T-953-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-953/13
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia excepcional a pesar de existir
otros medios de defensa judicial
La acción de
tutela no procede para cobrar acreencias laborales. Pese a ello, se torna
procedente a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa, cuando se
utilice para evitar un perjuicio irremediable o cuando el mecanismo judicial
previsto para resolver dicha pretensión no resulte idóneo o eficaz para proteger
de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales.
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LA PENSION-Fundamental
Partiendo de los
artículos 48 y 53 constitucionales, en armonía con el deber constitucional de
proteger especialmente a las personas que se encuentren en estado de debilidad
manifiesta y los derechos a la igualdad, a la seguridad social, y al mínimo
vital, este Tribunal ha establecido la existencia del derecho fundamental a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones que implica, por lo menos, las
siguientes categorías: (i) el derecho a la actualización del ingreso base de
liquidación de la primera mesada pensional, y (ii) la garantía al reajuste periódico
de las pensiones.
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-Son mandatos de
orden constitucional que no pueden ser desconocidos
A raíz de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y de la Constitución Política de 1991 se ha desarrollo una línea jurisprudencial constitucional en
torno a la denominada indexación de la primera mesada pensional con el ánimo de
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La Corte ha venido señalando que, de acuerdo con el mandato establecido en los artículos 48 y 53
constitucionales, con la indexación de la primera mesada pensional se busca
evitar el deterioro o la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones ante
fenómenos económicos  como la inflación cuando el trabajador, aun con
anterioridad a la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, e indistintamente del régimen pensional al que pertenecía, cumplía con el
requisito de tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez y, con
posterioridad, alcanzaba la edad requerida para consolidar tal derecho.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Contabilización
del término de prescripción según sentencia SU.1073/12
Mediante sentencia SU-1073 de 2012 la Sala Plena de
la Corte Constitucional estableció, en relación con el pago de las diferencias
dinerarias de las mesadas pensionales no prescritas, que sólo a partir de dicha
sentencia se generó la certeza sobre la procedencia de la indexación de la
primera mesada pensional de las personas que causaron la prestación en vigencia
de la Constitución Política de 1991, y que por esa razón, solo procedía el
reconocimiento de los periodos no prescritos dentro de los tres años anteriores
a la fecha en que se adoptó la sentencia de unificación, esto es, el 12 de
diciembre de 2012.
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre
requisitos y condiciones necesarias para su procedencia
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y MINIMO VITAL-Orden para reconocer y pagar la indexación de la primera
mesada pensional
Referencia: expediente T-4016057.
Acción de tutela instaurada por Alexandra Sofía Castro Vidal, actuando
como apoderada de María Teresa Castrillon de Otoya contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., diecinueve
(19) de diciembre de dos mil trece (2013).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria
Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso
de revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Popayán, el 2 de mayo de 2013, que resolvió la
acción de tutela promovida por Alexandra Sofía Castro Vidal, actuando como
apoderada de María Teresa Castrillon de Otoya contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y demanda:
El 16 de abril de 2013,
Alexandra Sofía Castro Vidal, actuando como apoderada de María Teresa
Castrillon de Otoya, instauró acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y seguridad social, atendiendo a los siguientes hechos:
1.1. Sostiene que mediante
Resolución 5227 de 1969, la Caja Nacional de Previsión le reconoció a su esposo
Francisco José Otoya Arboleda la pensión de jubilación por un valor de
$2.965.63 a partir del 1° de enero de 1969, condicionada al retiro definitivo
del servicio oficial según lo prescrito en la Ley 6 de 1945 y las normas concordantes.
1.2. Señala que de
acuerdo con la Resolución 5628 del 20 de diciembre de 1971, la Caja Nacional de Previsión reliquidó la pensión reconocida a su esposo por una suma de $6.683.30
equivalente a 13.223 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), y
estableció que se haría efectiva a partir del 3 de marzo de 1971, fecha de su
retiro del servicio oficial.
1.3. Manifiesta que
la Caja Nacional de Previsión a través de la Resolución 00729 de 1981, resolvió reajustar la pensión de su esposo a $19.044.24, y sustituirla
a su favor a partir del 10 de abril de 1980, debido al fallecimiento de su
cónyuge.
1.4. Indica la
señora María Teresa Castrillon de Otoya que para el año 2011 devengaba una
pensión de $1.482.033.63 equivalentes a 2.77 SMLMV, lo cual no se equipara con
los $3.936.467 que debería recibir si se genera la actualización teniendo en
cuenta el Índice de Precios del Consumidor (IPC), tal como lo contempla el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
1.5. Sostiene que el
24 de abril de 2012, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la revisión de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) en los actos administrativos que reconocen y sustituye la pensión de
jubilación.
1.6. Mantiene que
el 2 de octubre de 2012, la entidad accionada le respondió señalando que “(…) las
liquidaciones realizadas fueron verificadas nuevamente por el área de nómina de
la entidad y se evidencia que fueron realizadas de conformidad a los ordenado
por las resoluciones que le reconocen el derecho, siendo pertinente aclarar que
la mesada pensional se encuentra ajustada a derecho y se aplicaron en debida
forma los reajustes pertinentes”[1].
1.7. Por lo
anterior, solicita el amparo de sus derechos fundamentales y en consecuencia se
reajuste su mesada pensional con la aplicación del IPC desde el 3 de marzo de
1971.
2. Respuesta de
la entidad accionada:
Mediante escrito extemporáneo
del 14 de mayo de 2013, el Subdirector Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela. Argumentó
que ha ofrecido respuestas a las solicitudes pensionales de la peticionaria,
quien pretende evadir injustificadamente los procedimientos que establece el
ordenamiento jurídico para dirimir las controversias generadas por los actos
proferidos por la administración.
II. DECISIÓN
OBJETO DE REVISIÓN
Decisión de única
instancia:
El 2 de mayo de 2013, el Juzgado 2° Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Popayán – Cauca negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados. Sostuvo que la pretensión de la actora debe ventilarse
ante la jurisdicción ordinaria, sumado a que no acreditó que la interposición
de la acción de tutela tuviera el objetivo de evitar un perjuicio irremediable
sobre sus derechos fundamentales.
III. PRUEBAS
DECRETADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. Mediante auto
del 20 de noviembre de 2013, el despacho sustanciador dispuso comunicarse vía telefónica con la apoderada de la parte actora, abogada
Alexandra Sofía Castro Vidal, con el objeto de que
allegara, vía fax y con destino al expediente, una copia
del Registro Civil de Nacimiento y/o copia de la cédula de ciudadanía de la
señora María Teresa Castrillon de Otoya.
2. El 26 de noviembre de 2012, la apoderada de la
parte actora aportó vía correo electrónico el certificado
de bautismo suscrito por la Arquidiócesis de Popayán – Cauca de la señora Maria Teresa Castrillon de Otoya así como la copia de su cédula de ciudadanía.
IV. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia:
Esta Corte es
competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el
reparto efectuados mediante auto de la Sala de Selección número ocho,
notificado el 17 de septiembre de 2013.
2. Problema
Jurídico y Esquema de Resolución:
2.1. Corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y
al de mantener el poder adquisitivo de la pensión de la señora María Teresa Castrillon de Otoya, de 90 años de edad, luego
de señalar que su mesada pensional se encontraba ajustada a derecho, sin que
mediara una explicación detallada sobre la aplicación del Índice de Precios al
Consumidor en su pensión.
2.2. Para resolver
la cuestión planteada, estima la Sala la necesidad de reiterar la
jurisprudencia de la Corte en los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela
para solicitar  obtener el reajuste periódico de una mesada pensional; (ii)
el derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Luego,
(iii) se analizará y resolverá el caso en concreto.
3. La
procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el cobro de
acreencias laborales.
3.1. De acuerdo con el artículo
86 de la Carta Política “[t]oda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”[2].
3.2. Con fundamento en la lectura
del artículo 86 constitucional, este Tribunal ha señalado que, en principio, la
acción de tutela no procede para cobrar acreencias laborales debido a la
existencia de mecanismos judiciales expresamente diseñados en el ordenamiento
jurídico para ese fin. Sin embargo, ha contemplado dos hipótesis en las cuales se
hace procedente para dicho fin a pesar de la existencia de tales mecanismos.
La primera de ellas se deriva de
la lectura gramatical de la Norma Superior que dispone que la acción de tutela
procede cuando se “utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. La Corte ha sostenido que el perjuicio
irremediable se presenta “cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen”[3], y que atiende a los siguientes elementos:
“(i)
inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o
menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado
relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”[4].
3.3. En segundo lugar, esta
Corporación ha mantenido que la acción de tutela procede como mecanismo
principal cuando se acredite que el mecanismo judicial previsto para resolver
las pretensiones no resulte idóneo o eficaz para proteger de forma adecuada, oportuna e integral
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Para ello, el juez de tutela debe
hacer el correspondiente estudio de conformidad con los hechos del caso
concreto[5]. En tal sentido, la jurisprudencia
de esta Corte ha identificado elementos que a juicio del juez deben
considerarse y luego determinar la procedencia de la acción de tutela para
cobrar acreencias pensionales, según se señalan a continuación:
“i) el estado de salud del solicitante;
ii) el tiempo que la autoridad pensional demoró en desatar el procedimiento
administrativo; iii) la edad del peticionario; iv) la composición del núcleo
familiar del mismo, verbigracia el número de personas a cargo, o si ostenta la
calidad de cabeza de familia; v) el potencial conocimiento de la titularidad de
los derechos, al igual que las acciones para hacerlos valer; y vi) las
circunstancias económicas del interesado, análisis que incluye el promedio de
ingresos frente a los gastos, el estrato socioeconómico y la calidad de
desempleo”[6].
Frente al tercer elemento, la
jurisprudencia constitucional ha consolidado la subregla jurisprudencial que
establece la presunción de la ineficacia de los mecanismos de defensa
judiciales para las personas que han alcanzado el promedio de vida de la
población colombiana de acuerdo a lo siguiente:
“Esa presunción parte de una base
fáctica sólida, en tanto se cimenta sobre las estadísticas recopiladas por el
Dane; de reglas de la experiencia prácticamente incontrovertibles (quien ha
alcanzado el promedio de vida tiene menores posibilidades de esperar la
definición de un proceso judicial que suele tardar varios años); y toma en
cuenta que, al momento de interponer la acción, la persona apenas inicia un
trámite que, en virtud de la duración de los procesos ordinarios se extenderá
ampliamente en el tiempo, de forma que la respuesta definitiva llegará en fecha
muy posterior a aquella en la que la persona alcanzó el promedio de vida de la
población colombiana”[7].
3.4. En síntesis, la acción de tutela
no procede para cobrar acreencias laborales. Pese a ello, se torna procedente a
pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa, cuando se utilice para
evitar un perjuicio irremediable o cuando el mecanismo judicial previsto para
resolver dicha pretensión no resulte idóneo o eficaz para proteger de forma adecuada,
oportuna e integral los derechos fundamentales.
4. El derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
4.1. A la luz del
artículo 53 de la Carta Política, al Estado le asiste la obligación de
garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las mesadas
pensionales. Por su parte, el artículo 48 constitucional señala que la ley
desarrollará los mecanismos necesarios para que “los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. De acuerdo con lo
anterior, los pensionados colombianos tienen el derecho constitucional a que
sus mesadas sean pagadas oportunamente y reajustadas periódicamente.
4.2. Los anteriores
preceptos constitucionales obedecen a la necesidad de responder a los fenómenos
económicos que inciden en la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas
pensionales. En efecto, el incremento de generalizado del precio que se paga
para la obtención de bienes y servicios en la economía en un lapso de tiempo
genera la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (inflación)[8]. La
implicación de tal fenómeno para un pensionado es la disminución en su
capacidad económica para adquirir para sí o para sus familias los bienes y
servicios necesarios para su digna subsistencia, como por ejemplo, la alimentación,
educación, salud, vestido, vivienda digna y el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, lo que se traduce en la afectación a sus derechos al mínimo
vital[9]
y a la seguridad social.
Partiendo de los
artículos 48 y 53 constitucionales, en armonía con el deber constitucional de
proteger especialmente a las personas que se encuentren en estado de debilidad
manifiesta[10]
y los derechos a la igualdad, a la seguridad social, y al mínimo vital, este
Tribunal ha establecido la existencia del derecho fundamental a mantener el
poder adquisitivo de las pensiones[11]
que implica, por lo menos, las siguientes categorías: (i) el derecho a la
actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional, y
(ii) la garantía al reajuste periódico de las pensiones.
4.3. La indexación
es una de las formas del derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de
las mesadas pensionales la cual ha sido objeto de desarrollo legal. En un
primero momento el Código Sustantivo del Trabajo contemplaba en su artículo 261
la congelación del salario base para computar la pensión de jubilación. Allí se
consagraba que una vez adquiridos los requisitos para acceder a la pensión no
se tenían en cuenta las modificaciones salariales posteriores.
Mas adelante, las
leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988 prescribieron la posibilidad de que
las mesadas pensionales de diferente orden fueran ajustadas periódicamente. Igualmente,
el artículo 17 de la ley 4ª de 1992 señaló la facultad del Gobierno Nacional para
establecer los reajustes de las mesadas pensionales de los Representantes a la Cámara y Senadores.
Luego, la Ley 100 de 1993 consagró expresamente el derecho a la indexación del ingreso base de liquidación
de la primera mesada pensional con el objetivo de que mantenga su poder
adquisitivo. Su artículo 21 consagra:
“Se
entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en
todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al
previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema,
siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.
Igualmente, el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 materializa la garantía sobre el reajuste
periódico de las pensiones de la siguiente forma:
“Con
el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación
porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno”.
4.4. A raíz de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 y de la Constitución Política de 1991 se ha desarrollo una línea jurisprudencial constitucional en
torno a la denominada indexación de la primera mesada pensional con el ánimo de
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La Corte ha venido señalando que, de acuerdo con el mandato establecido en los artículos 48 y 53
constitucionales, con la indexación de la primera mesada pensional se busca
evitar el deterioro o la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones ante
fenómenos económicos  como la inflación cuando el trabajador, aun con
anterioridad a la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, e indistintamente del régimen pensional al que pertenecía, cumplía con el
requisito de tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez y, con
posterioridad, alcanzaba la edad requerida para consolidar tal derecho[12].
4.5. Pese a lo antedicho,
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, si bien existían dispositivos de actualización
de pensiones reconocidas, también lo es que no se consagraba expresamente en el
ordenamiento jurídico el derecho a la indexación del ingreso base para la
liquidación de la primera mesada pensional. Un ejemplo de sus implicaciones
resulta de la interpretación del artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, derogado por el artículo 289 de la ley 100 de 1993, el cual prescribía:
“1.
Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de
ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los
cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años
si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una
pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio. || 2. El trabajador que se retire o sea retirado del
servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al
llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20)
años de servicio”
De acuerdo a los
numerales expuestos la actualización del salario base de liquidación de la
pensión no estaba contemplada expresamente ya que simplemente señalaba la forma
en que se debía liquidar la mesada pensional.
Una interpretación
literal permite inferir que de acuerdo al numeral primero del anterior precepto
normativo todos los trabajadores que en vigencia del vínculo laboral cumplieran
con los requisitos de edad y tiempo de servicio allí establecidos, tenían
derecho a una pensión vitalicia de jubilación o de vejez equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios. Lo anterior no
generaba mayor impacto ya que generalmente el retiro del servicio de los
trabajadores era contiguo con la fecha de causación de la pensión, por tanto,
el señalado fenómeno de inflación no implicaba inconvenientes en el poder
adquisitivo de la mesada pensional.
De acuerdo a la literalidad del numeral segundo del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador que hubiere cumplido 20
años de servicio, luego de los cuales se retirara o fuera retirado del
servicio, tenía derecho a la pensión al momento en reuniera la edad requerida
para dicho fin. Ello no era problemático cuando la fecha de retiro era idéntica
o muy próxima a la del reconocimiento. Pero sucedía que el retiro del
trabajador se generaba años después del reconocimiento de la pensión de
jubilación y los encargados de hacerlo liquidaban la primera mesada utilizando
como base el último salario nominal devengado por el trabajador años atrás. Esto
implicaba su pérdida del valor adquisitivo y en ocasiones que fuera inferior a
la cuantía del salario mínimo legal mensual vigente al momento de cumplimiento
del requisito de edad. Por ello, la interpretación gramatical de tal norma contrariaba
el derecho a mantener el poder adquisitivo de las mesadas
pensionales.
4.5. Atendiendo a esa situación, este Tribunal ha establecido
que la indexación en la primera mesada pensional constituye un derecho
fundamental, por tanto, su reconocimiento es de carácter universal. Ello
en tanto a que todos los pensionados sufren las consecuencias de la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, entonces se encuentran en la misma situación.
De no reconocerse así se estaría generando no solo una lesión
a las condiciones vitales de unos pensionados, pues su mínimo vital se ve
afectado al recibir una suma significativamente inferior a la que tienen
derecho si se tiene en cuenta el salario que recibían durante su etapa
productiva[13], sino también una evidente vulneración
al derecho fundamental y principio de igualdad. Por ello, la Corte señaló recientemente que “(…) todos los pensionados, sin distinción alguna,
no sólo debe garantizárseles que sus pensiones sean actualizadas anualmente una
vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también existe un derecho
constitucional a la actualización del salario base para la liquidación de
la primera mesada”[14].
4.6. Finalmente, hay que señalar que mediante sentencia SU-1073 de 2012
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció, en relación con el pago de las diferencias dinerarias de las mesadas
pensionales no prescritas, que sólo a partir de dicha sentencia se generó la certeza
sobre la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional de las
personas que causaron la prestación en vigencia de la Constitución Política de 1991, y que por esa razón, solo procedía el reconocimiento de los
periodos no prescritos dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se
adoptó la sentencia de unificación, esto es, el 12 de diciembre de 2012.
4.7. En conclusión,
la Constitución del 91 estableció en sus artículos 48 y 53 el derecho a que
las mesadas pensionales sean reajustadas periódicamente el cual tiene carácter
de fundamental. Dicho derecho se manifiesta, entre otras formas, mediante la
denominada indexación de la primera mesada pensional que debe aplicarse sin
distinción alguna en aras de garantizar los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y a la igualdad debido a que la inflación es un
hecho económico que genera la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas de
todos los pensionados por igual.
5. Análisis y
resolución del caso en concreto.
5.1. A la Sala le corresponde determinar si la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al de mantener el
poder adquisitivo de la pensión de la señora María Teresa
Castrillon de Otoya, de 90 años de edad, luego de señalar que su mesada
pensional se encontraba ajustada a derecho, sin que mediara una explicación
detallada sobre la aplicación del Índice de Precios al Consumidor en su
pensión.
5.2. Como primera
medida, la Sala considera que la presente acción de tutela es procedente para
garantizar los derechos fundamentales de la tutelante a
pesar de existir otros mecanismos de defensa ya que estos no resultan eficaces para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral tales derechos. Ello en atención a
que la peticionaria es un sujeto de especial protección constitucional pues en la
actualidad tiene 90 años de edad[15]. Resulta desproporcionado someter a la accionante a los mecanismos
ordinarios judiciales para que se resuelvan sus pretensiones pensionales. Dichos
mecanismos tienen ritualidades procesales que implican una extensión en el
tiempo que culmina con la expedición de una sentencia, duración que se puede ampliar
aún más con la conocida congestión de los despachos judiciales de Colombia. En
uno u otro caso, el fallo judicial superaría la expectativa de vida de la
peticionaria.
5.3. Por otro lado,
la Sala evidencia que mediante Resolución 5227 de 1969, la Caja Nacional de Previsión le reconoció al señor Francisco José Otoya Arboleda,  esposo de la
peticionaria, la pensión de jubilación por un valor de $2.965.63, condicionando
su pago al retiro definitivo del servicio oficial. De acuerdo a la Resolución 5628 del 20 de diciembre de 1971, la mesada pensional se hizo efectiva a partir
del 3 de marzo de 1971 y se reliquidó por a un valor de $6.683.30.
Posteriormente, la Caja Nacional de Previsión a través de la Resolución 00729 de 1981, sustituyó la pensión de jubilación a la señora María Teresa
Castrillon de Otoya reajustándola a $19.044.24 para que fuera pagada a partir
del 10 de abril de 1980, fecha en la que murió su cónyuge.
La peticionaria
señala que para el año 2011 devengaba una pensión de $1.482.033.63 equivalentes
a 2.77 SMLMV, la cual considera que no se equipara con los $3.936.467 que
debería recibir si su pensión fuera actualizada con la aplicación el IPC. En
razón de lo anterior, la peticionaria acudió a la entidad accionada para que
revisara la liquidación de su mesada pensional. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le respondió a la actora señalando que las liquidaciones pensionales “fueron
realizadas de conformidad a los ordenado por las resoluciones que le reconocen
el derecho, siendo pertinente aclarar que la mesada pensional se encuentra
ajustada a derecho y se aplicaron en debida forma los reajustes pertinentes”[16].
5.4. La Sala considera que la actora se encuentra en la misma situación
económica amparada por esta Corte en los casos sobre indexación de la primera
mesada pensional reconocida
con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991. El valor de la mesada pensional de la tutelante al igual que todos
los pensionados, sufre
las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se
refleja en la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital ya que
recibe una suma significativamente inferior a la que tiene derecho si se tiene
en cuenta el salario que recibía su esposo durante la época que prestaba sus
servicio. A pesar de que la pensión de su esposo se ajustó
al momento del retiro,
cuando se hizo efectiva la sustitución pensional, su valor resultaba muy
inferior en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta Sala de Revisión identifica
suficientes elementos de juicio para concluir que, contrario a lo señalado por
la parte demandada, los reajustes no corresponden al IPC y, por lo tanto, no le
permiten mantener el poder adquisitivo de la pensión, de
acuerdo a lo siguiente:
En efecto, para el 3 de marzo
de 1971, fecha en la que se hizo efectiva la pensión del
esposo de la tutelante, el valor de la pensión tenía un
valor de $6.683.30 que correspondían a 12.877 SMLMV pues para
ese año el valor del salario mínimo mensual era de $519. Por otro lado, el IPC según el DANE para marzo de 1971 era del 0.17884 y para diciembre
de 2011 del 109.15740. Acudiendo a la formula matemática señalada por esta
Corporación en sentencias como la T-098 de 2005 para ilustrar la manera en que
se debe indexar la primera mesada pensional[17],
el valor de la pensión de la peticionaria en el mes de diciembre del 2011 debería tener un valor aproximado de $4.079.242. Sin embargo, de
acuerdo a los hechos relatados por la accionante, para el mismo año recibía una mesada pensional de $1.482.033.63 equivalentes
a 2.76 SMLMV de ese año.
Así las cosas, la Sala de Revisión encuentra como hecho indicativo que la
mesada pensional la actora no está actualizada debido a la diferencia que
existe entre el número de salarios equivalentes a la pensión reconocida a
partir del 3 de marzo de 1971 frente al número de salarios que equivale la
mesada pensional que percibe la actora para el año 2011. Por un lado, para el 3
de marzo de 1991 la pensión correspondía a 12.877 SMLMV, mientras que para el año
2011 la mesada pensional equivalía a 2.76 salarios mensuales.
Sumado a ello, existe una diferencia considerable entre el valor de la
pensión que recibe la actora y el valor aproximado que debería recibir si su
mesada pensional se hubiera actualizado de acuerdo a la citada formula. Por
tanto, la tutelante ha visto disminuida su capacidad
económica para adquirir para sí y para su familia los bienes y servicios
necesarios para su digna subsistencia. Es por ello que no
resulta satisfactoria la respuesta ofrecida por la entidad demandada al derecho
de petición presentado por la actora. En consecuencia, la Sala ordenará que se efectúe la reliquidación de la mesada pensional de la actora desde el
año 1971 de acuerdo a la formula señalada por la Corte para indexar la primera mesada pensional.
5.5. Por consiguiente, esta Sala de Revisión revocará
el fallo proferido por el
Juzgado 2° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán – Cauca el 2 de mayo
de 2013. En su lugar, concederá los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la seguridad social y al de mantener el
poder adquisitivo de la pensión de la señora María Teresa
Castrillon de Otoya. En
consecuencia, ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que profiera un acto administrativo que actualice la mesada pensional de la
actora aplicando el IPC certificado por el DANE, año a año, desde 1971 hasta el
cumplimiento de la decisión. Para tal efecto, tendrá
que aplicar la formula señalada por esta Corporación en la
sentencia T-098 de 2005.
Una vez
establecida dicha actualización, deberá pagar, dentro de los 15 días siguientes
a la notificación de esta sentencia, el retroactivo de las diferencias entre
los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada ajustada. Lo
anterior, en relación con las mesadas causadas desde el 12 de diciembre de 2009
hasta la fecha de notificación de esta providencia. Igualmente,
deberá en lo sucesivo incrementar anualmente
la mesada pensional de conformidad con la variación porcentual del IPC,
certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior al reajuste. Finalmente,
se ordenará remitir copias de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, coadyuve en la vigilancia del
cumplimiento de este fallo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Popayán – Cauca, el 2 de mayo de 2013, dentro de la
acción de tutela promovida por Alexandra Sofía Castro Vidal, actuando como
apoderada de la señora María Teresa Castrillon de Otoya, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y, en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social y al de mantener el
poder adquisitivo de la pensión de la tutelante.
Segundo.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que profiera un acto administrativo que actualice la mesada pensional de la
actora aplicando el IPC certificado por el DANE, año a año, desde 1971 hasta el
cumplimiento de la decisión. Para tal efecto, tendrá que aplicar la formula señalada
en la sentencia T-098 de 2005.
TERCERO.-
ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que, una vez establecida la actualizacion, deberá pagar, dentro de los 15
días siguientes a la notificación de esta sentencia, el retroactivo de las
diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada ajustada.
Lo anterior, en relación con las mesadas causadas desde el 12 de diciembre de
2009 hasta la fecha de notificación de esta providencia.
CUARTO.-
ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que en lo sucesivo, incremente anualmente la mesada pensional de la señora María Teresa Castrillon de Otoya de
conformidad con la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior al reajuste.
QUINTO.- ORDENAR, por Secretaria General de esta Corporación,
remitir copias de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, coadyuve en la vigilancia del
cumplimiento de este fallo.
SEXTO.- Líbrense por la Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA
SENTENCIA T- 953/13
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reconocimiento en los tres años anteriores, contados a partir de la
fecha de la sentencia que resuelve el caso y ordena la cancelación del
retroactivo (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente T-4.016.057
Accionante: Alexandra Sofía Castro Vidal,
actuando como apoderada de María Teresa Castrillon de Otoya.
Accionado: la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Magistrado
Ponente: LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA.
Salvo parcialmente
mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en sesión del diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013),
por las razones que a continuación expongo:
Si bien comparto el amparo
concedido respecto de los derechos fundamentales de la accionante, por cuanto,
a la luz de la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación, la
indexación y la actualización de la primera mesada pensional es una garantía
constitucional para pensiones reconocidas en cualquier tiempo; salvo mi voto en
lo relacionado con la regla de derecho aquí fijada para el pago retroactivo de
las mesadas pensionales no prescritas.
En el presente caso, la Sala
ordenó a la UGPP que pagara el retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada ajustada, desde el 12 de
diciembre de 2009 hasta la fecha de notificación de esta providencia; decisión
de la cual me aparto, en razón a que, la regla de derecho que considero
aplicable, teniendo en cuenta que la actualización de la pensión es un fenómeno
que produce efectos similares a la indexación de la primera mesada pensional,
sería la dispuesta en la SU-131 de 2013, es decir, que procede el
pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y
el valor de la mesada indexada (en este caso actualizada), comprendidos en los
tres años anteriores, contados a partir de la fecha de la sentencia que
resuelve el caso concreto y ordena la cancelación del retroactivo.
Lo anterior, con
fundamento en que la extensión de la indexación a todas las categorías
pensionales fue de creación jurisprudencial por vía del derecho a la igualdad,
por ello se entendió que sólo cobija los tres años anteriores a partir de la
notificación de la sentencia de tutela que reconoce el derecho.  Regla que
considero pertinente para resolver estos asuntos, en la medida que es
concordante con lo establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo[18],
y contribuye además, a garantizar la estabilidad financiera del sistema
pensional.
En razón a las anteriores
consideraciones, salvo parcialmente mi voto en la decisión adoptada por la
Sala.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] A Folio 11 del cuaderno principal, reposa respuesta a la solicitud
dirigida a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para que revisara la aplicación del IPC de la pensión de la señora María Teresa Castrillon de Otoya.
[2] En desarrollo del artículo 86 de la Carta Política, el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela “procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La
procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.
Para tal fin, el artículo 6° señala las causales de improcedencia de la acción
de la acción de tutela. Estas son: “1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. 2. Cuando para proteger el
derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable. 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho
originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria
del derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto”.
[3] Ver sentencia T-634 de 2006 (MP Clara Inés vargas Hernández) cuya
posición fue reiterada en la sentencia T-140 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[4] Ver sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-131 de
2011 (MP María Victoria Calle Correa) y T-140 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), entre otras.
[5] Ver sentencia T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[6] Ver sentencia T-326 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[7] Ver sentencias T-431 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-322 y T-659 de 2011 (MP Jorge Ivan Palacio
Palacio), T-380 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-981 de 2011 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[8] De acuerdo a la definición del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la inflación “(…) se trata del crecimiento generalizado
y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía, el
fenómeno contrario, es decir la caída generalizada y continua de los mismos
precios, se denomina deflación. Por lo extenso y general del concepto, también
resulta difícil de medir, y cada país dispone de indicadores cercanos a esta
medición: entre ellos el deflactor implícito de cuentas nacionales, el Índice
de Precios al Productor y el más conocido y utilizado, el Índice de Precios al
Consumidor. // Este último, aunque se constituye en el más conocido y el más
utilizado, contiene limitaciones para la medición del concepto, esencialmente
derivadas del campo de aplicación del indicador, pues sólo se estudian los
gastos de consumo final de los hogares”. Ver en http://www.dane.gov.co/index.php/es/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/86-economicas/precios/3022-preguntas-frecuentes-ipc.
[9] Ver sentencia T-020 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). Allí
se estableció que la actualización y o reajuste periódico de la mesada
pensional es simultáneamente la garantía del derecho fundamental al mínimo
vital, de la siguiente forma: “(…) la mesada pensional es un mecanismo que
garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque
esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al
conjunto de prestaciones constitutivas de este derecho, en esa medida se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional
vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de
esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y
una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general adultos
mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial
protección constitucional”.
[10] El inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política señala: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
[11] Ver sentencias T-1095 y T-1096 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Allí, la Corte Constitucional identificó el derecho fundamental a mantener el
poder adquisitivo de las pensiones. Para ello tuvo en cuenta los parámetros de
fundamentalidad fijados en la sentencia C-288 de 2012. En esta última sentencia
la Corte señaló que “las propiedades de interdependencia e indivisibilidad
han permitido concluir a la jurisprudencia constitucional que “los derechos
fundamentales son aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con la
realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en
derechos subjetivos y (iii) sobre cuya fundamentalidad existen consensos
dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y
reglamentario.” A su vez, ese mismo precedente determina que la posibilidad de
“traducción” en derechos fundamentales subjetivos es un asunto que debe
analizarse en cada caso y hace referencia a la posibilidad de determinar la
existencia de una posición jurídica subjetiva de carácter iusfundamental en el
evento enjuiciado o de establecer si están plenamente definidos el titular, el
obligado y el contenido o faceta del derecho solicitado por vía de tutela, a
partir de los citados consensos”.
[12] Ver sentencias SU-120 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis). Allí la Corte Constitucional reconoció implícitamente la existencia del derecho a mantener el poder
adquisitivo de las mesadas pensionales lo cual debía ser observado como criterio
hermenéutico al momento de resolver las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
[13] Ver sentencias C-862 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-696
de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-457 de 2009 y T-1096 de 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas), y SU-1073 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre
otras.
[14] SU-1073 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[15] A folio 11 del segundo cuaderno, reposa copia
del Certificado de Bautismo de la señora Maria Teresa Castrillon Arboleda,
expedido por la Arquidiócesis de Popayán – Cauca en donde se señala que su
fecha de nacimiento  data del 2 de enero de 1923. El citado documento se obtuvo
en razón a que la apoderada de la parte actora, abogada Alexandra Sofía Castro
Vidal lo aportó vía correo electrónico en cumplimiento a lo ordenado mediante
el auto del 20 de noviembre de 2013.
[16] A Folio 11 del cuaderno principal, reposa respuesta a solicitud
dirigida a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para que sea revisada la aplicación del IPC de la pensión de la señora María Teresa Castrillon de Otoya.
[17] Ver sentencias T-098 de 2005 (MP Jaime Araujo Renteria), T-356 y
T-1096 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Cabe señalar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la formula de acuerdo a lo estudiado
por esta Corte en las sentencias T-855 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-1136 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Esta Corporación ha
señalado que la indexación de la primera mesada pensional se determina
multiplicando el valor de la mesada pensional para el momento en que fue
reconocida, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios
al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de la
sentencia) con el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago de la mesada pensional). Igualmente, ha sostenido que por
ser las mesadas pensionales una obligación de tracto sucesivo se debe aplicar
la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada
pensional sin actualizar, teniendo en cuenta que el índice aplicable es el
vigente al causarse cada una de las prestaciones.
[18] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 488. Regla General. Las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben
en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
(subrayado fuera del original)