T-013-20
Sentencia T-013/20
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia
excepcional cuando se vulneran derechos de las personas de la tercera edad
PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ADULTO MAYOR-Diferencia
Conviene
precisar que el término “persona de la tercera edad” y el concepto “adulto
mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser empleados como
sinónimos. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En
ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en
pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención
integral en los centros vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa
norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa
edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y
psicológico [que] así lo determinen”. Por
su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla
quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No
todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario,
cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.
PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Se
considera que lo es a partir de 76 años, según actualización emitido por el
DANE
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PENSIONAL-Fundamental
El derecho a
seguridad social tiene un carácter fundamental relacionado con el derecho al
mínimo vital, más aún, cuando se trata de personas que se encuentran en estado
de indefensión y son sujetos de una especial protección constitucional.
PENSION DE VEJEZ-Evolución
normativa
HABEAS DATA-Posibilidad de
ejercerlo cuando se presenta inexactitud en historia laboral para solicitar
pensión de vejez
HISTORIA LABORAL-Relevancia
constitucional
La historia
laboral es un documento emitido por las administradoras de pensiones –sean
públicas o privadas- que se nutre a partir de la información sobre los aportes
a pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el tiempo laborado, el
empleador y el monto cotizado. También se consignan datos específicos sobre el
salario, la fecha de pago de la cotización, los días reportados e igualmente se
pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los períodos de aportes. La Corte
Constitucional ha considerado que este documento tiene relevancia
constitucional porque involucra la protección de derechos fundamentales y
permite el reconocimiento de prestaciones laborales.
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber
de custodia, conservación y guarda de la información concerniente al Sistema de
Seguridad Social
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes
de las Administradoras de pensiones respecto de la información consignada en la
historia laboral de sus afiliados
La Sala advierte
que la administradora de pensiones es la principal obligada a responder frente
a las controversias que surjan a partir de los registros que aparecen en las
historias laborales, pues es la entidad que tiene a su cargo el manejo de los
datos laborales y su tratamiento. Además, la ley y la jurisprudencia le han
exigido una especial diligencia en el manejo de dicha información en razón de
su relevancia constitucional. Por lo tanto, la entidad deberá desplegar las actuaciones
que sean necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las
historias laborales.
PENSION DE VEJEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES
POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no debe soportar
la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones
o las administradoras de fondos de pensiones en el cobro
Existe una regla
jurisprudencial consolidada sobre la imposibilidad de trasladarles a los
trabajadores las consecuencias negativas de la mora del empleador y de la falta
de gestión de las administradoras en el cobro de los aportes. La Corte ha
concluido que son las administradoras de pensiones las llamadas a asumir los
efectos que puedan derivarse del retraso o de la falta de pago de los aportes. Es necesario que las administradoras de pensiones
ejecuten los trámites tendientes a obtener las contribuciones pensionales y los
aportes de la historia laboral de sus afiliados, ya que, así como no es
atribuible al trabajador la mora del empleador en realizar las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, tampoco lo es el actuar
negligente de las administradoras, cajas o fondos de pensiones que no logran
efectuar el traslado de los aportes de sus afiliados.
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Vulneración
por Colpensiones, al no reconocer pensión de vejez, por incumplimiento de su
deber legal de actualización de la historia laboral y de las semanas cotizadas
Referencia: expediente T-7.311.733
Acción de tutela
presentada por Ramón Emilio Mejía Flórez contra COLPENSIONES
Procedencia:
Juzgado
Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar)
Asunto: Protección
constitucional de los derechos fundamentales a la seguridad social y al habeas
data de un adulto mayor.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de
dos mil veinte (2020).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando
Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de única instancia, dictado por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Chiriguaná (Cesar) el 5 de agosto de 2019, en el proceso de tutela promovido
por Ramón Emilio Mejía Flórez contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES).
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional escogió, para efectos de
su revisión, el asunto de la referencia[1].
Posteriormente, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, a través del Auto 336 del 25 de junio de
2019[2],
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso en mención, desde el auto
admisorio de la demanda, sin perjuicio de la validez de las pruebas aportadas.
En efecto, la Corte consideró que no se garantizaron los derechos fundamentales
a la defensa y contradicción de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP), pues no se le notificó la apertura de este trámite
constitucional a pesar de que las decisiones eventualmente podrían afectar sus
intereses. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente al juez de
primera instancia, a saber, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar). Igualmente, ordenó que
una vez agotado el trámite de instancias, el expediente se devolviera a la Magistrada
Sustanciadora para su revisión.
El Juzgado Promiscuo de Familia
de Chiriguaná (Cesar) profirió sentencia el 5 de agosto de 2019, sin que se la
providencia fuera apelada.
El expediente fue remitido
directamente al despacho de la Magistrada Sustanciadora, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral cuarto del Auto del 25 de junio de 2019, emitido por la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional[3].
I. ANTECEDENTES
Ramón Emilio Mejía Flórez, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por considerar que dicha
entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital o “subsistencia”,
a la dignidad humana, a la vida digna y a la igualdad.
A.     Hechos
y pretensiones
1.
El tutelante indicó que nació el 21 de agosto de 1945 y, para cuando interpuso
la acción, tenía 74 años de edad. Inició labores como celador en el Centro
Materno Infantil de El Paso (Cesar), adscrito al Hospital San Andrés de
Chiriguaná, al que estuvo “vinculado por carrera administrativa”[4]
desde el 1º de diciembre de 1987 hasta el 31 de enero de 1996, periodo en
el que los aportes a pensión por parte del empleador fueron administrados por
CAJANAL EICE.
2. Relata que el
Concejo Municipal de El Paso (Cesar), mediante Acuerdo 008 del 15 de enero de
1996, transformó el Centro Materno Infantil adscrito al Hospital San Andrés de
Chiriguaná en el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE, entidad con la
que continuó su relación laboral desde el 1º de marzo de 1996 hasta la
presentación de la acción de tutela.
3. Afirma que en
su historia laboral expedida por COLPENSIONES cuenta con un total de “5455
días, es decir 773 semanas”[5]
cotizadas en los siguientes periodos de tiempo laborado, en el Hospital
Hernando Quintero Blanco ESE[6]:
Empleador
Caja o administradora de pensiones
Periodo
Tiempo cotizado
Hospital
San Andrés de Chiriguaná (Cesar)
CAJANAL
EICE (hoy UGPP)
1°
de diciembre de 1987 al 31 de enero de 1996
2940
días o 420 semanas
Hospital
Hernando Quintero Blanco ESE
COLPENSIONES
1°
al 10 de junio de 1998
10
días
1°
de junio de 2009 al 31 de octubre de 2010
510
días
1°
de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2011
150
días
1°
de junio de 2011 al 8 de agosto de 2016
1668
días
1°
al 8 de febrero de 2016
8
días
1°
al 8 de marzo de 2016
8
días
1°
al 8 de abril de 2016
8
días
4.
Refiere que la entidad oficial Hospital Hernando Quintero Blanco ESE “omitió
obligación legal de realizar los aportes de las cotizaciones por pensión” a
COLPENSIONES en los siguientes periodos:
Empleador
Caja o administradora de pensiones
Periodo
Tiempo cotizado
Hospital
Hernando Quintero Blanco ESE
COLPENSIONES
1°
de febrero de 1996 al 31 de mayo de 1998
850
días
11
de junio de 1998 al 31 de mayo de 2009
4005
días
1°
al 30 de noviembre de 2010
30
días
1°
al 31 de mayo de 2011
31
días
9
al 31 de enero de 2016
23
días
9
al 29 de febrero de 2016
20
días
9
al 31 de marzo de 2016
23
días
9
de abril hasta la fecha de interposición de la tutela.
189
días
TOTAL APROXIMADO PERIODO DEJADO DE COTIZAR = 5.171
DÍAS = 738,71 SEMANAS[7]
5.
Sostuvo que si se suman las semanas registradas en su historia laboral y las
dejadas de cotizar por esa entidad, da como resultado un total de “1511,71
semanas”[8],
tiempo que supera ampliamente el exigido por la ley para acceder a la pensión
de vejez. Igualmente, reiteró que al tener 74 años de edad, cumple ambos
requisitos para acceder a la prestación social reclamada.
6. El actor
señaló que el 23 de octubre de 2015 solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y
pago de su pensión de vejez. La entidad, mediante Resolución GNR 416997 del 24
de diciembre de ese año, notificada el 4 de marzo de 2016, negó dicha
prestación social por no cumplir con el tiempo de cotización requerido, “puesto
que solo acreditaba, según su historia laboral 5208 días, es decir, 744
semanas”[9].
7.
El 17 de marzo de 2016, a través de apoderado judicial, el accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que se revocara la
Resolución GNR 416997 y así obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez. Para el actor, los periodos de mora o no cotizados, se deben a la
omisión del Hospital Hernando Quintero Blanco y COLPENSIONES, en virtud de sus
obligaciones de recaudo y cobro, es quien debe perseguir al empleador para
lograr el pago de los periodos faltantes.
8. COLPENSIONES,
mediante las Resoluciones GNR 137135 del 10 de mayo de 2016 y VPB 36856 del 22
de septiembre de la misma anualidad, resolvió negativamente los recursos de
reposición y apelación. La entidad demandada reiteró que, de acuerdo a los
reportes de semanas cotizadas, el actor no cumple con el requisito de tiempo
para causar el derecho a la pensión de vejez, pues según los parámetros
establecidos en el Decreto 758 de 1990, no cuenta con 500 semanas cotizadas
durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para
acceder a la pensión, que en el presente caso van “desde el 21 agosto de
1985 hasta el 21 de agosto de 2005”[10].
Igualmente,
dicha administradora de pensiones adujo que el accionante no acreditó 1.000
semanas de cotización al 31 de julio de 2010, sino únicamente 485.
Aunado
a lo anterior, el actor refirió que COLPENSIONES estudió el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión de vejez a la luz del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y
concluyó que el actor tampoco cumplía los requisitos de tiempo cotizado que esta
norma estableció, pues para el año 2015 era necesario que tuviera 1.300 semanas
cotizadas para obtener el reconocimiento pensional y, para ese entonces, “el
peticionario solo contaba con 756 semanas”[11].
9.
Según el accionante COLPENSIONES tiene el deber y la obligación legal de
realizar los trámites administrativos y procedimientos de conformidad con su
competencia, para llevar a cabo la exigencia del cálculo actuarial o “cualesquiera
requisición (sic) al hospital Hernando Quintero Blanco E.S.E.”[12].
De hecho, destacó que en el Manual de Cobro Administrativo de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Resolución 0504 de 2013) se establecen
sus facultades de cobro a empleadores que no pagan puntualmente los aportes a
pensiones en el Sistema General de Seguridad Social.
10.
El señor Mejía afirmó que por su edad es un sujeto de especial protección
constitucional, además sufre de hipertensión, problemas de rodilla y visión, y
actualmente trabaja para el Hospital Hernando Quintero Blanco, a pesar de ello,
porque tiene a su cargo el mantenimiento económico de su esposa y de su nieto
menor de edad. Así pues, pretende que se ordene a COLPENSIONES reconocer y
pagar: (i) la pensión de vejez y (ii) el retroactivo al que haya lugar.
B.
Actuaciones en sede de tutela previas a la declaratoria de nulidad
Actuación
procesal
Mediante auto
del 1º de noviembre de 2018, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Chiriguaná (Cesar)
admitió la acción de tutela y le solicitó a la parte demandada que se
pronunciara respecto de los hechos y pretensiones formuladas por el accionante[13].
Respuesta
de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
El 7 de
noviembre de 2018, la entidad demandada solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por considerar que el actor no agotó los mecanismos de defensa
judicial de la jurisdicción ordinaria laboral, ya que de acuerdo con el numeral
4º del artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, toda controversia
suscitada en el marco del Sistema General de Seguridad Social debe ser
tramitada por esta vía.
Sobre el
particular, la Administradora de Fondos de Pensiones afirmó que esta
Corporación ha sido reiterativa en cuanto a la improcedencia de la acción de
tutela para obtener el reconocimiento de derechos laborales, pues “por su
naturaleza excepcional y subsidiaria, ésta no puede remplazar las acciones
ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza
litigiosa”[14]. Al respecto,
citó las Sentencias T-528 de 1998 y T-344 de 2011.
Concluyó que, en
este caso, no es competencia del juez constitucional realizar un análisis de
fondo frente a las pretensiones del accionante, porque la acción de tutela no
cumplió el requisito de subsidiariedad, y aceptar su estudio de fondo, sería “desnaturalizar
la acción (…) pretendiendo que por medio de un proceso caracterizado por la
inmediatez y subsidiariedad, sean reconocidos derechos que son de conocimiento
del juez ordinario competente a través de los mecanismos legales establecidos
para ello”[15].
Trámite de selección y actuaciones en
sede de revisión previas al decreto de la nulidad
El
expediente fue remitido a esta Corporación mediante oficio número 1086 del 15
de marzo de 2019[16]. La Sala de
Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de
abril de 2019, resolvió seleccionar el asunto de la referencia para
revisión.
El
15 de mayo de 2019, en cumplimiento de las órdenes emitidas en el auto de
selección, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al
despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
En el Auto del 31 de mayo de 2019[17],
la Magistrada ponente solicitó varias pruebas, con el propósito de contar con
elementos de juicio adicionales para resolver el asunto.
En primer lugar, le solicitó al
accionante, Ramón Emilio Mejía Flórez, informar a la Corte: (i) su condición
laboral actual, específicamente si aún trabaja para el Hospital Hernando
Quintero Blanco ESE; (ii) su situación familiar, económica y de salud para el
momento de emisión del auto y desde el momento de la presentación de la acción
de tutela[18];
y (iii) los hechos nuevos sobre el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez.
En segundo lugar, ofició a COLPENSIONES
para que señalara los periodos de afiliación y cotización del accionante,
así como las posibles modificaciones a su historia laboral[19].
Finalmente, vinculó y ofició al Hospital
San Andrés de Chiriguaná[20], al Hospital Hernando
Quintero Blanco[21], y a la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP)[22]
para que informaran el tiempo laborado por el accionante en cada entidad
y las semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
El señor Ramón Emilio Mejía
Flórez, en cumplimiento de esa providencia, informó que
posteriormente a la interposición de la acción de tutela y hasta la fecha de su
respuesta, trabaja para el Hospital Hernando Quintero Blanco, sin variación
alguna sobre el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Sin embargo,
precisó que “en la etapa inicial de la presente acción”[23]
COLPENSIONES ofició a su empleador para que allegara los documentos necesarios
para dar trámite a la liquidación del cálculo actuarial.
En lo que
respecta a su situación familiar y económica, relató que actualmente presenta
problemas de salud en las articulaciones, específicamente en las rodillas,
junto con hipertensión arterial, problemas de visión, de colon irritable y
gastritis. Además, afirmó que vive con su esposa de 61 años y su nieto de 5
años, quienes dependen económicamente de él, pues su cónyuge sufre de artritis
y únicamente se dedica a las labores del hogar, mientras que la madre del menor
de edad “es hija de la esposa (…), y aquella no tiene recursos para
mantenerlo”[24]. Sumado a lo anterior,
informó que tiene a su cargo el cuidado de una hermana de “aproximadamente
80 años, desamparada”[25].
Finalmente,
sostuvo que no tiene vivienda propia y sus gastos mensuales son “los
ordinarios de un hogar, gastos de pago de servicios públicos domiciliarios,
alimentación, medicinas, transporte, etc.”[26]
La Directora de Acciones
Constitucionales de COLPENSIONES en escrito enviado el 14 de junio de
2019, solicitó ampliar el término para responder el auto de pruebas del 31 de
mayo de 2019[27].
El 25 de junio de 2019 allegó la
información requerida por esta Corporación e informó que el accionante figura
como cotizante activo de la entidad con afiliación continua y “fecha de
ingreso desde el 1 de junio de 2009”[28] a pesar de
que en sus bases de datos figura una cotización previa por 1.43 semanas (10
días) para el periodo del 1° al 30 de junio de 1998, cuando no existía vínculo
alguno con la administradora de pensiones.
Agregó que, validado el historial
de pagos del señor Mejía Flórez, al 25 de junio de 2019 registra “408,71
semanas cotizadas al Régimen de Prima Media y 425,42 semanas reportadas
correspondientes a tiempos públicos, para un total de 834,13 semanas”[29],
sin que figure reporte alguno de semanas cotizadas entre 1996 a 2009.
Así mismo, expuso que COLPENSIONES
no ha gestionado el traslado de aportes con CAJANAL (hoy UGPP), “como quiera
que no ha reconocido pensión alguna”[30] al
actor y que, en el evento de que esta se reconozca, se le solicitará a la UGPP
la respectiva cuota parte. No obstante, mencionó que “mediante oficio
anexo de fecha 26 de octubre de 2015 solicitó la confirmación de los tiempos
públicos 01/12/1987 hasta 31/06/1996 a CAJANAL EICE, ante el Hospital San
Andrés, bajo el No. de Guía GN0357010537293”[31],
periodos de tiempo que el anterior empleador del señor Mejía Flórez
confirmó.
Por último, esta administradora
de pensiones manifestó que, al tener en cuenta la información allegada con la
acción de tutela y evidenciarse que el actor no registra afiliación ni aportes
entre el 1° de marzo de 1996 al 31 de mayo de 1998 y del 1° de julio de 1998 al
31 de mayo de 2009 por parte del Hospital Hernando Quintero Blanco, COLPENSIONES
requirió al Hospital para que enviara los documentos necesarios para proceder
con el estudio y/o elaboración del cálculo actuarial por omisión, mediante el
Oficio GA87022382803 del 19 de noviembre de 2018[32].
COLPENSIONES indicó que el
Hospital Hernando Quintero Blanco dio respuesta a dicho requerimiento, tal como
consta en el radicado No. 2019_6501430 del 17 de mayo de 2019, en el cual este
último solicitó “se realice el estudio y/o calculo (sic) actuarial por
omisión de pago de los aportes del empleador RAMÓN EMILIO MEJÍA FLÓREZ (…)
durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1996 a 31 de mayo de 1998
y del 1 de julio de 1998 a 31 de mayo de 2019”[33].
La Gerente del Hospital
Hernando Quintero Blanco, por su parte, precisó que[34]:
(i) el señor Ramón Emilio Mejía Flórez se desempeña como celador en la
institución desde el 1° de marzo de 1996 hasta la fecha de respuesta; (ii) su
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en pensiones ha sido variada,
pues en un primer momento estuvo afiliado a CAJANAL, desde el 1° de marzo de
1996 hasta junio de 2009, luego “al
SEGURO SOCIAL”, desde abril de 2012 hasta junio de 2016 “cuando el señor
solicitó que se suspendiera su pago a pensión porque había cumplido con el número
de semanas necesaria (sic) para su pensión”[35]; y
(iii) COLPENSIONES mediante oficio 2018-14116277 le informó a la entidad que
existían unos periodos sin cotizar desde el 2 de marzo de 1996 hasta el 31 de
mayo de 1998 y del 1° de julio de 1998 al 31 de mayo de 2009, razón por la que
el Hospital le solicitó a esa administradora el cálculo actuarial por dichos
periodos.
La UGPP
en su respuesta solicitó la nulidad de todo lo actuado en primera y
segunda instancia, con fundamento en el artículo 133 numeral 8º del Código
General del Proceso, que establece como causal, la indebida notificación del
auto admisorio de la demanda que, en este caso, se profirió el 1° de noviembre
de 2018 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar).
Para la entidad,
la falta de vinculación previa al proceso trae como consecuencia la
imposibilidad de ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, garantías
propias del debido proceso judicial.
Por ende, con el
fin de probar la necesidad de su vinculación en el proceso, allegó información
relevante para el caso objeto de estudio. Informó que, verificadas sus bases
internas de datos, el señor Ramón Emilio Mejía Flórez cuenta con “aproximadamente
540 semanas”[36] cotizadas,
que corresponden a aportes “realizados a CAJANAL por parte del HOSPITAL
HERNANDO QUINTERO BLANCO”[37],
del año 1997 al 2009.
Declaratoria de nulidad de todo lo
actuado a partir del auto admisorio de la demanda
La
Sala Sexta de Revisión, por medio del Auto 336 de 2019[38], accedió a la
solicitud de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) y declaró la nulidad de todas
las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia, a partir del
auto admisorio del 1° de noviembre de 2018, proferido por Juzgado
Promiscuo de Familia de Chiriguaná (Cesar). Al margen de lo
anterior, determinó que las
pruebas allegadas en el curso del proceso de tutela no perderían su valor
probatorio y que, una vez surtidas las instancias correspondientes, el
expediente debería regresar al despacho de la Magistrada Sustanciadora.
Adecuación del trámite constitucional
de instancia tras la emisión del Auto 336 de 2019
En
cumplimiento de la orden dada por este Tribunal, el 22 de julio de 2019, el Juzgado
Promiscuo de Familia de Chiriguaná admitió nuevamente la acción de tutela[39],
corrió traslado al accionante, a su apoderado y a COLPENSIONES y vinculó a
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), al
Hospital San Andrés de Chiriguaná y al Hospital Hernando Quintero Blanco de El
Paso (Cesar).
Respuesta
de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Mediante
Auto del 12 de julio de 2019, la Sala remitió al Juzgado Promiscuo de Familia
de Chiriguaná un escrito adicional a la respuesta dada por COLPENSIONES el 25
de junio de 2019, en el que la entidad agregó nuevos argumentos de defensa[40].
En
dicho escrito, el Gerente Asignado de Defensa Judicial de COLPENSIONES reiteró
los argumentos esgrimidos en la respuesta dada el 7 de noviembre de 2018, y
adicionó que COLPENSIONES no tiene la obligación de cobrar los aportes a
pensiones cuando el empleador omite la afiliación de sus empleados, de acuerdo
con lo decidido por esta Corporación en la Sentencia T-079 de 2016[41].
COLPENSIONES
concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues
oportunamente dio trámite y “resolvió ajustada a derecho la solicitud de
reconocimiento de pensión de vejez y los recursos impetrados”, toda vez que
las decisiones que tomó la entidad se basaron en la historia laboral y los
tiempos cotizados a otras cajas de previsión, por lo que los periodos sin
cotización deberán ser pagados por el Hospital Hernando Quintero Blanco “para
que estos aportes sean tenidos en cuenta como tiempo de cotización para efectos
del eventual reconocimiento de la pensión”[42].
Además, reiteró que en las bases de datos de afiliación y recaudo de la
institución no hay registro de afiliación ni cotizaciones a favor del
accionante para los periodos del 1° de marzo de 1996 al 31 de mayo de 1998 y
del 1° de julio de 1998 al 31 de mayo de 2009.
En
respuesta posterior del 24 de julio de 2019[43], la administradora
de pensiones puso de presente que, el 17 de mayo de 2019, contestó la solicitud
presentada por el Hospital Hernando Quintero Blanco sobre el estudio del
respectivo cálculo actuarial, mediante radicado BZ2019_6794810, en el que la
Dirección de Ingresos de COLPENSIONES le informó a esa entidad el listado de
documentos que debía allegar para continuar con el trámite necesario.
Pronunciamiento del Hospital San Andrés de
Chiriguaná (Cesar).
El
representante legal del Hospital San Andrés de Chiriguaná solicitó declarar la
falta de legitimación por pasiva contra la ESE debido a que, tal como lo
reconoce COLPENSIONES, el Hospital cumplió debidamente su obligación de
realizar el pago de las cotizaciones a favor del accionante durante la vigencia
de su contrato laboral, esto es “desde el 1 de diciembre de 1987 hasta (sic)
31 de enero de 1999”[44].
Contestación de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
La Subdirectora de Defensa Judicial y Pensional de
la UGPP manifestó que al revisar las bases de datos y aplicativos de la
entidad, “no existe petición realizada por el señor Ramón Emilio Mejía
Flórez a UGPP, donde solicite algún reconocimiento prestacional y que a la
fecha esté pendiente por resolver”[45] e
igualmente, en los archivos no hay expediente pensional a nombre del actor,
razones por las que solicita se desvincule a esa administradora de pensiones
del presente asunto.
Agregó que la UGPP no puede ser considerada como
sujeto de la acción de tutela que se analiza, en razón de que, “el trámite
de la solicitud que le sirve de objeto corresponde a COLPENSIONES (…) quien
debe proceder a resolver lo solicitado”, al ser la administradora a la que
el actor se encuentra actualmente afiliado. Además, afirmó que no está probado
debidamente el nexo causal entre actuar alguno de la UGPP y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales del actor, lo que hace inviable la acción de tutela
acorde con lo establecido en la Sentencia T-462 de 1996[46].
C. Decisión objeto de revisión
Sentencia de única instancia[47]
El
Juzgado
Promiscuo de Familia de Chiriguaná, al rehacer la actuación
procesal derivada de la nulidad señalada por la Corte, resolvió declarar
improcedente el amparo solicitado por el accionante al considerar que no cumple
con el requisito de subsidiariedad, mediante sentencia del 5 de agosto de 2019.
Para
ese despacho, el actor no agotó la vía ordinaria laboral en la que “puede
demostrarle a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ‘COLPENSIONES’”,
que ha cumplido con las semanas cotizadas necesarias para el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez a la que tiene derecho, así como el reconocimiento
y pago del retroactivo a que haya lugar”. Además, sostuvo que al haber
tanta “discrepancia entre el tiempo de labor del accionante y lo que
considera como tiempo cotizado por la accionada”[48],
el juez laboral es el competente para solucionar dicha controversia.
D. Actuaciones llevadas a cabo por la
Corte Constitucional en sede de revisión tras la declaratoria de nulidad[49]
Mediante
Auto del 10 de octubre de 2019[50], la Magistrada
Sustanciadora ordenó oficiar: (i) al accionante, para que allegara información
sobre su situación actual; (ii) a COLPENSIONES y a la UGPP, para que expusieran
si ocurrieron nuevos hechos en el proceso de reconocimiento y pago de la
pensión de vejez del señor Mejía Flórez y el traslado de semanas cotizadas; y
(iii) al Hospital Hernando Quintero Blanco para que aclarara los tiempos de
cotización del accionante a las dos administradoras de pensiones vinculadas al
proceso.
Respuesta
de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)[51]
Mediante
escrito presentado el 21 de octubre de 2019, la Directora de Acciones
Constitucionales de la entidad, solicitó plazo adicional para responder el
requerimiento probatorio de la Corte. En respuesta a dicha solicitud, mediante
Auto del 22 de octubre de 2019, se le concedieron dos días adicionales para que
allegara la información solicitada.
Por
lo anterior, el 25 de octubre de 2019 dio respuesta parcial al cuestionario
formulado e informó que, para el mes de octubre de 2019, el señor Mejía Flórez
figuraba como cotizante activo, dependiente del Hospital Hernando Quintero
Blanco, con fecha de afiliación del 1° de junio de 2009 y sin variación alguna[52].
El
29 de octubre de 2019 COLPENSIONES allegó nueva información relevante para el
caso. La Directora de Acciones Constitucionales indicó que:
(i)
En el oficio 1100-01-04 del 13 de junio de 2019, se corrió “traslado a COLPENSIONES
con el auto del 10 de octubre de 2019”[53] de
la comunicación en que la UGPP manifestó tener datos en sus archivos sobre
aportes hechos desde el año 1997 hasta 2009 por el Hospital Hernando Quintero
Blanco a favor del accionante. Así, mediante comunicación No. 2019_14457014 del
25 de octubre de 2019, le solicitó a la UGPP el traslado de dichos aportes, “con
el fin de actualizar la historia laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez
según resulte procedente”[54];
(ii)
A octubre de 2019, el accionante cuenta entonces, con “851,28 semanas
cotizadas (…) de las cuales 425,86 pertenecen al Régimen de Prima Media
administrado por COLPENSIONES y 425,42 corresponden a tiempos públicos”[55];
(iii)
COLPENSIONES mediante concepto de área 2019_14608719 solicitó a su Dirección de
Historia Laboral realizar “las validaciones pertinentes en la plataforma
CETIL para que se realice, si fuere procedente, la confirmación con el Hospital
Hernando Quintero Blanco ESE de los tiempos públicos (…) aludidos por la UGPP”[56];
(iv)
Se le envió al Hospital Hernando Quintero Blanco el oficio del 10 de junio de
2019, en el cual se le indicaban los documentos necesarios para iniciar el
estudio de cálculo actuarial, aunque esa comunicación le fue entregada a una
dirección errónea. Por ende, “mediante radicado BZ2019_14540563 se envió
nuevamente la carta”[57], el
28 de octubre de 2019[58].
Finalmente,
COLPENSIONES le solicitó a esta Corporación que “conmine al Hospital
Hernando Quintero Blanco” para que confirme en el Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados CETIL “los tiempos públicos referidos por
la UGPP en oficio (…) del 13 de junio de 2019”[59] y
también, que exhorte a la UGPP a realizar el traslado de los aportes
correspondientes a los periodos que van desde el año 1997 hasta el 2009 para
incluirlos en la historia laboral del actor[60].
Respuesta
de Ramón Emilio Mejía Flórez[61]
El
accionante a través de escrito remitido por su apoderado indicó que para el mes
de octubre no se había presentado ninguna novedad en el trámite de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez de su representado.
Adicionalmente, reiteró que no ha dejado de trabajar para el Hospital Hernando
Quintero Blanco desde el 1° de marzo de 1996 y que los recursos de su trabajo,
los destina a los gastos del hogar y manutención de su esposa y nieto de 5 años,
de quien sufraga “alimentación, educación, transporte meriendas, vestido y
calzado”[62].
En
cuanto a su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
durante su tiempo de vinculación con el Hospital Hernando Quintero Blanco,
precisó que de acuerdo a la historia laboral emitida por COLPENSIONES, entre
enero de 1997 y junio de 2016, encontró los siguientes periodos de cotización a
dicha administradora: “Del 1/Junio/1998 a 10/Junio/1998; del 01/Junio/2009 a
31/Octubre/2010; del 01/Dic/2010 a 30/Abril/2011; del 01/Junio/2011 a
08/Enero/2016; del 01/Febrero/2016 a 08/Febrero/2016; del 01/Marzo/2016 a
08/Marzo/2016; y del 01/Abril/2016 a 08/Abril/2016”[63].
Sumado
a lo anterior, especificó que su residencia está calificada como estrato uno y que
aporta mensualmente para el cuidado de su hermana de 80 años, la suma de cien
mil pesos ($100.000.oo)[64]. También adjuntó parte
de su historia clínica, en la que se registran controles relacionados con su
presión arterial y sus rodillas, y problemas visuales. De hecho, por estos
últimos, se ordenó en el 2019 un tratamiento quirúrgico denominado “Resección
de Pterigion + Injerto en ojo izquierdo”[65].
Respuesta
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
En
lo que concierne al número de semanas cotizadas entre 1997 y 2009 por el
Hospital Hernando Quintero Blanco en nombre del accionante, el Director
Jurídico de la UGPP aclaró que en respuesta previa enviada a esta Corporación, “por
error de digitación”[66], la
entidad había dicho que en el Registro Nacional de Afiliados aparecían 540
semanas, pero en realidad son 504[67].
A
continuación, indicó que de acuerdo a la Base de Datos del Registro Nacional de
Afiliados (RNA), de 1997 a 2009 faltan los siguientes periodos de cotización: “09-1997,
05-1998, 06-1998, 07-1998, 08-1998, 09-1998, 10-1998, 11-1998, 12-1998,
02-2003, 01-2005, 01-2008, 06-2008, 07-2008, 08-2008, 09-2008, 10-2008,
11-2008, 12-2008 y 01-2009”[68].
Precisó que dichos periodos faltantes deberán ser verificados por el Hospital
Hernando Quintero Blanco a través del Sistema de Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados CETIL, cuya consulta arroja que “no existe inscripción del
señor Ramón Emilio Mejía Flórez en mismo (sic), obligación que corresponde al
empleador”[69].
En
cuanto a la remisión de información sobre los periodos cotizados entre 1997 y
2009 por el Hospital Hernando Quintero Blanco a favor del actor, el
representante de la UGPP sostuvo que COLPENSIONES es la entidad que tiene el
deber de solicitar el traslado de las semanas cotizadas, acorde a sus
competencias en materia de reconocimiento pensional. Sólo hasta el 28 de
octubre de 2019, a través del radicado No. 2019700103288282 esa última entidad hizo
dicha petición, que está en proceso de revisión y estudio[70].
Reiteró
además que COLPENSIONES es el ente competente para el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez que busca el actor, junto con el respectivo retroactivo, de
acuerdo a lo establecido en “el artículo 5°, inciso 2° del Decreto 1068 de
1995, el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, en concordancia con el artículo
4° del Decreto 2196 de 2009”[71].
Sin embargo, expuso que, de darse el reconocimiento pensional al actor, COLPENSIONES
puede adelantar el procedimiento establecido en los Decretos 2921 de 1948 y
1848 de 1969 y en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, el cual corresponde al
pago de las cuotas partes pensionales, cuyo pago correspondería a la UGPP, sin
que se reemplace la competencia de COLPENSIONES, pues este es un trámite
netamente “financiero” entre entidades[72].
Respuesta
del Hospital Hernando Quintero Blanco ESE de Chiriguaná (Cesar)[73]
La
Gerente del Hospital Hernando Quintero Blanco reiteró que el actor trabaja para
la ESE desde el 1° de marzo de 1996 hasta la fecha y “nunca ha sido
desvinculado”. Afirmó que el señor Mejía Flórez fue afiliado al Instituto
de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, desde el 24 de octubre de 1996 y anexó
el respectivo formulario de afiliación.
En
lo que respecta al pago del cálculo actuarial, la representante del Hospital
argumentó que el mismo no se ha efectuado, ya que COLPENSIONES no le ha
notificado su monto y los periodos supuestamente dejados de cotizar, aún son
tema de evaluación entre ambas entidades[74].
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer
los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de
revisión y planteamiento del problema jurídico
2. En
el presente caso el señor Ramón Emilio Mejía Flórez, a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra COLPENSIONES por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la vida digna y a la igualdad ante la ley, debido a que esta negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y el respectivo retroactivo, bajo
el argumento de que él no contaba con el número de semanas cotizadas al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP) exigido por la ley, a pesar de
que ha trabajado ininterrumpidamente por más de 30 años en dos entidades
públicas de la región.
3. Al
respecto, el actor informó que cotizó a (i) CAJANAL, hoy UGPP[75]
desde el 1° de diciembre de 1987 hasta el 31 de enero de 1996, cuando trabajó
para el Hospital San Andrés de Chiriguaná; y, tras la transformación del Centro
Materno Infantil de El Paso (Cesar), en el Hospital Hernando Quintero Blanco
ESE, (ii) a COLPENSIONES[76], desde
el 1 de febrero de 1996 hasta la fecha de radicación de esta acción de tutela
(2019). El 23 de octubre de 2015, le solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez, pero esa petición le fue negada mediante acto
administrativo. Luego de presentar los recursos correspondientes, la negativa
de la institución se mantuvo en sede de apelación, mediante decisión
administrativa proferida en septiembre de 2016, por no contar aparentemente con
las semanas de cotización requeridas. Por ese motivo, en mayo de 2017, le pidió
a su empleador (el Hospital Hernando Quintero Blanco) la respectiva liquidación
y el pago del cálculo actuarial, por los periodos dejados de cotizar, sin
obtener respuesta favorable.
4. Debido a la falta
de reconocimiento pensional, aún hoy trabaja para su sostenimiento y el de su
familia, como celador, en el Hospital Hernando Quintero Blanco, a pesar de
tener 74 años de edad y de contar con un estado de salud que se ha visto
deteriorado por su hipertensión y por sus problemas visuales y de rodilla. Y lo
hace porque tiene a cargo el sustento económico de su esposa de 61 años, quien
no labora y sufre de artritis, de su nieto de 5 años, cuya madre no asume su
manutención, y el de su hermana de 80 años.
5. Así, de la situación fáctica
planteada, en caso de superarse la procedibilidad de la acción, la Sala deberá decidir
el siguiente problema jurídico:
¿COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales
a la seguridad social y al habeas data del accionante al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y el respectivo retroactivo, bajo
el argumento de que él no cumplía con las semanas de cotización requeridas, al
no haber actualizado la historia laboral del accionante, ni ejercido las
respectivas acciones de recaudo, cobro y traslado de recursos, y en
consecuencia, no tener en cuenta los periodos cotizados por el Hospital
Hernando Quintero Blanco a CAJANAL desde 1997 hasta 2009?
Para
resolver el problema jurídico anterior, la Sala reiterará las reglas sobre: (i) el derecho a la seguridad social en materia pensional;
(ii) la pensión de vejez y su evolución normativa; (iii) la
historia laboral y su importancia para el reconocimiento de la pensión de vejez;
(iv) la obligación de las administradoras
de pensiones de adelantar las gestiones de cobro de los aportes pensionales que
no son pagados por el empleador y el traslado de aportes desde otras
administradoras, cajas o fondos de pensión; para finalmente (v)
resolver el caso concreto.
Procedencia
de la acción de tutela
Legitimación en la causa por activa[77]
6. El artículo 86 de la Constitución
Política establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción
de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre, con el fin de reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados.
La legitimidad para el ejercicio
de esta acción es regulada por el artículo 10[78]
del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que puede ser presentada: (i)
directamente por el afectado, o a través de (ii) su representante legal, (iii)
su apoderado judicial, o (iv) de agente oficioso[79]. En consecuencia,
quien promueva una acción de tutela se encuentra legitimado por activa, siempre
que se presenten las siguientes condiciones: a) que la persona actúe a nombre
propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o
mediante agente oficioso; y b) procure la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
7. En el caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que la
acción de tutela fue interpuesta por apoderado judicial en representación de
Ramón Emilio Mejía Flórez, persona natural que busca la protección de los
derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, que
considera vulnerados. En tal sentido, se verifica que en el expediente reposa
el poder otorgado por el accionante para ser representado por abogado[80], con lo cual queda probada la legitimación
por activa.
Legitimación por
pasiva
8. Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de
amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de
tutela para ser demandado, al estar llamado a responder por la presunta
vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado, en el evento en que se
acredite la misma en el proceso[81]. Según el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la tutela procede contra
cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares: (i)
encargados de la prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte
grave y directamente el interés colectivo; o (iii) respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, de acuerdo con
los casos que la ley establezca para el efecto, entre otros eventos[82].
9.  En el presente
asunto la acción de tutela se dirige, de una parte, contra COLPENSIONES que
según el artículo 1° del Decreto 309 de 2017, es una
empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de
la Protección Social, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida, incluida la administración de
los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de
2005.
Además, es
la administradora de pensiones en la que se encuentra afiliado el accionante y,
en caso de hallarse demostrada la violación de los derechos fundamentales, es
la llamada a asumir las actuaciones tendientes a su respectiva reivindicación.
Por ende, su legitimación por pasiva en el presente asunto se encuentra
probada.
10. Por
otra parte, se vinculó a la UGPP dentro del proceso, ya que de acuerdo con lo
dispuesto en el
artículo 64 del Decreto Ley 4107 de 2011[83], esa entidad fue
designada como la encargada de asumir las funciones, deberes y actividades de
CAJANAL en liquidación. En la presente acción de tutela, se acredita su
legitimación por pasiva, toda vez que el accionante estuvo afiliado a CAJANAL
durante su relación laboral con el Hospital San Andrés de Chiriguaná entre 1986
y 1996, sumado a que, de acuerdo a las pruebas allegadas en sede de revisión,
el Hospital Hernando Quintero Blanco, actual empleador del actor, hizo aportes
a esa entidad a nombre del actor, durante 504 semanas entre 1997 y 2009.
11. Igualmente, se
acredita la legitimación por pasiva del Hospital San Andrés de Chiriguaná y el
Hospital Hernando Quintero Blanco ESE, al ser entidades públicas en las cuales
el actor se desempeñó en el pasado y lo hace, como celador.
12. De acuerdo con lo anterior, se encuentra demostrada la legitimación
por pasiva de las entidades e instituciones accionadas y vinculadas.
Inmediatez[84]
13. En virtud del
artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido en
reiterada jurisprudencia que la acción de tutela se puede interponer “en
todo momento”[85] y,
por ende, no tiene término de caducidad. No obstante,
si bien es cierto que tal término no existe, de la naturaleza de esta acción
como mecanismo para la “protección inmediata” de los derechos
fundamentales, se puede establecer que su finalidad es la de dar una solución pronta
a las situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneración o
amenaza a derechos fundamentales.
14. La inmediatez, como requisito de
procedencia, tiene por objeto, entre otros, respetar o mantener la certeza y
estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un
tiempo razonable, respecto de los cuales se presume la legalidad de sus efectos
ante la ausencia de controversias jurídicas. En atención a esas
consideraciones, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que, de acuerdo
con los hechos del caso, corresponde al juez de tutela determinar si el amparo se
interpuso dentro de un tiempo prudencial.
15.
Sobre
este particular, aunque la Corte no ha fijado un plazo concreto que se
considere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha establecido en
su jurisprudencia ciertos elementos que pueden guiar al juez para fijar la
razonabilidad del término en el que fue propuesta la acción[86],
tales como: (i) la existencia de razones válidas para la inactividad (ii) la
continuidad del daño causado a los derechos fundamentales y (iii) la
posibilidad de que la carga de interposición de la tutela en un plazo razonable
resulte desproporcionada, ante una situación de debilidad manifiesta del
accionante.
16. Al
respecto, en la Sentencia SU-391 de 2016[87],
esta Corporación identificó los criterios que deben orientar al juez de
tutela a evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la
inmediatez. Tales criterios se relacionan con:
(i)
La situación personal del peticionario, pues la jurisprudencia ha señalado que
tal exigencia podría ser desproporcionada cuando este se encuentre en “estado
de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad [o] incapacidad física”[88];
(ii)
El momento en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir
casos de vulneración permanente a los derechos fundamentales, como aquellos en
los que está en debate el reconocimiento de la pensión de vejez[89].
En estos últimos, para analizar la inmediatez, el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició, sino que
debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó.
(iii)
La naturaleza de la vulneración, es decir, el juez debe analizar si la demora
en la presentación de la acción de tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el actor.
(iv)
La actuación contra la que se dirige la tutela, pues el análisis del requisito
de inmediatez será más estricto en los casos en que la acción vaya dirigida
contra providencias judiciales[90], en resguardo de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica; y
(v)
Los efectos de la tutela, por cuanto, si se encuentra un motivo que justifique
la demora en la interposición de la misma, el juez debe estudiar los efectos
que esta tendría sobre los derechos de terceros si se declarara procedente,
pues estos tienen una expectativa legítima a que se proteja su seguridad
jurídica[91].
17. En lo que tiene que ver con las reclamaciones
tendientes al reconocimiento de la pensión de vejez,
la jurisprudencia constitucional ha establecido en repetidas
oportunidades, que “el requisito de inmediatez adquiere un matiz especial, por
cuanto la vulneración a los derechos fundamentales puede extenderse en el
tiempo, dado el carácter periódico de este tipo de prestaciones[92].
A
este respecto en la Sentencia T-009 de 2019[93],
esta
Corporación determinó, por ejemplo, que pese a haber transcurrido seis años de
iniciado el proceso administrativo correspondiente y cuatro desde la fecha de
interposición del último recurso judicial ordinario presentado por el actor, el
hecho de que aún no hubiera logrado una respuesta a su situación pensional de
manera definitiva al momento de la interposición de la tutela, hacía
desproporcionada cualquier exigencia en contra de sus derechos. Lo anterior,
por cuanto "el daño causado al
accionante permanece en el tiempo, en la medida en la que no se ha dado
solución a su estatus pensional”[94], por lo que esa
realidad aunada al hecho de que se trataba de un adulto mayor sujeto de
especial protección constitucional, generaba que “el requisito de inmediatez
resulta[ra] subsanado por las especiales circunstancias en las que se [encontraba
el ciudadano]”.
18.
A
su vez, en la Sentencia T-291 de 2017[95], al
analizar el requisito de inmediatez en un caso que involucraba la solicitud de
pensión de vejez de un accionante de 73 años, que casi después de “tres
lustros” de haberse desvinculado de la Alcaldía de El Águila (Valle
del Cauca), solicitaba el reconocimiento pensional correspondiente, dijo la
providencia que:“al tratarse de un derecho de carácter pensional, la
afectación del mismo tiene carácter actual, lo que incide necesariamente en la
evaluación del requisito de inmediatez. (Subrayas
y negrillas fuera del original).
En la
referida sentencia, se reiteró que la exigencia del requisito de inmediatez a los sujetos de especial
protección constitucional es menos estricta, en especial si se encuentran en
una situación de debilidad manifiesta, ya que ellos merecen y necesitan una
protección y consideración especial por parte del Estado. Al respecto, precisó
la mencionada providencia, que:
“[E]n los únicos dos casos en que no es exigible de manera
estricta el principio de inmediatez en la interposición de la tutela, es cuando
(i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual. Y cuando (ii) la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros.
(…) [E]l examen que se
haga sobre su situación particular se flexibiliza en aras de garantizar
plenamente el derecho fundamental a la igualdad y en tales casos la inmediatez
no será valorada de manera tan estricta, por lo que se insiste que“(…) para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de inmediatez, no es suficiente comprobar que ha transcurrido un periodo
considerable desde la ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación,
sino que, además, es importante valorar si la demora en el ejercicio de la
acción tuvo su origen en una justa causa que explique la inactividad del
accionante de tal manera que, de existir, el amparo constitucional es
procedente”[96].
Por lo anterior, se concluye que si
lo que se pretende es un reconocimiento pensional y sus posibles beneficiarios
son sujetos de especial protección constitucional, el juez debe en cada caso considerar
las condiciones particulares de los accionantes y "observa[r]e la justa
causa que motive el paso del tiempo en que los actores han dejado de interponer
este mecanismo de amparo de derechos fundamentales”[97].
19. Al aplicar
las reglas anteriores a las presentes circunstancias, encuentra la Sala que en
esta oportunidad debe valorarse el requisito de inmediatez de manera flexible,
en la medida en que el derecho a la seguridad social en esta situación se
encuentra vulnerado de una manera actual en el tiempo, el demandante es un sujeto
de especial protección constitucional y hay justificaciones varias para su
presunta demora en la presentación de la tutela.
En efecto, al
actor se le negó la pensión de vejez de manera definitiva, mediante la
Resolución VPB36856 proferida por COLPENSIONES el 22 de septiembre de 2016[98],
notificada el 16 de noviembre de 2016[99]. No obstante, con
posterioridad a esta actuación y en virtud de la respuesta de la entidad
mencionada que alegaba la ausencia de suficientes semanas cotizadas a pesar de
la vinculación laboral ininterrumpida del peticionario, el actor, de manera
diligente, decidió promover ante el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE[100],
su empleador, el 4 de mayo de 2017, un petición orientada a obtener: (i) la
liquidación y pago del cálculo actuarial que, en su criterio, debía ser
cancelado por la mora en que incurrió dicha entidad al no aportar las respectivas
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de acuerdo a
la historia laboral expedida por COLPENSIONES en el año 2016; y (ii) un listado
de documentos referente a sus cotizaciones a pensión y a su relación laboral
con el Hospital, para precisar el monto de las mesadas que debían ser
canceladas.
El
17 de mayo de 2017, el Hospital se abstuvo de dar respuesta de fondo a la
primera petición por considerar que:
"[Leyendo
detenidamente la petición para esta entidad la misma resulta OSCURA toda
vez que no hay claridad de la información solicitada teniendo en cuenta que no
especifica el pago de qué factores se realizarán mediante el acto
administrativo motivado que solicita el peticionario.
Habiendo
cuenta (sic) que la petición no precisa qué liquidación y pago se
realizarán (sic) y a título de qué u otro dato que permitan identificar
exactamente la información requerida (sic) lo que hace que la petición resulte
oscura (...)"[101] (Negrilla
fuera del texto original)
En la segunda
solicitud del peticionario, el Hospital Hernando Quintero Blanco le envió un listado
de documentos[102] al actor, que sin
embargo, no incluyó ningún pronunciamiento concreto frente a su inquietud
inicial, aunque sí le generó la expectativa de recibir información adicional y posterior
sobre estos hechos, que lastimosamente nunca se dio.
20. En mérito de
lo expuesto, es claro para la Sala que después de la negativa de COLPENSIONES
de conceder el reconocimiento y pago de la pensión de vejez junto con el
respectivo retroactivo, y al ver las graves inconsistencias en su historia
laboral y la ausencia de cotizaciones entre 1997 y 2009, el accionante solicitó
directamente al Hospital Hernando Quintero Blanco que adelantara el trámite del
cálculo actuarial, con el fin de obtener la prestación pensional referida y con
el propósito y la esperanza de que la entidad resolviera las inconsistencias enunciadas,
al ser su directo empleador. De allí que aunque a primera vista pudiera
considerarse que el accionante dejó pasar dos años desde la negativa de
COLPENSIONES para presentar la tutela, la realidad demuestra que ello no fue
así, porque el señor Mejía Flórez con posterioridad a ese hecho peticionó a su
empleador en dos oportunidades para que este se pusiera al día con las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, como era lo
conducente, e intentó por esa vía materializar sus requerimientos pensionales,
sin obtener resultados favorables. Así, es factible concluir que el término
para la interposición de la tutela debe contabilizarse desde el 17 de mayo de
2017, momento para el cual el accionante tuvo conocimiento de la imposibilidad
de obtener no solo el reconocimiento y pago de su pensión de vejez por COLPENSIONS,
sino también la corrección de su historia laboral, por parte de su empleador.
21. Frente al
término restante, debe recordarse que el criterio de flexibilidad previamente
enunciado exige a los jueces en estos casos valorar las circunstancias propias
que en cada situación que se invoca, por las razones indicadas y porque al
tratarse de una prestación de la naturaleza periódica, la afectación del
derecho tiene carácter continuo y el requisito de inmediatez se matiza.
En
el caso particular, la afectación producida por la falta de correspondencia
entre la vida laboral del accionante y la información registrada en su historia
laboral, a cargo de COLPENSIONES, parece haberse mantenido en el tiempo al
igual que la aparente negligencia de su empleador en suministrar la información
adecuada no obstante el vínculo laboral ininterrumpido qua admite con el
ciudadano. Ello ha significado que aun cuando el sistema pensional prevé que un
trabajador pueda descansar desde los 62 años en el régimen actual o desde los
55 en el régimen de transición, un accionante de 74 años como el que aquí se
presenta, se vea en la necesidad de trabajar indefinidamente, para obtener el sustento
de él y el de su familia.
Además,
desde el punto de vista personal, (i) no puede olvidarse que el demandante
cuenta con 74 años de edad, que se trata de un adulto mayor y que reclama la
protección de su derecho a la seguridad social en materia pensional , luego de
más de 30 años de labor ininterrumpida en dos entidades del Estado, que ambas
instituciones reconocen. También, (ii) que es un sujeto obligado a cumplir con
compromisos laborales con el propósito de asegurar el sostenimiento de su casa,
sin tener que hacerlo; (iii) que se encuentra en una situación de riesgo,
porque en el último año tuvo una compleja cirugía visual, que explica la
necesidad de no esperar más respuesta alguna de su empleador y acceder a la
acción de tutela, ante las implicaciones que esa complejidad física puede
significar en su frágil situación laboral como celador y en su sostenimiento, y
(iv) que cuenta con otros padecimientos físicos de diversa índole que reclaman
atención. Estas condiciones en su conjunto suponen que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional que ha desplegado una actividad destinada a exigir
la garantía de sus derechos a la seguridad social frente a las entidades
obligadas a ello -incluso ante su empleador-, sin obtener las respuesta
necesarias que requiere, en circunstancias físicas complejas que han
significado su compromiso visual durante ese último periodo; hechos que vistos
de manera integral permiten acreditar el cumplimiento efectivo del requisito de
la inmediatez en los términos enunciados.
Subsidiariedad[103]
22. En
lo que atañe al principio de subsidiariedad, conviene recordar que la
acción de tutela es un mecanismo judicial de naturaleza constitucional,
orientado a la defensa judicial de
los derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, e incluso de los particulares. Su
utilización es excepcional y su interposición solo es jurídicamente viable
cuando, una vez examinado el sistema de acciones judiciales, no se encuentre un
medio ordinario idóneo y eficaz para la protección de los derechos y, por lo
tanto, no haya mecanismo judicial más que la acción de tutela, para lograr una
protección oportuna y para evitar una afectación grave e irreversible de las
garantías constitucionales.
El
Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia
de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo
el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o
extraordinarios de defensa[104],
ni mucho menos a los jueces ordinarios o contencioso administrativos
competentes[105],
quienes también tienen la capacidad de resguardar los derechos fundamentales,
desde sus respectivas jurisdicciones.
La
inobservancia de tal principio es causal de improcedencia de la tutela a la luz
de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[106], declarado
exequible en la Sentencia C-018 de 1993[107].
23.
No obstante lo anterior, aun cuando exista un mecanismo ordinario para la
protección de los derechos fundamentales reivindicados por el accionante,
eventualmente la acción de tutela podría ser procedente, sin comprometer el
principio de subsidiariedad. Ello ocurre en dos eventos:
(i)
cuando, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y el accionante
cuenta con él para la defensa de sus derechos, pero este no tiene la
virtualidad de conjurar un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio mientras el
interesado acude a la vía ordinaria para discernir la situación y se resuelve
definitivamente el asunto, o,
(ii)
cuando no obstante existir otro medio de defensa judicial, éste no es eficaz
para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela
procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del medio
ordinario se encuentra determinada por el contraste entre éste y las
condiciones particulares del accionante.
24.
Cabe anotar que en relación con las controversias pensionales, la acción de
amparo en principio es improcedente, pues, para la defensa de los derechos
relacionados con ellas, los interesados tienen el escenario de debate judicial de
la jurisdicción laboral.
Sin
embargo, se ha admitido que la tutela procede en casos excepcionales en
estos asuntos para salvaguardar derechos fundamentales, cuando las
circunstancias particulares y específicas del caso concreto permiten concluir
que los medios ordinarios para la defensa judicial de los derechos no tienen
vocación de ofrecer una protección efectiva y/u oportuna de los derechos
reivindicados.
Entonces es necesario revisar que los
mecanismos tengan la capacidad material para proteger de forma efectiva e
integral los derechos de la persona. Por ello resulta imperativo verificar si
el reclamo del accionante puede ser tramitado y decidido de forma adecuada por
la vía ordinaria o si, por su situación particular, acudir a ella lejos de
proteger los derechos, posterga su ejercicio, al punto de vaciar las garantías ius
fundamentales en circunstancias especiales.
25. Los eventos en los que la acción de tutela es procedente
para reclamar un derecho pensional son, de forma excepcional, cuando: (i)
el amparo es solicitado por un sujeto de especial protección constitucional; (ii)
la falta de pago de la prestación afecta gravemente los derechos fundamentales
de quien la solicita; (iii) el interesado ha desplegado actividad
administrativa y/o judicial para lograr el reconocimiento de su derecho
pensional por los medios ordinarios que tiene para ello; y (iv) se
acredita la razón que lleva a concluir que el medio judicial ordinario no puede
proteger efectivamente el derecho reivindicado[108].
26.
En
el caso particular, advierte la Sala que el accionante pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y el retroactivo. Para lograr lo
que espera del juez constitucional, en principio, el accionante cuenta con la
vía judicial laboral ordinaria. Una conclusión a la que arribó el juez de única
instancia que declaró improcedente el amparo correspondiente.
27.
No
obstante,  el accionante asevera que puede solicitar por vía de tutela la
protección mencionada, bajo el supuesto de contar con una condición de vulnerabilidad
derivada de cuatro elementos centrales en su situación: su edad, su situación
socioeconómica, el lapso que ha pasado entre el momento en que debió haber
accedido a la prestación correspondiente y el ahora, y su condición de salud.
28.
En
lo concerniente a la edad, las sentencias T-339 y T-598 de 2017,
sostienen - según el criterio de la Sala Plena de esta Corporación[109]-
, que las personas de la tercera edad se consideran sujetos de especial
protección constitucional dadas las condiciones fisiológicas propias del paso
del tiempo. Por ende, no solo el Estado debe proveerles un trato diferencial,
sino que con arreglo al principio de solidaridad, incluso los particulares han
de esforzarse para lograr los fines protectores que impone el ordenamiento
superior respecto de ellas[110].
29. En este punto conviene precisar que el término “persona
de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se
usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos.
El
concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009[111].
En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad
social en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la
atención integral en los centros vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador
en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin
superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste
físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”.
Dicha
definición opera para los efectos de esa norma, a saber, para la “atención
integral del adulto mayor en los centros vida” y según lo ha precisado esta
Corporación, solo es aplicable en ese ámbito y no de forma genérica[112].
30. Por su parte, la calidad de “persona de la
tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino
que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas
de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será
un adulto mayor.
31. Para efecto de precisar a qué edad una persona puede
catalogarse en la tercera edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de
vida certificada por el DANE[113]. Ha asumido que la
tercera edad inicia cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por
aquel organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se le conoce
como la tesis de la vida probable.
32. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020,
conforme el documento titulado “Indicadores Demográficos Según Departamento
1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020”
emitido por el DANE[114], la esperanza de vida
al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir entre
hombres y mujeres), se encuentra estimada en los 76 años. Por lo tanto, una
persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o
aquella que certifique el DANE para cada periodo específico.
33.
Ahora
bien, el análisis de subsidiariedad debe hacerse igualmente de modo flexible
cuando se trata de una persona de la tercera edad, puesto que “cuando una
persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos (…) por su avanzada
edad [es dable suponer que], ya su existencia se habría extinguido para
la fecha de una decisión dentro de un proceso judicial ordinario.”[115]
En el caso de las personas que son consideradas adultos mayores, se requiere
analizar además otras circunstancias del caso que den cuenta de su
vulnerabilidad.
34. En
el asunto concreto, la Sala concluye que, en efecto, el señor Ramón Emilio
Mejía Flórez no
es una persona de la tercera edad al no haber superado la expectativa de vida
que se predica en las estadísticas nacionales. Sin embargo, claramente se trata
de un hombre de avanzada edad a quien tan solo le restan dos años para hacerse
acreedor al apelativo y al status de protección plena correspondiente. Sumado a lo anterior, la Sala considera que el actor superó la
edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos, establecida en el artículo
1° de la Ley 1821 de 2016, esto es, 70 años, y está próximo a alcanzar el
límite de expectativa de vida, certificado por el DANE en 76 años.
Por
estas razones: al evidenciar (i) que ha laborado presuntamente doce (12) años más
de lo que le corresponde sin que el reconocimiento y pago de su pensión
hubiesen sido oportunos y que esta Corporación ha sido enfática
en sostener que el derecho a la pensión consiste en “una contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida
laboral, y será un medio para gozar de un descanso en condiciones dignas [[116]] cuando la disminución de su producción laboral es evidente”[117]; (ii)
que se encuentra ad portas de la tercera edad y más allá de la edad de
retiro forzoso para los funcionarios públicos; y (iii) que en caso de exigirle
el agotamiento de los mecanismos de defensa de la jurisdicción ordinaria se
enfrentaría a una demora para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez que resultaría desproporcionada frente a la garantía y protección
constitucional de sus derechos fundamentales en los términos descritos, la Sala
considera que existen razones que hacen que en el caso concreto la tutela sea
el mecanismo idóneo y eficaz para ventilar sus pretensiones constitucionales,
porque estas condiciones en conjunto lo identifican como un sujeto de especial protección constitucional.
Ahora bien, en lo que concierne al agotamiento de
los mecanismos de defensa judicial y la evaluación de la idoneidad o no de la justicia ordinaria
laboral para dar respuesta a la situación concreta del actor, lo cierto es que
al revisar si este mecanismo tiene o no la capacidad de proteger de manera
efectiva e integral los derechos fundamentales que el demandante estima comprometidos
en la tutela, la Sala encontró, en estas circunstancias, una respuesta negativa.
Varios
elementos le restan idoneidad y eficacia a la jurisdicción laboral para
asegurar esa protección oportuna a los derechos invocados por el actor. En
primer lugar, se evidencia en los hechos presentados por el demandante, el
involucramiento de una multiplicidad de entidades posiblemente responsables en
distinta medida de la situación del actor y la necesidad de buscar una información
concreta sobre sus cotizaciones efectivas, que no parece clara. Se trata
entonces de una realidad que puede, de un lado, o limitar el reconocimiento
laboral a la información concreta que se tiene en estos momentos frente al demandante
en desmedro de las expectativas eventuales de una pensión debidamente adquirida,
o del otro, extender en el tiempo las respuestas dentro del propio proceso
laboral, -incluso más allá de lo normal-, ante la variedad de actividades
procesales que le correspondería desplegar a las distintas entidades
involucradas, ante la necesidad de definir aspectos de corresponsabilidad
pensional en distintos niveles.
Como
se trata de una tutela que involucra además un sujeto de especial protección
constitucional que busca la concreción de las garantías constitucionales
alegadas y acceder paralelamente a un descanso merecido por estar ad portas
de la tercera edad, el proceso ordinario laboral y sus exigencias, se ofrece
como una exigencia que podría significar para el actor el riesgo eventual a no
ver materializado su derecho al descanso y el reconocimiento pensional de manera
oportuna.
En consecuencia,
frente a las circunstancias concretas del caso, debe decirse que la
jurisdicción ordinaria laboral carece de la idoneidad y eficacia suficiente
para asegurar la protección efectiva e integral de los derechos invocados por el
demandante. Conminarlo en las circunstancias actuales a acudir a dicha jurisdicción,
y a la realización de un proceso ordinario, le impondría una carga procesal adicional,
ahora en el tiempo, a quien parece haber sido sometido desde hace muchos años,
por distintos actores del Estado, a la indefinición en materia pensional.
35.
Por
otra parte, en lo que concierne particularmente a la posible irregularidad que
el actor advierte en el manejo de su historia laboral por parte de COLPENSIONES,
cierto es que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la corrección de su historia laboral, en especial, cuando mediante
la Resolución VPB36856 del 22 de septiembre de 2016[118],
COLPENSIONES afirmó haber actualizado la mencionada historia a partir de la “Base
de Datos del Sistema de Afiliados a los Fondos de Pensiones SIAFP”, mientras
que la UGPP en respuesta dada a esta Corporación afirmó a su vez que en la Base
de Datos del Registro Nacional de Afiliados (RNA), el actor cuenta con 504
semanas cotizadas en dicho periodo de tiempo[119].
36. Las consideraciones expuestas, en su
conjunto, dan cuenta entonces del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela bajo examen, para el caso del actor. En
consecuencia, la Sala emprenderá el análisis del problema jurídico de fondo.
El
derecho a la seguridad social en materia pensional. Reiteración de
jurisprudencia[120]
37. El artículo 48 de la Constitución
establece el derecho a la seguridad social en una doble dimensión. Por un lado,
se trata de un servicio público que se presta bajo la dirección, la
coordinación y el control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Por otro
lado, es una garantía ius fundamental de carácter irrenunciable e
imprescriptible.
38. La relevancia del derecho a la
seguridad social también es reconocida en diversos instrumentos
internacionales, en los que se destaca su impacto en la consecución y la
realización de las otras garantías. Por ejemplo, en el sistema universal de
protección de derechos humanos, el artículo 9º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), consagra el derecho a la
seguridad social y su importancia para:“(…) garantizar a todas las personas
su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su
capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto.”
39. Por su parte, el artículo XVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre XVI establece el
derecho a la seguridad social como la protección “(…) contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”
40. En el ordenamiento jurídico
colombiano, el Legislador profirió la Ley 100 de 1993, en la que se encuentran
reguladas las contingencias aseguradas, las instituciones que integran el
sistema y los requisitos establecidos para acceder a derechos prestacionales
relacionados con la seguridad social.
41. La jurisprudencia constitucional ha
establecido que la pensión de vejez:
“(…)
es una prestación cuya finalidad es asegurar la vida en condiciones de dignidad
de esa persona y de su familia, además de ser el resultado del ahorro forzoso
de una vida de trabajo, por lo que no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es
debido al trabajador.”[121]
42. Por lo tanto, el derecho a
seguridad social tiene un carácter fundamental relacionado con el derecho
al mínimo vital, más aún, cuando se trata de personas que se encuentran en
estado de indefensión y son sujetos de una especial protección constitucional.
La pensión de vejez y su evolución
normativa. Reiteración de jurisprudencia[122]
43.
Respecto a las normas de la pensión de vejez, en Colombia han existido tres
regímenes pensionales desde el año 1990. Estos comparten dos requisitos para
acceder a esta prestación: (i) haber cumplido la edad y (ii) demostrar el
número de semanas mínimas cotizadas requeridas. A continuación, se hará un
breve recuento de cada normativa y se explicará cuáles son los criterios para
determinar su aplicación.
44. El Decreto 758 de 1990,
el cual aprobó el Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios, establece en su artículo 12[123] las
condiciones para acceder a la pensión de vejez así: (i) tener 60 años en el
caso de los hombres o 55 en el de las mujeres; y (ii) haber cotizado al menos
500 semanas en los 20 años previos al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas
en cualquier tiempo.
45. Esta normativa fue derogada por
la Ley 100 de 1993, la cual reguló el sistema de Seguridad Social
Integral con el propósito de lograr mayor cobertura[124].
Su vigencia inició el 1º de abril de 1994 y derogó las normas que le fueran
contrarias. El artículo 33 modificó los requisitos para acceder a la
pensión de vejez en los siguientes términos: (i) tener 55 años de edad si es
mujer, o 60 años si es hombre; y (ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas
en cualquier tiempo.
46. Ahora bien, el artículo 36 de la
mencionada ley estableció un régimen de transición que cobijaba a los
trabajadores que, debido a su edad o al tiempo que habían trabajado, tenían
expectativas legítimas de acceder a la pensión de vejez una vez acreditaran los
requisitos que se encontraban dispuestos en otras normas, por lo que determinó
lo siguiente:
“Artículo
36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente
Ley.” (Subrayado fuera del texto original)
En esa medida, estableció que las
personas que al momento de entrar en vigencia dicha norma estuvieran (i)
afiliadas al Sistema General de Pensiones y (ii) tuvieran 35 años de edad o más
en el caso de las mujeres, o 40 años o más para los hombres; o (iii) 15
años o más de servicios, consolidarían el derecho a la pensión de vejez de
acuerdo a los requisitos exigidos por el régimen anterior al que se encontraran
afiliados.
47. Así, para que una persona fuera
beneficiaria de las normas de transición, tenía que acreditar la edad o el
tiempo de servicios requerido, y estar afiliada al Sistema de Seguridad Social
para el 1º de abril de 1994. Por lo tanto, quienes pretendían acogerse a éste
debían cotizar al extinto Instituto de Seguros Sociales o a cualquier régimen
pensional vigente para la época, “en tanto que la finalidad de la norma
era garantizar a las personas que habían cotizado al sistema durante cierta
cantidad de tiempo, el acceso a la pensión de vejez bajo las condiciones
anteriores.”[125]
48. La Ley 797 de 2003[126] modificó
en algunos aspectos la Ley 100 de 1993. Respecto a la pensión de vejez, en
su artículo 9º[127], dispuso que el
artículo 33 de tal normativa sería modificado y, en consecuencia, incrementaría
a 57 años para las mujeres y a 62 para los hombres la edad para acceder a esta
prestación. En el mismo sentido, el número de semanas cotizadas varió puesto
que a partir del 1º de enero de 2005 aumentó en 50, y desde el 1º de enero de
2006 aumentó en 25 cada año hasta llegar a 1.300 en el 2015.
49. El Legislador expidió el Acto
Legislativo 01 del año 2005, a través del cual le impuso un límite temporal al
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. De esta forma, en el
parágrafo transitorio 4º estableció que este no podría extenderse más allá del
31 de diciembre de 2010, excepto para los trabajadores que al ser beneficiarios
del mismo, tuviesen al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo
de servicios al 29 de julio de 2005[128], caso en cual se
mantendría hasta el 31 de diciembre de 2014.
Lo anterior implica que las personas que
pretendieran estar amparadas por el régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993 más allá del 31 de diciembre de 2010, debían haber alcanzado un
número mínimo de cotizaciones con anterioridad al límite temporal impuesto por
el mencionado Acto Legislativo.
50. En consecuencia, las personas cobijadas
por el régimen de transición de acuerdo con lo establecido en el numeral 38 de
esta providencia, tendrán como régimen pensional aquel en el que estuviesen
afiliados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
51. Conforme a lo anterior, es posible
concluir que en la actualidad aquellas personas que a 1º de abril de 1994 i)
estaban afiliadas al extinto Instituto de Seguros Sociales; ii) contaban con 35
años o más en el caso de las mujeres o 40 años o más para los hombres, o 15
años de servicios cotizados; y iii) cumplieron con los requisitos temporales y
de cotizaciones del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarias del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La
información de la historia laboral y su importancia para el reconocimiento de
la pensión de vejez. Expectativas y obligaciones[129]
52.
La historia laboral es un documento emitido por las administradoras de
pensiones –sean públicas o privadas- que se nutre a partir de la información
sobre los aportes a pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el
tiempo laborado, el empleador y el monto cotizado. También se consignan datos
específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días
reportados e igualmente se pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los
períodos de aportes.
La Corte Constitucional ha
considerado que este documento tiene relevancia constitucional porque
involucra la protección de derechos fundamentales y permite el reconocimiento
de prestaciones laborales[130].
53.
Así, la importancia de la historia laboral se acompasa con la doble faceta del
derecho a la información, que por un lado, es un derecho en sí mismo; y por
otro, constituye un instrumento para el ejercicio de otros derechos, pues
contiene información laboral sobre el trabajador y su empleador. Por ello, las
personas tienen la facultad de conocer, actualizar y rectificar sus datos[131].
54.
Sobre el particular, la Sala resalta que la importancia de estos documentos
radica también en que tienen un registro de los pagos que se han efectuado a la
administradora de pensiones para que en un futuro se conceda el pago de una
prestación. De esta forma, las certificaciones deben reflejar cada una de las
sumas de dinero recibidas.
Igualmente,
se considera que la historia laboral es un instrumento para el ejercicio de
otros derechos, pues de acuerdo con la información que contiene se reconocen o
niegan prestaciones sociales como la pensión de vejez y se generan obligaciones
entre los empleadores, los trabajadores y la administradora de pensiones. Por
lo tanto, la información que reposa en las historias puede crear expectativas
de derechos y su alteración puede vulnerarlos.
55.
En suma, la historia de cotizaciones de seguridad social contiene información
relevante sobre la trayectoria laboral de una persona, pero también contiene
detalles de pagos efectuados a la administradora de pensiones, con el objeto de
acceder al reconocimiento de una prestación social.
56.
Ahora bien, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia constitucional, las
administradoras de pensiones son las principales responsables de la
custodia de la información, y de la certeza y la exactitud de su contenido.
57.
Tales entidades tienen el deber de actuar de conformidad con las garantías
del habeas data. Por ende, les son aplicables los deberes que
corresponden a los responsables y encargados del tratamiento de datos,
dispuestos en la Ley 1581 de 2012, que exigen conservar la información,
garantizarla en condiciones de seguridad, actualizarla y rectificarla, entre
otros[132].
58.
Existen también obligaciones específicas para las administradoras del régimen
solidario de prima media con prestación definida. El artículo 53 de la Ley 100
de 1993 estipula deberes de fiscalización e investigación de las
entidades administradoras del régimen, que comprenden verificar la exactitud de
las cotizaciones y adelantar las investigaciones pertinentes para comprobar la
certeza de los hechos generadores, así como citar a empleadores o terceros para
que rindan los informes necesarios[133].
59. A nivel jurisprudencial, esta
Corporación sostiene de forma pacífica y   constante que las administradoras de
pensiones tienen la “obligación general de seguridad y diligencia en la administración
y conservación de los datos personales y una obligación específica de corregir
e indemnizar los perjuicios causados por el mal manejo de la información”[134]. Así
mismo, ha considerado que deben “emplear todos los medios técnicos y
humanos que estén a su alcance para evitar su deterioro y pérdida”[135].
60. Recientemente, la Sentencia
T-079 de 2016[136] dio
cuenta de al menos tres grupos de obligaciones de las administradoras de
pensiones en relación con la historia laboral: (i) el
deber de custodiar, conservar y guardar la información y los documentos que
soportan las cotizaciones, que
hace referencia al especial cuidado que deben tener las entidades al organizar
y manipular las historias laborales[137]; (ii) la
obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada
en las historias laborales, que se enfoca en las
características mínimas que deben reunir los datos contenidos en los registros
laborales[138]; (iii) el
deber de brindar respuestas oportunas y completas a las solicitudes de
información, corrección o actualización de la historia laboral que formulen los
afiliados al Sistema General de Pensiones, lo anterior porque en el
marco de garantizar la veracidad de la información, en caso de que ésta sea
inexacta, se debe garantizar la oportunidad y los canales adecuados para que
los interesados presenten sus peticiones de corrección y sean respondidas en
debida forma[139]; y
(iv) la obligación del respeto del acto propio, que se torna en una
protección al trabajador cuando la entidad modifica la información de sus
cotizaciones de forma intempestiva[140].
61. Igualmente, la jurisprudencia ha
enfatizado que las administradoras de pensiones tienen el deber de desplegar
las actividades que sean necesarias para garantizar que la información
consignada sea precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna[141]. Es
por esto que, de presentarse alguna anormalidad, a la entidad le corresponde
resolver las confusiones y determinar la veracidad de la información.
62.
Los deberes de las administradoras de pensiones implican que ellas están obligadas
a responder por el tratamiento de la información pensional, así que no les es
posible endilgar sus responsabilidades a los afiliados. El alcance de las
reglas dispuestas en la ley y la jurisprudencia establece que son las entidades
que construyen, guardan y vigilan las historias laborales, las llamadas a
responder por los inconvenientes que puedan presentar los documentos y su
información. Una interpretación diferente dejaría desprovisto de contenido el
deber de las aseguradoras y los derechos de los titulares de la información. Al
respecto, en materia de reconocimiento y pago de pensión de vejez, se cita lo
expuesto por esta Corporación en la Sentencia T-855 de 2011[142],
que dijo, en cuanto a trasladar las consecuencias negativas al afiliado por la falta
de diligencia de la administradora de pensiones de actualizar el número de
cotizaciones hechas por el accionante, lo siguiente:
“Al ser las entidades
administradoras de pensiones las llamadas a la conservación, guarda y custodia
de los documentos contentivos de la información correspondiente a la
vinculación del afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, no
les es dable trasladarle al interesado las consecuencias negativas del
deficiente cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de la
pérdida, deterioro, desorganización o no sistematización de dicha información.
Una interpretación contraria a la
anterior tornaría ineficaces las disposiciones relativas a los deberes que
competen a estas entidades como administradoras del sistema, pues administrar
implica, de suyo, propender por la mejor prestación de los servicios que se
dirigen y prestan, siendo contrario a derecho la vulneración de garantías
constitucionales como consecuencia de la inobservancia de obligaciones
administrativas de esta índole”. (Negrilla propia).
63.
En consecuencia las administradoras de pensiones no deben trasladar sus deberes
a los trabajadores, y el incumplimiento de sus obligaciones, no puede generar
consecuencias negativas al trabajador. Así lo ha expuesto la jurisprudencia
constitucional[143] y, con claridad,
la Sentencia T-482 de 2012[144] que
señaló:
“A las entidades
administradoras de pensiones no les es dable trasladar al interesado las
consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dicha obligación, es decir, de la
desorganización y no sistematización de la información sobre cotizaciones
laborales. Se trata pues de errores operacionales que no pueden afectar al
afiliado, cuando éste logra demostrar que la información que reposa en la base
de datos sobre su historia laboral, no es correcta o precisa”. (Negrilla
propia).
64.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación estableció que en lo que
concierne al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las administradoras
de pensiones, tienen el deber legal de actualizar la información que reposa en
la historia laboral de sus afiliados, con el fin de no dilatar el otorgamiento
de la referida prestación. En la Sentencia T-379 de 2017[145],
la Corte ordenó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
a la que aspiraba el accionante, quien tenía 77 años edad, debido a que su
historia laboral presentaba inconsistencias en los periodos efectivamente
cotizados. Al respecto, se concluyó:
“COLPENSIONES no
cumplió con las obligaciones que la Ley le impone respecto de la custodia y
guarda de la historia laboral de su afiliado, en tanto que ésta presenta
inconsistencias que esa entidad le estaba haciendo oponible al señor Rodrigo
Marín González, imponiendo una traba que le impedía acceder a su pensión de
vejez. Por ello, la Sala considera necesario recordar que el principio
constitucional de actuación de buena fe obliga a las administradoras de
pensiones a emitir actos que concuerden con la realidad y, sobre todo, a
respetar los que hayan sido proferidos con anterioridad, puesto que no puede
cambiar las condiciones impuestas al afiliado, particularmente, cuando se trata
de una base de datos que refleja el esfuerzo de un trabajador que, a lo largo
de su vida laboral, aportó a una entidad con la pretensión legitima de acceder
algún día a un ingreso mensual que le permitiera asegurarse una vida en
condiciones de dignidad.”
65.
En síntesis, la Sala advierte que la administradora de pensiones es la
principal obligada a responder frente a las controversias que surjan a partir
de los registros que aparecen en las historias laborales, pues es la entidad
que tiene a su cargo el manejo de los datos laborales y su tratamiento. Además,
la ley y la jurisprudencia le han exigido una especial diligencia en el manejo
de dicha información en razón de su relevancia constitucional. Por lo tanto, la
entidad deberá desplegar las actuaciones que sean necesarias para garantizar la veracidad,
claridad y precisión de las historias laborales[146].
La obligación de las administradoras de pensiones de adelantar las
gestiones de cobro de los aportes pensionales que no son pagados por el
empleador y el traslado de aportes desde otras administradoras, cajas o fondos
de pensión. Reiteración de jurisprudencia[147]
66. Sobre
la obligatoriedad del pago de los aportes a la seguridad social por parte del
empleador, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º de la Ley
797 de 2003, establece que durante la vigencia de la relación
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse
cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por
parte de los
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el
salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. En
consecuencia, únicamente cesa la obligación de cotizar cuando el afiliado
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el
afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
En
igual sentido, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 dispone que el empleador será el
responsable del pago de su aporte y el del trabajador, y “responderá por la
totalidad del aporte aún en el evento de que no hubiere efectuado el descuento
al trabajador”. Igualmente, los artículos 23 y 53 de la referida normativa
determinan que el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador,
acarrea sanciones de tipo pecuniario.
67. Con base en lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993, para la Corte el cobro de los aportes
pensionales que no hayan sido oportunamente trasladados por el empleador, y el
traslado de recursos desde otras cajas, fondos y administradoras de pensiones,
son una obligación legal de las administradoras de pensiones. En efecto, el
artículo 24 de la referida Ley las faculta para adelantar los procedimientos de
recaudo por obligaciones incumplidas de los empleadores; el artículo 57 les
atribuye a las administradoras del régimen de prima media -como COLPENSIONES-,
la facultad de adelantar procesos de cobro coactivo.
68. Ambas disposiciones fueron reglamentadas por el Decreto 2633 de 1994,
el cual establece en su artículo 2º el procedimiento para constituir en
mora al empleador en los procesos de jurisdicción coactiva, mientras que el 5º
señala cómo debe adelantarse el cobro de los aportes ante la jurisdicción
ordinaria.
69. Este procede bajo las mismas condiciones en ambos casos. Transcurrido
el plazo para la consignación de los aportes sin que los mismos se hayan
efectuado, la entidad deberá constituir en mora al empleador y requerirlo para
que efectúe el pago. Si este último no se pronuncia al respecto dentro de los
15 días siguientes, la entidad deberá liquidar la obligación, la cual prestará
mérito ejecutivo.
70. Por su parte, la jurisprudencia
constitucional ha
sido enfática al establecer que:
“[L]a mora del empleador en el pago
de los aportes no puede justificar retrasos ni inconsistencias en el
trámite de reconocimiento de las prestaciones económicas que amparan las
contingencias cubiertas por el Sistema de Seguridad Social. El
traslado efectivo de los aportes a la cuenta del afiliado no puede convertirse,
tampoco, en un obstáculo para efectuar tal reconocimiento.”[148] (Negrillas y subraya fuera del texto
original)
71. De este modo, existe una regla jurisprudencial consolidada[149] sobre la
imposibilidad de trasladarles a los trabajadores las consecuencias negativas de
la mora del empleador y de la falta de gestión de las administradoras en el
cobro de los aportes. La Corte ha concluido que son las administradoras de pensiones
las llamadas a asumir los efectos que puedan derivarse del retraso o de la
falta de pago de los aportes.
72. Ahora bien, en cuanto al deber de
las administradoras de pensiones, más específicamente de COLPENSIONES, de
adelantar todas las gestiones necesarias para realizar el traslado de aportes
desde otras administradoras, cajas o fondos de pensiones, en el numeral 4 del
artículo 5° del Decreto Extraordinario 4121 de 2011 en el que se modificó la
naturaleza jurídica de la referida entidad, se determinó que sobre los recursos
que dicha administradora tiene a su cargo, entre los que se encuentran los
correspondientes al régimen de prima media con prestación definida, debe:
“Realizar
las operaciones de recaudo, pago y transferencias de los recursos que deba
administrar. Para este efecto, podrá hacerlo directamente o por medio
de terceros, asociándose, celebrando acuerdos de colaboración empresarial,
efectuando convenios o contratando con instituciones financieras o sociedades
que presten servicios de administración de redes de bajo valor. También podrá
realizar estas operaciones directamente de acuerdo con las normas vigentes,
siempre y cuando demuestre que está en condiciones de hacerlo a costos
inferiores que los que encuentre en el mercado”. (Negrilla
y subraya fuera del texto original)
73. En atención al deber legal de recaudo y cobro, se
profirió la Resolución 504 de 2013 modificada por la Resolución 163 de 2015 por
la cual se adoptó el Manual de Cobro Administrativo de la Administradora
Colombiana de Pensiones. En esta normativa, se definieron los procesos
interadministrativos mediante los cuales la entidad puede obtener los aportes o
contribuciones pensionales que requiera para financiar las prestaciones
pensionales actuales y futuras, tales como bonos[150],
cuotas parte[151], cálculos actuariales[152],
devolución de aportes[153], entre otros.
74.
Por lo anterior, en el numeral 8° del artículo 6° del Decreto 309 de 2017, se
reiteró que en virtud de la administración que ejerce sobre los recursos de
los regímenes que administra (RPM) y los propios de la Empresa, COLPENSIONES
deberá: “determinar los ingresos, gestionar el recaudo y cobro,
incluyendo cobro coactivo, y administrar las reservas e inversiones”. (Negrilla
y subraya fuera del texto original)
75.
En concordancia con lo anterior, en el numeral 15 del artículo 6° del Decreto
309 de 2017, también se consagró como función de dicha administradora de
pensiones: “Elaborar
y mantener actualizados los cálculos actuariales con el fin de cuantificar
el pasivo pensional de las mesadas actuales, futuras, conmutaciones
pensionales, bonos, cuotas partes y realizar los demás cálculos que sean
necesarios de conformidad con las normas legales”.
76. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, esta Sala de Revisión concluye que es necesario que las
administradoras de pensiones ejecuten los trámites tendientes a obtener las
contribuciones pensionales y los aportes de la historia laboral de sus
afiliados, ya que, así como no es atribuible al trabajador la mora del
empleador en realizar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, tampoco lo es el actuar negligente de las administradoras, cajas
o fondos de pensiones que no logran efectuar el traslado de los aportes de sus
afiliados.
Solución al caso concreto: COLPENSIONES
vulneró los derechos fundamentales del accionante al no reconocer a su favor la
pensión de vejez que reclama, por incumplimiento de su deber legal de
actualización de la historia laboral y de las semanas cotizadas.
77. El
señor Ramón Emilio Mejía Flórez interpuso acción de tutela para exigir la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital, a la “subsistencia”,
a la dignidad humana, a la vida digna y a la igualdad, debido a la negativa de COLPENSIONES
a reconocer y pagar la pensión de vejez a la que en su criterio tiene derecho,
por haber cumplido con los requisitos legales de tiempo y semanas cotizadas
necesarias para el efecto. En consecuencia, solicitó ordenar a
esta entidad el reconocimiento y pago de (i) la pensión de vejez y (ii) el pago
del retroactivo al que haya lugar.
78.
El juez de tutela declaró improcedente el amparo solicitado por el
accionante al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad y que
al existir tanta discrepancia entre el tiempo de labor del accionante y lo que
considera cotizado por la accionada, es el juez laboral el competente para
dirimir la controversia.
79. La Sala Sexta de Revisión debe determinar en el caso concreto, si COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del accionante al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y el respectivo retroactivo, bajo
el argumento de que no cumplía con las semanas de cotización requeridas, al no
haber actualizado la historia laboral del accionante ejercer las respectivas
acciones de recaudo, cobro y traslado de recursos y, en consecuencia, no tener
en cuenta los periodos cotizados por el Hospital Hernando Quintero Blanco a
CAJANAL desde 1997 a 2009.
80. Al analizar la situación pensional del actor,
para la Sala está probado que, tal como lo argumentó COLPENSIONES en la
Resolución VPB 36856 del 22 de septiembre de 2016[154], notificada al
actor el 16 de noviembre de 2016[155], en la que se dio respuesta al recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución GNR. 416997, el actor es
beneficiario del régimen de transición en materia pensional establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la entrada en vigencia de dicha
norma, tenía 49 años de edad.
81. Establecido lo anterior, es necesario
verificar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Acto Legislativo 01
de 2005 para determinar si el actor conservó o no el régimen de transición,
pues el artículo 1° del citado Acto Legislativo limitó su aplicación hasta el
31 de julio de 2010 excepto para los trabajadores que tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de
la referida norma (25 de julio de 2005), a los cuales se les mantendría el
régimen hasta el año 2014.
82. Las razones dadas por COLPENSIONES en las
Resoluciones: (i) GNR 416997 del 24 de diciembre de 2015; (ii) GNR 137135 del
10 de mayo de 2016; y (iii) VPB 36856 del 22 de septiembre de 2016, en las
cuales le negó al actor el derecho a la pensión de vejez, tienen que ver con
los tiempos de cotización que COLPENSIONES tenía al momento de elevarse la
solicitud pensional por parte del accionante, a saber[156]:
ENTIDAD EN LA
QUE  LABORÓ
DESDE
HASTA
NOVEDAD
HOSP ESE SAN ANDRES
1987-12-01
1996-01-31
TIEMPO SERVICIO
HOSP HERNANDO
QUINTERO BLANCO
1998-06-01
1998-06-10
TIEMPO SERVICIO
HOSP HERNANDO
QUINTERO BLANCO
2009-06-01
2010-10-31
TIEMPO SERVICIO
HOSP HERNANDO
QUINTERO BLANCO
2010-12-01
2016-05-01
TIEMPO SERVICIO
83. Sobre lo anterior, COLPENSIONES afirmó que el
accionante “acredita un total de 5171 (sic) días laborados, correspondientes
a 774 semanas”[157], cifra que aumentó por el pasar
del tiempo. Y al dar respuesta al requerimiento probatorio de esta Corporación,
el 29 de octubre de 2019, a esa fecha “registra 851,28 semanas cotizadas (…)
de las cuales 425,86 pertenecen a cotizaciones realizadas al Régimen de Prima
Media Administrado por COLPENSIONES y 425,42 corresponden a Tiempos Públicos”[158].
84. Sin embargo, en escrito remitido el 29 de
octubre de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) expuso que de
acuerdo con la Base de Datos del Registro Nacional de Afiliados, el actor
registra 504 semanas cotizadas a CAJANAL entre julio de 1997 y abril de 2009 por
parte del Hospital Hernando Quintero Blanco[159].
Esta nueva información, sumada a (i) las
certificaciones laborales emitidas por el Hospital Hernando Quintero Blanco, en
donde se señala que el actor ha laborado como celador ininterrumpidamente desde
el 1 de marzo de 1996 a la fecha; (ii) la solicitud de cálculo actuarial que
presentó el Hospital a COLPENSIONES el 17 de mayo de 2019; y (iii) la petición
de traslado de aportes del actor desde 1997 a 2009 que COLPENSIONES interpuso
ante la UGPP con fecha del 28 de octubre de 2019, permite concluir que, a la
fecha, el actor cuenta con más de 1.300 semanas de cotización[160], y que para el 25
de julio de 2005, cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía
más de 750 semanas cotizadas[161].
Esta última información es relevante en la medida
en que está probado que, tal y como lo dijo COLPENSIONES en la Resolución VPB
36856 del 22 de septiembre de 2016[162], el actor es beneficiario del régimen de
transición en materia pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues para la entrada en vigencia de dicha norma, tenía 49 años de edad.
85. Ahora bien, la Sala debe aclarar que no
desconoce que COLPENSIONES a la fecha, ya inició el trámite para actualizar y
obtener el traslado de recursos de las semanas cotizadas a CAJANAL por el
Hospital Hernando Quintero Blanco, desde 1997 a 2009, periodo en el que
supuestamente el actor no estaba afiliado a dicha administradora de pensiones.
Sin embargo, tal como se dijo en los considerandos de la presente sentencia, la
negligencia y demora de COLPENSIONES frente a sus obligaciones de actualización,
guarda y cuidado de la información contenida en la historia laboral del
accionante, no pueden serle atribuidas al trabajador, pues en el presente caso
esa entidad tenía reconocidas las cotizaciones entre el 1° de diciembre de 1987
y el 31 de enero de 1996 hechas por el Hospital San Andrés de Chiriguaná, antiguo
empleador del actor, con destino a CAJANAL y conocía de la afiliación del actor
inicialmente a esa entidad.
86. Por lo tanto, se concluye que COLPENSIONES
tenía conocimiento de la anterior caja de afiliación del actor y no es claro
por qué sí reconoció y trasladó debidamente las cotizaciones hechas entre 1987
y 1996, y aun así no hizo lo mismo con las posteriores, a pesar de tratarse de la
misma administradora .
87. De acuerdo con lo anterior y con lo expuesto previamente
con respecto a las obligaciones de las administradoras de pensiones en materia
de actualización, custodia, guarda y verificación de la información contenida
en las historias laborales de sus afiliados, la Sala concluye que al no recogerse
y actualizarse debidamente la historia laboral del accionante desde años atrás
y no haber justificación alguna para la carencia de esa información a pesar de
que la fecha de afiliación del actor según la entidad fue en el 2009, no queda
más remedio que concluir que COLPENSIONES no hizo gestión alguna desde dicha época
para corroborar la verdadera situación del actor en materia de cotización e
información pensional. En efecto, tal como lo alegó el accionante en el año
2016, al trabajar ininterrumpidamente para el Hospital Hernando Quintero Blanco,
era necesario verificar si dichas cotizaciones estaban registradas en su
anterior administradora de pensiones, CAJANAL, o adelantar el trámite de
cálculo actuarial correspondiente en contra el empleador moroso, acciones que
sólo se realizaron una vez la Corte, en sede de revisión, trasladó las pruebas
aportadas por la UGPP a COLPENSIONES.
88. En este punto, es de anotar que la fecha de
afiliación del actor a COLPENSIONES es un tema que se debate, pues el hospital
Hernando Quintero Blanco en respuesta del 8 de noviembre de 2019, allegó
formulario de afiliación del señor Mejía Flórez a dicha administradora con
fecha del 24 de octubre de 1996. Una situación que no afectaría en nada lo
dicho hasta el momento, salvo para darle más fuerza a las consideraciones
mencionadas, porque ello significaría una afiliación anterior y en consecuencia
un deber más antiguo de COLPENSIONES de asegurar la veracidad de las
cotizaciones de una manera más diligente desde esa época.
89. Ahora bien, de las mismas pruebas analizadas
previamente, esta Sala concluye que el Hospital Hernando Quintero Blanco ha
incurrido en mora en el pago de algunos periodos cotizados tanto a CAJANAL como
a COLPENSIONES, entidad última a la que el Hospital mismo solicitó el cálculo
actuarial[163]. Esto se suma al hecho que: (i) tal y como
fue señalado por la UGPP en escrito del 29 de octubre de 2019, hay periodos de
tiempo sin cotización que son: “09-1997, 05-1998, 06-1998, 07-1998, 08-1998,
09-1998, 10-1998, 11-1998, 12-1998, 02-2003, 01-2005, 01-2008, 06-2008, 07-2008,
08-2008, 09-2008, 10-2008, 11-2008, 12-2008 y 01-2009”, [164] sin que se
hayan expedido además los respectivos certificados en el Sistema de
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL); (ii) COLPENSIONES, en
el último reporte de semanas allegado a esta Corporación con fecha del
28 de octubre de 2019, señala que especialmente en los años 2016 y 2017 no se
hicieron las cotizaciones completas[165]; y (iii) el mismo Hospital reconoció que
durante el año 2016, según él, por petición del accionante, no realizó los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pues este le
indicó que ya había cumplido los requisitos para pensionarse[166].
90. En mérito de lo anterior, está claro que COLPENSIONES
podrá ejercer las acciones de cobro que estime pertinentes, para que en el
menor tiempo posible logre recaudar los aportes en mora del empleador.
91. De lo que se colige que tanto COLPENSIONES
como el Hospital Hernando Quintero Blanco tenían información contradictoria
sobre la época de afiliación del accionante y la cantidad de semanas cotizadas
durante la vigencia de la relación laboral, circunstancia que vulnera los
derechos a la seguridad social del accionante, quien ha sufrido las consecuencias
negativas del actuar negligente de ambas entidades, que repercutió en el no
reconocimiento de la pensión de vejez pretendida desde hace ya más de 2 años.
92. Por otro lado, en lo que respecta a la UGPP,
esta Sala encuentra que no vulneró los derechos del accionante en realidad,
pues solo hasta el 28 de octubre de 2019 COLPENSIONES solicitó formalmente el
traslado de los aportes que esa entidad tenía en favor del actor, y en respuesta
dada a esta Corporación, sostuvo que dicha petición se encuentra en estudio.
93. Para la Sala es claro, sin embargo, que el
accionante es un sujeto de especial protección constitucional y que durante
años ha sido privado de la pensión de vejez a la que tiene derecho, por la
falta de claridad en la información sobre su afiliación y semanas cotizadas
tanto en CAJANAL, hoy UGPP, como en COLPENSIONES, razón por la que se justifica
ordenar a la última entidad actuar de forma diligente y expedita en lo que le
corresponda, según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, en el proceso de traslado de aportes.
Pago de la pensión de vejez y retroactivo
94. Ahora bien, en lo que respecta  a  la pensión
de vejez la Sala concederá la protección constitucional al actor y ordenará a
COLPENSIONES reconocerle al señor Mejía Flórez la pensión correspondiente, de
acuerdo con su historia laboral debidamente ajustada.
No obstante, en cuanto al pago de la mesada
pensional y el retroactivo en sí mismos considerados, como en este caso no
se encuentra en riesgo el mínimo vital del actor porque el demandante desempeña
una actividad laboral que cubre su sustento y el de su familia, la Corte
determinará que no se realice el pago de las mesadas correspondientes, hasta
tanto no  se dé por terminada su vinculación laboral como celador en el
Hospital Hernando Quintero Blanco, evento que sólo podrá tener lugar, cuando se
hayan culminado todos los requerimientos y exigencias previas para que el actor
pueda ser efectivamente incluido en la correspondiente nómina pensional. Lo
anterior, al considerar, que de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución
Política, “nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público”.
95. En
consideración a todo lo expuesto, la Sala revocará el fallo del 5 de
agosto de 2019 proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná y en
consecuencia, concederá la protección de los derechos fundamentales al
habeas data, la seguridad social y la vida digna del accionante.
96. En concreto,
ordenará en primer lugar, al Hospital Hernando Quintero
Blanco, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, certifique el tiempo laborado y semanas
cotizadas a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez desde 1996 a la fecha, en
el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).
97. Así mismo, la Sala encuentra
necesario ordenar a la UGPP que, dentro de
las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
certifique las semanas cotizadas a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez
desde 1996 hasta 2009 registradas en sus bases de datos con destino a
COLPENSIONES.
98. En lo que respecta a COLPENSIONES,
se le ordenará reconocer la pensión de vejez solicitada por el
señor Ramón Emilio Mejía Flórez, dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de la notificación del presente fallo de
tutela,
a fin de darle tiempo a la recepción de la documentación y traslado de aportes
cotizados a CAJANAL, por parte de la UGPP. Sin embargo, en lo que respecta al pago de la mesada pensional,
se le ordenará a la mencionada entidad abstenerse de cancelar las sumas correspondientes
al actor, hasta tanto no se dé por terminada su vinculación laboral como
celador, en el Hospital Hernando Quintero Blanco; evento que sólo podrá tener
lugar, cuando se hayan culminado todos los requerimientos y exigencias previas
para que el actor pueda ser efectivamente incluido en la correspondiente nómina
pensional.
Finalmente,
se le ordenará en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la
notificación del presente fallo y en atención a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia, adelantar todas las gestiones correspondientes para el cobro
de los aportes omitidos por el Hospital Hernando Quintero Blanco, los cuales
deberán ser incluidos de manera inmediata en la historia laboral del
accionante.
Conclusiones
y órdenes a proferir
99.
La acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo para proteger los
derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida digna del accionante,
debido a que se encuentra en condición de vulnerabilidad y es un sujeto de especial
protección constitucional.
100. La Sala Sexta de Revisión de Tutelas concluyó que COLPENSIONES
vulneró los derechos del accionante a la seguridad social y al habeas data
por negar el reconocimiento de la pensión de vejez pretendida por el actor, sin
tomar en consideración, como era su deber, un número importante de semanas
cotizadas por su empleadora CAJANAL entre 1997 y 2009, que le daban derecho al
actor al reconocimiento correspondiente. La administradora incumplió, en
consecuencia, los deberes de actualización de la historia laboral de sus
afiliados, no ejerció la acción de cobro en contra el Hospital Hernando
Quintero Blanco por décadas, y desde el momento de afiliación del accionante no
adelantó las respectivas acciones para obtener las cotizaciones que aparecen en
el Registro Nacional de Afiliados en el periodo previamente señalado.
101. Igualmente, esta Corporación determinó que el Hospital
Hernando Quintero Blanco incurrió en mora al no pagar los periodos “09-1997, 05-1998, 06-1998, 07-1998, 08-1998,
09-1998, 10-1998, 11-1998, 12-1998, 02-2003, 01-2005, 01-2008, 06-2008,
07-2008, 08-2008, 09-2008, 10-2008, 11-2008, 12-2008 y 01-2009”[167], así
como algunos meses de 2016 y 2017, por lo que al estar prohibido endilgar dicho
actuar negligente al trabajador, se advierte a COLPENSIONES que haga uso de las
acciones de cobro que considere pertinentes para obtener en el menor tiempo
posible, los periodos de tiempo que durante la vigencia de la relación laboral
no se hayan cotizado hasta la fecha.
102. En último lugar, se encontró probado que la UGPP no
vulneró de forma alguna los derechos del accionante, toda vez que hasta el 28
de octubre de 2019 COLPENSIONES le presentó la solicitud formal de traslado de
aportes, petición que está en estudio para verificar su procedencia.
103. En consideración a
todo lo expuesto, la Sala revocará el fallo del 5 de agosto de 2019
proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiriguaná y en consecuencia, concederá
la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, habeas
data y a la vida digna del accionante. Por lo anterior, ordenará: (i) al
Hospital Hernando Quintero Blanco que certifique el tiempo laborado y
semanas cotizadas a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez desde 1996 a la
fecha, en el en el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados (CETIL); (ii) a la UGPP que
certifique las semanas cotizadas entre 1996 y 2009 a favor del señor Ramón
Emilio Mejía Flórez registradas en sus bases de datos, con destino a
COLPENSIONES; (iii) a COLPENSIONES, se le ordenará reconocer
la pensión de vejez solicitada por el señor Ramón Emilio Mejía Flórez, con
fundamento en lo expuesto en esta sentencia, dentro de los tres (3) meses
siguientes contados a partir de la notificación del presente fallo de
tutela,
a fin de darle tiempo a la recepción de la documentación y traslado de aportes
cotizados a CAJANAL, por parte de la UGPP.
Sin embargo,en lo que respecta al pago de la mesada
pensional, se le ordenará a la mencionada entidad abstenerse de cancelar las
sumas correspondientes al actor, hasta tanto no se dé por terminada su
vinculación laboral como celador en el Hospital Hernando Quintero Blanco;
evento que sólo podrá tener lugar, cuando se hayan culminado todos los
requerimientos y exigencias previas para que el actor pueda ser efectivamente
incluido en la correspondiente nómina pensional; y (iv) finalmente,
se le ordenará a COLPENSIONES en el término de cuarenta y ocho horas (48)
siguientes a la notificación del presente fallo y en atención a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia, adelantar todas las gestiones correspondientes
para el cobro de los aportes omitidos por el Hospital Hernando Quintero Blanco,
las cuales deberán ser incluidas de manera inmediata en la historia laboral del
accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 5 de agosto de 2019 por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Chiriguaná. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
a la seguridad social, al habeas data y a la vida digna del señor Ramón
Emilio Mejía Flórez.
SEGUNDO.- ORDENAR al
Hospital Hernando Quintero Blanco que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, certifique el tiempo
laborado y semanas cotizadas a favor del señor Ramón Emilio Mejía Flórez desde
1996 a la fecha, en el en el Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP)
que,
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, certifique las semanas cotizadas a favor del señor Ramón Emilio
Mejía Flórez desde 1996 a 2009 registradas en sus bases de datos con destino a
COLPENSIONES.
CUARTO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que reconozca
la pensión de vejez solicitada por el señor Ramón Emilio Mejía Flórez, con
fundamento en lo expuesto en esta sentencia, dentro de los tres (3) meses
siguientes contados a partir de la notificación del presente fallo de
tutela,
a fin de darle tiempo a la recepción de la documentación y traslado de aportes
cotizados a CAJANAL, por parte de la UGPP. Sin embargo, en lo que respecta al pago de la mesada
pensional, se le ordenará a la mencionada entidad abstenerse de cancelar las
sumas correspondientes al actor, hasta tanto no se dé por terminada su
vinculación laboral como celador en el Hospital Hernando Quintero Blanco;
evento que sólo podrá tener lugar, cuando se hayan culminado todos los
requerimientos y exigencias previas para que el actor pueda ser efectivamente
incluido en la correspondiente nómina pensional.
QUINTO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación
del presente fallo y en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia, adelante todas las gestiones correspondientes para el cobro de los
aportes omitidos por el Hospital Hernando Quintero Blanco, los cuales deberán
ser incluidos de manera inmediata en la historia laboral del accionante.
SEXTO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El expediente fue
seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección
Cuatro de la Corte Constitucional en sesión del 30 de abril de 2019, de acuerdo
con el criterio objetivo de selección denominado “posible violación o
desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional” y el criterio
subjetivo denominado “urgencia de proteger un derecho fundamental”.
[2] Cuaderno de Revisión,
folios 142 a 148.
[3] En dicho numeral se
dijo “CUARTO-. Una vez cumplida la orden contenida en numeral segundo,
ORDENAR a la autoridad judicial que surta la única o la segunda instancia
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional al despacho de la magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado para su revisión”.
[4] Cuaderno No. 1, folio
2.
[5] Cuaderno No. 1, folio
4.
[6] Cuaderno No. 1, folios
3 y 4.
[7] Cuaderno No. 1, folio
4.
[8] Cuaderno No. 1, folio
4.
[9] Cuaderno No. 1, folio
5.
[10] Cuaderno No. 1, folio
5.
[11] Cuaderno No. 1, folio
6.
[12] Ibídem.
[13] Cuaderno No. 1. folio
69.
[14] Cuaderno No. 1, folio
81.
[15] Cuaderno No. 1, folio
82.
[16] Cuaderno No. 1. folio
127.
[17] Cuaderno de Revisión,
folios 26 a 30.
[18] Igualmente, se indagó
la razón por la cual el nieto menor de edad depende económicamente del actor,
las actividades económicas que realiza su familia a diario y su capacidad
económica actual.
[19] Las preguntas
formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes:
“a) ¿Cuál
es el estado de la afiliación del señor Ramón Emilio Mejía Flórez?
b) ¿En qué periodos y
qué empleador lo ha afiliado?
c) ¿Ha sido continua la
afiliación del accionante?
d) A la fecha, ¿cuántas
semanas exactamente tiene cotizadas el señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la
fecha?
e) ¿Qué empleadores
hicieron dichos aportes?
f) ¿Se ha modificado la
historia laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez?
g) ¿Ha variado la
información referente a los tiempos de cotización del señor Ramón Emilio Mejía
Flórez?
h) Indique si el
Hospital Hernando Quintero Blanco ESE hizo cotizaciones a favor del señor Ramón
Emilio Mejía Flórez durante 1996 a 2009.
i) Indique al despacho
¿cuáles fueron las gestiones administrativas encaminadas al traslado de aportes
de CAJANAL EICE a COLPENSIONES?”.
[20] Las preguntas
formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes:
“a) Si el señor Ramón
Emilio Mejía Flórez prestó sus servicios a esa entidad, en caso afirmativo,
indique ¿en qué periodo de tiempo?
b) ¿A qué fondo de
pensiones estuvo afiliado durante la vinculación laboral? ¿En qué periodos?
c) ¿Cuántas semanas
fueron cotizadas a ese fondo? En caso de que haya periodos no cotizados,
explique la razón”.
[21] Las preguntas
formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes:
“a) Si el señor Ramón
Emilio Mejía Flórez prestó sus servicios a esa entidad, en caso afirmativo,
indique ¿en qué periodo de tiempo?
b) ¿A qué fondo de
pensiones ha estado afiliado durante la vinculación laboral del señor Ramón
Emilio Mejía Flórez? ¿en qué periodos?
c) ¿Cuántas semanas le
ha cotizado al señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la fecha? En caso de que haya
periodos no cotizados, explique la razón”.
[22] Las preguntas
formuladas por la Magistrada sustanciadora fueron las siguientes:
“a) ¿Cuál es el estado
de la afiliación del señor Ramón Emilio Mejía Flórez?
b) ¿En qué periodos y
qué empleador lo ha afiliado?
c) ¿Ha sido continua la
afiliación del accionante?
d) A la fecha, ¿cuántas
semanas exactamente tiene cotizadas el señor Ramón Emilio Mejía Flórez a la
fecha?
e) ¿Qué empleadores
hicieron dichos aportes?
f) ¿Se ha modificado la
historia laboral del señor Ramón Emilio Mejía Flórez?
g) ¿Ha variado la
información referente a los tiempos de cotización del señor Ramón Emilio Mejía
Flórez?
h) Indique si el
Hospital Hernando Quintero Blanco ESE hizo cotizaciones a favor del señor Ramón
Emilio Mejía Flórez durante 1996 a 2009.
i) Indique al despacho
¿cuáles fueron las gestiones administrativas encaminadas al traslado de aportes
de CAJANAL EICE a COLPENSIONES?”
[23] Cuaderno de Revisión,
folio 64.
[24] Ibídem.
[25] Ibídem.
[26] Ibídem.
[27] Cuaderno de Revisión,
folio 72.
[28] Cuaderno de Revisión,
folio 100.
[29] Cuaderno de Revisión,
folio 101.
[30] Cuaderno de Revisión,
folio 102.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
[33] Cuaderno de Revisión,
folio 102. En el expediente, reposa copia de dicha respuesta en el Cuaderno de
Revisión, folio 113.
[34] El Hospital Hernando
Quintero Blanco remitió su respuesta mediante escrito presentado el 28 de junio
de 2019, tal como consta a folios 131 a 141 del Cuaderno de Revisión.
[35] Cuaderno de Revisión,
folio 132.
[36] Cuaderno de Revisión,
folio 45.
[37] Cuaderno de Revisión,
folio 45.
[38] Cuaderno de Revisión, folios 142
a 148.
[39] Cuaderno No. 1, folio
128.
[40] Cuaderno No. 1,
folios 130 y 131.
[41] Sentencia T-079 de
2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] Cuaderno No. 1, folio
141.
[43] Cuaderno No. 1,
folios 154 a 185.
[44] Cuaderno No. 1, folio
186.
[45] Cuaderno No. 1, folio
238.
[46] Sentencia T-462 de
1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[47] Cuaderno No. 1,
folios 255 a 258.
[48] Cuaderno No. 1, folio
257.
[49] Mediante Oficio No.
JPF 523 del 13 de agosto de 2019, recibido por el Despacho de la Magistrada
Sustanciadora el 1° de octubre de 2019, se remitió nuevamente el expediente
para su revisión, tal como consta en el folio 156 del Cuaderno de Revisión.
[50] Cuaderno de Revisión, folios 158
a 163.
[51] Cuaderno de Revisión,
folios 185 a 194.
[52] Cuaderno de Revisión,
folios 218 a 228.
[53] Cuaderno de Revisión,
folio 256.
[54] Cuaderno de Revisión,
folio 256.
[55] Ibídem.
[56] Cuaderno de Revisión,
folio 257.
[57] Cuaderno de Revisión,
folio 255.
[58] Cuaderno de Revisión,
folios 260 y 261.
[59] Cuaderno de Revisión,
folio 257.
[60] Ibídem.
[61] Cuaderno de Revisión,
folios 239 a 251. Escrito electrónico recibido el 24 de octubre y suscrito por
el apoderado del accionante.
[62] Cuaderno de Revisión,
folio 240. De conformidad con el acervo probatorio, el actor señala que en la
actualidad devenga un sueldo aproximado de $1.400.000 pesos m/cte., y que se
encuentran a su cargo, su esposa de 61 años, su nieto de cinco años y su
hermana de 80 años. Ambas adultas mayores y de la tercera edad, respectivamente.
[63] Cuaderno de Revisión,
folio 239.
[64] Cuaderno de Revisión,
folios 239 y 240.
[65] Cuaderno de Revisión,
folio 243.
[66] Cuaderno de Revisión,
folio 275.
[67] Ibídem.
[68] Cuaderno de Revisión,
folio 276.
[69] Ibídem.
[70] Ibídem.
[71] Cuaderno de Revisión,
folio 277.
[72] Ibídem.
[73] Cuaderno de Revisión,
folios 430 a 433. Escrito electrónico recibido el 6 de noviembre de 2019.
[74] Cuaderno de Revisión,
folio 431.
[75] Cuaderno No. 1, folio
2.
[76] Cuaderno No. 1, folio
2.
[77] Consideraciones
tomadas de la Sentencia T-350 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] ARTICULO 10.
LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[79] Sentencia T-531 de
2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[80] Cuaderno No. 1, folio
1.
[81] Sentencias T-401 de
2017 y T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[82] Artículo 42 y
siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991.
[83] Modificado por el Decreto 1432 de 2016.
[84] Consideraciones
tomadas de las Sentencias T-009 de 2019, SU-108 de 2018 y T-087 de 2018 M.P.
Gloria Stella Ortiz.
[85] Constitución
Política. Artículo 86.
[86] Sentencia SU-108 de 2018 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[87] Sentencia SU-391 de
2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[88] Sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[89]Sentencia T-179A de
2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[90] Sentencia SU-108 de
2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[91] Sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[92] Sentencia SU-637 de
2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[93] Sentencia T-009 de
2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[94] Sentencia
T-009 de 2019. Negrilla propia.
[95] Sentencia T-291 de
2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[96] Sentencia T-345 de
2009 M.P. María Victoria Calle Correa.
[97] Sentencia T-291 de
2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[98] Cuaderno No. 1, folio
97
[99] En ella se resolvió
de forma negativa el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la
Resolución GNR No. 416997 del 24 de diciembre de 2015, en la que se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Cuaderno No. 1, folio 79.
[100] Cuaderno No. 1,
folios 51 a 63.
[101] Cuaderno No. 1, folio
62.
[102] Cuaderno No. 1, folios 53 a 61.
[103] Consideraciones
tomadas de la Sentencia T-015 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[104] Sentencia T-480 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[105] Sentencia SU-424 de
2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[106] “Artículo 6º.
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.//
Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su
integridad mediante una indemnización”.
[107] Sentencia C-018 de
1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[108] Sentencia T-014 de
2012. M.P. Alexei Julio Estrada.
[109] Sentencia C-177 de
2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[110] Sentencia T-598 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[111] Ley 1276 de 2009.
Artículo 7°. “Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las
siguientes definiciones: // (…) b). Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta
con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los
centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo
menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico,
vital y psicológico así lo determinen”.
[112] Sentencia T-138 de
2010. M.P. Mauricio González Cuervo. “Trasladar la definición de la Ley 1276
de 2009 para los propósitos que se vienen analizando –precisar el concepto de
‘tercera edad’ para admitir que el reconocimiento del derecho a la pensión de
vejez pueda hacerse excepcionalmente vía tutela-, implicaría aceptar una
definición que está incluso por debajo del parámetro básico del sistema general
de pensiones. Esto no tendría sentido porque llevaría al absurdo de permitir
que por la vía excepcional de la tutela se estudien reconocimientos de
pensiones de quienes, según la regla general, aún no tendrían derecho a ella.”
[113] Sentencia T-047 de
2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[114] En:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/series.../proyecc3.xls
[115] Sentencia T-086 de
2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[116] Citado en la Sentencia T-426 de 2018 M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[117] Sentencia C-1037 de
2003 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[118] Cuaderno No. 1,
folios 92 y 93.
[119] Cuaderno de Revisión,
folio 276.
[120] Los argumentos reiterados en este acápite han sido
expuestos y formulados en las sentencias T-079 de 2016, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-037 de 2017, T-222 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y
T-379 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras.
[121] Sentencia T-968 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[122] Los
argumentos reiterados en este capítulo han sido expuestos y formulados
pacíficamente en la jurisprudencia constitucional. Recientemente, en las
sentencias T-079 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-379 de 2017, M.P.
Alejandro Linares Cantillo; y T-222 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[123] “Artículo
12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.”
[124] Preámbulo de la Ley 100 de 1993.
[125] Sentencia T-379 de 2017 M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[126] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
[127] “Artículo 9°.
El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos
para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez,
el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1° de
enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil
(1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005
el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
[128] En esta fecha entró en vigencia la citada reforma
constitucional.
[129] Consideraciones
tomadas de las sentencias T-398 de 2015 y T-463 de 2016 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[130] Sentencia T-398 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[131]
Sentencia T-706 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[132] Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.
[133] El artículo 53 de la Ley 100 de 1993 establece: “Las
entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida tienen
amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el empleador o agente
retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo
cumplimiento de la presente ley. Para tal efecto podrán: a) Verificar la
exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren
necesario; b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para
verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados; c)
Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al
régimen, o a terceros, para que rindan informes; d) Exigir a los empleadores o
agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la
presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros
estén obligados a llevar libros registrados, y e) Ordenar la exhibición y
examen de los libros, comprobantes y documentos del empleador o agente
retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias
para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones.”
[134] Sentencia T-592 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[135]
Sentencia T-214 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[136] Sentencia T-079 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[137] Al respecto, se citan las Sentencias T-855 de 2011
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-482 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y
T-493 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[138] En este asunto, la providencia hizo referencia a las
Sentencias T-897 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-603 de 2014 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[139] En este tema se citan las Sentencias C-1011 de 2003
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-847 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-706 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[140] Al respecto, se citaron las sentencias T-208 de 2012
M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-722 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-508 de 2013
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-475 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y
T-343 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[141] Sentencia T-463 de 2016 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[142] Sentencia T-855 de
2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[143] Al respecto, ver las Sentencias T-603 de 2014 M.P. María Victoria Calle
Correa y T-774 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[144] Sentencia T-482 de
2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[145] Sentencia T-379 de
2017 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[146] Sentencia T-144 de 2013 M.P.
María Victoria Calle Correa.
[147] Consideraciones
tomadas de la Sentencia T-222 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz.
[148] Sentencia T-079 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[149] Sentencias T-387 de
2010 M.P. Luis Ernesto Vargas; T-362 de 2011 M.P. Mauricio González; T-979 de
2011 M.P. Nilson Pinilla; T-906 de 2013 M.P. María Victoria Calle y T-708 de
2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero, entre otras.
[150] Ver los numerales
2.2.1, 2.2.2 y 3.1.2.2.4.2 de la Resolución 504 de 2013.
[151] Se encuentra definida en el artículo 2.2.3 de
la Resolución 504 de 2013 como: “el mecanismo de soporte financiero de la
pensión que permite el recobro que tienen que efectuar las Cajas, Fondos de
Previsión Social o la Entidad reconocedora de una prestación pensional, con
cargo a las entidades en las cuales el trabajador cotizó o prestó sus
servicios. Se encuentran reguladas por el Decreto 2921 de 1948, Decreto 1848 de 1969, Decreto 3135 de 1968, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, Ley 490 de 1998, Ley 1066 de 2006, y demás normas concordantes y
complementarias”.
También, regulado en el artículo 3.1.2.2.4.3 de la citada Resolución.
[152] Regulado en los
artículos 2.2.4 y 3.1.2.2.4.4 de la Resolución 504 de 2013.
[153] Regulado entre otros
en los artículos 2.2.5 y 3.1.2.2.4.6 de la Resolución 504 de 2013.
[154] Cuaderno No. 1,
folios 91 a 96, específicamente ver folio 94, donde COLPENSIONES aseveró: “Que
a partir de la norma transcrita se procedió a verificar la densidad de
cotizaciones del apelante para el 30 de junio de 1995, fecha en que entró a
regir el sistema general en pensiones, encontrándose que para aquella época
contaba con 390 semanas cotizadas y con 49 años de edad, adquiriendo el
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
el cumplimiento del requisito de edad (…)” (Negrillas fuera del texto
original)
[155] Cuaderno No. 1, folio
97.
[156] Cuaderno No. 1, folio
93.
[157] Ibídem.
[158] Cuaderno de Revisión,
folio 256.
[159] Cuaderno de Revisión,
folios 275 y 276.
[160] Sobre el particular,
la Sala tuvo en cuenta que el actor trabajó para el Hospital San Andrés de
Chiriguaná desde el 1° de diciembre de 1987 hasta el 31 de enero de1986, es
decir 422 semanas aproximadamente, y posteriormente, de forma ininterrumpida,
para el Hospital Hernando Quintero Blanco ESE desde el 1° de marzo de 1996 a la
fecha de interposición de la acción de tutela, esto es 1.183 semanas
aproximadamente. Por ende, al sumar el número de semanas laboradas en ambas
entidades se tiene que el accionante al 8 de noviembre de 2018 tenía 1.605
semanas.
[161] En este punto, la
Sala sumó las semanas laboradas por el trabajador para el Hospital San Andrés
de Chiriguaná, que son 422 semanas desde el 1° de diciembre de 1987 hasta el 31
de enero de1986, junto con las 490 semanas trabajadas para el Hospital Hernando
Quintero Blanco desde el 1° de marzo de 1996 al 25 de julio de 2005, que en
total son 912 semanas aproximadamente.
[162] Cuaderno No. 1, folios
91 a 96, específicamente ver folio 94, donde COLPENSIONES aseveró: “Que a
partir de la norma transcrita se procedió a verificar la densidad de
cotizaciones del apelante para el 30 de junio de 1995, fecha en que entró a
regir el sistema general en pensiones, encontrándose que para aquella época
contaba con 390 semanas cotizadas y con 49 años de edad, adquiriendo el
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
el cumplimiento del requisito de edad (…)” (Negrillas fuera del texto
original).
[163] Cuaderno de Revisión,
folio 113.
[164] Cuaderno de Revisión,
folio 319.
[165] Cuaderno de Revisión,
folio 362.
[166] Cuaderno de Revisión,
folio 91.
[167] Cuaderno de Revisión,
folio 319.