T-363-18
Sentencia T-363/18
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE
LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Procedencia
DERECHOS DEL
INTERNO-Relación de especial sujeción entre el Estado y
las personas privadas de la libertad
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
RELACIONES DE
ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Garantía y
respeto de derechos fundamentales del interno
RESTRICCION DE GARANTIAS DE
LOS INTERNOS-Criterios de razonabilidad y proporcionalidad
LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Alcance
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
EN LOS CENTROS CARCELARIOS-Límites
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
EN LOS CENTROS CARCELARIOS-Garantía para personas privadas de la libertad,
pero se debe dar dentro del marco de la seguridad y orden de los
establecimientos
LIMITACION A
LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Debe
ser legítima necesaria, idónea y proporcional
LIBERTAD DE
CONCIENCIA-Reglas para acreditar convicciones o creencias
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Convicciones y
creencias deben ser profundas, fijas y sinceras
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Ámbito espiritual no
puede ser restringido o limitado mientras que los actos de exteriorización si
LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración
por parte de establecimientos penitenciarios al restringir el ejercicio de
creencias religiosas más profundas de accionantes, sin justificación razonable
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Accionante
ya no se encuentra confinado de la libertad
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se le
autorizó a accionante la tenencia del cuadro pretendido en su celda
Referencia: Expedientes Acumulados T-6488263 y
T-6507069
Acciones de
tutela presentadas por (i) William Alexander Pérez Mahecha contra la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare y (ii) Álvaro Andrés
Ibarra Herrera contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos
mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos en instancia, por los despachos judiciales que a continuación se
mencionan:
1. En instancia, por el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Yopal -Casanare, el 18 de
agosto de 2017, dentro del proceso de tutela iniciado por William Alexander
Pérez Mahecha contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Yopal -Casanare.
2. En primera instancia, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del Distrito Judicial
de Tunja -Boyacá, el 21 de junio de 2017 y en segunda instancia, por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, el 16 de
agosto de 2017, dentro del proceso de tutela iniciado por Álvaro Andrés Ibarra
Herrera contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá. Los expedientes
de la referencia fueron seleccionados para revisión por medio de Auto del 15 de
diciembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Doce[1].
I. ANTECEDENTES
Los accionantes de las solicitudes de
amparo son ciudadanos privados de la libertad en los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios de Yopal- Casanare y Cómbita -Boyacá,
respectivamente. Aducen que, en el marco de la relación de sujeción con el
Estado, les fueron coartados sus derechos fundamentales a la igualdad, libre
desarrollo de la personalidad, libertad religiosa y de cultos, honra y dignidad
humana al irrespetarse el ejercicio individual de las manifestaciones propias
de sus creencias religiosas. En el primero de los casos, el actor fue despojado
de sus dreadlocks (rastas) al momento del ingreso al penal pese a su
pertenencia a la Comunidad Rastafari por más de 14 años donde el cabello
constituye un símbolo de sumisión y respeto a Jesucristo. En el segundo, al
tutelante se le negó la posibilidad de ingresar y conservar en su celda un
cuadro con la imagen del Divino Niño Jesús que solicitaba para ejercer su
devoción y adoración por una figura sagrada de la Iglesia Católica a la que
pertenece hace más de 20 años. En ambos supuestos, los centros de reclusión
adujeron razones de seguridad, disciplina, orden interno y salubridad para proceder
en uno u otro sentido; circunstancia que, a juicio de los actores, desconoció la
protección constitucional reforzada de la que son titulares. Los hechos
expuestos por los peticionarios en sus escritos de tutela, son los siguientes:
Expediente T-6488263
1. Hechos
1.1. El señor William Alexander Pérez
Mahecha fue recluido en el Pabellón 2 del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal -Casanare desde el 13 de junio de 2017
con ocasión de una medida de aseguramiento proferida en su contra por la
presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes[2].
1.2. Señala que desde hace más de 14 años
pertenece a la Comunidad Religiosa Rastafari (Etiopía-África) la cual se
identifica con los denominados dreadlocks (rastas) que provienen de la colectividad
“Fe Joven Negra” y representan, por un lado, al león conquistador de la
tribu de Judah, de ahí que sean “una melena de león, no una moda”[3] y, de otro, al señor
Jesucristo y su voto nazareno.
1.3. Explica que con la finalidad de preservar
sus creencias, con anterioridad a su traslado al centro de reclusión, manifestó
ante los funcionarios competentes[4]
su pertenencia activa a la agrupación de creyentes con el propósito de que le
fuera respetada “su forma de alimentarse [ya que es vegetariano] y de
llevar su vida rastafari, al momento de su ingreso a las instalaciones del
establecimiento”[5],
en concreto, “[su] derecho religioso y [su] voto nazareno de no
cortar [su] cabello, ya que con esto [representa] a Jesucristo”[6].
1.4. Para sustentar lo dicho, puso en
conocimiento de las autoridades carcelarias unas certificaciones suscritas por
el Director Nacional de la Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG[7] en la que se advierte
que el actor “es una persona comprometida con sus labores tanto académicas
(charlas en la Biblioteca) como profesionales (instructor de ultimate), así
como honesta y responsable, además de su gran contribución y aporte a la
cultura Africana Rastafari en Colombia”[8]
por lo que pidió respeto por sus rastas que había protegido por largos años y, en
general, por su identidad religiosa al momento de la entrada al penal[9].
1.5. Pese a sus convicciones sagradas,
conocidas de antemano por las autoridades penitenciarias[10], el 13 de junio de
2017, es decir, el día de su ingreso a la prisión, el dragoneante “arbitrariamente
y pasando [su ruego] y suplica por alto y de una manera cruel e
inhumana, en medio de risas y burla”[11]
le cortó completamente el pelo, circunstancia que le generó un profundo dolor[12].
1.6. Como consecuencia de lo ocurrido,
solicitó la intervención del director de la cárcel quien, afirma, se rehusó a atender
su requerimiento aun cuando en ningún momento ejerció violencia ante el acto
vulnerador de sus derechos. Por el contrario, señala que sin oponerse, “[su] cuerpo
y [sus sentimientos] estallaron en llanto, llanto de dolor de
incapacidad por no poder [defenderse] ni ser respetado en [su] fe,
[sus] creencias, en [sus] votos”[13].
1.7. En su criterio, la conducta desplegada
pasó por alto “el mismo código penitenciario el cual debe conocer todo
funcionario del INPEC”[14]
con el único fin “de [brindarle] un trato cruel e inhumano, en contra
de [su] dignidad humana”[15],
de su integridad y la de toda una comunidad y cultura que “por años [ha]
difundido [el respeto] por [sus] hermanos, la paz y la armonía
para un perfecto equilibrio de la humanidad”[16].
1.8. Con fundamento en estos hechos, el
actor acude al mecanismo constitucional invocando el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad
religiosa y de cultos, honra y dignidad humana. Manifiesta que, actualmente, “el
daño está [h]echo espiritual y psicológicamente, [se encuentra]
muy afectado, afortunadamente la ley [lo] ampara y [espera] que
se haga justicia”[17].
1.9. Con base en lo anterior y advirtiendo que
“las autoridades penitenciarias y carcelarias [deben] impedir la
utilización de mecanismos que corten (sic) la libertad religiosa”[18], solicita como objeto
material de protección (i) el amparo de sus garantías básicas; (ii) la
iniciación de una investigación disciplinaria en contra del funcionario que le
cortó el pelo y (iii) la indemnización de perjuicios morales causados en razón
a “la violación de [sus] derechos religiosos por parte del Estado”[19].
2. Respuesta de la entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado del Distrito Judicial de Yopal -Casanare, el 8 de agosto de 2017,
el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera el
derecho de defensa y contradicción[20].
2.2. El Director
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare[21] dio contestación al requerimiento judicial solicitando declarar la improcedencia del amparo, por la inexistencia
de vulneración por parte de la entidad de los derechos fundamentales invocados[22]. Para sustentar esta
postura, señaló que el accionante efectivamente se encuentra recluido en la
prisión desde el 13 de junio de 2017 y que al momento de su ingreso se procedió
con el corte del pelo toda vez que, de conformidad con el reglamento de régimen
interno, “es deber de todo [privado de la libertad] bañarse y
afeitarse diariamente. Sin excepción, no está permitido el uso de barba ni el
cabello largo”[23].
Lo anterior, con el propósito de preservar, por un lado, la higiene personal y,
de otro, garantizar la disciplina y el orden al interior de los centros de
reclusión mediante la aplicación de normas y procedimientos de conducta
previamente instituidos[24].
Advirtió que, en aplicación de tales
mandatos, la manifestación del peticionario en torno a que el consumo de
marihuana[25]
hace parte integral de sus creencias religiosas no tiene vocación de
prosperidad pues constituye una práctica que, además de estar prohibida en todas
las cárceles del país conllevaría a la alteración de “la disciplina y orden
al interior del establecimiento, anotando además que el interno se encuentra
recluido en la actualidad por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes”[26].
Con todo, adujo que para proteger sus convicciones se le está garantizando una
alimentación vegetariana y se le está prestando la atención psicológica
requerida “pues como es lógico el ingreso a un Establecimiento de reclusión
no es fácil de asimilar para cualquier persona”[27].
Finalizó señalando que las afirmaciones del
interno en torno a supuestas burlas provenientes del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia en razón a su pertenencia a la Comunidad Religiosa Rastafari no son
ciertas conforme las indagaciones hechas por el establecimiento carcelario. Con
base en estas premisas, precisó que “el escrito de la presente acción no
busca la protección de los supuestos derechos vulnerados, sino la sanción a la
administración del Establecimiento, desdibujando la finalidad de esta
herramienta constitucional”[28].
3. Decisión que se revisa
El Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado del Distrito Judicial de Yopal -Casanare, mediante providencia del
18 de agosto de 2017, negó el amparo invocado. Para el Despacho, “no
constituye una violación al derecho fundamental de libertad de cultos, el hecho
de que al interno se le haya practicado un corte a su cabello tal y como lo
establece el Reglamento Interno del complejo carcelario, sino a una limitación
al ejercicio de éste y los demás derechos alegados en su condición de persona
privada de la libertad, aunado a que [el establecimiento de reclusión] debe
propender por la seguridad, la disciplina y el orden de las personas que
ingresan [a la cárcel] al mismo tiempo que garantizar al máximo la
protección de los derechos de todos los internos en igualdad de condiciones”[29]. Sobre esta premisa,
advirtió que la actuación de la prisión no fue arbitraria ni desproporcionada.
Frente a las demás pretensiones incoadas
por el actor, el juzgado señaló que la acción de tutela no es el medio adecuado
para ordenar la iniciación de una investigación disciplinaria en contra del
funcionario que despojó al tutelante de sus rastas ni para disponer la
indemnización de perjuicios morales que, alega, le fueron causados toda vez que
“la primera petición tendría que dirigirse ante la entidad competente, y
frente a la segunda solicitud el actor cuenta con otros mecanismos judiciales a
los que podría recurrir en busca de las [reclamaciones económicas] perseguidas”[30].
4. Pruebas relevantes que obran en el
expediente de tutela
4.1. El Representante Legal y Director
Nacional de la Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes
Amador, informó que la fundación que preside tiene por finalidad defender y preservar
el legado intelectual de la cultura Africana y Rastafari, “fortalecer el
desarrollo de su identidad Afro y ser portadores orgullosos de su herencia,
raíces y espiritualidad, nacional e internacionalmente”[31]. Dentro de sus
objetivos específicos está (i) promover la convivencia armónica a partir del
respeto por la diferencia y la práctica de valores para mejorar las relaciones
dentro de la sociedad; (ii) resaltar ante las otras comunidades la importancia
cultural y patrimonial de la población Rastafari y (iii) generar programas o
cursos de educación dictados por negros o personas Rastafari que contribuyan al
desarrollo cognitivo y social, especialmente de los niños[32].
4.2. Ficha de atención nutricional a
personas privadas de la libertad suscrita por la Administradora del Servicio de
Alimentos de la prisión, Doctora Diana Caterine Arcos Escobar, el 6 de julio de
2017, mediante la cual pone de manifestó, por un lado, que el accionante no
presenta factores de riesgo relacionados con el tabaquismo, el alcohol y las
drogas y, por el otro, que es un paciente vegetariano desde hace más de 10 años
y por ello se recomienda una dieta especial durante las tres comidas del día.
Se sugiere al desayuno una bebida general, huevo o queso, fruta o pan;
al almuerzo sopa general, arroz, verdura cocida, huevo o queso y jugo
normal; y en la cena un lácteo y los mismos víveres previstos para
el almuerzo[33].
4.3. Oficio del 7 de julio de 2017 suscrito
por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare
mediante el cual brindó una respuesta al requerimiento incoado por la Asesora
del Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Procuraduría Delegada para la
Prevención en materia de DDHH y Asuntos Étnicos[34], en el que solicitó la
investigación de los hechos ocurridos con el interno el día de su ingreso a la
prisión y la necesidad de brindarle asesoría psicológica por parte del Área de
Atención Social. En la respuesta, sin existir, en particular, un
pronunciamiento en torno a la pretensión de investigación, se advierte que, el
día 13 de junio de 2017, se realizó el procedimiento habitual de incorporación
conforme lo dispuesto en el reglamento interno del penal y se procedió a la
ubicación del actor en el Patio 2. Igualmente (i) fue asignado al Plan
Ocupacional en la Escuela de Formación Ambiental y en el Programa Transversal
Misión Carácter; (ii) se le brindó orientación por el Área de Psicología a
través de las trabajadoras sociales Nelly Panqueva Barajas y Martha Patricia
Peña y (iii) posteriormente -6 de julio de 2017- fue valorado por la
nutricionista del servicio de alimentos para asignar la dieta correspondiente[35].
4.4. Petición de fecha 10 de julio de 2017
presentada por la Doctora Nelly Panqueva Barajas -responsable del Área de
Atención y Tratamiento del Centro de Reclusión- ante la Administradora del
Servicio de Alimentos solicitando la realización de una valoración nutricional
al interno William Alexander Pérez Mahecha a fin de que se evalúe la
posibilidad de “asignarle dieta a base de vegetales”[36] en razón a su
condición de vegetariano hace más de 10 años[37].
Expediente T-6507069
1. Hechos
1.1. El señor Álvaro Andrés Ibarra Herrera,
ex miembro de la Fuerza Pública, permanece actualmente recluido en el Pabellón
1 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Cómbita
-Boyacá, “El Barne”. Señaló que desde hace más de 20 años es devoto del Divino
Niño Jesús al igual que su familia con quienes en varias ocasiones viajó a la
Iglesia ubicada en el barrio 20 de julio en Bogotá, lugar de adoración
emblemático para millones de peregrinos católicos. Asegura que “desde que [está]
capturado no [ha] podido rendir [su] culto a la imagen del Divino
Niño”[38].
1.2. Con el propósito de continuar
profesando “la religión católica, Iglesia universal del mundo”[39], mientras permanece
privado de la libertad, solicitó ante la Dirección del centro de reclusión, por
medio de escrito del 20 de mayo de 2017, el ingreso y la tenencia en su celda
de un “cuadro pequeño [o lámina delgada de madera] de la imagen del
Divino Niño Jesús que tiene una medida exacta de 40 x 40 cms”[40] y un grosor de medio
centímetro, aproximadamente.
1.3. Por medio de oficio del 7 de junio
siguiente, se negó su petición bajo el argumento de que “el Reglamento
General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional -ERON a cargo
del INPEC; en su título IV, Capítulo I, Artículo 45; reglamentó los elementos
de uso exclusivo permitidos en celdas y dormitorios de las personas privadas de
la libertad y este en ningún aparte o numeral permite la tenencia [del
elemento pretendido por el interno]”[41].
Por ello, la “solicitud no es viable, salvo mejor o diferente concepto por
parte del Comando de Vigilancia quien es el responsable de la seguridad del
establecimiento”[42].
1.4. En criterio del peticionario la
respuesta brindada es irrazonable. “[No entiende] en que [puede]
afectar que [en su celda] practique libremente [su culto] y [sus]
oraciones”[43].
Tal actuación, afirma, en modo alguno altera la seguridad del centro carcelario
máxime cuando, por un lado, se ha caracterizado por ser un interno con una
conducta ejemplar. Inclusive, es beneficiario de un descuento de pena por su
condición de monitor de enseñanza, labor que le permite contribuir a la
resocialización de sus compañeros de reclusión y, de otro, en los demás patios
del penal muchos presos profesan la religión Cristiana y Evangélica “sin
ninguna restricción”[44].
1.5. El actor invocó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad
religiosa y de cultos, honra y dignidad humana. Expuso que la circunstancia de
encontrarse privado de la libertad “no justifica que [se le dé] un
tratamiento contrario, puesto que por el solo hecho de pertenecer a la especie
humana [es merecedor] de garantías y respeto de los derechos humanos, que
en ningún caso pueden ser vistos como elementos puramente ideológicos sino como
reconocimiento de realidades”[45].
1.6. Con base en lo anterior y advirtiendo que
“la persona privada de la libertad, no debe ser sometida a condiciones que
hagan más gravosa su pena, es el Estado quien debe garantizar que no sean
anulados aquellos derechos que no contempla la pena”[46], solicita como objeto
material de protección el amparo de sus garantías superiores y, en
consecuencia, la autorización para “colgar el cuadro en [su] celda y
profesar libremente [su] religión”[47].
2. Respuesta de la entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, el 13 de
junio de 2017, el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que
ejerciera el derecho de defensa y contradicción[48].
2.2. La Directora
(e) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita -Boyacá[49] dio contestación al requerimiento judicial solicitando declarar la improcedencia del amparo, por la inexistencia
de vulneración por parte de la entidad de los derechos fundamentales invocados[50]. Para sustentar su
postura, indicó que frente a la solicitud presentada por el accionante se
brindó una respuesta oportuna, clara, de fondo y congruente la cual fue
debidamente notificada al interesado, exponiéndosele los motivos de la
negativa. Advirtió que el centro carcelario es de alta seguridad y hace parte
de “los penales de segunda generación, sobre los cuales se aplica un régimen
especial por las connotaciones de ingeniería estructural y tratamiento al
personal de privados de la libertad que alberga”[51], de ahí que la
tenencia de elementos como el solicitado por el actor no se encuentren
permitidos en las celdas por razones de orden y seguridad, conforme lo dispone expresamente
el artículo 21[52]
de la Resolución 3152 de 2001[53]
y el artículo 45[54]
de la Resolución 006349 del 19 de diciembre de 2016[55]. Precisó que, en todo
caso, el ejercicio de la libertad de cultos al interior del complejo de
reclusión se encuentra protegido toda vez que “en el establecimiento se le
garantiza a todos los internos los espacios suficientes y adecuados para
profesar libremente su culto, independientemente de la religión que profesen,
para ello cada semana ingresa tanto el capellán del establecimiento para
celebrar la eucaristía en todos los pabellones de [la cárcel] para
aquellos [presos] que profesen la religión católica, y así mismo ingresa
con la misma periodicidad los pastores de las diferentes iglesias a celebrar
sus cultos para los internos que pertenecen a estas otras religiones”[56].
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión del juez de tutela de
primera instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, mediante
providencia del 21 de junio de 2017, negó el amparo invocado. Para el Despacho,
“no le es viable emitir pronunciamiento alguno, pues es la autoridad
penitenciaria, [esto es, la] Dirección General del INPEC la encargada de
relacionar los elementos permitidos y no permitidos en cada celda, pues es del
resorte [único y exclusivo] de esa entidad, no hay forma de decir que
ello sea asunto constitucional de excepción”[57]. Lo anterior,
considerando aún más que se adujeron “argumentaciones valederas que impiden
acceder a lo requerido”[58]
y que, en todo caso, el penal, actualmente, cuenta con espacios destinados para
que los internos profesen libremente su culto con el acompañamiento de los
capellanes o pastores, según el caso, lo que evidencia que “se está
garantizando la libertad de cultos, de conciencia y de igualdad, al accionante
y a toda la comunidad carcelaria”[59].
Agregó que lo que se discute, en últimas,
es la legalidad de actos administrativos -reglamento general y reglamento
interno de los establecimientos de reclusión del orden nacional- que prohíben
la tenencia de elementos como el invocado por el tutelante, controversia que escapa
al conocimiento del juez constitucional y, por ende, debe zanjarse en su
escenario natural, esto es, en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
3.2. Impugnación presentada por el
accionante
La anterior determinación fue impugnada por
el actor, mediante escrito del 11 de julio de 2017, pidiendo revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los
derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela[60]. Afirmó que, contrario a lo indicado por la Dirección del penal, en el
Pabellón donde, actualmente, permanece recluido no existe ningún espacio donde
se pueda practicar o profesar su rito católico y, en especial, la devoción al
Divino Niño Jesús. Tampoco se precisa la asistencia de un pastor certificado
(para quienes son cristianos) y lo único cierto es que la prisión cuenta con un
capellán que se encarga de la asistencia espiritual en todo el complejo
carcelario, integrado por la zona de alta seguridad[61] y por la
de mediana seguridad[62]
siendo, en consecuencia, “una carga laboral que el [capellán] no
alcanza a suplir”[63].
En atención a ello, consideró que para poder profesar su culto libremente debe
hacerlo en su celda, “de manera individual”[64] conforme
lo señala el artículo 19 superior. Advirtió que la tenencia del cuadro es “exclusivamente
para ejercer [su] derecho constitucional a la libertad de cultos, el
cuadro está sujeto a que le realicen cualquier tipo de inspección, bien sea,
revisarlo con rayos x, pasarlo por el control canino, inspección por parte de
los guardianes del Inpec, etc, con el fin de evidenciar que en nada restringe o
afecta [la seguridad] y control [del] penal”[65] y que con
tal elemento no se le está causando ningún daño o perjuicio a nadie. Finalizó
manifestando que la protección de las garantías fundamentales
no puede reducirse a un juicio de legalidad acerca del contenido del reglamento
interno aplicable pues está de por medio la efectividad de los derechos que
consagra con énfasis la Carta Política y que se deriva de la fuerza normativa
prevista en su artículo cuarto.
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
Luego de impugnarse este fallo, conoció
de la tutela, en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, que mediante providencia del 16 de agosto
de 2017 confirmó la decisión del a quo[66].
Para la autoridad judicial, los Directores de las prisiones están facultados
para prohibir el ingreso de ciertos elementos en las celdas siempre que medie una
justificación razonable. En este caso, se “esgrimió que la negativa a
autorizar el ingreso del cuadro religioso tenía como objeto preservar la
convivencia, la seguridad y el orden dentro del centro de reclusión, razones
que, en criterio de la Sala, no pugnan con la esencia del derecho fundamental a
la libertad de cultos, pues ello no reprime la profesión de [la fe del
actor] ni le está vedando sus creencias religiosas, ni tampoco le impone
ideas, dogmas o sentimientos de veneración específicos”[67]. Se trata
de una medida legítima y adecuada que encuentra sustento en un acto
administrativo -reglamento interno- investido de legalidad. Agregó que permitir
el ingreso de la imagen sagrada tendría la potencialidad de desconocer el hecho
de que el accionante convive en su celda “con otros reclusos que podrían
profesar una creencia opuesta al culto de las imágenes religiosas, a los cuales
se les terminaría imponiendo [la carga de] soportar una representación
que ofende, ahí sí, sus propias convicciones”[68]. Igualmente,
señaló que con la restricción impuesta no se vulneró el derecho a la igualdad
del tutelante “pues no se estableció ni se alegó que en el centro de
reclusión se permita el ingreso de elementos como el solicitado a otros
reclusos”[69].
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
La Sala Segunda de Revisión, a efectos de
adoptar una decisión integral en los asuntos de la referencia, por Auto del 23
de marzo de 2018, requirió a los establecimientos penitenciarios accionados en
cada uno de los procesos acumulados, a los accionantes de ambas solicitudes de
amparo, al Padre Alberto Múnera Duque, S.J., la
Parroquia del Niño Jesús 20 de Julio, al hermano James Robinson, Rasta
Nini, de la Alianza Rastafari de Panamá y al Representante Legal y Director
Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio
Puentes Amador, para que suministraran información que
permitiera conocer, de un lado, la importancia de las creencias de los reclusos
en su experiencia como individuos religiosos y, de otro, las razones por las
cuales resultaba necesario la imposición de límites al ejercicio de sus manifestaciones
espirituales.
Igualmente, se puso en conocimiento de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y del Ministerio de Justicia y del Derecho, el contenido de
los expedientes de tutela para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones de los casos. Mediante Auto del 19 de
abril de 2018 se suspendieron los términos de los procesos y se requirió, una
vez más, a algunas de las entidades y particulares señalados previamente para que dieran respuesta a la solicitud judicial formulada pues
en virtud de un primer requerimiento no se verificó su participación[70]. El contenido integral de las preguntas
formuladas por la Sala en cada solicitud probatoria y las respuestas brindadas,
en dichas oportunidades, podrán observarse en un anexo que se adjuntará a la
presente providencia, sin perjuicio de advertir que se referirán y analizarán
en detalle al momento de resolverse los casos concretos.
iIi.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión
previa: las acciones de tutela presentadas por William Alexander Pérez
Mahecha y Álvaro Andrés Ibarra Herrera son procedentes para buscar la
protección de sus derechos fundamentales
En esta oportunidad se cumplen a cabalidad
los requisitos de procedencia de las acciones de tutela, esto es, la
legitimación por activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. A
continuación, se analizarán en detalle cada uno de los presupuestos
mencionados, que sustentan dicha conclusión.
2.1. La
acción de tutela puede ser presentada por las personas privadas de la libertad
para reclamar sus derechos (Legitimación para actuar)
2.1.1. Los accionantes podían ejercer la
acción de tutela (Legitimación por activa). De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 Superior, toda persona tiene derecho a interponer
acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[71]. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[72] establece que la referida acción constitucional “podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad,
los señores William Alexander Pérez Mahecha y Álvaro Andrés Ibarra Herrera
actúan en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentran
legitimados para intervenir en esta causa.
2.1.2. Las
autoridades públicas podían ser tuteladas (Legitimación por pasiva).
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591
de 1991[73], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En esta ocasión,
se tiene que tanto al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal - Casanare como al Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta
Seguridad de Cómbita -Boyacá, en su condición de jefes de gobierno interno, les
corresponde velar por el funcionamiento y el control de los centros
correccionales a su cargo, adoptando las medidas de atención integral,
tratamiento penitenciario, custodia y vigilancia que resulten pertinentes para
garantizar la integridad, seguridad, disciplina, orden y el respeto de los
derechos fundamentales de quienes allí permanecen confinados[74].
Se trata, en consecuencia, de entidades
públicas con funciones que contribuyen a la garantía de los derechos
fundamentales objeto de discusión, de ahí que se encuentren legitimadas como
parte pasiva en los procesos de tutela.
2.2. En los presentes asuntos se cumple
con el requisito de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela
2.2.1. Inmediatez. La procedibilidad
de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del
requisito de inmediatez. Este exige que el amparo sea interpuesto de manera
oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales[75].
En el expediente T-6488263 la acción de tutela que se revisa se radicó el 4 de
agosto de 2017 y la demanda fue admitida el 8 de agosto siguiente por el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Yopal -Casanare.
El último acto -antes de la presentación de esta acción- que el peticionario
considera compone el conjunto de hechos que ponen en riesgo sus garantías
constitucionales, fue la conducta desplegada por uno de los dragoneantes de la
prisión, el 13 de junio de 2017, es decir, el día que se le cortó el pelo [sus dreadlocks
(rastas)] pese a que constituían una creencia esencial de su religión
Rastafari. En virtud de lo dicho, se constata que transcurrieron menos de 2
meses entre el hecho generador de la vulneración
que se alega y la interposición de la solicitud de amparo, término que
resulta razonable.
En el expediente T-6507069 la acción de
tutela que se revisa se radicó el 8 de junio de 2017 y la demanda fue admitida
el 13 de junio siguiente por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Tunja -Boyacá. El último acto que el peticionario estima
como contrario a sus derechos fundamentales, es la respuesta brindada a la
solicitud que incoó ante la Dirección de la Penitenciaría, el 20 de mayo de
2017, con el propósito de que le fuera autorizado el ingreso en su celda de un
“cuadro pequeño [o lámina delgada de madera] de la imagen del Divino
Niño Jesús”[76].
Ante el requerimiento, se le informó, mediante oficio del 7 de junio de 2017, la
imposibilidad de acceder a lo pretendido por tratarse de un elemento cuya
tenencia se encuentra expresamente prohibida al interior de la prisión por motivos
de seguridad y orden público. En este orden de ideas, el presupuesto de
inmediatez debe entenderse satisfecho pues entre el último acto que podría
considerarse como el generador de la vulneración concreta que se alega y la
interposición del amparo tan solo transcurrió un día, término respecto del cual
no surge reparo alguno.
2.2.2. Subsidiariedad. En relación
con el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Constitución
Política establece que su procedencia está condicionada a que “el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 C.P.).
Sin embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la
improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio
ordinario de defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la
situación fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el
ordenamiento jurídico es idónea o eficaz en virtud de las
circunstancias del caso concreto, tales como las condiciones personales de
vulnerabilidad del afectado. En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de
amparo procederá para provocar un juicio sobre el fondo de manera definitiva o
transitoria, según el caso.
Durante el trámite de tutela, los jueces de
instancia, en ambos procesos, negaron las acciones presentadas debido a que las
actuaciones de los entes carcelarios que restringieron la práctica de las manifestaciones
religiosas de los accionantes se desplegaron, a su juicio, en ejercicio de
atribuciones legales y reglamentarias de disciplina, seguridad, orden y salubridad
requeridas para la organización, funcionalidad y operatividad de las cárceles
donde fueron confinados los actores. Sobre esta base, las autoridades
judiciales estimaron que la controversia representaba una discusión de índole
legal relativa a la aplicación de las disposiciones previstas en un acto administrativo
-reglamento interno de los centros de reclusión- que contempla normas y
procedimientos de conducta. En ese sentido, el asunto escapaba al conocimiento
del juez constitucional y debía dirimirse en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Sobre este particular, la Sala estima que no les asiste la
razón toda vez que la discusión no puede reducirse a un juicio de legalidad
sobre todo cuando el debate advertido trasciende a la esfera constitucional[77].
En este punto, se advierte que los
accionantes no se expresan, en sus acciones de tutela, en contra del reglamento
interno que rige los establecimientos carcelarios donde fueron privados de la
libertad sino que cuestionan la específica aplicación e interpretación irrestricta
en su caso personal, esto es, el impacto que algunas de las disposiciones reglamentarias
generaron sobre el respeto y ejercicio de sus creencias religiosas más
profundas lo que, en su criterio, constituyó una violación del derecho a la
libertad religiosa y de cultos. En efecto, los elementos de juicio aportados a
los procesos ponen de presente una discusión constitucional relevante que
involucra, por un lado, el respeto por la libertad religiosa y de cultos de unas
personas recluidas; prerrogativa que les otorga la facultad de creer y de practicar
los votos de una determinada orientación mediante la asunción y el acatamiento
de un credo o culto, cuyo ejercicio se manifiesta en la interioridad o
exteriorización de actos de fe y, de otro, la tensión que surge con la prevalencia del interés
general y la seguridad pública, en tanto presupuestos que rigen la
funcionalidad de los centros de reclusión del orden nacional mediante el
establecimiento de medidas disciplinarias con
la potencialidad de restringir tales manifestaciones espirituales.
Ante un escenario de esta naturaleza, en
el que se precisa armonizar y ponderar diferentes principios en tensión se
requiere contar, por lo menos para su comprensión constitucional, con la intervención
del juez de tutela. Como se
dijo en la sentencia T-100 de 1994[78],
“así como la Constitución no permite que se suplante al juez ordinario con
el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco
permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea
impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones
ordinarias”, máxime cuando la salvaguarda invocada, en esta oportunidad, es
en beneficio de dos ciudadanos con restricciones en su
libertad, esto es, sujetos pasivos de una relación de especial sujeción. Respecto
de este grupo de individuos, la Constitución Política consagra un tratamiento
especial que, en hechos concretos, se traduce en una protección reforzada dada
su condición de indefensión frente al Estado que debe garantizarse por medio de
la acción de tutela.
Este mecanismo se perfila como el
instrumento idóneo y eficaz para garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de la población reclusa. En la sentencia T-388 de 2013[79], la Sala Primera de
Revisión estudió nueve expedientes de acción de tutela, referentes a las
violaciones de los derechos a la dignidad humana, vida en condiciones dignas,
integridad personal, salud y reintegración social de personas confinadas de la
libertad en seis centros carcelarios del país. En todos los casos, se hizo
referencia a la necesidad de tomar medidas adecuadas y necesarias, de manera
urgente, para superar el estado de cosas en que se encuentra el Sistema
Penitenciario que, se alega, es contrario al orden constitucional de manera
estructural y general[80].
Dentro de las consideraciones de la sentencia, la Sala indicó que “los menos
privilegiados, las personas más descuidadas y abandonadas a su suerte y sus
problemas, como es el caso de las personas privadas de la libertad” son
sujetos de especial protección constitucional en razón a la masiva y
generalizada violación de sus derechos fundamentales al interior de los mismos
establecimientos de reclusión.
Por esta razón sus garantías constitucionales
deben “ser [protegidas] con celo en una democracia”. Recordó
entonces que la acción de tutela adquiere un lugar protagónico y estratégico en
un Sistema Penitenciario y Carcelario, en crisis, que muchas veces implica un
peligro grave, real e inminente. A través de ella “no sólo se [puede]
asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general, sino que,
además, [permite] a las autoridades tener noticia de graves amenazas que
[están] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional
[ha] reconocido que la acción de tutela [es] un derecho protegido
de forma especial para personas privadas de la libertad”.
2.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de
procedibilidad, por lo que pasará a estudiar el problema jurídico que se
advierte, en esta oportunidad.
3. Planteamiento
de los casos y del problema jurídico
3.1. En esta oportunidad, los
accionantes de las solicitudes de amparo fueron privados de la libertad en los
Establecimientos Penitenciarios de Yopal -Casanare y Cómbita -Boyacá. Relatan
que, en el marco de la relación de sujeción con el Estado, las autoridades
carcelarias desatendieron el compromiso que les asiste en el respeto,
protección y garantía de sus derechos fundamentales, en particular, su libertad
religiosa pues irrespetaron el ejercicio de las manifestaciones de fe que son
esenciales para su vivencia espiritual. En el primero de los casos, el actor al
momento de ingresar a la penitenciaría fue despojado de sus dreadlocks (rastas)
que constituyen una creencia fundamental de la religión Rastafari que profesa hace
más de 14 años y en la que, además, se debe llevar una dieta vegetariana. En el
segundo proceso, al tutelante se le negó la posibilidad de ingresar y conservar
en su celda un cuadro con la imagen del Divino Niño Jesús que requiere para
ejercer su experiencia como católico, rito que practica hace más de 20 años. Tales
actuaciones, en su criterio, agravaron la situación de reclusión, incidiendo negativamente
en su proceso efectivo de resocialización.
Las autoridades penitenciarias accionadas,
en ambos casos, argumentaron que las restricciones impuestas al ejercicio de la
libertad religiosa y de cultos de los accionantes, obedeció al cumplimiento de
las previsiones normativas contempladas en los reglamentos internos de las cárceles
que imponen normas y procedimientos de conducta por razones de disciplina,
seguridad, orden y salubridad como desarrollo de la Ley 65 de 1993[81]. En esa medida, las
limitaciones a la exteriorización de las manifestaciones de su identidad
espiritual no fueron irrazonables ni desproporcionadas en tanto pretendieron
contribuir a la operatividad del tratamiento penitenciario y a la
materialización de las funciones de la pena, particularmente, a la
resocialización de quienes han incurrido en un comportamiento delictivo o están
siendo investigados de ello y, por ende, están sometidos a un régimen jurídico
especial. Ello, sugiere entonces que las actuaciones desplegadas se enmarcaron dentro
de lo dispuesto en el orden jurídico vigente sin que fueran violatorias de
garantías superiores.
3.2. Con base en la situación fáctica
esbozada y, a partir de los elementos de juicio que obran en los procesos,
corresponde a la Sala determinar si: ¿las autoridades penitenciarias accionadas
(Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare y
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta
Seguridad de Cómbita -Boyacá) vulneran el
derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos de los internos (William
Alexander Pérez Mahecha y Álvaro Andrés Ibarra Herrera) al haber aplicado una
medida que impacta el ejercicio de sus creencias religiosas, esenciales para la
vivencia espiritual (en este caso, mantener el pelo, acceder a comida
vegetariana y tener una imagen religiosa), con fundamento en competencias infraconstitucionales
(legales y reglamentarias) que buscan garantizar la disciplina, la seguridad,
el orden público y la salubridad carcelaria?
3.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala Segunda de Revisión analizará (i) la doctrina
constitucional sobre la relación de especial sujeción en la que se encuentran
las personas privadas de la libertad. Con base en ello (ii) examinará la
jurisprudencia de esta Corporación en torno al ejercicio del derecho
fundamental a la libertad religiosa y de cultos de quienes permanecen bajo
condiciones de confinamiento y finalmente, (iii) resolverá los asuntos objeto
de estudio, brindando el remedio constitucional adecuado, según el caso.
4. Las personas privadas de la libertad
están en una relación de especial sujeción: el Estado debe garantizarles el
ejercicio de su derecho fundamental a la
libertad religiosa y de cultos de manera real y efectiva, adoptando las medidas
que resulten necesarias y adecuadas para alcanzar tal propósito
En esta oportunidad, se examina la
situación de los ciudadanos Pérez Mahecha e Ibarra Hererra quienes fueron
recluidos en los Establecimientos Carcelarios de Yopal y Cómbita,
respectivamente. Consideran que en este escenario, la
administración penitenciaria vulneró su derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos, prerrogativa constitucional que estiman inherente a la
persona humana y cuya protección compete siempre y en todo momento a las
autoridades de reclusión por la importancia que representa en el proceso de
resocialización. Atendiendo al reclamo planteado, a continuación se analizará
la jurisprudencia de esta Corporación en la materia a fin de resolver la
controversia suscitada.
4.1. La
relación de sujeción que mantienen las personas privadas de la libertad con el
Estado no les quita su calidad de sujetos con posiciones de derechos
fundamentales
4.1.1. En un Estado Social de Derecho, es
constitucionalmente legítimo que las personas privadas de la libertad se encuentren sujetas a un régimen jurídico especial como
consecuencia del sometimiento a una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal o en
virtud de la imposición de una pena debido a su responsabilidad en la comisión
de un hecho punible. Esta circunstancia de sujeción en la que permanecen dichos
individuos se traduce básicamente en la potestad y si se quiere decir en la
obligación de la administración penitenciaria para someterlos, razonablemente, al
cumplimiento de unas políticas disciplinarias de orden, seguridad y salubridad,
plasmadas en los reglamentos de régimen interno, que pueden resultar complejas.
Además para adoptar medidas tendientes a limitar o
restringir, drásticamente, el ejercicio de sus derechos, incluso fundamentales,
en orden a asegurar el goce de las demás garantías básicas de los internos y
lograr el cometido principal del tratamiento penitenciario, esto es, la
resocialización. En virtud de esta condición de subordinación o de la “inserción” del administrado en la organización administrativa
penitenciaria y, por ende, a sus reglas el Estado debe,
simultáneamente, asegurar de manera especial el principio de eficacia de los
derechos fundamentales de los reclusos.
Frente a la administración penitenciaria,
las personas privadas de la libertad se encuentran en una relación especial de
sujeción, diseñada y comandada por el Estado en la que, si bien existe una “fuerte
dependencia existencial [de los internos hacia las autoridades carcelarias]”[82], el predominio de una
parte sobre la otra no afecta la existencia de derechos y deberes para ambos
extremos de la relación[83].
La identificación y el régimen de la situación de especial sujeción ha
originado la presencia de importantes consecuencias jurídicas que determinan,
especialmente, el compromiso en el respeto, protección y garantía de los
derechos fundamentales de los presos quienes no pierden la calidad de sujetos
activos de prerrogativas básicas al ingresar a un establecimiento de reclusión[84]. La efectividad del derecho
“no termina en las murallas de las cárceles”[85] y “el
delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley”[86]. La cárcel no es, en
consecuencia, “un sitio ajeno al [orden jurídico]”[87] y las personas allí confinadas no son individuos sustraídos de la
colectividad[88].
Con ocasión de su
comportamiento antisocial anterior, en caso de haber sido condenados o
por existir una conducta en investigación, se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial que se manifiesta en el poder disciplinario,
sancionatorio y administrativo, potestad que puede comprender la adopción de
medidas dirigidas a garantizar la seguridad, el orden público, la disciplina y
la salubridad siempre que tales propósitos encuentren sustento en la
Constitución, es decir, consulten el principio de
eficacia de los derechos fundamentales. Los límites de
dicho ejercicio de coerción están determinados por el reconocimiento de los
derechos de los sujetos confinados y por los correspondientes deberes estatales
que de estos se derivan. Así, como consecuencia
de la relación de sometimiento que mantienen con el Estado, tienen algunas de sus garantías suspendidas, como la
libertad de locomoción, otras limitadas, como la comunicación, la intimidad y el
trabajo y, en todo caso, gozan del ejercicio de derechos fundamentales básicos
en forma plena, como la vida, la salud, la integridad física, la igualdad, la
dignidad humana, el debido proceso y la libertad religiosa y de cultos en su
dimensión interna[89].
Se trata de contenidos superiores esenciales, intangibles y dotados de
poder para demandar del Estado su efectiva protección[90].
El ejercicio de
estos derechos, plenos o limitados, se encuentra estrechamente
ligado a la garantía de la funcionalidad y la legitimidad del sistema penal,
que viene dada, específicamente frente a la población condenada, por la
posibilidad real de la resocialización en tanto principio normativo y
fundamento de las relaciones de especial sujeción[91]. Esta concepción inspirada en el valor superior de la dignidad humana, que es a la
vez sustento de varias de las funciones de la pena, implica que las autoridades
del Estado y, en particular, los funcionarios penitenciarios están en la
obligación de desplegar una serie de conductas idóneas y necesarias encaminadas
a garantizar la efectiva reincorporación a la sociedad de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad dentro
del perímetro carcelario y de la existencia vital de unas condiciones
materiales dignas de internamiento que permitan sobrellevar la sanción
intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y dentro de un
marco de respeto por los principios constitucionales[92].
De acuerdo con esto, toda pena o medida de
aseguramiento impuesta, independientemente del delito del cual provenga, debe
respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los reclusos[93], que se encuentran
unidas de manera esencial a los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad a
partir de los cuales la sanción es “la necesidad socio-política de la
defensa del orden jurídico y la garantía de las condiciones mínimas de la
existencia social pacífica, pero nunca se impone, en un estado de derecho, por
encima de las necesidades de protección de bienes jurídicos, ni por fuera del
marco subjetivo de la culpabilidad”[94].
Lo dicho supone que en el orden constitucional vigente la administración
penitenciaria tiene un deber jurídico irrenunciable en la satisfacción de un contenido
mínimo de obligaciones frente a este sector vulnerable de la sociedad, al margen
de los hechos por los que hayan sido condenados o acusados, pues lo que está en
juego en estos contextos es la dignidad inherente del ser humano[95].
Entendiendo lo anterior, es decir, que el
Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado o acusado y posibilitar sus opciones de
socialización, surge la responsabilidad a su cargo de
asegurar, en beneficio de la comunidad confinada de la libertad, un trato
humano y digno; la obligación de proporcionarles alimentación adecuada y
suficiente, vestuario, utensilios de aseo e higiene personal, instalaciones en
condiciones de sanidad y salud adecuadas, con ventilación e iluminación, y
asistencia médica. Por su parte, el interno tiene derecho al descanso nocturno
en un espacio mínimo vital, a no ser expuesto a temperaturas extremas, a que se
le garantice su seguridad, a las visitas íntimas, a ejercitarse físicamente, a
la lectura, el acceso a los servicios públicos esenciales como energía y agua
potable y al ejercicio de la religión; presupuesto este último que los accionantes
estiman desatendido en sus casos particulares[96].
4.1.2. En conclusión, aunque “la
condición de prisionero determina una [limitación] de los derechos
fundamentales, dicha [restricción] debe ser la mínima necesaria para
lograr [fines constitucionales legítimos como la conservación de la
seguridad, la disciplina, el orden y la salubridad carcelaria]. Toda
limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como [un
desconocimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que guían
la funcionalidad y la legitimidad del tratamiento punitivo]. La órbita de
los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de
respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de
cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias”[97]. El Estado Social de Derecho
no se queda en las puertas de las cárceles. Existe un deber positivo a cargo de
las autoridades penitenciarias de asegurar condiciones humanitarias de
encarcelamiento que dignifiquen la relación especial de sujeción y contribuyan
a un efectivo proceso de resocialización[98].
4.2. El ejercicio de la libertad religiosa y de cultos, en el
marco de la relación especial de sujeción, debe ser asegurado de manera
reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a las que razonable y
proporcionalmente haya lugar
4.2.1. El espíritu
pluralista que caracteriza el Texto Superior vigente[99] reconoce y establece que
“el Estado no es ateo, agnóstico ni indiferente ante los sentimientos
religiosos de los colombianos, lo que significa que en atención a los [valores]
constitucionales de rango normativo superior dentro del ordenamiento jurídico, [debe]
preocuparse por permitir que se atiendan las necesidades religiosas de los [habitantes
sin discriminación alguna] y que en consecuencia [no se descuiden]
las condiciones, cuando menos legales, que aseguren su vigencia y la primacía
de los derechos inalienables de la persona”[100]. El constituyente
dispuso que los poderes públicos deben amparar todas las creencias, iglesias y
confesiones religiosas, en igualdad de condiciones, para que puedan desarrollar
libremente, de modo organizado o espontáneo, individual o colectivo, sus
manifestaciones de fe, entendiendo de esta forma que “Dios no es
solamente para unos, sino de cada uno de acuerdo a [las referencias
espirituales propias]”[101].
La identificación de una Nación regida por
el principio de laicidad o de neutralidad[102]
supone necesariamente el reconocimiento de una libertad religiosa y de cultos
como elemento imperante del orden social vigente[103]. En su acepción más
simple, la palabra religión comprende el conjunto de “expresiones coherentes
y ordenadas y casi siempre sistemáticas, de una creencia o afirmación que incorpora
ritos, credos, oficiantes y adeptos, seguidores, creyentes o practicantes,
relacionados entre sí del modo más conforme con los fundamentos implícitos o
explícitos de la misma, y que procuran, en casi todos los casos,
explicar las causas de la existencia”[104].
Se trata no solo de una creencia o acto de fe sino, básicamente, de una
relación personal del hombre con Dios, que se traduce en el seguimiento de un
sistema moral y en la práctica de un culto privado o público[105]. El culto no es más que un aspecto de la religión, el factor externo que se
comprende en ella junto con las creencias, los sentimientos y los principios
morales[106]. No es, por tanto un derecho
autónomo y abarca el “conjunto de demostraciones
exteriores presentadas a Dios; luego, sin la relación con Dios, esto es sin
religión, no se da un culto, [de donde] se concluye que la libertad de cultos no es más que
una consecuencia de la libertad religiosa. El culto, cuando es público y
colectivo, es expresión de la doble dimensión religiosa y social del hombre”[107].
La religión y el culto no son entonces mera
subjetividad y por ello reclaman su protección tanto en el ámbito positivo
denominado autonomía jurídica, como en el negativo, conocido como inmunidad de
coacción[108].
La autonomía jurídica se encuentra ligada a la idea de que
los individuos pueden profesar, practicar, manifestar y divulgar, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, cualquier creencia, religión,
confesión, fe, culto o rito libremente escogido, cambiarlo, abandonarlo, decidir
no ejercer ninguno o abstenerse de declarar sobre sus dogmas de fe[109]. La garantía no se
detiene en la asunción de una determinada opción religiosa, sino que se
extiende a los actos externos en los que esta se manifiesta, esto es, en el
hecho de revelar o visibilizar los comportamientos que la creencia demande pues
lo que se pretende es preservar al máximo el ámbito de vigencia de las
libertades espirituales y de sus proyecciones específicas. La opción religiosa es una materia “que
sólo incumbe a la persona, hace parte de su libertad-seguridad y, por tanto, el
poder del Estado no puede injerir directa o indirectamente en la decisión
personal e íntima sobre si se adopta o no un credo religioso, o si se persevera
en la práctica de un determinado culto”[110].
La inmunidad de coacción
comprende la garantía de que nadie podrá ser obligado o forzado a obrar contra
su credo religioso, perturbado en razón de sus creencias, compelido a
revelarlas, imposibilitado a vivir según sus propias convicciones o impedido a
difundirlas. Así pues, se prohíbe toda forma de coacción para que las personas
se adhieran a religiones o confesiones diversas a las que pertenecen o para que
se mantengan en las propias, es decir, no son válidas aquellas actuaciones que
buscan imponer un patrón de conducta contrario a los preceptos de la fe que se
profesa. Lo anterior, por cuanto para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas de
sus referencias espirituales reviste una importancia cardinal en tanto que ellas
determinan la mayoría de los proyectos de existencia individual. En virtud de
este ámbito, el Estado “debe abs­tenerse de neutralizar o debilitar las
creencias de las per­sonas, no puede establecer barreras que impidan la fe y
debe proteger y hacer respetar las creencias [personales]”[111]. Esta consideración
básica del Constituyente comporta el reconocimiento de los principios de la
diversidad y de la igualdad en el conjunto general de las relaciones subjetivas
y colectivas de alcance social como en ámbitos y escenarios especiales,
incluido el de la reclusión.
4.2.2. La libertad religiosa y de cultos,
en tanto derecho, en principio, de aplicación inmediata, adquiere especial relevancia
en el marco del vínculo de sujeción que mantienen las personas confinadas con
la administración penitenciaria[112].
En el orden constitucional vigente existe un principio de acción según el cual
todas las autoridades del Estado, sin excepción, deben, en la medida de sus
posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas
con sus funciones constitucionales y legales tendientes a lograr las
condiciones adecuadas para el desarrollo real y efectivo de esta prerrogativa
superior frente a quienes permanecen recluidos como parte del proceso de
resocialización por el que atraviesan, tras haber incurrido en un
comportamiento delictivo o estar acusados de haberlo hecho. Los propósitos de reeducación y reinserción social, en tanto función
preventiva especial de la pena, comprenden la obligación institucional de
ofrecerle al reo todos los medios razonables que tengan la virtualidad de
reducir, en lo posible, aquellas circunstancias que debiliten el sentido de su responsabilidad,
el respeto a su dignidad humana, a su autonomía y al desarrollo de la personalidad,
buscando la humanización de la sanción penal[113].
Tales herramientas de resocialización del
infractor de la ley, en el marco del tratamiento penitenciario, deben ser “[progresivas] y [programadas e
individualizadas] hasta donde sea posible”[114] teniendo en cuenta la
condición personal del interno, su comportamiento, el compromiso de no
reincidencia, la situación familiar y demás elementos que permitan realizar
juicios de valor sobre la persona del recluso y sus necesidades. Pueden estar asociadas a diversas formas de asistencia u orientación bien sea
de naturaleza educativa, laboral, cultural, deportiva, recreativa, familiar, moral
e, inclusive, espiritual[115]. Justamente la imposición de la pena, “además
de constituir una sanción y de cumplir una función disuasiva que inhiba a las personas
de incurrir en conductas punibles con el fin de preservar la convivencia
armónica y pacífica de los asociados, debe tener principalmente una dimensión
resocializadora que permita reincorporar al autor del delito a la sociedad,
para que pueda ser parte activa de la misma una vez cumpla [el castigo
intramural]”[116].
Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período
de privación de libertad para lograr, en lo posible, que la persona confinada, una
vez haya cumplido con su ciclo legal de encierro, no solamente quiera respetar
la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo[117].
En el proceso de resocialización puede jugar
un papel importante una determinada creencia religiosa que
el interno conserve y exprese en reclusión. Puede ser una forma para aminorar
la aflicción que la privación per se ya le representa o para “buscar su propia meta de perfección”[118] mediante un plan de vida que
comprende una determinada opción espiritual, capaz de incidir en su
comportamiento al punto de ajustar sus actuaciones a
unos mínimos parámetros éticos.
El ser humano “no es un medio al servicio del Estado en la búsqueda de
objetivos comunes, sino fin en sí mismo”[119]. El orden jurídico no puede
desconocer el derecho de los reclusos a la
realización de diversas actividades constructivas y regeneradoras que permitan
garantizarle condiciones para optimar el proceso de resocialización,
sobreponerse a sus circunstancias de penuria y guardar esperanzas para la
libertad. Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena e
inclusive de una medida de aseguramiento, se adopten los medios necesarios para
propiciarle al recluso “un retorno progresivo a la vida en sociedad”[120]. Así, considerando que la espiritualidad
humana o la religiosidad permite el cumplimiento de las
funciones asociadas a la pena, las autoridades públicas tienen el compromiso de asegurar y respetar,
en forma reforzada, el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos el cual
es susceptible de desarrollo dentro de los centros carcelarios,
a partir de un conjunto de actos tanto internos como externos, de profesión[121].
Pero la práctica de cualquier creencia o no
creencia, debe ser libre y autónoma. Así, en lo que a la esfera interna del derecho atañe, es obligación de los
directores de los establecimientos de reclusión hacer respetar la libertad de
religión y de cultos de quienes permanecen confinados e, incluso, de los
funcionarios del penal. Esto es, la libertad de asumir y acatar, si es del caso,
de manera privada y silenciosa, una orientación religiosa y de comportarse de
acuerdo con sus designios o decidir no hacerlo. De esta forma se prohíbe cualquier
forma de coacción, presión, dádiva o discriminación que los obligue a adherirse
a religiones o a cánones
espirituales diversos a los que profesan o mantenerse en los propios. Dichas
aducciones serán voluntarias y autónomas. Es un imperativo estatal “impedir
la utilización de mecanismos que coarten [o anulen el mero acto de profesar
una creencia]”[122]. El acto individual de
fe o la dimensión espiritual del ser humano “no [puede ser objeto de
restricción] en el marco de la relación de especial sujeción por tratarse de
una garantía intangible”[123].
Existe entonces un deber de respetar, sin interferencia alguna, “las [convicciones]
religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso”[124] pues es “[el único dueño y señor] de su consciencia
interna”[125].
Por otro lado, existen
unas condiciones materiales o actos públicos de difusión[126] asociados con
las convicciones espirituales que deben asegurarse para que la faceta
externa de la prerrogativa pueda ser ejercida[127]. Específicamente, se
garantiza a las personas recluidas la asistencia espiritual
por parte del ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a la que
pertenezcan a través del servicio ofrecido por Capellanías o instituciones
similares[128];
la comunicación con dichos ministros o representantes, cuando así lo requieran,
conforme a los mecanismos, horarios y modalidades previamente establecidos[129]; la celebración o
conmemoración de cultos o ceremonias religiosas (por ejemplo durante fechas
sagradas) en igualdad de condiciones para los
diferentes credos[130]; el establecimiento de lugares adecuados para la práctica, en
público o en privado, de actos de oración, adoración o de culto, respetando su
destinación religiosa y carácter confesional específico[131]; el acceso a educación
e información religiosa, en forma oral, escrita o por cualquier otro
procedimiento idóneo[132].
Dentro de esta categoría también se contempla la posibilidad del interno de portar
distintos símbolos religiosos, de llevar un régimen alimentario específico por
razón de sus creencias o de conservar una determinada presentación personal en cumplimiento de los mandatos de la fe que profesa[133].
Uno de los
elementos estructurales de esta garantía es el ámbito de libertad que faculta
al sujeto para asumir actos o comportamientos que exterioricen su credo o rito
que está constituido precisamente “por las posibilidades, no interferidas
por entes públicos o privados, de dar [testimonio] de las propias
creencias, en espacios abiertos o cerrados, siempre que, al expresar mediante
el culto las convicciones espirituales que se profesan, quien lo lleva a cabo
no cercene ni amenace los derechos [ni libertades] de otros, ni cause
agravio a la comunidad, ni desconozca los preceptos mínimos que hacen posible
la convivencia social, [la seguridad, la disciplina, la salubridad y la
moralidad pública]”[134],
elementos constitutivos del ordenamiento jurídico[135]. De acuerdo con lo
dicho, las autoridades carcelarias pueden introducir, dentro de la órbita de
sus competencias legales y reglamentarias, límites al ejercicio de esta
dimensión del derecho. En concreto, pueden limitar la forma de expresar mediante
acciones y omisiones ciertas manifestaciones espirituales, cuando tal
restricción busque fines legítimos a la luz de la Constitución Política y se
haga por medios no prohibidos que no puedan ser sustituidos por otros menos
gravosos para el ejercicio del derecho. Dicho en otras palabras, existe un
principio de presunción a favor de la libertad (principio pro libertate)[136] en virtud del cual se
establece que dicha facultad de restricción de derechos no es absoluta y está
sujeta al ejercicio de una carga probatoria y argumentativa seria y suficiente
en la que se demuestre que las limitaciones a la exteriorización de la creencia
son necesarias para cumplir con los objetivos de la
relación penitenciaria, que los medios empleados son proporcionales para
atender estos propósitos legítimos y que no existen alternativas administrativas
adecuadas que permitan alcanzar estas finalidades sin afectar o impactar negativa
o irrazonablemente las prerrogativas constitucionales en tensión.
Ésta libertad,
como regla general, supone entonces que es deber del Estado garantizar, en la mayor medida posible, que las personas confinadas
en centros de reclusión puedan profesar libremente y sin interferencias
desmedidas sus creencias o referencias de fe a través
de comportamientos que deban cumplir si asumen y acatan una orientación espiritual
de manera consecuente. Así, las restricciones impuestas a su ejercicio deben
ser, siempre, las mínimas necesarias y estar debidamente justificadas como
manifestación del principio de razón suficiente. El criterio constitucional de
razonabilidad y proporcionalidad estrictas que demanda la necesidad de
restringir la libertad religiosa, además de encontrar sustento en la Carta
Política y en el bloque de constitucionalidad, también tiene un límite legal
que impone que “las restricciones impuestas a las personas privadas de la
libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser
proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto” [137]. En este sentido, es
legítima la imposición de medidas restrictivas a la faceta externa de la
libertad religiosa cuando se atiende esta carga de razonabilidad. No obstante,
se atenta contra la garantía básica “cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable
o lo despojan de la necesaria protección, vulnerándose así los intereses que
protege la Constitución”[138].
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando
una persona privada de la libertad acude a la acción de tutela invocando la
protección de una reclamación religiosa cuyo ejercicio ha sido coartado con
base en la atribución legal y reglamentaria advertida, el juez constitucional
debe determinar si la restricción impuesta ha sido o no admisible
a la luz de los principios del Estado Social de Derecho. Es decir, al advertir
la presencia de una tensión entre la esfera externa de la libertad religiosa y
los fines perseguidos con los reglamentos de los centros de reclusión
(seguridad y salubridad, por ejemplo) que pueden involucrar prohibiciones al
ejercicio del derecho, le corresponde verificar la importancia de la limitación,
en el contexto particular en el cual se despliega, así como su finalidad,
idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, en estricto sentido[139]. Una postura contraria supondría imponerle al creyente “la carga desproporcionada de incumplir con los
dogmas de su religión, sin que ello [sea] necesario para la protección
de un interés público”[140]. En todo caso, como presupuesto previo a
esta consideración, se requiere establecer si la persona que promueve la
solicitud de amparo realmente se identifica con los mandatos o cánones de la
orientación religiosa que afirma propugnar, de suerte que sus reclamos puedan
ser objeto de salvaguarda[141].
En este punto,
es pertinente reiterar las reglas de decisión establecidas en la sentencia
C-728 de 2009[142]
las cuales resultan pertinentes, en esta ocasión, pues determinan la forma de
acreditar convicciones en el ámbito del ejercicio de la libertad de conciencia
íntimamente ligado a la materialización de la libertad religiosa. Este examen
es necesario pues, como se planteó en la sentencia T-180 de 2017[143] a propósito de un caso
sobre libertades públicas,  “cuando una persona recluida en un
establecimiento penitenciario y carcelario alega que la sujeción al reglamento
que debe seguir por la situación en que se halla, afecta de manera grave su
derecho a la libertad religiosa, plantea una tensión entre un deber jurídico
que demanda determinado comportamiento y las actuaciones u omisiones que su
conciencia (en este caso, la religiosa) le dictan”[144]. Para resolver este tipo de conflictos, como presupuesto de
decisión, se ha indicado que las creencias de los
reclusos deben ser profundas, fijas y sinceras, esto
es, que se trate de actos de conciencia[145] cuya entidad sea tal que definan y condicionen la actuación de la persona, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de creencias que “tan sólo estén en el fuero
interno y vivan allí, que no trasciendan a la acción”[146]. Que sean profundas
implica que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que
afectan de manera integral su vida y forma de ser así como la totalidad de sus
decisiones y apreciaciones. Que sean fijas, implica que no son
móviles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas
fácil, rápidamente o que tan sólo hace poco tiempo se alega tener. Finalmente,
que sean sinceras implica que son honestas, no son falsas,
acomodaticias ni estratégicas[147].
Verificados, en
su integridad, estos elementos surge un deber irrenunciable a cargo de las autoridades
de reclusión de adoptar las medidas que resulten necesarias, adecuadas y
suficientes para garantizar, a plenitud, la libertad religiosa y de cultos, en
su dimensión externa, es decir, en su ejercicio público y de divulgación, siempre
que tales conductas expresivas asociadas con la espiritualidad de un individuo
confinado, como se dijo, no resulten incompatibles con los derechos de los
demás y con el orden público, necesario, según el caso, para el
desenvolvimiento de la función penitenciaria. En efecto,
no podría ser de otra manera, pues resultaría a todas luces contradictorio que
“el ordenamiento [,] de una parte [,] garantizase la libertad
religiosa, pero de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones
más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de
coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica”[148]. Este elemento que pertenece al
núcleo esencial del derecho, define igualmente una facultad que es central a la
libertad de conciencia, que refuerza si se quiere, aún más, la defensa
constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones
personales más arraigadas[149].
4.2.3. A continuación, la Sala se ocupará de estudiar un precedente
relevante en la materia que encuentra una similitud especial en relación con el
problema jurídico que aquí se pretende resolver y que desarrolla las reglas de
decisión (subreglas) previamente reseñadas[150].
En la sentencia
T-077 de 2015[151],
la Sala Sexta de Revisión asumió el estudio de dos procesos acumulados. En el
primero de ellos, personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario de
Jamundí alegaban que se les había impedido dejar crecer el vello facial y el
cabello como expresiones de la doctrina evangélica de Los Nazarenos
que profesaban en la cual era “un pecado deshonroso ante los ojos de Dios,
despojarse de sus barbas y pelo”. En múltiples ocasiones solicitaron a la
autoridad penitenciaria que permitiera tal comportamiento al igual que el
ingreso de túnicas para celebrar los días sagrados de Júbilo y Pentecostés, argumentando
que tales manifestaciones no implicaban desconocer las normas sobre salubridad pública
ni se prestarían para fugas. Adujeron que miembros de comunidades indígenas,
LGBTI y afrodescendientes, que se encontraban recluidos en el mismo centro
carcelario, tenían su cabello largo sin que se hubiera presentado algún
inconveniente por mantener dicha presentación personal[152]. La negativa del penal
se sustentaba en razones de seguridad e higiene que, a juicio de los internos,
coartaban toda posibilidad de profesar su religión por lo que se sentían “atropellados
espiritualmente, moralmente y psicológicamente” tras no poder seguir los
pasos de Cristo como ejemplo de vida.
En el segundo caso, un preso practicante del Islam buscaba el
amparo de su derecho a la libertad religiosa mediante el respeto por “una serie de ritos, sacrificios y formas (…) como leer el
Corán, llevar una dieta especial, orar y ayunar en el [mes sagrado del Ramadán
y portar barba porque su corte se consideraba una mutilación del cuerpo]”. El
interno alegaba, en concreto, que en la Cárcel de Medellín la mayoría de los
víveres se combinaban con cárnicos, por lo que su dieta se reducía a la ingesta
de arroz con alguna verdura y no cumplía requerimientos nutricionales
balanceados lo que estaba ocasionando su pérdida de peso[153]. Pese a
solicitar a la nutricionista del penal que le recetara una dieta acorde a su fe,
tal petición fue negada bajo el argumento de que sería un acto de discriminación
respecto de quienes profesaban otras religiones. Señalaba, además, que “su
identidad [era] constantemente violentada con insultos” pues los
guardias de la prisión lo apodaban el barbado, el judío o el
talibán. La penitenciaria alegaba que había sido respetuosa de las
creencias del interno pues junto con él, a otros tres
reclusos pertenecientes a una minoría (un transgenerista, un indígena y un
judío) se les había permitido conservar el vello facial y el cabello largo
siempre que no alteraran el orden interno ni la seguridad de la prisión[154].
Para resolver la controversia suscitada, la Sala reiteró la jurisprudencia en torno a la relación de especial
sujeción en que se hallan las personas privadas de la libertad y cómo, en el
marco de dicho vínculo, existen garantías fundamentales que deben ser
especialmente protegidas por su potencialidad de incidir en un efectivo proceso
de resocialización. Así, destacó el ejercicio de la libertad religiosa y de
cultos. Expuso que existe una esfera intangible de dicha libertad referente a
la dimensión espiritual y otra relativa a los actos externos que puede tener
fronteras en su goce siempre y cuando ello resulte proporcional y razonable
para asegurar la vigencia de bienes constitucionales relevantes como la
salubridad, la seguridad y el orden público. A fin de decidir los casos
concretos aplicó un examen que supuso esclarecer la necesidad de la medida
restrictiva de las creencias de los actores impuesta por las cárceles, su
finalidad, idoneidad al igual que su proporcionalidad, en estricto sentido.
Con todo, antes de ello se refirió a la exigencia de que las convicciones
religiosas invocadas por los presos fueran profundas, fijas y sinceras.
En relación con el primer caso, estableció que existían muestras de
arraigo de las creencias de los internos derivadas de (i) su pertenencia a la
doctrina evangélica Los Nazarenos por varios años[155] y (ii) de las
constantes reclamaciones en torno a la posibilidad de
ejercer libremente su culto durante la permanencia en la cárcel[156]. Dichas circunstancias reafirmaban la honestidad de sus
convicciones porque, además no se observaba que fueran acomodaticias para
relevarse de algunos de los deberes que les correspondían dentro de la relación
de sujeción. Constatado lo anterior, se indicó que la
limitación impuesta había incidido de forma desproporcionada en la
exteriorización de su credo siendo posible acudir a otras medidas alternativas menos
restrictivas para lograr los fines de seguridad y salubridad perseguidos tales como (i) la exigencia de un largo específico para la barba y el pelo
así como de condiciones de higiene mediante el suministro de elementos de aseo;
(ii) la realización de un registro fotográfico del
interno antes y después de modificar su apariencia para evitar fugas bajo la
modalidad del cambiazo y (iii) el uso de la túnica en determinados
espacios y tiempos anunciados al personal de seguridad del penal para prevenir
el ocultamiento de objetos.
Por su parte, en cuanto al segundo proceso, encontró que las
restricciones alimenticias del accionante y el ayuno durante el Ramadán no
constituían “meros hábitos deseables” sino verdaderas manifestaciones de las convicciones religiosas que
debían ser acatadas por los creyentes del Islam y que, incluso, se
encontraban reconocidas por el régimen penitenciario[157]. En el caso concreto,
existía certeza del arraigo de dicha religión en el
accionante a partir de circunstancias objetivas como el hecho de que profesara
sus creencias hace más de 10 años y del valor fundamental de aquellas en su
espiritualidad hasta el punto de negarse a ingerir los víveres suministrados en
la cárcel por la “contaminación” que podía sufrir
con alimentos prohibidos por su fe aun cuando ello generaba consecuencias
adversas en su estado de salud. Tal grado de convicción era reconocido por las
autoridades del penal quienes, inclusive, le permitieron dejar crecer su barba y le propiciaron espacios para que realizara
sus oraciones diarias. Así, las medidas de limitación adoptadas por la prisión,
además de ser discriminatorias y fundadas en prejuicios y estereotipos sobre la
cultura islámica, contrariaban la función carcelaria sin que fuera necesario
analizar su razonabilidad y proporcionalidad pues no tenían un cimiento legal
que las sustentara[158].
En este sentido, tras
constatarse restricciones injustificadas al ejercicio de las convicciones más
arraigadas de los reclusos sin que se advirtieran riesgos excesivos para el
funcionamiento del poder punitivo del Estado, se dispuso, en el primer
expediente, que las autoridades de reclusión debían permitir el crecimiento de
la barba y el cabello de los internos, bajo las medidas de seguridad e
higiene que consideraran pertinentes así como el uso de túnicas para la
celebración de fiestas sagradas, elemento que sería sometido a las requisas y
controles que fueran necesarios para garantizar el orden[159].
En el segundo caso, se le ordenó a los directivos de la cárcel que le
suministraran al actor una dieta alimentaria de acuerdo a sus
convicciones religiosas la cual debía ser nutricional y presupuestalmente
similar a la que se otorgaba a los demás internos del establecimiento[160]. Igualmente, se
precisó acerca de la necesidad de instruir a los funcionarios del penal sobre
el respeto a la libertad religiosa y de cultos, advirtiéndoles la prohibición
de desplegar cualquier acto de hostigamiento o discriminación en contra de los
reclusos por razón de sus creencias[161].
Esta posición
de la Corte Constitucional encuentra fundamento y tiene eco en el derecho
comparado. Así, por ejemplo, se ha reconocido el uso de la barba a musulmanes
en cárceles estadounidenses[162],
el uso de rastas (dreadlocks) en ese mismo contexto y país[163] o el uso de barba en
el escenario europeo[164].
Pero esta protección no se ha dado solo a internos. Tal es el caso de Sudáfrica,
en donde se protegió el derecho a usar rastas por parte de los funcionarios de una
cárcel[165].
4.2.4. Síntesis
de las reglas de decisión en la materia: en suma, el espíritu pluralista
que caracteriza el Texto Superior vigente comprende la idea de que todas las
iglesias, confesiones religiosas y creencias de las personas, cualquiera sea el
sentido en que se manifiesten, son igualmente libres ante la ley,
configurándose de esta manera una libertad religiosa y de cultos. La libre
expresión religiosa constituye un derecho de rango funda­mental, de aplicación
inmediata en la mayoría de sus facetas de protección e inherente a la persona
humana, que debe ser garantizado y protegido por el Estado en todos sus
ámbitos, incluido el de reclusión. En este escenario, surge un deber especial
para las autoridades penitenciarias de asegurar las condiciones que resulten
necesarias para que los reclusos puedan tener las creencias religiosas de su
preferencia y, además, la posibilidad de adecuar sus comportamientos y
actuaciones a los mandatos de su fe como medio para materializar las funciones
del tratamiento penitenciario, en particular, la resocialización, propiciando de esta forma su retorno progresivo a la vida en sociedad.
La prerrogativa
es susceptible de desarrollo
dentro de los establecimientos carcelarios, a partir de un conjunto de actos
tanto internos como externos, de profesión. La
dimensión interna del derecho se encuentra asociada a la posibilidad de creer o
no en una determinada orientación religiosa. Este acto individual de fe o ámbito
espiritual no puede ser restringido por tratarse de una garantía intangible. Lo
mismo no se predica de la faceta de acción -actos externos- los cuales pueden
ser objeto de intervención estatal legítima en términos concordantes con los
principios de razonabilidad y proporcionalidad para garantizar, según el caso,
el cabal desenvolvimiento de la función penitenciaria. Ello, puede implicar un
problema de colisión entre valores de naturaleza constitucional como la
salubridad, la seguridad y el orden público, fines perseguidos en los
reglamentos internos de las prisiones, y el derecho individual al desarrollo de
comportamientos que exterioricen el credo o el culto de una persona privada de
la libertad. Para superar esta tensión, “se debe evidenciar, como presupuesto
de la convicción, que se trata de una creencia profunda, fija y sincera. Una
vez superado este análisis, es posible verificar si la restricción cumple una
finalidad legítima, si resulta necesaria para alcanzarla, si es idónea y si es
proporcional en sentido estricto”[166].
Así, por regla
general, toda persona que profesa o difunde sus creencias o convicciones
espirituales dentro de un régimen democrático tiene derecho “al máximo de
libertad y el mínimo de restricción, lo cual no significa irresponsabilidad ni
excesos”[167].
Las personas privadas de la libertad no pueden ser objeto de constreñimientos
arbitrarios, injerencias indebidas o prohibiciones injustas en el desenvolvimiento
interno y externo de su vida como seres religiosos[168]; lo religioso no es un
valor accesorio, sino esencial del creyente para quien precisamente “la
coherencia de su vida personal con los dogmas [de] su religión,
reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de
complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón [su
espiritualidad] no se logre alcanzar”[169].
5. Los
Establecimientos Penitenciarios de Yopal -Casanare y Cómbita -Boyacá vulneraron
el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos de los accionantes al
restringir, el ejercicio de sus creencias religiosas más profundas, sin
justificación razonable
5.1. Como se ha
señalado a lo largo de la providencia, los asuntos objeto de estudio ponen en
evidencia la existencia de una tensión que surge entre las restricciones que
son impuestas a la práctica de una religión o culto por parte de una persona
privada de la libertad con fundamento en previsiones reglamentarias que
persiguen garantizar condiciones de interés público. Con relación a la exteriorización
de las creencias, se ha dicho que “esta garantía se concreta en acciones y
omisiones con proyección social y colectiva, y no puede limitarse a las
dimensiones espirituales internas del ser humano sin tener repercusiones
reales, pues en tal caso la protección sería inocua”[170]. En estos
eventos, para que la protección sea real y efectiva es necesario comprobar que
el comportamiento o la manifestación de fe expresada corresponden a convicciones
serias, sólidas, esenciales y fundamentales para la espiritualidad de la
persona que reclama el amparo.
No se trata de
que el juez de tutela evalúe si, desde un punto de vista religioso, determinada
acción es buena o mala, toda vez que ello es un asunto que corresponde a los
creyentes de la religión o rito concernido, sino que, por el contrario, en
atención a la naturaleza intrínseca y personalísima del derecho a la libertad
religiosa, la actuación del juez constitucional “se limita a constatar que
la objeción que se formula sea sincera y genuina, esto es, se exprese de manera
seria y no como pretexto para obviar la aplicación de una carga social general
o de un mandato legítimo”[171].
Solo a partir de tal análisis se puede pasar a determinar si la limitación impuesta
a la creencia por parte del Estado cumple una finalidad legítima, resulta necesaria,
es idónea y proporcional, esto es, si realmente existe una tensión entre los
deberes que se imponen en el centro carcelario cuyo objeto es la tutela de
intereses jurídicos y la exteriorización del culto que es invocada por un
preso.
A continuación, la Sala procederá a
efectuar el examen concreto de las reglas de decisión enunciadas frente
a cada uno de los expedientes sometidos a revisión a efectos de determinar si
realmente existió una vulneración de garantías fundamentales.
5.2. Caso William Alexander Pérez
Mahecha (Religión Rastafari) vs Dirección del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Yopal -Casanare (expediente T-6488263)
5.2.1. El señor William Alexander Pérez
Mahecha es miembro de la Comunidad Religiosa Rastafari (Etiopía-África),
movimiento espiritual y social que tuvo sus inicios en el año 1930 en África[172]. Sus fieles
consideran que “su majestad imperial” Haile Selassie I es Rey de
Reyes, señor de señores, elegido de Dios y luz de este mundo[173]. El fin de un Rastafari
es ir por un sendero recto siempre con bondad, hermandad, verdad, paz, amor y
libertad. Son conocidos popularmente por llevar el pelo de manera natural,
dejando que se enrede y se creen nudos denominados dreadlocks (rastas) que
provienen de la colectividad “Fe Joven Negra”. Dichos dreadlocks representan,
por un lado, al león conquistador de la tribu de Judah, de ahí que sean “una
melena de león, no una moda”[174]
y, de otro, constituyen un símbolo de respeto al señor Jesucristo y a su voto
nazareno. De acuerdo con el Código de Conducta Rastafari[175], el Rasta no pasa
cuchillo por su cabello “quien ría de su voto, juegue de su voto o corte su
voto, es una persona que será borrada del pueblo de Israel. Por eso la
importancia de cuidar [dicha devoción sagrada], así como lo hizo [Jesucristo]
que [la defendió] hasta el día de su crucifixión y después hasta su
transformación”[176].
Todo el tiempo del voto nazareato, “no [se] pasará navaja sobre [la]
cabeza; hasta que sean cumplidos los días [del] apartamiento a Jehová,
será santo; [la persona] dejará crecer su cabello”[177]. Tal es la
importancia para el creyente, que existen casos a nivel del derecho comparado
en los que se ha protegido que un abogado pueda usar rastas en el ejercicio de
su profesión ante la Corte por la importancia que representan, inclusive, en el
contexto de desenvolvimiento laboral[178].
Junto a este dogma elemental de la vivencia
espiritual, el Rasta vive rodeado de naturaleza y es ferviente practicante de
una dieta vegetariana[179].
En su estilo de vida, “no hay nada más preciado [para el hombre] que una
mente y un cuerpo sanos, y es esencial que el bienestar físico [merezca]
tanta atención como el bienestar espiritual. Una buena salud no solo es
necesaria para el bienestar y felicidad del hombre, sino que también es fundamental
para el progreso y prosperidad de [las naciones]”[180]. Ello se logra
mediante prácticas alimenticias saludables pues es claro que “la
preservación de la salud es una obligación [y pocos] son conscientes de
que existe algo tal como la moralidad física”[181]. Por ello, conforme
las tradiciones y costumbres Rastafari, un integrante de la comunidad debe alimentarse
con víveres saludables y naturalmente cultivados que sigan “los principios
holísticos de vida”[182].
Quienes “aceptan los más holísticos y naturales estilos de vida son aquellos
que viven en [armonía] con la tierra”[183] ya que una dieta ital[184] limpia y purifica los
principios físicos, ofrece una vida con más energía y contención de la
estructura física y de las vibraciones internas en su integridad original[185].
El señor Pérez Mahecha afirma haber
respetado con fervor estos mandatos fundamentales de su religión que reflejan
el compromiso de seguir los pasos de Jesucristo como
ejemplo de vida. Por espacio de más de 14 años “[ha cuidado y protegido su
cabello] para Dios, símbolo de respeto y sumisión”[186] y ha conservado una
dieta vegetariana pues “así como la educación asegura la protección del
conocimiento del hombre con todos sus esfuerzos, así mismo el cuidado médico
promueve y asegura [el] crecimiento físico y mental”[187]. Para afirmar y
visibilizar la seriedad y firmeza de sus convicciones Rastas, ingresó como
miembro activo de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG en Bogotá, “escuela de conocimiento constante”[188] cuyo propósito es defender
y preservar el legado tanto intelectual como patrimonial de la cultura y raza
Africana y Rastafari mediante la convivencia armónica, el respeto a la diferencia,
la práctica de valores y la educación, además “fortalecer el desarrollo de [la]
identidad Afro y ser portadores orgullosos de su herencia, raíces y
espiritualidad, nacional e internacionalmente”[189]. En dicho escenario,
se caracterizó por ser una persona comprometida, honesta, responsable y
respetuosa, conforme lo señaló el Representante Legal y Director Nacional de la
referida fundación, Óscar Mauricio Puentes Amador[190].
De acuerdo con el señor Puentes Amador, quien
asegura conocer de vista y de trato desde hace más de 10 años al peticionario[191], la contribución de
este creyente con la difusión e identidad de la congregación Rastafari en Colombia
ha sido representativa. A nivel académico, se involucró con las diferentes charlas
que se realizan en la Biblioteca participando activamente en ellas y, profesionalmente,
se desempeñó en el ámbito cultural, deportivo y musical “compartiendo sus
conocimientos con los que interactúan con la Fundación y representando [sus
costumbres y tradiciones, circunstancia que lo denomina] como un [verdadero]
Rastafari”[192].
Esta condición lo ha acompañado durante gran parte de su vida y por ello
pretendió conservar su calidad de ser religioso estando en reclusión. Así, al
momento de ser capturado por haber incurrido, presuntamente, en el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y antes de ser trasladado
formalmente a un centro penitenciario del orden nacional, puso en conocimiento
de las autoridades carcelarias su pertenencia a la agrupación de creyentes con
el propósito de que le fuera respetada “su forma de alimentarse y de llevar
su vida rastafari”[193],
en concreto, “[su] derecho religioso y [su] voto nazareno de no
cortar [su] cabello, ya que con esto [representa] a Jesucristo”[194].
Para el actor “los grupos humanos que
por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico,
político y social establecido para la mayoría, tienen derecho al reconocimiento
de sus diferencias, con fundamento en los principios de dignidad humana,
pluralismo y protección de las minorías”[195].
Atendiendo a estas razones, invocó el respeto por el ejercicio de su religión al
momento de ingresar al Establecimiento Carcelario de Yopal -Casanare pues de
acuerdo con el Código de Conducta Rastafari, el Rasta es grande en coraje y en
espíritu, “teniendo como insignificantes los prejuicios, llevando [su]
máxima fidelidad no para las naciones sino para los hombres de la comunidad
humana”[196].
Tal petición fue coadyuvada por el señor Óscar Mauricio Puentes Amador quien
por su cercanía con el tutelante, insistió mediante oficio del 22 de mayo de
2017[197],
esto es, con anterioridad al confinamiento del actor en la cárcel accionada, que
fuera protegida la identidad espiritual del señor Pérez Mahecha, en particular,
el “voto que se le hace a Jesucristo escrito en la biblia y [que] lo
deben respetar todos los Rastafari”[198]
en los distintos escenarios de su vida, incluido el de sujeción con el Estado[199].
5.2.2. Para
la Sala, las consideraciones fácticas y probatorias expuestas constituyen
elementos objetivos que denotan la seriedad y sinceridad de las creencias espirituales
profesadas por el peticionario. Dentro del marco de las representaciones religiosas sobre el mundo, “los
símbolos y los ritos adquieren un valor interno a cada uno de los sistemas de
creencias, que pueden parecer intrascendentes desde un punto de vista exterior
y que configuran “lo sagrado y lo profano”, que termina por ser el factor de
distinción entre ellas y muchas veces de exclusión. No obstante, para el
creyente, hacen parte de sí mismo y conforman en buena medida parte de su
identidad”[200]. En esta ocasión, está claro que el uso de dreadlocks (rastas)
y la conservación de una dieta vegetariana constituyen prácticas
elementales y sagradas de la experiencia religiosa Rastafari las cuales
encuentran soporte en la
interpretación que se hace de la Biblia y en el Código de Conducta que rige a
la congregación creyente minoritaria a la que el actor ha pertenecido por
espacio de más de 14 años. Este hecho, permite evidenciar la existencia de una
coherencia entre las vivencias de fe del peticionario cuya
protección demanda en reclusión con los mandatos más arraigados de la confesión
que practica lo que demuestra, en consecuencia, la profundidad, honestidad y el
valor de su reclamación religiosa así como la ausencia de un ánimo acomodaticio
o estratégico que podría haber invocado para relevarse de algunos de los
deberes que, en principio, le corresponderían asumir dentro de la relación de
sujeción que mantiene con el Estado.
En estos términos,
es posible concluir que se cumple el primer presupuesto relacionado con el
ámbito de protección del derecho a la libertad religiosa y de cultos debido a
que está demostrado que las convicciones del tutelante son genuinas y que, por
ende, deben ser respetadas y aseguradas en su periodo de encierro salvo que
exista una finalidad legítima, necesaria, idónea y
proporcional para restringir el ejercicio
público y de divulgación de la religión Rastafari que profesa el accionante. Esta
tensión que surge entre un deber jurídico que demanda
determinado comportamiento (cortar el cabello de un Rasta para garantizar el
orden público y la higiene carcelaria) y las actuaciones que la conciencia (en
este caso, la religiosa) le dictan a esa persona (conservar sus dreadlocks
como símbolo de respeto a Jesucristo así como una dieta vegetariana) amerita un
juicio de razonabilidad a la luz de la Carta Política.
Esto es, que se considere que las limitaciones impuestas no pueden ser
aplicadas de manera irreflexiva dentro de un orden constitucional pluralista, tolerante y completamente neutro frente a la opción
religiosa de cada quien.
5.2.3. Superado lo
anterior, a continuación, se realizará el juicio de razonabilidad señalado en
relación con la creencia relativa al uso de dreadlocks (rastas).
5.2.3.1. Uso
de dreadlocks (rastas): el 13 de junio de 2017, el señor William Alexander
Pérez Mahecha ingresó al penal de Yopal -Casanare y allí el Dragoneante, en su criterio, “arbitrariamente y pasando [su
ruego] y súplica por alto y de una manera cruel e inhumana, en medio de
risas y burla”[201]
lo despojó de sus dreadlocks (rastas), circunstancia que le generó un
profundo dolor “por no poder [defenderse] ni ser respetado en [su]
fe, [sus] creencias, en [sus] votos”[202]. Ante tal
comportamiento, el Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Procuraduría
Delegada para la Prevención en materia de DDHH y Asuntos Étnicos presentó un
requerimiento ante la cárcel tendiente a que se iniciara una investigación por
los hechos ocurridos en virtud de los cuales fue necesario que el actor
recibiera atención por psicología[203].
La Dirección de la Penitenciaría justificó tal actuación teniendo en cuenta que,
de conformidad con el reglamento disciplinario interno, “es deber de todo [privado
de la libertad] bañarse y afeitarse diariamente. Sin excepción, no está
permitido el uso de barba ni el cabello largo”[204] por lo que es una práctica
reglamentaria proceder con el corte respectivo. A juicio de la prisión, se
trata de una medida razonable que se fundamenta en el sometimiento de los
reclusos a un régimen jurídico especial a través del cual se busca lograr,
entre otros propósitos, condiciones elementales de salubridad, aspecto especialmente
relevante por los altos índices de hacinamiento en el Sistema Carcelario así
como la disciplina y la seguridad pues es sabido que la fisonomía de un hombre
cambia de manera sustancial cuando se deja crecer su barba y su cabello lo que
podría llevar a que se presenten dificultades para identificar a los presos. De
ahí, la necesidad de establecer uniformidad en su aspecto para evitar
suplantaciones[205].
La medida
señalada para que sea razonable y proporcional debe perseguir un interés
constitucionalmente admisible. Para la Sala, la
prohibición de usar el pelo largo obedece a dos finalidades legítimas como acertadamente
lo mencionó la penitenciaría: mantener las condiciones de seguridad y procurar
la salubridad pública. Se trata de dos objetivos jurídicamente relevantes
(artículo 2 C.P.)[206]
y reglamentariamente establecidos que contribuyen a la conservación
del Estado Social de Derecho y, particularmente, a la
funcionalidad y operatividad del tratamiento penitenciario. Entonces, se afirma
que son fines estatales legítimos porque hacen parte
del poder de sujeción que se aplica en el caso de los internos por su
obligación especial de purgar una pena o de ejecutar una medida de
aseguramiento. Sin embargo, una acción que restrinja los derechos de los
reclusos no es constitucional por el sólo hecho de que ella se inscriba en la
órbita de competencia de las autoridades públicas. En efecto, resulta inocua si
su aplicación concreta no está justificada, esto es, si no se demuestra que hacer una excepción a las normas de higiene, orden y presentación
personal puede generar riesgos excesivos o perturbar gravemente el
funcionamiento carcelario.
El Ministerio de Justicia y del
Derecho, en su intervención durante el trámite de revisión, señaló que cualquier decisión que se adopte en virtud de la necesidad de
mantener el orden, la seguridad, la salubridad o la higiene de las cárceles[207] “debe contar con
una justificación específica para cada caso concreto. No resulta pertinente
imponer medidas sin justificación o motivación puntual, máxime cuando se trata
de personas pertenecientes a grupos poblacionales que requieren una especial
protección”[208].
Así las cosas, los funcionarios del INPEC, como autoridades principales dentro
de los centros carcelarios, al tomar cualquier medida que restrinja las
demostraciones del vínculo de religiosidad de las personas internas “deben
hacer un esfuerzo argumentativo para justificar de manera razonable la
imposición”[209],
esto es, se requiere que expliquen las razones por las que “un corte de
cabello específico requiere de una acción sanitaria”[210] y/o es indispensable
para garantizar la seguridad interna.
El
Establecimiento Penitenciario de Yopal -Casanare no presentó los fundamentos de la limitación impuesta aunque, en sede de revisión,
se indagó por ellos. Precisamente, fue requerido para que informara “(i) las
razones precisas, de hecho y de derecho, por las cuales el interno William
Alexander Pérez Mahecha fue despojado de sus Dreadlocks (rastas) al momento del
ingreso al penal, a pesar de invocar el respeto a sus creencias religiosas.
(ii) Informar por qué tal actuación fue necesaria para garantizar la seguridad,
la disciplina y el orden al interior del centro de reclusión”[211]. Pese a lo anterior, en su respuesta, la prisión nunca se refirió
a la idoneidad de la restricción para lograr dichos objetivos estatales. Por el
contrario, sin que mediara una razón suficiente en sus argumentos, señaló, de
manera general, que las medidas generadoras de límites resultaban necesarias para
garantizar condiciones públicas de disciplina y
salubridad lo cual encontraba explicación en la aplicación de normas
reglamentarias y en el respeto de las figuras de
autoridad. Así, la administración no consideró la seriedad
de la creencia invocada ni la afectación que su desconocimiento podía producir
en los sentimientos religiosos del sujeto. Sus convicciones resultaban per
se contrarias a la legitimidad del sistema penal y, además se desconocía que
las mismas integraban los principios básicos de la religión Rastafari a la que
pertenecía el actor, pues este hecho solo fue advertido, según afirma, con la
presentación de la acción de tutela.
De esta forma,
además de pasar por alto los ruegos y peticiones de un ciudadano que aseguraba
profesar con arraigo una manifestación de fe, tampoco explicó por qué los
intereses jurídicos perseguidos con la actuación limitante, aunque legítimos,
no podían alcanzarse a través de otros medios menos gravosos para el derecho constitucionalmente protegido de la persona
afectada. El ingreso de reclusos con cabello largo a la
prisión puede constituir un factor potencial de riesgo que altere las
circunstancias normales de confinamiento como, por ejemplo, puede prestarse
para el ocultamiento de objetos peligrosos o la
modalidad de fuga del cambiazo. Pero teniendo en cuenta la especial
protección a la creencia religiosa de la persona la cual es profunda, fija y
sincera se debe mostrar por qué tales situaciones no pueden ser mitigadas mediante
otros medios (por ejemplo la realización de requisas y controles constantes que
extremen la vigilancia carcelaria o un registro fotográfico del interno antes y
después de modificar su apariencia).
La salubridad que,
eventualmente, resultaría afectada con la conservación del pelo largo (por
ejemplo, la posible propagación de parásitos [piojos] o de diversas enfermedades)
también puede protegerse por otros medios como condiciones o reglas específicas
de higiene, para lo cual la cárcel habría podido garantizarle al preso el suministro
de elementos regulares de aseo, exigirle portar un gorro que asegurara una
presentación personal adecuada o realizar jornadas periódicas de salud pública
así como actividades ocupacionales en orden a asegurar entornos sanitarios decorosos,
entre muchas otras opciones. Lo anterior, por supuesto, en el marco de un
contexto de reclusión bajo condiciones de normalidad. Circunstancia diferente
es que ante la urgencia de una situación particular en prisión que represente
un escenario de amenaza cierta a la integridad e inclusive a la salud y la vida
de las personas privadas de la libertad resulte imperioso que las autoridades
carcelarias competentes adopten medidas altamente restrictivas de los derechos
fundamentales de la población reclusa. Situaciones que no admiten, si quiera, como
en este caso, la consideración de medios alternos encaminados a permitir el
goce efectivo de garantías básicas, precisamente por la premura con la que se
debe actuar. Ello ocurre, por ejemplo, ante eventos de epidemias o brotes y, en
general, frente a situaciones de emergencia pública que deban manejarse con
acciones sanitarias específicas y contundentes dado el impacto real que generan
sobre las condiciones físicas de confinamiento e incluso, como es lógico, de no
reclusión.
En suma, existió
una restricción injustificada a la libertad religiosa y de cultos del señor
Pérez Mahecha, pues no se advirtió por qué la intervención estatal en sus
creencias más íntimas resulta necesaria para garantizar la adecuada seguridad y
salubridad carcelaria o por qué la exoneración al cumplimiento de tales
intereses jurídicos podría haber puesto en peligro o afectado seriamente el
tratamiento penitenciario. Mucho menos, se indicó por qué era incompatible con
los propósitos de orden público que se tomaran decisiones
administrativas con sujeción a la normatividad aplicable que no implicaran
afectar gravemente el derecho a la libre expresión religiosa del actor a partir
de la armonización de los valores en aparente conflicto, esto
es, preservando el fin perseguido pero ajustando el método ideado para
alcanzarlo. Ninguna disposición del Reglamento General
del INPEC[212]
ni del reglamento interno de las cárceles debe permitir, tal como lo aseguró el
Ministerio de Justicia y del Derecho, “la restricción arbitraria de los
derechos constitucionales fundamentales de las personas privadas de la
libertad, y mucho menos intervenciones desmedidas sobre sus corporalidades, [lo]
que exige una debida argumentación de motivos que den cuenta de la
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de cada [acción que se imparta]”[213].
Precisamente,
el espíritu que irradia estas disposiciones debe ser “de respeto,
inclusión, igualdad y reconocimiento de la diversidad de identidades
individuales”[214].
Justamente, como desarrollo de este mandato, el artículo 87 de la
Resolución 006349 del 19 de diciembre de 2016[215] establece que “no
está permitido el uso de barba y el cabello largo, excepto en los casos en que
estos sean necesarios para garantizar el derecho a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI, el derecho a la libertad
religiosa y de cultos, y los derechos a la diversidad cultural y étnica”. Tal
propósito superior fue desconocido por el ente accionado quien aplicó
irreflexivamente su reglamento interno el cual, además de no contar con la
aprobación vigente del INPEC, tiene como frontera al ejercicio del poder, el
respeto a los derechos fundamentales. En este caso, se
ha debido respetar, hasta donde sea posible, la exteriorización de comportamientos
asociados a las convicciones espirituales más profundas de personas privadas de
la libertad[216].
Ello no se hizo, con el único propósito de atender, en apariencia, beneficios orientados
al logro de unas condiciones favorables de convivencia pacífica
intramural que podían consolidarse por otras vías menos
restrictivas para el valor de la libertad e, incluso, menos insensibles de las
creencias arraigadas de un individuo para quien el uso de sus dreadlocks (rastas)
representa un valor fundamental dentro de los mandatos de la vivencia Rastafari
que profesa; capaz de incidir en un efectivo proceso de resocialización que
reduzca las diferencias existentes entre la vida en
prisión y la vida libre mediante el mantenimiento de la dignidad humana
y el respeto de su integridad emocional[217].
Como lo señaló
el peticionario, con la conducta desplegada “han enmasillado (sic) una
de las cosas más sagradas [de su vida, su cabello]”[218] y, además se ha
pasado por alto “el mismo código penitenciario el cual debe conocer todo
funcionario del INPEC”[219]
con el único fin “de [brindarle] un trato cruel e inhumano, en contra
de [su] dignidad humana”[220],
de su integridad y la de toda una comunidad y cultura que “por años [ha]
difundido [el respeto] por [sus] hermanos, la paz y la armonía
para un perfecto equilibrio de la humanidad”[221]. Así las cosas, es
clara la responsabilidad constitucional para la penitenciaría al quitarle al
actor de sus dreadlocks (rastas) al momento de su ingreso al régimen
punitivo. Tal comportamiento representó un agravio al conjunto de símbolos de
veneración vinculados a una concepción religiosa minoritaria, protegida en un
orden jurídico que respeta los sentimientos espirituales de todos sus ciudadanos.
No puede olvidarse, que las autoridades públicas deben ser especialmente
cuidadosas y conscientes de que en un Estado pluralista, basado en el respeto
de los derechos fundamentales, “las acciones que se emprendan no pueden
estar exentas de toda consideración sobre el impacto que ellas pueden tener
sobre los derechos y libertades fundamentales de sus destinatarios”[222].
Ahora bien,
mención especial requiere la actuación de los dragoneantes del penal al cortar
el pelo al interno. La burla por parte de los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia es una acción que no encuentra justificación constitucional alguna[223]. Sea cual sea la
creencia de una persona merece respeto y protección. Pero en el presente caso,
se considera que la burla ejercida demuestra o bien desconocimiento por parte
de la guardia de la existencia de la religión Rastafari o irrespeto consciente
y deliberado de una fe religiosa. La Sala más que reprochar o cuestionar el
comportamiento de quienes prestan sus servicios en la cárcel, individuos que, como
la propia Corporación ha reconocido, también ven violentados y amenazados sus
derechos por el estado de cosas en que se encuentra el Sistema Penitenciario, en
virtud del cual deben cumplir sus funciones en condiciones de precariedad,
escasez y ausencia de políticas criminales adecuadas, coherentes y sostenibles,
advierte fallas en su preparación como funcionarios[224]. Parte de los
obstáculos y las barreras que existen para poder asegurar el goce efectivo de
los derechos de las personas recluidas, se encuentra en la desprotección de las
garantías fundamentales de la guardia y en la situación de indignidad a la que
se enfrentan bajo circunstancias similares a quienes deben custodiar. Por ello,
resulta preciso que el Estado asegure “la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo”[225]
para sus mismos funcionarios y adopte las políticas carcelarias de
sensibilización y concientización que resulten necesarias para que estos puedan
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución”[226]
en beneficio de la población privada de la libertad.
5.2.3.2. Conservación de una dieta
vegetariana: cómo se indicó con anterioridad, para los miembros de
la Comunidad Rastafari conservar una dieta vegetariana es un mandato superior
de su confesión religiosa. En relación con este aspecto, se tiene que, de acuerdo
con las pruebas obrantes en el proceso y la información allegada en sede de
revisión, el establecimiento penitenciario accionado ha
reconocido y respetado la condición de vegetariano que integra la
espiritualidad del peticionario. En efecto, obra en el expediente una ficha de atención nutricional suscrita por la Administradora del Servicio
de Alimentos de la prisión, Doctora Diana Caterine Arcos Escobar, el 6 de julio
de 2017, esto es, casi un mes después del ingreso del tutelante al penal[227] en la que advierte, por
un lado, que el ciudadano no presenta factores de riesgo relacionados con el
tabaquismo, el alcohol y las drogas y, por el otro, que es un paciente
vegetariano desde hace más de 10 años y por ello se recomienda una dieta especial
durante las tres comidas del día[228].
En atención a este requerimiento, el paciente fue valorado por el área de
nutrición y posteriormente “se dio trámite ante la empresa de suministro de
alimentación quien atendió de forma personalizada las necesidades en nutrición [del
actor]”[229].
Para la Sala, es claro que la Penitenciaría
de Yopal le ha garantizado al señor William Alexander un régimen alimenticio
específico. Sin embargo, se precisa que tal hecho no se originó como consecuencia
del respeto por la pertenencia del ciudadano a la religión Rastafari sino por
la valoración que realizó un profesional especializado en torno a la necesidad
de brindarle una alimentación diaria con un valor nutricional, una calidad y una
cantidad adecuadas para preservar su integridad personal. El mismo centro de
reclusión advirtió que tan solo tuvo noticia de la devoción del accionante por
los dogmas de la Comunidad Rastafari una vez se presentó la acción de la tutela
de la referencia lo cual ocurrió el 4 de agosto de 2017, es decir, con
posterioridad a las gestiones administrativas adelantadas para asegurarle al
recluso una dieta concreta. En esta medida, aunque por ello no puede predicarse
una vulneración de garantías fundamentales pues, en estricto sentido, no ha
existido una negativa en suministrarle al tutelante una alimentación particular,
debe reiterarse que la verdadera protección de la libertad religiosa y de
cultos implica la defensa de sus manifestaciones externas y, en este caso, la
alimentación vegetariana es una forma de exteriorización de las creencias que
profesa el tutelante y que deben ser protegidas en el marco de la relación de
sujeción.
Conforme se indicó en la sentencia T-077 de
2015[230],
“la alimentación constituye un proceso complejo, que
va más allá de un grupo de ingredientes transformados. Se trata de un fenómeno
social, cultural e identitario que termina por simbolizar una realidad. Así, la
mayoría de creencias religiosas contienen algún tipo de restricciones,
fundamentadas en concepciones dietéticas de lo que es bueno o malo para el
cuerpo, el alma, la salud o la santidad. Ellas se reflejan en la limitación de
las cantidades a ingerir, la prohibición de algunas categorías de alimentos o
la orden de abstinencia en algunas épocas o celebraciones. Estas normas de
comportamiento, entonces, no son meros hábitos deseables, sino que constituyen
verdaderas manifestaciones de las convicciones religiosas que deben ser
acatadas por parte de los creyentes”. Es por esto, que
la petición de una dieta
especial que solicita una persona privada de la libertad para cumplir con los
mandatos de una religión, es un asunto que el mismo Código Penitenciario y
Carcelario consagra dentro de sus disposiciones[231] las cuales “constituyen criterios de interpretación ineludibles de parte de
las autoridades de los establecimientos penitenciarios”[232].
5.2.4. El remedio constitucional:
las autoridades públicas deben respetar las aspiraciones religiosas de las
personas recluidas, bajo los presupuestos de la libertad predicables dentro del
orden jurídico
La Sala de Revisión, con fundamento en la situación fáctica
descrita y a partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, concluye
que el Establecimiento Penitenciario de Yopal -Casanare
vulneró el derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos del interno William Alexander Pérez Mahecha al
haber tomado una medida que impactó el ejercicio de sus creencias religiosas,
esenciales para la vivencia espiritual, con fundamento en competencias
infraconstitucionales que buscaban garantizar la disciplina, la seguridad, el
orden público y la salubridad. En concreto, constató el cumplimiento de las reglas
de decisión que dan lugar a una protección constitucional en la materia, a
saber, la profundidad, seriedad y sinceridad de las
convicciones profesadas por el accionante (uso de dreadlocks) y la falta
de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva de su
ejercicio (cortar su cabello). También, encuentra que en cuanto a la creencia relacionada con la conservación de una dieta
vegetariana, el penal atendió positivamente tal requerimiento; sin embargo, dicha actuación no estuvo motivada por la
salvaguarda de manifestaciones religiosas por lo que se reitera su respeto en
una sociedad democrática y pluralista.
Verificado lo anterior, surge necesario plantear el remedio constitucional más adecuado para lo cual deben observarse
dos circunstancias particulares. En primer lugar, está claro, dentro del
proceso, que el accionante fue despojado de sus dreadlocks (rastas) inmediatamente
se efectuó el procedimiento de ingreso al penal. Dicha circunstancia generó una
vulneración de sus derechos fundamentales que no puede superarse, en la
actualidad. Como el mismo actor lo señala, “el daño esta [h]echo
espiritual y psicológicamente, [se encuentra] muy afectado,
afortunadamente la ley [lo] ampara y [espera] que se haga
justicia”[233].
Por supuesto, cuestión diferente es que se le impida dejar crecer nuevamente su
pelo lo cual implicaría una violación distinta. Adicionalmente, se tiene que, durante
el periodo de revisión, la cárcel informó que el actor ingresó al régimen de
reclusión el día 13 de junio de 2017[234]
y, posteriormente, se dictó fallo concediéndosele la ejecución condicional
de la pena[235]
la cual se hizo efectiva el 6 de octubre siguiente. Es decir, actualmente, el
ciudadano no permanece confinado de la libertad por lo que nos enfrentamos ante
una situación sobreviniente en relación con la solicitud de amparo[236]. Con el fin de
armonizar tales circunstancias de hecho en beneficio de la protección constitucional
que patrocina cimentar una fe religiosa y seguir los principios que de ella se
deriven, es preciso adoptar las siguientes medidas afirmativas.
Teniendo en cuenta que, a la fecha, el
peticionario goza de un subrogado penal o mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, es decir, no se encuentra, condicionalmente, confinado
ni sometido a las reglas disciplinarias del penal pero podría regresar a la
relación de sujeción con el Estado bajo condiciones intramurales en el evento
de incumplir con las obligaciones legales que permitieron la concesión de dicho
beneficio[237],
se le advertirá a la Dirección del establecimiento accionado que, en el
supuesto de que ello ocurra, deberá respetar sus derechos, reconocidos en esta
sentencia, particularmente, no podrá anular el deseo religioso del interno
William Alexander Pérez Mahecha, si es el caso, de dejar crecer, una vez más, sus
dreadlocks (rastas), conforme los controles y medidas a que haya lugar y,
deberá garantizarle durante todo el periodo de encierro, según sea determinado
por la autoridad competente, una dieta vegetariana que atienda los mandatos que
le dicta la religión Rastafari a la cual pertenece hace más de 14 años.
Por otra parte, conforme lo señaló el
Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Embajador Sr. Ronald Sanders, en
su intervención ante la Organización de los Estados Americanos[238], por décadas la
Comunidad Rastafari fue activamente discriminada, privándosele de su derecho a
expresar quiénes son y en qué creen[239].
Por estas transgresiones, sus miembros, fueron marginados a lo largo de todo el
Caribe renunciando a su dignidad, a su libertad, a su herencia africana e
incluso a su reconocimiento como seres humanos. Ahora, levantaron su voz y son
reconocidos como verdaderos integrantes de la sociedad. Este mandato no puede
silenciarse, debe reproducirse y permitirse siempre el ejercicio libre de sus
prácticas religiosas[240].
Como desarrollo de lo anterior y con el fin de prevenir que, en el futuro, se
ejerzan acciones contrarias a los derechos fundamentales de quienes profesan
una fe que, como en esta ocasión, ha sido históricamente estigmatizada y, por
ende, reducida a una minoría, se le ordenará a la Dirección de la Cárcel de
Yopal que adopte, si aún no lo ha hecho, las medidas que estime adecuadas,
necesarias y suficientes, por ejemplo la realización de una campaña de
sensibilización, orientadas a concientizar a los funcionarios integrantes de la
guardia penitenciaria de la importancia de proteger la expresión religiosa de
quienes allí permanecen recluidos y capacitarlos en los parámetros
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad reconocidos en esta
sentencia, así como en la existencia de la religión Rastafari. Esto último, en
atención al desconocimiento por parte de los funcionarios del penal de la
existencia de esta fe religiosa.
5.2.5. Precisiones adicionales
5.2.5.1. La acción de amparo fue concebida
por el Constituyente como un mecanismo informal para la protección inmediata de
los derechos fundamentales. En consideración a su especial naturaleza, la labor
del juez no debe circunscribirse, únicamente, al estudio de las pretensiones
que cualquier ciudadano exponga en la respectiva demanda, sino que su función debe
estar encaminada a garantizar, en todo momento, la vigencia de los preceptos
constitucionales. Ello implica que, en materia de tutela, no sólo resulta
procedente sino que, en algunas ocasiones, se torna indispensable que los
fallos sean extra o ultra petita. Los jueces de tutela (en sede de
instancia) y esta Corte, en función de revisión de las decisiones
judiciales correspondientes, deben “adentrarse en el examen y en la
interpretación de los hechos del caso, con el fin de encontrar la esencia y la
verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en conocimiento de la
jurisdicción constitucional de los derechos fundamentales, para efectos de
asegurar la más cabal protección judicial de los mismos y la vigencia de la
Carta en todos los eventos en los que se reclame su amparo por virtud del
ejercicio de la [a]cción”[241].
De acuerdo con lo anterior, ni los jueces de tutela (dentro del trámite de instancia respectivo)
ni la Corte Constitucional (en ejercicio de su función de revisión) pueden
agotar lo solicitado mediante el amparo, en la formalidad de las materias
explícitamente expresadas en la petición de protección (escrito de tutela). La
procura de salvaguarda de los derechos fundamentales reclama del funcionario público
la sensatez de tener en consideración todas aquellas cuestiones que explícita o
implícitamente se relacionan con la vulneración de los derechos y su
subsiguiente protección. Por ejemplo, aquellas pretensiones o peticiones no
formuladas en la tutela por el accionante pero a las que se hacen referencia
dentro del proceso y, por consiguiente, son razonablemente previsibles. Son
implícitas en la petición pero explícitas en alguna parte del proceso. Al hacer objeto de la decisión
de estudio o de revisión, asuntos que, en principio, no fueron alegados, en
modo alguno, genera el desconocimiento de las reglas dispositivas a las cuales
se encuentra sometido el juez constitucional siempre y cuando con ello se
busque hacer efectiva la vigencia de la protección de los derechos vulnerados o
amenazados, en cada caso en particular[242].
5.2.5.2. En el asunto objeto de estudio, a
partir de la información suministrada por la guardia penitenciaria durante la
contestación a la acción de tutela, se tuvo noticia de la afirmación del
accionante acerca de que el consumo de marihuana hace parte integral de sus
creencias religiosas. No existe en el expediente una circunstancia fáctica o
mención adicional a la referida por la autoridad carcelaria. Sobre el
particular, la Cárcel de Yopal adujó que tal práctica se encuentra prohibida en
todas las prisiones del país en tanto conllevaría a la alteración de la
disciplina y la seguridad, anotando además que el interno fue recluido por
incurrir, presuntamente, en el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes[243].
Durante el periodo de revisión, se requirió al señor William Alexander Pérez
Mahecha para que informara sobre las creencias esenciales o fundamentales de su
religión Rastafari y su experiencia de fe sin que se recibiera respuesta alguna
teniendo en cuenta que, a la fecha, no permanece privado de la libertad en el
establecimiento accionado. En este sentido, la Sala no se pronunciará sobre
este aspecto que deberá resolverse cuando sea el objeto de la controversia.
5.2.5.3. Así, en cuanto a las pretensiones
del accionante relativas a que (i) sea indemnizado por los perjuicios morales
causados en razón a “la violación de [sus] derechos religiosos por
parte del Estado”[244]
y (ii) se inicie una investigación disciplinaria en contra del servidor público
que le cortó su pelo (rastas), se advierte que se trata de peticiones que, en
principio, escapan a la naturaleza misma de la acción de tutela cuya finalidad
principal es la protección de garantías fundamentales. En efecto, es a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a quien, por excelencia, le corresponde
resolver las reclamaciones económicas derivadas de la presunta acción u omisión
del Estado. En esa medida, no hay lugar a la prosperidad del reclamo. Por su
parte, es al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- a quien le
compete adelantar las investigaciones disciplinarias de rigor contra sus
funcionarios, conforme lo dispone el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales y el Código Penitenciario y Carcelario[245]. Por estas razones,
dicha petición tampoco tiene lugar, en esta instancia, y deberá negarse.
5.3. Caso Álvaro Andrés Ibarra Herrera
(Religión Católica) vs Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita –Boyacá
(expediente T-6507069)
5.3.1. El señor Álvaro Andrés Ibarra
Herrera manifiesta que desde hace más de 20 años es devoto del Divino Niño
Jesús. Afirma que nació con dicha devoción o “al menos así lo [siente]”[246]. Desde su niñez, en
el municipio de Carepa, Antioquia, ha sentido tal fervor, honrando y adorando dicha
figura sagrada de la Iglesia Católica, confesión universal del mundo en la que
fue bautizado. En efecto, en su casa, por varias generaciones, siempre fue y ha
sido una costumbre realizar, de manera diaria, la novena al Divino Niño Jesús
la cual comprende actos de oración frente a la imagen que refleja a un niño con
los brazos abiertos representando “la infancia de nuestro señor Jesucristo,
Rey único, Dios verdadero, Dios de Moisés, Abraham y Jacob, el cual fue
crucificado para el perdón de todos nuestros pecados”[247]. Para afirmar su
religiosidad, junto con algunos miembros de su familia, viajó, en varias
ocasiones y antes de ser privado de la libertad, a la Iglesia del Divino Niño
ubicada en el barrio 20 de julio en Bogotá, lugar de adoración emblemático para
millones de peregrinos Católicos[248].
Este fervor lo ha acompañado en distintos escenarios de su vida el cual, resalta, “no es [falso ni caprichoso]”[249].
Explica, por ejemplo, que cuando ingresó a
las filas del Ejército Nacional para prestar servicio militar obligatorio
siempre conservó la imagen religiosa y realizó actos de oración sin ninguna
restricción por parte de sus superiores. Tras cumplir con su deber legal y
constitucional, se presentó a la Policía Nacional para realizar un curso en la
Escuela de Carabineros Rafael Núñez ubicada en el municipio de Corozal -Sucre.
Allí, se le permitió practicar su devoción, contaba con imágenes, fotos,
estampillas y novenas del Divino Niño Jesús. Al salir de la Escuela de Formación
y ocupar el sexto mejor puesto como alumno del curso, adquirió la calidad de
patrullero y fue asignado para ejercer funciones en la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol -DIJIN- como investigador del grupo de homicidios
en la Seccional de Urabá -Antioquia, lugar de trabajo en el que mantuvo, a
plenitud, su creencia al punto de que “en [su] escritorio, tenía
estampitas e imágenes del Divino Niño Jesús”[250]. Igualmente, en su
carro tenía una imagen de porcelana del Divino Niño y una estampa grande a
color adherida al espejo trasero. Lo mismo, ocurría en su hogar, conformado por
su esposa e hija, donde se conservaba, en la sala, una imagen del Divino Niño
Jesús de 90 centímetros de alto ubicada en “una urna en vidrio con un
bombillito pequeño, prendido 24 horas la cual siempre [los iluminó y
bendijo]”[251].
5.3.2. Para la Sala, los elementos de
juicio enunciados permiten evidenciar que la devoción
y adoración del accionante por el Divino Niño Jesús constituye
una creencia esencial y profunda para la vivencia de su religión Católica que
profesa hace más de 20 años y la cual ha expresado públicamente a lo largo de
su vida y en diferentes escenarios de ella. Esto es así pues, además, la
exteriorización de su fe mediante la veneración a una figura sagrada hace parte
de los dogmas que rigen la confesión a la que pertenece lo que denota la
seriedad y profundidad de las convicciones cuya protección reclama. Conforme lo
señaló el Padre Alberto Múnera Duque, S.J., sacerdote y profesor titular de la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, en su intervención
al proceso, “[e]n el cristianismo católico desde sus inicios hace más de dos
mil años, siempre se ha reconocido el valor de contar con imágenes de
Jesucristo a quien asume como Hijo de Dios hecho hombre, de la Virgen María y
de los mártires y santos canonizados (…) En la religión católica el culto de
adoración a Dios, es absolutamente esencial pero no exige ni un lugar ni un
tiempo determinado, pues se rinde desde el interior de la persona y puede realizarse
en cualquier momento”[252].
En efecto, “la veneración de imágenes puede ser realizada por los fieles
en cualquier lugar público o privado, como la propia habitación o algún lugar
designado dentro del espacio de la residencia. Los fieles acostumbran hacer su
oración frente a las imágenes que veneran, por el apoyo espiritual que reciben
al tener presente una visualización física del Dios que adoramos puesto que,
según el cristianismo, Jesucristo es Dios que asumió hacerse humano y por tanto
es representable”[253].
En este sentido, dice el Padre Múnera, “la
veneración de las imágenes constituye un tradicional, valioso y fundamental
apoyo a la fe cristiana católica, y contribuye al fortalecimiento y desarrollo
de la vida espiritual, aspecto esencial del equilibrio de la personalidad
humana, especialmente en situaciones existenciales y sicológicas padecidas por
las personas en el trayecto de su vida. Así se ha demostrado en infinidad de
casos cuando una simple cruz o una imagen religiosa cristiana de Jesucristo, la
Virgen María, los mártires o los santos, ha servido de soporte, de apoyo y de
resistencia interior a las personas durante momentos extremadamente difíciles
de su existencia”[254].
En cuanto a la imagen de Jesús niño, “según representación que se venera
en la Parroquia del Veinte de Julio en Bogotá, goza de una especial devoción de
los fieles capitalinos”[255].
En efecto, tal y como lo afirmó el Padre Julio Humberto Olarte Franco de la
Parroquia El Niño Jesús, durante el periodo de revisión y refiriéndose a la
situación particular del actor, “[la] cultura nuestra frente a la
religiosidad y específicamente frente a la devoción al Divino Niño Jesús,
debido a los innumerables testimonios de fieles que han recibido favores y
milagros de esta imagen religiosa, hace crecer en el recluso su deseo de
consagrarse a la imagen del Divino Niño, solicitando la concesión de una nueva
oportunidad en la vida; siendo esta imagen religiosa, su única compañía
espiritual dentro de su celda y el único consuelo del interno frente al duro
tratamiento penitenciario y carcelario que debe soportar”[256].
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se
constata el primer presupuesto relacionado con el ámbito de protección del
derecho a la libertad religiosa y de cultos al demostrarse que las creencias
que profesa y practica el tutelante son profundas, fijas y sinceras por lo que se
examinará la constitucionalidad de las razones que condujeron al
establecimiento penitenciario accionado a restringir su efectivo ejercicio mediante
el juicio de razonabilidad advertido líneas atrás.
5.3.3. Como se sabe, el señor Álvaro Andrés
Ibarra Herrera fue recluido en el Establecimiento Carcelario “El Barne” ubicado
en Cómbita -Boyacá por haber colaborado, junto con
otros policías, en el accionar delictivo de grupos organizados al margen de la
ley[257].
Estando en dicho lugar y con el propósito de continuar profesando la religión
Católica, solicitó el ingreso y la tenencia, en su
celda, de un “cuadro pequeño [o lamina delgada de madera] de la
imagen del Divino Niño Jesús que tiene una medida exacta de 40 x 40 cms”[258], entendiendo que con ello
no ponía en riesgo la seguridad del penal pues nada “malo
o ilegal”[259]
contiene y lo único que desea es “honrar al Divino Niño Jesús que es [su
Dios y señor]”[260].
Precisó que dicha autorización resultaba relevante pues en el Pabellón donde
actualmente permanece confinado, no existe ningún espacio común donde se pueda
practicar o profesar su rito católico y, en especial, la devoción al Divino
Niño y, para garantizar el respeto por su credo se cuenta, únicamente, con un
capellán que se encarga de la asistencia espiritual en todo el complejo
carcelario, integrado por la zona de alta seguridad[261] y por la
de mediana seguridad[262]
siendo, en consecuencia, “una carga laboral que él [capellán] no
alcanza a suplir”[263].
La penitenciaría negó la petición
argumentando que, conforme lo dispone el reglamento de régimen interno[264], elementos como el
solicitado se encuentran expresamente prohibidos en tanto alteran las
condiciones de seguridad y orden público. Por esta razón y considerando que la
prisión es de alta seguridad, es decir, se encuentra sometida a un régimen
especial “por las connotaciones de ingeniería estructural y tratamiento al
personal de privados de la libertad que alberga”[265], la pretensión invocada
resultaba inviable “salvo mejor o diferente concepto por parte del Comando
de Vigilancia quien es el responsable de la seguridad del establecimiento”[266]. Aclaró que,
en todo caso, el ejercicio de la libertad de cultos al interior del complejo de
reclusión se encontraba protegido mediante el ingreso de capellanes y pastores,
semanalmente, que propiciaban la celebración de los ritos para las diferentes
confesiones presentes.
Como se dijo con anterioridad, una medida
restrictiva de garantías superiores debe “perseguir un interés
constitucionalmente legítimo, guardar una relación razonable de adecuación
entre el medio usado y el objetivo estatal perseguido y, finalmente, ella debe
restringir el derecho protegido de la manera menos gravosa posible”[267]. Solo así “se
garantiza que las decisiones de la administración penitenciaria y carcelaria no
sean arbitrarias, y en cambio, respeten los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad”[268].
Para la Sala, la finalidad de procurar la seguridad pública como límite al ejercicio
del derecho a la libertad religiosa del actor puede entenderse como un medio
para lograr la vigencia de un orden justo al que se refiere la Carta Política
en su preámbulo y en su artículo segundo. Esto es, un orden social que se funda
en el cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho, que
pueden materializarse en el tratamiento penitenciario y que, por consiguiente, le
permiten al INPEC tomar medidas que contribuyan a la efectiva funcionalidad y
operatividad del régimen punitivo. Sin embargo, esta amplia competencia, no
exime a las autoridades carcelarias de su deber de justificar las restricciones
a las libertades que emanen de tal atribución y, por ende, su idoneidad y
necesidad en el caso concreto. Esto es, la obligación de motivar aquellos actos
por medio de los cuales adoptan la decisión de prohibir que los reclusos
exterioricen determinado comportamiento religioso en beneficio de intereses
jurídicos legítimos.
Para el caso concreto no se aprecian mayores
argumentos por parte de la administración del penal. En su respuesta al trámite
de tutela y durante el periodo de revisión, la cárcel accionada se limitó a
enunciar que el ejercicio externo de la creencia por parte del interno generaba
la alteración del orden y la disciplina en el centro penitenciario, de ahí su
restricción. Sin embargo, no adujo las razones precisas por las que resultaba
necesario prohibir el ingreso y la tenencia de un cuadro con la imagen del Divino
Niño Jesús en la celda del señor Álvaro Andrés en tanto ello representaba un
peligro mayor en la garantía de estas condiciones públicas. Por ejemplo, no se
detuvo en analizar si el problema puntual era el tamaño de la imagen, del
retrato o de sus materiales pues podrían ser utilizados como instrumento para
agredir físicamente a otros reclusos, realizar diferentes actos violentos o ser
empleados como herramientas para facilitar una fuga. Así, en ningún momento puso
de manifiesto un fundamento suficiente que se erigiera en un motivo para
autorizar la limitación del derecho a la libertad religiosa del tutelante,
especialmente, cuando el elemento prohibido no resultaba peligroso per se[269]. No bastaba la mera
afirmación de las directivas de la prisión en torno al potencial o hipotético riesgo
del objeto solicitado sino que era necesario un juicio argumentativo a través
del cual se demostrara que aquello que, en principio, se predicaba como inofensivo
se había transformado en un factor real de amenaza para la buena marcha de la
cárcel, aparentemente, calificada como de alta seguridad[270].
Este deber de motivación adquiría mayor
relevancia por razón de la categorización del penal pero también bajo la
consideración de que el solicitante ha sido y es un interno con una conducta
ejemplar, situación que le permitió ser beneficiario de un descuento de pena en
atención a sus labores desempeñadas como monitor de enseñanza, actividad que, a
su vez, contribuyó a la resocialización de sus demás compañeros de
confinamiento[271].
Dichas circunstancias, en conjunto, obligaban a considerar, en defensa de la pluralidad
religiosa, medidas alternativas para asegurar la manifestación espiritual del
actor, respetando el orden general requerido en un establecimiento de
reclusión. Es decir, medios alternos a su alcance menos
gravosos para la libertad y proporcionados al beneficio buscado por la prisión.
Por ejemplo, podría haber autorizado la posesión del cuadro y someterlo a
controles constantes de seguridad por parte de la guardia a través del escáner
de rayos x, el detector de metales o el olfato de los caninos con el fin de
evidenciar cualquier posible irregularidad, permitir su uso bajo unas determinadas
circunstancias de modo, evaluadas previamente por la propia autoridad
penitenciaria o permitir la sola tenencia de una lámina, estampa u otro elemento
-distinto a un cuadro- que reflejara la imagen sagrada para su conservación en
la celda. Tales consideraciones no fueron atendidas y, por ende, existió una restricción desmedida al goce del derecho fundamental.
Justamente, la ausencia de argumentación
conllevó a que no se demostrara que la limitación impuesta a la conducta asociada con la religión que profesa el accionante tuviera
un efecto concreto sobre la búsqueda y el establecimiento de condiciones de seguridad, tranquilidad y convivencia pacífica en la
prisión donde permanece confinado ni que la decisión
restrictiva adoptada fuera proporcional y adecuada para lograr tales propósitos
legítimos, circunscribiéndose el ente accionado a la aplicación estricta y
exegética de unas disposiciones reglamentarias internas que, de manera general
y aparente, autorizaban su comportamiento[272].
Es preciso recordar que el Reglamento General del INPEC[273], cuyo contenido
impacta y determina los regímenes internos de los distintos centros carcelarios
nacionales, contiene una visión amplia de reconocimiento pleno a la dignidad
humana, al tratamiento igualitario libre de discriminaciones y a la
incorporación de enfoques diferenciales que aceptan la realidad de poblaciones
con características y necesidades particulares. Para volver regla jurídica este
mandato, se agregaron disposiciones tendientes a permitir elementos de uso
diario en las cárceles, normas que deben armonizarse con el resto del
articulado[274].
En efecto, el artículo 49 prevé que los Directores de los establecimientos de
reclusión permitirán el ingreso y la tenencia de objetos “orientados a
garantizar los derechos a la igualdad, la accesibilidad, al libre desarrollo de
la personalidad en razón [del] sexo, género, orientación sexual,
identidad y expresión de género, raza, etnia, religión y situación de
discapacidad de las personas privadas de la libertad”.
Dicha interpretación respetuosa de la
diferencia que, además constituye un principio rector para las autoridades penitenciarias,
no fue atendida por la prisión y, por ende, se generó una vulneración arbitraria
de la libertad religiosa y de cultos del señor Ibarra Herrera[275]. En palabras del
Padre Alberto Múnera Duque, S.J., “[p]rincipio fundamental del Derecho es
que las normas deben ser establecidas e interpretadas según la racionalidad
humana y no absolutizadas inflexiblemente. La simple racionalidad bastaría para
no castigar a personas privadas de su libertad, con disposiciones que afecten
de manera desproporcionada su salud física, mental o espiritual. Cuando no se
ejerce esta elemental racionalidad, las personas afectadas se ven forzadas a
acudir a la exigencia constitucional del respeto de los derechos establecidos,
en este caso al de la libertad de conciencia y al de la libertad de cultos y
religiosa”[276].
Esta irracionalidad ejercida que impidió la veneración de una imagen
religiosa en la celda, debido a un “reglamento carcelario indiscriminado que
no distingue entre cárceles de altísima seguridad y otras, y en nombre de la
seguridad de la institución”[277]
implicó desconocer la práctica de la devoción del interno y el beneficio
espiritual que su ejercicio podía representar en el proceso resocializador el
cual está mediado, entre otros factores, por la forma en que la persona se
presenta y se representa bajo reclusión[278].
Precisamente, conforme lo señaló el Párroco
de la Iglesia El Niño Jesús, Julio Humberto Olarte Franco, desde el punto de
vista espiritual, “el recluso Álvaro Andrés Ibarra al mantener en su
celda la imagen del Divino Niño, debido a su devoción, se siente acompañado en
el proceso penitenciario que debe afrontar por su falta reprochable. De igual
forma, la confianza puesta en la imagen del Divino Niño le ayuda al interno a
soportar la incertidumbre, los cuestionamientos y las adversidades a las que se
enfrenta y a las cuales es vulnerable por su condición de inferioridad al
interior del penal, aunado al estigma social, [la depresión y el
sufrimiento] que enfrenta por el error cometido”[279]. La oración
ferviente a la imagen sagrada “le sirve a este condenado, para
promover momentos de reflexión y crecimiento espiritual y personal, que lo
pueden alejar de la posibilidad de reincidir en la comisión de conductas que
atenten contra las buenas costumbres, la moral y las reglas establecidas para
vivir en sociedad”[280],
incorporándolo en un estado de tranquilidad, esperanza y deseo de corregir la
conducta que lo tiene allí recluido, lo cual, según el actor, “no justifica
que [se le dé] un tratamiento contrario, puesto que por el solo hecho de
pertenecer a la especie humana [es merecedor] de garantías y respeto de
los derechos humanos, que en ningún caso pueden ser vistos como elementos
puramente ideológicos sino como reconocimiento de realidades”[281].
5.3.4. El
remedio constitucional: el Estado debe respetar las creencias, las
manifestaciones del culto y los elementos sagrados del mismo
La Sala de Revisión, con
fundamento en la situación fáctica descrita y a partir de los elementos de
juicio obrantes en el expediente, concluye que el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de
Cómbita -Boyacá vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y de
cultos del interno Álvaro Andrés Ibarra Herrera al haber tomado una
medida que impactó, arbitrariamente, el ejercicio externo de sus creencias
religiosas, esenciales para la confesión que profesa en virtud del cumplimiento
de una facultad legal que propende por un fin (seguridad y orden) que, si bien
es legítimo, podría haberse obtenido mediante otros medios que no fueran tan
gravosos para el contenido de la garantía superior en conflicto. Constatada la
vulneración, resulta oportuno establecer el remedio constitucional, no sin
antes analizar una situación particular, originada durante el periodo de
revisión.
En respuesta al
requerimiento probatorio efectuado por la Sala, el accionante señaló que los internos que laboran en el área de talleres del centro de
reclusión le hicieron un cuadro en lámina dura de madera delgada en el que le
dibujaron la imagen del Divino Niño Jesús, consagrándose a ella diariamente.
Resaltó, que el problema es que no cuenta con una autorización formal o
certificación para portar dicho elemento al interior de su celda por lo que
teme que ante un operativo de seguridad por parte de los funcionarios del INPEC
sea desprovisto del mismo[282].
Además, las personas privadas de la libertad son, regularmente, trasladadas a
otras cárceles del país “y cada vez que [llega] a un nuevo establecimiento [le] ponen el mismo
problema”[283].
Por su parte, el Comando Operativo de Seguridad de la prisión precisó, durante
el trámite de revisión, que, mediante oficio del 26 de septiembre de 2017, la
Subdirectora del penal, Mabel Julietha Rico Vargas, autorizó la tenencia del
cuadro pretendido en los términos allí señalados (dimensiones iguales o menores
a 20cm x 20cm)[284]
y, a la fecha, “verificando personalmente la celda del PPL Ibarra Herrera,
se pudo evidenciar que la imagen [del Divino Niño Jesús] pernota (sic)
en [la misma]”[285]. Tales circunstancias reseñadas dan lugar a
la configuración de un hecho superado en tanto se produjo “la satisfacción espontánea de
los derechos alegados en el escrito de tutela, a partir de una decisión
voluntaria y jurídicamente consciente del demandado”[286].
Se aclara que al momento de presentarse la acción de tutela -8 de junio
de 2017- el centro carcelario no había autorizado la tenencia de la imagen. Surtidas
las instancias -21 de junio de 2017 y 16 de agosto de
2017, respectivamente- tampoco se había materializado tal permisión. El 26 de
septiembre de la referida anualidad se emitió concepto favorable en torno a la
conservación del elemento y el caso fue seleccionado para revisión por esta
Corporación, el 15 de diciembre de 2017. En este contexto, la Sala estima que esta situación, no exime de responsabilidad constitucional a la autoridad pública
involucrada en la vulneración constatada quien, como se dijo, con su actuación desconoció
las reglas de protección en la materia relacionadas con la salvaguarda de la
identidad religiosa de las personas con restricciones en su libertad.
En esta medida, con el fin de prevenir
que, en el futuro, se ejerzan, en el marco de la relación especial de sujeción,
actuaciones o comportamientos contrarios al derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos, se le advertirá al ente carcelario accionado que no podrá
quitarle o prohibirle al accionante la tenencia de la imagen del Divino Niño
Jesús sin que se cumpla la carga de razonabilidad expuesta en esta providencia.
Se atenta contra la garantía básica cuando “queda [sometida] a
limitaciones que [la] hacen impracticable, [la] dificultan más
allá de lo razonable o [la] despojan de la necesaria protección,
vulnerándose así los intereses que protege la Constitución”[287].
En este punto, la Sala advierte que la
decisión adoptada se profiere teniendo en cuenta la situación fáctica
específica de este caso; en concreto: la creencia alegada por el interno Álvaro
Andrés Ibarra Hererra dentro del contexto de reclusión en el que permanece. A
partir de lo anterior, se precisa que lo afirmado por el juez de segunda
instancia dentro del presente trámite -Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá-, según el cual permitir
el ingreso de la imagen sagrada del Divino Niño Jesús tendría la potencialidad
de desconocer el hecho de que el accionante convive en su celda “con otros
reclusos que podrían profesar una creencia opuesta al culto de las imágenes
religiosas, a los cuales se les terminaría imponiendo [la carga de]
soportar una representación que ofende, ahí sí, sus propias convicciones”[288], obedece
a una circunstancia de hecho particular que se debería atender cuando se
presente. En esta ocasión, nadie ha señalado que tal situación esté ocurriendo al
interior de la prisión y que, por consiguiente, la autorización de tenencia de
la imagen genere una vulneración del derecho a la igualdad. Por ello, no es
admisible que dicha autoridad judicial haya decidido no proteger las garantías
constitucionales del actor suponiendo la presencia de un escenario fáctico no
invocado ni acaecido hasta el momento, y diverso al contexto probatorio
concreto puesto en su conocimiento. La labor del juez constitucional, en un
supuesto de esta naturaleza, es analizar y brindar el remedio de protección más
adecuado ante una situación determinada y cierta que ha sido expuesta por quien
ha acudido al mecanismo de amparo. Su deber no es pretender regular
integralmente una materia, y de forma general, a partir de los hechos puntuales
del caso.
6. Síntesis
de la decisión
6.1. La libre expresión religiosa y de cultos es una libertad pública
fundamental, inseparable de la dignidad humana, que es importante proteger para
preservar la autonomía y la espiritualidad de las personas. El Estado no puede
ser indiferente a las necesidades y sentimientos religiosos de los ciudadanos,
sean cuales sean (incluyendo todas las confesiones, el ateísmo o el
agnosticismo, por ejemplo) y, particularmente, de los individuos privados de la
libertad. Entre otras razones, por el reconocimiento del pluralismo en que se
funda el sistema democrático y por la potencial incidencia que la creencia puede
tener en el tratamiento penitenciario y, en consecuencia, en el proceso de
resocialización. Es obligación de las autoridades carcelarias proteger tanto la
posibilidad del interno de profesar de manera privada y silenciosa el credo de
la preferencia, garantía que resulta intangible y, por consiguiente, exenta de
interferencias estatales así como la difusión y realización de actos públicos
asociados con sus convicciones espirituales que deben ser profundas, fijas y
sinceras.
La libertad de exteriorizar una práctica
religiosa, rito, culto o fe determinada está limitada por los derechos ajenos y
por las exigencias del justo orden social, esto es, por el conjunto de
condiciones públicas de seguridad, salubridad, moralidad y tranquilidad, que no
sólo hacen posible la pacífica convivencia en las prisiones sino que permiten
el ejercicio eficaz de la autoridad. No obstante, la restricción que se imponga
debe, siempre, responder a los principios constitucionales de razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad, es decir, las limitaciones a garantías superiores,
en un Estado Social de Derecho, no pueden ser arbitrarias ni discrecionales pues
la presunción debe estar siempre a favor de la libertad, en su grado máximo de
expresión.
6.2. Las autoridades penitenciarias (Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare y Establecimiento Penitenciario
de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá)
vulneran el derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos de William Alexander Pérez Mahecha y Álvaro Andrés
Ibarra Herrera, respectivamente, al haber impuesto una medida que impacta el
ejercicio de sus creencias religiosas más profundas y sinceras (en el primer
caso, el prohibir usar dreadlocks (rastas) como miembro de la Comunidad
religiosa Rastafari y, en el segundo,  conservar una imagen del Divino Niño Jesús
en la celda en su condición de creyente Católico). En ambos asuntos, se tomó esta
decisión sin que mediara una justificación constitucional razonable orientada
al mantenimiento del orden público, al cumplimiento de la disciplina que
permita la convivencia dentro del penal, la preservación de la salubridad y, en
general, prevenir situaciones que pongan en peligro la eficacia de la función
del sistema carcelario.
La existencia de una restricción
injustificada en el ejercicio de la identidad espiritual de los internos, esto
es, las actuaciones en virtud de las cuales son obligados a actuar contra su creer y su sentir, dificultan el proceso de
resocialización al que se encuentran sometidos por virtud de la relación especial
de sujeción, edificada sobre la idea de desarrollar “todo un cuidadoso
sistema que pretende respetar los valores propios de la dignidad humana
reconocidos a todos los reclusos, estableciendo garantías que hagan de la
experiencia en las cárceles una etapa constructiva y regeneradora del individuo”[289].
6.3. La Sala recuerda que la primera y
principal tarea de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden
nacional para lograr la resocialización es infundir en las personas recluidas
el respeto por los derechos fundamentales de los demás. Para lograrlo se
requiere que en las cárceles se dé el ejemplo requerido y se haga lo posible
por atender y salvaguardar las garantías más básicas, como la libertad
religiosa y de cultos.
IV. DECISIÓN
Las autoridades penitenciarias
vulneran el derecho fundamental a la libre
expresión religiosa y de cultos de unas personas privadas de la libertad cuando
toman una medida que impacta y bloquea el ejercicio de sus creencias
religiosas, esenciales para la vivencia espiritual que profesan (en este caso,
mantener el pelo, acceder a comida vegetariana y tener una imagen religiosa)
con fundamento en competencias infraconstitucionales (legales y reglamentarias)
que las facultan para adoptar políticas de disciplina, seguridad, orden público
y salubridad carcelaria que no resultan estrictamente necesarias, a la luz de
las circunstancias concretas, y que pueden ser reemplazadas o alcanzarse por
otros medios menos gravosos para el valor de la libertad.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR la sentencia de instancia proferida por el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Yopal
-Casanare, el 18 de agosto de 2017, que negó la acción de tutela presentada por
el señor William Alexander Pérez Mahecha. En su
lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación
sobreviviente, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia (Expediente T-6488263).
Tercero.- ADVERTIR a la Dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare que en caso de que el señor
William Alexander Pérez Mahecha se someta nuevamente a la relación de sujeción
con el Estado por virtud de la revocatoria de la ejecución condicional de la
pena concedida, no podrá anular su deseo de dejar crecer, una vez más, sus dreadlocks
(rastas), conforme los controles y medidas a que haya lugar y, deberá garantizarle
durante todo el periodo de encierro, una dieta vegetariana que atienda los
mandatos que le dicta la religión Rastafari a la cual pertenece.
Cuarto.- ORDENAR a la Dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare que adopte, si aún no lo
ha hecho, las medidas que estime adecuadas, necesarias y suficientes para
concientizar a los funcionarios integrantes de la guardia penitenciaria de la
importancia de proteger la expresión religiosa de quienes allí permanecen
recluidos y capacitarlos en los parámetros constitucionales de razonabilidad y
proporcionalidad reconocidos en esta sentencia, así como en la existencia de la
religión Rastafari.
Quinto.- NEGAR las pretensiones de indemnización
de perjuicios e iniciación de investigación disciplinaria invocadas por el
señor William Alexander Pérez Mahecha, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Sexto.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del
Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, el 21 de junio de 2017, y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá, el 16 de agosto de
2017, que negaron la acción de tutela presentada por el señor Álvaro Andrés
Ibarra Herrera. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (Expediente
T-6507069), advirtiendo que no se le puede quitar o prohibir al accionante
la tenencia de la imagen del Divino Niño Jesús sin atender la carga de
razonabilidad a la que se hizo referencia en esta sentencia.
Séptimo.- LIBRAR las
comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como
DISPONER
las notificaciones a las partes-
a través del juez de tutela de primera instancia-, previstas en el artículo 36
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO I
Actuaciones surtidas en sede de revisión
1. La Sala de
Revisión, a efectos de adoptar una decisión integral en los asuntos de la
referencia, profirió el Auto del 23 de marzo de 2018 a través del cual le
solicitó información a los establecimientos penitenciarios accionados en cada
uno de los procesos acumulados, a los accionantes de ambas solicitudes de
amparo, al Padre Alberto Múnera Duque, S.J., la
Parroquia del Niño Jesús 20 de Julio, al hermano James Robinson, Rasta
Nini, de la Alianza Rastafari de Panamá y al Representante Legal y Director
Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio
Puentes Amador. Igualmente, se puso en conocimiento de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y del Ministerio de Justicia y del Derecho, el contenido de
los expedientes de tutela para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones de los casos. Posteriormente, se emitió el Auto del 19 de abril de
2018 mediante el cual se dispuso requerir, una vez más, a algunas de las entidades
y de los particulares referidos por no haberse pronunciado ante una primera
solicitud.
2. En relación
con el expediente T-6488263 se obtuvo la siguiente información:
2.1. El
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare fue requerido, en
sede de revisión, y mediante respuesta del 16 de abril de 2018 su Director
encargado[290]
se pronunció sobre las preguntas formuladas por la Sala[291]. El primer
interrogante formulado fue el siguiente: “1. [i]nformar (i) las
razones precisas, de hecho y de derecho, por las cuales el interno William
Alexander Pérez Mahecha fue despojado de sus Dreadlocks (rastas) al momento del
ingreso al penal, a pesar de invocar el respeto a sus creencias religiosas”.
Al respecto, indicó, de manera preliminar, que el actor ingresó al penal el
día 13 de junio de 2017, sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes y, posteriormente, al momento de dictarse fallo se le
concedió la ejecución condicional de la pena la cual se hizo efectiva el 6 de
octubre de 2017.
Sobre la
pregunta, en particular, advirtió que, de conformidad con lo establecido en el
reglamento interno vigente[292],
el procedimiento de ingreso al penal comprende el corte de pelo de todos los
internos en tanto actuación necesaria para garantizar la salubridad y la
higiene de la prisión. Para fundamentar esta posición, hizo alusión a la
sentencia T-499 de 2010[293]
en la que se estudió la situación de un recluso a quien se le impuso el corte
de cabello al rape pese a que presentaba una cicatriz en su cabeza que
al tornarse visible suscitó las burlas de los demás presos. Allí, la Corte
Constitucional consideró que tal actuación había sido desproporcionada como
quiera que para lograr la seguridad y la identificación de los presos -en tanto
fines perseguidos con la medida- no era necesaria una exigencia de tal magnitud
pues bastaba con exigirles llevar el cabello corto o no usarlo largo. Esta
última restricción, “constituye una medida razonable que se justifica en el
sometimiento de los reclusos a un régimen jurídico especial, a través del cual
se busca lograr, entre otros propósitos, la disciplina, la seguridad y la
salubridad al interior de los centros de reclusión, con miras a alcanzar su
resocialización, como finalidad de la pena. Ello, sugiere entonces que el
interno deba llevar siempre el cabello corto”. De acuerdo con lo anterior, precisó
la cárcel, “los funcionarios que intervinieron en las actuaciones que
conllevaron al corte de cabello realizado [al accionante] indicando que
no se efectuó rapado, actuaron en cumplimiento a lo establecido en la Ley, [al]
Reglamento interno vigente para la fecha y en concordancia con pronunciamientos
de las altas cortes”[294].
En lo que
corresponde al segundo interrogante: “(ii) [i]nformar por qué tal actuación
fue necesaria para garantizar la seguridad, la disciplina y el orden al
interior del centro de reclusión. ¿No era posible tramitar su petición primero?”,
indicó que la fisonomía de un hombre cambia de manera sustancial cuando se deja
crecer su barba y su cabello, lo que podría llevar a que se presenten
situaciones de inseguridad y dificultades al momento de identificar a las
personas privadas de la libertad en los diferentes patios del centro de
reclusión, además “si se les permitiera que a su libre albedrío ellos
pudieran dejarse crecer el cabello y la barba, también se [podrían]
presentar inconvenientes de salubridad, más cuando como es sabido [en los
establecimientos] se cuenta con altos índices de hacinamiento”[295]. Agregó que si bien
el peticionario adujo pertenecer a la Comunidad Rastafari únicamente soporto
dicha calidad hasta cuando presentó la acción de tutela de la referencia.
Acerca de la
pregunta: “(iii) ¿cuál fue el trámite dado por el penal a la petición
elevada por el apoderado judicial del actor en la que certifica su pertenencia
a la Comunidad Religiosa Rastafari y, por consiguiente, invoca que “se respete
su libertad de culto y derecho al desarrollo de su libre personalidad, que se
respeten sus votos [cabello], su forma de alimentarse y de llevar su vida
rastafari, al momento de su ingreso a las instalaciones del establecimiento
penitenciario y carcelario de Yopal - Casanare?”, contestó que la solicitud
referida nunca fue radicada en el establecimiento carcelario, sin embargo, tras
conocerse la solicitud de amparo incoada en la que se advirtió, por primera
vez, su pertenencia a la confesión religiosa Rastafari, “se dio trámite ante
la empresa de suministro de alimentación quien atendió de forma personalizada
las necesidades en nutrición [del actor], además se brindó atención
psicológica y los espacios para la práctica del libre culto la cual presenta
restricción del uso de sustancias psicoactivas”[296].
En cuanto a los interrogantes: “2.
[c]onsiderando que el interno aduce ser una persona vegetariana, indicar las
medidas que se han adoptado para garantizar su condición de tal durante la
permanencia en la prisión. En caso de que el centro carcelario crea que no es
posible que se le dé ese régimen de alimentación, explicar por qué, y que se
requiere para poder hacerlo” y “3. [a]portar al proceso de tutela copia de la cédula de ciudadanía del
interno William Alexander Pérez Mahecha”, no se emitió una respuesta, en concreto.
2.2. El hermano James Robinson, Rasta
Nini, de la Alianza Rastafari de Panamá mediante correo electrónico de fecha 18
de mayo de 2018 envió a esta Corporación un video que reposa en el portal web You
Tube denominado “Oas Permanent Council -Rights of the Rastafari
Community in Antigua and Barbuda” (Organización de los Estados Americanos
-OEA- Derechos de la Comunidad Rastafari en Antigua y Barbuda) para que
reposara en el expediente[297].
2.3. El accionante William Alexander
Pérez Mahecha no emitió ningún pronunciamiento en la materia, advirtiendo que
el requerimiento de la Sala fue devuelto por la Empresa de Servicios Postales
Nacionales -472- con la anotación “no reside - libertad”[298]. Por su
parte, la solicitud efectuada al Representante Legal y Director Nacional de la
Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador,
tampoco pudo materializarse pues la empresa de correspondencia señaló que los
lugares indicados[299]
para efectuar el requerimiento correspondían a una “dirección errada”[300] o el
requerido era “desconocido”[301].
3. En relación
con el expediente T-6507069 se obtuvo la siguiente información:
3.1. La Sala requirió al Padre Alberto Múnera Duque, S.J. para que
enviara con destino al proceso de la referencia la siguiente información: “[i]ndique al Despacho, si considera que teniendo en cuenta las
creencias propias de la religión Católica, el reclamo de una persona privada de
la libertad en torno al ingreso y tenencia de un cuadro con la imagen del
Divino Niño Jesús en su celda, es de una importancia tal para su fe que debería
prevalecer, de ser factible, sobre las reglas de seguridad y disciplina de la
cárcel donde permanece recluido”.
A través de informe del 10 de abril de
2018, el sacerdote y profesor titular de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana, Alberto Múnera Duque, S.J. se pronunció sobre
el requerimiento efectuado en revisión[302].
Por su importancia para la resolución del caso concreto, se transcribirá, en su
integridad, la intervención realizada, en los siguientes términos:
“En el
cristianismo católico desde sus inicios hace más de dos mil años, siempre se ha
reconocido el valor de contar con imágenes de Jesucristo a quien asume como
Hijo de Dios hecho hombre, de la Virgen María y de los mártires y santos
canonizados. El culto que se rinde a Dios se considera de adoración o
latría, mientras que el culto que se rinde a la Virgen María y a los santos
canonizados se considera de veneración, analógica a la que se ofrece a imágenes
de los seres queridos o de personajes célebres.
En la
religión católica el culto de adoración a Dios, es absolutamente esencial pero
no exige ni un lugar ni un tiempo determinado, pues se rinde desde el interior
de la persona y puede realizarse en cualquier momento.
Sin embargo,
el cristianismo católico ha construido lugares de culto de adoración y de
veneración, donde se congregan los fieles para tal fin. Igualmente ha
establecido tiempos especiales durante el año para la expresión pública de la
fe con diversas actividades. La celebración de los Sacramentos del cristianismo
católico generalmente se realiza en los lugares consagrados al culto como son
los templos y capillas.
En cambio, la
veneración de imágenes puede ser realizada por los fieles en cualquier lugar
público o privado, como la propia habitación o algún lugar designado dentro del
espacio de la residencia. Los fieles acostumbran hacer su oración frente a las
imágenes que veneran, por el apoyo espiritual que reciben al tener presente una
visualización física del Dios que adoramos puesto que, según el cristianismo,
Jesucristo es Dios que asumió hacerse humano y por tanto es representable, o de
los santos que veneramos como histórico modelo de virtud. Las imágenes de
Jesucristo lo representan principalmente en su nacimiento, en su infancia, en
diversos momentos de su predicación o de sus actuaciones, en su última cena, en
los padecimientos de su pasión, en su crucifixión y muerte.
La imagen de
Jesús niño, según representación que se venera en la Parroquia del Veinte de
Julio en Bogotá, goza de una especial devoción de los fieles capitalinos. La
veneración de las imágenes constituye un tradicional, valioso y fundamental
apoyo a la fe cristiana católica, y contribuye al fortalecimiento y desarrollo
de la vida espiritual, aspecto esencial del equilibrio de la personalidad
humana, especialmente en situaciones existenciales y sicológicas padecidas por
las personas en el trayecto de su vida. Así se ha demostrado en infinidad de
casos cuando una simple cruz o una imagen religiosa cristiana de Jesucristo, la
Virgen María, los mártires o los santos, ha servido de soporte, de apoyo y de
resistencia interior a las personas durante momentos extremadamente difíciles
de su existencia.
En razón de
lo anterior, no me parece que exista razón de fondo para impedir la veneración
de una inocua imagen religiosa a una persona privada de su libertad, debido a
que un reglamento carcelario indiscriminado que no distingue entre cárceles de
altísima seguridad y otras, y en nombre de la seguridad de la institución, no
haya incluido contar con una imagen religiosa en la celda de los reclusos que
practican la religión católica.
Principio
fundamental del Derecho es que las normas deben ser establecidas e interpretadas
según la racionalidad humana y no absolutizadas inflexiblemente. La simple
racionalidad bastaría para no castigar a personas privadas de su libertad, con
disposiciones que afecten de manera desproporcionada su salud física, mental o
espiritual. Cuando no se ejerce esta elemental racionalidad, las personas
afectadas se ven forzadas a acudir a la exigencia constitucional del respeto de
los derechos establecidos, en este caso al de la libertad de conciencia y al de
la libertad de cultos y religiosa. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el
salvamento de voto de la Magistrada Cándida Rosa Araque Navas y me parece que
la irracionalidad ejercida en la interpretación del reglamento carcelario en
este caso, termina conculcando el derecho fundamental a la libertad de cultos y
religiosa esgrimido por el demandante.
Es evidente
para mí como sacerdote y teólogo de la Iglesia Católica, que el beneficio
espiritual del demandante perteneciente a nuestra confesión religiosa, requiere
la veneración de la imagen del Niño Jesús que de manera arbitraria se le ha
negado en razón de un reglamento carcelario irracionalmente interpretado, con
lo cual se ha conculcado su derecho constitucional a la libertad de cultos y
religiosa”.
3.2. Así mismo, se requirió al señor Álvaro Andrés Ibarra Herrera,
actualmente, recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá, para que suministrara información.
Mediante oficio del 12 de abril de 2018 dio contestación a cada uno de los
interrogantes planteados[303].
En relación con la primer pregunta
realizada: “(i) [d]e
qué manera la devoción y adoración por el Divino Niño Jesús constituye una creencia esencial o fundamental para la vivencia de
su religión Católica tan importante que ha de prevalecer sobre las reglas de
orden generales del establecimiento”, señaló que
nació con dicha devoción o “al menos así lo [siente]”[304]. Desde su niñez en el
municipio de Carepa, Antioquia ha sido muy devoto del Divino Niño Jesús y, por
varias generaciones, ha honrado y adorado, junto con su familia, dicha figura
sagrada de la Iglesia Católica, confesión universal del mundo en la que fue
bautizado. Aseguró que, en su casa, de manera diaria, siempre ha sido una
costumbre realizar la novena al Divino Niño Jesús la cual comprende actos de
oración frente a la imagen que refleja a un niño con los brazos abiertos representando
“la infancia de nuestro señor Jesucristo, Rey único, Dios verdadero, Dios de
Moisés, Abraham y Jacob, el cual fue crucificado para el perdón de todos
nuestros pecados”[305].
Refiere que dicha creencia lo ha acompañado en diversos escenarios de su vida.
En efecto, cuando ingresó a las filas del
Ejército Nacional para prestar servicio militar obligatorio en la Brigada 17 de
Carepa -Antioquia siempre conservó la imagen religiosa y realizó actos de
oración sin ninguna restricción. Al obtener su libreta militar de primera clase,
el 4 de mayo de 2006, se presentó ante la Policía Nacional para realizar un
curso en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez ubicada en el municipio de
Corozal -Sucre. Allí se le permitió practicar su devoción, contaba con
imágenes, fotos, estampillas y novenas del Divino Niño Jesús. Al salir de la
Escuela de Formación y ocupar el sexto mejor puesto como alumno del curso, adquirió
la calidad de patrullero y fue asignado para ejercer funciones en la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN- como investigador del grupo de
homicidios en la Seccional de Urabá -Antioquia, lugar de trabajo en el que mantuvo
su creencia al punto que “en [su] escritorio, tenía estampitas e
imágenes del Divino Niño Jesús”[306].
Igualmente, en su carro tenía una imagen de porcelana del Divino Niño y una
estampa grande a color adherida al vidrio trasero. Lo mismo, ocurría en su hogar,
conformado por su esposa e hija, donde se conservaba, en la sala, una imagen
del Divino Niño Jesús de 90 centímetros de alto ubicada en “una urna en
vidrio con un bombillito pequeño, prendido 24 horas la cual siempre [los
iluminó y bendijo]”[307].
Sobre su situación actual, indicó que
permanece confinado en el Patio 1 (funcionarios públicos) del Establecimiento
Carcelario de Mediana Seguridad “El Barne” de Cómbita -Boyacá por haber
incurrido, junto con otros policías, en una conducta punible[308]. Estando
en dicho lugar, solicitó la tenencia de una imagen en porcelana del Divino Niño
Jesús, petición que fue negada por razones de seguridad ya que en su interior se
podían introducir objetos prohibidos teniendo en cuenta que tal material es
vacío por dentro. Por esta razón, los internos que laboran en el área de
talleres del centro de reclusión le hicieron un cuadro en madera delgada en el
que le dibujaron la imagen del Divino Niño Jesús. Precisó que este no es vacío
por dentro, es una lámina dura de madera a la cual le reza todos los días, una
vez se levanta, al medio día, en la tarde y al acostarse a dormir. Lo hace
arrodillado ante la imagen del Divino Niño Jesús, orando mucho por su familia,
especialmente, por su madre, Rosalba Herrera Cossio, quien se encuentra en
delicado estado de salud.
Destacó que el problema es que no cuenta
con una autorización formal para portar dicho elemento al interior de su celda
por lo que teme que ante un operativo de seguridad por parte de los
funcionarios del INPEC sea desprovisto del cuadro por medio del cual manifiesta
su devoción Católica[309]
la cual “no es falsa [ni caprichosa]”[310].
Prueba de ello es que “el pasado 04 de abril [envió] por
correspondencia del penal un documento al párroco de la Iglesia del Divino Niño
Jesús del barrio 20 de julio de Bogotá para que en sus oraciones [incluyera
a su mamá] Rosalba Herrera Cossio”[311].
Concluyó, manifestando que el cuadro puede ser objeto de control constante en el
escáner de rayos x, el detector de metales e, inclusive sometido al olfato de
los caninos pues nada “malo o ilegal”[312]
contiene y, por ende, no afecta de ninguna manera la seguridad del penal. Lo
único que desea es “honrar al Divino Niño Jesús que es [su Dios y señor]”[313].
En lo que atañe al segundo interrogante: “(ii)
[s]eñalar si la pretensión relacionada con la tenencia de un cuadro con
la imagen del Divino Niño Jesús en la celda está encaminada a que el centro
penitenciario le proporcione tal elemento o se orienta a que el mismo sea
suministrado por un tercero”, contestó que él asume el costo del cuadro,
“[solo desea] de corazón que el Director General del INPEC, Brigadier
General Jorge Luis Ramírez Aragón expida certificación y [le] autorice
el cuadro por cuanto [a los internos los trasladan] a otras cárceles del
país y cada vez que [llega] a un nuevo establecimiento [le] ponen
el mismo problema”[314].
3.3. El
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta
Seguridad de Cómbita -Boyacá dio respuesta a los interrogantes formulados por
la Sala Segunda de Revisión mediante oficio del 18 de abril de 2018, suscrito
por su Director, el Mayor (r) César Fernando Caraballo Quiroga[315].
Frente a la
primer pregunta realizada: “1. [i]nformar (i) las razones precisas, de hecho y de derecho, por
las cuales se prohibió el ingreso y la tenencia de un cuadro con la imagen del
Divino Niño Jesús en la celda del interno Álvaro Andrés Ibarra Herrera. En este
punto deberá precisar, por ejemplo, si el problema es el tamaño de la imagen,
los materiales, el solo hecho de tener una imagen u otras razones”, sostuvo
que, conforme a la información suministrada por el Comando Operativo de Mediana
Seguridad del centro de reclusión, “verificando personalmente la celda del
PPL Ibarra Herrera, se pudo evidenciar que la imagen [del Divino Niño
Jesús] pernota (sic) en dicha celda previa autorización de la señora
subdirectora [Mabel Julietha Rico Vargas] con fecha 26 de septiembre de
2017 ya que cumple con las medidas establecidas”[316]. En dicho documento,
la citada funcionaria le advirtió al accionante, en respuesta a un derecho de
petición incoado, lo siguiente: “[e]n atención a su solicitud realizada y
teniendo en cuenta los soportes expuestos en la misma, me permito informar que
se autoriza el ingreso de la imagen religiosa siempre y cuando cumpla con
dimensiones iguales o menores a 20 cm x 20cm”[317]. Con base en estas
premisas, la cárcel solicitó se desestimarán las pretensiones del interno al no
evidenciarse vulneración de sus derechos fundamentales.
En lo que
corresponde al segundo interrogante: “2. [s]eñalar cuál es la
situación concreta del interno, esto es, en qué patio se encuentra recluido, sí
permanece confinado en el pabellón de funcionarios públicos y si está allí por
qué ostenta tal condición”, señaló que el accionante permanece,
actualmente, confinado en el Pabellón 1 del penal adecuado para albergar a ex
funcionarios públicos en virtud de una decisión de tutela. El peticionario se
desempeñó como patrullero (R) de la Policía Nacional por lo que ostenta la
calidad enunciada tal como se desprende de la documentación aportada al
expediente[318].
Finalmente,
comoquiera que la Sala le solicitó: “3. [a]portar al proceso de tutela copia de la cédula de
ciudadanía del interno Álvaro Andrés Ibarra
Herrera”, dicho documento fue allegado al trámite
de revisión[319].
3.4. La Sala
requirió a la Parroquia del Niño Jesús 20 de Julio para
que enviara al proceso de la referencia la siguiente
información: “[i]ndique al Despacho, si considera
que teniendo en cuenta las creencias propias de la religión Católica, el
reclamo de una persona privada de la libertad en torno al ingreso y tenencia de
un cuadro con la imagen del Divino Niño Jesús en su celda, es de una
importancia tal para su fe que debería prevalecer, de ser factible, sobre las
reglas de seguridad y disciplina de la cárcel donde permanece recluido”.
A través de informe del 9 de mayo de 2018, la
Iglesia El Niño Jesús por conducto de su Párroco, Julio Humberto Olarte Franco,
se pronunció sobre el requerimiento efectuado en revisión[320]. Por su importancia
para la resolución del caso concreto, se transcribirá, en su integridad, la
intervención realizada, así:
“Las personas
religiosas que están privadas de su libertad como en el caso de Álvaro Ibarra y
que son devotas del Divino Niño, por su condición de personas aisladas de su
familia, de sus amigos y de la sociedad en general, son grandes candidatas a
caer en situaciones de depresión, intolerancia y sufrimiento, justamente por la
percepción errada o no, del abandono en el que se encuentran.
Desde el
punto de vista espiritual, el recluso Álvaro Andrés Ibarra al mantener en su
celda la imagen del Divino Niño, debido a su devoción, se siente acompañado en
el proceso penitenciario que debe afrontar por su falta reprochable. De igual
forma, la confianza puesta en la imagen del Divino Niño le ayuda al interno a
soportar la incertidumbre, los cuestionamientos y las adversidades a las que se
enfrenta y a las cuales es vulnerable por su condición de inferioridad al
interior del penal, aunado al estigma social que enfrenta por el error
cometido.
La percepción
que se tiene desde fuera sobre la vida en reclusión, conlleva a creer que los
internos tienen que soportar graves violaciones a los derechos humanos tales
como maltrato, castigo corporal, condiciones de insalubridad, violencia,
hacinamiento, riñas, entre otras, en las como en el caso del señor Ibarra, al
contar con la imagen mencionada, obtiene refugio en su oración ferviente a la
imagen del Divino Niño, implorando perdón por sus errores y por el sufrimiento
que le genera a sus familiares y amigos su comportamiento, incorporando al
devoto a un estado de tranquilidad, esperanza y deseo de corregir la conducta
que lo tiene allí.
Por otro
lado, la cultura nuestra frente a la religiosidad y específicamente frente a la
devoción al Divino Niño Jesús, debido a los innumerables testimonios de fieles
que han recibido favores y milagros de esta imagen religiosa, hace crecer en el
recluso su deseo de consagrarse a la imagen del Divino Niño, solicitando la
concesión de una nueva oportunidad en la vida; siendo esta imagen religiosa, su
única compañía espiritual dentro de su celda y el único consuelo del interno
frente al duro tratamiento penitenciario y carcelario que debe soportar.
Considero que
al señor Álvaro Andrés Ibarra Herrera, de ser posible, se le debe respetar su
deseo de mantener en su celda la imagen religiosa del Divino Niño, más aun
cuando con ella no se atenta contra la seguridad del penal o de los internos y
personal en general, por el contrario, la imagen al interior de la celda le
sirve a este condenado, para promover momentos de reflexión y crecimiento
espiritual y personal, que lo pueden alejar de la posibilidad de reincidir en
la comisión de conductas que atenten contra las buenas costumbres, la moral y
las reglas establecidas para vivir en sociedad; es así como recomiendo el
mantenerle en su celda la imagen del Divino Niño Jesús”.
4. En relación
con ambos procesos se obtuvo la siguiente información:
4.1. Mediante
oficio del 6 de abril de 2018, el Director de Política Criminal y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y del Derecho[321]
dio respuesta a la solicitud judicial[322].
De manera preliminar, señaló que el 31 de marzo de 2014, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- adoptó su informe de fondo (No. 3/14)
en la demanda presentada por Martha Lucia Álvarez Giraldo contra el Estado
Colombiano (caso 11.656) quien aducía la vulneración de su derecho a la visita íntima,
en su condición de mujer lesbiana privada de la libertad[323]. En dicho informe se
realizaron 5 recomendaciones específicas que el Estado demandado debía cumplir,
destacándose la adopción de una reforma de las normas reglamentarias del INPEC en
materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios con el
fin de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas recluidas con
base en su orientación sexual[324].
El cumplimiento de dicha recomendación tuvo como punto de partida la expedición
del nuevo Reglamento General del INPEC[325]
que incluyó una visión transversal de varios enfoques diferenciales encaminados
a asegurar los derechos de diferentes grupos poblacionales con intereses y
necesidades particulares.
Con ese
propósito, se incorporó un capítulo relativo a los principios que deben regir
las actuaciones de las autoridades penitenciarias y su relación con quienes
permanecen confinados, a saber, (i) el reconocimiento de la dignidad humana con
base en el cual se prevé un trato de respeto y libre de violencia de cualquier
naturaleza; (ii) el principio de igualdad que supone el rechazo a cualquier
acto discriminatorio por motivos religiosos o posturas filosóficas y (iii) los
enfoques de Derechos Humanos y diferencial que reiteran la importancia de
cumplir los estándares internacionales y constitucionales y reconocen la
existencia de poblaciones con características particulares en razón de su
religión, identidad, diversidad corporal, entre otros aspectos. Tales
principios y enfoques mencionados “constituyen criterios de interpretación
ineludibles de parte de las autoridades de los establecimientos penitenciarios.
Cualquier otro artículo del mismo reglamento debe entenderse acorde a estas
normas rectoras pues sólo así se garantiza que las decisiones de la
administración penitenciaria y carcelaria no sean arbitrarias, y en cambio,
respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”[326].
De acuerdo con
lo anterior, señaló el Ministerio, cualquier decisión que se adopte en virtud
de la necesidad de mantener el orden, la seguridad, la salubridad o la higiene
de las cárceles[327]
“debe contar con una justificación específica para cada caso concreto. No
resulta pertinente imponer medidas sin justificación o motivación puntual,
máxime cuando se trata de personas pertenecientes a grupos poblacionales que
requieren una especial protección”[328].
Así las cosas, los funcionarios del INPEC, al tomar cualquier medida que
involucre la corporalidad de las personas internas o restringa las
demostraciones de su vínculo de religiosidad, como ocurrió en el caso de los
accionantes, “deben hacer un esfuerzo argumentativo para justificar de
manera razonable la imposición”[329],
esto es, se requiere que expliquen las razones por las que “el elemento a
prohibir pone en riesgo la seguridad, o un corte de cabello específico requiere
de una acción sanitaria”[330].
Claramente el INPEC, como autoridad dentro de los centros carcelarios de
Colombia, “tiene toda la competencia para tomar decisiones [que
contribuyan a la efectiva funcionalidad del régimen penitenciario] sin
embargo, éstas deben estar debidamente fundamentadas”[331].
Concluyó que
ninguna disposición del Reglamento General vigente permite “la restricción
arbitraria de los derechos constitucionales fundamentales de las personas privadas
de la libertad, y mucho menos intervenciones desmedidas sobre sus
corporalidades, [lo] que exige una debida argumentación de motivos que
den cuenta de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de cada [acción
que se adopte]. Precisamente el espíritu que irradia el nuevo reglamento es
de respeto, inclusión, igualdad y reconocimiento de la diversidad de
identidades individuales. Por ello se agregaron artículos tendientes a permitir
elementos de uso diario y vestuarios que garantizaran el libre ejercicio de la
personalidad de cada persona, y de esta misma manera [debe] entenderse
todo el articulado”[332]
que impacta, a su vez, el reglamento interno de los centros de reclusión donde permanecen
confinados los actores[333].
4.2. El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- no emitió pronunciamiento
alguno pese a la solicitud probatoria realizada.
ANEXO
II  -  Índice
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6488263
1. Hechos
2. Respuesta de
la entidad accionada
3. Decisión que
se revisa
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente de tutela
Expediente T-6507069
1. Hechos
2. Respuesta de
la entidad accionada
3. Decisiones
que se revisan
3.1. Decisión
del juez de tutela de primera instancia
3.2. Impugnación
presentada por el accionante
3.3. Decisión
del juez de tutela de segunda instancia
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
iIi.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
2. Cuestión previa: las acciones de tutela presentadas por
William Alexander Pérez Mahecha y Álvaro Andrés Ibarra Herrera son procedentes
para buscar la protección de sus derechos fundamentales
2.1. La
acción de tutela puede ser presentada por las personas privadas de la libertad
para reclamar sus derechos (Legitimación para actuar)
2.2. En los
presentes asuntos se cumple con el requisito de inmediatez y subsidiariedad de
la acción de tutela
2.3. Conclusión
3. Planteamiento de los casos y
del problema jurídico
4. Las personas
privadas de la libertad están en una relación de especial sujeción: el Estado
debe garantizarles el ejercicio de su derecho
fundamental a la libertad religiosa y de cultos de manera real y efectiva,
adoptando las medidas que resulten necesarias y adecuadas para alcanzar tal
propósito
4.1. La relación de sujeción que mantienen las personas
privadas de la libertad con el Estado no les quita su calidad de sujetos con
posiciones de derechos fundamentales
4.2. El ejercicio de la
libertad religiosa y de cultos, en el marco de la relación especial de
sujeción, debe ser asegurado de manera reforzada, sin otras
limitaciones o restricciones a las que razonable y proporcionalmente haya lugar
5.
Los Establecimientos Penitenciarios de Yopal -Casanare y Cómbita -Boyacá
vulneraron el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos de los
accionantes al restringir, el ejercicio de sus creencias religiosas más
profundas, sin justificación razonable
5.1.
Introducción
5.2. Caso
William Alexander Pérez Mahecha (Religión Rastafari) vs Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare (expediente
T-6488263)
5.3. Caso
Álvaro Andrés Ibarra Herrera (Religión Católica) vs Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta
Seguridad de Cómbita –Boyacá (expediente T-6507069)
6. Síntesis de la decisión
IV. DECISIÓN
ANEXO I  -  Actuaciones surtidas en
sede de revisión
1.
Introducción.
2. Información
del expediente T-6488263.
3. Información
del expediente T-6507069.
4. Información
de ambos procesos
ANEXO II  -  Índice
[1] El auto de selección fue notificado el 29
de enero de 2018.
[2] Artículo 376 de la Ley 599 de
2000 modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la
cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad”.
[3] Folio 2. En adelante, siempre
que se haga mención a un folio del expediente se entenderá que hace parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[4] Obra en el proceso una “solicitud de respeto de derechos
fundamentales” incoada por el apoderado judicial del accionante ante el
Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare en
la que precisa que el señor Pérez Mahecha “en la actualidad se encuentra
recluido en la carceleta de la URI de esta ciudad”, no obstante, una vez se
produzca su ingreso al centro de reclusión aludido solicita “se abstenga de
autorizar el corte de cabello de [su]
prohijado” y, en concreto,
advierte “se tenga en cuenta la diversidad cultural de [su] defendido, en el sentido de recortar su
pelo o cabello dado que pertenece a la comunidad Rastafari, que se identifican
con Dreadlocks (rastas)”
(folios 5 y 6).
[5] Folio 6.
[6] De acuerdo con el Código de
Conducta Rastafari: “El Rasta no pasa cuchillo por su cabello, quien ría de
su voto, juegue de su voto o corte su voto, es una persona que será borrada del
pueblo de Israel. Por eso la importancia de cuidar sus votos, así como lo hizo
nuestro señor Jesucristo que los cuido hasta el día de su crucifixión y después
hasta su transformación” (folios 1 y 13).
[7] Reposan en el expediente de tutela documentos suscritos por
el Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra
Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador, del 18 y 22 de mayo de
2017 en los que advierte lo siguiente: “Manifiesto que conozco de vista y
trato desde hace más de 10 años al señor William Pérez Mahecha identificado con
la cédula de ciudadanía 1032379921 de Bogotá” (folios 7 al 11).
[8] Folio 7.
[9] Conforme lo dicho por el peticionario: “Son más de 14
años cuidando y protegiendo mi cabello para dios, símbolo de respeto y sumisión
a nuestro señor, no es justo conmigo ni con mi comunidad Rastafari, han [mansillado]
una de las cosas más sagradas para nosotros, nuestro cabello, por lo que pido
se castigue con todo el peso de la ley a los responsables del agravio y
respondan ante la federación internacional que nos cobija llamada “Ethiopian
World Federation” avalada y respaldada por las Naciones Unidas los cuales
conocen y defienden mi causa” (folios 2 y 3). Según el Código de Conducta Rastafari: “Si
el sistema le corta a un Rasta sus votos sin su aprobación, este podrá hacer la
queja ante la Federación Internacional llamada “Ethiopian World Federation”
ubicada en Ethiopia, África en su capital [Adís Abeba], donde junto a
las Naciones Unidas se comienza una lucha por la rectificación del error
impuesto por dicho sistema” (folio 25).
[10] Es absolutamente claro que para el momento
en que la autoridad carcelaria accionada le quitó los dreadlocks (rastas) al
peticionario ya tenía conocimiento de su pertenencia activa a la Comunidad
Religiosa Rastafari.
[11] Folio 1.
[12] En palabras del actor: “Fui
despojado de mi cabello lo cual me dolió profundamente ya que desde hace 14
años pertenezco a esta religión y no soy una persona con antecedentes y mi
condición actual es de sindicado” (folio 1).
[13] Folio 1.
[14] Folio 2.
[15] Folio 2.
[16] Folio 2.
[17] Folio 2.
[18] Folio 2.
[19] Folio 3.
[20] Folios 29 y 30.
[21] Oswald Vidales Méndez.
[22] Folios 31 al 36.
[23] Artículos 65 y 66 del
reglamento interno.
[24] En palabras del Director de la
prisión: “Es importante indicar que el cumplimiento de normas y el respeto
de las figuras de autoridad son necesarias para mantener la disciplina y orden
al interior de los Establecimientos de reclusión del orden nacional, situación
que se presentó al momento de efectuar el ingreso [del actor] al
Establecimiento, se [aplicaron] los procedimientos de ingreso aprobados
por el instituto” (folio 32).
[25] En este punto, es preciso aclarar que, en
el escrito de tutela, el actor no planteó, dentro de sus pretensiones, la
autorización de consumo de marihuana al interior de la Penitenciaría de Yopal
-Casanare. La Sala tuvo conocimiento de una presunta afirmación en tal sentido
a partir de lo señalado por la cárcel, en su respuesta a la solicitud de
amparo: “Por otra parte cabe anotar que dentro de las manifestaciones que el
PPL accionante realiza, indica que dentro de sus creencias el consumo de
Marihuana hace parte integral de las mismas, situación que de permitirse
vulnera la Disciplina y orden al interior del establecimiento, anotando además
que el interno se encuentra recluido en la actualidad por el delito de Tráfico,
Fabricación o Porte de Estupefacientes”. No existe en el expediente una
circunstancia fáctica o mención adicional a la ya referida.
[26] Folio 32.
[27] Folio 32.
[28] Folio 32.
[29] Folio 39.
[30] Folio 40.
[31] Folio 8.
[32] Folios 8 al 10.
[33] Folio 36.
[34] Doris Patricia Enciso Ortiz.
[35] Folio 35.
[36] Folio 33.
[37] Folios 33 y 34.
[38] Folio 42.
[39] Folio 3.
[40] Folio 3.
[41] Folio 9.
[42] Folio 9.
[43] Folio 4.
[44] Folio 5.
[45] Folio 4.
[46] Folio 5.
[47] Folio 4.
[48] Folios 10 al 12.
[49] Mabel Julieta Rico Vargas.
[50] Folios 13 al 27.
[51] Folio 14.
[52] Artículo 21, parágrafo 7: “En los
dormitorios no se permitirán cuadros, afiches, grafitis, ralladuras, cortinas,
persianas y cualquier clase de adornos o decorado”.
[53] “Por la cual se expide el
Reglamento de Régimen Interno para los Pabellones de Alta Seguridad”.
[54] Dicha disposición hace
referencia a los elementos cuya tenencia y uso se encuentran expresamente
permitidos en las celdas y dormitorios de las personas privadas de la libertad.
[55] “Por la cual se expide el
Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
-ERON a cargo del INPEC”.
[56] Folio 16.
[57] Folio 32.
[58] Folio 32.
[59] Folio 32.
[60] Folios 36 al 43.
[61] Centro Penitenciario y
Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá.
[62] Centro Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad “El Barne” de Cómbita -Boyacá. El tutelante
advierte que esta zona de la prisión se encuentra integrada por más de 1800
internos, distribuidos en un total de 10 patios al tiempo que el área de alta
seguridad supera este número de reclusos.
[63] Indica el actor que el capellán
de la prisión igualmente adelanta trámites de certificación, matrimonio, cartas
de recomendación, entre otras diligencias similares (folios 37 y 38).
[64] Folio 38.
[65] Folios 40 y 41.
[66] En relación con la decisión de segunda instancia, se
presentó salvamento de voto por parte de una de las Magistradas del Tribunal
Superior de Tunja, advirtiendo que se debió amparar el derecho fundamental a la
libertad religiosa y de cultos del actor. Desde su óptica: “La doctrina de
la Iglesia Católica está cimentada en la fe católica, que entre otros aspectos
se refleja en un sin número de imágenes religiosas y reliquias o relicarios de
santos, a los cuales se les venera. De ahí, que el impedir instalar la imagen
requerida por Álvaro Andrés Ibarra en su celda cercena de tajo los derechos de
actuar acorde a la religión que profesa interfiriendo en su decisión de
reverenciar una imagen que hace parte de su devoción, pues al no permitirla
tenerla consigo se interfiere flagrantemente en su ejercicio de fe y espiritual
que redunda en su fuero interno, con mayor razón cuando se encuentra en un
establecimiento carcelario que no solo lo aleja de la sociedad sino de su
libertad de expresión religiosa dentro de los parámetros propios de la religión
que profesa”. Señaló que el supuesto potencial peligro que representaría la
tenencia de la imagen en la celda es hipotético y ello desconoce, de forma más
gravosa, la vida espiritual del tutelante “lo que [amerita] sin lugar
a dudas la protección constitucional” (folios 20 al 26 del cuaderno de
impugnación).
[67] Folio 13 del cuaderno de impugnación.
[68] Folio 13 del cuaderno de impugnación.
[69] Folio 14.
[70] En concreto, se requirió, por
segunda vez, al
señor William
Alexander Pérez Mahecha, a las
Direcciones de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Yopal
-Casanare y Cómbita -Boyacá, a la Parroquia del Niño Jesús 20 de Julio, al hermano James
Robinson, Rasta Nini, de la Alianza Rastafari de Panamá, al Representante Legal
y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG,
Óscar Mauricio Puentes Amador y a la Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
[71] Constitución Política, artículo
86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[72] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[73] “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[74] Artículo 30 del Decreto 4151 de
2011, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario ­ INPEC y se dictan otras disposiciones”.
[75] La inmediatez encuentra su
razón de ser en la tensión existente entre el derecho a presentar una acción
constitucional “en todo momento” y el deber de respetar su configuración como
un medio de protección “inmediata” de las garantías básicas. Es
decir, que pese a no contar con un término preestablecido para efectuar la presentación,
debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de
la tutela y su interposición oportuna.
[76] Folio 3.
[77] En la sentencia T-490 de 2004. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, el accionante, recluido en la Penitenciaría Nacional de
Valledupar, alegaba que las autoridades carcelarias no le habían proporcionado
la dotación reglamentaria (2 uniformes, 2 sabanas, 2 fundas, 1 par de botas,
ropa interior y útiles de aseo personal para un periodo de un año) pues, en su
caso, solamente le habían entregado “un uniforme y un par de botas hace
treinta meses”. La solicitud de amparo fue negada ya que a juicio de la
autoridad judicial el deber de suministro de implementos de aseo y de uso
personal tenía origen en el Código Penitenciario y Carcelario y en el
reglamento del penal, de ahí que el derecho legal a la dotación podía exigirse
mediante otros mecanismos de defensa judicial, como por ejemplo la acción de
cumplimiento. Sobre el particular, la Sala Séptima de Revisión estimó lo siguiente:
“Estas consideraciones del Juez de instancia son parcialmente ciertas, en la
medida en que por regla general los derechos de rango infraconstitucional no
son susceptibles de protección por la vía de la acción de tutela. No obstante,
el juez de instancia realiza una interpretación que desconoce, en primer lugar,
la situación especial del actor como sujeto pasivo de una relación de especial
sujeción y, en segundo lugar, pasa por alto el postulado, este si fundamental
en un estado social de derecho, consistente en que los contenidos concretos de
los derechos fundamentales son en principio determinados por el
Legislador”. Y agregó: “La Corte no puede aceptar una interpretación que
se erige sobre una distinción casi de principio entre los contenidos de la ley
y los reglamentos y los de la Constitución; no es correcto afirmar que a partir
de una diferencia formal entre Constitución y ley o reglamento, se siga
necesariamente una diferencia material entre sus contenidos. Tampoco es
admisible desde una correcta interpretación de los derechos fundamentales
sostener posiciones sobre una concepción fracturada del ordenamiento jurídico.
En este sentido la razón que sirve al juez de instancia para declarar la
improcedencia deberá ser revocada por la Corte”. En igual sentido, puede
consultarse la sentencia T-100 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[79] M.P. María Victoria Calle
Correa; SVP Mauricio González Cuervo.
[80] En la sentencia T-153 de 1998.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sala Tercera de Revisión declaró que el
Sistema Penitenciario y Carcelario estaba en un estado de cosas
inconstitucional, emitiendo una serie de órdenes tendientes a superarlo. El
hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y
asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, así
como la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los
reclusos originaron esta declaratoria. Esta situación, que se entendió superada
medianamente en un momento, se volvió a presentar nuevamente, por lo que la
Sala Primera de Revisión en la sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo declaró una vez más este estado
contrario a la Constitución Política de 1991. Allí, se aclaró que aunque la
situación actual era crítica, se trataba de un escenario diferente al
constatado hace ya más de una década debido al incremento en los problemas
estructurales, la aparición de nuevas amenazas y violaciones no consideradas en
su momento y el hecho de que las políticas y programas planeados inicialmente,
aparentemente válidos y adecuados para el entorno considerado, eran inadecuados
e insuficientes para las actuales demandas. Como consecuencia de lo anterior se
adoptaron una serie de órdenes encaminadas a superar esta situación,
advirtiéndose la presencia de diversos factores generadores de ella,
destacándose en concreto los siguientes: “(i) Los derechos
constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera
masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y
garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de forma
prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado prácticas claramente
inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano; (iv) hay una
ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que
se requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas estructurales
compromete la intervención de varias entidades, que deben realizar acciones
complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas privadas de
la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran
acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo
hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el
sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo”. En la sentencia T-762 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado se reiteró esta declaratoria y se
extendió a la política criminal en general. Recientemente, en la sentencia
T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Sala Segunda de Revisión
analizó la situación de reclusión en 5 penitenciarías del Departamento de
Nariño. Allí se constató que el escenario advertido ponía, una vez más, en evidencia
una violación masiva y múltiple de los derechos fundamentales de la población
privada de la libertad, por una situación estructural que envolvía:
hacinamiento; deficiencias en infraestructura y en las condiciones sanitarias;
falta de servicios asistenciales de salud; dificultades de acceso a las
posibilidades de resocialización de la pena (trabajo, estudio y recreación);
carencia de lugares para ejercer el derecho a la visita íntima o conyugal;
déficit en la prestación de los servicios públicos, especialmente, en lo que
atañe al agua; y reclusión conjunta e indistinta de los individuos condenados y
aquellos sujetos a medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Por
ello, se concluyó que los casos objeto de estudio se enmarcaban dentro del
estado de cosas inconstitucional declarado con anterioridad.
[81] “Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario”.
[82] Sentencia T-490 de 2004. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett. Allí se indicó que esto implica, por ejemplo, que ante la
imposibilidad de que los reclusos puedan emplear libremente su fuerza de
trabajo a cambio de un salario, y ante la inexistencia de las condiciones
ideales para ejercer con suficiencia sus libertades económicas, aquellos se
vean abocados a una fuerte dependencia existencial frente al Estado.
[83] Esta categoría, en el contexto
de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la
libertad, fue empleada por primera vez en la sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro
Angarita Barón. Allí, la Sala Primera de Revisión analizó la situación de
varios ciudadanos privados de la libertad en la cárcel de “Peñas Blancas”
ubicada en Calarcá, Quindío, a quienes por diferentes circunstancias se les
había vulnerado por parte de las autoridades carcelarias su derecho fundamental
a la dignidad humana, debido a las precarias condiciones de higiene y sanidad
presentes al interior del centro de reclusión. De manera concreta, se aludía a
la existencia de tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada
evacuación de excretas en recintos cerrados de la correccional. Los internos se
quejaban también del insoportable panorama ambiental generado por la ubicación
de letrinas deterioradas, en mal estado, sin agua suficiente para la limpieza y
contiguas a los sitios destinados para descansar. En atención a estas
circunstancias probadas de desprotección, se concedió el amparo de los derechos
fundamentales de los reclusos en tanto la situación en la que vivían era algo
intolerable, degradante e inhumana constatándose, además, la existencia de una
palmaria negligencia en punto de la satisfacción de contenidos mínimos
esenciales a cargo del Estado que no tenía atenuante alguno en el
hecho de estar referida a individuos que habían cometido delitos. Por ello, se
le ordenó al Ministerio de Justicia -Dirección General de Prisiones- que
adecuara y reparara los dormitorios, baños, rejillas, la disposición de basuras
y, en general, la infraestructura física del penal de acuerdo con las
recomendaciones establecidas por el Instituto Seccional de Salud del Quindío,
luego de una visita realizada a la prisión. La providencia T-153 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, también constituye un precedente hito sobre la
categoría de especial sujeción. En esa sentencia, se estudiaron casos de
hacinamiento en 2 instituciones penitenciarias del país (La Modelo de Bogotá y
Bellavista de Medellín). Al visitar las instalaciones de confinamiento, la Sala
Tercera de Revisión observó que la política carcelaria del Estado no estaba
garantizando la protección de los derechos fundamentales de los reclusos, ni
las condiciones mínimas de existencia digna y, por consiguiente, declaró un
estado de cosas inconstitucional.
[84] Con relación a los elementos
característicos de las relaciones de sujeción en el caso de las personas
privadas de la libertad, la Corte se pronunció en la sentencia T-881 de 2002.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en la cual recopiló su jurisprudencia al
respecto. La doctrina constitucional en la materia ha sido reiterada en
múltiples ocasiones, entre ellas, en las sentencias T-065 de 1995 y C-318 de
1995 ambas con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero; T-705 de
1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-714 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1030 de 2003. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-1190 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-690
de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-490 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; T-274 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-274 y T-1275 de
2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-848 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-317 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-566 de
2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-793 de 2008. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-705 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-311 de 2011. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez; T-077 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e); T-388 de
2013. M.P. María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo; T-762 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-197 de 2017 y T-180 de 2017 ambas con ponencia del Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-100 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Valga advertir que dicha categoría ha sido igualmente empleada para referirse a
la existencia de vínculos de subordinación o indefensión como, por ejemplo, los
casos de la prestación del servicio militar, la prestación de trabajo como
funcionario público y la utilización de un servicio público. En todos estos
supuestos, entre la administración y el administrado existe una normal relación
de supremacía o sujeción, en la cual toda persona se encuentra bajo la potestad
organizativa de la administración.
[85] Sentencia T-596 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón.
[86] Sentencia T-596 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón.
[87] Sentencia T-596 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón.
[88] Erróneamente se ha pensado que
el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber atentado contra
la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al ingresar a un
centro de reclusión, incluso, en relación con aquellas garantías que no están
en directa correspondencia con la pena o la medida de seguridad que se le ha
impuesto. Según esto, “el preso, al ingresar a la institución carcelaria,
pierde buena parte de sus derechos y aquellos que no pierde de manera
definitiva, se encuentran sometidos a la posibilidad permanente de vulneración,
sin que ello sea visto como una violación similar a la que se comete contra una
persona libre. De acuerdo con esta visión dominante, los derechos del preso son
derechos en un sentido atenuado; su violación está, sino justificada, por lo
menos disminuida por el mal social cometido”. Sobre el particular, ver la
sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
[89] Cabe advertir que el derecho a
la libertad religiosa y de cultos tiene facetas que resultan intangibles frente
a otras que pueden ser válidamente limitadas. Este asunto será tratado con
detalle en el acápite siguiente.
[90] Los derechos fundamentales no
incluyen sólo prerrogativas subjetivas y garantías constitucionales a través de
las cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones u omisiones de las
autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas
las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte
del Estado de abstenerse de lesionar la esfera individual, también existe la
obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos.
La razón jurídica que explica este compromiso se encuentra en el mandato
constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la
dignidad humana (artículo 1 superior), lo cual determina no sólo un deber
negativo de no intromisión, sino también un deber positivo de protección. Estas
consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de 1992.
M.P. Ciro Angarita Barón.
[91] Desde el punto de vista
constitucional, la readaptación social está íntimamente ligada a las
posibilidades reales de goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Sobre la
resocialización como proceso y las condiciones materiales y de prestación para
su eficacia, pueden consultarse las sentencias T-1190 de 2003. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett y C-328 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[92] En el ámbito jurídico internacional
de los Derechos Humanos, ha existido la preocupación por el respeto de unas
reglas básicas en relación con el trato de los detenidos. De acuerdo con la
doctrina del Comité de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, el
contenido de tales reglas mínimas indica, entre otras cosas, que “deben
existir instalaciones sanitarias suficientes para que cada recluso pueda
“satisfacer sus necesidades naturales en momento oportuno, en forma aseada y
decente”. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
aprobado por la Ley 74 de 1968 también se refiere al trato de los detenidos en
su artículo 10 al señalar que: “Toda persona privada de la libertad será
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”. A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) aprobada en Colombia por medio de la Ley 16 de 1972,
dice lo siguiente en su artículo 5: “1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”.
[93] Las “Reglas Mínimas Para el
Tratamiento de los Reclusos” representan un consenso básico con relación a
estándares de protección en una sociedad democrática, pluralista y respetuosa
de la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las opiniones políticas
o de otra naturaleza, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u
otra situación de hecho cualquiera. Dichas reglas son normas de soft law
que describen las condiciones de internamiento que deben ser garantizadas por
las autoridades penitenciarias para la plena efectividad de los derechos de las
personas privadas de la libertad (las normas de soft law son
disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones
internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen sobre todo
directivas de comportamiento dirigidas a los Estados, más que obligaciones
estrictamente de resultado). Fueron adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus Resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de
mayo de 1967. Desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
las “Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos”. Así lo hizo la
Sala Primera de Revisión en la sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita
Barón.
[94] Juan Fernández Carrasquilla,
“Derecho penal fundamental”, Temis, Bogotá, 1989, p. 88. Esta postura ha sido
asumida por la Corte Constitucional en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966) señala en su artículo 10.3 que: “El régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados”. Por su parte, la Convención Americana
de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente en su artículo 5.6 que: “Las
penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados”. En este mismo sentido, la
Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
señala que: “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado a solamente
el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación
social del preso”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado
igualmente que el recluso no deberá ser marginado sino reinsertado en la
sociedad, por lo que el régimen penitenciario deberá cumplir un principio
básico según el cual: “No debe añadirse a la privación de libertad mayor
sufrimiento del que ésta ya representa. Esto es, que el preso deberá ser
tratado humanamente, con toda la magnitud de la dignidad de su persona, al
tiempo que el sistema debe procurar su reinserción social” (Informe sobre los Derechos
Humanos en Cuba, 2011). Con estos argumentos, esta Corporación ha entendido que
el Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización.
[95] En términos constitucionales,
la dignidad humana es tanto un principio como un derecho fundamental. Como
principio, la dignidad humana “[…] se constituye como un mandato
constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el cual
todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus
posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas
con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las
condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la
dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones
materiales de existencia, e integridad física y moral”. Como derecho
fundamental autónomo, cuenta con los elementos propios de todo derecho “un
titular claramente identificado (las personas naturales), un objeto de
protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad
física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela).
Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo”. Sobre el
particular, ver la sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett en
la que se examinaron dos acciones de tutela. La primera para proteger los derechos
de las personas de un municipio (El Arenal, Bolívar), al que se le había
suspendido el suministro de energía eléctrica por falta de pago (incluyendo al
hospital y el acueducto) y la otra, para proteger los derechos de las personas
recluidas en la Cárcel de Cartagena, a la que se le estaba sometiendo a
racionamientos de la misma naturaleza, debido a que el INPEC no había cancelado
las cuentas correspondientes por diversas circunstancias, incluida la
insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los servicios
públicos. Este hecho había impedido el goce y ejercicio de actividades
cotidianas elementales. En este último caso, la Sala Séptima de Revisión
concedió el amparo, tras considerar que de la prestación ininterrumpida del
servicio de suministro de agua dependía la posibilidad del mantenimiento de las
condiciones materiales de existencia de los habitantes de la prisión. En este
sentido, la actuación desplegada se había traducido en una amenaza de su
derecho a la dignidad humana.
[96] El Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas ha enunciado los presupuestos concretos y específicos
que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales esenciales de todo
individuo recluido, que son impostergables, y de inmediato e imperativo cumplimiento
para los Estados adoptantes quienes tienen la obligación positiva de contribuir
a su realización efectiva. Así ha indicado que: “Todo recluso debe disponer
de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias
adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse
notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben
cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan
hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. Comité de Derechos
Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por la Corte Constitucional
en la sentencia T-851 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esa
ocasión, el proceso de tutela tuvo origen en la demanda presentada por el
Defensor del Pueblo, Seccional Vaupés, en relación con las circunstancias de
detención de la población carcelaria del Departamento especialmente de quienes
se hallaban recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú y en el calabozo del
Comando de Policía de la misma ciudad. En ambos casos, se constató que las
autoridades estatales habían incumplido en forma grave sus obligaciones
constitucionales e internacionales en la materia: mientras que las personas
privadas de la libertad en el calabozo del Comando de Policía se veían
expuestas a condiciones deplorables de reclusión que vulneraban la mayor parte
de los derechos constitucionales de los cuales eran titulares, quienes se
encontraban internados en la Cárcel Municipal veían negado, en lo esencial, su
acceso a la resocialización por medio del trabajo y el estudio. Se ordenó, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias
para lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales de los
individuos afectados con la omisión estatal.
[97] Sentencia T-596 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón.
[98] Los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas disponen que: “5. Con excepción de las limitaciones que sean
evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos
seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado
de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros
instrumentos de las Naciones Unidas”.
[99] La Constitución Política de 1886 establecía
que Dios era la fuente suprema de vida y de autoridad para el bien común, el
fundamento de la dignidad humana y, sobre esta base, que la religión Católica,
Apostólica y Romana era la de la Nación (la oficial) y debía ser respetada y
protegida por los poderes públicos, de manera preferente, por su carácter mayoritario (Así lo disponían el preámbulo y
los artículos 38, 41 y 53 del anterior texto constitucional). Tal visión
confesional se fue paulatinamente morigerando. El Acto Legislativo No. 1 del 5
de agosto de 1936 introdujo, en su artículo 13, la libertad de conciencia
disponiendo que: “Nadie será molestado por razón de sus opiniones
religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas
contrarias a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no
sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral
cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o
pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. El
Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior
aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y
mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica”. La
Carta Superior de 1991 eliminó por completo tal referencia categórica a la
moral cristiana y liberalizó la libertad religiosa y de cultos. En el
preámbulo, los delegatarios de la Asamblea Constituyente invocaron la
protección de Dios pero no le confirieron ningún atributo como fuente de
autoridad o de dignidad, ni establecieron ninguna relación directa con una
religión específica puesto que se consideró que la soberanía residía
exclusivamente en el pueblo. La referencia general que se mantuvo no estableció
la prevalencia de ningún credo religioso, ni siquiera de tipo monoteísta y
simplemente conservó una evocación a un Dios compatible con la pluralidad de
creencias religiosas.
Al respecto, puede
verse la sentencia
C-350 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández
Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa. En aquella
oportunidad, la Sala Plena analizó la constitucionalidad de la Ley 33 de 1927,
“Por la cual se asocia la Nación a un homenaje y se ordena la terminación de
un monumento” y de la Ley 1 de 1952, “Por la cual se conmemora el
cincuentenario de la consagración oficial de la República de Colombia al
Sagrado Corazón de Jesús y se declara una fiesta nacional”.
[100] Sentencia C-088 de 1994. M.P.
Fabio Morón Díaz; AV y SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez
Caballero, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Hernando
Herrera Vergara; SVP José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara. En aquella ocasión, la Corte realizó el control automático de
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho a la
libertad religiosa y de cultos (hoy Ley 133 de 1994).
[101] Sobre el particular, destacó el
constituyente indígena Lorenzo Muelas Hurtado: “Lentamente, humanamente, nos
están reconociendo esa diversidad del pueblo colombiano y ante esa diversidad,
como lo ha destacado el delegatario, doctor Diego Uribe Vargas, que cada uno
podemos (sic) tener nuestros dioses. En eso nos compaginamos, creo que Dios no
es solamente para unos, sino de cada uno de acuerdo a nuestras creencias”.
Comisión Primera, Acta No 12 del lunes 1 de abril de 1991, Gaceta
Constitucional No 119, página 10. Vale señalar que durante los debates en la
Comisión I de la Asamblea Constituyente, algunos sectores quisieron conservar
la prevalencia del catolicismo, considerando que ella no era incompatible con
la plena libertad de cultos y consultaba la realidad social del país. Al
respecto, el constituyente Augusto Ramírez Ocampo expresó: “Se deben
respetar las creencias religiosas ajenas -respeto a los agnósticos, respeto a
los ateos, respeto a los politeístas- pero una gran mayoría del pueblo
colombiano es católico y reconocer este hecho no hace ningún mal sino que
obedece a un comportamiento estrictamente democrático; es una realidad nacional
y es una realidad que yo creo debería ser reconocida”. Comisión Primera,
Asamblea Nacional Constituyente, sesión del 24 de abril de 1991.
[102] La laicidad -en la que el
Estado adopta una actitud de neutralidad respecto del poder religioso,
separando el poder político del espiritual- se encuentra en el artículo 1
superior al establecer que Colombia es un Estado social de derecho organizado
en forma de República “democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana”. Así mismo, en el artículo 2 ibídem al
determinar que las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades. En igual sentido, el artículo 2 de la
Ley 133 de 1994, “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa
y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”
establece que: “El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias,
así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación
de éstas y aquellas en la consecución del bien común. De igual manera,
mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y
confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana” por la
trascendencia inherente a ellas mismas. Como lo precisó el constituyente Juan
Carlos Esguerra Portocarrero, la posibilidad de celebrar convenios con la
iglesia católica “no produce un Estado confesional pues eso se ha eliminado
del preámbulo”, por lo cual “ninguna confesión tendrá carácter de estatal”.
Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente, intervención del delegatario
Juan Carlos Esguerra Portocarrero en sesión del 24 de abril de 1991, Gaceta
Constitucional No 130, página 4.
[103] El artículo 19 de la
Constitución Política se refiere conjuntamente a la libertad religiosa y de
cultos en los siguientes términos: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda
persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley”. Tal mandato fue desarrollado por la Ley 133
de 1994. En su artículo 1 dispone expresamente que: “El Estado garantiza el
derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución Política. Este derecho se interpretará de
conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por la República” que, de conformidad con el artículo 93 de la Carta
Política, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en el numeral 1 del artículo 12,
contempla que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
religión (…)”. En idéntico sentido, el numeral 1 del artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) reconoce el derecho de toda
persona “a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.
[104] Sentencia C-088 de 1994. M.P.
Fabio Morón Díaz; AV y SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez
Caballero, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Hernando
Herrera Vergara; SVP José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara.
[105] Para la Corte, “el núcleo
esencial de la libertad de religión es, justamente, la facultad de una relación
con Dios”, que resulta ser protegida como derecho. La religión representa
el conjunto de dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y
de temor hacia ella, de tener una visión sobre lo sagrado y profano, de normas
morales para la conducta individual, social y de prácticas rituales,
principalmente de oración así como de sacrificio para el culto. Sobre el
particular, ver la sentencia C-616 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa en la
que se declaró la constitucionalidad del artículo 94 de la Ley 136 de 1994
(Código de Régimen Municipal) de acuerdo con el cual: “Los alcaldes tomarán
posesión del cargo ante el juez o notario público y prestarán juramento en los
siguientes términos: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente
la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos”
(subraya fuera del texto original).
[106] La vida religiosa del hombre no
se desarrolla sólo en el plano externo, ni se limita al cumplimiento de unos
ritos. La vida del hombre religioso abarca, como se lee en el artículo 18 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “el culto, la
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. Al respecto, puede
verse la sentencia T-430 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara. Allí, el
accionante señalaba que en el Municipio de Ubaque, Cundinamarca, el cura
párroco junto con su asistente, lo habían hecho objeto de numerosos ataques
desde el púlpito y en las veredas, por ser el dirigente o cabeza del Centro
Gnóstico de dicho municipio, difamando de la ciencia gnóstica y de sus
integrantes, violando, según él, su intimidad personal, discriminando y
persiguiendo a sus amigos por ser sus seguidores. La Sala Sexta de Revisión
negó el amparo pues “el hecho de que el Cura Párroco de Ubaque (o cualquier
otro Sacerdote de la Iglesia Católica) utilice el púlpito para difundir las ideas
de la religión católica y para defenderla de otras religiones, no quiere decir
que con ello se esté vulnerando o amenazando el derecho constitucional
fundamental a la libertad de cultos, por cuanto es esta misma norma la que le
concede completa libertad para difundir su religión de manera individual o
colectiva”.
[107] Sentencia C-616 de 1997. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[108] En la sentencia SU-626 de 2015. M.P.
Mauricio González Cuervo; AV María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz
Delgado, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis
Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se caracterizó la libertad
religiosa y de cultos, como un derecho a la religiosidad. Este conlleva, por un
lado, que a su titular no se le pueda imponer por parte de ningún otro agente,
público o privado, determinado credo y, por otro, que su convicción sobre lo
sagrado no pueda ser objeto de prohibición. Se trata, de un derecho subjetivo
que tiene varias facetas en las que se conecta con otras libertades ius
fundamentales. Por ejemplo, en lo que atañe a la elección de una fe o de un
sistema de creencias sobre lo sagrado y la trascendencia, se mezcla con la
libertad de conciencia. En aquello relativo a la práctica individual o grupal
de los ritos asociados a ellos, se interconecta con la libertad de expresión,
culto y asociación, si fuere del caso. En aquella ocasión, se concluyó que: “La libertad de
religión y de culto protegida por el artículo 19 de la Constitución, no se
vulnera por la decisión de las autoridades públicas de autorizar una exposición
artística en un museo propiedad del Estado, incluso cuando pueda resultar
molesta para una religión o iglesia, siempre y cuando (i) no constituya un tipo de
discurso en materia religiosa cuya divulgación se encuentre prohibida en las
normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad; (ii) no imponga
creencia alguna ni pretenda obligar que alguien la asuma; (iii) no interfiera
en el ejercicio del culto de ninguna religión; (iv) no impida que las personas
expresen su propia valoración acerca de la exposición o que incluso formulen
públicamente críticas en contra de ella; (v) no suponga el uso de objetos o
bienes de propiedad de una Iglesia alguna; y (vi) no implique el
desconocimiento del deber de neutralidad del Estado, cuyo respeto se asegura
cuando la autorización tiene por objeto promover el acceso a la cultura y al
arte”.
[109] Tales contenidos se encuentran previstos en
el artículo 6 de la Ley 133 de 1994, “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad
Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”.
[110] Sentencia T-193 de 1999. M.P.
Carlos Gaviria Díaz. Allí, se estudió la situación de un ciudadano quien
afirmaba que a pesar de cumplir los requisitos
para ser ascendido a Ministro Plenipotenciario, dentro de la carrera
diplomática y consular, el Ministerio de
Relaciones Exteriores le pretendía posponer la promoción y excluirlo del
servicio por razón de su credo cristiano. La Sala Cuarta de Revisión señaló
que: “Así, el orden político justo que debe ser aquél a cuya
realización debe propender el Estado colombiano, no permite que los
funcionarios traten de imponer a los particulares un determinado culto o
creencia - cargo que plantearon en contra del actor unas personas que no se
identificaron debidamente, y frente al cual fue absuelto por la Procuraduría-,
ni que se discrimine a determinado servidor público por la decisión personal e
íntima de profesar determinado credo. Ya que aparece acreditado en el
expediente que esto último ocurrió en el caso de Luis Guillermo Becerra Torres,
esta Sala prevendrá a la Comisión de Personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores para que se abstenga de tales comportamientos contrarios al
ordenamiento constitucional vigente, so pena de las sanciones previstas para el
desacato”.
[111] Sentencia C-088 de 1994. M.P.
Fabio Morón Díaz; AV y SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez
Caballero, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Hernando
Herrera Vergara; SVP José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara, consideraciones de Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, quien para ese
entonces fungía como Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
[112] No puede perderse de vista que el derecho a
la libertad religiosa y de cultos es de aplicación inmediata, esto es, que no requiere un
previo desarrollo normativo para hacerse efectivo (artículo 85 superior).
[113] Así lo reconoció expresamente
la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los Derechos
Humanos en Brasil, 1996.
[114] Artículo 143 de la Ley 65 de
1993, “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” cuyo
sentido literal es el siguiente: “Tratamiento Penitenciario. El tratamiento
penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades
particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la
educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y
deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la
personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta
donde sea posible”.
[115] Así lo prevén diversas
disposiciones del orden vigente nacional e internacional. El artículo 9 de la
Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”
establece: “Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de
seguridad. La pena tiene función protectora y preventiva, pero
su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen
fines de curación, tutela y rehabilitación”. Así mismo, el artículo 10
ibídem señala: “Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento
penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor
de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el
deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Igualmente,
el artículo 142 ibídem, dispone lo siguiente: “El objetivo del tratamiento
penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la
vida en libertad”. En igual sentido, el artículo 143 prevé que: “El
tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las
necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a
través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural,
recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio
científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado
hasta donde sea posible”. Bajo el mismo parámetro enunciado, el principio
fundamental 59 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
contempla que: “(…) El régimen penitenciario debe emplear (…) todos los
medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y
todas las formas de asistencia de que pueda disponer”. El principio
fundamental 66 se orienta en la misma línea de protección y advierte que para lograr
los fines de la pena se deberá recurrir, entre otros, bajo el principio de
neutralidad, “a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea
posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los
métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo,
al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con
las necesidades individuales de cada recluso”.
[116] Sentencia T-100 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. En aquella ocasión, la Sala Sexta de Revisión
estudió la situación de un ciudadano privado de la libertad que alegaba la
vulneración de su derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos tras
impedírsele, durante los 10 años que había permanecido bajo reclusión, ejercer
actividades productivas de redención de la pena durante los días festivos que
tenían origen en fiestas propias de la religión católica, confesión espiritual
que no practicaba. La Sala encontró que las autoridades penitenciarias no
habían incurrido en vulneración fundamental alguna pues (i) en los días festivos,
no era obligado a participar de ningún rito religioso católico; (ii) la
coincidencia entre algunas celebraciones católicas y los días festivos no
respondía a la promoción de un credo particular, sino que era consecuencia de
los efectos culturales que habían tenido dichas festividades en la actividad
social y, a su vez, en los fines constitucionales de carácter eminentemente
laico que perseguían tales días de descanso; (iii) el establecimiento
carcelario le había garantizado el acceso a los servicios de la Iglesia
Pentecostal a la cual pertenecía, de conformidad con el reglamento de la
institución y (iv) el tutelante no había presentado ninguna solicitud para
desempeñar una actividad que le permitiera trabajar todos los días. En
consecuencia, si ese era su propósito, debía acudir ante las autoridades, en
igualdad de condiciones, con los demás reclusos, y solicitar el acceso a esa
labor de resocialización, permitida en forma excepcional los días festivos. Con
base en estas razones se negó el amparo solicitado.
[117] Principio fundamental 58 de las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
[118] Sentencia T-193 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[119] Sentencia T-193 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[120] Principio fundamental 60.1 de las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
[121] Conforme se indicó en la
sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SVP José Fernando
Reyes Cuartas, “Así,
la libertad religiosa ocupa un papel central en el reencuentro entre el interno
y la sociedad, para “asegurar que la persona que ha cometido una falta [penal]
vuelva al seno de la sociedad y que esta última esté dispuesta a acogerla de
nuevo”. Y
agrega: “Las libertades de religión y de culto, adquieren “un sentido
transformador de las relaciones sociales, al momento del retorno a la libertad,
de modo que la comunidad y el sujeto que retoma su vida, se reencuentren
armónicamente cuando este recobre el ejercicio pleno de sus derechos (…) [y en
una] oportunidad de integración social de la persona que ha incurrido en una
conducta lesiva de un bien jurídico penalmente relevante”.
[122] Este mandato se encuentra
plasmado en el artículo
3 de la Ley 133 de 1994, “Por la cual se desarrolla el derecho de Libertad
Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”
y en el artículo 2.2.1.8.3. del Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
[123] Así se reconoció expresamente
en la sentencia T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[124] Principio fundamental 6.1 de
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
[125] Sentencia T-575 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Allí, a la Sala
Tercera de Revisión le correspondió determinar si se vulneraba el derecho a la
libertad religiosa y de cultos de una ciudadana cuyo empleador le imponía, al
parecer, el uso obligatorio de un pantalón para el cumplimiento de sus
funciones, en lugar de una falda que debía utilizar a diario conforme los usos
y principios internos de la religión que profesaba (la actora era miembro de la
Iglesia Luz del Mundo Trinitaria de Colombia).
La Sala negó el amparo tras estimar que: “La creencia religiosa
consistente en el uso de la falda por parte de la accionante, no integra el
ámbito de protección del derecho a la libertad religiosa y de culto, en razón a
que, si bien es cierto fue demostrado que se trata de una manifestación de
culto seria y no acomodaticia, no se acreditó que la accionante haya puesto en
conocimiento del empleador (Centro Aseo) la oposición entre las prácticas de la
religión que profesa y el uso del pantalón, que justificaran el incumplimiento
de la obligación de utilizar la dotación recibida. Por el contrario, se
comprobó que la accionante expresó su consentimiento respecto de la obligación
de utilizar el uniforme de la empresa, y no se demostró que aquella hubiera [presentado]
una oposición frente a las medidas tomadas por el empleador o al menos expuesto
reparos”, conforme lo exige la jurisprudencia constitucional.
[126] Dicha denominación fue empleada en la
sentencia T-180 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[127] Las obligaciones estatales en la materia
fueron consagradas, de manera general, en el artículo 6 de la Ley 133 de 1994,
“Por la cual se desarrolla el derecho de Libertad Religiosa y de Cultos,
reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política” y en el artículo
2.2.1.8.2. del Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” sin que
constituyan un listado taxativo de deberes sino indicativos de la protección
por otorgar. También se encuentran previstas en los principios fundamentales
41.1 y 42 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
[128] El artículo 6, numeral F y el
artículo 8 de la Ley 133 de 1994 disponen que la libertad religiosa y de cultos
comprende, entre otros, los derechos de toda persona de recibir asistencia
religiosa de su propia confesión e iglesia en donde quiera que se encuentre y,
principalmente, en los lugares públicos docentes, hospitalarios, asistenciales,
militares y penitenciarios. En igual sentido, el artículo 2.2.1.8.4. del Decreto 1069 de
2015 establece que: “Sin menoscabo de libertad de cultos protegida por la
Constitución Política, los Directores de los establecimientos de reclusión
procederán a elaborar un censo entre los internos, con el único objeto de
identificar la religión o culto a la que pertenecen, sin perjuicio del derecho
que les asiste de no divulgar su credo religioso. Igualmente, los Directores de
los establecimientos de reclusión establecerán el mecanismo para que cada nuevo
interno tenga la posibilidad de advertir, si así lo quiere su credo, religión o
culto, a fin de contar con la asistencia religiosa debida”. Igualmente, el artículo
2.2.1.8.8. ibídem prevé que: “Las entidades religiosas con personería
jurídica especial podrán acordar con las autoridades competentes, la
realización de actividades de voluntariado social y para el desarrollo de programas
dirigidos al bienestar de los internos. Los directores de los centros de
reclusión deberán permitir, previo el cumplimiento de los requisitos de
seguridad, el ingreso de los cuerpos de voluntariado social que pretendan
realizar las iglesias, cultos o confesiones religiosas en desarrollo de tales
convenios”.
[129] Artículo 2.2.1.8.7. del Decreto 1069 de
2015.
[130] Artículo 2.2.1.8.6. del Decreto 1069 de
2015.
[131] Artículo 6, literal B de la Ley 133 de 1994
y artículo 2.2.1.8.6. del Decreto 1069 de 2015.
[132] Dicho mandato fue expresamente reconocido
por el principio fundamental 42 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos que dispone: “Dentro de lo posible, se autorizará a todo
recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en
los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros
piadosos y de instrucción religiosa de su confesión”.
[133] Por ejemplo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a través de “Los Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas” ha señalado que el vestuario exigido a los internos debe atender
su identidad cultural y religiosa, en los siguientes términos: “Principio
XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido (…) 3. Vestido || El vestido
que deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y adecuado
a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y
religiosa de las personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas
de vestir podrán ser degradantes ni humillantes” (subraya fuera del texto
original). Dichos principios fueron adoptados mediante la Resolución 01 de 2008
durante el 131 Período Ordinario de Sesiones y tenidos en cuenta por el Estado
Colombiano, en tanto son regularmente empleados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al momento de interpretar la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de adoptar decisiones de naturaleza vinculante.
[134] Sentencia T-602 de 1996. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. En esta ocasión, se examinó la situación de un
ciudadano y sacerdote católico (Obispo Sufragáneo de la Diócesis de Santa Fe de
Bogotá) que reclamaba la vulneración de su derecho fundamental a la libertad
religiosa tras impedírsele ejercer sus oficios religiosos, de asesoría y
orientación espiritual, al interior de dos cementerios de la ciudad. En
concreto, se le impidió utilizar las capillas o iglesias de los cementerios,
colocar mesas y libros para las labores espirituales, celebrar misas y, en general,
se le hizo imposible el culto bajo el argumento de que debía respetarse el
espacio público. La Sala Quinta de Revisión concedió el amparo advirtiendo que
la persona jurídica contra la cual prosperaba la acción debía abstenerse, en el
futuro, de obstaculizar o impedir al accionante la libre práctica de su
expresión religiosa, mientras ésta fuera razonable y no afectara los derechos
de los demás ni el orden público.
[135] La regla de que los derechos
fundamentales de los internos solo deben limitarse excepcionalmente ha sido
reconocida, pacíficamente, a nivel interno. El artículo 4 de la Ley 133 de
1994, “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de
Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política” señala: “El
ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos,
tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de
sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda, de
la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos
del orden público protegido por la Ley en una sociedad democrática”. Así
mismo, el artículo 152 de la Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario” consagra las “facilidades para el
ejercicio y la práctica del culto religioso” y prevé que: “Los internos
de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto
religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”. Por su
parte, el artículo 2.2.1.8.1 del Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”
prevé que: “Los
internos de los centros penitenciarios y carcelarios del país gozan del derecho
a la libertad de cultos y de profesar libremente su religión, así como de
difundirla en forma individual o colectiva. Las autoridades penitenciarias y
carcelarias deberán permitir sin restricción alguna el libre ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de la seguridad de los centros de reclusión”. Lo
dicho también se encuentra regulado en instrumentos internacionales de Derechos
Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en el numeral 3
del artículo 12 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) en el numeral 3 del artículo 18 disponen que: “La libertad de
manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades
de los demás”.
[136] Dicho principio de presunción a
favor de la libertad, en su grado máximo, también opera respecto de la libertad
religiosa y de cultos, por lo cual sólo caben respecto de ella las limitaciones
necesarias para garantizar los derechos de los demás y el orden público. Como
lo afirmó el doctrinante español Francisco Javier Calvo-Álvarez ante un texto
muy similar de la ley orgánica sobre la libertad religiosa de su país: “El
orden público tiene determinados objetos esenciales de protección: la persona y
el libre y legítimo ejercicio de lo propiamente personal. El legítimo ejercicio
de los derechos del individuo lleva consigo inseparablemente el respeto a los
derechos de los demás (alterum non laedere). De este modo, el orden público se
presenta como ámbito del legítimo ejercicio de las libertades, que exige
armonizar la libertad de cada uno con la libertad y seguridad jurídica de
todos, ya que el orden público incluye tanto el bien de la persona como el de
la colectividad”. Tal mandato se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 de acuerdo con el cual: “En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general de una sociedad democrática”.
[137] El Código Penitenciario y
Carcelario (Ley 65 de 1993) reconoce expresamente este mandato en su artículo 5
modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual
se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. En los mismos términos,
lo contempla la Resolución 006349 del 19 de diciembre de 2016, “Por la cual
se expide el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional -ERON a cargo del INPEC”.
[138] Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón
Díaz; AV y SV
Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero, Carlos Gaviria Díaz,
José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara; SVP José Gregorio
Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara.
[139] La Corte Constitucional ha concluido que la
razonabilidad y la proporcionalidad son los criterios que permiten establecer
si la restricción de las garantías de los internos es constitucionalmente
válida. Para ello, es indispensable verificar: (i) si el fin perseguido por la
norma o con la medida que se analiza es legítimo desde la perspectiva
constitucional; (ii) si la norma o medida es adecuada para el logro del fin
perseguido; (iii) si la norma o medida es necesaria, es decir, si no existen
otros medios menos onerosos para lograr el objetivo buscado; y (iv) si la norma
o medida es estrictamente proporcional, con lo cual se indaga si los beneficios
que se derivan de su adopción superan las restricciones que ella conlleva sobre
otros derechos y principios constitucionales en una relación de costo -
beneficio. La intensidad del juicio de proporcionalidad podrá ser leve:
resulta suficiente con establecer que el fin propuesto se ajusta a la
Constitución y la medida es apta para lograrlo, intermedio: debe
comprobarse que la medida, además de ser legítima y apta, es efectivamente
conducente para lograr el fin propuesto y estricto: involucra un
criterio sospechoso de discriminación y se debe estudiar si la norma es
necesaria y estrictamente proporcional. Tales criterios han sido aplicados por
esta Corporación, en diversos escenarios, a saber: C-071 de 1994. M.P.
Alejandro Martínez Caballero (Estatuto de Puertos Marítimos -Ley 1 de 1991);
C-388 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (Código del Menor- presunción de
capacidad económica del alimentante -Decreto 2737 de 1989); C-673 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; AV Jaime Araujo Rentería (Escalafón docente-
Decreto Ley 2277 de 1979); C-404 de 2001. Marco Gerardo Monroy Cabra; SVP Jaime
Araujo Rentería (Endeudamiento interno y externo de la nación y de las
entidades territoriales- Ley 358 de 1997); C-505 de 2001. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; AV Manuel José Cepeda Espinosa (Profesión de biología en el
territorio nacional- Ley 22 de 1984); C-048 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; AV José Gregorio Hernández Galindo (Instrumentos para la búsqueda de la
convivencia pacífica en el país como el diálogo y la solución negociada del
conflicto armado colombiano- Ley 418 de 1997); C-579 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; AV Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa; SV Rodrigo
Escobar Gil, Jaime Araujo Renteria y Alfredo Beltrán Sierra; SVP Clara Inés
Vargas Hernández, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett (Categorización
de departamentos y municipios- Ley 617 de 2000); C-540 de 2001. M.P. Jaime
Córdoba Triviño; SV Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Renteria y Alfredo
Beltrán Sierra; SVP Álvaro Tafur Galvis (Principio de unidad de materia- Ley
617 de 2000); C-199 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil (Régimen de sanciones de
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Estatuto de Vigilancia
y Seguridad Privada- Decreto
2453 de 1993 y Decreto 356 de 1994); C-417 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; SV Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Luis Ernesto Vargas Silva y
Manuel Urueta Ayola -conjuez- (Exceptio veritatis en delitos contra la
integridad moral- Ley 599 de 2000), entre muchas otras.
[140] Sentencia T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[141] Así fue reconocido expresamente en la
sentencia T-180 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[142] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván
Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. Allí se estudió el caso de los
objetores de conciencia respecto de la prestación del servicio militar
obligatorio (artículo 27 de la Ley 48 de 1993). En esa oportunidad, se sostuvo:
“[…] no es razonable obligar a una persona a prestar el servicio
militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio, como
retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de
la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios”. En ese sentido,
“[…] no es necesario que [contribuir a la protección de la
Nación y el Estado tenga que ser] mediante la prestación del servicio
militar, que, en el caso de los objetores de conciencia, plantea un conflicto
muy profundo entre el deber constitucional y las convicciones o las creencias
que profesan”. Sobre esta base, la Corte advirtió que el reconocimiento del
derecho de objeción de conciencia, sin un marco legal que defina las
condiciones y los procedimientos para su ejercicio, genera ciertas dudas y
vacíos en el sistema jurídico y que la definición de tales reglas y condiciones
corresponde al legislador como agente, por excelencia, de la democracia
representativa. En consecuencia, exhortó al Congreso para que hiciera lo de su
competencia.
[143] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[144] Sentencia T-180 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. En esta oportunidad, la Sala Segunda de Revisión se ocupó de
analizar la situación de un ciudadano privado de la libertad que invocaba la
vulneración de su derecho a la libre expresión religiosa a partir de la
negativa del penal de excepcionar las reglas sobre higiene y presentación
personal previstas en el reglamento interno, pese a que, en su criterio,
resultaban contrarias a los designios de su credo religioso. En concreto, el
tutelante, afirmaba que pertenecía a la religión Gnóstica la cual
imponía como mandato superior a sus fieles la tenencia de barba y
simultáneamente aducía ser practicante del Islam, rito que le exigía
conservar el cabello largo, vestir túnicas en los días de celebración de su
culto y mantener ayuno durante el Ramadán. Tras examinar las pruebas, se encontraron
múltiples contradicciones en las que había incurrido el accionante, en
especial, por aducir que seguía, simultáneamente, desde hace varios años, dos
religiones que eran disímiles. En efecto, se constató que entre ambos credos no
existían aspectos en común pues el Gnosticismo cree en Jesucristo y se basa en
dogmas cristianos y judíos con postulados derivados del pensamiento platónico
al tiempo que el Islam sigue las enseñanzas de Mahoma y cree en Allah. Aun
cuando esta última religión impone a sus fieles el deber de dejarse crecer el
vello facial, no exige el cabello largo y tampoco una vestimenta concreta, como
lo son las túnicas, pues lo que se demanda es que simplemente las prendas
usadas cubran desde el ombligo hasta la rodilla, que no sean transparentes,
ajustadas y que sean diferentes a las que emplean las mujeres. Por su parte, la
Iglesia Gnóstica, no contempla el crecimiento de la barba y el cabello como un
elemento de exteriorización de la religión pues por el contrario le impone a
sus seguidores “(…) estar bien peluqueado[s], bien afeitado[s] y aseado[s],
[y portar] ropa limpia y de acuerdo con el tiempo actual”. En esta medida,
no podía constatarse la presencia de elementos objetivos a partir de los cuales
pudiera considerarse que las creencias del accionante eran profundas, fijas y
sinceras porque parte de las exigencias que realizaba en términos de
presentación personal, no coincidían con los dictados de la fe invocada. Por
ello, no se presentaba una tensión real entre tales convicciones y la medida
reglamentaria que, al parecer, las limitaba. Con base en estos hechos, se negó
el amparo.
[145] Dicha denominación fue empleada en la
sentencia T-180 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[146] Sentencia C-728 de 2009. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos
Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[147] En los términos expuestos fue
esbozado en la sentencia C-728 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio
Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[148] Sentencia T-588 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta providencia, un profesor de educación física
de un establecimiento educativo privado, se negó a admitir que un grupo de sus
estudiantes, por razones religiosas, se abstuvieran de ejecutar, como parte de
una actividad propia de una asignatura del pénsum académico, un baile o danza
popular. Tal hecho condujo a la reprobación de la materia y a la imposibilidad
de matricularse para el siguiente período lectivo aun cuando, en criterio de
los actores, la exigencia del docente violaba su libertad religiosa y de
conciencia pues tales prácticas de baile eran mundanas y pecaminosas según los
mandatos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la cual pertenecían. La
Sala Tercera de Revisión concedió el amparo y dispuso que: “En este caso, la
objeción de conciencia que, con fundamento en sus convicciones religiosas [más
profundas], han opuesto padres y alumnos al profesor está llamada a
prosperar parcialmente, en lo que toca con la ejecución de los temas musicales
escogidos por éste y que por los motivos expresados han sido rechazados por los
primeros. La Corte reconoce al docente un ámbito autónomo para concretar un
objetivo didáctico legítimo, pero considera que la selección del medio debe
respetar los sentimientos religiosos de sus alumnos y de los padres de familia.
Por consiguiente, la protección de los derechos conculcados - de religión y
libertad de conciencia -, reclama que el docente se abstenga de reiterar su
conocida exigencia para impartir su aprobación al curso de educación física y,
de otra parte, proceda a determinar otra forma de prueba que no lesione tales
derechos, para lo cual deberá agotar las instancias del diálogo constructivo
con los padres y los estudiantes involucrados en la situación analizada”.
[149] Sentencia T-588 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[150] En diversas oportunidades, esta
Corporación ha señalado que la libertad religiosa y de cultos, en el marco de
la relación especial de sujeción que mantienen las personas privadas de la
libertad con la administración penitenciaria, entraña el derecho de ejercer las
creencias en forma pública las cuales son merecedoras de protección
constitucional. Sobre el particular, ha existido un consenso amplio a nivel de
la jurisprudencia constitucional plasmado, entre otras, en las sentencias T-376
de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-023 de 2010. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-152 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; SV Antonio José Lizarazo Ocampo; T-180 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-100 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SVP José Fernando Reyes Cuartas. Igualmente,
puede consultarse el Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, de
seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y
carcelaria.
[151] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[152] Por ejemplo, en la sentencia T-062 de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SVP Mauricio González Cuervo, la Sala Novena de
Revisión consideró que la aplicación exegética de la prohibición de llevar el
cabello largo al interior de una cárcel vulneraba la identidad de género de un
recluso “gay transexual” para quien “la adopción de su identidad sexual está
mediada por el uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de
vestir, elementos todos ellos que permiten reafirmar dicha opción y atenuar las
imposiciones que le generan las características propias del sexo fenotípico”.
Considerando lo anterior, se concedió el amparo pues “el adecuado ejercicio del
derecho a la autonomía personal, reflejado en la determinación de la opción
sexual, depende del uso de tales elementos por parte del accionante, por lo que
la privación injustificada de los mismos conlleva la vulneración de sus
derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la
igualdad. La actuación de los directivos del Establecimiento Penitenciario de
Yopal, en cambio, se basó en la aplicación exegética de normas reglamentarias,
sin tener en cuenta ninguno de los aspectos jurídico-constitucionales en juego
para el presente caso. Además, impuso las restricciones de ingreso a los
elementos del interno, sin que mediara una razón suficiente, más allá de un
vago concepto de disciplina, fundado en el erróneo prejuicio que asimila la
diversidad sexual con la anormalidad y la contradicción a entendimientos
deformados de la moral social”.
[153] El accionante afirmaba que el Islam prescribe varias
restricciones alimenticias tales como la prohibición de “comer carne de
cerdo, de animales con garras o que caminen por tierra, alimentos con sangre,
animales muertos y sobre todo la prohibición de ingerir alimentos no
sacrificados en nombre de Dios”.
[154] La penitenciaría especificó,
además, que el actor contaba con otros medios para profesar su religión como la
oración, el azaque, el ayuno y la peregrinación a La Meca.
[155] Algunos internos profesaban la
religión desde hace 2 años, otros hace 5 e incluso 12 años atrás de haber sido
privados de la libertad.
[156] Más de 18 peticiones
solicitando el respeto por la libertad religiosa y de cultos.
[157] En efecto, el artículo 67 de la Ley 65 de
1993 modificado por el artículo 48 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual se
reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la
Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones” dispone que es deber de las autoridades penitenciarias
brindar una dieta acorde con las convicciones de las personas privadas de la
libertad. Esta posición coincide con fallos proferidos en la materia en otras
jurisdicciones. A
nivel internacional, las restricciones alimenticias derivadas de las
convicciones religiosas de las personas privadas de la libertad también han
sido protegidas. Así, por ejemplo, en el año 2013, la Corte Distrital de la
Florida, Estados Unidos, analizó una demanda presentada por los Estados Unidos
contra el Departamento de Correccionales de ese estado en la que se alegaba la
violación de la Ley Federal sobre libertad religiosa de las personas recluidas
(Religious Land Use and Institutionalized Persons Act) por la ausencia
de opciones kosher (alimentos que respetan las prescripciones rituales del
Judaísmo y que, por tanto, pueden ser consumidos por los creyentes) en las
cárceles del estado de la Florida (Caso No. 1:12-cv-22958-PAS). La Corte
Distrital concedió las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno Federal
al considerar que la ausencia de opciones de alimentación kosher violaba la
libertad religiosa de los internos. En consecuencia, le ordenó al Departamento
de Correccionales de la Florida proveer una dieta kosher certificada para todas
las personas privadas de la libertad cuyas creencias religiosas les exigieran
una alimentación de esta naturaleza. Además, dispuso que dicho Departamento
debía adelantar una encuesta entre los internos recluidos en las distintas
prisiones del estado para conocer las razones religiosas que fundamentaban sus
necesidades particulares dietarias.
[158] En lo que se refiere a los
tratos irrespetuosos que el actor afirmó estar sufriendo, la Sala resaltó: “Como se ha dicho reiteradamente,
la verdadera protección de la libertad religiosa implica la defensa de sus
manifestaciones externas. Resulta contradictorio que en el establecimiento
penitenciario se le permita al interno dejar crecer su barba por motivo de su
credo y, al mismo tiempo, se le irrespete públicamente por demostrar sus
creencias. Las expresiones de intolerancia y de discriminación en contra de los
musulmanes son fenómenos en crecimiento en el mundo, debido a prejuicios y
estereotipos sobre la cultura islámica. Amnistía Internacional ha advertido
este problema que tiene un impacto negativo en la vida de quienes profesan esta
religión y le impone barreras para ejercer sus derechos: “arruina las
perspectivas, las oportunidades y la confianza personales y puede ocasionar
aislamiento, exclusión y estigmatización”.
[159] Los actores debían informar con
dos semanas de anticipación a las celebraciones que estas iban a ser realizadas
para que se adoptaran las pautas que garantizaran el orden en el penal.
[160] Igualmente, con el fin de
establecer el verdadero estado médico del actor, se le ordenó al centro de
reclusión que autorizará la consulta con el especialista en nutrición del penal
y le brindara los servicios en salud que se derivaran de tal dictamen.
[161] Sobre el particular, se advirtió que no
podía retrotraerse la autorización de dejar crecer la barba del interno, por
cuanto se trataba de una medida regresiva.
[162] La Corte Suprema de Los Estados
Unidos, en el caso Holt vs. Hobbs (enero de 2015) estableció que
la política de higiene del Departamento Correccional de Arkansas violaba el Religious
Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000 (Acto sobre el uso
religioso de la tierra y de las personas institucionalizadas). En esa ocasión,
la Corte estudió el caso de un recluso musulmán (Gregory Houston Holt,
sentenciado a cadena perpetua por el delito de violencia doméstica) a quien le
impedían llevar una barba de media pulgada, porque podía comprometer la
seguridad del penal. Para este Tribunal, la autoridad administrativa no logró
demostrar que la prohibición impartida fuera la medida menos restrictiva para
lograr su cometido de facilitar la identificación de los presos y de controlar
y combatir el contrabando (de navajas, jeringas, drogas y tarjetas SIM) pues,
además, existían otros medios para contener este tipo de conductas delictivas,
como pasar un peine por el vello facial del interno. Específicamente,
estableció que no se presentaron razones para justificar que otros reclusos
llevaran barbas por razones médicas o que se pudieran tomar fotos antes y
después del crecimiento del vello facial para individualizar a las personas
allí recluidas (dual- photo method). Por ello, concluyó que las
políticas del centro de reclusión, al no ser las menos restrictivas para darle
satisfacción a los intereses estatales, efectivamente habían obstaculizado la
libertad religiosa del solicitante (la sentencia se emitió de manera unánime).
[163] En el año 2015, en el caso Ware vs. Louisiana Department of
Corrections (072817
FED5, 16-31012), la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados
Unidos revocó la decisión de una Corte Distrital que había negado la demanda
promovida por Christopher Ware en contra del Departamento de Correccionales de
Louisiana cuya política institucional sobre el corte de pelo prohibía a los
reclusos tener dreadlocks o rastas. Christopher Ware era un recluso que
profesaba el Rastafarismo, rito en virtud del cual realizó un voto de no
cortarse o arreglarse el pelo. Al analizar el caso, la referida Corte de
Apelaciones señaló que el Departamento de Correccionales debía probar que su
política pública era la menos restrictiva para el ejercicio de la libertad de
cultos orientada, en este caso, a cumplir con los objetivos de seguridad y orden
interno en la prisión. Por ello, dado que dicho Departamento no cumplió con la
carga probatoria exigida, limitándose, únicamente, a mencionar las razones de
seguridad para prohibir la medida impuesta sin argumentación alguna, la Corte
de Apelaciones falló a favor del señor Ware, permitiéndole el uso de sus
rastas, mientras permanecía bajo reclusión.
[164] El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en el caso Biržietis vs. Lituania (mayo de 2016)
resolvió que un centro de reclusión en Lituania había desconocido el artículo 8
de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (derecho al respeto a la vida privada y familiar) al
prohibirle a uno de sus internos (Rimantas Biržietis) dejarse crecer su barba.
El Tribunal indicó que las medidas relativas a la seguridad y prevención del
delito podían justificar ciertas restricciones de derechos de las personas
recluidas, sin embargo, debían estar justificadas observando tres principios:
la legalidad de la interferencia (lawfulness of the interference), su
legítimo propósito (legitimate aim) y su necesidad en una sociedad
democrática (necessary in a democratic society). Considerando lo
anterior, advirtió que aunque se trataba de un requisito contemplado en las
reglas del centro carcelario, no se había demostrado cómo el uso de barba
provocaba la comisión de delitos y desorden, en tanto legítimo propósito de la
interferencia que invocaba la penitenciaría. Además, al no vedarse otras formas
de vello facial, como bigotes o patillas, cabía la sospecha de que la medida
era arbitraria y desproporcionada (la sentencia se dio por 6 votos contra
uno).
[165] En Sudáfrica, en el caso Department
of Correctional Services vs. Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU)
(año 2013), la Corte Suprema de Apelaciones protegió el derecho a la libertad
de cultos de un dragoneante Rastafari a quien el Departamento de Servicios
Correccionales le exigía cortar sus dreadlocks o rastas con fundamento
en el código de vestimenta de los funcionarios de las penitenciarías el cual,
explícitamente, prohibía “cualquier estilo ‘punk’, incluido el estilo
Rastaman”. La Corte Suprema de Apelaciones Sudafricana consideró que esta norma
era discriminatoria y afectaba la dignidad de los practicantes de la religión
Rastafari. En consecuencia, protegió el derecho del dragoneante a usar dreadlocks
o rastas.
[166] Sentencia T-180 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[167] Sentencia T-430 de 1993. M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[168] Sentencia T-430 de 1993. M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[169] Sentencia T-588 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[170] Sentencia T-982 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En aquella ocasión,
la Sala Octava de Revisión estimó que un empleador vulneraba el derecho a la
libertad religiosa de una persona al despedirla porque no podía trabajar los
sábados, debido a que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la
que sus miembros consagraban este día a Dios. En su criterio, “no es
justificable constitucionalmente el imponer a la accionante una afectación tan
grave a su derecho a la libertad religiosa, en virtud del ejercicio de una
facultad legal que propende por un fin, que si bien es relevante, puede
obtenerse mediante otro medio que no sea desproporcionado”.
[171] Sentencia T-588 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[172] El Rastafarismo es una práctica
religiosa muy pequeña que reúne, en promedio,700.000 personas alrededor del
mundo, es decir, se trata de una minoría que es inferior al 1% de la población
global. Para mayor información puede consultarse el portal web: https://selecciones.com.mx/religion-y-numeros-en-el-mundo/.
[173] Para los efectos de esta
sentencia, basta con señalar que Haile Selassie I también conocido como Tafari
Makonnen fue el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. El
movimiento Rastafari debe su nombre a Ras (príncipe) Tafari Makonnen
(nombre/apellido).
[174] Folio 2.
[175] El Código de Conducta Rastafari “es
extendido para la nación Rastafari [a fin de ser observado] como una
guía moral para la integridad y firmeza de la Nación”. Es una norma general
de prácticas aceptables que reúne un amplio espectro de pensamientos que giran,
principalmente, en torno a un único y decente estilo de vida o livity.
Fue aprobado en julio de 2008 en Jamaica bajo la orden Nyahbinghi (divina
fuerza de verdad y virtud) por el Consejo de Ancianos Nyah Binghi y las
delegaciones Nyah Binghi de todo el Caribe, África y Estados Unidos.
Posteriormente, en el año 2010, fue introducido colectivamente por el Consejo
Nacional Nyah Bingui del Reino Unido (folio 14).
[176] Folio 13. Las consideraciones anteriores
hacen parte de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes
relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[177] Folio 11. Las consideraciones anteriores
hacen parte de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes
relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados al proceso por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[178] La importancia de los dreadlocks
(rastas) para los Rastafaris ha sido reconocida por distintas cortes alrededor
del mundo. En Zimbabue, en el caso In Re: Chiweche (1995), la Corte Suprema de ese país
protegió las garantías constitucionales de un abogado Rastafari a quien un
juez le negó el derecho a registrarse ante la Corte debido a su presentación
personal, específicamente, al hecho de tener rastas. En Chile, en la Resolución No. 5853 del 10 de
noviembre de 2008 -Causa No. 72/2008 (Protección)-, la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas, analizó el caso de un hombre Rastafari privado de su libertad a quien
la Gendarmería le había ordenado, reiteradamente, cortarse el pelo, según lo
disponía el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de Chile. En este
caso, la Corte reconoció que los miembros de esta religión se caracterizan por
el uso de dreadlocks. Sin embargo, encontró que las razones de seguridad
y salubridad alegadas por la prisión  justificaban el corte del cabello del
hombre. Por último, en los casos Ware vs. Louisiana Department of
Corrections (EEUU) y Department of Correctional Services vs. Police and Prisons
Civil Rights Union (POPCRU) (Sudáfrica), descritos líneas atrás (supra
pie de página 159), también se reconoció el papel de los dreadlocks
en la religión Rastafari.
[179] De acuerdo con Kamille Wolf
(Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Texas -Texas
Southern University), el Rastafari tiene una cultura basada en una lectura afrocéntrica
de la Biblia, en valores comunales, un estricto código dietético vegetariano
conocido como Ital, un dialecto distintivo y un calendario ritual dedicado,
entre otras fechas, a la celebración de varios días sagrados etíopes (Kamille
Wolf, Out of Many, One People; E Pluribus Unum: An Analysis of Self-Identity in
the Context of Rece, Ethnicity, and Culture, 18 Am. U. J. Gender Soc. Pol'y
& L. 747 (2010).
[180] Folio 19. Las consideraciones anteriores
hacen parte de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes
relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[181] Folio 19. En estos términos, lo reconoció
el filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés, Herbert Spencer.
[182] Folio 19.
[183] Folio 20.
[184] Para los efectos de esta
sentencia, ital son los alimentos frescos orgánicos no procesados. Por
ello, el Rasta debe abstenerse de consumir, por ejemplo, productos animales,
alimentos procesados o manipulados genéticamente, sal de sodio y bebidas
alcohólicas (todas las formas de cerveza, licores y vinos). En algunas culturas
alrededor del mundo los alimentos del mar son ingeridos como parte de las
costumbres alimenticias y es un hecho que muchos Rastafaris son pescadores y
comen su pesca. Sin embargo, los productos del mar que son desperdicios deben
ser evitados. Se recomienda el uso de saborizantes y hierbas aromáticas
naturales (folio 20).
[185] Las consideraciones anteriores hacen parte
de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes relevantes
para el asunto objeto de estudio fueron aportados al proceso por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[186] Folios 2 y 3.
[187] Folio 19. Las consideraciones anteriores
hacen parte de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes
relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[188] Folio 8.
[189] Folio 8.
[190] De acuerdo con el señor Puentes Amador, “Para
el año 2020, la Biblioteca Negra será reconocida como el primer espacio Negro
Africano comprometido con la historia, cultura y defensa de los derechos de la
población Negra, principalmente educativos, culturales y sociales,
contribuyendo a su expansión por modelo de franquicias a nivel nacional e
internacional” (folio 9).
[191] Reposan en el expediente de tutela documentos suscritos por
el Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra
Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador, del 18 y 22 de mayo de
2017 en los que advierte lo siguiente: “Manifiesto que conozco de vista y
trato desde hace más de 10 años al señor William Pérez Mahecha identificado con
la cédula de ciudadanía 1032379921 de Bogotá” (folios 7 al 11).
[192] Folio 8. Así lo reconoció el Representante Legal y Director Nacional
de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes
Amador.
[193] Folio 6. En dichos términos fue
solicitado por el apoderado judicial del accionante, el señor Octavio Fonseca
Hoyos, ante la Dirección del Penal de Yopal -Casanare.
[194] Folios 1 y 13. Así lo expresó
el señor William Alexander Pérez Mahecha.
[195] Obra en el proceso una “solicitud de respeto de derechos
fundamentales” incoada por el apoderado judicial del accionante ante el
Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal -Casanare en
la que precisa que el señor Pérez Mahecha “en la actualidad se encuentra
recluido en la carceleta de la URI de esta ciudad”, no obstante, una vez se
produzca su ingreso al centro de reclusión aludido solicita “se abstenga de
autorizar el corte de cabello de [su]
prohijado” y, en concreto,
advierte “se tenga en cuenta la diversidad cultural de [su] defendido, en el sentido de recortar su
pelo o cabello dado que pertenece a la comunidad Rastafari, que se identifican
con Dreadlocks (rastas)”
(folios 5 y 6).
[196] Folio 19. Estas palabras fueron expresadas
por su “Majestad Imperial” Haile Selassie I.
[197] Folio 8.
[198] Folio 13. Las consideraciones anteriores
hacen parte de los preceptos del Código de Conducta Rastafari, cuyos apartes
relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados por el
Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[199] Su irrespeto puede ser,
incluso, denunciado ante la Ethiopian World Federation (Federación
Mundial de Etiopía) donde “se comienza una lucha por la rectificación del
error impuesto por [el] sistema” (folio 25). Así lo reconoce el Código de Conducta Rastafari,
cuyos apartes relevantes para el asunto objeto de estudio fueron aportados por
el Representante Legal y Director Nacional de la Fundación Biblioteca Negra Haile
Selassie I ONG, Óscar Mauricio Puentes Amador.
[200] Sentencia
T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SVP José Fernando Reyes Cuartas.
La situación que, en dicha oportunidad, conoció la Sala Sexta de Revisión se
relacionó con la decisión de la administración penitenciaria de aplicar el
estándar de apariencia física en cuanto al corte de cabello y barba al actor,
sin tener en cuenta que, según lo manifestado por él, ello contradecía los
postulados de la religión que practicaba: el vudú. Recaudadas las pruebas, la
Sala no pudo obtener la certeza necesaria sobre la naturaleza de este sistema
de creencias, y por lo mismo no pudo asumirla, en sede de tutela, como una
religión formalmente considerada, objeto de protección constitucional. De los
hallazgos, se concluyó que el debate sobre la calidad que debe ostentar el
vudú, es de tipo técnico y amerita contemplar todos sus elementos para poder
adoptar una determinación sólida. Ello corresponde, sin duda, a las autoridades
competentes para hacer este tipo de valoración y reconocimiento, y no a esta
Corporación. Además, se estableció que en el seno del vudú se reconocen
prácticas mágicas, aparentemente, excluidas, según algunos intervinientes del
proceso, del ámbito de protección de la libertad religiosa y de cultos.
[201] Folio 1.
[202] Folio 1.
[203] Folios 32 y 35 y folio 58 del
cuaderno de Revisión.
[204] El artículo 65 del reglamento
interno vigente del penal establece lo siguiente: “Higiene personal. Es
deber de todo interno bañarse y afeitarse diariamente. Sin excepción, no está
permitido el uso de barba ni el cabello largo”.
[205] En palabras del Director de la
prisión: “Es importante indicar que el cumplimiento de normas y el respeto
de las figuras de autoridad son necesarias para mantener la disciplina y orden
al interior de los Establecimientos de reclusión del orden nacional, situación
que se presentó al momento de efectuar el ingreso [del actor] al
Establecimiento, se [aplicaron] los procedimientos de ingreso aprobados
por el instituto” (folio 32).
[206] Constitución Política, artículo 2: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”
(subraya fuera del texto original).
[207] Artículo 48 (control de
tenencia de elementos permitidos), artículo 50 (elementos prohibidos), artículo
87 (higiene personal) y artículo 88 (peluquería y barbería) del Reglamento
General del INPEC.
[208] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[209] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[210] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[211] Auto del 23 de marzo de 2018
proferido por la Sala Segunda de Revisión.
[212] Resolución 006349 del 19 de
diciembre de 2016.
[213] Folios 35 y 36 del cuaderno de
Revisión.
[214] Consideraciones del Ministerio
de Justicia y del Derecho, durante el trámite de revisión (folios 35 y 36 del
cuaderno de Revisión).
[215] “Por la cual se expide el Reglamento
General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional -ERON a cargo
del INPEC”.
[216] Sobre este punto, el ente
ministerial advirtió que: “Si bien hasta la fecha no se han revisado, y por
ende tampoco aprobado, los reglamentos internos de los [establecimientos
penitenciarios y carcelarios del orden nacional -ERON-] en los cuales están
recluidos los accionantes (Cómbita y Yopal), dicha ausencia reglamentaria
temporal no constituye una falta absoluta de protección de las personas
privadas de la libertad, debido a que sus derechos siguen siendo garantizados
en virtud del Reglamento General” (folio 36 del cuaderno de Revisión).
[217] Principio fundamental 60.1 de
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
[218] Folios 2 y 3.
[219] Folio 2.
[220] Folio 2.
[221] Folio 2.
[222] Sentencia T-588 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[223] Folio 1.
[224] En estos términos fue reconocido en la
sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio
González Cuervo, Fundamento 9.2.6.1.1., en el que puntualmente se dijo lo
siguiente: “En tal medida, se sugiere que antes que ser quienes violan los
derechos de las personas recluidas en prisión, muchos de los miembros de la
Guardia son personas que se encuentran en situaciones similares; afectados por
el hacinamiento creciente y la falta de políticas públicas adecuadas,
coherentes y sostenibles”.
[225] Artículo 2 superior (fines esenciales del
Estado).
[226] Artículo 2 superior (fines esenciales del
Estado).
[227] Ello ocurrió el 13 de junio de
2017. Tal hecho fue confirmado por el peticionario y por el penal accionado.
[228] Se sugiere al desayuno una bebida
general, huevo o queso, fruta o pan; al almuerzo sopa general,
arroz, verdura cocida, huevo o queso y jugo normal; y en la cena un lácteo
y los mismos víveres previstos para el almuerzo (folio 36).
[229] Folio 58 del cuaderno de
Revisión.
[230] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[231] El artículo 67 de la Ley 65 de
1993 modificado por el artículo 48 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio
de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de
2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones” prevé lo
siguiente: “Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las
personas privadas de la libertad. Cuando resulte necesario y únicamente por
razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen
alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas
se provean su propia alimentación desde el exterior del establecimiento
penitenciario siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e
higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo
de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones
religiosas de la persona privada de la libertad. Bajo ninguna circunstancia las
personas privadas de la libertad podrán contratar la preparación de alimentos
al interior de los centros de reclusión. Está prohibida la suspensión o
limitación de la alimentación como medida disciplinaria” (subraya fuera del texto
original).
[232] Consideraciones del Ministerio
de Justicia y del Derecho, durante el trámite de revisión (folio 35 del
cuaderno de Revisión).
[233] Folio 2.
[234] Sindicado del delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
[235] Artículo 63 de la Ley 599 de
2000, “Por la cual se expide el Código Penal” modificado por el artículo
29 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual se reforman algunos
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y
se dictan otras disposiciones”.
[236] La situación sobreviniente,
comprende los eventos en los que la vulneración de los derechos fundamentales
cesó por causas distintas al daño consumado o al hecho superado, como cuando el
resultado no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, porque un
tercero o el accionante satisficieron la pretensión objeto de la tutela, o
porque el actor perdió el interés, entre otros supuestos. En estos casos, no es
perentorio para los jueces de instancia incluir en la argumentación de su fallo
el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales. No obstante, se
ha precisado que lo que es una facultad para los jueces de instancia, es
obligatorio para la Corte Constitucional, en sede de revisión, pues “como
autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”.
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-170 de 2009.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-267 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-343 de 2016. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-265 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos; SVP Hernán Correa Cardoza (e).
[237] Artículo 66 de la Ley 599 de
2000, “Por la cual se expide el Código Penal”.
[238] OEA. La intervención completa
se encuentra en un CD anexo al proceso (expediente T-6488263) el cual fue
aportado, durante el periodo de revisión, por el hermano James Robinson, Rasta Nini, de la
Alianza Rastafari de Panamá e igualmente puede consultarse en el siguiente portal web: https://www.youtube.com/watch?v=XR-In_q1dR8.
[239] Este planteamiento del
Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Embajador Sr. Ronald Sanders,
coincide con lo afirmado, en su momento, por el icónico Bob Marley quien
señaló: “Nos rehusamos a ser lo que ustedes quieren que seamos, somos lo que
fuimos y esa es la forma como será”.
[240] Folio 144 del cuaderno de
Revisión. Al respecto, Kamille Wolf (Profesora de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Sur de Texas -Texas Southern University) señala que, pese a que
la religión Rastafari sigue siendo estigmatizada y poco comprendida por la
sociedad, fuera de Jamaica, esta religión continúa profesando una ética de la
no-violencia, de la paz, el amor y sigue un código estricto de principios
religiosos (Kamille Wolff, Out of Many, One People; E Pluribus Unum: An
Analysis of Self-Identity in the Context of Rece, Ethnicity, and Culture, 18
Am. U. J. Gender Soc. Pol'y & L. 747 (2010).
[241] Sentencia T-028 de 1993. M.P.
Fabio Morón Díaz.
[242] Sobre el particular, pueden
consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-028 de 1993. M.P. Fabio Morón
Diaz; T-532 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; T-501 de 1994. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-554 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; T-310 de 1995. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-463 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
T-049 de 1998. M.P. Jorge Arango Mejía; T-622 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; T-886 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-684 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-1216 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-571 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; AV Jaime Araujo
Rentería; T-553 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SU-484 de 2008. M.P.
Jaime Araujo Rentería; T-464 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-805 de
2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-110 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla; T-515 de 2015. M.P. Myriam Ávila
Roldán (e).
[243] Folio 32.
[244] Folio 3.
[245] Ley 65 de 1993.
[246] Folio 78 del cuaderno de
Revisión.
[247] Folio 78 del cuaderno de
Revisión.
[248] El pasado 4 de abril de 2018,
el actor envió, por correspondencia del penal, un documento al Párroco de la
Iglesia del Divino Niño Jesús del barrio 20 de julio en Bogotá para que, en sus
oraciones incluyera a su mamá, Rosalba Herrera Cossio, quien se encuentra grave
de salud. Lo anterior, en atención a su devoción por el Divino Niño desde hace
más de 15 años y a que dicha iglesia es la de su preferencia. El contenido
integral del escrito remitido puede observarse en el pie de página 311 (folios
83 al 85 del cuaderno de Revisión).
[249] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[250] Folio 79 del cuaderno de
Revisión.
[251] Folio 79 del cuaderno de
Revisión.
[252] Folio 38 del cuaderno de Revisión.
[253] Folio 38 del cuaderno de Revisión. Las
imágenes de Jesucristo lo representan, principalmente, en su nacimiento, en su
infancia, en diversos momentos de su predicación o de sus actuaciones, en su
última cena, en los padecimientos de su pasión, en su crucifixión y muerte.
[254] Folio 39 del cuaderno de Revisión.
[255] Folio 39 del cuaderno de Revisión.
[256] Folio 117 del cuaderno de Revisión.
[257] Sobre el particular, el actor
señaló lo siguiente: “Yo fui policía en el grado de patrullero en la
seccional de Investigación Criminal- SIJIN en el Urabá Antioqueño, ocupaba el
cargo de investigador, cuando desempeñaba dichas funciones cometí un error
penal y por unos anhelos tontos de ambición por dinero falte a mi deber
policial y le suministre información a una organización criminal, en el grupo u
oficina donde yo laboraba un 80% de los policías recibían dinero y me confié y
caí preso. [En] (sic) este momento después de llevar 10 meses privado de
la libertad me arrepiento tanto pero tanto por lo que hice, yo no mate a nadie,
ni secuestre, solo vendía información de la Sijin a un grupo ilegal y por eso
me condenaron a un pena de 131 meses. Estaba terminando una carrera en
psicología, la cual desde aquí no puedo continuar, destroce mi hogar”
(folios 83 y 84 del cuaderno de Revisión).
[258] Folio 3.
[259] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[260] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[261] Centro Penitenciario y
Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita -Boyacá.
[262] Centro Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad “El Barne” de Cómbita -Boyacá. El tutelante
advierte que esta zona de la prisión se encuentra integrada por más de 1800
internos, distribuidos en un total de 10 patios, al tiempo que el área de alta
seguridad supera este número de reclusos.
[263] Indica el actor que el capellán
de la prisión igualmente adelanta trámites de certificación, matrimonio, cartas
de recomendación, entre otras diligencias similares (folios 37 y 38).
[264] El artículo 21 de la Resolución
3152 de 2001 dispone lo siguiente: “En los dormitorios no se permitirán
cuadros, afiches, grafitis, ralladuras, cortinas, persianas y cualquier clase
de adornos o decorado”.
[265] Folio 14.
[266] Folio 9.
[267] Sentencia T-065 de 1995. M.P.
Alejandro Martínez Caballero. En aquella ocasión, la Sala Séptima de Revisión
estudió el caso de un preso que advertía la vulneración de su derecho a la
familia al no existir difusión del reglamento interno del centro carcelario
donde se encontraba recluido que permitiera conocer, de antemano, las
prohibiciones para el ingreso al penal. En concreto, adujo que ante tal
ausencia de publicidad se prohibió la visita de su madre por usar cabello
sintético. Al resolver la controversia, se encontró que la penitenciaría no
había aplicado la prohibición reglamentaria prevista pues se permitió la visita
de la madre del recluso aun con pelo sintético pero en la sala de abogados,
espacio cuyas condiciones de seguridad disminuían el contenido de cualquier
eventual riesgo pues era posible extremar la vigilancia. Así se trataba de una
medida razonable y proporcional para proteger garantías superiores y al tiempo
alcanzar la seguridad y la disciplina, propias de la relación de sujeción.
[268] Consideraciones del Ministerio
de Justicia y del Derecho, durante el trámite de revisión (folio 35 del
cuaderno de Revisión).
[269] El artículo 50 del Reglamento General del
INPEC (Resolución 006349 del 19 de diciembre de 2016) contempla los elementos
cuyo ingreso, uso, porte y tenencia por parte de las personas privadas de la
libertad y de los visitantes se encuentra prohibido. En ningún aparte del acto
administrativo, se hace referencia concreta a un cuadro.
[270] Sobre este punto, es preciso advertir que
el ente accionado aseguró que el actor permanece recluido en el área de alta
seguridad de la Cárcel de Cómbita al tiempo que el ciudadano afirmó encontrarse
confinado en una zona de mediana seguridad.
[271] Esta circunstancia advertida por el
peticionario, en su solicitud de amparo, no fue desvirtuada por el penal ni
durante el trámite de tutela ni en sede de revisión por lo que opera la
presunción de veracidad y el principio de buena fe. Se destaca que el artículo
113 del Reglamento General del INPEC (Resolución 006349 del 19 de diciembre de
2016) contempla y reconoce la redención de la pena por enseñanza.
[272] En palabras del Párroco, Julio Humberto Olarte Franco, de
la Iglesia El Niño Jesús: “Considero que al señor Álvaro Andrés Ibarra
Herrera, de ser posible, se le debe respetar su deseo de mantener en su celda
la imagen religiosa del Divino Niño, más aun cuando con ella no se atenta
contra la seguridad del penal o de los internos y personal en general”
(folio 117 del cuaderno de Revisión).
[273] Resolución 006349 del 19 de
diciembre de 2016.
[274] Consideraciones del Ministerio
de Justicia y del Derecho, durante el trámite de revisión (folios 35 y 36 del
cuaderno de Revisión).
[275] El artículo 8 del Reglamento General del
INPEC (Resolución 006349 del 19 de diciembre de 2016) establece que: “En
ningún caso el reglamento interno de un establecimiento de reclusión podrá
desconocer, contrariar, extralimitar los principios, las obligaciones, los
derechos y las disposiciones contenidas en la Constitución Política de
Colombia, las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por Colombia, el presente reglamento y demás normas que regulen la
materia”.
[276] Folio 39 del cuaderno de Revisión.
[277] Consideraciones del Padre Alberto Múnera
Duque, S.J., durante el trámite de revisión (folio 39 del cuaderno de
Revisión). Y agregó: “Es evidente para mí como sacerdote y teólogo de la
Iglesia Católica, que el beneficio espiritual del demandante perteneciente a
nuestra confesión religiosa, requiere la veneración de la imagen del Niño Jesús
que de manera arbitraria se le ha negado en razón de un reglamento carcelario
irracionalmente interpretado, con lo cual se ha conculcado su derecho
constitucional a la libertad de cultos y religiosa” (folio 40 del cuaderno
de Revisión).
[278] Tal como fue señalado en el salvamento de voto presentado
por una de las Magistradas del Tribunal Superior de Tunja, dentro del trámite
de tutela, en segunda instancia: “La doctrina de la Iglesia Católica está
cimentada en la fe católica, que entre otros aspectos se refleja en un sin
número de imágenes religiosas y reliquias o relicarios de santos, a los cuales
se les venera. De ahí, que el impedir instalar la imagen requerida por Álvaro
Andrés Ibarra en su celda cercena de tajo los derechos de actuar acorde a la
religión que profesa interfiriendo en su decisión de reverenciar una imagen que
hace parte de su devoción, pues al no permitirla tenerla consigo se interfiere
flagrantemente en su ejercicio de fe y espiritual que redunda en su fuero
interno, con mayor razón cuando se encuentra en un establecimiento carcelario
que no solo lo aleja de la sociedad sino de su libertad de expresión religiosa
dentro de los parámetros propios de la religión que profesa” (folios 20 al
26 del cuaderno de impugnación).
[279] Folio 116 del cuaderno de Revisión.
[280] Consideraciones del Párroco de
la Iglesia El Niño Jesús, P. Julio Humberto Olarte Franco, durante el periodo
de revisión (folio
117 del cuaderno de Revisión).
[281] Folio 4.
[282] En palabras del accionante: “Yo
si reconozco que mande hacer el cuadro en los talleres de este establecimiento
y me dibujaron al Divino Niño, pero tengo miedo de que en algún momento llegue
un operativo del INPEC a revisar las celdas y se me lleven el cuadrito de mi
devoción” (folio 80 del cuaderno de Revisión).
[283] Folio 81 del cuaderno de
Revisión.
[284] En dicho documento, la citada
funcionaria le advirtió al accionante, en respuesta a un derecho de petición
incoado, lo siguiente: “En atención a su solicitud realizada y teniendo en
cuenta los soportes expuestos en la misma, me permito informar que se autoriza
el ingreso de la imagen religiosa siempre y cuando cumpla con dimensiones
iguales o menores a 20cm x 20cm” (folio 133 del cuaderno de Revisión).
[285] Folio 127 del cuaderno de
Revisión. Al proceso de tutela, se aportó la respuesta brindada por el
Comandante Operativo de Mediana Seguridad, Teniente Buitrago Puentes Edgar
Orlando, a la señora Yurani Castillo González de la Oficina de Tutelas de la
penitenciaría, el día 10 de abril de 2018, cuyo contenido literal es el
siguiente: “De manera atenta y en respuesta a lo solicitado por su despacho
mediante el oficio de la referencia, me permito informarle que verificando
personalmente la celda del PPL Ibarra Herrera, se pudo evidenciar que la imagen
pernota (sic) en dicha celda previa autorización de la señora
subdirectora Mabel Julieta Rico con fecha 26 de septiembre de 2017 ya que
cumple con las medidas establecidas; por otro lado se encuentra ubicado en el
pabellón No. 1 adecuando (sic) para ex funcionarios públicos de lo cual anexo
copia de la documentación que acredita como ex funcionario público al ppl en
mención” (folio 132 del cuaderno de Revisión).
[286] Sentencia T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera. Con relación al hecho superado, esta Corporación ha señalado que
se configura cuando “la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado
está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en
consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”. Con todo, se ha sostenido, pacíficamente, que ello no obsta
para que en estos eventos, de manera excepcional y siempre que el asunto lo
amerite (por ejemplo por la necesidad de adelantar un ejercicio de pedagogía
constitucional, y en virtud de la potestad de revisión que ejerce este Tribunal
de manera eventual), se decida emitir algún pronunciamiento judicial
relacionado con el contenido y alcance de los preceptos jurídicos que enmarcan
la protección de las garantías iusfundamentales invocadas en la petición de
amparo. De igual forma, se ha dicho que la carencia de objeto por hecho
superado puede presentarse antes, durante o después de la interposición de la
acción de la tutela; y su “actualidad” está mediada porque su acaecimiento sea
anterior a la decisión judicial correspondiente (de instancia o de revisión).
Sin embargo, como es apenas lógico, la superación del objeto atiende a la
satisfacción espontánea de los derechos alegados en el escrito de tutela, a
partir de una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado; de
forma que nunca se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los
que tal satisfacción ha sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta
en una instancia judicial previa, pues en ese caso de lo que se trata no es de
la superación del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del
operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para
resolver el conflicto constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible
de valoración integral por parte la instancia posterior o en sede de revisión,
según corresponda. Desde
sus inicios, la Corte Constitucional se encargó de desarrollar, de manera
suficiente, estos criterios, los cuales han sido pacíficamente reiterados. En
ese sentido, resulta importante tener en cuenta las sentencias T-519 de 1992.
M.Ps. José Gregorio Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio
Morón Díaz; T-416 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-682 de 1998.
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-271 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras. De
manera más reciente, las sentencias T-877 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-478 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-707 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; T-731 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas;
T-002 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; SVP Carlos Bernal Pulido,
entre otras.
[287] Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón
Díaz; AV y SV
Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero, Carlos Gaviria Díaz,
José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara; SVP José Gregorio
Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara.
[288] Folio 13 del cuaderno de impugnación.
[289] Sentencia C-184 de 1998. M.P. Carlos
Gaviria Díaz. En esta ocasión, se estudió la constitucionalidad de algunos
artículos del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993).
[290] IJ. Isaac Roa Cruz.
[291] Folio 58 del cuaderno de
Revisión.
[292] El artículo 65 del reglamento
interno del penal establece lo siguiente: “Higiene personal. Es deber de
todo interno bañarse y afeitarse diariamente. Sin excepción, no está permitido
el uso de barba ni el cabello largo”.
[293] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[294] Folio 58 del cuaderno de
Revisión.
[295] Folio 58 del cuaderno de
Revisión.
[296] Folio 58 del cuaderno de
Revisión.
[297] En lo relevante para el asunto
objeto de estudio, se destacan las siguientes afirmaciones realizadas por el
Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Embajador Sr. Ronald Sanders
ante la Organización de los Estados Americanos -OEA: La discriminación y la
intolerancia basada en el color y en el credo persisten en muchas naciones. Esa
discriminación es muchas veces negada pero continúa siendo experimentada a
diario. Por décadas, la Comunidad Rastafari ha sido marginada privándosele de
su derecho a expresar quienes son y en que creen. El 13 de abril, el Primer
Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, se disculpó públicamente con la
Comunidad Rastafari por haber sido marginada y activamente discriminada por
muchos años. Sus grandes pecados fueron la oposición completa a la imperial y
opresora cultura Británica que esclavizó a la descendencia Africana y amputó su
conexión con sus ancestros en África. También su determinación por preservar
una identidad que sucumbía al deseo de invisibilizar su cultura y creencias
religiosas. Por estas transgresiones fueron marginados durante casi 100 años a
lo largo de todo el Caribe renunciado a su dignidad, a su libertad, a su
herencia Africana e incluso a su reconocimiento como seres humanos. Ahora,
levantaron su voz y se expandieron por todo el mundo destacándose
profesionalmente en el campo de la medicina, la ciencia, la academia y las
artes. Como decía el icónico Bob Marley: “nos rehusamos a ser lo que ustedes
quieren que seamos, somos lo que fuimos y esa es la forma como será”. El
Gobierno de Antigua y Barbuda ya ha recorrido pasos para reconocer la dignidad
y el valor de los Rastafaris como plenos integrantes de la sociedad. Así como
se permite el derecho de otros a practicar su religión incluyendo sus derechos
religiosos también deben aceptarse los derechos de los Rastas a manifestar su
libertad, sus prácticas culturales religiosas, incluyendo el uso sacramental
del cannabis y la admisión del uso de rastas, inclusive, en las instituciones
educativas de la nación. Por mucho tiempo sirvieron como profesores en las
escuelas y se desempeñaron en el campo ahora son parlamentarios y trabajan para
el servicio diplomático del país. De esta manera se promueve el respeto por la
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas contribuyendo a
fortalecer la democracia y la participación ciudadana (folio 144 del cuaderno
de Revisión).
[298] Folios 87 y 92 del cuaderno de
Revisión.
[299] Sobre el particular, se
advierte que el requerimiento de la Sala fue enviado a dos direcciones
distintas que, en virtud de una llamada telefónica sostenida con el ciudadano
Óscar Mauricio Puentes Amador fueron advertidas por él cómo los lugares dispuestos
para recibir comunicaciones.
[300] Folios 87 y 97 del cuaderno de
Revisión.
[301] Folios 118 y 124 del cuaderno
de Revisión.
[302] Folios 37 al 41 del cuaderno de Revisión.
[303] Folios 77 al 86 del cuaderno de Revisión.
[304] Folio 78 del cuaderno de
Revisión.
[305] Folio 78 del cuaderno de
Revisión.
[306] Folio 79 del cuaderno de
Revisión.
[307] Folio 79 del cuaderno de
Revisión.
[308] Sobre el particular, el actor
señaló lo siguiente: “Yo fui policía en el grado de patrullero en la
seccional de Investigación Criminal- SIJIN en el Urabá Antioqueño, ocupaba el
cargo de investigador, cuando desempeñaba dichas funciones cometí un error
penal y por unos anhelos tontos de ambición por dinero falte a mi deber
policial y le suministre información a una organización criminal, en el grupo u
oficina donde yo laboraba un 80% de los policías recibían dinero y me confié y
caí preso. [En] este momento después de llevar 10 meses privado de la
libertad me arrepiento tanto pero tanto por lo que hice, yo no mate a nadie, ni
secuestre, solo vendía información de la Sijin a un grupo ilegal y por eso me
condenaron a un pena de 131 meses. Estaba terminando una carrera en
psicología, la cual desde aquí no puedo continuar, destroce mi hogar”
(folios 83 y 84 del cuaderno de Revisión).
[309] En palabras del accionante: “Yo
si reconozco que mande hacer el cuadro en los talleres de este establecimiento
y me dibujaron al Divino Niño, pero tengo miedo de que en algún momento llegue
un operativo del INPEC a revisar las celdas y se me lleven el cuadrito de mi
devoción” (folio 80 del cuaderno de Revisión).
[310] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[311] Folio 80 del cuaderno de
Revisión. Al proceso se aportó el documento dirigido por el actor al Párroco de
la Iglesia del Divino Niño Jesús en Bogotá en el que le solicita lo siguiente:
“Señor párroco del Divino Niño Jesús, yo soy seguidor a la devoción del
Divino Infante desde hace más de quince (15) años, y en este momento me
encuentro privado de la libertad en el centro de reclusión que aparece al pie
de mi firma, el motivo de la presente solicitud es para que estudie la
posibilidad padre de interceder por mi ante nuestro Dios el Divino Niño Jesús.
// [Mi mamá] es mi amiga, mi confidente y está siempre dispuesta a
ayudarme, me ofrece a diario su casa y su corazón y de manera constante me dice
que ella no tiene nada que perdonarme, que mi delito fue la ambición al dinero,
que hasta los más grandes políticos cometen errores por dinero, que ella
siempre va estar conmigo, esto sin tener en cuenta que mi querida madre tiene
un tumor cerebral, es decir, un cáncer en su masa encefálica de su cerebro, ha
perdido el gusto, y parte de la vista, [se le dificulta] para tragar,
constantemente se desmaya y se queda sin respiración, yo escribo todo esto y se
me aguan los ojos, estoy maniatado, sin poder hacer nada, desde hace días tenía
pendiente en escribir a la Iglesia Católica por que esta es mi primer carta,
pero considere mejor escribir mi actual petición a mi iglesia favorita, es
decir, al Gran Santuario del Divino Niño Jesús, hoy viernes santo sentí la
necesidad de expresar lo que siento para que por favor oren a nuestro Divino
Niño Jesús y Virgen María por la salud y vida de mi señora madre Rosalba
Herrera Cossio, también les pido que oren por mi pronta libertad ansió ver a mi
mamá, ayudarla y cuidarla, y deseo con todo mi ser ver a mi madre viva y con
buena salud por muchos años. Pienso y estoy seguro que mi Dios nos escucha a
todos pero en este momento de aflicción que siento, le pido por favor a ustedes
que oren por mi mamá por favor” (folios 83 al 85 del cuaderno de Revisión).
[312] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[313] Folio 80 del cuaderno de
Revisión.
[314] Folio 81 del cuaderno de
Revisión.
[315] Folios 126 al 142 del cuaderno
de Revisión.
[316] Folio 127 del cuaderno de
Revisión. Al proceso de tutela se aportó la respuesta brindada por el
Comandante Operativo de Mediana Seguridad, Teniente Buitrago Puentes Edgar
Orlando, a la señora Yurani Castillo González de la Oficina de Tutelas de la
penitenciaría, el día 10 de abril de 2018, cuyo contenido literal es el
siguiente: “De manera atenta y en respuesta a lo solicitado por su despacho
mediante el oficio de la referencia, me permito informarle que verificando
personalmente la celda del PPL Ibarra Herrera, se pudo evidenciar que la imagen
pernota (sic) en dicha celda previa autorización de la señora
subdirectora Mabel Julieta Rico con fecha 26 de septiembre de 2017 ya que
cumple con las medidas establecidas; por otro lado se encuentra ubicado en el
pabellón No. 1 adecuando (sic) para ex funcionarios públicos de lo cual anexo
copia de la documentación que acredita como ex funcionario público al ppl en
mención” (folio 132 del cuaderno de Revisión).
[317] Folio 133 del cuaderno de
Revisión.
[318] Al expediente, se aportaron
documentos que acreditan la condición de ex miembro de la Policía Nacional del
accionante tales como el extracto de su hoja de vida de la cual se desprende
los diversos cargos desempeñados durante su estancia en la institución, los
cursos y estudios adelantados así como las condecoraciones y felicitaciones
recibidas en cumplimiento de su deber (folios 134 al 142 del cuaderno de
Revisión).
[319] De acuerdo con la fotocopia de
la cédula de ciudadanía aportada al proceso, el señor Álvaro Andrés Ibarra
Herrera nació el 12 de enero de 1984 por lo que, a la fecha, cuenta con 34 años
de edad (folio 139 del cuaderno de Revisión).
[320] Folios 116 y 117 del cuaderno de Revisión.
[321] Adolfo Franco Caicedo.
[322] Folios 35 y 36 del cuaderno de
Revisión.
[323] La CIDH encontró que el Estado
Colombiano había violado, en perjuicio de la demandante, los derechos
consagrados en los artículos 5.1, 8.1, 11.2, 24 y 25.1 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones
estatales consagradas en los artículos 1.1. y 2 del mismo instrumento.
[324] El Ministerio aclaró que,
dentro de las recomendaciones brindadas, se propuso, en el marco de las medidas
de no repetición, la creación de una mesa de trabajo que acompañara
técnicamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en las
reformas de los 135 reglamentos internos de los establecimientos de reclusión
del orden nacional. El objetivo principal es que se efectuara una supervisión
detallada de las enmiendas realizadas a dichos reglamentos con el fin de que
incorporaran los principios fundamentales del Reglamento General del INPEC.
[325] Resolución 006349 del 19 de
diciembre de 2016.
[326] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[327] Artículo 48 (control de
tenencia de elementos permitidos), artículo 50 (elementos prohibidos), artículo
87 (higiene personal) y artículo 88 (peluquería y barbería) del nuevo
Reglamento General del INPEC.
[328] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[329] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[330] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[331] Folio 35 del cuaderno de
Revisión.
[332] Folios 35 y 36 del cuaderno de
Revisión.
[333] Sobre este último punto, el
ente ministerial advirtió que: “Si bien hasta la fecha no se han revisado, y
por ende tampoco aprobado, los reglamentos internos de los [establecimientos
penitenciarios y carcelarios del orden nacional -ERON-] en los cuales están
recluidos los accionantes (Cómbita y Yopal), dicha ausencia reglamentaria
temporal no constituye una falta absoluta de protección de las personas
privadas de la libertad, debido a que sus derechos siguen siendo garantizados
en virtud del Reglamento General” (folio 36 del cuaderno de Revisión).