T-938-09
Sentencia T-938/09
Sentencia T-938/09
ACCION DE TUTELA-Legitimidad e interés
DERECHO DE PETICION-Alcance y contenido de la respuesta
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Improcedencia
Referencia: expediente T-2379507
Acción de tutela instaurada por Manuel Libardo
Cubillos Murillo contra el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá,
D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Juan Carlos Henao Pérez y Jorge Iván
Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo emitido por el Juzgado 27 Civil del Circuito
de Bogotá dentro del proceso de tutela iniciado por Manuel Libardo Cubillos
Murillo contra el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
Manuel
Libardo Cubillos Murillo reclama la protección de los derechos de petición y “a
la libre disposición jurídica y legal” de un inmueble de su propiedad, que
estima violados por parte del Despacho demandado con base en los fundamentos
fácticos que a continuación se exponen:
1.
Quien funge como demandante en la
presente acción de tutela es propietario del inmueble registrado con matrícula
inmobiliaria N° 50N-20009788 y se encuentra ubicado en la dirección catastral Cra
45A # 129A-37. Sobre este bien, de acuerdo con certificado de tradición y
libertad expedido el 14 de Julio de 2009 por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá Norte, existe un embargo ejecutivo como resultado
de un proceso interpuesto respecto del mismo por CODENSA S.A. E.S.P.[1]
2.
Mediante petición radicada el 16
de Octubre de 2008 en oficinas de Codensa S.A., un ciudadano que se identifica
como Ciro Salinas Parra, solicitó la verificación del “estado de cuenta de
todos los pagos y su histórico desde 1997” pues, de acuerdo con un
certificado de libertad y tradición pedido en ese mes[2],
el inmueble presentaba un embargo.[3]
3.
Mediante escrito radicado el 7 de
noviembre de 2008, ciudadano Ciro A. Salinas Parra, solicitó al Despacho
accionado el desarchivo del proceso con radicación Nº 99-1, cuyas partes son
Codensa y Manuel Cubillos Murillo.[4]
4.
Posteriormente, Manuel Libardo
Cubillos, “presumiendo que el inmueble en comento había sido judicialmente
liberado y puesto nuevamente en el comercio”, es decir, que se había hecho
efectiva la cancelación y levantamiento del embargo, suscribió un contrato de
compraventa que recaía sobre el bien inmueble de la referencia y respecto del
cual se pactaron arras por la suma de cinco millones de pesos.[5]
5.
El actor afirma que, desde el 01
de Octubre del 2008 ha solicitado reiteradamente la entrega del expediente del
proceso ejecutivo, ante lo cual se ha replicado que el mismo no ha sido
encontrado en el despacho.[6] De las solicitudes que el
actor, Manuel Libardo Cubillos, afirma haber elevado para el efecto, no existe
prueba en el expediente de tutela.
6.
El ciudadano Cubillos Murillo
impetra tutela contra el Juzgado 37 Civil Municipal con el propósito de que se
preserven sus derechos a “la libre disposición jurídica y legal del inmueble
tantas veces mencionado y a responder[le] y absolver el derecho de petición
presentado en ese Despacho el 07 de noviembre de 2008”. Para el efecto,
solicita se considere como medio de prueba el testimonio de Ciro Salinas Parra,
quien según su dicho, “le ha colaborado para los trámites en la [sic]
oficinas públicas por cuanto actualmente [se] encuentr[a] con serios quebrantos
de salud (…)”[7]
II.
Solicitud
El
actor acude a esta acción constitucional porque estima que la omisión, de parte
del Despacho demandado, en el desarchivo del expediente del proceso ejecutivo
le ocasiona un perjuicio irremediable, pues ya había pactado un contrato de
compraventa en el cual se fijaron arras por la suma de cinco millones de pesos
que, al hacerse efectivas por el cumplimiento, le ocasionaran un desmedro
económico.
III.
RESPUESTA DEL DEMANDADO
En
relación con el escrito de tutela, la Jueza Treinta y siete Civil Municipal de
Bogotá replica que no debe accederse a las pretensiones de la misma, porque al
escrito que el actor le da el nombre de petición y que, realmente corresponde a
una solicitud de desarchivo, se le ha dado el trámite respectivo. En desarrollo
de esa diligencia se ha realizado una búsqueda que ha resultado impróspera.
Se
concluye, entonces, que “no se ha infringido derecho fundamental alguno del
tutelante; por el contrario, se ha ejercido las acciones pertinentes para la
ubicación del expediente, tal y como puede verificarse en las constancias
secretariales elevadas por los funcionarios que han realizado la búsqueda del
proceso y el folio en el cual aparece los datos reales con los cuales de
entregó el archivo en su momento”[8]
IV.
PRUEBAS
·
Copia de la solicitud de
desarchivo del proceso con radicación Nº 99-1, cuyas partes son Codensa y
Manuel Cubillos Murillo, presentado por Ciro Salinas el 7 de noviembre de 2008
ante el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá[9].
·
Copia de petición radicada por
Ciro Salinas Parra el 16 de Octubre de 2008 en oficinas de Codensa S.A., en la
que solicitaba la verificación del “estado de cuenta de todos los pagos y su
histórico desde 1997 pues, de acuerdo con un certificado de libertad y
tradición pedido en ese mes[10], el inmueble presentaba
un embargo.[11]
·
Copia de un contrato de promesa de
compraventa celebrado entre Manuel Libado Cubillos y Ana Victoria Romero cuyo
objeto es el bien inmueble ubicado en la carrera N° 45A N° 129A-37 –dirección
nueva-[12]
·
Constancia emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura sobre la existencia de un proceso iniciado por
Codensa S.A. contra Manuel Libardo Cubillos Murillo radicado el 02 de octubre
de 1998 en el Juzgado 37 Civil Municipal.[13]
V.
INSTANCIAS
La
acción de tutela elevada por el ciudadano Manuel Libardo Cubillos Murillo en
contra del Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá por la supuesta afectación del
derecho de petición fue conocida por el Juzgado Veintisiete Civil de Circuito
de Bogotá que, mediante sentencia N° 09-0435 de 31 de Julio de 2009, resolvió
negar el amparo tras determinar que el despacho demandado no había violado
derecho alguno en titularidad del actor, pues se han adelantado todas las
diligencias pertinentes para la ubicación del proceso. Adujo el ad quem
que “de cara a lo solicitado en tutela y de la respuesta enviada por el
Juzgado accionado, se tiene que el proceso al cual alude el accionante, no se
encuentra en ninguno de los archivos que la rama judicial tiene para ello”.[14]
Sin más consideraciones al respecto, la tutela fue negada.
VI.
CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Esta Corporación es competente para revisar la presente acción de tutela, de
conformidad con los artículo 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, los artículo 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes.
Planteamiento
y formulación del problema jurídico
2.
Como cuestión previa, la Sala precisará que, de acuerdo con el escrito de
tutela presentado por el ciudadano Cubillos, el señor Ciro Salinas Parra, quien
presentó las peticiones radicadas en las oficinas de Codensa y el Despacho
demandado, le “ha colaborado para los trámites en las oficinas públicas por
cuanto actualmente [se] encuentr[a] con serios quebrantos de salud”[15].
Sin embargo, no existe prueba siquiera sumaria de tal afirmación. Es más, mediante
comunicación telefónica sostenida por el Despacho del Magistrado Sustanciador
con el ciudadano Cubillos, se puso de presente que las diligencias respectivas
han sido efectuadas por el señor Salinas, pariente del accionante, porque es
éste quien reside en el bien inmueble objeto de discusión jurídica.
3.
Con base en las consideraciones precedentes, la Sala dilucidará si,
efectivamente, el ciudadano Manuel Cubillos, demandante en la presente acción,
estaba legitimado para reclamar la protección del derecho de petición que se
alegó violado por supuesta falta de resolución a la petición elevada por Ciro
Salinas, sin que se existiera prueba para representación o agencia del mismo.
El interrogante es: ¿estaba legitimado el señor Manuel Cubillos para impetrar
la tutela con el propósito de lograr la defensa del derecho de petición
aparentemente violado por la falta de respuesta a la solicitud elevada por Ciro
Salinas? Los tópicos a tratar son entonces: i) legitimidad para la interposición
de la acción de tutela, ii) el derecho de petición y iii) el caso concreto.
Legitimidad para la
interposición de la acción de tutela.
4. El artículo 86 de la
Constitución Política regula la acción de tutela, cuyo ejercicio es autorizado
a toda persona, “por sí misma o por quien actúe a su nombre”, con el
propósito de lograr la protección urgente de los derechos fundamentales que se
estimen violados por la actuación de cualquier autoridad pública o incluso, en
ciertas hipótesis, la de un particular.
5. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991,
reglamentario de la acción de tutela, consiente en su artículo 10° la
interposición de la misma a “cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante”. La misma norma prescribe que “los poderes se presumirán
auténticos”, lo que implícitamente, indica la posibilidad de impetrar la
tutela mediante apoderado judicial. En el inciso segundo de la misma se
preceptúa que es posible “agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”; para lo cual,
se exige que exista pronunciamiento al respecto en la solicitud de tutela.
Finalmente, la norma prevé la posibilidad de que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales presenten una acción de tutela a nombre de otra persona.
Al tenor de estas formulaciones jurídicas, todas las
personas, “todo individuo de la especie humana que se halle dentro del
territorio colombiano” sin distinción alguna, es susceptible de tutela. Por
ende, “riñe, entonces, con la naturaleza y los propósitos que la inspiran y
también con la letra y el espíritu de la Carta, toda exigencia que pretenda
limitar o dificultar su uso, su trámite o su decisión por fuera de las muy
simples condiciones determinadas en las normas pertinentes.”[16]
6. Con base en esa normatividad y los atributos propios
de esta acción constitucional, esta Corporación ha desarrollado una reiterada
jurisprudencia sobre los presupuestos para la elevación de una tutela con la
intención de garantizar derechos fundamentales ajenos.
La tutela acción de tutela
se presenta como un mecanismo inmediato, específico, eficaz, preferente,
subsidiario y sencillo para la defensa de los derechos de raigambre
fundamental. Estas tres últimas características envuelven cierto margen de
informalidad en lo que a su tramitación respecta. Ello tiene incidencia, por
supuesto, en los condicionamientos para la presentación de la misma que, en
general, no resultan tan estrictos como los de las acciones ordinarias. Mal
harían el legislador o el intérprete en dotar a la acción y su regulación, con
naturaleza singularidad, de un sentido distinto del que se desprende de su
ropaje.
7. Empero, como se dijo, el
asunto de cómo puede alguien elevar una tutela en nombre de otro no fue definido
por el Constituyente y suficientemente abordado por el Ejecutivo al expedir el
Decreto 2591 de 1991 en cumplimiento de las funciones extraordinarias que
reconoció en su nombre, de manera transitoria, la Constitución Política. Por
eso, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de delimitar los alcances
de esa entidad, estableciendo ciertas limitaciones para la invocación de la
tutela a nombre de otra persona.
8.
Esta posibilidad, en principio, se circunscribe a la voluntad del titular de
los derechos afectados o amenazados, en manera alguna, al arbitrio de otra
parte; pues, en armonía con la Constitución y varios mandatos consagrados en la
misma, a quién corresponde decidir si activa los mecanismos judiciales para la
salvaguarda de sus derechos superiores es al titular de los mismos.Un primer
condicionamiento a esta alternativa, con asidero en la ontología de la tutela,
se encuentra en el interés que pueda demostrar un individuo para promover la
defensa de los derechos fundamentales en cabeza de otro sujeto.
9.
De manera concreta, la doctrina constitucional colombiana ha admitido cuatro
formas de acreditar la legitimación en la causa por activa en este ámbito, a
saber: i) el ejercicio directo de la acción, ii) su ejercicio por medio de
representante legal, iii) su interposición por medio de agente oficioso y (iv) su
ejercicio por medio de apoderado judicial.
El
ejercicio directo, como es comprensible, implica la promoción personal de la
acción de tutela por el individuo cuyos derechos fundamentales se encuentran en
riesgo o han sido efectivamente violentados. La representación legal, por su
parte, está fundada en las limitaciones a la capacidad del sujeto cuyos
intereses serían representados, tiene sustento en las restricciones legales
pertinentes y se manifiesta en los casos de menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas. La presentación a través de agente
oficioso está dada por la existencia de una imposibilidad sobreviniente o
superable y que obstaculiza, igualmente, la presentación directa de la tutela.
10. Múltiples sentencias de esta Corporación han
aceptado la necesidad de que, para la prosperidad de la agencia oficiosa, se
acrediten dos requisitos: la manifestación de estar agenciando derechos ajenos
y la prueba de la imposibilidad de su defensa propia. Así lo sostuvo este Alto
Tribunal en sentencia SU-707 de 1996 en la que se dispuso: “para la
procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo que el agente
oficioso afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del
derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su
propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por
razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia
de un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia. En todo caso,
con base en lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, cuando tal circunstancia ocurra, deberá esta manifestarse en la
respectiva solicitud”. Como requisito concomitante a los anteriores se
exige la plena identificación del sujeto o los sujetos agenciados. Todo lo
anterior permite agenciar la tutela de quien está limitado para ello.
Verbigracia,
en esta sede se han resuelto casos de acciones de tutela elevadas por el hijo
en representación de su padre –o viceversa, en el caso de hijo mayor de edad
imposibilitado-, la abuela en representación de su nieta, el esposo en nombre
de su cónyuge, etc., pero siempre acreditando los requisitos ya mencionados.
11.
Tal es la importancia del acatamientos de esos presupuestos que ha sostenido en
esta sede que “si del escrito mediante el cual el agente oficioso demanda el
amparo constitucional de los derechos de su agenciado no surge, de manera clara
y expresa, que éste último se encuentra en absoluta imposibilidad de defender
sus derechos por sí mismo, la acción de tutela deberá ser rechazada de plano,
sin que al juez le esté autorizado entrar a estudiar ninguna de las cuestiones
de fondo que se han sometido a su conocimiento.” [17]
12.
Sobre este punto se ha precisado que la agencia oficiosa y la representación
legal no demandan la exhibición de un título profesional, pues una limitación
de este tipo, en tales circunstancias, desvirtuaría la informalidad propia de
esta acción. Contrario es el caso del apoderamiento judicial, que sí requiere
la acreditación de un estatus profesional, porque se mueve dentro del contexto
propio del ejercicio de la profesión de abogado. Esa salvedad atiende, no sólo
a “la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo
disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a
quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de
acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá
por su gestión”.[18]
13.
A este respecto cabe mencionar, que dada la carencia de un aparte especial que
admita la representación judicial en el marco del artículo 86 superior, para el
efecto se aplica la regla general de que todo apoderamiento judicial -salvo los
casos determinados en la ley- tendrá lugar únicamente a través de abogado. Una
reflexión sistemática de los artículos 10 y 38 del Decreto 2591 de 1991 nos
permite reafirmar esa estimación.
14.
De todo se colige que nadie puede, en un primer momento, alegar la violación de
derechos reconocidos a otra u otras personas porque “de una parte el interés
en la defensa corresponde a ellos, y de otra, la relación de vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, que constituye objeto de la tutela, debe ser
directa y no transitiva ni por consecuencia”[19].
Por tanto, si una persona es capaz de promover su propia tutela, no es aceptable,
de manera general,  que otra lo haga en su nombre.
El
derecho de petición
15.
El artículo 23 de la Constitución Política define el derecho a efectuar
peticiones de la siguiente forma: “toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con la Carta, éste
tiene un carácter fundamental, cuya trascendencia se demuestra por el vínculo
que plantea con la democracia participativa. Su materialización permite,
además, la garantía de otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.
16.
Por su parte, los capítulos II al V del Título I del Código Contencioso
Administrativo, regulan el derecho de toda persona a efectuar “peticiones
respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier
medio” y con base en un interés general o particular.
17.
El derecho a elevar peticiones comprende así, dos elementos estructurales: i)
la facultad de erigir, ante la autoridad correspondiente, una solicitud cortes
con motivo de cierto interés y ii) el derecho a recibir de esa autoridad una
respuesta oportuna frente a esa petición.
18.
La jurisprudencia constitucional se ha encargado de desarrollar este mandato y
le ha reconocido varias propiedades a ese derecho. De un lado, el núcleo
esencial del mismo entraña la posibilidad cierta y efectiva de elevar
solicitudes respetuosas a las autoridades, sin que éstas puedan negarse a su
recepción, tramitación y resolución.[20]
Éste
envuelve,  además, la emisión de una respuesta oportuna, clara, precisa y de
fondo. El primer requerimiento supone que la contestación sea dada dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, como regla general, el
indicado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo -15 días-; la
claridad, por su parte, implica que la respuesta esté formulada de manera tal
que resulte evidente o manifiesta; la precisión obliga a la exactitud y la
correlación con lo pedido; y el último requisito supone presupone la
elaboración de una respuesta sustancial o materia, completa y congruente, no
meramente formal, en relación con cada uno de los asuntos planteados en la
solicitud respectiva.[21] En adición a
tales requisitos, se ha exigido en otros fallos que la solución a la petición
sea suficiente, es decir, que satisfaga los requerimientos del solicitante[22];
sea efectiva, esto es, que solucione el caso que se expone[23]
y sea congruente o que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido[24].
19.
Finalmente, el derecho a presentar peticiones no agota con la presentación de
la solicitud y la resolución de la misma, pues su satisfacción reclama la
comunicación pronta y efectiva de lo decidido al peticionario, sin importar la
favorabilidad o no de la respuesta[25].
Sobre
este punto hay que ser enfáticos, porque existen dos ideas al respecto que
podrían ser confundidas. El derecho de petición se caracteriza como la
posibilidad de acudir a la autoridad para obtener de ella una respuesta. Cosa
distinta es el contenido de lo que se pide, la materia de la decisión. Así,
este derecho podría ser conculcado en eventos en los cuales no se dé respuesta
a lo pedido o ésta sea comunicada en un plazo irrazonable, pero nunca porque la
resolución sea desfavorable a las pretensiones del peticionario. En efecto, (...)
no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la
posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el
contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta
de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son
susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción
de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional
fundamental. [26] Por su parte, la
naturaleza del acto o la decisión expedida ante el requerimiento, puede ser
atacada en la jurisdicción o la autoridad administrativa competente.
20.
Ahora, frente al derecho a efectuar peticiones a autoridades judiciales, esta
Corporación ha defendido que, si bien los operadores judiciales, como
autoridades públicas, están obligados a diligencias y resolver las solicitudes
que se les presenten, también están sometidos a las reglas del proceso que
conducen. Así se dijo en sentencia T-242 de 1993: “el juez o magistrado que
conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa
que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas
no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio
(artículo 29 C.P.).”[27]
Por
ejemplo, en esta sede se ha emitido varios fallos en el trámite de acciones de
tutela iniciadas en contra de despachos judiciales que se han negado o han
retardo la entrega de solicitudes de copias en el desarrollo de procesos
civiles. Eso se ha entendido como una afrente a los derechos de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia. Para el efecto, en
tratándose de asuntos civiles, las distintas Salas de revisión han acudido al
artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, atinente a las solicitudes de
copias en tal contexto.[28]
21.
En lo atinente a peticiones con sustento administrativo y por fuera del
contexto del proceso, son pertinentes las normas que rigen la administración
pública, es decir, las del Código Contencioso Administrativo. Esto significa
que también se puede predicar la violación del derecho de petición frente a
omisiones de las autoridades judiciales ante solicitudes con naturaleza
administrativa o por fuera del marco del proceso jurídico.
Sobre
este punto, en sentencia T-344 de 1995 reiterada mediante sentencia T-192 de
2007, se advirtió que “debe distinguirse con claridad entre aquellos actos
de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su
cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis,
las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”
22.
Finalmente, cabe mencionar que dada la naturaleza del derecho, las autoridades
están encargadas a emprender todos los trámites necesarios para efectivizarlo
dentro del marco de protección del mismo, el cual está delimitado por las
posibilidades materiales del funcionario. La tutela, entonces, no podría
prosperar cuando “los efectos fácticos [que]  están fuera del alcance de la
autoridad contra la cual se intenta”, es decir, excede los límites del
amparo respecto de la persona frente contra la cual se busca hacer efectivo.[29]
Caso
concreto
23.
El ciudadano Ciro Salinas Parra presentó, en el Juzgado 37 Civil Municipal, una
solicitud de desarchivo de un proceso ejecutivo en el que el señor Manuel
Cubillos Murillo fue demandado por CODENSA S.A. E.S.P.  y como consecuencia del
cual se ordenó el embargo de un bien inmueble de su propiedad. Con
posterioridad, Manuel Cubillos Murillo interpone acción de tutela en contra del
despacho mencionado por la supuesta afectación del derecho de petición, ante la
aparente falta de respuesta a la solicitud de desarchivo radicada por Ciro
Salinas. Es decir, Manuel Cubillos impetra una tutela para el amparo del
derecho de petición de Ciro Salinas.
Ni
en la solicitud de desarchivo ni en la petición que Ciro Salinas presenta a
CODENSA para conocer el “estado de cuenta de todos los pagos y su histórico
desde 1997” se prueba hacerlo en representación de Manuel Cubillos. De otro
lado, en la acción que el señor Cubillos interpone para la garantía del derecho
de petición del señor Salinas únicamente comenta que este último le “ha
colaborado para los trámites en las oficinas públicas por cuanto actualmente
[se] encuentr[a] con serios quebrantos de salud”[30],
pero no acredita tal situación.
El
problema jurídico consiste en que, por falta de respuesta a la solicitud de
desarchivo del expediente ejecutivo en el que se ordenó el embargo del bien
inmueble de propiedad de Manuel Cubillos Murillo, se alega la violación del
derecho de petición de Ciro Salinas Parra, quien pidió el desarchivo del
expediente. En consecuencia, se invoca también el denominado derecho a la “libre
disposición jurídica y legal” sobre el inmueble afectado por el embargo. La
decisión se reducirá al derecho de petición, pues de su violación dependería la
del otro derecho.
24.
En consonancia con lo expuesto en líneas anteriores, la tutela está dispuesta
como un mecanismo para la salvaguarda de los derechos de toda persona que alega
su afectación o amenaza por la acción u omisión de una autoridad pública, o
incluso, particular. La regla general consiste en la interposición directa de
la misma, o sea, que la promueva la persona cuyos derechos fundamentales están
en juego. Sin embargo, de manera excepcional, se ha aceptado que otra persona
accione en nombre del titular de los derechos. Las hipótesis para la
legitimación en tales eventos son: i) la representación legal, ii) el
apoderamiento judicial y iii) la agencia oficiosa.
25.
Del análisis del material probatorio obrante en el expediente de tutela no se
encontró satisfecho alguno de los requisitos para la interposición de esta
acción a nombre de otra. No se demostró que el peticionario, Ciro Salinas
Parra, tuviera afectada su capacidad, lo que hubiese hecho viable la
representación legal; o sufriera una imposibilidad que obligara a agenciarlo;
mucho menos, se acreditó la calidad de apoderado judicial delegado para de la
representación del señor Salinas.
26.
Todo lo anterior nos hace concluir la falta de correspondencia injustificada
entre el sujeto del derecho y el promotor del amparo, por ende, la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Manuel Cubillos para interponer
la presente acción de tutela por la supuesta vulneración del derecho de
petición de Ciro Salinas y la consecuente improcedencia de la misma.
VII. DECISIÓN
La Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.
– CONFIMAR el fallo emitido por el
Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de tutela iniciado
por Manuel Libardo Cubillos Murillo contra el Juzgado 37 Civil Municipal de
Bogotá con base en las razones expuestas.
Segundo.
- LIBRENSE por la Secretaría General
de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
Ausente
en comisión.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENEZ
Secretaria General
[1] Folio 9, cuaderno 2.
[2] En efecto, en el expediente obra a folio 9 del
cuaderno 2 ,un certificado de libertad y tradición expedido el 14 de julio de
2009 en relación con el inmueble ubicado en la carrera 45A #129A – 37
–dirección actual-, en el que se da fe de la existencia de un embargo ejecutivo
como resultado de un proceso iniciado por Codensa en contra de Manuel Libardo
Cubillos.
[3] Folios 7 y 8, cuaderno 2.
[4] Folio 6, cuaderno 2.
[5] Folio 20, cuaderno 2.
[6] Folio 20, cuaderno 2.
[7] Folio 21, cuaderno 2.
[8] Folio 29, cuaderno 2.
[9] Folio 6, cuaderno 2.
[10] En efecto, en el expediente obra a folio 9 del
cuaderno 2 ,un certificado de libertad y tradición expedido el 14 de julio de
2009 en relación con el inmueble ubicado en la carrera 45A #129A – 37
–dirección actual-, en el que se da fe de la existencia de un embargo ejecutivo
como resultado de un proceso iniciado por Codensa en contra de Manuel Libardo
Cubillos.
[11] Folios 7 y 8, cuaderno 2.
[12] Folios 17 y 18, cuaderno 2.
[13] Folio 34, cuaderno 2.
[14] Folios 35 a 37, cuaderno 2.
[15] Folio 22, cuaderno 2.
[16] Sentencia T-459 de 1992
[17] Sentencia T-555 de 1996
[18] Sentencia T-207 de 1997.
[19] Sentencia T-526 de 1998
[20] Ver, entre muchas otras, las sentencias, T-373, T-490 y T-1130 de 2005
además de las T-108, T-147 de 2006.
[21] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1130, T-917 y T-1160 de
2005, T-460 de 2006, T-295, T-147 de 2006 y T-134 de 2006, 2005.
[22] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1160A de 2001 y T-581 de
2003.
[23] Sentencia T-220 de 1994.
[24] Sentencia T-669 de 2003.
[25] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-259 de 2004 y T-814 de 2005.
[26] Sentencia T-242 de 1993
[27] Idem.
[28] Ver, entre otras, las sentencia T-344 de 1995, T-007 de 1999, T-377 y
T-178 de 2000, T-1099 y T-881 de 2004.
[29] Sentencia T-464 de 1996.
[30] Folio 22, cuaderno 2.