T-494-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-494/93
DERECHO A LA
SALUD/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Es cierto que la
salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero nunca
desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando
se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la
salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada
una de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el
derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes
-derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son.
ACCION DE TUTELA-Hecho Consumado/DERECHO A LA
SALUD/DERECHO A LA VIDA/DERECHOS DEL INTERNO/ TRASLADO
No corresponde a
la naturaleza de la acción de tutela referirse a hechos consumados que ya no
producen efectos lesivos, ni mucho menos a restablecer lo que no está lesionado
en el caso en estudio, al conceder la Fiscalía el traslado del recluso con la
finalidad de atender a sus problemas de salud, no tienen peso las afirmaciones
del actor, por cuanto la causa del peligro señalada por él ya no existe. Sobre
dicha inexistencia no puede recaer la acción de tutela, por falta de objeto
material.
Ref.: Expediente
T-16663
Peticionario: FRANCISCO
ORDOÑEZ GUERRERO
Procedencia: Juzgado
25 Penal del Circuito de Cali
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C.,  veintiocho (28) de octubre  de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Sala Novena de la
Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa
-Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela radicado bajo el número T-16663, adelantado por Francisco Ordóñez
Guerrero en contra de la Fiscalía General de la Nación.
I.       ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el
artículo 34 del Decreto 2569, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar
sentencia de revisión.
1. Solicitud
El abogado Francisco
Ordóñez Guerrero, actuando como agente de los derechos del señor Mesías Eduardo
Mora López, interpuso ante el Juzgado 25 Penal Municipal de Cali, acción de
tutela en contra de la Fiscalía Regional de Cali, con el fin de que se amparara
al señor Mora López, el derecho a la vida, a un trato humano y no degradante y
al debido proceso  derechos éstos consagrados en los artículos 11, 12 y 29
respectivamente, de la Constitución Política de Colombia. La tutela fue
interpuesta como mecanismo transitorio por evitar un perjuicio irremediable .
2. Hechos
Afirma el
peticionario que el señor Mesías Eduardo Mora López se encuentra detenido en la
cárcel del Circuito Judicial de Mocoa (Putumayo), en virtud de medida de
aseguramiento que le dictó la Fiscalía Regional de Cali, dentro de la
investigación que se adelantó por presunta infracción al Estatuto Nacional de
Estupefacientes. Dice el peticionario en este proceso actúa como apoderado del
sindicado.
Según lo expresa el
peticionario, el señor Mesías Eduardo Mora sufre de cálculos en los riñones,
enfermedad esta que se agravó desde su ingreso a la cárcel en Mocoa.
"Estando detenido, varias veces ha tenido que ser internado por esta
afección en el hospital "José María Hernández" de esa ciudad, sin que
ahí pudieran prestarle un tratamiento adecuado y definitivo a su problema
renal" debido a las insuficiencias técnicas y a la ausencia de
profesionales especializados en nefrología o urología.
Sostiene que, en
concepto rendido por la doctora Teresa Londoño de Pachajoa,  médico oficial de
la cárcel de Mocoa, se afirmó que "el estado de salud del interno  Mora López
es grave mientras permanezca en este centro carcelario puesto que su
tratamiento definitivo no puede realizarse en esta ciudad y  la postergación de
este puede ocasionar daños renales irreversibles".
Dice el peticionario
que, con fundamento en el concepto citado solicitó a la Fiscalía Regional de
Cali la suspensión de la detención preventiva de su poderdante, con fundamento
en la causal 3a. del artículo 407 del Código de Procedimiento Penal; dicha
solicitud fue presentada el día 26 de abril de 1993 pese a que su petición
reunía los requisitos legales (existencia de grave enfermedad y dictamen de un
médico oficial), la Fiscalía decidió ordenar un nuevo dictamen, y luego de
haber transcurrido más de un mes desde la fecha de presentación de dicha
petición, ésta no se había resuelto.
Manifiesta el
peticionario que al señor   Mora se le está poniendo en peligro inminente su
derecho a la vida,   ya que en el lugar donde se encuentra recluido no se
cuenta con los medios necesarios para brindarle la atención médica requerida.
Así, se le está sometiendo a un trato inhumano y degradante.
Considera además que
al desatender sus peticiones, legalmente  fundadas, se está violando el derecho
al debido proceso.
3. Pretensión
Solicita el
peticionario que se proteja el derecho a la vida del señor Mesías Eduardo Mora
López  y que se ordene "el restablecimiento del derecho fundamental al
debido proceso y disponer lo conducente para que a  mi defendido se le respete
su derecho a ser tratado como un ser humano y no degradante".
II.    ACTUACION
PROCESAL
Admitida la presente
acción el día 1o. de junio de 1993, el Juez Veinticinco Penal del Circuito de
Cali, practicó una inspección judicial al proceso que se adelanta en la
Fiscalía Regional de Cali en contra del señor Mora López. Allí se constató que,
mediante auto de fecha 31 de mayo la Fiscalía Regional de Cali negó la
suspensión de la detención preventiva, así como la detención hospitalaria, y
ordenó el traslado del sindicado Mesías Eduardo Mora López a la cárcel del Distrito
Judicial de San Juan de Pasto (Nariño)" con el fin de que allí pueda ser
tratado por especialista en Urología o Necrología.
1.  Fallo de
única instancia
Mediante providencia
de fecha 2 de junio de 1993, el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Cali
resolvió "no acceder a la acción de tutela formulada por el abogado
Francisco  Ordóñez Guerrero en la procura de la defensa de derechos
fundamentales de su cliente Mesías (sic) Eduardo Mora López, al considerar que
no existe violado (sic) o vulnerado (sic) ningún derecho fundamental."
Consideró el
fallador  que en el presente caso se ha pretendido mediante el ejercicio de la
acción de tutela, obtener una decisión propia de los funcionarios encargados de
la instrucción del proceso. Sostiene además que "no se ha tenido en cuenta
que la clasificación de esta enfermedad afecta directamente un órgano que a
pesar de ser de importancia como lo son todos los demás, no es irremplazable, y
tampoco de allí depende necesariamente que su atención desenlace fatalmente, es
decir que ocasione el deceso de una persona."
Afirma que el
retardo a la toma de la decisión referente a la suspensión de la detención
preventiva del sindicado se debió a la demora en la respuesta oficial de los
médicos legistas de Mocoa.
En cuanto al derecho
a un trato humano y no degradante consideró el fallador que no existió amenaza
o vulneración, ya que el detenido siempre ha contado con la debida asistencia
técnica jurídica de su apoderado, y no ha sido sometido a torturas,
desaparición forzada ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes
III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.      Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.
2.      La
materia
2.1.   Derecho
a la salud y derecho a la integridad física
El derecho a la
integridad física comprende el respeto a la corporeidad del hombre de forma
plena y total, de suerte que conserve su estructura natural como ser humano.
Muy vinculado con este derecho -porque también es una extensión directa del
derecho a la vida- está el derecho a la salud, entendiendo por tal la
facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica o
funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de
restablecimiento, lo que conlleva a la necesaria labor preventiva contra los
probables atentados o fallas de la salud. Y esto porque la salud es una condición
existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad:  al hombre no
se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable.  La persona humana
requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en todo lugar, y no
hay excusa alguna para que a un hombre no se le reconozca su derecho
inalienable a la salud.
De ahí que la Sala
no comparte la tesis del Juez Veinticinco Penal del Circuito de Cali cuando
afirma: "Nótese como en el presente caso, el sólo hecho de padecer una
enfermedad grave para un órgano del cuerpo humano  de la persona del interno
MOISES (sic) EDUARDO MORA LOPEZ se ha pretendido por intermedio del mecanismo
constitucional desprender del resorte del funcionamiento de la Instrucción del
proceso, las decisiones que  materia de orden penal (sic) deben adoptarse,
quiere ello significar que es al propio funcionario que representa el asunto a
quien corresponde decidir si es o no derecho el citado interno (sic) para
favorecérsele con las peticiones de su representante. Empero, no se ha tenido
en cuenta que la clasificación de esta enfermedad afecta directamente un órgano
que a pesar de ser de importancia como lo son todos los demás, no es
irremplazable, y tampoco de allí depende necesariamente que su atención
desenlace fatalmente, es decir que ocasione el deceso de una persona".
Las consideraciones
del Juez Veinticinco Penal del Circuito de Cali, parten de un equívoco:
declarar que sólo se viola el derecho a la vida cuando se causa la muerte de
una persona. Ello es inexacto, porque la vida que es debida al hombre en
justicia es la vida digna, es decir, -íntegra y saludable, con proyección hacia
la satisfacción de los fines racionales del ser humano como persona. Cuando hay
peligro para la salud o la integridad física, de una u otra forma se afecta la
vida humana. Esto es incuestionable. Es absurdo argüir que si se afecta una
parte del todo vital, éste permanece incólume, porque es deconocer la conexidad
entre las partes y el todo.
Es cierto que la
salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero nunca
desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando
se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la
salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada
una de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el
derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes
-derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son.
Cuando se habla del
derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar un objeto
jurídico concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se refiere al
derecho a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones del derecho
a la vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque su
conexidad próxima es inminente. En cambio, respecto de los demás derechos
fundamentales la conexidad con el derecho a la vida no es directa, sino que
aquellos se refieren siempre a éste, pero de manera indirecta y mediata.
2.2    El caso
concreto
Pese a la
fundamentación anterior, la acción de tutela en este evento particular no puede
prosperar, por cuanto -según consta en el expediente- mediante auto de fecha 31
de mayo de 1993, la Fiscalía Regional de Cali ordenó el traslado del sindicado
Mesías Eduardo Mora López a la cárcel del Distrito de San Juan de Pasto
(Nariño) con el fin de que allí pueda ser tratado por un especialista en
Urología o Nefrología. Por tanto considera la Sala que han cesado los efectos
perjudiciales, ya que se ha eliminado la causa de ellos. En el concepto rendido
por la doctora Teresa Londoño de Pachojos se registra que "el estado de
salud del interno Eduardo Mora López es grave mientras permanezca en este
centro carcelario puesto que su tratamiento definitivo no puede realizarse en
esta ciudad y la postergación de este puede ocasionar daños
irreversibles".  Ya ha cesado, pues, la causa del peligro, y se han tomado
medidas prudentes para evitar un menoscabo irreversible de la salud del señor
Mora López; por consiguiente no hay lugar a tutelar algo que ya está
solucionado, por lo cual no se está frente a una actitud omisiva por parte de
la autoridad pública.
No corresponde a la
naturaleza de la acción de tutela referirse a hechos consumados que ya no
producen efectos lesivos, ni mucho menos a restablecer lo que no está lesionado
en el caso en estudio, al conceder la Fiscalía el traslado del recluso con la
finalidad de atender a sus problemas de salud, no tienen peso las afirmaciones
del actor, por cuanto la causa del peligro señalada por él ya no existe. Sobre
dicha inexistencia no puede pues recaer la acción de tutela, por falta de
objeto material.
La tutela supone la
acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante
una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma
de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza,
parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza,
y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado por las medidas prudentes de traslado a otro centro, en
donde puede ser atendido el interno, como ya lo hizo la Fiscalía con el
representado del actor.
Al no existir
actualmente un principio de razón suficiente por parte del actor para que se
conceda la tutela a su representado, al no haber objeto jurídico tutelable,
puesto que no hay  ni vulneración ni amenaza de ningún derecho fundamental, y
al haber obrado razonablemente la Fiscalía al ordenar el traslado del interno
Mora López, no encuentra la Sala fundamento en la realidad para tutelar un
supuesto de hecho inexistente.
Resulta oportuno
transcribir la jurisprudencia de esta Corte sobre hechos superados, por ser
pertinente al asunto que ocupa la atención de la Sala:
"(...) la
acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho
presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato
proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye, a la
vez, el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la
autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona
se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración  primordial en
que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la
vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico
del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción
de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagogía
constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos
relacionados con el derecho fundamental de que se trata".[1]
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. -      CONFIRMAR el fallo de fecha 2 de junio de
1993 proferido por el Juzgado Veinticinco Penal del  Circuito de Cali, pero no
por las razones expuestas en dicha providencia, sino por cuanto han cesado los
hechos que motivaron al actor para impetrar la acción de tutela.
Cópiese, notifíquese
y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
HERNAN OLANO GARCIA
Secretario General.(e)
[1] Sentencia T-519 de 1992, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio
Hrnández Galindo