
al tiempo que el artículo 227 del mismo ordenamiento Superior autoriza la
"integración económica, social y política con las demás naciones". De
la misma manera, ha expresado la jurisprudencia que el fortalecimiento de los
canales productivos y comerciales del país encuentra fundamento en el artículo
2º de la Carta Política, el cual consagra como fin esencial del Estado la
promoción de la prosperidad general. Además, responde al compromiso expresado
en el artículo 333 Superior, que le impone al Estado la función de estimular el
desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la promoción de
la productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones (art. 334
C.P.).
ACUERDOS DE PROMOCION  Y
PROTECCION DE INVERSIONES-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA-Propósitos
Referencia: expediente LAT-375
Asunto: Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1462 de 2011, “por la cual se aprueba el ‘Acuerdo bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China’, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de
2008.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos
mil doce (2012)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y de
los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo previsto en el
numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución Política, el día 05 de julio de 2011, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la
Ley número 1462 del 29 de junio de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de
2008.
En desarrollo de dicho mandato
constitucional, el Magistrado Sustanciador, mediante Auto del tres (03) de
agosto de dos mil once (2011), asumió el conocimiento del presente asunto y
dispuso: (i) oficiar a las Secretarías Generales del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, así como a los Secretarios de las
Comisiones Segundas de las citadas Corporaciones, para que remitieran copia del
expediente legislativo, (ii) solicitar las certificaciones acerca de las
fechas de las sesiones, el quórum deliberatorio y decisorio, el desarrollo
exacto y detallado de las votaciones con sus correspondientes anuncios, así
como el número de las Actas y Gacetas donde constan dichos actos.
De igual manera, requirió al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que certificara quienes suscribieron a nombre de
Colombia el instrumento internacional materia de revisión, cuáles eran sus
poderes, y si sus actos fueron confirmados por el Presidente de la
República.
Adicionalmente, se ordenó la fijación en
lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la
comunicación de la iniciación del presente asunto al Presidente del Congreso de
la República para los fines del artículo 244 de la
Constitución Política, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio
de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a la Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos señalados en el artículo 11 del
Decreto 2067 de 1997.
Finalmente, se dio traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Efectuados los trámites constitucionales
y legales propios de este asunto, y previo concepto del Procurador General de la
Nación, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de
la ley que lo aprueba.
II.      TEXTO DE LA
LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE REVISIÓN
El
contenido del “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de
inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, y de su ley aprobatoria, sometido a revisión por parte de ésta
Corporación, según la
publicación efectuada en el diario oficial No. 4.116 del 30 de junio de 2011, es el siguiente:
“LEY 1462 DE 2011
(junio 29)
Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio
de 2011
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008,
que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro de los instrumentos internacionales mencionados).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 2010
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral
para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
El Congreso de la
República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008,
que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa del texto en español del Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de la
República Popular China, tomada del texto original, instrumento que reposa en
los archivos de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
cual consta de trece (13) folios).
ACUERDO BILATERAL PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
PREÁMBULO
El Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, de aquí en adelante las “Partes Contratantes”;
Deseosos de incrementar la cooperación económica para
el beneficio mutuo de las Partes Contratantes,
Con la intención de generar y mantener condiciones
favorables para las inversiones de los inversionistas de una de las Partes
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante;
Reconociendo que el estímulo, la promoción y la protección
recíprocos de estas inversiones conllevará a la generación de iniciativas de
negocios por parte de los inversionistas e incrementará la prosperidad en las
dos Naciones;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.
Para propósitos de este Acuerdo:
1. Inversión
1.1 El término inversión se refiere a todo tipo de
activo de carácter económico que ha sido invertido por los inversionistas de
una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo
con la legislación[1] de esta última, incluyendo en particular,
aunque no exclusivamente, los siguientes:
a) Propiedad sobre bienes muebles e inmuebles y otros
derechos de propiedad, tales como hipotecas, prendas y otros similares;
b) Acciones, capital y cualquier otro tipo de
participación económica en compañías;
c) Reclamaciones de dinero o cualquier otra
prestación, incluyendo obligaciones que tengan un valor monetario asociado a
una inversión;
d) Derechos de propiedad intelectual, incluyendo en
particular, derechos de autor y derechos conexos, y derechos de propiedad
industrial, tales como patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica y marcas
comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, know-how y goodwill;
e) Concesiones otorgadas por la ley o un acto
administrativo o en virtud de un contrato conforme a la ley, incluyendo
concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales;
f) Todas las operaciones de préstamos extranjeros de
más de tres años de madurez, según lo establecido por la ley de cada Parte
Contratante con respecto a una inversión.
Inversión no incluye:
i. Las operaciones de deuda pública;
ii. Las reclamaciones pecuniarias derivadas
exclusivamente de:
a) Contratos comerciales para la venta de bienes y
servicios por un nacional o una entidad legal en el territorio de una Parte
Contratante a un nacional o entidad legal en el territorio de la otra Parte
Contratante; o
b) Créditos otorgados con relación a una transacción
comercial.
1.2 Cualquier cambio en la manera en que los activos
son invertidos o reinvertidos no afecta su carácter de inversión, siempre y
cuando dicho cambio se realice de acuerdo con la ley de la
Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere admitido la inversión.
1.3 De conformidad con el párrafo 1o de este artículo,
las características mínimas de una inversión deben ser:
a) El aporte de capital u otros recursos;
b) La expectativa de ganancias o utilidades;
c) La asunción de un riesgo por parte del
inversionista.
2. Inversionista
2.1 La palabra “inversionista” significa:
a) Personas naturales que tengan la nacionalidad de
cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con la ley de dicha Parte
Contratante;
b) Entidades legales incluyendo compañías,
asociaciones, sociedades y otras organizaciones constituidas bajo la ley de
cualquiera de las Partes Contratantes, que tengan su sede así como actividades
económicas sustanciales en el territorio de dicha Parte Contratante;
c) Entidades legales no establecidas bajo la ley de
esa Parte, pero efectivamente controladas por personas naturales según lo
definido en el párrafo 2.1.a o por entidades legales según lo definido en el
párrafo 2.1.b.
2.2. Este Acuerdo no se aplicará a las inversiones
realizadas por personas naturales que sean nacionales de las dos Partes
Contratantes.
3. Rentas
El término “rentas” se refiere a los montos generados
por una inversión, incluyendo utilidades, dividendos, intereses, ganancias de
capital, regalías, honorarios y otros ingresos legítimos.
4. Territorio
El término “territorio” significa el territorio de
cualquiera de las Partes Contratantes, incluyendo el territorio terrestre, las
aguas internas, el mar territorial y el espacio aéreo por encima de estos, así
como cualquier área marítima más allá del mar territorial sobre las que, según
el derecho internacional y la legislación nacional, la
Parte Contratante ejerza derechos soberanos o jurisdicción con respecto a las
aguas, el suelo marítimo, el subsuelo y los recursos naturales de los mismos.
ARTÍCULO 2. PROMOCIÓN, ADMISIÓN Y
PROTECCIÓN DE INVERSIONES.
1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio
las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá de
conformidad con su legislación.
2. Sin perjuicio de su legislación, ninguna de las
Partes Contratantes tomará medidas no razonables o discriminatorias en contra
de la administración, mantenimiento, uso, disfrute, disposición y liquidación
de dichas inversiones.
3. Cada Parte otorgará un trato justo y equitativo a
las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante de
conformidad con el derecho internacional consuetudinario y les otorgará
protección y seguridad plenas en su territorio.
4. Para mayor claridad,
a) Los conceptos “trato justo y equitativo” y
“protección y seguridad plenas” no requieren de trato adicional a aquel
requerido bajo el mínimo estándar de trato a extranjeros de conformidad con el
estándar del derecho internacional consuetudinario.
b) La determinación de la existencia de una violación
de otra disposición de este Acuerdo u otro Acuerdo internacional no implica que
exista una violación al estándar mínimo de trato de extranjeros.
c) “Trato justo y equitativo” incluye la prohibición
de negar justicia en procesos penales, civiles o administrativos, de
conformidad con los principios generalmente acertados del derecho internacional
consuetudinario.
d) El estándar de “protección y seguridad plenas” no
implica en ningún caso un trato mejor que el otorgado a los nacionales de la
Parte Contratante donde la inversión ha sido realizada.
5. Con sujeción a su legislación, una Parte
Contratante deberá proveer asistencia y facilidades para la entrada y la
obtención de permisos de trabajo a los nacionales de la otra Parte Contratante
involucrados en actividades relacionadas con las inversiones realizadas en el
territorio de esa Parte Contratante.
ARTÍCULO 3. TRATO A LA INVERSIÓN.
1. Sin perjuicio de su legislación al momento en que
la inversión es efectuada, cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de
los inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable al
que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios
inversionistas con respecto a la operación, manejo, uso, disfrute o disposición
de las inversiones.
2. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones
de los inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable
al que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas
de cualquier tercera parte con respecto a la operación, manejo, uso, disfrute o
disposición de las inversiones.
3. El trato más favorable a ser otorgado en
circunstancias similares referidas en este Acuerdo, no incluye mecanismos para
la solución de disputas de inversión, tales como los incluidos en los artículos
8o (Resolución de Disputas entre las Partes Contratantes) y 9o (Resolución de
Disputas entre una Parte Contratante y un Inversionista de la otra Parte
Contratante) de este Acuerdo, que se encuentran establecidos, en tratados o
acuerdos internacionales de inversión.
4. Las disposiciones de este Acuerdo relativas al
otorgamiento de un trato no menos favorable a aquel que se otorga a las
inversiones de los inversionistas de cada Parte Contratante o de cualquier
tercera parte, no se interpretará en el sentido que obligue a una Parte
Contratante a extender a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte
Contratante el beneficio de cualquier trato, preferencia o privilegio
resultante de: cualquier área de libre comercio actual o futura, unión
aduanera, mercado común, unión económica y de cualquier acuerdo internacional
que resulte en instituciones similares; cualquier acuerdo o convenio
internacional relacionado en su totalidad o principalmente con tributación; o
cualquier acuerdo internacional para la facilitación del comercio
transfronterizo en áreas fronterizas, del que una Parte Contratante es parte o
se haga en parte.
ARTÍCULO 4. EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN.
1. Ninguna de las Partes Contratantes expropiará,
directa o indirectamente, nacionalizará ni adoptará otras medidas similares (en
adelante “expropiación”) en contra de las inversiones de los inversionistas de
la otra Parte Contratante en su territorio, salvo que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) por interés público, propósito público o interés
social;
b) bajo procedimientos legales nacionales y respetando
el debido proceso;
c) sin discriminación; y
d) con indemnización.
2. Se entiende que:
a) La expropiación indirecta es el resultado de una
medida o serie de medidas de una Parte Contratante que tenga efecto equivalente
a una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho
de propiedad;
b) La determinación acerca de si una medida o serie de
medidas de una Parte Contratante constituyen expropiación indirecta exige un
análisis caso a caso, basado en los hechos y considerando:
i) El impacto económico de la medida o serie de
medidas; sin embargo, el solo hecho de que una medida o serie de medidas tengan
efectos adversos sobre el valor económico de una inversión no implica que una
expropiación indirecta haya ocurrido;
ii) El alcance de la medida o serie de medidas y su
interferencia sobre las expectativas razonables y distinguibles respecto a la
inversión;
c) Medidas no discriminatorias de la
Parte Contratante diseñadas y aplicadas por propósitos públicos o intereses
sociales o con objetivos tales como la salud pública, seguridad y protección
del medio ambiente, no constituyen expropiación indirecta. Salvo en
excepcionales circunstancias, como cuando dicha medida o serie de medidas son
demasiado severas con respecto a sus fines, que estas no pueden ser
razonablemente consideradas como adoptadas y aplicadas de buena fe.
3. La indemnización indicada en el párrafo 1 de este
artículo deberá ser adecuada. En este sentido, la indemnización deberá ser
equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas
inmediatamente antes que la expropiación sea adoptada o que la inminencia de la
expropiación sea de público conocimiento, lo que suceda primero, (en adelante,
“fecha de valoración”). La compensación también será pagada lo antes posible,
de manera efectiva y será libremente transferible.
4. El valor justo de mercado se calculará en una
moneda libremente convertible al tipo de cambio de la fecha de valoración. La
indemnización deberá incluir intereses al tipo comercial fijado de acuerdo con
los criterios de mercado para dicha moneda, acumulados desde la fecha de
expropiación hasta la fecha de pago. La indemnización será pagada sin demora
injustificada, será efectivamente realizable y libremente transferible.
5. Sujeto este artículo, las Partes Contratantes
podrán establecer monopolios estatales, siempre y cuando sea por motivos de
utilidad pública o interés social. En este caso, el inversionista recibirá una
compensación pronta, adecuada y efectiva, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en este artículo.
6. Las Partes Contratantes confirman que la expedición
de licencias obligatorias otorgadas de conformidad con los artículos 30 y 31
del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, no podrá ser cuestionada bajo las
disposiciones de este artículo.
ARTÍCULO 5. COMPENSACIÓN POR
DAÑOS O PÉRDIDAS.
Los inversionistas de una Parte Contratante cuyas
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas
debido a guerra, conflicto armado, revolución o estado de emergencia nacional,
insurrección, disturbios o cualquier otro acontecimiento similar, gozarán, en
cuanto a restitución, indemnización, compensación u otros arreglos, de un
tratamiento no menos favorable a aquel otorgado a sus propios inversionistas o
a inversionistas de una tercera parte, cualquiera que sea más favorable para el
inversionista involucrado.
ARTÍCULO 6. TRANSFERENCIAS.
1. Cada Parte Contratante, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en su legislación, permitirá sin demora injustificada,
a los inversionistas de la otra Parte Contratante realizar, en moneda de libre
convertibilidad, la transferencia de:
a) El capital inicial y las sumas adicionales
necesarias para el mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión;
b) Las rentas según lo definido en el artículo 1o
(Definiciones);
c) Los pagos efectuados por un préstamo relacionado
con las inversiones;
d) Nada de lo previsto en el párrafo 1o de este
artículo afectará la libre transferencia de una indemnización pagada según los
artículos 4o (Expropiación y Compensación) y 5o (Compensación por Daños o
Pérdidas) de este Acuerdo;
e) El producto de la venta o liquidación total o
parcial de una inversión;
f) Las remuneraciones de nacionales de la otra Parte
Contratante que trabajen en relación con una inversión en su territorio.
2. Las transferencias anteriormente mencionadas se
deberán efectuar en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio
aplicable en la Parte contratante que admitió la inversión y en la fecha de
transferencia.
3. Las disposiciones de los párrafos anteriores del
presente artículo no impedirán que cualquiera de las Partes Contratantes
imponga restricciones cambiarias de conformidad con sus leyes y regulaciones aplicables.
ARTÍCULO 7. SUBROGACIÓN.
Si una Parte Contratante o la agencia designada por
esta realiza un pago a sus inversionistas en virtud de una garantía o un
contrato de seguros otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una
inversión realizada en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última
reconocerá:
a) la subrogación, bien sea por ley o por una
transacción legal en la Parte Contratante, de cualquiera de los derechos o
reclamos por parte de los inversionistas a la
Parte Contratante o la agencia designada por esta, así como también;
b) que la
Parte Contratante o la agencia designada por esta, está legitimada en virtud
de la subrogación, a ejercer los derechos, exigir los reclamos de ese
inversionista y asumir las obligaciones relacionadas con la inversión en la
misma medida que el inversionista.
ARTÍCULO 8. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.
1. Las disputas que surjan entre Partes Contratantes
con respecto a la interpretación y aplicación de este Acuerdo, incluyendo una
reclamación alegando que la otra Parte contratante ha violado una de las
obligaciones del presente Acuerdo y en consecuencia ha ocasionado perjuicios a
un inversionista, deberán ser resueltas, en lo posible, con consultas a través
de canales diplomáticos.
2. Si una disputa no puede ser resuelta en los seis
(6) meses siguientes, será remitida, a solicitud de cualquiera de las Partes
Contratantes, a un Tribunal de Arbitraje ad hoc, de conformidad con las
disposiciones de este artículo.
3. El Tribunal de Arbitraje estará conformado por tres
miembros, y a menos que las Partes lo acuerden de otro modo, será constituido
así: dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación de la
solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará a un árbitro. Luego,
estos dos árbitros, dentro los tres (3) meses siguientes a la fecha de la
última designación, nombrarán a un tercer miembro, que deberá ser nacional de
un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones
diplomáticas, y quien presidirá el tribunal.
4. Si el Tribunal de Arbitraje no ha sido constituido
en los cinco meses siguientes a la recepción de la notificación escrita de la
solicitud de arbitraje, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en
ausencia de cualquier otro acuerdo, solicitar al Presidente de la
Corte Internacional de Justicia efectuar los nombramientos del caso. Si el
presidente es un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o no se
encuentra habilitado para ejercer dichas funciones, al miembro de la
Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad e importancia que no
sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes o no se encuentre
inhabilitado para ejercer dichas funciones, le será solicitado que realice los
nombramientos del caso.
5. El Tribunal de Arbitraje decidirá basado en las
disposiciones de este Acuerdo y en los principios del derecho internacional
aplicables al asunto en cuestión. El Tribunal adoptará sus decisiones con la
mayoría de votos y determinará sus propias reglas de procedimiento. El laudo
será definitivo y vinculante para ambas Partes Contratantes. El Tribunal
explicará, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, las razones
del laudo.
6. Cada una de las Partes Contratantes asumirá los
costos del árbitro que designe y de su representación en el proceso arbitral.
Los costos relacionados con el Presidente y demás costos del tribunal, serán
asumidos en partes iguales por las Partes Contratantes.
ARTÍCULO 9. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE
CONTRATANTE.
1. Tratándose de actos de una autoridad gubernamental,
para someter una reclamación a arbitraje, bajo lo previsto en este artículo o a
una Corte Local, los recursos administrativos locales deberán ser agotados si
así lo exige la ley de la Parte Contratante. En ningún caso, dicho
procedimiento podrá exceder los seis meses a partir de la fecha de su
iniciación por parte del inversionista y no impedirá que el inversionista
solicite la realización de consultas según lo establecido en el párrafo 3 del
presente artículo.
2. Cualquier disputa entre un inversionista de una
Parte Contratante y la otra Parte Contratante en relación con una inversión en
el territorio de la otra Parte Contratante será resuelta, en la medida de lo
posible de manera amigable. Cualquier diferencia deberá ser notificada con la
presentación por escrito de una notificación de intención, incluyendo
información detallada de los hechos y los fundamentos de derecho, por el
inversionista a la Parte Contratante receptora de la inversión.
3. Nada de lo previsto en este artículo se
interpretará en el sentido de impedir que las Partes de una disputa, por mutuo
acuerdo, acudan a una mediación o conciliación ad hoc o institucional, antes o
durante el proceso arbitral.
4. Si la disputa no ha sido resuelta en los nueve (9)
meses siguientes a la fecha de notificación escrita referida en el párrafo 2 de
este artículo, esta podrá ser remitida, a elección del inversionista a:
a) La Corte competente de la
Parte Contratante que es Parte de la disputa;
b) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), bajo las reglas del Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, abierto a la firma en Washington D. C. el 18 de marzo de 1965.
En caso de que una de las Partes Contratantes no sea
un Estado contratante de dicho Convenio, la disputa podrá ser resuelta conforme
al Reglamento CIADI sobre el Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos; o
c) Un Tribunal de Arbitraje bajo cualquier otra
institución de arbitraje o cualquier otras reglas de arbitraje, acordado por
las Partes Contratantes.
5. El inversionista contendiente sólo podrá someter
una reclamación a arbitraje si el término establecido en el párrafo 4 de este
artículo ha transcurrido y el inversionista contendiente ha notificado por
escrito y con noventa (90) días de anticipación a la
Parte Contratante de su intención de someter una reclamación a arbitraje.
Dicha notificación indicará el nombre y dirección del inversionista
contendiente, las disposiciones del Acuerdo que considere fueron violadas, los
hechos sobre los cuales se basa la disputa, el valor estimado de los perjuicios
y la compensación esperada.
6. Cada Parte Contratante da su consentimiento
anticipado e irrevocable para que toda controversia de esta naturaleza pueda
ser sometida a cualquiera de los procedimientos arbitrales establecidos en los
párrafos 4. b) y c) de este artículo.
7. Una vez el inversionista ha sometido la disputa a
la corte local competente de la
Parte Contratante que corresponda o al CIADI o a cualquiera de los mecanismos
de arbitraje anteriormente mencionados la elección de uno u otro foro será
definitiva. Sin embargo, el inversionista podrá iniciar o continuar una medida
cautelar que no involucre el pago de perjuicios monetarios ante un tribunal
judicial o administrativo del demandado, siempre que dicha acción haya sido
iniciada con el único propósito de preservar los derechos e intereses del
inversionista durante la suspensión del arbitraje. La iniciación o continuación
de dicha acción no será considerada como una elección final de uno de los dos
foros indicados en este párrafo.
8. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para
las partes de la disputa. Ambas Partes Contratantes deberán comprometerse a la
observancia del laudo.
9. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar por
canales diplomáticos, asuntos relacionados con disputas entre una Parte
Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante sometidas a
procesos judiciales o a arbitraje internacional de acuerdo con las
disposiciones de este artículo, a menos que una de las partes de la disputa no
haya cumplido con la decisión judicial o el laudo arbitral, bajo los términos
establecidos en la respectiva decisión judicial o laudo arbitral.
10. Un inversionista no podrá presentar una demanda si
más de tres (3) años han transcurrido desde la fecha en que el inversionista
tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada a
este Acuerdo, así como de las pérdidas y perjuicios alegados.
11. Los mecanismos para la resolución de disputas
establecidos en este Acuerdo, estarán basados en las disposiciones de este
Acuerdo, en la legislación nacional de la
Parte Contratante en cuyo territorio ha sido realizada la inversión,
incluyendo las reglas relacionadas con conflicto de leyes, en los principios
generales de derecho, y en los principios evidenciados por la práctica general
de los estados y aceptada como derecho y opinio juris.
12. Antes de decidir sobre el fondo del asunto, el
tribunal decidirá sobre las cuestiones preliminares de competencia y admisibilidad.
Al decidir sobre la objeción del demandado, el
tribunal deberá pronunciarse sobre los costos y honorarios legales incurridos
durante el proceso, considerando si la objeción prosperó o no.
El tribunal considerará si la reclamación del demandante
o la objeción del demandado es frívola o no y deberá proveer a las partes
contendientes una oportunidad razonable para comentar. Siguiendo las reglas de
arbitraje aplicables, en caso de una demanda frívola, el tribunal deberá
condenar en costas a la parte demandante.
13. Cuando un Tribunal dicte un laudo definitivo en
contra de un demandado, podrá declarar la violación de una disposición
establecida en este Acuerdo y ordenar el pago de perjuicios monetarios y
cualquier interés aplicable como resultado de dicha violación, y podrá ordenar
el pago de costas y honorarios legales de conformidad con este artículo y las
reglas de arbitraje aplicables. El tribunal no será competente para decidir
sobre la legalidad de la medida según la legislación interna[2]. Esta
disposición no afectará la aplicación del párrafo 11 del presente artículo.
ARTÍCULO 10. OTRAS
DISPOSICIONES.
1. Si, de las disposiciones legales de una Parte
Contratante o de obligaciones actuales o futuras derivadas del derecho
internacional, diferentes de aquellas contenidas en este Acuerdo, resulta una
regulación general o particular entre las Partes Contratantes, estableciendo un
trato más favorable a las inversiones de inversionistas que aquel provisto en
el presente Acuerdo, dicha regulación deberá prevalecer sobre este Acuerdo en
la medida en que sea más favorable.
2. La presentación de la notificación de intención y
de otros documentos relacionados con los mecanismos para la resolución de
disputas se hará en el lugar designado por las Partes Contratantes en el Anexo
I.
ARTÍCULO 11. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. Este Acuerdo es aplicable a las inversiones
existentes al momento de su entrada en vigor, así como a las inversiones
realizadas por los inversionistas de la otra Parte Contratante a partir de ese
momento en el territorio de una Parte Contratante, de acuerdo con la
legislación de esta última. Sin embargo, este Acuerdo sólo aplica a las
disputas que surjan posteriormente a la entrada en vigor de este Acuerdo.
2. Nada de lo dispuesto en este Acuerdo obligará a
ninguna de las Partes Contratantes a proteger inversiones realizadas con
capital o activos provenientes de actividades ilícitas.
ARTÍCULO 12. EXCEPCIONES.
1. Nada de lo previsto en este Acuerdo se interpretará
en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas con el fin de
preservar el orden público, incluyendo medidas para proteger los intereses de
seguridad esencial del Estado, siempre que dichas medidas:
a) Sólo apliquen cuando exista una amenaza genuina y
suficientemente seria contra uno de los intereses fundamentales de la sociedad;
b) No se apliquen de manera que constituya
discriminación arbitraria;
c) No constituyan una restricción oculta a la
inversión;
d) Sean proporcionales al objetivo que pretenden
lograr;
e) Sean necesarias y sean aplicadas y mantenidas sólo
mientras sea necesario; y
f) Sean aplicadas de manera transparente y según la
respectiva legislación nacional.
Para mayor claridad, nada de lo que aquí se indica
deberá ser interpretado para limitar la revisión de un asunto por parte de un
tribunal de arbitraje cuando dicha excepción sea invocada.
ARTÍCULO 13. MEDIDAS PRUDENCIALES
EN EL SECTOR FINANCIERO.
No obstante cualquier otra disposición de este
Acuerdo, a una Parte no se le podrá impedir adoptar o mantener medidas
relacionadas con servicios financieros por razones prudenciales[4],
incluyendo para la protección de inversionistas, depositantes, tenedores de
pólizas o para asegurar la integridad y la estabilidad del sistema financiero.
Si dichas medidas no están de conformidad con las disposiciones de este
Acuerdo, estas no deberán ser usadas en el sentido de evadir los compromisos u
obligaciones de la Parte bajo tales disposiciones, en particular aquellas
obligaciones bajo los artículos 4o (Expropiación y compensación) y 6o
(Transferencias).
ARTÍCULO 14. MEDIDAS TRIBUTARIAS.
1. Excepto lo dispuesto en este artículo, nada en este
Acuerdo se aplicará a medidas tributarias.
2. Nada en este Acuerdo afectará los derechos y
obligaciones de las Partes Contratantes bajo cualquier convención tributaria.
En el caso de alguna inconsistencia entre las disposiciones de este Acuerdo y
aquellas de cualquiera de tales convenciones, las disposiciones de tal
convención aplicarán en la medida de la inconsistencia.
3. Las disposiciones del artículo 4o (Expropiación y
Compensación) aplicarán a las medidas tributarias alegadas como expropiatorias.
4. Las disposiciones sobre Resolución de Disputas de
este Acuerdo se aplican con respecto al párrafo 3 de este artículo.
5. Si un inversionista invoca el artículo 4o
(Expropiación y Compensación) como la base para una demanda a arbitraje, de
conformidad con el artículo 9o
(Resolución de Disputas Entre una Parte Contratante y un inversionista de la
Otra Parte Contratante) se aplicará el siguiente procedimiento:
Primero, el inversionista deberá remitirse a la
autoridad tributaria competente de la Parte receptora para verificar si la
medida tributaria en cuestión involucra una expropiación. En el caso de dicha
remisión, las autoridades tributarias competentes de ambas partes deberán
consultarse. Sólo si dentro de los seis meses siguientes a la remisión no
logran un acuerdo sobre si la medida no involucra una expropiación, o en el
caso de que las autoridades tributarias competentes de las Partes Contratantes
no se consulten entre ellas, el inversionista podrá someter su demanda a
arbitraje según el artículo 9o
(Resolución de Disputas entre una Parte Contratante y un Inversionista de la
otra Parte Contratante).
ARTÍCULO 15. CONSULTAS.
Las Partes Contratantes deberán consultar entre sí,
cualquier asunto relacionado con la aplicación o interpretación de este
Acuerdo.
ARTÍCULO 16. DISPOSICIONES FINALES.
1. Ambas Partes Contratantes deberán notificarse entre
sí, a través de medios diplomáticos, que han completado los procedimientos
internos necesarios para la entrada en vigor de este Acuerdo. Este Acuerdo
entrará en vigor en el día sesenta (60) después de la recepción de la última
notificación.
2. Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de
diez años y se prolongará automáticamente por otro período de diez años.
Transcurridos los primeros diez años, este Acuerdo puede ser denunciado en
cualquier momento por cualquiera de las partes contratantes, con una
notificación previa de doce meses enviada por medios diplomáticos.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de
la fecha en que la notificación de terminación de este Acuerdo se haga
efectiva, las disposiciones de este Acuerdo permanecerán en vigor por un
período adicional de diez (10) años a partir de dicha fecha.
4. Este Acuerdo podrá ser modificado mediante acuerdo
escrito entre las Partes Contratantes. Cualquier modificación entrará en vigor
bajo los mismos procedimientos requeridos para la entrada en vigor de este
Acuerdo.
EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este Acuerdo.
Firmado en duplicado en Lima, Perú, el 22 de noviembre
de 2008, en chino, español e inglés, siendo cada texto igualmente auténtico. En
caso de diferencias de interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
1 En el contexto de este Acuerdo, el término
“legislación” se refiere al sistema legal respectivo de las Partes
Contratantes.
2 Para mayor claridad, esto no impedirá que cualquiera
de las partes contendientes pueda someter, de hecho, evidencia relacionada con
la legalidad de una medida bajo la legislación interna.
3 Para mayor claridad, este artículo no deberá ser
interpretado como una excepción a las obligaciones estipuladas en el artículo 4o
(EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN) con respecto a la compensación.
4 Se entiende que el término “razones prudenciales”
incluye el mantenimiento, la solidez, integridad o responsabilidad financiera
de instituciones financieras individuales o prestadores de servicios
financieros transfronterizos.
ANEXO I
Presentación de documentos a una Parte, en relación
con el artículo 9o
China
El lugar de presentación de la notificación de
intención y de otros documentos relacionados con la resolución de conflictos
según el artículo 9o,
en China es el siguiente:
Ministry of Commerce
2, East Chang An Ave.
Beijing, China
Post Code: 100731
Colombia
El lugar de presentación de la notificación de
intención y de otros documentos relacionados con la resolución de disputas
según el artículo 9o,
en Colombia es:
Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ca1le 28 No 13 A-15
Bogotá, D. C. – Colombia
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de marzo de 2009
Autorizado. Sométase a consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008,
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a ...
Presentado al honorable Congreso de la
República por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.
El Ministro de Relaciones Exteriores.
Jaime Bermúdez Merizalde.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luis Guillermo Plata Páez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de marzo de 2009
Autorizado. Sométase a consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008,
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la
Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de
2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Comercio, Industria y
Turismo,
SERGIO DIAZGRANADOS GUIDA”.
III.    INTERVENCIONES
1.
Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Mediante escrito remitido
a esta Corporación el 22 de septiembre de 2011, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
intervino en el proceso de la referencia, para defender la constitucionalidad de
la Ley 1462 de 2011, de conformidad con los argumentos que a continuación se
reseñan.
Previamente, sostiene que el Gobierno Nacional, dentro
de su política pública de comercio exterior, considera la atracción de
inversión extranjera directa  (IED) como uno de sus objetivos fundamentales, ya
que a través de dicho mecanismo, se pueden obtener beneficios tales como:
generación de empleo, transferencia de tecnología, complemento de ahorro
interno, entre otros, que contribuyen al mejoramiento de la economía nacional.
Bajo esa óptica, las negociaciones internaciones de
comercio y, en particular, aquellas relacionadas con inversión, bien sea que se
trate de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones o
capitales de inversión dentro de los Tratados de Libre Comercio (TLC),
constituyen una de las herramientas más importantes para la atracción de
inversión extranjera al país.
Concretamente, la ratificación del “acuerdo bilateral
para la promoción y protección de inversiones entre la
República de Colombia y la
República Popular de China”, pretende establecer un marco jurídico favorable y
previsible, a través del cual se protejan las inversiones de los nacionales
colombianos o de China en el territorio del otro Estado, de manera justa,
equitativa y transparente, logrando con ello generar confianza en los
inversionistas y un mayor flujo de inversiones entre ambos países.
Adicionalmente, asevera que la inversión extranjera
directa, día a día, se consolida como una fuente dinámica de recursos para
financiar el crecimiento económico de países en vía de desarrollo como
Colombia. Por tal razón, precisa que para Colombia, la inversión extranjera
directa representa una fuente importante de recursos financieros, que permite
lograr un mayor nivel de inversión y de actividad económica, aumentando la generación
de empleo y de contera el salario promedio de los trabajadores.
Para el caso de Colombia, los beneficios de la
inversión extranjera se multiplican ante la necesidad de fomentar mayor
inversión a la que se obtiene con fuentes internas; contrarrestar el bajo nivel
de ahorro privado; aumentar la base gravable para efectos impositivos; contar
con recursos de financiación diferentes a algunos tradicionales como el
petróleo y otros recursos naturales no renovables, así como proveer la
protección adecuada y necesaria a las inversiones de los empresarios
colombianos en el exterior.
Para concluir, manifiesta que la
Ley 1462 de 2011 debe ser declarada exequible, toda vez que la entrada en
vigor del acuerdo que allí se incorpora es conveniente para Colombia, en la
medida en que contribuye considerablemente a fortalecer las relaciones
comerciales bilaterales y aumentar los niveles de desarrollo y crecimiento
económicos.
Lo anterior, no sin antes resaltar, que la
Corte Constitucional, en anteriores oportunidades, se ha pronunciado en forma
favorable respecto de acuerdos relacionados con estrategias de inversión
extranjera suscritos con otros países, los cuales fueron declarados exequibles
en las sentencias C-309 de 2007,     C-150 de 2009 y C-377 de 2010, entre
otras.
2.
Ministerio de
Relaciones Exteriores
El  Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito remitido a esta
Corporación el 22 de septiembre de 2011, se pronunció a favor de la
declaratoria de exequibilidad de la norma objeto de revisión.
El interviniente inicia por señalar, que la
República Popular de China se ha consolidado en los últimos años, como una de
las más importantes economías emergentes del mundo, líder en avances
tecnológicos y escenario relevante de integración económica. Por esa razón,
constituye un socio estratégico en la política de atracción de inversiones y en
la aproximación estratégica de Colombia al pacífico asiático.
En relación con el objeto del acuerdo bilateral,
sostiene que va dirigido al  establecimiento de un marco jurídico justo y
transparente que promueva y proteja las inversiones extranjeras, con miras a
fomentar la iniciativa individual de negocios y el favorecimiento de la
prosperidad económica de las partes contratantes. Aunado a ello, auspicia el
fortalecimiento de las relaciones entre los dos Estados, mediante la atracción
de flujos de capital al territorio nacional y la protección de las inversiones
en el extranjero, a través de la creación de mecanismos de fomento de la
seguridad y estabilidad jurídica recíproca.
A su juicio, la suscripción del tratado sometido a
revisión configura un desarrollo de la política exterior del Estado Colombiano,
en particular, del objeto de inserción en nuevos mercados internacionales,
dirigido a incrementar el crecimiento económico y la generación de empleo.
Finalmente asevera que, en cuanto al trámite de
suscripción y aprobación interna del referido instrumento, se cumplieron todos
los requisitos formales previstos en la
Constitución Política, razón por la cual solicita que se declare exequible la
Ley 1462 de 2011.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación, en concepto No. 5233, del 19 de octubre de 2011, se pronunció sobre la
constitucionalidad del instrumento internacional sometido a revisión y de su
ley aprobatoria, solicitándole a la Corte declarar su exequibilidad, con base
en las siguientes consideraciones:
Comienza su intervención, haciendo un
análisis formal del acuerdo bilateral, para lo cual se remitió, en primer
lugar, a la adopción del instrumento internacional. En dicho aparte, expuso que
el “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China” fue firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre
de 2008.
Así mismo, sostuvo que por aprobación
ejecutiva del 24 de marzo de 2009, el Presidente de la
República dispuso someter el acuerdo a consideración del Congreso de la
República para los efectos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 150, numeral 16, de la
Carta Política.
En segundo lugar, realizó un breve
recuento del trámite legislativo del proyecto de ley radicado bajo los números
60 de 2010/Senado y 158 de 2010/Cámara, que dio origen a la
Ley 1462 de 2011, teniendo en cuenta la información contenida en las Actas y
Gacetas del Congreso de la República. Acorde con ello, el Ministerio Público
concluye que no se advierte la existencia de vicio alguno, habida cuenta que se
cumplen todos los presupuestos establecidos en los artículos 150, 154, 157,
158, 160 y 241 de la Constitución Política.
Posteriormente, al realizar el análisis
de su contenido material, afirma, que el “acuerdo bilateral para la promoción y
protección de inversiones entre el gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, así como su ley aprobatoria, se ajustan al ordenamiento
superior, dado que contribuyen a estrechar lazos comerciales entre los dos países
en materia de protección de inversiones, estrategia necesaria para mejorar las
condiciones de la economía nacional, en especial, la competitividad y el crecimiento
económico, con efecto directo en la generación de empleo y en la transferencia
de tecnología.
De igual manera, sostiene que dicho
acuerdo, así como los demás suscritos por Colombia en esta materia, al
diversificar las fuentes de inversiones, representan un papel importante a la
hora de afrontar los efectos de la crisis económica que enfrentan otros países
y que tiene incidencia en la economía colombiana.
Por lo anterior, concluye que el acuerdo
sometido a revisión y su ley aprobatoria, resultan acordes con lo dispuesto en
los artículos 1°, 2°, 9°, 58, 100, 336, 189.2, 226 y 227 de la
Constitución Política.
V. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
De acuerdo con el numeral 10° del artículo
241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y
automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Por lo tanto, es competencia de esta Corporación,
ejercer el control constitucional sobre la Ley 1462 de 2011 y el Acuerdo
Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Colombia
y China, incorporado a dicha ley.
2. Presupuestos
formales y materiales del Control de constitucionalidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias
2.1. Conforme lo ha señalado la
jurisprudencia, por expresa disposición de la
Carta, sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, la
Corte Constitucional ejerce dos tipos de control: (i) un control formal
y (ii) un control material de constitucionalidad.
2.2. Con respecto al control formal, la propia
jurisprudencia ha destacado que, salvo la exigencia constitucional de iniciar
su trámite en el Senado de la República, los proyectos de ley aprobatorios de
tratados internacionales y demás instrumentos internacionales que tienen tal
condición, no se encuentran sometidos a un trámite especial de aprobación, lo
que permite concluir que para efectos de su discusión, aprobación y sanción, los
mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el previsto
por la Constitución y el Reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.
2.3. Bajo ese entendido, esta Corporación
viene sosteniendo que el control de constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias comprende los siguientes aspectos: (i)
la remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por
parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del
Estado Colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la
competencia de los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del
trámite en la Cámara correspondiente; (iv) la publicación del proyecto
de ley y su correspondiente exposición de motivos, de las Actas donde constan
las ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la
Gaceta del Congreso; (v) la aprobación del proyecto en cuatro debates,
en las comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a
la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum
deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado
el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el
primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración del
proyecto en por lo menos dos legislaturas;  (x) la sanción presidencial;
y (xi) el envío de la ley y el tratado a la
Corte Constitucional.
2.4. Por su parte, en lo que se refiere al
control de constitucionalidad material, éste comprende al examen de fondo que debe
llevar a cabo esta Corporación sobre el contenido del tratado y su ley
aprobatoria. Específicamente, dicho control consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el
contenido integral de la Constitución, a partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la
Carta Política.
3. Estudio de constitucionalidad formal
de la Ley 1462 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del “Acuerdo
Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en
Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008
3.1. Remisión del instrumento internacional
y su ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional
El artículo 241 de la
Constitución Política, en su numeral 10°, le atribuye a la
Corte Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Para efectos de cumplir con dicha función, la misma norma Superior le impone al
Gobierno Nacional, el deber jurídico de remitir tales textos a esta
Corporación, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.
Tratándose de la
Ley 1462 de 2011, por medio de la cual se aprueba el  “acuerdo bilateral para la promoción y protección
de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”,
firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, la misma fue sancionada por
el Presidente de la República, el día 29 de junio de 2011. De igual manera, la mencionada
ley, junto con el respectivo instrumento internacional incorporado a ella, fue
remitida a la Corte Constitucional por la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República, el día 5 de julio de 2011, siendo radicada en la
Secretaría de la Corporación en esa misma fecha.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Corte encuentra cumplido el requisito de remisión previsto por el numeral 10°
del artículo 241 Superior, en cuanto que, el Gobierno Nacional, hizo llegar el
texto de la Ley 1462 de 2011, junto con el instrumento internacional a ella
incorporado, el tercer día hábil siguiente al de su sanción, es decir, dentro
del término constitucional de los seis días. Ello, bajo la consideración de que
los días 2, 3 y 4 de julio de 2011, corrieron en sábado, domingo y lunes
festivo, respectivamente, días en los cuales, oficialmente, la
Corte Constitucional no se encuentra en servicio.
3.2. Negociación y celebración del tratado
internacional
3.2.1 Adopción de los Instrumentos
Internacionales
Según lo ha dicho la
Corte, el control formal de constitucionalidad de los tratados internacionales
y sus leyes aprobatorias, comprende, por regla general, la revisión de las facultades del representante
del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y
autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados de 1969, y los artículos 7
a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de
1986.
En el presente caso, tal y como surge del propio texto del “acuerdo bilateral para la promoción y protección de
inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, dicho acuerdo fue
suscrito por el señor Ministro de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo Plata Páez, quien
para el efecto, contaba con
los “PLENOS PODERES” conferidos directamente por el entonces Presidente
de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, el día 18 de noviembre de 2008.
Adicionalmente, mediante la aprobación ejecutiva de fecha 24 de marzo de 2009,
el Presidente de la República confirmó la suscripción del citado acuerdo
bilateral por parte del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, ordenando a
su vez someterlo a la aprobación del Congreso.
En los términos citados, la
Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma de adopción del
instrumento internacional objeto de control constitucional, no solo por el
hecho de que quien lo suscribió era portador de plenos poderes, sino, además, porque
tal suscripción fue ratificada por la correspondiente confirmación ejecutiva
que, de acuerdo con la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (art. 8° de la
Ley 32 de 1985), subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado[1],
en la medida en que la misma es otorgada por el Presidente de la
República, quien, en su condición de Jefe de Estado, le corresponde dirigir
las relaciones internacionales.
3.2.2. La aprobación presidencial de los instrumentos
sometidos a juicio
Según lo prevé el numeral 2° del artículo 189 de la
Constitución Política, el Presidente de la
República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado de dirigir las
relaciones internacionales y, en ese contexto, es la autoridad facultada para
celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o
convenios que, luego se deben someter a la aprobación del Congreso de la
República mediante ley.
En cumplimiento de este mandato, como ya
se anotó, el día 24 de marzo de 2009, el Presidente de la
República impartió la Aprobación Ejecutiva al “acuerdo bilateral para la promoción y protección de
inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la
República para su aprobación.
3.3. Trámite de la
Ley 1462 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del “Acuerdo
Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”,
firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, en el Congreso de la
República
Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que
fueron remitidas por los respectivos Secretarios de la
Cámaras legislativas, como los antecedentes legislativos y las actas
publicadas en las Gacetas del Congreso de la
República, la Corte pudo concluir que el trámite surtido en esa Corporación
para la expedición de la Ley 1462 de 2011 fue el siguiente:
3.3.1. Trámite en el Senado de la
República
3.3.1.1.  Radicación y publicación del
proyecto de ley y de la exposición de motivos
El Proyecto de ley aprobatorio del “acuerdo
bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de
noviembre de 2008, inició su trámite en el Senado de la
República. El mismo fue radicado en la
Secretaría General de esa Corporación, el día 3 de agosto de 2010, por el
Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio, Industria y Turismo, correspondiéndole el número de radicación 60 de
2010 Senado.
Acto seguido, se efectuó el reparto del referido
proyecto de ley, el cual fue asignado a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y
Defensa Nacional.
El texto original del proyecto y su
correspondiente exposición de motivos, fueron publicados en la
Gaceta del Congreso No. 486 del 3 de agosto de 2010 (pág. 1-14,
a folios 88-101 del cuaderno de pruebas No. 1).
3.3.1.2.  Ponencia para primer debate
La ponencia favorable para primer debate
en la Comisión Segunda del Senado de la
República, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 576 del 30 de agosto de 2010. En dicho
texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la
República “dar primer debate al Proyecto de Ley número 60 de 2010 Senado”
(pág. 5-12, a folios 76-82 del cuaderno de pruebas No. 1).
3.3.1.3.  Anuncio para votación en
primer debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, la discusión y votación del Proyecto de Ley 60 de 2010
Senado, por parte de la Comisión Segunda del Senado, fue anunciada el 1 de septiembre
de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria, esto es, en la
sesión del 7 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta No. 5 del 1 de septiembre
de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 687 del mismo año[2].
El siguiente es el texto del anuncio:
“Anuncio de discusión y votación  de proyectos de ley
Por instrucciones del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003).
Proyecto de ley número 60 de
2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 486 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta del
Congreso número 576 de 2010.
Ponente: honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda”.
Cabe
resaltar que, en cuanto el aludido proyecto no fue discutido ni votado en la
sesión del 7 de septiembre de 2010,  en la misma sesión del 7 de septiembre, el
proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto
es, en la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2010, tal como consta en el
Acta No. 06 de esa fecha (7 de septiembre), publicada en la
Gaceta de Congreso No. 991 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee:
“Da lectura al punto: Anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley: por instrucciones del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión (Artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003).
- Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta
486 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta 576
de 2010.
Autores: Ministro de Relaciones Exteriores
doctor Jaime Bermúdez Merizalde y Ministro de Comercio, Industria y Turismo
doctor Luis Guillermo Plata Páez.
Ponente: Honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda”.
Nuevamente,
el proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 15 de septiembre de
2010, razón por la cual, en la misma sesión del 15 de septiembre, el proyecto
fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la
sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 08 de
esa fecha (15 de septiembre), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 991 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por
instrucciones del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de Proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8 del Acto Legislativo
número 01 de 2003).
(…)
3. Proyecto de ley número 60
de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 486 de 2010. Ponencia Primer Debate: Gaceta del
Congreso número 576 de 2010”.
El proyecto
tampoco fue discutido ni votado en la sesión del 21 de septiembre de 2010,
razón por la cual, en la misma sesión del 21 de septiembre, el proyecto fue
anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la
sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 09 de
esa fecha (21 de septiembre), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 992 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee:
“Continúa presidiendo la sesión el señor
Presidente, Guillermo García Realpe:
En el día de mañana
tenemos el debate de control político al señor Ministro de Defensa; el próximo
martes habrá sesión de aprobación de proyectos, no va a haber debate el próximo
martes; el señor Ministro de Defensa está fuera del país. Señor Secretario,
sírvase anunciar los proyectos de ley pendientes para el próximo martes 28 de
septiembre.
El señor Secretario, Diego Alejandro
González González, informa a la Presidencia que así se hará: en cumplimiento
del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, me permito anunciar proyectos
de ley para el próximo martes 28 de septiembre para su discusión y votación:
(…)
2. Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima (Perú) el 22 de noviembre de 2008.
Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 486 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso
número 576 de 2010”.
Una
vez más, el proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 28 de
septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 28 de septiembre,
el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto
es, en la sesión ordinaria que se realizó el 29 de septiembre de 2010, tal como
consta en el Acta 11 de esa fecha (28 de octubre), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 170 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
“El señor
Vicepresidente, Senador Camilo Romero, informa que está totalmente de acuerdo a
lo manifestado por el Senador Barriga, y lo que han expresado varios Senadores.
Señor Secretario, antes de levantar la sesión convocamos para el día de mañana,
a las 10:00 a. m. el jueves sesión en Ipiales, están más que invitados porque
fue una proposición aceptada por todos y todas los Senadores y Senadores de la
comisión. Vamos a anunciar los proyectos señor Secretario:
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego González, da anuncio los proyectos:
(…)
2.
Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de
2008.
Autores: Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley Gaceta
del Congreso número 486 de 2010.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del
Congreso número 576 de 2010”.
En la
sesión del 29 de septiembre de 2010, el proyecto de ley no fue discutido ni
votado, razón por la cual, en la misma sesión del 29 de septiembre, el proyecto
fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la
sesión que se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2010,  toda vez que, de
acuerdo con la secuencia de las actas 12, 13 y 14 mencionadas[3], y con la
Certificación expedida por el Secretario General de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, el día 6 de octubre de 2010, la
Comisión Segunda del Senado no sesionó. Sobre el punto, se lee en el Acta 12
del 29 de septiembre, lo siguiente:
“El señor Presidente Guillermo García Realpe solicita
al señor Secretario:
Sírvase anunciar
proyectos de ley, incluyendo en el estado que está, el que fue objeto de
ponencia del Senador Carlos Barriga, el tema del Tratado con la
República Popular China, en el estado en que está.
El señor
Secretario Diego Alejandro González González:
Realiza el anuncio,
discusión y votación de proyectos de ley, para el próximo miércoles 6 de
octubre.
- Proyecto de ley
número 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Autores: Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo. Ponente: honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto
del proyecto de ley, Gaceta del Congreso 486 de 2010.
Ponencia Primer
Debate: Gaceta del Congreso 576 de 2010”.
De igual manera, en la certificación expedida por el
Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República, se afirma que:
“...tal como consta en el Acta No. 12 del
29 de septiembre de 2010, fue anunciada la discusión y votación del referido
proyecto para ser discutido en sesión del miércoles 06 de octubre de 2010,
sesión que no se llevó a cabo en dicha fecha”.
El
proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 13 de octubre,
razón por la cual, en la misma sesión del 13 de octubre, el proyecto fue
anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión ordinaria, esto es,
en la sesión que se realizó el 19 de octubre de 2010,  tal como consta en el
Acta 14 de esa fecha (13 de octubre), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
“El señor Presidente, Senador Guillermo
García Realpe, informa:
No habiendo quórum para decidir, se
posterga el punto relacionado con la lectura y aprobación de actas. Por lo
tanto, señor Secretario, sírvase dar curso al numeral 3 del Orden del Día;
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la siguiente sesión.
En la siguiente sesión de análisis de proyectos es para el día miércoles,
anunciemos para la próxima sesión; vamos a confirmar lo del debate, si no se
hace estudio de proyectos los martes.
El señor
Secretario procede con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley
para la próxima sesión de la
Comisión Segunda del Senado:
1. Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda.
Publicaciones: texto del proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 486 de 2010.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 576 de 2010”.
Finalmente,
el proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 19 de octubre de
2010, razón por la cual, en la misma sesión del 19 de octubre, el proyecto fue
anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la
sesión que tuvo lugar el 26 de octubre de 2010,  tal como consta en el Acta 15
de esa fecha (19 de octubre), publicada en la
Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
“El señor Secretario Diego Alejandro
González González, da el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley
para la próxima sesión:
1. Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores, y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable Senador Carlos Emiro
Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto del Proyecto de Ley: Gaceta
del Congreso número 486/1.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del
Congreso número 576 de 2010”.
3.3.1.3.
Aprobación en primer debate
Después de una secuencia de anuncios, en
la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la
República, del 26 de octubre de 2010, tuvo lugar la discusión y aprobación, en
primer debate, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, de conformidad con el
anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la
sesión del 19 de octubre de 2010. El proyecto fue aprobado por
votación nominal y pública de siete (7) senadores a favor y uno (1) en contra, tal
y como consta en el Acta No. 16 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011 (pág. 42-46,
a folios 24-26 del cuaderno de pruebas No. 1), en los siguientes términos:
“El señor Presidente:
Informa a los Senadores de la
Comisión, que está en consideración el articulado leído, señor Secretario
sírvase llamar a lista para su aprobación, como también el título del proyecto.
El señor Secretario, Diego
González:
Procede con el llamado a lista de los
honorables Senadores para la aprobación en bloque el articulado del proyecto
leído; el título del proyecto y el querer de los honorables Senadores que el
proyecto tenga segundo debate.
Doy lectura al título del proyecto:
Proyecto de ley número 60 de
2010 Senado, por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China¿, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Está leído el título del proyecto señor
Presidente.
El señor Presidente:
Informa a los Senadores de la
Comisión, que está en consideración el articulado, el título y la aprobación
de su tránsito para el segundo debate del mencionado proyecto.
El
señor Secretario de la Comisión, doctor Diego González:
Procede con el llamado a
lista para la aprobación del articulado del proyecto, el título y el querer de la
Comisión, para que este proyecto tenga segundo debate en la plenaria del
Senado.
Avirama Avirama Marcos Aníbal
Vota sí
Barriga Peñaranda Carlos Emiro
Vota sí
Benedetti Villaneda Armando
Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro
Espíndola Niño Édgar
Vota sí
García Realpe Guillermo
Vota sí
Gómez Román Édgar Alfonso
Vota sí
Lozano Ramírez Juan Francisco
Moreno Piraquive Alexandra
Vota sí
Motoa Solarte Carlos Fernando
;
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Vota sí
Romero Camilo Ernesto
Vota no
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
Para informarle al señor Presidente que
han contestado afirmativamente siete (7) honorables Senadores; por el no, un
(1) honorable Senador, de la aprobación en bloque del articulado y título del
proyecto, y el querer de la Comisión, para que este proyecto tenga segundo
debate en la plenaria del Senado. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto
de ley.
El señor Presidente, Senador
Guillermo García Realpe:
Designa como ponente para su segundo
debate al Senador Carlos Emiro Barriga, en razón al dominio que tienen del
tema.
Se continúa con el segundo punto del Orden
del Día”.
3.3.1.4.  Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate en la
Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda y publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del 09 de noviembre de
2010 (pág. 1-8, a folios 34-37 del cuaderno de pruebas No. 1), en la cual se
propuso “dar segundo debate al Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado”.
3.3.1.5. Anuncio para votación en
segundo debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por
parte de la Plenaria del Senado, fue anunciada el día 2 de diciembre de 2010,
para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 6 de
diciembre de 2010, tal como consta en el Acta No. 29, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 74 del 10 de marzo de 2011(pág. 20
a folio 382 del cuaderno de pruebas No. 2). El texto del anuncio es el
siguiente:
“Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.
Sí señor Presidente, los Proyectos para la
siguiente Sesión Plenaria de Senado de la
República, son los siguientes:
Con Informe de Objeciones:
(…)
Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción
y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008”.
3.3.1.6.
Aprobación en segundo debate
En sesión plenaria del Senado de la
República, del 6 de diciembre de 2010, tuvo lugar la discusión y aprobación,
en segundo debate, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, de conformidad con el
anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la
sesión del 2 de diciembre de 2010. De acuerdo con la certificación expedida por
el Secretario General del Senado, el proyecto fue aprobado por
votación nominal y pública de cincuenta y tres (53) senadores a favor y cinco
(5) en contra, tal y como consta en el Acta No. 30 de
2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 75 del 10 de marzo de 2011 (pág.
37-39, a folios 62-64 del cuaderno de pruebas No. 2).
El
acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Proyecto de ley número 60 de
2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China,  firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.
(…)
Se abre segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la omisión de la lectura del bloque del articulado, y cierra su
discusión.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la
Plenaria el articulado propuesto?
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley
número 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Bilateral
para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China¿, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la
Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios,
la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado, surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes?
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado,
título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el
Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado; cierra su discusión y, de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación, e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica
a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por Secretaría se informa el
siguiente resultado:
Por el Sí:        53
Por el No:      05
TOTAL:   58 Votos
Votación nominal a la omisión de la
lectura  del articulado, bloque del articulado, título y que surta su trámite
en la honorable Cámara de Representantes, del Proyecto de ley número 60 de 2010
Senado
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
(…)
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura
del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la
honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado.
La Presidencia indica a la
Secretaría continuar con el siguiente proyecto”.
De igual manera, el Secretario General
del Senado de la República, mediante escrito remitido a esta Corte el 11 de
agosto de 2011, certifica que el texto aprobado en la
Sesión Plenaria del 6 de diciembre de 2010, fue publicado en la
Gaceta del Congreso número 1116 del miércoles 22 de diciembre de 2010.
3.3.2. Trámite en la
Cámara de Representantes
3.3.2.1. Radicación del proyecto de ley
en la Cámara de Representantes
El Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado,
aprobatorio del “acuerdo bilateral para la promoción y
protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre
de 2008, fue radicado en la Cámara de Representantes, el día 14 de diciembre de
2010, con el número 158 de 2010 Cámara.
3.3.2.2. Ponencia para tercer debate
La ponencia para tercer debate del
Proyecto de  Ley número 158 de 2010 Cámara, fue presentada ante la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Pedro
Pablo Pérez Puerta, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 22 de marzo
de 2011 (pág. 1-9, a folios 235-243 del cuaderno de pruebas No. 2).
3.3.2.3. Anuncio para votación en tercer
debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por
parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada el
día 3 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en
la sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como se desprende del Acta No. 34 del 3
de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso número 481 del 1 de julio de
2011 (pág. 7 a folio 22 del cuaderno de pruebas No. 3).
El texto del anuncio es el siguiente:
“Hace uso de la palabra la
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez  Arias:
Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para
discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8°
del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Proyecto de ley número 158 de
2010 Cámara- 60 de 2010 Senado, por el cual se aprueba el acuerdo
bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
Republica Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta
del Congreso número 109 de 2011.
Efectuado el anuncio, para cuándo es este
anuncio.
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Señora Secretaria anunciamos este proyecto
de ley para la próxima sesión que haya discusión de proyectos de ley”.
3.3.2.4. Aprobación en tercer debate
La aprobación del Proyecto de Ley 158 de
2010 Cámara, por parte de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la
sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la
sesión siguiente a la del 3 de mayo de 2011, es decir, se aprobó en la
sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como consta en el
Acta No. 35 del 4 de mayo de 2011, publicada en la
Gaceta del Congreso número 481 del 1 de julio de 2011(pág. 16-18
a folios 26 y 27 del cuaderno de pruebas No. 3).
De igual manera, el Secretario General
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a través de escrito que
remitió a esta Corporación, el 26 de agosto de 2011,[4] coincide con el
contenido del Acta No. 35 del 4 de mayo de 2011, en el sentido de informar que
el Proyecto en mención fue aprobado con quórum decisorio de once (11) Representantes
que asistieron a la sesión, mediante votación nominal y pública de diez (10)
representantes por el SI y un (1) voto negativo. Al respecto, se explica en el
mencionado escrito:
“Leída
la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las
explicaciones del ponente H.R. Pedro Pablo Pérez Puerta, se sometió a consideración
y se aprobó por votación pública y nominal con el SI de 10 Honorables
Representantes presentes y 1 voto negativo del H.R. Iván Cepeda Castro (pág.
17).
Leído
el articulado del Proyecto, publicado en la
Gaceta Nº 109/11 se sometió a consideración y se aprobó por votación pública y
nominal con el SI de 10 Honorables Representantes presentes y 1 voto
negativo del H.R. Iván Cepeda Castro (pág. 17).
Leído
el título del proyecto, sometido a consideración se aprobó por votación pública
y nominal con el SI de 11 Honorables Representantes presentes y 1 voto negativo
del H.R. Iván Cepeda Castro (pág. 18)”.
La
citada acta, consigna también la aprobación del proyecto en los siguientes
términos:
“Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Tercero. Discusión y aprobación de
proyectos de ley en primer debate. Proyecto que fue anunciado en sesión el día
de ayer martes 3 de mayo de 2011.
Proyecto de ley número 158 de 2010 Cámara
60 de 2010 Senado, por la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de
noviembre de 2008.
(…)
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio.
Honorables Representantes, como lo dije
pero no habían llegado algunos Representantes en ese momento este proyecto como
ustedes lo leen en el orden del día es necesario someterlo nuevamente a primer
debate, en razón a que hubo una ambigüedad en su procedimiento de votación, el
proyecto fue votado positivamente, la comisión ya lo acogió positivamente, pero
en el camino quedó un espacio que podría indicar que la revisión constitucional
del proyecto nos lo devolviera. Por eso le voy a dar la palabra al doctor
vicepresidente de la comisión, Pedro Pablo Pérez Puerta para que haga una breve
sustentación su ponencia en este proyecto de ley.
Primero secretaria lea la proposición con que termina
la ponencia.
(…)
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Está en consideración el informe de
ponencia, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, está cerrada,
¿aprueba la comisión el informe de ponencia? Está pidiendo votación nominal el
doctor Iván Cepeda Castro, vamos a preguntarle a cada uno de los Representantes
en qué sentido votan.
Hace uso de la palabra la
señora Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor Presidente. Por el Sí, se aprueba
la proposición con que termina el informe de ponencia, por el No, se niega.
(…)
Diez votos por el Sí, un voto por el No.
En consecuencia, ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de
ponencia.
(…)
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Está en consideración honorable
Representantes ese articulado de conocimiento público a través de la gaceta por
parte de ustedes. Anuncio que se va a cerrar la discusión del articulado
señores Representantes, queda cerrada l a discusión, ¿aprueba la comisión el
articulado de este proyecto de ley?
Pide votación nominal el Representante
Iván Cepeda e igualmente va a pedir la nominal para todo lo que se pregunte de
este proyecto, así se hará honorable Representante Iván Cepeda. Secretaria,
pregunte a los congresistas cómo votan.
Hace uso de la palabra la
señora Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por el Sí, se aprueba por el No se niega
el articulado. Y le informo señor Presidente que no hay proposiciones
modificatorias del articulado.
(…)
Diez votos por el Sí, un voto por el No.
En consecuencia ha sido aprobado el articulado del proyecto.
(…)
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Señores Representantes, les pregunto si
aprueban el título del proyecto y si quieren que este proyecto tenga segundo
debate en plenaria de Cámara y que sea ley de la
República.
(…)
Once votos por el Sí, uno por el No, en
consecuencia ha sido aprobado el título del proyecto y los Representantes
quieren que pase a segundo debate y sea ley de la
República.
Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Continuamos con el orden del día”.
3.3.2.5. Ponencia para cuarto debate
La ponencia para cuarto debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de Ley número 158 de
2010 Cámara, fue presentada por el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, y
publicada en la Gaceta de Congreso No. 270 del 17 de mayo de 2011 (Pág. 1-8
a folios 128-135 del Cuaderno de Pruebas No. 1).
3.3.2.6. Anuncio para votación en cuarto
debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por
parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 30 de
mayo de 2011, para llevarse a cabo en la sesión del día 31 de mayo del mismo
año o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley
o actos legislativos. Así consta en el Acta No. 66 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso número 669 del 8 de septiembre de 2011[5]. El texto del
anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
“Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Le amos el Orden Día para mañana.
Subsecretaria doctora Flor
Marina Daza Ramírez:
Sí, Presidente.
Proyectos para segundo debate.
Se anuncian los siguientes proyectos para la
Sesión Plenaria del día 31 de mayo de 2011 o para la siguiente Sesión Plenaria
en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 158 de
2010 Cámara, 060 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el
gobierno de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, firmado en Lima -Perú el 22 de noviembre de 2008.
(…)
Subsecretaria, doctora Flor
Marina Daza Ramírez:
Sí, Presidente, se han anunciado los
proyectos de ley para la sesión de mañana 31 de mayo o para la siguiente sesión
plenaria en la cual de debatan proyectos de ley o actos legislativos.
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Se convoca a la 1:00 p.m., para empezar
exactamente a las 2:00 en punto esta sesión, mañana debe venir el Ministro de
Comercio y la Cancillería porque casi todos son protocolos que yo creo que es
el trabajo intenso que ha hecho la
Comisión Segunda de la Cámara”.
3.3.2.7.
Aprobación en cuarto debate
La aprobación del Proyecto de Ley 158 de
2010 Cámara, por parte de la Plenaria de la
Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que
debidamente se realizó en la sesión del 30 de mayo de 2011, es decir, en la
sesión del día 31 de mayo de 2011, tal como consta en el Acta No. 67 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 670 del 8 de septiembre
de 2011[6].
En cuanto a la aprobación y votación del
proyecto, tanto de la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes, remitida a este Tribunal el 22 de agosto de 2011[7], como del Acta
No. 67, se constata que en la
Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día 31 de mayo de 2011,
a la cual asistieron ciento cincuenta y cinco (155) Representantes, el
Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara fue aprobado mediante votación nominal y
pública de ochenta y tres (83) representantes por el SI y seis (6) votos
negativos. Sobre el particular, se lee en dicha acta lo siguiente:
“Subsecretaria doctora, Flor Marina
Daza Ramírez, informa:
Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, 160 de 2010 Senado, por la cual se aprueba el acuerdo
bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de
Colombia y el gobierno de la República de China, firmado en Lima Perú, el 22 de
noviembre de 2008.
(…)
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Articulado.
Secretario doctor, Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo, informa:
Se compone de tres artículos, el título,
Presidente, sin proposiciones por el cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversión entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de la República Popular China, firmado el lima Perú el veintidós de
noviembre del dos mil dos, y la pregunta, ¿Quiere la
Cámara que este Proyecto sea ley de la
República?
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
En consideración el articulado, el título
de la Pregunta, tiene la Palabra el doctor Caicedo, y entramos a votar.
(…)
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Se cierra la discusión, ábrase el
registro.
Secretario doctor, Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo, informa:
Se abre el registro Presidente.
Título, la pregunta y el articulado.
(…)
Dirección de la
Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Se cierra señor Secretario
Secretario doctor, Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo, informa:
Se cierra la votación.
Por el Sí 83
Por el No 6.
Ha sido aprobado el proyecto”.
El texto definitivo del proyecto
aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representante, aparece publicado en la
Gaceta del Congreso No. 434 del 15 de junio de 2011[8].
3.3.3. Sanción presidencial
Finalmente, el día 29 de junio de 2011, el
Presidente de la República sancionó la Ley 1462, “por la cual se aprueba el ‘Acuerdo bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China’, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
4. Conclusiones en relación con el trámite
legislativo surtido en el Congreso de le República
De acuerdo con el trámite legislativo
citado, encuentra la Corte que el Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado – 158 de
2010 Cámara, que concluyó con la expedición de la
Ley 1462 de 2011, cumplió con los requisitos formales exigidos por la
Constitución Política. Veamos:
4.1.   Inició su trámite en el Senado de la
República, tal y como lo exige el artículo 154 de la
Carta, y el proyecto fue asignado a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales,
Comercio Exterior y Defensa Nacional, como lo exige la
Ley 3ª de 1992.
4.2.   Se efectuaron las publicaciones
oficiales, según lo establece el numeral 1° del artículo 157 Superior y demás
normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron de la siguiente
manera: (1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado,
el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la
Gaceta del Congreso No. 486 del 3 de agosto de 2010;  (2) la ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado fue publicada en la
Gaceta del Congreso No 576  del 30 de agosto de 2010; (3) el texto
aprobado en primer debate fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011; (4) la ponencia
para segundo debate en la plenaria del Senado de la
República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del 9 de noviembre
de 2010; (5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la
República fue publicado en la Gaceta No. 75 del 10 de marzo de 2011; (6)
la ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta No. 109 del 22 de marzo de 2011; (7) el texto aprobado en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 481 del 1° de julio de 2011; (8) la ponencia para segundo debate en la plenaria de la
Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 270 del 17 de mayo de 2011; y (9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la
Cámara de Representantes fue publicado en la
Gaceta No. 670 del 8 de septiembre de 2011.
4.3.   Se cumplieron los términos previstos en el inciso
1° del artículo 160 de la
Constitución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el
segundo debate en una misma Cámara, como el de los 15 días que deben
transcurrir entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra.
4.3.1. Ciertamente, mientras el primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el día 26 de octubre de
2010, el segundo debate en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el día 6  de diciembre
de 2010, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo ocurrió en el
trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras el
primer debate en Comisión se cumplió  el día 4 de mayo de 2011, el segundo
debate en Plenaria se efectuó el día 31 de mayo de 2011, existiendo una
diferencia de más de 8 días.
4.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la
República, que tuvo lugar el día 6 de diciembre de 2010, y la iniciación del
debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 4 de mayo
de 2011, transcurrió un tiempo notoriamente superior a los 15 días que exige la
Constitución.
4.4.   El proyecto fue discutido y aprobado en
cuatro debates, en Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto a su discusión y aprobación,
lo fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas por los artículos 146 y 147
de la Carta y el Reglamento del Congreso. Su aprobación se dio mediante el
sistema de votación nominal y pública, tal como consta en las actas referenciadas en el acápite anterior, y
como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios
generales de las comisiones y plenarias anexas al expediente.
4.5. El proyecto fue considerado en no
más dos legislaturas, tal como lo exige el Artículo 162 de la
Carta Política. Lo anterior se constata al observar la fecha  en la que el
proyecto de ley fue radicado en el Senado de la
República, lo cual tuvo ocurrencia el día 3 de agosto de 2010, y la fecha en
que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes, lo que a su vez sucedió el día 31 de mayo de 2011. En
consecuencia, se tiene que el proyecto inició su trámite y fue aprobado en la
legislatura que comenzó el 20 de julio de 2010 y que concluyó el 20 de junio de
2011, lo cual significa que se debatió y aprobó en una sola legislatura, es
decir, dentro del término constitucional.
4.6. Según se mencionó previamente, el Proyecto de Ley que
culminó con la expedición de la Ley 1462 de 2011, obtuvo
la correspondiente sanción presidencial, el día 29 de junio de 2011,
cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157
Superior.
4.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio
previo, consagrado en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que
adicionó el artículo 160 de la Constitución, la
Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del
citado requisito:
4.7.1. Según lo dispone el inciso 5° del artículo 160
de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado por el artículo 8° del
Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El
aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de
cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la
votación”.
4.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido
al requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al
ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir que los congresistas
conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a
su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e
intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las
organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el
Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a
tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y
manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”[9].
4.7.3. En distintos pronunciamientos sobre la materia,
esta Corporación ha destacado que el requisito de anuncio lleva implícitos unos
presupuestos básicos,[10] que deben ser tenidos
en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control
constitucional. Tales presupuestos son: (i) que se anuncie la votación
del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el
anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una
sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del
proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o,
en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en
sesión distinta a la anunciada previamente.
4.7.4. Alrededor de los citados
presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas
objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el
juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y
racional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo consagra y
los objetivos que con él se persiguen. Tales reglas son:
-
El anuncio no tiene que
hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión
lingüística[11],
en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para
cumplir el mandato constitucional.
-
Es posible considerar
cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen
elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas
directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una
sesión posterior.
-
El anuncio debe
permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación
del proyecto de ley en trámite[12], de manera que sólo la imposibilidad para establecer
la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél
un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al
requisito previsto en el artículo 160 de la Carta[13].
Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la
Corporación ha señalado[14] que
expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”,
permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el
proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito
del aviso.
-
En los casos en que la
votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene
lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas
deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar
el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en
que efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto.
4.7.5.
A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo
con el trámite legislativo surtido por el Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado – 158 de 2010
Cámara, que posteriormente se convirtió en la
Ley 1462 de 2011, constata la
Corte que, en relación con dicho proyecto, se cumplió con el requisito de anuncio
previo, así:
4.7.6. En el primer debate en la
Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente el
proyecto al emplearse las expresiones “anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión”; (ii) el anuncio
se realizó en sesión distinta (19 de octubre de 2010) y previa a la votación (26
de octubre de 2010), después de una cadena ininterrumpida de anuncios que comenzó
en la sesión ordinaria del 1° de septiembre de 2010 y finalizó en la sesión del
19 de octubre del mismo año, tal y como se precisó en el apartado anterior; (iii)
la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de
la expresión “para la próxima sesión”; y (iv) la
votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el último anuncio, ya que
éste se hizo en la sesión del 19 de octubre de 2010, para llevarse a cabo en la
próxima sesión, esto es, en la sesión del 26 de octubre del 2010, donde
efectivamente se votó.
Siguiendo las reglas fijadas por la propia
jurisprudencia, a las cuales ya se hizo referencia, en el caso del primer
debate, el requisito de anuncio se observó adecuadamente, toda vez que, en la
medida en que la votación del proyecto se aplazó indefinidamente, la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la
República, continuó de manera ininterrumpida con la cadena de anuncios, esto
es, reiteró el anuncio de votación en cada una de las sesiones ordinarias que
antecedieron a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la votación del
proyecto. Como ya se manifestó, la discusión y votación del proyecto se anunció
en la sesión ordinaria del 1° de septiembre de 2010 para ser votado en la sesión
del 7 de septiembre del mismo año. En la media en que el proyecto no se votó en
la sesión del 7 de septiembre de 2010, y solo fue debatido y votado en la
sesión ordinaria del 26 de octubre de 2010, la mesa directiva de la
Comisión Segunda realizó los respectivos anuncios para votación en las
sesiones ordinarias convocadas para tramitar proyectos de ley y que tuvieron
lugar entre las dos fechas citadas, así: en la sesión del 7 de septiembre para
ser votado el 15 de septiembre; en la sesión del 15 de septiembre para ser
votado en la sesión del 21 de septiembre; en la sesión del 21 de septiembre
para ser votado en la sesión del 28 de septiembre; en la sesión del 28 de
septiembre para ser votado en la sesión del 29 de septiembre; en la sesión del
29 de septiembre para ser votado en la sesión del 13 de octubre; en la sesión
del 13 de octubre para ser votado en la sesión del 19 de octubre; y en la
sesión del 19 de octubre para ser votado en la sesión del 26 de octubre de 2010
donde finalmente la misma tuvo lugar.
Según
quedó explicado, aun cuando en la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2010,
el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la sesión del 6 de
octubre, en la medida en que dicho día la
Comisión no sesionó, se entiende que el anuncio para discusión y votación del
proyecto pasó a la sesión siguiente, es decir, a la del 13 de octubre, como en
efecto ocurrió.
4.7.7. En segundo debate en la
Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a cabo
en forma debida, al utilizarse las expresiones “se anuncian los proyectos de
ley que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión”; (ii)
el anuncio se realizó en sesión distinta (2 de diciembre de 2010) y previa a la
votación (6 de diciembre de 2010); (iii) la fecha de la votación
resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “en la
próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la
sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 2 de diciembre de 2010,
para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 6 de diciembre
de 2010, donde efectivamente se debatió y votó.
4.7.8. En el tercer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (i) se anunció
debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “Anuncios de proyectos
de ley para discusión y aprobación…”; (ii) el anuncio se
realizó en sesión distinta (3 de mayo de 2011) y previa a la votación (4 de mayo
de 2011); (iii) la fecha de la votación resulta claramente
determinable al haberse utilizado la expresión “para la próxima sesión que
haya discusión de proyectos de ley”; y (iv) la votación se
llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 3 de mayo
de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 4
de mayo de 2011, donde efectivamente se debatió y votó.
4.7.9. En el cuarto debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se anunció
debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los siguientes
proyectos”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (30
de mayo de 2011) y previa a la votación (31 de mayo de 2011); (iii)
la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la
expresión “para la Sesión Plenaria del día 31 de mayo de 2011”;
y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el
anuncio, ya que éste se hizo el 30 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la
próxima sesión, esto es, en la sesión del 31 de mayo de 2011, donde
efectivamente se debatió y votó.
4.8. En los términos descritos, la
Corte concluye que la Ley 1462 de 2011, “por medio de la cual se aprueba el ‘acuerdo bilateral para la promoción y protección
de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China’”,
firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, cumplió con los
requisitos formales impuestos por la
Constitución Política para la aprobación de las leyes.
4.9. Verificado el cumplimiento del procedimiento
legislativo que dio paso a la expedición de la
Ley 1462 de 2011, procede la Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento
internacional en ella contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a
la Constitución Política.
5.      Revisión material de la Ley 1462 de 2011, “por medio de la cual se aprueba el ‘acuerdo bilateral para la promoción y protección
de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China’”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008
5.1. El contenido de la
Ley 1462 de 2010 y la constitucionalidad del Acuerdo en ella incorporado
5.1.1. Contenido del Acuerdo de promoción
y protección recíproca de inversiones entre Colombia y China
El Acuerdo de promoción y protección
recíproca de inversiones, suscrito entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, se compone de un preámbulo y 16 artículos, que se
ocupan de los temas que a continuación se describen:
El preámbulo incluye los propósitos generales del
Acuerdo, resaltando que la suscripción del mismo viene acompañado del deseo de
incrementar la cooperación económica para el beneficio mutuo de los Estados
contratantes, y del ánimo de éstos de promover condiciones favorables para la
inversión mutua.
El artículo 1º define algunos de los conceptos básicos
del mismo, como son el de inversión, inversionista, rentas de inversión y
territorio.
El artículo 2º compromete a las partes contratantes en
la promoción, admisión y protección de las inversiones de la otra. En ese
contexto, en un primer aspecto, la norma le impone a cada parte contratante los
compromisos de: (i) promover y admitir en su territorio las inversiones
de inversionistas de la otra parte contratante; (ii) abstenerse de
adoptar medidas no razonables o discriminatorias en contra de la
administración, mantenimiento, uso, disfrute, disposición y liquidación de
dichas inversiones; (iii) otorgar un trato justo y equitativo a las
inversiones de los inversionistas de la otra parte contratante, de conformidad
con el derecho internacional consuetudinario, y protección y seguridad plenas
en su territorio. En un segundo aspecto, la misma disposición le impone a las
partes contratantes el compromiso de promover asistencia y facilidades para la
entrada y la obtención de permisos de trabajo a los nacionales de cada parte
involucrados en actividades relacionadas con las inversiones realizadas en el
territorio de los Estados. De igual manera, hace claridad en relación con los
siguientes aspectos: (a) los conceptos “trato justo y equitativo” y “protección
y seguridad plenas” no requieren de trato adicional a aquel requerido bajo
el mínimo estándar de trato a extranjeros de conformidad con el estándar del
derecho internacional consuetudinario; (b) la
determinación de que la existencia de una violación de otra disposición de este
acuerdo u otro acuerdo internacional no implica que exista una violación al
estándar mínimo de trato de extranjeros; (c) “Trato justo y
equitativo” incluye la prohibición de negar justicia en procesos penales,
civiles o administrativos, de conformidad con los principios generalmente aceptados
del derecho internacional consuetudinario; y(d)el estándar de “protección
y seguridad plenas” no implica, en ningún, caso un trato mejor que el
otorgado a los nacionales de la
Parte Contratante donde la inversión ha sido realizada.
El artículo 3º regula lo referente al trato a la
inversión. Conforme con ello, compromete a las partes en la concesión de
condiciones no menos favorables para la inversión que las que se conceden a
terceros países o a sus propios inversionistas, lo cual sin embargo no debe
interpretarse, dice el Acuerdo, en el sentido de que no puedan concederse
beneficios a las inversiones recibidas como consecuencia de un acuerdo de libre
comercio, unión aduanera, económica o monetaria o cualquier otra forma de
organización económica regional o acuerdo internacional de similares características.
El artículo 4º establece una cláusula de salvaguarda
que impide que las inversiones de los estados contratantes sean nacionalizadas
o expropiadas en el otro, excepto en casos de utilidad pública y mediante los
procedimientos locales establecidos, más el pago de indemnizaciones. La norma
hace referencia a la justa indemnización y al momento a partir del cual debe
establecerse el monto respectivo. Igualmente, a la moneda en que debe tasarse,
a los intereses y a la necesidad de su desembolso oportuno. En concordancia con
ello, la disposición confiere preferencia de trato judicial oportuno a la parte
cuya inversión ha sido expropiada e indemnizada para que discuta el valor de la
última, y autoriza la creación de monopolios que afecten las inversiones de la
otra parte, siempre que medie la correspondiente indemnización. El artículo en
mención advierte que la concesión de licencias obligatorias en desarrollo de lo
dispuesto en el Acuerdo ADPIC de la OMC no puede ser cuestionada bajo las
disposiciones de este artículo.
El artículo 5º incluye otra salvaguarda de la
inversión, frente a situaciones críticas de guerra, conflicto armado,
revolución o estado de emergencia nacional, disturbios o cualquier
acontecimiento similar, que consiste en el reconocimiento de restitución,
indemnización, compensación u otros arreglos, al inversionista afectado en
similares condiciones a las que se ofrecen a los propios inversionistas del
Estado en cuyo territorio se hace la inversión o las que se harían en virtud de
la cláusula de Nación Más Favorecida.
En el artículo 6º se regula lo atinente a la cláusula de
transferencias, precisando que, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la respectiva legislación, cada parte contratante deberá
permitir a los inversionistas, sin demora injustificada, las transferencias
destinadas a la realización de la inversión. De acuerdo con dicho precepto,
debe permitirse que las transferencias en él enumeradas se efectúen en una
moneda libremente convertible y al tipo de cambio aplicable en la
Parte contratante que admitió la inversión y en la fecha de transferencia,
pudiendo en todo caso, cualquiera de las partes, imponer restricciones
cambiarias de acuerdo con sus leyes y regulaciones aplicables.
El artículo 7º permite la subrogación de los derechos
del inversionista y permite que éstos se hagan valer en el territorio de la
otra Parte Contratante, en virtud de la celebración de contratos de seguros o
de garantías ofrecidas a la inversión. De este modo, la
Parte Contratante, o la agencia designada por ella, queda legitimada, en
virtud de la subrogación,  a ejercer los derechos y exigir los reclamos de su
inversionista, y asumir las obligaciones relacionadas con la inversión en la
misma medida que el inversionista.
El artículo 8º se refiere a la solución de disputas
entre las partes contratantes, con respecto a la interpretación y aplicación
del mismo. El compromiso inicial es someter la controversia a solución
diplomática. Sin embargo, si los canales diplomáticos resultan fallidos, lo que
procede es la convocatoria de un tribunal de arbitramento. La norma regula el
mecanismo de conformación del tribunal y establece una metodología para su
operación que, para ciertos casos, involucra en la designación de los árbitros
a la Corte Internacional de Justicia. El referido artículo precisa que el fallo
del tribunal tendrá como sustento las normas del acuerdo y las disposiciones
internacionales, correspondiendo a dicho tribunal determinar sus propias reglas
de procedimiento.
El artículo 9° se ocupa de la resolución de disputas
entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante. Al
respecto, la norma precisa la necesidad de agotar la vía gubernativa y de
resolver amistosamente la divergencia, antes de recurrir: (i) a los
tribunales locales, (ii) a un tribunal de arbitramento -regulado por las
normas internacionales- o (iii) al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.),
en este último caso, bajo las reglas del “Convenio sobre el arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados”, cuando el Estado hubiere adherido a él, o bajo el Reglamento
C.I.A.D.I. sobre el Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y comprobación de Hechos. El
referido artículo regula también aspectos procedimentales de la convocatoria
del tribunal de arbitramento, relativos al cálculo de términos, solicitudes de
aclaración, evaluación sobre las medidas adoptadas, etc. Igualmente, precisa
que mientras los conflictos se sometan a trámite arbitral, las partes se
abstendrán de recurrir a los canales diplomáticos, salvo cuando alguno de ellos
incumpla la decisión de la sentencia o el laudo.
En el artículo 10° se consagra una cláusula de favorabilidad en torno a la aplicación de
otras disposiciones diferentes al acuerdo para resolver las controversias surgidas con motivo del mismo. Indica
dicha cláusula que, si de las disposiciones legales de una Parte Contratante o
de obligaciones actuales o futuras derivadas del derecho internacional, resulta
una regulación general o particular que establezca un trato más favorable a las
inversiones de inversionistas que el provisto en el acuerdo, dicha regulación
deberá prevalecer en la medida en que sea más favorable.
El artículo 11 contiene disposiciones relativas al
ámbito de aplicación del Acuerdo. En esa dirección, se prevé que el acuerdo se
aplique a las inversiones existentes al momento de su entrada en vigor y a las
realizadas con posterioridad, pero no a las controversias surgidas con
anterioridad a su entrada en vigencia. El artículo advierte la inaplicación del
Acuerdo para inversiones derivadas de actividades ilícitas.
El artículo 12, por su parte, se refiere a las
excepciones en la aplicación del acuerdo, disponiendo que nada de lo previsto
en el mismo puede interpretarse en el sentido de impedir que las partes adopten
o mantengan medidas dirigidas a la preservación del orden público, siempre que
dichas medidas se apliquen: (i) cuando exista una amenaza genuina
y suficientemente seria, (ii) no se aplique de forma que
constituya discriminación arbitraria; (iii) no constituyan una
restricción oculta a la inversión; (iv) sean proporcionales al
objetivo que pretenden lograr; y (v) sean necesarias y
transparentes de acuerdo con la legislación nacional.
El artículo 13 se relaciona con las medidas
prudenciales que pueden adoptar las partes contratantes en el sector
financiero. Precisa sobre el punto, que, no obstante las disposiciones del
acuerdo, a una parte no se le podrán impedir adoptar o mantener medidas
relacionadas con servicios financieros por razones prudenciales, incluyendo
aquellas para la protección de inversionistas, depositantes, tenedores de
pólizas o para asegurar la integridad y la estabilidad del sistema financiero.
En todo caso, aclara la norma que si las medidas financieras no armonizan con
los preceptos del acuerdo, las mismas no pueden ser usadas para evadir los
compromisos derivados del acuerdo internacional.
El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá
aplicación en asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4°
(Expropiación y Compensación) y del artículo 9° (Resolución de Disputas Entre
una Parte Contratante y un Inversionista de la
Otra Parte Contratante).
El artículo 15 compromete a los Estados parte en el
deber de consultar entre sí, cualquier asunto relacionado con la aplicación e
interpretación del acuerdo.
El último artículo del acuerdo, el
artículo 16, contiene las disposiciones finales. En él se señalan los
términos de entrada en vigor de sus normas y la forma como puede ser
modificado. En relación con lo primero, dispone que el acuerdo entrara en vigor
60 días después del perfeccionamiento constitucional mutuo del acuerdo, por un
período de diez años iniciales, prorrogable automáticamente por otro período de
diez años. Precisa, además, que, transcurridos los primeros diez años, el
acuerdo puede ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las partes,
con una notificación previa de doce meses enviada por medios diplomáticos.
También señala que, con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha
en que la notificación de terminación de este acuerdo se haga efectiva, las disposiciones
del acuerdo permanecerán en vigor por un periodo adicional de diez años a
partir de dicha fecha. Con respecto a lo segundo, prevé que el acuerdo puede
ser modificado mediante acuerdo escrito entre las partes y que las
modificaciones entrarán en vigor bajo los mismos procedimientos requeridos para
la entrada en vigor del instrumento internacional.
5.1.2. Finalidad general del Acuerdo
5.1.2.1. Tal y como surge del propio
preámbulo, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, suscrito entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular China, tiene como propósito específico, incrementar la
cooperación económica entre los dos países, y promover condiciones favorables
para la inversión mutua.
5.1.2.2. De conformidad con la exposición
de motivos del proyecto de ley que luego se convirtió en la
Ley 1462 de 2011, la finalidad del Acuerdo se enmarca dentro de las
previsiones del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que comprometen al
Estado colombiano en la búsqueda de fuentes de inversión extranjera que
dinamicen los procesos productivos nacionales, y que, de manera general, le
impone al Gobierno desarrollar una política integral para atraer inversión
extranjera.
5.1.2.3. Se
menciona en la citada exposición de motivos, que la República Popular China se ha consolidado en
los últimos años como una de las potencias económicas emergentes a nivel
mundial, razón por la cual, fortalecer los lazos económicos con el gigante
asiático se convierte en un imperativo para toda economía desarrollada, y en
mayor medida, para economías en desarrollo, como es el caso de Colombia.  De
igual manera, se señala que la suscripción del citado acuerdo constituye un
acercamiento importante de Colombia hacia el Pacífico asiático, que se ha
convertido en uno de los polos más dinámicos de la economía mundial, un núcleo
de desarrollo y crecimiento económico, un epicentro de comercio e inversión, un
líder en avances tecnológicos y un escenario importante de integración y
cooperación económica.
5.1.2.4. En ese contexto, las
disposiciones del Acuerdo están diseñadas para crear condiciones favorables de
inversión que atraigan el capital chino, pero también que propicien la emisión
de inversión nacional en ese país. Los mecanismos de promoción de las
inversiones mutuas que promueve el Acuerdo bajo estudio, van desde la consolidación
de escenarios de seguridad jurídica, que garanticen a los flujos de inversión
las condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el país, hasta la
concreción de mecanismos de resolución de conflictos que generen confianza en
el inversor respecto de posibles controversias surgidas con el Estado en que se
inviertan los recursos.
5.1.2.5. El Acuerdo establece, entre
otras medidas de importancia, protocolos de indemnización en caso de que los
inversores mutuos resulten afectados por cambios políticos o de orden público
en el país en que se direccionan los recursos. De igual forma, el instrumento
internacional que se estudia compromete a las autoridades locales en el diseño de
medidas concretas que faciliten el trámite de las inversiones, que agilicen la
transferencia de los recursos destinados a sustentarlas y que permitan la
resolución efectiva y eficaz de posibles controversias.
5.1.2.6. El Acuerdo contiene, además,
principios de interpretación de las normas sobre inversión que imponen a las
Partes Contratantes la obligación de trato equitativo a los inversionistas de
la otra, no menos favorable que el que las mismas ofrecen a sus propios
inversionistas o a los de terceros países.
5.1.3. Constitucionalidad general del
Acuerdo sometido a revisión
5.1.3.1. El Acuerdo bilateral para la
promoción y protección recíproca de inversiones que Colombia y China suscribieron
en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008,  hace parte de los instrumentos
internacionales suscritos por el país, “con el fin de dinamizar la economía
local a partir de la atracción de capital extranjero y de la integración de
capital nacional en el escenario de mercados de mayor desarrollo”[15].
5.1.3.2. Durante las dos últimas décadas, Colombia ha venido suscribiendo
acuerdos de promoción y protección de inversiones con distintos países del
mundo, dentro del propósito de lograr los niveles de integración que impone la
economía de mercado contemporáneo. Así, por ejemplo, el país firmó acuerdos de
ese tipo con el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado mediante la
Ley 245 de 1995; con Cuba, aprobado mediante la
Ley 245 de 1995; con la República del Perú en tres oportunidades, aprobados
mediante las Leyes 279 de 1994, 801de 2003 y 1342 de 2009; con la
República de Chile, aprobado mediante la
Ley 672 de 2001; con el Reino de España, aprobado mediante la
Ley 1069 de 2006; y con la
Confederación Suiza, aprobado mediante la
Ley 1198 de 2008.
5.1.3.3. La suscripción de acuerdos fundados en la
promoción y protección de las inversiones, hace parte de una política pública
de comercio exterior, coherente y generalizada, utilizada por los Estados, y en
particular por Colombia, para atraer los flujos de inversión directa de los
países exportadores de capital a países en desarrollo, con el fin de aprovechar
su efecto positivo sobre los países receptores de inversión, permitiéndole a
éstos obtener beneficios relacionados con la generación de
empleo, la transferencia de tecnología y el complemento del ahorro interno,
entre muchos otros. En ese contexto, los acuerdos para la promoción y
protección recíproca de inversiones, junto con los tratados de libre comercio,
constituyen una de las herramientas más importantes que tienen los países para
la atracción de inversión extranjera.
5.1.3.4. A nivel del derecho comparado, esa clase de instrumentos
se identifican como Acuerdos de Promoción y protección de Inversiones             -APPRI-,
también conocidos internacionalmente con la sigla inglesa BITs
-Bilateral Investment Treaties-, y constituyen
herramientas usuales de integración a la que acuden los Estados para estrechar
lazos comerciales. Dado su uso generalizado, los APPRI se caracterizan por
tener cláusulas “tipo”, esto
es, modelos preestablecidos de acuerdo internacional, de estructura estándar,
que usualmente incluyen temas vinculados con:
(i) la definición de las inversiones protegidas; (ii) el tratamiento preferencial o no menos
favorable del inversionista extranjero frente al inversionista nacional o de un
tercer estado; (iii) la prohibición de toda discriminación al inversionista
extranjero; (iv) salvaguardas contra la expropiación y reconocimiento de
indemnización pronta, adecuada y efectiva; (v) la libre transferencia de
inversiones y utilidades; y (vi) el establecimiento de mecanismos de
solución de controversias.
5.1.3.5. Con respecto a los Acuerdos de Promoción y
Protección de Inversiones -APPRI-, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, precisamente, en el contexto del control de constitucionalidad,
previo, automático y oficioso, que le ha correspondido ejercer sobre los instrumentos
de esa naturaleza suscritos por Colombia. En los distintos pronunciamientos
sobre la materia, de manera uniforme, la
Corte ha establecido que,
en términos generales, los APPRI se ajustan a la
Constitución Política, en la medida que buscan satisfacer una necesidad de
internacionalización e integración de la economía nacional, que se impone como
consecuencia de la globalización de la economía mundial. Sobre el punto, ha
explicado que las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de
los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que
complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura
y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar
niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social”[16], objetivos a
los que contribuyen, sin lugar a dudas, los llamados APPRI.
5.1.3.6. Destacando su importancia, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que los APPRI constituyen, entonces, una herramienta legítima a la
luz de las normas constitucionales, pues la inversión extranjera permite impulsar
la economía local y, por esa vía, brindar mejores condiciones de vida a la
población. Ha explicado este Tribunal, que el “empuje que la inversión
extranjera da a las economías de los países en desarrollo no solo se manifiesta
en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepción de nueva
tecnología, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal
capacitado. Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e
incrementa la base imponible en beneficio de aumento de los recursos
tributarios del Estado. La inversión extranjera en territorio nacional vincula
la economía local con la dinámica internacional, lo cual, en términos
generales, evita su aislamiento del concierto mundial de mercado”.
5.1.3.7. También ha sostenido la
jurisprudencia, que la alternativa opuesta ofrecida por los APPRI, esto es, la
inversión de capital colombiano en otros países, “abre campos de acción en
mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la movilidad de la
economía local. Por virtud de la inversión de capital colombiano en el extranjero,
la economía doméstica ensancha sus horizontes de acción y participa del
dinamismo de mercados más sofisticados”[17].
5.1.3.8. Conforme con lo dicho, al tenor
de las normas constitucionales, la política de integración promovida por los
APPRI resulta constitucionalmente admisible. Al respecto, la
Corte ha recordado que el artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al Estado en la
promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional", al tiempo que el artículo 227 del mismo
ordenamiento Superior autoriza la "integración económica, social y
política con las demás naciones".
5.1.3.9. De la misma manera, ha expresado
la jurisprudencia que el fortalecimiento de los canales productivos y
comerciales del país encuentra fundamento en el artículo 2º de la
Carta Política, el cual consagra como fin esencial del Estado la promoción de
la prosperidad general. Además, responde al compromiso expresado en el artículo
333 Superior, que le impone al Estado la función de estimular el desarrollo
empresarial, cuando no se vincula directamente con la promoción de la
productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones (art. 334
C.P.).
5.1.3.10. Así las cosas, el instrumento
bajo estudio, en cuanto permite la integración económica del país como
respuesta a una creciente necesidad impuesta por la dinámica mundial, resulta
adecuado a los propósitos de la
Carta Política y coincidente con los fines asignados al Estado. En relación
con esto último, cabe reiterar lo dicho por esta Corporación, en el sentido de
advertir que el desarrollo económico de las naciones avanza hacia la
integración, pues éste parece ser el único escenario posible del mercado del
futuro. Sobre este particular, manifestó en la
Sentencia C-358 de 1996, lo siguiente:
“La desaparición de las fronteras
nacionales, para determinados efectos, parece ser, en el largo plazo, un estado
de cosas del que los Estados no podrán sustraerse con facilidad. En la actualidad,
el proteccionismo económico, que incita a los países a replegarse sobre sí
mismos, ignorando los flujos y reflujos del comercio internacional, sólo puede
conducir a que los países que lo llevan a cabo se sometan a sí mismos al
ostracismo y se conviertan en una especie de parias de la sociedad
internacional. En este orden de ideas, la internacionalización de las
relaciones económicas se convierte en un hecho necesario para la supervivencia
y el desarrollo de los Estados que trasciende las ideologías y los programas
políticos”.
5.1.3.11. Como ya se mencionó en el apartado anterior, de manera particular, el
acuerdo de promoción y protección con la
República Popular China resulta de especial trascendencia para Colombia, pues,
conforme quedó expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley que
promovió su incorporación al orden jurídico interno, con él se persigue, además
de atraer la inversión extranjera, dos objetivos específicos. Por una parte, el
fortalecimiento de los lazos económicos con la
República Popular China, que se ha consolidado en los últimos años como una de
las potencias económicas emergentes del mundo; y por la otra, acercar al país
al eje del pacífico asiático, el cual se ha convertido también, en uno de los
polos más dinámicos de la economía mundial, con motivo de su constante
desarrollo y crecimiento en campos como la tecnología, el comercio y la
inversión.
5.1.3.12. Conforme con lo dicho, tal y
como lo ha hecho con respecto a instrumentos de la misma naturaleza, esta
Corporación considera que el Acuerdo bajo estudio, en lo que concierne a sus
aspectos generales, se encuentra ajustado a la
Constitución Política.
5.1.3.13. Destaca la
Corte que, dada la identidad normativa que existe entre las cláusulas del
Acuerdo celebrado con la República Popular China, materia de revisión en la
presente causa, y los examinados anteriormente por la
Corte, las consideraciones hechas en los fallos correspondientes serán las que
sirvan de fundamento para declarar la constitucionalidad de las normas que hoy
se examina. Concretamente, este Tribunal reiterará las consideraciones vertidas
en las Sentencias C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010, en razón a que
en dichos fallos la Corte se pronuncio sobre los APPRI firmados por Colombia con
el Reino de España, la Confederación Suiza y la
República del Perú, los cuales, en lo fundamental, contienen cláusulas de
similar contenido a las que hacen parte del APPRI suscrito con la
República Popular China, ahora sometido a juicio.
5.1.4. Constitucionalidad de las medidas que integran el
Acuerdo bajo estudio
5.1.4.1. Pues bien, además de que el
Acuerdo bajo estudio se ajusta en sus aspectos básicos a la
Constitución Política, también sus disposiciones particulares están de acuerdo
con el texto superior.
5.1.4.2. En cuanto hace al preámbulo del
Acuerdo, éste no hace otra cosa que reiterar los propósitos de integración
entre Colombia y china, que a su vez reflejan la intención de los dos países de
construir canales de inversión que fortalezcan sus economías e incrementen la
prosperidad en las dos naciones. Dicha finalidad es claramente compatible con
los mandatos constitucionales que propugnan por la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas y sociales, y por un propósito integracionista
(C.P. arts. 226 y 227).
5.1.4.3. El artículo 1º define
conceptos básicos del Acuerdo, señalando lo que debe entenderse por inversión,
inversionistas, renta y territorio, y qué elementos, como propiedades,
participaciones, activos, derechos, créditos, concesiones y operaciones, pueden
considerarse técnicamente como inversiones.  En ese sentido, el propósito
específico de la norma es precisar el contenido de los conceptos utilizados por
el convenio, definiciones que en ningún caso afectan disposición constitucional
alguna. En anteriores pronunciamientos, la
Corte ha dejado claro que este tipo de definiciones tienen como propósito
precisar y aclarar el contenido de los conceptos utilizados, razón por la cual
ha avalado su constitucionalidad[18]
sobre la base de considerar que tal propósito no se opone al texto Superior.
5.1.4.4. El artículo 2º, en cuanto
formula el compromiso central del Acuerdo, de promover, admitir y proteger las
inversiones mutuas, y de brindar un trato equitativo a los inversionistas del
Estado co-signatario, constituye, en realidad, una manifestación directa del
ánimo de integración económica que promueve el artículo 226 de la
Carta, precisamente, sobre bases de “equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional”. En ese contexto, el mismo, antes que contrariar la
Constitución, propende por su desarrollo.
5.1.4.5.
Ningún reproche merece el artículo 3º del Acuerdo, que consagra las
conocidas cláusulas de Tratamiento Nacional y Nación Más Favorecida, típicas en
el modelo de convenios al que pertenece el presente acuerdo. La
Corte Constitucional ha expresado sobre el particular, que por virtud de
dichas cláusulas, “un Estado se obliga a dar a otro un trato no menos favorable
que el que se concede a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier
tercer Estado”[19].
Al respecto, ha agregado igualmente, que “[p]receptos de esta índole no
vulneran la Ley Suprema y, por el contrario, se dirigen a hacer efectivo “en
todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países
interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación
más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones
extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del
momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un
tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable
nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos
antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida
cláusula (...) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer,
dentro del ámbito de materias reguladas por la
Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En
este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre
categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del
trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones
nacionales.”[20]
Con respecto a este mismo artículo, la
Corte encuentra perfectamente compatible con la
Constitución su numeral 4, en el que se aclara que la celebración del Acuerdo no
tiene porqué obstaculizar la adquisición de compromisos con otros Estados por
parte de los Estados signatarios. Al respecto, cabe reiterar lo dicho por la
Corporación en la Sentencia C-008 de 1997, en la que se estudió el acuerdo de
promoción y protección de inversiones mutuas entre Colombia y Perú. En aquella
oportunidad, la Corte sostuvo que “las excepciones hechas en el Tratado a la
aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida, cuando Perú o
Colombia hagan parte de acuerdos con terceros Estados tendientes a crear
uniones aduaneras o ventajas similares con el fin de estimular el comercio
intra-regional, tiene como propósito evitar que la celebración del  presente
convenio se convierta en obstáculo para otros procesos de integración y en tal
sentido encuentran claro apoyo constitucional.” [21]
5.1.4.6. El artículo 4º, por su
parte, es constitucional, en tanto consagra medidas de salvaguarda para la
inversión extranjera, cuyo claro propósito, lo ha expresado ya la
Corte, es generar confianza en el inversionista respecto del tratamiento
seguro de su capital. Concretamente, la norma prevé soluciones para eventos que
en la práctica conllevan un perjuicio sensible para los intereses de quien hace
la inversión. De acuerdo con la norma, la nacionalización de la inversión o la
expropiación de la misma -así como medidas similares-, no pueden imponerse sin
la debida indemnización, medida que, en el caso Colombiano, se reconoce sin
excepción a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1999,
que reformó el artículo 58 de la Carta y eliminó la anterior expropiación sin
indemnización por motivos de utilidad pública.
Sobre el particular, debe recordar la
Corte que, con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 1999, el régimen
constitucional colombiano, a través del artículo 58 Superior, permitía la
expropiación sin indemnización en casos de equidad definidos por el legislador.
Con base en ello, este Tribunal, al
pronunciarse sobre los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones,
suscritos por Colombia antes de la entrada en vigencia del referido acto
legislativo[22], procedió a declarar exequibles tales instrumentos
internacionales, con excepción de los artículos que se referían a la
expropiación con indemnización, los cuales fueron declarados inexequibles por
infringir el artículo 58 de nuestro Estatuto Superior.
Sin embargo, conforme se mencionó, el
artículo 58 de la Carta fue
modificado mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, precisamente en el aparte
que permitía la modalidad de expropiación sin indemnización justa. El texto
constitucional anterior había sido sometido a duras críticas por su
incompatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por Colombia, lo
que finalmente justificó que el mismo fuera reformado, con el fin de lograr su
idoneidad en el campo de las relaciones internacionales. Así, luego de su
modificación, el régimen constitucional proscribió la expropiación sin
indemnización, haciendo viables las cláusulas contractuales que autorizan la
indemnización o la compensación en los casos de expropiación o nacionalización.
La Corte Constitucional, en pronunciamientos posteriores a la modificación
del artículo 58 Superior, reconoció la importancia de dicha reforma, no solo en
el contexto de las relaciones internacionales del país, sino también en el
ámbito del derecho interno. Así, en la
Sentencia C-1074 de 2002, destacó que
en virtud del cambio constitucional, no sólo se protegió la inversión
extranjera, sino a su vez los derechos de propiedad de todos los habitantes de
Colombia, “quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización”.[23] Luego, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377
de2010, la Corporación reconoció que los cambios constitucionales
reseñados, hacían exequibles las normas de protección a la inversión que prohibían
la aplicación de la figura de la expropiación sin indemnización[24].
En ese contexto, debe concluirse que la
salvaguarda según la cual, frente a una expropiación o nacionalización, el
Estado indemnizará los perjuicios causados, es compatible con la
Carta fundamental, al tiempo que resulta conveniente para los intereses
locales, en cuanto confiere al mercado un aspecto atractivo para la inversión.
Cabe mencionar, además, que el artículo 4° hace también
mención a medidas no sólo de expropiación directa, sino indirecta. Sobre
estas últimas se pronunció recientemente esta Corporación en la sentencia C-031
de 2009, al hacer la revisión constitucional del Tratado de Libre Comercio con
Chile, precisando que la constitucionalidad de cláusulas referentes a este tipo
de previsiones estaba fundada, particularmente, en los principios de confianza
legítima y buena fe. Al respecto, dijo la providencia que se comenta, lo
siguiente:
“Así las cosas, en materia de
expropiaciones indirectas no sólo está de por medio la protección de la
propiedad privada y la primacía del interés general sobre el particular, como
sucede en materia de expropiación directa, sino además el ejercicio de las
facultades regulatorias estatales, encaminadas a la protección de intereses
legítimos como son la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. La
pregunta que surge entonces es hasta qué punto esta figura del derecho
internacional económico se enmarca en los principios del artículo 58 superior o
si, por el contrario, su fundamento se haya en otras disposiciones
constitucionales.
Al respecto, la
Corte considera que la interpretación planteada en su intervención por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de estimar que el
artículo 58 Superior, al no distinguir entre expropiación directa e indirecta,
abarcaría ambas, no es de recibo por cuanto en la historia del
constitucionalismo colombiano la figura de la expropiación ha comportado, desde
siempre, la transferencia del derecho de dominio de un particular al Estado,
característica que se encuentra ausente en la expropiación indirecta.
Así las cosas, la expropiación indirecta
encuentra su fundamento constitucional en el principio de la confianza
legítima. En tal sentido cabe señalar que como corolario del principio de buena
fe, la doctrina y la jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de
los sesentas[25],
han venido elaborando una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha
conocido originales e importantes desarrollos a lo largo de diversos
pronunciamientos de esta Corte.”
En consecuencia, el artículo 4° del acuerdo bajo
revisión, se reitera, no ofrece reproche alguno en cuanto a su
constitucionalidad.
5.1.4.7. Con respecto al artículo 5°,
se mencionó que el mismo incluye también una salvaguarda de la inversión, como
es la compensación por daños o pérdidas frente a eventos de alteración del
orden público -guerra,
conflicto armado, revolución o estado de emergencia nacional, disturbios o
cualquier acontecimiento similar-. Frente a dicha salvaguarda, la
Corte reitera lo dicho en anteriores pronunciamientos sobre la materia, en el
sentido de sostener que “dicha cláusula es consecuencia del principio de trato
nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación
del orden público o económico, por lo que la misma es garantía implícita del
derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta”[26]. No obstante, en concordancia con fallos
precitados, particularmente con la
Sentencia C-358 de 1996, debe destacar la
Corte que el reconocimiento de los principios y garantías consignados en la
norma no tiene porqué excluir la posibilidad, derivada del artículo 100 de la
Constitución Política, de que por razones de orden público, la ley subordine a
condiciones especiales o incluso niegue el ejercicio de determinados derechos
civiles a los extranjeros. Por ello, reitera la
Corte, “en un Tratado Internacional no se podría impedir al legislador
colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las circunstancias
que la norma constitucional contempla”[27].
De igual modo, la norma no excluye la hipótesis del artículo 59 constitucional,
que consagra, en caso de guerra, la expropiación con indemnización posterior.
5.1.4.8. El artículo 6º, que
regula el tema de las transferencias, resulta igualmente constitucional, pues, al margen de facilitar la actividad
económica y de negocios de los inversionistas, al permitir de forma libre y sin
demora los pagos necesarios para la realización de la inversión, también
posibilita que tales operaciones se deban efectuar de acuerdo con la
legislación interna de cada país, que para el caso colombiano, son las normas
que regulan el comercio exterior y el mercado cambiario. Tal y como lo ha puesto de presente esta
Corporación, la disposición pretende agilizar la realización de las transferencias
de capital o pagos necesarios para la inversión, en moneda de libre
convertibilidad, lo cual no contraría ningún mandato Superior. Igualmente, con
el fin de no obstaculizar el escenario institucional del país en el que se
deposita la inversión, la norma contempla la posibilidad de que las partes
contratantes impongan restricciones cambiarias de acuerdo con sus
legislaciones, decisión que, sin lugar a dudas, constituye una medida de
protección de la economía nacional. En relación con esto último, la
Corte, en la Sentencia C-309 de 2007, al estudiar la norma equivalente en el
Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y el Reino de España[28],
tuvo oportunidad de precisar que la imposición de restricciones cambiarias
corresponde a una decisión excepcional, procedente únicamente cuando las
circunstancias macroeconómicas del Estado así lo exijan, restricción que de
todos modos no se impone de manera automática, sino por decisión autónoma y
soberana de los Estados Parte, y siempre que las medidas que se adopten sean
equitativas, no contengan discriminación alguna y consulten el principio de
buena fe.
5.1.4.9. El artículo 7° sobre
subrogación, tampoco ofrece reparos de constitucionalidad. Según lo ha
mencionado la jurisprudencia, la subrogación contenida en este tipo de normas,
incluye el reconocimiento de un mecanismo del derecho privado que permite que
la entidad aseguradora que expide póliza de seguro de inversión se subrogue en
los derechos del inversionista con el fin de reclamar los derechos derivados
del siniestro. La disposición le agrega un elemento de seguridad a la inversión,
al impedir que la extensión de una póliza sobre el capital de inversión se
constituya en razón para negar el reconocimiento de las indemnizaciones
correspondientes. La Corte ha dicho que medidas de este tipo, están acorde con
las normas internacionales porque garantizan “los riesgos que implica para
cualquier inversionista extranjero ejecutar tales actividades y, de esta
manera, lograr incentivar la colocación de capitales foráneos”[29].  Sobre el punto,
agrego la Corte que:
“El mecanismo de la subrogación tiende a
hacer efectivos los sistemas de garantía de las inversiones internacionales.
Bien es sabido que, en general, esta forma de protección de la inversión
extranjera puede lograrse a través de dos tipos de previsiones: 1) los
mecanismos nacionales; 2) los mecanismos internacionales. Los primeros se
presentan cuando es el Gobierno de un determinado país el que asume la garantía
de las inversiones que sus nacionales y compañías realicen en el extranjero,
por su parte, los mecanismos de garantía de derecho internacional son ejercidos
por alguna organización de derecho internacional público, creada en virtud de
un tratado multilateral, con el objeto de garantizar las inversiones que los
nacionales de los Estados Parte constituyan en el extranjero. Cualquiera sea su
naturaleza, los mecanismos de garantía buscan cubrir los riesgos que implica
toda inversión internacional y tienen por objeto la transferencia de estos
riesgos del inversionista privado al organismo de garantía”.[30]
Conforme con ello, la misma
jurisprudencia constitucional ha destacado que las medidas de subrogación, “se
ajustan a la Constitución Política, pues no involucran ni afectan para nada los
postulados y reglas que ella consagra y, más bien, plasman sistemas de acuerdo
previo sobre responsabilidades de los Estados Partes ante sus inversionistas,
con miras a la seguridad y estabilidad de las inversiones”[31]. Además,
“el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del Gobierno
nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del Acuerdo, toda vez que esta
figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su Gobierno
o con el organismo de Derecho Internacional que acuda al mecanismo de garantía
correspondiente”[32].
5.1.4.10. Los artículos 8° y 9° se
entiende igualmente ajustados a la
Constitución, en cuanto los mismos se limitan a la creación de los mecanismos
procesales necesarios para la solución de controversias relativas a la
ejecución del convenio. La necesidad de recurrir inicialmente a un acuerdo
amistoso y agotar la vía gubernativa, y ante el fracaso de éstas, acudir a una
Corte Local o a un tribunal de arbitramento, demuestra la intención del Acuerdo
de someter las controversias a los mecanismos locales de solución pacífica de
conflictos y de recurrir al arbitramento cuando dicho acuerdo no sea posible. La Corte Constitucional, reiteradamente, ha sostenido que prever como
mecanismo de solución de controversias el sometimiento de éstas a tribunales de
arbitramento, no vulnera la Constitución, por cuanto “el arreglo directo y el
arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y
pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre
un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación,
interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es
objeto de revisión”[33].
Por otra parte, “la Corte considera que la promoción de la internacionalización
de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el
artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas
oportunidades, a los tribunales internacionales”[34]. A propósito
de esto último, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y
C-337 de 2010, la Corte encontró constitucionales cláusulas muy similares a las
relacionadas con la solución de controversias en el Convenio de la referencia.
En la sentencia C-294 de 2002 se dijo al respecto,  lo siguiente:
“Estos preceptos no vulneran la
Constitución pues el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos
civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se
presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las
partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución
del Instrumento Internacional que es objeto de revisión. Por otra parte, ‘la
Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la
Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los
tribunales internacionales’".[35]
Asimismo, es menester resaltar que el
artículo 9° del acuerdo tiene plena vigencia en Colombia, si se tiene en cuenta
que la legislación interna exige el agotamiento de la vía gubernativa para
recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa en caso de
controversia respecto de una decisión de autoridad administrativa. Por tanto,
el Tratado no exige agotar la vía judicial, sino únicamente la vía gubernativa.
En cuanto al numeral 10º del artículo 9°,
que impone la restricción de presentar reclamaciones después de 3 años de
ocurridos los hechos vulneratorios de sus cláusulas, esta Corte debe precisar,
como lo ha hecho en ocasiones anteriores frente a cláusulas similares, que
dicha disposición se restringe a señalar un término de prescripción para las
reclamaciones que pretenden el cumplimiento de compromisos derivados única y
exclusivamente del Tratado, lo cual no afecta el orden jurídico interno.
5.1.4.11. Frente al contenido del artículo 10°, que
consagra una cláusula de favorabilidad en
la aplicación de otras disposiciones diferentes al acuerdo para resolver las
diferencias surgidas en éste, cabe señalar que el mismo corresponde
nuevamente al Principio de Nación más Favorecida, que como ya se afirmó, ha
sido considerado por la Corte Constitucional como acorde a la
Carta pues se dirige a hacer efectivo en todo tiempo la igualdad fundamental
sin discriminación entre todos los países interesados[36].
5.1.4.12. En el artículo 11 el acuerdo
consagra el ámbito de aplicación de sus normas. Precisa que el mismo regirá
para las inversiones hechas antes o después de su entrada en vigor, en un
esfuerzo por estimular nuevas inversiones pero también por favorecer las que ya
se iniciaron, lo cual no resulta contrario a la
Constitución. Sobre este tipo de normas, la
Corte ha dicho que se trata de garantías que se otorgan por “los
Estados a los inversionistas tanto para iniciar como para mantener la inversión
y, además, en términos de seguridad, a idéntico riesgo está sometido el
empresario antiguo como el nuevo, de donde resulta que la igualdad real
consagrada en el artículo 13 de la Carta se realiza mejor con los términos
acordados en la cláusula examinada que con una referencia tajante a las
inversiones futuras"[37].
De igual manera, resulta ajustado a la
Carta que el acuerdo omita cubrir con la protección ofrecida a capitales o
activos de origen ilícito.
5.1.4.13. Los artículos 12 y 13 tratan sobre excepciones generales y medidas
prudenciales en el sector financiero. Disponen al respecto, que nada de lo
previsto en el acuerdo puede interpretarse en el sentido de impedir que las
partes adopten o mantengan medidas dirigidas a la preservación del orden
público o aquellas relacionadas con servicios financieros, siempre que dichas
medidas sean necesarias y transparentes de acuerdo con la legislación nacional
y no conlleven una restricción oculta a la inversión. En relación con tales
mandatos, la Corte ha manifestado[38] que los mismos resultan acordes con la
Constitución Política, en cuanto su objetivo es mantener en cabeza del Estado
la facultad de controlar el orden público en los distintos órdenes, como una
manifestación clara de la soberanía nacional y de los fines esenciales del
Estado consagrados en el artículo 2° Superior. También armonizan con los
mandatos de regulación, inspección, vigilancia y control de las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P. arts.
150-19-d y 189-24). E igualmente, las medidas están de acuerdo con los deberes
de la Junta Directiva del Banco de la
República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (C.P. art. 372). La
circunstancia de que se exija que las medidas de excepción deban ser serias y
fundadas, y no constituyan una restricción oculta de la inversión, comporta igualmente una salvaguarda de seguridad
y estabilidad para los inversionistas, fundada, particularmente, en los
principios de confianza legítima y buena fe, razón por la cual, también por esa
vía la norma se entiende ajustada a la
Constitución.
5.1.4.14. El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá aplicación en
asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4° (Expropiación y
Compensación) y del artículo 9° (Resolución de Disputas Entre una Parte
Contratante y un Inversionista de la
Otra Parte Contratante). En virtud de dicha norma, solo respecto a tales
artículos las medidas tributarias estarán cubiertas por el acuerdo, de manera
que, si un inversionista alega que una medida tributaria es expropiatoria se
podrá someter el asunto al proceso de resolución de disputas
inversionista-Estado, siguiendo el procedimiento prescrito en el acuerdo. Como ya
lo ha dicho la Corte, ese tipo de medidas tributarias se ajustan a la
Constitución, por ser “reflejo del respeto a la potestad impositiva del Estado
como manifestación de la soberanía nacional”[39]. En la
Sentencia C-150 de 2009, al estudiar una medida tributaria similar a la
prevista en este artículo, la Corte agregó que “la constitucionalidad de estas medidas está fundada
[también] en el reconocimiento del principio de la confianza legítima y de la
buena fe entre las partes[40],
que supone como garantía a la inversión[41],
la ausencia de arbitrariedad en el desarrollo de la actividad tributaria”.
5.1.4.15. Finalmente, esta Corporación
encuentra legítimas las disposiciones de los artículos 15 y 16 del acuerdo,
que establecen el deber de consulta mutua respecto de la aplicación e
interpretación del convenio y su entrada en vigencia. Estas normas de inclusión
general en los tratados internacionales, lo ha dicho la
Corte, no contrarían ninguna disposición constitucional, por cuanto tan solo
se limitan a fijar los mecanismos de entrada en rigor del respectivo instrumento.
5.1.4.6. En los términos expuestos, la Corte concluye que, tanto el “Acuerdo bilateral para la promoción y
protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, como su ley aprobatoria, la
Ley 1462 de 2011, resultan ajustados a la
Constitución, razón por la cual serán declarados exequibles.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo bilateral
para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de
2008.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1462 de 2011, por la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la
promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de
2008.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Ver sentencia C-251 de 1997. En la sentencia C-400 de 1998, dijo
igualmente la Corte lo siguiente: “Esta Corporación encuentra perfectamente
acorde con el ordenamiento constitucional la figura de la confirmación, según
la cual, un acto ejecutado por una persona que no pueda considerarse autorizada
para representar al Estado o a una organización internacional, no surtirá
efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa
organización. Es más, en numerosas ocasiones, la
Corte ha hecho referencia a la figura de la confirmación presidencial, como
una concreción en el constitucionalismo colombiano de este principio, que le ha
permitido considerar subsanado cualquier vicio en la negociación y suscripción
de un tratado por nuestro país, si figura en el expediente la aprobación o
confirmación por el Presidente de la
República, antes de que el tratado sea sometido a consideración del Congreso”.
[2] http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[3] El primer anunció consta en el Acta No. 5 de la sesión del 1
de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 687 del mismo año; el segundo anuncio consta en
el Acta No. 6 de la sesión del 7 de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 991 del mismo año; el Acta No. 7, corresponde a la
sesión informal del 14 de septiembre de 2010, convocada, exclusivamente, para
atender la visita protocolaria del Ministro de Defensa y de la
Cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía; el tercero anuncio consta
en el Acta No. 08 de la sesión del 15 de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 991 de ese mismo año; el cuarto anuncio consta
en el Acta No. 09 de la sesión del 21 de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 992 del mismo año; el Acta No. 10, corresponde a la
sesión especial del 22 de septiembre de 2010, convocada, exclusivamente, para
que el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares respondieran a un cuestionario en relación con
el desarrollo de la política de seguridad democrática en el territorio
nacional; el quinto anuncio consta en el Acta
No. 11 de la sesión del 28 de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 170 de 2011; el sexto anuncio consta en el Acta
No. 12 de la sesión del 29 de septiembre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 170 de 2011; el Acta No. 13, corresponde a la sesión
informal del 30 de septiembre de 2010, con citación de varios ministros del
despacho para analizar la política integración y desarrollo fronterizo; el
séptimo anuncio consta en el Acta No.14 de la sesión del 13 de octubre de
2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 171 de 2011; el octavo anuncio
consta en Acta No 15 de la sesión del 19 de octubre de 2010, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 171 de 2011, siendo votado el proyecto en la siguiente
sesión del 26 de octubre de 2010. De este modo, no se rompió la cadena de
anuncios pues las sesiones del 14, 22 y 30 de septiembre, fueron citadas para
atender asuntos específicos y no para debatir proyectos de ley. De igual
manera, el día 6 de octubre no hubo sesión, tal como se aprecia en las
secuencias de las actas 13 y 14, y, por tanto, la siguiente sesión correspondió
a la sesión del 13 de octubre de 2010. De igual manera, en relación con el
Proyecto de Ley No. 60 de 2010-Senado, hoy Ley 1462 de 2011, el Secretario
General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, le certificó a la Corte que: “tal como consta en el Acta No. 12
del 29 de septiembre de 2010, fue anunciada la discusión y votación del
referido proyecto para ser discutido en sesión del miércoles 06 de octubre de
2010, sesión que no se llevó a cabo en dicha fecha”.
[4]
Folio 1, Cuaderno de pruebas No. 3.
[5]
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[6]
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[7] Folios
64 y 65 del cuaderno de pruebas No. 1.
[8]
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
[9]
Auto 119 de 2007.
[10] Cfr., entre otras, las Sentencias C-644 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006  y
C-801 de 2009.
[11]
Cfr. las sentencias C-473 de 2005, C-241 de 2006, C-322 de 2006 y C-801 de
2009. También se puede consultar el Auto 311 de 2006.
[12]
Cfr. las Sentencias
C-780 de 2004, C-649 de 2006 y C-801 de 2009. En el mismo sentido
se puede consultar también el Auto 311 de 2006.
[13]
Cfr. Auto 089 de 2005.
[14]
Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 y C-473 de 2005.
[15]Sentencia
C-309 de 2007.
[16] Sentencia
C-379 de 1996.
[17]
Sentencia C-309 de 2007.
[18] En
la sentencia C-309 de 2007, a título de inversiones se incluyeron “activos,
derechos, créditos, contratos” de diversa índole y se encontró que tales
conceptos eran ajustados a la Carta.
[19] Sentencia
C-294 de 2002.
[20] Sentencia
C-294 de 2002.
[21]
Sentencia C-008 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[22] concretamente,
los celebrados con la Gran Bretaña, Cuba, España y Perú, correspondientes a las
Sentencias C-358 de 1996, C-379 de 1996, C-008 de 1997 y C-494 de 1998.
[23]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-158 de 2002.
[24] Cfr. Sentencia C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de2010.
[25] Ricardo
García Macho, “Contenido y límites del principio de la confianza legítima”, en
Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Edit. Civitas,
1989, p. 461.
[26]
Sentencia C-309 de 2007, reiterada en las Sentencias C-150 de 2009 y C-377 de
2010.
[27] Sentencia C-358 de 1996
[28]
Sentencia C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[29] Sentencia
C-379 de 1996.
[30]
Sentencia C-358 de 1996, reiterada en las Sentencias C-309 de 2007, C-150 de
2009 y C-377 de 2010.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem.
[34]
Sentencia C-51 de 2001
[35] Sentencia
C-442/96. MP Eduardo Cifuentes Muñoz
[36] Sentencia C-294
de 2002
[37]
Sent. C-358 de 1996, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-309 de 2007,
C-150 de 2009 y C-377 de 2010.
[38] Sobre
el particular se pueden consultar las Sentencias C-309 de 2007 y C-377 de 2010.
[39]
Sentencia C-377 de 2010.
[40]
Sentencia C-031 de 2009.
[41]
Sobre este tipo de medidas, puede verse el caso Occidental Exploration and
Production Company vs. República del Ecuador (London Court of Internacional
Arbitration; Administered Case No 3467). En ese caso, la empresa  Occidental
suscribió un contrato con Petroecuador y desde 1999 había solicitado la
devolución del IVA pagado en compra e importación de bienes y servicios
utilizados en actividades de exploración y explotación relacionadas con las inversiones
del contrato, devolución que venía siendo aceptada por la autoridad tributaria
de ese país. No obstante en el 2001 la autoridad Tributaria se negó a efectuar
dicha devolución invocando la no aplicación para esta empresa del artículo 69
del Estatuto Tributario. En el agotamiento de la vía gubernativa se revocaron
incluso las resoluciones internas que había autorizado desde 1999 la devolución
del IVA en este tipo de actividades y se le ordenó a la empresa la devolución
de los dineros alegando error. La empresa acudió entonces a la
Corte Internacional de Arbitraje de Londres. En esa oportunidad, si bien el
tribunal internacional desestimó el argumento de expropiación, sí consideró que
Ecuador le había dado un trato menos favorable a esta compañía y ordenó la
retención de las sumas ya devueltas, en favor de la compañía y el derecho a la
devolución del IVA correspondiente, objeto de disputa.