C-201-02
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Sentencia C-201/02
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Convenios de la OIT
PRINCIPIO DE AUTONOMIA SINDICAL-Alcance/DERECHOS DE ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-No son
absolutos/DERECHOS DE ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Restricciones por
el legislador
El artículo 39 de la Constitución, así
como el instrumento citado, consagran el principio de autonomía sindical o de
no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas organizaciones,
según el cual éstas pueden constituirse sin injerencia o autorización previa,
así como redactar sus estatutos y reglamentos, sin más limitaciones que el
orden legal y los principios democráticos. De igual forma, se concluye que un
sindicato nace a la vida jurídica desde el momento mismo de su fundación. Sin
embargo, lo anterior no significa que los derechos fundamentales de asociación
y de libertad sindical sean de carácter absoluto. Por el contrario, son
relativos y, en consecuencia, pueden sufrir restricciones por parte del
legislador, siempre y cuando no se vulnere su núcleo esencial.
DERECHOS DE
ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Regulación
legislativa sobre número de trabajadores para constituir una organización/DERECHOS
DE ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Límites a marco regulatorio del
legislador
Corresponde al legislador “la
responsabilidad de establecer, por medio de la ley, los preceptos que
desarrollen la garantía de la libertad sindical en aspectos tales como el
número de trabajadores que se requieren para constituir una organización
sindical, el domicilio, estatutos, número de representantes y sus fueros, etc.,
es decir, en aspectos que permitan la realización plena del derecho de
asociación sindical y la efectividad de su ejercicio.” No obstante lo anterior,
la Corte hace énfasis en que el marco regulatorio expedido por el legislador
debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus
reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión
administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del
Estado en el funcionamiento de tales organizaciones.
DERECHOS DE
ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Constitución sujeta
a marco regulatorio general del legislador
La Carta Política protege el derecho
de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del
Estado, pero con sujeción a un marco regulatorio general cuya expedición
compete al legislador.
SINDICATO-Número mínimo de afiliados para constitución o subsistencia
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL FRENTE A REESTRUCTURACION DE ENTIDADES PUBLICAS-No restricción ilegítima en principio
En principio, los procesos de
reestructuración de las entidades públicas no constituyen una restricción
ilegítima al derecho de asociación sindical, en la medida en que, con ellos, no
se persigue la reducción de la planta de personal a fin de impedir la
constitución de un sindicato de trabajadores, ni tienen el propósito de que
este último incurra en una causal de disolución por quedar reducido a un número
inferior a 25 afiliados.
REESTRUCTURACION
DE ENTIDADES PUBLICAS-Justificación
CARRERA
ADMINISTRATIVA EN REESTRUCTURACION DE ENTIDADES PUBLICAS-Interés particular cede
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Carácter abstracto/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia sobre una mera hipótesis de aplicación de
la norma o eventualidad
LIBERTAD
SINDICAL FRENTE A REESTRUCTURACION DE ENTIDADES PUBLICAS-Procedencia de la tutela frente a eventual vulneración
DERECHOS DE
ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Mecanismos de
protección
SINDICATO DE
BASE-Razonabilidad del número mínimo de afiliados
para constitución
SINDICATO-Razonabilidad de número no inferior a veinticinco afiliados para
constitución o subsistencia
SINDICATO-Disolución por reducción de afiliados
SINDICATO-Disolución, liquidación y cancelación de personería por declaración
judicial
HUELGA POR
SINDICATO-Imputación al empleador por
incumplimiento de obligaciones salariales
DERECHO DE
HUELGA-Contenido y alcance
DERECHO DE
HUELGA-Definición del núcleo esencial/HUELGA-Equilibrio
de cargas/HUELGA-Límites
La Corte
sostuvo que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en “la facultad
que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la
suspensión colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera
favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad,
claro está, no es absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo
cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en
el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de
huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho
puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los
derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público,
por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los
trabajadores no puede quedar desfigurado.”
HUELGA POR
SINDICATO-Entendimiento de la expresión
“obligaciones salariales”
HUELGA POR
SINDICATO-Concepto de “salario”
SALARIO-Remuneración por el trabajo realizado
HUELGA-Ejercicio por incumplimiento de obligaciones distintas a las
económicas
Sin ignorar, por supuesto, que el derecho a recibir oportunamente el
salario constituye no sólo un medio de subsistencia sino de dignificación del
trabajo y la vida humana, la Corte considera que la huelga puede ejercerse por
los trabajadores afectados por el incumplimiento de obligaciones distintas a
las meramente económicas tales como, por ejemplo, el pago de los aportes al
sistema de seguridad social o, en general, cualquier deuda insoluta por parte
del empleador distinta al salario o a los factores salariales, a que puedan
tener derecho los trabajadores por disposición legal, contractual o
reglamentaria. Lo anterior no significa que cualquier incumplimiento de las
obligaciones del empleador justifique la huelga, por lo cual corresponde a la
autoridad competente determinar, en cada caso, el mérito de las razones que
conducen a la suspensión colectiva del trabajo.
HUELGA POR SOLIDARIDAD-Definición
La huelga por solidaridad consiste en la facultad que tienen los
empleados sindicalizados o no sindicalizados, de  participar en la huelga
promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos
en un conflicto laboral con su empleador. Es, pues, subsidiaria a la huelga
principal que promueven los trabajadores directamente afectados.
DERECHO DE HUELGA-Nueva dimensión constitucional
HUELGA POR SOLIDARIDAD-Sustento constitucional
SINDICATO-Cancelación
o suspensión de personería jurídica por vía judicial
SINDICATO-Causales
de disolución
SINDICATO-Facultad
del Ministerio de Trabajo o quien demuestre interés jurídico de solicitar
disolución, liquidación y cancelación de inscripción en registro sindical
SINDICATO-Solicitud
del Ministerio de Trabajo o quien demuestre interés jurídico de disolución ante
juez laboral
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN MATERIA DE SINDICATO-Solicitud de disolución
ante el juez respectivo
SINDICATO-Solicitud
del empleador de disolución ante juez laboral
FUERO SINDICAL DEL EMPLEADO PUBLICO-Ampliación por la Constitución
NEGOCIACION COLECTIVA EN SINDICATO DE
EMPLEADO PUBLICO-No es un derecho
DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA-Garantía
DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO-Negociación libre y voluntaria con empleadores de condiciones
laborales
CONVENCION COLECTIVA-Celebración/FUERO CIRCUNSTANCIAL-Finalidad
SINDICATO DE EMPLEADO PUBLICO-No presentación de pliego de condiciones ni celebración de
convenciones colectivas
DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA EN
SINDICATO DE EMPLEADO PUBLICO-Restricción
DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA-Distinción entre trabajadores oficiales y empleados públicos
DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA EN
SINDICATO DE EMPLEADO PUBLICO-Legislador puede
permitir presentación de pliego de condiciones
FUERO SINDICAL-Finalidad
FUERO SINDICAL-Ius
variandi no puede ejercerse por empleador sin autorización judicial/FUERO
SINDICAL-Negativa de permiso por juez para desmejorarlo sino comprobare
justa causa
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Ejercicio a la luz de principios democráticos
Los sindicatos no pueden contradecir, en ejercicio de la autonomía
sindical, los principios rectores de una sociedad democrática sino, por el
contrario, deben integrar a sus políticas y a su organización mecanismos para
hacerlos efectivos, procurando así la efectiva participación de todos los
trabajadores en las decisiones que los afectan, toda vez que los sindicatos a
los que éstos pertenecen actúan como sus representantes en la consecución de
condiciones laborales más favorables a sus intereses. Los principios
pluralistas, democráticos y participativos tienen un alcance extenso, en la
medida en que están llamados a aplicarse en los espacios más cercanos a la
persona humana, como manifestación del “traslado de la democracia desde el
ámbito del Estado hacia la sociedad.”
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Restricciones que no vulneren núcleo esencial
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Concreción de uso extensivo de la democracia
En relación con el derecho de asociación sindical, el “uso extensivo
de la democracia” se concreta en la adecuación de los estatutos del sindicato
al orden legal y a los principios democráticos, así como en la oportunidad de
todos los trabajadores de participar activamente dentro del mismo.
SINDICATO-Designación de miembros de comisión estatutaria de reclamos debe
ser democrática
FUERO SINDICAL-Existencia en una empresa de una sola comisión estatutaria
La Corte encuentra razonable que sólo
una comisión por empresa sea la encargada de llevar a cabo dicha labor de
manera unificada, pues se trata de un mismo empleador el depositario de las
diversas reclamaciones que puedan presentarse dentro de la empresa, lo cual no
significa una restricción ilegítima a los derechos de asociación y libertad
sindical. Nótese que el legislador no impone obstáculo alguno al ejercicio de
las funciones que ejerce dicha comisión sino, por el contrario, garantiza la
protección especial del fuero sindical para dos de sus miembros.
FUERO SINDICAL-Función de comisión estatutaria de reclamos
La función que cumple la comisión de
reclamos constituye un instrumento de vital importancia para hacer efectiva la
participación de los trabajadores y los sindicatos en los asuntos que los
afecta dentro de la empresa, en la medida en que pueden comunicar al empleador,
a través suyo, su inconformidad sobre las condiciones de trabajo y demás
reclamaciones particulares que se presenten en la empresa para que él adopte,
de manera unilateral o conjunta con el sindicato, una solución al respecto.
DERECHO A LA
IGUALDAD EN SINDICATO-Reclamaciones de minoritarios
y mayoritarios que coexistan en una misma empresa
DERECHO A LA
IGUALDAD EN SINDICATO-Designación de miembros de
comisión estatutaria de reclamos
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Participación de sindicatos
minoritarios en designación de miembros de comisión estatutaria de reclamos/SINDICATO-Participación
del minoritario en designación de miembros de comisión estatutaria de reclamos
LEY DE
MAYORIAS EN AMBITOS POLITICO, SOCIAL O COMUNTARIO-No
exclusión de minorías
SINDICATO-Mecanismo antidemocrático de elección de miembros de comisión
estatutaria de reclamos
FUERO SINDICAL-Indemnización por despido ilegal
FUERO SINDICAL-Finalidad y definición
La institución del fuero sindical tiene como fin que los
representantes sindicales puedan cumplir cabalmente con sus gestiones y
consiste, como se ha dicho, en la garantía de no ser despedidos, ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados sin justa causa,
previamente calificada por el juez de trabajo. Así pues, el empleador debe
solicitar un permiso al juez del trabajo para adoptar una de tales decisiones,
a través de la acción de levantamiento de fuero, solicitud que debe ser negada
por éste último en caso de no comprobar la existencia de una justa causa, de
conformidad con el inciso primero del artículo 408 del C.S.T.
ACCION DE REINTEGRO EN MATERIA DE FUERO
SINDICAL-Legalidad del despido
El trabajador aforado y el sindicato al que pertenece cuentan con un
mecanismo de defensa -la acción de reintegro -,a través del cual pueden acudir
ante el juez del trabajo para que éste se pronuncie sobre la legalidad del
despido y, en caso que se demuestre que éste fue realizado sin sujeción a las
normas que regulan el fuero sindical, ordenará el reintegro del trabajador, así
como el pago de los salarios dejados de percibir durante ese lapso, esto último
a título de indemnización.
FUERO SINDICAL-Efectos jurídicos del
despido ilegal
FUERO SINDICAL-Daño
es la medida del resarcimiento en materia de despido ilegal
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA
INTERPRETACION Y APLICACION DE LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO
FUERO SINDICAL-Indemnización
integral por despido ilegal
El daño sufrido por el trabajador aforado, provocado por el despido
sin justa causa declarada mediante sentencia judicial, debe ser reparado de
manera integral, esto es, de acuerdo con lo que se logre probar en cada caso,
lo cual incluye, además del pago de los salarios no devengados, con sus
reajustes y prestaciones, cualquier otro valor dejado de percibir o pagado por
el trabajador, como consecuencia directa del despido injusto. Siendo entendido,
además, que la reparación integral incorpora la correspondiente indexación.
Referencia:
expediente D-3692
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401
parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo
y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
Demandante:
Antonio Eduardo Bohórquez Collazos
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.   ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos demandó los artículos 359 parcial,
379-e parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda en referencia.
II.  PRECISION METODOLOGICA
Para efectos de resolver la demanda y en procura de una mayor
claridad metodológica, la Corte relacionará en cada acápite el texto de las
disposiciones impugnadas - subrayándose lo demandado -, el resumen del cargo o
cargos de la demanda correspondientes, el concepto del Procurador y finalmente
las consideraciones de la Corte.
Debe anotarse que a pesar de haberse oficiado oportunamente a
distintas entidades públicas y organizaciones sindicales, ninguna de ellas
intervino en el presente proceso para defender o impugnar la constitucionalidad
de los preceptos acusados.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De conformidad con el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución
Política, corresponde a esta Corporación decidir sobre la constitucionalidad de
las normas acusadas.
2. Artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del
Trabajo
“Artículo 359.
Número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir
un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y
todo sindicato patronal no menos de cinco (5) patronos [hoy
empleadores] independientes entre sí.”
“Artículo 401.
Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de
sindicatos solamente se disuelve:
(...)
d. Por
reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se
trate de sindicatos de trabajadores.
2.1.  La demanda
Señala el actor que el artículo 359 y el
literal d) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo vulneran los
artículos 16 y 39 de la Carta Política puesto que limitan el derecho de
asociación sindical y vulneran el libre desarrollo de la personalidad de los
trabajadores. Después de relatar cómo las distintas entidades del Estado se han
venido reduciendo de tamaño a raíz del ajuste fiscal decretado en la Ley
617/00, y de las continuas reestructuraciones, supresiones y fusión de cargos y
dependencias oficiales producidas desde tiempo atrás, el demandante concluye
que con tales hechos se impide la constitución de sindicatos en muchas
entidades oficiales, debido al bajo número de trabajadores que laboran en
ellas. Cita como ejemplo el caso de los departamentos y municipios en donde,
según él, existen entidades con plantas de personal reducidas, lo cual limita
el ejercicio del derecho de asociación sindical por cuanto las normas acusadas
exigen para la constitución del sindicato mínimo 25 trabajadores, además de
establecer, como causal de disolución del mismo, la reducción de los afiliados
a un número inferior al anteriormente anotado.
Ante esta circunstancia, solicita a la Corte declarar la
inconstitucionalidad de las normas acusadas o, en su lugar, la exequibilidad
condicionada, señalando respecto del artículo 359 C.S.T., que “el número mínimo
de miembros para conformarse o subsistir debe ser razonable, de conformidad con
las circunstancias que rodean cada organización, o sustituyendo la cantidad
consagrada, declarando que “debe ser de doce, esto es, los diez de la Junta
Directiva más los dos de la Comisión estatutaria de reclamos.” Y en relación
con el literal d) del artículo 401, que “el número mínimo de miembros para
poder subsistir, esto es, no sufrir disolución, debe ser razonable, de acuerdo
con las circunstancias que rodean a cada organización y la cuantificación de la
planta de personal de la entidad donde tienen su asiento; al igual que debe
condicionarse a que la reducción de miembros obedezca a la voluntad de la
organización y no a la del empleador a través de la implementación de
reestructuraciones que arrojen supresiones de cargos, o por persecución
política o de otro tipo, o por la intimidación que ejerza el empleador. O si es
del caso declarando que el número mínimo de miembros para no sufrir disolución
sea el de doce, según lo sugerido en el punto que inmediatamente antecede.”
2.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
En concepto No. 2695 recibido en esta Corporación el 22 de octubre de
2001, el Procurador solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de
los artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del Trabajo,
con fundamento en las siguientes razones:
La determinación del número mínimo de miembros como requisito para
la conformación y subsistencia de un sindicato no corresponde fijarlo a la
Corte Constitucional sino al legislador, “a menos que el número fijado por
aquél se convierta en una forma de impedir la formación de sindicatos.”
Considera el Procurador que el número fijado en las normas
demandadas no vulnera el derecho de asociación sindical por cuanto “quienes no
puedan constituir un sindicato de base o de empresa pueden vincularse a
sindicatos de industria o actividad económica o a sindicatos de oficios varios,
garantizándose así el núcleo esencial del derecho de asociación, en su
condición específica, de asociación sindical. Si ante las circunstancias a que
alude el demandante, especialmente la relacionada con la reducción del tamaño
de algunas entidades públicas, especialmente a nivel municipal, este requisito
pudiera resultar inconveniente mas no inconstitucional, el espacio de discusión
no es la vía de la acción pública de inconstitucionalidad, sino las vías
políticas.”
2.3.  El problema jurídico planteado
Corresponde a la Corte decidir, en primer término, si compete al
legislador determinar el número de trabajadores para constituir un sindicato y
para que éste subsista, o si se trata de una injerencia indebida de aquél en
asuntos que son privativos de la organización sindical; en segundo lugar, si es
razonable, desde el punto de vista constitucional, el requisito según el cual
se requiere un número mínimo de 25 trabajadores para constituir un sindicato,
así como para que éste subsista, toda vez que la reducción de los afiliados a
un número inferior al antes citado constituye una causal de disolución del
mismo.
2.4. Competencia del legislador para
establecer el marco regulatorio aplicable a los sindicatos
Sostiene el demandante que las normas
acusadas vulneran la Carta Política por cuanto es propio de la autonomía de los
sindicatos determinar el número de afiliados que requieren para su constitución
y su disolución, careciendo el legislador de competencia para regular tal
asunto.
Para dilucidar lo anterior, la Corte estima necesario exponer unas
consideraciones generales en relación con el derecho de asociación sindical y
los límites que el legislador puede establecer a tal derecho.
El artículo 39 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental
de asociación sindical en los siguientes términos:
“Los
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
La
estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos.
La
cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía
judicial.
Se
reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación
sindical los miembros de la Fuerza Pública.”
El citado canon constitucional es concordante con el artículo 23-4
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual "toda
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de
sus intereses"; el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales, que consagra el deber de los Estados Partes
de garantizar el derecho de toda persona de formar y afiliarse a sindicatos; y
el artículo 8 literal a) del Protocolo Adicional a la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(Protocolo de San Salvador), que incorporó a la Carta Americana el deber de las
Partes de garantizar "el derecho de los trabajadores a
organizar sindicatos y afiliarse al de su elección, para la protección y
promoción de sus intereses".
Resulta conveniente reiterar la
jurisprudencia constitucional en relación con el derecho de asociación
sindical:[1]
“El art. 39 de la
Constitución consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los
trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación,
dado que aquél consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores
para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y
los una, en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u
oficio, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de
los empleadores.
“En la sentencia
T-441/92[2]
la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:
‘Se concluye que el derecho de asociación sindical es
un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en
cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social y
democrático de derecho, más aún cuando este derecho, que permite la integración
del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un
simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una
sociedad democrática  y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y
órganos del poder público’.
‘La asociación
sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una
autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que
perdura durante esa asociación’.
‘Tiene también un carácter relacional o sea que se
forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho
subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en
tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y
una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva’.
‘Tiene así mismo
un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico,
necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar
en el ámbito de la formación social’.
“En el derecho de
asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que
amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones
sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que
signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento.
Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para
autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna
que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso
2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los
sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. (...)”
A su vez, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido lo siguiente:
“156. La libertad de asociación, en materia sindical,
consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y
poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin
intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio
del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona
pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la
asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la
realización común de un fin lícito si presiones o intromisiones que puedan
alterar o desnaturalizar su finalidad.
157. El Preámbulo de la Constitución de la OIT incluye
el “reconocimiento del principio de libertad sindical” como requisito
indispensable para “la paz y armonía universales”.
158. Esta Corte considera que la libertad de
asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa
de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris
de los derechos humanos.
159. La libertad de asociación, en materia laboral, en
los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y
una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones
distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional
y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse (...)”[3]
Con la expedición de las leyes 26 y 27 de 1976, Colombia ratificó
los Convenios 87 y 98 de la O.I.T., relativos a la libertad sindical y al
derecho de negociación colectiva, respectivamente, los cuales hacen parte de la
legislación interna, al tenor del artículo 53 de la Constitución Política.
El primero de estos instrumentos
internacionales consagra, en términos generales, que los trabajadores y
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, gozan del
derecho a constituir las organizaciones que estimen pertinentes y de afiliarse
a ellas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas; así
mismo, que el ejercicio del derecho de sindicalización debe estar revestido de
suficientes garantías para que los sindicatos puedan desplegar sus actividades
sin injerencia alguna de las autoridades públicas, estando obligados los
Estados miembros que se adhieran al Convenio a tomar todas las medidas
necesarias para tal fin; proscribe además la disolución o suspensión por vía
administrativa de las organizaciones de trabajadores o empleadores, entre otras
disposiciones.
El Convenio 98, por su parte, constituye
un instrumento normativo de protección a los trabajadores respecto de los
posibles actos discriminatorios en contra de la libertad sindical, y asegura un
ambiente libre de coerciones o limitaciones en los procesos de negociación
colectiva.
Para el presente caso, conviene resaltar
el artículo 3 del Convenio 87, según el cual:
“1. Las organizaciones de trabajadores y empleadores
tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el
de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y
sus actividades y el de formular sus programas de acción.
“2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de
toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio
legal.”
Como ya se dijo, el artículo 39 de la
Constitución, así como el instrumento antes citado, consagran el principio de
autonomía sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de
dichas organizaciones, según el cual éstas pueden constituirse sin injerencia o
autorización previa, así como redactar sus estatutos y reglamentos, sin más limitaciones
que el orden legal y los principios democráticos. De igual forma, de tales
preceptos se concluye que un sindicato nace a la vida jurídica desde el momento
mismo de su fundación, como lo consideró la Corte en sentencia T-784/01[4] y como expresamente lo
prevé el artículo 364 del C.S.T., modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de
1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería.”[5]
Sin embargo, lo anterior no significa,
como parece concluir el actor, que los derechos fundamentales de asociación y
de libertad sindical sean de carácter absoluto. Por el contrario, son relativos
y, en consecuencia, pueden sufrir restricciones por parte del legislador,
siempre y cuando no se vulnere su núcleo esencial, como lo manifestó la Corte
en sentencia C-797/00[6]:
“No es admisible
reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la
propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador,
que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39
inciso 2) y que los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan
que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en
cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la
finalidad  que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la
salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el
cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo
tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en
modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la
libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado
ejercicio.”
En conclusión, se debe reiterar que
corresponde al legislador “la responsabilidad de establecer, por medio de la
ley, los preceptos que desarrollen la garantía de la libertad sindical en
aspectos tales como el número de trabajadores que se requieren para
constituir una organización sindical, el domicilio, estatutos, número de
representantes y sus fueros, etc., es decir, en aspectos que permitan la
realización plena del derecho de asociación sindical y la efectividad de su
ejercicio.”[7]
(Subrayado fuera del texto)
Por las razones expuestas, no le asiste
razón al demandante cuando afirma que la determinación del número mínimo de
trabajadores para constituir un sindicato o para que éste subsista, es una
facultad discrecional de las organizaciones sindicales que escapa de la órbita
del legislador, pues este órgano es competente para determinar los lineamientos
generales aplicables al ejercicio de los derechos de asociación y de libertad
sindical, entre los que se destaca el requisito que cuestiona el actor.
No obstante lo anterior, la Corte hace
énfasis en que el marco regulatorio expedido por el legislador debe respetar la
autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos
de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en
desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de
tales organizaciones, a que ya se ha hecho referencia. En efecto, como lo ha
manifestado el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la
O.I.T., “las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el
funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleados
entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de
que su adopción fuera considerada indispensable para las autoridades, estas
disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las
organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y
administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos
objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y
salvaguardar los intereses de sus afiliados.”[8]
En síntesis, la Carta Política protege el
derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin
intervención del Estado, pero con sujeción a un marco regulatorio general cuya
expedición compete al legislador. En ese orden de ideas, los artículos 359 y
401 del C.S.T., parcialmente acusados, no violan la Constitución, pues
corresponde a este último determinar el número mínimo de afiliados exigido para
la constitución y subsistencia del sindicato de trabajadores.
2.5. Constitución y liquidación de
sindicatos de trabajadores frente a los procesos de reestructuración de
entidades
Considera el actor, además, que no es
razonable el número de miembros establecido en las normas acusadas como
requisito mínimo para constituir un sindicato y para que éste subsista, si se
tienen en cuenta los frecuentes recortes de personal en las entidades, los
cuales pueden conducir a la existencia de una planta con un número de empleados
inferior al allí estipulado.
En principio, los procesos de
reestructuración de las entidades públicas no constituyen una restricción
ilegítima al derecho de asociación sindical, en la medida en que, con ellos, no
se persigue la reducción de la planta de personal a fin de impedir la
constitución de un sindicato de trabajadores, ni tienen el propósito de que
este último incurra en una causal de disolución por quedar reducido a un número
inferior a 25 afiliados.
En relación con la justificación de
dichos procesos de reestructuración, la Corte ha sostenido que “el Estado, para
cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le
sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la
administración pública, resulta razonable que se produzca la correspondiente
valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su
misión, estructura, funciones, resultados, etc., y adecuarlas a los objetivos
demarcados constitucionalmente.”[9]
Aunque hacen alusión de manera específica
a los empleados de carrera, son aplicables los argumentos expuestos en la
sentencia C-954/01,[10]
donde la Corte sostuvo que, “de conformidad con el artículo 58 superior, el
interés particular que tiene el trabajador respecto de la estabilidad en su
cargo debe ceder ante el interés público o social que comporta la supresión de
cargos como consecuencia de los procesos de reestructuración de las entidades”,
añadiendo luego que “lo anterior no significa que el trabajador quede a merced
de la voluntad de las autoridades encargadas de hacer la reestructuración y
vean desamparados sus derechos(...)”
Por otra parte, el control de
constitucionalidad de las leyes que ejerce la Corte es un juicio abstracto
mediante el cual se confronta la norma demandada con la Constitución Política,
razón por la cual desborda las funciones de esta Corporación retirar una
disposición del ordenamiento positivo con fundamento en una mera hipótesis de
aplicación de la misma. Por lo tanto, no debe prosperar el cargo según el cual
las normas acusadas limitan la constitución y la subsistencia de sindicatos de
trabajadores ante posibles reestructuraciones de las entidades, pues el hecho
que trae a colación el actor -la reducción de la planta de personal a un número
inferior a 25 trabajadores- es apenas una eventualidad sobre la cual no puede
basarse el juicio abstracto de inconstitucionalidad a que se ha hecho
referencia.
Se debe insistir en que los procesos de
reestructuración de las entidades, en principio, persiguen una finalidad
distinta a la de restringir el ejercicio del derecho a la libertad sindical, y
aun si pudiera probarse, en un caso concreto, que con ellos se busca impedir la
constitución de un sindicato en una entidad, o la disolución de uno ya
existente, la demanda de inconstitucionalidad no es la vía expedita para buscar
la protección de los derechos de los trabajadores, pues ellos cuentan para el
efecto con otros mecanismos de defensa, tales como la acción de tutela.
No sobra recordar que el Código
Sustantivo del Trabajo y el Código Penal, en concordancia con los artículos 1,
2 y 3 del Convenio 98 de la O.I.T., establecen sanciones administrativas y
penales, respectivamente, para quienes atentan contra los derechos de
asociación y libertad sindical. Pero la evaluación del caso y la aplicación de
dichas medidas corresponde al juez ordinario y no al tribunal constitucional,
pues las posibles conductas ilegales de los empleadores tendientes a
obstaculizar tales derechos no constituyen motivo idóneo para declarar la
inconstitucionalidad de las normas demandas.
La Corte deja claramente establecido que
los procesos de reestructuración de las entidades, en ningún caso, pueden tener
como finalidad u objetivo atentar contra la existencia o funcionamiento de la
organización sindical.
2.6.    Razonabilidad del número mínimo de afiliados para constituir
un sindicato de base
Tal como lo señala Alberto José Carro Igelmo, las relaciones de
pertenencia y legitimidad que se daban en el Gremio (aprendiz, oficial y
maestro)[11]
se desdibujaron y perdieron toda vigencia práctica[12] a partir de la
entronización del sistema económico - social que el liberalismo instauraba,
destacándose en su lugar un esquema que subrayaba la situación del empresario
como algo extraño, excluyente e inaceptable a los ojos de los trabajadores. Por
ello mismo, señala el autor:
“(...) el sindicalismo es un resultado
natural del tiempo del capitalismo y de la proletarización de las masas
industriales y del fin de la vieja corporación profesional.  En su origen no
fue sino ‘una asociación puramente de asalariados, con el fin de asegurar la
defensa o la mejora de las condiciones de su contrato de trabajo’ (según la
clásica definición de los Webb)”.[13]
La organización sindical aparece entonces como un “poder
compensatorio” de cara al poder de contratación laboral que ab initio
asistía al empresario, a cuyos fines convenía establecer un número mínimo de
afiliados.  ¿Cuál podría ser ese mínimo y con fundamento en qué?  Al respecto
anota Roberto Falchetti Mignore:
“Es frecuente que las diferentes
legislaciones condicionen la validez del Acto constitutivo a un número mínimo
de fundadores, y al mantenimiento de ese mínimo como condición de existencia
del sindicato, una vez fundado y reconocido éste (...).
“118- (Número mínimo de fundadores).  La
fijación de un número mínimo de integrantes para los sindicatos responde a una
finalidad evidente;  la ley debe fijar condiciones mínimas, a los efectos que los
sindicatos tengan cierta fuerza negociadora y reivindicadora para cumplir con
sus fines de defensa profesional.  Como recuerda DE LA CUEVA, en general un
sindicato de tres o cuatro personas no podría efectuar una adecuada defensa
profesional frente al empleador.  Así, el número de afiliados debe ser
suficiente para poder dar cumplimiento a los fines perseguidos por la entidad.
“En cuanto al número concreto en sí,
puede ser tachado de arbitrario, como todo mínimo.  De todos modos, los
antecedentes históricos parecen marcar una preferencia por un mínimo de 20
trabajadores”.
Más adelante señala el autor:
“En este sentido, el Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha opinado que ‘el número de
20 miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra
exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de
sindicatos’.[14]
Sobre el mismo tema, expresó dicho órgano que ‘el establecimiento de un
sindicato puede verse sometido a grandes dificultades, e incluso hacerse
imposible, cuando la legislación fija en una cifra evidentemente exagerada el
mínimo de miembros de un sindicato, tal como ocurre, por ejemplo, cuando
estipula que los promotores de un sindicato de empresa deben ser cincuenta como
mínimo’.
“En suma, la exigencia legal de un mínimo
de afiliados es una situación corriente, y no parece implicar un obstáculo al
ejercicio del derecho de sindicación, en la medida que el requerimiento se
mantenga dentro de parámetros razonables”.
Ahora bien, en el caso colombiano existe legislación desde 1919
sobre conflictos colectivos, huelga y sus mecanismos de solución, siendo propio
advertir que la primera ley sobre sindicatos fue la 83 de 1931.  Así, en virtud
de su artículo 5, para gozar de personería jurídica el sindicato debía
presentar ante el Ministerio de Gobierno, por conducto de la Oficina General
del Trabajo, una solicitud suscrita por veinte asociados, a lo menos, y tres
ejemplares de los estatutos.  Asimismo estipulaba la ley 83 en su artículo 6:
“Todo sindicato deberá contar veinticinco miembros,
por lo menos”.
Con fundamento en lo anterior, la Corte no considera irrazonable el
requisito según el cual todo sindicato de trabajadores necesita para
constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Por el
contrario, lo encuentra necesario y proporcionado a la finalidad que se
persigue, cual es la de garantizar una estructura y organización mínimas y de
carácter democrático del sindicato, órgano de representación por antonomasia de
los trabajadores afiliados. Como cualquier organización, se procura que tenga
un número mínimo de personas con el cual pueda cumplir cabalmente sus
objetivos, hacer efectivo su normal funcionamiento, asignar a los miembros que
lo conforman diversas funciones, y garantizar la participación de todos los
afiliados en los asuntos que los afecta, tanto los relacionados con el
sindicato mismo como los que se refieran a las  condiciones laborales en que
desarrollan su trabajo. La Corte considera que 25 es un número razonable para
tales efectos, más aún si se tiene en cuenta que se trata de un límite mínimo y
no de un tope[15],
esto es, un número máximo de trabajadores que pudieran afiliarse al sindicato.
En consecuencia, es claro que las normas acusadas no consagran una
modalidad impeditiva para la formación de sindicatos ni proclive a su
disolución, como alega el actor, sino simplemente un requisito impuesto a los
trabajadores que pretendan constituir un sindicato, así como para que el ya
constituido no incurra en una causal de disolución, requisito que la Corte
encuentra razonable para alcanzar los fines a que se ha hecho referencia.
Por los motivos expuestos, tampoco le
asiste razón al actor cuando afirma que las disposiciones impugnadas
condicionan la voluntad de los trabajadores que deseen fundar sindicatos de
base, obligándolos a pertenecer a sindicatos gremiales o de actividad económica
cuando en las entidades se adelantan recortes de personal hasta el punto en que
no haya suficientes trabajadores para constituir un sindicato de base. Más aún
si se tiene en cuenta que, en  tales circunstancias, los trabajadores pueden
participar en los asuntos que los afecta a través de otras formas asociativas
distintas al sindicato de base.
Siendo entonces un requisito que no
constituye una cifra exagerada que obstaculice la creación de sindicatos, se
concluye que los artículos 359 y 401 literal d) del C.S.T. no menoscaban las
garantías sindicales previstas en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, especialmente los Convenios No. 87 y 98 de la O.I.T. Por lo
tanto, serán declaradas exequibles.
Por último, la Corte considera necesario
aclarar que, de conformidad con el artículo 401 del C.S.T., en los casos en que
un sindicato se vea reducido a un número inferior a 25 afiliados, está incurso
en una causal de disolución, pero ésta no opera ipso jure, pues la
declaratoria de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica
de un sindicato sólo puede hacerse mediante declaración judicial, tal como lo
prevé el artículo 39 superior, en concordancia con el artículo 4 del Convenio
No. 87 de la O.I.T.
3. Artículo 379-e parcial del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 de la ley 584 de 2000
“Artículo 379.
Prohibiciones. Es prohibido a los sindicatos de todo orden:
(...)
e. Modificado por el artículo 7 de la ley 584
de 2000. Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los
casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable
al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus
trabajadores;”
(...)
3.1.  La demanda
Sostiene el actor que la expresión acusada del literal e) del
artículo 379 viola el Preámbulo y el artículo 56 de la Constitución, por
considerar que allí el legislador establece dos nuevas restricciones al derecho
de huelga, por fuera de lo plasmado en la Constitución: “la primera, que no es
posible accionarle (sic) frente a un empleador diferente de quien la ejercita. La
segunda, que sólo es posible la huelga respecto de las insatisfacciones por el
no cumplimiento de las obligaciones salariales por parte del empleador.” Lo
anterior impide ejercer el derecho de huelga por solidaridad entre las
organizaciones sindicales, además de que convierte la huelga en inoperante pues
impide ejercerla para presionar al empleador para que cumpla con obligaciones
diferentes a las salariales, v.gr. estabilidad, salud, recreación, etc.
3.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad
de la expresión “salariales” contenida en el literal e) del artículo
379.
Según él, dicho precepto vulnera el artículo 56 de la Constitución
pues éste último no limita el derecho de huelga a la protección exclusiva de
los derechos salariales. “Si bien, en principio, la relación laboral es una
relación económica, por cuanto está mediada por la remuneración, no pueden
reducirse las obligaciones del empleador a obligaciones económicas en sentido
estricto, para que únicamente frente a ellas proceda la huelga, olvidando las
obligaciones sociales y aquellas de carácter convencional que no tienen
necesariamente carácter económico. Desborda la posibilidad de regulación del
legislador y afecta la autonomía de las organizaciones sindicales, el impedir
que éstas evalúen en una situación concreta el incumplimiento de los
compromisos del empleador y decidan si tal incumplimiento amerita o no la
declaración de huelga, por cuanto dicha limitación no está contemplada en la
Carta.”
3.3.  El problema jurídico planteado
Para analizar los cargos de la demanda, la Corte debe responder los
siguientes interrogantes:
(i) ¿Las “obligaciones salariales” a que hace referencia la norma
demandada, se refieren exclusivamente a aquellas de carácter económico
consistentes en el pago del salario y los respectivos factores salariales a que
tienen derecho los trabajadores? En caso afirmativo, ¿es constitucional que la
legalidad de la huelga imputable al empleador esté supeditada a que se promueva
exclusivamente ante el incumplimiento de esa clase de obligaciones? y
(ii) ¿La huelga por solidaridad está prohibida por la Constitución?
3.4. El derecho de huelga imputable al empleador por el
incumplimiento de obligaciones salariales
El derecho de huelga está consagrado en el artículo 56 de la Carta
Política en los siguientes términos:
“Se garantiza el
derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el
legislador.
La ley
reglamentará este derecho.
(...)”
Definida en el artículo 429 del C.S.T. como la “suspensión
colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de
un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a
sus patronos [hoy empleadores] y previos los trámites establecidos” en la ley,
la huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las
relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirve de
medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y, de
esa manera, un equilibrio y justicia sociales, así como el respeto de la
dignidad humana y la materialización de los derechos del trabajador.
Es abundante la jurisprudencia de esta Corporación en relación con
el contenido y alcance del referido derecho, así como su especial protección
dentro del ordenamiento constitucional, incluyendo los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia.[16]
Al respecto, resulta ilustrativa la sentencia C-432/96,[17] en la que la Corte
sintetizó esquemáticamente los distintos criterios
jurisprudenciales sobre este tema, así:
"- El derecho a la huelga no es un derecho fundamental, puesto que
para su ejercicio requiere de reglamentación legal.
"- Sólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga
cuando se respetan los cauces señalados por el legislador.
"- El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se
encuentra en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre
asociación sindical, derechos que sí ostentan el carácter de fundamentales.
"- El derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de
los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera
exclusiva al legislador, o los señalados como tales por el Constituyente, de
acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas
constitucionales vigentes.
"- El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador
para proteger el interés general y los derechos de los demás.[18]
"- El derecho a la huelga también puede ser restringido por el
legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público.
"De acuerdo con estos parámetros, puede afirmarse que, según la
Constitución, el derecho de huelga está restringido de dos formas:
"a. Está prohibido su ejercicio en los servicios públicos
esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como
tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca
del contenido de las normas constitucionales vigentes.
"b. En los demás casos, su ejercicio debe ceñirse a la
reglamentación que de él haga el legislador.
En el mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo
que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en “la facultad que
tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión
colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus
intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es
absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo cuya garantía
implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del
conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán
tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser
limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos
fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por
ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no
puede quedar desfigurado.”
Dejadas sentadas las anteriores consideraciones, la Corte procede a
analizar el contenido del ordenamiento parcialmente demandado.
En efecto, cuando es imputable al empleador por el incumplimiento de
sus obligaciones salariales, la huelga no sólo constituye un mecanismo de
presión legítima para obtener mejores condiciones laborales, sino para exigir a
aquél el cumplimiento de dichas obligaciones.
¿Qué se debe entender por la expresión “obligaciones salariales”,
contenida en la norma acusada?
Teniendo en
cuenta que las obligaciones a que alude la norma están calificadas por el
adjetivo salariales, es evidente que están restringidas a las que se
deriven del incumplimiento del pago del “salario”. Sobre este concepto, ha sido
reiterada la jurisprudencia de la Corte, de la cual conviene citar la sentencia
SU.995/99:[19]
“Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del
salario, no sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la
legislación interna; es menester acudir a instrumentos de derecho internacional
que se encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud del
artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental
vigente en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de
constitucionalidad. (...)
“En este orden de ideas, la noción de salario ha de entenderse en los
términos del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo  -
relativo a la protección del salario -, ratificado por la Ley 54 de 1992, que
en el artículo 1° señala:
‘El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar’.
“Esto quiere decir que para efectos del significado que en nuestro
ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección
judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que
sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin
importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las
partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o
mensual percibida por el empleado - sentido restringido y común del vocablo -,
sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías,
horas extras - entre otras denominaciones -, tienen origen en la relación
laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o
el servicio prestado.
Como puede verse, el término salario, aunque amplio, tiene una
connotación que se circunscribe de manera exclusiva a la remuneración por el
trabajo realizado o, en palabras de la Corte, a la “retribución al servicio que
se presta a un empleador, representado en el principio a trabajo igual salario
igual.”[20]
En este orden de ideas, la huelga imputable al empleador por el incumplimiento
de las obligaciones salariales, a que hace referencia la norma acusada, está
restringida a aquellas circunstancias directamente relacionadas con el no pago
del salario debido a los trabajadores.
Sin ignorar, por supuesto, que el derecho a recibir oportunamente el
salario constituye no sólo un medio de subsistencia sino de dignificación del
trabajo y la vida humana, la Corte considera que la huelga puede ejercerse por
los trabajadores afectados por el incumplimiento de obligaciones distintas a
las meramente económicas tales como, por ejemplo, el pago de los aportes al
sistema de seguridad social o, en general, cualquier deuda insoluta por parte
del empleador distinta al salario o a los factores salariales, a que puedan
tener derecho los trabajadores por disposición legal, contractual o
reglamentaria.
Lo anterior no significa que cualquier incumplimiento de las
obligaciones del empleador justifique la huelga, por lo cual corresponde a la
autoridad competente determinar, en cada caso, el mérito de las razones que conducen
a la suspensión colectiva del trabajo.
En síntesis, si bien el derecho de huelga no es absoluto, éste no
puede restringirse - como lo hace la norma demandada- en el sentido de prohijar
la huelga imputable al empleador sólo cuando éste incumple con sus obligaciones
de tipo salarial, pues tal disposición menoscaba los intereses de los
trabajadores y el ejercicio del derecho de huelga, en contravía de lo dispuesto
en los artículos 53 y 56 de la Constitución.
Por las razones expuestas, la Corte declarará la inexequibilidad de
la expresión “salariales”, contenida en el literal e) del artículo 379
del C.S.T.
3.5.  La huelga por solidaridad no está prohibida por la
Constitución
La huelga por solidaridad consiste en la facultad que tienen los
empleados sindicalizados o no sindicalizados, de  participar en la huelga
promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos
en un conflicto laboral con su empleador. Es, pues, subsidiaria a la huelga
principal que promueven los trabajadores directamente afectados.
El tratadista Mario de la Cueva define esta figura como “la
suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes
sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y
solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en
conflicto con su patrono.”[21]
La finalidad de este tipo de huelga, de acuerdo con la doctrina, reposa en el
supuesto de que, “al generalizarse una suspensión de labores, los patronos
afectados buscarán la forma de evitar que se extienda a ellos y presionarán
para que el responsable acceda a las demandas de sus trabajadores.”[22] Aunque también puede
suceder lo contrario, esto es, que se adopten mayores formas de represión
contra los empleados en huelga.
Ahora bien, la Corte debe decidir si la huelga por solidaridad tiene
arraigo constitucional, o si, por el contrario, está prohibida por el artículo
56 de la Constitución Política.
El sentido y alcance del derecho de huelga alcanzó una nueva
dimensión a instancias del Constituyente de 1991 dado que, mientras en la
Constitución de 1886 el derecho de huelga estaba proscrito para cualquier
servicio público, en la actual Carta sólo se excluye de su disfrute a los
trabajadores de la esfera de los servicios públicos esenciales que determine la
ley.  Claro es entonces que hoy, por regla general, el derecho de huelga se
predica de los trabajadores vinculados a los servicios públicos, a menos que
tales servicios correspondan al catálogo de los esenciales por disposición
legal, caso en el cual, a pesar de que los respectivos trabajadores se
encuentren sindicalizados, el derecho de huelga se halla al margen de su
patrimonio jurídico laboral.
Por ello mismo, si el Constituyente consagró la garantía para
ejercer el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales - con
lo cual se busca garantizar la continuidad de su prestación en atención al
interés general que se vería conculcado -, es de entender que también prohijó
el ejercicio de sus distintas modalidades o manifestaciones, entre las cuales
milita la denominada huelga por solidaridad. Entonces, si este derecho tiene un
alcance amplio que en modo alguno sugiere la exclusión de la modalidad en
comento, no cabe duda de que tal ejercicio solidario goza de pleno y legítimo
sustento constitucional.
Sobre este tema afirmó la Corte Constitucional en sentencia C-473 de
1994:
“Como vemos, el derecho de huelga está en conexión
directa no sólo con claros derechos fundamentales –como el derecho de
asociación y sindicalización de los trabajadores (CP arts. 38 y 39)- sino
también con evidentes principios constitucionales como la solidaridad, la
dignidad, la participación (CP art. 1) y la realización de un orden justo (CP
art. 2)”.
En líneas posteriores agregó la Corte:
“La Carta no establece ninguna limitación sobre los
tipos de huelga, por lo cual el contenido de este derecho debe ser interpretado
en sentido amplio”.
En este orden de ideas, se halla cobijada por dicha garantía
constitucional, por ejemplo, la huelga que adelanten los trabajadores de una
empresa en solidaridad con otros que están en huelga con un empleador distinto,
cuando unos y otros se encuentren vinculados a una federación o confederación
sindical, u ostenten cualquier otra ligazón que habilite la participación
solidaria.
4. Artículo 401-e parcial del Código Sustantivo del Trabajo,
adicionado por el artículo 56 de la Ley 50 de 1990
“Artículo 401.
Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de
sindicatos solamente se disuelve:
(...)
e. Adicionado por el artículo 56 de la ley 50
de 1990. En el evento de que el sindicato, federación o confederación se
encontrare incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés
jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral respectivo, la
disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el
registro sindical. Al efecto se seguirá en lo pertinente el procedimiento
previsto en el artículo 52 de esta ley.”
4.1.  La demanda
Según el demandante, el aparte acusado
del literal e) del artículo 401 vulnera los artículos 29 y 39 de la
Constitución, al permitir que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se
convierta en juez y parte, “toda vez que no está restringido ni prohibido por
la Carta Política el que empleados públicos militantes en la planta de personal
de éste constituyan organizaciones sindicales, lo cual lo convertiría automáticamente
en el empleador y en el potencial interesado en su disolución”. Además,
considera el actor que es muy difícil garantizar la imparcialidad debida en la
disolución de sindicatos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, por pertenecer
dicho Ministerio a esta última.
Por otra parte, la expresión “o quien
demuestre interés jurídico” permite que el empleador, público o privado, “se
erija también en juez y parte, al tiempo que permite una intromisión no deseada
en el seno de la respectiva organización”, pues puede suceder que éste, a
través de la intimidación o por medio de la desvinculación masiva de empleados,
disminuya el número de miembros para que pueda subsistir el sindicato y luego
sea él mismo quien “demuestre interés jurídico” para solicitar la disolución
de aquél, lo que repugna al ejercicio del derecho a la asociación sindical
y al debido proceso.
En consecuencia, el actor solicita a la
Corte declarar la inconstitucionalidad de la expresión “el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre interés jurídico” o, en subsidio
de lo anterior, se declare la exequibilidad condicionada, “siempre y cuando se
entienda que en ningún caso el empleador puede demostrar interés jurídico para
demandar la disolución del sindicato que tiene influencia para con su empresa o
entidad.”
4.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien
demuestre tener interés jurídico” contenida en la norma acusada, al no
encontrarla contraria a la Constitución, toda vez que las causales de
disolución de los sindicatos son señaladas por el legislador y no por el
empleador. De tales causales “sólo la última (reducción de los afiliados a un
número inferior a veinticinco) podría interpretarse que es el empleador el que
puede dar lugar a ella, cuando a través de prácticas ilegales logra la
reducción del número mínimo de miembros por debajo de los límites señalados en
la ley. Sin embargo, dicha causal es objetiva y otro será el tratamiento que el
legislador ha regulado para impedir que sea la conducta del empleador la que dé
origen a la configuración de dicha causal (...) Además, no es el empleador y ni
siquiera la autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo quien toma
la decisión final sobre la disolución del sindicato, la decisión es tomada por
el juez laboral, de conformidad con el propio artículo 401 que se demanda.”
4.3.  El problema jurídico planteado
La Corte debe determinar si la norma demandada, al consagrar que el
Ministerio de Trabajo o quien demuestre interés jurídico pueden solicitar al
juez laboral declarar la disolución de un sindicato, los faculta para
intervenir ilegítimamente en dicha disolución.
4.4. Consideraciones de la Corte
En primer lugar, la Corte encuentra que la norma demandada no
contradice la regla según la cual todos los trabajadores, salvo los miembros de
la Fuerza Pública, tienen derecho a constituir la organización que estimen
conveniente, así como el de afiliarse, abstenerse de hacerlo y desafiliarse de
la misma, sin intervención del Estado. Así pues, de ningún modo restringe el
derecho de los trabajadores a sindicalizarse y, en caso de constituirse
debidamente una organización sindical, goza de todas las garantías consagradas
en la Carta Política y en los instrumentos internacionales ratificados por
Colombia, sobre las cuales se ha hecho amplia referencia en esta sentencia.
En segundo lugar, la disposición demandada no confiere al Ministerio
de Trabajo la facultad de disolver un eventual sindicato que pudiera crearse
dentro de dicha entidad, pues ésta es una función que corresponde
exclusivamente al juez laboral, tal como lo dispone el artículo 39 de la
Constitución Política, al consagrar que “la cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sólo procede por vía judicial,” en concordancia con el
artículo 4 del Convenio 87 de la O.I.T., según el cual “las organizaciones de
trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía
administrativa.”
El artículo 401 del C.S.T. establece, en sus literales a), b), c) y
d), diversas causales objetivas de disolución de los sindicatos, federaciones o
confederaciones. Por su parte, el literal e), objeto de acusación parcial, establece
que en el evento de que una de estas organizaciones se encuentre incursa en
alguna de dichas causales, el Ministerio de Trabajo o quien demuestre tener
interés jurídico, podrá solicitar ante el
juez laboral respectivo, la disolución y liquidación del sindicato y la
cancelación de la inscripción en el registro sindical.
Según lo anterior, la facultad que tiene el referido Ministerio, o
quien demuestre interés jurídico, se limita a elevar ante el juez competente la
solicitud de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el
registro sindical de la organización que considere incursa en una de las
causales allí previstas, solicitud que debe tramitarse de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 380 del C.S.T. En consecuencia, ni el
Ministerio de Trabajo ni quien demuestre interés jurídico - incluyendo el
respectivo empleador de los trabajadores sindicalizados -, se convierten en
“juez y parte” cuando elevan una solicitud de disolución sindical ante el juez
laboral, pues ninguno de ellos tiene la competencia para decidir sobre ese
asunto. En ese orden de ideas, aplicando el símil propuesto por el demandante,
dichos sujetos son simplemente “partes” dentro del proceso.
Ahora bien, la Corte no encuentra reprochable que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, como organismo de la Rama Ejecutiva del Poder
Público encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas de
empleo, trabajo, previsión y seguridad social, así como de vigilar y controlar
el cumplimiento de las normas y procedimientos laborales, pueda elevar
solicitudes de disolución de sindicatos ante el juez respectivo cuando
considera que aquéllos están incursos en las causales previstas en el artículo
401 del C.S.T., pues tal facultad se enmarca dentro de la órbita de sus
funciones.
Tampoco es de recibo el argumento según el cual el empleador de los
trabajadores afiliados al sindicato debe estar impedido para elevar una
solicitud al juez laboral en tal sentido, pues la finalidad de esta solicitud
radica en hacerle conocer al juez competente, por medio de la demostración de
hechos y circunstancias acreditados con las respectivas pruebas, que existen
méritos para que declare la disolución de un sindicato, por estar incurso en
una de dichas causales. En ese sentido, el empleador, quien tiene un
conocimiento cercano de esos factores, no podría verse inhabilitado para
solicitar al juez la declaratoria de disolución del sindicato.
El demandante alega, además, que la norma
acusada permite que el Ministerio de Trabajo se parcialice respecto de los
sindicatos de otras entidades de la Rama Ejecutiva, y que dicho Ministerio o el
empleador respectivo puedan inducir al sindicato a incurrir en una causal de
disolución, por medio del despido de empleados hasta que aquél quede reducido a
un número inferior al exigido en la ley, con el fin de demandar posteriormente
su disolución. Sobre este punto, la Corte se remitirá a los argumentos
expuestos en esta sentencia, precisamente en relación con el análisis de la
causal de disolución referente al número mínimo de afiliados al sindicato. En
tales casos, se reitera, los trabajadores afectados cuentan con otros
mecanismos de defensa para la protección de sus derechos, pues el juicio de
constitucionalidad que hace la Corte no se fundamenta en las formas de
aplicación de las normas, sino en su adecuación a la Constitución Política.
En conclusión, la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o quien demuestre interés jurídico” contenida en el literal e) del
artículo 401 del C.S.T. será declarada exequible, por las razones expuestas por
el Ministerio Público y que la Corte acoge.
5. Artículos 405 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo
25 del Decreto 2351 de 1965
“CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
“Artículo
405. Modificado por el artículo 1 del Decreto 204 de 1957. Definición. Se
denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser
despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a
otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez de trabajo.”
“Artículo 467. Definición. Convención colectiva de
trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos [hoy empleadores] o asociaciones
patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales
de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia.”
“DECRETO 2351 DE 1965
Por el
cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo
Artículo
25. Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren
presentado al patrono [hoy empleador] un pliego de petición no podrán ser
despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del
pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el
arreglo del conflicto.”
5.1.  La demanda
Aduce el demandante que el artículo 405
del Código Sustantivo del Trabajo viola los artículos 13 y 39 de la Carta, en
cuanto se refiere a los empleados públicos, toda vez que el precepto demandado
excluye de la protección foral a los empleados públicos, pues dicha norma sólo
alude a quienes tienen establecida una relación laboral con su empleador con
base en un vínculo contractual, mas no de carácter legal o reglamentario.
En razón a lo anterior, solicita que se
declare la inconstitucionalidad del artículo 405 del C.S.T. “o en su defecto,
la constitucionalidad condicionada, en el entendido que la garantía del fuero
es aplicable sin excepciones a los empleados públicos que pertenezcan a las
Juntas Directivas y a las Comisiones de Reclamos de sus respectivas
organizaciones sindicales, señalando que las desvinculaciones que se pudieren
suceder por declaratoria de insubsistencias de aforados no pertenecientes a la
carrera administrativa y de los que escalafonados en aquellas sean susceptibles
de sufrir la supresión de sus cargos, deben ser previamente autorizadas por la
autoridad judicial.”
En el mismo sentido, señala el actor que
el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo viola los artículos 2, 13 y
55 de la Constitución, por cuanto excluye a los empleados públicos de la
posibilidad de ejercer la negociación colectiva, configurándose además la
violación del principio de igualdad entre los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y privados, pues éstos últimos sí pueden acudir a dicho
instrumento.
Por lo anterior, el demandante pide a la
Corte declarar la inconstitucionalidad de la norma acusada o, en su defecto, la
constitucionalidad condicionada, “siempre y cuando se entienda que las
negociaciones llevadas a cabo por éstos [los empleados públicos] y sus
empleadores, con las restricciones constitucionales y legales del caso, quedan
incluidas en la definición que trae dicha norma legal, y por ende allí se
pueden plasmar dichos acuerdos, sin importar el nombre del documento donde
reposen.”
Y en relación con el artículo 25 del
Decreto 2351 de 1965, manifiesta el accionante que dicho precepto “acusa una
omisión que viola el principio de igualdad material ante la ley ya que, sin que
exista otra norma en el ordenamiento que ampare a estos empleados del Estado
ante estas circunstancias, les deja por fuera de la protección que cobija al
resto de los trabajadores (...)”, pues el precepto legal demandado sólo dispone
la protección en conflictos colectivos de trabajadores oficiales y privados,
mas no de empleados públicos. Por lo tanto, el artículo citado debe ser
declarado inexequible o, en su defecto, exequible condicionado, “en el
entendido que por regla general ella es aplicable también a los empleados
públicos.”
5.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
del artículo 405 del C.S.T., por cuanto la expresión “trabajadores” contenida
en el artículo 39 de la Constitución es un término que cobija tanto a los
trabajadores particulares y oficiales como a los empleados públicos que actúen
como representantes de las organizaciones sindicales. Así pues, considera que
la interpretación que hace el actor no está acorde con la Constitución ni con
el desarrollo jurisprudencial sobre la garantía foral, la cual se predica tanto
de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo como a través de
una relación legal y reglamentaria.
Por el contrario, el Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
condicionada de los artículos 467 del C.S.T. y 25 del Decreto 2351 de 1965,
“bajo el entendido que estas normas serán aplicables a los empleados públicos
en tanto se regule legalmente la negociación colectiva de éstos y únicamente en
lo que corresponda a la naturaleza legal o reglamentaria de esta forma de
vinculación.”
Según él, compete al legislador regular el ejercicio del derecho de
negociación colectiva, armonizando las competencias constitucionales de las
autoridades públicas con el derecho a la participación de los empleados
públicos. “En tanto ello se produce, este despacho encuentra viable que se
ordene por la Corte Constitucional como medida transitoria de protección de los
derechos de los empleados públicos, la aplicación de lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo, parte segunda, título III, en lo que no haya sido
regulado especialmente para los empleados públicos y sea compatible con la
naturaleza de esa relación legal o reglamentaria; así, lo preceptuado en los
artículos 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476 etc., pero se reitera,
dentro de los límites que para la aplicación de estas normas presenta la
naturaleza legal o reglamentaria de esta relación laboral.”
Por otra parte, considera que el fuero para los trabajadores que
presenten peticiones debe extenderse a los empleados públicos, porque la “falta
de regulación legal de la negociación colectiva de los empleados públicos no
puede derivar en una total desprotección de éstos, por tanto, el fuero debe
garantizarse durante el período que duren las negociaciones.”
5.3.  El problema jurídico planteado
Dado que las normas acusadas no se refieren de manera expresa a los
empleados públicos, debe la Corte determinar si éstos últimos están excluidos
de los derechos y garantías allí consagrados.
5.4. Fuero sindical de los empleados públicos. Reiteración de
jurisprudencia
La Corte Constitucional ya se ha ocupado del asunto bajo análisis,
relativo al fuero sindical de los empleados públicos, jurisprudencia que será
reiterada en esta oportunidad. En sentencia C-593 de 1993, la Corte declaró
inexequible el numeral 1° del artículo 409 del C.S.T, que excluía del fuero
sindical a los empleados públicos, al considerar que el Constituyente de 1991
había ampliado dicha figura para estos trabajadores, toda vez que el artículo
39 superior no hacía ningún tipo de distinción entre trabajadores privados y
públicos. La Corte sostuvo los siguientes argumentos:
“El
Constituyente de 1991 no excluyó del derecho de asociación sindical a los empleados
públicos, sino que le dio consagración constitucional al derecho que les
reconocían la ley y la jurisprudencia anterior y amplió las garantías para su
ejercicio, al no excluirlos del derecho al fuero sindical.
(...)
En
consecuencia, los empleados públicos tienen el derecho de constituir sus
sindicatos sin intervención del Estado, de inscribir las correspondientes Actas
de Constitución que les otorgan reconocimiento jurídico y, en consecuencia,
tendrán legalmente unos representantes sindicales a los cuales no se puede
negar que el Constituyente de 1991 reconoció: "el fuero y las demás
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión."
Por su parte, el parágrafo 1° del artículo 12 Ley 584 de 2000, que
modifica el artículo 416 del C.S.T., consagra expresamente el fuero sindical
para los empleados públicos, así:
“Gozan de la
garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores
públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad
civil, política o cargos de dirección o administración.”[23]
En conclusión, la Corte considera innecesario declarar la
constitucionalidad condicionada del precepto acusado en los términos que
solicita el demandante y, en consecuencia, el artículo 405 del Código
Sustantivo del trabajo será declarado exequible.
5.5. La negociación colectiva no es un derecho de los sindicatos de
empleados públicos. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 55 de la Constitución consagra el derecho de negociación
colectiva en los siguientes términos:
“Se garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las
excepciones que señale la ley.
Es deber del
Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de
los conflictos colectivos de trabajo.”
En el ámbito del derecho colectivo del trabajo, el derecho de todos
los trabajadores de negociar libre y voluntariamente con sus empleadores las
condiciones derivadas de la relación laboral, constituye un elemento esencial
de la libertad sindical, en la medida en que sirve de instrumento para alcanzar
mejores condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan las
organizaciones sindicales.
En ejercicio de este derecho, y dado el carácter dinámico de las
relaciones laborales, los trabajadores pueden celebrar convenciones colectivas
con sus empleadores “para fijar las condiciones que regirán los contratos de
trabajo durante su vigencia”, al tenor del artículo 467 del C.S.T. Por su parte,
el artículo 25 del Decreto de 1965 consagra la institución denominada
doctrinalmente “fuero circunstancial”, mecanismo que busca proteger a los
trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, en
el sentido de que éstos no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada,
desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de
las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
Para determinar si estas disposiciones son aplicables a los
sindicatos de empleados públicos, deben armonizarse con el artículo 416 del
Código Sustantivo del Trabajo, según el cual “los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliegos de condiciones ni celebrar convenciones
colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen
todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos
de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no
puedan declarar o hacer huelga.”
Ahora bien, esta Corte ha encontrado legítima la restricción al
derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, a que
hace referencia el citado artículo 416, como se consideró en la sentencia
C-110/94[24] al declararlo exequible:
“La
disposición legal parte de la distinción, introducida de tiempo atrás en el
Derecho Laboral colombiano, entre empleados públicos y trabajadores oficiales.
Mientras los primeros tienen establecida con el Estado una relación legal y
reglamentaria, los segundos están vinculados al servicio público mediante
contrato que se rige por normas especiales. (...)
“La
restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos,
sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones
colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza
el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las
excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones,
establecida en norma con fuerza material legislativa. (...)
“El
análisis varía tratándose de los trabajadores oficiales, quienes tienen con el
Estado una relación de índole contractual. Sus sindicatos, de acuerdo con la
norma bajo examen, tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de
trabajadores, lo cual no pugna con la Constitución y, por el contrario, la
desarrolla, de conformidad con lo expuesto.”
Y en la sentencia C-377 de 1998,[25]
al revisar la constitucionalidad del “Convenio 151 sobre la protección del
derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la administración pública” y de la Ley 411 de 1997 aprobatoria de
dicho instrumento, la Corte consideró acorde con la Constitución la
diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos para efectos
del ejercicio del derecho de negociación colectiva, señalando que los primeros
gozan de este derecho plenamente, mientras que los segundos lo hacen de manera
restringida, pues si bien éstos tienen derecho a buscar y alcanzar soluciones
concertadas en caso de conflicto, no se puede afectar en modo alguno la
facultad que tienen las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de
empleo. En esa oportunidad la Corte dijo lo siguiente:
“...a diferencia
de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de
negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede
llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar
unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de
mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes,
participar en la determinación de sus condiciones de empleo  es válida, siempre
y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a
las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al
Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los
gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para
el efecto obran autónomamente.  Con esa misma restricción, es igualmente
legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una solución negociada y
concertada entre las partes en caso de conflicto entre los empleados públicos y
las autoridades.
Ahora bien, las
anteriores precisiones en manera alguna implican que la Corte debe condicionar
el alcance de los artículos 7º y 8º del convenio bajo revisión en relación con
los empleados públicos, por cuanto esas normas autorizan a tomar en cuenta las
especificidades de las situaciones nacionales. Así, el artículo 7º no consagra
un derecho de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos
sino que establece que los Estados deben adoptar “medidas adecuadas a las
condiciones nacionales” que estimulen la negociación entre las autoridades
públicas y las organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible con
la Carta.”
Con fundamento en consideraciones similares, la Corte Suprema de
Justicia también ha encontrado justificada la restricción al derecho de
negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, señalando además
que aquélla “no se contrapone a los Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados
por las Leyes N° 411 del 5 de Noviembre de 1997 y 524 del 12 de Agosto de 1999
respectivamente, porque en tales instrumentos internacionales se consagra la
negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que
puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida
deseable para que las organizaciones que representan a aquéllos participen con
las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones
de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales.  Por  ello,
se  hace  en estos una invitación a los Estados para que, de acuerdo con las
situaciones propias de cada nación, se adelanten campañas de estímulo y fomento
de tal mecanismo de concertación en el sector público. Lo que, además, por
mandato constitucional - inciso dos del artículo 55 de la C.P. - constituye un
deber para el Estado colombiano.”[26]
Por las razones expuestas, la Corte declarará exequibles las normas
demandadas, pues deben armonizarse con el artículo 416 del C.S.T., el cual
restringe el derecho de negociación colectiva para los sindicatos de empleados
públicos en el sentido de prohibirles presentar pliegos de condiciones y
celebrar convenciones colectivas, restricción que la Corte reiteradamente ha
considerado acorde con la Constitución Política.
Sin embargo, la Corte debe advertir que, estando garantizado
constitucionalmente el derecho de negociación colectiva para todas las
relaciones laborales, incluidas las de los empleados públicos, y existiendo una
amplia facultad de configuración normativa en esta materia por parte del
legislador, este último podría en el futuro permitirle a dichos empleados
presentar pliegos de condiciones.
6. Artículo 408 parcial del Código Sustantivo del Trabajo
“Artículo 408.
Modificado por el artículo 7 del decreto 204 de 1957. Contenido de la
sentencia. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el patrono [hoy empleador] para despedir a un
trabajador amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o
para trasladarlo si no comprobare la existencia de una justa causa.
“(...)”.
6.1. La demanda
El demandante considerada que la
expresión “desmejorados en sus condiciones de trabajo” contenida en el
artículo 405 y “o para desmejorarlo” contenida en el artículo 408 del
C.S.T., violan el principio fundamental del respeto a la dignidad humana, así
como los artículos 25, 53 y 58 de la Carta, pues repugna con dichas normas
constitucionales y el orden justo que la “desmejora en las condiciones
laborales (que es una forma grave de atentar contra la dignidad humana y los
derechos adquiridos y especialmente los fundamentales) sea posibilitada por el legislador
y, más grave aún, que pueda ser autorizada por quien está instituido por la
Carta para - como tarea esencial y deber ineludible- hacerle respetar y
respetarle, como lo es la autoridad judicial”. Tal autorización es
inconstitucional y así deberá declararlo la Corte.
6.2. Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de las expresiones contenidas en las normas acusadas pues, según él, la
interpretación del demandante desconoce el carácter protector de las normas
demandadas, ya que lo que buscan las disposiciones impugnadas es prevenir que,
en el marco del ius variandi, el empleador tome represalias contra los
trabajadores o empleados públicos que tienen algún cargo directivo en el sindicato.
Así las cosas, el texto acusado no vulnera la Constitución, ya que “debe ser
leído a la luz de las normas constitucionales, de los tratados internacionales
y de las demás normas laborales que protegen al trabajador contra el
desmejoramiento ilegal de sus condiciones de trabajo.”
6.3.  Problema jurídico planteado
La Corte debe decidir si las normas demandadas facultan al empleador
para desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores que gocen de
fuero sindical, así como al  juez laboral para autorizarlo en tal sentido.
6.4. Las disposiciones demandadas consagran una garantía para los
trabajadores que gozan de fuero sindical
El fuero sindical, institución consagrada en el artículo 39 de la
Constitución Política, “es una consecuencia de la protección especial que el
Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función
que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus
afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo normal de
las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el derecho de
asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira
a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos
puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de
los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante
el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se
perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos.”[27]
Atendiendo esa finalidad, el artículo 405 del C.S.T. define el fuero
sindical como una garantía que gozan los trabajadores aforados de
no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo,
ni trasladados, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo.
En armonía con el anterior precepto, el artículo 408 del mismo
Código consagra el deber del juez de negar el permiso que hubiere solicitado
el empleador para despedir a un trabajador aforado o para desmejorarlo,
o para trasladarlo, si no se logra comprobar la existencia de una justa causa.
Como puede verse claramente, las normas acusadas consagran una
garantía para el trabajador aforado en el sentido de que el ius variandi no
pueda ser ejercido por el empleador sin la respectiva autorización judicial.
Dicha protección, que tiene asidero constitucional y sobre la cual ha sido
particularmente prolija la jurisprudencia de esta Corte, es diametralmente
opuesta a la supuesta facultad que tienen el empleador y el propio juez para
llevar a cabo el primero, y autorizar el segundo, una desmejora en las
condiciones de los trabajadores que gozan de fuero sin que se califique la
justa causa para ello, como equivocadamente deduce el demandante del texto de
las normas acusadas.
La Corte considera suficientes estos argumentos para desestimar el
cargo de la demanda y, en consecuencia, declarará la constitucionalidad de las
expresiones impugnadas, contenidas en los artículos 405 y 408 del C.S.T.
7. Artículo 406 parcial del Código Sustantivo del Trabajo
“Artículo 406.
Modificado por los artículos 57 de la ley 50 de 1990 y 12 de la ley 584 de
2000. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Están amparados por el
fuero sindical:
(...)
d. Dos de los
miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos,
las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta
directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa
más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada
por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores.”
7.1. La demanda
Sostiene el actor que la expresión
acusada contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T. vulnera los
artículos 16 y 39 de la Constitución ya que, cuando existe más de una
organización sindical en cualquier empresa o entidad pública o privada, sólo
una de éstas, la que agrupa el mayor número de empleados o servidores públicos,
puede designar una comisión de reclamos, sin que las otras organizaciones
puedan ejercitar la representación de sus afiliados en esferas
constitucionales, legales y estatutarias propias de dichas comisiones. Por otra
parte, la disposición impugnada crea jerarquías discriminatorias entre los
sindicatos, “cuando ordena que los más importantes son los que gozan del
derecho a imponer su propia comisión de reclamos; contrario sensu, los
menos importantes deben someterse a los criterios de aquéllos, sin importar las
características, problemáticas y autonomías propias de cada uno.”
7.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de la expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1)
comisión estatutaria de reclamos”, y la inconstitucionalidad de la
expresión “Esta comisión será designada por la organización sindical que
agrupe el mayor número de trabajadores” contenidas en el literal d) del
artículo 406 del C.S.T., por las siguientes razones:
La existencia de una comisión de reclamos en cada empresa no
contraría el ordenamiento constitucional a pesar de que existan varios
sindicatos, pues de lo que se busca es crear espacios de participación de los
trabajadores en los asuntos que los afectan, para lo cual el legislador cuenta
con amplia libertad de configuración (art. 158 C.P.). Sin embargo, “a la luz de
la Constitución participativa, democrática y pluralista, sí resulta contrario a
ella que esta comisión estatutaria de reclamos sea designada sólo por la
organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores por cuanto, si
bien es lógico que el sindicato más representativo pueda tener una mayor
participación en estos organismos, no resulta razonable que, para su
escogencia, se excluya de manera definitiva y total la participación de los
trabajadores pertenecientes a otros sindicatos, tanto para ser miembro de dicha
comisión como para elegir a sus integrantes, pues al fin y al cabo ésta va a
representar los intereses de todos.”
7.3.  El problema jurídico planteado
Corresponde a la Corte decidir, en primer lugar, si la norma
demandada establece una restricción legítima al ejercicio de los derechos de
asociación y libertad sindical, al consagrar que sólo puede existir una
comisión de reclamos en una empresa; en segundo lugar, si la designación de
dicha comisión por parte de la organización sindical que agrupe al mayor número
de trabajadores, es contraria a los principios democráticos que deben presidir
la estructura y el funcionamiento de los sindicatos, de conformidad con el
artículo 39 de la Constitución.
7.4. El ejercicio del derecho de asociación sindical a la luz de los
principios democráticos
Como todo derecho fundamental, el de asociación sindical no es
absoluto y, por ende, admite restricciones, siempre y cuando no se vulnere su
núcleo esencial. El mismo artículo 39 de la Constitución consagra un
condicionamiento a su ejercicio, al señalar que “la estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.”
Según lo anterior, los sindicatos no pueden contradecir, en
ejercicio de la autonomía sindical, los principios rectores de una sociedad
democrática sino, por el contrario, deben integrar a sus políticas y a su
organización mecanismos para hacerlos efectivos, procurando así la efectiva
participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan, toda
vez que los sindicatos a los que éstos pertenecen actúan como sus
representantes en la consecución de condiciones laborales más favorables a sus
intereses.
Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que los
principios pluralistas, democráticos y participativos tienen un alcance
extenso, en la medida en que están llamados a aplicarse en los espacios más
cercanos a la persona humana, como manifestación del “traslado de la democracia
desde el ámbito del Estado hacia la sociedad.”[28]
En relación con el derecho de asociación sindical, el “uso extensivo
de la democracia”[29]
se concreta en la adecuación de los estatutos del sindicato al orden legal y a
los principios democráticos, así como en la oportunidad de todos los
trabajadores de participar activamente dentro del mismo. En efecto, “la
participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso
de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los ‘principios
democráticos’ a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución. Siendo
el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos
determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados,
forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un
límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento jurídico a los
sindicatos.”[30]
7.5. La designación de los miembros de la comisión estatutaria de
reclamos debe ser democrática
Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, la Corte procede a analizar el ordenamiento objeto de
acusación parcial.
El literal d) del artículo 406 establece
que gozan de fuero sindical dos de los miembros de la comisión estatutaria de
reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones
sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis meses más.
Señala además que no puede existir en una empresa más de una comisión de
reclamos, la cual será designada por la organización sindical que agrupe el
mayor número de trabajadores.
Debe recordarse que la Corte declaró
inexequible el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, que prohibía
la coexistencia de más de un sindicato de base en una misma empresa, por lo
cual debe armonizarse la norma bajo estudio en el sentido de que, a pesar de
que legalmente pueden constituirse varios sindicatos de base o de otra clase en
una misma empresa, sólo puede existir una comisión estatutaria de reclamos.
Ahora bien, ¿tal restricción vulnera los derechos de asociación y libertad
sindical?
Para responder lo anterior, debe tenerse
en cuenta el objetivo fundamental de la comisión de reclamos dentro de la
organización sindical, cual es el de elevar ante el empleador las respectivas
reclamaciones que promuevan tanto los trabajadores individualmente
considerados, como el propio sindicato o sindicatos, en caso de que coexistan
varios de ellos en una empresa. Por ello, la Corte encuentra razonable que sólo
una comisión por empresa sea la encargada de llevar a cabo dicha labor de
manera unificada, pues se trata de un mismo empleador el depositario de las
diversas reclamaciones que puedan presentarse dentro de la empresa, lo cual no
significa una restricción ilegítima a los derechos de asociación y libertad
sindical. Nótese que el legislador no impone obstáculo alguno al ejercicio de
las funciones que ejerce dicha comisión sino, por el contrario, garantiza la
protección especial del fuero sindical para dos de sus miembros.
Por las razones expuestas, no tiene
ningún reparo de constitucionalidad la expresión “sin que pueda existir en
una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”, contenida en
el literal d) artículo 406 del C.S.T. y, en consecuencia, se declarará
exequible.
Ahora bien, debe anotarse que la función
que cumple la comisión de reclamos constituye un instrumento de vital
importancia para hacer efectiva la participación de los trabajadores y los
sindicatos en los asuntos que los afecta dentro de la empresa, en la medida en
que pueden comunicar al empleador, a través suyo, su inconformidad sobre las
condiciones de trabajo y demás reclamaciones particulares que se presenten en
la empresa para que él adopte, de manera unilateral o conjunta con el sindicato,
una solución al respecto.
Teniendo en cuenta, además, que la
comisión de reclamos representa a la totalidad de los trabajadores
sindicalizados de la empresa, sin importar el sindicato al que estén afiliados,
la designación de sus miembros, tal como está contemplada en la norma acusada,
sí constituye una violación a los derechos de igualdad y de participación de
los trabajadores afiliados al sindicato minoritario, y es contraria al mandato
constitucional según el cual la estructura y funcionamiento de los sindicatos
deben sujetarse a los principios democráticos, como pasa a demostrarse.
Una determinada disposición es
discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato
diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares. En el
presente caso, los sindicatos minoritarios y mayoritarios que coexistan en una
misma empresa, pueden elevar sus reclamaciones ante su empleador común a través
de la comisión estatutaria de reclamos. Por ello, la designación de sus
miembros es un asunto que afecta directamente a unos y otros,
independientemente del número de trabajadores que cada sindicato agrupe.
En este orden de ideas, el número de
trabajadores afiliados no constituye un fundamento razonable para que la ley
excluya a los sindicatos minoritarios de la designación de los miembros de la
comisión de reclamos. Se concluye entonces que, ante situaciones iguales, el
legislador da un tratamiento jurídico diferente sin justificación alguna, por
lo cual el segmento indicado vulnera el artículo 13 de la Constitución
Política.
Además, así como los sindicatos gozan de
autonomía para autoregularse, funcionar y organizarse conforme al orden legal y
los principios democráticos, el ordenamiento jurídico expedido por el
legislador debe, por un lado, respetar dicha autonomía sindical y, por el otro,
propugnar el respeto a los referidos principios. En el presente caso, como se
vio, el legislador impide que los sindicatos minoritarios en la misma empresa
tomen parte activa en los asuntos que los afectan, a pesar de que dichos
principios están incorporados al derecho de asociación sindical, como lo ha
reiterado la Corte:
“...el derecho de
asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado a la concepción
democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en
el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege
unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en
sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades
fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y
opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho
de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de
los asociados, que constituye el punto de partida para la participación
política”.[31]
Impedir que las minorías participen de
manera efectiva en la designación de las personas que los representan ante su
empleador, como ocurre con la comisión estatutaria de reclamos, constituye sin
duda alguna una manera de ignorar los principios democráticos que orientan el
ejercicio de los  derechos de asociación y libertad sindical. En efecto, la
norma acusada desconoce que la ley de mayorías que rige, por regla general, la
elección de representantes en los ámbitos político, social o comunitario, en
todo caso está sujeta a la participación sin exclusión de las minorías, como
sucede con los sindicatos que no agrupan al mayor número de trabajadores dentro
de una misma empresa. Al respecto, resulta ilustrativa la sentencia C-866/01,[32] en la cual la Corte
consideró lo siguiente:
“El respeto por las minorías debe traducirse en formas
reales de participación como minorías, en el respeto por la diferencia como
garantía de libre expresión. De ahí su multivocidad, el carácter especialmente
abstracto del término, por ello el desarrollo legislativo opera en primer lugar
dentro de un orden material y procedimentalmente democrático y segundo es la
ley la llamada a desarrollar en los distintos niveles en que opera la
democracia el cause por el que debe discurrir. Dada la dimensión sustantiva del
principio corresponde al legislador realizar su proyección normativa en cada
nivel de operación del principio democrático.”
En síntesis, el artículo 406 parcialmente
acusado vulnera el artículo 39 de la Constitución, al consagrar un mecanismo
antidemocrático de elección de los miembros de la comisión estatutaria de
reclamos, que representa a todos los trabajadores de una misma empresa, sin
importar el sindicato al que estén afiliados y, con ello, excluye a los
miembros de los sindicatos minoritarios de los mecanismos de participación
propios de cualquier forma asociativa en una sociedad democrática. Por el
contrario, deben crearse mecanismos en las organizaciones sindicales que
garanticen la participación de todos los trabajadores sindicalizados, en
igualdad de condiciones, en la designación de dicha comisión.
Con fundamento en las anteriores razones, la expresión “Esta
comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número
de trabajadores”, contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T.
será declarada inexequible, por ser contraria a los artículos 13
y 39 de la Constitución Política.
8. Artículo 408 parcial del Código Sustantivo del Trabajo
“Artículo 408.
(...)
Si en el caso de
que trata el inciso primero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo se
comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que
regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono [hoy empleador] a pagarle, a
título de indemnización, los salarios dejados de percibir por
causa del despido.”
8.1. La demanda
Según el demandante, la expresión “a
título de indemnización”, contenida en el artículo 408 del Código
Sustantivo del Trabajo, vulnera el artículo 2 de la Carta Política, que
consagra como finalidad del Estado la de asegurar un orden justo, y el artículo
13 ibídem, por omisión legislativa relativa.
Siendo que indemnizar significa resarcir un perjuicio, considera el
demandante que no es justo, razonable ni lógico que el resarcimiento del daño
causado por el empleador al aforado despedido sea el pago del salario, el cual
dejó de percibir por culpa de aquél. “Lo justo entonces, según la visión del
Constituyente, es que el empleador irrespetuoso del ordenamiento y conculcador
de los derechos del empleado sea condenado a pagar los salarios ya adquiridos
por éste, más una verdadera indemnización para subsanar - aunque en parte- los
perjuicios sufridos por no recibir - contra su voluntad y cuando debía- la
contraprestación por la labor que, de manera irregular, tampoco se le permitió
desarrollar.”
Por estas razones, la norma acusada debe
ser declarada inconstitucional, debiendo la Corte señalar que “además del pago
de salarios procede la cancelación de las indemnizaciones de ley.”
En cuanto a la omisión legislativa, agrega el demandante que ésta se
presenta “porque los empleados públicos con fuero, al ser desvinculados, sólo
tienen derecho a pedir ser reintegrados y a que se les paguen -a manera de
indemnización- sus salarios. Mientras que sus iguales, los otros empleados
públicos, tienen derecho - al ser desvinculados- a solicitar además de la
nulidad del acto, el restablecimiento del derecho, expresado en la declaratoria
de la no existencia de solución de continuidad, pago de prestaciones, primas,
vacaciones, bonificaciones, pago de salud y pensiones y demás emolumentos,
entre otros.” En consecuencia, solicita a la Corte declarar inconstitucional lo
acusado o, en su defecto, declarar la constitucionalidad condicionada “en el
sentido de que el juez de la causa, al ordenar el reintegro del aforado
desvinculado irregularmente, deberá condenar al empleador al pago no sólo de
los salarios dejados de percibir por motivo del despido, sino también de las
bonificaciones, primas, vacaciones, primas de vacaciones y demás prestaciones y
emolumentos, así como que debe declarar el no suceso de la solución de
continuidad y ordenar el pago de los aportes en salud y pensión y otros.”
8.2. Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
condicionada de la norma demandada “bajo el entendido de que la sentencia
debe garantizar el resarcimiento integral de todos los perjuicios sufridos,
incluidos los morales” o, en subsidio, declarar la inconstitucionalidad de
la expresión: “a título de ...los salarios dejados de percibir”, de tal
manera que se entienda que el juez del conocimiento puede ordenar no sólo el
reintegro del trabajador sino el pago de una indemnización por causa del
despido, la cual debe ser integral. Para tal fin, el Procurador aduce los
siguientes argumentos:
La disposición demandada “no consagra una protección completa tanto
para el trabajador como para la organización sindical, sujetos éstos que
resultan afectados por la actuación ilícita del empleador y frente a los cuales
el Estado está obligado a prever los mecanismos para que puedan reivindicar sus
derechos. Queda en evidencia que la organización sindical, que es una persona
jurídica con derechos patrimoniales y morales, no se ve compensada en forma alguna
frente a los perjuicios que para ella acarrea el desconocimiento del fuero
sindical. Por esta razón, sería conveniente que, además de las sanciones
administrativas y penales, el legislador contemplara una indemnización para la
organización sindical a la cual pertenece el trabajador afectado y una
indemnización integral de los daños patrimoniales y morales sufridos por éste
como consecuencia del ilícito del empleador.”
Sin embargo, considera que la declaración de inconstitucionalidad de
la norma acusada dejaría sin protección legal al trabajador; “por esta razón,
una declaratoria parcial de inconstitucionalidad, en tanto se produce una
regulación adecuada por parte del legislador, podría facilitar una
interpretación más acorde con el texto constitucional, en el sentido de que la
sentencia que ordene el reintegro o la restitución del trabajador aforado debe
ordenar, además del salario dejado de percibir, el pago de una indemnización
integral del trabajador, incluidos todos los salarios, prestaciones o emolumentos
que hubiese recibido si no se hubiera interrumpido la relación laboral por
causa de la actuación ilícita del empleador, es decir, salarios, primas,
vacaciones, cesantías, bonificaciones, aportes a salud y seguridad social,
reajustes salariales, etc. Lo anterior resulta claro si aceptamos que no se
trata de analizar si en efecto los servicios del trabajador se prestaron o no,
por cuanto si ello no fue así, se debió a una actuación ilegal del empleador y
no a la culpa o dolo del trabajador.”
8.3.  Problema jurídico planteado
Corresponde a la Corte decidir si la norma acusada vulnera los
derechos del trabajador aforado y del sindicato al que pertenece, al consagrar
que aquél, al  ser despedido sin sujeción a la ley, debe ser reintegrado a su
trabajo e indemnizado pero únicamente mediante el pago de los salarios dejados
de percibir por causa del despido.
8.4.  Indemnización a los trabajadores amparados con fuero sindical
despedidos ilegalmente
La institución del fuero sindical tiene como fin que los
representantes sindicales puedan cumplir cabalmente con sus gestiones y
consiste, como ya se ha dicho, en la garantía de no ser despedidos, ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados sin justa causa,
previamente calificada por el juez de trabajo. Así pues, el empleador debe
solicitar un permiso al juez del trabajo para adoptar una de tales decisiones,
a través de la acción de levantamiento de fuero, solicitud que debe ser negada
por éste último en caso de no comprobar la existencia de una justa causa, de
conformidad con el inciso primero del artículo 408 del C.S.T.
Para garantizar la efectividad de dicha institución, el trabajador
aforado y el sindicato al que pertenece[33]
cuentan con un mecanismo de defensa -la acción de reintegro -,[34] a través del cual
pueden acudir ante el juez del trabajo para que éste se pronuncie sobre la
legalidad del despido y, en caso que se demuestre que éste fue realizado sin
sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, ordenará el reintegro del
trabajador, así como el pago de los salarios dejados de percibir durante ese
lapso, esto último a título de indemnización.[35]
Antes de analizar el cargo de la demanda, resulta conveniente traer
a colación la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en relación con los efectos jurídicos del despido ilegal de un
trabajador amparado con fuero sindical:
“El criterio jurisprudencial de tiempo atrás sostenido por esta Sala
explica que cuando judicialmente se ordena el reintegro a su empleo de un
trabajador con fuero sindical despedido sin la previa autorización del juez del
trabajo, se parte del supuesto de que la decisión de terminar el contrato de
trabajo en esas condiciones no produjo efectos jurídicos por no cumplir con el
procedimiento establecido por la ley, por lo tanto deben restituirse las cosas
al estado en que se hallaban antes de producirse el despido, lo que conduce a
restablecer en su derecho al contratante afectado por la decisión ilegal de
quien actuó contra una expresa prohibición de la ley, restituyendo los plenos
efectos del contrato de trabajo ilegalmente extinguido.
“Asimismo, ha considerado la jurisprudencia que el lógico corolario de
la nulidad del despido del trabajador es el de que no haya jurídicamente interrupción
en el contrato restituido por la orden judicial; y por tal motivo, aun cuando
es verdad que expresamente la ley nada establece sobre la continuidad en el
contrato de trabajo, ha entendido la Corte que ello no es más que consecuencia
de la reincorporación del trabajador al empleo del que fue ilegalmente
separado, pues sólo de esa manera es posible el cabal restablecimiento de los
efectos jurídicos del contrato y la especial protección del derecho de
asociación sindical, en tratándose de la acción de reintegro consagrada para
los asalariados amparados con dicha garantía.
“La circunstancia de que el artículo 7º del Decreto 204 de 1957, que
subrogó el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, al determinar las
consecuencias del despido del trabajador sin sujeción a las normas que regulan
el fuero sindical, establezca que es "a título de indemnización" que
el patrono condenado debe pagar al trabajador los salarios que dejó de recibir
por causa del despido, no constituye razón suficiente para justificar la
interpretación planteada por la recurrente, según la cual esa
"indemnización" es el único efecto jurídico que se produce en caso de
reintegro; como tampoco para concluir que el pago de los salarios es indicativo
de un nuevo vínculo laboral, habida consideración de que en realidad cuando esa
norma alude al pago de los salarios dejados de percibir no está simplemente
precisando el resarcimiento de los perjuicios ocasionados al trabajador, ni
haciendo referencia a la contraprestación de sus servicios, los que, desde
luego, no se han podido  dar por la ilegal decisión del empleador, sino a la
consagración de una ficción que tiene como objetivo restablecer en su empleo a
quien lo perdió por ese acto ilegal de su patrono.
“Según el criterio jurisprudencial vigente, es precisamente por virtud
de esa ficción legal, que permite restablecer el contrato, que se explica no
sólo el efecto de ser el trabajador acreedor de una suma equivalente a los
salarios que dejó de recibir por causa del despido, sino que, además, el tiempo
que media entre el despido anulado y el reintegro efectivo del trabajador a su
actividad laboral, se cuente para reconocer el auxilio de cesantía por dicho
lapso, e igualmente la jubilación.”[36]
Debe advertirse que dicha Corporación, en un primer momento,
restringía la referida indemnización al pago de los salarios, con exclusión de
cualquier otro valor que contribuyera a reparar el perjuicio causado.[37] Posteriormente, en
sentencias como la citada, incluyó dentro de dicho concepto, además de los
salarios, el pago de reajustes salariales, cesantías y otras prestaciones
sociales dejados de percibir desde el momento del despido hasta su reintegro
efectivo.
Ahora bien, la Corte debe analizar si es constitucional que la
referida indemnización se limite exclusivamente a los pagos salariales dejados
de percibir por causa del despido, tal como está consagrado en la disposición
demandada.
Esta última, además de antitécnica, limita sin justificación alguna el
derecho que tiene el trabajador aforado que ha sido irregularmente despedido,
como víctima de un daño, a obtener una reparación que atienda los principios de
justicia y equidad, pues restringe la indemnización a que pudiera tener derecho
exclusivamente al pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta
su reintegro a la empresa o entidad. Por el contrario, dicha indemnización debe
ser integral pues, como lo ha sostenido la Corte, “el resarcimiento del
perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño
causado,”[38]
lo que significa que no puede superar ni ser inferior a ese límite, caso en el
cual implicaría un enriquecimiento o un empobrecimiento sin justa causa,
respectivamente. En este sentido, se puede afirmar que “el daño es la medida
del resarcimiento".
Al analizar la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley 50 de
1990, según el cual en todo contrato de trabajo va envuelta la condición
resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a
cargo de la parte responsable, la cual comprende el lucro cesante y el daño
emergente, y se establece una tasación anticipada de los perjuicios ante
diversas hipótesis, la Corte señaló lo siguiente:
“...la ley ha
previsto la indemnización de perjuicios cuando se da por terminado
unilateralmente el contrato sin justa causa. Así, aparte de establecer que la
indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, se establecen
unas reglas sobre la indemnización que habrá de recibir el empleado, de acuerdo
con las clases de contrato laboral, y los años de servicio.
A juicio de la
Corte, estos factores de medición y el señalamiento de la reparación del daño
resultan ser razonables, si se los mira dentro del ámbito de libertad de que
goza el legislador para regular esa materia, y sobre todo si se tiene en cuenta
lo establecido en el primer inciso del artículo 6 demandado, el cual prevé, en
forma genérica, la indemnización de perjuicios.
Ha de advertirse,
sin embargo, que la constitucionalidad de los numerales 2, 3 y 4, en estudio,
supone que con las cuantías allí previstas se alcanza la reparación del daño
sufrido por el trabajador a causa del despido, y en consecuencia la norma
consagra en realidad una fórmula de protección al empleado, a menos que él
haya probado o pueda probar un perjuicio más grave del tasado anticipadamente
por el legislador, hipótesis en la cual la disposición es exequible solamente
si se entiende que en ese evento el patrono está obligado a indemnizar
plenamente al trabajador en la medida de lo judicialmente probado; ello
resulta evidente a la luz de los artículos 25 y 53 de la Constitución.”[39] (Subrayado fuera del texto)
El hecho constitutivo del perjuicio, el daño sufrido y el nexo
causal entre éste y aquél, deben ser probados en cada caso por el trabajador
aforado que ha sido despedido o por el sindicato al que pertenece, si fue este
último, a través de su junta directiva, quien interpuso la acción de reintegro.
De igual forma, la valoración del daño, así como la tasación de la
indemnización a que haya lugar, es una tarea que corresponde cumplir al juez
del trabajo. No obstante, la Corte encuentra irrazonable que, al hacer tal
valoración, este último se vea limitado por la talanquera que consagra la norma
demandada, según la cual el pago de los salarios dejados de percibir
constituyen el único valor de la indemnización a que eventualmente puede tener
derecho el trabajador aforado que ha sido despedido ilegalmente. Una
interpretación de la norma acusada en tal sentido, sería contraria al principio
de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las fuentes formales de
derecho, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución.
Debe recordarse que, al tenor del artículo 16 de la Ley 446 de 1998,
“dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia,
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales.”[40]
En consecuencia, la norma acusada vulnera los principios de justicia
y equidad que informan el ordenamiento constitucional (Preámbulo y art. 2 C.P.)
y menoscaba el derecho de asociación sindical (Art. 39 C.P.), en la medida en
que restringe ilegítimamente el alcance de la acción de reintegro y, por tanto,
de la garantía del fuero sindical.
Se concluye entonces que el daño sufrido por el trabajador aforado,
provocado por el despido sin justa causa declarada mediante sentencia judicial,
debe ser reparado de manera integral, esto es, de acuerdo con lo que se logre
probar en cada caso, lo cual incluye, además del pago de los salarios no
devengados, con sus reajustes y prestaciones, cualquier otro valor dejado de
percibir o pagado por el trabajador, como consecuencia directa del despido
injusto. Siendo entendido, además, que la reparación integral incorpora la
correspondiente indexación.
Por consiguiente, la Corte declarará la constitucionalidad de la
expresión “a título de indemnización” contenida en la norma acusada, en
el entendido de que la indemnización a que tiene derecho el trabajador aforado
despedido ilegalmente, según sentencia judicial, debe ser integral en la medida
de lo judicialmente probado.
IV. DECISION
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o
subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados” contenida en
el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE, por
los cargos de la demanda, la expresión “y de huelga imputable al empleador,
por incumplimiento de las obligaciones...con sus trabajadores”, bajo el
entendido que conforme a la Constitución Política,  la prohibición aquí
establecida no impide promover la huelga por solidaridad; e INEXEQUIBLE
la expresión “salariales”, contenidas en el literal e) del artículo 379
del Código Sustantivo del Trabajo.
TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el
literal d) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre
tener interés jurídico”, contenida en el literal e) del artículo 401 del
Código Sustantivo del Trabajo.
QUINTO. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente por los cargos
analizados en esta sentencia.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión
estatutaria de reclamos”, e INEXEQUIBLE la expresión “Esta
comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número
de trabajadores”, contenidas en el literal d) del artículo 406 del Código
Sustantivo del Trabajo.
SEPTIMO. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “o para desmejorarlo” contenida en el inciso primero del
artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente por los cargos
analizados en esta sentencia.
OCTAVO. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “a título de indemnización”, contenida en el inciso segundo
del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que la
indemnización a que tiene derecho el trabajador aforado despedido ilegalmente,
según sentencia judicial, debe ser integral, conforme a lo expresado en las
consideraciones de esta providencia.
NOVENO. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente por los cargos
analizados en el numeral 5 de esta sentencia.
DECIMO. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, solamente por los cargos analizados en el
numeral 5 de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento parcial de voto a la Sentencia
C-201/02
FUERO
SINDICAL-No desmejoramiento en condiciones de
trabajo (Salvamento parcial de voto)
Conforme a lo dispuesto por el
artículo 39, inciso cuarto de la Constitución Política, el fuero que allí se
reconoce a los “representantes sindicales” para el cumplimiento de su gestión,
impone, necesariamente la garantía para los trabajadores amparados por el
mismo, no sólo a no ser despedidos ni trasladados sin la existencia de una
justa causa debidamente comprobada y con autorización judicial, sino también el
derecho a no ser desmejorados, en ningún caso, en sus condiciones de trabajo.
La aceptación de la posibilidad de desmejorar a los trabajadores amparados por
el fuero sindical, no en su beneficio sino en el de la organización sindical
que representan, implica un desconocimiento de la garantía constitucional que
establece el artículo 39 de la Carta en la materia, a tal punto que por esa vía
puede hacerse nugatoria en cuanto quien asuma la representación de los
trabajadores se vería expuesto al desmedro de sus condiciones laborales, pese a
que, precisamente lo que la Constitución ordena es lo contrario.
FUERO
SINDICAL-Desmejora de condiciones laborales no
puede autorizarse por el juez/FUERO SINDICAL-Empleador no puede invocar
justa causa para desmejora de condiciones laborales/FUERO SINDICAL-Actividades
de dirección no puede desmejorar condiciones de trabajo (Salvamento parcial de
voto)
Con el respeto debido a las decisiones de
la Corte, los suscritos magistrados salvamos nuestro voto en relación con lo
decidido en el numeral 7º de la parte resolutiva de la Sentencia C-201 de 19 de
marzo de 2002, por las razones que a continuación se expresan:
1ª. En el numeral 7º de la parte
resolutiva de la sentencia de la cual en ese punto discrepamos se declara la
exequibilidad de la expresión “o para desmejorarlo” contenida en el inciso
primero del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo.
2ª.  A nuestro juicio, conforme a lo
dispuesto por el artículo 39, inciso cuarto de la Constitución Política, el
fuero que allí se reconoce a los “representantes sindicales” para el
cumplimiento de su gestión, impone, necesariamente la garantía para los
trabajadores amparados por el mismo, no sólo a no ser despedidos ni trasladados
sin la existencia de una justa causa debidamente comprobada y con autorización
judicial, sino también el derecho a no ser desmejorados, en ningún caso, en sus
condiciones de trabajo.
La aceptación de la posibilidad de
desmejorar a los trabajadores amparados por el fuero sindical, no en su
beneficio sino en el de la organización sindical que representan, implica un
desconocimiento de la garantía constitucional que establece el artículo 39 de
la Carta en la materia, a tal punto que por esa vía puede hacerse nugatoria en
cuanto quien asuma la representación de los trabajadores se vería expuesto al
desmedro de sus condiciones laborales, pese a que, precisamente lo que la
Constitución ordena es lo contrario.
Al trabajador que ostenta la calidad de
directivo de la Asociación Sindical, la Carta Política le reconoce, de manera
expresa que ha de realizar actividades propias del organismo sindical sin que
por ello pueda ser objeto ni de persecución de los empleadores a pretexto de la
existencia de justa causa para despedirlo, ni tampoco de traslados arbitrarios
invocando el jus variandi, razones estas por las cuales el artículo 408 del
Código Sustantivo del Trabajo exige que en estas dos hipótesis sólo pueda
procederse con permiso del juez para el efecto a solicitud del empleador.
Cosa distinta ocurre con respecto a la
desmejora de las condiciones laborales, pues ella no puede ser autorizada por
el juez ni el empleador puede invocar justa causa ante el funcionario judicial
para obtener su autorización.  La garantía constitucional sobre el fuero
sindical, según nuestro criterio, ha de ser interpretada en un Estado Social de
Derecho, que reconoce al trabajo como valor fundante  y que persigue la
convivencia pacífica de los asociados en un orden económico y social justo, de
tal manera que el ejercicio de las actividades de dirección de las
organizaciones sindicales no pueda constituirse en una posibilidad siquiera de
desmedro en las condiciones laborales, pues ello resulta contrario a la
concepción social del Estado, a la democracia participativa y a la justicia
social a cuyo servicio deben encaminarse las organizaciones sindicales
protegidas de manera especial por la Constitución Política, no sólo en el
artículo 39 de la Carta ya citado, sino también por el artículo 25 de la misma en
cuanto este último establece que el trabajo gozará de la especial protección
del Estado, así como por el artículo 53 de la Constitución, en la medida en que
incorpora a la legislación interna los Convenios Internacionales del Trabajo
debidamente ratificados por Colombia, como acontece con los Convenios 086 y 087
de la OIT, entre otros.
3ª.  Pese a las consideraciones
precedentes, la Corte Constitucional en el numeral 7º  de la Sentencia C-201 de
19 de marzo de 2002, declaró exequible la expresión “o para desmejorarlo”, por
lo cual, con todo respeto, salvamos nuestro voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA              JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Aclaración parcial de voto al a
Sentencia C-201/02
DERECHO DE HUELGA-Efectividad de derechos derivados de la relación de trabajo/HUELGA
POR SOLIDARIDAD-No convalidación/DERECHO DE HUELGA-No ampliación a
situación que exceda ámbito de relación de trabajo y empresa en que se labora
(Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-3692
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401
parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo
y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
Magistrado
Ponente:
JAIME ARAUJO
RENTERÍA
Si bien comparto en todas sus partes la decisión adoptada por la
Corporación en cuanto a las disposiciones acusadas dentro del presente proceso,
debo reiterar  la aclaración de voto que anuncié durante la discusión de la
ponencia respectiva en cuanto a las consideraciones que sirven de fundamento a
la Corte para la decisión de inexequibilidad de la expresión “salariales” contenida
en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, considero que la excepción prevista en el literal e) del
artículo citado no podía subsistir circunscrita al incumplimiento por parte del
empleador de las obligaciones salariales con sus trabajadores y por ello está
bien que se declare inconstitucional la expresión “salariales”. Empero,
considero que de allí no puede avanzarse hasta convalidar las llamadas huelgas
por solidaridad por cuanto conforme a la Constitución la garantía del
derecho de huelga -con la expresa limitación respecto de los servicios públicos
esenciales- dentro del cauce legal ha de servir para la efectividad de los
derechos de los trabajadores derivados de la relación de trabajo y por ello no
puede ampliarse a tutelar situaciones que excedan el ámbito, no solo de una
determinada relación de trabajo, sino de la empresa dentro de la cual se
labora.
Fecha ut supra.
ALVARO TAFUR GALVIS
Aclaración
y Salvamento parciales de voto a la Sentencia C-201/02
HUELGA POR SOLIDARIDAD-Reglamentación por legislador (Aclaración y salvamento parciales de
voto)
SINDICATO-No
legitimación del empleador para solicitar disolución, liquidación y cancelación
de la inscripción (Aclaración y salvamento parciales de voto)
SINDICATO-Representación
individual por comisión estatutaria de reclamos o acuerdos con otro (Aclaración
y salvamento parciales de voto)
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Dimensiones (Aclaración y salvamento parciales de voto)
Referencia: expediente D-3692
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial,
408 parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 25 del
Decreto 2351 de 1965.
Actor: Antonio Eduardo Bohórquez Collazos
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA
Bogotá, D.C.,  diciembre trece (13) de
dos mil dos (2002).
Las siguientes son las razones que me llevan a aclarar o salvar
parcialmente mi voto respecto de algunos aspectos de la decisión mayoritaria,
la que respeto pero no comparto en su totalidad, sobre la constitucionalidad
parcial de los artículos 359, 379-e, 401, 405, 406, 408 y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. Creo que la
Corte ha debido ir más lejos en la protección de los derechos de los
trabajadores y, en especial, del goce efectivo de la libertad sindical.
1. Aclaración de voto respecto de los artículos 359, 379-e, 401 y 408
del Código Sustantivo del Trabajo
Si bien comparto en términos generales la decisión de la Corte,
considero que la sentencia ha debido puntualizar lo siguiente en la
justificación del fallo:
a. En cuanto al requisito de 25 trabajadores afiliados como número
mínimo para constituir un sindicato o para que una vez constituido pueda
subsistir (artículo 359 CST), considero que la sentencia no justifica
satisfactoriamente por qué tal exigencia respeta el principio de razonabilidad
y es, por lo tanto, exequible. No basta afirmar que la Corte encuentra tal
requisito necesario y proporcionado a la finalidad que persigue como es
garantizar una estructura y organización mínimas y de carácter democrático para
el sindicato (página 11 de la sentencia), si no se quiere aplicar un test
extremadamente débil, como lamentablemente se hizo en la sentencia. Es
indispensable además mostrar por qué un número menor de trabajadores afiliados
no cumpliría con tal finalidad. La Corte se limita a sostener que se trata de
un límite mínimo y no de un tope o límite máximo, caso en el cual sí sería
inconstitucional. Pero tal explicación no contesta el cuestionamiento en torno
al número de trabajadores afiliados exigido por la ley, ni la Corte analiza si
tal número es o no necesario o desproporcionado en contexto, por ejemplo, en
atención al número de trabajadores de la empresa o del respectivo sindicato.
Además, la Corte debía determinar previamente al análisis de la razonabilidad
la intensidad del test a aplicar, ya que por ejemplo un test estricto llevaría
seguramente a la inexequibilidad de la medida por impedir la creación de
sindicatos en una empresa pequeña.
b. En lo relativo a la huelga por solidaridad (artículo 379-e CST),
comparto íntegramente el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia en
cuando condiciona la exequibilidad relativa a los cargos de la expresión “y
de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones...con
sus trabajadores”, en el entendido de que conforme a la Constitución
Política,  la prohibición aquí establecida no impide promover la huelga por
solidaridad” y declara inexequible la expresión “salariales”, ambas contenidas
en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo. No
obstante, considero que se ha debido agregar que el legislador debía
reglamentar la huelga por solidaridad para evitar que su reconocimiento sea
meramente formal o que haya indefinición sobre los casos en que su legítimo
ejercicio merece especial protección.
c. La Corte declaró exequible la expresión “el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico”,
contenida en el literal e) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo
con fundamento, entre otros, en el siguiente argumento: “Tampoco es de recibo
el argumento según el cual el empleador de los trabajadores afiliados al
sindicato debe estar impedido para elevar una solicitud al juez laboral en tal
sentido, pues la finalidad de esta solicitud radica en hacerle conocer al juez
competente, por medio de la demostración de hechos y circunstancias acreditados
con las respectivas pruebas, que existen méritos para que declare la disolución
de un sindicato, por estar incurso en una de dichas causales. En ese sentido,
el empleador, quien tiene un conocimiento cercano de esos factores, no podría
verse inhabilitado para solicitar al juez la declaratoria de disolución del
sindicato.” A mi juicio tal argumentación es inaceptable porque confunde el
interés económico o retaliatorio del empleador que busca la disolución y
liquidación del sindicato existente en su empresa, con el interés jurídico
exigido por la ley para poder solicitar a la autoridad competente la
disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical
del sindicato que ya no cumple con los mínimos requisitos de ley. Por eso, el
fallo ha debido señalar que el patrono, en principio, no está legitimado para
solicitar al juez laboral lo establecido en la norma acusada, de forma que se
garantice plenamente la autonomía sindical y se impida que por este medio se
concrete una persecución, por ejemplo, cuando temporalmente se ha reducido el
número de trabajadores por debajo del mínimo establecido en la ley.
d. En lo que tiene que ver con la expresión “o para desmejorarlo”,
contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, declarada
exequible en relación con los cargos, considero que la Corte ha debido: 1)
analizar el derecho jurisprudencial vigente para precisar el alcance de la
disposición, en particular si ella cubre sólo el ius variandi o cobija
otras desmejoras relativas a las condiciones de trabajo en sentido amplio, que
cobija derechos laborales; 2) condicionar la exequibilidad de la norma a unos
parámetros de desmejora en todo caso no autorizables por el juez o a unos
criterios garantistas que orientaran el juez laboral en la aplicación de la
ley.
2. Salvamento de voto respecto de la decisión de exequibilidad de la
expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión
estatutaria de reclamos”, contenida en el literal d. del artículo 406 del
Código Sustantivo del Trabajo.
A juicio de la Corte es exequible que el legislador limite a una comisión
estatutaria de reclamos por empresa la posibilidad de existencia de tales
comisiones. No comparto tal decisión, puesto que a mi parecer lo más
democrático y protector de la libertad y la autonomía sindical es que cada
sindicato pueda, si así lo quiere, tener su comisión estatutaria de reclamos,
o, so lo desea, llegar a acuerdos con otros para tales efectos. Ello porque el
derecho de asociación sindical comprende el derecho a la representación de los
intereses de los trabajadores. Tal derecho se vería gravemente recortado si
solo el sindicato mayoritario en una empresa tiene la prerrogativa de designar
la comisión estatutaria de reclamos, dejando en suspenso la representación de
los trabajadores afiliados a otros sindicatos en la misma empresa o supeditándola
a que pase por el conducto del sindicato mayoritario.
Respecto a la importancia del derecho de representación de los
intereses de los trabajadores, que se entiende comprendido en el derecho
fundamental de asociación sindical, el fallo ha debido recoger la importante
doctrina constitucional sobre la materia:
“5. Sobre las dimensiones de
protección del derecho de asociación sindical
El
reconocimiento de los principios y garantías en los que se protege la actividad
laboral como un derecho y una función social significativa para la persona y la
comunidad (artículos 1, 25, 39 y 53 a 56 C.P., entre otros), no se agota en la
afirmación de derechos de carácter individual, puesto que supone, además, la
concreción de herramientas jurídicas que consagran derechos colectivos de los
trabajadores quienes al asociarse intentan aumentar su poder de representación
y negociación frente al empleador, el cual cuenta, usualmente, con mayores recursos
económicos[41].
Como se verá a continuación, uno de los ámbitos a través de los cuales se
expresa el derecho de asociación sindical tiene que ver con este ámbito
colectivo de los derechos laborales.
Esta
Corporación, desde sus inicios, se ha encargado de definir el contenido y
alcance del derecho de asociación sindical afirmando que se trata de una
garantía de rango constitucional (especie del genero mayor constituido por el
derecho de asociación) inherente al ejercicio del derecho al trabajo, y
articulado como un derecho con dimensiones tanto individuales como colectivas
que representa una vía para la realización del individuo dentro de un estado
social y democrático como el definido por la Carta Política.
La doctrina sentada por la Corte
Constitucional ha precisado algunas de las particularidades del derecho de
asociación sindical señalando su carácter voluntario, dado que su
ejercicio depende en todo momento de la autodeterminación del individuo para
vincularse, permanecer o retirarse de un sindicato; relacional, pues “de
un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro
se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a
ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma
una persona colectiva”[42];
e  instrumental, en la medida que “se crea sobre la base de un vínculo
jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a
desarrollar en el ámbito de la formación social”[43].
Se trata, pues, de un derecho que dentro
del ordenamiento jurídico se desenvuelve desde varias perspectivas que
comprenden: (i.) una libertad individual que se traduce en la posibilidad
de organizar sindicatos, o ingresar, permanecer y retirarse de los mismos -
dimensión individual del derecho de asociación-; (ii.) un poder
legítimo de los trabajadores organizados para promover no sólo sus
intereses sino su visión de la política general en temas que los afectan o
convocan como ciudadanos de una democracia participativa –dimensión colectiva
del derecho de asociación y (iii) una garantía de la autonomía de las
asociaciones libremente confirmadas para ejercer dicho poder legítimo.
En el presente caso,
el problema jurídico que surge entre las partes enfrentadas concierne de manera
directa a un aspecto de la dimensión colectiva del derecho de asociación
sindical, i.e. el reconocimiento de la existencia y el funcionamiento
de  sindicatos y la garantía de que tales organizaciones puedan defender
efectivamente sus propios derechos cuando puedan resultar amenazados por actos
o decisiones de los patronos.  Esta es una de las principales concreciones del
derecho de asociación sindical que ha sido definida por la propia Carta
Política –artículos 25, 29, 39 y 53 C.P., entre otros- procurando proteger a
los trabajadores que se unen en sindicatos.
De poco
sirve, entonces, que se garantice la constitución de personas jurídicas con el
propósito de representar grupalmente a los trabajadores si no se reconocen a
los sindicatos oportunidades de acción en los que su presencia y labor
colectiva se traduzca efectivamente en la defensa de las condiciones de trabajo
de sus afiliados. Desde esta perspectiva, la razón de ser de un ente sindical
está íntimamente ligada con la posibilidad de ejercer una función de
representación en todos aquellos casos en los que sus derechos como
colectividad sean amenazados por decisiones o políticas establecidas por el
patrono que lo afectan como un todo –incidencia directa- o generan perjuicios a
algunos de sus afiliados –incidencia indirecta-.  De esta forma, se protege la
eficacia de una persona jurídica creada con el propósito de intervenir en el
desarrollo de las relaciones laborales de una empresa, abogando por el respeto
de las condiciones generales de trabajo y actuando como contrapeso legítimo al
poder que ejerce el empleador, puesto que la efectividad del derecho
constitucional a constituir sindicatos pasa por el reconocimiento de estos como
interlocutores legítimos que representan a los trabajadores.
Ahora bien, la dimensión de protección que se
valora aquí, no es la relacionada simplemente con la posibilidad que tiene
cualquier trabajador individual de crear o ingresar a un sindicato y demandar
por su intermedio la protección de sus derechos, pues dicho ámbito, aunque
fundamental para la organización social y también protegido por el artículo 39
de la Constitución, no descubre otra faceta determinante para garantizar la
operación de los sindicatos pertinente en este caso: su naturaleza colectiva,
esto es, su funcionamiento como unión que se constituye como interlocutor
legítimo del patrono dentro de la vida laboral, interlocución de la que depende
la efectividad de las garantías de los propios afiliados. Esta dimensión
ampliamente reconocida por la Corte –en aplicación de la Carta Política- en
todos aquellos casos en los que un empleador ejerce sus atribuciones legales, o
simplemente toma decisiones unilaterales, con el propósito de minar el poder de
intermediación que en las relaciones laborales tiene un sindicato, ha requerido
la intervención del juez de tutela para proteger los derechos constitucionales
comprometidos.
Así, la existencia de un sindicato dentro
de una empresa genera una serie de deberes específicos emanados directamente de
las normas constitucionales que reconocen la dimensión colectiva de los
derechos laborales (v.gr.  el ya aludido artículo 39 C.P. en materia de
asociación sindical y artículo 55 C.P. en materia de negociación colectiva,
entre otros), y que se traduce en la obligación genérica en cabeza del patrono
de mantener una relación de respeto e interlocución con el sindicato[44] que le permita a la
unión sindical, al menos, recibir la información sobre las decisiones
que le interesan o afectan y tener la oportunidad de representar ante el
patrono la posición del sindicato  en su proceso de adopción. De esta forma,
los sindicatos se convierten en formas efectivas y reales de defensa de las necesidades
expectativas y derechos de una comunidad tradicionalmente limitada respecto de
la posibilidad de discutir los términos en que ha de cumplir con su relación
laboral.  Esto es, sin duda, plenamente compatible con el diálogo democrático y
es, además, un desarrollo concreto del modelo de democracia participativa que
se concreta en el principio, según el cual, las autoridades deben “facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan” (artículo 2 C.P.).”[45]
La comisión estatutaria de reclamos es
un importante medio para ejercer la función de representación de los intereses
de los trabajadores, la cual se encuentra protegida por el derecho de asociación
sindical y por la garantía de la autonomía de cada sindicato. Por ello, se ha
debido declarar inconstitucional el aparte demandado ya que impide de manera
absoluta que los trabajadores de un sindicato sean representados por una
comisión de reclamos de su sindicato.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1]
Sentencia C-385/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[2] M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[3] Caso
Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Citada por: Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. “Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional”
Volumen II. Bogotá, 2001, Pg. 24.
[4] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra
[5] La Corte
Suprema de Justicia, al juzgar la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley
50 de 1990, que se refiere al efecto jurídico de la inscripción del acta
constitutiva del sindicato, señaló lo siguiente:
"Cabe
anotar que si bien no se llega al extremo deseado por el actor de que sea la
mera manifestación de voluntad de los fundadores la que dé nacimiento inmediato
a la asociación, lo cierto es que no se imponen requisitos previos a esa
voluntad ni se le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo, y que se
reemplaza la concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el
que rige el silencio administrativo positivo, lo que, en sentir de la Corte, se
acomoda al nuevo principio constitucional ya citado [art. 39 de la Constitución],
de que los sindicatos deben poderse formar "sin intervención del
Estado" y que "su reconocimiento jurídico se producirá con la simple
inscripción del acto de constitución", como aquí ocurre, pues no hay un
poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos, y éstos siguen sometidos al
régimen legal, ya que, en voces de la misma Constitución, "se sujetarán al
orden legal y la de principios democráticos" (artículo 39 ibidem) cuya
verificación y cumplimiento competen al Estado." (Sentencia
115 del 26 de septiembre de 1991. Gaceta Especial, Sala Constitucional, Tomo
III).
[6] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[7] Sentencia
C-567/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[8] Informe
No. 321, en el marco de la 278° Reunión de la OIT celebrada en Ginebra en junio
de 2000. Caso 2011, párrafo 215.
[9] Sentencia C-209/97 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
Sobre este punto, resulta
pertinente traer a colación lo expresado por el Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la O.I.T., en el sentido de que debe subrayarse
“la importancia de que los Gobiernos consulten a las organizaciones sindicales
sobre las consecuencias de los programas de reestructuración en el empleo y en
las condiciones de trabajo de los asalariados”. Por lo mismo, a tal Comité
“sólo le corresponde pronunciarse sobre las iniciativas de reestructuración o
de racionalización económica en la medida en que éstas hayan dado lugar a actos
de discriminación o de injerencia antisindicales.” En: Informe No. 321 en el
marco de la 278° Reunión celebrada en Ginebra en junio de 2000. Caso 2052,
párrafo 250.
[10] M.P. Jaime Araújo
Rentería
[11] Al punto expresa el autor:  “El aprendiz no veía en el oficial ni
éste en el maestro un componente de una clase dominadora, sino que contemplaba
los otros estamentos como las sucesivas etapas del camino que era preciso
recorrer hasta llegar a la condición de maestro con taller abierto, meta lógica
y esperada de su vida”.  “Introducción al Sindicalismo”, Barcelona 1971.
[12] Sobre el desmonte positivo de los gremios en Francia puede verse
Ley le Chapelier de 14-17 de junio de 1791.  Al respecto se afirma que una de
las bases fundamentales de la Constitución francesa fue la abolición de toda
clase de corporaciones de ciudadanos del mismo estado o profesión.  Se prohibía
restablecerlas. C.fr.  Luis Enrique de la Villa Gil, “Materiales para el
Estudio del Sindicato”, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social,
Madrid, 1984, 2ª edición.
[13] Alberto José Carro Igelmo, “Introducción al Sindicalismo”,
Barcelona 1971, pag. 41.
[14] Cita OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  “Libertad Sindical.
Recopilación de decisiones (...9”, párrafo 48.
[15] Como sí ocurría en Francia al tenor del antiguo artículo 291de su
Código Penal, donde se prohibían las asociaciones de más de 20 personas.
[16] Cfr.
Sentencias C-009/94, C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95,
C-075/97, T-568/99, C-663/00, C-1369/00, T-471/01, entre otras.
[17] M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[18] Sentencia
T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[19] M.P.
Carlos Gaviria Díaz
[20]
Sentencia C-521/95 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[21] El
Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. México, 1979. Pg. 893.
[22] BARAJAS
MONTES DE OCA, Santiago. La Huelga: Un análisis comparativo. UNAM,
México, 1983. Pg. 45.
[23] De
conformidad con el artículo 1° de la Ley 712 de 2001, que modifica el artículo
2° del Código Procesal del Trabajo, compete a la jurisdicción laboral ordinaria
la competencia para conocer los asuntos relativos al fuero sindical,
“cualesquiera sea la naturaleza de la relación laboral.”
[24] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo
[25] M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[26] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de junio de
2001. Rad. 16788. M.P. Germán Valdés Sánchez.
[27]
Sentencia T-326/99 M.P. Fabio Morón Díaz.
[28] LONDOÑO,
Juan Fernando. “Aproximación a la democracia participativa”. En:
Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. FESCOL. 1997. Pg.
17.
[29]
Sentencia T-173/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz, citando a Helmut Dübiel. ¿Qué
es el neoconservadurismo? Ed. Anthropos. Barcelona. 1993. p. 48. Sobre el
carácter expansivo o universal del principio democrático, la Corte ha dicho:
"...es
universal en la medida en que compromete varios escenarios, procesos y lugares
tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo
sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la
comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución,
control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo
pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encausa a partir del
respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social
que, de conformidad con su ideario, ha de aplicarse progresivamente
conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que
demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado
esfuerzo para su efectiva construcción.” (Sentencia C-089/94.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la sentencia C-866/01 M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[30]
Sentencia T-173/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[31]
Sentencia C-385/00. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[32] M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[33] Cfr.
Sentencia C-381/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la cual se declararon
exequibles, entre otras disposiciones, los incisos primero y tercero del
artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral, “siempre y cuando se entienda
que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, a través
de su junta directiva, podrá también interponer la acción de reintegro prevista
por el primer inciso y de restitución prevista por el tercer inciso.”
[34] El
artículo 118 del Código Procesal del Trabajo establece:
“La
demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido
despedido sin permiso del juez del trabajo, se tramitará conforme al artículo
114 y siguientes de este código.
La acción
de reintegro prescribirá en dos (2) meses, contados a partir de la fecha del
despido.
Lo
dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por
el fuero sindical que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención
judicial.”
[35]Sobre la
finalidad de esta acción y la justificación de la brevedad del término de
prescripción, la Corte dijo:  “El
sentido del fuero sindical no es tanto proteger el interés personal del
trabajador aforado sino amparar el derecho de asociación. Así, es obvio que las
controversias que puedan surgir por un eventual atentado patronal contra un
trabajador aforado deben ser resueltas lo más rápidamente posible, pues si se
espera demasiado tiempo, el daño ocasionado al sindicato puede ya ser
irreversible. La Corte considera que la ley podía abreviar aún más el plazo
para interponer las acciones de reintegro, a fin de evitar una dilatación del
conflicto, que terminaría afectando aún más al sindicato. Si bien el término de
prescripción de dos meses es breve, la Corte encuentra que para este específico
tipo de acciones, se encuentra constitucionalmente justificado, debido al interés
mismo que es protegido por la figura del fuero sindical.
(Sentencia C-381/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[36] Sala de
Casación Laboral. Sentencia del 20 de mayo de 1999. Rad. 11654 M.P. Rafael
Méndez Arango
[37] Cfr.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencias del 31 de
octubre de 1985 y 28 de abril de 1993, entre otras.
[38]
Sentencia C-197/93 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[39]
Sentencia C-1507/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[40] Cuando
se conmina  al juzgador a considerar los principios de reparación integral y
equidad en el proceso de valoración del daño irrogado a una persona para tasar
la indemnización, la Corte ha dicho que se pretende alcanzar “una justicia
recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto,
así como la de
evitar
que para efectos de la indemnización de los daños en forma integral sea
necesaria la tramitación de nuevos procesos.” (Sentencia C-487/00 M.P. Antonio
Barrera Carbonell)
[41] El reconocimiento de la desigualdad inherente a las relaciones
laborales ha sido uno de los vectores que ha animado la doctrina constitucional
de la Corte.  En materia de protección salarial a través de su pago oportuno
este Tribunal expresó: “esta misma
Corporación se ha encargado de desarrollar una doctrina sobre la importancia
que tiene en el desarrollo de las relaciones laborales, el pago cumplido de las
sumas debidas a los trabajadores.  Se llega así, a la postulación de una serie
de principios que, partiendo de la necesidad de superar el desequilibrio
connatural al intercambio entre empleador y empleado, revelan un instituto
jurídico -el salario-, central dentro del desarrollo de una sociedad como la
colombiana”. Cfr. la citada sentencia SU-995 de 1999.  Vid. Supra nota 19.
[42] Cfr. Sentencia T-441 de 1992 M.P. Alejandro Martínez. Aquí se
confirmaron los fallos que negaron por improcedente la acción de tutela
interpuesta por la Unión Nacional de Empleados Bancarios contra la Corporación
de Ahorro y Vivienda “CORPAVI”, por el desconocimiento de la convención
colectiva pactada con los trabajadores sindicalizados. Además de definir el
contenido del derecho de asociación sindical, se reiteró que para la
procedencia de la acción de tutela es necesario que el mecanismo judicial
ordinario para la protección de los derechos vulnerados sea idóneo y eficaz,
circunstancia que en  aquella oportunidad sirvió de justificación para denegar
el amparo solicitado, pues se solicitaba que se ordenara al empleador iniciar
las negociaciones del pliego de peticiones presentado por el sindicado.
[43] Cfr. Ibíd. Sentencia  T-441 de 1992.
[44]Ciertamente, este deber genera una relación correlativa en cabeza
del sindicato. La necesidad de que empleador y sindicato desarrollen una
relación de interlocución.  El ejemplo más conocido de la trascendencia de esta
cooperación se encuentra en el derecho alemán.  Pero ya desde 1937, la Corte
Suprema de los Estados Unidos ha respaldado la existencia de regulaciones que
desarrollan la forma en que empleadores y sindicatos han de interactuar para
desarrollar sus relaciones.  En aquél año, por ejemplo, a raíz de la expedición
del instrumento jurídico que en el sistema anglosajón se encargó de regular las
relaciones laborales colectivas (la Labor Relations Act de 1937) la
Corte respaldó la creación del sistema moderno de negociación colectiva, la
protección del derecho de los trabajadores para formar e ingresar a sindicatos
y el requerimiento hecho a los empleadores para mantener relaciones con ellos
(Cfr, entre varias, National Labor Relations Board vs. Fainblatt –306 US
601 1939-).  Por su parte, el Preámbulo de la Constitución francesa de 1946
reconoce la posibilidad de todo trabajador a participar por intermedio de sus
delegados en la determinación colectiva de sus condiciones de trabajo así como
en la gestión de las empresas (numeral 8).  Estos principios han sido
desarrollados por el Consejo Constitucional de Francia que les ha reconocido
expresamente valor de derecho positivo (Cfr. las decisiones del 5 de julio de
1977, 77-79 DC; del 20 de julio de 1977, 77-83 DC; y del 18 de enero de 1978
77-98 DC).
[45] Sentencia T-1328 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.