T-759-09
Sentencia T-759/09
Sentencia
T-759/09
DERECHO A LA
SALUD-Vulneración cuando se niega o se prolonga injustificadamente un
medicamento o un servicio médico que se requiere con necesidad/DERECHO A LA
SALUD-Vulneración  por someter al paciente a la desinformación y espera
indefinida sobre autorización de tratamientos, medicamentos o servicios médicos
Tanto en el régimen
contributivo como en el subsidiado, cuando se niega el suministro de un
medicamento o servicio médico que se requiera con necesidad[1]
se vulnera el derecho a la salud del accionante. Demuestra una dilación
injustificada por parte de HUMANVIVIR en la prestación de un servicio médico
que se requiere con necesidad y que además se encuentra incluido en el POSS.
En efecto, someter a un paciente a la desinformación y a la espera indefinida
sobre la autorización de los tratamientos, medicamentos o servicios médicos
ordenados por los médicos tratantes vulnera su derecho a la salud. Esto,
comoquiera que no es posible determinar cuál es el procedimiento para la
autorización de la cirugía que debe agotar el paciente ni qué exámenes previos
requiere para la realización de la intervención quirúrgica.
ACCION DE
TUTELA-Corte ordena autorizar dentro de las 48 horas la craneotomía para
extirpación de tumor de hipófisis del actor
Referencia: expediente
T- 2350658
Acción de tutela instaurada por Claudia Rocío García
Vargas, como agente oficiosa de Segundo Antonio García Guevara, contra
HUMANAVIVIR S.A. EPSS.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve
(2009)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión
del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de
Conocimiento de Bogotá, que resolvió la acción de tutela promovida por Claudia
Rocío García Vargas, como agente oficiosa de Segundo Antonio García Guevara,
contra HUMANAVIVIR S.A. EPSS.
I. ANTECEDENTES
Hechos y acción de tutela
interpuesta
La señora Claudia Rocío García
Vargas, como agente oficiosa de Segundo Antonio García Guevara, instauró acción
de tutela contra HUMANAVIVIR S.A. EPSS. por considerar que a su padre le están vulnerando
los derechos a la salud y a la seguridad social en conexidad con los derechos a
la vida digna y a la integridad personal. La acción interpuesta se fundamenta
en los siguientes hechos:
1. La accionante sostiene que su
padre se encuentra incluido en el nivel 1 del SISBEN y que la prestación del
servicio de salud está a cargo HUMANAVIVIR EPSS.
2. La señora García Vargas afirma
que desde hace varios años su padre padece fuertes dolores de cabeza,
congestión nasal, problemas auditivos y mareos, motivo por el cual se le
practicaron varios exámenes especializados que permitieron diagnosticarle tumor
en la hipófisis.
3. De acuerdo con lo anterior,
la accionante señala que el neurocirujano del Hospital Santa Clara ordenó, el
25 de septiembre de 2008, la realización de la cirugía craneotomia para
extirpación de tumor de hipófisis.
4. La accionante manifiesta que
radicó, el 20 de octubre de 2008, la mencionada orden en la oficina de
autorizaciones de HUMANAVIVIR EPSS, donde le informaron que: “(…) la
autorización de servicios podría demorar aproximadamente un (1) mes en salir,
término que consideramos excesivo para un caso urgente como el de mi papá, sin
embargo, entendimos para ese momento que era el trámite normal en estos casos y
que había que esperar, sin embargo, el mes indicado pasó y actualmente han
transcurrido más de tres meses y medio y la cirugía no ha sido autorizada, con
el argumento por parte de HUMANAVIVIR EPSS que ´este es un procedimiento de
alto costo que requiere estudio´.”[2]
5. La peticionaria precisó que
su padre es una persona de 58 años que vive con su mamá y dos hijos más, y que
su situación económica es bastante precaria. Agregó que el estado de salud de
su papá se deteriora con el paso del tiempo pues la presión ejercida por el
tumor en la cabeza es cada vez más fuerte.
6. En virtud de lo expuesto, el
27 de febrero de 2009, la señora Claudia Rocio García Vargas, actuando como
agente oficiosa de Segundo Antonio García Guevara, interpuso acción de tutela
contra HUMANAVIVIR EPSS con el propósito que se autorice la cirugía de
craneotomia para extirpación de tumor de hipófisis, así como el tratamiento
integral que requiere su padre. La accionante considera que la falta de la
cirugía está: “(…) afectando seriamente su integridad física, poniendo en
serio riesgo su salud y su vida y afectando la tranquilidad personal y
familiar, lo que redunda en el desconocimiento de su derecho a una vida digna.”[3]
7. La accionante aportó como
pruebas los siguientes documentos: i) copia de la cédula de ciudadanía de su
padre; ii) copia del carné de afiliación de su padre a HUMANAVIVIR EPSS; iii)
copia de apartes de la historia clínica de su papá; iv) copia de la autorización
de servicios del 25 de septiembre de 2008; y v) copia de la radicación de
documentos y solicitud de servicios del 20 de octubre de 2008.
Respuesta de la entidad
accionada
8. La apoderada especial de
HUMANAVIVIR EPSS, informó que el señor Segundo Antonio García Guevara se
encuentra afiliado a esa EPS al régimen subsidiado y que su afiliación se
encuentra activa en la ciudad de Bogotá. En particular, señaló que el padre de
la accionante presenta diagnóstico de tumor benigno de hipófisis y solicita a
través de acción de tutela que le sea autorizado el procedimiento denominado
craneotomia para extirpación de adenoma hipofisiario (vía transesfenoidal) y el
tratamiento integral. Al respecto, advirtió que dicho procedimiento se
encuentra incluido en el Plan Obligatorio de de Salud Subsidiado(en adelante
POSS) de conformidad con el Acuerdo 306 de agosto 16 de 2005, proferido por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Adicionalmente, refiere lo
siguiente: “Los soportes anexos a la tutela datan de septiembre del año
anterior, se envía a consulta por Neurocirugía para valoración y definir plan
quirúrgico, dado lo anterior se autoriza.”[4]. En esa medida, la
representante de accionada solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela en tanto la entidad que representa ha prestado los servicios médicos
ordenados al padre de la accionante y no ha vulnerado ningún derecho
fundamental.
Decisión objeto de revisión
9. El Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en providencia proferida el 17
de marzo de 2009, decidió declarar improcedente la acción de tutela. A juicio
del juez de instancia, la entidad demandada reconoce que la cirugía está dentro
del POSS y está dispuesta a practicarla siempre y cuando se cumpla con los
soportes como la consulta por neurocirugía para valoración y la definición del
plan quirúrgico. Al respecto, precisó que en este caso lo que: “(…) se
vislumbra es una errada concepción de la situación por parte del usuario, quien
al parecer no ha realizado las diligencias tendientes al trámite que conlleva
este tipo de asuntos.”[5]
Finalmente, el juez observó que
no obra en el expediente prueba de la negativa de la entidad accionada de
prestar el servicio médico solicitado.
Actuación en sede de revisión
10. El 25 de septiembre de 2009,
el Magistrado Sustanciador con el propósito de contar con mayores elementos de
juicio al tomar una decisión, ordenó la práctica de las siguientes pruebas:
1. Comisionar
al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, para que
recibiera la declaración de la agente oficiosa Claudia Rocio García Vargas
sobre los siguientes aspectos:
1.1. Si ya le
fueron realizadas las valoraciones previas a la cirugía de CRANEOTOMIA PARA
EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE HIPOFISIS a su padre, el señor Segundo Antonio García
Guevara. En caso afirmativo confirmara cuándo fue valorado por el neurocirujano
y si aún se encuentra pendiente algún examen previo a la cirugía.
1.2. Informara
si ha solicitado a HUMANAVIVIR EPSS la autorización para la cirugía de CRANEOTOMIA
PARA EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE HIPOFISIS de su padre, el señor Segundo Antonio
García Guevara. En caso afirmativo precisara la fecha de la autorización y si
la intervención quirúrgica ya fue realizada. En caso negativo informara las
razones por las que esta no se ha llevado a cabo.
2. Oficiar a HUMANAVIVIR
S.A. EPSS, para que informara sobre los siguientes aspectos:
2.1 Si el
señor Segundo Antonio García Guevara ya fue valorado por neurocirugía como
requisito previo para la cirugía de CRANEOTOMIA PARA EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE
HIPOFISIS que le fue ordenada. En caso afirmativo mencione cuándo fue
practicada dicha valoración y si se encuentra pendiente algún otro examen
previo a la intervención quirúrgica mencionada. En caso negativo informe las
razones por las cuales esta no ha sido posible.
2.2 Si al
señor Segundo Antonio García Guevara ya se le practicó la cirugía de CRANEOTOMIA
PARA EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE HIPOFISIS que le fue ordenada. En caso afirmativo
mencione cuándo fue practicada dicha intervención. En caso negativo informe las
razones por las cuales esta no ha sido posible.
11. El 29 de septiembre el
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento remitió la
declaración rendida por la señora Claudia Rocío García Vargas, en la que es
pertinente destacar: “(…) no, no se ha realizado ningún examen, el último
fue en Noviembre del año pasado previo a la cirugía, fue una resonancia.
PREGUNTADO. Aún se encuentra pendiente algún examen previo a la cirugía.
CONTESTO. No, se supone que la resonancia era el último examen antes de
practicar la cirugía, después tocaba pasar todos los papeles a HUMANAVIVIR EPS para
que le programaran la cirugía y hasta hoy no lo han hecho. PREGUNTADO. Informe
si ha solicitado a HUMANAVIVIR EPS la autorización para la cirugía de
CRANEOTOMIA PARA EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE HIPOFISIS de su padre, el señor
Segundo Antonio García Guevara. CONTESTO. Sí. PREGUNTADO. En qué fecha.
CONTESTADO. Como desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2008. PREGUNTADO: Le
han dado alguna autorización para la realización de dicha cirugía. CONTESTADO:
No, lo único que me dieron fue el documento que ya está en el expediente de la
Tutela y que dice que nos comuniquemos cada quince días a un número que no es
de la EPS, adicionalmente me dijeron que estaba en estudio de alto costo.
PREGUNTADO: Cuáles son las razones por las cuales no le han practicado la
cirugía a su señor padre Segundo Antonio García Guevara. CONTESTADO: Porque
siempre me dijeron que estaba en estudio de alto costo y después de interponer la
Tutela, dijeron que los exámenes que tenía mi papá ya estaban vencidos.
PREGUNTADO. Quiere manifestar algo más a la presente declaración. CONTESTADO:
Lo único es que mi papá dice que no se práctica de nuevo los exámenes porque no
tiene plata para eso. ”
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corte es competente de
conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto
2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela seleccionado.
Problema
jurídico
2.
Corresponde a esta Sala determinar si la demora en la prestación de un servicio
médico requerido con necesidad vulnera el derecho a la salud de un usuario, teniendo
en cuenta que la EPS demandada reconoce que la cirugía prescrita se encuentra
dentro del POSS y está dispuesta a practicarla siempre y cuando se cumpla con
ciertos soportes médicos previos.
Para resolver el problema
planteado en el caso, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre la prestación de
servicios médicos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.
Reiteración
de jurisprudencia sobre prestación de servicios médicos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.
3. La Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008
concluyó que, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, cuando se
niega el suministro de un medicamento o servicio médico que se requiera con
necesidad[6] se vulnera el
derecho a la salud del accionante.
4. En el mismo pronunciamiento
este Tribunal reiteró que la negativa o la falta de prestación oportuna de los
servicios médicos o el suministro de medicamentos que se encuentran incluidos
en los Planes Obligatorios de Salud vulneran el derecho a la salud de los
usuarios del sistema de seguridad social[7]. Al respecto, luego hacer
alusión al estudio adelantado por la Defensoría del Pueblo, la Corte enfatizó
en el alto porcentaje de tutelas que se instauran bajo los presupuestos
descritos: “Una buena parte de estas tutelas también se presenta porque, si
bien la entidad promotora de salud no niega el suministro del servicio de
salud, demora su entrega de manera tal que termina por obligar a los usuarios a
asumir una carga desproporcionada que afecta su bienestar. Tanto la negación
como la demora en el suministro de los contenidos del POS han sido considerados
por la Corte Constitucional como vulneraciones del derecho a la salud.”[8]
5. Con el
propósito de lograr una respuesta estructural a esta problemática la Corte
ordenó a las entidades promotoras de salud rendir informes a la
Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección Social[9],
para que estas, en ejercicio de sus funciones de regulación, control y
vigilancia, adoptara las medidas pertinentes.
Estudio del caso concreto
6. La señora Claudia Rocio García
Vargas manifiesta que su padre pertenece al régimen subsidiado y requiere la
cirugía de CRANEOTOMIA PARA EXTIRPACIÓN DE TUMOR DE HIPOFISIS, la cual le fue
ordenada por su médico tratante en septiembre de 2008 y solicitada a la EPS en
octubre del mismo año. De acuerdo con HUMANAVIVIR S.A. EPSS la cirugía
prescrita al señor Segundo Antonio García Guevara se encuentra en el POSS y
está dispuesta a practicarla siempre y cuando se cumpla con los soportes
previos como la consulta por neurocirugía y la definición del plan quirúrgico.
El juez de instancia denegó la
acción de tutela con fundamento en la aparente falta de diligencia de la
accionante, así como en la ausencia de comprobación de la negativa de la
entidad accionada a la prestación del servicio médico.
7. Sobre el particular, la Corte
debe reiterar que: “(…)el hecho de diferir, casi al punto de negar
los tratamientos recomendados por médicos adscritos a la misma entidad, coloca
en condiciones de riesgo la integridad física y la salud de los pacientes,
quienes deben someterse a esperas indefinidas que culminan por distorsionar y
diluir el objetivo mismo del tratamiento originalmente indicado. El sentido y
el criterio de oportunidad en la iniciación y desarrollo de un tratamiento
médico, también ha sido fijado por la jurisprudencia como requisito para
garantizar por igual el derecho a la salud y la vida de los pacientes.”[10]
8. Del material probatorio que
obra en el expediente no se puede establecer con certeza cuáles son los
requisitos previos que debe agotar el usuario del sistema de salud para acceder
a la cirugía ordenada. De un parte, la agente oficiosa expone que solicitó la
autorización en el mes de octubre y que desde entonces está pendiente la
programación de la cirugía. En sede de revisión agregó que a su padre le
realizaron una resonancia magnética pero que cree que ese examen ya no esta
vigente. Por su parte, la EPS advirtió que la realización de la craneotomia
para la extirpación de tumor de hipófisis requería una valoración previa por
neurocirugía, así como definir un plan quirúrgico.
Adicionalmente, si bien la EPS
manifiesta su disposición para la realización de la misma, lo cierto es que de
acuerdo con la declaración rendida por la hija del señor García a la fecha no
le han programado la intervención quirúrgica y la única información que tiene
es que debe comunicarse con un número telefónico cada quince días.
Lo anterior demuestra una
dilación injustificada por parte de HUMANVIVIR en la prestación de un servicio
médico que se requiere con necesidad y que además se encuentra incluido en el
POSS.  En efecto, someter a un paciente a la desinformación y a la espera
indefinida sobre la autorización de los tratamientos, medicamentos o servicios
médicos ordenados por los médicos tratantes vulnera su derecho a la salud.
Esto, comoquiera que no es posible determinar cuál es el procedimiento para la
autorización de la cirugía que debe agotar el paciente ni qué exámenes previos
requiere para la realización de la intervención quirúrgica.
En esa medida, para la Corte no
es admisible que luego de transcurrido más de una año desde la prescripción de
la cirugía al señor Segundo Antonio García Guevara aún no se le haya
practicado. De hecho, es evidente que por el tiempo transcurrido desde la fecha
de emisión de la orden de cirugía, en septiembre 25 de 2008, hasta ahora, los
exámenes y valoraciones previas requieran una actualización. Por consiguiente,
se ordenará a la EPS accionada que se haga cargo de los exámenes, tratamientos
o medicamentos que llegare a necesitar el señor Segundo Antonio García Guevara,
previos y posteriores a la cirugía que requiere.
9. En virtud de lo expuesto, se
revocará la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por Claudia Rocio García Vargas contra HUMANAVIVIR EPSS, y en su
lugar, se concederá el amparo invocado. Por lo tanto, se ordenará a HUMANAVIVIR
S.A. EPSS, que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas a
partir de la notificación personal del presente fallo, autorice la craneotomia
para extirpación de tumor de hipófisis al señor Segundo Antonio García Guevara,
así como todos aquellos exámenes, tratamientos y medicamentos previos y
posteriores que llegare a necesitar como consecuencia de la cirugía.
Finalmente, se debe advertir que por
tratarse de servicios médicos expresamente incluidos en el POSS, la EPS HUMANAVIVIR
no podrá repetir por los gastos ocasionados contra el Fondo de Solidaridad y
Garantía -FOSYGA-.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la
decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela promovida
por Claudia Rocío García Vargas, como agente oficiosa de Segundo Antonio García
Guevara, contra HUMANAVIVIR S.A. EPSS y en su lugar, CONCEDER la acción
de tutela y el amparo demandado para proteger el derecho fundamental a la salud
del accionante.
Segundo: ORDENAR a HUMANAVIVIR
S.A. EPSS, que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas a
partir de la notificación personal del presente fallo, autorice la craneotomia
para extirpación de tumor de hipófisis al señor Segundo Antonio García Guevara,
así como todos aquellos exámenes, tratamientos y medicamentos previos y
posteriores que llegare a necesitar como consecuencia de la cirugía.
Tercero: Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Esto significa, en términos de la sentencia T-760 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “Servicios indispensables para conservar
la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la
integridad(…) y que no pueda proveérselos por sí mismo”.
[2] Folios 1 y 2 del expediente.
[3] Folio 2 del expediente.
[4] Folio 23 del expediente.
[5] Folio 29 del expediente.
[6] Esto significa, en términos de la sentencia T-760 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “Servicios indispensables para conservar
la salud, en especial, aquellos que comprometan la vida digna y la
integridad(…) y que no pueda proveérselos por sí mismo”.
[7] En esa oportunidad, para ejemplificar la vulneración del
derecho a la salud en estos casos, la Corte citó las sentencias T-434 de 2006 y
T-826 de 2007.
[8] Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
)
[9] Las medidas concretas se encuentran en el numeral 6.1.4.2 de la
sentencia T-760 de 2008.
[10] Sentencia T-881 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
En el mismo sentido la sentencia T-244 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
señaló: “no es normal que se retrase la autorización de cirugías, exámenes
o tratamientos que los mismos médicos del I.S.S. recomiendan con carácter
urgente, pues ello va en contra de los derechos a la vida y a la integridad
física de los afiliados no solamente cuando se demuestre que sin ellos el
paciente puede morir o perder un miembro de su cuerpo, sino también cuando
implican la demora injustificada en el diagnóstico y, por consiguiente, en la
iniciación del tratamiento que pretende el restablecimiento de la salud perdida
o su consecución.”