C-512-19
Sentencia C-512/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional
NORMA ACUSADA-Análisis de vigencia
DEROGATORIA EXPRESA-Definición
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Norma derogada
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR NORMA DEROGADA/INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Derogatoria
de disposición que no está produciendo efectos jurídicos
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sustracción de materia o carencia de
objeto
(…) la Corte Constitucional
ha indicado que en casos en los que las normas objeto de demanda se encuentran
derogadas o se evidencia que contienen mandatos específicos ya ejecutados y se
verifica la ausencia de efectos actuales generados por las mismas, se está ante
el fenómeno de la sustracción de materia, que también se ha denominado carencia
de objeto.
Referencia:
Expediente D-12411
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 95 (parcial) de la Ley 1753 de 2015
“por
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”.
Actor:
Juan Carlos Lancheros Gámez
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido
la presente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Mediante auto del 14 de noviembre de 2017, el magistrado ponente (i)
admitió la demanda formulada por el ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez de
acción pública de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del
artículo 95 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”;
(ii) suspendió los términos del proceso de acuerdo con lo señalado en el
numeral segundo del Auto 305 de 2017; (iii) ordenó correr traslado del
expediente al Procurador General de la Nación; (iv) fijó en lista el proceso
para efectos de permitir la intervención ciudadana; (v) ordenó comunicar el
inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Director del Departamento Nacional de Planeación;
(vi) invitó a participar a varias entidades y organizaciones; y (vii) advirtió
que durante la suspensión de términos podrían recibirse las intervenciones
ciudadanas y los respectivos conceptos.
2.
El 24 de abril de 2019, mediante el Auto 207 de 2019, la Sala Plena de
la Corte Constitucional dispuso levantar la suspensión de términos y reanudar
el trámite del presente asunto[1].
En consecuencia, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y
fijar en lista el proceso, a fin de permitir la participación ciudadana.
A.
NORMA DEMANDADA
3.
A continuación, se transcribe la norma demandada, subrayando y
resaltando en negrilla la expresión cuestionada:
“LEY 1753 DE 2015
(junio 9)
D.O. 49.538, junio 9 de 2015
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”
“Artículo 95. Financiación de proyectos de las IES. El Icetex
ejercerá la función de financiar o cofinanciar programas y proyectos
específicos que contribuyan al desarrollo científico, académico y
administrativo de las instituciones de educación superior de que trata el
artículo 16 de la Ley 30 de 1992; al fortalecimiento de
su infraestructura física, y a la renovación y adquisición de equipos y
dotaciones. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Los aportes de la nación que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley se encuentren en el Fondo de Desarrollo de la Educación
Superior (Fodesep) y que no se encuentren comprometidos presupuestalmente,
serán transferidos al Icetex para el ejercicio de las funciones asignadas en
este artículo, para lo cual el Gobierno nacional adelantará las acciones
conducentes a obtener la liquidación de dicha participación. El Gobierno
nacional podrá enajenar o disponer de su participación.
(…)”.
B.
LA DEMANDA
4.
Se solicita a este Tribunal que declare que la inexequibilidad
del inciso segundo del artículo 95 de la Ley 1753 de 2015, por considerar que
dicha disposición vulnera los derechos de las entidades que integran el Fondo
de Desarrollo de la Educación Superior (en adelante, FODESEP), al desconocer
sus garantías de igualdad y legalidad. Así mismo, afirma el actor que el
mencionado artículo desconoció los principios de democracia deliberativa y los
principios que rigen las organizaciones de naturaleza solidaria.
5.
En el escrito de demanda, se sustenta la vulneración
a los mencionados preceptos constitucionales, en el siguiente sentido:
a.
Inicia el demandante su escrito, manifestando
que la Corte Constitucional puede y debe conocer de la acción, por cuanto, en
el presente caso no opera la cosa juzgada, en la medida que en la Sentencia
C-044 de 2017 se declaró la exequibilidad del artículo demandado, por los
cargos analizados. Por lo anterior, indicó el demandante que operó el fenómeno
de la cosa juzgada relativa respecto de ciertos cargos, y en aquellos en los que
la Corte profirió inhibición procede a presentar nuevamente los cargos
formulados en su momento en la mencionada sentencia, con excepción de los de
simple forma por haber caducado la acción.
b.
Con base en lo anterior, el demandante plantea
que se vulneran los artículos 1º, 6, 13, 121, 150.3, 157, 209, en los
siguientes términos:
(i)
Primer cargo: La norma demandada introduce
una nueva causal de liquidación que no corresponde a ninguna de las causales
exigidas por la ley de cooperativas y, por tanto, vulnera el principio de
legalidad contendido en el artículo 6 de la Carta.
Afirmó que “la norma demandada, establece que el Gobierno Nacional retirará
los aportes que no estén ya comprometidos y adelantará las acciones conducentes
a obtener la liquidación de dicha participación. Dicha situación, trasmutaría
entonces la naturaleza del FODESEP de administración pública cooperativa porque
le quita su componente público. Sin los aportes estatales, su naturaleza
pública desaparece por sustracción de materia y con ello su personería
jurídica, pues la única posibilidad es la liquidación”[2]. Agrega el demandante que la alternativa de la Sentencia C-044 de
2017, en cuanto a su transformación a entidad privada, no se encuentra prevista
en la ley, dejando en el limbo jurídico a la organización.
(ii)
Segundo cargo: El Estado busca disponer
libremente de sus aportes desconociendo la naturaleza de estos en un régimen de
economía solidaria y, por tanto, vulnera el principio de legalidad de los
artículos 6 y 121 de la Constitución. Al respecto,
el ciudadano consideró que permitir que los aportes del Estado se liquiden por
fuera del cauce ordinario regulado en los estatutos y la ley, hace un esguince
a la normativa ordinaria y burla el ordenamiento jurídico.
(iii)
Tercer cargo: Se
incurre en una omisión legislativa relativa, al no instarse, en el inciso
segundo del artículo demandado, a la regulación de la transformación de las
entidades de administración pública cooperativa.
Indicó el demandante en su escrito que la norma omitió fijar un proceso por el
que se daría la eventual transformación del FODESEP sin los aportes del
Gobierno, elemento esencial para que la liquidación del aporte del Estado no
conlleve la liquidación del fondo en su totalidad.
(iv)
Cuarto cargo: Con
el retiro del Gobierno se genera un detrimento injustificado de los recursos de
las instituciones asociadas al FODESEP por lo que se vulnera el derecho a la
igualdad. Manifestó que la introducción de un
régimen especial, desigual y diferencial para el retiro de los aportes del Gobierno
Nacional no es razonable, ni proporcional y por lo tanto resulta injustificado,
frente a los demás asociados.
(v)
Quinto cargo: La
introducción de una oración no discutida al texto de la disposición demandada,
vulnera el principio de deliberación democrática y, por ende, el principio de
legalidad desde el ámbito material consagrado en el artículo 1 de la Carta y
desarrollado por el artículo 157 de la misma.
Señaló el demandante que no existe constancia real de cómo se introdujo en el
texto la mencionada adición, ya que no se evidencia en las Gacetas
correspondientes ni para su proposición, lectura, discusión o aprobación. Lo
anterior, conlleva a que dicha proposición contradiga lo dispuesto en el
principio de deliberación democrática al no evidenciar una razón del legislador
para adoptar dicha decisión. Lo anterior, en opinión del demandante, conlleva a
un vicio material de inconstitucionalidad si en el proceso de creación
normativa no se verifica una real deliberación, que desconoce el control y
ejercicio del poder público como derecho fundamental. Para sustentar su
posición, se soporta en las sentencias C-816 de 2004, C-801 de 2008 y C-776 de
2003.
(vi)
Sexto cargo: La inconstitucionalidad del
inciso 2 del artículo demandando, supone que las mismas funciones serían
ejercidas por diferentes instituciones: ICETEX y FODESEP y, por tanto, se
verían vulnerados los principios de eficacia y de economía de la función
administrativa por duplicidad de funciones. Sobre
el particular, resaltó el demandante que dando aplicación a la integración
normativa, en el caso concreto, debe declararse adicionalmente la
inexequibilidad del inciso 1, en cuanto, guarda estrecha relación con las
funciones que son de FODESEP al ICETEX, bajo el entendido de que mediante el
retiro de los aportes del Estado, ésta pasa a liquidarse evitando duplicidad de
funciones. Finalizó señalando que la constitucionalidad del inciso 1 permite la
coexistencia de dos instituciones con una misma función, por lo cual, se
evidencia un doble gasto que entorpece el fin que pretende el Estado, como es
el aumentar la cobertura del servicio de educación, para cerrar las brechas de
acceso y calidad.
C.
INTERVENCIONES
6.
Durante el trámite del presente asunto se recibieron oportunamente siete
escritos de intervención[3],
por medio de los cuales se solicitó a la Corte que se pronuncie en distintos
sentidos, a saber: (i) que declare la exequibilidad de la disposición acusada;
(ii) que decida estarse a lo resuelto en la Sentencia C-044 de 2017 o, de
manera subsidiaria, que declare la exequibilidad; (iii) que emita un fallo
inhibitorio respecto de la norma demandada o que, subsidiariamente, la declare
exequible; y (iv) que declare su inexequibilidad.
7.
Solicitud de fallo inhibitorio. Algunos intervinientes
solicitaron a la Corte inhibirse de pronunciarse respecto de los cargos
planteados. Ello, bajo el argumento que el demandante interpretó de manera
errada el contenido de la disposición acusada y no se configuraron los
elementos del cargo por omisión legislativa relativa.
8.
Solicitud de exequibilidad. La mayoría de los intervinientes
solicitaron a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma acusada.
Los argumentos sobre los cuales sustentaron dicha solicitud se resumen de la
siguiente manera:
9.
Primero, la norma demandada señala la orden expresa de retirar los
aportes que ha efectuado el Estado colombiano que no se encuentren
comprometidos, decisión que ni directa o indirectamente establece la
configuración de una causal de liquidación de FODESEP. Así, la decisión del Congreso
en su autonomía tiene un efecto netamente financiero más no jurídico respecto
de la existencia y vida jurídica del fondo. Asimismo, FODESEP sólo podrá
disolverse y liquidarse por acuerdo voluntario de los asociados, y por la
ocurrencia de los demás derechos que defina la ley.
10.
Segundo, el FODESEP mantiene su naturaleza jurídica, por cuanto
concurren otras IES de naturaleza privada que perfectamente pueden continuar
desarrollando el objeto misional de la entidad. Por lo cual, la decisión del
legislador no dispone una transformación de dicho fondo.
11.
Tercero, dada la naturaleza jurídica del FODESEP, fondo de creación
legal en los términos del artículo 89 de la Ley 30 de 1992, puede sufrir
ajustes frente a los aportes que efectúe el Gobierno Nacional, situación que
debe darse por disposición legal, como en efecto ocurrió. Por lo cual, la
decisión del legislador es razonable en el sentido de reubicar aportes no
comprometidos para fortalecer los esquemas de fomento y financiación de la
educación superior al ICETEX
12.
Solicitud de inexequibilidad. En concreto, los intervinientes
manifestaron que la norma demandada: (i) desborda la potestad de configuración
normativa del legislador; (ii) ordena la liquidación del FODESEP, sin tener en
cuenta las normas legales aplicables y (iii) vulnera el principio de legalidad
y de retroactividad, por cuanto dicta un mandato legal que no contempla que la
participación del Estado es necesaria para dicha entidad.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
13.
El 28 de junio de 2019, el representante del Ministerio Público rindió
concepto en relación con la demanda de la referencia, en el sentido de
solicitar a la Corte que (i) se esté a lo resuelto en la sentencia C-044 de
2017. En subsidio, (ii) estarse a lo resuelto respecto de los cargos de
violación de los artículos 1º, 6, 121, 157 y 209, y se declare inhibida para
conocer de los cargos por violación del principio de igualdad y por
configuración de una omisión legislativa relativa.
14.
En suma, los escritos de intervención y las solicitudes presentadas a la
Corte en relación con la presente demanda se resumen así:
Interviniente
Cuestionamiento
Solicitud
Procurador General de la Nación
(i) se esté a lo resuelto en la Sentencia C-044
de 2017. En subsidio, (ii) estarse a lo resuelto respecto de los cargos de
violación de los artículos 1º, 6, 121, 157 y 209, y se declare inhibida para
conocer de los cargos por violación del principio de igualdad y por
configuración de una omisión legislativa relativa.
Estarse a lo resuelto, inhibición
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP
Es claro que la liquidación de la participación
del Gobierno Nacional y su retiro del FODESEP, sólo podrá darse en el momento
que opere la disolución y liquidación bajo las causales consagradas en la Ley
79 de 1998, y adopción de la decisión de la Asamblea General de dicho fondo.
Cualquier otro mecanismo afecta la estabilidad de la entidad.
Inexequible
ICETEX
La finalidad que se persigue por medio de la
disposición demandada se deriva de la obligación constitucional que le asiste
al Estado colombiano, de promover el acceso a la educación en el país,
conforme a las facultades legales que le han sido conferidas para así
lograrlo.
Exequible
Ministerio de Educación Nacional
Existencia de cosa juzgada constitucional. De no
declararse, no se desprende de la norma demandada una orden de liquidación
del FODESEP, como tampoco la cancelación de su personería jurídica. Dicha
disposición está orientada a reiterar la autorización dada al Gobierno nacional
para destinar recursos públicos a dicho fondo, en una clara aplicación del
principio de legalidad.
Exequible
Departamento Nacional de Planeación
En la Sentencia C-044 de 2017 la Corte estableció
que de la norma no se desprende una orden de liquidación del FODESEP, que no
es cierto que con el retiro de los aportes se lleve inmediatamente a una
causal de liquidación, por cuanto el referido fondo también recibe otros
aportes que le permiten continuar ejerciendo su misión. De no declararse la
cosa juzgada, el legislador en su potestad de configuración legislativa podía
ordenar disponer aportes no comprometidos, sin que ello altere su personería
jurídica o autonomía.
Exequible
Inhibitorio respecto del cargo tercero, cuarto y
quinto
Asociación Colombiana de Universidades
El legislador no puede exceder su margen de
configuración, no se reputa constitucional que el legislador someta al fondo
a un régimen de economía mixta, sin respetar tiempo después la autonomía
financiera y presupuestal que este tiene.
Inexequible
Universidad Externado de Colombia
Se solicita la inhibición de los cargos
formulados por el accionante en la medida que no cumplen con las cargas de
argumentación requeridas.
Inhibitorio
Universidad Santo Tomás
Se solicita la inexequibilidad, por cuanto no
contempla la decisión del legislador que la participación del FODESEP,
conlleva directamente a su liquidación, afectando no sólo al fondo sino
también a quienes de él se benefician.
Inexequible
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución
Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, pues
se dirigió contra normas contenidas en leyes, a saber,
el artículo 95 de la Ley 1753 de 2015.
A.
CUESTIÓN PREVIA: LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA NORMA DEMANDADA, LA
AUSENCIA DE EFECTOS ACTUALES, RESPECTO DE LOS CUALES NO HAY LUGAR A EMITIR UN
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2. Durante el trámite de la
presente acción, la Sala Plena constató que el artículo 95 de la Ley 1753 de
2015 resultó excluido del ordenamiento jurídico, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, la cual, en su
artículo 336 dispuso lo siguiente: “Artículo 336. Vigencias y derogatorias.
La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias. (…) Se derogan
expresamente (…) los artículos 7°, 32, 34, 47, 58, 60,
90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 y los
parágrafos de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; (…)” (Resaltado
fuera del texto).
3. En este contexto, la
Corte debe estudiar de manera preliminar, si existe mérito para emitir un
pronunciamiento de fondo, o si, por el contrario, la Sala debe abstenerse de
efectuar el mismo. Para esto, la metodología desarrollada por la Corte
Constitucional para casos en los que este Tribunal se enfrenta al estudio de
normas excluidas del ordenamiento jurídico impone: (i) la comprobación del
fenómeno ocurrido -derogatoria expresa, tácita, orgánica, subrogación[4], o
cumplimiento de la hipótesis prescriptiva; y, (ii) si se está en presencia de
alguna de estas situaciones, determinar si la norma derogada, subrogada o
cumplida, mantiene su producción de efectos jurídicos[5]. Así, solo
en el caso de que se encuentre que la norma subsiste en el ordenamiento, o en
su defecto, se verifique la producción de efectos actuales, el Tribunal
Constitucional será competente para adelantar el juicio de constitucionalidad[6].
4. En relación con el
fenómeno de derogatoria expresa, es preciso indicar, que el mismo se concreta cuando la nueva ley señala expresamente que deroga la antigua[7]
afectando así la vigencia de la disposición. Frente al examen de la
verificación de los posibles efectos jurídicos que se puedan seguir surtiendo,
se debe considerar la materia regulada así como el contexto normativo dentro
del cual se incluyen algunas posibilidades fácticas de aplicación de la norma.
Pérdida de vigencia del artículo 95 de la Ley 1753 de 2015 “por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país” por derogatoria expresa y ausencia de efectos
5. El legislador, a
través del artículo 336 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 derogó
expresamente, a partir de su publicación, el artículo
95 de la Ley 1753 de 2015. Por tal motivo, la disposición
acusada perdió su vigencia de forma inmediata. Asimismo, como se evidenciará a
continuación, la disposición demandada no se encuentra produciendo efectos.
6. Este Tribunal ha
sostenido que pueden presentarse casos en los que, a pesar de la derogatoria,
lo demandado continúa produciendo efectos, o lo que es lo mismo, continúa
regulando la realidad pese a su derogación, caso en el cual, como ya se indicó,
la Corte sería competente para emitir un pronunciamiento de fondo a pesar de la
expulsión de la norma demandada del ordenamiento jurídico[8]. En este
sentido, esta Corte ha aclarado que el parámetro para determinar si una norma
es capaz de producir efectos a pesar de su derogatoria, obliga a verificar la
posibilidad de que la misma pueda aplicarse a una situación jurídica nueva, es
decir, una surgida luego de su pérdida de vigencia[9].
7. Con base en lo
expuesto, este Tribunal no advierte la existencia de efectos actuales de la
norma demandada, por las siguientes razones. En primer lugar, la materia
regulada prevé esencialmente que los aportes de la Nación que, a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015 (junio 9 de 2015), se encuentren en
el FODESEP y no estén comprometidos presupuestalmente, serán transferidos al
ICETEX. Para la Sala, la materia de la disposición demandada permite concluir
la pérdida de vigencia de dicha disposición, toda vez que de acuerdo con
principio de anualidad presupuestal, después del 31 de diciembre del período
señalado en la norma, no se podrían asumir compromisos con cargo a las
apropiaciones de dicho año, ni respecto de los saldos de apropiación no
afectados por compromisos presupuestales del Fondo (art. 14, Decreto 111 de
1996), por lo cual, la norma agotó su función y propósito normativo en el
período señalado en la misma. En segundo lugar, es de resaltar que la Ley 1753
corresponde a una ley por medio de la cual se formuló de un Plan de Desarrollo,
norma que por esencia está establecido para regir en un periodo determinado[10]. En el
caso de la norma aquí analizada, se insertó en un Plan de Desarrollo destinado
a regir el periodo 2014-2018, situación que robustece la idea de que el
propósito normativo de lo demandado ya se habría agotado[11].
8. Por las anteriores
consideraciones, estima la Sala que el artículo 95 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”, carece de vigencia para el momento de la presente decisión y no
aprecia la existencia de efectos actuales, susceptibles de activar la
competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre la presente demanda.
La sustracción de materia o carencia de objeto
en el control abstracto de constitucionalidad a cargo de esta Corte
9. En este escenario, la
Corte Constitucional ha indicado que en casos en los que las normas objeto de demanda
se encuentran derogadas o se evidencia que contienen mandatos específicos ya
ejecutados y se verifica la ausencia de efectos actuales generados por las
mismas, se está ante el fenómeno de la sustracción de materia, que
también se ha denominado carencia de objeto[12].
Este fenómeno tiene lugar respecto de la presente demanda, pues se ha
verificado que no existe norma frente a la cual la Corte pueda dictar su
sentencia de control abstracto, y más específicamente, que “no existe
materia sobre la cual pueda recaer el pronunciamiento”[13].
10. De acuerdo con lo
expuesto, la sustracción de materia implica que la Corte deba, ineludiblemente,
declararse inhibida de pronunciarse de fondo sobre las materias puestas a su
consideración, pues con ello se atiene a los estrictos y precisos términos que
le dicta el artículo 241 Superior para el ejercicio de su competencia de
guardiana de la supremacía e integridad constitucional.
11. Teniendo en cuenta
lo anterior, y habiéndose verificado la derogatoria expresa del artículo 95 de
la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 ‘Todos por un nuevo país” y constando que dicha disposición no se
encuentra produciendo efectos, la Corte evidencia que en el presente
expediente se presenta el fenómeno de la sustracción de materia o carencia
actual de objeto, lo que obliga a la Corte a inhibirse de proferir una decisión
de fondo respecto de la constitucionalidad del contenido demandado.
B.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
12. El
demandante solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del
inciso segundo del artículo 95 de la Ley 1753 de 2015, por considerar que dicha
disposición vulnera los derechos de las entidades que integran el Fondo de
Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), al desconocer sus garantías de
igualdad y legalidad respecto de lo cual, además señaló la ausencia de cosa
juzgada frente a la sentencia C-044 de 2017.
13. Durante el trámite de la presente acción, esta Corte constató que
el artículo 95 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” fue objeto de
derogatoria expresa por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia”, Pacto
por la Equidad”. Con base en ello, procedió entonces a analizar la
capacidad del artículo 95 de producir efectos, frente a lo cual la Sala
concluyó que, debido a la materia regulada y a la naturaleza de la norma donde
se encontraba contenida, no se evidencia la configuración de efectos actuales.
14. Así
pues, ante la verificación de la derogatoria expresa y la ausencia de efectos
jurídicos de la norma demandada, la Corte concluyó que se produjo la
sustracción de materia en el escenario del control abstracto de
constitucionalidad. En consecuencia, la Corte Constitucional determinará
inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo en el presente caso.
III.
DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarase INHIBIDA
para proferir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 95 (parcial) de la Ley 1753 de 2015 “por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”, por sustracción de materia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento aceptado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver cuaderno principal, folios 165-166.
[2]
Ver, folio 12 del Cuaderno Principal.
[3] En la Secretaría General de la Corte Constitucional se
recibieron los siguientes escritos de intervención: (i) el 11 de diciembre de
2017, la Asociación Colombiana de Universidades, a través del señor Hernán
Porras Díaz (Fl. 83); (ii) el 17 de enero de 2018, el Departamento Nacional de
Planeación, a través del apoderado Mauricio de los Reyes Cabeza Cabeza; (iii)
el 18 de enero de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señora Martha Lucia Trujillo Calderón; (iv)
el 24 de enero de 2018, el FODESEP, a través de su representante legal Eulalia
Nohemí Jiménez Rodríguez; (v) el 1º de febrero de 2018, el ICETEX, a través de
la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señora Nora Alejandra Muñoz Barrios;
(vi) el 14 de febrero de 2018, la Universidad Externado de Colombia, a través
del Centro Externadista de Estudios Fiscales; (vii) el 23 de mayo de 2019, la
Universidad Santo Tomás, a través del Decano señor Alejandro Gómez Jaramillo.
[4] Corte
Constitucional, sentencias C-019 de 2015, C-898 de 2001.
[5] Corte
Constitucional, sentencias C-898 de 2001 y C-019 de 2015.
[6] Por
ejemplo, en un caso reciente y similar al presente, la Corte en Sentencia C-044
de 2018, decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre una demanda de
inconstitucionalidad formulada contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 48 de
1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y
movilización”. En aquel caso, la demanda fue admitida el 15 de febrero de
2017, el proceso suspendido por virtud del Auto 305 del 21 de junio de 2017, y
la norma demandada fue derogada durante el término de suspensión, por el
artículo 81 de la Ley 1861 de 2017. En dicho proceso, la Corte verificó la
ocurrencia de una derogatoria expresa y posteriormente, aplicando la reiterada
jurisprudencia en la materia, verificó que la norma demandada no producía
efectos jurídicos. Corte Constitucional, sentencias C-019 de 2015, C-044 de
2018 y C-085 de 2019.
[7]
Código Civil, Art. 71.
[8] Corte
Constitucional, sentencias, C-819 de 2011, C-192 de 2017 y C-046A de 2019.
[9] Corte
Constitucional, sentencia C-248 de 2017.
[10]
Constitución Política, Arts. 339-344. Ley 152/1994.
[11] La Corte
Constitucional ha señalado el carácter temporal de las normas de los planes de
desarrollo. A continuación se presenta una recopilación de las decisiones más
recientes en la materia:
Sentencia
Ponente
Regla/consideraciones
C–047 de 2018. Reiterada en la C-092 de 2018. MP Alberto
Rojas Ríos.
Antonio José Lizarazo Ocampo
1 La Vigencia de los Planes Nacionales de
Desarrollo, en principio, corresponde al cuatrienio del periodo
presidencial, sin embargo, varios son los artículos de este tipo de leyes que
permanecen en el tiempo, lo que se debe a la especial naturaleza de estas
normas las cuales permiten mantener la vigencia y aplicación de la Carta
Política y, por consiguiente, involucran metas de ejecución continuada y
progresiva, en beneficio de las políticas públicas del Estado.
2 Por consiguiente, el simple paso del cuatrienio
para el cual son expedidos los Planes Nacionales de Desarrollo y la no
reiteración de sus disposiciones en los Planes posteriores, no
implican, per se, su derogatoria o pérdida de vigencia (…)En todo
caso, según el artículo 72 de la Ley 57 de 1887, permanecen vigentes los
contenidos de las leyes anteriores que no contradicen las disposiciones de la
nueva ley
C–008 de 2018
José Fernando Reyes Cuartas
La Corte ha establecido que la Ley del PND, contiene
los instrumentos o estrategias que resultan necesarios para la consecución de
las metas y objetivos del Plan, que se refieren al cálculo de ingresos
públicos proyectados para el término de la vigencia del plan, así como
la asignación de los recursos fiscales con que se cuenta la financiación de
dichos programas y metas.
C–092 de 2018
Alberto Rojas Ríos
La vigencia de los Planes Nacionales de Desarrollo,
en principio, corresponde al cuatrienio del periodo presidencial, sin
embargo, varios son los artículos de este tipo de leyes que permanecen en el
tiempo, lo que se debe a la especial naturaleza de estas normas las cuales
permiten mantener la vigencia y aplicación de la Carta Política y, por
consiguiente, involucran metas de ejecución continuada y progresiva, en
beneficio de las políticas públicas del Estado.
[12] Corte
Constitucional, entre otras, sentencias C-324 de 2009, C-353 de 2015, C-348 de
2017, C-136 de 2018 y C-200 de 2019.
[13] Corte
Constitucional, sentencia C-336 de 2016.