T-887-14
Sentencia
T-887/14
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar la presentación
sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Configuración
Esta Corporación ha
interpretado que se configura cosa juzgada constitucional y temeridad respecto
de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los
siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones; (iv) ausencia de justificación razonable y objetiva
frente al ejercicio de la nueva acción de tutela y (v) mala fe o dolo del
accionante en la interposición de la nueva tutela.
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN
SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991-Precedente fijado en sentencia
SU.1073/12/DERECHO A LA INDEXACION Y CONTABILIZACION DEL TERMINO DE
PRESCRIPCION-Precedente fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13
La Sala Plena de la Corte Constitucional profirió las
sentencias SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013. Por medio de estos fallos se
consolidó una doctrina constitucional respecto de la indexación de la primera
mesada pensional de prestaciones causadas antes de la Constitución Política de
1991 y, lo que es más importante, se unificó la jurisprudencia relativa a la
forma en que los jueces ordinarios y constitucionales debían resolver ese tipo
de controversias.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-Son mandatos de orden constitucional
que no pueden ser desconocidos
La doctrina constitucional ha sostenido pacíficamente
que todos los beneficiarios del sistema pensional tienen derecho a la
protección del poder adquisitivo de sus pensiones, y que esto incluye, por
supuesto, a las personas que causaron su pensión con anterioridad a la
Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993. Todos los beneficiarios del
sistema pensional deben ser protegidos de las consecuencias negativas del
fenómeno inflacionario, incluso quienes causaron su derecho antes del nuevo
orden constitucional. En desarrollo del principio de universalidad que irradia
al sistema de seguridad social, no es viable efectuar distinciones
injustificadas entre pensionados con base en el tiempo en el cual se
perfeccionó su derecho, mucho menos tratándose de prestaciones periódicas que
producen efectos bajo el marco constitucional actual. Además, en virtud de los
principios de equidad y favorabilidad en materia pensional, ante la duda de si
procede o no la actualización monetaria, el operador debe aplicar aquella
interpretación más beneficiosa para el trabajador, y en este tipo de
asuntos “(…) la solución más favorable es el mantenimiento del valor
económico de la mesada pensional.”
DEFECTO POR VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION EN MATERIA DE
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se incurre cuando una autoridad judicial niega injustificadamente
la indexación del salario base de liquidación
En materia de indexación de la primera mesada pensional, la
Corte Constitucional ha establecido en diferentes oportunidades que cuando una
autoridad judicial niega ese derecho alegando el carácter preconstitucional de
la prestación, se incurre en un defecto por violación directa de la Carta
Política.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vulneración al incurrirse en un
defecto por violación directa de la Constitución, al negar indexación del
salario base de liquidación argumentando que se causó antes de la Constitución
de 1991
Referencia: T-4434259 y T-4439182
(Expedientes acumulados)
Expediente T-4434259. Acción de tutela
presentada por Abel González Lozano contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga y Ecopetrol SA.
Expediente T-4439182. Acción de tutela
presentada por Rafael Martínez de la Ossa contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena y el Banco Popular SA.
Magistrada ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil
catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos: (i) el cinco (5) de
mayo de dos mil catorce (2014), en única instancia, por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en la acción impetrada por Abel González Lozano
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y Ecopetrol SA; y
(ii) el veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), en primera
instancia, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el doce (12)
de junio de dos mil catorce (2014), en segunda instancia, por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, en la acción promovida por Rafael Martínez de la
Ossa contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y el Banco
Popular SA.[1]
I.
ANTECEDENTES
Abel
González Lozano y Rafael Martínez de la Ossa, quienes tienen ochenta y uno (81)
y ochenta (80) años de edad, respectivamente, presentaron tutela contra diversas
autoridades judiciales, porque consideran que con sus decisiones dentro de los
procesos ordinarios laborales instaurados en procura de la indexación de la
primera mesada pensional les vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y la seguridad social. En su concepto, las autoridades
demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución al
negarles la actualización monetaria de sus pensiones argumentando que las
mismas se causaron antes de la Carta Política de 1991, pues reiterada
jurisprudencia constitucional ha señalado que todos los pensionados son titulares
del derecho a la indexación sin que al respecto puedan hacerse distinciones de
tiempo y modo.
A
continuación se realizará una exposición más amplia de los antecedentes de cada
caso, la respuesta de las autoridades accionadas y las decisiones objeto de
revisión.
1. Caso de Abel González Lozano.
Expediente T-4434259
Narración de los hechos y argumentos
jurídicos presentados en la demanda
1.1. Ecopetrol SA le reconoció al señor
Abel González Lozano una pensión de jubilación el veintidós (22) de febrero de
mil novecientos ochenta y tres (1983), según lo dispuesto en el “Plan 70
convencional” y el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.[2]
Dicha prestación le fue otorgada desde veintitrés (23) de enero de mil
novecientos ochenta y tres (1983) por un valor de doce mil ciento diecisiete
pesos ($12.117), correspondiente al 75% del salario base percibido en el último
año de servicios, esto es, entre primero (1º) de diciembre de mil novecientos
setenta y siete (1977) y primero (1º) de diciembre de mil novecientos setenta y
ocho (1978).[3]
1.2. El accionante consideró que su
salario base de liquidación no fue indexado, por lo que acudió a la justicia
ordinaria laboral en defensa de sus derechos. En su demandada alegó que el
reconocimiento pensional supuso una grave lesión a sus intereses, porque en mil
novecientos ochenta y tres (1983) le comenzaron a pagar una mesada liquidada
con base en un promedio de salarios de mil novecientos setenta y ocho (1978).
Explicó que el valor de su pensión perdió poder adquisitivo durante ese período
de cinco (5) años debido al fenómeno inflacionario, y que en la actualidad
debería recibir una suma más alta. Manifestó que al momento de su retiro el 75%
de sus ingresos equivalían a 4.6 SMML de la época,[4]
y que en el año mil novecientos ochenta y tres (1983) le otorgaron una mesada
por un valor de 1.3 SMML,[5]
situación que, a su juicio, demuestra la pérdida de poder adquisitivo de su
pensión.[6]
1.3. El Juzgado Único Laboral del
Circuito de Barrancabermeja estudió en primera instancia el proceso ordinario
y, mediante sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010),
resolvió “declarar que Abel González Lozano tiene derecho a que Ecopetrol SA
le liquide y pague su pensión teniendo en cuenta en su primera mesada las
ganancias probadas del último año de servicio pero indexadas.” Argumentó
que la jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho a la actualización
monetaria de las pensiones recurrentemente,[7] y que en ese
sentido Ecopetrol SA no podía liquidar la primera mesada con base en un “salario
devaluado, deficitario e irreal”, pues dicha actuación sería inequitativa
en tanto le cargarían al trabajador todo el impacto negativo del fenómeno
inflacionario.
1.4. Ese fallo fue apelado por la parte
demandada, y su estudio correspondió en segunda instancia al Tribunal Superior
de Bucaramanga, Sala Laboral. Dicha autoridad, mediante sentencia del primero
(1º) de septiembre de dos mil diez (2010), decidió “revocar la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, […] para en su lugar absolver a la demandada de actualizar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor.” Sostuvo
que en este caso no había lugar al reconocimiento de la indexación, porque “el
derecho del actor se caus[ó] a partir del 23 de enero de 1983, cuando no
existía norma legal o supralegal que autorizara la indexación del ingreso base
de liquidación.”  Reiteró, entonces, que la jurisprudencia de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia era clara en señalar que la protección
al poder adquisitivo solo se predica “de las pensiones causadas a partir de
la vigencia de la Constitución de 1991, mas no para aquellas que se causaron
con anterioridad.”
1.5. El actor no presentó el recurso
extraordinario de casación contra la providencia de segunda instancia, porque,
a su juicio, el mismo “no era idóneo para resolver este tipo de
controversias en razón a la tesis contraria y desfavorable de la Corte Suprema
de Justicia, Sala Laboral, respecto del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional de prestaciones causadas antes de 1991.”
1.6. Inconforme con los fallos
referenciados, el accionante presentó dos (2) acciones de tutela en procura de
la indexación de su primera mesada pensional. (i) La primera de ellas fue
presentada en el año dos mil once (2011), y en primera y segunda instancia fue
declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, salas Laboral y Penal,
respectivamente, bajo el argumento de que incumplía el requisito de
subsidiariedad en tanto no presentó el recurso extraordinario de casación
contra la sentencia del Tribunal.[8]
(ii) La segunda tutela fue presentada en el año dos mil trece (2013) ante la
Corte Suprema de Justicia, pero, en esta oportunidad, se rechazó la demanda “por
temeridad en el ejercicio de la acción”.[9]
1.7. Dado que la administración de
justicia no accedió a su pretensión de indexación, el actor optó por presentar
una tercera tutela, la cual ahora es objeto de revisión por la Corte
Constitucional. Allí manifiesta que tiene derecho a la actualización pretendida
porque la Carta Política protege el poder adquisitivo de todas las prestaciones
sin discriminación alguna, y que las autoridades judiciales que resolvieron el
proceso laboral ordinario no podían desconocer dicho mandato sin violar su
derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, pide que se dejen sin
efecto tales providencias y se ordene a Ecopetrol SA indexar el salario base de
liquidación.
1.8. De otra parte, señala que la tutela
no es temeraria aun cuando acudió en dos (2) oportunidades previas a la
jurisdicción constitucional en procura de la indexación, pues las autoridades
que resolvieron esas solicitudes desconocieron el precedente pacífico de la Corte
Constitucional relativo a la universalidad del derecho a la actualización monetaria
de las pensiones. Explica que “la presente acción de tutela no pretende
incurrir en error al juez constitucional, ni en temeridad en acción de tutela,
sino más bien indicarle que el derecho a la indexación a la primera mesada
pensional [se reconoce] sin distinción alguna a todos los pensionados, tanto
para pensiones causadas antes de la Constitución de 1991 como posteriores”.
Y que en su caso es imperiosa la intervención de juez de tutela para
garantizarle el derecho al mínimo vital, teniendo en cuenta además que es una
persona de ochenta y un (81) años de edad[10] que tiene
una desventaja notable para participar en el mercado de trabajo.
Intervención de las entidades demandadas
1.9. El Juzgado Único Laboral del
Circuito de Barrancabermeja fue vinculado al proceso por el juez de primera
instancia,[11]
una vez vencido el término de traslado de la demanda no allegó comunicación
alguna.
1.10. La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga intervino en el proceso para solicitar que se declarara
improcedente la acción constitucional, porque, a su juicio, la misma es
temeraria en tanto previamente se habían presentado otras dos (2) acciones con
identidad de sujetos, objeto y causa.
1.11. Ecopetrol SA solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela porque, en su concepto, (i) no se
cumple el requisito de subsidiariedad en tanto el actor no interpuso recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal, (ii) no está demostrado un perjuicio
irremediable que haga urgente e imperiosa la intervención del juez de tutela, y
(iii) la solicitud es temeraria en tanto se presentaron dos (2) acciones
constitucionales previas con identidad de objetos y sujetos. Así mismo, señaló
que de todas formas debía negarse el amparo de los derechos fundamentales,
porque reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece la
imposibilidad de indexar la primera mesada de pensiones causadas antes de la
Constitución Política de 1991, habida cuenta de que no existía alguna regla de
derecho que lo permitiera.
De la sentencia objeto de revisión
1.12. La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela, en sentencia del
cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014). A su juicio, “al actor le está
vedado intentar una nueva acción constitucional para controvertir la
providencia que ha cuestionado ya al menos dos veces por esta vía. Se afirma lo
anterior, por cuanto a los jueces no les está permitido conocer de este
mecanismo cuando la misma es promovida con temeridad, esto es, cuando aquella
sea presentada ante varios jueces o tribunales”, por lo que desestimó el
amparo de los derechos fundamentales. Esta sentencia no fue apelada.
2. Caso de Rafael Martínez de la Ossa.
Expediente T-4439182
Narración de los hechos y argumentos
jurídicos presentados en la demanda
2.1. El Banco Popular SA le reconoció al
señor Rafael Martínez de la Ossa una pensión vitalicia de jubilación, mediante Resolución
No. 077 de mil novecientos ochenta y nueve (1989).[12]
La prestación le fue otorgada a partir del once (11) de agosto de mil
novecientos ochenta y nueve (1989) por la suma de treinta y cuatro mil
setecientos setenta pesos ($34.770) o 1.05 SMML de la época, equivalentes al
75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, esto
es, entre noviembre de mil novecientos ochenta (1980) y noviembre de mil
novecientos ochenta y uno (1981).[13]
2.2. Posteriormente, el Instituto de
Seguros Sociales (en adelante ISS), mediante resolución No. 3407 de 1995,
reconoció a favor del accionante una pensión de vejez por la suma de 1 SMML a
partir del once (11) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
fecha en la cual cumplió sesenta (60) años de edad. En virtud de ello surgió la
figura de la compartibilidad pensional[14] y, en
consecuencia, entre el ISS (hoy Colpensiones) y el Banco Popular SA comenzaron
a pagarle conjuntamente al actor su pensión de vejez. El primero, en un monto
correspondiente a lo cotizado al sistema general de pensiones (1 SMML), y el
segundo, por el saldo de la pensión inicial no cubierto por el ISS (0.05 SMML).[15]
2.3. El accionante estimó que el ingreso
base de liquidación de la pensión reconocida por el Banco Popular SA no fue
indexado, por lo que acudió a la jurisdicción ordinaria laboral en defensa de
sus derechos. En su demanda explicó que el Banco demandado liquidó su
prestación en el año mil novecientos ochenta y nueve (1989) con base en
salarios desactualizados del año mil novecientos ochenta y uno (1981), y que
durante esos ocho (8) años su mesada perdió poder adquisitivo debido a la
variación de precios al consumidor. Sostuvo que esa situación le generó un
grave perjuicio económico, pues le reconocieron una pensión por un valor
equivalente a 1.05 SMML, a pesar de que al momento de su retiro (año 1981) el
75% de sus ingresos equivalían a 6.1 SMML de la época.[16]
2.4. El Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cartagena conoció en primera instancia de la demanda ordinaria. En
sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil siete (2007), dicha autoridad
decidió absolver al Banco Popular SA de las pretensiones de la demanda. A su
juicio, el actor no tenía derecho a la actualización de su mesada pensional
porque su prestación se había causado antes de que entrara en vigencia la
Constitución Política de 1991, y ese cuerpo normativo era el que había creado
el derecho a la indexación.
2.5. Ese fallo fue apelado por la parte
demandante, y en segunda instancia correspondió su estudio al Tribunal Superior
de Cartagena, Sala Laboral. Mediante sentencia del once (11) de marzo de dos
mil nueve (2009), la Corporación confirmó la decisión e indicó que el actor no
era titular del derecho a la indexación, pues la fecha de reconocimiento
pensional “antecede a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, por
tanto no le es aplicable la indexación de carácter supralegal que tiene como
base la nueva Carta Constitucional.”
2.6. El accionante no presentó recurso
extraordinario de casación porque, en su criterio, el mismo “era ineficaz si
se trataba de alcanzar el derecho constitucional a la indexación pensional, si
la pensión fue reconocida antes de la entrada en vigencia de la actual Carta
Política.”
2.7. Inconforme con las determinaciones
adoptadas en el proceso ordinario, el accionante presentó una acción de tutela
en el año dos mil once (2011). En sentencia de primera instancia del trece (13)
de octubre de dos mil once (2011), la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia declaró improcedente el amparo porque no se cumplían con los
presupuestos de inmediatez ni subsidiariedad. En fallo de segunda instancia del
diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la sentencia precedente bajo los mismos
argumentos.
2.8. Dado que aún no le era reconocido
el derecho a la indexación, el actor decidió presentar una nueva acción de
tutela, la cual ahora es objeto de revisión por la Corte. En ella manifiesta
que tiene derecho a la actualización monetaria referida porque, (i)
efectivamente el salario base de liquidación de su pensión perdió poder
adquisitivo entre el momento que se retiró de la empresa (1981) y la fecha de
reconocimiento de la prestación (1989); y (ii) reiterada jurisprudencia
constitucional ha establecido que el derecho a la indexación es predicable de
todos los ciudadanos, sin que puedan hacerse diferenciaciones relativas al
tiempo y el modo del reconocimiento. Por tanto, pretende que se dejen sin
efecto las sentencias ordinarias referenciadas y se ordene al Banco Popular
actualizar el valor de sus mesadas.
2.9. Así mismo, indicó que está
facultado para acudir otra vez al amparo constitucional “en consideración a
los nuevos pronunciamientos que la H. Corte Constitucional emitió en Sala Plena
y en forma de sentencia de unificación”, haciendo referencia a las
sentencias SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013. Y que la ausencia de la indexación
lo tiene sometido a un estado de precariedad económica, aunado al hecho de que
tiene ochenta (80) años de edad[17]
y tiene dificultades para procurarse recursos económicos.
Intervención de las entidades demandadas
2.10. El Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cartagena fue notificado de la acción de tutela de la referencia.
En el término concedido para contestar, guardó silencio.
2.11. La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena, al igual que el Juzgado de primera instancia del proceso
ordinario, se abstuvo de intervenir en el proceso de tutela.
2.12. El Banco Popular SA solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela. A su juicio, no se cumplen a
cabalidad los presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, pues el actor no presentó recurso de casación contra
la sentencia del Tribunal ni cumplió con el requisito de inmediatez, ya que
dejó transcurrir más de cinco (5) años entre el hecho que considera vulnerador
de los derechos fundamentales y la presentación de la acción constitucional.
2.13. Colpensiones EICE, por su parte,
se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno en el trámite.
De las sentencias objeto de revisión
2.14. En primera instancia, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Rafael Martínez de la Ossa. En sentencia del veintitrés
(23) de abril de dos mil catorce (2014), sostuvo que el peticionario no agotó
todos los medios eficaces para la defensa de sus derechos, en especial el
recurso extraordinario de casación, por lo que no se cumplía con el presupuesto
de subsidiariedad en tutela.
2.15. La sentencia fue impugnada por el
accionante. Pero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la confirmó mediante
fallo del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), esgrimiendo para ello
los mismos argumentos.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela referidos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y
33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Cuestión previa. No hay temeridad ni cosa juzgada constitucional en los asuntos
bajo revisión
Los señores Abel González Lozano y
Rafael Martínez de la Ossa, antes de presentar las tutelas objeto de estudio,
interpusieron otras solicitudes de amparo pretendiendo la indexación de sus salarios
base de liquidación, las cuales fueron denegadas. El primero presentó dos (2) acciones
previas, y el segundo una (1). Inclusive en una de las decisiones de instancia
que ahora se revisan, uno de los jueces de tutela declaró improcedente el
amparo tras considerar que existían identidad de sujetos, objetos y causas
respecto de otra tutela presentada con anterioridad. Surge entonces la pregunta
de si efectivamente las acciones impetradas por dichos peticionarios son
temerarias y desconocedoras de la cosa juzgada constitucional y, en
consecuencia, deben declararse improcedentes.
2.1. El artículo 38 del Decreto del 2591
de 1991 dispone que la presentación de dos o más acciones de tutela idénticas
sin justificación alguna constituye una actuación temeraria, sujeta a las
sanciones previstas en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil.[18] Los
ciudadanos tienen el deber de no abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar
para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95,
CP), por lo que deben evitar la presentación de tutelas sucesivas por los
mismos hechos, las mismas partes y con idénticas pretensiones. Esa actuación
congestiona injustificadamente los despachos judiciales e impide que la
administración de justicia respete el derecho de los demás ciudadanos a que sus
conflictos de intereses se resuelvan oportunamente (art. 228, CP). Pero además,
desconoce los principios de la cosa juzgada constitucional y la seguridad
jurídica, en tanto busca reabrir una controversia  finiquitada por otra decisión
judicial previa que es definitiva e inmutable.
2.2. A partir de lo anterior, esta
Corporación ha interpretado que se configura cosa juzgada constitucional y temeridad
respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, cuando se
reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv) ausencia de justificación
razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de tutela y (v)
mala fe o dolo del accionante en la interposición de la nueva tutela.[19]
2.3. Si se llenan completamente los
anteriores presupuestos, el juez de tutela se enfrenta a una actuación
temeraria que desconoce la cosa juzgada constitucional y lesiona los principios
de moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe rechazar o decidir
desfavorablemente las pretensiones, sino que además promoverá las sanciones
previstas para este tipo de actuaciones. Pero, si únicamente se llenan los
primeros tres requisitos, llamados de triple identidad, el juez se
enfrenta a un asunto respecto del cual hay cosa juzgada constitucional pero no
temeridad, por lo que solo despachará desfavorablemente las solicitudes sin
imponer sanción alguna.[20]
2.4. Y es que si la temeridad es el
resultado de un ejercicio abusivo del derecho, tendiente a satisfacer intereses
individuales en desmedro de la lealtad procesal y los derechos de los demás
ciudadanos, resulta lógico asumir que la misma se configure únicamente si la
persona interesada ha obrado injustificadamente y de mala fe. Para ello, el
juez constitucional deberá evaluar de manera cuidadosa en cada caso las
motivaciones de la nueva tutela, teniendo siempre presente que el acceso a la
justicia es un derecho fundamental y cualquier restricción en su ejercicio debe
ser limitado, y que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los
particulares ante las autoridades públicas (art. 83, CP), por lo que resulta imperativo demostrar que se actuó real y
efectivamente de forma contraria al ordenamiento jurídico.[21]
2.5. De otra parte, como se explicó,
incluso si no hay temeridad, las acciones de tutela sucesivas que cumplan con
la triple identidad conllevan a la improcedencia del segundo amparo,
como garantía de seguridad jurídica y coherencia en las respuestas que ofrece
la administración de justicia a los conflictos de intereses surtidos en el
pasado. No sería razonable admitir la presentación de una nueva tutela para
reabrir una controversia ya resuelta, si las partes procesales cuentan dentro
del trámite con mecanismos eficaces para oponerse a las decisiones que son
contrarias a sus intereses, como la impugnación y la posibilidad de acudir a la
Corte Constitucional en revisión, y si las personas confían a la administración
de justicia la solución definitiva de sus conflictos. La sentencia de última
instancia que no es seleccionada por la Corte para revisión, entonces, está
revestida por la fuerza de la cosa juzgada constitucional y lo decidido en ella
no puede volverse a juzgar en el contexto de otra acción de tutela.
2.6. En casos en que se reclama la
indexación del salario base de liquidación, el juicio sobre la cosa juzgada
constitucional entre dos tutelas sucesivas ha sido ampliamente desarrollado por
la jurisprudencia. Sobre la actualización monetaria de las mesadas pensionales
han confluido en la administración de justicia diversas interpretaciones de cuándo
procede o no tal derecho, y siempre ha surgido la cuestión de si personas que
les resolvieron negativamente sus solicitudes bajo una interpretación que
negaba la indexación referida pueden acudir nuevamente a la jurisdicción
constitucional en defensa de sus derechos, invocando para ello nueva jurisprudencia
que les es favorable.
2.7. En lo relevante para los casos bajo
análisis, la Corte ha sostenido que los ciudadanos pueden acudir nuevamente a
la acción de tutela en busca de la indexación de sus pensiones, sin incurrir en
temeridad ni desconocer la cosa juzgada constitucional, cuando aparecen nuevas
circunstancias fácticas y jurídicas que modifican la situación inicial, como la
consagración de una doctrina constitucional respecto del asunto estudiado.[22]
La consolidación de una interpretación jurisprudencial puede “ser considerada un hecho nuevo frente
a anteriores acciones de tutela”[23] y, en ese
sentido, sirve de fundamento para que los interesados acudan nuevamente a la
jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos, bajo el entendido de
que no existe identidad fáctica entre las solicitudes porque el contexto
jurisprudencial es diferente.
2.7.1. Así por ejemplo, en la sentencia T-819 de 2009,[24] la Sala Octava de
Revisión aceptó la interposición de una segunda acción de tutela mediante la
cual se pretendía la indexación del salario base de liquidación, a pesar de que
previamente se había interpuesto una solicitud de amparo similar, porque dentro
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había ocurrido un cambio
jurisprudencial respecto de la fórmula para actualizar el valor monetario de
las pensiones. Allí se dijo que no había temeridad ni violación a la cosa
juzgada, porque “la jurisprudencia constitucional ha considerado que un
hecho nuevo puede consistir en una sentencia posterior de un Alto Tribunal en
la que se acepte para casos similares una determinada interpretación del
ordenamiento jurídico, [y que ello] habilita a los demandantes para introducir
una cuestión referida a la violación del derecho a la igualdad que no era
posible plantear con anterioridad.”
2.7.2. De
igual forma, en
la sentencia T-092 de 2013,[25]
la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de treinta y tres (33) personas que
reclamaron mediante dos (2) acciones sucesivas la indexación de su primera
mesada pensional contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia. Allí se estableció que la presentación de la segunda
tutela no constituía una actuación temeraria que rompiera la fuerza de la cosa
juzgada constitucional, porque “los
accionantes, de buena fe, presentaron un motivo expresamente justificado, para
interponer nuevamente la acción de tutela, cual es la decisión que la Corte
Constitucional profirió con posterioridad a la presentación de las tutelas
anteriores”, haciendo
referencia a la sentencia SU-1073 de 2012.[26]
En esa sentencia se unificó la jurisprudencia constitucional sobre la
indexación de pensiones causadas antes de la Constitución Política de 1991 y se
consolidó una doctrina protectora del derecho fundamental a la conservación del
poder adquisitivo de las pensiones de todos los ciudadanos, por lo que, en ese
caso, tenía la virtualidad de cambiar el contexto jurídico en el cual fueron
presentadas las solicitudes de amparo.[27]
2.8. En
conclusión, puede afirmarse que (i) los ciudadanos tienen el deber de colaborar
con la buena administración de justicia evitando la interposición de tutelas
sucesivas por los mismos hechos y pretensiones; (ii) cuando se demuestra que la
duplicidad de acciones corresponde a una actuación de mala fe contraria al
principio de lealtad procesal, el juez constitucional está facultado para
denegar las pretensiones y promover las sanciones respectivas; (iii) si las
solicitudes de amparo son idénticas en lo relativo a los sujetos, hechos y
pretensiones, pero no concurre mala fe de la persona interesada, debe
únicamente declararse improcedente la respectiva acción; y (iv) en casos en los
cuales se busca la indexación de la primera mesada pensional, la consolidación
de una doctrina constitucional puede ser considerada un hecho nuevo
respecto de tutelas presentadas con anterioridad.
Bajo estas consideraciones, la Sala
examinará si las tutelas presentadas por Abel González Lozano y Rafael Martínez
de la Ossa son temerarias y vulneran la cosa juzgada constitucional.
2.9. Caso de Abel González Lozano
Abel González Lozano interpuso tres (3)
acciones de tutela sucesivas contra el Tribunal Superior de Bucaramanga y
Ecopetrol SA, buscando la protección del poder adquisitivo de su mesada
pensional y el derecho al mínimo vital. La última de ellas es objeto de revisión
en esta oportunidad.
2.9.1. (Tutela uno) La primera fue
presentada en el año dos mil once (2011). En primera instancia, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo mediante
sentencia del veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), porque el
accionante no acudió al recurso extraordinario de casación para controvertir la
sentencia del Tribunal demandado. En segunda instancia, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo precedente mediante sentencia del
siete (7) de abril de dos mil once (2011), bajo los mismos argumentos. Este
proceso no fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional.[28]
2.9.2. (Tutela dos) La segunda fue
presentada en el año dos mil trece (2013). En primera instancia, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela en
sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), pues en su
concepto la solicitud era temeraria. En segunda instancia, mediante providencia
del seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia declaró “la nulidad del auto emitido el 20 de agosto de
2013, a través del cual la Sala de Casación Laboral admitió a trámite la
demanda de tutela presentada por Abel González Lozano”, y en su lugar,
decidió “rechazar la demanda de amparo […] por temeridad en el ejercicio de
la acción”. El trámite no fue remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, por cuanto no se emitió alguna decisión de fondo.
2.9.3. (Tutela tres) Luego de los
trámites referenciados, el accionante inició el proceso de tutela que ahora es
objeto de revisión por la Corte. En este caso, como se expuso en los
antecedentes, el juez de única instancia declaró improcedente el amparo en
sentencia del cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014) porque, en su
criterio, la solicitud era temeraria.
2.9.4. La Sala observa que entre las
tres acciones de tutela hay identidad de sujetos y pretensiones, pues en ellas
Abel González Lozano demanda al Tribunal Superior de Bucaramanga y a Ecopetrol
SA en procura de la indexación de su primera mesada pensional. Sin embargo, eso
no quiere decir que concurra una actuación temeraria o desconocedora de la cosa
juzgada constitucional, por las siguientes razones:
(i) Entre la tutela uno y la tutela tres
no hay identidad fáctica, pues en el medio surgió un hecho jurídico nuevo que
varió el contexto jurisprudencial en el cual fueron presentadas las
solicitudes. En efecto, luego de emitida la sentencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia del siete (7) de abril de dos mil once (2011), que
resolvió en segunda instancia el trámite iniciado por la tutela uno, la Sala
Plena de la Corte Constitucional profirió las sentencias SU-1073 de 2012 y
SU-131 de 2013. Por medio de estos fallos se consolidó una doctrina
constitucional respecto de la indexación de la primera mesada pensional de
prestaciones causadas antes de la Constitución Política de 1991 y, lo que es
más importante, se unificó la jurisprudencia relativa a la forma en que los
jueces ordinarios y constitucionales debían resolver ese tipo de controversias.
Así entonces, el peticionario estaba facultado para acudir nuevamente a la
jurisdicción, toda vez que entre las tutelas uno y tres surgió un hecho nuevo
consistente en la configuración de una doctrina constitucional más
favorable a sus intereses, nacida de la interpretación del órgano competente
para determinar el alcance de los derechos fundamentales.
(ii) Ahora bien, aun cuando entre las
tutelas dos y tres no puede argumentarse lo mismo, por cuanto al momento en que
se presentaron la Corte Constitucional ya había proferido las sentencias
SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013, y el contexto jurisprudencial era igual, la
Sala considera que el segundo trámite no debe ser tenido en cuenta para evaluar
la temeridad. En la tutela dos el juez de segunda instancia decretó la nulidad
del auto admisorio de la demanda y rechazó el trámite de la misma y, en
consecuencia, eliminó desde el punto de vista jurídico toda actuación del
peticionario tendiente a lograr la defensa de sus derechos fundamentales. Este segundo intento por parte del actor de
conseguir la protección no tuvo efectos jurídicos, y a partir del mismo la
jurisdicción constitucional no emitió algún pronunciamiento de fondo respecto
de las pretensiones de indexación de la primera mesada pensional. Por tanto,
esta decisión no hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y no sería lógico
tomarla en cuenta para determinar la existencia o no de multiplicidad de
acciones.[29]
(iii) Al no existir identidad fáctica
entre las tutelas uno y tres, y la imposibilidad de que en el trámite de la
tutela dos se llegara a una decisión que hiciera tránsito a cosa juzgada, puede
afirmarse que el actor tenía una justificación suficiente para acudir
nuevamente al amparo constitucional para la protección de sus derechos
fundamentales sin incurrir en temeridad, ni alterar los principios de seguridad
jurídica y confianza en la resolución definitiva de los conflictos de
intereses.
(iv) Esa conclusión se refuerza si se
tiene presente que ninguna de las decisiones judiciales mencionadas resolvió de
fondo la solicitud de indexación presentada por el actor, pues declararon
improcedente su trámite o lo rechazaron, y en la actualidad el peticionario
necesita de una respuesta definitiva por parte de la jurisdicción
constitucional respecto de sus derechos, habida cuenta de su avanzada edad (81
años)[30]
y la falta de recursos económicos para satisfacer plenamente sus necesidades
básicas de vida.
2.10. Caso de Rafael Martínez de la Ossa
Rafael Martínez de la Ossa interpuso dos
(2) acciones de tutela sucesivas reclamando ante Tribunal Superior de Cartagena
y el Banco Popular SA la indexación de su primera mesada pensional. La segunda
de ellas es objeto de revisión en esta oportunidad.
2.10.1. (Tutela uno) El accionante
presentó una solicitud de amparo en el año dos mil once (2011). En primera
instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente
la acción mediante sentencia del trece (13) de octubre de dos mil once (2011),
bajo el entendido de que no se cumplía el presupuesto de inmediatez. En segunda
instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia
precedente en fallo del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), con
base en los mismos argumentos. Este proceso no fue seleccionado para revisión
por la Corte Constitucional.[31]
2.10.2. (Tutela dos) Posteriormente, el
actor presentó en abril de dos mil catorce (2014) la tutela que ahora es objeto
de revisión. De acuerdo a lo indicado en los antecedentes, en ambas instancias
fueron despachadas desfavorablemente sus pretensiones de indexación por cuanto
no agotó todos los medios eficaces para la defensa de sus derechos. Ninguno de
los jueces de instancia consideró que el accionante hubiera actuado con
temeridad, aun cuando él manifestó bajo la gravedad de juramento que
previamente interpuso “acción de tutela por algunos de los hechos que hoy
[expone] y contra los mismos sujetos que hoy se reseñan como accionados”.
2.10.3. En concepto de la Sala, los
jueces de instancia acertaron al no decretar la temeridad en el trámite de la
referencia, ni señalar que se alteraba la cosa juzgada constitucional, por las
siguientes razones:
(i) Al igual que en el caso precedente,
entre las tutelas uno y dos surgió un hecho jurídico nuevo que facultó al
accionante para procurar por segunda vez la defensa de sus derechos
fundamentales. La sentencia de segunda instancia mediante la cual se resolvió
la tutela uno fue proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012),
luego la Corte Constitucional emitió las sentencias SU-1073 de 2012 y SU-131 de
2013, y con base en ellas el accionante acudió nuevamente a la acción de tutela
en abril del año dos mil catorce (2014). Como se puede observar, en el medio de
las dos solicitudes el máximo órgano de la jurisdicción constitucional unificó
y consolidó su jurisprudencia respecto del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional de prestaciones causadas antes de la Constitución de
1991 y, con ello, varió el contexto jurídico en el cual fueron interpuestas las
acciones del peticionario. En consecuencia, el caso resuelto con base en la
tutela uno no es idéntico al que ahora se examina en revisión, por
cuanto surgió un hecho jurídico nuevo que consolidó la interpretación
constitucional del derecho fundamental del accionante a la actualización de su
primera mesada pensional.
(ii) Pero además, en este asunto el
accionante no ha recibido una respuesta de fondo de la jurisdicción
constitucional sobre su pretensión de indexación de la primera mesada
pensional, y eso, aunado al hecho de que tiene ochenta (80) años de edad[32]
y percibe una pensión equivalente a 1.05 SMML, hace imperiosa la intervención
del juez de tutela para examinar si efectivamente sus derechos constitucionales
se vulneraron o están bajo amenaza.
2.11. En suma, la Sala Primera de
Revisión encuentra que no existe temeridad en las acciones de tutela
presentadas por los señores Abel González Lozano y Rafael Martínez de la Ossa. Por
ende, se plantearan los casos y el problema jurídico.
3.
Planteamiento del caso y problema jurídico
3.1.
Los accionantes pretenden que se dejen sin efecto las decisiones judiciales
que, en el marco de los procesos ordinarios de la referencia, negaron la
indexación de los respectivos salarios base de liquidación. Consideran que
tales fallos incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución
al negarles la actualización monetaria de sus pensiones, bajo el argumento de
que fueron reconocidas antes de la Carta Política de 1991. Explican que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en señalar que
inclusive las pensiones preconstitucionales tienen que ser actualizadas, como
desarrollo de los mandatos superiores de protección al poder adquisitivo de las
pensiones y de igualdad y favorabilidad (arts. 48 y 53 CP).
Por su parte, las autoridades demandadas
insisten en que los salarios base liquidados antes de la Constitución Política
de 1991 no son susceptibles de ser indexados, porque para ese momento no
existía precepto normativo alguno que lo permitiera. Además, afirman que en
todo caso las pretensiones de los accionantes no pueden tramitarse por vía de
tutela, ya sea porque las consideran improcedentes, o porque no encuentran
irrazonables las determinaciones judiciales censuradas.
3.2. A juicio de la Sala, los asuntos
sometidos a revisión comparten un problema jurídico, y si bien pueden existir
particularidades relativas a la naturaleza de las prestaciones otorgadas,[33]
las mismas no son susceptibles de variar el conflicto a resolver. Corresponde
entonces a la Sala Primera de revisión responder la siguiente cuestión: ¿unas
autoridades judiciales vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y
al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de unos ciudadanos que
hacen parte de la tercera edad, al negarles la indexación de los salarios base
de liquidación argumentando que la actualización monetaria no se aplica a pensiones
reconocidas antes de la Carta Política de 1991?
3.3. Para resolver el problema jurídico,
la Sala examinará si las acciones cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. De cumplirse dichos
requisitos, reiterará la jurisprudencia relativa al derecho universal de la
indexación del salario base de liquidación, especialmente, en lo concerniente a
las pensiones causadas antes de la Carta Política de 1991. Y por último, verificará
si efectivamente las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un
defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias,
vulnerando los derechos fundamentales de los accionantes.
4. Condiciones de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales
4.1. El artículo 86 de la Carta
establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando los
derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas
se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los mismos.
4.2. Desde la sentencia C-543 de 1992,[34]
la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad
que la profirió incurrió en una vía de hecho.[35]
Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura,
dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[36]
se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.3. Según esta doctrina, la tutela
contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando
satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe
cumplir con unos requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si
la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados
todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a
menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se
cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo
razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de
irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión
cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales;
(v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación,
así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó
oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la
providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[37]
4.4. Sólo después de superados los
requisitos anteriores, el juez de tutela debe verificar en segundo lugar si se
configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales
especiales de procedibilidad.[38]
En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en
alguno de los siguientes yerros: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de
la Constitución.[39]
Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la
violación de derechos fundamentales.
5. Las acciones de tutela presentadas
por Abel González Lozano y Rafael Martínez de la Ossa son procedentes para
censurar las providencias judiciales referenciadas
La Sala observa que en los dos asuntos
concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que las
acciones de tutela son aptas para controvertir las sentencias laborales
ordinarias proferidas por las autoridades judiciales demandadas.
5.1. En efecto, (i) en ambos casos la cuestión debatida
resulta de evidente relevancia constitucional, toda vez que se examina
si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso de los actores al negarles la indexación de los salarios base de
liquidación de sus mesadas pensionales. De la definición de ese punto depende
tanto el alcance del derecho reclamado como la protección del derecho a la
seguridad social y al mínimo vital de los interesados, quienes además son
sujetos de especial protección constitucional debido a su avanzada edad. Abel
González Lozano tiene ochenta y un (81) años de edad[40] y
Rafael Martínez de la Ossa tiene ochenta (80) años de edad,[41] y el
mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales se torna
indispensable para llevar una vida en condiciones mínimas de dignidad.
5.2. Igualmente, (ii) los
accionantes agotaron todos los recursos eficaces para la protección de
sus derechos fundamentales.
-
Abel González Lozano presentó una
demanda laboral ordinaria contra Ecopetrol SA prendiendo la indexación de su
primera mesada pensional. El Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja accedió en primera instancia a sus pretensiones, mediante
sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010). Dicho fallo
fue apelado por la demandada, y en segunda instancia la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la decisión precedente y absolvió a
Ecopetrol SA de las pretensiones, en sentencia del primero (1º) de septiembre
de dos mil diez (2010). El actor manifiesta que no interpuso el recurso
extraordinario de casación porque, en su concepto, el mismo no era eficaz en
tanto para esa época la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegaba
sistemáticamente la pretensión de indexación de beneficios causados antes de la
Constitución Política de 1991.
-
Rafael Martínez de la Ossa, por su
parte, demandó en la jurisdicción ordinaria laboral al Banco Popular SA,
reclamando la actualización monetaria de su primera mesada pensional. En
primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena absolvió
a la demandada de las pretensiones, en sentencia del siete (7) de diciembre de
dos mil siete (2007). Luego de apelada esa decisión, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena la confirmó, mediante providencia del once (11)
de marzo de dos mil nueve (2009). El actor indica en su escrito de tutela que
no presentó el recurso extraordinario de casación, porque “era ineficaz si
se trataba de alcanzar el derecho constitucional a la indexación pensional, si
la pensión fue reconocida antes de la entrada en vigencia de la actual Carta
Política.”
En los dos asuntos los
actores acudieron a la jurisdicción ordinaria laboral en defensa de sus
derechos. Sin embargo, no interpusieron el recurso extraordinario de casación ante
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el mismo no
era eficaz para alcanzar el derecho a la indexación porque ese Tribunal negaba
sistemáticamente la actualización monetaria de pensiones preconstitucionales. Y
la Sala considera que dicha argumentación es válida.
En materia de
indexación de la primera mesada pensional, esta Corporación ha señalado que las
personas pueden excusarse de presentar el recurso extraordinario de casación
como requisito de procedencia de la tutela, si para la época en que debían
hacerlo la Corte Suprema de Justicia negaba sistemáticamente ese derecho, pues
dicha situación tornaba ineficaz el trámite ante el alto tribunal. En la
sentencia SU-1073 de 2012,[42]
la Sala Plena declaró procedentes dos acciones de tutela contra providencias judiciales
mediante las cuales se pretendía la indexación mencionada, a pesar de que los
peticionarios no habían acudido al recurso extraordinario de casación, ya que “(…)
el único recurso judicial efectivo al alcance de
los accionantes es la interposición de la presente acción de tutela, pues es
claro que de haber interpuesto recurso extraordinario de casación contra la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, la misma no
habría prosperado.”
De
igual forma se pronunció la Sala Tercera de Revisión en las sentencias T-885 de
2012[43] y T-688 de 2013;[44]
la Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-228A de 2013;[45]
y la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-255 de 2013.[46]
En todas estas providencias, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario de
casación era ineficaz para tramitar la solicitud de indexación de la primera
mesada pensional, por cuanto en la época que debía presentarse la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia denegaba constantemente dicha pretensión.
Así
las cosas, los señores Abel González Lozano y Rafael Martínez de la Ossa
estaban excusados para presentar el recurso extraordinario de casación, pues
para la época en que fueron emitidas las respectivas sentencias de los
tribunales superiores (años 2009 y 2010), el máximo órgano de lo ordinario
denegaba sistemáticamente la pretensión de indexación de pensiones causadas
antes de la Constitución Política de 1991, lo que convertía ineficaz el
mencionado trámite.[47] En consecuencia, puede afirmarse que los actores agotaron
todos los medios de defensa judiciales eficaces para la protección de
sus derechos fundamentales, por lo que debe entenderse cumplido el requisito de
subsidiariedad de las tutelas en cuestión.
5.3. En lo referente al
principio de inmediatez, (iii) la Corte ha sostenido que dado el carácter imprescriptible
del derecho a la seguridad social, la vulneración que se presente en relación
con la salvaguarda del poder adquisitivo de las mesadas pensionales siempre es
actual. Por tanto, cuando se trata de este tema, se ha establecido que no aplica
dicho presupuesto porque se supone que la no actualización monetaria de las
mesadas afecta día a día el derecho al mínimo vital de los interesados. Así por
ejemplo, en la sentencia SU-1073 de 2012,[48] la Sala
Plena señaló que diecisiete (17)  acciones de tutela presentadas en procura de
la indexación cumplían con el presupuesto general de inmediatez (inclusive una
presentada luego de 10 años), puesto que “(…) tratándose de un derecho
fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el
requisito de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria, (…) en este caso
se debe entender que la afectación al derecho fundamental tiene un carácter de
actualidad.” Igualmente, en la sentencia T-1086 de 2012,[49]
la Sala Cuarta de Revisión declaró procedente una acción de tutela presentada
contra una decisión judicial proferida hacía más once (11) años, en la cual se
decidió no indexar una pensión reconocida antes de la Constitución Política de
1991.[50]
El intérprete
constitucional ha considerado, entonces, que el requisito de inmediatez no es
una fórmula inamovible de procedencia que no pueda ser matizada frente a un
atentado contra los derechos fundamentales. Hacer prevalecer la inmediatez en
este tipo de casos, no solo iría en contra del deber estatal de garantizar
efectivamente los derechos consagrados en la Carta Política, sino también del
carácter imprescriptible del derecho irrenunciable a la seguridad social, según
el cual las personas beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su
derecho en cualquier tiempo, siempre que llenen los requisitos legales
establecidos.[51]
En
los casos objeto de estudio, entonces, la Sala Primera de Revisión encuentra
que las acciones de tutela son procedentes en lo relativo al presupuesto de
inmediatez, pues de comprobarse una violación a los derechos fundamentales de
los actores, tendría que decirse que la misma es actual. No interesa analizar
en este punto si el tiempo transcurrido entre la emisión de las sentencias ordinarias
y el día que se presentaron las respectivas acciones de tutela es un tiempo
razonable, ya que en la actualidad los peticionarios podrían estar percibiendo
mesadas pensionales no indexadas, causándoles en el presente una merma
considerable en el goce efectivo de su derecho al mínimo vital.[52]
5.4.
Por lo demás, la Sala observa que (iv) los accionantes no alegan una
irregularidad procesal como fundamento de sus solicitudes, sino que las
sentencias censuradas incurrieron en un defecto por violación directa de la
Constitución. Además, (v) advirtieron dentro del proceso ordinario que no podían
negarles la indexación de sus mesadas bajo el argumento de que sus pensiones
fueron causadas antes de la Constitución Política de 1991, porque eso
desconocía el derecho universal a la actualización periódica de las
prestaciones sociales y el precedente constitucional. En consecuencia, los peticionarios
no pretenden esgrimir nuevos
argumentos o presentar elementos de prueba adicionales a los que se expusieron
en el proceso ordinario. Por último, (vi) en ninguno de los casos la providencia impugnada es una sentencia de tutela.
De esta forma, cumplidos los
presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y
de conformidad con la metodología propuesta, la Sala examinará de fondo los
asuntos.
6. La indexación
del salario base de liquidación se reconoce a todos los pensionados por igual,
inclusive a quienes causaron su derecho antes de la Constitución Política de
1991. Reiteración de jurisprudencia
6.1. La Constitución
Política establece un mandato al Legislador para que establezca “los medios
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante” (art. 48, CP), y al Estado para que garantice el derecho al “reajuste
periódico de las pensiones legales” (art. 53, CP). Con base en esto, la
doctrina constitucional ha sostenido pacíficamente que todos los
beneficiarios del sistema pensional tienen derecho a la protección del poder
adquisitivo de sus pensiones, y que esto incluye, por supuesto, a las personas
que causaron su pensión con anterioridad a la Constitución Política de 1991 y
la Ley 100 de 1993.[53]
6.2. En la sentencia
SU-131 de 2013,[54]
la Sala Plena de este Tribunal sintetizó los argumentos por los cuales se ha
interpretado que las personas que causaron su pensión antes de la Constitución
Política de 1991 son titulares del derecho a la actualización monetaria del
salario base de liquidación, aun cuando para esa época no existía disposición
legal que así lo dispusiera:
“[s]on
varias las razones que permiten sostener que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, no sólo se predica de aquellas prestaciones
reconocidas con posterioridad a la Constitución de 1991. Estas son:
a. La indexación de la primera mesada pensional era reconocida por
la Corte Suprema antes de la expedición de la Constitución de 1991. Es decir,
aunque es a partir de 1991 que se constitucionaliza el derecho a que las
pensiones mantengan su poder adquisitivo, la Corte Suprema de Justicia ya había
reconocido la procedencia de la indexación, de tal suerte que este derecho no
nace con la Constitución, sino que es anterior a ella.[55]
b. La indexación de la primera mesada pensional se fundamenta en
preceptos constitucionales que irradian situaciones jurídicas consolidadas,
incluso bajo el amparo de la Constitución anterior. Si bien, es a partir de
1991 que existe un derecho consagrado expresamente, a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, al establecer si resulta procedente o no aplicarlo a
situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia, se debe imponer el
principio in dubio pro operario, que indica que lo más favorable, es
mantener el poder adquisitivo de la pensión. Dicha interpretación permite:
i.
Proteger el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad.
ii.
Garantizar que los pensionados reciban una pensión acorde al
esfuerzo realizado en su etapa productiva.
iii.
Dar un tratamiento igual, porque todos los pensionados se ven
afectados por la pérdida del poder adquisitivo de su dinero.
Además, de acuerdo con la sentencia SU-1073 de 2012, los
anteriores preceptos irradian situaciones jurídicas anteriores a la
Constitución de 1991, porque los principios y garantías en ella contenidos, son
aplicables a situaciones jurídicas que, aunque se consolidaron antes de su
vigencia, se proyectan con posterioridad.
c. La jurisprudencia ha predicado el
carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional. Lo anterior
porque no existe ninguna razón constitucionalmente válida para predicar el
derecho a la actualización de la primera mesada solo de algunos pensionados,
cuando todos están en la misma situación. Hacerlo, por el contrario, constituye
un trato discriminatorio.”
6.3. Así mismo, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambió su jurisprudencia al
respecto, y a partir de la sentencia del dieciséis (16) de octubre de dos mil
trece (2013), rad. 47709[56]
comenzó a proteger el poder adquisitivo de pensiones preconstitucionales. En
esa providencia indicó lo siguiente:
“[…] la Sala
concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que
puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos
normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a
pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política
de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un
derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen
efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa
posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y
que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de
reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al
principio de igualdad.
Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su
orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y
acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas
aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.”[57]
6.4. Es claro,
entonces, que todos los beneficiarios del sistema pensional deben ser
protegidos de las consecuencias negativas del fenómeno inflacionario, incluso
quienes causaron su derecho antes del nuevo orden constitucional. En desarrollo
del principio de universalidad que irradia al sistema de seguridad social (art.
48. CP), no es viable efectuar distinciones injustificadas entre pensionados
con base en el tiempo en el cual se perfeccionó su derecho,[58] mucho
menos tratándose de prestaciones periódicas que producen efectos bajo el marco
constitucional actual.[59]
Además, en virtud de los principios de equidad y favorabilidad en materia
pensional, ante la duda de si procede o no la actualización monetaria, el
operador debe aplicar aquella interpretación más beneficiosa para el
trabajador,[60]
y en este tipo de asuntos “(…) la solución
más favorable es el mantenimiento del valor económico de la mesada pensional.”[61]
Cuando una autoridad judicial niega
injustificadamente la indexación del salario base de liquidación,  incurre en
un defecto por violación directa de la Constitución en su providencia
6.5. Ahora
bien, ¿qué sucede cuando una autoridad judicial niega la indexación de la
primera mesada pensional sobre la base de que la respectiva prestación se causó
antes de la Carta Política de 1991? Este Tribunal ha establecido que se incurre
en un defecto por violación directa de la Constitución, porque la protección al
poder adquisitivo de las mesadas pensionales se desprende directamente de un
mandato superior.
6.6. Un defecto por
violación directa de la Constitución se configura, en esencia, cuando el juez
ordinario toma una decisión que desconoce específicamente postulados de la
Carta Política, actuando en perjuicio de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Dicho defecto se produce, entre otros, cuando se deja de aplicar
una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución;[62] o
cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso.[63]
Las providencias que
incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al debido proceso
de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la
supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º.
CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos
infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal
que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas
autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la
acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”.[64]
6.7. En materia de indexación de
la primera mesada pensional, la Corte Constitucional ha establecido en
diferentes oportunidades que cuando una autoridad judicial niega ese derecho
alegando el carácter preconstitucional de la prestación, se incurre en un
defecto por violación directa de la Carta Política.
En la sentencia SU-1073 de 2012,[65]
la Sala Plena de la Corte señaló que un grupo de providencias judiciales habían
incurrido en un defecto por violación directa de la Constitución, al negar la
actualización del salario base de liquidación de unas pensiones, precisamente
porque se habían reconocido antes de la Carta Política de 1991. En su concepto,
el derecho a la indexación “(…) es aplicable
a todas las categorías de los pensionados inclusive a aquellos que les fue
reconocido el derecho con anterioridad a la vigencia de 1991. || Por ello, las
decisiones proferidas  dentro de los procesos judiciales que negaron el
derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada pensional,
incurren en una de las causales específicas de procedencia de la acción contra
providencia judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución.” Y
de igual forma decidió la Sala Plena en la ya citada sentencia SU-131 de 2013,[66]
cuando en un caso similar al estudiado en esta oportunidad, señaló que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una “violación
directa de la Constitución.”
Esta doctrina ha sido reiterada
por diferentes salas de revisión de la Corte, entre otras, en las sentencias
T-1086 de 2012,[67]
T-1095 de 2012,[68]
T-007 de 2013,[69]
T-255 de 2013[70]
y T-220 de 2014.[71]
En todas ellas se dejaron sin efecto providencias emitidas por jueces
ordinarios laborales, sobre la base de que habían violado directamente la
Constitución al negarle a los demandantes la protección del poder adquisitivo
de pensiones causadas antes de la Carta Política de 1991.
6.8. Como se explicó, los
artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente el derecho a mantener el
poder adquisitivo de las pensiones,[72]
y esta Corporación ha interpretado que las prestaciones causadas antes de la
Constitución de 1991 son susceptibles de ser indexadas porque negar ese derecho
apelando a criterios temporales sería contrario a los postulados superiores de
universalidad y favorabilidad. Entonces, es apenas lógico que si una autoridad
judicial resuelve un caso en contra de esta interpretación constitucional, que
está fundamentada en mandatos expresos de la Carta, incurre en una violación
directa de la Constitución en su providencia.[73]
Contabilización del término de prescripción
6.9. Cuando se verifica una violación al
derecho a la indexación del salario base de liquidación de alguna persona, la
Corte se ha ocupado de establecer cómo debe contabilizarse el término de
prescripción de las mesadas pensionales. En la sentencia SU-1073 de 2012, la
Sala Plena de esta Corporación dispuso que la indexación de pensiones causadas
antes de la Constitución Política de 1991 debía ordenarse respecto de aquellas
mesadas comprendidas en los tres (3) años anteriores al momento en que se
profirió el fallo respectivo.[74]
En concepto de la Corte, eso se justificó porque (i) sólo hasta la emisión de
la SU-1073 de 2012 se dio “(…) claridad sobre
la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución
de 1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la
indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento”; (ii) si se contara el término de prescripción desde
el momento en que se reclama la indexación, “(…) se pondría en riesgo la
estabilidad financiera del sistema pensional, alterando la posibilidad de pagar
otras pensiones reconocidas a cargo del Estado y, por ende, afectando el
principio de progresividad, y el acceso a las pensiones de todos los
colombianos”; y finalmente, porque (iii) eso “(…) se encuentra en
concordancia con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala
que “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto.” (Resaltado original del texto).
6.10. La regla establecida en la
providencia mencionada fue reiterada en la sentencia SU-131 de 2013.[75]
Allí se dispuso que a una persona cuyo derecho pensional fue causado con
anterioridad a la Constitución Política de 1991, le fuera reconocido “el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores, contados a partir de la fecha de esta sentencia.” Tal determinación se tomó con base en lo sostenido en
la SU-1073 de 2012 sobre la certeza del derecho a la indexación de prestaciones
causadas antes de la Constitución Política de 1991 y la forma de contabilizar
el término de prescripción.[76]
6.11. Por
tanto, la garantía de indexación de la primera mesada pensional de prestaciones
causadas antes de la Constitución de 1991 se extiende retroactivamente para
todas las mesadas no prescritas, causadas
durante los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia
que estudia el caso actual, conforme a lo reglado en las sentencias de
unificación de jurisprudencia SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013.
Conclusión
6.12.
De lo expuesto anteriormente, puede concluirse que (i) el derecho a la
indexación del salario base de liquidación es predicable de todos los
pensionados, incluso de quienes obtuvieron su prestación antes de la
Constitución Política de 1991, pues en virtud de los principios de universalidad,
favorabilidad e igualdad no es posible diferenciarlos por el tiempo de
causación de sus beneficios, en tanto el fenómeno inflacionario afecta el poder
adquisitivo de toda la ciudadanía. (ii) Cuando una autoridad judicial desconoce
esa interpretación incurre en un defecto por violación directa de la Carta en
su providencia, toda vez que la obligación de indexar las mesadas es
un mandato superior desarrollado suficientemente por la jurisprudencia
constitucional. Y (iii) la garantía del derecho a la indexación se extiende a
las mesadas no prescritas, comprendidas en los tres (3) años anteriores al
fallo que estudia el respectivo caso.
7. Las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación
directa de la Constitución, en consecuencia, vulneraron los derechos al debido
proceso y al mínimo vital de los accionantes
La Sala observa que en
los casos objeto de estudio las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos al debido proceso y al mínimo vital de los peticionarios, pues (i)
les negaron la indexación de los respectivos salarios base de liquidación
argumentando que sus pensiones se causaron antes de la Carta Política de 1991,
en contravía de los mandatos superiores. Y en ambos (ii) está demostrado que
los montos de las mesadas fueron determinados a partir de salarios antiguos
desactualizados, por lo que perciben en el tiempo presente una prestación que
no corresponde al nivel de ingresos con base en los cuales aportaron al
sistema.
7.1. En efecto, en los
asuntos estudiados, las autoridades judiciales demandadas negaron la indexación
del salario base de liquidación a los peticionarios porque sus pensiones eran
preconstitucionales, en contravía de los postulados superiores de universalidad
y favorabilidad del sistema de seguridad social.
-
En el caso de Abel González
Lozano, el Tribunal Superior de Bucaramanga revocó en segunda instancia la
sentencia del Juzgado Único Laboral de Barrancabermeja, que accedió a la
pretensión de indexación del demandante y, en su lugar, absolvió a Ecopetrol SA
de las peticiones bajo el argumento de que “el derecho del actor se caus[ó]
a partir del 23 de enero de 1983, cuando no existía norma legal o supralegal
que autorizara la indexación del ingreso base de liquidación.” En esencia,
el Tribunal demandado absolvió a Ecopetrol SA de la pretensión de indexación,
porque el derecho pensional del actor se causó en el año mil novecientos
ochenta y tres (1983), antes de la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991.
-
En el caso de Rafael Martínez de
la Ossa, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y el Tribunal
Superior de Cartagena, en primera y segunda instancia del proceso ordinario,
respectivamente, decidieron no indexar la primera mesada pensional del actor y
absolver al Banco Popular SA de las pretensiones. Explicaron que la fecha de
reconocimiento pensional “antecede a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991, por tanto no le es aplicable la indexación de carácter
supralegal que tiene como base la nueva Carta Constitucional.”
De acuerdo con lo
expresado anteriormente, esas decisiones son inconstitucionales, pues la
indexación es un derecho universal que se reconoce a todos los pensionados sin
distinción alguna, y las autoridades jurisdiccionales que actúan en contra de
esa interpretación incurren en un defecto por violación directa de la Carta
Política. Existe un mandato superior que ordena el “reajuste periódico de
las pensiones legales” y el mantenimiento de su “poder adquisitivo
constante” (arts. 48 y 53, CP), el cual, de conformidad con la
interpretación pacífica de la Corte Constitucional, protege a todos los
usuarios del sistema pensional sin que al respecto puedan hacerse distinciones
basadas en el tiempo de reconocimiento. Este Tribunal, en ejercicio de su
función como máxima intérprete de la Carta, delimitó el alcance de dichos
mandatos superiores y reconoció que los principios de igualdad y universalidad
conllevan a que la indexación de la primera mesada pensional sea una garantía
constitucional para pensiones reconocidas en cualquier tiempo, por cuanto el
fenómeno inflacionario afecta negativamente a todos los ciudadanos por igual.
Es discriminatorio,
entonces, que las autoridades demandadas efectúen diferenciaciones
injustificadas entre los actores y las demás personas beneficiarias del
sistema, atendiendo a criterios temporales como la fecha en que se consolidó su
derecho pensional. Los señores Abel González Lozano y Rafael Martínez de la
Ossa se encuentran en las mismas condiciones de aquellos que percibieron su pensión
luego de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, pues al igual
que ellos ingresaron aportes al sistema a fin de que, cumplidos ciertos
requisitos, pudiera serle reconocida una prestación social. No puede aceptarse
entonces que perciban una prestación desactualizada, como si no fueran agentes
de un sistema económico en el cual fluctúan constantemente los precios de los
bienes y servicios, ya que se hace necesario que participen del mercado en
condiciones de igualdad de acuerdo a sus capacidades financieras.
7.2. Pero además, en
ambos casos está demostrado que las respectivas mesadas pensionales se
liquidaron con base en salarios desactualizados que no protegían el poder
adquisitivo de los actores.
-
A Abel González Lozano, Ecopetrol
SA le reconoció una pensión de jubilación convencional desde el veintitrés (23)
de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983), la cual fue liquidada con
salarios desactualizados de los años mil novecientos setenta y siete (1977) y
mil novecientos setenta y ocho (1978). Durante cinco (5) años perdió valor su
salario base de liquidación debido al fenómeno inflacionario y, por tanto, el
poder adquisitivo de la pensión no fue protegido. De hecho, al momento de su
retiro, el 75% de sus ingresos equivalían a 4.6 SMML de la época,[77]
y actualmente percibe una mesada por un valor de 1.3 SMML.[78]
-
A Rafael Martínez de la Ossa, el
Banco Popular SA le reconoció una pensión vitalicia de jubilación a partir del
once (11) de agosto de mil novecientos ochenta y nueve (1989), pero el salario
base de liquidación fue calculado a partir de ingresos causados entre noviembre
de mil novecientos ochenta (1980) y noviembre de mil novecientos ochenta y uno
(1981). Por un período de ocho (8) años perdió valor el derecho pensional del
accionante en razón de la variación de precios al consumidor, y en la
actualidad percibe una mesada equivalente a 1.05 SMML, a pesar de que al
momento de su retiro el 75% de sus ingresos equivalían a 6.1 SMML de la época.[79]
Es claro que
transcurrió un tiempo sustancial entre el momento que los peticionarios se
retiraron de las respectivas empresas y el reconocimiento de sus pensiones, por
lo que su primera mesada pensional se calculó a partir de ingresos
desactualizados que, al momento de computarse, ya habían perdido notoriamente
su poder adquisitivo. Esta situación conduce a que en la actualidad los actores
perciban por concepto de pensión una suma inferior a la que debería recibir si
se hubieran actualizado sus ingresos, como lo ordena la Constitución.
No se
puede desconocer la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las
pensiones. Más aún, si se trata de sujetos de especial protección
constitucional que hacen parte de la tercera edad (80 y 81 años de edad), para
quienes la actualización de su mesada pensional no sólo es un medio para
reestablecer su derecho a recibir una prestación que corresponda a los aportes
y cotizaciones efectuadas en la vida laboral, sino que también se constituye en
un vehículo para desarrollar efectivamente su mínimo vital en condiciones
dignas. Una mesada pensional actualizada desarrolla la obligación
constitucional de guardar el mínimo vital de las personas más vulnerables de la
sociedad, en este caso, de los pensionados. Como la ha sostenido esta
Corporación:  “(…) la negativa de indexación
de la primera mesada pensional ocasiona graves efectos contra el mínimo vital
de jubilados que se encuentran recibiendo una suma inferior a la que tienen
derecho, que no corresponde al esfuerzo que realizaron en su vida laboral activa
y los coloca en desigualdad frente a pensionados que accedieron ulteriormente
al derecho, estando jurisprudencialmente determinado que la indexación es
aplicable a todas las categorías, inclusive la de los reconocidos con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991”.[80]
7.3. Bajo esta línea de consideraciones,
la Sala Primera de Revisión concluye que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron los derechos al debido proceso, al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y al mínimo vital
de Abel González Lozano y Rafael Martínez de la Ossa. La garantía de indexación
se extiende a las prestaciones causadas antes de la vigencia de la Constitución
Política de 1991, en tanto la protección al poder adquisitivo de las pensiones
cobija a todos los usuarios del sistema porque la inflación es un fenómeno que
afecta sin excepción este derecho. Y no reconocer la actualización de las
mesadas, desconociendo la interpretación pacífica de este Tribunal, configura
una causal especial de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
específicamente, un defecto por violación directa de la Constitución.
Precisiones en el caso de Rafael
Martínez de la Ossa. Sobre la compartibilidad pensional
7.4. En los
antecedentes se expuso que Rafael Martínez de la Ossa es beneficiario de una
pensión de vejez compartida. Lo que significa que el total de su
prestación (1.05 SMML) es pagado entre Colpensiones EICE y el Banco Popular SA.
La primera, por un monto correspondiente a lo cotizado al sistema general de
pensiones (1 SMML), y el segundo, paga el saldo de la pensión inicial no
cubierto por el ISS (0.05 SMML).[81]
Surge entonces la pregunta de cuál es la entidad encargada de la indexación de
la primera mesada pensional y el pago del mayor valor que esto generaría.
7.5. La
compartibilidad pensional es una figura jurídica que permitió la transición del
sistema pensional anterior del Código Sustantivo del Trabajo al régimen de la
Ley 100 de 1993. A través de ella, las empresas que tenían a su cargo las
pensiones de jubilación de sus empleados podían trasladar total o parcialmente
esa responsabilidad al ISS, si efectuaban las cotizaciones al nuevo sistema
general hasta que el trabajador cumpliera los requisitos para acceder a una
pensión de vejez. Si el interesado reunía los requisitos de la Ley 100 de 1993
para el beneficio pensional, el ISS se hacía cargo de la mesada en el monto
financiado por los aportes efectuados al sistema general, y a cargo del
empleador quedaba el mayor valor de la prestación no cubierto por el ISS.[82]
Así por ejemplo, en el caso de Rafael Martínez de la Ossa, el Banco Popular SA
continuó aportando al sistema aún después de haberle reconocido la pensión de
jubilación, a fin de que cuando cumpliera los requisitos de ley para acceder a
una pensión de vejez, pudiera trasladar el pago de las mesadas al ISS por un
valor correspondiente a lo cotizado. Cuando el actor cumplió sesenta (60) años
de edad (11 de agosto de 1995) llenó tales requisitos, y la empleadora pudo
trasladar una parte de su carga a la administradora de fondos del sistema. Es
así como, actualmente, la suma total de la pensión jubilación original (1.05
SMML) se comparte entre el Colpensiones EICE (1 SMML) y el Banco Popular
SA (0.05 SMML).
7.6. En un régimen
de compartibilidad, la obligación de la aseguradora se limita a cubrir la
pensión de jubilación inicial, en un monto correspondiente a los aportes
efectuados por el empleador, quedando a cargo de este último el pago del mayor
valor, si lo hubiere. Así, el empleador se exime de la totalidad de la pensión
de jubilación, si aporta lo suficiente como para que la entidad de seguridad
social otorgue una prestación igual o mayor a la que originalmente reconoció
como empleador; y solo se exime parcialmente, si los aportes alcanzan para
financiar una pensión menor a la sufragada por él, quedando obligado a pagar el
mayor valor no cubierto por el sistema general.[83]
Se puede observar,
entonces, que bajo esta figura el beneficiario devenga dos prestaciones que
están ligadas entre sí, cuyo monto se ajusta para lograr el total de la pensión
inicial.[84]
La primera pensión es la de jubilación reconocida por el empleador, y la
segunda, aquella otorgada por el sistema general de seguridad social en virtud
de los aportes que efectuó el empleador para trasladar total o parcialmente la
carga pensional. Por tanto, es claro que cuando en una pensión compartida se
presenta una controversia en torno a la indexación del salario base de
liquidación, la entidad responsable del mayor valor que esto genere será
aquella que reconoció la prestación a partir de ingresos desactualizados. Es
decir, la entidad que no protegió el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional en lo relativo a su prestación.
7.7. Así lo reconoció
la Sala Novena de Revisión, por ejemplo, en la sentencia T-266 de 2011,[85]
al examinar un caso similar al del señor Martínez de la Ossa. Se concluyó que
aun cuando una pensión estaba a cargo del ISS y el Banco Cafetero en
liquidación, la misma debía actualizarse y pagarse únicamente por el Banco, dado
que la pensión a indexar era la reconocida originalmente por la entidad
financiera, y ella fue la que liquidó erróneamente la primera mesada pensional.
En la parte resolutiva de la sentencia se ordenó al Banco Cafetero en
liquidación lo siguiente: (i) “que
reconozca y actualice el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional [del actor]”;
una vez realizada la actualización, (ii) “[que efectúe] los cálculos a que
haya lugar con miras a establecer si en virtud del régimen compartido entre la
pensión de jubilación reconocida por el Banco Cafetero y la de vejez sufragada
por el Instituto de Seguros Sociales, se presenta un mayor valor a pagar a
cargo del Banco Cafetero en liquidación”; y si hubiere un mayor valor,
(iii) “pague al demandante el mayor valor […], así como los montos adeudados
y actualizados respecto de los cuales no haya operado la prescripción.”
7.8. En el caso de
Rafael Martínez de la Ossa, la Sala Primera de Revisión seguirá la fórmula de
resolución presentada. Como se demostró atrás, el Banco Popular SA le reconoció
al accionante una pensión de jubilación cuyo salario base no estaba
actualizado, y no puede trasladar la carga de la indexación al sistema general
de seguridad social con el argumento de que la pensión es compartida. Colpensiones
EICE solo tiene la responsabilidad de pagar la prestación hasta un monto
correspondiente a lo cotizado al sistema por el empleador, que en este caso es
1 SMML, y la pensión a indexar es la de jubilación reconocida por la entidad
financiera, y no la de vejez otorgada por el ISS. Por ende, en la parte
resolutiva de esta sentencia, se ordenará al Banco Popular SA la indexación de
la primera mesada pensional de Rafael Martínez de la Ossa, y el pago del mayor
valor que esto genere.
8. Órdenes a
proferir
Caso Abel
González Lozano
8.1. La Sala Primera de Revisión
revocará la sentencia del cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida
en única instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por Abel González Lozano
por considerarla temeraria. En su lugar, concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y al mínimo vital del accionante.
8.2. Igualmente, se dejará sin efecto la
sentencia proferida el primero (1º) de septiembre de dos mil diez (2010) por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que revocó en segunda
instancia el fallo emitido el veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez
(2010) por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, el cual
había reconocido el derecho a la indexación y, en su lugar, declaró impróspera
la pretensión de indexación presentada por Abel González Lozano contra
Ecopetrol SA.
8.3. De otra parte, se
ordenará a Ecopetrol SA que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, (i) indexe el salario base de liquidación de
la pensión de Abel González Lozano, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia constitucional, especialmente en la sentencia SU-1073 de 2012; y
(ii) page el retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritas,
causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de esta
sentencia, de conformidad con la regla establecida en la jurisprudencia
constitucional para las pensiones causadas antes de la vigencia de la
Constitución Política de 1991.
Caso Rafael
Martínez de la Ossa
8.4.
La
Sala Primera de Revisión revocará la sentencia del doce (12) de junio de dos
mil catorce (2014) proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que confirmó la sentencia de primera instancia del veintitrés (23) de abril de
dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de Casación Laboral, la cual
declaró improcedente la acción de tutela presentada por Rafael Martínez de la
Ossa contra el Tribunal Superior de Cartagena y el Banco Popular SA. En su
lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y al mínimo vital del
accionante.
8.5. En consecuencia, se dejarán sin
efecto la sentencias proferidas (i) el siete (7) de septiembre de dos mil siete
(2007) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, y (ii) el once
(11) de marzo de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cartagena, que denegaron en primera y segunda instancia la pretensión de
indexación pensional dentro del proceso ordinario laboral presentado por Rafael
Martínez de la Ossa contra el Banco Popular SA.
8.6. Y se ordenará a
el Banco Popular SA que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, (i) indexe el salario base de liquidación de
la pensión de Rafael Martínez de la Ossa, de conformidad con lo establecido en
la jurisprudencia constitucional, especialmente en la sentencia SU-1073 de
2012; una vez realizada la actualización, (ii) efectúe los cálculos a que haya lugar con miras a establecer
si en virtud del régimen compartido entre la pensión de jubilación reconocida
por el Banco Popular SA y la de vejez sufragada por Colpensiones EICE, se
presenta un mayor valor a pagar a cargo del Banco Popular SA; y (iii) pague al
demandante el mayor valor, incluyendo el retroactivo de las mesadas
pensionales que no estén prescritas, causadas durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia, de conformidad con la
regla establecida en la jurisprudencia constitucional para las pensiones causadas
antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
sentencia del cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida en única
instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Abel González Lozano por considerarla
temeraria. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y al
mínimo vital del accionante.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS  la
sentencia proferida el primero (1º) de septiembre de dos mil diez (2010) por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que revocó en segunda
instancia el fallo emitido el veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez
(2010) por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, el cual
había reconocido el derecho a la indexación y, en su lugar, declaró impróspera
la pretensión de indexación presentada por Abel González Lozano contra
Ecopetrol SA.
Tercero.- ORDENAR a
Ecopetrol SA que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de esta providencia, (i) indexe el salario base de liquidación de la pensión de
Abel González Lozano, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia
constitucional, especialmente en la sentencia la sentencia SU-1073 de 2012; y
(ii) page al demandante las mesadas indexadas, incluyendo aquellas que no estén
prescritas, causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de
expedición de esta sentencia, de conformidad con la regla establecida en la
jurisprudencia constitucional para las pensiones causadas antes de la vigencia
de la Constitución Política de 1991.
Cuarto.- REVOCAR la
sentencia del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014) proferida por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de
primera instancia del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014)
proferida por la Sala de Casación Laboral, la cual declaró improcedente la
acción de tutela presentada por Rafael Martínez de la Ossa contra el Tribunal
Superior de Cartagena y el Banco Popular SA. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones y al mínimo vital del accionante.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS la
sentencias proferidas (i) el siete (7) de septiembre de dos mil siete (2007)
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, y (ii) el once (11) de
marzo de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cartagena, que denegaron en primera y segunda instancia la pretensión de
indexación pensional dentro del proceso ordinario laboral presentado por Rafael
Martínez de la Ossa contra el Banco Popular SA.
Sexto.- ORDENAR al
Banco Popular SA que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de esta providencia, (i) indexe el salario base de liquidación de la pensión de
Rafael Martínez de la Ossa, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia constitucional, especialmente en la sentencia la sentencia
SU-1073 de 2012; una vez realizada la actualización, (ii) efectúe los cálculos a que haya lugar con
miras a establecer si en virtud del régimen compartido entre la pensión de
jubilación reconocida por el Banco Popular SA y la de vejez sufragada por Colpensiones
EICE, se presenta un mayor valor a pagar a cargo del Banco Popular SA; y (iii)
pague al demandante el mayor valor, incluyendo el retroactivo de las
mesadas pensionales que no estén prescritas, causadas durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia, de conformidad con la
regla establecida en la jurisprudencia constitucional para las pensiones
causadas antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991.
Séptimo.-
Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
[1] Los procesos de la referencia fueron escogidos y
acumulados para revisión por la Sala de Selección Número Siete, mediante auto
proferido el veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014). Para esta
Sala procede la acumulación decretada por existir relación entre los hechos que
motivan las dos (2) acciones.
[2] Oficio
de Ecopetrol SA del veintidós (22) de febrero de mil novecientos ochenta y tres
(1983), en el cual le reconoce la pensión de jubilación al señor Abel González
Lozano (folio 18 del cuaderno principal del expediente T-4434259). En adelante
para este caso, siempre que se haga mención a un folio, se entenderá que hace
parte del cuaderno principal del expediente referenciado, a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[3] Sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación
deben hacerse las siguientes aclaraciones: (i) explica el accionante que el “plan 70 convencional” consistía
en que el trabajador podía adquirir el derecho a la pensión de jubilación, si
la suma de años trabajados para la empresa más la edad era igual o superior a
70 años. Entonces, por ejemplo, en su caso, pudo acceder a la prestación porque
trabajó 20 años en Ecopetrol (entre el 27 de diciembre de 1954 hasta el 1º de
diciembre de 1978) y cumplió 50 años de edad el 24 de enero de 1983 (folios 2 y
4 del cuaderno segundo); (ii) la liquidación pensional se hizo conforme a lo
dispuesto en el artículo 260 del CST, según el cual el monto de la pensión es
equivalente al 75% del promedio de ingresos devengados en el último año de
servicios; (iii) según certificación expedida por Ecopetrol SA, el salario base
de liquidación del accionante era de $16.156.54 pesos, correspondiente al
promedio mensual devengado entre el 1º de diciembre de 1977 y el 1º de
diciembre de 1978 (folio 18).
[4] En el año 1978 el SMML estaba establecido en $2.580
pesos, según el Decreto 2371 de 1977. Por tanto, la suma de $12.117 pesos
correspondía en el año 1978 a 4.6 SMML.
[5] Certificación
emitida por Ecopetrol SA respecto del monto de las mesadas pensionales pagadas
al actor desde el año mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el año dos
mil ocho (2008). Allí se puede apreciar que, en efecto, el accionante ha
percibido una pensión correspondiente a 1.3. salarios mínimos (folios 22y 23).
[6] En el año 1983 el SMML estaba en $9.261 pesos,
conforme al Decreto 3713 de 1982. En consecuencia, la suma de $12.117 pesos
equivale a 1.3 SMML de 1983.
[7] Al
respecto, citó las sentencias SU-120 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-906 de
2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra) y C-862 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[8] Este trámite agotó las siguientes etapas procesales:
(i) Abel González Lozano presentó tutela contra el Tribunal Superior de
Bucaramanga y Ecopetrol SA el dieciséis (16) de enero de dos mil once (2011),
reclamando la indexación de su salario base de liquidación; (ii) en primera
instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente
la acción de tutela porque el actor no presentó el recurso extraordinario de
casación para controvertir la sentencia del Tribunal, mediante fallo del
veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011); (iii) en segunda instancia,
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia previa bajo
los mismos argumentos, en providencia del siete (7) de abril de dos mil once
(2011) (folios 72 al 96 del cuaderno segundo).
[9] Esta segunda tutela surtió el siguiente trámite: (i)
en agosto de dos mil trece (2013), Abel González Lozano interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Superior de Bucaramanga y Ecopetrol SA pretendiendo
la indexación de su primera mesada pensional; (ii) el veintiocho (28) de agosto
de dos mil trece (2013), la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
declaró en primera instancia improcedente la acción constitucional porque, en
su concepto, era temeraria; (iii) el seis (6) de noviembre de dos mil trece
(2013), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decretó en segunda
instancia la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela y decidió “rechazar
la demanda de amparo”, por temeridad en el ejercicio de la acción (folio 60
al 69 del cuaderno segundo).
[10] Cédula de Ciudadanía del señor Abel González Lozano,
en la cual se puede constatar que nació el veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos treinta y tres (1933) (folio 15).
[11] Folios
13 al 15 del cuaderno segundo.
[12] Resolución No. 077 de 1989 del Banco Popular, a
través de la cual se reconoció la pensión de jubilación al señor Rafael
Martínez de la Ossa (folio 34
del cuaderno principal del expediente T-4439182). En adelante para este caso,
siempre que se haga mención a un folio, se entenderá que hace parte del
cuaderno principal del expediente referenciado, a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[13] A continuación se precisan algunos
aspectos del reconocimiento pensional: (i) la pensión de jubilación le fue
reconocida al accionante el once (11) de agosto de mil novecientos ochenta y
nueve (1989) (8 años después de su retiro de la empresa) porque en esa fecha
cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad, y cumplió así los requisitos
dispuestos en el artículo 260 del CST; (ii) según el acto de reconocimiento
pensional, el salario base de liquidación de la primera mesada se calculó a
partir de los ingresos percibidos entre noviembre de mil novecientos ochenta
(1980) y noviembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), los cuales no
fueron actualizados (folio 35 del cuaderno segundo); (iii) en el año mil
novecientos noventa y cinco (1995), el Instituto de Seguro Social le reconoció
al accionante una pensión de vejez conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, por lo que ocurrió el fenómeno de la compartibilidad de la pensión
entre el Banco Popular SA y el ISS, consistente en que el ISS paga el monto de
la prestación financiado con los aportes realizados al sistema general de
pensiones y el Banco Popular SA cubre el saldo correspondiente a la pensión de
jubilación previamente reconocida.
[14] En
sentencia T-266 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Sala Novena de
Revisión explicó sobre la compartibilidad pensional lo siguiente: “[…] por
virtud de la compartibilidad de las pensiones, un ex empleador que
tiene a su cargo una pensión de jubilación puede librarse total o parcialmente
de la misma –según el caso-, cuando el ex trabajador por él pensionado, cumple
los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el ISS. Así, el ex
empleador podría eximirse de la totalidad de la prestación de jubilación,
si el monto de la pensión a su cargo fuere igual o menor a la mesada de vejez
pagada por la entidad de seguridad social; mientras que se libraría solo parcialmente,
si la suma sufragada por el ISS tuviere un valor inferior a la solventada por
él, quedando obligando entonces, en esta hipótesis, a desembolsar el mayor
valor no cubierto por el asegurador, manteniéndose vigente dicha
prestación en lo que a ese monto se refiere.”
[15] En
efecto, actualmente Colpensiones EICE le cancela al accionante por concepto de
pensión de vejez la suma de $616.000 pesos, correspondientes a 1 SMML (folio 28).
Y pos su parte, el Banco Popular SA le paga por el saldo un valor mensual de
$35.816 pesos, equivalentes al valor no cubierto por la pensión legal, que es
de 0.05 SMML (folio 29). En total, el accionante percibe una pensión
equivalente a 1.05 SMML.
[16] En
el año mil novecientos ochenta y uno (1981) el Gobierno Nacional estableció el
SMML en $5.700 pesos, mediante Decreto 3463 de 1980. Por tanto, la suma de
$34.770 pesos corresponde a 6.1 SMML del año mil novecientos ochenta y uno
(1981).
[17] Folio 27.
[18] Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991: “[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. Esta
norma fue declarada exequible mediante sentencia C-054 de 1993 (MP. Alejandro
Martínez Caballero, unánime).
[19]  Véase, entre otras, la sentencia T-184 de 2005 (MP.
Rodrigo Escobar Gil). Con ocasión de la una acción de tutela interpuesta varias
veces con la misma pretensión, la respectiva Sala de Revisión sistematizó los
presupuestos de la temeridad. Igualmente puede observarse la sentencia T-679 de
2009 (MP. María Victoria Calle Correa).
[20] Véase
la sentencia de la Corte Constitucional T-237 de 2013 (MP. María Victoria Calle
Correa). En esa oportunidad, la Sala Primera de Revisión examinó el caso de una
persona que presentó dos (2) acciones ordinarias y dos (2) solicitudes de
amparo pretendiendo la indexación de la primera mesada pensional. Allí se
sostuvo que si bien la segunda acción de tutela no era temeraria porque la
actora tenía una justificación válida para solicitar nuevamente el amparo
constitucional, la misma debía declararse improcedente porque no concurrían
hechos jurídicos nuevos que rompieran la triple identidad, por lo que
debía decretarse la cosa juzgada constitucional. Es importante resaltar que en
este caso tomó especial relevancia el hecho de que la peticionaria hubiera
presentado dos (2) demandas laborales ordinarias en procura de la actualización
monetaria de su pensión, y que las mismas hubieran hecho tránsito a cosa
juzgada, pues por ello el examen de si había cosa juzgada constitucional entre
las dos (2) tutelas fue más ‘escrupuloso’. Y además, porque no existe abundante
jurisprudencia sobre casos en los que se evalúa la constitucionalidad de dos
(2) procesos ordinarios, que sirva de base para alegar que existió un hecho
jurídico nuevo. Cabe precisar que en los casos bajo examen los accionantes
solo interpusieron una (1) demanda en la jurisdicción ordinaria laboral.
[21] La
Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que se formule más de una
acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y con idénticas
pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria siempre que considere que
dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones;
(ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
Véase la sentencia T-721 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[22] Al
respecto pueden observarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: T-819 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-266 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-092 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y T-463 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[23] Corte
Constitucional, sentencia T-266 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa
oportunidad la Corte examinó si una tutela presentada en busca de la indexación
del salario base de liquidación era temeraria, porque previamente se había
acudido a la jurisdicción constitucional con las mismas pretensiones. En la
parte considerativa, con fundamento en lo establecido en la sentencia T-1034 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), se explicó que algunas circunstancias
justifican la interposición de una nueva tutela, como las que se derivan de “la presencia de nuevas
circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho de que la jurisdicción
constitucional al conocer de la primera acción no se pronunció sobre la real
pretensión del accionante. Es más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha
considerado la Corte, la consagración de una doctrina constitucional que
reconoce la violación de derechos fundamentales en casos similares.”
[24] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[25] MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Más adelante se profundizará sobre el contenido de
esta providencia. En este punto, basta señalar que constituye una decisión
fundamental respecto de la indexación del salario base de liquidación de
aquellos pensionados cuyos beneficios fueron reconocidos antes de la
Constitución Política de 1991, y que en ellas se reafirmó el carácter universal
del derecho a la protección del poder adquisitivo de las pensiones.
[28] Mediante
Auto del veinte (20) de mayo de dos mil once (2011), la Corte Constitucional
excluyó de revisión este primer proceso de tutela, el cual estaba radicado con
el número T-3052703.
[29] Al
respecto, puede observarse la sentencia T-370 de 2010 (MP. Mauricio González
Cuervo). En esa oportunidad, la Sala Segunda de Revisión evaluó si un ciudadano
había actuado temerariamente al presentar cuatro (4) acciones de tutela
sucesivas pretendiendo la indexación de la primera mesada pensional. Se
concluyó que no existía temeridad ni alteración de la cosa juzgada
constitucional, porque no concurría la triple identidad en las
respectivas solicitudes y, además, porque uno de los procesos no podía ser tenido
en cuenta para el examen porque fue declarado nulo por los jueces de instancia.
En palabras de la Corte: “esta tercera acción de tutela no puede ser tenida
en cuenta en el análisis comparativo que permita determinar la existencia o no
de actuación temeraria por parte del actor, toda vez que, en virtud de lo
decidido por el juez de segunda instancia –la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia-, este trámite fue declarado nulo, esto es,
inexistente desde el punto de vista jurídico. Como se explicó en el acápite
2.1.1, esa decisión de la Sala de Casación Civil es inconstitucional. Lo que
interesa aquí es que desde el punto de vista jurídico esta acción de tutela, la
tercera presentada en torno a los mismos hechos por el mismo actor, no fue sometida
a ningún trámite. Está visto que el curso parcial que alcanzó a dársele a esta
solicitud de amparo fue anulado en segunda instancia y por tanto se decidió no
admitir a trámite la solicitud. Como consecuencia de ello, este tercer intento
por parte del actor de conseguir la protección, no nació a la vida jurídica, no
tuvo efectos jurídicos y, lo más importante, no hubo en él un estudio completo
y de fondo de sus reclamos. Esta tercera solicitud de tutela no será por
consiguiente tenida en cuenta para efectos de la comparación que permita
determinar la existencia o no de temeridad por parte del actor.”
[30] Folio
15.
[31] Mediante
Auto del diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), la Corte
Constitucional excluyó de revisión este proceso de tutela, el cual estaba
radicado con el número T-3363599.
[32] Folio
27.
[33] Como se expuso en los antecedentes, las prestaciones
de cada accionante son de diferente naturaleza: (i) Abel González Lozano es
titular de una pensión convencional y (ii) Rafael Martínez de la Ossa de una
pensión de jubilación compartida. Más adelante se explicará que el origen de
las pensiones no interfiere en el derecho a la indexación de las mesadas,
precisamente porque el mismo es universal. En este punto basta señalar que el
conflicto constitucional común a los accionantes es el relativo a la negativa
de actualización por el carácter preconstitucional de sus pensiones, y desde
esta perspectiva es que serán resueltos los casos.
[34] MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la Corte declaró
inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política. Si bien allí se declararon
inexequibles las disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política, también se dijo en
la parte motiva que la acción de tutela podía llegar a ser procedente contra
actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran
ser una vía de hecho.
[35] La
misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, por
ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa, SPV Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV. José
Gregorio Hernández Galindo, AV Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz),  SU-159 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo
Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra) y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[36] MP Jaime Córdoba Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la
expresión “acción” contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004,
en tanto excluía toda posibilidad de interponer acciones de tutela contra las
sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-282 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En ese fallo la Sala Cuarta de Revisión de la Corte recordó la
improcedencia de la tutela contra tutela, y se explicaron los presupuestos
generales de procedibilidad de la misma.
[38] Véase,
al respecto, la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual
la Sala Tercera de Revisión tipificó algunos de los defectos en que pueden
incurrir las providencias judiciales, con la virtualidad de afectar derechos
fundamentales.
[39] Sobre
la caracterización de estos defectos, puede verse, entre muchas otras, la
sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[40] Folio 15.
[41] Folio 27.
[42] (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV María
Victoria Calle Correa, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, María Victoria
Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alexei Egor Julio Estrada y Nilson
Pinilla Pinilla).
[43] MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[44] MP.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[45] MP.
Nilson Pinilla Pinilla.
[46] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Véanse, entre otras, las siguientes sentencias de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de los años dos mil nueve (2009) y
dos mil diez (2010), mediante las cuales se reprodujo
la posición mayoritaria de negar la indexación de pensiones preconstitucionales:
(i) sentencia No. 33425 del 14 de octubre de 2009 (MP Francisco Javier
Ricaurte Gómez), en la cual se sostuvo que “respecto de la indexación del
ingreso base para la liquidación de las pensiones convencionales, por mayoría
de sus integrantes, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha
asumido una posición negativa cuando el derecho emerge antes de la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991”; (ii) sentencia No. 38417 del 27 de octubre de 2009 (MP Eduardo López Villegas),
en la cual se decidió casar una providencia del Tribunal Superior de
Bogotá que había concedido la indexación de una pensión causada antes de 1991,
porque “el tribunal erró al declarar la procedencia de la indexación de la
primera mesada en el presente caso, toda vez que, como se sentó, la pensión de
la cual se pretende la indexación de la primera mesada  se causó con
anterioridad a la constitución de 1991”; (iii) sentencia No. 40717 del 9 de
marzo de 2010 (MP Elsy del Pilar Cuello Calderón), en la que se estableció que “respecto
de la actualización del ingreso base de liquidación para determinar el valor
inicial de la pensión sanción; esta Sala, por mayoría, ha definido que en los
eventos en los que la prestación se causó antes de la vigencia de la Constitución
Política de 1991, resulta improcedente”; y (iv) la sentencia No. 44167 del 6 de octubre de 2010 (MP Eduardo López
Villegas), en la cual se sostuvo expresamente “que la indexación de la
primera mesada convencional opera para las pensiones convencionales causadas
con posterioridad a la Constitución de 1991, situación que no es la de la parte
actora”.
[48] Ob, cit. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[49] MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[50] Al
respecto puede observarse, entre otras, la sentencia T-103 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la
cual se declararon procedentes tres (3) acciones de tutela contra providencias
judiciales que habían negado la indexación de la primera mesada pensional, a
pesar de que no se cumplía con el presupuesto de inmediatez porque en todas
había transcurrido más de un año desde la última actuación judicial censurada.
[51] La implicación directa del carácter imprescriptible e
irrenunciable del derecho a la seguridad social, y específicamente a la pensión
de sobrevivientes, es que las personas beneficiarias pueden reclamar su
titularidad en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales
establecidos. El derecho a determinada pensión nace cuando una persona cumple
los presupuestos legales vigentes al momento del causarse el mismo, y ese
derecho es irrenunciable. Un beneficiario puede abstenerse de reclamar el pago
efectivo de las mesadas, e inclusive le puede ser negado el reconocimiento, pero
este no podrá despojarse de la titularidad del derecho, ni de la facultad de
reclamar en el futuro el pago periódico de su prestación. Sobre la
imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social puede
verse, entre otras, las sentencias T-479 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa), T-164 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-231 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-427 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez),
T-072 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-732 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-521 de
2013 (MP Mauricio González Cuervo). En esas providencias, las diferentes salas
reiteraron la jurisprudencia sobre imprescriptibilidad del derecho a la seguridad
social, y establecieron que el mismo puede reclamarse en cualquier momento.
[52] Cabe
precisar, de todas formas, que en el caso de Abel González Lozano
transcurrieron cuatro (4) años y cinco (5) meses entre la emisión de la providencia
judicial censurada y la presentación de la tutela; y en el caso de Rafael
Martínez de la Ossa ese lapso fue de cinco (5) años.
[53] Esta posición fue asumida por
primera vez en la Corte Constitucional en la sentencia SU-120 de
2003 (MP Álvaro Tafur Galvis, SV Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo
Rentería). Allí se sostuvo que tres pensiones de jubilación causadas antes de
la Constitución Política de 1991 debían ser indexadas, precisamente porque los
respectivos salarios base de liquidación se habían calculado a partir de
ingresos antiguos cuyo poder adquisitivo estaba depreciado. Se dijo que los
interesados tenían derecho a la indexación de sus mesadas en atención a “los dictados constitucionales y la
voluntad abstracta de las leyes laborales y de seguridad social”, y porque a pesar de tratarse de
pensiones preconstitucionales la entidad demandada debió considerar “que el
artículo 53 de la Constitución Política impone al intérprete de las fuentes
formales del derecho laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la
interpretación que más favorezca al trabajador, y en consecuencia optar por
ordenar a las entidades financieras obligadas mantener el valor económico de la
mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que los beneficia y
que condice con el ordenamiento constitucional”. En múltiples oportunidades
se ha reiterado esta postura, entre otras, pueden verse las sentencias de
unificación de jurisprudencia SU-1073 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SPV María Victoria Calle Correa, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alexei Egor Julio
Estrada y Nilson Pinilla Pinilla) y SU-131 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada). Y
las sentencias de tutela T-1169 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-098
de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería), T-469 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández) T-045 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-362 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-835 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-1093 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-103 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo), T-228A de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-255 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-220 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
Tanto en las sentencias de Sala Plena como en las de las Salas de Revisión, la
Corte reconoció el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional de los accionantes, a pesar de que las prestaciones
habían sido reconocidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución
Política y de la Ley 100 de 1993.
[54] MP Alexei Julio Estrada.
[55] Aquí
se hace referencia, específicamente, a aquellas sentencias de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia proferidas antes del año mil novecientos
noventa y nueve (1999), en las cuales se reconoció la indexación de pensiones
preconstitucionales por razones de justicia y equidad. Entre otras, pueden
observarse las sentencias del ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y
uno (1991), rad. 4087 (MP Francisco Escobar Henríquez); del ocho (8) de febrero
de mil novecientos noventa y seis (1996), rad. 7996 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio), del primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997),
rad. 9359 (MP Fernando Vásquez Botero), y del diez (10) de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998), 10939 (MP. Fernando Vázquez Botero).
[56] MP Rigoberto Echeverri Bueno.
[57] Ibíd. Esta interpretación ha sido reiterada por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias
del siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014), rad. 55424 (MP Luis Gabriel
Miranda Buelvas) y del once (11) de julio de dos mil catorce (2014), rad. 56273
(MP Gustavo Hernando López Algarra).
[58]
Corte Constitucional, sentencia C-862 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto, unánime). En esa oportunidad se estudió una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 260 del CST, con el
argumento de que violaba la Carta al no disponer un mecanismo de indexación de
la pensión vitalicia de jubilación. La Corte declaró exequible condicionalmente
la norma, “en el entendido que el salario base de liquidación de la primera
mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en
el IPC, certificado por el DANE.” Allí se indicó que el derecho
constitucional a la indexación es universal, y no puede discriminarse entre
pensionados injustificadamente, se sostuvo: “[s]i bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en
virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el
reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a
una determinada categoría de sujetos –los pensionados- dentro de tal categoría
su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del
tránsito legislativo carecen de justificación […] De acuerdo con estas
definiciones, la universalidad
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional significa que este
beneficio se aplique a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen , sea éste convencional o
legal, toda vez que el fenómeno de pérdida del poder adquisitivo que es
consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los jubilados” (Resaltado fuera del texto original).
[59] Así por ejemplo, en la sentencia de la Sala Tercera
de Revisión T-901 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), se reconoció el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional de dos prestaciones reconocidas
antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.
En la parte considerativa de esta sentencia se dijo que “(…) [e]l argumento de amparar el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional de personas que cumplieron
la edad exigida con posterioridad a 1991, y rechazarlo con respecto a quienes
alcanzaron la edad con anterioridad a esta fecha nunca ha sido planteado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque el perjuicio irremediable se
torna más ostensible entre más avanzada sea la edad de la persona a quien no se
le ha indexado su primera mesada pensional. La universalidad del concepto de
indexación entre todos los pensionados podría sostenerse, únicamente, en que la justicia es finalidad primordial del derecho, y en las bases éticas en
que se apoya la sociedad, conforme a las cuales la protección a las personas de
la tercera edad debe ser prioritaria, plena, efectiva y proporcional.”
[60] Corte Constitucional, sentencia SU-120 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis, SV Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería).
Respecto la aplicación del principio de interpretación pro operario señaló
lo siguiente: “(…) la Sala
accionada deberá considerar que el artículo 53 de la Constitución Política
impone al intérprete de las fuentes formales del derecho laboral el criterio de
elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador,
y en consecuencia optar por ordenar a las entidades financieras obligadas
mantener el valor económico de la mesada pensional de los actores, por ser ésta
la solución que los beneficia y que condice con el ordenamiento constitucional
(…)”.
[61] Corte Constitucional, sentencia T-074 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta providencia se sostuvo que “(…) para la configuración del
derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento del poder
adquisitivo de la mesada pensional resultan también relevantes principios y
derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991, como el principio in
dubio pro operario (art. 48 de la
C.P.), el principio de Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la
especial protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46
de la C. P.), el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P. ) y el
derecho al mínimo vital. || Es por ello que al estudiar si resulta procedente o no la
indexación de la primera mesada pensional, el intérprete debe dar aplicación al
principio in dubio pro operario que
impone elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al
trabajador.”
[62] Corte Constitucional.
Sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000
(MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett). También la sentencia T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
En estos casos, si bien el juez de la causa es quien le fija el alcance a la
norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y
derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta política.
[63] Sobre el tema pueden
consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett); T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández). En la sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría
abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido
normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de
aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que
haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
[64] Corte Constitucional, sentencias
T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-1028 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-111 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-178 de
2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[65] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[66] MP. Alexei Julio Estrada.
[67] MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[68] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[69] MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[70] MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[71] MP. María Victoria Calle Correa.
[72] El
texto de los artículos es el que sigue a continuación. Constitución Política,
artículo 48 (parcial): “[l]a ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante; artículo 53 (parcial): “[e]l estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.”
[73] Recuérdese lo expresado en la sentencia SU-131 de
2013 (MP Alexei Julio Estrada), en la que se dijo que la negativa de indexar
una pensión causada antes de 1991 “(…) contraría
el mandato superior del derecho a percibir una pensión mínima vital, calculada
teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida
del poder adquisitivo del dinero, así
como desconoce los derechos fundamentales del pensionado a la igualdad, la
seguridad social y la vida digna.”
[74] En
la parte resolutiva de todos los casos de la sentencia SU-1073 de 2012 se dijo
lo siguiente respecto del pago retroactivo de las mesadas pensionales: “ORDENAR el
pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y
el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores,
contados a partir de la expedición de la presente sentencia de unificación.”
[75] MP Alexei Julio Estrada, AV Nilson Pinilla Pinilla.
[76] Esta interpretación también ha sido recogida por las
sentencias T-1086 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-103 de 2013
(MP Mauricio González Cuervo), T-255 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-027 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-220 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa). En esas providencias se estudiaron casos de personas
que reclamaban la indexación de la primera mesada pensional de prestaciones
causadas antes de la Constitución Política de 1991, y se ordenó el pago
retroactivo de aquellas mesadas comprendidas en los tres años anteriores a la
fecha de expedición de cada una de las sentencias. Ciertamente, en la parte resolutiva de la sentencia
T-1086 de 2012 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se ordenó “el pago retroactivo únicamente de las
mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha
de expedición de esta sentencia.”; en la T-103 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo) se
dispuso “pagar el retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores, contados a partir de la notificación de esta sentencia.”; y en la T-255 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), se
dispuso “el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.”
[77] En el año 1978 el SMML estaba establecido en $2.580
pesos, según el Decreto 2371 de 1977. Por tanto, la suma de $12.117 pesos
correspondía en el año 1978 a 4.6 SMML.
[78] Certificación
emitida por Ecopetrol SA respecto del monto de las mesadas pensionales pagadas
al actor desde el año mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el año dos
mil ocho (2008). Allí se puede apreciar que, en efecto, el accionante ha
percibido una pensión correspondiente a 1.3. salarios mínimos (folios 22 y 23).
[79] En
el año mil novecientos ochenta y uno (1981) el Gobierno Nacional estableció el
SMML en $5.700 pesos, mediante Decreto 3463 de 1980. Por tanto, la suma de
$34.770 pesos corresponde a 6.1 SMML del año mil novecientos ochenta y uno
(1981).
[80] Corte Constitucional, sentencia T-228A de 2013 (MP
Nilson Pinilla Pinilla). Sobre la protección del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional como un vehículo para salvaguardar el mínimo vital de
personas de la tercera edad, pueden verse, además, las sentencias T-1086 de
2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-1096 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), T-007 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-103 de 2013
(MP Mauricio González Cuervo) y SU-131 de 2013 (MP Alexei Egor Julio Estrada).
[81] Actualmente
Colpensiones EICE le cancela al accionante por concepto de pensión de vejez la
suma de $616.000 pesos, correspondientes a 1 SMML (folio 84). Y pos su parte,
el Banco Popular SA le paga por el saldo un valor mensual de $35.816 pesos,
equivalentes al valor no cubierto por la pensión legal, que es de 0.05 SMML
(folio 85). En total, el accionante percibe una pensión equivalente a 1.05
SMML.
[82] La figura de la compartibilidad pensional está
consagrada en el Decreto 758 de 1990, artículos 16, 17 y 18. El artículo 16
(parcial), dispone: “Compartibilidad de las pensiones legales de
jubilación. […]. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos
por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, [los
trabajadores] podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará
obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el patrono continuará
cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos
mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este
momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del
patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por
el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado”. Igualmente,
el Decreto 3041 de 1996, por el cual se creó el reglamento general del seguro
obligatorio, establece en el artículo 60: “Al cumplirse el tiempo de servicios
y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo [los
trabajadores] podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste
estará obligado, a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este
seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que le venía siendo
pagada por el patrono”.
[83] En el caso de Rafael Martínez de la Ossa, el Banco
Popular logró trasladar parcialmente su obligación inicial, pues los aportes
que efectuó al sistema luego de reconocer la pensión de jubilación, alcanzaron
para que el ISS otorgara una pensión de vejez por un valor de 1 SMML, quedando
pendiente un saldo de 0.05 SMML (recuérdese que la pensión de jubilación
inicial fue reconocida por 1.05 SMML). El mayor valor está a cargo del Banco
actualmente.
[84] En la sentencia T-266 de 2011 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva), se explicó lo siguiente: “la compartibilidad de
las pensiones de jubilación y vejez implica que el beneficiario se encuentra
frente a dos prestaciones íntimamente ligadas entre sí, cuyo monto, una vez
reconocidas -las dos pensiones-, debe ajustarse en tanto, en términos
prácticos, se funcionan en una sola, subrogando la entidad de
seguridad social al ex empleador en el pago de la misma, salvo en lo
relativo al mayor valor que llegare a resultar en su contra, el cual queda
obligado a sufragar al pensionado.”
[85] MP Luis Ernesto Vargas Silva.