C-418-20
NOTA DE RELATORIA: Mediante constancia que
se anexa en la parte final, La Secretaria General de la Corporación certificó, que
la Magistrada Diana Fajardo Rivera no participó en la adopción de la presente
providencia, por cuanto la Sala Plena aceptó el impedimento manifestado en
sesión del cinco (5) de agosto
de dos mil veinte (2020).
Sentencia C-418/20
DECRETO LEGISLATIVO EN
DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
CALENDARIO ACADEMICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO-Exequibilidad
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Juicio de constitucionalidad
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Exequibilidad
DECRETO
LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Competencia de la Corte Constitucional
CONSTITUCION
POLITICA DE 1991-Establece
tres clases de estados de excepción
ESTADOS
DE EXCEPCION-Carácter
reglado, excepcional y limitado
La naturaleza reglada, excepcional y limitada
de los estados de excepción se garantiza por medio de su estricta regulación en
la Constitución y en la Ley 137 de 1994 -en adelante LEEE-, así como mediante
sus especiales dispositivos de control político y judicial.
ESTADOS
DE EXCEPCION-Control
político y control jurídico
ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Contenido
A
la luz del artículo 215 de la Constitución, el Estado de Emergencia podrá ser
declarado por el Presidente de la República y todos los Ministros siempre que
sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que:
(i) perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, o que (ii) constituyan grave calamidad
pública. Este último concepto ha sido definido por la Corte Constitucional como
“una desgracia o infortunio que afecta intempestivamente a la sociedad o a un
sector importante de ella…”.
CALAMIDAD
PUBLICA-Definición
La calamidad pública alude a un evento o
episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera
gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera
imprevista y sobreviniente.
ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA, O DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Características
El
artículo 215 de la Constitución prescribe que la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica sólo puede llevarse a cabo “por
períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de
noventa días en el año calendario”. A su vez, la misma disposición prevé que
los decretos legislativos en el marco del Estado de Emergencia tendrán fuerza
de ley y deberán ser (i) motivados; (ii) firmados por el Presidente y todos los
Ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. Igualmente (iv) deben referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el Estado de Emergencia y (v) podrán –de
forma transitoria– establecer nuevos tributos o modificar los existentes, los
cuales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que
el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA, O DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Competencias del Congreso de la República
En
relación con las competencias del Congreso en el marco de los estados de
emergencia, el propio artículo 215 de la Constitución establece que (i)
examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las
dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas
que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se
pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas;
(ii) podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este
artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del
Gobierno, así como ejercer sus atribuciones constitucionales; y, (iii) se
reunirá por derecho propio, si no fuere convocado por el Gobierno Nacional.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Fundamento
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Alcance
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
DECLARATORIO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Presupuestos formales y materiales
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE EMERGENCIA-Juicio formal
El
examen formal del decreto exige verificar, en su orden, el cumplimiento de tres
exigencias básicas: (i) la suscripción por el Presidente de la República y por
todos sus ministros; (ii) la expedición en desarrollo del estado de excepción y
durante el término de su vigencia; y (iii) la existencia de motivación.
Igualmente, en los casos en los cuales la declaratoria del estado de emergencia
haya comprendido únicamente determinado ámbito territorial, debe examinarse que
los decretos de desarrollo no lo excedan.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE EMERGENCIA-Juicio material
El
examen material comprende el desarrollo de varios escrutinios que, como lo ha
indicado la Corte, constituyen expresiones operativas de los principios que
guían los estados de excepción.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
finalidad
A la luz de este juicio, toda medida
contenida en los decretos legislativos debe estar directa y específicamente
encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión o
agravación de sus efectos.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
conexidad material
Con este juicio, se pretende determinar si
las medidas adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con las causas
que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte
Constitucional ha señalado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos
de vista: (i) interno, esto es, la relación entre las medidas adoptadas y las
consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de
desarrollo correspondiente y (ii) externo, es decir, el vínculo entre las
medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del
estado de emergencia.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
motivación suficiente
(…) ha sido considerado como un juicio que complementa la
verificación formal por cuanto busca dilucidar si, además de haberse formulado
una fundamentación del decreto de emergencia, el Presidente ha presentado
razones que resultan suficientes para justificar las medidas adoptadas. Dicha
motivación es exigible frente a cualquier tipo de medidas, siendo
particularmente relevante para aquellas que limitan derechos constitucionales,
por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos de excepción
deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las
limitaciones de los derechos constitucionales”.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
ausencia de arbitrariedad
(…) tiene por objeto comprobar que en el decreto
legislativo no se establezcan medidas que violen las prohibiciones para el
ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la
LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia. La Corte Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en
los decretos legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de
los derechos y libertades fundamentales; que (ii) no interrumpan el normal
funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado y, en
particular, (iii) que no supriman o modifiquen los organismos y las funciones
básicas de acusación y juzgamiento.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
intangibilidad
(…) parte del reconocimiento que ha hecho la
jurisprudencia constitucional acerca del carácter “intocable” de algunos
derechos, los cuales, a la luz de los artículos 93 y 214 de la Constitución, no
pueden ser restringidos ni siquiera durante los estados de excepción. La Corte
ha establecido que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos,
se consideran como derechos intangibles el derecho a la vida y a la integridad
personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y
la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el
principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal;
el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la
protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles los
mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de no
contradicción específica
(…) tiene por objeto verificar que las medidas adoptadas
en los decretos legislativos (i) no contraríen de manera específica a la
Constitución o a los tratados internacionales sobre derechos humanos; y (ii) no
desconozcan el marco de referencia de la actuación del Ejecutivo en el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, el grupo de medidas
descritas en los artículos 47, 49 y 50 de la LEEE. Ha destacado la Corte que
entre las prohibiciones se encuentra, por expreso mandato constitucional y
legal, la consistente en que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos
sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en el artículo
215.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
incompatibilidad
(…)
según el artículo 12 de
la LEEE, exige que los decretos legislativos que suspendan leyes expresen las
razones por las cuales son irreconciliables con el correspondiente estado de
excepción.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
necesidad
(…)
previsto en el artículo
11 de la LEEE, implica que las medidas que se adopten en el decreto legislativo
sean indispensables para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria
del estado de excepción. La Corte ha señalado que este análisis debe ocuparse
(i) de la necesidad fáctica o idoneidad, la cual consiste en verificar
fácticamente si las medidas adoptadas permiten superar la crisis o evitar la
extensión de sus efectos, de manera tal que se evalúa si el Presidente de la
República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la utilidad de la
medida para superar la crisis; y (ii) de la necesidad jurídica o subsidiariedad
que implica verificar la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario
de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas para lograr los
objetivos de la medida excepcional.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de
proporcionalidad
(…) que se desprende del artículo 13 de la LEEE, exige que
las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción sean
respuestas equilibradas frente a la gravedad de los hechos que causaron la
crisis. Igualmente, la Corte ha precisado que el examen de proporcionalidad
exige que las restricciones a derechos y garantías constitucionales se impongan
en el grado absolutamente necesario para lograr el retorno a la normalidad.
Advierte la Corte que este examen particular no excluye, naturalmente, la
aplicación del examen de proporcionalidad cuando ello se requiera, por ejemplo,
para controlar restricciones a derechos constitucionales, por ejemplo, en el
juicio de ausencia de arbitrariedad.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL
Y ECOLOGICA-Juicio de no
discriminación
(…) el cual tiene fundamento en el artículo 14 de la LEEE,
exige que las medidas adoptadas con ocasión de los estados de excepción, no
pueden entrañar segregación alguna, fundada en razones de sexo, raza, lengua,
religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica o en otras
categorías sospechosas. Adicionalmente, este análisis implica verificar que el
decreto legislativo no imponga tratos diferentes injustificados.
DERECHO
A LA EDUCACION-Protección internacional y constitucional
DERECHO A LA EDUCACION-Contenido y alcance
EDUCACION-Connotación jurídica
La educación es un bien jurídicamente protegido que en
las disposiciones constitucionales adquiere la múltiple connotación de servicio
público, función social y derecho fundamental.
EDUCACION-Es un servicio Público/EDUCACION-Función social
La educación es un servicio público en
cuanto se trata de una actividad organizada que vela por el interés general en forma regular y continua
acorde con un régimen especial, bien sea que se realice por el Estado
directamente o, de modo indirecto, por particulares. A la educación también le
es propia una función social. El alcance de
la educación como servicio público y función social permite establecer los principales
objetivos que cumple este bien jurídico en el ordenamiento constitucional, vale
decir “el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y
la elevación de la calidad de vida de la población”.
EDUCACION-Derecho fundamental según Constitución Política y
normas internacionales sobre derechos humanos
(…) la faceta de derecho fundamental a
la educación ha sido
reconocida en distintas normas de carácter internacional, así como en los
artículos 67 y 68 de la Carta Política. Este derecho comprende la posibilidad
que tiene toda persona para acceder a los servicios educativos y de aprendizaje
e impone al Estado, de acuerdo con el artículo 67 C.P., el deber de regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de “(…)
asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia”.
DERECHO A LA EDUCACION-Características
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
DERECHO A LA EDUCACION-Obligación del Estado
MANDATO DE PROGRESIVIDAD
DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Alcance
(…) el
mandato de realización progresiva de los derechos sociales, económicos,
culturales y ambientales no puede hacerse equivalente a la falta de acción
estatal, pues en una situación de pandemia como la que se enfrenta en la
actualidad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes –en quienes suelen confluir
dos o más de las condiciones antes mencionadas–requieren mayor atención, toda
vez que la gravedad de la crisis las golpea más severamente. Frente a esta
circunstancia, las autoridades estatales deben honrar con mayor rigor su
posición de garante de los derechos fundamentales y no defraudarla.
ESTADO DE EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Exequibilidad del Decreto
Legislativo 637 de 2020
DECRETO LEGISLATIVO EN
DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
CALENDARIO ACADEMICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO-Contenido y alcance
ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL
DERECHO A LA EDUCACION
Esta Corporación ha insistido de manera
reiterada en que a partir del componente de accesibilidad del derecho a la
educación se derivan un conjunto de obligaciones. En primer lugar, asegurar que
los servicios de educación estarán debidamente cubiertos. En segundo término,
procurar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes condiciones efectivas de acceso
y permanencia en el sistema educativo, de manera principal respecto de quienes
habitan en las zonas más remotas del territorio nacional. También deben
cerciorarse las autoridades competentes de cumplir con estándares de calidad y
eficiencia en todos los niveles educativos –preescolar, básico y medio– e
impedir que se involucione, desmontando todo obstáculo que pueda desincentivar
el aprendizaje.
Referencia: Expediente RE-309
Revisión de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 660 de 2020 "Por el cual se dictan medidas relacionadas con
el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco
del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER.
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil
veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos
y trámites establecidos en el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Remisión del decreto y trámite preliminar
1.
El Presidente de la
República expidió el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, “por el cual se
declara un Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional”.
2.
La Secretaria Jurídica
de la Presidencia de la República, obrando en nombre y representación del
Presidente de la República, mediante oficio del 14 de mayo de 2020, recibido en
la Secretaría General de la Corte Constitucional en la misma fecha, remitió
fotocopia auténtica del Decreto Legislativo 660 de mayo 13 de 2020 "Por
el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la
prestación del servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica".
3.
Por reparto de la Sala
Plena de esta Corporación el asunto ingresó al despacho el 15 de mayo del
presente año para el trámite de rigor y, mediante providencia de fecha 20 de
mayo, se dispuso (i) avocar el conocimiento del referido decreto, (ii)
comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, a los
Ministerios del Interior y de Educación Nacional, así como a la Federación
Colombiana de Municipios, a la Federación Nacional de Departamentos y a la
Federación Colombiana de Educadores para que intervinieran en el marco de este
proceso; (iii) solicitar al Ministerio de Educación dar respuesta a algunas
preguntas relacionadas con el alcance del Decreto Legislativo 660 de 2020; (iv)
fijar en lista por el término de cinco (5) días e (v) invitar a participar al
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, ICESI, Javeriana,
Nacional, Externado y Andes.
II. TEXTO NORMATIVO OBJETO DE REVISIÓN
4.
Dada la extensión del
Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020, este hará parte del ANEXO 1
de la presente decisión.
III. PRUEBAS
5.
El Ministerio de Educación
Nacional respondió al cuestionario formulado por el despacho sustanciador en
los términos que aparecen sintetizados en el ANEXO 2 de esta sentencia.
IV. INTERVENCIONES
6.
A continuación, se presentan
las distintas intervenciones.
i.
Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República
7.
El Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República solicitó, por conducto de su
representante, declarar la exequibilidad del Decreto legislativo 660 de 2020,
toda vez que la norma bajo examen cumple con las exigencias de forma y de
fondo.
8.
A propósito de las
exigencias de forma sostuvo que el Decreto 660 de 2020 fue: i) suscrito
por el Presidente de la República y todos los ministros; ii) se expidió
en concordancia con el ámbito temporal y objetivo del estado de emergencia
declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, así como iii)
sustentado en un grupo de consideraciones desarrolladas en la parte motiva del
acto bajo examen.
9.
En relación con los
requisitos de fondo, encontró que existía conexidad interna entre los motivos
que expuso en su parte considerativa el Decreto 660 de 2020 y las medidas en él
adoptadas. Explicó que esto era así, por cuanto en la referida norma se dejó
consignado –al traer a colación en sus considerandos lo establecido en el
Decreto declaratorio 637 del 6 de mayo de 2020– la posibilidad de
dictar medidas adicionales “para conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para
llevarlas a cabo”.
10.
Ahora bien, entre las
motivaciones presentadas directamente en el Decreto 660 de 2020 en el escrito
de intervención mencionó las siguientes i) el impacto de las medidas de
aislamiento obligatorio decretado con ocasión de la declaración de la
emergencia sanitaria sobre el servicio educativo que en algunas entidades
territoriales implica también afectar el calendario académico, en especial, lo
concerniente al requisito de cumplir con un mínimo de 40 semanas; ii) la
necesidad de contar con una medida de flexibilización que brinde al Ministerio
de Educación la posibilidad de organizar el calendario académico “por
periodos anuales diferentes, a solicitud de la respectiva autoridad competente
en educación, y de acuerdo con las directrices que éste expida previamente”.
11.
Indicó que el Decreto
660 de 2020 también cumplía con la exigencia de conexidad externa, pues la
medida adoptada se relaciona con las causas que dieron lugar a la declaratoria
del estado de emergencia. En suma, se puntualizó que “el Decreto Legislativo
660 de 2020 cumple justamente con algunos de los propósitos del Decreto
Legislativo 637 de 2020 y sus motivaciones, como es el garantizar el servicio
de educación, razón por la cual el primero se ajusta plenamente al requisito de
conexidad externa”.
12.
Señaló, de otro lado,
que la medida contemplada en el Decreto 660 de 2020 satisfacía, igualmente, la
exigencia de finalidad, toda vez que se dirigió a conjurar la crisis producida
con motivo de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19 y, en
particular, a contrarrestar los efectos negativos que se proyectaron en
relación con la prestación del servicio público de educación en el nivel
territorial, necesitado de una flexibilización del calendario académico. Lo
dicho, con el objeto específico de “garantizar el acceso efectivo al derecho
a la educación -en especial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes-”.
13.
Añadió, además, que la
medida adoptada en el Decreto 660 de 2020 también acató el criterio de
necesidad, en cuanto resulta indispensable para conjurar la crisis producida
por la pandemia, porque el impacto sobre el servicio de educación solo podrá
superarse con la adopción “de medidas de flexibilidad para la organización
del servicio educativo en procura que, a nivel territorial, se pueda adecuar la
prestación del servicio para garantizar el derecho a la educación de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes”.
14.
En pocas palabras, la
medida contemplada en el artículo 1º del Decreto 660 de 2020 cuya duración se
extiende únicamente al periodo en que esté vigente la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social “consistente en
facultar al Ministerio de Educación Nacional para organizar las semanas de trabajo
académico que se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos
en el inciso primero del artículo 86 de la Ley 115 de 1994, es necesaria
-fáctica y jurídicamente- para conjurar la crisis que dio lugar a la nueva
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional, al contribuir a enfrentar las consecuencias adversas
generadas por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, garantizando el
derecho a la educación de los menores y jóvenes en todo el territorio nacional”.
15.
La medida contemplada
en el Decreto 660 de 2020 es igualmente necesaria para no suspender y, por el
contrario, materializar el derecho fundamental a la educación. De ahí que esta
guarde “plena conformidad con el artículo 5 de la Ley 137 de 1994, ‘por la
cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia’, en tanto esta le
impone al Gobierno nacional no solo el deber de propender por la adopción de
medidas destinadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos,
sino también la prohibición de suspender los derechos, entre los cuales se
encuentra el derecho a la educación”.
16.
La medida también
supera el juicio de proporcionalidad en cuanto, además de resultar necesaria,
como se dejó dicho en el párrafo anterior, es idónea, conducente “y, por
ende, proporcional con los hechos que buscan limitar y/o conjurar, como lo es
el crecimiento exponencial, imprevisible e incierto del contagio del nuevo
Coronavirus COVID-19 en Colombia y los efectos negativos causados en diferentes
sectores de la economía, el empleo, el abastecimiento de los bienes básicos
para los colombianos y los servicios públicos, incluyendo la educación”.
17.
Respecto del juicio de
incompatibilidad, destacó que la medida contemplada en el artículo 1º del
Decreto 660 de 2020, aunque introdujo un parágrafo transitorio y, de este modo,
adicionó una norma con un parágrafo llamado a regir de manera temporal
–mientras dure la emergencia sanitaria–, el contenido de esa disposición no
suspende ni limita derechos fundamentales. Por otra parte, dejó claro que
mantener la previsión establecida en el artículo 86 de la Ley General de
Educación sí resultaba incompatible con la necesidad de flexibilizar el
calendario para poder prestar de manera efectiva el servicio de educación y
garantizar la protección del derecho a la educación.
18.
Mantener la norma
prevista en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, vale decir la previsión que
rige en tiempos ordinarios, resultaba insuficiente hasta el grado de la incompatibilidad
con la necesidad de contrarrestar las consecuencias tan graves que se
presentaron a raíz de la expansión de la pandemia “del nuevo Coronavirus
COVID-19 y las consecuencias negativas que las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio han causado a la prestación del servicio educativo, en
particular respecto al cumplimiento adecuado del calendario académico”.
19.
En relación con el
juicio de no discriminación, resaltó que la medida consignada en el artículo 1º
del Decreto 660 de 2020 no se usaron categorías prohibidas para discriminar,
tales como “la raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión
política o filosófica”. De otra parte, tampoco se “discrimina o excluye
de su ámbito de aplicación transitoria a algún grupo poblacional”. Antes
que implicar “tratos discriminatorios o diferenciados de cualquier
naturaleza…lo que [se] persigue, en realidad, es contribuir a la garantía y
realización de derechos fundamentales, en procura del bienestar de la totalidad
de la población afectada y en todo el territorio nacional”.
20.
Igual sucede en
relación con el juicio de ausencia de arbitrariedad que, según sostiene supera
exitosamente, pues la medida bajo examen “no contiene normas que conlleven (i)
a una alteración del normal funcionamiento de las ramas del poder público (ii) o
que implique una modificación o suspensión de las funciones jurisdiccionales de
acusación y juzgamiento (iii) o que desmejoren o limiten los derechos a la
dignidad humana, intimidad, libertad de asociación, trabajo, educación,
libertad de expresión y de todos los demás derechos humanos y libertades
fundamentales; (iv) así como tampoco conlleva desmejoras a los derechos
sociales de los trabajadores”.
21.
En lo relativo al
juicio de intangibilidad, puso de presente en el escrito de intervención que el
parágrafo transitorio añadido al artículo 86 de la Ley 115 de 1994 no afecta
derechos intangibles como tampoco restringe el ejercicio de la acción de
tutela ni limita otros mecanismos consignados en el ordenamiento para
salvaguardar los derechos y no contradice las disposiciones constitucionales y
de derechos humanos aplicables en estados de excepción. Particularmente, no se
desmejoran mediante la medida de excepción los derechos sociales de los
trabajadores.
22.
Con fundamento en las
razones expuestas, solicitó a esta Corporación declarar la exequibilidad del
Decreto legislativo 660 de 2020.
ii.
Intervención de
la Federación Nacional de Departamentos
23.
Dentro del término
previsto, la Federación Nacional de Departamentos solicitó, por intermedio de
su representante, declarar la exequibilidad del Decreto Legislativo 660 de 2020
con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación.
24.
Luego de efectuar un
recuento de los antecedentes de la norma que adiciona el artículo 86 de la Ley
115 de 1994 y de precisar su contenido, concluyó que el objetivo de esta
consistió en establecer un mecanismo para facilitar “la educación nacional,
dadas las condiciones de la emergencia sanitaria que impiden la modalidad
presencial de los estudiantes”. En ese sentido, mediante la disposición
bajo examen, se ofreció a las entidades competentes en materia de educación la
posibilidad de “someter a consideración del Ministerio del ramo y, conforme
a sus directrices, la organización de las semanas de trabajo académico para
ajustarlas a las circunstancias acordes con la evolución epidemiológica de la
pandemia del Coronavirus COVID-19”.
25.
Resaltó que esta
situación de crisis derivada de la pandemia afectó la prestación del servicio
educativo, por cuanto “el calendario académico que se compone de semanas de
trabajo académico, de desarrollo institucional y períodos de receso
estudiantil, tienen que ser reorganizados para permitir que los maestros
adecuen la planeación pedagógica y los contenidos académicos a desarrollar,
bajo la modalidad de estudio en casa”.
26.
En vista de lo
anterior, concluyó que la medida contemplada en el Decreto 660 de 2020 se ajustaba
a la Constitución.
iii.
Intervención de
la Federación Colombiana de Municipios
27.
Dentro del término
previsto, la Federación Colombiana de Municipios solicitó a esta Corporación,
mediante su representante, que se declare la exequibilidad del Decreto bajo
examen, con sustento en los motivos que enseguida se sintetizan.
28.
En primer lugar por
cuanto existe una relación directa entre lo dispuesto por el Decreto 660 de
2020 y la declaratoria de emergencia. En segundo término, toda vez que el
referido Decreto se dirige, precisamente, a proteger el derecho fundamental a
la educación. De este modo, por medio “de la potestad para organizar el
calendario académico, se preserva el derecho a la vida art 11, los derechos de
los niños art 44, el derecho a la salud art 49, de todas aquellas personas que
estudian, o trabajan en instituciones educativas”.
29.
En atención a lo
expuesto, solicitó declarar el Decreto 660 de 2020 ajustado a la Constitución.
iv.
Intervención de
la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación “FECODE”
30.
Dentro del término
previsto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación solicitó,
por conducto de su representante, declarar la exequibilidad condicionada de la
norma que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 86 de la Ley 115 de
1994 contemplada en el Decreto 660 de 2020, con sustento en los motivos que se
resumen a renglón seguido.
31.
Después de describir el
contenido de la norma concluyó que existía conexidad material entre el Decreto
660 de 2020 y el Decreto 637 de la misma anualidad, tanto así que este último
Decreto declaratorio, en desarrollo del cual se dictó el primero, se refirió a
los efectos de la crisis originada por la pandemia producida por el Covid-19 – y
por las medidas de cuarentena y aislamiento social que se dictaron para
contrarrestar sus efectos– sobre los derechos fundamentales de la población más
vulnerable, entre otros, el derecho a la educación, incluyendo la
permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos sus niveles
(primera infancia, básica, media y superior), así como también de las prestaciones
complementarias y programas sociales tendientes a hacer efectivos estos
derechos, por lo que [se hacía] necesario adoptar medidas tendientes a reducir
la deserción y a apoyar al sistema educativo”.
32.
En esa misma línea,
sostuvo que el Decreto 660 de 2020 trajo a colación en sus consideraciones este
aspecto para explicar la finalidad de la adición del parágrafo en el artículo
86 de la Ley 115 de 1994, que –afirmó–, es “la defensa, el amparo y
la protección de los derechos fundamentales de la educación y la salud de los
estudiantes de los niveles educativos de básica secundaria y media, así como la
garantía de los derechos laborales de los directivos docentes, docentes y
personal administrativo de los establecimientos educativos, en el entendido de
que la evolución epidemiológica de la pandemia del Coronavirus COVID‐19 está generando afectación en la
prestación del servicio educativo”.
33.
Adicionalmente, encontró
que las medidas de flexibilización del calendario académico eran necesarias
para garantizar la protección de la dignidad como principio, valor y como
derecho fundamental de los educandos; así como el derecho a la educación y
cultura de los niños y las niñas (artículos 44 y 67 C.P.). Igualmente, consideró
que estas medidas eran proporcionales, pues perseguían “la superación de las
consecuencias negativas producidas por la pandemia al interior del servicio
público educativo”. No obstante, se reiteró la salvedad de que la
teleología de la norma dejó “por fuera a los educandos del nivel de
preescolar y del de básica primaria”.
34.
En el sentido señalado,
advirtió que el Decreto legislativo objeto de control desconocía “los derechos
fundamentales de los niños y niñas de preescolar y de básica primaria”, puesto
que la norma que adicionó el artículo 86 de la Ley General de Educación no tuvo
en cuenta los derechos fundamentales de niños y niñas que cursan esos grados y
pasó por alto que el proceso educativo de este grupo de educandos se encontraba
igualmente afectado que el de estudiantes de básica secundaria y media.
35.
Enfatizó que esta
circunstancia evidente se había dejado de lado con la medida introducida en el
Decreto legislativo bajo análisis y que “en razón a dicha omisión” se
producía, respecto del grupo de estudiantes que cursan preescolar y básica
primaria, la vulneración de sus derechos fundamentales “de dignidad,
igualdad, educación y cultura establecidos en los artículos 1, 13, 44, 67 y 93
de la Carta Política, toda vez que el segmento normativo pertinente del inciso
primero del artículo 86 de la Ley 115 solo se refiere al calendario académico
en los niveles de básica secundaria y media”.
36.
De otra parte, manifestó
que existía la posibilidad de que con la aplicación del Decreto 660 de 2020 se
quebrantaran los derechos fundamentales de los docentes oficiales. Para aclarar
el punto se explicó que “durante la actual emergencia sanitaria las
autoridades educativas competentes de algunas entidades territoriales
certificadas en educación (ETC) con la anuencia del Ministerio de Educación
Nacional [habían] conculcado derechos laborales tanto de rango constitucional
como legal y reglamentario”. En particular, se destacó que se había
desconocido el derecho de los docentes a disfrutar de sus vacaciones,
prerrogativa que ha sido protegida por esta Corte Constitucional en sede de
tutela.
37.
En tal virtud, solicitó
a esta Corte declarar la constitucionalidad condicionada del parágrafo
transitorio de que trata el Decreto 660 de 2020, “en el entendido de que la
flexibilización de los calendarios académicos [debía] incluir el preescolar y
la básica primaria y garantizar los derechos fundamentales y laborales de los
educadores y del personal administrativo de las instituciones educativas”.
v.
Intervención de
la Universidad Libre
38.
El director del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Bogotá e integrantes de dicha institución
presentaron su escrito dentro del término previsto. Luego de efectuar una
exposición acerca del constitucionalismo de excepcionalidad en tiempos de
pandemia y de destacar la importancia de las exigencias formales y materiales
previstas en el ordenamiento, en el escrito de intervención se concluyó que la
norma bajo examen de la Corte cumplía con esos requerimientos. Para el
Observatorio es claro que esta se dirige a regular la flexibilización del calendario
académico, de modo que las instituciones educativas puedan dar un manejo al
trabajo académico y al desarrollo institucional según las resoluciones 11 y 12
del Ministerio de Educación Nacional.
39.
Sin embargo, consideró
indispensable presentar un conjunto de observaciones para resaltar la
importancia de que el Gobierno, “durante esta crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, adopte medidas integrales y efectivas para garantizar la
prestación del servicio esencial y el derecho fundamental de educación a los
estudiantes que viven en zonas rurales y en condiciones de vulnerabilidad”.
Lo anterior, por cuanto “las instituciones educativas en municipios, veredas
y regiones rurales remotas y en condiciones de vulnerabilidad no cuentan con
los recursos necesarios y suficientes para garantizar la prestación del
servicio de educación durante el calendario académico, aun teniendo la
alternativa de flexibilizar el tiempo del trabajo académico y las semanas de
desarrollo institucional”.
40.
Luego de ilustrar con
ejemplos la distancia existente entre las normas y la realidad –mencionando, vb.gr.,
los problemas relacionados con el acceso a la conectividad de estudiantes
provenientes de los sectores rurales–, concluyó que la medida prevista en el
Decreto legislativo bajo examen debía declararse exequible pues, de lo
contrario, se podría afectar el derecho a la educación “de aquellos
estudiantes que sí cuentan con medios tecnológicos para recibir clases
virtuales”.
41.
Precisó, sin embargo,
que esta Corporación debía efectuar un análisis de fondo de la situación de
vulnerabilidad que enfrentan los estudiantes rurales, intensificada por la
pandemia del Covid-19 y solicitó a la Corte que exhortara “al Gobierno
Nacional para que este adopte un decreto integral en el cual se implementen
medidas efectivas para garantizar la educación en zonas rurales y en
condiciones de vulnerabilidad”.
vi.
Intervención de
la Universidad del Rosario
42.
La coordinadora del
Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y algunas
de sus integrantes presentaron en término su intervención. Después de precisar
el alcance del control de constitucionalidad del Decreto legislativo 660 de
2020, concluyeron que esta norma había cumplido con las exigencias de forma y
de fondo. No obstante, llamaron la atención acerca de que “las medidas
destinadas a la protección del derecho a la educación, sean diseñadas y
ejecutadas con diferentes enfoques diferenciales, que atiendan a las
necesidades que plantea la diversidad étnica en Colombia, la ruralidad de
muchas de sus regiones, y la existencia de personas en condición de
discapacidad”.
43.
A propósito de lo
anterior, subrayaron que la flexibilización en la organización del calendario
académico de la que trata el Decreto 660 de 2020 debía entenderse como una
medida complementaria “que se apoye en otros mecanismos para garantizar
efectivamente el derecho y servicio de la educación, atendiendo a las
particularidades de los territorios y de las poblaciones que los habitan”.
Por ello, se ocuparon de indicar los motivos por los cuales resulta importante
aplicar un “enfoque territorial, étnico y para personas en condición de
discapacidad, con la finalidad de que sean implementadas acciones afirmativas
que los materialicen”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
44.
El Procurador solicitó
declarar la exequibilidad del Decreto legislativo 660 de 2020. Encontró que se
cumplieron de manera satisfactoria las exigencias formales toda vez que la
norma bajo examen i) lleva la firma del Presidente de la República y de
todos los ministros; ii) contiene una motivación expresa en la que se da
cuenta de la necesidad y pertinencia de las medidas para conjurar la crisis; y iii)
fue expedida dentro del término de vigencia del estado de emergencia.
45.
De otra parte, advirtió
el cumplimiento de los requisitos materiales cuyo estudio abordó en dos
secciones: las condiciones generales y las específicas.
46.
En lo relacionado con
las primeras, encontró que la medida cumplía con la exigencia de conexidad material
externa. Para fundamentar su aserto citó algunas consideraciones
del Decreto declaratorio en las que se expuso cómo el aislamiento social y la
restricción a la movilidad, en tanto medios para contrarrestar los efectos
exponenciales de la pandemia, han afectado a las familias en el sector urbano y
rural, impactando de manera más grave a sectores de población vulnerables en
materia socioeconómica. Esta situación también ha puesto en riesgo la garantía
de provisión de servicios públicos, incluido el de educación, así como “las
prestaciones complementarias y programas sociales tendientes a hacer efectivos
estos derechos, por lo que se hace necesario adoptar medidas tendientes a reducir
la deserción y a apoyar al sistema educativo”.
47.
A juicio de la Vista
Fiscal, estas consideraciones, que se suman a otras registradas en el Decreto
declaratorio, muestran que la facultad atribuida al Ministerio de Educación
Nacional para que, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, organice las
semanas de trabajo académico “por solicitud de la autoridad competente en
materia de educación, tiene relación directa con las causas que dieron lugar a
la crisis, razón por la cual se cumple con el requisito de conexidad externa”.
48.
La medida contemplada
en el Decreto legislativo 660 de 2020 también atiende el requisito de conexidad
interna, toda vez que guarda relación con la justificación expresada en la
norma bajo examen a saber: i) decretada la emergencia sanitaria
la educación debió prestarse en casa y “se reorganizó el calendario
académico, sin modificar el periodo de 40 semanas”; ii) la crisis
originada por la pandemia afectó la movilidad de los maestros, la entrega de
apoyo pedagógico y, en general, la prestación del servicio de educación. Por
tales motivos el decreto legislativo concluye la necesidad de realizar ajustes
en las semanas del calendario académico, de manera que se amolde al contexto de
la pandemia. Por tanto, “las consideraciones del decreto sustentan y
justifican la medida, razón por la cual se cumple con el requisito de conexidad
interna”.
49.
En concepto de la Vista
Fiscal no se desconoce el juicio de ausencia de arbitrariedad, porque el
Decreto legislativo bajo examen “no contiene medidas que impliquen la
restricción de los derechos fundamentales. Por el contrario, y como se dijo, la
asignación de una competencia al Ministerio de Educación tiene como propósito
que se siga prestando el servicio de educación”.
50.
Para el jefe del
Ministerio Público la medida contemplada en el Decreto 660 de 2020 no desconoce
derechos intangibles. Por el contrario, ampara los derechos a la vida, salud,
integridad, personal y derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes
que hacen parte del sistema de educación nacional, al paso que, asegura que
este grupo de la población “permanezca en el proceso de formación integral
de la comunidad académica que reúne a estudiantes, familias y educadores”.
En tal sentido, se supera el juicio de intangibilidad.
51.
En criterio del Procurador
la medida prevista en el Decreto legislativo bajo revisión observa asimismo el
juicio de no contradicción específica, pues no quebranta la Constitución ni los
tratados sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia y no vulnera los límites
derivados de los artículos 47, 49 y 50 de la Ley 137 de 1994, porque su
finalidad consiste en conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Tampoco afecta la competencia atribuida al Congreso de la República para
reformar, derogar o adicionar los decretos legislativos que dicte el gobierno
durante el estado de excepción y no desmejora los derechos sociales de los
trabajadores.
52.
En relación con las
condiciones específicas, el Jefe del Ministerio Público consideró que la medida
contemplada en el Decreto bajo examen cumplía con el requisito de finalidad, “pues
es potencialmente apta para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus
efectos”. Respecto del juicio de motivación suficiente, concluyó que la
medida adoptada no suponía restricción alguna de derechos fundamentales y, en
todo caso, contaba con suficiente motivación[1].
53.
Acerca de la necesidad
fáctica, el Procurador puso de presente que, según lo expresado por el Gobierno
(Ministerio de Educación), la medida contemplada en el artículo 1º del Decreto
660 de 2020 formaba parte de un conjunto de “estrategias necesarias de cara
a la prestación del servicio de educación”
[2]. Por
esa razón, es claro que en su diseño no se incurrió en error manifiesto, toda
vez que se trata de un medio razonablemente idóneo para alcanzar la finalidad
propuesta.
54.
De otra parte, teniendo
en cuenta que el Presidente de la República no está ordinariamente facultado
para modificar una ley a efectos de asignar una atribución al Ministerio de
Educación, pues esta competencia la ejerce el Congreso de la República de
acuerdo con el numeral 7º del artículo 150 C.P., estimó que también se cumplía
la exigencia de subsidiariedad.
55.
En atención a que el
requisito de incompatibilidad implica establecer los motivos por los cuales las
normas ordinarias objeto de modificación son incompatibles con el estado de
emergencia, el jefe del Ministerio Público sostuvo que lo previsto en la norma
ordinaria que rige lo relativo al calendario académico, esto es, el artículo 86
de la Ley 115 de 1994, resultaba incompatible con la necesidad del servicio
educativo en el marco de la emergencia.
56.
El Procurador General
de la Nación consideró asimismo que el Decreto 660 de 2020 superaba el juicio
de proporcionalidad, pues no traía consigo limitaciones a los derechos
fundamentales. Todo lo contrario, a su juicio constituye “una estrategia
para garantizar el derecho a la salud, la vida y el derecho a la educación en
el contexto de la pandemia”.
57.
La medida consignada en
el Decreto legislativo bajo examen tampoco desconoce el juicio de no
discriminación “por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o
familiar, opinión política o filosófica, sexo o género”.
58.
Con fundamento en lo
expuesto, el Jefe del Ministerio Público consideró que el Decreto legislativo
660 de 2020 debía ser declarado exequible. Con todo, llamó la atención el
funcionario acerca de la necesidad de fortalecer el sistema educativo nacional
con criterios claros e instrumentos y mecanismos idóneos que permitan la
protección y defensa de los territorios con mayor vulnerabilidad en sus
derechos, partiendo de las cuatro dimensiones de la educación: i)
aceptabilidad, ii) adaptabilidad, iii) asequibilidad y iv) accesibilidad. Estos
elementos requieren un tratamiento riguroso en cuanto a su definición e
implementación a partir de los enfoques diferenciales: territorial, étnico y de
discapacidad, los cuales son tan solo mencionados pero no desarrollados a
profundidad por el decreto objeto de revisión.
Lo anterior porque las dinámicas
territoriales del país dan cuenta de las necesidades básicas insatisfechas y el
goce efectivo de los derechos de poblaciones particularmente afectadas en el
marco de la pandemia. La defensa y protección efectiva que permanentemente
reclaman estos sujetos de especial protección constitucional requiere la aplicación
de los enfoques diferenciales como una manifestación del principio de
coordinación y articulación institucional entre la nación y los territorios,
pues el sistema educativo presencial en muchas zonas del territorio es el marco
de protección efectiva de otros derechos, razón por la cual la implementación
de las medidas debería tener en cuenta estos aspectos.
59.
En tal virtud, solicitó
a la Corte Constitucional que “EXHORTE al Gobierno Nacional para que en la
aplicación de las medidas en materia de educación se aplique un enfoque
diferencial territorial y étnico”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
60.
La Corte Constitucional
es competente para juzgar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 660 de
2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 241.7. de la Constitución
Política.
B. Alcance del control constitucional,
problema jurídico general y método de la decisión
61.
Según lo establece la
Carta Política y lo ha entendido la jurisprudencia constitucional el control de
los decretos legislativos a cargo de este tribunal se caracteriza por ser
automático, posterior, integral, participativo y definitivo.
62.
Le corresponde a la
Sala establecer si el Decreto Legislativo 660 del 13 de mayo de 2020 “Por el
cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la
prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”, expedido por el Presidente de la República
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta
cumple las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la
Constitución y en la regulación estatutaria que la ha desarrollado en esta
materia, en particular, la Ley 137 de 1994.
63.
A efectos de
desarrollar el examen la Sala seguirá el siguiente orden. Inicialmente
caracterizará el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Sección
C). A continuación, se referirá al fundamento y alcance del control judicial de
los decretos expedidos al amparo de dicho estado de excepción (Sección D).
Luego de esto y en atención al contenido del decreto bajo revisión la Sala
presentará algunas consideraciones relacionadas con el alcance de la protección
del derecho fundamental a la educación en el orden constitucional e
internacional, así como con la necesidad de asegurar la efectiva
materialización de este derecho en tiempos de pandemia (Sección E). Con
fundamento en lo anterior se analizará la constitucionalidad del Decreto 660 de
2020 iniciando por el examen de los presupuestos formales (Sección F) y,
finalmente, evaluando cada una de las disposiciones que lo integran a partir de
los criterios materiales previamente definidos (Sección G) y, finalmente, se
abordará lo referente a la regla de vigencia (Sección H). Conclusión (Sección
I).
C. Caracterización general de los estados
de excepción y, en particular, del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica[3]
64.
La jurisprudencia
constitucional se ha ocupado en numerosas oportunidades de precisar la
naturaleza y alcance del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
regulado en el artículo 215 de la Constitución Política. Igualmente se ha
esforzado por precisar las fuentes, criterios y estándares que debe tomar en
consideración este tribunal a efectos de juzgar la constitucionalidad de los
decretos de desarrollo que dicta el Presidente de la República. A continuación,
la Corte reitera los aspectos básicos del precedente sobre la materia con el
propósito de aplicarlos en el análisis constitucional del Decreto Legislativo
No. 441 de 2020 sometido a su consideración en esta oportunidad.
65.
La Constitución de 1991
regula, en sus artículos 212 a 215, los estados de excepción. Con apoyo en esas
disposiciones, el Presidente de la República, con la firma de todos los
Ministros, puede declarar tres tipos de estados de excepción: (i) Guerra
Exterior, (ii) Conmoción Interior y (iii) Emergencia Económica, Social y Ecológica.
66.
La regulación
constitucional y estatutaria de los estados de excepción se funda en el
carácter reglado, excepcional y limitado de los mismos. La Constitución de 1991
estableció un complejo sistema de controles que supone “el carácter excepcionalísimo
de las medidas de emergencia en Colombia”[4], así como que
“el uso de estas herramientas es una potestad reglada que se encuentra
sometida a las disposiciones constitucionales, legales y del bloque de
constitucionalidad”[5].
67.
La naturaleza reglada,
excepcional y limitada de los estados de excepción se garantiza por
medio de su estricta regulación en la Constitución y en la Ley 137 de 1994 -en
adelante LEEE-[6], así como mediante sus
especiales dispositivos de control político y judicial[7].
68.
La Constitución dispuso
un complejo sistema de controles políticos específicos para los estados de
excepción, tales como (i) la autorización del Senado para la declaratoria del
Estado de Guerra Exterior; (ii) el concepto favorable del Senado para la
segunda prórroga del Estado de Conmoción Interior; (iii) las reuniones del
Congreso por derecho propio; (iv) los informes que debe presentar el Gobierno
Nacional al Congreso de la República sobre su declaratoria y evolución; y,
finalmente, (v) la competencia del Congreso para establecer la responsabilidad
política del Presidente y de los ministros por la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, o que constituya grave calamidad
pública, sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en los preceptos
constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades
excepcionales.
69.
La Constitución también
estableció el control judicial constitucional automático de los decretos
legislativos expedidos en el marco de los estados de excepción, según lo
dispuesto en los artículos 212 a 215 de la Constitución, el cual está
desarrollado por los artículos 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto 2067 de
1991.
70.
A la luz del artículo
215 de la Constitución, el Estado de Emergencia podrá ser declarado por el
Presidente de la República y todos los Ministros siempre que sobrevengan hechos
distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que: (i) perturben o amenacen
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del
país, o que (ii) constituyan grave calamidad pública. Este último concepto ha
sido definido por la Corte Constitucional como “una desgracia o infortunio
que afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella…[8]”.
La calamidad pública alude a un evento o episodio traumático, derivado de
causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o
ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente.
71.
Este tribunal ha
señalado que “los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de
alcances e intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastrocar
el orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad,
sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello
diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes
a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la
actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe
dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias normales”[9].
En tales términos, esta Corte ha reconocido que la calamidad pública puede
tener una causa natural, como ha sucedido por cuenta de temblores o terremotos,
avalanchas, desbordamientos de ríos, inundaciones, etc.; o puede tener una
causa técnica como es el caso del cierre de una frontera internacional, o “accidentes
mayores tecnológicos”[10].
72.
Desde la expedición de
la Constitución Política, se han declarado estados de emergencia económica,
social y ecológica por distintas razones: i) la fijación de salarios de
empleados públicos[11]; ii) la crisis en el
servicio público de energía eléctrica[12]; iii) desastres
naturales[13]; iv) la revaluación del
peso frente al dólar[14]; v) el deterioro de la
situación de los establecimientos de crédito[15]; vi) las
actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público[16]; vii) los servicios
públicos de la seguridad social y la atención en salud[17];
y, por último, viii) la situación fronteriza con Venezuela[18].
73.
El artículo 215 de la
Constitución prescribe que la declaratoria del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica sólo puede llevarse a cabo “por períodos hasta de treinta
días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año
calendario”. A su vez, la misma disposición prevé que los decretos
legislativos en el marco del Estado de Emergencia tendrán fuerza de ley y
deberán ser (i) motivados; (ii) firmados por el Presidente y todos los
Ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos. Igualmente (iv) deben referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el Estado de Emergencia y (v) podrán –de
forma transitoria– establecer nuevos tributos o modificar los existentes, los
cuales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que
el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
74.
Dicha disposición
señala que el decreto que declare el Estado de Emergencia debe indicar el
término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias y
convocar al Congreso, si este no se hallare en funcionamiento, para que se
reúna dentro de los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. En
relación con las competencias del Congreso en el marco de los estados de
emergencia, el propio artículo 215 de la Constitución establece que (i)
examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos
cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que
determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará
expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas; (ii) podrá
derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en
aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno, así como
ejercer sus atribuciones constitucionales; y, (iii) se reunirá por derecho
propio, si no fuere convocado por el Gobierno Nacional.
D. Fundamento y alcance del control judicial
de los decretos expedidos al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social
o Ambiental[19]
i. Consideraciones generales
75.
Los estados de
excepción son respuestas, fundadas en la juridicidad que impone la Carta
Política, a situaciones graves y anormales que no pueden ser enfrentadas por el
Estado a partir de sus competencias ordinarias. Sin embargo, una característica
propia del Estado constitucional es que esa competencia no sea omnímoda ni
arbitraria. El ordenamiento superior impone una serie de requisitos y
condiciones que deben cumplirse tanto en los decretos legislativos que declaran
el estado de excepción, como aquellos que prevén las medidas legales
extraordinarias para hacer frente a la crisis, conocidos usualmente como decretos
de desarrollo. Estos requisitos y condiciones son los que, a su vez,
justifican la competencia de la Corte para verificar la compatibilidad de los
decretos y el Texto Superior. Ello, bajo el entendido que los estados de excepción
son mecanismos extraordinarios, pero en todo caso sometidos a condiciones de
validez impuestas por la Constitución.
76.
La Corte ha indicado
que los requisitos mencionados se encuentran en tres fuentes normativas
concretas, todas ellas integradas al canon de constitucionalidad: (i) las
disposiciones de la Carta Política que regulan los estados de excepción (Arts.
212 a 215 C.P.); (ii) el desarrollo de esas reglas, previstas en la LEEE-; y
(iii) las normas de derecho internacional de los derechos humanos que prevén
tanto los requisitos de declaratoria, como las garantías que no pueden ser
suspendidas en esas situaciones excepcionales (derechos intangibles)
(Arts. 93.1 y 214 C.P.). La existencia de un régimen jurídico con sujeción al
cual deben ejercerse las competencias que surgen de la declaratoria de un
estado de excepción concretan el principio de legalidad que, como lo ha
indicado este Tribunal (i) obliga a que el Gobierno actúe con sujeción a las
normas nacionales que rigen los estados de excepción; y (ii) exige que las
suspensiones extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en
razón de la crisis no sean incompatibles con las obligaciones del Estado y, en
particular, con aquellas derivadas del derecho internacional humanitario y del
derecho internacional de los derechos humanos.
ii. Criterios formales y materiales que
rigen el control de constitucionalidad
77.
La jurisprudencia de
este Tribunal ha establecido que el control constitucional de los decretos
expedidos al amparo del Estado de Emergencia tiene dos facetas: formal y
material. Se trata de un detallado escrutinio que tiene por objeto asegurar que
todos los límites previstos para el ejercicio de las facultades de excepción
sean debidamente respetados por el Gobierno Nacional.
78.
El examen formal del
decreto exige verificar, en su orden, el cumplimiento de tres exigencias
básicas: (i) la suscripción por el Presidente de la República y por todos sus
ministros; (ii) la expedición en desarrollo del estado de excepción y durante
el término de su vigencia; y (iii) la existencia de motivación. Igualmente en
los casos en los cuales la declaratoria del estado de emergencia haya
comprendido únicamente determinado ámbito territorial, debe examinarse que los
decretos de desarrollo no lo excedan.
79.
El examen material
comprende el desarrollo de varios escrutinios que, como lo ha indicado la
Corte, constituyen expresiones operativas de los principios que guían los
estados de excepción. La práctica decisional de este tribunal evidencia algunas
divergencias en el orden, contenido y agrupación de tales juicios. Si bien
tales diferencias no han afectado el rigor del control constitucional, es
oportuno unificar su alcance a fin de enunciar y caracterizar cada uno de los
juicios indicando, adicionalmente, el orden en que deben ser aplicados.
80.
El juicio de
finalidad[20]
está previsto por el artículo 10 de la LEEE[21]. A la luz de
este juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos debe estar directa
y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a
impedir la extensión o agravación de sus efectos[22].
81.
El juicio de
conexidad material[23]
está previsto por los artículos 215 de la Constitución[24] y 47 de la
LEEE[25].
Con este juicio, se pretende determinar si las medidas adoptadas en el decreto
legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria
del estado de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que la conexidad
debe ser evaluada desde dos puntos de vista: (i) interno, esto es, la
relación entre las medidas adoptadas y las consideraciones expresadas por el
Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente[26]
y (ii) externo, es decir, el vínculo entre las medidas de excepción y
los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia[27].
82.
El juicio de
motivación suficiente[28]
ha sido considerado como un juicio que complementa la verificación formal
por cuanto busca dilucidar si, además de haberse formulado una fundamentación
del decreto de emergencia, el Presidente ha presentado razones que resultan
suficientes para justificar las medidas adoptadas[29]. Dicha
motivación es exigible frente a cualquier tipo de medidas[30], siendo
particularmente relevante para aquellas que limitan derechos constitucionales,
por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos de excepción
deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las
limitaciones de los derechos constitucionales”[31].
83.
El juicio de
ausencia de arbitrariedad[32]
tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se establezcan
medidas que violen las prohibiciones para el ejercicio de las facultades
extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.[33] La Corte
Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en los decretos
legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de los derechos y
libertades fundamentales[34];
que (ii) no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público
y de los órganos del Estado y, en particular, (iii) que no supriman o
modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento[35].
84.
El juicio de
intangibilidad[36]
parte del reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia constitucional
acerca del carácter “intocable” de algunos derechos, los cuales, a la luz de
los artículos 93 y 214 de la Constitución, no pueden ser restringidos ni
siquiera durante los estados de excepción. La Corte ha establecido que en
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, se consideran como
derechos intangibles el derecho a la vida y a la integridad personal; el
derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el
principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal;
el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la
protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles los
mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
85.
El juicio de no
contradicción específica[37]
tiene por objeto verificar que las medidas adoptadas en los decretos
legislativos (i) no contraríen de manera específica a la Constitución o a los
tratados internacionales sobre derechos humanos; y (ii) no desconozcan el marco
de referencia de la actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, esto es, el grupo de medidas descritas en los
artículos 47, 49 y 50 de la LEEE. Ha destacado la Corte que entre las
prohibiciones se encuentra, por expreso mandato constitucional y legal, la
consistente en que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos contemplados en el artículo 215.
86.
El juicio de
incompatibilidad[38],
según el artículo 12 de la LEEE, exige que los decretos legislativos que
suspendan leyes expresen las razones por las cuales son irreconciliables con el
correspondiente estado de excepción.
87.
El juicio de
necesidad[39],
previsto en el artículo 11 de la LEEE, implica que las medidas que se adopten
en el decreto legislativo sean indispensables para lograr los fines que dieron
lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte ha señalado que este
análisis debe ocuparse (i) de la necesidad fáctica o idoneidad, la cual
consiste en verificar fácticamente si las medidas adoptadas permiten superar la
crisis o evitar la extensión de sus efectos, de manera tal que se evalúa si el
Presidente de la República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la
utilidad de la medida para superar la crisis; y (ii) de la necesidad
jurídica o subsidiariedad que implica verificar la existencia dentro del
ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y
adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional.
88.
El juicio de
proporcionalidad[40],
que se desprende del artículo 13 de la LEEE, exige que las medidas que se
adopten en desarrollo de los estados de excepción sean respuestas equilibradas
frente a la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte
ha precisado que el examen de proporcionalidad exige que las restricciones a derechos
y garantías constitucionales se impongan en el grado absolutamente necesario
para lograr el retorno a la normalidad. Advierte la Corte que este examen
particular no excluye, naturalmente, la aplicación del examen de
proporcionalidad cuando ello se requiera, por ejemplo, para controlar
restricciones a derechos constitucionales, por ejemplo, en el juicio de
ausencia de arbitrariedad.
89.
El juicio de no
discriminación[41],
el cual tiene fundamento en el artículo 14 de la LEEE[42], exige que
las medidas adoptadas con ocasión de los estados de excepción, no pueden
entrañar segregación alguna, fundada en razones de sexo, raza, lengua,
religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica o en otras
categorías sospechosas[43].
Adicionalmente, este análisis implica verificar que el decreto legislativo no
imponga tratos diferentes injustificados[44].
90.
En suma, la facultad
del Gobierno nacional para dictar decretos legislativos al amparo de la
declaratoria de un estado de emergencia se encuentra sometida a las condiciones
de validez formal y material contenidas en los artículos 212 a 215 de la
Constitución, en la Ley Estatutaria 137 de 1994 y en los tratados y convenios
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. El incumplimiento
de tales condiciones genera la inconstitucionalidad de la norma. Al respecto,
corresponde tener en cuenta que esta metodología no exige su agotamiento “cuando se encuentra que la medida no cumple con uno de
los juicios antes explicados”[45]. Ante esa circunstancia, el decreto de desarrollo
deberá ser declarado inexequible, sin necesidad de evaluarlo a partir de los
demás criterios.
E. Alcance y protección del derecho
fundamental a la educación en el orden constitucional e internacional y
necesidad de asegurar la efectiva materialización de este derecho en tiempos de
pandemia
91.
El derecho a la
educación recibe una protección especial en el ámbito nacional que se fortalece
en el orden internacional por la vía de lo dispuesto en el artículo 93 C.P.[46].
En el sentido anotado, esta Corporación atiende el llamado de distintas
instancias internacionales a garantizar en estos tiempos de pandemia el derecho
fundamental a la educación y a tomar todas las medidas indispensables para
protegerlo de manera integral garantizando el derecho a la igualdad.
92.
A este respecto resulta
relevante mencionar los lineamientos adoptados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos[47], tanto como los
pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU[48] y las recomendaciones
contempladas en la Declaración conjunta de la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial
y el Programa Mundial de Alimentos sobre la pandemia producida por el
coronavirus (COVID-19) en las que se resaltan los efectos más trascendentales
de la crisis sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA)[49], particularmente, en
relación con la posibilidad de materializar efectivamente el derecho a la
educación.
93.
Teniendo en cuenta lo
expuesto, le corresponde a la Sala precisar los aspectos fundamentales relacionados
con i) el contenido y alcance constitucional del derecho a la educación
y su protección en el orden interno e internacional y ii) la necesidad
de reforzar la protección del derecho a la educación en tiempos de pandemia.
i. Contenido y alcance constitucional del derecho a la
educación y su protección en el orden interno e internacional
94.
La educación es un bien
jurídicamente protegido que en las disposiciones constitucionales adquiere la múltiple
connotación de servicio público, función social y derecho fundamental.
95.
La educación es un
servicio público en cuanto se trata de una actividad organizada que vela por el
interés general en forma
regular y continua acorde con un régimen especial, bien sea que se realice por
el Estado directamente o, de modo indirecto, por particulares[50]. A la
educación también le es propia una función social[51]. El alcance de la educación como servicio
público y función social permite establecer los principales objetivos que
cumple este bien jurídico en el ordenamiento constitucional, vale decir “el
servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la elevación
de la calidad de vida de la población”[52].
96.
Igualmente permite
visibilizar que la educación resulta un instrumento fundamental para fortalecer
y profundizar la democracia y, en tal sentido, la participación de la población
en el ejercicio y control de los poderes dentro del Estado, el respeto por los
derechos humanos y la consecución de la paz –artículo 67 C.P.– . A su vez,
cumple una tarea de particular importancia “en la búsqueda de la igualdad
material y en el desarrollo integral de los seres humanos, pues en la medida en
que las personas cuenten con oportunidades educativas podrán alcanzar su propia
realización”[53].
97.
La caracterización de
la educación como servicio público impone al Estado un conjunto de obligaciones
relacionadas con “la garantía de su prestación eficiente y continua a todos
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de
universalidad, solidaridad y redistribución de recursos en la población
económicamente vulnerable” [54]. Por su parte, la relevancia de la función social que adquiere la
educación en la Constitución permite explicar el motivo por el cual se le
atribuye “a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en
la materialización de esas aspiraciones y [se] haya comprometido a este último
con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del
control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad,
de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los
estudiantes”[55].
98.
Por su parte, la faceta de derecho fundamental a la
educación[56] ha sido reconocida en distintas normas de carácter internacional[57],
así como en los artículos 67 y 68 de la Carta Política[58].
Este derecho comprende la posibilidad que tiene toda persona para acceder a los
servicios educativos y de aprendizaje e impone al Estado, de acuerdo con el
artículo 67 C.P., el deber de regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de “(…) asegurar las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia”.
99.
Esta Corporación ha
enumerado seis características que revisten al derecho a la educación:
…(i) la educación es un
derecho y un servicio de vital importancia para las sociedades por su relación
con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la construcción de
una sociedad democrática; (ii) es además una herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la
igualdad de oportunidades; (ii) es un instrumento que permite la proyección
social del ser humano y la realización de sus demás derechos fundamentales;
(iii) es un elemento dignificador de las personas; (iv) es un factor esencial
para el desarrollo humano, social y económico; (v) es un instrumento para la
construcción de equidad social, y (vi) es una herramienta para el desarrollo de
la comunidad, entre otras características[59].
100.
La Corte Constitucional
ha concluido que el derecho a la educación es fundamental por su estrecha
relación con la dignidad humana y porque el ejercicio de este derecho también resulta
indispensable para permitir el goce adecuado de otros derechos, tanto como hace
factible fortalecer y mejorar las condiciones materiales, en la medida en que
ofrece a sus titulares la oportunidad de desarrollar sus singulares y diversas capacidades
y les permite buscar respuestas propias a cuestiones relacionadas con la condición
humana y el mundo que los rodea[60]. El derecho a la
educación es, a la vez, catalizador de equidad y condición sine qua non
de desarrollo de la comunidad en sus aspectos sociales, culturales, económicos
y ambientales. De ahí que se atribuya al Estado la obligación de asegurar el acceso
a la educación en igualdad de condiciones.
101.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación, señaló que “[e]l
derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o
niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir”[61]. De éstas, la primera
es de abstención, esto es, se dirige a evitar circunstancias que impidan el
disfrute del derecho; la segunda, le
impone al Estado la obligación de adoptar medidas para evitar que la prestación
del servicio se vea frenada o se haga nugatoria y la tercera exige a los
Estados adoptar medidas positivas encaminadas a permitir a las personas y a las
comunidades disfrutar del derecho a la educación, mediante la provisión directa
del servicio o autorizando a los particulares para el efecto[62].
102.       La Corte Constitucional ha hecho propia la
metodología de análisis elaborada por la Relatoría de la ONU para el Derecho a
la Educación y el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Económicos,
Culturales y Ambientales (DESCA) –Observación General No. 13– en cuyo acápite
preliminar se lee:
La educación es un derecho humano
intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como
derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal
medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir
de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación
desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de
los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación
sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del
medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más
aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones
financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente
práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con
libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la
existencia humana.
103.       El Comité ha puesto énfasis en que la
educación debe dirigirse a desarrollar el sentido de dignidad de la
personalidad humana y, al paso, brindar capacitación a todas las personas sin
distinción, facilitando su participación efectiva en una sociedad libre
propiciando el mutuo entendimiento entre grupos étnicos, naciones y grupos
raciales y religiosos. En suma, en los términos del artículo 13 del Pacto, “la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana”[63].
Entre los componentes prestacionales del derecho a la educación el Comité
distingue los siguientes[64]:
a) Disponibilidad, vale decir, la
existencia suficiente de instituciones y programas de enseñanza en los Estados
parte, con condiciones que deben considerar los diferentes contextos de
desarrollo que exigen instalaciones o edificaciones especiales por la rudeza
del medio natural en que deben operar; instalaciones sanitarias adecuadas, agua
potable, docentes calificados con salarios competitivos; bibliotecas,
conectividad a la red, tecnología de la información[65].
b) Accesibilidad, es decir, los
Estados deben asegurar que las y los estudiantes puedan disfrutar de las
instituciones y programas de enseñanza sin discriminación alguna. Esta
propiedad se encuentra compuesta de tres elementos que coinciden de modo
parcial. En ese orden, los Estados deben asegurar i) el acceso a la
educación en condición de igualdad, para efecto de lo cual deben prevenir, de
una parte, que el goce del servicio de educación esté condicionado por motivos
prohibidos que implican discriminación jurídica o de iure y, de otra,
deben establecer criterios para detectar condiciones que suponen discriminación
de hecho o de facto, pues impiden el acceso a grupos de la población en
situación especial de vulnerabilidad; ii) la asequibilidad material al
disfrute del derecho a la educación debe ser realmente factible, esto es ha de
facilitar los medios para materializar el acceso de manera razonable atendiendo
condiciones geográficas y superando barreras mediante programas de educación a
distancia; iii) debe procurarse que la educación esté al alcance de
todas las personas. En este sentido los Estados están obligados a que la enseñanza
primaria sea libre de costos y “deben adoptar medidas concretas para
implantar la enseñanza secundaria y superior gratuitas”[66].
c)
Aceptabilidad: los métodos
pedagógicos deben ser pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad,
de modo que cumplan con las condiciones para que puedan ser aceptados por las y
los estudiantes y, cuando proceda, por los padres[67].
d)
Adaptabilidad: los
contenidos educativos deben ser aptos para amoldarse a las necesidades de
sociedades y comunidades que se transforman constantemente “y responder a
las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” asegurándose
la continuidad en la prestación del servicio[68].
104.       Como puede verse, en la referida
Observación General 13 se puso de presente que, en relación con cada aspecto
del derecho fundamental a la educación, existe una obligación estatal correlativa.
De suerte que en lo que tiene que ver con el factor de disponibilidad, surge la
obligación de asequibilidad; en lo relativo al componente de acceso, la de accesibilidad;
en lo atinente a la permanencia, deberes de adaptabilidad y en lo vinculado con
el derecho a recibir una educación de calidad, obligaciones de aceptabilidad[69].
105.
Es cierto, en efecto,
que el Estado debe respetar el derecho fundamental a la
educación, protegerlo y cumplir con sus componentes prestacionales, acorde con
el principio de progresividad[70]. Ahora bien, respecto del aludido principio, debe recordarse que en
la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) en el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, la Corte de San
José sostuvo por primera vez que un Estado es responsable por desconocer la
obligación de progresividad contenida en el artículo 26 de la Convención
Americana[71]. Sobre este extremo,
reiteró que existían dos clases de obligaciones derivadas de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) protegidos por la
mencionada norma: las de exigibilidad inmediata y las de realización
progresiva.
106.       En relación con estas últimas recordó algo
de suma importancia para el tema que ocupa la atención de la Sala, y es que aun
cuando es cierto que el desarrollo de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA) no podrá obtenerse en un breve lapso, ello
está lejos de significar que los Estados puedan abstenerse de realizar acciones
dirigidas a garantizar el pleno goce de estos derechos. Desde esa óptica, la
realización progresiva de estos derechos resulta incompatible con la
inactividad estatal –se destaca. El alto tribunal consideró, asimismo, que
los Estados deben adoptar medidas de protección y asumir una posición
especial de garante cuando existen condiciones particulares que podrían
significar una discriminación de facto al tener un impacto diferenciado
sobre grupos de la población en especial situación de vulnerabilidad –se
destaca–. En Colombia se podría pensar en condiciones como, por ejemplo, el
género, la raza, la pertenencia étnica, la condición de vulnerabilidad por la
pobreza y abandono estatal crónicos, por su circunstancia de desmovilizados en
al marco del tratado de Paz o por el riesgo de reclutamiento forzado.
107.       Desde esta perspectiva, el mandato de
realización progresiva de los derechos sociales, económicos, culturales y
ambientales no puede hacerse equivalente a la falta de acción estatal, pues en
una situación de pandemia como la que se enfrenta en la actualidad, niñas,
niños, adolescentes y jóvenes –en quienes suelen confluir dos o más de las condiciones
antes mencionadas–requieren mayor atención, toda vez que la gravedad de la
crisis las golpea más severamente. Frente a esta circunstancia, las autoridades
estatales deben honrar con mayor rigor su posición de garante de los derechos
fundamentales y no defraudarla.
ii. Necesidad de reforzar la protección del
derecho a la educación en tiempo de pandemia
108.       Se conoce que con el fin de contrarrestar
las consecuencias que para la vida y salud de las personas ha traído la
pandemia ocasionada por el contagio exponencial del coronavirus –Covid-19–, se
han tomado medidas de confinamiento total o parcial. Las previsiones adoptadas han
supuesto ciertas limitaciones en el goce de otros derechos –por ejemplo, el
derecho a la educación–, motivo por el cual se hace necesario examinar con
particular rigor la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas puestas
en marcha y tomar nota del impacto diferenciado que estas pueden desencadenar sobre
los derechos económicos, sociales y culturales, en general y, en particular, de
grupos históricamente excluidos o en especial situación de riesgo.
109.       Organizaciones internacionales, incluyendo
autoridades del orden regional como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al igual que el Comité de la ONU sobre derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales e instituciones como la UNESCO, la UNICEF, el Banco
Mundial y el Programa Mundial de Alimentos han emitido un conjunto de
directrices que se convierten en guía de las autoridades en su lucha contra la
pandemia.
110.       La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos adoptó la resolución 01 del 10 de abril de 2020[72].
Entre las recomendaciones formuladas para el tema que ocupa la atención de la
Sala en la presente oportunidad, cabe mencionar los siguientes:
Reforzar la
protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente
aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en
instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19,
implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en
etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés
superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los
vínculos familiares y comunitarios.
En cuanto al
derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a
los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel
de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer herramientas
para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas,
privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia
en el hogar. Asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad,
puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de
apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
Adoptar medidas
de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los
medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias
realizadas.
Respecto de las
instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar las medidas
especiales de protección vigentes promoviendo la revinculación familiar de los
niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no sea
contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de
prevención del contagio en estas unidades, además de establecer protocolos de
emergencia orientadores para los equipos y personas que tengan niños a su
cargo.
Dar atención
especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas
rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones
económicas y sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son
diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en
que están insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que
los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la
educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.
111.       El Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU emitió el 17 de abril pasado quince  recomendaciones. A
continuación se sintetizan las que se consideran pertinentes para el asunto que
ocupa la atención de la Sala[73]:
i)
Los Estados deben
avanzar en su lucha contra el coronavirus con base “en la mejor evidencia
científica disponible”,
ii)
Las medidas de
excepción tienen que ser indispensables y legítimas; en ningún caso pueden ser
abusivas o caprichosas. Deben estar empíricamente fundadas y dirigirse a
combatir la crisis originada por la pandemia, manteniendo su vigencia solo
durante el tiempo requerido para el efecto.
iii)
La defensa de los
derechos sociales, económicos y culturales no puede llevar a sacrificar el goce
de los derechos civiles y políticos, deteriorando la democracia; debe
defenderse la indivisibilidad de todos los derechos.
iv)
La independencia judicial
y el acceso a la administración de justicia deben ser protegidas, garantizando
vías de amparo judicial efectivas –tutela y habeas corpus–, así como otros
mecanismos judiciales de defensa para prevenir y/o contrarrestar, por ejemplo,
la violencia intrafamiliar.
v)
Los Estados deben
divulgar la información relevante sobre la evolución de la pandemia de forma
transparente, sencilla y comprensible, así que las poblaciones apartadas y
vulnerables puedan acceder a esta; para tal efecto debe fortalecer y expandir
la conectividad y allí donde no sea factible, acudir a vías alternas con
similar idoneidad.
vi)
Los Estados deben
asegurar que se protejan los principios de igualdad y no discriminación. Si el
Covid-19 puede infectar a todas las personas, impacta de modo especialmente
grave y desproporcionado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad
porque: a. estas personas no cuentan con las facilidades para adoptar
medidas preventivas; ¿cómo pueden evitar el contagio quienes habitan en lugares
con hacinamiento y sin servicio de agua? b. Algunas de estas personas
por sus circunstancias sociales tienden a sufrir enfermedades preexistentes y
su sistema de defensa inmunológico suele ser débil, con lo que el contagio las
afecta más gravemente; c. El impacto de las medidas de aislamiento
social sobre estas personas es proporcionalmente mayor, pues normalmente
sobreviven del trabajo informal y mantenerse en casa les significa afectar sus
mínimos ingresos.
vii)
Las medidas
financieras que adopten los Estados para combatir la pandemia deben orientarse
a realizar el derecho a la salud sin afectar a quienes han sido más
damnificados con la crisis y con las medidas adoptadas para mitigarla. Las
acciones deben dirigirse a proteger las poblaciones más pobres y vulnerables
(las personas habitantes de la calle, trabajadores informales, poblaciones
rurales, personas privadas de la libertad o con alguna discapacidad, entre
otras).
viii)
Las políticas
emprendidas por los Estados para enfrentar al Covid-19 deben tener un enfoque
diferencial que permita detectar el impacto distinto que la pandemia en sí
misma y las medidas adoptadas para mitigarla tienen sobre grupos tradicionalmente
discriminados como la población LGTBIQ, tanto como las personas discapacitadas,
migrantes, grupos étnicos y, en especial, las mujeres que usualmente realizan
el trabajo doméstico y labores de cuidado que cobran particular importancia en
este contexto.
ix)
Los Estados debe
fortalecer los sistemas públicos de salud.
x)
Los Estados deben
adoptar regulaciones indispensables para proteger los puestos de trabajo y
evitar despidos, acudiendo a diversos mecanismos como salarios subsidiados,
alivios tributarios y fortaleciendo políticas de protección social). También es
importante que se tomen las previsiones necesarias para evitar riesgos de
contagio en los lugares de trabajo y que, quienes se nieguen a laborar sin la
debida protección, no sean sancionados ni despedidos.
xi)
Los Estados deben
tomar nota del impacto de la pandemia en el ejercicio del derecho a la
educación, pues la mayor parte de los centros educativos de educación básica y
superior han tenido que suspender clases presenciales y pasar de manera abrupta
a la educación virtual para evitar el contagio. Aunque la transición es
necesaria y, se encuentra justificada, podría incrementar las desigualdades
sociales, pues sectores de la población con severas limitaciones económicas,
que no cuentan con acceso a red, no podrían acceder a la educación en igualdad
de condiciones. Por tanto, los Estados deben monitorear las consecuencias
negativas que se generen con la crisis sobre el ejercicio del derecho a la
educación y adoptar medidas para contrarrestarlas.
112.       La UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el
Programa Mundial de Alimentos emitieron un comunicado conjunto en abril de 2020
en el que exhortaron a los países a no interrumpir el servicio de educación en
el contexto de la emergencia. Al respecto sostuvieron:
A pesar de que todavía no contamos con
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el
riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversa para la
seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas.
La interrupción de los servicios educativos también tiene consecuencias graves
y a largo plazo para las economías y las sociedades, como un aumento de las
desigualdades, peores resultados en materia de salud y menor cohesión social.
Muchos países carecen de datos completos sobre la prevalencia del virus, y los
responsables de tomar decisiones tendrán que realizar sus evaluaciones sin
contar con toda la información que requieren y en medio de la incertidumbre.
Los gobiernos nacionales y los socios deben trabajar simultáneamente en la
promoción y la protección del derecho de todos los niños a la educación, la
salud y la seguridad, como se establece en la Convención sobre los Derechos del
Niño. El interés superior del niño debe ser la consideración fundamental[74].
113.       Como puede verse, los organismos mencionados
estuvieron de acuerdo en la necesidad de que los Estados pongan todos los
medios a su alcance para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la
educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y velar, particularmente,
por aquellos grupos de esta población en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes
deben recibir especial apoyo, pues la crisis y las medidas adoptadas para
mitigarla los impactan de manera más grave. En estos casos, sujetar a
restricciones o modificaciones el servicio público de educación supone, al
mismo tiempo, “la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que
favorece el desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en
contextos de crisis”[75].
F.
Cumplimiento de
los criterios formales en la expedición del Decreto legislativo 660 de 2020
114.       Revisado el Decreto legislativo 660 de 2020,
se pudo constatar que fue dictado por el Gobierno Nacional, y lleva la firma
del Presidente de la República y de todos los Ministros del despacho. El
Decreto Legislativo 660 de 2020 se emitió el día 13 de mayo de 2020, esto es,
dentro de la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica
declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 por el término de
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del mencionado
decreto. La norma bajo examen se
encuentra motivada en el acápite correspondiente al “considerando”, en
el que se expresan las razones que justificaron su expedición. De este modo, teniendo en cuenta que
en relación con el Decreto-Legislativo 660 del 13 de mayo de 2013 se encuentran
cumplidos los requisitos formales exigidos por el ordenamiento, procede la Sala
a llevar a cabo el análisis material del referido decreto. Previo a ello se
hará una breve síntesis del contenido del Decreto 660 de 2020.
G.  Cumplimiento de los criterios materiales en
la expedición del Decreto 660 de 2020
115.       Previo a verificar si en relación con la
norma bajo análisis se cumplen los criterios materiales para su expedición,
considera la Sala necesario referirse al contexto en el que se profirió el
Decreto Legislativo 660 de 202, a la medida contemplada en este, así como a los
motivos en que la referida norma sustentó su expedición.
i.
Contexto en el
que se profirió el Decreto Legislativo 660 de 2020
116.       La pandemia generada con ocasión del COVID-19
causó una crisis económica, democrática, sanitaria y humanitaria de gran escala
porque, además de los efectos en la vida y la salud, ha golpeado la economía
global y las medidas de aislamiento social han impactado de manera profundo
todos los sectores y en especial el campo de la educación. Para enfrentar la
causa y los efectos de la pandemia, por segunda vez en lo corrido del año 2020,
el presidente de la república decretó en todo el territorio nacional el estado
de emergencia económica, social y ecológica –artículo 215 de la Constitución–.
La declaratoria del estado de excepción se determinó por un término de treinta
(30) días a través del Decreto 637 de 2020. El objetivo de este era adoptar las
medidas para contener o limitar la extensión de los efectos causados por la
pandemia. La Sala Plena de la Corte revisó la constitucionalidad de dicho
decreto y lo consideró conforme con la Carta en la sentencia C-307 de 2020. Con
posterioridad a ello se han emitido una serie de decretos legislativos como el
que ocupa a la atención de la Sala Plena.
ii.
Medida
contemplada en el Decreto legislativo 660 de 2020 y motivos expuestos en el
texto del referido acto normativo para justificarlo
117.       El Decreto 660 de 2020 “[p]or el cual se
dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del
servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”, fue emitido en desarrollo del Decreto 637 del 6 de mayo
de 2020, “por el cual se declara un Estado de Emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio nacional” y consta de dos artículos.
118.       El artículo primero adicionó con un parágrafo
transitorio al artículo 86 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en
el sentido de facultar al Ministerio de Educación Nacional –durante el tiempo
que permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus
Covid-19–, para que organice las semanas de trabajo académico que se adelantan
durante el año en periodos diferentes a los previstos en el inciso primero del
artículo 86, siempre y cuando así lo pida la autoridad competente en educación,
de manera motivada y esta última se encuentre dispuesta a atender las
directrices expedidas por el Ministerio de Educación.
119.       El segundo artículo se refiere a la
vigencia de la norma a partir de su fecha de publicación.
120.       El Decreto bajo análisis sustentó la
expedición de la medida descrita, en los motivos que a continuación se
sintetizan:
i)
La Constitución faculta al Presidente de la República para que, con la firma de
todos sus ministros, declare el estado de emergencia económica, social y
ecológica.
ii)
En el marco de esa declaratoria, podrá dictar decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus
efectos.
iii)
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y
específica con el estado de emergencia económica, social y ecológica, y podrán,
en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
iv)
El Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer, el 6 de marzo
de 2020, el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el
territorio nacional.
v)
La Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró, el 11 de marzo de 2020, al
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia,
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión.
vi)
El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, mediante la Resolución 380
del 10 de marzo de 2020, entre otras, medidas preventivas sanitarias de
aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en
vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República
Popular China, Francia, Italia y España.
vii)
El ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró, mediante Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020
y, en virtud de esta, adoptó un conjunto de medidas con el objeto de prevenir y
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.
viii) La cifra de muertos y contagiados por la pandemia creció y ha
aumentado en magnitudes exponenciales tanto en el mundo como en Colombia.
ix)
Entre las razones que fueron expuestas en el Decreto declaratorio 637 de 6 de
mayo de 2020 para adoptar medidas de emergencia se incluyó el impacto negativo
que ha tenido la situación de crisis y las medidas adoptadas para mitigarla sobre
la familias de todos los estratos socioeconómicos en el entorno rural y urbano
afectando, en particular, a aquellas que se encuentran en circunstancia de
vulnerabilidad socio-económica, amenazando “la garantía de la provisión de
servicios públicos como la educación, incluyendo la permanencia de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en todos sus niveles (primera infancia, básica,
media y superior), así como también de las prestaciones complementarias y
programas sociales tendientes a hacer efectivos estos derechos, por lo que se
hace necesario adoptar medidas tendientes a reducir la deserción y a apoyar al
sistema educativo. [ ... ]".
x)
El decreto declaratorio 637 de 6 de mayo de 2020 en su artículo 3º resolvió
adoptar –fuera de las medidas establecidas en su parte considerativa– todas
aquellas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos y estableció que dispondría “las operaciones presupuestales
necesarias para llevarlas a cabo".
xi)
Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en el artículo 44 C.P. y
en el artículo 5º de la Ley 137 de 1994 o Estatutaria de los Estados de
Excepción, acorde con la cual las medidas adoptadas por el Gobierno nacional “en
ningún momento, podrá suspender los derechos, entre los cuales se encuentra el
derecho a la educación”, consideró necesario “emprender acciones que
permitan la continuidad de la prestación del servicio de educación”.
xii) El Instituto Nacional de Salud puso de presente que la propagación del
Coronavirus COVID-19 presenta comportamientos diferentes en las entidades
territoriales, motivo por el cual en aquellos lugares que no se encuentren
afectados por la pandemia se pueden flexibilizar las medidas para continuar con
la prestación del servicio de educación siempre y cuando se apliquen los “protocolos
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social y las
instrucciones que para evitar la propagación de la enfermedad adopten o expidan
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”.
xiii) El artículo 86 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)
prescribe que “[l]os calendarios académicos tendrán la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las
tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la
educación básica secundaria y media se organizará por períodos anuales de 40
semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo. La educación
básica (primaria y secundaria) y media comprende un mínimo de horas efectivas
de clase al año según el reglamento que expida el Ministerio de Educación
Nacional”.
xiv) Para la fecha de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, vale decir el
12 de marzo de 2020, el calendario académico en los establecimientos educativos
se había implementado “entre 7 y 8 semanas de las 40 previstas en el año
escolar 2020 para la efectiva prestación del servicio”.
xv) A
raíz de las previsiones tomadas por el Ministerio de Educación Nacional[76],
“la totalidad de los alumnos matriculados del sector educativo asciende a
10.161.081 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en educación por
ciclos atendidos en las más de 53 mil sedes educativas”. Este número de
estudiantes se ha visto obligado a “migrar hacia una atención académica en
casa”. Justo por ese motivo, se “reorganizó el calendario académico en
su distribución de semanas durante el año escolar”. Sin embargo, se
advierte que se mantuvo “el periodo mínimo de cuarenta (40) semanas de
trabajo académico como lo señala el artículo 86 de la Ley 115 de 1994”.
xvi)
En virtud de lo expuesto el Ministerio de Educación se ha visto compelido a
acudir a las Secretarías de Educación y, por su conducto, a los docentes y
directivos docentes, a efectos de que “realicen los procesos de planeación,
ajustes y flexibilización curricular correspondientes y de esta forma se
garantice el aprendizaje de los estudiantes para cada grado y nivel educativo
-preescolar, básica y media-, en las áreas y asignaturas establecidas en la Ley
115 de 1994”.
xvii) Teniendo en cuenta lo anterior, “los establecimientos educativos
han adelantado los ajustes respectivos al currículo para que dentro de las
semanas de trabajo académico efectivas con estudiantes, se garanticen los
lineamientos, estándares, desarrollo de competencias y en general los procesos
pedagógicos establecidos en el proyecto educativo institucional o comunitario
-PEIIPEC-“.
xviii) El Ministerio de Educación ha podido verificar que se presentan
problemas relacionados con a) “dificultades para la entrega de
material de apoyo pedagógico”; b) “la movilidad de los maestros”
y c) la interacción entre maestros y alumnos. Por estas razones ha
considerado la necesidad de flexibilizar la organización del sistema educativo
en los territorios, de modo que la prestación del servicio de educación pueda
ajustase a esas necesidades y procurar “la garantía del derecho a la
educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”[77].
xix)
A fin de ofrecer a las entidades territoriales instrumentos efectivos para
enfrentar las circunstancias originadas por la evolución epidemiológica de la
pandemia que amenazan la posibilidad de cumplir con el calendario académico y desarrollar
el proceso educativo en lo que resta del año escolar 2020, resulta
indispensable “permitir la realización de ajustes a las semanas de trabajo
académico previstas en el calendario académico definido, siempre y cuando las
modificaciones se orienten a garantizar el derecho a la educación de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes”.
xx) Con
ese propósito, las autoridades competentes en educación deben poder exigir para
su jurisdicción o parte de esta, la flexibilización de las 40 horas de trabajo
académico “en períodos anuales diferentes a los previstos en el artículo 86
de la Ley 115 de 1994”. Esto operaría, como ya se mencionó, “a solicitud
de las autoridades competentes en educación”, lo que justifica que se
incorpore al artículo 86 aludido, un parágrafo transitorio.
xxi)
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-225 del 29 de marzo de 2011,
declaró ajustado a la Carta Política la posibilidad de flexibilizar el
calendario académico “en la medida en que los hechos que dieron lugar a la
declaratoria del estado de excepción puedan afectar la prestación del servicio
educativo”. Con todo, destacó que ello era factible por cuanto se trataba a)
de una modificación limitada en el tiempo; b) de aplicación parcial
obedeciendo a la necesidad del territorio afectado; c) el objetivo
central de la medida consiste en asegurar que a los estudiantes afectados se
les garantizará la prestación del servicio y la protección de su derecho a la
educación. En tal virtud, la autoridad responsable deberá abstenerse de adoptar
medidas de flexibilización si con estas “se persigue un propósito distinto”.
121.       Luego de la descripción de la medida
contenida en el Decreto Legislativo 660 de 2020 y de los motivos expuestos en
la mencionada norma para justificar su existencia, procede la Sala a realizar
el control de fondo de la misma.
i.
Examen material
del Decreto legislativo 660 de 2020
b)
Juicio de
finalidad
122.
Teniendo en cuenta el contenido
y las motivaciones del Decreto 660 de 2020 expuesto líneas atrás, puede
concluirse que la medida contemplada en la norma bajo examen está encaminada,
efectivamente, como se expuso en los considerandos de la norma de excepción, a conjurar
los efectos de las medidas de confinamiento o aislamiento social que se
dictaron a raíz de la propagación exponencial de la pandemia producida por el
Coronavirus –Covid-19– por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Pandemia
que, hasta el día de hoy, continúa produciendo muertes y contagios de manera, sin
que se vislumbre todavía alguna salida cercana a esta situación.
123.
Una lectura de las
motivaciones de la medida contemplada en el Decreto bajo examen hace factible
ver que ésta busca, al facultar al Ministerio de Educación para organizar el
calendario académico, garantizar el derecho a la vida y a la salud de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes y, de modo
simultáneo, responder a las necesidades concretas de los territorios, pues
permite que las autoridades competentes en educación cuenten con el margen de
acción necesario que les posibilite atender la crisis con fundamento en las
exigencias del contexto y les facilite dotarse de las herramientas y metodologías
más aptas para garantizar, de manera efectiva, la continuidad del aprendizaje
sin descuidar, se repite, el derecho a la vida de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes cuyo número total, como quedó registrado en los considerandos de la
norma bajo examen, asciende a la suma de diez millones ciento sesenta y un mil
ochenta y un (10´161.081) matriculados.
124.
En ese sentido, la medida
facilita reconocer que el impacto de la situación de crisis en los territorios
no es homogénea y tampoco debe serlo la forma en que se organicen los
calendarios del año lectivo, abriendo la posibilidad de que el Ministerio de
Educación, a petición motivada de las autoridades competentes y acorde con sus
propias directrices, pueda organizar el calendario académico por periodos
diferentes a los contemplados en el inciso primero del artículo 86 de la Ley
General de Educación.
125.
En consecuencia, considera
la Sala que la medida contemplada en el Decreto 660 de 2020 supera el juicio de
finalidad, por lo que enseguida procede a examinar si se cumple el requisito de
conexidad material previsto en los artículos 215 C.P. y 47 de la LEEE.
c)
Juicio de
conexidad material
i.
Punto de vista
externo
126.
Como se explicó, este
examen presupone analizar el nexo entre la norma de excepción adoptada y los
motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. Desde tal
perspectiva, el Decreto legislativo bajo examen permite constar en sus
considerandos que la medida de flexibilizar las jornadas académicas pretende
conjurar los efectos que la declaratoria de la emergencia sanitaria para mitigar
los efectos del coronavirus Covid-19 –adoptada con el fin de proteger la vida y
la salud de las personas– ha traído en relación con el goce del derecho a la
educación.
127.
El Decreto legislativo
660 de 2020 señaló en sus considerandos –refiriéndose al contenido del Decreto
declaratorio 637 de 6 de mayo de 2020– que las medidas de confinamiento
social para contrarrestar la crisis ocasionada por la pandemia trajeron
consecuencias sobre las familias de todos los estratos socioeconómicos, tanto
en el ámbito urbano como en el rural y afectaron, principalmente, a quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Específicamente,
trajo a colación la dificultad de proveer servicios públicos en general y, en
particular, el servicio de educación a grupos poblacionales en
condición de mayor fragilidad –se destaca–.
128.
Precisó que la
afectación del servicio de educación se ha manifestado especialmente en la
organización del calendario académico compuesto por semanas de trabajo
académico y periodos de receso estudiantil, tiempos estos alterados a raíz de las
medidas de distanciamiento social, lo que implicó adecuar la planeación
pedagógica y estructurar los contenidos a desarrollar con un esquema de trabajo
en casa luego de tres semanas de receso estudiantil.
129.
También indicó que,
según el artículo 3º del Decreto declaratorio referido, además de las medidas
enunciadas en su parte considerativa, se adoptarían todas aquellas adicionales
indispensables “para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos…” –se destaca–. Adicionalmente, el Decreto 637 de 2020
señaló que la declaratoria del estado de emergencia tiene como objeto la
protección de “la prestación de los distintos servicios para los habitantes
del territorio colombiano”, entre los cuales debe entenderse incluido el de
educación.
130.
En el sentido antes
expuesto, considera la Sala que la norma bajo examen supera el juicio de
conexidad material desde el punto de vista externo, pues hace visible el
vínculo existente entre la medida de excepción adoptada en el Decreto 660 de
2020 y las razones que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia
Económica, Social y Ecológica. En tal virtud, pasa la Sala a examinar si se
cumple, asimismo, con la exigencia de conexidad material desde la óptica
interna.
ii.
Punto de vista
interno
131.
Lo que debe examinar la
Corporación en lo relativo a la conexidad material desde la perspectiva
interna, es la relación existente entre las medidas adoptadas y las
consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar la norma de
desarrollo correspondiente. Desde esa óptica, se encuentra que el Decreto
legislativo 660 de 2020 desarrolló de manera minuciosa las motivaciones en que
fundamentó la adopción de la medida allí contemplada.
132.
En sus consideraciones
iniciales, el Decreto legislativo bajo examen dio cuenta de la manera cómo ha
evolucionado epidemiológicamente la pandemia y explicó la forma como las medidas
adoptadas para contrarrestar la crisis y preservar la vida y la salud de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha afectado también la prestación del
servicio de educación, toda vez que el calendario académico se compone de
semanas de trabajo académico de desarrollo institucional y periodos de receso
estudiantil, lapso que debió ser reorganizado para el primer semestre del año
escolar, de modo que los maestros tuvieran la oportunidad de adecuar la
planeación pedagógica y estructurar los contenidos que debían comenzar a
ponerse en marcha a partir del 20 de abril, bajo la modalidad de trabajo en
casa, luego de un tiempo de receso estudiantil de tres semanas.
133.
Trajo a colación el
Decreto 660 de 2020 que, según la información pública presentada por el
Instituto Nacional de Salud, fue factible constatar el comportamiento de la
propagación del virus y pudo verificarse que no opera de la misma forma en
todas las entidades territoriales, de modo que, bajo estrictas medidas de
bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
podría habilitarse en los municipios no afectados la prestación del servicio de
educación de manera presencial. En atención a lo anterior, recordó que la Ley
General de Educación –Ley 115 de 1994– prevé en su artículo 86 que los
calendarios académicos deberán tener la flexibilidad indispensable para
ajustarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las
instituciones educativas.
134.
Puso de presente que para
el 12 de marzo de 2020 –fecha en que el Ministerio de Salud y Protección Social
declaró la emergencia sanitaria– solo se habían agotado 7 u 8 de las 40 semanas
previstas para la prestación del servicio educativo durante el año lectivo
2020. Por tal motivo, la totalidad de alumnos matriculados –que asciende a
10.161.081 niños, niñas, adolescentes y jóvenes– han tenido que trasladarse a
una atención académica en casa, para lo cual se reorganizó el calendario
académico en su distribución de semanas durante el año escolar, pero
conservando el periodo mínimo de  cuarenta (40) semanas previsto en el artículo
86 de la Ley General de Educación.
135.
En vista de lo
anterior, el Decreto bajo examen destacó que el Ministerio de Educación ha
contactado a las Secretarías de Educación y, por su intermedio, a los docentes
y directivos docentes, a fin de que efectúen ajustes en la planeación y
flexibilización curricular, de modo que “se garantice el aprendizaje de los
estudiantes para cada grado y nivel educativo -preescolar, básica y media-, en
las áreas y asignaturas establecidas en la Ley 115 de 1994”. Resaltó,
asimismo, que estos ajustes a los currículos han sido adoptados por los establecimientos
educativos así que, durante las semanas de trabajo académico realizadas
efectivamente con los estudiantes, se asegure la observancia de lineamientos,
estándares, desarrollo de competencias y procesos pedagógicos previstos en el
Proyecto Educativo Institucional.
136.
Indicó el Decreto
legislativo bajo examen, que la situación desencadenada por la crisis dejó al
descubierto un conjunto de obstáculos relacionados con a) “dificultades
para la entrega de material de apoyo pedagógico”; b) “la
movilidad de los maestros” y c) la interacción entre maestros y
alumnos. De igual manera reiteró que la propagación del Coronavirus –Covid-19–
no se había producido de la misma forma en todo el territorio nacional, de modo
que en algunos sectores no impactados por la pandemia podía permitirse una
solución diferente al aislamiento, siempre y cuando se atendieran medidas de bioseguridad
137.
Todas estas razones
desarrolladas en el Decreto legislativo bajo análisis, permiten concluir a la
Sala que la facultad otorgada al Ministerio de Educación para organizar las
semanas de trabajo académico que se realizan durante el año en periodos
diferentes a los previstos en el inciso primero del artículo 86 de la Ley
General de Educación, si así lo solicita la autoridad competente en educación, última
que deberá ceñirse a las directrices fijadas por el MEN, cumple con el requisito
de conexidad material interna en cuanto, como se expuso en las consideraciones
del Decreto legislativo 660 de 2020, persigue unos objetivos dirigidos a
conjurar los efectos de la crisis producida por el Coronavirus –Covid-19– en
relación con la posibilidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio
público de educación y garantizar el disfrute del derecho a la educación en
condiciones de igualdad, así como preservando la vida y la salud de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes.
d)
Juicio de
motivación suficiente
138.
Párrafos atrás se
explicó que este juicio de motivación suficiente es complementario y busca
esclarecer si, al margen de la fundamentación consignada en el decreto de
desarrollo, se presenta una limitación de derechos fundamentales que haga
indispensable exigir una carga argumentativa mayor en la fundamentación.
139.
A propósito de esta
exigencia, lo primero que debe establecer la Sala es si la medida contemplada
en la norma bajo examen de flexibilización de la jornada académica restringe el
ámbito de protección del derecho a la educación. La respuesta a esta pregunta es
afirmativa en cuanto la norma contemplada en el parágrafo transitorio del
artículo 86 de la Ley General de Educación abre, en efecto, un espacio de
discrecionalidad al Ministerio de Educación y a las autoridades competentes en
educación para determinar la manera de cumplir con el calendario académico.
140.
Con todo, en las
consideraciones del Decreto Legislativo bajo examen, el Gobierno Nacional
destacó que entre los propósitos de la norma de excepción se encontraba el de “entregar
herramientas efectivas a las entidades territoriales para atender las
situaciones que se originan con la evolución epidemiológica de la pandemia del
Coronavirus COVID-19, que ponen en riesgo el cumplimiento del calendario
académico y el desarrollo del proceso educativo durante el año escolar 2020”.
Para esos efectos –sostuvo–, que se hace indispensable “permitir la
realización de ajustes a las semanas de trabajo académico previstas en el
calendario académico definido, siempre y cuando las modificaciones
se orienten a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes” –se destaca.
141.
Es claro que la medida
de flexibilización de la jornada académica por sí sola no garantiza el derecho
a la educación y por ello el Gobierno debe cumplir con una mayor carga
argumentativa, la que, en efecto, cumplió, pues explicó con detalle los motivos
que justificaban la flexibilización del calendario académico. En la parte
considerativa del Decreto legislativo llamó la atención acerca de que ya en
otra oportunidad en la que se decretó el Estado de emergencia económico, social
y ecológico esta Corte encontró ajustadas a la Constitución medidas de flexibilización
de la jornada académica.
142.
Se trata de la
sentencia C-225 de 2011 por medio de la cual esta Corporación declaró ajustado
a la Carta Política que en el marco de una Emergencia Económica, Social y
Ecológica el Ministerio de Educación fuera facultado para dictar normas
encaminadas a hacer más flexible el calendario académico, cuando quiera que los
hechos sobre la base de los cuales se declaró el estado de excepción pudieran
afectar la prestación del servicio de educación.
143.
Como se señaló en la
parte considerativa del Decreto legislativo bajo análisis, en aquella ocasión la
Corte Constitucional sustentó su decisión tomando en consideración los
siguientes aspectos: i) el alcance temporal y transitorio de la medida; ii)
el carácter parcial de su aplicación –no rige para eventos en que no se
presenta ninguna afectación del servicio–; iii) la medida debe estar
dirigida a “garantizar a los estudiantes afectados el servicio de educación”,
lo que implica que la autoridad competente deba abstenerse de aplicarla si
con ello se busca un objetivo diferente y iv) la medida debe hacerse
efectiva teniendo en cuenta el marco de reglamentación que para el efecto
establezca el Ministerio de Educación, lo que asegura la existencia de un
criterio uniforme de aplicación en las diferentes zonas afectadas acorde con
reglas que se ajusten también a la situación concreta.
144.
De otra parte, las
respuestas que ofreció el Ministerio de Educación Nacional en el marco del
control constitucional del Decreto legislativo bajo examen –cfr. ANEXO 2
que forma parte integral de la presente providencia– permiten concluir que las
directrices fijadas por el MEN no solo responden a la situación de crisis, sino
que, de aplicarse de manera eficaz e integral, impiden que la medida de
flexibilización de la jornada académica restrinja el ámbito de protección del
derecho fundamental a la educación, pues, como se verá a continuación, establecen
fórmulas de acompañamiento y herramientas de seguimiento y control indispensables
para asegurar la continuidad del servicio y protección del derecho a la
educación en condiciones de igualdad.
145.
Según lo precisó el
Ministerio de Educación en el informe presentado en esta sede, la medida
contemplada en el artículo 1º del Decreto 660 de 2020 es parte de un conjunto
de “estrategias necesarias de cara a la prestación del servicio de
educación” que, paralelo a las medidas sanitarias, incluye mecanismos complementarios
a la flexibilización de los calendarios dirigidos a asegurar la continuidad en
la prestación del servicio de educación y a evitar su interrupción.
146.
De la misma forma, se
han usado modalidades diversas de educación a distancia. En algunos eventos se
han ofrecido programas en línea e invitado a los docentes y directivos docentes
a promover el uso de tecnologías digitales. En los casos en los que ello no ha
sido factible, se ha acudido a otras herramientas como los manuales con
contenido educativo, la radio, la televisión, propiciando un trabajo conjunto
entre estudiantes, docentes y padres de familia.
147.
En consonancia con lo
anterior, el Ministerio de Educación Nacional refirió que contaba con una
metodología para apreciar la organización del calendario académico y sus
ajustes, a saber, “el sistema de evaluación formativa que impulsa el
reconocimiento de las particularidades de los sujetos que aprenden y las
características de sus contextos”. Señaló, igualmente, que para mejorar la
calidad de la prestación del servicio público de educación durante la crisis ha
diseñado y puesto en marcha distintas estrategias de asistencia técnica
dirigidas a atender la emergencia bajo el intercambio de información necesaria
y la coordinación entre la nación y las entidades territoriales. De ese trabajo
destacó el acompañamiento otorgado a 96 Secretarías de Educación Certificadas.
148.
Igualmente resaltó la
aplicación de estrategias de formación y acompañamiento de docentes y directivos
docentes acudiendo a herramientas virtuales. Entre los esfuerzos desplegados se
refirió al Programa “Todos a Aprender” que ha contribuido a fortalecer
las capacidades pedagógicas de un número de 84.000 docentes.
149.
En similar sentido
subrayó la existencia de un conjunto de lineamientos dirigidos a involucrar a
los padres en la educación de sus hijos e hijas que comprenden temas como i) “el
autocuidado y cuidado”; ii) “cómo hacer del hogar un entorno seguro y
protector para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”; iii) “la
organización del tiempo en casa y el acompañamiento a las actividades
educativas en el hogar, y otras más que pueden ser de utilidad para apoyar a
los niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esta experiencia”. Estos
criterios incluyen, de igual modo, aspectos relacionados con la necesidad de
hallar alternativas y de asegurar que “en el entorno se realice actividad
física”.
150.
Puntualizó que el
objetivo más importante consistía en trabajar de manera conjunta para
garantizar “condiciones sociales, afectivas, pedagógicas, materiales y
humanas que promuevan el desarrollo integral y el aprendizaje durante la
trayectoria educativa de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes; pero aún
más, en el marco de esta emergencia sanitaria”. Desde esa óptica, destacó
que la alianza entre padres y educadores se tornaba relevante en la medida en
que permitía comprender que “el desarrollo integral y el aprendizaje no
dependen solamente de la calidad del proceso educativo que provee el sistema, sino
que también es influenciado por factores familiares, culturales y sociales, que
juegan un papel fundamental”.
151.
También relató que ha
tomado en cuenta las particularidades territoriales como elemento central de
una política que reconoce las diferencias de las comunidades, además de
considerar los problemas derivados de la ubicación de estas en zonas rurales de
difícil acceso. Sobre el particular, señaló que, a raíz de la crisis, ha
adoptado diferentes modalidades para cumplir con el programa de alimentación
escolar y ha previsto recursos adicionales para entregar complementos
alimenticios a los núcleos familiares, tratando de llegar a los lugares más
apartados y dispersos, instruyendo a las Secretarías de Educación para que
respeten los acuerdos ya fijados con las comunidades indígenas.
152.
Mencionó, igualmente,
que en aquellos territorios que cuentan con grupos étnicos se ha guiado a las
autoridades competentes para que fomenten estrategias pedagógicas relacionadas
con el “pensamiento creativo desde la vida cotidiana de los pueblos, el
diálogo de saberes y la participación, el desarrollo de contenidos propios e
interculturales”, así que “se reconozcan las diversidades culturales, la
escucha, la narración, la toma de decisiones con el propósito que estas le
aporten a revitalizar la cultura de la mano y la participación activa de las
familias y las autoridades”.
153.
De otra parte, aludió a
los programas desarrollados para atender las necesidades de las personas con
funcionalidades diversas y puso de presente las vivencias relacionadas con el
Diseño Universal de Aprendizaje que se adelantan en conjunto con el Instituto
Nacional de Ciegos (INCI) y con el Instituto Nacional de Sordos (INSOR).
154.
En relación con el
déficit de conectividad que afecta de manera protuberante a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que viven en lugares apartados y de difícil acceso del
territorio nacional, señaló que el 53,0%, esto es, 8.2 millones de hogares que
equivalen a 25.3 millones de personas contaban con red de internet –entre
conexiones fijas y móviles–. De esta manera, prácticamente 45 municipios del
país en los que habita el 70% de la población y el 41,1%, vale decir, tres
millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos veintiún (3´271.421) de los
estudiantes matriculados cuentan con conectividad.
155.
Añadió que las acciones
emprendidas para aumentar la conectividad han sido complementadas con la
asignación de recursos del Sistema General de Participaciones cuyo monto
asciende a los $93 mil millones y puso énfasis en que se ha valido también de
instrumentos alternativos para salvar la brecha de conectividad tales como
herramientas i) pedagógicas con radio y televisión; ii) digitales
y físicas de apoyo para el aprendizaje y iii) de cualificación para
maestros.
156.
Agregó que se han
dedicado recursos para implementar competencias socio emocionales dirigidas a
facilitar la convivencia en los hogares y prevenir el maltrato intrafamiliar.
157.
En relación con las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto armado interno
recordó que, por medio de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 636 del 6
de mayo de 2020, se facultó a los alcaldes para que solicitaran la suspensión
de medidas de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio, atendiendo
de manera estricta los protocolos de bioseguridad y previa certificación del
Ministerio de Salud y Protección Social sobre la condición de municipio libre
del Coronavirus COVID-19.
158.
Respecto de la
necesidad de atender prioritariamente a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes víctimas de reclutamiento forzado –evitando que vuelvan a ser
reclutados– sostuvo que su atención educativa y las estrategias de permanencia
escolar apuntan a la prevención y constituyen “un imperativo ético”. A ese
respecto subrayó el trabajo conjunto con distintas autoridades, entre ellas, el
ICBF, la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, ARN y la
Consejería de Derechos Humanos.
159.
Concluyó el Ministerio
de Educación Nacional que las medidas adoptadas permiten incentivar dinámicas
de trabajo conjunto con la comunidad educativa en territorio reconociendo “las
prácticas culturales, sociales y económicas de las familias” y brindando a
los “estudiantes condiciones de permanencia en el sistema educativo”, lo
que evita “la deserción o inasistencia por motivos propios de las dinámicas
sociales de movilidad territorial o por condiciones de orden económico o
sanitario, en el caso de la emergencia”.
160.
Finalmente advirtió el MEN
sobre la exoneración temporal de la presentación de las pruebas hasta que se
programen por el ICFES.
161.
A la luz de los
lineamientos mencionados, los establecimientos educativos deberán organizar y
planear el regreso de los estudiantes a clases presenciales, así como trazar
estrategias que permitan “fortalecer prácticas pedagógicas flexibles y los
procesos de evaluación en el marco del trabajo colaborativo e
interdisciplinario, considerando el tránsito entre el trabajo académico en casa
y el trabajo académico presencial”. De esta forma, se logra poner en marcha
“medidas en materia de higiene, cuidado y distancia social, sin menoscabar
el derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
país”.
162.
En atención a lo
expuesto, encuentra la Sala que el Decreto bajo examen no solo cumple con lo
establecido en la sentencia C-225 de 2011 sino que la medida en él contemplada forma
parte de un conjunto de lineamientos fijados por el Ministerio de Educación
que, de aplicarse de manera eficaz e, integral, lograrán que la flexibilización
de la jornada educativa no restringirá sino que contribuirá a promover la
protección del derecho fundamental de educación todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del país en condiciones de igualdad.
e)
Juicio de
ausencia de arbitrariedad, intangibilidad y no contradicción específica
163.
Como ya quedó dicho,
aun cuando la flexibilización de los calendarios académicos no asegura por sí
misma la garantía del derecho a la educación, tampoco implica interrumpir el
aprendizaje sino, más bien, contribuir a su continuidad, por lo que no
quebranta el núcleo esencial del derecho a la educación, menos cuando, como se
dejó consignado en las consideraciones del Decreto legislativo bajo examen, así
como en los lineamientos fijados por el Ministerio de Educación Nacional, esta
medida forma parte integral de un conjunto de directrices encaminadas a
garantizar la protección del derecho a la educación de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en condiciones de igualdad.
164.
Bajo la perspectiva
mencionada, el objetivo del parágrafo transitorio introducido por su artículo
1º en el artículo 86 de la Ley General de Educación radicó en asegurar que las
autoridades competentes pudieran disponer de un margen de acción para,
atendiendo la situación de contexto, valerse de las mejores herramientas, a
efectos de superar los obstáculos que se presentaron a raíz de la crisis, bien
implementando formas de educación en casa o continuando con el aprendizaje
presencial, tras tomar todas las precauciones de bioseguridad necesarias con el
objeto de garantizar el derecho a la salud y la vida de estudiantes, docentes y
directivos docentes.
165.
La ventaja de este
margen de apreciación es evidente, pues permite un trabajo conjunto y
coordinado entre la Nación (Ministerio de Educación Nacional) y las entidades
descentralizadas (Secretarías de Educación y otras autoridades relacionadas con
la materia) reforzando el principio de autonomía. Aunque, como ya se dijo, esto
no asegura per se que no se vulnere el derecho a la educación, este
riesgo puede contrarrestarse atendiendo a las previsiones contenidas en la
sentencia C-225 de 2011 proferida por esta Corte y mencionada por el propio
Decreto bajo examen en sus considerandos, a la que se aludió en el acápite
anterior, así como con los lineamientos que ha adoptado el Ministerio de
Educación que fueron reseñados en el Anexo 2 que forma parte integral de esta
decisión.
166.
Ahora, a juicio de esta
Corte, el que la medida prevista en el artículo 1º del Decreto legislativo 660
de 2020 esté llamada a regir durante al tiempo en que se encuentre vigente la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
–lo que implica extender la habilitación de organizar el calendario académico conferida
al Ministerio de Educación Nacional y a las autoridades competentes en materia
de educación– se justifica a la luz de la Constitución en su conjunto y, específicamente,
por la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la vida –artículo 11
C.P.– y a la salud –artículo 49 y 44 C.P.– de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, sensiblemente afectados por los contagios exponenciales que la pandemia
ha traído consigo y, al mismo tiempo, por la necesidad de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de educación. Sobre este extremo, cabe
resaltar que lo anterior no significa, en modo alguno, que la medida pase a ser
permanente y, en tal sentido, tampoco deja de ser transitoria, con lo que,
guardadas proporciones con la magnitud de la crisis, se termina observando también
la exigencia de temporalidad de la medida a la que se refirió la sentencia
C-225 de 2011.
167.
En idéntico sentido,
las normas contempladas en el Decreto 660 de 2020 también superan el juicio
de no arbitrariedad, en la medida en que su puesta en vigor no
interfiere en el normal funcionamiento de las ramas del poder público o de los
órganos del Estado. Todo lo contrario, su aplicación fomenta el intercambio de
opiniones y la colaboración entre las autoridades centrales, las entidades
descentralizadas y las autoridades competentes en materia de educación y, lo
que es más importante, exigen promover un diálogo permanente entre estas
últimas y sus comunidades que son las que experimentan con mayor rigor los
efectos sociales, económicos, culturales y ambientales de la crisis. Así las
cosas, se respeta y profundiza el principio de autonomía territorial, generando,
a la vez, criterios de trabajo coordinado con la nación.
168.
Por lo demás, encuentra
la Sala que el precepto previsto en el Decreto 660 de 2020 supera también los
juicios de intangibilidad y no contradicción específica,
por cuanto de lo que trata la disposición allí prevista es precisamente de
garantizar el derecho a la vida y a la salud de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, docentes y directivos docentes posibilitando a la vez que, pese a las
medidas de distanciamiento social obligatorio, puedan continuar con el
aprendizaje desde casa y también ofrece a las autoridades competentes la
alternativa de seguir con las labores educativas en los establecimientos
destinados a tal fin, en aquellos lugares en los que no se presenta contagio,
así como de combinar las dos posibilidades, adoptando las debidas cautelas en
materia de bioseguridad.
169.
Desde ese punto de
vista, no quebranta los derechos previstos en los artículos 93 y 214 C.P., sino
que se encamina a promover su protección, sin contradecir la Constitución, los
tratados internacionales sobre derechos humanos y respetando el grupo de
medidas descritas en los artículos 47, 49 y 50 de la Ley Estatutaria de los
Estados de Excepción. La medida contemplada en el artículo 1º del Decreto 660
de 2020 tampoco interrumpe el debido funcionamiento de los órganos del Estado y
no suprime o modifica los organismos y las funciones básicas de acusación y
juzgamiento.
f)
Juicio de
necesidad
i. Necesidad fáctica o idoneidad
170.
La norma contemplada en
el Decreto 660 de 2020 habilitó al Ministerio de Educación por el tiempo que
dure la emergencia sanitaria, para organizar las semanas de trabajo académico
que se llevan a cabo a lo largo del año lectivo en tiempos distintos a los
establecidos en el inciso primero del artículo 86 de la Ley 115 de 1994. De
este modo, permite que –como lo recuerda FECODE–, el Ministerio pueda fijar
nuevos términos dentro de los calendarios académicos distintos al periodo anual
y semestral bien sea “por bimestres, trimestres o cuatrimestres, entre otras
posibilidades de habilitación, siempre que exista previa petición de la
autoridad competente territorial y siempre que dicha solicitud observe
cumplidamente las instrucciones normativas dadas por el Ministerio”.
171.
En el Decreto 660 de
2020 el Gobierno expuso argumentos para justificar la idoneidad de la medida. Al
respecto, sostuvo que las medidas de flexibilización eran indispensables, toda
vez que, acorde con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 86 de la Ley
115 de 1994 o Ley general de-Educación, existe una restricción para el
calendario académico, que consiste en un mínimo de cuarenta (40) semanas al
año. En tal sentido, recordó que en el Decreto declaratorio 637 de 6 de mayo de
2020 fueron expuestas las razones por las cuales se hizo indispensable adoptar
medidas de emergencia, entre otros aspectos, por el impacto negativo que ha
tenido la situación de crisis y las medidas adoptadas para mitigarla sobre la
familias de todos los estratos socioeconómicos en el entorno rural y urbano
afectando, en particular, a aquellas que se encuentran en circunstancia de
vulnerabilidad socio-económica, amenazando “la garantía de la provisión de
servicios públicos como la educación, incluyendo la permanencia de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en todos sus niveles (primera infancia, básica,
media y superior), así como también de las prestaciones complementarias y
programas sociales tendientes a hacer efectivos estos derechos, por lo que se
hace necesario adoptar medidas tendientes a reducir la deserción y a apoyar al
sistema educativo. [ ... ]".
172.
El Decreto legislativo
bajo examen puso énfasis en que, según lo señalado en el artículo 44 de la
Constitución Política y en el 5º de la Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción (Ley 137 de 1994) “en ningún momento, podrá suspender los
derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación”,
consideró necesario “emprender acciones que permitan la continuidad de la
prestación del servicio de educación”. El Gobierno mostró asimismo cómo el
Instituto Nacional de Salud trajo a colación que la propagación del Coronavirus
COVID-19 presentaba comportamientos diferentes en las entidades territoriales,
motivo por el cual en aquellos lugares que no se encuentren afectados por la
pandemia se pueden flexibilizar las medidas para continuar con la prestación
del servicio de educación siempre y cuando se apliquen los “protocolos de
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social y las
instrucciones que para evitar la propagación de la enfermedad adopten o expidan
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”.
173.
El Gobierno puso
igualmente de presente que para la fecha de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria, vale decir el 12 de marzo de 2020, el calendario académico en los
establecimientos educativos se había implementado “entre 7 y 8 semanas de
las 40 previstas en el año escolar 2020 para la efectiva prestación del
servicio”. Agregó, además que en vista de las medidas adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional[78], “la totalidad de los
alumnos matriculados del sector educativo asciende a 10.161.081 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos en educación por ciclos atendidos en las más de
53 mil sedes educativas”. Este número de estudiantes se ha visto obligado a
“migrar hacia una atención académica en casa”. Justo por ese motivo, se “reorganizó
el calendario académico en su distribución de semanas durante el año escolar”. Sin
embargo, se advierte que se mantuvo “el periodo mínimo de cuarenta (40)
semanas de trabajo académico como lo señala el artículo 86 de la Ley 115 de
1994”.
174.
De igual modo precisó
que, en virtud de lo expuesto, el Ministerio de Educación se vio compelido a
acudir a las Secretarías de Educación y, por su conducto, a los docentes y
directivos docentes, a efectos de que “realicen los procesos de planeación,
ajustes y flexibilización curricular correspondientes y de esta forma se
garantice el aprendizaje de los estudiantes para cada grado y nivel educativo
-preescolar, básica y media-, en las áreas y asignaturas establecidas en la Ley
115 de 1994”. En atención a lo expuesto, “los establecimientos
educativos han adelantado los ajustes respectivos al currículo para que dentro
de las semanas de trabajo académico efectivas con estudiantes, se garanticen
los lineamientos, estándares, desarrollo de competencias y en general los
procesos pedagógicos establecidos en el proyecto educativo institucional o
comunitario -PEIIPEC-“.
175.
Adicionalmente,
puntualizó cómo el Ministerio de Educación verificó que se presentaban
problemas relacionados con i) “dificultades para la entrega de
material de apoyo pedagógico”; ii) “la movilidad de los maestros”
y iii) la interacción entre maestros y alumnos. Por estas razones
encontró que era necesario flexibilizar la organización del sistema educativo
en los territorios, de modo que se garantizara la prestación del servicio de
educación así como “la garantía del derecho a la educación de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes”[79].
176.
Expuso el Gobierno en
las consideraciones del Decreto Legislativo bajo examen que resultaba
indispensable ofrecer a las entidades territoriales instrumentos efectivos para
enfrentar las circunstancias originadas por la evolución epidemiológica de la
pandemia que amenazan la posibilidad de cumplir con el calendario académico y
desarrollar el proceso educativo en lo que resta del año escolar 2020, con el
fin de “permitir la realización de ajustes a las semanas de trabajo
académico previstas en el calendario académico definido, siempre y cuando
las modificaciones se orienten a garantizar el derecho a la educación de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes” –se destaca–. Sobre este
extremo, el Gobierno precisó que –se destaca–:
[P]ara garantizar los logros de aprendizaje
previstos para el año escolar, las autoridades competentes en educación pueden
solicitar para su jurisdicción o parte de ella, que se flexibilicen las
cuarenta (40) semanas de trabajo académico. Para ello, el Ministerio de
Educación Nacional requiere la competencia de flexibilizar el número de semanas
de trabajo académico en períodos anuales diferentes a los previstos en el
artículo 86 de la Ley 115 de 1994, a solicitud de las autoridades competentes
en educación y por tanto se debe incorporar un parágrafo transitorio en el
precitado artículo para señalar que, ‘[h]asta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID 19, el Ministerio de
Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico que se
realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente
en educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional’.
177.
En suma, las
consideraciones desarrolladas por el Gobierno en el Decreto Legislativo que
analiza la Sala, permiten concluir que la medida supera el juicio de necesidad
fáctica.
ii. Necesidad jurídica o subsidiariedad y
juicio de incompatibilidad
178.
En criterio de esta
Corte, mantener la norma establecida en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 –vale
decir la previsión que rige en tiempos ordinarios–, resultaba insuficiente en
atención a la necesidad de contrarrestar las consecuencias tan graves
presentadas por la expansión de la pandemia y el impacto que las medidas de
aislamiento social han tenido sobre la prestación del servicio de educación. En
tal virtud, era indispensable modificar la Ley General de Educación en su
artículo 86 lo que justifica la necesidad jurídica de la medida, tanto más
cuanto existía una limitación contemplada en la aludida Ley que prevé un mínimo
de 40 semanas al año.
179.
Por consiguiente, era
indispensable una norma con fuerza de ley con la misma jerarquía a efectos de
flexibilizar la jornada académica y habilitar al Ministerio de Educación para
que organice el calendario educativo. En pocas palabras, teniendo en cuenta que
ordinariamente el Gobierno no está habilitado para modificar leyes, resultaba
necesario acudir a esta medida de excepción con lo que se cumple el juicio de
subsidiariedad.
180.
Así las cosas, dada la
inexistencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales suficientes
y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional, se cumplió con
el requisito de subsidiariedad, pues no se identificó en el ordenamiento una
alternativa distinta a la de adicionar el artículo 86 de la Ley 115 de 1994
181.
Por otro lado, la
medida encaminada a regir únicamente durante el término de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social supera
también el juicio de incompatibilidad. Al respecto, debe tenerse en cuenta que
la medida contemplada en el artículo 1º del Decreto legislativo 660 de 2020 no
se dirigió a suspender o a derogar leyes, aun cuando sí adicionó
transitoriamente la norma mencionada, esto es, su vigencia se encuentra atada a
la duración de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
182.
El Gobierno expuso en
las consideraciones del Decreto de excepción bajo análisis de esta Sala que, en
aras de asegurar los logros del aprendizaje para el año lectivo, el Ministerio
de Educación requería que se le otorgara la competencia para organizar las
semanas de trabajo académico en tiempos distintos a los fijados por el inciso
primero del artículo 86 de la Ley de Educación. Desde esa perspectiva, resulta
claro para esta Corte que la medida contemplada en el artículo 1º del Decreto
bajo examen no es compatible con la normativa ordinaria, tanto más si se
considera la manera como se vio afectado el servicio de educación con ocasión
de las medidas de aislamiento preventivo y su incidencia, particularmente
sensible, en la posibilidad de cumplir de modo adecuado el calendario
académico.
g)
Juicio de no
discriminación
183.
Como resalta de las
consideraciones efectuadas en el Decreto legislativo bajo examen, la medida
adoptada por el Gobierno Nacional que desarrolló el Decreto declaratorio 637
del 6 de mayo de la misma anualidad, tiene un carácter general y no se vale de ninguna
categoría prohibida fundada en el género, raza, lengua, religión, origen
nacional o familiar, opinión política o filosófica o en otras categorías
sospechosas para introducir tratos discriminatorios.
184.
No obstante, en su
intervención la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación “FECODE”
consideró que la norma del Decreto 660 de 2020 que adicionó con un
parágrafo transitorio el artículo 86 de la Ley General de Educación vulneró la
Constitución por cuanto omitió tener en cuenta a un grupo de la población
estudiantil (preescolar y básica primaria) afectando sus derechos
fundamentales.
185.       Con el fin de examinar si, en efecto, el
artículo que adicionó con un parágrafo transitorio el artículo 86 de la Ley 115
de 1994 por disposición del Decreto legislativo 660 de 2020, presenta una
omisión que genera un déficit de protección respecto de los estudiantes que
cursan preescolar y básica primaria, considera la Sala necesario efectuar un
transcripción completa del artículo 86 de la Ley General de Educación que es
del siguiente tenor:
ARTÍCULO 86. FLEXIBILIDAD DEL CALENDARIO
ACADÉMICO. Los calendarios
académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones
económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El
calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará
por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas
mínimo.
La educación básica (primaria y secundaria)
y media comprende un mínimo de horas efectivas de clase al año, según el
reglamento que expida el Ministerio de Educación Nacional.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, dentro del plazo
máximo de cinco (5) años, reglamentará los calendarios académicos de tal manera
que contemplen dos (2) períodos vacacionales uniformes que amplíen las
posibilidades de formación integral escolarizada o desescolarizada y, además
faciliten el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en familia.
186.       Para el análisis propuesto también resulta
indispensable efectuar la transcripción de la norma introducida por el artículo
1º del Decreto legislativo 660 de 2020 que reza:
Parágrafo Transitorio. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de
Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico que se
realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente
en educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional.
187.       Como puede verse el precepto contemplado en
el artículo 86 de la Ley General de Educación se compone de dos incisos y un
parágrafo. El análisis de las mencionadas normas permite a la Sala concluir lo
siguiente.
188.       En primer término, es claro, porque el
título del artículo 86 de la Ley 115 de 1994 así lo confirma, que el calendario
académico es flexible, sin distinguir si se trata de educación preescolar,
básica primaria o básica secundaria y media. Lo anterior se corrobora con la
lectura de la primera frase contemplada en el inciso primero de la norma, del
que se desprende que esta condición –la flexibilidad– rige de manera general
con el efecto de permitir que los calendarios académicos se “adapten a las
condiciones regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas”.
189.       Ahora bien, la lectura de la segunda frase
del inciso primero de la norma en comento permite inferir los términos en que
se organizará el calendario académico “en la educación básica secundaria
y media”, a saber, “por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de
20 semanas mínimo” –se
destaca–.
190.       Nótese que en esta segunda frase del inciso
primero del artículo 86 no se hace referencia a la manera como se
organizará el calendario académico en relación con la educación preescolar y
básica primaria. Se restringe la norma a determinar la manera cómo se
organizará el calendario académico en la educación básica secundaria y media,
esto es, por periodos i) anuales de 40 semanas de duración mínima o ii)
semestral de 20 semanas mínimo –se destaca–.
191.       En suma, del inciso primero del artículo 86
bajo análisis se desprende que los calendarios académicos son flexibles, pues
deben ajustarse tanto “a las condiciones regionales”, como “a las
tradiciones de las instituciones educativas” (primera frase del inciso
primero del artículo 86). También se deriva que el calendario académico de
la educación básica secundaria y media se organizará por periodos i)
anuales con una duración mínima de 40 semanas o ii) semestral mínimo de
20 semanas (segunda frase del inciso primero del artículo 86). Nada dice la
norma sobre la manera cómo se organiza el calendario académico de la educación
preescolar y básica primaria –se destaca–.
192.       Con todo, el parágrafo transitorio agregado
al artículo 86 por el artículo 1º del Decreto 660 de 2020 dispuso:
Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de
Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico que se
realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente
en educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional.
193.       La norma que adicionó con un parágrafo
transitorio el artículo 86 de la Ley General de Educación le otorgó al
Ministerio de Educación –por el tiempo que dure la emergencia sanitaria– la
facultad de “organizar las semanas de trabajo académico que se realizan
durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso primero
del presente artículo, a solicitud motivada de la, autoridad competente en
educación” –se destaca–.
194.       En su intervención la Federación Colombiana
de Trabajadores de la Educación “FECODE” consideró que el parágrafo
transitorio de que trata el artículo 1º del Decreto 660 de 2020 no tuvo
en cuenta los
derechos fundamentales de los niños y niñas que cursan preescolar y básica
primaria, como si su proceso educativo no fuera afectado en las mismas
condiciones en que lo es el de los estudiantes de básica secundaria y media.
Esta realidad evidente se desconoce en el decreto legislativo y, en razón a
dicha omisión, se produce en contra de los primeros la vulneración de los
derechos fundamentales de dignidad, igualdad y educación y cultura establecidos
en los artículos 1, 13, 44, 67 y 93 de la Carta Política, toda vez que el
segmento normativo pertinente del inciso primero del artículo 86 de la Ley 115 solo
se refiere al calendario académico en los niveles de básica secundaria y media.
195.
Ciertamente, como se
indicó antes, en la segunda frase del inciso primero del artículo 86 de la Ley
115 de 1994 no se hizo referencia a la forma de organizar el calendario
académico en la educación preescolar y básica primaria, pues lo allí consignado
en relación con la facultad de organizar las semanas de trabajo académico de
manera anual o semestral se relaciona, específicamente, con “el calendario
académico en la educación básica secundaria y media” y, en tal sentido, se
deja por fuera a la educación preescolar y básica primaria que –aun cuando no
se mencionó en el precepto– tendría que estar incluida, por lo que se presenta
en este caso un déficit de protección que debe ser contrarrestado en esta sede.
196.
Sin embargo, del
análisis del inciso segundo del citado artículo 86, y de otras disposiciones
del ordenamiento, es posible advertir que: i) el artículo 86 de la Ley
115 de 1994 dispone que será el Ministerio de Educación Nacional, a partir de
su competencia reglamentaria, la autoridad que debe definir el número de horas
efectivas de clase al año para la educación básica primaria; ii) el
artículo 2.4.3.4.1. del Decreto 1075 de 2015 señala que la duración del año
lectivo es de 40 semanas[80], independientemente del
nivel educativo; iii) el Decreto 1850 de 2002 dispone que el proyecto
educativo institucional y el plan de estudios “debe cumplirse durante las
cuarenta (40) semanas lectivas”[81]; iv) el
Decreto 1071 de 2015 señala que la Secretaría de Educación Distrital negará la
licencia de funcionamiento “cuando el calendario propuesto sea inferior a 40
semanas”[82] y v)
la Resolución 1730 de 2004[83] y la Directiva
Ministerial No. 15 del Ministerio de Educación Nacional extienden la referida
periodización a los colegios no oficiales[84]. Así, los
calendarios académicos y las horas que componen la jornada escolar para los
demás niveles de educación pueden ser fijados mediante la potestad
reglamentaria del Ministerio de Educación Nacional[85],
sin que sea necesaria la expedición de una norma de rango legal que faculte a la citada autoridad para
organizar las semanas de trabajo académico de manera distinta.
197.
Por los motivos
expuestos, considera esta Corte que aun cuando es cierto que la norma
contemplada en la segunda
frase del inciso primero del artículo 86 de la Ley 115 de 1994 no hizo
referencia a la forma de organizar el calendario académico en la educación
preescolar y básica primaria, pues lo allí consignado en relación con la
facultad de organizar las semanas de trabajo académico de manera anual o
semestral se relaciona, específicamente, con “el calendario académico en la
educación básica secundaria y media”, de ahí no se deriva una omisión
legislativa relativa –como lo sugiere la Federación Colombiana de Trabajadores
de la Educación “FECODE”– toda vez que el Ministerio de Educación está
facultado para regular ese tema mediante decreto reglamentario, con lo cual no
se desconocen los derechos fundamentales del grupo de niños y niñas que reciben
educación preescolar y básica
primaria, pues respecto de ellos y ellas, el Ministerio de Educación está
habilitado para flexibilizar la jornada académica a través de norma
reglamentaria.
198.
Con fundamento en las
razones indicadas, esta Sala no accederá a la solicitud de declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 1º del Decreto 660 de 2020 como lo
pidió la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación “FECODE”, pues
no se presenta ningún déficit de protección.
h)
Juicio de
proporcionalidad
199.
Atrás se señaló que la
medida contemplada en el Decreto legislativo 660 de 2020 no solamente es
necesaria fáctica y jurídicamente para contrarrestar los efectos de la crisis
originada a raíz de la pandemia y de las previsiones de aislamiento social que
se han adoptado para mitigar sus efectos exponenciales sobre los derechos
fundamentales a la vida y a la salud de las personas, así como las consecuencias
que estas previsiones han tenido en el disfrute del derecho a la educación,
sino que, al paso, es idónea, pues permite adaptar la organización de los
calendarios académicos a situaciones de contexto y asegurar la continuidad en
la prestación del servicio público de educación, atendiendo dificultades
específicas de los territorios y permitiendo el diálogo y la comunicación
constante entre el Ministerio de Educación, las entidades descentralizadas y
las autoridades competentes en educación que podrán solicitar motivadamente la
flexibilización de los calendarios académicos al MEN siguiendo los lineamientos
fijados por este y únicamente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
200.
En líneas anteriores se
trajeron a colación los motivos por los cuales la temporalidad de la medida
ligada no a la extensión del Estado de Emergencia económica, social o ecológica
(Artículo 215 C.P. y Ley Estatutaria de los Estados de Excepción), sino a la
duración de la emergencia sanitaria (artículo 1º del Decreto 660 de 2020) en el
presente caso tiene una justificación constitucional clara en la protección de
los derechos fundamentales a la vida y a la salud (artículos 11 y 49 C.P.) de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se dijo, igualmente, que si bien la
medida de flexibilización del calendario académico por sí sola no garantiza per
se la protección del derecho fundamental a la educación de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, pues para ello se requieren medidas
complementarias, tendientes a fortalecer, por ejemplo, el aprendizaje en el
establecimiento educativo por fuera de la casa que supone, a la vez, la
posibilidad de realizar varios de sus derechos fundamentales –en particular los
derechos a la alimentación y a estar en un ambiente que les permita desplegar
sus potencialidades libres de violencia preservando su integridad física,
psíquica y emocional–, el propósito principal de la medida de flexibilización
de los calendarios no es otro distinto que el de permitir a las autoridades
competentes en los territorios adecuarse a las situaciones económicas
regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas, y en tal
sentido, resulta apta para garantizar la continuidad en la prestación del
servicio de educación, posibilitando analizar las particularidades del contexto
siempre en coordinación con las directrices del MEN.
201.
Además, las ventajas
que se desprenden de la aplicación de esta medida i) de alcance temporal[86],
ii) que no rige para eventos en los que no se presenta ninguna
afectación del servicio público de educación[87]; iii)
que propende porque a las y los estudiantes afectados se les garantice el derecho
a la educación, por lo que solo puede ser aplicada para ese particular efecto[88]
y iv) que debe seguir las directrices del Ministerio de Educación
Nacional[89], resultan sensiblemente
mayores que sus desventajas las que pueden enfrentarse con voluntad política
acudiendo a acciones de trabajo conjunto y coordinado, de apoyo y de seguimiento
de logros como las que, según las respuestas ofrecidas en esta sede por el
Ministerio de Educación Nacional, ha puesto en marcha esa dependencia.
202.
En suma, la adición del
artículo 86 de la Ley General de Educación con un parágrafo transitorio que
flexibiliza la organización del calendario académico mientras dure la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección
Social ocasionada por la pandemia, es fáctica y jurídicamente necesaria para
cumplir con el objetivo de garantizar, pese a la crisis, la continuidad en la
prestación del servicio de educación y preservar el derecho fundamental a la
educación. Es a la vez proporcional en sentido estricto, pues las posibles
restricciones en el ámbito de protección del derecho a la educación son menores,
si se consideran las ventajas que se derivan de la medida que habilita al
Ministerio de Educación Nacional organizar las semanas de trabajo académico que
se realizan durante el año en periodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del artículo 86 de la Ley 115 de 1994.
203.
Con fundamento en las
anteriores consideraciones encuentra la Corporación que la medida adoptada por
el Decreto legislativo 660 de 2020 supera el juicio de proporcionalidad.
204.
Ahora, aunque las
directrices señaladas por el Ministerio de Educación en las respuestas
ofrecidas en esta sede permiten identificar los esfuerzos dirigidos a rodear la
medida adoptada por el Decreto legislativo bajo examen de una política integral
que permita garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en condiciones de igualdad, debe recordar la Sala que, como
quedó dicho en las consideraciones de la presente providencia, en relación con
la materialización del derecho fundamental a la educación existen obligaciones
de respetar, proteger y cumplir de ineludible observancia por parte del Estado
y de quienes prestan el servicio público de educación. De ahí la necesidad de
promover circunstancias que permitan el disfrute del derecho (medidas
positivas) removiendo aquellos obstáculos que pudieran llegar a afectar su
componente prestacional en términos de disponibilidad, accesibilidad, no
discriminación, accesibilidad material y económica, aceptabilidad y
adaptabilidad.
205.
Esta Corporación ha
insistido de manera reiterada en que a partir del componente de accesibilidad
del derecho a la educación se derivan un conjunto de obligaciones. En primer
lugar, asegurar que los servicios de educación estarán debidamente cubiertos.
En segundo término, procurar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes condiciones
efectivas de acceso y permanencia en el sistema educativo, de manera principal
respecto de quienes habitan en las zonas más remotas del territorio nacional[90].
También deben cerciorarse las autoridades competentes de cumplir con estándares
de calidad y eficiencia en todos los niveles educativos –preescolar, básico y
medio– e impedir que se involucione, desmontando todo obstáculo que pueda
desincentivar el aprendizaje[91].
206.
Si es cierto y, así
quedó dicho en las consideraciones de la presente providencia, que la
materialización del componente prestacional del derecho fundamental a la
educación es progresivo, también lo es que esa realización progresiva no resulta
compatible con la inactividad estatal. En ese sentido, acorde con lo señalado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso
Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, los Estados deben asumir una posición
de garante, especialmente, en circunstancias como las que se viven a
raíz de la pandemia, que afectan de manera más grave a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que se hallan en condiciones de vulnerabilidad, quienes
requieren mayor atención. En Colombia se podría pensar en condiciones como, por
ejemplo, el género, la raza, la pertenencia étnica, la condición de
vulnerabilidad por la pobreza y abandono estatal crónicos, por su circunstancia
de desmovilizados en al marco del tratado de Paz o por el riesgo de
reclutamiento forzado.
207.
Desde ese horizonte de
comprensión, la realización progresiva del componente prestacional del derecho
fundamental a la educación resulta incompatible con la inactividad estatal
–se destaca–, por lo que el Estado debe adoptar medidas de protección cuando
existen condiciones particulares que podrían significar una discriminación de
facto al tener un impacto diferenciado sobre grupos de la población en
especial situación de fragilidad –se destaca–.
208.
En el sentido antes
señalado, es claro para la Sala que si la medida de flexibilización del
calendario escolar busca garantizar el derecho fundamental a la educación de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de igualdad, las
autoridades comprometidas con el servicio de educación deben tener en cuenta
los lineamientos fijados por el Ministerio de Educación Nacional y no dejar de
lado lo expuesto tanto en la resolución 01 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos como en la mencionada declaración conjunta de la UNESCO,
UNICEF, el Banco Mundial. Al paso, también resulta recomendable tomar nota de
lo previsto en el Programa Mundial de Alimentos de abril de 2020 que advierte
cómo las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia pueden
traer consecuencias negativas sobre quienes se encuentran en especial condición
de vulnerabilidad, toda vez que su acceso a las oportunidades educativas,
alimenticias y la posibilidad de estar libres de violencia fuera del marco
escolar, suelen verse severamente restringidas[92].
209.
En materia de
protección del derecho a la educación en tiempo de pandemia es indispensable no
pasar por alto la distancia que suele presentarse entre las normas y la
realidad, así como la imperiosa necesidad de cerrar esa brecha, como lo recordó
en su intervención el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá:
La dificultad para estudiar ya no solo
radica en las distancias que deben atravesar los estudiantes para llegar a sus
colegios; el mal estado de las vías terciarias por falta de pavimentación que
aumentan el tiempo de traslado; o los riesgosos medios de transporte, como las
canoas en las que se recorre hasta seis horas para llegar a la capital del
departamento o la cabecera municipal; hoy en día se suma la falta de
conectividad, pues muchas familias que viven en el campo no cuentan con
computadores, internet ni celular.
Por ejemplo, en el Guaviare ‘los
seminternados eran la alternativa para los niños que viven a distancias
gigantescas del colegio. Ahora, por la pandemia, intentan seguir con las clases
sin alimentación escolar y casi sin computadores ni internet’. En Santander
también los estudiantes se han visto afectados ‘al norte de Aquitania, en la
vereda Las Puentes, de Zapatoca (Santander), vive Yolanda Acevedo. En su casa
la señal de internet es nula y es imposible hablar con ella por más de diez
minutos sin que la llamada se corte’. En Antioquia encontramos otro caso: ‘Con
la llegada del coronavirus, la preocupación de María Helena cambió. Si antes le
preocupaba que sus hijos llegaran bien al colegio, ahora le inquieta tenerlos
tanto tiempo en la casa, pues donde ella vive no hay Internet’.
210.
Sobre la situación de
vulnerabilidad que enfrentan la mayoría de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
que estudian en zonas rurales del país en época de pandemia también se
pronunció el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario,
destacando la situación de quienes han sido víctimas de reclutamiento forzado
cuyas necesidades “deben ser priorizadas en el acceso a la educación en este
tiempo de crisis puesto que, de no ser así, podrían activarse las alarmas en
cuanto a reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la
ley”.
211.
Si es cierto que el
Gobierno Nacional dictó el Decreto 533 de 2020 dirigido a adoptar medidas para
garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no sobra enfatizar que,
en tiempos de normalidad muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes dependen
para su alimentación balanceada diaria de las comidas que se les proporciona de
manera gratuita en los establecimientos educativos, por lo que el cierre de
estos espacios y la flexibilización de las jornadas académicas suponen, a la
vez, una mengua en la calidad de la alimentación a la que están en condición de
acceder[93]. De ahí la importancia
que las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación se materialicen en la
práctica y se adopten los correctivos necesarios allí donde se presentan
actuaciones que pueden poner en riesgo los esfuerzos dirigidos a garantizar la
protección del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en  condiciones de igualdad.
212.
Debe tenerse presente,
asimismo, que el aprendizaje en casa que surgió como alternativa a raíz de la
crisis exige la disposición por parte de padres y madres de apoyar las tareas
de sus hijas e hijos sin contar, muchas veces, con los conocimientos, las
herramientas o el tiempo indispensable para desempeñar esa función, lo que
atañe especialmente a padres o madres con bajos niveles de instrucción,
recursos limitados, que trabajan en la informalidad o que deben continuar con
sus labores remuneradas dentro o fuera de casa[94].
213.       De la misma forma, ha de tomarse nota de
que en muchos de los hogares no se cuenta con la tecnología necesaria y tampoco
se dispone de una buena conexión a la red para darle continuidad al
aprendizaje, lo que impone una carga mayor a los hogares más vulnerables
económicamente[95].
214.       Igualmente, muchas niñas, niños,
adolescentes y jóvenes permanecen solos en sus casas, porque su madre o su
padre o ambos tienen que trabajar para obtener el sustento diario, lo que trae
como consecuencia riesgos relacionados con presiones externas para abandonar
horas de aprendizaje y dedicarlas al ocio o a actividades que no aportan en su
formación y contribuyen, más bien, a afectarlas negativamente[96].
Bajo las circunstancias mencionadas es factible, de igual modo, que se
incremente la tasa de deserción o abandono escolar. Como se sabe, esto es algo
que suele ocurrir tras largos periodos de cierre de establecimientos educativos[97].
215.       También ha de repararse en la situación de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes desmovilizados muchas de ellas puestas
en riesgo de un nuevo reclutamiento forzado.
216.       Fuera de los aspectos anteriormente
mencionados, cabe destacar la situación de los hogares en los que se presenta
violencia intrafamiliar, que suele exacerbarse en tiempos de crisis y distanciamiento
social, lo que implica que no se cuenta con el ambiente de tranquilidad y de
mínima armonía indispensables para el aprendizaje y, por el contrario, se vive
una situación de constante zozobra que, con gran frecuencia, amenaza la
integridad física, psíquica y emocional de las mujeres puestas en especial
situación de vulnerabilidad y la de sus hijos e hijas, quienes por fuera de los
establecimientos educativos no cuentan con una red de apoyo que les facilite
superar esa situación en la que se hallan por completo indefensos[98].
En cifras presentadas por el Instituto de Medicina Legal entre enero y mayo de
2020 el mayor número de víctimas de presunto abuso sexual tenía entre 10 y 13 años.
Resulta preciso anotar que a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con
frecuencia les toca convivir con sus agresores, lo que agrava de modo profundo
su situación.
217.       En atención a lo expuesto resulta imperioso
que los docentes no rompan el contacto regular con los estudiantes y sus
familias, así sea a distancia. Ello impacta positivamente la cohesión social,
previene la violencia intrafamiliar y asegura la continuidad del aprendizaje[99].
De ahí también la necesidad de que las autoridades estatales adopten medidas
para incrementar la conectividad y, si ello no es factible en un cien por
ciento, al menos que acudan a otras herramientas que les permitan a los
docentes seguir, efectivamente, con su trabajo.
218.       A propósito de lo dicho es indispensable
recordar que las familias que enfrentan situaciones de emergencia pueden
recibir un gran apoyo por parte de los docentes, quienes a la vez que están
llamados a materializar el derecho a la educación de sus estudiantes, pueden
impartir “consejos concretos y sencillos sobre actividades que ayudan a
bajar los niveles de estrés, angustia y violencia” [100].
En tal virtud, es crucial mantener la estabilidad laboral de los docentes y
brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera
eficaz, sin imponerles cargas excesivas y respetando sus derechos, en
particular, su estabilidad laboral.
219.       Ahora bien, teniendo en cuenta que la
comunidad académica reúne a estudiantes, familias y educadores cada uno de
estos tres grupos debe ejercer sus derechos sin dejar de cumplir lo establecido
en el artículo 95 superior[101]. Esto es, no deben
incurrir en prácticas que denoten abuso del derecho y, por el contrario, deben
asegurar que sus actuaciones se dirijan a hacer prevalecer los preceptos
legales y constitucionales.
220.       Es definitivo que las tareas confiadas se
adelanten y los derechos se ejerzan de acuerdo con “el principio de
solidaridad social” y que se responda “con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Resulta igualmente imprescindible defender y difundir los derechos humanos como
piedra angular de la convivencia pacífica, así como colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia, mandato constitucional que
adquiere especial relevancia en estos tiempos de excepción ocasionados por la
pandemia.
221.
Así, junto al deber de
actuación solidaria y ajena a los abusos por parte de quienes forman parte de
la comunidad educativa (estudiantes, familias y educadores), sobresale la
posición de garante de las autoridades estatales quienes están compelidas a
honrar sus obligaciones en materia de protección de la educación como servicio
público, fin social y derecho fundamental. En cumplimiento de sus obligaciones
deben adoptar acciones preventivas, de acompañamiento y monitoreo aptas para
establecer quiénes están siendo especialmente afectados y así poder tomar los
correctivos necesarios.
222.       La declaración conjunta realizada por la
UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial plantea unas cuestiones
que adquieran especial relevancia en relación con la materialización de la
educación como servicio público, fin social y derecho fundamental en tiempos de
pandemia:
• ¿En qué medida la instrucción en el aula
es decisiva para alcanzar los resultados de aprendizaje (básicos,
transmisibles, digitales, específicos del trabajo), tomando en consideración
cuestiones como la importancia de la interacción directa con los maestros para
el aprendizaje basado en el juego, en el caso de los niños más pequeños, y para
la adquisición de competencias básicas?
• ¿Cuán disponible y accesible es la
educación a distancia de alta calidad (para los resultados de aprendizaje, los
grupos de edad y los grupos marginados respectivos)?
• ¿Durante cuánto tiempo puede mantenerse
el enfoque actual del aprendizaje a distancia, incluidos los logros educativos
y el bienestar socioemocional, habida cuenta de la presión intrafamiliar sobre
los cuidadores y otros factores específicos del contexto?
• ¿Tienen los cuidadores las herramientas
necesarias para proteger a los niños contra el acoso y la violencia de género
en línea, mientras aprenden por medio de plataformas virtuales?
• ¿Cómo afectan la pandemia y las medidas
adoptadas para enfrentarla a las principales etapas de transición en el camino
del aprendizaje (preparación para la escuela, finalización de la primaria y
transición a la secundaria, terminación de la secundaria y transición a la
educación superior)?
• ¿Tienen los maestros y las autoridades del
ámbito educativo la preparación y la capacidad para adaptarse a diferentes
enfoques administrativos y pedagógicos? ¿Cuentan con la preparación y la
capacidad para aplicar medidas de prevención y control de la infección?
• ¿Existen riesgos para la protección de
los niños desescolarizados, como por ejemplo intensificación de la violencia
doméstica o explotación sexual de las niñas y los niños?
• ¿Afecta el cierre de las escuelas a otros
servicios escolares, como el apoyo a la salud y a la nutrición?
• ¿Qué implicaciones sociales, económicas y
relacionadas con el bienestar tiene la inasistencia de los niños a la escuela?
• ¿Tienen las escuelas capacidad para
mantener las medidas de seguridad destinadas a mitigar los riesgos, como el
distanciamiento físico (por ejemplo, el tamaño de las aulas frente al número de
alumnos) y las prácticas de higiene? ¿Disponen de instalaciones de agua,
saneamiento e higiene?
• ¿Cuál es el nivel de exposición entre la
población escolar y los grupos de mayor riesgo, como los ancianos y quienes
padecen afecciones médicas subyacentes? Si el nivel de exposición es alto,
¿sería posible poner en práctica iniciativas de mitigación adecuadas?
• ¿Cómo se desplaza la población escolar hacia
la escuela y desde ella?
• ¿Cuáles son los factores de riesgo a nivel de la
comunidad, tomando en consideración los factores epidemiológicos y las
capacidades en las esferas de la salud pública y la atención de la salud, la
densidad demográfica, y el cumplimiento del distanciamiento físico y las buenas
prácticas de higiene?
223.
Responder estas
cuestiones permite a las autoridades comprometidas con la protección del
derecho fundamental a la educación, así como a la comunidad educativa
(estudiantes, familias y educadores) una orientación a partir de la cual
evaluar las necesidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, todo lo
cual coincide con el propósito del Gobierno Nacional previsto expresamente en
las consideraciones del Decreto 660 de 2020 de “permitir la realización de
ajustes a las semanas de trabajo académico previstas en el calendario académico
definido, siempre y cuando las modificaciones se orienten a garantizar el
derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” –se
destaca– y concuerda, además, con las directrices a las que hizo mención el
Ministerio de Educación al contestar las preguntas formuladas en esta sede que,
si se aplican de manera eficaz e integral, podrán contribuir a promover las
condiciones para que la medida de flexibilización del calendario académico aporte,
efectivamente, a que la educación como servicio, fin social y derecho
fundamental se proteja en condiciones de igualdad. Insiste la Corte: frente a
esta exigencia, las autoridades estatales deben honrar con mayor rigor su
posición de garante de los derechos fundamentales y no defraudarla.
H.  Regla de vigencia
224.
La última norma,
contenida en el artículo 2º del decreto legislativo analizado, se ocupa de la
vigencia del mismo. Establece que regirá a partir de la fecha de su
publicación. Para la Sala se trata de una norma necesaria para que el decreto
en cuestión entre a regir en el orden jurídico y que no representa problemas de
constitucionalidad.
I.      Conclusión
225.
La Sala Plena revisó la
constitucionalidad del Decreto legislativo 660 de 2020, “Por el cual se
dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del
servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica", proferido durante el Estado de excepción declarado por el
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
226.
El decreto legislativo
contiene una medida que faculta al Ministerio de Educación para organizar –por
el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social– las semanas de trabajo académico que se realizan durante
el año lectivo en periodos diferentes a los previstos por el inciso primero del
artículo 86 de la Ley General de Educación, siempre y cuando así se lo
soliciten las autoridades competentes en educación, de manera motivada y acorde
con las directrices fijadas por el MEN.
227.
Esta media busca
flexibilizar el calendario académico de manera que se pueda asegurar la
continuidad de la prestación del servicio de educación, sin poner en riesgo la
vida y salud de las niñas, niños adolescentes, jóvenes y personal docente y
directivo docente. La Sala concluye que el Decreto legislativo 660 de 2020
cumple con los requisitos formales y materiales previstos en las disposiciones
constitucionales y estatutarias para este tipo de normas.
228.
En consecuencia,
declara exequible el decreto legislativo 660 de 2020.
VII. DECISIÓN
229.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. Declarar EXEQUIBILE el Decreto legislativo 660
de 2020“Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario
académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
Con impedimento
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
LUIS
JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
RICHARD S. RAMÍREZ
GRISALES
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DECRETO LEGISLATIVO 660 DE 13 de MAYO DE
2020
“Por el cual se dictan medidas relacionadas con el
calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el
artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de
1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 637 del6 de mayo de 2020,
«Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional», y
CONSIDERANDO
Que en los términos del
artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, con la
firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de
los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico,
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública,
podrá declarar el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma
norma constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá
dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis
y a impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán
referirse a materias
que tengan relación
directa y especifica con el
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria
establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer
el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional.
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial
de la Salud - OMS declaré el actual
brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente
por la velocidad de su propagación y la escala
de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían
notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de
esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República
Popular China se había multiplicado en trece (13) veces, mientras que el número
de países afectados se había triplicado, por lo que insté a los países a tomar
acciones urgentes.
Que mediante la Resolución
380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adopto,
entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las
personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución,
arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y
España.
Que mediante
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015,
declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adopto una serie de
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus
COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social
había reportado que en el país
se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y 0
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al da 19 de marzo de 2020;
145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 personas contagiadas
al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de
marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539
personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28
de marzo de 2020, 702 personas
contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas
contagiadas al  día 30 de marzo
de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas
contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas
contagiadas at día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de
abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020,   1.579
personas   contagiadas   at  día  6  de  abril  de  2020,  1.780  personas  contagiadas al 7 de abril de
2020,.  2.054 personas  contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473
personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 2.709 personas
contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril de
2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas
contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abril
de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3.439 personas
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril
de 2020, 3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas
contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril
de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas
contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas contagiadas al 24 de abril
de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 5,379 personas
contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de abril
de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de  2020, 6.211 personas
contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril
de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 personas
contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo
de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de
2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051
personas contagiadas al 8 de
mayo de 2020,  10.495  personas  contagiadas  al 9 de mayo  de  2020, 11.063
personas contagiadas al 10
de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas
contagiadas al 12 de mayo
de 2020 y 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de
2020 y quinientos nueve (509) fallecidos.
Que pese
a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social
(i) reporté el 10 de mayo de
2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así:
Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca (1.331),  Bolívar (679),
Atlántico (970), Magdalena  (271), Cesar (72), Norte  de Santander  (99), Santander  (42), Cauca  (47), Caldas (100),
Risaralda  (216), Quindío (67), Huila
(178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y  Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba
(39), Sucre (4) La Guajira
(27), Choco (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (ii)
reporto el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia
(474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742),
Atlántico(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca(51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179),
Tolima (130), Meta (927),Casanare (21),
San Andrés y Providencia
(6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39),Sucre (4) La Guajira (27), Choco (28), Caquetá (16), Amazonas (718),
Putumayo (1); y (iii) reporto el 13 de mayo de 2020 509 muertes y 12.930 casos
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.685), Cundinamarca
(311), Antioquia (491), Valle del Cauca (1.478), Bolívar (936), Atlántico
(1.268), Magdalena (322), Cesar (72), Norte de Santander (104), Santander (42),
Cauca (54), Caldas (104), Risaralda (233), Quindío (78), Huila (187), Tolima
(134), Meta (938), Casanare (25), San Andrés y Providencia (21), Nariño (338),
Boyacá (87), Córdoba (42), Sucre (4) La Guajira (32), Choco (40), Caquetá (19),
Amazonas (871), Putumayo (2), Vaupés (11), Arauca (1).
Que según la
Organización Mundial de la Salud — OMS, se ha reportado la siguiente
información: (i) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00
a.m. CET1 señalé que se encuentran confirmados 179.111 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señalo que se encuentran
confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos,
(iii) en reporte número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET
señalé que se encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 14.509 fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de fecha  8 de abril
de 2020  a  las  10:00  a.m.  CET  se  encuentran
confirmado 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos,
(v) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señalé
que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
85.521 fallecidos, (vi) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020a las
10:00 a.m. CET señalé que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el reporte número 82 del 11
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló
que se encuentran confirmados 1.610.909
casos del nuevo coronavirus COVID- 19 y 99.690 muertes, (viii) en el
reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señalé que se encuentran confirmados 1.696.588
casos del nuevo coronavirus COVID-19
y 105.952 fallecidos, (ix) en el reporte número 84 del 13 de abril
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señalé que se encuentran confirmados 1.773.084
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (x) en el reporte
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET
señaló que se encuentran confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 117.021 fallecidos, (xi) en el reporte número 86 del 15 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.914.916 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (xii) en el reporte número
87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST[102]
señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo coronavirus
COVID19 y 130.885 fallecidos, (xiii) en el reporte número 88 del17 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos, (xiv) en el reporte número
89 del18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088
fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (xvii) en
el reporte número 92 del21 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 162.956
fallecidos, (xviii) en el reporte número 93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (xix) en el reporte número 94 del 23
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (xx) en el
reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938
fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte número 97 del
26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) en
el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentren confirmados 2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
198.668 fallecidos, (xxiv) en el reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.954.222 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (xxv) en el reporte número 100
del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973
fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (xxvii) en el reporte número 102 del
1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (xxviii)
en el reporte número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 del
3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en el
reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y
239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte número 106 del 5 de mayo de 2020 a las
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (xxxii) en
el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503
fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del
8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en
el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862
fallecidos, (xxxvi) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte número 112
del11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892
fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, y (xxxix) en el reporte número 114
del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399
fallecidos. Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS (i) en reporte
de fecha 10 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de
Greenwich-, se encuentran confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215
países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (ji) en
reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de
Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215
países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-1 9; y (iii)
en reporte de fecha 12 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano
de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.179.479 casos, 287.525 fallecidos y
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19. Que
mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el
término de treinta (30) días calendario, con el 'fin de conjurar la grave
calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-1 9.
Que dentro
de las razones generales tenidas en cuenta en el Decreto 637 del 6 de mayo de
2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, se incluyó la siguiente:
"Que la actual situación
ha tenido claramente un impacto negativo para las familias de todos los
estratos socioeconómicos, tanto en el entorno rural como urbano, en especial
las que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica,
amenazando la garantía de la provisión de servicios públicos como la educación,
incluyendo la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos
sus niveles (primera infancia, básica, media y superior), así como también de
las prestaciones complementarias y programas sociales tendientes a hacer
efectivos estos derechos, por lo que se hace necesario adoptar medidas
tendientes a reducir la deserción y a apoyar al sistema educativo. [ ...
]."
Que el
artículo 3 del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 resolvió adoptar "[...]
mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte
considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias
para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo
dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para Elevarlas a
cabo."
Que el
artículo 44 de la Constitución establece que la educación es un derecho
fundamental de los niños, niñas y adolescentes, y que corresponde al Estado
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Que de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan
los Estados de Excepción en Colombia", el Gobierno nacional debe propender
por la adopción de medidas destinadas a conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos, y en ningún momento, podrá suspender los derechos,
entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, por Ío que se requiere
emprender acciones que permitan la continuidad de la prestación del servicio.
Que la
evolución epidemiológica de la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha generado
afectación en la prestación del servicio educativo en la medida que, el
calendario académico que se compone de semanas de trabajo académico, de
desarrollo ‹institucional y periodos de receso estudiantil, tuvo que ser
reorganizado para el primer semestre del año escolar, de tal manera que en las
semanas del 16 al 27 de marzo se adelantaron dos semanas de desarrollo
institucional para que los maestros adecuaran la planeación pedagógica y
estructuraran los contenidos a desarrollar luego del 20 de abril bajo un
esquema de trabajo académico en casa, después de un periodo de tres (3) semanas
de receso estudiantil.
Que de
conformidad con la información que publica el instituto Nacional de Salud, se
evidencia que la propagación del Coronavirus COVID-19 presenta comportamientos
diferentes en las entidades territoriales. Así, el Ministerio de Educación
Nacional revisó dicha información con corte al 9 de mayo de 2020, encontrando
que los 10.467 casos positivos se presentan en doscientos cincuenta y dos (252)
municipios y áreas municipalizadas de veintiséis (26) departamentos y el
Distrito Capital, en los cuales por tanto se genera un mayor riesgo frente al
derecho a la educación y la continuidad en la prestación del servicio
educativo. De otra parte, se encontré que en ochocientos setenta (870)
municipios y áreas municipalizadas, esto es el 78%, del total nacional no se
registran casos positivos del nuevo Coronavirus COVID-19, y para los cuales, de
conformidad con el artículo 4 del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 que definió
un periodo adicional de aislamiento preventivo obligatorio, se podrán habilitar
actividades económicas y sociales, siempre que se cumpla con los protocolos de
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social y las
instrucciones que para evitar la propagación de la enfermedad adopten o expidan
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.
Que el servicio de
educación se presta en el sector oficial mediante 53.803 sedes educativas, de
las cuales 35.907 están ubicadas en las zonas rurales y 17.896 en las zonas
urbanas, de la totalidad de los municipios del país, así mismo dentro de ese
número se tiene que 584 sedes atienden con la estrategia de residencias
escolares.
Que al 11 de marzo de
2020, previo al Estado de Emergencia Sanitaria declarado mediante Resolución
385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la
distribución por número de estudiantes en las sedes educativas urbanas y
rurales, era la siguiente:
Área Urbana
Número
de estudiantes
1
a 50
51
a 100
101
a
200
201
a 500
1001
a 2000
1001
a 2000
Más
de 2000
Número de sedes
2.576
2.217
3.335
4.721
2.862
1840
345
Área Rural
Número
de estudiantes
1
a 50
51
a 100
101
a
200
201
a 500
501
a 1000
120
Más
de 2000
Número de sedes
26.626
3.764
2.498
2.263
630
116
10
Total de sedes
29.202
5.981
5.833
6.984
3.492
1.956
355
Fuente:
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación
Nacional.
Que el artículo 86 de
la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación"
establece que:
“Los calendarios
académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones
económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El
calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará
por periodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas
mínimo.
La educación básica
(primaria y secundaria) y media comprende un mínimo de horas efectivas de clase
al año, según el reglamento que expida el Ministerio de Educación Nacional.
[...].”
Que al 12 de marzo de 2020,
fecha de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, el calendario académico en
los establecimientos educativos se había desarrollado entre 7 y 8 semanas de
las 40 previstas en el año escolar 2020 para la efectiva prestación del servicio.
Que en virtud de las
medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través  de  las
Circulares  019 del 14 de marzo,  020 del 16 de  marzo  y 021 del 17 de marzo
de 2020 y las Directiva
03 del 20 de marzo, 05 del 25 de marzo, 07 del 6 de abril, 09 del 7 de abril y 010 del 7 de
abril de 2020, la totalidad de los alumnos matriculados del sector educativo
asciende a 10.161.081 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en
educación por ciclos atendidos en las más de 53 mil sedes educativas, ha tenido
que migrar hacia una atención académica en casa, para Io cual, entre otras, se
reorganizo  el calendario  académico  en su distribución  de  semanas  durante
el año escolar. No obstante, se
conservé el periodo mínimo de cuarenta (40) semanas de trabajo académico como
Io señala el artículo 86 de la Ley 115 de 1994.
Que en ese sentido el
Ministerio de Educación Nacional ha orientado a las secretarias de educación y por su intermedio
a los directivos docentes y docentes para que realicen los procesos de planeación,
ajustes y flexibilización curricular correspondientes y de esta forma se
garantice el aprendizaje de los estudiantes para cada grado y nivel educativo
-preescolar, básica y media-, en las áreas y asignaturas establecidas en la Ley 115 de 1994. Con fundamento en lo señalado,
los establecimientos educativos han adelantado los ajustes respectivos al currículo para que
dentro de las semanas de trabajo académico efectivas con estudiantes, se
garanticen los lineamientos, estándares, desarrollo de competencias y en
general los procesos pedagógicos establecidos en el proyecto educativo
institucional o comunitario -PEI/PEC-.
Que según lo señalado
con anterioridad, la evolución epidemiológica de la pandemia del nuevo
Coronavirus COVID-19 ha afectado la prestación del servicio de educación al
presentar dificultades para la entrega de material de apoyo pedagógico y para
la movilidad de los maestros y su interacción con los alumnos. Por Io anterior
se requiere la adopción de medidas de flexibilidad para la organización del
servicio educativo en procura que en esos territorios se pueda adecuar la
prestación del servicio en procura de la garantía del derecho a la educación de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Que de acuerdo con el
seguimiento que realiza el Ministerio de Educación Nacional a los establecimientos educativos, la adecuación a la modalidad de trabajo académico
en casa se ha prestado mediante la combinación de herramientas de apoyo
pedagógico que comprenden en promedio: (i) el 55,8% con apoyo de
material impreso -guías, talleres, textos-, {ii} el 23,2% con apoyo de
programas de radio y televisión y, (iii) el 21,1% con apoyo de
plataformas digitales.
Que con el objeto de
entregar herramientas efectivas a las entidades territoriales para atender las situaciones que se originan
con la evolución epidemiológica de la pandemia del Coronavirus COVID—19, que
ponen en riesgo el cumplimiento del calendario académico y el desarrollo del
proceso educativo durante el año escolar 2020, es necesario permitir la
realización de ajustes a las semanas de trabajo académico previstas en el
calendario académico definido, siempre y cuando las modificaciones se orienten
a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
Que
para garantizar los logros de aprendizaje previstos para el año escolar, las
autoridades competentes en educación pueden solicitar para su jurisdicción o
parte de ella, que se flexibilicen las cuarenta (40) semanas de trabajo
académico. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional requiere la
competencia de flexibilizar el número de semanas de trabajo académico en
periodos anuales diferentes a los previstos en el artículo 86 de la Ley 115 de
1994, a solicitud de las autoridades competente en educación y por tanto
se debe incorporar un parágrafo transitorio en el precitado artículo para señalar que, “Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
non ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus
COVID-19, el Ministerio de Educación Nacional podrá organizar las semanas de
trabajo académico que se realizan durante el año en periodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente
en educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional."
Que de conformidad con la
Sentencia C-225 del 29 de marzo de 2011[103] la Sala Plena de la honorable Corte Constitucional declaré
exequible que, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica se adopten medidas tendientes a permitir que el Ministerio de Educación
Nacional pueda dictar disposiciones que permitan flexibilizar el calendario
académico en la medida en que los hechos que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción puedan afectar la prestación del servicio educativo. En la
citada providencia se expresó que estas acciones se justifican en la medida que
se cumplan los siguientes criterios generales de aplicación:
“(i) tienen un
alcance temporal y transitorio, en
cuanto se aplican en las
zonas afectadas y sólo tendrán
vigencia mientras subsistan las condiciones de afectación del servicio, de
manera que en la medida en que la infraestructura se vaya restableciendo, se
debe regresar a las condiciones ordinarias de prestación del servicio, en los
términos de lo previsto en los artículos 85 y 86 de Ley General de Educación;
(ii) de la misma manera, tales medidas están llamadas a cumplirse
parcialmente, pues si ellas son adoptadas para conjurar la situación que
dio origen a la declaratoria de Emergencia en todo el territorio nacional, no
resultan aplicables en aquellas zonas en las que no se presenté ninguna
afectación del servicio; las mismas, (iii) deben estar orientadas a perseguir
la finalidad de garantizar a los estudiantes afectados el servicio de
educación, con Io cual, la autoridad responsable tendrá que abstenerse de
adoptarlas si con ellas se persigue un propósito distinto. Finalmente, (iv) las
medidas deben llevarse a cabo dentro del marco de la reglamentación
que para el efecto expida el Ministerio de Educación, Io que garantiza que
se apliquen con un criterio uniforme en las distintas zonas afectadas y bajo
reglas específicas y adecuadas a la situación.”
Que las medidas de
ajustes al calendario académico que adopte el Ministerio de Educación Nacional
estarán encaminadas a garantizar el derecho a la educación con la culminación
del año escolar, la protección y el cuidado de la salud de la comunidad
educativa y respetarán los derechos laborales de los directivos docentes,
docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos.
En mérito de Io expuesto,
DECRETA
Artículo 1. Adición de un
parágrafo transitorio al Artículo 86 de la Ley 115 de 1994.
Adicionar un parágrafo transitorio al
artículo 86 de la Ley 115 de 1994, así:
Parágrafo
Transitorio. Hasta
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus
COVID-19, el Ministerio de Educación Nacional podrá organizar las semanas de
trabajo académico que se realizan durante el año en periodos diferentes a los previstos
en el inciso primero del presente artículo, a solicitud motivada
de la autoridad competente en educación. Las solicitudes deben tener en cuenta
las directrices expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, a los 13 de
mayo de 2020
LA MINISTRA DEL INTERIOR,
ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,
CLAUDIA BLUM DE BARBERI
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERCHO,
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,
CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL,
RODOLFO ZEA NAVARRO
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,
FERNANDO RUIZ GOMEZ
EL MINISTRO DE TRABAJO,
ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ
LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA,
MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,
MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE,
RICARDO JOSE LOZANO PICON
EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO,
JONATHAN MALAGON GONZALEZ
LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES,
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
LA MINISTRA DE TRANSPORTE,
ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ
LA MINISTRA CULTURA,
CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION,
MABEL GISELA TORRES TORRES
EL MINISTRO DEL DEPORTE,
ERNESTO LUCENA BARRERO
ANEXO
2 PRUEBAS
El Ministerio de
Educación Nacional respondió el siguiente cuestionario en los términos que a
continuación se exponen.
i)
Determinar cuáles son las directrices expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional que deben ser tenidas en cuenta por las autoridades competentes en
educación para organizar las semanas de trabajo académico y en qué medida
armonizan con la autonomía de estas autoridades e inciden positivamente en
garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad
El Ministerio de
Educación indicó, en relación con esta cuestión, que una vez declarada la
emergencia sanitaria impartió lineamientos para que las autoridades
territoriales competentes contaran con elementos que les permitieran, por un
lado, ajustar los calendarios académicos en la distribución de las semanas en
el primer semestre y, por el otro, “orientar los procesos de flexibilización
curricular y de prácticas pedagógicas de los docentes, necesarias para que los
establecimientos educativos prepararan y adoptaran las nuevas condiciones de
prestación del servicio educativo bajo el esquema de trabajo académico en casa”[104].
De igual modo,
puso de presente que los criterios ofrecidos contribuían a reforzar la
autonomía de las entidades territoriales de la administración del servicio
educativo,
porque correspondía “a cada secretaría de educación realizar el análisis de
su prestación y orientar a la comunidad educativa en el desarrollo del trabajo
académico en casa en cada uno de los territorios, atendiendo a su contexto y
condición”.
Se trata en fin,
de “evaluar por parte de las autoridades territoriales competentes la forma
de armonizar las semanas de trabajo académico, vacaciones y las semanas de
desarrollo institucional que pudieran requerirse, en los casos en que ya no se
cuente con semanas de desarrollo institucional o que requiera cambiar la fecha
de realización de las mencionadas, con el fin de adelantar los procesos de
planeación, ajustes y flexibilización curricular y de esta forma se garantice
el aprendizaje de los estudiantes”. En el contexto descrito, las
directrices u orientaciones se relacionan con:
•
El ajuste del calendario académico hasta fin de año y la organización del
servicio educativo, así como acompañar la adaptación por parte de cada entidad
territorial.
•
El proceso de retorno progresivo a las aulas, bajo un esquema de alternancia,
definido de manera conjunta con las entidades territoriales, que involucre la
combinación de las diferentes herramientas, metodologías y esquemas de trabajo
incluyendo la asistencia presencial a las instituciones educativas.
•
Protocolos de bioseguridad que orienten y permitan ajustar bajo condiciones de
seguridad la asistencia de la comunidad educativa a los establecimientos
educativos.
•
Organización de las propuestas curriculares de manera flexible, definiendo y
ajustando los objetivos de trabajo con los diferentes grupos y reconociendo las
condiciones de aprendizaje frente a las cuales cada estudiante está avanzando
en este momento.
A la luz de los
lineamientos mencionados, los establecimientos educativos deberán organizar y
planear el regreso de los estudiantes a clases presenciales, así como trazar
estrategias que permitan “fortalecer prácticas pedagógicas flexibles y los
procesos de evaluación en el marco del trabajo colaborativo e
interdisciplinario, considerando el tránsito entre el trabajo académico en casa
y el trabajo académico presencial”. De esta forma, se logra poner en marcha
“medidas en materia de higiene, cuidado y distancia social, sin menoscabar
el derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
país”.
Resaltó que las
orientaciones impartidas por el MEN a las secretarías de educación se dirigen a
que estas dependencias puedan organizar el calendario académico hasta el fin de
año, tomando en consideración aquellas modificaciones justificadas en la
emergencia sanitaria y, de igual forma, teniendo en cuenta un análisis técnico
pedagógico de las medidas que se proponen poner en práctica, sin dejar de
acatar “los protocolos de cuidado, bioseguridad, distanciamiento y demás
lineamientos expedidos para la prestación del servicio educativo”.
Destacó que las
directrices establecidas tuvieron como propósito la reorganización del trabajo
en casa, “conservando el período mínimo del calendario académico de cuarenta
(40) semanas de trabajo académico (art. 86, L. 115/94)”. Sin embargo,
advirtió que pudo constatar cómo entidades territoriales presentaban “situaciones
asociadas a la evolución epidemiológica de la pandemia” con impacto
negativo en la prestación del servicio de educación.
Así, por
ejemplo, mencionó que la entrega del material de apoyo pedagógico necesario en
la realización del trabajo académico en casa enfrentaba dificultades;
igualmente identificó problemas de movilidad de los docentes y de interacción
con los educandos. En este sentido, enfatizó que, precisamente en desarrollo de
la autonomía territorial, se requería la flexibilidad indispensable para
considerar las particularidades del contexto geográfico y de comunidades
indígenas que ya tenían establecidos sus propios calendarios, a efectos de
poder garantizar, efectivamente, el derecho a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
ii)
Puntualizar si el ajuste al calendario académico previsto por el Decreto 660 de
2020 se encuentra acompañado, además, de una metodología que permita evaluar la
efectividad de la medida para garantizar el derecho a la educación, ampliando “las
posibilidades de formación integral de niñas, niños y adolescentes”, así
como facilitando “el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en
familia”, sin que ello implique cargas excesivas o desproporcionadas para
educandos, docentes y familias
En relación con
esta cuestión, el Ministerio de Educación sostuvo que la coexistencia de las
modalidades de educación presencial y en casa, a la manera de un único proceso
formativo para la población estudiantil, requería coordinación institucional,
principalmente, en la búsqueda de propósitos tales como i) afinar el proceso de
flexibilización curricular; ii) priorizar los aprendizajes esenciales; iii)
organizar grados, número de estudiantes, días, espacios, jornada que integra
las dos modalidades señaladas.
Bajo este marco
informó que, de conformidad con la normatividad vigente, la metodología que
permite evaluar, entre otros aspectos, la organización del calendario académico
y sus ajustes, “es el sistema de evaluación formativa que impulsa el
reconocimiento de las particularidades de los sujetos que aprenden y las
características de sus contextos”.
De conformidad
con el propósito enunciado, sostuvo que el MEN trabajaba de manera conjunta “con
el ETC en el marco del Decreto 1290 de 2009 que reglamenta la evaluación de los
aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación
básica y media, en donde están las indicaciones para que en virtud de la
autonomía institucional, los directivos como líderes de su comunidad educativa
puedan definir los criterios que seguirán para hacer las adaptaciones que
requiera durante este año, el sistema institucional de evaluación considerando
los cambios que se introdujeron para implementar el plan de estudios”.
Adicionalmente,
precisó que, con el objeto de mejorar la calidad en la prestación del servicio
de educación durante la crisis, el MEN diseñó y activó la estrategia "Juntos
lo vamos a lograr" que incluye un “componente de asistencia técnica
para realizar acompañamiento permanente a los equipos de las 96 Secretarías de
Educación Certificadas, facilitando la gestión de la emergencia desde la
coordinación nación territorio y posibilitando el intercambio de información
necesario para la agilidad y pertinencia en la torna de decisiones”.
En este mismo
orden, el MEN se encuentra implementando acciones para formar y acompañar a
directivos docentes y a docentes valiéndose de las herramientas virtuales con “webinars
semanales que permitan fortalecer las propuestas didácticas y curriculares de
los establecimientos educativos”. Para ese fin puso en marcha “la
estrategia ‘Charlas con Maestros’ que además acompaña a los docentes y
directivos docentes del país, a desarrollar las habilidades necesarias para
asumir los desafíos educativos que se les presentan actualmente y pensando en
su bienestar y salud”.
De igual modo,
el Programa Todos a Aprender acompaña a un número de 84.000 docentes,
permitiéndoles fortalecer sus destrezas pedagógicas en la enseñanzas de “áreas
disciplinares de lenguaje, matemáticas para básica primaria y los procesos de
educación inicial”. Además, “está en curso el diseño de una herramienta
de valoración de aprendizajes con fines formativos cuyos resultados serán
primordialmente para uso de cada establecimiento educativo en desarrollo de sus
procesos de planeación pedagógica”. Mediante este mecanismo se podrá
“valorar
los aprendizajes alcanzados por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
esta coyuntura”, al tiempo que se “facilitará
el uso pedagógico de sus resultados, así como el diseño de estrategias para
nivelación de aprendizajes”.
Finalmente
señaló el MEN que sus orientaciones se han dirigido igualmente a promocionar lo
que denominó “involucramiento parental”. Estos lineamientos –sostuvo–,
se encuentran recogidos en “la guías de “Alistamiento preventivo: ¡Juntos en
casa lo lograremos muy bien!" y "Familias que Cuidan y Protegen
Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y
trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19"
emitidas a través de la Directiva 05 del 25 de marzo de 2020”.
En estos
documentos se contemplan y comparten consejos sobre: i) “el autocuidado y
cuidado”; ii) “cómo hacer del hogar un entorno seguro y protector para
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”; iii) “la organización del
tiempo en casa y el acompañamiento a las actividades educativas en el hogar, y
otras más que pueden ser de utilidad para apoyar a los niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en esta experiencia”. También incluyen aspectos
relacionados con la necesidad de hallar alternativas y asegurar que “en el
entorno se realice actividad física”.
El objetivo más
importante consiste en trabajar de manera conjunta para garantizar “condiciones
sociales, afectivas, pedagógicas, materiales y humanas que promuevan el
desarrollo integral y el aprendizaje durante la trayectoria educativa de los
niños, las niñas, adolescentes y jóvenes; pero aún más, en el marco de esta
emergencia sanitaria”. Desde esa óptica, destacó el MEN, que la alianza entre
padres y educadores se tornaba relevante en la medida en que permite comprender
que “el desarrollo integral y el aprendizaje no dependen solamente de la
calidad del proceso educativo que provee el sistema, sino que también es
influenciado por factores familiares, culturales y sociales, que juegan un
papel fundamental”.
iii)
Establecer si entre los elementos considerados para evaluar la efectividad del
ajuste del calendario académico se ha incluido –y de qué manera– los enfoques
territorial y diferencial teniendo en cuenta el impacto distinto de la crisis
en cada una de las entidades descentralizadas, así como su incidencia sobre la
población más vulnerable, entre la que se cuentan mujeres, niñas y
adolescentes, minorías étnicas y, en general, personas (educandos, docentes,
directivos y padres de familia) ubicadas en lugares de difícil acceso, con
culturas diversas y necesidades distintas, muchas de ellas apremiantes
Al responder el
interrogante mencionado, el MEN resaltó, inicialmente, que entre las apuestas
del Plan Nacional de Desarrollo se contemplaron “las particularidades
territoriales como elemento central de una política de inclusión educativa que
reconoce las diferencias de las comunidades, así como su ubicación en zonas
rurales y de difícil acceso”.
En concordancia
con lo anterior y, a propósito de la situación de crisis generada por la
pandemia, informó que se han tomado distintas medidas, entre las que se cuentan
las diferentes modalidades de programa de alimentación escolar en relación con
los cuales se han asignado recursos adicionales, a efectos de entregar un
complemento alimentario para el consumo del hogar que ha hecho posible avanzar
hasta los lugares “más apartados, rurales y dispersos durante la crisis”.
El MEN destacó
en relación con este aspecto que con el fin de adoptar tales ajustes, instruyó
a las secretarias de educación, a fin de que no dejaran de lado los acuerdos
preestablecidos con las comunidades indígenas.
Adicionalmente,
puso de presente que se organizaron 19 equipos para trabajar en conjunto con
las 96 Secretarías de Educación Certificadas en todo el país, labor respecto de
la cual destacó “el compromiso de los secretarios de educación y sus equipos
para dar cumplimiento a las directivas expedidas por [esa] cartera y la
comunicación permanente a través de espacios de acompañamiento directo y
grupal, estos últimos denominados ‘Conéctate con el MEN, que consisten en
sesiones virtuales a las que se convoca a los secretarios de educación y sus
equipos para socializar las orientaciones, atender inquietudes y brindar
asistencia técnica”.
Trajo a
colación, asimismo, la creación de un conjunto de mecanismos para la atención
pedagógica, entre los que se cuenta el uso de radio, televisión, guías,
talleres y material impreso; instrumentos con que los establecimientos
educativos aseguran a los estudiantes de la población más vulnerable ubicados
en lugares de difícil acceso y con culturas diversas, la oportunidad de ser
atendidos de forma integral. Reportó, igualmente, la existencia de herramientas
que permiten enriquecer la práctica de la enseñanza con información proveniente
de guías desarrolladas por los estudiantes y subrayó la existencia de una de
comunicación permanente por vía telefónica de los educandos con los docentes,
mensajes por redes sociales y emisoras locales.
En particular,
destacó el MEN “los apoyos que brinda la programación educativa de RTVC
(televisión y radio) y los canales regionales y locales de televisión y radio”.
Los describió como una herramienta de significado principal para apoyar los
procesos de aprendizaje de los alumnos ubicados en zonas rurales. Agregó que
para esos fines los establecimientos educativos contaban “desde el mes de
marzo con $252 mil millones asignados a través de los Fondos de Servicios
Educativos de cada Institución Educativa que administran los directivos
docentes con destino a la adquisición o reproducción de guías, talleres y en
general material de apoyo pedagógico, estos recursos provienen del Sistema
General de Participaciones concepto calidad gratuidad 1º, y su ejecución se
orientó a través de la Directiva No. 05 del 25 de marzo de 2020 emitida por el
MEN”.
Además, informó
que existía una alianza con Computadores para Educar por medio de la cual se
entregan equipos con contenido educativo especialmente “precargados” para
su uso en casa por parte de docentes y estudiantes e indicó que con ello se
favorece a “79.345 estudiantes de 750 sedes educativas y a 4.000 docentes;
adicionalmente”. En relación con aquellas personas que no tienen acceso a
conectividad, señaló que se entregaron “en una USB contenidos pedagógicos”. Agregó,
asimismo, que era factible para los docentes “descargar del portal Colombia
Aprende más de 80.000 objetos virtuales de aprendizaje OVAS sin la necesidad de
consumo de un plan de datos”.
Mencionó,
igualmente, que en aquellos territorios que cuentan con grupos étnicos se ha
guiado a las autoridades competentes para que fomenten estrategias pedagógicas
relacionadas con el “pensamiento creativo desde la vida cotidiana de los
pueblos, el diálogo de saberes y la participación, el desarrollo de contenidos
propios e interculturales”, así que “se reconozcan las diversidades
culturales, la escucha, la narración, la toma de decisiones con el propósito
que estas le aporten a revitalizar la cultura de la mano y la participación
activa de las familias y las autoridades”. A ello se suma la necesidad de
tener en cuenta la experiencia docente de los maestros que pertenecen a las
propias comunidades y que reciben el respaldo por parte de las autoridades
indígenas conforme con “la disposición y uso de herramientas y materiales
incluyentes y diferenciales para el trabajo académico en casa”.
El Ministerio de
Educación Nacional también se pronunció sobre los programas diseñados para la
atención de las personas con discapacidad y trajo a colación las experiencias
relacionadas con el Diseño Universal de Aprendizaje informando que estas se
realizan de manera conjunta “con INCI e INSOR”. En esas prácticas toman
parte, principalmente, “maestros, rectores y docentes de apoyo.
Adicionalmente, se desarrollan acciones de seguimiento y apoyo a la ETC para
garantizar la existencia de personal requerido en los términos del Decreto 1421
de 2017 (intérpretes de lengua de señas colombiana -LSC-, tiflólogos, modelos
lingüísticos, guías intérpretes, mediadores)”.
Finalmente,
expuso que a disposición de la comunidad educativa se encontraba “el
conjunto de recursos educativos en la plataforma Colombia Aprende: Aprender
Digital: Contenidos para Todos; el programa de apoyo pedagógico Profe en tu
Casa” y trasmitido por “Señal Colombia todos los días de lunes a viernes
de 10 a 11 am”. Puntualizó que esta herramienta cuenta con “interpretación
en LSC” y agregó que también se implementaron programas de radio dirigidos
a la población con discapacidad visual “en la franja especial INCI Radio y
se desplegó la Biblioteca Virtual para Ciegos; además se adelantó la reorganización
de un repositorio de más de 300 contenidos educativos accesibles para facilitar
su consulta”.
iv)
Especificar si la medida se ha acompañado de otras disposiciones dirigidas a
asegurar que no se ahorre en esfuerzos para superar la brecha de conectividad
existente y facilitar a los docentes el diseño de una metodología apropiada
–con las herramientas indispensables– que les permita cumplir con las metas
educativas propuestas, fortaleciendo sus destrezas pedagógicas de manera
integral, en tiempos razonables y con una carga laboral que no incurra en
excesos y garantice, efectivamente, “el derecho a la educación con la
culminación del año escolar, la protección y el cuidado de la salud de la
comunidad educativa” y respete “los derechos laborales de los directivos
docentes, docentes y personal administrativo de los establecimientos
educativos”
El Ministerio de
Educación Nacional respondió sobre este interrogante que, con fundamento en lo
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, se han puesto en marcha un
conjunto de medidas dirigidas el sector educativo que buscan asegurar la
prestación del servicio de educación, tanto como avanzar en cerrar la brecha de
conectividad ofreciendo instrumentos pedagógicos adecuados y diversos a los
maestros, que hagan posible el cumplimiento de las metas educativas propuestas,
al igual que avanzar en los procesos de cualificación de las prácticas
pedagógicas y, al paso, permitan ampliar la oferta de formación docente. En
relación con la emergencia sanitaria, presentó una relación de las medidas
adoptadas así:
[p]ara
la conectividad de zonas rurales del país, se adelanta el Proyecto Nacional de
Acceso Universal para Zonas Rurales del MinTIC con el cual se pretende llevar
conectividad a Internet a cerca de 10 mil centros poblados rurales hasta el
2030, y al cierre de 2020 se espera tener instaladas las primeras 2.000
conexiones a Internet. Es importante recordar que el Presidente Duque sancionó
la Ley 1978 de 2019, de modernización del sector TIC, que generó condiciones para
el cierre de la brecha digital. Para ello, entre otros aspectos, aumenta la
duración de los permisos de uso del espectro radioeléctrico hasta 20 años, crea
un fondo único de financiación del sector TIC, e introduce el enfoque de
maximización del bienestar social para la asignación de permisos de uso del
espectro radioeléctrico. Además permitirá modernizar las redes para prestar
servicios de 40 donde hoy sólo tienen cobertura de 20 y 30 Y llegar con
servicios de 40 a 3.658 localidades que beneficia a todos los municipios del
país de menos de 100.000 habitantes y conectará a más de 342 mil hogares en 404
municipios del país.
En lo relativo a
la situación que se enfrenta en la actualidad, el MEN informó que el 53,0%,
esto es, 8.2 millones de hogares que equivalen a 25.3 millones de personas
contaban con red de internet –entre conexiones fijas y móviles–. De esta
manera, prácticamente 45 municipios del país en los que habita el 70% de la
población y el 41,1%, vale decir, 3.271.421 de los estudiantes matriculados
cuentan con conectividad. Del mismo modo, precisó:
[e]l
83,0% de los matriculados en educación media se concentra en zonas urbanas, en
donde 50,8% de los hogares cuentan con Internet fijo. Bajo esto, alrededor de 1
de cada 2 estudiantes de educación media ubicados en zonas urbanas podrían
potencialmente acceder a estrategias pedagógicas flexibles que involucren
tecnologías de la información y las comunicaciones. Teniendo en cuenta este
contexto y panorama de la conectividad en Colombia hemos venido trabajando de
manera articulada con el Min TIC en otras estrategias para promover el acceso
masivo a los contenidos educativos digitales para que docentes y estudiantes
puedan enriquecer los planes educativos con apoyo de herramientas de acceso con
virtualidad: La primera estrategia busca facilitar el acceso de conectividad a
docentes, padres de familia y estudiantes de zonas rurales y urbanas del país,
a través de una opción de navegación gratuita de la versión móvil de una
importante selección de contenidos de la Plataforma Aprender Digital Colombia
Aprende, sin consumir datos, a través del portal móvil
https://movil.colombiaaprende.edu.co/, para los usuarios con servicios de
telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad de prepago y pos pago de hasta 2
UVT. El acceso gratuito a este portal se convierte en una oportunidad de
aprovechamiento de material pedagógico a través de los teléfonos móviles. La
segunda estrategia es el programa de última milla, enfocado a llevar
Internet a bajo costo a hogares de estrato 1 y 2, para que beneficie
directamente con la conectividad a hogares donde hay estudiantes. Con este
programa, denominado Hogares Digitales para la Educación, se promueve
que estudiantes que vivan en hogares de estrato 1 y 2 adelanten el trámite para
adquirir el servicio que estará vigente hasta el 2024. En la página web del
MinTIC (www.mintic.gov.co) se encuentra la lista de los municipios que se verán
beneficiados por esta iniciativa y los operadores.
Como complemento
de lo anterior, en virtud del trabajo conjunto entre el MEN, Min TIC y
Computadores para Educar, señaló que se estaban entregando de manera focalizada
83.345 computadores precargados con contenidos educativos “de la a
Plataforma Aprender Digital, esto es, que funcionan con o sin conectividad”. Al
respecto, informó que la distribución de estos equipos se inició la primera
semana de mayo “para docentes y estudiantes de los grados 10 y 11 de zonas
rurales y urbanas”, beneficiándose con ello “niños, niñas y adolescentes
de 750 sedes educativas ubicadas en 291 municipios de los 32 departamentos”. Añadió
que el pasado 20 de marzo se convocó a los secretarios de educación y
directivos docentes, a fin de que “consideraran prestar a los estudiantes
los más de 500 mil equipos disponibles en las sedes educativas del país con
contenidos precargados”.
Por último,
agregó que las acciones emprendidas se encuentran complementadas con la
asignación de recursos del sistema general de participaciones para la
conectividad cuyo monto “asciende a los $93 mil millones” Señaló que el
uso de esos recursos se reorientó a propósito de la atención del servicio de
educación durante la emergencia sanitaria, lo que autoriza su uso “tanto
para las sedes educativas como para mecanismos o herramientas de conectividad
con los estudiantes”. Finalizó su respuesta indicando de qué instrumentos
se ha valido el MEN para salvar la brecha de conectividad, entre las que
mencionó herramientas i) pedagógicas con radio y televisión; ii) digitales y
físicas de apoyo para el aprendizaje; iii) de cualificación para maestros.
v)
Indicar si junto con la posibilidad de flexibilizar los periodos del calendario
académico previstos en el inciso primero del artículo 86 de la Ley 115 de 1994
se tiene previsto tomar otras medidas de apoyo a las autoridades competentes
para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes y el cumplimiento integral del año educativo de 2020. El Ministerio también
debe señalar si las autoridades competentes en educación han hecho solicitudes
adicionales a la flexibilización del calendario académico y, de ser ello así,
detallar cuál ha sido el contenido de tales solicitudes
El Ministerio de
Educación Nacional respondió la cuestión formulada efectuando, primeramente,
una relación de las medidas que ha liderado para adecuar la prestación del
servicio de educación durante la emergencia sanitaria así:
• Flexibilizar el plan
de estudios en sus contenidos, tiempos y modo de llevarlo a cabo.
•
Identificar y priorizar en el plan de estudios aprendizajes y competencias
básicas estratégicas que sea posible desarrollar en el trabajo académico en
casa, así como el fortalecimiento del desarrollo de hábitos de vida saludables,
habilidades socioemocionales y de convivencia.
•
Identificar opciones didácticas pertinentes (integración de recursos flexibles
e innovadores físicos O virtuales) para ser trabajadas en casa con la mediación
de las familias.
•
Ofrecer guía para que en los hogares sea posible organizar los tiempos, adecuar
las rutinas, así como los espacios para facilitar el desarrollo del trabajo
académico.
•
Adaptar el seguimiento que realizan los docentes al desarrollo del proceso del
trabajo académico en casa y valorar sus logros y producciones de acuerdo con
las condiciones que conlleva la cuarentena.
•
Preparar el regreso a la modalidad presencial cuando las condiciones sanitarias
lo permitan y las autoridades competentes lo indiquen.
•
Permitir y adecuar la operación del Programa de Alimentación Escolar P AE para
consumo en casa.
•
Fortalecer estrategias de formación y acompañamiento a docentes y directivos
docentes con el fin de cualificar la pertinencia de su quehacer en medio de la
emergencia.
Además resaltó
que seguirá promoviendo la existencia de un espacio para que las secretarias de
educación ofrezcan espacios propicios de dialogo entre “docentes y
directivos en donde recopilen inquietudes, intereses y sugerencias que permitan
inclusive, transferencia de experiencias de autoaprendizaje, intercambio de
saberes entre pares, reseñas de documentos y herramientas consultadas,
conformación de redes para trabajo colaborativo, referencias sobre integración
pedagógica de recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones,
entre otros”.
Entre las líneas
de trabajo a desarrollar durante la vigencia de la emergencia sanitaria se
encuentra “una estrategia de búsqueda activa y proceso de matrícula
principalmente en zonas rurales o con poblaciones en mayor vulnerabilidad, para
promover el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes que hayan
desertado o se haya identificado riesgo de hacerlo durante el aislamiento”. A
propósito del aspecto mencionado, recordó el MEN que, mediante el Decreto 533
del 9 de abril de 2020, las secretarías de educación del país fueron
habilitadas con el fin de “operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE)
con consumo en el hogar”. De otra parte, mediante la Directiva 05 del 25 de
marzo de 2020, “se solicitó a las autoridades territoriales competentes que
la operación del PAE para atención a población indígena debe considerar los
acuerdos preestablecidos con las comunidades”. En esos términos, no solo se
apoyó la alimentación de los estudiantes, sino que se promocionó un dialogo
entre familias, docentes y directivos docentes facilitando “la entrega de
materiales educativos casa a casa para los territorios que lo han requerido, lo
cual continuará ejecutándose mientras dure la emergencia sanitaria”.
Destacó el MEN
que también se han dedicado recursos para la implementación de competencias “socio
emocionales para enriquecer la convivencia y prevenir el maltrato y la
violencia intrafamiliar”.
En lo relativo
al requerimiento de señalar si las autoridades competentes en educación han
hecho solicitudes adicionales de flexibilización del calendario académico,
sostuvo que recibió peticiones de asistencia técnica y también relacionadas con
la implementación de las medidas tomadas atinentes a “la priorización y
gradualidad de aprendizajes, el fomento del trabajo autónomo, el diseño de
secuencias didácticas integradas, proyectos interdisciplinarios o de
investigación y las adaptaciones pertinentes para posibilitar la participación
de las familias, entre otras estrategias”. Trajo a colación que a cada uno
de esos interrogantes se le estaba ofreciendo respuesta.
Finalmente, puso
de presente lo siguiente en relación con la flexibilidad del calendario
académico en sectores del territorio nacional especialmente afectados por la
pandemia, así como en aquellos en los que se puede iniciar la labor académica
–previo el estricto cumplimiento de directrices de bioseguridad–.
Adicionalmente,
en las directrices para la flexibilidad del calendario académico en el marco
del Decreto 660 de 2020, se incluirán orientaciones para territorios con alta
afectación por la pandemia, como lo es el departamento del Amazonas y
directrices particulares para los municipios que sean declarados como NO
COVID-19 por parte del Ministerio del Interior previo aval del Ministerio de
Salud y Protección Social, en los cuales las disposiciones sobre inicio del
trabajo académico en las aulas pueden ser anticipadas respecto a municipios
COVID-19, siempre y cuando se cumplan los lineamientos, las orientaciones y
protocolos de bioseguridad correspondientes.
vi)
Informar si las entidades territoriales y las autoridades educativas
competentes ubicadas en zonas afectadas por el conflicto armado interno han
hecho solicitudes o propuestas de acelerar la normalización del servicio
público de educación. Lo anterior, teniendo en cuenta que –según las
consideraciones del Decreto 660 de 2020– el 70% de las sedes educativas están
ubicadas en zonas rurales; en el 78% del territorio nacional no se registran
casos positivos del nuevo Covid-19 y existen afectaciones particulares en estas
zonas que hacen urgente el acceso a la educación presencial o semi presencial
como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores de edad y la necesidad
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad
socioeconómica de obtener nuevamente la alimentación ofrecida por las
instituciones educativas
El Ministerio de
Educación advirtió que durante el tiempo de excepción “no se habían
presentado por parte de las autoridades educativas ubicadas en zonas afectadas
por el conflicto armado interno solicitudes o propuestas de acelerar la
normalización del servicio público de educación”. No obstante, recordó que
mediante el Decreto 636 expedido el 6 de mayo de 2020 en su artículo 4º se
había facultado a los alcaldes a fin de que solicitaran ante el Ministerio del
Interior el “levantamiento de las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio en su territorio”, desde luego, supeditado al cumplimiento estricto
de los protocolos de bioseguridad y la certificación previa por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social “sobre la condición de municipio sin
afectación del Coronavirus COVID-19”.
A propósito de
las zonas y poblaciones afectadas por el conflicto armado interno informó que
puso en marcha programas y acciones en coordinación con las autoridades
territoriales competentes para robustecer “la atención educativa prioritaria
de la población víctima y la prevención del reclutamiento, uso O utilización de
niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley”. En
relación con este aspecto, sostuvo que las estrategias de permanencia escolar
que previenen esa situación constituían un imperativo ético, de donde “las
estrategias de permanencia escolar le apuntan a esta prevención”.
Mencionó que en
el marco del proyecto intersectorial de prevención de reclutamiento tuvo lugar
el trabajo articulado de diferentes autoridades, entre ellas, el ICBF, la
Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, ARN y la
Consejería de Derechos Humanos. De otra parte, se encuentra realizando de
manera articulada con las secretarías de educación, entre otros actividades,
labores “para la movilización de las rutas de atención y reparación integral
a víctimas del conflicto para el contexto escolar, vinculadas al Plan Escolar
de Gestión de Riesgos y el Fortalecimiento de los Entornos educativos
resilientes”. Igualmente, se pronunció sobre el trabajo de articulación con
el Consejo Noruego para implementar procesos de “acompañamiento al trabajo
en casa de niños, niñas y adolescentes víctimas, el fortalecimiento
institucional, el diseño, e implementación de una estrategia
pedagógica-comunicativa en seis (6) entidades territoriales certificadas en
educación (Meta, Caquetá, Nariño, Cauca, Tumaco y Chocó) enriquecida con
elementos que brindan las artes, la lúdica, los deportes y diversos lenguajes
expresivos, que promuevan la reconciliación, la reparación simbólica, la
construcción de memoria, la gestión del riesgo, la convivencia y la paz; y la
asistencia técnica de las treinta y siete (37) entidades territoriales
certificadas en educación identificadas como en riesgo alto por parte de la
Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y
Violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, CIPRUNNA, para ser
acompañadas de manera diferencial para la prevención del reclutamiento, uso,
utilización y la violencia de niños, niñas y adolescentes.
vii)
Explicar de qué manera la flexibilización del calendario académico por sí mismo
puede contribuir a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes ubicados en zonas rurales, y cómo esta medida garantiza
en dichas zonas el desarrollo integral del proceso educativo durante el año
escolar 2020
En relación con
este interrogante el MEN reiteró en su respuesta algunas de las medidas ya
mencionadas cuya existencia complementaria, a su juicio, facilitarán “las
dinámicas de la comunidad educativa de un territorio y su adaptación a ellas,
bajo el reconocimiento de las prácticas culturales, sociales y económicas de
las familias” y brindarán a los “estudiantes condiciones de permanencia
en el sistema educativo”, evitando “la deserción o inasistencia por motivos propios
de las dinámicas sociales de movilidad territorial o por condiciones de orden
económico o sanitario, en el caso de la emergencia”.
viii)
Precisar cuál es la estrategia del Ministerio de Educación para la
reprogramación de las pruebas de Estado, dada la modificación de los
calendarios académicos, y de qué manera el contenido de las pruebas y el modo
de practicarlas garantizará el derecho de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a ser tratados de manera igual.
Finalmente
advierte el documento sobre la exoneración temporal de la presentación de las
pruebas hasta que se programen por el ICFES.
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR QUE
La Magistrada DIANA FAJARDO RIVERA, no
participó en la adopción de la sentencia C-418/20 del 23 de septiembre de 2020,
emitida dentro del proceso radicado bajo el número RE-309 donde se analizó la
constitucionalidad del  Decreto Legislativo No. 660 del 13 de mayo de 2020, “por
el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la
prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.", en atención a que la Sala Plena
aceptó el impedimento manifestado en sesión del cinco (5) de agosto de dos mil
veinte (2020).
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los tres
(3) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Expediente: RE-309
Elaborado por: Rocío Loaiza.
Revisado por: Dra. Martha Sáchica Méndez
[1] “i) Los periodos académicos actualmente vigentes tienen origen
legal, por lo que su modificación requiere una disposición del mismo nivel
jerárquico. // ii) La competencia a cargo del Ministerio de Educación Nacional
para flexibilizar el número de semanas de trabajo académico en periodos anuales
diferentes a los previstos en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 a solicitud
de las autoridades competentes debe observar las orientaciones para asumir el
proceso de transición del sistema presencial al trabajo en casa, como se
consignó en el decreto y el Ministerio lo explicó en el proceso. // iii) El
decreto señaló que la Corte Constitucional en la Sentencia C-225 de 2011
declaró exequible que en el marco del estado de emergencia económica, social y
ecológica que se adopten medidas tendientes a permitir que el Ministerio de
Educación Nacional pueda dictar disposiciones que
permitan
flexibilizar el calendario académico. iv) Expuso que al 12 de marzo de 2020, el
calendario académico en los establecimientos educativos se acercaba a las 7 y 8
semanas de desarrollo de las 40 previstas en el año escolar 2020, fecha a
partir de la cual la totalidad de los alumnos matriculados del sector educativo
- 10.161.081 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en educación por
ciclos atendidos en las más de 53 mil sedes educativas- debió migrar hacia una
atención académica en casa, razón por la cual se reorganizó el calendario
académico. No obstante, se conservó el periodo mínimo de cuarenta (40) semanas
de trabajo académico como lo señala el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, lo
que justifica, como se dijo, la medida adoptada”.
[2] “(i) guías para formar entornos del menor dentro de la familia;
(ii) flexibilización de las modalidades del programa de alimentación escolar
PAE asignando recursos adicionales para la entrega del complemento alimentario
para consumo en el hogar; (iii) mejoramiento del plan de conectividad con
priorización de las zonas rurales más apartadas, con instalación de 2.000
nuevas conexiones a internet en 2020; (iv) flexibilización del plan de estudios
en su contenido, tiempo y realización; (v) orientaciones para la transición
progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial, previa
implementación de prácticas de bioseguridad; (vi) exoneración temporal de la
presentación de las pruebas de estado, hasta que se reprogramen por el ICFES”.
[3] Este capítulo se ha apoyado en las consideraciones
contenidas entre otras, en las sentencias C-136/09 M.P. Jaime Araújo Rentería,
C-145/09 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-224/09 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
C-225/09 M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez, C-226 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, C-911/10 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, C-223/11 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, C-241/11 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
C-671/15 M.P. Alberto Rojas Ríos, C-701 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, C-465/17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, C-466/17 M.P. Carlos Bernal
Pulido y C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Varios de los párrafos
corresponden a transcripciones literales de algunas de dichas sentencias.
[4] Sentencia C-466 de 2017 M.P. Carlos Bernal Pulido, citando a su vez
la sentencia C-216/11 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[5] Ibídem.
[6] El carácter reglado, excepcional y limitado se refleja en varios
requerimientos: (i) la Constitución prevé específicas causales para decretar
los estados de excepción; (ii) la regulación de los estados de conmoción
interior y de emergencia económica, social y ecológica, se funda en el
principio de temporalidad (precisos términos para su duración); y (iii) la
Constitución dispone limitaciones materiales estrictas para los estados de
excepción, tales como que (a) los civiles no sean juzgados por autoridades
militares (art. 213 de la CP), (b) los derechos humanos no puedan ser limitados
(art. 93 de la CP) y (c) el derecho internacional humanitario debe ser
respetado (art. 214 de la CP).
[7] El control judicial está a cargo de la Corte Constitucional
respecto de los decretos legislativos, según lo dispone el numeral 7 del
artículo 241 de la Carta Política, y del Consejo de Estado, tal como lo dispone
el numeral 8 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, al prescribir que le
corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado “[e]jercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter
general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los
estados de excepción”.
[8] Sentencia C-216 de 1999.
[9] Sentencia C-216/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[10] La Corte ha aclarado que el estado de excepción previsto en el
artículo 215 puede tener diferentes modalidades, dependiendo de los hechos que
motiven su declaratoria. Así, se procederá a declarar la emergencia económica,
cuando los hechos que dan lugar a la declaración se encuentren relacionados con
la perturbación del orden económico; social, cuando la crisis que origina la
declaración se encuentre relacionada con el orden social; y ecológica, cuando
sus efectos se proyecten en este último ámbito. En consecuencia, también se
podrán combinar las modalidades anteriores cuando la crisis que motiva la
declaratoria amenace con perturbar estos tres órdenes de forma simultánea,
quedando, a juicio del Presidente de la República, efectuar la correspondiente
valoración y plasmarla así en la declaración del estado de excepción.
[11] Decreto 333 de 1992.
[12] Decreto 680 de 1992.
[13] Decreto 1178 de 1994, Decreto 195 de 1999, Decreto 4580 de 2010 y
Decreto 601 de 2017.
[14] Decreto 80 de 1997.
[15] Decreto 2330 de 1998.
[16] Decreto 4333 de 2008 y 4704 de 2008.
[17] Decreto 4975 de 2009.
[18] Decreto 2963 de 2010 y Decreto 1170 de 2011.
[19] Este capítulo se ha apoyado en las consideraciones contenidas entre
otras, en las sentencias C-465/17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, C-466/17
M.P. Carlos Bernal Pulido y C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortíz. Varios de los
párrafos corresponden a transcripciones literales de dichas sentencias.
[20] La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre este juicio en las sentencias C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortíz, C-466/17
M.P. Carlos Bernal Pulido, C-465/17 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, C-437/17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y C-434/17 M.P. Diana Fajardo Rivera, entre
otras.
[21] Ley 137 de 1994. Art. 10. “Finalidad.
Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar
directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y
a impedir la extensión de sus efectos.”
[22] Sentencia C-724/15 M.P. Luis Ernesto
Vargas. “Las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo de la declaratoria
de emergencia económica, social y ecológica (i) deben estar destinadas
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; y
(ii) deberán referirse a asuntos que tengan relación directa y específica con
el estado de emergencia”. Sentencia C-700/15, M.P. Gloria Stella Ortiz. El
juicio de finalidad “(...) es una exigencia constitucional de que todas las
medidas adoptadas estén dirigidas a solucionar los problemas que dieron origen
a la declaratoria de los estados de excepción. En otras palabras, es necesario
que el articulado cumpla con una finalidad específica y cierta”.
[23] La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre este juicio en las sentencias C-517/17 M.P. Iván Escrucería Mayolo,
C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortíz, C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido, C-437/17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y C-409/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo,
entre otras.
[24] Constitución Política. Art. 215. “Estos
decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos
tributos o modificar los existentes”.
[25] Ley 137 de 1994. Art. 47. “Facultades.
En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar
decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos. Los decretos deberán referirse a materias
que tengan relación directa y específica con dicho Estado”.
[26] Sentencia C-409/17. M.P. Alejandro Linares
Cantillo. “La conexidad interna refiere a que las medidas adoptadas estén
intrínsecamente vinculadas con las consideraciones expresadas por el Gobierno
Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente”. En este
sentido, ver, también, la sentencia C-434/17 M.P. Diana Fajardo Rivera.
[27] Sentencia  C-724/15. M.P. Luis Ernesto
Vargas. “La conexidad en el control de constitucionalidad de los
Decretos legislativos dictados con base en la declaratoria del estado de
emergencia social, económica y ecológica, se dirige entonces a verificar
determinadas condiciones particulares, relacionadas con la vinculación de los
objetivos del Decreto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria de
emergencia, y con los hechos que la ocasionaron”. En este sentido, ver,
también, la sentencia C-701/15 M.P. Luis Guillermo Guerrero.
[28] El juicio de motivación suficiente de las
medidas ha sido desarrollado por esta Corte en las sentencias C-467/17 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido, C-434/17 M.P.
Diana Fajardo Rivera, C-409/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo, C-241/11 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, C-227/11 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, C-224/11
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-223/11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia C-466/17 M.P. Carlos Bernal
Pulido. En la providencia se reiteran las consideraciones de las sentencias C-722/15 M.P. Myriam Ávila Roldán y C-194/11 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Al respecto, en la sentencia C-753/15 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte Constitucional sostuvo que “en el caso de
que la medida adoptada no límite derecho alguno resulta menos exigente aunque
los considerandos deben expresar al menos un motivo que la justifique”.
[31] Ley 137 de 1994, "Por la cual se
regulan los Estados de Excepción en Colombia", artículo 8.
[32] Sobre el juicio de ausencia de
arbitrariedad se pueden consultar las sentencias C-467/17 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido, C-434/17 M.P. Diana Fajardo
Rivera, C-409/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo, C-241/11 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, C-227/11 M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C-224/11 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] Sentencia C-466/17 M.P. Carlos Bernal
Pulido, en la cual se reiteran las consideraciones de las sentencias C-723/15 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
C-742/15 M.P. María Victoria Calle Correa.
[34] Artículo 7º de la Ley 137
de 1994. “Vigencia del Estado de Derecho. En ningún caso se podrá afectar el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un
régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so
pretexto de su declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales
puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos
legislativos de Estados de Excepción, estos no podrán afectar el núcleo
esencial de tales derechos y libertades”.
[35] Sentencia C-149/03 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Reiterada, entre otras, en las sentencias C-224/09 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, C-241/11 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-467/17 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[36] El juicio de intangibilidad ha sido
desarrollado por este Tribunal en las Sentencias C-517 de 2017 M.P. Ivàn
Humberto Escrucería Mayolo, C-468 de 2017 M.P. Alberto rojas Ríos, C-467 de
2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, C-466 de 2017 M.P. Carlos Bernal Pulido,
C-409 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, C-751 de 2015 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, C-723 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-700 de 2015
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[37] Al respecto pueden consultarse, entre
otras, las sentencias C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, C-466/17 M.P.
Carlos Bernal Pulido, C-437/17 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, C-434/17 M.P.
Diana Fajardo Rivera, C-409/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-723/15 Luis
Ernesto Vargas Silva.
[38] Esta Corporación se ha referido a este
juicio en las sentencias C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido, C-434/17 M.P.
Diana Fajardo Rivera, C-136 de 2009, C-409/17 M.P. Alejandro Linares Cantillo y
C-723/15 Luis Ernesto Vargas Silva.
[39]  Sobre el particular se han pronunciado,
entre otras, las sentencias C-517/17 M.P. Ivan Humberto Escruceria Mayolo,
C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido,
C-465/17 Cristina Pardo Schlesinger, C-437/17 M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo, C-409 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-723/15 Luis Ernesto
Vargas Silva.
[40] Sobre el juicio de proporcionalidad es
posible consultar las sentencias: C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
C-466/17 M.P. Carlos Bernal Pulido, C-227/11 M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
C-225/11 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-911/10 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, C-224/09 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-145/09 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla y C-136/09 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[41] Al respecto, se pueden consultar, entre
otras, las sentencias C-467/17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,  C-466/17 M.P.
Carlos Bernal Pulido, C-701 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
C-672/15 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-671/15 M.P. Alberto Rojas
Ríos, C-227/11 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, C-224/11 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y C-136/09 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[42] “Artículo 14. No discriminación. Las
medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar
discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen
nacional o familiar, opinión política o filosófica (…)”.
[43] Sobre el particular, cabe resaltar que
dicho listado de categorías sospechosas no es taxativo, pues de conformidad con
el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “la
ley prohibirá toda discriminación”.
[44] En este sentido, en la Sentencia C-156/11
M.P. Mauricio González Cuervo, esta Sala explicó que el juicio de no
discriminación pretende hacer efectivo “el principio de igualdad ante la ley
del artículo 13 de la Constitución Política, en el sentido de establecer que
todas las personas recibirán el mismo trato y no se harán distinciones basadas
en criterios de raza, lengua, religión, origen familiar, creencias políticas o
filosóficas”.
[45] Sentencia C-723 de 2015.
[46] “ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia” –se destaca–.
[47] Ver resolución 01 del 10 de abril de 2020.
[48] Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural
rights. 17 de abril de 2020.
[49] Disponible en https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1.
[50] Sentencia T-380 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara, artículo 1º
del Decreto 753 de 1956.
[51]En el sentido anotado ha expresado esta Corporación: “[L]a educación
tiene una doble connotación. En primer lugar, como derecho, la educación se
constituye en la garantía que se inclina por la formación de los individuos en
todas sus potencialidades, ya que a través de ésta el ser humano puede
desarrollar y fortalecer sus habilidades físicas, morales, culturales,
analíticas entre otras, y en segundo lugar, como servicio público, la educación
se convierte en una obligación del Estado que es inherente a su finalidad
social. // De igual forma, en los artículos 70 y 71 entre otros, el
constituyente del 91, dentro de los fines sociales del estado, estableció la
promoción de la ciencia, la investigación, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la nación. Además, instituyó en cabeza del Estado la
obligación de promover y fomentar en todos los colombianos en igualdad de
oportunidades el acceso a la cultura, la investigación, la ciencia y el desarrollo
por medio de un sistema educativo permanente”. Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-715 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[52] Artículos 334 y 366 de la Constitución Política.
[53] Sentencia T-002 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[54] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-743 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[55] Ibíd.
[56] La jurisprudencia constitucional lo ha caracterizado como un
“derecho social prestacional, que conforme a lo ordenado por el artículo 44 y a
lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, tiene el carácter de
fundamental” Cfr. entre otras, Corte Constitucional. Sentencia C-552 de 2016.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 26:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.  2. La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  3. Los padres tendrán
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos”. // Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
artículo 13: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. // 2.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho: // a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente; // b) La enseñanza secundaria,
en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita; // c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita; // d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo
posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido
o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; // e) Se debe proseguir
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente. // 3. Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. Nada de lo dispuesto
en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza,
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de
que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que
prescriba el Estado”. // Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 23:
“1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación
activa del niño en la comunidad. // 2. Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con
sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las
condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que
se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus
padres o de otras personas que cuiden de él. // 3. En atención a las
necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme
al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible,
habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas
que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga
un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios,
los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el
niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. // 4. Los
Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria
preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de
rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como
el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo”.
[58] Cfr. Sentencia T-680 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[59] En sentencia C-376 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencia C-552 de 2016 ya citada.
[61] Relatoría de la ONU para el Derecho a la Educación y el Comité DESC
–Observación General No. 13–. Disponible en la red en el sitio https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.
Consultado el 19 de junio de 2020.
[62] Ibíd. Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-308 de 201. Al respecto también consultar la
sentencia T-428 de 2012.
[63] Relatoría de la ONU para el Derecho a la Educación y el Comité DESC
–Observación General No. 13–. Disponible en la red en el sitio https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.
Consultado el 19 de junio de 2020.
[64] Corte Constitucional. Sentencia T-592 de 2015. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[65] Relatoría de la
ONU para el Derecho a la Educación y el Comité DESC –Observación General No.
13–. Disponible en la red en el sitio https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.
Consultado el 19 de junio de 2020. Cfr., también sentencias T-129 de 2016. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-273 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-428 de 2012. María Victoria Calle Correa y T-781 de 2010. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[66] Relatoría de la ONU para el Derecho a la Educación y el Comité DESC
–Observación General No. 13–. Disponible en la red en el sitio https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.
Consultado el 19 de junio de 2020.
[67] Este punto está supeditado a los objetivos de la educación
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el
Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo
13). Relatoría de la ONU para el Derecho a la Educación y el Comité DESC
–Observación General No. 13–. Disponible en la red en el sitio https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf.
Consultado el 19 de junio de 2020.
[68] Ibíd.
[69] Sentencias T-129
de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-592 de 2015. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-533 de
2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[71] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): Caso
Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones
y costas, sentencia del 23 de agosto de 2018, serie C, núm. 359. En esta
sentencia se reitera la postura fijada por la Corte en casos anteriores, entre
los que se pueden mencionar: Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y
Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, sentencia del 1º de julio de 200(Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); caso Trabajadores Cesados de
Petroperú y otros vs. Perú. Sentencia de 23 de noviembre de 2017 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); caso San Miguel Sosa y otras vs.
Venezuela, sentencia de 8 de febrero de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas); caso
Poblete Vilches y otros vs. Chile, sentencia de 8 marzo de 2018, así como la
opinión consultiva OC-23/2017 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, en lo
relativo a la denominada “justiciabilidad directa de los DESCA y los
alcances interpretativos del artículo 26 de la Convención”.
Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana, Convención o Pacto de
San José).
[72] Resolución 01 de 10 de abril de 2020, disponible en red en el sitio
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf, consultado el
5 de junio de 2020.
[73] Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural
rights. 17 de abril de 2020.
[74] Declaración conjunta de la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el
Programa Mundial de Alimentos de abril de 2020, disponible en la red en el
sitio
https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf.
Consultado el 3 de junio de 2020.
[75] Declaración conjunta de la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el
Programa Mundial de Alimentos de abril de 2020, disponible en la red en el
sitio
https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schools-2020.pdf.
Consultado el 3 de junio de 2020.
[76] Circulares 019 del 14 de marzo, 020 del 16 de marzo y 021 del 17 de
marzo de 2020 y las Directiva 03 del 20 de marzo, 05 del 25 de marzo, 07 del 6
de abril, 09 del 7 de abril y 010 del 7 de abril de 2020,
[77] Así trajo a colación el MEN que, de acuerdo con el seguimiento que
realizado en relación con “los establecimientos educativos, la adecuación a
la modalidad de trabajo académico en casa se ha prestado mediante la
combinación de herramientas de apoyo pedagógico que comprenden en promedio: (i)
el 55,8% con apoyo de material impreso -guías, talleres, textos-, (ii) el 23,2%
con apoyo de programas de radio y televisión y, (iii) el 21,1% con apoyo de plataformas
digitales”.
[78] Circulares 019 del 14 de marzo, 020 del 16 de marzo y 021 del 17 de
marzo de 2020 y las Directiva 03 del 20 de marzo, 05 del 25 de marzo, 07 del 6
de abril, 09 del 7 de abril y 010 del 7 de abril de 2020,
[79] Así trajo a colación el MEN que, de acuerdo con el seguimiento que
realizado en relación con “los establecimientos educativos, la adecuación a
la modalidad de trabajo académico en casa se ha prestado mediante la
combinación de herramientas de apoyo pedagógico que comprenden en promedio: (i)
el 55,8% con apoyo de material impreso -guías, talleres, textos-, (ii) el 23,2%
con apoyo de programas de radio y televisión y, (iii) el 21,1% con apoyo de
plataformas digitales”.
[80] Artículo 2.4.3.4.1.
Calendario académico. “Atendiendo las condiciones económicas regionales, las
tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con los criterios
establecidos en el presente Título, las entidades territoriales certificadas
expedirán cada año y por una sola vez, el calendario académico para todos los
establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que determine las
fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes actividades: 1.
Para docentes y directivos docentes: a) Cuarenta (40) semanas de trabajo
académico con estudiantes, distribuido en dos períodos semestrales; b) Cinco
(5) semanas de actividades de desarrollo institucional; y c) Siete (7) semanas
de vacaciones. // 2. Para estudiantes: a) Cuarenta (40) semanas de trabajo
académico, distribuido en dos períodos semestrales; b) Doce (12) semanas de
receso estudiantil”.
[81] Artículo 2, Decreto 1850 de 2002.
[82] Artículo 2.3.2.1.6. Causales de negación de la
licencia de funcionamiento. Decreto 1075 de 2015.
[83] Disponible en  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-85869_archivo_pdf.pdf
[84] Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-199751_archivo_pdf_directiva_calendario.pdf
[85] La jornada preescolar debe equivaler a 800 horas, la
básica primaria a 1.000 horas y la básica secundaria y media a 1.200 horas.
[86] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2011.
[87] Ibíd.
[88] UNESCO Consecuencias negativas del cierre de las escuelas, visible
en la red en la página
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/consecuencias, consultada el 1º
de junio de 2020.
[89] Ibíd.
[90] Corte Constitucional. Sentencia T-434 de 2018. Cfr. Intervención en
esta sede del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre.
[91] Ibíd.
[92] Ibíd.
[93] UNESCO Consecuencias negativas del cierre de las escuelas, visible en
la red en la página https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/consecuencias,
consultada el 1º de junio de 2020.
[94] Ibíd.
[95] Ibíd.
[96] Ibíd.
[97] Ibíd.
[98] Ibíd.
[99] Ibíd.
[100] Ibíd.
[101] “ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. // Toda persona está obligada a cumplir
la Constitución y las leyes. // Son deberes de la persona y del ciudadano: //
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; // 2. Obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas; (…) // 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de
la convivencia pacífica; // (…) // 6. Propender al logro y mantenimiento de la
paz; // 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia; // 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
[102] CEST Central European Summer Time.
[103] Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-225 del 29
de marzo de 2011, magistrado ponente Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Expediente:
RE-187.
[104]   Estas orientaciones fueron: a. Circular 19 del 14 de marzo de
2020: Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria
provocada por el Coronavirus (COVID-19). b. Circular 20 del 16 de marzo de
2020: Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y
prevención del Coronavirus (COVID-l9). c. Circular 21 del l7 de marzo de 2020:
Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo
académico en casa como medida para la prevención de la propagación del
Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo del personal docente, directivo
docente y administrativos del sector educativo. d. Directiva 03 del 20 de marzo
de 2020: Orientaciones para el manejo de la emergencia en establecimientos
educativos privados en temas tales como, calendario académico, cobros
periódicos, docentes y personal administrativo, e inspección y vigilancia. e.
Directiva 05 del 25 de marzo de 2020: Orientaciones para la implementación de
estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una
modalidad de complemento alimentario para consumo en casa. f. Directiva 09 del
7 de abril de 2020: Orientaciones para garantizar la continuidad de las
jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de
2020, y el uso de los recursos de calidad matrícula y de calidad gratuidad.
Directiva 010 del 7 de abril de 2020: Orientaciones adicionales a colegios
privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19. h. Orientaciones generadas para la
atención de los niños, niñas y adolescentes residentes durante el tiempo de
trabajo académico en casa en ocasión de la emergencia sanitaria por el CQVID19
atendidos en los establecimientos educativos oficiales que implementan la:
estrategia de residencias escolares. 1. Orientaciones para la aplicación de las
horas extras que garanticen la continuidad del servicio educativo de los niños,
niñas y adolescentes durante el tiempo de emergencia sanitaria declarada por el
Gobierno Nacional. J. Orientaciones para el plan de entrega de los 83.345
equipos de cómputo para las sedes educativas del país.