T-342-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-342/03
DERECHOS DEL NIÑO-Protección y cuidado de la madre
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por falta de pruebas del
actor y medios de convicción en su contra
Referencia: expediente T-683416
Acción de tutela instaurada por Alberto
León Pico en nombre y representación de sus hijos Zoila Rosa y Marisol León
Gélvez, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos
mil tres (2003).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la sentencia
proferida el 8 de octubre de 2002 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga - Santander -, dentro de la acción de tutela instaurada  por el
señor ALBERTO LEON PICO en representación de sus hijas ZOILA ROSA Y MARISOL
LEON GELVEZ, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
I.  ANTECEDENTES.
ALBERTO LEON PICO, interpuso acción de
tutela en nombre de sus hijas ZOILA ROSA Y MARISOL LEON GELVEZ, menores de
edad, contra el ICBF, por considerar que éste violó los derechos fundamentales
a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, la educación y la
dignidad humana, dado que ante la situación que viven sus menores hijas, dicha
entidad no prestó ninguna protección a éstas.
Para fundamentar la solicitud de amparo, el
actor pone de presente los siguientes hechos:
De su unión extramatrimonial con la señora
NELLY GELVEZ JAIMES nacieron las niñas ZOILA ROSA Y MARISOL LEON GELVEZ,
quienes hoy cuentan con catorce (14) y doce (12) años de edad respectivamente.
La custodia y guarda de las menores estuvo a cargo de la madre hasta noviembre
de 2001.
Afirma el actor, que en el mes de noviembre
de 2001 se trajo a sus hijas de San Alberto - Cesar - para Bucaramanga -
Santander - “por cuanto la menor  hija, Marisol, se veía gravemente enferma,
la remití al medico, de ahí la enviaron a medicina legal en donde se me informó
que la niña fue violada por cuanto presentaba una enfermedad venérea con un año
de evolución”.
Alega el demandante que, dado que las
menores presentaron signos de haber adquirido una enfermedad de transmisión
sexual[1],
su custodia quedó a cargo de él, según acta de conciliación de la Comisaría de
Familia de Bucaramanga - Santander -.
La niña Marisol padece de CONDILOMATOSIS
SEVERA VULVOVAGINAL y TRICOMONIASIS VAGINAL[2]
con 5 días de hospitalización.
Asevera el demandante que el 19 de julio de
2002, las niñas fueron llevadas de Girón - Santander - a San Alberto - Cesar -
por parte de la madre, la señora Nelly Gélvez Jaimes. Además, asegura que ésta
ultima“ ... se dedica a lavar ropa a las señoras que ejercen la prostitución
y las niñas son utilizadas por la madre para acudir a dichos sitios a
recogerla, observando a hombres y mujeres desnudos en dichos sitios. (...)  También
afirma que: “en la casa donde viven en San Alberto la madre tiene
venta de guarapo y tiene albergado a un señor que al parecer ... es marica y se
pasa desnudo por la casa”.
Manifiesta igualmente que él acudió al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en busca de ayuda, pero que
su petición fue infructuosa.
Por ello considera que la no colaboración
por parte de la demandada para con sus hijas, les vulnera los siguientes
derechos fundamentales: vida, salud, integridad física, alimentación, educación
y dignidad humana.
En consecuencia, solicita al juez le tutele
a sus hijas los derechos invocados y le ordene al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) tomar las medidas necesarias para que las menores
tornen a su hogar, o sea el que conforma él con Ana Victoria Hernández.
1. PRUEBAS APORTADAS ANTE EL JUEZ DE
INSTANCIA.
En pro de su petición el libelista allegó
los siguientes documentos:
·
Copia del acta de
conciliación del 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se otorga la
custodia provisional al padre de las menores (fl.18).
·
Copia del dictamen
sexológico del Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga - Santander -, de 17
de noviembre de 2001, en el cual consta que “La menor niega haber sido
víctima de algún tipo de manipulación sexual”.  Pero que, “Se encuentran
signos clínicos de enfermedad de transmisión sexual”. (fl.6).
·
Copia de los resultados
emitidos por la Clínica los Comuneros, departamento de ginecobstetricia y
neonatología, Cañaveral, de 16 y 19 de noviembre de 2001 (fls 13-17).
·
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Alberto León Pico (fl.5).
·
Copias de sendos
registros civil de las menores representadas (fls. 68 y 69).
2. CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA
El doctor Martín Camilo Carvajal Camaro, en
su calidad de Director Regional  del ICBF Regional Santander, mediante
comunicación de septiembre 30 de 2002 manifestó:
“En ningún momento el ICBF ha violado
derecho alguno de las niñas (...) por cuanto verificados los registros tanto
los centros zonales de Bucaramanga, como el de quejas y reclamos no aparecen
datos ni de las niñas ni del Tutelante.
“El ICBF, es una Entidad del Orden
Nacional, que presta sus servicios en forma descentralizada por Regionales, San
Alberto, Municipio donde se encuentran las niñas (...) pertenece a la regional
Cesar, por tanto de conformidad con el art(.) 36 del Código del Menor, es
competencia del Defensor de Familia de San Alberto adelantar las diligencias para
brindar la protección debida a las niñas ... . ”[3]
Agregó que la entidad demandada ofició por
vía electrónica al Coordinador del Centro Zonal de San Alberto - Cesar -, a fin
de que constatara la situación de las menores y se tomaran las medidas
pertinentes.[4]
Posteriormente, la misma Regional Santander
del ICBF, por medio de la Defensora de Familia, en comunicación de octubre 4 de
2002 enviada al juzgado de instancia, manifestó:
“EL pasado veinticuatro de julio del
presente año (24-7-2002), acude ante este despacho el señor ALBERTO LEON PICO,
a informar lo ocurrido con sus menores hijas (...)
“Ante la situación descrita, se orienta al
Señor LEON PICO, sobre las acciones legales que debe llevar a cabo como
Representante Legal de las niñas y se ayuda a elaborar un oficio dirigido al
ICBF de Aguachica (...) para que investigue el caso (...) .
“(...)
“Debido, a que el caso no era competencia
del ICBF de Santander, toda vez que la residencia de las niñas en ese momento
era San Alberto no se adelantó ninguna otra diligencia, razón por la cual no
aparece investigación a favor de las menores en este Centro Zonal de
Protección.”[5]
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del asunto el Juzgado Noveno Civil
del Circuito, quien mediante sentencia de 8 de octubre de 2002 no tuteló los
derechos fundamentales invocados a favor de las menores ZOILA ROSA Y MARISOL
LEON GELVEZ, pues en su entender el ICBF Regional Santander brindó la asesoría
pertinente, y si no adelantó ninguna diligencia tendiente a satisfacer las
peticiones del actor, fue porque esta regional no es la competente para conocer
del caso expuesto, dado que la residencia de las menores se halla en San
Alberto - Cesar -.  Lugar donde su padre debe presentar la correspondiente
queja, de acuerdo con el artículo 36 del Código del Menor.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la
Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial
mencionada.  Así como en cumplimiento del auto de sala de selección No. 1 del
22 de enero de 2003.
2. Problema
jurídico.
Debe la Corte dilucidar si los derechos
fundamentales de las menores Zoila Rosa y Marisol León Gélvez, han sido
vulnerados por parte del ICBF Regional Santander, ante la supuesta posición
pasiva de éste para enfrentar el problema que sufren las menores.
3. Consideraciones Jurídicas y
caso concreto.
Para la Sala el acervo
probatorio del caso presentaba un contenido confuso, razón por la cual, previo
auto de pruebas, con fecha del 29 de enero de 2003 se envío oficio con el fin
de poner en conocimiento del ICBF de San Alberto y Aguachica el proceso de la
referencia, en orden a verificar la situación en la cual se encontraban las
menores[6].
El ICBF de Aguachica contestó
con oficio de 7 de febrero de 2003, expresando que:
·     La petición presentada por el
señor Alberto León Pico a la Coordinación de éste Centro Zonal sí fue resuelta
y más aún cuando se reportaba una situación tan grave como la descrita
anteriormente. Sin embargo, dada la falta de presupuesto para trasladar
funcionarios de Aguachica a San Alberto se estableció comunicación telefónica
con la Comisaría de Familia de San Alberto quien envió a la psicóloga al lugar
de residencia de las niñas.
·     Constató esta última que la
situación familiar en la que se encontraban las menores no ameritaba que fueran
retiradas de su sitio de residencia para ser remitidas al programa de
protección del ICBF.
·     De igual manera, el 11 de
septiembre de 2002 un equipo de profesionales del Centro Zonal de Aguachica se
desplazó a San Alberto con el fin de verificar la situación reportada. Dicho
equipo estuvo integrado por una trabajadora social, un psicólogo y un defensor
de familia, quienes vieron que la situación denunciada por el señor León Pico
no concordaba con los resultados de las valoraciones oficiales, por cuanto la
señora Gélvez Jaimes reúne las condiciones necesarias para brindarles la
protección necesaria a sus menores hijas.  Añadiendo que las menores acusan al
actor de ser el causante de los malos tratos y peligros que han padecido.
·     También se destaca que el señor
Alberto León Pico, en audiencia de conciliación celebrada el 26 de septiembre
de 2002 ante la Comisaría de Familia de San Alberto, aceptó que la custodia de
las menores quedara a cargo de la madre.
·      El 9 de octubre de 2002 se
practicó examen médico legista a las menores, el cual concluyó que no
evidencian signo alguno de abuso sexual.
·     En posteriores seguimientos
psicológicos se constata que las menores Marisol y Zoila Rosa, están adaptadas
al medio familiar de su madre, quien les brinda el afecto y cuidados
necesarios.
·     El 6 de febrero de 2003 el
Centro Zonal de Aguachica realizó visita domiciliaria a las menores, en
atención a lo ordenado por este despacho. Con base en ello, mediante informe
presentado al Centro por parte de la psicóloga y trabajadora social, se
refuerza el concepto de que las niñas no deben ser separadas de su
progenitora.
De otra parte, del estudio
social realizado por el Centro Zonal de Aguachica [7] se
desprende que la señora Nelly Gelvez dejó al señor Alberto León, llevándose a
sus dos hijas para San Alberto, por violencia intrafamiliar. También se observa
que en el tiempo en que las niñas estuvieron bajo la protección de su padre,
fueron objeto de continuos maltratos por parte de él, quien en estado de
embriaguez las despertaba a altas horas de la noche obligándolas a permanecer
en vela;  que asimismo obligaba a Zoila Rosa a permanecer despierta a altas
horas de la noche para que robara combustible. Se mencionan también las
condiciones socioeconómicas de la progenitora de las menores, que no son otras
que las de una madre cabeza de hogar que responde con las obligaciones para con
sus hijos. Concluye el informe diciendo que: “la señora Nelly Gélvez posee
condiciones favorables para que sus hijas logren el desarrollo integral, puesto
que ella mantiene buenas relaciones afectivas con sus hijos; imparte valores de
unidad familiar cooperación y respeto”.
Es de registrar que el abuso sexual alegado por el
actor, se desvirtúa con el examen médico legista de 9 de octubre de 2002[8], mediante el cual se
dictamina:“ no se evidencian signos que evidencien(sic) abuso sexual. Himen
íntegros”.  Descartándose así la posibilidad de que la
enfermedad que padece la niña Marisol la haya contraído por un acceso carnal.
En esta perspectiva obra el informe psicosocial de 6
de febrero de 2003[9],
conforme al cual es recomendable que las menores no sean separadas de su
progenitora, ya que con ella cuentan con mejores opciones para su desarrollo
integral dada la dinámica familiar, las condiciones socioeconómicas y de
vivienda. Culmina el informe haciendo referencia a las entrevistas individuales
realizadas con las menores Marisol y Zoila Rosa, quienes manifiestan su deseo
de no volver con su padre biológico porque las maltrata junto con su compañera
Ana Victoria, especialmente cuando por épocas presenta enfermedad mental,
donde, según ellas: “se enloca cuando fuma, les apaga el televisor y
les pegaba sin motivo”.
De acuerdo con lo actuado se concluye que a las
menores les conviene quedarse con su madre, a efectos de facilitarles su
desarrollo armónico e integral.  Lo cual se acompasa con la jurisprudencia que
sobre el particular ha producido esta Corporación[10].
Ahora
bien, las actuaciones y pruebas sobrevinientes –sobre las cuales no tuvo
conocimiento el juez de instancia -, ponen de manifiesto que el actor faltó
parcialmente a la verdad en su escrito de tutela, ya omitiendo o alterando
algunos hechos, de lo cual se sigue que sus pedimentos no estaban llamados a
prosperar.  Es decir, los hechos que finalmente se acreditaron en el proceso
–en sede de revisión- muestran a las claras que el libelista formuló su demanda
exhibiendo verdades a medias, que son las más peligrosas de las mentiras, de lo
cual nunca tuvo conocimiento el juez de instancia.  Con todo, si éste no tuvo
conocimiento sobre los hechos reales, en parte se debe a su insatisfactorio
cumplimiento del principio de la oficiosidad de la prueba.
Debe
reconocerse también que el ICBF cumplió con las funciones que en torno al caso
le impone la ley 75 de 1986, esto es, actuó en aras de la protección de las
menores con apoyo en sus recursos institucionales.
Así,
aunque la Sala debe llegar a la misma resolución del juez de instancia, es de
resaltar que ante la existencia de pruebas sobrevinientes, los motivos de la
denegatoria a declarar difieren de los expuestos en la sentencia revisada.
Denegatoria que se funda simultáneamente en la ausencia de pruebas a favor del
actor y en la presencia de medios de convicción en su contra.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR, por los motivos expuestos, la sentencia
proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga el 8 de
octubre de 2002, mediante la cual se negó la tutela al señor Alberto León Pico,
en representación de sus hijas Marisol y Zoila Rosa León Gélvez.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 18 y 19 del expediente.
[2] Folio 28 del expediente.
[3] Folio 43 del expediente.
[4] Folio 44 del expediente.
[5] Folios 52 - 53 del expediente.
[6] Folios 92 - 93 del expediente.
[7] Folios 100 - 102 del expediente.
[8] Folio 105 del expediente.
[9] Folios 108 - 112 del expediente.
[10] Ver, entre muchas otras, las sentencias T - 041 de 1996, T - 182
de 1999, T - 1227 de 2002 y T - 1220 de 2001.