C-229-99
Sentencia C-229/99
Sentencia
C-229/99
CONVENCION DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESCERTIFICACION-Objetivo
El Instrumento
Internacional que se revisa constituye un esfuerzo con ocasión del cual los países
se comprometen a promover una estrategia dirigida a revertir los procesos de
desertización o al menos a  mitigar los efectos de las sequías, mediante la
adopción de medidas eficaces como resultado de los acuerdos de cooperación y
asociación internacionales, para permitir el desarrollo sostenible de las zonas
afectadas. Con ocasión de las obligaciones que contraen los Estados Parte se
comprometen a incorporar la protección ambiental dentro de sus planes de
desarrollo, otorgar prioridad a la asignación de recursos suficientes para
atacar los procesos de desertización, promover la participación y
sensibilización de las comunidades mediante el apoyo de los organismos
oficiales y fortalecer las legislaciones nacionales y las políticas de apoyo a
largo plazo para la protección del entorno ecológico.
CONVENCION DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESCERTIFICACION-Participación de la comunidad en asuntos ambientales
Las disposiciones
de la Convención se ajustan a los preceptos de la Constitución. El conjunto de
sus preceptos responde al principio de la participación de la comunidad en
todos aquéllos asuntos atinentes a la preservación del ambiente y en las
decisiones que puedan afectarla, lo cual se adecua a la preceptiva de los arts.
1 y 79 de la Constitución. Es así como diferentes normas de la Convención
aluden a la necesidad de la participación de la comunidad en los programas
relacionados en la lucha contra la desertización, a partir de la creación de
una conciencia sobre la magnitud del problema y sus posibles soluciones.
PRINCIPIO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE-Alcance
En el artículo 80
Superior el Constituyente incorporó formalmente el principio del
"desarrollo sostenible", el cual constituye la expresión moderna de
la política ambientalista, esto es, del nuevo concepto del desarrollo, en el
que se logre armonizar el crecimiento económico con el desarrollo ambiental de
suerte que se pueda evitar un crecimiento general desequilibrado, pero sin
perder de vista, naturalmente, que dicho desarrollo debe ser compatible con la
filosofía propia del Estado Social de Derecho.
Referencia:
Expediente L.A.T. - 130
Norma Revisada:
Ley
461 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba la Convención de
las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países
afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa",
hecho en París el 17 de junio de 1994.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá,
D.C., abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES.
El 11 de agosto de
1998 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación, copia auténtica de la Ley 461 de 4 de agosto de 1998, "Por
medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o
desertificación (sic), en particular Africa", en cumplimiento de lo
establecido por el artículo 241-10 de la Constitución.
Es de observar, que
el Gobierno cumplió con la obligación de remitir tanto la Convención como la
ley aprobatoria dentro de los seis días siguientes a la sanción de ésta.
El Magistrado
Sustanciador, mediante auto del 8 de septiembre de 1998, asumió el conocimiento
de la revisión constitucional y dispuso la práctica de pruebas, la fijación del
negocio en lista con el fin de permitir la intervención ciudadana y el traslado
al señor Procurador General de la Nación para efectos de la emisión del
concepto de su competencia.
Una vez cumplidos
los trámites anteriores, y en ejercicio de la competencia que le asigna la
Constitución Política en el art. 241-10, procede la Corte a pronunciar la
decisión correspondiente.
II. TEXTO DE LAS
NORMAS OBJETO DE REVISION.
Se adjunta fotocopia
del texto de la Ley 461 de agosto 4 de 1998, dentro de la cual aparece
incorporada la Convención en referencia.
LEY 461 DE 1998
(agosto 4)
por medio de la cual se aprueba la “Convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en
París
el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El Congreso de Colombia
Visto el texto
de la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en
los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”,
hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
«ConvenciOn de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificacion en los paIses afectados por sequIa
grave o desertificaciOn, en particular en Africa
Las Partes en la
presente Convención,
Afirmando que los seres humanos en las zonas
afectadas o amenazadas constituyen el centro de las preocupaciones en los
esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la
sequía,
Haciéndose
eco de la urgente
preocupación de la comunidad internacional, incluidos los Estados y las
organizaciones internacionales, por los efectos perjudiciales de la
desertificación y la sequía,
Conscientes de que las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
representan una proporción considerable de la superficie de la tierra y son el
hábitat y la fuente de sustento de una gran parte de la población mundial,
Reconociendo que la desertificación y la sequía constituyen problemas
de dimensiones mundiales, ya que sus efectos inciden en todas las regiones del
mundo, y que es necesario que la comunidad internacional adopte medidas
conjuntas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la
sequía,
Tomando nota del elevado porcentaje de países en
desarrollo y, en especial, de países menos adelantados, entre los países
afectados por sequía grave o desertificación, así como de las consecuencias
particularmente trágicas que dichos fenómenos acarrean en Africa,
Tomando nota
también de que la
desertificación tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos,
biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos,
Considerando los efectos que el comercio y otros
aspectos pertinentes de las relaciones económicas internacionales tienen en la
capacidad de los países afectados de luchar eficazmente contra la desertificación,
Conscientes de que el crecimiento económico sostenible,
el desarrollo social y la erradicación de la pobreza son las prioridades de los
países en desarrollo afectados, en particular en Africa, y que son esenciales
para lograr los objetivos de un desarrollo sostenible,
Conscientes de que la desertificación y la sequía
afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes
problemas sociales, tales como la pobreza, la salud y la nutrición deficientes,
la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el
desplazamiento de personas y la dinámica demográfica,
Apreciando la importancia de los esfuerzos realizados
y la experiencia acumulada por los Estados y las organizaciones internacionales
en la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la
sequía, particularmente mediante la aplicación del Plan de Acción de las
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, que tuvo su origen en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, de 1977,
Comprobando
que, a pesar de los
esfuerzos desplegados, no se han realizado los progresos esperados en la lucha
contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía, y que es
preciso adoptar un enfoque nuevo y más efectivo a todos los niveles, en el
marco del desarrollo sostenible,
Reconociendo la validez y la pertinencia de las
decisiones adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, y especialmente del Programa 21 y su capítulo 12, que
proporcionan una base para luchar contra la desertificación,
Reafirmando, a la luz de lo anterior, los compromisos de
los países desarrollados previstos en el párrafo 13 del capítulo 33 del
Programa 21,
Recordando la Resolución 47/188 de la Asamblea General
y, en particular, la prioridad que en ella se asigna a Africa, y todas las
demás resoluciones, decisiones y programas pertinentes de las Naciones Unidas
sobre la desertificación y la sequía, así como las declaraciones formuladas en
ese sentido por los países de Africa y de otras regiones,
Reafirmando la Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo en cuyo Principio 2 se establece que, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional,
los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos con
arreglo a sus políticas de medio ambiente y de desarrollo, y la responsabilidad
de garantizar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no
causen perjuicios al medio ambiente de otros Estados o zonas situados más allá
de los límites de la jurisdicción nacional,
Reconociendo que los gobiernos de los países desempeñan un papel
fundamental en los esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de
los efectos de la sequía y que los progresos que se realicen al respecto
dependen de que los programas de acción se apliquen a nivel local en las zonas
afectadas,
Reconociendo
también la importancia y
la necesidad de la cooperación y la asociación internacionales para luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía,
Reconociendo
además la importancia de
que se proporcionen a los países en desarrollo afectados, en particular los de
Africa, medios eficaces, entre ellos recursos financieros sustanciales, incluso
recursos nuevos y adicionales, y acceso a la tecnología, sin los cuales les
resultará difícil cumplir cabalmente las obligaciones contraídas en virtud de
la presente Convención,
Preocupadas por el impacto de la desertificación y la
sequía en los países afectados de Asia Central y transcaucásicos,
Destacando el importante papel desempeñado por la
mujer en las regiones afectadas por la desertificación o la sequía, en
particular en las zonas rurales de los países en desarrollo, y la importancia
de garantizar a todos los niveles la plena participación de hombres y mujeres
en los programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos
de la sequía,
Poniendo de
relieve el papel especial
que corresponde a las organizaciones no gubernamentales y a otros importantes
grupos en los programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los
efectos de la sequía,
Teniendo
presente la relación que
existe entre la desertificación y otros problemas ambientales de dimensión
mundial que enfrentan la colectividad internacional y las comunidades
nacionales,
Teniendo
presente también que la
lucha contra la desertificación puede contribuir al logro de los objetivos de
la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático y otras convenciones ambientales,
Estimando que las estrategias para luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía tendrán la máxima eficacia
si se basan en una observación sistemática adecuada y en conocimientos
científicos rigurosos y si están sujetas a una evaluación continua,
Reconociendo la urgente necesidad de mejorar la
eficiencia y la coordinación de la cooperación internacional para facilitar la
aplicación de los planes y las prioridades nacionales,
Decididas a adoptar las medidas adecuadas para luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en beneficio de
las generaciones presentes y futuras,
Han convenido
en lo siguiente:
PARTE I
INTRODUCCION
Artículo 1º. Términos
utilizados. A los efectos de la presente Convención:
a) Por
“desertificación” se entiende la degradación de las tierras de zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las
variaciones climáticas y las actividades humanas;
b) Por “lucha
contra la desertificación” se entiende las actividades que forman parte de un
aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tienen por objeto:
i) La prevención
o la reducción de la degradación de las tierras,
ii) La
rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y
iii) La
recuperación de tierras desertificadas;
c) Por “sequía”
se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido
considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un
agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de
recursos de tierras;
d) Por
“mitigación de los efectos de la sequía” se entiende las actividades relativas
al pronóstico de la sequía y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la
sociedad y de los sistemas naturales a la sequía en cuanto se relaciona con la
lucha contra la desertificación;
e) Por “tierra”
se entiende el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la
vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e
hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema;
f) Por
“degradación de las tierras” se entiende la reducción o la pérdida de la
productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas
de secano, las tierras de cultivo, de regadío o las dehesas, los pastizales,
los bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso
o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas
y pautas de poblamiento, tales como:
i) La erosión
del suelo causada por el viento o el agua,
ii) El deterioro
de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades
económicas del suelo, y
iii) La pérdida
duradera de vegetación natural;
g) Por “zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas” se entiende aquellas zonas en las que la
proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está
comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares;
h) Por “zonas
afectadas” se entiende zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas afectadas o
amenazadas por la desertificación;
i) Por “países
afectados” se entiende los países cuya superficie incluye, total o
parcialmente, zonas afectadas;
j) Por
“organización regional de integración económica” se entiende toda organización
constituida por Estados soberanos de una determinada región que sea competente
para abordar las cuestiones a las que se aplique la presente Convención y haya
sido debidamente autorizada, con arreglo a sus procedimientos internos, para
firmar, ratificar, aceptar y aprobar la Convención y adherirse a la misma;
k) Por “países
Partes desarrollados” se entiende los países Partes desarrollados y las
organizaciones regionales de integración económica constituidas por países
desarrollados.
Artículo 2º. Objetivo.
1. El objetivo
de la presente Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en Africa, mediante la adopción de medidas
eficaces en todos los niveles, apoyados por acuerdos de cooperación y
asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el
programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas
afectadas.
2. La
consecución de este objetivo exigirá la aplicación en las zonas afectadas de
estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el
aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación
y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos,
todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel
comunitario.
Artículo 3º. Principios.
Para alcanzar los objetivos de la presente Convención y aplicar sus
disposiciones, las partes se guiarán, entre otras cosas, por los siguientes
principios:
a) Las partes
deben garantizar que las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de
programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la
sequía se adopten con la participación de la población y de las comunidades
locales y que, a niveles superiores, se cree un entorno propicio que facilite
la adopción de medidas a los niveles nacional y local;
b) Las Partes,
en un espíritu de solidaridad y asociación internacionales, deben mejorar la
cooperación y la coordinación a nivel subregional, regional e internacional, y
encauzar mejor los recursos financieros, humanos, de organización y técnicos
donde se necesiten;
c) Las partes
deben fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación a todos los
niveles del gobierno, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y
los usuarios de la tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y el
valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en las
zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos, y
d) Las partes
deben tener plenamente en cuenta las necesidades y las circunstancias
especiales de los países en desarrollo afectados que son partes, en particular
los países menos adelantados.
PARTE II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4º. Obligaciones
generales.
1. Las Partes
cumplirán las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención
individual o conjuntamente, a través de los acuerdos multilaterales y
bilaterales establecidos o que se prevea establecer, o de unos y otros, según
corresponda, haciendo hincapié en la necesidad de coordinar esfuerzos y
preparar una estrategia coherente a largo plazo a todos los niveles.
2. Para lograr
el objetivo de la presente Convención, las Partes:
a) Adoptarán un
enfoque integrado en el que se tengan en cuenta los aspectos físicos,
biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía;
b) Prestarán la
debida atención, en el marco de los organismos internacionales y regionales
competentes, a la situación de los países Partes en desarrollo afectados en lo
que respecta al comercio internacional, los acuerdos de comercialización y la
deuda con miras a establecer un entorno económico internacional propicio para
fomentar el desarrollo sostenible;
c) Integrarán
estrategias encaminadas a erradicar la pobreza en sus esfuerzos de lucha contra
la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía;
d) Fomentarán
entre los países Partes afectados la cooperación en materia de protección
ambiental y de conservación de los recursos de tierras y los recursos hídricos,
en la medida en que ello guarde relación con la desertificación y la sequía;
e) Reforzarán la
cooperación subregional, regional e internacional;
f) Cooperarán en
el marco de las organizaciones intergubernamentales pertinentes;
g) Arbitrarán
mecanismos institucionales, según corresponda, teniendo en cuenta la necesidad
de evitar duplicaciones, y
h) Promoverán la
utilización de los mecanismos y arreglos financieros bilaterales y
multilaterales ya existentes que puedan movilizar y canalizar recursos
financieros
sustanciales a los países Partes en desarrollo afectados para luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía.
3. Los países
Partes en desarrollo afectados reúnen las condiciones para recibir asistencia
en la aplicación de la Convención.
Artículo 5º. Obligaciones
de los países Partes afectados. Además de las obligaciones que les incumben
en virtud del artículo 4º, los países Partes afectados se comprometen a:
a) Otorgar la
debida prioridad a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los
efectos de la sequía y asignar recursos suficientes, conforme a sus
circunstancias y capacidades;
b) Establecer
estrategias y prioridades, en el marco de sus planes y políticas nacionales de
desarrollo sostenible, a los efectos de luchar contra la desertificación y
mitigar los efectos de la sequía;
c) Ocuparse de
las causas subyacentes de la desertificación y prestar atención especial a los
factores socioeconómicos que contribuyen a los procesos de desertificación;
d) Promover la
sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales,
especialmente de las mujeres y los jóvenes con el apoyo de las organizaciones
no gubernamentales, en los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía, y
e) Crear un
entorno propicio, según corresponda, mediante el fortalecimiento de la
legislación pertinente en vigor y, en caso de que ésta no exista, la
promulgación de nuevas leyes y el establecimiento de políticas y programas de
acción a largo plazo.
Artículo 6º. Obligaciones
de los países Partes desarrollados. Además de las obligaciones generales
contraídas en virtud del artículo 4º, los países Partes desarrollados se
comprometen a:
a) Apoyar de
manera activa, según lo convenido individual o conjuntamente, los esfuerzos de
los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa y los
países menos adelantados, para luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía;
b) Proporcionar recursos financieros sustanciales y otras formas de
apoyo, para ayudar a los países Partes en desarrollo afectados, en particular
los de Africa, a elaborar y aplicar eficazmente sus propios planes y
estrategias a largo plazo de lucha contra la desertificación y mitigación de
los efectos de la sequía:
c) Promover la
movilización de recursos financieros nuevos y adicionales de conformidad con el
inciso b) del párrafo 2 del artículo 20;
d) Alentar la
movilización de recursos financieros del sector privado y de otras fuentes no
gubernamentales; y
e) Promover y
facilitar el acceso de los países Partes afectados, en particular los países
Partes en desarrollo afectados, a la tecnología, los conocimientos y la
experiencia apropiados.
Artículo 7º. Prioridad
para Africa. Al aplicar la presente Convención, las Partes darán prioridad
a los países Partes afectados de Africa, teniendo en cuenta la situación
especial que prevalece en esa región, sin por ello desatender a los países
Partes afectados en otras regiones.
Artículo 8º. Relación
con otras convenciones.
1. Las Partes
alentarán la coordinación de las actividades que se lleven a cabo con arreglo a
la presente Convención y, en el caso de que sean Parte en ellos, con arreglo a
otros acuerdos internacionales pertinentes, en particular la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la
Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores ventajas posibles de
las actividades que se realicen en virtud de cada acuerdo, evitando al mismo
tiempo la duplicación de esfuerzos. Las Partes fomentarán la ejecución de
programas conjuntos, sobre todo en materia de investigación, capacitación,
observación sistemática y reunión e intercambio de información, en la medida en
que dichas actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos de los
acuerdos de que se trate.
2. Las
disposiciones de la presente Convención no afectarán a los derechos y
obligaciones que incumban a las Partes en virtud de los acuerdos bilaterales,
regionales o internacionales que hayan concertado con anterioridad a la entrada
en vigor para ellas de la presente Convención.
PARTE III
PROGRAMAS DE ACCION, COOPERACION CIENTIFICA
Y TECNICA Y MEDIDAS DE APOYO
SECCION 1
Programas de acción
Artículo 9º. Enfoque
básico.
1. En el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 5º, los países Partes
en desarrollo afectados y cualquier otro país Parte afectado en el marco del
anexo de aplicación regional respectivo o que haya notificado por escrito a la
Secretaría Permanente la intención de preparar un programa de acción nacional,
elaborarán, darán a conocer al público y ejecutarán programas de acción
nacionales aprovechando en la medida de lo posible los planes y programas que
ya se hayan aplicado con éxito y, en su caso, los programas de acción
subregionales y regionales, como elemento central de la estrategia para luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Esos programas
habrán de actualizarse mediante un proceso de participación continuo sobre la
base de la experiencia práctica, así como los resultados de la investigación.
La preparación de los programas de acción nacionales se vinculará estrechamente
a otras actividades encaminadas a formular políticas nacionales en favor del
desarrollo sostenible.
2. En las
diversas formas de asistencia que presten los países Partes desarrollados de
conformidad con el artículo 6º, se atribuirá prioridad al apoyo, según lo
convenido a los programas de acción nacionales, subregionales y regionales de
los países partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, ya sea
directamente o por medio de las organizaciones multilaterales pertinentes, o de
ambas formas.
3. Las Partes
alentarán a los órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas
y a otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, a las instituciones
académicas, a la comunidad científica y a las organizaciones no gubernamentales
que estén en condiciones de cooperar, de conformidad con su mandato y
capacidades, a que apoyen la elaboración, ejecución y seguimiento de los
programas de acción.
Artículo 10. Programas
de acción nacionales.
1. El objetivo
de los programas de acción nacionales consiste en determinar cuáles son los
factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas
necesarias para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la
sequía.
2. Los programas
de acción nacionales deben especificar las respectivas funciones del gobierno,
las comunidades locales y los usuarios de la tierra, así como determinar los
recursos disponibles y necesarios. Entre otras cosas, los programas de acción
nacionales:
a) Incluirán
estrategias a largo plazo para luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía, destacarán el aspecto de la ejecución y estarán
integrados con las políticas nacionales de desarrollo sostenible;
b) Tendrán en
cuenta la posibilidad de introducir modificaciones en respuesta a los cambios
de las circunstancias y serán lo suficientemente flexibles a nivel local para
adaptarse a las diferentes condiciones socioeconómicas, biológicas y
geofísicas;
c) Prestarán
atención especial a la aplicación de medidas preventivas para las tierras aún
no degradadas o sólo levemente degradadas;
d) Reforzarán la
capacidad nacional en materia de climatología, meteorología e hidrología y los
medios de establecer un sistema de alerta temprana de la sequía;
e) Promoverán
políticas y reforzarán marcos institucionales para fomentar la cooperación y la
coordinación, en un espíritu de asociación, entre la comunidad de donantes, los
gobiernos a todos los niveles, las poblaciones locales y los grupos
comunitarios, y facilitarán el acceso de las poblaciones locales a la información
y tecnología adecuadas;
f) Asegurarán la
participación efectiva a nivel local, nacional y regional de las organizaciones
no gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujeres como de hombres,
especialmente de los usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y
pastores y sus organizaciones representantivas, en la planificación de
políticas, la adopción de decisiones, la ejecución y la revisión de los
programas de acción nacionales, y
g) Dispondrán un
examen periódico de su aplicación e informes sobre los progresos registrados.
3. Los programas
de acción nacionales podrán incluir, entre otras cosas, algunas de las
siguientes medidas de preparación para la sequía y mitigación de sus efectos:
a) El
establecimiento y/o el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, según
proceda, que incluyan instalaciones locales y nacionales, así como sistemas
comunes a nivel subregional y regional, y mecanismos de ayuda a las personas
desplazadas por razones ecológicas;
b) El
reforzamiento de la preparación y las prácticas de gestión para casos de
sequía, entre ellas planes para hacer frente a las contingencias de sequía a
nivel local, nacional, subregional y regional, que tengan en cuenta los
pronósticos tanto estacionales como interanuales del clima;
c) El
establecimiento y/o el fortalecimiento, según corresponda, de sistemas de
seguridad alimentaria, incluidos instalaciones de almacenamiento y medios de
comercialización, en particular en las zonas rurales;
d) La
introducción de proyectos de fomento de medios alternativos de subsistencia que
puedan generar ingresos en las zonas expuestas a la sequía, y
e) El desarrollo
de programas de riego sostenible tanto para los cultivos como para el ganado.
4. Habida cuenta
de las circunstancias y necesidades específicas de cada uno de los países
Partes afectados, los programas de acción nacionales incluirán, entre otras
cosas, según corresponda, medidas en algunas de las siguientes esferas
prioritarias, o en todas ellas, en cuanto guardan relación con la lucha contra
la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía en las zonas
afectadas y con sus poblaciones: promoción de medios alternativos de
subsistencia y mejoramiento del entorno económico nacional para fortalecer
programas que tengan por objeto la erradicación de la pobreza, la seguridad
alimentaria, la dinámica demográfica, la gestión sostenible de los recursos
naturales, las prácticas agrícolas sostenibles, el desarrollo y la utilización
eficiente de diversas fuentes de energía, la creación de marcos institucionales
y jurídicos, el fortalecimiento de la capacidad de evaluación y observación
sistemática, comprendidos los servicios hidrológicos y meteorológicos, y el
fomento de las capacidades, la educación y la sensibilización del público.
Artículo 11. Programas
de acción subregionales y regionales. Los países Partes afectados se
consultarán y cooperarán para preparar, según corresponda, con arreglo a los
anexos de aplicación regional pertinentes, programas de acción subregionales o
regionales con el fin de armonizar y complementar los programas nacionales así
como de incrementar su eficacia. Las disposiciones del artículo 10 se aplicarán
mutatis mutandis a los programas subregionales y regionales. Dicha
cooperación incluye conjuntos convenidos para la gestión sostenible de recursos
naturales transfronterizos, la cooperación científica y técnica y el
fortalecimiento de las instituciones pertinentes.
Artículo 12. Cooperación
internacional. Los países Partes afectados, en colaboración con otras
Partes y con la comunidad internacional, deberán cooperar con miras a asegurar
la promoción de un entorno internacional propicio para la aplicación de la
Convención. Esa cooperación deberá abarcar también los sectores de
transferencia de tecnología, así como de investigación científica y desarrollo,
reunión de información y distribución de recursos financieros.
Artículo 13. Asistencia
para la elaboración y ejecución de los programas de acción.
1. Entre las
medidas de apoyo a los programas de acción de conformidad con el artículo 9
figurarán las siguientes:
a) Establecer
una cooperación financiera que asegure la predictibilidad en los programas de
acción y permita la necesaria planificación a largo plazo;
b) Elaborar y
utilizar mecanismos de cooperación que permitan prestar un apoyo más eficaz a
nivel local, incluso por conducto de organizaciones no gubernamentales, a fin
de asegurar la posibilidad de repetir, cuando sea oportuno, las actividades de
los programas experimentales que hayan tenido éxito;
c) Aumentar la flexibilidad
de diseño, financiación y ejecución de los proyectos de manera acorde con el
enfoque experimental e iterativo indicado para la participación de las
comunidades locales, y
d) Establecer,
según corresponda, procedimientos administrativos y presupuestales para
acrecentar la eficiencia de los programas de cooperación y de apoyo.
2. Al prestar
ese apoyo a los países Partes en desarrollo afectados se dará prioridad a los
países Partes africanos y a los países menos adelantados.
Artículo 14. Coordinación
en la elaboración y ejecución de los programas de acción.
1. Las Partes
trabajarán en estrecha colaboración, ya sea directamente o a través de las
organizaciones intergubernamentales competentes, en la elaboración y ejecución
de los programas de acción.
2. Las Partes
desarrollarán mecanismos operacionales, sobre todo a nivel nacional y local,
para asegurar la mayor coordinación posible entre los países Partes
desarrollados, los países Partes en desarrollo y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales competentes, con el fin de evitar
duplicación de esfuerzos, armonizar las intervenciones y los criterios y sacar
el máximo partido de la asistencia. En los países Partes en desarrollo
afectados se dará prioridad a la coordinación de actividades relacionadas con
la cooperación internacional a fin de utilizar los recursos con la máxima
eficacia, procurar que la asistencia esté bien dirigida y facilitar la
aplicación de los planes y prioridades nacionales en el marco de la presente
Convención.
Artículo 15. Anexos
de aplicación regional. Se seleccionarán elementos para su corporación en
los programas de acción y se adaptarán en función de los factores
socioeconómicos, geográficos y climáticos propios de los países Partes o
regiones afectados, así como de su nivel de desarrollo. Las directrices para
preparar programas de acción, así como sus objetivos y contenido específicos en
lo que respecta a determinadas subregiones y regiones, figuran en los anexos de
aplicación regional.
SECCION 2
Cooperación científica y técnica
Artículo 16. Reunión
e intercambio de información. Las Partes acuerdan, según sus capacidades
respectivas, integrar y coordinar la reunión, el análisis y el intercambio de
datos e información pertinentes, tanto a corto como a largo plazo, para
asegurar la observación sistemática de la degradación de las tierras en las
zonas afectadas y comprender mejor y evaluar mejor los procesos y efectos de la
sequía y la desertificación. De esta forma se ayudaría a conseguir, entre otras
cosas, una alerta temprana y una planificación anticipada para los períodos de
variaciones climáticas adversas, de manera que los usuarios en todos los
niveles, incluidas especialmente las poblaciones locales, pudieran hacer un uso
práctico de esos conocimientos. A este efecto, según corresponda:
a) Facilitarán y
fortalecerán el funcionamiento de la red mundial de instituciones y servicios
para la reunión, el análisis y el intercambio de información y la observación
sistemática a todos los niveles que, entre otras cosas:
i) Tratará de
utilizar normas y sistemas compatibles,
ii) Abarcará los
datos y las estaciones pertinentes, incluso en las zonas remotas,
iii) Utilizará y
difundirá tecnología moderna de reunión, transmisión y evaluación de datos
sobre degradación de las tierras, y
iv) Establecerá
vínculos más estrechos entre los centros de datos e información nacionales,
subregionales y regionales y las fuentes mundiales de información;
b) Velarán por
que la reunión, el análisis y el intercambio de información respondan a las
necesidades de las comunidades locales y a las de las esferas decisorias, con
el fin de resolver problemas concretos, y porque las comunidades locales
participen en esas actividades;
c) Apoyarán y
ampliarán aún más los programas y proyectos bilaterales y multilaterales
encaminados a definir, llevar a cabo, evaluar y financiar la reunión, el
análisis y el intercambio de datos e informaciones, entre los cuales figurarán,
entre otras cosas, series integradas de indicadores físicos, biológicos,
sociales y económicos;
d) Harán pleno
uso de los conocimientos especializados de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales competentes, sobre todo con el fin de
difundir la correspondiente información y experiencia entre los grupos
pertinentes de las diferentes regiones;
e) Concederán la
debida importancia a la reunión, el análisis y el intercambio de datos
socioeconómicos, así como a su integración con datos físicos y biológicos;
f)
Intercambiarán información procedente de todas las fuentes públicamente
accesibles que sea pertinente para luchar contra la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía y dispondrán que esa información sea plena, abierta y
prontamente asequible, y
g) De
conformidad con sus respectivas legislaciones o políticas nacionales,
intercambiarán información sobre los conocimientos locales y tradicionales,
velando por su debida protección y asegurando a las poblaciones locales
interesadas una retribución apropiada de los beneficios derivados de esos
conocimientos, en forma equitativa y en condiciones mutuamente convenidas.
Artículo 17. Investigación
y desarrollo.
1. Las Partes se
comprometen a promover, según sus capacidades respectivas y por conducto de las
instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales
competentes, la cooperación técnica y científica en la esfera de la lucha
contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.
Con ese fin,
apoyarán las actividades de investigación que:
a) Contribuyan a
acrecentar el conocimiento de los procesos que conducen a la desertificación y
a la sequía, así como de las repercusiones y especificidad de los factores
naturales y humanos que ocasionan dichos fenómenos, con objeto de combatir la
desertificación, mejorar la productividad y asegurar el uso y la gestión
sostenibles de los recursos;
b) Respondan a
objetivos bien definidos, atiendan las necesidades concretas de las poblaciones
locales y permitan identificar y aplicar soluciones que mejoren el nivel de
vida de las personas que viven en las zonas afectadas;
c) Protejan,
integren, promuevan y validen los conocimientos, la experiencia y las prácticas
tradicionales y locales, velando por que, con sujeción a sus respectivas leyes
y las políticas nacionales, los poseedores de esos conocimientos se beneficien
directamente, en forma equitativa y en condiciones mutuamente convenidas, de
cualquier uso comercial de los mismos o de cualquier adelanto tecnológico
derivado de dichos conocimientos;
d) Desarrollen y
refuercen las capacidades de investigación nacionales, subregionales y
regionales en los países Partes en desarrollo afectados, en particular en
Africa, incluido el perfeccionamiento de los conocimientos prácticos locales y
el fortalecimiento de las capacidades pertinentes, especialmente en países cuya
base para la investigación sea débil, prestando especial atención a la
investigación socioeconómica de carácter multidisciplinario y basada en la
participación;
e) Tengan en
cuenta, cuando corresponda, la relación que existe entre la pobreza, la
migración causada por factores ambientales y la desertificación;
f) Promuevan la
realización de programas conjuntos de investigación entre los organismos de
investigación nacionales, subregionales, regionales e internacionales, tanto
del sector público como del sector privado, para la obtención de tecnologías
perfeccionadas, accesibles y económicamente asequibles para el desarrollo
sostenible mediante la participación efectiva de las poblaciones y las
comunidades locales, y
g) Fomenten los
recursos hídricos en las zonas afectadas, incluso mediante la siembra de nubes.
2. En los
programas de acción se deberán incluir las prioridades de investigación
respecto de determinadas regiones y subregiones, prioridades que reflejen las
distintas condiciones locales. La conferencia de las Partes examinará
periódicamente las prioridades de investigación, por recomendación del Comité
de Ciencia y Tecnología.
Artículo 18. Transferencia,
adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología.
1. Las Partes se
comprometen a promover, financiar y/o ayudar a financiar, según lo convenido
por mutuo acuerdo y de conformidad con sus respectivas leyes y/o políticas
nacionales, la transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de
tecnologías ecológicamente racionales, económicamente viables y socialmente
aceptables para combatir la desertificación y/o mitigar los efectos de la
sequía, con miras a contribuir al desarrollo sostenible en las zonas afectadas.
Dicha cooperación se llevará a cabo bilateral o multilateralmente, según
corresponda, aprovechando plenamente los conocimientos
especializados de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
En particular, las Partes:
a) Utilizarán
plenamente los correspondientes sistemas de información y centros de intercambio
de datos nacionales, subregionales, regionales e internacionales existentes
para difundir información sobre las tecnologías disponibles, así como sobre sus
fuentes, sus riesgos ambientales y las condiciones generales en que pueden
adquirirse;
b) Facilitarán
el acceso, en particular de los países Partes en desarrollo afectados, en
condiciones favorables e incluso en condiciones concesionales y preferenciales,
según lo convenido por mutuo acuerdo y teniendo en cuenta la necesidad de
proteger los derechos de propiedad intelectual, a las tecnologías más adecuadas
desde el punto de vista de su aplicación práctica para atender las necesidades
concretas de las poblaciones locales, concediendo especial atención a los
efectos sociales, culturales, económicos y ambientales de dichas tecnologías;
c) Facilitarán
la cooperación tecnológica entre los países Partes afectados mediante la
asistencia financiera o por cualquier otro medio adecuado;
d) Harán extensiva la cooperación tecnológica con los países Partes en
desarrollo afectados e incluso, cuando corresponda, las operaciones conjuntas,
especialmente a los sectores que fomenten medios alternativos de subsistencia,
y
e) Adoptarán las medidas adecuadas para crear condiciones de mercado
interior e incentivos fiscales o de otro tipo que permitan el desarrollo, la
transferencia, la adquisición y la adaptación de tecnologías, conocimientos,
experiencia y prácticas apropiados, incluso medidas que garanticen la
protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual.
2. De
conformidad con sus respectivas capacidades y con sujeción a sus respectivas
leyes y/o políticas nacionales, las Partes protegerán, promoverán y utilizarán
en particular las tecnologías, los conocimientos, la experiencia y las
prácticas tradicionales y locales pertinentes. Con este fin, las Partes se
comprometen a:
a) Hacer
inventarios de dichas tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas y de
sus posibles aplicaciones con la participación de las poblaciones locales, así
como difundir información sobre el particular en cooperación, cuando sea
oportuno, con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
competentes;
b) Garantizar
que esas tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas estén
adecuadamente protegidos y que las poblaciones locales se beneficien
directamente, de manera equitativa y según lo convenido por mutuo acuerdo, de
cualquier uso comercial que se haga de ellos o de cualquier otra innovación
tecnológica resultante;
c) Alentar y
apoyar activamente el mejoramiento y la difusión de dicha tecnología,
conocimientos, experiencias y prácticas, o el desarrollo de nuevas tecnologías
basadas en ellos, y
d) Facilitar, en
su caso, la adaptación de esas tecnologías, conocimientos, experiencia y
prácticas con miras a aplicarlos ampliamente y a integrarlos, según proceda,
con la tecnología moderna.
SECCION 3
Medidas de apoyo
Artículo 19. Fomento
de capacidades, educación y sensibilización del público.
1. Las Partes
reconocen la importancia del fomento de capacidades, esto es, del desarrollo
institucional, la formación y la ampliación de las capacidades locales y
nacionales, para los esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación
de la sequía. Las Partes promoverán esas capacidades, según corresponda,
mediante:
a) La plena
participación de la población a todos los niveles, especialmente a nivel local,
en particular de las mujeres y los jóvenes, con la cooperación de las
organizaciones no gubernamentales y locales;
b) El
fortalecimiento de la capacidad de formación e investigación a nivel nacional
en la esfera de la desertificación y la sequía;
c) El
establecimiento y/o el fortalecimiento de los servicios de apoyo y extensión
con el fin de difundir más efectivamente los correspondientes métodos
tecnológicos y técnicas, y mediante la capacitación de agentes de extensión
agrícola y miembros de organizaciones rurales para que puedan aplicar enfoques
de participación a la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales;
d) El fomento
del uso y la difusión de los conocimientos, la experiencia y las prácticas de
la población local en los programas de cooperación técnica donde sea posible;
e) La
adaptación, cuando sea necesario, de la correspondiente tecnología
ecológicamente racional y de los métodos tradicionales de agricultura y de
pastoreo a las condiciones socioeconómicas modernas;
f) El suministro
de capacitación y tecnología adecuadas para la utilización de fuentes de
energía sustitutivas, especialmente los recursos energéticos renovables, en
particular con el fin de reducir la dependencia de la leña para combustible;
g) La
cooperación, en la forma mutuamente convenida, para reforzar la capacidad de
los países Partes en desarrollo afectados de elaborar y ejecutar programas en las
esferas de reunión, análisis e intercambio de información de conformidad con el
artículo 16;
h) Medios
innovadores para promover medios de subsistencia alternativos, incluida la
capacitación en nuevas técnicas;
i) La
capacitación de personal directivo y de administración, así como de personal
encargado de la reunión y el análisis de datos, de la difusión y utilización de
información sobre alerta temprana en situaciones de sequía, y de la producción
de alimentos;
j) El
funcionamiento más eficaz de las instituciones y estructuras jurídicas
nacionales existentes y, cuando corresponda, mediante la creación de otras
nuevas, así como el fortalecimiento de la planificación y la gestión
estratégicas; y
k) Los programas
de intercambio de visitantes para fomentar las capacidades de los países Partes
afectados mediante un proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje a largo
plazo.
2. Los países
Partes en desarrollo afectados llevarán a cabo, en cooperación con otras Partes
y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes,
según corresponda, un examen interdisciplinario de la capacidad y los servicios
disponibles a nivel local y nacional, así como de las posibilidades de
reforzarlos.
3. Las Partes
cooperarán entre sí y a través de organizaciones intergubernamentales
competentes, así como con organizaciones no gubernamentales, a los efectos de
emprender y apoyar programas de sensibilización del público y de educación en
los países afectados y, donde proceda, en los países Partes no afectados, para
fomentar una comprensión de las causas y efectos de la desertificación y la
sequía y de la importancia de alcanzar los objetivos de la presente Convención.
A este efecto:
a) Lanzarán
campañas de sensibilización dirigidas al público en general;
b) Promoverán de
manera permanente el acceso del público a la información pertinente, así como
una amplia participación del mismo en las actividades de educación y
sensibilización;
c) Alentarán el
establecimiento de asociaciones que contribuyan a sensibilizar al público;
d) Prepararán e
intercambiarán material, en lo posible en los idiomas locales, para impartir
educación y sensibilizar al público, intercambiarán y enviarán expertos para
capacitar a personal de los países Partes en desarrollo afectados a fin de que
pueda aplicar los correspondientes programas de educación y sensibilización, y
aprovecharán plenamente el material educativo pertinente de que dispongan los
organismos internacionales competentes;
e) Evaluarán las
necesidades de educación en las zonas afectadas, elaborarán planes de estudios
adecuados y ampliarán, según sea necesario, los programas de educación y de
instrucción elemental para adultos, así como las oportunidades de acceso para
todos, especialmente para los jóvenes y las mujeres, sobre la identificación,
la conservación, el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales de
las zonas afectadas, y
f) Prepararán
programas interdisciplinarios basados en la participación que integren la
sensibilización en materia de desertificación y sequía en los sistemas de
educación, así como en los programas de educación no académica, de adultos, a
distancia y práctica.
4. La
Conferencia de las Partes establecerá, y/o reforzará, redes de centros
regionales de educación y capacitación para combatir la desertificación y
mitigar los efectos de la sequía. La coordinación de esas redes estará a cargo
de una institución creada o designada a ese efecto, con el fin de capacitar al
personal científico, técnico y administrativo y de fortalecer a las instituciones
encargadas de la educación y la capacitación en los países Partes afectados,
según corresponda, con miras a la armonización de programas y el intercambio de
experiencia entre ellas. Las redes cooperarán estrechamente con las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes para
evitar la duplicación de esfuerzos.
Artículo 20. Recursos
financieros.
1. Dada la
importancia central de la financiación para alcanzar el objetivo de la
Convención, las Partes, teniendo en cuenta sus capacidades, harán todos los
esfuerzos posibles por asegurar que se disponga de suficientes recursos
financieros para los programas de lucha contra la desertificación y mitigación
de los efectos de la sequía.
2. Para ello, los países Partes desarrollados, otorgando prioridad a
los países Partes africanos afectados y sin descuidar a los países Partes en
desarrollo afectados de otras regiones, de conformidad con el artículo 7º, se
comprometen a:
a) Movilizar
recursos financieros sustanciales, incluso en calidad de donaciones y préstamos
en condiciones favorables, para apoyar la ejecución de los programas de lucha
contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía;
b) Promover la
movilización de recursos suficientes, oportunos y previsibles, con inclusión de
recursos nuevos y adicionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para los
gastos adicionales convenidos de las actividades de lucha contra la
desertificación relacionadas con sus cuatro esferas principales de acción, de
conformidad con las disposiciones pertinentes del instrumento por el cual se
estableció ese Fondo;
c) Facilitar
mediante la cooperación internacional la transferencia de tecnologías,
conocimientos y experiencia, y
d) Investigar,
en cooperación con los países Partes en desarrollo afectados, métodos novedosos
e incentivos para movilizar y encauzar los recursos, incluso los procedentes de
fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras entidades del sector
privado, en particular los canjes de la deuda y otros medios novedosos que
permitan incrementar los recursos financieros al reducir la carga de la deuda
externa de los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de
Africa.
3. Los países
Partes en desarrollo afectados, teniendo en cuenta sus capacidades, se
comprometen a movilizar suficientes recursos financieros para la aplicación de
sus programas de acción nacionales.
4. Al movilizar
recursos financieros, las Partes procurarán utilizar plenamente y mejorar
cualitativamente todas las fuentes y mecanismos de financiación nacionales,
bilaterales y multilaterales, recurriendo a consorcios, programas conjuntos y
financiación paralela, y procurarán que participen fuentes y mecanismos de
financiación del sector privado, incluidos los de organizaciones no
gubernamentales. Con este propósito, las Partes utilizarán plenamente los
mecanismos operativos establecidos en virtud del artículo 14.
5. A fin de
movilizar los recursos financieros necesarios para que los países Partes en
desarrollo afectados luchen contra la desertificación y mitiguen los efectos de
la sequía, las Partes:
a)
Racionalizarán y fortalecerán la gestión de los recursos ya asignados para
luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía,
utilizándolos de manera más eficaz y eficiente, evaluando sus éxitos y sus
limitaciones, eliminando los obstáculos que impiden su utilización efectiva y
reorientando, en caso necesario, los programas a la luz del criterio integrado
y a largo plazo adoptado en cumplimiento de la presente Convención;
b) En el ámbito
de los órganos directivos de las instituciones y servicios financieros y fondos
multilaterales, incluidos los bancos y fondos regionales de desarrollo, darán
la debida prioridad y prestarán la debida atención al apoyo a los países Partes
en desarrollo afectados, en particular los de Africa, para llevar a cabo
actividades que faciliten la aplicación de la Convención, en particular los
programas de acción que estos países emprendan en el marco de los anexos de
aplicación regional, y
c) Examinarán
las formas de reforzar la cooperación regional y subregional para apoyar los
esfuerzos que se emprendan a nivel nacional.
6. Se alienta a
otras Partes a que faciliten, a título voluntario, conocimientos, experiencia y
técnicas relacionados con la desertificación y/o recursos financieros a los
países Partes en desarrollo afectados.
7. La plena
aplicación por los países Partes en desarrollo afectados, especialmente por los
africanos, de sus obligaciones en virtud de la Convención, se verá muy
facilitada por el cumplimiento por los países Partes desarrollados de sus
obligaciones según la Convención, incluidas en particular las relativas a
recursos financieros y a transferencia de tecnología. Los países Partes
desarrollados deberán tener plenamente en cuenta en el cumplimiento de sus
obligaciones que el desarrollo económico y social y la erradicación de la
pobreza son las principales prioridades de los países Partes en desarrollo
afectados, en particular los africanos.
Artículo 21. Mecanismos
financieros.
1. La
Conferencia de las Partes promoverá la disponibilidad de mecanismos financieros
y alentará a esos mecanismos a que traten de aumentar en todo lo posible la
disponibilidad de financiación para que los países Partes en desarrollo
afectados, en particular los de Africa, puedan aplicar la Convención. Con este
fin, la Conferencia de las Partes considerará la adopción, entre otras cosas,
de enfoques y políticas que:
a) Faciliten el
suministro de la necesaria financiación a los niveles nacional, subregional,
regional y mundial, para las actividades que se realicen en cumplimiento de las
disposiciones pertinentes de la Convención;
b) Fomenten
modalidades, mecanismos y dispositivos de financiación sobre la base de fuentes
múltiples, así como su evaluación, que sean compatibles con lo dispuesto en el
artículo 20;
c) Proporcionen
regularmente a las Partes interesadas, así como a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, información sobre
fuentes disponibles de fondos y sobre criterios de financiación a fin de
facilitar la coordinación entre ellas;
d) Faciliten el
establecimiento, según corresponda, de mecanismos como fondos nacionales de
lucha contra la desertificación, incluidos los que entrañan la participación de
organizaciones no gubernamentales, a fin de canalizar, de manera rápida y
eficiente, recursos financieros para acciones a nivel local en los países
Partes en desarrollo afectados, y
e) Refuercen los
fondos y los mecanismos financieros existentes a nivel subregional y regional,
en particular en Africa, para apoyar más eficazmente la aplicación de la
Convención.
2. La
Conferencia de las Partes alentará también, por conducto de diversos mecanismos
del sistema de las Naciones Unidas y por conducto de instituciones
multilaterales de financiación, el apoyo a nivel nacional, subregional y
regional de las actividades que permitan a los países Partes en desarrollo
cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención.
3. Los países
Partes en desarrollo afectados utilizarán y, cuando sea necesario, establecerán
y/o reforzarán los mecanismos nacionales de coordinación integrados en los
programas de desarrollo nacionales, que aseguren el uso eficiente de todos los
recursos financieros disponibles. Recurrirán también a procesos de
participación, que abarquen a organizaciones no gubernamentales, grupos locales
y el sector privado, a fin de obtener fondos, elaborar y ejecutar programas y
asegurar que grupos de nivel local tengan acceso a la financiación. Esas
acciones podrán facilitarse mediante una mejor coordinación y una programación
flexible de parte de los que presten asistencia.
4. Con el objeto
de aumentar la eficacia y eficiencia de los mecanismos financieros existentes,
por la presente se establece un Mecanismo Mundial destinado a promover medidas
para movilizar y canalizar hacia los países Partes en desarrollo afectados
recursos financieros sustanciales, incluida la transferencia de tecnología,
sobre la base de donaciones y/o préstamos en condiciones favorables u otras
condiciones análogas. Este Mecanismo Mundial funcionará bajo la dirección y
orientación de la Conferencia de las Partes y será responsable ante ésta.
5. En su primer
período ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes identificará la
entidad que ha de ser organización huésped del Mecanismo Mundial.
La Conferencia
de las Partes y la organización que ésta identifique deberán convenir
determinadas modalidades que aseguren, entre otras cosas, que el Mecanismo
Mundial:
a) Identifique y
haga un inventario de los programas pertinentes de cooperación bilateral y
multilateral de que se dispone para la aplicación de la Convención;
b) Preste
asesoramiento a las Partes, a su solicitud, en lo que respecta a métodos
innovadores de financiación y fuentes de asistencia financiera, y la manera de
mejorar la coordinación de las actividades de cooperación a nivel nacional;
c) Suministre a
las Partes interesadas y a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes información sobre las fuentes disponibles de fondos
y sobre las modalidades de financiación, para facilitar la coordinación entre
dichas Partes; y
d) Informe sobre
sus actividades a la Conferencia de las Partes, a partir de su segundo período
ordinario de sesiones.
6. En su primer
período de sesiones, la Conferencia de las Partes deberá adoptar con la entidad
que haya identificado como organización huésped del Mecanismo Mundial, las
disposiciones apropiadas para el funcionamiento administrativo de dicho
mecanismo, sobre la base, en lo posible, de los recursos presupuestarios y de
los recursos humanos existentes.
7. En su tercer
período ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes examinará las
políticas, modalidades de funcionamiento y actividades del Mecanismo Mundial
responsable ante ella de conformidad con el párrafo 4º, teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo 7º. Sobre la base de este examen estudiará y
adoptará las medidas pertinentes.
PARTE IV
INSTITUCIONES
Artículo 22. Conferencia
de las Partes.
1. Se establece
por la presente una Conferencia de las Partes.
2. La
Conferencia de las Partes será el órgano supremo de la Convención y, conforme a
su mandato, adoptará las decisiones necesarias para promover su aplicación
efectiva. En particular, la Conferencia de las Partes:
a) Examinará
regularmente la aplicación de la Convención y de los acuerdos institucionales a
la luz de la experiencia adquirida a nivel nacional, subregional, regional e
internacional y sobre la base de la evolución de los conocimientos científicos
y tecnológicos;
b) Promoverá y
facilitará el intercambio de información sobre las medidas que adopten las
Partes, determinará la forma y el momento de la transmisión de la información
que ha de presentarse de conformidad con el artículo 26, examinará los informes
y formulará recomendaciones sobre éstos;
c) Establecerá
los órganos subsidiarios que estime necesarios para aplicar la Convención;
d) Examinará los
informes presentados por sus órganos subsidiarios e impartirá orientación a
esos órganos;
e) Acordará y
aprobará, por consenso, su reglamento y reglamento financiero, así como los de
los órganos subsidiarios;
f) Aprobará
enmiendas a la Convención, de conformidad con los artículos 30 y 31;
g) Aprobará un
programa y un presupuesto para sus actividades, incluidas las de sus órganos
subsidiarios, y adoptará las disposiciones necesarias para su financiación;
h) Solicitará y
utilizará, según corresponda, los servicios de órganos y organismos
competentes, tanto nacionales o internacionales como intergubernamentales y no
gubernamentales y la información que éstos le proporcionen;
i) Promoverá y
reforzará las relaciones con otras convenciones pertinentes evitando la
duplicación de esfuerzos; y
j) Desempeñará
las demás funciones que se estimen necesarias para alcanzar el objetivo de la
Convención.
3. En su primer
período de sesiones, la Conferencia de las Partes aprobará por consenso su
propio reglamento, que incluirá procedimientos para la adopción de decisiones
sobre asuntos a los que no se apliquen los procedimientos de adopción de
decisiones estipulados en la Convención. En esos procedimientos podrá
especificarse la mayoría necesaria para la adopción de ciertas decisiones.
4. El primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes será convocado por la
secretaría provisional a que se refiere el artículo 35 y tendrá lugar a más
tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención. A menos que la
Conferencia de las Partes decida otra cosa, los períodos ordinarios de sesiones
segundo, tercero y cuarto se celebrarán anualmente; posteriormente, los
períodos ordinarios de sesiones tendrán lugar cada dos años.
5. Los períodos
extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada
vez que la Conferencia lo decida en un período de sesiones ordinario, o cuando
una de las Partes lo solicite por escrito, siempre que dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Secretaría Permanente haya transmitido a las
Partes dicha solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las
Partes.
6. En cada
período ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes elegirá una Mesa.
La estructura y funciones de la Mesa se estipularán en el reglamento. Al elegir
la Mesa habrá de prestarse la debida atención a la necesidad de asegurar una
distribución geográfica equitativa y una representación adecuada de los países
Partes afectados, en particular los de Africa.
7. Las Naciones
Unidas, sus organismos especializados, así como todo Estado Miembro u
observador en ellos que no sea Parte en la Convención, podrán estar
representados en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes como
observadores. Todo órgano u organismo sea nacional o internacional,
gubernamental o no gubernamental, competente en las materias de que trata la
Convención que haya informado a la Secretaría Permanente de su deseo de estar representado
en un período de sesiones de la Conferencia de las Partes como observador podrá
ser admitido en esa calidad, a menos que se oponga un tercio de las Partes
presentes.
La admisión y
participación de los observadores se regirá por el reglamento aprobado por la
Conferencia de las Partes.
8. La
Conferencia de las Partes podrá solicitar a organizaciones nacionales e
internacionales competentes y especialmente en las esferas pertinentes que le
proporcionen información en relación con el inciso g) del artículo 16, el
inciso c) del párrafo 1º del artículo 17 y el inciso b) del párrafo 2º del
artículo 18.
Artículo 23. Secretaría
permanente.
1. Se establece
por la presente una Secretaría Permanente.
2. Las funciones
de la Secretaría Permanente serán las siguientes:
a) Organizar los
períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y de los órganos
subsidiarios establecidos en virtud de la Convención y prestarles los servicios
necesarios;
b) Reunir y
transmitir los informes que se le presenten;
c) Prestar asistencia
a los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, si
estos así lo solicitan, para que reúnan y transmitan la información requerida
con arreglo a las disposiciones de la Convención;
d) Coordinar sus
actividades con las Secretarías de otros órganos y convenciones internacionales
pertinentes;
e) Hacer los arreglos administrativos y contractuales que requiera el
desempeño eficaz de sus funciones, bajo la dirección general de la Conferencia
de las Partes;
f) Preparar
informes sobre el desempeño de sus funciones en virtud de la Convención y
presentarlos a la Conferencia de las Partes; y
g) Desempeñar
las demás funciones de Secretaría que determine la Conferencia de las Partes.
3. En su primer
período de sesiones, la Conferencia de las Partes designará en su primer
período de sesiones una Secretaría Permanente y adoptará las disposiciones
necesarias para su funcionamiento.
Artículo 24. Comité
de Ciencia y Tecnología.
1. Por la
presente se establece un Comité de Ciencia y Tecnología, en calidad de órgano
subsidiario, encargado de proporcionar a la Conferencia de las Partes
información y asesoramiento científico y tecnológico sobre cuestiones relativas
a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la
sequía. El Comité, cuyas reuniones se celebrarán en conjunto con los períodos
de sesiones de las Partes, tendrá carácter multidisciplinario y estará abierto
a la participación de todas las Partes. Estará integrado por representantes
gubernamentales competentes en las correspondientes esferas de especialización.
La Conferencia
de las Partes aprobará el mandato del Comité en su primer período de sesiones.
2. La
Conferencia de las Partes elaborará y mantendrá una lista de expertos
independientes que tengan conocimientos especializados y experiencia en las
esferas pertinentes. La lista se basará en las candidaturas recibidas por
escrito de las Partes, y en ella se tendrá en cuenta la necesidad de un enfoque
multidisciplinario y una representación geográfica amplia.
3. La
Conferencia de las Partes podrá, según corresponda, nombrar grupos ad hoc
encargados de proporcionar, por conducto del Comité, información y
asesoramiento sobre cuestiones específicas relativas a los adelantos
científicos y tecnológicos de interés para la lucha contra la desertificación y
la mitigación de los efectos de la sequía. Esos grupos estarán integrados por
expertos que figuren en la lista, y en su integración se tendrá en cuenta la
necesidad de un enfoque multidisciplinario y una representación geográfica
amplia. Esos expertos deberán tener formación científica y experiencia sobre el
terreno y su nombramiento incumbirá a la Conferencia de las Partes, por
recomendación del Comité. La Conferencia de las Partes aprobará el mandato y
las modalidades de trabajo de estos grupos.
Artículo 25. Red
de instituciones, organismos y órganos.
1. El Comité de
Ciencia y Tecnología, bajo la supervisión de la Conferencia de las Partes,
adoptará disposiciones para emprender un estudio y una evaluación de las redes,
las instituciones, los organismos y los órganos pertinentes ya existentes que
deseen constituirse en unidades de una red. Esa red apoyará la aplicación de la
Convención.
2. Sobre la base
de los resultados del estudio y la evaluación a que se refiere el párrafo... y
el presente artículo, el Comité de Ciencia y Tecnología hará recomendaciones a
la Conferencia de las Partes sobre los medios de facilitar y reforzar la
integración en redes de las unidades a nivel local y nacional o a otros niveles
con el fin de asegurar que se atienda a las necesidades específicas que se
señalan en los artículos 16 a 19.
3. Teniendo en
cuenta esas recomendaciones, la Conferencia de las Partes:
a) Identificará
cuáles son las unidades nacionales, subregionales, regionales e internacionales
más aptas para integrarse en redes y recomendará los procedimientos
operacionales y el calendario para ello; y
b) Identificará
cuáles son las unidades más aptas para facilitar la integración en redes y
reforzarla a todo nivel.
PARTE V
PROCEDIMIENTOS
Artículo 26. Comunicación
de información.
1. Cada una de
las Partes comunicará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la
Secretaría Permanente, informes sobre las medidas que haya adoptado en
aplicación de la presente Convención para que la Conferencia los examine en sus
períodos ordinarios de sesiones. La Conferencia de las Partes determinará los
plazos de presentación y el formato de dichos informes.
2. Los países
Partes afectados facilitarán una descripción de las estrategias que hayan
adoptado de conformidad con el artículo 5º de la presente Convención, así como
cualquier información pertinente sobre su aplicación.
3. Los países
Partes afectados que ejecuten programas de acción de conformidad con los
artículos 9º a 15, facilitarán una descripción detallada de esos programas y de
su aplicación.
4. Cualquier
grupo de países Partes afectados podrá presentar una comunicación conjunta
sobre las medidas adoptadas a nivel subregional o regional en el marco de los
programas de acción.
5. Los países
Partes desarrollados informarán sobre las medidas que hayan adoptado para
contribuir a la preparación y ejecución de los programas de acción, con
inclusión de información sobre los recursos financieros que hayan proporcionado
o estén proporcionando en virtud de la presente Convención.
6. La
información transmitida de conformidad con los párrafos 1º a 4º del presente
artículo será comunicada cuanto antes por la Secretaría Permanente a la
Conferencia de las Partes y a los órganos subsidiarios pertinentes.
7. La
Conferencia de las Partes facilitará la prestación a los países Partes en
desarrollo afectados, en particular en Africa, previa solicitud, apoyo técnico
y financiero para reunir y comunicar información con arreglo al presente
artículo, así como para identificar las necesidades técnicas y financieras
relacionadas con los programas de acción.
Artículo 27. Medidas
para resolver cuestiones relacionadas con la aplicación. La Conferencia de
las Partes examinará y adoptará procedimientos y mecanismos institucionales
para resolver las cuestiones que puedan plantearse en relación con la
aplicación de la convención.
Artículo 28. Arreglo
de controversias.
1. Toda
controversia entre las Partes sobre la interpretación o la aplicación de la Convención,
será resuelta mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su
elección.
2. Al ratificar,
aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento a
partir de entonces, cualquier Parte que no sea una organización regional de
integración económica podrá declarar en un instrumento escrito presentado al
depositario que, en lo que respecta a cualquier controversia sobre la
interpretación o la aplicación de la Convención, reconoce como obligatorio en
relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación uno o ambos de los
siguientes medios para el arreglo de controversias:
a) El arbitraje
de conformidad con un procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la
Conferencia de las Partes en un anexo;
b) La
presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
3. Una Parte que
sea una organización regional de integración económica podrá hacer una
declaración de efecto análogo en relación con el arbitraje, con arreglo al
procedimiento señalado en el inciso a) del párrafo 2º del presente artículo.
4. Las
declaraciones que se formulen de conformidad con el párrafo 2º del presente
artículo seguirán en vigor hasta su expiración en el plazo previsto en ellas o
hasta que expire un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se haya
entregado al depositario la notificación escrita de su revocación.
5. La expiración
de una declaración, una notificación de revocación o una nueva declaración no
afectarán en modo alguno los procedimientos pendientes ante un tribunal de
arbitraje o ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes en
la controversia acuerden otra cosa.
6. Las Partes en
una controversia, en caso de que no acepten el mismo procedimiento ni ninguno
de los procedimientos previstos en el párrafo 2º del presente artículo, si no
han conseguido resolver su controversia dentro de los 12 meses siguientes a la
fecha en que una de ellas haya notificado a la otra la existencia de dicha
controversia, la someterán a conciliación, a petición de cualquiera de ellas,
de conformidad con el procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la
Conferencia de las Partes en un anexo.
Artículo 29. Rango
jurídico de los anexos.
1. Los anexos
forman parte integrante de la Convención y, salvo que se disponga expresamente
otra cosa, toda referencia a la Convención constituye una referencia a sus
anexos.
2. Las Partes
interpretarán las disposiciones de los anexos de manera conforme con los
derechos y las obligaciones que les incumben con arreglo a los artículos de la Convención.
Artículo 30. Enmiendas
a la Convención.
1. Cualquiera de
las Partes podrá proponer enmiendas a la Convención.
2. Las enmiendas
a la Convención deberán aprobarse en un período ordinario de sesiones de la
Conferencia de las Partes. La Secretaría Permanente deberá comunicar a las
Partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la sesión
en que se proponga dicha aprobación. La Secretaría Permanente comunicará
asimismo los proyectos de enmienda a los signatorios de la Convención.
3. Las Partes
pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier
proyecto de enmienda a la Convención. En caso de que se agoten todas las
posibilidades de consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, como último
recurso la enmienda será aprobada por mayoría de dos tercios de las Partes
presentes y votantes en la sesión. La Secretaría Permanente comunicará la
enmienda aprobada al depositario, que la hará llegar a todas las Partes para su
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
4. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas o de
adhesión a ellas se entregarán al depositario. Las enmiendas aprobadas de
conformidad con el párrafo 3º del presente artículo entrarán en vigor para las
Partes que las hayan aceptado al nonagésimo día contado desde la fecha en que
el depositario haya recibido los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión de por lo menos dos tercios de las Partes en la
Convención, que hayan sido también Partes en ella a la época de la aprobación
de las enmiendas.
5. Las enmiendas
entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la
fecha en que hayan entregado al depositario sus instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación de las enmiendas o de adhesión a ellas.
6. A los fines
de este artículo y del artículo 31, por “Partes presentes y votantes” se
entiende las Partes presentes que emitan un voto afirmativo o negativo.
Artículo 31. Aprobación
y enmiendas de los anexos.
1. Todo anexo
adicional de la Convención y toda enmienda a un anexo serán propuestos y
aprobados con arreglo al procedimiento de enmienda de la Convención establecido
en el artículo 30, a condición de que, cuando se apruebe un anexo adicional de
aplicación regional o una enmienda a cualquier anexo de aplicación regional, la
mayoría prevista en ese artículo comprenda una mayoría de dos tercios de las
Partes presentes y votantes de la región de que se trate. La aprobación o la
enmienda de un anexo será comunicada por el depositario a todas las Partes.
2. Todo anexo
que no sea un anexo de aplicación regional, o toda enmienda a un anexo que no
sea una enmienda a un anexo de aplicación regional, que hayan sido aprobados
con arreglo el párrafo 1º del presente artículo, entrarán en vigor para todas
las Partes en la Convención seis meses después de la fecha en que el
depositario haya comunicado a las Partes la aprobación de dicho anexo o
enmienda, con excepción de las Partes que hayan notificado por escrito al depositario,
dentro de ese período, su no aceptación del anexo o de la enmienda. Para las
Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación, el anexo o la
enmienda entrarán en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el
depositario haya recibido el retiro de dicha notificación.
3. Todo anexo
adicional de aplicación regional o toda enmienda a cualquier anexo de
aplicación regional que hayan sido aprobados con arreglo al párrafo 1º del
presente artículo, entrarán en vigor para todas las Partes en la Convención
seis meses después de la fecha en que el depositario haya comunicado a las
Partes la aprobación de dicho anexo o enmienda, con excepción de:
a) Las Partes
que hayan notificado por escrito al depositario, dentro de ese período de seis
meses, su no aceptación de dicho anexo adicional de aplicación regional o
enmienda a un anexo de aplicación regional. Para las Partes que hayan retirado
su notificación de no aceptación, el anexo o la enmienda entrarán en vigor al
nonagésimo día contado desde la fecha en que el depositario haya recibido el
retiro de dicha notificación; y
b) Las Partes
que hayan hecho una declaración con respecto a los anexos adicionales de
aplicación regional o las enmiendas a los anexos de aplicación regional, de
conformidad con el párrafo 4º del artículo 34. En este caso, los anexos o
enmiendas entrarán en vigor para dichas Partes al nonagésimo día contado desde
la fecha en que depositen su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de los anexos o enmiendas, o de adhesión a ellos.
4. Si la
aprobación de un anexo o de una enmienda a un anexo supone enmendar la
Convención, dicho anexo o enmienda no entrará en vigor en tanto no entre en
vigor la enmienda a la Convención.
Artículo 32. Derecho
de voto.
1. A reserva de
lo dispuesto en el párrafo 2º del presente artículo, cada Parte en la
Convención tendrá un voto.
2. Las
organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados Miembros que sean Partes en la Convención. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
Miembros ejerce el suyo y viceversa.
PARTE VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 33. Firma.
La presente Convención quedará abierta a la firma de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o que sean
Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de las
organizaciones regionales de integración económica, en París, el 14 y 15 de
octubre de 1994, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, hasta el 13 de octubre de 1995.
Artículo 34. Ratificación,
aceptación, aprobación y adhesión.
1. La Convención
estará sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados
y de las organizaciones regionales de integración económica. Quedará abierta a
la adhesión a partir del día siguiente de aquel en que la Convención quede
cerrada a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión se depositarán en poder del depositario.
2. Las
organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en la
Convención sin que ninguno de sus Estados Miembros lo sea quedarán sujetas a
todas las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención.
En el caso de
las organizaciones que tengan uno o más Estados Miembros que sean Partes en la
Convención, la organización de que se trate y sus Estados Miembros determinarán
sus respectivas responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
que les incumban en virtud de la Convención. En esos casos, la organización y
sus Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente los derechos conferidos
por la Convención.
3. Las
organizaciones regionales de integración económica definirán en sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de
su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención.
Asimismo, esas organizaciones comunicarán sin demora cualquier modificación sustancial
del alcance de su competencia al depositario, quien la comunicará, a su vez, a
las Partes.
4. En su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión cualquier Parte
podrá declarar en relación con todo anexo adicional de aplicación regional o
toda enmienda a un acuerdo de aplicación regional, que ellos entrarán en vigor
para esa parte sólo una vez que se deposite el respectivo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo 35. Disposiciones
provisionales. Las funciones de la Secretaría a que se hace referencia en
el artículo 23 serán desempeñadas a título provisional, hasta que la
Conferencia de las Partes concluya su primer período de sesiones, por la
Secretaría establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 47, 188, del 22 de diciembre de 1992.
Artículo 36. Entrada
en vigor.
1. La Convención
entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya
depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
2. En lo que
respecta a cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez
depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, la Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que el Estado o la organización de que se trate haya depositado su
instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión.
3. A los efectos
de los párrafos 1º y 2º del presente artículo, el instrumento que deposite una
organización regional de integración económica no se considerará como adicional
de los que hayan depositado los Estados Miembros de la organización.
Artículo 37. Reservas.
No se podrán formular reservas a la presente Convención.
Artículo 38. Denuncia.
1. Cualquiera de
las Partes podrá denunciar la Convención mediante notificación por escrito al
depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a
partir de la fecha en que la Convención haya entrado en vigor para la Parte de
que se trate.
2. La denuncia
surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el depositario
haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha
que se indique en la notificación.
Artículo 39. Depositario.
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la
Convención.
Artículo 40. Textos
auténticos. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio
de lo cual los
infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado la presente
Convención.
Hecha en París, el día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y
cuatro.
ANEXO I
Anexo de aplicación regional para Africa
Artículo 1º. Alcance.
El presente anexo se aplica a Africa, en relación con cada una de las Partes y
de conformidad con la Convención, en particular su artículo 7º, a los efectos
de luchar contra la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía en sus
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Artículo 2º. Objeto.
A la luz de las condiciones particulares de Africa, el objeto del presente
anexo, en los planos nacional, subregional y regional de Africa, es el
siguiente:
a) Determinar
medidas y disposiciones, con inclusión del carácter y los procesos de la
asistencia prestada por los países Partes desarrollados de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Convención;
b) Proveer a una
aplicación eficiente y práctica de la Convención que responda a las condiciones
específicas de Africa, y
c) Promover
procesos y actividades relacionados con la lucha contra la desertificación y/o
la mitigación de los efectos de la sequía en las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas de Africa.
Artículo 3º. Condiciones
particulares de la región africana. En cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la Convención, las Partes, al aplicar el presente
anexo, adoptarán un criterio básico que tome en consideración las siguientes
condiciones particulares de Africa:
a) La gran
proporción de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas;
b) El número
considerable de países y de habitantes adversamente afectados por la
desertificación y por la frecuencia de las sequías graves;
c) El gran
número de países sin litoral afectados;
d) La difundida
pobreza en la mayoría de los países afectados, el gran número de países menos
adelantados que hay entre ellos, y la necesidad que tienen de un volumen
considerable de asistencia externa, consistente en donaciones y préstamos en
condiciones favorables, para la persecución de sus objetivos de desarrollo;
e) Las difíciles
condiciones socioeconómicas, exacerbadas por el deterioro y las fluctuaciones
de la relación de intercambio, el endeudamiento externo y la inestabilidad
política, que provocan migraciones internas, regionales e internacionales;
f) La gran
dependencia de las poblaciones respecto de los recursos naturales para su
subsistencia, lo cual, agravado por los efectos de las tendencias y los
factores demográficos, una escasa base tecnológica y prácticas de producción
insostenibles, contribuye a una grave degradación de los recursos;
g) Los
deficientes marcos institucionales y jurídicos, la escasa base de
infraestructura y la falta de una capacidad científica, técnica y educacional
que hace que haya grandes necesidades de fomento de las capacidades; y
h) El papel
central de las actividades de lucha contra la desertificación y/o mitigación de
los efectos de la sequía en las prioridades de desarrollo nacional de los
países africanos afectados.
Artículo 4º. Compromisos
y obligaciones de los países Partes africanos.
1. De acuerdo
con sus respectivas capacidades, los países Partes africanos se comprometen a:
a) Asumir la
lucha contra la desertificación y/o la mitigación de los efectos de la sequía
como estrategia central de sus esfuerzos por erradicar la pobreza;
b) Promover la
cooperación y la integración regionales, en un espíritu de solidaridad y
asociación basado en el mutuo interés, en programas y actividades de lucha
contra la desertificación y/o mitigación de los efectos de la sequía;
c) Racionalizar
y reforzar las instituciones ya existentes que se ocupan de la desertificación
y la sequía y hacer participar a otras instituciones existentes, según
corresponda, a fin de incrementar su eficacia y asegurar una utilización más
eficiente de los recursos;
d) Promover el
intercambio de información sobre tecnologías apropiadas, conocimientos,
experiencia y prácticas entre los países de la región; y
e) Elaborar
planes de contingencia para mitigar los efectos de la sequía en las zonas
degradadas por la desertificación y/o la sequía.
2. En
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en los
artículos 4º y 5º de la Convención, los países Partes africanos afectados
procurarán:
a) Asignar
recursos financieros apropiados de sus presupuestos nacionales de conformidad
con las condiciones y capacidades nacionales, que reflejen el nuevo grado de
prioridad que atribuye Africa al fenómeno de la desertificación y/o la sequía;
b) Llevar
adelante y consolidar las reformas actualmente en marcha en materia de
descentralización, tenencia de los recursos y fomento de la participación de
las poblaciones y comunidades locales; y
c) Determinar y
movilizar recursos financieros nuevos y adicionales a nivel nacional e
incrementar, como asunto de prioridad, la capacidad y los medios nacionales
para movilizar los recursos financieros internos.
Artículo 5º. Compromisos
y obligaciones de los Estados Partes desarrollados.
1. Al cumplir
las obligaciones previstas en los artículos 4º, 6º y 7º de la Convención, los
países Partes desarrollados atribuirán prioridad a los países Partes africanos
afectados y, en este contexto:
a) Los ayudarán
a combatir la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía entre otras
cosas proporcionándoles recursos financieros o de otra índole o facilitándoles
el acceso a ellos y promoviendo, financiando o ayudando a financiar la
transferencia y adaptación de tecnologías y conocimientos ambientales
apropiados y el acceso a éstos, según lo convenido por mutuo acuerdo y de
conformidad con las políticas nacionales, teniendo en cuenta su adopción de la
estrategia de erradicar la pobreza, como estrategia central;
b) Seguirán
destinando recursos considerables y/o aumentarán los recursos para luchar
contra la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía, y
c) Los ayudarán
a reforzar sus capacidades para que puedan mejorar sus estructuras
institucionales y sus capacidades científicas y técnicas, la reunión y el
análisis de información y la labor de investigación y desarrollo a los efectos
de combatir la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía.
2. Otros países Partes podrán facilitar en forma voluntaria tecnología,
conocimientos y experiencia relacionados con la descertificación y/o recursos
financieros a los países Partes africanos afectados. La cooperación
internacional facilitará la transferencia de dichos conocimientos teóricos y
prácticos y técnicas.
Artículo 6º. Marco
estratégico de planificación del desarrollo sostenible.
1. Los programas
de acción nacionales serán parte central e integral de un proceso más amplio de
formulación de políticas nacionales de desarrollo sostenible en los países
Partes africanos afectados.
2. Se pondrá en
marcha un proceso de consulta y de participación, en que intervendrán los
niveles de Gobierno apropiados, las poblaciones y comunidades locales y
organizaciones no gubernamentales, con el fin de impartir orientación sobre una
estrategia de planificación flexible que permita la máxima participación de las
poblaciones y comunidades locales. Según corresponda, podrán participar en este
proceso los organismos bilaterales y multilaterales de asistencia, a petición
de un país Parte africano afectado.
Artículo 7º. Calendario
de elaboración de los programas de acción. Hasta la entrada en vigor de la
Convención los países Partes africanos, en colaboración con otros miembros de
la comunidad internacional, según corresponda y en la medida de lo posible,
aplicarán provisionalmente las disposiciones de la Convención relativas a la
elaboración de programas de acción nacionales, subregionales y regionales.
Artículo 8º. Contenido
de los programas de acción nacionales.
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención, la estrategia
general de los programas de acción nacionales hará hincapié en programas de
desarrollo local integrado de las zonas afectadas, basados en mecanismos de
participación y en la integración de estrategias de erradicación de la pobreza
en los esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos
de la sequía. Los programas tendrán por objeto reforzar la capacidad de las
autoridades locales y asegurar la participación activa de las poblaciones, las
comunidades y los grupos locales, con especial insistencia en la educación y la
capacitación, la movilización de organizaciones no gubernamentales de
reconocida experiencia y la consolidación de estructuras gubernamentales
descentralizadas.
2. Según
corresponda, los programas de acción nacionales presentarán las siguientes
características generales:
a) El
aprovechamiento en su elaboración y ejecución de la experiencia de la lucha
contra la desertificación y/o la mitigación de los efectos de la sequía,
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y ecológicas;
b) La
determinación de los factores que contribuyen a la desertificación y/o la
sequía y los recursos y medios disponibles y necesarios, y el establecimiento
de políticas apropiadas y las medidas de reacción y disposiciones
institucionales y de otra índole necesarias para combatir esos fenómenos y/o
mitigar sus efectos; y
c) El aumento de
la participación de las poblaciones y comunidades locales, en particular las
mujeres, los agricultores y los pastores, y la delegación en ellas de más
responsabilidades de gestión.
3. Según
corresponda, los programas de acción nacionales incluirán las siguientes
medidas:
a) Medidas para
mejorar el entorno económico con miras a erradicar la pobreza:
i) Proveer al
aumento de los ingresos y las oportunidades de empleo, especialmente para los
miembros más pobres de la comunidad, mediante:
- La creación de
mercados para los productos agropecuarios.
- La creación de
instrumentos financieros adaptados a las necesidades locales.
- El fomento de
la diversificación en la agricultura y la creación de empresas agrícolas, y
- El desarrollo
de actividades económicas para agrícolas y no agrícolas,
ii) Mejorar las
perspectivas a largo plazo de las economías rurales mediante:
- La creación de
incentivos para las inversiones productivas y posibilidades de acceso a los
medios de producción, y
- La adopción de
políticas de precios y tributarias y de prácticas comerciales que promuevan el
crecimiento;
iii) Adopción y
aplicación de políticas de población y migración para reducir la presión
demográfica sobre las tierras; y
iv) Promoción de
los cultivos resistentes a la sequía y de los sistemas de cultivo de secano
integrados con fines de seguridad alimentaria;
b) Medidas para
conservar los recursos naturales:
i) Velar por una
gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, que abarque:
- Las tierras
agrícolas y de pastoreo.
- La cubierta
vegetal y la flora y fauna silvestres.
- Los bosques.
- Los recursos
hídricos y su conservación, y
- La diversidad
biológica.
ii) Impartir
capacitación en las técnicas relacionadas con la gestión sostenible de los
recursos naturales, reforzar las campañas de sensibilización y educación
ambiental y difundir conocimientos al respecto; y
iii) Velar por
el desarrollo y la utilización eficiente de diversas fuentes de energía, la
promoción de fuentes sustitutivas de energía, en particular la energía solar,
la energía eólica y el biogás, y adoptar disposiciones concretas para la
transferencia, la adquisición y la adaptación de la tecnología pertinente a fin
de aliviar las presiones a que están sometidos los recursos naturales frágiles;
c) Medidas para
mejorar la organización institucional:
i) Determinar
las funciones y responsabilidades de la administración central y de las
autoridades locales en el marco de una política de planificación del uso de la
tierra;
ii) Promover una
política de descentralización activa por la que se delegue en las autoridades
locales las responsabilidades de gestión y adopción de decisiones, y estimular
la iniciativa y la responsabilidad de las comunidades locales y la creación de
estructuras locales, y
iii) Introducir
los ajustes necesarios en el marco institucional y regulador de la gestión de
los recursos naturales para garantizar la seguridad de tenencia de la tierra a
las poblaciones locales;
d) Medidas para
mejorar el conocimiento de la desertificación:
i) Promover la
investigación y la reunión, el tratamiento y el intercambio de información
sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la
desertificación;
ii) Fomentar la
capacidad nacional de investigación así como de reunión, tratamiento,
intercambio y análisis de la información para lograr que los fenómenos se
comprendan mejor y que los resultados del análisis se plasmen en operaciones
concretas, y
iii) Promover el
estudio a mediano y largo plazo de:
- Las tendencias
socioeconómicas y culturales en las zonas afectadas,
- Las tendencias
cualitativas y cuantitativas de los recursos naturales, y
- La interacción
del clima y la desertificación, y
e) Medidas para
vigilar y calibrar los efectos de la sequía:
i) Elaborar
estrategias para calibrar los efectos de las variaciones climáticas naturales
sobre la sequía y la desertificación a nivel regional y/o utilizar los
pronósticos de las variaciones climáticas en escalas de tiempo estacionales o
interanuales en los esfuerzos por mitigar los efectos de la sequía;
ii) Mejorar los
sistemas de alerta temprana y la capacidad de reacción, velar por la
administración eficiente del socorro de emergencia y la ayuda alimentaria y
perfeccionar los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, los
programas de protección del ganado, las obras públicas y los medios de
subsistencia para las zonas propensas a la sequía, y
iii) Vigilar y
calibrar la degradación ecológica para facilitar información fidedigna y
oportuna sobre ese proceso y la dinámica de la degradación de los recursos a
fin de facilitar la adopción de mejores políticas y medidas de reacción.
Artículo 9º. Elaboración
de los programas de acción nacionales e indicadores para la ejecución y
evaluación. Cada uno de los países Partes africanos afectados designará a un
órgano apropiado de coordinación nacional para que desempeñe una función
catalizadora en la elaboración, ejecución y evaluación de su programa de acción
nacional.
Este órgano de
coordinación, de conformidad con el artículo 3º y según corresponda:
a) Determinará y
examinará medidas, comenzando por un proceso de consulta a nivel local en que
participen las poblaciones y comunidades locales y cooperen las
administraciones locales, los países Partes donantes y organizaciones
intergubernamentales y no gobernamentales, sobre la base de consultas iniciales
de los interesados a nivel nacional;
b) Determinará y
analizará las limitaciones, necesidades e insuficiencias que afecten al
desarrollo y la utilización sostenible de la tierra y recomendará medidas
prácticas para evitar la duplicación de esfuerzos sacando el máximo partido de
las actividades pertinentes en curso y promover la aplicación de los
resultados;
c) Facilitará,
programará y formulará actividades de proyectos basados en criterios
interactivos y flexibles para asegurar la participación activa de las
poblaciones de las zonas afectadas y reducir al mínimo los efectos adversos de
esas actividades, y determinará las necesidades de asistencia financiera y
cooperación técnica estableciendo un orden de prioridades entre ellas;
d) Establecerá
indicadores pertinentes que sean cuantificables y fácilmente verificables para
asegurar el examen preliminar y evaluación de los programas de acción nacionales,
que comprendan medidas a corto, mediano y largo plazo, y de la ejecución de
esos programas de acción nacionales convenidos; y
e) Preparar
informes sobre los progresos realizados en la ejecución de los programas de
acción nacionales.
Artículo 10. Marco
institucional de los programas de acción subregionales.
1. De
conformidad con el artículo 4º de la Convención, los países Partes africanos
cooperarán en la elaboración y ejecución de los programas de acción
subregionales para Africa Central, Oriental, Septentrional, Meridional y
Occidental. A ese efecto, podrán delegar en las organizaciones
intergubernamentales competentes las responsabilidades siguientes:
a) Servir de
centros de coordinación de las actividades preparatorias y coordinar la
ejecución de los programas de acción subregionales;
b) Prestar
asistencia para la elaboración y ejecución de los programas de acción
nacionales;
c) Facilitar el
intercambio de información, experiencia y conocimientos y prestar asesoramiento
para la revisión de la legislación nacional; y
d) Toda otra
responsabilidad relacionada con la ejecución de los programas de acción
subregionales.
2. Las
instituciones subregionales especializadas podrán prestar su apoyo, previa
solicitud, y podrá encomendárseles a éstas la responsabilidad de coordinar las
actividades en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 11. Contenido
y elaboración de los programas de acción subregionales. Los programas de
acción subregionales se centrarán en las cuestiones que más se presten para ser
abordadas a nivel subregional. Los programas de acción subregionales
establecerán, donde sea necesario, mecanismos para la gestión de los recursos
naturales compartidos. Además, tales mecanismos se ocuparán eficazmente de los
problemas transfronterizos relacionados con la desertificación y la sequía y
prestarán apoyo para la ejecución concertada de los programas de acción
nacionales. Las esferas prioritarias de los programas de acción subregionales
se centrarán, según corresponda, en lo siguiente:
a) Programas
conjuntos para la gestión sostenible de los recursos naturales transfronterizos
a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, según corresponda;
b) La
coordinación de programas para el desarrollo de fuentes de energía
sustitutivas;
c) La cooperación
en el manejo y el control de las plagas y enfermedades de plantas y animales;
d) Las
actividades de fomento de las capacidades, educación y sensibilización que más
se presten para ser realizadas o apoyadas a nivel subregional;
e) La
cooperación científica y técnica, particularmente en materia de climatología,
meteorología e hidrología, con inclusión de la creación de redes para la
reunión y evaluación de datos, el intercambio de información y la vigilancia de
proyectos, así como la coordinación de actividades de investigación y
desarrollo y la fijación de prioridades para éstas;
f) Los sistemas
de alerta temprana y la planificación conjunta para mitigar los efectos de la
sequía, con inclusión de medidas para abordar los problemas ocasionados por las
migraciones inducidas por factores ambientales;
g) La búsqueda
de medios para intercambiar experiencia, particularmente en relación con la
participación de las poblaciones y comunidades locales, y la creación de un
entorno favorable al mejoramiento de la gestión del uso de la tierra y la
utilización de tecnologías apropiadas;
h) El fomento de
la capacidad de las organizaciones subregionales para coordinar y prestar
servicios técnicos y el establecimiento, la reorientación y el fortalecimiento
de los centros e instituciones subregionales; e
i) La
formulación de políticas en esferas que, como el comercio, repercuten en las
zonas y poblaciones afectadas, incluso políticas para coordinar los regímenes
regionales de comercialización y para crear una infraestructura común.
Artículo 12. Marco
institucional del programa de acción regional.
1. De
conformidad con el artículo 11 de la Convención, los países Partes africanos
determinarán conjuntamente los procedimientos para elaborar y aplicar el
programa de acción regional.
2. Las Partes
podrán prestar el apoyo necesario a las instituciones y organizaciones
regionales pertinentes de Africa para que estén en condiciones de cumplir las
responsabilidades que les atribuye la Convención.
Artículo 13. Contenido
del programa de acción regional. El programa de acción regional contendrá
medidas relacionadas con la lucha contra la desertificación y/o la mitigación
de los efectos de la sequía en las siguientes esferas prioritarias, según
corresponda:
a) Desarrollo de
una cooperación regional y coordinación de los programas de acción
subregionales para crear consenso a nivel regional sobre las esferas normativas
principales, incluso mediante la celebración de consultas periódicas entre las
organizaciones subregionales;
b) Fomento de la
capacidad con respecto a las actividades más indicadas para la ejecución a
nivel regional;
c) La búsqueda
de soluciones en conjunto con la comunidad internacional para las cuestiones
económicas y sociales de carácter mundial que repercuten en las zonas afectadas,
teniendo en cuenta el inciso b) del párrafo 2º del artículo 4º de la
Convención;
d) Promoción del
intercambio de información, técnicas apropiadas, conocimientos técnicos y
experiencia pertinente entre los países Partes afectados de Africa y sus subregiones
y con otras regiones afectadas; fomento de la cooperación científica y
tecnológica, particularmente en materia de climatología, meteorología,
hidrología y fuentes de energía sustitutivas; coordinación de las actividades
de investigación subregionales y regionales; y determinación de las prioridades
regionales en materia de investigación y desarrollo;
e) Coordinación de redes para la observación sistemática y la evaluación
y el intercambio de información, e integración de esas redes en redes
mundiales; y
f) Coordinación
y fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y los planes subregionales
y regionales para hacer frente a las contingencias de la sequía.
Artículo 14. Recursos
financieros.
1. De
conformidad con el artículo 20 de la Convención y con el párrafo 2º del
artículo 4º, los países Partes afectados de Africa procurarán crear un marco
macroeconómico propicio a la movilización de recursos financieros y
establecerán políticas y procedimientos para encauzar mejor los recursos hacia
los programas de desarrollo local, incluso por vía de organizaciones no
gubernamentales, según corresponda.
2. Con arreglo a
los párrafos 4º y 5º del artículo 21 de la Convención, las Partes convienen en
establecer un inventario de las fuentes de financiación a los niveles nacional,
subregional, regional e internacional para velar por la utilización racional de
los recursos existentes y determinar las insuficiencias en la asignación de los
recursos a fin de facilitar la ejecución de los programas de acción. El inventario
será revisado y actualizado periódicamente.
3. De
conformidad con el artículo 7º de la Convención, los países Partes
desarrollados seguirán asignando considerables recursos o incrementarán los
recursos destinados a los países Partes afectados de Africa así como otras
formas de asistencia sobre la base de los acuerdos y arreglos de asociación a
que se refiere el artículo 18, prestando la debida atención, entre otras cosas,
a las cuestiones relacionadas con la deuda, el comercio internacional y los
sistemas de comercialización, según lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2º
del artículo 4º de la Convención.
Artículo 15. Mecanismos
financieros.
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención, en que se
estipula que se concederá prioridad a los países Partes afectados de Africa, y
tomando en consideración la situación particular imperante en esa región, las
Partes prestarán una atención especial a la aplicación en Africa de las
disposiciones de los incisos d) y e) del párrafo 1º del artículo 21 de la
Convención y, en particular:
a) A facilitar
el establecimiento de mecanismos, como fondos nacionales de lucha contra la
desertificación, a fin de canalizar recursos financieros para acciones a nivel
local; y
b) A reforzar
los fondos y los mecanismos financieros existentes a nivel subregional y
regional.
2. De
conformidad con los artículos 20 y 21 de la Convención, las Partes que también
sean miembros de los órganos directivos de instituciones financieras regionales
y subregionales pertinentes, comprendidos el Banco Africano de Desarrollo y el
Fondo Africano de Desarrollo, realizarán esfuerzos para que se conceda la
debida prioridad y atención a las actividades de esas instituciones que
promuevan la aplicación del presente anexo.
3. Las Partes
racionalizarán, en la medida de lo posible, los procedimientos para canalizar
recursos financieros hacia los países Partes africanos afectados.
Artículo 16. Asistencia
y cooperación técnicas. Las Partes se comprometen, de conformidad con sus
respectivas capacidades, a racionalizar la asistencia técnica prestada a los
países Partes africanos y la cooperación con ellos a fin de aumentar la
eficacia de los proyectos y programas entre otras cosas, mediante:
a) La reducción
del costo de las medidas de apoyo y auxilio, especialmente de los gastos de
administración; en cualquier caso, tales gastos representarán sólo un pequeño
porcentaje del costo total de cada proyecto a fin de asegurar la máxima
eficiencia de los proyectos;
b) La asignación
de prioridad a la utilización de expertos nacionales competentes o, cuando sea
necesario, de expertos competentes de la subregión o de la región para la
formulación, preparación y ejecución de los proyectos y para la creación de
capacidad local allí donde se carezca de ella; y
c) La
administración, coordinación y utilización eficientes de la asistencia técnica
que se preste.
Artículo 17. Transferencia,
adquisición, adaptación de tecnología ambientalmente idónea y acceso a ésta.
Al aplicar el artículo 18 de la Convención relativo a la transferencia,
adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología, las Partes se comprometen a
dar prioridad a los países Partes africanos y, si es necesario, desarrollar
nuevos modelos de asociación y cooperación con ellos a fin de reforzar sus capacidades
en materia de investigación científica y desarrollo y de reunión y difusión de
información para que puedan aplicar sus estrategias de lucha contra la
desertificación y mitigación de los efectos de la sequía.
Artículo 18. Acuerdos
de coordinación y asociación.
1. Los países
Partes africanos coordinarán la preparación, negociación y ejecución de los
programas de acción nacionales, subregionales y regionales.
Podrán hacer
participar, según corresponda, a otras Partes y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en el proceso.
2. El objetivo
de dicha coordinación será asegurar que la cooperación financiera y técnica sea
consecuente con la convención y proveer a la necesaria continuidad en la
utilización y administración de los recursos.
3. Los países
Partes africanos organizarán procesos de consulta a los niveles nacional,
subregional y regional. Esos procesos de consulta podrán:
a) Servir de
foro para negociar y concertar acuerdos de asociación basados en dichos
programas nacionales, subregionales y regionales; y
b) Especificar
la contribución de los países Partes africanos y otros miembros de los grupos
consultivos a los programas y establecer prioridades y acuerdos respecto de los
indicadores para la ejecución y la evaluación, así como disposiciones
financieras para la ejecución.
4. La Secretaría
Permanente, a petición de los países Partes africanos y de conformidad con el
artículo 23 de la Convención, podrá facilitar la convocación de tales procesos
consultivos:
a) Asesorando
sobre la organización de acuerdos consultivos eficaces, aprovechando de la
experiencia de otros acuerdos del mismo tipo;
b) Facilitando
información a organismos bilaterales y multilaterales pertinentes acerca de
reuniones o procesos de consulta, e incitándoles a participar en ellos
activamente; y
c) Facilitando
cualquier otra información pertinente para la realización o mejora de acuerdos
consultivos.
5. Los órganos
de coordinación subregionales y regionales, entre otras cosas:
a) Recomendarán
la introducción de ajustes apropiados en los acuerdos de asociación;
b) Vigilarán y
evaluarán la ejecución de los programas subregionales y regionales convenidos e
informarán al respecto; y
c) Procurarán
asegurar una comunicación y cooperación eficientes entre los países Partes
africanos.
6. La
participación en los grupos consultivos estará abierta, según corresponda, a
los gobiernos, los grupos y donantes interesados, los órganos fondos y
programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
subregionales y regionales pertinentes y los representantes de las
organizaciones no gubernamentales pertinentes. Los participantes en cada grupo
consultivo determinarán las modalidades de su gestión y funcionamiento.
7. De
conformidad con el artículo 14 de la Convención, se alienta a los países Partes
desarrollados a que entablen, por su propia iniciativa, un proceso oficioso de
consulta y coordinación entre ellos a los niveles nacional, subregional y
regional, y a que participen, previa solicitud de un país Parte africano
afectado o de una organización subregional o regional apropiada, en un proceso
de consulta nacional, subregional o regional que permita evaluar y atender las
necesidades de asistencia a fin de facilitar la ejecución.
Artículo 19. Disposiciones
de seguimiento. Del seguimiento de las disposiciones del presente anexo se
encargarán los países Partes africanos, de conformidad con los artículos
pertinentes de la Convención, de la siguiente manera:
a) En el plano
nacional, por vía de un mecanismo cuya composición será determinada por cada
uno de los países Partes africanos afectados.
Este mecanismo
contará con la participación de representantes de las comunidades locales y
funcionará bajo la supervisión del órgano nacional de coordinación a que se
refiere el artículo 9º;
b) En el plano
subregional, por vía de un comité consultivo científico y técnico de carácter
multidisciplinario cuya composición y modalidades de funcionamiento serán
determinadas por los países Partes africanos de la subregión de que se trate; y
c) En el plano
regional, por vía de mecanismos determinados conforme a las disposiciones
pertinentes del Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Africana
y por medio de un Comité Asesor Científico y Tecnológico para Africa.
ANEXO II
Anexo de aplicación regional para Asia
Artículo 1º. Objeto.
El objeto del presente anexo es señalar directrices y disposiciones para la
aplicación efectiva de la Convención en los países Partes afectados de la
región de Asia a la luz de las condiciones particulares de esa región.
Artículo 2º. Condiciones
particulares de la región de Asia. En el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la Convención, las Partes deberán tener en cuenta,
según corresponda, las siguientes condiciones particulares, que son pertinentes
en el distinto grado a los países Partes afectados de la región:
a) La gran
proporción de zonas de sus territorios afectadas por la desertificación y la
sequía o vulnerables a ellas y la enorme diversidad de esas zonas en lo que
respecta al clima, la topografía, el uso de la tierra y los sistemas
socioeconómicos;
b) La fuerte presión sobre los recursos naturales como medios de
subsistencia;
c) La existencia
de sistemas de producción directamente relacionados con la pobreza
generalizada, que provocan la degradación de las tierras y ejercen presión
sobre los escasos recursos hídricos;
d) La importante
repercusión en esos países de la situación de la economía mundial y de
problemas sociales como la pobreza, las deficientes condiciones de salud y
nutrición, la falta de seguridad alimentaria, la migración, el desplazamiento
de personas y la dinámica demográfica;
e) El hecho de
que sus capacidades y sus estructuras institucionales aunque se están ampliando
todavía son insuficientes para hacer frente a los problemas de la
desertificación y la sequía en el plano nacional; y
f) Su necesidad
de una cooperación internacional para lograr objetivos de desarrollo sostenible
relacionados con la lucha contra desertificación y la mitigación de los efectos
de la sequía.
Artículo 3º. Marco
de los programas de acción nacionales.
1. Los programas
de acción nacionales serán parte integrante de políticas nacionales más amplias
para el desarrollo sostenible de los países Partes afectados de la región.
2. Los países
Partes afectados elaborarán los programas de acción nacionales que sean
convenientes de conformidad con los artículos 9º a 11 de la Convención,
prestando especial atención al inciso f) del párrafo 2º del artículo 10. En ese
proceso podrán participar a petición del país Parte afectado de que se trate,
organismos de cooperación bilaterales y multilaterales, según corresponda.
Artículo 4º.
Programas de acción nacionales.
1. Al preparar y
aplicar sus programas de acción nacionales los países Partes afectados de la
región, de conformidad con sus respectivas circunstancias y políticas, podrán
adoptar, entre otras, las siguientes medidas que consideren apropiadas:
a) Designar órganos
apropiados que se encarguen de la preparación coordinación y aplicación de sus
programas de acción;
b) Hacer que las
poblaciones afectadas, inclusive las comunidades locales, participen en la
elaboración, coordinación y aplicación de sus programas de acción mediante un
proceso consultivo realizado localmente, en cooperación con las autoridades
locales y las organizaciones nacionales y no gubernamentales pertinentes;
c) Estudiar el
estado del medio ambiente en las zonas afectadas para evaluar las causas y las
consecuencias de la desertificación y determinar las zonas prioritarias de
acción;
d) Evaluar, con
la participación de las poblaciones afectadas, los programas ya aplicados y los
que se estén aplicando en materia de lucha contra la desertificación y
mitigación de los efectos de la sequía, para diseñar una estrategia y señalar
las actividades de sus programas de acción;
e) Preparar
programas técnicos y financieros sobre la base de la información obtenida como
resultado de las actividades indicadas en los incisos a) a d);
f) Elaborar y
aplicar procedimientos y modelos para evaluar la ejecución de sus programas de
acción;
g) Promover la
gestión integrada de las cuencas hidrográficas, la conservación de los recursos
de suelos y el mejoramiento y uso racional de los recursos hídricos;
h) El
establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y
seguimiento, así como sistemas de alerta temprana, en las regiones propensas a
la desertificación y la sequía, teniendo en cuenta los factores climatológicos,
meteorológicos, hidrológicos, biológicos y otros factores pertinentes; e
i) Adoptar, en
un espíritu de asociación y cuando se trate de la cooperación internacional,
incluida la asistencia financiera y técnica, disposiciones apropiadas en apoyo
de sus programas de acción.
2. De
conformidad con el artículo 10 de la Convención, la estrategia general de los
programas nacionales hará hincapié en los programas integrados de desarrollo
local para las zonas afectadas, basados en mecanismos de participación y en la
integración de las estrategias de erradicación de la pobreza en los esfuerzos
de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía.
Las medidas sectoriales de los programas de acción deberán agruparse con
arreglo a criterios prioritarios que tengan en cuenta la gran diversidad de las
zonas afectadas de la región a que se hace referencia en el inciso a) del
artículo 2º.
Artículo 5º. Programas
de acción subregionales y conjuntos.
1. De
conformidad con el artículo 11 de la Convención, los países Partes afectados de
Asia podrán decidir por mutuo acuerdo celebrar consultas y cooperar con otras
Partes, según corresponda, con miras a preparar y ejecutar programas de acción
subregionales o conjuntos, según corresponda, a fin de complementar los
programas de acción nacionales y promover su eficiencia. En cualquier caso, las
Partes pertinentes podrán decidir de común acuerdo confiar a organizaciones
subregionales, de carácter bilateral o nacional, o a instituciones especializadas,
la responsabilidad de preparar, coordinar y ejecutar los programas. Esas
organizaciones o instituciones también podrán servir de centros de acción para
promover y coordinar las medidas aplicadas de conformidad con los artículos 16
a 18 de la Convención.
2. Al preparar y
aplicar programas de acción subregionales o conjuntos, los países Partes
afectados de la región podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas que
consideren apropiadas:
a) Identificar,
en cooperación con instituciones nacionales, las prioridades en materia de
lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía que puedan atenderse
más fácilmente con esos programas, así como las actividades pertinentes que
puedan llevarse a cabo de modo eficaz mediante los mismos;
b) Evaluar las
capacidades operacionales y actividades operacionales de las instituciones
regionales, subregionales y nacionales pertinentes;
c) Evaluar los
programas existentes relativos a la desertificación y la sequía de todas las
Partes de la región o subregión o de algunas de ellas, y su relación con los
programas nacionales; y
d) Adoptar, en
un espíritu de asociación y cuando se trate de la cooperación internacional,
incluidos los recursos financieros y técnicos, medidas bilaterales y/o
multilaterales apropiadas en apoyo de los programas.
3. Los programas
de acción subregionales o conjuntos podrán incluir programas conjuntos
convenidos para la ordenación sostenible de los recursos naturales
transfronterizos que guarden relación con la desertificación y la sequía,
prioridades para la coordinación así como otras actividades en las esferas del
fomento de la capacidad, la cooperación científica y técnica, en particular
sistemas de alerta temprana de sequías e intercambio de información, y los
medios de fortalecer las organizaciones o instituciones subregionales
pertinentes.
Artículo 6º. Actividades
regionales. Las actividades regionales encaminadas a reforzar los programas
de acción subregionales o conjuntos podrán incluir, entre otras cosas, medidas
para fortalecer las instituciones y mecanismos de coordinación y cooperación a
nivel nacional, subregional y regional, y promover la aplicación de los
artículos 16 a 19 de la Convención. Esas actividades podrán incluir:
a) La promoción
y el fortalecimiento de redes de cooperación técnica;
b) La
elaboración de inventarios de tecnologías, conocimientos, experiencia y
prácticas, así como de tecnologías y experiencia tradicionales y locales, y el
fomento de su divulgación y utilización;
c) La evaluación
de las necesidades en materia de transferencia de tecnología y el fomento de la
adaptación y utilización de esas tecnologías; y
d) La promoción
de programas de sensibilización del público y el fomento de la capacidad a
todos los niveles, el fortalecimiento de la capacitación, la investigación y el
desarrollo así como la aplicación de sistemas para el desarrollo de los
recursos humanos.
Artículo 7º. Recursos
y mecanismos financieros.
1. Dada la
importancia que tiene combatir la desertificación y mitigar los efectos de la
sequía en la región asiática, las Partes promoverán la movilización de
considerables recursos financieros y la disponibilidad de mecanismos
financieros, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Convención.
2. De
conformidad con la Convención y sobre la base del mecanismo de coordinación
previsto en el artículo 8º, así como de acuerdo con sus políticas nacionales de
desarrollo, los países Partes afectados de la región deberán, individual o
conjuntamente:
a) Adoptar
medidas para racionalizar y reforzar los mecanismos de financiación a través de
inversiones públicas y privadas, con objeto de lograr resultados concretos en
la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía;
b) Identificar
los requisitos en materia de cooperación internacional en apoyo de esfuerzos
nacionales, especialmente financieros, técnicos y tecnológicos; y
c) Promover la
participación de instituciones bilaterales o multilaterales de cooperación
financiera a fin de asegurar la aplicación de la Convención.
3. Las Partes
racionalizarán en toda la medida de lo posible los procedimientos destinados a
canalizar fondos a los países Partes afectados de la región.
Artículo 8º. Mecanismos
de cooperación y coordinación.
1. Los países
Partes afectados, por conducto de los órganos pertinentes designados de
conformidad con el inciso a) del párrafo 1º del artículo 4º y otras Partes de
la región podrán, según corresponda, establecer un mecanismo con el propósito,
entre otras cosas, de:
a) Intercambiar
información, experiencia, conocimientos y prácticas;
b) Cooperar y
coordinar medidas, incluidos los arreglos bilaterales y multilaterales, a nivel
subregional y regional;
c) Promover la
cooperación científica, técnica, tecnológica y financiera, de conformidad con
los artículos 5º a 7º;
d) Identificar
las necesidades en materia de cooperación exterior; y
e) Adoptar
disposiciones para el seguimiento y la evaluación de los programas de acción.
2. Los países
Partes afectados, por conducto de los órganos pertinentes designados de
conformidad con el inciso a) del párrafo 1º del artículo 4º, y otras Partes de
la región podrán también, según corresponda, aplicar un proceso de consulta y
coordinación en lo que respecta a los programas de acción nacionales,
subregionales y conjuntos. En su caso, esas Partes podrán requerir la
participación en ese proceso de otras Partes y de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Entre otras cosas, esa
coordinación estará encaminada a lograr acuerdo sobre las oportunidades de
cooperación internacional de conformidad con los artículos 20 y 21 de la
Convención, fomentar la cooperación técnica y canalizar los recursos para que
se utilicen eficazmente.
3. Los países
Partes afectados de la región celebrarán reuniones periódicas de coordinación
cuya convocación podrá ser facilitada por la Secretaría Permanente, de
conformidad con el artículo 23 del Convenio, si así se le solicita:
a) Asesorando
sobre la organización de arreglos eficaces de coordinación basados en la
experiencia adquirida con otros arreglos similares;
b) Facilitando
información a instituciones bilaterales y multilaterales pertinentes sobre
reuniones de coordinación e incitándolas a que participen activamente en ellas;
y
c) Facilitando
cualquier otra información pertinente para el establecimiento o mejora de
procesos de coordinación.
ANEXO III
Anexo de aplicación regional para América Latina y el
Caribe
Artículo 1º. Objeto.
El objeto del presente anexo es señalar las líneas generales para la aplicación
de la Convención en la región de América Latina y el Caribe, a la luz de las
condiciones particulares de la región.
Artículo 2º. Condiciones
particulares de la región de América Latina y el Caribe. De conformidad con
las disposiciones de la Convención, las Partes deberán tomar en consideración
las siguientes características específicas de la región:
a) La existencia
de extensas áreas vulnerables, severamente afectadas por la desertificación y/o
la sequía, en las que se observan características heterogéneas dependiendo del
área en que se produzcan. Este proceso acumulativo y creciente repercute
negativamente en los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, y
su gravedad se acentúa debido a que en la región se encuentra una de las
mayores reservas mundiales de diversidad biológica;
b) La frecuente
aplicación en las zonas afectadas de modelos de desarrollo no sostenibles como
resultado de la compleja interacción de factores físicos, biológicos,
políticos, sociales, culturales y económicos, incluidos algunos factores
económicos internacionales como el endeudamiento externo, el deterioro de la
relación de intercambio y las prácticas comerciales que distorsionan los
mercados internacionales de productos agrícolas, pesqueros y forestales; y
c) La severa
reducción de la productividad de los ecosistemas, que es la principal
consecuencia de la desertificación y la sequía y que se expresa en la
disminución de los rendimientos agrícolas, pecuarios y forestales, así como en
la pérdida de la diversidad biológica. Desde el punto de vista social, se
generan procesos de empobrecimiento, migración, desplazamientos internos y
deterioro de la calidad de vida de la población; por lo tanto, la región deberá
enfrentar de manera integral los problemas de la desertificación y la sequía,
promoviendo modelos de desarrollo sostenibles, acordes con la realidad
ambiental, económica y social de cada país.
Artículo 3º. Programas
de acción.
1. De
conformidad con la Convención, en particular los artículos 9º a 11, y de
acuerdo con su política de desarrollo nacional, los países Partes afectados de
la región deberán, según corresponda, preparar y ejecutar programas de acción
nacionales para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía,
como parte integrante de sus políticas nacionales de desarrollo sostenible. Los
programas subregionales y regionales podrán ser preparados y ejecutados en la
medida de los requerimientos de la región.
2. Al preparar
sus programas de acción nacionales los países Partes afectados de la región
prestarán especial atención a lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 2 del
artículo 10 de la Convención.
Artículo 4º. Contenido
de los programas de acción nacionales. En función de sus respectivas
situaciones y de conformidad con el artículo 5º de la Convención, los países
Partes afectados de la región podrán tener en cuenta las siguientes áreas
temáticas en su estrategia de lucha contra la desertificación y mitigación de
los efectos de la sequía:
a) Aumento de
las capacidades, la educación y la concientización pública, la cooperación
técnica, científica y tecnológica, así como los recursos y mecanismos
financieros;
b) Erradicación
de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida humana;
c) Logro de la
seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de actividades agrícolas,
pecuarias, forestales y de fines múltiples;
d) Gestión
sostenible de los recursos naturales, en particular el manejo racional de las
cuencas hidrográficas;
e) Gestión
sostenible de los recursos naturales en zonas de altura;
f) Manejo
racional y conservación de los recursos de suelo y aprovechamiento y uso
eficiente de los recursos hídricos;
g) Formulación y
aplicación de planes de emergencia para mitigar los efectos de la sequía;
h)
Establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y
seguimiento y de alerta temprana en las regiones propensas a la desertificación
y la sequía, teniendo en cuenta los aspectos climatológicos, meteorológicos,
hidrológicos, biológicos, edafológicos, económicos y sociales;
i) Desarrollo,
aprovechamiento y utilización eficiente de otras fuentes de energía, incluida
la promoción de fuentes sustitutivas;
j) Conservación
y utilización sostenible de la biodiversidad, de conformidad con las
disposiciones de la Convención sobre la diversidad biológica;
k) Aspectos
demográficos interrelacionados con los procesos de desertificación y sequía; y
l)
Establecimiento o fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que
permitan la aplicación de la Convención, contemplando, entre otros, la
descentralización de las estructuras y funciones administrativas que guarden
relación con la desertificación y la sequía, asegurando la participación de las
comunidades afectadas y de la sociedad en general.
Artículo 5º. Cooperación
técnica, científica y tecnológica. De conformidad con la Convención, en
particular los artículos 16 a 18, y en el marco del mecanismo de coordinación
previsto en el artículo 7º de este anexo, los países Partes afectados de la
región, individual o conjuntamente:
a) Promoverán el
fortalecimiento de las redes de cooperación técnica y de sistemas de
información nacionales, subregionales y regionales, así como su integración a
fuentes mundiales de información;
b) Elaborarán un
inventario de tecnologías disponibles y conocimientos, promoviendo su difusión
y aplicación;
c) Fomentarán la
utilización de las tecnologías, los conocimientos, la experiencia y las
prácticas tradicionales de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del
párrafo 2 del artículo 18 de la Convención;
d) Determinarán
los requerimientos de transferencia de tecnología; y
e) Promoverán el
desarrollo, la adaptación, la adopción y la transferencia de tecnologías
existentes y de nuevas tecnologías ambientalmente racionales.
Artículo 6º. Recursos
y mecanismos financieros. De conformidad con la Convención, en particular
los artículos 20 y 21, y de acuerdo con su política de desarrollo nacional, en
el marco del mecanismo de coordinación previsto en el artículo 7º de este
anexo, los países Partes afectados de la región, individual o conjuntamente:
a) Adoptarán
medidas para racionalizar y fortalecer los mecanismos de provisión de fondos a
través de la inversión pública y privada que permitan alcanzar resultados concretos
en la lucha contra la desertificación y en la mitigación de los efectos de la
sequía;
b) Determinarán
los requerimientos de cooperación internacional para complementar sus esfuerzos
nacionales; y
c) Promoverán la
participación de instituciones de cooperación financiera bilateral y/o
multilateral, con el fin de asegurar la aplicación de la Convención,
Artículo 7º. Marco
institucional.
1. A los efectos
de dar operatividad al presente anexo, los países Partes afectados de la
región:
a) Establecerán
y/o fortalecerán puntos focales nacionales, encargados de la coordinación de
las acciones relativas a la lucha contra la desertificación y/o la mitigación
de los efectos de la sequía;
b) Establecerán
un mecanismo de coordinación entre los puntos focales nacionales, con los
siguientes objetivos:
i) Intercambiar
información y experiencias,
ii) Coordinar
acciones a nivel subregional y regional,
iii) Promover la
cooperación técnica, científica, tecnológica y financiera,
iv) Identificar
los requerimientos de cooperación externa, y
v) Realizar el
seguimiento y la evaluación de la ejecución de los programas de acción.
2º. Los países
partes afectados de la región celebrarán reuniones periódicas de coordinación
cuya convocación podrá ser facilitada por la Secretaría Permanente, de
conformidad con el artículo 23 de la Convención, si así se le solicita:
a) Asesorando
sobre la organización de arreglos eficaces de coordinación, basados en la
experiencia adquirida con otros arreglos similares;
b) Facilitando
información a instituciones bilaterales y multilaterales pertinentes sobre
reuniones de coordinación e incitándolas a que participen activamente en ellas;
y
c) Facilitando
cualquier otra información pertinente para el establecimiento o mejora de
procesos de coordinación.
ANEXO IV
Anexo de aplicación regional para el Mediterráneo
norte
Artículo 1º. Objeto.
El objeto del presente anexo es señalar directrices y disposiciones para la
aplicación práctica y efectiva de la Convención en los países partes afectados
de la región del Mediterráneo norte a la luz de sus condiciones particulares.
Artículo 2º. Condiciones
particulares de la región del Mediterráneo norte. Las condiciones
particulares de la región del Mediterráneo norte a que se hace referencia en el
artículo 1º incluyen:
a) Condiciones
climáticas semiáridas que afectan a grandes zonas, sequías estacionales,
extrema variabilidad de las lluvias y lluvias súbitas de gran intensidad;
b) Suelos pobres
con marcada tendencia a la erosión, propensos a la formación de cortezas
superficiales;
c) Un relieve
desigual, con laderas escarpadas y paisajes muy diversificados;
d) Grandes
pérdidas de la cubierta forestal a causa de repetidos incendios de bosques;
e) Condiciones
de crisis en la agricultura tradicional, con el consiguiente abandono de
tierras y deterioro del suelo y de las estructuras de conservación del agua;
f) Explotación
insostenible de los recursos hídricos, que es causa de graves daños
ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el
agotamiento de los acuíferos; y
g) Concentración
de la actividad económica en las zonas costeras como resultado del crecimiento
urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadío.
Artículo 3º. Marco
de planificación estratégica del desarrollo sostenible.
1. Los programas
de acción nacionales serán parte integrante del marco de planificación
estratégica para un desarrollo sostenible de los países partes afectados del
Mediterráneo norte.
2. Se emprenderá
un proceso de consulta y participación, en el que tomen parte las instancias
gubernamentales pertinentes, las comunidades locales y las organizaciones no
gubernamentales, a fin de dar orientación sobre una estrategia basada en la
planificación flexible que permita una participación local máxima, de
conformidad con el inciso f) del párrafo 2º del artículo 10 de la Convención.
Artículo 4º. Obligación
de elaborar programas de acción nacionales y un calendario. Los países
Partes afectados de la región del Mediterráneo norte elaborarán programas de
acción nacionales y, según corresponda, programas de acción subregionales,
regionales o conjuntos. La preparación de dichos programas deberá completarse
lo antes posible.
Artículo 5º. Elaboración
y ejecución de programas de acción nacionales. Al preparar y aplicar los
programas de acción nacionales de conformidad con los artículos 9º y 10 de la
Convención, según corresponda, cada país parte afectado de la región:
a) Designará
órganos apropiados que se encarguen de la elaboración, coordinación y ejecución
de su programa;
b) Hará
participar a las poblaciones afectadas, incluidas las comunidades locales, en
la elaboración, coordinación y ejecución del programa mediante un proceso de
consulta local, con la cooperación de las autoridades locales y las organizaciones
no gubernamentales pertinentes;
c) Examinará el
estado del medio ambiente en las zonas afectadas para evaluar las causas y
consecuencias de la desertificación y determinar las zonas prioritarias de
acción;
d) Evaluará, con
la participación de las poblaciones afectadas, los programas ya aplicados y en
curso de ejecución a fin de establecer una estrategia y determinar las
actividades del programa de acción;
e) Preparará
programas técnicos y financieros sobre la base de la información obtenida
mediante las actividades previstas en los incisos a) a d); y
f) Elaborará y
utilizará procedimientos y criterios para vigilar y evaluar la ejecución del
programa.
Artículo 6º. Contenido
de los programas de acción nacionales. Los países Partes afectados de la
región podrán incluir en sus programas de acción nacionales medidas
relacionadas con:
a) Las esferas
legislativa, institucional y administrativa;
b) Las
modalidades de uso de la tierra, la ordenación de los recursos hídricos, la
conservación del suelo, la silvicultura, las actividades agrícolas y la
ordenación de pastizales y praderas;
c) La ordenación
y conservación de la fauna y flora silvestres y otras manifestaciones de la
diversidad biológica;
d) La protección
contra los incendios forestales;
e) La promoción
de medios alternativos de subsistencia; y
f) La
investigación, la capacitación y la sensibilización del público.
Artículo 7º. Programas
de acción subregionales, regionales y conjuntos.
1. Los países
Partes afectados de la región podrán, de conformidad con el artículo 11 de la
Convención, preparar y aplicar un programa de acción subregional y/o regional a
fin de complementar e incrementar la eficacia de los programas de acción
nacionales. Asimismo, dos o más países Partes afectados de la región podrán
convenir en elaborar un programa de acción conjunto.
2. Las
disposiciones de los artículos 5 y 6 del presente anexo se aplicarán mutatis
mutandis a la preparación y aplicación de programas de acción
subregionales, regionales y conjuntos. Además estos programas podrán incluir la
realización de actividades de investigación y desarrollo relativas a
determinados ecosistemas de las zonas afectadas.
3. Al elaborar y
aplicar programas de acción subregionales, regionales o conjuntos, los países
Partes afectados de la región procederán, según corresponda, a:
a) Determinar,
en cooperación con instituciones nacionales, los objetivos nacionales
relacionados con la desertificación que puedan alcanzarse más fácilmente
mediante esos programas, así como las actividades pertinentes que puedan
realizarse efectivamente por conducto de esos programas;
b) Evaluar las
capacidades operativas y las actividades de las instituciones regionales,
subregionales y nacionales pertinentes; y
c) Evaluar los
programas existentes en materia de desertificación entre los países Partes de
la región y su relación con los programas de acción nacionales.
Artículo 8º. Coordinación
de los programas de acción subregionales, regionales y conjuntos. Al
preparar un programa de acción subregional, regional o conjunto, los países
Partes afectados podrán establecer un comité de coordinación, compuesto de
representantes de cada uno de los países Partes afectados de que se trate,
encargado de examinar los progresos en la lucha contra la desertificación,
armonizar los programas de acción nacionales, hacer recomendaciones en las
diversas etapas de preparación y aplicación del programa de acción subregional,
regional o conjunto, y servir de centro para el fomento y la coordinación de la
cooperación técnica, de conformidad con los artículos 16 a 19 de la Convención.
Artículo 9º. Países
que no reúnen las condiciones para recibir asistencia. No reúnen las
condiciones para recibir asistencia en el marco de la presente Convención para
la ejecución de los programas de acción nacionales, subregionales, regionales y
conjuntos los países Partes desarrollados afectados de la región.
Artículo 10. Coordinación
con otras subregiones y regiones. Los programas de acción subregionales,
regionales y conjuntos de la región del Mediterráneo norte podrán elaborarse y
aplicarse en colaboración con los programas de otras subregiones o regiones, en
particular con los de la subregión de Africa septentrional.»
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París
el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a los nueve (9) días del mes de julio de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe Oficina
Jurídica,
Héctor Adolfo Sintura Varela.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de
Bogotá, D. C., 3 de julio de 1997
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular Africa”, hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
Artículo 2º. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la
“Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”,
hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma.
Artículo 3º. La
presente ley rige a partir de  la fecha de su publicación.
El Presidente
del honorable Senado de la República,
Amylkar Acosta Medina.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de
la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
publíquese.
Ejecútese previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de
Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez.
El Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Antonio Eduardo Gómez Merlano.
* * *
III.
INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS.
1.      Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante apoderado, solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad tanto de la ley como del Convenio objeto de revisión, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
La Constitución de
1991 otorgó una especial importancia a la protección del medio ambiente y a los
recursos naturales y al derecho colectivo que tienen las personas de vivir en
un ambiente sano, como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 65, 78 a 81
de la Constitución.
El fenómeno de la
desertización en nuestro país ha venido en crecimiento en virtud de la
expansión de la frontera agrícola. Inicialmente las zonas catalogadas como
desérticas en la Península de la Guajira, las Sabanas de la Orinoquía y algunas
zonas puntuales de la Región Andina sobre todo en  Boyacá, Santander, Tolima y
Huila no eran muy extensas. Donde es más severa la agravación de la
desertización es en el sur del Huila y en el Cañón del Chicamocha; igualmente
este proceso viene ocurriendo en las zonas de colonización, desde la Sierra
Nevada de Santa Marta hasta las selvas del Chocó y del Amazonas.
Se requiere de la
adopción de medidas enérgicas como las previstas en la Convención para remediar
diferentes problemas de desertización en diversas zonas del territorio
nacional, para prevenir su extensión y agravamiento y orientar los procesos de
desarrollo con criterios de sostenibilidad.
La ratificación de
la Convención de la ONU de lucha contra la desertización constituye un aporte
valioso en la lucha por la preservación del medio ambiente, por las
repercusiones que tiene para nuestras relaciones con Venezuela y Brasil, en lo
relativo al manejo de las cuencas hidrográficas en las respectivas zonas
fronterizas.
La adopción de la Convención
por Colombia, abrirá el acceso a los recursos procedentes de distintas fuentes
internacionales, que son indispensables para llevar a cabo los diferentes
proyectos tendientes a lograr el control del problema de la desertización en
el  país.
2. Intervención
del Ministerio del Medio Ambiente.
El Ministerio del
Medio Ambiente, por intermedio de su apoderada, igualmente solicitó a la Corte
declarar la exequibilidad de la ley y el Convenio referidos. Expresó el
Ministerio en su intervención:
La
Convención constituye un instrumento de lucha de las Naciones Unidas contra la
desertización, es decir, contra la degradación de las tierras de las zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocasionada por factores tales como las
variaciones climáticas y la actividad humana.
La ratificación de
la Convención es necesaria por la conexidad que existe entre sus normas y las
contenidas en la Convención de Río de Janeiro y en el Convenio sobre Diversidad
Biológica; porque constituye una guía para el manejo de los problemas de
desertización en Colombia y, además, porque permite el acceso a recursos
internacionales para asumir el costo de las labores que las correspondientes
medidas de protección requieren.
3. Intervención
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural intervino en el proceso, a través de apoderado,
y pidió a la Corte declarar exequible los instrumentos normativos sometidos a
su revisión, con base en las siguientes consideraciones:
Se estima que una
área aproximada del 20% de las tierras de Colombia se encuentra en proceso de
degradación severa y un 30% adicional, afectado por una erosión moderada. El
problema tiene su origen en el incremento de los procesos de deforestación, de
la ampliación de la frontera agrícola y del mal uso de los suelos en la
actividad agropecuaria.
El objetivo de la
Convención está en consonancia con lo previsto en el artículo 65 de la
Constitución; del mismo modo, los principios en que se inspira el referido
instrumento internacional, en el sentido de garantizar la participación
ciudadana en la elaboración de los programas de lucha contra la desertización,
buscar la solidaridad internacional y fomentar la cooperación del Gobierno, las
comunidades y los usuarios de la tierra para defender los recursos naturales,
tienen respaldo en los artículos 2, 58 y 226 de la misma Constitución.
Las obligaciones que
para los Estados se prevén en la Convención no se oponen a los principios en
que, conforme al artículo 9 superior, se basan en las relaciones exteriores de
Colombia.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El Procurador
General de la Nación emitió su concepto en relación con la constitucionalidad
de la Convención sometida a revisión y de la Ley 461 de 1998, aprobatoria de la
misma, y solicitó a la Corte declarar su exequibilidad, con fundamento en los
siguientes argumentos:
- El trámite de la
ley se cumplió en el Congreso Nacional de la República, con arreglo a lo
previsto en la Constitución para la expedición de las leyes ordinarias, razón
por la cual no existe motivo alguno que afecte su constitucionalidad, por el
aspecto formal.
- En cuanto al
aspecto material de la Convención se anota:
La Convención
consagra una serie de directrices y programas que deben implementar y
desarrollar los Estados Partes, con el fin de prevenir o minimizar los efectos
de la desertización de los suelos de sus respectivos territorios. En estas
circunstancias, se infiere que dicha Convención es eminentemente programática,
porque en esencia busca establecer criterios y directrices para controlar la
desertización y conjurar o mitigar sus efectos, particularmente en lo relativo
a los problemas de sequía, en los países subdesarrollados, "mediante la
adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de
cooperación y asociación internacionales, orientadas a conservar un grado
razonable de desarrollo sostenible (art. 2 del Tratado).
Los Estados Partes
han decidido unificar sus esfuerzos para combatir los citados fenómenos
ecológicos, "pues la desertización y la sequía afectan su desarrollo
sostenible, poniendo en grave peligro la seguridad alimentaria de las
poblaciones que se encuentran bajo su radio de acción, situación que demanda
una pronta y eficaz gestión de los Estados y de las entidades no
gubernamentales, con miras a eliminar las condiciones que propician la
degradación paulatina del entorno vital por su explotación abusiva e
irracional".
De los anexos del
Convenio merece especial atención el que se refiere a América Latina y el
Caribe, para donde se señalan programas de prevención ambiental y mecanismos de
aplicación para controlar y mitigar los efectos de la desertización, que deben
ser adoptados por los países comprometidos.
El instrumento
internacional que se revisa, concuerda con lo establecido en los artículos 2,
8, 9, 11, 13, 49, 58, 63, 65, 78, 79, 80, 81, 88 y 334 de la Constitución
Política, que dispensa la tutela jurídica a la vida y al ambiente sano,
"mediante una serie de instrumentos que permiten el desarrollo de los
procesos vitales en condiciones dignas, justas y saludables". Por
consiguiente, constituye un complemento a la gama de macearíamos jurídicos del
derecho interno para frenar el creciente deterioro de las condiciones
ambientales "pues los constantes procesos de destrucción de los
ecosistemas nacionales, están afectando seriamente los niveles de agua, con la
correspondiente disminución de las tierras cultivables por efectos de la
desertización".
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Trámite
Gubernamental.
1.1. Según lo señala
el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el
texto de la presente Convención fue preparado por un Comité Intergubernamental
de negociación creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez
adoptado el texto de la referida Convención se abrió en París un período para
la firma durante los días 14 y 15 de octubre de 1994. Posteriormente, el
instrumento fue depositado en la Sede de la ONU en Nueva York hasta el 13 de
octubre de 1995.
1.2. El
Representante permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra, recibió plenos
poderes del Presidente de la República para suscribir el referido instrumento a
nombre del Gobierno Nacional, bajo reserva de su posterior ratificación, como
en efecto se hizo. Posteriormente el Gobierno le impartió su aprobación y lo
sometió a la consideración del Congreso Nacional, para efectos del cumplimiento
del trámite previsto en la Constitución para la expedición de las leyes aprobatorias
de Convenios o Tratados Internacionales.
2. Trámite ante
el Congreso.
2.1. En el Senado
de la República.
El proyecto de ley
se presentó ante el Senado de la República y se le dio el trámite de una ley
ordinaria, en virtud de que la Constitución no establece un procedimiento
especial para la expedición de leyes aprobatorias de Tratados Internacionales.
El respectivo trámite se cumplió de la siguiente manera:
Conforme con las
certificaciones y demás documentos que reposan en el expediente, el proyecto de
ley fue radicado bajo el número 29/97 en el Senado.
Dicho proyecto se
presentó por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. María Emma Mejía
el día 30 de julio de 1997. Tanto el texto del proyecto como la exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 310 del 1º de agosto
de 1997.
La ponencia para
primer debate en la Comisión 2º del Senado se preparó por el Congresista
Gustavo Galvis Hernández y se publicó en la Gaceta número 384 del 19 de
septiembre de 1997.
Sometido a
aprobación en primer debate, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, por
un quórum de diez de los trece miembros, el día 12 de noviembre de 1997, según
certificación expedida por el Secretario el 16 de septiembre de 1998.
La ponencia para
segundo debate fue preparada por el mismo Congresista Galvis Hernández y
publicada en la Gaceta del Congreso número 479 del 14 de noviembre de 1997.
El proyecto se
aprobó en la Plenaria del Senado el 16 de diciembre de 1997, según certificación
expedida por el Subsecretario General de la Corporación (Acta número 23
publicada en la Gaceta número 154 de 23 – 12/97).
2.2. En la Cámara
de Representantes.
En la Cámara de
Representantes el proyecto fue radicado bajo el número 175/97 y recibió el siguiente
trámite:
- La
ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Agustín
Hernando Valencia Mosquera y publicada en la Gaceta número 69 del 15 de mayo de
1998.
- La Comisión 2ª le
impartió aprobación al proyecto por unanimidad en sesión del 13 de mayo de
1998, con la asistencia de trece de sus miembros, según certificación del
Secretario General de dicha Comisión de fecha 9 de septiembre de 1998.
- La
ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo Representante Valencia
Mosquera el 27 de mayo de 1998 y publicada en la Gaceta del Congreso número 94
del 18 de junio de 1998.
- El
proyecto fue aprobado por unanimidad por la Plenaria de la Cámara el 9 de junio
de 1998 con un quórum de 129 votos, según certificación expedida por el
Secretario General de dicho organismo.
- El
Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria de la Convención que se
revisa, el 4 de agosto de 1998.
3. Revisión
material.
3.1. Contenido.
Con el fin de
establecer la congruencia del Convenio con la Constitución, se procede a
desagregar su contenido destacando las formulaciones más relevante de dicho
instrumento, así:
La
Convención consta de un preámbulo, cuarenta artículos recogidos en  6 partes y
4 anexos que en su orden regulan la aplicación del Acuerdo en diferentes
regiones del mundo, así: Anexo I, DE LA APLICACIÓN REGIONAL PARA AFRICA; Anexo
II, DE APLICACIÓN REGIONAL PARA ASIA; Anexo III, DE APLICACIÓN REGIONAL PARA
AMERICA Y EL CARIBE, y Anexo IV, DE LA APLICACIÓN REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO
NORTE.
- En
su parte introductoria la Convención contiene una serie de afirmaciones y
declaraciones, que son de usanza en este tipo de instrumentos, que recogen los
principios y valores que los Estados Partes afirman y buscan preservar.
- La
primera parte consta de tres capítulos; el primer capítulo contiene varias
definiciones que tienen por objeto orientar al intérprete en relación con el
alcance de las disposiciones y los fines que se propone realizar el Convenio;
el segundo capítulo establece el objetivo del Convenio, cual es la de luchar
contra la desertización y la sequía grave que de ésta se deriva, las cuales han
afectado a un gran número de países en el mundo y, particularmente, a extensas
regiones del continente africano. Ello demanda, la aplicación en las zonas
afectadas de programas a largo plazo que se propongan objetivos integrados que
comprendan el aumento de la productividad de las tierras, su rehabilitación y
la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y de
la tierra (art. 2); y en el capítulo tercero se señalan los principios que
deben observar los Estados Partes para alcanzar los objetivos y aplicar las
disposiciones de la Convención, basados en la cooperación y la coordinación
internacional y nacional, que supone esfuerzos a nivel regional y subregional,
de los organismos y autoridades y de los usuarios de la tierra, a fin de
encauzar mejor los recursos financieros y técnicos y alcanzar que se comprenda
mejor el carácter y el valor de los recursos tierra y agua en las zonas
afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos (art. 3).
- La
Parte Segunda relativa a las disposiciones generales alude en distintos
capítulos a las obligaciones generales y particulares de los Países Parte afectados
por el problema de la desertización, a las obligaciones concretas de los
Estados Parte desarrollados, a la prioridad que la aplicación de la Convención
tiene para Africa y a la relación que tiene éste Instrumento con otras
Convenciones.
Es de
destacar, que las diversas regulaciones de la Convención en las referidas
materias apuntan, en general, al fomento de la cooperación entre los Estados
Partes en materia de protección ambiental y de conservación de los recursos
tierra y agua, en la medida en que ellos guarden relación con la desertización
y la sequía, y la necesidad de ocuparse de las causas subyacentes de dichos
procesos, particularmente de las relacionadas con los factores socioeconómicos
que contribuyen a causarlos.
Especial
significación tienen en el Convenio las obligaciones que se les atribuyen a los
Estados Partes desarrollados, en el sentido de apoyar de manera activa los
programas de lucha contra la desertización, mediante el suministro de recursos
financieros, especialmente, y de promover y facilitar a los Estados Parte en
desarrollo, afectados por dicho problema, de la tecnología, los conocimientos y
la experiencia apropiados.
Igualmente, merece
especial mención la regulación contenida en el art. 8 de la Convención, según
la cual los Estados Parte alentaran la coordinación de las actividades que se
lleven a cabo conforme a ésta, con arreglo a otros Convenios que guardan
similitud con la materia tratada y que, por consiguiente, se consideran
complementarios de las disposiciones que se examinan, en particular la
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la
Convención sobre la Diversidad Biológica; ello con el fin de racionalizar,
coordinar y de lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las
actividades previstas en cada acuerdo. En tal virtud se advierte, que las
disposiciones de la Convención no faltarán los derechos u obligaciones que
incumban a los Estados Parte en virtud de otros acuerdos bilaterales,
regionales o internaciones que hayan celebrado con anterioridad a la fecha en
que aquella entra en vigor.
- La Parte Tercera
alude, en general, a los programas de acción, cooperación científica y técnica
y medidas de apoyo; a cada uno de éstos se les dedica una sección específica,
así:
Sección 1. Programas
de acción, que comprende: el enfoque básico, los programas de acción nacional,
los programas de acción subregionales y regionales, la cooperación
internacional y la asistencia y coordinación para la elaboración y ejecución de
programas de acción.
Sección 2.
Cooperación científica y técnica, que cobija: la reunión, análisis e
intercambio de información, la investigación y desarrollo y la transferencia,
adaptación, y desarrollo de tecnología.
Sección 3. Medidas
de apoyo, que abarca: el fomento de capacidades, educación y sensibilidad del
público, los recursos y los mecanismos financieros.
En síntesis, en la
aludida parte se regula lo atinente al aspecto dinámico y operativo de la
Convención, en lo que concierne con las acciones específicas y a los medios o
instrumentos materiales requeridos para llevar a cabo sus objetivos, mediante
el apoyo recíproco entre los Estados Parte, que se traduce especialmente en la
integración de los programas nacionales con los subregionales y regionales y la
promoción de un entorno internacional propicio para la aplicación de las normas
de la Convención; asi como la cooperación científica y tecnológica en materia
de investigación, transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de
tecnologías ecológicamente racionales, económicamente viables y socialmente
aceptables, dirigidas a combatir la desertización, mitigar los efectos de la
sequía y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
También se contempla
en esta parte el fomento y  la participación de las comunidades, el
fortalecimiento de los servicios de apoyo y extensión, con el fin de difundir
efectivamente las técnicas y métodos tecnológicos que permitan mejorar los
sistemas tradicionales de agricultura y de pastoreo mediante la capacitación de
los agentes de extensión agrícola y de los miembros de organizaciones rurales.
- La parte cuarta,
se ocupa de crear las instituciones encargadas del manejo y aplicación de las
políticas de la Convención, con sus correspondientes funciones. En efecto, se
establecen las siguientes instituciones: "Conferencia de las Partes"
(art. 22), la "Secretaría Permanente" (art. 23), el "Comité de
Ciencia y Tecnología" (art. 24) y la "Red de Instituciones,
Organismos y Organos" a nivel nacional, subregional, regional e
internacional que debe crear la Conferencia de las Partes, previa recomendación
del Comité de Ciencia y Tecnología (art. 25).
La Conferencia de
las Partes constituye el órgano superior de la Convención, encargado, por lo
mismo, de fijar las políticas y adoptar las decisiones necesarias para promover
su aplicación efectiva.
A la Secretaría
Permanente le corresponde, en general, organizar los períodos de sesiones de la
Conferencia, reunir y transmitir los informes que se le presenten, coordinar sus
actividades con las secretarías de otros órganos internacionales y preparar los
informes sobre el desempeño de sus actividades.
El Comité de Ciencia
y Tecnología, por su parte, le compete asesorar a la Conferencia en materias
científica y tecnológica sobre cuestiones relativas a la lucha contra la
desertización y la mitigación de los efectos de la sequía.
- La parte Quinta se
refiere a los procedimientos y regula el establecimiento de medidas de
información y comunicación, especialmente a la Conferencia, por conducto de la
Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptados en aplicación de la
Convención los diferentes Estados miembros, bien individualmente o a nivel
subregional o regional.
También en esta
parte se hace referencia a la solución de controversias entre los países
miembros sobre interpretación o aplicación de la Convención, que se puede
lograr, mediante un acuerdo de negociación o la aplicación de los siguientes
mecanismos: el arbitraje que se lleva a cabo de conformidad con el procedimiento
que adopte la Conferencia; o la intervención de la Corte Internacional de
Justicia;
En punto a las
enmiendas de la Convención, el artículo 30 otorga el derecho a cualquier Estado
Parte de promover su reforma. Esta deberá aprobarse en un período ordinario de
la Conferencia de las Partes y conforme a un procedimiento que se establece.
- La parte sexta
contempla las disposiciones finales que se refieren a aspectos tales como la
firma y vigencia de la Convención, y en tal sentido se dispone que el Instrumento
quedará abierto a la firma de los Estados Miembros de la Naciones Unidas o de
cualquiera de sus organismos especializados o que sean parte en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia, en París los días 14 y 15 de octubre de
1994, y posteriormente en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta
el 13 de octubre de 1995.
La Convención
entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya
depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
Por último el
artículo 37 señala que "no se podrá formular reservas a la
Convención", aunque en el artículo siguiente se permite a las Partes
denunciarla en cualquier momento", después de que hayan transcurrido tres
años a partir de la fecha en que haya entrado a regir.
3.2.
Constitucionalidad de la Convención.
Constituye un lugar
común señalar que la problemática del medio ambiente tiene un alcance
universal, es decir, que involucra y afecta a todas las comunidades nacionales.
Por ello, la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales en sus
diferentes manifestaciones compromete por igual a todos los Estados
desarrollados o en vía de desarrollo, aunque en relación con los primeros la
responsabilidad es mayor, precisamente por ser los generadores principales de
las acciones u omisiones que afectan o amenazan el ambiente.
El reto del momento
para los pueblos del mundo consiste en diseñar un desarrollo económico en
armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta que existe una relación causal
entre la pobreza, el crecimiento de la población y el deterioro ambiental.
Resulta absurdo
pensar, como lo entienden algunos, que el uso de la tierra y del agua, al igual
que de otros recursos naturales, no está sometido a límites sociales ni ecológicos,
al punto que no parece que el hombre haya tomado conciencia todavía de los
factores y valores que están en juego ni a todos les es aclaro admitir que
tales recursos y, particularmente, los recursos naturales renovables, pueden
agotarse o contaminarse y su deterioro significar igualmente la posibilidad
cierta del desmejoramiento de la calidad de vida de la humanidad.
Justamente, el
Instrumento Internacional que se revisa constituye un esfuerzo con ocasión del
cual los países se comprometen a promover una estrategia dirigida a revertir
los procesos de desertización o al menos a  mitigar los efectos de las sequías,
mediante la adopción de medidas eficaces como resultado de los acuerdos de
cooperación y asociación internacionales, para permitir el desarrollo
sostenible de las zonas afectadas.
Con ocasión de las
obligaciones que contraen los Estados Parte se comprometen a incorporar la
protección ambiental dentro de sus planes de desarrollo, otorgar prioridad a la
asignación de recursos suficientes para atacar los procesos de desertización,
promover la participación y sensibilización de las comunidades mediante el
apoyo de los organismos oficiales y fortalecer las legislaciones nacionales y
las políticas de apoyo a largo plazo para la protección del entorno ecológico.
Para atender las
responsabilidades precedentes, la Convención reclama el establecimiento de una
cooperación financiera que asegure la ejecución de los programas de acción y
permita la planificación a largo plazo, la cooperación científica y tecnológica
entre las partes para asegurar la observación sistemática de la degradación de
las tierras en las zonas afectadas y producir una alerta temprana y una
planificación anticipada de las variaciones climáticas adversas que permitan
asumir oportunamente los controles adecuados en orden a suprimir o mitigar el
impacto nocivo de tales situaciones.
Particularmente se
encomienda a la "Conferencia de las Partes" buscar, por conducto de
los diversos mecanismos del sistema de las Naciones Unidas y de las
instituciones multilaterales de financiación, el apoyo a nivel nacional,
subregional y regional de las actividades que permitan  a las Partes cumplir
sus obligaciones convencionales.
Del
contendido de los objetivos, de las medidas que  se diseñan para lograrlos, y
de las obligaciones que se establecen a cargo de los Estados Parte, se infiere
el propósito de éstos dirigido a buscar  finalidades valiosas en materia
ambiental, dirigidas a procurar el aumento racional de la productividad de las
tierras, a conseguir su rehabilitación y conservación, y a lograr su
aprovechamiento sostenible, bajo el criterio del manejo ambiental integral.
Las disposiciones de
la Convención se ajustan a los preceptos de la Constitución. En efecto:
- El conjunto de sus
preceptos responde al principio de la participación de la comunidad en todos
aquéllos asuntos atinentes a la preservación del ambiente y en las decisiones
que puedan afectarla, lo cual se adecua a la preceptiva de los arts. 1 y 79 de
la Constitución. Es así como diferentes normas de la Convención aluden a la
necesidad de la participación de la comunidad en los programas relacionados en
la lucha contra la desertización, a partir de la creación de una conciencia
sobre la magnitud del problema y sus posibles soluciones.
- En el artículo 80
Superior el Constituyente incorporó formalmente el principio del
"desarrollo sostenible"[1],
el cual constituye la expresión moderna de la política ambientalista, esto es,
del nuevo concepto del desarrollo, en el que se logre armonizar el crecimiento
económico con el desarrollo ambiental de suerte que se pueda evitar un
crecimiento general desequilibrado, pero sin perder de vista, naturalmente, que
dicho desarrollo debe ser compatible con la filosofía propia del Estado Social
de Derecho.
El artículo en
cuestión constituye una clara e indiscutible expresión de la más genuina de la
intervención del Estado en la dirección de la economía, si se admite que el uso
de este poder comporta, como lo señala el artículo 334 superior, la
racionalización del uso y aprovechamiento de los recursos naturales y demás
bienes productivos, con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes, los beneficios del desarrollo pero también, y por sobre
todo, la preservación de un ambiente sano.
La referida
racionalización es necesaria para hacer compatible dicho aprovechamiento con el
deber que se impone al Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines (art. 79C.P.).
Las disposiciones
de la Convención son compatibles, igualmente, con otros preceptos
constitucionales como los contenidos en los artículos 2, que señala, entre
otros fines esenciales del Estado, la de lograr la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; 65, que le otorga prioridad al desarrollo integral de las
actividades agrícola, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con
lo cual se promueve el desarrollo sostenible del sector rural, y 67, que encomienda
a la educación la misión especial de formar a los colombianos en el respeto a
una serie de valores y principios que permitan, no sólo el mejoramiento
cultural, científico y tecnológico, sino la protección del ambiente.
- Por lo demás, las
normas de la Convención atienden a los criterios contenidos en los arts. 9,
150-16 y 226 de la Constitución, según los cuales "las relaciones del
Estado colombiano deben estar dirigidas a buscar, bajo el supuesto del respeto
por la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los principios del
derecho internacional la internacionalización de sus relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
teniendo en cuenta la conveniencia nacional".[2]
- Por último, es de
anotar que la prohibición a los Estados Parte para formular reservas a la
Convención, no es una cláusula que a juicio de la Corte pueda resultar
contraria a los mandatos constitucionales, como tuvo ocasión de precisarlo en
la sentencia C-154 de 1999[3].
V. DECISION.
Del análisis
anterior es fácil concluir que la ley 461 de 1998 como la Convención que
aprueba, no quebrantan ninguna norma constitucional, de manera que la Corte
procederá a declara uno y otro acto jurídico exequible.
VI.    DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar
EXEQUIBLE la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o
desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el diecisiete
(17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE  la Ley 461 del cuatro (4) de agosto de mil novecientos
noventa y ocho (1998), por medio de la cual se aprobó la Convención referida en
el numeral anterior.
Tercero: Ordenar
que se comunique la presente decisión a la Presidencia de la República, al
Presidente del Congreso de la República y a los Ministros de Relaciones
Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura y Desarrollo Rural, para los fines
contemplados en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)
[1] Ley
99/93, art. 3. “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos en que se sustenta, ni deteriorar el
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades”.
[2] Sentencia
C-184/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[3]. M.P.
Antonio Barrera Carbonell.