T-152-17
Sentencia T-152/17
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Caso en que
se realizó anotación demeritoria a miembro de la Policía Nacional por incumplir
orden de leer mensaje que guardaba relación con religión católica
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHO A LA
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Procedencia
PRINCIPIO DE LAICIDAD-Sentido y
alcance
DEBER DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Límites del Estado
DEBER DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Se deriva del principio democrático pluralista, del
derecho a la igualdad y libertad religiosa
PRINCIPIO DE PLURALISMO RELIGIOSO-Diferentes creencias tienen idéntico reconocimiento y
protección del Estado
PROTECCION A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Contenido
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Alcance de la
protección
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Ámbitos de protección
PROCESO DE EVALUACION DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL-Marco normativo
PRINCIPIO DE OBEDIENCIA DEBIDA EN REGIMEN
DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
OBEDIENCIA DEBIDA-Alcance como exclusión de responsabilidad
PRINCIPIO DE OBEDIENCIA DEBIDA EN LA DISCIPLINA MILITAR-Límites
El subalterno no está obligado a cumplir con la orden que
sea ilegítima, esto es, aquella que “(…) excede los límites de la competencia o conduce
manifiestamente a la violación de la Constitución Política, la ley, las normas
institucionales o las órdenes legítimas superiores”.
PRINCIPIO DE LAICIDAD Y NEUTRALIDAD RELIGIOSA-Vulneración
por parte de la Policía Nacional al promover en mensaje institucional la
identificación y adhesión del Estado a una determinada religión
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA-Requisitos
para que proceda la acción de tutela
La jurisprudencia
constitucional ha definido como esenciales para determinar si procede o no la
concesión de la protección del derecho a la libertad religiosa y de culto, a
saber: (i) La importancia de la creencia invocada frente a la religión que se
profesa; (ii) La exteriorización de la creencia; (iii) La oportunidad de la
oposición frente al acto contrario a la libertad religiosa; (iv) Principio de razón suficiente
aplicable.
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración de
la Policía Nacional por cuanto tramitó actuación administrativa a través de
procedimiento que no era aplicable al caso del accionante
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Orden a
Policía Nacional eliminar del formulario de seguimiento del accionante
anotación demeritoria
Referencia: Expediente T-5.799.418
Acción de tutela interpuesta por el
ciudadano Johnny Esneider Quintero Cano contra la Policía Nacional
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1.
El señor Johnny Esneider Quintero Cano presentó acción de tutela contra
la Policía Nacional, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a
la libertad de culto, a la libertad de conciencia, a la igualdad, al debido
proceso y a la dignidad humana, los cuales considera que fueron vulnerados por la
anotación demeritoria que fue registrada en su formulario de seguimiento, tras
haber incumplido con la orden de leer a los feligreses en la eucaristía de “Domingo
de Ramos” un mensaje que, presuntamente, guarda relación con la religión Católica,
a pesar de que el accionante profesa la religión Adventista del Séptimo Día.
2.
Como pretensiones de su demanda, el accionante solicitó al juez de
tutela: (i) ordenar al Director General de la Policía Nacional, Mayor General
Jorge Hernando Nieto Rojas, Mayor Jhon Edwin Romero Ruíz, Capitán Sergio Andrés
Lizcano Echeverry, Intendente Fredy Eduardo Cristancho Urquijo y los
Subintendentes Javier Mora Hoyos y Edwin Alberto Duran, de manera inmediata se abstengan
de violar y amenazar sus derechos fundamentales a la libertad de culto y de
conciencia, así como el derecho a la igualdad; (ii) ordenar al Director General
de la institución accionada que emita una directiva o comunicado de instrucción
a los antes mencionados y a todo el personal del cuerpo de oficiales y del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en la que se ordene el respeto al
derecho de libertad de conciencia y de culto, a la igualdad y al debido
proceso, además que los instruya en lo relativo al principio de legalidad;
(iii) ordenar que se elimine de su hoja de vida “Formulario de Seguimiento”, la
sanción registrada como falta leve denominada “Anotación Demeritoria”.
B.
HECHOS RELEVANTES
3.
El señor Jhonny Esneider Quintero Cano manifestó en el escrito de
demanda que es patrullero de la Policía Nacional, adscrito al Departamento del
Meta y vinculado a la tercera sección del Escuadrón Móvil Antidisturbios (en
adelante, el “ESMAD”).
4.
Mediante orden de servicios No. 120 del 15 de marzo de 2016, el
Comandante y el Jefe de Planeación de la Policía Metropolitana de Villavicencio
expidieron el denominado “Plan Seguridad y Movilidad 2016, Por una Semana
Santa Segura y en Paz”, por medio del cual se dictaron las directrices a
seguir por cada una de las dependencias del cuerpo de policía para “garantizar
la seguridad y movilidad de los habitantes que residen en los cuatro municipios
(Villavicencio, Acacias, Cumaral y Restrepo), que conforman [el área]
Metropolitana de Villavicencio, durante la celebración de la Semana Santa y la
temporada vacacional del 19 al 27 de marzo del [año 2016] (…)”[1].
5.
En dicha orden de servicios se creó el dispositivo de seguridad “Domingo
de Ramos”, el cual se llevaría a cabo el 20 de marzo de 2016, bajo la
supervisión del Teniente Coronel Diego Alejandro Bohórquez y el mando de dicho
dispositivo a cargo del Mayor Jhon Edwin Romero Ruíz. Los agentes designados
tenían, entre otras, la labor de vigilar las iglesias católicas del municipio
de Villavicencio y “[leer] el mensaje del director de la Policía Nacional a
los feligreses al final de cada eucaristía”, para lo cual, “(…) a cada
funcionario se le entregó copia del mensaje, con previa coordinación con el
párroco”[2].
En el caso particular del actor, éste afirma en el escrito de demanda que le
fue asignada la vigilancia de la iglesia San José Obrero, ubicada en el barrio
Nuevo Ricaurte, en la cual, debía dar lectura al mencionado mensaje del
Director de la Policía Nacional.
6.
El 20 de marzo de 2016, en la formación realizada en el Comando de la
Policía Metropolitana de Villavicencio, el intendente Fredy Eduardo Cristancho
Urquijo comunicó a los agentes, incluido el actor, las instrucciones que debían
seguir para llevar a cabo el dispositivo de seguridad “Domingo de Ramos”.
El accionante adujo que el intendente les ordenó que al finalizar la eucaristía
“Domingo de Ramos”, cada uniformado debía pedir permiso al sacerdote,
subir al atrio y dar a conocer a los feligreses el siguiente mensaje:
“Mensaje
de la Policía Nacional a los Feligreses de Colombia
En estos días de recogimiento espiritual,
cuando en el horizonte de Colombia se asoma ese rayo de luz que nos puede
conducir por el camino de la reconciliación y la paz, reciban el más sincero
saludo en nombre de su Policía Nacional y de nuestro director, Mayor General
Jorge Hernando Nieto Rojas.
Nos dirigimos a ustedes,
respetados ciudadanos, para reiterarles nuestro compromiso en contribuir a
velar por su seguridad y tranquilidad terrenales.
Si necesitan ayuda, si tienen
una emergencia, no duden en recurrir a cualquier policía de la Patria. Estamos
para servirles las 24 horas del día con verdadero amor patrio.
En este día santo les
pedimos de corazón que recen por la armonía de su hogar, por la grandeza de su
iglesia, por la tranquilidad de su vecindario, por la paz de su tierra y por su
Policía Nacional.
Que el Hijo del
Todopoderoso, crucificado y resucitado por siempre, los proteja y los guie por
el sendero de la vida eterna.
Dios y Patria”.[3]  (Subrayado
fuera del original)
7.
Frente a la anterior instrucción, el actor afirmó en su escrito de
tutela “(…) me puse firme, levanté mi mano, pedí permiso para hablar, como
lo estipula nuestro reglamento y una vez obtenido el permiso solicité al señor
intendente (…) que me excusara para no dar lectura al documento, puesto
que profeso otra religión (Adventista Séptimo Día) (…)”(subrayado
fuera del original), además, porque “(…) la misión fundamental de nuestro
servicio era velar por la seguridad de todas las personas, más no la de
practicar o participar en sus actividades religiosas o de culto; lo anterior,
lo hice con el fin de ejercer mi derecho fundamental a la libertad de culto”[4].
8.
Adujo el accionante en su escrito de tutela que uno de sus compañeros también
se opuso a cumplir con la orden impartida, debido a que pertenece a la misma religión
-Adventista del Séptimo Día-[5].
Sin embargo, sostuvo que el Intendente Cristancho Urquijo hizo caso omiso a su
oposición.
9.
Afirmó el accionante que en el momento en el que solicitó ser excusado
de cumplir la orden (ver supra. numeral 8), llegó el Mayor Jhon Edwin Romero Ruíz, el cual, sin saber lo que estaba ocurriendo, ordenó que el actor y
su compañero salieran de la fila, para hacerles un fuerte llamado de atención.
Adujo que ante la resistencia a cumplir la orden impartida, se presentó una
discusión con el Mayor, quien “empezó a lanzar improperios” en su
contra, con palabras irrespetuosas que, a su juicio, constituyen injuria y
calumnia. Finalmente, el Mayor, previo a retirarse del lugar, ordenó al Capitán
Sergio Andrés Lizcano Echeverry, quien también estuvo presente en los hechos,
que presentara un informe contra los patrulleros[6].
10.
Indicó que luego de retirarse el Mayor Romero Ruíz, el Intendente Cristancho
Urquijo le manifestó que “esta orden se debe cumplir sin importar si [son]
evangélicos, cristianos, musulmanes o de otras religiones” y que “es una
orden del Director General de la Policía Nacional”[7]. Alegó que tal actuación
constituye constreñimiento ilegal (art. 182, Ley 599 de 2000), por cuanto el
Mayor e Intendente los coaccionaron para ir en contra de su libertad de culto,
al obligarlos a leer el mensaje citado de contenido católico. Por esta misma
razón, adujo que se violó el Código de Ética de la Policía.
11.
Finalizada la formación, se dispuso que los agentes recogieran el
armamento y que procedieran a subir a los buses para dirigirse a las iglesias
correspondientes. Sin embargo, el actor solicitó al Capitán Sergio Andrés Lizcano
Echeverry que lo autorizara retirarse para asistir al servicio médico porque no
se sentía bien física ni psicológicamente, petición que fue atendida de manera
favorable por su superior[8].
12.
El actor fue atendido por la trabajadora social de la Dirección de
Sanidad del Comando de Policía del Meta, quien expidió una excusa y programó
cita de control para el 22 de marzo de 2016[9].
Por esta razón, el patrullero no pudo prestar el servicio de vigilancia a la
iglesia que le fue asignada el 20 de marzo de 2016[10].
13.
En la cita de control programada para el 22 de marzo de 2016, el actor
fue remitido por urgencias al Instituto de Salud Mental la Confraternidad, en
el cual fue hospitalizado desde el día 23 de marzo de 2016 hasta el día 7 de
abril de 2016, por un diagnóstico de depresión grave sin síntomas psicóticos[11].
14.
El Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry, en calidad de Comandante
Sección ESMAD y en cumplimiento de la orden impartida por el Mayor Romero Ruíz,
registró una falta leve denominada “Anotación Demeritoria”, en el formulario de
seguimiento de precalificación del accionante, con fecha del 20 de marzo de
2016. En dicho registro se consignó lo siguiente:
“Se realiza el
presente registro demeritorio en el formulario de seguimiento del evaluado por
asumir actitud displicente ante la instrucción impartida por el señor Mayor
JHON EDWIN ROMERO RUIZ Comandante Primer Distrito de Policía de Villavicencio,
toda vez que al momento de recibir la instrucción y consignas para salir al
servicio en apoyo a la vigilancia de los servicios de semana santa, el señor
Patrullero hace gestos de inconformismo dentro de la formación, siendo causal
de llamado de atención por parte de mi Mayor ROMERO, actitud enmarcada en la
Ley 1015 de 2006 en su artículo 36 numeral 3. Causando con ello detrimento en
el ambiente laboral, colocando en riesgo la disciplina policial por cuanto su
actitud y comportamiento se convierten en un mal ejemplo para el resto del
personal, por lo cual se invita y se exhorta al evaluado para que cambie estos
comportamientos que atentan contra el clima laboral, las relaciones
interpersonales y el servicio de policía, asumiendo comportamientos de acuerdo
a su grado e investidura que le ha concedido la institución”.
15.
El 22 de marzo de 2016, el actor recurrió la anotación precitada ante el
Capitán Lizcano Echeverry, alegando que la misma no era clara ni mucho menos
precisa, por las siguientes razones:
“Según
consta en el registro demeritorio que usted inserto en mi formulario de seguimiento
en el cual usted indica que el señor Mayor ROMERO fue quien dio la instrucción
la cual ni fue así, ya que la instrucción del personal fue impartida por el
señor Intendente CRISTANCHO.
“Porque no
se indica concretamente cuales son los supuestos gestos de inconformismo que yo
realice.
“En el
registro usted señala que yo fui objeto de llamado de atención por parte de mi
Mayor ROMERO de la cual usted mismo es testigo presencial de este hecho y le
consta que no fue llamado atención si no que se arremete grotescamente en mi
contra al punto de humillarme en presencia del personal de la tercer sección
del ESMAD (…) donde viola el Código de Etica policial “respetar los derechos
constitucionales de igualdad y justicia de todos los hombres” y la Ley 1015
artículo 36 # 11. Tratar a los superiores, subalternos, compañeros o al público
en forma descortés e impropia, o emplear vocabulario soez. Pues al Señor
oficial Mayor ROMERO y al señor Intendente CRISTANCHO nunca les importo ni
respetaron mi condición religiosa que es una condición totalmente respetable
que está enmarcada en la ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla el Decreto
de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la
Constitución Política.
“No se me
aclara en el registro demeritorio cual fue el detrimento de ambiente laboral
que supuestamente se generó en el comportamiento que se me señala pues si bien
es sabido por usted el servicio se llevó a cabo y la lectura del documento se
me ordena leer en la eucaristía, se lleva a cabo no por el suscrito pero si por
mis compañeros”.
16.
El 23 de marzo de 2016, el Capitán Lizcano Echeverry ratificó el
registro demeritorio, en síntesis, por considerar que, contrario a lo sostenido
por el actor: (i) el encargado de la formación era el Mayor Romero Ruíz y que
el Intendente Cristancho Urquijo explicó los detalles del servicio que se debía
realizar; (ii) el registro es claro y preciso, por cuanto el numeral 3 del
artículo 36 de la Ley 1015 de 2006 establece que es una falta leve “Asumir
actitudes displicentes ante una orden, una instrucción, un llamado de atención
o una sanción”, entendiéndose como displicencia “una actitud de
desagrado, indiferencia, apatía, desaliento o desidia, en el gesto de su rostro
como lo manifestó el señor oficial en el momento que se le ordena salir de la
formación y pasar al frente de ella, motivado por un gesto hecho dentro de la
formación”[12];
(iii) agregó que, en ningún momento se ha discriminado por la condición
religiosa, “ya que en el registro no se hace referencia a su condición religiosa,
se menciona y se recalca la actitud con los gestos asumidos dentro de la
formación”[13];
y (iv) las quejas relacionadas con las ofensas recibidas por parte del Mayor
Romero Ruíz deben ser ventiladas en otras instancias[14].
17.
El 24 de marzo de 2016, el Mayor Ronald Hernando Mariño Caballero,
Comandante ESMAD, confirmó la decisión anterior, por considerar que:
“Según lo
establecido en la Ley 1015 del 07 de febrero de 2006, por lo cual se establece
el REGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL, en su artículo 36. FALTAS
LEVES. [Numeral] 3. Asumir actitudes displicentes ante una orden (…), por este
motivo se ratifica la afectación teniendo en cuenta que por encontrarse en formación
faltó a la disciplina y al trabajo en equipo, al asumir actitudes no acordes
ante un superior en instrucción para el servicio, es por esta falta que se hace
la afectación al formulario de seguimiento del evaluado por parte del señor
Capitán SERGIO ANDRÉS LIZCANO ECHEVERRY, Comandante de la Tercera Sección del
ESMAD, DEMET No. 18”.[15]
18.
Por lo anterior, el 13 de abril de 2016, el señor Johnny Esneider
Quintero Cano, a nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Policía
Nacional, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la libertad
de culto, a la libertad de conciencia, a la igualdad, al debido proceso y a la
dignidad humana.
En relación con su
derecho a la libertad religiosa y de culto, adujo que “no había razón para
una actuación disciplinaria, porque no se puede confundir una solicitud de
respeto y protección de un derecho fundamental con un acto de indisciplina”[16]. Alegó que
el Mayor e Intendente mencionados incurrieron en un constreñimiento ilegal (Art.182
de la Carta), en tanto lo obligaron a participar en actos de la religión
católica, a pesar de que profesa una religión distinta. En ese sentido, señaló
que no estaba obligado a cumplir con una orden de carácter ilegal, si se tiene
en cuenta que “(…) la función de la Policía Nacional no es la de participar
en las celebraciones religiosas, sino la de velar por la seguridad de las
personas que celebren cualquier reunión de cualquier confesión religiosa, y no
solamente de la católica, sino de todas y cumplir las funciones tal como lo
establece el artículo 123 de la Constitución (…)”.[17]
Manifestó que la
autoridad accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, en tanto
desconoció el principio de legalidad, al imponer una sanción a una conducta que
en la normatividad no es objeto de reproche disciplinario, cual es la de
pertenecer a una religión distinta a la católica[18]. Además, porque el
Capitán Lizcano Echeverry consignó en el formulario de seguimiento “varias
falsedades”, por ejemplo, (i) que el funcionario que estaba a cargo de la
formación era el Intendente Cristancho Urquijo y no el Mayor Romero Ruíz, (ii) que
“nunca ha dado mal ejemplo a [sus] compañeros, y es mentira
que haya asumido actitud displicente ni inconforme”[19], entre otras.
19.
Refirió el accionante en su escrito de tutela que la situación descrita
le causó serias afectaciones a su salud mental, por lo cual fue internado en el
Instituto de Salud Mental La Confraternidad, con un diagnóstico de depresión
grave. Sostuvo que el Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry no permitió que
sus compañeros lo visitaran en la clínica psiquiátrica, a pesar de que no
existía una restricción médica en ese sentido[20].
Con base en lo anterior, solicitó al juez de tutela se concedan las
pretensiones anteriormente descritas (ver supra. numeral 2).
C.
RESPUESTAS DE LAS
ENTIDADES ACCIONADAS
Policía Nacional – Dirección General
20.
La Dirección General de la Policía Nacional no contestó la demanda de
tutela.
Policía Nacional
– Comando del Departamento del Meta
21.
El Coronel Carlos Alberto Meléndez Caicedo, en calidad de Comandante del
Departamento de Policía del Meta, solicitó la desvinculación de dicha
dependencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que en
el escrito de tutela, por un lado, se demandaron funcionarios que están
adscritos a otras dependencias de la Policía Nacional[21] y, por el otro, no se
endilgó al Comando del Departamento del Meta responsabilidad alguna sobre la
vulneración de los derechos del actor.
Policía Nacional – Dirección de Sanidad, Seccional Meta
22.
La Seccional Meta de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no
contestó la demanda de tutela.
Policía Nacional
– Comando de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), No. 18, DEMET
23.
El Mayor Ronald Hernando Mariño Caballero, en calidad de Comandante del
ESMAD No.18, DEMET, solicitó su desvinculación del presente proceso, así como
la del Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry, Subintendentes Javier Mora
Hoyos y Edwin Alberto Duran, por cuanto la actuación realizada en el formulario
de seguimiento del actor se enmarcó dentro de los reglamentos y normas que
rigen este tipo de procedimientos (Decreto 1800/00 y Resolución 04089 de 2015)[22].
Señaló que,
conforme a lo dispuesto en el formulario de seguimiento, la anotación contra el
actor obedeció a la actitud displicente que asumió aquel frente a la
instrucción dada por su superior, más no se realizó por su condición religiosa.
Agregó que dicho registro goza de legalidad, en tanto el actor presentó los
recursos correspondientes, siendo finalmente confirmada la anotación por esta
dependencia al no encontrar motivos para reversar dicha decisión. Por último,
señaló que el Capitán Lizcano Echeverry en ningún momento restringió en la
clínica la libertad ni las visitas del actor.
Policía Nacional
– Intendente Fredy Eduardo Cristancho Urquijo
24.
El Intendente Cristancho Urquijo, en relación con los hechos que
motivaron la presentación de la acción de tutela, manifestó que “(…) para
ese día de los hechos que hoy nos está ocupando me encontraba impartiendo
algunas orientaciones o directrices para el servicio de Policía sea cercano,
solidario y respetuoso a los ciudadanos, llevándose a cada región del País la
mejor impresión de la Policía Nacional, durante semana santa, manifestando que
por disposición de la Dirección General se diera a conocer un mensaje del señor
Director General (…)”[23].
En este punto, el Intendente transcribió el contenido del mensaje que debían
leer los patrulleros (ver supra, numeral 6). Señaló que en tres oportunidades llamó la atención al actor por sus actos de indisciplina, los cuales
consistieron en hacer caso omiso de las instrucciones impartidas, “reflejando
con su actitud que lo único que pretendía el funcionario era sabotear la
formación y la liberación del servicio policial”[24].
Finalmente,
manifestó “[c]omo se puede apreciar el mensaje no hace alusión a ninguna
religión, creencia o culto especifico, es sencillamente un saludo de nuestro
Director a la comunidad, por lo que le manifesté al señor Patrullero que me
explicara si con ese mensaje afectaba sus creencias. Por el contrario le dije
que algún ciudadano también lo podía leer (…)”[25].
Policía Nacional
– Mayor Jhon Edwin Romero Ruíz, Comandante Distrito Policía Villavicencio
25.
El Mayor Romero Ruíz alegó que, de acuerdo con la orden de servicio No. 120
MEVIL-PLANE del 15 de marzo de 2016[26],
no vulneró los derechos fundamentales del actor.
En primer lugar,
señaló que la orden de servicio referida fue notificada y publicada el 15 de
marzo de 2016, lo que quiere decir que el actor fue notificado cuatro (4) días
antes de la fecha del servicio (20 de marzo de 2016), término en el cual pudo
haber informado por escrito su inconformismo o su condición religiosa y de esta
forma evitar traumatismo en los servicios de seguridad. El actor tenía
conocimiento de la iglesia que le correspondió vigilar y “no obra
antecedente alguno donde el señor patrullero informe su situación y condición
religiosa, con antelación a la formación donde se evidenció su intención de
generar traumatismos en el desarrollo de las funciones y servicio de policía
para el cual se encontraba dispuesto”[27].
En segundo lugar,
adujo que en ningún momento el patrullero fue discriminado por su condición
religiosa u obligado a asistir a ceremonias religiosas, únicamente se realizó
un llamado de atención teniendo en cuenta su actitud displicente y de “inconformismo”
por las órdenes impartidas durante la formación, con lo cual desconoció lo
dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 04162 del 15 de noviembre de 2011,
en lo relacionado con el comportamiento que debe adoptar el funcionario cuando
se encuentre en posición a discreción. En ese sentido, señaló que no se vulneraron
los derechos a la libertad de culto, a la libertad de conciencia e igualdad, por
cuanto no se “ordenó u obligó” al actor a prestar el servicio, por el
contrario, fue autorizado para retirarse y dirigirse al servicio médico dado su
estado de salud.
En tercer lugar,
indicó que la orden de realizar la anotación contra el accionante, está
soportada en el Decreto 1800 de 2000 y la Resolución 04089 del 2011. El derecho
al debido proceso fue garantizado en la medida que se surtió el trámite de
notificación, apelación y ratificación de la anotación, “la cual no se toma
a título de sanción disciplinaria, sino a los medios para encausar la
disciplina” [28],
y señaló el accionado tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 1015 de 2006[29].
Policía Nacional
– Comando Policía Metropolitana de Villavicencio
26.
El Coronel Freddy Hernán Jiménez Rodríguez, en calidad de Comandante de
la Policía Metropolitana de Villavicencio, solicitó la desvinculación de la
entidad accionada argumentando que no ha conculcado los derechos del actor,
además que no existe prueba de un perjuicio irremediable.
Con base en los
informes rendidos por el Comandante Distrito de Policía de Villavicencio[30], el
Comandante del ESMAD No. 18 DEMET[31],
el Intendente Fredy Eduardo Cristancho Urquijo y, en consideración al grado de
credibilidad del que gozan tales documentos por el principio de buena fe[32], determinó
que el llamado de atención al uniformado no fue por sus creencias religiosas,
sino que se trató de una medida preventiva frente a sus actos de indisciplina.
Indicó que,
conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen a la Policía
Nacional[33],
no es válido que ningún miembro uniformado invoque el desconocimiento de las
consecuencias legales de las normas que regulan a la institución, cuyo
cumplimiento decidió asumir voluntariamente a su ingreso. Dado el régimen
especial al que pertenece la institución, no le está permitido al uniformado
adoptar conductas que vayan en contra de la disciplina o el ordenamiento
jurídico.
D.
DECISIÓN JUDICIAL
OBJETO DE REVISIÓN
Única
instancia: sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Villavicencio, Sala de Decisión Penal, el 28 de abril de 2016
27.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Villavicencio declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que la
anotación demeritoria registrada en el formulario de seguimiento del accionante
puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
a través de la acciones y medidas cautelares pertinentes. Además, el tutelante
puede interponer las denuncias penales o quejas disciplinarias ante las
autoridades competentes, a fin de que se investiguen los actos de maltrato,
injurias, calumnias o improperios presuntamente cometidos por sus superiores.
En cuanto a la
violación del derecho a la libertad de culto, manifestó que “una lectura
desprevenida al mensaje [objeto de análisis], permite concluir que no
compromete la religión que él profesa, pues él mismo en algunas partes de su
escrito asevera que la orden era solo dar lectura, cuyo contenido no era a
título personal sino proveniente de la institución (…)”[34]. Por ello, y en
consideración de lo dispuesto en la sentencia T-493 de 2010, consideró que no
hubo afectación del derecho invocado, argumentando que “la leída del mensaje
no trasciende [la] práctica religiosa [del actor] ni lo envuelve
en religión alguna”[35].
Unido a ello, señaló
que el accionante tuvo la oportunidad de exteriorizar su inconformidad antes de
la formación policial, toda vez que la orden de servicio le fue dada a conocer días
antes. Así mismo, hizo referencia a jurisprudencia dictada por la Corte
Constitucional[36]
y el Consejo de Estado[37],
para indicar que nuestro ordenamiento jurídico adoptó un modelo de libertad
religiosa y que el término “Dios” consagrado en el preámbulo de la Constitución,
“no señala afinidad con algún “Dios” en específico, si no por el contrario,
lo que busca es poner en una situación de igualdad a todos los cultos y
creencias religiosas existentes (…)”[38].
Esta decisión no fue impugnada por ninguna de las partes.
E.   PRUEBAS
RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
28.
Mediante auto de fecha 2 de febrero de
2017, en desarrollo del trámite de revisión, el Magistrado sustanciador de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte
Constitucional, dispuso la vinculación de terceros con interés en el proceso y
decretó pruebas en sede de revisión[39],
con el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes para éste. En
consecuencia, en dicho Auto el Magistrado sustanciador resolvió lo siguiente:
“PRIMERO-. Por
Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al señor Johnny Esneider
Quintero Cano, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe al
despacho: (i) cuál es la iglesia o la sede a la que asiste para practicar la
religión Adventista del Séptimo Día; (ii) allegue certificación expedida por la
iglesia a la que pertenece, en la que se indique desde hace cuánto tiempo está
vinculado a dicha comunidad religiosa; (iii) si posterior al fallo del 28 de
abril de 2016 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio, usted presentó acciones judiciales o administrativas por los
hechos que motivaron la presentación de este proceso de tutela; e (iv) informe
si actualmente se mantiene en su hoja de vida, “formulario de seguimiento”, la
anotación demeritoria registrada el 20 de marzo de 2016.
SEGUNDO-.
Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Dirección General de
la Policía Nacional, para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe al
despacho, (…), lo siguiente:
(i)
Rinda informe respecto de los hechos que motivaron la
presentación de la acción de tutela del señor Jhonny Esneider Quintero Cano
contra la Policía Nacional.
(ii)
Informe si el Director General de la Policía Nacional redactó el
mensaje institucional que es objeto de estudio en el caso concreto. Si la
respuesta es negativa, por favor indique cuál fue la autoridad responsable, o
el texto que fue redactado como mensaje institucional.
(iii)
Informe si dicho mensaje institucional debía darse en ciudades
diferentes a Villavicencio.
(iv)
Informe la normatividad aplicable y el procedimiento que se
surtió para realizar la anotación demeritoria en contra del señor
Quintero Cano, por actos de indisciplina en la formación, y cuáles son las consecuencias
de la anotación demeritoria en la hoja de vida del accionante.
TERCERO.- Por Secretaría General de esta Corte, INVÍTESE
a la Facultad de Derecho Canónico y a la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana, para que en el término de las setenta y dos (72) horas siguientes
al recibo de la notificación de esta providencia, informe al despacho, (…) , lo
siguiente:
(i)
Por favor rinda un concepto sobre el mensaje que a continuación
se transcribe, indicando si su contenido guarda alguna relación con los
principios o dogmas que profesa la religión católica: [ver supra.
numeral 6]
CUARTO.- Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al Ministerio de
Defensa Nacional, para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, se informe de la
acción en curso, exprese lo que considere pertinente y, controvierta las
pruebas acopiadas. Con tal fin, remítasele copia de la tutela promovida por el
señor Johnny Esneider Quintero Cano contra la Policía
Nacional
QUINTO-. Por
Secretaría General de esta Corte, INVÍTESE al Departamento de Sociología,
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, para
que en el término de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, conceptúen sobre si el mensaje que a
continuación se transcribe, guarda alguna relación con los principios o dogmas
que profesa la religión católica o si es contrario a los dogmas y la doctrina
que profesa la religión Adventista del Séptimo Día: [ver supra.
numeral 6]”.
29.
Mediante oficio del 16 de febrero del año en curso, la Secretaria
General de la Corte Constitucional, informó y remitió al Magistrado
sustanciador las respuestas a las pruebas solicitadas en el auto de fecha 2 de
febrero de 2017. En las respuestas
allegadas por las personas y entidades oficiadas en sede de revisión de tutela,
se pueden extraer los siguientes hechos de relevancia para el análisis del
caso.
Accionante,
señor Jhony Esneider Quintero Cano
30.
El señor Jhonny Esneider Quintero Cano,
quien actúa en calidad de demandante en el presente proceso de tutela, remitió
el informe en el que da respuesta a los interrogantes planteados. En síntesis,
el accionante manifestó:
“(a)
Que asiste a la iglesia Adventista del Séptimo Día, ubicada en la Calle 33 B
No. 38 -35, barrio El Sarzal, en la ciudad de Villavicencio. Para ello, aportó
copia de la certificación expedida, el 6 de febrero de 2017, por el señor
Carlos David Moreno, en calidad de pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, Distrito Central de Villavicencio, en la que consta que el accionante
“asiste a la iglesia hace 17 meses y participa de cursos de discipulado”.
(b) Que posterior al fallo de tutela del 28 de abril de 2016, proferido por
el Tribunal Superior de Villicencio, presentó acciones penales y disciplinarias
contra los funcionarios que intervinieron en los hechos que motivaron la
presentación de la acción de tutela.
(c)  Que actualmente se mantiene registrada la anotación
demeritoria en su formulario de seguimiento, la cual fue realizada el 20 de
marzo de 2016”.
Policía
Nacional –Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio
31.
Por su parte, el Coronel Freddy Hernán
Jiménez Rodríguez, actuando en nombre y representación de la Policía Nacional –
Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio, contestó los
interrogantes formulados en el auto de pruebas y adjuntó los soportes
correspondientes. A continuación la Sala procederá a exponer los apartes más
relevantes del informe:
(a)
De manera preliminar, solicitó la
desvinculación del General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la
Policía Nacional y del Ministro de Defensa, bajo el argumento de que en el
Decreto 4222 de 23 de noviembre de 2006, se descentraliza [sic] las funciones
del nivel central a los Comandos de Regiones, Policías Metropolitanas, y
Departamentos de Policía, con el fin de atender las necesidades del servicio y
que los hechos, objeto de discusión tuvieron lugar en la jurisdicción del
Municipio de Villavicencio.
(b)
En cuanto a la primer pregunta,
relató los hechos ocurridos el 20 de marzo de 2016, precisando que la orden
impartida, referente “a la lectura del mensaje y acompañamiento a las
iglesias” fue dada a conocer días antes a la materialización de la misma,
por lo que el actor contó con la oportunidad de manifestar su inconformismo, o
indisposición para el servicio de semana santa ante sus superiores. Indicó que, con fundamento en el literal C,
artículo 10 de la Resolución Nro. 04162 del 15 de Noviembre de 2011[40], el Intendente Cristancho llamó la atención al
accionante por su “displicencia y actitud durante la formación”,
por lo cual se procedió a “encauzar la disciplina, mediante un registro de
una anotación de incumplimiento con afectación en su formulario de seguimiento”,
conforme con lo dispuesto en el Decreto 1800 de 2000 y la Resolución 04089 del
11 de septiembre de 2015.
Señaló que no se
vulneraron los derechos a la libertad de culto, libertad de conciencia e
igualdad del actor, porque no cumplió con la orden de servicio cuestionada
debido a que fue autorizado por su superior para retirarse y dirigirse a buscar
atención médica. Por esta razón, afirmó que “jamás se le ordenó u obligó a
prestar su servicio”.
Indicó que la
autoridad evaluadora realizó la anotación y, luego, notificó al accionante de
la misma. Contra esta decisión el patrullero presentó reclamación ante la
autoridad evaluadora, quien ratificó la anotación y luego remitió el asunto al
revisor, el cual confirmó lo decidido. Resaltó que, de acuerdo con los informes
rendidos por los servidores que intervinieron en los hechos, los cuales gozan
de presunción de legalidad, (i) la actuación fue netamente preventiva, en tanto
se buscó encauzar la disciplina con el fin de evitar que se pierda el respeto,
el decoro y cortesía policial (art. 27, Ley 1015 de 2006), y (ii) el registro
negativo fue por el comportamiento inadecuado que presentó durante la formación,
más no por aspectos religiosos.
(c)
En relación con el segundo interrogante, indicó que de acuerdo
con la información suministrada por la Oficina de Planeación de la Policía
Metropolitana de Villavicencio, el Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas,
Director General Policía Nacional, suscribió la Directiva Operativa Transitoria
No. 013 (…) Plan de Seguridad y Movilidad 2016, “Por una semana santa segura
y en paz”, con la cual se anexó el mensaje institucional y se impartieron
instrucciones, entre otras, la de “convoca[r]  reuniones con las autoridades
eclesiásticas, con el fin de emitir recomendaciones frente a aspectos
relacionados con la seguridad durante eventos religiosos, (…), así como la
autorización para el espacio para la lectura de un saludo institucional durante
la homilía”. Con base en esta directriz, la Metropolitana de Villavicencio,
mediante Orden de Servicios No. 120 MEVIL-PLANE del 15 de marzo de 2016,
impartió la siguiente consigna “leerán el mensaje del Director de la Policía
Nacional a los feligreses al final de cada eucaristía, a cada funcionario se le
entregó una copia del mensaje, con previa coordinación con el párroco.”
(d)
En lo que respecta a la tercera pregunta, informó que acuerdo a
la Directiva Operativa Transitoria No. 013, se establecieron parámetros
institucionales, orientados a generar las condiciones de seguridad y
convivencia necesarias en el territorio nacional.
(e)
Respecto de la pregunta formulada en
el cuarto ítem del auto de pruebas,
en primer lugar, indicó que la normatividad aplicable para la evaluación del
desempeño del personal policial es la Constitución Política de 1991, el Decreto
1800 de 2000[41],
la Resolución Nro. 04089 de fecha 11 de septiembre de 2015[42], la Ley 1015 de 2006[43], la Resolución
Nro. 04162 del 15 de noviembre de 2011, el Reglamento de Orden Cerrado para la
Policía Nacional, la Ley 734 del 2002[44],
el Decreto-Ley 1791 del 2000[45],
la Resolución Nro. 0662 del 18 de mayo de 2001[46],
la Resolución Nro. 01751 del 22 de marzo de 2006[47], la Resolución Nro. 4581
del 07 de septiembre de 2006[48],
el Decreto 4222 de 2006[49],
la Resolución Nro. 00912 del 1 de abril de 2009[50], la Ley 1437 de 2011[51], y la Resolución
No. 01425 del 30 de abril de 2012[52].
En segundo lugar, en
cuanto al procedimiento que se surtió para realizar la anotación de incumplimiento
con afectación, explicó:
“(…) [La anotación]
fue registrada en su formulario de seguimiento, esta fue realizada conforme lo
establecido en el Decreto 1800 de 2000, al tenor del artículo 1, (…); donde en
cada inicio de año, los uniformados inician con mil doscientos puntos (1200), y
de acuerdo a su comportamiento y resultados se le empezara a descontar por el
incumplimiento al mismo, dependiente la falta o causal que genere el descuento.
En el artículo 21, de la norma ibídem, se reconoce a las autoridades
evaluadoras al jefe directo o inmediato responsable del control de desempeño
del personal, asimismo, se describe sus atribuciones en el artículo 22 (…). Que
para el caso objeto de estudio, y una vez el jefe inmediato del señor QUINTERO
CANO, le realizó la anotación de incumplimiento con afectación, registrada en
su formulario de seguimiento, de acuerdo a la Resolución No. 04089 del 11 de
septiembre de 2015 (Reglamentaria del Decreto 1800 de 2000) (…) esta fue
fundada al tenor del artículo 18 de la Resolución 04089 del 2015,
“Afectaciones”, en la cual le fue descontado cien puntos (100), que, no
obstante, en caso de no estar de acuerdo el funcionario con la misma, puede
proceder a la reclamación por escrito ante el evaluador dentro de las 24 horas
siguientes a la notificación conforme a los artículos 6 y 52 del Decreto 1800
del 2000. Ahora bien, de acuerdo a la acción desplegada por el uniformado en
defensa mediante la reclamación, esta fue puesta en conocimiento del superior
jerárquico, quien se denomina autoridad revisora conforme a los artículos 33, 34
y 35 de la norma ibídem (…) Así las cosas, se logra dilucidar que la autoridad
revisora sería el Ad quem, para dirimir el conflicto presentado, por sus
subalternos, siendo prudente indicar su procedimiento para las reclamaciones,
conforme a los artículos 51, 52 y 53 de la norma pluricitada (...)”.
Unido a ello, informó que el Jefe
de la Oficina de Control Interno Disciplinario, certificó que por los hechos
objeto de estudio no se dio origen a la apertura de una investigación
disciplinaria[53].
A partir de lo anterior, concluyó
que “las consecuencias de la anotación por incumplimiento con afectación, en
su formulario de seguimiento, fue por negarse a ser parte de un equipo de
trabajo y no contribuir al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de
las actividades, procedimientos y procesos de la institución: menos cien (100)
puntos por cada anotación”. Los 100 puntos negativos por la anotación derivada
de los actos de indisciplina en la formación fueron restados en la evaluación
al factor “Comportamiento”, sub-factor “Trabajo en equipo”. A pesar
de los puntos negativos derivados de la anotación demeritoria, la evaluación
final del actor para el período comprendido desde 05/01/2016 hasta 08/09/2016,
arrojó un resultado positivo, en tanto fue ubicado en el rango de clasificación
Superior, lo que significa que fue uno de los uniformados sobresalientes en su
período evaluado.
Por otra parte,
aclaró que “la anotación demeritoria es tenida en cuenta para la evaluación
del formulario de seguimiento del desempeño policial, mientras que la hoja de
vida es un documento diferente a este, ya que este formulario de seguimiento y
de acuerdo a lo normado mediante la Resolución 04089 de 2015, indica que este
reposara en el sistema de Evaluación del Desempeño Policial conforme lo establece
su artículo 35”.
Con base en lo
anterior, adujo que no existió violación del derecho a la libertad de culto del
accionante, habida cuenta de que “lo que se logra deducir con su actuar, es
que pretende hacer ver que el registro que se le realizó en su formulario de
seguimiento, fue como consecuencia de su inconformismo exteriorizado de, “dar
lectura al mensaje”, más no, por su falta de cortesía y displicencia dentro de
la formación (…)”. Agregó que el servicio que presta la Policía en
acompañamiento a las iglesias que profesan la religión Católica en la Semana
Mayor, es un servicio público, que nace de la necesidad de controlar las
perturbaciones o situaciones que afecten la tranquilidad de las personas que
asisten a las actividades con ocasión a la Semana Santa, máxime cuando en esa
época se presentan aglomeraciones de público, que ameritan de la presencia de
la Policía Nacional.
(f)
Finalmente, expuso unas consideraciones relativas al régimen especial de
la Policía Nacional y a la doctrina constitucional sobre las relaciones de
especial sujeción. Ello, para señalar que evidenciada la alteración de orden
público que sufren algunos territorios del país, resulta lógico que la
actividad de todos los miembros que hacen parte del Talento Humano de la
Policía Nacional, como es el caso del actor, se circunscriba a las necesidades
del servicio.
Dado el régimen
especial de la Policía Nacional (Decreto 1791 de 2000), no es factible que la
situación del demandante se resuelva mediante la interpretación complementaria
o por analogía con el régimen laboral general. Por esta razón, es predicable
frente al actor la “doctrina constitucional sobre las relaciones de sujeción”[54], la cual
explica que “la profesión de policía es una actividad lícita e implica para
el uniformado la aceptación integra de las normas y parámetros del ordenamiento
jurídico que la desarrolla, más aún cuando es un servicio público de rango
constitucional, sin que sea viable jurídicamente que ahora el señor Patrullero (…),
alegue el libre ejercicio de su Libertad Religiosa para afectar el ejercicio de
una profesión que se reitera, el accionante voluntariamente escogió como su
proyecto de vida”. Ello, no significa que se invoque la relación de
sujeción para justificar la afectación de derechos fundamentales, sino que
dicha relación implica “necesariamente un aconductamiento a las funciones y
reglamentos internos de cada institución del Estado, en ejercicio de su
facultad superior y del interés público que su actividad reviste”.
Por otro lado, en
relación con el alcance del derecho a la libertad religiosa, alegó que esta libertad
no es absoluta, toda vez que encuentra limites en su ejercicio en aquellos
casos en que este comprometida la protección de los derechos de la
colectividad, esto es, cuando sobrevenga el amparo de la seguridad, vida,
honra, bienes, creencias y la garantía de la paz. Por este motivo y teniendo en
cuenta que la Policía debe garantizar la condiciones para el ejercicio de los
derechos referidos, no pueden los funcionarios que pertenecen a la institución afectar
el interés general por razón de su credo religioso[55]. No obstante, indicó que
la Policía Nacional permite que sus funcionarios asistan a celebrar los ritos
establecidos por la religión que profesan (Católica o no católicas), siempre y
cuando no se vea afectado por ello el servicio de policía.
A partir de los anteriores
argumentos, concluyó: (i) el mensaje difundido para los feligreses por parte de
la Policía Nacional, no vulnera el derecho a la libertad de culto, alegada por
el actor, porque ni explícitamente ni implícitamente está dirigido a una
religión en particular sino a la comunidad en general, que es la razón de ser
del Servicio de Policía, basada en los principios de comunitariedad y
proximidad. (ii) El actor pretende confundir al operador judicial, el derecho a
la libertad de culto, con la indisciplina propia de sus actos en la formación,
la anotación demeritoria es un producto de una decisión objetiva e imparcial. (iii)
Los policiales pueden participar de los rituales propios de cada entidad
religiosa en aquellos espacios en los cuales no sean requeridos para la
efectiva prestación del servicio, esto es, luego de sus jornadas laborales o
los días en que no tengan el deber de prestar servicios propios que la misma
comunidad demande, en materia de seguridad ciudadana. (iv) El señor Patrullero
(…), ingresó de manera libre y espontánea a la Policía Nacional, en
consecuencia es beneficiario de un régimen especial que el propio Constituyente
Primario le otorgó, por lo tanto, si realizar acercamiento con el conglomerado
social tiene un tipo de afectación desde su ámbito personal, cuenta con la
posibilidad de acudir a un oficio o profesión liberal que le permita
desarrollarse mejor y tener una alta calidad de vida. (v) Es un pilar
fundamental respetar la disciplina en una institución jerarquizada, porque de
no hacerlo sería desnaturalización la misión y visión, haciendo un símil, se
trae acotación, es como no exigirle a un abogado que presente medidas
cautelares dentro de un proceso ejecutivo, por el temor que los demandados
tomen represalias contra su vida, a sabiendas que se están ante el cumplimiento
de un deber”.
Departamento
de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia
32.
El profesor William Mauricio Beltrán,
vinculado al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional de Colombia, rindió concepto respecto del contenido del
mensaje, en los siguientes términos: “considero que el mensaje (…)
concuerda en términos generales con los valores cristianos compartidos por católicos
y adventistas. Sin embargo, deber ser interpretado en su contexto. Por ejemplo,
el mensaje alude a un “día santo”. Para los adventistas el día santo es el día
sábado (o séptimo día). Si un adventista se ve obligado a declarar que el “día
santo” es el domingo, o esto se puede inferir de su discurso, esta declaración
iría en contra de sus convicciones, por lo cual, se le estaría obligando a
actuar en contra de su conciencia”.
Ministerio
de Defensa Nacional y Pontificia Universidad Javeriana
33.
Las Facultades de Derecho Canónico y de
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, así como el Ministerio de
Defensa Nacional no atendieron el requerimiento de esta Corte.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
34.
Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así
como en virtud del Auto del veintiocho (28) de octubre de 2016, expedido por la
Sala de Selección de Tutela Número Diez de esta Corte, que decidió someter a
revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
35.
En virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada en la materia[56]
y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como
mecanismo de protección definitivo cuando: (i) el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) existiendo otro mecanismo,
carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e
integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto;
de otro lado, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[57].
En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una
decisión definitiva por parte del juez ordinario[58].
36.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se realizará un
análisis en el caso concreto de la procedencia de la acción de tutela.
Procedencia
de la acción de tutela – Caso concreto
37.
Legitimación por activa: El señor Johnny Esneider Quintero Cano,
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, presentó la
acción de tutela a nombre propio acorde con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Carta Política[59]
y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[60].
38.
Legitimación por pasiva: La Policía Nacional, es una
entidad de naturaleza pública, por lo tanto, es
susceptible de demanda de tutela (C.P. 86°, Decreto 2591 de 1991 art. 1°
y art. 13°), por lo cual se observa la existencia de legitimación por pasiva en
el presente asunto.
39.
Inmediatez: Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante
de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto
del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales[61]. En
el caso concreto, del acervo probatorio se desprende que, por un lado, el 24 de
marzo de 2016 el Comandante del ESMAD[62] ratificó la decisión que adoptó el Comandante de Sección del
mismo escuadrón[63], en el sentido de no retirar la anotación demeritoria impuesta
contra el actor en su formulario de seguimiento[64] y, por el otro, que la presente tutela, fue presentada el día 13
de abril de 2016[65], es decir que, sólo transcurrieron veinte (20) días entre los hechos
que originaron el presente trámite y la interposición de la solicitud de
amparo; término que la Sala considera prudente y razonable para el ejercicio de
la acción.
40.
Subsidiariedad: En el caso sub examine, el juez de
tutela en única instancia declaró improcedente la acción de tutela por
considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que el
actor tiene la posibilidad de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la actuación de la Policía Nacional. En ese sentido, manifestó
que “se entrevé (…) un mal uso de esta acción por parte del
sancionado (…), queriendo recurrir a esta vía como una instancia más
para debatir una anotación y/o registro demeritorio (…)”[66]. Así mismo, determinó
que no procede la solicitud de amparo en lo relacionado con los presuntos actos
de injuria, calumnia e improperios cometidos por sus superiores, por cuanto,
para ello, la jurisdicción ordinaria ofrece las respectivas acciones penales o
disciplinarias.
41.
En cuanto a la procedibilidad formal de
la acción de tutela, la Sala encuentra que, prima facie, existe en el
caso concreto un mecanismo ordinario de defensa judicial idóneo para
controvertir la legalidad del acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos del accionante. En efecto, la anotación negativa registrada en el
formulario de seguimiento el 20 de marzo de 2016, ratificada por el evaluador y
confirmada por los superiores jerárquicos los días 23 y 24 del mismo mes y año,
respectivamente, modifica la situación jurídica del actor, en tanto afecta la
evaluación del desempeño de su servicio. Por lo tanto, se trata de un
acto administrativo que, teniendo en cuenta los
cargos formulados por el actor, puede ser
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo las causales
relativas a que el acto administrativo fue expedido de forma irregular o mediante
falsa motivación (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011).
42.
No obstante lo anterior, y contrario a la tesis
expuesta por el juez de tutela en única instancia, la Sala considera que
el accionante no utilizó de manera inadecuada o dio “mal uso” a la acción
de tutela. Lo que se debate en el presente asunto no se reduce a un conflicto
de orden legal relacionado con la irregular o falsa motivación de una decisión
de la Policía Nacional. De los fundamentos fácticos del caso concreto, se
evidencia que el asunto que ocupa a la Sala adquiere una relevancia iusfundamental
que activa la competencia del juez de tutela, en tanto se estudia el posible
desconocimiento del principio de laicidad por parte de una autoridad pública (Policía
Nacional), al haber ordenado a uno de sus servidores (patrullero) leer un mensaje
que, presuntamente, hace referencia a una religión específica y, al mismo
tiempo, se analiza la posible vulneración del derecho fundamental a la libertad
religiosa y de culto de dicho funcionario, como consecuencia de la anotación
demeritoria que se registró en su formulario de seguimiento, la cual, a su
juicio, se realizó porque se opuso a cumplir con la orden impartida debido a
que profesa un religión distinta a la que profesa el mensaje impartido por el
Director de la Policía Nacional, en la medida que, el accionante es Adventista
del Séptimo Día.
43.
En estos casos, en los que se estudia la
violación del derecho fundamental a la libertad religiosa del trabajador como
consecuencia de las acciones u omisiones desplegadas por el empleador, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela es el medio
judicial idóneo para materializar su protección y, en efecto, garantizar su
libre ejercicio. Así, esta Corte lo reiteró, en una reciente oportunidad, al
revisar una acción de tutela que interpuso una trabajadora contra su empleador,
bajo el argumento de que fue vulnerado su derecho a la libertad religiosa por
haber sido despedida por incumplir con una orden que iba en contra de sus
creencias religiosas, esto era, utilizar el pantalón suministrado con la
dotación en lugar de la falda que le imponía llevar su religión. En cuanto al
requisito de subsidiariedad, este Tribunal estableció que “cuando se
persigue la protección del derecho a la libertad religiosa dentro del ámbito de
una relación laboral, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para
hacerlo efectivo”[67].
44.
Dado lo dispuesto por la jurisprudencia
de esta Corte y en consideración de que la posible violación del derecho a la
libertad religiosa y de culto del actor se produjo en el desarrollo de la
relación laboral que tiene con su empleador (Policía Nacional), la Sala de
Revisión concluye que la acción de tutela, contrario a lo sostenido por el juez
de única instancia, era el medio que, además de ser el idóneo para formular
ante el juez la problemática de carácter fundamental mencionada, en términos de
eficacia, tenía la aptitud material para proporcionar una solución oportuna e
integral al asunto planteado por el accionante. Dicha solución podía considerarse
(i) oportuna, porque era posible dirimir de forma inmediata el conflicto iusfundamental
propuesto antes de que se produjeran los efectos negativos de mantener la
anotación demeritoria, como por ejemplo bajar la calificación en la evaluación
de desempeño policial, e (ii) integral, en la medida que el juez constitucional,
en ejercicio de sus amplias potestades, podía abordar con mayor amplitud y sin
estrictos formalismos la posible violación del derecho fundamental a la
libertad religiosa, y en efecto, adoptar las medidas necesarias, no solo para
cesar la vulneración del derecho subjetivo, sino para evitar que dicha actuación
se repitiera en el futuro.
Adicionalmente, se
evidencia que, por las circunstancias del caso concreto, la acción de tutela
adquiere un mayor grado de eficacia respecto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esto, teniendo en cuenta que el principio de
informalidad que caracteriza la acción de tutela, permite que este conflicto de
relevancia constitucional tenga una solución judicial, lo cual resultaría más
difícil de lograr a través del medio de control previsto para ese fin en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por las formalidades que la ley
exige para su admisión.
45.
En cuanto a las quejas y denuncias que
realizó el actor en el escrito de tutela contra los funcionarios de la Policía
Nacional, presuntamente, por haberle faltado el respeto y haber incurrido en el
trámite de la actuación administrativa en actos de injuria y calumnia, entre
otras conductas punibles, comparte la Sala lo expuesto por el juez de tutela en
única instancia, en el sentido de que la acción de tutela es improcedente
frente a estas pretensiones, comoquiera que son las autoridades penales y
disciplinarias las competentes para adelantar las investigaciones
correspondientes, endilgar responsabilidades e imponer las sanciones a las que
haya lugar.
46.
En conclusión, la
Sala de Revisión considera que la acción de tutela acredita el requisito de subsidiariedad,
por lo tanto, procederá a analizar el fondo del asunto.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
47.
Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta
providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión resolver los
siguientes problemas jurídicos:
¿La Policía Nacional desconoció el principio de laicidad, y vulneró
el derecho a la libertad religiosa y de culto del actor al ordenarle que en
cumplimiento de sus funciones, como patrullero, leyera a los feligreses en la
eucaristía de “Domingo de Ramos” un mensaje que, presuntamente, guarda
relación con la religión Católica, a pesar de que aquel profesa la religión
Adventista del Séptimo Día?
¿La Policía Nacional vulneró el derecho al debido proceso
administrativo del actor al registrar una anotación demeritoria en el
formulario de seguimiento, bajo el argumento de que el patrullero incurrió en
la falta leve prevista en el numeral 3, artículo 36 de la Ley 1015 de 2006, por haber asumido una actitud
displicente dentro de la formación y frente a la instrucción impartida
por su superior?
Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos
planteados, la Sala de Revisión (i) analizará el principio de laicidad, (ii) definirá
el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad religiosa y de
culto, (iii) abordará los asuntos más relevantes del proceso de evolución y del
régimen disciplinario especial de la Policía Nacional. Finalmente, solucionará
el caso concreto.
D.
SENTIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE LAICIDAD, Y DEBER DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
48.
Mediante la Constitución de 1991 el
Estado colombiano abandonó su adhesión a la religión católica instituida en la
Carta Política de 1886, para en su lugar adoptar un modelo de Estado laico que
defiende la separación entre el Estado y la iglesia e impone un deber de
neutralidad en materia religiosa, que se deriva, principalmente, del artículo
19 Superior, y que garantiza el derecho
a la igualdad de todas las confesiones religiosas frente al Estado y
frente al ordenamiento jurídico.
49.
A fin de precisar el sentido de la
relación entre el Estado colombiano y la religión, esta Corte, en sentencia C-350 de 1994, realizó una comparación entre la
regulación dispuesta en la Constitución de 1886 y la contenida en la Carta
Política de 1991. Mediante este análisis, logró determinar que la Constitución
de 1991 generó grandes cambios que reivindican el carácter laico del Estado, a
saber: (i) desvinculó al Estado de un credo particular, (ii) reconoció
el carácter pluralista del Estado Social de Derecho, (iii) excluyó el
confesionalismo, (iv) consagró la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones, y (v) proscribió el favorecimiento o
exaltación de una religión específica[68].
50.
En ese mismo sentido y a partir de
la interpretación histórica de la Constitución, que se sirve de las discusiones
que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte concluyó en
la providencia precitada:
“En
síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado
social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de
los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma
de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento
igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la
protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no
referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el
ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y
las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad
del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos
aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas
confesiones religiosas. (…)".[69] (Negrillas fuera del original).
51.
Conforme con lo anterior, el ordenamiento
constitucional dispone que las relaciones entre las instituciones estatales y
las confesiones religiosas deben desarrollarse bajo un modelo de Estado
laico, que si bien reconoce y respeta la cuestión religiosa, impone un
deber de neutralidad frente a los credos e iglesias. Esta Corte ha precisado
que dicho deber de neutralidad impide que el Estado: “(i) establezca una religión o iglesia oficial, (ii) se
identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión, (iii) realice
actos oficiales de adhesión a una creencia, (iv) tome medidas o decisiones con
una finalidad exclusivamente religiosas y (v) adopte políticas cuyo impacto sea
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia”.[70]
52.
No obstante el deber de neutralidad, el
modelo de Estado laico adoptado por la Constitución de 1991 también se basa en el
pluralismo religioso, derivado del principio democrático pluralista, al
igual que del derecho a la igualdad y del derecho a la libertad religiosa[71].
Esta Corte ha señalado que en virtud del pluralismo religioso “las
diferentes creencias tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del
Estado. Lo que implica que no se admiten medidas legislativas o de otra índole
dirigidas a desincentivar o a desfavorecer a las personas o comunidades que no
comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque
no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda
dimensión trascendente”.[72]
53.
A partir de lo anterior, se colige que la
dinámica de la relación entre el Estado colombiano y la religión se desarrolla
conforme al principio de laicidad, lo que si bien significa de base una
desvinculación del órgano estatal a un credo específico, no deja de lado el
respeto por todas las confesiones religiosas en condiciones de igualdad
(pluralismo religioso). De esta manera, corresponde al Estado cumplir con un
deber de neutralidad que le prohíbe, entre otras cosas, identificarse
formal y explícitamente con una iglesia o religión o que realice actos
oficiales de adhesión a una determinada creencia.
E.
CONTENIDO Y ÁMBITO DE PROTECCIÓN
DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
54.
El principio de laicidad incorporado
mediante la Constitución de 1991 procura mantener el pluralismo religioso y, en
efecto, garantizar la protección a la libertad religiosa y de culto, derecho que
se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Carta.
55.
En atención al precepto constitucional
referido, el Legislador, a través de la Ley 133 de 1994, desarrolló la libertad
religiosa y de culto en el marco del Estado laico consagrado en la Carta de
1991. En efecto, en su artículo 2, la mencionada Ley establece una separación
entre Estado y religión o iglesia, al disponer que “ninguna iglesia o
confesión religiosa es ni será oficial o estatal”.
56.
Unido a ello, la Ley precitada, en su
artículo 3, promueve el pluralismo religioso en condiciones de igualdad, al
estipular que el “Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas,
las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley
que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos
fundamentales.” En cuanto a la aplicación del principio de igualdad en el
ejercicio de la libertad religiosa y de culto, la Ley de manera expresa dispone
“Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la
Ley”[73].
57.
En lo que respecta al contenido de la
libertad religiosa y de culto, la Ley 133 de 1994, por un lado, enlista algunos
de los derechos que esta comprende, entre los cuales vale la pena destacar, por
los hechos del caso concreto y su relación con el principio de laicidad, el
relacionado con el derecho de toda persona de “no ser obligado a practicar
actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones
personales”[74].
Y por otro, la Ley mencionada advierte que dicha libertad no es absoluta, debido
a que encuentra límites en los elementos constitutivos de una sociedad
democrática, tales como, (i) la protección del derecho de los demás al
ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales; y (ii) la
salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública[75].
58.
En esa dirección, cabe resaltar que la
Convención Americana de Derechos Humanos[76], en su artículo 12, reconoce el
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Dicha Convención señala que
dicho derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o
de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y
divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado. Además, proscribe las medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de
religión o de creencias, y establece que la libertad religiosa está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas en la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o
libertades de los demás.
59.
Por su parte, la Sala Plena de esta
Corte, en sentencia SU-626 de 2015, en relación con el núcleo esencial del
derecho a la libertad religiosa y de culto, a partir de una interpretación
conjunta de las normas constitucionales a las que se adscriben la libertad
religiosa, el pluralismo y el principio de laicidad (arts. 1, 7 y 19 de la
Carta), concluyó:
“1.
La libertad de conciencia confiere un amplio ámbito de autonomía para que el
individuo adopte cualquier tipo de decisión acerca de sus opiniones,
sentimientos o concepciones incluyendo, entre muchas otras cosas, la
posibilidad de negar o afirmar su relación con Dios así como adoptar o no
determinados sistemas morales para la regulación de su propia conducta.
2.
El derecho a la religiosidad es un derecho de libertad: (i) no puede consistir
en una imposición ni del Estado ni de otra persona; (ii) tampoco puede ser
objeto de prohibición por parte de la autoridad o de particulares.
3.
El derecho a la religiosidad es un derecho subjetivo, fundamentalmente, a:  (i)
adherir a una fe o profesar un sistema de creencias trascendental -libertad de
conciencia-; (ii) practicar individual o colectivamente un culto -libertad de
expresión y culto-; (iv) divulgarla, propagarla y enseñarla -libertad de
expresión y enseñanza-; (iv) asociarse y pertenecer a una congregación o
iglesia -libertad de asociación-; y (v) a impartir, los padres, determinada
formación religiosa a sus hijos.
4.
Los derechos de libertad religiosa y de cultos imponen deberes de protección y
respeto al Estado y los particulares, cuanto menos, así: (i) el Estado, a no
imponer una religión o culto oficiales; los particulares, a no obligar a otros
profesar una fe; (ii) los particulares y el Estado, a respetar las creencias,
manifestaciones del culto, elementos sagrados del mismo y la divulgación y
enseñanza religiosas; y (iii) el Estado, a proteger los derechos de libertad
religiosa y garantizar su ejercicio pacífico y tranquilo.
5.
Los titulares de derechos religiosos -creyentes, padres de familia, pastores o
ministros del culto, sacerdotes, iglesias, etc-, tienen un derecho a: (i) que
el Estado se abstenga de ofender o perseguir una determinada iglesia o
confesión religiosa; (ii) que el Estado y los particulares se abstengan de
ejecutar comportamientos que constituyan un agravio al conjunto de símbolos u
objetos de veneración vinculados a los diferentes sistemas de creencias; (iii)
recibir protección de las autoridades estatales –deber de protección- frente a determinadas
conductas que impidan o coarten la profesión de una fe religiosa o las
manifestaciones de culto; y (iv) que el Estado proteja igualmente las iglesias
y confesiones, sin discriminaciones ni favorecimientos especiales.
6.
El ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de cultos admite
limitaciones, por razones de: (i) seguridad, orden, moralidad y salubridad
públicos; (ii) el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de
los demás”.
60.
En lo que respecta al ámbito de
protección del derecho a la religiosidad, esta Sala Tercera de Revisión, en sentencia
T-575 de 2016, estudió la jurisprudencia constitucional dictada en la materia,
al revisar los fallos que dictaron los jueces de instancia con ocasión de una
acción de tutela que interpuso una señora en contra de su empresa empleadora, por
considerar que había sido vulnerado su derecho fundamental a la libertad
religiosa y de culto[77].
61.
El resultado de dicho análisis indicó que
la Corte ha tenido la oportunidad de resolver casos en los que se alega la
vulneración de esta garantía iusfundamental, como consecuencia de actos
u omisiones que fueron desplegadas por entidades públicas o particulares, en
diversos contextos, como por ejemplo, en relaciones laborales[78], en
materia de educación[79],
en asuntos de objeción de conciencia al servicio militar[80], entre
otros[81].
62.
A
partir de la jurisprudencia constitucional proferida sobre la materia, esta
Sala de Revisión concluyó, en aquella oportunidad, que “el análisis de la
vulneración del derecho a la libertad religiosa y de culto en diferentes
escenarios implica, cuanto menos, la verificación de cuatro aspectos
esenciales para efectos de determinar si procede o no la concesión del amparo”,
a saber:
“(i)
La importancia de la creencia invocada frente a la religión que se profesa.
Consiste en que el comportamiento o la manifestación de culto constituya un
elemento fundamental de la religión que se profesa y, que la creencia de la
persona es seria y no acomodaticia.
(ii)
La exteriorización de la creencia. El derecho a la libertad de conciencia, base
de la libertad religiosa y de cultos implica no sólo la protección de sus
manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio público y divulgación.
(iii)
La oportunidad de la oposición frente al acto contrario a la libertad
religiosa. Debe manifestarse dentro de un término razonable respecto del acto u
omisión que resulta contrario a los dogmas de la religión que profesa la
persona, so pena de que, la divulgación tardía del impedimento fundado en
creencias relacionadas con un culto, sobrepasen el ámbito de protección del
derecho a la libertad religiosa y de culto.
(iv)
El principio de razón suficiente aplicable. Incluye dos etapas: (i) si el medio
elegido es necesario para llegar al fin, precisando si no existe otro medio
alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad
religiosa y (ii) si la afectación es desproporcionada”.
63.
Conforme con lo expuesto, se concluye que
la Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corte ha entendido el
derecho a la libertad religiosa y de culto, como aquel derecho subjetivo en
virtud del cual la persona tiene la posibilidad de elegir libremente bajo que
doctrina religiosa quiere desarrollar su proyecto de vida y, por ende, la forma
en que va a practicar y profesar sus creencias. Este derecho se traduce para el
Estado y los particulares en un deber de respeto, conforme al cual nadie puede
ser obligado a realizar actos que vayan en contravía de su culto, ni a exaltar
o promover una religión diferente a la que práctica[82]. Así
mismo, se colige que la jurisprudencia constitucional prescribe que frente a
una demanda de tutela presentada por violación a la libertad religiosa, el juez
de la causa con el fin de resolver el asunto deberá verificar, cuanto menos,
(i) la importancia de la creencia invocada frente a la religión que se profesa;
unido a ello, (ii) la exteriorización de la creencia; (iii) la oportunidad de
la oposición frente al acto contrario a la libertad religiosa, y (iv) el
principio de razón suficiente aplicable.
F.
MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL
64.
La Constitución Política en su artículo
218 define a la Policía Nacional como un cuerpo armado de naturaleza civil que
tiene por fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar una convivencia pacífica
en el territorio nacional. La misma norma confiere al Legislador la potestad de
regular la organización y determinar el régimen de carrera, prestacional y
disciplinario de dicha institución.
65.
La naturaleza de la Policía Nacional y su
misión constitucional impone al Estado el deber de proporcionar a sus
funcionarios una especial formación profesional, moral y ética que fortalezca
el valor de la disciplina y garantice la prestación de un servicio efectivo a
la comunidad. En esa medida, la evaluación y calificación del desempeño del
personal uniformado no se realiza bajo las reglas fijadas en el régimen laboral
ordinario, sino conforme a los criterios y procedimientos establecidos en un régimen
jurídico especial.
66.
En ese orden, el Decreto 1800 de 2000, “Por
el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal
uniformado de la Policía Nacional”, establece las normas, técnicas y
procedimientos para la evaluación del desempeño policial del personal
uniformado en servicio activo de la Policía Nacional, hasta el grado de Coronel[83].
Con relación a la naturaleza de dicho proceso, el decreto en su artículo
segundo señala que la evaluación del desempeño policial “es un proceso
continuo y permanente por medio del cual se determina el nivel de desempeño
profesional y el comportamiento personal”, que se rige por los principios
de continuidad, equidad, oportunidad, publicidad, integralidad, transparencia,
objetividad y celeridad.
67.
El artículo cuarto del Decreto
1800 determina que los objetivos de la evaluación del desempeño policial
consisten en establecer y valorar los logros de la gestión desarrollada por el
personal en servicio activo de la Policía Nacional, en un período determinado
para formular perfiles ocupacionales y profesionales, establecer planes de
capacitación, otorgar estímulos y ascensos, facilitar la reubicación
laboral, asignar cargos y decidir sobre su permanencia en la Institución,
precisando que en ningún caso, el decreto de evaluación del desempeño
policial sea un instrumento sancionatorio.
68.
Existen diferentes clases de evaluación, entre las
cuales cabe destacar la evaluación total que se realiza anualmente en el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre. Para el efecto,
cada inicio de año los uniformados inician con mil doscientos (1200) puntos,
los cuales disminuyen de acuerdo con su conducta y resultados de la gestión. En
caso de mal comportamiento y deficiente desempeño de las funciones, el número
de puntos se restan dependiendo del aspecto de evaluación que resulte afectado
(condiciones personales, desempeño profesional, entre otros)[84]. La
evaluación también puede ser parcial, cuando se efectúa entre el 1º de enero
hasta 60 días antes de la fecha de ascenso[85],
el resultado de la misma es producto del promedio de las evaluaciones anuales
durante el tiempo que duró el uniformado en el cargo respectivo[86].
69.
En el mismo decreto entre los artículos 21 y 33 establece
que en el proceso de evaluación intervienen la autoridad evaluadora y la
revisora, las cuales están encargadas de diligenciar los “documentos de
evaluación” en los que se “consignan informaciones, juicios de
valor y factores de Gestión, acerca de las condiciones personales y desempeño
profesional del personal uniformado en servicio activo de la Policía Nacional”[87], y que se
clasifican en: “(i) Formulario 1. De Evaluación del
Desempeño Policial: Este formulario se diligencia para todo el personal a
evaluar. (ii) Formulario 2. De Seguimiento: Este formulario se diligencia
por el evaluador, para todo el personal a evaluar, anotando los aspectos
relevantes que incidan en la evaluación, y (iii) Formulario 3. De Registro
de datos y hechos: Este formulario se diligencia por el evaluado de la
Categoría Básica del Nivel de Gestión Operativa, en el cual registra las
acciones diarias de su desempeño profesional”. Los
formularios 2 y 3, son el soporte del Formulario 1 de Evaluación del Desempeño
Policial[88].
70.
En cuanto al formulario de seguimiento, el artículo 40
del decreto en mención, dispone que se aplica a todo el personal
uniformado. Sobre su alcance, diligenciamiento y trámite se observarán los
parámetros previstos en la Resolución 04089 del 11 de
septiembre de 2015[89],
y se deberán tener en cuenta las anotaciones que consignen
hechos o circunstancias que incidan o afecten la evaluación, periodicidad de la
misma y los avances o resultados parciales de la gestión.
71.
En consideración al resultado numérico producto de la suma de las
anotaciones, el evaluado se ubica dentro del rango de clasificación, a saber:
(i) incompetente; (ii) deficiente; (iii) aceptable; (iv) satisfactorio; (v)
superior; y (vi) excepcional. El artículo 42 del decreto define cuales es el
puntaje para quedar incluido en cada una de estas categorías y sus
consecuencias, las cuales pueden ser desde el retiro de la Institución, cuando el
desempeño sea incompetente, hasta la posibilidad de ser beneficiario de los
planes de estímulos, cuando la gestión fue excepcional.
72.
Conforme al artículo 51 del decreto bajo estudio, el evaluado tiene
derecho a manifestar su inconformidad  respecto de  (i) las
anotaciones en el formulario No. 2, "De seguimiento"; (ii) las
anotaciones del revisado en el formulario No. 3, "Registro de Datos y
Hechos"; y (iii) la evaluación y/o con la clasificación anual[90].
En el caso de las reclamaciones por desacuerdo con las anotaciones en los
formularios dos (2) y tres (3), el evaluado lo debe hacer por escrito ante el
evaluador, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su comunicación,
quien las resuelve en un término igual. En caso de mantener su decisión, el
evaluador remitirá lo actuado ante el revisor dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes, quien decide en forma definitiva en el
término de cuarenta y ocho (48) horas.
73.
En los anteriores términos, la ley
establece las normas, técnicas y procedimientos que debe seguir la Policía
Nacional para evaluar y calificar la gestión del personal uniformado vinculado
a la institución, así como el procedimiento para objetar cualquier anotación
que se realice en los formularios que permiten dicha evaluación y calificación..
G.
PRINCIPIO DE OBEDIENCIA DEBIDA EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA
POLICÍA NACIONAL. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
74.
El artículo 91 de la Constitución Política consagra el principio de
obediencia debida en materia militar y la
responsabilidad que se deriva de la ejecución de órdenes que evidencian la
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de una
persona. La norma constitucional prescribe:
“ARTICULO 91. En caso de
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo
ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición.
Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da
la orden.” (Negrilla fuera del original).
75.
Esta Corte en varias oportunidades se ha pronunciado sobre el alcance
del segundo inciso del precepto constitucional precitado[91], en el sentido de
señalar que es indispensable que dentro de las Fuerzas Militares se aplique un
criterio de estricta jerarquía y disciplina, que haga obligatorio acatar las órdenes
impartidas por los superiores, quienes por
mandato constitucional asumirán la responsabilidad correspondiente. No
obstante, también ha precisado que este principio de obediencia debida en el
régimen castrense no es absoluto, ciego o irracional, en la medida que, el
militar subalterno puede sustraerse del cumplimiento de la orden superior
cuando sea necesario preservar “la prevalencia de los derechos fundamentales
intangibles e inescindibles de la dignidad humana y la vigencia de un orden justo”[92].
76.
En razón a que la desobediencia del subalterno frente a ese tipo de
ordenes particulares encuentra justificación en la necesidad de mantener el
ordenamiento constitucional,  no es posible exonerar de toda responsabilidad al
militar que, bajo el pretexto de actuar por el mandato del superior, viole los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y consagrados en normas
de derecho internacional. En concreto, por estos motivos la jurisprudencia de esta Corte ha rechazado por inconstitucional la
obediencia absolutamente irreflexiva[93].
77.
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte el principio
de obediencia debida no es exclusivo de las Fuerzas Militares. En efecto,
aunque el artículo 91 Superior se refiere solo a
los militares, esta Corte en la sentencia T-582 de 2016 precisó que el
principio de obediencia debida aplica también en el Régimen Disciplinario de la
Policía Nacional, en los términos en que ha sido fijado su alcance por la
jurisprudencia constitucional.
78.
Así lo determinó la Corte luego de
analizar, a la luz de la Constitución y del precedente constitucional fijado en
materia del principio de obediencia debida, los artículos 15, 28 y 29 la
Ley 1015 de 2006, “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario
para la Policía Nacional”. En efecto, el artículo 15 de esta ley establece
que la disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento
de la Institución e implica la observancia de las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias que consagran el deber profesional[94].
79.
En relación con los deberes profesionales de los miembros de la Policía
Nacional se encuentra el de cumplir con las órdenes de sus superiores. Sobre
este particular, el artículo 28 de la Ley 1015 de 2006 define la orden como “la
manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar
y ejecutar” y, precisa, que esta “debe ser legítima, lógica,
oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función” (Negrilla
fuera del original).
80.
En concordancia con lo anterior, la misma ley en su artículo 29
prescribe que el subalterno no está obligado a cumplir con la orden que sea ilegítima,
esto es, aquella que “(…) excede los
límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la
Constitución Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes
legítimas superiores”. En caso de
cumplirla, la norma indica que la responsabilidad será compartida entre el
superior que dio la orden y el subalterno que la ejecutó[95].
81.
Con base en las normas citadas, la Corte
en la sentencia T-582 de 2016, manifestó que “(…) dentro de la Policía
Nacional tampoco aplica la obediencia ciega o irrestricta (…)”, en tanto “
(…) los subalternos pueden desobedecer aquellos mandatos de sus superiores
que excedan el límite de la competencia o conduzcan “manifiestamente” al
desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal, es decir, órdenes que
ostensible y evidentemente, sin mayor capacidad analítica o reflexiva del
sujeto, entrañan la ejecución de una conducta antijurídica”.
82.
De lo expuesto es posible concluir que el principio de obediencia
debida, en lo que respecta al régimen disciplinario de los cuerpos castrenses
como la Policía Nacional, se relaciona con el deber que tienen los subalternos
de cumplir con las órdenes impartidas por el superior y la responsabilidad que
recae sobre este último cuando la orden es contraria al ordenamiento jurídico
(art. 91 de la Constitución Política).
83.
A fin de evitar la conformación de un poder absoluto, libre de toda responsabilidad,
que permita la ejecución de órdenes violatorias de los derechos y deberes
consagrados en la Constitución, la Corte ha precisado que la obediencia debida no
es absoluta, irreflexiva, irrestricta o ciega, comoquiera que se reconoce la
posibilidad de que el subalterno desacate, sin que haya lugar a atribución de
responsabilidad disciplinaria, las órdenes que son impartidas por el superior pero
que son abiertamente violatorias de la Constitución, la ley y las normas
internacionales. Una orden en ese sentido puede ser aquella que desconozca los
preceptos constitucionales, vulnera los derechos fundamentales de las personas
o afecta el ejercicio libre de las garantías iusfundamentales que tiene
el mismo uniformado obligado a cumplir la orden. En ese sentido, el artículo 29
de la Ley 1015 de 2006 dispone que el subalterno no está obligado a obedecer la
orden que conduzca a la manifiesta violación de la Carta Política, situación
que, por ejemplo, puede ocurrir si el superior imparte una orden al subalterno con
la que viola evidentemente su derecho a la igualdad (art.12), a la libertad
religiosa y de culto (art. 19), o cualquier otro derecho fundamental reconocido
en la Constitución.
84.
Finalmente, resta mencionar que en relación con los actos que atentan
contra la disciplina institucional, la Ley 1015 de 2006 determina que los
medios para encauzarla son preventivos y correctivos[96], además tipifica
las conductas que constituyen falta gravísima[97],
grave[98]
o leve[99],
y el tipo de sanción que se debe imponer a cada una de ellas[100], verbigracia, en el
caso de las faltas leves culposas la ley dispone que el sujeto responsable será
sancionado con amonestación escrita (art. 39, núm. 5).
La misma ley establece
que el ejercicio de la potestad disciplinaria se hará en el marco del debido
proceso, lo que implica que el sujeto destinatario será investigado conforme a
las leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario
con atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las
garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento
señalado en la ley[101].
En el caso de los miembros de la Policía, el artículo 58 del cuerpo normativo
precitado prescribe que el procedimiento aplicable será el contemplado en el
Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), que está conformado por las
siguientes etapas: (i) indagación[102],
(ii) investigación[103],
(iii) cargos[104],
(iii) descargos[105],
y (iv) fallo[106].
85.
A partir de todo lo anterior, se concluye
que la jurisprudencia constitucional y el marco normativo expuesto demuestran
que las funciones del personal uniformado de la Policía Nacional se desarrollan
con base en un régimen jurídico especial (i) que si bien se caracteriza por
reconocer el valor de la disciplina como condición necesaria para el funcionamiento
de la Institución, (ii) en forma alguna
somete a los subalternos a un modelo de obediencia absoluta e irreflexiva,
(iii) en tanto al interior de dicho régimen castrense existe la
posibilidad excepcional de no obedecer las órdenes ilegítimas impartidas por el
superior, (iv) sin que haya lugar a la imposición de sanción por
no constituir falta disciplinaria.
H.
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
86.
En el caso sub judice, el señor Johnny Esneider Quintero Cano,
quien funge como patrullero de la entidad demandada, interpuso acción de tutela
contra la Policía Nacional, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales a la libertad de culto, libertad de conciencia, igualdad, debido
proceso y dignidad humana, los cuales considera que fueron vulnerados por la
anotación demeritoria que registró su superior en su formulario de seguimiento,
por haber incumplido con la orden de leer a los feligreses católicos en la
eucaristía del “Domingo de Ramos” un mensaje que, presuntamente, guarda
relación con la religión Católica, a pesar de que aquel profesa la religión
Adventista del Séptimo Día.
87.
En el trámite de las instancias y en sede de revisión ante la Corte, la
Policía Nacional, a través de sus diferentes dependencias, solicitó su
desvinculación del proceso de tutela, argumentando que no ha violado los
derechos invocados por el accionante. En concreto, manifestó que (i) el
patrullero no fue obligado a prestar el servicio, por cuanto su superior lo
autorizó para retirarse del grupo con el fin de que buscara atención médica[107];
(ii) la anotación demeritoria no se realizó por las convicciones religiosas del
actor, sino que obedeció a la actitud displicente que aquel asumió al recibir
la instrucción u orden en la formación policial[108]; y (iii) el mensaje
cuestionado no hace alusión a ninguna religión, creencia o culto específico, sino
que sencillamente se trata de un saludo del Director General de la Institución
a la comunidad[109].
88.
Por su parte, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, en sentencia del 28 de abril de 2016,
declaró improcedente el amparo, por considerar que el actor podía acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa, para controvertir la anotación
demeritoria. Además, manifestó que el contenido del mensaje censurado no
compromete la religión que el actor profesa, ni la lectura del mismo lo
envuelve con religión alguna. Agregó que el accionante tuvo la oportunidad de
exteriorizar su inconformidad antes de la formación policial, toda vez que la
orden de servicio le fue dada a conocer días antes.
89.
A partir de los elementos probatorios
allegados al proceso y los hechos que fueron probados, procede esta Sala de
Revisión a resolver el asunto sub judice. Para ello, en primer lugar, determinará si ¿la Policía Nacional
desconoció el principio de laicidad, y vulneró el derecho a la libertad
religiosa y de culto del actor al ordenarle que en cumplimiento de sus
funciones, como patrullero, leyera a los feligreses en la eucaristía de “Domingo
de Ramos” un mensaje que, presuntamente, guarda relación con la religión Católica,
a pesar de que aquel profesa la religión Adventista del Séptimo Día?
Para resolver el problema planteado, en primer
término, la Sala analizará el contenido del mensaje cuestionado a la luz de los
preceptos constitucionales y la jurisprudencia dictada por esta Corte, en
materia del contenido y alcance del principio de laicidad, y el deber de
neutralidad estatal en asuntos religiosos.
El mensaje emitido por la Policía Nacional es
contrario al principio de laicidad y al deber de neutralidad en materia
religiosa
90.
De acuerdo con la información recaudada
en sede de revisión[110],
el Director General de la Policía Nacional[111] mediante Directiva Operativa
Transitoria No. 13 DISPON-DISEC estableció los parámetros para adelantar a
nivel nacional el “Plan de Seguridad y Movilidad 2016 ‘Por una Semana Santa
Segura y en Paz’”. En dicha Directiva Operativa, incluyó el mensaje de
saludo institucional (anexo 11) e impartió la orden de que se convocaran
reuniones con las autoridades eclesiásticas con el fin de obtener su
autorización para dar lectura a dicho mensaje durante la homilía. Por lo
anterior, la Policía Metropolitana de Villavicencio expidió el respectivo acto
administrativo[112],
disponiendo que los uniformados “Leerán el mensaje del Director General de
la Policía Nacional a los feligreses al final de cada eucaristía, a cada
funcionario se le entregó una copia del mensaje, con previa coordinación con el
párroco”[113].
El mensaje institucional cuya lectura ordenó leer el Director General a nivel
nacional, fue redactado en los siguientes términos:
“Mensaje
de la Policía Nacional a los Feligreses de Colombia
En estos días de recogimiento
espiritual, cuando en el horizonte de Colombia se asoma ese rayo de luz que nos
puede conducir por el camino de la reconciliación y la paz, reciban el más
sincero saludo en nombre de su Policía Nacional y de nuestro director, Mayor
General Jorge Hernando Nieto Rojas.
Nos dirigimos a ustedes,
respetados ciudadanos, para reiterarles nuestro compromiso en contribuir a
velar por su seguridad y tranquilidad terrenales.
Si necesitan ayuda, si tienen
una emergencia, no duden en recurrir a cualquier policía de la Patria. Estamos
para servirles las 24 horas del día con verdadero amor patrio.
En este día santo les
pedimos de corazón que recen por la armonía de su hogar, por la grandeza de su
iglesia, por la tranquilidad de su vecindario, por la paz de su tierra y por su
Policía Nacional.
Que el Hijo del
Todopoderoso, crucificado y resucitado por siempre, los proteja y los guie por
el sendero de la vida eterna.
Dios y Patria.”[114]
(Subrayado fuera del original)
91.
Del encabezado y los tres primeros párrafos del mensaje cuestionado se observa
que su propósito era transmitir el saludo del Director General de la Policía
Nacional a los feligreses católicos que asistirían a las diferentes eucaristías
que se llevarían a cabo durante la semana santa de 2016, en diferentes lugares
de la geografía nacional. La Sala estima que esta parte del mensaje no genera
ningún reproche constitucional habida cuenta que se relaciona estrictamente con
la función constitucional asignada a la Policía Nacional (art. 218 de la
Constitución Política). En efecto, se evidencia que la Institución pretendía con
el mencionado comunicado acercarse a la comunidad para dar a conocer las condiciones
en las que iba a prestar el servicio de seguridad y vigilancia durante la
semana santa de 2016.
92.
No obstante, no ocurre lo mismo con los
apartes subrayados en el mensaje citado. En efecto, el lenguaje utilizado en
los últimos párrafos demuestran que el Director General de la Policía Nacional,
primero, se identifica de manera explícita con la religión Católica al
solicitar a los feligreses asistentes a la eucaristía del “Domingo de Ramos”
que “recen (…) por la grandeza de su iglesia”, entiéndase Iglesia
Católica en la medida que la orden consistía en leer el mensaje durante la
homilía que se celebró en ese recinto, y segundo, constituye un acto oficial
de adhesión de la Policía Nacional a la religión Católica en tanto en el marco
de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad, eleva una plegaria invocando
la protección del “Hijo del Todopoderoso, crucificado y resucitado por
siempre”.
93.
Unido a lo anterior, en el trámite de
revisión ante la Corte, el profesor William Mauricio Beltrán, vinculado al
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia, rindió concepto respecto del contenido del mensaje, en
los siguientes términos: “considero que el mensaje (…) concuerda en
términos generales con los valores cristianos compartidos por católicos y
adventistas. Sin embargo, debe ser interpretado en su contexto. Por ejemplo, el
mensaje alude a un “día santo”. Para los adventistas el día santo es el día
sábado (o séptimo día). Si un adventista se ve obligado a declarar que el “día
santo” es el domingo, o esto se puede inferir de su discurso, esta declaración
iría en contra de sus convicciones, por lo cual, se le estaría obligando a
actuar en contra de su conciencia”[115].
94.
La situación expuesta pone de presente que hubo una confusión
en la relación que debe mantener el Estado, a través de sus autoridades, con
las diferentes iglesias, en este caso la religión Católica. Por ello, es
importante recordar que la Constitución de 1991 adoptó un modelo de Estado
laico que defiende la separación entre religión y Estado, respeta el pluralismo
religioso e impone un deber de neutralidad en virtud del cual está prohibido
que órgano estatal “(i) establezca una religión o iglesia oficial, (ii) se
identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión, (iii) realice
actos oficiales de adhesión a una creencia, (iv) tome medidas o decisiones
con una finalidad exclusivamente religiosa, y (v) adopte políticas cuyo impacto
sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia”[116].
95.
A partir de lo expuesto, es posible
colegir que la Policía Nacional desconoció el principio constitucional de
laicidad e incumplió con el deber de neutralidad en materia religiosa, al haber
incorporado en el mensaje institucional unas consideraciones que no guardan
relación con el ejercicio de sus funciones, sino que promueven la
identificación y adhesión del Estado a una determinada religión; conducta que rechaza
esta Corte por estar prohibida en el ordenamiento constitucional interno. Por
lo cual, la orden proferida por el Director de la Policía Nacional carece de
legitimidad, al ser contrario al ordenamiento colombiano.
Elementos para determinar
si procede o no el amparo al derecho a la libertad religiosa y de culto del
accionante
96.
Sobre la base de lo anterior, esto es,
partiendo de la base que la orden proferida por el Director de la Policía
Nacional carece de legitimidad al ser contraria al principio de laicidad y
deber de neutralidad que debe profesar el Estado colombiano, al haber
incorporado consideraciones que no guardan relación con las funciones de dicha
Institución, y que por el contrario promueven e identifican a la misma con
determinada religión, en segundo término, es necesario determinar si la
orden de leer el mensaje cuestionado vulneró el derecho a la libertad religiosa
y de culto del señor patrullero Quintero Cano. Para definir esto, la Sala
de Revisión analizará los cuatro aspectos que la jurisprudencia constitucional
ha definido como esenciales para determinar si procede o no la concesión de la
protección del derecho a la libertad religiosa y de culto[117], a
saber:
(i)
La importancia de la creencia
invocada frente a la religión que se profesa
97.
En lo que respecta al primer asunto, se
tienen los siguientes elementos de juicio: (i) el señor Quintero Cano afirmó en
el escrito de tutela[118]
y en un oficio remitido a la Corte que pertenece a la iglesia Adventista del
Séptimo Día[119];
(ii) el pastor Carlos David Moreno Moreno de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, sede Villavicencio, certificó que el actor asiste a la iglesia hace 17
meses y participa de cursos de discipulado[120]; (iii) el patrullero adujo que no
se opuso a la prestación del servicio de vigilancia a las Iglesias Católicas,
sino que planteó su inconformidad frente a la orden de leer el mensaje con
contenido religioso, porque sus creencias son distintas a las que profesa la
religión Católica[121];
así mismo (iv) demostró firme convicción en no acatar la orden reprochada por
razones religiosas, en tanto se opuso de manera verbal en la formación y,
posteriormente, por escrito con los reclamos que presentó frente a la anotación
demeritoria; y (v) la entidad accionada no controvirtió la pertenencia del
actor a la iglesia Adventista del Séptimo Día.
98.
Por estas razones, la Sala estima que se
cumple el primer presupuesto relacionado con el ámbito de protección del
derecho a la libertad religiosa y de culto, debido a que en el presente asunto
fue demostrado que el actor pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y
que la objeción frente a la orden impartida por su superior de leer el mensaje,
se basa en que por su religión no comparte las creencias que profesa la
religión Católica. De esta manera, al tratarse de una práctica religiosa que es
seria y no caprichosa, no se aprecia un ánimo acomodaticio de parte del
accionante al oponer sus creencias religiosas al cumplimiento de la orden de
servicio dictada por la autoridad accionada.
(ii)
La exteriorización de la creencia
99.
En relación con el segundo presupuesto,
la Sala considera que es un hecho probado que el patrullero exteriorizó su
creencia frente a sus superiores. Las razones que sustentan dicha conclusión
son: primero, el actor afirmó que en la formación del 20 de marzo de
2016 solicitó al Intendente Fredy Eduardo Cristancho y al Mayor Jhon Edwin
Romero Ruíz permiso para no leer el mensaje de contenido católico, argumentando
que pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día; segundo, el
patrullero dejó constancia de esta situación en el formulario de seguimiento al
presentar el reclamo contra la anotación demeritoria que se registró en su
contra[122];
tercero, respalda la versión del tutelante lo consignado en la copia del
formulario de seguimiento del patrullero Jaime Andrés Reyes Calderón, quien
aseveró que en compañía del accionante informaron a sus superiores, en la
formación aludida, sobre el culto al que asisten y las razones por las cuales
no podían leer el mensaje[123];
y cuarto, el Intendente y el Mayor mencionados que estuvieron presente
el día de los hechos, intervinieron en el proceso de tutela, pero no
controvirtieron que el patrullero les hubiera informado sobre la religión a la
que pertenecía[124].
Por estos motivos, la Sala considera que se acredita el requisito de
exteriorización de la fe.
(iii)      La oportunidad de la oposición frente al acto
contrario a la libertad religiosa
100.      En cuanto al tercer aspecto, la Policía Nacional
señaló que mediante orden de servicio No. 120 MEVIL-PLANE del 15 de marzo de
2016, informó al patrullero de dicha orden de vigilancia a ser implementada el
“Domingo de Ramos”, esto es, el día 20 del mismo mes y año, y además le
entregó copia del mensaje institucional. Por ello, alegó que el tutelante pudo
haber informado por escrito su inconformismo o su condición religiosa y de esta
forma evitar traumatismo en la formación realizada el 20 de marzo de 2016[125].
En ese sentido, el juez de tutela, en única instancia, manifestó que el accionante
tuvo la oportunidad de exteriorizar su inconformidad antes de la formación
policial.
101.
Contrario a lo sostenido por la
autoridad accionada y el juez de tutela, en única instancia, la Sala de Revisión
considera que la exteriorización de la oposición por razones religiosas fue
oportuna, comoquiera que transcurrió un término prudente y razonable entre la
comunicación de la orden de servicio (15 de marzo de 2016) y el momento en que
el patrullero manifestó su objeción frente a la misma (20 de marzo de 2016).
Además, la divulgación del impedimento fundado en creencias religiosas no
sobrepasó el ámbito de protección del derecho a la libertad religiosa y de
culto, si se tiene en cuenta que se hizo previo a la ejecución de la orden[126].
(iv)
Principio de razón suficiente aplicable
102.
El principio de razón suficiente aplicable se
ocupa de definir la razonabilidad de las restricciones que se pueden imponer
sobre el derecho a la libertad religiosa y de culto. Para tal efecto, la jurisprudencia
constitucional diseñó un juicio que
incluye dos etapas en las que se evalúan las diferentes variantes relacionadas
con la restricción, a saber: “(i) si el medio elegido es necesario para
llegar al fin, precisando si no existe otro medio alternativo que no implique
afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa y (ii) si la afectación
es desproporcionada”[127].
103.
La aplicación de la primera etapa
del juicio implica analizar si
el medio elegido por la Policía Nacional era necesario para llegar al fin,
indagando si no existe otro medio alternativo que no implique afectar en tal
grado el derecho a la libertad religiosa del patrullero Johnny Esneider
Quintero Cano. En este caso, el fin consistía en acercarse a la comunidad para
informar las condiciones en que se iba a prestar el servicio de vigilancia y
seguridad durante la semana santa de 2016, y el medio elegido para cumplir este
propósito fue el mensaje que se ordenó leer en la eucaristía de “Domingo de Ramos”.
104.
La Sala considera que el medio
elegido no era necesario para llegar al fin propuesto. Si bien es cierto la
primera parte del mensaje guarda relación con la finalidad, en tanto utiliza un
lenguaje cordial para saludar a los feligreses y poner en su conocimiento el
servicio de seguridad que prestaran durante la semana santa, también lo es que las
últimas manifestaciones del mensaje en las que, como quedó señalado con
antelación (ver supra. numeral 90 y siguientes), la entidad pública se
identifica y adhiere al credo católico, producen efectos lesivos al derecho a
la libertad religiosa y de culto, por cuanto (i) desbordan la función de la Policía
Nacional, (ii) incumplen con el deber de neutralidad en materia religiosa, e
(iii) imponen al servidor público la obligación de practicar una religión
distinta a la que profesa.
105.
Sobre este punto de la
razonabilidad de la medida, la Policía Nacional acudiendo a la doctrina sobre
las relaciones de especial sujeción, manifestó que dado que la libertad
religiosa no es absoluta, no es aceptable que el patrullero anteponga sus
convicciones religiosas, a la prestación del servicio público de seguridad, ni
al fin constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
públicas de los ciudadanos, los cuales conoció y aceptó al momento de
vincularse libremente a la Institución. Al respecto, la Sala comparte lo
expuesto por la accionada en el sentido de que el derecho a la libertad
religiosa y de culto no es absoluto, toda vez que “puede ser limitado
legítimamente de conformidad con el ordenamiento, a fin de garantizar el
pluralismo y respetar el  conjunto material y perceptible de condiciones
públicas de seguridad, salubridad, moralidad y tranquilidad (…)”[128].
Sin embargo, advierte que en el presente asunto no está en discusión la
posible afectación del servicio público que presta la entidad como consecuencia
del ejercicio a la libertad religiosa del patrullero, por cuanto se encuentra
probado que aquel no se opuso en ningún momento a cumplir con el servicio de
vigilancia a las iglesias, sino exclusivamente a leer el mensaje, el cual como
se señaló carece de legitimidad, durante la eucaristía.
En
efecto, la demanda de tutela y los elementos de juicio aportados al presente
proceso, dan cuenta de que la violación del derecho a la libertad religiosa y
de culto del patrullero, únicamente, se circunscribe al cumplimiento de la
orden emitida por su superior, específicamente, lo relativo a la lectura de los
apartes del mensaje que, como quedó explicado (ver supra. numeral 90 y
siguientes), son abiertamente contrario al principio de laicidad y al deber estatal
de neutralidad en el ámbito religioso. Por las mismas razones, no es posible
colegir que la vulneración de la garantía iusfundamental a la libertad
religiosa del actor se derive de la orden de leer la parte del mensaje
relacionado con la función institucional de la Policía Nacional, ni por el
hecho de prestar el servicio de vigilancia a aquellas personas que iban a
asistir a la celebración de una eucaristía en una iglesia católica.
106.
A partir
de lo anterior, la Sala de Revisión concluye que la orden de leer el mensaje
a los feligreses durante la eucaristía del “Domingo de Ramos”, mediante el cual la Policía Nacional se identificó y adhirió a la religión Católica,
en abstracto, desconoció el principio de laicidad y el deber de neutralidad en
materia religiosa y, en el caso concreto, restringió de manera irrazonable la
libertad religiosa del tutelante. Por estas razones, se colige que la Policía
Nacional vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto del
accionante.
Debido proceso
administrativo –Anotación demeritoria
107.
Ahora
bien, el señor Quintero Cano solicitó al juez de tutela que ordenara retirar la
anotación demeritoria registrada en su formulario de seguimiento, alegando que
se realizó como consecuencia de que se opuso por razones religiosas a cumplir con
la lectura del mensaje. En esa medida, corresponde a la Sala de Revisión
determinar si ¿Vulneró la Policía Nacional el derecho al debido proceso
administrativo del actor al registrar una anotación demeritoria en el
formulario de seguimiento, bajo el argumento de que el patrullero incurrió en
la falta leve prevista en el numeral 3, artículo 36 de la Ley 1015 de 2006, por
haber asumido una actitud displicente dentro de la formación y frente a la instrucción
impartida por su superior?
108.
En
relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los
hechos objeto de la anotación, las pruebas aportadas al proceso indican lo
siguiente:
(i)
Los
diferentes funcionarios de la Policía Nacional que participaron de una u otra
forma en los hechos, coincidieron en que la anotación demeritoria se realizó
por los actos de indisciplina del actor en la formación del 20 de marzo de
2016, más no por su condición religiosa.
(ii)
A partir
de diferentes elementos de juicio (ver supra. numeral 96 a 106), es
posible inferir que en la formación mencionada el actor exteriorizó su
convicción religiosa ante sus superiores con el fin de oponerse a la orden de
leer el mensaje en la eucaristía.
(iii)
En el
formulario de seguimiento del actor, se advierte que el fundamento fáctico de
la anotación demeritoria consiste en que el patrullero asumió una “actitud
displicente ante la instrucción impartida por el Mayor Jhon Edwin Romero”,
específicamente, señala que aquel hizo “gestos de inconformismo” en la
formación frente a la orden y las consignas dadas para salir al servicio de
vigilancia en la semana santa, incluida la orden de leer el mensaje.
(iv)
El
fundamento legal de la anotación es el numeral 3, del artículo 36 de la Ley
1015 de 2006, que prescribe: “Faltas leves. Asumir actitudes displicentes
ante una orden, una instrucción, un llamado de atención o una sanción”.
(v)
El actor
presentó reclamación ante la autoridad evaluadora, la cual resolvió ratificar
la anotación demeritoria, argumentando que la conducta que asumió el patrullero
en la formación era contraria a lo establecido en el Reglamento de Orden
Cerrado de la Institución. Esta decisión fue confirmada por la autoridad
revisora. Este trámite se surtió siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 51 del Decreto 1800 de 2000.
109.
A partir
del análisis conjunto de los elementos de juicio expuestos, la Sala observa que
en la actuación administrativa adelantada por la Policía Nacional no se
garantizó el derecho fundamental al debido proceso administrativo del
accionante. Ello es así, por las siguientes razones:
110.      En lo que respecta a la aplicación del procedimiento
referido, la Policía Nacional informó que la autoridad evaluadora realizó “el
registro de una anotación de incumplimiento [entiéndase anotación
demeritoria] con afectación en el formulario de seguimiento”, bajo el
argumento de que el uniformado asumió una actitud displicente ante una orden
impartida por el superior, conducta que se encuentra tipificada como falta leve
en el numeral 3°, artículo 36, de la Ley 1015 de 2006[129].
Frente a ello, el sujeto destinatario de la anotación presentó reclamación en
los términos descritos en el artículo 51 del Decreto 1800 de 2000, por medio
del cual se reglamenta el proceso de evaluación de la gestión policial.
111.      La Sala considera que la
Policía Nacional tramitó la actuación administrativa a través de un
procedimiento que no era aplicable al caso del accionante. En el asunto bajo
estudio la autoridad evaluadora imputó al patrullero la comisión de una
conducta tipificada como falta leve en el régimen disciplinario especial de la
entidad (Ley 1015 de 2006), consistente en “Asumir actitudes displicentes
ante una orden, una instrucción, un llamado de atención o una sanción”. En
lo que respecta al proceso aplicable para la imposición de sanciones por este
tipo de faltas, la misma Ley 1015 de 2006 establece que integran su ámbito de
aplicación las faltas disciplinarias que sean cometidas por los funcionarios de
la institución en el territorio nacional[130], tal y
como ocurre frente a la falta leve imputada al patrullero. Por esta razón, la
Ley 1015 de 2006 define en este caso concreto el procedimiento que se debe
adelantar, el cual, de acuerdo con su artículo 58, será el establecido en el
Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002); procedimiento que, como quedó
explicado en la parte motiva de esta sentencia, garantiza el ejercicio del
derecho a la defensa y contradicción del sujeto al que se le imputa la comisión
de una falta disciplinaria.
112.      No obstante la entidad
accionada no actuó en ese sentido, por el contrario, aplicó lo previsto en el Decreto
1800 de 2000, sin tener en consideración que se trata de una norma que tiene
por finalidad regular exclusivamente el proceso de evaluación de la gestión
policial, que no constituye un instrumento sancionatorio (art. 4) y que establece
un procedimiento sumario que no fue diseñado para controvertir la configuración
de una falta disciplinaria, sino para manifestar la inconformidad frente a las
anotaciones registradas en el formulario de seguimiento (art. 51), “que
consignen hechos o circunstancias que incidan o afecten la evaluación,
periodicidad de la misma y los avances o resultados parciales de la gestión”
(art.40). De esta manera, no es dado afirmar, como lo sostuvo la entidad
accionada, que el derecho al debido proceso del actor fue garantizado por
haberse surtido el trámite de notificación, apelación y ratificación de la
anotación en los términos del artículo 52 del decreto referido, máxime cuando
dicha oportunidad de reclamación se concede con posterioridad al registro de la
falta leve, sin ofrecer al sujeto previa posibilidad de rendir descargos.
113.      Como consecuencia del
procedimiento adelantado, la Sala observa que no solo se impidió al actor el
acceso a unas etapas procesales en las que pudo haber ejercido de manera plena
su derecho de defensa y contradicción, cuanto menos, indagación, investigación
y descargos, sino que además la autoridad evaluadora le impuso una verdadera
sanción por la falta cometida sin agotar un debido proceso.
En relación con la naturaleza
jurídica de la anotación demeritoria consignada en el formulario de seguimiento
del accionante, la Policía Nacional manifestó que la orden de realizar el
llamado de atención fue netamente preventiva[131] y que en
esa medida la anotación del mismo “no se toma a título de sanción
disciplinaria, sino a los medios para encausar la disciplina”[132]. Adujo que lo anterior
encuentra fundamento, por una parte, en el Decreto 1800 de 2000 y su norma reglamentaria
Resolución 04089 del 2011, que reitera esta Sala solo aplican para el proceso
de evaluación de la gestión policial y no definen el procedimiento a seguir para
sancionar las faltas disciplinarias, y por otra, en el artículo 27 de la Ley
1015 de 2006.
El artículo 27 de la ley referida
determina que los medios para encauzar la disciplina son dos, a saber: (i) preventivos,
cuando el superior ejerce el mando “con el fin de orientar el comportamiento
de los subalternos a través de llamados de atención verbal, tareas
tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a cursos de formación ética,
trabajos escritos, como medios disuasivos de aquellas conductas que no
trascienden ni afectan la función pública, sin que ello constituya antecedente
disciplinario”; y (ii) correctivos, cuando “hacen referencia a la
aplicación del procedimiento disciplinario en caso de ocurrencia de falta
definida como tal en la presente ley” (negrilla fuera del original). En concordancia con ello, la
misma ley define qué tipo de sanción se impone a cada una de las faltas
tipificadas como gravísimas, graves y leves. En concreto, para la falta leve
cometida de manera culposa la Ley 1015 de 2006 establece una sanción
correspondiente a una amonestación por escrito (núm.5, art. 39), la cual
consiste “en el reproche de la conducta o proceder, por escrito, que debe
registrarse en la hoja de vida”.
En relación con las medidas preventivas
para encausar la disciplina, esta Corte en la sentencia C-1076 de 2002, al
estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias
disposiciones del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), específicamente
al abordar el análisis del artículo 51[133],
determinó que con el fin de preservar el orden interno y la disciplina de las
instituciones del Estado, es constitucional que frente a conductas que no
comprometen sustancialmente los deberes funcionales se realicen llamados de
atención sin connotaciones procesales ni formalismos. No obstante, advirtió que
es contrario a la Constitución que cuando se trata de una alteración del orden
interno que conduce a un llamado de atención, en las condiciones indicadas, este
se haga por escrito y se registre en la hoja de vida,  porque con ello se “(…) pierde
de vista la ausencia de ilicitud sustancial de la conducta que condujo al
llamado de atención pues no puede desconocerse que esa anotación le imprime
a aquél un carácter sancionatorio. Ello es así al punto que cualquier
persona que tenga acceso a la hoja de vida del servidor, no valorará ese
llamado de atención como un mérito sino como un reproche que se le hizo al
funcionario y es claro que esto influirá en el futuro de aquél. Esta
consecuencia es irrazonable si se parte de considerar que el presupuesto que
condiciona el llamado de atención y no la promoción de una actuación
disciplinaria es la ausencia de ilicitud sustancial en el comportamiento”.
A partir de lo anterior, la
Sala considera que si bien el llamado de atención que se realizó al accionante,
durante la formación, tiene una connotación de medida preventiva, en tanto
tenía por finalidad preservar el orden interno y el respeto por el protocolo
policial, no se puede predicar lo mismo respecto del registro de la anotación
demeritoria en el formulario de seguimiento del patrullero. Ello, en razón la
entidad, sin agotar el debido proceso, calificó la conducta del actor como
falta disciplinaria, atribuyó la responsabilidad por la misma y registró un
reproche sobre el comportamiento del funcionario, con lo que se causan efectos
negativos en la evaluación anual y en el eventual ascenso. Tal actuación administrativa
en términos de la Ley 1015 de 2006 y la jurisprudencia de esta Corte imprime al
llamado de atención un carácter sancionatorio. En esa medida, no es relevante
la distinción formal que hace la entidad accionada respecto de la naturaleza de
la hoja de vida y el formulario de seguimiento, pues como fue explicado del
registro de la anotación negativa en cualquiera de las dos se derivan, aunque
en mayor o menor medida, efectos negativos para el sancionado.
114.
Finalmente,
la Sala considera que la entidad accionada imputó una falta disciplinaria y
sancionó al actor, con desconocimiento del régimen especial disciplinario y lo
dispuesto por la jurisprudencia de esta Corte en materia del principio de
obediencia debida no irreflexiva.
En efecto, el artículo 29 de
la Ley 1015 de 2006, dispone que una orden es ilegítima cuando conduce
manifiestamente a la violación de la Constitución Política y, que en ese
evento, “el subalterno no
está obligado a obedecerla”[134]. En el caso concreto, la
falta leve imputada al actor consistía en asumir una actitud displicente frente
a una orden impartida por su superior, orden que de acuerdo con la ley debe ser
legitima, esto es que sea dictada conforme a la Constitución y la ley. Dado que
se logró determinar que la orden dictada por la Policía Nacional era
ilegítima, por ser contraria al principio constitucional de laicidad y al
derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, la Sala concluye que la
entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso por haber desconocido la
disposición legal referida y, en efecto, haberle atribuido responsabilidad
disciplinaria al actor cuando no era posible hacerlo.
De esta manera, la entidad accionada impuso un modelo
de obediencia debida absoluta al sancionar disciplinariamente al actor por
haber desobedecido una orden manifiestamente contraria a la Constitución. Tal circunstancia
desconoce la jurisprudencia que ha fijado esta Corte en el sentido de advertir
que la obediencia debida no es irreflexiva en tanto los miembros de la Policía
Nacional “ (…) pueden desobedecer aquellos mandatos de sus
superiores que excedan el límite de la competencia o conduzcan
“manifiestamente” al desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal,
es decir, órdenes que ostensible y evidentemente, sin mayor capacidad analítica
o reflexiva del sujeto, entrañan la ejecución de una conducta antijurídica”.
115.
Sin
perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que a partir de los elementos de
juicio aportados al proceso, es posible inferir que la anotación no se realizó
exclusivamente por la condición religiosa del patrullero, sino por el
quebrantamiento de las estrictas normas de disciplina que aplican en las
formaciones policiales y que regulan la relación entre el subalterno y su
superior. Ello es así, en la medida que existen elementos que permiten concluir
que el actor cometió un acto de indisciplina en la formación por la forma en
que se comportó y debido a la manera en que expresó su oposición frente a la
orden de leer el mensaje. En efecto, por un lado, el Mayor Romero Ruíz, el
Capitán Lizcano Echeverry y el Intendente Cristancho Urquijo al rendir sus
informes coincidieron en afirmar que en la formación del 20 de marzo de 2016 el
actor asumió una actitud contraria a los parámetros de disciplina y al
protocolo policial que se debe guardar en esas ocasiones, y por el otro, se
logró determinar que el actor durante la formación exteriorizó su oposición a
leer el mensaje. De esta manera, no es dado afirmar con grado de certeza que el
registro de la anotación demeritoria obedeció exclusivamente a un acto
discriminatorio por la religión del actor.
A juicio de la Sala es muy
importante hacer esa aclaración, porque aunque el ejercicio de la libertad religiosa,
consagrada en el artículo 19 Superior, y el principio de obediencia debida no
absoluta reconocen al uniformado la posibilidad de no acatar una orden ilegítima
por su superior, de ello no se deriva una autorización para hacerlo de
cualquier forma, ni mucho menos con el incumplimiento de los parámetros de
disciplina, las reglas de respeto a la estructura jerárquica, los protocolos
policiales y los deberes mínimos que regulan el funciones del personal
vinculado a la Policía Nacional. Choca con la naturaleza de dicha Institución y
con la función que le fue encomendada por la Constitución admitir que el
personal uniformado pretenda mediante el ejercicio de sus derechos incumplir
con sus deberes profesionales.
Órdenes a impartir
116.      Con fundamento en lo expuesto, la Sala Tercera de
Revisión revocará la sentencia de tutela proferida en única instancia, el 28 de
abril de 2016, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio, para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales a la
libertad religiosa y de culto, y al debido proceso administrativo del actor. En
consecuencia, ordenará a la Policía Nacional que, a través de la dependencia
competente, elimine del formulario de seguimiento la anotación demeritoria
registrada por el CT. Sergio Andrés Lizcano Echeverry, el 20 de marzo de 2016, y
las demás anotaciones que tengan relación con la misma.
117.      En consideración a que por disposición del Director
General de la Policía Nacional se ordenó que el mensaje objeto de reproche
constitucional fuera leído a nivel nacional, la Sala ordenará a la entidad
accionada que, en todos sus niveles, se abstenga de repetir actos mediante los
cuales se identifique o adhiera a una religión específica, de manera tal que,
en el desarrollo de sus funciones siempre aplique el principio de laicidad y
cumpla con el deber de neutralidad en materia religiosa, en los términos
definidos por la jurisprudencia de esta Corporación.
118.      Así mismo, la Sala exhortara a la Policía Nacional,
para que en adelante cuando se atribuya responsabilidad por la comisión de una
falta disciplinaria se aplique el procedimiento que para el efecto ha dispuesto
el régimen disciplinario especial de la institución desarrollada en la Ley 1015
de 2006 y, en lo que resulte concordante, la Ley 734 de 2002.
119.      Finalmente, exhortará al Ministerio de Defensa Nacional para que, en
ejercicio de sus funciones legales, revise la normatividad que regula los
procesos de evaluación y calificación, así como los procedimientos que está
aplicando la Policía Nacional, a fin de que adopte las medidas necesarias o
diseñe procedimientos que garanticen en mayor medida el debido proceso
administrativo del personal vinculado a dicha institución.
I.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
120.  Conforme con los supuestos fácticos y los medios probatorios visibles en
el expediente de la referencia, la Sala Tercera de Revisión concluye que la
Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y de
culto del patrullero Johnny Esneider Quintero Cano, al ordenar que, en el marco
de un servicio de vigilancia de las iglesias durante la semana santa de 2016,
leyera durante la eucaristía del “Domingo de Ramos”, un mensaje en el
que la institución se identifica y adhiere a las creencias de la religión Católica;
actuación que no solo desconoció el principio de laicidad, sino que afectó la
libertad religiosa del actor, en tanto lo obligó a practicar una religión
distinta a la suya (Adventista del Séptimo Día). Así mismo, la entidad
accionada violó el derecho al debido proceso administrativo del actor, por
aplicar una norma disciplinaria que desconoce la naturaleza de la anotación
como sanción.
103. Como resultado de las
sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia,
observa la Sala lo siguiente:
a)    Con relación
al requisito de subsidiariedad (ver supra. numerales 40 a 46), cuando se
persigue la protección del derecho a la libertad religiosa y de culto dentro
del ámbito de una relación laboral, la acción de tutela resulta ser el
mecanismo idóneo para su protección.
b)    El Estado
colombiano adoptó un modelo de Estado laico, que defiende el pluralismo
religioso (ver Sección II.D de esta sentencia)[135]. Por ello, existe un deber de neutralidad en materia religiosa, de acuerdo con el
cual el Estado tiene prohibido (i) establecer una religión o iglesia
oficial, (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión,
(iii) realizar actos oficiales de adhesión a una creencia, (iv) tomar medidas o
decisiones con una finalidad exclusivamente religiosas, y (v) adoptar políticas
cuyo impacto sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia. En
el caso concreto, se evidenció que la Policía desconoció el principio de
laicidad, por cuanto, incorporó en el mensaje institucional un contenido que
guarda relación con la religión Católica, promoviendo así la identificación y
adhesión del Estado a una determinada religión.
c)
El derecho
a la libertad religiosa y de culto (ver Sección II.E anterior) imponen deberes
de protección y respeto al Estado y los particulares, por ejemplo, a no obligar
a las personas a adherirse y practicar una determinada fe. Este derecho admite
limitaciones por razones de: (i) seguridad, orden, moralidad y salubridad
públicos; (ii) el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de
los demás.
d)    Ahora bien, partiendo de la
base de que el mensaje de la Policía carece de legitimidad, respecto de los
apartes que implican una identificación o adhesión de la Institución a
determinada religión, procedió la Sala a analizar la potencial vulneración del
derecho a la libertad religiosa y de culto del tutelante. Para lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional dicho análisis implica, cuanto
menos, la verificación de cuatro aspectos esenciales para efectos de determinar
si procede o no la concesión del amparo, a saber (ver supra. numerales
62 y 63):
(i)  La importancia de la creencia
invocada frente a la religión que se profesa. Consiste en que el comportamiento
o la manifestación de culto constituya un elemento fundamental de la religión
que se profesa y, que la creencia de la persona es seria y no acomodaticia.
(ii)
La
exteriorización de la creencia. El derecho
a la libertad de conciencia, base de la libertad religiosa y de cultos implica
no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio
público y divulgación.
(iii)
La
oportunidad de la oposición frente al acto contrario a la libertad religiosa.
Debe manifestarse dentro de un término razonable respecto del acto u
omisión que resulta contrario a los dogmas de la religión que profesa la
persona, so pena de que, la divulgación tardía del impedimento fundado en
creencias relacionadas con un culto, sobrepasen el ámbito de protección del
derecho a la libertad religiosa y de culto.
(iv)
El
principio de razón suficiente aplicable. Incluye dos etapas: (i) si el medio
elegido es necesario para llegar al fin, precisando si no existe otro medio
alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad
religiosa y (ii) si la afectación es desproporcionada.
En el caso concreto, observa la Sala que
la orden ilegítima, consistente en el mensaje del Director de la Policía
Nacional que promovía la identificación y adhesión del Estado a una determinada
religión, desconoce no sólo el principio de laicidad, sino también la libertad
religiosa y de culto del accionante, ya que, se evidenció el cumplimiento de
todos y cada uno de los aspectos esenciales anteriormente mencionados.
e)     La
disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la
Policía Nacional e implica la observancia de las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias que consagran el deber profesional. No obstante, el
régimen disciplinario especial no incorpora un modelo de obediencia debida absoluta
e irreflexiva para el personal uniformado, sino que por el contrario reconoce la
posibilidad al subalterno de no obedecer las órdenes ilegitimas que dicten
sus superiores (ver Sección II.F y G de esta sentencia). En el caso
concreto, se resalta que en la medida que la orden es ilegítima (ver supra.
numeral 90 y siguientes), por ser contraria al principio de laicidad y
vulneratoria de los derechos a la libertad religiosa y de culto (ver supra.
numerales 96 a 106), la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso,
desconociendo la jurisprudencia constitucional, al imponer una sanción
disciplinaria al accionante (ver supra. numeral 109 a 113).
f)      No obstante lo anterior, la Sala reconoce que si bien el ejercicio de
la libertad religiosa, y el principio de obediencia debida no absoluta
reconocen al uniformado la posibilidad de no acatar una orden proferida por su
superior que sea ilegítima (como en el caso concreto), de ello no se deriva una
autorización para hacerlo de cualquier forma, ni mucho menos con el
incumplimiento de los parámetros de disciplina, las reglas de respeto a la
estructura jerárquica, los protocolos policiales y los deberes mínimos que regulan el
funciones del personal vinculado a la Policía Nacional. Choca con la naturaleza
de dicha Institución y con la función que le fue encomendada por la Constitución
admitir que el personal uniformado pretenda mediante el ejercicio de sus
derechos incumplir con sus deberes profesionales (ver supra. numeral 114
y 115).
g)    Finalmente, de la Ley 1015 de
2006 y la jurisprudencia de esta Corte es posible colegir que el llamado de
atención que se registra como una anotación demeritoria en el formulario de
seguimiento y en la hoja de vida del uniformado adquiere un carácter
sancionatorio. De ahí que, sea necesario aplicar el proceso establecido por
dicha ley, y no por lo establecido en el Decreto 1800 de 2000 (norma que tiene
por finalidad regular el proceso de evaluación de la gestión policial), para
definir la responsabilidad disciplinaria e imponer la respectiva sanción. En
opinión de la Sala, el procedimiento establecido en la mencionada Ley, garantiza
la observancia del debido proceso.
104.      Comprobada la
violación de los derechos fundamentales a
la libertad religiosa y de culto, y al debido proceso administrativo del actor,
la Sala concederá el amparo de las garantías iusfundamentales vulneradas,
y en consecuencia, ordenará a la entidad accionada, primero, que elimine la
anotación demeritoria del formulario de seguimiento del patrullero, así como
aquellas que estén relacionadas con la misma y, segundo, que se abstenga, en
todos su niveles, de repetir actos contrarios al principio de laicidad y al
deber de neutralidad en materia religiosa. Finalmente, exhortara para que se
revisen los procedimientos sancionatorios por faltas disciplinarias aplicados
por la Policía Nacional, y al Ministerio de Defensa Nacional revisar los
procedimientos disciplinarios aplicados por la Policía Nacional, y adopte las
medidas necesarias que garanticen el debido proceso administrativo al personal vinculado
a dicha Institución.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de tutela proferida, en única instancia,
el 28 de abril de 2016, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio, que declaró improcedente la acción de amparo, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de culto, y al debido
proceso administrativo del señor Johnny Esneider Quintero Cano.
Segundo.- ORDENAR a la Policía Nacional que, a través de
la dependencia competente, elimine del formulario de seguimiento del accionante
la anotación demeritoria registrada por el CT. Sergio Andrés Lizcano Echeverry,
el 20 de marzo de 2016, y las demás anotaciones que tengan relación con la
misma.
Tercero.- ORDENAR a la Policía Nacional que, en todos sus niveles, se ABSTENGA
de repetir actos mediante los cuales se identifique o adhiera a una
religión específica, de manera tal que, en el desarrollo de sus funciones
siempre aplique el principio de laicidad y cumpla con el deber de neutralidad
en materia religiosa, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Corte.
Cuarto.- EXHORTAR a la Policía Nacional, para que en adelante cuando se
atribuya responsabilidad por la comisión de una falta disciplinaria se aplique
el procedimiento que para el efecto ha dispuesto el régimen disciplinario
especial de la institución, establecido en la Ley 1015 de 2006 y, en lo que
resulte aplicable, la Ley 734 de 2002.
Quinto.- EXHORTAR al Ministerio de Defensa Nacional para que, en
ejercicio de sus funciones legales, revise la normatividad que regula los
procesos de evaluación y calificación, así como los procedimientos que está
aplicando la Policía Nacional, a fin de que adopte las medidas necesarias o
diseñe procedimientos que garanticen en mayor medida el debido proceso
administrativo del personal vinculado a dicha institución.
Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA
T-152/17
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Se
debió aclarar que eliminación de anotación demeritoria en contra de accionante
obedecía a desconocimiento del procedimiento disciplinario contemplado en la
Ley 1015 de 2006 (Salvamento de
voto)
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Si
como conclusión de procedimiento disciplinario contemplado en la Ley 1015 de
2006 se encontraba que accionante incurrió en falta disciplinaria que ameritaba
anotación, la misma debía ser impuesta (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-5.799.418
Acción de Tutela
interpuesta por Johnny Esneider Quintero Cano contra la Policía Nacional
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Con el debido respeto por las decisiones
de esta Sala de Revisión, me permito salvar mi voto a la presente sentencia,
por medio de la cual se tutelan los derechos fundamentales a la libertad
religiosa y de culto, y al debido proceso administrativo del señor Johnny
Esneider Quintero Cano como consecuencia de la anotación demeritoria registrada
en el formulario de seguimiento que lleva la Policía Nacional, tras haber
incumplido con la orden de leer a los feligreses en la eucaristía de "Domingo de
Ramos" un mensaje que guarda relación con la religión Católica,
pese a que el accionante manifestó su pertenencia a una creencia religiosa
distinta.
Comparto las líneas argumentativas
generales de la Sentencia que llevan a mostrar, por un lado y en respuesta al
primer problema jurídico planteado, que el mensaje del Director de la Policía
Nacional, cuya lectura pública fue ordenada al accionante, vulnera el principio
de laicidad y las libertades religiosas y de culto, en tanto contiene frases
que claramente adhieren algunas doctrinas religiosas del catolicismo. Y, de
otra parte y en respuesta al segundo problema jurídico, demuestra que, en tanto
el procedimiento que condujo a la imposición de la anotación demeritoria tiene
una naturaleza sancionatoria, era una obligación de las autoridades castrenses
seguir el procedimiento disciplinario de la Policía Nacional previsto en la Ley
1015 de 2006, así como aplicar la Ley 734 de 2002 en lo pertinente.
No obstante,
disiento de la resolución que ordena la eliminación, del formulario de
seguimiento del accionante, de la anotación demeritoria registrada el 20 de
marzo de 2016 y las demás anotaciones que tengan relación con la misma, por
cuanto considero que, tal y como está formulada, es contradictoria con la
segunda línea argumentativa señalada y con algunos hechos probados en el
proceso relativos a que el accionante sí habría incurrido en actos de
indisciplina durante la formación previa a la orden de lectura del mensaje.
En efecto, la razón por la cual la mayoría
adopta esta orden, obedece a que el fundamento normativo con base en el cual se
registró la anotación demeritoria apeló al Decreto 1800 de 2000, "Por el
cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado
de la Policía Nacional" y la Resolución 4089 de 2011 que lo reglamenta.
Con esto se vulneró el derecho al debido proceso administrativo del accionante,
por cuanto este registro negativo no fue resultado de un trámite disciplinario.
La Institución debió surtir las etapas procesales previstas en la Ley 1015 de
2006 para sancionar las faltas disciplinarias de los agentes de policía, con
plena observancia de las garantías de defensa y contradicción al sujeto
disciplinado y sin embargo no lo hizo. Por ello, se desconoció el debido proceso
administrativo a favor del tutelante.
Ahora bien, considero que la orden no es
consecuente con algunos hechos y afirmaciones que la Sentencia encuentra como
probados, relativos que el accionante si habría incurrido en actos de
indisciplina en el momento en que se materializó su oposición a la lectura del
mensaje y, además, que no es posible afirmar de manera rotunda y definitiva
que, la inscripción negativa en el registro personal del patrullero, fue
producto de la vulneración de su libertad religiosa y de culto. En ese sentido,
en la sección de la Sentencia dedicada a la "solución
del caso concreto " el fallo explica lo siguiente: "la
Sala advierte que a partir de los elementos de juicio aportados al proceso, es
posible inferir que la anotación no se realizó exclusivamente por la condición
religiosa del patrullero, sino por el quebrantamiento de las estrictas normas
de disciplina que aplican en las formaciones policiales y que regulan la
relación entre el subalterno y su superior. Ello es así, en la medida que
existen elementos que permiten concluir que el actor cometió un acto de
indisciplina en la formación por la forma en que se comportó y debido a la
manera en que expresó su oposición frente a leer el mensaje. (...) De esta
manera, no es dado afirmar con grado de certeza que el registro de anotación
demeritoria obedeció exclusivamente a un acto discriminatorio por la religión
del actor."[136]
En consecuencia, y para ser consistente
con la fundamentación del fallo, la orden segunda debió aclarar que la
eliminación de la anotación demeritoria en contra del accionante obedecía al
desconocimiento del procedimiento disciplinario contemplado en la Ley 1015 de
2006, a fin garantizar el debido proceso administrativo del patrullero. Y, si
como conclusión de este proceso disciplinario se encontraba que el accionante
incurrió en una falta disciplinaria que ameritara esa anotación, la misma debía
ser impuesta.
Fecha ut supra,
ANTONIO JOSE
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1]
Ver, Folio 66 del cuaderno No. 2.
[2]
Ver, Folio 81 del cuaderno No. 2.
[3]
Según consta en la copia del Anexo No. 3 a la O.S. No 058 del 18-03-2016 “Apoyo
de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas y Prácticas de Observación con los
estudiantes del curso 047 en la Policía Metropolitana de Villavicencio, con el
motivo al Plan de Seguridad y Movilidad 2016, por una semana santa segura y en
paz”. Ver, Folio 35 del cuaderno No. 2.
[4]
Ver, Folio 5 del cuaderno No. 2. En relación con el contenido del mensaje, el
actor manifestó en su escrito de tutela que “Los apartes (…)
subrayados son claramente manifestaciones de una religión en particular y así
como no estamos autorizados para ejercer la política, el sindicalismo o actos
de desprestigio institucional, tampoco estamos autorizados para realizar tareas
que son de naturaleza distinta a las funciones de la Policía Nacional, si mi
vocación hubiera sido la de Sacerdote, me hubiera ido para un Seminario y no
para la Policía. En nuestra iglesia no rezamos, es decir, no repetimos como
loritos lo que la sagrada biblia nos enseña, allí lo que hacemos es orar y
estudiar, es decir, hablar con DIOS. Y no podría ponerme a profesar en el atrio
de una iglesia, cuando la grandeza es solo de DIOS. En la iglesia católica
profesan la creencia de un infierno eterno para los pecadores y nosotros en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día no creemos en el infierno, además para
nosotros el séptimo día es el sábado y no el domingo, el cual guardamos solo para
adoración a nuestro DIOS (Nuestras creencias son diferentes).” Ver, Folio
17 del cuaderno No. 2.
[5]
En el trámite de la primera instancia, el demandante aportó copia simple del
formulario de seguimiento del patrullero Jaime Andrés Reyes Calderón,
integrante del ESMAD. En este consta que el Capitán Sergio Andrés Lizcano
Echeverry realizó una anotación demeritoria en contra del señor Reyes, en los
mismos términos y por las mismas razones expuestas en la anotación registrada
contra el accionante. Ver, Folios 51 a 56 del cuaderno No. 2.
[6]
Ver, Folio 6 del cuaderno No.2.
[7]
El accionante indicó que parte de la discusión que tuvo con el Mayor y el
Intendente fue grabada por uno de sus compañeros. Por ello, aportó una
transcripción de la grabación y un CD con el audio de la misma. En este se
escucha el supuesto llamado de atención realizado por el Mayor al accionante y
la orden de pasarle el informe, además está registrado, en el minuto 1:59, que
el Intendente dio la siguiente orden a sus subalternos: “Al final de la eucaristía
leer el mensaje del señor Director General, es una orden clara, coordinan con
el señor sacerdote. No importa si son evangélicos, cristianos, musulmanes o de
otra religión (…)”. Ver, Folio 16 del cuaderno No.2.
[8]
Según consta en la copia del formulario de seguimiento del actor: “Se
realiza la presente anotación para dejar constancia que el evaluado el día de
ayer 20 de marzo de 2016 no salió al servicio de apoyo de semana santa a la
vigilancia con motivo de prestar seguridad para las iglesias ya que siendo las
10:00 horas, solicita que sea autorizado para buscar ayuda psicológica,
manifestando que no se siente en condiciones para salir al servicio. Siendo
autorizado a esa hora para que entregue armamento que se le había asignado para
el servicio e hiciera presencia en las instalaciones de Sanidad del Comando de
Policía del Meta”. Ver, Folio 30 del cuaderno No. 2.
[9]
Según consta en la copia de la historia clínica expedida por la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional. Ver, Folios 25 a 28 del cuaderno No. 2.
[10]
Ver, Folio 30 del cuaderno No. 2.
[11]
Según consta en la copia simple de la historia clínica expedida por el médico
psiquiatra Tito Santelis, adscrito al Instituto de Salud Mental “La
Confraternidad”. Ver, Folio 23 y 24 del cuaderno No. 2. De igual forma, en el
formulario del seguimiento del accionante, con fecha del 24 de marzo de 2016,
el Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry dejó constancia que el actor “(…) el
día 22 de marzo en horas de la noche es internado en la IPS LA CONFRATERNIDAD
LTDA, el cual brinda atención especializada en salud mental. Remitido por la
Dra. LINA MANRIQUE trabajadora social de Sanidad del comando de Policía Meta.
No se conoce concretamente el diagnóstico del señor evaluado ya que la historia
clínica es un instrumento de tipo personal.” Ver, Folio 33 del cuaderno No.
2.
[12]
Ver, Folio 31 del cuaderno No. 2.
[13]
Ver, Folio 32 del cuaderno No. 2.
[14]
Adicionalmente, señaló que el artículo 10 de la Resolución 04162 de 2015
establece que en la posición a discreción, el personal debe permanecer inmóvil,
al punto de que si necesita hacer un movimiento por fuerza mayor debe dar un
paso atrás, retomando posteriormente la posición inicial, lo cual no ocurrió en
el caso concreto, si se tiene en cuenta que el rostro del actor “denot[ó]
que no fue de su agrado la instrucción impartida en ese momento”, situación
de la cual fueron testigos los Subintendentes Edwin Alberto Durán y Javier Mora
Hoyos.
[15]
Ver, Folio 32 del cuaderno No. 2.
[16]
Ver, Folio 6 del cuaderno No. 2.
[17]
Ver, Folio 10 del cuaderno No. 2.
[18]
Ver, Folio 9 del cuaderno No. 2.
[19]
Ibídem.
[20]
Al respecto, el actor aportó copia de una captura de pantalla tomada desde el
celular de uno de sus compañeros al grupo de Whatsapp denominado “Tercera
Sección”. En ella, consta que el señor Reyes le pregunta al Capitán Lizcano
Echeverry acerca de la posibilidad de visitar al accionante en la clínica
psiquiátrica, frente a lo cual el Capitán responde de forma negativa
argumentando que “no lo dejan ver”. Ver, Folio 34 del cuaderno No. 2.
[21]
Manifestó que no ha vulnerado derecho alguno, por cuanto el Mayor Romero Ruíz y
el Intendente Cristancho Urquijo están adscritos a la Policía Metropolitana de
Villavicencio. Además, el Mayor Ronald Hernando Mariño Caballero, Capitán
Sergio Andrés Lizcano Echeverry, Subintendentes Javier Mora Hoyos y Edwin
Alberto Duran están adscritos al ESMAD, No.18 DEMET. Ver, Folio 45 del cuaderno
No. 2.
[22]
Con la contestación, aportó copia del oficio del 20 de marzo de 2016, por medio
del cual el Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry, en calidad de Comandante
de la Tercera Sección del ESMAD No.18, informó al Mayor Ronald Hernando Mariño
Caballero, Comandante ESMAD No. 18, la novedad ocurrida con el actor, en
concreto, lo relacionado con los gestos de inconformismo y la discusión que se
presentó con el Mayor Romero Ruíz y el Intendente Cristancho Urquijo, como
consecuencia de la orden que impartió este último para prestar el servicio de
vigilancia de semana santa. Así mismo, se dejó constancia de que se autorizó al
actor para buscar ayuda psicológica. Ver, Folio 49 del cuaderno No. 2.
[23]
Ver, Folio 58 del cuaderno No. 2.
[24]
Ver, Folio 59 del cuaderno No. 2.
[25]
El Intendente Cristancho Urquijo continuó señalando: “(…) por el contrario
le dije que algún ciudadano también lo podía leer. MANIFESTANDO EN VOZ ALTA
porque Usted lo dice, tomando una posición con la mano izquierda en el bolsillo
del pantalón, le dije tome una posición acorde al reglamento están a
discreción, de ese sencillo ejercicio se ve la disciplina y la actitud para el
servicio. Pregunté en la formación ¿alguien se siente indispuesto?, continué
dando algunas directrices como por ejemplo recalque en varias oportunidades que
evitaran masticar chicle, como lo estaban haciendo en la formación, utilizar en
forma excesiva el celular, que no descuidaran su seguridad, y el señor Patrullero
seguía hablando con otro señor Patrullero, por lo que le pregunté ¿Cuánto lleva
usted en la Policía? Y me respondió con una sonrisa en el rostro de forma
burlesca: más de tres menos de 12, yo simplemente le contesté es una persona
complicada y tengo amigos de su religión de sus creencias y le confieso que
estarían inconforme con su comportamiento, y le solicité que se cambiara de
sitio en la formación, de una manera respetuosa. Ese aspecto se le olvidó al
señor Patrullero comentar o hacer alusión en el contexto de la acción de tutela”.
Ver, Folio 59 del cuaderno No. 2.
[26]
Ver, Folios 66 a 83 del cuaderno No. 2.
[27]
Ver, Folio 62 del cuaderno No. 2.
[28]
Ver, Folio 64 del cuaderno No. 2.
[29]
La Ley 1015 de 2006, “por medio de la cual se expide el Régimen
Disciplinario para la Policía Nacional”, dispone en su artículo 27 que: “Medios
para encauzarla. Los medios para encauzar la disciplina son preventivos y
correctivos. Los medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando con
el fin de orientar el comportamiento de los subalternos a través de llamados de
atención verbal, tareas tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a
cursos de formación ética, trabajos escritos, como medios disuasivos de
aquellas conductas que no trascienden ni afectan la función pública, sin que
ello constituya antecedente disciplinario. Los medios correctivos hacen
referencia a la aplicación del procedimiento disciplinario en caso de
ocurrencia de falta definida como tal en la presente ley. Parágrafo. El
Director General de la Policía Nacional, mediante Acto Administrativo, creará
el comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes en
cada una de las unidades que ejerzan la atribución disciplinaria, señalando su
conformación y funciones.”
[30]
Mayor John Edwin Romero Ruíz.
[31]
Mayor Ronald Hernando Mariño Caballero.
[32]
Al respecto, citó la sentencia 13919 del 29 de mayo de 2003, proferida por el
Consejo de Estado.
[33]
Ver, Constitución Política, art. 218, Ley 62 de 1993, entre otras.
[34]
Ver, Folio 122 del cuaderno No. 2.
[35]
Ibídem.
[36]
Corte Constitucional sentencias C-088/94, C-350/94, T-823/02 y C-152/03.
[37]
Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González,
sentencia No.1101-03-24-000-2011-00268-00.
[38]
Ver, Folio 123 del cuaderno No. 2.
[39]
Ver, Folios 17 a 19 del cuaderno principal.
[40]
Resolución Nro. 04162 del 15 de Noviembre de 2011, por medio de la cual se
indica los parámetros de disciplina, armonía, elegancia y sobriedad dentro del
ceremonial y protocolo policial. En su artículo 10, literal C, establece: “El
Policía, en esta posición, debe permanecer inmóvil; cuando por cualquier
circunstancia de fuerza mayor necesite hacer un movimiento con las manos,
diferente al normal, se debe adoptar la posición fundamental y dar un paso
hacia atrás, retomando posteriormente la posición inicial”.
[41]
Por el cual se dictan normas para la evaluación y desempeño del personal
policial.
[42]
Por la cual se establece los parámetros en el diligenciamiento de los
documentos en el proceso de evaluación del personal uniformado hasta el grado
de Coronel de la Policía Nacional y se determinan las funciones de la junta de
calificación de la gestión.
[43]
Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía
Nacional.
[44]
Código Único Disciplinario.
[45]
Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.
[46]
El Ministerio de Defensa Nacional, aprobó los formularios de evaluación del
desempeño Policial para el Personal Uniformado de la Policía Nacional,
diseñadas por la Dirección General de la Policía Nacional.
[47]
Por la cual se implementan las competencias genéricas en la Policía Nacional.
[48]
Por la cual se establece el sistema de ubicación laboral para la Policía
Nacional.
[49]
Por el cual se modifica parcialmente la Estructura del Ministerio de Defensa
Nacional.
[50]
Por la cual se expide el reglamento de Servicio de Policía. En su artículo 38
establece que el servicio de policía es de carácter civil y profesional y en su
artículo 39 define sus características como público, obligatorio, monopolizado,
primario, directo, permanente, inmediato e indeclinable.
[51]
Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo. En su capítulo IV, establece la “utilización de
medios electrónicos en el procedimiento administrativo”.
[52]
Por la cual se establece el manual de funciones para el personal uniformado de
la Policía Nacional y se derogan unas disposiciones.
[53]
En concreto, el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario manifestó:
“(…) En atención al correo de la referencia, me permito, que una vez
revisado el sistema jurídico de la Policía Nacional (SIJUR) y los libros
radicadores de esta unidad, se evidencia que por hechos ocurridos el día
20/03/2016, con el patrullero JOHNNY ESNEIDER QUINTERO CANO, donde al parecer
el institucional se opuso a cumplir instrucciones impartidas por el Intendente
FREDY EDUARDO CRISTANCHO URQUIJO y el Mayor JOHN EDWIN ROMERO RUIZ. Así mismo,
este despacho disciplinario no adelanta ni adelanto (sic) investigación
disciplinaria alguna por los hechos antes citados. (Sic) (…)”.
[54]
En este punto, la entidad accionada hizo referencia a las sentencias T-1108 de
2002, T-793 de 2008 y T-690 de 2010.
[55]
En este punto, citó apartes de la sentencia proferida, el 3 de noviembre de
2011, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Segunda –Subsección B, M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez, Ref. expediente No.
AC-17001-23-31-000-2011-00402-01. Actor: Nelson de Jesús López Ossa.
[56]
Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548
de 2015, y T-317 de 2015.
[57]
Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para
que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho
cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que
la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que
las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver sentencia T-896 de 2007,
entre otras.
[58]
Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aún
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela. (…)”.
[59]
Constitución Política, artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública (…)”.
[60]
Decreto 2591 de 1991, artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (…)”.
[61]
Ver, sentencia SU-961 de 1999.
[62]
Mayor Ronald Hernando Mariño Caballero.
[63]
Capitán Sergio Andrés Lizcano Echeverry.
[64]
Ver, Folio 32 del cuaderno No.2
[65]
Ver, Folio 1 del cuaderno No.2
[66]
Ver, Folio 121 del cuaderno No. 2.
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2016. En esa misma dirección, en la
sentencia T-982 de 2001, reiterada por la sentencia T-327 de 2009, esta Corte
señaló: “Los fallos de primera y segunda instancia coinciden en afirmar que
en el presente caso la acción de tutela no es procedente, puesto que existe
otro medio de defensa judicial. A juicio de ambos jueces, los derechos que
están en juego surgen de una relación laboral contractual, por lo que es la
justicia laboral ordinaria donde el asunto debe ser ventilado (…) No comparte
la Sala esta posición. Ana Chávez Pereira, como lo precisó en su impugnación,
busca mediante su acción que se proteja su derecho a la libertad religiosa, el
cual constituye un derecho fundamental constitucional (artículo 19, C.P.) y,
por lo tanto, susceptible de que su defensa sea invocada mediante una acción de
tutela. No pretende ella que se le protejan derechos legales emanados del
contrato de trabajo, ni existe otro medio de defensa judicial para atender el
derecho reclamado que haga improcedente la tutela”. En este mismo sentido,
en la sentencia T-267 de 2014, afirmación proveniente de las sentencias SU- 667 de 1998 y en la Sentencia SU-036 de 1999,
la Corte manifestó que: “La Corte en ocasiones
semejantes, ha resuelto casos anteriores al considerar que existe una
diferencia de objeto entre la defensa y exigibilidad por vía judicial de los
derechos laborales de origen puramente legal y la efectividad de los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos son afectados de manera directa por
conductas u omisiones respecto de las cuales no es suficiente el poder de
decisión de los jueces ordinarios a la luz de las leyes que aplican”.
[68]
Ver, sentencia C-350/94. En esa oportunidad la Corte Constitucional se preguntó
“¿cuál es la orientación contenida en el actual ordenamiento colombiano?”.
Para resolver esta cuestión, la Sala Plena consideró necesario hacer una
comparación entre la regulación de la actual Constitución con la contenida en
el anterior ordenamiento. En este análisis, la Corte determinó que la
Constitución Política de 1991 generó tres cambios fundamentales en comparación
con lo establecido en la Constitución de 1886, a saber: “(i) Eliminó la
referencia a un ser sobrenatural como sustento del principio de soberanía y, en
cambio, hizo una referencia en el Preámbulo a la invocación de la protección de
Dios, sin que ello implique una vinculación del Estado con un credo particular,
como sí sucedía al amparo del régimen anterior. (ii) En la definición misma del
Estado colombiano (Art. 1º C.P.), se estableció la cláusula democrática,
participativa y pluralista. (iii) El artículo 19 C.P. anuncia el derecho a la
libertad de cultos, según la cual todas las personas pueden profesar libremente
su religión y difundirla en forma individual o colectiva; y todas las
confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Este
derecho impide que el Estado otorgue un tratamiento preferente a un credo
particular”.
[69]
Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario
Juan Carlos Esguerra en la misma Sesión del 24 de abril de 1.991. Ver también Gaceta
Constitucional n. 130, p. 4.
[70]
Ver, Sentencias C-478 de 1999,
C-152 de 2003, C-1175 de 2004, C-766 de 2010, C-817 de 2011, T-139 de 2014, y
C-948 de 2014, entre otras.
[71]
Ver, Sentencia C-224 de 2016.
[72]
Ibídem. La
jurisprudencia constitucional ha sido pacífica, uniforme y reiterada en lo que
respecta al alcance del principio de laicidad, y frente al tema del pluralismo
religioso. En varias oportunidades, esta Corte se ha ocupado de estudiar
aspectos que se derivan de la relación Estado-religión, como por ejemplo: (i)
separación entre Estado e Iglesias de acuerdo con el establecimiento de la
laicidad del primero (C-088/94 y C-350/94); prohibición de injerencia alguna
obligatoria, que privilegie a la religión católica o a otras religiones en
materia de educación (C-027/93); (ii) renuncia al sentido religioso del orden
social y definición de éste como orden público en el marco de un Estado Social
de Derecho (C-088/94 y C-224/94); (iii) determinación de los asuntos religiosos
frente al Estado, como asuntos de derechos constitucionales fundamentales
(C-088/94); (iv) prohibición jurídica de injerencia mutua entre Estado e
Iglesias (C-350/94); (v) eliminación normativa de la implantación de la
religión católica como elemento esencial del orden social (C-350/94); y (vi)
establecimiento de un test que evalúa si las regulaciones en materia religiosa
están acordes con los principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano
(C-152/2003) .
[73]
Ley 133 de 1994, artículo 3, inciso segundo.
[74]
Ley 133 de 1994, artículo 6, literal e.
[75]
Ley 133 de 1994, artículo 4.
[76]
Por medio de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, el Estado
colombiano aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de
San José de Costa Rica", firmada en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969.
[77]
La accionante alegó que, en el marco de la relación laboral, la empresa
demandada le ordenó para el desarrollo de sus funciones cumplir con una
actividad que era contraria a sus convicciones religiosas, cuál era la de usar
pantalón en lugar de la falda que le tocaba vestir de acuerdo con los dogmas de
la iglesia a la que pertenecía (Iglesia Luz del Mundo Trinitaria de Colombia).
[78]
Ver, sentencia T-575 de 2016.
[79]
Entre otras, se puede consultar las sentencias
T-493 de 2010 y T-915 de 2011.
[80]
Entre otras, se pueden consultar las sentencias C-728 de 2009, T-018 de 2012,
T-023 de 2014 y T-314 de 2015.
[81]
Por ejemplo, casos en los que la Corte ha amparado el derecho a la libertad
religiosa y de culto, reconociendo (i) la existencia de un derecho a que las
personas emprendan, en lo relativo a la disposición de los cadáveres, las
actividades que correspondan a su religión (sentencias T-162 de 1994, T-462 de
1998, T-165 de 2013 y T-741 de 2015); (ii) el derecho a oponerse a la
realización de un tratamiento médico opuesto a las convicciones religiosas
(sentencia T-052 de 2010); (iii) el derecho de los estudiantes mayores de edad
o de sus padres a decidir si asisten a clases de religión en instituciones
oficiales (sentencia T-421 de 1992); y (iv) el derecho de los estudiantes a
abstenerse de ejecutar en el colegio danzas o ritmos que consideren pecaminosas
siempre y cuando la objeción se formule seria y sinceramente (sentencia T-588
de 1998).
[82]
En sentencia T-575 de 2016, esta Corte señaló: “(…) la libertad religiosa no
puede entenderse exclusivamente desde la perspectiva de la permisión, en virtud
de la cual el hombre no puede ser obligado a actuar contra su creer y su
sentir, sino que también debe comprenderse desde el punto de vista de una
prerrogativa, de acuerdo con la cual nadie puede impedirle obrar de acuerdo con
sus creencias y sentimientos, salvo que existan razones constitucionalmente
validas que justifiquen su restricción (razones de seguridad, orden, moralidad
y salubridad públicos y, el ejercicio de los derechos constitucionales y
libertades de los demás) (…)”.
[83]
Decreto 1800 de 2000, artículo 1°.
[84]
Ver, Resolución 04089 del 11 de septiembre de 2015, “Por
medio de la cual se establece los parámetros en el diligenciamiento de los
documentos en el proceso de evaluación del personal uniformado hasta el grado
de Coronel de la Policía Nacional y se determinan las funciones de la junta de
calificación de la gestión”, artículo 11.
[85]
Decreto 1800 de 2000, artículos 19 y 20.
[86]
Decreto 1800 de 2000, artículo 45, el resultado de la
evaluación de ascenso es producto del “promedio de las evaluaciones anuales
durante el tiempo de permanencia en el grado respectivo; determina la nueva
ubicación del evaluado dentro de la disposición para ascenso y, por
consiguiente, su posición dentro del escalafón en el nuevo grado”.
[87]
Decreto 1800 de 2000, artículo 37.
[88]
Decreto 1800 de 2000, artículo 38, parágrafo 1°.
[89]
“Por medio de la cual se establece los parámetros en el
diligenciamiento de los documentos en el proceso de evaluación del personal
uniformado hasta el grado de Coronel de la Policía Nacional y se determinan las
funciones de la junta de calificación de la gestión”.
[90]
Decreto 1800 de 2000, artículo 52. “(…) Las reclamaciones por
desacuerdo con la evaluación y clasificación anual, proceden por escrito ante
el evaluador dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su
notificación, quien las resuelve en un término de setenta y dos (72) horas. En
caso de mantener su decisión, remitirá lo actuado ante el revisor dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, quien decide en forma definitiva en el
término de setenta y dos (72) horas”.
[91]
Ver, Sentencias T-409 de 1992, C-225 de 1995, C-578 de 1995, C-431 de 2004,
C-540 de 2012, T-582 de 2016, entre otras.
[92]
Ver, Sentencia T-582 de 2016.
[93]
Ver, Sentencia C-431 de 2004.
[94]
Ley 1015 de 2006, artículo 26.
[95]
Ley 1015 de 2006, artículo 29, establece: “ORDEN ILEGÍTIMA. La orden es
ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente
a la violación de la Constitución Política, la ley, las normas institucionales
o las órdenes legítimas superiores. PARÁGRAFO. Si la orden es ilegítima, el
subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad
recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o
ejecuta.”
[96]
Ley 1015 de 20086, artículo 27. Medios preventivos hacen referencia al
ejercicio del mando con el fin de orientar el comportamiento de los subalternos
a través de llamados de atención verbal, tareas tales como acciones de tipo
pedagógico, asistencia a cursos de formación ética, trabajos escritos, como
medios disuasivos de aquellas conductas que no trascienden ni afectan la
función pública, sin que ello constituya antecedente disciplinario. En cambio
los medios correctivos hacen referencia a la aplicación del
procedimiento disciplinario en caso de ocurrencia de una falta definida en la
ley.
[97]
Ley 1015 de 2006, artículo 34
[98]
Ley 1015 de 2006, artículo 35.
[99]
Ley 1015 de 2006, artículo 36.
[100]
Ley 1015 de 2006, artículos 38 a 43.
[101]
Ley 1015 de 2006, artículo 5°.
[102]
Ley 734 de 2002, artículos 150 y 151.
[103]
Ley 734 de 2002, artículos 152 a 160.
[104]
Ley 734 de 2002, artículo 161.
[105]
Ley 734 de 2002, artículo 166.
[106]
Ley 734 de 2002, artículo 169 y 170.
[107]
Ver, contestación del Coronel Freddy Hernán Jiménez Rodríguez, Comandante
Policía Metropolitana de Villavicencio. Ver, Folio 40 del cuaderno principal.
[108]
Ver, informe del 26 de abril de 2016, rendido por el Mayor Ronald Hernando
Mariño Caballero, Comandante Escuadrón Móvil Antidisturbios Nro. 18 DEMET. Ver,
Folio 41 del cuaderno principal.
[109]
Ver, comunicación del 26 de abril de 2016, emitida por el Intendente Fredy
Eduardo Cristancho Urquijo, Gestor de Riesgos vinculado a la Policía
Metropolitana de Villavicencio. Ver, Folio 63 del cuaderno No. 2.
[110]
Ver, Folio 43 del cuaderno principal.
[111]
Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la Policía
Nacional.
[112]
Orden de servicio No. 120 MEVIL-PLANE del 15 de marzo de 2016.
[113]
Ver, Folio 81 del cuaderno principal.
[114]
Según consta en la copia del Anexo No.3 a la O.S. No 058 del 18-03-2016 “Apoyo
de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas y Prácticas de Observación con los
estudiantes del curso 047 en la Policía Metropolitana de Villavicencio, con el
motivo al Plan de Seguridad y Movilidad 2016, por una semana santa segura y en
paz”. Ver, Folio 35 del cuaderno No. 2.
[115]
Ver, Folio 66 del cuaderno principal.
[116]
Ver, Sentencia T-575 de 2016.
[117]
Para definir este punto, la Sala Tercera de
Revisión aplicará el test definido en la sentencia T-575 de 2016. Ello, en
atención a la pertinencia de los fundamentos consagrados esa providencia en
materia del ámbito de protección del derecho a la libertad religiosa, y en
consideración de que, en el presente asunto, la violación de este derecho se
estudia en el marco de la relación laboral que existe entre el actor y la
Policía Nacional, es decir, en uno de los escenarios en los que la Corte ha
revisado los presupuestos citados.
[118]
Ver, Folio 2 del cuaderno No. 2.
[119]
Ver, Folio 31 del cuaderno principal.
[120]
Según consta en la certificación expedida el 6 de febrero de 2017. Ver, Folio
36 del cuaderno principal.
[121]
El accionante manifestó que se opuso a leer el mensaje cuestionado, en razón a
que “En nuestras iglesias no rezamos, es decir, no repetimos como loritos lo
que la sagrada biblia nos enseña, allí lo que hacemos es orar y estudiar, es
decir, hablar con DIOS. Y no podría ponerme a profesar en el atrio de una
iglesia que no es la mía, la grandeza de  esa iglesia, cuando la grandeza es
solo de DIOS. En la iglesia católica profesan la creencia de un infierno eterno
para los pecadores y nosotros [los adventistas] no creemos en el infierno, además
para nosotros el séptimo día es el sábado y no el domingo, el cual guardamos
solo para adoración a nuestro DIOS (nuestras creencias son diferentes)”.
[122]
Ver, Folio 31 y 31 del cuaderno No. 2.
[123]
Ver, Folio 53 del cuaderno No. 2.
[124]
Ver, Folios 63 y 64 del cuaderno No. 2.
[125]
Ver, Folio 64 del cuaderno No. 2.
[126]
Ver, sentencias T-026 de 2005, T-448 de 2007 y T-575 de 2016 (fundamento 83).
[127]
Ver, Sentencias T-327 de 2009 y T-575 de 2016.
[128]
Ver, Sentencia T-662 de 1999, reiterada por la
sentencia T-575 de 2016.
[129]
Folios 39 y 40 del cuaderno principal.
[130]
Ley 1015 de 2006, artículo 22.
[131]
Ver, Folio 91 del cuaderno No.2.
[132]
Folio 64 del cuaderno No.2
[133]
Ley 734 de 2002, artículo 51. “Preservación del orden interno. Cuando se trate
de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de
cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe
inmediato llamará por escrito la atención al autor del hecho sin
necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Este llamado de atención se
anotará en la hoja de vida y no generará antecedente disciplinario. En el
evento de que el servidor público respectivo incurra en reiteración de tales
hechos habrá lugar a formal actuación disciplinaria”. La Corte en la sentencia
C-1076 de 2002 la Corte declaró exequible el inciso primero del artículo 51 de
la Ley 734 de 2002, salvo la expresión por escrito que se declarará
inexequible. Declarará, de igual manera, exequible el inciso segundo del
artículo 51 de  la misma ley, salvo la expresión se anotará en la hoja
de vida y. Así mismo, declarará inexequible el inciso tercero del mismo
artículo.
[134]
Ley 1015/06, artículo 29. “Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede
los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la
Constitución Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes
legítimas superiores. Parágrafo. Si la orden es ilegítima, el subalterno no
está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad recaerá sobre
el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta”.
[135]
En el ordenamiento interno, el derecho fundamental a la libertad religiosa y de
culto previsto en el artículo 19 Superior, fue desarrollado por el Legislador,
cuanto menos, en la Ley 133 de 1994, por medio de la cual no solo se reguló el
alcance del derecho referido (prerrogativas y límites), sino que también se
precisó su marco de ejercicio, esto es, un modelo de Estado laico que reconoce
el pluralismo religioso en condiciones de igualdad. A nivel internacional, la
Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 12, reconoce el
derecho a la libertad de religión, entendido como el derecho de toda persona a
conservar, cambiar, profesar y divulgar su religión, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado. Así mismo, dispone que nadie
puede ser objeto de medidas restrictivas en contra de su libertad religiosa, y
que los límites a este derecho únicamente serán aquellos que defina la ley.
[136]
Ver Sentencia T-152 de 2017.  M.P. Alejandro Linares Cantillo. Numeral 115.
Pág. 43.