T-403-15
Sentencia T-403/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se ejerció recurso de súplica en proceso
de deslinde y amojonamiento por mayor cuantía
Referencia: expediente T-3950087
Acción de tutela instaurada por Sociedad Legalizar contra la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena.
Magistrada Ponente:
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas,
en primera instancia, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el
veinte (20) de febrero de 2013, y en segunda instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el veinticuatro (24) de abril de 2013,
dentro del trámite de la referencia.[1]
I.       ANTECEDENTES
El
veinticinco (25) de mayo de 2012, la Sociedad Legalizar presentó por intermedio
de apoderado[2]
una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Cartagena (Sala de Decisión
Civil – Familia) y contra la magistrada de la misma Corporación, Emma Guadalupe
Hernández Bonfante, a raíz de un auto proferido por esta última, el veinticinco
(25) de noviembre de 2011, en el cual se declaró desierto el recurso de
apelación interpuesto contra una decisión del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cartagena. En la decisión del Juzgado, adoptada el tres (3) de
marzo de 2011, se declaraba probada la excepción previa de falta de
legitimación para actuar, porque el demandante no había presentado prueba
sumaria de la posesión, en el proceso de deslinde y amojonamiento que se surtía
en ese despacho bajo el radicado 31031.
Hechos y acción de tutela interpuesta
1. La  Sociedad Legalizar, Fabio Polanía Vieda y Alfonso Olier
Castilla presentaron el diez (10) de julio de 2001,[3] una
demanda de deslinde y amojonamiento, “de mayor cuantía” contra
Inversiones Gerdst Porto y Cía., Judith Camacho de Martínez y otros “con el
propósito de que se fijen los linderos de los predios colindantes”,  que se
encuentran ubicados en el lote de mayor extensión “Guayepo”, ubicado en
Punta Canoa. Correspondió el trámite de esta demanda al Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Cartagena, donde fue radicada bajo el No. 31031.
2. El veintiséis (26) de septiembre de 2001, en otro proceso diferente
en el que se debatía la titularidad de un predio colindante con el inmueble a
deslindar, el Juzgado Octavo Civil del Circuito declaró la prescripción
adquisitiva del dominio, sobre un predio que sería colindante al que alegan
poseer los accionantes, a favor de la sociedad Promociones Venta Raíz Ltda. y Cía.
S.C.S y Puyo Posada Ltda. En el curso del proceso de pertenencia, estas
sociedades cedieron el 10% de los derechos litigiosos a Daniel Martínez
Gutiérrez. [4]
3. Con posterioridad  a la cesión de los derechos litigiosos realizada
en el curso del proceso de pertenencia citado, el señor Daniel Martínez propuso
un incidente de nulidad en el proceso de deslinde y amojonamiento,  porque no
había sido notificado de la demanda en su calidad de copropietario. Según el
auto anexado por la sociedad accionante, el dieciocho (18) de abril de 2006, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito decidió las solicitudes del señor Martínez.
El juez resolvió (i) no declarar la nulidad de todo lo actuado; (ii) integrar
un litisconsorcio necesario conformado por el señor Martínez y las sociedades
Promociones Venta Raíz Ltda., Gestora Ltda. y Cía. S.C.S y Puyo Posada Ltda.;
(iii) notificar el auto admisorio de la demanda personalmente al señor Daniel
Martínez, y (iv) correrle un traslado de diez (10) días para que contestara la
demanda.[5]
4. El tres (3) de marzo
de 2011, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena declaró probada la
excepción previa consagrada en el artículo 97 numeral 6º del Código de
Procedimiento Civil, y que fuera propuesta por el señor Daniel Martínez en su
escrito de contestación a la demanda. [6] El juez consideró
que los demandantes no habían aportado prueba siquiera sumaria de la posesión
del bien a deslindar, razón por la cual no se satisfizo la exigencia consagrada
en el artículo 461 del Código de Procedimiento Civil.[7]
Por tal razón, concluyó que había mérito para “declarar probada la excepción
de falta de acreditación de la condición con que se actúe, lo cual da lugar a
que de por terminado este proceso y se levanten las medidas cautelares en el
decretadas, con la imposición de condena en costas y perjuicios a cargo de la
parte accionante”.[8]
5. La parte que
presenta la acción de tutela apeló el auto citado y, una vez radicado el
expediente ante el Tribunal ad quem[9],
fue designada como ponente la Magistrada Emma Hernández, de la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito de Cartagena. Al sustentar el recurso de
apelación los recurrentes argumentaron en primer lugar, que el señor  Daniel
Martínez  no tenía legitimación en la causa para contestar la demanda, porque
era un litisconsorte cuasi necesario, y adquirió una parte de los derechos
litigiosos, con lo cual no desplaza a la parte cedente.[10]
En segundo lugar, sostuvieron que el señor Martínez “tomó el proceso en el
estado en que se encontraba al momento de concurrir como cesionario”, por
lo que no podía proponer excepciones de mérito, ni previas[11].
También alegaron que el juez de primera instancia “se limitó a  observar y
tener como prueba sumarias las declaraciones extra juicio, pero no observó que
a la demanda se anexaron las escrituras de la compra de la posesión  de parte
de los accionantes, a su titular Raúl Castilla Castilla”.[12]
Solicitó revocar el auto de primera instancia, y sanear los vicios y
nulidades que existan en el proceso, los cuales se generaban por las
actuaciones procesales llevadas a cabo por el señor Martínez.[13]
6. El veinticinco (25) de noviembre de 2011, la Magistrada Ponente de
la  Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Emma Hernández,
declaró desierto el recurso interpuesto por  las partes.[14] En la
decisión, aportada por el actor, la Sala estableció:
“la sustentación [del apelante] no se ciñe a lo
dispuesto por el artículo 350[15]
[del Código de Procedimiento Civil], pues no ataca específicamente la decisión
tomada por el ad quo, en lo concerniente a declarar probada la excepción
previa establecida en el numeral 6º del artículo 97 precitado, sino que
cuestiona todo el trámite dado a la misma”.[16]
7. Frente a la
anterior decisión, el apoderado de la parte demandante en el proceso de
deslinde y amojonamiento presentó solicitud de adición el cinco (5) de
diciembre de 2011, la cual fue denegada en Auto del veinticuatro (24) de mayo
de 2012, suscrito por la Magistrada Ponente de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Cartagena, Emma Hernández, por considerar que en la providencia
cuya aclaración se solicita no se omitió la resolución de ningún punto que
debió ser objeto de pronunciamiento, y por cuanto a través de la misma la parte
demandante pretende que el Tribunal emita pronunciamiento de fondo sobre el
recurso de apelación que fue declarado desierto.[17]
8. Posteriormente,
el diecinueve (19) de diciembre de 2011, el mismo apoderado pidió declarar la
nulidad insaneable de toda la actuación. Esta solicitud fue rechazada de plano
por la Magistrada Ponente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena,
Emma Hernández, en providencia del veinticuatro (24) de mayo de 2012, por
considerar que se había presentado por fuera de la oportunidad establecida en
el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el
Tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre la misma.[18]
Como consecuencia de las anteriores decisiones, el auto del 25 de noviembre de
2011 se mantuvo incólume.
9. El veinticuatro
(24) de mayo de 2012, el apoderado de la sociedad Legalizar interpuso acción de
tutela contra el autor proferido por el Tribunal Superior del Distrito de
Cartagena, Sala Civil – Familia, el 25 de noviembre de 2011. Argumenta que tal
decisión desconoció diferentes precedentes decididos en acción de tutela por la
Sala Civil, de la Corte Suprema de Justicia. Para demostrarlo citan diferentes extractos
de la jurisprudencia de dicho Tribunal. Como causales específicas de
procedibilidad de tutela contra providencias judiciales invoca: (i)
“desconocimiento del precedente judicial vertical”; (ii) “derecho fundamental
al debido proceso en interrelación con el derecho constitucional de defensa y
del precedente judicial vertical”. Por lo anterior, solicita se declare la
violación de los derechos al debido proceso y a la defensa judicial y, como
objeto material de protección, pide: i) “que se deje sin efecto la
providencia del 25 de noviembre de 2011”; ii)  “que se
proceda a proveer de nuevo”; iii) que se realice un análisis de la
nulidad insaneable”.
Admisión de la
acción de tutela y entidades vinculadas
10. El veintiocho
(28) de mayo de 2012, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[19],
admitió la demanda de tutela y ordenó comunicársela a Emma Guadalupe Hernández,
quien fue la Magistrada  que tomó la decisión de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito de Cartagena, contra la que se presenta la tutela.
También ordenó notificar del inicio de la acción al Juzgado Tercero Civil del
Circuito y “a quienes fueron parte en el proceso de deslinde y amojonamiento”.
Contestación
de las autoridades vinculadas
11. El treinta
(30) de mayo de 2012, la Magistrada Emma Hernández, contestó la acción de
tutela y presentó cuatro argumentos en su defensa.[20]
De conformidad
con el primer argumento, el recurso de apelación no cumple con el artículo 350 del
Código de Procedimiento Civil,[21]
porque no ataca específicamente la decisión de primera instancia en la que se
declaró la excepción previa. De acuerdo con el segundo argumento, el apelante
realizó “cuestionamientos que escapaban de la competencia de esta
Corporación” y que no podían ser resueltos mediante el recurso de
apelación, como lo establece el art. 357 del Código de Procedimiento Civil.[22]
Según su tercer argumento, en el recurso de apelación, la Sala no podía
realizar un análisis de legalidad de todo el procedimiento relacionado con la
excepción previa “más aún, cuando el recurrente tuvo oportunidad de poner de
manifiesto y controvertir dichas actuaciones y no lo hizo”. Concluyó, en su
cuarto argumento, que el Tribunal no violó ningún derecho fundamental, y que
las decisiones adoptadas se encuentran respaldadas en la ley. Solicitó negar el
amparo.
12. El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cartagena guardó silencio.
Sentencia de
primera instancia.
13. El ocho (8)
de junio de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
concedió la tutela interpuesta por la Sociedad Legalizar, por encontrar probada
una violación del derecho al debido proceso.[23] Sostuvo que aunque el
peticionario no había interpuesto el recurso de reposición debían valorarse las
circunstancias del caso. Argumentó citando su jurisprudencia, ante la duda o
ante la posible presencia de varias interpretaciones “debe preferirse aquel
entendimiento que resulte más garantista y que de suyo haga viable desplegar
los efectos jurídicos invocados por el recurrente”. Al resolver el caso en
concreto la Sala consideró que la tutela debía concederse, porque “la
sociedad accionante sí realizó una disertación de lo que a su juicio, era el
fundamento de su desacuerdo”. Por lo anterior, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia dejó “sin efecto la providencia de 25 de
noviembre de 2011, ordenando a la Magistrada del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Doctora Emma Hernández que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a pronunciarse  sobre
el recurso de apelación propuesto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 350 a 353 del Estatuto Procesal Civil”.
Cumplimiento de la sentencia de primera instancia
14. El veinticinco (25) de junio de 2012, la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Cartagena, en cumplimiento del anterior fallo de tutela, decidió
revocar el auto de primera instancia del tres (3) de marzo de 2011, en el que
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena había declarado la excepción
previa por ineptidud de demanda, debido a que los demandantes no habían
acompañado a su líbelo, prueba siquiera sumaria de la posesión del inmueble. El
Tribunal decidió que los documentos aportados por los demandantes eran prueba
sumaria de su posesión.[24]
Nulidad del
proceso de tutela
15. Luego de ser seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional[25],
el veintiséis (26) de noviembre de 2012, la Sala Quinta de Revisión de este
Tribunal profirió el auto 270A de 2012[26], en el que declaró la
nulidad del proceso de tutela iniciado por la sociedad Legalizar contra la Sala
de Decisión Civil Familia, “desde el auto por medio del cual la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la solicitud correspondiente”.
La Sala consideró que no habían sido notificados los terceros con interés en el
proceso de tutela, que eran parte en el proceso de deslinde y amojonamiento
promovido por la Sociedad Legalizar. Y ordenó:
“la remisión del expediente T-3560118 a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que esta, permitiendo el
ejercicio del derecho de defensa de todos los sujetos procesales en la acción
de deslinde y amojonamiento de la que habla este auto, renueve la actuación y
decida nuevamente el asunto sometido a su consideración”.
Cumplimiento del auto 270A de 2012 por la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia
16. El once (11) de febrero de 2013, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, ordenó en cumplimiento del auto 270A de 2012, “se
de cumplimiento estricto a la publicidad que debe dársele al auto admisorio […]
acorde a la lista de personas naturales y jurídicas que deben ser
notificadas conforme lo relaciona la Corte  Constitucional en el auto referido”.[27]
El once (11) de febrero de 2013, la Secretaría del Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Cartagena informó a la Corte Suprema de Justicia, acerca de la
identidad de las partes en el proceso de deslinde y amojonamiento promovido por
Fabio Polanía Vieda, la Sociedad Legalizar Ltda. y Alfonso Olier Castilla.[28]
La orden de notificación de los terceros interesados en el proceso de tutela se
encuentra probada en el expediente.[29]
Sentencia de primera instancia
17. Luego de rehacer el trámite en el sentido indicado por la Corte
Constitucional, el veinte (20) de febrero de 2013, la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia concedió el amparo interpuesto.[30] Argumentó
que, a diferencia de lo que sostuvo la Magistrada Ponente de la Sala Civil del
Tribunal Superior, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por
la Sociedad Legalizar, la peticionaria sí sustentó su recurso de apelación. Sostuvo
que  la sociedad “sí realizó una disertación de lo que, a su juicio, era el
fundamento de su desacuerdo”. Por lo anterior, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia dejó “sin efecto la providencia de 25 de
noviembre de 2011, ordenando a la Magistrada del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Doctora Emma Hernández que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a pronunciarse  sobre
el recurso de apelación propuesto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 350 a 353 del Estatuto Procesal Civil”.
Impugnación de Sociedad Inversiones GBS Ltda.
18. El diecinueve (19) de marzo de 2013, los apoderados de la sociedad
Inversiones GBS Ltda. impugnaron, como terceros con interés legítimo, el fallo
de primera instancia.[31]
Solicitaron que la decisión fuera revocada con fundamento en  argumentos
procesales y de fondo.
19. Respecto de los argumentos procesales alegaron la violación del
principio de inmediatez y de la cosa juzgada. Respecto del primero sostuvieron que
la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, por lo cual es
improcedente. Alegaron que el acto procesal contra el cual se dirigen los
peticionarios es: “la integración del litisconsorcio necesario y el traslado
de la demanda al señor Daniel Alfonso Martínez”, lo cual ocurrió hace más
de seis años. Al respecto señalan que este fue el acto que permitió que el
señor Martínez, presentara la excepción previa acogida por el Juzgado.
Argumentan que lo que se pretende con la acción de tutela es dejar sin efectos
la vinculación del señor Martínez como litisconsorte.
De acuerdo con el segundo argumento procesal, los terceros sostuvieron
que en el presente caso hay cosa juzgada constitucional. Alegaron que en la
sentencia T-629 de 1999[32],
la Corte Constitucional concluyó que el señor Raúl Castilla, “nunca tuvo la
posesión sobre el citado inmueble”, y por esa razón negó la acción
interpuesta. Agregaron que en ésta decisión se resolvió “que se restituya a
los poseedores tradicionales la posesión que siempre han tenido sobre el predio
Guayepo”. Los poseedores tradicionales, según sostuvieron, son las
contrapartes del accionante en el proceso de deslinde y amojonamiento. Argumentaron
que en jurisprudencia reiterada, la Corte Constitucional ha argumentado que no
existe tutela contra tutela. Alegaron que dicha prohibición también comprende “aquellas
situaciones en que una actuación judicial posterior busca frustrar los efectos
de una orden de tutela”. Según afirman, así se habría establecido en la
sentencia T-104 de 2007[33]
Consideraron que el proceso de deslinde y amojonamiento promovido por los
peticionarios tiene identidad de partes, causa y objeto con la citada sentencia
T-629/99.
20. Acerca del fondo del asunto presentaron los siguientes argumentos El
primer argumento de fondo alegado por los intervinientes, consiste en la
protección de los terceros con interés en el proceso de tutela, que según
afirmaron, son las personas que son demandados en el proceso de deslinde y
amojonamiento. Sostuvieron que “la sola continuación del proceso de deslinde
y amojonamiento lleva inexorablemente a la comisión de una vía de hecho”.
Al respecto señalaron que los derechos de terceros son protegidos en la
jurisprudencia constitucional: (i) a través del principio de inmediatez; (ii)
notificando a los terceros con interés en el proceso de tutela; y (iii) en las órdenes
que se adoptan en el proceso de tutela. Solicitaron al juez de segunda
instancia que identifique los derechos en juego. Alegaron que en ese análisis  se
deberán analizar los derechos de los “poseedores tradicionales”
protegidos por la sentencia T-629 de 1999.
El segundo argumento de fondo, que alegaron para que se niegue la
tutela es que los demandantes en el proceso civil de deslinde y amojonamiento
no tienen legitimación activa. Alegaron que no son poseedores del área que
reclaman. Argumentaron que no existe prueba de la posesión. Sostuvieron que la
prueba de la posesión son unos contratos en escritura pública suscritos por Raúl
Castilla Castilla, quien es la misma persona que no probó la posesión de los
bienes ante la Corte Constitucional en 1999. Afirmaron que estas escrituras
nunca fueron registradas, por lo cual no transfieren derechos reales. Agregaron
que los demandantes en el proceso de deslinde y amojonamiento no son nudos
propietarios, usufructuarios, comuneros, ni poseedores, por lo cual no tienen
legitimación activa para proponer el proceso de deslinde.
De acuerdo con el tercer argumento de fondo, la continuación del
proceso de deslinde y amojonamiento, constituiría una vía de hecho por defecto
procedimental, porque los demandantes utilizan ese proceso, para un fin
distinto al que ha sido concebido. Alegan que en la sentencias T-146ª de 2003[34]
y T-696 de 2010[35]
se garantizó que los procesos judiciales no se desvíen hacia finalidades no permitidas
por el ordenamiento jurídico. Argumentaron que el juez debe ordenar remedios
para que ésta desviación no se realice, según lo ha señalado la Corte
Constitucional en la sentencia T-294 de 2004.[36] Solicitaron al juez de
segunda instancia “que ordene la terminación del proceso civil de deslinde y
amojonamiento para evitar una violación inminente de los derechos fundamentales
de Inversiones GBS”. Sostuvieron que, de conformidad con el artículo 464
del Código de Procedimiento Civil, el paso siguiente en el proceso será la
diligencia de deslinde, y se privará a GBS de su posesión sobre sus predios, en
beneficio de unos demandantes que no la han ejercido, como lo reconoció la
sentencia T-629 de 1999.
Finalmente, y de acuerdo con su cuarto argumento de fondo, los
representantes de inversiones GBS, defendieron las decisiones tomadas por los
jueces de instancia en el proceso civil de deslinde y amojonamiento,  que son
impugnadas por el peticionario. Con relación a la decisión de primera
instancia, en la cual, se declaró que los demandantes no habían cumplido con el
requisito de probar la posesión, previsto en el art. 460 del Código de
Procedimiento Civil,[37]
argumentaron que no configura un defecto orgánico o un defecto procedimental
absoluto. Acerca de la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, que en
segunda instancia declaró desierto el recurso presentado por el demandante sostuvieron,
por un lado que no desconoció el precedente de la Corte Suprema de Justicia y
por otro que no cometió una vía de hecho por exceso ritual manifiesto.
21. Con fundamento en lo anterior, los representantes de inversiones
GBS le solicitaron al juez de segunda instancia de manera principal: (i)
vincular a Inversiones GBS Ltda.; (ii) denegar por improcedente o por razones
de fondo la tutela presentada por Legalizar Ltda.; (iii) “dejar en firme el
auto proferido el 3 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Civil del  Circuito
así como, el auto proferido el 25 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial”. Y subsidiariamente solicitaron: (i) aplicar la cosa
juzgada constitucional de la sentencia T-629 de 1999 y (ii) evitar una
violación del derecho al debido proceso en contra de Inversiones GBS.
Observaciones de los peticionarios a la impugnación.
22. El apoderado de la Sociedad Legalizar solicitó que no se revocara
la sentencia de segunda instancia con fundamento en tres argumentos que
denominaron: (i) inexistencia de violación del principio de inmediatez; (ii) “inexistencia
de ilegitimidad para proceder al proceso de deslinde y amojonamiento”; y
(iii) “doctrina constitucional”.
23. Con relación al primer argumento, es decir, el principio de
inmediatez argumentaron que la tutela se dirige contra el auto del veinticinco
(25) de noviembre de 2012, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Cartagena, porque violó los derechos fundamentales de la Sociedad Legalizar, y
no contra el auto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena.
24. Acerca del argumento de la ausencia de
legitimidad activa en la causa en el proceso de deslinde y amojonamiento, señalaron
que ese no es un argumento que se pueda plantear en el proceso de tutela.
Sostuvieron que los actores debieron plantear ese argumento en el proceso
ordinario ante el juez natural, y no ante el juez de tutela. Alegaron que las
partes demandadas no plantearon la falta de legitimidad en el proceso de
deslinde, por lo cual no lo pueden hacer en el de tutela.
25. Acerca del
argumento que denominaron “doctrina constitucional”, los peticionarios
sostuvieron que los pronunciamientos de la Corte Constitucional, citados por
los apelantes, tienen el valor de doctrina. Sostuvieron que la sentencia T-629
de 1999 no es cosa juzgada constitucional, porque se profirió en un proceso
policivo, y de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Policía “las
medidas de policía se mantendrán mientras el bien no decida otra cosa”.
Concluyó que la cosa juzgada constitucional en procesos policivos es limitada,
y se prolonga en el tiempo “hasta que el juez competente dirima de fondo la
controversia entre las partes”. Sostuvo que  si bien para la
época de la sentencia los accionantes no eran poseedores, esta situación ha
cambiado.
Sentencia de segunda instancia.
26. El veinticuatro (24) de abril de 2013, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, decidió confirmar el fallo de primera
instancia que había concedido el amparo por violación del derecho al debido
proceso, con fundamento en tres argumentos.[38]
El juez de segunda instancia sostuvo, en primer lugar, que se cumplía
con el requisito de inmediatez, porque la tutela fue interpuesta en el término
de seis meses, tal como se establece en su jurisprudencia. Y agregó que “resulta
inobjetable” que la acción fue dirigida contra la providencia “consistente
en declarar desierto el recurso de apelación que interpuso contra la decisión
del ad quo de declarar probada la excepción previa consagrada en el numeral 6º
del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil”.
El segundo argumento para confirmar la tutela fue la inexistencia de
cosa juzgada. Al respecto, el juez de segunda instancia observó: “el asunto
que dio lugar a la presente acción de tutela versa exclusivamente, sobre la
decisión del Tribunal accionado de declarar desierto el recurso de alzada, que
se interpuso contra el auto que declaró la excepción de inepta demanda por falta
de requisitos formales”.
El juez de segunda instancia concluyó, en tercer lugar, que el
Tribunal no consideró los argumentos planteados en la alzada “por cuanto, al
margen que se haga referencia a aspectos definidos en la decisión censurada, afloran
las razones o motivos sobre los cuales edificó la inconformidad del apelante”.
Con fundamento en los tres argumentos expuestos confirmó la sentencia de tutela
de primera instancia.
Actuaciones
en sede de revisión
27. El veintitrés (23) de agosto de 2013, los apoderados de
Inversiones GBS, Inversiones Gerdts Porto y Cía., María del Pilar Gaviria,
Guillermo Calvo Silva y Catalina Cantillo de González solicitaron, a través de
apoderados, su vinculación al proceso de tutela, en calidad de terceros con
interés legítimo. Argumentan que aunque la Corte Constitucional ordenó su
vinculación al trámite de la acción de tutela por medio del Auto 270A del 26 de
noviembre de 2012, los señores Guillermo Calvo Silva y Catalina Cantillo de
González “sólo se enteraron de la existencia del proceso cuando fueron
contactados por los abogados de Inversiones GBS en el mes de junio de 2013”[39];
de lo anterior, concluyen que existe un desconocimiento de la orden impartida
por la Corte Constitucional en el referido Auto. Adicionalmente,
manifiestan que la notificación de la sociedad Inversiones GBS Ltda. no fue
efectiva, porque esta entidad recibió un telegrama informándole del trámite de
tutela de primera instancia el 19 de febrero de 2013, y la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de tutela de primera
instancia el 20 de febrero de 2013, sólo un (1) día después de que esa sociedad
hubiera recibido la mencionada comunicación.
Asimismo, solicitaron a la Corte revocar el fallo de segunda
instancia. Según los terceros, los certificados de libertad y tradición que
anexaron, demuestran que éstos son los legítimos propietarios de diferentes
predios que integran el lote de mayor extensión “El Guayepo”. Los apoderados
reiteraron los argumentos presentados en la apelación de la sentencia de
primera instancia, por lo cual no serán señalados nuevamente.[40]
28. El  diecisiete (17) de octubre de 2013, la Sala Primera de
Revisión emitió un auto en el cual se ordenó la suspensión de términos y se
ordenó la práctica de pruebas, con el fin de resolver algunos aspectos de la
controversia. En la decisión, la Sala ordenó que por Secretaría General se le
oficie: (i) al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, con el fin de
que se remita la copia de la demanda de deslinde y amojonamiento promovida por
Alfonso Olier Castilla, Fabio Polanía Vieda, Jenny Pérez Rodríguez y la
Sociedad Legalizar, y copia de los documentos que alegan como prueba sumaria de
la posesión del bien a deslindar;[41]
(ii) al Tribunal Superior del Distrito Judicial Cartagena para que remita el
auto del  dieciocho (18) de julio de 2000, mediante el cual se declaró la
nulidad de la medida de embargo y secuestro, en el proceso ejecutivo iniciado
por Shirley Domínguez Carriazo contra Raúl Castilla Castilla; (iii) a la
Alcaldía Mayor de Cartagena que remita las resoluciones que pusieron fin al
proceso policivo de perturbación de la posesión, promovido en 1999 por Raúl
Castilla Castilla[42]
y (iv) a la Sociedad Legalizar para que remita “el certificado de libertad y
tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y la cédula
catastral del inmueble que afirman poseer”.[43]
29. El primero de noviembre de 2013, el apoderado de los accionantes,
presentó a la Secretaría de la Corte un escrito al cual se anexó el folio de
matrícula inmobiliaria del predio “Viviano”, que según afirman es un predio
colindante con el inmueble “Guayepo”. Argumentaron que de conformidad
con un informe pericial realizado en el curso del proceso civil de deslinde y
amojonamiento, que no adjuntaron, la demandada Inversiones GBS, se encuentra
ubicada en el predio Guayepo, “pero sus títulos y tradición se derivan del
predio denominado Viviano, no Guayepo”, por lo cual concluyen que los
demandados trasladaron su ubicación. El accionante además reiteró los
argumentos que presentaron en sus observaciones al escrito de apelación.[44]
30. El catorce (14) de noviembre de 2013 se radicó en la Secretaría de
la Corte el oficio remitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito del
Distrito de Cartagena, acompañado de copia de la demanda de deslinde y
amojonamiento promovida por Alfonso Olier Castilla, la Sociedad Legalizar y
otros.[45]
Ese mismo día la Alcaldía de Cartagena remitió copia de las resoluciones
mediante las cuales se denegó el amparo policivo promovido por Raúl Castilla
Castilla en 1999.[46]
31. El veintisiete (27) de noviembre de 2013 se radicó en la Secretaría
de la Corte un oficio procedente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil – Familia, en el que informa que en sus archivos no se
encontró copia del auto del 18 de julio de 2000, mediante el cual se declaró la
nulidad de la medida de embargo y secuestro en el proceso ejecutivo iniciado
por Shirley Domínguez Carriazo contra Raúl Castilla Castilla, tramitado en el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena.[47]
32. En memorial suscrito el veintidós (22) de enero
de 2014, los apoderados judiciales de Inversiones Gerdts Porto y Cía.,
Inversiones GBS Ltda., María del Pilar Gaviria Botero, Guillermo Calvo Silva y
Catalina Cantillo de González, aportaron copia de una noticia,
publicada el catorce (14) de enero de 2014 en el diario El Universal de
Cartagena, en la que se informa de la captura de Alfonso Olier Castilla y de la
existencia de varios procesos penales en su contra, en uno de los cuales ya se
profirió sentencia condenatoria, los cuales tienen su origen en disputas en
torno a la propiedad de terrenos en la zona norte de Cartagena.[48]
33. En respuesta a las solicitudes formuladas a la
Sala de Revisión por los terceros con interés legítimo, mediante auto del diez (10) de
febrero de dos mil quince (2015) la Sala Primera de Revisión determinó vincular
al proceso de tutela a las personas naturales y jurídicas que son parte en el
proceso de deslinde y amojonamiento dentro del cual se emitió la providencia
que dio origen a esta acción de tutela. Con tal propósito, se ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación poner en conocimiento de dichas personas el contenido del expediente de tutela T-3950087, para que, dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación de tal providencia, se
pronunciaran sobre las pretensiones y del problema jurídico que esta plantea, y
aportaran las pruebas que estimen pertinentes. De igual manera, se
ordenó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena suspender
provisionalmente el trámite del proceso civil de deslinde y amojonamiento
promovido por la Sociedad Legalizar Ltda., Fabio Polanía Vieda y Alfonso Olier
Castilla en contra de la Sociedad Inversiones Gerdst Porto y Cía. S. en C. y
otras, que se adelanta en ese despacho bajo el radicado 31031.[49]
34. El siete (7) de abril de dos mil quince (2015)
fue radicado en la Secretaría de esta Corporación un memorial suscrito por el
apoderado de la sociedad accionante, en el cual manifiesta su inconformidad por
el hecho de que la presente acción de tutela haya sido seleccionada por la
Corte Constitucional para revisión en dos oportunidades, lo cual, en su parecer
resulta muy sospechoso, “a sabiendas de que hay miles provenientes de todo
el país para los mismos efectos”. Por lo anterior, solicita “que el
referido expediente de tutela sea diligenciado con mucha estrictez”, en
tanto algunos de los tutelados dicen “haber obtenido que la Corte revisara
la tutela con influencias” (mayúscula sostenida en el original), por cuanto
una de las demandadas, señora María del Pilar Gaviria Botero, es pariente de un
Ex Presidente de la República. Por último, el apoderado de la accionante
argumenta que el hecho de que uno de los demandantes dentro del proceso de
deslinde tenga problemas penales constituye una conducta individual que no
cobija a las otras partes accionantes en dicho proceso ordinario y “es más
bien el pretexto para tratar de torcer la realidad del proceso de deslinde al
cual le tienen temor los demandados […] por la procedencia de sus títulos”.[50]
35. El siete (7) de abril de dos mil quince (2015)
fueron radicados en la Secretaría de la Corte Constitucional dos (2) memoriales
firmados por el apoderado de los señores María del Pilar Gaviria Botero,
Beatriz Gaviria Botero, Adriana Gaviria Botero, Adriana Gutiérrez Jaramillo,
Mateo Gaviria Gutiérrez, Rafael Gaviria, y de la Sociedad Comercial Oke,
Cadavid y Cía. SCS en liquidación, quienes intervienen en calidad de terceros
con interés legítimo en este juicio de tutela. Solicitan a la Corte revocar los
fallos proferidos en primera y segunda instancia por las Salas Civil y Laboral,
respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se otorgó
el amparo solicitado por la sociedad accionante. De igual manera, pide que sea
dejado en firme el auto mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Cartagena declaró desierto el recurso de apelación contra el auto
del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena que declaró probada la
excepción previa de falta de legitimación de los demandantes.[51]
El apoderado de los intervinientes argumenta que esta
acción de tutela es improcedente toda vez que: (i) se interpuso seis meses
después de proferida la providencia que negó el recurso de apelación a
Legalizar Ltda.; (ii) no se agotó el recurso de súplica ante la Sala, dejando
precluir la oportunidad para hacerlo. De otro lado, en relación con el fondo de
la controversia, (iii) el apoderado de los intervinientes sostiene que estos
son titulares del derecho real de propiedad respecto de los predios que los
demandantes buscan que les sean entregados dentro del proceso de deslinde, pese
a que nunca han sido poseedores ni mucho menos propietarios de los mismos. Señala
además que (iv) a través de la diligencia de inspección judicial realizada
dentro del proceso de deslinde que cursa en el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cartagena quedó establecido que los demandantes no ejercen la
posesión sobre los predios que reclaman. Sostiene que (v) desde hace más de
treinta años los demandantes han intentado en vano, a través de diversas vías
administrativas y judiciales, despojar a sus representados de la posesión y
propiedad de los inmuebles objeto de la demanda de deslinde, siendo esta acción
de tutela un intento más para lograr este propósito. Por último, (vi) señala
que el señor Alfonso Olier Castilla, uno de los demandantes dentro del proceso
de deslinde, fue condenado por el delito de estafa, en razón de haber “vendido”
a terceros parte de los terrenos propiedad de quienes son sus contrapartes
dentro de aquel proceso.
36. En escritos radicados el nueve (9) y el veinte
(20) de abril de dos mil quince (2015), el apoderado especial de la sociedad
Inversiones Gerdts Porto y Cía. y de los señores Carlos González Moreno y
Catalina Cantillo de González, quienes invocan su calidad de terceros con
interés legítimo, solicitó a la Corte declarar improcedente esta acción de
tutela, por cuanto no satisface el requisito de inmediatez. En segundo lugar,
argumenta que mientras sus representados ostentan el derecho de dominio y
propiedad sobre el inmueble objeto de controversia, no ocurre igual con quienes
figuran como accionantes dentro del proceso de deslinde y amojonamiento y en
esta tutela, por cuanto no son verdaderos poseedores, ni propietarios, ni nudos
propietarios. En tercer lugar, señala que los accionantes han intentado en vano
desde hace más de treinta años despojar a sus representados de sus derechos
sobre el predio objeto de la demanda. Por último, se refiere a la condena penal
proferida contra el señor Alfonso Olier Castilla Castilla.[52]
37. El dieciséis (16) de abril de dos mil quince
(2015), el apoderado especial de los señores María del Pilar Gaviria Botero,
Beatriz Gaviria Botero, Adriana Gaviria Botero, Adriana Gutiérrez Jaramillo,
Mateo Gaviria Gutiérrez y Rafael Gaviria, se dirige a la Corte para adicionar
los argumentos expuestos en el memorial suscrito el 7 de abril de 2015.
Sostiene en esta oportunidad que la violación al principio de inmediatez no
sólo se refiere a la extemporaneidad en la presentación de la tutela contra el
auto proferido el 25 de noviembre de 2011, sino que en tanto realmente se
orienta a controvertir la integración del litisconsorcio dentro del proceso de
deslinde, efectuada en virtud del auto del 18 de abril de 2006, es manifiesta
la falta de inmediatez de esta acción de tutela, con la cual sólo pretenden
subsanar las consecuencias de su negligencia dentro del proceso de deslinde.[53]
El veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015), el apoderado de la
sociedad Inversiones Gerdts Porto y Cía. y de los señores Carlos González
Moreno y Catalina Cantillo de González, presentó memorial en el que expone
similares consideraciones.[54]
38. Ante la devolución por la oficina de correos de
varios de los oficios remitidos por la Secretaría de la Corte
Constitucional en cumplimiento de la orden impartida en el Auto del diez (10)
de febrero de dos mil quince (2015), en los que además se certifica la
imposibilidad de entregar dichas comunicaciones a sus destinatarios, el seis
(6) de mayo de dos mil quince (2015), la magistrada sustanciadora comisionó al
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, despacho en
el que se adelanta el proceso civil que da origen a la presente controversia,
para que por su conducto se lleve a cabo la notificación del Auto del diez (10)
de febrero de dos mil quince (2015) y la entrega de las copias del expediente
de tutela T-3950087 a las personas naturales y jurídicas que se relacionan en
el considerando tercero de esta providencia, así como al abogado Reginaldo del
Campo, designado como curador ad litem en el proceso civil de deslinde
y amojonamiento, o a quien haga sus veces.  Dispuso además que, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación del auto y la entrega de las copias
del expediente, estas personas podrán pronunciarse sobre las pretensiones y el
problema jurídico planteado en la tutela objeto de revisión y aportar las
pruebas que consideren pertinentes. Por último, señaló que, una vez efectuada
la notificación y vencido el término de traslado, las actuaciones debían ser
remitidas de nuevo a esta Corporación.[55]
39.  El diecinueve (19) de mayo de dos mil
quince (2015) se recibió en la Secretaría de esta Corporación oficio suscrito
por la Secretaria del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena,[56]
en el que informa que el expediente origen de la acción constitucional fue
remitido al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena por disposición del
Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA15-103000. Al no
disponer del expediente físico, señalan que no es posible verificar las
direcciones actualizadas de las personas que deben ser notificadas. Por tanto,
solicitan a la Corte Constitucional que indique el procedimiento a seguir
respecto a la comisión encomendada a ese despacho.
40. En razón de lo anterior, mediante auto del veintiséis (26) de
mayo de dos mil quince (2015), se dispuso comisionar al Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Cartagena, para por su conducto se lleve a cabo la notificación
del Auto del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015) y la entrega de las
copias del expediente de tutela T-3950087 a las personas naturales y jurídicas
que figuran como demandados en el proceso civil de referencia y que son
terceros interesados en esta acción de tutela, así como al abogado Reginaldo
del Campo, designado como curador ad litem en el proceso civil de deslinde  y
amojonamiento, o a quien haga sus veces.[57]  Se indicó
igualmente que, de ser devueltas las comunicaciones, se efectuara el
emplazamiento conforme a lo previsto los artículos 108 y 291 numeral 4º del
Código General del Proceso. Se confirió un término de tres (3) días, a partir
de la fecha del recibo de la comunicación o, en su defecto, de la fecha en que
se entienda surtido el emplazamiento, para que las personas notificadas se
pronunciaran sobre las pretensiones y el problema jurídico planteado en la
tutela objeto de revisión y aportaran las pruebas que estimasen pertinentes.
Efectuada la notificación, y vencido el término de traslado, se solicitó al
despacho comisionado remitir lo actuado a esta Corporación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 39 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012);
asimismo, remitir un informe de las actuaciones surtidas por ese Juzgado dentro
del proceso civil de deslinde y amojonamiento en el que tuvo origen la presente
controversia constitucional.[58]
41. Mediante oficio No. 826, radicado en la secretaría de la Corte
Constitucional el día diez (10) de junio de dos mil quince (2015), la
Secretaria del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena[59]
informó a la Corte Constitucional que procedió a efectuar la notificación a las
veintiún (21) personas relacionadas en el auto del (26) de mayo de dos mil
quince (2015), a través del envío de comunicaciones y de las copias del
expediente a cada uno de ellos. Para el efecto, aportó copia de la planilla de
correos con fecha cuatro (04) de junio del mismo año. De otro lado, informó que
el trámite del proceso civil de deslinde y amojonamiento se encuentra
suspendido, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en el
auto del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015).
42. El diez (10) de junio de dos
mil quince (2015) fue radicado en la Secretaría de este Tribunal una
comunicación remitida por el señor Carlos Eduardo Puente Vargas, en la cual
informa que “(e)n atención a su oficio OPT-A-134/2015, les informamos que el
inmueble al que se refiere la tutela por Uds. Mencionada fue vendido en
Diciembre de 2008 a la sociedad Ligurio SA, la que a su vez lo vendió en Marzo
de 2009 al señor José Front Barcelo. Ambas sociedades están liquidadas. El
liquidador de la segunda fue el Dr. Jairo Delgado Arrieta y el liquidador de la
primera el suscrito Carlos Eduardo Puente Vargas”.[60]
Según consta en el expediente, el mencionado oficio OPT-A-134/2015 fue remitido
a la Sociedad Inversiones Carer S.A., que figura como parte demandante en el
proceso de deslinde y amojonamiento.
Dentro del término de traslado, no
se recibió ninguna otra comunicación por parte de los terceros con interés
legítimo vinculados a este juicio de tutela.
II. Consideraciones y
fundamentos
Competencia
1. Esta Sala
de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico a resolver y
metodología de decisión
2. De acuerdo con los antecedentes
expuestos la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico:
¿Se viola el derecho al debido
proceso de una sociedad que actúa como demandante en un proceso civil de deslinde
y amojonamiento, cuando esta interpone un recurso de apelación contra una
providencia que declara la falta de legitimación por activa y, en segunda
instancia, el mismo es declarado desierto por la magistrada ponente, por
considerar que los argumentos del apelante no se orientaban a controvertir la
decisión de primera instancia?
3. Sin embargo, antes de dar
respuesta a esta cuestión es preciso referirse, en primer lugar, a la
existencia o no de cosa juzgada constitucional entre el presente asunto y la
sentencia T-629 de 1999, por cuanto los terceros con
interés legítimo han argumentado que, con la interposición de esta acción de
tutela, la sociedad accionante pretende desconocer los efectos de la sentencia
que fuera proferida por la Corte Constitucional. Sólo en caso de concluir que
no existe cosa juzgada constitucional, la Sala estudiará, en segundo lugar, si se
reúnen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De ser así, se dará respuesta al problema jurídico
antes planteado, examinando si se presenta alguna de las causales especiales de
procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales.
Cuestión
preliminar: Inexistencia de cosa juzgada.
4. Algunos terceros con interés
legítimo han manifestado que la sociedad demandante, al promover esta acción de
tutela, pretende frustrar los efectos de la sentencia T-629 de 1999.[61]
La demandante, por su parte, sostiene que no existe cosa juzgada, porque la
presente acción de tutela se dirige contra la decisión de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cartagena, en la que se declaró desierto el recurso de
apelación, interpuesto contra la decisión de primera instancia que declaró probada
la excepción previa de falta de legitimación para actuar en el proceso civil de
deslinde y amojonamiento.
5. Para resolver esta cuestión la
Sala procederá en el siguiente orden. En primer lugar, reiterará la
jurisprudencia sobre los criterios para predicar la existencia de cosa juzgada
constitucional. En segundo lugar, examinará los hechos y la decisión adoptada
en la sentencia T-629 de 1999[62],
en relación con la cual algunos intervinientes han manifestado la existencia de
cosa juzgada. En tercer lugar, se referirá a la sentencia T-091 de 2003[63],
en la cual la Corte se ocupó de nuevo de una controversia relacionada con los
derechos sobre el predio “Guayepo”, a propósito del cumplimiento de lo ordenado
en la sentencia T-629 de 1999. Por último, expondrá las razones por las cuales
no existe cosa juzgada en relación con estas sentencias.
Cosa juzgada constitucional.
Reiteración de jurisprudencia.
6. Antes de resolver el caso
concreto, la Sala considera necesario referirse a la institución de la cosa
juzgada constitucional, con el fin de determinar, cuales son los valores y
principios constitucionales que ésta protege. De igual manera, la Sala
presentará diferentes precedentes de esta Corte, con el fin de establecer los
elementos de hecho y de derecho que han llevado a considerar en asuntos
similares al presente, si existe o no cosa juzgada constitucional.
7. En la sentencia SU-1219 de 2001,[64]
la Corte decidió que no era posible presentar acciones de tutela contra una
tutela que ya había quedado ejecutoriada.[65] Sostuvo que
las decisiones de esta Corporación en las que se excluye de revisión un proceso
de tutela, al igual que las sentencias dictadas en relación con los casos
seleccionados, una vez ejecutoriadas, hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. En aquella oportunidad expresó que ésta conclusión es un
desarrollo de los principios de supremacía de la Constitución (art. 4)[66]
y del imperio de la ley (art. 230),[67]
así como de la función este Tribunal Constitucional como órgano de cierre de la
Jurisdicción Constitucional (art. 241)[68].
Sin embargo, para establecer
cuando se configura la cosa juzgada constitucional, la Corte precisó que es
necesario establecer si entre el caso que previamente fue objeto de decisión y
el que ahora se plantea existe: i) identidad de hechos; ii) identidad de partes
e iii) identidad de pretensiones.
8. Esta regla de decisión ha sido
reiterada en diversos pronunciamientos de este Tribunal.  Así, entre otras, en
la sentencia T-502 de 2008, la Corte decidió que sí existía cosa juzgada
constitucional por la presentación de dos acciones de tutela relativas a la
violación del derecho al debido proceso en una diligencia de secuestro realizada
en un proceso de sucesión.[69]
En la sentencia T-637 de 2010,[70] dio
aplicación a esta regla para establecer si existía cosa juzgada constitucional
entre cuatro sentencias de tutela, que se presentaron contra diferentes
decisiones tomadas en un solo proceso civil, concluyendo que no se presentaba
cosa juzgada, por cuanto no existía identidad de hechos ni de pretensiones. A
su vez, en la sentencia T-180 de 2012[71]
la Sala Primera de Revisión concluyó que no existía cosa juzgada constitucional
entre dos acciones de tutela interpuestas por una trabajadora en estado de
embarazo que fue despedida por la Embajada de Irán, por cuanto con posterioridad
a la primera decisión se produjo un hecho nuevo en razón de la expedición de la
sentencia T-932 de 2010,[72]
en la que se cambiaba la jurisprudencia sobre inmunidad diplomática.[73]
Por su parte, en la sentencia T-185 de 2013[74], la Sala Novena de
Revisión se refirió a las diferencias entre la cosa juzgada y la temeridad[75],
al resolver si en dos procesos de tutela iniciados por víctimas de desplazamiento
forzado existía cosa juzgada. Concluyó que, en el caso concreto, si bien
existía cosa juzgada constitucional entre las dos tutelas interpuestas, por
cuanto se verificaba identidad de partes, de objeto y de causa petendi,
no era predicable la temeridad en el actuar de los accionantes.
9. En algunas
oportunidades, la Corte ha examinado si se presenta cosa juzgada en relación
con sentencias proferidas por esta Corporación en ejercicio de su competencia
de revisión de fallos de tutela, tal como sucede en este asunto.
Así, por ejemplo,
en la sentencia T-649 de 2011[76]
determinó que no existía cosa juzgada con la sentencia T-1257 de 2008.[77]
En la tutela T-1257 de 2008 la Corte decidió que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en primera instancia declaró civilmente
responsable al Contralor Distrital de Bogotá en una acción de repetición, no tenía
ningún defecto que hiciera procedente la acción de tutela. El proceso de la
acción de repetición, continuó en segunda instancia en la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la cual exoneró al Contralor de responsabilidad civil. La
Contraloría Distrital presentó una nueva acción de tutela que, tras ser
seleccionada para revisión, dio lugar a la citada sentencia T-649 de 2011. En
dicho fallo la Sala analizó sí había cosa juzgada constitucional, descartando
que así ocurriera, por cuanto no se presentaba identidad de parte demandada, de
hechos ni de pretensiones, toda vez que la sentencia T-1257 de 2008 se refería
a la impugnación de una providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a la que se acusaba de incurrir en defecto orgánico,
procedimental y sustantivo, el caso decidido por la Corte en la sentencia T-649
de 2011 versaba sobre una sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, objetada por incurrir en defecto fáctico y
procedimental.[78]
10. Igualmente en
la sentencia T-053 de 2012[79],
la Corte concluyó que no existía cosa juzgada constitucional entre el asunto
que analizaba y el que fuera resuelto en la sentencia T-560 de 2009.[80]
En esta última se había pronunciado sobre las pretensiones del poseedor de un
bien que alegaba violación del derecho al debido proceso, en un procedimiento
policivo en el que se había ordenado el lanzamiento del bien que ocupaba. En
aquella oportunidad la Corte decidió negar el amparo por considerar que no se
había incurrido en una vía de hecho. Entretanto, al resolver el caso concreto
planteado en la sentencia T-053 de 2012, concluyó que no existía cosa juzgada
en relación con la decisión proferida en 2009, por cuanto se presentaba un
hecho nuevo, que consistía en la modificación jurisprudencial adoptada por la
Corte en la sentencia C-241 de 2010[81],
la cual favorecía las pretensiones del recurrente.
11. En síntesis,
éste Tribunal Constitucional ha establecido que una nueva tutela se debe
declarar improcedente prima facie[82] por cosa juzgada,
cuando concurran la identidad jurídica de hechos, partes y pretensiones. También
se debe analizar si existe un hecho nuevo, que justifique la presentación de la
acción, para determinar si hay cosa juzgada constitucional. De otro lado, al
distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y el actuar
temerario, ha precisado que este último tiene lugar cuando la presentación de
la nueva demanda se encuentra vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del accionante.
La sentencia T-629 de 1999[83]
12. Con el fin de
establecer si en el presente caso existe cosa juzgada constitucional entre el
presente  asunto y la sentencia T-629 de 1999, la Corte deberá examinar si
entre el caso allí decidido y el que se plantea en esta oportunidad existe
identidad de: (i) partes; (ii) hechos y (iii) pretensiones. Para ello, sin
embargo, es preciso analizar el contenido de tal providencia.
13. En la sentencia T-629 de 1999 la Corte resolvió
una acción de tutela presentada por Raúl Castilla Castilla, quien alegaba ser
el propietario de un predio ubicado en Punta Canoa, denominado “Guayepo”,
que le había sido adjudicado, según alegaba, a título de pago de honorarios,
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, a través de una
sentencia del once (11) de junio de 1990. De acuerdo con los hechos expuestos en
la sentencia, en 1993 inició un proceso policivo por perturbación de la
posesión sobre el mencionado predio. Tras la interposición de nulidades y
acciones de tutela en las que se alegaba la vulneración del debido proceso, la
Corregidora de Punta Canoa, a través de la Resolución del treinta (30) de junio
de 1998, decidió amparar los derechos posesorios del señor Castilla Castilla.
El dos (2) de julio de 2010, en cumplimiento de éste acto administrativo, se
realizó una diligencia de desalojo de las personas que ocupaban el referido
predio. Sin embargo, la decisión de la Corregidora, fue apelada ante la
Alcaldía de Cartagena, que profirió la resolución 2844 de 1998, del dos (2) de
octubre de 1998, que resolvió declarar la nulidad del proceso policivo “en razón a que la autoridad de policía carece de jurisdicción para
dirimir este pedido”[84],
y lo dejó en “libertad de acudir ante la justicia ordinaria para que le
dirima sus pretensiones”.[85]
14. En respuesta a una solicitud
de aclaración formulada por el señor Castilla Castilla, la citada Alcaldía expidió
la Resolución 0053 del 15 de enero de 1999, en cuyo numeral primero deniega la
solicitud de aclaración de la Resolución 2844 de 1998. A su vez, en el numeral
segundo, se aclara el numeral 4º de la Resolución 2844
de 1998 para precisar que “(e)n firme este proveído, remítase las
diligencias a la corregidora de Punta Canoa para su cumplimiento, es decir que
vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de practicar el
desalojo el día 2 de julio de 1998, esto es, restituyendo la posesión del
inmueble objeto del proceso a quienes lo ostentaban materialmente”.
15. El señor Castilla interpuso
acción de tutela contra las Resoluciones 2844 de 1998 y 0053 de 1999 argumentando
que: i) no se le había notificado el auto que concedió la apelación; ii) no se
le había permitido conocer el expediente; y iii) que la Alcaldía de Cartagena
no podía reformar la resolución 2844. Sostuvo que las actuaciones y decisiones
adoptadas por esta entidad vulneraron sus derechos a la defensa y al debido
proceso, así como su derecho de petición, ante la omisión de responder a la
solicitud de acceso al expediente formulada por su nieto Alfonso Olier
Castilla, a quien había autorizado para el efecto.
16. La tutela fue resuelta en
primera instancia por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Cartagena de Indias, autoridad que negó la tutela de los derechos
al debido proceso y a la defensa, pero la concedió respecto del derecho
fundamental de petición, ordenando a la Alcaldía de Cartagena resolver sobre la
petición formulada por el señor Alfonso Olier Castilla. El Juez ordenó además
compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para
investigar la posible pérdida de uno de los cuadernos del expediente.
La decisión judicial fue impugnada
por Raúl Castilla Castilla, y en segunda instancia el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cartagena, resolvió revocar la providencia impugnada, con excepción
del envío del expediente a la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia,
amparó el derecho al debido proceso del accionante, y dejó sin efecto lo
ordenado en las resoluciones 2488 de 1998 y 0053 de 1999 de la Alcaldía Mayor
de Cartagena. Esto último implicó que de nuevo cobrara vigencia la decisión
expedida por la Corregidora de Punta Canoa el 30 de junio de 1998.
17. El caso fue seleccionado para revisión por la Corte
Constitucional y decidido por la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-629
de 1999. En aquella oportunidad, la Corte se ocupó de determinar si la Alcaldía
de Cartagena había incurrido en una vía de hecho al declarar la nulidad de un
proceso policivo, por amparo de la posesión, argumentando que el querellante,
quien alegaba ser propietario, no había probado la posesión de un terreno
ubicado en el lote Guayepo. La Corte decidió que la Alcaldía no había incurrido
en una vía de hecho, por cuanto: (i) según las normatividad que rige los
procesos policivos, condición necesaria para obtener protección solicitada es
que el querellante acredite la posesión o tenencia del bien objeto de perturbación,
lo que no ocurrió en el presente caso; además, (ii) la Sala no encontró
probadas las afectaciones al derecho de defensa alegadas por el accionante.  En
relación con lo primero, la sentencia T-629 de 1999 señala:
“(S)egún la normatividad que rige los procesos
policivos y que se encuentra contenida en el Decreto 1355 de 1970 (artículo
122), la policía no puede intervenir para limitar el ejercicio del derecho de
propiedad, salvo por vía de seguridad, salubridad y estética públicas.
Por su parte, el artículo 125
ibídem señala que la policía sólo puede intervenir para evitar que se
perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un
bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y
preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la
perturbación. Lo anterior supone que es requisito sine qua non para
obtener decisión policiva en lo atinente al amparo el de tener la posesión o
demostrar la tenencia del bien.
Para conceder la protección
policiva solicitada por el interesado era entonces  necesario que se demostrara
la posesión que éste venía ejerciendo sobre el predio objeto de litigio,
circunstancia que, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente,
no se pudo establecer, pues, por el contrario, se afirma que el peticionario
nunca tuvo ni ha tenido la posesión sobre el citado inmueble, lo que hacía
improcedente el amparo concedido por la Inspectora de Punta Canoa mediante la
providencia del 30 de junio de 1998. En estas circunstancias, la vía judicial
pertinente no era otra que el proceso civil ordinario, que habría permitido al
interesado reivindicar la propiedad del predio, si fuere del caso, lo cual
elimina una posible violación del debido proceso por parte del Alcalde de
Cartagena, pues éste, al expedir las resoluciones acusadas, dictaminó la
nulidad de lo hasta allí actuado, por falta de jurisdicción de la Corregidora
para dirimir el conflicto.” (Subrayas en el original).
18.
De acuerdo con lo anterior, la principal razón por la cual la Sala consideró
que no había una vía de hecho en la decisión adoptada por la Alcaldía de
Cartagena consistió en que el peticionario, señor Raúl Castilla Castilla, no
probó la posesión sobre el bien “El Guayepo”.  En ese orden de ideas, la regla
de decisión que fundamentó el fallo adoptado en la sentencia T-629 de 1999
prevé que no se configura una vía de hecho y, por tanto, no procede la tutela, contra
la decisión de no amparar la posesión en un proceso policivo
de perturbación de la posesión, a quien no ha demostrado la calidad de
poseedor o tenedor del bien sobre el que alega la perturbación. En efecto, la falta de la calidad de poseedor del señor Castilla
Castilla sobre el inmueble el “Guayepo” tiene una relación inescindible con la
parte resolutiva de la sentencia, en la cual la Sala ordenó dejar en firme las
resoluciones de la Alcaldía de Cartagena que declaraban nulo el proceso y
restituían la posesión a quienes detentaban materialmente el bien.
La sentencia T-091 de 2003[86]
19. En esta sentencia la Corte resolvió la acción de tutela
interpuesta por el señor Alfonso Olier Castilla Castilla contra la Alcaldía de
Cartagena, quien argumentó la violación del debido proceso a raíz de las
actuaciones surtidas por esta última entidad con ocasión del cumplimiento de lo
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-629 de 1999. En esta
oportunidad, quien actúa como demandante reclama tener derechos sobre el predio
“Guayepo” en razón de la transferencia del derecho de posesión efectuada a su
favor por el señor Raúl Castilla Castilla.[87]
20. Los hechos sobre los que versó la controversia resuelta en la
sentencia T-091 de 2003 son los siguientes: (i) el Alcalde encargado de
Cartagena comisionó a la Corregidora de Punta Canoa para que realizara la
diligencia de entrega del predio “Guayepo” a sus poseedores tradicionales, en
cumplimiento de la sentencia T-629 de 1999. (ii) El 19 de noviembre de 1999 se
efectuó la diligencia, pero esta culminó con la entrega del inmueble a un secuestre
que lo tenía por cuenta del señor Raúl Castilla Castilla, toda vez que, en
criterio de la Corregidora de Punta Canoa, era este último quien tenía la calidad
de poseedor tradicional. (iii) Los terceros afectados promovieron un incidente
de desacato contra la Corregidora de Punta Canoa y la Alcaldía de Cartagena, el
cual fue resuelto por el Juzgado 7 Civil Municipal en providencia de 2 de
diciembre de 1999, en el que se ordenó a la Alcaldía de Cartagena dar
cumplimiento estricto a lo ordenado por la Corte Constitucional; (iv) En
ejecución de la orden anterior, el 1 de noviembre de 2000 el Corregidor de
Punta Canoa procedió a hacer entrega del inmueble mencionado, pero la misma fue
atacada por vicios de nulidad por un abogado que actuaba como secuestre en un
proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 6 Civil de Circuito de Cartagena
contra el señor Raúl Castilla. (v) La nulidad interpuesta fue resuelta por Ana
Delma Eljaiek, designada como alcaldesa ad-hoc para asuntos policivos, quien
mediante Resolución 0188 de marzo 16 de 2001, declara la nulidad de la
diligencia de entrega realizada el 1 de noviembre de 2000 por la Corregidora de
Punta Canoa. (vi) Posteriormente, la Alcaldía de Cartagena con nuevo
titular (Carlos Díaz Redondo), por medio de la Resolución 0866 del 21 de
septiembre de 2001 decreta la nulidad de la Resolución 0188 argumentando falta
de competencia de la alcaldesa ad-hoc. Ulteriormente, el 4 de mayo de 2001,
mediante Decreto 296 la Gobernación de Bolívar dispuso que  las funciones
de la alcaldesa ad-hoc quedaban cesantes.
21.
Con esta acción de tutela, el señor Alfonso Olier Castilla pretendía dejar sin
efectos la Resolución 0866 de 2001 y que se mantuviera en firme la diligencia
de entrega efectuada el 19 de diciembre de 1999, argumentando que las
actuaciones posteriores a la misma se efectuaron con vulneración del derecho al
debido proceso. Entre otras razones, el accionante expuso que la diligencia de
entrega efectuada el 1 de noviembre de 2000 se llevó a cabo sin contar con el
expediente; que la Alcaldía de Cartagena era incompetente para anular la
Resolución No. 0188 proferida por la Alcaldesa Ad-Hoc, por cuanto esta sólo
podía ser impugnada ante la jurisdicción administrativa.
El
Juzgado Quinto Civil del Circuito, en sentencia del 12 de diciembre de 2001,
concedió el amparo solicitado, dejando inaplicable la Resolución No. 0866 de
septiembre 21 de 2001,  al considerar que las actuaciones
administrativas  adelantadas por la alcaldesa ad-hoc traducidas en la
Resolución No. 0188, no debieron ser  anuladas por la Alcaldía de
Cartagena, ya que dichos actos  sólo son demandables por la vía de lo
Contencioso Administrativo. Esta decisión fue revocada, en segunda instancia,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión
Civil - Familia, en sentencia del 13 de febrero de 2002,  que denegó el amparo
solicitado argumentando que el señor Alfonso Olier Castilla no ostenta la
calidad de poseedor y, por tanto, carece de legitimación por activa; que el
secuestre que impugnó la diligencia de entrega realizada el 1 de noviembre de
2001 igualmente carecía de legitimación por activa y, finalmente, que la Resolución
No. 0866 de 2001 fue expedida conforme a derecho.
22.
El caso fue seleccionado para revisión y decidido por la Sala Novena de
Revisión en sentencia T-091 de 2003.  La Corte Constitucional confirmó la
decisión de segunda instancia que denegó el amparo solicitado, por considerar
que en la diligencia de entrega efectuada el 1 de noviembre de 2001 se
respetaron los derechos del accionante; asimismo, sostuvo que la Alcaldía de
Cartagena era competente para expedir la Resolución No. 0866 de 2001 y que a
través de la misma se buscaba dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte en la
sentencia T-629 de 1999.
23.
Expuestas las decisiones en donde la Corte se ha referido a la controversia en
torno a los derechos sobre el predio “Guayepo”, que está en el origen de esta
acción de tutela,  la Sala debe definir si existe cosa juzgada
entre dichos fallos y el presente asunto.
Ausencia de cosa juzgada entre las sentencia T-629 de 1999, T-091 de
2003 y el presente asunto.
24. Con fundamento en los precedentes estudiados, la Sala debe
resolver si existe cosa juzgada entre lo resuelto por la Corte en las
sentencias T-629 de 1999, T-091 de 2003 y el presente asunto. Al respecto la
Sala considera, como se demostrará, que no hay cosa juzgada porque, si bien las
tres controversias se remontan a una disputa en torno a los derechos sobre el
predio “Guayepo”, no se verifica: a) plena identidad de partes; b) hechos y c)
pretensiones, entre los dos asuntos.
Identidad
parcial entre las partes.
25. El análisis
de este aspecto requiere considerar si se verifica identidad entre las partes demandantes
y demandadas en ambos juicios de tutela.
26. La Sala considera
que en el presente caso existe identidad jurídica entre las partes demandantes
de las tutelas T-629 de 1999, T-091 de 2003 y el presente caso. El amparo
que culminó con la sentencia T-629 de 1999 fue promovido por Raúl Castilla
Castilla. Por su parte, el demandante en la sentencia T-091 de 2003 fue el señor
Alfonso Olier Castilla Castilla, quien argumentó su legitimación por activa en
virtud de la cesión de derechos posesorios efectuada por el señor Raúl Castilla
Castilla. Entretanto, la Sociedad Legalizar, demandante en la presente acción
de tutela, también hace valer su legitimación por activa en el proceso de
deslinde y amojonamiento, y en esta acción de tutela, por su condición de
poseedor del predio “Guayepo”, en virtud de la compra de derechos efectuada al
señor Raúl Castilla Castilla[88];
calidad que afirma compartir con los demás accionantes en aquel proceso civil,
señores Alfonso Olier Castilla Castilla y Fabio Polanía, quienes concurren a
este juicio de tutela en calidad de terceros con interés legítimo.
En consecuencia,
la Sala concluye que existe identidad entre las partes demandantes, porque
tanto la sociedad que promueve esta tutela, como el señor Alfonso Olier
Castilla, demandante en la sentencia T-091 de 2003, y vinculado a este juicio
de tutela en calidad de tercero con interés legítimo, adquirió sus derechos en
virtud de la cesión efectuada a su favor por el señor Raúl Castilla Castilla.
Lo anterior implica que la sociedad Legalizar, accionante en este juicio de
tutela, pretende hacer valer dentro del mismo el interés que le asiste de
seguir siendo reconocida como parte demandante dentro del proceso civil de
deslinde y amojonamiento sobre el predio “Guayepo”; interés que, a su vez, se
fundamenta en los derechos que reclama tener sobre este bien en virtud de la
transferencia efectuada por el señor Raúl Castilla Castilla. Así, aunque
formalmente se trate de personas distintas, el fundamento que invocan para
reclamar legitimación por activa en los juicios de tutela analizados es el
mismo, a saber, la condición de poseedores de un predio sobre el que reclaman
tener derechos. Lo contrario, esto es, negar que en este caso existe identidad
de partes llevaría a sostener, por ejemplo, que existiendo una decisión
judicial que resolvió un conflicto de linderos entre A y B, este podría ser
planteado de nuevo ante los tribunales cuando la parte A transfiera sus
derechos a C y este último decida demandar argumentando que  no existe cosa
juzgada por cuanto no se verifica identidad de partes.
27. Por el
contrario en los dos procesos de tutela, no existe identidad de partes
demandadas. En la acción de tutela que dio lugar a la sentencia T- 629 de
1999, se demandó a la Alcaldía de Cartagena, por proferir las resoluciones 2844
de 1999 y 0053 de 1999, dentro de un trámite policivo por perturbación de la
posesión promovido por el señor Raúl Castilla Castilla, en las cuales se ordenó,
respectivamente, declarar la nulidad de lo actuado y restituir el inmueble a
quienes lo detentaban materialmente. En la sentencia T-091 de 2003, se demandó
igualmente a la Alcaldía de Cartagena por proferir la Resolución No. 0866 de
2001, por la cual se dejó sin efectos una decisión anterior y se mantuvo en
firme la diligencia de entrega del predio “Guayepo” efectuada el 1 de noviembre
de 2000. En el presente proceso, la acción de tutela se dirige, en cambio, contra
la decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de
Cartagena que declaró desierto el recurso de apelación promovido contra una
providencia dictada dentro de un proceso civil de deslinde y amojonamiento.
28. En
conclusión, respecto de las partes se concluye que existe identidad de demandantes,
pero no identidad jurídica de demandados, de tal suerte que no puede afirmarse
la plena identidad entre las partes que concurren en los tres juicios de
tutela.
No existe identidad de hechos.
29. La Corte
decidió en la sentencia T-629 de 1999, que como el señor Raúl Castilla Castilla,
no tenía la posesión sobre el bien inmueble el “Guayepo”, no constituía una vía
de hecho declarar la nulidad de un proceso policivo que él había iniciado. Por
su parte, en la sentencia T-091 de 2003 este Tribunal consideró que la Alcaldía
de Cartagena no vulneró el derecho al debido proceso del señor Alfonso Olier
Castilla Castilla, al expedir la resolución No. 0866 de 2001, por cuanto era
competente para proferir tal decisión y la misma se orientaba a dar
cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-629 de
1999. Ambas controversias se dirigen contra decisiones adoptadas por la
Alcaldía de Cartagena dentro de un trámite policivo por perturbación de la
posesión.
En contraste, en el
presente caso la acción de tutela se dirige contra una decisión proferida por
la Magistrada Ponente Emma Hernández de la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, en la  cual se declaró desierto el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante dentro de un proceso civil de deslinde
y amojonamiento. En consecuencia, el hecho que da lugar a la presente acción es
el auto que declaró desierto el recurso. Respecto de este hecho la Corte nunca
se ha pronunciado.
No existe identidad
de pretensiones.
30. En el
presente caso no existe identidad de pretensiones, porque esta Corte  no ha
decidido si el auto proferido por la Magistrada Sustanciadora Emma Hernández,
viola el derecho al debido proceso.
En la acción de
tutela que dio lugar a la sentencia T-629 de 1999, el accionante pretendía que
se declarara que había existido una vía de hecho en un proceso policivo de
perturbación de la posesión, que él había iniciado, porque se había anulado la
decisión de primera instancia favorable a sus pretensiones y violado su derecho
de defensa. En el proceso que concluyó con la sentencia T-091 de 2003, el actor
buscaba dejar sin efectos la resolución expedida por la Alcaldía de Cartagena
que dejaba en firme la diligencia de entrega del predio “Guayepo”, efectuada en
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-629
de 1999.
En el presente
caso, el peticionario pretende que el auto que declaró desierto un recurso de
apelación constituye un defecto por violación del precedente, porque se desconoció
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.  Es decir que se trata de
pretensiones diferentes: en los anteriores casos, se pretendía dejar sin
efectos las Resoluciones de la Alcaldía de Cartagena que anularon el amparo
policivo otorgado al demandante y ordenaron la restitución del predio a otras
personas; en el presente juicio, la pretensión del demandante es que sea
admitido a trámite y resuelto de fondo el recurso de apelación contra una
providencia judicial que reconoció la excepción de falta de legitimación por
activa en un juicio civil de deslinde y amojonamiento.
31. En
conclusión, si bien las dos acciones de tutela falladas previamente por la
Corte Constitucional y la que hoy ocupa a esta Sala guardan una estrecha
relación, no es posible afirmar que entre las mismas se presente identidad de
partes, de hechos y de pretensiones. En consecuencia, la Sala concluye que no hay
cosa juzgada constitucional y, por lo tanto, no estudiará si existe temeridad,
porque los elementos analizados en los párrafos precedentes son un requisito
sin el cual no se puede decidir su existencia.[89]
32.
Aunque no exista identidad de partes, de hechos y de pretensiones no quiere
decir que lo decidido por la Corte en las sentencias T-629 de 1999 y T-091 de
2003 carezca de relevancia. Por el contrario, como se señaló con anterioridad,
aunque ambos juicios de tutela no coincidan en aquellos aspectos, sí tienen en
común el originarse en una misma controversia, a saber, la que de tiempo atrás
se plantea en torno a los derechos sobre el predio denominado “Guayepo”. Los
principios de efectividad de las decisiones judiciales, el principio de
supremacía de la Constitución, y la interpretación unificada de la Carta
Política, se tornarían ineficaces si el juez natural de una controversia, no
considera las sentencias de revisión proferidas por la Corte Constitucional.
Requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
33. A partir de
la sentencia C-543 de 1992[90],
la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela contra providencias
judiciales sólo procedía, de manera excepcional, “en aquellos casos en que
se haya incurrido en una vía de hecho”. Tras más de una década de
desarrollo jurisprudencial, la Corte introdujo una importante modificación
conceptual en la sentencia C-590 de 2005[91], al sustituir el concepto
de “vía de hecho” por el de “causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales”, por considerar que este último daba cuenta, en
mejor modo, del amplio espectro de supuestos en los cuales resulta admisible
ejercitar la acción de tutela contra providencias judiciales.
De acuerdo con la
sistematización propuesta en esta decisión, y acogida desde entonces por la
Corte, es preciso distinguir entre los “requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, los cuales determinan
que la providencia pueda ser objeto de control constitucional a través de la
acción de tutela, y otros “requisitos o causales especiales de
procedibilidad”, que constituyen los cauces argumentativos dentro de los
que debe enmarcarse la violación de derechos fundamentales que se atribuye a la
decisión judicial objeto de control.
34. Las causales
generales de procedibilidad que deben concurrir para que una providencia
judicial pueda ser conocida por el juez de tutela son las siguientes: (i) que
la cuestión discutida sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[92];
(v) que el peticionario identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; (vi)
que no se trate de sentencias de tutela.
35. Entretanto,
según lo establecido en la referida sentencia C-590 de 2005, para que pueda
declararse que una providencia judicial incurre en violación de derechos
fundamentales, es preciso que se verifique alguna de las siguientes causales
especiales de procedibilidad: (i) Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iv)  defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado;
(viii) violación directa de la Constitución.
A continuación,
la Sala examinará si en el presente caso se verifican las mencionadas causales
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la decisión judicial
objeto de controversia. Solo en caso de que así ocurra, la Corte tendría
competencia para pronunciarse sobre las causales específicas de procedibilidad
señaladas por la sociedad demandante.
Examen de las causales generales de procedibilidad en el caso
concreto
36. En este acápite
la Sala deberá establecer, si el auto del veinticinco  (25) de noviembre de
2011 proferido por la Magistrada, de la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito de Cartagena Emma Hernández, en el cual se declaró desierto el recurso
interpuesto, por la sociedad accionante, reúne los requisitos generales de
procedencia, previstos en la jurisprudencia de ésta Corte.
37. Este Tribunal
Constitucional ha establecido que la acción de tutela resulta procedente, no
solo contra las sentencias, sino también contra los autos interlocutorios.[93]
En la sentencia T-489 de 2006, la Corte analizó una tutela dirigida, contra un
auto interlocutorio proferido en la segunda instancia de un proceso ejecutivo
que revocaba una decisión de primera instancia, en la que se declaraba la
nulidad  de lo actuado.[94]
Al respecto la Sala advirtió:
“De hecho, como se evidencia en los diferentes
procesos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico Colombiano, existen
autos interlocutorios cuyo contenido y alcance resultan tan importantes y
significativos que dirigen la actuación procesal, pueden señalar el destino
final del proceso o, incluso, impiden su continuación en forma definitiva. En
tal virtud, es posible que con esas decisiones judiciales se afecten derechos
fundamentales de las partes que no pueden ser corregidas con los recursos que
establecen los códigos de procedimiento respectivos y que, al mismo tiempo,
producen efectos definitivos o inmodificables que harían procedente la acción
de tutela”.
Sin embargo, para
que proceda una acción de tutela contra autos interlocutorios también es
preciso verificar el cumplimiento de las causales generales de procedibilidad a
las que antes se hizo alusión. Para ello se referirá, en primer lugar, a los
argumentos expuestos por los intervinientes para sostener que esta acción de
tutela resulta improcedente.
38. En el
presente caso, algunos de los terceros con interés legítimo han manifestado que
esta acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez. Para sustentar
este punto de vista, argumentan que el acto procesal que en realidad
controvierte la sociedad accionante no es el auto que declaró desierto el
recurso de apelación, sino “la integración del litisconsorcio necesario y el
traslado de la demanda al señor Daniel Alfonso Martínez”, lo cual ocurrió
mediante providencia del 18 de abril de 2006. Señalan que este fue el acto que
permitió que el señor Martínez, presentara la excepción previa acogida por el
Juzgado. Argumentan que lo que se pretende con la acción de tutela es dejar sin
efectos la vinculación del señor Martínez como litisconsorte dentro del juicio
civil de deslinde y amojonamiento.
A diferencia de
lo que plantean los terceros, la Sala encuentra que la acción de tutela sometida
a su consideración no se dirige contra la providencia proferida por la
Magistrada de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, Emma
Hernández, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra el
auto que declaró probada la excepción previa de falta de legitimación por
activa. En este juicio de tutela no se controvierte la decisión, adoptada el 18
de abril de 2006 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, que
ordenó la integración del litisconsorcio necesario en el proceso de deslinde y
amojonamiento y dio traslado de la demanda al señor Daniel Alfonso Martínez.
La Sala debe
entonces decidir si en el presente asunto se cumplió con el requisito de
inmediatez, teniendo en cuenta que la decisión de la Magistrada Ponente fue
proferida el veinticinco (25) de noviembre de 2011 y la sociedad accionante
presentó la acción de tutela el veinticinco (25) de mayo de 2012. Es decir que
transcurrieron seis meses entre la fecha en que se expidió la providencia
controvertida y la presentación de la acción de tutela.
En casos
similares al presente, la Corte ha sostenido que el lapso de seis meses
constituye un plazo razonable para dar por satisfecho el requisito de la
inmediatez. Así, en la sentencia T-310 de 2009,[95] la Sala
Tercera revisó una acción de tutela  interpuesta por el BBVA contra una
decisión de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior, el veintiséis (26) de febrero de 2007 en un proceso ejecutivo
hipotecario. La decisión impugnada revocó un fallo de primera instancia, en el
que se había decidido el avaluó y remate de los bienes hipotecados, así como la
liquidación de los créditos. El Banco alegaba que en la sentencia de segunda
instancia se violó su derecho al debido proceso, porque se habían valorado
erróneamente las pruebas, y se habían desconocido las reglas sustantivas sobre
endoso de los títulos valores. Al valorar si se había cumplido con el requisito
de inmediatez, la Corte estableció que “entre la fecha en que se adoptó la
sentencia de segunda instancia en el proceso ejecutivo hipotecario y el momento
en que se interpuso la acción de tutela, existe un lapso cercano a los seis
meses”.  Y consideró dicho plazo razonable atendiendo a las circunstancias
del caso.
Al igual que en
el presente caso en la citada sentencia se discutía el derecho al debido
proceso de una persona jurídica en el curso de un proceso civil, y la decisión
podía afectar derechos de terceros, porque los derechos de los deudores de los
créditos hipotecarios se afectarían por la decisión que tomara la Sala. En
consecuencia, en aplicación del precedente citado, la Sala considera que el
plazo de seis (6) meses transcurrido entre la fecha del auto de la Magistrada
Ponente y la interposición de la tutela cumple con el requisito de la
inmediatez.
39. Por el
contrario, la Sala encuentra que en esta oportunidad el accionante no satisfizo
el requisito de subsidiariedad, lo que torna improcedente el amparo solicitado,
según se explica a continuación.
La sociedad Legalizar no agotó todos los mecanismos de defensa
judicial, por cuanto omitió interponer el recurso de súplica contra la
providencia impugnada.
40. En la sentencia C-590 de 2005[96] se estableció
como uno de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales el agotamiento de todos los medios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. En ese orden de ideas, la Corte
sostuvo que el carácter subsidiario de la acción de tutela implica “que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.”
(Subrayas en el texto original).
Tal exigencia se orienta a salvaguardar (i) el carácter subsidiario
de la acción de tutela; (ii) su procedencia excepcional contra providencias
judiciales, así como (iii)  las competencias del juez natural para dirimir los
asuntos sobre los cuales está llamado a decidir y para adoptar los correctivos
orientados a asegurar la efectividad del debido proceso, cuando las partes o
intervinientes en el proceso reclamen su vulneración.  En este orden de ideas,
el juez constitucional sólo adquiere competencia para pronunciarse sobre tales
reclamos cuando no hayan sido adoptados los remedios por parte del juez natural
o en aquellas situaciones en las que sea imprescindible su intervención a fin
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, en
particular cuando está en juego el amparo de sujetos de especial protección constitucional.
41. De acuerdo con lo anterior, la Sala debe resolver sí en el
presente caso los peticionarios agotaron los medios de defensa que tenían a su disposición
para impugnar el auto del veinticinco (25) de noviembre de 2011, en el que la
Magistrada Emma Hernández, decidió declarar desierto el recurso de apelación
contra la providencia que declaró la excepción previa de falta de legitimación
por activa. Al respecto, la Corte advierte que la sociedad accionante tenía a
su disposición el recurso ordinario de súplica, previsto en el artículo 363 del
Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
El recurso de súplica procede contra los autos que por
su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el
curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de
un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del
recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos
extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y
por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación.
Al respecto la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la procedencia del
recurso de súplica está condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos: “i) que la providencia objeto de la impugnación haya sido
adoptada por el magistrado sustanciador; ii) que, atendiendo su naturaleza, sea
de aquellas recurribles en apelación; y, iii) También, procede dicho recurso
frente a decisiones concernientes con la admisión de la apelación o la casación”.[97]
En el asunto que es objeto de análisis, se verificaban los requisitos
que  abrían el camino al recurso de súplica para impugnar la providencia
controvertida en este juicio de amparo. En primer lugar, el auto fue proferido en
segunda instancia por la Magistrada sustanciadora, Emma Hernández,
de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, dentro de
trámite de la apelación de un auto. En segundo lugar, se trata de un auto que
sería apelable, porque con él se puso fin al proceso civil de deslinde y
amojonamiento. De conformidad  con el art. 351 numeral 6 del Código de
Procedimiento Civil es apelable el auto “que por cualquier
causa le ponga fin al proceso”. Tal fue el efecto de la
decisión objeto de controversia, por cuanto al declarar desierto el recurso de
apelación, dejó en firme el auto dictado en primera instancia por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cartagena, en el que se declaró probada la
excepción previa de falta de legitimación por activa, con la cual se puso fin
al proceso de deslinde y amojonamiento.
42. En anteriores oportunidades este Tribunal ha examinado el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en casos
en los que la providencia controvertida era susceptible del recurso de súplica.
42.1. En la
sentencia T-1169 de 2001[98]
la Sala Quinta de Revisión estimó improcedente la acción de tutela interpuesta
contra la providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó las
pretensiones formuladas por el actor dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la decisión de la Empresa de Energía de
Bogotá de desvincularlo del cargo que ocupaba en dicha entidad.  La Corte
sostuvo que el actor no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en tanto
omitió el agotamiento del recurso de súplica, razón por la cual no era
procedente entrar en el análisis de fondo de la acción de amparo.
42.2. En la sentencia T-981 de 2004[99]
la Sala Quinta de Revisión declaró improcedente la tutela formulada por la
Empresa de Licores de Cundinamarca contra un fallo de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que negó las pretensiones planteadas por el actor dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra los
actos administrativos que le imponían la obligación de pagar el impuesto de
industria y comercio.  Tras concluir que la decisión controvertida era
susceptible del recurso de súplica, la Corte reafirmó el carácter subsidiario
de la acción de tutela en los siguientes términos: “si la parte afectada no ejerce las acciones o los
recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los
derechos amenazados o vulnerados, el mecanismo de amparo no tiene la
virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte en un recurso
adicional o supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicción. Así
las cosas, en la medida en que existan otros medios de defensa judicial para
proveer la protección solicitada, éstos prevalecerán sobre el mecanismo
residual y subsidiario de amparo constitucional”.
42.3. En la sentencia T-222 de 2006[100]
la Sala Novena de Revisión declaró improcedente la tutela presentada contra una
decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió de manera
desfavorable al accionante las pretensiones expuestas en una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que lo declaró
insubsistente. La Corte concluyó que, además de no verificarse el presupuesto
de la inmediatez, el demandante no había agotado todos los mecanismos de defensa
judicial, por cuanto omitió interponer el recurso de súplica contra la
providencia del Consejo de Estado que pretendía controvertir a través de la
acción de tutela.
42.4. En la sentencia T-1018 de 2007[101]
la Sala Octava de Revisión declaró improcedente la tutela interpuesta contra
las decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declararon
probada la excepción de inepta demanda en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Contra esta decisión, el afectado interpuso
recurso de súplica, pero durante el curso de la acción de tutela desistió del
mismo, para que su pretensión fuera resuelta por vía de amparo. En aquella oportunidad,
la Corte sostuvo que: (i) el recurso de súplica constituía un mecanismo eficaz
de los derechos invocados por el actor; (ii) el actor omitió el agotamiento de
los medios de defensa judicial, debido a que voluntariamente renunció al
espacio del que disponía para revisar de fondo lo decidido por la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Concluyó que “(f)rente
a esta circunstancia, y ante la ausencia de perjuicio irremediable, debe
insistirse en que no es dado partir de que el ejercicio de la acción de tutela
es alternativo y no subsidiario frente al agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios y que, en esa medida, se halla validada la opción
de desistimiento de la súplica para acudir directamente al mecanismo
constitucional de amparo”.
42.5. En la sentencia T-156 de 2009[102]
la Sala Tercera de Revisión concedió el amparo solicitado por una madre, en
representación de su hijo menor de edad, afectado desde su nacimiento por una
incapacidad motora de origen cerebral, como consecuencia de la deficiente
atención médica que le fue brindada durante el proceso de parto. A raíz de
ello, la madre interpuso una acción de reparación directa contra el Instituto
de Seguros Sociales la cual, después de un accidentado trámite en el que fue
remitida en varias ocasiones de la justicia administrativa a la ordinaria, fue
fallada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en modo adverso a la
demandante, por considerar que había operado la caducidad de la acción. Al
conocer de la impugnación, la Sección Tercera del Consejo de Estado inadmitió
el recurso de apelación, por estimar que, en razón de la cuantía, el proceso
era de única instancia.
La madre acudió a la acción de tutela para controvertir las
decisiones de la justicia administrativa que negaron sus pretensiones e
inadmitieron el recurso de apelación. Los jueces de instancia declararon
improcedente el amparo porque no se interpuso el recurso de súplica
contra el auto del Consejo de Estado que inadmitió el de apelación. Al examinar el requisito de subsidiariedad, la Corte determinó la
procedencia excepcional del amparo, pese a no haber sido agotado el recurso de
súplica, por cuanto estaba en juego el derecho de acceso a la administración de
justicia de un menor de edad en situación de discapacidad, a quien le asistía
el derecho a un pronunciamiento judicial definitivo sobre la eventual responsabilidad
médica alegada en el proceso de reparación directa.[103]
42.6. De lo anterior se sigue que esta Corporación ha reiterado la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales respecto de
las cuales no se agotó el recurso de súplica.[104]
Tan sólo ha exceptuado esta regla de decisión para hacer valer la prevalencia
del derecho de acceso a la administración de justicia de un menor de edad en
situación de discapacidad física y mental.[105]
43. Cabe precisar que los precedentes examinados versan sobre
providencias proferidas por el Consejo de Estado, contra las cuales no se
interpuso el recurso ordinario[106]
o  el extraordinario de súplica, contemplados en la legislación procesal
administrativa.[107]
Entretanto, el presente asunto se refiere a si procede la acción de tutela
contra un auto proferido en segunda instancia, por la Magistrada de un Tribunal
de la jurisdicción civil, pese a que el demandante no agotó el recurso
ordinario de súplica previsto en la legislación procesal civil.
La Sala estima que tal circunstancia no impide que la regla de
decisión contenida en los precedentes analizados resulte aplicable al presente
caso, por cuanto existe una semejanza estructural entre el recurso ordinario de
súplica entonces regulado en el artículo 183 del Código Contencioso
Administrativo y el contemplado en el artículo 363 del Código de Procedimiento
Civil. De otro lado, no obstante las diferencias entre  este último y el
recurso extraordinario de súplica otrora existente en la jurisdicción
administrativa, ambos comparten una característica relevante a efectos del
presente examen, por cuanto se trata de recursos que han de ser resueltos en el
mismo nivel de jurisdicción.
En ese orden de ideas, los precedentes examinados confirman que el
carácter subsidiario de la acción de tutela no se predica tan sólo de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial a través de los cuales se abre la
competencia del superior funcional del órgano que profirió la providencia
impugnada, sino que también opera respecto de recursos que, como los de
reposición o súplica, son decididos en el mismo nivel de jurisdicción.[108]
44. En esta ocasión, la sociedad demandante omitió interponer el
recurso de súplica contra el auto del veinticinco (25) de noviembre de 2011, en
el que la Magistrada Ponente de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior
de Cartagena, decidió declarar desierto el recurso de apelación contra la providencia
que declaró la excepción previa de falta de legitimación por activa, pese a
que, como quedó expuesto en el considerando 41 de esta sentencia, tal
providencia era susceptible de impugnación a través de este medio.
En lugar de ello, el apoderado de los demandantes en el proceso de
deslinde y amojonamiento acudió a otros mecanismos para controvertir aquella
decisión, como fueron las solicitudes de adición y de nulidad presentadas el cinco
(5) y el diecinueve (19) de diciembre de 2011, respectivamente, las cuales, a
su vez, fueron desestimadas mediante providencias del veinticuatro (24) de mayo
de 2012, suscritas por la Magistrada Ponente de la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Cartagena.[109]
El recurso a estos mecanismos para controvertir la decisión que puso fin al
proceso no suple, para efectos del examen de subsidiariedad, la omisión del
apoderado de la sociedad demandante de interponer el recurso previsto en la
legislación para impugnar la decisión que ahora pretende dejar sin efectos a
través de esta acción de tutela.  En este orden de ideas, procede reiterar lo
dicho por la Corte en la sentencia T-1169 de 2001[110], donde quedó
establecido que “la acción de amparo no constituye un mecanismo de
defensa judicial alternativo, adicional, supletorio o complementario de
aquellos establecidos especialmente por la ley para revisar las decisiones
judiciales, ni su objetivo se centra en revivir los términos judiciales y
cohonestar con la desidia, negligencia, descuido o impericia de los sujetos
procesales y, particularmente, de sus apoderados al momento de hacer uso
oportuno de los medios de impugnación o de actuar en defensa de los intereses
de sus poderdantes”.
Por último,
tampoco en el presente caso se verifican las circunstancias excepcionales que
permiten a la Corte conocer de una acción de tutela, aun cuando el peticionario
no haya agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial.  A diferencia
del supuesto decidido en la sentencia T-156 de 2009,[111] no están
en juego los derechos de menores de edad, personas en situación de discapacidad
u otros sujetos de especial protección constitucional. Tampoco se advierte la
existencia de un perjuicio iusfundamental irremediable que habilite a
esta Corporación para conocer del amparo solicitado, por cuanto la sociedad
accionante cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria para
hacer valer los derechos que alega tener sobre el predio “Guayepo” a
través de las acciones judiciales pertinentes para el efecto.
45. Por lo anterior, la Sala revocará las decisiones de instancia proferidas
por la Sala de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
respectivamente, que en primera y segunda instancia otorgaron el amparo
solicitado por la sociedad Legalizar Ltda. En su lugar, declarará improcedente
esta acción de tutela, por no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad,
debido al no agotamiento del recurso de súplica.  En consecuencia, ordenará
dejar en firme la providencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de
2011 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena,[112]
por la cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandada en contra del auto del tres (3) de marzo de
2011, por el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena declaró
probada la excepción de falta de legitimación para actuar dentro del proceso de
deslinde y amojonamiento que se surtía ante este despacho bajo el radicado
31031.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos que fuera ordenada en este proceso en el
resolutivo quinto del auto del diecisiete (17) de octubre de dos mil trece
(2013).
Segundo.- REVOCAR
las sentencias proferidas el veinte (20) de febrero de 2013 por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se concedió a la
Sociedad Legalizar Limitada el amparo del derecho fundamental al debido
proceso, y el veinticuatro (24) de abril de 2013 por la Sala de Casación
Laboral de la misma corporación, que confirmó el amparo otorgado en primera
instancia. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE esta acción de tutela, por no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad, debido al
no agotamiento del recurso de súplica.  En consecuencia, se deja en firme la
providencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de 2011 por la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por
la cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandada en contra del auto del tres (3) de marzo de
2011, por el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena declaró
probada la excepción de falta de legitimación para actuar dentro del proceso de
deslinde y amojonamiento que se surtía ante este despacho bajo el radicado 31031.
Tercero.- COMUNÍQUESE esta decisión al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena,
autoridad que en la actualidad conoce del proceso de deslinde y amojonamiento
promovido por la Sociedad Legalizar y otros contra Inversiones Gerdts Porto y
otros, antes tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena
bajo el radicado 31031.
Cuarto.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El expediente de la referencia fue escogido para
revisión por medio del Auto del veintiocho (28) de julio de dos mil trece
(2013), proferido por la Sala de Selección Número Seis.
[2] Andrés Salcedo Salazar, cuyo poder se encuentra a
folios 1 a 4, cuaderno 1.
[3] La fecha de presentación de la demanda es mencionada
en el auto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, proferido el
dieciocho (18) de abril de 2006, por el cual se niega una nulidad y se integra
un litisconsorcio. (Cuaderno 1, folio 33).
[4] Esta información se encuentra en el auto antes citado
(Cuaderno 1, folio 34).
[5] (Cuaderno 1, folios 30 a 39).
[6] Juzgado Tercero Civil del Circuito, auto del tres (3)
de marzo de 2011 (cuaderno 1, folios 21 a 28). El art. 97 numeral seis del
Código de Procedimiento Civil establece: “El demandado, en el proceso ordinario
y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado
de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas: (…) 6. No
haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de
bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que
actúe el demandante o se cite al demandado”.
[7] El
artículo 461 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la demanda de
deslinde y amojonamiento debe acompañarse de: “1. El título del derecho invocado y sendos
certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica
de todos los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se
extenderá a un período de veinte años si fuere posible.// 2. Cuando fuere el
caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el
demandante y certificación del registrador de que su derecho no se
encuentra inscrito. En esta situación, podrá solicitar que el deslinde se
practique con base en los títulos del colindante”.
[8] Cuaderno 1, folio 28.
[9] Radicado 2011-153-46 de la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Cartagena.
[10] Escrito de apelación presentado por el apoderado de
los demandantes en el proceso de deslinde y amojonamiento. (Cuaderno 1, folios
17 a 20).
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] (Cuaderno 1, folios 13 a 16).
[15] El artículo 350 del Código de Procedimiento Civil
establece:
“El
recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión
decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme.
Podrá
interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 52”.
La nota
al pie no es del original.
[16] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Sala Civil Familia, auto del veinticinco (25) de noviembre de 2011. (Cuaderno
1, folio 15.)
[17] Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil – Familia,
Auto del 24 de mayo de 2012, que rechaza de plano la solicitud de nulidad
(Cuaderno 1, folios 93 a 94, 107 a 108).
[18] Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil
– Familia, Auto del 24 de mayo de 2012, que rechaza de plano la solicitud de
nulidad (Cuaderno 1, folios 91 a 92, 109 a 110).
[19] MP. Ruth Marina Díaz Rueda.
[20] Respuesta a  la acción de tutela interpuesta  por la
Magistrada Emma Hernández Bonfante de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, 31 de mayo de 20012. Cuaderno 1 folio 96.
[21] Decretos 1400  y 2019 de 1970 “Por los cuales se
expide el Código de Procedimiento Civil”.  El artículo 350 del Código de
Procedimiento Civil establece:
“El
recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión
decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme.
Podrá
interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 52”.
[22] Decretos 1400  y 2019 de 1970 “Por los
cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” Esta disposición
establece: La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante,
y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no
fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable
hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior
observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad
que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el
artículo 145. Para estos fines el superior podrá
solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime
conveniente.
Cuando se
hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste
deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
[23] MP. Ruth Marina Díaz Rueda. (Cuaderno 1, folios 119 a
130).
[24] MP. Emma G. Hernández Bonfante (Cuaderno 1, folios
162 a 173).
[25] La tutela fue seleccionada por la Sala de Selección
número 8, en providencia de nueve (9) de agosto de 2012.
[26] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Corte Suprema de Justicia, auto del 11 de febrero de
2013, suscrito por la Magistrada Ruth Marina Díaz Rueda (Cuaderno 1, folios 176 a 177).
[28] Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena,
Certificación de la identidad de las partes en el proceso de deslinde y
amojonamiento adelantado por Fabio Polanía y la Sociedad Legalizar y otros
contra Inversiones Gerdts y otros, once (11) de febrero de 2013 (Cuaderno 1,
folios 178 a 179).
[29] Órdenes de notificación suscritas por la Secretaria
de la Sala Civil (Cuaderno 1, folios 185 a 229).
[30] MP. Ruth Marina Díaz (Cuaderno 1, folios 236 a 249).
[31] El escrito de impugnación, firmado por los apoderados
especiales de la sociedad Inversiones GBS Ltda., Manuel José Cepeda Espinosa y
Jaime Córdoba Triviño, se encuentra a folios 302 a 338, cuaderno 1.
[32] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[33] MP. Álvaro Tafur Galvis.
[34] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[35] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[36] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] Esta disposición establece: “Partes. Pueden demandar el deslinde y
amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el
comunero del bien que se pretenda deslindar, y el poseedor material con más de
un año de posesión.
Si el dominio del predio contiguo está limitado o se
halla en estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra los titulares de
los correspondientes derechos reales principales”.
[38] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral.
Sentencia de Tutela No. 42495 del 24 de abril de 2013, MP. Jorge Mauricio
Burgos Ruiz (Cuaderno 2, folios 20 a 32).
[39] Folio 20.
[40] El escrito, presentado por los abogados Manuel José
Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño en calidad de apoderados especiales de
la sociedad Inversiones GBS Ltda., Inversiones Gerdts Porto y Cía., María del
Pilar Gaviria Botero, Guillermo Calvo Silva y Catalina Cantillo de González,
obra a folios 12 a 51 del cuaderno de revisión radicado No. T-3950087.
[41]Declaración jurada del señor Antonio Henao Arango
rendida ante la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena. y escrituras públicas, mediante las cuales
los accionantes habrían comprado a Raúl Castilla Castilla unos supuestos
derechos de posesión de los bienes que se
pretenden deslindar, y/o amojonar.
[42] La Resolución N° 2844 de 1998, del dos (2) de octubre
y la Resolución N° 0053 de
1999, del quince (15) de enero, en la que dicha alcaldía en la que se aclara el
numeral 4 de la Resolución 2844 de 1998.
[43] Folios 183 a 185, cuaderno de revisión radicado No.
T-3950087.
[44] El escrito presentado por el abogado Andrés Salcedo
Salazar, apoderado de la sociedad Legalizar Ltda., obra a folios 190 a 195 del
cuaderno de revisión radicado No. T-3950087.
[45] El oficio, junto a la copia de la demanda de deslinde
y amojonamiento, obra en cuaderno anexo al expediente. (161 folios).
[46] El oficio remitido por la Alcaldía de Cartagena y la
copia de las Resoluciones No. 2844 de 1998 y No. 0053 de 1999, obran a folios
220 a 233, cuaderno de revisión radicado No. T-3950087.
[47] El
oficio señala lo siguiente: “En esta
secretaría fue radicado proceso ejecutivo singular promovido por SHIRLEY DEL
SOCORRO DOMINGUEZ CARRIAZO CONTRA RAÚL CASTILLA CASTILLA, el cual fue recibido
en apelación procedente del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena,
radicado bajo el No. 13001-22-13-002-2001-084-06, consignado en el libro de
grupo de apelaciones de autos, folio No. 97.// Al revisar el folder del archivo
de copias de auto y de nulidades del año 2001, del despacho del Magistrado
ponente, Doctor JORGE TIRADO HERNÁNDEZ, se pudo constatar que no se encontró copia
del archivo del auto solicitado. De igual manera le comunico que el proceso le
fue devuelto al juzgado de origen. Por tanto, se estamos (sic) dando transado
(sic) de dicho oficio al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta localidad”.
(Cuaderno de revisión radicado No. T-3950087, folio 237).
[48] El escrito, firmado por los abogados Manuel José
Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, consta a folios 242, cuaderno de
revisión radicado No. T-3950087.
[49] Folios 246 a 249, cuaderno de revisión radicado No.
T-3950087.
[50] El escrito, firmado por el abogado Jesús Andrés
Salcedo Salazar, obra a folios 2 y 3 del Anexo 1 al cuaderno de revisión
radicado No. T-3950087.
[51] Los dos memoriales, suscritos por el abogado Gustavo
Jorge Molina Vizcaíno y en los cuales se plantean similares argumentos, obran a
folios 5 a 9 y 219 a 223, respectivamente, del anexo No. 1 al expediente de
revisión radicado No. T-3950087.
[52] Los memoriales, suscritos por el abogado Jairo
Morales Navarro, obra a folios 2 a 6 del anexo No. 2 y folios 6 a 12 del anexo
No. 3 al expediente de revisión radicado No. T-3950087.
[53] El memorial, suscrito por el abogado Gustavo Jorge
Molina Vizcaíno, obra a folios 2 a 3 del Anexo No. 3 al cuaderno de revisión
radicado No. T-3950087.
[54] El escrito, firmado por el abogado Jairo Morales
Navarro, obra a folios … del Anexo 3 al cuaderno de revisión radicado No.
T-3950087.
[55] Folios 320 a 322, cuaderno de revisión radicado No.
T-3950087.
[56] María E. Anaya Cabrales. El escrito obra a folios 326
y 327, ibíd.
[57] En el folio 187 del cuaderno 1 del expediente de
tutela, obra comunicación enviada al doctor Reginaldo del Campo, curador ad
litem, domiciliado en la Calle de San Agustín No. 6-31, apto 204, Cartagena
(Bolívar).
[58] Folios 337 a 339, ibíd.
[59] Yira Milena Pascuales Vega. Folios 333 a 336, ibíd.
[60] Folio 341, ibíd.
[61] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[62] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[63] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[64] MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés
Vargas Hernández.
[65] Ibídem.
[66] En su artículo 4 la Constitución Política
establece: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales.”
[67] Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo
están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.”
[68] Artículo 241. A la Corte Constitucional se
le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones:(...) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales.
[69] MP.: Rodrigo Escobar.
[70] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[71] MP. María Victoria Calle Correa.
[72] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[73] De manera similar en la sentencia T-1034 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño), analizó si existía temeridad en un nuevo proceso de
tutela, que había sido decidido previamente por el juez constitucional en el
que se habían diferentes reliquidaciones de un crédito hipotecario de vivienda.
La Sala estableció que no existía temeridad porque en el primer proceso los
jueces constitucionales no resolvieron de fondo, el problema jurídico
planteado. Y en segundo lugar, porque con posterioridad al primer proceso de tutela,
la Corte reconoció la violación de derechos fundamentales en casos similares.
Este criterio ha sido reiterado en las sentencias: T-053 de 2012  (MP. Luis
Ernesto Vargas Silva) y T-185 de 2013 ((MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[74] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[75]De acuerdo con ésta decisión existe cosa juzgada
cuando se presenta la concurrencia de tres elementos: identidad de objeto, de causa
petendi y de partes. En contraste señaló que la temeridad “se
configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones”; y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada
a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”.
[76] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[77] MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[78] Acerca
de las partes la Sala señaló: “la tutela
bajo estudio involucra a una autoridad distinta al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, cual es la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del  Consejo de Estado. Esto es así precisamente porque los
hechos sobre los que versan las acciones son distintos, ya que la tutela objeto
de examen en esta oportunidad se centra en una decisión que el Consejo de
Estado adoptó en segunda instancia, al tiempo que la acción de tutela que
revisó la Corte previamente fue instaurada contra la decisión de primera
instancia proferida por el Tribunal”.
[79] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[80] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[81] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[82] Sentencia T-362 de 2007, (M.P. Jaime Araujo
Rentería). “En efecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque
dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de partes, identidad de
hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la
improcedencia de la acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las
circunstancias particulares del caso y las condiciones especiales del actor.
Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de
los fundamentos fácticos del caso, así como de la situación particular del
accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales”.
[83] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[84] El texto de la resolución establece  “ARTICULO PRIMERO.
Declarar NULA, desde su inicio la acción pretendida por Raúl Castilla Castilla
de restablecimiento del derecho de posesión y tramitada como amparo a la
posesión, en razón a que la autoridad de policía carece de jurisdicción para
dirimir este pedido”.
[85] Ibídem.
[86] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[87] En
el relato de hechos de la sentencia se afirma que dicha transferencia tuvo
lugar “por medio de la escritura pública
número 0119 del 21 de enero de 2000, otorgada ante el Notario 5 de Cartagena”.
[88] Así lo afirma el apoderado de la parte demandante en
el proceso civil de deslinde y amojonamiento, en el escrito de apelación contra
el auto del Juzgado Tercero Civil del Circuito del tres (3) de marzo de 2011.
(Cuaderno 1, folio 19). De igual manera, en el Auto del 25 de junio de 2012,
proferido por la Magistrada Emma Hernández de la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Cartagena, se afirma que dentro del expediente del proceso
de deslinde obra copia de la escritura pública No. 0105 de 21 de enero de 2000,
suscrita ante la Notaría Quinta de Cartagena, mediante la cual el señor Raúl
Castilla Castilla vende a la sociedad Legalizar Ltda., la posesión de un lote
de extensión aproximada de 50 Has. (Cuaderno 1, folio 171).
[89] Como se señaló con anterioridad para que se presente
la temeridad es necesario que se presenten los siguientes elementos:
“[i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
libelista”. Sentencia T-185 de 2013 MP. Luis Ernesto Vargas.  Debido a que la
actuación temeraria implica la mala fe, esta puede ser declarada cuando el juez
encuentre que la actuación  “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor
se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones (sentencia T-149 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); (ii) denote
el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda
costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiera resultar favorable” (sentencia T-308 de 1995 MP. José Gregorio
Hernández Galindo); (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción” (sentencia
T-443 de 1995, MP. Alejandro Martínez Caballero); o finalmente (iv) se pretenda
a través de personas inescrupulosas asaltar la ‘buena fe de los administradores
de justicia (T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo)’”. Estas
hipótesis de mala fe fueron recogidas en la sentencia T-502 de 2008 (MP:
Rodrigo Escobar Gil).
[90] MP. José
Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero. En esta sentencia se declaró la exequibilidad del artículo 25 y
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Las
normas declaradas inexequibles regulaban diversos aspectos relacionados con la
acción de tutela contra providencias judiciales.
[91] MP. Jaime
Córdoba Triviño. En esta
sentencia se declara inexequible la
expresión “acción” contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto
excluía toda posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[92] No obstante, la
Corte ha señalado que, de acuerdo con la doctrina fijada en la sentencia C-591
de 2005 (MP. Clara Inés Vargas. SPV. Alfredo Beltrán), “si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio”.
[93] Al respecto se pueden ver las sentencias  T-025/97
(MP. Jorge Arango Mejía) en la cual analizó si un auto proferido por el Consejo
de Estado en el que se negaba una nulidad constituía una vía de hecho; T-1047
de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que se analizó una tutela
contra un auto en el que se niega la libertad provisional en un proceso penal.
[94] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[95] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[96] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[97] Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
auto del dieciocho (18) de abril de abril de 2013 Ref.: Exp. No.
63001 31 10 004 2010 00243 01.
[98] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[99] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[100] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[101] MP. Mauricio González Cuervo.
[102] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] Sobre
este punto, en  la sentencia se afirma que: “(P)ara la corte en atención a la valoración que merecen los derechos
del menor Roberto Luis Castro Contreras, quien se encuentra representado por su
mamá, no es admisible constitucionalmente negarle el acceso a la administración
de justicia con base en la falta de agotamiento de su recurso. En efecto, en
este caso resultan aplicables los precedentes jurisprudenciales mencionados en
los que la corte ha avalado la procedencia de la acción de tutela pese a la no
interposición de un recurso con base en la trascendencia de los derechos del
menor”. Sentencia T-156 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[104] Así lo ha decidido en las sentencias T-1169 de 2001
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-981 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-222 de
2006 (MP. Clara Inés Hernández), T-1018 de 2007 (MP. Mauricio González Cuervo).
[105] Sentencia T-156 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[106] Tal fue el caso de la sentencia T-156 de 2009 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva), en la cual una de las providencias controvertidas
era el Auto del Consejo de Estado que inadmitió el recurso de apelación, y
frente al cual procedía el recurso ordinario de súplica entonces previsto en el
artículo 183 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo
57 de la Ley 446 de 1998 y en la actualidad derogado por la Ley 1437 de 2011).
La regulación entonces vigente establecía:
“Artículo
183. Súplica. El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias
contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente.// Este recurso
deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión
de las razones en que se funda. // El escrito se agregará al expediente y se
mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte
contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al despacho
del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el
ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno”.
[107] Este era el asunto debatido en las sentencias
T-1169 de 2001 (MP. Rodrigo
Escobar Gil), T-981 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-222 de 2006 (MP. Clara
Inés Hernández), T-1018 de 2007 (MP. Mauricio González Cuervo), en todas las
cuales se intentó la tutela contra sentencias proferidas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado, contra las cuales procedía el recurso
extraordinario de súplica regulado en el artículo  194 del Código Contencioso
Administrativo (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, y derogado
por la Ley 954 de 2005). Tal recurso procedía “contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por
cualquiera de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”, por “la violación directa de normas sustanciales,
ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de
las mismas”. De tal recurso conocía la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, a excepción de los miembros de la Sección
o Subsección falladora.
[108] En las sentencias T-319 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-032
de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-564 de 2011 (MP. María Victoria Calle Correa), la Corte ha
declarado improcedentes acciones de tutela interpuestas contra providencias
dictadas en el curso de procesos civiles, cuando no se ha interpuesto el recurso de reposición.
[109] Doctora
Emma Hernández.
[110] MP. Rodrigo Escobar Gil. Analizada en el considerando
42.1 de esta sentencia.
[111] MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Analizada en el
considerando 42.5 de esta sentencia.
[112] MP.
Emma G. Hernández Bonfante.