T-321-15
Sentencia
T-321/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no cumplir
con el presupuesto general de subsidiariedad dentro de proceso judicial de
expropiación
La acción de tutela presentada por el accionante es improcedente
por (i) la ausencia de la relevancia constitucional como requisito general de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y (ii) por no acudir a los
mecanismos de defensa que ofrece el ordenamiento jurídico para este tipo de
asuntos, como aquellos dispuestos en la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Referencia: Expediente T-4702173
Acción de tutela interpuesta por Jesús Adonaí Ochoa Forero,
mediante apoderado judicial, contra el Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito
de Bogotá.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015)
La Sala Primera (1ª) de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las siguientes decisiones
judiciales: en primera (1ª) instancia, por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª)
instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el seis
(06) de noviembre de dos mil catorce (2014), en el proceso de tutela iniciado
por Jesús Adonaí Ochoa Forero, mediante apoderado judicial, contra el Juzgado
Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Uno de la Corte
Constitucional, mediante Auto proferido el veintisiete (27) de enero de dos mil
quince (2015).
I.
ANTECEDENTES
El señor Jesús Adonaí Ochoa Forero, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarenta (40) Civil del
Circuito de Bogotá por considerar que dicha autoridad judicial vulneró su
derecho fundamental al debido proceso. Según el accionante, dentro del trámite
de expropiación judicial seguido en contra de un inmueble de su propiedad por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR), el juzgado
accionado incurrió en varios defectos, al dejar de valorar unas mejoras hechas
al predio expropiado para calcular el valor del daño emergente, e inaplicar la
fórmula señalada en la parte motiva de la sentencia para computar el valor
correspondiente al lucro cesante. En consecuencia, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso y que se ordenara la reliquidación del
valor indemnizatorio.
1. El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
1.1. La CAR, con fundamento en el
acuerdo 030 de 2009[1],
declaró de utilidad pública e interés social una serie de terrenos necesarios
para la adecuación hidráulica del río Bogotá, e inició proceso de enajenación
voluntaria sobre el inmueble de propiedad del accionante denominado “Nuevo Lote
No. 2”, identificado con matricula inmobiliaria No. 50S-40424294.[2]
1.2. Concluido el proceso de enajenación
voluntaria sin que se hubiese llegado a ningún acuerdo económico relativo al
monto del valor del bien[3],
la CAR propuso el veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010) demanda
ordinaria de expropiación judicial contra el señor Jesús Adonaí Ochoa Forero,[4]
solicitando la entrega anticipada del inmueble en los términos del artículo 457
del Código de Procedimiento Civil.[5]
1.3. El proceso correspondió al
Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá, el cual admitió la demanda
mediante auto del dos (2) de agosto del dos mil diez (2010). En ese mismo acto,
el juzgado requirió a la CAR para que acreditara la consignación por la suma
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del avalúo practicado en el trámite
de enajenación voluntaria, para efectos de que se accediera a la entrega
anticipada del inmueble.[6]
El (17) de agosto de dos mil diez (2010), la CAR consignó a órdenes del juzgado
la suma de trescientos treinta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil
novecientos cinco pesos ($336.498.905).
1.4. El diez (10) de septiembre
de dos mil diez (2010), el Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá
profirió sentencia en el proceso en cuestión,[7]
declarando la expropiación del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50S-40424294 y ordenando a favor del demandado el pago de la indemnización
correspondiente al daño emergente y lucro cesante. En la parte motiva de la
sentencia de expropiación se especificó:
“Ahora, como
la indemnización prevista por el artículo 58 de la Carta Política es
reparatoria, el avalúo debe comprender el daño emergente y el lucro cesante,
[…] El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, por lo cual se
tendrá en cuenta el avalúo comercial […] Así mismo, deberá avaluarse el lucro
cesante de acuerdo con las pruebas obrantes en el informativo, pero, en el
evento de que no haya forma de comprobarlo, ese lucro cesante podrá calcularse
con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del
mismo y la entrega de la indemnización, […]”.
1.5. En atención a la orden dada
dentro del proceso en mención, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez
(2010), el apoderado del accionante entregó al funcionario de la CAR el
inmueble expropiado, dejándose constancia mediante acta de entrega y recibo[8].
1.6. El ocho (8) de noviembre del
dos mil once (2011), la CAR realizó una segunda consignación a órdenes del
juzgado por la suma de trescientos treinta y seis millones cuatrocientos
noventa y ocho mil novecientos cinco pesos ($336.498.905), equivalente al otro
cincuenta por ciento (50%) del valor del avaluó realizado en el trámite de
enajenación voluntaria[9].
1.7. El tres (3) de octubre del
dos mil trece (2013), el perito designado de la lista del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi[10]
presentó el dictamen pericial indemnizatorio[11]
fijando como valor a pagar, desde el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
diez (2010) hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), la
suma de $2.978.778.832, discriminados de la siguiente manera:
Descuentos
Total
Daño
Emergente
Valor comercial del
inmueble expropiado
$2.441.918.490
Anticipo hecho por
la CAR el 17/8/10
- $336.498.905
$2.105.419.585
Mejoras
(quiosco,
vallados y eucaliptos)
$29.293.000
*****
$29.293.000
Lucro
Cesante[12]
Intereses causados
26 /11/10 – 8/11/11
$350.236.504
- $336.498.905
Anticipo hecho por la CAR el 8/11/11
$13.737.599
Intereses causados
9//11/11 – 30/9/13
$830.528.348
*****
$830.528.348
Total
$2.978.778.832
1.8. Corrido el traslado del
dictamen pericial, la CAR solicitó mediante dos escritos la aclaración del
valor indemnizatorio, en el sentido de que al liquidar el valor no se tuvo en
cuenta los anticipos ya cancelados. En auto del treinta (30) de enero de dos
mil catorce (2014), el Juzgado accedió a la aclaración, y ordenó deducir del
valor total indemnizatorio la suma de $672.997.810, correspondiente a los pagos
ya efectuados.
1.9. En desacuerdo con la
decisión, el apoderado del accionante presentó recurso de reposición contra el
auto indemnizatorio[13],
por considerar que: (i) no se tuvo en cuenta para fijar el valor del daño
emergente las mejoras hechas al predio; (ii) los anticipos consignados ya se
habían deducido de la liquidación original realizada por el perito del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; y porque (iii) el lucro cesante se calculó solo
hasta el día en el que el perito lo liquidó y no hasta la fecha del pago de la
indemnización como lo dispuso la sentencia de expropiación. Mediante auto del
siete (7) de marzo del dos mil catorce (2014)[14],
el juzgado accionado únicamente acogió el reparo relacionado con la deducción y
restableció el valor indemnizatorio fijado originalmente. En consecuencia,
ordenó el pago de $2.978.778.832 en un plazo de treinta (30) días. Frente a la
indebida liquidación del lucro cesante precisó que este fue calculado por los
auxiliares con sustento en lo ordenado en la sentencia de expropiación y en la
jurisprudencia constitucional.
1.10. Dentro del plazo solicitado
por la CAR para efectuar el pago indemnizatorio[15],
el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014) se consignó el valor
correspondiente; autorizándose la entrega del título judicial al apoderado el
dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014).[16]
1.11. El veinticinco (25) de
julio de dos mil catorce (2014), el apoderado del accionante presentó ante la
autoridad judicial demandada solicitud de actualización y reliquidación del
lucro cesante. Consideró que de acuerdo con la parte motiva de la sentencia de
expropiación, el lucro cesante se calcularía “con base en el valor del bien
y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la
indemnización”, es decir, desde el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
diez (2010) -fecha de entrega del bien inmueble-, hasta el seis (6) de junio de
dos mil catorce (2014) –fecha de entrega de la indemnización-, y no hasta el
treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013) como lo dispuso el dictamen
pericial. A su juicio, quedaría un saldo pendiente por liquidar entre el
primero (1) de octubre de dos mil trece (2013) hasta la fecha del pago de la
indemnización, que asciende a la suma de $314.443.206.
1.12. Mediante auto del
veintiocho (28) de julio del dos mil catorce (2014)[17],
el juzgado accionado negó la solicitud al considerar que el artículo 458 del
Código de Procedimiento Civil que regula este tipo de procedimientos no
contempla liquidaciones adicionales del lucro cesante. Contra esta decisión, el
apoderado del actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación[18].
Sin embargo, mediante auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce
(2014)[19],
el juzgado demandado confirmó la decisión y dispuso negar la apelación en
subsidio presentada. Contra la negativa de conceder la apelación no se presentó
el recurso de queja.
2. Respuesta de la autoridad
judicial accionada
2.1. El dieciséis (16) de
septiembre de dos mil catorce (2014), la Juez Cuarenta (40) Civil del Circuito
de Bogotá dio respuesta a la acción de tutela haciendo un recuento de los
hechos y de las actuaciones procesales que se surtieron al interior del proceso
de expropiación judicial. En relación con la reliquidación del lucro cesante
solicitada por el accionante, aseveró que no fue tenida en cuenta por
improcedente de conformidad con las normas de procedimiento civil. Concluyó que
no se incurrió en ninguno de los defectos establecidos en la jurisprudencia
constitucional para que se configure la vulneración al debido proceso, por lo
cual, solicitó que se declare improcedente la solicitud de tutela.
3. Decisión del juez de
primera instancia
3.1. El veintitrés (23) de
septiembre de dos mil catorce (2014), la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió
negar la solicitud de amparo constitucional[20].
En lo relativo al error en la liquidación indemnizatoria del daño emergente por
la falta de valoración de unas mejoras hechas al predio expropiado - quiosco,
vallados y eucaliptos-, encontró que los valores exigidos por el accionante
se encontraban incluidos en el dictamen pericial hecho por el perito designado del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por lo que este cuestionamiento carecía
de fundamento y propósito.
3.2. En lo concerniente a la solicitud
de reliquidación del lucro cesante, después de analizar los trámites que
rodearon la liquidación y el pago de la indemnización, concluyó que (i) la
parte demandada en el proceso de expropiación guardó silencio en la etapa
procesal prevista para controvertir el referido dictamen pericial, (ii) no hay
norma procedimental que autorice la realización de una liquidación adicional
como lo pretende el accionante, (iii) el retraso en el pago del valor indemnizatorio
no es imputable a la corporación demandante, sino al trámite del proceso mismo;
por lo que sin estar firme el avalúo no era posible proceder al pago. Por lo
tanto, (iv) no se configura ninguno de los requisitos especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales establecidos por la
Corte Constitucional.
4. Impugnación
4.1. El treinta (30) de
septiembre de dos mil catorce (2014), el apoderado judicial del accionante
impugnó el fallo proferido el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce
(2014) por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.[21]
Sustentó su recurso en el incumplimiento de la sentencia expedida el diez (10)
de septiembre de dos mil diez (2010) por el juzgado accionado dentro del
trámite del proceso de expropiación, en la que se estableció que el lucro
cesante debía liquidarse desde la entrega del bien hasta el pago de la
indemnización y no hasta el día en que los peritos presentaron el dictamen
pericial. Insistió que por tratarse de una sentencia proferida en derecho y
debidamente ejecutoriada, la misma debía cumplirse en sentido estricto.
5. Decisión del juez de
segunda instancia
5.1. El
seis (06) de noviembre de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación propuesta revocando el
fallo recurrido.[22]
Consideró que la resolución del juzgado accionado en la que se negó la
actualización del lucro cesante pretendida por el accionante constituye una
clara vía de hecho, ya que desconoció abiertamente y sin fundamento alguno lo
dispuesto en la parte motiva de la sentencia de expropiación del diez (10) de
septiembre de dos mil diez (2010), donde se delimitó que el lucro cesante se
liquidaría entre la fecha de entrega del bien y la entrega de la indemnización.
Al respecto precisó:
“Como [el pago de la indemnización] se produjo en junio de
2014, no hay razón para que se restringiera el límite temporal a cuando los
calculó el dictamen pericial (30 de septiembre de 2013), quedando sin
establecer, reconocer y pagar los rendimientos dejados de percibir por el
periodo transcurrido del día siguiente (1º de octubre de 2013) al 6 de junio de
2014, cuando se realizó [el pago del valor indemnizatorio]”.
5.2. Estimó que las razones
expuestas por el juez de tutela de primera instancia para negar la protección
invocada, no responden a la inquietud relacionada con el cumplimiento de una
disposición tan contundente como la forma en la que debía liquidarse el lucro
cesante. En consecuencia, revocó el fallo impugnado y en su lugar dispuso:
“[ordenar al]
Juez Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá que en un término de diez (10) días,
a partir de que sea enterada de este pronunciamiento, invalide los autos
dictados el 25 de julio y 28 de agosto de 2014 en la expropiación de la CAR
contra aquél y, por el mecanismo que estime apropiado, verifique el lucro
cesante pendiente, estimado sobre dos mil ciento cinco millones cuatrocientos
diecinueve mil quinientos ochenta y cinco pesos ($2.105.419.585), del 1 de
octubre de 2013 al 6 de junio de 2014, de lo cual deberá remitir copia con destino
a esta actuación.”[23]
6.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
Con el fin de
contar con mayores elementos de juicio, el despacho de la magistrada ponente
ofició el ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) al Juzgado Cuarenta (40)
Civil del Circuito de Bogotá  para que remitiera copias integras del expediente
de expropiación judicial No. 2010 – 465 que inició la CAR contra el ciudadano
Jesús Adonaí Ochoa Forero.  Mediante auto del catorce (14) de abril de dos mil
quince (2015), el referido juzgado remitió el original del proceso en mención
en calidad de préstamo.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2.1. El
accionante presentó tutela contra el Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito
de Bogotá en defensa de su derecho al debido proceso. Manifiesta que el
despacho judicial incurrió en un defecto sustantivo al desconocer los
parámetros señalados en la parte motiva de la sentencia de expropiación para
liquidar el valor del lucro cesante. Precisó que en dicha providencia se ordenó
calcular tal lucro “con base en el valor del bien y el interés causado entre
la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización”, pero que
en el caso concreto no se siguió esa fórmula, toda vez que solo se tuvieron en
cuenta los intereses causados hasta la fecha de realización del dictamen pericial
-30 de septiembre de 2013-, y no hasta la “entrega de la indemnización”  -6
de junio de 2014-. A su juicio, se dejó de ingresar a la liquidación nueve (9)
meses de intereses, los cuales debían computarse para efectos de calcular el
lucro cesante. Con base en lo anterior, el actor solicita la defensa de sus
derechos fundamentales y que se ordene a la autoridad demandada reliquidar el
valor indemnizatorio por la expropiación de su bien.
2.3. En ese
orden de ideas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿La
autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del señor Jesús Adonaí Ochoa Forero dentro del proceso de expropiación que se
adelantó en su contra al (i) no aplicar para la liquidación del lucro cesante
la fórmula establecida en la parte motiva de la sentencia de expropiación y en
consecuencia, (ii) no reconocer el lucro cesante hasta la fecha del pago de la
indemnización sino hasta la fecha del dictamen pericial?
2.4. Sin embargo antes de resolver
el problema jurídico, la Sala examinará si la acción de tutela es procedente
para atacar la providencia judicial referenciada, teniendo presente que en uno
de los salvamentos de voto de la sentencia de tutela de segunda instancia se
afirmó que la acción podía ser improcedente porque no se interpuso recurso de
queja contra el auto que negó la apelación. Posteriormente, de cumplirse los
requisitos generales de procedibilidad, la Sala verificará si efectivamente la
autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la accionante, partiendo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. Condiciones de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1. El artículo 86 de la Carta
establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando sus
derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas
se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los mismos.
3.2. Desde la sentencia C-543 de
1992,[24]
la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad
que la profirió incurrió en una vía de hecho.[25]
Actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura,
dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[26]
se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Según esta doctrina, la
tutela contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando
satisfaga una serie de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe
cumplir con unos requisitos de procedibilidad generales, a saber: (i) si
la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados
todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a
menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se
cumple el requisito de la inmediatez (que haya transcurrido un tiempo razonable
desde el hecho que originó la violación y la solicitud de amparo); (iv) si se
trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la
decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos
fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron
la violación, así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo
mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso;
(vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[27]
3.4. Solo después de superados los requisitos
anteriores, el juez de tutela debe verificar, en segundo lugar, si se configura
alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales
especiales de procedibilidad. En este plano, el juez debe evaluar si la
providencia cuestionada incurrió en alguno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental
absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente o
(viii) violación directa de la Constitución.[28]
Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la
violación de derechos fundamentales. En conclusión, los requisitos de carácter
general habilitan la viabilidad procesal del amparo y, los requisitos
específicos determinan su prosperidad[29].
4. Verificación sobre el cumplimiento de los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela para censurar
la providencia judicial objeto de estudio
La Sala encuentra que en el
presente caso no se satisfacen dos condiciones generales de procedibilidad
necesarias para que la Corte pueda entrar a conocer de fondo la controversia
planteada, en tanto no advierte que el asunto tenga la relevancia
constitucional requerida para activar la competencia del juez de tutela; en
segundo lugar, encuentra que no se satisface el requisito de subsidiariedad.
4.1. Como lo ha reiterado esta
Corporación, la cuestión que se pretende resolver por vía de tutela debe
comportar una relevancia constitucional que realmente trascienda las
meras cuestiones legales y que comprometa de manera evidente derechos
fundamentales[30].
Si bien, en virtud del efecto irradiación de los derechos fundamentales[31],
no existe conflicto jurídico alguno en el que no se presente una incidencia de
los mismos, esta debe ser lo suficientemente relevante y contundente para
activar la competencia del juez constitucional. Lo contrario implicaría una
intromisión indebida de este en asuntos cuyo conocimiento corresponde al juez
natural.
4.2. Ahora bien, tratándose de
tutelas contra providencias judiciales, en la medida en que su fundamento
principal es la violación del derecho al debido proceso por parte de operador
de la administración de justicia, resulta necesario verificar si efectivamente este
derecho fundamental fue vulnerado o, si por el contrario, esta pretende reabrir
un proceso judicial y cuestionar el criterio que tuvo el fallador para decidir.
Frente a este particular, la
sentencia T-244 de 2007[32]
distinguió con fundamento en los antecedentes de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 y el precedente jurisprudencial[33],
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso. El debido proceso constitucional aboga por la protección de las
siguientes garantías esenciales en cualquier proceso: “[E]l derecho al juez
natural; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos
y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.” Solo cuando
no se cumplan con estas garantías, la decisión judicial será objeto de revisión[34].
En el caso objeto de revisión, la
Sala encuentra que ninguna de las garantías esenciales del debido proceso
constitucional fueron vulneradas dentro del proceso judicial de expropiación
que se adelantó en contra del accionante. En particular, por lo que respecta a
la vulneración alegada por el accionante en lo relativo al cálculo del valor
indemnizatorio, la Sala advierte que este contó con todas las oportunidades
procesales para controvertir dicho valor. Así, como quedó expuesto en el
acápite de hechos, luego de presentado el dictamen pericial que calculó en
2.978.778.832 pesos el valor a pagar por concepto de indemnización, el
accionante tuvo varias oportunidades de controvertirlo, así: (i) el seis (6) de
febrero de 2014, presentó recurso de reposición en contra del valor
indemnizatorio fijado, el cual fue resuelto mediante auto del siete (7) de
marzo de 2014, que acoge parcialmente sus pretensiones[35];
(ii) el veinticinco (25) de julio de 2014 solicitó la actualización y
reliquidación del lucro cesante, la cual fue rechazada en auto del veintiocho
(28) de julio siguiente[36];
(iii) el catorce (14) de agosto de 2014 presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la providencia anterior, que fue contestado mediante
auto del veinticinco (25) de agosto de 2014, confirmando la decisión y negando
el recurso de apelación.[37]
Fueron pues reiteradas y suficientes las oportunidades que tuvo el actor de
expresar su inconformidad con el monto de la indemnización fijada, razón por la
cual no encuentra la Sala que se haya lesionado la garantía de contradicción,
ni las demás que integran el debido proceso constitucional.
4.3. Una razón adicional para
descartar la relevancia constitucional del asunto sometido a consideración de
la Corte consiste en que la negativa del juez natural a acceder a la pretensión
de reliquidar el valor indemnizatorio no compromete el goce efectivo de otros
derechos fundamentales del demandante. El motivo de impugnación radica en su
inconformidad con el monto finalmente asignado en un proceso judicial que
reconoció a su favor el pago de 2.978.778.832 pesos, pero que a su juicio
resulta insuficiente por cuanto dejó de reconocerse la suma de $314.443.206
pesos. Es claro que la discusión que plantea el señor Ochoa Forero tiene una índole
exclusivamente monetaria y que lejos está de comprometer su mínimo vital. Se
trata de una legítima pretensión que el actor tuvo oportunidad de plantear ante
el juez natural, y que fue decidida por este con pleno respeto de sus garantías
constitucionales. Por lo anterior, la Corte Constitucional carece de
competencia, desde todo punto de vista, para asomarse al fondo de esta
controversia, como lo ha señalado en otras oportunidades en las que ha
declarado improcedentes acciones de tutela que versaban sobre pretensiones de
carácter económico en las que no estaba afectado el mínimo vital de los
accionantes.[38]
4.4. Pero
además, la Sala advierte que el amparo pretendido tampoco satisface el requisito
de subsidiariedad, toda vez frente al auto que rechazó el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión que, por segunda vez, había negado reconocer la
reliquidación del lucro cesante, el actor disponía de la posibilidad de
interponer el recurso de queja, en los términos señalados en los artículos 352
y 353 del Código General del Proceso.[39]
Adicionalmente, en el caso objeto
de estudio, el actor reclama que una actuación de la
administración le está generando un daño económico que, a su juicio, no está en
la obligación de soportar, porque le liquidaron de manera errónea la
indemnización correspondiente a la expropiación de un bien de su propiedad. La
Constitución dispone que “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas” (artículo
90 Superior), y para la defensa de los derechos de los asociados el
ordenamiento ha dispuesto dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa
los mecanismos adecuados para tramitar ese tipo de pretensiones.
Por lo anterior, puede afirmarse que la acción es
improcedente, pues mediante la acción constitucional no pueden tramitarse
pretensiones que se resuelven de manera más apropiada en otras jurisdicciones,
a través de procedimientos que contienen las fases probatorias apropiadas para
una mejor asignación de los derechos reclamados. Al respecto llama la atención
de la Sala que la decisión de segunda instancia que concedió el amparo no
verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, razón por la cual no advirtió la
ausencia de dos condiciones imprescindibles para conocer del fondo de la
controversia. Por lo anterior, esta decisión será revocada.
5. Conclusiones
Del análisis del caso concreto se
puede concluir que la acción de tutela presentada por el señor Jesús Adonaí
Ochoa Forero contra el Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá es
improcedente por (i) la ausencia de la relevancia constitucional como requisito
general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y (ii)  por no acudir a los mecanismos de defensa que ofrece el ordenamiento
jurídico para este tipo de asuntos, como aquellos dispuestos en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Así las cosas, y sin que sean
necesarios razonamientos adicionales, la Sala Primera de Revisión revocará la
sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014), en
segunda instancia, en cuanto revocó la de primer grado que denegó la acción de
tutela, y en su lugar declarará la improcedencia de la misma por no cumplir con
el presupuesto general de subsidiariedad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia de segunda (2ª) instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia proferido el seis (6) de noviembre de
dos mil catorce (2014), en el que se revocó la sentencia de primera (1ª)
instancia proferida el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014),
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en la que se denegó la protección
constitucional invocada por el señor Jesús Adonaí Ochoa Forero; y en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, DEVOLVER
el expediente contentivo del proceso ordinario de expropiación judicial de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca contra Jesús Adonaí Ochoa Forero,
radicado bajo el número 2010-465, remitido a esta Corporación en calidad de
préstamo por el Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá.
Tercero.-
Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Visible en los folios 110 al 113 del expediente perteneciente
al proceso ordinario de expropiación. (Siempre que se haga mención a un folio
se entenderá que se alude al expediente del proceso ordinario de expropiación,
salvo que se diga otra cosa). En el referido acuerdo, el Consejo Directivo de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en uso de sus facultades
legales y estatutarias, declaró de utilidad pública e interés social, dentro
del proyecto “ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ”, los terrenos necesarios
para la ejecución de dicho proyecto.
[2]
Folios 203 y 204.
[3]
Visible en los folios 173 al 175 se encuentra la oferta de compra hecha por la CAR dentro del proceso de enajenación voluntaria, sobre el bien
inmueble de propiedad del accionante, fijando como valor económico la suma de
$665.977.770 por concepto de avalúo comercial del bien inmueble y la suma de
$7.020.040 por concepto de anexos y construcciones. Una vez vencido el término
del que trata el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, por medio de la cual se
modifica la Ley 9 de 1989,  la CAR profirió la resolución No. 1427 del 18 mayo
de 2010 ordenando la expropiación del inmueble en mención.
[4]
Visible en los folios 224 al 235.
[5]
El artículo 457 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“ENTREGA ANTICIPADA DE INMUEBLES. La entrega de los inmuebles podrá hacerse
antes del avalúo, cuando el demandante así lo solicite y consigne a órdenes del
juzgado, como garantía del pago de la indemnización, una suma igual al avalúo
catastral vigente más un cincuenta por ciento.”
[6]
Visible en el folio 238.
[7]
Visible en los folios 252 al 256.
[8]
En los folios 280 y 281 obra copia del acta de entrega y recibo suscrita por el
señor Jairo Antonio Parra Heredia (apoderado del accionante) y el funcionario
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el señor Gonzalo Helvert
Chaves López.
[9]
Folios 361 y 362.
[10]
Cabe precisar que dentro del proceso de expropiación se
nombraron dos peritos para que determinaran el valor indemnizatorio a pagar. El
primero de ellos, el perito Gilberto Franco Guzmán mediante dictamen pericial
(visible en los folios 297 al 311) del veintiséis (26) de julio de dos mil once
(2011) fijó como valor indemnizatorio la suma de $591.976.00. Inconforme, la
CAR objetó por error grave el dictamen pericial al considerar que no se
siguieron las directrices establecidas por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en la resolución 620 de 2008 para este tipo de procedimientos y por
consiguiente solicitó la designación de un nuevo perito. Resolviendo la
objeción presentada, el juzgado accionado nombró como segundo perito avaluador
al señor Germán Mesa Mejía, quien mediante dictamen pericial (visible en los
folios 337 al 360)  del veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008) fijó
como valor indemnizatorio la suma de $4.143.604.420, el cual fue objetado por
la parte demandada la cual fue resuelta por el juzgado accionado fijándose como
valor  definitivo del segundo dictamen la suma de $3.807.105.515. Sin embargo,
la CAR presentó acción de tutela por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso al no ordenarse la práctica de un avalúo del
inmueble por parte de un perito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de primera instancia
y en su lugar ordenó al Juzgado Cuarenta (40) Civil del Circuito de Bogotá
dejara sin efecto los autos mediante los cuales se había fijado el valor
indemnizatorio definitivo a pagar.
[11]
Visible en los folios 518 al 547.
[12]
El lucro cesante se calculó con base en el valor comercial del
inmueble definido por el perito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ($2.105.419.585)
y los intereses causados desde el veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez
(2010) –fecha de entrega del bien inmueble- hasta el treinta (30) de septiembre
de dos mil trece (2013) –fecha del dictamen pericial-.
[13]
Folios 577 al 580.
[14]
Folios 588 al 591.
[15]
Un vez en firme el valor indemnizatorio a pagar dentro del proceso de
expropiación, el veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca le solicitó al Juzgado Cuarenta
(40) Civil del Circuito de Bogotá una prórroga del pazo inicial de 30 días a 45
días para el pago de la obligación; a la que accedió el juzgado mediante
pronunciamiento del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014).
[16]
Folios 607 y 608.
[17]
Folio 614.
[18]
Folio 615 al 617.
[19]
Folios 618 y 619.
[20]
Folio 25 y siguientes.
[21]
Folio 42 y siguientes.
[22]
Folio 5 y siguientes del cuaderno de segunda instancia. (de
ahora en adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se
alude al cuaderno de segunda instancia del expediente, salvo que se diga otra
cosa).
[23]
No obstante, tres de los seis magistrados que conformaron la Sala aclararon y
salvaron su voto. El magistrado Álvaro Fernando García Restrepo aclaró su voto
en los siguientes términos: “[…] me permito aclarar mi voto para dejar sentado
que aún sin compartir la forma en que el funcionario accionado llegó a las
decisiones finales en el proceso que fue objeto de la acción constitucional, en
el presente trámite ya no es la ocasión para revisar su contenido, y que por el
contrario se debe cumplir la sentencia tal y como quedó establecida.” Por
su parte, el magistrado Ariel Salazar Ramírez salvó su voto argumentando: “El
amparo se concedió por considerar que la autoridad judicial accionada incurrió
en vía de hecho al negarse a ordenar el pago correspondiente al importe de la
liquidación adicional del lucro cesante que solicitó el demandado. Sin embargo,
el proceder de la juez de la expropiación, estuvo lejos de configurar un actuar
que por rebelarse contra el ordenamiento jurídico, tornara necesario el
otorgamiento de la protección. […] Aunque las sentencias C-153 de 1994 y C-1074
de 2002, en las que se apoyó la Corte, autorizaron el pago de esos créditos
para la indemnización del daño futuro, es necesario precisar que solo hay lugar
a dicha erogación ante la verificación de ganancias que dejaron de percibirse
por causa de la afectación del inmueble para la obra que motivó el decreto de
la expropiación. […] A pesar de la contundencia de las anteriores premisas, se
autorizó liquidar el lucro cesante sin contar con los medios probatorios a
partir de los cuales se hubiera establecido de manera fehaciente que el
demandando ciertamente dejó de recibir una ganancia o provecho pecuniario a
causa del despojo estatal, supuesto este que sí habilitaría el método
mencionado en la jurisprudencia constitucional […] De la existencia del
detrimento patrimonial cuya liquidación aportó el actor no obraba prueba alguna
y en esa medida, no estaba facultado para reclamar dicho concepto […]” En
mismo sentido el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona sostuvo: “En
principio la sentencia no debió amparar los derechos denunciados porque la
acción de tutela, por su carácter residual y excepcional, no es instrumento
para suplir los mecanismos judiciales ordinarios. […] En punto a la no
concesión de la impugnación propuesta, el interesado no hizo uso del recurso de
queja, consagrado en la regla 377 del Código de Procedimiento Civil y admisible
“[c]uando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, […] para
que [el superior] lo conceda si fuere procedente […]” Como no ejerció el
memorado instrumento judicial, no es dable acudir a esta acción excepcional
para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos de
defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. […] Por
consiguiente, la demanda de amparo debió haber desembocado en la hipótesis de
improcedencia estipulada en el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política
en armonía con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, pues el petente
pretendía un pronunciamiento anticipado de esta especial jurisdicción, sobre
aspectos que deben ser solicitados y resueltos por el juzgador natural, lo cual
no tiene asidero por esta vía residual y extraordinaria.”
[24]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, S.V. Ciro Angarita
Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. En esa
oportunidad la Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política. Si bien allí se declararon
inexequibles las disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política, también se dijo en
la parte motiva que la acción de tutela podía llegar a ser procedente contra
actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran
ser una vía de hecho.
[25]
La misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, S.P.V. Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV. José
Gregorio Hernández Galindo, A.V. Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz),  SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra) y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[26]
M.P. Jaime Córdoba Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la expresión “acción”
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[27]
Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 2009 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo). En ese fallo la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
recordó la improcedencia de la tutela contra tutela, y se explicaron los
presupuestos generales de procedibilidad de la misma.
[28]
Sobre la caracterización de estos defectos, puede verse, entre
muchas otras, la sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[29]
Al respecto la sentencia T-933 de 2012 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez) resaltó: “La jurisprudencia de esta Corporación, en reiterados
pronunciamientos, ha entendido que la acción de tutela contra providencias
judiciales procede si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos. Dentro de
éstos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la viabilidad
procesal del amparo, y otros de carácter específico, que determinan su
prosperidad.” Argumento reiterado por las sentencias T-1047 de 2012, T-688 de
2013 y T-881 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[30]
Ver sentencia T-244 del 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[31]
Este concepto ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional de
manera reiterada desde la sentencia T-335 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-446 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-583 de 2009 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-214 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), entre otras.
[32]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[33]
Ver sentencias SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-685 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y SU-1159 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[34]
Ver sentencia T-244 del 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto)
[35]
Folios 577 a 580 y 588 a 591 del proceso ordinario de
expropiación, respectivamente.
[36]
Folios 612 a 613 y 614 del proceso ordinario de expropiación,
respectivamente.
[37]
Folios 615 a 617 y 618 a 619 del proceso ordinario de
expropiación, respectivamente.
[38]
Ver sentencias T-1318 del 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-155 del 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-549 del 2011
(Humberto Antonio Sierra Porto), T-650 del 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-086 del 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-114 del 2013
(Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-507 del 2013 (M.P. Nilson Elías Pinilla
Pinilla), entre otras.
[39] El
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) regula el recurso de queja así:
ARTÍCULO 352. PROCEDENCIA. Cuando el juez de primera instancia deniegue el
recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el
superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso
ARTÍCULO 353. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE. El recurso de queja deberá interponerse en
subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la
casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por
la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de
la ejecutoria.// Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso,
el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo
cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación.
Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior
que remita copias de otras piezas del expediente.// El escrito se mantendrá en
la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que
manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el
recurso.// Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la
casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del
efecto en que corresponda en el primer caso.