T-349-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-349/15
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración
La
carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración
o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía
evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el
resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.
FINALIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Preventiva mas no indemnizatoria
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de
fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras
violaciones
ESTIMULO A LAS GLORIAS DEL DEPORTE NACIONAL-Requisitos
JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Honorarios corresponde reconocerlos a la entidad de
previsión a que esté afiliado el solicitante/JUNTA DE CALIFICACION DE
INVALIDEZ-Emisión dictámenes de pérdida de capacidad laboral para el pago
de incapacidades, pensión de invalidez, sustitución pensional o pensión de sobrevivientes
Son las Juntas de Calificación de invalidez las
encargadas de emitir los dictámenes de la pérdida de capacidad laboral, cuando
las personas requieran obtener el reconocimiento y pago de cualquier prestación
social tendiente a salvaguardar su mínimo vital y vida digna. Los honorarios de
las juntas deben ser cancelados por la entidad de previsión o seguridad social
o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante, ya que al
ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede
estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el
principio solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad
social.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Accionante canceló, sin tener la obligación de
hacerlo, los honorarios a la Junta de Calificación para obtener dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, y así acceder al estímulo de invalidez como gloria
del deporte nacional
Referencia: expediente T-3.800.138
Acción de tutela instaurada por José Miguel Sanjuanelo
Guette contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., nueve
(9) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada (e) Myriam Ávila
Roldán, el Magistrado Alberto Rojas Ríos quien la preside y el Conjuez Carlos
Mauricio Uribe Blanco, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en única instancia por
el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá D.C., en el trámite de la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El ciudadano José Miguel Sanjuanelo Guette interpuso acción de tutela
en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital con la negativa de la entidad
accionada de realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y
determinar el porcentaje invalidez sin costo alguno. Solicita, en consecuencia
se practique la valoración con el fin de obtener el certificado de invalidez.
De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, el accionante sustenta su pretensión en los siguientes:
Hechos:
1.-
El señor Sanjuanelo Guette obtuvo
el título de campeón mundial de boxeo en las categorías Mini Mosca y Gallo, en los
períodos comprendidos entre los años 1998 y 2001, tiempo durante el cual
acumuló 23 triunfos.
2.
- Manifiesta que con ocasión a los múltiples golpes recibidos en la cabeza, en
la actualidad padece de una serie de desórdenes a nivel cerebral que le impiden
trabajar y valerse por sí mismo[1].
3.-
Con fundamento en la Ley 181 de 1995, que beneficia a las personas que han sido
gloria y figura en la historia del deporte colombiano, en condiciones de
debilidad manifiesta por circunstancias económicas o físicas, solicitó al Instituto
Colombiano del Deporte – COLDEPORTES- pensión de invalidez, por considerar que
tiene derecho a dicha mesada pensional por haber sido campeón de boxeo.
4.- Indica que la entidad accionada rechazó su requerimiento por cuanto
la documentación presentada no reunía los requisitos establecidos en la
referida ley, uno de los cuales consistía en anexar certificación expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, requisito este imposible de obtener por parte
del accionante, por cuanto carece de recursos económicos para pagar un salario
mínimo mensual, que es el valor de la práctica del examen.
5.-
Por lo anterior, el actor
mediante derecho de petición solicitó el amparo de pobreza[2] ante dicha
entidad, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 160 del Código de
Procedimiento Civil, los artículos 11, 13, 46, 47 y 48 de la Constitución Política y artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, tal
solicitud fue negada mediante oficio No. 25335 – 12
del 15 de junio de 2012, al considerar que el amparo de pobreza debe ser
tramitado ante un Juez Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
6.- Finalmente alega que, sus condiciones de vida son
precarias y por su estado de invalidez no puede valerse por sí mismo, ni mucho
menos realizar trabajo alguno
Solicitud de tutela.
7.- Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, el demandante
requirió el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital y solicitó se ordene a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, se sirva practicar la valoración
física y mental del grado de incapacidad, con el fin de cumplir los requisitos
legales exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
Respuesta
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico.
8-
La entidad accionada, por
intermedio de su representante legal, se pronunció respecto de los hechos de la
tutela y solicitó negar el amparo
invocado.
9.- Señala que el funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez está regido por el Decreto 2463 del 2001 y por su respectivo Manual,
en los cuales se establece que para ser valorado por la Junta Regional se debe cancelar un salario mínimo legal vigente.
10.- Finalmente, expone que, en lo relacionado con la solicitud de
calificación bajo el amparo de pobreza, se le informó que esta figura jurídica
debe ser tramitada ante un Juez Civil de conformidad con el artículo 160 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Decisión judicial objeto de revisión.
Sentencia de única instancia.
11.-
Mediante sentencia de nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012), el Juzgado Trece
Civil Municipal de Barranquilla, decidió no tutelar los derechos fundamentales
invocados por el peticionario. En consideraciones del a-quo, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico actuó conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el inciso 3° del artículo 50 del Decreto 2463 de 2001. Por ende, no se
puede afirmar que la entidad accionada haya actuado de forma contraria a
derecho y, mucho menos, vulnerado los derechos del actor, pues no lo exoneró
del pago del examen de invalidez porque no tiene competencia para ello.
12.-
Así mismo, argumentó que las normas jurídicas que regulan la materia establecen
que los honorarios de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez
están a cargo de las entidades de previsión social. Por lo anterior, al estar
el señor Sanjuanelo Guette vinculado al SISBEN es beneficiario del servicio de
salud subsidiado, afiliado a los servicios de seguridad social a COOSALUD
EPS-S, en consecuencia es la EPS del régimen subsidiado la que tiene el deber
de remitirlo a la Junta Regional de Calificación de invalidez para lo
pertinente y, de esta forma, continuar con su proceso de reconocimiento de la
mesada pensional a que haya lugar.
Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional dentro del trámite de revisión.
13.-
Para mejor proveer, el
Magistrado Ponente, mediante auto del ocho (8) de
mayo de dos mil trece (2013), ordenó la práctica
de las siguientes pruebas que aportaran mayores elementos de juicio para
adoptar una decisión:
14.-
Se ordenó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, informar
si en la actualidad se está
adelantando proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral al señor
José Miguel Sanjuanelo Guette, identificado con cédula de ciudadanía número
8.539.365. De ser afirmativa la respuesta, en qué etapa se encuentra el proceso
y qué trámite falta para culminarlo. Igualmente se requirió que, en caso de que
se haya surtido el proceso de calificación de invalidez, informara a este
Despacho cuál fue su resultado.
15.- Por medio de oficio OPTB-264/2013 del veintidós (22) de mayo de dos
mil trece (2013), el Secretario Técnico y Representante Legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico informó a este Despacho que mediante
dictamen No. 14309[3],
de fecha diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), se pronunció sobre el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del señor José Miguel Sanjuanelo
Guette, el cual arrojó una pérdida de capacidad laboral de 50,75 %, de origen
común y con fecha de estructuración el veintiséis (26) de junio de dos mil once
(2011).
16.- Adicionalmente, indicó que el mencionado dictamen fue notificado
personalmente al accionante, en audiencia de fecha diez (10) de mayo de dos mil
trece (2013). Posteriormente, mediante oficio No. 0863-13 del quince (15) de mayo de dos mil trece (2013) fue
enviada una copia de la calificación de pérdida de capacidad laboral al representante
legal de COLDEPORTES con el objetivo de que la referida entidad continuara con
los tramites tendientes al reconocimiento del estímulo económico al
peticionario y, simultáneamente a esto, fue fijado en cartelera, de conformidad
con lo establecido por el artículo 32 del Decreto 2463 de 2001, hasta el día
veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
bajo revisión y planteamiento del problema jurídico.
2.
La acción de tutela que originó a
este proceso fue instaurada por el ciudadano José Miguel Sanjuanelo Guette, con
el fin de que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico evaluara
científica y técnicamente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que
padece. Lo anterior, con el fin de continuar con el trámite que inició ante el Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES para el
reconocimiento de un estímulo de
invalidez con fundamento en los artículos 36 y 45 de la Ley 181 de 1995, creada como beneficio para las personas que han sido gloria y figura en la
historia del deporte colombiano en condiciones de debilidad manifiesta por
circunstancias económicas o físicas.
3. En este orden de ideas, corresponde a la Sala de Revisión determinar si la negativa de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico de practicar el dictamen de calificación de invalidez hasta tanto
sus honorarios hubieran sido cancelados, se vulneró los derechos fundamentales
a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital del actor.
Para
resolver el problema jurídico planteado, el análisis de la Sala se centrará en los siguientes aspectos: (i) trámite que debe realizar un deportista que
desee acceder al estímulo de invalidez de que trata el artículo 45 de la Ley 181 de 1995 y (ii) pago de los honorarios de los
miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez; lo cual le permitirá determinar si se configuró la
vulneración de los derechos invocados.
Análisis previo: Carencia actual de objeto.
Reiteración de jurisprudencia.
3. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene
como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería
en el vacío[4].
Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho
superado o el daño consumado.
La carencia actual de objeto por hecho
superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la
cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin
justa causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se
torna innecesaria[5].
En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna[6].
En estos casos, se debe demostrar que en
realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción
de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado[7], lo que
autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual
de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se
dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y
a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la
misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
4. La carencia actual de objeto por daño consumado
se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo
tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el
peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la
vulneración del derecho fundamental[8].
Recuérdese que la acción de tutela tiene un carácter
eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por regla general[9]. En otras
palabras, su fin es que el juez de tutela, previa verificación de la existencia
de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que
el peligro no se concrete o la violación concluya; sólo excepcionalmente se
permite ordenar algún tipo de indemnización[10].
En este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier
orden judicial resultaría inocua[11]
o, lo que es lo mismo, caería en el vacío[12]
pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la
amenaza. La única opción posible es entonces la indemnización del perjuicio
producido por causa de la violación del derecho fundamental, la cual, en
principio, no es posible obtener mediante la mencionada vía procesal.
Esta figura de la carencia actual de objeto por daño
consumado, se puede configurar ante la ocurrencia de dos supuestos: el primero
de ellos se presenta cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, caso en el cual ésta es improcedente pues,
como se indicó, tal vía procesal tiene un carácter eminentemente preventivo mas
no indemnizatorio. A ello se
refiere el artículo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991 cuando indica que “la
acción de tutela no procederá... cuando sea evidente que la violación del
derecho originó un daño consumado (...)”. Esto
quiere decir que el juez de
tutela deberá hacer, en la parte motiva de su sentencia, un análisis serio en
el que demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual
podrá, en la parte resolutiva, declarar la improcedencia de la acción, sin
hacer un análisis de fondo[13].
Adicionalmente, si lo considera pertinente,
procederá a compulsar copias del expediente a las autoridades que considere
obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión
causó el daño e informar al actor o a sus familiares sobre las acciones
jurídicas de toda índole a las que puede acudir para el resarcimiento del daño.
5. El segundo supuesto tiene lugar cuando el daño se
consuma en el transcurso del trámite de la acción de tutela: en primera
instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional.
En esta hipótesis, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se
solicitaba en la acción de tutela, es perentorio que, tanto el juez de
instancia como la Corte Constitucional en sede de revisión[14]:
(i)
Se pronuncien de fondo en la parte
motiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado y sobre si existió
o no la vulneración de los derechos invocados en la demanda, lo cual incluye,
en el caso del juez de segunda instancia y de la Corte Constitucional, la
revisión de los fallos precedentes para señalar si el amparo ha debido ser
concedido o negado[15].
(ii)
Hagan una advertencia “a la
autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela (…)”, al tenor del
artículo 24 del decreto 2591 de 1991[16].
(iii)
Informen al actor o a sus
familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir
para la reparación del daño[17].
(iv)
De ser el caso, compulsen copias
del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la
conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño[18].
6. Ahora bien, advierte la Sala que es posible que
la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado
o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío. A manera
de ejemplo, ello sucedería en el caso en que, por una modificación en los
hechos que originaron la acción de tutela, el tutelante perdiera el interés en
la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a
cabo.[19]
En estos caos, no obstante la carencia actual de
objeto, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha concluido que es
necesario que la Corte (i) se pronuncie de fondo en la parte motiva de la
sentencia sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda y sobre
los fallos de instancia para señalar que el amparo debía haber sido concedido y
(ii) advertir a la demandada que no vuelva incurrir en las conductas violadoras
de derechos fundamentales. Así mimo, también es procedente (iii) compulsar
copias del expediente a las autoridades que se considere obligadas a investigar
la conducta de los demandados que vulneren derechos fundamentales.
7. Visto lo anterior, es claro para la Sala que la
carencia actual de objeto -por hecho superado, daño consumado u otra razón que
haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela- no impide un
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos
fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de instancia,
salvo la hipótesis del daño consumado con anterioridad a la presentación de la
acción de amparo ya que allí ésta es improcedente en virtud del artículo 6,
numeral 14, del Decreto 2591 de 1991. Menos aun cuando nos encontramos en sede
de revisión, espacio en el cual la Corte Constitucional cumple la función de
fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema de
la jurisdicción constitucional.
Además, como se dejó entrever, un pronunciamiento
judicial en este tipo de casos, a pesar de la ausencia de una orden dirigida a
conceder la solicitud de amparo, tiene importantes efectos en materia
prevención de futuras violaciones de derechos fundamentales por parte de los
jueces de instancia y de las entidades públicas o privadas, e incluso, puede
llegar a ser un primer paso para proceder a la reparación de perjuicios y a la
determinación de responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias.
Estímulo
de invalidez. Artículo 45 de la Ley 181 de 1995.
8.
El artículo 45 de la Ley 181 de 1995[20]
reglamenta el Programa Glorias del Deporte; de acuerdo con el parágrafo del
referido artículo, glorias del deporte nacional serán quienes hayan sido
medallistas en campeonatos mundiales
oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallista de Juegos
Olímpicos[21].
Este programa busca garantizar a los deportistas que no cuenten con recursos, o
cuyos ingresos sean inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales[22],
un estímulo económico que permita su subsistencia y la de su familia en
condiciones dignas. Estableciendo los siguientes requisitos para su asignación:
i) Haber sido (i) campeón mundial de un evento
reconocido oficialmente, (ii) medallista de campeonato mundial oficial en la máxima
categoría de rendimiento, (lo cual deberá ser acreditado por la Federación Deportiva Nacional del respectivo deporte) o (iii) haber sido medallista de Juegos
Olímpicos lo cual deberá ser acreditado por el Comité Olímpico Internacional.
ii) Haber cumplido cincuenta (50) años de edad.
iii) Si el solicitante no alcanzara la edad requerida
en el numeral anterior, podrá elevar su petición en cualquier edad, siempre y
cuando se encuentre en condiciones físicas excepcionales que generen el 50% de
pérdida de su capacidad laboral, la cual se deberá acreditar mediante
certificación expedida por la Junta de Calificación de Invalidez de acuerdo al
procedimiento establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. (Resaltado fuera del
texto original).
iv) No tener ingresos superiores a cuatro (4) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, requisito que se acreditará con la
constancia expedida por el empleador, en el caso de que el deportista tenga vínculo
laboral, o mediante formato anexo, si el deportista es trabajador
independiente.
v) Cuando el posible beneficiario sea pensionado, la
acreditación se hará mediante certificación expedida por la entidad que tenga a
cargo el pago de dicha pensión.
Tendiendo en cuenta lo anterior, la persona interesada debe enviar la
solicitud con los soportes de ingreso al Programa Glorias del Deporte con el
fin de iniciar el proceso de estudio. En todo caso, la cuantía de estos
estímulos será definida y reglamentada por la Junta Directiva del Instituto Colombiano del Deporte y su reconocimiento o pago se hará con
cargo al presupuesto del referido Instituto.
9. El Decreto No. 1083 del 15 de abril de 1997 establece las reglas y
los procedimientos generales para el reconocimiento del estímulo económico, de
trata el artículo 45 de la Ley 181 de 1995 para las glorias del deporte
nacional.
El referido decreto reglamentario, establece en su artículo 2 las
condiciones o requisitos necesarios para obtener el reconocimiento del estímulo
económico referido
(i) Haber sido campeón mundial de un evento reconocido oficialmente, o
Medallista de campeonato mundial oficial en la máxima categoría de rendimiento,
lo cual deberá ser acreditado por la Federación Deportiva Nacional del
respectivo deporte y por el Comité Olímpico Colombiano, o haber sido medallista
de Juegos Olímpicos lo cual deberá ser acreditado por el Comité Olímpico
Internacional.
(ii) Haber cumplido cincuenta (50) años de edad.
(iii) En cualquier edad, en caso de condiciones físicas excepcionales
que le generen el 50% de pérdida de su capacidad laboral, acreditada mediante
certificación expedida por la Junta de calificación de invalidez, de acuerdo al
procedimiento 1 establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas reglamentarias y concordantes. (Resaltado fuera del texto
original).
(iv) No tener ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales
vigentes, requisito que se acreditará con la constancia expedida por el
empleador, en el caso de que el deportista tenga vínculo laboral o mediante
declaración extra juicio, si el deportista es trabajador independiente.
(v) Cuando el deportista sea pensionado, la acreditación se hará
mediante certificación expedida por la entidad.
10. De lo anterior se concluye que, tanto la Ley 181 de 1995 y el
Decreto 1083 de 1997, establecen que en los casos en sea necesario calificar
las condiciones físicas del deportista que pretenda ingresar al programa
“Glorias del deporte”, cuando considere que éstas generan un 50% o más de su
pérdida de su capacidad laboral, la misma se deberá acreditar mediante
certificación expedida por la Junta de calificación de invalidez, de acuerdo al
procedimiento establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas reglamentarias y concordantes.
Honorarios
de los miembros de las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez.
11. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993 dispone que los honorarios de los miembros de las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez serán pagados por la entidad de previsión o seguridad
social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante y no
deben ser sufragados por el usuario del sistema de seguridad social:
“ARTÍCULO 42. JUNTAS REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ. En las capitales de departamento y en aquellas ciudades en las
cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se conformará una comisión
interdisciplinaria que calificará en primera instancia la invalidez y determinará
su origen.
Las comisiones estarán compuestas por un número impar
de expertos, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
quienes actuarán de conformidad con la reglamentación que para tal efecto
expida el Gobierno Nacional.
Los honorarios de los miembros de la comisión serán
pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad
administradora a la que esté afiliado el solicitante.” (Subrayado
fuera del texto)
Así mismo, el artículo
43 de la Ley 100 de 1993 prescribe el funcionamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y establece que los honorarios de los miembros de
la Junta serán pagados, en todo caso, por la entidad de previsión o seguridad
social correspondiente.
12. La Corte Constitucional ha proferido diferentes
providencias que se relacionan directamente con el asunto objeto de estudio. En
la sentencia C-164 de 2000, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 43[23] del Decreto 1295 de
1994, “Por el cual se
determina la organización y administración del sistema general de riesgos
profesionales”[24].
En esa ocasión, la Sala Plena de esta Corporación consideró que, según lo
preceptuado en el artículo 13 de la Constitución, el Estado debe proteger a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionar los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan. Por lo tanto, el Estado no debe reservar un trato
preferente a quienes cuenten con las posibilidades económicas para obtener que
su situación física o mental, sea evaluada.
En la referida oportunidad esta Corporación declaró
inexequible el anterior precepto, al argumentar que:
“La seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, según los términos del artículo 48 de
la Constitución, razón por la cual no entiende la Corte cómo, mediante la norma
examinada, pretende condicionarse la prestación de un servicio esencial en
materia de seguridad social -la evaluación de una incapacidad laboral- al pago,
poco o mucho, que haga el trabajador accidentado o enfermo -por causas de
trabajo- para sufragar los costos de un organismo creado por el legislador para
el efecto. Ese criterio legal elude la obligatoriedad y la responsabilidad del
servicio público en cuestión, y promueve la ineficiencia y la falta de
solidaridad de las entidades de seguridad social, a la vez que convierte en
ilusorio el principio de la universalidad”.
13. En la sentencia C-1002 de 2004, la Corte declaró
exequibles los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, aduciendo frente al
segundo cargo de la demanda, que el legislador violó el principio de igualdad y
amplió el ámbito de actuación de las juntas de calificación de invalidez,
afirmando que los certificados que éstas emiten sirven para reconocer una
prestación social. En palabras de esta Corporación:
“Dado
que el legislador no circunscribió expresamente el ámbito de funcionamiento de
las juntas de calificación de invalidez a la calificación de la incapacidad con
fines de reconocimiento de pensión de invalidez, es posible inferir que también
dicha certificación sirve como elemento de juicio para conceder la pensión de
sobreviviente, pues para ésta también se requiere la calificación del grado de
invalidez del aspirante. De las normas transcritas se deduce que la función de
calificación de las condiciones de invalidez que realizan las juntas a que se
refiere el Decreto 2463/01 no se agota, como lo sugiere el demandante, con la
determinación de las que dan lugar a la concesión de la pensión de invalidez,
sino que operan en cualquier caso en que el establecimiento del grado de
invalidez sea requisito necesario para otorgar el reconocimiento de una
prestación social. (Subrayado fuera del texto).
(…)
Las juntas de
calificación de invalidez, tanto las regionales como la junta nacional, son
organismos de creación legal, integrados por expertos en diferentes
disciplinas, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –hoy,
Ministerio de la Protección Social- para calificar la invalidez en aquellos
eventos en que la misma sea necesaria para el reconocimiento de una prestación.
De conformidad con los artículos acusados, los miembros de las juntas de
calificación de invalidez no son servidores públicos y reciben los honorarios
por sus servicios de las entidades de previsión o seguridad social ante quienes
actúan, o por la administradora a la que esté afiliado quien solicite sus
servicios. Del contenido de la normativa legal se tiene que el fin de las
juntas de calificación de invalidez es la evaluación técnica científica del
grado de pérdida de la capacidad laboral de los individuos que se sirven del
sistema general de seguridad social. El dictamen de las juntas de calificación
es la pieza necesaria para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento o denegación de la pensión, propiamente dicho”.
14. Se puede concluir que son las Juntas de
Calificación de invalidez las encargadas de emitir los dictámenes de la pérdida
de capacidad laboral, cuando las personas requieran obtener el reconocimiento y
pago de cualquier prestación social tendiente a salvaguardar su mínimo vital y
vida digna. Los honorarios de las juntas deben ser cancelados por la entidad de
previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté
afiliado el solicitante, ya que al ser un servicio esencial en materia de
seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el
interesado, pues este criterio elude el principio solidaridad al cual están
obligadas las entidades de seguridad social.
Análisis del caso concreto.
15. En relación con la acción de tutela
interpuesta por el ciudadano José
Miguel Sanjuanelo Guette encuentra
esta Sala de Revisión que, inicialmente, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Atlántico se negó a practicar el dictamen de pérdida
de capacidad laboral hasta tanto sus honorarios hubieran sido cancelados, en
razón de que, en su concepto, considera
que no tiene la obligación de sufragar los costos de la valoración médica
solicitada por el peticionario. Igualmente, argumentó que, de conformidad con
el artículo 43 de la Ley 100 de 1993, es a la entidad de previsión o seguridad
social o la sociedad administradora o la compañía de seguro a la que se encuentre
vinculado el afiliado, a quien le corresponde pagar dicha obligación dentro de
los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud, so pena de suspender el mencionado trámite.
Por lo anterior, el actor impetró el
amparo constitucional a su derecho a la seguridad social, por cuanto de esa
manera se suspendió abruptamente el trámite de la prestación que reclama ante
el Instituto Colombiano de Deportes COLDEPORTES. Sin embargo, durante el
trámite de revisión de la acción impetrada, la situación varió, por cuanto el
propio actor canceló el valor de un salario mínimo legal por concepto de
honorarios para la calificación de su invalidez y, en tal virtud, el procedimiento
para el efecto continuó su curso. Es decir que, por fuerza de estas
circunstancias el hecho generador de esta acción de tutela ha desaparecido.
De lo anterior se puede concluir, que el
accionante ha sido calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, información que fue verificada por
este Despacho mediante copia del dictamen médico No. 14309 de 2013 aportado por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico durante el trámite
de revisión.
Vulneración de los derechos fundamentales y superación
del hecho generador de la acción de tutela durante el trámite de revisión.
16. En el presente caso la negativa de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico para expedir el dictamen de pérdida
de capacidad laboral solicitado por el actor, puede considerarse legítima a la luz del ordenamiento jurídico,
toda vez que, actuó conforme lo establece la Ley 100 de 1993 y el inciso 3° del
artículo 50 del Decreto 2463 de 2001[25].
Actuación que encuentra sustento jurisprudencial en la sentencia T-236A de
2012, en la cual esta Corporación indicó que “En efecto, la Junta de
Calificación de Invalidez no está obligada a prestar sus servicios si no se
efectúa el pago de los respectivos honorarios por parte de la “entidad de
previsión o seguridad social o la sociedad administradora o la compañía de
seguros, a la que se encuentre vinculado el afiliado, el pensionado por
invalidez, o el beneficiario invalido”[26]
17. Aunado a lo anterior, el Decreto No. 1083 de 1997, en el numeral 2
de su artículo 2 establece como requisito para otorgar el estímulo económico de
que trata el citado decreto, en los casos en que el deportista quien solicita
su reconocimiento padezca condiciones físicas excepcionales que le generen el
50% de pérdida de su capacidad laboral, ésta se debe acreditar mediante
certificación expedida por la Junta de calificación de invalidez, de acuerdo al
procedimiento 1 establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas reglamentarias y concordantes.
18. En efecto, el artículo 42 de la Ley 100 de 1993 determina que los honorarios de los miembros de la Junta de Calificación deben ser pagados por
la entidad de previsión o seguridad social o por la sociedad administradora a
la que esté afiliado el solicitante. Por lo tanto, si no se efectúa la
respectiva consignación, la Junta no está en la obligación de prestar sus
servicios.
Por lo anterior, la actitud de la entidad demandada, al no dar trámite
a lo solicitado por el accionante hasta tanto no se realizara la respectiva
consignación de que trata el inciso 3° del artículo 50 del Decreto 2463 de
2001, se ajusta a la normatividad que rige la forma y las condiciones en que
aquella debe cumplir sus funciones de evaluación.
19. Sin embargo, esta Sala de Revisión encontró que, de acuerdo con los
documentos e información que reposan en el expediente, existió una amenaza
grave e inminente a los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad
social, a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad del señor José Miguel
Sanjuanelo Guette, al negársele la posibilidad de obtener la calificación de su
pérdida de capacidad laboral por el no pago de los honorarios de los miembros
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, circunstancia
que consolidó un daño al actor, en el entendido en que aun sin contar con los
recursos económicos que le permitieran una vida en condiciones dignas y sin
tener la obligación de hacerlo, asumió el costo del referido dictamen con la
ayuda de familiares y amigos, lo cual le generó un menoscabo en su patrimonio,
al procurar la real y efectiva materialización de su derecho fundamental a la
seguridad social, mediante el reconocimiento y pago del estímulo económico de
que trata el artículo 45 de la Ley 181 de 1995.
20. La anterior afirmación, encuentra sustento en la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual se ha indicado la
necesidad de reconocer una posición jurídica especial a quienes son víctimas de
diferenciación negativa en razón a sus condiciones socioeconómicas. En otros
términos, en desarrollo jurisprudencial se ha establecido la necesidad de crear
una protección especial para aquellas personas que, en razón de su condición
económica o de salud y sin que medie justificación legítima en el contexto de
un Estado constitucional, son sujetos de distinciones que generan efectos
negativos en sus derechos, al no contar con los recursos económicos necesarios
para acceder a determinados servicios, pero necesarios para consolidar una
situación que les permita vivir dignamente.
Esta Corporación ha entendido que estos casos son eventos de
discriminación y quienes los padecen deben ser objeto de una protección que
tenga en cuenta su condición de sujetos que ameritan especial consideración por
parte del ordenamiento.
21. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-322 de 2011
concluyó que trasladar la carga inicial de los gastos de la Junta al aspirante
a beneficiario, aunque éste tenga derecho a su reembolso siempre que se certifique
su condición de invalidez, vulnera sus fundamentales consagrados en los
artículos 13, 47 y 48 de la Constitución Política. A saber:
(i) Se vulnera el artículo 13 Superior, por cuanto al
extender la carga de cancelar los honorarios de la Junta de Calificación de
Invalidez al aspirante a beneficiario para que se le evalúe su grado de
capacidad laboral, desconoce la protección especial que debe ofrecer el Estado
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
(ii) Se quebranta el artículo 47 de la Constitución el
cual prescribe que el Estado debe adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, toda vez que constituyen sujetos de especial protección
constitucional. En este
sentido, la Corte ha hecho una amplia interpretación sobre la expresión “acciones
afirmativas o de diferenciación positiva”[27],
la cual corresponde a la designación de medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, con el fin de eliminar o reducir las igualdades
de tipo social, cultural o económico que los afectan.
(iii) Se infringe el artículo 48 de la Constitución
que expresa que la seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio y es un derecho irrenunciable que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. Lo
anterior, por cuanto se condiciona la prestación del derecho a la seguridad
social, como lo es la evaluación del grado de incapacidad laboral al pago que
realice el aspirante para cancelar los honorarios de un organismo que ha sido
creado por la ley.
En estos caso se mengua la obligatoriedad y la responsabilidad del
servicio público, como también se aprecia la falta de solidaridad de las
entidades de seguridad social propias de un Estado Social de Derecho respecto
de la actividad aseguradora, que reviste interés público, principalmente,
cuando se le niega el acceso al beneficiario a conocer su estado de salud y su
consiguiente derecho a ser evaluado y diagnosticado.
22. La Corte encuentra que, según se deduce de las pruebas aportadas al
expediente, quien debía asumir el costo relativo a los honorarios de quienes
integran la Junta Regional de Calificación de Invalidez es COOSALUD EPS-S,
entidad a la cual se encontraba afiliado[28]
el actor al momento de solicitar la calificación. Sin embargo, para esta Sala
es importante aclarar que no existe prueba dentro del expediente donde conste
que el actor haya elevado solicitud ante la EPS-S con el fin de que por intermedio de ésta se iniciara proceso de calificación de invalidez, por lo cual se
puede concluir que tampoco se configuró omisión por parte de la entidad
promotora de salud que constituya una clara vulneración a sus derechos
fundamentales.
23. En el caso objeto de revisión, es claro afirmar que el hecho
motivador de la presente acción de tutela ha desaparecido, por cuanto, se encuentra probado que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico profirió dictamen No. 14309 de
fecha diez (10) de mayo de dos mil trece (2013), en el cual calificó al
peticionario con una pérdida de capacidad laboral de 50,75 %, de origen común y
con fecha de estructuración el veintiséis (26) de junio de dos mil once (2011).
Lo anterior, como consecuencia del pago que efectuó el actor a la entidad
accionada, lo que generó un daño y detrimento a su precario patrimonio.
Asimismo, manifiesta la parte demandada que mediante oficio No. 0863-13
del quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), se remitió copia del referido
dictamen al representante legal del Instituto Colombiano del Deporte –
COLDEPORTES, con el fin de continuar con el trámite de la solicitud de
reconocimiento y pago del estímulo económico, según lo reglamentado en la Ley 181 de 1995[29] y el Decreto
1083 de 1997.
24.
Encuentra la Sala Octava de Revisión necesario resaltar que si bien es cierto
que la decisión proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla de
no conceder la protección solicitada, en principio, se encuentra ajustada al
ordenamiento jurídico, no pueden las autoridades judiciales obviar la especial
protección constitucional que tienen las personas que se encuentran en
debilidad manifiesta por circunstancias económicas o de salud al ser uno de los
imperativos del Estado Social de Derecho Colombiano. En casos como el presente,
se debe recurrir a las distintas
normas constitucionales de protección establecidas por el constituyente a
partir del año 1991, entre las cuales podemos contar como principales los
artículos 1, 13, 48 y 49, sin negar la existencia de otros preceptos que
complementen los instrumentos que con dicho objetivo se han creado con el fin
de brindar una mayor protección a los grupos marginados por características o
circunstancias especiales.
25. En desarrollo del
artículo 47 superior, el Estado está en la obligación de adelantar políticas de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, con el fin de prestar atención especializada. Sin que
para ello se exija, con sustento en una norma constitucional, una capacidad
económica mínima a quienes se encuentran en tales circunstancias, ni que paguen
para tener derecho a la evaluación requerida.
De los anteriores enunciados normativos se colige que los honorarios de
los miembros de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez serán pagados, en todo caso, por la entidad de
previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté
afiliado el solicitante. Por lo tanto, según la Ley 100 de 1993, no resulta conducente obligar a los ciudadanos a sufragar dichos costos o suspender el trámite
del dictamen por dicho concepto. Máxime, si se tiene en cuenta que de la lectura integral de la Constitución se
desprende que el servicio a la seguridad social debe ser prestado inmediatamente,
por lo que surge la necesidad de evaluación sin que medie condición alguna.
26. La Sala Octava de
Revisión reitera que, en el presente caso existió una amenaza grave e inminente
a los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la vida
digna, al mínimo vital y a la igualdad del señor José Miguel Sanjuanelo Guette,
al negársele la posibilidad de obtener la calificación de su pérdida de capacidad
laboral por el no pago de los honorarios de los miembros de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Atlántico, circunstancia que consolidó un daño
al actor, al asumir el costo del dictamen de pérdida de capacidad laboral con
el objeto de continuar con el trámite de reconocimiento y pago del estímulo
económico de que trata el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, lo cual generó un
menoscabo en su patrimonio. Máxime, si se tiene en cuenta que al momento de
elevar la referida solicitud ante COLDEPORTES, el accionante no contaba con los
recursos económicos que le permitieran una vida en condiciones dignas.
27. Por lo anterior, esta Sala advertirá al señor José Miguel
Sanjuanelo Guette que en caso de que lo considere pertinente, podrá  reclamar el reembolso del dinero pagado por
concepto de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico ante la entidad promotora de salud a la cual se encontraba afiliado
al momento de proferirse el dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 14309
del 10 de mayo de 2013[30],
dentro del trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral que dio como
resultado el referido dictamen, en el cual se calificó al peticionario con una
pérdida de capacidad laboral de 50, 75% de origen común con fecha de
estructuración el 26 de junio de 2011.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 13 Civil Municipal de Barranquilla, el 9 de octubre de 2012; y en su lugar DECLARAR la
carencia actual de objeto en el asunto evaluado, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ADVERTIR al ciudadano José Miguel Sanjuanelo Guette que en caso
de que lo considere pertinente, podrá reclamar el reembolso del dinero pagado
por concepto de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico ante la entidad promotora de salud a la cual se encontraba afiliado
al momento de proferirse el dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 14309
del 10 de mayo de 2013.
Tercero.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (e)
Con aclaración de voto
CARLOS MAURICIO URIBE BLANCO
Conjuez
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA (E) MYRIAM ÁVILA ROLDAN
A LA SENTENCIA
T-349/15
JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Pago de
honorarios corresponde a entidad encargada de reconocer y pagar pensión de
invalidez (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE PENSION DE
INVALIDEZ-Carencia actual de
objeto por daño consumado porque accionante asumió honorarios de junta de
calificación de invalidez (Aclaración de voto)
JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Se debió
ordenar a la entidad accionada el reembolso de dineros sufragados por actor
para pagar los honorarios de la junta (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte me permito aclarar el voto en el asunto de la
referencia.
La Ley 181 de 1995, reformada por la Ley
1389 de 2010, reconoce una pensión vitalicia de cuatro salarios mínimos a las
glorias del deporte nacional que se encuentren en condición de invalidez y
pobreza. En el presente caso, Coldeportes negó la prestación solicitada por el
accionante argumentando que era necesario que anexara una certificación
expedida por la Junta de Calificación de Invalidez que determinara una pérdida
de capacidad laboral igual o superior al 50%. Aunque el actor manifestó que
carecía de medios económicos para costear la experticia, la entidad se negó a
pagar el dictamen.
La sentencia T-349 de 2015 no reprochó la
negativa de Coldeportes y puntualizó que le correspondía a la EPS asumir el
valor del procedimiento. Además, revocó la sentencia de única instancia
denegatoria de tutela y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por
cuanto las circunstancias que motivaron la interposición de la acción
constitucional desaparecieron, pues con ayuda de familiares y amigos el
peticionario pagó los honorarios que la Junta de Calificación de Invalidez le
exigía.
Contrario a lo manifestado por la
mayoría, en mi criterio el responsable de la violación iusfundamental, y del
pago de la experticia, es el Departamento Administrativo del Deporte Coldeportes.
En efecto, la Ley 100 de 1993 establece
una regla según la cual las entidades encargadas de reconocer y pagar una
pensión de invalidez son las obligadas a asumir el costo del dictamen de la
discapacidad. De este modo, como esta entidad es la encargada de resolver sobre
el reconocimiento pensional, debía asumir el valor de la prueba.
En el expediente
está acreditado que el señor José Miguel Sanjuelo Guette es una persona de
escasos recursos económicos, afectada por la denominada "Ola
invernal" y que ha perdido su posibilidad de autosostenimiento en virtud
de la considerable disminución de su capacidad laboral derivada de lesiones
cerebrales que le impiden transportarse por sí mismo y desempeñar cualquier
actividad laboral. Esta situación, en mi opinión, hacía necesario un estudio
del caso con enfoque iusfundamental, y no solo desde la perspectiva
estrictamente legal que acogió la mayoría.
Una mirada en ese
sentido habría llevado a concluir que el requisito que se opone al actor para
el eventual acceso a una pensión de invalidez es desproporcionado, ya que para
una persona en las condiciones anotadas el pago de los honorarios de la Junta
de Calificación (una suma equivalente a un salario mínimo) puede llegar a
representar el ingreso total del núcleo familiar en un mes o suponer la
asunción de préstamos u obligaciones dineradas que pueden afectar su mínimo
vital. Por ello, la carga que exigió Coldeportes resultaba desproporcionada.
Paradójicamente, el estímulo que reclama
el actor está dirigido a personas en condición de discapacidad y sin ingresos o
con ingresos bajos. De ahí que la posición de la sentencia, es problemática,
pues resulta desacertado sostener que el mecanismo de acceso a un instrumento
con las características señaladas está sujeto a requisitos insoportables para
sus potenciales beneficiarios, es decir, personas con diversidad funcional y
bajos recursos.
Bajo tal óptica, si bien acompaño la
declaratoria de carencia actual de objeto por daño consumado, estimo que la
Sala pudo vincular a Coldeportes y ordenarle el reembolso de los dineros que el
actor sufragó para la calificación de su grado de pérdida de capacidad laboral.
Atendiendo a
estas razones aclaro mi voto.
Fecha supra,
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada
[1] Obra dentro del expediente certificación médica firmada por la doctora
Merlys Núñez Barragán, adscrita al Hospital Universitario C.A.R.I.  ESE – SEDE
MENTAL, por medio de la cual certifica que el actor es paciente de esa
institución, que asiste a citas de control por neurología, psiquiatría y
neuropsicología, igualmente certifica impresión diagnóstica: 1) síndrome
demencial, 2) trastornos comportamentales, 3) síndrome disejecutivo en
instauración. (Folio 15 del cuaderno principal. En
adelante, se entiende que los folios a que se haga referencia, forman parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario).
[2] Folio 3.
[3] Folio 11 del cuaderno constitucional.
[4] Sentencia T-533 de 2009.
[5] Ibídem.
[6] En el mismo sentido, las sentencias T-170 de 2009, T-309 de 2006,
T-308 de 2003 y T-972 de 2000, entre muchas otras.
[7] Ibídem.
[8] Sentencia T-083 de 2010.
[9] Al respecto, ver las sentencias T-803 de 2005, T-448 de 2004, T-873 de
2001, T-498 de 2000, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-138 de 1994, T-468 de 1992
y T-456 de 1992, entre otras.
[10] El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 25, regula la excepcional
hipótesis de indemnización por vía de tutela de la siguiente forma : “Cuando
el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea
manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria,
además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda
la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la
indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar
el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La
liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite
incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que
hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la
actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y
solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave
de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere
rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las
costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”. Sobre la
aplicación de esta hipótesis en aquellos casos en que se debió haber ordenado
la interrupción voluntaria del embarazo y por la negativa éste culminó en el
nacimiento del/ de la hijo/a ver la sentencia T-209 de 2008.
[11] Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de
1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[12] Sentencia T-309 de 2006, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998, entre otras.
[13] Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-979 de 2006 (respecto de
la violación del derecho de petición), T-138 de 1994 y T-596 de 1993.
[14] Sentencias T-170 de 2009 y SU-667 de 1998.
[15] Ver sentencias T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498 de
2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
[16] Así se hizo en las sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998,
T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
[17] Ver las sentencias T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
[18] Así se hizo en las sentencias T-808 de 2005, T-662 de 2005,
T-980 de 2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
[19] Sentencia T-585 de 2010.
[20] Este artículo fue modificado por el artículo 5 de la Ley 1389 de 2010: A partir de la vigencia de la presente ley, la expresión “pensión
vitalicia” para las Glorias del Deporte Nacional, consagrada en el artículo 45
de la Ley 181 de 1995 y en el Decreto 1083 de 1997, se sustituye por la
expresión “estímulo”. Tal sustitución se entenderá también realizada en toda la
normatividad deportiva vigente que regule específicamente estas materias.
[21] Parágrafo del artículo 45 de de la Ley 181 de 1995.
[22] Texto declarado exequible mediante sentencia C-221 de 2011.
[23] El objeto de esa acción era declarar la inconstitucionalidad de un
inciso que prescribía que “Los costos que genere el trámite ante las juntas
de calificación de invalidez serán de cargo de quien los solicite, conforme
al reglamento que expida el Gobierno  Nacional.”
[24] "DECRETO NUMERO 1295 DE 1994 Por el cual se determina la organización
y administración del sistema general de riesgos profesionales. El Ministro de
Gobierno de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales, otorgadas
mediante el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993,
DECRETA:
(...)
Artículo 43.-
Controversias sobre la incapacidad permanente parcial. Cuando se susciten controversias sobre la declaración, evaluación,
revisión o determinación del grado de la incapacidad permanente parcial, o de
su origen, aquéllas serán resueltas por las juntas de calificación de
invalidez, para lo cual se seguirá el trámite previsto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.
Los costos
que genere el trámite ante las juntas de calificación de invalidez serán de
cargo de quien los solicite, conforme al reglamento que expida el
Gobierno  Nacional.
En caso que
la decisión sea favorable al trabajador, la entidad administradora de riesgos
profesionales deberá reembolsarle las sumas pagadas, reajustadas considerando
como factor el interés bancario corriente, certificado para el período
correspondiente por la Superintendencia Bancaria, correspondientes al momento en el cual el afiliado efectuó el pago”.
[25] Decreto 2463 de 2001, artículo 50, inciso 3°: “Por cada dictamen
emitido por la junta de calificación de invalidez, la entidad correspondiente
deberá pagar como honorarios, una suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente al momento de la solicitud”.
[26] Artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, modificado por el artículo 1
del  Decreto 524 de 2000.
[27]Ver Sentencias C-174 de 2004, T-819 de 2008, T-1248 de 2008, T-030 de
2010, entre otras.
[28] A folio 7 se observa copia del carnet de
afiliación del señor José Miguel Sanjuanelo Guette a la entidad promotora de
salud en el régimen subsidiado COOSALUD.
[29] Folio 13 del cuaderno constitucional.
[30] A folio 7 se observa copia del carnet de
afiliación del señor José Miguel Sanjuanelo Guette a la entidad promotora de
salud en el régimen subsidiado COOSALUD al momento de interposición de la
presente acción de tutela.