T-022-01
Sentencia T-022/01
Sentencia
T-022/01
PRINCIPIO A
TRABAJO IGUAL PENSION IGUAL-No
es absoluto
El principio jurídico que ha orientado la
jurisprudencia de la Corte en la materia se debe entender como una derivación
de aquél que establece que “a trabajo igual, salario igual”. Del mismo modo,
para esta Corte, “a trabajo igual, pensión igual”. Con todo, este principio no
debe entenderse de manera absoluta. Su relatividad se debe a que la seguridad
social es un servicio público, y que, como tal, está regido también por los de
continuidad y universalidad, los cuales, en materia del servicio público de
seguridad social, se traducen en el principio de solidaridad. Estos amplían la
libertad de configuración del legislador, hasta el punto de permitirle
establecer regímenes diferentes entre personas que realizaron las mismas
labores durante su vida, con la única diferencia de haberse pensionado en
momentos distintos. Ello, con el propósito de asegurar que los recursos del
respectivo sistema de pensiones sean suficientes para cubrir permanentemente
las mesadas de toda la población pensionada.
PRINCIPIO A
TRABAJO IGUAL PENSION IGUAL-Armonización
con otros principios/CONGRESISTA-Relación entre lo que constituye
salario y la pensión que reciben
Es necesario lograr conciliar el principio
según el cual “a trabajo igual pensión igual”, con los principios de
continuidad y universalidad de los servicios públicos. En el caso de la pensión
de los congresistas que ocupa a la Sala, esta armonización adquiere una
importancia especial.  No sólo por cuanto ellos devengan las más altas
pensiones dentro de la estructura actual de los sistemas de prestaciones de los
servidores del Estado, y tienen un régimen especial más favorable, sino porque
el mecanismo de las suplencias, y la posibilidad de que los suplentes se
pensionen como congresistas aumenta las erogaciones que debe hacer el Fondo de
Previsión Social del Congreso. Se enfatiza la necesidad de que exista una
relación entre lo que efectivamente constituye el salario de los congresistas,
y la pensión que reciben. Precisamente, este énfasis se debe a que, dentro de
un Estado social de derecho, resulta imperativo que haya una relación directa y
real entre el trabajo realizado por los parlamentarios y su pensión.  Si ello
no fuera así, si el monto de la pensión de un congresista no estuviera
íntimamente ligado al trabajo que ha realizado, se estaría vulnerando
gravemente el principio de igualdad, en particular, en su acepción en materia
laboral “a trabajo igual, salario igual”. Por otra parte se estaría
comprometiendo al trabajo, tanto en su aspecto subjetivo, como derecho y
obligación de las personas, como en el objetivo, como principio fundante del
Estado social de derecho.
Referencia:
expediente T-372.000
Peticionario:
José Joaquín Mejía Figueredo
Procedencia:
Tribunal Superior
del Distrito de Santafé de Bogotá –Sala Laboral-
Magistrada Ponente
(e):
Dra. CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C.,
dieciocho (18) de enero de dos mil uno (2001)
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina
Pardo Schlesinger –presidente de la Sala- Alvaro Tafur Galvis y Eduardo
Montealegre Lynett,  ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de tutela radicado bajo el número T-372.000,
adelantado por José Joaquín Mejía Figueredo contra el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591
de 1991, mediante Auto del 31 de octubre de 2000, la Sala Novena de Selección
de la Corte Constitucional decidió revisar el expediente de la referencia. Por
reparto le correspondió la sustanciación al despacho de la suscrita magistrada.
1.      Solicitud
El accionante
solicita la protección de sus derechos a la seguridad social, a la igualdad, a
la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y de petición.
2. Hechos
El petente, de 75
años de edad, narra, por medio de apoderado, que prestó sus servicios al Estado
por el término de veinte años, cinco meses y siete días, desde 1948 hasta 1974
en distintos cargos, siendo el último ejercido el de Senador, en diferentes
períodos comprendidos entre 1970 y 1974.
Habiendo solicitado
el reconocimiento de su pensión vitalicia de jubilación ante la entidad
demandada, ésta le fue reconocida mediante Resolución 00003 de 25 de enero de
2000, en una suma que, según su parecer, no tiene en cuenta la dignidad de su
último cargo de congresista, en abierto desconocimiento de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 1359 de 1993.  Por el contrario, la Resolución hace una indebida
interpretación de la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional. En
particular, respecto de la afirmación hecha por la Corte según la cual el
cálculo de la mesada pensional debe hacerse a partir de lo que el congresista
que se va a pensionar, individualmente considerado, efectivamente trabajó
durante el último año, y no a partir de lo que ganaría un congresista
cualquiera que trabajara todo el año, independientemente de que ello hubiera
sido así en el caso particular del congresista que solicita el reconocimiento
de su pensión.  Aduce que la interpretación hecha por la entidad está sacando
de contexto la afirmación hecha por la Corte, que ésta constituye un obiter
dicta, y que, por lo tanto, no es obligatoria.  Afirma que, por el
contrario, el criterio esgrimido por la entidad demandada resulta
discriminatorio respecto a los demás congresistas pensionados antes de 1992.
Por otra parte, dice
que la resolución reconoce la pensión “a partir de marzo 1º de 1999,
desconociendo la retroactividad a tres años a que tenía derecho, por haberlo
adquirido desde 1975, sino que por su falta de solicitud, y según las normas
que regulan la materia, prescribieron alrededor de 20 años de pago de dicha
asignación pensional, pero no los últimos tres años previos a la solicitud ante
el Fondo.”
3. Pretensiones
El accionante
solicita la protección de los derechos invocados y en consecuencia, que se
ordene a la accionada efectuar el reajuste retroactivo de su pensión, en
cuantía equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que por todo concepto
hubieran devengado los congresistas en el año de 1993.  También solicita que se
lo afilie al Fondo de Previsión Social del Congreso, “pues en la resolución
controvertida  (…) no se hace afiliación alguna.”
4. Argumentos
del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
El jefe de la
Oficina Jurídica del Fondo de Previsión Social del Congreso, respondió a la
acción de tutela afirmando que el reconocimiento de la pensión del accionante
había sido hecho debidamente, y que, de conformidad con la Ley 4ª de 1992, para
hacer el cálculo de la cuantía de la pensión se promediaron todos los factores
que el congresista efectivamente devengó durante los 360 días anteriores a su
retiro, actualizados con el IPC, de conformidad con el artículo 7º del Decreto
1359 de 1993.
Por otra parte,
afirma que en la mencionada liquidación se observó estrictamente lo dispuesto
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999.
A su escrito la
entidad demandada anexó la Sentencia C-608 de 1999 así como la certificación de
la Oficina de Personal de Fonprecon, sobre la afiliación del accionante al
Fondo de Previsión Social del Congreso (fls 26 y 27).
II.      ACTUACION
JUDICIAL
1.      Primera instancia
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Bogotá, mediante Sentencia de abril 26 de 2000 denegó el amparo solicitado por el
accionante.  En su parecer la tutela resulta improcedente pues existe otro
medio de defensa judicial a través del cual puede obtener la protección de los
derechos presuntamente vulnerados y no es inminente la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.  En efecto, a pesar de que el demandante es una persona
de la tercera edad, su pensión ya fue reconocida y su mínimo vital no se
encuentra comprometido.
2.      Impugnación
El apoderado del
accionante impugnó la Sentencia de primera instancia.  Para refutar los motivos
del Juzgado esgrimió dos conjuntos de argumentos, que denominó “irregularidades
de carácter formal o procesal en la conformación de la sentencia” y “de
carácter material o de fondo en la argumentación”.
En primer lugar,
observa el accionante que en los antecedentes de la providencia se hace
referencia a unos derechos distintos de aquellos que se mencionan en la parte
resolutiva.  Agrega que existe una inconsistencia adicional entre las partes
motiva y resolutiva de la Sentencia.  En efecto, sostiene que si la razón por
la cual no se concedió la protección solicitada fue la improcedencia de la
acción, el a quo ha debido declarar dicha improcedencia, en lugar de
denegar o no tutelar los derechos invocados.  Lo anterior lo considera
relevante, pues la decisión de no tutelar los derechos implica un estudio del
fondo del asunto, el cual no llevó a cabo el juez.
En segundo lugar,
agrega a su impugnación tres razones de fondo para su inconformidad.  A saber:
Considera que el
juez ha debido analizar la improcedencia de la acción a partir de la situación
del accionante.  En particular, el hecho de que éste ya ha superado la
expectativa de vida de los colombianos.  Por lo tanto, imponerle la carga de
esperar la resolución de un proceso contencioso administrativo resulta
demasiado gravoso y puede resultar en su imposibilidad de disfrutar de su
pensión.
Por otra parte,
afirma el apoderado que el mínimo vital del accionante sí ha sido
comprometido.  Para él, la dignidad de una persona depende de los méritos que
ha obtenido durante su vida.  Así mismo, su mínimo vital debe considerarse de
conformidad con las necesidades que le impone su status dentro de la sociedad.
Habiéndose desempeñado como parlamentario y como embajador, la cuantía fijada
por la entidad accionada no se compadece con la calidad que ha detentado
durante su vida, ni con las obligaciones que ha adquirido con antelación.
Finalmente,
controvierte la afirmación hecha por el juez de primera instancia según la cual
la decisión de conceder el reajuste de una pensión de jubilación está por fuera
de la competencia asignada a los jueces de tutela.  Aduce que lo que el juez
debe hacer es ordenar a la administración que cumpla sus funciones de acuerdo
con lo establecido en la Constitución.
3.      Segunda
instancia
El Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá –Sala Laboral-, en Sentencia de junio 20 de 2000 denegó la
protección solicitada y en consecuencia confirmó el fallo del juez de primera
instancia.
Para el Tribunal la
solicitud hecha por el accionante va encaminada a controvertir un acto
administrativo, función que le corresponde a los jueces especializados en esa
materia.  Por otra parte, lo que se controvierte es un derecho de rango legal,
que no es susceptible de ser reclamado por la vía de tutela.  Agrega que cuando
la solicitud va encaminada a obtener la protección transitoria de un derecho
fundamental, el accionante debe acreditar la existencia de un perjuicio
irremediable, lo cual no está probado en el presente caso.
Afirma que en la
Sentencia T-456 de 1994 la Corte Constitucional concedió la protección del
derecho a la igualdad, el cual no encuentra vulnerado en el presente caso.
Debido a que el Fondo de Previsión Social del Congreso estaba haciendo una
distinción entre los congresistas pensionados antes y después de la entrada en
vigencia de la Ley 4ª de 1992.  Esta distinción no estaba consagrada en la Ley
ni en los decretos reglamentarios, por lo cual la decisión del Fondo resultaba
claramente violatoria del derecho fundamental a la igualdad.  Por otra parte,
aclara que en dicha Sentencia la Corte amparó los derechos de uno de los
accionantes quien había interpuesto los otros medios de defensa judicial desde
hacía ocho años, sin que se hubiera resuelto su solicitud.  En cambio, a los
demás solicitantes, a pesar de pertenecer también a la tercera edad se les negó
la protección, pues al no haber acudido oportunamente a los mecanismos
judiciales pertinentes, no podían alegar su propia edad como argumento de
procedibilidad de la acción de tutela.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.      Competencia
Por lo dispuesto en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, concordados con los
artículos 33, 34 y 35 del Decreto - ley 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia
para revisar la Sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
2.      Consideraciones
Generales
2.1    La
existencia de otros mecanismos de defensa judicial
La Corte
Constitucional ha sido enfática al establecer que, como principio general la
tutela resulta improcedente cuando el accionante dispone de otros mecanismos de
defensa judicial lo suficientemente eficaces para dar una protección efectiva a
los derechos fundamentales vulnerados.[1]
Por otra parte, ha
afirmado que la efectividad de los mecanismos de defensa judicial que hagan
improcedente la tutela debe ser estudiada a partir de las circunstancias
concretas en las que se encuentre el peticionario.[2]   En el caso de las
personas de la tercera edad, la Corte ha establecido que su condición de haber
superado la expectativa de vida promedio de los colombianos hace imperativo
concederles un trato especial, dada la alta probabilidad de que la espera del
trámite normal de un proceso ante la justicia ordinaria o contencioso
administrativa signifique la imposibilidad de disfrutar de sus derechos.  Esta
jurisprudencia ha sido reiterada, particularmente, cuando la imposibilidad de
disfrutar de ciertos derechos económicos o sociales compromete otros de
carácter fundamental.[3]
En el caso
particular de la pensión de los congresistas que han llegado a la tercera edad,
esta Corporación ha concedido el reajuste de las pensiones en aquellos casos, y
esencialmente, en la medida en que la aplicación de un régimen diferencial
implique una discriminación que carezca de un fundamento objetivo, implementado
de manera razonable, aplicando, en este campo específico, su jurisprudencia
sobre el derecho a la igualdad.[4]
Dicha jurisprudencia, siguiendo la máxima aristotélica según la cual “la
igualdad se predica entre los iguales”, ha establecido que, para que sea
posible un juicio de igualdad, es necesario que las situaciones entre las que
se presenta una presunta discriminación, sean comparables.
Por otra parte, esta
Corporación ha afirmado en múltiples ocasiones, que la pensión no constituye
una gracia dada a las personas, sino que tiene una relación directa con el
trabajo realizado por una persona durante su vida.  Así, el principio jurídico
que ha orientado la jurisprudencia de la Corte en la materia se debe entender
como una derivación de aquél que establece que “a trabajo igual, salario
igual”.  Del mismo modo, para esta Corte, “a trabajo igual, pensión igual”.
Con todo, este
principio no debe entenderse de manera absoluta. Su relatividad se debe a que
la seguridad social es un servicio público, y que, como tal, está regido
también por los de continuidad y universalidad, los cuales, en materia del servicio
público de seguridad social, se traducen en el principio de solidaridad.  Estos
amplían la libertad de configuración del legislador, hasta el punto de
permitirle establecer regímenes diferentes entre personas que realizaron las
mismas labores durante su vida, con la única diferencia de haberse pensionado
en momentos distintos. Ello, con el propósito de asegurar que los recursos del
respectivo sistema de pensiones sean suficientes para cubrir permanentemente
las mesadas de toda la población pensionada. Sería contrario a la finalidad del
Estado social de derecho garantizar a ciertas personas prestaciones sociales
que impliquen que este servicio no pueda cubrir al resto de la población
pensionada, o que  el sistema no va a poder cubrir a toda la población en un
futuro.  La Corte lo ha entendido de este modo y así lo ha expresado en una
Sentencia de constitucionalidad en la que se analizó si el legislador está
obligado a preservar determinados beneficios prestacionales de orden legal a
quienes se pensionen de un mismo cargo, pero durante la vigencia de normas
distintas.  En aquella oportunidad, haciendo el análisis respecto del derecho a
la igualdad, afirmó que el alcance dado al derecho a la seguridad social está
limitado por la necesidad de amoldarse a situaciones sociales y demográficas
variables:
“En consecuencia, el
único entendimiento razonable del principio constitucional consagrado en el
primer inciso del artículo 13 de la Carta, ofrece una permisión al
legislador para que, en ejercicio de sus funciones naturales y en
desarrollo de principios esenciales de todo Estado democrático, produzca
dentro del ordenamiento jurídico, las mutaciones necesarias para afrontar
nuevas necesidades sociales con arreglo a sus propias valoraciones. Y ello,
incluso, cuando tal mutación implique otorgar un tratamiento diferenciado a
personas o grupos de personas cuya única circunstancia diferenciadora consiste
en vincularse al momento en el cual se adoptan o derogan las sucesivas
regulaciones.”
“En punto a los
derechos sociales, la regla anterior resulta particularmente relevante. En
efecto, el desarrollo progresivo de las normas que consagran derechos
prestacionales, ampliando el radio de los beneficiarios o el beneficio
otorgado, disminuyendo o aumentando requisitos para acceder al mismo, obligan,
necesariamente, al legislador, a establecer fechas ciertas y determinadas a
partir de las cuales entra en vigencia la nueva reglamentación. Esto se
justifica, no sólo por evidentes restricciones presupuestales, sino para garantizar,
entre otros, el principio de seguridad jurídica.” (resaltado fuera de texto
original) Sentencia C-613 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
En una reciente
Sentencia de tutela, esta misma Sala, en idéntico sentido, afirmó:
“Aun así, a pesar de
que existe una correlación innegable entre el reconocimiento del trabajo
realizado y el monto de la pensión de jubilación, consideraciones de interés
general, en concordancia con el deber de solidaridad, hacen que sea necesario
matizar esta equivalencia.  Por un lado, debido a cuestiones de tipo financiero[5] que le dan estabilidad
al sistema, y que están encaminadas a realizar los principios constitucionales
de eficacia y eficiencia y, en particular, a asegurar la continuidad en la
prestación del servicio.  Por otro lado, este principio de equivalencia entre
trabajo y pensión se ve restringido por razones de justicia distributiva que
propenden por darle universalidad y mejorar la prestación del servicio o, lo
que es igual, por desarrollar progresivamente los alcances del derecho a la
seguridad social.” Sentencia T-1752 de 2000 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
Es necesario
entonces, lograr conciliar el principio según el cual “a trabajo igual pensión
igual”, con los principios de continuidad y universalidad de los servicios
públicos.
En el caso de la
pensión de los congresistas que ocupa a la Sala, esta armonización adquiere una
importancia especial.  No sólo por cuanto ellos devengan las más altas
pensiones dentro de la estructura actual de los sistemas de prestaciones de los
servidores del Estado, y tienen un régimen especial más favorable, sino porque
el mecanismo de las suplencias, y la posibilidad de que los suplentes se
pensionen como congresistas aumenta las erogaciones que debe hacer el Fondo de
Previsión Social del Congreso.
Es entonces a partir
de la necesidad de armonizar estos principios, que debe entenderse la
jurisprudencia de esta Corporación en la Sentencia C-608 de 1999.  En efecto,
en dicha Sentencia se enfatiza la necesidad de que exista una relación entre lo
que efectivamente constituye el salario de los congresistas, y la pensión que
reciben. Precisamente, este énfasis se debe a que, dentro de un Estado social
de derecho, resulta imperativo que haya una relación directa y real entre el
trabajo realizado por los parlamentarios y su pensión.  Si ello no fuera así,
si el monto de la pensión de un congresista no estuviera íntimamente ligado al
trabajo que ha realizado, se estaría vulnerando gravemente el principio de
igualdad, en particular, en su acepción en materia laboral “a trabajo igual,
salario igual”.  Por otra parte se estaría comprometiendo al trabajo, tanto en
su aspecto subjetivo, como derecho y obligación de las personas, como en el
objetivo, como principio fundante del Estado social de derecho.  Además, si se
permitiera que el sistema de suplencias diera origen a que los congresistas se
pensionaran con una determinada mesada, independientemente del tiempo que
hubieran laborado, se vería en riesgo la viabilidad misma del Fondo de
Previsión Social del Congreso, lo cual daría lugar a una contingencia por la
cual el sistema podría resultar insostenible.
En el presente caso,
el accionante alega una presunta vulneración de la igualdad, aduciendo tener
derecho a que se liquide su pensión en un 75% del salario que actualmente
reciban los congresistas, conforme a la Ley 4ª de 1992.  Afirma que la
interpretación hecha por el Fondo de Previsión Social del Congreso, de la
Sentencia C-608 de 1999 que declaró la constitucionalidad condicionada del
artículo 17 de la Ley 4ª es errada, porque, según él, la afirmación por la cual
la pensión de los congresistas debe ser calculada de acuerdo con lo que
individualmente haya devengado cada uno en el último año, es una afirmación
marginal, que no hace parte de la ratio decidendi de la Sentencia y, por
lo tanto, no es vinculante.  Para esta Sala nada de ello es así.  El artículo
17, norma a partir de la cual se calculan las pensiones de los congresistas
dice:
“Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen
de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y
Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual
promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el
Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal.
Parágrafo: La liquidación de las pensiones, reajustes
y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio
que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en
que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.”
En la parte
resolutiva de la Sentencia C-608 de 1999, la Corte estableció:
“Decláranse EXEQUIBLES,
en los términos de esta Sentencia, el literal ll) del artículo 2 y el artículo
17 de la Ley 4 de 1992.”
En la parte motiva,
al referirse al artículo 17, la Corte afirmó:
“Aunque, a juicio de
la Corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales ni
rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter
especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce
la actividad legislativa, debe precisarse que una cosa es el último año de
ingresos como punto de referencia para la liquidación de las cuantías de
pensiones, reajustes y sustituciones -lo que se aviene a la Carta- y otra muy
distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a
la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a
todos los miembros del Congreso.”
“En efecto, lo
razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se
establezca en relación directa y específica con la situación del Congresista
individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la
pensión ha recibido en su caso, durante el último año. Y ello por cuanto
sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo equilibrio,
afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que se pudiese acceder a la
pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante
el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por
ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos
meses. En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido
en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo
que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio.”
(resaltado fuera de texto)
Se ve cómo,
entonces, la regla según la cual el cálculo de la pensión de cada congresista
debe hacerse a partir de lo que efectivamente haya devengado durante el último
año ese congresista, individualmente considerado, no es un obiter dicta y,
por el contrario, constituye un parámetro de interpretación obligatorio de
la norma en cuestión.
Por otra parte, si
bien el accionante aduce una presunta discriminación, no es claro cómo pueda
estarse dando dicha discriminación, cuando todos ellos están sometidos por
igual a que la norma se interprete de conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional.  El alegato de presunta vulneración resulta de una
interpretación errónea del artículo 17 que compara el texto literal de la
norma, sin tener en cuenta el condicionamiento hecho por la Corte, con la
situación particular en la que se encuentra el accionante. Sin embargo, una
interpretación semejante, como ya se dijo, resultaría contraria a la
Constitución.  Por el contrario, la hermenéutica llevada a cabo por el Fondo de
Previsión Social del Congreso es una aplicación del argumento de igualdad
laboral esgrimido por la Corte en la mencionada Sentencia C-608 de 2000.
Finalmente, esta
Sala pudo constatar, conforme a la  certificación expedida por la Jefe de la
Oficina de Planeación y Sistemas del Fondo de Previsión Social del Congreso,
que aparece a folios 26 y 27 del expediente, que la afiliación del accionante a
dicho Fondo ya se efectuó.  Por lo tanto, la Sala desestimará la pretensión del
accionante de ordenar su afiliación.
Por lo anterior, se
denegará la protección solicitada, y se confirmará la decisión revisada, por
los argumentos expresados en la presente Sentencia.
DECISION
Por lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
CONFIRMAR íntegramente la Sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá y en consecuencia, DENEGAR la protección de
los derechos invocados por el accionante.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidente de la Sala (e)
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
IVAN ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]
En este sentido ver, entre otras, las Sentencias: T-509 de 1992 (MP Simón
Rodríguez Rodríguez), T-518 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández), T-520 de
1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-526 de 1992 (M.P. Ciro Angarita
Barón), T- C-013 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[2]
En este sentido ver, entre otras, las Sentencias T-536 de 1992 (M.P. Simón
Rodríguez Rodríguez), T-372 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-569 de
1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-593 de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-595 de 1992 (José Gregorio Hernández Galindo), T-613 de
1992 (Alejandro Martínez Caballero), T-043 de 1993 (Ciro Angarita Barón), T-101
de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-106 de 1993 (Antonio Barrera Carbonell),
T-119 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-120 de 1993 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), T-148 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-162
de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-181 de 1993 (M.P. Hernando Herrera
Vergara), T-190 de 1993 (Eduardo Cifuentes Muñoz), T-199 de 1993 (Carlos
Gaviria Díaz), T-212 de 1993 (Alejandro Martínez Caballero), T-239 de 1993
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-247 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),
T-290 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-305 de 1993 (Hernando
Herrera Vergara), T-381 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-420
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-441 de 1993 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-005 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-006 de 1994
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-242
de 1994 (Alejandro Martínez Caballero), T-253 de 1994 (Vladimiro Naranjo Mesa),
T-325 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-431 de 1994 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-554 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-580 de 1994
(M.P. Carlos Gaviria Díaz),  T-007 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),
T-554 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-246 de 1996 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-311 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-372
de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-437 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), T-001 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-114 de 1997
(M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-166 de 1997 (José Gregorio Hernández
Galindo), T-384 de 1998 (Alfredo Beltrán Sierra), T-672 de 1998 (M.P. Hernando
Herrera Vergara), T-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1000 de 1999
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1004 de 1999 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-1006 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[3]
En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-427 de
1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-159 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);
T-200 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-235 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa); T-239 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-307 de 1993 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-441 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo);
T-174 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-290 de 1994 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa); T-298 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-404 de
1994 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-430 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara);
T-144 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-288 de 1995 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz); T-339 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-065 de 1996 (M.P.
Antonio Barrera Carbonell); T-224 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-571
de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-143 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[4]
Ver específicamente en lo relacionado con los  congresistas, Sentencias T-456
de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-463 de 1995 (M.P. Fabio Morón
Díaz).  En cuanto a los magistrados de las altas Cortes, ver T-214 de 1999
(M.P. Vladimiro naranjo Mesa) y T-1752 de 2000 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
[5]
Ver en este sentido las consideraciones de la Corte respecto al establecimiento
de un tope máximo para las pensiones, Sentencia C-157 de 1997 (M.P. Fabio Morón
Díaz).