T-229-16
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-229/16
TEMERIDAD-Concepto
y desarrollo jurisprudencial
ACCION
DE TUTELA FRENTE A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia
excepcional
Esta Corporación ha manifestado que en excepcionales casos es
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo respecto de relaciones
contractuales, cuando el afectado se encuentra en situación de indefensión, o
cuando el accionante carece en la relación negociar de medios de defensa,
“entendidos éstos como  una asimetría de poderes tal” que “no está en
condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el poder del
más fuerte”.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Rol del Estado y de las
universidades en el desarrollo del mandato constitucional de fomento a la educación,
ciencia y la tecnología
Las instituciones universitarias tienen un papel
primordial en la construcción de una sociedad más pluralista y justa, ya que
una nación en el cual existe una mano de obra altamente calificada y capacitada
para innovar en el campo de la industria, la ciencia y la tecnología, puede ser
un verdadero motor de innovación y empleo para nuestro país tal y como lo
reconoce el artículo 71 de la Carta de 1991.
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
PRIVADA-Concepción moderna
PRINCIPIO PACTA SUNT
SERVANDA-Alcance
CONSTITUCIONALIZACION DE LAS
INSTITUCIONES JURIDICAS QUE PERMITEN GARANTIZAR COERCITIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO
DE UN CONTRATO
El
hecho de que los contratos se estructuren bajo el postulado clásico del derecho
civil “pacta sunt
servanda”, no quiere decir
que la constitución de 1991 no halla irradiado las instituciones jurídicas que
permiten garantizar coercitivamente su cumplimiento, es decir, que los acreedores
al momento de ejecutar o iniciar los mecanismos judiciales o administrativos
contra los deudores igualmente deben tener en cuanta los límites
impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos
fundamentales.
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES-Garantía en
incumplimiento de contrato educativo
En
materia contractual, la Corte Constitucional ha manifestado que el debido
proceso debe ser observado teniendo en cuenta que las actuaciones contractuales
de las entidades estatales deben estar orientadas al cumplimiento de los fines
estatales y constitucionales, y en consecuencia, dichos negocios jurídicos
están al servicio del interés general y no constituyen por sí mismos una
finalidad, sino que representan un medio para la adquisición de bienes y
servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.
En esta medida, constituye parte integral del respeto al debido proceso de los
contratistas que las actuaciones contractuales respondan a un interés general.
DEBIDO
PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES-La actuación de la
universidad consistente en declarar el incumplimiento del contrato de comisión
de estudios celebrado con el accionante no vulneró ninguno de sus derechos
fundamentales
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES-La declaratoria de abandono de cargo no se evidencia como una
actuación desproporcionada o arbitraria por parte de la universidad
La Universidad no vulneró los derechos fundamentales del
accionante, ya que el estar cursando las investigaciones para finalizar la
tesis de doctorado después del tiempo inicialmente pactado no puede ser una
carga que tenga que soportar indefinidamente la administración, y en esa
medida, la declaratoria de abandono de cargo no se evidencia como una actuación
desproporcionada o arbitraria.
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES-Vulneración por
parte de Universidad al adelantar actuaciones disciplinarias contra el accionante
por el hecho de no haber regresado al país
En lo que respecta a la iniciación de un proceso disciplinario,
esta Corporación considera que la Universidad vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, ya que al adelantar actuaciones disciplinarias contra
el accionante por el hecho de no haber regresado al país se evidencia una
actuación desproporcionada y arbitraria por parte de la Universidad.
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES-Ordenar la
terminación del proceso disciplinario adelantando en contra del accionante
Referencia:
expediente T-5.350.275
Acción de tutela interpuesta por Heyder Carlosama López contra el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., Once (11) de mayo dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado en única instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
el cual negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y a la educación invocados por el señor Heyder Carlosama López.
I.
ANTECEDENTES
El señor Carlosama López Heyder interpuso
por intermedio de apoderado judicial, acción de tutela en contra de Colciencias
y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y a la educación, según los
siguientes
1. Hechos:
1.1. La Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (en adelante UPTC, o Universidad), suscribió el Convenio Especial
de Cooperación número 005 con Colciencias. Este tenía por objeto aunar
esfuerzos administrativos y financieros para facilitar la realización de
estudios de Doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental a varios docentes.
1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Universidad le otorgó al accionante una comisión de estudios remunerada a
partir del mes de junio de 2009 (acuerdo 042 de 2008). Posteriormente y
mediante resoluciones rectorales número 2267 de 2010[1], 2544 de 2011[2]
y 2880 de 2012[3],
se prorrogó la comisión de estudios remunerada al señor Heyder Carlosama López.
1.3. Teniendo en cuenta que a la fecha de finalización del plazo
concedido en la resolución rectoral 2880 de 2012, el actor aún no había
terminado su tesis doctoral, se le concedió una nueva comisión académica entre el
7 de julio de 2013 y el 6 de octubre del mismo año.
1.4. Finalmente, mediante acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2013,
se le otorgó comisión de estudios no remunerada al docente Heyder Carlosama López
entre el 7 de octubre de 2013 y el 6 de octubre de 2014, con el fin de culminar
sus estudios de Philosophy of Doctor in civil Engineering en la
Universidad de Berkeley. En total el peticionario contó con el apoyo económico de
la universidad por 4 años de comisión de estudio y 6 meses por ser en un idioma
distinto al español (sin contar el año no remunerado de comisión).
1.5. Expone el accionante que durante sus estudios de doctorado los
resultados académicos han sido satisfactorios, habiendo cursado y aprobado las
asignaturas que demanda el programa, así como los diferentes exámenes, manteniendo
durante todo el tiempo de permanencia en Berkeley una condición de estudiante
en “good standing”. Esto significa que ha cumplido con sus
responsabilidades en cada uno de los semestres académicos y que ha superado las
pruebas que esta aspiración exige.
1.6. Específicamente sobre las actividades que realiza en la
universidad de Berkeley, el docente Heyder Carlosama López expresó lo
siguiente: “He adquirido una sólida formación científica en ingeniería civil
con énfasis en ingeniería geotécnica, ingeniería de terremotos y en sismología,
áreas de profundización que cursé en Berkeley. Mi investigación me ha demandado
especializarme en el campo del modelamiento numérico y en la mecánica
computacional, con lo cual se atienden de manera clara los fines de la ciencia
y tecnología (…) el objetivo principal de la investigación que adelanto busca evaluar
y validar un modelo constitutivo para suelos blandos que sea aplicable en el
modelamiento numérico de excavaciones y otras estructuras geotécnicas
complejas. Los resultados de la investigación serán fundamentales para diseñar
y analizar estructuras geotécnicas donde el desempeño del suelo es un factor
crítico. Este es el caso de excavaciones profundas, fundaciones de
construcciones, diques presas, etc.,  (…) actualmente trabajo en la conclusión
de la investigación y en la escritura de la disertación[4]”
1.7. En lo que tiene que ver con la importancia de la investigación
para Colombia afirmó: “Mi formación doctoral ha involucrado, entre otras
cosas, un estudio profundo del comportamiento mecánico de suelos y rocas; el
aprendizaje y experimentación en laboratorio e “in situ” para la
caracterización de materiales; la aplicación de pruebas geofísicas para la explotación
y caracterización sub-superficial del suelo, y el estudio y desarrollo de
métodos avanzados para el análisis y evaluación tanto estática como dinámica de
todo tipo de estructuras (…) no cabe duda entonces que mis estudios de
doctorado son de absoluta relevancia para Colombia, puedo ser un humano valioso
que podrá contribuir enormemente a superar la brecha de capital humano
altamente calificado”.
1.8. En igual medida expresó: “Mi ámbito de especialización es
estratégico para la planificación, estudio, diseño, y el desarrollo sostenible
de la gran infraestructura que aún requiere el país (metros, túneles,
carreteras, edificaciones, presas, y centrales hidroeléctricas); para la
realización de estudios o proyectos orientados a la prevención de riesgos
sísmicos, por deslizamiento e inundaciones, entre otros; o para la
participación en cualquier naturaleza de proyecto donde el hombre interactúe
con la naturaleza. En el ámbito académico, de no negárseme el derecho a pertenecer
a un grupo académico, es innegable que podría contribuir como docente formando
nuevos y mejores profesionales a nivel pregrado, maestría y doctorado. También
auspicio un promisorio futuro como científico, realizando investigaciones
orientadas a la solución de los innumerables problemas relacionados a mi campo
y área de especialización”.
1.9. Manifestó que a pesar de que Colciencias amplió el plazo
para la culminación de sus estudios, la UPTC insistió en la reincorporación a
sus labores, rechazó tres veces la renuncia presentada al cargo, no accedido a
renumerar su comisión de estudios del último año y tampoco ha aceptado las
explicaciones acerca de la condición de fuerza mayor que le asiste para no
regresar al país.
1.10. Afirmó que la UPTC el 8 de octubre de 2014, le ordenó
reintegrarse a su trabajo en el término perentorio de tres días, decisión de la
cual solicitó la revocatoria. Sin embargo, la entidad inició un proceso
administrativo por presunto abandono del cargo, sin tener en cuenta los hechos
relatados.
1.11. Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución número
6092 del 30 de diciembre de 2014, se declaró el abandono de cargo del actor y
se le retiró del servicio. Contra esta determinación fue presentada solicitud
de revocatoria directa, la cual fue igualmente negada.
1.12. Pone de presente que un doctorado en su campo de estudio es de
cinco a seis años, dependiendo de las particularidades de cada investigación y
de las circunstancias que se dan en el desarrollo del mismo, máxime cuando,
como en su caso, el proyecto ha derivado en la ejecución de un programa
experimental que está sujeto a la puesta a punto de un equipo y esta enlazado a
la integración de un modelo que es liderado por su supervisor, “estando la
investigación regida no por tiempo, sino por la calidad y disponibilidad de
recursos”.
1.13. Informó que mediante resolución número 1436 del 11 de marzo de
2015, la UPTC declaró siniestro de incumplimiento del contrato número 185-2008,
referente a la comisión de estudios remunerada para cursar estudios de “Philosophy
of Doctor in Civil Engineering”, en la universidad de Berkeley en los
Estados Unidos.
1.14. Asevera que contra dicha determinación interpuso el recurso de
reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución número
1987 del 11 de mayo de 2015.
1.15. Indicó
que mediante oficio de fecha 25 de junio de 2015, la universidad le solicitó
presentarse en la decanatura con el objeto de notificarle personalmente un auto
de apertura de una investigación disciplinaria, a pesar de que en el año 2014 había
renunciado en tres oportunidades a su cargo de docente con el objetivo de
evitar sanciones que le hicieran más gravoso su regreso al país.
1.16. Por las anteriores circunstancias el acciónate considera que: (i)
la declaratoria de abandono sin justa causa del empleo, (ii) su retiro
del servicio, (iii) la declaratoria de incumplimiento contractual y (iv)
la iniciación de un proceso disciplinario, no solo tiene incidencia en la
comisión de servicios solicitada a la UPTC, sino también respecto a la
exigibilidad del crédito otorgado por Colciencias. Lo anterior, por cuanto la
condonación del contrato de crédito educativo número 063 de 2009, suscrito
entre el actor y Colciencias, depende de que se cumpla a satisfacción con el
programa de estudios, de su regreso al país, y de su vinculación a la entidad
que lo presentó, en este caso la UPTC u otra entidad aprobada por Colciencias,
lo que se dificulta en razón a las cuatro actuaciones administrativas
adelantadas.
1.17. Asevera además que desde la declaratoria de incumplimiento reporta
síntomas substanciales de ansiedad, los cuales fueron ocasionados por la
pérdida de fondos económicos para sus estudios, tal y como lo certificó el
centro de salud universitario de la universidad de Berkeley.
1.18. Por la situación anteriormente descrita, el señor Carlosama López instaura acción de
tutela con la pretensión de lograr que se protejan sus derechos fundamentales,
y en consecuencia, solicita: (i) se disponga adelantar un detenido
análisis de su situación jurídica con ocasión del contrato de comisión de
estudios, sin que sea aplicada una responsabilidad objetiva, (ii) se
ordene a la UPTC dejar sin efecto cada una de las resoluciones expedidas dentro
del contrato 185-2008, que estuvieron encaminadas a la declaratoria de
siniestro por incumplimiento contractual, (iii) que se exija a la UPTC
suspender el proceso disciplinario adelantado contra el accionante y (iv)
que se decrete a Colciencias intervenir en el proceso de estudio y decisión de
la situación jurídica del peticionario.
1.19. Considera que la acción de tutela es el medio que resulta
procedente  para evitar que se inicie en su contra acciones de incumplimiento
que le causen daño patrimonial a él o a sus codeudores, ya que su deuda
asciende a más de cuatrocientos millones de pesos con la universidad, sin
incluir los dineros producto del crédito beca suscrito con Colciencias. Solicita
que en razón al derecho a la igualdad se apliquen los precedentes de la Corte
Constitucional contemplados en sentencias T-677 de 2004 y T-715 de 2014.
1.20. Finalmente, asevera que previo a la actual solicitud de amparo
presentó otra acción de tutela contra la UPTC, donde cuestionó la resolución
número 6092, de fecha 30 de diciembre de 2014, por la cual se declaró la
vacancia de su empleo como docente por abandono de cargo. Sin embargo
manifiesta que dada la expedición de dos resoluciones: (i) la numero
1436 de fecha 11 de marzo de 2015, donde la UPTC declaró el siniestro de
incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el actor y (ii) la
apertura por parte de la UPTC de un proceso disciplinario, “se justica la
interposición de la acción de tutela contra estas nuevas actuaciones de la
Universidad”
2. Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante auto de fecha 09 de noviembre de 2016 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, decidió: (i)
admitir la acción de tutela y (ii) notificar a la Directora General de Colciencias
y al Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC para
que se pronunciaran sobre los hechos de la misma.
3.  Respuesta de las entidades accionadas.
3.1. Mediante oficio 00633-2015-S, la apoderada de la universidad expresó
que “El accionante conocía de forma previa la normatividad aplicable a la
comisión de estudios así como las obligaciones que adquiría dentro de las
cuales una vez terminado el tiempo otorgado por la universidad mediante
Contrato de Comisión de Estudios Remunerada número 185-2008 de fecha 13 de
agosto del mismo año, debía reintegrarse, lo cual no sucedió”.
Aseveró que conforme a la normatividad interna de la universidad
(acuerdo número 087 del año 2000 y acuerdo 021 de 1993), las comisiones de
estudio remuneradas cuando se trate de estudios de doctorado tienen una
duración de 4 años. En igual medida expresó que la universidad no puede esperar
a manera de hipótesis que el accionante obtenga su título de posgrado en 10 o más
años y además seguir pagando su salario, ya que lo anterior claramente
generaría un detrimento al erario público frente al cual los entes de control
exigirían explicaciones.
Afirmó que mediante resolución número 5401 del 06 de noviembre de
2014 se ordenó dar inicio al proceso administrativo para la declaratoria de
vacancia del empleo público en contra del señor Carlosama
López Heyder. Dicha actuación culminó con la resolución número 6092 del 30 de
diciembre de 2014, en la cual se declaró que el accionante abandonó sin justa
causa el empleo público del cual era titular, procediendo así a retirar al
peticionario del servicio.
En igual medida, aseveró que la universidad teniendo en cuenta que
los recursos que se cancelaron al docente durante el término de la comisión de
estudios eran públicos y que el accionante incumplió el contrato de comisión de
estudios remunerada número 185-2008, tiene la obligación de recuperarlos en el
entendido que no se reintegró en tiempo a sus labores, así como tampoco allegó
en algún momento el título de postgrado por el cual se había concedido la
comisión de estudios.
Pone de presente que la universidad le proporcionó al peticionario
todos y cada uno de los mecanismos para que culminara sus estudios, a tal punto
que le brindó la oportunidad de acogerse a lo contemplado en el acuerdo 046 de
2012, el cual establece que los docentes que se encuentran en comisión de
estudios podrán “presentar el título objeto de la comisión, dentro de los 24
meses siguientes a la fecha de reintegro”. Basado en lo anterior, si el actor
se hubiera reintegrado a sus labores en la fecha que se le indicó podía haber
hecho uso de los 24 meses que indica el referido acuerdo, es decir, que la
fecha de entrega del título sería para el 10 de octubre del año 2016.
Según la universidad “el docente al no haber comprendido desde un
principio que no se le podía dar más tiempo en comisión, optó por no
reincorporarse a sus labores y seguir en Berkeley donde adelanta sus estudios de posgrado sin ningún inconveniente,
pero ahora después de todo ese lapso de tiempo, acude a la presente acción por
la supuesta vulneración de sus derechos, cuando la institución UPTC nunca se
los ha quebrado”.
Informó que el accionante cuenta con todos los medios de defensa
judicial para cuestionar las determinaciones adoptadas por la universidad. En
igual medida, aseveró que en ningún momento se causó un perjuicio irremediable,
ya que las consecuencias que al día de hoy asume el señor Heyder Carlosama
López son causa propia del incumplimiento de sus obligaciones, es decir, la
UPTC no puede ser responsable de vulnerar ningún derecho por cumplir con sus
obligaciones.
3.2. A través de escrito del 11 de noviembre
de 2015, la Directora General de Colciencias sostuvo que no ha vulnerado ningún
derecho al accionante, ya que la entidad que representa seleccionó al
demandante como beneficiario de un crédito educativo para realizar estudios de
doctorado en el exterior, siendo avalado por la Universidad en la cual laboraba.
En igual medida, afirmó que existía temeridad en el actual trámite
tutelar por cuanto el Consejo de Estado en providencia de fecha 7 de mayo de
2015, declaró la improcedencia de la acción de tutela para conocer de las
decisiones adoptadas por la universidad en una tutela con similares hechos,
partes y pretensiones .
4. Pruebas relevantes aportadas al proceso
4.1. Contrato de crédito educativo número 063 de 2009 suscrito entre
Colciencias, Heyder Carlosama López, Jorge Enrique Puerto Garzón y Segundo
Jacob Rodríguez Guzmán. (folios 28 al 33, cuaderno 1).
4.2. Contrato de crédito educativo número 183 de 2008 suscrito entre
Colciencias, Heyder Carlosama López, Jorge Enrique Puerto Garzón y Segundo
Jacob Rodríguez Guzmán. (folios 33 al 39, cuaderno 1).
4.3. Convenio de Cooperación número 005 de 2008 suscrito entre
Colciencias y la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. (folios 40
al 43, cuaderno 1).
4.4. Contrato de comisión de estudios remunerada número 185-2008
entre la UPTC y el señor Heyder Carlosama López. (folios 44 al 48, cuaderno 1).
4.5. Resolución número 6092 de 2014 “por la cual se declara la
vacancia de un empleo público docente por abandono de cargo” (folios 70 al
85, cuaderno 1).
4.6. Resolución número 1436 de 2015 “por la cual se declara el
siniestro del incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el
docente Heyder Carlosama López, referente a la Comisión de Estudios remunerada
para cursar estudios en Philosophy of doctor in civil Engineering, en la
universidad de California – Brekeley en Estados Unidos” (folios 70 al 85,
cuaderno 1).
4.7. Resolución número 1987 de 2015 “por el cual se resuelve un
recurso de reposición interpuesto por la apoderada del señor Heyder Carlosama
López, en contra de la Resolución 1436 del 11 de marzo de 2015, declara el
siniestro del incumplimiento del contrato número 185-2008, referente a la
comisión de estudios remunerada para cursar estudios en referente a la comisión
de estudios remunerada para cursar estudios en Philosophy of doctor in civil Engineering,
en la universidad de California – Brekeley en los Estados Unidos” (folios
92 al 99, cuaderno 1).
5. Decisión objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante providencia del 20 de noviembre de 2015, en fallo único de
instancia declaró improcedente la acción de tutela presentada. Sobre el
particular específicamente manifestó que: “En el sub lite hay dos
apreciaciones, la primera que existen procedimientos ordinarios para las
controversias contractuales y disciplinarias a los cuales debe ceñirse la parte
actora, y en el segundo, que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
ha llevado a cabo el procedimiento legal establecido, sin que se advierta
vulneración de derechos fundamentales. De éste resultaron las resoluciones
numero1436 de 11 de marzo de 2005 y número 1987 del 11 de mayo de 2015, por
medio de las cuales se resolvió declarar el siniestro de incumplimiento del
contrato número 185-2008 suscrito por el docente Heyder Carlosama López,
referente a la comisión de estudios remunerada para cursar estudios de
Philosophy of Doctor in civil engineering, en la universidad de California
Berkeley en los Estados Unidos, a partir del día 10 de octubre de 2014, y se
resolvió no reponer esa decisión, por lo que si el accionante no se encuentra
de acuerdo con esos actos administrativos puede ejercer el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, o contractual según el caso”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia.
Esta Sala es competente para examinar el fallo materia de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y los artículos 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento de los problemas
jurídicos.
2.1. Conforme a los antecedentes expuestos en el presente asunto, el
señor Carlosama López Heyder interpone la presente acción de tutela exponiendo
varias problemáticas que en su sentir, afectan su derecho fundamental a la educación,
igualdad y al debido proceso.
La primera está relacionada con la actuación adelantada por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la cual, a
consideración del accionante, no ha tenido en cuenta las particularidades de su
caso al momento de determinar si existe o no incumplimiento en el marco de una comisión de estudios remunerada en la Universidad de Berkeley.
En cuanto a la segunda, advierte el accionante que la universidad
UPTC: (i) al declarar que el señor Carlosama López Heyder abandonó sin justa
causa su empleo, (ii) al retirarlo del cargo de docente, (iii) al
decretar el incumplimiento contractual de la comisión de estudios número
185-2008 y (iv) al adelantarle un proceso disciplinario, vulneró sus derechos
al debido proceso, a la igualdad y a la educación.
Teniendo en cuenta lo anterior, solicita que por medio del presente
trámite de tutela se ordene: (i) adelantar un
análisis de su situación jurídica con ocasión del contrato de comisión de
estudios, sin que se aplique una responsabilidad objetiva, (ii) que se
ordene a la UPTC dejar sin efecto cada una de las resoluciones expedidas dentro
del contrato 185-2008 que estuvieron encaminadas a la declaratoria de siniestro
por incumplimiento contractual, (iii) que se ordene a la UPTC suspender
el proceso disciplinario adelantado en su contra y (iv) que se obligue a
Colciencias intervenir en el proceso de estudio y decisión de la situación
jurídica del peticionario.
Por su parte, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y Colciencias consideran que: (i) existe
temeridad en la presente acción de tutela respeto a varias pretensiones, (ii)
que no se han vulnerado los derechos del accionante por cuanto las obligaciones
entre los sujetos contratantes fueron claras desde el inicio, (iii) que
aunque al accionante se le cancelaron 4 años y 6 meses de comisión y además se
le concedió una comisión no remunerada de 1 año, este injustificadamente se
niega a regresar al país a cumplir con sus obligaciones, (iv) que a
pesar de que la normatividad interna de la universidad permitía que el peticionario
regresara al país a su puesto de docente bajo la condición de terminar la tesis
dentro de los 24 meses siguientes, el señor Carlosama López Heyder continuó en los Estados Unidos y (v) que
la declaración de abandono de cargo y el proceso disciplinario que se adelanta
contra el actor no vulneran sus garantías constitucionales.
Analizados
los presupuestos fácticos de la presente tutela, se observa que es necesario que esta Corporación establezca ¿Cómo debe resolverse
la tensión originada entre el deber de fomentar la ciencia y tecnología
por intermedio de acuerdos de acceso a la educación superior con
la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones pactadas con una entidad
estatal patrocinadora?
Igualmente,
es imperioso determinar de conformidad con los principios constitucionales que
rigen el derecho a la educación superior en nuestro país, si la UPTC al: (i) declarar el incumplimiento del
contrato de comisión, (ii) al decretar el abandono de cargo  y (iii)
al iniciar un proceso disciplinario contra el señor Carlosama
López Heyder vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.
Para dar
respuesta a lo anterior, la Corte analizará los siguientes ejes temáticos: (i)
concepto de temeridad; (ii) procedencia
excepcional de la tutela para resolver controversias de tipo
contractual; (iii) el
rol del Estado y las universidades en el fomento de la educación, ciencia y
la tecnología; (iv) el principio pacta sunt servanda
a la luz de la Constitución de 1991; (v) el debido proceso en el
marco de actuaciones administrativas; (vi) y por último se
abordará el caso concreto.
3. Concepto de temeridad.
Reiteración de jurisprudencia.
La Constitución y el Decreto
2591 de 1991 imponen a los administrados la carga de actuar con trasparencia y
rectitud al momento de emplear todos los medios procesales que la ley ofrece
para proteger y hacer efectivos sus derechos. De ahí que
el artículo 38 de la disposición en comento censure la actuación
temeraria o irresponsable en el uso de la tutela  como medida para evitar
y sancionar el abuso de la acción constitucional. Señala la norma:
“Articulo 38 - Actuación
temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes. El
abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.”
En este sentido la conducta malintencionada, dolosa y temeraria de
un sujeto procesal acarrea consecuencias jurídicas desfavorables para sus pretensiones.
Al respecto, la Corte ha sostenido en torno a la figura de la temeridad que:
“La temeridad busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificada cualquier intención de engaño hacia la
autoridad pública. Pese al carácter informal de la tutela, la misma está
determinada por la imposibilidad de presentar la misma acción de amparo en
varias oportunidades y ante distintos jueces o tribunales. Los límites
impuestos por la normativa se justifican ya que buscan el buen funcionamiento
de la administración de justicia, la salvaguarda de la cosa juzgada y del
principio de seguridad jurídica, no siendo permitido el uso inescrupuloso o
abusivo del exclusivo mecanismo constitucional”
Sobre este punto la Corte Constitucional en sentencia T-169 de 2011
determinó:
“La actuación temeraria pretende evitar que los ciudadanos hagan un
uso abusivo del derecho con la presentación de dos o más acciones dirigidas a
la protección de derechos fundamentales basados en la misma situación fáctica,
que además lesiona gravemente la prestación del servicio de la administración
de justicia y cercena el derecho fundamental de otros ciudadanos para acceder a
ésta, amén de verse afectado el principio de lealtad procesal frente a la
contraparte y la seguridad jurídica. En tal sentido ha dicho esta Corporación que
una actuación temeraria es aquella que desconoce el principio de la buena fe,
en tanto la persona asume una actitud indebida para satisfacer intereses
individuales a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente
y sin razón alguna se instaura nuevamente una acción de tutela”.
Desde
el punto de vista de los supuestos que el juez constitucional debe verificar
para declarar la configuración de la temeridad, han de tenerse en cuenta tres
requisitos determinantes: (i) que exista identidad en los procesos, lo
cual significa que el proceso fallado con antelación y el proceso propuesto al
juez tienen una “triple identidad”, esto es, en ambos se identifican las mismas
partes, la misma solicitud y las mismas razones de dicha solicitud, (ii)
que el caso no sea un caso excepcional explícitamente determinado por la ley
y/o la jurisprudencia, como uno que no configura temeridad. Esto es, casos
frente a los cuales se ha autorizado la procedencia del proceso propuesto a
pesar del fallo anterior con el cual guarda identidad, y (iii) que de
presentarse una demanda de tutela que pretenda ser distinta a una anterior con
la que guarda identidad, a partir de una argumentación diferente, se demuestre
por parte del juez que el proceso propuesto y la tutela anterior se reducen a
unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones[5].
Ahora bien, conforme ha manifestado la jurisprudencia de esta
corporación en excepcionales casos existen eventos en los cuales a pesar de la
existencia de la identidad entre partes, solicitud y razones, el juez de tutela
no puede declarar mecánicamente el fenómeno de temeridad, y por el contrario
debe analizar el fondo del asunto planteado.
Así las cosas, en
sentencia T-149 de 1995, se concluyó que no se configuraba temeridad en una
situación en la que el propio fallo de tutela configuró un hecho generador de
discriminación, lo cual autorizó que se interpusiera una acción de amparo
posterior, pero que tuviera en cuenta que la tutela inicial buscaba constituir
las pruebas necesarias para demostrar posteriormente la existencia de un trato
discriminatorio sobreviniente. Se dijo entonces:
“La actuación
temeraria presupone la violación del principio de la buena fe. No es explicable
por qué si la situación fáctica denunciada desde un principio era supuestamente
la misma, y comprendía la discriminación salarial, los peticionarios se
limitaron a solicitar la entrega de comprobantes de pago, y a estas precisas
pretensiones se circunscribieron los fallos de tutela iniciales. Tampoco es
suficiente para inferir una actitud torticera, suponer que los peticionarios
debían <conocer el valor real de su sueldo> al momento de interponer la primera
solicitud de tutela. Una probable explicación del comportamiento de los actores
sería la de que éstos buscaban constituir las pruebas necesarias para demostrar
posteriormente la existencia de un trato discriminatorio. Esta interpretación,
a diferencia de la presupuesta por los falladores de tutela, consulta el
principio de la presunción de buena fe en las gestiones que los particulares
adelantan ante las autoridades (CP art. 83)”.
En igual línea
de pensamiento la sentencia T-566 de 2001, sostuvo que podían presentarse dos
tutelas con los mismos, hechos, partes y pretensiones siempre y cuando la
primera no abordara la real pretensión del accionante. Sobre el particular
específicamente manifestó: “a pesar de que hay similitud en los hechos de
las dos tutelas presentadas, existió un motivo justificado para presentar la
tutela” en razón de que la jurisdicción constitucional no se había
pronunciado sobre la real pretensión de la actora. “Al no haberse resuelto
la petición, el fallo del Juzgado no produjo efectos en lo referente al amparo
del derecho a la salud”.
Por su parte las
sentencias T-458
de 2003 y T-919
de ese mismo año, precisaron que en “casos en que se presente una
violación por un mismo concepto, cuando la violación se mantenga o se agrave
por otra u otras violaciones, el afectado podrá optar por insistir en el
cumplimiento ante el juez competente o acudir nuevamente a la acción de tutela (…)
cuando la vulneración está mediada además por un riesgo adicional el accionante
puede también recurrir nuevamente a la acción de tutela como medio expedito
para la efectiva protección de sus derechos fundamentales”.
Ahora bien, respecto a esta última posición es claro que no cualquier
afirmación respecto al agravamiento de una vulneración del derecho habilita la
presentación de una nueva acción de tutela. En esta medida la sentencia T-1104
de 2008 afirmó:
“Ante la
existencia de un fallo anterior o pendiente que guarda identidad con uno
posterior, el simple cambio o reestructuración de los argumentos que sustentan
la interposición de una acción de tutela, la hacen improcedente; si los
mencionados nuevos argumentos no están respaldados por la demostración de
hechos nuevos o no considerados en el fallo anterior, tal como se explicó más
arriba (…) en este orden de ideas, cuando se interpone una nueva acción de
amparo respecto de un caso que guarda identidad con otro anterior, procurando
mediante técnicas y estrategias argumentales ocultar la mencionada identidad,
es presumible prima facie el
uso temerario de la acción de tutela. Esto por cuanto el cambio de estrategia
argumental o la relación de hechos que en realidad ni son nuevos ni fueron
omitidos en el fallo anterior, conlleva la intención de hacer incurrir en error
al juez, y sacar beneficio de ello. Resulta pues inaceptable que con dicho
interés se haga uso del mecanismo judicial de la tutela. Por ello si el juez de
amparo detecta que el caso jurídico que se le presenta, en su contenido mínimo
(pretensión, motivación y partes) guarda identidad con otro pendiente de fallo
o ya fallado, debe declarar improcedente la acción. Aunque, no sólo esto, sino
además si llegase a determinar que por medio de la interposición de la tutela
se persiguen fines fraudulentos, deberá entonces tomar las medidas
sancionatorias que para estos casos dispone el ordenamiento jurídico”.
En conclusión, la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 Superior se creó como un instrumento
residual y extraordinario, cuya característica primordial es la de ser un
procedimiento preferente y sumario que pretende la protección efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales de las personas. De allí que el Decreto
2591 de 1991 contemple sanciones frente a las conductas que pretendan
desnaturalizar el papel que cumple el recurso de amparo en la sociedad. No
obstante, la mera presentación de dos o más acciones de tutela no constituye
automáticamente una actuación irresponsable; por tanto, se hace necesario
verificar las circunstancias que envuelven cada caso concreto para evaluar si
se configura temeridad o no.[6]
4. Procedencia excepcional de la tutela
para resolver controversias de tipo contractual
En
numerosas providencias esta Corporación ha tenido la oportunidad de establecer
la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza
contractual. Tal postura puede remontarse a la sentencia T-594 de 1992, en la
cual se afirmó:
“Como ha venido reiterándolo esta Corte, es menester ubicar la
acción de tutela dentro del contexto y alcance que le corresponde, a fin de
evitar la desfiguración de su naturaleza y la distorsión de sus fines. El
Constituyente de 1991 concibió este instrumento como una forma de brindar
eficiente protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas o
violaciones concretas provenientes de acción u omisión no susceptibles de ser
contrarrestadas con eficacia mediante el uso de otro procedimiento que se pueda
intentar ante los jueces
(…)
Así las cosas, las diferencias surgidas entre las partes por causa
o con ocasión de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al
estudio y decisión del juez por la vía de la tutela ya que, por definición,
ella está excluida en tales casos toda vez que quien se considere perjudicado o
amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el
aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las
reglas de competencia estatuidas en la ley”.
En igual
línea de pensamiento la Corte Constitucional, en sentencia T-507
de 2011, sostuvo que:
“El hecho
de que la Constitución permee las normas inferiores del ordenamiento jurídico,
entre ellas los contratos, a través de la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales, no implica que dentro de todo contrato esté inmersa una
discusión de rango iusfundamental que deba ser conocida por el juez de tutela.
Para el conocimiento de controversias de tipo contractual se debe acudir al
juez ordinario quien, por supuesto, debe iluminar su labor en la materia en la
cual es especializado con la norma constitucional (…) Considera la Corte que acudir a
la tutela para solucionar controversias ajenas a los derechos fundamentales
configura una tergiversación de la naturaleza de la acción que puede llegar a
deslegitimarla para perjuicio de aquellas personas que verdaderamente necesitan
de protección a través de este mecanismo”[7].
No
obstante, tales precedentes se refieren exclusivamente a las controversias
contractuales que carecen de inmediata relevancia iusfundamental, es decir, de
aquellas en las cuales no están implicadas de por medio garantías
constitucionales.
Por el
contrario, cuando en el marco de un disputa de carácter contractual están en
juego derechos reconocidos en la Carta del 91, no se puede excluir prima
facie la procedencia de la acción de tutela, ya que en este caso
corresponderá al juez apreciar la naturaleza de la amenaza o vulneración y
decidir si existen o no mecanismos ordinarios de defensa judicial que tengan la
misma eficacia de la acción de amparo.  Así por ejemplo, en la sentencia T-189
de 1993 afirmó:
“En
principio, el reconocimiento de derechos cuya fuente primaria no provenga de su
reconocimiento constitucional sino de la ley o del contrato, es materia de la
justicia ordinaria y no de la jurisdicción constitucional. Excepcionalmente, el
no reconocimiento oportuno de un derecho de rango legal puede vulnerar o
amenazar un derecho fundamental, lo cual habilita al afectado para solicitar su
protección inmediata, así sea transitoriamente.
El
criterio diferenciador para saber cuándo un derecho legal es tutelable remite a
la estructura misma del derecho y a la existencia de conexidad directa e
inmediata entre su no reconocimiento y la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental. En cuanto a su estructura, existen derechos consagrados en la ley
que son desarrollo de derechos constitucionales y cuyo no reconocimiento
oportuno puede implicar la vulneración de estos últimos. Además, no basta
aseverar el desconocimiento de un derecho legal para concluir la procedencia de
la acción de tutela. En suma, es necesario que se demuestre una conexidad
directa e inmediata entre el no reconocimiento del derecho legal y la
consiguiente vulneración de derechos fundamentales”.
En esta igual línea de pensamiento pueden consultarse las sentencias
T-125 de 1994 y T-351 de 1997, en las cuales este tribunal manifestó la
excepcional procedencia de la acción de tutela en el marco de contratos o
negocios jurídicos en los siguientes términos:
“No puede el
juez de tutela desechar el estudio de una controversia contractual con el mero
pretexto que en este tipo de disputas no están envueltos derechos de rango
fundamental, por el contrario, debe analizar si en ellas existe una discusión
de esta naturaleza para lo cual es relevante no sólo elementos de carácter
objetivo tales como la naturaleza de los derechos en juego, sino también
circunstancias subjetivas de las partes que solicitan el amparo constitucional,
pues existen precedentes en los cuales se ha concedido la tutela respecto de
asuntos en apariencia de índole estrictamente
contractual, controvertibles ante la jurisdicción ordinaria,
debido a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encontraban los
accionantes”.
Esta
postura interpretativa se apoya en el denominado “efecto de irradiación” y en
la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, de conformidad con la cual
el ordenamiento jurídico no está conformado por compartimentos estancos,
algunos de los cuales escapan del influjo de las garantías y libertades
constitucionales, ya que éstas se difunden en todos los ámbitos del derecho,
inclusive en espacios inicialmente considerados como coto reservado del derecho
privado, como las relaciones contractuales. No se trata, entonces, que todo el ordenamiento
existente se disuelva en el derecho constitucional, que de esta suerte se
convertiría en una especie de todo omnicomprensivo, sino que permite a los
distintos ámbitos del derecho conservar su independencia y sus características
propias, pero las garantías fundamentales actúan como un principio de
interpretación de sus preceptos y por tanto se impone en ellos acuñándolos e
influyéndolos, de esta manera estos ámbitos del derecho quedan
iusfundamentalmente conformados[8].
Así, en la
sentencia T-202 de 2000 sostuvo la Corte Constitucional lo siguiente:
“Esta Corporación reitera nuevamente en esta oportunidad, que
conforme a su jurisprudencia, la Carta Política tiene una capacidad de
irradiación sobre la interpretación de las leyes y de los contratos celebrados
por los particulares, pues la educación y los derechos fundamentales de los
ciudadanos constituye un marco valorativo que impregna y condiciona todos los
actos jurídicos celebrados por los coasociados. En consecuencia, la
celebración, interpretación, ejecución y terminación de los contratos no puede
conducir a una arbitrariedad por parte de uno de los signatarios del negocio
jurídico, máxime cuando con el incumplimiento del mismo se afecta un derecho
fundamental como ocurre en este evento con la educación de uno de los
contratantes”
En el mismo orden de ideas, esta Corporación ha manifestado que en
excepcionales casos es procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo
respecto de relaciones contractuales, cuando el afectado se encuentra en
situación de indefensión, o cuando el accionante carece en la relación negociar
de medios de defensa, “entendidos éstos como  una asimetría de poderes tal” que
“no está en condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el
poder del más fuerte”.[9]
En este sentido, la sentencia T-634 de 2013, afirmó: “el estado
de indefensión se manifiesta cuando la persona afectada en sus derechos por la
acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de
defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para
resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón
por la cual se encuentra inerme o desamparada. En cada caso concreto, el juez
de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias con el fin de determinar si
se está frente a una situación de indefensión, para establecer si procede la
acción de tutela contra particulares.”
Ahora bien,
específicamente sobre la procedencia de la acción para analizar la legalidad de
las determinaciones adoptadas por el presunto incumplimiento contractual
originado en el marco de un contrato de comisión de estudio,
la sentencia T-715 de 2014 determinó la procedencia excepcional de la tutela, debido
a la falta de idoneidad de los mecanismos de defensa existentes y al tipo de
controversia que subyace en el fondo en dichos contratos. Sobre el particular
específicamente manifestó:
“Los otros mecanismos a los que eventualmente
pueda acceder no son idóneos para lograr de manera oportuna y eficaz la
protección de los derechos fundamentales.  Por estas razones, la acción de
tutela se torna en el medio eficaz para solicitar la protección de los derechos
fundamentales de la peticionaria y su núcleo familiar, pues si bien es cierto
la peticionaria podría acudir a un proceso ordinario, no parece un mecanismo
idóneo dado el paso del tiempo y el tipo de controversia”.
Conforme a
lo anteriormente expuesto es claro que la jurisprudencia ha definido el alcance
de la intervención del juez constitucional en los negocios jurídicos privados
para examinar la eventual vulneración de los derechos fundamentales. Ha
concluido que la existencia de una relación contractual no puede ser premisa
suficiente para denegar el amparo, ya que en la suscripción o la ejecución de
un contrato se pueden consignar u originar cláusulas o tratos
inconstitucionales, vulneradores de derechos fundamentales que requieran de un
mecanismo de protección reforzado como la tutela[10].
5. El rol del Estado y las universidades en el
desarrollo del mandato constitucional de fomento de la  educación, ciencia y la
tecnología.
5.1. La educación es un derecho que implica un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes. Ésta garantía se encuentra regulada en los
artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política, como un derecho de carácter
fundamental y de servicio público, que contiene una función social.
La educación, es también necesaria para garantizar el mínimo vital,
la igualdad de oportunidades en el trabajo y la participación política, entre
otros; por lo tanto, debe estar encaminada al acceso a la cultura, a la
formación en derechos humanos, la paz y la democracia. Sobre este punto se dijo
en la sentencia T-787 de 2006, lo siguiente:
“La Corte ha indicado en distintos
pronunciamientos que la educación (i) es una herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la
igualdad de oportunidades[11];
(ii) es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la
realización de otros de sus demás derechos fundamentales[12]; (iii)
es un elemento dignificador de las personas[13]; (iv) es un factor
esencial para el desarrollo humano, social y económico[14]; (v) es
un instrumento para la construcción de equidad social[15], y (vi)
es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”.[16]
La educación además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno
de las personas, incide decisivamente en las oportunidades y en la calidad de
vida de los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la
educación en la mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los
cambios en la estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la
participación en la actividad económica de sus miembros, entre otros), la
promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad
autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado[17],
es decir que a pesar de ser un derecho autónomo se interrelaciona con otras garantías
constitucionales, es decir que cumple un papel instrumental con respecto al
derecho a la dignidad humana, a la vida, al trabajo, a la cultura, entre otros[18].
El conocimiento
y la formación académica son los pilares esenciales para el desarrollo de
conocimientos científicos, sociales, culturales, geográficos y tecnológicos,
entre otros, los cuales buscan la consecución de niveles óptimos de desarrollo
personal de los individuos, para que éstos a la vez puedan aportar a la
sociedad el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Por tanto, el derecho a la educación es el eje fundamental para
el desarrollo de la sociedad, y es obligación del Estado invertir en educación
y ciencia, formando de esta manera personas en ello[19].
En igual medida, la Corte en
sentencia T-056 de 2011 afirmó que el derecho fundamental a la educación: (i) es
objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto
básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de
una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de
realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre
otros y (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho.[20]
Este Tribunal en diversas oportunidades ha
expresado que para avanzar en la construcción de un país en el cual la ciencia
y la tecnología contribuyan en la superación de las precarias condiciones
económicas de nuestro entorno, es indispensable que el gobierno nacional
fomente el permanente proceso de construcción de conocimiento por medio de la
transformación y consolidación de sus principales instituciones educativas. En
este este sentido la sentencia T-677 de 2004 afirmó:
“Dentro del marco del fomento a la ciencia y la
tecnología, el conocimiento funge no sólo como principio organizador de la
estructura social sino como instrumento para interpretar y comprender la
realidad, y en esta medida se consolida como un factor dinamizador del cambio
social en la carrera por lograr modelos de desarrollo basados en procesos de
inclusión social, toda vez que el producto de la ciencia y la tecnología puede
ser utilizado como herramienta de desarrollo que permita la participación de
todos los sectores sociales en la construcción del orden social, y en esta
medida puede posibilitar la realización del principio de la igualdad material,
ya que la igualdad de posibilidades educativas y de acceso al conocimiento,
potencia y materializa en gran medida la igualdad de oportunidades en la vida
para efectos de la realización como personas”.
Ahora bien, conforme lo ha precisado la
jurisprudencia de esta Corporación el derecho a la educación no solo goza de
protección constitucional en su modalidad, primaria, básica y secundaria. Por
el contrario la educación universitaria debido a su interdependencia con otros
derechos como la proyección social del ser humano, la dignidad
y la equidad salarial posee una especial importancia en la Carta del 91. En este sentido la sentencia C-006 de 1996 afirmó lo
siguiente:
“La consagración de Colombia como un Estado
Social de Derecho, implica la consolidación de una estructura político-administrativa
al servicio de la sociedad, en la cual priman los propósitos de justicia y
equidad, los cuales se desarrollarán sobre el presupuesto del respeto a la
diversidad y a la diferencia de los individuos que la conforman; en dicho
esquema, el conocimiento, la cultura y el acceso a los desarrollos de la
ciencia y la tecnología, se constituyen progresivamente en bienes cada vez más
necesarios para el desarrollo integral de los individuos y por ende de la
sociedad; ello, a su vez, le otorga a la educación la condición de derecho
fundamental de las personas, y a los establecimientos que la brindan, el
carácter de oferentes de un servicio público, por cuya calidad y pertinencia
debe velar el Estado.
En este contexto, las universidades, son
entendidas como centros de producción y adecuación del conocimiento, cuyo
quehacer se traduce fundamentalmente en las labores de docencia, investigación
y extensión, entendida esta última como la función dirigida a articularlas con
la sociedad de la cual hacen parte.[21]”
En este orden de ideas, es
claro que las instituciones universitarias tienen un papel primordial en la
construcción de una sociedad más pluralista y justa, ya que una nación en el
cual existe una mano de obra altamente calificada y capacitada para innovar en
el campo de la industria, la ciencia y la tecnología, puede ser un verdadero
motor de innovación y empleo para nuestro país tal y como lo reconoce el
artículo 71 de la Carta de 1991.
5.2. El artículo 71 de la
Constitución establece el deber en cabeza de las autoridades estatales de
fomentar la ciencia y la tecnología en los siguientes términos: “El Estado
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.
En desarrollo de esta disposición, el legislador expidió la Ley 30 de 1992,
“por la
cual se organiza el servicio público de la educación superior”. Esta normatividad reguló la manera como el
Estado y las instituciones educativas debían garantizar el fomento e innovación
mediante la construcción de conocimiento universitario especializado.
De acuerdo con el artìculo 30 de
la Ley en comento, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza
corresponde al Presidente de la República el cual debe: (i) garantizar
el derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior
conforme a la ley; (ii) adoptar medidas para fortalecer la investigación en las
instituciones de educación superior y ofrecer las condiciones especiales para
su desarrollo; (iii) facilitar a las
personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y
a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo
hagan viable; (iv) crear incentivos para
las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia,
la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes; y (v) fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al
dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura.
En
igual medida, las universidades públicas y privadas deben concurrir en la
búsqueda del conocimiento científico y a la trasformación de la sociedad
mediante la impartición de estructuras curriculares idóneos y de calidad, esto
con miras a expandir la barrera del discernimiento mediante la innovación y la
investigación. Sobre el particular el artículo 19 de la Ley 30 de 1992,
estableció lo siguiente:
“Son
universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que
acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes
actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica
en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están
igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones,
profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados
y post-doctorados, de conformidad con la presente ley”.
Para
lograr el fomento y desarrollo de ciencia y la tecnología, las universidades se encuentran autorizadas para impartir
programas de postgrado con el objeto de construir conocimientos investigativos
específicos que contribuyan a la edificación de un universo de profesionales
más capacitados en sus áreas de conocimiento. En esta medida tal y como lo
reconocen los artículos 12 y 13 de la ley 30 de 1992, los programas de
maestría, doctorado o post-doctorado deben buscar a través de la investigación
e innovación expandir la frontera de la ilustración existente. Sobre el
particular las referidas disposiciones establecen lo siguiente:
“Artículo 12. Los programas de maestría, doctorado y
post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de
su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para
la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y
dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como
investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que
le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía,
de las humanidades y de las artes.
Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los
programas de doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.
Artículo 13. Los programas de doctorado se concentran en la
formación de investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición,
capacidad y conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores
de formación. El doctorado debe culminar con una tesis”.
Muchas veces dependiendo del área
de conocimiento a tratar, es posible que existan universidades, centros de
investigación, institutos de conocimiento, o programas liderados por expertos
que permitan a nacionales y extranjeros capacitarse adecuadamente en estudios
superiores al interior del país. Sin embargo, en ciertos casos es indispensable
para adquirir dichas habilidades salir de Colombia para insertarse en círculos
de conocimientos más especializados, los cuales se encuentran en el común de
los casos, en los centros universitarios y educativos
de otros países.
En este sentido el informe
titulado “Aprovechamiento de la Diáspora e Inserción en Redes Globales de
conocimiento” presentado al Banco Mundial expuso lo
siguiente:
“No puede
desconocerse el papel trascendental de los becarios frente al fenómeno global
en el cual, el acceso al conocimiento protegido depende en buena medida de
contar con redes de intercambio de conocimiento donde la diáspora y los
becarios en el exterior son fundamentales para acceder a ciertas comunidades
que, dado su grado de especialidad y acceso a la capacidad de investigación que
tienen los centros de excelencia a nivel mundial, sólo son abordables desde
redes científicas”
Sobre esta misma situación
la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, en
un artículo titulado “La formación de posgrado en Colombia: maestrías y
doctorados” afirmó:
“La integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo
colombiano demanda la existencia de una sólida base de profesionales y técnicos,
en todos los niveles de formación, pero muy especialmente a nivel de doctorado,
debido a que el país adolece de investigadores altamente calificados. Para
afrontar este reto se fueron combinando dos estrategias, a saber: (a) formación
de investigadores en programas doctorales y de maestría en el exterior y (b)
formación de investigadores en programas doctorales nacionales, para lo cual se
requería el apoyo institucional y la consolidación de la infraestructura de
doctorados nacionales.
La primera estrategia es parte de la internacionalización de la
ciencia y la tecnología. Les permite a los investigadores estar en la frontera
del conocimiento y relacionarse con los grupos de excelencia y relevancia de la
comunidad científica internacional. Esta modalidad permite la interacción y
vínculos con grupos de investigación en diversas partes del mundo, así como la
integración a redes internacionales del conocimiento. La segunda estrategia es
complementaria de la anterior, y para su implementación se requiere el
establecimiento y consolidación de programas doctorales nacionales, el
financiamiento de infraestructura y proyectos y programas de investigación a
largo plazo, la formación de jóvenes en su entrenamiento en investigación e
innovación y el financiamiento de los estudiantes de doctorado, el
financiamiento para la integración internacional a redes de conocimiento y el
intercambio de investigadores con la comunidad internacional[22]”.
Así las cosas, es claro que desde el punto de
vista constitucional y legal, el Estado, las universidades que se encuentran autorizadas para
impartir programas de postgrado y los centros de investigación y desarrollo,
tienen el deber de  fomentar
la ciencia y la tecnología en nuestro país con el objeto de eliminar las
barreras científicas y tecnológicas que impiden el desarrollo económico de
Colombia. Para ello, en algunos casos es válido y necesario que recurran a la
infraestructura, recursos y conocimientos que se encuentran en la esfera
nacional, sin embargo, en algunos casos es perfectamente plausible y
aconsejable que dicho conocimiento sea adquirido en una nación extranjera. Para
este fin, el envió de nacionales a prestigiosas universidades en el exterior
con la promesa de regresar al país, puede ser una importante herramienta para
conseguir los fines constitucionales consagrados en el artículo 71 de la Carta.
6. El Principio pacta sunt
servanda a la luz de la Constitución de 1991
El artículo 1.602
del Código Civil establece que: “Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por causas legales”. La anterior
disposición, desde el punto de vista histórico y teleológico tiene una
importante significación en el derecho civil clásico y en el reconocimiento de
la voluntad individual como eje definitorio del sistema legal contemporáneo.
El hecho de
que el contrato haya sido equiparado a rango de ley en el marco de las
relaciones privadas, más allá de las implicaciones mercantiles y comerciales
que acarrea tiene una importante significación ética y filosófica, por cuanto
reconoce que el hombre a través de sus decisiones es un auténtico legislador de
su destino. Es decir, el
artículo 1.602 del Código Civil acentúa que
las personas en razón a su autonomía deben ser los arquitectos de su vida por
intermedio de las decisiones y obligaciones que adquieren y en esa medida la
intervención Estatal en principio debe ser mínima. Sobre el particular la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Civil ha manifestado que:
“La persona es la médula cinética, razón y justificación de toda
conocida ordenación normativa, a la cual le concede
personificación, atributos, derechos, iniciativa, libertad y habilidad jurídica
para disponer de sus intereses en procura de satisfacer
sus fines, necesidades vitales, designios o propósitos individuales en la vida
de relación, disciplinar, regular, gobernar u ordenar su esfera dispositiva en
el tráfico jurídico mediante el negocio jurídico y el contrato o acuerdo
dispositivo de dos o más partes o sujetos contractuales para constituir,
modificar o extinguir relaciones jurídicas[23]”
Esta Corporación en sentencia C-186 de
2011 precisó que “la autonomía de la voluntad privada es un postulado
formulado por la Doctrina Civilista Francesa a mediados de los Siglos XVIII y
XIX, el cual se ha definido como, el poder otorgado por el Estado a los
particulares para crear, dentro de los límites legales, normas jurídicas para
la autorregulación de sus intereses”.
Ahora bien,
desde antaño la autonomía privada y la voluntad del contratante han sido uno de
los pilares fundamentales sobre los cuales se han edificado las relaciones
civiles y comerciales en la sociedad occidentalizada. Sin embargo, desde el
advenimiento de la Carta de 1991 estas prerrogativas no solo han adquirido una
preponderancia en el ámbito legal sino que han obtenido una importancia
trascendental en el espectro Constitucional, tal y como lo ha manifestado el
máximo órgano de la jurisdicción civil en los siguientes términos:
“La autonomía privada (auto, ‘aujtov’,
uno mismo, y “nomos”, ley), expresión de la
libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e
iniciativa económica y de empresa garantizadas por el Estado Social de Derecho
en tanto soportes del sistema democrático (Preámbulo, artículos
2º, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 y 332, 333, 334, 335, 373,
Constitución Política), confiere
al sujeto iuris un poder para engendrar el
negocio jurídico (negotium iuridicus, Rechtgeschäft), rectius,
acto dispositivo de intereses jurídicamente relevante”[24].
El reconocimiento de la voluntad como fuente
generadora de las obligaciones de las personas ha sido igualmente estudiado
desde una perspectiva histórica por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia. En este orden de ideas la sentencia T-468 de 2003, sobre el
particular afirmó lo siguiente:
“El presupuesto fundamental del estado liberal, apuntaba al
reconocimiento de la voluntad general como fuente generadora de todo derecho,
siendo su libre creación por parte de todos los ciudadanos, a través  del
ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, una manifestación de la
naturaleza libre e igual de los hombres y, a su vez, un deber indelegable de la
organización estatal (…) Desde esta perspectiva, surgió la autonomía de la
voluntad privada como un derecho subjetivo destinado a configurar un poder
autorregulador de los intereses particulares, cuyo alcance absoluto y soberano
limitaba la participación de la norma jurídica emanada del legislador, al cumplimiento
de un papel meramente pasivo, consistente en: (i) la verificación de la
existencia de tales actos, mediante la consagración de una cláusula general de
contratación; (ii) la interpretación de la voluntad de los agentes en caso de
duda o ambigüedad en las disposiciones y; (ii) la sanción coercitiva en caso de
su incumplimiento”.
Actualmente la autonomía de la voluntad privada goza de sustento
constitucional. En efecto, este postulado se deriva de la aplicación de varios
derechos constitucionales concurrentes, a saber: el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica (C.P. art. 14), el derecho a la propiedad privada
(C.P. art. 58), la libertad de asociación (C.P. arts. 38 y 39), la libertad
económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa (C.P. arts. 333
y 334).
La jurisprudencia constitucional en igual medida ha manifestado que las
referidas garantías “le confieren a los asociados la potestad de crear,
modificar y extinguir relaciones jurídicas. Precisamente, en el derecho
positivo colombiano, se ha construido el postulado de la autonomía de la
voluntad privada a partir del contenido normativo previsto en el artículo 1602
del Código Civil, conforme al cual, Todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes[25]”.
En este orden de ideas, la autonomía negocial se convierte en un
derecho íntimamente ligado y vinculado a la dignidad de la persona humana, ya
que se erige en el instrumento principal e idóneo para la satisfacción de las
necesidades básicas, mediante el poder que le otorga el ordenamiento positivo
para regular sus propios intereses en el tráfico jurídico. De ahí que, en la
actualidad, se estime que es indispensable conferir un cierto grado razonable
de autorregulación a los asociados, a través del reconocimiento de un núcleo
esencial de libertad contractual.
En igual línea de pensamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil respecto a la autonomía privada precisó lo siguiente:
“Justamente, la autonomía privada en
cuanto libertad contractual, comporta el razonable reconocimiento legal a toda
persona de un cúmulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de
disponer o abstenerse de la disposición
(libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone
(libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo contractual
(libertad de optar en el catálogo legis o en los usos y prácticas sociales por
la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo
agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el contrato en forma
inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, representante o
apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresión o de forma),
determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el
cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y garantizar, atenuar o
ampliar la responsabilidad (…) La posibilidad de disponer o no disponer de los intereses, contratar
o no contratar, es la máxima expresión de la autonomía privada y no resulta
contradicha por sus crecientes restricciones[26].
Ahora bien, la autonomía privada y la voluntad del contratante han tenido
a lo largo de la historia y dependiendo del sistema constitucional o legal del
Estado en el cual se desenvuelven, diversas especificidades que han llevado a
que se replanteen sus postulados básicos. En este orden de ideas es claro que
dependiendo si esta institución jurídica se aplica en un país cuyo modelo
constitucional es: (i) totalitario, (ii) liberal, (iii) de
derecho o (iv) social de derecho, así mismo existirá un tratamiento
diferenciado de esta figura.
La Corte Constitucional en relación a esta evolución histórica ha
manifestado que: “la concepción racionalista de la autonomía de la voluntad
privada, edificada alrededor de los postulados del estado liberal, se
manifestaba en las siguientes características: (i) En la existencia de una
plena libertad para contratar o no, es decir, nadie podía estar obligado a
celebrar un acuerdo de voluntades con otra persona; (ii) La actividad negocial
se dirigía exclusivamente a la regulación de los intereses particulares, es
decir, a la consecución de un estado de felicidad individual; (iii) Los
individuos podían crear todo tipo de efectos jurídicos, con las únicas
limitantes del orden público y las buenas costumbres y; (v) En caso de duda, en
la interpretación de una manifestación de voluntad, siempre debía estarse a la
voluntad de los contratantes, sin que el juez pudiese proceder a determinar
otro tipo de efectos jurídicos[27].
Ahora bien, con el advenimiento del Estado Social y Democrático de
derecho si bien se conservaron en el ordenamiento jurídico instituciones tales
como la autonomía privada y la voluntad del contratante, es claro que estas
fueron afectadas debido a la irradiación de los principios constitucionales
consagrados en la Carta del 91, lo cual ha permitido que esta Corporacion en
situaciones particulares, haya adoptado determinaciones que bajo otro modelo
constitucional serían imposibles de tomar[28].
Sobre este tópico la Corte Constitucional en la
sentencia T-468 de 2003 afirmó lo
siguiente:
“Las grandes transformaciones sociales de finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, condujeron a un redimensionamiento de la concepción
racionalista de la autonomía de la voluntad, cuya idea general apuntó al
reconocimiento de un poder derivado de autoregulación, pero limitado por el
ordenamiento estatal, la conveniencia social y el interés público (…)
Adicionalmente, la noción de orden público como límite de la autonomía de la
voluntad, deja de cumplir un papel exclusivamente negativo de protección a las
libertades individuales, para transmutar su alcance a la realización imperativa
de los deberes de bien común e interés público, propios de un Estado Social de
Derecho.”
Sobre el particular esta Corporación en sentencia
SU-157 de 1999, respecto a los límites que afectan a la autonomía
privada en un Estado Social y Democrático de Derecho sostuvo que: “La
autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad
contractual gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples
providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están
sometidas a condiciones y límites que le son impuestos, también
constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés
público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas”.[29]
Por su parte la Corte Suprema de Justicia en iguales
términos ha entendido la trasformación del concepto de autonomía privada bajo
los postulados de la Constitución de 1991, y en este orden de ideas ha
manifestado que:
En
coherencia, el postulado axiomático inherente a la relatividad de los derechos,
libertades y garantías, el orden, regularidad, solidaridad social, seguridad,
buena fe, dignidad, respeto y simetría de trato, descarta la autonomía privada
como poder libérrimo, ad libitum, absoluto, en blanco o ilimitado, y su
ejercicio ab initio sometido a elementales cauces u orientaciones propias a su
reconocimiento, utilidad o función, es limitado, en veces atenuado o ausente[30].”
A partir de la citadas consideraciones y de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política de 1991, es claro que la
concepción moderna de la autonomía de la voluntad privada, supone la existencia
de un poder dispositivo de regulación, pero sometido a la intervención
normativa del Estado, de suerte que, lejos de entrañar un poder absoluto e
ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, como era lo
propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización
de la función social de la propiedad privada y de las libertades básicas de la
economía de mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en la actualidad, la figura
de “autonomía de la voluntad privada” no posee las mismas características que
en el siglo pasado se le reputaban, ya que bajo la vigencia de la constitución
de 1991 se manifiesta de la siguiente manera: “(i) En la existencia de una
libertad para contratar o no, siempre que dicha decisión no se convierta en un
abuso de la posición dominante o en una práctica restrictiva de la competencia;
(ii) En el logro o consecución no sólo del interés particular sino también del
interés público o bienestar común; (iii) En el control a la producción de
efectos jurídicos o económicos, con el propósito de evitar el abuso de los
derechos; (iv) En el papel del juez consistente en velar por la efectiva
protección de los derechos de las partes, sin atenerse exclusivamente a la
intención de los contratantes y; (v) A la sujeción de la autonomía de la voluntad
a los parámetros éticos de la buena fe”[31].
Así las cosas, es claro que la autonomía y la voluntad
de las personas, es una de las más importantes conquistas del derecho
constitucional moderno, ya que permite a las personas dentro de los límites
impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales
de los otros desarrollarse y construir un modelo de vida propio a través de sus
decisiones y determinaciones, sin la injerencia o interferencia del estado en
su órbita personal.
7. Constitucionalización de las instituciones jurídicas que permiten
garantizar coercitivamente el cumplimiento de un contrato.
7.1. Conforme
a lo expuesto anteriormente, es claro que la autonomía privada y la voluntad
del contratante es uno de los aspectos más importantes a la hora de construir
las relaciones comerciales y civiles entre las personas. Partiendo de ese
supuesto cabe preguntarse: si legal y constitucionalmente existe un importante
reconocimiento al contrato como forma de materializar el consentimiento y la
voluntad entre las personas, ¿igual irradiación constitucional pueden llegar a
tener las instituciones jurídicas que permiten garantizar coercitivamente su
cumplimiento?
Sobre el particular, lo primero que se debe tener en cuenta es que
conforme a teoría general de las obligaciones los contratos son desarrollo
directo de la autonomía de la voluntad de las partes, y en este sentido, el
mismo respeto y protección constitucional que surge al momento de emitir la
voluntad para contratar, origina como contraprestación, el deber por parte de
las personas obligadas, de cumplir de buena fe con la palabra dada en los
precisos y estrictos términos concernidos en el contrato. En este sentido Rodrígo
Lehman asevera que:
“Los contratos nacen del consentimiento de las partes, que es
reconocido como fuente de las obligaciones por el ordenamiento jurídico a
través del principio de la autonomía de la voluntad. De esta forma, en la
medida que el consentimiento sea libre y espontáneo vincula a las partes, lo
que se evidencia a través del segundo principio fundamental de los contratos,
que es el principio de la fuerza obligatoria del contrato pacta
sunt servanda. Una vez que el contrato nace a la vida del
Derecho da lugar a una obligación que no puede ser alterada por la voluntad del
deudor que le dio origen. En otras palabras, las obligaciones del contrato son
exigibles en la medida que éste sea elaborado conforme al proceso de formación
que exige el Derecho para que nazca, es decir, que obedezcan a un proceso de
negociación”[32].
En igual línea de pensamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil sobre la potestad de solicitar coercitivamente las obligaciones
sobre las cuales recae un incumplimiento injustificado ha manifestado que:
“Tal es la inteligencia genuina de la autonomía privada, o sea, la
libertad y poder atribuido por el ordenamiento al sujeto iuris para celebrar el
contrato, cuyo efecto cardinal, primario o existencial es su vinculatoriedad,
atadura u obligación legal de cumplirlo, sin que, en línea de principio,
quienes lo celebran puedan sustraerse unilateralmente (…) la fuerza normativa de
todo contrato consagrada en los artículos 1602 del Código Civil (artículo 1134,
Code civil Français) y 871 del Código de
Comercio (artículo 1372, Codice Civile it), genera para las partes el deber
legal de cumplimiento, ya espontáneo, ora forzado (artículos 1535, 1551, 1603, Código Civil), y la imposibilidad
de aniquilarlo por acto unilateral.
En efecto, todo contrato existente y válido, obliga
a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición
(esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o
expresamente pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación,
forma y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma
obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, artículos 1501,
1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio), y su observancia
vincula a los contratantes. (…) elementales directrices lógicas, éticas o legales, la regularidad, normalidad, estabilidad, seguridad, certidumbre del
tráfico jurídico, la confianza legítima, autoresponsabilidad, buena fe y
libertad contractual, explican la fuerza vinculante del contrato, y el repudio
a su ruptura unilateral, en cuanto como acuerdo dispositivo de intereses
jurídicamente relevante obra de dos o más partes, las obliga a cumplirlo”.
En igual medida, respecto al deber de garantizar el cumplimiento de
los contratos celebrados la doctrina ha manifestado que:
“La tutela legal para el incumplimiento del contrato por parte del
deudor se funda en la certeza. En la medida que las partes tienen certeza de
que si su contraparte no cumple lo prometido, pueden recurrir a la tutela del
Derecho, funcionando, de esta forma, el mercado. En definitiva, a las partes
del contrato le es indiferente la conducta cooperativa de su contraparte, los
efectos del contrato son independientes de su fuero interno. Así, la voluntad
de las partes adquiere vida propia e independiente de los que le dieron origen,
y los contratantes no pueden excusarse de cumplir recurriendo a su sola voluntad,
el contrato sólo admite ser revisado con relación a las voluntades que le
dieron origen, desde una visión estática, que ahora se denomina consentimiento.
Por ello, los requisitos de existencia y validez del contrato miran al momento
de su celebración, para el ordenamiento jurídico, por una consideración de
certeza, no es admisible que el contrato esté continuamente sujeto a revisión”[33]
Ahora bien,
el hecho de que los contratos se estructuren bajo el postulado clásico del
derecho civil “pacta sunt servanda”, no quiere decir que la constitución
de 1991 no halla irradiado las instituciones jurídicas que permiten garantizar
coercitivamente su cumplimiento, es decir, que los acreedores al momento de
ejecutar o iniciar los mecanismos judiciales o administrativos contra los
deudores igualmente deben tener en cuanta los límites
impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos
fundamentales.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional en la sentencia T-312
de 2010, conoció un asunto en el cual: (i) una persona adquirió un crédito con la entidad Bancamía, (ii) en razón a la
situación de seguridad tuvo que desplazarse del municipio donde residía debido
a amenazas de muerte en contra suya y de su familia por parte de grupos
paramilitares y (iii) la respectiva entidad financiera estaba adelantado
el cobro de las obligaciones atrasadas. En dicha providencia esta Corporación
afirmó:
“Ciertamente, si además de
buscar un sitio para alojarse, una forma de llevar sustento a su familia, y una
solución a su problema laboral, el desplazado también debe llevar una carga
financiera que le es imposible solventar, resulta a todas luces que el
desproporcionado esfuerzo que se le exige desconoce la eficacia normativa del
principio de solidaridad, y redunda en el desconocimiento del mínimo vital de
subsistencia del desplazado. La manera en que la entidad accionada garantiza el
goce efectivo de los derechos del accionante a una vida digna y al mínimo
vital, entendidos estos con base en el principio de solidaridad, es el
otorgamiento de un plazo justo dentro del cual la situación económica del
accionante se estabilice, pues materialmente no tiene la misma capacidad de
pago que no ha sido víctima del desplazamiento”.
Teniendo en cuenta lo anterior, dicha sentencia en el caso concreto
dispuso lo siguiente:
“La
Sala concederá al demandante la protección de sus derechos fundamentales a la
vida digna y al mínimo vital. En consecuencia, ante el incumplimiento de las
obligaciones a partir del momento en que el accionante fue víctima  del
desplazamiento, se ordenará a Bancamía que se abstenga de cobrar judicial o
extrajudicialmente los intereses moratorios del crédito financiero otorgado al
accionante a partir del momento y hasta la fecha de notificada la presente
sentencia. Sin  perjuicio de los intereses de plazo y de los intereses
moratorios causado con anterioridad a esa fecha. Con todo, la Corte reconoce el
derecho que le asiste a la entidad bancaria para reclamar el pago de los
intereses remuneratorios o de plazo causados a partir del momento del
desplazamiento sobre las cuotas que hayan dejado de pagarse a partir de dicha
fecha. No obstante, los intereses remuneratorios causados durante esta época
deberán calcularse con especial sujeción al principio constitucional de
solidaridad y a las condiciones de vulnerabilidad social y económica que padece
el actor como consecuencia del desplazamiento”.
Por su parte la Sentencia T-246 de 2014, estudio un caso en el cual un comerciante en la ciudad de
Arauca: (i) había adquirió varios productos financieros con el Banco de
Bogotá, el Banco Popular de Arauca y el Banco de Occidente de Villavicencio, (ii)
incumplió las obligaciones crediticias, (iii) en razón a que fue víctima
de dos secuestros extorsivos y (iv) estaba afrontando diversos procesos
judiciales por el incumplimiento de sus obligaciones. En dicha oportunidad la
Corte manifestó:
“Cuando se verifica el incumplimiento del deber de solidaridad por
parte de un particular que preste un servicio público y con su acción u omisión
vulnere los derechos fundamentales de una persona que han sido ilegalmente
privada de la libertad o desaparecida forzosamente, y se encuentra en situación
de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede exigir por medio de la
acción de tutela, el cumplimiento del principio de solidaridad, con el fin de
lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales. Las consecuencias o
efectos de la aplicación de tal principio deberán precisarse en cada caso
atendiendo diferentes aspectos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte
Constitucional ordenó en favor del accionado la reclasificación del riesgo
crediticio y la interrupción de los términos para exigir las obligaciones
bancarias entre el 29 de octubre de 2010 y el 29 de octubre de 2011.
7.2. En lo que respecta al deber de tener en cuenta los derechos y
garantías constitucionales de los deudores al momento de iniciar una acción
tendiente a ejecutar las obligaciones surgidas de contratos educativos, esta
Corporación ha establecido varias subreglas en las sentencias T-677 de 2004 y
T-715 de 2014.
En la primera providencia la Corte Constitucional tuvo que analizar
un caso con los siguientes supuestos de hecho: (i) la accionante con el
aval del Instituto Von Humboldt, obtuvo una beca-crédito de Colciencias para
hacer un doctorado en biología molecular en el Instituto John Innes de
Inglaterra, (ii) con ocasión del doctorado se suscribió el contrato de
crédito educativo número 168 de 1996 con Colciencias cuyo requisito
indispensable para la condonación de saldos adeudados era la vinculación de la
accionante a una entidad del Sistema de Ciencia y
Tecnología, (iii) una vez culminado
exitosamente su doctorado, regresó al país y ofreció su experiencia y servicios
al Instituto Von Humboldt y a diversas entidades del Sistema, (iv) sin
embargo, ninguna contaba con un cargo que se adecuara a su elevado perfil
profesional, (v) a pesar de la actuación diligente desplegada por la
accionante Colciencias canceló la beca y
ordenó el cobro de la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior la sentencia T-677 de 2004 sobre el particular manifestó:
“Toda vez que la becaria informó en varias
ocasiones sobre su dificultad para vincularse a una entidad del sistema, así
como desarrolló múltiples actividades en beneficio de las comunidades
científicas y sociales del país, manteniendo el nexo constante con la Red
Caldas, estima la sala que Colciencias ha debido evaluar su situación antes de
aplicar la declaración unilateral de incumplimiento con la respectiva
consecuencia, cual es la cancelación de la beca crédito.
Así las cosas, la Corte manifestó que teniendo en cuenta: (i) que
la accionante había terminado su doctorado satisfactoriamente, (ii) la
actitud diligente de la peticionaria para cumplir sus obligaciones y (iii) que
la inexistencia de cargos en el Sistema de Ciencia y
Tecnología que se adaptaran a su perfil bajo ninguna circunstancia podía
reputársele como culpa suya, se debían proteger sus derechos y en consecuencia resolvió: “ordenar a Colciencias que reinicie el proceso de evaluación de la
situación de la becaria respecto de la procedencia o no de la condonación del
crédito educativo No. 168 de 1996”.
Por su parte en la sentencia T-715 de 2014, esta Corporación conoció de un asunto en el cual:
(i) Una accionante
celebró con Corpoica una “carta de compromiso – comisión” para adelantar
un curso de inglés y un postgrado a nivel de doctorado en el área de
epidemiología, veterinaria y salud pública animal, en la Universidad de
California;
(ii) Se estableció un
periodo de cuatro años para adelantar los estudios superiores;
(iii) La accionante excedió
el término inicialmente estipulado;
(iv) Sin embargo termino
su doctorado;
(v) Se reintegró a su
trabajo en Corporica;
(vi) Continuo laborando
sin ninguna objeción por parte de la entidad;
(vii) Colciencias le
condonó la totalidad del crédito educativo del que fue beneficiaria;
(viii) Debido a sus
estudios fue nominada por la Organización Mundial de la Salud OMS (World Health
Organization –WHO) como miembro del Grupo Asesor de la OMS sobre Vigilancia
Integrada de la Resistencia a los Antimicrobianos (AGISAR);
(ix) La tesis doctoral de
la actora fue resaltada y generó reconocimientos tanto para el país como para
Corporica;
(x) Mientras trabajó para
Corpoica esta entidad se benefició con la investigación en los proyectos “Convenio
con la Universidad de Georgia para desarrollar el proyecto de Salmonella sp. En
carne de pollo de puntos de venta en Colombia. Inicio: septiembre de 2010. Fin:
abril de 2013; Convenio con la Universidad de Georgia para desarrollar el
proyecto de Salmonella sp. En carne de pollo de puntos de venta en Colombia.
Inicio: junio de 2011. Fin: junio de 2012, agosto de la misma anualidad;
Prevalence, Resistance Patterns and Risk Factors for Antimicrobial Resistance
in Poultry Farms and Retail Chicken Meat in Colombia and Molecular
Characterization of Salmonella Paratyphi B and Salmonella Heidelberg Inicio:
Enero 2008. Fin: Enero 2010”
(xi) A pesar de lo anterior Corpoica
intempestivamente adelantó un proceso ejecutivo para sancionarla por cuanto la actora no se presentó en la fecha estipulada en el
contrato, sino ocho (8) días después.
En este caso específico el problema jurídico no giró en torno a si
Corpoica podía o no adelantar el proceso ejecutivo debido al incumplimiento
contractual, ya que era evidente que formalmente ante el desconocimiento de las
obligaciones de una de las partes era plausible que la administración iniciara
los procesos judiciales tendientes a recuperar los dineros invertidos en la
comisión de estudios de la accionante. Por el contrario, el problema jurídico
se centró en determinar: “si al declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato de crédito educativo condonable
e iniciar sorpresivamente un proceso ejecutivo, sin tener en cuenta que la
tutelante se vinculó en el término pactado a la institución, realizó su
proyecto de investigación y les compartió los créditos vulneró
los derechos fundamentales de la tutelante y los de su núcleo familiar”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la providencia
en comento resolvió que:
“De las pruebas allegadas al proceso, se
encuentra acreditado tal y como se expresó antecedentemente que en este caso la
controversia objeto de estudio no versa sobre las decisiones del proceso
ejecutivo adelantado por Corpoica en contra de la señora María del Pilar Donado
Godoy, sino que versan sobre la actuación de la accionada, quien declaró el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Carta de Compromiso
suscrita entre las partes a pesar de que: (i) la peticionaria regresó al país
en la fecha acordada posteriormente (30 de octubre de 2006), (ii) se
vinculó nuevamente a la institución, (iii) realizó su proyecto de investigación
con la entidad , (iv) le compartió los respectivos créditos y se lucró con los
resultados de dicha investigación, y (v) culminó su doctorado en el año 2010.
Corpoica ha vulnerado el principio de buena fe
que rige no sólo las actuaciones contractuales, sino también la relación entre
empleador y trabajador, al declarar el incumplimiento de las obligaciones
contractuales e iniciar un proceso ejecutivo sin
tener en cuenta las condiciones especiales de la peticionaria, la finalidad del
contrato que no era otra sino la investigación y el aporte que la misma iba a
generar tanto en la entidad accionada como en el desarrollo del país (…) Este
actuar contraviene tal y como se indicó en la parte considerativa de esta
providencia el deber que tiene el Estado de garantizar el fomento de la ciencia
y la tecnología como instrumento del derecho a la educación. En palabras de
este Alto Tribunal, “[…] el Estado tiene el deber de
garantizar el fomento a la ciencia y la tecnología como un instrumento eficaz
para consolidar y materializar el derecho a la educación, cuya función social
(art. 67) incluye el crear condiciones que posibiliten a los individuos
desenvolverse en un contexto social en el cual los principios de heterogeneidad
y pluralismo que caracterizan a nuestra Constitución se orientan hacía la
construcción de un orden social inclusivo”.
En este orden de ideas, es claro que las subreglas proferidas en la
sentencia T-715 de 2014, no avalaron que en todos los casos en los cuales un
becario incumpliera sus obligaciones con la entidad que garantizó su comisión
de estudios, se debían condonar o suspender los procesos en su contra, por el
simple hecho de regresar al país. Por el contrario la providencia en comento se
centró en determinar si en el caso concretó la actuación de Corpoica había vulnerado
el derecho a la confianza legítima de la actora.
Así las cosas, es claro que la Constitución de 1991 irradió con sus
principios las instituciones judiciales y administrativas mediante las cuales
se pueden exigir coercitivamente el complimiento de las obligaciones. En este
orden de ideas, puede afirmarse que actualmente los acreedores al
momento de ejecutar o iniciar los mecanismos judiciales o administrativos
contra sus deudores, deben tener en cuanta los límites
impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales,
razón por la cual en excepcionales casos cuando se presentan circunstancias
como: (i) hechos constitutivos de fuerza mayor, (ii) caso
fortuito, (iii) se esté ante sujetos de especial protección constitucional
o (iv) se esté en presencia de casos en los cuales se deban ponderar
importantes derechos de raigambre constitucional, la respuesta constitucional a
un litigio civil puede conllevar a la relativización de las obligaciones.
8. Debido proceso en las actuaciones
administrativas contractuales.
8.1. De acuerdo con el artículo 29 de nuestra
Carta, “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas”. En esta medida el derecho al debido proceso como
presupuesto esencial de legalidad de las actuaciones y procedimientos
administrativos, en los cuales es preciso garantizar la protección y
realización de los derechos de las personas, debe ser observado de manera
efectiva en toda actuación administrativa.
En lo atinente a la sujeción de toda actuación
administrativa al debido proceso, la Sentencia T-442 de 1992, expresó:
“Se observa que el debido proceso se mueve
dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos
administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe
desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y
fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones  en  cuanto a la
formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada
entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa
ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las
providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas
se hayan afectado sus intereses”.
En igual media, la Corte Constitucional mediante Sentencia
T-089 de 2011 reiteró las garantías aplicables a los principios generales que
fundamentan el debido proceso en las actuaciones administrativas, al respecto
indicó:
“Específicamente en materia administrativa, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios generales que
informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas
las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera
que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas;
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos
fundamentales de los asociados”.
La jurisprudencia
constitucional ha resaltado el vínculo existente entre el derecho al debido
proceso y las garantías que deben regir las actuaciones de la administración.
Concretamente esta corporación expresó en la sentencia T-329 de 2009
que:
“El debido proceso administrativo es un derecho de rango fundamental
que garantiza que cualquier actuación administrativa se someta a las normas y
la jurisprudencia que regulan la aplicación de los principios constitucionales. Este derecho involucra todas las garantías propias, como son,
entre otras, los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria,
el derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la
Administración. Por lo tanto, el derecho al debido proceso
administrativo no existe solamente para impugnar una decisión de la
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa
que se surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su comunicación
e impugnación”
En concordancia con esta línea de pensamiento, en la sentencia C-980 de 2010 este tribunal determinó que:
“El debido proceso es un
derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29
de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. La jurisprudencia constitucional
ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías
previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el
respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la
dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar,
en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los
reglamentos”.
Ahora bien, el debido proceso en el trámite administrativo
tiene varias dimensiones las cuales han sido desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional. En este orden de ideas, esta Corporación ha
podido precisar[34], como esta garantía puede verse
afectada injustificadamente cuando las
autoridades administrativas y judiciales  sacrifican
los derechos subjetivos de las personas al aplicar mecánicamente las
formalidades del proceso, a este fenómeno se le conoce como “exceso
ritual manifiesto”. Sobre este punto esta Corte ha señalado:
“Si
bien las formalidades o ritos dentro de los procesos judiciales son relevantes
en la medida que buscan garantizar el respeto de un debido proceso, las
autoridades judiciales no pueden sacrificar injustificadamente derechos
subjetivos al aplicar dichas formalidades, pues precisamente el fin del derecho
procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la obtención
de una verdadera justicia material. De manera que, cuando se aplican
taxativamente las normas procesales, desplazando con ello el amparo de los
derechos de las personas, es decir, cuando la aplicación de una norma
procedimental se convierte en una forma adversa a los derechos de los
individuos, se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
correspondiéndole entonces, al juez constitucional, obviar la aplicación de la
regla procesal en beneficio de tales garantías[35].
Este defecto, según la
jurisprudencia de esta Corporación, se configura cuando “(…) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; En ese sentido, el funcionario judicial incurre
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:
(…) cuando (i) no tiene presente
que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los
derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”
En igual línea de
pensamiento esta Corporación en sentencia T-429 de 2011 ha manifestado que:
“Esta Corporación
ha dicho que el defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos
preceptos constitucionales: (i) el derecho al debido proceso (artículo 29), el
cual entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener el funcionario
judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y (ii) el
acceso a la administración de justicia (artículo 228) que implica el
reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la
justicia material en la aplicación del derecho procesal. Dentro de la primera
categoría, la Corte ha considerado que se presenta un defecto procedimental
absoluto cuando el funcionario desconoce las formas propias de cada juicio. Por
excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede estructurarse
por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”. Es decir
que el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un
medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii)
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del
derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento
de derechos fundamentales”
Es decir, el debido proceso contiene una serie
de garantías que están enfocadas en
salvaguardar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública
administrativa, conforme a  preceptos constitucionales, legales o
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, para evitar que con
la expedición de los actos administrativos se contraríen los principios del
Estado de Derecho[36].
Es necesario señalar que una de las consecuencias que tiene la
consagración expresa del debido proceso como un derecho de rango fundamental,
es que todas las personas pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que
el juez constitucional conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario
ordene las medidas necesarias para garantizar su protección
inmediata.
Sobre el particular, la Corte ha destacado desde
sus primeras sentencias la relación existente entre la consagración de los
derechos fundamentales y el deber de  los jueces en sede de tutela de
garantizar la eficacia normativa de la Constitución de 1991:
“Uno de los pilares del Estado
social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas
esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión
objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos
individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato
no tiene sentido sino se entiende como mecanismo encaminado a la realización de
los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la
existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de
protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas (…)
Existe una nueva estrategia
para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y
la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos
fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte
Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces
significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho
cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al
logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera
prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la
responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales[37]”.
Así las cosas, el deber de protección de
los derechos fundamentales exige al operador judicial tomar al momento de
fallar una acción de amparo una serie de medidas tendientes a lograr que la
protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe adoptar el juez de
tutela cuando evidencia la transgresión de una garantía constitucional (como lo
es el debido proceso), está la de dictar una sentencia en la cual restablezca
el derecho y se dispongan una serie de órdenes que garanticen el cumplimiento
de las decisiones adoptadas.
8.2. En materia contractual, la Corte Constitucional ha manifestado
que el debido proceso debe ser observado teniendo en cuenta que las actuaciones
contractuales de las entidades estatales deben estar orientadas al cumplimiento
de los fines estatales y constitucionales, y en consecuencia, dichos negocios
jurídicos están al servicio del interés general y no constituyen por sí mismos
una finalidad, sino que representan un medio para la adquisición de bienes y
servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y
eficaz. En esta medida, constituye parte integral del respeto al debido proceso
de los contratistas que las actuaciones contractuales respondan a un interés
general[38].
Respecto a la manera como el debido proceso impacta a los contratos
educativos o de comisión de servicios esta Corporación ha manifestado en
sentencia T-677 de 2004, lo siguiente:
“Así las cosas, la aplicación de la cláusula por
la cual se cancela toda posibilidad de obtener una condonación, es una potestad
excepcional en materia contractual estatal, en la medida en que la entidad
pública está efectuando una declaración unilateral de incumplimiento
contractual, a fin de recuperar el dinero invertido en los becarios ante la
imposibilidad de desarrollar el fin contractual principal, que es la
reproducción del conocimiento para el fortalecimiento de la comunidad nacional,
a cambio de una condonación total o parcial del crédito.
En esta medida, las cláusulas contenidas en
estos contratos desarrollan una potestad excepcional del Estado basada en un
supuesto de incumplimiento, en orden a obtener sus cometidos. En este orden, la
aplicación de estas cláusulas debe seguir los principios del debido proceso. En
efecto, por expreso mandato constitucional (C.P. art. 29), todo tipo de
actuación administrativa sancionatorias debe regirse bajo los parámetros del
debido proceso, más aún cuando se trata de un evento en el que la
Administración goza de una posición de superioridad de poder público frente al
particular, dentro de la relación contractual”.
En igual línea de pensamiento, está
Corporación en Sentencia T-715 de 2014 respecto a la posible vulneración del
derecho al debido proceso por decretar unilateralmente el incumplimiento de una
comisión de estudios por el solo hecho del paso del tiempo estipulado afirmó lo
siguiente:
“Sobre este punto, se puede evidenciar que en las relaciones
contractuales siempre debe tenerse en cuenta y aplicarse el derecho fundamental
al debido proceso, lo que comprende que dicha relación debe estar supeditada a
la finalidad legal en virtud de la cual fue celebrado el respectivo contrato.
En esta medida, el debido proceso ha
sido establecido como una garantía a favor de los contratantes, para evitar que
su derecho a la defensa se vea obstaculizado por el hecho de que exista un
contrato que regule las actuaciones a seguir entre las partes
En este orden de ideas, considera la Sala que la sola verificación del incumplimiento no es razón suficiente para
que se presuma el incumplimiento del becario en la observancia de sus deberes
contractuales y, en consecuencia, se proceda a recuperar el dinero invertido en
la formación del mismo, pues en los casos en los que los becarios soliciten la
revisión de la decisión debido a circunstancias que, estando por fuera de su
ámbito de determinación, dificultan el cumplimiento del requisito, la
aplicación de la potestad y sus consecuencias, no puede hacerse de manera
objetiva, sino que debe valorarse la situación concreta a fin de establecer si
la culpa del incumplimiento recae o no únicamente en cabeza del becario”.
En igual medida, la jurisprudencia Constitucional
ha manifestado que el debido proceso en el marco de actuaciones derivadas del
incumplimiento de un contrato educativo o de comisión de estudios, obliga a que
la administración analice en el caso concreto la proporcionalidad o la reacción
institucional ante el incumplimiento. Sobre el particular ha manifestado que:
“En esta medida, la proporcionalidad que debe
regir todas las actuaciones del Estado, incluyendo su actividad contractual a
través de la cual realiza sus cometidos, está supeditada al principio de
justicia material, el cual es de obligatoria observancia en las actuaciones
administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no
es misión exclusiva del Juez, sino también de la administración cuando define
situaciones jurídicas o hace prevalecer sus pretensiones frente a un particular
en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias”[39].
Así mismo, es claro que la proporcionalidad debe ser
analizada a la hora de determinar la necesidad o no, de adelantar un proceso
sancionatorio o disciplinario por el incumplimiento de un contrato educativo o
de comisión de estudios, ya que la equivalencia entre la acción y la respuesta
del estado es un eje definitorio del debido proceso. En este orden de ideas la
sentencia C-818 de 2005, manifestó respecto a este último aspecto lo siguiente:
Es obligación del funcionario investigador determinar si el
comportamiento reprochable en materia disciplinaria resulta excesivo en rigidez
frente a la gravedad de la conducta tipificada. De igual manera, le corresponde
a dicho funcionario determinar si la irregularidad imputada al servidor pública
o al particular, se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad
reconocido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 734 de 2002,
y hoy en día previsto en el artículo 5° de la citada ley, según el cual: el
quebrantamiento de la norma sólo merece reproche disciplinario cuando la misma
está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso
concreto, la vulnera o la pone en peligro”.
En este
orden de ideas, es claro que el debido proceso
en el marco de procesos derivados del incumplimiento de un contrato educativo o
de comisión de estudios debe ser adelantado teniendo en cuenta los postulados consagrados
en el artículo 29 de la Constitución, a través de los cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de los fines esenciales del Estado.
9. Caso concreto.
Conforme
con los antecedentes descritos, en el presente asunto corresponde a la Sala
determinar: (i) si se presenta el fenómeno de temeridad respecto a la
tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López; (ii)
si la acción de tutela es procedente en el caso concreto para lograr la
protección de los derechos invocados debido a la inexistencia de otros
mecanismos de defensa judicial; (iii) si la UPTC vulneró los derechos fundamentales del peticionario al
declarar el incumplimiento del contrato de comisión; (iv) si al declarar
el abandono de cargo e iniciar un proceso disciplinario contra el señor Carlosama López Heyder la universidad vulneró
su derecho fundamental al debido proceso; (v) y por
último, si la administración debe adoptar especiales medidas de
protección en favor del accionante.
9.1 Temeridad en el caso concreto
La Constitución y el Decreto 2591 de 1991 imponen a los
administrados la carga de actuar con trasparencia y rectitud al momento de
emplear todos los medios procesales que la ley ofrece para proteger y hacer
efectivos sus derechos. En este sentido la conducta malintencionada, dolosa y
temeraria de un sujeto procesal acarrea consecuencias jurídicas desfavorables
para sus garantías fundamentales. Al respecto, la Corte ha sostenido en torno a
la figura de la temeridad que:
“la temeridad busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificada cualquier intención de engaño hacia la
autoridad pública. Pese al carácter informal de la tutela, la misma está
determinada por la imposibilidad de presentar la misma acción de amparo en
varias oportunidades y ante distintos jueces o tribunales. Los límites
impuestos por la normativa se justifican ya que buscan el buen funcionamiento
de la administración de justicia, la salvaguarda de la cosa juzgada y del
principio de seguridad jurídica, no siendo permitido el uso inescrupuloso o
abusivo del exclusivo mecanismo constitucional so pena de las sanciones
sustantivas y personales de cada caso concreto”.
En este orden de ideas queda demostrado del acervo probatorio
allegado al trámite de tutela que mediante sentencia de fecha 18 de febrero de
2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción
de tutela presentada por el señor Heyder Carlosama López contra la decisión
adoptada por la UPTC consistente en decretar el abandono de cargo de maestro.
Contra esta determinación se presentó apelación, la cual conoció el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la cual
confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación debe determinar si
respecto a la presente acción de tutela se presenta el fenómeno de temeridad.
Conforme lo precisó esta Corporación en sentencia T-1103 de 2005, concurre el fenómeno de temeridad cuando se presenta: (i) identidad de partes, es decir, que
las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean
propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, o de persona
jurídica, directamente o a través de apoderado; (ii) identidad de causa
petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio de las acciones se fundamente
en unos mismos hechos que le sirvan de causa y (iii) identidad de
objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental, se
presenta el fenómeno de temeridad.
Sin embargo, conforme se explicó en la parte motiva de esta
providencia cuando: (i) se presente un agravamiento de una vulneración del derecho, (ii) se
evidencien eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción, (iii) se esté en estado de ignorancia  y no
se actué por mala fe, (iv) se demuestre el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho o (v) la Corte
Constitucional profiera una sentencia de unificación, es válido la presentación
de una nueva acción de tutela, sin que se incurra en la vulneración de un
derecho fundamental.
En este orden de ideas, esta Corporación considera que aunque previo a la presentación de la actual solicitud de amparo el señor Heyder
Carlosama López presentó otra acción de tutela contra la UPTC,
donde cuestionó la resolución número 6092 de fecha 30 de diciembre de 2014, “por
la cual se declaró la vacancia de su empleo como docente por abandono de cargo”,
esta situación per se no impide que esta Sala de Revisión conozca de
fondo la presente tutela, por cuanto la expedición de dos nuevas resoluciones
en las cuales la UPTC: (i) declaró el siniestro de incumplimiento del
contrato No 185-2008 suscrito por el actor y procedió a iniciar el cobro de los
dineros entregados en calidad de comisión de estudios y (ii) inició la
apertura de un proceso disciplinario contra el actor por su no reintegro, justifican
la interposición de la acción de tutela contra estas actuaciones de la
Universidad.
9.2. Procedencia de la acción de tutela en el asunto
sub examine
Esta Corporación ha señalado en repetidas ocasiones[40]
que, como regla general, la tutela no es el mecanismo procedente para el
estudio de controversias de tipo contractual o derivadas de un contrato, ya que
comúnmente los derechos que se debaten en estos litigios no entran al ámbito de
conocimiento del juez de amparo. Sin embargo, excepcionalmente se ha aceptado su
procedencia en la medida en que se constate la presencia de un derecho
fundamental y se presente alguna de las siguientes hipótesis: (i) un
inminente perjuicio irremediable y/o, (ii) la falta de idoneidad
de los medios ordinarios de defensa.
En lo relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial
ordinario, esta Corporación expresó en sentencia T-569 de 2011 que:
“El deber del juez de tutela es examinar si la controversia
puesta a su consideración: (i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos
judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes para proveer una respuesta material y
efectiva a la disputa puesta a su consideración. Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera
existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para
que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con
miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección
a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos
que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial
que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados.”
En igual medida en sentencia T-351 de 1997, la Corte Constitucional
afirmó sobre la idoneidad de los medios de defensa existentes que:
“No puede
el juez de tutela desechar el estudio de una controversia contractual con el
mero pretexto que en este tipo de disputas no están envueltos derechos de rango
fundamental, por el contrario, debe analizar si en ellas existe una discusión
de esta naturaleza para lo cual es relevante no sólo elementos de carácter
objetivo tales como la naturaleza de los derechos en juego, sino también
circunstancias subjetivas de las partes que solicitan el amparo constitucional,
pues existen precedentes en los cuales se ha concedido la tutela respecto de
asuntos en apariencia de índole estrictamente
contractual, controvertibles ante la jurisdicción ordinaria,
debido a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encontraban los
accionantes”.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la  Sala estima que la acción de tutela presentada por el señor Heyder Carlosama
López es procedente
en el asunto sub examine, por cuanto:
(i) La discusión objeto de análisis
tiene una evidente relevancia constitucional que merece de la intervención
inmediata del juez de tutela, ya que aunque prima facie la controversia
a analizar pareciera versar sobre distintos procesos de naturaleza civil y
administrativa derivadas de actuaciones tales como: a) la legalidad de un acto
administrativo que declaró el abandono de cargo, b) la iniciación de un proceso
disciplinario y c) la declaratoria de incumplimiento de un contrato, en
realidad, estas tres actuaciones tienen un mismo trasfondo que subyace a su
expedición, este es, determinar si la UPTC vulneró el debido proceso del
accionante al no tener en cuenta las particularidades que retrasaron la llegada
del educador.
(ii) El señor Heyder
Carlosama López carece de medios de defensa materialmente idóneos para lograr
la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
universidad UPTC, ya que la duración y complejidad de las acciones ordinarias y
contenciosas que formalmente existen en el ordenamiento jurídico para
determinar si se generó o no incumplimiento de las relaciones contractuales postergarían
por años e incluso décadas el acceso a una garantía fundamental de inmediato
cumplimiento como lo es el derecho a la educación.
En este sentido, no se debe olvidar que la discusión aquí planteada
no se circunscribe a un típico contrato entre una entidad y un docente, sino
por el contrario, contiene una problemática de origen constitucional, por
cuanto en el hipotético caso de llegarse a determinar la validez de la falta
disciplinaria y de la declaratoria de insubsistencia por no reintegrarse el día
estipulado, esa determinación no solo afectaría su continuidad en la
universidad UPTC, sino por el contrario, fomentaría la “fuga de cerebros” de
nuestro país, ya que si el señor Carlosama López Heyder queda inhabilitado en
el marco de un proceso disciplinario para trabajar con el Estado, no podría
reintegrarse a ninguna entidad perteneciente al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en consecuencia,
también se vería afectada la condonación de la beca causada con Colciencias. Anulando
así el incentivo para regresar al país.
Por estas razones, la acción de tutela se torna en el medio eficaz
para solicitar la protección de los derechos fundamentales del peticionario y
su núcleo familiar, pues si bien es cierto el señor Carlosama López Heyder podría
acudir a un proceso ordinario, este no pareciera ser en el caso concreto un
mecanismo idóneo dado el paso del tiempo y el tipo de controversia.
9.3. Análisis de la vulneración alegada
De las pruebas allegadas al proceso se encuentra
acreditado que en el asunto sub examine la controversia objeto de estudio, no gira
entorno a la constitucionalidad de las cuatro decisiones adelantadas por la
UPTC en contra del señor Carlosama López Heyder, sino que versan sobre la necesidad y razonabilidad
respecto de las determinaciones adoptadas en virtud de la negativa del
accionante de reintegrarse en la fecha estipulada a la universidad.
Teniendo en cuenta lo descrito, procede la Sala a
determinar si cada una de la actuación adelantadas por la UPTC vulneraron los
derechos fundamentales del tutelante.
9.3.1. Constitucionalidad de la declaración de
incumplimiento contractual.
Encuentra la Sala que en el caso objeto de estudio la
actuación de la UPTC consistente en declarar el incumplimiento del contrato de
comisión de estudios celebrado con el señor Carlosama
López Heyder no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales del accionante, a saber:
En primer lugar, no desconoció el derecho al
debido proceso que rige no sólo las actuaciones contractuales, sino también la
relación entre empleador y trabajador, por cuanto al expedir la resolución número 1436 del 11 de marzo de 2015, por medio de la cual
la UPTC declaró el incumplimiento del contrato número 185-2008, referente a la
comisión de estudios remunerada para cursar estudios de “Philosophy of
Doctor in Civil Engineering”, en la universidad de California Berkeley en
los Estados Unidos, se garantizó el debido proceso del accionante.
Esto se evidencia de las pruebas obrantes en el expediente,
específicamente de la lectura de: (i) La Resolución rectoral 2880 de
2012 “por medio de la cual se concede una Comisión de Estudios No
remunerada, al profesor Heyder Carlosama Lopez”, (ii) la Resolución 6092 de
2014, (iii) la
Resolución 1436 de marzo de 2015 “por la cual se declara el siniestro del
incumplimiento del contrato número 185-2008 suscrito por el docente Heyder
Carlosama López, referente a la Comisión de Estudios remunerada para cursar
estudios en Philosophy of doctor in civil Engineering, en la universidad de
California – Brekeley en Estados Unidos” (iv) las respuestas
electrónicas allegadas por la Universidad al docente y (v) el propio
escrito de tutela del accionante.
El apoderado judicial del actor a lo largo del proceso adelantado
por la universidad estructuró su estrategia defensiva bajo la siguiente
premisa: Se está vulnerando el derecho a la defensa de su poderdante por cuanto
la UPTC no está advirtiendo la situación de fuerza
mayor en la que se encuentra el profesor Heyder
Carlosama Lopez. Según los reiterados escritos presentados por el apoderado del
docente, el hecho de estar terminando la tesis de
doctorado en Estados Unidos puede ser considerado como justa causa para que su
poderdante no retorne al país y se reintegre a su puesto de trabajo[41].
Sin embargo, para esta Corporación, la situación fáctica
anteriormente descrita bajo ninguna circunstancia podría encajar en lo que la
doctrina y la jurisprudencia han entendido como fuerza mayor. En este orden de
ideas vale la pena traer a colación lo manifestado por la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil en torno a esta figura:
“La fuerza mayor o caso fortuito, por
definición legal, es "el imprevisto a que no es posible resistir"
(art. 64 C.C., sub. art. 1° Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho
constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos
en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el
sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos.
Imprevisible es el acontecimiento que no sea
viable contemplar de antemano, examinando en cada situación de manera
específica los siguientes criterios: 1) El referente a su normalidad y
frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) el
concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo
No se trata entonces, per se, de
cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que
inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto,
deben ser evaluados en cada caso en particular -in concreto, pues en
estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que
la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se
juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el
hecho a calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de
eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el
legislador o por los jueces, en orden a precisar qué hechos, irrefragablemente,
pueden ser considerados como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y
cuáles no.
Justamente sobre este particular, bien ha
precisado la Sala en jurisprudencia uniforme, que "la fuerza mayor no es
una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos"  por eso,
entonces, "la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito,
debe efectuarse en cada situación específica, ponderando las circunstancias (de
tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento -acompasadas con las del
propio agente-". Desde luego que ello no obsta para que puedan trazarse
ciertas directrices que, por su fuerza intrínseca, a la par que jurídica,
permitan singularizar y, por ende, dotar de fisonomía al fenómeno en cuestión,
el cual, por vía de ejemplo, no puede concurrir con la culpa del demandado que
haya tenido un rol preponderante en la causación del daño[42]”.
En igual medida, el máximo órgano de
la jurisdicción civil ha aceptado que solo los hechos que cumplan con los
requisitos de imprevisibilidad y la irresistibilidad pueden ser analizados como
un eximente de responsabilidad que amerite el incumplimiento de un contrato, en
los siguientes términos:
“Los elementos constitutivos del
caso fortuito o fuerza mayor, son la imprevisibilidad y la irresistibilidad del
acontecimiento. La imprevisibilidad, rectamente entendida, no puede ser
desentrañada con arreglo a su significado meramente semántico, según el cual,
imprevisible es aquello “Que no se puede prever”, y prever, a su turno, es
"Ver con anticipación.Si se aplicase literalmente la dicción en
referencia, se podría llegar a extremos irritantes, a fuer que injurídicos, habida
cuenta de que una interpretación tan restrictiva haría nugatoria la posibilidad
real de que un deudor, según el caso, se liberara de responsabilidad en virtud
del surgimiento de una causa a él extraña, particularmente de un caso fortuito
o fuerza mayor.
Desde esta perspectiva, no le falta
razón al Profesor italiano Giorgio Giorgi, cuando puntualiza que "...se
trata de -una- imprevisibilidad específica, esto es, imposibilidad de preveerle
en las circunstancias en que se verifica y hace imposible el cumplimiento. De
otro modo, ¿ se podría hablar alguna vez del caso fortuito? De alguna manera,
en el plano ontológico, todo o prácticamente todo se torna previsible, de
suerte que asimilar lo imprevisto sólo a aquello que no es posible imaginar o
contemplar con antelación, es extenderle, figuradamente, la partida de
defunción a la prenombrada tipología liberatoria, en franca contravía de la
ratio que, de antiguo, inspira al casus fortuitum o a la vis maior.
De consiguiente, es necesario darle
al presupuesto en estudio - de raigambre legal en Colombia, como se acotó -, un
significado prevalentemente jurídico, antes que gramatical, en guarda de
preservar incólume la teleología que, en el campo de la responsabilidad civil,
Es así, ad exemplum, como ha ligado funcionalmente este requisito a una previa
contemplación efectuada con sujeción a las previsiones normales “que suceden en
el curso ordinario de la vida”, o a las “...circunstancias normales de la
vida”, las que en esta tesitura se erigen en rasero para medir la normalidad o
la frecuencia del suceso que se dice liberatorio; o a que el hecho respectivo,
en el terreno probabilístico, no sea “...lo suficientemente probable para que
el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él; o a la generación
física de un acontecimiento que, 'in casu', sea “...intempestivo, excepcional o
sorpresivo”
La irresistibilidad, por su parte,
bajo su forma adjetiva, esto es irresistible, significa literalmente, “aquello
que no se puede resistir”. Y este último verbo se define en el mismo
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “Oponerse un cuerpo
o una fuerza a la acción o violencia de otra”. Así las cosas, la
irresistibilidad sería la imposibilidad de oponerse a esa acción o fuerza
extraña.
No obstante, en el lenguaje
jurídico, la irresistibilidad debe entenderse como aquel estado predicable del
sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos
efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos - y
por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico - que le impiden
efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto
legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la
persona no pueda - o pudo - evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la
evitación).
La jurisprudencia de esta
Corporación, de igual manera, ha entendido que este elemento de la fuerza mayor
“consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso
aludido, no obstante los medios de defensa empleados por el deudor para
eludirlo” como también que “Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho
para eludir sus efectos”[43].
Así las cosas, esta Corporación considera que desde la teoría de la
responsabilidad por el incumplimiento de contratos, afirmar que “alguien se
encuentra cursando sus estudios de doctorado”, y que por razones
metodológicas y de grupo no se demoró 4 años como inicialmente estaba previsto,
sino 6, no puede considerarse como un hecho imprevisible e irresistible, en tanto que la demora
al momento de ejecutar investigaciones como opción de grado es algo común en el
área de la investigación, es decir, dicha tardanza tiene un alto grado de
frecuencia.
En otras palabras, la complicación y
prolongación de una investigación en el marco de un doctorado cuya culminación
exige la presentación de una tesis doctoral es una variable que los postulantes
a becas deben tener en cuenta al momento de aceptar o asumir cargas
financieras, ya que es un hecho sobre el cual existe una altísima probabilidad
de ocurrencia. En este sentido vale la pena recordar que existe un adagio común
entre los investigadores que reza lo siguiente: “un posgrado se sabe cuándo
inicia pero no cuando termina”.
En este orden de ideas, esta
Corporación no considera que desde el punto de vista legal y constitucional la
justificación aducida por el profesor Heyder Carlosama
Lopez pueda ser considerada como una causal objetiva que genere en la
universidad UPTC el deber de condonar la deuda asumida en razón a la comisión
de estudios remunerada que con autonomía y libertad negocial se pactó.
Tampoco se debe olvidar que el accionante antes de comprometerse a
adquirir responsabilidades con la universidad UPTC, tenía la carga de
estructurar adecuadamente su conducta, con el fin de poder satisfacer la
obligación de reintegrarse a la universidad en el término inicialmente
estipulado, más aún si se tiene en cuenta que conforme a lo manifestado por el
accionante en su escrito de tutela, previamente en dos oportunidades ya había
sido beneficiario de una beca en la universidad de los Andes para cursar
estudios de maestría en ingeniaría civil y ambiental y otra beca de la
Organización de los Estados Americanos, para adentrar estudios de
especialización en carreteras en la Universidad Nacional de San Juan Argentina.
Es decir, tenía amplia experiencia en materia de requisitos y condonaciones
para acceder financiación de estudios superiores.
Es más, esta Corporación no puede pasar por alto la actitud conciliadora
de la universidad UPTC, la cual desplegó y puso a disposición del profesor
Heyder Carlosama Lopez varias facilidades y alternativas para que este lograra
la terminación de sus estudios de Doctorado, entre las que se destacan:
(i) La resolución rectoral 2880 de 2012,
mediante la cual se le concedió una nueva comisión académica entre las fechas 7
de julio de 2013 y el 6 de octubre del mismo año a pesar del vencimiento del
plazo inicial para finalizar los estudios doctorales.
(ii) La expedición del acuerdo 034 del
27 de septiembre de 2013, por medio del cual se le otorgó comisión de estudios
no remunerada al docente Heyder Carlosama López entre el 7 de octubre de 2013 y
el 6 de octubre de 2014, con el fin de culminar sus estudios de Philosophy of
Doctor in civil Engineering en la Universidad de Berkeley.
(iii) La posibilidad de que el señor Heyder Carlosama López se acogiera al
acuerdo 046 de 2012, el cual establece que los docentes que se encuentran en
comisión de estudios podrán “presentar el título objeto de la comisión,
dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de reintegro”. Basado en lo
anterior, si el actor se hubiera reintegrado a sus labores en la fecha que se
le indicó podía haber hecho uso de los 24 meses que indica el referido acuerdo,
es decir, que la fecha de entrega del título seria para el 10 de octubre del
año 2016.
Así las cosas, la actitud de la universidad UPTC en ningún momento
denota una vulneración a las garantías constitucionales del actor.
Ahora bien, esta Sala debe aprovechar esta oportunidad para recalcar
que a pesar de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para nuestro
país como motor de desarrollo y progreso, los becarios que son beneficiarios de
recursos estatales para adelantar o en su defecto financiar la matrícula y los
gastos de sostenimiento en otro país, no pueden emplear en “abstracto” este
fin constitucional para incumplir las obligaciones que autónoma y
voluntariamente asumieron.
Por último, esta Sala aclarará que la determinación aquí
adoptada no impide que el accionante, ya no desde el punto de vista de la
constitucionalidad de la medida, sino desde la legalidad de la misma, empleando
el medio de control de controversias contractuales o de nulidad y
restablecimiento del derecho según sea el caso, lleve ante los jueces
contenciosos administrativos el debate de validez de los actos administrativos
a través del procedimiento ordinario contemplado para ello.
9.3.2. Constitucionalidad de la declaración de abandono de
cargo.
Conforme a
las pruebas obrantes en el expediente es claro que el Estatuto del Profesor Universitario
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Acuerdo 021 de 1993) en
sus artículos 70-4, 80, 81-1 y 116 -1 y 2 señalan:
"ARTICULO
70°.- El profesor vinculado legal y reglamentariamente a la Universidad, puede
encontrarse en las siguientes situaciones administrativas: (. .) 4. En
comisión. "ARTICULO 800.- Al vencerse cualquiera de las licencias o sus
prórrogas, permiso, comisión, vacaciones o periodo sabático, el docente debe
incorporarse al ejercicio de sus funciones. Si no las reasume, incurrirá en
abandono del cargo conforme al presente Estatuto…
ARTICULO
81°.- El docente se encuentra en comisión cuando ha sido legalmente autorizado
para: 1. Realizar estudios de posgrado o asistir a cursos de capacitación,
adiestramiento, actualización o complementación...
ARTICULO
116°.- El abandono del cargo se produce cuando el docente: 1. Sin justa causa
no reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
de una licencia, una comisión, un permiso, el período sabático o de las
vacaciones reglamentarias. 2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días
consecutivos”
Respecto a
la figura de abandono de cargo, el máximo órgano de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo ha manifestado lo siguiente[44]:
“El
abandono injustificado del servicio, comporta efectos autónomos distintos
cuando se trata de regular la función pública que cuando se trata de
disciplinar a los funcionarios. En esa medida mal puede la causal de abandono
del cargo sólo aplicarse previo un proceso disciplinario, pues frente a la
administración pública es menester que el nominador cuente con esa herramienta
para designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus tareas, para así
lograr la continuidad de la prestación del servicio público, fin que no es otro
al que apunta esta figura en la función pública.
El abandono del cargo, debidamente comprobado, es
una de las formas de la cesación de  que se produzca la falta gravísima a que
aluden las normas disciplinarias, tanto la ley 200 de 1995, como la Ley 734 del
5 de febrero de 2002, precepto este último que igualmente la consagra como
falta gravísima.
Esta
declaratoria de vacancia de un cargo no exige el adelantamiento de proceso
disciplinario; basta que se compruebe tal circunstancia para proceder en la
forma ordenada por la ley. Es decir, que ésta ópera por ministerio de la ley y
el pronunciamiento de la administración al respecto es meramente declarativo.
Pero adicionalmente a la comprobación física de que el empleado ha dejado de concurrir
por tres (3) días consecutivos al trabajo, la ley exige que no se haya
acreditado justa causa para tal ausencia, obviamente estimada en términos
razonables por la entidad en la que presta sus servicios. Si la justa causa se
comprueba con posterioridad, el acto debe revocarse
Acogiendo
el precedente judicial, se tiene que, el abandono del cargo comporta efectos
autónomos distintos, pues, verificado el hecho, sin que se evidencie causa
razonable que justifique la ausencia por parte del empleado, la administración,
de manera autónoma, sin perjuicio de la potestad sancionatoria, puede disponer
el retiro definitivo del servicio por  declaratoria de vacancia del cargo. Así
entonces, un mismo comportamiento puede implicar consecuencias negativas
distintas para un servidor público. La declaratoria de vacancia del empleo por
abandono del cargo, constituye una herramienta de la cual puede disponer la
administración, para a su vez, designar el reemplazo del funcionario que de
manera injustificada ha hecho dejación del cargo y así evitar traumatismos en
la prestación del servicio.
De otra
parte, además del efecto negativo que implica para el servidor público la
decisión que dispone su retiro definitivo del servicio, debe decirse que, en
tanto que la conducta de abandono del cargo está consagrada en el Código
Disciplinario Único como una falta gravísima., corresponderá a la autoridad
competente establecer la responsabilidad disciplinaria del servidor”.
Así las cosas, conforme a lo expuesto puede determinarse que
la comprobación física de que el empleado ha dejado de concurrir por tres (3)
días consecutivos al trabajo tiene desde la óptica administrativa dos
consecuencias distintas: (i) la declaratoria de abandono de cargo y (ii)
la posibilidad de iniciar una actuación disciplinaria.
Sin embargo,
estas dos actuaciones administrativas se estructuran bajo dos lógicas
distintas, es decir, el abandono de cargo es una prerrogativa del estado que
busca designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus tareas, para
así lograr la continuidad de la prestación del servicio público, fin que no es
otro al que apunta esta figura en la función pública. Es decir, es más una
prerrogativa para alcanzar el adecuado funcionamiento del estado, que una
penalidad o sanción a cargo del funcionario por incumplir sus obligaciones.
Ahora bien, conforme se determinó en los hechos del asunto sub
examine, la UPTC declaró que el señor Heyder Carlosama
López abandonó su cargo, razón por la cual optó por desvincularlo de la
Universidad. Específicamente en el marco de esta actuación se expidieron dos
actos administrativos a saber: (i) la resolución
5401 de 2014, “por medio del cual se da inicio a un procedimiento
administrativo para la declaratoria de vacancia de un empleo público docente
por presunto abandono del cargo” y (ii) la
resolución 6092 de 2014 “Por la cual se
declara la vacancia de un empleo público docente por abandono del cargo”.
El argumento central que llevó a la UPTC a adoptar dicha
determinación se basó en que: “al no existir por parte de funcionario
público docente Heyder Carlosama López justa causa para no reintegrarse a sus
labores docentes dentro de los tres días siguientes a la terminación de la
comisión de estudios no remunerada otorgada por la universidad, conforme a lo
consignado en este acto administrativo, y pese a las comunicaciones realizadas
el 8 de octubre de 2014 emitida por la Oficina Jurídica de la Universidad, y
del 22 de octubre de 2014 emitida por la Rectoría de la Universidad, se hace necesario
declarar la vacancia del empleo del cual es titular el señor Heyder Carlosama
López en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia[45]”.
Según los argumentos esbozados por el apoderado del accionante tanto
en el escrito de tutela como en la solicitud de revocatoria directa, la decisión
de  declarar la vacancia del empleo del cual es titular el señor Heyder
Carlosama López en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia vulneró
el debido proceso por cuanto no tuvo en cuenta que en el asunto sub examine si
existe una justa causa para no reintegrarse a su puesto de trabajo. Sobre el
particular manifestó: “la norma indica de manera expresa que el abandono del
cargo se produce cuando "sin justa causa" el docente no reasume sus
funciones y que en este momento, si existe justa causa comprobada que le impide
hacerlo y es que se encuentra culminando sus estudios en exterior, conforme se
acredita con la documentación adjunta”.
Ahora
bien, es claro que respecto a la vulneración del debido proceso, el señor
Heyder Carlosama López empleó iguales argumentos de defensa que los surtidos
para cuestionar la declaratoria de incumplimiento del contrato, es decir,
considera que el hecho de estar en Estados Unidos adelantado estudios de
doctorado puede ser entendido como justa causa para no reintegrarse a su puesto
de trabajo.
Sin
embargo, este Tribunal considera que por iguales argumentos a los expuesto con
anterioridad deben declararse que la UPTC no vulneró los derechos fundamentales
del señor Heyder Carlosama López, ya que el estar cursando las investigaciones
para finalizar la tesis de doctorado después del tiempo inicialmente pactado no
puede ser una carga que tenga que soportar indefinidamente la administración, y
en esa medida, la declaratoria de abandono de cargo no se evidencia como una
actuación desproporcionada o arbitraria.
Por último, esta Sala aclarará que la determinación aquí
adoptada no impide que el accionante, ya no desde el punto de vista de la
constitucionalidad de la medida, sino desde la legalidad de la misma, empleando
el medio de control de controversias contractuales o de nulidad y
restablecimiento del derecho según sea el caso, lleve ante los jueces
contenciosos administrativos el debate de validez de los actos administrativos
a través del procedimiento ordinario contemplado para ello.
9.3.3. Constitucionalidad de la iniciación del proceso
disciplinario.
Ahora bien, en lo que respecta a la iniciación de un
proceso disciplinario, esta Corporación considera que la UPTC vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, ya que al adelantar actuaciones
disciplinarias contra el señor Heyder Carlosama López
por el hecho de no haber regresado al país se evidencia una actuación
desproporcionada y arbitraria por parte de la Universidad.
Sobre el
particular lo primero que debe destacar esta Sala es que  el derecho
disciplinario tiene unas características y particularidades propias que esta
Corporación ha destacado en diversas providencias. En este sentido en sentencia
C-155 de 2002 afirmó que:
“El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador,
cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado
social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución,
garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del
Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido
instituidas las autoridades públicas”.
En igual
medida la Sección Segunda del Consejo de Estado ha manifestado respecto a los
fines del derecho disciplinario lo siguiente:
“En el
proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de
éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger
la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública. El derecho
disciplinario se origina en el  incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, toda vez, que se produce dentro de la
relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración
en el ámbito de la función pública
El
derecho Disciplinario busca la buena marcha de la administración,
así como la garantía del cumplimiento de los fines y
funciones del Estado, dado que está soportado en normas de
carácter ético[46]”.
En este
orden de ideas, es claro que el derecho disciplinario tiene unos fundamentos,
principios y unos objetivos que deben ser tenidos en cuenta por el operador
disciplinario al momento de desplegar sus actuaciones. Entre los principios
estructurales del derecho disciplinario tenemos el de proporcionalidad.
La jurisprudencia Constitucional ha manifestado
que el debido proceso en el marco de actuaciones derivadas del incumplimiento
de un contrato educativo o de comisión de estudios, obliga a que la
administración analice en el caso concreto la proporcionalidad o la reacción
institucional ante el incumplimiento. Sobre el particular ha manifestado que:
“En esta medida, la proporcionalidad que debe
regir todas las actuaciones del Estado, incluyendo su actividad contractual a
través de la cual realiza sus cometidos, está supeditada al principio de
justicia material, el cual es de obligatoria observancia en las actuaciones
administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no
es misión exclusiva del Juez, sino también de la administración cuando define
situaciones jurídicas o hace prevalecer sus pretensiones frente a un particular
en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias”[47].
En igual medida es claro que la proporcionalidad debe ser
analizada a la hora de determinar la necesidad o no de adelantar un proceso
sancionatorio o disciplinario por el incumplimiento de un contrato educativo o
de comisión de estudios, ya que la equivalencia entre la acción y la respuesta
del estado es un eje definitorio del debido proceso. En este orden de ideas la
sentencia C-818 de 2005 manifestó respecto a este último aspecto lo siguiente:
Es obligación del funcionario investigador determinar si el
comportamiento reprochable en materia disciplinaria resulta excesivo en rigidez
frente a la gravedad de la conducta tipificada. De igual manera, le corresponde
a dicho funcionario determinar si la irregularidad imputada al servidor pública
o al particular, se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad
reconocido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 734 de 2002,
y hoy en día previsto en el artículo 5° de la citada ley, según el cual: “el
quebrantamiento de la norma sólo merece reproche disciplinario cuando la misma
está concebida para preservar la función pública, y la infracción, en el caso
concreto, la vulnera o la pone en peligro”.
Teniendo
en cuenta lo anterior, es claro que los operadores disciplinarios deben al
momento de determinar la necesidad de adelantar o no un proceso, la
proporcionalidad entre la presunta infracción y la respuesta institucional.  En
igual medida es claro que dependiendo de los bienes jurídicos en juego los
procedimientos e incluso la justificación y razonabilidad de ciertas posturas
jurídicas se flexibilizan o se endurecen dependiendo de los derechos que pueda
llegar a limitar o afectar.
En este orden de ideas, es importante destacar que conforme lo
manifestó el apoderado del actor, la UPTC no puede adelantar un proceso disciplinario
contra el señor Heyder Carlosama López por el solo hecho de no haber regresado
al país y reintegrarse a su cargo como docente. Según explica el escrito de
tutela, existe una justa causa para no haber regresado a la fecha la país,
consistente en que el accionante aún se encuentra terminando la tesis para
obtener el título de “Philosophy of Doctor in Civil
Engineering”, en la universidad de California
Berkeley en los Estados Unidos.
Ahora
bien, aunque el debate en el asunto sub examine al igual que en las decisiones
que resolvieron: (i) decretar el incumplimiento del contrato de comisión de
estudios y (ii) declarar el abandono de cargo, gira en torno a si la
terminación de su tesis de doctorado puede ser considerada como justa causa
parta que el actor no haya regresado al país, esta Corporación considera que la
respuesta institucional no puede ser la misma para los tres casos. Esto en
razón a que estaban en juego intereses jurídicos distintos.
En el caso del proceso adelantado para declarar el abandono de cargo
tal y como se precisó con anterioridad el objeto de la declaratoria no tiene
fines sancionatorios o coercitivos, por el contrario tal y como lo ha
manifestado el Consejo de Estado en varias oportunidades esta declaratoria
busca: “Designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus
tareas, para así lograr la continuidad de la prestación del servicio público,
fin que no es otro al que apunta esta figura en la función pública. La
declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo, constituye una
herramienta de la cual puede disponer la administración, para a su vez,
designar el reemplazo del funcionario que de manera injustificada ha hecho
dejación del cargo y así evitar traumatismos en la prestación del servicio[48].”
Es decir, a pesar de que la declaratoria de
abandono de cargo tiene un efecto en la vinculación de una persona con la
administración y por ende puede llegar a afectar el derecho al trabajo, esta
prerrogativa debe observarse no desde la óptica sancionatoria, sino como una
herramienta que le permite al estado evitar la paralización de los servicios
que presta por la falta de remplazo de un funcionario que injustificadamente se
niega a desempeñar sus funciones.
En igual
medida, la declaratoria de incumplimiento contractual, más que buscar la
imposición de una sanción al contratista, tiene por objeto recuperar los
dineros públicos que se destinaron a sufragar un objeto contractual que no se
puedo ejecutar en el plazo y tiempo previsto.
Así las
cosas, la supuesta justa causa esbozada por el apoderado del señor Heyder
Carlosama López, en esas dos actuaciones administrativas, al estar de por medio
el interés general sobre el particular debían ser resueltas como adecuadamente
finalizaron.
Sin
embargo, a diferencia de las actuaciones adelantadas con el objeto de declarar
el abandono de cargo del actor y de decretar el incumplimiento del contrato de
comisión de estudios, esta Corporación considera que la Universidad sí debe
tener como justa causa para no iniciar el proceso disciplinario contra el actor
el hecho de este estar encontrándose en otro país finalizando su tesis de
doctor, en primer lugar porque no se observa desde la óptica disciplinaria cómo
la conducta  del señor Heyder Carlosama López afectó o puso en peligro
la buena marcha de la administración, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado.
En igual medida, esta Corporación considera que la conducta
desplegada por  el señor Heyder Carlosama López
fue diligente y correcta, al haber renunciado en más de tres oportunidades a su
cargo con el fin de evitar la interposición de una falta disciplinaria por no
haberse reintegrado a sus funciones en el término estipulado.
En este sentido, es
importante observar como el accionante le solicitó a la universidad dejar “sin efectos los dispuesto por la
accionada mediante acto administrativo de 30 de diciembre de 2014 y se le
ordene a la UPTC dar trámite a las 3 cartas de renuencia presentadas por el
actor, absteniéndose de abrir investigaciones disciplinarios en su contra o de
aplicarle sanciones disciplinarias por presunto abandono de cargo, porque con
ello se desconocen todas las actuaciones que ha desplegado mi poderdante para
lograr la terminación legal de su vínculo con la accionada mediante un la
presentación en 3 oportunidades de su renuencia”[49]
.
Es más, de
las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que el accionante buscó
precisamente evitar verse abocado a un proceso disciplinario y para ello
renunció en 3 oportunidades. Sin embargo, por razones que no aparecen
debidamente justificadas la UPTC se negó a aceptar dichas solicitudes. Sobre el
particular vale la pena destacar la solicitud presentada
al Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (folio 48
cuaderno principal) en la cual el actor solicitó:
“Considero,
además, que para este caso, en razón a mis condiciones especiales y las de mi
grupo familiar, lo que procede es la legalización de mi renuncia, para que no
me vea abocado a situaciones administrativas que afecten ml desempeño ejemplar
corno funcionario público., ni a daños irremediables de tipo personal…
Considero que en mi caso estas finalidades se están
cumpliendo y prueba de ello es que si he decidido renunciar a mi cargo es para
evitar justamente que los requerimientos, imposibles, de la universidad lleguen
a truncar mi proceso educativo y mis planes de retornar al país habiendo
culminado con éxito mi doctorado, para retribuir en la forma debida los
conocimientos adquiridos hasta ahora”.
Así las cosas, esta
Corporación considera que es arbitrario que la Universidad habiendo previsto el
docente la presentación de su carta de renuncia para que procediera a la
terminación legal de su vínculo y habiendo insistido en ella en dos (2)
oportunidades, hoy lo someta a un trámite disciplinario, no solo afectando su
permanencia en la institución para la cual laboraba sino afectando la
posibilidad de obtener la condonación de la beca obtenida con Colciencias.
Lo anterior, por cuanto la condonación del contrato de crédito
educativo número 063 de 2009, suscrito entre el actor y Colciencias, depende de
que se cumpla a satisfacción con el programa de estudios, de su regreso al
país, y de su vinculación a la entidad que lo presentó, en este caso la UPTC u
otra entidad aprobada por Colciencias, lo que se dificultaba en razón al
proceso disciplinario adelantado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante providencia del 20 de noviembre de 2015, en la
cual declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
Segundo.-
TUTELAR el derecho fundamental del señor Heyder Carlosama
López al debido proceso y en consecuencia ordenar la terminación inmediata del
proceso disciplinario adelantando en contra del accionante, por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero.- NEGAR la protección de los
derechos fundamentales a la educación y al debido proceso en razón a: (i)
la declaratoria de incumplimiento del contrato de comisión de servicio y (ii)
la declaratoria de abandono de cargo por las razones expuestas en esta
providencia.
Cuarto.- LÍBRESE por Secretaría General
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En dicha decisión se concedió una
prórroga de un año a la comisión de estudio desde el 6 de julio de 2010.
[2] En dicha decisión se concedió una
prórroga de un año a la comisión de estudio desde el 6 de julio de 2011.
[3] En dicha decisión se concedió una
prórroga de un año a la comisión de estudio desde el 6 de julio de 2012.
[4] Cfr. folio 3, 4 y 5 del cuaderno
principal, expediente T-5.350.275.
[5] Sentencia T-058 de 2013.
[6] Sentencia T-507 de 2011.
[7] Sentencia T-587 de 2003.
[8] Sentencia T-1318 de 2005.
[9] Sentencia T-798 de 2007.
[10] Sentencia T-769 de 2005.
[11] Sentencia T-002 de 1992.
[12] Sentencia T-534 de 1997.
[13] Sentencia T-672 de 1998.
[14] Sentencia C-170 de 2004.
[15] Sentencia C-170 de 2004.
[16] Ver sentencias T-002 de 1992, T-202 de
2000, T-1677 de 2000, y T-787 de 2006.
[17] Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe. La educación como eje del
desarrollo humano. Capítulo III. ONU, Santiago de Chile. 2005. Pág. 83 - 84
[18] Sentencia T-715 de 2014
[19] Sentencia T-715 de 2014
[20] Cfr. Sentencia T-056 de 2011.
[21] Cfr. sentencia C-006 de 1996
[22] Revista Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, La formación de posgrado en Colombia:
maestrías y doctorados, Hernán Jaramillo Salazar.
[23] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Civil. Sentencias de 31 de mayo de 2010,
exp. 25269-3103-001-2005-05178-01; 1º de julio de 2008, exp. 11001-3103-033-2001-06291-01;
y 1º de julio de 2008, exp. 11001-31-03-040-2001-00803-01).
[24] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Sentencia
del 30 de agosto de 2011. Referencia: 11001-3103-012-1999-01957-01.
[25] Sentencia T-468 de 2003
[26] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Sentencia
del 30 de agosto de 2011. Referencia: 11001-3103-012-1999-01957-01.
[27] Sentencia T-468 de 2003
[28] Sobre los casos en particular se
hará referencia más adelante (numeral 6.2.).
[29] Con relación a la libertad
contractual y la garantía de los derechos fundamentales ver también la
sentencia C-186 de 2011.
[30] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Sentencia
del 30 de agosto de 2011. Referencia: 11001-3103-012-1999-01957-01.
[31] Sentencia T-468 de 2003
[32] Los Efectos de las Obligaciones Desde la
Perspectiva del Análisis Económico del Derecho,  Rodrígo Barcia Lehman, ver en:
http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/investigaciones/
Cuadernos_ de_analisis_Coleccion_Derecho_Privado/numero1/efectos_barcia.PDF
[33] Los Efectos de las Obligaciones Desde la
Perspectiva del Análisis Económico del Derecho,  Rodrígo Barcia Lehman, ver en:
http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/investigaciones/
Cuadernos_ de_analisis_Coleccion_Derecho_Privado/numero1/efectos_barcia.PDF
[34] T-268 de 2010, T-213 de 2012, T-
363 de 2013 y T-747 de 2013, entre otras.
[35] T-747 de 2013.
[36] Sentencia T-715 de 2014
[37] Sentencia T-406 de 1992.
[38] Sentencia C-154 de 1997
[39] Sentencia T-677 de 2004
[40] Acerca de la
improcedencia general de la tutela en materia contractual, consultar , entre
otras muchas, las Sentencias T-219 de 1995, T-605 de 1995, T-307 de 1997, T-643
de 1998, T-625 de 2001, T-971 de 2001, T-1221 de 2001, T-1341 de 2001, T-104 de
2002 y T-168 de 2003.
[41] En este orden de ideas, tal y como lo
reconoce el “Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
resolución 1436 de marzo de 2015” presentado por el apoderado de Heyder Carlosama Lopez, la presunta vulneración del derecho al
debido proceso se origina en la negativa de la UPTC de no dar trámite a las
múltiples solicitudes presentadas en las cuales se solicitaba que se le
permitiera terminar su doctorado.
[42] Cfr. Corte Suprema De Justicia Sala De
Casación Civil, sentencia del 29
de abril de 2005, Expediente: No. 0829-92.
[43] Cfr Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Civil, sentencia del 23 de junio de 2000 Expediente No. 5475.
[44] Consejo De Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección  Segunda, Subsección B, 13 de mayo de 2010, Radicación
número: 68001-23-15-000-2002-00288-01(1896-08)
[45] Resolución 5401 de 2014.
[46] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 26 de septiembre de 2012,
Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00127-00 (0977-10).
[47] Sentencia T-677 de 2004
[48] Consejo De Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección  Segunda, Subsección B, 13 de mayo de 2010, Radicación
número: 68001-23-15-000-2002-00288-01(1896-08)
[49] Cuaderno principal, Anexo 1 folio 1.