T-738-15
Sentencia
T-738/15
ACCION DE TUTELA FRENTE
A CONFLICTOS GENERADOS CON MOTIVO DE DECISIONES ADOPTADAS POR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN RELACION CON LA DISTRIBUCION DE GRUPOS-Procedencia por no
existir otro medio de defensa judicial
ACCION DE TUTELA PARA
CUESTIONAR NORMAS INCORPORADAS EN MANUALES DE CONVIVENCIA-Procedencia por no existir otro medio de defensa judicial
AUTONOMIA ESCOLAR-Fundamento
del ámbito de definición normativa que tienen establecimientos educativos para
establecer políticas institucionales sobre distribución de estudiantes hermanos
en aulas distintas
AUTONOMIA ESCOLAR-Límites
constitucionales
DERECHO DE ASOCIACION-Contenido
y alcance
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-Expresión de la autonomía escolar
MANUAL DE CONVIVENCIA-Finalidad
MANUAL DE CONVIVENCIA-Límites legales y
constitucionales
MANUAL DE CONVIVENCIA-Proporcionalidad y
razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de convivencia
estudiantil
DERECHO A LA SALUD, INTEGRIDAD FISICA Y A LA EDUCACION DE
MENOR-Caso en que se ubicaron hermanas gemelas en
diferentes salones de clases
Referencia: Expediente
T-4.970.823
Acción de tutela instaurada por Luz Argenis Herrera
Arango y Paulina Cano Adarve, en representación de sus menores hijas Valentina
y Nataly Martínez Herrera, y Ana Sofía y María José Cárdenas Cano,
respectivamente, contra la Institución Educativa LA SALLE de Campoamor de
Medellín- institución oficial-, y como vinculado la Secretaría de Educación de
la misma ciudad.[1]
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil quince
(2015).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín el 18 de marzo
de 2015, y en segunda instancia, por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de
la misma ciudad el 24 de abril del año calendario, dentro de la acción de
tutela promovida por Luz Argenis Herrera Arango y Paulina Cano Adarve, en
representación de sus menores hijas Valentina y Nataly Martínez Herrera y Ana
Sofía y María José Cárdenas Cano, respectivamente, contra la Institución
Educativa LA SALLE de Campoamor de Medellín.[2]
I. ANTECEDENTES
El 10 de marzo de 2015, las señoras Luz Argenis Herrera Arango y Paulina Cano Adarve, en
representación de sus menores hijas Valentina y Nataly Martínez Herrera y Ana
Sofía y María José Cárdenas Cano respectivamente, presentaron acción de tutela contra
la Institución Educativa LA SALLE de Campoamor de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la integridad física y mental, al libre desarrollo de la
personalidad, al debido proceso y a la educación, al haberlas ubicado en grupos
distintos a pesar de encontrarse en el mismo curso (2º de primaria) por razones
de conveniencia formativa, fundamentadas, a su vez, en una norma del Manual de
Convivencia escolar de la institución, introducida en 2015, que prohíbe que los
hermanos que cursan el mismo grado sean ubicados en el mismo salón de clases.
1.1. Hechos relevantes
a)
Las menores, Valentina y
Nataly Martínez Herrera, y Ana Sofía y María José Cárdenas Cano, que actúan representadas por sus madres, son gemelas y
actualmente tienen 7[3]
y 8[4]
años de edad, respectivamente.
b)
La menor
María José Cárdenas Cano, además de padecer déficit de atención con trastorno
de aprendizaje, es una paciente con diagnóstico de tumor cerebral en el lóbulo
parietal de su cerebro.[5]
c)
Las niñas
siempre habían estudiado con su hermana gemela respectiva en el mismo salón de clases,
dado que cursaban un grado académico idéntico; sin embargo, a partir del año
lectivo 2015, fueron ubicadas por la institución educativa en salones distintos
atendiendo, de acuerdo con la rectora, a políticas internas del plantel para
contribuir con su proceso de formación, autonomía y capacidad de adaptación a
nuevos ambientes.[6]
Adicionalmente, la Directora precisó que tal decisión tenía un fundamento
normativo legítimo, como quiera que por recomendación de la Secretaría de
Educación de Medellín,[7]
se había incorporado al Manual de Convivencia del colegio una norma que
determinaba que “(…), en ningún caso los hermanos que cursa[ran] el mismo
grado [podrían ser] ubicados en el mismo grupo”, motivo por el que su
decisión se encontraba justificada, y tanto padres como alumnos al matricularse
en la institución debían aceptar este tipo de instrumentos, como parámetros
reguladores de la convivencia y de los procesos educativos del estudiantado.
d)
Las accionantes aseguran que
la decisión de separar a sus hijas obedece a una determinación arbitraria y
focalizada únicamente sobre ellas, como quiera que en el colegio se encuentran
matriculados unos hermanos mellizos, Steven y Nicole Taborda Zapata, que
fueron ubicados en el mismo salón a inicios de 2015, y que sólo cuando ellas
manifestaron su inconformidad respecto a la situación de sus hijas, el colegio
procedió a separar del grupo a aquellos hermanos.
e)
Por otra parte, las madres
señalan que empezaron a notar en sus hijas estados anímicos y físicos perjudiciales
como vómito, constante llanto, dolor de cabeza y de estómago y pérdida de
apetito, por lo que consultaron con un psicólogo particular quien, al
evaluarlas, concluyó que padecían un cuadro caracterizado por una depresión
mayor, trastorno de apego reactivo y presencia de tricotilomanía tras la
separación de su respectiva hermana.[8]
f)
A juicio de las señoras
Herrera Arango y Cano Adarve, la posición del colegio desconoce el hecho de que
las niñas “(…) [sean] gemelas, [y que] tienen unos genes especiales que las
caracteriza (sic) como tal y que la formación de su carácter, de su
personalidad, de su forma de ser, de pensar, de hacer, y sentir, son muy
iguales y no es ni siquiera de su voluntad, sino de sus genes, lo que hace que
ellas quieran estar juntas en todo, hacer juntas las actividades de su día a
día y no separarse.” Asimismo, señalan que la aplicación de la norma del
Manual de Convivencia que prohíbe la ubicación de los hermanos en un mismo
salón no es necesaria en todos los eventos, pues ello depende del comportamiento
de los mismos y en el caso de sus hijas, ellas han demostrado con su conducta y
rendimiento académico, ser buenas estudiantes y no afectar la convivencia de
los demás cuando están juntas, motivo por el que resaltan que el colegio, al mantenerlas
en salones distintos, está cometiendo una arbitrariedad.
g)
Finalmente, la madre de la
menor María José Cárdenas Cano, señala que como consecuencia de toda esta
situación, el estado de salud de su hija ha empeorado.
1.2. Solicitud
De acuerdo con los hechos
anteriores, las madres de las menores solicitaron al juez constitucional ordenar
a la institución educativa demandada reubicar a sus hijas en el mismo salón de
clases, teniendo en cuenta cada par de hermanas gemelas.
1.3. Contestación de la accionada y la vinculada
1.3.1. Institución Educativa “La Salle de Campoamor”[9]
Mediante respuesta del 13 de marzo de 2015,[10] la rectora
de la institución, la señora Blanca Dolly Builes Valderrama, solicitó que el
amparo fuera desestimado como quiera que la decisión adoptada por el colegio era
una medida que no solo había consultado el bienestar de las niñas representadas,
procurándoles herramientas para desenvolverse de manera individual y autónoma-
pues en 2014 se les observó muy dependientes y apegadas al punto de no querer
separarse de la fila-,[11]
sino que la misma también había recogido la sugerencia hecha por la Secretaría
de Educación de Medellín, incorporada posteriormente al Manual de Convivencia.[12] Precisó que
desde finales del año 2014, la institución, mediante circular del 13 de
noviembre, ya había advertido a los padres de familia que “(…) podía darse
el cambio de grupo de su hijo al iniciar el año 2015, debido a la organización
interna (…)”, prevención que también fue divulgada en las carteleras
institucionales y en la página web, al inicio del año lectivo 2015. Explicó que
en años anteriores se habían presentado innumerables dificultades con parejas
de hermanos que, al estar en la misma clase, se afectaban emocional,
comportamental y académicamente, puesto que por ejemplo “(…) cuando uno de
los dos tenía bajo resultado en una acción evaluativa, [como] salir al tablero,
o [trabajar] en equipo, el otro somatizaba la angustia de ver que su hermano no
tenía buen desempeño”, lo que motivó, “(…) por la experiencia
vivida y no [por simple] capricho como [alegan] las familias(…)”, la
adopción de una medida de separación generalizada para estos estudiantes y su
reglamentación.
Narra que el 3 de febrero de 2015, la institución
planificó una reunión a la que asistieron la rectora, la coordinadora de grupo,
la maestra de apoyo, representantes del comité de convivencia y la directora
del núcleo educativo del sector de Guayabal- zona donde está ubicado el
colegio-, así como los padres de las niñas Valentina y Nataly Martínez Herrera,
todo con el propósito de discutir sobre la petición hecha por aquellos en
relación con la ubicación de sus hijas en un mismo salón.[13] En tal oportunidad,
señala que se aclaró a los padres que no era posible revertir procesos
institucionales, como la organización de los estudiantes, por simples caprichos
familiares, dado que no se había demostrado que las niñas se encontraran
afectadas. En efecto, explicó que (i) los conceptos psicológicos
aportados por las madres a la acción de tutela no habían sido puestos en
conocimiento de la institución y que en ningún momento los padres de las
menores se habían acercado a radicar algún tipo de incapacidad o a solicitar
apoyo profesional para ellas; y (ii) que a partir del presunto estado de
afectación a las menores, el colegio había adelantado una valoración completa a
cargo de la maestra de apoyo pedagógico y de la psicóloga de la institución, en
la que se concluyó que, contrario a lo que afirmaban los padres de las mismas, éstas
se encontraban bien integradas a sus respectivos grupos de clases así como
adaptadas a las actividades y juegos propuestos, sin que se observaran comportamientos
nocivos o que ameritaran intervención.[14]
Finalmente, advierte que, considerando el seguimiento permanente hecho a las
estudiantes por el colegio, la valoración de su proceso psicológico y académico
a cargo de los profesionales de la institución resultaría más confiable que el
diagnóstico instantáneo que aportaron los padres en la acción de tutela, el
cual, a su juicio, estuvo inducido por los mismos.
1.3.2. Secretaría de Educación de Medellín[15]
Mediante respuesta del 12 de marzo de 2015, la Líder
del Programa Jurídico de la entidad solicitó al juez de tutela negar el amparo,
como quiera que la solución adoptada por la institución educativa obedecía a
una política institucional orientada a formar estudiantes íntegros, autónomos y
responsables, así como seguros de su proyecto de vida individual. Agregó que,
de conformidad con los dictámenes aportados por las madres a la acción de
tutela, no existía certeza del manejo que debiera proporcionársele a las
menores, ni mucho menos que el tratamiento adecuado consistiera en su ubicación
en un mismo salón de clases. Para finalizar, precisó que no existía vulneración
alguna a los derechos de las cuatro niñas, como quiera que con la medida de la
separación en distintos salones de clase sólo se buscaba contribuir a su
formación integral.
1.4. Decisiones objeto de Revisión
1.4.1. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de marzo de 2015, el Juez 14
Civil Municipal de Medellín, resolvió negar el amparo en tanto: (i) la institución
educativa no había actuado en contra de las normas del Manual de Convivencia
Escolar y por el contrario, había acatado lo prescrito en éste; (ii) del
informe psicológico aportado por las madres a la acción de tutela no se deducía
que los cambios de comportamiento se hubieran propiciado por la separación de
las niñas de salón de clases; (iii) no existía evidencia de que la condición de
salud de la menor María José Cárdenas se hubiera empeorado con motivo de la
separación de su hermana gemela dado que el diagnóstico tumoral era anterior a
dicho suceso y finalmente; (iv) respecto de la justificación de la institución
para adoptar la decisión de separarlas, precisó que la misma no era ilegítima,
puesto que estaba orientada a favorecer la autonomía, la individualización y el
desarrollo de las menores, aspectos que, de estar en una misma aula, podrían
verse limitados. En esa medida, el juez de primera instancia no encontró que
con la decisión de la institución los derechos a
la integridad física y mental, al libre desarrollo de la personalidad, al
debido proceso y a la educación de las niñas, hubieran sido vulnerados.
1.4.2. Impugnación
y trámite entre instancias
El 14 de abril de 2015, las demandantes presentaron recurso
de impugnación contra la decisión de primera instancia, reiterando los
argumentos de la acción de tutela y agregando (i) que el a quo se
había equivocado al valorar el asunto en relación con la norma contenida en el
Manual de Convivencia, como quiera que la misma sólo se refería a los
“hermanos” más no a los “hermanos gemelos”; asimismo (ii) que el
psicólogo que había valorado a las niñas era un profesional que había
adelantado un examen a profundidad a partir de entrevistas familiares, visitas
domiciliarias y análisis prenatal, por lo que no era dable descalificar sus
resultados tan solo porque no perteneciera a la institución educativa; (iii)
el nuevo Manual de Convivencia fue entregado sólo a los estudiantes a mediados
de marzo, cuando ya habían iniciado las clases, por lo que no se notificó con
antelación a los padres sobre la inclusión de la norma que prohibía ubicar a
los hermanos en un mismo salón; (iv) igualmente, que no era función de
la rectoría formar proyectos de vida independientes para los estudiantes, ni
mucho menos que los mismos fueran impuestos o exigidos a los niños sin
consideración a la condición de hermanos gemelos; y (v) que en los años
anteriores no se habían reportado quejas o comportamientos indebidos de sus
hijas, por lo que no existía justificación para separarlas de salón de clases, máxime
cuando ni siquiera se había adelantado un proceso serio o un seguimiento por
parte del plantel que revelara la necesidad de tal medida.[16]
1.4.3. Sentencia de segunda instancia
Admitida la impugnación, mediante providencia del 24
de abril de 2015, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín confirmó el
fallo de primera instancia, argumentando que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, la matrícula en una institución educativa se
traducía en un contrato de adhesión, lo que implicaba que no solo los
estudiantes sino sus acudientes debieran estar de acuerdo con las directrices,
deberes y demás disposiciones de la reglamentación interna del establecimiento
educativo. En todo caso, precisó que de no aceptarse el anterior argumento, la
institución tampoco estaba vulnerando los derechos de las menores, en tanto (i)
no se les estaba obstaculizando el derecho a educarse y continuaban recibiendo
las clases respectivas; (ii) el hecho de que fueran gemelas, no
implicaba que debieran recibir un trato preferencial al de los otros niños, puesto
que ello no constituía ninguna limitación física o mental; (iii) precisamente
lo que buscaba el colegio con la decisión de separarlas durante la jornada
escolar, era contribuir con el desarrollo de su personalidad y no coartarlo como
señalaban los padres, pues, el que estuvieran en salones distintos aportaba a
la formación de un carácter independiente con miras a evitar los apegos
interpersonales excesivos; (iv) no existía certeza de que los síntomas
físicos y mentales experimentados por las menores fueran atribuibles a su
ubicación en salones de clases distintos y finalmente; (v) no podía
otorgarse plena credibilidad a los conceptos psicológicos aportados a la acción
de tutela como quiera que, a cada una de las menores “(…) se [le] estaba
dando (…) un mismo diagnóstico, [con idéntico contenido], (…) texto [y] (…)
palabras, [a pesar de ser] (…) personas independientes y diferentes,” y
todo lo anterior, en un único día, tiempo insuficiente para dar un concepto
integral sobre el estado psicológico de las niñas.
2. Actuaciones surtidas en sede de Revisión
2.1. Documentos e información allegada
2.1.1. Una vez el despacho conoció del expediente de
tutela, advirtió que en el mismo no obraban los registros civiles de las
menores Ana Sofía y María José Cárdenas Cano, ni tampoco la copia original del
último Manual de Convivencia de la Institución Educativa accionada. Por otra
parte, observó que no existía información sobre el historial académico ni de
convivencia de las niñas, así como tampoco se conocía en detalle la situación
de los gemelos “Nicol y Estiven”, ni la razón por la que el colegio había
resuelto no separarlos a inicios del año lectivo 2015, cuando ya estaba vigente
la norma del Manual de Convivencia que prohibía este tipo de distribución.
Con motivo de ello, el despacho del Magistrado
Sustanciador resolvió, mediante auto del 4 de septiembre de 2015, solicitar las
pruebas pertinentes para obtener la información faltante, así como indagar
sobre las razones que motivaron a la Secretaría de Educación a recomendar la
inclusión de la norma mencionada en el Manual de Convivencia[17] y además, conocer de
forma cuidadosa, a través del concepto de profesionales y especialistas, el
estado psicológico, comportamental y anímico actual de las niñas, tanto en
escenarios domésticos como educativos.[18]
Como quiera que para el 9 de octubre de 2015 las
pruebas no habían sido allegadas en su integridad, la Sala Tercera de Revisión,
en virtud de lo contemplado por el artículo 64 del Reglamento Interno de esta
Corporación, resolvió requerir nuevamente a los oficiados mediante auto del 4
de septiembre del mismo año y suspender los términos de revisión hasta el 30 de
noviembre.[19]
2.1.2. En relación con las pruebas que se solicitaron
en tales oportunidades, la Sala recaudó y halló la siguiente información:
2.1.2.1. Mediante oficio del 21 de septiembre de
2015, la señora Luz Argenis Herrera Arango, madre de Valentina y Nataly
Martínez Herrera, señaló que debido al deterioro de salud y estado anímico que
experimentaron las niñas a partir de la dificultad conocida, resolvió
retirarlas de la institución, pues “(…) pre[firió] salvaguardar su
tranquilidad emocional y somática [a exponerlas] a los vaivenes de una
orientación educativa que ya se les presentaba incómoda y traumática.” Precisó
que “el desmejoro (sic) en su rendimiento académico era asustador, [así
como] el atraso en [su] aprendizaje y en los cuadernos (…),” que
adicionalmente “(…) no se comían la lonchera que [ella] les empacaba” y
que a pesar de que la rectora había asegurado que por parte de la institución se
les había prestado apoyo psicológico ello “(…) nunca se concretó y no
recibieron orientación ni de profesores ni de psicólogos”. Finalmente,
precisó que debido a la falta de recursos económicos para comprar nuevos
uniformes y útiles escolares, no ha logrado matricularlas en otra institución y
que, mientras tanto, acordó con una maestra pensionada un programa de
nivelación en casa, con el propósito de que el siguiente año lectivo sus hijas
no sufran mayores problemas de adaptación académica en la institución en que
planea inscribirlas.[20]
2.1.2.2. Frente a la solicitud hecha por el despacho
del Magistrado Sustanciador a la Secretaría de Educación de Medellín, esta
Corporación recibió respuesta el 21 de septiembre de 2015, mediante oficio
suscrito por la líder del programa jurídico de tal secretaría, en la que se
precisó que dicha entidad había recomendado a la Institución Educativa La Salle
de Campoamor incluir en el Manual de Convivencia la prohibición de ubicar a los
hermanos en el mismo salón de clases. En efecto, aclaró que, a raíz de otro caso
de separación de salón de unas hermanas del que se tuvo conocimiento, la
secretaría recomendó a la Institución Educativa que incorporara en el Manual de
Convivencia los procesos, procedimientos y criterios bajo los cuales la misma
realizaba la asignación de grupos a sus estudiantes, con la finalidad de que
tales políticas fueran de conocimiento público por la comunidad educativa,
buscando garantizar la igualdad y la transparencia en sus decisiones. Cuestión
que resulta ser muy diferente de la que indica el plantel, pues no se trata de
una orden determinada en relación con el ajuste de los grupos sino de la
publicidad frente a los aspectos a tener en consideración para ello.[21]
En relación con la justificación para incluir estos
aspectos en el Manual de Convivencia, la secretaría indicó que, “(…) este
tipo de decisiones (…) como parte integrante del proyecto educativo institucional,
con la descripción de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones
con los demás estamentos de la comunidad educativa, así como el conducto
regular y los procedimientos para realizar alguna reclamación, garantiza
principios como la autodeterminación, la participación, el debido proceso,
entre otros; en la medida que el Manual de Convivencia es construido y adoptado
por el Consejo Directivo, un espacio de deliberación y debate, que tiene como
finalidad mejorar las condiciones de la institución educativa, y del que hacen
parte (…) representantes de distintos sectores de la comunidad (…).”[22]
2.1.2.3. Por su parte, el 24 de septiembre de 2015, la
rectora del colegio señaló que al hacer la precisión en el Manual de
Convivencia sobre la prohibición de incorporar los hermanos en un mismo salón,
no se estaba actuando de mala fe sino con el propósito de hacer público uno de
los criterios institucionales para la distribución de los grupos.
Respecto de los procesos de cada menor, la rectora de
la institución manifestó que Valentina y Nataly Martínez Herrera ingresaron al
colegio en el año 2014 al grado primero de educación básica, siendo aprobado
por ambas. Precisó que si bien iniciaron en 2015 el grado segundo, la madre
resolvió cancelar su matrícula el 29 de mayo del mismo año. De acuerdo con su
historia académica, se observa que su desempeño en el año 2015 mejoró en
relación con el año 2014,[23]
y que los resultados académicos obtenidos por ambas responden a sus características
y ritmos de aprendizaje individuales; adicionalmente, que no se presentaron
cambios significativos que afectaran su bienestar físico y emocional, de
acuerdo al seguimiento de convivencia.[24]
De otro lado, la rectora indicó que las estudiantes
María José y Ana Sofía Cárdenas Cano ingresaron a la institución en el año 2013
para cursar el grado de transición, posteriormente en 2014 el grado primero y
actualmente se encontraban en grado segundo de primaria. De acuerdo con el
seguimiento académico y de convivencia entre los años 2014 y 2015, se observó
una desmejora en su desempeño académico puesto que el promedio acumulado del
primer año estuvo en 3.9 y en el año lectivo en curso se registraron, en el
último periodo, promedios de 3.6 y 3.5, respectivamente.[25] Sin embargo, en el
historial de convivencia no se advirtieron situaciones que hubiesen requerido
intervención institucional o remisiones externas por conductas como las que
enuncian sus padres frente a una presunta afectación emocional.[26] En ese sentido, fue
precisado por la institución que las menores han logrado “(…) desenvolverse
autónoma y libremente, (…) [realizando] sus trabajos de grupo con adecuada
disposición, compar[tiendo] y [pidiendo] ayuda de sus compañeros cuando lo
requieren y [estableciendo] una relación empática con sus educadoras; [así
como, departiendo] con el grupo de amigos que cada una ha construido en sus
aulas de clases, [observándoles] alegres y tranquilas (…), sin evidenciar
alteraciones a nivel emocional o de convivencia por no estar una con la otra
(…).” A su vez, manifestó que ambas estudiantes, durante su proceso escolar,
si bien han tenido un desempeño bajo en las áreas de matemáticas y lengua
castellana,[27]
la institución les ha brindado durante el último año la posibilidad de
participar en actividades preventivas institucionales, como talleres de
acompañamiento en el proceso de lectoescritura y matemáticas, a los cuales han
asistido de forma intermitente;[28]
así como trabajos de recuperación en compañía de sus acudientes, actividades
que no siempre han sido presentadas a la docente de grupo. En efecto, existen
diversas advertencias a la señora Paulina Cano Adarve, madre de la menor María
José Cárdenas, en relación con el acompañamiento que debe recibir la niña, como
quiera que “(…) su progreso ha sido lento a nivel académico, aunque muestra
buena disposición, no tiene el suficiente acompañamiento familiar [y, en esa
medida] debe fortalecer en forma diaria su lectura y escritura para que su
progreso académico sea integral.”[29]
Adicionalmente, la institución advierte que la señora Cano Adarve se encuentra
permanentemente ocupada en actividades laborales, por lo que no dispone de
mucho tiempo para estar al tanto de reuniones y otras actividades de refuerzo
de sus hijas, inclusive, en la última reunión de padres para entregar el
informe del tercer periodo de 2015, la misma no se hizo presente.[30]
En relación con el estado de salud de la menor María
José Cárdenas Cano, la rectoría manifiesta que la madre nunca ha puesto en conocimiento
de la institución o de sus profesionales el diagnóstico por “trastorno mixto
de las habilidades escolares” que padece la niña, motivo por el que la
misma no está registrada como estudiante en situación de discapacidad y, en
consecuencia, no se han desarrollado estrategias focalizadas de acompañamiento
escolar. En efecto, explica que si la familia de las menores hubiese puesto en
conocimiento la situación de salud de María José, se hubieran adoptado, tal
como se hizo con los gemelos Steven y Nicole Taborda Zapata, medidas de
adaptación paulatina, pues uno de ellos padece epilepsia primaria generalizada,
mutismo selectivo y trastorno generalizado de desarrollo,[31] motivo por el que la institución
llegó a un acuerdo verbal con la acudiente de los gemelos para mantenerlos en
un mismo salón de clases por los dos primeros años escolares. En ese sentido,
aclara que la referencia al caso de estos mellizos en la acción de tutela y la
decisión de haberlos mantenido en un mismo salón de clases hasta el segundo
periodo académico de 2015, no desconoció en lo absoluto el derecho a la igualdad
de las niñas accionantes, pues tal decisión se debió a particularidades del
caso, que bien hubiera podido alegar la madre de María José Cárdenas Cano para
mantenerla en el mismo salón de su hermana, lo que en efecto estaría en
consonancia con los procesos de inclusión escolar, la Ley 1618 de 2013[32] y el Decreto
366 de 2009.[33]
Finalmente, frente a la pregunta efectuada por la Sala
de si la institución brindó o ha brindado apoyo psicológico a las niñas en el
proceso de readaptación a sus nuevos salones de clases, la rectoría insistió en
que durante los años que las menores han estado escolarizadas no exteriorizaron
malestar o situación alguna que ameritara intervención ni los padres
manifestaron solicitud en específico orientada a buscar ayuda profesional de
las docentes o psicólogos del colegio para manejar la situación de sus hijas, razón
por la que no recibieron ningún tipo de orientación psicológica individual. Sin
embargo, consideró necesario precisar que desde el momento en que se cambiaron
de grupo, la Coordinación de Formación y de Convivencia hizo acompañamiento al
proceso de readaptación, dando cuenta de la asimilación y aceptación del mismo
por parte de las cuatro niñas.[34]
Con todo, al final de su intervención, la institución indicó
que las decisiones adoptadas no obedecen a un “(…) mero capricho” y que “[se
sienten] contentos y satisfechos con los resultados positivos de los
estudiantes a nivel pedagógico, académico, comportamental, de convivencia,
afectivo, y emocional, (…) [pues con la determinación de separar a los hermanos
de curso, se han propiciado] otros vínculos sociales como la amistad y el
compañerismo, [favoreciendo] la autonomía, la independencia y el sentido de
pertenencia, [todo soportado en estudios psiquiátricos][35] (…)”. En
tal sentido, también enfatizan en que en estos casos, los padres de familia son
los que “ponen las barreras”, dado que sólo quieren “(…) cumplir,
[por sus dos hijos], con un solo compromiso académico (trabajos, tareas y
actividades) propuesto por un solo maestro director de grupo (…), pues estando
separados sus hijos de grupo, (…) [el] acompañamiento y [la] responsabilidad
[sería] “doble trabajo”.”
2.1.2.4. El 25 de septiembre
de 2015, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a
la Corte que las niñas Ana Sofía y María José Cárdenas Cano no acudieron a las
citas programadas por psicología forense, a pesar de haber sido asignadas para
el 23 de septiembre de 2015 a las 9:30 a.m. y 10:30 a.m. Con motivo de ello, el
despacho del magistrado sustanciador requirió nuevamente al Instituto y a la
madre de las mismas para que se acordara una nueva fecha;[36] sin
embargo, no fue posible notificar a ésta última con tal propósito,[37]
motivo por el que la valoración de psicología forense sólo fue posible
realizarla con las menores Valentina y Nataly Martínez Herrera.
2.1.2.4.1. El 7 de octubre de 2015, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses remitió al despacho del magistrado sustanciador el informe de
psicología forense de las niñas Valentina y Nataly Martínez Herrera, solicitado
por esta Corporación en los autos de pruebas respectivos. Luego de la lectura
detallada y completa del material relacionado con el caso; la aplicación de la
entrevista individual, la observación clínica y mental de las examinadas y la
entrevista complementaria con el acompañante de las menores,[38] el
psicólogo forense arribó a las siguientes conclusiones: frente a la menor
Valentina Martínez Herrera, se precisó que desde lo comportamental, anímico y
emocional era esperable la reacción que tuvo con motivo de la separación de su
hermana, lo que no quiere decir que ello se equipare a una determinada
condición psicopatológica; y en relación con Nataly Martínez Herrera, se indicó
que aunque la niña había experimentado impresiones comportamentales, anímicas y
emocionales, tampoco había alteraciones en su salud mental.[39]
2.1.2.5. El 22 de octubre de 2015, la
Coordinadora del Centro Zonal Suroriental del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, entregó a este Tribunal los resultados de los informes psicosociales
de las niñas Valentina y Nataly Martínez Herrera, así como el de María José y
Ana Sofía Cárdenas Cano realizados el 21 del mismo mes.[40] Entre
las técnicas utilizadas para el mismo, el Instituto aclaró que se empleó la
visita domiciliaria y escolar, así como la entrevista a los padres de las
menores, a sus docentes de grupo y de apoyo académico.
2.1.2.5.1. En relación con las
menores de edad Martínez Herrera, se indicó que las mismas permanecen
desescolarizadas desde el 27 de mayo del presente año, así como su hermano de
11 años, el menor Jean Carlos, quien también fue retirado de la institución
accionada. Relata que mientras encuentran un cupo para el año 2016, reciben
clases particulares de matemáticas y español, con una regularidad de tres veces
a la semana. Respecto de la visita efectuada a la Institución Educativa La
Salle de Campoamor, los profesionales visitadores constataron que el colegio
tiene como directriz institucional separar a los hermanos que cursan el mismo
grado “(…) como resultado de un proceso de indagación y observación (…) que
les permitió identificar [tal estrategia, como la medida correcta para manejar,
por un lado,] la carga emocional que [sobrelleva] el hermano con mejor
desempeño académico y/o disciplinario, [y por otro], la dependencia [del menos
autónomo] para adaptarse a otros espacios sin su [par].”
En entrevista con quien era la
maestra de apoyo de Valentina y Nataly Martínez Herrera, se conoció que durante
el tiempo que estuvieron escolarizadas, aunque tuvieron un desempeño académico
alto, se les observó muy vinculadas, puesto que permanecían mucho tiempo juntas.
Asimismo se precisó que en el año 2015, presentaron faltas reiterativas de
asistencia con la “excusa porque no estaban juntas [en el mismo salón de
clases]”. Situación que nunca estuvo relacionada con una incapacidad
médica, pues, en primer lugar, los padres en ningún momento manifestaron a la
institución que las niñas estuvieran presentando comportamientos extraños en
casa y, en segundo término, tampoco la institución observó conducta
significativa- malestar físico o emocional- que diera cuenta de la necesidad de
brindarles apoyo psicológico; por el contrario siempre se les observó
respetuosas con sus compañeros y profesores, responsables y dispuestas en la
realización de las actividades curriculares.
2.1.2.5.2. En relación con las
menores Cárdenas Cano, los profesionales enviados por el ICBF, de conformidad
con la visita domiciliaria también del 21 de octubre de 2015, informaron que
las niñas viven con su madre y con su abuela y, que su padre no tiene contacto
con ellas desde hace tres años, no aporta económicamente ni se conoce su
paradero. Señalan que la menor María José, de acuerdo con la información
brindada por su madre, se encuentra en tratamiento médico y pedagógico debido a
las dificultades de aprendizaje que padece y que apenas lleva dos sesiones, como
quiera que hasta hace solo seis meses la señora Cano Adarve, madre de las mismas,
cuentan con un empleo estable y puede costear dicho tratamiento.
La señora Cano Adarve manifiesta que las niñas “están
académicamente regular, porque muchas veces no copian la tarea en la clase (…)
[y aunque procura] estar pendiente de ayudarles (…) y colaborarles con [las
mismas, así como con su situación escolar]”, muchas veces no le dan
autorización laboral para asistir a las actividades o reuniones en la institución,
y en el único horario que se encuentra disponible, que es a medio día, no la
pueden atender en el colegio. Afirma, que la estrategia del plantel de separar
a sus hijas de salón de clases “(…) fue mala porque no contaron con los
padres de familia, además son niñas que aún están muy pequeñas, porque si
estuvieran más grandes ellas pod[rían] tomar la decisión de separarse, insiste
que es muy difícil para la ayuda de tareas.”
Por otra parte, en la visita adelantada en la
institución, se tuvo conocimiento de que al inicio del año calendario, al
efectuarse el cambio, las niñas se angustiaron “(…) pero la institución les
hizo un encuadre [y, en este momento se encuentran] en un proceso de adaptación
y responden paulatinamente de forma favorable”; en todo caso, precisan que
las niñas, en años anteriores, compartían más en el aspecto académico que
social puesto que cada una siempre ha tenido su grupo de amigos y “(…) sólo esporádicamente
se encuentran [en los recreos], hablan un ratico, comparten y nuevamente se
separan para seguir jugando.” Frente a las inquietudes de la madre, el
colegio manifestó que ella quisiera que estuvieran “(…) juntas para que no
le quede difícil ayudarles en las tareas”, situación que se hace evidente,
en la medida en que la madre no ejerce mayor acompañamiento académico, no
asiste al proceso de implementación de estrategias para el mejoramiento de
competencias lógico-matemáticas o en lecto-escritura, es difícil que comparezca
al colegio e inclusive, es complicado entablar comunicación telefónica con
ella.
En observación directa en la aula de clase y en la
hora del descanso, los profesionales enviados por el Instituto relatan que
tanto a María José como a Ana Sofía se les observa tranquilas, participativas y
sociables, que en el tiempo de salir a recreo lo hacen sin afanarse, se unen a
otros niños y niñas estableciendo conversación, buscan contacto con su
respectiva hermana por cortos periodos de tiempo, hablan, juegan brevemente y,
sin que se evidencie afectación por este hecho, se alejan para integrarse a sus
respectivos grupos de amigos, enfocándose de manera inmediata en otra
actividad.
2.1.2.5.3. De conformidad con lo observado y analizado,
los profesionales visitadores del ICBF concluyen que en relación con las
gemelas Cano Cárdenas “(…) no se evidencia una afectación emocional que
perturbe su desempeño académico, su adaptación e interacción dentro de la
institución. Podría inferirse, que esas afectaciones iniciales obedecen al
proceso de adaptación dada la separación abrupta a la que estuvieron expuestas
pero que han ido asimilando de una manera favorable propiciando su autonomía e
independencia. (…) No obstante, ante la situación presentada de la
inconformidad ante el cambio, es más la necesidad de las madres que desde (sic)
sus propias hijas que permanezcan juntas. Pero en el caso de las niñas
Valentina y Nataly, no tuvieron la posibilidad de elaborar el duelo ante esta
separación, por el contrario el hecho fue reforzado por los padres al
desescolarizarlas.”
2.1.2.6. El 25 de septiembre de 2015, la Decana (E) de
la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, atendió el
requerimiento del magistrado sustanciador y con base en la evidencia científica
y académica conocida, un equipo de especialistas de dicha facultad, conceptuó
en los siguientes términos a las preguntas hechas por esta Corporación:
(i)
“¿Es
adecuado para la formación personal y los procesos grupales educativos que los
hermanos gemelos que están en el mismo curso siempre estén
separados de salón de clases, independientemente de su edad?”
Frente a este primer cuestionamiento,
la universidad señala que por la complejidad y los aspectos contingentes del
problema educativo planteado, no sería posible ofrecer respuestas tajantes ni
puntuales como las que se solicitan. En efecto, señala que las ciencias de la
educación tienen como “objeto” de estudio al ser humano y sus procesos de
formación a nivel cognitivo, social, ético, político y cultural, lo que implica
el entendimiento de los mismos como cambiantes, dinámicos y ubicados en contextos
históricos particulares. En ese sentido, precisa que “no se podría afirmar
que “siempre” sucederán de la misma forma algunos fenómenos como el interrogado
en la pregunta (…)” y que, hecha esta aclaración, pueden brindarse algunos
argumentos que permitan entender la situación sobre la que indaga la Sala.
En primer lugar, señalan que con
respecto a la formación personal de un estudiante, debe advertirse que la misma
“(…) tiene componentes individuales que la constituyen, lo que implica que
no solamente la presencia de (…) una hermana gemela determin[a] la dirección y
dinámicas de dicha formación; (…) [pues] los planteamientos teóricos
contemporáneos reconocen al ser humano como activo y dinámico frente a su
realidad y no solamente como un ser pasivo que recibe lo que el medio le brinda
sin realizar transformaciones propias.” De esta manera, referenciando a
Oliveira y Uchoa,[41]
señalan que el “interjuego existente entre lo genético, lo individual, lo
cultural y lo social posibilita la formación de los seres humanos: “la
actividad genética es entendida como respondiente al desarrollo del ambiente
externo de los organismos, en una dinámica de interacción entre el organismo
ambiente o, citando a Vygotsky (2000), en una dinámica de interacciones y
sugestiones entre las personas y sus mundos culturales”.” Por lo tanto,
frente a la cuestión particular de si es adecuado o no mantener a los hermanos
gemelos en el mismo salón de clase, la institución concluye que es necesario
estudiar cada situación específicamente para identificar las diferentes
dinámicas que allí se presentan y que involucran no solo a las niñas gemelas,
sino también factores sociales y otros sujetos como profesores, compañeros de
clase, madre, padre y demás familiares. Así, “autonomía, interdependencia y
también cooperación y solidaridad entre la pareja [gemelos] y en las relaciones
en general, deben ser promovidos con equilibrio y continuo ejercicio de
observación y análisis.”
(ii)
“¿Existen
criterios a nivel psicológico y pedagógico que indiquen en qué casos deben
permanecer separados o juntos? De existir, ¿Cuáles son?”
Antes de presentar su respuesta, la
universidad precisó que el tiempo de trabajo escolar en un aula, “(…) [en
realidad] sólo demanda una separación temporal de los gemelos y no “permanecer
separados”, puesto que el aspecto escolar es apenas uno de sus vidas.
En ese sentido continúa con su
contestación y, en procura de dar algunos principios de respuesta a esta
pregunta, la facultad señala que (i) la crianza familiar difiere de la formación
escolar, y en ese sentido, aunque la condiciones de crianza de múltiples (gemelos,
mellizos, trillizos o más) plantean a su familia retos especiales de cuidado e
higiene, el proceso educativo es mucho más complejo ya que debe instruir, y
formar en el respeto por normas colectivas para afrontar las exigencias de una
sociedad extrafamiliar; por otra parte, debe tenerse en cuenta que (ii) si bien
existe una excepcionalidad innata entre gemelos, ello constituye un reto a
superar por el cuerpo simbólico y explica esto, indicando que si bien comparten
una experiencia de gran intimidad durante la gestación y el nacimiento, deben
enfrentar una crianza simultánea y están perennemente acompañados por la imagen
del otro, a veces idéntico. En ese orden de ideas, los gemelos tienen el
desafío de adquirir un “cuerpo de lenguaje propio”, es decir, una singularidad
de carácter, adoptar elecciones autónomas y aptitudes para insertarse en grupos
más allá de la familia.
En todo caso, precisa que se han
desarrollado investigaciones en dos grandes sentidos, unas dirigidas a indagar
sobre (i) el aseguramiento del bienestar presente de los gemelos y de
sus padres durante la crianza; y otras, (ii) los impactos imaginarios en la
vida futura del sujeto gemelar, individual y grupalmente considerado.
En el primer grupo de
investigaciones,[42]
se encuentran aquellos educadores que optan por el bienestar presente, referido
a la necesidad que tienen los múltiples, a inicios de su edad escolar, de
asegurar su presencia concurrente como un factor tranquilizador ante el momento
inicial de separación familiar y el comienzo de su vida escolar. Asimismo, se
ha observado que, entre grupos de múltiples, unos juntos y otros separados,
éstos últimos experimentan mayores problemas de ansiedad, retraimiento,
conductas agresivas y rebeldía, motivo por el que se “(…) recomienda que se
tengan en cuenta las necesidades específicas de cada pareja de gemelos  y
mellizos y que no se aplique una sola norma.” En todo caso, la institución
precisa que estos estudios cuentan con la limitante de proponer soluciones para
la paz doméstica únicamente en la primera infancia, y que los trastornos de
dependencia como el Síndrome de Intensificación Gemelar, caracterizado por reacciones
emocionales escalonadas, como rabietas a dúo o tricotilomanía que un gemelo
inicia y el otro imita, resultarán acallados durante el periodo de latencia que
va desde los 7 a 8 años hasta la pubertad, pero, “los conflictos retornarán
con mayor brío en la adolescencia.”
En relación con el segundo grupo de
investigaciones, los educadores advierten que “[l]a separación y la individualización,
[de la que gozan otros hermanos no múltiples por sus diferencias de edades],
[los] gemelos requieren alcanzarlas luchando contra la fascinación imaginaria
que le produce su eterno compañero”, ilustrando con ello que los hermanos
múltiples que comparten edad y apariencia ven prolongado un vínculo ideal,
unívoco y fantástico entre ambos, al punto de afectar su proceso de
individualización, empujándolos a la fusión, a la simulación y a la imitación,
motivo por el que, en estos casos, lo deseable es impulsar desde la infancia la
formación de la imagen del cuerpo propio, la condición de intimidad y la
autonomía, así como la constitución de potencialidades singulares, “(…) de
manera que las elecciones de cada uno, superen la homogenización surgida en la
familia, en cierta forma inevitable por la crianza simultánea, [frente a los
que] son más proclives los hermanos múltiples.”
2.1.2.7. El 2 de octubre de 2015, mediante oficio
suscrito por el Director del Departamento de Psicología de la Universidad
Nacional de Colombia, la docente experta Yalile Sánchez Hurtado respondió a los
anteriores interrogantes de la siguiente forma: “El significado que se da a
la condición de ser gemelos varía de una familia a otra, los procesos
educativos y las problemáticas educativas no son las mismas; de igual manera la
forma como los propios gemelos asumen su condición y el lugar que ocupan en su familia
hacen que sus necesidades educativas sean particulares. En los dos contextos
educativos, [la familia y las instituciones educativas] (…) pueden producirse
diferencias e incluso conflictos acerca de su educación, sobre cómo tratar y cómo
aportar en la formación de la identidad de los gemelos y no hay una fórmula o
recomendación general a aplicar. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis
de cada caso, para encontrar lo que resulta más conveniente para el desarrollo
y educación de los gemelos.” [43]
(Negrita fuera de texto)
2.1.2.8. Finalmente, mediante respuesta enviada por el
Decano de la Universidad de Antioquia el 10 de noviembre de 2015, se conceptúa
sobre el tema consultado por la Corte en los siguientes términos: “(…) las
razones que asisten a las instituciones educativas para decidir que dos
hermanos gemelos no puedan estar en el mismo grupo de un grado lectivo pueden
ser diversas: permitir la construcción de autonomía, generar unas prácticas de
desarrollo de la personalidad diferenciadas, mejorar el comportamiento en
clase, entre otras. En cualquier caso, esta especie de decisiones deben
obedecer a una cuidadosa revisión de los casos particulares, por parte de los
profesionales que asisten e informan las tareas educativas (maestros,
directivos, personal de apoyo psicológico) y deberían incluir las voces e
intereses de los estudiantes y de los padres de familia, de lo contrario se
desdibuja el postulado participativo que quiere encarnar el gobierno escolar,
el principio de autonomía escolar y el mismo manual de convivencia. Así las
cosas, si un manual de convivencia estableciera de forma preliminar que dos
hermanos gemelos no pueden estar en la misma aula de clase es, a la forma
determinista, establecer un a priori que indica que la convivencia de dos
hermanos gemelos en una misma aula es necesariamente problemática. Sin atender
al caso concreto y desconociendo que la praxis educativa es, entre otras,
contingente (Runge, 2012).”
Finaliza, señalando que la disposición sobre la
permanencia o no de dos estudiantes en un mismo grupo, en este caso de hermanos
múltiples, no debe obedecer a un prejuicio sobre el desarrollo de su
personalidad o su comportamiento, sino al estudio detenido de los casos
particulares y a la decisión conjunta entre la comunidad educativa, puesto que,
de lo contrario, legitimar una prohibición como la que se estudia en este caso,
abriría, en su concepto, “(...) la posibilidad para los establecimientos
educativos de proscribir una serie de circunstancias que de entrada consideran
problemáticas, difíciles o desgastantes, ahorrándose la obligación de
construcción con el otro (que están en la base de los ideales democráticos y
pedagógicos) y la responsabilidad del estudio preciso de casos, que ani[man] la
formación de maestros, para expandir la reflexión pedagógica y reconocer a los
otros y a las diversas formas de educación.”
II. CONSIDERACIONES y fundamentos
1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar la decisión
proferida dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política.
2.
Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución.
2.1. Las señoras Luz Argenis
Herrera Arango y Paulina Cano Adarve, en representación de sus menores hijas
Valentina y Nataly Martínez Herrera y Ana Sofía y María José Cárdenas Cano
presentaron acción de tutela contra la Institución Educativa LA SALLE de
Campoamor de Medellín, al considerar que la decisión de la demandada de ubicar
a cada par de gemelas en grupos distintos a
pesar de encontrarse en el mismo curso (2º de primaria), por razones de
conveniencia formativa, fundamentadas, a su vez, en una norma del Manual de
Convivencia escolar de la institución, introducida en 2015, que prohíbe que los
hermanos que cursan el mismo grado sean ubicados en el mismo salón de clases,
vulneraba sus derechos fundamentales a la integridad física y mental, al libre
desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la educación.
Particularmente, las madres fundamentaron su acusación
en que tras la separación arbitraria- según su sentir- generada por la
institución educativa, las menores estaban experimentando un cuadro de
depresión mayor, trastorno de apego reactivo y presencia de tricotilomanía; circunstancias
que, a su juicio, afectaban gravemente la salud y la integridad de sus hijas, y
por lo mismo su rendimiento académico. Sin embargo, los padres de las niñas no
se acercaron a la institución con tales estudios diagnósticos y sólo con motivo
de la acción de tutela presentaron los mismos.
Por su parte, el colegio explicó que se trataba de una
medida adoptada en beneficio del proceso de construcción de la individualidad y
la autonomía de las menores, puesto que en los años anteriores se les había
observado “(…) muy dependientes y apegadas al punto de no querer separarse
de la fila”. Esta decisión, se adoptó a partir de una norma del Manual de
Convivencia que prohíbe que los hermanos múltiples sean ubicados en un mismo
salón de clases, regulación que se introdujo, según el plantel, por una
recomendación de la Secretaría de Educación de Medellín. Sin embargo, en sede
de revisión, la Secretaría precisó que no había recomendado incorporar una
norma así al Manual de Convivencia, pues lo único que había sugerido era que se
clarificaran los criterios bajo los cuales el colegio resolvía la conformación
y partición de los grupos. En todo caso, la prevención sobre este tipo de
decisiones, fue comunicada mediante carteleras, la página web de la institución
y otras circulares enviadas a finales del año 2014 en las que se indicaba a los
padres de familia que “(…) podía darse el cambio de grupo de su hijo al
iniciar el año 2015, debido a la organización interna (…)”.
Frente a la conveniencia y posibles impactos de la
medida, en esta sede fueron recibidas distintas valoraciones, adelantadas por
Medicina Legal y por el ICBF en relación con la afectación, tanto original como
actual, que pudieron haber experimentado las menores a raíz de su separación de
la misma aula de clases. En términos generales, se advirtió que si bien las
menores fueron susceptibles al momento de la misma, este suceso fue temporal y no
implicó un desbalance psicológico de relevancia. Asimismo, el colegio envió el
historial académico y de convivencia de las niñas en relación con los años 2014
y 2015, en el que se observó que los resultados de su desempeño no
necesariamente eran el resultado de la medida adoptada.
Por otro lado, la Universidad Pedagógica Nacional, la
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, enviaron sus
conceptos en relación con la conveniencia de la separación a nivel escolar de
los hermanos múltiples, concluyendo que dicha decisión estaba sujeta a
innumerables factores personales, familiares y sociales que rodeaban a los
niños, motivo por el que no era posible brindar una respuesta única al
respecto. En efecto, se expusieron dos grandes grupos de investigaciones frente
al tema. En el primero, se encontraban aquellos
educadores que optaban por el bienestar presente, referido a la
necesidad que tienen los múltiples, a inicios de su edad escolar, de asegurar
su presencia concurrente como un factor tranquilizador ante el momento inicial
de separación familiar y el comienzo de su vida escolar. En todo caso, se
señaló que estos estudios contaban con la limitante de proponer soluciones para
la paz doméstica sólo en la primera infancia, y que los trastornos de
dependencia como el Síndrome de Intensificación Gemelar, resultarían acallados inicialmente,
pero, “los conflictos retorna[rían] con mayor brío en la adolescencia.” En
relación con el segundo grupo de investigaciones, los educadores advirtieron
que “[l]a separación y la individualización, [de la que gozan otros hermanos
no múltiples por sus diferencias de edades], [los] gemelos requieren
alcanzarlas luchando contra la fascinación imaginaria que le produce su eterno
compañero”, ilustrando con ello que los hermanos múltiples que comparten edad
y apariencia veían prolongado un vínculo ideal, unívoco y fantástico entre
ambos, al punto de afectar su proceso de individualización, empujándolos a la
fusión, a la simulación y a la imitación, motivo por el que, en estos casos, lo
deseable era impulsar desde la infancia la formación de la imagen del cuerpo
propio, la condición de intimidad y la autonomía, para obtener un bienestar
futuro y a la largo plazo.
Con respecto a la situación actual, la señora Luz
Argenis Herrera Arango, madre de Valentina y Nataly Martínez Herrera informó
que había retirado a sus hijas de la institución como consecuencia del
deterioro a la salud física y anímica que experimentaron a partir de su
separación escolar, razón por la que planeaba inscribirlas en otro plantel educativo
para el año 2016. Frente a esto, la Sala precisa que aunque las menores ya no
se encuentren vinculadas con la institución, en ningún momento la madre de las
mismas expresó su desistimiento frente a la pretensión de que fueran incorporadas
nuevamente al colegio, siempre que las ubicaran en un mismo salón de clases.
Por la misma razón y porque de establecerse algún tipo de vulneración este
Tribunal aún podría adoptar medidas eficaces ante la subsistencia del fundamento empírico del amparo, no se
configura la carencia actual de objeto y, en ese sentido, el caso se analizará
de fondo.
2.2. De acuerdo con la situación expuesta, las
pretensiones de las accionantes en sede de tutela y la información recaudada
por la Sala de Revisión para verificar la existencia y actualidad de la
presunta afectación, la Corte debe determinar en esta oportunidad si la
Institución Educativa LA SALLE de Campoamor vulneró los derechos fundamentales
a la salud, a la integridad física y a la educación de las menores
representadas al ubicarlas en salones distintos para el año 2015, decisión
adoptada con fundamento en una disposición del Manual de Convivencia- expresión
de la autonomía escolar- que determinaba que “(…),
en ningún caso los hermanos que cursa[ban] el mismo grado [podían ser] ubicados
en el mismo grupo”, considerando que
tras su separación, los padres manifestaron que ello era inconveniente para la
formación y bienestar de sus hijas.
2.3. Con el propósito de responder al problema
jurídico planteado, la Corte se referirá, brevemente y en un solo capítulo, a
tres temas principales pero íntimamente relacionados entre sí: (i) los reglamentos educativos, como expresión fundamental de la libertad
de asociación y de conciencia, así como de la autonomía escolar, y su fuerza
vinculante para la comunidad escolar.; (ii) las tensiones ius fundamentales entre los
derechos constitucionales del estudiantado y el ámbito de definición normativa que tienen los
establecimientos educativos; y (iii) la apertura interpretativa de las normas
del Manual de Convivencia a la luz de la garantía de los derechos fundamentales;
para, finalmente, (iv) resolver el caso concreto.
Asimismo, para resolver el problema
jurídico planteado, además de los análisis esencialmente jurídicos que se
harán, la Sala se valdrá de los estudios y conceptos tanto académicos como de
orden psicológico que fueron recibidos en esta sede para aproximarse de forma
empírica a la solución del caso concreto.
No obstante, antes de entrar al análisis de fondo,
esta Sala se pronunciará sobre la procedencia de la acción de tutela frente a (i)
los conflictos generados con motivo de las decisiones adoptadas por las
instituciones educativas en relación con la distribución de grupos, y (ii)
las normas incorporadas en los Manuales de Convivencia. Como quiera
que el asunto de la inmediatez no representa mayor discusión, pues la decisión
de separar a las niñas de salón fue conocida por las accionantes el 15 de enero
de 2015 y la acción de tutela fue presentada sobre los dos meses siguientes,
plazo razonable para aprovisionarse probatoria y jurídicamente, la Sala no
efectuará más consideraciones al respecto.
3. Procedencia de la acción de tutela frente a (i) los conflictos generados con
motivo de las decisiones adoptadas por las instituciones educativas en relación
con la distribución de estudiantes en distintos grupos del mismo grado y (ii)
las normas incorporadas en los Manuales de Convivencia.
3.1.1. Los artículos 86 de la Carta y 6 del Decreto
2591 de 1991, establecen el carácter subsidiario de la acción de tutela, que
tal como lo ha expresado esta Colegiatura, puede ser empleada ante la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales bajo las siguientes condiciones:
i) Que no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver el
conflicto relacionado con la vulneración del derecho fundamental alegado, ii)
Que aun existiendo otras acciones, estas no resulten eficaces o idóneas para la
protección del derecho, o, iii) Que siendo estas acciones judiciales un remedio
integral, resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
A partir de allí, la Corte ha objetado la valoración
genérica del medio de defensa ordinario, pues ha considerado que en abstracto
cualquier mecanismo judicial puede considerarse eficaz, dado que la garantía
mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos
constitucionales de los ciudadanos. Por esta razón, la jurisprudencia ha
establecido que la eficacia de
la acción ordinaria solo puede predicarse en atención a las características y
exigencias propias del caso concreto, de modo que se logre la
finalidad de brindar plena y además inmediata protección a los derechos
específicos involucrados en cada asunto.[44]
3.1.2. Procedencia de la acción de tutela frente a los conflictos generados con motivo de las
decisiones adoptadas por las instituciones educativas en relación con la
distribución de grupos. De
conformidad con el Manual de Convivencia de la Institución Educativa,[45] las
situaciones de orden comportamental pedagógico o de convivencia que se
presenten en relación con los estudiantes, en este caso la relacionada con la
separación de las niñas del salón de clases, deben ser puestas en conocimiento del
ente correspondiente, respetando el conducto regular.
Lo anterior quiere decir que tales conflictos sólo
tienen un control administrativo, pues en ningún caso es dable considerar que
el procedimiento del conducto regular de una institución educativa es de
carácter judicial. En ese sentido, para cuestionar la decisión adoptada de
separar de salón de clases a las gemelas representadas, no existiría remedio jurisdiccional
alguno, motivo por el que, en virtud de la regla (i) descrita (supra 3.1.1.),
la acción de tutela sería procedente y el juez constitucional, en este caso la
Corte, estaría habilitada para conocer del caso estudiado.
3.1.3. Procedencia de la acción de
tutela para cuestionar las normas
incorporadas en los Manuales de Convivencia. En
todo caso, considerando que la decisión de separar a las menores de salón de
clases está sustentada en una norma del Manual de Convivencia, esta Sala
considera adecuado hacer un análisis complementario, examinando la procedencia
de esta acción constitucional para cuestionar las normas incorporadas en tales reglamentos.
De acuerdo con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994,[46] los Manuales
de Convivencia hacen parte del contrato que implica la matrícula escolar entre
los padres de los estudiantes y los planteles educativos, y son el sumario de las
“reglas mínimas de convivencia [institucional], dentro del ámbito de la
autonomía conferida a los centros educativos”.[47] En efecto, la
aplicación de tales reglas, responde a dinámicas propias del plantel y a su
operatividad interna, motivo por el que los controles ordinarios a las mismas son
de naturaleza eminentemente administrativa y están a cargo del Consejo
Directivo de la institución.[48]
En ese sentido, tanto por la naturaleza de las normas
como por sus destinatarios, la Sala no observa que el legislador hubiese
contemplado un mecanismo judicial específico para controvertir los contenidos
de un Reglamento Escolar; ni que, aún existiendo genéricamente, el mismo tuviera
la virtud para abordar un asunto como el que en esta oportunidad debe analizar
la Corte, relacionado con el ajuste constitucional del Manual de Convivencia y las
probables afectaciones a derechos fundamentales que se produzcan con motivo de su
aplicación.
3.1.4. En ese orden de ideas, ante la ausencia de
mecanismos judiciales idóneos que se ocupen de un análisis como el propuesto en
la litis constitucional, se demuestra la procedibilidad de la acción
frente al caso concreto, motivo por el que la Sala pasará al examen de fondo,
iniciando por las consideraciones generales.
4. La autonomía escolar como fundamento del ámbito de
definición normativa que tienen los establecimientos educativos para establecer
políticas institucionales sobre la distribución de los estudiantes hermanos en
aulas distintas y sus límites constitucionales.
4.1. Para ofrecer principios de respuesta a la tensión
a tratar, la Sala abordará en este capítulo, el tema de los reglamentos
educativos como expresión fundamental de la libertad de asociación y de conciencia,
así como de la autonomía escolar. Del mismo modo, planteará brevemente la
cuestión sobre la fuerza vinculante de los reglamentos educativos y la
obligatoriedad de sus exigencias para la comunidad escolar. A continuación, trazará
algunas tensiones ius fundamentales entre los derechos
constitucionales del estudiantado y el ámbito de definición normativa que tienen los establecimientos
educativos. Finalmente, la Corte precisará el asunto sobre la apertura con que
deben interpretarse las normas del Manual de Convivencia a la luz de la
garantía de los derechos fundamentales.
4.1.1. A partir de postulados normativos como el
contemplado por el artículo 38 superior, mediante el cual se reconoce el
derecho de asociación, el constituyente de 1991 exteriorizó su propósito de
establecer un modelo participativo dirigido a profundizar las expresiones
democráticas en la sociedad civil, a partir del reconocimiento de diversas
formas organizacionales con un importante margen de autodefinición, tanto en
sus fines, como desarrollos ideológicos, programáticos y normativos.
En efecto, el reconocimiento y la importancia
constitucional del derecho de asociación, como “(…) la libertad o facultad
autónoma de las personas para unir sus esfuerzos y/o recursos, en aras de impulsar
conjuntamente la realización de propósitos o finalidades comunes, mediante la
adopción para el efecto de distintas formas asociativas”[49], no
solamente responde a un interés unívoco por preservar la autonomía personal y
comunitaria sino que también atiende a que “una parte significativa del
proceso de socialización del ser humano toma lugar en estos grupos [desde
diferentes aristas] y en ellos se modela y perfila el ciudadano responsable que
más tarde - o simultáneamente - se inserta[rá] en la vida pública.”[50]
Justamente, por la diversidad de ideas y objetivos que
aguarda cualquier forma de asociación protegida por el constituyente,
aparece ligado a tal derecho el ejercicio de otro tipo de libertades como su
correlato. Los sindicatos (art. 39 superior), partidos políticos (art. 40
Ibídem), asociaciones empresariales y mercantiles (arts. 39 y 189-24 ibídem),
cooperativas (C.P. arts. 60 y 189-24), establecimientos educativos (C.P. art.
68) y otros cuerpos intermedios de la sociedad civil, no solo son expresión del
derecho de asociación sino que su establecimiento y permanencia implican el
ejercicio de derechos como la libertad de conciencia o la libertad religiosa,
así como la vigencia del principio de pluralismo jurídico;[51] garantías sin las cuales
no sería posible proteger los fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra
índole,[52]
que son los que, en últimas, justifican la existencia de aquellos cuerpos
comunitarios.
Así como otras organizaciones, la existencia de los
establecimientos educativos también está ligada a ciertas ideologías, directrices
o intereses éticos e intelectuales que no escapan a la esfera de protección ius
fundamental descrita. Específicamente, en desarrollo de la autonomía y
libertad tanto asociativa como de conciencia, la Ley 115 de 1994[53] facultó a
los establecimientos educativos públicos y privados para que, con el fin de
lograr la formación integral del educando, elaboraran y pusieran en práctica un
Proyecto Educativo Institucional, cuyo propósito es dar especificidad a los “(…)
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes
y estudiantes y el sistema de gestión (…).”[54]
En ese sentido, el Proyecto Educativo Institucional es
una expresión de la autonomía escolar protegida, en tanto representa ciertos
fines ideológicos conducidos a través de perspectivas formativas, pedagógicas y
normativas distintas, elementales en la construcción de una sociedad que
defiende las ideas de inclusión, democracia y respeto por las diferencias.
Particularmente, en el marco de la autonomía anotada,
los establecimientos educativos tienen la facultad de autorregulación normativa
y en ese orden de ideas pueden darse su propia reglamentación o manual de
convivencia, el cual, con “(…) la participación efectiva de las distintas
voluntades que hacen parte activa de la comunidad académica, están destinados a
regular derechos y obligaciones de quienes se encuentran involucrados en los
distintos procesos educativos.”[55]
4.1.2. En efecto, la Ley General de Educación, en su
artículo 87, define el alcance del reglamento o manual  de convivencia
estudiantil, así como su poder vinculante: “Los  establecimientos educativos
tendrán un reglamento o manual  de convivencia, en el cual se definan los
derechos y  obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los  educandos
al firmar la matrícula correspondiente en  representación de sus hijos, estarán
aceptando el mismo. Asimismo, con el fin de garantizar la vigencia del
principio democrático, la adopción de los Manuales de Convivencia en planteles
estatales es una función encomendada al Consejo Directivo de cada Institución,[56] a su vez,
conformado por el rector, por representantes de los docentes, de los padres de
familia y de los estudiantes, así como de los ex alumnos y de los sectores productivos
organizados en el ámbito local.[57]
Precisamente, tal conjunción de esfuerzos de la
comunidad educativa justifica el poder vinculante de dicho instrumento e
implica su observancia frente a la “(…) regula[ción] y evalua[ción] de la
conducta escolar de los estudiantes, mediante el señalamiento en forma
autónoma, de los derechos, deberes y obligaciones de los mismos en sus
relaciones con sus similares, los educadores y los directivos, las faltas (…),
las sanciones respectivas, los órganos competentes para imponer éstas y el
procedimiento aplicable (…).”
Entendido así, el buen funcionamiento del sistema educacional depende pues del
concurso interactivo de los planteles, de los padres y de los estudiantes,
puesto que la responsabilidad educativa no solo recae en la institución, sino
que es compartida con otros actores como la familia, la sociedad y el
Estado. En otras palabras, de la observancia obligatoria que haga la comunidad
académica a su Manual de Convivencia, depende la materialización de aquellas
políticas que buscan la formación moral, intelectual y física de los educandos
de conformidad con el proyecto institucional.
4.1.3. Aun cuando, como se
reseñó, el Manual de Convivencia revista las características de un contrato de
adhesión, a cuyo diseño concurre la comunidad educativa previamente y
constituye el conjunto de reglas mínimas de convivencia escolar adoptado en
virtud de la autonomía concedida a los centros de enseñanza,[58] tales particularidades
no implican perse una licencia incondicional y definitiva en relación
con su aplicación e interpretación. En efecto, como ya ha tenido ocasión de precisarlo
esta Corporación en su jurisprudencia “(…) los manuales de
convivencia encuentran como límite último el respeto no sólo de los derechos
fundamentales y de la Constitución en general, sino también de la concreción
legal que de ellos se haga. Su eficacia depende, en consecuencia, del grado de
armonía con los derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior.” [59]
Bajo tal entendido, este
Tribunal ha explicado que los manuales de convivencia de las instituciones de
enseñanza deben mostrarse compatibles con los derechos fundamentales, puesto
que, en los términos de la Constitución Política de 1991, la educación como
actividad formativa y no autoritaria,[60]
excluye la imposición de “(…) medidas desproporcionadas o  irracionales, que contraríen
el ordenamiento superior, [o] la fijación de pautas que atenten contra
garantías de rango individual, [tales como], la libertad, la autonomía, la intimidad, el [libre]
desarrollo de la personalidad(…), el debido proceso,” y otros derechos de alta
sensibilidad constitucional como la integridad personal- física o psicológica-.
En efecto, no es nada extraño para esta
Corporación que existan constantes tensiones entre los derechos fundamentales
del estudiantado y el ámbito de definición normativa
que tienen los establecimientos educativos, pues los manuales de convivencia,
al contener normas sobre aspectos de la conducta y la presentación personal, la
definición de sanciones y, en general, la forma de relacionamiento de los
alumnos con las demás instancias de la comunidad educativa,[61] suponen
necesarias colisiones con esferas de la formación personal. No obstante, no
todas esas tensiones importan a la orbita ius fundamental, pues sólo en
aquellas en las que la aplicación de una norma del manual de convivencia provoque una
amenaza seria o una lesión real a un derecho fundamental, es necesaria la
intervención del juez constitucional, entre otras cosas, porque sólo así se
habilitaría su competencia para “(…) ordenar la
inaplicación de las disposiciones [respectivas] (…)”[62] o para precisar “[la interpretación dada a] las
normas de los reglamentos internos de forma []compatible con la Constitución”.[63]
4.1.4. Frente a éste último aspecto,
relacionado con la interpretación de las normas de los manuales de convivencia,
esta Sala comprende que la inteligencia de cualquier complejo normativo
consiste en regular aspectos generales y abstractos sobre el curso normal y
ordinario de ciertos sucesos, y no reglar circunstancias excepcionales o
extraordinarias que puedan ocurrir eventualmente dentro de los planteles
educativos. En ese orden de ideas, la Corte admite que si bien muchas de las
normas de los manuales de convivencia pueden estar confeccionadas sobre unos
términos categóricos o absolutos y que, en esa medida, descuidan la regulación
de ciertas situaciones inusuales, ello no obsta para que, a la luz de una
interpretación ajustada a los límites constitucionales, los operadores
escolares apliquen aquella norma que se muestra inflexible con una mayor
apertura frente a determinados casos que así lo exijan. Al respecto, la Corte
ha insistido en que si bien “(…) los
estudiantes y padres de familia al momento de inscribir la  matrícula están
aceptando de forma tácita las pautas establecidas en [los reglamentos de
convivencia de la institución], (…) [dicho] compromiso adquirido no significa
que la voluntad qued[e] anulada totalmente, ya que puede variar conforme a  las
necesidades específicas de cada estudiante.”
Esta apertura en la
interpretación de las normas del manual de convivencia, en gran medida, también
obedece a la tarea formativa de las instituciones educativas y al deber que tienen las mismas de “(…)
ofrecer una educación integral, que comprenda no solo el acceso sino la
implementación de procesos didácticos y pedagógicos, que aseguren un acompañamiento
individual del estudiante, acorde con la situación especial que presente
frente a la sociedad.” (Subrayado no original)
Lo anterior, para precisar, como lo ha hecho esta
Corporación en diversas oportunidades que, “(…) si se parte de considerar que la educación es el escenario central
para la formación en la tolerancia y los valores éticos y democráticos,
carecería de todo sentido que ese mismo espacio permitiera (…) la autoritaria
homogenización de los educandos (…) [a riesgo de
vulnerar derechos fundamentales], aun cuando “(…) [el] respeto por los sistemas de valores distintos deben presidir toda
la enseñanza y el aprendizaje de los valores en un país que optó por el
desarrollo de una nación pluricultural, en la que ya no hay un solo modelo de
virtud al servicio del intento de unificar el comportamiento de todos en la
vida de relación.”[64]
5. Análisis del Caso Concreto
5.1.
Tal y como fue precisado en un capítulo
anterior, la Sala debe determinar si la Institución Educativa LA SALLE de
Campoamor vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física
y a la educación de las menores representadas al ubicarlas en salones distintos
para el año 2015, decisión adoptada con fundamento en una disposición del
Manual de Convivencia- expresión de la autonomía escolar- que determinaba que “(…), en ningún caso los hermanos que cursa[ban] el
mismo grado [podían ser] ubicados en el mismo grupo”, considerando que tras su separación, los padres
manifestaron que ello era inconveniente para la formación y bienestar de sus
hijas.
5.1.1. En abstracto, la inclusión de la prohibición
discutida al Manual de Convivencia no quebranta límites constitucionales
(examen genérico- jurídico del problema). Para el efecto, la Corte advierte que, en virtud de la autonomía y
libertad tanto asociativa como ideológica dispensada por la Constitución
Política a los establecimientos de enseñanza, la Institución Educativa
demandada ha fijado a través de su Manual de Convivencia y como expresión
regulatoria del Proyecto Educativo Institucional directrices y parámetros deseables
frente a lo que considera formas de estimular y fortalecer los procesos de
formación de la independencia y la individualidad de los hermanos múltiples.
Desde luego, estas aspiraciones coinciden con la importancia que el colegio le
ha concedido al ejercicio de la autonomía de sus estudiantes, como objetivo del
Manual de Convivencia y “(…) entendida como la puesta en práctica de la
responsabilidad y el uso correcto de la libertad, (…) el reconocimiento, y la
valoración de la diferencia.”[65]
El ejemplo normativo más claro de aquella instrucción
institucional, fue la modificación introducida por el Consejo Directivo al
Manual de Convivencia en el año 2015 en el capítulo de “Admisiones y
Matrículas”, donde se precisó que “La institución se reserva el derecho
de ubicar los estudiantes en el grupo que considere adecuado atendiendo a
variables y criterios institucionales, en ningún caso los hermanos que
cursan el mismo grado serán ubicados en el mismo grupo.” (resaltado no
original)
Tal política, de acuerdo con lo expresado por el
plantel educativo, no es un“(…) mero capricho” y por el contrario,
obedece a un medida que favorece la autodeterminación, la individualización y
el desarrollo de las menores, aspectos que, de estar en una misma aula, podrían
verse limitados. En efecto, argumentan que, de acuerdo con la
experiencia que han tenido al aplicar la separación de múltiples,“[se
sienten] contentos y satisfechos con los resultados positivos de los
estudiantes a nivel pedagógico, académico, comportamental, de convivencia,
afectivo, y emocional, (…) [pues con dicha determinación, se han propiciado]
otros vínculos sociales como la amistad y el compañerismo, [los cuales han
contribuido con] la autonomía, la independencia y el sentido de pertenencia,
[todo soportado en estudios psiquiátricos][66]
(…)”.
Así pues, la Sala advierte que por sí sola,
tal previsión, sustentada en las políticas pedagógicas del establecimiento, es
admisible y se encuentra amparada por garantías fundamentales como la libertad
de asociación, de conciencia, e inclusive de enseñanza.
En todo caso, tal como se advirtió en
capítulos anteriores (esquema de resolución supra 2.3.), además del
análisis esencialmente jurídico efectuado, la Sala se apoyará en los estudios y
conceptos tanto académicos como de orden psicológico enviados por las
universidades que intervinieron en el trámite de revisión (supra 2.1.2.6 a
2.1.2.8) para aproximarse de forma empírica a la solución del caso
concreto.
5.1.2. No existe desde conceptos académicos ni científicos,
un criterio concluyente sobre la conveniencia o no de separar escolarmente a
los hermanos múltiples que cursan el mismo grado. Debido a la diferencia de los
casos, a su carácter contingente y a la aparición de situaciones inusuales, es
razonable que las instituciones educativas adopten una interpretación flexible
en relación con las normas que definen la distribución del estudiantado (examen
genérico- empírico del problema). Finalmente,
la Sala debe resaltar que de todos los estudios y conceptos que fueron enviados
por las Universidades oficiadas, la Pedagógica Nacional, la Nacional de
Colombia y la de Antioquia, no es posible llegar a una respuesta definitiva
sobre la conveniencia o no de mantener a los hermanos múltiples en un mismo
salón de clases, puesto que es necesario
estudiar cada situación específica para identificar las diferentes dinámicas
que involucran la relación de las niñas gemelas, en conjunción con otros elementos
sociales y otros actores, como profesores, compañeros de clase y familiares. En
ese sentido, no existe una fórmula concluyente o recomendación general a
aplicar, por lo que debe analizarse el caso en concreto con sus características
contingentes, evitando adoptar formas preliminares o deterministas inflexibles,
que desconocerían la praxis educativa.
5.1.2.1. Considerando lo anterior, la
Sala tampoco advierte que, en abstracto, la inclusión de una norma de tal tenor
en el Manual de Convivencia comporte una medida irrazonable o desproporcionada,
como quiera que al no tratarse de respuestas concluyentes frente a la forma más
adecuada de ubicar a los hermanos múltiples en el escenario educativo, la directriz
de mantenerlos en salones de clase distintos encuentra asidero constitucional;
máxime cuando se vio que ello responde a propósitos serios sobre la forma
acertada en que el colegio, como resultado de un proceso de indagación y
observación, [logró manejar]; [dando respuestas], [por un lado, a] la carga
emocional que [sobrelleva] el hermano con mejor desempeño académico y/o
disciplinario, [y por otro, a] la dependencia [del menos autónomo] para
adaptarse a otros espacios sin su [par].”
5.1.2.2. En todo caso, debe precisarse que, tal como
se desarrolló en párrafos precedentes (supra 4.1.4), normas como la que
contempla esta prohibición para los hermanos, son de aquellas que están
redactadas de forma categórica procurando con ello, regular la generalidad de
los casos, descuidando, de algún modo, circunstancias inusuales que podrían
presentarse pero que, ante el riesgo de afectación a derechos fundamentales,
deben interpretarse con mayor apertura y ajustarse a límites constitucionales.
Por tal razón, la Institución Educativa demandada debe
estar alerta para que, en el evento en que existan necesidades específicas de
hermanos múltiples que hagan necesaria su ubicación en un mismo salón de clases
como en el evento de los  gemelos Steven y Nicole Taborda Zapata, interprete
con suficiente apertura la norma en cuestión (“En ningún caso los hermanos
que cursan el mismo grado serán ubicados en el mismo grupo”- Párrafo 7,
Capítulo 3 “Admisiones y Matrículas” Manual de Convivencia-) de forma que
atienda a las necesidades de cada caso, cuando ello implique un riesgo
verificable a la integridad personal, a la salud o a otro derecho fundamental.
Finalmente, tal como fue precisado en las
consideraciones generales de esta sentencia (supra 4.1.3), para establecer
si dicha facultad de autorregulación normativa excedió los límites
constitucionales permitidos, es menester verificar si en el caso concreto
alguno de los derechos, cuya protección de solicitó, fue efectivamente
amenazado o lesionado.
5.1.3. No existe ni existió afectación ius
fundamental en el caso concreto (examen específico del problema). En relación con tal análisis, debe
partirse de la situación que las madres de las menores expusieron como móvil
del amparo, argumentando que la amenaza o vulneración de los derechos de las
niñas devenía de las reacciones adversas- físicas y psicológicas- que las
mismas experimentaron tras haber sido separadas de salón de clases como
respuesta a una medida, a su juicio, abrupta y arbitraria.
5.1.3.1. La Sala conoció de las
valoraciones psicológicas aportadas por las madres a la acción de tutela. En
las mismas se precisaba que las niñas padecían
un cuadro caracterizado por una depresión mayor, trastorno de apego reactivo y
presencia de tricotilomania días después de haber iniciado el año escolar y no
compartir la misma aula de clases. Si bien esta situación fue considerada tanto
por los jueces de instancia como por la Corte como un indicio serio de la
afectación y de que tal separación podía comprometer su salud y su integridad
personal; luego de las conclusiones arrojadas por el Instituto de Medicina
Legal, las psicólogas y maestras del colegio, y por el mismo Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar que se desplazó hasta la vivienda de las menores y visitó
el plantel educativo con el fin de  verificar el comportamiento y el estado
anímico de las mismas, esta Sala estima, en principio, que la decisión de
separarlas de salón de clases generó consecuencias normales de adaptabilidad
sin que ello diera lugar a la configuración de un menoscabo real a sus derechos
fundamentales. Veamos.
5.1.3.2. Debido a que la valoración aportada por las madres a la acción de
tutela contenía algunos aspectos endebles como que no existía certeza de que
la causa de los síntomas físicos y mentales experimentados por las menores
fuera atribuible a su ubicación en salones de clases distintos y que además los
conceptos diagnósticos de las cuatro niñas, expedidos el mismo día, eran
idénticos, a pesar de que, como lo precisó el juez de segunda instancia,
cada una era una “(…) persona[…] independiente y diferente”; la Sala
solicitó numerosas pruebas en relación con la situación física, emocional,
comportamental y académica de las niñas, con el propósito clave de recibir por
expertos y desde una perspectiva temporal más amplia, y no sólo con un
fundamento instantáneo, información sobre la realidad y magnitud de la
afectación.
5.1.3.3. En primer lugar, el psicólogo evaluador del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que tanto
Valentina como Nataly Martínez Herrera, al ser separadas de salón de clases
experimentaron una reacción esperable desde lo comportamental, anímico y
emocional, lo que no quería decir que ello se pudiera equiparar a una
determinada condición psicopatológica o alguna alteración a su salud mental.
5.1.3.4. En el mismo sentido, el ICBF, al efectuar la visita
domiciliaria y escolar, y luego de observar el comportamiento de las niñas, llegó
a la conclusión de que “(…) [nunca] se
evidenci[ó] una afectación emocional que pertur[bara] su desempeño académico,
su adaptación e interacción dentro de la institución. [Infirió], que esas
afectaciones iniciales obedec[ieron] al proceso de adaptación dada la separación
abrupta a la que estuvieron expuestas pero que [fueron] asimilando de una
manera favorable propiciando su autonomía e independencia.” En efecto, al observar el comportamiento de María José
como de Ana Sofía Cárdenas, precisaron que se veían tranquilas, participativas
y sociables, que en el tiempo de salir a recreo lo hacían sin afanarse, se
unían a otros niños y niñas estableciendo conversación, buscaban contacto con
su respectiva hermana por cortos periodos de tiempo, hablaban, jugaban
brevemente y, sin que se evidenciara afectación por este hecho, se alejaban
para integrarse a sus respectivos grupos de amigos, enfocándose de manera
inmediata en otra actividad.
Inclusive, los profesionales del Instituto insinuaron
que “(…) la situación […] de […] inconformidad ante el cambio, [fue] más
[una] necesidad de las madres que [de] sus propias hijas, [para] que
permane[cieran] juntas.” Y que, en todo caso, a diferencia de María José y
Ana Sofía, “(…) las niñas Valentina y Nataly, no tuvieron la posibilidad de
elaborar el duelo ante esta separación, [y] por el contrario el hecho fue
reforzado por los padres al desescolarizarlas.”
5.1.3.5. En un idéntico sentido a la observación hecha por el ICBF, la maestra
de apoyo pedagógico y la psicóloga de la institución, concluyeron que,
contrario a lo que afirmaban los padres de las menores, éstas se encontraban
bien integradas a sus respectivos grupos de clases así como adaptadas a las
actividades y juegos propuestos, sin que se observaran comportamientos nocivos
o que ameritaran intervención.
Con respecto a su desempeño escolar,
la Sala constató que si bien las menores Valentina y Nataly había presentado
faltas reiteradas en el año 2015, ello se debía, según las excusas de sus
padres, a que “no estaban juntas [en el mismo salón de clases]” y no
porque se tratara de incapacidades médicas relacionadas con la presunta
afectación a su estado de salud. Igualmente, en ningún caso, ni de las gemelas Martínez Herrera ni Cárdenas Cano, los padres manifestaron a la institución que las
niñas estuvieran presentando comportamientos extraños en casa ni tampoco
solicitaron acompañamiento psicológico para las menores de edad y; la
Institución no lo prestó precisamente porque nunca observó conducta
significativa- malestar físico o emocional- que ameritara activar dichos
canales de apoyo y; por el contrario, de acuerdo con el historial escolar
revisado por la Sala, siempre se les observó respetuosas con sus compañeros y
profesores, responsables y dispuestas en la realización de las actividades
curriculares.
5.1.3.6. Ahora, otro de los argumentos que exponían las madres de las niñas para
justificar el impacto negativo que había tenido la medida de separación, era el
relacionado con su bajo desempeño académico. Sin embargo, una vez revisado su
historial curricular, la Sala advirtió que el desempeño, en el caso de las
hermanas Nataly y Valentina, en lugar de empeorar mejoró en relación con el año
anterior, como quiera que el promedio académico acumulado tanto de Nataly como
el de su hermana Valentina Martínez Herrera en 2014 fue de 3.9, mientras que el
del primer periodo de 2015 fue de 4.3.
Ya en relación con el desempeño académico de las
menores María José y Ana Sofía, la Sala constató que el mismo ha desmejorado,
puesto que el promedio acumulado del primer año estuvo en 3.9 y en el año lectivo
en curso se registraron promedios de 3.6 y 3.5. Sin embargo, de acuerdo con la
información paralela enviada por la institución y por la misma madre de las
menores, existe un déficit de acompañamiento familiar en relación con las
actividades escolares, puesto que su progenitora cuenta con horarios de trabajo
altamente restringidos, por lo que no tiene el tiempo suficiente para atender a
“tareas dobles”, ni para asistir a todas las reuniones programadas por el
plantel con miras a establecer las estrategias de mejoramiento académico en el
caso de sus hijas.
5.1.3.7. En suma, este Tribunal estima que la medida de separación aplicada a
las menores no involucró afectaciones a sus derechos fundamentales y que, pese
a que Valentina y Nataly se encuentran desescolarizadas y que María José y Ana
Sofía han desmejorado su desempeño académico, ninguna de las situaciones
tuvieron relación o se generaron con motivo de alguna reacción adversa
vinculada a las políticas del plantel de mantener a los hermanos que cursan el
mismo grado en distintas aulas de clase. En ese sentido, se observa que la
tensión ius fundamental surgida en este caso (autonomía escolar-
integridad personal y salud) no implicó en últimas ninguna amenaza o
vulneración de los derechos de las menores. Particularmente, las gemelas Martínez
Herrera  tuvieron un proceso de adaptación exitoso después de haber sido
separadas y ello se comprobó gracias a los resultados de las medidas adoptadas
por el colegio demandado, sin que los padres pudieran demostrar lo contrario. En
ese orden de ideas, se observó que el bien logrado proceso de adaptación
convenía plenamente con el interés superior de las menores y con la primacía de
sus derechos fundamentales. Y así como en este evento no se logró probar
ninguna afectación, tampoco ello ocurrió en el caso de las gemelas Cárdenas
Cano, frente a las cuales fue imposible determinar las consecuencias de su separación,
en tanto los padres decidieron interrumpir el proceso escolar al interior de
las aulas del plantel.
5.1.4. Sin embargo, la Sala no puede desconocer la condición
médica de la menor María José Cárdenas Cano a la luz de lo explicado en
párrafos precedentes (supra 5.1.2.2). En efecto, su ubicación y la de su
hermana en distintos salones de clase como consecuencia de la aplicación de la
norma en cuestión debería re examinarse con mayor detalle por tratarse de una
situación especial, pues, así como en el caso de los gemelos Steven y Nicole
Taborda Zapata, en el caso de María José y su hermana la separación escolar
podría influir negativamente en el estado de salud de aquella y, en
consecuencia, sus derechos fundamentales podrían verse comprometidos.
5.1.4.1. Aunque el colegio accionado manifestó no
conocer la situación de salud de menor María José Cárdenas Cano, durante el
trámite de la acción se puso al tanto de la misma, por lo que la Sala, en
virtud de lo expuesto en el párrafo anterior y en atención al compromiso
constitucional frente a la efectividad de los derechos de los niños, le
advertirá a la institución educativa que (i) debe evaluar si es conveniente
reunir a las hermanas María José y Ana Sofía Cárdenas Cano en el mismo salón de
clases; y (ii) debe adoptar las medidas pertinentes en procura de brindarle
mayor apoyo y acompañamiento a nivel físico, psicológico y académico a la
primera, para asistirla en el alcance satisfactorio de sus logros curriculares,
de conformidad la Ley 1618 de 2013[67]
y el Decreto 366 de 2009.[68]
De esta orden, la Institución Educativa demandada enviará un informe de
cumplimiento al juez de primera instancia por cada periodo académico.
5.1.5. Por tal motivo, la Corte no amparará los
derechos de las menores representadas pero, en todo caso, advertirá a la
Institución Educativa accionada en los términos de los párrafos precedentes (supra
5.1.4 y 5.1.4.1).
III. DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la orden de suspensión del trámite de
revisión dentro de la tutela presentada por
Luz Argenis Herrera Arango y Paulina Cano Adarve, en representación de sus
menores hijas Valentina y Nataly Martínez Herrera, y Ana Sofía y María José
Cárdenas Cano, respectivamente, contra la Institución Educativa LA SALLE de
Campoamor de Medellín- institución oficial-, y como vinculado la Secretaría de
Educación de la misma ciudad para, en su lugar,
resolver de fondo con la totalidad de las pruebas allegadas durante el mismo.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la decisión adoptada, en segunda instancia, por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín el
24 de abril de 2015, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Medellín el 18 de
marzo del mismo año, que resolvió no conceder el amparo presentado por Luz
Argenis Herrera Arango y Paulina Cano Adarve, en representación de sus menores
hijas Valentina y Nataly Martínez Herrera, y Ana Sofía y María José Cárdenas
Cano, respectivamente.
TERCERO.-  ADVERTIR a la Institución
Educativa LA SALLE Campoamor de Medellín que, en el evento en que existan
necesidades específicas de hermanos múltiples que hagan necesaria su ubicación
en un mismo salón de clases, el colegio debe interpretar con suficiente
apertura la norma prohibitiva en cuestión (En ningún caso los hermanos que
cursan el mismo grado serán ubicados en el mismo grupo- Párrafo 7, Capítulo 3
“Admisiones y Matrículas” Manual de Convivencia-) de forma que atienda a las
necesidades de cada caso, cuando ello implique un riesgo verificable a la
integridad personal, a la salud o a otro derecho fundamental.
CUARTO.- ADVERTIR a la Institución Educativa LA
SALLE Campoamor de Medellín que, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo, en virtud de la motivación expuesta (supra
5.1.4.) y en atención al compromiso constitucional frente a la efectividad
de los derechos de los niños, (i) debe evaluar si es conveniente
reunir a las hermanas María José y Ana Sofía Cárdenas Cano en el mismo salón de
clases; y (ii) debe adoptar las medidas pertinentes en procura de
brindarle mayor apoyo y acompañamiento a nivel físico, psicológico y académico
a la primera, para asistirla en el alcance satisfactorio de sus logros
curriculares, de conformidad la Ley 1618 de 2013[69] y el Decreto 366 de
2009.[70]
De esta orden, la Institución Educativa demandada enviará un informe de
cumplimiento al juez de primera instancia por cada periodo académico.
QUINTO.- Por
secretaría, líbrese la comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Entidad
vinculada mediante auto del 11 de marzo de 2015 por el juez de primera
instancia, el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín. Folio 34 del cuaderno
principal.
[2] El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis, mediante auto del 24
de junio de 2015. Folios 2 al 8 del cuaderno de Revisión.
[3] Copia simple de
los registros civiles de las menores Valentina y Nataly Martínez Herrera, donde
consta que nacieron el 11 de enero de 2008. Folios 7 y 8 del cuaderno
principal.
[4] Copia simple
del registro civil de la menor María José Cárdenas Cano y Registro Escolar
completo de Ana Sofía Cárdenas Cano, donde consta que nacieron el 5 de mayo de
2007. Folios 188 y 240 del cuaderno de revisión.
[5] Historia
Clínica de la menor. Folio 19 del cuaderno principal.
[6] Respuesta de la
Rectora del plantel educativo a la señora Luz Argernis Herrera Arango con fecha
del 27 de enero de 2015 frente a una petición – del 22 del mismo mes- de enviada
por la madre de las niñas solicitando una medida para evitar que las mismas
fueran ubicadas en salones de clase distintos. Folios 1 y 2 del cuaderno
principal.
[7] Oficio del 20 de febrero de 2013 de la Secretaría de
Educación de Medellín. Folio 94 del cuaderno principal.
[8] Informes
psicológicos de las 4 niñas, expedidos todos el 23 de febrero de 2015, bajo el
mismo diagnóstico médico. Folios 11 a 14 y 21 a 24 del cuaderno principal.
[9] Folios 41 a 94
del cuaderno principal.
[10] Respuesta radicada por la rectoría de la Institución Educativa “La
Salle de Campoamor”. Folios 41 a 44 del cuaderno principal.
[11] Justificación
complementaria, a partir de la respuesta dada por el colegio al derecho de
petición presentado por los padres de las estudiantes el 22 de enero de 2015,
en la que la rectora del mismo señala que “(…) en ningún momento se está
violentando el derecho a la educación por el cual la institución vela, ni mucho
menos [se] pretende afectarlas emocionalmente. Lo cual se pudo evidenciar en
las rondas que se realizan por las aulas en las cuales las estudiantes se
observaron, tranquilas, dispuestas con las actividades pedagógicas y en una
actitud receptiva hacia las docentes de los respectivos grupos; aunque es
natural que inicialmente estos cambios impacten. (…) cabe anotar, que en el
año 2014 regularmente querían estar juntas, compartían el mismo grupo de
amigos, además de ser muy apegadas y dependientes e incluso de no querer
separarse en la fila.” (subrayado no original). Folio 2 del cuaderno
principal.
[12] La rectora de
la Institución, en su respuesta a la acción de tutela, advirtió que en 2014 se
había presentado un problema similar al ahora estudiado y que los padres de las
menores de aquél entonces habían presentado la respectiva queja ante la
Secretaría de Educación, entidad que avaló la decisión del colegio de separar a
las niñas y les “(…) sugirió que en el Manual de Convivencia se hiciera la
claridad, en otras palabras [que] lo [incluyeran] y, [precisa que], esto se ha
venido haciendo y socializando tanto con padres de familia, como con los
estudiantes.” Folio 43 del cuaderno principal.
[13] Acta de la
reunión del 3 de febrero de 2015. En la misma, tal como se precisó en la
respuesta al derecho de petición presentado por los padres de las estudiantes
el 22 de enero de 2015, se aclaró que las gemelas “(…) en el año 2014
regularmente querían estar juntas, compartían el mismo grupo de amigos, además
de ser muy apegadas y dependientes una de la otra, hasta no querer separarse en
la fila.” Folios 52 y 53 del cuaderno principal.
[14] Informes de
las coordinadoras de clase, de la profesional de apoyo pedagógico y de la
psicóloga de la institución. Folios 54 a 57 y 86 del cuaderno principal.
[15] Respuesta
firmada por la Líder del Programa Jurídico de la Secretaria de Educación de la
Alcaldía de Medellín. Folios 39 y 40 del cuaderno principal.
[16] Folios 116 a 122 del cuaderno principal.
[17] “PRIMERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se inste a
la señora  Paulina Cano Adarve para que, en el término de 3 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, envíe
a este despacho los registros civiles de sus menores hijas Ana Sofía y María
José Cárdenas Cano.// SEGUNDO.- ORDENAR que,
por Secretaría General, se oficie a la Institución Educativa LA SALLE de
Campoamor de Medellín para que, en el término de 8 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, envíe
a este despacho (i) una copia original y actual del Manual de Convivencia de
dicha institución; y (ii) el historial del desempeño académico, disciplinario y
de convivencia de las 4 niñas en los años 2013, 2014 y 2015, así como el
registro de los incidentes negativos (llamados de atención) y positivos
(felicitación) que aparecen en la historia educativa de las mismas o un
documento que haga sus veces. Igualmente, deberá informar (iii) las razones por
las cuales la institución no resolvió separar a los gemelos “Nicol y Estiven”
de 2º al inicio del año lectivo 2015, aun cuando ya estaba vigente la norma del
Manual de Convivencia que prohibía este tipo de distribución, y por qué
posteriormente los separó de grupos y (iv) si la institución brindó o ha
brindado apoyo psicológico a las niñas en el proceso de readaptación a sus
nuevos salones de clase y en qué ha consistido tal apoyo (adjuntar soportes
respectivos como constancias de citas, terapias, etc).// TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se
oficie a la Secretaría de Educación de Medellín- Antioquia para que, en el
término de 5 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, informe a
este despacho, según la respuesta del 20 de febrero de 2013 frente a la
solicitud de cambio de grupo de María Camila y Luisa María Fernández Hernández-
radicado 201400052110-, (i) en qué consistió dicha solicitud  y cuál fue la
razón para considerar que la decisión de la Institución de separar a aquellas menores
no iba en desmedro de su formación; (ii) los motivos por los que, en dicha
respuesta, recomendó a la Institución Educativa LA SALLE de Campoamor de
la misma ciudad la inclusión en el Manual de Convivencia de una norma
regulatoria frente a la separación de los hermanos en un mismo curso y; (iii)
por qué considera que ese tipo de normas deben estar incluidas en los Manuales
de Convivencia de las Instituciones Educativas.” Folios 11, 12 y 13 del
cuaderno de revisión.”
[18]
“CUARTO.- ORDENAR que, por
Secretaría General, se oficie al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
Regional Antioquia- para que, en el término de 15 días hábiles a partir de la
comunicación de este auto, a través de un personal adecuado (psicólogo,
trabajador social, etc.) programe y efectúe una visita a la Institución Educativa LA SALLE de Campoamor de Medellín con el
propósito de verificar el desenvolvimiento escolar así como la disposición
académica y disciplinaria de las niñas Valentina y Nataly Martínez Herrera y
Ana Sofía y María José Cárdenas Cano. En dicha visita, además de (i) observar
el comportamiento de las niñas durante las clases, los descansos y otros
espacios si así lo considera pertinente el personal enviado, deberán (ii)
contar con las entrevistas de los docentes, psicólogos y demás personas
cercanas al proceso de formación educativo de las niñas, incluidos los
padres de familia. Esto, con el propósito de establecer la afectación tanto
académica como psicológica y comportamental que generó en su momento y que ha
venido generando a lo largo de éste año su separación de un mismo salón de
clases. En caso de que alguna de las niñas haya sido retirada de la
institución, deberá recolectarse la información hasta el momento en que se
mantuvo vinculada. El informe resultante de ésta visita deberá enviarse de
inmediato al despacho del magistrado sustanciador, dentro del mismo plazo
indicado al inicio de éste numeral.// QUINTO.-
ORDENAR que, por Secretaría General, se oficie al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses- Seccional Antioquia- para que, en el
término de 15 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, a través
de un psicólogo infantil o el especialista que el instituto considere adecuado,
se haga una valoración psicológica completa a las niñas Valentina y
Nataly Martínez Herrera y Ana Sofía y María José Cárdenas Cano, con el fin de
determinar la afectación comportamental, anímica y emocional que pudo haber
generado su separación de un mismo salón de clases y de encontrarse tal
afectación, establecer cuáles serían las medidas pertinentes a adoptar (ej.
Mantenerlas en un mismo salón de clase, o separadas de grupos, seguimiento y
apoyo psicológico, etc.). Para efectuar éste examen, el instituto podrá
solicitar a los representantes legales de las niñas si así lo considera, las
valoraciones anteriores de orden psicológico o las historias clínicas
pertinentes. El informe resultante de ésta valoración deberá enviarse de
inmediato al despacho del magistrado sustanciador, dentro del mismo plazo
indicado al inicio de éste numeral.// (…) OCTAVO-
NOVENO- DÉCIMO.- Para efectos de contar con conceptos calificados sobre el
asunto a decidir, por Secretaría General, SOLICITAR a la Facultad de Educación
de la Universidad Pedagógica Nacional; [a la Universidad Nacional de Colombia]
y; [al Programa de Psicología de la Universidad de Antioquia] que, en la medida
de sus posibilidades, informen a este despacho si, de conformidad con la
evidencia científica y académica conocida, (i) ¿es adecuado para la formación
personal y los procesos grupales educativos que los hermanos gemelos que están
en el mismo curso siempre estén separados de salón de clases,
independientemente de su edad? y si (ii) ¿Existen criterios a nivel psicológico
y pedagógico que indiquen en qué casos deben permanecer separados o juntos? De
existir, (iii) ¿Cuáles son? Las anteriores respuestas, deberán ser enviadas a
este despacho en el término de 8 días hábiles a partir de la comunicación de
este auto.// (…) DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR que,
por Secretaría General, se inste a las señoras Luz Argenis Herrera Arango y
Paulina Cano Adarve para que, en el término de 3 días hábiles a partir de la comunicación de este auto,
informen a este despacho sobre la situación escolar, comportamental y anímica
actual de las 4 niñas y si la Institución Educativa demandada ha prestado
atención y apoyo psicológico a las mismas.” Folios 11, 12 y 13 del cuaderno de revisión.
[19] “PRIMERO.- ORDENAR que,
por Secretaría General, se requiera nuevamente a las siguientes personas y
entidades relacionadas en la providencia del 4 de septiembre de 2015: (…) SEGUNDO.- SUSPENDER el término de revisión
para resolver el presente proceso, hasta el 30 de noviembre de 2015.”
[20] Con la
respuesta referida, se aportaron los respectivos registros civiles de las niñas
Valentina y Nataly Martínez Herrera. Folios 32 a 44 del cuaderno de revisión.
[21] Folios 43 a 48
del cuaderno de revisión
[22] Ibídem.
[23] El promedio
académico acumulado tanto de Nataly como de su hermana Valentina Martínez
Herrera en 2014 fue de 3.9, mientras que el del primer periodo de 2015 fue de
4.3. Folios 168 a 178 del cuaderno de revisión.
[24] Ibídem.
[25] Folios 180 a
183 y 201 a 204 del cuaderno de revisión.
[26] Ficha de
seguimiento de aspectos académicos, socio-afectivos y de convivencia del primer
semestre de 2015 de Ana Sofía Cárdenas Cano: “Es independiente para realizar
las diferentes actividades. Es constante, le gusta asumir responsabilidades. Se
integra con facilidad a las actividades en grupo. (…) Colabora en el mantenimiento
de la disciplina, cumpliendo las normas del Manual de Convivencia. Se destaca
por su colaboración.” Ficha de seguimiento de aspectos socio-afectivos y de
convivencia del primer periodo de 2015 de María José Cárdenas Cano: “Su
presentación personal es excelente, es sociable, acata las normas de
convivencia y comportamentales”. Folios 199 y 219 del cuaderno de revisión.
[27] Según el
historial académico del tercer periodo de 2015, las niñas han presentado un
desempeño concurrentemente bajo en las áreas de humanidades, lengua castellana,
español e idiomas extranjeros, así como en el área de matemáticas. Folios 180 y
201 del cuaderno de revisión.
[28] Constancias de
inasistencia tanto de la madre como de las hijas a los talleres, reuniones y
actividades programadas, el 3 de marzo, semana del 31 de agosto al 4 de
septiembre, entre otras.
[29] Ficha de
seguimiento del primer semestre de 2015 de la menor María José Cárdenas Cano.
Folio 219 del cuaderno de revisión.
[30] Registro del
seguimiento de convivencia año 2015: “Septiembre 19 de 2015: La mamá no se
presentó a reclamar el informe académico del 3º periodo”. Folio 184 del
cuaderno de revisión.
[31] Historia
clínica y académica del menor Steven Taborda Zapata. Folios 244 a 266 del
cuaderno de revisión.
[32] “Por medio
de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.”
[33] "Por medio del cual se reglamenta la organización
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la
educación inclusiva."
[34] Estas afirmaciones
son respaldadas por el Informe de la Coordinadora de Formación y Convivencia
Jornada Tarde, en relación con la niñas accionantes, en el cual se precisa que “(…)
no se encuentra ningún registro que evidencie salida de las estudiantes en
mención por problemas de salud,” que tampoco se evidencia “(…) inasistencia
continuada de las estudiantes en mención, a excepción entre el 19 al 23 de
enero, que por voluntad propia de la familia Nataly y Valentina Martínez
Herrera, dejaron (sic) de enviarlas a la institución sin ninguna excusa como
reacción a la respuesta no satisfactoria para ellos de juntarlas en el mismo
salón (…).” En relación con “Ana Sofia y María José Cárdenas Cano, la mamá (…)
solicitó que se juntaran las niñas [porque] no tenía quien le cuidara [la otra
niña en caso de que se cancelara la clase, pues mientras una se encontraba
recibiendo clase la otra no y tenía problemas de transporte al final del día].
(…) [Frente a tal inquietud, se le indicó] que no había problema y que cuando
ello sucediera [se ubicaba a la niña a la que le habían cancelado clase en
otros de los dos salones de segundo de primaria].” Por otra parte, la Líder
de Formación y Convivencia, en un informe del 12 de marzo de 2015, indicó que “(…)
a [4] las estudiantes en las rondas que he realizado siempre [las] he visto en
actividades variadas y entretenidas con sus compañeros de clase, se comunican
respetuosamente, se les ve autónomas, incluso cada una busca sus compañeras
para realizar juegos en el descanso, se muestran alegres y joviales
participando de las propuestas pedagógicas de las docentes, son ordenadas con
su material de trabajo, cumplen con las normas del manual de convivencia, en lo
corrido del año no se ha tenido que hacer ninguna intervención desde esta
coordinación a ninguna de las estudiantes en mención”. Folio 267 del
cuaderno de revisión.
[35] En su
respuesta, la Rectoría cita el concepto del psiquiatra José Miguel Gómez, quien
señala que “(…) el grado de trauma que provoca la separación en los gemelos
por cualquier circunstancia, dependerá del ambiente y aprendizaje que hayan
tenido durante su niñez y adolescencia (…)”. Esta referencia es extractada
del artículo “Individualidad: Gemelos Diferentes” del sitio web: http://listindiario.com/la-vida/2014/6/17/326350/Individualidad-Gemelos-diferentes.
[36] Mediante Auto
del 9 de octubre de 2015. Folios 107 a 109 del cuaderno de revisión.
[37] De acuerdo con
los oficios enviados por la Secretaría de esta Corporación el 6 y el 12 de
noviembre de 2015, la Oficina de Correos 472 informó que la dirección de la
señora Paulina Cano Adarve esta “Errada” y era “Deficiente”. Folios 154 a 160 y
274 a 281 del cuaderno de revisión.
[38] Según se
precisa en el informe, “[l]a combinación de la observación clínica con la
entrevista es el método más aceptado por la comunidad científica internacional
para el diagnóstico de la salud mental; y en el campo forense, también existe
consenso sobre la necesidad de apoyar la entrevista con información colateral
proveniente de la investigación judicial, informes institucionales, historia
clínica y entrevista a familiares o conocidos cuando sea necesario y posible.
El uso de otras ayudas diagnósticas es discrecional del clínico y su validez es
subsidiaria de la valoración clínica.” Folio 93 del cuaderno de revisión.
[39] Folios 98 a
106 del cuaderno de revisión.
[40] Folios 123 a
127 del cuaderno de revisión.
[41] Oliveira, A.
& Uchoa, A. (2010) artículo “Iguales, pero diferentes: creencias
sociales en la canalización cultural del desarrollo de gemelos”. En la
Revista de Psicología- volumen 28-Numero 2- Universidad de Brasilia, Brasil.
[42] Según es
referenciado por la institución, en diferentes investigaciones adelantadas por
Coks Feenstra, Nancy Segal, Lucy A. Tilly, Terrie E. Moffitt y Avshalom Caspi.
Folios 74 y 75 del cuaderno de revisión.
[43] Folios 91 y 92
del cuaderno de revisión.
[44] En Sentencia T- 646 de 2013. (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), esta misma Sala de Revisión hizo una reiteración del tema.
[45] Capítulo 7. Debido Proceso.7.3. Conducto Regular: “Las
situaciones que se presenten con el estudiante, debe resolver en forma directa,
con base en el diálogo, acudiendo ante quien corresponda de acuerdo con la
competencia, respetando las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así:
Docente o integrante de la comunidad educativa conocer del hecho; Docente
conocer del hecho y Director de Grupo; Director de Grupo y Coordinador; Rector
y Coordinador; Comité de Convivencia; Consejo Directivo en Pleno y Entes
externos.”
[46] “ARTICULO
87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán
un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y
obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al
firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán
aceptando el mismo.”
[47] Sentencia T-859 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[48] Decreto 1860
de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994. “Artículo 23. Funciones del
Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de  los
establecimientos educativos serán las siguientes: (…) c) Adoptar el
manual de convivencia y el
reglamento de la institución; (…)”.
[49] Sentencia C-865 de 2004. (M.P Rodrigo Escobar Gil). Esa sentencia
decidió sobre una demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código de Comercio.
[50] Sentencia
T-1317/01
[51] Un principio adicional que se relaciona con los
aspectos constitucionales mencionados en esta providencia es el del pluralismo
jurídico, contemplado en los artículos 1 y 7 de la Constitución Política. La
sentencia T-388 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) explicó las
dimensiones del principio de pluralismo ideado por el Constituyente de 1991: “A
partir de la lectura del artículo primero constitucional, queda claro que entre
los rasgos con que la Norma Fundamental caracteriza al Estado colombiano se
encuentran el de ser un Estado social, democrático y participativo de derecho
respetuoso de la dignidad humana, y abierto al pluralismo. Uno de los rasgos
distintivos del Estado es, por tanto, su apertura al pluralismo. Tal apertura
se conecta al menos con tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que
(i) admite y promueve de manera expresa el hecho de la diversidad (artículo 7º
Superior); (ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y
valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad
religiosa, de conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y
(iii) establece los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para
dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la diferencias
vigentes en un momento determinado.”
[52] El
artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, expresa con
mayor claridad dicha idea.
[53] “Por la
cual se expide la Ley General de Educación”.
[54] Ley 115 de 1994. “ARTÍCULO 73.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Con
el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo
Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes
y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones
de la presente ley y sus reglamentos.”
[55] Sentencia
T-430 de 2007. (M.P. Nilson Pinilla Pinilla.)
[56] Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de
1994. “Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del
Consejo Directivo de  los establecimientos educativos serán las siguientes:
(…) c) Adoptar el manual de convivencia y el
reglamento de la institución; (…)”.
[57] Ibídem. Artículo 21.
[58] Ver Sentencia T-859 de 2002. (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett): “El manual de convivencia constituye el reglamento donde constan
los derechos y obligaciones de los estudiantes, sus padres o tutores y la
entidad educativa, el cual es aceptado al momento de firmar la correspondiente
matrícula (Ley 115 de 1994, artículo 87 y Decreto 1860 de 1994, artículo 17).
Tiene una naturaleza tripartita, pues de un lado reviste las características
propias de un contrato de adhesión; por el otro, constituye las reglas mínimas
de convivencia escolar, dentro del ámbito de la autonomía conferida a los
centros educativos y, finalmente, es también expresión de la participación y el
pluralismo, toda vez que en su diseño concurre toda la comunidad educativa
(directivos, padres de familia, docentes, egresados, alumnos).”
[59] Ver Sentencia T-065 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[60] Al respecto, la Corte en sentencia SU-641 de 1998,
(M.P. Carlos Gaviria Díaz), consideró pertinente aclarar una vez más que
“(…) [e]n términos de la Constitución de 1991, la educación es una actividad
formativa, no autoritaria, que requiere de alumnos activos, creativos y
participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos.”
[61] El contenido
del Manual de Convivencia está dado por las directrices fijadas en el artículo
17 del Decreto 1860 de 1994.
[62] Ver Sentencia
T-345 de 2008. (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[63] En la sentencia T-1317 de 2001, (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), la Corte debió resolver un  asunto en relación con la interpretación
del reglamento de una Universidad. Por tal motivo, se vio en la obligación de
analizar el alcance de la intervención estatal, por vía del juez de tutela, en
la interpretación de los reglamentos educativos. Al respecto señaló: “[l]a
autonomía universitaria se proyecta principalmente, como ya se expuso, en la
facultad de dictar la normatividad que rige sus relaciones internas. Ello
apareja que tienen control sobre todos los aspectos relacionados con la producción
y aplicación de su propia normatividad. Tal normatividad, cabe señalar,
corresponde a una visión institucionalizada del mundo, del cual el Estado debe
ser en extremo respetuoso. Lo anterior implica que debe reconocerse la
existencia de independencia  por parte de la Universidad para interpretar el
alcance de las normas estatutarias que expida. El juez constitucional
únicamente puede intervenir cuando la norma o la interpretación sea
incompatible con la Constitución, así como cuando de ella se desprenda la
violación de los derechos fundamentales. Esta obligación de que la
interpretación que haga la universidad de su propio reglamente esté en
consonancia con el mandato constitucional, supone, en materia disciplinaria,
que dicha interpretación garantice, como mínimo, el debido proceso, la igualdad
en su aplicación, la publicidad, que la interpretación misma sea razonable, el
respeto por el principio de legalidad y la consiguiente prohibición de llevar a
cabo interpretaciones retroactivas perjudiciales a una persona.”
[64] Ver Sentencia
SU-641 de 1998. (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[65] Objetivos del
Manual de Convivencia, Institución Educativa LA SALLE de Campoamor de Medellín.
Página 4 del Manual. Folio 282 del cuaderno de revisión.
[66] En su
respuesta, la Rectoría cita el concepto del psiquiatra José Miguel Gómez, quien
señala que “(…) el grado de trauma que provoca la separación en los gemelos
por cualquier circunstancia, dependerá del ambiente y aprendizaje que hayan
tenido durante su niñez y adolescencia (…)”. Esta referencia es extractada
del artículo “Individualidad: Gemelos Diferentes” del sitio web: http://listindiario.com/la-vida/2014/6/17/326350/Individualidad-Gemelos-diferentes.
[67]
"Por Medio De La Cual Se Establecen Las
Disposiciones Para Garantizar El Pleno Ejercicio De Los Derechos De Las
Personas Con Discapacidad"
[68] "Por medio del cual se reglamenta la organización
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la
educación inclusiva."
[69]
"Por Medio De La Cual Se Establecen Las
Disposiciones Para Garantizar El Pleno Ejercicio De Los Derechos De Las
Personas Con Discapacidad"
[70] "Por medio del cual se reglamenta la organización
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la
educación inclusiva."