SU333-20
Sentencia
SU333/20
Referencia:
Expediente T-7.211.254 y otros 19 acumulados.
Acciones
de tutela formuladas por Jhon Freddy Rodríguez Suárez y otros contra la
Secretaría Ejecutiva, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y la Sala
de Amnistía e Indulto, autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá,
D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por
las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo Rivera y Cristina
Pardo Schlesinger, y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Richard Steve Ramírez Grisales,
José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2017, y conforme a la Sentencia C-674 de
2017, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la presente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de 20 fallos de tutela emitidos en única instancia por
la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, en el trámite de las
acciones de tutela promovidas por John Fredy Suárez, Carlos José Sanabria Pico,
Luís Alberto Camargo Pinzón, José Gerardo Vargas Correa, Ider Quintero, Robinson
Contreras Angarita, Ramón Jesús Ramírez Quintero, Ciro Antonio Amado Amado,
Jaime Coral Trujillo,  Sandra Lucrecia Daniels Guzmán, Octavio Cartagena
Benítez, Alonso Chaux Hurtado, Deybi Mauricio Melo Arce, Eider Zárate
Martínez,  Víctor Saoco Pérez  López, Michel Antonio Berrio, Luis Ángel Sánchez
Méndez, Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chávez, Deivis
Alberto Díaz, Guillermo Arturo Bolaños, Diego Andrés Reales Toro, Óscar Antonio
Marín Arboleda, Luz Mary García Cerón y Iván Marino Herrera Serna, contra la
Secretaría Ejecutiva (en adelante “SE”), la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas (en adelante “SDSJ”), y la Sala de Amnistía e Indulto (en adelante
“SAI”), todas autoridades que pertenecen a la Jurisdicción Especial para la Paz
(en adelante “JEP”).
En
Auto del 16 de marzo de 2019, la Sala de Selección Número Tres de la Corte
Constitucional, integrada por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria
Stella Ortiz Delgado, escogió los fallos proferidos dentro de los expedientes
T-7.211.254, T-7.211.257, T-7.211.258, T-7.211.259, T-7.211.260, T-7.211.261,
T-7.211.263, T-7.211.264, T-7.211.266, T-7.211.267, T-7.211.269, T-7.211.270,
T-7.211.271, T-7.211.272, T-7.211.273, T-7.211.274, T-7.211.275, T-7.211.277 y
T-7.211.278 para que fueran revisados por esta Corporación. El criterio de
selección fue objetivo: asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una
determinada línea jurisprudencial.
Posteriormente,
mediante auto de 14 de junio de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número
Seis escogió para revisión y acumuló el expediente T- 7.366.351 al T-7.211.254,
ello por cuanto presenta unidad de materia y ordenó que sean fallados en una
sola sentencia. El criterio de selección fue el objetivo, pues se trata de un
asunto novedoso y existe la necesidad de pronunciarse sobre una determinada
línea jurisprudencial.
Los
expedientes, en un inicio, fueron repartidos para su conocimiento para la Sala
Novena de Revisión, sin embargo, en virtud de lo previsto en el artículo
transitorio 8º del Acto Legislativo 1 de 2017, por auto de 15 de diciembre de
2019, la Sala Plena determinó que es competente para fallar los expedientes
acumulados.
I. ANTECEDENTES
Las
20 acciones de tutela se refieren a hechos similares, motivo por el cual, la
Sala expondrá las generalidades de los casos, y posteriormente, en el anexo
I de la Sentencia, se precisarán las particularidades de cada Expediente.
Desde ya se aclara que, en 19 de los procesos de amparo, en cada uno, hay un
único accionante[1],
mientras en el expediente (T-7.211.277 caso xviii) restante la petición de
protección constitucional fue formulada por seis personas[2].
Se trata, entonces, de un acumulado de veinte expedientes de tutela y veinticinco
accionantes.
1.     Hechos generales
En
cumplimiento de providencias penales proferidas por los jueces y tribunales de
la jurisdicción ordinaria, algunos accionantes se encuentran vinculados a
procesos ordinarios, algunos de ellos condenados a penas privativas de la
libertad. Sin embargo, en sus criterios, las conductas por las cuales fueron
investigados, juzgados, y en algunos casos condenados, ocurrieron con “ocasión,
por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, razón
por la cual, según el Artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la
Jurisdicción Especial para la Paz debe asumir la competencia sobre dichos procesos
penales y, como consecuencia, otórgales los beneficios de que trata la Ley 1820
de 2016.
Los
accionantes presentaron escritos que titularon como “derechos de petición” en
los que solicitaron a diferentes instancias de la JEP que, asumiera el estudio
de sus procesos penales y, como consecuencia, concedieran los beneficios de
libertad condicionada (en adelante “LC”) prevista para los ex-miembros de
grupos guerrilleros, o la libertad transitoria, condicionada y anticipada (en
adelante “LTCA”) para los agentes del Estado y terceros.
Los
escritos de los tutelantes fueron repartidos a la Secretaria Ejecutiva (en
adelante “SE-JEP”), a la Secretaria Judicial (en adelante “SEJUD-JEP”), a la
Sala de Amnistía e Indulto y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
A la fecha de presentación de las acciones de tutela, las peticiones no habían
sido contestadas y, en esa medida, los solicitantes no tenían certeza sobre su
acceso a los beneficios previsto en la Ley 1820 de 2016. En síntesis, los actores
acuden a los jueces constitucionales con el fin de solicitar la respuesta a los
escritos que denominaron “derechos de petición” y que fueron radicados ante las
instancias de la JEP.
Con
base en lo previsto en el inciso 3 del Artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2017 y al artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, las acciones de tutela dirigidas
contra las instancias de la Jurisdicción fueron resueltas en primera instancia,
por la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, autoridad que
conoció de los 20 expedientes de tutela, y que de manera consistente, dio el
mismo trámite, y procedió a vincular a la SE-JEP, a la SEJUD-JEP, a la Sala de
Amnistía e Indulto, y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,
dependiendo de dónde se encuentra cada derecho de solicitud.
En
las respuestas a los escritos de tutela, las autoridades
accionadas de la JEP, de manera consistente, manifestaron al juez de tutela
que, las peticiones de los accionantes en las que se solicita la concesión de
beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 no han sido contestadas. Sin
embargo, ello se debe a la situación de congestión judicial en la que se
encuentra la Jurisdicción. La Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, explicó que,
desde la aprobación de la Ley1820 de 2016 en diciembre de 2016 ha recibido
decenas de miles de peticiones (cerca de 19.000) y que una vez, las Salas y
Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz abrieron sus puertas para la
atención al público, las peticiones fueron radicadas ante las instancias
competentes de la JEP. En este contexto, hasta enero de 2018 se habían
presentado cerca de 19.000 peticiones ante la Secretaría Ejecutiva, y en marzo
de aquel año, al abrir sus puertas para la atención al público, todas las
peticiones se trasladaron de manera instantánea a las Salas y Secciones. En esa
medida, la SAI y la SDJS, en sus respuestas a los escritos de tutela, señalaron
que los escritos de los accionantes estaban en la Sub Secretaría Judicial de la
Sala respectiva, a la espera de ser repartidas entre los magistrados de cada
corporación para su respectiva sustanciación.
Las
Sub-Secretarías de la SAI y de la SDSJ precisaron que carecen del personal
suficiente para hacer inmediatamente el trámite administrativo de reparto de
las peticiones a cada magistrado que integran las salas, pues desde la entrada
en funcionamiento de la JEP, el nombramiento y posesión de los empleados y
funcionarios ha sido paulatino. Un ejemplo de ello es que, el primer día de
actividades de la Jurisdicción, la Secretaría Judicial de la SAI recibió 6.000
peticiones, y estaban a cargo de una sola funcionaria. Por ello, admiten que es
cierto que existen peticiones represadas y no ha sido posible repartirlas entre
los magistrados que integran cada Sala de Justicia. Precisó que las solicitudes
represadas llegan a más de 19.000, razón por la cual ha sido imposible
responderlas dentro de los plazos legales.
En
20 sentencias de tutela de única instancia, la Sección de
Revisión negó los amparos solicitados, en atención a que concluyó que no se
había corroborado vulneración a los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de
justicia. Ello con base a los siguientes argumentos:
Inexistencia
de vulneración del derecho fundamental de petición. La
Sección de Revisión determinó que, si bien los accionantes formularon peticiones,
los mismos no interrogan sobre aspectos de carácter administrativo, sino que
solicitan a la JEP que asuma competencia sobre casos puntuales, temas que son,
por definición, asuntos judiciales que deben ser contestados con base en los
requisitos, procedimientos y previsiones de la Ley 1820 de 2016. Motivo por el
cual, los términos que se aplican no son los previstos en la Ley 1755 de 2015
(estatutaria del derecho de petición), sino en la Ley 1922 de 2018; por lo
anterior, de manera generalizada, la Sección de Revisión sostuvo que no existió
vulneración al derecho de petición.
Inexistencia
de vulneración al derecho al debido proceso, y al acceso a la administración de
justicia.
La Sección de Revisión consideró que las instancias de la JEP accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones
injustificadas, y al acceso a la administración de justicia. En efecto, si bien
no han dado respuesta a las peticiones de sometimiento a la Jurisdicción, la
omisión no es fruto del capricho o la arbitrariedad de los funcionarios
judiciales. Por el contrario, se debe a la sobrecarga de trabajo de la
Jurisdicción, pues en un lapso de pocos meses, recibieron más de 19.000
peticiones de posibles comparecientes. Las 20 sentencias de única instancia
adujeron que la Sala de Amnistía e Indulto, y la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas, respectivamente, enfrentan un contexto de congestión
judicial, razón por la cual el incumplimiento de los términos legales para
fallar está justificado.
Aunado
a ello, las providencias de única instancia precisaron que la Corte
Constitucional ha reconocido que existe mora judicial justificada, cuando una
autoridad judicial omite proferir un fallo, pero la tardanza se debe a (i) un
caso de fuerza mayor; (ii) congestión judicial, y la misma no es fruto (iii)
del capricho o arbitrariedad del operador judicial.
De
manera generalizada, las 20 sentencias de tutela de única instancia reconocen
la situación de congestión judicial que atraviesan la SAI y la SDSJ y
consideran que la mora judicial, se encuentra justificada en dicho contexto. En
todo caso, las partes resolutivas de las providencias advierten a las Salas y a
las Secretarías Judiciales en las que se encuentran las peticiones de los accionantes,
sobre la necesidad de adoptar planes para enfrentar la congestión de la
Jurisdicción.
Solo
en los expedientes T-7.221.629 (caso xi) y T-7.211.272 (caso xiv), la Sección
de Revisión tuteló parcialmente el derecho fundamental de petición, pues encontró
que las solicitudes de las comparecientes, en parte, eran de contenido
administrativo pues, en su criterio, interrogaban en abstracto, sobre los
requisitos legales para acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016, y en
esa medida debían ser contestadas conforme a los términos de la Ley 1755 de
2015. En el expediente T-7.211.263 (caso vii) declaró improcedente la petición
de amparo en atención a que, el accionante solicitó a través de la acción de
amparo la protección del derecho a la libertad personal, y la protección del
derecho al debido proceso. Respecto al derecho a la libertad, el juez de única
instancia declaró la improcedencia pues, procede la acción de habeas corpus.
Frente al derecho al debido proceso negó la protección constitucional en
atención a que, se trata de una mora judicial justificada. En el expediente
T-7.211.275 (caso xvii) declaró la carencia actual de objeto pues la petición
ya había sido contestada. En este último caso, como se verá a pesar de la
respuesta administrativa a la petición del accionante, posteriormente la JEP
inició un proceso judicial tendiente a responder la solicitud del accionante.
Como
anexo I a esta providencia, se adjunta un cuadro en el que se
especifican las particularidades de los 20 expedientes de tutela. En todo caso,
se sigue la siguiente numeración: T-7.211.254 (Caso i), T-7.211.257 (Caso ii),
T-7.211.258 (Caso iii), T-7.211.259 (Caso iv), T-7.211.260 (Caso v),
T-7.211.261 (Caso vi), T-7.211.263 (Caso vii), T-7.211.264 (Caso viii),
T-7.211.266 (Caso ix), T-7.211.267 (Caso x), T-7.211.269 (Caso xi), T-7.211.270
(Caso xii), T-7.211.271 (Caso xiii), T-7.211.272 (Caso xiv), T-7.211.273 (Caso
xv), T-7.211.274 (Caso xvi), T-7.211.275 (Caso xvii), T-7.211.277 (Caso xviii),
T-7.211.278 (Caso xix) y 7.366.351 (Caso xx).
En
el mismo sentido, como anexo II se enuncian las pruebas que fueron
recaudadas por la Sala, y finalmente como anexo III se explican las
actividades probatorias desplegadas por el magistrado sustanciador en sede de
revisión.
Frente
a este último anexo, debe indicarse que, en dos ocasiones el Magistrado
Sustanciador decretó la práctica de pruebas. En auto de 23 de abril de 2019
ofició a diferentes instancias de la JEP con el fin de que informaran el estado
de las peticiones de los accionantes, así como el contexto de trabajo y
eventual congestión judicial de la Jurisdicción. En un segundo auto de 15 de
julio de 2019, el Magistrado Sustanciador ordenó allegar a este proceso de
tutela, información relacionada con el expediente 7.366.351, el cual fue el
último en ser acumulado. De igual forma, solicitó a la Sección de Apelación del
Tribunal Especial para la Paz su concepto sobre el escenario de sobre carga de
trabajo de algunas de las instancias de la jurisdicción. En el anexo III se
detallan las respuestas de las autoridades oficiadas, así como la situación de
congestión de la JEP.
Desde
ya se advierte que, en respuesta de mayo de 2019, la Secretaría Judicial de la
JEP[3]
informó a la Corporación que, del total de 20 expedientes de tutela, con 25
comparecientes, ya se habían contestado las peticiones de varios de los
accionantes, y que las restantes ya se encuentran en proceso de sustanciación
para que en poco tiempo se adopten las decisiones pertinentes. En el mismo
sentido, las respuestas dirigidas a la Corte Constitucional, por parte de la
Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz señalan que la tardanza en la
respuesta a las peticiones de los accionantes, se debe a un contexto objetivo y
verificable de congestión judicial relacionado con la puesta en marcha de la
Jurisdicción sin el personal completo, y con un acumulado de varias decenas de
miles de solicitudes de sometimiento que se repartieron el primer día en que
entró en funcionamiento la Jurisdicción. En general, explican que, la ley de
amnistía e indulto (ley 1820 de 2016) fue aprobada en el mes de diciembre de
2016, sin embargo, los magistrados y las magistradas de la jurisdicción solo
fueron posesionados en enero de 2018, y la jurisdicción abrió sus puertas en
marzo de aquel año, sin embargo, solo tuvo el personal completo para atender
las solicitudes hasta el mes de noviembre de 2018.
En
las intervenciones ante este Tribunal, cada instancia de la JEP explica las
causas de la congestión, las estrategias que ha puesto en marcha para enfrentar
la situación y superar la situación de mora judicial, y los resultados
obtenidos. En el anexo III se precisan las respuestas de cada entidad.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La
Corte Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes, especialmente el Artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2017, conforme lo previsto en la Sentencia C-674 de 2017.
2.
Planteamiento del problema jurídico y metodología de
solución.
Las
20 acciones de tutelas acumuladas contienen 25 solicitudes[4]
de personas procesadas por jueces penales o por la justicia penal militar, que
acudieron ante diferentes instancias de la JEP, puntualmente a la SAI, la SDSJ
y a la Secretaría Ejecutiva, con el fin de, a través de escritos, solicitar que
la jurisdicción asumieran competencia sobre sus procesos penales, originados,
en su criterio, por hechos ocurridos con ocasión, por causa, o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado, de allí que les sean aplicables
los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016.
Las
solicitudes de los comparecientes fueron radicadas ante la Secretaría Ejecutiva
de la Jurisdicción o ante la Secretaría Judicial, autoridades que, una vez
entraron en funcionamiento las Salas de justicia, remitieron las solicitudes a
las sub-secretarías judiciales de la SAI y la SDSJ dependiendo de cada caso. En
las secretarías judiciales de cada sala, se presentaron retrasos en realizar el
reparto de las peticiones, no obstante, en la actualidad todas las solicitudes
fueron repartidas a los magistrados sustanciadores que integran cada sala. Empero,
a la fecha de formulación de las acciones de tutela, las solicitudes no habían
sido contestadas. Los accionantes argumentaron que la omisión en contestar las
solicitudes de sometimiento ante la JEP, por parte de las instancias de la jurisdicción,
implica una vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
En
sus respuestas a las acciones de tutela, la SE de la JEP, la SEJUD de la JEP,
la SDSJ y la SAI argumentaron que la tardanza en la respuesta a las solicitudes
de los accionantes no constituye violación a garantías fundamentales. En el
caso del derecho fundamental de petición se sostuvo que las solicitudes de los
comparecientes versan sobre la aplicación de los beneficios de la Ley 1820 de
2016, y por ello deben ser resueltas tras agotar un proceso de carácter
judicial, y no conforme a los términos previstos en la Ley 1755 de 2015
(estatutaria del derecho de petición).
Sobre
el quebrantamiento del debido proceso sin dilaciones injustificadas, y el
acceso a la administración de justicia, las corporaciones demandadas indicaron
que las dos instancias encargadas de contestar las solicitudes (SAI y SDSJ)
afrontan una situación de congestión judicial, dado que, en un lapso de tiempo
muy corto, la Jurisdicción recibió cerca de 19.000 peticiones, de las cuales, más
de 3000, fueron repartidas a la SAI y SDSJ, todas relacionas con peticiones de
comparecientes que buscan que la JEP fije competencia en relación con conductas
punibles, supuestamente relacionadas con el conflicto armado. Indicaron que, a
la entrada en marcha de la JEP (marzo de 2018), la Secretaría Ejecutiva
trasladó a las Salas de Justicia un elevado número de peticiones, y a ello se
suma que la designación y posesión de los empleados de la jurisdicción fue
gradual, y solo se completó hasta el mes de noviembre de 2018, razón por la
cual la SAI y la SDSJ no están en condiciones de contestar las peticiones
dentro de los plazos previstos en las Leyes 1820 de 2018 y 1922 de 2018.
Sostienen que la situación de congestión judicial y represamiento de casos es
contrarrestada con planes de focalización de esfuerzos a través del traslado de
personal del Grupo de Análisis de la Información (en adelanta “GRAI”) y de la
Unidad de Investigación y Acusación (en adelante “UIA”) a las Secretarías de
las Salas. Concluyen su defensa argumentando que existe mora judicial en la
respuesta de las peticiones, pero que la misma no se debe al capricho o
arbitrariedad de los funcionarios, sino que se encuentra justificada por la complejidad
de las solicitudes y el grado de represamiento de las peticiones.
En
este escenario, la Sala Plena de la Corte Constitucional debe resolver dos
problemas jurídicos; por un lado, establecer si las peticiones  formulados por
los accionantes y en los que solicitan la concesión de los beneficios de
previstos en la Ley 1820 de 2016, son de carácter judicial, y en esa medida
deben contestarse siguiendo los requisitos y exigencias del procedimiento
transicional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2017, Ley 1820 de 2016, Ley
1922 de 2018 y Ley 1957 de 2019, o por el contrario, son de carácter
administrativo y en esa medida, se trata de derechos de petición, y deben
responderse con base en las normas del derecho de petición (Ley 1755 de 2015).
Una
vez resuelto lo anterior, y en caso de encontrar que se trata de peticiones de
contenido judicial, como segundo problema jurídico, la Sala debe determinar si
la mora en la que incurrieron la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas y la Secretaría Ejecutiva de la
Jurisdicción Especial para la Paz, en responder los escritos  formulados por
los comparecientes ante la JEP y en los que solicitaron beneficios previstos en
la Ley 1820 de 2016, implican la vulneración de los derechos al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de los accionantes.
Para
lo anterior, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) reglas
constitucionales sobre la procedencia de la acción de tutela contra autoridades
de la JEP; (ii) términos legales previstos en las leyes 1820 de 2016, 1922 de
2018 y 1957 de 2019 para que, las Salas de Justicia competentes respondan las
solicitudes sometidas a su estudio; (iii) se reiterará lo explicado por el
precedente constitucional sobre las peticiones ante autoridades judiciales; (iv)
las reglas constitucionales sobre el derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y dentro de un plazo razonable; y (v)  finalmente se resolverán
los casos concretos.
1.     Reglas
constitucionales sobre la procedencia de la acción de tutela contra autoridades
de la JEP
1.1.
Con el fin de poner fin al conflicto armado que sufría el país, la delegación
del gobierno nacional y la delegación de las Farc-Ep acordaron la creación de
un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición (SIVJRGNR) compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
(UBPD). La primera como el componente judicial de realización de los derechos
de las víctimas, y las otras instituciones como espacios extrajudiciales. En
virtud del carácter integral del sistema, todas las instituciones e instancias,
judiciales y extrajudiciales, están regidas conforme al concepto de justicia transicional.
1.2.
El componente judicial del Sistema Integral, esto es, la JEP, tiene, entre
otras funciones, la de (i) conceder la amnistía más amplia posible a los
delitos políticos y conexos a ellos cometidos con ocasión, por causa, o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado, así como la concesión de
beneficios penales a aquellas personas que fueron condenadas por la protesta
social; (ii) conceder beneficios penales condicionados a las conductas punibles
a aquellas personas que aporten efectivamente a la realización de los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantías
de no repetición e (iii) investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los
derechos humanos ocurridas con ocasión, por causa o en relación directa o
indirecta con el conflicto armado que no puedan recibir formas de renuncia a la
acción penal. Todo ello, enmarcado dentro de un sistema de justicia transicional
cuyo centro y objetivo fundamental es la garantía de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
1.3.
Con el fin de alcanzar ese objetivo, se aprobaron el Acto Legislativo 01 de
2017, la Ley Estatutaria de la JEP 1957 de 2019, y las leyes 1922 de 2018 y
1820 de 2016 como implementación normativa del punto 5 del Acuerdo Final para
la Paz. Uno de los componentes del sistema integral, es la jurisdicción
especial para la paz, institución integrada por el Tribunal para la Paz, la Secretaría
Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación y las Salas de Amnistía e
Indulto, de Definición de Situaciones Jurídicas, y de Reconocimiento de Verdad,
Responsabilidad y Determinación de los hechos y conductas
1.4. Además de la composición de la
jurisdicción, el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció que uno
de los paradigmas orientadores de todo el SIVJRGNR, y en esa medida, de la JEP es
la aplicación de una justicia transicional, restaurativa y prospectiva que
preferentemente busca la reparación integral del daño causado a las víctimas
afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión
social que les haya provocado la victimización y que, los beneficios penales
que se conceden, sean de carácter condicionado, siempre fundados en el
reconocimiento de verdad y responsabilidades.
1.5. Así mismo indica que, la
competencia de la JEP será preferente y excluyente de todas las conductas
cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o
en relación directa e indirecta con el conflicto armado por quienes
participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los
derechos humanos. Y que, para la calificación jurídica de las conductas, la JEP
se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho
Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional
Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación
obligatoria del principio de favorabilidad.
1.6. En el mismo sentido, el Acto Legislativo
indica que, para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de
judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SIVJRNR) es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y
garantizar la no repetición. En virtud del carácter integral del Sistema, dichos
compromisos se cumplirán, no solo ante la JEP, sino también, ante los espacios
extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas (UBPD), razón por la cual, los postulados deben estar a
disposición de dichas instituciones para aportar a la construcción de la verdad
plena, es decir, relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de
manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de
su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir
responsabilidades.
1.7. Se observa que la competencia de la
Jurisdicción Especial para la Paz implica una nueva concepción de la justicia que
se centra esencialmente en la realización de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, la
consecución de la paz estable y duradera, fundada en la lucha contra la
impunidad y la materialización de la justicia restaurativa, y la concesión
condicionada de beneficios penales dirigidos a la renuncia de la acción penal.
Se trata, como lo ha reconocido la propia jurisprudencia constitucional[5] de un
modelo de justicia que difiere en aspectos relevantes de los modelos de
justicia penal ordinaria.
1.8. Lo anterior resulta relevante, en
primer lugar, en atención a que la Corte Constitucional ha precisado que el
modelo de justicia transicional que implementa el Acto Legislativo reviste
novedad en comparación con otras experiencias nacionales e internacionales, y
además porque el sistema está integrado por varias instancias judiciales que de
manera armónica y coordinada deben avanzar en sus diferentes competencias, y
obligaciones constitucionales.
1.9. Efectivamente, el Acto Legislativo
01 de 2017 crea tres salas de justicia, las cuales tienen diversas funciones
constitucionales y legales. En el caso de las Salas de Amnistía e Indulto, y de
Definición de Situaciones Jurídicas, tienen competencias referidas al estudio y
solución de peticiones realizadas por los comparecientes obligatorios, es
decir, miembros de las Farc-Ep y agentes del Estado miembros de la fuerza
pública[6],
y terceros voluntarios dirigidos a obtener beneficios penales condicionados de
menor entidad, y de mayor entidad en los casos en los que la legislación
permite tal determinación. En cambio, la Sala de reconocimiento de verdad y
responsabilidad y de determinación de los hechos tiene competencias de
investigación y de presentación de resoluciones ante las Secciones del Tribunal
para la Paz en aquellos casos, en la que no es posible aplicar medidas de
renuncia a la acción penal.
1.10. Por ello, el artículo 79,
literales i), n) y p) de la Ley 1957 de 2019, establece formas de trabajo
coordinado y relacionado entre la SAI y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
y de Determinación de los Hechos, y entre la SDSJ y la Sala de Reconocimiento
de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos. En efecto, debido
a la complejidad que implica poner en funcionamiento un sistema judicial
novedoso y con vocación de enfrentar la impunidad relacionada con los hechos
ocurridos con ocasión, por causa, y en relación directa o indirecta con el
conflicto armado, es que las Salas de justicia deben trabajar de manera
articulada con el fin de no obstaculizar el avance del proceso.
1.11. Frente a los procesos de tutela
dirigidos contra la jurisdicción, resulta relevante que el Acto Legislativo 01
de 2017 y la sentencia C-674 de 2017 establecieron reglas de procedencia en
relación con las acciones de tutela dirigidas contra las instancias de la JEP.
Efectivamente, el Artículo 8° transitorio prescribe que, la
acción de tutela procederá contra las acciones u omisiones de los órganos de la
Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los
derechos fundamentales.
1.12. En el caso de las acciones de
amparo contra providencia de las autoridades de la JEP, éstas deberán basarse
en manifiestas vías de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea
consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado
todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo
mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado.
En el caso de violaciones que se realicen por afectación al debido proceso,
deberá interponerse tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos
de la JEP.
1.13. La norma constitucional establece
como regla de competencia que: (i) las acciones de tutela deberán ser
presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de
ellas; (ii) la primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La
segunda por la Sección de Apelación. Si bien el artículo transitorio 8 del acto
legislativo establecía reglas especiales para la revisión de los expedientes de
tutela por parte de la Corte Constitucional, en sentencia C-674 de 2017[7]
determinó que las mismas sustituía principios axiales de la Carta, y en esa
medida, las acciones de amparo dirigidas contra las instancias de la JEP se
someten a las previsiones normativas del artículo 86 superior, y del Decreto
2591 de 1991, respecto a su selección y revisión por parte de esta Corte
Constitucional. En todo caso, el acto reformatorio precisa que “las
sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional”.
2.     Términos
legales previstos en las leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y 1957 de 2019 para
que, las Salas de Justicia competentes respondan las solicitudes sometidas a su
estudio
2.1. A manera de desarrollo legal e
implementación de los acuerdos de paz y de las normas constitucionales debe
indicarse que,
en un primer lugar se aprobó la Ley 1820 de 2016, a través de la cual, se
establecen los procedimientos y competencias para la concesión del beneficio de
amnistía e indulto a los ex miembros de las Farc-Ep, y de los tratamientos
penales condicionados para los miembros de la Fuerza Pública que sean
investigados o condenados por su responsabilidad en la comisión de conductas
ocurridas con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el
conflicto armado. En virtud del principio de trato simétrico pero diferenciado,
la Ley 1820 de 2016 establece procedimientos judiciales especiales para
personas que acuden a la JEP, en virtud de su condición de ex miembros de las
FARC-EP, como agente del Estado, persona condenada en el contexto de la
protesta social, o tercero civil voluntario.
2.2. En el caso de los ex militantes de
las FARC-EP, en virtud del reconocimiento constitucional del delito político,
la ley establece que aquellas personas que hayan incurrido en conductas
punibles y aspiren a recibir los beneficios penales previstos, acudirán, en
virtud de que se trata de comparecientes obligatorios, ante la Sala de Amnistía
e Indulto, igual que ocurre con los Agentes del Estado miembros de la fuerza
pública. Situación diferente, es el caso de los agentes del estado no miembros
de la fuerza pública, y los terceros que, conforme a la Sentencia C-674 de
2017, y en virtud al principio de respeto al juez natural, se presentan
voluntariamente ante la jurisdicción.
2.3. Los comparecientes ante las instancias
de la JEP pueden dirigirse para solicitar, en genérico la concesión de los
beneficios previstos en la ley 1820 de 2016, sin embargo, como lo explicó la
Sentencia C-007 de 2018, estos beneficios pueden categorizarse en aquellos de
menos entidad, hasta aquellos de mayor entidad. El criterio para ordenarlos
tiene que ver con el grado de irreversibilidad de estos. Así, la ley prevé unos
primeros beneficios para las personas que siendo ex militantes de las FARC-EP,
se acogen a la jurisdicción especial para la paz, empezando, con el traslado a
zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) (parágrafo del artículo 35),
previsto para aquellas personas condenadas y privadas de la libertad por menos
de 5 años, por conductas punibles ocurridas con ocasión, por causa, en relación
directa e indirecta con el conflicto armado; el acceso a la libertad
condicionada (artículo 35), para las personas que privadas de la libertad,
satisfacen unos específicos requisitos, entre ello, el haber estado más de
cinco años en establecimiento penitenciario o carcelario.
2.4. De igual forma, los Agentes del
Estado pueden acceder a beneficios de menor entidad como; la privación de la
libertad en unidad militar o policial, en casos de agentes del Estado que estén
privados de la libertad por un tiempo inferior a cinco años (artículo 56); y la
libertad transitoria condicionada y anticipada para los agentes del Estado que,
entre otros requisitos, han estado privados de la libertad por más de cinco
años por conductas punibles ocurridas con ocasión, por causa, en relación
directa o indirecta con el conflicto armado (artículo 51).
2.5. Estos beneficios, en tanto
temporales y condicionados al cumplimiento de compromisos con la Jurisdicción
especial para la paz, son reversibles, pueden perderse y en esa medida se
denominan de menor entidad. Diferentes de otros, como la amnistía, el indulto,
o los diversos procedimientos de renuncia a la persecución penal para agentes
del Estado que, enmarcados dentro de su carácter excepcional y
condicionado, lleva al no ejercicio condicionado de la acción penal. Debe
aclararse que, todos los beneficios son igualmente condicionados, sin importar
en la etapa que se otorguen. Los primeros beneficios se otorgan, en
los primeros estadios del proceso de sometimiento a la JEP, mientras los
segundos son el resultado de los procedimientos previstos.
2.6. Los primeros jueces llamados a
conceder los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016 eran las autoridades
judiciales ordinarias y de la justicia penal militar competentes de la
ejecución de la condena, el juzgamiento o la investigación de personas
señaladas de ser responsables de delitos competencia de la JEP.  En virtud de
ello, el artículo 8 del decreto 277 de 2017 señalaba los procedimientos para el
otorgamiento de los tratamientos penales. Se indicaba que, si una persona
acudía a una autoridad judicial ordinaria para solicitar un beneficio, la
petición debía ser contestada en el término de 10 días en primera instancia.
2.7. Posterior a lo anterior, el
Congreso de la República aprobó la Ley 1922 de 2018, a través de la cual, se
reglamentan los procedimientos que deben surtirse ante la Jurisdicción Especial
para la Paz. En dicha normatividad se precisaron los términos para la adopción
de resoluciones y providencias que resuelven las peticiones sometidas al
conocimiento de las instancias. Así, a continuación, se presentan algunos de
los términos legales previstos en las dos leyes, y con forme a los cuales, las
autoridades competentes deben adoptar las providencias que resuelven las
peticiones de los comparecientes.
Procedimiento
Termino legal primera instancia
Termino legal segunda instancia
1
Traslado a ZVTN
Artículo 157 de la Ley 1957 de 2019
prescribe un término de 10 días.
Artículo 14 de la Ley 1922 de 2018, el
termino para resolver la apelación a dichas decisiones es de 30 días.
2
Libertad Condicionada ex miembros de
las Farc-Ep
De conformidad con el artículo 19 de
la Ley 1820 de 2016 el termino es de días 10.
Artículo 14 de la Ley 1922 de 2018, el
termino para resolver la apelación a dichas decisiones es de 30 días.
3
Traslado a Unidad Militar o policial
Artículo 58 de la Ley 1957 de 2019
establece un término de 10 días.
Artículo 14 de la Ley 1922 de 2018, el
termino para resolver la apelación a dichas decisiones es de 30 días.
4
Libertad anticipada, condicionada y
transitoria.
Según el artículo 47 (inciso 5°) de la
Ley 1922 de 2018 el término es de 10 días. En el mismo sentido artículo 53 de
la Ley 1957 de 2019.
Artículo 14 de la Ley 1922 de 2018, el
termino para resolver la apelación a dichas decisiones es de 30 días.
2.8. Sumado a lo anterior, y sin la
pretensión de hacer una lista exhaustiva, la ley 1820 de 2016 también prevé
que, el
procedimiento para la concesión de la amnistía de iure. En relación con ella, la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz[8]
ha indicado que, el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016 establece que es un
beneficio que se debe adelantar de manera prioritaria, y de la mano de la
libertad condicional, razón por la cual, las amnistía de iure deben estudiarse de
manera preferente, y fallar dentro de los mismos plazos de la libertad
condicional. En los casos de las amnistías que debe ser concedidas por la SAI,
puesto que, no resulta procedente la amnistía de iure, el artículo 21 de la Ley
1820 de 2016 precisa que las mismas deben ser resueltas en un término no mayor
a tres (3) meses desde que haya sido solicitadas la Sala.  Por
su parte, el artículo 46 de la Ley 1922 de 2018 indica: “La decisión sobre
la solicitud de amnistía o indulto se podrá realizar en audiencia pública, la
cual será programada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de
recibo del expediente judicial solicitado por la Sala, y podrá prorrogarse por
tres (3) meses para los efectos contemplados en el artículo 27 de la Ley 1820
de 2016 y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, salvo
causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser extendido
hasta por un (1) mes”.
2.9. Por su parte, el artículo 48 de la
Ley 1922 de 2018 prescribe que, el compareciente ante la JEP, pueden acudir a
la SDSJ y solicitar su sometimiento, ya sea que se encuentren en libertad o no.
Si ello es así, la ley indica un procedimiento genérico, en el que, una vez
repartida la petición, el magistrado de la SDSJ tiene 5 días para avocar
conocimiento. Al hacerlo debe vincular al trámite al ministerio público, a las
posibles víctimas y a un apoderado judicial del compareciente, además de
decretar la práctica de pruebas necesarias para verificar sumariamente los
hechos. Una vez pasen 10 días desde la notificación efectiva de la resolución
que avocó conocimiento, en principio debe tomarse decisión que determine si la
SDSJ es competente. En caso de dudas, la Sala puede citar a una audiencia con
presencia de todas las partes e intervinientes, para dentro de los siguientes
10 días, y allí, en virtud de un procedimiento dialógico, llegar al
conocimiento necesario para resolver la petición.
2.10. Sobre este aspecto, debe indicarse
que, el artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017 señala que la
SDSJ desarrollará su trabajo conforme a criterios de priorización elaborados a
partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de
responsabilidad en los mismos[9].
Estos principios han sido entendidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[10]
como estrategias para focalizar esfuerzos y maximizar los resultados de las
labores de investigación y juzgamiento en contra de la impunidad en contextos
de violaciones a los derechos humanos cometidas por estructuras organizadas a
escalas que superan la delincuencia común. En desarrollo de lo anterior, el
artículo 28 numeral 7 de la Ley 1820 de 2016 prescribe que la SDSJ tiene las
más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de
trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en
que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión, para
lo cual podrá también tener en cuenta las observaciones de las víctimas. Al
ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las
conductas graves y representativas queden impunes.
2.11. En relación con esta facultad
legal, debe recordarse que, la sentencia C-007 de 2018 indicó que la misma debe
ser aplicada con las siguientes precisiones: la Sala debe someterse a los
instrumentos que implementen las formas de concentración y focalización de
esfuerzos y debe velar por la satisfacción de
los principios aplicables, destacando de manera principal aquellos relacionado
con el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos y graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario,
así como de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición, con una transcendencia importante en este
caso del derecho a la participación[11].
2.12. Por ello, sumado a los términos
legales previstos para la solución de las peticiones sometidas al estudio de
las dos salas accionadas de la JEP, en el caso de la SDSJ, dicha autoridad
judicial tiene una amplia competencia para determinar el orden de prelación con
el objetivo de focalizar su esfuerzo en los casos que, conforme los reglamentos
que para ello se dé la propia Sala, aporten en mayor medida al avance del
esclarecimiento de hechos, conocimiento de la verdad, y garantía de los
derechos de las víctimas.  En todo caso, debe indicarse que, los criterios de
priorización y selección de delitos no son simples instrumentos de
descongestión. La priorización no puede ser entendida como un instrumento de
descongestión judicial, sino como una herramienta de política criminal que
ayuda a focalizar la actividad de la JEP hacía la consecución de importantes
objetivos, como combatir de manera eficaz fenómenos de macrocriminalidad
relacionados con el conflicto armado interno.
3.     Solicitudes
ante autoridades judiciales
3.1.
La Corte Constitucional ha definido que un ciudadano puede acudir ante una
autoridad judicial en ejercicio del derecho previsto en el artículo 23
Superior, cuando solicita información de carácter administrativo, referida con
la gestión de un despacho judicial.  Dichos derechos de petición de carácter
administrativo deben contestarse a partir de las hipótesis y los términos de la
Ley 1755 de 2015, tal como lo explicó la sentencia C-951 de 2014 que realizó el
control automático del proyecto de ley estatutaria sobre la materia.
3.2.
En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que debe
diferenciarse dos tipos de solicitudes ante autoridad judicial. Por un lado,
aquella que interroga a una autoridad sobre información administrativa,
respecto de otra que tiene como objetivo impulsar el avance de un proceso
judicial. Es decir, el evento en el que un ciudadano o ciudadana se dirige a
una autoridad judicial con el objeto de solicitar la aplicación de las leyes
sustantivas o procedimentales que rigen los procesos competencia del juez. En
el segundo caso, es decir, las personas que acuden a la justicia dentro de un
proceso judicial no actúan en ejercicio del derecho de petición, sino del ius
postulandi, por lo que, dado su carácter, las solicitudes deben responderse
siguiendo los procedimientos fijados en las normas procesales, y no con base en
la Ley 1755 de 2015.
3.3.
En la reseñada Sentencia C-951 de 2014 la Corte precisó que deben diferenciarse
las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases:
“(i)las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración”. Por tanto, concluyó la Corte que “el juez tendrá que
responder la petición de una persona que no verse sobre materias del proceso
sometido a su competencia.”
3.4.
Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, las personas
que acuden a la justicia dentro de un proceso judicial no actúan en ejercicio
del derecho de petición, sino del ius postulandi, y sus escritos serán
tratados como solicitudes o requerimientos de impulso procesal. En efecto, es
posible formular derechos de petición ante autoridades judiciales en casos de
requerimientos de contenido administrativo, el cual, será contestado, como una
petición administrativa, con base en las previsiones de la Ley Estatutaria de
Derecho de petición, pero, en el caso de solicitudes judiciales dentro de
proceso, las mismas serán entendidas como memoriales de impulso y se resolverán
a partir de los procedimientos que rigen los procesos puestos en cabeza de la
autoridad que administra justicia.
3.5. En la
Sentencia T-311 de 2013, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional estudió el caso de una persona privada de la libertad que
formuló derecho de petición ante el juzgado de ejecución de penas que
verificaba el cumplimiento de la pena privativa de la libertad a la que había
sido condenado. La solicitud iba dirigida a que, el Juzgado de
Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Valledupar oficiara a la Cárcel
de Alta y Mediana Seguridad de la misma circunscripción para que enviara las
órdenes de trabajo y/o estudio que se requieren para tramitar la redención de
su pena. A su vez, en el mismo escrito, solicitó que se le conceda la libertad
condicional por haber cumplido las 2/3 partes de la pena que le fue impuesta.
En relación con la petición que implicaba el otorgamiento de la libertad
condicional, la Sala explicó que “el derecho de petición encuentra
limitaciones y no puede ser resuelto bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, toda vez que el mismo versa sobre asuntos
relacionados con la litis objeto de estudio por el despacho accionado”. En
esa ocasión, al momento de proferir sentencia, la corporación verificó que la
autoridad judicial había adoptado la providencia en la que contestaba la
petición promovida por el actor, razón por la cual declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado.
3.6. En la
Sentencia T-172 de 2016, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional
resolvió el caso de un ciudadano que pidió el
levantamiento de una medida cautelar y la cancelación del registro que pesaba
sobre un inmueble de su propiedad, y que tuvo como origen un proceso de
separación de cuerpos promovido en su contra en el año 1989, cautela judicial
que data de más de 25 años. Tras varias solicitudes a diversas autoridades
judiciales con el fin de levantar la medida cautelar y sin que las mismas
fueran resueltas, la Corte concluyó que cuando un ciudadano promueve una
solicitud en la que pretende se resuelva un asunto propio de una actuación
regulada por normas procesales, y dentro de un proceso judicial, el derecho que
se vulnera no es el de petición, sino el debido proceso. En esa oportunidad la
Sala de Revisión tuteló el derecho de petición del accionante pues verificó que
el mismo tenía un carácter administrativo, dado que se refería a la ubicación
física de un expediente judicial. De igual manera tuteló el derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia puesto que, la petición era
de carácter judicial, al ir dirigida a que la autoridad judicial profiriera un
auto en el que se ordenara levantar una medida cautelar.
3.7.
En la Sentencia T-394 de 2018, la Sala Segunda de Corte resolvió el amparo
promovido por una persona privada de la libertad que acudió ante los jueces
penales que adelantaban el proceso en su contra, con el objetivo de solicitar
la expedición de copias sin costo de las actuaciones. La Sala explicó
la necesidad de distinguir entre la solicitud de carácter judicial del derecho
de petición de carácter administrativo, y estimó que el objeto de la petición
recae sobre aspectos que, de fondo, involucran el desarrollo de la actuación
penal y debe considerarse como parte del proceso, por lo que las autoridades
judiciales estaban obligadas a resolver la solicitud con observancia a los
términos y etapas procesales propias de la normatividad aplicable al desarrollo
del proceso penal.
3.8. En el caso, la Sala encontró que el
accionante no requería las copias para hacer uso de una facultad concreta
dentro del proceso penal, en la medida en que no existía una relación necesaria
entre la documentación solicitada gratuitamente y una petición pendiente de
formular, relacionada con la solicitud de la concesión de un beneficio de
prisión domiciliaria. Por consiguiente, la Sala no observó una vulneración a
los derechos fundamentales del actor al acceso a la administración de justicia
en condiciones de igualdad y al debido proceso, por parte de las autoridades judiciales
demandadas.
3.9. Como se observa, la Sala ha sido
consistente en señalar que una persona puede elevar peticiones ante autoridades
judiciales. No obstante, los jueces y tribunales a quienes van dirigidos las
solicitudes respetuosas deben diferenciar, en razón a su contenido, si se trata
de una solicitud de carácter judicial, o un derecho de petición de carácter
administrativo. Será una solicitud judicial y manifestación del derecho de
postulación, si el requerimiento ciudadano tiene como objetivo obtener la respuesta
de un proceso que se adelanta ante la autoridad, razón por la cual, deben ser
contestados con base en las leyes procesales y sustantivas de la litis, y no a
partir de las previsiones de la Ley 1755 de 2015, pues ella está reservada para
los derechos de petición de carácter administrativo.
3.10. Como se verá a continuación,
cuando una persona dirige una solicitud de contenido judicial, y la misma no es
contestado dentro de los términos legales previstos en los códigos de
procedimiento, la autoridad judicial no vulnera el derecho fundamental de
petición, sino el derecho al debido proceso, en su dimensión de tener derecho a
un proceso sin dilaciones injustificadas, y acceso a la administración de
justicia. Por ello, la siguiente consideración se refiere a los eventos en los
que una solicitud de carácter judicial no es contestada por la corporación
judicial, incurriendo en la denominada mora judicial.
4.
Las dilaciones injustificadas, como formas de vulneración del derecho al debido
proceso
4.1.
A continuación la Sala reiterará el precedente constitucional relacionado con
el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, y los eventos en
los que un juez incurre en mora judicial, por omitir ofrecer respuesta a
peticiones por fuera de los términos procesales previstos. Para lo anterior, se
abordará: (i) los conceptos de dilaciones injustificadas y mora judicial en la
jurisprudencia constitucional; (ii) las reglas de procedibilidad formal de la
acción de tutela en casos de mora judicial, y (iii) las reglas de procedencia
material de la acción de tutela.
4.2.
El derecho al debido proceso contempla un abanico amplio de garantías
constitucionales que deben ser aplicadas en cualquier actuación de carácter
administrativo y judicial. Uno de sus elementos constitutivos exige que la
decisión se adopte dentro de los plazos legales previstos para tal fin.  Por
ello, tanto la Constitución de 1991, como los documentos internacionales son
consistentes en introducir criterios relacionados con la tardanza en la toma de
decisiones judiciales sometidas al conocimiento de los jueces. Así, el Artículo
29 de la Constitución prescribe que toda persona tiene derecho a un proceso
público “sin dilaciones injustificadas”.
4.3.
En el mismo sentido, el Artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone que toda persona “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable”, lo anterior es reforzado en el Artículo 8° que señala que
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, y obtener
respuesta sobre su situación, dentro de un plazo razonable. En desarrollo de lo
anterior, los órganos del sistema interamericano de protección de derechos
humanos[12]
han desarrollado un test con el fin de determinar cuándo una autoridad judicial
vulnera el derecho a las garantías judiciales, al omitir resolver un proceso
judicial puesto en su conocimiento, “dentro de un plazo razonable”. El mismo
está integrado en por tres sub-niveles en los que corresponde determinar “a)
la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la
conducta de las autoridades judiciales". Ante la existencia de dos conceptos,
para determinar si se produjo una mora “irrazonable” (Artículo 8 de la
Convención Americana) o “injustificada” (Artículo 29 Constitucional), la Corte
Constitucional ha explicado cómo la jurisprudencia nacional desarrolla los
estándares internacionales[13].
4.4.
De esta manera, un elemento fundamental del derecho al debido proceso es la
garantía de obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables. En torno a este concepto, la Corte ha indicado que
cuando un ciudadano o ciudadana acude ante un juez con una petición relacionada
con el avance de un proceso sometido al conocimiento de la autoridad judicial,
ésta tiene la obligación de actuar con celeridad y economía procesal en aras de
proferir decisión que atienda al requerimiento. Ello en estricto cumplimiento
de los términos legales. Lo anterior está contenido en el parágrafo del
artículo 14 de la Ley Estatutaria de la JEP, Ley 1957 de 2019, el cual
prescribe que las actuaciones de la jurisdicción se someten a los principios de
“eficacia,
eficiencia, celeridad y economía procesal”.
4.5.
Como desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación también
ha precisado que, los jueces que no atiendan los términos procesales para
proferir las decisiones judiciales que resuelvan los requerimientos de las
partes e intervinientes dentro de los procesos puestos a su consideración,
incurren en mora judicial e implica, una eventual vulneración del derecho al
debido proceso, pero no por actuación, sino como consecuencia de una omisión en
proferir una providencia[14].
4.6.
Así la mora judicial se presenta cuando, por fuera de los términos legales
previstos en los códigos de procedimientos, los jueces omiten proferir las
decisiones a su cargo. Lo anterior debe distinguirse de la hipótesis en la que,
la eventual vulneración al derecho al debido proceso de un ciudadano se produce
por una actuación, o puntualmente, por la adopción de una sentencia. Por lo
anterior corresponde extraer una primera regla jurisprudencial: la Corte ha reconocido
que es posible promover acción de tutela contra omisiones judiciales, es decir,
los eventos de mora por parte de los jueces. Ello, pues existen eventos en los
que dicho retardo implica la vulneración del derecho al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
4.7.
Respecto con las reglas de procedibilidad formal de la acción de tutela por
mora judicial, la jurisprudencia ha explicado que un ciudadano o ciudadana que
denuncia que una autoridad judicial no ha actuado de manea diligente y en esa
medida no ha cumplido los términos legales para proferir una decisión debe: (i)
mostrar que, la parte o interviniente ha sido diligente. Frente al requisito de
subsidiariedad se ha precisado que: (ii) no tiene la obligación de agotar
ningún mecanismo judicial, tales como recursos, incidentes, peticiones, pues el
mismo, solo entraría a aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza en la
respuesta. Por ello, la jurisprudencia ha señalado que el accionante se
encuentra en situación de indefensión por carecer de mecanismo judicial[15].
Frente al requisito de inmediatez se ha indicado que el accionante debe
evidenciar que transcurrió “un plazo razonable entre la ocurrencia de la
omisión que permite identificar una demora injustificada en la tramitación del
proceso y la presentación de la acción de tutela”[16].
En todo caso, el juez debe verificar si la vulneración continúa en el tiempo,
razón suficiente para que el mecanismo sea procedente para cuestionar eventos
de mora judicial.
4.8.
Resuelto lo anterior, ahora corresponde explicar cuándo se presenta la
denominada mora judicial injustificada, y en esa medida, precisar los eventos
en los que, por omisión, una autoridad vulnera el derecho al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia. Ello con el fin de clarificar las
reglas de procedencia material de la acción de tutela.
4.9.
A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos[17],
y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que toda
persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas” la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos
motivos: (i) por un lado el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de
los funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias, o (ii) por
la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la República, la que a la
postre produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen
conforme a los códigos adjetivos[18].
A partir de la anterior consideración, este Tribunal ha distinguido entre la
mora judicial justificada (producida por sobrecarga y congestión judicial) y la
injustificada (causada por la arbitrariedad).
4.10.
Este Tribunal ha indicado que no constituyen vulneraciones al derecho al debido
proceso, aquellos eventos de mora judicial justificada por la congestión
judicial, pues la misma se basa en una situación estructural y objetiva, y ha
determinado que sí resulta vulneratorio de derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, aquellos eventos en los
que la omisión se debe a capricho o arbitrariedad de un operario judicial.
4.11.
En la Sentencia T-230 de 2013[19]
se explicó que para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad
del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento,
estableciendo que se presenta una mora lesiva del ordenamiento cuando se está
ante: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento
del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la
situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación
razonable de la demora. Se advirtió, además, que (iv) el funcionario
incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para
evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia
y debido proceso.
4.12.
En la Sentencia SU-394 de 2016[20],
la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió el caso de una persona que,
desde la década de los ochenta, afrontó procesos penales y de extinción del
dominio en los que se discutió la licitud de los bienes que integraban su
patrimonio. A pesar de múltiples decisiones de instancia, en las que se
concluía el carácter lícito de los bienes, el accionante continuaba sub judice
durante tres décadas, sin obtener una respuesta definitiva.
4.13.
Destacó la Corte que, la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y
eficaz, y que el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de
estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, por lo que el
incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias. De igual forma,
la sentencia de unificación advirtió que procesalmente no se han previsto
instituciones o medios judiciales que permitan imprimirle impulso al desarrollo
de un proceso que se encuentra detenido.  Explicó que, por ejemplo, el Código
General del Proceso prevé hipótesis en las cuales un sujeto procesal puede
presentar memoriales para alterar el orden del reparto, y agilizar el avance
del proceso, “[s]in embargo, en respuesta a dichas peticiones es necesario
un nuevo pronunciamiento que también puede ser objeto de demora”.[21]
4.14.
Por ello, determinó necesario que el juez de tutela tenga en cuenta que, en
ocasiones, la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa
o arbitraria del funcionario judicial, sino que se deriva de problemas
estructurales de la administración de justicia, cuya congestión histórica ha
impedido que los despachos se encuentren al día, por lo que es frecuente que transcurran
varios años entre la presentación de la demanda y el momento en que se profiere
sentencia.
4.15.
Frente a la configuración de una dilación injustificada, la Corte indicó que el
juez de tutela debe evaluar si la tardanza u omisión se debe a razones
constitucionalmente válidas que explican dicha situación, o por el contrario se
funda en la negligencia de los funcionarios judiciales. Con ello, si se inicia
una acción de tutela contra una autoridad judicial por mora, el juez
constitucional debe, en primera medida, examinar si: (i) desconocieron los
términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si la
violación a los términos se debe a la complejidad del caso, la actividad
probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y en esa medida la
actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable[22]
y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e
invencibles con situaciones de fuerza mayor o congestión judicial.
“En
suma, si bien la administración de justicia debe ser pronta como elemento
esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo en la
adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución”. Para que esto ocurra debe probarse que la dilación
injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en
el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable.”
4.16.
Posteriormente, en la Sentencia T-186 de 2017[23] reiteró las reglas
jurisprudenciales anotadas e indicó que el estudio del derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio
público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado
la construcción de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial producida,
en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo de
los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación
es razonable o no, y para ello ha acudido a varios criterios.
4.17.
Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre
en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un
motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta
(i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la
valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el
trámite.
4.18.
Asimismo, manifestó  que la mora judicial injustificada se ha construido
a partir de la valoración sobre el cumplimiento de los deberes a cargo del
funcionario judicial, “exigiendo para su configuración una actuación
negligente o actitud omisiva de éste frente a sus obligaciones, por lo tanto,
en los casos de procedencia del amparo se dispone, usual y paralelamente a la
protección constitucional, la remisión de las actuaciones a las autoridades
administrativas y disciplinarias pertinentes, para lo de su competencia.”
4.19.
Con base en el anterior precedente, es posible reiterar las siguientes reglas:
(i) una persona, en ejercicio del ius postulandi, puede dirigir peticiones a
las autoridades judiciales sobre los procesos que adelantan en sus despachos,
es decir de contenido jurisdiccional. En dichas situaciones, la respuesta se
somete a las normas legales del proceso judicial respectivo y no a la Ley
Estatutaria del derecho de petición.
4.20.
Ahora bien, en caso de omisión de respuesta, se incurre en una vulneración del
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, salvo
que la dilación esté válidamente justificada; (ii) en relación con estas
omisiones judiciales, la acción de tutela resulta formalmente procedente cuando
(iii) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso
(como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras razones); (iv) el
ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y
(v) la omisión judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible
al incumplimiento de cargas procesales.
4.21.
En el mismo sentido, se presenta una mora judicial injustificada, si: (i) es
fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y
(iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de una autoridad judicial.
4.22.
Fijadas las anteriores reglas jurisprudenciales, corresponde proceder a
resolver las situaciones particulares de los actores.
5. CASO CONCRETO
5.1.
Cuestión Previa: Carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia[24]
5.1.1.
Es necesario determinar si se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto, puesto que, como se indicó en los antecedentes y en los anexos, varias
instancias de la JEP ya resolvieron de fondo algunas de las peticiones
formuladas por los comparecientes.
5.1.2.
En el expediente 7.211.275 (caso xvii), como se precisa en el anexo I, a través
de providencia del 6 de abril de 2018, la Sección de Revisión del Tribunal para
la Paz declaró la carencia actual de objeto por existir hecho superado en
relación con la petición presentada por el accionante, pues la Secretaría Ejecutiva
de la Jurisdicción le dio respuesta administrativa, sobre su situación de no
incluirlo en las listas que remitió el Ministerio de Defensa Nacional de
miembros de fuerza pública que debían recibir los beneficios de la Ley 1820 de
2016. No obstante, en la respuesta (anexo III) que fue remitida a esta
Corporación fruto de los autos de pruebas del magistrado sustanciador[25],
se verifica que, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas inició un
proceso judicial con el fin de determinar si el peticionario es beneficiario de
las previsiones de la Ley de amnistía e indulto. Por ello, conforme a la
información que reposa en el expediente, la solicitud formulada por el actor
fue contestada por la Secretaría Ejecutiva, sin que ello haya sido obstáculo
para el inicio de un proceso judicial, el cual, no ha sido, hasta ahora, resuelto.
Por este motivo, en el expediente T-7.211.275 (caso xvii), la Sala Plena de la
Corte examinará de fondo si se presentó o no vulneración, en tanto, comprende
que el proceso judicial que se abrió fruto del escrito del accionante aún se
encuentra pendiente de respuesta. Como consecuencia, el expediente no será
estudiado en este acápite de cuestión previa.
5.1.3.
En efecto, según la respuesta que dirigió a esta Corte[26]
por parte la Secretaría Judicial de la JEP, se verifica que las siguientes solicitudes
ya fueron contestadas:
Caso
Petición
Autoridad que
conoció la solicitud.
Respuesta de la
solicitud.
Caso (i) T-7.211.254
Jhon Freddy Rodríguez Suárez
El 27 de marzo de 2018, elevó petición ante la SDSJ solicitando
concesión de beneficios.
La SDSJ en resolución 000423 de 12 de
febrero de 2019 asumió conocimiento del asunto.
Mediante resolución de 2 de mayo de
2019, la Sala Dual Tercera de la SDSJ rechazó por falta de competencia
material la solicitud de sometimiento.
Caso (ii) T-7.211.257
Jaime Coral Trujillo
Los días 14 de junio y 12 de septiembre de 2018, Jaime Coral
Trujillo radicó peticiones ante SDSJ, solicitando estudio de los procesos
adelantados en su contra por la Justicia Penal Militar.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a través de
Resolución 001738 de 30 de abril de 2018 concedió el beneficio condicionado
de la libertad al accionante.
Caso (iii) T-7.211.258
Ciro Antonio Amado
El 29 de mayo de 2018, Ciro Antonio Amado presentó petición a la
Secretaria Ejecutiva de la JEP solicitando la admisión de sometimiento a la
JEP, debido a su condición de exintegrante de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia para acceder a los beneficios establecidos en la Ley
1820 de 2016 – libertad condicional-.
El 6 de agosto de 2018, el accionante radicó nuevamente una
solicitud encaminada a conocer el estado de su trámite de la petición antes
referida.
Sala de Amnistía e
Indulto.
La Sala de Amnistía e Indulto a través de Resolución
SAI-SL-MGM-0108B de 20 de diciembre de 2018, negó la solicitud de
libertad requerida.
Caso (vi) T-7.211.261
Ider Quintero
El día 4 de noviembre de 2017 y 23 de julio de 2018, Ider
Quintero presentó petición solicitando inclusión a la Jurisdicción Especial
para la Paz y los beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2016
Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en resolución
001452 de 10 de abril de 2019, rechazó la solicitud de sometimiento
del accionante.
Caso (vii) T-7.211.263
Gerardo Vargas Correa
José Gerardo Vargas Correa radicó solicitud de amnistía y
libertad condicionada ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Neiva, quien el 15 de Junio de 2018 mediante oficio informó
la remisión de dicha solicitud a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP,
siendo remitida el 19 de julio de 2018.[27]
Sala de Amnistía e
Indulto.
La Sala de Amnistía e Indulto en resolución SAI-SL-.MGM022C de
10 de septiembre de 2018 negó la petición de libertad, decisión frente
a la cual se formuló recurso de apelación, resuelto a través del Auto TP-SA-
067 de 2018.
Caso (viii) T-7.211.264
Alberto Camargo Pinzón
El día 28 de mayo de 2018, Alberto Camargo Pinzón presentó
petición postulándose ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin
de acceder a los beneficios de libertad con ocasión del proceso penal
adelantado en su contra.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a través de
resolución No. 001456 de 10 de abril de 2019, rechazó la petición de
sometimiento a la JEP.
Caso (xi) T-7.211.269
Octavio Cartagena Benítez
El 8 de junio de 2017 Octavio Cartagena Benítez presentó
petición solicitando inclusión en la lista de postulados para acceder a los
beneficios de la ley 1820 de 2016.
El día 21 de mayo de 2018 y 2 de enero de 2019, presentó
petición solicitando sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz como
miembro de las Autodefensas de Colombia.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en Resolución
00784 de 28 de febrero de 2018 rechazó la solicitud de sometimiento a la JEP
del accionante.
Caso (xiii) T-7.211.271
Deybi Mauricio Melo Arce
El 19 de julio de 2018, Deybi Mauricio Melo Arce solicitó
libertad condicional ante el juzgado de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Pasto (Nariño) remitir su proceso penal ante las instancias de
la JEP, con el fin de acceder a los beneficios de la ley 1820 de 2016. A
pesar de que, el Juez de Ejecución de Penas remitió el expediente a la JEP el
1 de agosto de 2018, el peticionario, aún, no ha obtenido respuesta.
Sala de Amnistía e
Indulto.
La Sala de Amnistía e Indulto en Resolución SAI-LCA-RC-PMA-486
de 25 de abril de 2019 rechazó la solicitud del señor Melo Arce.
Caso (xviii) T-7.211.277
En relación con tres de los accionantes:
Guillermo Javier Castillo Chávez.
Diego Andrés Ruales Toro,  Oscar Antonio Marín Arboleda
En este expediente, la acción de tutela la formulan seis
personas: Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chaves,
Devid Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaño
z, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio Marín Arboleda.
La JEP informó que, en relación con tres de ellos, las
peticiones ya fueron contestadas de fondo. Se trata de los casos de Guillermo
Arturo Bolaños y Deivis Alberto Díaz, quienes el día 10 de agosto de 2018,
presentaron solicitud de libertad condicional, y Diego Andrés Ruales Toro,
quien el día 25 de junio de 2018, presentó solicitud de libertad
condicionada.
Sala de Amnistía o
Indulto.
La Sala de Amnistía e Indulto, en resolución SAI-LC-LRG-125 de 2
de mayo de 2019, negó la solicitud de libertad del señor Guillermo
Javier Castillo Chávez.
Igual ocurrió con Diego Andrés Ruales Toro y Oscar Antonio Marín
Arboleda, pues la Sala de Amnistía e Indulto en Resolución SAI.LC.-LRG-013 de
23 de enero de 2019 negó las solicitudes de libertad de los dos
accionantes.
5.1.4.
En efecto, en los 9 expedientes referenciados, y en relación con 11[28]
comparecientes, la Sala de Amnistía e Indulto, y la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas estudiaron las solicitudes de sometimiento y concesión de
beneficios previstas en la Ley 1820 de 2016. Estas fueron contestadas por las
autoridades competentes, ya fuera: aceptando el requerimiento del compareciente
y en esa medida decretando un beneficio, o rechazando o negando las mismas. Por
ello, corresponde determinar si se está ante el fenómeno de la carencia actual
de objeto.
5.1.5.
Con base en lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha
fijado reglas jurisprudenciales según las cuales, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales, la solicitud pierde sustento, motivo por el cual,
el juez debe declararla improcedente.
5.1.6.
En los eventos en los que la vulneración de los derechos fundamentales ha
cesado, la Corte ha indicado que carece de sentido pronunciarse en aquellas
hipótesis en las que la decisión sería inocua por haber desaparecido la
situación que la motivó.  Siendo la defensa de los derechos fundamentales la
justificación de la actuación del juez de tutela, si en el caso concreto ha
desaparecido la amenaza o vulneración, no tiene “ningún sentido que el
fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas
circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de
cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características
totalmente diferentes a las iniciales.”[29]
5.1.7. Sin embargo, la
Corte ha sostenido pacíficamente que ello no obsta para que en estos eventos,
de manera excepcional y siempre que el asunto lo amerite (por ejemplo por la necesidad
de adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional, y en virtud de la
potestad de revisión que ejerce este Tribunal de manera eventual), se decida
emitir algún pronunciamiento judicial relacionado con el contenido y alcance de
los preceptos jurídicos que enmarcan la protección de las garantías
iusfundamentales invocadas en la petición de amparo (dimensión objetiva de los
derechos constitucionales)[30].
5.1.8.
De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha acuñado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así,
explicar la situación en la que es imposible materialmente que el juez dicte
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. La misma se puede presentar en tres hipótesis.
5.1.9.
El daño consumado se refiere a que la vulneración iusfundamental que se buscaba
corregir y evitar, se ha consolidado en un daño o afectación que solo puede ser
atendida a través del resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. No obstante, la Corte ha reconocido que existen casos en los que, el
daño consumado no se limita a la reparación económica del daño, pues hay fórmulas de
reparación constitucional que no necesariamente son de tipo económico y que son
adoptadas por el juez de tutela[31].
Además de ello, debe tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido que
en el evento del daño consumado es obligación del juez de tutela pronunciarse
sobre el fondo del caso, a fin de determinar si, pese a la configuración del
daño, hubo una vulneración. La Corte considera que la acción de
tutela resulta -por regla general- improcedente[32].
5.1.10.
El hecho superado, por el contrario, es el evento en que, al momento de emitir
el fallo de tutela, el juez constata que el obrar de la entidad accionada
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del tutelante[33],
esto es, tuvo lugar la conducta solicitada y, por tanto, se superó la
afectación[34].
5.1.11.
Una tercera hipótesis es la denominada “el acaecimiento de una situación
sobreviniente, evento en el cual, como resultado de la acción de una
persona o entidad diferente a la autoridad demandada, la vulneración cesa.
Asimismo, la Corte ha aclarado que, en esos eventos de carencia actual de
objeto, si bien no resulta viable emitir la orden de protección, sí es
procedente un pronunciamiento de fondo, explicando si existió o no la
vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela.
5.1.12.
En la Sentencia T-472 de 2017, la Corte explicó que a partir de los artículos
24 y 25 del Decreto 2591 de 1991, en los casos de carencia actual de objeto por
hecho superado, es necesario que, el juez de tutela determine si existió o no
vulneración de los derechos fundamentales, incluso así no sea procedente emitir
órdenes que atienda a dicha situación.
5.1.13.
La Corte ha precisado que, bajo ciertas circunstancias, se impone la necesidad
del pronunciamiento por la proyección que pueda tener un asunto (art. 25 del
Decreto 2591 de 1991), o por la necesidad de disponer correctivos frente a
personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial
protección constitucional, además cuando sea evidente que la providencia objeto
de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente “para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia
de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”[35].
5.1.14. Con base en lo previsto en el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, y a partir de las reglas
jurisprudenciales relacionadas con el hecho superado, se precisó que éste
“se presenta cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la
afectación del derecho cuya protección se reclama, de tal manera que ‘carece’
de objeto el pronunciamiento del juez constitucional”[36].
Corresponde entonces, declarar la ocurrencia de una carencia actual de objeto
por hecho superado puesto que, la situación que originó la acción de tutela
desapareció y con ello cesó la eventual vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes.
5.1.15. En esos expedientes de tutela[37],
las Salas de Justicia accionadas y encargadas de conocer las peticiones, tras
agotar el procedimiento judicial previsto en las Leyes 1820 de 2016 y 1922 de
2018 estudiaron las solicitudes y dieron respuesta de fondo a las mismas. Más
allá del sentido de cada una de las resoluciones de las Salas (aspecto que
escapa al asunto sometido a consideración de la Sala Plena), lo cierto es que
en la actualidad carece de sentido proferir una orden dirigida a que se dé
respuesta de las mismas.
5.1.16.
Como se indicó en los antecedentes, respecto del expediente T-7.211.263 (caso
vii), en sentencia de 13 de agosto de 2018, la Sección de Revisión del Tribunal
para la Paz declaró improcedente la solicitud de protección del derecho a la
libertad personal, pues consideró que el medio judicial para garantizar la
protección de esta libertad es el derecho al habeas corpus. Sobre el derecho al
debido proceso, la providencia negó el amparo. Sin embargo, como se pasa a
explicar, en este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz ya profirió
decisión de fondo, razón por la cual, corresponde revocar la sentencia de única
instancia y en su lugar declarar la improcedencia por la configuración de
carencia actual de objeto por hecho superado.
5.1.17. Como se precisa en el anexo I, en el expediente de tutela T-7.211.269
(caso xi), donde aparece como accionante Octavio Cartagena Benítez, mediante
sentencia del 23 de julio de 2018, el Tribunal para la Paz, Sección de
Revisión, Subsección Segunda amparó parcialmente el derecho fundamental de
petición, en relación con la solicitud fechada el 8 de junio de 2017, pues a
juicio del tribunal esta era de carácter estrictamente administrativo y la
misma se produjo respuesta tardía. En relación con otro escrito del mismo
accionante, pero de fecha 21 de mayo de 2018, en la misma providencia se negó
la protección del derecho fundamental de petición y del debido proceso, pues la
solicitud es de aquellas que reclaman la concesión de los beneficios previstos
en la Ley 1820 de 2016. En este caso, se trata entonces, de una sentencia de
única instancia que concedió parcialmente y negó parcialmente. Sin embargo, a
esta altura, y verificado que las autoridades judiciales competentes ya
profirieron las resoluciones que resolvieron los requerimientos del actor,
corresponde revocar la sentencia y en su lugar declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.
5.1.18. Con base en las anteriores
consideraciones, en la parte resolutiva de esta
providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará las sentencias
de tutela de única instancia, y en su lugar declarará la improcedencia por
carencia actual de objeto dentro de los expedientes Caso
(i) T-7.211.254; Caso (ii) T-7.211.257; Caso (iii) T-7.211.258; Caso (vi)
T-7.211.261; Caso (vii) T-7.211.263; Caso (viii) T-7.211.264; Caso (xi)
T-7.211.269; Caso (xiii) T-7.211.271; En el Caso (xviii) ST-7.211.277 (caso
xviii) en relación con los tres accionantes a quienes ya se les dio respuesta,
esto es Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar
Antonio Muñoz Arboleda.
5.1.19.
Resuelta la anterior cuestión previa, corresponde ahora determinar si las
acciones de tutela restantes son formalmente procedentes y si se presentan
vulneración a los derechos fundamentales alegados. Debe recordarse que el
expediente T-7.211.277 (caso xviii) cuenta con
seis accionantes, y como se acabó de explicar, la JEP ya resolvió las
peticiones a tres de ellos, razón por la cual, corresponde pronunciarse de
fondo, en relación con los tres restantes, es decir, frente a Jesús Gabriel
Viveros Delgado, Devid Alberto Díaz Telpud y Guillermo Arturo Bolaños. De esta
manera, el pronunciamiento de fondo se realizará sobre los procesos de tutela
restantes, esto es:
Caso/ accionante
Fechas de las
Peticiones
Autoridad que
conoce la solicitud.
Caso (iv) T-7.211.259
Ramón Jesús Ramírez Quintero
El 10 de septiembre de 2018, elevó petición a la SDSJ
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Caso (v) T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita
El 7 de diciembre de 2018, solicitó, a través de derecho de petición
radicado ante la JEP, el beneficio de libertad condicional.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Caso (ix) T-7.211.266
Carlos José Sanabria Pico
El 8 de agosto de 2018, elevó petición solicitando ser admitido
en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Caso (x) T-7.211.267
Sandra Lucrecia Daniels Guzmán
El 2 de abril de 2018 presentó solicitud de toma de acta de
compromiso para acogerse a la JEP.
El 31 de mayo de 2018 radicó petición ante la SRV solicitando
suscripción de acta de sometimiento y acceder a los beneficios de la Ley 1820
de 2016.
El 2 de julio de 2018, radicó ante la SAI de la JEP solicitud de
libertad condicionada[38].
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz;  Sala
de Amnistía e Indulto.
Caso (xii) T-7.211.270
Alonso Chaux Hurtado
Los días 8 de junio y 15 de agosto de 2018, presentó peticiones
solicitando ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz como miembro
de las BACRIM – RASTROJOS.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Caso (xiv) T-7.211.272
Edier Zarate Martínez
El 24 de septiembre de 2018, presentó solicitud para obtener
formatos y actas de compromiso para el acogimiento a la Jurisdicción Especial
para la Paz y la obtención de los beneficios establecidos en la Ley 1820 de
2016.
Sala de Amnistía e
Indulto.
Caso (xv) T-7.211.273
Víctor Saoco Pérez López
El 19 de julio de 2018, presentó petición ante la Jurisdicción
Especial para la Paz, solicitando se verifique lo actuado en su contra por
los Juzgados 10 del Circuito Penal de Medellín y el 13 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías.
Sala de Amnistía e Indulto.
Caso (xvi) T-7.211.274
Michel Antonio Berrio
El día 8 de mayo de 2018, envió solicitud de acogimiento a la Justicia
Especial para la Paz
Sala de Amnistía e Indulto.
Caso (xvii) T-7.211.275
Luis Ángel Sánchez Méndez
El día 26 de julio de 2017, presentó solicitud de aplicación al
Decreto 1252 de 2017 por considerar cumplidos los requisitos de la Ley 1820
de 2016.
Secretaria Ejecutiva de la
JEP
Caso (xviii) T-7.211.277
Jesús Gabriel Viveros Delgado.
Deivis Alberto Díaz Telpud.
Guillermo Arturo Bolaños.
El 29 de junio de 2018 los accionantes remitieron a la JEP
solicitudes para obtener la libertad condicional, las mismas fueron radicadas
en la JEP, el 3 de julio de 2018, pues afirma ser integrantes de las Farc -Ep[39].
Sala de Amnistía e
Indulto.
Caso (xix) T-7.211.278
Luz Mary García Cerón
El día 15 de agosto y 21 de noviembre de 2018, presentó petición
solicitando pronunciamiento sobre libertad condicional.
Sala de Amnistía e
Indulto.
Caso (xx) T-7.366.351
Iván Marino Herrera Serna
El 28 de enero de 2019, presentó petición solicitando a la SDSJ
conozca del proceso adelantado en su contra y le sea brindado asesoría y
defensa gratuita.
El 28 de enero de 2019, remitió escrito ante la SDSJ solicitando
se diera respuesta a la petición anterior.
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
5.2.
En relación con los casos que se fallarán de fondo.
5.2.1. Resuelto lo anterior, la Sala
plena solo se pronunciará en relación con las solicitudes que aún no han sido
contestadas y que refieren a 12 expedientes[40]
de tutela promovidas, por 14 personas[41]
comparecientes ante la JEP, en las que acusan a las Salas de Amnistía e
Indulto, y a la de Definición de Situaciones Jurídicas de vulnerar el derecho
de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en
atención a que los escritos de sometimiento y en los que se solicita la
concesión de beneficios no han sido contestados dentro de los términos
previstos en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018.
5.2.2. En las respuestas a las acciones de
tutela ante la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, juez de
única instancia de todos los expedientes, las autoridades demandadas indicaron
que la SAI y la SDSJ se encuentran congestionadas por la sobrecarga de trabajo
y represamiento de las peticiones de comparecientes que llegaron a la
Secretaria Ejecutiva en el año 2017, y fueron transferidas a las Salas de
Justicia en el primer trimestre del 2018. Sumadas a esas peticiones, durante el
año 2018, han seguido llegando solicitudes en las que se reclama la concesión
de los beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016 por parte de más
comparecientes, situación que ha llevado a la agudización de la situación de
congestión. Indicaron que, a ello debe añadirse que el personal de la SAI, SDSJ
y las Secretarias Judiciales fue vinculado de manera gradual, entre marzo y
noviembre de 2018, razón por la cual, sólo se cuenta con todos los funcionarios
de la Jurisdicción desde el último trimestre del año 2018. En esa medida, las
autoridades judiciales accionadas sostuvieron que no han vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes, pues la tardanza en la respuesta no se debe a
capricho o negligencia, sino a una situación objetiva que desborda la capacidad
de los funcionarios.
5.2.3. A juicio de la Corte, el primero
problema jurídico a resolver se relaciona con determinar el carácter
administrativo o judicial de las peticiones formuladas por los accionantes. A
juicio de la Sala Plena de la Corte, y como se verifica en el anexo I de esta
providencia el cual contiene los antecedentes de los expedientes de tutela, así
como las solicitudes puntuales de los tutelantes, todos los escritos tienen
como objetivo que las diversas autoridades de la JEP asuman competencia sobre
los hechos por los cuales son investigados o sancionados los
comparecientes/accionantes. Todas las solicitudes tienen como finalidad que las
Salas de Justicia de la Jurisdicción apliquen, en casos concretos, los
beneficios transicionales previstos en la Ley 1820 de 2016.
5.2.4. Por tal razón, para esta Sala
Plena resulta claro que las solicitudes de los comparecientes son de aquellos
cuyo contenido es eminentemente judicial. Se refieren a la apertura de procesos
para que la Sala de Amnistía e Indulto, o la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas, según sea el caso, agote las etapas para (i) fijación de competencia
por parte de la Jurisdicción; (ii) concesión de beneficios de libertades o
(iii) renuncia condicionada a la acción penal por parte del Estado. Resolver
cada escrito exige un pronunciamiento judicial a través de resoluciones en los
que se aplique, en casos concretos, el acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820
de 2016, la Ley 1922 de 2018 y la Ley 1957 de 2019.
5.2.5. Ninguno de ellos interroga por
información de carácter administrativo, y en ese caso no se trata del derecho
de  , sino del ejercicio del derecho de postulación.
5.2.6. Resuelto lo anterior debe
estudiarse la procedibilidad formal de las 12 acciones de tutela
contra la JEP y sus instancias judiciales[42].
Para ello, se reiteran las reglas generales sobre procedencia del medio de
amparo y, puntualmente, aquellas explicadas en las consideraciones 4.19. 4.20 y
4.21 de esta providencia.
Legitimación por activa
5.2.7. El Artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 señala que la acción de tutela debe ser promovida por quien sufra la
vulneración o amenaza, por el representante legal, por quien actúe como agente
oficioso, o por el agente del Ministerio Público, Defensor del Pueblo o
personero. En este caso, las 12 acciones de tutela sobre las que se proferirá
un fallo de fondo están suscritas y promovidas por las personas que
directamente formularon los escritos en los que solicitan ante las instancias
de la JEP la concesión de los beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016. En
esa medida, las 12 acciones de tutela satisfacen el requisito de legitimación
por activa.
5.2.7.  Se encuentra igualmente
satisfecho el requisito de legitimación por pasiva, pues las solicitudes fueron
presentadas ante las autoridades de la JEP, e internamente repartidos entre las
instancias encargadas de tomar las decisiones que las respondan. En esa medida,
las acciones de tutela fueron iniciadas contra esas mismas instancias. Aunado a
ello, se trata de acciones de tutela dirigidas contra autoridades públicas,
parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición, que conforme al artículo 8 del acto legislativo 01 de 2017, son
pasibles de acción de tutela.
Requisito de inmediatez
5.2.8. La Sala considera que el mismo se
encuentra cumplido, dado que los accionantes alegan la ausencia de respuesta a
sus solicitudes. Así, al momento de la presentación de las 12 acciones de
tutela, la mora en la solución de los requerimientos permanece, por lo que la
eventual vulneración es actual e inminente. Así mismo, en relación con este
requisito, debe señalarse que, las acciones de tutela fueron presentadas dentro
de un plazo razonable en relación con las peticiones que no ha sido
contestadas.  Efectivamente, al momento de la presentación de las tutelas, los accionantes
están pendientes de que las autoridades de la JEP profieran las decisiones que
resuelvan sus requerimientos. En esa medida, la Sala estima que, al momento de
la formulación de los medios de amparo y actualmente, existe una necesidad de
que se profieran las decisiones aún pendientes.
Requisito de subsidiariedad
5.2.9. Como ya se indicó al momento de
resolver el primer problema jurídico, se llegó a la conclusión que las
peticiones de los tutelantes no interrogan a la JEP sobre asuntos
administrativos, sino sobre la aplicación a casos concretos de los beneficios
previstos en la Ley 1820 de 2016. Por ello, los escritos de los actores no son
de aquellos en los que se ejerce el derecho fundamental de petición, sino se
trata del ejercicio del ius postulandi, materialización del derecho al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
5.2.10. En este caso, dado que se trata
de peticiones judiciales, se excluye la hipótesis de que la acción de tutela
sea procedente para solicitar la protección de ese derecho. En esa medida solo
se estudiará la procedibilidad para la protección de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
5.2.11. Los 14 accionantes (de las 12
tutelas restantes)[43]
no cuentan con otro mecanismo judicial pendiente de agotar, y se han comportado
de manera diligente al impulsar, a través de peticiones, el avance de sus
solicitudes. Aunado a ello, el hecho que los tutelantes denuncien situaciones
de mora judicial por congestión, provoca que no tengan la obligación de iniciar
otros medios judiciales de defensa, pues ello conllevaría a agudizar esa
situación y, en sí mismo, agrava la tardanza en la administración de justicia.
5.2.12. Así, en el caso concreto las
acciones de tutela resultan procedente para la protección del derecho al debido
proceso en su dimensión de un juicio sin dilaciones injustificadas, y al acceso
a la administración de justicia.  Esta Sala concluye que las 12 acciones de
tutela, promovidas por los 14 comparecientes son procedentes para cuestionar la
mora judicial que se presenta en las Salas de Amnistía e Indulto y de
Definición de Situaciones Jurídicas, y sus respectivas Secretarías Judiciales.
Procedencia material de las acciones de
tutela.
5.2.13. Con el fin de resolver de fondo
el segundo problema jurídico, es decir, si la mora de las autoridades de la JEP
implica vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de los comparecientes, a continuación la Sala
Plena estudiará el material probatorio allegado en sede de revisión relacionado[44]
con: (i) los planes de descongestión que se han aprobado e implementado en las
SAI y la SDSJ, y posteriormente, y (ii) las reglas jurisprudenciales fijadas
por la Sección de Apelación, con el fin de enfrentar la situación de congestión
judicial de la SAI y la SDSJ y finalmente (iii) la información referida con el
estado procesal de las 12 expediente de tutela con 14 accionantes. A partir de
estos tres análisis, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinará si
las instancias accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, y acceso a la administración de justicia de los tutelantes.
Planes de descongestión de las Salas de
Amnistía e Indulto, y de Definición de Situaciones Jurídicas
5.2.14. Como reconocen las diversas
intervenciones de las instancias accionadas de la JEP, la Jurisdicción tiene
bajo su conocimiento una importante cantidad de peticiones de comparecientes, y
se encuentra pendiente la adopción de decisiones que dan respuesta a las
mismas. Esa situación se ha producido por una amplia concurrencia de causas;
(i) en primer lugar, porque antes de la apertura de las puertas de la JEP, en
marzo de 2018, ya estaban pendientes en la Secretaria Ejecutiva de la
Jurisdicción más de dos mil quinientas peticiones para el reparto entre las
Salas y Secciones; (ii) además, al momento de la apertura de las puertas de la
JEP para atención al público en marzo de 2018, la jurisdicción no contaba con
la totalidad de la planta de personal, la cual ingresó paulatinamente entre los
meses de febrero, a noviembre de 2018. Esta ausencia de personal se sintió,
especialmente, en las Sub-Secretarías Judiciales de la SAI y la SDSJ pues, era
allí donde debían adelantarse las primeras tareas administrativas para repartir
las peticiones de comparecientes entre los magistrados de cada Sala.
5.2.15. Conforme a la indicación de la
Secretaría Ejecutiva al momento de iniciar labores, la JEP no contaba con un
sistema de reparto judicial automático y digitalizado, razón por la cual, las
Secretarías judiciales de las SAI y de la SDJS debían realizar el reparto de
los procesos de manera manual.
5.2.16. Todo ello se ha agudizado, pues
una vez la Jurisdicción empezó a desarrollar sus funciones, ha continuado
recibiendo peticiones de más personas que reclaman la fijación de competencia y
el reconocimiento de los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. Según la
Secretaría Ejecutiva, en un lapso dos años y medio (2017, 2018, y el 2019) se
han radicado 19.418 “solicitudes de posibles comparecientes, dirigidas a las
Salas en mención; también se han remitido más de 2716 procesos judiciales
provenientes de la justicia ordinaria”[45]. De esta
manera, como lo reconoció el magistrado presidente de la SAI, el primer día de
labores, la Secretaría Judicial de la Jurisdicción ya contaba con una altísima
carga de trabajo y procesos pendientes.
5.2.17. Sumado a esto, las dos Salas de
Justicia accionadas conocen, en primera instancia, de más de diez tipos de
procedimientos diferentes[46],
lo cual apareja que tengan un amplio abanico de trámites, que les exige adelantar
múltiples tareas judiciales.  La Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, desde el primer día de
funcionamiento de la Jurisdicción, tienen la competencia para fallar en primera
instancia una importante cantidad de procedimientos. Situación que no se
presenta en el caso de otras Secciones del Tribunal, pues su competencia se
activará una vez inicien, avancen y concluyan las primeras etapas procesales[47].
5.2.18. La amplia competencia de la
Jurisdicción necesariamente produce que un gran número de personas aspiren a
recibir los beneficios de la Ley 1820 de 2016, y que, en principio, la primera
puerta de entrada sean las dos Salas de Justicia accionadas.
5.2.19. Tal como han reconocido las
diversas instancias de la jurisdicción (SE, SEJUD, SAI, SDSD, Sección de
Apelación del Tribunal[48]),
actualmente existe una sobrecarga de trabajo en las secretarías judiciales de
las Salas de Amnistía e Indulto, y de Definición de Situaciones Jurídicas, pues
se encuentran pendiente de reparto entre los magistrados y magistradas de cada
Corporación una importante cantidad de peticiones de posibles comparecientes.
De igual forma, una vez las peticiones son repartidas, cada despacho
sustanciador debe agotar un procedimiento dirigido a recaudar el material
probatorio necesario para responder fundadamente, las solicitudes. Ese proceso
incluye una resolución de avocar conocimiento, decreto y práctica de pruebas, y
posteriormente, la adopción de la decisión.  Frente a este diagnóstico, a criterio
de la Corte Constitucional, sumado a las decisiones de la JEP de aplicar
estrategias de movilidad horizontal y vertical, también resulta necesario que,
se continúe avanzando en estrategias para aumentar la eficiencia en
la gestión como estrategia contra la congestión judicial.
5.2.20. Ello ha implicado que la JEP
deba hacer frente a obstáculos serios, que en muchas ocasiones ha excedido las
capacidades y los recursos de la naciente Jurisdicción. Con el fin de atender
esa situación, la Secretaría Ejecutiva de la JEP informó que se han adelantado
varios programas y planes de descongestión dirigidos a agilizar el reparto que
realizan las Secretarías Judiciales de la SAI y la SDSJ.
5.2.21. En el caso de la SAI se cuentan:
(i) lineamientos 02-05 del 3 de mayo de 2018 “Para el reparto a la Sala de
Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para La Paz” donde se
determinó que se privilegiarían para reparto los asuntos que tienen un término
perentorio o urgencia, solicitudes de amnistía e indulto en los que el
solicitante manifiesta encontrarse en riesgo o perjuicio inminente; solicitudes
de amnistía o indulto en los que el compareciente se encuentra privado de la
libertad. De la misma fecha, (ii) Protocolo No. 0001 “[P]or el cual se adopta
el Protocolo sobre atribuciones, expedición y firma de providencias”, cuyo
contenido busca efectivizar la labor de la Sala, al entregar competencia para
resolver peticiones puntuales a través providencias suscritas por un solo
magistrado.
5.2.22. Se observa documento titulado: “Diagnóstico
y propuesta de descongestión presentado” de autoría de la SAI y dirigido al
órgano de gobierno el 23 de octubre de 2018, donde se solicitó aumentar el
personal de la Secretaría Judicial de la SAI; prorrogar la Comisión temporal
creada mediante el acuerdo 013 de 2018, así como la creación de un sistema
judicial de gestión de documentos, y la creación de un sistema de información
ante la JEP.  La Sala Plena insiste en que, sumado a las decisiones de la JEP
de aumentar el personal de cada dependencia, también resulta necesario que, se
continúe avanzando en estrategias en las que la principal
vía para enfrentar el contexto de congestión es la implementación de
estrategias de eficiencia en la gestión. Ejemplo de lo anterior, son las
determinaciones de la Secretaría Ejecutiva de implementar un sistema de reparto
digital de los expedientes.
5.2.23. En el protocolo No. 002 del 24
de enero de 2019, a través del cual la SAI estableció las competencias de los
magistrados para adoptar amnistías de iure, y la Sala conserva la facultad de
otorgar las amnistías de Sala. Igualmente, el documento del 24 de enero del
mismo año, en que se determina que las amnistías de iure tendrán la primera
prioridad para el reparto.  Por último, se encuentra el Protocolo No. 003 del 5
de febrero de 2019 “Por el cual se adopta la división en sub Salas para los
casos de amnistías de Sala, de competencia de la Sala de Amnistía o indulto”
que, como su nombre lo indica, permite que sub salas de la SAI otorguen el
benefició de mayor entidad.
5.2.24. Además de ello, en cumplimiento
de una providencia de Habeas Corpus, proferida por el Consejo de Estado el 22
de enero de 2019, la SAI propuso al órgano de gobierno y a la Secretaría
Ejecutiva de la JEP: (i) la asignación en comisión de tres funcionarios de la
Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en la Secretaría Judicial de la SAI;
(ii) el apoyo de diez judicantes de la SAI a la Secretaría Judicial de la SAI,
tres judicantes a los Despachos de Sala; movilidad de funcionarios del GRAI a
la Sala de Amnistía o Indulto por un periodo de tiempo que permita a la Sala
avanzar en el estudio de algunos de los trámites pendientes.
5.2.25. Respecto a la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas, esta Corte observa que se han adelantado varios
programas dirigidos a enfrentar la situación de congestión. Entre ellos, el “plan
estratégico para afrontar la congestión de peticiones pendientes de reparto en
Secretaría Judicial de la Sala”. En el mismo se precisa que, se depuraron,
clasificaron, y acumularon más de 2989 solicitudes y 273 expedientes físicos, y
se han asignado nueve funcionarios para que repartan más de 300 peticiones.
5.2.26. En desarrollo de dicho plan, la
Sala de Definición de Situaciones determinó que “en aras de cumplir con las
peticiones de libertad de los miembros de la fuerza pública, por ser estos
sujetos competencia exclusiva y prevalente de la SDSJ, se dispuso a crear mesas
técnicas de trabajo con la participación del ministerio de Defensa Nacional,
para atender las mas de 300 solicitudes de libertad pendientes para agosto de
2018”[49].
En efecto, la SDSJ es consiente que, en el caso de Agentes del Estado miembros
de fuerza pública, su ingreso a la jurisdicción se produce, en parte, porque el
Ministerio de Defensa remite a la jurisdicción listados de agentes de las
fuerzas militares y la Policía Nacional en la que identificaba los postulados y
los procesos penales a los que se encuentra vinculado. Por el contrario, en el
caso de un tercero voluntario o una persona que afirma ser miembro de un grupo
relacionado con el fenómeno paramilitar, no existe un listado que permita
verificar o acceder a información.
5.2.27. Por ello con buen criterio, el
trabajo de la SDSJ focalizó sus esfuerzos es atender las peticiones de libertad
o de traslado a unidad militar de agentes del Estado incluidos en listados.
Ello conforme al plan estratégico para afrontar la congestión en la Sala y
Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas[50].
5.2.28. Con el fin de descongestionar la
Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se inició
una segunda estrategia que corresponde a un plan de cooperación internacional,
logrado a través de la Embajada de Noruega con el programa de voluntarios de
las Naciones Unidas. Éste busca que 10 voluntarios, tramiten e impulsen 4500
solicitudes en un plazo de seis meses.
5.2.29. No obstante, este contexto de
congestión judicial, las Salas de Amnistía e Indulto, y de Definición de Situaciones
Jurídicas, evidencian avances en el reparto y solución de las peticiones. De
esta manera, en el caso de la SAI, para el año 2018 se adoptaron 284
resoluciones relacionadas con el beneficio de la libertad condicionada; 36
providencias referidas a la concesión del beneficio de la Amnistía; y 64 sobre
peticiones de salidas del país. En el año 2019, se profirieron 324 resoluciones
sobre el otorgamiento de la libertad condicional, 106 resolviendo peticiones de
amnistía de Sala, 77 amnistías de jure, y 53 de salida del país. Finalmente, se
han adoptado 44 decisiones en las que se decide in limine no avocar el
conocimiento de solicitudes.
5.2.30. En el caso de la SDSJ, se
encuentra que en el año 2018 se repartieron entre los magistrados y magistradas
1573 asuntos, y en lo corrido del año 2019, la cifra alcanzó 2158 peticiones.
Para un total de 3731 expedientes repartidos. De estos procesos, en el año
2018, se profirieron 356 resoluciones dando respuesta a las solicitudes de los
comparecientes, y 530 en lo corrido del año 2019. Conforme a lo anterior, la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha proferido 886 providencias en
las que se ha dado respuesta a las solicitudes de comparecientes. Finalmente se
han proferido 39 resoluciones de rechazo de plano.
5.2.31. Lo anterior tiene sustento en la
información que han remitido los magistrados presidentes de la SDSJ y SAI,
quienes en sus respuestas a los autos proferidos por la Corte Constitucional y que
examinaron los motivos por los cuáles se presenta la situación de congestión
judicial[51],
han indicado que los planes de descongestión, más allá de sus nombres
(“lineamientos”, “recomendaciones”) han sido efectivamente implementados y los
mismos han permitido aumentar la productividad de las corporaciones judiciales.
En el caso de la SDJS, se informó:
“En razón a lo anterior, en una primera
acción, desde el 11 de julio de 2018 hasta el 24 de agosto de 2018 se
implementó el Primer Plan de Descongestión con la ayuda de un equipo de trabajo
de 14 profesionales de la Unidad de Investigación y Acusación, como de la
Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría Judicial a quienes se les entregó un
total de dos mil setecientos once (2711) radicados de correspondencia en Orfeo
para análisis y depuración.// Resultado de dicha labor se identificó mil
setecientas treinta y cuatro (1734) solicitudes, las cuales se sistematizaron,
clasificaron y repartieron a los magistrados de la Sala”
5.2.32. En el mismo sentido, pero en
relación con otra de las medidas dirigidas a la descongestión de la SDSJ, se
informó que, en cumplimiento de la resolución No. 953 de 2018, conforme a la
cual, 6 funcionarios de la Unidad de Acusación e Investigación (UIA) de la JEP
apoyaron las labores de la secretaría judicial de la JEP durante un plazo de tres
meses. Fruto de la anterior actividad: “[el] personal se encargó
inicialmente de colaborar en la clasificación y enlistamiento de las más de
setecientas solicitudes de libertad, que fueron repartidas en su totalidad
hasta el 7 de diciembre de 2018”[52].
5.2.33. En el caso de la SDSJ, sin ser
exhaustiva, la Sala Plena de la Corte  verifica que, las medidas que buscan
enfrentar la situación de congestión son pasos en la dirección correcta, pues
ha aumentado el número de peticiones efectivamente repartidas entre los
magistrados de la Sala. En efecto, según el informe contenido en el expediente[53],
en el año 2018 la Secretaría de la Sala de Definición de situaciones jurídicas
repartió un total de 1573 asuntos entre magistrados y magistradas que la
conforman, mientras en 2019, la cifra alcanzó los 2158 asuntos.
5.2.34. Respecto a la SAI, la Corte
encuentra que las medidas de descongestión implementadas llevaron a que un
equipo de varios profesionales ayudara al rápido trámite y reparto de
peticiones pendientes. Sobre esto resulta ilustrativa la afirmación de la Sala
en cuestión: “En este punto es importante mencionar que al iniciar se
encontraban tres mil ochocientos (3800) radicados ORFEO en la “bandeja de
entrada” y cuatro mil ochocientos (4800) radicados ORFEO en la “bandeja de
trámite” de la Secretaría Judicial de la SAI. Pese a que el 1 de abril de 2019
la bandeja de entrada quedó en cero (0), hoy día la bandeja cuenta con
doscientos sesenta y nueve (269) radicados ORFEO pendientes de ser asignados”[54].
5.2.35. Una primera conclusión relevante
a la que llega la Sala Plena se refiere a que las Salas de Justicia de la JEP,
puntualmente la SAI y la SDSJ, son conscientes de que atraviesan una situación
de congestión judicial y que han propuesto y puesto en marcha una serie de
programas dirigidos a resolverlas. Los mismos, según se verifica, han llevado a
que aumente: (i) el reparto de peticiones entre las sub secretarías judiciales
de la SAI y SDSJ a los magistrados y magistradas que integran cada una de esas dos
corporaciones; y (ii) a que aumente la producción de providencias de dichas
instancias.
Reglas jurisprudenciales fijadas por la
Sección de Apelación, con el fin de enfrentar la situación de congestión
judicial de la SAI y la SDSJ
5.2.36. A esta altura de la decisión, y
en el mismo sentido que la verificación anterior, la Sala Plena de la Corte
Constitucional considera necesario llamar la atención sobre el hecho que la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, órgano de cierre de la jurisdicción,
ha proferido decisiones en las que ha corroborado que existe un contexto de
congestión judicial, y con miras a resolverlo, ha fijado reglas
jurisprudenciales que han permitido agilizar la adopción de decisiones.
5.2.37. Entre esas decisiones[55],
ha reconocido la situación de congestión y sobrecarga que atraviesa las Salas
de Justicia de la JEP, puntualmente la SAI y la SDSJ. De igual forma ha
determinado que el elevado número de solicitudes que se recibieron en el primer
año posterior a la aprobación de la Ley 1820 de 2016 y del Acto Legislativo 01
de 2017, produjo que: (i) la Secretaria Ejecutiva se congestionara; (ii) luego
de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción, dicha congestión se
trasladó a la Secretaría Judicial, y posteriormente a las Subsecretarías
Judiciales de las Salas de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas.
5.2.38. Asimismo, la Sección de
Apelación encontró que, dos situaciones causaban que las peticiones se
represaran: (a) que los escritos de los comparecientes no fuesen repartidos a
los magistrados de las Salas, y en esa medida permaneciera en la Subsecretaría
Judicial, o (b) que la solicitud del compareciente fuese repartida a un
magistrado de la Sala, pero este no tomara la decisión dentro de los términos
legales[56].
5.2.39.
Frente a la primera hipótesis, la Sección de Apelación consideró que es
razonable que las Secretarías Judiciales no trasladen todas las peticiones
represadas y pendientes de reparto a los magistrados de cada sala, pues, ello
no resolvería la congestión puesto que, simplemente la trasladaría de la
Secretaría Judicial a los despachos de los Magistrados. Ello bajo el entendido
que las Salas no tiene el personal suficiente para evacuar el volumen elevado
de peticiones. No obstante, consideró que el reparto debía realizarse dentro de
un plazo razonable dado que se trata de un procedimiento sin mayor dificultad.
5.2.40.
Una vez, se produce el reparto al interior de cada uno de los magistrados de
las Salas de Amnistía e Indulto y de Definición de Situaciones Jurídicas, los
despachos encargados de proyectar las respuestas a las peticiones de los
comparecientes, y llevarlas a las Salas de decisión, tienen los plazos legales
para resolver.  No obstante, debido a que las peticiones de beneficios se
cuentan por miles, la Sección ha constatado que la congestión también se
presenta en las dos Salas, razón por la cual, no es posible fallar dentro de
los términos[57].
5.2.41.
Con el fin de resolver la situación de congestión, la Sección de Apelación ha
considerado pertinente fijar reglas jurisprudenciales para agilizar la toma de
decisiones. Entre ellas: (i) la instrucción  para que a través de resoluciones
suscritas únicamente por un magistrado, se resuelvan peticiones abiertamente infundadas
y ajenas a la competencia de la JEP[58];
(ii) la necesidad de fallar a través de sub salas y sub secciones, ello con el
objetivo de que se dupliquen las autoridades judiciales competentes[59]
y (iii) una comprensión del derecho transicional aplicable en la Jurisdicción,
como un régimen procesal flexible.
5.2.42.
A criterio de la Sección de Apelación, las Salas deben preferir las
interpretaciones de la ley más dúctiles a los altos propósitos de la
jurisdicción, con el fin de armonizarlo con el principio de temporalidad
estricta de la JEP[60].
Sobre este último punto la Sección precisó: “El principio de estricta
temporalidad es un mandato constitucional que debe ser observado a fondo por
cada Sala o Sección de la JEP, y permea integralmente sus procedimientos. La
JEP tiene un plazo perentorio de existencia ya definido. La demanda y oferta de
justicia, verdad, reparación y no repetición, operada a través de los
mecanismos especiales de la JEP, solo tienen una única oportunidad de ejercicio
histórico y no podrá repetirse ni prorrogarse. Por ello, los jueces,
justiciables, víctimas e intervinientes en esta Jurisdicción están sujetos a
introducir, validar y privilegiar prácticas que, más allá de los requerimientos
tradicionales de la economía procesal, permitan en el menor tiempo agotar las
finalidades superiores de la justicia transicional”.
5.2.43.
A criterio de esta Corte, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha
sido consciente de la situación de congestión judicial que afrontan las Salas
de Justicia y, con base en sus competencias constitucionales y legales[61]
ha fijado reglas hermenéuticas plausibles y sustentadas en los textos
normativos, cuya función orientadora se encaminan a ofrecer herramientas para
solucionar la situación de sobrecarga de trabajo. Incluso, desde ya ha
avizorado que la estructura misma de la jurisdicción, su carácter orgánico y
temporal, exigirán que empleados judiciales de Secciones no congestionadas, de
manera temporal, se trasladen a despachos de Salas con el fin de aliviar el
esfuerzo de administrar justicia de transición.
5.2.44.
La Sección ha sido clara en indicar que, la congestión judicial tiene
consecuencias aún más gravosas en la JEP, comparada con la que se presenta en
las instancias judiciales ordinarias. Ello debido al carácter temporal de la
Jurisdicción. Así, la falta de eficiencia en las prácticas de Salas, Secciones,
Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y Secretaría Ejecutiva produce que la
esperanza de realización de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición se escapen entre la maraña de trámites judiciales. En el mismo
sentido, la Corte encuentra que la Secretaría Ejecutiva y el órgano de gobierno
de la Jurisdicción tienen conciencia de la situación de congestión judicial y
han desarrollado políticas encaminadas a enfrentar dichas vicisitudes[62].
5.3. Situación de las peticiones de los
14 accionantes en los 12 expedientes de tutela pendientes de obtener respuesta[63]
5.3.1. Con el fin de verificar la
situación de las peticiones formuladas por los accionantes, puntualmente
aquellos pendientes de obtener respuesta, el magistrado sustanciador, a través
de auto de 23 de abril de 2019, solicitó, entre otras cosas, información
actualizada sobre el estado de los escritos de los accionantes. En el informe
allegado por la Secretaría Judicial General[64] y las Salas
de Justicia[65]
se logró determinar que la situación de las peticiones se enmarca en tres
hipótesis diferentes, a saber:
(i) algunas ya fueron contestadas de
fondo motivo por el cual, como se explicó en el acápite de cuestión previa
sobre carencia actual de objeto, la Corte declarará el hecho superado;
(ii) otras fueron repartidas entre los
magistrados de la SAI y la SDSJ, y se profirieron resoluciones en las cuales se
avocó conocimiento y se decretó la práctica de pruebas para mejor proveer, y
aún se está a la espera de completar la labor de indagación. En estas
hipótesis, la Corte considera que no ha habido vulneración a los derechos
fundamentales de los accionantes, pues la SAI y la SDSJ, respectivamente, han
iniciado las labores de impulso y solución de cada una de las solicitudes, en
un contexto de congestión judicial de la JEP, causado por: (a) antes de
abrir sus puertas para la atención al público, ya se encontraban represadas más
de 19.000 peticiones; (b) durante su primer año de labores, no contó con
la totalidad del personal necesario; (c) la tardanza en la respuesta de
las peticiones de los accionantes no se debe al capricho o arbitrariedad de las
Salas de Justicia, sino que se explica por un contexto de sobre carga de
trabajo y congestión judicial de aquellas corporaciones.  En todo caso, como se
pasará a explicar expediente por expediente, se precisarán las razones por las
cuales, a juicio de la Corte Constitucional, la mora judicial es justificada,
todo dentro del contexto de congestión judicial de la JEP.
(iii) Finalmente la información allegada
por la JEP permite a la Corte ver que existen otros dos casos, en el que la
solicitud del accionante fue primero repartida a la SAI, pero ésta, luego de
hacer un estudio judicial, determinó que es competencia de la SDSJ.
5.3.2. Dado que el primero de los
eventos ya fue resuelto, a continuación, se estudiará la segunda y tercera
hipótesis con base en la información ofrecida por la JEP.
Casos en los que las Salas de Justicia
avocaron conocimiento, impulsaron probatoriamente, y está pendiente de recibir
la información sumaria necesaria
5.3.3. A continuación se ponen de
presente el estado de las peticiones de la hipótesis dos, es decir, aquellas
que ya fueron repartidas a los magistrados que integran las salas de justicia
(SAI y SDSJ), autoridades judiciales que iniciaron las labores probatorias para
responder a las solicitudes de los actores.
Caso
(iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero
5.3.4. El
accionante está privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y
carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar. El 10 de septiembre de
2018 elevó una petición en la cual solicitó a la SDSJ le concediera el
beneficio de la libertad condicionada de que trata la ley 1820 de 2016. Precisó
que a la fecha de la formulación de la acción de tutela la misma no había sido
contestada. En su petición afirma que fue miembro del frente 41 de las extintas
FARC-EP.
5.3.5. Repartida
la petición del accionante, la misma si bien fue dirigida a la SDSJ, fue
redireccionada a la SAI, en atención a que el peticionario afirmó ser
exmiembro de las extintas FARC-EP. La SAI, a través de resolución de 27 de
diciembre de 2018, avocó conocimiento de la solicitud de libertad. En la
resolución solicitó: (i) al accionante para que
informara a la JEP, los delitos y la autoridad judicial que conoce el asunto
que se adelanta en su contra; (ii) al director del complejo carcelario y
penitenciario de Valledupar, la cartilla bibliográfica del accionante; (iii) a
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para que certificara si el
accionante fue acreditado como miembro de las FARC-EP.  Debido a la falta de respuesta
de las solicitudes probatorias, en resolución de 25 de abril de 2019, se
comisionó a la Unidad de Investigación y Acusación para que realizara
inspección judicial y obtuviera copia del proceso penal radicado 2009-00176 que
reposa en el Juzgado Único Penal Especializado de Valledupar, y en el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de la misma ciudad. Está
pendiente de recibir la información sumaria necesaria para resolver la
petición.
Caso (v) T-7.211.260
Robinson Contreras Angarita
5.3.6. El
tutelante se encuentra privado de la libertad en el establecimiento
penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar, e indicó que el 10 de
septiembre de 2018 envió escrito a la JEP, en el que solicita le concedan el
beneficio de libertad condicionada, en atención a que fue miembro de las
FARC-EP, puntualmente del frente 41. Afirma que para la fecha de presentación
de la acción de tutela (3 de diciembre de 2018) no le habían contestado su
requerimiento.
5.3.7. La SAI, mediante resolución de 27
de diciembre de 2018, avocó conocimiento de la solicitud de libertad, y en la
actualidad se encuentra pendiente tomar decisión de fondo respecto al beneficio
de la libertad condicionada, “por cuanto no se ha remitido el proceso penal
por el cual se solicitó el beneficio de menor entidad”[66].
5.3.8.
En la resolución de avocar conocimiento, se ordenó también: (i) a la Oficina
del Alto comisionado Para la Paz que certifique si el accionante se encuentra
acreditado como miembro de las antiguas FARC-EP; (ii) al Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Valledupar (Cesar) que remita en calidad de
préstamo o si es el caso copias simples, del proceso penal radicado
2012-20004200 adelantado en contra del accionante; (iii) al director del
establecimiento penitenciario y carcelario la cartilla bibliográfica
actualizada del accionante.  Mediante resolución de 5 de abril de 2019, se
reiteró la orden judicial.
Caso (xii) T-7.211.270
Alonso Chaux Hurtado
5.3.9. Alonso
Chaux Hurtado se encuentra privado de la libertad por el delito de secuestro
extorsivo agravado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario Regional de Alta Seguridad de Cómbita. En escrito fechado el 8 de
junio de 2018, el accionante solicitó a la JEP “ser admitido en la
jurisdicción”. Esa petición fue reiterada a través de escrito de 15 de agosto
de 2018, en la que el tutelante agregó que se sometía a la JEP en su condición
de miembro de las BACRIM-RASTROJOS[67]. A la fecha de la presentación de la acción de tutela, el
peticionario no había recibido respuesta.
5.3.10. Una
vez repartidos los escritos, la SDSJ en resolución 000583 de 25 de
febrero de 2019 asumió el conocimiento. Mediante oficio de 8 de marzo de 2019,
se remitió a (i) la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el fin de que
indique si el accionante fue parte del proceso de desmovilización colectiva
celebrado entre el gobierno nacional y las AUC y (ii) al Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), copia del proceso penal con
radicado terminado en 2008-001400 adelantado contra el accionante.
Caso (xiv) T-7.211.272 Edier
Zarate Martínez
5.3.11. El
señor Zarate Martínez se encuentra privado de la libertad en el establecimiento
penitenciario y carcelario de Acacias (Meta), condenado por el delito de
terrorismo. El 24 de septiembre de 2018, elevó solicitud ante la Jurisdicción
Especial para la Paz con el fin de solicitar sea escuchado en diligencia
judicial y obtener los beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2016, toda vez
que fue miembro de las FARC-EP. No precisó a qué estructura perteneció.
5.3.12. La SAI con resolución de 30 de
noviembre de 2018, avocó conocimiento de la solicitud de libertad. En aquella
ocasión ordenó: (i) al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá para que
remitiera el expediente 2011-00097 adelantado contra el accionante; (ii) al
director del complejo carcelario y penitenciario de Acacias (Meta) a fin de que
remita cartilla bibliográfica actualizada del accionante; (iii) a la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, para que certifique si el accionante se
encuentra acreditado como integrante de las FARC-EP.
5.3.13. En resolución de 25 de abril de
2019, se reiteraron las órdenes con destino al director del complejo carcelario
y penitenciario de Acacías (Meta) y se ordenó a la dirección de políticas y
estrategias de la Fiscalía General de la Nación para que remitiera la
información que repose en sus archivos relacionada con el accionante.  Se está
buscando determinar qué autoridad judicial conoce el proceso que se adelanta
contra el accionante.
Caso (xv) T-7.211.273;
Víctor Saoco Pérez López
5.3.14. El
accionante se encuentra privado de la libertad en el establecimiento
penitenciario y carcelario de la Paz (Itagüí-Antioquia). Argumentó que el 19 de
julio de 2018 presentó una petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz
mediante la cual solicitó que, se le reconozca como miembro de las FARC-EP y en
esa medida se le conceda la libertad, de la cual fue privado por orden del Juzgado
10° Penal del Circuito de Medellín, cuando se encontraba, según su afirmación,
en una zona veredal transitoria y de normalización.
5.3.15. La SAI, en resolución de 11 de
abril de 2019, avocó conocimiento de la solicitud de libertad del accionante.
En la resolución se ordenó: (i) a la Fiscalía 54 Especializada de DECVDH de
Bogotá para que remita copia del expediente dentro del radicado 2017-00008;
(ii) al Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Antioquia para que
remita copia completa de toda la actuación realizada dentro del radicado
2017-00008; (iii) a la Oficina del Alto Comisionado para la paz para que
informe el estado actual de la inclusión del accionante en los listados
entregados por las FARC-EP; y (iv) al Ministerio de Defensa Nacional (CODA)
para que informe si el accionante cuenta con certificado de dejación de armas.
5.3.16. Si bien el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito Especializado de Antioquia remitió a ese despacho copia del
escrito de acusación de fecha del 24 de noviembre de 2017, el despacho
sustanciador de la SAI consideró que dicho elemento de conocimiento no era
suficiente para tomar la decisión de fondo, y por tanto solicitó la información
ya referida. Se encuentra pendiente de recibir la información necesaria para
resolver.
Caso (xvii) T-7.211.275 Luis
Ángel Sánchez Méndez
5.3.17. El
accionante manifestó que se encuentra privado de la libertad en el complejo
carcelario y penitenciario metropolitano la Picota de la ciudad de Bogotá.
Afirma que, el 26 de julio de 2017 dirigió escrito a la Secretaría Ejecutiva de
la JEP con el fin de solicitar la libertad. Fundamentó su petición en que, fue
condenado en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Ibagué, como cómplice de los punibles de concierto para delinquir agravado,
homicidio agravado, en concurso con tentativa de homicidio agravada y porte
ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública. Las conductas criminales
por las que fue condenado se produjeron cuando, al interior del Batallón de
infantería No. 17 General José Domingo Caicedo, miembros activos de la fuerza pública
formaron un grupo delincuencial dedicado a cometer “limpieza social” y
lo incorporaron a la estructura.
5.3.18. La SDSJ, en resolución 00417 de
12 de febrero de 2019, asumió el conocimiento del asunto. En resolución de 10
de abril de 2019, el despacho sustanciador comisionó a la UIA con el fin de
adelantar las labores de investigación y contacto de las víctimas dentro del
proceso radicado No. 202-0008 del Juzgado Segundo Penal del Circuito
especializado de Ibagué (Tolima), a fin de establecer si es interés de las
víctimas participar como intervinientes dentro de la actuación adelantada.
Hasta no contar con documentación que permita identificar los hechos por los
cuales fue condenado el accionante, no es posible tomar una decisión de fondo
sobre el compareciente.
Caso (xvi) T-7.211.274
Michel Antonio Berrio.
5.3.19. Michael
Antonio Berrio se encuentra privado de la libertad en el establecimiento
penitenciario y carcelario de Cómbita (Boyacá). Ni su escrito de tutela, ni en
el escrito radicado ante la JEP precisa en qué condición jurídica se encuentra
privado de la liberad. Indicó que, el 8 de mayo de 2018, dirigió solicitud de
acogimiento a la Jurisdicción especial para la Paz y señaló que tiene la
voluntad de contribuir a la verdad ayudando a encontrar fosas comunes, toda vez
que, afirma fue parte de las AUC, Bloque Norte de Montes de María.
5.3.20.
La SDSJ asumió el conocimiento de la solicitud de sometimiento del señor Berrio
y en resolución de 25 febrero de 2019, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, solicitó al accionante aportar información
que respalde su solicitud. El tutelante no ha aportado la información requerida.
Caso (xviii) T-7.211.277
Jesús Gabriel Viveros Delgado, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo
Bolaños;
5.3.21. Los
accionantes se encuentran recluidos en la Cárcel Judicial de Pasto (Nariño).
En su escrito de tutela informan que “en fecha 29/06/2018 enviamos en un solo
sobre las solicitudes a la oficina jurídica de la Jurisdicción Especial para la
Paz donde solicitamos la libertad condicional”[68] dado que son miembros de las FARC-EP y en esa medida requieren
les concedan la libertad condicionada de la ley 1820 de 2016.
5.3.22.
En el caso de Jesús Gabriel Viveros Delgado,
en la resolución de la SAI se ordenó: (i) al Alto Comisionado para la Paz para
que informe si el accionante fue incluido en los listados de las FARC-EP; (ii)
a la UIA para que realice procedimiento de identificación e individualización
del accionante, e informe los proceso que cursen en su contra por su
colaboración y pertenencia a las FARC-EP, para ello se ordenó realizar
inspecciones judiciales en los procesos en los que se haya mencionado al
accionante; (iii) a la dirección de políticas y estrategia de la Fiscalía
General de la Nación para que remita toda la información que conozca sobre el
accionante.
5.3.23.
En resolución de 24 de abril de 2019, se profirió
decisión de impulso con el fin de ampliar la información para fallar de fondo.
Se ordenó: (i) a la UIA para que verifique las afirmaciones del accionante y se
reciba testimonios de Aníbal Diocelino Portilla Castillo, Armando Gutiérrez,
Arislao Chávez y demás personas que den cuenta del contexto y los hechos en los
que resultaron muertos los señores Luis Armando Bolaños Ojeda y Jesús Marino
Bolaños el 5 de agosto de 2006; (ii) al accionante para que amplíe información
detallada de su colaboración con las FARC-EP.
5.3.24.
En relación con Deivis Alberto Díaz, en
resolución de 21 de diciembre de 2018 se ordenó: (i) a la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz verificar si el accionante se encuentra acreditado como miembro de
las FARC-EP; (ii) a la Fiscalía Tercera especializada de Pasto (Nariño) las
investigaciones en los radicados 2015-00762, 2015-00753 y 2017-00062; (iii) al
director del Establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto para que
remitirá cartilla biográfica del accionante.
5.3.25.
En resolución de 30 de abril de 2019, se reiteró la
solicitud y se ordenó: (i) comisionar a la Unidad de Investigación y Acusación
para que ubique y tome copia de las piezas procesales relacionadas con los
radicados de los procesos que se siguen contra el accionante; (ii) al Juzgado Penal
del Circuito Municipal de San Juan de Pasto para que remita copias del proceso
2015-00762.
5.3.26. Frente
a Guillermo Arturo Bolaños se ordenó: (i) a la oficina del alto
comisionado para la paz para que acredite si el accionante fue integrante de
las FARC; (ii) a la Fiscalía Especializada de Pasto (Nariño) para que informe
los proceso que se adelantan contra el accionante; (iii) al director del
establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto (Nariño), para que remita
cartilla biográfica del accionante.
Caso (xix) T-7.211.278 Luz
Mary García Cerón.
5.3.27. A
través de apoderada judicial, la tutelante adujo que el 25 de junio de 2018,
una autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria remitió a la JEP, la
petición de libertad de la accionante. La petición de libertad fue remitida en
primer lugar a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, autoridad que
dispuso, en providencia de 9 de octubre de 2018 remitir la petición a la SAI
para que determinara si la misma era procedente. Desde esa fecha, no se ha
obtenido respuesta de la solicitud.
5.3.28. La SAI mediante resolución de 27
de diciembre de 2018 avocó conocimiento de la solicitud de libertad de la
señora García Cerón. En la resolución SAI se ordenó: (i) a la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz que certifique si la accionante se encuentra dentro de los listados
de integrantes de las extintas Farc-Ep; (ii) al Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Neiva, para que remita en calidad de préstamo, el expediente
penal con radicado No. 2015-0000100 adelantado contra la accionante; (iii) al
director del complejo penitenciario y carcelario de Jamundí (Valle) con el fin
de que remita copia de la cartilla bibliográfica actualizada de la accionante. En
resolución SAI.LC.T.ASM.001 de 5 de abril de 2019 se reiteraron las órdenes,
con el fin de poder fallar de fondo.
Caso (xx) T-7.366.351 Iván
Marino Herrera Serna.
5.3.29. En su
escrito indicó que es soldado profesional y que, en la actualidad es procesado
por ante la justicia ordinaria, por el delito de homicidio en persona
protegida. Informó que, el 26 de noviembre de 2018, radicó ante la SDSJ una
petición dirigida a que, ese órgano conozca del proceso en su contra y le “brinde
asesoría y defensa gratuita de acuerdo con lo que establece el artículo 60 de
la Ley 1820 de 2016”[69]. Asimismo, indicó que, el 28 de enero de 2019, remitió otro
escrito ante esta jurisdicción para que dieran respuesta a su petición inicial.
5.3.30. Mediante resolución de 23 de
julio de 2019, el Magistrado Sustanciador de la SDSJ asumió el estudio de la
petición y concluyó que carece de prueba suficiente para determinar si los
hechos que provocaron el proceso penal ocurrieron por ocasión, por causa o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado. En esa medida, en la
resolución ordenó a la jurisdicción ordinaria remitir las piezas procesales
pertinentes para determinar si la JEP tiene o no competencia sobre los hechos.
Igualmente se ordenó a la UIA para que obtenga la información relacionada con
la situación jurídica de Iván Marino Herrera Serna. Actualmente se está a la
espera de que se reciba la información necesaria.
Casos en los que la petición se remitió
de una sala a otra
5.3.31.
En el caso del compareciente Carlos José Sanabria Pico
(Caso ix) Expediente T-7.211.266, el 8 de agosto de 2018 acudió a la JEP con el
fin de solicitar la concesión de los beneficios previstos en la Ley 1820 de
2016, en un primer momento, la petición fue repartida a la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas en Resolución, autoridad que en Resolución No. 001778
de 2 de mayo de 2019 resolvió remitir por competencia los asuntos del señor
Sanabria Pico a la SAI.
5.3.32.
Igual ocurre con el Expediente T-7.211.267 caso (x), pues el 2 de abril de
2018, la accionante, Sandra Lucrecia Daniels Guzmán presentó solicitud para
suscripción de acta de compromiso y sometimiento a la JEP. El 31 de mayo de 2018, radicó petición ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad solicitando suscripción de acta de sometimiento y
acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016. El 3 de julio de 2018, radicó nuevamente ante la SAI de la JEP
solicitud de libertad condicionada. Las peticiones de la accionante fueron
repartidas a la SDSJ, corporación que, a través de Resolución 02399
de 6 de diciembre de 2018, asumió el conocimiento del asunto, sin embargo, la
Secretaría Judicial informó que en Resolución de 2 de mayo de 2019 se ordenó
remitir por competencia a la SAI.
Consecuencias de las anteriores
verificaciones probatorias
5.3.33. Visto lo anterior corresponde
proferir fallo en relación con estos expedientes.
En relación con los casos en los que las
Salas asumieron competencia y decretaron la práctica de pruebas
5.3.34. En aquellos en los que, las
Salas accionadas ya asumieron el estudio de la solicitud, y profirieron
resoluciones en las que se decreta la práctica de pruebas con el fin de
determinar si los hechos son objeto de la competencia de la JEP, o se está a la
espera de que se alleguen a la Sala, el expediente procedente de la
Jurisdicción ordinaria, la Corte confirmará las sentencias de instancia en
cuanto negaron el amparo al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, pues no se presentó vulneración a los mencionados derechos fundamentales.
5.3.35.
A esta altura conviene recordar las reglas fijadas en la parte considerativa de
esta providencia, referidas a la vulneración al derecho al debido proceso sin
dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de justicia. La Corte
recuerda que, una autoridad judicial vulnera los mencionados derechos
fundamentales cuando omite proferir las decisiones que resuelven las peticiones
sometidas a su conocimiento. En este caso, la acción constitucional resulta
procedente para cuestionar la mora judicial cuando no se cuenta con un
mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso; el ciudadano se ha
comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y la omisión
judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al
incumplimiento de cargas procesales.
5.3.36.
Se presenta mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad
judicial.
5.3.37.
La aplicación de estas reglas estará dividida en dos niveles de análisis, por
un lado, se explicarán los motivos por los cuales, la Sala Plena concluye que
se presentó mora judicial justificada, y posteriormente, se detallaran estos
motivos en cada uno de los expedientes de tutela.
5.3.38.
En términos generales, las Secretarías de Judiciales de las Salas de Amnistía e
Indulto y de Definición de Situaciones Jurídicas se demoraron en repartir las
solicitudes entre los magistrados de cada Corporación. Una vez repartidas, los
magistrados sustanciadores asumieron conocimiento de las solicitudes,
decretaron la práctica de pruebas y todas ellas se encuentran a la espera de
que las mismas sean allegadas a cada procedimiento. Como consecuencia de ello,
las Salas no han proferido las decisiones que resuelven de fondo las peticiones
de los accionantes, y por consiguiente se han desconocido los términos legales
previstos en la Ley 1820 de 2016 y Ley 1922 de 2018.
5.3.39.
Frente a esto, la Sala Plena de la Corte recuerda que la Ley 1820 de 2016 y la
Ley 1922 de 2018 no prevén términos judiciales para que las Secretarías
Judiciales de las Salas realicen el reparto, pero, considera que el mismo debe
realizarse de manera inmediata. La Corte comprende que, si existe una gran
cantidad de peticiones pendientes de reparto, y si la misma se realiza de
manera automática, la congestión no se resolverá, sino que se trasladará a los
despachos encargados de sustanciar los expedientes. Por ello, las Salas de
justicia, con base en sus facultades constitucionales de priorización y
selección[70],
con miras a focalizar esfuerzos, deben preferir las interpretaciones flexibles
en las que prime la adopción pronta de las determinaciones que están pendientes
y en las que se superó el término legal.
5.3.40.
Una vez la solicitud ha sido repartida entre los Magistrados de la Sala, la Ley
establece términos para proferir las decisiones. En el caso de las resoluciones
a cargo de la Sala de Amnistías e Indultos, el artículo 19 de la Ley 1820 de
2016 prescribe el término de diez días para fallar de fondo las peticiones de
libertad condicionadas. En el caso de la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas, según el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 el término para resolver
las peticiones de libertad anticipada transitoria y condicionada es, también,
de 10 días.  En sus tutelas, los accionantes reprochan que la SAI y la SDSJ de la
JEP no ha asumido competencia para estudiar sus peticiones de sometimiento, y
como consecuencia no ha concedido los beneficios previstos en la Ley 1820 de
2016.  No obstante, según la información remitida por la Secretaría Judicial de
la JEP, todas las peticiones de los accionante que, a esta altura de la
providencia estudia la Corte Constitucional, ya fueron repartidas a los
magistrados que integran las Sala de Justicia, los mismos avocaron conocimiento
para el examen de estas y decretaron la práctica de pruebas para su resolución.
5.3.41.
La Corte encuentra que la omisión al proferir las decisiones que resuelvan los
escritos de los accionantes ha desconocido los términos legales previstos, tal
como se precisará en el acápite siguiente, razón por la cual se presenta mora
judicial. Como lo indica el Artículo 29 constitucional, toda persona tiene
derecho a un proceso público “sin dilaciones injustificadas”. En el
mismo sentido el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos humanos
prescribe que toda persona tiene derecho a que sus peticiones ante los jueces
sean contestadas dentro de un “plazo razonable”. Como se precisó en la parte
considerativa, la jurisprudencia constitucional[71]
siempre ha entendido que los dos conceptos, el interamericano y el previsto en
la Carta Política, resultan plenamente compatibles, pues ambos exigen que la
administración de justicia se comporte con base a argumentos y razones
objetivas y verificables, eliminando cualquier posibilidad de capricho o
arbitrariedad.  A partir de ello, la jurisprudencia de esta Corporación
construyó las reglas para diferenciar cuándo se está frente a una situación de
dilación injustificada, y distinguirla de una dilación justificada[72].
Corresponde, entonces, verificar en qué situación se está.
5.3.42.
Si bien, como se verá, existe un incumplimiento de los términos señalados en la
Ley, el mismo se debe, en general, a la situación de congestión judicial de las
Secretarías Judiciales de las Salas, y a la sobrecarga de trabajo de los
despachos que integran cada corporación, y que son los encargados de proyectar
las resoluciones que resuelven las peticiones de los accionantes. Y en
particular, a situaciones de cada uno de los expedientes que evidencian que las
Salas accionadas no actuaron de manera negligente, ni caprichosa, sino debido a
explicaciones razonables que justifican la mora en la que han incurrido e
incluso, de manera diligente han implementado estrategias idóneas dirigidas a
resolver la situación de congestión. En efecto, las Salas de Justicia,
puntualmente la SDSJ hizo uso de su facultad constitucional y legal de
focalización de esfuerzos, y en esa medida, concentró su esfuerzo en la
solución de las peticiones de los comparecientes obligatorios a la JEP.
5.3.43.
Adicional a ello, el estudio de las peticiones reviste especial dificultad,
pues para conceder cualquier beneficio, la Sala de Justicia debe verificar, si
de manera transitoria, se satisfacen los elementos que constituyen la
competencia de la JEP. Así, el examen judicial para solucionar las peticiones
reviste complejidad y exige un mínimo examen probatorio.
5.3.44.
La Sala Plena desea ser muy explícita. En general la actividad de administrar
justicia reviste dificultad. En esa medida, en abstracto, no resulta
justificado que los jueces de la República fallen por fuera de los términos
legales simplemente porque la actividad es compleja. Lo que quiere resaltar la
Corte es que, en la puntual situación que atravesó la JEP, al iniciar sus
labores, el desconocimiento de los términos legales no es producto de la
impericia o capricho, sino de un hecho verificable a partir de indicadores
como, la importante cantidad de peticiones que llegaron a la Jurisdicción en un
lapso muy corto de tiempo, cuando no contaba con los funcionarios necesarios
para atender los requerimientos, y en relación con un aspecto que resultaba
novedoso como es, la puesta en marcha de un sistema de justicia transicional,
prospectivo, restaurativo y transformador, fundado en el respeto de los derechos
de las víctimas, todo ello dentro de un modelo procesal que no tiene
equivalente en la jurisdicción ordinaria. El componente de justicia del Acuerdo
Final para la Paz creó una manera novedosa de administrar justicia. Esta suma
de factores objetivos y corroborables, lleva a la Corte a concluir, como se
verá a continuación, que la demora en la respuesta de las peticiones no se debe
al capricho o arbitrariedad judicial.
5.3.45.
Sumado a lo anterior, como se indicó en el acápite considerativo[73]
debe tenerse en cuenta que, las decisiones de la SDSJ
y de la SAI, en muchos de los asuntos objeto de su competencia, deben
articularse con el ejercicio de instrucción que está llevando a cabo la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos
y Conductas (SRVR) respecto de los casos de su competencia.  En efecto,
conforme al artículo 79 de la ley 1957 de 2019, la SAI y la SDSJ no pueden, por
ejemplo, proferir decisiones definitivas en materias que son objeto de
juzgamiento o instrucción por parte de la SRVR.  Están habilitadas, para
adoptar determinaciones sobre beneficios provisionales, como libertades, pero
incluso en esa circunstancia deben articularse con la SRVR a efectos de
determinar probatoriamente los asuntos y, especialmente, para no adoptar
decisiones contradictorias o no entorpecer la investigación
transicional. Esa necesaria interacción competencial, en muchos de los
casos, le añade aún más complejidad al ejercicio jurisdiccional transicional de
la SAI y la SDSJ.
5.3.46.
En apoyo de la anterior conclusión también debe indicarse que, conforme al
estándar interamericano de derechos humanos, la situación de las solicitudes de
los tutelantes se encuentra dentro del margen del plazo razonable. En efecto,
resolver las solicitudes relacionadas con la concesión de beneficios penales
condicionados dentro de un sistema de justicia transicional, prospectiva,
transformadora y restaurativa implica una especifica complejidad, pues se trata
de aplicar un modelo de justicia que atiende las peticiones de justicia de
hechos ocurridos, conforme al artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, con
ocasión, por causa, en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Se
insiste, administrar justicia en cualquier especialidad es una labor que
reviste dificultad. No obstante, la entrada en marcha de la JEP implicó
enfrentar y resolver obstáculos particulares. Debe afirmarse que, las
peticiones de los accionantes son asuntos que revisten complejidad, pues se
trata de resolver las solicitudes con base en un modelo novedoso, y en relación
con peticiones que se refieren a hechos acaecidos, por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado.
5.3.47.
En aplicación del mismo estándar interamericano, como se indicó más arriba[74],
este Tribunal concluye que, los accionantes han sido diligentes y han estado
atentos a impulsar el avance de sus peticiones, incluso reiterándolas. En la
misma medida, las autoridades judiciales demandadas han tenido un accionar
propositivo que, (i) reconoce la situación de congestión y sobre carga de
trabajo; (ii) identifica las causas (en un primer momento del inició de la
jurisdicción, se careció de personal suficiente, hubo represamiento de
peticiones, y no se contaban con los medios tecnológico para tramitar las
peticiones judiciales) e (iii) implementa programas dirigidos a resolver la
situación objetiva de congestión judicial. De la misma manera, a través de
impulsos oficiosos ha reiterado decretos probatorios que estima necesarios para
la determinación de las solicitudes.
5.3.48.
Ahora, en relación con la eventual vulneración del derecho al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, a continuación la Sala Plena
precisará los motivos por los cuales, caso a caso, no se presentó vulneración a
dichas garantías constitucionales. Se agruparán los casos conforme a la
identidad y coincidencias de los hechos en virtud a que los accionantes afirman
que fueron parte de la misma estructura armada.
5.3.49. Frente
a los casos (iv) T-7.211.259[75], (v) T-7.211.260[76]
, la Sala Plena de la Corte verifica que son accionante que comparten la misma
situación en relación con las fechas de sus peticiones, el contenido de las
mismas, y las fechas de impulso por parte de la SAI. Se trata de dos personas
que afirma ser exmiembros de las FARC-EP, puntualmente del frente 41 de dicha
organización, y que el 10 de septiembre de 2018 elevaron petición dirigida a
que la JEP les conceda el beneficio de libertad condicionada.  Conforme a lo
previsto en el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016, la Sala de Amnistía e
Indulto debía resolver pasados 10 días después de repartida el requerimiento.
Sin embargo, verificado el expediente de tutela, se encuentra que, sólo se
avocó conocimiento de la petición hasta el 27 de diciembre de aquel año, y que
una vez esto ocurrió, no se produjo providencia que resolviera el asunto dentro
de los días previstos en la ley.
5.3.50. Sin
embargo, como se ha indicado hasta ahora, dicha demora en obtener respuesta se
debe a la situación de congestión judicial en la que se encuentra la Sala de
Amnistía e Indulto. Es decir, de una parte, el incumplimiento de los términos
legales no se debe al capricho o arbitrariedad de los funcionarios y
magistrados encargados, sino a un hecho objetivo y verificable, como es la
congestión judicial. Sumado a lo anterior, debe indicarse que la SAI ha
desarrollado actividades de impulso procesal dirigidas a obtener la información
necesaria para verificar las afirmaciones de los comparecientes y de esa
manera, determinar si resulta procedente conceder el beneficio solicitado. No
obstante, las resoluciones de impulso, la documentación requerida no ha sido
allegada.
5.3.51. En aplicación de las
reglas jurisprudenciales previstas en la parte considerativa, se concluye que
no existe vulneración al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al
acceso a la administración de justicia, en atención a que la mora judicial se
debe a eventos objetivos que escapan a la actividad diligente de impulso
procesal de los funcionarios judiciales.
5.3.52. En el caso (xii)
expediente T-7.211.270[77], en el caso (xvi) expediente
T-7.211.274[78] y caso (xvii) expediente T-7.211.275[79]
se trata de tres accionantes que en sus respectivos escritos, explícitamente
indican que no son comparecientes obligatorios ante la JEP, pues son personas
condenadas por su participación en grupos armados vinculados con el
paramilitarismo y el neo paramilitarismo. En el caso xii, el accionante afirmó
ser miembro de los grupos organización ilegales Bacrim, en el caso xvi, el
tutelante manifestó que se trata de una persona condenada por su vinculación a
las AUC, y en el caso xvii se trata de un particular que, afirma que participó
con miembros de la fuerza pública en actividades de crimen organizado mal
llamado “limpieza social”.
5.3.53. Indicaron que
radicaron peticiones de concesión de beneficios: el 8 de junio y el 15 de
agosto de 2018, el primero; el 8 de mayo de 2018 el segundo; y el 26 de julio
de 2017, el tercero.
5.3.54. En los tres casos,
la SDSJ asumió el estudio de sus peticiones en el mes de febrero de 2019. En el
caso del primer accionante, la SDJS asumió el estudio el 23 de febrero de 2019,
en el caso del segundo, la misma autoridad judicial avocó conocimiento en
resolución de 25 de febrero del mismo año, y en el caso del tercero, el 12 de
febrero de 2019.
5.3.55. Con base en estas
constataciones, la Sala Plena concluye que no se presenta vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al
acceso a la administración de justicia de los tres accionantes, en atención a
que, los escritos de 8 de junio y 15 de agosto de 2018 (caso xii), del 8 de
mayo de 2018 (caso xvi), y del 26 de julio de 2017  (caso xvii), suscritos por
los accionantes, indican que se tratan de personas con pertenencia a un grupo
organizado al margen de la ley, que no han celebrado un acuerdo de paz con el
gobierno nacional. En virtud del contenido de las solicitudes, ellas son
competencia de la SDSJ la cual, conforme al artículo 47 de la ley 1922 de 2018,
deben ser resueltas en primera instancia, en el término de 10 días.  Sin
embargo, la SDSJ solo asumió competencia de las solicitudes hasta el 23 de
febrero de 2019 en el (caso xii), hasta el 25 de mismo mes y año en el (caso
xvi), y hasta el 12 de febrero de 2019, en el (caso xvii).  Razón por la cual,
se presentó un desconocimiento de los términos legales.
5.3.56. No obstante, debe recordarse
que el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe que, los beneficios
penales previstos en la Ley 1820 de 2016 se aplicaran, en
relación con los integrantes de organizaciones que “suscriban acuerdos de
paz con el Gobierno”. Es decir, los beneficios penales
condicionados están reservados para las personas que hacen
parte de estructuras armadas que celebren acuerdos de paz con el gobierno
nacional y se comprometan a hacer dejación de las armas y aportar en la
construcción de la paz estable y duradera. De hecho, hasta ahora, y siempre
susceptible a que dicho criterio varíe conforme la interpretación que realice
la propia JEP en ejercicio de su independencia judicial y como órgano de cierre,
la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz[80]
ha indicado que, prima facie,  las peticiones de personas que solicitan los
beneficios de la ley 1820 de 2016 y que afirman ser miembros de las extintas
AUC, y de estructuras paramilitares más recientes, son excepcionalmente competencia
de la Jurisdicción.  Así lo ha explicado el ya citado auto TP-SA- 199 de 2019
donde precisó: “el acogimiento excepcional de un
paramilitar a la JEP como tercero o financiador no depende del status que
ostentó como militante sino de la trascendencia del aporte a la verdad que
pretenda realizar”. Lo que busca explicar la Corte
Constitucional es que, la SDSJ determinó no focalizar sus esfuerzos en las
peticiones de personas que se someten a la jurisdicción y aducen ser miembros
de grupos relacionados con el fenómeno paramilitar. Tal decisión tiene
fundamento en la interpretación que ha realizado la Sección de Apelación del
Tribunal para la paz. Ese criterio jurisprudencial es competencia exclusiva de
la Sección de Apelación, y en esa medida será su determinación si lo mantiene o
no. Sin embargo, lo relevante, es que la decisión de priorización de la SDSJ
tiene respaldo jurisprudencial.
5.3.57. En desarrollo de lo
anterior, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 28 numeral 7 de la ley
1820 de 2016, la Sala de Definición de Situaciones jurídicas puede establecer
un orden de trabajo en el que focalice sus esfuerzos en responder las
solicitudes de comparecientes obligatorios o voluntarios que respondan a los
aspectos priorizados por dicha autoridad judicial. En efecto, en desarrollo de
tal mandato constitucional y legal, la SDSJ estableció un plan de descongestión
en el que, en parte, enfocó su trabajo en peticiones de Agentes del Estado
miembros de fuerza pública. Conforme las afirmaciones de los tres accionantes
se tratan de solicitudes de libertad de personas que afirman ser miembros de un
grupo de justicia privada vinculadas con el fenómeno paramilitar.
5.3.58. Por ello, a juicio
de esta Corte, si bien la SDSJ solo asumió el estudio de las peticiones hasta
febrero de 2019, y en esa medida, no profirió la decisión dentro de los 10 días
siguientes a que asumió competencia, no por ello vulneró el derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas, ni el derecho al acceso a la administración
de la justicia de los accionantes, pues (i) las peticiones no fue priorizada
dentro del plan de trabajo que fijó la SDJS, ya que determinó que, focalizaría
sus esfuerzos en comparecientes obligatorios; (ii) en todo caso, las peticiones
de los accionantes se enmarca dentro del mismo contexto de congestión judicial
que ya ha sido descrito, y (iii)  si bien se presenta un incumplimiento de los
términos legales, este no se debe a la negligencia o impericia de los
funcionarios sino a la sobre carga de trabajo de la autoridad judicial.
5.3.59. Esta determinación
de la SDSJ de focalizar los esfuerzos, y respetar el precedente de la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz, permitió que la entidad accionada,
conforme a la cifra de resoluciones proferidas durante los años 2018 y 2019, profiriera
una importante cantidad de decisiones referidas con peticiones de libertad de
comparecientes obligatorios y en esa medida disminuyera el contexto general de
congestión. En todo caso, como se advirtió, la SDSJ asumió el estudió de las
peticiones con el fin de decretar la práctica de pruebas y verificar las
informaciones de los accionantes en sus escritos.
5.3.60. En efecto, debe
recordarse que, la SDJS asumió el estudio de la petición del accionante del
caso xii y desplegó actividades de impulso procesal. Por consiguiente, en
resolución 000583 de 25 de febrero de 2019 ordenó la práctica de pruebas, las
cuales no han sido allegadas al expediente. En el expediente xvi, también se
avocó el estudio de la petición y se decretó la práctica de pruebas pendientes
de ser remitidas a la SDJS. Igual ocurrió en el caso xvii, en la que, en la
resolución de avocar conocimiento se decretó la práctica de pruebas. Ante la
falta de resultados, en este mismo caso xvii, la SDSJ, el 10 de abril de 2019,
comisionó a la UIA con el fin de adelantar las labores de investigación y
contacto de las víctimas dentro del proceso radicado No. 202-0008 del Juzgado
Segundo Penal del Circuito especializado de Ibagué (Tolima), a fin de
establecer si es interés de las víctimas participar como intervinientes dentro
de la actuación adelantada.  Hasta no contar con documentación que permita
identificar los hechos por los cuales fue condenado el accionante, no es
posible tomar una decisión de fondo sobre el compareciente.
5.3.61. En el T-7.211.272 (caso xiv)[81],
como se indicó en el anexo I, y se referenció en los antecedentes de la providencia[82],
la Sección de revisión tuteló parcialmente el derecho de petición, pues, consideró
que el accionante formuló una solicitud ante la Secretaría Ejecutiva que, en
parte, interrogaba sobre aspectos administrativos, sobre los requisitos en
abstracto, para acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016.
5.3.62.
En ese caso el juez de única instancia protegió parcialmente el derecho
fundamental de petición, pues encontró que, la solicitud del accionante tenía
una doble finalidad, por un lado, obtener las actas de compromiso para el
acogimiento a la JEP, y por otro, obtener los beneficios jurídicos de la ley
1820 de 2016[83].
El juez de única instancia concluyó que, la Secretaría Ejecutiva no desplegó
una actividad diligente para impulsar la respuesta al derecho de petición del
ciudadano, pues la solicitud data de 24 de septiembre de 2018, y la respuesta
se dio, a su juicio, de manera incompleta y sólo hasta el 26 de noviembre del
mismo año. El juez de tutela única instancia explicó:
“la
respuesta al actor no resuelve de fondo lo instando, en la medida que no se le
está información al solicitante las razones por la cuales no fue posible la
suscripción del acta de compromiso, adviértase como el contenido del oficio
dice:
‘[E]n
atención a la petición de la referencia, suscrita por usted y los señores (…) en
la cual solicita se les otorgue el beneficio de libertad condicionada,
atentamente le comunico://A través del radicado 20181200271791 del 26 de
noviembre de 2018, hemos remitido su petición a la Sala de Amnistía o indulto
de esta jurisdicción, en consideración a que dicha Sala es la competente para
decidir al respecto’
Esto
es, se le anuncia que la actuación pasó a la Sala de Amnistía o Indulto, pero
nunca se le comunicaron las razones que llevaron a la no suscripción del acta
de compromiso, concernientes a que NO está incluido en los listados oficiales
remitidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y tampoco hay orden
de autoridad judicial en tal sentido, ergo se observa que la respuesta
suministrada no respondió el fondo de los solicitado”[84].
5.3.63.
Por consiguiente, ordenó a la Secretaría Ejecutiva que contestara adecuadamente
y a través de un medio de notificación idóneo, la solicitud pendiente. Sumado a
ello, puesto que, otra parte de la petición ciudadana solicitaba la concesión
de los beneficios de la Ley 1820 de 2016, la Sección de Revisión negó el amparo
en relación con el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
5.3.64.
En este caso, examinado el expediente, se verifica que el 24 de septiembre de
2018, el accionante, Edier Zarate Martínez presentó una petición cuyo objetivo
claro era ser acogido en la jurisdicción especial para la paz y como
consecuencia de ello, recibiera los beneficios para la libertad condicionada. No
resulta posible distinguir que se trata de aquellos que interrogan, al menos,
parcialmente, por asuntos administrativos. La petición guarda unidad, y no es
posible escindir entre dos dimensiones, pues la misma, tuvo una única finalidad,
es decir, que al tutelante se le concedan en su caso, los beneficios penales
condicionados, de la Ley 1820 de 2016[85].
5.3.65.
Por lo anterior, la Sala Plena revocará parcialmente la sentencia de 4 de
diciembre de 2018, proferida por la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz, y negará la acción de tutela en relación con la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante, dentro del expediente de tutela
T-7.211.272 caso (xiv) toda vez que, la solicitud del accionante es de aquellas
que en su integralidad requiere la concesión de beneficios penales, por lo
cual, no se incurre en vulneración al derecho de petición. En lugar de ello se
negará el amparo.
5.3.66. En el
caso (xv) T-7.211.273[86], el 19 de junio de 2018, el
accionante solicitó a la JEP la concesión de la libertad, en atención a que
había sido recientemente capturado por orden de una autoridad judicial
ordinaria. La SAI avocó conocimiento sólo hasta el 11 de abril de 2019,
es decir, pasados 9 meses. En efecto, se presentó un desconocimiento del término
legal previsto en el artículo 19 de la ley 1820 de 2016, no obstante, a juicio
de la Corte Constitucional, la misma se explica por el contexto de congestión
judicial objetiva y verificable que atravesó dicha autoridad judicial durante
su primer año de funcionamiento y que ya fue detallado, y frente a la cual ha
implementado estrategias para superar la situación.
5.3.67. En el
caso (xviii) T-7.211.277[87], la Sala encuentra que los
peticionarios afirman ser ex miembros de las extintas FARC-EP, y que su
solicitud de libertad condicionada fue dirigida a la JEP, el 29 de junio de
2018.
5.3.68.
En el caso de Jesús Gabriel Viveros Delgado, la SAI
avocó conocimiento el 21 de diciembre de 2018, y decretó la práctica de varias
pruebas. Posteriormente, de manera oficiosa, el 24 de abril de 2019, profirió
decisión de impulso con el fin de ampliar la información para fallar de fondo.
Sobre Deivis Alberto Díaz, en resolución de 21 de diciembre de 2018
avocó conocimiento y ordenó el decreto de pruebas. Las mismas fueron
reiteradas   a través de resolución de 30 de abril de 2019. Finalmente, frente
a Guillermo Arturo Bolaños se avocó conocimiento el 30 de abril de 2019, y se
ordenó el decreto de varias pruebas.  En efecto, la petición de libertad no fue
resuelta dentro de los 10 días que establece la ley 1820 de 2016 en su artículo
19.
5.3.69. La Corte encuentra
que, en relación con los tres accionantes, la mora judicial se encuentra
justificada en atención a que: (i) como ya se ha señalado, el contexto de
congestión judicial de la SAI es objetivo y verificable. Tanto en el momento de
realizar el reparto de las peticiones, como cuando, una vez son repartidas, las
mismas deben ser impulsadas oficiosamente por un despacho sustanciador. Así, la
tardanza no se debe al capricho o arbitrariedad de los funcionarios. (ii) En
los tres casos, la SAI de manera oficiosa ha impulsado el avance de las
peticiones y ha decretado la práctica de las pruebas que considera necesarias
para resolver las solicitudes. De hecho, debe remarcarse que una condición
fundamental no ha sido resuelta. Puntualmente aquella que se relaciona con la
certificación de que los tutelantes están incluidos dentro de los listados que
las FARC-EP debe remitir al Alto Comisionado para la Paz. A pesar de los
requerimientos de la SAI, aún no ha sido posible que dicha información de
corrobore.
5.3.70. En atención a que,
la mora se debe a una causa objetiva y no a la arbitrariedad judicial, y a que,
la SAI ha actuado de manera diligente impulsando las peticiones de los
accionantes, pero en las mismas se encuentra pendiente la recepción de documentación
fundamental para adoptar una decisión, la Sala Plena negará el amparo en
relación con los tres accionantes de este expediente de tutela.
5.3.71. En el caso (xix)
expediente T-7.211.278[88], la Sala Plena verifica que la
petición de la accionante fue dirigida a la SAI el 9 de octubre de 2018, de la
misma se avocó conocimiento el 27 de diciembre de 2018 y se ordenó la práctica
de varias pruebas. En resolución de 5 de abril de 2019 se reiteraron las
órdenes dirigida a obtener la información requerida. Se constata que la
petición de la accionante no fue respondida dentro de los 10 días que señala la
ley 1820 de 2016. No obstante, al igual como en el caso anterior, a criterio de
la Sala Plena la mora se presenta en un contexto específico de congestión
judicial debida a la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz
durante el año 2018. Por ello, no puede hablarse de una tardanza debida a la
negligencia o capricho de los magistrados y las magistradas de la SAI, sino,
como se indicó a la dificultad que encierra el inició de un sistema
transicional, con personal que se posesionó en sus cargos de manera gradual
desde marzo de 2018, hasta noviembre de 2018, y que, el primer día de actividades
ya tenía pendiente de responder, más de 19.000 peticiones de posibles
comparecientes.
5.3.72. Aunado a ello, la
SAI ha evidenciado una actitud diligente, no solo implementando estrategias de
descongestión, sino, además, en el caso de la accionante, a través del impulso
oficioso de la solicitud. En efecto, la autoridad judicial accionada ha decretado
la práctica de pruebas que, a su juicio son necesarias para la adopción de la
resolución que resuelve la solicitud.
5.3.73. En el caso (xx)
T-7.366.351[89], el accionante informó que es un
soldado profesional que es procesado por la justicia ordinaria, por la conducta
punible de homicidio en persona protegida y que, el 26 de noviembre de 2018,
radicó en la SDSJ una petición dirigida a que la jurisdicción asuma el
conocimiento de su caso.  Mediante resolución de 23 de julio de
2019, se avocó conocimiento y se ordenó la práctica de pruebas. Actualmente se
está a la espera de que se reciba la información necesaria.
5.3.74. La petición del accionante es de
aquellas que, busca que la SDSJ asuma el estudio de su caso, con el objetivo de
que su proceso penal ordinario, sea resuelto por la Jurisdicción Especial para
la Paz. En efecto, el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 establece un
procedimiento diferente que el previsto para la solicitud de libertad
anticipada condicionada y transitoria. En efecto, la ley de procedimiento de la
JEP señala un término diferente a la LACT y un procedimiento seguido por reglas
particulares, en las que incluso en compareciente debe cumplir una mínima carga
probatoria. De hecho, en torno a este artículo, como ya se indicó, la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz, en auto TP-SA 171 de 2019, ha precisado
los requisitos y plazos de este sometimiento.
5.3.75. En efecto, el artículo 48
prescribe que una vez la petición de sometimiento sea repartida, el magistrado
tiene 5 días para avocar conocimiento, en dicha resolución vinculará las
víctimas, al ministerio público y al defensor del compareciente. Si a juicio de
la SDSJ falta un documento necesario para asumir el estudio, se podrá ordenar
completar la petición de sometimiento. En principio una vez, transcurran diez
días desde la notificación efectiva de la resolución de avocar conocimiento, la
SDSJ deberá adoptar decisión, no obstante, si existe duda sobre alguno de los
elementos de la competencia de la JEP, la Sala citará a
audiencia dentro de los diez días siguientes, a la persona compareciente, a su
defensor, a las víctimas que hayan acreditado con prueba siquiera sumaria tal
calidad, su representante y se comunicará al Ministerio Público. En dicha
audiencia deberán resolverse las dudas que subsistan, y pasados otros cinco
días adoptara una determinación.
5.3.76. Respecto a este artículo 48 de
la Ley 1922 de 2018, en el TP-SA 171 de 2019, la Sección de Apelación ha señalado
que, con el objetivo de evitar la congestión de la jurisdicción, las peticiones
abiertamente infundadas, y en las que la JEP no tiene ninguna competencia,
deben ser rechazadas de plano a través de providencia de ponente.
5.3.77. En el caso del accionante, se
encuentra que, en su solicitud de sometimiento de 26 de noviembre de 2018,
afirma que es soldado profesional y que se encuentra procesado por el delito de
homicidio en persona protegida. En cumplimiento de lo previsto en el artículo
48 de la ley 1922 de 2018, el magistrado sustanciador al interior de la SDSJ
concedió el término de cinco días para que el accionante, subsane y allegue “copia
de las piezas procesales y documentos que suplan las carencias de su escrito de
sometimiento, puntualmente las piezas procesales que tenga en su poder y que
respalden, sumariamente, las aseveraciones de su petición”[90]. De
igual manera se decretaron otros medios de prueba.
5.3.78. En este caso, la Corte
Constitucional considera que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso
sin dilaciones injustificadas y el acceso a la administración de justicia del
accionante, toda vez que, si bien no se han cumplido los términos previstos en
el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, puntualmente el referido a que la SDSJ
tiene 5 días para avocar conocimiento y 10 días para fallar, incluso sumados a
otros 10 en caso de dudas, dicha mora se debe: (i) al contexto general de
congestión judicial objetiva y corroborable que vive, tanto la Secretaría
Judicial de la SDSJ, como toda la corporación, (ii) adicional a ello, la
petición del compareciente, carece de los mínimos requisitos para iniciar un
estudio de fondo, ya que en el escrito, el tutelante se limita a afirmar que es
un soldado profesional y que se encuentra vinculado en un proceso penal por el
delito de homicidio en persona protegida. En el escrito no señala la fecha de
la ocurrencia del punible (elemento fundamental para determinar la competencia
de la JEP, en razón al factor temporal), y no aporta elementos sumarios que
permitan a la magistratura corroborar que, en efecto se trata de un agente del
Estado miembro de la Fuerza Pública.
5.3.79. Por el contrario, se verifica
que una vez la SDSJ asumió el estudio de la petición tuvo una conducta
diligente al ordenar la subsanación de la petición, y requiriendo los
documentos necesarios, adicional a ello, se ordenó el decreto de otros medios
de prueba. Por ello, se negará el amparo solicitado.
5.3.80.
En conclusión, la Corte constata que todas las instancias de la Jurisdicción
Especial para la Paz son conscientes del contexto de congestión judicial en que
se encuentra, y en esa medida, han aplicado estrategias administrativas y
judiciales para contrarrestar la situación, al punto que, fruto de los planes y
estrategias dirigidos a enfrentar la congestión judicial, han aumentado la
producción de providencias y resoluciones.
5.3.81.
En sede administrativa, la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia de la JEP
iniciaron el proceso de implementación de un programa informático que permite
adelantar el reparto de las peticiones y realizar la gestión y trazabilidad de
los procesos. Asimismo, el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción ha aprobado
medidas de movilidad horizontal o vertical en la que, conforme al Acuerdo 01 de
2 de marzo de 2020 (Reglamento interno de la JEP), permite a despachos de Salas
o Secciones cuya carga de trabajo es menor, ingresen de manera temporal, a las
instancias más congestionadas para evacuar una mayor cantidad de solicitudes de
comparecientes[91].
5.3.82.
Todas estas estrategias son idóneas para enfrentar la situación de congestión,
razón por la cual, la Corte concluye que la mora judicial no es fruto del
capricho o arbitrariedad de los despachos judiciales que integran la
jurisdicción, sino producto de una situación objetiva y verificable,
relacionada con que al momento de iniciar funcionamiento la JEP, ya contaba con
más de 19.000 solicitudes pendientes de contestar. La Corte constata que sí se
presenta mora judicial, pero la misma se encuentra justificada por un hecho
verificable y objetivo, como es la situación de sobrecarga de peticiones en
unas Salas de Justicia de la Jurisdicción, razón por la cual, la Corte
determina que no se ha producido vulneración al derecho al debido proceso, en
su dimensión de gozar de la garantía a un proceso sin dilaciones
injustificadas. En síntesis, concurren dos elementos que justifican la mora
judicial, de una parte, congestión judicial por el alto número de peticiones, y
la falta de personal en determinados momentos del trámite judiciales
(Secretarías Judiciales, por ejemplo) y la particular complejidad que reviste
el examen jurisdiccional que realizan las Salas de Justicia.
5.3.83.
En la situación puntual de los accionantes[92], este
Tribunal considera que las Salas de Justicia accionada han actuado con la
diligencia que permite el contexto de congestión judicial. Pues, una vez los
procesos fueron repartidos por la Secretaría Judicial de cada Sala, los
magistrados sustanciadores profirieron las resoluciones de impulso necesarias
para allegar los elementos probatorios sumarios para resolver las solicitudes,
y actualmente se encuentran pendientes de la remisión de los medios de
cognición.
5.3.84. En los anteriores casos no se ha
dado respuesta de fondo, pero la Sala de Justicia competente ya avocó
conocimiento de la solicitud, y consideró necesario recaudar información
sumaria, para resolver las peticiones. Nuevamente se desconocieron los plazos
legales previstos para resolver esas solicitudes, pero ello se debe a la
complejidad del asunto.
En relación con los casos en los que la
petición se repartió en primer lugar a una Sala y esta, al verificar si tenía
competencia, remitió a otra
5.3.85. No obstante, en relación con las
dos acciones de tutela en las que, en un primer momento la petición del
accionante se repartió a una sala, y luego de una verificación, la corporación
judicial determinó que no era competente y remitió a otra instancia de la JEP,
el examen es diferente.
5.3.86. En el caso del expediente de
tutela T-7.211.266 (caso ix), la Sala encuentra que su petición se realizó el 8
de agosto de 2018[93]
y que, tras avocar conocimiento, mediante resolución No. 001778 de 2 de mayo de
2019, la SDSJ resolvió remitir por competencia los asuntos del señor Sanabria
Pico a la SAI.  A criterio de esta Corte, las instancias de la JEP se tomaron
nueve meses para establecer cuál es la autoridad competente para decidir de
fondo sobre dicha solicitud. De ello se concluye que resulta razonable y
justificado que una Sala supere los términos legales previstos en las Leyes
1820 de 2016 y 1922 de 2018, cuando le corresponde resolver procesos en los que
debe fijarse la competencia de la Jurisdicción, o sobre la concesión de
beneficios. Esto, pues esos exámenes judiciales revisten dificultad y exigen
una valoración probatoria mínima. Sin embargo, estudiar y determinar que una
Sala no tiene competencia sino otra, es un trámite mucho más sencillo que se
resuelve al verificar simplemente la condición personal del compareciente. Si
afirma ser un líder social, un ex militante de las FARC-EP, quien tiene la
facultad para estudiar la petición es la SAI, y si se trata de un Agente del
Estado o un tercero voluntario, la competencia es de la SDSJ. Dicho trámite
debe ser resuelto de manera expedita y sin necesidad de agotar un mínimo de
actividad probatoria.
5.3.87. Igual ocurre con el Expediente
T-7.211.267 caso (x), en el que, el 2 de abril de 2018, la accionante, Sandra
Lucrecia Daniels Guzmán presentó solicitud para suscripción de acta de
compromiso y sometimiento a la JEP.  El 31 de mayo de
2018, radicó una nueva petición ante la Sala de Reconocimiento de Verdad
solicitando suscripción de acta de sometimiento y acceder a los beneficios de
la Ley 1820 de 2016. El 3 de julio de 2018, radicó ante la SAI de la JEP
solicitud de libertad condicionada. Las peticiones de la accionante fueron
repartidas a la SDSJ, corporación que, a través de Resolución 02399 de 6
de diciembre de 2018, asumió el conocimiento del asunto, sin embargo, a través
de Resolución de 2 de mayo de 2019, esta corporación ordenó remitir la
solicitud por competencia a la SAI. De igual manera que en el caso anterior, la
Sala Plena verifica que, la SDSJ tomó desde abril de 2018 hasta mayo de 2019,
para determinar que no era competente, es decir, más de un año.
5.3.88. La Sala Plena encuentra que en
estos dos expedientes se vulneró el derecho al debido proceso, en su dimensión
de gozar de un juicio público sin dilaciones injustificadas, y dentro de un
plazo razonable de Carlos José Sanabria Pico y de Sandra Lucrecia Daniels
Guzmán pues la SDSJ se tomó 9 meses, en el primer caso, y más de un año, en el
segundo, para determinar que la petición de cada uno debían ser resultas por la
SAI. Por consiguiente, se revocarán las sentencias de tutela de única instancia
de ambos expedientes de tutela. En el caso (ix) se revocará la sentencia del 30
de noviembre de 2018, proferida por la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz, Subsección Tercera de Tutelas, y en su lugar se amparará el derecho al
debido proceso, en su faceta de un juicio sin dilaciones injustificadas.
Consecuencia de lo anterior, se ordenará a la SAI que un término de cinco (5)
días avoque conocimiento, y dentro de un plazo razonable resuelva de fondo la
petición del actor.
5.3.89. En el caso (x) T-7.211.267, se
revocará la sentencia de 24 de septiembre de 2018 proferida en única instancia
por la Subsección Sexta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, en
cuanto negó el amparo, y en su lugar se tutelará el derecho al debido proceso
en su faceta de un juicio sin dilaciones injustificadas. Consecuencia de lo
anterior, se ordenará a la SAI que un término de cinco (5) días avoque
conocimiento, y dentro de un plazo razonable resuelva de fondo la petición de
la actora.
5.4.
Situación de congestión judicial de la SAI y SDSJ de la JEP
5.4.1.
Las determinaciones que se impartirán se dividen en dos niveles. Respecto de
los casos en los que aún no se ha proferido decisión de fondo, la Sala Plena de
la Corte Constitucional advertirá a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala
de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que, en el término de 10 días
desde la notificación de esta sentencia, elaboren un cronograma de respuesta
efectiva de las peticiones pendientes, en el que informen a los accionantes
Ramón Jesús Ramírez Quintero (expediente T-7.211.259), Robinson Contreras
Angarita (expediente T-7.211.260), Alonso Chaux Hurtado (expediente
T-7.211.270);  Edier Zarate Martínez  (expediente T-7.211.272); Víctor Saoco
Pérez López  (expediente T-7.211.273); Michel Antonio Berrio Julio (expediente
T- 7.211.274);  Luis Ángel Sánchez Méndez (expediente T-7.211.275); Gabriel
Viveros Delgado, Devis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños
(expediente T-7.211.277); Luz Mary García Cerón (expediente T-7.211.278) e Iván
Marino Herrera Serna (expediente T-7.366.351) la fecha en que serán contestadas
las peticiones.
5.4.2.
La Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
deberán impulsar oficiosamente el avance de las labores de consecución de los
elementos probatorios necesarios. Para ello, podrán adoptar las resoluciones
que en términos perentorios impongan a los funcionarios judiciales encargados
de las labores de investigación, el deber impostergable de allegar la
documentación faltante a la mayor brevedad posible.
5.4.3.
Sumado a lo anterior, la Corte toma nota del reto que implica poner en
funcionamiento una jurisdicción tan importante como la JEP, y entiende la
dificultad que presenta evacuar las solicitudes de los comparecientes dentro de
los términos previstos en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018.
Especialmente, cuando desde el año 2017 se reciben peticiones en la Secretaría
Ejecutiva y, al momento de entrar en funcionamiento (enero de 2018) y abrir sus
puertas al público (marzo de 2018)[94],
fueron automáticamente trasladadas a la Secretaría Judicial General de la JEP.
5.4.4.
Asimismo, comparte la explicación que realizó la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz en la Sentencia de Tutela TP-SA 008 y TP-SA- 011 de 2018,
según las cuales, existen tres lugares de represamiento: (i) al realizar el
reparto de las peticiones en la Secretaría Judicial de cada Sala, y (ii) una
vez repartidas entre los magistrados sustanciadores o ponentes de cada
corporación se presenta una sobrecarga de trabajo al momento de impulsar y
resolver de fondo la petición. La tardanza en el envío de los medios de
conocimiento de la justicia ordinaria o penal militar, a la JEP retrasa la adopción
de decisiones de fondo. La Sala Plena suma un tercer momento, (iii) el cual
ocurre cuando, los magistrados de la Sala adoptan las decisiones y las mismas
regresan a las Secretarías Judiciales para ser notificadas a los interesados,
allí, se repite la acumulación de trabajo del primer momento.
5.4.5.
La Secretaría Ejecutiva y el Órgano de Gobierno de la JEP han enfrentado la
congestión que se presenta en las Secretaría Judiciales de las Salas a través
de dos estrategias, de un lado la fijación de criterios de priorización en los
que se resuelven las peticiones más urgentes; cuyos contenidos se relacionan
con beneficios de libertad de personas privadas de la ella, y solicitudes de
salida del país. En el mismo sentido, cada Sala también ha priorizado el
reparto y solución de los beneficios de menor entidad (Amnistía de iure, en el
caso de la SAI, y beneficios de traslado a unidad militar y cesación de
procedimiento en el caso de la SDSJ). Otro instrumento para resolver la
situación de congestión en las Secretarías Judiciales ha sido el aumento de la
eficiencia del personal existente y el aumento del número de funcionarios
responsables de cada momento procesal, a través de asignaciones de funcionarios
del Grupo de Análisis de Información –GRAI-[95], o la Unidad
de Investigación y Acusación –UIA- a las Secretarías Judiciales de cada Sala.
5.4.6.
Una vez repartida una petición en cada uno de los despachos que integran las
Salas, los órganos de la jurisdicción han determinado que, con el fin de
evacuar eficazmente las peticiones se: (i) acumulen para ser fallados en una
sola providencia, varios casos que guarden unidad temática, similitud en las
peticiones, o facilidad de fallar con la misma prueba; (ii) decidan a través de
sub salas, lo cual tiene el efecto de multiplicar los órganos competentes para
resolver solicitudes; y (iii), conforme al reglamento interno de la JEP
(Acuerdo 01 de 2 de marzo de 2020) aprobar medidas de “movilidad horizontal o
vertical” en las que, despachos de secciones o salas no sobrecargadas, apoyan
el trabajo de las salas cuya sobre carga de trabajo exige apoyo de otra
instancia de la JEP.
5.4.7.
A criterio de esta Corte, las alternativas resultan idóneas para enfrentar la
situación, por ello exhortará al órgano de gobierno de la JEP, para que, conforme
al Reglamento vigente, mantenga la vigilancia y evaluación periódica de las
medidas de descongestión, y cada seis meses, si lo estima conveniente, ajuste los
planes adelantados por la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de definición de
Situaciones Jurídicas con el fin de garantizar que se apliquen y profundicen
los mecanismos  que evidencien mejores resultados.
Priorización
de pronta solución de peticiones que buscan la concesión de beneficios de
libertad.
5.4.8.
En todo caso, la JEP deberá priorizar la respuesta pronta de las peticiones de
libertad que realicen los comparecientes ante la jurisdicción. Aclara la Corte
que, en cada caso, deberá tenerse en consideración el tipo de solicitante, la
regulación que cobija cada petición y si los tratamientos penales especiales
solicitados tienen relación con el derecho a la libertad personal. Este derecho
en el sistema jurídico colombiano, como lo ha expresado la jurisprudencia, es
un derecho privilegiado y, por ello, las limitaciones a tal deben ser
excepcionales e interpretarse de forma restrictiva a la luz de la Constitución[96].
5.4.9. En efecto, le corresponderá a cada
una de las instancias competentes, dentro de la Jurisdicción Especial para la
Paz, considerar lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1820 de 2016, de
acuerdo con el cual las amnistías, indultos y los tratamientos penales
prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento y
en estricto cumplimiento de los plazos en ella previstos. De hecho, el artículo
34 de la misma ley dispuso que “[l]a concesión de la amnistía y de la
renuncia a la persecución penal de que trata la presente ley, tendrá como
efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando
privados de la libertad hayan sido beneficiados por las anteriores medidas”.
5.4.10. En esa dirección, es posible
concluir que existe una tendencia en esta regulación que ha buscado privilegiar
la libertad y que, como consecuencia, tendría que llevar a las instancias
competentes para darle la prevalencia que requieren estas solicitudes. Con
mayor razón, si el Decreto 277 de 2017[97]
dispuso que “[l]as decisiones sobre solicitud de libertad condicionada y
sobre los recursos interpuestos se adoptarán con prelación (…)”. Por ello,
el Decreto Ley 706 de 2017[98]
explicó que “[l]os beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016, se
aplicarán sin perjuicio de la interposición de la acción de tutela y Habeas
Corpus”.
5.4.11.
Estas determinaciones son perfectamente compatibles con el Reglamento Interno
de la JEP (Acuerdo 001 de 2 de marzo de 2020) y la comprensión que la propia
jurisdicción hace de su situación. Recuérdese que la SENIT-001 de 2019 explicó
que, en virtud del principio de temporalidad estricta, la JEP cuenta con
términos perentorios para el desarrollo de los procesos, por ello, a medida que
avancen, la mayor carga de trabajo pasará de las Salas a las Secciones, al
punto que, llegará el momento en que sea el Tribunal para la Paz el que se vea,
eventualmente, ante una situación de sobrecarga de trabajo.
5.4.12.
Finalmente, la Corte ha reconocido que la congestión judicial es un fenómeno
que afecta la legitimidad y la eficacia de la administración de justicia,
perjudicando desde las Altas Cortes hasta los jueces de instancia, y en esa
medida, implica el desconocimiento de un amplio repertorio de derechos
fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. El mismo tiene consecuencias
negativas gravísimas en la conflictividad social, y en la solución democrática
y pacífica de las tensiones propias de cualquier sociedad contemporánea.
5.4.13.
Estas consecuencias asumen nuevos perfiles y características si el fenómeno se presenta
en la JEP, pues se agrava al tratarse de una jurisdicción especial, temporal y
cuya competencia es la construcción de la verdad judicial sobre las graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto
armado en Colombia. En atención al principio de temporalidad estricta de la
JEP, una situación aguda e inmanejable de congestión judicial resultaría
vulneratoria de los derechos fundamentales de las víctimas, los comparecientes,
y la sociedad colombiana, pues perdería la oportunidad de construir un relato
judicial que aporte a la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto
armado.
5.4.14.
Por ello, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá continuar con sus
esfuerzos por lograr el reparto de todas las peticiones pendientes de dicho
trámite, y posteriormente, deberá profundizar la focalización y priorización de
esfuerzos para conseguir la adopción de las resoluciones que respondan a las
solicitudes de los comparecientes. En esa labor deben preferirse estrategias
que impliquen utilizar a su máximo nivel los recursos con los que cuenta la
Jurisdicción, aumentar la eficiencia de la gestión, y en todo caso, descartar
escenarios en los que existan salas o secciones con trabajo represado, mientras
otras, no reciben procesos o trámites para resolver.
5.4.15.
En la misma vía, la Sección de Apelación cumple un papel protagónico en la
fijación de criterios jurisprudenciales que permiten hacer más eficiente los esfuerzos de las distintas Salas y
Secciones. Esto puesto que, el Artículo 59 de la Ley 1922 de 2018 le entrega la
competencia para asegurar “la unidad de la interpretación del derecho y
garantizar la seguridad jurídica” y para ello adoptará sentencias
interpretativas. El artículo concluye que las reglas jurisprudenciales podrán
ser fijadas “al momento de resolver cualquier apelación”.
5.4.16.  Finalmente, resulta necesario indicar
que las lógicas inmanentes de los sistemas transicionales exigen que los jueces
encargados de aplicar dichos procesos hagan la experiencia de aprender sobre
los aciertos y ajustes que se van acumulando en la labor de aplicar las leyes y
procedimientos transicionales. Con ello se busca que se privilegien las
interpretaciones normativas que permitan mayor agilidad en el avance de los
procesos. No se trata de que el derecho al debido proceso no tenga el mismo
grado de eficacia, o no esté integrado por el mismo abanico de garantías. Debe
comprenderse que dicho derecho fundamental adquiere dimensiones particulares en
un proceso transicional, y en esa medida, una cultura jurídica enraizada en
lógicas ritualizadas, impide el avance del proceso, cuyos fundamentos son
diferentes, al simple ejercicio punitivo de la acción penal.
5.4.17. En
síntesis, respecto a la parte resolutiva y frente a la advertencia y exhorto a
impartir, la Sala Plena de la Corte Constitucional determina que sobre los
procesos en los que ya se produjo respuesta de fondo a la petición de los
accionantes, se revocará las sentencias de tutela de única instancia, y en su
lugar declarará la improcedencia por carencia actual de objeto dentro de los
expedientes Caso (i) T-7.211.254; Caso (ii)
T-7.211.257; Caso (iii) T-7.211.258; Caso (vi) T-7.211.261; Caso (vii)
T-7.211.263; Caso (viii) T-7.211.264; Caso (xi) T-7.211.269; Caso (xiii) T-7.211.271;
Caso (xviii) T-7.211.277, este último expediente, en relación con los tres
accionantes a quienes ya se les dio respuesta, esto es Guillermo Javier
Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio Muñoz Arboleda.
Como se indicó, a los otros tres accionantes dentro de este proceso de amparo
no se les ha contestado su petición.
5.4.18. En relación con los procesos en
los que esta Corporación declara la carencia actual de objeto por hecho
superado, debe precisarse que, en el expediente de tutela T-7.211.269 (caso xi), donde aparece como accionante
Octavio Cartagena Benítez, mediante sentencia del 23 de julio de 2018, el
Tribunal para la Paz, Sección de Revisión, Subsección Segunda amparó
parcialmente el derecho fundamental de petición, en relación con la solicitud
fechada el 8 de junio de 2017, pues a juicio del tribunal esta era de carácter
estrictamente administrativo y la misma se produjo respuesta tardía. En
relación con otra petición de este, pero de fecha 21 de mayo de 2018, en la
misma providencia se negó la protección del derecho fundamental de petición y
del debido proceso, pues la solicitud es de aquellas que reclaman la concesión
de los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016. Se trata entonces, de una
sentencia de única instancia que concedió parcialmente y negó parcialmente. Sin
embargo, como se explicó, las instancias de la JEP ya profirieron las
resoluciones que resolvieron los requerimientos del actor, corresponde, por
tanto, revocar la sentencia de única instancia y en su lugar declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.
5.4.19. En relación con a 12 expedientes[99] de
tutela promovidas, por 14 personas[100], y
verificado el acervo probatorio, en dos casos la Corte revocará la sentencia de
instancia que negó el amparo solicitado y tutelará el derecho al debido proceso.
Se trata de los casos (ix) Expediente T-7.211.266 y Expediente T-7.211.267 caso
(x).
5.4.20. Frente al expediente T-7.211.272
(caso xiv), la Sección de revisión tuteló parcialmente el derecho de petición,
pues, consideró que el accionante formuló una solicitud ante la Secretaría
Ejecutiva que, en parte, interrogaba sobre aspectos administrativos, sobre los
requisitos en abstracto, para acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016.
Examinado el expediente, a juicio de esta Corte, se verifica que el 24 de
septiembre de 2018, el accionante, señor Edier Zarate Martínez presentó una
petición cuyo objetivo claro era ser acogido en la jurisdicción especial para
la paz y como consecuencia de ello, recibiera los beneficios condicionados para
la libertad condicionada. No resulta posible distinguir que se trata de
aquellos que interrogan, al menos, parcialmente, por asuntos administrativos.
Por lo anterior, la Sala Plena revocará parcialmente la sentencia de 4 de
diciembre de 2018, proferida por la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz, y negará la acción de tutela en relación con la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante, dentro del expediente de tutela
T-7.211.272 caso (xiv) toda vez que, la solicitud del accionante es de aquellas
que en su integralidad requiere la concesión de beneficios penales, por lo
cual, no se trata de un ejercicio del derecho de petición. En lugar de ello se
negará el amparo.
5.4.21. Respecto a los restantes 8
expedientes en los que aparece un accionante, la Sala Plena de la Corte
Constitucional confirmará las sentencias proferidas por la Sección de Revisión
del Tribunal para la Paz que, en única instancia negaron los amparos
requeridos.  Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús
Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (xii)
T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez
López; Caso (xvi) T-7.211.274 Michel Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275
Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xix) T-7.211.278; Luz Mary García Cerón; Caso
(xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera Serna.
5.4.22. Frente a los casos
que presentan situaciones puntales, en el expediente
7.211.275 (caso xvii), se revocará  la providencia del 6 de abril de 2018, en
la que, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz declaró la carencia
actual de objeto por existir hecho superado en relación con la petición
presentada por el accionante, pues la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción
le dio respuesta administrativa, sobre su situación de no estar incluido en las
listas que remitió el Ministerio de Defensa Nacional sobre miembros de fuerza pública
que, debían recibir los beneficios de la Ley 1820 de 2016. No obstante, en la
respuesta (anexo III) que fue remitida a esta Corporación fruto de los autos de
pruebas del magistrado sustanciador[101],
se verifica que, frente al accionante, la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas inició un proceso judicial con el fin de determinar si el
peticionario es beneficiario de las previsiones de la Ley de amnistía e
indulto. Por ello, conforme a la información que reposa en el expediente de
tutela, la petición formulada por el tutelante fue contestada por la Secretaría
Ejecutiva, sin que ello haya sido obstáculo para el inicio de un proceso
judicial, el cual, no ha sido, hasta ahora, resuelto. Por este motivo, en el
expediente T-7.211.275 (caso xvii), la Sala Plena de la Corte revocará la
sentencia de única instancia que declaró improcedente la acción de tutela, y en
su lugar negará el amparo solicitado.
5.4.23. Finalmente, en el caso (xviii) T-7.211.277, se confirmará parcialmente la
sentencia de única instancia en cuanto negó el amparo solicitado, proferida por
el Tribunal para la Paz, Sección de Revisión en relación con los comparecientes
Jesús Gabriel Viveros Delgado; Deivis Alberto Díaz Telpud; Guillermo Arturo
Bolaños. Debe recordarse que, en relación con tres de los accionantes,
Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio
Muñoz Arboleda, se revoca parcialmente la sentencia y se declara la carencia
actual de objeto por hecho superado.
6.
Síntesis de la decisión
La Sala estudia 20 acciones de tutela
promovidas por 25 personas comparecientes ante la Jurisdicción para la Paz, en
las que se señala a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de vulnerar los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en atención a que,
los escritos de sometimiento y en los que se solicitan la concesión de
beneficios como la libertad transitoria, anticipada y condicionada, la libertad
condicional u otras, no han sido contestadas dentro de los términos previstos
en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018.
En
este escenario, la Sala Plena de la Corte debe establecer si la tardanza en la
que incurrieron la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas y las Secretarías Judiciales de cada una de estas dos
corporaciones de la JEP, en responder los escritos formulados por los
comparecientes y en los que solicitaron beneficios previstos en la Ley 1820 de
2016, implican la vulneración de los derechos de petición, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de los accionantes.
Conforme con la información allegada en
sede de revisión, al momento de proferir la sentencia se verifica que, las
autoridades de la JEP ya dieron respuesta a las solicitudes de varios
comparecientes, razón por la cual, la Sala concluye que se produjo el fenómeno
de carencia actual de objeto por hecho superado en los expediente T-7.211.254, T-7.211.257; T-7.211.258; T-7.211.261; T-7.211.263;
T-7.211.264; T-7.211.269;  T-7.211.271; y T-7.211.277, esto, en relación con
tres accionantes a quienes ya se les dio respuesta: Guillermo Javier Castillo
Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio Muñoz Arboleda.
Sobre
el estudio de fondo de las peticiones que no han sido contestadas, la Sala
reitera el precedente constitucional contenido en las Sentencia T-230 de 2013,
C-951 de 2014, SU-394 de 2016 y T-186 de 2017, decisiones en las cuales se
explicó que: (i) una persona puede dirigir peticiones respetuosas a autoridades
judiciales. Si las mismas tienen un contenido jurisdiccional, se trata de un
ejercicio del ius postulandi y en esa medida, la respuesta se somete a
las normas legales de procedimiento ordinario y no a la Ley Estatutaria del
derecho de petición. En caso de omisión de respuesta se incurre en una
vulneración al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, salvo que la dilación esté justificada.  La Sala explica que se
presenta una mora judicial injustificada, si la misma (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
tardanza como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la
misma es imputable a la falta de cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
A partir de estas reglas
jurisprudenciales, la Sala Plena determina que, en relación con los 12
expedientes de tutela promovidos, por 14 personas, todas las peticiones de los
accionantes son de carácter judicial, pues requieren a las autoridades de la
JEP para que, concedan los beneficios penales previstos en la Ley 1820 de 2016.
En esa medida, no se trata del ejercicio del derecho fundamental de petición,
sino del ejercicio del ius postulandi.
Respecto a la alegada violación al
derecho al debido proceso, la Sala Plena de la Corte Constitucional verifica
que, en dos casos se presenta un desconocimiento a esta garantía fundamental,
toda vez que, las Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP tardó
más de 9 meses para resolver que no era competente para fallar las peticiones
sometidas a su consideración, sino que dicha facultad la tenía otra instancia
de la jurisdicción, puntualmente la Sala de Amnistía e Indulto. En atención a
que, en dos casos, se presentó un error en el reparto de las solicitudes y
resolverlos tomó varios meses, se protegerá el derecho fundamental al debido
proceso, y se ordenará que la Sala de Amnistía e Indulto asuma la competencia
de los casos dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
providencia.
Como consecuencia de lo anterior, la
Sala Plena revoca las sentencias de instancia que negaron el amparo solicitado
y en su lugar tutelará el derecho al debido proceso en los expedientes
T-7.211.266 y T-7.211.267.
Frente al expediente T-7.211.272, el
juez de única instancia, es decir, la Sección de Revisión tuteló parcialmente
el derecho de petición, pues, consideró que el accionante formuló una solicitud
ante la Secretaría Ejecutiva que, en parte, interrogaba sobre aspectos
administrativos, puntualmente, los requisitos en abstracto, para acceder a los
beneficios de la Ley 1820 de 2016. Examinado el expediente, se verifica que el
24 de septiembre de 2018, el accionante, señor Edier Zarate Martínez presentó
una petición cuyo objetivo claro era ser acogido en la jurisdicción especial
para la paz y como consecuencia de ello, recibir los beneficios condicionados
para la libertad condicionada. No resulta posible distinguir que se trata de
aquellos que interrogan, al menos, parcialmente, por asuntos administrativos.
Por lo anterior, la Sala Plena revocará parcialmente la sentencia de 4 de
diciembre de 2018, proferida por la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz, y negará la acción de tutela en relación con la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante, dentro del expediente de tutela
T-7.211.272 toda vez que, la solicitud del accionante es de aquellas que en su
integralidad requiere la concesión de beneficios penales, por lo cual, no se
incurre en vulneración al derecho de petición. En lugar de ello se negará el
amparo.
En relación con los restantes
expedientes en los que aparece un solo accionante, la Sala Plena de la Corte
Constitucional confirmará las sentencias proferidas por la Sección de Revisión
del Tribunal para la Paz en única instancia y que negaron los amparos requeridos.
Puntualmente
en los expedientes T-7.211.259, T-7.211.260,
T-7.211.270, T-7.211.273, T-7.211.274, T-7.211.275, T-7.211.278, T-7.366.351.
En el mismo sentido, frente
a los casos que presentan situaciones puntuales que deben ser precisadas, en el
expediente 7.211.275 se revoca la providencia del 6 de abril de 2018, en la
que, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz declaró la carencia actual
de objeto por existir hecho superado en relación con la petición presentada por
el accionante, pues la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción le dio respuesta
administrativa, sobre su situación de no incluido en las listas que remitió el
Ministerio de Defensa Nacional sobre miembros de fuerza pública que debían
recibir los beneficios de la Ley 1820 de 2016. No obstante, en la respuesta que
fue remitida a esta Corporación fruto de los autos de pruebas del magistrado
sustanciador[102],
se verifica que, frente al accionante, la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas inició un proceso judicial con el fin de determinar si el
peticionario es beneficiario de las previsiones de la Ley de amnistía e
indulto. Por ello, conforme a la información que reposa en el expediente de
tutela, la petición formulada por el tutelante fue contestada por la Secretaría
Ejecutiva, sin que ello haya sido obstáculo para el inició de un proceso
judicial, el cual, no ha sido, hasta ahora, resulto. Por este motivo, en el
expediente T-7.211.275, la Sala Plena de la Corte revoca la sentencia de única
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, y en su lugar negará el
amparo solicitado.
Finalmente, en el expediente T-7.211.277, se confirma parcialmente la sentencia de
única instancia, proferida por el Tribunal para la Paz, Sección de Revisión en
relación con los comparecientes Jesús Gabriel Viveros Delgado; Deivis Alberto
Díaz Telpud; Guillermo Arturo Bolaños. Debe recordarse que, en relación con
tres de los accionantes, Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales
Toro, y Oscar Antonio Muñoz Arboleda, se revoca parcialmente la sentencia y se
declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
En el mismo sentido, se advierte a la
Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
que, en un plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, elaboren un cronograma y lo informen a los accionantes dentro de
los expedientes T-7.211.259, T-7.211.260,
T-7.211.270, T-7.211.273, T-7.211.274, T-7.211.275, T-7.211.278, T-7.366.351
Iván Marino Herrera Serna en el que precise la fecha en que serán
contestadas las peticiones aún pendientes de resolución de fondo.
Además,
verificados los esfuerzos realizados por la JEP dirigidos a resolver la
situación de congestión judicial, y los resultados que ellos han arrojado, se
exhortará al Órgano de Gobierno de la JEP que, conforme al
Reglamento vigente, mantenga la vigilancia y evaluación periódica de las
medidas de descongestión, y cada seis meses, en cuanto sea conveniente o
necesario, ajuste los planes adelantados por la Sala de Amnistía e Indulto y la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con el fin de garantizar que se
apliquen y profundicen los mecanismos que evidencien mejores resultados. En
todo caso, debido a la prioridad que le da el orden constitucional a la
libertad personal, la JEP, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, debe priorizar el estudio y respuesta oportuna de las solicitudes de
los comparecientes que buscan la concesión de beneficios como la Libertad
Condicionada o la Libertad Anticipada, Transitoria y Condicional.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 13 de agosto de
2018 proferida en única instancia por la Sección de Revisión del Tribunal para
la Paz que, en relación con el pretendido derecho a la libertad personal DECLARÓ
IMPROCEDENTE la acción de tutela, y en relación con el supuesto derecho al
debido proceso la NEGÓ, dentro del expediente T-7.211.263
donde aparece como tutelante José Gerardo Vargas Correa. En su lugar DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.-
REVOCAR
la sentencia del 23 de julio de 2018, proferida en única instancia por la Sub
Sección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que TUTELÓ
el derecho de petición y NEGÓ la tutela del derecho al debido proceso de
la acción de tutela formulada por Octavio Cartagena Benítez dentro del
expediente T-7.211.269. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado.
TERCERO.- REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia del 14 de agosto de 2018, proferida en única
instancia por la Sub Sección quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para
la Paz dentro del expediente T-7.211.277, que NEGÓ la acción de tutela
en relación con los accionantes Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés
Rúales Toro y Oscar Antonio Marín Arboleda. En su lugar, y en relación con
estos accionantes, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Y CONFIRMAR PARCIALMENTE la misma sentencia en cuanto NEGO el
amparo del derecho al debido proceso, sin dilaciones injustificadas, en
relación con los accionantes Gabriel Viveros Delgado, Devis Alberto Díaz Telpud
y Guillermo Arturo Bolaño.
CUARTO.- REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida en única
instancia por la Sub Sección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal
para la Paz, que AMPARÓ el derecho de petición a Edier Zarate Martínez.
En su lugar NEGAR dicha solicitud.  CONFIRMAR entonces la
providencia, en tanto NEGÓ el derecho al debido proceso del mismo
accionante, en el proceso T-7.211.272.
QUINTO.- REVOCAR las
sentencias de única instancia que negaron el amparo del derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a la administración de justicia:
1) el 11 de octubre de 2018, por la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz dentro de la acción de tutela promovida por Jhon Freddy Rodriguez Suárez,
en el proceso T-7.211.254; 2) el 2 de enero de 2019, por la Sub-Sección Primera
de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz dentro de la acción de
tutela promovida por Jaime Coral Trujillo, en el proceso T-7.211.257; 3) el 9
de noviembre de 2018 por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz dentro
de la acción de tutela promovida por Ciro Antonio Amado, en  el proceso
T-7.211.258; 4) el 10 de diciembre de 2018 por la Sub Quinta Primera de la
Sección de Revisión del Tribunal dentro de la acción de tutela promovida por
Ider Quintero, en el proceso T- 7.211.261; 5) el 22 de agosto de 2018 por la
Sub Sección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz dentro
de la acción de tutela promovida por Alberto Camargo Pinzón, en el proceso
T-7.211.264; y 6) 1 de octubre de 2018 por la Sub Sección Primera de la Sección
de Revisión del Tribunal para la Paz dentro de la acción de tutela promovida
por Deybi Mauricio Melo Arce, en el proceso T-7.211.271. En su lugar DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEXTO.- CONFIRMAR las
sentencias proferidas en única instancia que negaron el amparo al derecho al
debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a la administración de
justicia: 1) el 11 de octubre de 2018, por la Sección de Revisión del Tribunal
para la Paz, dentro de la acción de tutela promovida por Ramón Jesús Ramírez
Quintero, en el proceso T-7.211.259; 2) el 24 de diciembre de 2018 por la Sub
Sección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dentro de
la acción de tutela promovida por Robinson Contreras Angarita, en el proceso
T-7.211.260; 3) el 10 de octubre de 2018, por la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz, dentro de la acción de tutela promovida por Alonso Chaux
Hurtado, en el proceso T-7.211.270; 4) el 21 de septiembre de 2018, por la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dentro de la acción de tutela
promovida por Víctor Saoco Pérez López, en el expediente T-7.211.273; 5) el 6
de abril de 2018 por la Sub Sección Segunda de la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz, dentro de la acción de tutela promovida por Michel
Antonio Berrio, en el proceso T- 7.211.274; 6) el 1 de octubre de 2018 por la
Sección de Revisión del Tribunal, dentro de la acción de tutela promovida por
Luis Ángel Sánchez Méndez en el proceso T-7.211.275; 7) el 10 de enero de 2019,
por la Sub Sección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz,
dentro de la acción de tutela promovida por Luis Mary García Cerón, en el
expediente T- 7.211.278; 8) el 14 de marzo de 2019, por la Subsección Tercera
de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dentro de la acción de
tutela promovida por Iván Marino Herrera Serna, en el proceso T-7.366.351.
SÉPTIMO.- REVOCAR
las sentencias de única instancia que negaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a la
administración de justicia: 1) el 30 de noviembre de 2018, por la
Sub Sección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz,
dentro de la acción de tutela promovida por Carlos José Sanabria Pico, en el
proceso T-7.211.266; 2)
el 24
de septiembre de 2018, por la Sub Sección Sexta de la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz, dentro de la acción de tutela promovida por Sandra
Lucrecia Daniels Guzmán, en el proceso T-7.211.267. En
su lugar TUTELAR el derecho al debido proceso de los dos accionantes Carlos
José Sanabria Pico y Sandra Lucrecia Daniels Guzmán y ORDENAR
que la Sala
de Amnistía e Indulto, en un término de cinco (5) días avoque conocimiento de
las peticiones de los accionantes. Así mismo que, dentro de un plazo razonable,
y conforme con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia,
resuelva de fondo las peticiones de los accionantes.
OCTAVO.-
ADVERTIR a
la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas que, en un plazo de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, elaboren un cronograma de respuesta efectiva
de las peticiones pendientes, en el que informen a los accionantes Ramón Jesús
Ramírez Quintero (expediente T-7.211.259), Robinson Contreras Angarita
(expediente T-7.211.260), Alonso Chaux Hurtado (expediente T-7.211.270);  Edier
Zarate Martínez  (expediente T-7.211.272); Víctor Saoco Pérez López
(expediente T-7.211.273); Michel Antonio Berrio Julio (expediente T-
7.211.274);  Luis Ángel Sánchez Méndez (expediente T-7.211.275);  Gabriel
Viveros Delgado, Devis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños
(expediente T-7.211.277); Luz Mary García Cerón (expediente T-7.211.278) e Iván
Marino Herrera Serna (expediente T-7.366.351) la fecha en que serán contestadas
las solicitudes.
NOVENO.- EXHORTAR
al
Órgano de Gobierno de la JEP que, conforme al Reglamento vigente,
mantenga la vigilancia y evaluación periódica de las medidas de descongestión,
y cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, ajuste los planes
adelantados por la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas con el fin de garantizar que se apliquen y profundicen
los mecanismos que evidencien mejores resultados.
DÉCIMO.-
LÍBRENSE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Presidente
RICHARD S.
RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (E)
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Caso (i) T-7.211.254, Jhon Freddy Rodríguez Suárez; Caso (ii)
T-7.211.257; Jaime Coral Trujillo; Caso (iii) T-7.211.258 Ciro Antonio Amado;
Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260
Robinson Contreras Angarita; Caso (vi) T-7.211.261 Ider Quintero; Caso (vii)
T-7.211.263 José Gerardo Vargas Correa; Caso (viii) T-7.211.264 Alberto Camargo
Pinzón; Caso (ix) T-7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267
Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xi) T-7.211.269 Octavio Cartagena
Benítez; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiii) T-7.211.271
Deybi Mauricio Melo Arce; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso
(xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvi) T-7.211.274 Michel
Antonio Berrio Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xix)
T-7.211.278 Luz Mary García Ceron; y Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera
Serna.
[2]Expediente T-7.221.277 caso (xviii) Jesús Gabriel Viveros Delgado,
Guillermo Javier Castillo Chaves, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo
Bolaños, Diego Andrés Ruales Toro y Oscar Antonio Marín Arboleda.
[3] Folio 78 del Cuaderno
de la Corte Constitucional.
[4]Caso (i) T-7.211.254, Jhon Freddy Rodríguez Suárez; Caso (ii)
T-7.211.257; Jaime Coral Trujillo; Caso (iii) T-7.211.258 Ciro Antonio Amado;
Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260
Robinson Contreras Angarita; Caso (vi) T-7.211.261 Ider Quintero; Caso (vii)
T-7.211.263 José Gerardo Vargas Correa; Caso (viii) T-7.211.264 Alberto Camargo
Pinzón; Caso (ix) T-7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267
Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xi) T-7.211.269 Octavio Cartagena
Benítez; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiii) T-7.211.271
Deybi Mauricio Melo Arce; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso
(xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvi) T-7.211.274 Michel
Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; T-7.221.277
caso (xviii) Jesús Gabriel Viveros Delgado, Guillermo Javier Castillo Chaves,
Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños, Diego Andrés Ruales Toro
y Oscar Antonio Marín Arboleda.  Caso (xix)
T-7.211.278 Luz Mary García Ceron; y Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera
Serna.
[5] Frente a las precisiones y adecuadas distinciones que deben
hacerse entre los procedimientos de la justicia penal ordinaria y la justicia
transicional, resultan relevantes la Sentencia C-771 de 2011 que explicó la
Justicia transicional es “una nueva noción de Justicia en el
contexto de la comunidad internacional, que atiende a la necesidad de alcanzar
la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación de
conflicto, pero que a la vez pretende responder, aun en estas circunstancias,
al imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos
humanos y del Derecho Internacional Humanitario y lograr el esclarecimiento de
la verdad al respecto, nueva noción de Justicia que opera dentro
del tránsito de un período de violencia  a otro de consolidación de la paz y de
vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo a otro de respeto al
pluralismo democrático.”. negrillas fuera del texto). En el mismo sentido, la
Sentencia C-674 de 2017, la Corte profundizó sobre dicha conceptualización, pues
al momento de explicar la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz
sostuvo que, en términos políticos resulta plausible que la justicia que
examina los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado se produzca
como parte del acuerdo de rendición de cuentas de los actores en conflicto.
Allí señaló que el Acto Legislativo 01 de 2017 optó por crear un nuevo sistema
que responde a una lógica y a un régimen especial, diseñado para un escenario
que presenta particularidades y especificidades que justifican un tratamiento
diferenciado.  Sostuvo que, si bien la legislación colombiana ya prevé
herramientas para la persecución de los delitos más graves, lo cierto es que el
acto legislativo estableció un sistema nuevo, especial y sujeto a particularidades
que lo diferencia del proceso penal ordinario, pues el sistema sancionatorio de
la JEP “obedece a una lógica distinta, ya no basada en
la gravedad de la conducta cometida, sino asociada a otras variables como el
aporte del victimario a la verdad y a la reparación de las víctimas, y al
momento en que se produce esta contribución. De igual modo, aunque el Código de
Procedimiento Penal establece las reglas y los instrumentos para el
cumplimiento de la función investigativa y acusadora en función de la Fiscalía
General de la Nación, y para el ejercicio de la función sancionatoria en cabeza
de la jurisdicción ordinaria, el Acto Legislativo remite al legislador
para que diseñe un procedimiento especial, destinado específicamente a regir en
los trámites que se surten en la Jurisdicción Especial para la Paz.”
[6]El acto legislativo
01 de 2017 establecía que los agentes del Estado no miembros de la fuerza
pública podrían ser convocados obligatoriamente a concurrir a la JEP. En
sentencia C-674 de 2017, la Corte Constitucional precisó que dicha regulación
sustituía el principio axial de la constitución del juez natural, motivo por el
cual, los agentes del estado no miembros de la fuerza publica se asimilan a los
terceros voluntarios que asisten a la JEP.
[7]La parte resolutiva
de ese fallo resolvió declarar: (i) la inexequibilidad de la expresión “de
conformidad con las siguientes reglas”, contenida en el inciso 3 del artículo
transitorio 8 del artículo 1; (ii) la inexequibilidad del inciso 4 del artículo
transitorio 8 del artículo 1; (iii) la inexequibilidad del inciso 5 del
artículo transitorio 8 del artículo 1, con excepción de la expresión “las
sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional”, que se declaró exequible.
[8] TP-SA-045 de 2018
[9]Artículo
transitorio 7o. Conformación. La Jurisdicción
estará compuesta por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y
de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Definición de las
situaciones jurídicas, salas que desarrollarán su trabajo conforme a criterios
de priorización elaborados a partir de la gravedad y representatividad de los
delitos y del grado de responsabilidad en los mismos; la Sala de Amnistía o
Indulto; el Tribunal para la Paz; la Unidad de Investigación y Acusación, y la
Secretaría Ejecutiva. La Jurisdicción contará además con un Presidente.
[10] C-579 de 2013,
fundamento jurídico No. 8.4.2. y subsiguientes. C-007 de 2018, fundamento
jurídico No. 514 y subsiguientes. En el mismo sentido Auto 348 de 2019.
[11]Sentencia C-007 de
2018, Fundamento
Jurídico 810.
[12]CIDH, Informe
Nº 100/01, Caso 11.381, Milton García Fajardo y otros, Nicaragua, 11 de
octubre de 2001.
[13] Cfr.
T-052 de 2018: “Adicionalmente, la jurisprudencia del sistema interamericano ha
determinado otro elemento para establecer la razonabilidad del plazo de un
procedimiento, atendiendo a la urgencia de los casos: la celeridad. De ahí que,
demande a los funcionarios judiciales una solución ágil y adecuada so pena de
la configuración de un perjuicio irremediable al sujeto cuyos derechos se ven
afectados con la demora de la decisión. En dicho sentido, la Corte IDH consideró
que “los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la
adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado”[13].
// La jurisprudencia constitucional colombiana,
atendiendo a los pronunciamientos de la CIDH y de la Corte IDH, ha señalado lo
siguiente:  “…para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y
el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da
una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de
los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del
procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de
la demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar
el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso”. Además, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
[14] T-230
de 2013, SU- 364 de 2015, T-187 de 2017, T-052 de 2018.
[15] Cfr.
SU- 394 de 2016. “En estos eventos, el análisis de procedencia de
la acción de tutela debe tener en cuenta que materialmente el interesado se
encuentra en una situación de indefensión, puesto que a diferencia de lo que
ocurre en el escenario del amparo contra una providencia judicial, en el que
existe una determinación que puede cuestionarse, mediante el uso de recursos
ordinarios o extraordinarios; en el caso de las omisiones no existe
pronunciamiento, por esta razón es precisamente, ante la ausencia de otro medio
de defensa judicial eficaz que la acción de tutela es la llamada a lograr que
se produzcan las decisiones tanto de trámite como interlocutorias que permitan
avanzar en la resolución del asunto de fondo, que finalmente habrá de ser
decidido en la sentencia.// En este sentido, para acreditar el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en el contexto de omisiones judiciales basta con
que se pruebe que interesado ha desplegado una conducta procesal activa y que
la parálisis o la dilación no es atribuible a su conducta.”
[16]Ibid.
[17] Como se mencionó en
el Fundamento Jurídico No. 5.3. el sistema interamericano de derechos humanos
ha construido el concepto de plazo razonable, entendido como el test en el
cual, debe verificarse la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, y la conducta de las autoridades judiciales. Debe insistirse que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que el concepto de plazo razonable y
mora injustificada no resulta opuestos o excluyentes, y en esa medida, la
existencia de las dos normas de derechos humanos no implica que el juez
constitucional deba optar por un o por otro. Por el contrario, los fallos de la
Corte Constitucional han explicado que las reglas jurisprudenciales internas,
atienden y desarrollan los criterios del sistema interamericano. Cfr. T-052 de
2018 y SU-394 de 2016 (Fundamento jurídico 50 y subsiguientes).
[18] La
mora judicial ha sido entendida como “un fenómeno multicausal, muchas veces
estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia”, y que se presenta como “resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”.
[19] En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Laboral, dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
las funciones por parte de una autoridad judicial.
[20]En
esa ocasión, la Corte encontró que se habían vulnerado los derechos
fundamentales del accionante pues se incurrió en una mora no justificada, que
vulneraba el plazo razonable y se resolvió que la entidad accionada debía dar
estricto cumplimiento a los plazos legales establecidos para el proceso de
extinción de dominio, y se instó a las diferentes autoridades para que en
resolvieran la situación del accionante dentro de los términos previstos en las
normas procesales.
[21] Una previsión similar se encuentra en la Ley 270 de 1996, a la
altura del artículo 63A modificado por la Ley 1285 de 2009, disposición que
permite a los jueces priorizar el orden en que se fallan los casos, cuando
existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del
patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos
humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial
trascendencia social.
[22]“Como
ya se ha dicho, el concepto de plazo razonable es indeterminado, pero
determinable y procura acudir al análisis de las especificidades de cada caso
en particular. Los criterios que han elaborado distintos tribunales para
adelantar el estudio son (i) las circunstancias generales del caso concreto
(incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y
deberes del procesado), (ii) la complejidad del caso, (iii) la conducta
procesal de las partes, (iv) la valoración global del procedimiento y (v) los
intereses que se debaten en el trámite.”
[23] La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional resolvió dos acciones de
tutelas acumuladas en las que los peticionarios cuestionaban situaciones de
mora judicial, en la que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de
Medellín tenían pendiente desatar recursos, en el primer caso de casación, y en
el segundo de apelación, contra providencias que habían reconocido derechos. La
mora en la solución de las impugnaciones impedía la consolidación de los
derechos.
[24] Se
sigue la sentencia T-472 de 2017. Resulta igualmente relevante la Sentencia
SU-139 de 2019 en la que la sala plena de la Corte Constitucional resolvió dos
acciones de tutela acumuladas formuladas contra la JEP, en las que, a través de
peticiones se solicitaba que la JEP fijara competencia en relación con personas
específicas. En el segundo caso acumulado, como quiera que, la Corte constató la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, luego de la interposición de la
acción de tutela, y antes de la expedición del fallo de instancia, el derecho
de petición del señor Franco Rivera fue contestado de fondo por la Secretaría
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.
[25] Respuesta de la
Secretaria Judicial de la JEP. Folio 80 del Cuaderno No. 1 de la Corte
Constitucional.
[26] Folio 78 del cuaderno
No. 1 de la Corte Constitucional.
[27] No obra dentro del expediente la fecha en la cual se radicó ante
el Juzgado de Ejecución de Penas la solicitud objeto de amparo.
[28]
Debe recordarse que en el expediente No. 18 No. T-7.211.277, la acción de
tutela fue promovida por seis personas (1.
Jesús Gabriel Viveros Delgado; 2. Guillermo Javier Castillo Chávez; 3. Deivis
Alberto Díaz Telpud; 4. Guillermo Arturo Bolaños; 5. Diago Andrés Ruales Toro;
6. Oscar Antonio Marín), y las respuestas que dieron las
autoridades de la JEP sólo atendió a tres de ellas (Guillermo
Javier Castillo Chávez; Diago Andrés Ruales Toro; Oscar Antonio Marín) estando
pendiente el pronunciamiento de fondo en relación con los otros tres.
[29]
Sentencia T-001 de 1996, reiterada en las sentencias T-411 de 1999 y T-192 de
2008.
[30] El uso de la figura de la
carencia de objeto por hecho superado en casos que ameritan un pronunciamiento
constitucional adicional a la declaración del mismo puede observarse de manera
especial en las sentencias T-416 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-682 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-271 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre
otras. De manera más reciente, las sentencias T-877 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-478 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-707
de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-731 de 2017. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; T-002 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, entre otras.
[31] Cfr. T-478 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
[32] El
Decreto 2591 de 1991, en el artículo 6, indica que: “La acción de tutela no
procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho.”
[33] Ver
sentencias T-021 de 2017, T-669 de 2016, T-624 de 2016, T-597 de 2015 y T-970
de 2014, entre otras. Confrontar la Sentencia T-678 de 2011,
en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007.
[34] El
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la
tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga
o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
[35] El
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
[36]Sentencia
T- 957 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[37] Caso (i) T-7.211.254; Caso (ii) T-7.211.257; Caso (iii)
T-7.211.258; Caso (vi) T-7.211.261; Caso (vii) T-7.211.263; Caso (viii)
T-7.211.264; Caso (xi) T-7.211.269; Caso (xiii) T-7.211.271; Caso (xviii)
T-7.211.277, este último en relación con tres de los accionantes Guillermo
Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, Oscar Antonio Marín Arboleda.
[38] Folio 65 del
Expediente de tutela T-7.211.267.
[39] Folio 11 al 13 del
expediente de tutela T-7.211.277.
[40] Caso (iv) T-7.211.259; Ramón Jesús
Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (ix)
T-7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267;  Sandra Lucrecia
Daniels Guzmán; Caso (xii) T-7.211.270; Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiv)
T-7.211.272; Edier Zarate Martínez; Caso (xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez
López; Caso (xvi) T-7.211.274; Michel Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275
Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xviii) T-7.211.277 Jesús Gabriel Viveros
Delgado, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños; Caso (xix)
T-7.211.278 Luz Mary García Cerón; Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera
Serna.
[41] Debe recordarse que
en el Expediente 7.211.277 (caso xviii), todavía no se ha dado respuesta a los
accionantes Jesús Gabriel Viveros Delgado, Devid Alberto Díaz Telpud, y
Guillermo Arturo Bolaños.
[42] Se excluye de este
análisis, los procesos de tutela en los que acaeció la carencia actual de
objeto por hecho superado resuelto en la cuestión previa de esta providencia.
[43] Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v)
T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (ix) T-7.211.266 Carlos José
Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267 Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xii)
T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez;
Caso (xv) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xv) T-7.211.274 Michel
Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xviii)
T-7.211.277 Jesús Gabriel Viveros Delgado, Deivis Alberto Díaz Telpud,
Guillermo Arturo Bolaños; Caso (xix) T-7.211.278, Luz Mary García Cerón; Caso
(xx) T-7.366.351, Iván Marino Herrera Serna.
[44] Anexo II
(Actuaciones en sede de revisión).
[45]
Folio 42 del Cuaderno Principal de la Corte Constitucional.
[46]
(i) Petición de Libertad Condicionada conforme al Artículo 32 y subsiguientes
de la Ley 1820 de 2016; (ii) solicitud de traslado a Zona Veredal Transitoria;
(iii) solicitud de amnistía de Jure (iv) solicitud de amnistía de Sala; (v)
concesiones de indultos (estas primeras cinco en cabeza de la SAI, para casos
de personas que afirman ser ex miembros de las FARC-EP); (vi) Solicitud de
salida del país y (vii) resolver peticiones de verificación del régimen de
condicionalidad; (procedimientos comunes a las dos Salas –SAI y SDSJ-); (viii)
peticiones de traslado a unidades militares; (ix) concesión de la Libertad
Transitoria Anticipada y Condicionada, conforme a los requisitos del artículo
52 de la Ley 1820 de 2016; (x) concesión de beneficios de mayor entidad, para
agentes del Estado o terceros voluntarios, (estas últimas en cabeza de la SDSJ,
para casos de Agentes del Estado y Terceros voluntarios), entre otros.
[47] En
esa medida, la Sección de Apelación precisa: “Las actividades jurisdiccionales
generales y específicas de la justicia transicional –se reitera– varían con el
paso del tiempo, justamente en atención a su particular fisonomía y misión.
Agotada una fase se impone la necesidad de reformar ciertos entendimientos
normativos, así como las prácticas de las correspondientes Salas o Secciones,
tanto respecto de sí mismas, como de las relaciones entre ellas. Esto es
así en virtud del propio diseño constitucional de la JEP, que se expresa en
funciones y tipos de actividades que en todo momento se combinan y alternan con
el fin de progresivamente alcanzar verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición, todo lo cual se refleja en el repertorio fluido de
competencias de Salas y Secciones, y de sus nutridas interacciones y
relaciones, sean estas judiciales u operativas y de coordinación. En una
fase inicial, por ejemplo, se hace imperativo justificar la movilidad del
cuerpo de funcionarios desde el Tribunal hacia las Salas de Justicia. Pero,
con el tiempo, es lógico que el movimiento se produzca, con pleno respeto por
el debido proceso, en la dirección inversa. Y si bien en las etapas
inaugurales las funciones de otras Salas y Secciones deben interpretarse de
suerte que fortalezcan, alimenten, apoyen y faciliten las competencias de la
SRVR, en momentos ulteriores es muy posible que la prioridad global y los
requerimientos de sinergia sean distintos.” (negrillas y subrayado fuera
del texto) Senit-001 de 2019.
[48] La Sección ha estudiado casos en los que un compareciente, a
través de derecho fundamental de petición presentaron solicitud de sometimiento
a la JEP y el otorgamiento de beneficios de LATC o LC, pero las mismas no han
sido contestadas dentro de los términos legales previstos en, primero, en el
Decreto 277 de 2017, y luego de la aprobación de la ley de procedimientos de la
JEP, en la Ley 1922 de 2018.  La Sección constató que el elevado número de
solicitudes que se recibieron en el primer año posterior a la aprobación de la
Ley 1820 de 2016 y del Acto Legislativo 01 de 2017, produjo que (i) la
Secretaria Ejecutiva se congestionara; (ii) luego de la entrada en
funcionamiento de la Jurisdicción, dicha congestión se trasladó a la Secretaría
Judicial, y posteriormente a las Subsecretarías Judiciales de las Salas de
Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. A esa
altura, la Sección de Revisión encontró dos situaciones diferentes: (i) que la
petición de carácter judicial no fuese repartida a los magistrados de las
Salas, y en esa medida permaneciera en la Subsecretaría Judicial, o (ii) que la
solicitud del compareciente fuese repartida a un magistrado de la Sala, pero
este no tomara la decisión dentro de los términos legales. En la Sentencia
TP-SA- 018 de 2018 la Sección de Apelación explicó: “56.1. Una persona puede
dirigir peticiones respetuosas a autoridades judiciales. Si las mismas tienen
un contenido jurisdiccional, la respuesta se somete a las normas legales de
procedimiento ordinario y no a la Ley Estatutaria del derecho de petición. En
caso de omisión de respuesta se incurre en una vulneración al derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, salvo que la dilación esté
justificada.// 56.2. En relación con estas omisiones judiciales, la acción de
tutela resulta procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial
ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de
indefensión, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado
activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial
no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de
cargas procesales. En el mismo sentido se presenta una mora judicial
injustificada, si (i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el
volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. // 56.3.
Desde la entrada en funcionamiento de la JEP, la SDSJ ha recibido más de 2700
peticiones de sometimiento, contexto que la ha llevado a afrontar una
importante congestión judicial.” Ejemplo de esta reglas es  la Sentencia
TP-SA-010 de 2018, donde la Sección confirmó la providencia de tutela de
primera instancia, en la que se declaró improcedente el mecanismo de amparo
iniciado por un miembro de la Fuerza Pública contra la SDSJ y la Secretaría
Ejecutiva de la JEP, quien había solicitado el sometimiento a la Jurisdicción
Especial para a la Paz por ser un actor del conflicto. En esa ocasión la
Sección concluyó que la petición incoada por el compareciente era de carácter
judicial, y que la SDSJ tiene la competencia constitucional y legal para
organizar un plan de trabajo que fije prioridades de temas y procesos.
[49] Folio 258 del
cuaderno principal de la Corte Constitucional. Informe rendido por el
Presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, ante la
Corte Constitucional.
[50] Allegado en disco
compacto al proceso de tutela. Cfr. Cuaderno principal de la acción de tutela.
[51] Anexo III.
Puntualmente Intervención del magistrado presidente de la SDSJ Doctor Pedro
Elías Díaz Romero
[52] Folio 259 del Cuaderno
No. 1 de la Corte Constitucional.
[53] Folio 397 del Cuaderno
No. 1 de la Corte Constitucional.
[54] Folio 319 del
cuaderno principal de la Corte Constitucional.
[55] Sentencia de tutela TP-SA-008 de 2018, Senit- 001 de
2019.
[56] En
la Sentencia TP-SA- 018 de 2018 la Sección de Apelación explicó: “56.1. Una
persona puede dirigir peticiones respetuosas a autoridades judiciales. Si las
mismas tienen un contenido jurisdiccional, la respuesta se somete a las normas
legales de procedimiento ordinario y no a la Ley Estatutaria del derecho de
petición. En caso de omisión de respuesta se incurre en una vulneración al
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, salvo
que la dilación esté justificada.// 56.2. En relación con estas omisiones
judiciales, la acción de tutela resulta procedente cuando (i) no se cuenta con
un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de
un estado de indefensión, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha
comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión
judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al
incumplimiento de cargas procesales. En el mismo sentido se presenta una mora
judicial injustificada, si (i) es fruto de un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un
motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial
o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. // 56.3.
Desde la entrada en funcionamiento de la JEP, la SDSJ ha recibido más de 2700
peticiones de sometimiento, contexto que la ha llevado a afrontar una importante
congestión judicial.” Ejemplo de esta reglas es  la Sentencia TP-SA-010 de
2018, donde la Sección confirmó la providencia de tutela de primera instancia,
en la que se declaró improcedente el mecanismo de amparo iniciado por un
miembro de la Fuerza Pública contra la SDSJ y la Secretaría Ejecutiva de la
JEP, quien había solicitado el sometimiento a la Jurisdicción Especial para a
la Paz por ser un actor del conflicto. En esa ocasión la Sección concluyó que
la petición incoada por el compareciente era de carácter judicial, y que la
SDSJ tiene la competencia constitucional y legal para organizar un plan de
trabajo que fije prioridades de temas y procesos.
[57]
Sentencia TP-SA-008 de 2018.
[58] En
el Auto TP-SA-073 de 2018, en la que la Sección de Apelación fijó reglas
dirigidas a que la SAI contara con criterios orientadores para resolver de
manera ágil las solicitudes abiertamente ajenas a la JEP. Con base en los
previsto en las Leyes 1820 de 2016 y 1922 de 2018, puntualmente en lo previsto
en los artículos 45 y subsiguientes. Determinó la Sección: “A esta altura
resulta relevante insistir que el artículo 45 de la Ley 1922 prescribe unos
requisitos mínimos que debe cumplir el escrito de un compareciente que afirme
tener derecho a los beneficios de la Ley 1820. Por ello, en sana hermenéutica,
esta Sección concluye que, si una persona que acude a la JEP no satisface el
contenido normativo indicado, es perfectamente plausible que el magistrado
sustanciador, in limine, y en casos de peticiones abiertamente infundadas y en
las que a todas luces la JEP carece de competencia, profiera una resolución de
ponente en la que se ordene no avocar conocimiento de un caso.”
[59] En
la TP-SA 011, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz indicó que: “No
siendo la congestión un hecho atribuible a los operadores de justicia y a los
funcionarios de la JEP, la Sección de Apelación considera que los derechos del
tutelante de acceder a la administración de justicia y debido proceso no fueron
injustamente lesionados.” Y se exhortó a la SDSJ para que elaborara,
publicara y ejecutara un plan de prelación dirigido a combatir la congestión
judicial que la aqueja, con base en las facultades legales que le entregó el
artículo 28.7 de la Ley 1820 de 2016.
[60]
Cfr. SENIT-001 de 2018. Según la Sección
de Apelación debido al carácter temporal de la Jurisdicción, ella no puede
esperarse, como ocurre con las jurisdicciones permanentes, a que se desarrolle
el sistema de precedentes judiciales pues, la tardanza en la administración de
justicia transicional tiene un efecto aún más grave del que ocurre con los
jueces ordinarios. Más adelante, en la misma providencia da un paso adelante en
la comprensión del trabajo de la jurisdicción y señala que la estructura, los
objetivos, y las instancias que la conforman están sometidas al principio de
temporalidad estricta. Así, a título de ejemplo, explica que, en un primer
momento, las Salas de Definición de Situaciones Jurídicas, Amnistía e Indulto,
y Reconocimiento de Hechos estarán especialmente sobrecargadas de trabajo, dado
que es en dichas corporaciones donde inician los diferentes procesos.
Posteriormente, con el paso del tiempo lo casos pasaran a la Unidad de
Investigación y Acusación (UIA), otros al Tribunal para la Paz, puntualmente a
sus Secciones de Reconocimiento de Responsabilidad y Ausencia de Reconocimiento
de Responsabilidad. Solo hasta dicho momento, las Salas verán bajar su carga de
trabajo. En el fundamento Jurídico 16 de la Senit se lee: “Las actividades
jurisdiccionales generales y específicas de la justicia transicional –se
reitera– varían con el paso del tiempo, justamente en atención a su particular
fisonomía y misión. Agotada una fase se impone la necesidad de reformar ciertos
entendimientos normativos, así como las prácticas de las correspondientes Salas
o Secciones, tanto respecto de sí mismas, como de las relaciones entre
ellas. Esto es así en virtud del propio diseño constitucional de la JEP,
que se expresa en funciones y tipos de actividades que en todo momento se
combinan y alternan con el fin de progresivamente alcanzar verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, todo lo cual se refleja en el
repertorio fluido de competencias de Salas y Secciones, y de sus nutridas
interacciones y relaciones, sean estas judiciales u operativas y de
coordinación. En una fase inicial, por ejemplo, se hace imperativo
justificar la movilidad del cuerpo de funcionarios desde el Tribunal hacia las
Salas de Justicia. Pero, con el tiempo, es lógico que el movimiento
se produzca, con pleno respeto por el debido proceso, en la dirección inversa.
Y si bien en las etapas inaugurales las funciones de otras Salas y Secciones
deben interpretarse de suerte que fortalezcan, alimenten, apoyen y faciliten
las competencias de la SRVR, en momentos ulteriores es muy posible que la
prioridad global y los requerimientos de sinergia sean distintos. Las
dependencias y órganos deben evolucionar de acuerdo al arreglo preestablecido
por la Constitución y la ley con miras a garantizar el despliegue óptimo y
oportuno de la jurisdicción, teniendo en cuenta el criterio de oportunidad
histórica. La naturaleza dinámica de este modelo judicial –que en esto se
distingue del ordinario–justifica reconfiguraciones periódicas, que han de
surtirse en cada nueva etapa para adelantar, proseguir y culminar las
operaciones y funciones de las que depende el pleno logro del mandato supremo
de la paz.”
[61] Puntualmente, el artículo 59 de la Ley
1922 de 2018 que prescribe: “Además de las restantes funciones establecidas
en la normatividad aplicable, la Sección de Apelación, a fin de asegurar la
unidad de la interpretación del derecho y garantizar la seguridad jurídica,
adoptará sentencias interpretativas.//PARÁGRAFO. Para garantizar la igualdad en la
aplicación de la ley, a petición de las Salas, las Secciones o la Unidad de
Investigación y Acusación, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz
podrá proferir sentencias interpretativas que tendrán fuerza vinculante, con el
objeto de: Aclarar el sentido o alcance de una disposición. Definir su
interpretación. Realizar unificaciones tempranas de jurisprudencia. Aclarar
vacíos, o definir los criterios de integración normativa de la JEP. El
contenido de estas sentencias deberá respetar los precedentes que sobre el
punto haya proferido la Corte Constitucional. Las sentencias interpretativas
también podrán ser proferidas al momento de resolver cualquier apelación.”
[62] En el mismo sentido debe mencionarse la Sentencia de Tutela de
primera instancia proferida el 20 de marzo de 2019, por la Sección de Revisión
del Tribunal para la Paz SRT-ST-096 de 2019, allegado al expediente de tutela
el 15 de mayo de 2019, Folio 271-309 del Cuaderno principal de la Corte
Constitucional.
[63] Caso
(iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260 Robinson
Contreras Angarita; Caso (ix) T-7.211.266 Carlos José Sanabria Pico; Caso (x)
T-7.211.267 Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux
Hurtado; Caso (xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso (xv) T-7.211.274
Michel Antonio Berrio; Caso (xvi) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso
(xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xviii) T-7.211.277 Jesús
Gabriel Viveros Delgado, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños;
Caso (xix) T-7.211.278, Luz Mary García Cerón; Caso (xx) T-7.366.351, Iván
Marino Herrera Serna.
[64] Folio 78-82 del Cuaderno Principal de la Corte Constitucional.
[65] Folio 82 -96 del Cuaderno Principal de la Corte Constitucional,
respuesta de la SAI. Folio 246- 270 del Cuaderno Principal de la Corte
Constitucional, respuesta de la SDSJ.
[66] Folio 37 Expediente
T-7.211.260.
[67] Folio 1 del
Expediente T-7.211.270.
[68] Folio 1 del
expediente de tutela.
[69] Folio 49 del
expediente de tutela.
[70] Artículo 28,
numeral 3 y 7 de la Ley 1820 de 2016.
[71] Cfr. T-052 de 2018.
[72] Cfr. T-230 de 2013, SU-394 de 2016 y T-186 de 2017
[73] Up Supra.
Consideración I. párr. 1.19 y 1.10
[74]Up Supra. 4.19 y
4.20.
[75] Ramón
Jesús Ramírez Quintero
[76] Robinson
Contreras Angarita
[77] Alonso
Chaux Hurtado
[78] Michel
Antonio Berrio
[79]Luis Ángel
Sánchez Méndez
[80] TP-SA- 057 de 2018,
TP-SA-063 de 2018, TP-SA-079 de 2018, TP-SA- 101 de 2019 y TP-SA-213 de 2019. En este último auto
indicó: “La competencia del componente de justicia del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) sobre los hechos y
conductas cometidas en el marco del conflicto armado fue delimitada en el Acto
Legislativo 01 de 2017. Al respecto, la Sección de Apelación ha precisado que
la competencia de la JEP debe interpretarse de la forma más amplia posible, por
tratarse de un mecanismo que tiene como propósito la satisfacción de los
derechos de las víctimas. Sin embargo, lo anterior no implica que esta
jurisdicción pueda asumir conocimiento de asuntos que son propios de otras
jurisdicciones, particularmente, cuando se trata de personas respecto de las
cuales la norma jurídica no le atribuyó competencia alguna. // (…) En cuanto al
argumento del interesado, en el sentido de que los exmiembros de grupos de
autodefensas también fueron parte del conflicto interno, dígase que la
participación de los grupos paramilitares en el conflicto armado no
internacional ha sido reconocida a nivel nacional, por las tres ramas del poder
público del Estado colombiano, y a nivel internacional por los sistemas
Interamericano y Universal de Derechos Humanos. No hay duda de que fueron
grupos armados organizados al margen de la ley que tomaron parte en las
hostilidades y que sus integrantes, en los diferentes rangos de
responsabilidad, cometieron de forma sistemática conductas delictivas que se
pueden clasificar como graves violaciones a los Derechos Humanos y graves
infracciones al DIH. Sin embargo, esta Sección ha reiterado que las
organizaciones de naturaleza paramilitar no cumplen con los requisitos
establecidos del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 por las
siguientes razones:  1. Fue la voluntad de las partes firmantes del AFP y del
constituyente derivado excluirlos de la competencia personal de la JEP, a
efectos de evitar el desconocimiento de los esfuerzos institucionales previos,
enderezados a lograr su judicialización. 2. No existe norma expresa que faculte
a la JEP para admitir la comparecencia de integrantes de organizaciones
paramilitares, como sí existe respecto de otros actores del conflicto (AL 1/17,
arts. 5, 16, 17 y 21 trans.). 3. La competencia personal de la JEP sobre grupos
armados organizados se agota en estructuras de naturaleza rebelde (AL 1/17,
art. 5 trans., inc. 1º), y los paramilitares adolecen de esta calidad, pues no
era su propósito derrocar el orden constitucional vigente. 4. La Jurisdicción
se ocupa de quienes se presentan ante la justicia transicional luego de
celebrar un acuerdo final de paz (AL 1/17, art. 5 trans.) (…)” TP-SA-213 de
2019.
[81] Edier Zarate Martínez.
[82] Folio 6 de esta
sentencia y folio 98 del anexo I.  Confrontar Folio 43 del expediente de Tutela
7.211.272.
[83] Folio 44 del expediente
de tutela T- 7.211.272
[84] Folio 52 del
expediente de tutela T-7.211.272.
[85] “Ello se observa
desde las primeras líneas del escrito que señala “solicitud de formatos y actas
de compromiso de acogimiento a la Jurisdicción especial para la paz y a los
beneficios de la ley 1820 del 2016 y decreto 277 del 17 de febrero de 2017” Folio 5 del
expediente de tutela T-7.211.272
[86] Víctor Saoco Pérez
López
[87] Jesús
Gabriel Viveros Delgado, Deivis Alberto Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños;
[88] Luz Mary
García Cerón
[89] Iván
Marino Herrera Serna.
[90]Folio 369 del
Cuaderno principal de la Corte Constitucional.
[91] Cfr. Artículos 15 y 43 del Reglamento Interno de la JEP (Acuerdo
No. 01 de 2020)
[92]Caso (iv) T-7.211.259 Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v) T-7.211.260
Robinson Contreras Angarita; Caso (xii) T-7.211.270 Alonso Chaux Hurtado; Caso
(xiv) T-7.211.272 Edier Zarate Martínez; Caso (xv) T-7.211.274 Michel Antonio
Berrio; Caso (xvi) T-7.211.273 Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvii)
T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez Méndez; Caso (xviii) T-7.211.277 En relación con
los comparecientes Jesús Gabriel Viveros Delgado; Deivis Alberto Díaz Telpud;
Guillermo Arturo Bolaños; Caso (xix) T-7.211.278; Luz Mary García Cerón; Caso
(xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera Serna
[93] Folio 42 del cuaderno del expediente T-7.211.266.
[94] Cfr. Auto 488 de
2019 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
[95] El GRAI es una instancia prevista en el Artículo 75 del
Reglamento interno de la JEP. Entre otras, dicha instancia resulta ser un apoyo
fundamental para la labor de la jurisdicción pues permite resolver los casos a
partir de la investigación contextualizada.
[96] Al respecto es
posible consultar la sentencia C-137 de 2019.
[97] “Por el cual se
establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del
30 de diciembre de 2016 "por medio de la cual se dictan disposiciones
sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.
[98] "Por el
cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en
desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones".
[99] Caso (iv) T-7.211.259; Ramón Jesús Ramírez Quintero; Caso (v)
T-7.211.260 Robinson Contreras Angarita; Caso (ix) T-7.211.266 Carlos José
Sanabria Pico; Caso (x) T-7.211.267;  Sandra Lucrecia Daniels Guzmán; Caso
(xii) T-7.211.270; Alonso Chaux Hurtado; Caso (xiv) T-7.211.272; Edier Zarate
Martínez; Caso (xv) T-7.211.273; Víctor Saoco Pérez López; Caso (xvi)
T-7.211.274; Michel Antonio Berrio; Caso (xvii) T-7.211.275 Luis Ángel Sánchez
Méndez; Caso (xviii) T-7.211.277 Jesús Gabriel Viveros Delgado, Deivis Alberto
Díaz Telpud, Guillermo Arturo Bolaños; Caso (xix) T-7.211.278 Luz Mary García
Cerón; Caso (xx) T-7.366.351 Iván Marino Herrera Serna.
[100] Debe recordarse que
en el Expediente 7.211.277 (caso xviii), todavía no se ha dado respuesta a los
accionantes Jesús Gabriel Viveros Delgado, Devid Alberto Díaz Telpud, y
Guillermo Arturo Bolaños.
[101] Respuesta de la
Secretaria Judicial de la JEP. Folio 80 del Cuaderno No. 1 de la Corte
Constitucional.
[102] Respuesta de la
Secretaria Judicial de la JEP. Folio 80 del Cuaderno No. 1 de la Corte
Constitucional.