T-469-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-469/12
(Bogotá D.C., 22 de
junio de 2012)
PENSION DE INVALIDEZ-Fecha
de estructuración de la pérdida de capacidad laboral/VULNERACION DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL/PENSION DE INVALIDEZ Y REQUISITO DE FIDELIDAD
El riesgo perseguido por el actor es el de la invalidez,
cuya prestación correspondiente es la pensión regulada en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, exigiendo el cumplimiento de 50 semanas de cotización dentro
de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, requisito que fue modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, en beneficio de los cotizantes, en el sentido de que si bien aumentó el
número de semanas de 26 a 50, amplió el periodo de cotización de un año a tres,
lo cual resulta más favorable en la medida que por año calendario el afiliado
aproximadamente tendría que hacer aportes por 16.66 semanas, y no por 26 como
antes se exigía. Dicho criterio es recogido en la sentencia C-428/09 por medio
de la cual se declaró inexequible el requisito de fidelidad
SOSTENIBILIDAD FISCAL EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL/ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, CRONICAS O CONGENITAS-Fecha
de estructuración la del dictamen
Se trae a colación este principio, dado que del análisis
del caso en particular, se encuentra que el accionante no ha contribuido
de modo constante al Sistema, tanto así que el mismo artículo 39 de la Ley
100/93 en el parágrafo final prevé la posibilidad de pensionarse por invalidez
con tan solo 26 semanas durante los tres últimos años si tiene cotizado el 75%
para una pensión de vejez, y si se tiene en la cuenta que para el año 2011 las
semanas exigidas para la pensión de vejez se encontraban en 1.200, el actor
apenas contaba a sus 43 años con un 15.16% de cotización. No obstante lo anterior,
esta Corte en protección de un derecho Superior ha ponderado la exigencia del
requisito de las 50 semanas tomando como fecha de estructuración la del
dictamen, en tratándose de enfermedades netamente degenerativas, crónicas o
congénitas, puesto que se trata de personas cuya patología les permite
desempeñarse laboralmente y hacer un numero considerado de aportes al sistema,
dado que su enfermedad no se estructuró con el acaecimiento del primer síntoma,
sino al momento en el que efectivamente no pudieron seguirse desenvolviendo
normalmente, por tal razón son sujetos de una excepción especial.
ACCION DE TUTELA PARA REVISION
DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Línea jurisprudencial recogida en
sentencia T-773/09
No existe una regla clara sobre la procedencia de la
acción de tutela para la revisión del dictamen de calificación de la invalidez,
puesto que el análisis debe hacerse sobre el caso concreto. Sin embargo,
ocasionalmente por vía de tutela se ha ordenado a las Juntas de Calificación la
revisión de sus dictámenes cuando por violación al debido proceso ha
establecido la fecha de estructuración sin miramiento de toda la historia
clínica y los exámenes médicos
DERECHO DE ACCESO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Caso en que no se estiman conculcados los derechos del
demandante por cuanto no se configura conducta lesiva de Junta de Calificación
En torno al dictamen de calificación de la invalidez, se
surten dos etapas a saber, la extrajudicial y la judicial, con relación a la
primera no se interpuso el recurso de alzada, sino el de reposición, agotándose
esa fase mediante la comunicación JRCI-016545 que ratificó el dictamen del 25
de enero de 2011, por otro lado, en lo atinente a la etapa judicial contemplada
en el artículo 40 del Decreto 2463/01 y el 2° del Código Procesal del Trabajo
se establece que en cualquier tiempo podrá acudirse a la jurisdicción ordinaria
en lo laboral, para que el juez revise el dictamen y resuelva las controversias
que existan sobre el mismo, acción judicial que no ha sido iniciada por el
actor, y que al corresponder a una jurisdicción que esta en uso del sistema de
oralidad, cuenta con un procedimiento idóneo y eficaz para resolver las
pretensiones del accionante. No se estiman conculcados los derechos
invocados por el accionante en tanto que no se configura una conducta lesiva
por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas en
revisar la fecha de estructuración de su enfermedad, máxime cuando dicha
entidad resolvió en un término expedito el recurso interpuesto, con base en
toda la historia clínica, y del análisis del dictamen no se encontró que el mismo
fuera arbitrario o incoherente con el diagnóstico por los motivos ya expuestos.
Adicionalmente, se aclara que la protección especial que recae sobre las
personas en debilidad manifiesta no significa per se que automáticamente sean
acreedoras de un derecho pensional, principalmente si no cuentan con el mínimo
de requisitos, no se concreta una situación particular de discriminación
injustificada o el acaecimiento de una conducta lesiva por parte de las
entidades accionadas.
Referencia: Expediente T-3.386.018
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales
- Caldas del 14 de diciembre de 2011; Juzgado Décimo Civil Municipal de Manizales
del 25 de octubre de 2011.
Accionantes: José Danilo
Ramírez Murcia.
Accionado: Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas y
otros.
Magistrados de la Sala 2ª de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Adriana Guillen Arango (E) y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. La demanda de tutela[1].
El señor JOSE DANILO RAMIREZ MURCIA basa
su pretensión de amparo constitucional en los siguientes hechos y
consideraciones:
1.1. Elementos:
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: mínimo vital, seguridad social, vida digna, salud
en conexidad con el derecho a la vida, y a la protección especial de las
personas en estado de debilidad manifiesta.
1.1.2.
Conducta causante de la presunta vulneración: Aduce el accionante que la
caprichosa y arbitraria asignación de la fecha de estructuración por parte de la
Junta de Calificación de Invalidez de Caldas, impide el reconocimiento de la respectiva
pensión por parte de BBVA HORIZONTE Fondo de Pensiones y Cesantías, al no cumplir
con el requisito de cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la
estructuración de la invalidez -establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de
2003- Considera que la incapacidad se estructuró el 25 de marzo de 2010 y no el
07 de octubre de 2005 -como lo alega el demandante-.
1.1.3.
Pretensión: se ordene a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Caldas, que en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, proceda a REVISAR la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral asignada en el dictamen del 25 de enero de 2011.
1.2. Fundamentos:
1.2.1. El
accionante nació el 04 de diciembre de 1967, cotizó hasta la fecha de
interposición de la acción de tutela un total de 182 semanas al sistema de
seguridad social, desde su vinculación en julio de 2002 al Fondo BBVA HORIZONTE
Pensiones y Cesantías, a febrero de 2003 cotizó 21 semanas como dependiente, y a
partir de julio de 2007 a septiembre de 2010, 161 semanas como independiente
con algunos lapsos de interrupción.
1.2.2.
El accionante informa que a raíz de una serie de dolencias asociadas con la patología
de Hernia Discal Lumbar, y trastorno de mayor humor entre otras, fue incapacitado
desde el 1 de enero de 2006 al 27 de junio de 2010, por un total de 303 días[2].
1.2.3.
El accionante solicitó el 10 de noviembre de 2010 a su AFP que procediera a calificar la pérdida de capacidad, por lo que dicha administradora
oficio a su aseguradora SEGUROS DE VIDA BBVA COLOMBIA S.A., para que procediera
con la solicitud, la cual, mediante dictamen[3]
del 12 de noviembre de 2010 diagnosticó una pérdida de capacidad laboral del
44.44% de origen común, con fecha de estructuración del 25 de marzo de 2010.
1.2.4.
Tanto en el dictamen como en la comunicación de notificación se le informó al
accionante que en el evento de estar inconforme con la decisión podía presentar
su desacuerdo dentro de los (10) días siguientes, y dársele trámite ante las
Juntas de Calificación de Invalidez, derecho que fue ejercido en términos por
el señor RAMIREZ MURCIA, remitiéndose su caso a la Junta Regional de Caldas.
1.2.5.
La Junta de Calificación Regional de Caldas en primera instancia mediante dictamen[4] del 25 de
enero de 2011 determinó que la enfermedad de origen común tiene una fecha de
estructuración del 07 de octubre de 2005, con un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del 55,71% conformado por una deficiencia del 29,01%,
discapacidad del 9,20% y minusvalía del 17,50%.
1.2.6.
Inconforme con la decisión, el accionante interpuso ante la Junta Regional de
Caldas recurso de reposición contra el dictamen del 25 de enero de 2011, el
cual fue resuelto mediante comunicación JRCI-016545 del 18 de mayo de esa misma
anualidad ratificándose en su decisión, indicando que la fecha de
estructuración está estrechamente relacionada con el incremento del porcentaje
de invalidez. Señaló lo siguiente:“se realizó la calificación del porcentaje
de Pérdida de Capacidad Laboral derivado de la patología degenerativa vertebral
y discal, y trastorno emocional asociado. Se estructuró a la fecha en que se
identificaron los diagnósticos motivo de calificación con la severidad
correspondiente a los porcentajes asignados[5].”
1.2.7.
Con auto del 10 de mayo de 2012 se ofició a la Junta Regional de Caldas para
que informara a esta Sala de Revisión, si había puesto en conocimiento del accionado
los mecanismos jurídicos a su disposición en el caso de no estar de acuerdo con
el dictamen emitido, por lo cual dicha entidad el 15 de junio de 2012[6], indicó a
esta Corporación que: “le notificó personalmente a JOSE DANILO RAMIREZ
MURCIA la calificación hecha por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Caldas, relacionado con su pérdida de capacidad laboral, de conformidad con
la solicitud hecha por BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA. Se hace entrega del
documento que contiene el dictamen, advirtiéndole que contra el procede
recurso de reposición ante esta Junta o en su defecto el de apelación ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el acto de la notificación o
dentro de los (10) días hábiles siguientes a esta notificación (…)” (subrayado
fuera de texto).
2. Respuesta de las accionadas.
2.1. El Representante Legal de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda
indicando que su representada no ha violado ningún derecho fundamental del
accionante en tanto que se le brindaron todas las garantías del proceso
calificatorio, e incluso se le tramitó oportunamente el recurso de reposición
interpuesto contra el dictamen.
2.2. De similar forma, BBVA HORIZONTE contestó la acción de
tutela y solicitó desestimar la misma porque en firme el dictamen de
Calificación de la Invalidez, se determinó que el señor JOSE DANILO MURCIA
ostentaba la calidad de inválido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 100 de 1993, por lo cual se procedió al estudio de verificación de
los requisitos establecidos en el artículo 39 ibídem, modificado por el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003.
2.3. El estudio pensional demostró que el afiliado cotizó al
Sistema General de Pensiones un total de 20.42 semanas en los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo
que no cumplió con el requisito previamente establecido para acceder al derecho
pensional. Por tal razón, para la accionada resulta evidente que no se ha
vulnerado derecho fundamental alguno, pues el hecho de que se haya rechazado la
solicitud de pensión de invalidez con base en que no acreditaron los requisitos
de orden legal para la causación de la pretendida pensión, no constituye una
actitud trasgresora.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión:
3.1. Sentencia del Juzgado Décimo
Civil Municipal de Manizales del 30 de agosto de 2011 (Primera instancia)[7].
3.1.1. El juzgado negó por
improcedente la presente acción de tutela, tras considerar que no se advierte
vulneración de los derechos fundamentales del actor, en primer lugar porque
negar el reconocimiento pensional con base en que no se cumplen los requisitos
mínimos exigidos por la ley, no configura una conducta trasgresora, y en
segundo lugar, porque si el accionante no estaba conforme con la última
calificación podía apelar ante la Junta Nacional de conformidad con el artículo
43 de la Ley 100 de 1993.
3.1.2. De otra parte indica el
sentenciador que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2463 de 2001,
los dictámenes de la Juntas de Calificación de Invalidez no son actos
administrativos y solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral
ordinaria con fundamento en el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral.
3.1.3.
El accionante confirió poder especial a un profesional del derecho, quien  mediante
escrito solicitó la impugnación[8]
del fallo de tutela, aduciendo similares consideraciones a las esbozadas en la
acción de tutela, insistiendo en que su poderdante se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta con ocasión de su discapacidad, y que por tal motivo se le
debe conceder excepcionalmente el derecho pensional, ordenando a la junta de
Calificación de Invalidez de Caldas que revise la fecha de estructuración de su
enfermedad, invocando como sustento la sentencia T-062/09.
3.2. Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Manizales del 14 de diciembre de 2011(Segunda Instancia)[9].
3.2.1.
El juez de alzada confirmó el fallo impugnado, al considerar que al no recurrir
o mejor, agotar la posibilidad que tenía con la interposición del  recurso de
apelación ante la Junta Nacional de Invalidez, abandonó la posibilidad que el
superior revocara o modificara la fecha de estructuración asignada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, que tampoco se evidencia la
iniciación oportuna de reclamación judicial contra el acto proferido, habiendo
transcurrido un lapso de tiempo suficiente, y por lo tanto no puede pretender
que el Juez Constitucional declare la prosperidad de sus pedimentos cuando no
hizo uso oportuno y adecuado de los medios legales a su disposición.
I. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[10].
2. Procedencia de la demanda
de tutela.
2.1. Alegación de afectación
de un derecho fundamental. En el presente proceso de tutela se discute, la
presunta afectación del derecho al mínimo vital, a la seguridad social, salud,
vida digna, y la especial protección dada la condición de sujeto de protección
especial del demandante.
2.1. Legitimación activa.
El accionante es el titular de los derechos que se alegan vulnerados, y mediante
poder debidamente otorgado es representado judicialmente en la segunda
instancia por un profesional del derecho[11].
2.3. Legitimación pasiva. BBVA
HORIZONTE Pensiones y Cesantías, la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de  Caldas, y ALIAN SALUD Y COLMEDICA son entidades privadas que prestan el
servicio público de seguridad social y, así, susceptibles de demanda de tutela.
Aunque la Corte ha calificado a tales entidades como “órganos públicos”
de la seguridad social[12],
es más apropiado reconocer su condición de “particulares” encargados “de
la prestación de un servicio público” (CP, arts 86, 44 y 365.2).
2.4. Subsidiaridad. El amparo constitucional no resulta
procedente en la medida que existe: i) un medio de defensa judicial idóneo,
eficaz, y pertinente para la satisfacción de la pretensión del actor, consistente
en llevar la controversia del dictamen a la jurisdicción ordinaria en su
especialidad laboral y de seguridad social, tal y como lo estipula el artículo
40 del Decreto 2463/01[13],
y el artículo 2 del C.P.T., ii) adicionalmente contaba el accionante con la
posibilidad de apelar el dictamen atacado ante la Junta Nacional de Invalidez,
de conformidad con el artículo 34 del D-2463/91, aclarando que el accionante
decidió hacer uso exclusivo del recurso de reposición consagrado en el artículo
inmediatamente anterior al de la apelación ya citado, y que fuera resuelto por la
Junta accionada, descartando el uso de ese mecanismo extrajudicial. La Corte ha
sido prolífica sobre este principio al indicar para la procedencia de la acción
de amparo que: “La jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera
reiterada y uniforme, que la acción de tutela es un instrumento de defensa
judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es
posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo
inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente
determinados por la ley. El carácter subsidiario y residual, significa que solo
es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.”[14]
2.5. Inmediatez: El
accionante interpuso recurso de reposición el 26 de abril de 2011 contra el dictamen
del 25 de enero de 2011, el cual fue resuelto el 18 de mayo de esa misma
anualidad, presentando acción de tutela el 8 de agosto de 2011, en un término razonable
para el ejercicio de la acción[15].
3. Problema jurídico constitucional.
La Corte Constitucional examinará si la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas fijó arbitraria y caprichosamente como
fecha de estructuración de la invalidez el 07 de octubre de 2005, y en
consecuencia generó la vulneración de los  derechos al mínimo vital, seguridad
social, vida digna, y protección especial del actor.
4. Adecuación de los derechos invocados.
La
Sala de Revisión considera que no serán analizados la totalidad de los derechos
fundamentales invocados por el actor como presuntamente vulnerados, dado que su
posible violación la desencadena el hecho de que con la fecha de estructuración
de la invalidez no pudo acceder a la pensión de invalidez, por tal motivo el
estudio de este caso se centrará en la eventual transgresión del derecho
fundamental a la seguridad social.
4.1. Vulneración del derecho a la seguridad social (caso concreto)
4.1.1. Es preciso hacer una
breve distinción entre el concepto de i) Seguridad Social, y ii) el Derecho a
la seguridad social,  con respecto a la primera noción el artículo 48 Superior la
consagra como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, mientras que en lo atinente al
segundo, se está en presencia de un derecho irrenunciable e imprescriptible del
que es titular todo ciudadano, y que para efectos de la acción de amparo tendrá
el carácter de fundamental en la medida que su afectación este en conexidad con
un derecho de esa naturaleza, como lo ha definido esta Corporación en numerosas
jurisprudencias al indicar que: “La seguridad social está concebida
desde el punto de vista constitucional de la siguiente manera: 1.) no es per se
un derecho fundamental, pero puede llegar a serlo por conexidad, una vez se
compruebe su íntima relación con derechos que si tienen ese carácter, y en la
medida en que con su desconocimiento se derive la amenaza o vulneración para
los mismos, como puede ocurrir con los derechos a la vida, la dignidad humana,
al trabajo, la integridad personal, entre otros, y 2.) por regulación
expresa superior, el derecho a la seguridad social es irrenunciable y esa
garantía debe ser otorgada en todo momento por el Estado.”[16]
4.1.2. Bajo esta última perspectiva, por expresa disposición
legal se establecen una serie de cargas en cabeza del Estado para garantizar su
prestación a todas las personas sin ninguna discriminación durante todas las
etapas de la vida, sin dejar a un lado el hecho de que los principios que rigen
el Sistema de Seguridad Social Integral no sólo comprenden deberes del Estado,
sino que también estatuyen obligaciones en cabeza de la sociedad[17] y de los
beneficiarios del sistema,  por tal razón, el legislador previó que la garantía
de las contingencias amparadas por el Sistema se harán en los términos y en las
modalidades previstas en la ley, estipulando para el aseguramiento de los
riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte el cumplimiento de unos requisitos mínimos
por parte del afiliado.
4.1.3. Dichos requisitos no son arbitrarios ni desconocidos
por el cotizante, sino en desarrollo de los principios de eficiencia,
universalidad, y solidaridad previamente son requeridos por la normatividad como
contribución del beneficiario en la construcción de su derecho pensional, en
ese sentido, el afiliado al verificar el cumplimiento de los requisitos, no
está pidiendo una dádiva estatal, sino exigiendo el cumplimiento de un derecho
erigido paulatinamente previendo que en algún momento de la vida podrá hacer
uso de esa prestación, criterio recogido entre otras por la sentencia C-126/00:
“El artículo 48 de la Carta
señala unos principios básicos que estructuran la seguridad social, pero
confiere al Congreso una amplia posibilidad de regular de maneras distintas
este servicio obligatorio, puesto que establece que éste se presta, con base en
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos que
establezca la Ley” (inciso primero) y comprende “la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley” (inciso tercero). Por ende, el Legislador
tiene la facultad de determinar los servicios que comprende la seguridad social
y desarrollar el alcance del principio de solidaridad. Por ello, tal y como
esta Corte lo ha señalado, “el legislador tiene una variedad de opciones para
desarrollar el mandato del art. 48, y naturalmente una amplia competencia para
crear el sistema o los sistemas de seguridad social que mas se adecuen a las
finalidades del Estado Social de Derecho” (Sentencia C-538/96).
De otro lado, en múltiples ocasiones, esta Corte ha mostrado la
importancia que tiene el principio de solidaridad, que constituye tanto un
deber exigible a las personas, en ciertas situaciones (CP art. 95 ord
2º),  como un principio que gobierna el funcionamiento de determinadas
instituciones en el Estado social (CP arts 1º y 48). Además, esta
Corporación  ha precisado que ese principio constituye un criterio
hermenéutico útil para especificar el alcance y sentido de ciertas
disposiciones y situaciones fácticas. Igualmente, esta Corte ha indicado que la
solidaridad hace referencia al deber que tienen las personas, por el solo hecho
de hacer parte de una determinada comunidad humana, de contribuir con sus
esfuerzos a tareas comunes, en beneficio o apoyo de los demás asociados o del
interés colectivo. Por consiguiente, en materia de seguridad
social, el principio de solidaridad implica que todos los partícipes de este
sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual
explica que sus miembros deban en general cotizar, no sólo para poder recibir
los distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto.”
(subrayado fuera de texto).
4.1.4.
En el caso sub examine, el riesgo perseguido por el actor es el de la
invalidez, cuya prestación correspondiente es la pensión regulada en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, exigiendo el cumplimiento de 50 semanas de
cotización dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez, requisito que fue modificado por el artículo 1° de la Ley 860
de 2003, en beneficio de los cotizantes, en el sentido de que si bien aumentó
el número de semanas de 26 a 50, amplió el periodo de cotización de un año a
tres, lo cual resulta más favorable en la medida que por año calendario el afiliado
aproximadamente tendría que hacer aportes por 16.66 semanas, y no por 26 como
antes se exigía. Dicho criterio es recogido en la sentencia C-428/09 por medio
de la cual se declaró inexequible el requisito de fidelidad: “En relación
con el requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres (3) años para tener
derecho a la pensión de invalidez, este aspecto de la reforma no implica una
regresión en materia de exigibilidad de la pensión de invalidez, pues si bien
se aumentó el número de semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual manera aumentó el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores
a la estructuración de la invalidez, lo que implica que la medida, a pesar de
hacer más gravoso el requisito de semanas mínimas de cotización, prima facie,
en realidad está permitiendo a ciertos grupos poblacionales el acceso a una
prestación que anteriormente les estaba vedada, siendo antes que regresiva,
favorable a los intereses de muchos cotizantes, por lo que se concluye que el
supuesto carácter inequívocamente regresivo de la medida no es cierto y que,
por el contrario, se puede derivar de su aplicación una progresión en el acceso
a la pensión de invalidez al reducirse la densidad requerida para que sea
concedida.”
4.1.6.
La accionada BBVA HORIZONTE Pensiones y Cesantías, negó el reconocimiento de la
pensión de invalidez[18]
sustentada en que dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez, el afiliado contaba con 20.42 semanas de cotización, y un total de 182
semanas durante todo el período cotizado, por lo que no existe por parte de
esta accionada una conducta que vulnere los derechos invocados por el actor, en
tanto que el fundamento del no reconocimiento estriba en el incumplimiento de
los requisitos mínimos para acceder a esa prestación.
4.2. Sostenibilidad fiscal en materia de Seguridad Social.
4.2.1.
La exigencia de los requisitos mínimos para acceder al derecho pensional,
obedece a que el Sistema debe ser viable fiscalmente, y el afiliado
beneficiario debe aportar al mismo no sólo para favorecerse de sus
prerrogativas, sino que también tiene el deber de contribuir en su
sostenibilidad. Al respecto, la posición mantenida por esta Corporación en
sentencia C-789/02 indicó que: “La Constitución delega al legislador la
función de configurar el sistema de pensiones, y le da un amplio margen de
discrecionalidad para hacerlo, precisamente para garantizar que el sistema
cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante,” y para darle eficacia a los principios de
universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.
De tal modo, es necesario que el legislador pueda transformar las expectativas
respecto de la edad y tiempo de servicios necesarios para adquirir la pensión,
de tal forma que el Estado pueda cumplir sus obligaciones en relación con la
seguridad social, a pesar de las dificultades que planteen los cambios en las
circunstancias sociales”. Este principio cobra vital importancia, en aras
de garantizar la satisfacción del interés general, en tanto que si se prohíja
la concesión indiscriminada de pensiones por fuera del marco legal, se estaría
afectando la estabilidad del Sistema, perturbando gravemente el disfrute de
quienes han contribuido a la construcción de su derecho, y es deber del Estado
como de todas las ramas del poder público procurar por la satisfacción del
interés general.
4.2.2.
Posteriormente con relación a la viabilidad económica la sentencia C-1089/03 “En
materia de seguridad social en pensiones la Corte ha explicado que la amplitud
de la facultad de configuración del Legislador obedece a la necesidad de
garantizar la viabilidad económica del sistema y la eficacia de los principios
que lo gobiernan, lo que hace que la ley pueda entre otras cosas establecer las
condiciones y los mecanismos de afiliación, e incluso, dentro de los límites
propios a dicha facultad de configuración, modificar las expectativas de los
sujetos vinculados al sistema a fin de que el Estado cumpla con sus
obligaciones en materia de seguridad social”.
4.2.3. Este principio, si bien es cierto ya venia siendo desarrollado
por la jurisprudencia de esta Corte, fue incluido formalmente en el
ordenamiento Superior con el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el
artículo 48 de la Constitución Nacional indicando que “El Estado garantizará
los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los
derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este
acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo
establecido en ellas.”
4.2.4. Su aplicación no solo debe abordarse desde la
perspectiva de la solidaridad, sino que también ha de tenerse en consideración
el factor temporal de la contribución al sistema, elemento que se refleja y
justifica en la irrenunciabilidad de los derechos a la seguridad social, destacando
sobre el particular la sentencia T-138/10 a través de la cual esta Corte indicó
que: “Tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, esa irrenunciabilidad de la
pensión de vejez, y más precisamente de las figuras alternas de la
indemnización sustitutiva o la devolución de aportes, tiene otra finalidad relacionada
con la sostenibilidad financiera del sistema, que también es un propósito
constitucional explícito. De permitirse la renuncia a estos derechos en casos
individuales, se empezaría a desmoronar gradualmente el delicado diseño
técnico, financiero y actuarial del sistema, que presupone un tiempo suficiente
de aportes, y unos requisitos de edad mínimos, de tal manera que, en promedio,
sea dable pagar pensiones en forma que no se imponga una carga excesiva sobre
el sistema que pondría en riesgo los derechos pensiónales de la gran mayoría de
quienes a él contribuyen. La renuncia voluntaria a la pensión de vejez
implicaría, por ejemplo, la desaparición de la obligación de cotizar al
sistema, con grave riesgo para el fondo común y solidario en que se basa el
sistema de prima media, y también para la satisfacción de las garantías
ofrecidas por el sistema de ahorro individual, el cual, por lo demás, también
tiene un componente solidario que depende de la disciplina en los aportes.” De
igual modo, al conceder derechos pensionales por fuera de los lineamientos
legales, sin que exista una justificación de rango superior, iría en detrimento
de la sostenibilidad del Sistema, y contra las garantías de quienes contribuyen
al sostenimiento del mismo. (negritas fuera de texto)
4.2.5 Se trae a colación este principio, dado que del
análisis del caso en particular, se encuentra que el accionante no ha
contribuido de modo constante al Sistema, tanto así que el mismo artículo 39 de
la Ley 100/93 en el parágrafo final prevé la posibilidad de pensionarse por
invalidez con tan solo 26 semanas durante los tres últimos años si tiene
cotizado el 75% para una pensión de vejez, y si se tiene en la cuenta que para
el año 2011 las semanas exigidas para la pensión de vejez se encontraban en 1.200,
el actor apenas contaba a sus 43 años con un 15.16% de cotización.
4.2.6. No obstante lo anterior, esta Corte en protección de
un derecho Superior ha ponderado la exigencia del requisito de las 50 semanas tomando
como fecha de estructuración la del dictamen, en tratándose de enfermedades
netamente degenerativas, crónicas o congénitas[19], puesto que se
trata de personas cuya patología les permite desempeñarse laboralmente y hacer un
numero considerado de aportes al sistema, dado que su enfermedad no se
estructuró con el acaecimiento del primer síntoma, sino al momento en el que
efectivamente no pudieron seguirse desenvolviendo normalmente, por tal razón son
sujetos de una excepción especial.
4.2.7. Con relación al padecimiento del accionante, del estudio
de toda la historia clínica aportada en el expediente se encuentra que la
radiculopatia que padece se originó por la actividad laboral de cargar el doble
de su peso corporal como asistente de bodega, con base en lo conceptuado por la
terapeuta ocupacional[20]
en su informe del 20 de octubre de 2010 “arrumar bultos o pacas de empaque,
recibiendo la carga sobre su hombro y transportándola por la bodega hasta el
sitio de arrume o estiba, 500 unidades de panela, 200 a 500 arrobas de arroz, frijol o papa. Realizaba arrumes por 2 a 4 horas de la jornada de trabajo. Un bulto de empaque puede pesar 30k -  40k – 50k – 60k -70k.(…)” ese
concepto es reiterado por la medica fisiatra[21]
al afirmar que el accionante como “jefe de bodega hace 6 años le corresponde
cargar objetos que duplican su peso a veces”, posteriormente el
galeno Hernán Ramírez en su estudio de la columna cervical practicado al
accionante indicó[22]
que “la columna tiene una alineación adecuada, en las vértebras no hay
lesión estructural. Solo hay una ligera disminución de los espacios discal C5 y
C7; pero no hay osteofitos que protuyen los agujeros de conjunción que se ven
de amplitud normal”. En conclusión, la radiculopatia que padece el
accionante no encuadra dentro de las enfermedades degenerativas, crónicas o
congénitas, sino que se origina por un desgaste de las vértebras al ser
sometidas a rotaciones y presiones inadecuadas.
4.3. Medios judiciales de defensa.
4.3.1. En el petitorio de la acción el señor RAMIREZ MURCIA
solicita que el juez de tutela ordene a la Junta Regional revisar la fecha de
estructuración de la invalidez asignada en el dictamen del 25 de enero de 2011,
al considerar el accionante que dicha fecha es arbitraria y origina la
violación de sus derechos fundamentales invocados, por lo que esta Corte,
entrará a analizar si la acción de tutela es procedente para ordenar a la Junta
de Calificación que revise ese ítem del dictamen.
4.3.2 No existe una regla clara sobre la procedencia de la
acción de tutela para la revisión del dictamen de calificación de la invalidez,
puesto que el análisis debe hacerse sobre el caso concreto. Sin embargo,
ocasionalmente por vía de tutela se ha ordenado a las Juntas de Calificación la
revisión de sus dictámenes cuando por violación al debido proceso ha
establecido la fecha de estructuración sin miramiento de toda la historia
clínica y los exámenes médicos. La línea jurisprudencial recogida en la
sentencia T-773/09 indica los siguientes puntos de consideración:
“De manera general, esta Corte ha indicado
que los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez “debe
ser motivados, en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma
técnico-científica la decisión, lo que guarda plena correspondencia con el
artículo 31 del Decreto 2463 de 2001 que prescribe que éstos “deben contener
las decisiones expresas y claras sobre el origen, fecha de estructuración y
calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral”.
Concretamente, “al revisar estas preceptivas, la
jurisprudencia constitucional ha destacado la aplicación de  las
siguientes reglas básicas en la actuación de las juntas de calificación de
invalidez, a saber:
i)
La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo
podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y
rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. Al
efecto, a tal solicitud se debe allegar  el certificado correspondiente
(art. 9° del Decreto 917 de 1999 y arts. 23 y 25-3 del Decreto 2463 de 2001).
ii)
Valoración completa del estado de salud de la persona cuya
invalidez se dictamina o se revisa, para lo cual las juntas deben proceder a
realizar el examen físico correspondiente antes de elaborar y sustanciar la
respectiva ponencia (art. 28 ibid.)”.
También ha recalcado que:
iii)
“Los dictámenes que emitan las juntas de calificación, deben
contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a
esta decisión [según el artículo 9° del decreto 2463 de 2001 que] (…)
indica que los fundamentos de hechos son todos aquellos que se relacionan
con la ocurrencia de determinada contingencia, lo cual incluye historias
clínicas, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos; y en general,
los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación
causal, tales como certificado de cargos y labores, comisiones, realización de
actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos
o elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que
se relacionen con la patología, lesión o condición en estudio y que los
fundamentos de derecho son todas las normas que se aplican al caso de que se
trate”.
iv)
“A las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez les corresponde
[de conformidad con el artículo 14 Decreto 2463 de 2001]. (…) emitir los
dictámenes, previo estudio de los antecedentes clínicos y/o laborales;  Ordenar
la presentación personal del afiliado, del pensionado por invalidez o del
aspirante a beneficiario por discapacidad o invalidez, para la evaluación
correspondiente o delegar en uno de sus miembros la práctica de la evaluación o
examen físico, cuando sea necesario; Solicitar a las entidades promotoras de
salud, a las administradoras de riesgos profesionales y a las administradoras
de fondos de pensiones vinculados con el caso objeto de estudio, así como a los
empleadores y a las instituciones prestadoras de los servicios de salud que
hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario, los antecedentes e
informes que consideren necesarios para la adecuada calificación”.
4.3.3. Contrastando los anteriores criterios con el dictamen
emitido por la Junta Regional y las pruebas obrantes en el expediente no se
haya indicio sobre el incumplimiento del debido proceso por parte de la
accionada en el trámite de calificación, razón por la cual no existiría
justificación para que el juez constitucional ordenara una nueva revisión de la
fecha de estructuración, que no obstante ya fue revisada al resolverse el
recurso de reposición interpuesto en su momento por el interesado.
4.3.4. Adicionalmente, llama la atención que el acusado
dictamen no sólo estructuró la pérdida de capacidad laboral en un período
anterior al indicado por la Aseguradora BBVA, sino que también amplió
el porcentaje de la invalidez de un 44.44% a un 55.7%, basando el incremento en
la patología de trastorno emocional asociado, el cual obtuvo una
mayor ponderación en el dictamen atacado, justificando el aumento en el
porcentaje de calificación y el estatus de inválido como se muestra a
continuación:
CALIFICADORA
DEFICIENCIA[23]
DISCAPACIDAD
MINUSVALIA
TOTAL
BBVA
SEGUROS DE VIDA
22.44
6.5
15.5
44.44%
JUNTA
REGIONAL DE CALDAS -1° instancia-
29.01
9.20
17.50
55.71%
4.3.6.
Recurso de reposición. El accionante inconforme con la decisión hizo uso
legítimo de los medios de defensa a su disposición, e interpuso recurso de
reposición el 26 de abril de 2011, el cual fue resuelto por la Junta Regional
accionada el 18 de mayo de 2011, en un lapso de 16 días hábiles.
4.3.7
Fundamentó su solicitud de revisión de la fecha de estructuración, bajo la
premisa de que en su historia clínica no obran incapacidades en el año 2005, ni
documentos de Rayos X cervicales, ni resonancias magnéticas, y por lo tanto mal
podría estructurarse la invalidez el 07 de octubre de 2005, si no hay prueba de
su padecimiento durante esa fecha. Sin embargo, advierte la Sala que la
diferencia entre el primer dictamen y el de la Junta Regional se da en un
11.27%, cuyo factor determinante es el trastorno depresivo, teniendo en
cuenta que inicialmente fue valorado en un 10%, y con posterioridad se le
asignó un 20%, por lo que en atención a la naturaleza de la enfermedad, no
puede ser valorada a través de los exámenes de Rayos X cervicales, ni
resonancias magnéticas citadas por el accionante, lo que si es pertinente, es
que en la gran mayoría de las incapacidades, del 19 de enero de 2006[24] describe una
“hospitalización por psiquiatría ambulatoria, con paciente depresivo con un
cuadro depresión  refractaria, ideas suicidas persistentes y alcoholismo”,
posteriormente en la incapacidad del 9 de mayo de 2011 nuevamente se
diagnostica “un cuadro depresivo recurrente”, el cual se repite el 30 de
mayo de 2006, al ser hospitalizado por “trastorno depresivo grave sin síntomas
sicóticos.” y así sucesivamente.
4.3.8.
Conforme a lo anterior, no se haya indicio de que la fecha de estructuración
haya sido arbitraria o caprichosa, por el contrario se efectúo de conformidad
con el Manual Único de Calificación vigente teniendo en cuenta toda la historia
clínica y el record de incapacidades, sin dejar a un lado, el hecho de que el
ítem de -trastorno depresivo- fue el que determinó el incrementó en el
porcentaje de calificación, por lo que no resulta desproporcionado que se
estructurara la invalidez 3 meses antes de que el accionante empezara a
incapacitarse constantemente por un lapso de 303 días. No obstante, este
análisis se hace con el único fin de determinar sí hubo o no una conducta que
atentara contra un derecho fundamental del accionante, más no pretende juzgar
el asunto de la controversia, el cual claramente es de competencia del juez
ordinario en su especialidad de laboral y seguridad social, quien dentro de la
sana critica evaluará todas las pruebas a su disposición, y solicitará las que
considere necesarias, en tanto que el dictamen en el ámbito judicial es una
prueba técnica[25]
que no obliga al fallador.
4.3.9.
Al persistir la inconformidad del actor, lo pertinente era haber interpuesto no
solo el recurso de reposición, sino en subsidio el de apelación, para que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 100/93, y el artículo
13 del Decreto 2463/01 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en
segunda instancia confirmara o revocara lo atinente a la fecha de
estructuración; sin embargo, el accionante no hizo uso de ese medio de
impugnación, sino que optó solo por interponer el de reposición, el cual fue
resuelto en un término de 16 días hábiles, debidamente notificado, y una vez en
firme no puede pretenderse que por vía de tutela se ordene una nueva revisión del
dictamen, máxime si el afectado pudiendo hacer uso de otro mecanismo de defensa
más idóneo, decide no ejercerlo.
5. Conclusiones.
5.1. En torno al dictamen de calificación de la invalidez,
se surten dos etapas a saber, la extrajudicial y la judicial,[26] con relación a la
primera no se interpuso el recurso de alzada, sino el de reposición, agotándose
esa fase mediante la comunicación JRCI-016545 que ratificó el dictamen del 25
de enero de 2011, por otro lado, en lo atinente a la etapa judicial contemplada
en el artículo 40 del Decreto 2463/01 y el 2° del Código Procesal del Trabajo
se establece que en cualquier tiempo podrá acudirse a la jurisdicción ordinaria
en lo laboral, para que el juez revise el dictamen y resuelva las controversias
que existan sobre el mismo, acción judicial que no ha sido iniciada por el
actor, y que al corresponder a una jurisdicción que esta en uso del sistema de
oralidad, cuenta con un procedimiento idóneo y eficaz para resolver las
pretensiones del accionante.
5.2.
No se estiman conculcados los derechos invocados por el accionante en tanto que
no se configura una conducta lesiva por parte de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas en revisar la fecha de estructuración de su
enfermedad, máxime cuando dicha entidad resolvió en un término expedito el
recurso interpuesto, con base en toda la historia clínica, y del análisis del
dictamen no se encontró que el mismo fuera arbitrario o incoherente con el
diagnóstico por los motivos ya expuestos.
5.3.
Adicionalmente, se aclara que la protección especial que recae sobre las
personas en debilidad manifiesta no significa per se que automáticamente
sean acreedoras de un derecho pensional, principalmente si no cuentan con el
mínimo de requisitos, no se concreta una situación particular de discriminación
injustificada o el acaecimiento de una conducta lesiva por parte de las entidades
accionadas.
6. Razón de la decisión.
Partiendo de la base de que la acción de tutela no es un
mecanismo para revivir términos procesales dejados de ejercer –como el de la
apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez-, la suficiente
motivación del dictamen de invalidez, y la existencia de otro medio de defensa
idóneo no se evidencia una conducta violatoria o injustificada por parte de la
Junta de Calificación de Caldas que lesione el derecho de acceso a la seguridad
social del accionante.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales de fecha
14 de diciembre de 2011, que a su vez ratificó en su integridad la sentencia
del Juzgado Décimo Civil Municipal de Manizales del 30 de agosto de 2011, que
negó la acción de tutela promovida por José Danilo Ramírez Murcia por improcedente.
SEGUNDO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA GUILLEN
ARANGO
Magistrada (E)
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela presentada el 08 de agosto de 2011 por el señor Ramírez
Murcia (folios 1 a 79 del cuaderno No.1).
[2] Certificación de Alian Salud EPS sobre incapacidades
generales. (Folio 60 del Cuaderno No.1)
[3] Dictamen de la EPS (Folios 49 a 53 del Cuaderno No. 1)
[4] Es de resaltar que la recepción de la solicitud es del 3 de
enero de 2011 y el dictamen se rindió el 25 de enero de la misma anualidad, en
un término de 15 días hábiles (Folio 47 del Cuaderno No. 1)
[5] Folio 104 y 105 del Cuaderno No. 1.
[6] Folio 21 del Cuaderno No. 4. La constancia de notificación
cuenta con la firma manuscrita y número de cédula del accionante.
[7] Sentencia (Folios 106 a 120 del Cuaderno No.1)
[8] Escrito obrante a folios 172 a 176 del Cuaderno No.1)
[9] Sentencia  (folios 11 a 36 del cuaderno No.3)
[10] En Auto del  (28) de febrero de 2011 de la Sala de Selección No 2 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia
en cuestión y se procedió a su reparto.
[11] Poder especial obrante a folio 176 del Cuaderno
No.1
[12] En sentencia C-1002 de 2004 se les considera “verdaderos órganos públicos
pertenecientes al sector de la seguridad social que ejercen una función pública
pese a que los miembros encargados de evaluar la pérdida de capacidad laboral
sean particulares”.
[13] ARTICULO
40.-Controversias sobre los dictámenes de las juntas de calificación de
invalidez. Las controversias que se
susciten en relación con los dictámenes emitidos por las juntas de calificación
de invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad
con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, mediante demanda
promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del
proceso judicial, el secretario representará a la junta como entidad privada
del régimen de seguridad social integral.
Los procedimientos, recursos y
trámites de las juntas de calificación de invalidez se realizarán conforme al
presente decreto y sus actuaciones no constituyen actos administrativos.
[14] T-557/11.
[15]De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: ““la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de
la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con
los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros.
[16] C-230/98.
[17] Artículo 1° Ley 100 de 1993.
[18] Comunicación EPTR 112512 del 12 de Julio de
2011, obrante a folios 97 a 100 del Cuaderno No. 1
[19] T-710/09, T-328/11, y T-432/11:
“Si bien el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dispone que tendrá derecho a la
pensión de invalidez quien haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los 3
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, la Corte ha evidenciado que cuando se trata de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas
no necesariamente coincide la fecha del dictamen con la fecha de estructuración
de perdida de la capacidad laboral, debido a que las juntas de calificación de
invalidez establecen como fecha de la estructuración de la invalidez la fecha
en la que apareció el primer síntoma o la indicada en la historia clínica en la
que se diagnosticó la enfermedad, fechas en las cuales la persona aún no ha
perdido de manera efectiva su capacidad laboral, lo que le permite seguir trabajando
y cotizar a pensiones.”
[20] Folio 66 a 73 del Cuaderno No. 1.
[21] Folio 62 y 63 del Cuaderno No. 1.
[22] Folios 56 y 57 del Cuaderno No. 1.
[23] C-824/11 “El término discapacidad
significa una deficiencia  física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social”.
También la Organización Mundial de la Salud aprobó en 1980 una clasificación internacional de
deficiencias, discapacidades y minusvalías, que aporta un enfoque más
científico, en los siguientes términos:
“Deficiencia: una pérdida o anormalidad
permanente o transitoria – psicológica, fisiológica o anatómica – de estructura
o función.
Discapacidad: cualquier restricción o
impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una
deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser
humano.
Minusvalidez: una incapacidad que constituye
una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide el cumplimiento
de una función que es normal para esa persona, según la edad, el sexo, los
factores sociales o culturales.”
[24] Folios 20 a 22 del Cuaderno No. 1.
[25] T-1007/04 “Las juntas de
calificación de invalidez emiten dictámenes de naturaleza puramente técnica,
debiendo para ello ceñirse al manual único de calificación de invalidez,
contenido en el Decreto reglamentario  917 de 1999, donde se establecen
las pautas para calificar el origen y el grado de pérdida de la capacidad
laboral como consecuencia de la enfermedad o del accidente y definidas en la
deficiencia, discapacidad y minusvalía.”
[26] T-1007/04 “(…) frente a los dictámenes rendidos por la
junta nacional de calificación de invalidez en segunda instancia, lógicamente
la legislación no contempla recursos, es decir que allí termina la
actuación.  En cambio, se prevé que el precitado dictamen tiene un control
judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral.  Ese control judicial
comprende la calificación tanto del origen de la enfermedad o accidente como
del grado de pérdida de la capacidad laboral. En este orden de ideas, en la
calificación de una invalidez existen dos etapas; (i) una extrajudicial en
donde interviene la junta regional exclusivamente o ésta y la junta nacional,
según se haya interpuesto o no el recurso de apelación contra el dictamen
emitido por la primera y, (ii) una judicial, que es eventual, ante la
jurisdicción laboral, si se presenta la correspondiente demanda.
Las juntas de calificación de invalidez solamente
certifican el origen y el grado de la incapacidad sufrida por un trabajador
para el reconocimiento de las respectivas prestaciones sociales, por lo que sus
decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada; por ello, no existe un
desplazamiento de la competencia de los jueces para señalar de manera definitiva
la titularidad de los derechos que se reclaman.”