T-401-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE
RELATORIA: Mediante auto 090 de fecha 23 de febrero de 2017, el cual
se anexa en la parte final, la Sala Plena de la Corporación decide declarar la
nulidad de la presente providencia, luego de constatar la violación del debido
proceso por omisión de análisis sobre aspectos de relevancia constitucional,
que tenían efectos trascendentales en el sentido de la decisión adoptada
Sentencia T-401/12
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Agotamiento de todos los medios de defensa
judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisito de inmediatez y agotamiento de recursos ordinarios
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Injerencia de irregularidad procesal
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Identificación de hechos y derechos vulnerados
y presentación en el proceso judicial
DEFECTO FACTICO-Concepto
DEFECTO SUSTANTIVO-Concepto
ACCION DE TUTELA CONTRA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN PROCESO ORDINARIO DE PETICION DE HERENCIA-Negar por cuanto providencia estudió valor probatorio de partida de
bautismo según normatividad sobre tarifa legal para probar estado civil de hijo
extramatrimonial y reconocimiento de paternidad
Referencia: expediente T-3329158.
Acción de tutela instaurada por Clovis Barrios
de Chicó contra Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente (e):
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Colaboró: Ana Bejarano Ricaurte.
Bogotá D.C.,   treinta y uno (31) de mayo de dos mil
doce (2012)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Adriana María Guillén, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las providencias del 27 de septiembre de
2011 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia por medio de la cual se negaron las pretensiones de la peticionaria
y del 29 de noviembre de 2011 de la Sala de Casación Penal de la misma
Corporación, por la cual se confirmó la decisión de la primera instancia.
I.
ANTECEDENTES.
La peticionaria solicita que se protejan sus derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso, en conexidad con los derechos al acceso
efectivo a la administración de justicia y los derechos civiles adquiridos, por
considerar que la providencia de la Corte Suprema de Justicia que fue cuestionada “desconoció de manera subjetiva, arbitraria y caprichosa y sin fundamento
objetivo razonable, el sistema de TARIFA LEGAL probatoria, prevista por el
legislador para la valoración de las pruebas del estado civil de los hijos
naturales o extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938”. Petición que se fundamenta en los siguientes:
1.
Hechos.
1.
La señora Clovis
Barrios de Chico promovió proceso ordinario de petición de herencia contra
Elzael Barrios Páez y los herederos indeterminados de Reynal y Leila Barrios
Páez, para que se declarara que ella era heredera de mejor derecho en la
sucesión del señor Ramón Barrios Pérez. Dicho litigio se originó por los
siguientes hechos:
a.
La Señora Clovis Barrios Argueta de Chicó es hija del señor José
Barrios Díaz como consta en el Registro de Nacimiento número 460109 00492.
b.
El señor José Barrios
Díaz fue reconocido por su padre el Señor Benito Barrios Espitia por medio de
escritura pública No. 1146 de diciembre 22 de 1969.
c.
Según el certificado de
partida de bautismo registrado mediante escritura pública No. 478 y 27 de la Notaría 1 de Cartagena, del 28 de noviembre de 1898 y el 10 de enero de 1928 respectivamente,
el señor Benito Barrios Espitia es hijo de Ramón Bárrios Pérez.
d.
Ante el Juzgado 4º
Civil del Circuito de Cartagena, los señores Elzael, Reynal y Leila Barrios
adelantaron el proceso sucesorio del señor Ramón Barrios Pérez.
e.
La actora, Clovis
Barrios Argueta de Chicó, alega que el proceso sucesorio adelantado se llevó a
cabo ocultando “la existencia y paradero de otros herederos de igual o mejor
derecho” y ocultando la existencia de unos predios que también eran de
propiedad del señor Barrios Pérez.
f.
En consecuencia, pidió
que se dejara sin efecto el trabajo de partición aprobado en el juicio
sucesorio y ordenar su reliquidación, para que se le adjudicaran los predios
denominados “La Isleta”, “Las Animas” y “La Ceiba”. También solicitó que en dicho proceso se dejaran sin efectos los actos
dispositivos que sobre tales inmuebles se hubieren realizado.
2.
En primera instancia el
Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, mediante sentencia del 6 de noviembre
de 2001, consideró que la demandante tenía igual derecho que los demandados en
la sucesión de Ramón Barrios Pérez y por ello declaró ineficaz el acto
partitivo y ordenó rehacerlo. En esta ocasión, el Juzgado consideró que el
certificado de bautismo allegado para probar la filiación permite colegir “sin
menor duda, que en efecto la prueba documental arrimada sobre el estado civil
del señor BENITO BARRIOS ESPITIA, es prueba principal y reúne todos los
requisitos de ley. Por lo cual se tiene probada la condición de heredero en
cabeza de BENITO BARRIOS ESPITIA, de su padre RAMÓN BARRIOS PÉREZ”. (Folio
125, cuaderno 4). En virtud de esta declaración, ordenó también la restitución
de la mitad de los predios solicitados junto con el valor de los aumentos,
accesorios, productos y frutos.
3.
Los demandados apelaron
la sentencia de la primera instancia ante la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cartagena, quien en providencia del 18 de abril de 2008, revocó la
decisión, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.
En esta segunda instancia el Tribunal
consideró que “como en esta secuencia se trata de invocar la calidad de hijo
extramatrimonial del señor BENITO BARRIOS ESPITIA en relación con su presunto
padre RAMÓN BARRIOS, quien nació antes de 1938, como se viene repitiendo, debió
acreditarse la paternidad con el acta de nacimiento, con la respectiva
constancia de su reconocimiento, de conformidad con el artículo 368 del Código
Civil aplicable al caso, o se indique la respectiva providencia judicial que
así lo declarara”, (Folio 156, cuaderno 4) situación que no se constató
para el Tribunal.
4.
La señora Clovis
Barrios presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia
de la segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, quien en decisión del 17 de junio de 2011 decidió no casar la providencia del ad quem.
Al resolver el recurso extraordinario, la Corte Suprema consideró que “tratándose de la filiación paterna natural -como aquí acontece-, el acta
parroquial inserta en la respectiva certificación ha de recoger el acto
declarativo de paternidad, porque la mera mención de ella realizada por la
autoridad eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece del carácter
constitutivo del estado civil en mención”, como se verifica en el caso del
proceso sucesorio del señor Ramón Barrios Pérez.
2.
Solicitud de
tutela.
Con base en los hechos expuestos previamente y negado el recurso de casación, la señora Barrios
presentó acción de tutela contra dicho fallo por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y los “derechos civiles adquiridos”, al
incurrir en una vía de hecho.
Para la peticionaria, la providencia de la Corte Suprema de Justicia desconoció que “con las partidas eclesiásticas que expedían los
respectivos curas párrocos de las iglesias se acreditaba el estado civil de los
hijos extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, la que fue aportada al trámite pero no fue debidamente valorada”.
3.
Decisiones que se
revisan.
i.
Primera instancia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela en primera instancia, por medio de providencia del 29 de noviembre de
2011, en la que consideró que “se descarta la presencia de causales de
procedibilidad en el caso que se examina, pues las providencias que se pretenden
dejar sin efecto en virtud del mecanismo de amparo no son el resultado de la
arbitrariedad ni el capricho de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia; por el contrario, fueron emitidas en el decurso de un procedimiento
civil, con plenas garantías para las partes, y obedecen a la aplicación de la
normatividad vigente; con éstas no se ha vulnerado ni puesto en peligro ningún
derecho fundamental del accionante; ni con ocasión de ellas se le causa un
perjuicio irremediable”. (Folio 9, cuaderno 3).
ii.
Segunda instancia.
En la segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó el fallo de tutela de la primera
instancia y negó el amparo incoado en virtud de considerar que “el juez
constitucional no puede convertirse en una instancia revisora de la valoración
probatoria del juez que conoce un asunto conforme las reglas generales de
competencia menos en este caso, donde la Sala de Casación Civil de esta
corporación expuso con suficiencia las razones por las cuales ante las pruebas
allegadas al proceso no casaba la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena”.
(Folio 21, cuaderno 2).
4.
Intervención de la
Corte Suprema de Justicia.
El Magistrado Ponente de la providencia atacada, el doctor Pedro
Octavio Munar Cadena, respondió mediante escrito del 28 de septiembre de 2011,
ratificando la posición sentada en el fallo argumentando que “la decisión
adoptada en la sentencia de casación proferida el 17 de junio de 2011, dentro
del proceso ordinario (petición de herencia) promovido por Clovis Barrios de
Chicó contra Elzael Barrios Páez y los herederos de Reynal y Leila Barrios
Páez, en modo alguno, constituye una vía de hecho” pues en efecto “la
Sala miró la prueba censurada de cara a las prescripciones del artículo 22 de
la Ley 57 de 1887, vigente para la fecha en que nació Benito Barrios Espitia,
disposición que tenía y admitía como prueba principal del estado civil las
certificaciones expedidas por los sacerdotes párrocos. Por supuesto que, es
apenas lógico y razonable, entender que el acta parroquial inserta en la
aludida certificación ha de recoger el acto constitutivo o declarativo de
paternidad, porque la mera mención de ella realizada por la autoridad
eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece del carácter demostrativo
del estado civil en mención”.
5.
Pruebas que obran
en el expediente.
1.
Acción de petición de
herencia instaurada por la señora Clovis Barrios de Chicó, por medio de
apoderado el 6 de julio de 2000 ante el Juzgado 7º de Familia del Circuito de
Cartagena. (Folios 64 a 73, cuaderno 4).
2.
Sentencia del 6 de
noviembre de 2001 del Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, por medio de la
cual se resolvió en primera instancia la acción de petición de herencia
presentada por la peticionaria, por la cual se concedieron sus pretensiones.
(Folios 114 a 145, cuaderno 4).
3.
Sentencia del 18 de abril
de 2008 de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, por medio de la cual revocó la providencia de la primera
instancia. (Folios 146 a 163, cuaderno 4).
4.
Sentencia de Casación de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 17 de junio de
2011 por medio de la cual se decidió no casar la sentencia de la segunda
instancia. (Folios 42 a 61, cuaderno 1).
5.
Acción de tutela impetrada
contra la sentencia de Casación, presentada por la peticionaria por medio de
apoderado judicial el día 10 de septiembre de 2011. (Folios 4 a 41, cuaderno
1).
6.
Sentencia de tutela del 27
de septiembre de 2011 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia por medio de la cual se negó el amparo impetrado. (Folios 16 a 27).
7.
Sentencia de tutela de
segunda instancia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
del 29 de noviembre de 2011, por medio de la cual se confirmó el fallo de
tutela de la primera instancia. (Folios 3 a 12, cuaderno 3).
8.
Escrito de contestación a
la acción de tutela presentado por el Magistrado Ponente, el Doctor Pedro
Octavio Munar Cadena, el día 23 de septiembre de 2011. (Folios 11 a 14,
cuaderno 2).
II.
Revisión por la
Corte Constitucional.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso que hizo la Sala
de Selección, mediante auto del 31 de enero de 2012.
2.
Actuaciones en sede
de revisión.
En sede de revisión el Magistrado Ponente expidió varios oficios
dirigidos a diferentes despachos judiciales involucrados en el presente
litigio, en aras de lograr acceder al expediente del proceso de petición de
herencia iniciado por la peticionaria, sin éxito alguno. Finalmente, y después
de encontrar negativas en diversos despachos, el Tribunal Administrativo de
Bolívar allegó copias del expediente por medio de comunicado del 26 de abril de
2011.
Adicionalmente, la Asociación de la Red Nacional de Veedurías presentó
escrito el 29 de febrero de 2012, solicitando que se otorgara el amparo a la
peticionaria en vista de que “la Corte Suprema de Justicia, aceptó el
recurso, lo tramitó pero, sin argumentos jurídicos y conociendo las leyes
imperantes en la época y las actuales jurisprudencias, tanto de esa misma
Corporación como de la Corte Constitucional, se negó a casar la Sentencia,
incurriendo en vías de hechos, con lo que le vulneró los derechos de Igualdad,
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el reconocimiento
de su personalidad e identidad”. (Folio 24, cuaderno 4).
3.
Consideraciones.
3.1
Estudio de los
requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración.
3.1.1. En virtud de que se está ante una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Corte debe analizar si se reúnen los requisitos
necesarios para que proceda el amparo incoado. Por medio de una reiterada línea
jurisprudencial, esta Corporación ha fijado los criterios que se deben analizar
para autorizar la procedencia de la acción de tutela en contra de una
providencia judicial. Es así como, sólo en casos excepcionales puede proceder
una acción de amparo constitucional contra una sentencia, para lo cual la Corte
distinguió unos criterios de carácter general, que habilitan la interposición
de la tutela y, otros de carácter específico, que tratan la procedencia misma
de la acción, una vez presentada.
3.1.2. La verificación de los requisitos generales
constituye la puerta de entrada a la cuestión procesal, a las posiciones
jurídicas iusfundamentales del procedimiento en cuestión. Estos
requisitos han sido sintetizados de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[1]
3.1.3. Solamente cuando se ha constatado el
cumplimiento de los requisitos generales, puede el juez constitucional entrar a
determinar la existencia de alguno de los vicios que ha establecido la Corte,
como requisitos especiales de procedencia de la acción a partir de los cuales
se concrete la vulneración de derechos fundamentales. Los defectos que ha
señalado la Corte se pueden concretar así:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.    Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta,
si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.[2]
3.1.4. La existencia de alguno de los defectos
señalados previamente sólo se puede verificar una vez se haya constatado el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por
este motivo, la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales
conduce a la imperiosa necesidad de que se verifiquen todos los requisitos de
procedibilidad y además la existencia de por lo menos uno de los defectos
procedimentales que ha establecido la Corte.
3.1.5. En este sentido, pasa la Sala a
comprobar los requisitos de procedibilidad, sólo si se encuentran reunidos
todos ellos, procederá al estudio del defecto procedimental alegado.
3.2. Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada.
3.2.1 Esta primera condición hace referencia a
que el asunto tratado involucre realmente derechos de rango constitucional y no
sea una cuestión que deba resolverse ante el juez ordinario de manera
exclusiva. La Corte ha descrito el alcance de este requisito de la siguiente
manera:
“Como ya se mencionó, el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”.[3]
3.2.2 En el presente caso, se explora la
posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia hubiese incurrido en una vía de
hecho al desconocer una regla probatoria que podría conllevar la vulneración de
los derechos fundamentales de la peticionaria. De encontrar fundamento en los
argumentos de la solicitante, su derecho al debido proceso se estaría viendo
vulnerado en la medida en que al aplicar de manera incorrecta una regla
probatoria se desconocería que sí allegó con el expediente suficiente material
probatorio para acreditar su condición de heredera y por tanto, acceder a la
parte de la herencia que le corresponde.
3.3. Agotar todos los medios de defensa judicial
posibles.
3.3.1. Este segundo requisito hace referencia al “deber del actor de
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos”.[4]
La teleología tras esta condición de procedibilidad es preservar el carácter
alternativo y subsidiario que inspiró la consagración de la acción de tutela en
el ordenamiento constitucional colombiano. Así, se pretende evitar que la
tutela invada las competencias asignadas a las distintas autoridades de la
justicia ordinaria, conllevando un desborde institucional a través del abuso de
la Jurisdicción Constitucional.
3.3.2. En el presente caso resulta evidente que la peticionaria agotó
todas las vías judiciales que tenía a su disposición para adelantar sus
pretensiones, pues presentó acción de petición de herencia, que fue tramitada
en segunda instancia y terminó con el recurso extraordinario de casación ante
la Corte Suprema de Justicia. Agotada esta vía por la Jurisdicción Ordinaria,
la solicitante presentó la acción de tutuela.
3.4
. Requisito de la
inmediatez.
3.4.1. El tercer requisito propugna por que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la supuesta vulneración. Esta condición está encaminada a
proteger los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues de permitir
que la acción de tutela proceda años después de proferida la decisión,
contribuiría a su menoscabo.
3.4.2. El último requisito también se constata pues la providencia de
casación se expidió el 17 de junio de 2011 y la tutela se interpuso el 10 de
septiembre de 2011, es decir, transcurrieron aproximadamente tres meses, tiempo
suficiente y necesario para preparar la acción impetrada.
3.5.
Injerencia de la
irregularidad procesal en la providencia atacada.
3.5.1.  Frente al cuarto requisito para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación
ha establecido:
“Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora”.[5]
3.5.2. En el presente caso no se alegó la existencia de una
irregularidad en las formas procesales, sino en la interpretación que hizo el
juez de las normas aplicables y de las pruebas allegadas al proceso.
3.6. Identificación razonable de los hechos que
generaron la vulneración y los derechos considerados vulnerados y que se
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible.
3.6.1. Este requisito está encaminado a asegurar que quien interpone la
acción de tutela identifique de manera clara y razonable cuáles fueron las
actuaciones u omisiones que condujeron a la vulneración alegada. El segundo
elemento que compone este criterio, es que dichos argumentos se hubiesen
presentado de manera reiterada en el proceso judicial que fue impugnado con la
tutela.
3.6.2. En el presente caso se puede constatar la existencia de este
requisito, pues en el escrito de tutela se evidencia claramente cómo la
peticionaria, por medio de su apoderado, identificó la actuación que realizó la
Corte Suprema de Justicia y las razones por las cuales consideró que dicha
actuación resultaba vulneratoria de sus derechos fundamentales.
En efecto, la accionante alegó en el escrito de tutela que la
providencia atacada “desconoció de manera subjetiva, arbitraria y caprichosa
y sin fundamento objetivo razonable, el sistema de la TARIFA LEGAL probatoria,
prevista por el legislador para la valoración de las pruebas del estado civil
de los hijos naturales o extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia
la Ley 92 de 1938, el cual se acreditaba y se acredita hoy, con las partidas
eclesiásticas que expedían los respectivos curas párrocos de las iglesias donde
se era bautizado” (Folios 16 a 17, cuaderno 1). La argumentación central de
la acción de tutela se concentró en justificar que la providencia atacada
desconoció que con la partida de bautismo allegada, el señor Ramón Barrios
Pérez reconoció como hijo suyo a Benito Barrios Espitia. Por último, y como
elemento final de este requisito, dicho argumento se presentó de manera
reiterada en el proceso judicial de petición de herencia que concluyó con la
sentencia de casación impugnada.[6]
3.7.
Que no se trate de
sentencias de tutela.
La providencia atacada es un fallo de casación, por tanto no incurre en
la prohibición contenida en el último requisito.
Constatados como se encuentran todos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es posible
pasar a determinar si en el presente caso se puede constatar la existencia de
los defectos fácticos y sustantivos alegados por la peticionaria.
3.8.
Análisis sobre la
existencia de algún defecto fáctico o sustantivo en las providencias atacadas.
La peticionaria alegó la existencia de un defecto sustantivo por haber
desconocido y malinterpretado las “normas sustanciales que regulan el estado
civil de los hijos naturales y extramatrimoniales nacidos en vigencia de la
leyes 57 y 153 de 1887”. (Folio 18, cuaderno 1). Por otro lado, argumentó
la existencia de un defecto fáctico por considerar que la partida de bautismo
allegada “no fue valorada debidamente”. (Folio 28, cuaderno). Además de
estas causales, la peticionaria señaló la falta de motivación y desconocimiento
del precedente.
3.9.
Caso concreto.
3.9.1.  Problema Jurídico
Para atender las causales alegadas por la accionante,
la Sala pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera la Corte
Suprema de Justicia el derecho al debido proceso, incurriendo en defecto
fáctico y sustantivo, al considerar que la partida de bautismo que no haya sido
firmada por el padre del hijo extramatrimonial no constituye plena prueba de la
paternidad?
Para responder a este cuestionamiento, es necesario establecer cuál es
el contenido que le ha dado la jurisprudencia a los conceptos de ‘defecto
fáctico’ y ‘defecto sustantivo’. Esta Corporación ha definido al defecto
fáctico “como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la
práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica; por último, la Corte también
lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los soportes
probatorios”[7].
Por otro lado, se ha planteado que existe “un defecto sustantivo en la
decisión judicial cuando la actuación controvertida desconoce una ley adaptable
al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque
(i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,  (ii)
es inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso”[8]. Por
tanto, para la accionante, el hecho de que la Sala de Casación Civil hubiese
interpretado la normatividad aplicable en el sentido de exigir que el
reconocimiento de la paternidad fuese un acto expreso que requiriera la firma
en la partida de bautismo, constituye un defecto fáctico al interpretar de
manera inadecuada la prueba (la partida de bautismo) y un defecto sustantivo al
aplicar la exigencia del artículo 368 del Código Civil (que requería el acto
volitivo para el reconocimiento de la paternidad).
3.9.2. Una vez se ha planteado el contenido de la
impugnación realizada, es claro para la Sala que la respuesta al problema
jurídico trazado no puede ser positiva, pues la providencia atacada realizó un
estudio detallado de la partida de bautismo allegada y del valor probatorio que
se debía otorgar dentro del proceso de petición de herencia, teniendo en cuenta
un análisis pormenorizado de la normatividad aplicable.
En efecto, no es posible argumentar que se hubiese
configurado una falta por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia pues sí analizó de manera extensa las normas aplicables al
caso bajo estudio, y motivó con suficiencia el valor probatorio que le otorgó,
como juez natural de la Jurisdicción Ordinaria, a la partida de bautismo
allegada.
3.9.3. De hecho, como se puede evidenciar en los folios
52 a 54 del cuaderno 1 del expediente, la Sala de Casación realizó un análisis
sobre la normatividad aplicable, reconociendo y estudiando cada una de las
normas invocadas y precisando su alcance.
En efecto, la providencia establece claramente cómo “una
cosa es el estado civil de las personas y otra su prueba” (Folio 51,
cuaderno 1). Por tanto, para probar el estado civil de una persona existe
tarifa legal, especialmente cuando se trata de un hijo ‘natural’ -es decir
extramatrimonial-, pues el reconocimiento de la paternidad debe ser expreso.
Como lo expuso la Corte en su providencia: “en punto del estado en su
momento llamado “de hijo natural”, es del caso memorar que, inicialmente, el
artículo 318 del Código Civil, adoptado por la Unión en 1873 y erigido luego en
Código de la República Unitaria -Ley 57 de 1887-, le confería tal status a los
nacidos fuera del matrimonio que hubieren sido reconocidos por sus padres o por
uno de ellos. El reconocimiento podía producirse por instrumento público entre
vivos o por testamento  (artículo 318 Ibídem), y también firmando el acta de
registro civil, pues el artículo 368 establecía que “cuando el padre reconozca
a un hijo natural en el acto de nacimiento, bastará que firme el acta de
registro respectiva, en prueba de su reconocimiento”. De igual modo, esa
codificación confería al hijo el derecho de citar al presunto padre ante el
juez para que bajo juramento manifestase si creía o no serlo, si lo aceptaba,
el hijo adquiría, la calida de “natural”, con igualdad de condiciones respecto
del reconocido solemnemente”. (Folio 52, cuaderno 1).
De esta manera, la Corte reitera cuál es la
normatividad aplicable y cuál es la correcta interpretación que se le debe dar.
Así, la argumentación planteada aclara que, aunque el estado civil puede
constar en una partida de bautismo, el acto de reconocimiento de un hijo
extramatrimonial responde a unas solemnidades específicas, siendo el elemento
común entre todas ellas, la manifestación expresa de la voluntad. Por tanto,
para el reconocimiento del hijo por fuera del matrimonio, es necesario que
exista dicha declaración, realizada, por supuesto, por el padre o madre que
desea concretar el acto de reconocimiento.
Por estos motivos, la Corte planteó que “siendo el
estado civil un asunto que de tiempo atrás ha concernido exclusivamente al
imperio de la ley, el de hijo natural -hoy extramatrimonial- ha tenido como
fuente exclusivamente los hechos y actos señalados como constitutivos del
mismo, en la normatividad que ha regido la materia en distintas épocas a las
que se hizo alusión, y su acreditación está sujeto al régimen legal vigente al
momento en que acaeció su constitución (artículo 39 Ley 153/87), sin perjuicio
de acudirse a los medios probatorios instituidos por la nueva ley. En consecuencia,
también en lo relativo a la prueba del estado, es ineludible atenerse a los
específicos mandatos normativos” (Folio 53, cuaderno 1). En ese sentido, y
reiterando lo que se planteó a priori, para la época que se pretende
reconstruir la prueba de la paternidad sobre el hijo ‘natural’, debía darse una
declaración expresa del padre pues “la mera mención de ella realizada por la
autoridad eclesiástica, sin los soportes pertinentes carece del carácter
constitutivo del estado civil en mención (Folio 54, cuaderno 1) (…)
dicha partida eclesiástica a lo sumo acredita el hecho del bautismo, mas no la
filiación natural respecto del padre, habida cuenta que no refiere acto alguno
de constitución de ese estado civil” (folio 55, cuaderno 1).
En virtud de estas consideraciones, la Corte Suprema
de Justicia analizó (ver folios 55 a 58, cuaderno 1) las consecuencias de estas
reglas sobre el caso concreto y concluyó que “el acta allí inserta [la
partida de bautismo allegada para probar la paternidad] se menciona que el
bautizado es hijo de “Ramón Barrio” (sic), y visto está que el sacerdote que la
extendió no estaba facultado legalmente para asignar tal status, el que
itérase, en este caso únicamente podía adquirirse por el reconocimiento
voluntario del presunto progenitor efectuado en la forma autorizada en el
artículo 56 de la Ley 153 de 1887” (Folio 55, cuaderno 1).
Por otro lado, frente al documento referido, la Corte
analizó sus características y el valor que se le podría asignar, realizando un
estudio probatorio concienzudo. En efecto, frente a este aspecto la Corte
estableció que “por la deficiente calidad de la impresión del documento en
referencia, que lo hace borroso, es francamente ilegible en aspectos tales como
la fecha de inscripción y de nacimiento del bautizado, la filiación, el  nombre
del mismo (…) por ende, cualquier hecho que con él se quisiese tener por
acreditado sería a partir de verdaderas conjeturas. Súmase a esto que ninguna
certeza ofrece sobre la identidad con su original, ya que carece la atestación
de haber sido cotejada con éste”. (Folio 57, cuaderno 1). Por este motivo,
aunque la interpretación ofrecida por la Sala de Casación hubiese permitido que
el acta probara la paternidad, faltando la firma del padre, la calidad misma
del documento no permite inferir de él ninguna información concluyente pues es
una fotocopia borrosa de la que no se puede deducir nada en términos de
autenticidad y veracidad.
3.9.4. En este sentido, y como se puede inferir de las
consideraciones presentadas previamente, la Corte Suprema de Justicia no
incurrió en ninguna de las causales reclamadas por la parte actora, pues el
análisis que realizó, frente a las normas y pruebas allegadas, fue completo y
conclusivo, cercenando cualquier posibilidad de llegar a una conclusión
diferente de la asumida en la providencia que expidió. El hecho de que el Alto
Tribunal hubiese adoptado la decisión mencionada fue fruto de un estudio
cuidadoso de toda la normatividad aplicable, encontrando que el artículo 368
del Código Civil señalaba claramente, para ese momento, que el acto de
reconocimiento del hijo era un acto de contenido volitivo y por tanto, la
partida de bautismo sin la firma no podía llenar dicho requisito. Así, no
existió un error palmario en la valoración de la prueba, ni en la normatividad
que se invocó para resolver el presente litigio. Por esta razón, no se
configura la vía de hecho alegada y no pueden prosperar las pretensiones de la
accionante, así quepa una valoración jurídica distinta del asunto como la
pretendida en sede de tutela, la cual, por mas consistente que resulte no priva
de validez a la asumida en la providencia cuestionada, que, de modo alguno
podría catalogarse como arbitraria, infundada o caprichosa, esto es como
actuación de hecho que justifique impartir una orden dirigida a que la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie nuevamente en algún sentido
específico.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
III.
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia del 29 de noviembre de 2011 de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual se negó
el amparo incoado.
SEGUNDO.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional.
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Magistrada Ponente (E)
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA T-401/12
Referencia:
expediente T-3329158.
Acción de tutela
instaurada por Clovis Barrios de Chicó contra Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente (e):
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Con el respeto que merecen las decisiones de esta
Corporación, me permito manifestar mi disenso en relación con lo decidido por
la Sala en el asunto de la referencia.
La posición mayoritaria de la Sala Tercera
de Revisión de Tutelas de la Corte resolvió negar el amparo reclamado por la
demandante.  El problema
jurídico que proponía este caso estaba relacionado con un proceso de petición
de herencia, dentro del cual se pretendía establecer la filiación entre el
señor Ramón Barrios Pérez y Benito Barrios Espitia. Este último es hijo
extramatrimonial del primero y, de acuerdo con las pruebas obrantes dentro del expediente,
esta condición está acreditada, aún cuando los hechos se remontan hasta finales
del siglo XIX. Sin embargo, la sentencia de casación en contra de la cual se
dirigió la acción de tutela, con el argumento del uso de la tarifa legal para
la prueba del estado civil, incurrió –en mi parecer-  en un exceso ritual
manifiesto y se niega a reconocer un vínculo probado.
La argumentación de la Sala de Casación Civil, que
resta sistemáticamente valor a la partida de bautismo, a las certificaciones
expedidas por los curas párrocos donde reposan tales partidas e incluso la
escritura pública mediante la cual, ante el Notario 1º de Cartagena, el señor
Ramón Barrio Pérez reconoce como hijo suyo al señor Benito Barrios, se apoya en
concepciones puramente formales del derecho para negar, en últimas, lo que
resulta verdadero. De esta manera, va en contra de lo dispuesto en el artículo
228 de la Constitución y da prevalencia a la forma sobre lo sustancial
Por esta vía la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia y el Tribunal que conoció del proceso en segunda instancia,
violaron el derecho al debido proceso de la actora, la señora Clovis Barrios
Argueta, nieta de Benito Barrios. Así las cosas, en mi parecer, la Corte debió
revocar los fallos que revisaba, conceder el amparo en este caso y dejar sin
efecto las sentencias de las autoridades judiciales referidas. Como hay
elementos de juicio que permiten suponer la negativa de la Sala de Casación
Civil a acatar una decisión en este sentido, la sentencia de revisión  de
tutela debió ordenar la ejecutoria del fallo de primera instancia en el proceso
de petición de herencia, ya que tal providencia no incurrió en el exceso ritual
manifiesto.
Fecha ut supra
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Auto 090/17
Referencia: Solicitudes de nulidad de la
Sentencia T-401 de 2012, presentadas por el señor Víctor Velázquez Reyes,
apoderado de la señora Clovis Barrios de Chico; y por el señor Otoniel Zabala
Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, veintitrés (23)
de febrero de dos mil diecisiete (2017).
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver las
solicitudes de nulidad formuladas por el señor Víctor Velásquez Reyes,
apoderado de la señora Clovis Barrios de Chico, y por el señor Otoniel Zabala
Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC, contra la Sentencia T-401 de 2012,
proferida por la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación.[9]
I.
ANTECEDENTES
1.1
Aclaraciones previas
1.1.1
Previamente, debe advertirse que la resolución de las presentes solicitudes de
nulidad le correspondió, en primer lugar, al Magistrado Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien reemplazó al Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, quien, a su vez,
había sido reemplazado temporalmente por la Magistrada (E) Adriana María
Guillen, ponente de la sentencia de tutela cuya nulidad se impetra.
El Magistrado
Luís Guillermo Guerrero Pérez, presentó proyecto ante la Sala Plena de esta
Corporación el 23 de febrero de 2017, el cual no fue aprobado, esencialmente en
lo que respecta a las consideraciones sustanciales respecto de la procedencia
de la nulidad. En consecuencia, la elaboración del Auto de incidente de
nulidad, cuya decisión fue adoptada por la mayoría de la Corte Constitucional,
correspondió al Magistrado Antonio
José Lizarazo Ocampo.
De acuerdo con la decisión de Sala Plena, en
el presente Auto se recoge, en lo fundamental, los antecedentes y el análisis formal
presentado ante el Pleno de esta Corporación, y se modifica respecto del
análisis de los presupuestos sustanciales de la solicitud de nulidad presentada
por Víctor Velázquez Reyes, apoderado de
la señora Clovis Barrios de Chico, conforme con los criterios sentados y la
decisión adoptada por la Plenaria de esta Corporación.
1.1.2 Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte se
referirá al asunto a partir de los aspectos centrales que sirvieron de ratio
decidendi en la Sentencia T-401 de 2012[10].
Oportunidad en la que se delimitó la materia objeto de decisión al estudio de
dos defectos (fáctico y sustantivo) que, en esencia, se planteaban como
causantes de la violación del derecho al debido proceso. Lo anterior, en virtud
de la forma como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
habría dado aplicación al sistema de tarifa legal probatoria, con ocasión de la
definición de un recurso de casación interpuesto por la accionante contra la
Sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso de petición de herencia que
promovió contra al señor Elzael Barrios Páez y los herederos indeterminados de
Reynal y Lelia Barrios Páez[11].
Adicionalmente, a fin de comprender el caso en su integridad, se recurrirá a
elementos de juicio que constan en el expediente T-3.329.158.
A partir de las aclaraciones realizadas, este Tribunal
destaca los aspectos relevantes que dieron origen al amparo constitucional:
1.2. Hechos que motivaron la acción de
tutela
1.2.1. En la Sentencia T-401 de 2012 se señaló que “la señora Clovis Barrios de Chico promovió
proceso ordinario de petición de herencia contra Elzael Barrios Páez y los
herederos indeterminados de Reynal y Leila Barrios Páez, para que se declarara
que ella era heredera de mejor derecho en la sucesión del señor Ramón Barrios
Pérez”[12]. Lo anterior, bajo el argumento de que
ella era hija del señor José Barrios Díaz, quien, a su vez, había sido
reconocido por su padre, el señor Benito Barrios Espitia, mediante Escritura
Pública 1146 del 22 de diciembre de 1969, quien, a su turno, fuera hijo del
señor Ramón Barrios Pérez, “(…) según el certificado de partida de bautismo
registrado mediante Escritura Pública Nos. 478 y 27 de la Notaría 1ª de
Cartagena, del 28 de noviembre de 1898 y el 10 de enero de 1928 respectivamente
(…)”[13].
1.2.2. En el referido proceso ordinario de petición de
herencia, la señora Clovis Barrios de Chico alegó que los señores Elzael,
Reynal y Leila Barrios adelantaron el proceso sucesorio del señor Ramón Barrios
Pérez (bisabuelo de la actora) ante el Juzgado 4 Civil del Circuito de
Cartagena, ocultando la existencia y paradero de otros herederos de igual o
mejor derecho, así como de varios bienes inmuebles. En consecuencia, solicitó
que se dejara sin efecto el trabajo de partición aprobado en dicho juicio y se
ordenara su reliquidación. De manera puntual se hace referencia a los predios
denominados “La Isleta”, “Las Animas” y “La Ceiba”.
1.2.3. El Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena,
autoridad judicial de primera instancia en el proceso ordinario, en sentencia
del 6 de noviembre de 2001, “consideró que la demandante tenía igual derecho
que los demandados en la sucesión de Ramón Barrios Pérez y por ello declaró
ineficaz el acto partitivo y ordenó rehacerlo”.
Para ello, de conformidad con los antecedentes de la
Sentencia T-401 de 2012, tuvo en consideración “el certificado de bautismo
allegado para probar la filiación[,] [que permitía]  colegir ‘sin menor duda,
que en efecto la prueba documental arrimada sobre el estado civil del señor
BENITO BARRIOS ESPITIA, es prueba principal y reúne todos los requisitos de
ley. Por lo cual se tiene probada la condición de heredero en cabeza de BENITO
BARRIOS ESPITIA, de su padre RAMÓN BARRIOS PÉREZ’ (…)”.
Adicionalmente, en los considerandos de la providencia
se precisó que “Obra en el expediente la Escritura Pública No. 478 del 29 de
Noviembre de 1898 otorgada por el señor Ramón Barrios Pérez ante la Notaria
Primera de Cartagena, por medio de la cual el otorgante reconoce como su hijo
al señor Benito Ramos Espitia. Igual prueba está contenida en la Escritura No.
27 de fecha 10 de enero de 1929 de la Notaría Primera de Cartagena, en donde
incluso se hace una asignación testamentaría por parte del otorgante Señor
Ramón Barrios Pérez a favor de su hijo Benito Barrios Espitia”.
En consecuencia, la primera autoridad judicial se
pronunció en el sentido de que, por vía de representación, se da la secuencia
que justifica otorgar la condición de heredera a la señora Clovis Barrios de
Chico.
1.2.4. Los demandados en el proceso de petición de
herencia presentaron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
Una vez agotados los trámites de ley, en sentencia del 18 de abril de 2009, la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena decidió revocar la
providencia del a-quo para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
señora Clovis Barrios de Chico.
Para la citada autoridad judicial, en el caso sub-judice,
al contrario de lo considerado por el juez de primera instancia y teniendo en
cuenta que el nacimiento de Benito Barrios Espitia se produjo antes de 1938 (el
21 de marzo de 1894), “debió acreditarse la paternidad con el acta de
nacimiento” o con la “partida eclesiástica de bautizo”[14],
en la que figurara “la respectiva constancia de su reconocimiento, de
conformidad con el artículo 368 del Código Civil aplicable al caso, o [con] la
respectiva providencia judicial que así lo declarara”[15].
A juicio del Tribunal, no se encontraba probado el
reconocimiento del señor Benito Barrios Espitia como hijo extramatrimonial del
señor Ramón Barrios Pérez, en su condición de hijo natural, “(…) pues
si bien se acompaña[ba] una partida de bautismo en donde se menciona que
éste nació el 21 de marzo de 1894 y [que] tiene por padre a Ramón Barrios y
Cleotilde Espitia, dicho documento no tiene nota alguna de que fuese firmada
por su padre y mucho menos que el reconocimiento se hubiese efectuado por su
presunto padre”[16]
(Negrillas fuera de texto). Se enfatizó en la sentencia  que “(…) antes
de la Ley 92 de 1938 (…) el documento idóneo para acreditar [el] parentesco
[era] la correspondiente partida eclesiástica (…)”[17],
en la cual debía constar el reconocimiento expreso de la filiación, en los
términos del artículo 368 del Código Civil[18].
A continuación, el Tribunal indicó que “(…)
solicitó a la respectiva parroquia de la Bahía, informara si existía alguna
nota marginal en ese sentido, con un resultado negativo a la petición (…),
acompañándose copia del folio del libro de bautismo, donde aparece la partida
de bautismo de Benito Barrios Espitia[,] en donde no hay constancia de que
hubiese sido firmada por su presunto padre y mucho menos que este solicitara se
le considerara como hijo suyo, ni tampoco aparece pronunciamiento judicial, que
lo reconociera como hijo de su presunto padre”[19].
Posteriormente, la autoridad judicial analiza el folio
del libro de bautismo, y no la partida en sí misma considerada, en el
que se encuentra una nota marginal, la cual afirma que el reconocimiento se
efectuó por Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898 de la Notaría
1ª de Cartagena[20].
Para el Tribunal, dicho elemento de convicción resultaba inconducente, por una
parte, porque “si el presunto padre hubiese hecho dicho reconocimiento en el
acto de bautismo, no tendría razón alguna de colocarle una nota marginal
contentiva de dicho reconocimiento y mucho menos con fundamento en una
escritura”[21],
y por la otra, porque ese documento “no es de los que taxativamente
establece la ley para demostrar [el] parentesco, rompiendo de inmediato y sin
entrar estudiar las demás, el enlace que debe existir para heredar en
representación”[22].
En conclusión, a juicio del Tribunal, la cadena de
sucesión se hallaba rota y no podía concluirse que la señora Clovis Barrios de
Chico fuese heredera de igual o mejor derecho que los demandados, en relación
con el señor Ramón Barrios Pérez.
Cabe señalar que la decisión del Tribunal no fue
unánime. El voto disidente también se estructuró en torno al valor de
convicción que podía dársele a los documentos obrantes en el expediente. Desde
esta perspectiva, el Magistrado que se separó de la decisión mayoritaria, alegó
que no compartía que a la partida eclesiástica le hiciese falta la firma
del señor Ramón Barrios Pérez para acreditar el estado civil de su hijo Benito
Barrios Espitia, abuelo de la demandante, pues en el artículo 22 de la Ley 57
de 1887 no figuraba dicha exigencia. Adicionalmente, hizo referencia a las
escrituras números 27 del 10 de enero de 1928 y 478 del 29 de noviembre de
1898. La primera de ellas contentiva del testamento del señor Barrios Pérez, y
en la cual se hizo referencia a la segunda, pues en ella se reconoció, como
hijos naturales, a los descendientes que tuvo con Cleotilde Espitia. Dicho esto
el Magistrado disidente enfatizó que “(…) desde el punto de vista del
derecho sustancial o material, hoy sobre todo en vigor [en] el estado social y
democrático de derecho, no es dable ignorar la fuerza probatoria de las citadas
escrituras de su reconocimiento como hijo y del testamento de 1898 (…)”.
1.2.5. La señora Clovis Barrios de Chico, a través de
apoderado, interpuso recurso extraordinario de casación contra la decisión
adoptada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena. El cual
fue resuelto el 17 de junio de 2011 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, de manera desfavorable a sus intereses.
El argumento central de la citada decisión, se
encuentra en que “tratándose de la filiación paterna natural -como aquí
acontece-, el acta parroquial inserta en la respectiva certificación ha de
recoger el acto declarativo de paternidad, porque la mera mención de ella
realizada por la autoridad eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece
del carácter constitutivo del estado civil”[23].
Para llegar a la conclusión expuesta, la Sala de
Casación Civil resumió los cargos formulados por la recurrente, los cuales,
para efectos de esta providencia, se pueden agrupar en dos vicios. El primero
de ellos supuso que, “si bien la escritura pública de reconocimiento de hijo
natural no es la prueba idónea para demostrar [el] parentesco, lo cierto es que
si lo es el acta de bautismo, con la anotación de ese instrumento,
cuya autenticidad y pureza se presumen; de suerte, pues, que la partida
eclesiástica de Benito Barrios Espitia, con la nota del reconocimiento hecho
por su padre Ramón Barrios Pérez, (….) es la prueba fehaciente del parentesco
de consanguinidad entre aquellos”[24].
Por su parte, el segundo cargo se sustentó en que no se le dio alcance
probatorio “a la escritura pública mediante la cual [el señor] Ramón Barrios
[Pérez] reconoció como hijo natural” al abuelo de la demandante, “instrumento
inscrito al margen del acta eclesiástica de nacimiento de [este] último (…) y,
de contera, tampoco [se] le dio a ésta la ‘eficacia jurídica de prueba del
estado civil’ que la ley le asigna”[25].
En sus consideraciones generales, la Corte Suprema de
Justicia señaló la relevancia del estado civil y su forma de probarse, la cual,
según se indicó, está sometida a la tarifa legal del régimen correspondiente,
razón por la cual la ley determina la manera cómo debe acreditarse y las
conclusiones a las que debe llegar toda autoridad judicial ante la presencia o
ausencia de los elementos de convicción que certifican su existencia. Esta
circunstancia resalta la distinción entre el estado civil y su prueba, pues si
bien el primero puede derivarse de diversos actos y hechos que lo constituyen,
como nacer de padres casados o celebrar un matrimonio, para efectos de su
acreditación, por disposición de la ley, únicamente caben “los documentos
provistos [de forma expresa] y reglamentados con tal propósito por el
ordenamiento jurídico”[26].
Con el propósito de aclarar que, inicialmente, la
distinción entre hijos no se reducía a “naturales” y legítimos, se
realizó un recuento de la evolución normativa que ha regido la materia desde
1887, en la que se constató que las normas vigentes, en ese entonces,
clasificaban la filiación entre legítima e ilegítima “(…) y esta última en
hijos de dañado y punible ayuntamiento o sea de cohabitación delictuosa (adulterinos
e incestuosos), hijos naturales y los simplemente ilegítimos (no reconocidos
por el padre)”. Lo cual conllevaba efectos jurídicos en la protección que
podían recibir dichos descendientes, al igual que en los derechos que podían
ejercer.
De conformidad con el artículo 39 de la Ley 153 de
1887, se enfatizó que la acreditación del estado civil está sujeta al régimen
legal vigente al momento en que acaeció su constitución[27]. Por lo cual, en el
caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que el señor Benito Barrios Espitia
nació el 21 de marzo de 1894[28],
el régimen vigente para aquél entonces era el previsto en el artículo 22 de la
Ley 57 de 1887, el cual tenía como prueba principal del estado civil “las
certificaciones expedidas por los sacerdotes párrocos con sujeción a las
formalidades legales e insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales”[29].
A continuación, se explicó la forma como dichas actas tenían la conducencia
necesaria para probar el estado civil, en los siguientes términos:
“[No] obstante, es incontrastable que
tratándose de la filiación paterna natural –como aquí acontece–, el acta
parroquial inserta en la respectiva certificación ha de recoger el acto
declarativo de paternidad, porque la mera mención de ella realizada por la
autoridad eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece del carácter constitutivo
del estado civil en mención.
Por supuesto, si por mandato del artículo
50 de la Constitución de 1886 el estado civil se adquiría en los estrictos
términos previstos en la ley, inexorablemente se debe colegir que la única
fuente del de (sic) hijo natural era el reconocimiento voluntario que se hacía
por testamento o instrumento público o firmando el acta de registro civil de
nacimiento, porque así lo imponía el ordenamiento entonces en vigor (Ley 153 de
1887 y 368 del C.C). En consecuencia, para que esa persona pudiera adquirir
ese status era menester que se hubiere producido el reconocimiento en las
condiciones previstas por la reseñada normatividad. Así mismo, para que tal
estado, verdaderamente adquirido, se pudiera probar era menester que el
funcionario encargado del registro, en este caso el cura párroco, tomara
nota de ese acto y de ella se diera cuenta en la respectiva certificación”[30].
Por consiguiente, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia consideró en su momento que la prueba requerida para
acreditar la filiación en el año 1894 era exclusivamente el certificado
expedido por el párroco de conformidad con las formalidades legales
referidas a las actas o partidas de bautismo parroquiales existentes en los
libros dispuestos para tal fin. Dicha exigencia no se acreditaba en el caso sub-judice,
por cuanto:
“(…) nada de esto consta [en] el
certificado expedido por el párroco de la Parroquia de la Bahía –perteneciente
a la Arquidiócesis de Cartagena–, obrante a folio 5 del cuaderno No. 1 del
expediente, de cuya indebida apreciación se duele el recurrente, pues aunque
dicho documento indica que Benito es ‘hijo de Ramón Barrio’ (sic) no contiene
nota alguna sobre el acto declarativo de esa paternidad, y es evidente que no
podía referirlo, porque para la fecha en que fue asentada -26 de marzo de
1895-, consignando el nombre del presunto padre, éste no había efectuado el
reconocimiento posteriormente recogido en la escritura pública No. 478 del 29
de noviembre de 1898, instrumento del que tampoco se había tomado nota
marginal en el folio del libro parroquial para el 22 de mayo de 1998, día en
que fue expedida la citada certificación eclesiástica”[31].
En este sentido, la certificación eclesiástica de
bautismo del señor Benito Barrios Espitia no constituía prueba de su estado
civil, pues carecía de los soportes pertinentes y en ella sólo se hacía una
mención del posible padre. En particular se expuso que:
“Dicha partida eclesiástica[[32]]
a lo sumo acredita el hecho del bautismo, más no la filiación natural respecto
del padre, habida cuenta que no refiere acto alguno de constitución de ese
estado civil, simplemente en el acta allí inserta se menciona que el bautizado
es hijo de ‘Ramón Barrio’ (sic) y visto está que el sacerdote que la extendió
no estaba facultado legalmente para asignar tal status, el que, iterase, en
este caso únicamente podía adquirirse por el reconocimiento voluntario del
presunto progenitor efectuado en la forma autorizada en el artículo 56 de la
Ley 153 de 1886 –testamento o instrumento público entre vivos–. (…) En
otras palabras, la partida en cuestión aunque está revestida de autenticidad
–no fue tachada ni redargüida de falsa– carece de eficacia demostrativa para
establecer la filiación discutida, por la razón ya señalada”[33].
(Resalta la Sala)
A lo anterior se agregaron tres consideraciones
adicionales: (i) en primer lugar, se señaló que no podía inferirse que, en
virtud del instrumento público que se alega por la actora, el sacerdote haya
procedido a consignar el nombre presunto del padre, pues para la fecha en el
acta parroquial fue extendida, esto es, el 26 de marzo de 1895, no había sido
otorgada la Escritura 478 del 29 de noviembre de 1898; (ii) en segundo lugar,
tampoco podía otorgársele valor probatorio a la nota marginal que aparece en el
libro parroquial, como también lo sostuvo el Tribunal de Cartagena, porque no
se trata de la certificación eclesiástica admitida como prueba por el artículo
22 de la Ley 57 de 1887, pero, además, su impresión era borrosa e ilegible en
varios apartes, incluyendo el nombre del bautizado. Finalmente, (iii) en
relación con la Escritura No. 478 del 29 de noviembre de 1898, la Sala de
Casación Civil apuntó que “(…) es prueba del hecho mismo del reconocimiento
de la paternidad contenido en ella, mas no del estado civil de hijo natural,
en virtud de que éste se acredita mediante los documentos previstos y
reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico, siendo en este
caso la certificación eclesiástica a que alude el precitado artículo 22 de la
Ley 57 de 1887”[34].
En conclusión, la Corte Suprema consideró que el
Tribunal no había ignorado la escritura pública o la copia del libro
parroquial, sino que estos no eran medios conducentes para probar el estado
civil de hijo natural del abuelo de la demandante y, de conformidad con el
sistema de tarifa legal vigente para la época en que nació el señor Benito
Barrios Espitia, no era posible concluir que ella fuera heredera de igual o
mejor derecho que los demandados.
1.3. De la acción de tutela y las sentencias de
instancia
1.3.1. De acuerdo con los hechos relatados en la
Sentencia T-401 de 2012[35], a través de apoderado judicial, la señora
Clovis Barrios de Chico instauró acción de tutela contra la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que en la providencia
previamente referida se infringieron sus derechos a la igualdad y al debido
proceso, en conexidad con los derechos al acceso efectivo a la administración
de justicia y a los derechos adquiridos, pues se “desconoció de manera
subjetiva, arbitraria y caprichosa y sin fundamento objetivo razonable, el
sistema de TARIFA LEGAL probatoria, prevista por el legislador para la
valoración de las pruebas del estado civil de los hijos naturales o
extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938”. En
concreto se alegó la ocurrencia de una vía de hecho, cuyas deficiencias se
materializaban básicamente en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo.
Sin embargo, ambos defectos giraban sobre una misma
discusión, referente al desconocimiento, por parte de la Corte Suprema de
Justicia, de las normas que regulaban la demostración del estado civil de las
personas, es decir, el sistema de tarifa legal y el valor de convicción que
debía dársele a los documentos obrantes en el proceso. Así, en el proceso que
dio origen a la Sentencia T-401 de 2012, la demandante alegó que “con las
partidas eclesiásticas que expedían los respectivos curas párrocos de las
iglesias se acreditaba el estado civil de los hijos extramatrimoniales nacidos
antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, la que fue aportada al trámite
pero no fue debidamente valorada”. Lo anterior, a su juicio, supuso el
desconocimiento del “(…)
sistema de TARIFA LEGAL probatoria, prevista por el legislador para la
valoración de las pruebas del estado civil de los hijos naturales o
extramatrimoniales nacidos antes de entrar en vigencia la [citada] ley”.
1.3.2. La Sala de Casación Civil, a través del Magistrado Ponente,
intervino en el trámite de la acción de tutela para oponerse a las pretensiones
de la señora Barrios, pues –en su criterio– la decisión se adoptó siguiendo los
lineamientos del sistema de tarifa legal y dándole el valor de convicción que
le correspondía a cada uno de los documentos aportados en esa causa.
Puntualmente, indicó que la decisión adoptada dentro del proceso ordinario de
petición de herencia no trasgredió derecho fundamental alguno y se sustentó en
las prescripciones del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, vigente para la época
en que nació el señor Benito Barrios Espitia. Dicho artículo, en palabras del
accionado, “(…) admitía como prueba principal del estado civil las
certificaciones expedidas por los sacerdotes párrocos. Por supuesto que, es
apenas lógico y razonable, entender que el acta parroquial inserta en la
aludida certificación ha de recoger el acto constitutivo o declarativo de
paternidad, porque la mera mención de ella realizada por la autoridad
eclesiástica, sin los soportes pertinentes, carece del carácter demostrativo
del estado civil en mención”.
1.3.3. Durante el trámite de la acción de tutela, ambas instancias
judiciales, la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, denegaron el amparo solicitado. Para ello, expusieron que
no se materializó ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión en sede de
casación no fue caprichosa ni arbitraria, pues se sustentó en la normatividad
vigente para esa época. Así mismo, apuntaron que el juez constitucional no
podía convertirse en una instancia revisora de la valoración probatoria
desplegada por el juez natural, máxime cuando la Sala Civil había expuesto con
suficiencia los móviles por los cuales no casaba la sentencia del Tribunal de
Cartagena.
1.4. Trámite ante la Corte Constitucional
1.4.1. El expediente fue seleccionado por
medio de Auto del 31 de enero de 2012, proferido por la Sala de Selección Número
Uno y repartido a la Sala Tercera de Revisión para que efectuara su análisis,
correspondiéndole el número de radicación T-3.329.158.
1.4.2. Con base en los hechos mencionados
anteriormente, la Sentencia T-401 de 2012 planteó dos problemas jurídicos a
resolver. En primer lugar, si se cumplían las causales generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en segundo lugar, si
en este evento se había materializado alguna de las causales específicas de
amparo, que diera lugar a conceder las pretensiones de la demandante y revocar
la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. Lo anterior, implicaría ordenar que se volviera a fallar de
conformidad con las consideraciones jurídicas y fácticas dadas por el juez de
tutela[36].
1.4.3. La Sala consideró que se cumplían
los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales. Para el efecto, destacó que el asunto tenía relevancia constitucional,
ya que se discutía el desconocimiento de una regla probatoria que incidía en la
acreditación de la condición de heredera de la accionante, a partir de la
aplicación del sistema de tarifa legal. Así mismo, era claro que la
peticionaria había agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, pues la cuestión había sido decidida en sede de casación,
y, aproximadamente, transcurrieron tres meses entre la decisión de la Corte
Suprema de Justicia y la instauración del amparo, por lo cual se cumplió con el
requisito de inmediatez.  Igualmente, se cumplía con el requisito de identificación
de las actuaciones que presuntamente habían conculcado los derechos
fundamentales de la peticionaria, toda vez que el juicio se había planteado a
partir del desconocimiento del sistema de tarifa legal previsto antes de la
entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938, en las que el estado civil se probaba
con las partidas eclesiásticas que se expedían por los párrocos de las iglesias
donde las personas habían sido bautizadas. Finalmente, era claro que no se
trataba de una acción de amparo interpuesta contra una sentencia de tutela,
razón por la cual estaban dadas las condiciones para proferir una decisión de
fondo.
1.4.4. En lo que atañe a la configuración
o no de una vía judicial de hecho, la Sala de Revisión pasó a analizar si se
habían consolidado los defectos fáctico y sustantivo alegados por la actora. En
la Sentencia T-401 de 2012 se delimitó el problema jurídico en torno a
establecer si la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una violación
del derecho fundamental al debido proceso, al considerar que la partida
de bautizo, en los términos en que había sido acreditada en el juicio
ordinario, no constituía plena prueba del estado civil del hijo del señor Ramón
Barrios Pérez, de conformidad con el sistema de tarifa legal para entonces
vigente[37].
A fin de abordar esta cuestión, la Sala
Tercera de Revisión ahondó en el desarrollo jurisprudencial de ambos defectos.
Así, definió al defecto fáctico “como aquel que surge o se presenta por omisión en el
decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio
y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica; por último, la
Corte también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con
los soportes probatorios”
(Negrillas fuera de texto).  A continuación, delimitó el defecto
sustantivo como aquel que se presenta  “cuando la actuación controvertida
desconoce una ley [exigible para la definición del] caso o se funda en una
norma [claramente] inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por
cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o
porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso” (Destaca la Corte).
Una vez delimitado el alcance conceptual de
los defectos alegados, la Sala de Revisión reiteró que el problema en cuestión
giraba en torno a la interpretación efectuada por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de “(…) exigir que el
reconocimiento de la paternidad fuese un acto expreso que requiriera la firma
en la partida de bautismo, [lo que, según la demandante,] constituye un defecto
fáctico al interpretar de manera inadecuada la prueba (la partida de bautismo)
y un defecto sustantivo al aplicar la exigencia del artículo 368 del Código
Civil (que requería el acto volitivo para el reconocimiento de la paternidad)”.
1.4.5. A continuación, la Sala Tercera de Revisión consideró
que la Corte Suprema de Justicia realizó un estudio pormenorizado de la partida
de bautizo y del valor probatorio que se le debía dar dentro del proceso de
petición de herencia, de acuerdo con las normas aplicables al momento en que
acaeció la constitución del estado civil, esto es, según lo establecido en el
sistema de tarifa legal vigente para la época en que nació el señor Benito
Barrios Espitia. De ahí que no fuera posible endilgar una falta de valoración
de la prueba o una carencia en la argumentación, en la decisión del juez
natural del asunto de abstenerse de casar la providencia de segunda instancia
proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena.
Así mismo, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, expresamente efectuó un recuento normativo y señaló
que existía una diferencia entre el estado civil y su prueba, y ello porque,
para ese momento, existía tarifa legal, especialmente cuando se trataba de un hijo
extramatrimonial, como en el caso del señor Benito Barrios Espitia[38]. Además, la Corte
Suprema de Justicia puntualmente indicó que el reconocimiento podía producirse
por instrumento público entre vivos o por testamento, así como en virtud de la
firma del acta de registro respectiva, pero era necesaria que dicha
manifestación volitiva del padre cumpliera con las solemnidades específicas que
permitían en su momento acreditar el estado civil.
Por lo cual, la Sentencia T-401 de 2012
señaló, en concordancia con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, que
la mera mención realizada por la autoridad eclesiástica sobre la condición de
padre del señor Ramón Barrios Pérez no acreditaba el estado civil de Benito
Barrios Espitia por no cumplir con los presupuestos legales exigidos por el
régimen de tarifa legal. En el mismo sentido, reiteró las observaciones
realizadas respecto de la deficiente calidad de impresión del acta de bautizo y
de la copia del libro parroquial en donde constaba la nota marginal, lo cual
hacía ilegible la fecha de inscripción y de nacimiento del bautizado, su
filiación e incluso el nombre, y carecía de atestación que permitiera
determinar si había sido o no cotejada con el original, por lo que no ofrecía
certeza sobre su contenido.
A manera de conclusión, la Sala Tercera de
Revisión manifestó que:
“(…) La Corte Suprema de
Justicia no incurrió en ninguna de las causales reclamadas por la parte actora,
pues el análisis que realizó, frente a las normas y pruebas allegadas, fue
completo y conclusivo, cercenando cualquier posibilidad de llegar a una
conclusión diferente de la asumida en la providencia que expidió. (…) Así, no
existió un error palmario en la valoración de la prueba, ni en la normatividad
que se invocó para resolver el presente litigio. Por esta razón, no se
configura la vía de hecho alegada y no pueden prosperar las pretensiones de la
accionante, así quepa una valoración jurídica distinta del asunto como la
pretendida en sede de tutela, la cual, por más consistente que resulte no priva
de validez la asumida en la providencia cuestionada, que, de modo alguno podría
catalogarse como arbitraria, infundada o caprichosa, esto es como actuación de
hecho que justifique impartir una orden dirigida a que la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia se pronuncie nuevamente en algún sentido específico”[39].
1.5. Actuación de la Corte durante el trámite
de revisión
Debido al escaso material probatorio obrante
en el expediente de tutela, la Sala Tercera de Revisión, de oficio, ordenó
recaudo de pruebas y logró integrar al expediente el siguiente acervo
probatorio:
-
Copia del libro de bautismo número 4, de la
Parroquia de la Bahía, folio 66, número 528. En este se señala que “es fiel
copia del original. Dadda (sic) en Pasacaballos a los 21 días del mes de
septiembre del 2000”. En la misma, se observa otra anotación calendada 20
de septiembre de 2000, en la que se indica: “Por Escritura Pública 478 de 29
de noviembre de 1898 de la Notaría Primera de Cartagena, Ramón Barrios
Reconoció a su hijo Benito Barrios Espitia que es el nombre correcto (…)”[40].
-
Acta de bautismo con el nombre del bautizado y la
fecha de nacimiento del señor Benito Barrios. En el manuscrito se observa
también una nota marginal que hace referencia a la Escritura Pública 478 de 29
de noviembre de 1898. Documento en el que se alcanza a inferir que en esa nota
se establece que “Ramón Barrios reconoció a su hijo Benito Espitia, que es
el nombre correcto (…)”.
-
Copia del libro de bautismo número 4, que
corresponde al folio 66, número 528, con una nota en los siguientes términos: “es
fiel copia del original dada en Pasacaballos a 22 de mayo de 1998”. Por lo
demás, el documento contiene la siguiente referencia: “Em (sic) la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario de Bocachica, parroquia de la Bahía, em (sic)
Cartagena, a 26 de marzo de 1898, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que
nació el 21 de marzo de 1894, a quien puse el nombre de Benito, hijo de Ramón
Barrio (sic) y Cleotilde Espitia, Vecinos de Bocachica”[41].
-
Copia de la Escritura Pública 478 del 29 de
noviembre de 1898, en cuyo encabezado se lee: “reconocimiento de hijo
natural (…) otorgado por Ramón Barrios, a favor de Guillermina Barrios Espitia
y otros”[42].
II. SOLICITUDES E INCIDENTES DE NULIDAD
2.1. Solicitudes de Nulidad
A continuación, la Sala expondrá
los alegatos principales de ambos incidentes de nulidad. Para ello, empezará
con las alegaciones planteadas por el señor Víctor Velásquez Reyes, apoderado
de la señora Clovis Barrios de Chico; y continuará con los planteamientos
expuestos por el señor Otoniel Zabala Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC.
2.2. Incidente de Nulidad planteado por el
señor Víctor Velásquez Reyes, apoderado de la señora Clovis Barrios de Chico
Mediante escrito radicado en esta Corporación
el 10 de diciembre de 2013, el señor Víctor Velásquez Reyes, actuando en
calidad de apoderado judicial de la señora Clovis Barrios de Chico, promovió
incidente de nulidad con ocasión de la expedición de la Sentencia T-401 de 2012[43].
En el encabezado del escrito en mención, se
señala que el fallo de la referencia incurrió en “irregularidades que
afectan el debido proceso”[44].
Para justificar el vicio alegado, se plantea que es un hecho incontrovertible
que el abuelo de la demandante, el señor Benito Barrios Espitia, fue hijo “natural”
del señor Ramón Barrios Pérez, en virtud del reconocimiento “expreso que
hiciere (…) mediante Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898
extendida en la Notaría Primera del Circuito de Cartagena[,] la cual obró como
prueba dentro del proceso de petición de herencia que origino (sic) la acción
de tutela en referencia, reconocimiento escritural que además consta como nota
marginal en la partida eclesiástica de nacimiento del señor Benito Barrios
Espitia”[45].
Cabe aclarar que dicha circunstancia, según el peticionario, fue mencionada en
el literal b), sin embargo, se encuentra en el literal c)  del acápite de
hechos de la sentencia cuya nulidad se solicita[46].
Clarificado lo anterior, el peticionario
sustentó su pretensión anulatoria en que, a pesar de que tal escritura hacía
parte del acervo probatorio de la acción de tutela, “la Sala Mayoritaria de
Decisión de la Sala de Revisión Tercera [desconoció] abiertamente que conforme
al artículo 368 del Código Civil[,] aquel heredero fue reconocido conforme a
documento público suscrito por el señor Ramón Barrios Pérez, circunstancia esta
que constituye el ACTO VOLITIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD
ALEGADA”[47].
De ahí que, en sus palabras, la calidad de “hijo natural” no se
demostrara exclusivamente con la partida de bautismo, sino que también podía
acreditarse mediante la referida escritura pública. Con sujeción a lo anterior,
enfatizó que desconocer en sede de tutela este medio probatorio constituye una
infracción del derecho fundamental al debido proceso, que incide en el
reconocimiento del estado civil de una persona.
2.3. Incidente planteado por el señor Otoniel Zabala
Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC.
A través de escrito radicado en esta Corporación el 23 de mayo de 2013,
el señor Otoniel Zabala Caraballo, en calidad de apoderado de PRODETUR SAC (en
liquidación), formuló incidente de nulidad contra todo lo actuado a partir del
auto admisorio de la acción de tutela, proferido el 16 de septiembre de 2011
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[48]. Igualmente, solicitó
que se reconociera su calidad de tercero con interés y pidió que se rechazara
la petición de amparo.
Lo anterior, previa exposición de tres argumentos. En primer lugar,
adujo que le asistía interés legítimo, en virtud de que el derecho de dominio
sobre el inmueble denominado la Isleta, provino de personas naturales contra
las que se ventiló la presente acción de tutela y que se vieron favorecidas por
la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia[49].
En segundo lugar, señaló que PRODETUR SAC ha intervenido como tercero en otros
asuntos  –sin mencionar en cuáles– y por ello resultaba obligatorio que hiciese parte de este proceso. Y,
en tercer lugar, mencionó que no estaba acreditada la legitimación por activa
del apoderado de la señora Clovis Barrios, pues allegó un poder general y no
especial para interponer el recurso de amparo, lo cual ya había dado lugar al
rechazo de una primera demanda[50].
A lo anterior, agregó  que se desconocía si la señora Clovis Barrios aún vivía
o había fallecido, ya que quien alegaba ser su apoderado utilizaba un poder del
año 2000.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para conocer de estas solicitudes de nulidad, de acuerdo con lo
dispuesto en los Artículos 49 del Decreto 2067 de 1991 y 106 del Acuerdo 02 de
2015.
3.2. Nulidad de las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia
El Decreto 2067 de 1991, “(p)or el cual
se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban
surtirse ante la Corte Constitucional”, determina en su artículo 49 que contra las
sentencias proferidas por esta Corporación no procede recurso alguno, a menos
que se alegue la nulidad antes de proferido el fallo y “únicamente por
violación al debido proceso”. Sin embargo, en desarrollo de este precepto,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que cuando la irregularidad nace
de la sentencia, existe la posibilidad de solicitar su nulidad con
posterioridad a su emisión[51].
El estudio del incidente
se puede adelantar “bien sea de oficio[52] o a solicitud
de parte interesada”[53].
Sin embargo, en procura de salvaguardar la seguridad
jurídica se ha precisado que su procedencia es excepcional. No se trata de un
recurso contra las sentencias dictadas por esta Corporación, ni tampoco un medio
para revivir una controversia judicial definida. Por consiguiente, la
jurisprudencia constitucional ha delimitado rigurosamente requisitos formales y
materiales para la procedencia del incidente[54].
3.2.1. Requisitos formales[55]:
3.2.1.1. Oportunidad: la persona
interesada tiene 3, días siguientes a la notificación de la sentencia, para
solicitar la nulidad. Vencido este término toda irregularidad queda saneada
automáticamente y, por consiguiente, quien haya estado interesado carece de
legitimidad para invocarla[56]. Sin embargo, siguiendo el artículo 49 del
Decreto 2067 de 1991, cuando el vicio es anterior a la sentencia, la nulidad debe alegarse antes de que se
profiera el fallo[57].
3.2.1.2. Legitimación en la
causa por activa: el incidente de nulidad debe presentarse por quien haya
sido parte en el trámite de la acción de tutela o por un tercero que tenga un
interés legítimo[58].
3.2.1.3. Carga argumentativa: en el incidente debe
argumentarse de forma clara y expresa los preceptos constitucionales
transgredidos y su incidencia
en la decisión proferida. Por consiguiente, esta Corte no podrá darle trámite a
la solicitud cuando se limite a señalar considerandos que difieran de la
providencia expedida o evidencie el mero inconformismo por la interpretación
jurídica que conllevó a la decisión.
Así, la argumentación debe estar dirigida a la vulneración
del debido proceso, la cual no puede plantearse de manera subjetiva ni
general, sino que deben especificarse los errores que causaron la transgresión
a esta garantía. Por ende, se debe evidenciar que la transgresión en que
incurrió esta Corporación con su fallo resulta “ostensible, probada, significativa y
trascendental” [59], y, por consiguiente, debe tener
repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos[60]. En todo caso, debe realizarse en el marco de las
causales de procedencia del incidente de nulidad.
3.2.2. Requisitos sustanciales:
Una vez se evidencie que se cumple con los requisitos
formales se habilita el estudio del cumplimiento de los requisitos sustanciales
o materiales, los cuales han sido definidos en los siguientes términos:
3.2.2.1. Desconocimiento o cambio de jurisprudencia: Esta causa se presenta por la vulneración
del artículo 34 Decreto 2591 de 1991, según el cual “[l]os cambios de
jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte (…)”. Se
pueden presentar dos escenarios: (i) que se alegue el desconocimiento o cambio
de la jurisprudencia determinada por las Salas de Revisión; o (ii) de la jurisprudencia sentada
por la Sala Plena de la Corporación[61].
3.2.2.2. Decisión
adoptada sin la mayoría suficiente para su aprobación: Este precepto se contempla en acatamiento de
lo dispuesto en la ley y el reglamento[62].
3.2.2.3. Incongruencia entre la parte motiva y resolutiva
de la sentencia: Se presenta cuando, por ejemplo, se trata de “decisiones
anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen
totalmente de fundamentación en la parte motiva”[63].
3.2.2.4. Órdenes a particulares no
vinculados al proceso: Se genera cuando estos no pudieron ejercer su derecho de
defensa[64].
3.2.2.5. Desconocimiento de la cosa
juzgada constitucional: en este evento se presenta una extralimitación en el
ejercicio de las competencias determinadas en la Constitución y la ley[65].
3.2.2.6. Omisión arbitraria sobre el análisis de
aspectos de relevancia constitucional que tenían efectos trascendentales para
el sentido de la decisión: la
discrecionalidad de la Corte en el estudio de las tutelas seleccionadas para
revisión está limitada[66]
cuando se trate de asuntos de grave relevancia
constitucional y de aspectos que pueden incidir, de forma clara e inequívoca,
en la decisión. “Lo primero se justifica ante la necesidad de abordar los
elementos necesarios para una valoración constitucional recta y transparente
que no está subordinada a los elementos del caso concreto sino a la
trascendencia del debate constitucional; lo segundo, atendiendo razones
de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, especialmente en
cuanto a la protección de derechos fundamentales se refiere”[67]. (Negrillas
fuera del texto).
3.3. Verificación de los requisitos formales de los
incidentes de nulidad
3.3.1. Solicitud de nulidad presentada por el señor
Víctor Velázquez, en representación de Clovis Barrios de Chico
3.3.1.1. Oportunidad: la Secretaría General de esta
Corporación solicitó el 12 de diciembre de 2013 a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia certificar la fecha en que fue notificada la
Sentencia T-401 de 2012[68].
Ante la falta de respuesta, esta misma solicitud se realizó mediante Auto del
18 de diciembre de 2013, en el que igualmente se pidió la remisión del
expediente T-3.329.158[69].
Por su parte, mediante oficio enviado el 19 de
diciembre de 2013[70],
en su condición de autoridad judicial de primera instancia[71],
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que los
oficios dirigidos a notificar la Sentencia T-401 de 2012 a las partes del
proceso[72]
se enviaron el 4 de diciembre de 2013. Sin embargo, comoquiera que de la
certificación realizada no era posible tener certeza sobre la fecha en la que
efectivamente fueron notificados tanto la parte accionante como su apoderado,
se solicitó a la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., a través de
Auto del 18 de febrero de 2014, que informara la fecha en la que fueron
finalmente entregados los citados oficios en la dirección de correspondencia
que aparecía en el expediente de tutela[73].
En respuesta del 24 de febrero de 2014, la Empresa de
Servicios Postales indicó que el oficio dirigido a la señora Clovis Barrios de
Chico no fue entregado a su destinataria, en virtud de la causal: “dirección
deficiente”. Sin embargo, aquél dirigido al señor Víctor Velásquez,
apoderado de la demandante, fue entregado a su destinatario el 10 de diciembre
de 2013[74].
El referido abogado presentó el incidente de nulidad ese mismo día[75], por lo cual el requisito de oportunidad
se cumple a cabalidad.
Con posterioridad al 13 de diciembre de
2013, término de ejecutoria de la Sentencia T-401 de 2012, el incidentante
allegó a esta Corporación otros escritos reafirmando y ampliando su
argumentación[76].
Sobre el particular, la Corte estima pertinente reiterar que la verificación
que este Tribunal debe hacer sobre el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, tanto de los formales como de los materiales, versa sobre la
solicitud que fue presentada a tiempo, pues –como ha sido la posición
consistente y consolidada de esta Corporación– todos los cargos y razones que
sustenten el incidente de nulidad “deben formularse dentro del término para
solicitarla y no con posterioridad al vencimiento del mismo”. De ahí que,
siguiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la Sala Plena se
abstendrá de conocer dichos escritos por ser extemporáneos[77].
3.3.1.2. Legitimación:
El peticionario invocó su
condición de apoderado judicial de la señora Clovis Barrios. Si bien el abogado
Víctor Velásquez Reyes no ejerció dicha función desde el inicio del proceso, al
momento de impetrar el incidente tenía el reconocimiento de la personería para
actuar. Basta con señalar que el apoderado general de la parte actora, el señor
Luis Alfonso Barrios Blanco, confirió poder especial el 12 de diciembre de 2011
a este abogado para que asumiera el trámite de la acción de tutela[78],
personería que fue admitida por la autoridad judicial de primera instancia el
16 de septiembre del año en cita[79].
3.3.1.3. Carga argumentativa: En
el incidente de nulidad se especificó como causal para sustentar la pretensión
de ineficacia de la Sentencia
T-401 de 2012 “irregularidades que afectan el debido
proceso”[80]. Así, la carga
argumentativa se enfocó en demostrar que existia violación al debido proceso
dado que la Sala Tercera de Revisión incurrió en la “omisión arbitraria
sobre el análisis de aspectos de relevancia constitucional que tenían efectos
trascendentales en la parte resolutiva” (Negrilla fuera de
texto). De acuerdo con el escrito, se dejó de analizar sin justificación elementos normativos y
fácticos, que condujeron al desconocimiento de “derechos inherentes a la persona humana” de la
señora Clovis Barrios de Chico.
El desconocimiento de los elementos normativos se centraron en que
estaban cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 368 del Código Civil
para el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Ello por cuanto el señor
Benito Barrios Espitia fue reconocido como hijo natural por el señor Ramón
Barrios Pérez mediante un acto volitivo expresado a través de un instrumento
público, esto es, a través de la Escritura Pública No. 478 de 1898. De otra
parte, también alega que en sede de revisión de tutela debió otorgarse pleno
valor probatorio al certificado de la partida eclesiástica de bautismo expedida
por el cura párroco, en la cual constaba el mismo reconocimiento.
Respecto a la omisión de valorar elementos
fácticos, se argumentó en el escrito incidental que por medio de la acción de
tutela se aportó la Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898 expedida por la
Notaría Primera del Circulo de Cartagena, en la que se demostraba que el señor
Ramón Barrios Espitia reconoció como su hijo “natural” a Benito Barrios.
Documento que, se alega“(…) obró como prueba dentro del proceso de petición de herencia (…)”[81] y figuró como nota marginal en la partida
eclesiástica de nacimiento del abuelo de la accionante. Sin embargo, este
elemento probatorio fue desconocido por la providencia impugnada y, además, ni
siquiera fue referido como prueba documental en la valoración probatoria.
Así las cosas, los argumentos procuran
evidenciar la transgresión al debido proceso y, como consecuencia, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, ambos derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política. Igualmente, procuran demostrar cómo el
desconocimiento fáctico y sustantivo en sede de revisión de tutela tiene
incidencia directa en la decisión adoptada por la Sala, y afecta igualmente de
manera sustancial el proceso de la jurisdicción ordinaria, puesto que se trata
del reconocimiento de la filiación entre la señora Clovis Barrios de Chico y,
su bisabuelo, el señor Ramón Barrios, lo cual modificaría la decisión en el
proceso ordinario de petición de herencia. Por ende, la Sala Plena encuentra
especificados los errores
que causaron el desconocimiento constitucional
del debido proceso -art. 29 CP-.
Por consiguiente, se colige que no se busca
reabrir el debate probatorio, ni revivir una decisión constitucionalmente
zanjada. El incidendante pretende exponer, cómo en la Sentencia T-401 de 2012
la Sala Tercera de Revisión omitió preceptos constitucionales relevantes que
habrían tenido incidencia directa en la decisión. Lo anterior, en razón a que
se desconoció la valoración probatoria de un elemento aportado y, por
consiguiente, se dejó de lado el fundamento legal que validaba a dicho elemento
de juicio como un medio de convicción para acreditar el estado civil y la
filiación natural, a partir del sistema de tarifa legal que regía para el
momento histórico en que nació el señor Benito Barrios Espitia.
En conclusión, se encuentran cumplidos los
requisitos formales de oportunidad, legitimidad y carga argumentativa que
habilitan el estudio subsiguiente del incidente de nulidad.
3.3.2. Solicitud presentada por el señor
Otoniel Zabala Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC (en liquidación)
3.3.2.1. Oportunidad: El
señor Otoniel Zabala Caraballo, quien actúa en representación de dicha sociedad,
formuló la solicitud con anterioridad a la notificación de la Sentencia T-401
de 2012. En efecto, esta actuación tuvo lugar en diciembre de 2013, tal y como
lo informó la Empresa de Servicios Postales. De allí que el escrito allegado
por el incidentante, el 23 de mayo de ese año, se presentó con casi siete meses
de anterioridad a la notificación de parte de la citada providencia.
Frente
al particular, y con fundamento en el entonces vigente Código de Procedimiento
Civil, el Magistrado Sustanciador, en Auto del 30 de mayo de 2013[82],
indicó que la sentencia sólo produciría efectos una vez fuese notificada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de tal estatuto [83].
Por lo anterior, y en virtud de que para el momento en el cual el apoderado de
la empresa PRODETUR SAC interpuso el incidente, tal notificación no se había
materializado, el Magistrado decidió abstenerse de tramitar y proferir
decisión. Sin embargo, expresamente, dejó establecido que si el interesado lo
estimaba conveniente, podría reformular el incidente propuesto, en el evento de
que la decisión adoptada produjese alguna vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso[84].
Tras
la notificación de la Sentencia T-401 de 2012, la referida sociedad no presentó
un nuevo escrito. A pesar de ello, la Sala estima que, en procura del principio
de prevalencia del derecho sustancial, que rige el trámite de la acción de
tutela[85],
y con el objetivo de analizar si eventualmente la sociedad aludida podría ver
afectado su derecho al debido proceso con ocasión de la providencia
cuestionada, previa acreditación de la legitimación para promover el presente
incidente, se considera que el requisito de oportunidad se encuentra
satisfecho.
3.3.2.2.
Legitimidad: La Sala Plena constata
que el señor Otoniel Zabala Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC, no se
encuentra legitimado en la presente causa. De acuerdo con el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, referente al requisito de legitimidad, quien tuviere
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él, sea como
coadyuvante del actor o de la persona contra quien se acciona[86].
Bajo este parámetro, el incidente de nulidad puede ser interpuesto por un
tercero con interés legítimo, el cual sea cualificado, por ejemplo, en atención
a que le fueron impartidas órdenes sin haber participado en el proceso o porque
sufre una lesión en sus derechos sin que se le haya brindado la oportunidad de
concurrir.
En
el mismo sentido, el Código General del Proceso (CGP)[87],
al regular las nulidades procesales a partir del artículo 132, destaca que “La
parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla,
expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer”[88]
(subrayado fuera del original). A su turno, el inciso 3º del mismo artículo
consagra que “la nulidad por indebida representación o por falta de
notificación o emplazamiento sólo podrá ser alegada por la persona afectada”.
Al interpretar el alcance de estas normas, no puede pasarse por alto que la
finalidad de las nulidades, antes que sancionar, es remediar la situación
anómala que se haya presentado dentro del proceso. Por ello, el interés de
quien la alega supone, precisamente, una relación causal entre tal situación y
un perjuicio concreto que haya padecido y que deba ser reparado. Esta última
situación es la que otorga un interés concreto que faculta al tercero para
interponer el incidente.
Igualmente, la jurisprudencia de esta Corte ha
señalado que para que se entienda que un
tercero puede tener interés para interponer un incidente de nulidad, es
necesario que acredite la existencia de un perjuicio cierto con ocasión del
trámite de la acción de tutela. Así lo ha admitido esta Corporación, entre
otros, en el Auto 043A de 2014[89],
al exponer lo siguiente:
“…en criterio de la Corte, es claro que el incidente
de nulidad en los procesos de tutela se puede promover por las partes, esto es,
por los sujetos enfrentados en el juicio de amparo (directamente o a través de
sus apoderados), o por aquellos terceros que, sin importar si quedan o no
vinculados por la sentencia, (i) ingresaron al proceso o (ii) se hallan
jurídicamente relacionados con una de las partes o con la pretensión que se
debate, de suerte que puedan verse afectados desde una perspectiva o
relación sustancial con los efectos jurídicos del fallo. En este
sentido, el concepto de tercero con interés excluye a quienes, más allá de no
tener ninguna participación en sede judicial, son totalmente ajenos a lo que se
debate y por quienes se debate, por lo que carecen de cualquier tipo interés
real en la causa que se controvierte”
(Destaca la Sala).
En
consecuencia, la Sala Plena concluye que PRODETUR SAC no tiene legitimidad para
enervar el incidente de nulidad, en primer lugar, puesto que lo presentó antes
de que la Sentencia T-401 de 2012 fuese notificada, razón por la cual
desconocía su contenido y, con posterioridad a la notificación no remitió ningún otro escrito, lo que permite
suponer –prima facie– que el
incidentante no tendría ningún interés en que ésta fuese anulada y se reabriera
el proceso de tutela o, incluso, el ordinario de petición de herencia.
En segundo lugar, el objeto de la acción de tutela formulada por el
apoderado de la señora Barrios de Chico giró en torno a la existencia de una vía
de hecho judicial ocurrida durante el proceso ordinario de petición de
herencia, establecido en el artículo 665 del Código Civil[90]. Este asunto es muy
disímil de una acción reivindicatoria de la herencia, consagrada en el
artículo 1325 del Código Civil, que persigue la recuperación de la posesión
sobre un bien y se torna en la manifestación de la persecución sobre los
derechos reales, que es lo que a juicio tiene relación con la nulidad propuesta
por PRODETUR SAC.
Así, la decisión de tutela solo afectaría el proceso ordinario de
petición de herencia adelantado por la señora Clovis Barrios de Chico, quien
alega la condición de heredera. Eventualmente, habría podido incidir en los
derechos de terceros, siempre y cuando hubiesen sido llamados al proceso o la
acción reivindicatoria se hubiese instaurado simultáneamente, asunto que no
ocurrió. Luego las únicas relaciones jurídicas que podrían verse afectadas por
la Sentencia T-401 de 2012 habrían sido las establecidas de manera directa con
la universalidad jurídica del derecho real de herencia. En este sentido, la
decisión de tutela no tiene en principio un carácter vinculante frente a
PRODETUR SAC, incluso en el hipotético caso de que hubiese sido fallada a favor
de la señora Barrios de Chico, en relación con el dominio y/o posesión del
predio la Isleta y otros, que se mencionan dentro del proceso ordinario,
inmuebles que fueron enajenados por los demandados y al parecer no hacen parte
ya de la universalidad jurídica que debía ser repartida entre los herederos.
Por consiguiente, para la Sala es claro que, frente a PRODETUR SAC no
existe una situación anómala, que genere un perjuicio concreto y que requiera
la adopción de medidas preventivas y reparadoras para precaver un daño a sus
derechos, por cuanto no existe un nexo directo entre la litis iniciada
por la señora Clovis Barrios de Chico en procura de ser reconocida como
heredera del señor Ramón Barrio Pérez y la posibilidad de cuestionar su alegada
posesión sobre el inmueble La Isleta. En consecuencia, no se ahondará en el cumplimiento del requisito
procedimental relativo a la carga argumentativa, ni en los planteamientos del
incidentante, pues ello resulta superfluo al no haberse acreditado el requisito
de legitimación en la causa.
3.3. Valoración de los requisitos
sustanciales en el incidente de nulidad presentado por el señor Víctor
Velázquez, en representación de Clovis Barrios de Chico
Para analizar si la solicitud de nulidad
presentada debe prosperar al cumplir con el requisito sustancial de probar una
violación al debido proceso de la Sentencia T-401 de 2012, por omisión respecto
del análisis de aspectos de relevancia constitucional que tuvieron afectación
directa sobre el sentido de la decisión adoptada en dicha providencia, la Sala
procederá a analizar brevemente (i) la causal de violación del debido proceso
alegada en el incidente de nulidad; (ii) la violación del debido proceso por
omisión arbitraria sobre el análisis de aspectos de relevancia constitucional
que tenían efectos trascendentales en el sentido de la decisión; (iii) el
principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y, la
proscripción del exceso ritual manifiesto, en relación con la supremacía
constitucional; y, (iv) la constatación de si respecto de la Sentencia T-401 de
2012 prospera la causal de nulidad invocada.
3.4.1 La causal de violación del debido
proceso alegada en el incidente de nulidad
Como se evidenció al estudiar la carga
argumentativa del incidente de nulidad presentado por el señor Víctor
Velázquez para que se invalide la Sentencia T-401 de 2012, este invocó una
causal específica de violación del debido proceso, de manera que sus argumentos giraron
en torno a la omisión arbitraria sobre el análisis de aspectos de relevancia
constitucional que tenían efectos trascendentales en el sentido de la decisión,
en particular “atendiendo razones de justicia
material y prevalencia del derecho sustancial”[91].
Por medio de la providencia incoada, la Sala
Tercera de Revisión negó la protección solicitada mediante la tutela que
presentó la señora Clovis Barrios de Chico contra la Sala Civil-Familia de la
Corte Suprema de Justicia, en atención a la sentencia proferida por esta el 17 de junio de 2011 dentro del proceso ordinario de petición de herencia. La
sentencia estudiada se profirió en sede de casación y se determinó que la
accionante no era beneficiaria de la herencia por no haber probado su
parentesco con el causante, el señor Ramón Barrios Pérez.
La accionante alega que Ramón Barrios Pérez es
su bisabuelo ya que reconoció al señor Benito Barrios Espitia, su abuelo, como
hijo “natural”. Para demostrar el reconocimiento puso de presente la
partida eclesiástica de bautismo del señor Benito Barrios Espitia, expedida el 26 de marzo de 1895, por el Cura Párroco de la Parroquia de la Bahía,
perteneciente a la Arquidiócesis de Cartagena y la constancia de esta en el
libro de bautismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que este
documento carecía de valor probatorio porque no cumplía con los requisitos
formales exigidos por el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, entre estos, que
estuviera inserto el ánimo volitivo del padre para el reconocimiento;
igualmente, se indicó que solo existía una nota marginal de reconocimiento y
que, en todo caso, el documento resultaba borroso, por ende, no era una prueba
conducente.
Aunado a ello, la accionante allegó la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de
1898, extendida por la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, en la que se
dio fe pública del reconocimiento parental. En consideración a este documento
la Corte Suprema precisó que este instrumento público no podía entenderse como
el acto volitivo de reconocimiento que exigía el ordenamiento jurídico para ese
entonces, el cual era la partida eclesiástica de bautismo, puesto que no se
cumplían los requisitos exigidos por el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 y, por
ende, “(…) es prueba del
hecho mismo del reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas no del
estado civil de hijo natural” (Resalta la Corte).
3.4.2 Violación del debido proceso por omisión
arbitraria sobre el análisis de aspectos de relevancia constitucional que
tenían efectos trascendentales para el sentido de la decisión. Reiteración de
jurisprudencia
La jurisprudencia de esta Corte ha
sostenido que no es posible alegar la nulidad de una sentencia por violación al
debido proceso fundamentándose en la omisión en que haya incurrido una Sala de
Revisión por no haberse pronunciado sobre una pretensión de la demanda, un
planteamiento realizado en la misma o no lo haya estudiado en el nivel de
complejidad que considera procedente el solicitante de la nulidad[92].
Sin embargo, lo anterior tiene excepciones puesto que esta Corporación
tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales, cuando haya sido vulnerado el
debido proceso. Se destaca que esta garantía constitucional regulada en el
artículo 29 Superior, se aplica a toda clase de actuaciones que se surtan en
instancias judiciales y administrativas en procura de preservar las garantías
-derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación
jurídica[93]. En ese sentido, “(l)a
jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia”[94].
Bajo este entendido, se ha
determinado que se incurre en la
violación al debido proceso
por la omisión en el análisis de ciertos aspectos, como por ejemplo, los
argumentos, pruebas o pretensiones presentadas por las partes, por cuanto alguna de
estas puede llegar a ser sorprendida por la decisión y no tener la posibilidad
de defenderse. Situación que jurisprudencialmente, se ha definido que puede
suceder en dos escenarios[95]:
(i)
cuando por su importancia constitucional para la protección de derechos
fundamentales su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala, lo
cual se justifica por “la necesidad de abordar los elementos necesarios para una
valoración constitucional recta y transparente que no está subordinada a
los elementos del caso concreto sino a la trascendencia del debate
constitucional” [96] (Resalta la Corte);
(ii) cuando se encuentra de manera clara e
inequívoca que de haber sido analizados hubiesen generado una decisión o trámite
distintos. Esto, “atendiendo razones
de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, especialmente en
cuanto a la protección de derechos fundamentales se refiere”[97] (Destaca la
Sala). Ello, en virtud del principio de la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
3.4.3. El principio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas y la proscripción del exceso ritual
manifiesto, en el marco de la supremacía constitucional
El principio fundante del Estado Social de
Derecho implica que su objetivo principal es garantizar la eficacia de los
derechos fundamentales. Por consiguiente, no se puede dar prevalencia a los
procedimientos, ni a los instrumento procesales, sobre el derecho sustancial[98]. El acatamiento de
este principio “implica que las normas procesales deben interpretarse
teleológicamente al servicio del fin sustantivo, sin que ello implique que
sean irrelevantes o que deban ser ignoradas, pues (…) ellas constituyen
garantía del derecho al debido proceso de las partes, de modo que norma y
contenido son inseparables para efectos de hacer efectivo este derecho”[99]
(Destaca la Sala).
La primacía de lo sustancial sobre lo formal
consagrada en el Artículo 228 de la Carta, se encuentra en armonía con los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales deben garantizarse en sujeción a los artículos 29 y 229 de
la Constitución Política. Igualmente, el artículo 11 del Código General del
Proceso, consagra que el juez debe interpretar la ley teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la ley sustancial. Cuando el acceso a la
administración de justicia y la prevalencia de las garantías constitucionales
se obstruyen por la imposición obstinada de lineamientos procedimentales, en
escenarios en los cuales el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal, se
incurre en una denegación de justicia por un exceso ritual manifiesto[100].
La línea jurisprudencial relativa al concepto
de exceso ritual manifiesto fue sentada en la Sentencia T-1306 de 2001,
en la cual se definió a esta figura jurídica como aquella que “se deriva de
un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material”[101] (Destaca la Corte).
Puntualmente, se ha determinado que un funcionario judicial incurre en un
exceso ritual manifiesto cuando “(i) no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad
jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación
en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación
devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”[102] (Negrilla fuera de texto).
Ahora bien, el desconocimiento del derecho
sustancial que haya desencadenado en un exceso ritual manifiesto, recae tanto
sobre la aplicación de las normas expedidas antes como después de la entrada en
vigencia de la Carta Política, en virtud de la supremacía constitucional,
la cual impone dar prevalencia a los mandatos superiores dispuestos por el
legislador primario, según se determina en el artículo 4º de la Constitución
Política[103].
Al respecto de la supremacía constitucional se
ha precisado que “esta se impone como el grado más alto dentro de la
jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las
normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues,
debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas
jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991
ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales
en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad
entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello”[104].
Así se ha determinado en sede de control
abstracto de constitucionalidad, escenario en el que se ha manifestado por la
jurisprudencia, desde sus primeros fallos, que esta Corte no puede abstenerse de
pronunciarse sobre la demanda de una norma cuando es contraria a los postulados
superiores en tanto viole los lineamientos fundamentales que
estructuran la organización jurídico-política e ideológica del Estado
colombiano[105]. Igualmente, en el estudio de los
casos concretos en sede de revisión de tutela se ha dado lugar, en innumerables
oportunidades, a la inaplicación de normas contrarias a la Constitución bajo la
figura de la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura compromete al juez
a velar por el efectivo
cumplimiento de los mandatos constitucionales, por consiguiente, “el valor
normativo de la Constitución Política y la primacía que le es consustancial,
obliga al juez a desechar la aplicación de una ley que claramente viola sus
disposiciones”[106].
A modo de colofón, en el
ordenamiento jurídico vigente no es posible desconocer la supremacía de la
Constitución Política, y con ella el principio de prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal, y la proscripción de un excesivo ritual manifiesto. Por
consiguiente, se debe propender por garantizar lo sustancial sobre lo formal y,
en consecuencia, no se puede desconocer el derecho fundamental al debido
proceso –art.29 CP-, negar el acceso a la administración de justicia –art. 229
CP-, por la imposición de barreras o instrumentos procesales que por la
obstinación del operador judicial conduzcan a omitir o desconocer pruebas o
circunstancias del caso concreto.
Cuando esta Corporación, en
sede de revisión, haya omitido la evaluación de criterios constitucionales
relevantes como los acabados de mencionar, se habrá incurrido en la causal de
nulidad en estudio, esto es, en la violación del debido proceso por omisión arbitraria sobre el análisis de
aspectos de relevancia constitucional que tenían efectos trascendentales para
el sentido de la decisión.
3.4.4. Constatación de la prosperidad de la
causal de violación del debido proceso por omisión de normas y pruebas
relevantes que tuvieron efectos directos y trascendentales en la Sentencia
T-401 de 2012
En consideración de esta Corporación, la
causal de nulidad incoada en esta oportunidad por violación del debido proceso
debido a la omisión de normas y pruebas relevantes para la decisión adoptada
mediante la Sentencia T-401 de 2012 debe prosperar, ya que la revisión en sede
de tutela de la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, exigía reconocer y valorar adecuadamente el acervo probatorio obrante
en el expediente, y constatar si se había incurrido en un exceso ritual
manifiesto en desconocimiento del principio constitucional consagrado en el
artículo 228 Superior según el cual se debe dar prevalencia a lo sustancial
sobre lo formal. A la anterior conclusión llega la Sala Plena por las siguientes
razones:
3.4.4.1 El señor Benito Barrios
Espitia nació el 21 de marzo de 1894. Conforme con la Constitución de 1886,
vigente para la época, el estado civil de las personas estaba regulado por la
ley[107].
En desarrollo de este precepto se expidió la Ley 57 de 1887, “(s)obre
adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, la cual en
su artículo 22[108],
estableció como pruebas principales de los nacimientos “las
certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos
sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales”. Igualmente, en virtud del artículo 368 del Código
Civil, “cuando el padre reconociera a un hijo natural en el acta de
nacimiento, bastaba con su firma en el acta de registro respectivo, en
prueba del reconocimiento” [Negrillas fuera de texto].
Así
mismo, se encontraba vigente la Ley 157 de 1887, “(p)or la cual se adiciona y
reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, en la
cual se precisó que los hijos extramatrimoniales, como era el caso del señor
Benito Barrios Espitia, podían ser reconocidos a través de un acto libre y
voluntario que debía manifestarse mediante “instrumento público entre
vivos, o por acto testamentario” [Negrillas de la Corte][109].
En cuanto a la primera de estas normas debe señalarse
que la partida eclesiástica de bautismo era un documento principal para
demostrar el estado civil de una persona. Al respecto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-584
de 1992 explicó que en esa época y hasta antes de entrar en vigencia la Ley 92
de 1938[110],
a los Curas Párrocos se les atribuían funciones similares a las que hoy asumen los
Notarios. En consecuencia, “prestaban un
servicio de fe pública respecto de circunstancias de la vida de una persona”[111] (Negrillas
de la Sala). Entre sus funciones especiales y principales estaba la de dar fe
de la celebración de bautismos. Por ende, se ha determinado que las partidas
eclesiásticas eran los documentos que en principio demostraban la filiación
natural y el estado civil de una persona.
Se destaca que las partidas eclesiásticas tenían la entidad de un acto
administrativo cuando se inscribían en los libros parroquiales, de tal manera
que podían generar efectos civiles. Por consiguiente, su modificación, ya fuera
por la reforma o adición, debía realizarse por la correspondiente autoridad
eclesiástica, acatando los cánones de la religión católica para los efectos
católicos y el debido proceso para los efectos civiles -arts. 2º y 26 de la
Constitución de 1886-[112].
Estos documentos conservaron valor probatorio,
incluso, con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley 92 de
1938[113].
Ello, sin un requisito adicional, como podría ser la rectificación de la
información. El reconocimiento del valor probatorio de las partidas
eclesiásticas se reiteró en la Sentencia T-501 de 2010[114].
La Corte Suprema de Justicia también ha reconocido el valor probatorio de las
partidas eclesiásticas, como lo señaló el
Juzgado de Primera Instancia del proceso ordinario, quien al efecto, citó la
Sentencia de fecha Mayo 17 de 1991, en la
cual el Magistrado Héctor Marín Naranjo precisó que:
“(S)egún
lo establecido en el inciso 1º del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, se tendrán
y admitirán como pruebas principales del estado civil respecto de nacimientos o
matrimonios o defunciones de personas bautizadas o casadas o muertas en el seno
de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales
expidan los respectivos sacerdotes, párrocos, insertando las actas o partidas
existentes en los libros parroquiales (…). Se ha manifestado y se reitera,
que la partida eclesiástica de bautismo, es prueba principal del estado civil,
según lo determina el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, en armonía con el
artículo 18 de la Ley 92 de 1938, entendido este a contrario sensu”
(Negrillas de la Sala).
Pronunciamiento en el cual además se hizo referencia al canon 777 del anterior Codex Iuris
Canonici, en cuya vigencia fue asentada la partida de bautismo de Benito
Barrios Espitia. En este se ordenaba que “los párrocos deben inscribir
diligentemente y sin demora en el libro bautismal los nombres de los
bautizados, haciendo mención del ministro, de los Padres y Padrinos y del Lugar
y fecha de la administración de bautismo”.
Esa posición fue reiterada por la Corte Suprema de
Justicia a través de Sentencia del 23 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente César Julio Valencia Copete, quien señaló, conforme con estos
parámetros, que “las partidas eclesiásticas emanadas de la religión
católica per se son suficientes para probar el estado civil relativo a hechos
que, como el […] nacimiento, hayan acaecido antes del 15 de junio de 1938” (Resalta la
Corte). Pronunciamiento en el cual recordó que:
“[E]n materia de pruebas del estado civil de las
personas, corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la
época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin
perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (art. 39 decreto
ley 153 de 1887). Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938
pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y
las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser
con el registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir
de esa fecha, solo con copia del registro civil (ley 92 de 1938 y decreto 1260
de 1970)"(G.J., t. CCLII, pag.683).”
Después de la Ley 57 de 1887, en el mismo año, se expidió la Ley 157,
en cuyos artículos 54 al 56 estaban especificados los presupuestos exigidos
para el reconocimiento de una persona que hubiere nacido por fuera del vínculo
matrimonial. En este marco, el reconocimiento debía realizarse por parte del
padre o de la madre, mediante una declaración libre y voluntaria, a
través de un instrumento público entre vivos o mediante acto
testamentario. Documento que tiene pleno valor probatorio y, al igual que el
anterior, no exige una ratificación posterior.
En
la partida eclesiástica de bautismo del señor Benito Barrios Espitia, expedida el 26 de marzo de 1895, se registra como su padre al
señor Ramón Barrios Pérez por el Cura Párroco de la Parroquia de la Bahía, perteneciente a la
Arquidiócesis de Cartagena.  Este documento fue emitido antes de la expedición
de la Ley 92 de 1938, por consiguiente, tiene valor probatorio para demostrar
el estado civil del señor Benito Barrios
Espitia. Se reitera que con la ley 57 de 1887, una persona podía acreditar su
estado civil a través de su partida eclesiástica de bautismo, otorgada por el
Párroco de la Curia, quien la expedía con calidades similares a las que hoy se
atribuyen a los Notarios.
Sin embargo, en la Sentencia T-401 de 2012 se acogen los argumentos
expuestos por la Sala Civil-Familia de Corte Suprema de Justicia en sede de
casación, así como de su homóloga en el Tribunal Superior de Cartagena, quienes coincidieron en manifestar
que la partida eclesiástica de bautismo del señor Benito Barrios Espitia carece de valor probatorio,
puesto que, para el efecto, en su consideración se requiere que en este
documento conste la firma del padre como prueba del reconocimiento y, a la par,
señalan que la Escritura Pública 478 de 1898 no puede tenerse como prueba de
ese reconocimiento, puesto que fue realizada con posterioridad a la partida
eclesiástica[115] y, por ende, no cumple con los requisitos de
ley para demostrar el estado civil de acuerdo con la Ley 57 de 1887.
La argumentación de la Sentencia T-401 de 2012 se
apoya en concepciones del derecho puramente formales al restarle
sistemáticamente valor probatorio tanto a la partida eclesiástica de bautismo y
a las copias de los libros de bautismo en las que constan certificaciones
expedidas por los curas párrocos donde estas reposan, como a la escritura
pública ante el Notario 1º de Cartagena, mediante la cual el señor Ramón
Barrios Pérez reconoce como hijo natural al señor Benito Barrios Espitia. No reconocer ni valorar en la actualidad los
efectos jurídicos de esas pruebas, como se hizo en la Sentencia T-401 de 2012,
al considerar como único requisito válido para el reconocimiento de la
paternidad, la partida eclesiástica de
bautismo firmada por el señor Ramón Barrios resulta contrario a la óptica sustancial.
Para esta
Corporación resulta contradictorio argumentar, como lo hizo la Corte Suprema de
Justicia y fue avalado por la Sala Tercera de Revisión, que la Escritura Pública 478  de 1898, “es
prueba del hecho mismo del reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas
no del estado civil de hijo natural, en virtud de que éste se acredita
mediante los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el
ordenamiento jurídico, siendo en este caso la certificación eclesiástica a que
alude el precitado artículo 22 de la Ley 57 de 1887”[116].
Con esta afirmación evidencia esta Corporación que en la sentencia cuya nulidad
se solicita, se estuvo de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia en reconocer
la existencia del vínculo paternal y la filiación natural, pero no el estado
civil del señor Benito Barrios Espitia por sujetarse a una interpretación
restrictiva y formalista de la ley.
La Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898,
como instrumento público que es, comporta una prueba suficiente, idónea y
conducente para demostrar el estado civil del señor Benito Barrios Pérez,
puesto que cumple con los presupuestos exigidos en dicho momento histórico por
la Ley 157 de 1887 para el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Se
reitera que, en virtud de los artículos 54 al 56 de esa norma, un hijo nacido
por fuera del vínculo matrimonial podía ser reconocido en 1894 por su padre o
madre como un hijo natural, mediante
una declaración libre y voluntaria, la cual debía hacerse a través de un instrumento público entre vivos
o mediante acto testamentario.
La anterior situación, pone en evidencia que en el expediente de tutela
obra prueba sobre el reconocimiento paterno como hijo natural del señor Benito Barrios, no solamente mediante su
partida eclesiástica de bautismo, sino también mediante escritura pública,
documentos frente a los cuales se incurrió en una omisión de reconocimiento y
valoración que tuvo incidencia directa y trascendental en la decisión adoptada
en la Sentencia T-401 de 2012. Estas pruebas omitidas o no valoradas
correctamente por la Sala de Revisión de Tutela afectan el reconocimiento de la
filiación natural de la accionante y de contera sus pretensiones sucesorales.
Adicionalmente, es de mencionar que en el proceso ordinario surtido en
segunda instancia, uno de los Magistrados de la Sala Civil- Familia del
Tribunal Superior de Cartagena, quien salvó su voto, puso de presente que
dentro del proceso ordinario se tuvo conocimiento de la Escritura Pública 27 del 10 de enero de 1928, en la cual se
registraba el testamento del señor Ramón Barrios Pérez, y en la cual se hizo
referencia a la Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898, a través
la cual, a su vez, se realizó el reconocimiento del señor Barrios Espitia como hijo
natural. Y, con fundamento en ello, puntualizó que “(…) desde el
punto de vista del derecho sustancial o material, hoy sobre todo en vigor [en]
el estado social y democrático de derecho, no es dable ignorar la fuerza
probatoria de las citadas escrituras” (Destaca la Sala). Documento
este que también fue evidenciado por el juez de primera instancia en el
proceso ordinario y el cual sirvió igualmente de fundamento para su decisión.
El mencionado acto testamentario si bien no fue de
conocimiento directo por parte de la Sala Tercera de Revisión, fue verificado
tanto por el juez de primera instancia, como por uno de los magistrados del
mentado Tribunal. Por consiguiente, la referencia a este hecha por los
despachos judiciales no puede desestimarse y, al contrario, refuerza la carga
argumentativa de la posición sentada por el Pleno, puesto que conforme con la
Ley 157 de 1887, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial podía realizarse
mediante instrumento público entre vivos pero también mediante acto
testamentario, como se mencionó por los jueces naturales en este caso.
3.4.4.2 De este modo la Corte encuentra que en la Sentencia T-401 de
2012 se incurrió en una violación del debido proceso por omisión de aspectos
constitucionales relevantes para la decisión debido al desconocimiento del
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, a causa de un exceso
ritual manifiesto, que se configura cuando:
(i) No se tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de
los ciudadanos. En el presente caso, el proceso de la acción de tutela decidido
mediante la sentencia cuestionada, se ha sometido a una interpretación
formalista y restrictiva de la Ley 57 de 1887, en desconocimiento de la
realidad material, al omitir reconocer y valorar adecuadamente tres pruebas que
obran en el proceso: la partida
eclesiástica de bautismo, las copias de los libros de bautismo donde constan
las certificaciones expedidas por los curas párrocos donde estas reposan, y la
escritura pública ante el Notario 1º de Cartagena. Estos documentos no pueden tacharse de falsos
ni desestimarse su valor probatorio para demostrar el estado civil de Benito
Barrios Espitia, simplemente por no cumplir con los rigorismos de ley,
específicamente del artículo 22 de la normativa en mención. Aunado a ello, el
estudio realizado por la Sentencia T-401 de 2012 se hizo al margen de parte del
contenido normativo de los artículos 55 y 56 de la Ley 157 de 1887, conforme el
cual un hijo extramatrimonial debía ser reconocido por un acto libre y
voluntario mediante instrumento público o testamento.
(ii) Se renuncia conscientemente a la
verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto. En el presente caso, la
interpretación formalista de la norma conllevó a que esta Corporación mediante
la Sentencia T-401 de 2012 corroborara los argumentos de la Corte Suprema de
Justicia al afirmar que la Escritura Pública 478 de 1898 carece de entidad
probatoria y, por consiguiente, “es prueba del hecho mismo del reconocimiento de la paternidad contenido
en ella, mas no del estado civil de hijo natural”, consideración que resulta
inadmisible en el derecho sustancial, pues, como se advirtió, con esta
afirmación se termina reconociendo el parentesco pero se deniega el
reconocimiento del estado civil.
(iii) Por la aplicación en exceso
riguroso del derecho procesal. La interpretación y aplicación puramente formalista de la Ley
57 de 1887 que se realiza en la Sentencia T-401 de 2012, consiste en que no se
demuestra el acto volitivo libre y voluntario del reconocimiento parental, pues
este debía constar en la partida eclesiástica de bautismo con la signatura del
padre al momento de su realización, so pena de no poderse tener como prueba de
la paternidad. Tal hermenéutica conlleva a una aplicación excesiva del derecho
procesal, únicamente con el propósito de cumplir con los rigorismos de ley, en
desmedro del derecho sustancial y de la realidad material. Esto implicó tanto
una omisión clara en el análisis de aspectos
constitucionales relevantes, como las consecuencias jurídicas del acervo
probatorio obrante en el proceso para la protección efectiva de derechos
fundamentales, lo cual tuvo efectos trascendentales en el sentido de la
decisión adoptada mediante la providencia cuya nulidad hoy se impetra.
(iv) Pese a que dicha actuación
devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales. La interpretación formalista y
restrictiva de la Ley 57 de 1887 que se impugna de nulidad en la sentencia en
cuestión, conduce a desconocer el estado civil del señor Benito Barrios
Espitia, lo que hoy tiene consecuencias directas sobre sus descendientes, como
es el caso de la señora Clovis Barrios, quien por ese proceder resultó
lesionada tanto en su derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad
jurídica como a la igualdad frente a los otros descendientes del señor Ramón
Barrios Pérez, como al desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
Respecto
de este último punto debe destacarse que el reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho
fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política. Se
recuerda que los atributos de la personalidad jurídica, entre estos, el estado
civil, son
características inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, vitalicias,
personales y absolutas de los individuos. En su virtud, una persona natural
tiene derechos y obligaciones tanto de contenido extrapatrimonial como
económico “lo que implica una integración potencial a la vida negocial y el
tráfico jurídico de una sociedad. [En consecuencia], el Estado no entrega
una dádiva ni entrega un privilegio a la persona cuando le reconoce como sujeto
de derecho, con las consecuencias jurídicas que ello comporta”[117] [Negrillas fuera del texto].
Así, si se
considera que al resolver la acción de tutela en estudio se trata de amparar el
derecho de acceso a la administración de justicia, reconocido en el artículo
229 de la Carta y, como consecuencia jurídica de dicha decisión se genera un
reconocimiento del derecho fundamental a la personalidad jurídica de la
accionante y, a su vez, un beneficio económico de orden sucesoral, pues el
acceso a derechos patrimoniales es una consecuencia secundaria de la protección
de un derecho fundamental.
3.4.4.3
Finalmente, en el marco de la supremacía de la Constitución Política, es de
poner de relieve que el Pleno de esta Corte no puede avalar como legítimos
argumentos jurídicos en exceso formalistas que tratan de aplicar disposiciones
normativas que estaban vigentes en un contexto jurídico-histórico mucho anterior
a la Constitución de 1991, sin que dichas normas sean interpretadas bajo los
criterios de hermenéutica que impone la Carta Fundamental. Por tanto, las
interpretaciones de normas anteriores a la Constitución Política no pueden
ignorar el debido proceso en sus aspectos de acceso a la administración de
justicia y el reconocimiento de
la
personalidad jurídica, por el desconocimiento del principio de prevalencia de
lo sustancial sobre lo formal que conlleva a un exceso ritual manifiesto.
Conforme se estudió anteriormente, no
es posible desconocer la supremacía de los lineamientos constitucionales y, por
ende, admitir la aplicación en exceso formalista de una norma procesal que con
sus efectos contradiga el ejercicio de derechos fundamentales, como acaece en
el presente caso. La errónea
interpretación excesivamente formalista de la normatividad vigente para la
época de los hechos que dieron lugar al pronunciamiento T-401 de 2012 omite que
para el momento histórico se permitía el reconocimiento de un hijo natural a
través de una declaración libre y voluntaria mediante instrumento público o
testamento. A la vez, desconoce el valor probatorio de la partida eclesiástica de bautismo y de las copias de
los libros de bautismo en las que constan las certificaciones expedidas por los
curas párrocos donde estas reposan, así como de la Escritura Pública 478 de 1898, pruebas todas destinadas al reconocimiento del señor
Barrios Espitia como hijo natural por parte del señor Ramón Barrios
Pérez. Debieron valorarse idónea y adecuadamente no solo las pruebas que obran
dentro del expediente de conformidad con los requisitos exigidos por la
normatividad vigente en su momento, sino también bajo los parámetros de la
Constitución de 1991, tales como la prevalencia de lo sustancial sobre lo
procedimental, la garantía de los derechos fundamentales, y la supremacía de la
Constitución. Contrario sensu, no valorar correctamente los aspectos
sustanciales y fácticos del expediente en cuestión, generó una  violación del
debido proceso, y de contera el desconocimiento del lazo filial existente entre
Ramón Barrios, Benito Barrios y su descendencia, así como de otros derechos
fundamentales, como quedó expuesto.
En este orden de ideas, no puede pasarse por alto, que la posición
adoptada por la Sentencia T-401 de 2012, que corrobora la postura sentada por
la Corte Suprema de Justicia, afecta la proscrita diferenciación entre el
reconocimiento igualitario de todos los hijos, a la luz de la Constitución
Política en razón solamente de su vínculo filial y en condiciones de igualdad
de conformidad con el artículo 42 de la Carta. Este proceder inconstitucional
es inaceptable para esta Corte, que así lo ha declarado desde sus primeras
sentencias. De esta forma, se acatan los lineamientos constitucionales
vigentes, por medio de la Sentencia C-105
de 1994, donde se precisó que “(l)a igualdad de derechos y obligaciones
entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no termina en ellos:
continúa en sus descendientes, sean éstos, a su vez, legítimos
extramatrimoniales o adoptivos. Toda norma que establezca una discriminación
basada en el origen familiar, es contraria a la Constitución”. En
consecuencia, no se pueden imponer a la accionante cargas probatorias excesivas
para demostrar su estado civil, además imposibles de cumplir, porque se incurre
en el desconocimiento del derecho a la igualdad, en contravía de postulados
constitucionales que no permiten ese trato discriminatorio.
Las consideraciones vertidas hasta aquí, son, en criterio de la Sala
Plena de la Corte Constitucional, suficientes para concluir necesariamente que
la nulidad solicitada respecto de la Sentencia T-401 de 2012 debe prosperar en
cuanto se constata la violación del debido proceso por omisión del análisis
sobre aspectos de relevancia constitucional que tenían efectos trascendentales
en el sentido de la decisión adoptada. Esta situación irregular se generó
por una indebida valoración normativa y probatoria, la cual fue en exceso
formalista y generó simultáneamente una denegación de justicia y, con ello, la violación
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
sacrificio de las garantías sustanciales. Por esta razón, para esta Corporación
es claro que mediante la Sentencia T-401 de 2012 se incurrió en un exceso
ritual manifiesto y desconocimiento del principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, al adoptarse una postura puramente formalista que termina haciendo
nugatorios los contenidos normativos de los artículos 29, 228 y 229 de la
Constitución Política.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR
LA NULIDAD de la Sentencia T-401 de 2012, en
virtud de la solicitud presentada por Clovis Barrios de Chico, por medio de su
apoderado judicial Víctor Velázquez Reyes.
SEGUNDO.- RECHAZAR por
improcedente el incidente de nulidad instaurado por el señor Otoniel Zabala
Caraballo, apoderado de PRODETUR SAC, contra la sentencia T-401 de 2012.
TERCERO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, REMITIR el expediente al despacho del
Magistrado Sustanciador del presente asunto para que proyecte la nueva
sentencia, que deberá ser adoptada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
CUARTO.- COMUNÍQUESE la presente providencia al peticionario, con la advertencia que contra
esta decisión no procede ningún recurso.
Notifíquese y cúmplase,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
Con salvamento de voto
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E )
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-429/11 Ref. T- 2.954.560.
Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C., diecinueve (19)
de mayo de dos mil once (2011). Los requisitos de carácter general fueron
reiterados en la sentencia T-429 de 2011, providencia en la que se revisó el
caso de un ciudadano que consideró vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso en vista de que la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda
instancia, no incluyó en la parte resolutiva de un fallo el nombre del
accionante como una de las personas que debía ser indemnizada por los daños y
perjuicios ocasionados por el Ejército Nacional (a raíz de los bombardeos
realizados en el año de 1990 en la vereda La Concepción del Municipio de Yondó
-Antioquia-), pese a que en la parte motiva de la sentencia se determinó que el
accionante debía ser resarcido por los perjuicios morales que le fueron
causados. En este caso, la Corte realizó un recuento jurisprudencial en el que
recogió la evolución del concepto de vía de hecho hasta convertirse en la serie
de requisitos y criterios que están vigentes hoy en día para determinar la
procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial.
[2] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
[3] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
[4] Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
[5] Sentencia T-429/11 Ref. T- 2.954.560. Magistrado Ponente: JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil once
(2011)
[6] Ver Folio 68, cuaderno 4.
[7] Corte Constitucional. Sentencia T-464 de 2011.
MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
[8] Ibid.
[9]
Magistrada (E) Ponente Adriana María Guillén Arango.
[10] M.P. Adriana
María Guillen Arango.
[11] La sentencia
cuestionada fue proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el día 17 de junio de 2011.
[12] El señor Ramón
Barrios Pérez sería el bisabuelo de la demandante, mientras que Elzael, Reynal
y Leila Pérez Barrios son familiares de aquél.
[13] Según la
demanda en el proceso ordinario de petición de herencia, la relación filial
sería la siguiente:
Nombre
Relación
filial
Ramón Barrios
Pérez
Bisabuelo
Benito Barrios
Espitia
Abuelo
José Barrios
Díaz
Padre
Clovis Barrios
de Chico
Bisnieta
[14] Sobre el
particular, se alude al artículo 22 de la Ley 57 de 1887
[15] Sentencia T-401
de 2012.
[16] Cuaderno 5,
folio 94. Énfasis por fuera del texto original.
[17] Cuaderno 5,
folio 95.
[18] Cuaderno 5,
folio 97.
[19] Cuaderno 5,
folio 97. Énfasis por fuera del texto original.
[20] Cuaderno 5,
folio 98.
[21] Cuaderno 5,
folio 100.
[22] Cuaderno 5,
folio 100.
[23] Sentencia T-401
de 2012.
[24] Cuaderno 1,
folio 47, respaldo.
[25] En la citada
providencia se formularon en general cuatro cargos. En el primero se alegó la
violación, por vía indirecta, de los artículos 7 y 22 de la Ley 57 de 1887, al
igual que de los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, por cuanto se
incurrió en un error de derecho en la apreciación de la partida eclesiástica de
bautismo del señor Benito Barrios Espitia. En el segundo y tercero, se alegó la
violación por vía indirecta de los mismos artículos, pero a causa de un error
en la apreciación de otras pruebas, como la escritura pública mediante la cual
el señor Ramón Barrio Pérez supuestamente reconoció como hijo natural a Benito Barrios
Espitia. Finalmente, en el cuarto cargo, se denunció la infracción directa de
los artículos 7, 20, 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, en virtud de que no se
tuvo en cuenta el acta eclesiástica de bautismo como prueba principal del
estado civil.
[26] Cuaderno 1,
folio 51.
[27] La norma en
cita dispone que: “Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios
que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe
rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se
rindiere.”
[28] Cuaderno 1,
folio 54, respaldo. Énfasis por fuera del texto original.
[29] Cuaderno 1,
folio 54, respaldo.
[30] Cuaderno 1,
folio 55. Sombreado por fuera del texto original, la parte subrayada es fiel
copia de la sentencia.
[31] Ibídem.
[32] Su contenido
fue transcrito en los siguientes términos: “(…) ‘en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario de Bocachica, Parroquia de la Bahía, en Cartagena, a 26 de
marzo de 1895, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que nació el 21 de marzo
de 1894, a quien puso el nombre de Benito, hijo de Ramón Barrio (sic) y
Clotilde Espitía (sic), vecinos de Bocachica. Abuelos Paternos: José Barrio
(sic) y Valentina Pérez. Abuelos Maternos: Aniceto Espitía (sic) y Candelaria
Pérez. Padrinos: José de las Nieves Pardo y Amalia Castro. Doy fe: P. Pablo
José Castillo’. Es fiel copia del original dada en Pasacaballos a 22 de mayo de
1998. P. Matthew Megak Arosé. Parroco”. (Firmado y sellado).
[33] Cuaderno 1,
folio 55, respaldo.
[34] Cuaderno 1,
folio 57.
[35] M.P. Adriana
María Guillen Arango.
[36] Cuaderno 1,
folio 40.
[37] En términos de
la sentencia: “¿vulnera la Corte Suprema de Justicia el
derecho al debido proceso, incurriendo en defecto fáctico y sustantivo, al
considerar que la partida de bautismo que no haya sido firmada por el padre del
hijo extramatrimonial no constituye plena prueba de la paternidad?”.
[38] Cabe reiterar
que existían otras denominaciones en relación con el estado civil de las
personas cuando se trataba los hijos nacidos fuera del matrimonio, entre ellas,
el de dañino y punible ayuntamiento. De tales diferenciaciones, para el siglo
XIX, como se indicó anteriormente, se desprendían importantes consecuencias
relativas a los derechos con que se hallaban revestidos.
[39] Pág. 13. En
relación con la providencia cuestionada, el Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio salvó su voto, pues, a su juicio, la filiación entre el señor Ramón
Barrios Pérez y Benito Barrios Espitia se encontraba acreditada, en virtud de
los elementos probatorios obrantes en el expediente. Por lo demás, consideró
que la sentencia de casación incurrió en un exceso ritual manifiesto, ya que
sistemáticamente se le privó de valor de convicción a tales elementos,
contrariando el mandato del artículo 228 de la Carta relativo a la prevalencia
del derecho sustancial.
[40] Cuaderno 5,
folio 84.
[41] Cuaderno 5,
folio 86.
[42] Cuaderno 5,
folios 87 a 91.
[43] M.P. Adriana
María Guillen Arango.
[44] Folio 1 del
incidente de nulidad.
[45] Cuaderno 1,
incidente de nulidad, folio 1.
[46] Sentencia T-401
de 2012. Acápite de hechos literal c) Según el certificado de partida de
bautismo registrado mediante escritura pública No. 478 y 27 de la Notaría 1 de
Cartagena, del 28 de noviembre de 1898 y el 10 de enero de 1928
respectivamente, el señor Benito Barrios Espitia es hijo de Ramón Bárrios
Pérez.
[47] Cuaderno
incidente de nulidad, folio 1.
[48] Cuaderno
nulidad B, folios 377 a 378.
[49] El incidentante
se refiere a los demandados por la señora Clovis Barrios en el proceso
ordinario de petición de herencia, es decir, el señor Elzael Barrios Páez y los
herederos indeterminados de Reynal y Leyla Barrios Páez.
[50] El incidentante
allegó una copia del Auto proferido por la Sala de Casación Penal, Sala de
Decisión de Tutelas, de la Corte Suprema de Justicia. En dicha providencia, se
rechazó la demanda instaurada por la abogada Claudia Patricia Ríos Galvis -en
nombre de la señora Clovis Barrios de Chico- por carecer de legitimación por
activa, en virtud de que no se acreditó con claridad la existencia de un
mandato especial, el 10 de julio de 2008, para incoar el amparo (Cuaderno
nulidad B, folios 380 a 383).
[51] Ver Auto 164 de
2005.
[52] Mediante Auto A-050 de 2000, la Corte declaró la
nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error
involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte
motiva difería completamente de su parte resolutiva.
[53] Auto 070 de
2009.
[54] Ver Autos 170
de 2009 y 132 de 2015.
[55] Autos 217 de 2006,  330 de 2006, 170 de
2009 y 132 de 2015.
[56] Autos 070 de
2009 y 132A de 2012.
[57] Ver Auto 251de
2014.
[58] Ver Autos 270
de 2011, 043A de 2014 y 188 de 2015.
[59] Autos Autos 031 de
2002 y 132 de 2015, entre otros.
[60] Ibidem.
[61] Ver, entre
otros, los Autos 013 de 2013 y 144 de 2012.
[62] Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de
octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.
[63] Auto 170 de
2009.
[64] Auto 223 de
2014.
[65] Constitución
Política, Artículo 243. Ver Autos 082 de 200 y 170 de 2009.
[66] Auto 031A de
2002.
[67] Auto 251 de
2014.
[68] Cuaderno de
nulidad, folio 10.
[69] Cuaderno de
nulidad, folio 12.
[70] Cuaderno de
nulidad, folio 16.
[71] El artículo 36
del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “Las sentencias en que se revise una
decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser
comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera
instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y
adoptará las disposiciones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por
ésta”. Énfasis por fuera del texto original.
[72] El artículo 16
del Decreto 2591 de 1991 establece que: “Las providencias que se dicten se
notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere
más expedito y eficaz”.
[73] Cuaderno de
nulidad, folio 27.
[74] Cuaderno de
nulidad, folios 29 a 32.
[75] Cuaderno de
nulidad, folio 1.
[76] Un
primer escrito se presentó el 11 de marzo de 2014, en el que se reitera la
existencia de una violación al debido proceso, al considerar que el
reconocimiento del estado civil de las personas se podía hacer por testamento o
escritura pública, como lo es la número 478 del 29 de noviembre de 1898
extendida en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena. Adicionalmente, se
alega un supuesto desconocimiento del precedente de esta Corporación, pues en
las Sentencias T-584 de 1992, T-822 de 2009 y T-501 de 2010, se le dio valor a
las certificaciones expedidas por los curas párrocos. Un segundo escrito
aparece radicado el 19 de febrero de 2015, en el que se cuestiona que la
Sentencia T-401 de 2012 no resolvió de fondo el asunto propuesto, ni motivó de
manera suficiente la decisión adoptada. Por otra parte, se menciona que la
Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y en un defecto fáctico por valorar de forma inadecuada el
material probatorio. Finalmente, se encuentra un último escrito del 1º de abril
de 2014 suscrito por el apoderado general de la accionante, en el que señala
que existieron intereses contrarios a derecho en la decisión adoptada por la
Corte Suprema de Justicia.
[77] Esta posición
ha sido reiterada por la Corte en las siguientes providencias: Auto 057 de
2004, M.P. Jaime Araujo Rentería; Auto 118 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; Auto 299 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Auto 132 de 2015, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y Auto 554 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[78] Cuaderno 6,
folio 39.
[79] Cuaderno 2,
folio 2.
[80]
Folio 1 del incidente de nulidad.
[81] Cuaderno 1,
incidente de nulidad, folio 1.
[82] Cuaderno 6,
folios 81 a 82.
[83] El artículo en
cita establece: “Las providencias judiciales se harán saber a las partes y
demás interesados por medio de notificaciones, con las formas prescritas en
este Código. // Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia
producirá efectos antes de haberse notificado”.
[84] En términos de
la providencia: “Lo anterior no obsta para que el interesado, si así lo
estima conveniente, reformule el incidente de nulidad propuesto, si como
consecuencia de la decisión adoptada -de notificación- se produce una violación
del derecho fundamental al debido proceso de la empresa PRODETUR SAC, siempre y
cuando se cumplan los requisitos formales y materiales de procedencia
reiterados por la jurisprudencia de este Tribunal”.
[85] Decreto 2591 de
1991, artículo 3º.
[86] El inciso
segundo de la norma en cita contempla: “Quien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de
la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[87] Ley 1564 de
2012.
[88] CGP, artículo
135.
[89] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[90] Código Civil
Artículo 665. “Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de
usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de
hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”.
[91] Auto 251 de
2014.
[92]
Ver Autos 031A de 2002.
[93] Ibidem.
[94]
Ver C-980 de 2010.
[95]
Ver Auto 031A de 2002 y Auto 251 de 2014.
[96] Ibidem.
[97] Ibidem.
[98]
T-114 de 2010.
[99] Ver Sentencia 872 de 2002 y T-204 de 1997.
[100]
T-429 de 2016.
[101]
T-1306 de 2001, destacada en la Sentencia T-213 de 2012.
[102]
T-429 de 2011.
[103]
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.
Es deber de
los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
[104] Sentencia
C-069 de 1995, reiterada en T-1028 de 2010.
[105]
C-027 de 1993. En efecto, mediante la Sentencia C-027 de 2003, por medio del
cual se estudió la Ley  20  de 1974  "Por la cual se aprueba El Concordato
y Protocolo Final entre la República de  la Santa Sede, suscrito en Bogotá el
12 de julio de 1973", se determinó que: “En una situación de tránsito
constitucional como la que ha vivido el país en los últimos tiempos, y teniendo
en cuenta el propósito de coordinación entre derecho interno y externo previsto
por la Constitución de 1991, el control de la Corte debe estar encaminado a la adaptación
de sus normas nacionales e internacionales a las nuevas exigencias
constitucionales. Si se tiene en cuenta la identidad de propósitos de ambos
sistemas, esta adaptación no puede ser más que conveniente. (…) El control
jurídico de constitucionalidad que la Constitución adscribe a la Corte
Constitucional, se instituye junto con otros mecanismos -como la tutela-
fundamentalmente para la defensa de los derechos fundamentales”.
[106]
T-067 de 1998, reiterada en T-1028 de 2010.
[107] Constitución de
la República de Colombia de 1886, artículo 51.
[108] Ley 57 de 1971.
Articulo 22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado
civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas
bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las
certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes
párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y
suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este
título, á las cuales se las asimila […]”.
[109] Ley 157 de
1887:
“ARTÍCULO
54 Los
hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado ayuntamiento, podrán ser
reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de
hijos naturales respecto del padre o de la madre que los haya reconocido.
ARTÍCULO 55. El
reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o de la madre que
reconoce.
ARTÍCULO 56. El
reconocimiento deberá hacerse por instrumento público entre vivos, o por
acto testamentario.
Si es uno solo
de los padres el que reconoce, no será obligado A expresar la persona en quién
hubo el hijo natural”. (Negrilla fuera del texto).
[110]
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y
cementerios”
[111] Sentencia T-584
de 1992: “Así lo establece el canon 482 del Código Canónico que determina que
en cada Curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el
derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las
actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma”.
[112] Ver T-584 de 1992.
[113] T-584 de 1992.
[114]
T-501 de 2010: “Como consecuencia de lo anterior, se ha reconocido que, de
acuerdo con la regulación de la materia, para las personas nacidas a partir de
1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro
civil según el Decreto 1260 de 1.970. Este nuevo estatuto introdujo
innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1.938, que
distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil.
Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas
eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones)”
[115] La Corte Suprema
de Justicia precisó que “nada de esto consta [en] el certificado expedido por
el párroco de la Parroquia de la Bahía –perteneciente a la Arquidiócesis de
Cartagena–, obrante a folio 5 del cuaderno No. 1 del expediente, de cuya
indebida apreciación se duele el recurrente, pues aunque dicho documento indica
que Benito es ‘hijo de Ramón Barrio’ (sic) no contiene nota alguna sobre el
acto declarativo de esa paternidad, y es evidente que no podía referirlo,
porque para la fecha en que fue asentada -26 de marzo de 1895- consignando el
nombre del presunto padre, éste no había efectuado el reconocimiento
posteriormente recogido en la escritura pública No. 478 del 29 de noviembre de
1898”.
[116] Cuaderno 1,
folio 57.
[117] T-106 de 1996.