C-814-09
Sentencia C-814/09
Sentencia C-814/09
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
TERMINO
PROCESAL-Significado
TERMINO
PROCESAL PERENTORIO-Consagración no contradice la Constitución
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR Y EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO-Aplicación para el cobro
de obligaciones de dar, hacer o de pagar sumas de dinero
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Alcance de su función respecto de normas que fijan términos
procesales
La jurisprudencia ha
establecido que la función del juez constitucional, cuando examina normas
legales en las cuales se fijan términos procesales, se limita a controlar los
excesos legislativos que restrinjan irrazonable y desproporcionadamente los
derechos de las partes, con lo que la Corte respeta el amplio margen de
libertad de configuración legislativa de que se reviste el Congreso en esta
materia, y sus competencias para escoger entre las diversas opciones de
desarrollo normativo de la Carta.
LIQUIDACION DEL CREDITO EN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR-Término para realizarla por parte del ejecutante
LIQUIDACION DEL CREDITO EN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR-Término para objetarla por parte del ejecutado
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN FORMAS Y
TERMINOS PROCESALES-Término para objetar liquidación de
crédito por parte del ejecutado/TERMINO PARA OBJETAR LIQUIDACION DE CREDITO EN PROCESO
EJECUTIVO-Evita
dilaciones injustificadas
En la presente oportunidad la
acusación se dirige contra el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil,
habiendo el legislador distinguido entre la actividad de presentar la
liquidación del crédito, para lo cual le concedió al ejecutante un plazo de
diez días, y la actividad de objetarla, para lo que concedió al ejecutado tres
días, encontrando la Corte que el propósito que animó al legislador al
consagrar un plazo de tres días para objetar la liquidación del crédito fue la
que en general se persigue con la consagración de todo tipo de términos
procesales: la de hacer efectivo el principio superior de celeridad, que exige
que la administración de justicia se adelante sin dilaciones injustificadas, y
que si bien este objetivo de celeridad entra en clara tensión con el derecho de
defensa y contradicción que le asiste al deudor moroso, la restricción del
aludido derecho de defensa y contradicción probatoria no es desproporcionada ni
irrazonable, ni aun en el caso de los créditos hipotecarios. La brevedad del
plazo de tres días que se le concede al deudor para revisar la operación
matemática que le presenta la entidad ejecutante, en los casos de créditos
hipotecarios de largo plazo, no se revela irrazonable, pues persigue un fin
constitucionalmente valido, cual es evitar dilaciones injustificadas en la
administración de justicia; el medio escogido para lograr ese propósito es
adecuado y conducente, pues efectivamente logra que el proceso ejecutivo
progrese más rápidamente; y la medida se revela necesaria, pues los términos
procesales son el instrumento por excelencia al cual tiene que acudir al
legislador para moderar la duración de los procesos, sin que sea fácil imaginar
otros apremios legales igualmente eficaces que conduzcan al logro del mismo
objetivo de celeridad procesal. Además, aun en el evento de los créditos
hipotecarios de largo plazo para adquisición de vivienda, el término para
objetar la liquidación no es notoriamente desproporcionado por su brevedad,
toda vez que para el momento procesal en que debe presentarse y objetarse la
liquidación del crédito, ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se
ha señalado la suma adeudada, ya existe una sentencia en firme que decide en el
fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible, y también está plenamente establecido el monto de la deuda en la
unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Las operaciones que
restan para liquidar el crédito no son de tal complejidad que hagan imposible
realizarlas en el plazo concedido en la norma, tanto para presentar la
liquidación como para objetarla
LIQUIDACION
DEL CREDITO EN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR-Aprobación por el juez constituye
una garantía del derecho de defensa y contradicción
Referencia: expediente D-7711
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
Actor: Alejandro Ortega Rozo.
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve
(2009).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Juan Carlos
Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge
Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto
Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad, el ciudadano Alejandro Ortega Rozo demandó el artículo
521 del Código de Procedimiento Civil”.
2.
LA DEMANDA
2.1. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición
demandada, dentro de la cual se resaltan y subrayan los apartes en contra de
los cuales se dirige la acusación:
“
“DECRETOS
NUMEROS 1400 Y 2019 DE 1970
(agosto 6 y octubre 26)
“Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil
“EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la
Ley
4a. de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció
,
“DECRETA:
“…
“ARTÍCULO 521. LIQUIDACION DEL CREDITO Y DE LAS COSTAS.
<Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 279
del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la
sentencia de que trata el artículo 507 o la contemplada en la
letra e), del numeral 2. del artículo 570, se practicará por
separado la liquidación del crédito y la de las costas. Para la de éstas se
aplicará lo dispuesto en el artículo 393; la del crédito se sujetará
a las siguientes reglas:
“1. El
ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia, o a la notificación del auto que ordene cumplir lo resuelto por
el superior, según el caso, deberá presentar la liquidación especificada del
capital y de los intereses, y si fuere el caso de la conversión a moneda
nacional de aquél y de éstos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de
pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
“2. De
dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante
auto que no tendrá recursos, dentro de los cuales podrá formular objeciones y
acompañar las pruebas que estime necesarias.
“3. Vencido
el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto
apelable en el efecto diferido, recurso que no impedirá efectuar el remate de
los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto
de la apelación.
“4.
Expirado el término para que el ejecutante presente la liquidación, mientras no
lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla y se aplicará lo dispuesto en
los numerales anteriores. Si pasados veinte días ninguno la hubiere presentado,
la hará el secretario y se observará lo prevenido en los numerales 2. y 3.
“5. De la
misma manera se procederá cuando se trate de liquidación adicional.”
2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Afirma el
demandante que con los numerales 1° y 2° de la norma transcrita se viola “la
Constitución en lo referente a la igualdad ante la ley, al conceder 10 días
al ejecutante para presentar la liquidación y sólo tres días para
formular objeciones y acumular las pruebas que estime necesarias”.
(Negrillas propias del original)
Explica que al
momento de asignar obligaciones, la norma impone la misma tarea tanto al
ejecutante como al ejecutado, pues para el cumplimiento de lo ordenado los dos
tienen que realizar la liquidación del crédito; el primero para presentarla y
el segundo para objetarla. Argumenta que para que el ejecutado pueda objetar la
liquidación, es necesario la revisión de la misma, para lo cual como mínimo
debe elaborar su propia liquidación (recopilar información de pagos y tasas de
interés), para de esta forma hacer una comparación con la presentada por el
ejecutante, establecer diferencias y posteriormente objetarla si es necesario.
Aduce que la
norma no concede a ambas partes una igualdad de derechos y oportunidades,
puesto que si bien es cierto que tanto ejecutante y ejecutado deben realizar
una tarea similar, el primero dispone de diez días y el segundo de sólo de
tres.  Manifiesta que dicha desigualdad se incrementa cuando se trata de
liquidar un crédito hipotecario para adquisición de vivienda, puesto que esta
operación reviste condiciones especiales debido a su complejidad.
Señala que,
según la Constitución, es el Estado el que debe promover las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva; y que el artículo demandado omite la
aplicación de dicho postulado, puesto que para ejecutar la misma tarea, un
banco ejecutante tiene a su disposición recursos tecnológicos, y además cuenta
con asesores, abogados y  personal experimentado y especializado en operaciones
de tipo financiero para realizar los “complicados cálculos de intereses y
capital”;  mientras que, por el contrario, el ejecutado tan solo dispone de
los conocimientos adquiridos según sus posibilidades de educación, siendo esta
la razón por la cual el artículo demandado no promueve la igualdad real y
efectiva, ya que le concede menos de la tercera parte del plazo al ejecutado .
Con el fin de
establecer si la norma persigue la igualdad real y efectiva, visto que al
ejecutante, “experto en liquidaciones (en razón de su oficio)”, se le
conceden diez días para presentar la liquidación,  se cuestiona cuál sería el
plazo que debería concederse al ejecutado para acometer una labor similar. Al
respecto responde que se le debería conceder un plazo mayor que al ejecutante,
puesto que uno menor sería  sinónimo de inequidad.
Expresa que de
acuerdo con lo prescrito por el artículo 13 de la Constitución, el Estado debe
proteger especialmente “a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”;
por lo cual, en los procesos hipotecarios en donde está de por medio la
vivienda de una familia que por circunstancias diferentes incumplió sus
obligaciones crediticias, y por esta razón se encuentra en situación de
debilidad manifiesta, debería haber una medida de protección que no existe, al
exigírsele una mayor capacidad para realizar la misma tarea que a una entidad
financiera.
Finalmente,
concluye que la norma demandada va en contravía de la Constitución en lo
tocante a la igualdad de las partes, puesto que otorga beneficios y
preferencias a un ejecutante económicamente poderoso como son los bancos o las
entidades financieras; por lo que solicita que se declare inconstitucional y “se
ordene la reparación del daño de las personas y/o familias quienes fueron
víctimas de la omisión del Estado-legislador…”.
3.
INTERVENCIONES
3.1. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
En
representación del Ministerio de la referencia, intervino dentro del proceso en
forma oportuna el Director de Ordenamiento Jurídico de esa entidad, ciudadano
Fernando Gómez Mejía, quien se opuso a las pretensiones del actor con las
siguientes razones:
En primer
lugar, se refiere a los elementos que, según la Corte Constitucional, el
legislador debe tener en cuenta para establecer los términos procesales.  Al
respecto, cita la Sentencia C-047 de 2001[1],
en donde se señala que los términos deben responder a criterios de
razonabilidad y no pueden contemplar tratos discriminatorios.
En segundo
lugar, examina si la diferencia de términos contenida en la norma demandada
responde a criterios de razonabilidad y de no discriminación, para lo cual se
apoya en la Sentencia C-062 de 1997[2].
Para el Ministerio, lo que se cuestiona en esta oportunidad es el menor
término que tiene el ejecutado para examinar la liquidación del crédito
presentada por el ejecutante, en cuanto la objeción del primero está basada en
el trabajo que presenta el segundo. Ahora, contrario a lo manifestado por el
actor, al parecer del interviniente la labor del ejecutado se facilita por
tener a su disposición los cálculos técnicos y tasas de interés
correspondientes ya elaborados por el ejecutante.
Explica que
desde un punto de vista práctico, el ejecutado incluso tiene un termino mayor
al del ejecutante, bajo el supuesto de que cuando queda en firme el fallo que
ordena tal liquidación, el ejecutado a título personal puede iniciar la
elaboración de dicha liquidación; así, cuando se venzan los diez (10) días del
ejecutante para presentarla, ya tendrá como compararla y además contará con
tres días para ello, dentro de los cuales puede objetarla y adjuntar las
pruebas pertinentes, contando en realidad con un termino de trece (13) días.
Afirma que no
se presenta una situación de debilidad manifiesta en cabeza del ejecutado,
puesto que cuando adquirió a través de un contrato la obligación objeto del
proceso ejecutivo, conoció con anterioridad todas la cláusulas allí contenidas,
por lo que se asume que contaba con una solvencia económica suficiente capaz de
responder por el crédito adquirido.
Manifiesta que
respecto a los recursos técnicos y conocimientos especializados con los que
cuenta el ejecutante, tampoco se presenta una situación de debilidad
manifiesta, puesto que al momento de actuar en el proceso, el ejecutado debe
contar con un abogado quien es responsable de asesorarlo y representarlo
técnicamente dentro del mismo.
Finalmente
hace mención del numeral 3° del artículo demandado, en el cual se dispone que
la liquidación hecha por el ejecutante es objeto de revisión por el juez en su
papel de garante del principio de justicia efectiva, quien mediante auto
apelable decide si aprueba o modifica la liquidación, garantizándose así el
derecho de defensa contenido en dicho numeral.  Sustenta su argumento con la
Sentencia  C-664 de 2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.[3]
De estas
apreciaciones el Ministerio concluye que “al no ser definitiva ni
determinante para el juez la liquidación del crédito presentada por el
ejecutante, sino que le corresponde a él, como tercero imparcial, definir si
dicha liquidación, o, en un momento dado, la presentada por el ejecutado, o por
el secretario del despacho, es adecuada frente a todo lo probado en el proceso
que terminó con la respectiva sentencia declarativa  del derecho a favor del
ejecutante y a cargo del ejecutado, con ello se garantiza un equilibrio final
de oportunidades para las partes en el proceso, respecto al monto liquido de la
obligación objeto del proceso”.
Con base en
los anteriores argumentos, el Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la
Corte Constitucional declarar ajustadas a la Constitución Política las
expresiones acusadas.
3.2.   Intervención de la Universidad del Rosario.
También en
forma oportuna intervino dentro del proceso el ciudadano Gabriel Hernández
Villareal, en representación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Consideró que la demanda carecía de aptitud sustantiva, bajo los siguientes argumentos:
Recuerda el
interviniente el tenor del artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, que contiene
los requisitos de la demanda cuando se trata de la acción pública de
inconstitucionalidad, así como la jurisprudencia de la Corte referente a dicho
artículo, en especial la vertida en la Sentencia C-227 de 2009[4], en donde se dijo que “para
que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas
deben recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente
deducida por el actor, o implícita e incluso sobre otras normas vigentes que,
en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda”.
De lo anterior
concluye que en esta oportunidad la demanda presentada por el actor no cumple
con los lineamientos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación, debido
a que hace gravitar los cargos en un enunciado que no se desprende de la
lectura de la norma demandada, cual es que ejecutante es un sujeto procesal
cualificado, en concreto una entidad bancaria que dispone de personal
experimentado en asuntos de liquidación de créditos hipotecarios, premisa que
es falsa, puesto que cada año acuden a los procesos ejecutivos miles de
personas naturales y jurídicas que no ostentan la condición de profesionales
especializados en el otorgamiento de créditos; y además, según el artículo 491
del Código de Procedimiento Civil, se exige que a los procesos ejecutivos sólo
se puede acudir cuando la cantidad líquida de dinero e intereses a pagar esté
expresada en una cifra numérica precisa, o que sea liquidable por simple
operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones interminables.
Afirma que la
solicitud del demandante en lo relativo a que “se ordene la reparación del
daño de las personas y/o familias quienes fueron víctimas de la omisión del
Estado-legislador, (…)” desborda los límites propios de la acción de
inconstitucionalidad, pues intenta convertir esta acción en un escenario para
debatir aspectos de contenido particular y económico, de lo que concluye que
los cargos de la demanda no están basados en razones objetivas, verificables y
abstractas.
Frente a la
diferencia de términos otorgados al ejecutado como al ejecutante, manifiesta
que esto no controvierte los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
la aplicación del principio de igualdad.
En cuanto a la
proporcionalidad, expresa que la norma en cuestión es idónea y necesaria al
momento de hacer efectivo del derecho del ejecutante en un proceso ejecutivo,
puesto que según el art. 523 del Código de Procedimiento Civil, para poder
expedir el auto que fija fecha para el remate, además de otros requisitos, se
requiere que la sentencia esté en firme y que se haya liquidado el crédito. Por
esto mismo, el ejecutado no ve menoscabados sus derechos en la medida que, si
el ejecutante no liquida el crédito en el término correspondiente, el ejecutado
también cuenta con un término de diez días para hacerlo, y en caso de que
ninguno lo haga, lo realizará el secretario del juzgado.
Concluye
mencionando que en caso de no estar de acuerdo el ejecutado con la liquidación
del crédito, tiene un plazo de tres días para objetarlo y adjuntar pruebas, e
incluso puede impugnar el auto que decide sobre la liquidación. Agrega que tan
salvaguardados están los derechos del ejecutado, que independientemente de que
objete o no la liquidación, el juez puede a su arbitrio aprobar o modificar  aquella
presentada por el ejecutante.
De los
razonamientos anteriores concluye que la norma demandada no transgrede el
derecho a la igualdad,  según lo planteado por el actor de la demanda.
3.3.
Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Actuando en nombre
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, intervino oportunamente dentro del
proceso el ciudadano Juan  Bautista Parada Caicedo, académico de número, quien consideró
que la norma demandad se ajusta a la Constitución, posición que defendió de la
siguiente forma:
Inicialmente, el
interviniente explica el significado de la noción “término” dentro del
ordenamiento jurídico procesal; al respecto señala que trata de “la
expiración del plazo concedido por la ley para cumplir un a finalidad procesal
o una obligación convencional o legal”.  Así mismo señala que los términos
se encuentran establecidos en los códigos de las diferentes áreas del derecho,
para la realización de actos procesales.
Prosigue su
intervención refiriéndose a la finalidad de los términos, citando doctrina
según la cual con los mismos se persigue “a) Regular el impulso procesal a
fin de hacer efectiva la preclusión de las distintas etapas del proceso que
permitan su desarrollo progresivo; b) La defensa de los derechos de los
litigantes, evitando que sean víctimas de las astucias del adversario y tengan
tiempo para ejercitar sus derechos y facultades”.[5] Afirma que los términos
señalados en el Código de Procedimiento Civil fueron establecidos según la
experiencia de jueces, litigantes, académicos y legislaciones similares, como
las vigentes en Iberoamérica.
Refiriéndose a la
norma demandada, sostiene que el vencimiento de los términos allí previstos no
genera una consecuencia negativa como normalmente ocurre con las cargas, puesto
que si el demandante no liquida, pero tampoco lo hace el demandado,
transcurridos veinte días el secretario del juzgado deberá hacerlo. Sin
embargo, la norma contempla la opción de que lo haga el ejecutado, sino lo ha hecho
el ejecutante.
Resalta entonces
que, en el caso concreto de la norma acusada, es posible llegar a las
siguientes conclusiones, sobre la base de las circunstancias que están
presentes para cuando empiezan a correr los términos otorgados tanto al ejecutante
como al ejecutado para liquidar y objetar la liquidación de crédito,
respectivamente. Al respecto dice que para ese entonces:
-
“La decisión de fondo ya ha quedado en firme.
-
En consecuencia está establecido a plenitud el monto de la deuda en
una unidad monetaria en la que fue contraída la obligación.
-
En consecuencia, la liquidación del capital debe concretarse en el
monto a pagar en moneda nacional;  en el tiempo transcurrido desde cuando ella
es exigible de conformidad con la sentencia; y, en la tasa a la cual deben
liquidarse los intereses según los diferentes periodos.  En nuestro caso
atendiendo las resoluciones de la, hoy, denominada Superintendencia Financiera,
las cuales cubren periodos de seis meses.
-
Las objeciones deben hacerse atendiendo las bases de la sentencia y
las contenidas en las Resoluciones y son operaciones que se realizan por medio
de tecnología electrónica que ayuda a producir resultados en tiempos mínimos.
No hay, por ningún motivo, hechos que deban probarse a esta altura del debate
que impliquen un tiempo mayor.”
Concluye su
intervención afirmando que en la norma acusada no se desconoce el principio de
igualdad y que, a la luz del artículo, el término del ejecutado, que puede
convertirse también en el término del ejecutante, es el suficiente para ejercer
el derecho de defensa en cualquier caso.  Bajo estos presupuestos solicita la
constitucionalidad del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
3.4.
Intervención del ciudadano Alejandro Ortega Rozo, actor de la demanda.
El ciudadano actor
de la demanda, en escrito del 10 de junio de 2009, interviene con el ánimo de
ampliar su participación mediante el aporte de pruebas que según él ayudarán a la
Corte a tomar una justa decisión.
El objeto de sus
pruebas está dirigido únicamente a demostrar que el tiempo concedido al
ejecutado para objetar la liquidación presentada por el ejecutante y aportar
pruebas es muy corto.
Los documentos
allegados corresponden a un proceso ejecutivo hipotecario de Bancolombia contra
él mismo, que cursa en el Juzgado 30 Civil del Circuito.  Aclara que su
intención no es de ningún modo ventilar sus asuntos personales en la demanda de
inconstitucionalidad, sino que cree pertinente aportar elementos de juicio a
partir de un caso real.
Posteriormente
relaciona los documentos que, según él, un ciudadano que es demandado en un
proceso ejecutivo hipotecario debe tener en cuenta al momento de realizar la
liquidación del crédito, y que a su juicio son:
a) Mandamiento
de pago: Expone que en él se especifican los parámetros para la
liquidación, y que obliga a las partes.
b)  Ley marco
de vivienda, decretos reglamentarios y circulares de la Superintendencia
Financiera: Aclara que no se anexan, pero que son la Ley 546 de 1999, el
Decreto Reglamentario 234 de 2000, y la Circular externa 085 de 2000 de la
mencionada Superintendencia.  Señala que con la sola mención de los documentos
se puede deducir que tres días para revisarlos es un término inaceptable.
c)  Tasas de
interés bancario y variación del UVR: Aunque no los anexa, afirma que son
necesarios dentro de los cálculos financieros para corroborar los resultados.
d)  Movimiento
histórico del crédito y comprobante de los pagos efectuados: Manifiesta que
los prestamistas, en razón de su oficio, poseen esta información en bases de
datos.  En cambio, el demandado no tiene los medios para administrar esta
información, por lo que el debe tramitar ante el prestamista el historial del
crédito y así “defenderse” con información incompleta que logre obtener.  A
partir de este momento, y con todos los documentos mencionados, debe iniciar la
revisión presentada por el demandante.
e)  Liquidación
del crédito efectuada por el demandante: al respecto anexa la que fue
efectuada por su acreedor, en donde a su parecer se incurrieron en múltiples
errores.
f)  Revisión de
la liquidación: Explica aquí que el demandado debe hacer la liquidación
en una hoja de cálculo electrónico, soportada con fórmulas financieras, y
además debe “Digitar cada uno de los pagos con sus fechas y rubros
pertinentes, incluyendo las tasas de interés, variación UVR, formular en la
hoja las funciones matemáticas correctas, para efectuar el cálculo y confrontar
cada uno de sus resultados con los presentados por el demandante”. Opina
que no es posible pensar que un padre de familia pueda realizar tal función sin
una educación especializada.  A su modo de ver es “ilegal el suponer que los
ciudadanos corrientes tienen esta capacidad, y menos que la pueda ejecutar en
tres días”.
g)  Memorial de
presentación de las objeciones: Explica que este documento debe ser el
producto de la revisión efectuada de la forma explicada y además debe estar
soportado con pruebas que lo respalden.
4.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estando dentro el término
legalmente previsto emitió el concepto de su competencia, en el cual pidió a la
Corte declarar inexequible el artículo demandado; fundamenta su petición en los
siguientes argumentos:
En primer
lugar, el Ministerio Público aclara que el actor demanda las expresiones “dentro
de los diez días” y “De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado
por tres días”, pero que en realidad lo que pretende cuestionar es la
expresión “por tres días”, por lo que sólo se referirá a esta.
Aclarado lo
anterior, prosigue la vista fiscal planteándose el siguiente interrogante: “¿El
término de diez (10) días concedido al ejecutante para presentar la liquidación
del crédito frente al de tres (3) días establecido para correrle traslado de la
misma al ejecutado, viola la igualdad en materia de derecho de defensa porque
se otorga un término menor al ejecutado para hacer una tarea similar o más
dispendiosa que la del ejecutante?”
Una vez planteado
el anterior interrogante, la vista fiscal lo desarrolla y afirma que los
procesos ejecutivos están diseñados para hacer efectivo, desde un punto de
vista real, el acceso a la justicia, puesto que en ellos no se discute un
derecho, sino que se busca hacer cumplir obligaciones ciertas. Transcurridas
las etapas previas del proceso, la obligación de pagar se materializa en la
orden que da el juez, para lo cual la cantidad debe definirse a través de la
liquidación del crédito, mediante el procedimiento establecido en el artículo
521 acusado, de donde se deduce que el plazo dado al demandante es de diez (10)
días, lo cual es razonable teniendo en cuenta los conocimientos técnicos
contables y financieros requeridos para tal labor (deudas complejas como las
hipotecarias, o las que involucren obligaciones internacionales o en
divisas).
Establecido lo
anterior, manifiesta que el término de tres días con que cuenta el demandado
para ejercer su derecho de defensa, “NO resulta razonable”, si se
observa que requiere realizar similar o mayor trabajo que el ejecutante para
corregir o desvirtuar la liquidación presentada por él, con la desventaja
técnica que se presenta muchas veces, puesto que la objeción de la liquidación
requiere mayor cuidado y dedicación que la liquidación misma, a la hora de
establecer cuánto es lo que realmente debe se pagar.
Con el fin de
ilustrar las dificultades que suelen enfrentar los deudores en materia de
liquidación de créditos, trae a colación una noticia publicada  el 30 de junio
de 2009 en el diario El País de Cali, la cual se titula “Condenas por exceso
en cobros.  Con procesos verbales, bancos devuelven dineros de vivienda a
usuarios”.  En resumen, la nota periodística trata del cobro en exceso por
intereses que hacen los bancos debido a la mala liquidación que practican, y de
cómo, a través del proceso verbal, los jueces han ordenado a algunos bancos que
incurrieron en esta clase de errores, devolver el dinero cobrado en exceso a
los usuarios.  Por lo anterior, concluye el Ministerio Público que en el
procedimiento de liquidación de crédito se hace necesario regular el ejercicio
del derecho de defensa “en igualdad de condiciones”.
Agrega que no
existe justificación constitucional procesal alguna para haber concedido al
ejecutado un plazo tan corto, si se tiene en cuenta que según el numeral 4° de
la norma acusada, que regula el caso en que el ejecutante no presenta la
liquidación dentro de su plazo, el ejecutado cuenta con veinte (20) días para
presentarla; es decir, que de sólo tener tres días, pasa a contar con veinte,
de lo que se deduce que, el factor tiempo, en su expresión inicial, es bastante
reducido.
Por lo
expuesto, el señor Procurador solicita declarar inexequible la expresión “por
tres días” contenida en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
5.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
5.1.
Competencia
De conformidad
con lo prescrito por el numeral  5° del artículo 241 de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la
constitucionalidad de la norma demandada.
5.2.
El problema jurídico que plantea la demanda.
Como se reseñó
en el acápite de Antecedentes, a juicio del actor el plazo de tres (3) días
concedido al ejecutado para objetar la liquidación es discriminatorio, y no
tiene en cuenta la situación de debilidad manifiesta en que se encuentra el
deudor moroso frente a su acreedor, pues especialmente en el caso de créditos
hipotecarios para adquirir vivienda, éste último dispone de facilidades que le
permiten liquidar la obligación ágilmente, al paso que al ejecutado se le
dificulta objetar dicho trabajo, dada su complejidad financiera.
Las
intervenciones ciudadanas defienden la constitucionalidad del plazo de tres (3)
días concedido al ejecutado para objetar la liquidación, para lo cual esgrimen
diversos argumentos extraídos de interpretaciones sistemáticas de las normas
que regulan el proceso ejecutivo y de otras consideraciones con las cuales
pretenden demostrar que el deudor no está en posición de  desventaja; para ello
recuerdan (i) que puede anticipar la operación de liquidar el crédito para
luego objetar fácilmente el trabajo presentado por su contraparte, en el plazo
de los tres (3) días fijado por la norma; (ii) que la liquidación hecha por el
ejecutante no es definitiva, puesto que es objeto de control judicial y el auto
que la aprueba es susceptible de doble instancia; (iii) que el ejecutado
siempre debe estar representado por un abogado, quien debe suplir su falta de
conocimientos en la materia; (iv) que si el acreedor no presenta la
liquidación, al deudor se le concede el mismo plazo de diez (10) días para
hacer ese trabajo, del cual se corre traslado por los mismos tres (3) días a su
contraparte;  (v) que no es cierto que el acreedor tenga siempre mayores
facilidades para liquidar el crédito, puesto que a los proceso ejecutivos
acuden también, en calidad de ejecutantes, miles de personas naturales y
jurídicas que no ostentan la condición de profesionales especializados en el
otorgamiento de créditos;  por todo lo cual los intervinientes estiman que no
es verdad que el ejecutado esté en posición de desventaja a la hora de objetar
la liquidación.
Por el contrario,
la vista fiscal coadyuva la demanda, al estimar que “el plazo de tres
días concedido al deudor para objetar la liquidación hecha por el acreedor no
resulta razonable”, si se atiende a que el ejecutado tiene que realizar un
trabajo similar o más difícil que el que hace el ejecutante, y además
usualmente tiene desventajas técnicas para llevarlo a cabo.
Así las cosas,
de la demanda, las intervenciones y el concepto del señor Procurador, se
desprende que el problema jurídico que debe ser resuelto por la Corte es el
relativo a si, dentro de la regulación legal del proceso ejecutivo, el plazo de
tres (3) días que se concede al ejecutado para objetar la liquidación del
crédito hecha por el ejecutante resulta contrario al derecho a la igualdad
recogido en el artículo 13 de la Constitución, puesto que el término que se le
otorga a este último para presentar la mencionada liquidación es de diez (10)
días, notoriamente superior al de tres (3) con que cuenta el deudor para
objetarla; y porque el deudor, especialmente en los créditos hipotecarios para
adquisición de vivienda, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta
frente al acreedor, por lo cual se le hace más difícil adelantar la liquidación
del crédito, lo que imponía al legislador otorgarle un plazo igual o superior
al concedido a su contraparte.
Para resolver
el anterior problema jurídico, la Corte recordará su jurisprudencia relativa a
los términos procesales y a la libertad con la que cuenta el legislador para
establecerlos. En seguida, hará un breve ejercicio de interpretación
sistemática de la norma parcialmente acusada, a fin de precisar su alcance; más
tarde se detendrá a estudiar si la liquidación de obligaciones de pagar sumas
de dinero reviste el mismo grado de complejidad en todos los casos, o si los
créditos hipotecarios de largo plazo para adquisición de vivienda son
especialmente difíciles; finalmente, la Sala entrará a examinar la
constitucionalidad de la norma acusada, estableciendo si en el caso de la
ejecución de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda, el menor plazo
que dentro del proceso ejecutivo se concede al ejecutado para objetar la
liquidación resulta irrazonable, frente a la necesidad constitucional de
garantizar el derecho de defensa y contradicción probatoria.
No obstante,
antes de abordar lo anterior, la Corte se referirá a la posible ineptitud de la
demanda, que ha sido alegada por uno de los intervinientes, así como al
carácter parcial de los cargos que se formulan en la misma.
5.3.
La aptitud de la demanda.  Carácter parcial de la
acusación.
5.3.1. Como se dijo, al parecer de uno de los intervinientes[6] la demanda
que dio origen al presente proceso resulta inepta, puesto que los cargos toman
pie en un contenido regulador que a su juicio no está presente en la
disposición acusada, cual es que el ejecutante es un sujeto procesal
cualificado, en concreto una entidad bancaria que dispone de personal
experimentado en asuntos de liquidación de créditos hipotecarios, premisa que a
su parecer es falsa, pues la disposición tienen un carácter general que cobija
otras hipótesis.  Así las cosas, para este interviniente las razones de la
violación no son ciertas.
En efecto,
dentro de los requisitos para la presentación de la demanda de
inconstitucionalidad que señala el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, los
numerales 2° y 3° consagran, respectivamente, los siguientes: “El
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas” y
la presentación de “Las razones por las cuales dichos textos se
estiman violados”. Así, conjuntamente, estos dos numerales contienen el
requisito que ha sido llamado “exposición del concepto de la violación”.
Ahora bien, esta Corporación ha insistido en que dichas razones deben ser “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.[7]
Que las razones
sean ciertas, ha dicho la Corte, “significa que la demanda
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[8] “y
no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[9]
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda[10].
Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación
del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable
a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control
difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”[11].”[12]
En la presente
oportunidad, la intervención considera que la norma acusada no regula la
situación en la cual el ejecutante es un sujeto procesal cualificado, en
concreto una entidad bancaria que dispone de personal experimentado en asuntos
de liquidación de créditos hipotecarios. Por tal razón, la demanda sería inepta
por falta de certeza del cargo, al recaer sobre una proposición jurídica
inexistente en la disposición acusada.
A juicio de la
Corte, si bien la norma acusada tiene un contenido regulador más amplio y
general que el que le endilga el demandante, pues regula la liquidación del
crédito dentro del proceso ejecutivo singular, al cual pueden acudir no sólo
las entidades financieras en calidad de ejecutantes de créditos hipotecarios
para adquisición de vivienda, sino cualquier persona natural o jurídica,
incluso algunas en situación de indefensión -como por ejemplo el alimentario
que cobra a su alimentante los alimentos decretados por sentencia judicial-, en
todo caso el supuesto de hecho a partir del cual se formula la demanda sí cae
bajo las previsiones de la norma acusada. Es decir, ella sí regula aquellos
procesos en los cuales sujetos procesales cualificados, como son las entidades
financieras, acuden a hacer efectivos créditos hipotecarios a cargo de deudores
morosos en situación de debilidad económica.
Así las cosas, en
aplicación el principio pro actione que preside esta clase de procesos, la
Corte acepta que la presente demanda es apta para propiciar el examen de constitucionalidad
de la norma acusada.  Ciertamente, este principio tiene en cuenta que la acción
de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los
ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal
medida,  “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda
no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga
nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a
favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”.[13]
5.3.2.
De otro lado, la Corte repara en que en la presente oportunidad el actor
dirigió su acusación contra la totalidad del artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil. Empero, al observar que los cargos se dirigían únicamente
contra las expresiones “dentro de los diez días siguientes” y
“De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días”, incluidas
en los numerales 1° y 2° de la norma, que además aparecían subrayados en el
libelo de la demanda, el magistrado sustanciador la admitió únicamente respecto
de la mismas.
Adicionalmente,
ahora la Sala observa que, a pesar de que la norma acusada regula la
liquidación del crédito dentro de cualquier proceso ejecutivo singular, que
incluye los que se entablan para el cobro de obligaciones de dar, de hacer o de
pagar sumas de dinero, norma que también resulta aplicable a los procesos
ejecutivos con título hipotecario[14],
los cargos esgrimidos en esta oportunidad se refieren únicamente al evento en
que el proceso ejecutivo hipotecario persigue el pago de sumas de dinero
originadas en contratos de mutuo a largo plazo, otorgados por las entidades
financieras para la adquisición de vivienda.
Ciertamente, la
demanda alude a que es en los procesos hipotecarios, en los cuales está de por
medio la vivienda de una familia, en donde se presenta la circunstancia de debilidad
del deudor frente al acreedor; por lo que el menor plazo concedido a aquel para
objetar la liquidación, frente al mayor dado a éste para presentarla, resulta
discriminatorio.
En tal virtud, la
Corte se limitará a examinar la constitucionalidad de las expresiones acusadas,
cuando las mismas se refieren al término para liquidar o para objetar la
liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo hipotecario, tratándose de
obligaciones de pagar sumas de dinero originadas en créditos de largo plazo
para adquisición de vivienda, concedidos por entidades financieras.
5.4.   Límites a la libertad de configuración del legislador en
materia de procedimientos. Los términos procesales y el principio de celeridad,
frente al derecho de contradicción y controversia.
5.4.1
La libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos
judiciales.
Reiteradamente la
jurisprudencia constitucional ha afirmado que en virtud de la cláusula general
de competencia a que se refieren los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la
Constitución, al legislador le corresponde regular los procedimientos
judiciales; y que, en ejercicio de tal facultad, puede definir las ritualidades
propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de
determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio,
los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc.[15]  Esta potestad
legislativa en materia de procedimientos ha sido juzgada como amplia[16], de manera
que el Congreso de la República cuenta con un hondo espacio de discrecionalidad
y ciertas prerrogativas de valoración[17].
No obstante, tal
facultad de configuración no es absoluta, pues hay limitaciones que surgen de
la propia Constitución. Ciertamente, al respecto la Corte ha dicho que la
libertad del legislador en materia de regulación de los procedimientos
judiciales no significa que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de
manera caprichosa los procesos,[18]
“pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe
proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de
asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una
justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben
propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de
imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o
procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros
que conforman la noción de debido proceso.”[19]
5.4.2. Las facultades del legislador en el diseño de los términos
procesales.
Estrechamente
relacionado con el principio constitucional de celeridad que preside la función
judicial, y que exige que ella se adelante “sin dilaciones injustificadas” (C.P.
art. 29), está el asunto de la libertad de configuración del legislador en
materia de términos procesales. Sobre este asunto la Corte ha vertido una
jurisprudencia en donde se ha referido a varios asuntos implicados en la
materia, así:
En primer
lugar, la jurisprudencia constitucional ha definido que los términos procesales
constituyen el momento o la oportunidad que la ley establece para la ejecución
de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por el juez,
las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia.[20]  Ha
agregado que la consagración de términos
perentorios no contradice la Carta Política, sino que,  por el contrario,
“busca hacer efectivos los derechos de acceso a la administración de justicia y
el debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia, seguridad
jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de
cada proceso, en la medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones
injustificadas, como lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, en armonía
con el 228 ibídem.”
De otro lado,
examinando el alcance de las potestades del legislador en el diseño de los términos
procesales,  la Corte ha dicho que el Congreso es autónomo para fijar los
plazos que tienen las personas para ejercer sus derechos ante las autoridades
judiciales[21],
no obstante lo cual, la extensión de los mismos “está dada por su fin,
cual es permitir la realización del derecho sustancial”.[22] También
ha indicado que la autonomía del legislador en esta materia, a pesar de ser
amplia, pues no existe en la generalidad de los casos un parámetro estricto al
cual pueda referirse el juez constitucional para juzgar si su longitud es
adecuada[23],
en todo caso debe atender a que la extensión de los términos procesales sea
razonable y permita garantizar el derecho sustancial[24].
Ahora bien,
concretamente en relación con el asunto de la mayor o menor extensión temporal
de los términos procesales, y de la labor de control del juez constitucional en
la materia, la jurisprudencia ha dicho que “a no ser que de manera evidente
el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle
irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no
puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos
constitucionales.”[25]
Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar cuáles
deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión
de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se
puedan presentar en la legislación.”[26]
Así pues, de la
jurisprudencia vertida en torno a la libertad de configuración del legislador
en materia de términos procesales, se pueden extraer las siguientes
conclusiones, que resultan relevantes para la resolución del problema jurídico
que plantea este proceso:
(i)
la consagración de términos
perentorios no contradice la Carta Política;
(ii)
los términos procesales
persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial los de
celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial
sobre las formalidades propias de cada proceso;
(iii)
los términos procesales garantizan
los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso;
(iv)
no existen parámetros en la
Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez
constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es
adecuada;
(v)
por lo anterior, el legislador tiene
una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las
formas procesales, cual es permitir la realización del derecho
sustancial;
(vi)
la función del juez constitucional a la hora de examinar las
leyes que consagran términos procesales se limita a controlar los  excesos, es
decir a rechazar aquellas normas que desbordando notoriamente los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos exageradamente largos, que
redunden en un desconocimiento del los principios de celeridad, eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente
cortos, impidan hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción
probatoria.
5.4.3.
El principio de celeridad y el derecho de contradicción y controversia
probatoria. Posibles tensiones.
Esta Corporación
ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías
que tutelan diferentes intereses de los sujetos procesales. Entre ellas, el artículo
29 de la Constitución en forma explícita consagra tanto el principio de
celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al
respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho “a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas”[27] y “a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”.[28] En
desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una
duración razonable y, de otro, permitir a las partes discutir y controvertir,
en condiciones de igualdad, las pruebas aducidas en contra de ellas.
Ahora bien, a
la hora de producir el derecho, como también a la hora de aplicarlo, las
distintas garantías que conforman la noción de debido proceso pueden entrar en
tensión. Así, en ciertos casos el principio de celeridad puede entrar en
conflicto con la garantía de contradicción probatoria, pues un término judicial
breve, naturalmente recorta las posibilidades de controvertir las pruebas que
en ese lapso se quieran cuestionar. La jurisprudencia ha señalado cómo algunas
de las garantías procesales son prevalentes, pero también ha aceptado que otras
pueden verse limitadas a fin de dar un mayor alcance a intereses públicos
legítimos o a otros derechos fundamentales implicados. En este sentido la Corte
ha vertido estas elocuentes explicaciones:
“Algunos de los derechos sustanciales tutelados por
las normas superiores relativas al debido proceso son prevalentes por su misma
naturaleza. Tal el derecho a no ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se imputa, o el principio de favorabilidad, los cuales
no admiten limitaciones. Otros derechos, en cambio, y tal es el caso del
derecho de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar
intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no
resulte desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y
proporcionadas.
“En efecto, una posición según la cual no fuera
legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se
haría imposible adelantar el proceso
para llegar al fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría
nugatorio el derecho también superior a un debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” (C.P art. 29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera
de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de
pruebas sin consideración a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría
excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el principio de celeridad al
que se refiere al artículo 228 superior cuando indica que los términos
procesales deben ser observados con diligencia”.[29] (Negrillas y subrayas
fuera del original)
En similar
sentido la Corte ha sostenido:
“… si los derechos del procesado - como el derecho de
defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término
definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para
practicar o controvertir las pruebas,
ni negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido
solicitadas por el procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del
derecho de defensa equivaldría, en suma, a someter al proceso a las decisiones
del procesado.
“En síntesis, como la concepción “absolutista” de los
derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente
inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en
la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones
adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica.”[30] (Negrillas y subrayas fuera del original)
Así pues, la Corte
ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de
defensa y contradicción- no son absolutas y pueden ser restringidas por el
legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial,  la limitación
responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan
otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo
caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez
constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que
eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos
judiciales sean garantizados en la mayor medida posible.
Sobre la base de
todas las anteriores conclusiones extraídas de la jurisprudencia previamente
sentada por esta Corporación, la Sala entra enseguida a examinar la
constitucionalidad de la disposición acusada dentro de este proceso, la cual,
como se dijo, dentro de la regulación del proceso ejecutivo singular concede al
ejecutado un plazo de tres (3) días para objetar la liquidación del crédito
hecha por el ejecutante, al paso que a este último le otorga diez (10) días
para presentar la mencionada liquidación. La acusación plantea que en el caso particular
de los créditos hipotecarios de largo plazo concedidos para adquisición de
vivienda, el anterior diseño legal desconoce el derecho a la igualdad; y la
vista fiscal postula que resulta contrario al principio de razonabilidad.
No obstante, antes
de abordar el estudio de constitucionalidad concreto, la Sala se detendrá a
estudiar el alcance regulador de la disposición acusada, para lo cual
recurrirá  a la interpretación sistemática o contextual de la misma.
5.5. El alcance de la norma parcialmente acusada. Interpretación
sistemática o contextual de la misma.
La disposición
parcialmente acusada en esta ocasión es el artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil, que regula cómo ha de realizarse la liquidación del crédito
y de las costas dentro del trámite del proceso ejecutivo singular, norma que
también resulta aplicable al proceso ejecutivo hipotecario en virtud de lo
dispuesto por el numeral 9° del artículo 555 del mismo Código.[31]
5.5.1. El contenido normativo de la disposición acusada es el
siguiente:
a) En cuanto a
la oportunidad temporal para realizar la liquidación del crédito, prescribe que
ésta se hará una vez ejecutoriada la sentencia a que se refiere el artículo 507
del mismo Código. Esta sentencia es aquella que se profiere, bien cuando el
demandado cumple voluntariamente la obligación dentro del término señalado en
el mandamiento ejecutivo,  bien cuando no propone excepciones previas, o bien
cuando, habiéndolas propuesto, no prosperan o prosperan parcialmente, caso en
el cual la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que
corresponda.[32]
b) En cuanto a
las reglas para llevar a cabo tal liquidación del crédito, la norma acusada
indica que: (i) se practicará por separado de la liquidación de las costas;
(ii) en principio, se hará por el ejecutante; (iii) se presentará dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación
del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior, cuando esta haya sido
apelada; (iv) que la liquidación debe especificar el valor del capital y de los
intereses, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y de
estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago; (v) que se deben
adjuntar los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
c) En cuanto a
la posibilidad de objetar la liquidación, el artículo demandado señala que, de
la que haya hecho el ejecutante, se dará traslado al ejecutado por un término
de tres (3) días, dentro de los cuales podrá “formular objeciones y
acompañar las pruebas que estime necesarias”.
d) Vencido el
anterior traslado, el juez debe decidir si aprueba o modifica la liquidación.
Esto lo hará por medio de un auto que es apelable, pero la apelación no impide
efectuar el remate de los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante “en
la parte que no es objeto de la apelación”.
e) Si el
ejecutante, dentro del plazo de los diez (10) días que se le conceden para
hacerlo, no presenta la liquidación, el ejecutado puede realizarla, para lo
cual se le otorga el mismo plazo de diez (10) días que se le concede a su
contraparte. Y en ese supuesto, a ella se le corre traslado por el mismo
término de tres (3) días, a fin de que la objete.
f) Si  pasados
veinte días ninguna de las partes presenta la liquidación, la hará el
secretario del juzgado. En este caso, de conformidad con lo prescrito por el
parágrafo de la misma disposición acusada[33],
la liquidación no puede ser objetada, pero el juez debe emitir un auto que
apruebe o modifique la liquidación, auto que es apelable en el efecto
diferido.
Así pues, para
lo que interesa al problema jurídico propuesto en la demanda, la Corte observa
que, al examinar detenidamente el contenido regulador de toda la norma acusada,
se concluye que el legislador distinguió entre la actividad de presentar la
liquidación y la actividad de objetarla. Para lo primero concedió un plazo de
diez días y para lo segundo uno de tres, independientemente de quién sea la
parte que realice tal actividad. No obstante, si las partes dejan vencer el
término que se les concede a cada una de ellas para que realicen la
liquidación, por lo cual la misma es hecha por el secretario, entonces la misma
no es objetable.
5.5.2. Actividades previas a la liquidación que contribuyen
a fijar las bases de la misma.
De otro lado,
resulta relevante destacar que no sólo la norma acusada sino también otras
disposiciones cercanas o concordantes se refieren a la forma en que la
liquidación del crédito debe hacerse, y permiten ver que, de alguna manera, se
trata de una operación que se va anticipando desde el inicio del proceso
ejecutivo o desde la notificación del mandamiento de pago al demandado.
Ciertamente,
de conformidad con lo prescrito por los artículos 488 y 491 del Código de
Procedimiento Civil, la demanda ejecutiva que se interpone para lograr el pago
de una suma de dinero exige que se refiera a obligaciones “claras, expresas
y exigibles”, que consistan en “una cantidad líquida de dinero e
intereses”.[34]
La misma disposición explica que una cantidad líquida es “la expresada
en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación
aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”.[35] También
explica esta norma que “cuando se pidan intereses y la tasa legal o
convencional sea variable, no será necesario indicar la tasa porcentual de la
misma.”
Ahora bien, la
propia norma acusada en esta oportunidad indica que la operación financiera de
liquidación del crédito debe especificar el valor del capital y de los
intereses y,  si fuere el caso, la conversión a moneda nacional de aquél y de
estos, “de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago”.[36]   Por su
parte, el artículo 498 prescribe que en éste debe ordenarse el pago de las
sumas adeudadas, “con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la
cancelación de la deuda”. Y agrega que cuando se trate de obligaciones en
moneda extranjera cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la
tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo “en
la divisa acordada”.[37]
Así pues, se tiene que las bases financieras con fundamento en las cuales debe
liquidarse posteriormente el crédito vienen ya definidas, desde el mandamiento
de pago.
De otro lado,
dentro de las actividades previas a la liquidación, que tienden a concretar los
elementos matemáticos con base en los cuales posteriormente se va a adelantar
dicha operación, se encuentra que el artículo 492 del mismo Código de
Procedimiento Civil señala que dentro del término para proponer excepciones, el
ejecutado puede pedir la regulación o pérdida de intereses y la fijación de la
tasa de cambio.
Así pues, del
estudio contextual de la disposición acusada es fácil concluir que para el
momento en que debe presentarse la liquidación del crédito, (i) ya se ha
proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada;
(ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la
existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y
(iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto
a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los
intereses, que se establece a partir del tiempo trascurrido desde que la
obligación se hizo exigible, cosa que viene señalada en la sentencia, y la tasa
aplicable según los diferentes periodos, asunto que cada seis meses es
determinado por la Superintendencia Financiera.
De otro lado,
es de suponer que tanto el deudor como el acreedor conocen la historia del
crédito sobre el cual versa el proceso, es decir los pagos o abonos que se han
hecho, y las modificaciones a las condiciones o términos del mismo que hayan
podido producirse[38],
y que en todo caso durante el transcurso del proceso han tenido la oportunidad
de precisar esta información.
Así las cosas,
prima facie podría concluirse que las bases matemáticas y financieras,
con base en las cuales se lleva a cabo la operación de liquidación del crédito
dentro del proceso ejecutivo, se han precisado durante el trámite del proceso,
de manera que para cuando se realiza dicha operación sólo hace falta calcular
los intereses y la conversión a moneda nacional, si fuera el caso. De esta
manera, aunque el cálculo de los intereses puede admitir diverso grado de
complejidad según la fórmula acordada, en principio ni dicha operación de
liquidación resultaría extremadamente compleja, ni menos aun la revisión de la
misma, por lo cual los términos de diez y tres días fijados por el legislador
para ello podrían ser juzgados como razonables, más si se tiene en cuenta que
el principio de celeridad exige evitar dilaciones injustificadas en el progreso
del trámite procesal.
5.6. Casos especiales de liquidación de créditos que
revisten cierta complejidad.
No obstante lo
anterior, la Corte debe estudiar si en los casos a los que se refiere la
demanda -créditos hipotecarios de largo plazo para adquisición de vivienda-,
que también están cobijados por el alcance general de la disposición acusada,
la actividad de liquidación del crédito reviste mayor grado de complejidad, y
si en éstos últimos el ejecutante está en una posición de ventaja frente al
ejecutado, de cara a la posibilidad de realizar ágilmente este trabajo o de
revisarlo.  Al respecto la Sala observa lo siguiente:
Los créditos hipotecarios
otorgados para la financiación de vivienda individual a largo plazo, que son
aquellos a los que se refiere la demanda cuando afirma que su liquidación es
altamente compleja, se rigen por normas especiales. En primer lugar, algunos
créditos de este tipo están sujetos a un sistema especializado de financiación,
ligado al índice de precios al consumidor; esto sucede cuando se otorgan en
Unidades de Valor Real; en otros casos, este mismo tipo de créditos se otorgan
denominados en moneda legal colombiana;  y, en el caso de que se contraigan
para la adquisición de vivienda de interés social urbana y rural (VIS),
contemplan condiciones especiales.[39]
La Corte se referirá brevemente a la posible dificultad que pueda presentar la
operación de liquidar cada uno de estos créditos, dentro del proceso ejecutivo.
a)
Créditos hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda individual a
largo plazo, denominados en UVR: Dentro de las normas generales que la
ley dispone para la regulación de los créditos de adquisición de vivienda a
largo plazo, está aquella que indica que, cuando son otorgados por
establecimientos de crédito, podrán estar denominados en Unidades de Valor Real
(en adelante UVR). La UVR  es “una unidad de cuenta que refleja el poder
adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de
precios al consumidor certificada por el DANE”;[40] la ley también prescribe
que los créditos concedidos en UVR deben tener una tasa de interés
remuneratoria, calculada sobre dicha unidad, que se cobrará en forma vencida y
no podrá capitalizarse[41].
Esta tasa remuneratoria, de conformidad con lo resuelto por esta Corporación en
la Sentencia C-955 de 2000[42],
“no incluirá el valor de la inflación, será siempre inferior a la menor tasa
real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad
financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y su máximo
será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República”. Además,
de acuerdo con la misma Sentencia, dichos intereses remuneratorios “se
calcularán sólo sobre los saldos insolutos del capital, actualizados con la
inflación”. De otro lado, dicha tasa de interés será fija durante toda la
vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la
misma, y deberá expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual
efectiva.[43]
Así las cosas,
de lo prescrito por el artículo 17 de la Ley 546 de 1999, y de lo resuelto por la
Corte en la sentencia C-955 de 2000, se tiene que, para efectos del interés
remuneratorio de los créditos para cartera hipotecaria, la Junta Directiva del
Banco de la República debe señalar un límite, dicho interés debe corresponder a
una tasa pura o real, es decir no puede contemplar un componente inflacionario,
y se liquida sobre el capital indexado. Adicionalmente, la tasa de interés
remuneratorio no puede ser compuesta, es decir “debe sumarse a los puntos de
la inflación, no multiplicarlos…”.[44].
Finalmente, la tasa de interés remuneratorio debe cobrarse vencida.
En cuanto a
los intereses de mora, dice la ley que en los créditos otorgados para la
financiación de vivienda a largo plazo no se presumen; pero que cuando se
pacten, se entenderá que no podrán exceder una y media veces el interés
remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre las cuotas vencidas. En
consecuencia, “los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas
aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación
hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial”.[45] Lo anterior
representa una excepción legal en cuanto a la oportunidad temporal de operación
de la cláusula aceleratoria.[46]
Es decir, ésta opera, pero sólo a partir de la demanda.
Finalmente, la
ley autoriza que existan diversos sistemas de amortización, los cuales deben
ser aprobados por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia.[47]
Todas las
anteriores características de los créditos hipotecarios otorgados para la
financiación de vivienda individual a largo plazo, denominados en UVR, inciden
haciendo que su liquidación en caso de mora revista cierta complejidad. La
Corte admite entonces que tal operación requiere cuidado y tiene un grado
considerable de dificultad.
b) Créditos
hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda individual a largo
plazo, denominados en moneda legal colombiana.
De conformidad
con la Ley 546 de 1999[48],
los establecimientos de crédito y las entidades del sector solidario, las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los
fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad
diferente de los establecimientos de crédito, pueden también otorgar créditos
para financiación de vivienda a largo plazo denominados en moneda legal
colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa
fija de interés durante todo el plazo del préstamo, y los sistemas de
amortización no contemplen capitalización de intereses. Este tipo de créditos
también admite diversos sistemas de amortización.
En este caso,
las normas generales y las jurisprudenciales relativas a intereses
remuneratorios y moratorios en créditos para adquisición de vivienda, resultan
así mismo aplicables. No obstante, la liquidación del crédito durante el
proceso ejecutivo se simplifica, toda vez que el cálculo no incluye la operación
de conversión de cada cuota y del capital insoluto, de UVR a moneda legal
colombiana.
c)
Créditos hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda individual de
interés social (VIS).
En principio,
los créditos hipotecarios para financiación de vivienda de interés social  se
rigen por las mismas normas aplicables a los créditos a largo plazo para
adquisición de otro tipo de vivienda. Así lo dispone el artículo 34 de la Ley
546 de 1999.[49]
Por eso, la doctrina ha considerado que este tipo de cartera es una especie del
género de cartera para vivienda.[50]
No obstante, los créditos para VIS tienen algunas normas especiales; entre ellas,
aquella que establece que los mismos deben que desembolsarse en moneda legal
colombiana, y la que señala que la tasa del interés remuneratorio deber ser
preferencial. Además, esta tasa debe ser fijada por la Junta Directiva
del Banco de la República, atendiendo a que sea la menor entre todas las tasas
que se cobren en la financiación de vivienda, y a que de la misma se deduzca la
inflación.[51]
Ahora bien, la
liquidación de este tipo de créditos durante el trámite del proceso ejecutivo
exige conocer la tasa preferencial fijada periódicamente por la Junta del Banco
de la República; y como en el caso de los créditos no VIS, denominados en
moneda legal colombiana, la liquidación del crédito durante el proceso
ejecutivo se simplifica, pues tampoco incluye la operación de conversión de UVR
a pesos.
Así pues, la
liquidación de créditos hipotecarios concedidos para la financiación de
vivienda a largo plazo se reviste de cierta complejidad, que es mayor si el
préstamo se ha otorgado en UVR. La Corte tendrá en cuenta esta conclusión, para
el examen concreto de constitucionalidad de la norma acusada que enseguida
iniciará.
5.7.  Examen concreto de constitucionalidad de la norma
acusada.
Según se dijo,
la demanda arguye que el plazo de tres días concedido al ejecutado para objetar
la liquidación es discriminatorio y no tiene en cuenta la situación de
debilidad manifiesta en que se encuentra el deudor moroso de una obligación
hipotecaria contraída para la adquisición de vivienda. El Procurador añade que
dicho plazo es irrazonable.
La Corte ha
hallado que  la liquidación de un crédito hipotecario de largo plazo para
adquisición de vivienda reviste algún grado de complejidad, que es mayor si el
préstamo ha sido otorgado en UVR.
Se pregunta
ahora la Sala si, cuando se trate de este tipo de créditos hipotecarios de
vivienda, el hecho de que el ejecutante cuente con un plazo de diez días para
presentar la liquidación, mientras que al ejecutado se le conceden sólo tres
para objetarla, resulta discriminatorio, desproporcionado o irrazonable.
Para responder
a este interrogante, la Corte tiene en cuenta ahora que la consagración de términos perentorios por sí misma no contradice la
Carta Política y que al legislador le asiste una amplia libertad de
configuración  en la materia; ciertamente, como arriba se dijo, dado que no existen parámetros en la Constitución a los
cuales pueda referirse el legislador o el juez constitucional para valorar si
la extensión de los términos procesales es adecuada, la labor de este último
debe limitarse a controlar los excesos, es decir a rechazar aquellas
normas que desborden notoriamente los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, o restrinjan exageradamente los derechos fundamentales de las
partes procesales.
En el caso
presente, la Sala estima que el propósito que animó al legislador al consagrar
un plazo de tres días para objetar la liquidación del crédito presentada por el
ejecutante fue la que en general se persigue con la consagración de todo tipo
de términos procesales: la de hacer efectivo el principio superior de
celeridad, que exige que la administración de justicia se adelante sin
dilaciones injustificadas. Además, observa que, si bien este objetivo de celeridad
entra en clara tensión con el derecho de defensa y contradicción que le asiste
al deudor moroso, pues es claro que entre mayor tiempo tenga el ejecutado para
objetar la liquidación, mejor oportunidad tendrá de defenderse frente a
posibles inconsistencias en el trabajo que presente el ejecutante, la
restricción del aludido derecho de defensa y contradicción probatoria no es
desproporcionada ni irrazonable, ni aun en el caso de los créditos hipotecarios
a que alude la demanda.
En efecto, en
aras de la celeridad, en la norma acusada el legislador ha optado por una
fórmula temporal muy breve, de sólo tres días, como plazo para objetar la
liquidación. Plazo este que puede resultar estrecho pero suficiente para
revisar un trabajo de liquidación previamente elaborado por la contraparte, aun
en el caso de créditos de difícil liquidación, como aquel al que se refiere la
demanda, esto es, el de los créditos hipotecarios de largo plazo concedidos por
entidades financieras para la adquisición de vivienda a largo plazo, incluso si
se han denominado en UVR; la brevedad del plazo de tres días que se le concede
al deudor para revisar la operación matemática que le presenta la entidad
ejecutante no se revela irrazonable, por las razones que pasan a exponerse:
En primer
lugar, la cortedad del plazo persigue un fin constitucionalmente valido, cual
es evitar dilaciones injustificadas en la administración de justicia;
adicionalmente,  el medio escogido para lograr ese propósito - breve extensión
del término para objetar- es adecuado y conducente pues efectivamente logra que
el proceso ejecutivo progrese más rápidamente. La medida además se revela
necesaria, pues los términos procesales son el instrumento por excelencia al
cual tiene que acudir el legislador para moderar la duración de los procesos,
sin que sea fácil imaginar otros apremios legales igualmente eficaces que
conduzcan al logro del mismo objetivo de celeridad procesal.
Además, aun en
el evento de los créditos hipotecarios de largo plazo para adquisición de vivienda,
el término de tres días para objetar la liquidación no es notoriamente
desproporcionado por su brevedad. Pues como se vio, para el momento procesal en
que debe presentarse y objetarse la liquidación del crédito, ya se ha proferido
un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada, ya existe una
sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha
obligación y el momento desde cuando se hizo exigible, y también está
plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que
fue contraída dicha obligación. Así, las operaciones que restan para liquidar
el crédito no son de tal complejidad que hagan imposible realizarlas en el
plazo concedido en la norma, tanto para presentar la liquidación como para objetarla,
pues dichas operaciones son las de determinación del monto a pagar en moneda
nacional, si es el caso, el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo
exigible, cosa que viene señalada en la sentencia, y la tasa aplicable según
los diferentes periodos, asunto que cada seis meses es determinado por la Superintendencia
Financiera.
La Corte,
además, tiene en cuenta que la operación de revisión de la liquidación, con
miras a su objeción, no reviste la misma complejidad que la de liquidación
propiamente dicha, por lo cual el menor plazo que se concede a las partes para
objetar (tres días), frente al que se les concede para liquidar (diez días),
resulta justificado. Además, destaca con particular énfasis que si el acreedor
no presenta oportunamente la liquidación en el plazo de los diez días que tiene
para ello, entonces al deudor se le dará traslado por los mismos diez días para
que lo haga. Y en este supuesto, el término para objetar la liquidación
concedido al acreedor será igualmente de tres días, con lo cual queda en
evidencia que el legislador confiere un trato igual a ambas partes.
Por otro lado,
los derechos de defensa y contradicción del deudor están suficientemente
garantizados, porque el juez, en todo caso, debe revisar la liquidación y
aprobarla o improbarla mediante auto que es apelable. Al respecto, la Corte
estima que esta revisión judicial es una garantía del derecho de defensa y
contradicción que obra para ambas partes, que compensa la restricción de dicho
derecho que se produce por la fijación del lapso de tres días como término para
objetar la liquidación.
Así las cosas,
habiéndose establecido por la jurisprudencia que la función del juez
constitucional, cuando examina normas legales en las cuales se fijan términos
procesales, se limita a controlar los excesos legislativos que restrinjan
irrazonable y desproporcionadamente los derechos de las partes, lo cual no
sucede en este caso, la Corte despachará como improcedente la presente demanda.
Con lo
anterior, la Corte respeta el amplio margen de libertad de configuración
legislativa de que se reviste el Congreso en esta materia, y sus competencias
para escoger entre las diversas opciones de desarrollo normativo de la Carta.
Ciertamente, en la Constitución se contienen los fundamentos de la organización
jurídica y política, pero sólo con un carácter básico. Tales valores,
principios y reglas fundamentales han de ser desarrollados por medio de la ley,
y en esta labor caben distintas opciones legislativas, que corresponden a la
diversidad de alternativas políticas propia del pluralismo democrático. En
otras palabras, la Carta no señala directamente cuál debe ser el contenido de
la ley, abriendo la posibilidad a variadas fórmulas dentro de un marco básico
de referencia. Así, dentro de este marco trazado por los postulados
fundamentales definidos en la Carta, en cada asunto el legislador goza de
cierta libertad, mayor o menor, para escoger la fórmula legislativa que
responda a la concepción política mayoritaria, a las necesidades del momento, a
las variables circunstancias que determinan que una solución sea la adecuada y
no otra. Esta posibilidad de elegir entre una u otra opción legislativa es lo
que se conoce como la libertad de configuración del legislador, también llamada
libertad de formación democrática.
En el caso
presente, establecido que el margen de libertad configurativa del legislador es
amplio, en respeto del principio democrático la Corte debe declarar la
constitucionalidad de las expresiones legales acusadas.
6. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre el pueblo y por mandato de la Constitución:
RESUELVE:
Primero.
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones
“dentro de los diez días siguientes” y “De dicha liquidación se
dará traslado al ejecutado por tres días”, contenidas en el artículo 521
del Código de Procedimiento Civil.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
NILSON
PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente
con permiso
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Salvamento
parcial de voto
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA C-814/09
SENTENCIA
DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Procedencia para la protección de los
derechos a la igualdad y la contradicción en procesos ejecutivos por créditos
hipotecarios (Salvamento parcial de voto)
LIQUIDACION DEL CREDITO EN PROCESO EJECUTIVO-Diferencia de términos para realizarla y objetarla en
casos como los de créditos hipotecarios de largo plazo vulneran el derecho a la
igualdad y la contradicción del ejecutado (Salvamento parcial de voto)
Si bien la Corte reiteró
que en materia de diseño de los procedimientos el legislador dispone de una
amplia potestad de configuración normativa con limitaciones que surgen de la
propia Constitución, por cuanto no puede desconocer las garantías fundamentales
y debe proceder con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en el caso
concreto del artículo 521 del código de procedimiento civil, los plazos
establecidos corresponden al ejercicio de dicha facultad, pero la Corte ha
debido hacer la salvedad respecto de ciertos procesos ejecutivos como los
relacionados con créditos hipotecarios de largo plazo para la adquisición de
vivienda, en los que la operación de liquidación reviste condiciones especiales
debido a su alta complejidad, evento en los cuales la diferencia de plazos constituye
una vulneración al derecho a la igualdad y a la contradicción del ejecutado,
dada la posición dominante de las entidades financieras
Referencia: Expediente
D-7711
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 521 del Código de Procedimiento
Civil.
Actor: Alejandro
Ortega Rozo
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta
Corporación, me permito adelantar una breve exposición
de los motivos por los cuales me aparto de la argumentación y decisión adoptada por la Sala Plena, que justifican la suscripción de un salvamento de voto respecto de la sentencia de
la referencia.
l. Contenido
de la sentencia
La norma objeto de demanda de
inconstitucionalidad es el artículo 521 del código de procedimiento civil que
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 521. LIQUIDACION DEL CREDITO Y DE LAS COSTAS
Ejecutoriada la sentencia de que trata el artículo 507 la
contemplada en la
letra e), del numeral 2. del artículo 570, se
practicará por
separado la liquidación del crédito y la de las
costas. Para la de éstas se aplicará lo dispuesto en el
artículo
393; la del crédito se sujetará
a las siguientes
reglas:
1. El ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto
que ordene
cumplir lo resuelto por el superior, según el caso,
deberá presentar
la liquidación especificada del capital y de los intereses,
y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y de éstos, de
acuerdo  con lo dispuesto en el mandamiento de
pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si
fueren necesarios.
2. De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado
por tres días,
mediante auto
que no tendrá recursos,
dentro de los cuales podrá formular objeciones y  acompañar las pruebas que
estime necesarias.
3.
Vencido el traslado, el juez decidirá
si aprueba o
modifica la liquidación por auto apelable en el efecto diferido, recurso que no impedirá efectuar
el remate
de los bienes, ni la
entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto
de la apelación.
4. Expirado
el término
para que el
ejecutante presente la liquidación, mientras no lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla y se aplicará
lo dispuesto en los numerales anteriores. Si pasados veinte
días ninguno la hubiere
presentado, la hará el secretario
y se observará lo prevenido en los numerales 2. y 3.
5. De la misma manera se
procederá cuando se trate
de liquidación adicional.
El demandante considera que los apartes
acusados violan los principios de igualdad y
contradicción, ya que se le conceden diez (10) días al
ejecutante para presentar la liquidación y sólo tres (3) días al ejecutado para
formular objeciones y acumular las pruebas que estime necesarias.
De manera tal que el problema jurídico
planteado en el presente asunto consiste en determinar
si el plazo de tres (3) días que se le concede al ejecutado para objetar la liquidación del crédito hecha por el ejecutante,
resulta violatorio de los derechos de igualdad y
contradicción, teniendo en cuenta que el término de diez (10) días que se
concede a este último para presentar la mencionada liquidación es notoriamente superior.
De acuerdo con los cargos invocados por el
accionante, la Corte reiteró que en materia de diseño de los procedimientos el
legislador dispone de una amplia potestad de configuración normativa (art. 150, numerales 1 y 2 C.P.), con limitaciones que surgen de la propia Constitución, por cuanto
no puede desconocer las garantías fundamentales y debe proceder con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de asegurar el ejercicio pleno
del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Dentro de ese margen de configuración y acorde con el principio de
celeridad que preside la función judicial, el
establecimiento de términos perentorios
no desconoce la Carta Política, sino que por el contrario, busca hacer efectivos los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso, en la medida que asegura que este se adelante sin dilaciones injustificadas, como lo
ordena el artículo 29 de la Constitución, en armonía con el artículo 228 superior. La
extensión de los términos está dada por su fin, cual
es permitir la realización del derecho
sustancial. La jurisprudencia ha señalado que el juez constitucional no está llamado a determinar cuáles deben ser
los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. Su misión es la de controlar los excesos que se puedan presentar en la
legislación, que hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción.
En este sentido, para el análisis del caso
concreto se evidencia una tensión entre el principio de celeridad y el derecho
de contradicción y controversia probatoria, los cuales hacen parte del derecho al debido proceso (art. 29 C.P.).
En desarrollo de estos principios, de un lado, los
procesos deben tener una duración razonable y de otro, permitir a las partes
discutir y controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas aducidas en contra de ellas. A su vez, la Corte ha admitido
que algunas garantías procesales -entre ellas, el derecho de
defensa y contradicción- no son absolutas y pueden ser restringidas por el
legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación
corresponda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y no se desconozcan otros
derechos fundamentales.
Ahora bien, el
artículo 521 del Código de Procedimiento Civil distinguió entre la actividad de presentar la liquidación del crédito
y de las costas objeto del proceso ejecutivo
y la actividad de objetarla, en cuanto para lo primero concedió un plazo de
diez (10) días y para lo segundo, uno de tres (3),
independientemente de quien
sea la parte que realice tal actividad. No obstante, si las partes dejan vencer el término que se les concede a cada una de ellas para que realicen la
liquidación, por lo cual la misma es hecha por el
secretario, entonces la misma es inobjetable.
Para la Corte, la diferencia de términos
establecida por el legislador en este caso resulta
razonable, en la medida que de acuerdo con lo previsto
en los artículos 488, 491 Y 492 del Código de Procedimiento
Civil, las bases matemáticas y
financieras con base en las
cuales se lleva a cabo la
operación de liquidación del crédito dentro del
proceso ejecutivo, se han precisado durante el trámite del proceso, de manera que para cuando se realiza la
operación sólo hace falta calcular los intereses y la conversión a moneda nacional, si fuere el caso. De este modo, aunque
el cálculo de intereses
puede admitir diverso grado de complejidad según la fórmula acordada, en principio, ni dicha operación de liquidación
resultaría demasiado compleja, ni menos aún la revisión de la misma, por lo
cual los términos de diez y tres días fijados por el legislador pueden ser
juzgados como razonables, más si se tiene en cuenta que el principio de
celeridad exige evitar dilaciones injustificadas en el progreso del trámite
procesal. En consecuencia, las expresiones acusadas del artículo 521 del Código
de Procedimiento Civil, fueron declaradas exequibles, en la medida que no
vulneran el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política.
Por consiguiente, la Corte declaró
exequibles las expresiones "dentro de los diez días siguientes" y
"De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días ", contenidas en el artículo 521 del Código de Procedimiento
Civil.
ii. Motivos del Salvamento de voto
Me encuentro en desacuerdo con la decisión adoptada por esta Corporación, toda
vez que, si bien los plazos establecidos
corresponden al ejercicio de la potestad de configuración normativa del
legislador en materia procedimental, la Corte ha
debido hacer la salvedad respecto de ciertos procesos ejecutivos en los que la
operación de liquidación reviste condiciones especiales debido a su alta
complejidad, eventos en los cuales la diferencia de plazos constituye una
vulneración al derecho a la igualdad y a la contradicción del ejecutado.
En ese sentido, la diferencia de términos
prevista en la disposición acusada
para presentar la liquidación del crédito y para objetarla, puede resultar
irrazonable y desproporcionada en casos especiales de créditos -
como los
créditos hipotecarios de largo plazo para adquisición de
vivienda - teniendo
en cuenta la posición dominante de las entidades financieras que comúnmente
cuentan con personal operativo, especializado
y técnico encargado de realizar las liquidaciones, situación
que coloca a los ejecutados en una posición desventajosa, agravada por el corto término otorgado para objetar los complejos
documentos liquidatorios.
Ahora bien, el
fundamento para la protección especial del derecho a la
igualdad y contradicción en los créditos hipotecarios de largo plazo para
adquisición de vivienda radica en la defensa del bien jurídico que se encuentra
en juego - la vivienda - y el impacto significativo a nivel familiar y personal
que tiene su afectación, por lo cual en dichos eventos se deben igualar los plazos de la entidad financiera y/o demás ejecutante frente al
ejecutado.
Por todo lo anterior, considero que la Corte ha debido declarar una exequibilidad
condicionada de las expresiones normativas acusadas del
artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
[2] M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
[3] Dice la Sentencia: “(..)si el acto que contiene la liquidación del
crédito elaborada por el secretario de despacho judicial no es objetable por
virtud de la norma demandada, ello no vulnera, y ni siquiera amenaza el derecho
de defensa de las partes.  En primer lugar, como se ha reiterado a lo largo de
la argumentación de esta providencia, la mencionada liquidación debe ser
aprobada por el juez mediante auto que es recurrible.  Lo cual garantiza,  según
la reconstrucción del derecho de defensa que ha hecho la jurisprudencia
constitucional, de manera adecuada la posibilidad de que las partes hagan valer
sus intereses. En segundo lugar, a la obligación del juez de emitir el
auto en cuestión, subyace la idea de que el valor procesal de la liquidación
elaborada por el secretario depende de la promulgación de dicho auto.  Es
decir, que  el acto de liquidación elaborado por el secretario no cobra
efectos en sí mismo, ni surte efectos procesales, hasta tanto esté contenido en
un auto que dicta el juez(…) (Negrillas fuera del original) ”
[4] M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
[5] La intervención indica que esta doctrina es expuesta por tratadista Hernando Morales Molina, pero no menciona la fuente bibliográfica de
donde es tomada.
[6] Intervención el ciudadano Gabriel Hernández
Villareal, en representación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
[7] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001
[8] Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Alvaro Tafur Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra contra el
artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los
argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa
procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra
la norma atacada no lo son realmente contra ella”.
[9] Sentencia C-504 de 1995; M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda
presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el
cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude
a una disposición no consagrada por el legislador.
[10] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de
mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que
se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo
sentido C-113 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[11] En este mismo sentido pueden consultarse,
además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001
(M.P. Alvaro Tafur Gálvis), entre otras.
[12] Sentencia C-1052 de 2001
[13] Sentencia C-480 de 2003.
[14] Cfr. C.P.C. Artículo 555, numeral 9°.
[15] Sentencia C-555 de 2001. En el
mismo sentido, pueden verse las sentencias C-832 de 2001 y C-012 de 2002
[16] Sobre este asunto, véanse, entre otras, sentencias C-38 de 1995; C-032
y C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997 y C-198 de 1998.
[17] Sentencia C-135 de 1999, M.P. Fabio morón Díaz.
[18] Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995.
[19] Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] Crf. Sentencia T-546 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[21] Crf. Sentencia C-1264 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[22] Íbidem
[23] Sentencia C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[24] Cfr. Sentencia C-832 de 2001,  M.P Rodrigo Escobar Gil.
[25] Sentencia C-800/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[26] Sentencia C-728/00, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[27] Subrayas fuera del original.
[28] De igual manera, el artículo 228 superior prescribe que “los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.
[29] Sentencia C-648 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[30] Sentencia C- 475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31] Esta
norma, ubicada en el Capítulo titulado “Disposiciones especiales para el
ejecutivo con título hipotecario o prendario” en lo pertinente es del
siguiente tenor:
“Artículo 555. Modificado por el D.E. 2282/89,
art. 1º, num. 303. Trámite. El trámite se sujetará a las siguientes reglas:
…
9. En este proceso no son aplicables los artículos 517 a 519. En todo lo no regulado en el presente capítulo, se aplicarán las normas de los
capítulos I a IV de este título.”
[32] Al respecto, el inciso
primero del artículo 521, aquí acusado, señala que una vez ejecutoriada la Sentencia “de que trata el artículo 507 o la contemplada en la letra e), del numeral
2. del artículo 570”, se practicará por separado la liquidación del crédito y la de las
costas. La sentencia de que trata el artículo 507 del Código de Procedimiento
Civil es aquella que se profiere cuando la obligación se cumple voluntariamente
por el demandado, o cuando no propone excepciones previas. En cuanto a la sentencia
“contemplada en la letra e), del numeral 2. del artículo 570”, la remisión es errada y debe entenderse que se trata de aquella a que
alude el artículo 510  del mismo Código, que procede cuando las excepciones
previas no prosperan o prosperan parcialmente, caso en el cual en el ella se
ordena seguir adelante con la ejecución.
[33] Este parágrafo fue declarado exequible en la sentencia C-664 de
2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. La declaración de exequibilidad se
produjo únicamente por el cargo analizado, relativo a la vulneración del
derecho de defensa.
[34] Subrayas fuera del original
[35] Subrayas fuera del original
[36] Negrillas fuera del original
[37] La
norma también señala que cuando
se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago
comprenderá, además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y
dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco días siguientes al respectivo
vencimiento.
[38] La jurisprudencia constitucional ha
reconocido que en el momento en que entidad
que otorga un crédito a largo plazo para adquisición de vivienda, crea unas
condiciones que se adaptan a la situación  de cada uno de sus deudores,
condiciones que ellos confían legítimamente se van a mantener a lo largo de
toda la vida de la obligación; por lo cual, si éstas son cambiadas de
manera unilateral y sin la aprobación del deudor por la entidad acreedora, se
configura una situación que efectivamente vulnera el derecho fundamental al
debido proceso. En tal virtud, todo cambio en dichas condiciones debe ser
informado al deudor y consentido por él. Sobre este asunto, pueden consultarse
las sentencias T-611 de 2005 y T-633 del mismo año.
[39] Ley 546 de 1999, artículo 1°.
[40] Ley 546 de 1999 artículo 3°.
[41] La capitalización de intereses “es distinta de la
actualización del capital de las obligaciones dinerarias a través de un índice
que exprese la desvalorización de la moneda, como… lo es hoy la UVR”. Martínez Neira, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Pág. 499.
Bogotá. Ed. Legis 2006. Pág 506. Sobre este tema también puede consultarse la
sentencia C-747 de 1999.
[42] M.P. José Gregorio Hernández.
[43] Ley 546 de 1999, artículo 17.
[44] Sentencia C-747 de 1999.
[45] Ley 546 de 1999, artículo 19
[46] Cfr. Martínez Neira, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho
Bancario Colombiano. Pág. 499. Bogotá. Ed. Legis 2006.
[47] Ley 546 de 1999, artículo 17, numeral 7.
[48] Ley 546 de 1999, artículo 17, parágrafo.
[49] El texto de esta norma es el siguiente:
“ARTICULO 34. APLICACIÓN A LOS CRÉDITOS PARA
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Lo dispuesto en la presente ley
será aplicable a los créditos para construcción y financiación de vivienda de
interés social en lo que no contradiga sus disposiciones especiales.
Para efectos de la presente ley, se entenderá por
vivienda de interés social la que cumpla los requisitos establecidos por la
legislación vigente en esta materia.”
[50] Cfr. Martínez Neira, Néstor Humberto. Obra citada, pág
518.
[51] Así lo estableció esta
Corporación en la Sentencia C-955 de 2000, cuando al estudiar la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, que establecía que, para toda la vivienda de interés social, la tasa de
interés remuneratoria no podría exceder de 11 puntos durante el año siguiente a
la entrada en vigencia de tal ley, decidió que el mismo era exequible,
condicionado a que “de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación
y que, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales
y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de
financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser
las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de
los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de
que la tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será
inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda.”