C-441-16
Sentencia C-441/16
ASIGNACION
DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS AL FOMENTO, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA
SEMANA SANTA EN TUNJA-Se ajusta a la protección especial que la
Constitución ordena a favor de las manifestaciones culturales
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA-Exequibilidad frente a la asignación de partidas presupuestales
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Reconocimiento y protección constitucional
CULTURA-Definición
según la sentencia C-224 de 2016
CULTURA-Preceptos
constitucionales
Se observa con claridad en los preceptos
constitucionales analizados, que existe un deber del Estado colombiano de
promover y proteger las riquezas culturales de la Nación. Ahora bien, como fue
explicado recientemente por esta Corte, en virtud de que no es posible
establecer un concepto unívoco de cultura, de lo que da cuenta la diversidad de
clasificaciones existentes en el ámbito internacional, puede afirmarse que “hay
una expansión de la protección de diversos objetos, lugares y prácticas en
razón del valor que revisten, que está determinada por la importancia que ellos
tienen para la ciencia, el arte, la historia y la preservación de la identidad
cultural”. En este sentido, el Congreso incorporó al orden interno la Ley 397
de 1997, según la misma fue modificada por la Ley 1185 de 2008, las cuales
recogen y armonizan los instrumentos internacionales, y crean un sistema de
protección y salvaguarda para todas aquellas expresiones, bienes, productos,
entre otros, que identifican a la sociedad como colombianos. De la misma forma,
el Estado colombiano se adhirió a diversos instrumentos internacionales que
conllevan a reafirmar el deber del Estado de promoción, protección,
salvaguardia y divulgación del “patrimonio cultural de la Nación”.
DIVERSIDAD
CULTURAL-Rango constitucional/ESTADO-Obligación de asegurar la
conservación y recuperación de los bienes que conforman el patrimonio cultural/PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Protección del Estado
CULTURA-Instrumentos
internacionales de derechos humanos
LEY
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, FOMENTOS Y ESTIMULOS A LA CULTURA Y LEY GENERAL DE
CULTURA-Integración del patrimonio cultural de la nación
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA-Expresión de la nacionalidad colombiana es un criterio inmanente que define
el alcance del patrimonio cultural
DETERMINACION
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Composición
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Ámbito de aplicación del régimen especial de
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estimulo
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Tipos de bienes
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-No excluye las manifestaciones religiosas
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Régimen de protección y salvaguarda de las
manifestaciones culturales
MANIFESTACIONES
CULTURALES-Procedimiento de reconocimiento incluyendo los eventos
religiosos
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Competencia para señalar las actividades culturales
que merecen protección del Estado
MANIFESTACIONES
CULTURALES INMATERIALES-Protección del Estado/PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL-Destinación de aportes y recursos para la salvaguardia, creación
y divulgación
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Alcance
Tal y como fue reconocido en la Sentencia C-224
de 2016 “los preceptos constitucionales, las convenciones internacionales y la
normatividad nacional, le otorgan al patrimonio cultural de la Nación, una
serie de medidas para su salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación. En estos términos, el Estado tiene el deber de
prever gasto público social dirigido a incentivar y estimular la cultura (sin
importar si fue declarado como BIC o si se incluyó en la LRPCI), siguiendo los
procedimientos predeterminados legalmente y con arreglo a la disponibilidad de
recursos. Ahora bien, las entidades nacionales y territoriales competentes
deberían priorizar el gasto en BIC o en manifestaciones de la LRPCI, por
atender a unas condiciones especiales de protección sujetas a un exhaustivo
trámite administrativo para ser considerados como tal”. Por lo cual, la Corte a
continuación evaluará si el Congreso tiene competencia para autorizar el gasto
público que se destine a la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgaciones de los bienes que conforman el
patrimonio cultural de la Nación.
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Competencia para autorizar gasto público
Considera la Sala que el Congreso de la
República, en uso de sus facultades constitucionales, tiene la competencia de
autorizar, más no obligar al Gobierno Nacional o sus entidades territoriales,
la incorporación al presupuesto general de la Nación de las apropiaciones o la
asignación de partidas presupuestales. Ahora bien, si la autorización en
mención, se otorga para efectos de dar cumplimiento a la protección y
salvaguardia de una manifestación cultural con contenido religioso, es
procedente entonces analizar el ejercicio de tal competencia del Congreso, bajo
el parámetro del principio de Estado laico y del pluralismo religioso,
incorporados en la Constitución colombiana, con el fin de determinar si dicho
título presupuestal tiene un fin constitucional admisible.
COMPETENCIA
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA AUTORIZAR GASTO PUBLICO Y LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Jurisprudencia constitucional
LEGISLADOR-Subreglas
en materia de autorización de gasto público
LIBERTAD
DE CULTOS-Principios de laicidad y neutralidad del estado en materia
religiosa
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Carácter pluralista
LIBERTAD
RELIGIOSA-Separación entre el Estado y la Iglesia/DEBER DE NEUTRALIDAD
RELIGIOSA-Limites del Estado
ESTADO-Relaciones
de cooperación con diversas confesiones religiosas en condiciones de igualdad
PRINCIPIO
DE LAICIDAD FRENTE A ELEMENTOS HISTORICOS Y CULTURALES-Jurisprudencia
constitucional
SENTIDO
Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO
DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA DEL ESTADO-Carácter secular
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA FRENTE A LA DESTINACION DE RECURSOS DEL PATRIMONIO PUBLICO PARA SALVAGUARDAR
Y/O PROTEGER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS CON COMPONENTE RELIGIOSO-Precedente
fijado en sentencia C-224 de 2016
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA-Factor secular/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE
LA NACION LA SEMANA SANTA EN TUNJA-Efectos seculares
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA-Bienes de interés cultural y manifestaciones culturales incluidas en
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA-Congreso de la República no ha desconocido el principio de
neutralidad del Estado Laico
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN
TUNJA FRENTE A LA DESTINACION DE RECURSOS PARA LA PROMOCION, DIFUSION,
CONSERVACION, PROTECCION Y DESARROLLO-Autorización al Gobierno Nacional y
autoridades territoriales no obliga incorporar partidas presupuestales
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE
TUNJA FRENTE A LA ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO
ANUAL-No vulnera la autonomía territorial
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA DE
TUNJA FRENTE A LA ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO
ANUAL-No vulnera principio de laicidad y neutralidad religiosa
PROTECCION
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Mandato constitucional amparado en
compromisos internacionales adquiridos/CULTURA EN EL ORDEN INTERNACIONAL-No
prohíbe la inclusión de manifestaciones de tipo religioso/PROTECCION DE
MANIFESTACIONES DE TIPO RELIGIOSO-Mandato constitucional
CLAUSULA
GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Protección al declarar
una manifestación cultural como patrimonio cultural de la Nación
Referencia: expediente D-11218
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 7 de la Ley
1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja,
Boyacá y se dictan otras disposiciones"
Actor: Miguel Ángel Garcés Villamil
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto
de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067
de 1991, ha proferido la la siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241, numeral 4º de la
Constitución Política, el ciudadano Miguel Ángel Garcés Villamil, solicita a la
Corte que declare la inexequibilidad de los artículos 6 y 7 de la ley 1767 de
2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja,
Boyacá y se dictan otras disposiciones".
Por medio de auto de fecha diecisiete (17) de
febrero de 2016, el magistrado ponente dispuso admitir la demanda contra los artículos 6 y 7 de la ley
1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara
patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa
en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones", al constatar
que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991;
correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que emitiera su
concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución; fijar
en lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o
defendiera la norma; y comunicar la iniciación del mismo al Presidente del
Congreso, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como al
Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, y a la Ministra de Cultura.
Así mismo, se invitó a participar en el presente
proceso al Ministerio de Justicia, al Alcalde de Tunja, al Gobernador de
Boyacá, a la Defensoría del Pueblo, a la Conferencia Episcopal de Colombia, a
la Conferencia Evangélica de Colombia, a la Confederación de Comunidades Judías
en Colombia, al Centro Cultural Islámico, a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Facultad de Jurisprudencia y a la Escuela de Ciencias
Humanas de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado
de Colombia, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, a
la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cauca, a la Facultad de Derecho, Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.
Cumplidos los trámites
previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley
2067 de 1991, procede la Corte a resolver la demanda de la referencia.
A.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe
la norma demandada, subrayando y resaltando en negrilla el texto que se
solicita sea declarado inexequible:
“LEY 1767 DE 2015
(septiembre 7)
D.O. No. 49.628 del 7 de septiembre de 2015
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
"Por medio de la cual se declara
patrimonio cultural inmaterial de la Nación la celebración de la semana santa
en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones"
(…)
“ARTÍCULO
6°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, podrá incorporar
al presupuesto general de la nación las apropiaciones requeridas para
contribuir al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación,
protección y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la celebración de
la Semana Santa en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá.
“ARTÍCULO 7º. A
partir de la vigencia de la presente ley, la administración municipal de Tunja
y la administración departamental de Boyacá estarán autorizadas para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el
cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley.”
B.
LA DEMANDA
Se solicita a este Tribunal
declarar la inexequibilidad los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial
de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan
otras disposiciones", al considerar que con ellos se vulnera lo dispuesto en los
artículos 1º y 19 de la Constitución.
Según el demandante, en lo que
corresponde al primer cargo, se viola el artículo 1º de la Constitución, porque
la norma acusada establece un privilegio a una festividad propia de la religión
Católica, Apostólica y Romana, al establecer que las entidades públicas pueden
concurrir a la financiación de la Semana Santa en Tunja, lo que considera
contrario al pluralismo que se predica en el Estado social de derecho, que en
su criterio demanda una neutralidad del Estado frente a las expresiones
religiosas. Sin embargo, el demandante limita su reproche al financiamiento,
pues considera que el reconocimiento como patrimonio cultural de estas fiestas,
se encuentra ajustado al criterio de pluralismo previsto en la Carta. Al
respecto, señala el demandante que “(…) lo que se considera contrario a la
Constitución Política de 1991 y en especial al principio del pluralismo,
consagrado en la norma referida, es que el Estado financie una celebración
religiosa específica de una iglesia determinada, pues al hacerlo está
realizando actos que lo alejan de la pluralidad y lo identifican con una
iglesia en particular, situación que no tiene ningún sustento en la
Constitución Política de 1991”.
Sustenta adicionalmente el
demandante su posición, en el hecho que la Corte ha establecido en sus
sentencias C-948 de 2014 y C-817 de 2011, algunos principios relacionados con
la neutralidad que se debe predicar de un Estado pluralista, y con base en
dichas sentencias realiza un test para saber cuál es la celebración que
pretende ser financiada por las normas demandadas, como resultado del cual
afirma que se vulnera el principio de neutralidad del Estado en materia
religiosa. Obedece lo anterior al hecho que, la celebración tiene un contenido
religioso particular de la iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Así entonces, el demandante
reprocha también una violación al principio de autonomía territorial, en la
medida en que no se le está permitiendo a los entes territoriales ejercer
libremente sus competencias con relación a la expedición de su presupuesto,
puesto que en su criterio, se está imponiendo desde la Ley 1767 de 2015 el
deber de realizar una apropiación presupuestal para promocionar una fiesta
religiosa.
En lo que respecta al segundo
cargo, el demandante alega que esta norma vulnera el artículo 19 de la
Constitución Política, en la medida en que se le otorga un trato preferencial a
la iglesia Católica, Apostólica y Romana, al financiar con recursos públicos
una celebración propia de su credo, poniéndola por encima de las demás
manifestaciones religiosas que conviven en el Estado colombiano.
Finalmente, el actor sostiene
que las disposiciones demandadas identifican al Estado colombiano con una
manifestación religiosa particular, la Católica, Apostólica, Romana, puesto que
escapa al accionante el contenido secular de dichas actividades, las cuales en
cambio tienen un marcado y exclusivo contenido religioso, por lo que su financiamiento
con recursos públicos desconoce los intereses superiores que la Constitución
pretende proteger.
C.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones oficiales
a.
Ministerio de Cultura[1]
Juan
Manuel Vargas Ayala, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Cultura, solicita declarar la exequibilidad del artículo 6º
demandado, manifestando que no realizará pronunciamiento alguno sobre el
artículo 7º en cuando este se refiere a asuntos de las entidades territoriales
que escapan a la competencia de dicho Ministerio.
De
acuerdo con el Ministerio de Cultura, la discusión planteada no debe abordarse
desde la discusión de la separación entre Iglesia y Estado, sino desde la
posibilidad de que el Congreso de la República, mediante una ley ordinaria,
reconozca una expresión como patrimonio cultural y en consecuencia autorice la
creación de partidas presupuestales para su conservación y promoción.
En
consecuencia, concluye el representante del Ministerio de Cultura, tanto la
Constitución como la jurisprudencia constitucional han señalado la competencia
del Congreso de la República para, mediante leyes ordinarias, autorizar al
gobierno a incluir en el presupuesto nacional partidas para la promoción y
preservación de expresiones culturales, lo cual, en modo alguno debe entenderse
como una obligación sino como una simple habilitación[2].
Finalmente,
se pone de presente que el Sistema Nacional de Cultura se encuentra
descentralizado, lo que hace necesario distinguir entre las expresiones
culturales cuyas manifestaciones son exclusivas de los departamentos y los
municipios y las que sí tienen una verdadera connotación nacional. Por lo
anterior, considera el Ministerio que la norma demanda es constitucional, en la
medida que, “(…) señala la incorporación de apropiaciones presupuestales
necesarias para la promoción, fomento, protección, y desarrollo del patrimonio
cultural inmaterial de la celebración de la semana santa en Tunja, conservando
el principio de legalidad, y respetando el procedimiento de apropiaciones
presupuestales en los términos que señala la Constitución Política y la ley,
como quedo [sic] referido en los pronunciamientos jurisprudenciales de este
escrito”. De forma conexa, señala el Ministerio que la declaración como
bien de interés cultural inmaterial deberá seguir el procedimiento de la Ley
357 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 y el Decreto Único
Reglamentario del Sector cultura 1080 de 2015, y así poder estar al amparo del
Régimen Especial de Protección y Salvaguardia de expresiones culturales.
b.
Ministerio del Interior
Gabriel
René Cera Cantillo en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Interior solicita declarar la exequibilidad de las normas
demandadas, puesto que en opinión de dicho Ministerio tales normas no buscan
proteger una expresión religiosa de manera caprichosa o desproporcionada, sino
que lo hacen en razón al carácter cultural de ésta, lo que las hace objeto de
protección por parte del Estado en los términos del artículo 70 de la
Constitución. Este reconocimiento, señala el representante del Ministerio,
reafirma los principios de pluralismo y libertad religiosa en lugar de
contrariarlos como afirma el demandante.
De
acuerdo con el Ministerio del Interior, las prácticas religiosas en la medida
en que gocen de arraigo y tradición en la población pueden ser reconocidas como
expresiones culturales que deben ser protegidas por el Estado, aun cuando estas
expresiones no sean compartidas por la totalidad de la población, lo que
permite materializar el carácter pluralista e incluyente del Estado. En este
sentido, afirma el interviniente que las celebraciones de la Semana Santa en
Tunja enriquecen desde el punto de vista cultural la identidad nacional, pues
ella encarna costumbres y tradiciones históricas de antaño, lo que permite
desligarla del campo exclusivamente religioso.
Añade
el representante del Ministerio del Interior, que el impedir el reconocimiento
de expresiones religiosas como integrantes del patrimonio cultural de la
Nación, llevaría a proscribir, por ejemplo, que el Estado reconozca, proteja y
patrocine las expresiones cosmogónicas de grupos étnicos, cuyas expresiones
diversas han sido sistemáticamente protegidas. En efecto, nada obsta para que
cualquier expresión religiosa pueda ser objeto de la misma protección que se
brinda en los artículos demandados, siempre y cuando se demuestre su valor
histórico, cultural, científico y/o antropológico que nutran la vida cultural
de la nación, así pues, lo que resultaría inconstitucional sería el
establecimiento de barreras a otras manifestaciones religiosas para acceder a
las prerrogativas reconocidas en los artículos demandados, lo que no sucede en
el presente caso.
En
adición a lo anterior, considera el representante del Ministerio del Interior,
que el principio de autonomía territorial no se menoscaba en virtud de la
aprobación de las normas acusadas, en la medida en que la propia Constitución
Política establece las relaciones de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad entre los entes territoriales y la Nación. En este sentido, no
es caprichoso o desproporcionado que la ley autorice rubros que la propia
Constitución señala que los entes territoriales deben incluir en sus
presupuestos, como lo son el sostenimiento y fortalecimiento de la cultura.
Finalmente, se afirma, que en la medida en que se
busca proteger una expresión cultural con vínculos regionales, resulta palmario
que la ejecución presupuestal debe armonizarse entre el nivel central y los
niveles departamentales y municipales.
2.
Intervenciones académicas
a.
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Catalina
Lasso Ruales, Directora de la Oficina Jurídica del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, manifestó que por razones administrativas no es posible
pronunciarse en el proceso de la referencia.
b.
Universidad Externado de Colombia
Sergio
Alejandro Fernández Parra, representante del Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, solicita que se declare
la inexequibilidad de las normas demandadas, en la medida que éstas vulneran el
principio de neutralidad del Estado en materia religiosa.
De
acuerdo con el criterio del interviniente, del principio de Estado social y
democrático de derecho, pluriétnico y multicultural, así como de la libertad de
cultos, conciencia y pensamiento, se deriva inexorablemente el deber de
neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas, lo que implica una
prohibición a los órganos del Estado de realizar acciones que promocionen un
credo determinado.
Así,
afirma el interviniente, la libertad religiosa se suprime cuando el Estado
promueve fiestas y tradiciones de un credo religioso, lo que en últimas se
traduce en el establecimiento implícito de una religión oficial, o el
otorgamiento de una preminencia, por la vía normativa a una confesión
religiosa.
De
otro lado, afirma el interviniente que algunas fiestas, tradiciones e inmuebles
asociados a la religión católica, sin lugar a dudas pueden hacer parte del
patrimonio cultural de la Nación, puesto que esta religión hace parte de la
historia y la tradición colombiana desde la colonización española. Sin embargo,
en este caso no se demostró ni en la ley ni en sus antecedentes una vinculación
secular y estrictamente cultural de esta celebración religiosa, sino únicamente
la celebración de un rito católico.
Finalmente, se afirma que para la declaratoria de
manifestaciones inmateriales como patrimonio cultural de la Nación debe
seguirse el procedimiento de la Ley 1185 de 2008, y no se debe simplemente
habilitar al legislador para que declare como patrimonio de la Nación cualquier
expresión cultural sin atender las consideraciones ya señaladas en dicha ley.
3.
Intervenciones ciudadanas
a.
Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo
Ferney
Yesyd Rodríguez Vargas, actuando en calidad de vocero de dicha institución,
solicitó la inexequibilidad de las normas, al considerar que con ellas se
vulnera el principio de laicidad y la separación entre iglesia de Estado
adoptado por el constituyente de 1991, el cual superó la vinculación del Estado
colombiano con la religión católica propio de la Constitución de 1886.
En
este sentido, afirma que la Corte Constitucional ha sido enfática en su
jurisprudencia al señalar que Colombia es un Estado laico[3], lo que
implica una neutralidad de éste frente a los temas religiosos, lo que le impide
“promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad
de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su
territorio”[4];
a ello, añade el interviniente, debe sumarse que la Constitución establece que
no existen iglesias o confesiones religiosas más importantes que otras, por lo
que la promoción de cada culto es deber de las iglesias y no del Estado, lo
cual considera, se vulnera cuando con dineros del erario se promociona y
beneficia una expresión religiosa particular.
Finalmente,
considera que este tipo de financiamiento a actividades religiosas debe
considerarse un acto oficial de adhesión, -proscrito por la jurisprudencia
constitucional en la sentencia C-817 de 2011-, pues aquel tiene un acto
simbólico de favorecimiento hacia una confesión determinada.
b.
Ciudadano Jorge Enrique Osorio Reyes
Jorge
Enrique Osorio Reyes, actuando en nombre propio, como ciudadano interesado,
interviene con el fin de solicitar la inexequibilidad de las normas demandadas,
por considerar que éstas vulneran el principio de igualdad, establecido en el
artículo 13 de la Constitución Política, así como el principio de Estado laico,
y el mandato de neutralidad frente a las expresiones religiosas.
Manifiesta
el interviniente que, los artículos demandados desconocen la jurisprudencia
constitucional en punto a la libertad religiosa, y en cambio establecen
privilegios en favor de los creyentes en la religión Católica, Apostólica y
Romana, profesada por la mayoría de ciudadanos colombianos. Finalmente
considera que esta norma dota al Estado de herramientas para imponer un
pensamiento religioso y moral único, lo cual vulnera los cimientos del Estado
social de derecho, como lo son la defensa de las libertades civiles y la
protección de todas las expresiones religiosas y culturales, aun cuando sean
minoritarias.
c.
Ciudadano Ramiro Cubillos Velandia
Ramiro
Cubillos Velandia, actuando en nombre propio, como ciudadano interesado,
interviene con el fin de solicitar la inexequibilidad de las normas demandadas,
argumentando que con ellas se desconoce la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en punto a la libertad religiosa[5].
Señala además, que estas normas fomentan una religión determinada,
desconociendo los derechos de los demás grupos, sectas, tendencias o visiones
religiosas o cosmogónicas que existen en el Estado colombiano.
d.
Asociación Antioqueña de Librepensadores, Agnósticos y Ateos
Edgar
Medina Sánchez, actuando como representante legal de la Asociación Antioqueña
de Librepensadores, Agnósticos y Ateos, solicita la inexequibilidad de las
normas demandadas, por considerar que con estas normas, el Congreso de la
República desconoció la línea jurisprudencial en materia de libertad religiosa,
y creó un privilegio en favor de los feligreses católicos, vulnerando así el
derecho fundamental a la igualdad.
De
acuerdo con esta organización, éstas son normas propias de un Estado teocrático
y no de uno laico y diverso como el colombiano, puesto que con las mismas el
Estado se entromete en la esfera privada de los ciudadanos, particularmente en
la de su libre decisión frente a los credos religiosos, en la medida que con
los recursos de todos los contribuyentes se financia un credo particular.
e.
Ciudadanas Claudia Milena Espíndola Gómez y Angie Paola
Solaque Duque
Las
ciudadanas Claudia Milena Espíndola Gómez y Angie Paola Solaque Duque, actuando
en nombre propio, como ciudadanas interesadas, solicitan la exequibilidad de
las normas acusadas. Señalan que el legislador cuenta con la competencia para
reconocer expresiones culturales, máxime cuando corresponden a tradiciones
culturales ampliamente arraigadas y que identifican un pueblo, tal como sucede
con la Semana Santa de Tunja. De acuerdo con las ciudadanas intervinientes, el
hecho que una actividad sea religiosa no obsta para que de ella se pueda
desentrañar su valor cultural, así como su estrecha relación con la definición
de la idiosincrasia de un pueblo.
En
relación con la posibilidad de destinar recursos públicos para financiar éstas
expresiones, consideran las intervinientes, que es una consecuencia lógica de
su reconocimiento como expresión cultural, pues aquellas deben ser protegidas y
promovidas por el Estado.
Finalmente,
señalan que no existe una prohibición absoluta para que el Estado proteja, e
incluso destine recursos públicos para actividades religiosas, puesto que por
un lado, la Ley 133 de 1994 establece un mandato de protección de las diversas
creencias que conviven en el Estado colombiano, sin que se desnaturalice su
principio de laicidad. De otro lado, manifiestan las accionantes, que la jurisprudencia
constitucional permite que el Estado exalte manifestaciones religiosas, siempre
y cuando en ellas prime un factor secular, el cual consideran evidente en el
caso de la Semana Santa en Tunja, puesto que lo que se busca es proteger una
manifestación cultural, arraigada en el pueblo tunjano, por lo que el carácter
religioso de estas festividades se torna apenas incidental.
f.
Asociación de Ateos de Bogotá
Ingrid
Paola Nieto, actuando en su calidad de vocera de la asociación de Ateos de
Bogotá, solicita la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas.
En criterio de la interviniente la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional establecen un mandato de trato igual para todos quienes profesen
alguna confesión religiosa, así como para quienes no lo hacen, lo cual
consideran un principio basilar del Estado laico.
En
criterio de la interviniente, las normas demandadas identifican al Estado con
la promoción de una religión particular y mayoritaria como lo es la religión
Católica, Apostólica y Romana, y por lo demás, pretenden instaurar una tiranía
de las mayorías donde se discriminan y proscriben las expresiones morales y
religiosas minoritarias.
4.
Intervenciones extemporáneas
a.
Universidad de la Sabana
Hernán
Alejandro Olano García, director del programa común de Humanidades y del
Departamento de Historia y Estudios Socio Culturales en la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, solicita que las normas
demandadas sean declaradas exequibles, en la medida en que protegen una
expresión donde prima el carácter cultural e histórico por encima de su
vinculación religiosa.
De
acuerdo con el interviniente, la Semana Santa en Tunja se realiza en un tiempo y
espacio definido, cuenta con reglas habituales y excepcionales y contiene
elementos constructivos de la identidad de una comunidad, lo que la enmarca en
la definición de patrimonio cultural de la Ley 397 de 1997, así como de lo
dispuesto en la Ley 1185 de 2008.
Además,
afirma el interviniente que la Constitución Política establece que Colombia es
un estado pluricultural, lo que ha sido ratificado por instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural, el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2006), de donde
se deriva un mandato de protección de todas las expresiones culturales, sin
distingo de su contenido.
Agrega
el interviniente que nada obsta para que una expresión de una religión diversa
a la católica, cuente con la misma protección que se otorga a la Semana Santa
en Tunja en los apartes demandados. En efecto, pone de presente que se ha
reconocido y protegido el Carnaval del Diablo de Riosucio, Caldas, que “contraría
el sentimiento religioso del pueblo colombiano como celebración pagana y va en
contravía con las prácticas satánicas proscritas por el artículo 5 de la Ley
133 de 1994” en razón a su contenido cultural; así como también se han
protegido expresiones sin contenido religioso, como por ejemplo, el Carnaval de
Barranquilla. Así pues, el Estado puede proteger cualquier manifestación
cultural de origen religioso, sin importar el credo de su proveniencia.
En
efecto, se afirma en el escrito presentado por el interviniente que la
diversidad propia del Estado social de derecho implica la coexistencia de
diferentes confesiones religiosas, dando un respeto igual a todas, y
permitiendo que sus expresiones, cuando tengan una connotación cultural sean
protegidas, conservadas, rehabilitadas y divulgadas por el Estado, con el
propósito de servir como testimonio de identidad de la cultura de la Nación
colombiana.
Finalmente,
se pone de presente en el escrito un recuento histórico en el que se da cuenta
de cómo desde su fundación el 6 de agosto de 1539, Tunja ha tenido un amplio
desarrollo cultural, ligado a las celebraciones religiosas. Es así como en los
siglos XVI y XVII, este municipio “(…) se convirtió en el epicentro de la cultura
del Nuevo Reino de Granada y de paso dio origen a la escuela Tunjana de arte en
el panorama hispanoamericano de la época. Los grandes pasos que desfilaban por
el marco de la plaza principal, motivaron a la ciudadanía a salvaguardar esta
importante tradición año tras años”. Posteriormente, se señala como desde
el siglo XVI “(…) se organizaron las cofradías para llevar los pasos con
escenas de La Pasión en las procesiones y preparar estas procesiones en la
semana mayor”, lo que llevó a que Tunja, desde aquel entonces, fuera
conocida como la capital cultural de la Nueva Granada, reconocimiento detallado
por el cronista fray Juan de Santa Gertrudis en su obra “Maravillas de
Naturaleza”. Finaliza el interviniente señalando que son estas
manifestaciones culturales, con amplia tradición histórica y arraigo entre los
ciudadanos las que se buscan salvaguardar con la Ley 1767 de 2015, y no una
simple expresión confesional.
Por
su parte Iván Garzón Vallejo, director del programa de Ciencias Políticas de la
Universidad de la Sabana, también solicitó la exequibilidad de las normas
demandadas, argumentando que con ellas no se está frente a un menoscabo,
segregación o discriminación de otras expresiones religiosas o culturales, sino
que antes bien, estimula a que diversas manifestaciones culturales y religiosas
promuevan normas que busquen su protección.
En
efecto, de la Constitución de 1991 no se desprende una visión laicista del
Estado, sino el establecimiento de un Estado laico. Lo que implica, que no debe
existir una hostilidad o discriminación hacia las expresiones culturales de
contenido religioso, pues como lo señala Martha C. Nussbaum “(…) si la
‘separación entre la Iglesia y el Estado’ es una buena idea, lo es porque apoya
el respeto igual para todos e impide que el ámbito público establezca una
doctrina religiosa que denigre o margine a determinado grupo de ciudadanos.
Nadie cree en realidad en la separación tomada literalmente de forma general.
El Estado moderno es ubicuo en la vida de las personas y si en verdad
tratásemos de separar totalmente la Iglesia del Estado se daría una situación
de honda injusticia”.[6]
b.
Gobernación de Boyacá
Martha
Carolina Lozano Barbosa, en su calidad de Secretaria de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, solicita se declare la exequibilidad de las normas
demandadas, puesto que con ellas se busca salvaguardar una expresión cultural
tradicional que se lleva a cabo en la capital de Departamento de Boyacá.
Así,
indica la interviniente que resulta ajustado tanto a las disposiciones de la
Ley 1185 de 2008 como al Decreto 2941 de 2009 el reconocimiento de eventos
religiosos tradicionales de carácter colectivo como patrimonio cultural
inmaterial. En efecto, se señala que la Semana Santa en Tunja ya ha sido así
reconocida a nivel local, mediante el Acuerdo 0027 de 2015 del Concejo
Municipal de Tunja y la Ordenanza 015 de 2013 de la Asamblea Departamental de Boyacá,
las cuales vinculan a la administración municipal y departamental a la
promoción, conservación, divulgación y desarrollo de la Semana Santa en Tunja,
lo que tiene implicaciones legales, presupuestales y socioculturales.
Manifiesta
la interviniente que dicho reconocimiento fue realizado en virtud de que la
Semana Santa en Tunja envuelve la tradición social, cultural e histórica del
Departamento de Boyacá, de la cual participan niños, adultos mayores y
turistas, que reconocen en ella más que un evento religioso una manifestación
de la cultura boyacense.
De
otro lado, en la Ley 1185 de 2008 y en el Decreto 2041 de 2009 se estableció la
asignación de recursos para la protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural, los cuales provienen de “i)
recursos de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación,
ii) Recursos de Propósito General del Sistema General de Participaciones
establecido en la Ley 715 de 2011, iii) recursos generados por la Estampilla
Procultura, iv) recursos propios de los entes territoriales […] y
recursos provenientes del incremento de 4% del IVA a la telefonía móvil”,
conforme a los lineamientos del CONPES 3255 de 2003.
c.
Alcaldía de Tunja
Franchesco
Geovanny Ospina Lozano, actuando como apoderado del Municipio de Tunja,
solicita sea declarada la exequibilidad de las normas demandadas. Asegura que
el Estado colombiano tiene un mandato de promoción y protección de la cultura,
incluso cuando ésta proviene de manifestaciones religiosas.
De
acuerdo con la Alcaldía de Tunja, las celebraciones a las cuales se les está
otorgando una especial protección se realizan en el marco de la conmemoración
histórica de un suceso que partió en dos la historia de la humanidad, y que
sirvió para consolidación de diversos credos, como los cristianos, adventistas,
protestantes, testigos de Jehová, mormones y musulmanes.
Finalmente,
se señala que las normas demandadas no establecen una obligación absoluta de
incorporar a los presupuestos, municipal y nacional, partidas para la promoción
de la Semana Santana en Tunja, sino que apenas deja abierta la posibilidad para
otorgar o no dichas partidas, lo que resulta constitucionalmente admisible.
d.
Universidad de Caldas
Daniel
Fernando Gutiérrez Hurtado, Óscar Fernando Betancur García, Gustavo Mejía
Chávez, Juan Pablo Rodríguez y Carlos Alberto Agudelo, en representación de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, solicitan que se declare la
inexequibilidad de las normas demandadas, aun cuando ponen de presente que la
demanda carece de especificidad y coherencia.
Señalan
que una expresión religiosa, compartida por la mayoría de la población, no
puede tenerse como una manifestación cultural vulnerable que requiera
financiación por parte de las entidades estatales, puesto que en el fondo se
está estableciendo una discriminación positiva en favor de quien no la
necesita.
Se
afirma que los recursos fiscales deben destinarse al bienestar general y a la
promoción de la calidad de vida de los asociados, en necesidades prioritarias,
como obras públicas y en poblaciones sujeto de especial protección
constitucional, y no en la promoción de actividades que por lo demás violan el
principio de neutralidad del Estado frente a expresiones religiosas que
proscribe la promoción de una religión determinada.
e.
Ciudadano Jerónimo Gil Otálora
El
ciudadano Jerónimo Gil Otálora, en su calidad de Presidente de la Academia de
Historia Eclesiástica de Boyacá, solicitó que se declare la exequibilidad de
las normas demandadas, en la medida en que éstas protegen una tradición
histórica y cultural del Departamento de Boyacá.
Se
afirma en el escrito que desde la colonia se realizaron este tipo de
festividades religiosas, y que una vez independizada la nación colombiana ellas
fueron mantenidas y fortalecidas en virtud a su arraigo en la población; afirma
el interviniente que hoy en día la Semana Santa en Tunja es un espectáculo
cultural, que incorpora una convocatoria ecuménica, que cada receptor
interpreta según sus creencias y convicciones.
f.
Universidad del Cauca
Kenny
Elizabeth Campos Sarzosa, profesora de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca, solicita la declaratoria de exequibilidad de las
normas demandadas, puesto que éstas tienen como fin proteger una expresión
tradicional donde prima el factor cultural por encima de su vinculación
religiosa.
De
acuerdo con la Universidad del Cauca, la Semana Santa en Tunja tienen una
connotación de patrimonio cultural, pues es un factor relevante para la
cohesión social de la región, por lo que se enmarca en el deber de protección
del artículo 72 de la Constitución Política, así como en lo preceptuado en la
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, incorporada
al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1037 de 2006.
g.
Conferencia Nacional Episcopal
Monseñor Luis Augusto
Castro Quiroga, actuando como Presidente de la Conferencia Episcopal de
Colombia, solicitó a la Cote Constitucional declarar la exequibilidad de los
artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015. Ello, pues considera que “el Estado
verdaderamente laico, es aquel que no apuesta por una religión determinada ni
por borrarlas a todas de la vida pública, sino que intenta articular institucionalmente
la vida compartida de tal modo que todo se sientan ciudadanos de pleno derecho,
sin tener que renunciar a la expresión de sus identidad”, lo anterior,
agrega, es perfectamente coherente con una sociedad moralmente pluralista.
Para el jerarca
católico, “prohibir o disuadir de iure medidas públicas tendientes al
fomento, promoción, difusión internacionalización, conservación, protección y
desarrollo de la celebración de la Semana Santa en Tunja, que ha sido
considerada por el Estado como patrimonio cultural inmaterial implicaría
neutralizar un fenómeno por el solo hecho de tener un contenido religioso”,
lo que en su criterio es contrario a la Constitución, la Ley 133 de 1994, la
Ley 397 de 1993, la Ley 1381 de 2010 y el Decreto 1080 de 2015, y la realidad
social colombiana.
h.
Concepto del Ministerio de Cultura
Eduardo Cifuentes Muñoz, actuando
como ciudadano y apoderado del Ministerio de Cultura, allegó el 18 de mayo de
2016, escrito de intervención, donde solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad de las normas demandadas, aun cuando la demanda carece de
certeza, claridad y suficiencia.
Señala el apoderado del
Ministerio, que la Semana Santa de Tunja es considerada la más antigua de
Colombia, celebrándose desde 1562, por lo que su protección se enmarca en los
artículos 8 y 72 de la Carta Política. Agrega que si bien las normas que
promuevan iniciativas culturales deben ajustarse al patrón de neutralidad del
Estado, ello “no impide que dichas leyes confieran un patrocinio cultura a
fiestas que posean un trasfondo religioso, cuando exista un factor cultural con
el suficiente peso que se constituya en la razón legítima de dicho apoyo”,
tal como fue reconocido en las Sentencias C-766 de 2010 y C-817 de 2011. Para
el apoderado del Ministerio, la Semana Santa en Tunja tiene un valor cultural
secular que resulta palmario e incontrovertible, ello se hace patente en que es
“una verdadera fiesta que une a la comunidad y atrae a turistas alrededor de
una serie de eventos literarios, artísticos, cinematográficos y musicales”.
De otro lado, señala el apoderado
que, la Constitución y la ley otorgan facultades al gobierno nacional para
tomar las decisiones relativas a las partidas de gastos en cada vigencia
fiscal, por lo que “las leyes que ordenan gasto, no obligan al gobierno,
sino solo lo autorizan para incorporar gastos de acuerdo con su conveniencia y
prioridad”.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El
Ministerio Público mediante Concepto No. 006079 rendido el 11 de abril de 2016,
advierte que los artículos 6 y 7 demandados “(…) se ajustan al
ordenamiento superior, por cuanto, el Estado colombiano tiene el deber de
proteger y promover la cultura, pudiendo para ello destinar partidas
presupuestales. A su vez, advierte que en razón a la prohibición constitucional
de efectuar discriminaciones por motivos religiosos, lo que sí resultaría
contrario a la Carta Política es que el Estado dejara de cumplir su deber de
proteger y promover las manifestaciones culturales relevantes con motivo de una
distinción fundada en una razón religiosa”.
Para
efectos de fundamentar su posición, el concepto del Ministerio Público reitera
la línea argumentativa expuesta en el concepto C-6018 de 2015, rendido el 15 de
noviembre de 2015, la cual se puede resumir en los siguientes términos: (i) la
protección de una manifestación cultural, se enmarca dentro de los fines del
Estado previstos en el artículo 2 de la Carta; (ii) los artículos 70, 71 y 72
de la Constitución establecen el deber del Estado de promover la cultura,
proteger el patrimonio cultural de la Nación; (iii) para facilitar y promover
la vida cultural, se le otorga una amplia libertad de configuración al
legislador, en la que se enmarca la erogación de recursos públicos[7]; (iv) de
ninguna forma resulta procedente utilizar el fundamento religioso, para
desechar la importancia de una manifestación cultural como hecho que puede ser
protegido; (v) el Estado colombiano no se adhiere a una iglesia o confesión
religiosa, pero no significa que éste sea indiferente al fenómeno religioso[8]; (vi) la
Corte reiteró que resulta admisible que el Estado exalte manifestaciones
sociales con contenido religioso, cuando existe algún factor secular relevante
de por medio[9].
Teniendo
en cuenta lo anterior, al declarar la Semana Santa en Tunja como patrimonio
cultural inmaterial de la Nación, es apenas natural que de allí mismo surjan
los deberes de protección y de conservación y, como una opción legítima, la
destinación de dineros públicos para dicho fin. De esta forma, la causa de la
destinación del patrimonio público para proteger la Semana Santa en Tunja no obedece,
a juicio del Ministerio Público, a su condición religiosa sino a su condición
de patrimonio cultural inmaterial de la Nación, debido a su importancia
meramente cultural. Concluye la revisión del cargo indicando que “(…)
desacreditar la autorización de erogación patrimonial para proteger una
manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación, sólo por tener
una connotación religiosa, implicaría otorgar un tratamiento discriminatorio
fundado en un criterio sospechoso, como es precisamente la religión”.
De
otra parte, el jefe del Ministerio Público estima que la Corte Constitucional
debe inhibirse de efectuar un juicio de constitucionalidad del artículo 7
acusado, en relación con la presunta violación de la autonomía territorial,
pues encuentra que los cargos carecen de certeza pues es evidente que dicha
norma únicamente autoriza la destinación presupuestal, pero no impone una
obligación. Ahora bien, afirma el Ministerio Público que es ajustado a la
Constitución “(…) que se destinen recursos públicos de orden nacional para
la protección de una manifestación cultural que alcanza el rango de patrimonio
inmaterial de la Nación, nada obsta para que la Ley autorice a las
administraciones territoriales, donde se localiza el referido patrimonio inmaterial,
para que se sumen, según su intención política, a su protección, conservación y
promoción”.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
Pruebas
adelantadas por el Magistrado Ponente
2.
A pesar de que la mayoría de las instituciones
invitadas, además de otros ciudadanos interesados, presentaron sus
intervenciones en el proceso de la referencia, con el fin de adelantar el
análisis propio de la acción pública de inconstitucionalidad, el Magistrado
Ponente consideró que era menester recolectar información adicional en la
demanda de la referencia, la cual consideró pertinente y necesaria para mejor
proveer, y en virtud de lo anterior, mediante auto del 31 de mayo de
2016, dispuso:
“(…) PRIMERO-. Por Secretaría General
de esta Corte, OFÍCIESE a la Alcaldía de Tunja, para que directamente o
a través de su apoderada, en el término de ocho (8) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente auto, certifique e informe a este
despacho directamente o a través de sus dependencias competentes:
1.
“Los elementos de carácter histórico, cultural y/o antropológico
que reúne la Semana Santa en Tunja, y que en opinión del Municipio identifican
y crean la identidad de la comunidad o le permite enmarcar las actividades
celebradas durante las fechas de la Semana Santa en el patrimonio cultural de
la Nación, incluyendo pero sin limitarse al recuento del contenido de las actividades
que se realizan en el Municipio durante la Semana Santa, señalando además desde
qué fecha se tiene registro histórico de la realización de dichas actividades.
2.
“De existir, cuáles son las actividades que desarrolla el
Municipio para preservar la celebración de la Semana Santa en Tunja, y qué
medidas de salvaguarda, revitalización, promoción emplea el Municipio, con el
fin de evitar la extinción o el deterioro de dicha celebración.
3.
“Si existe algún acuerdo, o cualquier tipo de documento que
evidencie con claridad las fuentes de financiación de las actividades que se
llevan a cabo durante la Semana Santa en Tunja. En el evento en que se utilicen
recursos del Municipio de Tunja, por favor especificar si dentro de los
programas y proyectos del plan de desarrollo del Municipio se cuenta con
partidas presupuestales para la promoción, difusión y realización de las
actividades de la Semana Santa en Tunja, en caso de que la respuesta sea
positiva, por favor especificar: (i) el proceso de destinación de dichos
recursos en el presupuesto; (ii) los montos destinados a las actividades de
Semana Santa; y (iii) remitir informes de las partidas presupuestales
relacionadas con la cultura (incluyendo la Semana Santa en Tunja) y su
ejecución en el Municipio de Tunja de los últimos cinco (5) años.
4.
“ El impacto durante las fechas en las que se celebra la Semana
Santa en Tunja, en la actividad turística del Municipio (v.gr. ocupación
hotelera, registro de visitantes, etc.).
5.
“Copia del Acuerdo No. 0027 de 2015, emitido por el Concejo de
Tunja, y cualquier otra normatividad relevante proferida por las autoridades
locales en esta materia.
“SEGUNDO-. Por Secretaría General de
esta Corte, OFÍCIESE a la Gobernación de Boyacá, para que en el término
de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
auto, informe a este despacho directamente o a través de sus dependencias
competentes:
1.
“Los elementos de carácter histórico, cultural y/o antropológico
que reúne la Semana Santa en Tunja, y que en opinión de la Gobernación
identifican y crean la identidad de la comunidad o le permite enmarcar las
actividades celebradas durante las fechas de la Semana Santa en el patrimonio
cultural de la Nación.
2.
“De existir, cuáles son las actividades que desarrolla la
Gobernación para preservar la celebración de la Semana Santa en Tunja, y qué
medidas de salvaguarda, revitalización, promoción emplea dicha entidad, con el
fin de evitar la extinción o el deterioro de dicha celebración.
3.
“Si existe algún acuerdo, o cualquier tipo de documento que
evidencie con claridad las fuentes de financiación de las actividades que se
llevan a cabo durante la Semana Santa en Tunja. En el evento en que se utilicen
recursos del Departamento de Boyacá, por favor especificar si dentro de los
programas y proyectos del plan de desarrollo se cuenta con partidas
presupuestales para la promoción, difusión y realización de las actividades de
la Semana Santa en Tunja, en caso de que la respuesta sea positiva, por favor
especificar: (i) el proceso de destinación de dichos recursos en el
presupuesto; (ii) los montos destinados a las actividades de Semana Santa; y
(iii) remitir informes de las partidas presupuestales relacionadas con la
cultura (incluyendo la Semana Santa en Tunja) y su ejecución en los últimos
cinco (5) años.
4.
“El impacto durante las fechas en las que se celebra la Semana
Santa en Tunja, en la actividad turística del Municipio (v.gr. ocupación
hotelera, registro de visitantes, etc.).
5.
“Copia de la Ordenanza proferida por la Asamblea de Boyacá No.
0015 de 2013.
“TERCERO-. Por Secretaría General de
esta Corte, OFÍCIESE al Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, para que en el
término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, informe a este Despacho, sobre:
1.
“La documentación, información o concepto sobre (i) la historia
de las celebraciones de Semana Santa en el Municipio de Tunja, (ii) su
contenido y (iii) la tradición histórica de estos.
2.
“Su opinión sobre la relevancia histórica, cultural,
antropológica y turística de las actividades de Semana Santa en el Municipio de
Tunja.
3.
“Información sobre la participación de la comunidad (v.gr. grupos
musicales, teatrales, etc.), así como de organizaciones sociales en la
preparación y realización de las actividades de Semana Santa en el Municipio de
Tunja.
“CUARTO-. Por Secretaría General de
esta Corte, OFÍCIESE a la Casa de la Música Centro Cultural y de
Formación Musical, para que en el término de ocho (8) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente auto, informe a este Despacho, sobre:
1.
“La documentación, información o concepto sobre (i) la historia
de las celebraciones de Semana Santa en el Municipio de Tunja, (ii) su
contenido y (iii) la tradición histórica de estos.
2.
“Su opinión sobre la relevancia histórica, cultural y turística
de las actividades de Semana Santa en el Municipio de Tunja.
3.
“Información sobre participación de la comunidad (v.gr. grupos
musicales, teatrales, etc.) así como de organizaciones sociales en la
preparación y realización de las actividades de Semana Santa en el Municipio de
Tunja.
“QUINTO-. Por Secretaría General de
esta Corte, OFÍCIESE a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia –
Cotelco, seccional Tunja, para que en el término de ocho (8) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente auto informe a este Despacho
sobre:
1.
“Los informes de los porcentajes de ocupación hotelera en Tunja,
comparado mes a mes, durante los últimos cinco (5) años, en especial,
relacionado con el impacto del turismo durante las fechas de celebración de la
Semana Santa en Tunja, incluyendo pero sin limitarse a una referencia a las
siguientes variables:
a.
“El ingreso promedio por cada habitación de hotel en Tunja
disponible (RevPar), mes a mes, durante los últimos cinco (5) años.
b.
“La tarifa promedio de las habitaciones de hotel en Tunja,
comparado mes a mes, durante los últimos cinco (5) años.
“SEXTO-. Una vez recibida la
documentación referida en el numeral anterior, por medio de la Secretaria
General de la Corte Constitucional, PONERLA A DISPOSICIÓN de los interesados y
del Procurador General de la Nación durante un término de cinco (5) días
calendario.
El 28 de junio de 2016, la Secretaría General de la
Corte Constitucional informó al Magistrado Ponente que dentro del término
concedido se recibió respuesta de la Alcaldía Mayor de Tunja, información a la
cual se le dio traslado al Procurador General de la Nación y del demandante,
quienes enviaron sus observaciones a las pruebas recaudadas. Informó en la
misma fecha la Secretaría de esta Corte que por fuera del término concedido se
recibió respuesta de la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Cultura y
Turismo. Los conceptos recibidos en esta etapa, se sintetizan así:
a.
Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Cultura y Turismo
3.
Elvia Lucía Tamayo, Secretaria de Cultura de Tunja, señaló que es
innegable el valor histórico de la Semana Santa en Tunja, como un testimonio de
un pasado, que se vive desde el siglo XVI, y que desde aquel entonces
representa el acto ritual cívico de participación ciudadana más activo,
transmitido de generación en generación, y mantenido hasta el día de hoy.
Agrega, que alrededor de las celebraciones de
Semana Santa se han construido nuevas tradiciones de carácter social “expresadas
en la tradición oral (Mitos y Leyendas), en las comidas, formas de vestir,
prácticas artísticas como la música, el arte, el teatro entre otras […] dinamizando
el evento religioso y fundamentando así la significación del acto en comunidad”,
por esta razón concluye que “la conmemoración de la Semana Santa celebrada
en Tunja, ha establecido a través del tiempo un alto grado de significación
cultural en la comunidad tunjana, ya que desde su práctica se han configurado
manifestaciones propias locales que fundamentan las representaciones sociales y
que siguen siendo elementos que permiten procesos de transmisión no por ser
solamente de carácter religioso, sino que comprenden la dinámica y el conjunto
de conocimientos que se han construido como sociales construidos (sic) alrededor
de ésta práctica cultural”.
Señala que si bien mediante el Acuerdo Municipal
0027 de 2005, se reconoció la Semana Santa en Tunja como Patrimonio Cultural
del Municipio, no existe en la actualidad un plan de salvaguardia, lo que no ha
sido óbice para que el municipio apoye su promoción y divulgación. Por esto,
dando cumplimiento a las disposiciones del plan de desarrollo municipal, se han
asignado anualmente partidas para coadyuvar en la financiación de las
actividades desarrolladas en el marco de la Semana Santa. De acuerdo con el
documento aportado en la intervención, dicha financiación, desde el año 2012,
ha incluido una gran diversidad de actividades, tales como seminarios sobre la
historia de los eventos, proyecciones cinematográficas, festivales musicales,
representaciones teatrales, entre otros, y han sido destinatarios de dichos
recursos diferentes sociedades, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
diferentes a las parroquias o asociaciones religiosas.
Finalmente, argumentó que el turismo religioso es
importante para la ciudad de Tunja, turismo que además reporta “gran
influencia y fidelidad” pues “la mayoría de viajeros por convicción
religiosa son recurrentes a estos destinos”.
b.
Gobernación de Boyacá – Secretaría de Cultura y Turismo
4.
Mediante escrito recibido el 22 de junio de 2016, suscrito por Martha
Carolina Lozano Barbosa, quien actúa como Secretaria de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, se señaló que existe un consenso académico en torno a la
consideración de las actividades de Semana Santa en Tunja como patrimonio
cultural inmaterial, lo que además ha llevado a que se estén adelantando “actividades
pertinentes para la declaratoria en el orden departamental y nacional de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 1185 de 2008, Decreto 2941
de 2009 y Resolución 0330 de 2010”.
c.
Miguel Ángel Garcés Villamil, ciudadano demandante
5.
En su calidad de ciudadano demandante, Miguel Ángel Garcés Villamil,
intervino mediante escrito radicado en la Secretaría de la Corte Constitucional
el 23 de junio de 2013, advirtiendo que la Corte debería dar aplicación al
precedente fijado en la Sentencia C-224 de 2016, y en tal medida declarar
inexequibles las normas acusadas.
Concluyendo que “las normas legales que amparadas
en una tradición impulsan la utilización de recursos públicos para convertir al
Estado en promotor, divulgador o gestor de una celebración religiosa o de un
credo en particular vulneran de manera flagrante la Constitución Política de
Colombia al convertir al Estado Laico y que ejerce la neutralidad en materia
religiosa en un Estado cocelebrante de fiestas religiosas que tiene obligación
de gestión y resultados de realización y desarrollo de las mismas, situación
abiertamente contraria a la carta política”.
d.
Procuraduría General de la Nación
6.
Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Corte Constitucional el
24 de junio de 2016, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez
Maldonado, solicitó nuevamente, luego de valorar las pruebas, la declaratoria
de exequibilidad de las normas acusadas.
Ello pues el juez constitucional no puede
desconocer la importancia histórica de la expresión cultural de la Semana Santa
en Tunja, pues ésta es un elemento cohesionador de la cultura boyacense, arraigada
durante siglos y que incluso ha logrado sobrevivir épocas como la violencia
partidista.
Añade el Procurador General, que los gastos “referidos
por el municipio efectuados en torno a la Semana Santa, se distribuyen de forma
muy diversa y heterogénea, ya que se enfilan tanto al apoyo de conciertos
filarmónicos, como a la difusión de la celebración religiosa en medios de
importancia nacional […], lo que también demuestra que la práctica de la
celebración de la Semana Santa es también una verdadera manifestación cultural
y no un acto únicamente de culto de cierto credo. En efecto, nótese que si el
objeto de la ley demandada fuera la mera la (sic) adhesión estatal a una
celebración religiosa, dichos gastos únicamente estarían concentrados a favor
del culto o de las celebraciones religiosas, lo cual no ocurre conforme a la
prueba legalmente recaudada”.
Finalmente, agrega, que no hay lugar a alegar un
supuesto cargo por violación a la autonomía territorial, en la medida en que no
se impone a la entidad territorial una cierta forma de ejercer su competencia,
sino que se le está otorgando una mera autorización, la cual en modo alguno
puede entenderse como fijación de una obligación.
Aptitud
sustancial de la demanda
7.
Algunos intervinientes extemporáneos en el proceso, a saber, la
Universidad de Caldas y el Ministerio de Cultura representado por Eduardo
Cifuentes Muñoz, consideran que la demanda es inepta, puesto que carece de
especificidad y pertinencia. Sin embargo, los argumentos presentados por los
dos intervinientes no se encuentran encaminados a establecer la razón por la
cual los cargos de la demanda son ineptos, sí por el contrario, a aportar
argumentos para sustentar la posición de constitucionalidad de las normas
demandadas.
8.
Al respecto cabe mencionar que mediante auto del 17 de febrero de 2016,
la demanda presentada por el ciudadano Miguel Ángel Garcés Villamil, fue
admitida al evidenciar que se cumplían los requisitos establecidos en el
Decreto 2067 de 1991 y desarrollados en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En efecto, la demanda (i) señala y transcribe la disposición
demandada, (ii) enuncia las normas constitucionales que considera infringidas e
(iii) indica que con fundamento en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución
este Tribunal es competente para conocer la demanda.
Aunado a lo anterior, la demanda presentada cumple con los
requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. En
efecto, el actor plantea un problema jurídico constitucionalmente relevante, en
la medida en que reprocha los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015,
considerando que la autorización que en ellos se otorga para incorporar en el
presupuesto general de la Nación las apropiaciones requeridas para contribuir
al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección
y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de las celebraciones de Semana
Santa en la ciudad de Tunja, y en ese mismo sentido, autorizar a la
administración municipal de Tunja y departamental de Boyacá a reservar partidas
presupuestales para tal fin, desconoce el principio de neutralidad religiosa
incorporado en la Constitución, al privilegiar una religión específica frente a
otras, y porque, en su concepto, esta ley impone a las entidades territoriales
la apropiación de recursos en sus presupuestos, lo que resulta contrario al
principio de autonomía territorial. Tales cargos despiertan, prima facie, una
duda sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, y permiten plantear un
debate constitucional.
En consecuencia, la Sala considera que la demanda cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, tal como
dicho artículo ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por lo tanto, procederá la Corte a analizar los cargos
formulados por el demandante.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
9.
Teniendo
en cuenta los cargos presentados por el demandante, la Corte Constitucional
debe determinar si los artículos 6 y 7 de la ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial
de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan
otras disposiciones", vulneran los artículos 1 y 19 de la Constitución
Política, al autorizar la asignación de partidas presupuestales para el
fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y
desarrollo de la Semana Santa en Tunja, como patrimonio cultural inmaterial de
la Nación.
10.
Así mismo, deberá establecer la Corte si los
artículos demandados desconocen la autonomía de los entes territoriales, al
autorizar la incorporación al presupuesto general de la Nación y la asignación
de partidas presupuestales de recursos públicos para contribuir al fomento,
promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y
desarrollo de la Semana Santa en Tunja, como patrimonio cultural inmaterial de
la Nación.
11.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes,
se procederá a examinar los siguientes aspectos: (i) el patrimonio cultural de
la Nación, su reconocimiento y protección constitucional; (ii) el patrimonio
cultural de la Nación y las manifestaciones religiosas; (iii) la competencia
del Congreso para autorizar gasto público; (iv) los principios de laicidad y
neutralidad del Estado en materia religiosa. Con esos elementos de juicio, la
Corte (v) analizará la constitucionalidad de la norma acusada.
D.
EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
12.
En la sentencia C-224 de 2016, se definió en
términos generales la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias”[10],
y se manifestó que la misma encuentra profundo raigambre en el ordenamiento
constitucional colombiano, resaltando los siguientes preceptos
constitucionales:
a.  El artículo
2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del
Estado “facilitar la participación de todos en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”;
b.  El
artículo 7º “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana”;
c.   El
artículo 8º eleva a obligación del Estado y de toda persona “proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación”;
d.  El
artículo 44 define la cultura como un “derecho fundamental” de los niños;
e.   El
artículo 67 dispone que el derecho a la educación busca afianzar los valores
culturales;
f.    El artículo 70 estipula que “la cultura, en sus diversas
manifestaciones, es el fundamento de la nacionalidad”;
g.  El
artículo 71 señala el deber de “fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura”;
h.  El
artículo 72 reconoce que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado”; y,
i.    El artículo 95-8 señala como uno de los deberes de la persona y el
ciudadano “proteger los recursos culturales y naturales”.
13.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir
que el constituyente de 1991, buscó elevar a rango constitucional la diversidad
cultural que caracteriza a la nación colombiana, radicando precisamente en esa
heterogeneidad el fundamento de la nacionalidad[11], y
señalando que el Estado tiene la obligación “de asegurar la conservación y
recuperación de los bienes que conforman dicho patrimonio cultural”[12].
Ello se hace patente en el artículo 72 Superior, el cual dispone que:
“ARTÍCULO 72. El
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando
se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza
arqueológica.”
14.
En concordancia con el ordenamiento constitucional,
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos vinculantes
en el ordenamiento interno, reafirman el compromiso de los Estados con la
cultura en sus diversas manifestaciones[13].
No obstante, es importante resaltar que la conceptualización acerca de qué es y
qué comprende el patrimonio cultural ha sido objeto de permanente deliberación
y ajuste tanto en el plano internacional como en el orden interno, siempre con
el propósito de ampliar y fortalecer su órbita de protección, tal y como fue
descrito in extenso por parte de esta Corte en la Sentencia C-224 de
2016[14].
15.
En el orden interno, el Congreso de la República ha
acoplado la normatividad a los estándares del derecho internacional. Es así
como, además de la adhesión del Estado colombiano a la Convención de protección
de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954[15], a la
Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural de
1972[16],
y a la Convención para la salvaguardia del “patrimonio cultural inmaterial”
de 2003[17];
el Congreso aprobó la Ley 397 de 1997, que se conoce como la “ley general de
cultura”.
16.
Mediante la Ley 397 de 1997, el Congreso reguló lo
concerniente al patrimonio cultural de la Nación, y su sistema general de
protección y salvaguarda. Dicha Ley fue modificada parcialmente por la Ley 1185
de 2008, la cual en su artículo 4 reafirmó qué debe ser entendido por
patrimonio cultural de la Nación, en los siguientes términos:
“ARTICULO 4o. INTEGRACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. El patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales,
los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
(Subrayado fuera de texto original).
17.
Como bien lo manifestó la sentencia C-224 de 2016,
este listado debe tenerse como enunciativo por cuanto el criterio inmanente que
define el alcance del patrimonio cultural es el relativo a la “expresión de
la nacionalidad colombiana”. Señala la mencionada sentencia que “(…) Ya
se trate de bienes materiales o inmateriales, de productos o representaciones
–que pueden tener las más diversas formas-, lo cierto es que “todo lo que
nos identifica como colombianos hace parte del patrimonio cultural y está
cobijado por el mandato del artículo 8º constitucional”[18]”.
18.
En cuanto a la determinación del patrimonio
cultural inmaterial, el artículo 11.1 de la Ley 397 de 1997 establece que el
mismo se compone “por las manifestaciones,
prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y
espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de
identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y
recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana”.
19.
Ahora bien, el literal b[19] del
artículo 4º mencionado anteriormente, define el ámbito de aplicación del
régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y
estimulo del patrimonio cultural, el cual cobija dos tipos de bienes que esta
Corte en la sentencia C-224 de 2016 definió en los siguientes términos:
“De esta manera, el
régimen legal establece una distinción entre (i) bienes que hacen parte del
“patrimonio cultural de la Nación” y (ii) bienes que han sido declarados por el
Ministerio de Cultura como “de interés cultural”, los cuales son destinatarios
del régimen especial de protección previsto en la ley 397 de 1997 y sus normas
reglamentarias. Al respecto la Corte ha explicado que, “además de la Ley 397 de
1997, existe un conjunto de leyes y tratados internacionales que consagran
otras formas de protección a la integridad del patrimonio cultural de la
Nación, por lo que no puede concluirse que la inaplicación de la ley de la
cultura para los bienes no declarados de interés cultural, implica descuido o
abandono de los deberes de protección del patrimonio cultural de la Nación y
fomento del acceso a la cultura, que los artículos 7º, 8º, 70 y 72 de la
Constitución imponen al Estado[20]”.
20.
En conclusión, se observa con claridad en los
preceptos constitucionales analizados, que existe un deber del Estado
colombiano de promover y proteger las riquezas culturales de la Nación. Ahora
bien, como fue explicado recientemente por esta Corte, en virtud de que no es
posible establecer un concepto unívoco de cultura, de lo que da cuenta la
diversidad de clasificaciones existentes en el ámbito internacional, puede
afirmarse que “hay una expansión de la protección de diversos objetos,
lugares y prácticas en razón del valor que revisten, que está determinada por
la importancia que ellos tienen para la ciencia, el arte, la historia y la
preservación de la identidad cultural”[21].
En este sentido, el Congreso incorporó al orden interno la Ley 397 de 1997, según
la misma fue modificada por la Ley 1185 de 2008, las cuales recogen y armonizan
los instrumentos internacionales, y crean un sistema de protección y
salvaguarda para todas aquellas expresiones, bienes, productos, entre otros,
que identifican a la sociedad como colombianos. De la misma forma, el Estado
colombiano se adhirió a diversos instrumentos internacionales que conllevan a
reafirmar el deber del Estado de promoción, protección, salvaguardia y
divulgación del “patrimonio cultural de la Nación”.
Sobre
esta base, procede la Corte a analizar si las manifestaciones religiosas,
pueden ser consideradas como parte del patrimonio cultural de la Nación, y por
consiguiente, si las mismas son sujetas del marco de promoción, protección,
salvaguarda establecido por el legislador en el orden interno, respetando el
marco supranacional.
E.
EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Y LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS
21.
Como se ha venido sosteniendo no existe una definición unívoca de lo que
debe ser considerado patrimonio cultural de la nación, más allá de los
lineamientos legales y supranacionales que establecen que éste lo componen
tanto bienes materiales, así como manifestaciones inmateriales, lo que en modo
alguno, excluye a las manifestaciones religiosas[22].
22.
Ello fue reconocido expresamente por el
legislador en la Ley 397 de 1997, según la misma fue modificada por la Ley 1185
de 2008, al considerar “las tradiciones” y “las costumbres y
los hábitos” como integrantes del patrimonio cultural inmaterial de
la Nación (artículo 4º). Por lo cual, debe entenderse que la amplitud de tales
como conceptos permite, válidamente interpretar, que el legislador no buscó
excluir elementos religiosos del concepto de cultura. En efecto, el artículo 8º
del Decreto Reglamentario 2941 de 2009[23] señala en forma expresa que la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial se podrá integrar con
manifestaciones que correspondan, entre otros, a “eventos
religiosos tradicionales de carácter colectivo”, esto es, “acontecimientos
sociales y ceremoniales periódicos con fines religiosos”.
23.
También es preciso recordar que la Ley 133 de 1994, “por la
cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos”, establece
que las iglesias pueden ser propietarias del patrimonio artístico y cultural
que hayan creado o adquirido, lo que de suyo implica aceptar que las
confesiones religiosas pueden no solo ser titulares, sino incluso generadoras
de patrimonio cultural[24].
Cabe precisar que dicha norma fue declarada
exequible de forma condicionada en la sentencia C-088 de 1994, la cual indicó:
“(…) siempre que no se trate de bienes pertenecientes al patrimonio cultural
de la Nación, que está sujeto a la especial protección del Estado, con la
posibilidad de que la ley establezca mecanismos para readquirirlos”, lo que
reafirma que en algunas ocasiones el patrimonio cultural de la Nación puede
tener origen religioso[25].
24.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, es posible concluir que el
patrimonio cultural de la nación, puede componerse de manifestaciones
religiosas, las cuales deben ser objeto de protección por parte del Estado colombiano,
tal como se indicó en la Sección II.D anterior de
esta sentencia. A continuación, procede esta Sala a especificar en qué consiste
el régimen de protección y salvaguarda de las manifestaciones culturales que
constituyen el patrimonio de la nación.
F.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA
DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN PATRIMONIO DE LA NACIÓN
25.
Con el fin de satisfacer sus objetivos
centrales, la Ley 397 de 1997 consagra un régimen especial de salvaguardia,
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo que comprende (i) tanto a
los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como bienes
de interés cultural -BIC[26]-, en el caso de bienes materiales; (ii) como a las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial -LRPCI-[27]. Los procedimientos están también recogidos en el Decreto 763 de
2010 y en la Resolución 0983 de 2010 del Ministerio de Cultura, y en ellos se
reconoce que tratándose de BIC nacionales, su declaratoria corresponde al Ministerio
de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultura; mientras que los BIC departamentales, distritales, municipales, de
territorios indígenas y de comunidades negras, corresponde a las entidades
territoriales –gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo
concepto favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
26.
En cuanto al procedimiento de reconocimiento
de manifestaciones culturales, incluyendo los eventos religiosos, la
normatividad mencionada y en especial el Decreto 2491 de 2009[28] y la
Resolución 330 de 2010, establecieron que se debe registrar la manifestación
cultural en la LRPCI, sujeto al cumplimiento y verificaciones de ciertos
requisitos, los cuales son enviados para el concepto favorable o desfavorable,
al que hace referencia el numeral 25 anterior. De ser positivo el concepto, la
autoridad competente solicitará al postulante la elaboración y presentación de
un Plan Especial de Salvaguardia, el cual debe estar dirigido al
fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva
manifestación.
27.
Así, entonces, como fue recogido recientemente por esta Corte en
la sentencia C-224 de 2016 “(…) la legislación actual prevé un procedimiento
exhaustivo para la protección real y efectiva del Patrimonio Cultural de la
Nación. Dicho patrimonio está dividido en dos categorías: (i) los declarados
bienes de interés cultural -BIC- que corresponden a bienes materiales o
inmateriales, a los cual se le aplica el Régimen Especial de Protección, y que
puede implicar o no la adopción de un Plan Especial de Manejo y Protección
-PMP-; y (ii) aquellos incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial que corresponde a las manifestaciones inmateriales, a las
cuales se le aplica el Régimen Especial de Salvaguardia, el cual implica la
inmediata adopción de un Plan Especial de Salvaguardia -PES-. Lo cual no
implica que sólo los bienes y manifestaciones culturales contemplados en dichas
categorías, sea sujetos de protección por parte de las autoridades competentes”.
28.
No obstante lo anterior, aun cuando la regulación legal del
patrimonio cultural de la Nación no incluye expresamente al Congreso de la
República, como autoridad competente para determinar las manifestaciones que lo
han de integrar, una lectura sistemática de los artículos 70 y 71 y 150 de la
Constitución, así como el hecho que los artículos 70 y 71 superiores se
refieran al “Estado” y no a un órgano en específico, permiten argumentar que el
Congreso tiene la competencia para señalar las actividades culturales que
merecen una protección del Estado, máxime cuando en este órgano democrático
está representada la diversidad de la Nación. Argumentar que dicha facultad es
exclusiva del ejecutivo, sería asimilar a éste con el término Estado, cuando
éstas no son, ni mucho menos expresiones sinónimas. Ello ha sido reconocido por
la jurisprudencia constitucional al señalar:
“En atención al reconocimiento de la citada
diversidad y en aras de promover e impulsar el acceso a las tradiciones
culturales y artísticas que identifican a los distintos sectores de la
población, la Constitución Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna al
legislador la atribución de señalar qué actividades son consideradas como
expresión artística y cuáles de ellas -en concreto- merecen un reconocimiento
especial del Estado.”[29]
29.
Por lo demás, el reconocimiento de una expresión cultural a través del
Congreso, al no seguir el procedimiento establecido en la Ley 397 de 2007 y
demás normas que lo modifican y complementan, no hace a la manifestación
cultural aprobada por el Congreso destinataria de las fuertes medidas de
impulso, apoyo financiero y/o incentivos a la inversión privada, y la
incorporación en los Planes Especiales de Salvaguarda[30], que son
propias a las expresiones incluidas en la LRPCI.
30.
Sin embargo, dada la existencia de un deber constitucional del Estado de
proteger todas las manifestaciones culturales inmateriales declaradas como tal,
ello no puede limitarse a las incluidas en la LRPCI. Por tal razón, el artículo
20 del Decreto 2941 de 2009 sostiene que para la salvaguardia, creación, divulgación
o cualquier otra acción relativa al patrimonio cultural inmaterial, la Nación a
través del Ministerio de Cultura y demás entidades competentes, los
departamentos, municipios, distritos, y autoridades facultadas para ejecutar
recursos, podrán destinar los aportes y recursos que sean pertinentes de
conformidad con las facultades legales, sin perjuicio de la naturaleza o ámbito
de la respectiva manifestación[31].
31.
Para el caso de los municipios[32],
lo anterior encuentra sustento constitucional en el artículo 311 superior, el
cual estable que a éstos le corresponde “prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes”. Por su parte, el
artículo 313-9 de la Constitución faculta a los concejos municipales para “dictar
las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio”.
32.
En conclusión, tal y como fue reconocido en la Sentencia C-224 de 2016 “los
preceptos constitucionales, las convenciones internacionales y la normatividad
nacional, le otorgan al patrimonio cultural de la Nación, una serie de medidas
para su salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación. En estos términos, el Estado tiene
el deber de prever gasto público social dirigido a incentivar y
estimular la cultura (sin importar si fue declarado como BIC o si se incluyó en
la LRPCI), siguiendo los procedimientos predeterminados legalmente y con
arreglo a la disponibilidad de recursos. Ahora bien, las entidades nacionales y
territoriales competentes deberían priorizar el gasto en BIC o en
manifestaciones de la LRPCI, por atender a unas condiciones especiales de
protección sujetas a un exhaustivo trámite administrativo para ser considerados
como tal”. Por lo cual, la Corte a continuación evaluará si el Congreso
tiene competencia para autorizar el gasto público que se destine a la
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y
divulgaciones de los bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación.
G.
COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA AUTORIZAR GASTO PÚBLICO
33.
Respecto de la competencia del Congreso de la República para autorizar
gasto público, debe recordarse que la Corte Constitucional ha desarrollado una
línea desde la sentencia C-490 de 1994, en la
cual la Corte declaró la libertad de configuración legislativa. Para efectos de
la exposición de la misma, la Sala sigue el recuento jurisprudencial recogido
en la sentencia C-224 de 2016, la cual indica que a partir de la mencionada
sentencia C-490 de 1994, la Corte consideró infundadas las objeciones
presidenciales presentadas al Proyecto de Ley No. 48/93 Cámara, 154/93 Senado,
“Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989,
orgánica del presupuesto”, sobre la base que, acorde con la Constitución,
no se requiere iniciativa gubernamental para todas las leyes que decreten gasto
público. Sin embargo, señaló la Corte que dichos gastos deben ser incorporados
a las respectivas partidas a la ley de apropiaciones para que sean efectivos.
34.
Posteriormente, es necesario hacer
referencia a la sentencia C-360 de 1996, en la cual, la Corte estudió la
constitucionalidad de una norma que disponía: “ARTICULO SEGUNDO: Para que
ésta (sic) fecha no pase desapercibida y dando cumplimiento a los
artículos 334. 341 inciso final 345 y 346 de la Constitución Nacional aprópiese
dentro presupuesto la suma de Once Mil Millones de Pesos ($11´000.000.000.oo)
para ejecutar las obras que a continuación se describen: (...)”. La Corte
concluyó que a pesar de existir un error de técnica legislativa, se trataba en
realidad de una autorización al Gobierno para apropiar los recursos, y no de
una orden. Señaló al respecto:
“El verbo rector de la disposición estudiada remite no a la
acción de decretar el gasto, sino a la de apropiar los recursos en el
presupuesto de gastos. En tales condiciones surge la duda sobre el significado
deóntico de la citada disposición. Si su objetivo se contrae a decretar un
gasto, resulta claro que la norma contiene una habilitación para que el
Gobierno lo pueda incluir en la ley de presupuesto. Sin embargo, si se trata de
ordenar la inclusión de la partida respectiva en el presupuesto de gastos, la
norma establecería un mandato u obligación en cabeza del Gobierno, que a la luz
de la Constitución Política sería inaceptable.”
35.
En el mismo sentido, la Sentencia C-290 de 2009 indicó que:
“La vocación de la ley que decreta un gasto es,
entonces, la de constituir un título jurídico para la eventual inclusión de las
respectivas partidas en el presupuesto general de la Nación y si el legislador
se limita a autorizar el gasto público a fin de que, con posterioridad, el
Gobierno pueda determinar si lo incluye o no en alguna de las futuras vigencias
fiscales, es claro que obra dentro del marco de competencias
constitucionalmente diseñado y que, por este aspecto, no existe contrariedad
entre la ley o el proyecto de ley objetado y la Constitución.
“Siempre que el Congreso de la República haya incluido
la autorización del gasto en una ley, el Gobierno tiene competencia para
incorporar las partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pero también
puede abstenerse de hacerlo, pues le asiste un margen de decisión que le
permite actuar en tal sentido y “de acuerdo con la disponibilidad de los
recursos y las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los principios y
objetivos generales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatuto
orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen
territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades
territoriales”.[33]
“La asignación presupuestal para la realización de
gastos autorizados por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le
corresponde al Gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar
al Gobierno a que incluya en el presupuesto alguna partida específica y, por
ello, cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con
carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presupuesto
las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley o el
proyecto de ley están afectadas por un vicio de inconstitucionalidad derivado
del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público
entre el legislador y el Gobierno.[34]”
36.
Ello sería reiterado en la sentencia C-373 de 2010, en la cual, se
reconoce la competencia del Gobierno de considerar la incorporación de las
partidas presupuestales y de hacerlo de acuerdo con los recursos disponibles y
con los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo.
37.
Ahora bien, en la sentencia C-755 de 2014, la Corte Constitucional,
analizó la orden que el legislador incluyó al Gobierno Nacional, de incorporar
anualmente, una partida en las leyes de apropiaciones para “contribuir al
fomento, promoción, difusión, protección conservación y financiación del
Carnaval de Riosucio”, concluyendo que ésta es constitucional, en la medida
en que autoriza al Gobierno para que éste de forma facultativa decida realizar
o no dichas apropiaciones.
38.
En este sentido, en la sentencia C-948
de 2014, la Corte evaluó la competencia del Congreso de la República para
autorizar gasto público, con ocasión de la habilitación que esta entidad
concedió al Gobierno para destinar las partidas necesarias para la
construcción de una carretera entre los municipios de Pueblo Rico y Jericó
(Antioquia). Este tribunal declaró la constitucionalidad de la norma
considerando que:
“En lo concerniente a la incorporación de
medidas que impliquen o puedan generar gastos del erario en leyes de honores,
la Corporación tiene plenamente definida una regla de decisión, según la cual
el Congreso de la República no puede incorporar en ellas apropiaciones o
partidas no previstas en las normas de presupuesto, pero sí puede autorizar gastos,
en el ejercicio de su potestad de configuración del derecho, pues, según lo ha
precisado esta Corporación, tales gastos podrán ser efectuados o no por el
Gobierno Nacional, quien determinará si define las partidas y apropiaciones
necesarias al momento de ejercer su iniciativa en materia de gasto público.”
39.
Así pues, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer
las siguientes sub-reglas relacionadas con la autorización de gasto público por
parte del legislador, las cuales también fueron identificadas en la sentencia
C-224 de 2016, en el siguiente sentido: “(i) cuando una ley le otorga la
facultad al Gobierno o lo autoriza para hacer las apropiaciones en su
presupuesto con un objetivo específico, se debe entender que el Congreso no le
está dando una orden, y por lo tanto no vulnera la regla constitucional de
iniciativa gubernamental en materia de gasto público. Ahora bien, (ii) teniendo
en cuenta que la ley que autoriza el gasto se constituye en título presupuestal
para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto del
ente territorial al cual esté dirigido la orden, es lógico pensar que dicho
título debe responder a un fin constitucional”.
40.
Sobre la base del recuento jurisprudencial, considera la Sala que el
Congreso de la República, en uso de sus facultades constitucionales, tiene la
competencia de autorizar, más no obligar al Gobierno Nacional o sus entidades
territoriales, la incorporación al presupuesto general de la Nación de las
apropiaciones o la asignación de partidas presupuestales. Ahora bien, si la
autorización en mención, se otorga para efectos de dar cumplimiento a la
protección y salvaguardia de una manifestación cultural con contenido religioso,
es procedente entonces analizar el ejercicio de tal competencia del Congreso,
bajo el parámetro del principio de Estado laico y del pluralismo religioso,
incorporados en la Constitución colombiana, con el fin de determinar si dicho
título presupuestal tiene un fin constitucional admisible.
H.
LOS PRINCIPIOS DE LAICIDAD Y
NEUTRALIDAD DEL ESTADO EN MATERIA RELIGIOSA
41.
A diferencia de la Constitución de 1886 que desde su preámbulo
estableció la unidad de la religión con el Estado, y la opción por la religión
católica como fundamento de la Nación, la Carta Política de 1991 optó por un
modelo de Estado laico, con respeto de todos los credos que al interior del
Estado Se prediquen, así como por aquellas personas que no predican credo
alguno. Ello impone una carga de neutralidad al Estado y sus autoridades,
derivada, principalmente, del artículo 19 constitucional que ha sido
ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional[35].
42.
Desde su jurisprudencia más temprana[36],
la Corte Constitucional analizó cual es el modelo en que el Estado colombiano
desarrolla sus relaciones con las confesiones religiosas, concluyendo que éste
no se circunscribía a aquellos confesionales con o sin tolerancia religiosa, ni
mucho menos a aquellos que son oficialmente ateos e intolerantes a toda
práctica religiosa, concluyendo que:
“[L]a Constitución de 1991 establece el carácter
pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo
religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta
excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad
religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas,
puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo,
tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto
implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una
separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en
efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única
forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia
igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.
Como es obvio, lo anterior no significa que el
Estado no pueda establecer relaciones de cooperación con diversas confesiones
religiosas -siempre y cuando se respete la igualdad entre las mismas-,
puesto que, como lo precisó el constituyente Juan Carlos Esguerra, la
posibilidad de celebrar convenios con la iglesia católica "no produce un
Estado confesional pues eso se ha eliminado del preámbulo", por lo cual
"ninguna confesión tendrá carácter de estatal"[37] (Negrillas
fuera del original).[38]
43.
Lo anterior, precisamente fue reconocido por la Ley Estatutaria 133 de
1994, al desarrollar el artículo 19 superior, al señalar que “Ninguna
Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el
Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de
los colombianos”[39].
Pero a renglón seguido en su artículo 3 señala que “El Estado reconoce
la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de
desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan el
reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones
Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley”. Así entonces, se
hace patente la separación entre iglesias y Estado[40], pero a la vez el
deber de tolerancia de todas las manifestaciones religiosas, concretada en el
deber de proteger el pluralismo entre las confesiones religiosas de los
colombianos, de donde surge, que no le es dable a autoridad estatal alguna
tomar medidas para desincentivar o desfavorecer a las personas o comunidades
que no compartan determinada práctica religiosa, sea o no mayoritaria, o
incluso a quienes son indiferentes ante las creencias en la dimensión
trascendente. En otros términos, el deber de neutralidad religiosa impide que
el Estado[41]:
(i) establezca una religión o iglesia oficial, (ii) se identifique formal y
explícitamente con una iglesia o religión, (iii) realice actos oficiales de
adhesión a una creencia, (iv) tome medidas o decisiones con una finalidad
exclusivamente religiosas y (v) adopte políticas cuyo impacto sea promover,
beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia.
44.
Por esto, siendo consecuente con lo dispuesto en
el artículo 2 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 que estableció que el Estado “mantendrá
relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones
religiosas existentes en la sociedad colombiana”, se ha permitido que el
Estado establezca relaciones de cooperación con diversas confesiones
religiosas, siempre que respete la igualdad entre éstas. Así ha señalado la
Corte que resulta admisible “(…) el tratamiento jurídico favorable a
iglesias y confesiones religiosas bajo la condición de ofrecer igualdad de
condiciones para acceder a dichos beneficios a todas las confesiones religiosas
e iglesias que cumplan con los requisitos de ley”[42].
45.
De otro lado, son abundantes los pronunciamientos[43] en los que la
jurisprudencia constitucional ha abordado el principio de laicidad,
sintetizados en el capítulo 8º de la sentencia C-224 de 2016, por lo que para
efectos de la presente decisión, únicamente se pondrán de presente los casos en
los cuales tal principio se enfrenta a elementos históricos y culturales.
46.
Así, debe señalarse que en la sentencia C-568 de
1993, se declararon exequibles varias normas que establecieron días festivos
coincidentes con festividades católicas. Ello pues el legislador laboral,
reconoció “una larga tradición cultural” que no rompía la igualdad entre
religiones, ni suponía la obligación de la totalidad de los ciudadanos
colombianos de participar en la profesión de la fe católica, puesto que el
objetivo de la ley era el de asegurar a los trabajadores el descanso necesario,
lo que por lo demás fue reiterado en las sentencias C-107 de 1991 y C-1261 de
2000.
47.
Posteriormente, en la Sentencia C-766 de 2010 la Corte
Constitucional analizó la objeción gubernamental, al proyecto de ley “Por
medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen
de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y
se dictan otras disposiciones”[44].
Dicho proyecto fue declarado inexequible por vulnerar el artículo 19 superior,
al considerar que nombrar como santuario católico a un municipio,
estaba “desarrollando una labor que tiene íntima relación con la iglesia católica”,
una de cuyas consecuencias era la de asignar tareas a autoridades públicas,
como la “promoción a la iglesia católica”.
En dicha sentencia, la Corte argumentó que en las
leyes de homenaje, conmemoraciones o reconocimientos, es posible que
ocasionalmente confluya el elemento cultural, histórico o social con el
componente religioso. Sin embargo, la Corte Constitucional puntualizó que en
aquellos casos en los que confluya el elemento religioso, éste “deberá ser
meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación”, porque el
carácter principal y la causa protagonista ha de ser de naturaleza secular. La
Corte insistió en que el carácter laico del Estado se concreta en el principio
de neutralidad en asuntos religiosos, el cual supone que no existan actividades
de patrocinio o promoción estatal de alguna religión[45]. Así pues,
indicó la Corte, “no puede ser el papel del Estado promocionar, patrocinar,
impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de
cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio”,
estableciendo en todo caso que:
“el análisis constitucional no conduce a entender que la
neutralidad estatal implica un total aislacionismo de la religión respecto de
los intereses del Estado. Empero, las actividades que desarrolle el estado en
relación con la religión deben tener como único fin el establecer los elementos
jurídicos y fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto
de las personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las
funciones públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones
religiosas, siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de
su ideología, su promoción y difusión. Contrario sensu, no puede ser el papel
del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier
actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se
practique en su territorio.”[46]
(Subrayado fuera de texto original)
Finalmente, la Corte desestimó que en dicho
proyecto el elemento secular –en ese caso la cultura- fuera predominante. Por
el contrario, constató que la dimensión religiosa y su promoción tenían
carácter prevalente, ante lo cual concluyó que “no resulta[ba] razonable la promoción y protección del
patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con
símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa”, como en
tal caso ocurría con la denominación de “ciudad santuario” para un
municipio, lo que no cumplía con el requisito de comprobar que “en
dicha declaratoria prima el carácter cultural y que, por consiguiente,
el elemento religioso es meramente accidental o accesorio a la
declaratoria”.
48.
Así entonces, en la sentencia C-766 de 2010 la
Corte estableció la siguiente sub-regla:
“(…) el Estado podría promocionar, promover, respaldar o
tener acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de
manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e
incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad
de personas dentro del territorio  colombiano. Elemento cultural que  deberá
ser el protagonista de dicha manifestación. Son ejemplo de este tipo
expresiones culturales las festividades populares en las que se exalta un santo
o un acontecimiento religioso –Fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó o las
Fiestas de San Pedro en el Huila-, pero que, sin lugar a dudas, involucran
como elemento fundacional y principal una manifestación de la cultura de dicha
población.” (Subrayas fuera del texto original)
49.
Reiterando lo anterior, en la sentencia C-817 de 2011 la Corte declaró
inexequible la Ley 1402 de 2010, “Por la cual la Nación se asocia a la
celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento
nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”.
Además de la asociación del Gobierno Nacional y del Congreso con ese
aniversario (artículo 1º) y la rendición de honores a la diócesis (artículo
2º), la ley autorizaba al Gobierno Nacional para incluir dentro del Presupuesto
General de la Nación una partida para “la remodelación, reparación y
conservación de la Catedral de El Espinal” (artículo 4º).
La sentencia, aseveró que en la Ley 1402 de 2010
no se pudo verificar un criterio secular constitucionalmente admisible, y
además puso de presente que “asimilar un culto específico al concepto
‘cultural’ plantea serias dificultades y graves riesgos”, en especial si se
tienen en cuenta vectores históricos de discriminación y exclusión de las
minorías que no han profesado la religión católica. De manera que “vincular
a la religión católica a una tradición constitucionalmente protegida, en razón
de sus vínculos culturales, significaría excluir a dichas minorías de la
protección estatal”. Por lo demás, la Corte reiteró que el Estado puede “válidamente
apoyar expresiones insertas en la práctica religiosa, a condición que las
mismas ofrezcan un contenido secular principal y verificable, esto es, no
marginal”.
En el estudio específico de la norma demandada,
la Corte procedió a la revisión de los antecedentes legislativos, lo que le
permitió desentrañar que los propósitos de la ley eran predominantemente
religiosos, encaminados a exaltar la conmemoración de una organización
institucional que la iglesia católica prescribe para sus fieles. Propósito
primordial que carecía de contenido secular y, conforme con la jurisprudencia,
desconocía el carácter laico del Estado colombiano. Adicionalmente, la Corte
desestimó el valor “cultural” de la diócesis de El Espinal, que
se basaba en el hecho de que la religión católica era practicada
mayoritariamente por la población de esa localidad.
50.
En esta síntesis de la jurisprudencia relevante, resulta pertinente
hacer mención de la Sentencia T-139 de 2014 proferida por la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, la cual analizó si la
Gobernación de Santander vulneró los derechos fundamentales a la igualad y a la
libertad religiosa, al contratar la ejecución de una obra alegórica a un ser
superior dentro del proyecto turístico “Ecoparque Cerro del Santísimo”.
La Corte reiterando la jurisprudencia sobre el sentido
y el alcance del principio de laicidad, concluyó que en el caso bajo revisión
no se vulneraron esos derechos, en la medida en que el proyecto estaba dirigido
“exclusivamente a fomentar el turismo en el Departamento a través de la
creación de un Ecoparque”, el cual tendría como centro de atracción una
figura artística en grandes dimensiones de un ser superior, sin que la misma se
estuviere adscrita a una religión en particular. En palabras de la Corte tal
proyecto:
“(i)
No está representando a una religión específica ni mucho menos se persigue
establecer una religión oficial en la región estableciendo una religión
oficial del Estado colombiano.
“(ii)
No es una invitación a la realización de actos o ritos oficiales de una
religión en particular.
“(iii)
No tiene una finalidad religiosa. Por el contrario, como se evidenció en
el contrato, lo que se busca con el proyecto es la promoción del turismo en el
Departamento y de la cultura de sus habitantes.
“(iv)
Finalmente, no se trata de políticas ni planes de desarrollo cuyo fin
primordial sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión específica.
Si bien se trata de una figura alegórica a un ser superior, se deja al arbitrio
del observador su interpretación, sin que la misma represente a una deidad en
particular.” (Subrayado fuera de texto original)
51.
Por su parte, en la sentencia C-948 de 2014 este Tribunal resolvió una
demanda interpuesta contra la Ley 1710 de 2014, “Por la cual se rinde
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”[47].  En dicha sentencia, la
Corte recogió, y reiteró las sub-reglas desarrolladas ampliamente en su
jurisprudencia y con fundamento en ellas avaló la generalidad de la Ley 1710 de
2014, por considerar que no se desconocían los principios de laicidad
estatal, neutralidad religiosa, pluralismo y libertad de cultos.
En dicho pronunciamiento, la Corte reconoció que
los criterios de interpretación literal, histórico y de contexto de la
mencionada Ley aportaban información suficiente para afirmar que la ley de
honores pretendía exaltar valores religiosos y católicos de una persona.
También aceptó que el componente religioso de la ley no era accidental, al
punto que “las referencias a su trabajo como evangelizadora, misionera,
mística, beata y santa de la confesión católica romana no deja[ba]n duda alguna al respecto”. Sin
embargo, la Corte encontró que al margen de la motivación religiosa se
encontraba también una de otro orden, la cual estaba encaminada a exaltar su
labor como misionera, el diálogo y acercamiento intercultural que propició en
un momento histórico complejo, al igual que la defensa y apoyo a los más
necesitados de Colombia.
Teniendo en cuenta ese otro propósito, no menos
importante que la exaltación de sus valores religiosos, la Corte concluyó que
la Ley demandada superaba el estándar fijado por la jurisprudencia
constitucional acerca de la laicidad del Estado y su neutralidad religiosa, en
los siguientes términos:
“44.
Así las cosas, la Sala observa que la Ley 1710 de 2014 supera el estándar de
evaluación de las leyes de honores de contenido religioso que ha definido este
Tribunal, en tanto posee al menos dos propósitos plenamente relevantes y
cruciales en la definición de la cuestión religiosa, y más específicamente de
la relación entre los principios de estado laico, pluralismo y libertad de
cultos. (…) 47.2. El artículo 1º de la Ley 1710 de 2014 supera el
estándar de constitucionalidad sentado por la Corte. Si bien se trata de una
norma que abiertamente manifiesta su motivación religiosa, en tanto indica que
la ley surge “con motivo de su santificación”, posteriormente destaca que se
pretende hacer también un homenaje por su trabajo social, en “defensa y apoyo
de los más necesitados, respetando así el parámetro de control ya descrito”.
Sin embargo, la Corte declaró la inexequibilidad
de algunas normas y expresiones, al constatar que en ellas primaba el sentido
religioso por encima del secular. Por ejemplo, declaró inexequible el artículo
3º, que autorizaba al Presidente de la República a consagrar a Laura Montoya
Upegui como “patrona” del Magisterio, lo cual era abiertamente
inconstitucional:
“El
concepto de patrona es un calificativo con clara connotación religiosa, y la
designación de un personaje de un credo específico y determinado como patrona
de todos los educadores supone la adhesión simbólica del Estado a esta religión
en la prestación de un servicio público esencial que, además, afecta la
libertad de cátedra, la autonomía de las instituciones educativas, y la
formación pluralista para los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia,
este artículo será declarado inexequible”.
De otro lado, al analizar la constitucionalidad
del artículo 6º, la Corte la encontró inexequible, al observar que si bien en
el contexto general de la ley la exaltación allí prevista era válida
(construcción de una escultura en su honor en el municipio de Dabeiba), las
palabras incluidas en el artículo “como la cuna moderna de la evangelización
para los indígenas de América y el mundo católico”- resultaban “inaceptables
en una ley de una República multicultural, pluralista y respetuosa de los
derechos de los pueblos originarios y los demás colectivos que reclaman una
identidad cultural y étnica diversa”.
52.
Recientemente, al declarar inexequible  el artículo 8º de la Ley 1645 de
2013 “Por la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, Departamento Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones” la Corte Constitucional, reiterando el recuento
jurisprudencial anterior, estableció las siguientes sub-reglas, con base a las
cuales debe realizarse el análisis de constitucionalidad de normas que
relacionen el Estado, específicamente erogaciones patrimoniales, con
expresiones artísticas y culturales que revistan carácter religioso:
“a)
La medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones.
“(b)
En segundo término, el aparato estatal no debe incurrir en alguna de las
prohibiciones siguientes, identificadas en la sentencia C-152 de 2003. Existe
así una clara separación entre el Estado y las iglesias o confesiones
clericales, lo que se traduce en el respeto de todas ellas en condiciones de
igualdad y un deber de neutralidad en materia religiosa. En consecuencia, las
autoridades públicas no pueden: (i) establecer una religión o iglesia como
oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión;
(iii) realizar actos de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia,
religión o iglesia; (iv) tomar decisiones que tengan una finalidad religiosa; (v)
adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial sea promover,
beneficiar o afectar a una religión en particular; (iv) aprobar medidas de
connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es decir, que se
adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o iglesia[48]. […] Con todo, es
posible que en una ley converja una dimensión religiosa con el reconocimiento o
exaltación de elementos culturales, históricos o sociales; por ejemplo, en
aquellas que pretenden rendir homenajes a ciudadanos, celebrar aniversarios de
municipios o hacer conmemoraciones institucionales. Sin embargo, en tales
eventos, para evitar que los principios de laicidad y neutralidad del Estado se
vulneren, la jurisprudencia ha sido categórica en exigir que el fundamento
religioso sea ‘meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación’.
En otras palabras, el fin principal de este tipo de regulaciones en ningún caso
ha de ser la exaltación religiosa, es decir, ‘no puede ser papel del Estado
promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de
incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su
territorio”. Es por ello por lo que “no resulta razonable la promoción y
protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo
constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente
con alguna confesión religiosa’[49]”.
[…] Aun cuando el Estado puede apoyar expresiones culturales insertas en
una práctica confesional, ello solo es legítimo ‘a condición que las mismas
ofrezcan un contenido secular principal y verificable, esto es, no marginal’[50].”
53.
Así, en conclusión, al momento de analizar medidas
legislativas que involucren una relación entre el Estado e instituciones
religiosas, la Corte Constitucional deberá analizar si en ellas se encuentra un
criterio predominantemente secular que la justifique, pues como ha señalado la
jurisprudencia “si bien es cierto que el Legislador está legitimado para
adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones culturales, aún
si tienen alguna connotación religiosa, también lo es que el fundamento
cultural debe ser el protagonista, y no a la inversa, porque en tal caso se
afectarían los principios de laicidad y neutralidad religiosa, pilares
esenciales de un Estado social de derecho que pregona el pluralismo y el
respeto por la igualdad de todas las confesiones”[51]. Lo que además se sintetiza
en los siguientes criterios de nuestra jurisprudencia:
“[L]a
neutralidad que impone la laicidad frente a los cultos religiosos no prohíbe
que ciertos lugares (por ejemplo de culto), ciertas obras artísticas (pinturas,
esculturas) y arquitectónicas (templos, monasterios), o incluso ciertas
manifestaciones religiosas sean protegidas por el Estado en razón de su
proyección como patrimonio cultural. Sin embargo, al estar en tensión el
principio constitucional de laicidad y neutralidad religiosa con el deber
–también constitucional- de protección al patrimonio cultural, es preciso
evaluar y ponderar varios aspectos:
(i) La existencia de elementos de juicio objetivos y
razonables que demuestren que en verdad se está en presencia de un elemento
propio del patrimonio cultural de la Nación, esto es, más allá de meras referencias
a manifestaciones que perduran en el tiempo o con alguna significación para un
sector de la sociedad.
(ii) La noción de cultura o patrimonio cultural no
está asociada a un criterio de mayoría, lo que de suyo anularía la existencia
de culturas de comunidades poblacionalmente minoritarias, cuyos aportes pueden
resultar aún más significativos y afrontar riesgos más graves de extinción. En
consecuencia, cuando la decisión mayoritaria pueda afectar los derechos de las
minorías, en este caso religiosas, el nivel de control constitucional para
avalar su existencia debe ser más riguroso.
(iii) Las medidas de protección de manifestaciones
culturales deben ser cuidadosas de no comprometer al Estado en la defensa y
promoción de un culto en particular, que le haga perder su neutralidad. En
otras palabras, las medidas adoptadas por el Legislador no pueden generar un
privilegio a favor de un culto determinado, de manera que “la
constitucionalidad de las políticas estatales que beneficien a la religión
serán juzgadas en función de la neutralidad de sus propósitos y de sus efectos.”[52]
54.
Estos criterios, permiten dar una respuesta plausible para
armonizar una preocupación que se remonta a la existencia misma del Estado
moderno, en el que “todo el poder del gobierno está sólo relacionado
a los intereses civiles de los hombres”[53] y “los dogmas de
[la] religión no le interesan al Estado”[54], y que considera,
hasta el día de hoy, que “(…)la ‘separación entre la Iglesia y el
Estado’ es una buena idea, […] lo es porque apoya el respeto igual para todos e
impide que el ámbito público establezca una doctrina religiosa que denigre o
margine a determinado grupo de ciudadanos”[55].
Por lo demás, estos criterios también guardan identidad con la jurisprudencia comparada
de Estados donde la Constitución reconoce la separación entre iglesias y
Estado, a modo de ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1947, señaló
que “ningún impuesto en ningún porcentaje puede destinarse a la financiación
de actividades o instituciones religiosas”[56]. De
otro lado, en la decisión que dio lugar al conocido “Lemon test”[57] sostuvo que
para aceptar la constitucionalidad de la intervención pública en asuntos
religiosos es necesario acreditar tres requisitos: (i) la ley debe tener un
propósito secular, (ii) su efecto primario no debe ser el de inhibir o
promocionar alguna religión, y (iii) su aplicación no debe proporcionar un
enmarañamiento –excessive entanglement- entre el Estado y la religión[58].
55.
En síntesis, en consideración a los precedentes
de la Corte Constitucional, Colombia es un Estado laico, lo cual le impide
imponer medidas legislativas u otras reglas del ordenamiento jurídico, que
prevean tratamientos más favorables o perjudiciales a un credo particular,
basadas en el hecho exclusivo de la práctica o rechazo a ese culto religioso.
Por ende, la constitucionalidad de las medidas legislativas que involucre un
trato específico para una institución religiosa, dependerá de que en ella se
pueda identificar un criterio predominantemente secular, que la sustente o
justifique.
I.
SOLUCIÓN AL CARGO PROPUESTO
56.
La Ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la
semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones",
establece en su título la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la
Nación las celebraciones de la Semana Santa en Tunja. Ella consta de siete
artículos sustantivos y uno sobre su vigencia. Los cargos de
inconstitucionalidad de la presente demanda, específicamente, se dirigen en
contra de los artículos sexto y séptimo, que autorizan al Gobierno Nacional
para incorporar al presupuesto general de la Nación las apropiaciones requeridas,
y a las autoridades territoriales a asignar partidas de sus presupuestos,
respectivamente, con el fin de que contribuyan a la promoción, difusión y conservación,
entre otras, de las celebraciones de la Semana Santa en Tunja.
57.
En opinión del demandante, dichas normas son
inconstitucionales, puesto que representan una vinculación del Estado con
ceremonias específicas de la religión católica, puesto que, autoriza al
Gobierno Nacional para incorporar al presupuesto nacional partidas que
contribuyan al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación
y protección de las celebraciones de Semana Santa en Tunja. Así mismo, estos
cargos se formulan en contra del artículo 7º transcrito, lo que en
consideración del demandante vulnera la autonomía territorial, en la medida en
que le impone al municipio de Tunja y al departamento de Boyacá la obligación
de coadyuvar con sus recursos al objetivo de fomentar, promocionar, difundir,
conservar, proteger y desarrollar el patrimonio cultural inmaterial declarado.
58.
De lo anterior se colige que el accionante
únicamente reprocha la autorización al Gobierno Nacional, al Municipio de Tunja
y a la Gobernación de Boyacá para destinar partidas presupuestales, para fomentar
actividades que, en su concepto, promueven un rito específico y exclusivo de la
religión católica. En modo alguno el ciudadano dirige reproche constitucional
contra la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de dichas
expresiones llevadas a cabo en Tunja (según se dispone en el art. 1º de la Ley
1767 de 2015).
59.
Así entonces, tratándose de una autorización para
destinar recursos del patrimonio público, tanto en el nivel nacional como
territorial, con el fin de salvaguardar y/o proteger expresiones culturales y
artísticas ligadas a un componente religioso, como lo son las celebraciones de
la Semana Santa en Tunja, es necesario que la Corte determine si al pasar por
el tamiz de los principios de Estado laico, pluralismo religioso y autonomía de
las entidades territoriales, la autorización otorgada al Gobierno Nacional y a
las entidades territoriales por el Congreso, resulta constitucionalmente
válida.
60.
Al respecto, debe observarse
estrictamente el precedente fijado en la sentencia C-224 de 2016, que demanda
tener en cuenta que “(i) si bien se acepta que una manifestación
religiosa pueda ser incluida en la LRPCI, la entidad competente debe verificar
el cumplimiento de los criterios que las disposiciones pertinentes establecen
para ello, siguiendo los estrictos procedimientos establecidos en la
legislación correspondiente y apoyándose en un criterio secular para ello so
pena de desconocer el principio de neutralidad del Estado laico colombiano;
(ii) si el Congreso de la República pretende autorizar a un ente
territorial para que destine recursos de su presupuesto con el fin de promover
una manifestación cultural con contenido religioso, el juicio de
constitucionalidad es más estricto, pues al no estar reglado dicho trámite,
la motivación de la norma debe fundarse en un fin secular, de tal manera que la
protección a la religión específica sea accesoria a un objetivo laico
primordial”. (Subrayado fuera de texto original)
61.
Teniendo en cuenta lo anterior, como se sigue del recuento
jurisprudencial realizado en la presente sentencia, la Corte Constitucional ha
considerado que prima facie es posible que el Estado exalte
manifestaciones sociales que tengan un referente religioso, pero que para que
ello resulte constitucionalmente admisible es imperante que la normatividad o
medida correspondiente tenga en adición a los motivos esbozados por el
legislador, unos efectos seculares, que cumplan con dos características: (i)
deben ser suficientemente identificables; y (ii) deben tener carácter
principal, y no solo simplemente accesorio o accidental.
Con el propósito de identificar en cada caso concreto, si se
está en presencia o no de efectos seculares, la Corte debe analizar la
disposición que se demanda desde una perspectiva integral, y no exclusivamente
regida por el análisis del texto o motivación parlamentaria. Para tal efecto,
le corresponde a la Corte observar y buscar la caracterización de la norma en
el contexto en el que se desarrolla, entender su finalidad y motivaciones, para
lo cual, podrá acudir al decreto y práctica de pruebas que le ayuden a determinar
si existe el factor secular preponderante reflejado en efectos identificables y
con carácter principal tales como, cultura, historia, turismo y efectos
económicos.
62.
De esta forma, en una primera aproximación al contenido de la Semana
Santa en Tunja, resulta innegable que las celebraciones que se desarrollan
durante dicha semana tienen un contenido religioso; basta recordar la
intervención realizada por la Alcaldía de Tunja, en la que manifiesta que en
estas festividades se conmemoran eventos como el domingo de ramos, en el que “Jesús
fue recibido entre vítores por el pueblo de Jerusalén”[59], o que
durante estos días se acostumbra el ayuno como “un gesto penitencial, para
unirse a los sufrimientos de Jesús”[60].
Así, puede afirmarse, prima facie que las celebraciones que se adelantan
en el municipio de Tunja como parte de la Semana Santa, tienen una relación
directa con el acto solemne central de la vida de los creyentes católicos, como
lo es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
63.
No obstante lo anterior, siendo consecuente con el
precedente fijado en la sentencia C-224 de 2016, es menester que la Corte parta
por revisar los antecedentes legislativos, con el fin de constatar si el
elemento religioso es protagónico en la inspiración y trámite de la ley, o si
bien fueron los factores seculares los mayores motivadores del legislador a la
hora de aprobar dichas disposiciones. Como se mencionó anteriormente, el
análisis que aquí se hace es apenas un criterio accesorio a los de arraigo,
historia y de contexto que debe realizar la Corte para identificar el factor
secular. En efecto, en modo alguno la exposición de motivos puede erigirse como
un criterio suficiente para desentrañar tal factor. Por lo demás, debe
señalarse que existe una larga discusión en la doctrina en torno al valor que
deben tener las “intenciones del legislador”[61]
a la hora de analizar la constitucionalidad de una ley.
64.
Así, la exposición de motivos, luego de realizar un
recuento normativo referente a la competencia del Congreso y los fundamentos
constitucionales y legales para aprobar normas relativas a la declaratoria de
patrimonio cultural inmaterial de la Nación, parte de realizar un relato
histórico de los orígenes de las celebraciones de la Semana Santa en Tunja,
citando los textos de “Historia de Tunja”, Volumen I, del autor Don
Ramón C. Correa, así como la “Historiografía de la Semana Santa de Tunja”
del autor Henry Neiza Rodríguez. Finalmente, el acápite denominado “justificación
del proyecto” que materializa las razones del legislador, resultan
pertinentes para el análisis de constitucionalidad propuesto en la presente
decisión:
“El presente proyecto de ley tiene como objetivo
declarar como Patrimonio Cultural de la Nación la CELEBRACIÓN DE LA SEMANA
SANTA EN LA CIUDAD DE TUNJA que desde hace 473 años se viene desarrollando y
posee una serie de tradiciones que revelan algunos aspectos de la religiosidad
popular y ciertos elementos del folclor de la región, los cuales se han
transmitido de generación en generación hasta nuestros días.
“Es así como declara como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la nación la CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN LA CIUDAD DE
TUNJA, la cual ha venido promoviendo la cultura, espiritualidad, solemnidad y
religiosidad de la ciudadanía boyacense y de los turistas que se desplazan
desde diferentes partes del país para participar de la celebración.
“En reconocimiento a esta gran celebración, el Concejo
Municipal de la ciudad de Tunja mediante Acuerdo Municipal número 0027 de 2005
declaró como Patrimonio de Interés Cultural del municipio así como la Honorable
Asamblea Departamental de Boyacá la declaró como bien de interés cultural a
través de la Ordenanza número 015 de 2013, las ceremonias y procesiones de la
celebración de la Semana Santa, reconociéndola como máxima expresión
Cultural-Religiosa de la capital de Boyacá, su especificidad de la cultura
boyacense y los colombianos en general.
“Igualmente hay que destacar que algunos actos propios
de esta festividad de la ciudad de Tunja fueron replicados por otras regiones
del país.”
65.
Y aunque aquí se evidencia de nuevo un elemento religioso, no puede
perderse de vista que aparecen elementos seculares, tales como “el folclor
de la región” y la afluencia de turistas. Pero el elemento secular se hace
palmario, y se constituye en parte central del proyecto cuando en la exposición
de motivos se pasa a analizar los criterios que el artículo 9º del Decreto 2941
de 2009, exige para la inclusión de una manifestación cultural en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Nacional –LRPCI, precisamente para demostrar este aserto, se
presentará la exposición de motivos de la Ley 1767 de 2015 comparada con la de
la Ley 1645 de 2013, cuyo artículo 8º, -similar al demandado en esta sentencia
pero relativo a la Semana Santa en Pamplona-, fue declarada inexequible por
vulnerar el principio de neutralidad religiosa:
Exposición de Motivos Ley 1645 de
2013
Exposición de Motivos Ley 1767 de
2015
“El presente proyecto de ley tiene como
objetivo fundamental que la Semana Santa del municipio de Pamplona, Norte de
Santander o como se denomina en el ámbito nacional Semana Mayor, sea incluida
en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito
nacional y que los bienes muebles que hagan parte de la respectiva
manifestación religiosa tengan el carácter de bienes de interés cultural del
ámbito nacional, con su correspondiente plan especial de protección.
“Al incluirse en la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional la Semana Santa del
municipio de Pamplona, se asegura su fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad
y promoción.
“De igual forma con la declaratoria de interés
cultural de carácter nacional de las imágenes (bienes muebles) que hacen
parte de la celebración de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona
Norte de Santander, se les otorga un régimen especial de protección,
incluyendo medidas para su inventario, conservación y restauración, etc.
“En conclusión, de todo lo expuesto en esta
parte motiva con respecto a la celebración de la Semana Santa en Pamplona,
que data desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, dan suficiente peso y
respaldo para que la Semana Mayor de la ciudad de Pamplona Norte de Santander
sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de Carácter Nacional, lo cual,
traería sumos beneficios para fortalecer la fe católica, así como se
mostraría a Colombia y al mundo la riqueza religiosa que existe en la
ciudad de Pamplona. Además, atraería muchas personas piadosas a
participar de los imponentes actos religiosos y también a aquellas personas
interesadas en conocer y apreciar joyas de carácter histórico-cultural,
promoviéndose así el turismo en esta región de Colombia.
“Son casi cinco (5) siglos de historia de
aludida Semana Santa, que hoy, por nuestro ambiente sociocultural queremos
fortalecer como un espacio maravilloso de fomento de la cultura religiosa
de nuestro país y de nuestra región.
“Con base en lo anterior, en cumplimiento del
honroso deber que me impone mi calidad de Norte Santandereano, considero
ineludible acudir al buen criterio de mis colegas para que se le dé
aprobación a este proyecto de ley.”[62]
(Negrillas y subrayado fuera del texto original)
“Pertinente: Pues es un evento religioso
tradicional de carácter colectivo, que involucra la participación de la
comunidad en diferentes actos culturales, artísticos, musicales, entre otros,
que se dan lugar no solo en las iglesias de la ciudad, sino en diferentes
espacios culturales.
“Representativa: La conmemoración de la
Semana Santa en Tunja agrupa el sentir religioso de la capital de los
boyacenses, que desde su fundación hispánica la han celebrado con fervor;
es así que la Semana Mayor representa toda una organización de fama nacional
alrededor de las procesiones.
“Relevante: Es el evento con más trascendencia
del Municipio, y uno de los más importantes del departamento de Boyacá, pues
no solo atrae a turistas en busca de reflexión y esparcimiento, sino también
a historiadores y artistas, que se dan cita para participar de los diferentes
eventos durante la semana. Es de resaltar la importancia que
significa la semana para el comercio en la capital, pues la afluencia de
turistas incentiva el comercio.
“Naturaleza e identidad colectiva: Como se
anotó en líneas anteriores (antecedentes), las ceremonias de Semana Santa son
organizadas por la Sociedad de Nazarenos, que generación tras generación
inculcan estos principios para así lograr una tradición que se remonta al
siglo XVI. Es por ello que en Tunja la celebración de la Semana Santa se ha
venido arraigando desde hace más de 400 años.
“Vigencia: La Semana Santa en la ciudad de
Tunja toma fuerza a medida que pasan los años; este reconocimiento se lo han
venido dando diferentes instancias que exaltan esta celebración como la más
solemne en el municipio.
“Equidad: Pues el uso, goce y disfrute de estas
festividades involucran a toda la comunidad, sin importar su creencia
religiosa, y es así que se disponen espacios de participación cultural desde
la música, el arte, la historia, etc., que se articulan con las
diferentes actividades sacras durante la semana.
“Responsabilidad: Ya que esta manifestación
responde a los principios del respeto a las tradiciones religiosas, a la
integración familiar como fuente de valores sociales y, sobre todo, a
la salvaguarda de la historia y tradiciones propias de la comunidad.[63]”
(Negrillas y subrayado fuera de texto original)
66.
De la exposición de motivos se hace evidente que: (i) las celebraciones
de la Semana Santa en Tunja hacen parte de la historia del municipio, y que
éstas gozan de una amplia participación del colectivo social; (ii) a diferencia
de la exposición de motivos de la Ley 1645 de 2013 el objetivo de la Ley 1767
de 2015, no fue el fortalecer la fe católica y atraer personas piadosas a
participar de los imponentes actos religiosos, sino reconocer, proteger
y salvaguardar diversos elementos culturales, artísticos y usos sociales que se
han desarrollado alrededor de las celebraciones de Semana Santa en Tunja; y
(iii) el legislador tuvo en cuenta la promoción del turismo, independientemente
de que éste sea con fines piadosos.
67.
Teniendo en cuenta que lo anterior es
un criterio necesario pero no suficiente, procederá la Corte a analizar el
factor secular preponderante y los efectos del mismo, ya que si bien se
evidencia un componente en esencia religioso, podrían presentarse ciertos elementos
que superan la importancia y trascienden dicho carácter religioso. De esta
forma, con el fin de precisar un criterio objetivo para determinar a qué se le
puede calificar como manifestación cultural, y sin ánimo de confrontar el
artículo acusado con la legislación que regula el tema, considera la Sala
pertinente referirse al procedimiento concreto y estricto que se ha regulado
con el fin de determinar cuáles bienes culturales deben ser declarados como
Bienes de Interés Cultural -BIC-; y para determinar cuáles manifestaciones
culturales deben ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial –LRPCI.
68.
Como se indicó anteriormente, los BIC
se encuentran regulados en la Ley
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en el Decreto 763 de 2009 y en
la Resolución 0983 de 2010 expedida por el Ministerio de Cultura. Los criterios
de valoración que se deben tener en cuenta al momento de declarar un BIC están:
la antigüedad, la autoría, la autenticidad, la constitución del bien, la forma,
el estado de conservación, el contexto ambiental, el contexto urbano, el contexto
físico, la representatividad y la contextualización sociocultural.
Por su
parte, las manifestaciones culturales que deben ser incluidas en la LRPCI, se
encuentran reguladas en la Ley
397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto 2941 de 2009 y la
Resolución 330 de 2010. Si bien el artículo 8º del Decreto 2941 de 2009 dispone
que la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se puede integrar
con manifestaciones que correspondan a eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo, es decir, acontecimientos sociales y ceremoniales
periódicos con fines religiosos; esta sola condición no es suficiente para su
inclusión en la mencionada lista, para ello, se deben tener en cuenta los
siguientes criterios de evaluación: su pertinencia, su representatividad, su
relevancia, su naturaleza e identidad colectiva, su vigencia, su equidad y su
responsabilidad. Estos criterios fueron abordados por el legislador, como se
hace evidente en la exposición de motivos transcrita, pero además de ello dan
cuenta, no sólo los estudios históricos citados en la exposición de motivos,
sino también los conceptos de la Universidad de la Sabana y del Ministerio de
Cultura, que también recogen investigaciones históricas y sociológicas.
69.
Por lo demás, es importante resaltar que una vez valoradas las pruebas
recaudadas durante el proceso de constitucionalidad, el componente religioso de
estas celebraciones empieza a perder su preponderancia, evidenciando que,
efectivamente estas celebraciones están revestidas de un amplio arraigo, y que,
a pesar del componente religioso incorporan otro tipo de efectos seculares,
tales como, manifestaciones artísticas y culturales que involucran a la
comunidad más allá de sus creencias sobre lo trascendente. En este sentido, la
Alcaldía Mayor de Tunja manifestó que dentro del plan de desarrollo anual
existe una meta que es “el desarrollo de una agenda cultural, a la cual se le
asignan recursos para el desarrollo de los diferentes eventos culturales, al
considerar que la Semana Santa se ha institucionalizada (sic) como parte de las
manifestaciones propias locales”. Se evidencia en el escrito también que la
Secretaría de Cultura y Turismo –Alcaldía Mayor de Tunja aprovecha la época de
Semana Santa, en la que afirman se recibe una gran afluencia de público
visitante en la ciudad de Tunja, para alternar eventos religiosos con una
variada programación cultural. En este sentido, resalta la Alcaldía que “la
cultura alrededor de la festividad religiosa se convierte en una estrategia que
rescata, fortalece, y divulga la cultura del Municipio de Tunja a partir de
diferentes modalidades culturales, en donde se efectúan intercambios culturales
con los visitantes y moradores de la región, es una estrategia de recuperación,
difusión y afianzamiento de nuestros valores culturales”.
70.
En efecto, en la relación que envió la Alcaldía Mayor de Tunja –
Secretaría de Cultura y Turismo, discriminando las partidas presupuestales que
ha venido ejecutando la Alcaldía de Tunja, durante las vigencias 2012 a 2016,
en relación con las actividades culturales que se desarrollan en la época de la
Semana Santa en Tunja, se encuentran elementos tan variados como los
siguientes:
·
Seminarios académicos que analizan desde una perspectiva
histórica la Semana Santa en Tunja[64].
·
Festival música contemporánea en Tunja, con participación de la
Corporación Filarmónica, con el fin de fortalecer el sector cultural del
municipio[65].
·
Preparación de obras de teatro, que incorporan a miembros de las
comunidades populares de la comunidad de Tunja[66].
·
Presentación de artistas (música, teatro, ópera y artes
plásticas) en el evento marco de la noche de los museos[67].
·
Difusión de las expresiones artísticas y culturas en la ciudad de
Tunja, con Caracol S.A.[68].
·
Fortalecimiento de Fundaciones encargadas de desarrollar artes
plásticas, con el fin de visualizar aristas de la ciudad de Tunja[69].
·
Presentación de películas de “cine al aire”[70].
Es
importante resaltar que, dichas partidas presupuestales fueron ejecutadas por
diversos agentes, independientes, laicos y no adscritos a la religión Católica,
Apostólica y Romana, tales como, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura
y las Artes de Boyacá, Fundación Tierra de Libertad, Corporación Filarmónica
–Orquesta La Filarmónica, Universal de Expresos S.A., Fundación Cultural Teatro
Popular de Tunja, Caracol S.A., Corporación Palos y Cuerdas, Fundación Cultural
Arte y Vida, entre otros, quienes darán cuentas a entes de control y
financiadores.
71.
A esta diversidad de eventos, debe sumarse a la
lista de efectos seculares identificados en la etapa probatoria, el hecho de
que las autoridades locales, en las pruebas decretadas, han resaltado que estas
celebraciones llevadas a cabo desde el Siglo XVI, “se constituyen como parte
integral del sentido colectivo de dicha sociedad”, lo que ha llevado a “arraigos
colectivos, simbólicos y culturales, que se reproducen en el compartir social”
constituyéndose en “testimonio de un pasado que permite ser fuente primaria
de análisis histórico-social, científico, técnico y artístico, permitiendo
interpretar tiempos sociales, épocas, procesos sociales, prácticas políticas,
económicas, culturales, grupos sociales, personajes, entre otros elementos”[71],
haciendo así patente, por un lado, un arraigo cultural en la comunidad tunjana,
y por el otro una vinculación colectiva que trasciende el simple elemento
religioso, para dar lugar a manifestaciones y usos sociales propios de la
región.
72.
Como se puso en evidencia líneas atrás, tanto la exposición de motivos
de la Ley contentiva de las normas acusadas, como múltiples conceptos allegados
en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad, y las pruebas recolectadas
durante dicho trámite, dan cuenta que en las celebraciones de la Semana Santa
en Tunja existe un elemento secular palmario y preponderante, lo que lleva a
concluir que el Congreso de la República no ha desconocido el principio de
neutralidad del Estado Laico, buscando beneficiar o promover primordialmente la
fe católica, sino que ha reconocido que aunado a una celebración católica
existen múltiples expresiones culturales, artísticas, folclóricas, usos
sociales y promoción del turismo que el Estado válidamente puede incentivar.
73.
Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional, debe hacerse hincapié en que la autorización realizada al
Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para destinar recursos para
la promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la celebración de la Semana Santa en Tunja, en modo
alguno constituye una obligación para que éstos deban incorporar partidas
presupuestales. Cabe resaltar que, este tipo de leyes son una habilitación,
para que el gobierno, sea central o territorial, en el marco de sus
competencias, y con estricto apego a las reglas presupuestales, decida si
incluye o no en sus presupuestos tales partidas.
74.
Por su parte, el cargo por la supuesta
vulneración a la autonomía territorial elevado contra el artículo 8º de la Ley
1767 de 2015, tampoco está llamado a prosperar. El texto del artículo
mencionado es claro en señalar que “la administración municipal de Tunja y
la Administración Departamental de Boyacá estarán autorizadas para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el
cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley”, así pues
estar autorizado en modo alguno puede leerse como estar obligado,
aquel vocablo denota una facultad, una potestad que bien puede ejercerse o no.
Esta interpretación, además de ser respetuosa con la jurisprudencia
constitucional, reconoce que radica en cabeza de los concejos municipales la
expedición del presupuesto municipal de rentas y gastos (artículo 313.5 de la
Carta) y la preservación y defensa del patrimonio cultural del municipio
(artículo 313.9 de la Constitución), así como corresponde a las asambleas, la
expedición del presupuesto departamental de rentas y gastos (artículo 300.5
Superior). Por lo anterior, tanto los consejos municipales como las asambleas en
el ejercicio de sus competencias y en el debate deliberativo propio de estas
entidades colegiadas, determinarán si es pertinente o no la inclusión de
partidas presupuestales para cumplir con los objetivos de la Ley 1767 de 2015[72].
75.
Finalmente, considera necesario esta Corte
hacer un llamado de atención a las autoridades de control, tanto nacionales
como territoriales, para que en el marco de sus competencias constitucionales y
legales, realicen una veeduría de la manera en que se ejecutan las partidas
destinadas al fomento, promoción, difusión, internacionalización,
conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la
celebración de la Semana Santa en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá.
Así mismo, las entidades territoriales deben continuar en su labor de integrar
a organizaciones de la sociedad civil de carácter secular, de manera que no
sólo se garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino
también la participación de todos los grupos sociales independientemente de sus
creencias religiosas.
76.
Por tales razones la Corte Constitucional
declarará la exequibilidad de las normas demandadas, esto es de los artículos 6
y 7 de la Ley 1767 de 2015, en la medida en que no se verifica una vulneración
al principio de laicidad y neutralidad religiosa, ni a la autonomía de las
entidades territoriales.
J.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
77.
Sobre la base de los cargos formulados
por el demandante a los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, le correspondió
a la Corte determinar si dichos artículos vulneran los preceptos
constitucionales de laicidad, deber de neutralidad del Estado y autonomía
territorial (artículos 1 y 19 de la Constitución), al autorizar la
incorporación al presupuesto nacional, y la asignación de partidas
presupuestales por parte de las entidades territoriales, para el fomento,
promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y
desarrollo de la Semana Santa en Tunja. Cabe resaltar que el demandante en sus
cargos no cuestionó la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la
Nación, sino exclusivamente la autorización que versa sobre el presupuesto del
Gobierno Nacional y de las entidades territoriales.
78.
Para el efecto, la Sala considera que
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7º, 70 y 72 de la Constitución y
su desarrollo en la ley y la jurisprudencia constitucional, la protección del
patrimonio cultural de la Nación es un mandato constitucional, amparado también
en compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Dentro del
concepto de cultura, el orden internacional no prohíbe que se incluyan
manifestaciones de tipo religioso, las cuales deben ser protegidas también por
mandato constitucional.
79.
En virtud de ello, el Congreso de la
República expidió la reglamentación (Ley 397 de 1997, según fue modificada por
la Ley 1185 de 2008) que establece un procedimiento estricto a través del cual,
las autoridades competentes deciden cuáles son aquellos bienes de interés
cultural y cuáles las manifestaciones culturales inmateriales de la Nación que
deben integrar el patrimonio cultural de la Nación (Decretos 2491 de 2009 y el
763 de 2010, Resolución 0983 de 2010 del Ministerio de Cultura). Técnicamente,
los bienes de interés cultural que surten el procedimiento y son declarados
como bienes de interés cultural, son objeto de un Plan Especial de Manejo y
Protección. En cuanto a los bienes inmateriales, los cuales incluyen
manifestaciones religiosas, el reconocimiento se da a través de la orden de
inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial –LRCPI,
lo cual implica la elaboración y ejecución de un Plan Especial de Salvaguarda,
con las consecuencias jurídicas que implica su protección, entre ellas, ser
destinataria de importantes medidas de apoyo financiero.
80.
Lo anterior no sólo implica que los
bienes y manifestaciones culturales contemplados en dichas categorías sean objeto
de protección por parte de las autoridades competentes. Al respecto, observa la
Sala que dentro de las autoridades competentes para determinar cuáles
manifestaciones culturales son parte del patrimonio cultural de la Nación, no
se hace referencia al Congreso de la República; sin embargo, no existe una
disposición constitucional que se lo prohíba, máxime cuando los artículos 70,
71 y 150 Superiores, incorporan un mandato al Estado y no a un órgano
específico, para establecer las actividades culturales que merecen una
protección del Estado, máxime cuando en este órgano democrático está
representada la diversidad de la Nación.
81.
De esta manera, en términos generales,
el Congreso, titular de la cláusula general de competencia, al declarar
una manifestación cultural como patrimonio cultural de la Nación, puede fijar
la manera de protección de la misma, por ejemplo, tiene la competencia para
autorizar a la entidad territorial competente para que destine las partidas
presupuestales necesarias para cumplir tal objetivo. Dicha autorización si bien
no es una orden perentoria para el ente territorial, sí se constituye en un
título jurídico que le asigna la competencia al municipio para la destinación
específica de sus recursos. Autorización que recae dentro de las competencias
de las entidades territoriales, tal como lo establecen los artículos 311 y
313-9 de la Constitución. Por esta razón, la Corte considera que el Congreso de
la República está facultado para autorizar el gasto público, ya que éste no
está impartiendo una orden, sino una mera facultad, y por lo tanto no vulnera
la regla constitucional de iniciativa gubernamental o autonomía de las
autoridades territoriales. Teniendo en cuenta el título presupuestal, dicho
título debe responder a un fin constitucionalmente aceptado.
82.
En estos términos, cuando se está
frente a una manifestación cultural que incorpora particularmente un contenido
religioso, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 19
Superior y ampliamente desarrollado en la jurisprudencia, como el principio
de neutralidad, característico del Estado laico colombiano, tanto las
autoridades competentes -Ministerio de Cultura, gobernación, municipio y
distrito- como el Congreso de la República, tienen el deber de fundar las
medidas de promoción, difusión, y salvaguarda de tal expresión, en un criterio
secular preponderante, es decir, si bien se acepta que manifestaciones
culturales pueden tener un origen y/o un contexto religioso, el fomento,
promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo de dicho patrimonio
debe otorgarse en consideración a un fin laico primordialmente, y no en razón a
su carácter religioso. En efecto, cuando esta Corte deba analizar casos en que
se enfrentan la libertad religiosa y la salvaguarda de manifestaciones
culturales, el análisis de la exposición de motivos de la norma es necesario
pero no suficiente, en la medida en que el juez constitucional debe analizar la
norma de forma integral y entender el contexto en el cual la misma se inscribe,
para lo cual podrá hacer uso de sus potestades probatorias y así determinar si
existe un factor secular preponderante y los efectos del mismo. De esta forma, la
Corte podrá acudir a la historia, a los estudios sociológicos y de arraigo
–entre otras herramientas- y así poder tener los suficientes elementos de
juicio para determinar si existe o no un criterio secular determinante y
principal, así como entender los efectos del mismo.
83.
Al estudiar el caso concreto, la Sala
Plena resolvió declarar la constitucionalidad de las normas demandadas, considerando
que la autorización que el Congreso de la República otorgó al Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Cultura, y al municipio de Tunja para destinar
partidas presupuestales del presupuesto nacional y municipal, respectivamente,
con el fin de proteger una manifestación cultural donde si bien en un principio
se encuentra un contenido religioso, alrededor de dicha semana se evidenciaron
ciertos efectos, a saber, expresiones artísticas, culturales, sociales y
turísticas. En estos términos, a través de una valoración de sus antecedentes
legislativos, de las intervenciones en el proceso de la acción de
inconstitucionalidad, y en las pruebas recaudadas, la Corte encontró un factor
secular suficientemente
identificable y principal, que permite afirmar que sus efectos superan la
importancia y trascienden el carácter religioso, por lo cual, la Corte en este
caso concreto consideró los preceptos constitucionales ajustados a la
Constitución.
Así
mismo, encontró la Corte que los preceptos demandados denotan una facultad, una
potestad que bien puede ejercerse o no, sin invadir la esfera del Gobierno Nacional
y las autoridades territoriales, quienes serán las responsables de definir los
componentes del presupuesto y determinar si es pertinente o no la inclusión de
partidas presupuestales, para cumplir con los objetivos seculares de la Ley
1767 de 2015.
III.
DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los artículos 6
y 7 de la ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio cultural
inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se
dictan otras disposiciones", por los cargos analizados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Vicepresidente
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con aclaración
de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento
de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento
de voto
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Licencia por
luto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-441/16
Referencia:
Expediente
D-l 1218
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 6o y 7o de la
Ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja,
Boyacá y se dictan otras disposiciones''''
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Me aparto de la
decisión de la mayoría que dio lugar a la exequibilidad de los artículos 6o
y 7o de la Ley 1767 de 2015 "Por medio de la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la
semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones'". Las razones por
mi desacuerdo con la mayoría se fundan principalmente en la violación de los
artículos 1o y 19 de la CP. que especifican que Colombia es un
estado neutro en materia religiosa y que establece la laicidad del Estado.
Como se dijo en la Sentencia C-350 de
1994 en nuestro país, "se establece un Estado laico y pluralista,
fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre
todas las confesiones religiosas...". En igual sentido
en la Sentencia C-766 de 2010 se dispuso que para que el Estado pueda otorgar
recursos a ceremonias en donde confluyen aspectos religiosos y culturales e
históricos, se debe verificar si el carácter principal de la actividad y la
causa protagonista de ésta es de naturaleza secular y no religiosa. Finalmente
en la Sentencia C-817 de 2011 que declaró inexequible la Ley 1402 de 2010 "Por la cual
la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El
Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el
departamento del Tolima " se establece que asimilar un culto
específico al concepto 'cultural' plantea serias "dificultades
y graves riesgos" porque significa excluir a las minorías,
que no hacen parte de esa religión, violando de este modo el principio de igual
tratamiento, laicidad, el carácter secular, pluralista y de neutralidad en
materia religiosa consagrado en la Constitución de 1991.
Esta serie de
precedentes, son referenciados en la Sentencia C-224 de 2016 que conoció de la
inconstitucionalidad contra el artículo 80 de la Ley 1645 de 2013, "por la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones", en donde se dijo que no se le debe permitir al Estado,
a cualquier título, o en cualquier nombre subvencionar o financiar actividades
religiosas, al estar de por medio dineros públicos. En este caso se dispuso que
se debe identificar si una práctica religiosa que se relacionan con aspectos
culturales, históricos e inmateriales como la celebración de una semana santa
tiene un contenido de tal magnitud que se pueda determinar que predomina el
mantenimiento cultural e histórico, sobre lo religioso. Sobre esta ley la Corte
determinó que, "...resulta difícil encontrar un contenido
secular identificable y primordial en la norma acusada..." porque en la
promoción de esta actividad y en la protección de los bienes que ellas se
utilizan lo que se pretende es fortalecer la fe católica, siendo esto contrario
a la naturaleza laica del Estado colombiano.
Teniendo en cuenta este precedente
consideró que en el análisis de constitucionalidad de los artículos 6o
y 7o de la Ley 1767 de 2015 que establecen la posibilidad de que el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura incorpore al Presupuesto
General de la Nación apropiaciones para contribuir al fomento, promoción,
difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo del
patrimonio cultural de la celebración de la semana santa en Tunja (art. 6o),
y la posibilidad de que la administración municipal de Tunja y la
administración departamental de Boyacá, asignen partidas presupuéstales para el
mismo fin (art. 7) va en contra de los principios de laicidad, neutralidad
religiosa e igualdad.
Considero que esta decisión cambia el
precedente dispuesto en la Sentencia C-224 de 2016 que como se vio declaró
inconstitucional el artículo 8o de la Ley 1645 de 2013, "por la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones", que tiene un contenido similar, ya que se trata de
financiar esta celebración a pesar de que su esencia y finalidad es
principalmente religiosa.
Desde mi punto de vista la no
correspondencia de las decisiones en estos casos indica que la Corte no está
siendo coherente en sus fallos con relación al tema de neutralidad religiosa y
laicidad, violando de este modo el artículo 13 de la CP sobre la igualdad en
las decisiones que se tomen sobre un mismo tema con unas mismas condiciones
fácticas y jurídicas.
Estimo de que a pesar de que en uno y
otro caso la celebración de la semana santa da lugar a que se organicen otros
eventos de carácter cultural como exposiciones artísticas, procesiones con
imágenes, conciertos de música sacra, obras artísticas y de teatro, lo cierto
es que lo que se rememora es la pasión y muerte de Jesucristo, celebración
propia del rito católico, excluyendo de este modo a las personas que no hacen
parte de esta religión.
Creo que a pesar de que en la sentencia
se hizo énfasis en que la Exposición de Motivos de la ley que declaraba
patrimonio inmaterial la semana santa en Pamplona y Tunja existían varias
diferencias importantes, ya que en la primera se podía evidenciar el carácter
religioso sobre el cultural e histórico, y que en la segunda en cambio había
preeminencia de lo cultural e histórico sobre lo religioso, lo cierto es, que
ambas celebraciones guardan tal grado de semejanza que no se pueden distinguir
los elementos fácticos y de derecho para haber desconocido el precedente en
este caso.
Así por ejemplo, en lo que tiene que ver
con su creación, la semana santa en Pamplona, se empezó a celebrar en el siglo
XVI con la conformación de la Cofradía de la Veracruz en 1553, y la semana
santa en Tunja también se originó en el siglo XVI cuando las comunidades
religiosas penetraron en el poblamiento y catequización de los pueblos
indígenas. Por otra parte en relación a los actos culturales, además de los
religiosos, tanto en la celebración de la semana santa de Tunja como la de
Pamplona, se trata de fomentar el turismo y la celebración de actos culturales
como conciertos de música religiosa, o exposiciones artísticas. Sin embargo, y
como quedó dicho con antelación, tanto en una como en otra celebración, el
aspecto religioso no se puede diferenciar del aspecto cultural e histórico de
carácter inmaterial.
En este caso
resulta útil el "Lemon Test" que se ha incorporado en la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos para determinar la constitucionalidad
de la intervención pública en asuntos religiosos[73].
En dicho test se establecen tres criterios para establecer cuándo se puede
apoyar una práctica religiosa en donde confluyen elementos estatales: (i) que
la ley tenga un propósito secular; (ii) que su efecto primario no debe ser el
de inhibir o promocionar alguna religión en particular y (iii) que en su
aplicación no se debe dar un excesivo enmarañamiento -excessive
entanglement - entre el Estado y la religión.
Este test ha sido
tenido en cuenta por la Corte Constitucional cuando se trata de dirimir
conflictos que tiene que ver con los vínculos entre el Estado y la religión.
Así por ejemplo en la Sentencia C-766 de 2010 se dijo que para determinar si se
puede llegar a financiar una actividad religiosa con recursos públicos se debe
valorar si a) la medida es susceptible de conferirse a otros credos, en
igualdad de condiciones y b) que entre otras circunstancias, no se realicen
actos de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia, religión o iglesia
determinada, porque de ser así se violaría la neutralidad del estado y se daría
preeminencia de una religión sobre las otras, o los no creyentes, violando de
este modo el principio de igualdad[74].
En esta misma Sentencia se dijo
explícitamente que cuando en una ley converja una dimensión religiosa con el
reconocimiento o exaltación de elementos culturales, históricos o sociales, el
elemento religioso debe ser "meramente anecdótico o accidental
en el telos de la exaltación" y que en últimas el fin principal de este
tipo de regulaciones en ningún caso ha de ser de exaltación religiosa, es decir
que "no puede ser papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar,
favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier
confesión religiosa que se practique en el territorio ".
En el caso concreto consideró que como no
se puede diferenciar entre el aspecto religioso y el cultural e histórico de la
semana santa en Tunja, existe un "excesivo enmarañamiento" que no
permite diferenciar entre los aspectos religiosos y los históricos y
culturales, dando lugar a que en este caso se termine por concluir que el
Estado está apoyando una religión en particular, dando lugar a una exclusión de
este rito sobre otros de otras religiones, rompiendo de este modo con el
principio de neutralidad y laicidad en materia religiosa[75].
Por otra parte estimo que en el caso en
estudio se debió hacer unidad normativa con el artículo 4o de la
misma ley, que establece como gestores y garantes del rescate de la tradición
cultural y religiosa de la Semana Santa a la Ciudad de Tunja, a la Curia
Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja. Con este artículo lo que se
evidencia es que se da la posibilidad a que se administren dineros públicos por
parte de organizaciones religiosas como la Curia o los Nazarenos, yendo en
contra de la neutralidad religiosa y la laicidad del Estado, rompiendo con la
prohibición de que se financie este tipo de manifestaciones de tipo religioso
con dineros públicos.
Por último consideró que en el caso
concreto debió seguirse, para la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación, con los procedimientos descritos en la Ley 1185 de 2008, el
Decreto 2941 de 2009 y la Resolución 330 de 2010, que establecen los requisitos
para que una ceremonia de contenido religioso sea considerada como parte del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Declarar de manera directa a
través de una ley la Semana Santa en  Tunja como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación para de esta manera incorporar partidas del Presupuesto General de
la Nación y de la administración municipal y departamental de Boyacá para el
fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación y protección
de dicha manifestación religiosa, lo que evidencia es que se está dejando de
lado el cumplimiento de los requisitos legales y de esta manera poder financiar
dichas manifestaciones religiosas sin tener en cuenta los procedimientos dispuestos
en las leyes para tal efecto.
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-441/16
Referencia: expediente D-11218
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 7 de la
Ley 1767 de 2015 “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural
inmaterial de la Nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se
dictan otras disposiciones”.
Actor:
Miguel Ángel Garcés Villamil
Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo
Con el debido respeto por la Corporación y por el
Magistrado Ponente, aclaro mi voto en los siguientes términos. Si bien comparto
la decisión final de la Corte de declarar la exequibilidad de los artículos 6 y
7 de la Ley 1767 de 2015 “Por medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja,
Boyacá y se dictan otras disposiciones”, quiero aclarar algunos aspectos de
la motivación.
En sentencia C-224 de 2016 de fecha 4 de mayo del
año en curso, esta Corporación examinó la constitucionalidad del artículo 8º de
la ley 1645 de 2013, por medio de la cual “se declara Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, Departamento Norte de
Santander”. La ciudadana demandante sostenía que la norma demandada,  que
autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar partidas
presupuestales con el fin de apoyar las actividades propias de la Semana Santa
en esa ciudad, vulneraba los artículos 1º, 2º y 19 de la Constitución Política
al desconocer el principio de laicidad y neutralidad del Estado en materia
religiosa. En esa oportunidad la Sala resolvió declarar inexequible la norma
acusada,  porque la previsión acusada exaltaba los ritos y ceremonias de una
religión en particular -la católica-, y porque en las motivaciones para aprobar
el proyecto de ley se argumentaba que la norma “traería sumos beneficios
para fortalecer la fe católica”. Concluyó la ponencia que si bien una ley
puede perseguir la protección de manifestaciones sociales o culturales que
tengan un referente religioso, éstas deben tener un “fin secular”
suficientemente identificable, el que no se evidenció en ese caso concreto.
Frente a esa decisión, presenté salvamento de voto
porque a mi juicio, los argumentos esbozados eran insuficientes para motivar la
declaratoria de inexequibilidad. Además, porque la Corte no decretó pruebas, ni
hizo una investigación oficiosa para conocer el arraigo histórico, el valor
cultural, la importancia artística y el atractivo turístico o el potencial
desarrollo económico de las procesiones de Semana Santa en Pamplona. Toda la
carga de la prueba para verificar el fin secular identificable la hizo recaer
en el legislador.
En la presente sentencia, la Corte se ocupó de
analizar si los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015 “Por medio de la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la
semana santa en Tunja, Boyacá” vulneraban los artículos 1 y 19 de la
Constitución Política, al autorizar la asignación de partidas presupuestales
para el fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación,
protección y desarrollo de la Semana Santa en Tunja, como patrimonio cultural
inmaterial de la Nación. Además, se examinó si la norma acusada desconocía la
autonomía de los entes territoriales.
Como se observa, el problema jurídico abordado en
esta ocasión era similar al examinado en la C-224/16. No obstante, a diferencia
de lo que ocurrió en esa oportunidad, esta vez la Corte para mejor proveer,
solicitó información a la Alcaldía de Tunja, a la Gobernación de Boyacá, al
Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, a la Casa de la  Música Centro Cultural y de
Formación Musical, Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO, y se
decretaron pruebas sobre la distribución de gastos y su ejecución efectiva, con
el fin de  identificar las actividades que se desarrollan y los elementos
históricos, culturales, antropológicos, económicos y turísticos que entraña la
celebración de la Semana Santa en Tunja.  Asimismo, aunque la Corte examinó los
argumentos contenidos en la exposición de motivos del Proyecto de Ley que
antecedió a la norma demandada  y los analizó de manera comparada con la
motivación de la Ley 1645 de 2013, por medio de la cual se declaró Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación la Semana Santa en Pamplona, no fue ese el
referente exclusivo para definir la constitucionalidad de las normas.
Con las pruebas recaudadas la Corte resolvió declarar
la constitucionalidad de las disposiciones demandadas bajo el entendido de que
éstas buscan proteger una manifestación que si bien tiene un contenido
religioso, también tienen indudables valores artísticos, culturales, sociales,
económicos y turísticos. Esto es, que en el caso concreto se encontró probado
el fin secular principal y suficientemente identificable. Puede observarse
entonces el giro que dio la Corte en su aproximación metodológica al control de
esta clase de normas en las dos sentencias mencionadas. En la C-224 de 2016 se
declaró inexequible la norma controlada porque en ella el elemento religioso
era dominante y el secular desprovisto de importancia, pero quedó la impresión
de que el resultado de ese balance fue fruto de tomar en consideración como
principal referente sobre el valor cultural, artístico e histórico de la Semana
Santa en Pamplona, la exposición de motivos del proyecto de ley.  En esta
Sentencia C-441 de 2016, por el contrario, se contó con un amplio material
probatorio decretado de manera oficiosa, que permitió verificar –más allá de la
motivación del proyecto de ley- que las normas  acusadas estaban acordes con la
Constitución.
Considero que, con esta decisión, la jurisprudencia
constitucional ha seguido un rumbo acertado para controlar la ley en su
integridad, esto es, su texto, contexto, finalidad  e intención del legislador
y no solo su tenor literal o motivaciones parlamentarias.  Además, como Juez
constitucional, debe usar sus facultades probatorias oficiosas para esclarecer
las características de la manifestación, realidad, actividad o práctica
protegida.
Fecha ut supra,
María
Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-441/16
Referencia:
Expediente D-11218
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6º y 7° de la Ley 1767 de
2015 “[p]or medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la
nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá, y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, presento a continuación las razones por las cuales aclaro mi
voto en la decisión, que por mayoría, adoptó la Sala Plena en sesión del 17 de
agosto de 2016, en la cual se profirió la sentencia C-441 de 2017.
2.
Las normas demandadas en esta ocasión fueron los artículos 6º y 7°
de la Ley 1767 de 2015: el artículo 6º faculta al Gobierno nacional para que a
través del Ministerio de Cultura incorpore al presupuesto general de la nación,
las apropiaciones requeridas para contribuir al patrimonio cultural inmaterial
de la Semana Santa en la ciudad de Tunja, y el artículo 7º autoriza a las
administraciones municipal de Tunja y departamental de Boyacá, para asignar
partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, a las celebraciones
de la semana santa en Tunja. Según la demanda, con esa autorización se vulneran
los artículos 1º y 19 de la Carta Política, en la medida en que el
financiamiento de las celebraciones de semana santa en la ciudad de Tunja
desconoce el principio pluralista y de neutralidad en materia religiosa, al
financiar una celebración religiosa específica de una iglesia determinada, y
eso supone su identificación con una iglesia determinada.
En
esta sentencia la Corte resolvió el cargo relativo al desconocimiento del
principio de Estado laico con fundamento en los criterios fijados en la
sentencia C-224 de 2016. En particular, se acudió a la exposición de motivos de
la normativa acusada y a las intervenciones de las entidades territoriales
involucradas, para concluir que existe una motivación secular en la
financiación mencionada.
Entonces,
la Sala Plena concluyó que, de conformidad con la sentencia C-224 de 2016, las
normas acusadas tienen un factor secular (i) suficientemente identificable y
(ii) principal. Además, a juicio de la Sala Plena la norma consiste en una
autorización para financiar la semana santa en Tunja pero no se trata de una
obligación, de manera que no se desconoce la autonomía territorial.
Debido
a mi inconformidad con algunos aspectos de la motivación de la sentencia C-224
de 2016 antes referida, considero pertinente reiterar en esta aclaración de
voto los motivos que me distanciaron de la motivación en esa ocasión.
3.
En efecto, la sentencia C-224 de 2016, en teoría reconoce que el
Estado colombiano no es un Estado ateo sino uno de carácter laico, como lo ha
dicho esta Corporación en innumerables oportunidades. Sin embargo, al
radicalizar su postura frente a la interpretación de la cláusula de separación
entre Estado e iglesia, en la práctica cae en la trampa de confundir laicismo
con ateísmo. Al ordenar que el Estado deba abstenerse de promover
manifestaciones culturales por tener una naturaleza religiosa, termina
empobreciendo nuestra identidad nacional –que es pluralista y respetuosa de la
dignidad humana- con una visión negativa y “neutral”, pero monolítica de
lo que constituye la identidad cultural.
Esta visión de lo que implica la cláusula de
separación entre Estado e iglesia no corresponde a nuestro modelo
constitucional, ni se compadece con el objetivo histórico que han perseguido
las diferentes naciones que han establecido cláusulas semejantes en sus
Constituciones. Estas cláusulas han surgido como consecuencia de las guerras
religiosas y de la discriminación contra grupos religiosos minoritarios,
precisamente con el objetivo de fortalecer la capacidad que tienen para ejercer
su religión, manifestando sus creencias libremente dentro del territorio del
Estado mediante actos públicos, no para debilitar sus creencias, ni para
imponer un modelo según el cual la religión corresponda al dominio de la vida
privada. En mi concepto, nuestra Constitución es clara en proteger el
pluralismo cultural y de esa misma manera la diversidad religiosa, para lo cual
puede promover, mediante acciones positivas, las diferentes identidades
culturales de los colombianos, para enriquecer culturalmente nuestra identidad
nacional.
4.
Dicho fallo, del cual me aparto de algunas de sus consideraciones,
plantea una tensión entre el deber del Estado de proteger y promover la riqueza
cultural de la nación, y el carácter laico del Estado. En esta sentencia la
tensión se resuelve conforme al criterio de “preponderancia”. Esto
supone que en nuestro contexto cultura y religión son categorías cuyos
contornos y linderos son claros y perfectamente identificables, que no hay
traslape entre ellos, y que además el juez constitucional puede cuantificar qué
tanto hay de cada una, en manifestaciones como la celebración de la Semana
Santa en determinado lugar. De tal modo, según el criterio de preponderancia,
si hay “más religión que cultura” en una manifestación determinada, el juez
constitucional tiene el deber de declarar la inexequibilidad de las
disposiciones que permiten su financiación con fondos públicos.
La posibilidad de separar la religión de la cultura
o de la identidad cultural es imposible, tanto analítica como empíricamente.
Desde una perspectiva antropológica, carece de sentido aceptar la hipótesis de
que estas dos categorías son escindibles, y mucho menos puede alguien creer que
son susceptibles de cuantificarse. Sólo por citar un ejemplo, la evidencia arqueológica
indica que gran parte de las áreas que corresponden a lo que es hoy el parque
arqueológico de San Agustín eran lugares de culto. ¿Esto significa que el ICANH
o el Ministerio de Cultura no podrían financiar el mantenimiento de los
monumentos arqueológicos que se hallan en el mismo? ¿Tampoco podrían financiar
el Festival del Perdón en el Putumayo, ni el Festival de San Pacho en Quibdó,
ni la reconstrucción de la Iglesia de Bojayá? ¿Tampoco puede la alcaldía de
Bogotá financiar el alumbrado público decorativo de Navidad que atrae gente de
todo el país, ni la Gobernación de Boyacá puede financiar la decoración
navideña del Puente de Boyacá?, todos estos eventos son de origen o desarrollo
asociado a la religión, o incluso al culto religioso.
5.
Adicionalmente, para llevar a cabo la disección conceptual con base
en la cual desarrolla el análisis constitucional, la sentencia simplifica los
fenómenos culturales y religiosos hasta convertirlos en caricaturas. Lo hace
basándose en la opinión de una historiadora, desconociendo que dicha
celebración, como toda manifestación cultural, es producto del desarrollo
colectivo de un pueblo a lo largo de su historia. Más aun, fundamentar una
decisión de constitucionalidad sobre una disposición que hace parte de una ley,
y que como tal es un producto colegiado fruto de múltiples voluntades,
reduciendo el objetivo de la ley con base en una única opinión equivale a
imputar arbitrariamente un único propósito a una decisión colectiva.
Lo cierto es que las manifestaciones culturales
como la celebración de Semana Santa en ciudades caracterizadas por su fe
religiosa son fenómenos sociales multifacéticos y polivalentes, a los cuales no
todos los seres humanos les damos el mismo significado. Para algunas personas
dicha celebración constituye un rito religioso que hace parte de un culto,
mientras que para otros constituye una manifestación cultural, como puede serlo
la celebración del comienzo de una temporada de cosecha, o un carnaval. Para
otras personas es la oportunidad para reunirse con sus familias, y para otras
es una ocasión en la cual pueden vender sus productos artesanales asociados a
la ocasión. Negar esta diversidad de significados de una manifestación cultural
para efectuar un análisis de constitucionalidad con base en la sola opinión de
una persona es desconocer el carácter pluralista de nuestro país. Es desconocer
la Constitución con el pretexto de aplicarla rigurosamente.
Pretender separar la religión de la cultura, para
poder sopesar la cantidad de cultura y de religión que tiene una determinada
manifestación, y con ello desarrollar un análisis de constitucionalidad de una
disposición que permite su financiación es realmente un despropósito. Peor aún,
es una fantasía jurídica que tiene un efecto perverso frente a una dimensión
importante de nuestra cultura: la religiosidad. Negar el carácter cultural que
tienen manifestaciones como la celebración de la Semana Santa equivale a
desintegrar un elemento importante de nuestra cultura y de nuestra dignidad
como seres humanos.
6.
Por otra parte, la sentencia de la cual me aparto realmente no se
toma el trabajo de definir y precisar los alcances del concepto constitucional
de “riqueza cultural de la nación”, ni tampoco se preocupa por
establecer cuál es el propósito que persigue nuestra Constitución cuando le
impone al Estado el deber de protegerla. Para la mayoría de la Sala Plena, el
Estado simplemente debe mantenerse al margen de la financiación de
manifestaciones preponderantemente religiosas. Sin embargo, la riqueza cultural
y la identidad nacional no se pueden proteger dejándolas al “libre mercado”.
¿Quién sino el Estado va a fomentar estas manifestaciones de la cultura?
Claramente no lo va a hacer la economía de mercado,
que parece celebrar más otro tipo de manifestaciones como los “realities”
y los reinados de belleza, que instrumentalizan la vida cotidiana y los cuerpos
de las personas para fines comerciales. El Estado, por el contrario, tiene un
papel importante que cumplir, ayudando a financiar incluso manifestaciones
materiales e inmateriales que tengan una dimensión religiosa. Lo que el Estado
no puede hacer es promover una única religión como religión de Estado, ni puede
privilegiar un credo respecto de otros.
Sin embargo, el Estado tiene el deber de promover todas
las manifestaciones culturales, lo que incluye las religiosas, en la medida en
que ellas son parte de la identidad y el pluralismo de la nación colombiana. La
diversidad cultural y el pluralismo propios de una sociedad abierta sólo son
susceptibles de protección cuando el Estado salvaguarda y fomenta activamente
la totalidad de manifestaciones de la cultura, y no cuando pretende abstenerse
de brindarles protección, pues ello, a la larga, lleva  a homogenizar la
sociedad.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] El 23 de mayo de 2016 se recibió un nuevo escrito del Ministerio
de Cultura  por medio de apoderado, el cual se presentó por fuera del término
otorgado en el auto admisorio para presentar intervenciones en el proceso. El
contenido del escrito se resume en la sección 4.h siguiente.
[2] En este sentido, cita el interviniente las sentencias C-290 de
2009, C-1250 de 2001, C-373 de 2010.
[3] Sentencia C-350 de 1994.
[4] Sentencia C-766 de 2010.
[5] Sentencia C-948 de 2014.
[6] Martha C. Nussbaum, Libertad de Conciencia. Contra los
fanatismos, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 23.
[7] Sentencia C-742 de 2006.
[8] Sentencia C-088 de 1994.
[9] Sentencias C-817 de 2001 y C-948 de 2014.
[10] Cfr. Preámbulo de la Declaración Universal sobre
Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia General de la Unesco, el 2
de noviembre de 2001. Este documento reconoce que la cultura adquiere formas
diversas a través del tiempo y del espacio, y que esa diversidad cultural es
patrimonio común de la humanidad. También recuerda que los derechos culturales
hacen parte de los derechos humanos, que son universales, indisociables e
interdependientes. Una definición similar fue acuñada por la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008”. Véase Corte Constitucional, Sentencia
C-882 de 2011.
[11] Ver, sentencia C-742 de 2006
[12] Ver, sentencia C-082 de 2014.
[13] Al respecto, indican las sentencias C-434 de 2010 y C-224 de 1996
que “A nivel internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales -incorporado al ordenamiento
colombiano por medio de la Ley 75 de 1968- reconoce el derecho de todas las
personas a participar en la vida cultural y dispone la obligación del Estado de
adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, entre ellas,
medidas dirigidas a la conservación, desarrollo y difusión de la cultura. El
artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
"Protocolo de San Salvador" –incorporado a ordenamiento mediante la
Ley 319 de 1996– integra al sistema regional de protección de derechos humanos
el derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, y
reitera la obligación del Estado de adoptar medidas para el desarrollo y
difusión de la cultura. El artículo 5-e-vi de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial –incorporada en nuestro
ordenamiento por la Ley 22 de 1981- establece el derecho de todos a participar,
en condiciones de igualdad, en las actividades culturales. El artículo 31 de la
Convención sobre los Derechos del Niño –incorporada mediante la Ley 12 de 1991-
también señala la obligación del Estado de respetarán y promover el derecho del
niño a participar plenamente en la vida cultural y artística, y de propiciar
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. Estos instrumentos
internacionales, como ha sido reconocido por esta corporación, hacen parte del
bloque de constitucionalidad (C-038 de 2004, C-997 de 2004, C-393 de 2007)”.
[14] La mencionada sentencia relaciona en el ámbito internacional,
instrumentos tales como: la Convención de protección de bienes culturales en
caso de conflicto armado (1954); la Convención UNESCO sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural (1972), aprobada por Colombiana,
mediante la Ley 45 de 1983; la Convención UNESCO para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). Así mismo, señala la mencionada
sentencia que Colombia ha suscrito e incorporado en su ordenamiento interno
otros acuerdos internacionales encaminados a la protección del patrimonio
cultural, y destaca entre ellos la Convención de la UNESCO sobre las “Medidas
que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la transferencia
de propiedad ilícita de Bienes Culturales”, suscrita en París en noviembre de
1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre Colombia y Perú para
la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos
y culturales”, aprobado mediante la Ley 16 de 1992; el “Convenio entre las
Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la recuperación y devolución de
bienes culturales robados”, firmado en Bogotá el 17 de diciembre de 1996 y
aprobado por  la Ley 587 de 2000; y el Convenio suscrito entre la República de
Colombia y la de Bolivia, para la recuperación de bienes culturales y otros
específicos hurtados, importados o exportados ilícitamente, suscrito en la Paz
el 20 de agosto de 2001 y aprobado mediante la Ley 896 de 2004; instrumentos que
tienen en común el propósito de evitar la transferencia ilícita de la propiedad
cultural y el comercio ilegal de estos bienes, y facilitar la cooperación
recíproca entre los países firmantes para su recuperación y repatriación.
[15] Mediante la Ley 349 de 1996, se aprobó la “Convención para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el
“Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en
La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954. Dicha ley fue
declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-467 de 1997.
[16] Aprobada por ley 45 de 1983 y vigente para Colombia desde el 24
de agosto de 1983.
[17] Esta Convención fue aprobada internamente mediante Ley 1037 de
2006, y declarada exequible en la sentencia C-120 de 2008.
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2013.
[19] El literal (b) del artículo 4 de la Ley
1185 de 2008 dispone que “(…)
b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los
bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como bienes de
interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones
incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,
conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente para
todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura”. (Resaltado fuera de
texto).
[20] Cfr. Sentencia C-742 de 2006, por medio de la cual, la
Corte declaró exequible la expresión “declarados” contenida en el
artículo 4º de la Ley 397 de 1997 (antes de la modificación que introdujo la
Ley 1185 de 2008).
[21] Ver, sentencia C-264 de 2014, en la cual, la Corte analizó la
constitucionalidad del artículo 3 (parcial) de la Ley 1675 de 2013 “por
medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución
Política en lo relativo al patrimonio cultural sumergido”.
[22] Así se reconoce por ejemplo en el artículo 1, literal a de la
Convención de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado
(1954); en el artículo 2o del Convenio Unidroit de 1995; y en la Convención
para la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003).
[23] “Artículo 8°. Campos de alcance de la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial. La Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que correspondan a uno o
varios de los siguientes campos: (…) 9. Eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo. Acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con
fines religiosos.” (Subrayado fuera de texto original).
[24] “ARTÍCULO 14. Las Iglesias y confesiones religiosas con
personería tendrán, entre otros derechos, los siguientes: (…) b) De adquirir,
enajenar y administrar libremente los bienes muebles e inmuebles que considere
necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio
artístico y cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté bajo
su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el
ordenamiento jurídico (…)”. En similares términos se regula en el artículo
4º de la Ley 397 de 1997.
[25] Dijo al respecto la Corte en dicha sentencia: “Desde luego,
esta clase de regulaciones se enmarcan dentro de los lineamientos
constitucionales contemporáneos, según los cuales el Estado afirma un régimen
de igualdad y libertad de religiones y de cultos, y los respeta plenamente en
sus proyecciones económicas, que en otros períodos de la historia universal y
nacional fue objeto y causa de polémicas profundas, y generó graves situaciones
de conflicto colectivo; el Estado en Colombia respeta y patrocina las
aspiraciones religiosas de los habitantes, bajo los presupuestos de la libertad
predicables dentro del ordenamiento jurídico, y sometiéndola a las
disposiciones legales ordinarias, establecidas en la legislación nacional, lo
cual implica la libertad de circulación de bienes y mercancías, lo mismo que de
las riquezas. (…) No obstante lo anterior, la Corte debe advertir en cuanto
hace a lo dispuesto por el literal b.) del artículo 14 que el derecho de ser
propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado, o adquirido
con sus recursos, o que esté bajo la posesión legitima de las iglesias y
confesiones, resulta constitucional, bajo el entendido de que estos bienes, en
cuanto formen parte del patrimonio cultural de la Nación, están bajo la
protección del Estado  en los términos establecidos por el artículo 72 de
la Carta; además, esta disposición constitucional que bien señala la Corte
como un límite al derecho consagrado en el artículo literal b), también
condiciona el carácter de dicha propiedad, pues la atribuye originariamente a
la Nación y hace que estos bienes, incluyendo al patrimonio arqueológico y
demás bienes culturales que conforman la identidad de la Nación, sean
inalienables, inembargables e imprescriptibles. En juicio de la Corte
Constitucional, esto también significa que para dichos bienes, cuya propiedad
es originaria de la Nación, de conformidad con la Carta, la ley podrá
establecer los mecanismos para su readquisición, cuando se encuentren en manos
de particulares, y podrá, además, reglamentar los derechos especiales que
pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorio de la riqueza arqueológica.
Estas advertencias las hace la Corte Constitucional para asegurar el mejor
entendimiento de estas disposiciones y para garantizar la plena vigencia del
ordenamiento constitucional, dentro de un régimen que reclama la mayor
precisión posible”. (Subrayado fuera de texto original)
[26] Con anterioridad a la Ley de Patrimonio Cultural se
usaba el término “bienes inmateriales” para referirse a las
manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial, expresión que más allá de
inexacta resultaba difusa para la aplicación de un modelo de salvaguardia. De
manera que hoy sólo se hace referencia al concepto de “bienes” en el
caso objetos muebles o de inmuebles, es decir, cuando se alude a elementos que
tienen una sustancia material.
[27] Una de las modificaciones de la Ley 1185
de 2008, consistió en la creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural
de la Nación, y la conformación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
como el máximo órgano asesor del Gobierno para la toma de decisiones respecto
del Patrimonio Cultural de la Nación, así como los Consejos Departamentales y
Distritales de Patrimonio Cultural.
[28] El artículo 8 del Decreto Reglamentario
2941 de 2009, determinó que podrían conformar la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial “Eventos religiosos tradicionales de carácter
colectivo. Acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con fines
religiosos”, ello siempre que se cumpla con los requisitos del artículo 9, es decir con las exigencias de :(i) pertinencia; (ii)
representatividad (que la manifestación
sea referente de los procesos culturales y de identidad del grupo, comunidad o
colectividad portadora, creadora o identificada con la manifestación, en el
respectivo ámbito); (iii) relevancia (que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el
grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera
fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada una
condición para el bienestar colectivo); (iv) naturaleza e
identidad colectiva (que la  manifestación sea de
naturaleza colectiva, que se transmita de generación en generación como un
legado, valor o tradición histórico-cultural y que sea reconocida por la
respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, memoria,
historia y patrimonio cultural.); (v) vigencia (que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de
una tradición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que
debe recuperar su vigencia); (vi) equidad (que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación
sean justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada
con ella, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho
consuetudinario de las comunidades locales) ; y (vii) responsabilidad (que la
manifestación respectiva no atente contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la integridad de
los ecosistemas).
[29] Ver, sentencia C-1192 de 2005.
[30] Artículo 16 del Decreto 2941 de 2009.
[31] A manera de ejemplo, acorde el artículo
37 de la Ley 1111 de 2006, los municipios y distritos deben invertir como
mínimo el 50% del porcentaje de IVA para cultura en las manifestaciones
declaradas Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (hasta
hoy el espacio cultural de San Basilio de Palenque, Carnaval de Negros y
Blancos, las Procesiones de la Semana Santa de Popayán, Carnaval de
Barranquilla, la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, los conocimientos
tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí, el sistema normativo de los
Wayúu, el vallenato, la música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la
región colombiana del Pacífico Sur y otras que se declaren en el futuro).
[32]  Por su parte, la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros” establece
como competencias del municipio, las siguientes:
“76.8. En cultura 76.8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la
creación y la producción artística y cultural en el municipio. 76.8.2. Apoyar y
fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación
y las expresiones multiculturales del municipio. 76.8.3. Apoyar la
construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura
cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades;
y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada
incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción
ciudadana. 76.8.4. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y
bienes, servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos,
bandas, orquestas, etc.), así como otras iniciativas de organización del sector
cultural. 76.8.5. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas,
proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.”
[33] Sentencia C-782 de 2001 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[34] Sentencia C-197 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[35] Entre las decisiones en la materia se destacan, entre otras, las
sentencias C-027 de 1993, C-568 de 1993, C-088 de 1994, C-350 de 1994, C-609 de
1996, C-152 de 2003, C-1175 de 2004, C-766 de 2010 y C-817 de 2011.
[36] Ver, sentencia C-350 de 1994.
[37] Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención
del delegatario Juan Carlos Esguerra en la misma Sesión del 24 de abril de
1.991. Ver también Gaceta Constitucional n. 130, p. 4.
[38] Precedente reiterado en la Sentencia C-817 de 201, C-152 de 2003,
C-1175 de 2004.
[39] Al evaluar la constitucionalidad de dicha norma, declarada
exequible, la Corte precisó que “todas las creencias de las personas son
respetadas por el Estado, cualquiera sea el sentido en que se expresen o
manifiesten, y que el hecho de que no sea indiferente ante los distintos
sentimientos religiosos se refiere a que pueden existir relaciones de
cooperación con todas las iglesias y confesiones religiosas por la
trascendencia inherente  a ellas mismas, siempre que tales  relaciones se
desarrollen dentro  de la igualdad garantizada  por el Estatuto Superior” (Ver,
sentencia C-088 de 1994).
[40] Lo que en los términos de la jurisprudencia constitucional,
sintetizados en la sentencia C-1175 de 2004 implica: “(i) separación entre
Estado e Iglesias de acuerdo con el establecimiento de la laicidad del primero
(C-088/94 y C-350/94); prohibición de injerencia alguna obligatoria, que
privilegie a la religión católica o a otras religiones en materia de educación
(C-027/93); (ii) renuncia al sentido religioso del orden social y definición de
éste como orden público en el marco de un Estado Social de Derecho (C-088/94 y
C-224/94); (iii) determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como
asuntos de derechos constitucionales fundamentales (C-088/94); (iv) prohibición
jurídica de injerencia mutua entre Estado e Iglesias (C-350/94); (v)
eliminación normativa de la implantación de la religión católica como elemento
esencial del orden social (C-350/94); y (vi) establecimiento de un test que
evalúa si las regulaciones en materia religiosa están acordes con los
principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano (C-152/2003)”.
[41] Cfr. Sentencias C-478 de 1999, C-152 de 2003, C-1175 de
2004, C-766 de 2010, C-817 de 2011, T-139 de 2014, y C-948 de 2014, entre
otras.
[42] Ver, sentencia C-152 de 2003.
[43] Así, por ejemplo, las sentencias: C-027 de 1993, C-586 de 1993,
C-107 de 1994, C-088 de 1994, C-350 de 1994, C-609 de 1996, T-352 de 1997,
T-616 de 1997, C-478 de 1999, C-152 de 1993, C-1175 de 2004, C-766 de 2010,
T-621 de 2014, C-948 de 2014 y C-224 de 2016.
[44] El proyecto conmemoraba el jubileo de las “Bodas de Oro de la
Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá”, ocurrida en 1959 en el municipio de La Estrella (artículo
1º); declaraba al municipio de La Estrella como “Ciudad Santuario y
Patrimonio de Interés Cultural” (artículo 2º); e imponía a la Nación, a
través del Ministerio de Cultura, el deber de contribuir al fomento,
divulgación, desarrollo de programas y proyectos que adelantaba el municipio y
sus fuerzas vivas, “para exaltar este municipio como Ciudad Santuario” (artículo
3º).
[45] Al respecto la Corte sostuvo lo siguiente: “3.- El principio
de neutralidad estatal como concreción de la laicidad del Estado (…). Sobre
el punto que ahora mayor interés representa, que es el carácter de las
actuaciones de un Estado laico respecto de las distintas confesiones, debe
destacarse que de forma reiterada y unánime en la jurisprudencia colombiana se
ha establecido la necesidad de procurar de manera sustancial el principio
neutralidad estatal. // En este sentido, ha sostenido la Corte Constitucional
que la neutralidad estatal en materia religiosa es contraria a la actividad de
patrocinio o promoción estatal de alguna religión , pues en un Estado laico el
papel que debe esperarse de las instituciones públicas, de acuerdo con las
competencias asignadas a cada una, consiste en proporcionar todas las garantías
para que las distintas confesiones religiosas cuenten con el marco jurídico y
el contexto fáctico adecuado para la difusión de sus ideas y el ejercicio de su
culto, sin que en dicha difusión y práctica tenga intervención directa el
Estado, sentido que ha compartido la Corte europea de los Derechos Humanos (En
CASE OF GRZELAK v. POLAND (Application no. 7710/02), sentencia de 15 de junio
de 2010). // La neutralidad, derivada de la laicidad, no consistirá en la
búsqueda por parte del Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir
de las actividades que éste realice en relación con ellas. La neutralidad
estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u
orientación determinada por religión alguna –en cuanto confesión o institución-,
de manera que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza
confesional. En este sentido, la igualdad no se logra motivando las funciones
estatales con base en intereses de todas las religiones por igual –algo, por
demás, de imposible realización en la práctica-, pues esta pretendida igualdad,
en cuanto vincula motivos religiosos en las actividades estatales, sería
diametralmente contraria al principio de secularidad que resulta ser el núcleo
del concepto de laicidad estatal y, de su concreción, el principio de
neutralidad. // La neutralidad, en desarrollo del carácter secular del Estado,
honra la igualdad por medio de los límites que impone a éste respecto de los
motivos religiosos e influencia religiosa que sus actividades tengan. Por esta
razón es que la igualdad en este específico punto se materializa como un valor
–entendido en cuanto objetivo constitucional- que se busca alcanzar por vía del
principio de laicidad estatal, que comportará el carácter secular de las
acciones estatales y, por tanto, la neutralidad de la actuación estatal”.
[46] Resulta referencia adecuada la reflexión hecha por la Corte
Europea de los Derechos Humanos en el caso de la Iglesia Bersarabia y otros
contra Moldavia, con sentencia de 13 de diciembre de 2001.
[47] En esa Ley la Nación le rindió honores “por toda una vida
dedicada a la defensa y apoyo de los menos favorecidos en Colombia” (artículo
1º, declarado exequible); dispuso que el Gobierno Nacional y el Congreso
llevarían a cabo un acto protocolario (artículo 2º, exequible); autorizó al
Gobierno Nacional para que la madre Laura Montoya fuera consagrada como patrona
del Magisterio de Colombia (artículo 3º, inexequible); dispuso que la Nación
construiría un mausoleo “para la peregrinación de los fieles” (artículo
4º, inexequible); ordenó la emisión de una moneda en honor a la Madre Laura por
parte del Banco de la República (artículo 5º, exequible); dispuso la
construcción de una escultura en su honor (artículo 6º, declarado exequible
salvo la expresión, “como la cuna moderna de la evangelización para los
indígenas de América y el mundo moderno”); autorizó al Gobierno Nacional a
destinar partidas necesarias para la pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó
en el departamento de Antioquia, “dado el gran impacto turístico y religioso
que para el municipio de Jericó y sus municipios vecinos representa le
efemérides” (artículo 7º, exequible); declaró al municipio de Jericó como
de “alto potencial para el desarrollo turístico, en especial en los
productos religiosos y culturales (museos y centros históricos)”, para lo
cual señaló que el Gobierno promovería las inversiones e infraestructuras
turísticas necesarias (artículo 8º, exequible); y ordenó al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo presentar un plan de desarrollo de turismo para el
municipio de Jericó y su área circunvecina (parágrafo del artículo 8º,
inexequible).
[48] Cfr. Sentencias C-152 de 2003 y T-139 de 2014.
[49] Ver, sentencia C-766 de 2010. En el mismo sentido ver las
sentencias C-152 de 2003, C-817 de 2011, T-139 de 2014 y C-948 de 2014.
[50] Ver, sentencia C-817 de 2011.
[51] Ver, sentencia C-224 de 2016.
[52] Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y Constitución, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 2012, p. 53.
[53] John Locke, Carta sobre la tolerancia,
editorial Tecnos, Barcelona.
[54] Jean-Jacques Rousseau, El contrato
social, editorial Tecnos, Barcelona, 1988
[55] Martha C. Nussbaum, Libertad de
Conciencia. Contra los fanatismos, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 23.
[56] Everson vs. Board of Education, 330 U.S. 1, 15-16 (1947).
[57] Lemon vs. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).
[58] Cfr. Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y Constitución,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2012, p.61.
[59] Cuaderno principal, ver folio 142.
[60] Ibid.
[61] Ver por ejemplo: Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory,
Hart Publishing, 2005.
[62] Ver
gacetas 503 de 2012, 594 de 2012, 782 de 2012, 826 de 2012, 196 de 2013, 380 de
2013, 738 de 2013, 380 de 2013, 403 de 2013, 448 de 2013, 481 de 2013, 691 de
2013 y 616 de 2013. Solamente en el cuarto debate, uno de los senadores votó en
contra del proyecto de ley.
[63] Ver gaceta
489 del Congreso de la República del año 2014. El trámite legislativo consta en
las gacetas 489, 572, 725 y 799 del año 2014 y las 194, 291, 417 y 418 de 2015.
[64] Año 2012, ver folio 17, oficio del 15 de junio de 2016, en respuesta
al Auto del 31 de mayo de 2016.
[65] Años 2013, 2014, 2015 y 2016. Ver, folios, 17 al 21, oficio del 15 de
junio de 2016, en respuesta al Auto del 31 de mayo de 2016.
[66] Años 2013, 2015 y 2016. Ibíd.
[67] Años 2014, ver folio 19. Ibíd.
[68] Año 2015, ver folio 20. Ibíd.
[69] Años 2015 y 2016, ver folios 20 y 21. Ibíd.
[70] Año 2016, Ibíd.
[71] Oficio del 15 de junio de 2016, en respuesta
al Auto del 31 de mayo de 2016. Ver, folio 14.
[72] De hecho, en el ejercicio de estas competencias la Alcaldía
Mayor de Tunja ha venido incluyendo en su presupuesto partidas anuales, al
amparo del Plan de Desarrollo que propende por “el desarrollo de una agenda
cultural” y que han sido destinadas a la financiación del “desarrollo de los
diferentes eventos culturales, al considerar que la Semana Santa se ha
institucionalizado como parte de las manifestaciones propias locales”, de ello
de cuenta el oficio del 15 de junio de 2016, de la Alcaldía Mayor-Secretaria de
Cultura y Turismo, en respuesta al auto del 31 de mayo de 2016.
[73] Lemon vs. Kurtzman de 1971 {Lemon v.
Kurlzman, 403 U.S. 602 (1971), fue la decisión hito en Estados
Unidos para solucionar problemas relacionados con la laicidad y neutralidad del
Estado. En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia determinó que una Ley de
Educación Secundaria y Primaria del Estado de Pennsylvania, que establecía la
posibilidad de que se reembolsará a los profesores de las escuelas católicas un
15% del salario con fondos públicos era inconstitucional. El fallo de 8 contra
1 estableció los tres principios antes descritos (i) Que la ley ha de tener un
propósito secular, (ii) Su efecto primero o principal no debe ser ni inhibir ni
promocionar la religión y (iii) Su aplicación no debe propiciar un
enmarañamiento {excessive entanglement) entre el Estado y
la religión. (Ver. Víctor J. Vásquez Alonso, Laicidad y Constitución, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, pp. 61 y ss).
[74] La Sentencia C-152 de 2003 dispone que el
Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución "(i) establecer una
religión o iglesia oficial; (ii) identificarse
formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos
oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia.
Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las
iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia
religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no
confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o
medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la
expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas
o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o
perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente
libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de
orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias
religiosas".
[75] Para la determinación del
"enmarañamiento excesivo" {excessive entanglement) entre el Estado y
la religión se han establecido unas subreglas por parte de la Corte Suprema de
Estados Unidos, en donde se debe tomar en consideración: (i) el carácter y los
propósitos de las instituciones beneficiadas por la norma; (ii) la naturaleza
de la ayuda que el Estado provee; (iii) la relación resultante entre el Estado
y la autoridad religiosa (Ver: Víctor J. Vásquez Alonso, Op. cit, p. 62.)