C-838-13
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
C-838/13
RECURSO DESIERTO POR NO PAGO DE COPIAS REQUERIDAS PARA
TRAMITAR APELACION-Consecuencia jurídica
por incumplimiento de carga procesal/PAGO DE COPIAS PREVIO A RESOLVER
RECURSO DE APELACION-Necesidad de informar al apelante y su abogado/CONSECUENCIA
JURIDICA DE DECLARATORIA DE RECURSO DESIERTO-Déficit de protección en la
garantía mínima del derecho a la defensa previa/CONSECUENCIA JURIDICA DE
DECLARATORIA DE RECURSO DESIERTO-Tensión entre el principio de celeridad
procesal y el derecho a la defensa previa/REQUERIMIENTO PREVIO PARA PAGO DE
COPIAS ANTES DE DECLARATORIA DE RECURSO DESIERTO-Notificación por el medio
más expedito para obtener un equilibrio que garantice la celeridad procesal y
derecho de defensa
Esta
Corporación concluye lo siguiente: (i) que el inciso 6° del artículo 358 del
CPC se encuentra vigente y que por lo menos producirá efectos en todo el
territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2013; (ii) que no existe cosa
juzgada constitucional material ni formal de la presente demanda con relación a
los cargos que fueron objeto de estudio en la sentencia C-1512 de 2000; (iii)
que la declaratoria de recurso desierto supera el test de proporcionalidad
porque tiene una finalidad constitucionalmente admisible y el medio empleado en
ella es adecuado, necesario y proporcional para servir a la realización del
derecho fundamental de acceso a una administración de justicia pronta
representado en el principio de celeridad procesal, y porque a través de ella
se sacrifica en menor medida el principio-derecho a la doble instancia porque
el apelante cuenta con la oportunidad procesal para que el superior estudie su
inconformidad, pero la misma la pierde por incumplir la carga procesal de pagar
las expensas necesarias para continuar con la apelación; (iv) que la
declaratoria de recurso desierto que se demanda no es una sanción propiamente
dicha sino una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de una carga
procesal, y por ello, no se deben brindar todas las garantías del derecho a la
defensa como si se tratara de una sanción impuesta por un juez en uso del ius
puniendi que detenta el Estado. En esa medida, la Corte encontró que no había
quebranto del derecho a la defensa posterior porque el apelante cuenta con el
recurso de reposición para cuestionar dicha declaratoria; sin embargo,
evidenció que existe un déficit de protección en el derecho a la defensa previa
que habilita condicionar la norma demandada con el fin de ajustarla a la Carta
Política; y, (v) que la deserción del recurso por el no pago de las copias
solicitadas por el ad quem dentro del término procesal de cinco días siguientes
a la notificación del  auto admisorio de la alzada, no se torna en un rigorismo
vacío y carente de contenido que haga prevalecer el estatuto adjetivo por
encima del derecho sustancial que le asiste a la parte apelante. En este
orden de ideas, luego de su estudio, la Sala Plena declarará que la expresión
“so pena de que quede desierto” contenida en el inciso 6° del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil, es exequible por los cargos aquí analizados,
bajo el entendido que como condición para la declaratoria de deserción del
recurso, el despacho de segunda instancia requiera por el medio más expedito al
apelante y a su abogado, a fin de enterarlos de la carga procesal que deben
asumir. De esa forma, pueden ejercer el derecho a la defensa previa
permitiéndoseles exponer las razones justificadas por las cuales estarían en
imposibilidad de asumirla, para que sean estudiadas por el ad quem. Para que
opere el requerimiento contenido en el condicionamiento de la norma demandada,
el juez de segunda instancia al proferir el auto admisorio de la apelación debe
disponer que se requiera a la parte apelante para que ésta sea enterada de la
carga procesal que debe asumir, y la ejecución de dicho requerimiento por el
medio más expedito debe adelantarse al día siguiente de proferido el auto
admisorio, justo antes de que medie la notificación por estado de esa
providencia judicial. Así, se utiliza el día intermedio que fija la ley entre
la expedición de la providencia y la notificación por estado de la misma, para
realizar el requerimiento que garantice el derecho a la defensa previa frente a
una eventual declaratoria de deserción del recurso de apelación.
RECURSO DE APELACION-Pago de copias
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Función negativa y positiva/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
MATERIAL EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO AMPLIO O LATO-Distinción
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia/PAGO
DE COPIAS EN RECURSO DE APELACION-Jurisprudencia constitucional/RECURSO
DESIERTO POR NO PAGO DEL VALOR DE COPIAS REQUERIDAS PARA TRAMITAR LA APELACION-Diferencia
del contenido normativo analizado en sentencia C-1512 de 2000/PAGO DE
COPIAS NECESARIAS PARA DAR VIA LIBRE AL TRAMITE DE ALZADA-Carga procesal/ARTICULOS
356 Y 358 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL MODIFICADOS-Contexto
normativo refiere a dos etapas diferentes del trámite del recurso de apelación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Naturaleza/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Contenido
y alcance
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No tiene un carácter
absoluto
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PRINCIPIO DE DOBLE
INSTANCIA-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN EL PRINCIPIO DE
DOBLE INSTANCIA-Criterios que debe
respetar el legislador
La sentencia C-103 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
precisó unos criterios específicos que deben ser tenidos en cuenta por el
legislador -en general- cuando consagre limitaciones al principio-derecho de la
doble instancia, a saber: (i) la exclusión de la doble instancia debe ser
excepcional; (ii) deben existir otros recursos, acciones u oportunidades
procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de
acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo
actuado o por lo decidido en procesos de única instancia; (iii) la exclusión de
la doble instancia debe propender por el logro de una finalidad
constitucionalmente legítima; y, (iv) la exclusión no puede dar lugar a
discriminación. Entonces, no cabe duda de que la Constitución le confiere al
legislador un amplio marco de configuración para sentar excepciones o
limitaciones al principio-derecho a la doble instancia. Éstas deben trazarse de
forma que respeten el contenido axiológico de la Carta Política, y en especial
los derechos constitucionales fundamentales, principalmente el derecho de
defensa y la garantía de debido proceso; por consiguiente, no pueden ser
injustificadas, desproporcionadas o arbitrarias, más aún cuando quien cumple el
papel de legislar lo hace en uso de facultades extraordinarias.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Constituye una directiva no explícitamente
positivada de la Constitución Política/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Vertientes
En la jurisprudencia constitucional colombiana el postulado
de la proporcionalidad “constituye una directiva no explícitamente positivada
de la Carta Política”; por ende, desde el punto de vista abstracto, la
proporcionalidad se ha entendido como un concepto relacional cuya aplicación
busca colocar dos magnitudes en relación de equilibrio entre distintos pares de
conceptos que se encuentran en colisión. Así, la Corte ha señalado que la
proporcionalidad es “un principio de corrección funcional de toda actividad
estatal que, junto con otros principios de interpretación constitucional
–unidad de la Constitución, fuerza normativa, fuerza integradora, concordancia
práctica, armonización concreta, inmunidad de los derechos constitucionales e
interpretación conforme a la Constitución-, busca asegurar que el poder
público, actúe dentro del marco del estado de derecho, sin excederse en el
ejercicio de sus funciones”. De esta forma, el principio de proporcionalidad en
sentido amplio se convierte en los límites a la limitación de derechos
fundamentales en el marco de democracias constitucionales. Pues bien, el
principio de proporcionalidad ha sido desarrollado desde dos vertientes
diferentes, a saber: (i) la prohibición o interdicción del exceso, que se
aplica cuando una medida limita por acción legislativa un derecho fundamental,
es decir, tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder
público de cara a las libertades fundamentales; y, (ii) la prohibición por
defecto, que tiene lugar cuando una medida restringe un derecho fundamental por
omisión o insuficiencia en su desarrollo legislativo; de allí que su aplicación
se de respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los
derechos que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Modalidades
La Corte ha señalado que el control de constitucionalidad
en general, y el test de proporcionalidad en particular, adoptan diversas
modalidades según su grado de intensidad, el cual depende de la materia objeto
de la disposición demandada y la libertad de configuración que es inherente a
la función legislativa. Dichas modalidades son: (i) el control débil, leve o
denominado también control de evidencia, en el cual se otorga al legislador un
amplio privilegio de que sus decisiones mantengan su constitucionalidad, a
menos que lo contrario, sea evidente. Este es el que ordinariamente debe llevar
a cabo el juez de constitucionalidad frente a medidas legislativas; (ii) el
control intermedio, en el cual se analiza que el propósito del legislador al
imponer una limitación a un principio o derecho fundamental, sea importante a
la luz del texto constitucional para lograr el objetivo pretendido con la
restricción. Es el punto medio entre el control débil y el estricto; y, (iii)
el control estricto o sustancial intensivo, en el cual la carga de la
argumentación juega a favor de los derechos fundamentales limitados y en contra
de las normas que limitan; por ende, se aplica frente a intervenciones del
legislador muy restrictivas de los derechos fundamentales.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación/PROHIBICION O INTERDICCION DEL EXCESO EN JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Aplicación sucesiva y escalonada de principios de
idoneidad o adecuación, necesidad o indispensabilidad y proporcionalidad en
sentido estricto/IDONEIDAD O ADECUACION EN JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Resulta imperativo examinar la relación entre el medio y
el fin de la norma/NECESIDAD O INDISPENSABILIDAD EN JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO
ESTRICTO-Etapas
Establecido el grado de intensidad del control a la
intervención, se debe dar aplicación sucesiva y escalonada a los tres pilares
del test de proporcionalidad en su variante de la prohibición o interdicción
del exceso, esto es, al principio de idoneidad o adecuación, al principio de
necesidad o indispensabilidad, y al principio de proporcionalidad en sentido
estricto, último en el cual se utiliza la técnica de la ponderación cuyo
abanderado es Robert Alexy y que conceptualiza los principios como mandatos de
optimización. El primero de ellos, la idoneidad o adecuación, se concreta en
que toda intervención adoptada por un poder público que imponga límites a un
derecho fundamental, debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo. Así, la Corte ha señalado que “el análisis de
idoneidad de la medida restrictiva está dirigido a averiguar si aquella es
suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir.
En otras palabras, si la medida sometida al control de constitucionalidad es
adecuada para conseguir un objetivo constitucionalmente válido”. Al analizar la
idoneidad en la vertiente estudiada, resulta imperativo examinar la relación
entre el medio y el fin de la norma. De esta manera, se imponen dos exigencias
a tener en cuenta: (i) que el fin que persigue la medida o limitación sea
legítimo desde la perspectiva constitucional (no prohibido explícita o
implícitamente por el ordenamiento constitucional) aplicando criterios de
razonabilidad y determinando si el objetivo es mediato o inmediato de acuerdo
con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso; y, (ii) que la medida sea
adecuada para alcanzar el fin que se propone. El segundo principio del test de
proporcionalidad, esto es, la necesidad o indispensabilidad, supone el que
“toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más
benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquellas que
revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a la consecución del
objetivo propuesto”. De allí que en este nivel escalonado del test cuando es
aplicado en modalidad estricta, se deba realizar una comparación entre la
medida que limita el respectivo derecho fundamental y los otros medios
alternativos, a los cuales se les exige que por lo menos tengan el mismo grado
de idoneidad de la medida restrictiva para contribuir a alcanzar el objetivo
inmediato de esta última, y que afecte negativamente al derecho fundamental en
un grado menor al contemplado por la medida legislativa. El paso final del
principio de proporcionalidad establecido para analizar una medida que restringe
un derecho fundamental o un principio constitucional, es el denominado
principio de proporcionalidad en sentido estricto. Según ha sostenido esta
Corporación, “[e]ste paso del juicio de ponderación se endereza a evaluar si,
desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados
es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se
produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio
constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es
desproporcionada”. En otras palabras, requiere establecer el balance existente
entre los beneficios que la aplicación de la medida podía reportar y los costos
o dificultades que ello ocasionaría frente al derecho afectado, es decir,
evaluar la relación de costos-beneficios que impone la limitación legislativa.
En ese sentido, la Corte ha indicado que “se trata de una comparación entre la
importancia de la intervención en el derecho fundamental y la importancia de la
realización del fin legislativo o normativo, con el objetivo de fundamentar una
relación de precedencia entre aquel derecho y este fin. La importancia del fin
perseguido con la intervención debe ser de tal entidad que justifique el
sacrificio en la eficacia del derecho fundamental restringido”. Entonces, los
objetivos normativos que se ponderan son, de un lado, el derecho fundamental
afectado, y del otro, el derecho fundamental o principio constitucional de
primer o de segundo grado que fundamenta la intervención legislativa. Así, la
estructura argumentativa de la proporcionalidad en sentido estricto se compone
de tres etapas, a saber: (i) determinar las magnitudes que deben ser
ponderadas, quiere ello decir, establecer la importancia de la medida de
intervención legislativa en el derecho fundamental afectado, e indicar la
importancia de la realización del fin perseguido por la intervención
legislativa; (ii) comparar dichas magnitudes, con el propósito de determinar si
la importancia de la realización del fin perseguido por la restricción
legislativa es mayor que la importancia de la intervención en el derecho
fundamental; y, (iii) elaborar una relación de precedencia condicionada entre
el derecho fundamental y el fin legislativo, tomando como cimiente el resultado
de la comparación antedicha con el fin de asignar prioridad a alguno de los
extremos en el caso concreto.
RECURSO DESIERTO POR NO PAGO DEL VALOR DE COPIAS REQUERIDAS
PARA TRAMITAR APELACION-Finalidad de la
medida y medio empleado/TERMINOS EN MATERIA PROCESAL-No pueden ser
ilimitados en el tiempo/CELERIDAD PROCESAL-Fundamento/RECURSO
DESIERTO POR NO PAGO DE COPIAS REQUERIDAS PARA TRAMITAR APELACION-Idoneidad,
necesidad y proporcionalidad de la medida/INTERVENCION DEL LEGISLADOR EN EL
PRINCIPIO-DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA-Alcance
DERECHO A LA DEFENSA COMO PRINCIPIO-DERECHO-Naturaleza/DERECHO
A LA DEFENSA COMO PRINCIPIO-DERECHO-Ambito de aplicación/DERECHO A LA
DEFENSA-Importancia/DERECHO A LA DEFENSA-Se proyecta con
mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal,
sin que por ello merezca exclusión en otro tipo de actuaciones judiciales o
administrativas/DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION-No son absolutos y
pueden ser limitados por el legislador, siempre que no se vea afectado su
núcleo esencial
JUEZ-Facultades como director del proceso/MEDIDAS
CORRECCIONALES-Contenido y alcance
En
la rama judicial del poder público, los jueces como directores del proceso
están investidos de la facultad de sancionar por los medios que le habilita el
legislador, a la parte que incumple sus deberes u obligaciones que resultan
determinantes para continuar o finiquitar el trámite procesal. Lo hacen con el
fin de velar por la rápida adopción de una decisión definitiva que resuelva la
contienda sometida a escrutinio en la jurisdicción respectiva, para garantizar
que el juicio no se paralice y desconozca el principio de economía procesal, y
para proteger en su esencia la dignidad y el decoro de la administración de
justicia. Esos poderes representados en medidas correccionales se encuentran
principalmente plasmados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996), en los artículos 58, 59 y 60. Allí, además de contemplar los
poderes que tiene el juez para sancionar a las partes del proceso o a sus
representantes o abogados, se indican los eventos específicos en que aquellos
tienen lugar y el procedimiento que se debe seguir para garantizar el derecho a
la defensa de los afectados. Además, con la adición del artículo 60A a la LEAJ
por parte de la Ley 1285 de 2009, se dotó expresamente al juez de facultades
para reprimir o sancionar a las partes que incumplan derechos procesales y
obligaciones en interés ajeno, siempre que afecten la celeridad o eficacia de
la administración de justicia, toda vez que no puede ser objeto de medida
correccional la conducta que sea expresión del ejercicio legítimo de los
derechos de las partes o sus representados, sino aquellas que se interpreten
como verdaderas conductas dilatorias del proceso.
IUS PUNIENDI-Manifestaciones jurídicas
El
ius puniendi o poder sancionador del Estado se encuentra representado en
diferentes manifestaciones jurídicas como son: el derecho penal, el derecho
disciplinario, el derecho contravencional, el derecho correccional, el derecho
administrativo sancionador y los poderes que tiene el juez para imponer
sanciones a las partes dentro de una actuación judicial a través de medidas
correccionales. En ellas deben aplicarse, por regla general, todos los
principios del debido proceso, tales como los de
legalidad, tipicidad, prescripción, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in
ídem y la doble instancia.
INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL-No es en sentido
estricto sancionable/INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL-Consecuencia
jurídica
MEDIDAS CORRECCIONALES CONTENIDAS EN LEY ESTATUTARIA DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Existencia de
otras conductas y sanciones consagradas en leyes especiales que también dan
lugar a la imposición de medidas de esta índole
DEBERES, OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES-Distinciones
PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Jurisprudencia
constitucional/PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Relación
con los términos procesales
La
jurisprudencia constitucional ha encontrado un punto de equilibrio en el cual
la norma adjetiva que sirve como canalizadora para hacer cumplir los términos
procesales preestablecidos, debe ofrecer a los titulares del derecho sustancial
oportunidades proporcionales pero no ilimitadas para que puedan hacer valer el
derecho sustancial que les asiste. De esta forma, se logra una interacción balanceada
entre la forma procesal y el derecho sustancial que se reclame.
CONSTITUCIONALIZACION
DEL DERECHO PROCESAL-Jurisprudencia
constitucional
PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL-No implica la
pérdida de imperatividad o ineficacia de los términos procesales
DECLARATORIA
DE RECURSO DESIERTO POR NO PAGO DE COPIAS SOLICITADAS POR EL AD QUEM-Término procesal
adecuado, prudente y razonable
La Sala
considera que no se trata de la superlativización de un término procesal que
sea riguroso y carente de contenido finalístico, habida cuenta que el mismo
resulta adecuado, prudente y razonable para encausar el principio-derecho a la
doble instancia garantizando los principios rectores de la administración de
justicia y sobre todo brindando seguridad jurídica a las partes en contienda.
El término procesal no puede desconocerse porque se relaciona directamente con
las formas propias preestablecidas para el trámite de la apelación
Referencia:
expediente D-9663
Demanda de inconstitucionalidad contra el
inciso 6° (parcial) del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Demandantes: Luis Fernando López Roca y Carlos
Libardo Bernal Pulido.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, los ciudadanos Luis Fernando
López Roca y Carlos Libardo Bernal Pulido, presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra el inciso 6° (parcial) del artículo 358 del Código
de Procedimiento Civil, con la modificación que introdujo el numeral 176 del
artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Mediante providencia del 28 de mayo de 2013, el Magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los
requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió
traslado al Procurador General de la Nación y comunicó del inicio del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro
del Interior y a la Ministra de Justicia y del Derecho.
Al mismo tiempo, invitó a participar en el presente juicio a los Decanos
de las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia,
Javeriana, Nacional de Colombia, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, del
Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del Rosario, al
igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la
demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de
1991.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la
Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de las
normas demandadas:
“DECRETO 1400 de 1970
(Agosto 6)
Por el cual se expide el
Código de Procedimiento Civil
(…)
SECCIÓN SEXTA
Medios de impugnación y
consulta
(…)
TITULO XVIII
Recursos y consulta
(…)
CAPÍTULO II
Apelación
ARTÍCULO 358. EXAMEN PRELIMINAR.
<Artículo modificado por el artículo 1, numeral 176 del Decreto 2282 de
1989. El nuevo texto es el siguiente:> Repartido el expediente, el juez o el
magistrado ponente observará si la providencia apelada se encuentra suscrita
por el inferior, y en caso negativo ordenará devolverlo para que cumpla esta
formalidad, por auto que no tendrá recurso. Si entre tanto se hubiere producido
cambio de juez, quien lo haya reemplazado proferirá nueva providencia, caso en
el cual ésta se notificará.
Si a
pesar de la falta de la firma de la providencia el superior hubiere decidido la
apelación, se tendrá por saneada la omisión.
Si no se
cumplen los requisitos para la concesión del recurso, éste será declarado
inadmisible y se devolverá el expediente al inferior; si fueren varios los
recursos, sólo se tramitarán los que reúnan los requisitos mencionados.
Tratándose
de apelación de sentencia, el superior verificará si existen demandas de
reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre
todos enviará el expediente al inferior para que profiera sentencia
complementaria. Así mismo, si advierte que en la primera instancia se incurrió
en causal de nulidad, de oficio la pondrá en conocimiento de la parte afectada,
o la declarará, y devolverá el expediente al inferior para que renueve la
actuación anulada, según las circunstancias.
Si la
apelación que debía ser concedida en el efecto suspensivo, lo fuere en otro, el
superior la admitirá en el que corresponda, ordenará devolver las copias y
dejando la del auto que admitió el recurso dispondrá que el inferior le remita
el expediente; llegado éste, dará los traslados a las partes.
Cuando la
apelación que debía ser concedida en el efecto diferido o devolutivo, lo fuere
en el suspensivo, el superior la admitirá en el que corresponda, y dispondrá
que se devuelva el expediente al inferior, previa expedición de las copias
necesarias para el trámite del recurso, a costa del recurrente, quien deberá
suministrar el valor de sus expensas en el término de cinco días, contados a
partir de la notificación del auto que lo admite, so pena de que quede
desierto.
Si debía
otorgarse en el efecto devolutivo y se concedió en el diferido, o viceversa, lo
admitirá en el que corresponda y ordenará comunicarlo al inferior por medio de
oficio”.
(Se resalta
la expresión demandada).
III. LA DEMANDA
1. Los ciudadanos demandantes consideran que la
expresión acusada vulnera los artículos 29, 31 y 228 de la Constitución
Política, por cuanto la frase “so pena de que quede desierto el recurso” contenida
en la parte final del inciso 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento
Civil,  desconoce los principios y derechos fundamentales a la doble instancia
y a la defensa, que a su vez hacen parte integradora del derecho fundamental al
debido proceso, al igual que el principio de prevalencia del derecho sustancial
en las actuaciones de la administración de justicia.
Así mismo, señalan que esa frase quebranta el
artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que integra el bloque
de constitucionalidad, en cuanto al derecho que tienen todas las personas a ser
oídas con las debidas garantías judiciales (8.1), a recurrir el fallo ante juez
o tribunal superior (8.2h) y a tener la garantía mínima de concesión al
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para preparación de su defensa
(8.2c).
2. Las pretensiones de inconstitucionalidad
frente a la expresión demandada son sintetizadas argumentativamente por los
actores en tres cargos, a saber:
2.1. El fragmento que se demanda vulnera el
principio y derecho fundamental a la doble instancia, porque otorga al juez ad
quem una competencia para imponer una sanción desproporcionada ante la
omisión del recurrente en apelación, consistente en declarar desierto el
recurso si a quien se hubiera concedido no suministra dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la admisión de la alzada, las expensas
necesarias para sufragar las copias del expediente destinadas a dar trámite al
recurso.  En sentir de aquellos, esta sanción constituye una limitación
desproporcionada que vulnera el derecho a la doble instancia.
2.2. La frase acusada vulnera el derecho a la
defensa ya que prevé una sanción objetiva y perentoria, que excluye cualquier
tipo de defensa: (i) por parte del abogado que actúa en el proceso, cuya
omisión en cuanto al pago de las copias puede deberse a alguna justificación
razonable; y, (ii) por parte de la parte procesal apelante, es decir,
del poderdante, que queda en absoluta indefensión ante las consecuencias de la
omisión de su apoderado, justificada o no, atinente al pago de las copias para
que se surta la apelación.
2.3. La locución demandada quebranta el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
porque al establecer una sanción desproporcionada, objetiva y perentoria,
estiman que hace prevalecer el rigorismo en cuanto a los términos procesales
sobre la posibilidad de ejercicio de los derechos a la doble instancia, de
defensa y del derecho sustancial que la parte afectada tenga comprometido en la
apelación.
3. Los demandantes antes de abordar el estudio
de los tres cargos que exponen, hacen un recuento del concepto y de la
tipología de la cosa juzgada constitucional, con el fin de demostrar la
inexistencia de cosa juzgada formal en relación con la disposición demandada “so
pena de que quede desierto” contenida en el inciso 6° del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil, porque no ha sido objeto de pronunciamiento
alguno por parte de la Corte Constitucional. Indican que si bien esta Corporación
declaró exequible una disposición similar en la sentencia C-1512 de 2000, es
decir, el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, dicho artículo tiene
un texto diferente al del artículo 358 ibídem actualmente objeto de la
acción pública de inconstitucionalidad.
Así mismo, aducen la inexistencia de la cosa
juzgada constitucional material con relación a la sentencia C-1512 de 2000,
porque esta Corporación al declarar la constitucionalidad de la sanción de
recurso desierto establecida por el numeral 174 del artículo 1° del Decreto
2282 de 1989, que modificó el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil,
limitó el pronunciamiento a los cargos específicos que fueron formulados en esa
ocasión y que fueron analizados en la decisión judicial. Explican que en la
presente oportunidad los cargos alegados son diferentes y por ello, desde el
punto de vista material, el objeto de aquel proceso de constitucionalidad es
distinto del objeto de la presente demanda.
Para demostrar lo anterior, afirman que la
sentencia C-1512 de 2000 estudió los siguientes dos cargos: (i) la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 de la
Constitución Política), en cuanto a que la disposición demandada impide a los
jueces culminar el trámite de los recursos de apelación, con lo cual se deja de
observar la plenitud de las formas propias del proceso; y, (ii) la
vulneración del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas (art. 228 ibídem), dado que la disposición demandada declara desierto el
recurso por causas puramente adjetivas, de manera que el resultado final deriva
de una disposición procesal y no de una disposición de derecho sustancial.
4. Superado para los actores el debate sobre la
inexistencia de cosa juzgada constitucional, exponen los fundamentos de cada uno
de los tres cargos que aducen en esta oportunidad:
4.1. El primer cargo sostiene que la
disposición demandada vulnera el principio y derecho fundamental a la doble
instancia. Al respecto, los demandantes explican que si bien dicho
principio-derecho no tiene un carácter absoluto porque el legislador goza de
libertad de configuración para establecer limitaciones consistentes en exigencias
y cargas procesales, no lo es menos que en ejercicio del margen de
configuración, el legislador no puede introducir limitaciones
desproporcionadas, es decir, limitaciones que vulneren el principio de proporcionalidad
y de paso desconozcan derechos fundamentales.
Puntualmente, explican que la sanción según la
cual debe declararse desierto el recurso de apelación, contenida en la
disposición demandada, está sujeta a las exigencias del principio de
proporcionalidad porque representa una limitación al ejercicio de un derecho
fundamental, en concreto, al ejercicio del derecho fundamental a la doble
instancia porque contiene: (i) la imposición al apelante de la carga
procesal de sufragar las expensas de las copias para que se surta la apelación;
y, (ii) la previsión de la sanción de recurso desierto para la situación
hipotética en la que el apelante no sufrague las copias en el término de cinco
días tras la admisión de la apelación. Para los actores, estas dos medidas incluidas
en el Código de Procedimiento Civil, dificultan o afectan negativamente el
ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y por ello es necesario
hacer el test de proporcionalidad.
En criterio de los demandantes, el análisis de
idoneidad (primer sub-principio del test) muestra que dicha sanción es apta
para contribuir a alcanzar un objetivo constitucionalmente legítimo, cual es,
conceder un plazo determinado para que el apelante sufrague las expensas de las
copias del proceso, con el fin de otorgar celeridad procesal al trámite. Como
los procesos no pueden ser ilimitados en el tiempo, encuentran justificado que
el Código de Procedimiento Civil establezca ciertos plazos para que las partes
desplieguen las actuaciones que componen el proceso. Así mismo, reconocen que
la previsión de una sanción ante el caso de inacción durante el plazo previsto,
representa una motivación para que la parte que debe actuar lo haga.
No obstante, los accionantes señalan que la
sanción de recurso desierto se revela como innecesaria, es decir, no pasa el
segundo sub-principio de necesidad porque existen medidas igualmente idóneas
para el objeto de propender por la celeridad procesal, como por ejemplo una
medida que prevea un mayor plazo y/o un requerimiento a la parte apelante -abogado
y parte recurrente- para que pague las copias, que al mismo tiempo, indican,
son más benignas con el derecho fundamental a la doble instancia y no implican
desmedro de la celeridad de los procesos. Por esa razón, aducen como
desproporcionado con ese derecho que, so pretexto de fomentar un trámite
expedito del proceso, el Código de Procedimiento Civil no incluya un
requerimiento a la parte que ha solicitado la apelación, para que pague las
copias ante la inacción, justificada o no, de su abogado.
También consideran que la sanción censurada
desatiende el sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto, porque las
ventajas que genera para la realización del principio procesal de celeridad no
compensan las graves y severas afectaciones que ella causa para el ejercicio
del derecho fundamental a la doble instancia.
Así, afirman que la celeridad puede lograrse de
una manera igual o mayor mediante una medida alternativa que, por ejemplo,
incluya el requerimiento a la parte procesal apelante como tal, la cual indican
que seguramente actuará sin demora. Agregan que la disposición demandada no
consigue un equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho
de defensa porque contempla una desproporción al cercenar el derecho a la doble
instancia.
Por último, frente a este cargo manifiestan que
el pago de las copias por parte de los apelantes si bien es una excepción al
principio de gratuidad de la justicia, resulta desproporcional que la falta de cumplimiento
de la carga de sufragar las expensas excepcionales sea la declaratoria de
recurso desierto, que impide al apelante acceder a la justicia de segunda
instancia mediante el recurso de apelación. En ese sentido, estiman que la
desproporción que impone la locución demandada también implica una violación
del derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, que
es parte esencial del  derecho al debido proceso.
4.2. El segundo cargo de la demanda sostiene
que la sanción de recurso desierto contenida en la frase acusada, vulnera el
principio y derecho fundamental a la defensa. Para los actores es claro que esta
medida tiene un carácter ablativo o sancionatorio, porque elimina la
posibilidad de que la parte apelante pueda obtener que el superior revise la
decisión del inferior mediante el recurso de apelación.
Plantean que la violación del derecho de
defensa se produce porque ni el abogado que ha dejado de cumplir la carga
procesal consistente en el pago de las copias para la apelación, ni la parte
representada por ese abogado, tienen ningún medio de defensa frente a la
imposibilidad de esta sanción objetiva y perentoria. Indican que antes de su
imposición, no está prevista la posibilidad de que el abogado que no ha
sufragado las expensas, se defienda, por ejemplo, mediante la alegación de
alguna justificación atendible. Y consideran peor aún, el que la imposición de
la sanción no ofrezca posibilidad alguna para que la parte representada se
defienda ante la negligencia de su abogado, o frente a una eventual connivencia
entre éste y la contra parte, y pueda ejercer de manera efectiva el derecho a
la doble instancia mediante el trámite de la apelación.
Según los demandantes, la violación del derecho
de defensa del abogado y del poderdante apelante, podría evitarse si en lugar
de la medida contenida en la disposición demandada, se adoptara una medida
alternativa más benigna con el debido proceso que, por ejemplo, incluyera un
requerimiento a la parte procesal apelante o la estrategia de inadmitir el
recurso hasta tanto se paguen las expensas debidas. Agregan que de ninguna
manera podría decirse que dichas medidas de corrección procesal entorpecen la
celeridad procesal; antes bien, ellas son respetuosas del derecho de defensa de
las partes, a la vez que permiten establecer un punto de equilibrio entre el
respeto de este derecho y las correcciones procesales que implica el
cumplimiento de cargas procesales por las partes.
Finalizan señalando que el argumento de la
celeridad procesal no puede erigirse como un pretexto para eliminar, como lo
hace la disposición demandada, toda posibilidad de ejercicio del derecho de
defensa. Lo anterior por cuanto de suyo ya existe un desequilibrio entre el
juez y las partes en el proceso civil, ya que los plazos no son preclusivos
para el operador judicial, pero en casos como el que plantea la expresión
acusada si se convierten en perentorios para las partes, de tal modo que se
atribuyen efectos lesivos para el derecho defensa.
4.3. El cargo tercero de la presente acción
pública de inconstitucionalidad sostiene que la disposición demandada desconoce
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales.
Para los demandantes, la regulación del recurso
de apelación no es un fin en sí misma, sino que las cargas procesales, los
términos y las sanciones previstas por ella tienen como fin garantizar los
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a la doble instancia y la
prevalencia del derecho sustancial en disputa en las controversias judiciales.
De tal forma que, dichos derechos y el derecho sustancial en disputa estiman
que prevalecerá si y solo si la regulación de la apelación ofrece todas las
garantías constitucionales para que este recurso se surta y el superior
jerárquico pueda revisar la sentencia impartida por el juez inferior.
Igualmente, señalan que la sanción de recurso
desierto está lejos de ofrecer tales garantías constitucionales, pues en
criterio de los accionantes es una sanción innecesaria porque existen
alternativas más benignas con el derecho a la doble instancia y con el derecho
de defensa. Así mismo, indican que es una sanción desproporcionada en sentido
estricto y draconiana, que deja sin defensa a la parte apelante bajo la
pretensión de “glorificar” el término de cinco días que el Código de
Procedimiento Civil concede al apoderado judicial de la parte apelante para
pagar las copias de la apelación. Aducen que esa denominada glorificación del
término procesal termina imponiéndose ante los mencionados derechos
fundamentales y ante el derecho sustancial, sacrificando como consecuencia lo
previsto en el artículo 228 de la Constitución Política.
5.  De esta forma, a título de conclusión, los
demandantes solicitan a la Corte Constitucional la inexequibilidad de la declaratoria
de recurso desierto contenida en la disposición acusada porque (i)
frente a ella no existe cosa juzgada constitucional formal ni material; (ii)
vulnera el principio y derecho fundamental a la doble instancia, al ser
innecesaria y desproporcional en sentido estricto; (iii) desconoce el
derecho de defensa, al ser una sanción objetiva y perentoria que excluye
cualquier tipo de defensa tanto para el abogado que actúa en el proceso y para
la parte procesal apelante que queda en absoluta indefensión ante las
consecuencias de la omisión de su apoderado, justificada o no, atinente al pago
de las copias para que se surta la apelación; y, (iv) quebranta el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, al
hacer prevalecer el rigorismo en cuanto a los términos procesales sobre la
posibilidad de ejercicio efectivo de los derechos a la doble instancia y de
defensa, y de que el derecho sustancial de la parte afectada tenga vigencia con
el trámite y estudio por el ad quem del recurso de apelación.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervenciones de entidades oficiales
1.1.
Del Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada especial del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a
esta Corporación declarar la exequibilidad de la frase “so pena de
que quede desierto” contenida en el inciso 6° del artículo 358 del Código
de Procedimiento Civil.
Con el fin de sustentar su posición, en primer lugar la interviniente
aduce que la declaratoria de recurso desierto no vulnera el derecho de defensa
porque el auto que profiere el juez ad quem imponiéndola, es decir,
declarando desierta la apelación por el no pago de las expensas en la
oportunidad procesal, es un auto susceptible del recurso de reposición según
establece la norma general del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil
ya que, de hecho y en derecho, no resuelve la apelación de fondo. Teniendo en
cuenta esto, afirma que dicha sanción en ninguna forma prevé ni establece un
tema objetivo y perentorio que implique la negación del derecho a la defensa,
porque la parte afectada puede elevar y sustentar la reposición,
materializándose así la oportunidad real de ejercer la defensa mediante un
mecanismo jurídico procesal idóneo y eficaz.
En segundo lugar, la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho manifiesta
que la norma acusada no quebranta el derecho a la doble instancia porque el
requisito del pago de las expensas correspondientes a las copias en el trámite
del recurso de apelación, es una carga económica mínima, proporcionada, justa e
inherente a la defensa judicial de los intereses legítimos de la parte
procesalmente interesada en la concesión del mismo, que debe ser asumida
directamente por ésta y no por la Administración de Justicia ni por el Estado,
especialmente si se tiene en cuenta que el principio de gratuidad de la
justicia no es absoluto y que no tiene como finalidad sustituir o relevar a los
ciudadanos de sus obligaciones procesales básicas.
Adicionalmente, señala que el legislador ha mantenido vigente el amparo
de pobreza para que la parte procesal que no pueda asumir el costo de las
copias del recurso de apelación, lo solicite al juez correspondiente y éste
evalúe las circunstancias especiales para que proceda.
De esta forma, el Ministerio interviniente estima que la disposición
demandada no constituye una limitación desproporcionada o una vulneración del
derecho a la doble instancia, dado que se muestra como la justa y proporcional
consecuencia jurídico procesal que el juez impone a quien incumpla sus deberes
de diligencia con la actuación judicial.
En tercer lugar, el Ministerio interviniente finaliza planteando que las
normas procesales tienen como finalidad esencial permitir la materialización de
los derechos sustanciales, y que en el caso concreto de la expresión acusada
impone una carga procesal que no es exorbitante y que resulta legítima
precisamente por su razonabilidad y proporcionalidad frente al resultado que se
pretende obtener con su utilización.
2.
Intervenciones académicas
2.1.
De la Universidad Libre de Colombia – Seccional Bogotá
Jorge Kenneth Burbano Villamarín, actuando como Coordinador del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Bogotá, y Jorge Andrés Mora Méndez, docente del área
de derecho procesal de la misma Facultad, pidieron declarar la inexequibilidad
de la frase demandada contenida en el inciso 6° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, por compartir los argumentos que proponen los actores.
A tales argumentos agregan que la frase demandada desconoce el principio
de confianza legítima que encuentra su fundamento en el artículo 83 Superior,
porque el juez de primera instancia siembra una expectativa para el poderdante
y su abogado al conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo,
situación fáctica en la que no es necesario consignar el valor de las copias,
pero que después se derrumba cuando el juez de segunda instancia cambia el
efecto por el devolutivo o diferido, afectando la expectativa que la misma administración
de justicia creó a través de un juez de la República.
También estiman que el principio de confianza legítima se desconoce
cuando las decisiones de la jurisdicción no son uniformes, es decir, cuando se
genera un estado de inseguridad jurídica para el recurrente frente a la
modificación del efecto en que se le concedió el recurso de apelación.
Así las cosas, los intervinientes exponen que el principio de confianza
legítima se debe vincular al examen de ponderación que proponen los
demandantes, pues en criterios de aquellos es de vital importancia para el
sostenimiento del Estado Social de Derecho no generar falsas expectativas a los
administrados, y menos aún, cuando éstas son causadas por quienes administran
justicia.
Además, para finalizar señalan que la declaratoria de recurso desierto
afecta el acceso a la administración de justicia que requiere de una doble
instancia segura, la cual está relacionada con el derecho al debido proceso
para que no se sorprenda a los administrados con una decisión perentoria y
desproporcional.
2.2.
De la Universidad de Ibagué
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Ibagué, interviene solicitando la exequibilidad de la norma
demandada por no ser violatoria de los artículos 29, 31 y 228 de la Carta
Política. Para tal fin, indica que el artículo 29 Superior que consagra los
derechos al debido proceso y a la defensa, consagra también el derecho a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas, lo cual en su criterio
significa que el proceso debe ser rápido, dinámico y sin tardanzas con el fin
de aplicar una pronta y cumplida justicia.
Señala que regular los términos para el ejercicio del derecho a recurrir
las providencias judiciales de manera que asegure el deber de aplicar pronta y
cumplida justicia sin dilaciones injustificadas, va de la mano con el derecho
al debido proceso y  con el derecho de defensa; por ende, se deben tener como
del mismo nivel. Así, considera que el término de cinco días contados a partir
de la notificación del auto que admite el recurso para pagar las copias para el
trámite del mismo otorgado por el inciso 6° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil acusado de desproporcionado, es razonable y se encuentra en
armonía con la exigencia del artículo 29 Superior, de proteger el derecho de
los ciudadanos a un proceso rápido, sin dilaciones o tardanzas injustificadas.
Aduce que el hecho de que el artículo 29 de la Constitución Política
consagre en su texto los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y al trámite del proceso sin dilaciones injustificadas, es decir, sin retardos
provocados por leyes que establezcan trámites innecesarios con términos
demasiado prolongados, está indicando que “en tratándose de términos, estos
deben ser razonablemente estimados para que no vulneren los dos primeros
derechos en mención, pero también para que se cumpla el principio que emana del
mismo cuerpo normativo del deber del Estado de aplicar una pronta y cumplida
justicia”.
En sentir de la Decana interviniente, otorgar unos días para que la parte
apelante sufrague el valor de las copias para el trámite u ordenar comunicar
tanto a la parte como a su apoderado para que paguen las mismas, son actos que
conllevan a la dilación injustificada del proceso y vulneran el principio de
celeridad que consagra el artículo 29 de la Carta. Por el contrario, estima que
el término de cinco días para cumplir este deber procesal, sobre la base del
deber ético que tiene el abogado de tramitar con diligencia y cuidado la causa
que defiende, es razonablemente suficiente y está en armonía con los derechos
de debido proceso y de defensa, y por lo tanto la consecuencia jurídica por el incumplimiento
de esa carga es la que en derecho corresponde, es decir, declarar desierto el
recurso de apelación.
Finaliza indicando que la norma acusada no vulnera el artículo 228 de la
Constitución Política, porque no se trata de hacer prevalecer los términos
procesales por encima del ejercicio del derecho sustancial o de la doble instancia,
sino que la declaratoria de recurso desierto se consagra con el fin de que el
proceso de adelante “sin dilaciones injustificadas”.
2.3.
De la Universidad Externado de Colombia
Ramiro Bejarano Guzmán, actuando en su condición de Director del
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, y
Fredy Remando Toscano López, en calidad de docente de la materia en la misma
Universidad, solicitan se declare la inexequibilidad de la locución demandada.
Para fundamentar su petición, en primer lugar indican que la demanda
cumple con los requisitos formales que establece el artículo 2° del Decreto
2067 de 1991, en la medida en que los actores hicieron un señalamiento de la
norma acusada con su respectiva transcripción literal, relacionaron las normas
demandadas infringidas y los cargos por los cuales estiman violada la
Constitución Política, además de exponer la competencia de la Corte
Constitucional para resolver el fondo del asunto.
En segundo lugar, aducen la inexistencia de cosa juzgada constitucional
frente al caso decidido en la sentencia C-1512 de 2000, por cuanto en esta
oportunidad el texto acusado es parte de un artículo diferente frente al cual la
Corte no ha emitido ningún pronunciamiento previo de constitucionalidad.
En tercer lugar, los intervinientes por parte de la Universidad Externado
de Colombia explican las dos razones por las cuales estiman que el aparte
demandado es inconstitucional, a saber: (i) la vulneración al acceso
efectivo a la administración de justicia, porque la exigencia de abonar el
costo de la expedición de copias dentro de los cinco días siguientes a la
ejecutoria del auto que admite el recurso so pena de que se declare desierto,
en sentir de aquellos luce excesiva porque subordina el derecho a acceder a la
administración de justicia en la segunda instancia, al cumplimiento de una
carga procesal económica que solo surge ante el error del a quo que
señaló el efecto en el cual debía surtirse la apelación; y, (ii) la
garantía constitucional de la doble instancia, por cuanto en la norma que se
demanda parcialmente la admisión y el trámite de la segunda instancia están
atadas al pago de expensas para reproducir el expediente, lo que se erige en un
obstáculo injustificado para el ejercicio de aquella garantía.
Concretamente, respecto a la segunda razón aducen que el corto plazo que
tiene el apelante para cumplir con la carga dineraria le puede resultar
sorpresivo y su incumplimiento traerle consecuencias muy drásticas, habida
cuenta que al concedérsele el recurso en el efecto suspensivo no requería de la
expedición de copias, carga que solo advierte e impone el superior jerárquico
cuando corrige el yerro en que incurrió el juez inferior al señalar el efecto
en que ha de tramitarse la alzada. Bajo esa óptica, plantean que en el supuesto
de la norma acusada "estamos en presencia de un recurso ya concedido
por haberse encontrado procedente y oportunamente planteado, por lo que la
necesidad de pagar copias surge es por la errónea concesión del recurso".
Por ende, plantean que la imposición de una sanción tan dramática como es
la pérdida de la oportunidad de tener una segunda instancia, luce gravosa para
quien tenía la expectativa legítima de gozar de ella, sin contemplar otras
medidas menos drásticas, como sería el requerimiento a la parte o a su
apoderado para que abone las expensas o que se le permita solicitar un plazo
adicional para ello a tales sujetos.
Con esa línea argumentativa, la Universidad interviniente concluye que en
este caso la carga procesal de pagar las copias so pena de que se declare
desierto el recurso de apelación, aunque hace parte de la discrecionalidad del
legislador para la configuración de las formas procesales, resulta lesiva de la
Constitución porque vulnera el núcleo esencial de los derechos fundamentales a
acceder a la administración de justicia y a la doble instancia, imponiéndose
necesariamente la inexequibilidad del aparte objeto de reproche constitucional.
2.4.
De la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Alfonso Guarín Ariza, interviene a nombre de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia en su condición de miembro activo, solicitando declarar que la
frase demandada se ajusta a la Constitución Política, porque la declaratoria de
recurso desierto es una medida necesaria para evitar inaceptables actos
dilatorios del proceso y lograr que el recurso de apelación funcione con
constitucional justiciero, equilibrio, prontitud y eficacia.
Así, considera que la carga procesal de pagar las expensas necesarias
para dar trámite al recurso de apelación, más que un deber jurídico, es una
indispensable necesidad procesal que propende por la realización de los derechos
fundamentales y de la prontitud de la justicia.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en
los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro
del trámite de la referencia, en el que solicita a la Corte declarar exequible
la expresión "so pena de que quede desierto", contenida en el
inciso 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el
numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Para tal
efecto, a título de aclaración preliminar, la Vista Fiscal advierte que por
virtud de lo dispuesto en el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 "Código
General del Proceso", el estatuto que contiene la disposición demandada se
encuentra derogado en su integridad. Así mismo, aclara que la vigencia de dicha
derogatoria se encuentra diferida en el numeral 6° del artículo 627 del mismo
código, por lo que la misma opera a partir del 1° de enero de 2014.
Seguidamente,
el Ministerio Público explica que la declaratoria de recurso desierto es una “consecuencia
jurídica ante el incumplimiento de una carga procesal” que debía asumir el
apelante, cual es, sufragar el valor de las copias para dar trámite al recurso
de apelación; por ende, estima que dicha declaratoria no resulta
desproporcionada ni contraria al ordenamiento superior, sino que opera como un
control ante el incumplimiento de los deberes que tiene la parte interesada en
la alzada.
Así, trae a
colación in extenso los fundamentos jurídicos 5.2 y 5.3 de la sentencia
C-1512 de 2000, en los cuales la Corte se refirió al pago de expensas a efectos
de dar trámite al recurso de apelación, que constituye una excepción al
principio de gratuidad de la justicia (artículo 6° de la LEAJ), y a la
razonabilidad y proporcionalidad del efecto sancionador de declarar desierto el recurso ante el incumplimiento del apelante de
pagar las expensas correspondientes, frente a lo cual indicó que no se viola el
debido proceso ni la prevalencia del derecho sustancial.
Después aduce que no se evidencia en forma clara la
transgresión del derecho de defensa al apelante o a su apoderado, por cuanto
frente a la declaratoria de desierto del recurso de apelación, no caben
actuaciones procesales posteriores y las partes conservan sus derechos a
intervenir ante el juez de primera instancia cuando el recurso ha sido
concedido en los efectos devolutivo o diferido.
Con ese panorama breve, la Vista Fiscal concluye
que la disposición demandada no es violatoria del principio del debido proceso,
no vulnera el derecho de defensa al apelante o a su representante y tampoco
desconoce el principio de primacía del derecho sustancial.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la
demanda de inconstitucionalidad que se formula contra la parte final del inciso
6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación que
introdujo el numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
2. Asunto
bajo revisión
2.1. Los
demandantes estiman que la frase “so pena de que quede desierto”
contenida en la parte final del inciso 6° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, vulnera los artículos 29, 31 y 228 de la Constitución
Política, así como el artículo 8° (8.1, 8.2h y 8.2c) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad, y por
ello solicitan que la misma sea declarada inexequible.
Para
fundamentar la petición, en primer lugar, plantean que la locución demandada
desconoce el principio y derecho fundamental a la doble instancia, el cual si
bien no tiene una naturaleza absoluta, no implica que el legislador dentro del
margen de configuración que ejerce, esté habilitado para introducir
limitaciones desproporcionadas que atenten contra el principio de
proporcionalidad, al punto de desconocer derechos fundamentales.
Así, señalan
que la declaratoria de recurso desierto está sujeta a las exigencias de la proporcionalidad
porque representa una limitación al ejercicio del derecho a la doble instancia,
de allí que consideren necesario someter la norma acusada a un test de
proporcionalidad tal como quedo referenciado en el apartado 4.1 de esta
sentencia.
Adicionalmente,
los demandantes exponen que resulta desproporcional que la falta de
cumplimiento de la carga de pagar las expensas excepcionales, reporte como
consecuencia jurídica la declaratoria de recurso desierto, porque impide al
recurrente acceder a la administración de justicia en segunda instancia
mediante el recurso de apelación, situación que desconoce el núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso.
En segundo
lugar, los actores manifiestan que la expresión demandada desconoce el
principio y derecho fundamental a la defensa, toda vez que elimina la
posibilidad de que el abogado apelante pueda justificar razonablemente los
motivos que dieron lugar a su omisión en el pago de las copias y que la parte
recurrente pueda obtener que el superior revise la decisión del inferior
mediante el recurso de alzada. Exponen que esa violación surge porque ni el
abogado apelante ni la parte interesada en la apelación, cuentan con un medio
que les permita ejercer defensa previa antes de la interposición objetiva y
perentoria de la declaratoria de recurso desierto, al igual que después de
surtirse la imposición de la misma, el poderdante queda en absoluta indefensión
frente al actuar negligente de su abogado y pierde la oportunidad para hacer
efectivo su derecho a la doble instancia.
Según los
demandantes, la violación al derecho de defensa del abogado y del poderdante
apelante se puede evitar con medidas alternas más benignas con el debido
proceso que, por ejemplo, incluyan un requerimiento a la parte procesal
apelante o la estrategia de inadmitir el recurso hasta tanto se paguen las
expensas debidas.
Y en tercer
lugar, sostienen que la disposición acusada quebranta el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas procesales, porque hace prevalecer el
rigorismo en cuanto al término procesal para pagar las copias de la apelación y
a la declaratoria objetiva y perentoria de recurso desierto, sobre la
posibilidad de ejercicio de los derechos a la doble instancia, a la defensa y
al derecho sustancial que la parte afectada tenga comprometido en la apelación,
sacrificando como consecuencia lo previsto en el artículo 228 de la
Constitución Política.
2.2. Las
posiciones de los intervinientes se encuentran divididas. Algunos estiman,
dentro de ellos el Procurador General de la Nación, que la Corte debe declarar que
la frase demandada se ajusta a la Constitución Política, en la medida que no
vulnera el derecho de defensa porque el auto que profiere el juez de segunda
instancia declarando el recurso desierto por el no pago de las expensas en la
oportunidad procesal, es susceptible del recurso de reposición y de esa forma
se materializa la oportunidad real para ejercer la defensa mediante un
mecanismo jurídico procesal idóneo y eficaz.
En igual
sentido, estiman que no desconoce el derecho a la doble instancia porque el
pago de las copias es una carga mínima y un deber jurídico que en caso de
incumplimiento reporta como consecuencia la declaratoria de recurso desierto
que debe ser asumida por el apelante, la cual resulta razonable y proporcional
porque es una medida necesaria para evitar actos dilatorios del proceso y para
garantizar el principio de celeridad aplicando una pronta y cumplida justicia “sin
dilaciones injustificadas”, como lo establece el artículo 29 de la Carta
Política.
Agregan que
la norma acusada no transgrede el artículo 228 Superior, toda vez que no se
trata de hacer prevalecer los términos procesales por encima del derecho
sustancial o de la doble instancia, sino que la declaratoria de recurso
desierto se consagra con el fin constitucionalmente admisible de brindar
agilidad al proceso judicial.
Una segunda
postura solicita declarar la inexequibilidad de la expresión “so pena de que
quede desierto” contenida en la parte final del inciso 6° del artículo 358
del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 176 del artículo
1° del Decreto 2282 de 1989, compartiendo los argumentos de los demandantes y
considerando además que aquella desconoce el principio de confianza legítima
que encuentra su fundamento en el artículo 83 de la Carta, porque el juez de
primera instancia al conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo,
siembra en el recurrente una confianza de que no es necesario consignar el
valor de las copias para que se surta la alzada, convicción que se derrumba
cuando el juez de segunda instancia en el análisis preliminar cambia el efecto
por el devolutivo o el diferido, y por ende impone la carga de pagar las
expensas, afectando la expectativa que creó el a quo y generando un
estado de inseguridad jurídica para el recurrente.
Por
consiguiente, aducen que la declaratoria de recurso desierto luce gravosa,
excesiva y desproporcional ya que, además de tener la consecuencia de pérdida
de la oportunidad para acceder al estudio del caso específico en segunda
instancia, no contempla medidas menos drásticas que permitan equilibrar el
debate con otros derechos como son el de defensa y de debido proceso, siendo
imperante hacerlo.
2.3. Debido
a que algunos intervinientes han cuestionado la vigencia de la norma acusada y
a que los demandantes han señalado que frente a los cargos planteados en esta
acción pública de inconstitucionalidad son inoponibles lo decidido y las
razones expuestas en la sentencia C-1512 de 2000, la Sala estima necesario analizar,
a título de cuestiones previas, la actualidad del aparte censurado y la posible
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y/o
material del presente asunto con relación a la sentencia en comento. Sólo si
ese análisis es superado, planteará el problema jurídico de cada cargo y
abordará el estudio del mismo desde la perspectiva constitucional.
3.
Cuestiones preliminares
3.1.
Vigencia de la norma acusada
En la
presente acción pública se demanda la inconstitucionalidad de la frase “so
pena de que quede desierto” contenida en la parte final del inciso 6° del
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970),
modificado por el numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, norma
última que tiene fuerza de ley.
Ahora bien,
a través de la Ley 1564 de 2012 que establece el Código General del Proceso, el
artículo 626 en su literal c) establece que a partir de la vigencia de dicha
Ley, esto es el 12 de julio de 2012, queda derogado el Código de Procedimiento
Civil expedido mediante el Decreto 1400 de 1970, así como las disposiciones que
lo reforman. No obstante, siguiendo los lineamientos sobre vigencia por etapas
de las disposiciones que establece la Ley 1564 de 2012, la Corte observa que en
el numeral 6° del artículo 627 de la misma, el legislador difirió su entrada en
vigencia respecto de “los demás artículos” al 1° de enero de 2014 y
además la condicionó a que se hiciera de forma gradual, en la medida en que se
hayan ejecutado los programas de formación judicial, se disponga de la
infraestructura física y tecnológica, y en general se cuente con los elementos
necesarios para que funcione el modelo de oralidad y por audiencia que impulsa
el Código General del Proceso. Justamente esa graduación en la vigencia
corresponde determinarla al Consejo Superior de la Judicatura, quien cuenta con
un plazo máximo de 3 años, al final del cual la Ley 1564 de 2012 deberá regir
en todos los distritos judiciales del país.
Lo anterior
pone de presente dos efectos relevantes: (i) que la norma acusada se
encuentra vigente por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2013, por no tener
una derogatoria expresa que acontezca en tiempo anterior, ya que la misma se
encuentra diferida hasta el 1° de enero de 2014; y, (ii) que el Código
General del Proceso regirá de forma gradual en los distritos judiciales del
país según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la
cual, en aquellos distritos judiciales donde no entre en vigencia el mismo,
continuará aplicándose el Código de Procedimiento Civil por lo menos hasta el
31 de diciembre del año 2017. De allí que el estudio de fondo de la norma
acusada en esta oportunidad, adquiera importancia porque la declaratoria de
recurso desierto que contempla la misma seguirá aplicándose en algunos
distritos judiciales del país, por lo menos hasta que se cumpla el plazo
concedido al Consejo Superior de la Judicatura para que habilite la vigencia
plena de la Ley 1564 de 2012 en todo el territorio nacional.
Entonces,
con esta breve explicación, para la Sala Plena no existe duda de que el
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil y, puntualmente el aparte
demandado, se encuentran vigentes y esa situación autoriza al Tribunal
Constitucional para emitir un pronunciamiento de mérito sobre la materia.
3.2.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional en el presente asunto con relación
a la sentencia C-1512 de 2000
3.2.1.  Según
establecen los artículos 243 de la Constitución Política, 46 y 48 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, los
fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio de control jurisdiccional,
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional[1]. Ello implica que las
decisiones judiciales tomadas por la Corporación en cumplimiento de su misión
de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor
jurídico y fuerza vinculante[2] que las convierte en
definitivas, incontrovertibles e inmutables[3], además de ser
consideradas de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
El fenómeno
jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional, además de proteger la
supremacía de la Constitución, está llamado a promover la efectiva aplicación
de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los
administrados, ya que por medio de esta figura, se garantiza que el órgano
encargado del control constitucional sea consistente con las decisiones que
previamente ha adoptado. Así, se ha sostenido por esta Corte que “la cosa
juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales
conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y como función positiva, dotar
de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[4].
3.2.2. El
alcance de la cosa juzgada constitucional ha sido desarrollado de manera amplia
por la jurisprudencia, mediante la definición de categorías independientes con
diferencias marcadas. De esta forma, se han establecido distinciones
conceptuales y prácticas entre lo que se entiende por cosa juzgada absoluta
y cosa juzgada relativa, y entre cosa juzgada formal y cosa
juzgada material.
Existe cosa
juzgada absoluta cuando “en aplicación del principio de unidad
constitucional y de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, se
presume que el Tribunal Constitucional confrontó la norma acusada con toda la
Constitución, por lo que, con independencia de los cargos estudiados
explícitamente, en aquellos casos en los que la Corte no limita expresamente la
cosa juzgada, se entiende que hizo una comparación de la norma acusada con toda
la Carta”[5]; en otras
palabras, cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición
proferido en control abstracto, no se encuentra limitado en la propia
sentencia, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad
y frente a todo el texto constitucional.
Por otro
lado, existe cosa juzgada relativa “cuando el juez constitucional
limita de forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la
posibilidad para que en el futuro se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado”[6].  En relación con
esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede presentarse de manera
explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión
se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita, cuando tal
hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de
la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte resolutiva[7].
Así mismo,
la Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa juzgada
formal, en aquellos casos donde existe un pronunciamiento previo del juez
constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior
escrutinio constitucional[8].
Por su
parte, la cosa juzgada material se presenta cuando la demanda recae
sobre una disposición que no ha sido formalmente objeto de control
constitucional, pero que reproduce de manera idéntica o exacta, el contenido de
una norma sobre la cual si existe decisión de constitucionalidad, es decir “cuando
a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o
contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que
ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual
se aplique comporte un cambio sustancial en su alcance y significado”[9].
En este sentido, ha dicho la doctrina constitucional que la identidad normativa
debe apreciarse desde el punto de vista de redacción de las disposiciones
demandadas, como desde el punto de vista del contexto dentro del cual ellas se
ubican, de tal forma que si la redacción es diversa, pero el contenido
normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende la identidad. Por el
contrario, pese a que el texto sea el mismo, si el contexto normativo en el que
se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada material[10].
De ahí que resulte imperioso analizar el problema jurídico, los cargos y la
decisión que emitió anteriormente la Corte, con el fin de hacer un análisis
riguroso de la norma que se demanda y de los contextos en la cual se inserta,
para emitir un verdadero juicio de comparación con la nueva demanda que se
intenta.
Particularmente,
por tener relación directa con el presente caso, es necesario señalar que
frente a la cosa juzgada material la jurisprudencia ha distinguido la
ocurrencia de dos eventos específicos: (i) la cosa juzgada material
en sentido estricto, que se presenta cuando existe un pronunciamiento previo
declarando la inexequibilidad, por razones de fondo, de un contenido normativo
que es reproducido en la disposición que es nuevamente acusada. La identidad
del contenido censurado deberá ser deducida tanto de la redacción del precepto
como del contexto normativo en el que se expidió. La estructura de la cosa juzgada
en este evento está condicionada, además, a que subsistan las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en que se
sustentó la declaratoria previa de inexequibilidad[11];
y, (ii) la cosa juzgada material en sentido lato o amplio, que
tiene lugar cuando existe un pronunciamiento previo declarando la exequibilidad
de la norma demandada cuyo contenido normativo es igual al actualmente acatado.
Cuando ello sucede, ha indicado la jurisprudencia que “no se obliga, a la Corte Constitucional a estarse a lo
resuelto en la sentencia anterior, pero en cambio, sí se le exige a esta
justificar las razones por las cuales no seguirá dicha sentencia que constituye
un precedente específico aplicable a la norma reproducida”[12].
3.2.3.
Atendiendo al anterior marco teórico, encuentra la Sala que no se configura
cosa juzgada ni formal, ni material, derivada de la sentencia C-1512 de 2000
(MP Álvaro Tafur Galvis).
No existe
cosa juzgada formal como quiera que la sentencia C-1512 de 2000 estudió una
demanda de inconstitucionalidad en contra de los incisos 4° y 6° (parciales)
del numeral 174 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, que modificó el
artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, los cuales declaró ajustados a la
Constitución “de conformidad con los cargos de inconstitucionalidad
analizados en el presente proceso”, mientras que la presente demanda se
dirige contra el inciso 6° (parcial) del numeral 358 del mismo estatuto procesal
civil, modificado por el numeral 176 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Lo anterior evidencia que se trata de preceptos legales que, aunque contienen
una declaratoria similar de recurso desierto por el no pago del valor de
las copias requeridas para tramitar la apelación, formalmente son distintos en
su texto porque se trata de dos artículos diferentes del estatuto procesal
civil. Además, esta Corporación no ha emitido pronunciamiento alguno frente a la
última norma en comento, que es la que en esta oportunidad se demanda.
Tampoco se
configura cosa juzgada material en sentido lato, porque el contenido normativo
del precepto que fue analizado en la sentencia C-1512 de 2000, es diferente al
que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala Plena. En aquella oportunidad
se cuestionó la declaratoria de recurso desierto por parte del juez de primera
instancia, cuando la apelación ha sido concedida en el efecto devolutivo o en
el diferido y el recurrente o su apoderado no suministran el valor de las
copias necesarias que deben ser enviadas al superior para tramitar la alzada, y
cuando estando en trámite la apelación, es decir, ya ha sido admitido el
recurso, el ad quem considera indispensable pedir copias de otras piezas
procesales y el inferior lo ordena por auto disponiendo que las mismas sean
asumidas por la parte recurrente, quien incumple la carga procesal motivando
que de ello sea enterado el superior y que éste proceda a emitir la declaratoria
de recurso desierto.
Por su
parte, el contexto normativo que presenta el artículo 358 del estatuto procesal
civil con su respectiva modificación, actualmente demandado, aunque trata de
una declaratoria similar más no idéntica, en su contenido procesal es diferente
ya que parte de la base de que el recurso de apelación fue concedido en el
efecto suspensivo por el a quo, quien envía el original del expediente
al juez de segunda instancia, el cual al realizar el examen preliminar sobre la
admisión del recurso, se percata que de acuerdo con las normas procesales la
alzada fue concedida en el efecto que no correspondía, por lo que procede a
corregir el yerro admitiendo la apelación en el efecto diferido o devolutivo,
disponiendo por auto que el apelante asuma la carga procesal de pagar las
copias necesarias para dar vía libre al trámite de la alzada. Ante el
incumplimiento del recurrente en el pago de las expensas, deviene la
declaratoria de recurso desierto proferida por el ad quem.
Nótese
entonces que la identidad normativa en este caso no es aplicable, porque a
pesar de tratarse en ambos casos de la declaratoria de recurso desierto con el
empleo de palabras similares más no idénticas, lo cierto es que el contexto
normativo de los artículos 356 y 358 del Código de Procedimiento Civil -modificados-,
refieren a dos etapas diferentes del trámite del recurso de apelación, esto es,
la concesión del mismo y las exigencias propias que se deben cumplir ante el
juez de primera instancia para que el expediente sea enviado al superior
jerárquico, y la otra, correspondiente al examen preliminar de admisibilidad de
la apelación que hace el juez de segunda instancia previo a avocar conocimiento
y de dar trámite al recurso de apelación concedido en un efecto incorrecto por
el a quo. Justamente, esa diferencia de contextos normativos genera que
los problemas jurídicos que se puedan abordar desde la perspectiva
constitucional merezcan tratamientos separados y pronunciamientos de fondo
diferentes.
Al
anterior argumento de contextos normativos, se le une el que la sentencia
C-1512 de 2000 analizó cargos y problemas jurídicos diferentes a los que exponen
los demandantes en esta oportunidad, y por ende, las consideraciones que allá
se plantearon sirven de mero referente jurisprudencial para el sub-examine,
sin tener la vocación procesal de configurar cosa juzgada material.
Ello por
cuanto la demanda de inconstitucionalidad que estudió esta Corporación en la
sentencia C-1512 de 2000, se fundamentaba en que los apartes demandados del
artículo 356 del Código de Procedimiento Civil vulneraban los artículos 29, 228
y 230 de la Constitución Política porque “(...) [l]os preceptos acusados
ordenan al juez violar el artículo 29, según el cual, una vez concedido el
recurso de apelación, se debe llevar hasta su culminación, observando la
plenitud de las formas propias del proceso. Al mismo tiempo le ordenan violar
el Art. 228, haciendo extinguir este derecho sustancial al debido proceso, por
razones puramente adjetivas o formales, como es el hecho de no pagar unas
copias en el término de cinco días. Requisito formal o adjetivo que no tiene
nada que ver con la procedencia y validez del derecho básico y fundamental
perseguido en la apelación, que el Constituyente ordena proteger. En otras
palabras, le ordenan al Juez hacer todo lo contrario de lo que dispone el Art.
228, desconociendo tan básica garantía fundamental. Y todavía como si fuera
poco, violan el artículo 230, que, de acuerdo con el 228, ordena aplicar la ley
sustantiva, pues le ordenan al juez desconocer y violar ésta en aras de una
norma meramente adjetiva y formal. (...)”.
Bajo esa
línea, el actor en aquella oportunidad estructuró dos cargos, a saber: (i)
la norma demandada vulnera el derecho a un debido proceso, pues impide a los
jueces culminar el trámite de los recursos de apelación, inobservando así la
plenitud de las formas propias del proceso; e (ii) ignora la primacía
del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, dado
que se declara desierto el recurso por causas puramente adjetivas,
produciéndose decisiones judiciales que se sustentan en una ley formal,
adjetiva o procesal, y no en una sustantiva como lo estatuye la Constitución,
desconociendo entonces el artículo 230 Superior.
Con  base
en esos argumentos, la Sala Plena planteó como problemas jurídicos (i)
si la configuración normativa de la declaratoria prevista en la norma acusada
desconocía la garantía de los derechos al debido proceso del recurrente y, (ii)
si a la luz de la Constitución Política la misma es razonable y compatible con
otros derechos y principios con asidero constitucional, como el de acceso a la
administración de justicia y el de gratuidad de la misma, dentro de los límites
que presentan las facultades del legislador para establecer las formas propias
de cada juicio.
Para dar
respuesta a tales problemas, la sentencia C-1512 de 2000 indicó que las reglas
procesales, como desarrollo del derecho al debido proceso, deben provenir de
regulaciones legales y razonables al fin para el cual fueron concebidas, de
manera que permitan la realización del derecho sustancial. De allí el que la
carga procesal de tipo económico de pagar las copias requeridas ante el a quo
para surtir el trámite del recurso de apelación, en caso de ser incumplida por
la parte interesada, resulta viable que reporte como consecuencias
desfavorables desde la preclusión de una oportunidad hasta la pérdida del
derecho sustancial ya que el sometimiento a las normas adjetivas, como formas
propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con
el objeto de resolver sus conflictos jurídicos.
Dado lo
anterior, la Corte señaló en esa oportunidad que la constitucionalidad de la
carga procesal de pagar las copias era compatible con el principio de gratuidad
de la justicia, además de estimar que el efecto sancionador de incumplir dicha
carga, es decir, la declaratoria de desierto del recurso de apelación, no viola
el derecho al debido proceso ni la prevalencia del derecho sustancial porque
resulta razonable y proporcional, sin demostrar tal afirmación mediante el
análisis de un test de proporcionalidad, tema justamente que es el que
centralmente exponen los demandantes en la actualidad ya que aducen que no se
demostró de forma argumentada por qué aquella declaratoria de recurso desierto
es razonable y proporcional. Por eso, en esta ocasión solicitan a la Corte
aplicar un test de proporcionalidad como camino apropiado para examinar la
limitación a los derechos fundamentales. Este solo punto refuerza aún más la
inexistencia de cosa juzgada material de la sentencia C-1512 de 2000, frente al
debate que ahora ocupa la atención del Tribunal Constitucional.
Además, la
sentencia C-1512 de 2000 en torno al principio de prevalencia del derecho
sustancial, sostuvo que la declaratoria de recurso desierto no impide sino que
encausa el respeto al derecho sustancial, ya que se origina en un
incumplimiento de una carga procesal que debió asumir el apelante interesado y
no en la hipótesis de la prevalencia de la norma adjetiva sobre la sustancial. Nótese
entonces que en esa oportunidad no se estudió si la norma demandada al
establecer un resultado objetivo y desfavorable al apelante, hace prevalecer el
rigorismo en cuanto a los términos procesales sobre la posibilidad de ejercicio
efectivo de los derechos a la doble instancia y a la defensa, tema que proponen
los demandantes como punto nuevo en el caso sub-examine.
Finalmente,
vale la pena precisar que la sentencia C-1512 de 2000 consideró exequible la
declaratoria de recurso desierto “de conformidad con los cargos de
inconstitucionalidad analizados en el presente proceso”, lo que significa
que frente a cargos nuevos es viable que la Corporación se pronuncie de fondo
sobre el asunto porque no existe cosa juzgada absoluta.
En
conclusión, los cargos que se formulan en la demanda que es objeto del presente
análisis son distintos a los examinados de fondo en la C-1512 de 2000, por lo
que procede la Sala a estudiar si aquellos presentan la idoneidad requerida
para propiciar un pronunciamiento de mérito en esta oportunidad.
3.3. Aptitud
sustantiva de la demanda
3.3.1. De
forma reiterada, esta Corporación ha subrayado que el ciudadano actor
debe cumplir con unas mínimas cargas de comunicación y argumentación en su
demanda de inconstitucionalidad, de tal manera que brinde razones conducentes
que hagan posible el debate, con las que se informe adecuadamente al tribunal
constitucional para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos
legales acusados.
Esto
significa que el demandante debe plantear acusaciones comprensibles o claras,
que recaigan verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en
ese orden ser ciertas; mostrar de manera específica cómo la o las
disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales
efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y
no legal o doctrinaria ni referidos a situaciones puramente individuales o de
conveniencia. Finalmente, la argumentación del demandante debe ser suficiente,
en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada[13].
3.3.2. Revisados
esos requisitos mínimos del denominado concepto de violación que deben expresar
los demandantes, la Corte observa que frente a los tres cargos que adujeron los
actores, las acusaciones son claras porque siguen un hilo conductor en
la argumentación que permite a la Corte identificar el contenido de la censura
y la justificación en cada uno de ellos, es decir, son coherentes y
comprensibles. Así mismo, gozan de certeza toda vez que los cargos
cuestionan el contenido legal verificable a partir de la proposición explícita
de declaratoria de recurso desierto que contiene el texto acusado, a la vez que
explican con una oposición objetiva cómo el aparte demandado desconoce o
vulnera la Constitución Política, encontrándose en ese punto satisfecha la
exigencia de la especificidad.
En forma
adicional, los cargos que plantean los actores son pertinentes ya que
los reproches formulados son de naturaleza constitucional y enfrentan la
declaratoria de recurso desierto plasmada en el inciso 6° del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil -modificado-, con el contenido de los artículos
29, 31 y 228 de la Carta. Y, finalmente dichos cargos cumplen con el requisito
mínimo de suficiencia, porque los argumentos expresados por los
demandantes corresponden a razonamientos capaces de desvirtuar la presunción de
constitucionalidad de la norma acusada.
3.3.3. De
esta manera, el cumplimiento de todos los requisitos mencionados permite que la
Corte cuente con las herramientas jurídico argumentativas que le permitan
resolver un debate cierto dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara al aparte censurado, y la habilita para emitir un
pronunciamiento de mérito. Por consiguiente, a renglón seguido, la Corte pasa a
estudiar el fondo de los tres cargos propuestos en contra del aparte demandado.
4. Cargo
primero
4.1.
Planteamiento del problema jurídico y metodología de decisión
De acuerdo
con los argumentos expuestos en la demanda de inconstitucionalidad, la Sala
estima que el problema jurídico que releva el primer cargo que exponen los
demandantes, se concreta en el siguiente interrogante: ¿La declaratoria de
recurso desierto por el no pago de copias solicitadas por el ad quem en
el examen preliminar del recurso de apelación que contempla el aparte
censurado, desconoce los artículos 31 y 29 de la Constitución Política al
introducir una limitación que se alega como desproporcionada al
principio-derecho a la doble instancia, so pretexto de privilegiar el principio
de celeridad procesal que exige el administrar justicia sin dilaciones
injustificadas como garantía del debido proceso?
Para
abordar el estudio del primer problema jurídico, esta Corporación comenzará por
recordar la naturaleza del principio-derecho a la doble instancia y el margen
de configuración que tiene el legislador para establecer limitaciones al mismo
mediante la imposición de consecuencias derivadas del incumplimiento de
cargas procesales; posteriormente, hará una referencia al principio de
proporcionalidad en el control de constitucionalidad de limitaciones
establecidas en leyes, profundizando en la vertiente de prohibición  o
interdicción del exceso; y, finalmente, centrará su estudio en determinar si la
limitación denominada declaración de recurso desierto que contempla el aparte
demandado afecta el principio-derecho a la doble instancia, y por ello, debe
estar sujeta a las exigencias del principio de proporcionalidad.
4.2. La
naturaleza del principio-derecho a la doble instancia y el margen de
configuración que tiene el legislador extraordinario para establecer
limitaciones al mismo mediante la imposición de consecuencia derivadas del
incumplimiento de cargas procesales. El límite que establece la norma demandada
4.2.1. Los
artículos 31 y 29 de la Constitución Política establecen el principio
constitucional y derecho fundamental a la doble instancia, como una piedra
angular dentro del Estado de Derecho porque garantizan el ejercicio de los derechos
de defensa y de contradicción[14], además porque tiene una
estrecha relación con el derecho de acceso a la administración de justicia.
Concretamente
señalan que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la ley” -art. 31- y que el sindicado en un
proceso penal tiene derecho “a impugnar la sentencia condenatoria” –art.
29-, último aparte frente al cual la jurisprudencia constitucional de vieja
data ha reconocido que el derecho de toda persona a impugnar una sentencia
condenatoria en el ámbito penal[15] y en fallos de tutela[16],
sí forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso,
no sucediendo lo mismo con los otros ámbitos en cuyo caso la doble instancia se
erige como un principio referente más no medular del derecho al debido proceso,
ya que la Constitución no lo ordena como presupuesto del juicio adecuado.
Así mismo,
el principio-derecho a la doble instancia está consagrado en la Convención Americana
de Derechos Humanos, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad, cuando
en su artículo 8° al referirse a las garantías judiciales que tiene toda
persona dentro del proceso, se encuentra el “ (…) h) Derecho a recurrir el
fallo ante el juez o tribunal superior”.
Esta Corporación
ha sostenido que la naturaleza del principio-derecho a la doble instancia “es
sustancial y no procedimental”[17], y que su finalidad es
permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por
otro funcionario independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta
jerarquía, con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las
partes, tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección[18],
permitiendo de esa forma enmendar la aplicación indebida que se haga por parte
de la autoridad de la Constitución o la ley[19]. Entonces, se instituye
en una garantía contra la arbitrariedad, y en un mecanismo principal, idóneo y
eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad
pública.
De allí
que haya afirmado que “(…) el recurso de apelación forma parte de la
garantía universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o
están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de poder obtener la
tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez superior quien
revisa y corrige los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o
de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a quo. La procedencia de este
medio de impugnación está determinada en los estatutos procesales atendiendo a
la naturaleza propia de la actuación y a la calidad o el monto del agravio inferido
a la respectiva parte”[20].
4.2.2.
Ahora bien, la Corte ha reconocido que el principio a la doble instancia no
tiene un carácter absoluto[21] porque el Constituyente admitió
en el artículo 31 de la Carta, que el legislador dentro de su competencia
discrecional podía establecer excepciones al mismo, por ejemplo, consagrando
trámites judiciales de única instancia o imponiendo ciertos límites a los recursos
que buscan cuestionar la actuación de una autoridad pública.
En todo
caso, también ha señalado que el amplio margen de configuración que tiene el
legislador en las distintas ramas del Derecho a la que alude el artículo 150
Superior (cláusula general de competencias)[22],
no puede llegar al extremo de permitirle anular derechos, sino que debe ceñirse
a los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, además de
seguir criterios de proporcionalidad y razonabilidad que justifiquen la
limitación como legítima[23].
De allí que sea necesario que las mismas respondan a un fin constitucionalmente
admisible y que no se tornen arbitrarias[24].
Lo anterior
se encuentra aún más acentuado cuando quien expide la norma es el Presidente de
la República en uso de facultades extraordinarias conferidas por el Congreso de
la República (art. 150-10 Superior), pues en tal caso su aprobación no fue el
resultado de una amplia y participativa deliberación democrática[25], sino de la
habilitación legislativa excepcional[26] para que dicte normas
cuando resulte necesario conjurar crisis porque la necesidad lo exija o para facilitar
ajustes atendiendo a razones de conveniencia pública. En tal caso, el
legislador extraordinario en los decretos que expida debe ceñirse a los límites
temporales y materiales que le otorgó la ley de facultades[27],
los cuales constituyen su margen de maniobra para adoptar medidas de
configuración normativa, las cuales se repite, deben responder a los
principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, así como a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad de su fin legítimo.
En vista
de lo anterior, la sentencia C-103 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
precisó unos criterios específicos que deben ser tenidos en cuenta por el
legislador -en general- cuando consagre limitaciones al
principio-derecho de la doble instancia, a saber: (i) la exclusión de la
doble instancia debe ser excepcional; (ii) deben existir otros recursos,
acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de
defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se
ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de única instancia; (iii)
la exclusión de la doble instancia debe propender por el logro de una
finalidad constitucionalmente legítima; y, (iv) la exclusión no puede
dar lugar a discriminación.
Entonces, no
cabe duda de que la Constitución le confiere al legislador un amplio marco de
configuración para sentar excepciones o limitaciones al principio-derecho a la
doble instancia. Éstas deben trazarse de forma que respeten el contenido
axiológico de la Carta Política, y en especial los derechos constitucionales
fundamentales, principalmente el derecho de defensa y la garantía de debido
proceso; por consiguiente, no pueden ser injustificadas, desproporcionadas o
arbitrarias, más aún cuando quien cumple el papel de legislar lo hace en uso de
facultades extraordinarias.
4.2.3. Aclarado
lo anterior, la Sala estima importante precisar que el legislador
extraordinario en ejercicio del margen de configuración con que cuenta según la
ley que la habilita, puede asignar a las partes, al juez y aún a terceros
intervinientes, imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso judicial,
consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Como lo indicó la
sentencia C-1512 de 2000, trayendo a colación una providencia de la Corte
Suprema de Justicia[28], “los primeros se
hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad,
las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés”.
De esta
forma, cuando el legislador extraordinario impone límites al principio-derecho
a la doble instancia, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como
aquellas situaciones que exigen una conducta de realización facultativa
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión reporta una
consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusión de una oportunidad o
un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial sometido
a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto
en interés propio y que en caso de incumplimiento, acarrea una consecuencia que
puede limitar derechos fundamentales.
Por lo
tanto, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las
impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, es decir, le son
enunciadas o advertidas y es aquel quien dispone libre y discrecionalmente si
las cumple o no, sin que nadie pueda obligarlo a hacerlo. En caso de
incumplimiento, queda sometido a la consecuencia desfavorable que prevé la ley
para sancionar su omisión, esto es, a la limitación misma.
Ciertamente,
el inciso 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil establece una
carga procesal para la parte recurrente que acude en interés propio, la cual
surge del examen preliminar que realiza el ad quem detectando que la
apelación debió ser concedida en el efecto diferido o devolutivo, lo que motiva
que el original del expediente sea devuelto al inferior previa expedición de
las copias que aquel estime relevantes para tramitar el recurso de apelación,
situación que impone al apelante el suministrar el valor de las expensas
correspondientes dentro del término de cinco días siguientes a la notificación
del auto que admite la impugnación, porque en caso de no cumplir esa carga[29],
la consecuencia que contempla la ley es la declaratoria de recurso desierto.
Como se
puede observar, el legislador extraordinario en uso de la facultad que le
otorgó la Ley 30 de 1987, al momento de expedir el Decreto 2282 de 1989 que
introdujo la totalidad del inciso en comento, acudió a la competencia material
que tenía para simplificar el trámite de los procesos judiciales[30],
concretamente en este caso a la impugnación de autos, y por ello consagró una
limitación al principio-derecho a la doble instancia que se presenta como una
consecuencia o resultado del incumplimiento de una carga procesal por parte del
recurrente, derivando la omisión en la deserción de recurso que atañe al aparte
censurado en esta oportunidad.
Nótese que
el carácter de esa limitación se traduce en un acto jurídico que profiere el
juez ad quem denominado auto interlocutorio, en el cual aplica la declaratoria
de recurso desierto ante la falta de diligencia de la parte apelante en asumir
la carga que le compete, lo que de suyo no implica directamente la afectación
del principio-derecho a la doble instancia ya que la apelación está consagrada
por el legislador, fue concedida por el a quo por encontrarla procedente
y admitida por el ad quem corrigiendo de oficio el efecto en que debe
adelantarse, pero no se puede tramitar por el incumplimiento del recurrente de
un imperativo jurídico de conducta dentro del proceso judicial que le exigía la
carga de sufragar las copias necesarias para continuar el trámite de la
apelación.
Por
consiguiente, no resulta plausible señalar que la consecuencia analizada afecte
prima facie el principio-derecho a la doble instancia porque coarte la
posibilidad de que el juez de mayor rango revise la decisión adoptada por el
inferior con el fin de permitir una amplia deliberación con propósitos de
corrección, ya que, contrario a ello, la Sala estima que el acceso a la doble
instancia está garantizado por el legislador mismo y se materializa con la
concesión del recurso por parte del inferior y su admisión por el superior. Diferente
es que la oportunidad de que el juez de segunda instancia emita el juicio de
corrección se pierda por la falta de diligencia del abogado recurrente y de la
parte apelante, en cumplir la carga procesal para continuar el trámite del
recurso y de esa forma obtener el pronunciamiento de fondo sobre el derecho
sustancial que reclama.
No
obstante, para reforzar el anterior argumento y por haber sido solicitado por
los demandantes, la Sala estima que frente al límite de declaratoria de recurso
desierto es necesario aplicar los principios de razonabilidad y
proporcionalidad para determinar si el mismo resulta admisible
constitucionalmente por perseguir un fin legítimo que garantice principios,
valores y derechos enmarcados en el texto constitucional, asunto que la Corte
entrará a examinar, previa conceptualización teórica del principio de
proporcionalidad.
4.3.
Breve referencia al principio de proporcionalidad en el control de
constitucionalidad de limitaciones consagradas en la ley. Especial enfoque en
la vertiente de prohibición o interdicción de excesos
4.3.1. El
principio de proporcionalidad tiene un origen continental europeo desde el
siglo XVIII, desarrollado con fuerza por el derecho alemán para en un principio
juzgar la actividad del ejecutivo, y en su periodo de evolución, convertirse en
un criterio que informa la actuación de los poderes públicos en general, al
punto de jugar un papel central en el derecho moderno que poco a poco ha ido
trascendiendo en el mundo jurídico globalizado y que ha sido acogido como
referente de análisis para el control constitucional de leyes en los  casos en
que existan limitaciones a principios, derechos o intereses comunes.
En la
jurisprudencia constitucional colombiana el postulado de la proporcionalidad “constituye
una directiva no explícitamente positivada de la Carta Política”[31];
por ende, desde el punto de vista abstracto, la proporcionalidad se ha
entendido como un concepto relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes
en relación de equilibrio entre distintos pares de conceptos que se encuentran en
colisión. Así, la Corte ha señalado que la proporcionalidad es “un principio
de corrección funcional de toda actividad estatal que, junto con otros
principios de interpretación constitucional –unidad de la Constitución, fuerza
normativa, fuerza integradora, concordancia práctica, armonización concreta,
inmunidad de los derechos constitucionales e interpretación conforme a la
Constitución-, busca asegurar que el poder público, actúe dentro del marco del
estado de derecho, sin excederse en el ejercicio de sus funciones”[32].
De esta forma, el principio de proporcionalidad en sentido amplio se convierte
en los límites a la limitación de derechos fundamentales en el marco de
democracias constitucionales[33].
Pues bien,
el principio de proporcionalidad ha sido desarrollado desde dos vertientes
diferentes, a saber: (i) la prohibición o interdicción del exceso,
que se aplica cuando una medida limita por acción legislativa un derecho
fundamental, es decir, tiene que ver principalmente con la limitación del uso
del poder público de cara a las libertades fundamentales; y, (ii) la
prohibición por defecto, que tiene lugar cuando una medida restringe un
derecho fundamental por omisión o insuficiencia en su desarrollo legislativo;
de allí que su aplicación se de respecto de los deberes positivos del Estado y
la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades
para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Por ser
relevante para el análisis que ocupa la atención de la Sala, en esta ocasión
profundizaremos, sin ánimo de ser exhaustivos, en la primera vertiente
mencionada, cuyos métodos exigen que sean objetivos y controlables para que
permitan al juez constitucional ejercer la misión de salvaguarda de la Constitución
y de los derechos fundamentales, dentro de un marco jurídico respetuoso de las
competencias de las demás autoridades públicas.
4.3.2. La
Corte ha señalado[34] que el control de
constitucionalidad en general, y el test de proporcionalidad en particular,
adoptan diversas modalidades según su grado de intensidad[35],
el cual depende de la materia objeto de la disposición demandada y la libertad
de configuración que es inherente a la función legislativa. Dichas modalidades
son: (i) el control débil, leve o denominado también control
de evidencia, en el cual se otorga al legislador un amplio privilegio de
que sus decisiones mantengan su constitucionalidad, a menos que lo contrario,
sea evidente. Este es el que ordinariamente debe llevar a cabo el juez de
constitucionalidad frente a medidas legislativas; (ii) el control intermedio,
en el cual se analiza que el propósito del legislador al imponer una limitación
a un principio o derecho fundamental, sea importante a la luz del texto
constitucional para lograr el objetivo pretendido con la restricción. Es el
punto medio entre el control débil y el estricto; y, (iii) el control
estricto o sustancial intensivo, en el cual la carga de la
argumentación juega a favor de los derechos fundamentales limitados y en contra
de las normas que limitan; por ende, se aplica frente a intervenciones del
legislador muy restrictivas de los derechos fundamentales.
4.3.3. Establecido
el grado de intensidad del control a la intervención, se debe dar aplicación
sucesiva y escalonada a los tres pilares del test de proporcionalidad en su
variante de la prohibición o interdicción del exceso, esto es, al principio de
idoneidad o adecuación, al principio de necesidad o indispensabilidad, y al
principio de proporcionalidad en sentido estricto, último en el cual se utiliza
la técnica de la ponderación cuyo abanderado es Robert Alexy y
que conceptualiza los principios como mandatos de optimización[36].
El primero
de ellos, la idoneidad o adecuación, se concreta en que toda
intervención adoptada por un poder público que imponga límites a un derecho
fundamental, debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo. Así, la Corte ha señalado que “el análisis de
idoneidad de la medida restrictiva está dirigido a averiguar si aquella es
suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir.
En otras palabras, si la medida sometida al control de constitucionalidad es
adecuada para conseguir un objetivo constitucionalmente válido”[37].
Al
analizar la idoneidad en la vertiente estudiada, resulta imperativo examinar la
relación entre el medio y el fin de la norma. De esta manera, se imponen dos
exigencias a tener en cuenta[38]: (i) que el fin
que persigue la medida o limitación sea legítimo desde la perspectiva constitucional
(no prohibido explícita o implícitamente por el ordenamiento constitucional)
aplicando criterios de razonabilidad y determinando si el objetivo es mediato o
inmediato de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso[39];
y, (ii) que la medida sea adecuada para alcanzar el fin que se propone.
El segundo
principio del test de proporcionalidad, esto es, la necesidad o
indispensabilidad, supone el que “toda medida de intervención en los
derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho fundamental
intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad
para contribuir a la consecución del objetivo propuesto”[40].
De allí que en este nivel escalonado del test cuando es aplicado en modalidad
estricta, se deba realizar una comparación entre la medida que limita el
respectivo derecho fundamental y los otros medios alternativos, a los cuales se
les exige que por lo menos tengan el mismo grado de idoneidad de la medida
restrictiva para contribuir a alcanzar el objetivo inmediato de esta última, y
que afecte negativamente al derecho fundamental en un grado menor al contemplado
por la medida legislativa.
El paso
final del principio de proporcionalidad establecido para analizar una medida
que restringe un derecho fundamental o un principio constitucional, es el
denominado principio de proporcionalidad en sentido estricto. Según ha
sostenido esta Corporación, “[e]ste paso del juicio de ponderación se
endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de
los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición
genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los
ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en
capacidad de lograr, entonces es desproporcionada”[41].
En otras palabras, requiere establecer el balance existente entre los
beneficios que la aplicación de la medida podía reportar y los costos o
dificultades que ello ocasionaría frente al derecho afectado, es decir, evaluar
la relación de costos-beneficios que impone la limitación legislativa.
En ese
sentido, la Corte ha indicado que “se trata de una comparación entre la
importancia de la intervención en el derecho fundamental y la importancia de la
realización del fin legislativo o normativo, con el objetivo de fundamentar una
relación de precedencia entre aquel derecho y este fin. La importancia del fin
perseguido con la intervención debe ser de tal entidad que justifique el
sacrificio en la eficacia del derecho fundamental restringido”[42].
Entonces, los objetivos normativos que se ponderan son, de un lado, el derecho
fundamental afectado, y del otro, el derecho fundamental o principio
constitucional de primer o de segundo grado que fundamenta la intervención
legislativa.
Así, la
estructura argumentativa de la proporcionalidad en sentido estricto se compone
de tres etapas, a saber: (i) determinar las magnitudes que deben ser
ponderadas, quiere ello decir, establecer la importancia de la medida de
intervención legislativa en el derecho fundamental afectado, e indicar la
importancia de la realización del fin perseguido por la intervención
legislativa; (ii) comparar dichas magnitudes, con el propósito de
determinar si la importancia de la realización del fin perseguido por la
restricción legislativa es mayor que la importancia de la intervención en el
derecho fundamental; y, (iii) elaborar una relación de precedencia
condicionada entre el derecho fundamental y el fin legislativo, tomando como
cimiente el resultado de la comparación antedicha con el fin de asignar prioridad
a alguno de los extremos en el caso concreto.
Allí es
donde resulta necesario aplicar la “ley de ponderación” que predica Robert
Alexy[43] y que se
relaciona con las tres etapas explicadas. Dicha ley  se resume en que “[c]uanto
mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.
4.3.4. Ahora
bien, con la claridad conceptual que se acaba de explicar brevemente,
corresponde a la Corte determinar si la medida de intervención en el derecho a
la doble instancia que instituyó el legislador extraordinario, resulta
desproporcional como lo alegan los demandantes.
4.4. El
test de proporcionalidad aplicable al caso concreto
4.4.1.
Dada la facultad extraordinaria que tenía el legislador del Decreto 2282 de
1989 para simplificar el trámite de los procesos judiciales con miras a brindar
agilidad a los procedimientos que deben aplicar los jueces, para nuestro caso,
aquellos que atañen a la procedencia, concesión y trámite del recurso de
apelación de providencias judiciales, el análisis de proporcionalidad del
límite que establece la parte final del inciso 6° del artículo 358 del CPC, no
puede llevar a que el juez constitucional en su control suplante al legislador
en la apreciación de los intereses en juego y en el diseño normativo, sino que
debe tener en cuenta que el propósito perseguido con la medida sea importante a
la luz del texto constitucional para lograr un fin legítimo. Por consiguiente,
como parámetro debe mediar la presunción de constitucionalidad que ampara a las
normas procesales dictadas en ejercicio de ese margen de configuración excepcional
autorizado al legislador extraordinario.
De
conformidad con la línea jurisprudencial sentada por esta Corporación cuando se
trata de materias procedimentales, la modalidad del juicio de proporcionalidad
que en esta oportunidad se debe adelantar a la locución demandada es
intermedio[44], por lo cual se otorgará
al legislador el privilegio para que la configuración normativa mantenga su
constitucionalidad si se demuestra un fin importante, la legitimidad y la
conducencia de ese fin constitucionalmente admisible, y la superación del
juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad del medio empleado para
obtener dicho fin.
4.4.2. En
el presente caso se debe analizar si la medida legislativa que impone la
declaratoria de declaratoria de desierto del recurso de apelación por el juez
de segunda instancia cuando el recurrente dentro de la oportunidad procesal no
suministra el pago de las copias necesarias para continuar con el trámite de la
alzada, al haberse evidenciado que el efecto en la que se concedió por el a quo
no era el correspondiente desde el punto de vista procedimental, vulnera los
artículos 31 y 29 de la Carta Política que consagran el principio-derecho a la
doble instancia.
En este
orden de ideas, en primer lugar la Sala circunscribirá su examen a
establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo esta última ser,
además, adecuada para alcanzar el fin buscado. Así, la Corte determinará, por
una parte, si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente
prohibidos, y por otra, establecerá si el medio escogido es adecuado, esto es,
es idóneo para alcanzar el fin propuesto.
En lo que
concierne a la finalidad de la medida y el medio empleado, la Sala
observa que la declaratoria de recurso desierto es apta para alcanzar un
objetivo constitucionalmente legítimo e importante que no está prohibido por la
Carta Política, cual es, garantizar la celeridad procesal y la pronta
administración de justicia para quienes acuden a ella esperando una solución de
los asuntos sometidos a su conocimiento, lo que a su vez es fundamento del
Estado Social de Derecho. Ello por cuanto a la luz del artículo 228 Superior,
las etapas procesales se deben observar con diligencia y su incumplimiento
acarrea sanciones, sumado a que la falta de diligencia de la parte interesada
no puede generar dilaciones injustificadas que afecten el derecho fundamental
al debido proceso que establece el artículo 29 de la Constitución, y de paso
desconocer la mayor economía en el tiempo de desarrollo de un proceso judicial
comprometiendo la eficiencia del mismo[45].
Así las
cosas, en el presente asunto cuando la norma procesal civil otorga un plazo de
cinco días al recurrente para que sufrague las expensas necesarias para las
copias del proceso con el fin de continuar con el trámite de la apelación, y
dicho término es incumplido por la parte recurrente que persigue un interés propio
en el trámite de la misma, el texto constitucional admite expresamente la
viabilidad de imponer sanciones que resulten acordes con los demás principios y
derechos fundamentales.
Los
términos en materia procesal no pueden ser ilimitados en el tiempo porque ello
generaría un elevado volumen de congestión judicial. De allí que surja la
necesidad de intervención del legislador para fijar medidas restrictivas en
caso de inacción de las partes en el cumplimiento de los plazos, pues de esa
forma se propende por la garantía de la celeridad procesal. Justamente, una de
las manifestaciones de esa celeridad consiste en que se permita un resultado
desfavorable derivado de actitudes de negligencia o inacción de las partes que
causen efectos dilatorios injustificados dentro de un trámite judicial.
Haciendo
un análisis de los argumentos que fueron presentados por el legislador
extraordinario en la exposición de motivos del Decreto 2282 de 1989[46],
que fue el que introdujo al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil la
totalidad del inciso 6°, la Sala observa que la inclusión legislativa fue
concebida para agilizar y simplificar el recurso de apelación pues en la
versión original de aquel artículo, si el ad quem encontraba que la
alzada había sido concedida en el efecto que no correspondía, debía devolver el
expediente al inferior para que éste corrigiera el yerro y cumpliera con el
trámite de expedición de copias con destino al superior, y allegadas éstas, sí
procedía la admisión y trámite del recurso. Ese paso implicaba una demora
judicial en el procedimiento que comprometía la pronta administración de
justicia y la confianza del ciudadano en acudir a la jurisdicción.
Por ello,
la modificación consideró que en aras de privilegiar la celeridad procesal, esa
labor de corrección y de copias previo pago de expensas por parte del
interesado debía surtirse ante el juez de segunda instancia en el marco del
denominado examen preliminar, a quien además facultó para declarar desierta la
apelación en caso de que el interesado no sufragara las expensas necesarias
para aligerar el procedimiento ante la falta de compromiso del recurrente
interesado. Para el legislador extraordinario una de las grandes prioridades
nacionales era reformar la justicia para eliminar su lentitud y darle
eficiencia[47].
Entonces,
de lo antedicho en general, no cabe duda que el fin inmediato de la
intervención legislativa representada en la declaratoria de recurso desierto es
permitir que ante la inacción del recurrente en el cumplimiento de la carga
económica de pagar copias, el proceso judicial no sufra dilaciones
injustificadas sino que continúe su curso procurando la agilidad del trámite o
la conclusión del mismo para que, de esa manera, se obtenga el fin mediato
importante de brindar una justicia pronta que atienda al principio de
celeridad consagrado en la Carta Política.
Respecto a
si la medida de recurso desierto escogida por el legislador extraordinario es adecuada,
la Sala observa que sí resulta idónea porque tiene una relación positiva con el
fin inmediato de garantizar la celeridad procesal. Lo anterior por cuanto el
trámite del recurso de alzada que opera en interés del recurrente, no puede
quedar indefinido en el tiempo o a la espera de que la parte apelante pague las
copias de las piezas procesales que requiere el juez ad quem para
continuar con el estudio de los argumentos que cimientan la inconformidad
respecto de la providencia del a quo, sino que se debe, además de
otorgar un plazo cierto y determinado, establecer una consecuencia jurídica que
se derive de la inobservancia del imperativo de conducta denominado carga
procesal económica de sufragar expensas necesarias, siendo entonces adecuado
que esa consecuencia negativa se materialice en la declaratoria de recurso
desierto. Nótese entonces que dicha declaratoria facilita la realización
efectiva de la celeridad procesal ante dilaciones e incumplimientos
injustificados.
De manera
tal que la Corporación estima que la medida supera exitosamente la primera parte
del test de proporcionalidad, porque cumple una finalidad constitucionalmente
importante al servir a la realización del derecho fundamental de acceso a una
administración de justicia pronta representado en el principio de celeridad
procesal, y porque a través de ella existe un importante grado de probabilidad
de que aquella finalidad se cumpla.
En
segundo lugar, la Corte evaluará si la medida de intervención del
legislador en el principio-derecho a la doble instancia es necesaria
para evitar actos dilatorios del proceso y garantizar el principio de celeridad
aplicando una pronta y cumplida justicia, y si la misma es benigna con aquel
derecho fundamental porque representa una afectación negativa en menor grado.
Para tal
fin, la Sala comienza por aclarar que en esta oportunidad no se está aplicando
un control estricto o sustancialmente intensivo de proporcionalidad que
habilite al juez constitucional para emitir un juicio de comparación directo de
la declaratoria de recurso desierto con otras medidas alternativas más
favorables con el principio-derecho de la doble instancia, como lo solicitan
los demandantes, ya que en el contexto de un test de proporcionalidad
intermedio la Sala debe verificar si la medida que se alega restrictiva por
exceso de acción del legislador, es en verdad necesaria para alcanzar el fin
legítimo que persigue, sin cuestionar el diseño de la medida que escogió el
legislador para lograrlo, a menos que la misma no atienda los planteamientos
axiológicos de la Carta Política. Por ello, solo se limita a determinar si es
indispensable para lograr el fin constitucionalmente admisible e importante.
Dicho lo anterior, esta Corporación estima que la declaratoria de
recurso desierto que contiene la parte final del inciso 6° del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil, es necesaria para lograr una pronta y cumplida
administración de justicia sin dilaciones injustificadas que garantice el
derecho al debido proceso, toda vez que resulta indispensable imponer
consecuencias jurídicas desfavorables a la parte procesal apelante que por
inacción o negligencia incumple la carga procesal de pagar el valor de las
copias dentro de los cinco días siguientes a su notificación, pues de lo
contrario el trámite de la alzada quedaría suspendido e indefinido a la espera
de que el superior cuente con las piezas procesales necesarias para adelantar
el estudio del recurso de apelación, afectando con ello claramente la celeridad
procesal como fin legítimo que respalda a la norma.
Solo piénsese en aquella situación en la cual el recurso de apelación
interpuesto contra una providencia judicial, fue erróneamente concedido en el
efecto suspensivo por el juez de primera instancia que remite el original del
expediente al superior, y éste al percatarse del yerro procede a corregirlo imponiendo
al recurrente interesado la carga procesal de pagar el valor de las copias
dentro de un término, carga que de ser incumplida sin que exista consecuencia
jurídica alguna, deriva en que el juez ad quem deba permanecer
indefinidamente con el original del expediente sin permitir que el proceso
judicial avance a instancia del inferior en las actuaciones procesales
pendientes o subsiguientes, generando de esa manera una mayor congestión del
aparato judicial que desborda en perjuicio de los intereses de la comunidad que
confía en acudir a la jurisdicción para obtener una pronta administración de
justicia. Entonces, para casos como el que indica, entre otros, la declaratoria
de recurso desierto se muestra como necesaria para evitar que el trámite
procesal quede en suspenso hasta que la parte recurrente e interesada decida
sufragar las expensas necesarias para continuar con el trámite del recurso de
apelación. Así se logra que el proceso judicial no quede condenado sometido al cumplimiento
de un acto facultativo por parte del recurrente, que en últimas se traduce en
una demora injustificada que lesiona una garantía estructural del debido
proceso.
Y es que,
en criterio de la Sala, la limitación censurada resulta necesaria además para
garantizar que el apelante sufrague el valor de las copias dentro del término
procesal porque de antemano al conocer la consecuencia jurídica de recurso
desierto que representa no hacerlo, se genera un efecto coercitivo anticipado
que propende porque la carga sea asumida con prontitud para dar vía libre a la
continuación del trámite de la apelación. De allí que la limitación impuesta al
derecho a la doble instancia represente una afectación negativa en menor grado
que lejos está de ser un exceso de acción del legislador, habida cuenta que es
la única posible y capaz de contribuir con mayor idoneidad a la consecución y
garantía del principio de celeridad aplicando una pronta y cumplida justicia.
Ciertamente
se dice que tal limitación es menos grave porque, como se verá más adelante, en
el contexto de la norma demandada el derecho de acceso a la administración de
justicia en la doble instancia se encuentra garantizado, sino que la
oportunidad de que el superior estudie los motivos de inconformidad contra
determinada providencia judicial se pierden por la inacción del apelante, sin
que ello signifique que el proceso judicial termine allí pues el expediente
retorna al inferior en donde continua el debate sobre el derecho sustancial en litigio
y que se presentó ante la jurisdicción para ser definido.
Por lo
anterior, la Corte considera que la declaratoria de recurso desierto supera la
segunda parte del test de proporcionalidad, ya que se evidencia como necesaria
para contribuir a la realización de los derechos fundamentales de acceso a una
administración de justicia pronta y sin dilaciones injustificadas representados
en el principio de celeridad procesal y en el acatamiento al debido proceso, y
porque es la única posible y capaz de contribuir con mayor idoneidad a la
consecución del fin legítimo e importante que se persigue.
En tercer lugar, la Corte evaluará si la medida de intervención
del legislador en el principio-derecho a la doble instancia es proporcional respecto
al fin legítimo que la misma persigue.
Para lograr eso, la Sala observa de entrada un punto de partida
diferente al que proponen los demandantes. En criterio de aquellos, la
declaratoria de recurso desierto cercena por completo la posibilidad de que el
juez de segunda instancia conozca, realice y defina un juicio de corrección
sobre una decisión que profirió el juez a quo, lo que en consideración
de la Corte no resulta cierto por cuanto el contexto jurídico del inciso 6° del
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil parte de la base, como ya se ha
dicho, de que el inferior concedió la apelación al encontrar que el recurso es
procedente contra la providencia judicial que se cuestiona y de que el superior
al efectuar el examen preliminar y evidenciar un yerro en el señalamiento del
efecto en el cual debe surtirse la apelación, lo corrige de oficio disponiendo
la admisión de la alzada en segunda instancia, es decir, habilita la
oportunidad procesal para que el apelante acceda a la posibilidad de que el
superior emita un juicio interlocutorio. Así las cosas, la Corporación observa
que el acceso a la administración de justicia en segunda instancia no se afecta
gravemente ya que está garantizado porque el recurrente cuenta con la
oportunidad de que la providencia que cuestiona sea objeto de análisis por un
juez de mayor jerarquía al que la dictó, lo que en principio protege la
estructura esencial del principio-derecho a la doble instancia, es decir, el
acceso a la misma.
Ahora bien, como ha definido en otras sentencias de control abstracto
por la Corte, exigir a la parte recurrente que asuma una carga económica mínima
de sufragar el valor de las expensas necesarias para continuar con el trámite
de la apelación en segunda instancia, no es una exigencia arbitraria, exagerada
o irrazonable pues resulta admisible constitucionalmente porque encuentra
sustento en la excepción al principio de gratuidad de la administración de
justicia, y es válido que su incumplimiento genere como resultado la pérdida de
la oportunidad que estaba habilitada para que el superior se pronunciara. Entonces,
nótese que dicha oportunidad se pierde es por la inacción o negligencia en que
incurre la parte procesal recurrente, pero ello no significa que el proceso
judicial no continúe su trámite ante el juez inferior y que allí se defina el
derecho sustancial de las partes, o que la misma parte recurrente no pueda
volver a acceder a la segunda instancia censurando otra providencia judicial
posterior. La puerta de acceso a la segunda instancia no queda del todo
clausurada para que debates siguientes dentro del mismo proceso judicial sean
sometidos al escrutinio del superior jerárquico.
De allí el que la Sala considere que la deserción del recurso como
medida de intervención en el principio derecho a la doble instancia no resulta
ser un exceso del legislador extraordinario porque se presenta como justa y
proporcional al incumplimiento de una carga procesal que debía asumir el
recurrente en interés propio, y de paso satisface en mayor medida el derecho de
acceso a la administración de justicia ágil y cumplida sin dilaciones
injustificadas al debido proceso, fin legítimo e importante que respalda la
norma censurada.
Significa lo anterior que si de un lado en la ponderación se tiene una
intervención que se estima legítima y que no afecta el núcleo esencial de
acceso a la administración de justicia en segunda instancia, y del otro el fin
constitucionalmente admisible que persigue la norma acusada, cual es, la
protección y realización efectiva del principio de celeridad procesal, la Sala
en esta oportunidad otorga mayor relevancia o asigna mayor prioridad a éste
último, porque la declaratoria de recurso desierto deviene como resultado del
incumplimiento de una carga procesal mínima que debía asumir el recurrente y
que resulta vital para permitir la continuación del trámite de la apelación sin
causar traumatismos ni congestiones injustificadas al aparato judicial, además
porque un Estado de derecho debe propender porque los procesos judiciales sean
rápidos, dinámicos y se cumplan sin tardanzas injustificadas como sería estar
sometidos a una espera indefinida para que la parte interesada cumpla una carga
facultativa que permita la continuación del recurso de alzada.
De esta forma estima que no es desproporcionado ni afecta severamente el
derecho a la doble instancia, el que el apelante incumplido deba asumir el costo
de su inacción o negligencia derivada de la falta de pago de las expensas
necesarias dentro de la oportunidad procesal, pues en el supuesto de la norma
no estamos ante la generación de falsas expectativas al recurrente que se le
concedió la alzada, pues se repite, la misma es admitida por el superior
corrigiendo de oficio el yerro evidenciado en la indicación del efecto en que
la misma se debe adelantar. Por ende, la medida de intervención del legislador
lejos está de subordinar el acceso a la doble instancia al cumplimiento de una
carga procesal, pues la procedencia del recurso se encuentra habilitada y el
apelante cuenta con la oportunidad que pierde por su inacción, habida cuenta
que incluso cuenta con medios como la solicitud de amparo de pobreza para obtener
la exoneración de las cargas económicas que se deriven del proceso judicial. Es
precisamente ese incumplimiento lo que genera la declaratoria de recurso
desierto.
Por consiguiente, la medida de intervención del legislador
extraordinario denominada declaratoria de recurso desierto aplicable frente a
una providencia judicial determinada, no genera un daño jurídico severo para
los derechos del recurrente toda vez que la definición del derecho sustancial
continúa de fondo ante el juez inferior y si desea cuestionar posteriormente
otra decisión del a quo siendo procedente, el derecho a la doble
instancia se encuentra habilitado, razón por la cual la Sala observa que dicha
medida reporta un beneficio constitucionalmente superior que tiende por
privilegiar los principios estructurales de la administración de justicia, como
son la celeridad y la eficiencia de la misma.
Bajo esos argumentos, la Corte estima que la declaratoria de recurso
desierto que se analiza es proporcional en sentido estricto y con ello se
supera a cabalidad el test de proporcionalidad en el caso concreto, lo que
repercute en que el aparte censurado por el presente cargo se encuentra
ajustado a la Constitución Política porque la restricción del derecho a la
doble instancia que establece el legislador extraordinario no se dibuja como un
exceso del poder legislativo que quebrante los artículos 31 y 29 de la Carta. En
consecuencia, el cargo primero no está llamado a prosperar toda vez que hasta
aquí la presunción de constitucionalidad del aparte censurado se mantiene.
5.
Cargo segundo
5.1.
Planteamiento de los problemas jurídicos y metodología de decisión
Siguiendo
los planteamientos presentados por los demandantes, la Sala considera que los
problemas jurídicos que esboza el segundo cargo se resumen en las siguientes
preguntas: ¿La declaratoria de recurso desierto por el no pago de copias
solicitadas por el ad quem en el examen preliminar del recurso de
apelación que contempla el aparte censurado, es una sanción propiamente dicha
que imponen los jueces en ejercicio del ius puniendi o una consecuencia
jurídica derivada del incumplimiento de una carga procesal, que presuntamente
desconoce el principio-derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política?
Para realizar
el estudio de los problemas jurídicos planteados, la Corte recordará la
naturaleza que tiene el derecho a la defensa como principio-derecho
constitucional, luego profundizará en que los jueces en uso del ius puniendi
no pueden imponer sanciones propiamente dichas por el incumplimiento de cargas
procesales sino que el legislador ha contemplado consecuencias jurídicas
desfavorables para quienes las incumplan, y después centrar su examen en los
argumentos que presentan los actores con el fin de determinar si la consecuencia
jurídica de recurso desierto que se demanda vulnera el derecho a la defensa al
punto de devenir en inconstitucional.
5.2. La
naturaleza del derecho a la defensa como principio-derecho constitucional y su
ámbito de aplicación
5.2.1. Como
es sabido, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho
fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación a toda clase de
actuaciones administrativas y judiciales. La jurisprudencia constitucional se
ha referido a él indicando que“lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier
proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos
sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio,
asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”[48].
5.2.2. Ahora
bien, esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se
descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los
sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia[49].
Es así que ha señalado como una de sus principales garantías, el derecho a la
defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona “de ser
oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y
evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos
que la ley otorga”[50], es decir, la
garantía que se otorga de acudir al proceso y poder defender sus intereses.
En el
texto constitucional colombiano, el derecho a la defensa se encuentra
consagrado en el mismo artículo 29 Superior al referir lo siguiente: “[q]uien
sea sindicado tiene derecho a la defensa”; y en el plano internacional del
sistema interamericano, el artículo 8° de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos o Pacto de San José, establece que toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías judiciales y dentro
de un plazo razonable, y a contar con la oportunidad y el tiempo para preparar
su defensa.
Esta
Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto
de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca “impedir
la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante
la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado.” Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de
defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal
que “constituye un presupuesto para la realización de la justicia como
valor superior del ordenamiento jurídico”[51],
y que se encuentra a su vez integrado por el derecho de contradicción y por
el derecho a la defensa técnica.
Aunque el derecho a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el
ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, la
jurisprudencia y la doctrina han coincidido en sostener que éste se proyecta
con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso
penal[52], sin que por ello
merezca exclusión en otro tipo de actuaciones judiciales o administrativas en
donde se impongan limitaciones a otros derechos, en particular cuando se está
en el campo del derecho sancionador ejercido por cualquier poder del Estado,
donde uno de sus pilares a garantizar es justamente el derecho a la defensa de
quien resulta afectado.
De allí que esta Corporación se haya referido a que en la producción y
aplicación del derecho, se pueden presentar tensiones entre las distintas
garantías que conforman la noción amplia de debido proceso, como por ejemplo,
la derivada del principio de celeridad que puede entrar en conflicto con el
derecho a la defensa[53], en la medida en que
términos cortos para cumplir deberes o cargas impuestas a las partes, muchas
veces recorta la posibilidad de controversia probatoria o argumentativa que
tienen las mismas.
Esa tensión puntualmente ha sido objeto de estudios por esta Corporación
en muchas ocasiones, en las cuales ha concluido que aquel principio debe
prevalecer por reportar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o a otros
derechos fundamentales implicados, y que el derecho a la defensa y a la
contradicción pueden ser limitados sin afectar la estructura de su núcleo
fundamental[54], que es la posibilidad
de que la persona pueda concurrir al trámite en procura de anteponer sus
argumentos. En últimas, debe optarse por preferir que ambos derechos sean
garantizados en la mayor medida posible.
5.3. El juez como director del proceso está habilitado para hacer uso
de medidas correccionales como sanciones por el incumplimiento de deberes y
obligaciones de las partes, no sucediendo lo mismo respecto a las cargas
procesales cuyo incumplimiento apareja una consecuencia jurídica desfavorable, que
no es una sanción propiamente dicha
5.3.1. El ius puniendi o poder sancionador del Estado se encuentra
representado en diferentes manifestaciones jurídicas como son: el derecho
penal, el derecho disciplinario, el derecho contravencional, el derecho
correccional, el derecho administrativo sancionador y los poderes que tiene el
juez para imponer sanciones a las partes dentro de una actuación judicial a
través de medidas correccionales[55]. En ellas deben
aplicarse, por regla general, todos los principios del debido proceso, tales
como los de legalidad, tipicidad, prescripción,
culpabilidad, proporcionalidad, non bis in ídem y la doble instancia[56].
5.3.2. En la rama judicial del poder público, los jueces como directores
del proceso están investidos de la facultad de sancionar por los medios que le
habilita el legislador, a la parte que incumple sus deberes u obligaciones que
resultan determinantes para continuar o finiquitar el trámite procesal. Lo
hacen con el fin de velar por la rápida adopción de una decisión definitiva que
resuelva la contienda sometida a escrutinio en la jurisdicción respectiva, para
garantizar que el juicio no se paralice y desconozca el principio de economía
procesal, y para proteger en su esencia la dignidad y el decoro de la
administración de justicia.
Esos poderes representados en medidas correccionales se encuentran
principalmente plasmados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996), en los artículos 58, 59 y 60. Allí, además de contemplar los
poderes que tiene el juez para sancionar a las partes del proceso o a sus
representantes o abogados, se indican los eventos específicos en que aquellos
tienen lugar y el procedimiento que se debe seguir para garantizar el derecho a
la defensa de los afectados[57]. Además, con la adición
del artículo 60A a la LEAJ por parte de la Ley 1285 de 2009, se dotó
expresamente al juez de facultades para reprimir o sancionar a las partes que
incumplan derechos procesales y obligaciones en interés ajeno, siempre que
afecten la celeridad o eficacia de la administración de justicia, toda vez que
no puede ser objeto de medida correccional la conducta que sea expresión del
ejercicio legítimo de los derechos de las partes o sus representados, sino
aquellas que se interpreten como verdaderas conductas dilatorias del proceso[58].
No obstante lo anterior, como lo señaló la sentencia C-713 de 2008[59],
la regulación de medidas correccionales como herramientas coercitivas que tiene
el juez para lograr el correcto desarrollo del proceso, no se agotan con las
consagradas en la LEAJ, ya que existen otras conductas y sanciones consagradas
en las leyes especiales, que también dan lugar a la imposición de medidas de
esta índole. Ejemplo de ellas son las establecidas en el Código de
Procedimiento Civil y en el artículo 22 de la Ley 446 de 1998, que refieren a
sanciones derivadas del incumplimiento de deberes y obligaciones procesales.
5.3.3. Ahora bien, como se indicó en la consideración 4.2.3 de
esta providencia, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a
terceros intervinientes, imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso
de distinta naturaleza. Así, el derecho procesal contemporáneo diferencia entre
los deberes, las obligaciones y las cargas procesales.
Los primeros de ellos -deberes-, se establecen por la ley en orden
a la adecuada realización del proceso y provienen de la aplicación directa de
normas procesales de derecho público, por lo cual surgen “(…) como
consecuencia del ejercicio del derecho de acción que lo origina o del derecho
de contradicción del demandado o imputado o de su trámite”[60]
y corresponden asumirlos al juez, a las partes, a los apoderados y a terceros;
además “dan lugar a sanciones y a coerciones para su cumplimiento”[61]
conforme a las garantías del debido proceso.
Las segundas, es decir, las obligaciones procesales son entendidas
como “prestaciones de contenido patrimonial exigible a las partes
coercitivamente y cuyo incumplimiento genera de ordinario contraprestaciones a
título de sanción”[62]. Significa lo anterior
que al igual que los deberes, son imperativos provenientes de las normas
procesales de derecho público, que surgen del derecho de acción o de
contradicción, pero que sólo se predican de las partes y terceros y que
resultan ser un vínculo impuesto por el interés ajeno, como por ejemplo, el
pago de las costas procesales y los honorarios de los auxiliares de la
justicia.
Y finalmente, como se había señalado en la mencionada consideración, las
cargas procesales son entendidas como aquellas situaciones que exigen una
conducta de realización facultativa establecidas en propio interés de quien las
soporta, lo que quiere decir que sólo lo favorecen a él y no a la otra parte,
como ocurre con la obligación o con el deber procesal. Y justamente por esa
razón “no existe una sanción coactiva que conmine al individuo a cumplir,
sino que se producirá, para el sujeto, como consecuencia de su incumplimiento,
una desventaja para el mismo (y no para el otro sujeto)”[63].
Entonces, como se puede observar, al ser las cargas procesales de
acatamiento facultativo, su incumplimiento no deriva en una sanción propiamente
dicha que exija previa imposición de la consecuencia jurídica instituida, el
agotamiento de todas las garantías del derecho a la defensa. Lo que sí se exige
es que la parte interesada tenga un pleno conocimiento o esté enterada de que
debe asumir la carga procesal, para que a su mero arbitrio decida si se allana
a cumplirla o no, teniendo siempre presente que el no hacerlo apareja una
consecuencia jurídica desfavorable por su inactividad, frente a la cual, en
caso de inconformidad, puede ejercer posteriormente los recursos procesales que
señale el legislador dentro de su amplio margen de configuración, para en ese
escenario exponer los argumentos que lleven al juez a reconsiderar su decisión
de aplicar tal consecuencia.
Lo antedicho
no resulta extraño en la jurisprudencia constitucional[64].
Puntualmente la sentencia C-203 de 2011[65] indicó que “el
sujeto procesal que soporta la carga, está en el campo de la libertad para
cumplir o no con ella, de modo que si no lo hace no está constreñido para que
se allane a cumplirla, por lo cual el no asumirla no dará lugar propiamente a
una sanción sino a las consecuencias jurídicas propias de su inactividad,
que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los derechos sustanciales
que en el proceso se ventilan[66].
// Ahora que, con todo y haberse dicho que el incumplimiento de la carga
procesal no es en sentido estricto sancionable, es cierto que la omisión de
su realización puede traer consecuencias desfavorables para quien la soporta.
Ellas pueden consistir en la preclusión de una oportunidad o de un derecho
procesal, hasta la pérdida del derecho material, “dado que el sometimiento a
las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo
juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver
sus conflictos jurídicos, en tanto que de esa subordinación depende la validez
de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos
sustanciales[67]”
(Negrillas fuera del texto original).
5.3.4. Por
lo tanto, de lo expuesto se extrae que las cargas procesales por referir a
conductas facultativas impuestas a las partes y a sus abogados, quienes deciden
cumplirlas o no sin que exista dentro de los poderes que tiene el juez un medio
para constreñirlos a hacerlo, su incumplimiento no deriva en una sanción
propiamente dicha impuesta en el ejercicio del ius puniendi que detenta
el Estado y cuya garantía a la defensa deba ser estricta, sino que apareja una
consecuencia jurídica desfavorable al propio interés que puede ser cuestionada
mediante los recursos judiciales que fija la ley.
De esta
forma, la Sala considera que no es jurídicamente correcto sostener que el
incumplimiento de una carga procesal produce como consecuencia propiamente una
sanción, entendida como castigo por el incumplimiento de aquella, sino que
constituye una omisión en la verificación de un requisito procesal que debe
asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su propio interés y que
al no hacerlo representa un costo desfavorable por su inacción.
5.4. El
aparte censurado es una consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga
procesal en interés propio, en el cual existe un déficit de protección del
derecho a la defensa previa a la declaratoria de desierto del recurso de
apelación
5.4.1. En el cargo segundo de la demanda, los actores esgrimen que la locución
“so pena de que quede desierto” contenida en la parte final del inciso
6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, desconoce el
principio-derecho a la defensa porque prevé una “sanción objetiva y
perentoria” que excluye “cualquier tipo de
defensa”: (i) por parte del abogado que actúa en el proceso, cuya
omisión en cuanto al pago de las copias puede deberse a alguna justificación
razonable; y, (ii) por parte de la parte procesal apelante, es decir,
del poderdante, que queda en absoluta indefensión ante las consecuencias de la
omisión de su apoderado, justificada o no, atinente al pago de las copias para
que se surta la apelación. En sentir de aquellos, “es claro que la medida
tiene un carácter ablativo y sancionador”, porque elimina la posibilidad de
que la parte apelante pueda obtener que el superior revise la decisión del
inferior mediante el recurso de apelación; además, no permite ejercer la
defensa antes de que la alzada sea declarada desierta por el ad quem. Por
consiguiente, consideran que la violación del derecho a la defensa podría
evitarse si en lugar de la medida contenida en la disposición demandada, se
adoptara una medida alternativa más benigna con el debido proceso.
5.4.2. Pues bien, para abordar el estudio del
cargo, la Sala comienza por indicar que el artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil al establecer en la etapa de examen preliminar del recurso
de apelación que realiza el ad quem, que cuando la apelación fue
concedida en el efecto que no correspondía y derivado de la corrección sea
necesario que el recurrente sufrague el valor de las copias para tramitar el
recurso, lo que asigna es una carga procesal a la parte interesada, que en caso
de ser incumplida apareja una consecuencia jurídica desfavorable a su propio
interés, que es la declaratoria de recurso desierto, y no una sanción
propiamente dicha que imponga el juez de segunda instancia en ejercicio del ius
puniendi que le otorga el Estado.
No parece plausible entonces definir, como lo
señalan los demandantes, que el aparte censurado corresponde a un castigo
objetivo y perentorio que impone el juez en uso de los poderes sancionadores
que la ley le confiere, y mucho menos puede pensarse que se trata de una medida
correccional que justifique la aplicación estricta de todas las garantías que
componen el núcleo esencial del derecho a la defensa.  Por consiguiente, como
se indicó en líneas precedentes y ha sido entendido por la jurisprudencia
constitucional, solo ante el incumplimiento de deberes u obligaciones
procesales se generan sanciones coercitivas o correccionales que establezca el
juez como manifestación directa del ius puniendi que ejerce en
representación del Estado colombiano, y que claramente se diferencia de los
poderes disciplinarios que el mismo detenta.
Justamente, frente a la exequibilidad de esa
carga procesal ya se había referido la sentencia C-1512 de 2000, la cual si
bien en algunos de sus apartes alude a la consecuencia jurídica que deriva del
incumplimiento de la misma catalogándola como un efecto sancionador, vale
precisar que en esa oportunidad la Corte no analizó si la consecuencia jurídica
de declarar desierto el recurso era una sanción propiamente dicha impuesta como
resultado del ejercicio del ius puniendi que detentan los jueces de la
República, tema del cual sí se ocupa la Corporación en la presente sentencia y
que le permite concluir a la Sala que el aparte censurado no consagra una
sanción en sentido estricto sino, se repite, una consecuencia jurídica que
aplica el juez ad quem ante el incumplimiento de una carga procesal que
debía asumir en interés propio la parte apelante.
Partiendo de lo anterior, la Sala considera que
la consecuencia jurídica de recurso desierto que sobreviene al incumplimiento
de la carga procesal de sufragar el valor de las copias necesarias dentro de un
término procesal para continuar con el trámite de la apelación, por no ser una
sanción o condena propiamente dicha, no debe estar antecedida en su aplicación
por las garantías amplias del derecho a la defensa, como sucede con aquellas
sanciones impuestas en el marco del derecho sancionador en las cuales se debe
escuchar al afectado, concedérsele un plazo para aportar pruebas y para
practicar las que solicite, además de permitirle alegar de conclusión, entre
otras. Lo que si se debe garantizar a título de defensa previa, es que
la parte a quien se le imponga la carga esté plenamente enterada de la misma
para que, si así lo decide, se allane a su cumplimiento dentro de la oportunidad
procesal y con ello disminuya la aplicación objetiva de la consecuencia
jurídica de recurso desierto. En ello profundizaremos más adelante.
Adicionalmente, cabe señalar que la
consecuencia jurídica de recurso desierto se traduce en el costo que la parte
incumplida debe asumir y que representa el que un juez de segunda instancia no
pueda revisar la decisión interlocutoria que profirió el a quo y emitir,
en caso de ser necesario, un juicio de corrección sobre la misma. Nótese que no
se trata de la eliminación de la posibilidad de acceso a la administración de
justicia en segunda instancia, pues en el contexto de la norma demandada, la
apelación ha sido concedida por el juez inferior y pese al error evidenciado
por el ad quem respecto al efecto en que se concedió el recurso, el
mismo es admitido y queda solo condicionado en su trámite a que la parte
interesada asuma la carga procesal de sufragar las copias, lo cual es
constitucionalmente admisible por tratarse de una excepción al principio de
gratuidad que establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Ahora, los actores alegan que la locución
demandada excluye cualquier tipo de defensa para la parte procesal apelante
integrada por el apoderado judicial y el poderdante titular del derecho
sustancial, por lo cual quedan en absoluta indefensión ante la consecuencia
jurídica que aplica el ad quem. Al respecto, la Sala estima que no les
asiste razón constitucional a los actores, porque la parte recurrente puede
ejercer una defensa posterior cuestionando la decisión de declaratoria
de recurso desierto mediante la interposición del recurso de reposición que
establece el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, oportunidad en la
cual puede exponer las razones y presentar las pruebas que motivaron el
incumplimiento y con ello dar lugar a que el juez de segunda instancia reconsidere
su decisión. Este medio de defensa posterior garantiza que el afectado
pueda hacer valer sus argumentos, allegar herramientas de convicción y
controvertir la declaratoria de recurso desierto.
Es más, el poderdante que ha visto afectado sus
derechos puede interponer queja disciplinaria en contra del abogado que por su
negligencia o inacción impidió que el juez de segunda instancia estudiara la
decisión sustancial que profirió un juez inferior, para que el juez natural de
la causa investigue y sancione la conducta indebida en que incurrió el
apoderado judicial. Ese medio si bien otorga herramientas más ofensivas que
defensivas a la parte afectada, resulta idóneo para juzgar el comportamiento en
que haya incurrido el abogado con su inacción de pagar las copias procesales
dentro de la oportunidad procesal para habilitar la continuación del trámite de
la apelación.
5.4.3. Pues bien, dicho lo anterior, lo que si
evidencia la Sala es que la norma demandada presenta un déficit de protección
en la garantía mínima del derecho a la defensa previa, cual es, la
comunicación efectiva a la parte recurrente y a su abogado de que debe asumir
una carga procesal que, en caso de no hacerlo apareja, como se ha explicado, la
consecuencia jurídica de recurso desierto.
En este punto existe una tensión entre el
principio de celeridad procesal que constituye el fin legítimo de la
declaratoria de recurso desierto, y el derecho a la defensa previa representado
en la posibilidad que tiene el recurrente de enterarse de la carga que debe
asumir y de anteponer argumentos válidos en caso de no poder cumplir con la
misma, como serían aquellos originados en la incapacidad económica que
justifiquen la solicitud de amparo de pobreza que consagra el artículo 160 del
Código de Procedimiento Civil y que conlleva a la exoneración de expensas
procesales.
Como se explicó, cuando se han presentado este
tipo de tensiones, la jurisprudencia constitucional ha dado prevalencia al
principio de celeridad procesal por cuanto a través de él se garantiza el
acceso a la administración de justicia pronta, cumplida y sin dilaciones
injustificadas, siendo un tema de mayor relevancia para los intereses públicos
legítimos, a la vez que ha admitido las limitaciones del derecho a la defensa
sin comprometer la estructura de su núcleo fundamental y procurando por su
realización en la mayor medida posible.
En el contexto jurídico de la norma demandada, la
Sala observa que el juez de segunda instancia cuando encuentra que el recurso
fue concedido por el a quo en un efecto diferente al que debía, procede
oficiosamente a corregir el yerro admitiendo la apelación en el efecto que
corresponde y en ese auto admisorio dispone que se devuelva el expediente al
inferior, previa expedición de las copias necesarias para el trámite del
recurso, para lo cual señala al recurrente la carga procesal de asumir las
expensas en el término de cinco días siguientes a la notificación del mismo, so
pena de imponer la consecuencia jurídica de declaratoria de recurso desierto.
Siguiendo las reglas generales de procedimiento
civil aplicables al caso, por no tratarse del primer auto dictado en el marco
del proceso judicial ni de otra clase de excepción, la notificación de la
providencia que admite el recurso de apelación se surte por estado en la
secretaría del juzgado de segunda instancia, lo que en principio evidencia una
problemática sensible para la Corte Constitucional en las actuales
circunstancias de medidas de descongestión que se cumplen en los despachos
judiciales del país. Ello por cuanto el apelante en muchas ocasiones no logra
ubicar a qué juzgado ha sido enviado el expediente para dar trámite a la
segunda instancia, y por ello, el que la carga procesal de asumir el pago de
las copias, que en principio tenía la confianza legítima de que no debía
sufragar por el efecto en que se había concedida la apelación por el a quo,
se notifique por estado, resulta poco garantista del contenido mínimo del
derecho a la defensa previa e incluso a la publicidad, cual es, que el apelante
tenga conocimiento pleno de la carga procesal que debe asumir para que en su
ámbito facultativo, determine si da o no cumplimiento a la misma, permitiéndole
además la oportunidad para que pueda exponer argumentos justificados por los
cuales está en imposibilidad de asumirla con el fin de que sean evaluados por
el juez de segunda instancia.
De allí que la Sala considere, en aras de
obtener un equilibrio que garantice la celeridad procesal y a su vez el derecho
a la defensa antes de la aplicación de la consecuencia jurídica de declaratoria
de recurso desierto, que el déficit de protección evidenciado se puede corregir
señalando que, en el auto admisorio del recurso de apelación que se debe
notificar por estado, el ad quem debe requerir por el medio más expedito
(llamada telefónica, correo electrónico o medios tradicionales que no impliquen
notificación) al apelante y a su abogado con la finalidad de que sean enterados
de la carga procesal que deben cumplir y se les permita de paso, en caso de ser
necesario, exponer las razones justificadas por las cuales estarían en
imposibilidad de asumirla, para que sean estudiadas por el ad quem. Lo
anterior ayuda a que la imposición de la carga procesal no luzca sorpresiva
para el apelante.
En ese sentido, estima la Corte que la norma
acusada se muestra compatible con el debido proceso y puntualmente con la
garantía del derecho a la defensa, si la misma se declara exequible con un
condicionamiento del siguiente tenor: “bajo el entendido que como
condición para la declaratoria de deserción del recurso, el despacho de segunda
instancia requiera por el medio más expedito al apelante y a su abogado, a fin
de enterarlos de la carga procesal que deben asumir”. Con este
condicionamiento se pretende que la parte recurrente apresure su paso para dar
cumplimiento al pago de las expensas necesarias, y si enterada de la carga
procesal la incumple, el juez de segunda instancia debe aplicar objetivamente
la consecuencia jurídica de deserción del recurso.
De esa forma, el juez de segunda instancia al proferir el auto admisorio
de la apelación, debe disponer que se requiera a la parte apelante para que
ésta sea enterada de la carga procesal que debe asumir, y la ejecución de dicho
requerimiento por el medio más expedito debe adelantarse al día siguiente de proferido
el auto admisorio,  justo antes de que medie la notificación por estado de esa
providencia judicial. Así se utiliza el día intermedio entre la expedición de la
providencia y la notificación por estado de la misma, para realizar el
requerimiento que garantice el derecho a la defensa previa frente a una
eventual declaratoria de deserción del recurso de apelación.
5.4.4. Así las cosas, la Sala concluye que la declaratoria de recurso
desierto que se acusa no es una sanción propiamente dicha que imponga el juez
de segunda instancia en ejercicio del ius puniendi que detenta en
representación del Estado, sino que corresponde a una consecuencia jurídica que
consagra el legislador ante el incumplimiento por parte del recurrente de una
carga procesal que obra en su propio interés, y por esa razón no son aplicables
todas las garantías estrictas del derecho a la defensa. Igualmente, considera
que frente a dicha declaratoria de recurso desierto la parte afectada cuenta
con medios de defensa posteriores que le permiten controvertir la decisión del
juez de segunda instancia, e identifica un déficit de protección en cuanto al
derecho a la defensa previa y a la garantía de publicidad antes de que opere la
aplicación de la consecuencia jurídica de recurso desierto, situación que
motiva a la Sala a condicionar la exequibilidad del aparte censurado con miras
a suplir dicho déficit y a ajustarlo a la Constitución Política.  Por ende, en
la parte resolutiva de esta sentencia realizará el condicionamiento mencionado.
6. Cargo tercero
6.1. Planteamiento del problema jurídico y
metodología de decisión
Continuando con los argumentos que esgrimen los
demandantes, la Sala estima que el problema jurídico que revela el tercer cargo
se resume en la siguiente pregunta: ¿La declaratoria de recurso desierto por el
no pago de las copias solicitadas por el ad quem dentro del término
procesal de cinco días siguientes a la notificación del  auto admisorio de la
apelación, desconoce el artículo 228 de la Carta Política al hacer prevalecer un
presunto rigorismo en cuanto a los términos procesales, sobre la posibilidad de
ejercicio de los derechos a la doble instancia, a la defensa y del derecho
sustancial que la parte afectada tenga comprometido en la apelación?
Con el fin de dar solución al mismo, la Sala se
ocupará de la naturaleza y del desarrollo que ha tenido el principio de
prevalencia del derecho sustancial en la jurisprudencia constitucional, luego
referirá a la importancia que tienen los términos procesales dentro de una
actuación judicial, y finalmente se pronunciará en concreto sobre los
planteamientos de este cargo.
6.2. Naturaleza y desarrollo en la
jurisprudencia constitucional del principio de prevalencia del derecho
sustancial que establece el artículo 228 de la Constitución Política. Relación
de este con los términos procesales.
6.2.1. El artículo 228 de la Constitución
Política consagra como uno de los principios de la administración de justicia
la prevalencia del derecho sustancial, con lo cual reconoce que el fin de la
actividad jurisdiccional y del proceso mismo, es la realización de los derechos
consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente, la
solución de los conflictos de interés. De allí que en múltiples ocasiones la
Corte se haya pronunciado acerca de dicho mandato constitucional, indicando que
“en el Estado social de derecho […] lo trascendental del procedimiento no
son las formalidades sino la realización de los derechos sustanciales”[68];
en esa medida el proceso se ha entendido como un medio y, por lo mismo, las
normas procesales deben aplicarse con un fin legítimo[69].
Ahora
bien, dicho mandato superior no puede interpretarse en el sentido de prohibir
la existencia de normas adjetivas que sirvan para racionalizar el proceso
judicial y para disponer una mejor declaración del derecho sustantivo; por el
contrario, como lo reconoció desde sus primeras sentencias esta Corporación, “el
constituyente al ordenar la prevalencia del derecho sustantivo, no sólo parte
de la necesidad de la existencia de normas de carácter adjetivo, sino que
promueve el perfeccionamiento de éstas para lograr la eficacia del derecho
sustancial”[70]. Por
consiguiente, la importancia del principio de prevalencia del derecho
sustancial no significa que las normas adjetivas o el procedimiento carezcan de
valor para encausar, dar orden y brindar seguridad jurídica en las actuaciones
judiciales, pues “dichas normas cuentan también con firme fundamento
constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces”[71],
ya que “la mejor manera de proteger los derechos fundamentales, se encuentra
en la observancia de las formalidades y procedimientos consagrados en la ley”[72].
Sobre
el punto, la Corte ha manifestado que el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre lo formal no tiene como consecuencia que los requisitos
formales sean innecesarios. Así lo estableció puntualmente cuando dijo:
“[C]omo lo ha reiterado
varias veces, esta Corte, en su decisiones judiciales, el hecho que la Carta
haya establecido el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procedimental, en modo alguno significa […] que no sean necesarios los mandatos
procedimentales, pues recuérdese que los procesos judiciales y aún los
administrativos son las vías indispensables, creadas por el mismo ordenamiento,
a través de requisitos formales o materiales, para concretar y hacer efectivos
derechos fundamentales y sustanciales de los ciudadanos consagrados en la
legislación. Las formas procesales, como los mandatos que consagran derechos
subjetivos, forman parte integrante de la Carta que esta Corte debe guardar y
respetar. En consecuencia, el principio de prevalencia del derecho sustancial
debe entenderse en el sentido, según el cual la forma y contenido deben ser
inseparables en el debido proceso, es decir, las normas procesales son
instrumentales para la efectividad del derecho sustancial. La Carta no
pretendió eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requisitos
en el trámite de los procesos judiciales, ni mucho menos que tales normas a la
luz de la Constitución vigente no deben exigirse, ni cumplirse fielmente tanto
por las autoridades como por los jueces.”[73]
A
partir de lo anterior la jurisprudencia constitucional ha considerado que una
interpretación adecuada de la primacía del derecho sustancial significa que los
procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los
derechos de las personas y que, en consecuencia, cuando la aplicación de una
norma procedimental pierde su sentido instrumental y finalista para la cual fue
concebida y se convierte en una mera forma inocua, se debe privilegiar el
derecho sustancial.
6.2.2.
En el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha
señalado que la referencia consagrada en el artículo 228 de la Carta sobre la
prevalencia del derecho sustancial respecto de la forma, resulta relevante en
la medida en que la interpretación que se haga de las normas procesales debe
entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización
del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y
finalidad de la ley”. Ello es así por cuanto el artículo 4° del estatuto
procesal civil, instituye que el juez al interpretar la ley procesal deberá
tener en cuenta que el objeto que persiguen los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial.
Bajo
ese norte, ha expresado de forma más reciente que “dentro del Estado de
Derecho, el derecho procesal es de vital importancia, en cuanto las normas que
lo conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales al cumplirlas
estarán sirviendo como medio para la realización del derecho sustancial
mientras que respetan el debido proceso judicial”[74],
habida cuenta que todo juicio debe basarse en las leyes preexistentes y adelantarse
con observancia de las formas propias de cada litigio, pues de esa manera se
garantiza la igualdad de las partes en el terreno procesal, les posibilita el
derecho de defensa y frena posibles arbitrariedades o imparcialidades del juez.
Ese
panorama es justamente el que ha abierto la puerta a la denominada constitucionalización
del derecho procesal[75], concepto
que apunta a dotar al proceso de una nueva racionalidad según la cual, no se
trata de agotar ritualismos vacíos carentes de contenido o de realizar las
normas del derecho sustancial de cualquier manera, sino de realizarlas
reconociendo garantías irrenunciables cuyo respeto también constituye una
finalidad para el proceso. Por ello, el derecho procesal ya no mira solo el principio
de legalidad que propendía por la aplicación de las normas procedimentales en
sentido estrictamente positivo, sino que se da un cambio de paradigma en el
cual aquellas deben ceñirse al conjunto de valores, principios y derechos
fundamentales que sirven de horizonte para la actividad judicial y que se
encuentran consignados en la Carta Política. Así, hoy en día existe una doble
vinculación del juez con la Constitución y con la ley.
En
este orden, en el nuevo escenario que plantea la constitucionalización del
derecho procesal, el juez no desconoce la ley sino que la interpreta de acuerdo
con los contextos jurídicos existentes mediante un ejercicio argumentativo en
procura de realizar la justicia sin encasillarse en la aplicación literal del
texto normativo y sin olvidar que el derecho sustancial prevalece sobre el
procedimental. Con todo, siempre debe observar que la norma adjetiva cumpla un
papel canalizador e instrumentalizador iluminado por fines constitucionalmente
admisibles.
6.2.3.
Justamente en el paradigma contemporáneo de la constitucionalización del
derecho procesal, la Corte ha reconocido que cuando se refiere a normas que
fijan términos procesales, la función del juez constitucional debe propender
por respetar el margen de libertad de configuración que tiene el legislador
para establecerlos y su análisis se limita a controlar los excesos legislativos
que restrinjan irrazonable y desproporcionalmente los derechos de la partes, al
punto de comprometer la realización del derecho sustancial[76].
Es
así que la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene
para la conservación de las garantías superiores como la celeridad y la
eficiencia, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se
desarrolle el proceso judicial, porque de esta forma se cumple una adecuada
administración de justicia y se preserva la seguridad jurídica de los asociados,
que de paso protege la efectivización del derecho sustancial. Al respecto
puntualizó que “el proceso se encuentra regido, entre otros, por los
principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los términos
procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la
ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor tiempo posible y logre
su finalidad. El impulso de la actuación procesal está diseña en relación con
el tiempo, que es factor esencial para la celeridad y eficacia, entendida esta
última en función del logro del objetivo del proceso”[77].
Significa
lo anterior que la jurisprudencia constitucional ha encontrado un punto de
equilibrio en el cual la norma adjetiva que sirve como canalizadora para hacer
cumplir los términos procesales preestablecidos, debe ofrecer a los titulares
del derecho sustancial oportunidades proporcionales pero no ilimitadas para que
puedan hacer valer el derecho sustancial que les asiste. De esta forma, se
logra una interacción balanceada entre la forma procesal y el derecho
sustancial que se reclame.
6.3.
La declaratoria de recurso desierto por el no pago de las copias solicitadas
por el ad quem dentro del término procesal de cinco días siguientes a la
notificación del  auto admisorio de la apelación, no se torna en un rigorismo vacío
y carente de contenido que haga prevalecer el procedimiento por encima del
derecho sustancial que le asiste a la parte apelante.
6.3.1.
Según exponen brevemente los demandantes, el aparte censurado quebranta el
principio de prevalencia del derecho sustancial, al privilegiar el rigorismo en
cuanto a los términos procesales sobre la posibilidad de ejercicio efectivo de
los derechos a la doble instancia y a la defensa, y de que el derecho
sustancial de la parte afectada tenga vigencia con el trámite y estudio por el a
quo del recurso de apelación. Así, señalan que la declaratoria de recurso
desierto “glorifica” el término de cinco días que el Código de
Procedimiento Civil concede al apoderado judicial de la parte apelante para
pagar las copias de la apelación, situación que termina imponiéndose por encima
de la realización del derecho sustancial.
6.3.2. Para analizar este
cargo, la Sala observa que el inciso 6° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil concede un término procesal de cinco días siguientes a la
notificación del auto admisorio del recurso que profiere el juez de segunda
instancia, para que la parte procesal apelante se allane a cumplir la carga
económica de sufragar el valor de las expensas para la expedición de las copias
necesarias con el fin de continuar con el trámite de la alzada. El no hacerlo
dentro de tal término acarrea la declaratoria de recurso desierto.
Pues bien, en primer lugar,
la Corte considera que la aplicación del postulado de prevalencia del derecho
sustancial que reclaman los actores, no releva a los sujetos procesales del
deber de observar con diligencia los términos judiciales y darles cabal
cumplimiento, habida consideración que en el caso concreto los cinco días
hábiles con que cuenta el apelante para pagar el importe de las copias no
resultan desproporcionados en el tiempo, sino que fijan un parámetro temporal
prudente y razonable que permite garantizar la realización del derecho objetivo
siempre que se cumpla con la carga procesal impuesta. Nótese que no estamos
ante un término procesal excesivamente breve, por el contrario, la parte
recurrente cuenta con varios días para acercarse a la secretaría del juzgado de
segunda instancia en procura de pagar la suma que sea necesaria para la
expedición de las copias requeridas.
En segundo lugar, la Corte
estima que el nuevo paradigma de la constitucionalización del derecho procesal
no propende por la eliminación o ampliación indefinida de los términos
procesales so pretexto de privilegiar el derecho sustancial, pues el
establecimiento de aquellos tiene por finalidad garantizar la igualdad, la
seguridad jurídica, la celeridad procesal y la eficiencia de la administración
de justicia. Así, la fijación de un término para cumplir la carga procesal no
es un rigorismo adjetivo vacío o carente de contenido, ya que el fin que
persigue en si mismo es hacer expedito el trámite judicial cuando ya ha sido
admitido el recurso de apelación por el superior y solo queda pendiente el
cumplimiento de la carga de asumir el pago de las copias necesarias para
continuar con su trámite. De allí el que no se cercene, como ya se explicó, el
principio-derecho a la doble instancia, sino que ante el incumplimiento de la
carga procesal dentro del término razonable de cinco días, deviene como
resultado desfavorable la deserción del recurso, providencia frente a la cual
se puede ejercer el derecho a la defensa posterior.
En tercer lugar, el
procedimiento establecido en el inciso 6° del artículo 358 del CPC no prevalece
sobre el derecho sustancial a tener acceso efectivo a la segunda instancia sino
que la encausa, pues el apelante cuenta con la oportunidad para que el superior
emita el juicio de corrección sobre la providencia que cuestiona, solo que debe
asumir una carga mínima y proporcional cuyo incumplimiento por inacción o
negligencia reporta la pérdida de esa oportunidad mediante la declaratoria de
recurso desierto. Es que la interpretación de aquel principio que ha admitido
la jurisprudencia constitucional, se repite, no releva en este caso al apelante
del deber de observar los términos judiciales pues “la prevalencia del
derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o ineficacia de los
términos procesales”[78].
En cuarto lugar, si el juez
de segunda instancia declara desierto el recurso de apelación en el supuesto de
la norma demandada, es justamente porque el recurrente omitió cumplir dentro
del término procesal, la carga económica mínima que se le impuso. Y allí cabe
decir que el abogado del apelante más que nadie debe conocer el término con el
que cuenta, y obra en consecuencia, con dedicación y lealtad prestando a sus
gestiones la debida y oportuna atención y los mínimos cuidados para evitar que
por negligencia propia termine sacrificado el derecho sustancial de su
poderdante. Entonces, no se trata de un rigorismo procesal que apareje como
resultado la declaratoria de recurso desierto, sino que se trata más bien de
una falta de compromiso del abogado que debiendo estar pendiente del trámite
procesal de segunda instancia y del acatamiento de los términos procesales,
termina sacrificando los intereses de su representado.
Con base en los anteriores
argumentos, la Sala considera que no se trata de la superlativización de un
término procesal que sea riguroso y carente de contenido finalístico, habida
cuenta que el mismo resulta adecuado, prudente y razonable para encausar el
principio-derecho a la doble instancia garantizando los principios rectores de
la administración de justicia y sobre todo brindando seguridad jurídica a las
partes en contienda. El término procesal no puede desconocerse porque se relaciona
directamente con las formas propias preestablecidas para el trámite de la
apelación. Por consiguiente, la Corte estima que este tercer cargo no está
llamado a prosperar.
7.
Conclusión
Habiéndose cumplido el
estudio completo de la presente acción pública de inconstitucionalidad, esta
Corporación concluye lo siguiente: (i) que el inciso 6° del artículo 358
del CPC se encuentra vigente y que por lo menos producirá efectos en todo el
territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2013; (ii) que no existe
cosa juzgada constitucional material ni formal de la presente demanda con
relación a los cargos que fueron objeto de estudio en la sentencia C-1512 de
2000; (iii) que la declaratoria de recurso desierto supera el test de
proporcionalidad porque tiene una finalidad constitucionalmente admisible y el
medio empleado en ella es adecuado, necesario y proporcional para servir a la
realización del derecho fundamental de acceso a una administración de justicia
pronta representado en el principio de celeridad procesal, y porque a través de
ella se sacrifica en menor medida el principio-derecho a la doble instancia
porque el apelante cuenta con la oportunidad procesal para que el superior
estudie su inconformidad, pero la misma la pierde por incumplir la carga
procesal de pagar las expensas necesarias para continuar con la apelación; (iv)
que la declaratoria de recurso desierto que se demanda no es una sanción
propiamente dicha sino una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de
una carga procesal, y por ello, no se deben brindar todas las garantías del
derecho a la defensa como si se tratara de una sanción impuesta por un juez en
uso del ius puniendi que detenta el Estado. En esa medida, la Corte
encontró que no había quebranto del derecho a la defensa posterior porque el
apelante cuenta con el recurso de reposición para cuestionar dicha
declaratoria; sin embargo, evidenció que existe un déficit de protección en el
derecho a la defensa previa que habilita condicionar la norma demandada con el
fin de ajustarla a la Carta Política; y, (v) que la deserción del recurso por el no pago de las copias solicitadas por el
ad quem dentro del término procesal de cinco días siguientes a la
notificación del  auto admisorio de la alzada, no se torna en un rigorismo
vacío y carente de contenido que haga prevalecer el estatuto adjetivo por
encima del derecho sustancial que le asiste a la parte apelante.
En este
orden de ideas, luego de su estudio, la Sala Plena declarará que la expresión “so
pena de que quede desierto” contenida en el inciso 6° del artículo 358 del
Código de Procedimiento Civil, es exequible por los cargos aquí analizados, bajo
el entendido que como condición para la declaratoria de deserción del recurso,
el despacho de segunda instancia requiera por el medio más expedito al apelante
y a su abogado, a fin de enterarlos de la carga procesal que deben asumir. De
esa forma, pueden ejercer el derecho a la defensa previa permitiéndoseles exponer las razones justificadas por las cuales estarían en
imposibilidad de asumirla, para que sean estudiadas por el ad quem.
Para que opere el requerimiento contenido en el condicionamiento que se
establecerá a la norma demandada, el juez de segunda instancia al proferir el
auto admisorio de la apelación debe disponer que se requiera a la parte
apelante para que ésta sea enterada de la carga procesal que debe asumir, y la
ejecución de dicho requerimiento por el medio más expedito debe adelantarse al
día siguiente de proferido el auto admisorio, justo antes de que medie la
notificación por estado de esa providencia judicial. Así, se utiliza el día
intermedio que fija la ley entre la expedición de la providencia y la
notificación por estado de la misma, para realizar el requerimiento que
garantice el derecho a la defensa previa frente a una eventual declaratoria de
deserción del recurso de apelación.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE,
por los cargos analizados, la expresión “so pena de que quede
desierto” contenida en el inciso 6° del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, bajo el entendido que como condición para la declaratoria
de deserción del recurso, el despacho de segunda instancia requiera por el
medio más expedito al apelante y a su abogado, a fin de enterarlos de la carga
procesal que deben asumir.
Notifíquese
y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Esta Corporación ha definido la cosa juzgada constitucional como “una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”. Así lo indicó desde la sentencia C-397 de 1995
(MP José Gregorio Hernández Galindo) y fue reiterado en las sentencias C-181 de
2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-468 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa).
[2] Sentencias C-978 de 2010 y C-241 de 2012 (ambas del MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[3] Sobre estas características especiales de las sentencias que
dicta la Corte en materia de constitucionalidad, se puede profundizar en la
sentencia C-979 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[4] Sentencia C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa).
[5] Sentencia C-979 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[6] Sentencia C-978 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[7] Concretamente la sentencia C-061 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) indicó que “[l]a Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa
juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa
implícita: “explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la
decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal
hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve”.
[8] Sentencia C-241 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[9] Sentencia C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino).
[10] Sentencia C-468 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa).
[11] Sentencias C-349 de 2009 y C-490 de 2011 (ambas del MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[12] Sentencia C-241 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[13] Para profundizar en el requisito mínimo denominado concepto de
violación y las características que el mismo debe cumplir presentando
argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes, se puede
consultar la sentencia hito C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[14] La sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) indicó que “el
principio de la doble instancia es piedra angular del Estado de derecho, pues a
través de él se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho
fundamental de defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado
debido proceso”.
[15] Sentencias C-019 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón) y C-345 de
1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[16] Sentencia C-040 de 2000 (MP Eduardo Montealegre Lynett). Recientemente
también lo afirmó de forma reiterada la sentencia C-718 de 2012 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[17] Sentencia C-037 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa).
[18] Frente al juicio de corrección garantizado por el principio de la
doble instancia, la doctrina ha señalado lo siguiente: (i) El
autor Hernando Devis Echandía en Compendio de Derecho
Procesal- Teoría General del Proceso, Tomo I, Medellín, Editorial Dike,
1987, páginas 55 y 56, afirma que la organización de los administradores de
justicia, de manera jerárquica, persigue que se haga efectivo el derecho a
impugnar decisiones de los jueces, y para que el demandado pueda controvertir
las pretensiones del demandante y este último las excepciones propuestas por el
demandado. De ahí que sea imperativo que todo proceso sea conocido por dos
jueces de distintas jerarquías. (ii) El autor colombiano Hernán
Fabio López Blanco, en Instituciones de Derecho Procesal Civil
Colombiano, Tomo I, Parte General, Editorial Dupre Editores, Bogotá, 2007,
páginas 124 y 125, manifiesta que “la regla técnica de las dos instancia”
tiene como fin primordial la eliminación, en la mayor medida de lo posible, del
error judicial a través de la posibilidad de que las actuaciones judiciales
puedan ser revisadas por funcionarios jerárquicamente superiores; y, (iii)
el autor Francesco Carnelutti, en ¿Cómo se hace un proceso?,
traducción Santiago Sentis Melendo, Editorial Jurídica Eupora-América, 1959,
Buenos Aires, Página 163, se refiere al grave riesgo del error al que está
expuesto el juez, “toda vez que, por desgracia es inherente a todos los
juicios humanos. Aunque el diseño del proceso permite que dicho riesgo sea
minimizado, de todas maneras la ley reconoce su gravedad, y en consecuencia,
dispone de un medio para combatirlo, estos son los medios de impugnación por
medio de los cuales se pretende volver a juzgar”.
[19] Sentencias C-037 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa), C-040 de 2000 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), C-650 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
C-095 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-103 de 2005 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), C-213 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y C-718 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chalbuj), entre otras.
[20] Sentencia C-650 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández). Sin
embargo, cabe resaltar que con palabras similares, la primera sentencia en
expresar esas ideas fue la C-153 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[21] Entre otras, sentencia C-095 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[22] Así lo
manifestó, por ejemplo, en la sentencia C-718 de 2012, en la cual se indicó que
el legislador goza de una amplia libertad configurativa para regular el derecho
a la doble instancia.
[23] Sentencias C-650 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y
C-095 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[24] Sobre este punto, la Corte en sentencia C-017 de 1996 (MO Alejandro Martínez Caballero), indicó que “(…) la consagración de excepciones por parte del
Legislador al principio de la doble instancia no es una patente de corso que el
Constituyente le hubiese conferido. Se trata de una autorización constitucional
para ser cumplida sin violar el resto del ordenamiento constitucional,
particularmente los derechos humanos”.
[25] Al respecto, en las sentencias C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-937 de 2010 (MP Jorge Iván palacio Palacio) la Corte hizo mención a ello.
[26] En la sentencia C-366 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) se puede
profundizar en los requisitos que establece la Carta Política para que al Presidente de la República se le otorguen facultades
extraordinarias como legislación frente a materias precisas y claras y con un
límite temporal. Igualmente en la sentencia C-593 de 2012 (MP María Victoria
Calle Correa).
[27] En la sentencia C-306 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), la Corte indicó que el legislador extraordinario tiene “(…) la obligación de ejercer la
facultad legislativa transitoria dentro de los límites o parámetros fijados en
el acto condición que otorga la delegación, debiendo restringir la actividad
normativa estrictamente a las materias allí descritas”.
[28] Sala de Casación Civil (MP Horacio Montoya Gil), auto del 17 de
septiembre de 1985 que resolvió una reposición. Gaceta Judicial Tomo CLVVV- No.
2419, Bogotá – Colombia. Año 1985, página 427.
[29] En la sentencia C-1512 de 2000, la Corte indicó que la carga procesal económica de pagar expensas en el proceso judicial para
surtir el recurso de apelación, es razonable y proporcional porque el principio
de gratuidad de la administración de justicia no es absoluto y dentro de las
excepciones al mismo que habilita la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se encuentran las expensas procesales. Nótese que en el presente asunto se
analiza es la consecuencia que consagra el incumplimiento de esa carga procesal
como una limitación legislativa a la doble instancia.
[30] Ley 30 de 1987: “ARTICULO 1o.
Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por
el término de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente
Ley, para: (…)
E.
Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática
y las técnicas modernas”.
[31] Sentencia C-916 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[32] Ob. cit 27.
[33] Así lo referencia la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Laura Patricia Clérico en su ensayo denominado “El
examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por
omisión o defecto”, publicado en el libro El principio de
proporcionalidad en el Estado constitucional que contó con la coordinación
de Miguel Carbonell y que fue publicado por la Universidad Externado de Colombia, segunda edición, año 2013, Bogotá- Colombia, página 147.
[34] Entre muchas sentencias las siguientes: C-333 de 1994 (MP Fabio Morón
Díaz), C-265 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell), C-093 de 2001 (MP
Alejandro Martínez Caballero), C-432 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), C-470 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y C-592 de 2012 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[35] Robert Alexy en sus obras traducidas “Teorías de los
derechos fundamentales” (publicado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, reimpresión de la segunda edición en castellano,
Madrid-España, 2012) y “La fórmula del peso” (en El principio de
proporcionalidad en el Estado constitucional, Universidad Externado de
Colombia, segunda edición, año 2013, Bogotá- Colombia, páginas 45 a 49), refiere a la escala de rangos de intensidad que son: leve, medio y grave.
[36] Alexy elabora una teoría estructural de los derechos y de la
ponderación proporcional. Establece diferencias entre reglas y principios,
siendo aquellas las que contienen puntos fijados en el campo de lo que es
posible factual y jurídicamente, esto es, una norma que se cumple o no;
mientras que los principios se incluyen en las disposiciones de los derechos y
son normas que exigen que algo se cumpla en el mayor grado posible dadas las
posibilidades jurídicas y fácticas. Así, señala que el conflicto entre reglas
se puede resolver dando primacía, invalidando o estableciendo excepciones de
una sobre la otra, mientras que el conflicto entre principios se debe resolver
en el plano de la ponderación. Ver: ob. cit 31.
[37] Sentencia C-544 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[38] En la sentencia C-592 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) sostuvo la Corte que “para verificar la constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador la Sala examinará su legitimidad, teniendo en cuenta (i) si la medida persigue una finalidad que
no se encuentre prohibida por el ordenamiento constitucional, (ii) si la medida
es adecuada para cumplir el fin propuesto, (iii) si hay proporcionalidad, es
decir, si la medida es necesaria o proporcionada”. También sobre el punto
se puede consultar la sentencia C-432 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[39] Según la doctrina calificada sobre la materia, los pasos que se
deben seguir en este juicio de idoneidad frente al fin son: (i)
determinar el fin inmediato de la intervención legislativa, (ii) haberlo
adscrito a un principio constitucional de primer o de segundo grado (fin
mediato) y (iii) analizar la legitimidad del fin mediato.
[40] Sentencia T-1023 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[41] Sentencia C-648 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[42] Sentencia T-1023 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[43] En “Teorías
de los derechos fundamentales”. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Reimpresión de la segunda edición en castellano.
Madrid-España, 2012.  También se puede profundizar en una clara explicación de
la misma en el libro “Proporcionalidad y constitucionalismo. Un enfoque
comparativo global” de los autores anglosajones Alec Stone Sweet y Jud
Matthews, publicado en la serie de teoría jurídica y filosofía del derecho
No. 64 de la Universidad Externado de Colombia. Primera edición en febrero de
2013. Bogotá, páginas 47 y ss. Nombre original “Proportionality Balancing
and Global Constitutionalism”.
[44] Así lo aplicó la sentencia C-470 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
entre otras.
[45] En este punto se debe señalar que esta Corporación en las
sentencias T-006 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-037 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa), refirió al derecho fundamental de tener un proceso
judicial ágil y sin retrasos indebidos.
[46] La preparación del mismo estuvo a cargo de una Comisión Asesora de
alto nivel establecida por la Ley 30 de 1987.
[47] Así quedó consignado en la exposición de motivos del proyecto de ley
208 de 1986 (Anales del Congreso, diciembre 3 de 1986, año XXIX, No. 153), en
el cual el Gobierno Nacional solicitaba al Congreso facultades extraordinarias
para afrontar el reto de reformar la justicia con el fin de eliminar su lentitud
e ineficacia que había ocasionado una pérdida de la confianza en el sistema
judicial. La autorización se materializó en la Ley 30 de 1987 y, justamente, con base en ella el Presidente de la República dictó varios decretos, dentro de
ellos, el Decreto 2282 de 1989 que reformó más de la mitad del articulado del
Código de Procedimiento Civil.
[48] Sentencia C-025 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[49] Sentencia C-371 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[50] Sentencia C-617 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
reiterada recientemente en la sentencia C-315 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa).
[51] Sentencia C-799 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería). También se puede
consultar la sentencia C-131 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[52] Ver, entre otras, C-025 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-127 de
2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-799A de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) y C-315 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[53] En especial consultar las sentencia C-371 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) y C-315 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[54] Al respecto ver sentencia C-648 de 2001 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra) y C-371 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[55] En la sentencia C-713 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
la Corte reiteró la sentencia C-392 de 2002, en la cual se afirmó que “las
medidas correccionales se proyectan como una de las manifestaciones legítimas
del poder punitivo del Estado”.
[56] Sentencia C-254A de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[57] Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro naranjo Mesa).
[58] Para profundizar en el tema, se pueden consultar las sentencias
C-713 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y C-203 de 2011 (MP Juan Carlos
Henao Pérez).
[59] (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[60] Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I.
Teoría General del Proceso. Bogotá, ed. A.B.C., 1985, pp. 8-9.
[61] Sentencia C-203 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[62] Véscovi, Enrique. Teoría general del proceso. Bogotá, Temis,
1984, p. 245.
[63] Ob. cit 58.
[64] Además de la sentencia C-203 de 2011, se pueden consultar las
sentencias C-874 de 2003 y C-183 de 2007.
[65] (MP Juan Carlos Henao Pérez). En esa oportunidad se demandó la
inconstitucionalidad de la expresión “no reúne los requisitos, o” contenida
en el inciso 3° del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010. El contexto de ese
inciso refiere a la presentación de la demanda de casación por el interesado,
la cual además de ser presentada en tiempo, imponía la carga procesal de cumplir
con los requisitos para su interposición, y si no se acataba tal carga, la
norma contemplaba una sanción pecuniaria. La misma también se aplicaba cuando
la parte interesada en el trámite de la casación, por negligencia presentaba la
demanda de forma extemporánea, incumpliendo un deber procesal.  En esa ocasión la Corte declaró inexequible el aparte censurado al estimar que corresponde a una carga procesal
que no puede ser sancionable, la cual diferenció sustancialmente del deber de
presentar la demanda en tiempo, frente al cual si es posible que medie sanción.
[66] Devis Echandía, Hernando. Compendio General
de Derecho Procesal, ob. cit., p. 10.
[67] Sentencia C-1512 de 2000.
[68] Sentencia T-622 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis) y reiterada en
la sentencia T-633 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[69] En sentencia T-268 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la Sala Quinta de revisión indicó que “(…) por disposición del artículo 228 Superior, las
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las
normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos y no fines en sí mismas”.
[70] Sentencia C-215 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz). En el mismo
sentido se puede consultar la sentencia C-446 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía).
[71] Ob. cit 69.
[72] Sentencia C-283 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta
sentencia también se indicó que “[l]a preferencia del Estado social de
derecho por la efectividad de los derechos no significa subestimación per se de
las formalidades y de la seguridad jurídica, sino más bien adecuación de medio
a fin de éstas y aquellas”.
[73] Sentencia C-383 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz). Este aparte ha sido
citado en varias sentencias posteriores, dentro de las cuales cabe resaltar la
sentencia T-633 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[74] Sentencia T-972 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[75] Una de las primeras sentencias que refirió a la
constitucionalización del derecho procesal fue la C-131 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[76] Así lo señaló en la sentencia C-814 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[77] Sentencia C-181 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[78] Sentencia T-323 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo).