T-289-97
Sentencia T-289/97
Sentencia
T-289/97
ACCION DE TUTELA-Procedencia/ACCION DE TUTELA CONTRA
PARTICULARES-Procedencia
La acción de
tutela fue concebida como mecanismo de defensa y protección inmediata de los
derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio
de defensa judicial, salvo que, existiendo, se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular
que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su
eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho
fundamental violado o amenazado. Es, por tanto, una acción residual o
subsidiaria, que no está llamada a proceder como mecanismo alterno o sustituto
de las vías legales de protección de los derechos. De otra parte, la acción de
tutela sólo puede proceder entre particulares cuando se dirige contra aquel que
está encargado de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte
grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quien el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia cumplimiento de obligaciones
contractuales/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Cumplimiento de obligaciones
contractuales
Para efectos del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato, lo pertinente es
entablar las acciones correspondientes ante la justicia ordinaria. Estas
acciones se erigen en medios de defensa judicial procedentes ante la
jurisdicción ordinaria, lo que de plano excluye la procedibilidad de la acción
de tutela, salvo que se trate de conjurar mediante ella, y de manera
transitoria, el peligro de un perjuicio irremediable, o que esas otras vías
puedan ser consideradas insuficientemente eficaces para la protección inmediata
de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Cesión de
licencia para explotación de emisora
Referencia:
Expediente T-122.292
Peticionario:
Sociedad Ondas del Nevado Ltda. y otros
Procedencia:
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil
Temas: Improcedencia
de la acción de tutela para resolver conflictos entre particulares. Efectividad
de las vías judiciales alternas.
Perjuicio irremediable.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C. dieciseis (16) de junio de mil noventa y siete (1997)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T-122.292, adelantado por la sociedad Ondas del
Nevado Ltda contra el Ministerio de Comunicaciones, por la supuesta violación
de los derechos a la igualdad y al debido proceso.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección número 2 de la Corte Constitucional, mediante
auto del 27 de febrero de 1997, escogió para efectos de su revisión, la acción
de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
Solicitud
Las sociedades ONDAS
DEL NEVADO LTDA y RADIO MANIZALES LTDA solicitan, por vía de tutela y de manera
transitoria, la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado por el Ministerio de Comunicaciones, la Cadena Radial
Colombiana -CARACOL-, y la ciudadana Nelly Urrea de Giraldo, de acuerdo con los
hechos que a continuación se relatan.
Hechos
En el año de 1974,
el Ministerio de Comunicaciones, mediante Resolución  N° 0165, autorizó a la
Señora NELLY URREA DE GIRALDO el montaje de una emisora de radio que habría de
llamarse ONDAS DEL NEVADO. Con el fin de instalar físicamente la emisora, el
esposo y el cuñado de la señora Urrea Giraldo constituyeron con la sociedad
PROMOCIONES TODELAR LTDA, el día 5 de octubre de 1974, la sociedad ONDAS DEL
NEVADO LTDA, a la cual encargaron del manejo de la emisora. Mediante escritura
pública N° 1839 del mismo día, la señora Urrea de Giraldo concedió, por término
indefinido, el usufructo de la licencia que habría de recibir del Ministerio de
Comunicaciones a la sociedad Ondas del Nevado Ltda, y se comprometió a cederla
más tarde, a título no oneroso, a la misma empresa.
Finalmente el
Ministerio de Comunicaciones, mediante resolución N° 0257 del 3 de febrero de
1975, concedió la esperada licencia de funcionamiento de la emisora a Urrea
Giraldo. Desde entonces la empresa laboró normalmente con el usufructo de la
licencia, a título gratuito, que había concedido a aquella.
En el año de 1984 el
Ministerio de Comunicaciones, mediante contrato 050 decidió, erróneamente,
prorrogar la licencia por otros cinco años a la sociedad “Radio Manizales
Ltda”, y no a Urrea de Giraldo como era lo correcto; en la nueva prórroga
suscrita mediante contrato N° 714 del 8 de febrero de 1993 se volvió a incurrir
en dicha imprecisión, pero se corrigió definitivamente en la resolución 030 de
1996, que concedió la licencia a Urrea de Giraldo hasta el 15 de septiembre de
1999.
Licencia en mano,
asegura el demandante, Urrea de Giraldo se acercó a Ondas del Nevado para
solicitar la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) a cambio de
hacer la cesión a la emisora de la pluricitada licencia. Entonces la sociedad
Ondas del Nevado le hizo ver que su exigencia no se avenía con los compromisos
consignados en las escrituras N° 1388 y 1389 de 1974, de transferir a título
gratuito la licencia a la sociedad. Por esa razón, asegura el demandante, Nelly
Urrea de Giraldo otorgó Escritura Pública N° 806 de 1996, en la que revocó la
cláusula por medio de la cual había concedido el usufructo indefinido de la
licencia a Ondas del Nevado Ltda, y dejó sin efecto su compromiso de transferir
la titularidad de la licencia radial. La demandada adujo, como motivo de su
decisión, el hecho de que los miembros de Ondas del Nevado permitieron que el
Ministerio de Comunicaciones traspasara la licencia a una entidad no
autorizada, haciendo referencia con ello al anotado error cometido por el
Ministerio en favor de Radio Manizales Ltda, y que dicha irregularidad había
perjudicado sus intereses.
Acto seguido, la
sociedad Ondas del Nevado pretendió registrar ante el Ministerio de
Comunicaciones el derecho de usufructo sobre la licencia, tal como constaba en
la escritura pública N°1389, pero Nelly Urrea registró en el Ministerio, días
más tarde, la escritura en virtud de la cual revocó la cesión de su derecho.
Posteriormente,
Urrea de Giraldo inició conversaciones con la Cadena Radial Colombiana
(CARACOL) a la que vendió la conflictiva licencia, y conjuntamente con la cual
presentó, el 11 de septiembre de 1996, solicitud de aprobación de la cesión
ante el Ministerio de Comunicaciones; trámite que se encuentra en curso.
Considera la parte
demandante que, de consolidarse la cesión a Caracol, las instalaciones de Ondas
del Nevado se convertirían en “cascarones” inservibles hasta que fueran
probados los derechos que le corresponden a la sociedad administradora por
razón de las escrituras N° 1388 y 1389 de 1974. Así mismo, estima que el juez
de tutela debe disponer las medidas provisionales indispensables que permitan
frenar el proceso de cesión que se gesta en el Ministerio de Comunicaciones
entre Urrea y Caracol, mientras se decide la situación litigiosa originada en
el incumplimiento por parte de la primera  de  los compromisos consignados en
las escrituras que le dieron vía libre a la emisora Ondas del Nevado.
Pretensiones
El demandante
solicita que, por vía de tutela, el juez de conocimiento ordene a los demandados
suspender los trámites de cesión y compraventa de los derechos derivados de la
titularidad de la licencia radial usufructuada por Ondas del Nevado, y le
conceda un plazo de cuatro meses con el fin de que la empresa afectada instaure
las acciones ordinarias tendientes a proteger los derechos invocados.
ACTUACION JUDICIAL
Primera instancia
Encuentra el Juzgado
27 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en Sentencia del 28 de octubre de
1996, vistas las circunstancias particulares del caso, que éste no es de
aquellos en los que la ley permite la procedencia de la tutela contra
particulares. En cuanto a la viabilidad de la acción frente al Ministerio de
Comunicaciones, el despacho consideró vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y al derecho de defensa de los peticionarios, pues en su
parecer, no puede el ministerio autorizar la cesión de la licencia a Caracol,
mientras esté en curso un proceso que debe definir la obligatoriedad de las
convenciones suscritas entre las partes.
Impugnación.
Impugnación de Nelly Urrea de Giraldo.
La señora Urrea de
Giraldo interpuso recurso de apelación contra la Sentencia proferida en primera
instancia, ya que, de acuerdo con su versión, la sociedad Ondas del Nevado Ltda
ha involucrado “de mala fe” el nombre de Radio Manizales Ltda, con el fin de
crear confusión en los organismos administrativos. Adicionalmente, asegura que
siempre ha sido titular de la licencia radial y que si voluntariamente decidió
revocar el usufructo concedido a Ondas del Nevado Ltda, ello se debió al manejo
fraudulento que esta sociedad había hecho de los recursos de la misma, al punto
de excluir a dos de sus socios (su marido y su cuñado) de la participación
societaria. Afirma que Todelar, también socio de la empresa Ondas del Nevado
Ltda., ha cometido maniobras corruptas en el manejo del presente asunto y que
no puede admitirse como argumento en favor de la procedencia de la acción de
tutela, que ésta sea el único mecanismo propicio para solucionar el problema
jurídico planteado. Impedir la cesión de la licencia sí sería -en su concepto-
vulnerar los derechos fundamentales de los que es titular, pues paradójicamente
Todelar cuenta con más de setenta (70) licencias mientras ella sólo posee una.
Impugnación del apoderado judicial de la señora Nelly Urrea
de Giraldo.
El apoderado de la
demandada, además de considerar que la tutela no procede en favor de las
personas jurídicas, estima en su escrito impugnatorio que la Sociedad Ondas del
Nevado debió haber hecho uso de los mecanismos administrativos ofrecidos por la
legislación para obtener la cesión de la licencia por parte de su representada.
En su parecer, la empresa demandante dejó transcurrir más de diez años sin
reclamar los derechos que ahora, mediante un procedimiento urgente y sumario,
pretende recuperar; lo que también desestima las razones de procedencia de la
tutela.
Por último, señala
el abogado que la protección provisional que solicita la empresa demandante no
es viable en virtud de que los procedimientos ordinarios que ésta ha puesto en
marcha con el fin de hacer valer sus derechos, no prosperaron. Las demandas
presentadas en otros despachos fueron inadmitidas o rechazadas, y no existe
prueba de proceso en curso que justifique la supuesta violación al debido
proceso administrativo que alegan los demandantes.
Impugnación de Caracol.
Dentro de la
oportunidad legal intervino así mismo el apoderado judicial de Caracol, quien
estimó improcedente la tutela interpuesta por Ondas del nevado Ltda y Radio
Manizales Ltda, por considerar que estas contaron con los mecanismos ordinarios
de defensa judicial para defender los derechos que ahora reclaman por vía de
tutela.  Aduce que las circunstancias en que se encuentra Ondas del Nevado no
son de aquellas que justifican una protección transitoria por vía de tutela,
pues no pueden catalogarse como amenazantes de un perjuicio irremediable.
En su concepto, el
hecho de que el espectro electromagnético sea un bien público, hace imposible
que sobre él recaigan derechos de propiedad y usufructo, lo que en últimas
deriva en que la demandante jamás estuvo facultada por la ley para conceder el
usufructo de su licencia y que, por consiguiente, no vulneró ninguna
disposición legal al revocar su decisión inicial.
Además, arguye que
los quince años que dejó pasar la entidad Ondas del Nevado Ltda para reclamar
la licencia que ahora solicita vía tutela, deslegitima el llamado perjuicio
inminente con el cual pretende justificar su demanda, amen de que aquella no
utilizó los recursos que la ley le puso en frente para exigir el cumplimiento
de la obligación a Nelly Urrea-. Agrega también que lo que pretenden los
demandantes es la protección de derechos que, por su naturaleza, no encajan
dentro de los llamados fundamentales, a la protección de los cuales está
reservada la institución del artículo 86 de la Carta Fundamental.
Intervención del apoderado judicial de la sociedad Ondas
del Nevado Ltda y de Radio Manizales Ltda.
En resumen,
considera el interviniente que los impugnantes no estaban facultados para
interponer el recurso de alzada, pues la Sentencia de primera instancia les fue
favorable; que el recurso lo interpusieron por fuera del término legal , y que
la discusión central se circunscribe a que es necesario suspender el trámite de
cesión de la licencia mientras la justicia ordinaria decide acerca de la
titularidad de los derechos derivados de la misma licencia, para evitar el
perjuicio irremediable del cierre de la emisora, sin que se fuere necesario que
en vía de tutela se resuelva en cabeza de quién está la obligación.
Segunda instancia
La Sala Civil del h.
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, mediante providencia del 19 de
diciembre de 1996, reconoció en los recurrentes la legitimidad para impugnar la
providencia de primera instancia, por considerar que, aunque la sentencia
recurrida negó la protección solicitada en su contra, la decisión final
afectaba directamente sus intereses en el litigio. Además, consideró oportunas
las impugnaciones y no extemporáneas, como adujo el demandante.
De otro lado,
teniendo en cuenta que la desavenencia entre demandantes y demandados tuvo
origen contractual, La Sentencia encontró que la existencia de otros medios
judiciales de defensa para la protección solicitada era evidente. El Tribunal
consideró que sólo al juez competente le correspondería resolver el conflicto
planteado por la demanda, pues, además, no enfrenta la parte demandante un
perjuicio que le implique un mal irreparable y grave. Es siempre posible, en
este caso, solicitar la indemnización de los perjuicios en el evento en que se
demuestre el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
El despacho judicial
revocó la decisión del a-quo, por medio de la cual se concedió la tutela
frente al Ministerio de Comunicaciones y, en su lugar, negó las pretensiones
del petitum.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86  inciso 2o. y
241, numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos  33, 34,  35 y  36 del decreto 2591 de 1991. Además, se procede a la
revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del
reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la
Corporación.
2. La
Materia
2.1
Procedibilidad de la acción de tutela
La acción de tutela
consagrada por el artículo 86 de nuestra Constitución Política, fue concebida
como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales,
únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial,
salvo que, existiendo, se interponga como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de
tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más
adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o
amenazado. Es, por tanto, como innumerables veces lo ha dejado sentado la jurisprudencia
de esta Corporación,  una acción residual o subsidiaria, que no está llamada a
proceder como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales de protección
de los derechos. De otra parte, al tenor de la misma norma constitucional
mencionada, la acción de tutela sólo puede proceder entre particulares cuando
se dirige contra aquel que está encargado de la prestación de un servicio
público, o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quien el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.
Sobre los anteriores
presupuestos entra la Sala a verificar si en  el caso bajo examen se dan los
requisitos exigidos para que la acción de tutela sea procedente.
2.2 Existencia de
otros medios de defensa judicial
Que la protección
que los petentes solicitan puede obtenerse a través de otras vías de defensa
judicial, es absolutamente claro, al punto que ellos mismos así lo manifiestan.
En efecto, lo que subyace en la presente causa no es otra cosa que un conflicto
entre particulares motivado por la celebración de dos contratos :  un
contrato mediante el cual un particular concedió a otro,  a término indefinido,
el usufructo de una licencia para el funcionamiento de una emisora, y adquirió
el compromiso de traspasársela o cedérsela a título no oneroso, cuando las
disposiciones legales y el Ministerio de Comunicaciones lo autorizaran ;
y otro contrato de sociedad, por medio del cual, en relación la misma licencia
de funcionamiento, uno de los socios, cónyuge del titular de la referida
licencia,  adquirió el compromiso de cederla a la misma persona jurídica
beneficiaria del mencionado usufructo, contratos ambos cuyo cumplimiento
actualmente se encuentra en entredicho.
Para efectos del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato, lo pertinente es
entablar las acciones correspondientes ante la justicia ordinaria. Estas
acciones se erigen en medios de defensa judicial procedentes ante la
jurisdicción ordinaria, lo que de plano excluye la procedibilidad de la acción
de tutela, salvo que se trate de conjurar mediante ella, y de manera
transitoria, el peligro de un perjuicio irremediable, o que esas otras vías
puedan ser consideradas insuficientemente eficaces para la protección inmediata
de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.
Por ello resulta
necesario entrar a estudiar si en el presente caso existe realmente un
perjuicio irremediable que haga admisible la tutela como mecanismo transitorio,
y si las acciones procedentes ante la jurisdicción ordinaria se revelan
eficaces frente a la presunta amenaza de los derechos fundamentales al debido
proceso y al derecho de defensa que invocan los accionantes.
2.3 Inexistencia
de un perjuicio irremediable derivado del desconocimiento de un derecho fundamental.
Quienes invocan
protección a través de la vía de tutela, aducen el inminente peligro de
violación de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, de defensa y
de observancia del debido proceso, pues encuentran que la posibilidad de que la
actual titular de la licencia de explotación de la emisora logre cederla a un
tercero ante el Ministerio de Comunicaciones, conllevaría la violación de tales
derechos, toda vez que, para ellos, lograr el cumplimiento de los contratos que
les otorgan un presunto derecho sobre tal licencia, puede resultar difícil a
corto plazo, habida cuenta de lo dilatado de los trámites judiciales ante la
justicia ordinaria, lo cual les causaría un perjuicio irremediable.
Por perjuicio
irremediable ha entendido la jurisprudencia de esta Corte aquel en el cual la
proximidad del daño es inminente y la respuesta o acción para evitarlo, por lo
tanto, ha de ser urgente e impostergable. En este sentido son claros los
conceptos expresados en la sentencia T-435 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), que bien vale la pena reiterar en el presente caso :
"Al examinar
cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura
del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
"1. El
perjuicio ha de ser inminente: 'que amenaza o está por suceder
prontamente'. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible
daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto
aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque
no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural
de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente
se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando
es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado
empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se
desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo
la inminencia.
"2. Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o
precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el
Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la
prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta
proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las
circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia.
"3. No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale
a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte
de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad,
por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en
la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
"4. La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
"De acuerdo
con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay
ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”
Aplicando los
anteriores conceptos al caso sub-exámine, encuentra la Sala que no es
posible vislumbrar un perjuicio inminente, esto es, que esté por suceder
prontamente en relación con la presunta violación de los derechos de acceso a
la justicia, del debido proceso y de defensa, que son los que estiman
vulnerados los accionantes. Efectivamente, el derecho de acceso a la justicia
no aparece en peligro de ser inminentemente vulnerado, toda vez que los petentes
tienen expeditas las acciones judiciales procedentes ante la jurisdicción
ordinaria con miras a obtener el cumplimiento de las obligaciones contractuales
que estiman incumplidas;  nada hace pensar que al formular las respectivas
demandas estas vayan a ser injustamente rechazadas, o que dentro de los
respectivos procesos que se inicien no se garantice a los accionantes la
participación para la defensa de sus intereses, ni mucho menos que el trámite
que se imprima a tales acciones no vaya a respetar todas las formas propias del
debido proceso.
El perjuicio que
realmente quieren evitar los accionantes no es el de la vulneración de los
derechos de defensa y de acceso a la justicia,  sino el perjuicio de verse
privados de la explotación de la licencia para el funcionamiento de la emisora,
al cederse el derecho a un tercero. Es ello tan evidente que el apoderado de
los demandantes llega a afirmar lo siguiente : “ Nuevamente deseo
manifestar al Señor Juez de Tutela, que la Acción de Tutela como mecanismo transitorio
que ante Usted he incoado, no pretende declaración o condena alguna sobre cual
de las partes involucradas en esta relación familiar, social y “notarial” tiene
o no razón para reivindicar derechos obligaciones o resarcimientos legales
mutuos pues ello sería materia de un juicio contencioso civil ordinario,
sino que ante la inminencia del perjuicio irremediable que significaría la
materialización de la transferencia de la Licencia de Funcionamiento y de la
Frecuencia 1.090 khz en AM de ONDAS DEL NEVADO en Manizales diligenciada
por ante (sic) el Ministerio por entre la Sra. NELLY URREA DE GIRALDO y CARACOL
S.A., le urgimos que ordene lo que se le ha rogado en el aparte petitorio de
este libelo, para evitarlo.”
Al respecto nota la
Sala que, en cuanto a la promesa de cesión contenida en el contrato suscrito
con la demandada, el estado de incumplimiento ha sido tolerado durante largos
años por los ahora accionantes, quienes no obstante no haberse perfeccionado
tal cesión, nunca demandaron el cumplimiento de esta obligación, actitud que
ahora pretenden corregir mediante el expediente una acción preferente y sumaria
cual es la tutela.
Ahora bien, si lo
que pretenden mediante la acción de tutela es el cumplimiento, aunque sea
transitorio, de las obligaciones de las que estiman ser acreedores en virtud de
los contratos mencionados, impidiendo para ello la cesión de la licencia a un
tercero (Caracol), encuentra la Sala que la acción de tutela no resulta
procedente para impartir tal tipo de órdenes, por cuanto al hacerlo se correría
el peligro de caer en el extremo contrario: esto es de irrogar un perjuicio al
titular de la licencia, a quien se le impediría ceder un derecho personal del
que es titular; persona quien a la postre podría ser declarada por la propia
justicia ordinaria como libre de toda obligación para con los ahora
demandantes, por hallarse nulo el contrato de usufructo y de promesa de cesión,
o por cualquier otra circunstancia que por el momento no es posible vislumbrar,
y que, por supuesto, no es de la competencia de esta Corporación en sede de
tutela.
Así, no encuentra la
Sala peligro de vulneración inminente de ninguno de los derechos fundamentales
que invocan los accionantes, esto es de los derechos de acceso a la justicia,
defensa y debido proceso. Encuentra sí, la posibilidad de desconocimiento de
presuntos derechos derivados de dos contratos, derechos cuya exigibilidad debe
ser demostrada ante la justicia ordinaria, y que no presentan la connotación
de fundamentales. El título jurídico del que emanan los presuntos derechos que
realmente pretenden tutelar los demandantes, esto es los conducentes a la
explotación de la licencia mencionada, es una relación contractual de
naturaleza puramente comercial ; no hay pues de por medio un derecho que,
en virtud de su dignidad,  deba reconocerse a las personas por el sólo hecho de
ser tales, esto es un derecho fundamental de rango constitucional.
Establecida así la
ausencia de un peligro de vulneración inminente en relación con algún derecho
fundamental, la Sala encuentra que por este concepto no es procedente la
tutela.
2.4
Eficacia de las vías
alternas.
Se ha dicho que , la
acción de tutela sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial, salvo que, existiendo se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que del examen particular
que se realice se verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la
más adecuada para la protección del derecho fundamental violado.
Los demandantes, al
implorar el amparo de tutela, alegan que las vías alternas de defensa judicial
con que cuentan, por ser extremadamente lentas, resultan ineficaces para la
protección de sus derechos.
Al respecto
encuentra la Sala que el argumento sería de recibo si la protección invocada
realmente recayera sobre derechos de rango fundamental respecto de los cuales
existiera una amenaza inminente de vulneración. Pero visto, como se ha hecho
anteriormente, que no se da una real amenaza de derechos fundamentales, sino
que lo que subyace en la presente acción no es otra cosa que la petición de
protección de derechos emanados de una relación jurídica contractual de
naturaleza comercial, no puede, en consecuencia, admitirse el argumento.
2.5  Improcedencia
de la acción de tutela entre particulares.
La presente acción
fue impetrada en contra de  dos particulares y en contra del Ministerio de
Comunicaciones. El artículo 86 de la Carta Política, desarrollado por el
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, enumera los casos en que la acción de
tutela procede en contra de particulares, que pueden resumirse diciendo que en
tal evento la acción sólo resultará procedente si se dirige contra aquel que
está encargado de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte
grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quien el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión.
Alegan los
demandantes que por cuanto las personas particulares demandadas, de una u otra
forma cumplen funciones o actividades de interés público, en tanto son
adjudicatarias de licencias para explotación de emisoras, sí es procedente
contra ellas la tutela. El argumento resultaría válido si la acción se hubiera
interpuesto en su contra por un usuario del servicio público, o de la actividad
de interés público, en su condición de tal. Pero no es este el caso por cuanto
los demandantes no acuden a solicitar el amparo de tutela como usuarios o
beneficiarios del servicio que prestan las personas demandadas, sino como
presuntos acreedores de ciertas obligaciones emanadas de un contrato comercial.
Dado que en relación con las personas particulares demandadas no se da ninguna
de las circunstancias que hacen procedente la acción de tutela en contra de
particulares, de plano debe decidirse que la tutela es improcedente.
2.6 La acción en
cuanto se dirige contra el Ministerio de Comunicaciones.
En cuanto se dirige
en contra del Ministerio de Comunicaciones, la presente acción de tutela
resulta procedente por ser aquella una entidad pública. No obstante, como ha
sido analizado anteriormente, no existe ningún peligro inminente de violación
de derechos fundamentales por parte de esta entidad en relación con los
petentes. El trámite administrativo que actualmente cursa en esta entidad,
conducente a legalizar la cesión de la licencia para la explotación de la
emisora a Caracol, podría desconocer derechos personales emanados de una
relación jurídica contractual, derechos que actualmente son objeto de discusión
jurídica, por lo cual no son derechos ciertos e irrenunciables como lo son por
definición los derechos fundamentales. En razón de lo anterior tampoco procede
la tutela en contra de dicha entidad.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el diecinueve de diciembre
de 1996
Notifíquese,
cópiese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
ÁÁ
Presidente de la Sala
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General