C-003-17
Sentencia C-003/17
NORMA QUE GARANTIZA LA EDUCACION DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES
PROFESIONALES GRADUADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS Y
PRIVADAS DEL PAIS-Causales de pérdida de beca
RETIRO DE BECA DE POSGRADO POR “LA OCURRENCIA DE HECHOS DELICTIVOS”
SIN EXIGIR QUE EL DELITO SE HAYA COMETIDO POR EL BECARIO, NI QUE EXISTA UN
PROCESO PREVIO EN EL CUAL SE ADOPTE DICHA DECISION-Vulnera
la presunción de inocencia y el derecho a la educación
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Vulneración del principio de presunción de inocencia y debido proceso
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Vulneración del principio de responsabilidad de acto
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Norma no permite el establecimiento de una responsabilidad subjetiva
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Norma no permite distinguir el grado de culpabilidad de la persona
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Desconoce la garantía de ser tratado como inocente mientras no se
haya declarado judicialmente culpable
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Vulneración del derecho a la educación
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Desconoce el debido proceso por conceptos normativos imprecisos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Examen
de requisitos no debe ser excesivamente riguroso y debe preferirse decisión de
fondo para la efectividad del
derecho de participación ciudadana y acceso al recurso judicial efectivo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
del principio pro actione
PRESUNCION DE INOCENCIA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Alcance y consagración
PRESUNCION DE INOCENCIA-Alcance/PRESUNCION
DE INOCENCIA-Garantía del debido proceso/PRESUNCION DE INOCENCIA-Carácter
fundamental/PRESUNCION DE INOCENCIA-Aplicación a sanciones penales y
administrativas
PRESUNCION DE INOCENCIA-Límite al poder
punitivo del Estado/PRESUNCION DE INOCENCIA-Principio fundamental de
civilidad
PRESUNCION DE INOCENCIA-Consagración
constitucional y en tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte
del bloque de constitucionalidad
PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantías básicas
PRESUNCION DE INOCENCIA-Mecanismo de
defensa de la libertad de los ciudadanos
PRESUNCION DE INOCENCIA-Requiere
acreditar la culpabilidad del individuo frente a un acto sancionado como delito
para ser desvirtuada/PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantías constitucionales
y legales
PRESUNCION DE INOCENCIA-Implicaciones
PRESUNCION DE INOCENCIA-Principios para
demostrar la culpabilidad del individuo
PRESUNCION DE INOCENCIA-Carga para
demostrar la culpabilidad de la persona recae en el Estado
PRESUNCION DE INOCENCIA-Requiere de
convicción o certeza más allá de una duda razonable para ser desvirtuada/PRESUNCION
DE INOCENCIA-Aplicación del principio del in dubio pro reo
PRESUNCION DE INOCENCIA-Principio onus
probandi incumbit actori
PRESUNCION DE INOCENCIA-Derecho a ser
tratado como inocente antes que exista una condena en firme
PRESUNCION DE INOCENCIA-Mientras no
exista sentencia condenatoria no se podrá imponer ninguna pena contra el
individuo/PRESUNCION DE INOCENCIA-Medidas adoptadas durante el proceso
deberán tener carácter preventivo y no sancionatorio
PRESUNCION DE INOCENCIA-Aplicación en
ámbitos distintos al Derecho penal/PRESUNCION DE INOCENCIA-Aplica en
todos los ámbitos
PRESUNCION DE INOCENCIA-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA EDUCACION-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA EDUCACION-Importancia
DERECHO A LA EDUCACION-Presupuesto
básico para la efectividad de otros derechos
DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza/DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental/DERECHO A LA EDUCACION-Servicio público con
función social
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto
para los menores de edad como para los adultos
DERECHO A LA EDUCACION-Núcleo esencial/DERECHO
A LA EDUCACION-Elementos esenciales
DERECHO A LA EDUCACION-Consecuencias en
virtud de la naturaleza de servicio público
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-No puede interrumpirse el proceso educativo en forma arbitraria e
intempestiva
EDUCACION-Derecho-deber/EDUCACION-Derecho inherente a la persona
DERECHO A LA EDUCACION-Consagración
internacional
NORMA QUE GARANTIZA LA EDUCACION DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES
PROFESIONALES GRADUADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS Y
PRIVADAS DEL PAIS-Objetivos y alcance
PRESUNCION DE INOCENCIA-Exige la
existencia de un proceso para desvirtuarla e imponer una sanción
EDUCACION SUPERIOR-Obligación del Estado
de facilitar mecanismos financieros para el acceso de todas las personas/ESTADO-Deber
de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de
escolaridad y cultura/ESTADO-Si bien el acceso a becas de posgrado no
hace parte del derecho a la educación, debe garantizar su continuidad cuando la
beca ha sido previamente otorgada/DERECHO A MANTENER UNA BECA PREVIAMENTE
OTORGADA-Protección
CONTINUIDAD Y PERMANENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
EDUCACION CUANDO SE HA OBTENIDO UNA BECA-Importancia/MEDIDAS
QUE LIMITEN LA PERMANENCIA EN LA PRESTACION DEL DERECHO A LA EDUCACION-Razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad e idoneidad
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Test de razonabilidad intermedio
EDUCACION-Base de la resocialización durante el cumplimiento de la pena/EDUCACION-Mecanismo
esencial para lograr la reinserción social
RESOCIALIZACION-Función de la pena y
deber del Estado frente a las personas privadas de la libertad
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Independientemente de la causal y debido a las consecuencias penales sería muy difícil conservarla
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Ambigüedad y vaguedad de la norma es tal que contempla una conducta
sancionable a través de conceptos absolutamente imprecisos
EXPRESION AMBIGUA-Significados
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Ambigüedad de la expresión “ocurrencia de hechos delictivos”
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Vaguedad de la norma en relación con la forma como debe estar
demostrada la ocurrencia de los hechos delictivos
CONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS-Si
bien no está proscrito en el orden constitucional vigente, existen situaciones y contextos en los que
su uso no es aceptado/DEFECTOS DE REDACCION DE UNA DISPOSICION QUE GENEREN
AMBIGÜEDAD PENAL EN EL CAMPO SANCIONATORIO-Pueden implicar la
inconstitucionalidad de la norma por violación del principio de estricta legalidad penal al ser
confusos y no tener claridad
CORTE CONSTITUCIONAL-Sentencias de
constitucionalidad condicionada si una disposición legal admite varias
interpretaciones/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Tiene operancia
limitada en casos de ambigüedad penal/CORTE CONSTITUCIONAL-Declaración
de exequibilidad condicionada de un tipo penal o sancionatorio ambiguo
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Norma establece una responsabilidad objetiva que presume la
culpabilidad
PERDIDA DE BECA PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACION, MAESTRIA O DOCTORADO CUANDO OCURREN HECHOS DELICTIVOS-Improcedencia de declaración de exequibilidad condicionada por
cuanto la Corte tendría que remplazar al legislador adoptando decisiones que
exigen un debate democrático
Referencia: Expediente D-11399
Actores: Lucero Plata Mujica y Sandra Viviana Rojas Mantilla.
Acción Pública de inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678
del 2013.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete
(2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El veinticinco (25) de abril de 2016, en ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad, las ciudadanas LUCERO PLATA MUJICA y SANDRA VIVIANA
ROJAS MANTILLA demandaron el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 del
2013. A esta demanda se le asignó la radicación D- 11399.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto del
artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 “Por medio de la cual se garantiza la
educación de posgrados al 0.1 % de los mejores profesionales graduados en las
instituciones de educación superior públicas y privadas del país” y se
subraya el numeral acusado:
LEY 1678 DE 2013
Por medio de la cual se garantiza la
educación de posgrados al 0.1 % de los mejores profesionales graduados en las
instituciones de educación superior públicas y privadas del país
[…]
Artículo 8°.
Pérdida de la beca. La beca podrá ser retirada en cualquier momento si se
demuestran algunas de las siguientes circunstancias:
1. Bajo
rendimiento académico.
2.
Inasistencia a las clases.
3. Violación
a los reglamentos internos estudiantiles de la universidad o institución de
educación superior.
4. Por la
ocurrencia de hechos delictivos.
Parágrafo.
Cuando el becario perdiere la beca, deberá cancelar a favor de la Nación los
recursos que fueren invertidos en sus estudios hasta ese momento”.
III. DEMANDA[1]
Las ciudadanas Lucero Plata Mujica y Sandra Viviana Rojas
Mantilla, señalan que el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 del 2013
vulnera los derechos a la presunción de inocencia y a la educación por los
siguientes motivos:
1. Según las accionantes, consagrar que “la ocurrencia
de hechos delictivos” tiene como consecuencia perder el beneficio de la
beca “vulnera el Derecho a la presunción de inocencia, por cuanto la
ocurrencia de hechos delictivos no es sinónimo de responsabilidad y se estaría
estimando que la sola existencia de un hecho delictuoso es suficiente para
considerar como infractor de la ley penal a un sujeto determinado y conforme a
ello aplicarle la sanción de pérdida de la beca”.
En este sentido, el numeral demandado está redactado de tal
forma que por la sola ocurrencia de un hecho delictuoso se aplicaría la sanción,
sin exigir una sentencia ejecutoriada, a través de la cual se haya determinado
la culpabilidad o responsabilidad de la persona, por lo cual se le tendría como
culpable sin haber sido vencida en juicio e incluso sin haberse iniciado una
investigación penal en su contra. Se alega que el numeral demandado desconoce
la Constitución, pues “otorga la sanción de perder el beneficio de la beca
por la ocurrencia de hechos delictuosos, es decir solo con la constatación de
que existieron, más no si es culpable o responsable penalmente, situación
contraria al derecho de Presunción de Inocencia, ya que la norma rompe esa
presunción dando por hecho que la sola ocurrencia de un hecho delictuoso es
consecuencia de culpabilidad o responsabilidad penal, y como consecuencia trata
como culpable a una persona que no se le ha determinado su culpabilidad y
responsabilidad penal con sentencia judicial en firme”.
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido
que el derecho a la presunción de inocencia es una garantía constitucional
protegida no solo por el debido proceso del artículo 29 de la Carta Superior,
sino también por tratados internacionales ratificados por Colombia que hacen
parte del bloque de constitucionalidad. Asimismo, el derecho fundamental a la
presunción de inocencia no solo se aplica en el derecho penal, sino que irradia
todas las esferas del derecho, por lo cual, a pesar de que la norma no es de
carácter penal, afecta el ámbito del derecho fundamental a la educación:
“El derecho fundamental
y garantía constitucional de la presunción de inocencia no solo aplica en el
Derecho penal, esta garantía rige en todos los ámbitos del derecho, entonces,
pese que en el caso concreto la norma acusada no es de carácter penal, sino
que, esta es del ámbito del Derecho Fundamental y público a la educación, este
derecho derivado del debido proceso ha de aplicarse en el caso concreto, ya que
el principio de inocencia no es limitado solo para el proceso penal, y por de
más la norma acusada consagra una Presunción de culpabilidad de hechos
delictivos, para tratar como culpable a una persona por estar inmerso en hechos
delictivos y así aplicarle la sanción de perder la beca, sumándole que deberá
pagar lo que el Estado ha invertido en su beca educativa”.
3. En este sentido, con el objeto de salvaguardar la
presunción de inocencia, las demandantes manifiestan que la Sentencia C-271 de
2003 condicionó la constitucionalidad del numeral 8 del artículo 140 del Código
Civil, que consagraba como causal de nulidad “Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge
con quien estaba unido en un matrimonio anterior”.[2] Asimismo, alegan que la Sentencia T–138 de 1998
concedió el amparo a un estudiante cuya universidad le exigía para poder
matricularse la suscripción de un pagaré en blanco para garantizar el
resarcimiento de daños que pudieran ser causados a la universidad, considerando
que se quebranta la presunción de inocencia.[3]
4. Ni el legislador ni el juez pueden presumir la
culpabilidad de nadie. Lo que redunda en que el Legislador al crear normas
tiene límites, como lo es el derecho a la presunción de inocencia, que se ve
afectado al presumir la culpabilidad de las personas. En este sentido consideran
que “en el caso de la norma acusada, el legislador no consideró inicial y
esencialmente inocente a quienes estén inmersos en hechos delictivos”. En
virtud de lo anterior señalan que la expresión “de nacimiento”
contemplada en el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 desconoce
los artículos 29 y 13 de la Constitución, 8º de la Convención Americana de
Derechos Humanos y 14 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5. Las accionantes agregan que la Corte Constitucional ha
establecido que para que se puedan imponer penas y sanciones administrativas el
Estado tiene que desvirtuar la presunción de inocencia por medio de un proceso
con garantías procesales. En ese sentido, el Estado tiene una prohibición
rotunda de imponer penas o sanciones administrativas sin haber desvirtuado la
presunción de inocencia en sentencia judicial en firme. No obstante, en la
norma demandada no se desvirtúa la presunción de inocencia, por medio de una
decisión judicial en firme, antes de aplicar la sanción de pérdida de la beca.
6. De acuerdo con lo anterior, concluyen que el numeral 4º
del artículo 8 de la Ley 1678 de 2013 es inconstitucional, por dos razones: “a)
Porque la norma acusada, trata como CULPABLES a los estudiantes que están inmersos
en la ocurrencia de hechos delictivos, cuando aún no han sido vencidos en un
juicio con todas las garantías que ello implica; b) Porque la norma acusada,
consagra una PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD en contra de los estudiantes que estén
inmersos en la ocurrencia de hechos delictivos”.
IV. INTERVENCIONES
1. Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
El ciudadano Jairo Parra Quijano, en representación del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, considera que el numeral 4º del artículo
8º de la Ley 1678 de 2013, es violatorio de la Constitución Política y por ello
debe retirarse del ordenamiento jurídico teniendo en cuenta las siguientes
razones:
1.1. Anteriormente no existía la presunción de inocencia
sino únicamente la culpabilidad, que tenía como soporte único la concepción
político-religiosa del pecado, y por ello se asimilaba a la culpa, lo cual
cambió con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.[4]
Las constituciones colombianas del siglo XIX establecieron la presunción de
inocencia y la legalidad del proceso que debían ser desvirtuadas mediante las
normas establecidas por el legislador para el arresto, la detención preventiva
y condena penal con recurso ante el juez superior. Por su parte, la
Constitución de 1991 en su artículo 29 establece el derecho al debido proceso
como garantía procesal, la cual es aplicable a todas las actuaciones
administrativas y judiciales. Asimismo, en el inciso 4º señala que “toda
persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente
culpable”, garantizando así el derecho a la defensa durante la
investigación y el juzgamiento, igualmente a presentar pruebas y a controvertir
aquellas que se alleguen en su contra, impugnar la sentencia condenatoria y a
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in ídem). Todas estas
son reglas imperativas para el legislador y que implican una clara limitación a
la arbitrariedad del poder del Estado cuando ejerza la potestad de juzgar.
1.2. Investigar no es lo mismo que condenar, que acusar con
declaración de culpabilidad, por tanto, en un Estado de Derecho no pueden ser
asimilados. Esto obedece a que el proceso penal no tiene por objeto condenar,
sino juzgar para determinar, de acuerdo con las pruebas legal y oportunamente
allegadas al proceso si el acusado es el autor de los hechos delictuosos que se
le imputan. Además, en el proceso penal, se deben precisar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que los hechos sucedieron para concluir en el juicio
si ha de declararse la culpa o si, por el contrario, se presentan
circunstancias fácticas eximentes de culpabilidad o de la responsabilidad
penal, y aplicar las reglas atinentes a la regulación legal de la atenuación o
la agravación de la pena.
1.3. La sanción consistente en la pérdida de beca “por
la ocurrencia de hechos delictivos”, es violatoria de la garantía
constitucional a la presunción de inocencia como uno de los pilares del debido
proceso judicial y administrativo, así como los tratados internacionales sobre
derechos humanos, pues la sola ocurrencia de los hechos delictivos, sin que
estos hayan sido objeto de investigación y juzgamiento conforme a la
Constitución y la jurisdicción penal del Estado, no puede legítimamente
acarrear sanciones mientras no se dicte sentencia condenatoria en la que se
establezca claramente la autoría, la culpabilidad y la responsabilidad de la
persona determinada y que la sentencia haga tránsito a cosa juzgada,
adquiriendo las notas esenciales de la cosa juzgada (res iudicata) esto
es su carácter inmutable y definitivo.
2. Asociación
Colombiana de Universidades
La Asociación Colombiana de Universidades considera que son
acertadas las acusaciones de la demanda, por cuanto la norma cuestionada
refleja una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa.
2.1. Existe un prejuzgamiento que vulnera los derechos a la
defensa y al debido proceso contemplados en el artículo 29 de la Constitución
Política, ya que se aplica una sanción automática al presunto infractor, sin
haberlo escuchado y vencido en juicio, garantizando condiciones de
imparcialidad. En tal sentido, señala que la Corte Constitucional ha indicado
los alcances del artículo 29 de la Carta Fundamental, precisando que toda
actuación administrativa deberá ser resultado de un proceso en el que la
persona tuvo oportunidad de expresar sus opiniones y presentar pruebas que
demuestren su derecho, con la debida observancia de las disposiciones
procesales que lo regulen.[5]
2.2. Se considera flagrante la vulneración del principio de
la “presunción de inocencia” porque se establece, en este caso, una
evidente “presunción de culpabilidad”. Asimismo, el artículo 29
establece para el imputado todo un cúmulo de garantías que el texto acusado
desconoce, tales como la necesidad de ser juzgado “conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa”, “ante juez o tribunal competente” y con “la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, teniendo
derecho a la “defensa y a la asistencia de un abogado”, a “presentar
pruebas y a controvertir a las que se alleguen en su contra”, las cuales
son desconocidos por el numeral demandado. Por lo anterior, concluye que la
simple frase “por la ocurrencia de hechos delictivos”, resulta muy
precaria y poco clara, prestándose para la arbitrariedad y confusión,
resultando por esta causa vulnerando el debido proceso.
3. Ministerio
de Educación
La representante del Ministerio de Educación Nacional,
solicitó a la Honorable Corte que la norma acusada sea declarada exequible de
manera condicionada, por las siguientes razones:
3.1. No puede pensarse que en el numeral cuestionado el
Legislador haya omitido el respeto a la presunción de inocencia, pues el artículo
29 de la Carta consagra el derecho al debido proceso y el artículo 7º de la Ley
906 de 2004 desarrolla el debido proceso y la presunción de inocencia al
indicar que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal,
mientras no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre su
responsabilidad penal.
3.2. En virtud de lo anterior, cuando el numeral 4º del
artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 hace referencia a la “ocurrencia de hechos
delictivos”, se debe entender que únicamente se configura cuando medie
sentencia judicial que declare la responsabilidad penal del estudiante
beneficiario y en ese caso, daría lugar a que pierda su beca de posgrado. Esta
última interpretación respeta los principios del debido proceso y de presunción
de inocencia alegados por las actoras, y por ello es totalmente válido que no
se haga referencia expresamente a la necesidad de que medie sentencia judicial.
3.3. Los principios como el debido proceso o la presunción
de inocencia, no necesariamente deben estar taxativamente descritos en todas
las normas que impulsa el Legislador, ya que los principios constitucionales
son pauta de interpretación de toda ley, regla, norma, reglamento, decreto,
resolución, ordenanza, indistintamente de la jerarquía de estas.
3.4. La interpretación de las normas debe tener en cuenta
el contexto total del compendio de reglas y no en forma aislada, atendiendo a su
finalidad y a los fines que persigue la ley. Por consiguiente, el artículo en
cuestión, debe ser interpretado y aplicado conforme a los principios constitucionales,
entendiéndose que solo se configurará la causal cuando medie una sentencia
judicial que declare la responsabilidad penal del estudiante, habiendo de por
medio un proceso penal que desvirtué la presunción de inocencia.
3.5. Las demandantes no reprochan la finalidad de la norma,
sino su forma. A partir de esa interpretación de las accionantes, consideran que
una eventual declaratoria de inexequibilidad sería desproporcionada, puesto que
la Ley 678 de 2013 está regulando la entrega de unas becas que son un recurso
escaso y deben ser entregados a quienes lo merezcan y tengan los méritos. En
este sentido, si esta regla es declarada inexequible, se permitiría que todo
aquel que sea sujeto de decisión judicial, respecto de un hecho delictivo, continúe
con el beneficio educativo de la beca, en detrimento de aquel cuyo
comportamiento y buen rendimiento académico merezca acceder al mismo.
4. Universidad
Santo Tomás
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo
Tomás, Ciro Norberto Güecha Medina y Carlos Rodríguez Mejía, profesor y asesor
del Consultorio Jurídico Internacional de la misma facultad, solicitan que se
declare la inconstitucionalidad del numeral 4º del Artículo 8º de la Ley 678 de
2013, por los siguientes argumentos:
4.1. La norma acusada desconoce el derecho al debido
proceso y el principio de presunción de inocencia,[6]
al prever una sanción sin especificar que la causal habilitante para el efecto
deba ser demostrada mediante la adjudicación de la responsabilidad penal
subjetiva, mediante proceso con todas las garantías y con una decisión que sea
conocida mediante sentencia ejecutoriada. El debido proceso es la única vía
para destruir la presunción de inocencia, pues constituye una garantía
integrante del derecho fundamental al debido proceso, que goza de especial
protección por parte del Estado.
4.2. La Corte Constitucional[7] ha precisado que el derecho al debido
proceso y la presunción de inocencia hacen parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, pues el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos los reconoce como parte de aquellos derechos que no pueden ser
limitados ni aún en estados de excepción.
4.3. Por otra parte, para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el principio de presunción de inocencia va ligado al reconocimiento de
otros derechos humanos, como el derecho a la defensa que está consagrado en el
derecho al debido proceso, el cual goza de especial protección constitucional,
que no se pueden suspender ni en estado de excepción ni de emergencia.[8]
4.4. Concluyen que la norma desconoce el debido proceso al
establecer una sanción a quienes se les haya vinculado a la ocurrencia de
hechos delictivos, pero sin desvirtuar la presunción de inocencia, mediante
juicio con todas las garantías que establezca la culpabilidad de las personas.
5. Universidad
de Caldas
El Docente asesor del Área de Derecho Público del
Consultorio Jurídico de la Universidad de Caldas, Juan Pablo Rodríguez Cruz,
solicita declarar condicionalmente exequible el numeral 4º del artículo 8º de
la Ley 678 de 2013, en el entendido de que “la ocurrencia del hecho
delictivo deberá estar determinada, por sentencia penal condenatoria y
ejecutoriada proferida por autoridad judicial competente”, por los
siguientes argumentos:
5.1. El interviniente afirma en primer término que “aunque
las demandantes no cuentan con el mejor arsenal argumentativo para el
pronunciamiento de fondo que pretenden, el planteamiento que proponen genera
por lo menos ciertas dudas sobre la constitucionalidad de la norma”. Al
respecto, señala que se identifica el precepto trasgredido pero el ejercicio de
razonamiento jurídico no está completamente desarrollado. De esta manera, en
virtud del principio pro actione la Corte debe emitir un pronunciamiento
de fondo sobre el cargo formulado por las accionantes, pues existen argumentos
suficientes para crear dudas en el juzgador.
5.2. En relación con la norma, se afirma que aquella
persona que “es titular de una beca producto de la aplicación de la ley
acusada, independientemente de si cometió o no hecho ilícito alguno, no puede
ser sancionado por emprender actos delictivos que si bien pueden generar en
lesiones al ordenamiento jurídico establecido en Colombia, no han sido
determinadas por las vías idóneas que ese mismo status quo establece”.
Es desafortunada la expresión utilizada, pues no discrimina
entre el tipo subjetivo del delito acometido, porque carece de sentido incluir
los tipos de carácter culposo. Por ese motivo, no existe intención alguna de
lesionar el ordenamiento jurídico existente y omite igualmente la necesidad de
sentencia ejecutoriada condenatoria que adjudique la existencia del hecho
delictivo a la persona.
5.3. El inciso cuestionado: (i) desconoce del plano la
Teoría del Delito, la naturaleza de la responsabilidad penal y el esquema
procesal; (ii) no tiene en cuenta la plenitud de las formas de cada juicio que
exige una sentencia condenatoria ejecutoriada para determinar la responsabilidad
penal de una persona; (iii) vulnera de manera indirecta la presunción de inocencia,
no por el argumento que se establezca una presunción de culpabilidad, sino
porque el Legislador ignora la necesidad de sentencia judicial, ya que esta
presunción solo se desvirtúa con la declaración judicial.
5.4. El interviniente concluye que se debe precisar el
alcance de la expresión “hechos delictivos”. Esta expresión demandada
produce interpretaciones disimiles, y de este modo, el Legislador debe hacer un
esfuerzo por cerrar las brechas interpretativas que generan duda
constitucionalidad, agregando expresiones “condena ejecutoriada por el juez
competente en materia penal”. Por tanto, se debe declarar la
inexequibilidad condicionada debido al alto nivel de indeterminación del
numeral mencionado.
6. Universidad
Militar Nueva Granada
El profesor Jairo Dubán Pineda Niño, docente de la Facultad
de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, solicita declarar la
exequibilidad de la norma acusada, por los siguientes motivos:
6.1. Las demandantes hacen relación específica a tres
conceptos como son: la prevención, la sanción y la responsabilidad, que así
sean interdependientes, en su esencia y contenido jurídico son diferentes. (i) La
prevención general positiva es aquella encaminada a restablecer la
confianza del resto de la sociedad en el sistema. (ii) La prevención general
negativa es aquella que va encaminada a que la sociedad pueda vengarse del
sujeto por haber cometido el delito y es un tipo de prevención que no está
contemplada en los Estados de Derecho. (iii) La sanción penal se reserva
a las conductas de los ciudadanos que se considera que atentan de manera grave
contra la convivencia pacífica, poniéndola en peligro. (iv) La responsabilidad
administrativa tiene características parecidas a la penal, sin embargo
implica un grado de reproche menor y, por tanto, es una sanción menos dura. (v)
La responsabilidad civil es esencialmente distinta de las dos
anteriores, ya que no busca la reparación del daño hecho a la sociedad, sino la
indemnización de las personas que han sido directamente perjudicadas por una
conducta ilícita. (vi) Por último, en riesgos laborales, existe la llamada responsabilidad
de seguridad social que consiste en la posibilidad de imponer al empresario
responsable de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional la
obligación de abonar al trabajador un recargo de las prestaciones de Seguridad
Social.
6.2. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución y los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad debe
darse una aplicación lógica de la norma. Por ello, de acuerdo con los criterios
de interpretación se debe seguir que las leyes se expresan de dos formas y no
por ello se violan principios y garantías generales del derecho. Es claro que
si ocurre un hecho ilícito habrá unas consecuencias materiales administrativas,
éticas, morales, económicas, políticas y jurídicas y para que llegue a tener
repercusiones personales en el Estado Social de Derecho, tendrá que existir una
investigación de carácter legal, administrativo, disciplinario, para
responsabilizar y sancionar. La norma no está en contra del derecho de presunción
de inocencia, ni del debido proceso, porque jurídicamente no se puede
considerar culpables a las personas no condenadas por sentencia judicial en
firme. Por ello, en el caso que así ocurriera, existen mecanismos legales para
oponerse a una decisión arbitraria.
7. Universidad
de Ibagué
El Decano de la Universidad del Ibagué, Omar Mejía Patiño, solicita
que la Corte se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por
los siguientes motivos:
7.1. No les asiste razón a las accionantes al considerar
que el ICETEX es la entidad encargada de calificar la conducta como delictiva o
no, ya que esta competencia se encuentra regulada en el artículo 24 la Ley 906
de 2004, que dispone que dichos procesos serán adelantados por los órganos y
mediante procedimientos establecidos en la ley. Además, la jurisdicción penal
es la competente para el juzgamiento de esas conductas, por tanto, el ICETEX no
podría realizar un juicio de imputabilidad respecto de los becarios.
7.2. La expresión “ocurrencia de los hechos delictivos” implica
que estos hubieren sido probados dentro de un proceso previamente establecido y
juzgados por la autoridad competente.
7.3. Para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad
contra una norma demandada son requisitos esenciales la claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos. Concluye que la Corte
debe declararse inhibida por no cumplirse el requisito de certeza del concepto
de violación, puesto que las accionantes no han dirigido los cargos contra una
proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada, sino
sobre una inferida.
8. Intervención
Ciudadana
Jorge Kenneth Burbano Villamarín, actuando como ciudadano y
Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad
de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, Laura Melissa Posada Orjuela y
Javier Enrique Santander Díaz, actuando como estudiantes de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, solicitan declarar la
inexequibilidad del numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013, por los
siguientes motivos:
8.1. La presunción de inocencia implica el principio de
responsabilidad del acto y no de actor. Es decir, que se deben analizar hechos
y determinar bajo el ejercicio de subsunción la adecuación fáctica del acto a
una persona en determinado proceso judicial o administrativo, lo cual es
vulnerado por el inciso demandado. Para desvirtuar la presunción de inocencia
corresponderá al Estado la carga de probar si es culpable del acto que se le
imputa. Así, una persona se considera inocente hasta que acabe el juicio y se
tenga sentencia condenatoria en firme, puesto que, la mera ocurrencia del acto
delictivo señalada en el numeral cuestionado, no constituye per se la
culpabilidad absoluta de la persona. Lo contrario sería una transgresión a la
buena fe, al buen nombre de la persona y al debido proceso.
8.2. El inciso cuestionado establece como causal de pérdida
de la beca la mera ocurrencia de un hecho delictivo, sin la existencia de una
condena en el marco de un proceso penal, acción sin respaldo constitucional en
tanto se estaría limitando de manera desproporcionada el acceso a la educación
y por ello, incumpliendo un medio esencial de resocialización. A juicio del
ciudadano, así lo ha contemplado la Corte Constitucional en Sentencia C-261 de
1996. Por ello, el Estado debe brindar medios razonables de resocialización y
reinserción social.
8.3. Señala que la Corte Constitucional ha determinado en
la Sentencia C-370 de 2014 que la imposición de sanciones desproporcionadas o
perpetuas son contrarias al debido proceso y a los principios de dignidad, a la
igualdad y reconocimiento de la personalidad, ya que impiden a las personas
rehabilitarse y desarrollarse tanto individual como colectivamente en la
sociedad. El numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 desconoce  la
subregla del derecho constitucional que establece que las sanciones deben
sujetarse al principio de proporcionalidad, lo que significa que deben ser
perseguidas finalidades legitimas a la luz de la Carta (como son la
resocialización de las personas privadas de la libertad) y valerse de los
medios idóneos, sin sacrificar desproporcionadamente los valores y principios
constitucionales.
8.4. Finalmente, no debe olvidarse que las oportunidades
laborales y educativas para las personas que hayan tenido antecedentes penales
(con o sin condena), se ven limitadas por las restricciones de orden legal y la
prohibición de  discriminación. Entonces, mal haría el Estado al entorpecer los
procesos de educación como medio de reincorporación y reinserción, puesto que
se les estaría impidiendo el acceso a beneficios educativos, sin tener en
cuenta sus méritos.
V. CONCEPTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación solicita que la Corte
Constitucional declare la exequibilidad de la expresión “por la ocurrencia
de los hechos delictivos”, contenida en el numeral 4º del artículo 8 de la
ley 1678 de 2013, en el entendido que el efecto normativo previsto debe
sujetarse a la sentencia penal condenatoria y ejecutoriada en contra del
becario que adelanta los estudios de posgrado, por los siguientes motivos:
1. La presunción de inocencia es una garantía integrante
del derecho fundamental al debido proceso reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política, en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos
Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que establece que “toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. La jurisprudencia de la
Corte Constitucional aborda el tema de la presunción de inocencia derivado de
las normas anteriormente transcritas y lo señala como derecho fundamental y una
garantía procesal que acompaña al acusado hasta tanto se profiera sentencia
condenatoria que haga tránsito a cosa juzgada.[9] Asimismo, la Corte ha considerado que
dicha garantía no solo tiene cobertura en el marco de un proceso penal, sino
que también se aplica en otros ámbitos, tales como el disciplinario.[10]
2. La Procuraduría General de la Nación considera que no
resulta posible que la disposición demandada sacrifique la presunción de
inocencia al quitarle la posibilidad de estudio a un becario por la existencia
de un hecho punible, sin que exista una sentencia penal condenatoria y
ejecutoriada, pues esto equivaldría a presumirlo culpable, contrariando el
artículo 29 de la Carta Política. Por consiguiente, la pérdida de la beca en
cualquier momento por la ocurrencia de hechos delictivos no se aviene al debido
proceso. Solicita la inexequibilidad condicionada del numeral 4º del artículo 8º
de la Ley 1678 de 2013, en el sentido de que “en tratándose de dicha
circunstancia, el efecto normativo previsto debe sujetarse a la sentencia penal
condenatoria y ejecutoriada en contra del becario que adelanta los estudios de
posgrado”.
VI. CONSIDERACIONES
1. Competencia
de la Corte Constitucional y aptitud de los cargos
1.1. La Corte Constitucional es competente, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para
pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada.
1.2. La Universidad de Ibagué solicita que se declare la
inhibición porque la demanda carecería de certeza, ya que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 906 de 2004, la expresión “ocurrencia
de los hechos delictivos” exigiría que el becario haya sido condenado por estos
por la jurisdicción penal. Por lo cual, a continuación se analizará la aptitud
de los cargos. El argumento central de la demanda consiste en señalar que el
numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 “otorga la sanción de
perder el beneficio de la beca por la ocurrencia de hechos delictuosos, es
decir solo con la constatación de que existieron, más no si es culpable o
responsable penalmente”,[11] en tanto su texto señala que: “La
beca podrá ser retirada en cualquier momento si se demuestran algunas de las
siguientes circunstancias: (…) 4. Por la ocurrencia de hechos delictivos”.[12]
El artículo 24 de la Ley 906 de 2004 simplemente señala que “las
indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las
conductas previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los
órganos y mediante los procedimientos establecidos en este código y demás
disposiciones complementarias”. Por lo tanto, la investigación de los “hechos
delictivos” podría ser realizada por la jurisdicción penal, pero en ningún
momento se exige que el becario sea el responsable de los mismos ni que exista
una sentencia condenatoria en firme en su contra que lo haya declarado culpable
de estos. Incluso, en un proceso penal es posible demostrar la ocurrencia de
hechos punibles sin que exista sentencia condenatoria en firme, en aquellos
eventos en los cuales se demuestra una causal de exclusión de la
responsabilidad. Por eso, se insiste que la norma citada por el actor no
resuelve la ambigüedad del numeral demandado. De esta manera, el interviniente
no desvirtúa la certeza del cargo planteado por las accionantes, pues este no
consiste en cuestionar la jurisdicción competente para realizar la
investigación de la ocurrencia de los hechos, sino en reprochar que se pueda
aplicar la pérdida de la beca sin que se exija que el becario sea el
responsable de los “hechos delictivos”, ni que exista una sentencia
condenatoria en firme en su contra que lo haya declarado culpable de los mismos.[13]
1.3. Asimismo, se advierte que los cargos planteados por
las accionantes cumplen con los demás requisitos exigidos por la jurisprudencia
para realizar un pronunciamiento. (i) La argumentación es clara, específica y
pertinente, pues se expone de manera ordenada la
confrontación del numeral demandado con disposiciones específicas de la
Constitución (se señala que se vulnera el principio de presunción de
inocencia contemplado en el artículo 29 de la Constitución, por cuanto la norma
implica “que la sola existencia de un hecho delictuoso es suficiente para
considerar como infractor de la ley penal a un sujeto determinado y conforme a
ello aplicarle la sanción de pérdida de la beca”; y se afirma que también
se vulnera el derecho a la educación, pues se perdería una beca y se debería  pagar
lo que el Estado ha invertido cuando se está inmerso en hechos delictivos, sin
que se exija ser culpable de los mismos, ni una sentencia ejecutoriada que así
lo determine). (ii) Adicionalmente, la exposición
de los cargos es suficiente, pues se señalan de manera amplia los
elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un juicio de
constitucionalidad, analizando de manera específica todos los cargos con el
apoyo en el análisis de la jurisprudencia constitucional y generando un debate
entre los intervinientes sobre la exequibilidad de la norma. En este sentido,
la suficiencia hace referencia simplemente a que las razones de las demanda “contengan
todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el
juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o
duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”.[14] Por lo anterior, la Corte
Constitucional en una línea jurisprudencial consolidada y reiterada
recientemente,[15] ha señalado que el examen de los
requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a
un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de
fondo para privilegiar la efectividad de los derechos de participación ciudadana
y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte:
“No obstante, también
ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los
requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a
un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de
fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de
los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial
efectivo ante la Corte[16]. Este principio tiene en cuenta que la
acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos
los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[17]; en tal medida, “el rigor en el juicio
que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de
apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y
que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo
la demanda y fallando de fondo.”[18]
2. Problema
jurídico
2.1. Las demandantes consideran que la norma acusada es
inconstitucional por cuanto vulnera el derecho a la presunción de inocencia al
permitir que se le retire la beca a una persona “por la ocurrencia de hechos
delictivos” y no como consecuencia de una sentencia condenatoria, afectando
con ello también su derecho a la educación. En cuanto a las intervenciones, la
Sala advierte que: (i) cuatro de ellas solicitan que se declare la
inexequibilidad del numeral demandado por trasgredir los derechos a la
presunción de inocencia y a la educación[19], (ii) una piden que se declare su
exequibilidad[20], (iii) tres (3) solicitan que se
declare la exequibilidad condicionada de la norma[21]
y (iv) una señala que la Corte se debe declarar inhiba para adoptar una
decisión.[22]
2.2. De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala
considera que el problema jurídico que esta Corte debe resolver es el
siguiente: ¿vulnera el legislador los derechos a la presunción de inocencia y a
la educación al consagrar la pérdida de la beca de posgrados al 0.1 % de los
mejores profesionales graduados en las instituciones de educación superior
públicas y privadas del país por “la ocurrencia de hechos delictivos”? Para
estudiar el cargo planteado se analizarán, (i) los elementos relevantes al caso
sobre la presunción de inocencia en el Estado Social de Derecho, (ii) aspectos y elementos del derecho a la educación y,
finalmente, (iii) se estudiará la constitucionalidad de la norma acusada.
3. La presunción de inocencia en el Estado Social de
Derecho, aspectos constitucionales básicos
3.1.
Alcance y consagración
3.1.1. La
presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser
tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un
proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya
declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada.[23]
Asimismo, la presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte
del debido proceso[24] y tiene
un carácter fundamental,[25] por lo cual debe aplicarse no solo
a sanciones penales, sino también administrativas.[26] Al respecto,
desde el inicio de la jurisprudencia se ha dicho lo siguiente:
“En este orden de ideas, con la consagración de la presunción de
inocencia como derecho fundamental constitucional extensivo a toda disciplina
sancionatoria se busca vincular a las autoridades que, en ejercicio de sus
funciones, impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere
evitar la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario
unilateralmente imponga la sanción, y que la presunción de inocencia que
establece la Constitución sólo sea desvirtuada  a través de un proceso en
donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de
la debida forma”.[27]
3.1.2. Esta garantía es una de las columnas sobre las
cuales se configura todo Estado de Derecho y uno de los pilares fundamentales
de las democracias modernas,[28] pues “sobre sus cimientos es
factible configurar un equilibrio entre la libertad, la verdad y la seguridad
de los ciudadanos”.[29] En este sentido, constituye un límite al poder punitivo del
Estado[30] ya que “tiene que ser
desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de
sanciones administrativas”,[31] lo
cual solamente podrá hacerse con “la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los
procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su
alcance”.[32] En
este sentido, constituye un "principio fundamental de civilidad",
que es el “fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la
inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad de algún
culpable".[33] En este sentido, la
presunción de inocencia representa un límite a la actuación del Estado en
virtud de la cual se protege al ciudadano de la arbitrariedad Estatal,
garantizando que solo pueda ser sancionado con el respeto de las garantías. Por
eso, ha dicho esta Corte al respecto:
“Si bien es cierto que
la seguridad de los ciudadanos se ve amenazada por las actuaciones delictivas
que puedan realizar algunos de sus miembros, no menos cierto es que la
seguridad de los ciudadanos también se amenaza de modo serio cuando se
legitiman sanciones y procedimientos arbitrarios. En este orden de ideas, la
presunción de inocencia no solo es "una garantía de libertad y
de verdad, sino también una garantía de seguridad o si se quiere
de defensa social: de esa "seguridad" específica ofrecida por
el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la
justicia; y de la específica "defensa" que se ofrece a éstos frente
al arbitrio punitivo[34].” [35]
3.1.3. La presunción de inocencia se encuentra consagrada
en el artículo 29 de la Constitución y en tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen parte del bloque de
constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución:[36]
(i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º,
reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; (ii)
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por Colombia a
través de la Ley 16 de 1974, establece en su artículo 8º que “toda persona
inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad (...)". (iii) El artículo 14.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
3.1.4. Sobre esta Garantía, el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha precisado los siguientes contenidos
del derecho: “[en] virtud de la presunción de inocencia, la carga de la
prueba recae sobre la acusación  y el acusado tiene el beneficio de la duda. No
puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación
fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el
derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por tanto, todas las
autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un
proceso”.[37] En sentido similar, la
Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos señala que la presunción de inocencia “impone
la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la
culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda
razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que
las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este
principio”.[38]
3.1.5. Esta garantía también ha sido reconocida
y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus decisiones.
Así: (i) la Sentencia del Caso Suárez Rosero vs. Ecuador señala
que “el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las
garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta
que su culpabilidad sea demostrada”.[39] (ii) La Sentencia del Caso
Benavides vs. Perú reconoce que este principio implica que una persona no
puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.[40]
(iii) La Sentencia del Caso Ricardo Canese vs. Paraguay manifestó
que era un elemento esencial del derecho de defensa e implica que el acusado no
debe demostrar que no ha cometido el delito.[41] (iv) Asimismo, las
sentencias de los casos Lori
Berenson Mejía vs. Perú,[42] Acosta Calderón vs. Ecuador,[43] Palamara Iribarne vs. Chile,[44]-
García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú[45] y López Álvarez vs.
Honduras,[46] reconocieron que el principio
de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales.
(v) Por último, vale la pena resaltar la Sentencia del Caso López Mendoza
vs. Venezuela estableció que la demostración fehaciente de la culpabilidad
constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la
carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado.[47]
3.2. Garantías básicas que conforman la
presunción de inocencia
El principio de presunción de inocencia está
constituido al menos por tres garantías básicas: (i) nadie puede considerarse
culpable, a menos que se haya demostrado la acusación en un proceso en el cual
se respeten sus garantías; (ii) la carga de la prueba acerca de la
responsabilidad recae sobre la acusación; (iii) el trato a las personas bajo
investigación por un delito, debe ser acorde con este principio.[48]
3.2.1. En primer lugar, solo se puede imponer
una sanción a la persona al término de un proceso rodeado de las plenas
garantías contempladas en la Constitución y en la Ley en el que se haya
demostrado su responsabilidad.[49] Al respecto la Corte Constitucional ha
señalado:
“Cualquier persona es
inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede
declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar
rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su
culpabilidad”.[50]
La presunción de inocencia constituye uno de las
principales mecanismos de defensa de la libertad de los ciudadanos, pues impide
que sean sancionados de manera arbitraria y asegura que solamente puedan serlo luego
de que se haya demostrado que han cometido un delito o una conducta ilícita
(para el caso de sanciones administrativas) en un proceso rodeado de todas las
garantías,[51] las cuales buscan proteger al
ciudadano los abusos del poder punitivo del Estado.[52]
Al respecto, la jurisprudencia ha señalado:
“La presunción de
inocencia se encuentra reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la
Constitución Política, mandato por el cual: "Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".
Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción
alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo
con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar
su alcance”.[53]
De esta manera, para desvirtuar la presunción de
inocencia se requiere acreditar la culpabilidad del individuo frente a un acto
que sea sancionado en la ley como delito,[54] en un proceso en el que se respeten
las garantías constitucionales y legales tales como:[55]
(i) la exigencia de la existencia de un delito para la aplicación de una pena (nulla
poena sine crimine); (ii) el principio de legalidad (nullum crimen sine
lege); (iii) el principio de necesidad (nulla lex poenalis sine
necessitate); (iv) el principio de lesividad (nulla necessitas sine
iniuria); (v) el Derecho Penal de acto (nulla iniuria sine actione);
(vi) el principio de culpabilidad (nulla actio sine culpa); (vii) el
principio de jurisdiccionalidad (nulla culpa sine iudicio); (viii) el
principio acusatorio (nullum iudicium sine accusatione); (ix) el debido
proceso probatorio (nulla accusatio sine probatione); y (x) el derecho a
la defensa (nulla probatio sine defensione).
La enervación de la presunción de inocencia requiere entonces que se
demuestre la culpabilidad del individuo,[56]
la cual se orienta por tres principios. (i) El principio de responsabilidad de
acto, pues en un Estado Social de
Derecho “sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta
social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”.[57]
(ii) La responsabilidad derivada de la comisión de delitos es subjetiva, pues no
hay acto sin voluntad, lo cual exige la configuración del elemento subjetivo
del delito.[58] Y (iii) se debe tener en cuenta el grado
de culpabilidad para imposición de la pena, de tal manera que a su autor se le
impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de
exigibilidad. Es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad.[59]
3.2.2. En segundo lugar, la presunción de inocencia implica que la carga de demostrar la
culpabilidad de la persona recae en el Estado:[60]
“En un Estado Social de
Derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que
una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la
comisión del mismo, lo que se conoce como  principio onus probandi incumbit
actori”.[61]
De esta manera, para ser desvirtuada la
presunción de inocencia se requiere la convicción o certeza, más allá de una
duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos
del delito y la conexión del mismo con el acusado.[62]
Por lo anterior, en virtud de este axioma se debe aplicar el principio del in
dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.[63]
La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces
encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado; a
producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de
manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la
sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a
fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de
un hecho negativo, pues por el contrario, es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad.[64] Al respecto, esta Corporación ha
señalado:
“En un Estado Social de
Derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que
una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la
comisión del mismo, lo que se conoce como  principio onus probandi incumbit
actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador
debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el
acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la
experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar
ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle
la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el
que debe demostrarle su culpabilidad.  Por ello, a luz del principio del in
dubio pro reo si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia hay que
absolver al acusado, y toda duda debe resolverse a su favor  implicando su
absolución”.[65]
Como consecuencia de lo anterior, esta
Corporación ha determinado que:
(i) la carga de la prueba recae sobre las autoridades judiciales del Estado a
quienes corresponde demostrar la responsabilidad penal del procesado; para
ello, (ii) se les exige llegar a un nivel de convencimiento más allá de toda
duda razonable y que, en cualquier caso, (iii) toda duda sea resuelta a favor
del acusado.[66]
3.2.3. Finalmente, la presunción de inocencia implica el derecho a
ser tratado como inocente antes de la existencia de una condena en firme en su
contra. Al respecto, el Comité de
Derechos Humanos en la Observación General No. 13, advirtió que “La
presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con
este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la
obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”.[67]
De esta manera “mientras no se desvirtúe tal
presunción a través de las formalidades propias de cada juicio, se habrá de
entender que el sujeto que se encuentra sometido a juzgamiento no cometió el
hecho ilícito que se le imputa. En este sentido, la presunción de inocencia es
una institución jurídica de enorme importancia para el ciudadano, en la medida
que lo resguarda de posibles arbitrariedades en las actuaciones del Estado,
cuando ejerce el ius puniendi”.[68]
Por lo anterior, en virtud de la presunción de inocencia, mientras
no exista una sentencia condenatoria no podrá imponerse ninguna pena contra el
individuo y las medidas que se adopten durante el proceso (como sucede con la
detención preventiva o las medidas cautelares) deberán tener un carácter
preventivo y no sancionatorio.[69]
3.3. La aplicación de la presunción de inocencia en ámbitos
distintos al Derecho penal
La presunción
de inocencia no solo tiene consecuencias relativas al proceso penal, sino que
se aplica en todos los ámbitos que impliquen una sanción, exigiéndose que ésta
sea impuesta como consecuencia de un proceso en el cual se respete el debido
proceso.[70] Nueve sentencias de las muchas que
se han referido a la cuestión, evidencian cómo se trata de una línea
jurisprudencial coherente, consistente y reiterada:
3.3.1. La Sentencia T – 500 de 1992 amparó los derechos a
la presunción de inocencia y a la educación de un niño que fue expulsado del
colegio por mala conducta sin haberse realizado un proceso ni garantizado el
derecho a la defensa. [71] En esta providencia se consideró que
la presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito
indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones.
3.3.2. La Sentencia T 581 de 1992 amparó el derecho a la
presunción de inocencia de un ciudadano a quien no se le renovó el carnet para
entrar a su trabajo debido a su supuesta mala conducta por la simple existencia
de un proceso en su contra. [72] En esta decisión, la Corte afirmó
que la presunción de inocencia solo puede ser desvirtuada  a través de un
proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho:
“En este orden de ideas,
con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental
constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a
las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, impongan sanciones de
cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la presencia de actuaciones
arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción, y
que la presunción de inocencia que establece la Constitución sólo sea
desvirtuada  a través de un proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad
de ejercer su derecho a la defensa de la debida forma”. [73]
3.3.3 La Sentencia T-602 de 1998 amparó los derechos al
debido proceso y la presunción de inocencia de una ciudadana a la que una
entidad bancaria congeló su cuenta y tarjeta débito sin que se hubiera
realizado un proceso judicial. [74] En esta decisión la Corte señaló que
“la peticionaria tiene derecho a que se presuma la buena fe en sus
actuaciones -artículo 83 de la C.P.-, a que se le respete la presunción de
inocencia -C.P. artículo 28-, y a que ésta sólo pueda desvirtuarse como
resultado de un proceso judicial adelantado con la observancia de todas las
garantías constitucionales -artículo 29 ibídem-.”[75]
3.3.4. La Sentencia C-271 de 2003 declaró la exequibilidad
del numeral 8º del artículo 140 del Código Civil que señala que el matrimonio
es nulo “cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge
con quien estaba unido en un matrimonio anterior” en el entendido que “la
nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos
contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su
responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria
ejecutoriada; o también, cuando habiendo participado solamente un contrayente,
el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres
meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena” con el
objeto de no vulnerar la presunción de inocencia. [76]
[77]
3.3.5. La Sentencia T-270 de 2004 concedió los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la
defensa de unos usuarios, suscriptores o clientes del servicio público
domiciliario de energía a quienes se les cobraron sumas de dinero por el
presunto incumplimiento del contrato, sin haberse realizado un proceso ni
respetado el derecho a la defensa. Al respecto, esta Corporación señaló que “[en]
todo caso, tratándose tanto de anomalías como de fraudes deberá garantizarse de
forma real y efectiva los derechos al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia y a la contradicción de la prueba del usuario” .[78]
3.3.6. La Sentencia T-827 de 2005 concedió los derechos al
derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al trabajo y al mínimo
vital de un funcionario de la fiscalía que fue declarado insubsistente por
haberse visto involucrado en unas investigaciones penales. La Corte consideró
que “la presunción de inocencia del imputado se postula, por tanto, hasta
cuando se pruebe su responsabilidad y esto se haga por medio de sentencia
definitiva de condena”. [79]
3.3.7. La Sentencia T-828 de 2008 concedió los derechos a
la educación, debido proceso y a la presunción de inocencia de una persona a la
que se le canceló de manera unilateral el semestre académico por un supuesto
fraude sin que se hubiera realizado ningún juicio o investigación preliminar.
En esta decisión, la Corte resolvió que en aras
de garantizar el derecho de defensa y la presunción de inocencia, en lo
sucesivo no se podrá efectuar ningún tipo de imputación a los estudiantes, sin
haberse adelantado el juicio correspondiente a partir de lo previsto en los
estatutos del plantel educativo con el fin de determinar la existencia de algún
tipo de responsabilidad y la sanción a imponer.[80]
3.3.8. La Sentencia C-289 de 2012 declaró la
inexequibilidad del numeral 3º del ordinal a) del artículo 8º del Decreto 1793
de 2000 que establecía que el soldado profesional a quien se le profiera medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda de 60 días,
será retirado del servicio y la exequibilidad del artículo 11 en el entendido
de que la palabra retirado debe entenderse como suspendido. Al respecto, la
Corte reconoció que “La persona detenida sigue gozando de la presunción de
inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en
cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla
privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que
precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez
competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal” .[81]
3.3.9. La Sentencia C-329 de 2016 declaró inexequible la
expresión “si no obedecieren, podrá ordenar que sean retenidas en la cárcel
o en algún cuerpo de guardia hasta el día siguiente de las elecciones” que
otorgaba al Presidente del Jurado de Votación, la competencia para ordenar
medidas privativas de la libertad, pues se vulneraban los derechos de defensa,
presunción de inocencia y el debido proceso y el principio de reserva judicial.[82]
4. Consideraciones
sobre el derecho a la educación, reiteración de jurisprudencia
4.1. Importancia del
derecho a la educación
4.1.1. La educación es un elemento estructural
del Estado Social de Derecho, fundamental para lograr un orden político,
económico y social justo,[83] pues constituye un factor de
desarrollo humano individual y social con cuyo ejercicio se materializa el
desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades.[84]
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado:
“En efecto, el derecho
a la educación debe entenderse como factor de desarrollo humano, su ejercicio
es uno de los elementos indispensables para que el ser humano adquiera
herramientas que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural
que habita, recibir y racionalizar la información que existe a su alrededor y
ampliar sus conocimientos a medida que se desarrolla como individuo”.[85]
Asimismo, la educación es un presupuesto básico de la
efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de una profesión
u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización
personal, el libre desarrollo de la personalidad, la salud sexual y
reproductiva y el derecho al trabajo, por mencionar tan solo algunos ejemplos.[86]
4.1.2. Por
lo anterior, la educación tiene una naturaleza muy especial, pues a la vez de
ser un derecho fundamental, es un servicio público que tiene una función social.[87] Desde la Sentencia T-002 de 1992, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la educación tiene un carácter fundamental pues: (i) constituye
un derecho esencial de la persona, ya que el conocimiento es inherente a la
naturaleza del hombre, hace parte de su dignidad y es un punto de partida para
lograr el desarrollo de su personalidad, (ii) realiza el valor principio
material de la igualdad de oportunidades para efectos de su realización como
persona, (iii) se encuentra consagrado en los tratados internacionales sobre
derechos humanos, (iv) constituye un derecho de aplicación inmediata según el
artículo 85 de la Constitución, (v) es reconocido expresamente como un derecho
fundamental en el artículo 44 de la Constitución y (vi) se encuentra dentro del
Capítulo 1º del Título II del que trata el artículo 377 de la Carta Política.[88]
4.1.2.1. Si bien el artículo 44 de la Constitución señala
expresamente que el derecho a la educación es fundamental para los niños, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que también lo puede ser en el caso
de los adultos.[89]
En este sentido, se ha expresado “En efecto, desde los primeros
pronunciamientos en la materia, se ha afirmado que el derecho a la educación
está revestido por el carácter de fundamentalidad no sólo en lo referente a la
educación de los niños, frente a los cuales la Constitución Política hace un
reconocimiento expreso en el artículo 44”.[90] Se trata
de una posición reiterada. Las Sentencias
T-428 de 2012[91] y C-520 de 2016[92],
por ejemplo, reconocen que la
población adulta necesita de la educación para el acceso a bienes materiales
mínimos de subsistencia a través de un trabajo digno. Dijo la Corte,
“El derecho a la
educación, tanto en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia[93]
como en su consagración constitucional, es un derecho de la persona y, por lo
tanto, es fundamental tanto en el caso de los menores como en el de los
adultos.[94] La relación que mantiene con la
dignidad humana no se desvanece con el paso del tiempo y su conexión con otros
derechos fundamentales es acaso más notoria en el caso de los adultos pues la
mayor parte de la población adulta requiere de la educación para el acceso a
bienes materiales mínimos de subsistencia mediante un trabajo digno.[95]
Más allá de lo expuesto, la educación no sólo es un medio para lograr esos
trascendentales propósitos sino un fin en sí mismo pues un proceso de educación
continua durante la vida constituye una oportunidad invaluable para el
desarrollo de las capacidades humanas[96]”.[97]
Durante varios años la jurisprudencia reconoció que el
núcleo del derecho a la educación está
comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema
educativo, así como poder permanecer en este.[98] Posteriormente, en diálogo
con la Observación General No 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, se hicieron expresos los elementos
esenciales del derecho, así: la asequibilidad o disponibilidad, la
accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad.[99]
4.1.2.2. La educación es un
servicio público que tiene una función social (CP art. 67, inc. 1), cuya
prestación está a cargo del Estado o de los particulares, bajo la suprema
inspección y vigilancia del Estado,[100] con el fin de velar por su calidad,
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo.[101] En virtud de la naturaleza de
servicio público se derivan a su vez las siguientes consecuencias de la
educación:
(i) Se orienta
a exigir del Estado la obligación de proporcionarlo de forma eficiente y
continua, en el sentido de cumplir con los principios de “universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos
en la población económicamente vulnerable”.[102]
“El carácter de
servicio público reconocido por el Constituyente a la educación contiene a su
vez dos rasgos principales: 1). La continuidad en la prestación y 2). El
funcionamiento correcto y eficaz.[103] De lo cual puede deducirse que el
núcleo fundamental de la educación radica en el acceso y permanencia de los
estudiantes en la misma”.[104]
En virtud del principio de continuidad en el servicio
público de educación no puede interrumpirse el proceso educativo en forma
arbitraria e intempestiva; sólo se podrá en los casos en que exista una causa
legal justificable constitucionalmente.[105]
(ii) Los fines de la educación son públicos y corresponden
al servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y la elevación de
la calidad de vida de la población.[106]
(iii) En virtud de lo anterior, el Estado tiene a su cargo
la inspección y vigilancia sobre la educación, la cual se ejerce sobre todos
los establecimientos de educación, oficiales y particulares con los siguientes
objetivos: “1o. Velar por la calidad de la educación y por el cumplimiento
de sus fines; 2o. Velar por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; 3o. Garantizar el adecuado cumplimiento del servicio
público de educación, y 4o. Asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”. [107]
4.1.2.3. Finalmente, la educación tiene una función social.
La educación es un derecho-deber y por ende implica no solo la existencia de
derechos en favor de los menores y de las personas en general, sino el
cumplimiento de obligaciones, que generalmente se deben acatar como presupuesto
de sus compromisos académicos y disciplinarios.[108]
El mismo titular del derecho debe soportar la exigencia de un deber, una carga
a cumplir.[109] Ahora bien, siendo la educación un
derecho constitucional fundamental y una función social, el incumplimiento de
las condiciones para el ejercicio del derecho puede dar lugar a la sanción
establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable
que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un
derecho inherente a la persona.[110]
4.2. Consagración
internacional
El derecho a la
educación también ha sido
reconocido internacionalmente por diversos tratados ratificados por Colombia y
que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad (artículo 93, CP).
4.2.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
26 ratifica que la educación es un derecho inherente a toda persona, que como
función social debe ser gratuito. En este sentido, la finalidad de la educación
es el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.[111] El Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 reitera la obligación en
cabeza de los Estados Partes de reconocer el derecho a la educación de todas
las personas y la accesibilidad al mismo.[112] En
este punto, enfatiza en la importancia de la implementación de la educación
gratuita en los Estados. Lo anterior, con el objetivo de fomentar en los
ciudadanos el interés por el aprendizaje y la importancia de los estudios para
mejorar la calidad de vida de cada individuo, pues con mayor preparación el
campo de acceso laboral también se incrementa.[113] El Comité DESC, organismo
que interpreta y vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que éste “es el principal medio
que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la
pobreza y participar plenamente en sus comunidades”.[114] Asimismo,
ha resaltado los elementos esenciales del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, no discriminación,
aceptabilidad y adaptabilidad.[115]
4.2.2. Regionalmente,
el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de DESC (Protocolo de San Salvador), además de consagrar en su artículo
13 el mismo contenido normativo del Pacto DESC, reafirma que la interrelación
que tiene el derecho a la educación con otros derechos. De esta manera,
sostiene que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad. Razón por la cual, se debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
democrática y pluralista, con la finalidad de obtener subsistencia digna,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones.[116]
A
continuación pasa la Sala a analizar los cargos presentados por la demanda de
la referencia en contra del artículo acusado parcialmente.
5. Análisis constitucional
de la norma demandada
5.1. Objetivos y alcance de la Ley 1678 de 2013
5.1.1. La exposición de motivos de la Ley 1678 de 2013 señala
que en la actualidad existe un amplio déficit de personas con título de
doctorado, posgrado e investigadores,[117] lo cual, se dice, sucede
esencialmente por las siguientes razones: “1. La falta de apoyos económicos para el pago de los
programas curriculares. 2. La falta de apoyo económico para las ayudas
didácticas y el desarrollo de trabajos, como la compra de libros, el pago de
los trabajos. 3. La deserción estudiantil. 4. Las personas que se gradúan en el exterior por lo
general no regresan al país. 5. La falta de variedad en la oferta de programas
académicos”.[118] Por
lo anterior, se afirmó que esta ley tiene por objeto “mejorar en
investigación y en la calidad de la educación superior, garantizando el estudio
de posgrados a aquellos estudiantes que terminado su ciclo de estudio
profesional, hayan obtenido las mejores calificaciones académicas y sean un
ejemplo de excelencia”.[119]
5.1.2. En virtud de ello, la Ley 1678 de 2013 consagra un
sistema de becas para estudios de especialización, maestría y doctorado,[120]
a las cuales podrán optar quienes cumplan los siguientes requisitos: “1. Ser
colombiano de nacimiento. 2. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios.
3. Privilegiando al mérito. 4. Cumplir con los requisitos de admisión de la
Institución de Educación Superior a la cual aspire ingresar. 5. Contar con
título de pregrado. 6. Que en el momento de presentarse para obtener el beneficio,
el título de pregrado no supere los 2 años de haber sido otorgado. 7. No haber
incurrido en faltas disciplinarias en el desarrollo de su pregrado. 8.
Acreditar un promedio general durante el pregrado no inferior a 3.7 o su
equivalente. 9. No ser beneficiario en forma simultánea de otro programa que
sea apoyado con recursos del Estado”.[121] La beca es integral y deberá
contener: “1. El pago de la matrícula de la totalidad de semestres del
posgrado. 2. Una ayuda económica para el sostenimiento. 3. Gastos de
transporte. 4. Una ayuda económica para la compra de materiales educativos. Y 5.
Las otras que se consideren pertinentes para el buen desempeño del estudiante”.[122]
Asimismo, se señala que el becario deberá suscribir un
acuerdo en el cual “se comprometa a que terminados los estudios de
posgrados, regresará al país a la Institución de Educación Superior Pública o
Privada, de la que egresó, a cumplir con labores de docencia o investigación,
sin dedicación exclusiva, por el término de duración del posgrado”.[123]
Finalmente, se establece que se podrá perder la beca en cuatro (4) casos: “1.
Bajo rendimiento académico. 2. Inasistencia a las clases. 3. Violación a los
reglamentos internos estudiantiles de la universidad o institución de educación
superior. 4. Por la ocurrencia de hechos delictivos”. En estos eventos
además el becario deberá “cancelar a favor de la Nación los recursos que
fueren invertidos en sus estudios hasta ese momento”.[124]
Esta norma fue incluida desde el proyecto inicial y permaneció sin
modificaciones durante todos los debates.
5.1.3. De esta manera, el numeral demandado establece una
sanción consistente en la pérdida de una beca para estudiar una
especialización, una maestría o un doctorado en Colombia o en el exterior cuando
ocurren hechos delictivos. Sin embargo, la ley no determina aspectos esenciales
de su aplicación que permitan establecer: (i) si el delito debe haber sido
cometido por el becario, (ii) si los hechos deben haberse presentado antes o
después de haber obtenido beca, (iii) si la ocurrencia de los hechos se debe
establecer ante una autoridad judicial o al interior de la institución
educativa y (iv) si la demostración de los hechos requiere una sentencia
ejecutoriada. Asimismo, al utilizarse la denominación plural de “hechos
delictivos” no se tiene certeza si se exigen varios delitos o basta con uno
para que se pierda la beca.
5.2. El numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013
vulnera el principio de la presunción de inocencia
Según se ha señalado, el principio de presunción
de inocencia incorpora tres garantías aplicables, entre otras, al ámbito de la
administración:[125] (i) solo se puede imponer una
sanción a la persona a través de un proceso en el que se haya demostrado su
culpabilidad, (ii) la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae
sobre la acusación y (iii) el trato a las personas bajo investigación por un
delito, debe ser acorde con este principio.[126]
5.2.1. La posibilidad de retirar una beca por “la
ocurrencia de hechos delictivos” contemplada en el numeral 4º del artículo
8º de la Ley 1678 de 2013 desconoce la garantía en virtud de la cual solo
se puede imponer una sanción a la persona a través de un proceso en el que se
haya demostrado su culpabilidad, pues dicha expresión ni siquiera exige que el
becario sea culpable del acto delictivo, sino que consagra una responsabilidad
objetiva que presume su culpabilidad y no permite distinguir la gravedad de los
hechos. Asimismo, esta norma permite que se pueda sancionar a personas tan solo
vinculadas a la ocurrencia de hechos, sin exigirse que sean culpables de los
mismos.
Como se afirmó
previamente, la enervación de la presunción de inocencia requiere que se
demuestre la culpabilidad del individuo, la cual se orienta por tres principios:
(i) el principio de responsabilidad de acto,[127] (ii) la responsabilidad subjetiva[128]
y (iii) el grado de culpabilidad para la imposición de la pena,[129]
las cuales son claramente desconocidas por el numeral 4º del artículo 8º de la
Ley 1678 de 2013, como se pasa a exponer:
(i) Se vulnera el principio de responsabilidad
de acto, pues el texto del numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 es
tan amplio que ni siquiera exige que se haya incurrido o se sea culpable de un
delito. Simplemente exige “la ocurrencia de hechos delictivos”, frente a
los cuales no se requiere que el hecho sea atribuible al becario. En este
sentido, la jurisprudencia ha señalado que “la valoración de la culpabilidad recae sobre actos exteriores del
ser humano y no sobre aspectos de su fuero interno, el juicio de reproche debe
ser adscrito a la conducta del actor y constituye el fundamento de la
proporcionalidad de la pena a imponer”.[130] De esta manera, se viola la presunción de inocencia, pues para
desvirtuarla es necesario que el individuo sea declarado culpable de un acto delictivo
específico y no simplemente que exista un delito.[131]
(ii) La norma tampoco permite el establecimiento
de una responsabilidad subjetiva, pues la ocurrencia de hechos delictivos es
una circunstancia objetiva en la cual no se exige ningún nexo con la voluntad
del becario. De esta manera, el numeral demandado establece una responsabilidad
objetiva por la simple existencia de hechos delictivos, lo cual es claramente
inconstitucional.
(iii) La norma tampoco permite distinguir entre
el grado de culpabilidad de la persona, pues exige la imposición de la sanción
independientemente de la gravedad del delito, lo cual resulta desproporcionado,
pues dicha consecuencia se aplicaría a situaciones completamente disímiles. Al
respecto cabe destacar que dentro de los argumentos señalados en la Sentencia C-
552 de 2016[132] para declarar inconstitucional el
requisito de no tener antecedentes penales o disciplinarios para acceder a una
beca de posgrado, se afirmó que era desproporcionada la imposición de esta consecuencia
sin tener en cuenta la gravedad de delito:
“En
segundo lugar, la medida es desproporcionada pues no distingue entre delitos y
faltas más o menos graves, ni entre diferentes situaciones de imputación de
responsabilidad a título de dolo, preterintención o culpa. En esa medida, como
lo señalan los demandantes, la disposición resulta supra-inclusiva, pues cobija
con una misma restricción a quienes se encuentran en situaciones de hecho
significativamente disímiles. De tal modo, las personas condenadas por una
falta disciplinaria leve, o por unas lesiones personales culposas son objeto
del mismo trato que las personas sancionadas por delitos de lesa humanidad. La
igualdad de trato en este caso vulnera el principio de proporcionalidad que
debe existir entre las acciones de una persona y las consecuencias de sus actos”.[133]
5.2.2. La posibilidad de retirar una beca por la ocurrencia
de hechos delictivos también desconoce la garantía de ser tratado como
inocente “mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, pues está imponiendo una sanción grave sin
exigir la existencia de un proceso judicial o administrativo ni de una
sentencia condenatoria ejecutoriada.
Como se mostró anteriormente, la jurisprudencia
constitucional exige la existencia de un proceso para desvirtuar la presunción
de inocencia e imponer una sanción, el cual no solo no se determina en el numeral
demandado, sino que tampoco es determinable, pues ni siquiera se establece la
autoridad encargada de verificar la “ocurrencia de hechos delictivos”.
5.3. El numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013
también vulnera el derecho a la educación
5.3.1. Tal como señalan las demandantes, como consecuencia
de la afectación de la presunción de inocencia el numeral 4º del artículo 8º de
la Ley 1678 de 2013  también vulnera el derecho a la educación, pues permite
retirar una beca de posgrado a una persona “por la ocurrencia de hechos
delictivos” sin exigir que el delito haya sido cometido por el becario ni
que exista un proceso previo en el cual se adopte dicha decisión. La protección
del derecho a la educación no se restringe a su etapa básica, sino que se
extiende al nivel superior (pregrado y posgrado),[134]
la cual debe ser promovida por el Estado.
El artículo 69 de la Constitución establece la obligación del Estado de facilitar mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas para la
educación superior,[135] el
cual va aparejado con la existencia de un deber jurídico a cargo del Estado de
proporcionar a cada individuo las oportunidades necesarias para educarse.[136]  En virtud de lo anterior, el Estado tiene el deber de
procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de
escolaridad y a la cultura, a través de la adopción de diferentes medidas. Dentro
de estas puede destacarse la obligación de facilitar mecanismos financieros que
hagan posible el acceso de todas las personas aptas para tales niveles de
educación,[137] como lo son las becas. En este
sentido, la jurisprudencia ha reconocido que si bien el acceso a becas de posgrado no hace parte del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la educación, ya que se trata de
una expectativa que depende de su configuración legal, reglamentaria y contractual, el Estado sí debe garantizar
su continuidad cuando la beca ha sido previamente otorgada: “En virtud de lo establecido en la jurisprudencia
constitucional en la materia, es necesario concluir que lo que la Corte ha
protegido es el derecho a mantener una beca previamente otorgada. Por
el contrario, la posibilidad de acceder a becas para estudios universitarios,
bien sea de pregrado o de posgrado, depende de su configuración legal,
reglamentaria o contractual, y no de la eficacia directa de la norma
constitucional. En esa medida, el derecho a acceder a una beca es susceptible
de protección constitucional directa únicamente por vía de conexidad, cuando
las entidades públicas o privadas vulneran otros derechos, como el debido
proceso, y como consecuencia de ello ponen en riesgo la posibilidad de los
estudiantes de seguir disfrutando de un derecho que ya les ha sido otorgado
conforme a las normas legales, reglamentarias y contractuales”. [138]
Al respecto, las sentencias SU - 1149 de 2000,[139]
T-345 de 2005,[140] T-984 de 2007,[141] T 698 de 2010,[142] T-750 de 2010[143] y T-164 de 2012[144],
entre muchas otras, han reconocido la importancia de garantizar la
continuidad y permanencia en la prestación del servicio público de educación en
aquellos casos en los cuales se ha obtenido una beca, por lo cual esta no puede
interrumpirse en forma arbitraria e intempestiva. Por
lo anterior, esta Corporación ha reconocido que las medidas que limiten la
permanencia en la prestación del derecho a la educación deben cumplir con los postulados de
razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Al respecto ha dicho la
Corte: “Al ser el derecho a la educación un derecho fundamental en razón de
la íntima relación que tiene con diversos derechos fundamentales de la esencia
del individuo, se deben establecer, por parte del Estado y de la sociedad,
diversas acciones afirmativas que conlleven su realización. En caso de
adoptarse medidas que lo limiten, éstas, deben cumplir con los postulados de
razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En virtud de lo
anterior, es deber del Estado garantizar, no solo el acceso al sistema
educativo, sino también su permanencia en el mismo”.[145]
5.3.2. En la Sentencia C-673 de 2001, la Corte
hizo referencia al test de razonabilidad como herramienta para determinar la
constitucionalidad del criterio de igualación en el Decreto 2277 de 1979
en las condiciones entre docentes oficiales y no oficiales para ascender en el
escalafón docente. Al respecto estableció que:“(…) el test de razonabilidad
sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de
constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional,[146] comparada
e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. el análisis
del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el
análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca
absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o
leve”[147].
5.3.3. En este caso corresponde realizar un test
intermedio, pues si bien la medida afecta de manera importante un derecho
fundamental, también existe un margen de configuración en la regulación de la
educación superior por parte del Estado. El test intermedio involucra el
análisis de tres elementos. Primero, se debe establecer que el fin sea constitucionalmente
importante. Segundo, que el medio no se encuentre prohibido. Y tercero, que el
medio sea efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma
sometida a control judicial.
(i) La finalidad de la
medida es garantizar la idoneidad no solo profesional sino también ético social
mínima de aquellas personas que disfruten de una beca, teniendo en cuenta que es
necesario priorizar de manera eficiente la
utilización de recursos escasos que contribuyen al desarrollo personal, tal
como sucede con la educación de posgrado. Este fin no solo es legítimo sino
también es constitucionalmente importante, pues como ya se afirmó la educación
tiene una naturaleza especial, pues es un derecho – deber y tiene una función
social, por lo cual en su prestación no solamente deben tenerse en cuenta
objetivos individuales sino también el bienestar de toda la sociedad.
(ii) La medida no se
encuentra prohibida.
(iii) El medio no conducente,
de hecho, ni siquiera es adecuado, pues no solo vulnera de manera grave el
debido proceso y la presunción de inocencia, sino que no permite cumplir con el
objetivo de garantizar la idoneidad ético social de la persona. La regla
definida es tan amplia y ambigua que ni siquiera permitiría establecer si
efectivamente el becario ha incurrido en un delito, afectándose la continuidad en la educación superior a través de un
mecanismo que viola claramente la Constitución.
5.3.4. Teniendo en cuenta lo anterior, no debe la Corte
entrar a analizar otros aspectos, como determinar que las sanciones que limitan
el derecho a la educación de las personas que han cometido un delito no
resultan proporcionadas. Pues se fundan en una noción
‘perfectista’ del mérito, que resulta contraria al principio de dignidad humana
en el cual está basado nuestro Estado Social de Derecho y afectan la igualdad y la posibilidad
de reinserción social que tienen las personas que han sido condenadas penal o
disciplinariamente. La Corte dijo lo siguiente:
“Lo mismo ocurre con el otorgamiento de becas de posgrado en el presente
caso. La finalidad de restringir el acceso de personas con antecedentes penales
y disciplinarios del acceso a becas no resulta aceptable constitucionalmente,
pues parte de una noción perfectista del mérito, que resulta contraria al
principio de dignidad humana en el cual está basado nuestro Estado Social de
Derecho. A esta noción subyace la idea de que las personas que han cometido un
delito – independientemente de la gravedad del mismo y de si se trata de un
delito doloso, preterintencional o culposo – o una falta disciplinaria pueden
ser estigmatizadas por el Estado, el cual puede impedirles siquiera tener
incentivos académicos de por vida. La ausencia de una finalidad
constitucionalmente aceptable resultaría suficiente para declarar la
inconstitucionalidad de la disposición acusada. Sin embargo, por pedagogía
constitucional, la Corte se referirá también a los demás elementos del análisis
de proporcionalidad de la disposición acusada.
Necesidad de la medida
42. Por otra parte, si la finalidad perseguida con la restricción
de las becas a quienes tengan sanciones penales o disciplinarias es el uso
eficiente de recursos escasos conforme a criterios de mérito, la medida tampoco
resulta necesaria. Existen múltiples medidas alternativas que el Congreso ha
podido adoptar para lograr ese objetivo y que resultan menos lesivas del
derecho a la igualdad y de la posibilidad de reinserción social que tienen las
personas que han sido condenadas penal o disciplinariamente”. [148]
5.3.5. En este sentido, la Corte Constitucional ha
reconocido que durante el cumplimiento de la pena“la educación es la base de la resocialización, puesto que
la figura de la redención de la pena es la materialización de la función
resocializadora de la sanción”[149] y con posterioridad a ello constituye uno de los
mecanismos esenciales para lograr una reinserción social, pues permite el desarrollo del potencial intelectual
y profesional, ayuda a encontrar la vocación personal y facilita el proceso de
reintegración a la vida social, cultural y económica del país.
“Por lo tanto, el
proceso de resocialización se desarrolla tanto durante el período en el cual
las personas cumplen las sanciones como con posterioridad, como cuando las
personas ya las han cumplido. En esta última etapa, el acceso al derecho
a la educación cumple un papel de suma importancia. Como ya se dijo, no sólo
les permite a los seres humanos desarrollar su potencial intelectual y
profesional y los ayuda a encontrar su vocación personal, sino que les facilita
el proceso de reintegración a la vida social, cultural y económica del país. Es
decir, tanto desde un punto de vista intelectual y social, como desde el punto
de vista material, el acceso a la educación es un elemento determinante para el
éxito del proceso de resocialización de las personas que han tenido que cumplir
una sanción penal o disciplinaria”.[150]
La resocialización no solo es una función de la pena,[151] sino que constituye un deber
del Estado frente a las personas privadas de la libertad, el cual se funda en: (i) la dignidad humana, que
exige que el centro de las sanciones penales no sea el castigo, sino la reincorporación plena del condenado a la sociedad[152] y (ii) la existencia de las relaciones especiales de sujeción que
implican el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar las condiciones que
permitan la efectiva resocialización de los reclusos.[153] Por lo anterior, el concepto de resocialización conlleva el deber del
Estado de “proveer los medios y las condiciones que posibiliten las opciones
de inserción social de la población reclusa, y a los propios reclusos, en
ejercicio de su autonomía, fijar el contenido de su proceso de resocialización”.[154].
Para lograr estas finalidades, la educación se convierte en la herramienta más
importante con la que cuenta el Estado Social de Derecho para garantizarle al
individuo la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, respetando su dignidad,
autonomía y libertad.[155] Por lo anterior,
“[la] jurisprudencia ha tutelado el derecho a que no se impongan
obstáculos irrazonables y desproporcionados a las personas, para acceder a los
servicios de educación, en especial, cuando tenían confianza legítima de que sí
podrían emplearlos”,[156] tal
como sucedería en el caso de la causal de pérdida de beca demandada, pues impone
una restricción al derecho a la educación que desconoce la presunción de
inocencia y el debido proceso.
5.3.6. En todo caso, debe tenerse en cuenta que en los
casos más graves, independientemente de la causal contemplada en el inciso
cuarto de la norma demandada, debido a las consecuencias penales que tendría
que enfrentarse, sería muy difícil conservar la beca, pues se podrían
configurar las otras tres causales de pérdida de la beca contempladas en el
artículo 8º de la ley 1678 de 2013. A saber: 1. Bajo rendimiento académico. 2. Inasistencia a las clases
o 3. Violación a los reglamentos internos estudiantiles de la universidad o
institución de educación superior.
5.4. Contenido de la decisión
5.4.1. De acuerdo a lo anteriormente expuesto debe
declararse la inexequibilidad del numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 del
2013, pues vulnera los derechos a la presunción de inocencia y a la educación.
No es posible declarar la exequibilidad condicionada de la norma, tal como
proponen algunos intervinientes, pues la violación de las garantías
fundamentales es tan grave que la Corte Constitucional no puede avalarla y si
lo hiciera tendría que determinar reglas básicas en materia sancionatoria que
solo pueden ser señaladas por el legislador.[157] En este sentido, no sería
suficiente como se hizo en otros casos[158] con declarar la exequibilidad del
numeral 4º del artículo 8º en el entendido que se exija una sentencia
ejecutoriada, pues la norma ni siquiera exige que los hechos deban ser
cometidos por el becario, por lo cual su
ambigüedad y vaguedad es tal que contempla una conducta sancionable a través de
conceptos absolutamente imprecisos, lo que “conduce a que sea el juzgador,
según sus criterios subjetivos, el que los llene de contenido”, desconociéndose
gravemente el artículo 29 de la Constitución.[159]
5.4.2. Retomando un autor clásico de teoría del derecho, la Corte
ha considerado que una expresión es ambigua cuando “(…) puede tener
distintos significados según los diferentes contextos en que vaya insertada, o
bien que en una misma palabra puede tener distintos matices de significado en
función de esos contextos diversos[160]”.[161] En este caso, la ambigüedad
radica en que la expresión ocurrencia
de hechos delictivos puede tener diversos sentidos, pues no se define: (i) si
el delito debe ser cometido antes o después de haber recibido la beca, (ii) si
deben cometerse uno o varios hechos delictivos, (iii) si los hechos deben haber
sido realizados por un becario o por un tercero ni, (iv) si los hechos se deben
haber cometido en relación con la beca o frente a cualquier otra actuación. Por
otra parte, una expresión es vaga cuando “(…) el foco de
significado es único y no plural ni parcelado, pero [su modo de empleo] hace
que sea incierta o dudosa la inclusión de un hecho o de un objeto concreto
dentro del campo de acción de ella. [162]”[163] En este caso, la vaguedad de la
norma se presenta en relación con la forma como debe estar demostrada la
ocurrencia de los hechos delictivos, pues existe duda sobre si se requiere una
sentencia ejecutoriada o basta con una investigación realizada por la entidad
que otorga la beca, lo cual no puede definirlo la Corte. La norma solo habla de
demostración de los hechos, lo que incluso se podría presentar en un proceso
penal en el que no exista sentencia condenatoria por la aplicación de una
causal de exclusión de la responsabilidad.
5.4.3. Si bien el uso de conceptos jurídicos indeterminados no
está proscrito en el orden constitucional vigente, la Corte ha señalado que “existen
situaciones y contextos en los que el uso de este tipo de expresiones no es
aceptado constitucionalmente, porque, el grado de indeterminación afecte
irrazonablemente un derecho fundamental, tal como sucede con las normas de
carácter penal y tributario, que si son indeterminadas ponen en riesgo los
derechos de las personas”.[164] En este sentido,
en el campo sancionatorio “los defectos de redacción de una disposición, que
generen ambigüedad penal, pueden implicar la inconstitucionalidad de la norma
en cuestión”, [165]
por lo cual “en la medida en que, conforme al análisis adelantado por esta
sentencia, la norma acusada es confusa, y no resulta posible precisar con
claridad cuál es la conducta que ha sido penalizada, entonces es necesario
declarar su inconstitucionalidad, por violación  del principio de estricta
legalidad penal”.[166]
En virtud de lo anterior, se ha declarado la inexequibilidad de múltiples
normas que establecen expresiones vagas o ambiguas en materia sancionatoria.[167]
5.4.4. La Corte ha señalado que en virtud de sus
competencias puede proferir sentencias
de constitucionalidad condicionada si una disposición legal admite varias
interpretaciones, "de las cuales algunas violan la Carta pero otras se
adecuan a ella, entonces corresponde a la  Corte proferir una
constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca
cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento
jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente”.[168]
Sin embargo, esta Corporación ha considerado que “en casos de ambigüedad penal,
el principio de conservación del derecho sólo puede tener una operancia muy
limitada, pues la Carta ha señalado con claridad que corresponde al Legislador,
y no al juez constitucional, establecer los delitos (CP art. 29)”.[169] En
este sentido, sólo es procedente que esta Corte declare la exequibilidad
condicionada de un tipo penal o sancionatorio ambiguo “en aquellos eventos
en donde exista una cierta imprecisión en la descripción penal pero un examen
de los antecedentes de la norma, o de otros materiales jurídicos, permita
llegar a determinar con certeza cuál es el comportamiento que el Legislador
quería sancionar. En todos los demás casos, la decisión adecuada es declarar la
inconstitucionalidad del tipo penal ambiguo, a fin de evitar que los jueces
asuman la elaboración de la política criminal, función que no les corresponde”.[170]
5.4.5. Por lo anterior, para condicionar la exequibilidad
de una norma es necesario que exista al menos una clara interpretación de la misma,
que surja de la propia norma y sus antecedentes legislativos, y que pueda ser
conforme a la Constitución, lo cual no sucede en este caso. El inciso 4º del
artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 establece un evento de responsabilidad
objetiva que presume la culpabilidad, por lo cual, para que esta disposición fuera
acorde a la Carta, la Corte tendría que construir todos los componentes de la
norma sancionadora. (i) Debería determinar el sujeto activo, pues simplemente se
señala la expresión “ocurrencia de hechos delictivos” sin indicarse quién
los ha cometido. (ii) Tendría que expresarse la conducta, pues la “ocurrencia
de hechos” no es una acción ni una omisión. (iii) Debería establecerse la
autoridad competente para imponer la sanción, pues en toda la Ley no se señala
ni puede inferirse. Y, finalmente, (iv) debería consagrarse el procedimiento
aplicable para su imposición. En
consecuencia, para proferir una exequibilidad condicionada que resulte acorde
con la Carta y no vulnere el debido proceso, la Corte Constitucional tendría
que remplazar al legislador adoptando decisiones que exigen un debate
democrático, pues implican determinar temas esenciales como los sujetos, la
conducta, la competencia y el procedimiento para la aplicación de la sanción,
los cuales, además, no tienen necesariamente una solución unívoca, sino que
plantean diversas posibilidades.[171] Así pues, lo que procede en este
caso es la declaratoria pura y simple de la norma acusada.
5.4.6. En todo caso, la Sala no descarta que el legislador
pueda contemplar una medida como la que se estudia en esta sentencia orientada
a que se pueda sancionar a quien haya cometido un delito con el retiro de una
beca, siempre y cuando se asegure (i) el respeto por el debido proceso y a la
presunción de inocencia y (ii) que la sanción no imponga cargas irrazonables y
desproporcionadas frente al derecho a la educación.
V.
DECISIÓN
La Sala considera que establecer una sanción que afecte la
continuidad de una beca para acceder a la educación a través de un criterio
vago y ambiguo como “la ocurrencia de hechos delictivos”, afecta el
principio de presunción de inocencia y el derecho a la educación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ÚNICO. Declarar
INEXEQUIBLE el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 del 2013.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-003/17
Referencia: Expediente D-11399. Demanda de
inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de
2013. “Por medio de la cual se garantiza la educación de posgrados al 0.1 %
de los mejores profesionales graduados en las instituciones de educación
superior públicas y privadas del país”.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Mi
discrepancia con la decisión de mayoría, que declaró la inexequibilidad del
precepto acusado, según el cual pierden la beca los estudiantes que incurran en
conductas delictivas, obedece a que, a no dudarlo, con ella se desvirtúa, en
gran medida, la finalidad que subyace en la Ley 1678 de 2013 que claramente
propugna por exaltar y premiar a los mejores profesionales del país,
colocándolos como ejemplos a emular y, de esa manera, también a estimular a las
nuevas generaciones de estudiantes a seguir sus pasos, en la idea de que si alcanzan
los mayores niveles posibles de excelencia en su aprendizaje, tanto desde el
punto de vista académico como desde la perspectiva ética y comportamental,
pueden acceder al mismo beneficio.
La ley
en cuestión viene concebida como una de las varias maneras de avanzar en la
consolidación de una de las políticas públicas más importantes de cualquier
país, cual es la de promover al máximo la educación de calidad como una de las
estrategias primordiales para el desarrollo social y económico, perspectiva bajo
la cual resulta indispensable incentivar a los estudiantes a comprometer sus
mayores esfuerzos en su actividad bajo el estímulo de que su buen
comportamiento académico y conductual podrá recibir una condigna recompensa,
para su beneficio y para el de la sociedad que habrá de aprovechar sus
conocimientos profesionales. Por lo tanto, seguidamente
expondré las razones que me distancian de la propuesta acogida por la mayoría.
1.- La indeterminación o amplitud de una norma no es motivo
de orden constitucional para excluir un precepto legal del ordenamiento
En el análisis llevado a cabo por la mayoría para definir la
constitucionalidad se observa que en el numeral 5.2.1., la Sala aborda el estudio del concepto
de culpabilidad y califica de indeterminado o excesivamente amplio el numeral
demandado. Así en los párrafos tercero y cuarto se
consignó el siguiente planteamiento:
“(i) Se vulnera el principio de
responsabilidad del acto, pues el texto del numeral 4º del artículo 8º de la
Ley 1678 de 2013 es tan amplio que ni siquiera exige que se hayan incurrido o
se sea culpable de un delito, sino simplemente `la ocurrencia de hechos
delictivos´ frente a los cuales no se requiere que el hecho sea atribuible al
becario” (...).
“La norma tampoco permite el establecimiento
de una responsabilidad subjetiva, pues la ocurrencia de hechos delictivos es
una circunstancia objetiva en la cual no se exige ningún nexo con la voluntad
del becario. De esta manera, el numeral demandado establece una responsabilidad
objetiva por la simple existencia de hechos delictivos, lo cual es claramente
inconstitucional”.
En el
estudio de la estructura de la norma es conocido que está compuesta por varios
elementos:
(i)
sujeto jurídico; (ii) objeto jurídico (iii) relación jurídica (iv) consecuencia
jurídica (v) valores y fines jurídicos. En todo precepto jurídico es factible
identificarlos.
Para
efectos de la interpretación de la Ley 1678 de 2013, se distingue el sujeto y
el objeto jurídico. El sujeto lo constituye la persona natural o jurídica a
quien la norma le reconoce la calidad de titular de un derecho o le impone una
obligación jurídica al cumplirse determinados supuestos. El objeto lo
constituye la conducta que debe cumplir el sujeto pasivo en favor del titular
de un derecho o sujeto activo que tiene por ello el derecho de exigir esta
conducta, cual puede ser activa, en que el individuo debe realizar una
determinada acción que es de dar o de hacer; o pasiva, que consiste en que el
individuo omita realizar determinada conducta.
El artículo
1º de la Ley 1678 de 2013, establece que:
“La presente ley tiene por objeto mejorar
la investigación y la calidad de la educación superior, garantizando el estudio
de posgrados, para el 0.1 % de los estudiantes graduados por semestre de las
Instituciones de Educación Superior públicas y privadas”. (Subraya fuera del texto).
En el
contenido de la norma transcrita se logra identificar que el sujeto jurídico al
que se le aplica el contenido de la Ley 1678 de 2013, son los estudiantes
graduados por semestre de las Instituciones de Educación Superior públicas y
privadas. De manera que no es dable calificar de indeterminada o muy amplia la
Ley, por cuanto al identificarse el sujeto tiene implícito necesariamente una
responsabilidad subjetiva. En nuestro sistema
jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la
culpabilidad es un “supuesto ineludible y necesario de la
responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad
punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad
subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga[172]”.
El
legislador creo una relación jurídica entre los estudiantes graduados por
semestre de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas y el
Gobierno Nacional, a partir de la ejecución del contenido de la ley, es decir,
de la garantía de poder realizar estudios pos graduales mediante el
otorgamiento de becas, imponiendo el contenido del numeral 4º del artículo 8º
de la Ley 1678 de 2013, una obligación de no hacer “hechos delictivos” como
condición para que el estudiante a quien se le está apoyando, estimulando e
incentivando sus méritos mantenga vigente la beca posgradual, por cuanto la
prestación consecuente se imputa indefectiblemente, naciendo un derecho y un
deber correlativos.
No se requieren mayores análisis para concluir que lo
dispuesto por el legislador  en  la norma se dirige de forma concreta
a los becarios y no a otros sujetos, de manera que, atendiendo el espíritu de la norma la Nación es
quien está dotada de la facultad para exigir el cumplimiento de un deber u
obligación que viene impuesto por la norma de derecho; y, los estudiantes
graduados por semestre de las Instituciones de Educación Superior públicas y
privadas son el sujeto pasivo u obligado, que es el que tiene que no hacer,
omitir o no incurrir en tipos de conductas contrarias a la ley y al orden
social, por consiguiente, no se vulnera el principio de responsabilidad de
acto.
Identificado el sujeto, es a este a quien se le dirige la
culpabilidad. La doctrina constitucional ha explicado que la culpabilidad es la
misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad en
virtud del cual se le imputa al sujeto la realización de un comportamiento contrario
a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de
adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo
regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del
derecho de defensa que le asiste al imputado[173].
Por lo que es claro que la simple enunciación de la
ocurrencia de un hecho delictivo no tiene la facultad de traer como
consecuencia una sanción (perdida de la beca) por cuanto para determinar la
culpabilidad de un sujeto jurídico se requiere de un juicio justo.
2.- Sentencia interpretativa de constitucionalidad
condicionada de la norma acusada
Las
sentencias interpretativas son una subespecie de las sentencias modulativas del
contenido de las normas sometidas a control. Sirven como técnica de control constitucional
cuando una disposición tenga más de un sentido, pero uno de ellos o varios no
se ajusten a la Constitución. En esas hipótesis, la Corte Constitucional
procede a declarar exequible la disposición, con la condición de que se
interprete de un modo en específico.
Para
el caso bajo estudio, la finalidad de la norma claramente no se aviene con la
posibilidad de que quienes incurran en hechos delictivos continúen como
destinatarios de las becas que en virtud de la Ley se pueden reconocer, pues,
de ser así, a no dudarlo, el propósito del órgano democrático, enmarcado en una
importantísima idealidad racional y ética indefectiblemente se desvirtúa. Creo
que la mayoría debió efectuar un mínimo esfuerzo para no hacer nugatoria esa
perspectiva.
En ese
sentido una valoración correcta de los reales cargos de la demanda permitía
concluir que lo que verdaderamente se estaba reprochando era el desconocimiento
del principio de presunción de inocencia al entenderse que la sola
circunstancia de incurrir el becario en conductas delictivas daba lugar a que
se perdiera la beca otorgada, sin la necesidad de que existiese un
pronunciamiento judicial en firme que impusiese la correspondiente condena por
la comisión del ilícito. Así delimitados los cargos de la demanda, como estimo
ha debido hacerse, según su apropiada lectura, la respuesta plausible en este
caso era optar porque la Corte entendiera que solo había delito si un
pronunciamiento judicial en firme, como desde el punto de vista juridíco  es
apenas elemental suponer, así lo declarara. O, en su defecto, emitir un fallo
de exequibilidad condicionado el entendimiento de la norma en ese sentido, como
se hizo, por ejemplo, en las sentencias C-416 de
2002, C-030 de 2003, C-1156 de 2003, C-271 de 2003 y C-282 de 2012.
Por lo
que resultaba más acertado recurrir a una interpretación sistemática de la
norma, que según Bobbio, es aquella que basa sus argumentos en el presupuesto
de que las normas de un ordenamiento constituyen una totalidad ordenada y por
tanto, es viable integrar una norma deficiente, recurriendo al llamado
“espíritu del sistema” yendo aún en contra de lo que resultaría de una
interpretación meramente literal.
Y por
el contrario, el censor en la demanda de inconstitucionalidad realizó una
interpretación literal y aislada del sentido originario de la norma, cuanto
afirmó que la disposición acusada viola el principio de presunción de inocencia
cuando la norma prohíbe cometer hechos delictuosos.
Sobre este particular, se observa
que, a diferencia de lo afirmado por el actor, la comisión de hechos
delictuosos para la perdida de la beca pos gradual no viola el principio
de presunción de inocencia, por cuanto, tal y como se dijo, para la doctrina y la
jurisprudencia la facultad de declarar que  un hecho o una conducta son
delictuosas solo la tiene el juez natural mediante una sentencia que se
encuentre debidamente ejecutoriada.
La presunción de inocencia es una garantía
integrante del derecho fundamental al debido proceso reconocida en el artículo
29 de la Constitución, al tenor del cual “toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen
parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la
Constitución- contienen dicha garantía en términos similares. Así, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8
que “toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Y, a su
turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
prescribe que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley”. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia
acompaña a la persona investigada por un delito “hasta el fallo o
veredicto definitivo y firme de culpabilidad”[174]
En este sentido, se reitera, la
prohibición sobre  la ejecución de una conducta delictiva adoptada, no
desconocen la Constitución, en particular el principio de presunción de
inocencia, en cuanto responde a la necesidad de proteger la finalidad de la
norma planteada
por el Legislador mediante la Ley 1678 de 2013, consistente en que el Gobierno
Nacional garantizará la educación a nivel de posgrados al 0.1 % de los mejores
profesionales graduados, imponiendo el cumplimiento de unos deberes jurídicos
constituidos por obligaciones y prohibiciones para que puedan exigir y mantener
el derecho subjetivo o prestación de la beca pos gradual y de ese modo exaltar
los méritos, calidades, habilidades académicas, artísticas, deportivas y las
diferentes competencias de los estudiantes, procurando así estimular la buena
conducta y la formación integral de los estudiantes.
En los términos expuestos y desde la perspectiva analizada, la
norma acusada resulta razonable y proporcional en cuanto persigue un fin
legítimo y no afecta la garantía procesal del principio de presunción de
inocencia.
No obstante lo anterior, es evidente que una interpretación
literal del contenido normativo acusado puede entrar en contradicción de las
garantías del debido proceso como la presunción de inocencia y, por esa misma
vía, afectar también el principio de la dignidad humana; derechos que, por
además, radican en cabeza del becario.
En efecto, si se tiene en cuenta que de manera general la norma se
limita a prohibir la ejecución de hechos delictuosos, sin hacer precisión sobre
que el hecho debe estar debidamente investigado y declarado como delictuoso por
una autoridad judicial mediante sentencia ejecutoriada, una interpretación
restrictiva de la misma puede llevar a considerar que la perdida de la beca pos
gradual se trata de una sanción frente a una persona que apenas está siendo
investigada y que se aplica por la sola sindicación de haberse cometido el
delito.
Bajo esa perspectiva es necesario entrar a determinar cuál es la
interpretación de la prohibición consagrada en el del numeral 4º del artículo 8º de la Ley
1678 de 2013 que mejor
se ajusta a la Constitución Política y, en particular, que respeta las
garantías propias del debido proceso y principio de presunción de inocencia.
Considerándose, por consiguiente, que para que sea posible aplicar
la sanción de pérdida de la beca de quien haya cometido un hecho delictuoso, es
un imperativo que se haya establecido la culpabilidad del estudiante mediante
la existencia previa de sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito.
“La simple inculpación del delito no es suficiente para aplicar la
causal ya que, acorde con el ordenamiento jurídico preestablecido, la única
forma de desvirtuar el principio de la presunción de inocencia a que hace
expresa referencia el artículo 29 Superior, es que la persona haya sido vencida
en juicio y condenada, y dicha condena tenga carácter definitivo y se encuentre
en firme. Una interpretación distinta de la norma impugnada, además de
contrariar el debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia,
afectaría también los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del inculpado[175]”.
La jurisprudencia constitucional ha expuesto de forma lineal y
reiterada que “toda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y
piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus
condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que
la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o
inoportunas[176]".
Creo, en síntesis, que esa ha debido ser la solución del
caso, no solo para honrar el principio democrático, esto es, la competencia
legislativa del Congreso sino el que tiene que ver con la preservación del
derecho, como también a objeto de atacar las reglas que le imponen a la Corte
decidir los cargos de la demanda de acuerdo con su genuina formulación y no
oficiosamente más allá de sus alcances. En este sentido cabe advertir que la
decisión de inexequibilidad adoptada se fundamentó en razones no expuestas en
la demanda según  la referencia que de ella  se hizo en el proyecto de fallo. A
mi modo de ver la demanda no cuestiona el precepto acusado por una
“indeterminación” distinta a que se estaría, eventualmente, desconociendo el
derecho a la presunción de inocencia (no cuestiona quien debe ser el autor del
ilícito)  pues la redacción integra de la norma no arroja dudas al respecto y,
a mi parecer, dicha precisa objeción ha debido contar con la respuesta ya
indicada. No sobra advertir que el cargo por supuesta violación del derecho a
la educación en la demanda no se desarrolla autónomamente.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] El 19 de mayo del 2016 se inadmitió la demanda con el objeto que
las accionantes aclararan plenamente la norma demandada, pues si bien en gran
parte de la acción se señala que esta corresponde al numeral 4º del artículo 8º
de la Ley 1678 de 2013, también se señala que la demanda se interpone contra la
expresión “de nacimiento”, la cual no se encuentra dentro de este artículo.
Asimismo se solicitó que se aclarara si en virtud de la mención realizada al
artículo 13 de la Constitución también se planteaba un cargo por violación del
derecho a la igualdad. El 24 de mayo las accionantes subsanaron la demanda
manifestando que ésta se dirigía exclusivamente contra el numeral 4º del
artículo 8º de la Ley 1678 de 2013 y que la alusión al artículo 13 solamente se
hacía por su relación con la presunción de inocencia pero no como un cargo
independiente. En virtud de lo anterior, el 9 de junio se admitió la demanda
considerándose que se habían subsanado las dudas planteadas en el auto
inadmisorio.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 2003
(MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas
Hernández). En esta Sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada de la norma demandada en el entendido que: “la
nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos
contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su
responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria
ejecutoriada; o también, cuando habiendo participado solamente un contrayente,
el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres
meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena”.
[3] Corte Constitucional, Sentencia T-138 de 1998
(MP Jorge Arango Mejía). En esta sentencia se señaló que “al suscribirse el
pagaré en blanco, el estudiante se hace responsable de un daño que ni siquiera
se ha producido”.
[4] Según el interviniente esta situación cambió
con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo
artículo 7º señala que “Ningún hombre puede ser
acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley
y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen,
ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo
ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de
inmediato; es culpable si opone resistencia. Por otro lado, el artículo 9 dice:
“Todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se
juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse
de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.”
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-520 de 1992
(MP José Gregorio Hernández Galindo).
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-289 de 2012
(MP. Humberto Sierra Porto).
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-289 de 2012
(MP Humberto Sierra Porto).
[8] Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs Ecuador,
Sentencia del 12 de Noviembre de 1997.
[9] Corte
Constitucional, Sentencia C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV).
[10] Corte
Constitucional, Sentencia C-289 de 2012 (MP Humberto Sierra Porto).
[11] Demanda pública de inconstitucionalidad, Referencia D-11399.
[12] Ley 1678 de 2013, Artículo 8.
[13] Si se acogiera la
postura del interviniente, la aplicación sistemática del artículo 24 de la Ley
906 de 2004 exigiría que la indagación sobre los hechos se tendría que realizar
en un proceso penal, pero ello no implicaría a su vez que el becario los haya
cometido ni que exista una sentencia condenatoria por los mismos.
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-929 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil); C-149 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Clara Elena Reales Gutiérrez; SV Humberto
Antonio Sierra Porto), C-646 de 2010 (M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-819
de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-913 de 2011 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), C- 055 de 2013 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[15] Corte
Constitucional, Sentencia C - 892
de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[16] Corte
Constitucional, Sentencia C- 012 de
2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge
Iván Palacio Palacio).
[17] Corte
Constitucional, Sentencia C- 814 de
2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Humberto Antonio Sierra Porto).
[18] Corte
Constitucional, Sentencia C-892 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[19] El Instituto Colombiano de Derecho Procesal y
la Universidad Santo Tomás por vulnerar la presunción de inocencia; la
Asociación Colombiana de Universidades por desconocer el debido proceso y al
derecho de defensa y el Director del Observatorio de Intervención Ciudadana
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá por
violar los derechos a la educación y a la presunción de inocencia.
[20] La
Universidad Militar Nueva Granada.
[21] El Ministerio de Educación en el sentido que
“únicamente se configura cuando medie sentencia judicial que declare la
responsabilidad penal del estudiante beneficiario”; la Universidad de Caldas en
el sentido que “La ocurrencia del hecho delictivo deberá estar determinada, por
sentencia penal condenatoria y ejecutoriada proferida por autoridad judicial
competente” y el Ministerio Público bajo la condición que, “en tratándose de
dicha circunstancias, el efecto normativo previsto debe sujetarse a la sentencia
penal condenatoria y ejecutoriada en contra del becario que adelanta los
estudios de posgrado”.
[22] La Universidad de Ibagué.
[23] Así es definida la presunción de inocencia en
las Sentencias C-205 de
2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo
Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán
Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño) y C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con AV).
[24] Las sentencias T 460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU-1723 de 2000 (MP Alejandro
Martínez Caballero), C-774
de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), T-827 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), C-030
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), C-271 de 2003 (MP
Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-331
de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño),
C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao
Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Luis
Ernesto Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola), T-763 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), C-289 de 2012
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), señalan que la presunción de inocencia es
una parte integrante del debido proceso.
[25] Las Sentencias T-525 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José
Gregorio Hernández Galindo), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416
de 2002 (MP Clara Inés Vargas) y C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez, SV
Nilson Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Luis Ernesto
Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola) reconocieron que se trata de un derecho
fundamental.
[26] Las Sentencias T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, SV José
Gregorio Hernández Galindo),C-244 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV
Eduardo Cifuentes Muñoz; SV Julio Cesar Ortiz Gutiérrez), T-470 de 1999 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-555 de
2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-561 de 2005 (MP Marco
Gerardo Monroy Gaviria), T-969 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa),
C-595
de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-763 de 2010 (MP  Juan Carlos Henao Pérez) señalaron que la
presunción de inocencia no solo se aplica a actuaciones penales sino a otros
procesos en los cuales se impongan sanciones.
[27] Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio
Hernández Galindo).
[28] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-331 de 2007
(MP Jaime Córdoba Triviño), C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con AV) y T-346 de 2012 (MP Adriana María Guillen Arango).
[29] Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Sierra
Porto).
[30] Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2002 (MP Clara
Inés Vargas Hernández).
[31] Corte Constitucional, Sentencias T-460 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) y T-520 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[32] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-827 de 2005 (MP
Humberto Sierra Porto).
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[34] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta,
Madrid, 2004, p. 549.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[36] Así lo han reconocido las sentencias C 774 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil con AV) y C-289 de 2012 (MP Humberto Sierra Porto).
[37] Observación General No. 13: “La igualdad ante
los tribunales y el derecho de toda persona a ser oída públicamente por un
tribunal competente establecido por la ley”.
[38] Numeral 30.
[39] Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador,
Sentencia de 12 de noviembre de 1997.
[40] Corte IDH, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú,
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Esta sentencia, señala “El principio de la
presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la
Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista
prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta
o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”.
[41] Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay,
Sentencia de 31 de agosto de 2004. De acuerdo con esta sentencia, “La Corte
considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial
para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado
durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria
que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado
no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus
probandi corresponde a quien acusa”.
[42] Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú,
Sentencia de 25 de noviembre de 2004.
[43] Corte IDH, Caso Acosta
Calderón vs. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005.
[44] Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile,
Sentencia del 22 de noviembre de 2005.
[45] Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs.
Perú, Sentencia del 25 de noviembre de 2005.
[46] Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras,
Sentencia de 1 de febrero de 2006.
[47] Corte IDH, Caso López Mendoza vs.
Venezuela, Sentencia del 1º de Septiembre de 2011: “En el ámbito penal esta
Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un
fundamento de las garantías judiciales[47].
La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha
cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a
quien acusa[47]. Así, la demostración fehaciente de la
culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de
modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado[47]. Además, la falta de prueba plena de la
responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al
principio de presunción de inocencia[47],
el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la
defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme[47]. Por otro lado, el principio de presunción
de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea
preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo
que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser
usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes
de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con
él refleja la opinión de que es culpable”.
[48] Corte Constitucional, Sentencia C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván
Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[49] Corte
Constitucional, Sentencias T-460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-500 de 1992 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), C-416
de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández; SV Rodrigo
Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra), C–030 de 2003 (MP Álvaro
Tafur Galvis) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[50] Las Sentencias C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV
Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) señalan que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario
acreditar la culpabilidad del individuo.
[51] La Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) señala
que la presunción de inocencia constituye uno de los principales modos de
defensa de la libertad de los ciudadanos.
[52] Sentencia T-276 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV Luis
Ernesto Vargas Silva): “Durante
siglos el poder punitivo fue el principal mecanismo para el dominio irracional
de los pueblos y el castigo de quienes no compartían las ideas de los
gobernantes. El aparato de la justicia era utilizado por la voluntad del
monarca para sancionar cualquier tipo de desobediencia y los jueces eran
simplemente súbditos de los tiranos. Sin embargo, surgieron voces que buscaban
acallar los excesos y controlar el abuso de los poderosos mediante el
establecimiento de unas garantías mínimas que limitaran la privación de la
libertad de las personas, cuyos principales pilares se encuentran a lo largo de
toda la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: (i) la
exigencia de lesividad de los delitos, (ii) el principio de legalidad, (iii) la
necesidad de la pena y (iv) la presunción de inocencia, los cuales aún se
mantienen como algunas de las garantías irrenunciables para cualquier Estado de
Derecho. Con fundamento en estos principios, se redactaron numerosos Códigos
Penales y de Procedimiento Penal en Europa y Latinoamérica que buscaron
establecer reglas claras para impedir la arbitrariedad y los abusos en el poder
punitivo. El Derecho Penal moderno no surgió entonces como una máquina de
castigo, sino por el contrario, como un conjunto de garantías mínimas que no
solamente buscan tutelar a la sociedad del delito, sino también proteger al
acusado de la venganza privada y de los abusos del poder punitivo del Estado”.
[53] Sentencia
C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV).
[54] ROXIN, Claus: Derecho Procesal Penal, Editores
del Puerto, 2000, 78; ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, EDIAR,
Buenos Aires, 2006, 531; HASSEMER, Winfried: Fundamentos del Derecho Penal,
Bosch, Barcelona 1984, 209 y MIR PUIG, Santiago, Bases Constitucionales del
Derecho Penal, Iustel, Madrid, 2011, 127.
[55] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2004,
93.
[56] Tanto el artículo 29 de la Constitución como también el artículo 11 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refieren directamente a la
necesidad de demostrar culpabilidad del individuo para desvirtuar la presunción
de inocencia, lo cual establece un vínculo estrecho entre ésta y el principio
de culpabilidad.
[57] Corte Constitucional, Sentencias C-239 de
1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro
Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge
Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz) y C-228 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV
Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán Sierra).
[58]
Las Sentencias C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV
José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera
Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria
Díaz) y C-228 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV
Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán Sierra) exigen la demostración de la
responsabilidad subjetiva para la comisión del delito como consecuencia del
principio de culpabilidad.
[59] Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio
Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV
Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz).
[60] Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs.
209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-030
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271
de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva.
SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), C-289
de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-346 de 2012 (MP Adriana María Guillen
Arango).
[61] Corte
Constitucional, Sentencia C-205 de
2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra). En este mismo sentido, ver: Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs.
209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416
de 2002 (MP Clara Inés Vargas
Hernández); C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés
Vargas Hernández), C-576 de
2004 (MP Jaime Araujo Rentería), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva.
SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[62] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001
(MP Rodrigo Escobar Gil con AV) y C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[63] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001
(MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra;
SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván
Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-346 de 2012 (MP Adriana María
Guillen Arango).
[64] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV),
C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, SV Rodrigo Escobar Gil, SV
Marco Gerardo Monroy Cabra),
C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil, SPV Alfredo Beltrán Sierra,
SPV Clara Inés Vargas Hernández),
C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[65] Sentencia C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, SV
Rodrigo Escobar Gil, SV Marco Gerardo Monroy Cabra).
[66] Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV)
y T-346 de 2012 (MP Adriana María Guillen Arango).
[67] Comité de Derechos Humanos, Observación general
adoptada con arreglo al párrafo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Observación general Nº 13. Al respecto, ver: Corte Constitucional,
Sentencia C-121
de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV
Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[68] Corte Constitucional, Sentencias C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván
Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En este mismo sentido, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-251
de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, SV Marco
Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil).
[69] Sobre el carácter preventivo de las medidas
cautelares y de aseguramiento, ver, entre otras, las siguientes sentencias de
la Corte Constitucional: Sentencias C - 106 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), C - 689 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-327 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz), C-416 de
2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández) C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-775 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2005 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-720 de 2007
(MP Catalina Botero Marino con AV), C-425 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SPV Jaime
Araújo Rentería, SPV Nilson Pinilla Pinilla), C-398 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y C-289 de 2012 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto). Igualmente, la Corte IDH ha proferido las
siguientes sentencias: 31 de Agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay), 12 de Noviembre de 1997 (Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador), 2 de Septiembre de 2004 (Caso “Instituto de
reeducación del Menor” Vs. Paraguay), 31 de Agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay), 24 de Junio de 2005 (Caso Acosta Calderón Vs.
Ecuador), 22 de Noviembre de 2005 (Caso
Palamara Iribarne Vs. Chile), 6 de
Mayo de 2008 (Caso Yvon Neptune Vs Haití), 21 de Noviembre de 2007 (Caso
Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador), 30 de Octubre
de 2008 (Caso Bayarri Vs. Argentina).
[70] Corte Constitucional, Sentencia C-289 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-500 de 1992
(MP José Gregorio Hernández Galindo).
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández Galindo)
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández Galindo)
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 1998
(MP Carlos Gaviria Díaz).
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández Galindo)
[76] Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 2003
(MP Rodrigo Escobar Gil, SPV Alfredo Beltrán Sierra, SPV Clara Inés Vargas Hernández).
[77] Corte Constitucional,
Sentencia C 271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil, SPV Alfredo Beltrán Sierra, SPV Clara Inés Vargas Hernández):
“6.4. Inicialmente, considera la Corte que para que sea posible
declarar la nulidad del nuevo matrimonio de quien ha matado o hecho matar al
cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior, es un imperativo que se
haya establecido la culpabilidad del conyugicida mediante la existencia previa
de sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de homicidio agravado. La
simple inculpación del delito no es suficiente para aplicar la causal ya que,
acorde con el ordenamiento jurídico preestablecido, la única forma de
desvirtuar el principio de la presunción de inocencia a que hace expresa
referencia el artículo 29 Superior, es que la persona, en este caso el
conyugicida, haya sido vencida en juicio y condenada, y dicha condena tenga
carácter definitivo y se encuentre en firme.
Una interpretación
distinta de la norma impugnada, además de contrariar el debido proceso en la
garantía de la presunción de inocencia, afectaría también los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del inculpado y de su nuevo consorte.
En cuanto tales derechos tienen que ver con el ámbito de reconocimiento social
de la persona, para que la comunidad piense de ésta lo que corresponda a la
estricta realidad, la promoción de una acción judicial de esta naturaleza con
base en la simple sospecha, indudablemente que genera un detrimento en la
imagen de la pareja y de la misma familia frente al círculo social más próximo,
generando una desconfianza que para tales efectos resulta injustificada”.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-270 de 2004
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[79] Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005
(MP Humberto Sierra Porto).
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-828 de 2008
(MP Mauricio González Cuervo).
[81] Corte Constitucional, Sentencia C-289 de 2012
(MP Humberto Sierra Porto).
[82] Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2016
(MP María Victoria Calle Correa).
[83] La Corte Constitucional en las Sentencias T-236 de 1994 (MP
Antonio Barrera Carbonell), T-526 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), C-560 de 1997 (MP José Gregorio Hernández
Galindo, AV Adelaida Ángel Zea),
T-513 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), T-974 de 1999 (MP
Álvaro Tafur Galvis), SU-1149 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell), T-1225 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-642 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-957 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-642 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-943 de 2004
(MP Álvaro Tafur Galvis), T-263 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería), T-773 de
2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-152 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva,
SPV María Victoria Calle Correa) y T-008 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV
Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras, ha reconocido que la educación es
estructural para el Estado Social de Derecho.
[84] Sobre la importancia de la educación en el desarrollo se pueden
ver, entre otras, las Sentencias T-202 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz),
T-1677 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), T-763 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-903
de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-396 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-1159 de 2004
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-336 de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería), T-270 de 2006
(MP Clara Inés Vargas Hernández), T-635 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-865 de
2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-339 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-349 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-902 de 2010
(MP Juan Carlos Henao Pérez), T-812 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez), T-666 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-806 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[85] Corte Constitucional,
Sentencia T-452 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara). Igualmente, consultar
las sentencias T-256 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz), T-573 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-543
de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), T-239 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-780 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1290 de 2000 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), T-1026 de 2012
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio) y T-342 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Alberto Rojas Ríos).
[86] Las Sentencias T-527 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-329
de 1997 (MP Fabio Morón Díaz), T-534 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía, AV Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-974 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-925 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-041 de 2009
(MP Jaime Córdoba Triviño), T-056 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-153 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada), T-755 de 2015 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas
Ríos), T-759 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos, AV Luis Ernesto Vargas Silva) y T-008
de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas Silva) reconocieron la
relación de la educación con otros derechos fundamentales.
[87] Sobre la naturaleza del derecho a la educación se
han pronunciado las Sentencias T-002 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-009 de 1992  (MP Alejandro Martínez Caballero), T-420 de 1992 (MP Simón
Rodríguez Rodríguez), T-421 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-429 de 1992 (MP Ciro
Angarita Barón, AV José Gregorio Hernández Galindo), T-450 de 1992 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-102 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-118 de 1993 (MP
Carlos Gaviria Díaz), T-329 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-015 de 1994 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-136 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-467 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-017 de 1995 (MP José Gregorio
Hernández), T-035
de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), C–420 de 1995 (MP
Hernando Herrera Vergara), T-527 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-373 de 1996 (MP Antonio
Barrera Carbonell), T-423
de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara), T-235 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara),
T-526 de 1997 (MP
Hernando Herrera Vergara), C-560 de 1997 (MP José Gregorio
Hernández Galindo, AV
Adelaida Ángel Zea), T-239 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-619 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero), SU-624 de
1999 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV Eduardo Cifuentes Muñoz), T-864
de 2000 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-871 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-944 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-1225 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-1677
de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), T-683 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T
925 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-957 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1093 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra), T-396
de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-612 de 2006 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-773 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-066 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-162 de 2008 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto. SV Jaime Araujo Rentería , SV Clara Inés Vargas
Hernández), T-349 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-051 de 2011 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), T-196 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-022 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-141 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-743 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva, SPV Mauricio González Cuervo), T-531 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-715 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-152 de 2015 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva. SPV María Victoria Calle Correa), T-342 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, SV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV Alberto Rojas Ríos) y C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa, AV Aquiles Arrieta Gómez,
AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Gloria Stella Ortiz Delgado, AV Alberto
Rojas Ríos).
[88] La Sentencia T-002 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero) reconoció que el derecho a la educación tiene un carácter
fundamental.
[89] Corte Constitucional, Sentencias T-002 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero), SU-277 de 1993 (MP Antonio Barrera Carbonell, SV Eduardo Cifuentes
Muñoz, SV Carlos Gaviria Díaz, SV Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz),
T-543 de 1997 (MP Hernando
Herrera Vergara), T-239 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-780 de 1999 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-642 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-689 de 2005
(MP Rodrigo Escobar Gil), T-188 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-390
de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-458 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) y T-008 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto
Vargas Silva). El derecho a la educación para personas adultas ha sido objeto
de pronunciamiento, además, en las sentencias T-534 de 1997 (MP Jorge Arango
Mejía, AV Eduardo Cifuentes Muñoz), T-018 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz),
T-108 de 2001 (MP (E) Martha Victoria Sáchica Méndez). En la Sentencia T-533 de
2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) se destacó el carácter fundamental
del derecho, con independencia de la edad del titular. Además, se realizó un
extenso análisis sobre la naturaleza de las obligaciones estatales en relación
con cada uno de los componentes del derecho.
[90] Corte Constitucional, Sentencias T-642 de 2004
(MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-689 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-188 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-390 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[91] Corte Constitucional, Sentencia T-428 de 2012
(MP María Victoria Calle Correa).
[92] Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2016
(MP María Victoria Calle Correa, AV Aquiles
Arrieta Gómez, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Gloria Stella Ortiz
Delgado, AV Alberto Rojas Ríos).
[93]Ver, al respecto, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13. El Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13. Ambos incorporados al orden
interno en virtud de la cláusula de remisión e incorporación normativa
contenida en el inciso 1º del artículo 93 de la Constitución Política. Y
Constitución Política, artículo 67.
[94] En relación con el derecho a la educación para
personas adultas, la Corporación ha resaltado su importancia en las sentencias
T-534 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía, AV Eduardo Cifuentes Muñoz), T-018 de
1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-108 de 2001 (MP Martha Victoria Sáchica
Méndez) y T-533 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002
(MP Eduardo Montealegre Lynett). En esta providencia se comprenden la
definición de un plan de vida y el acceso a mínimos materiales como componentes
del derecho a la dignidad humana.
[96] Al respecto, cfr. el texto “Sistema de seguimiento
y evaluación de la política pública educativa a la luz del derecho a la
educación”. Bogotá, 2004, ya citado, en donde se explica las deficiencias del
enfoque de la educación como creación de “capital humano” frente al enfoque de
la educación como derecho.
[97] Así lo dijo la Corte Constitucional en la
sentencia T-428
de 2012 (MP María Victoria Calle Correa) y luego lo reiteró en la sentencia
C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa,
AV Aquiles Arrieta Gómez, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Gloria Stella
Ortiz Delgado, AV Alberto Rojas Ríos).
[98] Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-329 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz), T-619 de
1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-780 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-974 de 1999 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-202 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), T-1225 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-1677 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), T-272 de
2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-925 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-380 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-642 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-1228 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-263 de 2006 (MP
Jaime Araujo Rentería), T-066
de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-254 de 2007 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-234 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-236 de 2009 (MP Clara
Elena Reales Gutiérrez), T-1023 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez. SPV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-426 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y T-164 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio).
[99] Corte Constitucional. Sentencias T-428 de
2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-531 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-715
de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-138 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub): “Como derecho y como servicio público, la
doctrina nacional e internacional han entendido que la educación comprende
cuatro dimensiones de contenido prestacional: (i) la asequibilidad o
disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de
crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos
aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a
los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura
para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que
implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto
de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la
necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los
educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv)
la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe
impartirse”.
[100] Corte Constitucional, Sentencias T-450 de 1992 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-421 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-186 de
1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-100 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa), T–501 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-078 de 1996 (MP Hernando Herrera
Vergara), T-772 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-694 de 2002 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), C- 162 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto.
SV Jaime Araujo Rentería, SV Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2008 (MP
Jaime Araújo Rentería), T-546 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-778 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[101]  Corte Constitucional, Sentencias T-421 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-186 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-236 de 1994 (MP
Antonio Barrera Carbonell), T-772 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-864 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-871 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-889 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-642 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-170
de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra) y T-906 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[102] Corte Constitucional, Sentencias C-376 de 2010
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva,
SPV Mauricio González Cuervo) y T-806 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[103] Corte Constitucional, Sentencia T-331 de 1998
(MP Fabio Morón Díaz).
[104] Corte Constitucional, Sentencia T-773 de 2006
(MP Jaime Córdoba Triviño)
[105] Corte Constitucional, Sentencias T-467 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-454 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[106] Corte Constitucional, Sentencias T-450 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-100 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y  T–501 de
1995 (MP Fabio Morón Díaz).
[107] Corte Constitucional, Sentencia T-562 de 1993 (MP Hernando Herrera Vergara).
[108] Corte Constitucional, Sentencias T-772 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-864 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-871 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero) y T-889 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[109] La teoría de la naturaleza dual del derecho a
la educación fue inicialmente planteada en la Sentencia T-009 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[110] Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 1992
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[111] Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[112] Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo 13: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (…).2.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho: (…) c) La enseñanza superior debe hacerse
igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita (…)”.
[113] Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[114] Observación General No. 13 “El derecho a la
Educación”; Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).
[115] Numeral 6º de la Observación
General 13: “a)
Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad
suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el
que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente
necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones
sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas,
servicios de informática, tecnología de la información, etc.  ||  b)
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La
accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:  ||  c) No
discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de
los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no
discriminación);  ||  Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el
acceso a programas de educación a distancia);  ||  Accesibilidad económica. La
educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad
está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo
13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la
enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes
que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.  ||  d)
Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas
de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo,
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes
y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la
educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas
que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del
artículo 13).  ||  e)
Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados”.
[116] El
Protocolo de San Salvador también reconoce: “Artículo 13. […]3. Los Estados partes en el presente
Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a
la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita. c. la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en
la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se
deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a
fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con
impedimentos físicos o deficiencias mentales […]”.
[117] La Asamblea Constituyente de 1991,
estableció luego de muchas deliberaciones, el concepto de gratuidad de la
educación, norma esencial considerada por la Corte Constitucional como un
derecho fundamental y establecido por la Carta Magna como un servicio público.
|| Es así como nace la obligación del Congreso de la República, como mecanismo
de pesos y contrapesos, donde genere acciones solidarias que permitan que
aquellos profesionales con calificaciones excelentes, puedan desarrollar
estudios de posgrados (Maestría, Doctorado) de forma gratuita como una
retribución a la excelencia académica, recordemos que Ecopetrol hace algo
similar, beca a nivel de bachillerato a las mejores Pruebas ICFES del país. ||
Además este proyecto, está orientado a que el desarrollo de un país se
encuentra relacionado conforme al grado de investigación y estudios que tienen
sus asociados, las investigaciones académicas sobre distintos temas o áreas que
puedan ser realizadas con el propio talento humano de nuestro país, nos genera
la posibilidad de que ese mismo estudiante de posgrado retribuya los
conocimientos adquiridos. || No obstante lo anterior, la educación es un
derecho exigible como derecho de la persona y justiciable como obligación del
Estado: || “En Colombia, por cada millón de habitantes existe, en promedio, 2,3
doctores y 125 investigadores. Cifras como estas fueron el punto de análisis
del panel sobre formación avanzada, que hizo parte del Seminario Internacional
sobre Políticas de Ciencia y Tecnología”.
[118] Exposición de motivos de la Ley 1678 de 2013.
[119] Exposición de motivos de la Ley 1678 de 2013.
[120] Artículo 2º de la Ley 1678 de 2013.
[121] Artículo 4º de la Ley 1678 de 2013.
[122] Artículo 6º de la Ley 1678 de 2013.
[123] Artículo 9º de la Ley 1678 de 2013.
[124] Artículo 8º de la Ley 1678 de 2013.
[125] También debe aplicarse en algunos procesos
privados como sucede, por ejemplo, en materia laboral en la cual no puede
presumirse la culpabilidad de la persona.
[126] Estas tres garantías o consecuencias de la
presunción de inocencia fueron reconocidas en la Sentencia C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván
Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[127] Corte Constitucional, Sentencias C-239 de
1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro
Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge
Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz), C-228 de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán
Sierra) y C-365 de
2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[128]
Corte Constitucional, Sentencias C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José
Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera
Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria
Díaz) y C-228 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV
Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán Sierra).
[129] Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio
Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV
Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz).
[130] Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 2016
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV Alejandro Linares Cantillo, SV Alberto
Rojas Ríos). En esta sentencia se declaró exequible la expresión “La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que la persona
haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los diez
(10) años anteriores.”, contenida en el artículo 46 de la Ley 1453 de
2011, al considerarse que “la disposición jurídica no infringe el principio del non bis in ídem y se constituye en una medida de agravación
punitiva que no se torna irrazonable, ya que la labor del juez al aplicar la
norma que contiene el agravante punitivo, examina el nuevo delito, sin realizar
valoraciones de la sentencia precedente que dan cuenta de la reincidencia del
sujeto activo actual”.
[131] Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs.
209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001 (MP
Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416
de 2002 (MP Clara Inés Vargas
Hernández); C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV
Marco Gerardo Monroy Cabra),
C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil; SPV Alfredo
Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP
Jaime Araujo Rentería), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV
Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-289 de
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs.
209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001 (MP
R
odrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández); C-205 de 2003
(MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271
de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva.
SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
642 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-483 de 2004 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T-1128 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-483 de 2004 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T-1128 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-642 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-329 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-886 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-051
de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-646
de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-068 de 2012 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-688
de 2012 (MP
Mauricio González Cuervo), T-1026 de 2012 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio), T-375 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-932 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa), T-138 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-307 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo) y T-363 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[135] Esta
obligación ha sido señalada por la jurisprudencia constitucional en la
Sentencia T-689 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[136] Este
deber ha sido reconocido entre otras en las sentencias de la Corte
Constitucional T-439 de
1993 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-002 de
1994 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-689 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-845 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-850 de 2014 (MP
Martha Victoria Sáchica Méndez, AV Luis
Ernesto Vargas Silva).
[137] En la
Sentencia T-321 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional
tuteló el derecho a la educación de una persona a quien el ICETEX no le giró
los recursos para continuar con la carrera que había escogido. La Corte
consideró en esa oportunidad que se había vulnerado la confianza legítima y la
buena fe del estudiante y con ello también su derecho a la educación.
[138] Corte Constitucional, Sentencia C-552 de 2016 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[139] La Sentencia SU - 1149 de 2000 (MP Antonio
Barrera Carbonell) concedió la tutela interpuesta en representación de unos
menores con talentos y capacidades excepcionales
cuyos padres no pudieron seguir pagando su educación en un colegio
especializado. La Corte consideró que la educación es un derecho fundamental y
la obligación especial del Estado de dar educación a las personas con
capacidades excepcionales, quienes no solo deben acceder, sino también
permanecer dentro del sistema especial de educación.
[140] La Sentencia T - 345 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis) concedió la
acción de tutela interpuesta porque la Empresa de Licores de Cundinamarca dejó de
pagar las becas de estudio que se habían adjudicado en propiedad a los
pensionados para costear el estudio de uno de sus hijos, no obstante que se
sometieron al proceso de selección y concurso, cumpliendo así con los requisitos que se exigían para la
concesión de ese derecho.
[141] La Sentencia T - 984 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto)
concedió la acción de tutela interpuesta por un padre a quien se le había
concedido una beca “por presentar Retardo
Psicomotor por Anoxia intraparto de difícil manejo requiriendo cuidado
permanente” cuyo pago fue interrumpido por el municipio de Cartago. La
Corte consideró que los municipios “cuentan con capacidad para contratar con
entidades de carácter privado el apoyo que resulte necesario para atender de
manera consecuente con los postulados constitucionales las necesidades
educativas especiales de la población con limitaciones hasta tanto los
establecimientos estatales puedan ofrecerla, y su prestación debe ser
garantizada por el Estado en los niveles primario, secundario, profesional y
técnico”.
[142] La
Sentencia T - 698 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez, AV Jorge Iván Palacio
Palacio) concedió la acción de tutela interpuesta por unos padres a cuyos hijos
les fueron otorgadas unas becas para estudiar en Bucaramanga que no fueron
continuadas. En dicha providencia se consideró que “analizada la situación fáctica previamente descrita,
la Sala considera que la medida tomada por la administración vulneró el derecho
a la educación de los niños en la faceta de permanencia, los principios de
buena fe, confianza legítima, respeto del acto propio y el derecho fundamental
al debido proceso; la medida no tomó en serio el derecho a la educación”.
[143] La Sentencia
T-750 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
decidió la acción de tutela interpuesta por un grupo de jubilados a cuyos hijos
se les reconoció una beca educativa especial por ser discapacitados, la cual se
les suprimió causándoles un grave perjuicio y vulnerando sus derechos
fundamentales. La Corte consideró que se “vieron lesionados sus derechos con la
decisión proferida por EMCALI, quien asumió una conducta regresiva en torno al
derecho a la educación de los hijos de los accionantes, quebrantando a su vez,
el anteriormente explicado principio de progresividad de los derechos
sociales”.
[144] La Sentencia T -
164 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio)
decidió una acción de tutela interpuesta contra la Universidad Cooperativa de
Colombia y la gobernación del Arauca por haber revocado becas estudiantiles
otorgadas como contraprestación de un contrato de arrendamiento en que la
entidad territorial entregó a la institución educativa unas aulas y una
edificación y, el pago del canon de arrendamiento se pactó con el otorgamiento
de unas becas. Al respecto se consideró que si bien la Universidad ya no estaba
obligada a pagar con becas el canon, vulneró los derechos de los estudiantes al
haberles, no solo revocado dichos beneficios, sino, también, por informarles de
tal situación sin una anticipación prudencial.
[145] Corte Constitucional, Sentencia T-046
de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Igualmente, consultar Corte
Constitucional, Sentencias T-164 de 2012 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio) T-423 de
2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), y T-410 de 2016 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[146] Corte
Constitucional, Sentencias C-333 de 1994, (MP Fabio Morón Díaz); C-265 de 1995
(MP -Antonio Barrera Carbonell); C-445 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero); C-613 de 1996, (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, AV José Gregorio
Hernández Galindo); C-197 de 1997, (MP Carmenza Isaza de Gómez (E.), AV Eduardo
Cifuentes Muñoz MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); C-507 de 1997, (MP Carlos
Gaviria Díaz); C-584 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); C-183 de 1998, (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz, SV José Gregorio Hernández Galindo); C-318 de 1998,
(MP Carlos Gaviria Díaz, SV Antonio Barrera Carbonell, SV Eduardo Cifuentes
Muñoz); C-539 de 1999, (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, SPV Alfredo Beltrán Sierra,
SPV Carlos Gaviria Díaz, SPV Vladimiro Naranjo Mesa); C-112 de 2000, (MP
Alejandro Martínez Caballero, AV Alfredo Beltrán Sierra, AV José Gregorio
Hernández Galindo); C-093 de 2001, (MP Alejandro Martínez Caballero).
[147] Corte
Constitucional, Sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, AV
Jaime Araujo Rentería) “Según la jurisprudencia de esta Corporación, el examen
de constitucionalidad de una norma legal supone la intervención de la
jurisdicción constitucional en la órbita de competencias del legislador, en
aras de preservar los principios y valores constitucionales. El principio
democrático (art. 1 C.P.), el principio de la separación de las ramas del poder
público y de colaboración armónica entre ellas (art. 113 inciso 2 C.P.) y el
principio de primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.)
deben ser interpretados sistemáticamente y ponderados en concreto de forma que
se respeten las competencias constitucionales tanto del legislador como de la
Corte Constitucional. Tal es el sentido básico de los distintos grados de
intensidad con los que debe aplicarse el test de razonabilidad de una medida
legislativa. Ello explica que en materia de igualdad el test de razonabilidad,
con variantes importantes pero también con elementos comunes significativos,
sea el método aplicado en otras democracias constitucionales, e, inclusive, por
órganos jurisdiccionales regionales.//Además, es pertinente subrayar que el
test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis
de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional
desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado
por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la
relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver
diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve.”
[148] Corte Constitucional, Sentencia C - 552 de 2016
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV María Victoria Calle Correa, SPV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[149] Corte Constitucional, Sentencias T-718 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y C-181 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV Alejandro Linares
Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos).
[150] Corte Constitucional, Sentencias C-552 de
2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV María Victoria Calle Correa, SPV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[151] Sobre la resocialización como función de la
pena, ver entre otras, C - 806 de 2002 (MP Clara
Inés Vargas Hernández, SV Alfredo Beltrán Sierra, SV Rodrigo Escobar Gil), T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo), C 579 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV Mauricio González Cuervo, AV María Victoria
Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alberto Rojas Ríos, SPV
Nilson Pinilla Pinilla, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-267 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[152] Las sentencias C-261 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero) y
T-378 de 2015 (MP
Alberto Rojas Ríos, AV Myriam Ávila Roldán) señalan que el fundamento de la
resocialización es la dignidad humana.
[153] Las Sentencias T-1190 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett),
Sentencia T-378 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos, AV Myriam Ávila Roldán), C
026 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y Alberto Rojas Ríos) han señalado que la resocialización es una de las
consecuencias de la relación especial de sujeción existente entre la persona
privada de la libertad y el Estado.
[154] Sobre el tema,
se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-261 de 1996 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-077 de 2013 (MP Alexei Egor Julio Estrada), C 026
de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV
Alberto Rojas Ríos).
[155] Sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa, SPV
Mauricio González Cuervo): “Una de las actividades en prisión
que tiene especial protección por parte de la Carta Política, dado su destacado
rol dentro del proceso de reinserción, es la educación. Es quizá, la principal
herramienta de intervención con la que cuenta una sociedad democrática para
corregir el rumbo de personas igualmente dignas, autónomas y libres. No
obstante, como lo evidencian los reportes y diagnósticos evaluados dentro del
proceso de la referencia, las condiciones actuales de hacinamiento y
sobrepoblación, se suman a los problemas y deficiencias que, de por sí, tiene
la oferta de planes y programa educativos en la penitenciarias y las cárceles.
En un estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la
dignidad humana, se deja de usar la educación como instrumento de
transformación de las personas”.
[156] Ver por ejemplo,
las Sentencias T-213 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo).
[157] Si bien la Corte ha admitido los
condicionamientos válidos en materia sancionatoria, lo ha hecho generalmente
para señalar eventos en los cuales no se puede aplicar una sanción como en el
caso de la eutanasia o el aborto, pero no para establecer cuándo ésta se puede
imponer, pues ello hace parte de la potestad de configuración del legislador en
virtud del principio de legalidad.
[158] Como se hizo por ejemplo en la Sentencia C-271
de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández).
[159] En
la Sentencia C-570 de
2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se reconoció que si bien las normas
sancionadoras pueden tener un grado de indeterminación, son inconstitucionales
cuando establecen conductas absolutamente imprecisas.
[160] Carrió, Genaro
(1970): Algunas palabras sobre las palabras de la ley. Editorial
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1971. p.15.
[161] Sentencia
C-350 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[162] Carrió, Genaro
(1970): Algunas palabras sobre las palabras de la ley. Óp. cit,
p.17.
[163] Sentencia
C-350 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[164] Corte Constitucional, Sentencia C-167 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[165] Corte Constitucional, Sentencia C-559 de 1999 (MP Alejandro
Martínez Caballero, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Eduardo Cifuentes Muñoz).
[166] Sentencia C-559 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV Vladimiro
Naranjo Mesa, SV Eduardo Cifuentes Muñoz).
[167] Algunos ejemplos son: (i) La Sentencia C - 087 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra, AV
Vladimiro Naranjo Mesa) declaró inexequible la
posibilidad de que los comandantes de estación y de
subestación prohíban la concurrencia a determinados sitios públicos o abiertos
al público: “1. Al
que por más de dos veces haya dado lugar a graves hechos perturbadores del
orden público en esos sitios” y “2. Al que por su edad o estado de salud física
o mental le sea perjudicial, según dictamen médico, asistir a tales sitios”.  (ii) La Sentencia
C-1444 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra)
declaró inexequible la sanción contemplada en el numeral 3º del artículo
206 del Decreto 1355 de 1970 que señalaba que
“compete a los comandantes de estación y de subestación imponer la presentación
periódica ante el comando de policía: “al que de
ordinario deambula por las calles en actitud de sospechosa inquisición de
bienes o personas”. (iii) La
Sentencia C-653 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Alfredo Beltrán
Sierra, SV Jaime Araújo Rentería, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Álvaro Tafur
Galvis) declaró inexequible el parágrafo del artículo 26 de la Ley 734 de 2002
que señalaba que “el
funcionario de la Procuraduría General de la Nación que viole el debido proceso
incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”. (iv)
La Sentencia
C-406 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández, AV Álvaro Tafur Galvis,
AV Manuel José Cepeda Espinosa, SPV Jaime Araújo Rentería) declaró la inexequibilidad
del literal b) del numeral 3º del artículo 12 de la Ley 32 de 1979 que permitía
la imposición de sanciones al que “realice operaciones que no sean
suficientemente representativas de la situación del mercado”. (v) La Sentencia C-796 de 2004 (MP Rodrigo Escobar
Gil) declaró la inexequibilidad de la expresión “con la destitución inmediata
del responsable o responsables” del parágrafo del artículo 4º de la Ley
124 de 1994 que establecía que: “Sin perjuicio de las sanciones penales
correspondientes, cualquier abuso de la autoridad policial cometido en contra
del menor, será sancionado por el Comisionado Nacional para la Policía o su
Delegado, con la destitución inmediata del responsable o responsables”.
(vi) La Sentencia
C-350 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) declaró la inexequibilidad del numeral 9º del artículo 35 de la
Ley 734 de 2002, que señalaba que a todo servidor público le está prohibido “ejecutar en el lugar de
trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres”. Y (vii) la Sentencia C - 107 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa) declaró inexequible la expresión “a quienes le desobedezcan” contemplada en el artículo 29 de la Ley
1551 de 2012, en virtud de la cual los alcaldes
podían imponer multas a quienes no obedecieran sus mandatos, entre otras.
[168] Corte Constitucional, Sentencias C-496 de 1994
(MP Alejandro Martínez Caballero), Sentencia C-690 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-262
de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería, SPV Clara Inés Vargas Hernández), Sentencia
C-038 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y C-259 de 2015 (Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[169] Sentencia C-559 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV Vladimiro
Naranjo Mesa, SV Eduardo Cifuentes Muñoz).
[170] Sentencia C-559 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero, SV Vladimiro
Naranjo Mesa, SV Eduardo Cifuentes Muñoz).
[171] En este sentido, por ejemplo, tendría que
determinarse: si el hecho es directamente imputable al becario o simplemente se
exige que éste sea partícipe del mismo; si se sancionan todos los delitos o
solamente los cometidos dolosamente o cuál es el procedimiento específicamente
aplicable.
[172] Tema estudiado en la sentencia C-
626 de 1996 que resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 y 16 de la Ley 228 de 1995 “por la cual se
determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan
otras disposiciones”.
[173] Sobre la responsabilidad subjetiva se pronunció la Corte
Constitucional en la sentencia C-310 de 1996, estudió la Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 148 del Código Penal y 1º del Decreto
Ley 1895 de 1989.
[174] Sentencia C-774 de 2001. En el mismo sentido las sentencias C-416 de 2002,
C-030 de 2003, C-1156 de 2003, C-271 de 2003 y C-282 de 2012.
[175] Coincide con este criterio la sentencia C-271 de 2003 entre otras.
[176] Sentencias T-480, T-512 de 1992,
T-335 de 995, T-1000 de 2000.