C-330-13
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia C-330/13
REGULACION ESPECIAL E INTEGRAL DE
PROCEDIMIENTO PENAL CUANDO SE ENCUENTRA INVOLUCRADA PERSONA CON DISCAPACIDAD-Inhibición para decidir de fondo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Jurisprudencia constitucional
CONTROL CONSTITUCIONAL DE OMISION
LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia
de la Corte Constitucional
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Jurisprudencia constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inhibición por incumplimiento de
requisitos de certeza, pertinencia y claridad, y existencia eventual de una
omisión legislativa absoluta
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALID-Inhibición para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de los artículos 283,286,288,289,293,348,350,351,356,367 y
368 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal
Referencia: expediente  D-9386
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 283, 286 (parcial), 288 (parcial),
289 (parcial), 293 (parcial), 348, 350, 351, 356, 367 (parcial) y 368 de la Ley
906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
Demandante: Enoc Rodríguez Gómez.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., cinco (5) de junio de dos mil trece  (2013).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4º, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Enoc Rodríguez Gómez
presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 283, 286
(parcial), 288 (parcial), 289 (parcial), 293 (parcial), 348, 350, 351, 356, 367
(parcial) y 368 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal, por considerarlas incompatibles con los artículos 13, 29 y
229 de la Constitución Política.
Mediante
providencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), el
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar
que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
Invitó a participar en el presente juicio a las Universidades Externado de
Colombia, Nacional de Colombia, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, del
Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia, del Atlántico y
del Rosario, de los Andes (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social -Paiis) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),
solicitándoles emitir concepto técnico sobre la norma demandada, de conformidad
con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
En la misma providencia dispuso comunicar la
iniciación del presente proceso al Presidente de la República y al Presidente
del Congreso de la República, para los fines previstos en el artículo 244 de la
Constitución, así como a los Ministerios del Interior, de Justicia y del
Derecho, de Protección Social, y a la Fiscalía General de la Nación.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.
LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe
el texto de las disposiciones demandadas, de  conformidad con su publicación en
el Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004.
“LEY 906
DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004
RAMA LEGISLATIVA - PODER PÚBLICO
<NOTA: Consultar versión corregida de la Ley 906 publicada en el Diario Oficial No. 45.658>
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
(…)
ARTÍCULO 283. ACEPTACIÓN POR EL IMPUTADO. La aceptación por el
imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber
participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva
que se investiga.
(…)
ARTÍCULO 286.
CONCEPTO. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la
Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado,
en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.
(…)
ARTÍCULO 288. CONTENIDO. Para la formulación de la
imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
1. Individualización concreta del imputado, incluyendo
su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de
citaciones.
2. Relación clara y sucinta de los hechos
jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el
descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de
la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para
solicitar la imposición de medida de aseguramiento.
3.
Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de
pena de conformidad con el artículo 351.
ARTÍCULO 289 (Modificado por el artículo 18 de la Ley
1142 de 2007):
Formalidades.
La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado
o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado
por el sistema nacional de defensoría pública.
PARÁGRAFO 1o. <Apartes tachados INEXEQUIBLES, el
resto del parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Ante el juez de control de
garantías, el fiscal podrá legalizar la captura, formular imputación,
solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que
considere procedentes, con la sola presencia del defensor de confianza o
designado por el sistema nacional de defensoría pública, cuando el capturado
haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la
libertad o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su
defensa material. En este caso, la posibilidad de allanarse a la
imputación se mantendrá hasta cuando la persona haya recobrado la conciencia,
con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso 1o del artículo 351 de este código. [El aparte subrayado fue declarado
inexequible mediante sentencia C-425 de 2008].
ARTÍCULO 293 (Modificado por el artículo 69 de la Ley
1453 de 2011): Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si
el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación,
se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía
adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al
Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para
determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que
a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los
intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y
sentencia.
PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados
que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se
demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron
sus garantías fundamentales.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el capturado se encuentre
recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le
permita ejercer su defensa material, el juez de control de garantías, a
solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la
legalización de captura, la formulación de la imputación y la respuesta a las
demás solicitudes de las partes.
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>
(…)
TITULO II.
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA Y EL
IMPUTADO O ACUSADO.
CAPITULO ÚNICO.
ARTÍCULO 348. FINALIDADES. Con el fin de humanizar la
actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la
solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la
reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la
participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el
imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del
proceso.
El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe
observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas
trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de
justicia y evitar su cuestionamiento.
ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Desde la audiencia de formulación de imputación y
hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el
imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación.
Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento
como escrito de acusación.
El fiscal y el imputado, a través de su defensor,
podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el
imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que
el fiscal:
1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación
punitiva, o algún cargo específico.
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.
ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los
cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta
una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se
consignará en el escrito de acusación.
También podrán el fiscal y el imputado llegar a un
preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con
relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria
por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista
en el inciso anterior.
En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a
los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben
referirse a esta nueva y posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado
obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las
garantías fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a
convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan
resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse
por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales
pertinentes.
ARTÍCULO
352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. Presentada la acusación y hasta el momento en que
sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su
responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los
términos previstos en el artículo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito
procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte.
ARTÍCULO 356. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA.
En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:
1. Que las partes manifiesten sus observaciones
pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en
especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de
acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará.
2. Que la defensa descubra sus elementos materiales
probatorios y evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad
de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
4. Que las partes manifiesten si tienen interés en
hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el
término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la
Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.
PARÁGRAFO. Se entiende por estipulaciones probatorias
los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como
probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los
cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta
en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite
ordinario.
(…)
ARTÍCULO 367. ALEGACIÓN INICIAL. Una vez instalado el
juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le
asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá
el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se
declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de
culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de
una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados.
Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá
que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o
de persona ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la
presentación del caso.
ARTÍCULO 368. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA
MANIFESTACIÓN. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá
verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las
consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente,
preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos
corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía.
De advertir
el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales,
rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si
hubiese habido una alegación de no culpabilidad”.
III.
LA DEMANDA
1. El demandante considera que los apartes normativos
subrayados resultan incompatibles con los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política, al no prever diferencias de trato entre imputables e
inimputables durante la etapa de formulación de la imputación, aceptación de
cargos y audiencia pública de juzgamiento, en el proceso penal.
2. El actor comienza por proponer que si el inimputable,
tal como se concibe en el artículo 33 del Código Penal no está en capacidad
de comprender la formulación de la imputación, aceptar cargos, hacer
negociaciones o suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación,
posibilidades establecidas en las disposiciones demandadas para los imputables,
correlativas a beneficios en la dosificación de la pena, entonces se presenta
una violación al derecho a la igualdad.
3. En su concepto, la ausencia de una regulación
especial para los inimputables evidencia un “desdén del poder de
configuración legislativa del Congreso” que afecta la seguridad jurídica,
la estabilidad del sistema penal, y derivan en una omisión legislativa
contraria a los artículos 13, 29 y 229 de la Carta Política. Precisa que, de
acuerdo con la sentencia C-128 de 2011, una omisión de ese tipo se presenta “cuando
se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero
aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento
que, por razones lógicas o jurídica –específicamente por razones
constitucionales- debería estar incluido en el sistema normativo de que se
trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo
hace inequitativo, inoperante o ineficiente”.
De igual manera, estima que, como condición para
adoptar la decisión por la cual se impone una medida de seguridad al inimputable,
el Congreso de la República debe expedir un estatuto especial en el cual se
determine (i) cómo debe nacer el proceso penal contra las personas
inimputables, y (ii) cómo debe adelantarse el juicio oral en esos casos, pues
en la regulación actual resulta claro cuál es la fórmula para ejecutar las
medidas de seguridad, pero no cómo debe efectuarse la formulación de
imputación, la acusación y el juicio oral. Específicamente, en la primera
actuación formal del proceso penal, la formulación de imputación, no existe
distinción alguna en atención a si el infractor es imputable o inimputable, lo
que se constata a partir de la lectura del artículo 126 del CPP (Ley 906 de
2004).
4. Para esclarecer las razones por las que esa identidad
de trato se opone a la Constitución, el actor plantea que el artículo 33 del
Código Penal establece que “es inimputable quien en el momento de ejecutar
la conducta típica y antijurídica, no tuviere capacidad para comprender su
ilicitud, o para determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez
psicológica, trastorno mental, diversidad cultural, o estados similares”.
En ese marco, afirma el actor, que debe definirse el
concepto imputable, como “la persona madura psicológicamente, sano mental, y
quien no presenta incompatibilidades culturales especiales”, y concluye que
se trata de dos “personalidades totalmente opuestas” frente al poder
punitivo del Estado. Al existir una “verdadera” diferencia entre los
sujetos, por lo que deben ser tratados de manera distinta.
La inimputabilidad se puede dar por tres condiciones:
primero, por inmadurez psicológica, que se divide en los supuestos de (i)
minoría de edad, (ii) ceguera o sordomudez (discapacidad visual o auditiva), y
(iii) diversidad étnica o socio cultural. Segundo, por trastorno mental, que
puede ser a su vez (i) permanente, o (ii) transitorio; y tercero, por
diversidad sociocultural (la repetición de esta causa se presenta en la
demanda).
5. El actor afirma que se concentrará en los “inimputables
inmaduros psicológicos mayores de 18 años” y los “trastornados mentales
permanentes y transitorio (enfermo médicamente comprobado”, dejando de lado
los otros supuestos, debido a la existencia de una legislación especial para
los menores de edad (Ley 1098 de 2006) y en cuanto a las etnias “cuentan con
su propia normativa para el juzgamiento de las conductas criminales”.
En la sentencia C-839 de 2001, la Corte Constitucional
se pronunció sobre la necesidad de tratar de manera distinta a los inimputables
por minoría de edad, y de ahí surgió la Ley 1098 de 2006, mencionada. También
en sentencia C-370 de 2002, la Corporación se pronunció sobre la diversidad
sociocultural, y reflexionó sobre la necesidad de adoptar medidas precisas “para
las personas especiales como los inimputables inmadures sicológicos mayores de
18 años y los inimputables trastornados mentales permanentes y transitorios”.
Posteriormente, explica, mediante un esquema las
distintas diferencias entre los dos grupos objeto de comparación, tratados de
igual manera por el Legislador en el procedimiento penal.
PERSONA INIMPUTABLE
PERSONA IMPUTABLE
PRIMERA DIFERENCIA[1]
No tiene capacidad para comprender la ilicitud de su
conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez
psicológica o trastorno mental.
No puede “concebir el acto de imputación, por no
entender, no puede aceptar cargos”.
Es una persona madura psicológicamente, sano mental,
y sin “incompatibilidades culturales especiales”.
Entiende y puede aceptar los cargos.
SEGUNDA DIFERENCIA
“Se les impone medida de seguridad” (no sanción), con fines de protección, curación,
tutela y rehabilitación, que  se concreta en un tratamiento médico, mediante
la internación en establecimientos siquiátricas o clínicas adecuadas.
(Artículos 70 y 71 del Código Penal)
Se le impone sanción con propósitos de prevención
general, justa retribución, prevención especial, reinserción social y
protección al condenado. Se concretan en la restricción del derecho de
libertad de locomoción, “de manera plena dependiendo el monto de prisión”.
Comentario o cuestionamiento: a pesar de esta
diferencia “finalística”, el procedimiento para llegar a ese fin es el
mismo, en contravía del artículo 13 constitucional. Quien no tiene la
capacidad de comprender la ilicitud de la conducta típica y antijurídica al
momento de cometerla, tampoco podrá comprender ninguna de las instituciones
jurídicas establecidas en los artículos demandados, las cuales están
dirigidas exclusivamente a los inimputables, de donde se desprende una
tercera desigualdad.
TERCERA DIFERENCIA
(El demandante la divide a su vez en tres
consideraciones)
No recibe rebajas en el tiempo de duración de las
medidas de seguridad, pues no tiene la comprensión requerida para aceptar
los  cargos imputados (Artículo 288, numeral 3º CPP).
Tampoco puede acceder a esa clase de rebajas porque
la función de la medida de seguridad es curativa y de rehabilitación, así que
no tiene sentido que se prolongue más allá del tiempo necesario para el
restablecimiento de su capacidad psíquica; ni disminuye cuando no se logra la
curación o rehabilitación.
Puede recibir una rebaja de la pena hasta del 50%,
dependiendo, entre otros factores, del momento en que acepte su
responsabilidad.
Un “trastornado mental” no puede ejercer su
defensa material. En caso de captura no es claro cuánto deberá esperar para
que recobre conciencia y se allane a cargos (artículo 289, CPP, modificado por
el 18 de la Ley 1142 de 2007)
En caso de ser capturado inconsciente y
posteriormente recibir auxilio para que recobre su conciencia y en ese
momento aceptar cargos, con acceso a la reducción de la pena (Art. 289, CPP;
modificado por el artículo 18 de la Ley 1142 de 2007).
Carece de iniciativa propia para acordar con el
fiscal los cargos, por lo que no accede a rebaja en el tiempo de duración de
la medida de seguridad (artículos 293, 348, 350, 351, 352 y 356 CPP).
Tiene capacidad para negociar con el fiscal los
cargos imputados y acceder a rebajas de pena (Arts. 293, 348, 350, 351, 352,
356 CPP).
No puede declararse culpable o inocente:   “el
inimputable no es culpable. No podrá responder en juicio al juez”.
Puede declararse culpable para así recibir la
reducción de la pena (Artículos 267 y 268 CP).
6. Según lo expuesto, en concepto del actor, el
inimputable está en desventaja en relación con el imputable, frente a ejercicio
del ius puniendi del Estado. Mientras al segundo la ley le ofrece
beneficios de rebajas de penas y la “posibilidad de rituar un proceso
expedito”, los inimputables son discriminados al verse sometidos a juicios
prolongados, sin resolverse de fondo su situación, “al punto de evidenciarse
decisiones como el decreto de nulidades de allanamientos a cargos, prolongando
el estado de sufrimiento del investigado y sus familias como queda evidenciado
en los audios que se anexan como trabajo de campo efectuado para poder edificar
este juicio de inconstitucionalidad”.
7. Todo lo anterior representa un desconocimiento de
las obligaciones estatales de proteger especialmente a las personas en
situación de debilidad manifiesta; y promover las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, ambas contenidas en el artículo 13 de la
Constitución Política. Para cumplir esos mandatos, el Congreso de la República
debe regular la investigación y juicio de los inimputables por inmadurez
psicológica o trastorno mental, de acuerdo con los principios rectores de la
Ley 906, de manera que existan beneficios para ellos en el procedimiento penal,
sin que el juez deba crear figuras como la semiculpabilidad (hace
referencia a una sentencia que anexa al trámite), eventualmente incompatibles
con el principio de legalidad, o incurra en error al determinar el tiempo de
duración de la medida de seguridad, sin consultar la rehabilitación o curación
de la persona inimputable.
8. Indica que en la sentencia C-370 de 2002 la Corte
afirmó que la calificación de una persona como inimputable “implica (…) un
cierto juicio de disvalor, puesto que implica una especie de protección
paternalista”, y plantea que esa protección no se presenta en el
procedimiento penal seguido a inimputables. De otra parte, afirma que en la
sentencia C-022 de 1999, conceptuó la Corporación que para hablar de igualdad o
desigualdad deben responderse tres preguntas: “¿igualdad entre quiénes?,
¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio”.
Y propone la siguiente respuesta: las normas cuya
inconstitucionalidad demanda tratan de igual manera a “dos distintos”,
imputables e inimputables, al momento de formulación e imputación, formulación
de la acusación y juicio oral, en relación con los requerimientos que se le hacen
para el allanamiento a cargos, la declaratoria de culpabilidad o inocencia. El
criterio es la forma de terminar el proceso penal, mediante penas en un caso y
medidas de seguridad en el otro, pero en ambos casos, “bajo un mismo rito
procesal”.
7. De lo expuesto, surge una infracción a los
artículos 13, 29 y 229 de la Constitución y una “imperfección” en el
sistema procesal penal, que lleva al juez de conocimiento a crear fórmulas
ajenas al ordenamiento jurídico, al juzgar a los inimputables y calcular la
duración de la medida de seguridad (nuevamente, hace referencia a una decisión
judicial, anexa a la demanda). En el caso objeto de estudio “se ha
evidenciado se favorece al IMPUTABLE y nada se dice del sujeto que verdaderamente
está en condición de debilidad manifiesta por condición mental y estado de
marginalidad”.
8. De igual forma se viola el artículo 29 de la
Constitución, pues las formas propias del juicio al inimputable “en las condiciones
hoy plasmadas en el Código Procesal Penal [son] discriminatori[as],
en el entendido de que no hay forma de alcanzar la terminación pronta del
proceso”, a pesar de que la celeridad es una norma rectora del mismo,
porque ello exige conciencia de los actos.
9. Considera que el “inmaduro psicológico” o el
“trastornado mental” no tienen capacidad de comprender la ilicitud del
delito, ni determinarse con esa comprensión, escoger un abogado, controvertir
las pruebas o impugnar la sentencia condenatoria, por lo que es indispensable
que existan reglas claras, concretas y precisas sobre el procedimiento a seguir
en estos casos “porque las normas sustanciales sin las procesales, resultan
de cuestionable aplicación y es allí donde el operador jurídico entra en
vacilaciones y se evidencia la omisión legislativa relativa”, inseguridad
jurídica y desconfianza en el sistema penal; “por lo tanto, aquí se reclama
el estatuto que contenga ‘las formas propias del juicio al inimputable’, para
que en su vinculación al proceso penal y posterior juzgamiento se pueda agotar
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política en
concordancia con el artículo 229 superior”.
“En este
mismo sentido, como el inimputable no comprende y no entiende, la consecuencia
es que no puede reconocer conductas punibles de manera libre y espontánea; pues
no es consciente; en esa medida tampoco puede ser beneficiado de la regla
establecida en el canon 351 y 356 (numeral 5º) del Código de Procedimiento
penal, es decir, no puede aceptar los cargos determinados en la audiencia de
imputación, ni al iniciar la audiencia preparatoria para los efectos de los
beneficios de las rebajas de penas contenidas en esas normas procesales en el
tiempo que eventualmente pueda durar la medida de seguridad imponible. Queda
excluido de esos beneficios si la regla es aceptar cargos de manera
consciente”.
Añade que en las sentencias C-176 de 1993, C-394 de
1995, C-358 de 1997 y C-297 de 2002, la Corte Constitucional colombiana se
pronunció sobre la duración de las penas y las medidas de seguridad, “calificándose
el tratamiento distinto; pero no se ha pronunciado sobre el procedimiento a
seguir para el inimputable”.
10. Con base en esos argumentos solicita declarar “que
las normas acusadas atentan contra el principio de igualdad y como consecuencia
deben ser inaplicadas, es decir declaradas condicionalmente exequibles frente a
los imputables e inxequibles frente a los imputables y le ordene al … Congreso
de la República [que] expida el Estatuto correspondiente para imputar, acusar y
juzgar a los inimputables”.
IV.
INTERVENCIONES
1.
De entidades públicas
1.1.
Del Ministerio del Interior
y de Justicia.
Gloria
Inés Córdoba Rocha, apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia,
solicitó declarar la exequibilidad de los enunciados normativos demandados, con
fundamento en las siguientes razones:
En
un amplio acápite de su intervención se refiere al concepto de inimputabilidad
en el orden jurídico colombiano, con el propósio de explicar que “en derecho
colombiano no es exacto señalar que el inimputable sea irresponsable”, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La distinción entre
imputables e inimputables no se predica de la responsabilidad, sino de la
configuración y estructura de la conducta que sirve de fundamento a la
responsabilidad.
La
inquietud sobre la validez del acuerdo celebrado entre el inimputable y la
Fiscalía para poner fin a un proceso mediante admisión de responsabilidad es
legítima y pertinente, sin que resulte relevante la distinción entre
aceptación, allanamiento a la imputación, y negociación o acuerdo sobre
responsabilidad, pues tales figuras cumplen las mismas finalidades de política
criminal, asociadas a la colaboración con la administración de justicia y la
eficacia de la sanción, a cambio de una disminución de la pena.
El
orden jurídico, sin embargo, “conviene” en que este tipo de terminación
anticipada del proceso o negociación no puede tener aplicación frente a
personas inimputables. En esos casos, el proceso ordinario ofrece el ejercicio
pleno de las garantías debidas al inimputable y es el único dispositivo
adecuado para brindar el rango de protección establecido por la doctrina del
Tribunal Constitucional, según el cual el debido proceso de los inimputables
debe ser especialmente generoso y respetado.
La
jurisprudencia estima que es improcedente la terminación anticipada del proceso
en casos de inimputables, pues este tipo de trámite carecería de objeto, ante
la  imposibilidad de castigar al responsable del delito mediante la imposición
de una pena. Sería un contrasentido reconocer la colaboración a la aceptación
de una responsabilidad que no tiene por supuesto la culpabilidad.
Si,
como consecuencia de la culminación prematura del trámite se disminuyera el
tiempo de tratamiento, curación o rehabilitación (fines que persiguen las
medidas de seguridad), no se protegería la salud mental de la persona afectada.
Por ello, el Estado no puede hacer uso de este tipo de medidas en el juicio de
personas inimputables, dado que su duración no depende de la gravedad del
delito, sino de la recuperación del inimputable, aspecto evidente en casos de
trastorno mental transitorio, en los que no se impone medida de seguridad
alguna.
Tanto
la jurisprudencia constitucional como la penal han enfatizado en que la manifestación
de conformidad con la terminación prematura del proceso debe obedecer a la
libre voluntad del imputado, aspecto que no podría verificarse en relación con
el inimputable, en cuyo caso la aceptación de cargos o la manifestación de
voluntad no sería libre. Su conocimiento estaría viciado en razón a su
condición mental.
El
respeto por la dignidad de las personas inimputables es la razón por la que la
jurisprudencia descarta que el proceso penal pueda concluir de manera prematura
porque (i) la garantía del juzgamiento debe ser reforzada y generosa, lo que
sólo se logra en el proceso ordinario; (ii) los fines que persigue el
procedimiento abreviado sólo son compatibles con penas que se cuantifican con
base en la gravedad y demás circunstancias del delito, aspectos que no se
determinan de igual manera en las medidas de seguridad, cuya duración depende
del proceso de recuperación del paciente. Cualquier disminución del período
efectuada de esa manera no resultaría beneficiosa para la persona sino que la
perjudicaría, al igual que a la sociedad. Y (iii) el consentimiento del
inimputable sería viciado, incumpliendo la condición legal de que la aceptación
o allanamiento a los cargos sea libre, voluntaria, razonada y ampliamente
informada.
En
relación con la presunta violación de los artículos 13, 29 y 229
constitucionales, expresa que la culpabilidad se fundamenta en la capacidad de
comprender y orientar los actos hacia esa comprensión, y que de acuerdo con el
artículo 33 del Código Penal, el inimputable no cuenta con esa facultad. No
actúa culpablemente pues no puede valorar la antijuridicidad de la acción, ni
regular su conducta de forma consecuente. Por ese motivo es diferente aplicar
una pena al sujeto activo de la infracción, con funciones de prevención
general, retribución, prevención especial, reinserción social y protección al
condenado a una medida de seguridad, cuya finalidades, según el artículo 5º del
Código Penal, son de protección, curación, tutela y rehabilitación, pues el
sujeto activo padece una enfermedad o trastorno mental que incidió en la
realización de una conducta típica y antijurídica, condición que demanda
atención y asistencia.
Cuando
el trastorno mental es transitorio, y no preordenado, el agente no obra dentro
de las distintas formas de culpabilidad, por lo que no puede imponérsele pena
ni medida de seguridad, pues no le es exigible una conducta adecuada a la
norma. En ese sentido, la imputabilidad o inimputabilidad son conceptos
jurídicos, cuya declaración corresponde al juez, no al médico, después del
análisis del material probatorio bajo los principios de la sana crítica. Lo que
resulta importante para su declaración no es el origen de la alteración, sino
su “coetaneidad con el hecho realizado”.
En
relación con la omisión legislativa, la Corte ha sostenido que el actor debe
demostrar “(i) que existe norma constitucional expresa que contemple el
deber de expedir la norma que la desarrolle; (ii) que el Legislador omitió tal
obligación, sin que mediara motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente
la misma materia; (iii) que la conducta omisiva propicia una desigualdad de
trato injustificada entre los casos que no están sujetos a las consecuencias
previstas por la norma” (Cita C-509 de 2004),
Esas
condiciones no se cumplen en el caso objeto de estudio, pues de las normas
demandadas no surge la obligación de promulgar la regulación que se considera
omitida.
2.  De Instituciones Educativas.
2.1. De la Universidad de Ibagué
La
Institución educativa mencionada presentó escrito a la Corte Constitucional,
solicitando declarar la inexequibilidad del precepto acusado, con base
en las siguientes razones:
De
acuerdo con el artículo 33 del Código Penal, existe una diferencia entre
personas imputables e inimputables. Las primeros pueden conocer la ilicitud o
antijuridicidad de sus actos y adecuar su conducta de manera conforme a lo
exigido por el ordenamiento jurídico y la ley penal específicamente, mientras
que las segundos carecen de esa capacidad.
Con
base en esa distinción, el proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004, y
concretamente, las normas objeto de censura constitucional, enfrentan a las
personas inimputables a una serie de preguntas, compromisos y situaciones
incompatibles con su condición. Así, la formulación de la imputación, la
pregunta sobre la aceptación de cargos, la acusación, o la posible suscripción
de acuerdos, son asuntos que no deberían hallarse previstos cuando el proceso
involucra a una persona inimputable.
Por
lo tanto, se configura la omisión legislativa relativa que destaca al actor, y la
Corte debe ordenar al Legislador que promulgue una regulación integral en la
materia.
2.2. De la Universidad de los Andes.
La
Universidad mencionada, a través del Programa de Acción por la Igualdad y la
Inclusión Social (Paiis), intervino en este trámite con el propósito de
solicitar la declaración de exequibilidad de las disposiciones
demandadas. Sin embargo, solicita que la decisión se condicione con el
propósito de que la Corte haga explícita la obligación de todas las autoridades
e instituciones involucradas en el proceso penal, de adoptar los ‘ajustes
razonables’ que sean necesarios para que las personas con discapacidad
vinculadas a un proceso penal ejerzan sus derechos a la igualdad y el debido
proceso, y destaque la obligación estatal de reconocer la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el
Estado bajo la Convención de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Paiis
divide su intervención en cuatro acápites, así: (i) la diferencia entre la
inimputabilidad y la discapacidad; (ii) la obligación del Estado de reconocer
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; (iii) las obligaciones
estatales frente a las personas con discapacidad involucradas en el proceso
penal, y (iv) las peticiones concretas elevadas a la Corte.
a.
En el acápite destinado a establecer la diferencia entre inimputabilidad y
discapacidad, indican que el actor parece confundir el concepto de inimputablidad
con el de discapacidad cognitiva y psicosocial, al asumir que una persona
inimputable no puede comprender las actuaciones que tienen lugar en el proceso
penal desde la formulación de la imputación y la captura, hasta la sentencia.
Precisan
que la inimputabilidad se refiere al estado mental de una persona al momento de
comisión de la conducta típica, y no genera ninguna presunción de incapacidad
para comprender otros actos. La discapacidad es una categoría que expresa una
forma de diversidad humana. La CDPD (integrada al orden interno por el artículo
93 de la Constitución) representa un cambio de paradigma en materia de
discapacidad, al abandonar concepciones que la asocian a un castigo o una
enfermedad, y establecer en cambio que se trata de “un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (CDPD,
Preámbulo, literal e) , y disponer en su artículo 1º que se incluyen entre las
personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
De
acuerdo con la Convención, Colombia está obligada a adoptar un modelo ‘social’
de la discapacidad, con oposición a los modelos de ‘prescindencia’ o ‘médico’
que históricamente han dominado la concepción de la discapacidad. El primero,
al asociar la discapacidad a cuestiones religiosas, tenía por respuesta la
eliminación o la segregación de las personas con discapacidad; mientras que el
segundo, consistente en ubicar las causas de la discapacidad en la ciencia,
considera que las personas con discapacidad pueden ser útiles a la sociedad si
superan un proceso de “normalización”: si la discapacidad es una
enfermedad, puede y debe tratarse. La incapacidad equivale entonces al
diagnóstico médico y confiere a la persona experta (el médico) el manejo de la
vida de las personas con discapacidad, por lo que el modelo deriva en prácticas
sobreprotectoras, incluida la sustracción de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, suponiendo que no pueden “entender el mundo” y
precisan de protección, lo que termina por silenciar su proyecto de vida,
voluntad y preferencias.
El
modelo social consagrado en la CDPD, y obligatorio en Colombia, asocia la
discapacidad con la interacción entre las limitaciones funcionales de una
persona y las barreras existentes en el entorno, que le impiden el pleno
ejercicio de sus derechos. La causa de la discriminación no se encuentra en la
diversidad funcional sino en las limitaciones de la sociedad para prestar
servicios básicos y adecuados que aseguren su inclusión social y para reconocer
que las personas con discapacidad tienen gran capital para aportar a la
sociedad, por lo que deben eliminarse las barreras que impidan el goce efectivo
de sus derechos:
“La CDPD establece la obligación de reconocer la
capacidad jurídica plena de las personas con discapacidas en su artíclo 12, por
tanto, es necesario afirmar que no se puede determinar si una personas es
inimputable dentro de un proceso penal basándose en criterios objetivos.  Cada
caso es bien distinto y el hecho de que una persona tenga una discapacidad
cognitiva, sensorial o psicosocial no puede ser un elemento definitivo para la
inimputabilidad ni genera una presunción de inimputabilidad.
El demandante, citando la legislación vigente y
doctrina colombiana, hace una clasificación de las personas inimputables, así,
afirma que los menores de edad, las personas ciegas, sordas y mudas son en
todos los casos inmaduros psicológicamente y por lo tanto inimputables; de
igual forma se da a entender que todas las personas que posean una discapacidad
psicosocial, serían inimputables en caso de verse sindicados en un proceso
penal. Sin embargo, el demandante está cometiendo un grave error al igualar la
discapacidad con la inimputablilidad, estos son conceptos distintos y uno no
implica necesariamente los otros (sic). En ningún momento en el artículo 33 del
Código Penal colombiano se menciona la discapacidad como elemento constitutivo
de la inimputabilidad”.
Para
los intervinientes, los conceptos de ‘inimputabilidad’ y ‘medidas de
seguridad’, en sí mismos, presentan cuestiones constitucionales que deben
examinarse a luz de los artículos 13 y 14 de la CDPD, como lo ha sostenido la
Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas sobre
los Derechos Humanos. Sin embargo, como ese concepto no es objeto de la
demanda, la intervención se centra en señalar que inimputabilidad no equivale a
discapacidad, y que la primera debe determinarse en el marco de un proceso
penal tomando en cuenta las circunstancias presentes al momento de la comisión
de una conducta punible.
b)
Reconocimiento de capacidad jurídica a las personas con discapacidad.
La
CDPD establece en su artículo 12 el derecho al igual reconocimiento de las
personas con discapacidad ante la ley y especialmente, de su plena capacidad
legal, eliminando por lo tanto la presunción de incapacidad frente a personas
con discapacidad, mediante la regla general de ‘apoyo en la toma de
decisiones, en lugar de la sustitución de la voluntad’.
Según
el artículo citado, los Estados parte de la Convención tienen la obligacíon de
tomar medidas pertinentes y efectivas para el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad en iguales condiciones que las demás personas.  En
ese marco, las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica en todos los aspectos de su vida, obligación que no se
agota en asuntos patrimoniales y financieros, sino que comprende el acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población.
A
su turno, el artículo 13 de la CDPD obliga a los Estados partes a capacitar a
los funcionarios de la administración de justicia y realizar los ajustes
procedimentales adecuados, con el fin de que las personas con discapacidad
participen de manera directa e indirecta en los procesos judiciales.
La
Convención, en fin, obliga a reconocer que las personas con discapacidad son
sujetos de derecho, con plena capacidad jurídica para “usar derechos y gozar
su ciudadanía y contraer obligaciones”, en tanto instancias del ejercicio
de reivindicación y dignificación de estas personas, en procura de la inclusión
y participación social plena. La vinculación de una persona con discapacidad
cognitiva o psicosocial a un proceso penal no implica la presunción de
inimputabilidad, sino de capacidad legal a la luz de la CDPD, y la obligación
de adoptar los ajustes razonables para que acceda a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás personas, durante el proceso, y en el momento de
ejecución de la pena.
c)
Ajustes razonables en el proceso penal para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad.
El
artículo 2º de la CDPD define los ajustes razonables como “las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos y libertades fundamentales”, e
indica que la discriminación por motivos de discapacidad incluye la ausencia de
ajustes razonables.
La
Corte ha desarrollado esa obligación al referirse a la implementación de
políticas con enfoque diferencial. Así, en la sentencia T-285 de 2012 reconoció
la obligación de garantizar la asistencia especial a las personas con
discapacidad, refiriéndose expresamente a la adopción de ajustes razonables. En
un procedimiento penal, todas las autoridades involucradas deben adoptar los
ajustes razonables requeridos mediante protocolos que permitan garantizar la
igualdad de las personas con discapacidad inmersas en el proceso.
Los
ajustes razonables hacen innecesaria la promulgación de un régimen paralelo
para inimputables, tal como el que propone el actor en su demanda. Ese régimen
probablemente aumentaría el estigma y la discriminación contra las personas con
discapacidad cognitiva, psicosocial y auditiva, quienes ya enfrentan estigmas
asociados con la poca credibilidad de su testimonio o la ausencia de
información pertinente divulgada mediante formatos accesibles, lo que
claramente afecta su derecho fundamental a la igualdad.
Las
personas con discapacidad cognitiva enfrentan múltiples barreras cuando entran
en contacto con la justicia penal. La Asociación Estadounidense sobre
Discapacidades Intelectuales y Desarrollo (AAIDD) afirma que cuando las están
involucradas en un proceso penal, como imputados o víctimas, enfrentan miedos,
prejuicios y falta de comprensión. Los operadores jurídicos, en general,
carecen de conocimiento adecuado para la aplicación de estándares de debido
proceso en estos casos.
La
organización citada señala, además, que las personas con discapacidad (i) “son
victimizados con una frecuencia entre cuatro y diez veces mayor que las
personas sin discapacidad y sin embargo, con frecuencia son ignoradas o
devualuadas, y sus casos raramente juzgados”; (ii) “son excluidas de
forma rutinaria en razón de estereotipos o prejuicios sobre su competencia para
testificar y [sufren la] denegación de sus necesidades de apoyo y
ajustes”; (iii) “enfrentan denegaciones del derecho al debido proceso y
la representación efectiva en cada etapa del proceso”; (iv) son “sujetas
a abusos, explotación y exclusión de programas de habilitación, al momento de
ser encarceladas”; (v) “al entrar en contacto con el sistema de justicia
penal, las autoridades no identifican la discapacidad por falta de experticia
para discernir (y con frecuencia las personas con discapacidad cognitiva
compensan muy bien, por lo que la discapacidad se vuelve invisible)”; (vi) “las
personas con discapacidad cognitiva con frecuencia dan declaraciones en su
contra o aceptan cargos porque quieren complacer a las personas, o están
confundidas, o han sido desinformadas a través de técnicas de investigación
usadas inapropiadamente. Pueden también renunciar a sus derechos sin saberlo
por no conocer las obligaciones del Estado”; (vii) “ven denegado su
derecho a hablar porque se considera que su testimonio no es creíble, ya sea como
testigo, víctima o sindicado”.
En
una investigación realizada por Paiis entre enero y mayo de 2012, sobre la
respuesta de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina
Legal y la Defensoría del Pueblo, en casos de violencia sexual contra personas
con discapacidad, se concluyó que no existen protocolos claros para garantizar
ajustes razonables para la participación de las víctimas con discapacidad en el
proceso penal; y se evidenció la inaccesibilidad física y comunicacional que
caracteriza los lugares en que se desarrolla el proceso penal.
Recalcan
los intervinientes que el Estado tiene la obligación apremiante de dar
respuesta a esa situación y que la adopción de ajustes razonables debe ocurrir
desde la primera actuación del proceso, mientras que la determinación de
inimputablilidad sólo se da en la fase de sentencia, después de haber
considerado las pruebas allegadas al proceso.
Explican
que una persona con discapacidad cognitiva, auditiva o psicosocial no siempre
será inimputable; pero todas las personas con discapacidad requieren, siempre,
ajustes razonables dentro del proceso penal, dirigidos a garantizar la
accesibilidad. Estos ajustes pueden incluir “modificaciones arquitectónicas
(…) modificaciones en los formatos en los que se presenta la información sobre
los derechos y deberes de la persona vinculada (…) ajustes en los tiempos de
comunicación y plazos”.
El
artículo 2º de la CDPD define el lenguaje“como toda aquella forma de
comunicación verbal, no verbal, la lengua de señas y cualquier otra, y con el
fin de transmitir efectivamente la comunicación”, de donde se deriva la
obligación estatal de disponer de dispositivos adecuados para lograr una
comunicación plena y adecuada, “tales como comunicaciones en formatos
accesibles y aumentativos, intérpretes, sistemas auditivos, lenguaje sencillo y
de fácil comprensión, dispositivos multimedia, y en general cualquier mecanismo
que la tecnología de la información permita” para alcanzar ese fin.
Pueden
concebirse diversos tipos de ajustes requeridos para una justicia inclusiva,
tales como la capacitación de los operadores judiciales en materia de discapacidad
y en los programas de derecho; la participación de
las personas con discapacidad en la educación legal y práctica jurídica; la
accesibilidad física de las instituciones, el desarrollo de sistemas de
comunicación apropiados y acordes a la diversidad de capacidades; la creación
de códigos y manuales de fácil lectura, incluidos el sistema braille y la
disponibilidad de intérpretes de lengua de señas.
Por
ello, resulta indispensable que las autoridades judiciales brinden los ajustes
y modificaciones requeridos para que las personas con discapacidad accedan en
igualdad de condiciones a la justicia y ejerzan su derecho al debido proceso;
y prever un soporte para que su voluntad sea tenida en cuenta, como
consecuencia del reconocimiento de su capacidad plena.
La
aplicación de apoyos en la toma de decisiones y el ejercicio de la capacidad
jurídica establecida en la Convención, es un sistema que potencia la toma de
decisiones por parte de la persona con discapacidad, libre de obstrucciones o
sustituciones por otras personas. Por lo tanto, no es necesario un nuevo
régimen para inimputables, sino la realización de los ajustes razonables y la
creación de un sistema de apoyo para que todas las personas puedan comprender
las etapas del proceso penal.
Por
lo expuesto, solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de los enunciados
normativos demandados y ordenar “a todas las autoridades intervinientes en
el proceso penal y ejecución de las penas, el desarrollo e implementación de
protocolos dirigidos a garantizar la adopción de todos los ajustes razonables
requeridos para que las personas con discapacidad vinculadas a un proceso penal
ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano bajo la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
2.3. De la Universidad del Rosario.
El
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario presentó concepto en el presente
trámite, solicitando (i) declarar la exequibilidad condicionada de las
disposiciones demandadas, en el entendido de que solo son aplicables en
procesos penales en los que se juzgue a personas imputables, y (ii) exhortar al
Congreso de la República para que expida un cuerpo normativo que regule el
allanamiento a cargos cuando el procesado sea inimputable.
De
acuerdo con la intervención, el derecho penal colombiano plantea una
diferenciación entre imputables e inimputables que consiste en que, si bien
ambos pueden incurrir en conductas típicas y antijurídicas, sólo los primeros
cumplen con el requisito de la culpabilidad. Sin embargo, en materia de aceptación
de cargos, como vía para la finalización del procedimiento penal, el Código de
Procedimiento Penal no hace diferenciación alguna entre unos y otros.
Ese
tratamiento, formalmente igualitario, produce sin embargo una desigualdad
material, pues el inimputable, al estar afectado en su esfera mental sufre
también una afectación de su capacidad de conocimiento, que le dificulta
comprender y procesar la información que le es transmitida y que no le permite
entonces responder adecuadamente ante esa información.
El
allanamiento de los cargos es el momento en que el juez pregunta al procesado
si desea aceptar los cargos por los que se le juzga, explicándole las
consecuencias jurídicas de esa actuación. “Un inimputable, cuya psiquis está
afectada (…) no puede comprender el tipo de información suministrada por el
operador de justicia, por lo que le será imposible formar un juicio suficiente
para tomar una decisión consciente en un asunto tan importante como es su
libertad”.
Por
ello, la consecuencia de la responsabilidad penal en el caso de los imputables
es la imposición de una pena, mientras que a los inimputables les corresponde
una medida de seguridad. Esa diferencia merece la existencia de normas
procesales propias, adecuadas a la persona procesada. Por ello, considera que
debe existir un ordenamiento especial para los inimputables en materia de
allanamiento de cargos.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de la competencia prevista en los
artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, el  Procurador General de la Nación
emitió el concepto No. 5505 de veinticinco (25) de enero de dos mil trece
(2013) solicitando que la Corte se declare inhibida para pronunciarse de
fondo sobre las acusaciones planteadas contra los enunciados normativos
demandados, contenidos en la Ley 906 de 2004. Fundamenta su posición en las
siguientes consideraciones:
1. La Corte Constitucional ha considerado procedente
la presentación de cargos de inconstitucionalidad por omisión legislativa,
advirtiendo que en esos casos, los requisitos argumentativos mínimos deben
hallarse plenamente satisfechos. En ese orden de ideas, ha admitido demandas en
las cuales, en lugar de discutirse una oposición entre un texto legislativo y
una disposición constitucional, se reprocha una omisión legislativa relativa, “un
elemento que por razones lógicas o jurídicas (…) debería estar incluido en el
sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una
imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente, en
particular por producir por lo general violaciones del derecho a la igualdad o
(…) al debido proceso”.
En esos eventos, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional es imprescindible que el demandante acredite “(i) que
exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la
misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador”.
De igual forma ha señalado la Corporación que cuando
el Legislador no reproduce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber que
le ha impuesto la constitución, de manera que se presenta una omisión
legislativa absoluta, la Corte no cuenta con un referente normativo para hacer
la confrontación con la Constitución, lo que le impide adelantar el juicio de
inconstitucionalidad.
En ese marco, la Procuraduría considera que la demanda
objeto de estudio no satisface los requisitos constitucionales para construir
un cargo por omisión legislativa relativa, pues lo que el actor reprocha es que
no exista un estatuto que regule la imputación, acusación y juzgamiento de
personas inimputables mayores de 18 años, razón por la cual solicita ordenar al
Congreso de la República que expida tal normatividad.
Esa omisión no se predica entonces de cada una de las
normas demandadas, sino de todo el ordenamiento jurídico. Si pudiera decirse
que de los artículos invocados se desprende para el Legislador la obligación de
proferir un estatuto que regule el proceso penal contra las personas
inimputables, en cualquier caso, la Corte carece de una norma o referente legal
con el cual contrastar el cumplimiento o incumplimiento de ese deber, pues las
normas demandadas no se refieren a inimputables, sino que, por el contrario,
toman en consideración a las personas imputables, a quienes sí se puede juzgar
en su culpabilidad; condenar y sancionar penalmente y, por la misma razón, pueden
aceptar las conductas que les son imputadas, negociar con el ente acusador y
beneficiarse de penas menores a las que les correspondería en caso contrario.
Resulta imposible agregar o introducir a las
disposiciones normativas contenidos absolutamente nuevos y distintos, en donde
se regule lo relativo a los inimputables, quienes, como afirma la demanda, se
encuentran en una situación radicalmente diferente y, por esa misma razón, no
pueden recibir el mismo trato.
Finalmente, considera que en atención a los artículo
6º, 121, 241 y 113 de la Constitución Política, la Corte no cuenta con la
competencia de dictar órdenes al Congreso de la república ni de fijarle
condiciones para el ejercicio de su función constitucional, como lo pretende el
actor.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este
caso, de la Ley  906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
Problema jurídico planteado.
De acuerdo con lo expuesto en los
antecedentes de la demanda, corresponde a la Sala Plena de la Corte
Constitucional determinar si los artículos 283, 286, 288, 289, 293, 348, 350,
351, 356, 367 y 368 de la Ley 906 de 2004 son incompatibles con los principios
de igualdad (artículo 13, CP), debido proceso (artículo 29, CP) y acceso a la
administración de justicia (artículo 229 CP), al no prever un tratamiento
especial para los inimputables en las etapas del juicio penal correspondientes
a la imputación de cargos, la aceptación de los mismos y celebración de
acuerdos con la Fiscalía General de la Nación.
Antes
de resolver el problema jurídico recién esbozado, la Corte deberá responder los
cuestionamientos que algunos intervinientes han elevado sobre la aptitud de la
demandada y, especialmente, aquellos contenidos en el concepto de la
Procuraduría General de la Nación.
Examen sobre la aptitud de la demanda.
1.
La acción pública de inconstitucionalidad constituye una manifestación del
derecho fundamental de participación y la concepción participativa de la
democracia, así como una herramienta particularmente eficaz para asegurar la
supremacía y el carácter normativo de la Constitución. Su ejercicio, por lo
tanto, no se encuentra condicionado al cumplimiento de exigentes requisitos
procedimentales, ni requiere la asistencia de un profesional del derecho, según
lo establecen las normas reglamentarias pertinentes.
2.
Este instrumento de control es particularmente poderoso en el estado
constitucional, pues involucra a los ciudadanos en la conservación del poder
normativo de la Carta, y les permite oponer en juicio su interpretación de las
normas superiores, con aquella que refleja el Legislador en las opciones
hermenéuticas que acoge, al promulgar o derogar las leyes.
Corresponde
a la Corte Constitucional adelantar en ese evento un juicio de compatibilidad
lógica y normativa entre los mandatos de la Constitución Política y las normas
de rango legal, como manifestación de la competencia genérica de guardar la
supremacía e integridad de la Carta Política, misión que debe cumplir en los
precisos términos de las funciones que le confiere el texto superior. (Artículo
241, Constitución Política).
4.
La relación que surge entonces entre el Congreso de la República, foro primordial
de la democracia representativa, los ciudadanos, en ejercicio de la democracia
participativa, y el Tribunal Constitucional, órgano al que se encomienda la
guarda y la interpretación autorizada de las normas de mayor jerarquía en el
orden jurídico, llevan a que su regulación prevea ciertas exigencias destinadas
a evitar limitaciones injustificadas en el ejercicio del poder de configuración
del derecho que, de manera amplia, ostenta el Legislador (Artículos 150 y 114
CP).
Esas
exigencias, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, se
concretan en (i) señalar la normas acusadas y las que se consideran
infringidas, (ii) la competencia de la Corte, (iii) el trámite desconocido en
la tramitación del acto demandado, y (iv) las razones de la violación.
5.
Además de ello, la Corporación ha expresado que el cumplimiento formal de
esos requisitos debe estar acompañado de mínimas exigencias argumentativas,
destinadas a evitar dos peligros: el primero, que la Corporación establezca por
su cuenta las razones de inconstitucionalidad (los cargos), convirtiéndose en
juez y parte del trámite de inconstitucionalidad y generando una intromisión
desproporcionada del Tribunal Constitucional en las decisiones del Congreso. El
segundo, que ante la ausencia de razones comprensibles, que seriamente
cuestionen la presunción de legalidad de la ley, deba proferirse un fallo
inhibitorio, que frustre el objetivo último del acceso a la administración de
justicia.
6.
Concretamente, esa carga argumentativa consiste en que las razones de
inconstitucionalidad sean (i) claras, es decir, que la demanda siga un
curso de exposición y presente unas razonamiento inteligible sobre la presunta
inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que
significa que no se basen en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas
o irrazonables de los textos demandados, sino que expongan un contenido normativo
que razonablemente puede atribuírseles; (iii) específicas, desechándose
por tanto los argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes,
al plantear la oposición abstracta entre la ley y la Constitución; y no a
indagar la conveniencia o corrección de las decisiones legislativas observadas
desde un parámetro distinto a los mandatos del Texto superior; y (v) suficientes,
lo que denota su capacidad para generar una duda inicial sobre la
constitucionalidad de la Ley, tomando en cuenta que, en virtud de su origen
democrático, esta se presume constitucional[2].
7.
En relación con el cumplimiento de estos requisitos, sin embargo, la
Corporación ha indicado que la argumentación contenida en el escrito de demanda
debe ser analizada de manera flexible y que, en caso de dudas sobre su aptitud,
debe procederse al estudio de fondo pues desde el punto de vista de la eficacia
de los derechos de participación y acceso a la administración de justicia, son
preferibles las sentencias de fondo que los pronunciamientos inhibitorios.
Estas reglas constituyen a grandes rasgos el principio pro actione, que
ha sido explicado en recientes decisiones de la siguiente manera:
“No obstante, también ha resaltado, con base en el
principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la
demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte.
Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de
carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige
acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que
aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de
apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y
que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo
la demanda y fallando de fondo.’”[3].
8.
En síntesis, las demandas de inconstitucionalidad deben presentar razones de
censura claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, para
que la Corte pueda entrar a decidir de fondo sobre reales problemas jurídicos
de constitucionalidad, en el marco de un juicio de carácter normativo y
abstracto. Sin embargo, esos requisitos deben analizarse con suficiente
flexibilidad para que no se conviertan en una restricción desproporcionada del
acceso a la administración de justicia y a la participación ciudadana.
Finalmente, en caso de duda sobre su satisfacción, corresponde a la Corte
abordar el fondo de la discusión.
9.
El requisito de suficiencia adquiere especial protagonismo en el
análisis de cargos por omisiones legislativas, pues debido a las
particularidades de esta especie de control constitucional, la demanda debe
cumplir ciertas exigencias adicionales, sin que ello implique una renuncia al
principio pro actione. La existencia de requisitos adicionales no impide
que en el análisis de cada uno de ellos se aplique el principio citado.
El
principio pro actione, en otros términos, no puede suplir carencias
absolutas de argumentación, ni frente a demandas por actuaciones ni en relación
con las que acusan la existencia de omisiones legislativas. Pero en caso de que
sea posible identificar el cargo de inconstitucionalidad a pesar de las
deficiencias de la demanda, o de duda sobre la satisfacción de las condiciones
citadas, deberá ser incorporado al escrutinio judicial sobre la procedencia de
la acción. En un amplio número de demandas por omisión legislativa relativa se
evidencia una marcada relación entre omisiones legislativas y el mandato de  no
discriminación, o la protección de grupos vulnerables, razón adicional para la
aplicación del citado principio.
A
continuación, la Sala hará referencia a las condiciones para abordar cargos por
omisiones legislativas, requisitos que deben cumplirse para que la demanda
cumpla con la carga argumentativa de suficiencia.
10.
El control de constitucionalidad exige contrastar un texto legal con la
Constitución Política, con el propósito de determinar si el primero es compatible
con los mandatos contenidos en la segunda, pues esa conformidad es condición de
validez de las normas, en un sistema jerárquico en el que la Carta Política
ocupa el lugar más alto de las normas jurídicas socialmente establecidas. El
texto legal es entonces la concreción del actuar legislativo, y su existencia
es imprescindible para que la Corte inicie el examen de compatibilidad lógica y
normativa abstracto propuesto mediante la acción ciudadana.
Sin
embargo, no todas las demandas cuestionan los mandatos que se desprenden de lo
que dice un texto constitucional. Desde sus inicios, la jurisprudencia
constitucional debió analizar la procedencia de demandas de
inconstitucionalidad que se dirigían a cuestionar si una disposición específica
(o su contenido normativo) resultaba incompatible con la Constitución, no por
lo que expresaba sino por lo que callaba. Y en esas decisiones consideró
procedente el estudio de fondo, pues existía un texto objeto de control y que
su silencio podía ser razonablemente interpretado como una norma
implícita, con carácter de permisión o prohibición de supuestos que,
inversamente, estarían prohibidos o permitidos por la Constitución Política.[4]
Se
evidenció, además, en esas decisiones, la ya mencionada existencia habitual de
una relación entre esos cargos y el principio de igualdad: los silencios solían
comportar exclusiones. Esa relación, aunque puede considerarse una tendencia
general de las demandas por omisión legislativa, no constituye el único
supuesto en que ésta puede producirse. Con el tiempo, la Corporación las asoció
también a violaciones al derecho fundamental al debido proceso y el derecho de
defensa; y, finalmente, en decisiones recientes, ha aceptado su procedencia
ante la ausencia de elementos que tornan insuficientes o “incompletas”
las decisiones legislativas, en el sentido de no satisfacer adecuadamente los
mandatos superiores.
11.
En la sentencia C-543 de 1996, la Corporación analizó con especial detenimiento
la procedencia de la acción para estudiar la inconstitucionalidad de omisiones
legislativas absolutas, entendidas como la ausencia de un desarrollo
legislativo sobre materias en las que su necesidad fue prevista y ordenada por
el Constituyente, situación que se diferencia de las omisiones relativas,
debido a que en las últimas, sí existe la concreción legislativa que, por
diversas razones se acusa de ser insuficiente para concretar de manera adecuada
las cláusulas del Texto Superior.
En
la sentencia citada (C-543 de 1996) se rechazó la procedencia de la acción y la
competencia de este Tribunal en estos eventos. La Corte, en efecto, no puede
suplir un vacío integral de regulación sin interferir intensamente en el
ejercicio de funciones de la rama legislativa, ni cuenta con herramientas para
controlar la absoluta inactividad legislativa en los distintos frentes en que
debe proyectarse:
“De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina se
entiende por omisión legislativa ‘todo tipo de abstención del
legislador de disponer lo prescrito por la Constitución’. Dichas omisiones,
entonces, se identifican con la ‘no acción’ o falta de actividad del
legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le impone
expresamente el Constituyente. Para que se pueda hablar de omisión legislativa,
es requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa que
contemple el deber de expedir la ley que desarrolle las normas constitucionales
y el legislador lo incumpla, pues sin deber no puede haber omisión. En
consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la ausencia de
leyes por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar. (C-543 de
1996).
Así, mientras en el primer evento, hablaríamos de la
omisión absoluta de un deber que la Constitución ha establecido de manera
concreta, que implica necesariamente la ausencia de normatividad legal, en los
demás, nos estaríamos refiriendo a la violación del deber derivado del
principio de igualdad o del derecho de defensa, como elemento esencial del
debido proceso, por cuanto la ley existe pero no cubre todos los supuestos que
debería abarcar. Hay aquí una actuación imperfecta o incompleta del legislador.
En cambio en la primera, no hay actuación en absoluto. (Ibídem).
[…] la acción pública de inconstitucionalidad si bien
permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no
autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido,
conforme a las directrices constitucionales. Las actuaciones penalmente
encuadrables o constitutivas de faltas disciplinarias están sujetas a un
control que escapa a la competencia de la Corte. || Lo que se pretende mediante
la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha
vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta
razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las
omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto  qué
comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda
ser sujeto de control”.
12.
En síntesis, del análisis efectuado en la sentencia C-543 de 1996 sobre la
omisiones legislativas es posible extraer tres conclusiones, para la
procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Primero, debe existir una
norma legal objeto de control, pues en ausencia de texto específico, la
Corporación carece de competencia para adelantarlo[5]; segundo, la omisión debe
surgir de un deber constitucional explícito y concreto, pues de otra forma,
debe entenderse que el Legislador decidió no regular el aspecto o la materia
cuyo desarrollo exige el demandante; y, tercero, la Corte carece de competencia
para controlar omisiones legislativas absolutas, sin perjuicio de la
posibilidad de los afectados por esa situación de perseguir por otros medios la
eficacia de sus derechos. (C-543 de 1996).
13.
Posteriormente, la Corporación avanzó en la comprensión de la
inconstitucionalidad por omisión, sentando de manera sistemática en la
sentencia C-185 de 2002, las pautas básicas de análisis sobre eventuales
omisiones del Legislador[6].
En el fallo se plantearon las condiciones de procedencia de la acción, tal como
actualmente se conciben; y la imposibilidad de adelantar el control si la
demanda no específica cuál es la norma que origina la exclusión de un supuesto
que debía prever, según la Constitución Política.
“Por el contrario, en el caso de la llamada omisión
relativa o parcial, la competencia de la Corte Constitucional para proferir
decisión de fondo está plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre
una acción normativa del legislador, específica y concreta, de la que éste ha
excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta
imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina
por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se
han debido integrar a sus presupuestos fácticos. En consecuencia, puede afirmarse
que en esta hipótesis, se cumple a cabalidad el fundamento básico del control
constitucional - la confrontación objetiva entre la ley y la Constitución -, ya
que el debate se suscita en torno a un texto legal que se reputa imperfecto en
su concepción, y que a partir de la ausencia parcial de regulación, al
cotejarlo con la Carta, aquél puede resultar arbitrario, inequitativo o
discriminatorio en perjuicio de ciertas garantías constitucionales como la
igualdad y el debido proceso.[7]
para efectos de proceder al examen de
constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso
en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el
cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.[8]
[…] sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de
una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación
contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este
sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir
pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea
predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u
otros que no hayan sido vinculados al
proceso: ‘Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión
legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el
contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte,
no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto
indeterminado de normas con el argumento de
que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a
atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de
menos’”[9].
14.
El remedio judicial adecuado frente a una omisión legislativa depende, a su
vez, de la naturaleza de esta última. Por las razones expuestas, en caso de que
se demande la declaración de una omisión absoluta, la Corte debe proferir una
decisión inhibitoria por ausencia de competencia. Por el contrario, al
constatar la existencia de omisiones relativas, la Corporación ha acudido, por
regla general a decisiones aditivas, destinadas a incorporar en el
entendimiento de la disposición los supuestos dejados de lado por el Legislador
en la regulación, aunque también ha considerado procedente proferir exhortos al
Legislador para que colme la laguna[10],
cuando el supuesto normativo que hace falta en la regulación podría ser
desarrollado de distintas maneras, de manera que el llamado (exhorto) preserva
la competencia general de configuración del derecho del Congreso de la
República. Sobre el punto, expresó la Corporación en sentencia C-728 de 2009:
“En las sentencias C-891A  de 2006 y C-208 de
2007, la Corte hizo un recuento de las opciones aplicables al propósito de
reparar una omisión legislativa contraria a la Constitución, para lo cual
señaló, en primer lugar, que es preciso tener en cuenta que, ‘(…) como quiera
que en tales hipótesis la inconstitucionalidad no radica en los contenidos
normativos que cuentan con base textual expresa, sino en un significado
implícito que surte efectos violatorios de la Carta, la depuración del ordenamiento
no se logra mediante el decreto de la inexequibilidad de las disposiciones de
la cuales se predica la omisión y que lo conducente es neutralizar el comentado
efecto de la omisión legislativa que riñe con la Constitución y en su lugar
incorporar un significado que sea acorde con los dictados superiores.’
Así, dijo la Corte que cuando la inconstitucionalidad
de la omisión legislativa proviene de una violación del principio de igualdad,
de ordinario la solución se encuentra en una sentencia de exequibilidad aditiva
que permita extender a los sujetos excluidos la cobertura de aquellos
contenidos normativos de los que se predica la omisión. || Tal solución no cabe,
sin embargo, al menos sin cierto tipo de matización, cuando la omisión no se
desprende de la exclusión de algunos sujetos en circunstancias en las cuales
cabía predicar el imperativo constitucional de una identidad de régimen
jurídico, eventualidad ante la cual se ha planteado la alternativa de una
sentencia integradora “(…) que permita mantener la disposición enjuiciada en
el ordenamiento y superar la inconstitucionalidad derivada de la omisión ‘...
desplazando la lectura afectada de invalidez mediante la proyección, sobre el
precepto inferior, de los contenidos de la Carta que, en esas circunstancias,
brinda una solución constitucionalmente adecuada, precisa e indudable’”[11]
14.
En el asunto objeto de estudio, en concepto del Procurador General de la
Nación, la demanda es inepta para generar una decisión de fondo, por diversos
motivos. Por otra parte, aunque el Ministerio de Justicia y del Derecho no
solicita la inhibición, sí sostiene que el actor atribuye a las normas
demandadas un contenido que no es predicable de ellas, pues desconoce que la
inimputabilidad depende de la declaración que, en ese sentido, efectúe el juez
al dictar sentencia.
El
señor Procurador General de la Nación considera que el cargo no satisface las
condiciones mínimas de estudio de una omisión legislativa relativa; de una
parte, porque las normas cuestionadas no hacen referencia al procedimiento de
las personas inimputables, de manera que no existe una norma específica que
pueda ser objeto de control abstracto; y de otra, porque el actor solicita la
expedición de un régimen procedimental específico e integral para las personas
inimputables, lo que demuestra que su argumentación tiene por objeto demostrar
la existencia de una omisión legislativa absoluta, lo que debe llevar a un
fallo inhibitorio.
Por
su parte, el grupo Paiis, de la Universidad de los Andes, si bien comparte
algunas de las críticas a la demanda y principalmente, la confusión entre
inimputabilidad y discapacidad psíquica, considera que sí es procedente un
fallo de fondo y que este debe consistir en la declaratoria de exequibilidad
condicionada de las disposiciones demandadas. Los argumentos de la demanda
suponen que el inimputable es una persona que, en el momento de adelantarse el
proceso penal no posee la capacidad de comprender las actuaciones que en este
se desarrollan; presupuesto fácticamente equívoco y normativamente incompatible
con los mandatos de reconocer la autonomía y capacidad jurídica de las personas
con discapacidad, contenidos en la CDPD.
En
concepto del grupo académico, la respuesta constitucional al problema
planteado, una vez efectuadas las precisiones previas, no debe ser la
declaratoria de inexequibilidad de la norma, sino un pronunciamiento de
constitucionalidad condicionada, en el sentido de que todos los funcionarios y
operadores jurídicos involucrados en el proceso penal deben efectuar los ajustes
razonables para evitar la violación al principio de igualdad y la
prohibición de discriminación, y asegurar al máximo la participación y la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad en el proceso penal.
15.
En criterio de la Sala Plena, la demanda plantea diversos problemas
argumentativos al ser analizada bajo los parámetros sentados en la decisión
C-1052 de 2001, y en la jurisprudencia sobre omisiones legislativas relativas,
reiterada en párrafos precedentes, como pasa a explicarse. Estos problemas
afectan la certeza, pertinencia y suficiencia de la demanda.
15.1.
El primer problema de certeza de la demanda consiste en la utilización
ambigua de la expresión “inimputabilidad” y su confusión con la
expresión “imputado”. Así, aunque el actor comienza por citar el
artículo 33 del Código Penal, que define la inimputabilidad, y afirma además,
con bases doctrinales que el ordenamiento penal colombiano recoge un concepto “biopsicológico
– normativo” de inimputabilidad, esto es, un concepto que relaciona
una condición mental con unos supuestos que se determinan jurídicamente,
posteriormente habla de la persona inimputable como “trastornado médicamente
certificado”, y bajo ese supuesto construye toda su acusación.
El
error en que incurre es que, tras aceptar la existencia de condicionantes
normativas en el concepto de inimputabilidad, que concretamente hacen referencia
a (i) que la condición mental que padezca la persona juzgada estuviera presente
y hubiera incidido en la realización de la conducta típica y antijurídica
objeto de juzgamiento; y (ii) que esta condición le haya impedido al agente
comprender la antijuridicidad del hecho, el actor obvia todo ello para plantear
que es inimputable quien sea diagnosticado con un “trastorno mental”
determinado.
Este
error es relevante no solo porque el uso ambiguo del término condiciona el
significado de las premisas sobre las que edifica su cargo, sino porque
efectivamente se proyecta en toda la concepción de los cargos, pues el actor
plantea que debe existir un procedimiento específico para los inimputables, entendiéndolos
como “trastornados mentales” o “inmaduros psicológicos”, pero pasa por
alto que la inimputabilidad se deberá comprobar en el proceso (precisamente por
sus componentes normativos) y, por lo tanto, solo podrá considerarse
jurídicamente existente cuando el juez la declare al dictar sentencia. El
Programa Paiis desvela, en su intervención, con claridad el error
argumentativo. El actor confunde los conceptos de persona con discapacidad
psicosocial o cognitiva con inimputable. La Sala volverá sobre este
punto al momento de plantear sus reflexiones finales, a partir del fundamento
16 de esta providencia.
15.2.
En segundo término, la demanda no satisface el requisito de claridad, porque
incurre en una contradicción lógica en su censura.
De
acuerdo con el razonamiento del actor, el Legislador violó el principio de
igualdad al proferir las normas cuestionadas, pues previó un trato idéntico
para personas que se encuentran en una situación de hecho diferente, o que son
diferentes, como en ocasiones lo afirma. Como puede verse en el cuadro incorporado
en la demanda -resumido en los antecedentes de esta providencia-, en concepto
del demandante existen diferencias entre las personas imputables e inimputables
que no fueron tomadas en cuenta por el Legislador al momento de regular la
formulación de la imputación, la acusación, la posibilidad de allanamiento a
los cargos, y la eventual celebración de acuerdos entre el imputado y la
Fiscalía, entre las que se cuentan la posibilidad de entender el delito y los
cargos que se le imputan; la diferencia entre los fines de las penas y las
medidas de seguridad.
Sin
embargo, su razonamiento se dirige a cuestionar las consecuencias jurídicas derivadas
de ese trato idéntico y que ubican en situación de desventaja a los inimputables,
quienes, por hallarse en condición de vulnerabilidad derivada de las patologías
mentales que enfrentan, deberían recibir un trato diferencial favorable.
En
esa línea argumentativa afirma que las normas demandadas prevén beneficios en
la dosificación de la pena y permiten la posibilidad de lograr la terminación
anticipada del proceso, pero tales medidas solo pueden favorecer las personas
imputables, pues los inimputables no puede comprender el alcance de esos
beneficios, ni obtener su aplicación al momento de imponérseles una medida de
seguridad, lo que lleva a los jueces a adoptar decisiones incompatibles con el
principio de legalidad y la seguridad jurídica que debe caracterizar el
procedimiento penal. Un acuerdo suscrito con un inimputable puede ser declarado
nulo, perdiéndose así la celeridad del proceso.
El
problema de claridad en la demanda es que se plantea la violación del principio
de igualdad al dar un tratamiento jurídico idéntico a imputables e inimputables
en relación con los mecanismos de aceptación de la imputación, allanamiento a
cargos y celebración de acuerdos con la Fiscalía; sin embargo, lo que en
realidad reprocha es que es la diferencia de consecuencias jurídicas, debido a
la imposibilidad para acceder a los beneficios de rebajas de penas y
terminación anticipada del proceso.
No
hace falta acoger todas las premisas fácticas sobre las que se basa la demanda,
por demás discutibles, sobre la imposibilidad del inimputable para comprender
distintas actuaciones del proceso, para percibir el problema argumentativo de
la demanda. El actor considera inconstitucional la inexistencia de un
procedimiento para que el inimputable acepte cargos (o la acusación o negocie
con la Fiscalía) porque ello le impide acceder a beneficios. Pero a la vez
explica que esos beneficios no tienen sentido en su caso por las diferencias
entre las penas y las medidas de seguridad; e incluso propone que dentro del
fin de prevención especial de las segundas no tiene sentido la rebaja de la
pena, dado que su duración depende de la condición de salud del afectado y no
deben extenderse una vez se demuestra la rehabilitación o curación de la
persona.
En
ese marco, si según los propios argumentos del actor, de las medidas de
seguridad está excluido el fin retributivo (o de retribución justa y
proporcional a la gravedad del delito), ¿cuál es entonces la lesión a los
derechos de los inimputables derivada de que no accedan a rebajas en la
duración de la medida ni a la terminación anticipada del proceso? El actor
responde esa pregunta con base en lo que –afirma- ha evidenciado en sentencias
dictadas en casos concretos (trabajo de campo, según explica). En esas
decisiones, según su narración, se ha declarado la semiculpabilidad de
la persona; se ha efectuado una tasación inadecuada de la medida de
seguridad o se ha declarado la nulidad de lo actuado, en caso de aceptación de
cargos por un inimputable[12].
Al
respecto, debe decirse que estas razones carecen de pertinencia. No son
susceptibles de análisis en sede de control abstracto, pues se concretan en
acuaciones dirigidas contra las decisiones adoptadas por los jueces de
conocimiento de distintos procesos penales y no son objeto de control por parte
de la Corte.
15.3.
Con todo, las deficiencias planteadas pueden ser superadas, con base en las
precisiones que diversos intervinientes han planteado sobre los cargos de la
demanda, y en aplicación del principio pro actione. Como se explicó en
considerandos previos, este principio debe aplicarse de manera tal que la Corte
no sea quien plantee los cargos de inconstitucionalidad para luego decidir
sobre su viabilidad, pero persiguiendo a la vez la eficacia del derecho de
participación y el acceso a la administración de justicia. En la medida en que
la demanda atañe a los derechos de personas de especial protección
constitucional y a la eficacia del principio de igualdad y la prohibición de
discriminación, resulta plenamente justificada su aplicación en esta
oportunidad.
En
ese orden de ideas, a pesar de sus deficiencias argumentativas, la demanda toca
una materia de evidente relevancia constitucional. Los derechos de las personas
con discapacidad mental o psíquica en el marco del proceso penal o, en otros
términos, si, con independencia de los beneficios a los que puedan acceder
estas personas, la inexistencia de un estatuto de procedimiento penal para las
personas con este tipo de discapacidades es violatoria del derecho a la
igualdad.
Propuesto
así el problema jurídico, aún se enfrenta con dos objeciones importantes,
propuestas por la Procuraduría General de la Nación. Primero, las disposiciones
demandadas no hacen referencia a las personas con discapacidad mental. Ello,
sin embargo, no implica que las excluyan, como asume el demandante (Este
aspecto se explicará con mayor detalle a partir del considerando 16, sobre precisiones
finales). Sin embargo, lo que debe resaltarse es que el concepto de
discapacidad mental, o disfunción mental, al que parece apuntar la
demanda es en verdad amplio y comprende supuestos muy diversos. No es cierto,
ni fáctica ni normativamente, que en todos estos supuestos la persona con
discapacidad mental carezca de capacidad jurídica o de capacidad cognoscitiva
para comprender el procedimiento penal.
Segundo,
la omisión legislativa relativa se caracteriza por excluir determinados
supuestos que deberían ser incluidos en una regulación específica y determinada
por parte del Legislador. El actor plantea en este caso todo lo contrario: que
el legislador incluye a las personas con discapacidad mental en el mismo
supuesto que a las personas que no presentan esa condición. De ahí surge un
problema técnico, que da lugar a la tercera objeción planteada en el concepto
de la Procuraduría dentro de este trámite. No puede por vía de omisión
legislativa solucionarse este problema, en tanto no es claro cuál “ingrediente”
podría añadirse a las disposiciones demandadas para solucionar el problema de
igualdad planteado.
Y
ello revela el tercero de los problemas de la demanda, una vez interpretada. El
actor no propone la ausencia de un “ingrediente” en las disposiciones
demandadas, sino la inexistencia de una regulación integral sobre el
procedimiento que debe aplicarse a las personas con discapacidad, preocupación
que se haría evidente en los momentos del proceso en los que se le solicita
expresar autónomamente su voluntad (la aceptación de la  imputación, el
allanamiento a los cargos, y la celebración de acuerdos con la Fiscalía de la
Nación).
En
caso de que el actor tenga razón en ese reproche, no estaríamos frente a una
omisión legislativa relativa, sino ante una ausencia integral de regulación, o
en otros términos, una omisión legislativa absoluta, en los términos explicados
en el fundamento 16 de esta decisión.
De
acuerdo con las consideraciones precedentes, debido a problemas de certeza,
pertinencia y claridad de la demanda; y en atención a que se discute la
existencia eventual de una omisión legislativa absoluta, la Corporación se
declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre los cargos de la demanda.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de los artículos 283, 286, 288, 289, 293, 348, 350, 351, 356, 367 y 368
de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal,
por los cargos de la demanda.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte  Constitucional, y
archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en comisión
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente en comisión
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en vacaciones
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-330/13
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL O COGNITIVA-Obligaciones del Estado en todo tipo de
procedimientos, incluidos aquellos de carácter penal (Aclaración de voto)
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Incidencia de ésta
en el marco constitucional colombiano (Aclaración de voto)
ENFOQUE PARA COMPRENSION DE LA SITUACION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Prescindencia,
marginación, rehabilitador y social (Aclaración de voto)
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y BARRERAS SOCIALES-Aspectos para distinguir al momento de acercarse a la
situación de las personas con discapacidad mental en el proceso penal
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE TOMA DE CONCIENCIA-Las personas con discapacidad no deben permanecer como
un colectivo invisible por más tiempo (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL-Eliminación de barreras que impidan el goce efectivo
de los derechos por parte de las personas con discapacidad (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y adaptaciones para garantizar a las
personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus
derechos humanos y libertades fundamentales (Aclaración de voto)
CONTROL CONSTITUCIONAL DE OMISION
LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia
de la Corte Constitucional (Aclaración de
voto)
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala Plena, en esta
oportunidad aclaro el sentido de mi voto, debido a que, si bien comparto el
sentido de la decisión, estimo que la argumentación presentada en la sentencia
es insuficiente, por las siguientes razones:
1.
Comparto la decisión adoptada por la Sala Plena en la sentencia C-330 de  2013.
Tal como lo explicó la Corte, estimo que el actor planteó una interpretación de
las normas demandadas basada en una confusión entre los conceptos de inimputabilidad
y discapacidad psicológica o cognitiva, que afecta la certeza de la
demanda; considero que en caso de subsanar esa dificultad con base en el
principio pro actione, asumiendo así que el actor en realidad pleanteaba
la necesidad de un régimen especial en materia de mecanismos de terminación
anticipada del proceso por colaboración, tal cargo no podía ser abordado de
fondo por aludir a una omisión legislativa absoluta.
2.
Sin embargo, como ponente de la decisión, presenté a la Sala Plena un proyecto
de sentencia en el cual, además del texto actual de la providencia se
adelantaron algunas precisiones sobre las obligaciones del Estado frente a las
personas con discapacidad mental o cognitiva, relevantes en todo tipo de
procedimientos, incluidos aquellos de carácter penal. La mayoría de los
Magistrados consideró que esas reflexiones resultaban innecesarios, una vez
definida la ausencia de competencia de la Corte para emitir un pronunciamiento
de fondo.
3.
Respeto la decisión mayoritaria, en el sentido de aprobar el proyecto sin esos
considerandos, pues entiendo que la economía argumentativa es una virtud
judicial. Sin embargo, no comparto con la mayoría la apreciación sobre la
irrelevancia o impertinencia de tales consideraciones, pues estos resultaban de
especial trascendencia en el marco del problema jurídico abordado y se
relacionaban directamente con el sentido de la decisión. A continuación,
trascribo los numerales eliminados de la ponencia original:
“Tomando
en cuenta que, como se explicó, la demanda y la posterior discusión iniciada
por los intervinientes atañe los derechos de un grupo de especial protección
constitucional, la Sala adelantará unas precisiones finales sobre el alcance de
esta decisión, para evitar que se interprete como una negación de derechos de
las personas con discapacidad.
A
pesar de esta conclusión [es decir, la ineptitud de la demanda], la Sala
constata que el problema jurídico planteado concierne a un grupo de especial
protección constitucional, cuyos derechos deben ser respetados con especial
intensidad en el marco de un proceso penal y, particularmente, a partir de la
ratificación y aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se explicará en los párrafos
finales, la inhibición frente a los cargos presentados en la demanda no implica
un desconocimiento de esos principios y de los deberes del Estado frente a este
grupo poblacional:
16.
La inquietud que se presenta en la demanda y se refleja en las intervenciones
presentadas en este trámite es un asunto que no solo posee plena relevancia
constitucional, sino que además se relaciona con una de las materias de mayor
actualidad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La
reciente adopción por las Naciones Unidas de la Convención sobre Derechos de
Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención) constituye un momento
clave en el cambio de paradigma que viene gestándose hace más de dos décadas en
el derecho internacional de los derechos humanos sobre la concepción jurídica
de la discapacidad. La Convención puede interpretarse como la decisión
internacional de dirigir sus esfuerzos hacia un enfoque social de la
discapacidad, dejando atrás el enfoque médico que caracterizó su
concepción en el pasado.
La
Corte Constitucional se ha referido a esta situación en diversos
pronunciamientos, resaltando los elementos centrales de la orientación social
de la discapacidad. Cabe entonces distinguir entre dos conceptos que suelen
rodear el entendimiento de los derechos de las personas
con discapacidad. Tradicionalmente, la discapacidad se concibió como la
existencia de una limitación funcional que afectaba a la persona y le impedía
desarrollarse plenamente durante su vida, cumplir un rol determinado o aportar
a la sociedad en términos productivos. El manejo de una situación como esta se
concretaba en la atención médica destinada a la recuperación de la limitación
funcional, condicionando así la integración de la persona a la superación de
tal condición.
El
enfoque social no pone su mirada en las funciones fisiológicas, mentales o
físicas de la persona, sino que la traslada a la sociedad, para identificar la
discapacidad con la falta de adaptación del medio a todas las personas, sin importar
cuáles son las funciones que cumplen y cuáles se les dificultan, consciente de
que todos los seres humanos ejercen o desempeñan algunas de mejor manera que
otras, por lo que, como indica Christian Courtis[13], es desafortunado que el
enfoque tradicional de la discapacidad se haya concentrado en etiquetar a las
personas por lo que no pueden hacer. Sobre los distintos acercamientos a
la discapacidad, la Corte ha explicado:
“3.6. En las sentencias C-804 de 2009 y T-340 de 2010,
la Corte hizo una amplia referencia a las distintas perspectivas adoptadas
históricamente para la comprensión de la situación de las personas con
discapacidad. Esos enfoques fueron denominados “de prescindencia”, “de
marginación” “rehabilitador (o médico)”, y “social”.
3.6.1. De forma concisa, el enfoque de “prescindencia”
entiende la discapacidad desde una perspectiva metafísica, como un castigo de
los dioses, el producto de brujería o de una maldición, así que propone, como
medida para enfrentarla, la eliminación de la persona que la padece.  Este
enfoque desconoce así la dignidad humana de la persona con discapacidad, y
considera legítimo prescindir de ella (como su nombre lo indica) o relegarla al
ostracismo.
3.6.2. En el modelo de “marginación, las
personas con discapacidad son equiparadas a seres anormales, que dependen de
otros y por tanto son tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia.
No sobra señalar que esta idea sobre la persona con discapacidad ha llevado a
justificar prácticas de marginación social, fundadas en que a las personas con
discapacidad se deben mantener aisladas de la vida social”. (C-804 de
2009).
3.6.3. El enfoque de “rehabilitación” (o
médico) concibe la discapacidad como la manifestación de diversas condiciones
físicas, fisiológicas o psicológicas que alteran la normalidad orgánica de la
persona. Desde ese punto de vista, como es natural, las medidas adoptadas se
cifran en el tratamiento de la condición médica que se considera constitutiva
de la discapacidad.
Este enfoque respeta la dignidad de la persona con
discapacidad pero sólo en tanto se concibe que puede ser curada de ella, y
tiene (o ha tenido en el tiempo) manifestaciones difícilmente compatibles con
el respeto por los derechos humanos, como el internamiento forzado, o la
facultad de los médicos de decidir sobre los aspectos vitales de la vida del
sujeto con discapacidad. Sin embargo, también tiene la potencialidad de brindar
información científica relevante para el diseño de sistemas de atención en
seguridad social de las personas con discapacidad.
3.6.4. Finalmente, el enfoque “social” asocia
la discapacidad, no a la condición médica de una persona sino a la reacción
social o a las dificultades de interacción con su entorno, derivadas de esa
condición. Esa reacción social limita la autodeterminación de la persona con
discapacidad y le impide integrarse adecuadamente a la comunidad. Desde esa
óptica, el enfoque social tiene por norte la adopción de medidas que (i)
permitan al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía de la persona con
discapacidad; (ii) aseguren su participación en todas las decisiones que los
afecten; (iii) garanticen la adaptación del entorno a las necesidades de la
persona con discapacidad; y (iv), aprovechen al máximo las capacidades de la
persona, desplazando así el concepto de “discapacidad” por el de “diversidad
funcional”. [14]
De
esta forma vale la pena distinguir entre dos aspectos, al momento de acercarse
a la situación de las personas con discapacidad mental en el proceso penal. De
una parte, la diversidad funcional haría referencia a la condición médica que
según criterios de esa ciencia puede concebirse como un “trastorno”. De otra
parte, las barreras sociales, que son las limitaciones de la sociedad para
permitir la integración de todos quienes la componen.
A
decir verdad, como se observa en la definición del artículo 2º de la
Convención, el instrumento no abandona por completo la diversidad funcional,
ni parece necesario dejarla de lado, pues como toda diferencia en un orden
constitucional respetuoso de la dignidad de todas las personas, es un insumo
del pluralismo. Lo que sí resulta claro, es que la Convención encauza sus
esfuerzos en la eliminación de las barreras sociales.
Ello
explica la solicitud de declaratoria de exequibilidad condicionada de las
disposiciones demandadas, formulada por el programa Paiis, de la Universidad de
los Andes. Los intervinientes dejan en claro que, en efecto, el proceso penal
puede ser fruto de violación de derechos de las personas con discapacidad si no
se adoptan cautelas especiales que les aseguren un trato igualitario en la
diferencia y si no se asumen las obligaciones que el país adquirió con la
suscripción de la Convención, y otros instrumentos jurídicos afines.
18.
La Corporación, según se explicó, carece de competencia para declarar la
exequibilidad de la normas demandadas, y menos aún para condicionar su
interpretación para hacerla acorde con la Carta Política, como requiere Paiis,
pues ello implicaría entrar a decidir sobre la eventual existencia de una
omisión legislativa absoluta. Por fortuna, tampoco resulta imprescindible una
decisión de ese tipo para alcanzar el loable objetivo perseguido por la
demanda, el programa Paiis y otros intervinientes.
La
Convención hace parte del bloque de constitucionalidad, en tanto instrumento de
derechos humanos ratificado y aprobado por Colombia, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política. En ese sentido, sus
normas se encuentran incorporadas al orden interno, y sus cláusulas cuentan con
jerarquía constitucional, de manera que, de una parte, vinculan al Legislador,
y de otro lado, pueden y deben ser aplicadas directamente por los jueces en los
casos concretos.
Además
de ello, la interpretación y aplicación de las demás normas del ordenamiento
debe ser conforme a sus mandatos, lo que significa que siempre que una persona
con discapacidad mental se vea inmersa en un proceso penal tiene derecho a
exigir de las autoridades los deberes que el Estado asumió al suscribirla.
Diversos principios y mandatos de la Convención deben ser tenidos entonces en
cuenta por todos los operadores jurídicos involucrados en el proceso penal, en
tanto normas integradas a la Constitución Política.
19.
El primer principio que desea destacar la Sala es el de toma de conciencia. Las
personas con discapacidad no deben permanecer como un colectivo invisible por
más tiempo. Para que sus derechos sean adecuadamente protegidos y respetados en
el marco del proceso penal es imprescindible el desarrollo de políticas de
capacitación para jueces, fiscales y demás funcionarios que intervienen en el
proceso penal. Es también necesario que esa capacitación dé cuenta de la
primacía del enfoque social y, en consecuencia, genere en los funcionarios el
compromiso de erradicar las barreras para el ejercicio pleno de los derechos de
las personas con discapacidad.
20.
En segundo lugar, recuerda la Sala que el principio de accesibilidad
universal ordena expresamente la eliminación de barreras que impidan el
goce efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Este
derecho suele asociarse –acertadamente- a la adecuación de las instalaciones,
de manera que el acceso a las mismas no representen cargas desproporcionadas
para las personas con discapacidad. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio,
e incluye el diseño e implementación de sistemas de comunicación adecuados,
servicios de intérpretes, formatos especiales, y cualquier otra medida
destinada a eliminar las desigualdades en el acceso.
21.
En tercer término, según lo solicitó la tantas veces nombrada intervención del
programa Paiis, el principio de ajustes razonables constituye tal vez la
pieza esencial en el marco de las medidas que el estado debe adoptar, de manera
inmediata, para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Este principio, se concreta en “las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas requeridas en un caso particular, para garantizarle a las personas
con discapacidad el goce y el ejercicio en condiciones de igualdad de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, los cuales no deben imponer una
carga desproporcionada o indebida” al Estado (T-427 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; CDPC, artículo 2º, inciso 3º).
Los
ajustes razonables obedecen a la constatación sobre la diversidad de la
diversidad funcional, y la diversidad de barreras que pueden
enfrentar las personas con discapacidad. Unas y otras (diversidades funcionales
y barreras sociales) no pueden ser previstas en su integridad por las normas
generales y abstractas, lo que justifica la adopción de estos ajustes en cada
caso, a medida que el orden normativo en su conjunto avanza hacia la plena
inclusión de todos y todas.
Sin
embargo, no hace falta un pronunciamiento de la Corte para que ello ocurra. Los
jueces, fiscales, y demás autoridades tienen la obligación de aplicar este tipo
de ajustes siempre que ello resulte necesario, y la omisión en el cumplimiento
de ese deber puede ser demandada por vía de la acción de tutela, en la medida
en que se traduzca en un desconocimiento de los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad.
22.
En ese sentido, debe indicarse que la adopción de la Convención comporta para
el Estado colombiano un conjunto de obligaciones para hacer efectivos los
derechos de las personas con discapacidad. Siguiendo una clasificación
consolidada en el derecho internacional de los derechos humanos, ese conjunto
comprende obligaciones de respeto, cumplimiento y garantía, sin que en el texto
de la Convención se haya expresado de manera taxativa cuáles son de
cumplimiento inmediato y cuáles deben adaptarse progresivamente.
Con
todo, en la redacción de la Convención se planteó la importancia de mantener
presentes los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad
de los derechos humanos, aspecto que, recogido por la jurisprudencia
constitucional, significa el rechazo de la categorización entre derechos
fundamentales, a manera de “generaciones”, o de “derechos positivos y
negativos”, “de defensa y prestacionales” (C-288 de 2012, entre otras). En
efecto, ha comprendido la Corte que los derechos, como conjuntos complejos de
posiciones jurídicas comportan obligaciones positivas y negativas; de hacer y
no hacer; más o menos costosas.
En
ese contexto jurisprudencial deberán interpretarse las obligaciones contraídas
por el Estado, sin que sea posible ni necesario en esta oportunidad analizar el
alcance de cada una de ellas. Sí resulta adecuado, empero, señalar que por su
naturaleza, los ajustes razonables deben adoptarse de forma inmediata siempre
que ello resulte necesario.  En efecto, se trata de medidas que no suponen cargas
o costos exorbitantes para el Estado, y que obedecen a las necesidades de cada
caso, de donde se sigue que no existe justificación para postergar su eficacia.
Otras
medidas deberán adelantarse de manera progresiva, pero es enfática la Corte al
señalar, en armonía con lo expresado por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General Número 3, que la
progresividad es incompatible con la pasividad y que supone dar pasos
constantes hacia la plena eficacia de todos los derechos humanos.
22.
Finalmente, dada la inquietud constitucional que motiva este proceso, es
preciso referirse a una de las disposiciones de mayor alcance de la Convención,
en consideración al cambio profundo que plantea sobre la concepción tradicional
de la discapacidad. El artículo 16 de la Convención establece el derecho al
igual reconocimiento como personas ante la ley.
Esta
disposición se divide en cinco incisos, y en los tres primeros se establecen
normas de importancia para el asunto objeto de estudio: (i) “los Estados
Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”; (ii) “los Estados
Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”; (iii)
“los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica”[15].
En
las sesiones en que se discutió el texto de la Convención existió amplia
controversia sobre el alcance de este reconocimiento, principalmente, en torno
a si implica el reconocimiento de la titularidad de derechos, o si además de
ello supone la capacidad de obrar. Independientemente de ello, las cláusulas de
la convención deben entenderse de acuerdo con su finalidad y objeto. El objeto
de la Convención es el de eliminar las barreras y obstáculos sociales que
enfrentan las personas con discapacidad, propiciando así el ejercicio de la
autonomía y la participación de este grupo poblacional en todas las decisiones
que les conciernen. El lema del movimiento social “nada de nosotros sin
nosotros” es elocuente en relación con estas finalidades[16].
Por
lo tanto, no resulta aceptable que se plantee –como supone el demandante- como
regla general que es imposible la participación de las personas con
discapacidad mental en el curso del proceso penal. Por el contrario, su
participación debe ser garantizada y, cuando sea posible la expresión de la
voluntad mediante apoyos adecuados, y tomando en consideración la situación
específica de cada persona, no existe una razón para que se considere imposible
el acogimiento a algunas de las figuras del Código Penal que suponen el
ejercicio de la autonomía. Estos aspectos deberán ser estudiados en cada caso
concreto, y manteniendo presente, que la Convención Internacional sobre
Derechos de Personas con Discapacidad es vinculante en el orden interno y
propicia la autonomía, la igualdad de derechos, la libertad y la participación
de las personas con discapacidad.
23.
En la sentencia C-370 de 2002, la Corporación recurrió a un ejemplo sobre la
situación en que se encontraba una persona con identidad cultural diversa por
hacer parte de una comunidad indígena, frente a una persona con eventual
diversidad social, por ejemplo, por provenir de un país extranjero, con valores
diversos, al momento de explicar la incursión en un tipo punible como
consecuencia de un error de prohibición. Ese procedimiento tenía como finalidad
explicar el alcance de la disposición acusada en el marco de la dogmática
actual del derecho penal.
De
igual manera, estima adecuado la Sala explicar el alcance de lo expuesto hasta
el momento, con base en un ejemplo similar. La comprensión de ello es, en
concepto de este Tribunal, una manifestación del proceso de toma de
conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.
23.1
El actor parte de suponer que una persona inimputable es alguien que tiene un trastorno
mental médicamente diagnosticado. Al hacerlo, confunde la inimputabilidad
con una condición médica que, en los términos recién explicados, es una
manifestación de diversidad funcional. La diversidad funcional sería
entonces esa condición médica determinada, relacionada con el funcionamiento de
las esferas congnitivas, físicas o fisiológicas del ser humano (en el tema que
nos ocupa, principalmente cognitivas o psicológicas). Pero una diversidad de
ese tipo no constituye, en sí misma, una discapacidad mental, pues esta última
hace referencia a la dificultad de la sociedad para adaptarse a la diversidad
funcional.
23.2
Así las cosas, es posible concebir la realización de un hecho punible, por dos
sujetos distintos. El delito es un hurto simple y puede suponerse, también que
al momento de ocurrencia de los hechos, el primero tenía diagnóstico
médico-psiquiátrico de cleptomanía; el segundo, diagnóstico de trastorno
afectivo bipolar (TAB).
23.3
Para el demandante, ambos son inimputables (personas con una condición médica
psiquiátrica diagnosticada). Pero, como la inimputabilidad debe comprobarse a
lo largo del proceso, y hace referencia a la existencia de una condición
psicológica o cognitiva que impide la comprensión de la ilicitud de un acto, o
dirigir el comportamiento de acuerdo con esa comprensión; y, como además de
ello, debe demostrarse que la condición se hallaba presente al momento de los
hechos, es probable que al terminar el proceso penal solo el primero sea un
inimputable, suponiendo demostrado que su conducta maníaca lo condicionó a
hurtar o a no poder guiarse de acuerdo con el conocimiento sobre la
antijuridicidad de esa conducta, mientras que sería improbable esa conclusión
en relación con la segunda persona.
23.4
Ahora bien, en el desarrollo del procedimiento penal no es claro cuál de los
dos enfrentará dificultades para comprender las principales actuaciones del
mismo, si es que alguno las afronta. No parece que la cleptomanía o la ansiedad
crónica afecten ese conocimiento, de manera que la diversidad funcional puede
ir de la mano de la plena comprensión de ciertas actuaciones jurídicas, lo que
explica que en el evento supuesto no exista razón para evitar o limitar la
participación de estas personas en el proceso penal.
23.5
Pero, finalmente, es viable imaginar que la persona que padece el TAB se
encuentra en mayores dificultades para manifestar su voluntad en caso de que
así se le solicite en el proceso penal. Tal vez el apremio de los funcionarios
haga más intenso su desasosiego y, por lo tanto, desde el punto de vista
social, ella sería la persona que enfrenta la discapacidad y que requiere los
ajustes razonables. Con todo, en la medida en que es poco probable que el hurto
haya sido condicionado por una situación de ansiedad, su aceptación de la
imputación, allanamiento a cargos o los acuerdos que suscriba a la Ficalía
tendrían, en principio, pleno sentido.
24.
Este ejemplo ilustra dos aspectos de la exposición previa: primero, la
diversidad funcional en los casos analizados no es sinónimo de inimputabilidad,
ni constituye, en sí misma, una discapacidad. Y segundo, la discapacidad,
incluso psicológica o psiquiátrica, no es un obstáculo para el ejercicio de la
capacidad jurídica. La suscripción de la Convención por parte de Colombia y su
pertenencia al bloque de constitucionalidad hacen imperativo que cada órgano
del poder público desarrolle y aplique sus mandatos en el ámbito de su
competencia. Y, en caso de que ello no ocurra, las personas con discapacidad
pueden acudir a la acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales.
25.
En síntesis, la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre la eventual
existencia de una omisión legislativa absoluta del legislador, derivada de no
regular de manera especial e integral el procedimiento penal que debe seguirse
cuando en este se encuentra involucrada una persona con discapacidad.
Sin
embargo, aclara la Sala que el Estado posee obligaciones frente a este
colectivo en todos los ámbitos de la vida social y de las actuaciones
institucionales. En el procedimiento penal, las obligaciones de toma de
conciencia, ajustes razonables, eliminación de barreras de acceso;  así
como los principios de propiciar al máximo la autonomía y la participación de
las personas con discapacidad en los asuntos que les conciernen deben guiar las
actuaciones de todos los operadores jurídicos, sin perjuicio de las medidas
legislativas que el Congreso de la República adopte para lograr un eficaz
cumplimiento de los compromisos adquiridos, al suscribir la Convención
mencionada.
En
el marco de cada caso concreto, deberán respetarse los derechos de las personas
con discapacidad, tomando en consideración lo dispuesto en la Convención, la
Constitución Política, la Ley y la jurisprudencia constitucional, obligación
derivada del principio de legalidad, cuyo incumplimiento, puede dar lugar a la
procedencia de la acción de tutela, si comporta la afectación de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad, sujetos de especial protección
constitucional”.
5.
Propuse estas consideraciones como manifestación concreta del principio de toma
de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad (la toma
de conciencia desde el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional).
Pero,
además de ello, esos fundamentos permitían comprender de mejor manera las
razones que tuvo la Corte para considerar que la demanda no reunía los
requisitos argumentativos mínimos para una decisión de fondo: si el actor
dirigió sus cargos contra contenidos normativos derivados de una interpretación
puramente subjetiva de las normas demandadas, ello ocurrió, en parte, por la
confusión entre inimputabilidad y disfunción cognitiva; y, en
parte, por ignorar el alcance de las obligaciones surgidas para el Estado tras
la suscripción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de 2006.
Por
ese motivo, las reflexiones expuestas no solo resultaban adecuadas para
esclarecer aspectos relevantes sobre los derechos de las personas con
discapacidad, sino que contribuían a estructurar el sentido de la decisión
inhibitoria que finalmente adoptó la Sala.
6.
Finalmente, deseo señalar que las decisiones inhibitorias, aunque no solucionen
un problema de constitucionalidad, sí contienen jurisprudencia; y a la Corte
Constitucional corresponde desarrollarla con esmero, especialmente en aquellos
escenarios en que resulte útil y necesario para el goce efectivo de los
derechos fundamentales de las personas y los grupos que son titulares de una
protección constitucional reforzada.
Por
todo lo expuesto, estimo que en ocasiones el minimalismo constitucional, orientación
actualmente defendida por buena parte de la teoría jurídica constitucional, y
basada en la optimización de la labor judicial mediante la economía
argumentativa en las decisiones de los jueces, no es la mejor respuesta
que el Tribunal constitucional puede brindar a las personas y grupos de
especial protección constitucional, menos aún cuando se trata de un grupo
tradicionalmente invisibilizado, como las personas con discapacidad cognitiva o
psicológica.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
MAGISTRADO
[1]
En este aparte se presenta una versión casi idéntica al cuadro comparativo
presentado por el actor. Solo se efectúan leves modificaciones al texto para
facilitar su comprensión, intentando respetar al máximo sus argumentos.
[2]
Al respecto, ver la sentencia C-1052 de 2001.
[3]
Sentencia C-533 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla), C-100 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4]
Sentencias C-555 de 1994, C-545 de 1994, C-473 de 1994, C-108 de 1994, C-247 de
1995 y C-070 de 1996, entre otras.
[5]
En estos casos, la presunta infracción a la Carta proviene, no del derecho positivo preexistente - fruto de la acción legislativa
ordinaria o especial- como es lo común, sino de la falta de regulación
normativa en torno a materias constitucionales sobre las cuales el Congreso
tiene asignada una específica y concreta obligación de hacer. C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6]
Ese avance, al analizar si el Legislador incurrió en una omisión legislativa al
no definir la caución juratoria en las normas en que se hacía referencia
a la caución prendaria, como medio para suspender la medida de
aseguramiento.(Ibídem).
[7]
Continuó la Corte su exposición con esta referencia: “No
obstante, la omisión del legislador también puede ser relativa, caso en el cual
se la denomina, llanamente, omisión legislativa. Una omisión es relativa cuando
se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero
aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento
que, por razones lógicas o jurídicas –específicamente por razones constitucionales
-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que
su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo,
inoperante o ineficiente. De lo anterior se deduce, entonces, que las omisiones
legislativas relativas son susceptibles de control constitucional.” (Sentencia
C-041 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[8]
Sentencias C-543/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-427/2000 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1549/2000 (M.P. (e) Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano), entre otras.
[9]
C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Citando a su vez,
la última referencia proviene del pronunciamiento C-041 de
2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Estas reglas han sido reiteradas en un
conjunto amplio de sentencias. Recientemente, ver las decisiones C-895
de 2012, C-642 de 2012, C-632 de 2012, C-533 de 2012, C-600 de 2011, C-262 de
2011, C-127 de 2011, C-936 de 2010, C-884 de 2010, entre muchas otras.
[10] C-728 de 2009.
[11]
Ibídem. Ver también, C-891 A de 2006. Excepcionalmente, la Corporación ha efectuado exhortos genéricos cuando la existencia de
una omisión legislativa absoluta es evidente, como ocurrió en la sentencia C-489
de 2012, relativa a la omisión del Legislador de desarrollar lo concerniente a
las entidades territoriales indígenas y las regiones en la Ley de Ordenamiento Territorial. El Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva salvó su voto,
considerando que proferir órdenes resultaba inconsistente con la decisión
inhibitoria.
[12]
En este punto de la demanda, el actor incurre en una nueva imprecisión, al
considerar que la medida de seguridad consiste siempre en el
internamiento de la persona, supuesto que, ha sido rechazado abiertamente por
la jurisprudencia constitucional. La medida de seguridad debe definirse de
acuerdo con las características de cada caso y, por ese motivo, no
necesariamente debe implicar el internamiento de la persona. La Sala no se detendrá en este aspecto, pues no es un elemento central de la demanda.
[13]
Discapacidad e inclusión social: retos teóricos y desafíos sociales. En
revista Jueces para la Democracia. Nro 51.
[14] Sentencias C-804 de
2009, T-340 de 2010, T-1258 de 2008 y T-109 de 2012. Agustina
Palacios. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Colección Cermi. Madrid, 2008.
[15] “El Congreso
de la República ha demostrado ya su interés por avanzar en el desarrollo de este
mandato, al proferir la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, que dispone las siguientes reglas sobre
el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad:  Artículo 21. Acceso a la justicia. El Estado garantizará el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia el Ministerio
de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio Público, los organismos
de control y la rama judicial, deberán garantizar el acceso de las personas con
discapacidad en todos los programas de acceso a la Justicia. Para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas: 1. El
Ministerio de Justicia y del Derecho, y la rama judicial, deberá implementar
programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los
derechos de las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares
de justicia, casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia,
personerías, entre otros. Así mismo implementará programas de formación
orientados a la comprensión de la discapacidad y la forma de garantizar la
cabal atención y orientación a las personas con discapacidad, facilitando los
servicios de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones con
las demás personas el acceso a la Justicia.  2. El Ministerio de Justicia
y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y
las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y
reformas al sistema de Interdicción judicial de manera que se desarrolle un
sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de
decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas. 3. El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto
de fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con discapacidad
en todo el país, para dar a conocer sus derechos y la forma de hacerlos
efectivos. 4. Las Instituciones de educación superior que
cuenten con facultades de derecho y consultorios jurídicos, deberán desarrollar
programas de formación y apoyo al restablecimiento de derechos de las personas
con discapacidad”. El control automático de constitucionalidad de la Ley fue adelantado por la Corte mediante sentencia C-765 de 2012
5. El Gobierno Nacional junto con las
organizaciones nacionales e internacionales, realizará campañas de respeto
hacia las personas con discapacidad, otorgando espacios a auto gestores que
hablen de sus experiencias conforme a la Ley 1346 de 2009.
[16] Al
respecto, consultar el texto de Agustina Palacios. El modelo social de
discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colección
Cermi. Madrid, 2008.