T-102-19
Sentencia
T-102/19
LIBERTAD
DE EXPRESION Y DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES
DERECHO DE RECTIFICACION DE INFORMACION-Solicitud previa como requisito de procedencia de la acción
de tutela
Esta
Corte ha anotado que la solicitud previa de
rectificación como requisito de procedencia de la acción de tutela aplica
cuando la información que se predica inexacta o errónea fue divulgada por
medios de comunicación, personas que actúan en calidad de periodistas, o
quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican
habitualmente a emitir información; no así cuando lo hace un particular que no
ejerce alguna actividad periodística, como tampoco es aplicable tal requisito
cuando la información publicada es veraz pero expone elementos propios de la vida íntima de las personas, afectando el derecho a la
intimidad
LIBERTAD DE EXPRESION A LA LUZ DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL
COLOMBIANO-Definición
PRESUNCION CONSTITUCIONAL A FAVOR DE
LA LIBERTAD DE EXPRESION-Efectos jurídicos
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y alcance
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET-Parámetros interamericanos de protección y su aplicación en
la jurisprudencia constitucional colombiana
LIBERTAD DE
EXPRESION-No es absoluta
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto
DERECHO A LA HONRA Y
AL BUEN NOMBRE-Diferencias
DERECHO A LA HONRA Y
AL BUEN NOMBRE FRENTE A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Protección cuando se divulguen públicamente hechos falsos, erróneos,
tergiversados y tendenciosos
DERECHO A LA
SEGURIDAD PERSONAL-Opera para proteger
a las personas de aquellas situaciones que se ubican en el nivel de riesgos
extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar
DERECHO A LA VIDA,
INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL-Procedencia
de la acción de tutela cuando las circunstancias de cada caso indiquen la
existencia de un riesgo concreto para el solicitante
DERECHO A LA IMAGEN-Naturaleza
La propia imagen es un derecho autónomo y personalísimo, que
fija límites a la actuación de los demás, y cuya vulneración puede comprender
también los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad
INFORMACION PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES
DIGITALES Y EN INTERNET-Riesgos para menores
de edad
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección prevalente que merecen los menores de edad cuando se
enfrentan al derecho a la libertad de expresión
LIBERTAD
DE EXPRESION-Limitación para privilegiar derechos a
la honra y buen nombre
LIBERTAD
DE EXPRESION-Falta de acreditación de conflictos
personales ventilados en medios masivos no generan violación a los derechos a
la honra, el buen nombre o a la intimidad
DISCURSOS
DE ODIO-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE EXPRESION-No
constituye limitación al ejercicio del derecho, la
sola difusión de un mensaje catalogado como incitador
Referencia: Expediente T-6.997.990
Acción de tutela formulada por Karen Lorena
Páez Escorcia en contra de Lina Gómez Ospino
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside−
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política,
y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos del 27 de
junio de 2018 y del 8 de mayo de 2018, proferidos por el Juzgado 2º Promiscuo
del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) y por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Campo de la Cruz (Atlántico), en segunda y primera instancias respectivamente, dentro
de la acción de tutela promovida por Karen Lorena Páez Escorcia en contra de
Lina Gómez Ospino.
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Diez[1],
mediante auto del 16 de octubre de 2018. Como criterios de selección se
indicaron la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial (criterio objetivo) y la urgencia de proteger un derecho
fundamental (criterio subjetivo), con fundamento en los literales a) y b)
del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.
I.
ANTECEDENTES
El 20 de abril de 2018, la señora Karen Lorena Páez Escorcia
formuló acción de tutela en contra de la señora Lina Gómez Ospino, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e
integridad personal, “los de los menores de edad” y, según se desprende del
libelo, a la honra y al buen nombre. Pasan a reseñarse los aspectos centrales
de la solicitud:
1. Hechos
A continuación se relatan los supuestos fácticos
relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por la
accionante en el escrito inicial:
1.1. En el municipio de Campo de la Cruz
(Atlántico) se encontraban circulando unos “pasquines” en los que se realizaban
comentarios deshonrosos sobre sus habitantes.
1.2. El 7 de abril de 2018 la señora Karen
Lorena Páez Escorcia tuvo conocimiento de que la señora Lina Gómez Ospino había
publicado en su cuenta de Facebook que ella –la accionante− era quien
había hecho afirmaciones ignominiosas acerca de la población campocrucense.
1.3. La actora aduce que la accionada basó
su acusación en una capture (fotos tomadas con mismo equipo electrónico
o tecnológico), en la que figuran su nombre de usuario y su escrito de estado
de Whatsapp; sin embargo asegura que dichos datos fueron copiados de forma
idéntica a los de su número de teléfono celular, toda vez que el número que allí
aparece es distinto del que ella usa, es decir, fue fijado su mismo usuario y
estado en otro equipo electrónico.
1.4. La tutelante manifiesta que desde la
publicación que de manera maliciosa hizo la demandada –quien es hermana de
padre de sus hijos menores de edad−, se han desplegado en su contra y en
contra de su familia una serie de amenazas y difamaciones −publicados
también en la red social Facebook−, quedando expuesta a burlas y vilipendios
en la comunidad, a causa del resentimiento de muchas personas que equivocadamente
creen que ella es la autora de los referidos “pasquines”.
2. Contenido de la petición de amparo
De acuerdo con el anterior recuento fáctico, la señora
Karen Lorena Páez Escorcia reclama la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad
e integridad personal, “los de sus hijos menores de edad” y, según se desprende
del libelo, a la honra y al buen nombre, y solicita al juez constitucional
que, como consecuencia del amparo, se ordene a la señora Lina Gómez Ospino
retractarse públicamente de las acusaciones en su contra, pues considera que
mientras sigan circulando dichas publicaciones no cesarán las manifestaciones
de rabia y desprecio hacia ella por parte de la población de Campo de la Cruz.
Adicionalmente, la actora solicita protección policiva
para ella y para sus hijos, y que se ordene a la accionada y otras personas que
han reproducido comentarios difamatorios y amenazantes en su contra (señores
Virginia Reales, Sandy Mendoza, Mileydi Cervantes Mosquera, Genis Marriaga
Reales y Guido José Romero Muñoz) que no se acerquen a ella ni a su núcleo
familiar.
Para sustentar su solicitud, la accionante acompañó el
escrito introductorio de los siguientes documentos:
§  Copias de los ‘pantallazos’ o captures de las
conversaciones en la plataforma de Facebook, en donde figuran las presuntas
amenazas y ofensas contra la accionante[2].
§  Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante[3].
§  Copias de los registros civiles de nacimiento de los
hijos menores de edad de la accionante, nacidos el 28 de noviembre de 2014 y el
12 de noviembre de 2015[4].
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 23 de abril de 2018, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Campo de la Cruz (Atlántico) admitió a trámite la demanda de
tutela y ordenó la notificación a la accionada.
La señora Lina Gómez Ospino guardó silencio durante el
término de traslado.
4. Fallo de tutela de primera
instancia
Mediante sentencia del 8 de mayo de 2018, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz “denegó la acción de tutela”, tras
considerar que la señora Karen Páez podía utilizar los mecanismos que ofrece la
plataforma Facebook para denunciar los contenidos que considera maliciosos y
que fueron publicados en el muro de la accionada, en tanto no se invadió el
perfil de la actora. También –indicó− la interesada podía promover acciones
policivas o una querella penal si estimaba que las conductas en cuestión
afectaban sus bienes jurídicos tutelados.
A la vez, señaló que no había prueba de los supuestos
“pasquines” y que de la información aportada con el escrito inicial no se
desprendía una verdadera amenaza a la actora o a sus hijos.
Sostuvo, finalmente, que el recurso de amparo no
estaba previsto para solicitar protección policiva.
La anterior determinación fue impugnada por la
accionante.
5. Fallo de tutela de segunda
instancia
Mediante sentencia del 27 de junio de 2018, el Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga –Atlántico– confirmó el fallo del
a quo, con fundamento en que la controversia se suscitaba entre dos
particulares y que ninguno de ellos tenía superioridad sobre el otro, de manera
que no se podía predicar una situación de indefensión.
Asimismo, agregó que no se evidenciaban verdaderas
amenazas sino discusiones llenas de improperios en redes sociales, y que la
actora podía acudir a la justicia ordinaria si consideraba que existían
injurias o afrentas que comprometían su buen nombre.
6. Actuaciones de la Corte
Constitucional en sede de revisión
6.1. De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591
de 1991, por auto del 19 de noviembre de 2018, el magistrado sustanciador
decretó una medida provisional consistente en correr traslado a la Policía y a
la Fiscalía de las presuntas amenazas contra la accionante, para que, en ejercicio
de sus competencias, adoptaran las medidas que consideraran necesarias para
proteger la integridad personal de la actora y de sus hijos
Con el propósito de obtener suficientes elementos de
juicio para adoptar una decisión, y con fundamento en el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015, en la misma providencia se decretaron las siguientes
pruebas:
(i) se ordenó oficiar a Servicios
Postales Nacionales S.A. –472– para que rindiera informe a la Corte sobre la
trazabilidad del oficio mediante el cual el juzgado de primera instancia
notificó a la accionada sobre la acción de tutela;
(ii) se requirió a la
accionada para que se pronunciara rindiendo su versión en torno a los hechos y
las pretensiones que dieron lugar al proceso, ejerciera su defensa y aportara
pruebas; y.
(iii) se ordenó a la
accionante que ampliara la información aportada en el escrito de tutela,
indicando si aún existe la publicación en el muro de Facebook de la demandada,
si además de las presuntas amenazas de las que afirma haber sido víctima a
través del portal de Facebook y cuyas copias obran en el expediente, ha
recibido nuevas amenazas o agresiones, por redes sociales o por otros medios,
en razón de la acusación sobre ser la autora de los ‘pasquines’, y aportara las
pruebas que tuviera a disposición sobre los mismos.
6.2. En cumplimiento a lo dispuesto mediante el auto
de decreto de pruebas, se recibieron las siguientes respuestas:
6.2.1. La Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos
de Servicios Postales Nacionales S.A. –472–[5] informó que al oficio mediante el
cual el Juzgado Promiscuo de Campo de la Cruz dispuso la notificación de la
acción de tutela a la señora Lina Gómez Ospino se le dio el tratamiento
logístico de acuerdo a las características del servicio CERTIFICADO, y que tras
rastrear la referida pieza postal se evidenció que la misma fue entregada el
día 28 de abril de 2018 y recibida bajo la firma de Álvaro Gómez en la
misma dirección aportada por la accionante en el escrito inicial.
6.2.2. El Comandante de Departamento de Policía de
Atlántico[6] afirmó que para la
adopción de medidas de seguridad para la señora Karen Lorena Páez Escorcia,
mediante comunicación del 21 de noviembre de 2018 se solicitó información a
diferentes servidores de la institución que, en cumplimiento a la orden,
establecieron comunicación telefónica con la actora. En el marco de estas
averiguaciones, la demandante expresó que se encontraba trabajando en Santa
Marta[7] –negándose a suministrar
a los funcionarios de la Unidad de Protección su dirección y datos de
ubicación, no obstante lo cual se le informó el abonado telefónico del Grupo de
Estudios de Seguridad con el fin de atender de manera rápida y oportuna los
requerimientos relacionados con su seguridad–, así como también manifestó (la
accionante) que algunos fines de semana se desplazaba hasta Campo de la Cruz, y
que hasta el momento no ha presentado inconvenientes o situaciones donde se
viera afectada su integridad física.
Cabe anotar que no obstante las pesquisas realizadas,
se indicó que, de conformidad con el Decreto 1066 de 2015[8], la implementación de medidas de
protección a cargo de la Policía Nacional está prevista para la población que
hace parte del programa de protección para víctimas y testigos en el ámbito de
la Ley 975 de 2005 y para los servidores públicos en razón de su cargo, de
manera que para el presente caso la competencia estaría en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación, en su Dirección de Protección, una vez la
interesada instaure la respectiva denuncia penal ante dicho ente.
6.2.3. En cumplimiento al auto de decreto de pruebas,
la ciudadana Karen Lorena Páez Escorcia[9] se pronunció en los
siguientes términos:
Aseguró que a 22 de noviembre de 2018 aún se
encontraba las publicaciones cuestionadas en el muro de Facebook de la señora
Lina Gómez Ospino, que datan de los días 7 y 8 de abril del mismo año, pero que
habían sido retiradas las fotografías donde se exponía a sus hijos menores de
edad. Tal situación –afirmó– le ha ocasionado un gran perjuicio, puesto que su
vida ha perdido toda tranquilidad al punto que, por seguridad, decidió
abandonar junto con su núcleo familiar el municipio de Campo de la Cruz.
Señaló que estar involucrada en hechos que calificó
como “deplorables y denigrantes” incidió en que mermara su capacidad laboral y
después fuera retirada de su empleo, en tanto no cumplía con sus funciones por
estar permanentemente con la preocupación que le generaban las amenazas y las
posibles conspiraciones que podían surgir por parte de personas que se hubieran
sentido afectadas en su honra por los pasquines y que creyeran, con base en las
acusaciones de la señora Lina Gómez Ospino, que ella era responsable de
aquellas difamaciones.
Declaró que luego de las amenazas realizadas a través
de Facebook que anexó junto con el escrito introductorio no ha recibido nuevas
amenazas por ningún otro medio ni de forma personal, pero que continúa temiendo
por su integridad, su vida y la de sus hijos. Agregó que “las amenazas son
un delito fenomenológico, que para su materialización sólo necesita: (…) que
alguien por cualquier medio atemorice, amenace a una persona, familia (…) (…) (sic)
con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población (…)
según las especificaciones encontradas en el artículo 347 de la Ley 599 de 2000”,
por lo cual acude al juez constitucional para evitar un perjuicio mayor e
irremediable.
Sostuvo que la accionada no expone prueba alguna en la
que demuestre que ella (la señora Karen Páez) es la responsable de las
acusaciones que le endilga, que le imputa unos hechos y lo divulga sin tener en
cuenta las consecuencias adversas que podrían generarse a causa del mal
recibimiento de esa publicación por parte de la comunidad y de cualquier
persona que acceda a la red masiva Facebook.
En cuanto a los denominados “pasquines”, la actora
sostuvo que se trata de mensajes que se difundían a través de la red social
Whatsapp en los que se difamaba a las personas, y que no podía anexar más
información sobre el particular aparte de lo ya aportado al expediente.
Finalmente, señaló que a las pretensiones consignadas
en la demanda constitucional de amparo agregaba la solicitud de compulsar
copias para que se investigue la posible comisión de una conducta punible de
acuerdo con los hechos alegados, y que se condene en costas y perjuicios a la
accionada.
6.2.4. La señora Lina Gómez Ospino, por su parte, guardó
silencio en relación con el requerimiento efectuado por esta Corporación en el
auto de decreto de pruebas del 19 de noviembre de 2018.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, la señora Karen Lorena Páez
Escorcia reclama la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad
personal, a la honra y al buen nombre, y “los de los niños” –en referencia a
sus hijos de 3 y 4 años de edad–,
en vista de que la señora Lina Gómez Ospino publicó en su muro de Facebook que
era ella –la accionante− la responsable de unos “pasquines” que estaban
circulando en el municipio de Campo de la Cruz en los que se realizaban
“afirmaciones deshonrosas” sobre sus habitantes. La actora asegura que a partir
de ese momento se generó un clima de animadversión en su contra que ha dado
lugar a ofensas y amenazas por parte de diferentes personas.
Con base en lo anterior, solicita que el juez
constitucional ordene a la accionada que se retracte públicamente de las
acusaciones en su contra, pues considera que mientras sigan circulando dichas
publicaciones no cesarán las manifestaciones de resentimiento y desprecio hacia
ella por parte de la población del municipio.
A su vez, la tutelante solicita protección policiva
para ella y para sus hijos menores de edad, y que se emita una orden de
“alejamiento” a la accionada y a otras personas que han reproducido comentarios
difamatorios y amenazantes en su contra.
Dentro del trámite de tutela, la demandada guardó absoluto
silencio.
Las sentencias de los jueces constitucionales de
primera y segunda instancias fueron adversas a las pretensiones de la
accionante, luego de
considerar principalmente que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado
para ventilar la controversia.
3. Problema jurídico a resolver
Primeramente, corresponde a la Sala dilucidar si en el
sub júdice se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional
de protección de derechos.
Si tras este análisis se comprueba que la intervención
de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de
fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad
e integridad personal, “los de los menores de edad”, a la honra y al buen
nombre
invocados por la señora Karen Lorena Páez Escorcia fueron vulnerados por parte
de la señora Lina Gómez Ospino, al publicar en la red social Facebook que aquella
era responsable de emitir unos denominados “pasquines” que presuntamente
desacreditaban a algunos habitantes de municipio de Campo de la Cruz.
Para dar respuesta a estas cuestiones, la
Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes
temáticos: i) Procedencia de la acción de tutela; ii) El derecho a la libertad
de expresión y sus límites; iii) Los derechos a la honra y al buen nombre; iv)
Los derechos a la vida y la seguridad e integridad personal; y, v) La
protección a la imagen de los menores de edad.
Una vez agotado el análisis de los anteriores aspectos
se abordará el caso concreto, luego de lo cual se adoptarán las determinaciones
a que haya lugar frente a la solicitud de amparo.
i) Procedencia de la acción de tutela
La Constitución de 1991, en su artículo 86, consagró
la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que
persigue una protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad
pública o, en precisos eventos, de particulares, cuando quiera que de su acción
u omisión se desprenda vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.
En razón a su carácter excepcional, se trata de un
recurso que sólo es procedente en la medida en que el peticionario no disponga
de otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para salvaguardar sus
garantías constitucionales, a menos que, dada la inminencia de una lesión
iusfundamental, se acuda al mismo como mecanismo transitorio para conjurar un
perjuicio irremediable.
En desarrollo de
dicha disposición superior y, en concordancia con lo
previsto en los artículos 1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991[10], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los
requisitos formales de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación
en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa
por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv) subsidiariedad[11].
Corresponde,
entonces, a la Sala, pasar a verificar el cumplimiento de cada uno de estos
presupuestos de procedencia en el asunto sub
júdice:
Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Carta Política
establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que
considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una
autoridad pública o, en ciertas circunstancias, por un particular.
Este requisito consiste en indagar si el promotor de
la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este recurso judicial, ya
sea porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, o bien,
porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de
promover su propia defensa, a través de la figura de la agencia oficiosa[12].
En el caso bajo estudio, se observa que la señora
Karen Lorena Páez Escorcia promueve la acción de tutela a nombre propio con el
fin de que se garanticen sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad
personal, a la honra y al buen nombre, que estima vulnerados por habérsele atribuido a
través de una red social la responsabilidad sobre unos “pasquines” que al
parecer generaron un descontento entre varios residentes del municipio de Campo
de la Cruz. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la solicitud de
amparo de los derechos propios cumple con las exigencias de la legitimación en
la causa por activa.
Ahora bien: del escrito de tutela se desprende que la
accionante también pide que la protección constitucional se extienda a sus dos hijos
de 3 y 4 años de edad, dado que considera que ellos también se encuentran afectados
por la publicación a que se alude. Demostrado como está el vínculo materno
filial entre la tutelante y los niños –de conformidad con las copias de los
registros civiles de nacimiento que fueron aportados al expediente[13]–, es claro que la señora
Karen Lorena Páez Escorcia está en plena capacidad de obrar como representante
de los menores en la presente actuación, no sin subrayar, además, que la
jurisprudencia constitucional[14] ha establecido que la
cláusula de protección preferente a niños, niñas y adolescentes consagrada en
el artículo 44 de la Carta habilita a cualquier persona a instaurar acciones en
su defensa.
Se colige
entonces que, también
en este sentido, se encuentra acreditado este requisito de legitimación en la
causa por activa, en la medida en que la solicitud de la demandante está
encaminada a la salvaguarda de las garantías constitucionales de sus hijos
menores de edad.
Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de
procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior[15], el cual prescribe que el
recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas
hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta
responsabilidad –ya por acción, ora por omisión− en la transgresión de
los derechos fundamentales que suscita la reclamación.
En desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[16]
prevé los eventos en los cuales los particulares pueden ser sujetos pasivos de
la acción de tutela, entre los cuales se contempla la posibilidad de acudir a
este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del demandado.
A propósito de la indefensión, de vieja data la jurisprudencia
constitucional la ha descrito como la imposibilidad o impotencia en que se
encuentra alguien, en razón a determinadas circunstancias puntuales, para
repeler el agravio a sus derechos, lo que quiere decir que “(…) no tiene su
origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado
sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en
su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)”[17].
Esta Corporación ha reconocido que uno de los casos en que se
evidencia una asimetría entre particulares que, a su vez, da cuenta de una posición
de indefensión del uno respecto del otro, es en el ámbito de la divulgación de
información por medio de redes sociales masivas e internet, dada la dificultad
que tiene el afectado para controlar la propagación de la misma a través de
estos canales o medios:
“(…) [L]a Corte ha fijado
la presunción de que el individuo se halla en situación de indefensión, a causa
del impacto social que puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su
potencial influencia en las creencias y opiniones de las personas. Lejos de ser
un particular más, los medios son organizaciones que, debido a la naturaleza de
su actividad, ejercen de facto también un amplio poder social que puede llegar
a lesionar derechos individuales con un incontrastable efecto multiplicador. De
ahí que se reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para la
protección de las prerrogativas fundamentales del individuo”.[18]
Bajo ese entendimiento, se observa que en el presente
asunto se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de
la señora Lina Gómez Ospino, comoquiera que es la persona a quien se le
atribuye el presunto hecho vulnerador –la publicación que responsabiliza a la
actora de ser la autora de los “pasquines”− y quien, como titular del
perfil de Facebook donde se fijó la publicación, tiene el manejo del sitio.
Inmediatez. Dado que la acción de tutela está encaminada a proveer
una salvaguarda urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una
amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda constitucional
de amparo es un presupuesto primordial para la procedencia de este mecanismo.
En el trámite de revisión la accionante informó a la
Corte que las publicaciones en Facebook que, a su juicio, atentan contra sus
derechos fundamentales y los de sus menores hijos se realizaron los días 7 y 8
de abril de 2018, y aún siguen exponiéndose en el perfil de la accionada[19].
La demanda constitucional de amparo, a su turno, fue
radicada ante la autoridad judicial el 20 de abril de 2018[20].
Se deriva de lo anterior que entre uno y otro evento,
es decir, entre el presunto hecho vulnerador y la interposición del recurso de
amparo transcurrió menos de un mes, lo cual permite determinar que la peticionaria
acudió dentro de un lapso razonable ante el juez constitucional. Además, la
permanencia de las publicaciones en la plataforma virtual de que se trata
implica que la información en cuestión sigue a la vista de los usuarios y, en
esa medida, la situación denunciada en el libelo puede considerarse actual.
Subsidiariedad. Por su carácter excepcional, la acción de tutela sólo
procede ante la inexistencia de otros medios judiciales que permitan ventilar
las pretensiones del tutelante, o bien, cuando a pesar de existir, aquellos
carecen de idoneidad o resultan ineficaces para el caso concreto, en razón a
variables como la urgencia de protección o la extrema vulnerabilidad del sujeto
que reclama la protección.
Lo anterior supone que si el asunto puede ser conducido
ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo ordinario, en
principio, deberán agotarse las etapas y las formas previstas en el
ordenamiento jurídico para cada proceso, y el juez de tutela no debe desplazar
el conocimiento del juez instituido para el efecto.
Pues bien: en el caso bajo estudio, la Sala considera que
esta oportunidad el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, de
acuerdo con los siguientes argumentos:
En primer lugar, en lo que atañe a los derechos
a la vida y a la seguridad e integridad personal que la actora estima
que están en peligro a raíz de los comentarios y presuntas amenazas colocados
en el muro de la accionada en la red social Facebook, a primera vista podría
considerarse que está la vía de la acción penal para ventilar tal situación.
Empero, es pertinente señalar que el proceso penal se
funda en el ejercicio de ius puniendi por parte del Estado y está
orientado principalmente a establecer la responsabilidad individual frente a
una infracción a la ley originada en una conducta típica, antijurídica y
culpable, tal como esta Corporación lo ha precisado:
“La Corte ha referido que los fines del
proceso penal dentro del Estado social de derecho están dados por la realización
del ius puniendi en condiciones de justicia, en la pretensión principal de
establecer, más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable
de la comisión de un delito. Es el proceso penal ‘un instrumento racional
encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de un individuo, cuya
conducta habría injustamente vulnerado uno o varios derechos fundamentales
(integridad personal, libertad individual, etc.) o bienes jurídicos
constitucionalmente relevantes (salubridad pública, orden económico y social,
etc.).’”[21]
Es así que, si bien los enfoques más contemporáneos
reconocen la necesidad de dignificar a las víctimas del injusto penal a través
del concepto de justicia restaurativa, no cabe duda de que el proceso penal
tiene una intrínseca finalidad retributiva y punitiva, al paso que la acción de
tutela tiene una finalidad propiamente protectora de los derechos
constitucionales de todas las personas, para hacer cesar una vulneración,
independientemente de que las acciones u omisiones que la originan sean
conductas con la connotación de delito o de los correctivos respecto del autor.
Aunado a lo anterior, mientras que en el marco del
proceso penal es necesario agotar exhaustivas etapas previstas en la ley en
relación con la investigación y eventual sanción de una conducta ilícita con el
consecuente restablecimiento de derechos para la víctima, la acción de tutela
es un mecanismo expedito, sumario y dúctil que permite otorgar una salvaguarda
urgente e inmediata ante un agravio iusfundamental.
Igualmente, el alcance de las potestades del juez son
ciertamente más reducidas en el proceso penal, y particularmente en el sistema
penal adversarial vigente, en contraste con las amplias y robustas atribuciones
que le son reconocidas a los jueces de tutela para dilucidar la situación
litigiosa en aras de impartir una protección integral, lo que se evidencia en
las posibilidades de decretar pruebas oficiosamente, integrar el contradictorio
con todos los sujetos que considere pertinentes, moverse dentro de un extenso
margen para disponer medidas provisionales según lo amerite el caso, e incluso extender
la salvaguarda a derechos que no han sido expresamente invocados o adoptar
medidas más allá de las pretensiones consignadas en la demanda constitucional
de amparo (facultades ultra y extra petita).
En ese orden de ideas, no puede predicarse sin más que
la actora está obligada a acudir previamente a la vía del proceso penal como
condición de procedencia para perseguir la protección de sus derechos a la vida
y a la seguridad e integridad personal, pues, si bien estos son bienes
jurídicos tutelados por la legislación penal, está visto que aquel medio
judicial no resulta plenamente idóneo y eficaz a efectos de repeler de manera
efectiva e inmediata una violación iusfundamental.
En segundo lugar, en lo que concierne a los derechos
a la honra y al buen nombre, en línea con lo expuesto en precedencia,
es pertinente recordar que la jurisprudencia de este Tribunal[22] ha precisado que, aunque en apariencia la acción
penal por los delitos de calumnia e injuria podría parecer un medio judicial
adecuado para reivindicar los referidos bienes jurídicos, pueden presentarse
situaciones en las que no se encuentren acreditados todos los elementos para la
configuración de una conducta típica y sin embargo sí se produzca una lesión a
la honra y al buen nombre. En tal sentido, como ya se anticipaba líneas arriba,
el proceso penal y la acción de tutela se distinguen en importantes aspectos
como su finalidad, los supuestos de responsabilidad que aplican en cada caso,
el alcance de las facultades de que goza el juez y las maneras de restablecer
los derechos conculcados, por lo que en este punto tampoco estaría enteramente
comprobada la idoneidad del recurso judicial ordinario.
Tratándose de la protección vía amparo constitucional
de los derechos a la honra y al buen nombre, es menester recordar que esta
garantía se articula con el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad que consagra el artículo 20 constitucional.
En concordancia, el Decreto 2591 de 1991[23] prevé como requisito de procedencia que, en los eventos que
involucren informaciones u opiniones difundidas por medios de comunicación o
informes periodísticos publicados en redes sociales –tal como lo ha entendido
la jurisprudencia constitucional–,
el tutelante que estima inexacta o errónea la información transmitida demuestre
que solicitó la rectificación, bajo el supuesto de que el emisor ha actuado de
buena fe pero no es infalible y que así se le proporciona la oportunidad de
contrastar por sí mismo la versión del solicitante, ya sea para proceder a
corregir el yerro en el que eventualmente haya incurrido o para sostenerse en
su postura inicial[24].
En desarrollo de lo anterior, esta Corte ha anotado
que la solicitud previa de rectificación como requisito de procedencia de la
acción de tutela aplica cuando la información que se predica inexacta o errónea
fue divulgada por medios de comunicación, personas que actúan en calidad de
periodistas, o quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican
habitualmente a emitir información[25]; no así cuando lo hace un particular que
no ejerce alguna actividad periodística[26], como tampoco es aplicable tal requisito
cuando la información publicada es veraz pero expone elementos propios de la
vida íntima de las personas, afectando el derecho a la intimidad[27].
Conforme a lo expuesto, se deduce que en el caso bajo
estudio la señora Karen Lorena Páez Escorcia no estaba llamada a agotar el
requisito de procedencia consistente en solicitar previamente la rectificación
a la señora Lina Gómez Ospino, comoquiera que esta última no realizó las
publicaciones que dieron origen a la acción de tutela en ejercicio de la
profesión de periodista, ni se sostiene que tenga por oficio habitual la difusión
de información, ni lo hizo a través de un medio de comunicación. Po lo demás,
tampoco se alega que la información publicada sea veraz pero lesione la
intimidad de la peticionaria.
Y, finalmente, en tercer lugar, en relación con los derechos
de los niños, basta con señalar que la Carta ha dispuesto taxativamente
en su artículo 44 el carácter prevalente de los derechos de los menores de
edad, a lo que se añade el mandato superior que obliga al Estado a proteger
especialmente a las personas que, por diversas causas, se hallan en una
condición de mayor vulnerabilidad[28].
Dentro del grupo de personas que se consideran sujetos
de especial protección constitucional, los niños, niñas y adolescentes son merecedores
de una atención prioritaria por parte del juez constitucional, puesto que al
encontrarse en proceso de formación y desarrollo, y en razón de su situación de
sujeción respecto de los demás miembros de la sociedad, son particularmente
vulnerables.
Bajo esta impronta, es claro que se impone realizar
una evaluación menos rígida en términos de procedencia cuando se
pretende conjurar la amenaza o vulneración de derechos de menores de edad, lo
que implica asumir una perspectiva exenta de formalismos que se opongan al
interés superior de los niños. Sobre el particular, la jurisprudencia ha
subrayado:
“[S]i bien la acción de tutela tiene un
carácter residual y subsidiario, cuando con ella se busca salvaguardar derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la aplicación de dichas
reglas no deberá realizarse con la misma rigurosidad dado el interés del menor
y el carácter prevalente sobre los derechos fundamentales de estos”.[29]
Por lo demás, es pertinente mencionar que aunque la
Ley 1098 de 2006 establece una obligación de protección a la infancia a cargo
de la familia, la sociedad y el Estado, nuestro ordenamiento jurídico no prevé
un mecanismo de defensa específico distinto a la acción de tutela que permita
reclamar judicialmente el uso inadecuado y/o irresponsable de imágenes de
niños, niñas y adolescentes[30].
Pues bien: desde la perspectiva que ofrecen las
anteriores consideraciones, se observa que la solicitud de amparo promovida por
la señora Karen Lorena Páez Escorcia satisface los requisitos mínimos de
procedencia, por lo que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las
pretensiones, de acuerdo con el esquema trazado al formular el problema
jurídico.
ii) El derecho a la libertad de expresión y sus
límites
En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho
fundamental a la libertad de expresión está contemplado en el artículo 20 de la
Constitución[31] así como en los artículos 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[32] y 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos[33], instrumentos que, por virtud del artículo
93 Superior, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
De conformidad con dichas disposiciones, el derecho a
la libertad de expresión se define como la garantía que tiene toda persona de buscar,
recibir, expresar y difundir información, ideas y opiniones, por cualquier
medio, sin ser molestado y sin restricciones como la censura previa[34], salvo excepciones específicamente establecidas por
ley, asociadas al respeto por los derechos de los demás, a la protección de la
seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral públicas, y a la
defensa de principios y valores democráticos que proscriben ciertos contenidos considerados
prohibidos, a saber: pornografía infantil, instigación pública y directa al
genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el
delito[35]. Pero además de esta dimensión individual,
el derecho a la libertad de expresión comprende una dimensión social[36] que se vincula con el derecho de la colectividad a
ser receptora de cualquier tipo de información conforme a condiciones de veracidad
e imparcialidad.
Desde su más temprana jurisprudencia, esta Corte ha
subrayado la importancia de la libertad de expresión, por su intrínseca
relación con la vocación comunicativa del ser humano y en razón a la
importancia que revisten para la democracia el debate y la posibilidad de
compartir diversidad de datos, perspectivas y puntos de vista, así como
presupuesto del pluralismo, la tolerancia, la participación y el control al
poder. Por lo tanto, se ha establecido una presunción de prevalencia a favor de
la libertad de expresión cuando colisiona con otros derechos, que se concreta a
través de las siguientes pautas:
“1. Presunción de cobertura de una
expresión por el ámbito de protección del derecho constitucional. En principio,
toda expresión se presume cubierta por la libertad consagrada en el artículo 20
Superior, salvo que se demuestre en cada caso concreto y de forma convincente
que, por sus características, se justifica la limitación de tal expresión, por
estar dadas las condiciones constitucionales para ello –que se señalarán en
capítulos subsiguientes-.
2. Presunción de primacía de la libertad de
expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en
casos de conflicto. Cuandoquiera que el ejercicio de la libertad de expresión
entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales,
su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en principio, una
primacía a la libertad de expresión; dicha primacía cesará cuando se demuestre
que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el
caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se
ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales que
admiten la limitación de esta libertad. (…)
3. Sospecha de inconstitucionalidad de las
limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de
constitucionalidad estricto. Cualquier limitación estatal sobre la libertad de
expresión, a través de los actos de cualquier autoridad pública –en ejercicio
de funciones legislativas, administrativas, judiciales, policivas, militares o
de otra índole-, se ha de entender como una intervención constitucionalmente
sospechosa. (…)”[37]
Dentro de la noción de libertad de expresión conviene
identificar la faceta relacionada con la posibilidad de procurar y divulgar información
propiamente dicha que, en la medida en que puede ser sometida a verificación, y
es susceptible de ser verdadera o falsa, de otra faceta relacionada con la
facultad de conocer y manifestar opiniones, que devienen de la libertad
de pensamiento y están más próximas a apreciaciones, reflexiones o valoraciones
sobre un tema, un fenómeno, una persona, etc., y que por lo tanto no
necesariamente soportan un juicio de verdad o falsedad, pues están
estrechamente relacionadas con una percepción más o menos subjetiva sobre el
objeto o el acontecimiento[38]. La distinción indicada cobra especial
relevancia, pues, como esta Corte lo ha subrayado[39], mientras que la información ha de
ajustarse a estándares de veracidad e imparcialidad, en
contraste, la emisión de opiniones no tiene en principio límites.
Tratándose de la primera, esto es, la libertad de
difundir información, este Tribunal ha señalado que conlleva una carga mayor
para quien la ejerce, lo que se predica en particular respecto de los
comunicadores y quienes tienen por oficio la difusión de información, en tanto
se espera que la información divulgada al público atienda, como se ha dicho, a
los principios de veracidad e imparcialidad, lo cual resulta
compatible con la exigencia emanada de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión[40] conforme a la cual “[l]a actividad
periodística debe regirse por conductas éticas”. En esa dirección, la Corte
ha sostenido:
“De acuerdo con esa comprensión, la
Corte ha explicado que el principio de veracidad supone que los
enunciados fácticos puedan ser verificados razonablemente, es decir, no exige
que la información publicada sea irrefutablemente cierta, sino un deber de
diligencia razonable del emisor. De ese modo, el juez constitucional deberá
verificar si: ‘(i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como
ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas’.
En consecuencia, se desconoce el principio
de veracidad cuando la información se sustenta en ‘rumores, invenciones o malas
intenciones’ o, cuando pese a ser cierta, se presenta de tal manera que hace
incurrir en error a su destinatario.
A su vez, el principio de imparcialidad
‘envuelve una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos
valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión’. Si bien la
Corte ha entendido que el Constituyente de 1991 no pretendió llegar al extremo
de una imparcialidad absoluta, este principio ciertamente exige establecer
distancia entre la noticia objetiva y la crítica personal, ya que el público
tiene derecho a formar libremente su opinión y ‘no recibir una versión
unilateral, acabada y ´pre-valorada´ de los hechos que le impida deliberar y
tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos
objetivamente.’”[41] (negrillas del texto original)
Por otro lado, cabe subrayar que el derecho a la
libertad de expresión no cobija únicamente los discursos que gozan de cierto
nivel de aceptación en la sociedad, sino que también están salvaguardados los
mensajes que pueden resultar polémicos, molestos o impertinentes, pues no sólo
se ampara el contenido sino el tono de las manifestaciones, tal
como lo ha reconocido el pleno de esta Corporación:
“[L]a libertad constitucional protege
tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas
inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas,
chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente
contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono.”[42]
Es pertinente poner acento en esta precisión realizada
por la jurisprudencia constitucional respecto de los alcances de la libertad de
expresión, toda vez que el reconocimiento de que la protección constitucional
se extiende por igual a expresiones usualmente aceptadas o toleradas, como a
aquellas capaces de generar desconcierto, incomodidad o controversia en la
colectividad, es imprescindible para garantizar el escenario de debate plural,
diverso y democrático que persigue la Constitución.
A su vez, esta Corte ha sostenido que la prevalencia
de la libertad de expresión se aplica en igual medida cuando se trata de medios
de comunicación convencionales como en internet, no obstante lo cual el juez debe
adoptar una perspectiva especial en atención a la capacidad amplificadora y a
la gran velocidad con que se comparte la información a través de estos canales
informáticos[43].
En este contexto, vale la pena destacar que la defensa
de internet como espacio democratizador del derecho a la libertad de expresión
y de fomento al pluralismo, ha sido resaltada de manera conjunta en los
sistemas internacionales y regionales de promoción de derechos humanos. Así, en
la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada
en 2011 por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad
de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (CADHP), se ha recalcado que la libertad de expresión se aplica a internet
del mismo modo que a todos los medios de comunicación, dejando en claro que “los
enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación
—como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a
internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio,
atendiendo a sus particularidades”. Y también allí se ha subrayado
que “[l]as restricciones a la libertad de expresión en Internet solo
resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen,
entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad
legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar
dicha finalidad (la prueba "tripartita")”.[44]
Es importante relievar, a propósito del ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en internet, que, como lo ha indicado la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, los intermediarios –categoría que abarca “desde
los proveedores de servicios de Internet a los motores de búsqueda, y desde los
servicios de blogs a las plataformas de comunidades en línea166, las
plataformas de comercio electrónico, servidores web, redes sociales, entre
otros”[45]− han pasado hacer actores clave en
la protección de la libertad de expresión y la privacidad, y pueden tener
distintos niveles de control sobre la difusión de información en sus
plataformas, no obstante lo cual no se les debe trasladar la responsabilidad por
los contenidos publicados por sus usuarios. Lo contrario implicaría –según la
Relatoría− una promoción del monitoreo, el filtrado y la censura que, a
todas luces, sería incompatible con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
De lo anterior se deriva que la libertad de expresión
se erige como una piedra angular del pacto político, cuya limitación está
sometida a muy estrictas condiciones dispuestas por el orden jurídico, en tanto
el libre acceso e intercambio de informaciones, opiniones, críticas e ideas en
general entre la ciudadanía es, no sólo una característica inherente a la
condición humana, sino un sustrato esencial para la construcción colectiva de
lo público y para el afianzamiento de los valores que persigue el Estado social
y democrático de derecho.
iii) Los derechos a la honra y al buen nombre
Los derechos a la honra y al buen nombre están
contemplados en nuestro Texto fundamental en los artículos 21[46] y 15[47] constitucionales, respectivamente. En
concordancia, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen la
honra y la reputación contra injerencias y ataques arbitrarias, cuerpos
normativos que, como se indicó en precedencia, integran el bloque de
constitucionalidad.
Con el propósito de distinguir a qué aluden las
citadas garantías, la jurisprudencia ha señalado que la honra se refiere a “la
estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad
humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no
menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente
a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad”[48]; al paso que el buen nombre es una noción
que se relaciona con “la buena opinión o fama adquirida por
un individuo en razón de la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de
las acciones protagonizadas por él”[49],
En otras palabras, los rasgos diferenciadores de los
derechos a la honra y al buen nombre han sido resumidos por la jurisprudencia
en los siguientes términos:
“[S]i bien es cierto el
derecho a la honra y al buen nombre tienen una condición necesariamente
externa, pues se predica de la relación entre el sujeto y los demás miembros de
la sociedad, se diferencian en que, mientras el primero responde a la
apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos
privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a la apreciación
que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que
observa en su desempeño dentro de la sociedad.”[50]
No obstante la anterior precisión conceptual, la Corte
ha entendido que existe una relación de interdependencia material entre
el derecho a la honra y el derecho al buen nombre, al punto que “la
afectación de uno de ellos, generalmente, concibe la vulneración del otro”[51].
Para efectos de establecer cuándo una afirmación se
reputa deshonrosa, esta Corte ha enfatizado que no cualquier expresión hiriente
o chocante constituye per se un agravio de naturaleza iusfundamental y,
en tal sentido, ha determinado que debe tratarse de opiniones o conceptos capaces
de generar en la persona lo que se denomina un daño moral tangible, supuesto
que implica que “deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el
patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la
impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida
en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la
interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad
que lesione el núcleo esencial del derecho’”[52].
Por otro lado, es menester recordar que el artículo 20
de la Constitución, relativo al derecho a la libertad de expresión, prevé la rectificación
en condiciones de equidad como garantía orientada a reivindicar de manera
eficaz los derechos de la persona que resulte afectada por la divulgación de
información falsa, errónea o tergiversada que desdibuje su imagen ante la
sociedad, más allá de los rigores y las consecuencias generadas de la eventual
declaratoria de responsabilidades civiles y penales. Según lo ha apuntado la
Corte, se trata de “(i) un derecho que tiene el afectado por la información
errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una parte; y (ii)
una obligación del medio de comunicación de aclarar, actualizar o corregir la
información emitida”[53].
En suma, los derechos a la honra y al buen nombre de
la persona gozan de una vigorosa protección en nuestro ordenamiento, en razón a
su inescindible vinculación con la dignidad humana, que es, de acuerdo con el
artículo 1º de la Carta, el primer cimiento sobre el cual se funda nuestra
organización política.
iv) Los derechos a la vida y la seguridad e integridad
personal
Desde el artículo 2 de la Constitución se consagra la
protección del derecho a la vida de todas las personas que residen en Colombia como
uno de los fines esenciales del Estado. A la vez, el artículo 11 superior
establece que el derecho a la vida es inviolable y, seguidamente, el artículo
12 prescribe que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En concordancia, normas internacionales ratificadas
por Colombia, como los artículos 4, 5y 7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y los artículos 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, obligan al Estado a respetar y garantizar la vida, la
integridad y la seguridad de todas las personas bajo su jurisdicción, sin
discriminación.
La estrecha relación que existe entre la vida y la
seguridad e integridad personal en tanto derechos fundamentales ha sido
reconocida por la jurisprudencia de este Tribunal, enfatizándose que en
determinadas circunstancias las autoridades públicas tienen el deber de proveer
una protección específica, de cara a situaciones en las que una persona se ve
expuesta a riesgos en una proporción mayor a la de sus semejantes:
“[L]a jurisprudencia constitucional ha
sostenido que la protección y el respeto del derecho fundamental a la vida
guarda una relación intrínseca con la garantía del derecho fundamental a la
seguridad personal, pues bajo determinadas circunstancias, con base en él, los
individuos pueden exigir ‘medidas específicas de protección de parte de las
autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de
riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el
deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar’.”
En un pronunciamiento reciente, esta Sala de Revisión
examinó una solicitud de amparo en la que se invocaba la protección los
derechos fundamentales a que se alude, y analizó los eventos en los cuales es
precisa la intervención del juez constitucional en defensa de la vida y la
integridad personal, ante la evidencia de una amenaza o vulneración
iusfundamental:
“La jurisprudencia de esta Corporación
ha definido la amenaza contra los derechos como una ‘violación potencial que se
presenta como inminente y próxima. Respecto de ella la función protectora del
juez consiste en evitarla’. Así se han establecido criterios de apreciación de
los hechos que demandan la intervención del Estado, con el fin de establecer si
existe grave peligro:
‘La vulneración y la amenaza de los
derechos fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera
requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de
tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión
jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto
subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la
autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado
que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona
presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis
constitucional de la amenaza requiere la confluencia de elementos subjetivos y
objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos
fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos
objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias
temporales e históricas en que se desarrollan los hechos.’”[54]
Por otro lado, es oportuno relievar que la
jurisprudencia constitucional se ha ocupado de adoptar medidas para la
salvaguarda de la vida, la seguridad y la integridad personal particularmente
al abordar los riesgos inherentes a ciertas personas en razón de sus
actividades o funciones en el conglomerado social, y cuando dicho riesgo se
funda en motivos como la filiación política o la colaboración a miembros de un
partido[55], la actividad sindical[56], el desarrollo de un servicio público (como la
administración de justicia o la policía)[57], el desempeño de la docencia[58], la defensa de los derechos humanos[59], el haber resultado afectado de manera directa o
indirecta por actos de violencia el marco del conflicto armado[60], o el hecho de ser líder social[61].
Con esta rúbrica, la Corte Constitucional ha sostenido
que es viable la protección de la seguridad personal a través del recurso de
amparo sólo cuando las personas son sometidas a riesgos extraordinarios o
extremos, esto es, ante peligros y contingencias de cierta intensidad
que no son legítimos ni soportables de acuerdo con el ordenamiento
constitucional; teniendo en cuenta que la vida cotidiana en sociedad conlleva
riesgos ordinarios que son jurídicamente soportables y que son asumidos por los
individuos sin que ello implique una vulneración iusfundamental[62].
En suma, los derechos a la vida y a la seguridad e
integridad personal son garantías justiciables mediante la acción de tutela
siempre y cuando el análisis de las circunstancias que rodean cada caso conduzca
a la conclusión de que existe un riesgo concreto para el solicitante,
susceptible de ser reconocido como excepcional respecto de los demás
individuos, que por lo tanto haga forzosa la intervención de la autoridad
judicial para propiciar que el Estado cumpla con los deberes de garantía y
protección que le son propios.
v) La protección a la imagen de los menores de edad
El artículo 44 de la Carta consagra que los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la propia Constitución y en
los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, tienen prevalencia
sobre los derechos de los demás. Ello apareja una obligación correlativa de
garantía y protección en la que concurren la familia, la sociedad y el Estado.
A su turno, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989
por la Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada a la legislación
nacional mediante la Ley 12 de 1991, consagra en su artículo 16 que “1. Ningún niño será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.// 2. El niño
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques”.
Así que, debido a que la defensa del interés superior
de los menores tiene la máxima prelación al interior del ordenamiento jurídico,
un aspecto especialmente sensible es el del tratamiento y disposición de las
imágenes de niños y adolescentes, por la preocupación que conlleva
salvaguardarlos de intrusiones arbitrarias en su intimidad, su honra y su
reputación.
El valor que se le atribuye jurídicamente a la imagen
de las personas está asociado a la relación que existe entre los rasgos
exteriores que concretan la individualidad del ser humano, la personalidad y la
dignidad, lo cual justifica que su utilización no esté librada al arbitrio de
terceros. Bajo esa comprensión se ha desarrollado la noción del derecho a la
propia imagen, definido por la jurisprudencia como la libertad del sujeto de
decidir en qué eventos y bajo qué condiciones otras personas tienen la
posibilidad de captar, publicar, reproducir o comercializar su imagen[63].
“‘[U]na consideración elemental de
respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas
que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera
otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre
disposición y manipulación de terceros’, por lo cual, ‘con las limitaciones
legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda
del conocimiento y demás intereses públicos superiores, toda persona tiene
derecho a su propia imagen, de donde resulta que sin su consentimiento, ésta no
pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o
comercializada por otro’". Adicionalmente, cuando la imagen muestra a la
persona en espacios o en desarrollo de actividades propias de la intimidad, la
difusión sin previa autorización también vulnera el derecho a la intimidad.”[64]
En tal sentido se ha sostenido que la propia imagen es
un derecho autónomo y personalísimo, que fija límites a la actuación de los
demás, y cuya vulneración puede comprometer también los derechos a la honra, al
buen nombre y a la intimidad[65].
Extrapolando ese interés al campo de la imagen de los
menores de edad, el legislador se ha ocupado de establecer mecanismos de
protección de la imagen de los niños, niñas y adolescentes. La Ley 1098 de 2006
−Código de la Infancia y la Adolescencia− en su artículo 47 impone a
los medios de comunicación el deber de “[a]bstenerse de entrevistar, dar el
nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la
identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores
o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el
derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o
la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia,
será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar”; a la vez, en su artículo 153, señala una
expresa reserva de la identidad de los menores procesados bajo el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, que apareja la prohibición de revelar
la identidad o imagen que permita la identificación de los mismos.
Por vía jurisprudencial, esta Corporación ha recalcado
que el mandato de protección a la imagen de los menores de edad, dada la
garantía preferente que tienen los derechos del sector más joven de la
población, requiere que en cada caso concreto se incorpore el interés superior
del menor como criterio insoslayable para ponderar y resolver tensiones entre
derechos fundamentales.
En esa línea, la preservación de la imagen de los
menores de edad frente a exposiciones ilegítimas ha sido prioridad en múltiples
pronunciamientos de la Corte, el constatarse –por lo demás− que la
utilización inadecuada o ilícita de dicha imagen repercute negativamente en otros
derechos fundamentales. Tal ha sido la postura reiterada por la jurisprudencia
al examinar controversias que envuelven el uso irregular de la imagen de los
niños, por ejemplo: al difundirse en prensa de amplia circulación fotografías
de las menores hijas de un artista junto con detalles de la intimidad familiar[66], al exponerse en diarios
de manera morbosa y truculenta la fotografía de un niño fallecido en un
desastre natural[67], al divulgarse en una
obra literaria pormenores de conflictos familiares y judiciales con la
exhibición en portada de las menores de edad implicadas[68], al explotarse económicamente con
fines publicitarios la imagen de una niña sin la debida autorización previa[69], al presentarse de forma
sensacionalista una noticia relacionada con presuntos actos sexuales abusivos
contra una menor con fotografías de ella y de su abuela que permitían su
identificación[70], al crearse una cuenta en
Facebook a nombre de una niña por parte de uno de sus progenitores en la cual
se compartían contenidos personales sin su consentimiento[71], al publicarse en
periódicos notas periodísticas sobre presuntas agresiones sexuales sobre menores
sin omitir los datos que conducían a la identificación de las víctimas[72], y al difundirse en un
noticiero material audiovisual con imágenes que facilitaban la identificación
del menor hijo de una funcionaria pública implicada en una querella policiva.
Vale la pena anotar que en el entorno de las redes
sociales se maximiza el riesgo de exposición de la imagen de las personas como
consecuencia del gran alcance de estas plataformas informáticas para difundir
la información de manera masiva, lo cual conlleva la necesidad de adoptar
medidas que reivindiquen las garantías iusfundamentales vulneradas, por
ejemplo, cuando se evidencia un uso indebido de la imagen o cuando se publica sin
la debida autorización del titular[73].
Con fundamento en lo anterior, ha de colegirse que la
cláusula de protección prevalente prevista en la Constitución a favor de los
menores de edad es clara y concluyente en determinar que los derechos de este
sector de la población tienen un rango superior frente a los de los demás. En
esa medida, el principio de interés superior del menor exige un análisis
riguroso en torno a las controversias donde están involucrados niños, niñas y/o
adolescentes, dedicando una especial consideración respecto de la protección prevalente
que merecen los menores de edad, inclusive cuando se enfrentan a un derecho de
encumbrada posición en nuestro ordenamiento y con primacía prima facie,
como es el derecho a la libertad de expresión.
4. Caso concreto
Recapitulando, en el caso que ocupa la atención de la
Sala en esta oportunidad la señora Karen Lorena Páez Escorcia formula acción de
tutela contra la señora Lina Gómez Ospino porque esta última publicó en su
perfil de la red social Facebook que ella (la actora) era la autora de unos
llamados “pasquines” que circularon por el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico)
con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus habitantes.
Reunidas como están las condiciones mínimas de
procedencia en relación con la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad respecto de algunos de los derechos
invocados, tal como se verificó en el acápite respectivo, es viable emprender
el estudio de fondo de la controversia.
4.1. Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre de la actora
La Sala se concentrará, en primer lugar, en el estudio
de mérito de la solicitud de amparo en torno a la alegada vulneración de los
derechos a la honra y al buen nombre de la señora Karen Lorena Páez Escorcia.
Pues bien: como punto de partida, es preciso señalar
que la accionada guardó silencio a lo largo de todo el trámite de tutela, pues
no se pronunció durante el traslado que se le corrió por parte del juez de
primera instancia y tampoco hizo manifestación alguna ante el requerimiento que
le hizo la Corte Constitucional mediante auto del 19 de noviembre de 2018 para
que ejerciera su defensa y aportara pruebas.
Ante tal constatación, la Sala encuentra que la falta
de oposición a la acción de tutela por parte de la accionada impone aplicar la
presunción de veracidad respecto de los hechos expuestos en la demanda en
cuanto a la conducta del extremo pasivo, de acuerdo con el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991[74].
Con fundamento en dicha disposición, entonces, debe
darse por cierto que la señora Lina Gómez Ospino publicó en su perfil de
Facebook que la señora Karen Lorena Páez Escorcia era responsable por unos
supuestos “pasquines” que difamaban a algunos habitantes de Campo de la Cruz.
Sin embargo, respecto de los “pasquines” no existe prueba alguna que permita
conocer su contenido, pues las capturas de pantalla allegadas por la actora se
limitan, básicamente, a las publicaciones de la accionada en su muro (única que
los menciona) y a las réplicas o comentarios que hicieron otros usuarios de la
red social Facebook, ninguno de los cuales insinúa siquiera algo que tenga que
ver con los referidos “pasquines”.
Ahora bien: para fijar los contornos de la
controversia, es pertinente precisar ciertas circunstancias fácticas relevantes
sobre los sujetos enfrentados, al tratarse de un asunto que esencialmente gira alrededor
de los límites constitucionalmente admisibles a la libertad de expresión. Así,
desde ya es oportuno indicar que en ningún momento se sostiene que la
accionante sea un personaje de interés público que, en tanto tal, resista un
mayor grado de exposición y escrutinio social por parte del conglomerado;
igualmente, debe tenerse en cuenta que la accionada no efectuó las
publicaciones de que se duele la actora en el ejercicio de una labor periodística
de transmisión de información, sino que se trata de aserciones vertidas en el
marco de una polémica signada por aparentes desavenencias personales y
familiares entre las partes, tal como se colige de la lectura de las mismas, las
cuales se transcriben a continuación:
- Publicación en el muro
de Lina Gómez del 7 de abril de 2018:
“QUERIDO PUEBLO CAMPO DE LA CRUZ,
YA QUE EN LAS ULTIMAS (sic) HORAS MI FAMILIA TAMBIÉN ESTABA INCLUIDA EN
LA SERIE DE PASQUINES QUE SE DESATANDO (sic) EN CAMPO DE LA CRUZ, QUIERO
QUE USTEDES TAMBIÉN SE ENTEREN DE QUIEN (sic) ES…KAREN YA ESTA (sic)
BUENO DE TU PARTE ENTIENDE LOGRA ENTENDER QUE MI PAPA (sic) NO TE
QUIERE.. YA EL (sic) ESTA (sic) CANSADO DE TI DE TUS LOCURAS Y DE
IGUAL MANERA YO QUE SOY QUIEN PAGA TUS TRISTEZAS MAL BUSCADAS…PORQUE NADIE TE
MANDO (sic) QUE FUERAS PAGARLE CACHOS A TU ESPOSO BUENO, OTRA COSA
LA.DEMENTE (sic) ESTA DICE A TODO EL MUNDO QUE MI PERSONA ES QUIEN ESTA
(sic) HACIÉNDOLE MAL A TODO MUNDO EN CAMPO CON TAN HORRIBLES PASQUINES..PUES
MI CABEZA NO VUELA TAN ALTO COMO LA TUYA Y LA DE TUS AMIGAS..QUE DE VERDAD NO
TE DAN UN BUEN CONCEJO (sic)…COMPORTATE (sic) COMO LO QUE
ERES..UNA EMPLEADA PUBLICA (sic) NO UNA LOCA DESADAPTADA, QUE AJA
(sic) COMO MI PAPA (sic) NO LA LLAMO (sic) HOY PUES AJA
(sic).. ME TOCO (sic) HACER ESTO PORQUE YA ES MUCHO CON TIGO (sic)
MIJA, ATREVIDA Y PREPARATE (sic) QUE LO QUE TE VIENE ES POCO..YA ESTO
ERA LO QUE QUERÍAS HAY (sic) TIENES POR BRUTA” (mayúsculas, acentos
y puntuación originales del texto).
- Publicación en el muro
de Lina Gómez del 8 de abril de 2018:
“MUCHACHAAAA, HASTA DONDE VAS A
LLEGAR..TE DIJE QUE TE LLEGO (sic) LA HORA ESTA BUENO DE TANTAS COSAS DE
TU PARTE.. YA ES TIEMPO DE ACABAR TODO… Y CON LAS RESPECTIVAS
AUTORIDADES…LOQUILLA TIENES MIL CHIP. Y ESO NO ES SECRETO PARA NADIE, HABLANDO
DE DIOS.. NO TE DAS CUENTA QUE EL (sic) SABE QUE TU NO TIENES TEMOR
PORQUE NO TIENES CORAZON (sic), Y MUCHO MENOS NEURONAS
HAJAJAJAJAJAJAJA#..BRUTA O QUIERES QUE PUBLIQUE LOS AUDIOS? TU ME DIRÁS”
(mayúsculas, acentos y puntuación originales del texto).
En la demanda de amparo constitucional la accionante relata que la
reacción de algunas personas a lo publicado por la señora Lina Gómez Ospino ha
sido violenta, al punto que en aquella oportunidad otros usuarios de la red
social hicieron comentarios en el muro de la accionada dirigiendo en su contra
afirmaciones como las siguientes: “ya yo hubiese actuado de otra manera”,
“me avisarán para ir al sepelio”, “el día que se metan con mi gran
amigo […] mando la gente allá hacer una limpieza”, “yo le caigo a
coñazo” –que, aclara, quiere decir golpes o trompadas−, “corte
violento y coñazera” (sic), “esa mujer está desquiciada antes de meterla
al kari hay que darle una puñera pero reventarle toda la boca hasta sacarle
todo (sic) los dientes”.
A las anteriores afirmaciones de la demandada, la
señora Karen Lorena Páez Escorcia respondió lo siguiente, también a través de
la plataforma de Facebook:
“Buenos días!
A mis amigos, conocidos y
a toda la comunidad de campo (sic) les dijo (sic) que eso que la sdñora
(sic) lina (sic) gómez (sic) a (sic) publicado en mi
contra es una completa mentira, el que me conoce sabe que no soy d (sic) esa
clase de gente resentida ella solo quiere darle otro swntido (sic) a las
cosas.
Y que aus (sic) problemas
personales que tiene en mi contra y contra mis hijos los refleja de cualquier
forma.
Soy inocwnte (sic) de todo y todo
saldrá a la luz.
DIOS SE ENCARGARA (sic) DE ELLA”
(mayúsculas, acentos y puntuación originales del texto).
Según se estableció ut supra, el derecho a la
libertad de expresión en su dimensión de libertad de información impone al emisor
la observancia de los principios de veracidad e imparcialidad, los cuales
persiguen que los ciudadanos tengan la oportunidad de formar su propio juicio y
opinión acerca de los acontecimientos que les conciernen con base en
información presentada de la manera más objetiva posible, con el fin de que el
debate democrático se nutra con los diferentes puntos de vista y se propicien
espacios de participación y control al poder.
Sin embargo, en el caso concreto, fácilmente puede
advertirse que no se trata de una controversia sobre libertad de información susceptible
de exigir la observancia de los deberes específicos de veracidad e
imparcialidad. Ello, en razón a un aspecto subjetivo y a uno objetivo, a saber:
en primer lugar, las publicaciones a que se alude no fueron emitidas en
ejercicio de una actividad periodística ni se alega que la señora Lina Gómez
Ospino tenga por oficio la difusión de información de interés público, y en
segundo lugar, las manifestaciones de la citada no se presentan ante los receptores
como una noticia de interés general con cierta pretensión de objetividad y
neutralidad, sino que evidentemente se combinan en su discurso apreciaciones
sobre hechos principalmente asociados a tensiones familiares con valoraciones
subjetivas sobre las cualidades personales de la accionante.
Ahora bien: en esta sentencia se ha precisado que la
libertad de expresión no es absoluta y se halla limitada cuando se produce una vulneración
sobre los derechos a la honra y al buen nombre de otras personas, lo cual
impone verificar si, en el asunto que se analiza, se han lesionado dichos
bienes jurídicos a partir de las publicaciones reprochadas por la actora.
En este punto, nuevamente es preciso anotar que la Sala
no cuenta con evidencia sobre la existencia y contenido de los denominados
“pasquines” que se aduce que circularon en el municipio de Campo de la Cruz,
pese al decreto de pruebas que se efectuó en tal sentido. Lo contrario habría
permitido una aproximación al talante de las supuestas afirmaciones deshonrosas
que presuntamente involucraron a algunos miembros de la población, para intentar
establecer, por esa vía, la gravedad de las imputaciones que la demandada
realizó sobre la actora.
De hecho, según la documental aportada, la accionada es
la única que, dentro de una serie de comentarios desobligantes dirigidos hacia
la tutelante, hace referencia a los “pasquines”. Esto merece una especial
consideración, en la medida en que no es claro que la animosidad que algunas
personas mostraron en sus comentarios de Facebook haya respondido
necesariamente a la creencia de que la señora Karen Páez Escorcia fuera la
presunta autora de unos supuestos “pasquines”: nótese, por ejemplo, el hecho de
que ninguno de los usuarios que replicaron a las publicaciones de la accionada hizo
una mínima alusión a tales “pasquines”, o expresó –así fuera de manera
indirecta– su descontento frente a los mismos, o insinuó haber sido afectado en
su honra por aquellos supuestos cotilleos.
Cabría el interrogante sobre si, más bien, aquellos
comentarios –al margen de su tono desagradable o provocador– fueron expresiones
de apoyo o respaldo hacia la señora Lina Gómez Ospino al exteriorizar en su
muro de Facebook su despecho hacia la accionante, a propósito de los conflictos
familiares en que al parecer se encuentran inmersas, teniendo en cuenta que en la
utilización de redes sociales es usual que las personas muestren mediante
distintos recursos (como íconos, imágenes, texto, etc.) su adhesión o rechazo
hacia las publicaciones que hacen otros internautas.
La Sala no desconoce que el talante de las
afirmaciones realizadas por la accionada puede ser considerado mortificante y
displicente, y que, de acuerdo con algunos pronunciamientos de este Tribunal,
la libertad de expresión no avala una suerte de “derecho al insulto”[75]. En todo caso, es
doctrina reiterada por esta Corte[76], tanto en
pronunciamientos de las Salas de Revisión como de la Sala Plena, que no toda
manifestación lesiva del amor propio equivale a una imputación deshonrosa. En
ese sentido, de vieja data se ha sostenido:
“En el caso de los derechos al
buen nombre y a la honra, la imputación que se haga debe ser suficiente para
generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende
en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido
alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública,
como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen
razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por
esta razón, la labor del Juez en cada caso concreto, tomando en
consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad
de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o
vulneración de los derechos en comento.”[77] (se destaca)
Así pues, concentrándonos en el objeto puntual de la
solicitud de amparo –que no se relaciona con los improperios que le asestó la
accionada–, el hecho de atribuirle a la actora la responsabilidad sobre unos
supuestos “pasquines” –cuyo tenor, por lo demás, se ignora– no puede tenerse
como una afrenta de relevancia contra sus derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre, pues no es posible apreciar ello cómo un calificativo capaz de menoscabar
con intensidad su reputación, dentro de un margen razonable de objetividad de
lo que puede valorarse como un daño moral tangible.
Para efectos de establecer lo que puede englobarse
bajo este concepto de daño moral tangible, conviene acudir a la propia
jurisprudencia constitucional. Esta Corte ha advertido la necesidad imperiosa
de limitar el ejercicio de la libertad de expresión para privilegiar los
derechos a la honra y al buen nombre cuando al afectado se le endilgan delitos
o conductas sancionables por el derecho (especialmente cuando no existe una
condena impuesta por la autoridad competente)[78], o cuando se le atribuyen comportamientos
que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de
reproche social, como por ejemplo el no pago oportuno de las deudas[79], o la participación en
actos impúdicos en ambientes escolares[80], o la inducción a jóvenes
al exhibicionismo, la pornografía y la inmoralidad en internet[81]. A juicio de la Sala, la
acción de difundir “pasquines” con murmuraciones indeterminadas sobre la
gente no tiene la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto
tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de
violación iusfundamental. Como en otra ocasión lo sostuvo la Corte, “[h]a de
tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una democracia
constitucional”[82].
A diferencia del caso traído a colación por la señora
Karen Páez como ejemplo, en el cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia resolvió confirmar el amparo de los derechos al buen nombre
y a la honra concedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
–Sala Penal– dentro de la acción de tutela promovida por un columnista contra
un senador de la República que lo calificó de “violador de niños” a través de
una red social[83], en el caso de autos la
afirmación de la accionada respecto de la accionante no está asociada a la
comisión de una conducta penalmente relevante, al menos prima facie, y con
una altísima censura social –como sí lo es, sin lugar a dudas, el abuso
infantil–.
Los conflictos interpersonales son inherentes a la
vida en sociedad; sin embargo, no todos ellos adquieren trascendencia para el
derecho. En este contexto, es oportuno traer a colación lo señalado por esta
Corporación retomando lo pronunciado, a su vez, por la Corte Suprema de
Justicia en el sentido de que si toda expresión que denota hostilidad o aflige
el amor propio fuera justiciable, “habría que suponer que el legislador
había tenido la pretensión de darle a la sociedad civil y política la
austeridad de un claustro, lo que es inadmisible.”[84]
Aunque ventilar en medios masivos los conflictos
personales con un lenguaje ofensivo y soez puede ocasionar malestar, no se
generan de ello consecuencias jurídicas mientras no esté plenamente acreditada,
con el sustento probatorio necesario y suficiente, una auténtica violación a
derechos fundamentales como la honra, el buen nombre o, en ciertos eventos, la
intimidad.
En ese orden de ideas, se concluye que la demanda
sustentada en la afectación a la honra y al buen nombre de la actora a raíz de
la acusación de ser divulgadora de unos pasquines no está llamada a
prosperar, comoquiera que de dicha afirmación no se desprende un compromiso
tangible del núcleo esencial de dichos derechos.
Adicionalmente, en cuanto a los discursos no cobijados
por la presunción de cobertura constitucional de la libertad de expresión, se
ha visto en precedencia que son excepcionalísimos y se relacionan en principio
con manifestaciones que implican apología del odio e incitación a la violencia,
propaganda de la guerra, pornografía infantil e instigación pública y directa
al genocidio, de conformidad con las prohibiciones previstas en el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Contrastadas estas exclusiones del bloque de
constitucionalidad con las publicaciones que dieron origen a la presente
contienda, la Sala estima que no puede considerarse que las manifestaciones de
la señora Lina Gómez Ospino se encuentren dentro de alguna de dichas hipótesis
sustraídas de la presunción de protección constitucional.
De un lado, sobre la apología al odio, la
señora Karen Páez asegura que por el hecho de habérsele atribuido la
responsabilidad respecto de los denominados “pasquines”, se han despertado
entre ciertos habitantes del municipio sentimientos de animadversión y
resentimiento hacia ella, plasmados en diferentes comentarios en Facebook.
Pero recordemos que los denominados discursos de
odio, tal como han sido desarrollados por la jurisprudencia a partir de los
instrumentos que conforman el bloque de constitucionalidad, se refieren
particularmente a ideas que instigan a la discriminación hacia ciertas
colectividades fundada en motivos de raza, color, religión, idioma u origen
nacional. En otras palabras, se conciben como expresiones de aversión hacia grupos
históricamente marginados:
“En aras de proteger a los pueblos
y comunidades étnicas y a otros grupos minoritarios que han sido objeto de
violaciones históricas de sus derechos fundamentales, nuestro ordenamiento
constitucional ha establecido límites a la libertad de expresión. Como se dijo
anteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
fue adoptado en nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972, y hace
parte del bloque de constitucionalidad. En el numeral 5º del artículo 13 de
este tratado se establece expresamente que los Estados partes deben prohibir,
por ley, los discursos de odio (…)”[85]
De lo anterior se deriva que las declaraciones de la
accionada no encajan propiamente en lo que se designa como discurso de odio,
pues nada de lo dicho por ella apunta a que su antipatía hacia la señora Karen
Páez esté relacionada con su pertenencia a alguna población históricamente
discriminada.
De otro lado, sobre la incitación a la violencia,
la actora asevera que el resentimiento despertado entre la población
campocrucense podría llegar a desembocar en actos de agresión en su contra.
En este punto, la Sala encuentra que si bien las
publicaciones tienen un tono descalificador, no puede aseverarse que sugieren,
invitan o animan a la audiencia, ni manifiesta ni soterradamente, a reaccionar
mediante vías de hecho o acudir a la violencia como modo de zanjar el
conflicto.
Por lo demás, este Tribunal ha indicado que la
difusión de un mensaje legalmente catalogado como “incitador” o de carácter
negativo no apareja por sí solo una limitación a la libertad de expresión, pues
debe valorarse si, según los elementos del contexto, se puede prever que el
mensaje tiene la virtualidad de estimular la reacción violenta al punto de obrar
como causa de la misma:
“[L]a Corte entiende que no es
suficiente que se compruebe el carácter incitador del mensaje –que deberá estar
previsto en la ley-, sino que también es necesario establecer que, dadas las
condiciones particulares, el ofendido o la audiencia reaccionarán o
reaccionaron violentamente y, finalmente, que existe una relación clara de
causalidad entre uno y otro fenómeno. Tratándose de situaciones de amenaza, es
decir, que se asume la posibilidad de una reacción violenta, la carga probatoria
ha de ser aún más rigurosa, pues salvo que se compruebe que inequívocamente se
va a producir el efecto indicado, la restricción resultaría inadmisible al
comprometer la libertad de opinión. Así las cosas, de no demostrarse la
causalidad, la existencia de un mensaje incitador y la verificación de una
acción violenta en contra de ciertas personas, no puede conducir a una
restricción o sanción del ejercicio de la libertad de opinión.”[86]
Precisado lo anterior, no resultan necesarias
demasiadas elucubraciones para deducir que las publicaciones de la accionada no
se sitúan en alguna de las prohibiciones convencionales antes referidas, dado
que es palmario que dichos contenidos no se relacionan tampoco con propaganda
de guerra, ni con pornografía infantil, ni con instigación al genocidio. Desde
esta perspectiva, entonces, tampoco resulta viable restringir la libertad de
expresión de la accionada.
Como consecuencia lógica de lo anterior, la Sala
confirmará, pero por las razones aquí expuestas, la decisión de denegar el
amparo a los derechos a la honra y al buen nombre invocados por la señora Karen
Lorena Páez Escorcia frente a la señora Lina Gómez Ospino.
4.2. Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad e integridad personal de
la actora
En lo que respecta a este grupo de derechos, de
entrada hay que advertir que las expresiones utilizadas por la señora Lina
Gómez Ospino, aunque displicentes, no tienen la virtualidad para atentar
materialmente contra la existencia de la señora Karen Lorena Páez Escorcia y,
en línea con lo sostenido en precedencia, tampoco pueden ser tenidas como
instigadoras de actos de violencia.
Es oportuno anotar que, si bien la accionada tiene el
manejo de la plataforma sobre la cual se divulgaron las publicaciones –en tanto
titular del perfil de Facebook−, no puede predicarse que ejerza control
alguno sobre las eventuales reacciones o comportamientos de intolerancia por
parte de algunas de las muchas personas que pueden acceder a los contenidos a
que se alude a través de estos canales informáticos, de manera que difícilmente
podría establecerse un vínculo de causalidad entre sus dichos y la contingencia
de que terceros pudieran llegar a tomar vías de hecho. En otras palabras, sin
estar demostrada una incitación a la violencia por parte de la demandada, no
pueden enrostrársele las conductas que eventualmente llegaran a desplegar otras
personas.
Por otro lado, retomando lo expuesto en las
consideraciones generales de esta sentencia sobre la pertinencia de la
intervención del juez constitucional en eventos en lo que se invoca la
protección de la vida y la integridad personal, en el caso bajo estudio no se
evidencia que la confluencia de factores objetivos y subjetivos den
cuenta de una verdadera vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.
En este punto, de acuerdo con las pruebas recaudadas
por la Sala, hay que anotar que aspectos como (i) el hecho de que la señora
Karen Páez Escorcia ya no resida en el municipio donde se desencadenó la
polémica por los supuestos “pasquines”; (ii) que –según sus propias
afirmaciones– no hayan existido “amenazas” ni agresiones posteriores, por redes
sociales o por otros medios, diferentes a los comentarios dejados en abril de
2018 sobre el muro de Facebook de la accionada; y, (iii) que la actora deliberadamente
se haya rehusado a suministrar información como manera de cooperación con los
agentes de la Policía Nacional que se comunicaron con ella con el ánimo de
establecer su situación de riesgo y la adopción de medidas en cumplimiento a la
medida provisional decretada por esta Corte, llevan a la Sala a presumir que
–pese a que las publicaciones de la señora Lina Gómez Ospino permanecen en su
perfil de Facebook– las circunstancias no parecen sugerir un peligro
apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervención del juez constitucional.
Así las cosas, no se aprecia que las publicaciones de
la señora Lina Gómez Ospino por sí solas configuren una vulneración o amenaza a
la vida, a la integridad y a la seguridad de la señora Karen Páez que amerite impartir
una orden a la demandada para que actúe o se abstenga de hacerlo, de
conformidad con lo dispuesto el artículo 86 superior.
Por lo demás, y en línea con lo analizado ut supra
sobre los principales eventos en los cuales esta Corte se ha encargado de
proteger directamente los derechos a la vida y seguridad e integridad de las
personas, huelga decir que las pruebas que obran en el expediente no dan cuenta
ni sugieren que la accionante esté expuesta un peligro significativo ligado a
su posición, función o actividad en la sociedad, como tampoco se evidencia que
enfrente un riesgo extraordinario o extremo en los términos en que lo ha
definido la jurisprudencia constitucional.
En tal sentido, la Sala confirmará también la decisión
de negar la tutela invocada en lo relativo a los derechos fundamentales a la
vida y seguridad e integridad personal.
No obstante lo anterior, aunque no se haya constatado
que el extremo pasivo hubiese transgredido los referidos bienes jurídicos de la
tutelante, teniendo en cuenta que las amenazas son un delito contemplado
en el artículo 347 del Código Penal[87], la Sala compulsará copias del expediente
a la Fiscalía General de la Nación, para que sea el ente persecutor el que, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si las
publicaciones realizadas por otros usuarios de la red social Facebook en el
muro de la señora Lina Gómez Ospino deben ser tenidas como amenazas serias
contra la señora Karen Lorena Páez Escorcia, a fin de que se adopten las
medidas que garanticen su seguridad e integridad y, si hay lugar a ello, se promueva
el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n) contra sus garantías
individuales.
4.3. Sobre el alegado uso indebido de las
fotografías de los menores hijos de la accionante
Pasando al otro eje de análisis, la Sala
debe ahora establecer si los derechos fundamentales de los menores hijos de la
señora Karen Lorena Páez Escorcia fueron conculcados al utilizarse,
presuntamente, por parte de la accionada unas fotografías de los mencionados
niños, junto con las publicaciones en las que le adjudica la autoría de los
“pasquines”.
Como se sostuvo en precedencia, esta Corte ha
enfatizado que la libertad de expresión encuentra francos límites en la
prohibición de menoscabar la intimidad y los demás derechos de los menores de
edad.
En el escrito de tutela, la actora adujo
que temía que las represalias por parte de las personas que en Campo de la Cruz
creían que ella divulgaba los mencionados “pasquines” podían dirigirse también
contra su familia –específicamente contra sus hijos−. Más tarde, en el
memorial allegado como respuesta al decreto de pruebas, la actora sugirió que
hubo fotografías de sus hijos menores de edad que fueron utilizadas por la accionada
en sus publicaciones sin autorización, pero que posteriormente fueron
retiradas.
Revisado el legajo, se observa que en las capturas de
pantalla que se aportaron con el libelo aparecen algunas imágenes de diferentes
personas –incluida la que parece una fotografía de dos niños– que,
aparentemente, pertenecen a los álbumes o colecciones de fotos de una cuenta de
Facebook[88]. Empero, no se muestra quién es el titular
del perfil al que dichas imágenes se encuentran vinculadas, como tampoco se
precisa quiénes son las personas que aparecen en tales fotografías, ni se dice
por quién fueron tomadas y en qué circunstancias, ni por quién fueron
publicadas en la red social.
En razón de lo anterior, la Sala no puede concluir que
ese grupo de fotos están incorporadas al perfil de la señora Lina Gómez Ospino,
como tampoco que los niños que figuran en la imagen son los hijos de la señora
Karen Lorena Párez Escorcia, pues en ningún momento esta lo indicó de esa
manera.
Nótese que en el acápite de la demanda constitucional
de amparo que la actora intituló Medios Probatorios[89], la tutelante hace una descripción sobre las copias
de las capturas de pantalla aportadas como prueba documental, señalando las
publicaciones hechas por la demandada en su muro de Facebook, y detallando las
réplicas que, a su turno, hicieron otros usuarios de la plataforma. Sin
embargo, omite por completo referirse a la captura de pantalla en la que se
aprecia el grupo de fotografías a que se viene haciendo alusión.
Aunado a lo anterior, de los elementos de convicción
que obran en el expediente no se observa que las imágenes de menores de edad
hayan sido empleadas en el contexto de las publicaciones de las que se duele la
actora, como tampoco se aprecia que en momento alguno se haya hecho mención o siquiera
una mínima insinuación acerca de los hijos de la accionante, ni por parte de la
accionada ni por parte de las distintas personas que dejaron comentarios en su
muro.
Por lo demás, cabe recordar que los hijos de la
accionante son, a la vez, hermanos de la accionada, según la propia señora
Karen Páez lo ha manifestado, y no hay evidencia de que la relación conflictiva
entre ellas se haya trasladado de igual manera al trato de la señora Lina Gómez
Ospino hacia los pequeños. En tal sentido, en gracia de discusión, si la
accionada no guarda repulsión hacia sus hermanos, en principio no parecería
extraña la hipótesis de que la citada almacenara y compartiera fotos de los menores
en su perfil, como es usual que los usuarios de redes sociales hagan con imágenes
de seres queridos como familiares y amigos, y ello sólo debería ser reprochado
si llegara a utilizar esas imágenes con un ánimo malicioso, irrespetuoso o
lesivo de sus derechos fundamentales.
Luego, no está probado que la señora Lina Gómez Ospino
haya usado fotos de sus hermanos en la publicación que difundió sobre la
progenitora de estos, ni que los haya involucrado de alguna manera en la
polémica surgida en la red social Facebook que se viene examinando, de suerte
que no se vislumbra una colisión de derechos fundamentales en este sentido.
Por lo tanto, este cargo tampoco tiene vocación de
prosperidad. En consecuencia, al no constatarse vulneración alguna de los
derechos de los niños, se negará también en cuanto a este aspecto la tutela
invocada por la señora Karen Páez Escorcia frente a la señora Lina Gómez Ospino.
4.3. Conclusión y decisión a adoptar
Los anteriores razonamientos conducen a establecer
que, de acuerdo con los hechos probados y la fundamentación jurídica estudiada,
de la conducta del extremo pasivo no se derivó una vulneración de los derechos
fundamentales alegados por la accionante y, por lo tanto, no hay lugar a
impartir orden alguna orientada a hacer cesar una afectación iusfundamental.
Como corolario de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión procederá a confirmar la sentencia de tutela de segunda instancia del
27 de junio de 2018, dictada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de
Sabanalarga (Atlántico) que, a su vez, confirmó la decisión de primera
instancia del 8 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Campo de la Cruz (Atlántico), en cuanto negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e
integridad personal, a la protección de la imagen de los niños, al buen nombre y a la honra, invocados por la
señora Karen Lorena Páez Escorcia frente a la señora Lina Gómez Ospino.
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo analizado
en precedencia y comoquiera que las amenazas son un delito contemplado
en el artículo 347 del Código Penal, la Sala compulsará copias del expediente a
la Fiscalía General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros
usuarios de la red social Facebook en el muro de la señora Lina Gómez Ospino
deben ser tenidos como amenazas serias contra la señora Karen Lorena Páez
Escorcia, a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e
integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar
quién(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.
Por
último, como consecuencia de la decisión definitiva adoptada en esta sentencia,
se levantará la medida provisional decretada en favor de la actora mediante
auto del 19 de noviembre de 2018, al interior del presente trámite de revisión.
5. Síntesis de la decisión
En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud de
amparo constitucional formulada por la ciudadana Karen Lorena Páez Escorcia
para la protección de sus
derechos a la vida, a la seguridad
e integridad personal, “los de los menores de edad”, a la honra y al buen
nombre, en vista de que la
señora Lina Gómez Ospino publicó
en su muro de la red social Facebook que ella (la actora) era la autora de unos
llamados “pasquines” que circularon por el municipio de Campo de la Cruz
(Atlántico) con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus
habitantes. Según la demandante, esto abrió paso a que se despertaran hacia
ella sentimientos de animadversión entre varias personas que expresaron su
inquina con comentarios ofensivos y amenazantes dejados en el perfil de
Facebook de la accionada, lo cual la hace temer que se puedan tomar represalias
contra ella y su familia.
Para abordar el estudio de la controversia,
la Sala de Revisión se refirió a los siguientes ejes temáticos: i) Procedencia
de la acción de tutela; ii) El derecho a la libertad de expresión y sus
límites; iii) Los derechos a la honra y al buen nombre; iv) Los derechos a la
vida y la seguridad e integridad personal; y, v) La protección a la imagen de
los menores de edad.
Como medida inicial, se constató que la acción de
tutela es procedente en el caso concreto, en razón de la falta de idoneidad y
eficacia de otros medios judiciales de defensa y de la situación de indefensión
que se predica de quien es expuesto en redes sociales e internet. Asimismo, se
reiteró que el recurso de amparo es el mecanismo adecuado para perseguir la
protección de los derechos de los niños, por la cláusula constitucional de
prevalencia de los derechos de los menores de edad.
Al emprender el estudio del caso concreto, se evidenció
que la conducta identificada como hecho vulnerador, consistente en la acusación
de difundir “pasquines” con murmuraciones indeterminadas sobre las personas,
no posee la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a
la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación
iusfundamental, dado que, como la Corte lo ha señalado, ha de tratarse de
reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional, de tal
manera que la imputación que se haga debe ser suficientemente intensa para
generar un daño en el patrimonio moral del sujeto; imputación cuya gravedad no
depende en ningún caso de la impresión personal ni de la interpretación que
éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que permita al
juez avizorar la lesión del núcleo esencial del derecho. En consecuencia, se
concluyó que no hay lugar a conceder el amparo de los derechos a la honra y al
buen nombre.
De igual forma, con fundamento en las pruebas
recaudadas, se constató que las circunstancias actuales de la accionante no sugieren
un peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervención
del juez constitucional en defensa de los derechos a la vida y a la seguridad e
integridad personal de la actora. Se estableció que las publicaciones
realizadas por la accionada por sí solas no configuran una vulneración o
amenaza a dichas garantías, habida cuenta de que, más allá de su tono
displicente, no tienen la virtualidad para atentar materialmente contra la
existencia de la señora Karen Lorena Páez Escorcia, ni pueden ser enmarcadas
como instigadoras de actos de violencia.
No obstante, en consideración a las publicaciones efectuadas
por otros internautas en el perfil de la demandada y comoquiera que las amenazas
son un delito contemplado en el artículo 347 del Código Penal, se dispuso compulsar
copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los
comentarios realizados por otros usuarios de la red social Facebook en el muro
de la señora Lina Gómez Ospino deben ser tenidos como amenazas serias contra la
señora Karen Lorena Páez Escorcia, a fin de que se adopten las medidas que
garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se
promueva el proceso tendiente a verificar quien(es) atenta(n) contra sus
garantías individuales.
Por otra parte, se estableció que no se presentó la vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alegada en el escrito
introductorio, en la medida en que no hay prueba alguna en el expediente que
permita inferir un uso ilegítimo de la imagen de los hijos de la actora por
parte de la accionada, ni los menores resultaron involucrados en la polémica
originada por las publicaciones de esta última en la red social Facebook.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de tutela de segunda instancia del 27 de junio de 2018, dictada por el Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) que, a su vez, confirmó
la decisión de primera instancia del 8 de mayo de 2018, proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz (Atlántico), por la cual se
negó el amparo de los derechos fundamentales
a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la protección de la imagen de
los niños, al buen nombre y a
la honra, invocados por la ciudadana Karen Lorena Páez Escorcia frente a la
señora Lina Gómez Ospino, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
Segundo.- Por Secretaría General, COMPULSAR copias del expediente
T-6.997.990, contentivo de la acción de tutela formulada por Karen Lorena Páez Escorcia contra Lina
Gómez Ospino, a la Fiscalía
General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la
red social Facebook en el muro de la señora Lina Gómez Ospino deben ser tenidos
como amenazas contra la señora Karen Lorena Páez Escorcia, a fin de que se
adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay
lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n)
contra sus garantías individuales.
Tercero.- Como
consecuencia de la decisión definitiva adoptada en esta sentencia, LEVANTAR
la medida provisional decretada en favor de la accionante mediante auto del 19
de noviembre de 2018, al interior del presente trámite de revisión.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-102/19
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD, A
LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Se debió declarar la improcedencia por cuanto accionante,
como requisito de procedibilidad, debía solicitar la
rectificación previa (Salvamento parcial de voto
Expediente: T-6.997.990
Accionante: Karen Lorena Páez Escorcia
Accionada: Lina Gómez Ospino
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Novena de Revisión de la Corte, suscribo este salvamento parcial de voto
en relación con la sentencia de la referencia, la cual (i) confirmó la
decisión que niega el amparo de los derechos fundamentales invocados, (ii)
ordenó que se compulsen copias del expediente a la Fiscalía General de la
Nación y (iii) ordenó levantar la medida provisional que se había
decretado a favor de la accionante. Si bien comparto que se hayan compulsado
copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, y que se
haya levantado la medida provisional, considero que no se debió negar el amparo
a la accionante, sino declarar su improcedencia.
En el caso sub examine, la accionante solicitó
que se ordenara a Lina Gómez Ospino retractarse públicamente de las acusaciones
que hizo en su contra, sobre la presunta autoría de unos pasquines ofensivos
que circularon en el municipio. Ahora bien, a pesar de que la accionada no
ejerce el periodismo, ni cumple ese rol dentro del grupo social, la difusión de
la información se realizó de forma masiva, por medio de una publicación en la
red social Facebook. En consecuencia, la accionante debió solicitar la
rectificación previa que, en los términos de la jurisprudencia constitucional,
es requisito de procedibilidad para esta clase de solicitudes de amparo.
Esta Corte ha reiterado que la solicitud de
rectificación previa para la acción de tutela es extensible a la divulgación de
información por otros canales[90],
como el internet y las redes sociales. En estos casos, la rectificación puede
solicitarse de conformidad con las características de la red social utilizada
para la emisión del mensaje. Por lo anterior, la accionante debió solicitar a
Lina Gómez Ospino, por medio de un inbox o un comentario en la
publicación, que se retractara de sus acusaciones, previo a acudir al juez de
amparo.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2] Cfr. fols. 12-14 cuad. ppal.
[3] Cfr. fol. 15 cuad. ppal.
[4] Cfr. fols. 16-17 cuad. ppal.
[5] Cfr. fol. 26 cuad. revisión.
[6] Cfr. fols. 29-35 cuad. revisión.
[7] En una ocasión, la actora manifestó que laboraba en Ciénaga (Cfr.
fol. 29 vto.)
[8] “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior”.
[9] Cfr. fols. 52-55 cuad. revisión.
[10] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[11] Cfr. Sentencias T-054 de 2018 (M. P.: Alberto Rojas Ríos), T-244 de
2017 (M. P.: José Antonio Cepeda Amarís), T-553 de 2017 (M. P.: Diana Fajardo
Rivera), entre otras.
[12] Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
“La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.” (se subraya)
[13] Cfr. fols. 16 y 17 cuad. ppal.
[14] Cons. Sentencia T-541A de 2014.
[15] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991.
[16] “Artículo
42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger
los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29,
37 y 38 de la Constitución", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse
que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando
cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho
constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y
a la autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger
los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía",
que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede
siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y
por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se
hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios
públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida
contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere
el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización.
5. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la
Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella
contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación
de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba
actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo
régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para
tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "la vida o la
integridad de".”
[17] Sentencia T-290 de 1993
[18] Sentencia T-693 de 2016
[19] Cfr. fol. 53 cuad. revisión.
[20] Cfr. fol. 1 cuad. ppal.
[21] Sentencia C-387 de 2014
[22] Cons. sentencias T-454 de 2018, T-293 de 2018, T-292 de 2018, T-277
de 2018, T-244 de 2018, T-243 de 2018, T-263 de 1998.
[23] “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
(…)
7.
Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este
caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación
y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que
aseguren la eficacia de la misma. (…)”
[24] Cons. sentencia T-263 de 2010.
[25] Sentencia T-121 de 2018
[26] Cons. sentencias T-454 de 2018, T-292 de 2018, T-244 de 2018, T-117
de 2018, T-110 de 2015
[27] Sentencia T-200 de 2018.
[28] Artículo 13 de la Constitución
[29] T-089 de 2018
[30] En estrecha relación con este punto, al examinar la
constitucionalidad del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 la Corte
Constitucional advirtió una omisión legislativa absoluta y exhortó al Congreso
de la República a regular las responsabilidades derivadas del incumplimiento a
este deber por parte de los medios de comunicación. Cons. sentencia C-442 de
2009.
[31] “Constitución Política de Colombia. Artículo 20. Se garantiza
a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.
Estos
son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
[32] “Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo
13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El
ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No
se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.”
[33] “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo
19.
1.
Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para:
a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.”
[34] La censura sólo es válida, según la Convención, cuando se pretende
regular el acceso a espectáculos públicos para proteger la integridad moral de
niños, niñas y adolescentes.
[35] Sentencia T-110 de 2015
[36] Sobre el particular, en la sentencia T-403 de 1992 la Corte señaló:
“Aunque
la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento y opiniones es un
derecho de toda persona, no es sólo un derecho individual, sino también
garantía de una institución política fundamental: "la opinión pública
libre". Una opinión pública libre está indisolublemente ligada con el
pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento
del estado democrático. Sin una comunicación pública libre quedarían vaciados
de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidos a
formas hueras las instituciones representativas y participativas y
absolutamente falseado el principio de la legitimidad democrática.”
[37] Sentencia T-391 de 2007
[38] Recogiendo pronunciamientos previos de este Tribunal, en la
sentencia T-244 de 2018, se sostuvo sobre esta distinción lo siguiente:
“[L]a opinión
es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de
alguien. La jurisprudencia constitucional ha entendido la opinión como: ‘la
valoración o interpretación que una persona realiza sobre algo, sea ello un
hecho fáctico o un pensamiento subjetivo que haya previamente conocido de un modo
cierto. Así, las facetas objetiva y subjetiva de la realidad son subsumidas por
el individuo cuando éste (sic) elabora un juicio ético, consecuente con su
pensamiento, sobre alguna información veraz o algún pensamiento de contenido
ideológico previamente conocidos’ (…) es una idea, un parecer o forma de ver el
mundo.
(…) En
cuanto a la libertad de información, a diferencia de los anteriores
conceptos, tiene una vocación más extrínseca, en tanto supone la expresión de
ideas con asidero fáctico y objetivo. El significado más primigenio de
‘informar’ según la RAE es ‘enterar o dar noticia de algo’. Este substrato
conceptual conlleva, necesariamente, que de lo que se entera o se dé noticia
tenga connotaciones reales, fácticas u objetivas. Esta Corporación la ha
definido como: ‘la comunicación de informaciones, entendidas como datos que
describen una situación con sustento empírico, no constituyendo una mera
opinión’.”
[39] Sentencia C-010 de 2000
[40] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, numeral 6.
[41] Sentencia T-244 de 2018
[42] Sentencia C-442 de 2011
[43] Sentencia T-243 de 2018
[44] “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos Edison Lanza -Relator Especial para la Libertad de
Expresión-, CIDH, 15 de marzo de 2017.
[45] Ibídem
[46] “Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley
señalará la forma de su protección.”
[47] “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas.
En la
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.
La
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y
con las formalidades que establezca la ley.
Para
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”
[48] Sentencia T-411 de 1995
[49] Sentencia T-1319 de 2001
[50] Sentencia T-022 de 2017.
[51] Sentencia T-244 de 2018.
[52] Cons. sentencias T-040 de 2005, T-714 de 2010, T-022 de 2017, T-244
de 2018.
[53] Sentencia T-512 de 1992.
[54] Sentencia T-473 de 2018
[55] Sentencias T-439 de 1992, T-120 de 1997, T-339 de 2010
[56] Sentencia T-750 de 2011
[57] Sentencias T-1916 de 2000, T-665 de 2010
[58] Sentencia T-028 de 2000
[59] Sentencia T-728 de 2010
[60] Sentencias T-1206- de 2001, T-719 de 2003, T-975 de 2003, T-946 de
2008, T-1101 de 2008, T-585A de 2011
[61] Sentencia T-473 de 2018
[62] En la sentencia T-719 de 2003 se estableció que una persona puede
estar sometida a diferentes niveles de riesgo con arreglo a la siguiente
escala:
·
Nivel mínimo. Categoría hipotética que reúne los
riesgos a los que se enfrenta una persona en su existencia por factores
individuales y biológicos, tales como la muerte y la enfermedad.
·
Nivel ordinario. En el que se encuadra el riesgo
soportado por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad dado el hecho de
su convivencia en sociedad, y que debe ser cubierto por el Estado a través del
cumplimiento eficaz de todas sus funciones.
·
Nivel extraordinario. Hace referencia a riesgos que
las personas no están jurídicamente obligadas a soportar y que tienen una
intensidad tal, que exige del Estado la adopción de medidas especiales de
protección.
·
Nivel de riesgo extremo. Comparte todas las características de un riesgo
extraordinario pero tiene una intensidad mucho mayor. Este riesgo es grave e
inminente, y afecta directamente la vida y la integridad de la persona.
·
Nivel de riesgo consumado. En esta categoría se
ubican las situaciones en las que ya se han concretado y materializado las
violaciones a los derechos a la vida y a la integridad, por hechos como
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o el fallecimiento del
amenazado, entre otros.
[63] Sentencia T-904 de 2013
[64] Ibídem
[65] Sentencia T-117 de 2018
[66] Sentencia T-611 de 1992,
[67] Sentencia T-479 de 1993
[68] Sentencia T-293 de 1994
[69] Sentencia T-471 de 1999
[70] Sentencia T-496 de 2009
[71] Sentencia T-260 de 2012
[72] Sentencias T-453 de 2013 y T-200 de 2018.
[73] Sentencia T-117 de 2018
[74] “Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.”
[75] Cons. Sentencia C-010 de 2000, T-550 de 2012
[76] Cons. sentencias T-028 de 1996, T-1319 de 2001, C-392 de 2002,
T-196 de 2003, T-437 de 2004, T-040 de 2005, T-714 de 2010, C-442 de 2011,
T-088 de 2013, T-357 de 2015, C-452 de 2016, SU-396 de 2017, T-244 de 2018
[77] Sentencia T-028 de 1996.
[78] Cons. sentencias T-117 de 2018 (acusación de homicidio), T-121 de
2018 (acusación de actos de discriminación hacia persona en condición de
discapacidad), T-200 de 2018 (acusación de consumo de licor portando armas en
lugar público), T-243 de 2018 (acusación de hurto), T-695 de 2017 (acusación de
falsedad personal, ejercicio ilícito de la medicina y corrupción), T-145 de
2016 (acusación de hurto), T-066 de 1998 (acusación de vínculos con
organizaciones al margen de la ley), T-602 de 1995 (acusación de malversación y
colusión en competencias deportivas)
[79] Sentencia T-050 de 2016.
[80] Sentencia T-220 de 2004.
[81] Sentencia T-054 de 2018
[82] Sentencia T-1319 de 2001.
[83] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 12
de septiembre de 2017, radicación No. 93.724, M.P. Patricia Salazar Cuéllar.
[84] Sentencia C-442 de 2011.
[85] Sentencia T-500 de 2016
[86] Sentencia T-1319 de 2001, reiterada en las sentencias T-500 de 2016
y C-091 de 2017
[87] “Ley 599 de 2000. Artículo 347. AMENAZAS. El que por cualquier
medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con
el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector
de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la
amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical,
un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que
desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte.”
[88] Cfr. fol. 13 cuad. ppal.
[89] Cfr. fols. 9-10 cuad. ppal.
[90] Sentencias
T-263 de 2010, T-593 de 2017 y T-121 de 2018.