T-731-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-731/15
ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACION-Solicitud previa de rectificación al medio
informativo como requisito de procedibilidad
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Reiteración de jurisprudencia
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU-Definición/LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO
SENSU Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho constitucional de doble vía
La
sentencia T-391 de 2007 definió la libertad de expresión stricto sensu como “la libertad de expresar
y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y
a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso,
artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el
derecho a no ser molestado por ellas […] y tiene una doble dimensión – la de
quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando”, y “apareja el derecho de su
titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones,
informaciones o ideas personales”. Como se puede ver de las definiciones
constitucional y jurisprudencial, la libertad de expresión stricto sensu cobija
la libertad de opinión.
LIBRE EXPRESION STRICTO SENSU-Características
LIBERTAD DE EXPRESION-No es un derecho absoluto
LIBERTAD DE
INFORMACION-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Contenido
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
VERACIDAD DE LA INFORMACION-Alcance
IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Alcance
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
ACCION DE TUTELA FRENTE AL DERECHO DE
RECTIFICACION-Improcedencia
de rectificación toda vez que se cumplieron cargas de veracidad e imparcialidad en
artículo “Los contratos de la Escuela para la democracia Galán”
Referencia: expediente
T-4996631
Acción
de tutela instaurada por Juan Manuel y Carlos Fernando Galán
Pachón contra la Fundación Las 2 Orillas y otros.
Magistrada (E) Ponente:
MYRIAM ÁVILA
ROLDÁN.
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos
mil quince (2015).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada Myriam Ávila Roldán, y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de marzo de
2015, y por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Séptima
de Decisión Civil, el 29 de abril de 2015, en primera y segunda
instancia respectivamente.
I.
ANTECEDENTES
1. Los
hechos y la pretensión de amparo de la demanda[1].
Los demandantes,
Juan Manuel Galán Pachón y Carlos Fernando Galán Pachón, interpusieron acción
de tutela contra la Fundación Las 2 Orillas, propietaria del informativo
digital www.las2orillas.co,
su directora, María Bonilla y el periodista Gustavo Rugeles, alegando la
vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la
dignidad humana, a la intimidad personal y familiar y a la rectificación en
condiciones de equidad. Fundamentaron su demanda en los siguientes hechos:
1.1. Mediante la
Ley 75 de 1989 "Por la cual la Nación rinde honores a la memoria del
doctor Luis Carlos Galán Sarmiento" se creó el Instituto para el Desarrollo
de la Democracia Luis Carlos Galán (ILCG). En un inicio, la estructura del ILCG
fue determinada por el Decreto 1302 de 1990 funcionando como entidad adscrita
al Ministerio de Educación Nacional; este esquema 100% público se mantuvo
durante 11 años. En 2004 se expidió el Decreto 301 de 2004, por medio del cual
se suprimió el instituto y se procedió a su transformación en una corporación  mixta
“bajo el amparo de lo dispuesto en el
artículo 96 de la ley 489 de 1998 que autoriza a las entidades estatales para
‘asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de
convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les
asigna a aquéllas la ley’”; como entidad mixta
que es, tienen participación en la misma el Ministerio de Educación Nacional,
con el 85.57%, y la sociedad privada Taller de Estrategia, con el restante
14.43 %.
La resultante
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia (en adelante EGDD) quedó
constituida como una entidad sin ánimo de lucro, reconocida mediante las
resoluciones No. 1030 y 3276 del 14 de marzo y 10 de agosto de 2005, de la
Secretaría de Educación de Bogotá. “Su misión es el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática, el liderazgo y el desarrollo social a través de la ejecución
de procesos de formación, investigación, la promoción de la cultura de la paz y
la legalidad, y del apoyo al desarrollo institucional, entre otras”.
1.2. Los
accionantes manifestaron que no tienen participación en la EGDD pues ni directamente
ni a través de una posición en la sociedad Taller de Estrategia tienen poder de
dirección o injerencia en la Escuela. Señalaron igualmente que “los aportes
o cuotas que paguen a la ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA sus
miembros no son reembolsables y no confieren derecho alguno sobre el patrimonio
de ella. La Escuela, dados sus objetivos y como entidad sin ánimo de lucro, no
podrá traspasar en ningún momento sus bienes, fondos y rentas al patrimonio de
ninguna persona en calidad de distribución de utilidades. Cualquier
beneficio operacional, superávit o utilidad que llegare a obtener será
obligatoriamente destinado, en forma exclusiva, a incrementar su propio
patrimonio, o a mejorar y ampliar los medios necesarios para cumplir
cabalmente con su objetivo”. Destacaron que su tía, Maruja Pachón Castro es
la representante legal de la EGDD y que lo ha sido desde la creación de la
Corporación.
1.3. Frente a
la Fundación Luis Carlos Galán, manifestaron que “fue asumida por la
Pontificia Universidad Javeriana hace varios años y constituye una persona
jurídica distinta del ILCG y de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo
de la Democracia”.
1.4.
Manifestaron que “[n]i JUAN MANUEL GALÁN ni CARLOS
FERNANDO GALÁN hemos recibido beneficio económico ni remuneración alguna por
las actividades de Corporación. Tampoco tenemos ninguna injerencia en su
funcionamiento, mucho menos en los contratos que ella celebra con distintas
entidad estatales”.
1.5. El
5 de noviembre de 2014, fue publicado en el portal de
internet Las 2 Orillas el
artículo titulado “Los
contratos de la Escuela para la democracia Galán”, a
cargo del periodista Gustavo Rugeles. Los accionantes sostienen que “[e]l
artículo hace afirmaciones que carecen de veracidad y afectan nuestros derechos
fundamentales, así como los de nuestra familia”, exponiendo las siguientes
razones:
“a.
El subtítulo del artículo empieza así: "El
éxito político v contractual de la familia se multiplicó en el gobierno
Santos. Su directora Maruja Pachón firmó 7 contratos por $114 mil millones a
través del DPS y la Unidad de Víctimas". Esta
afirmación da a entender, primero, que nuestra acción política tendría algún
impacto en la posibilidad o no de la Corporación para firmar convenios o
contratos con entidades estatales, lo cual es completamente falso. Además, da a
entender que se trata de contratos celebrados entre el Estado y la familia
Galán (puesto que se habla del supuesto éxito contractual de la familia), lo
cual es también falso. Quien ha suscrito contratos con algunas entidades
estatales es una Corporación, que tiene la calidad de entidad mixta, de la cual
el Estado detenta el 85.57%, y cuya junta directiva es presidida por el
Ministerio de Educación. No se trata, pues, de una empresa familiar, de una
empresa de fachada ni de una fundación familiar, pues ni nuestra madre, ni
nosotros tenemos participación o interés alguno en la misma, ni nos lucramos de
los contratos que ella celebra y ejecuta con algunas entidades estatales.
b.
La nota afirma que "El efecto político de Carlos Fernando y Juan
Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la
coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política
nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su
mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno"
(Se destaca). Nuevamente, tal afirmación da a entender que es gracias a
nosotros y a nuestra presencia en el escenario político, en partidos que apoyan
las * políticas del presidente Juan Manuel Santos, que la Corporación (que no
"fundación", como de manera errónea lo dice el artículo) ha, firmado
convenios y contratos con algunas entidades estatales”.
1.6. Los
accionantes destacaron cómo, luego de la publicación de la nota periodística en
Las 2 Orillas, se replicó, se divulgó y comentó el contenido
periodístico, que en su opinión genera una “continuidad en la trasgresión
de nuestros derechos fundamentales”. Reseñaron como luego de la
publicación, se trató el tema en los siguientes programas e impresos:
·
W Radio, en entrevista del 7 de noviembre de
2014 a la Directora de la EGDD.
·
Columna de Jorge Figueroa publicada en el diario
Vanguardia Liberal el 12 de noviembre de 2014.
·
Programa la “Hora de la Verdad” en entrevista
del 14 de noviembre de 2014 a la Directora de la EGDD.
·
Columna de Gustavo Álvarez Gardeazabal en el
diario ADN del 18 de noviembre de 2014.
·
Reproducción de la anterior columna en el Blog “El
Reverbero de Juan Paz” el 20 de noviembre de 2015.
·
Periódico Extra del 22 de noviembre de 2014.
·
Portal www.elfrente.com.co  en la que se habría
publicado “la nota de Gustavo Rugeles, prácticamente con idéntico contenido,
el día 18 de diciembre de 2014”.
·
Columna de Abelardo De La Espriella[2] publicada el 22 de
febrero de 2015 en los periódicos El Heraldo y el portal www.kienyke.com.
·
Columna de Abelardo De La Espriella publicada el
1 de marzo de 2015 con el título “Los Intocables II”, en los periódicos El
Heraldo y el portal www.kienyke.com.
Argumentan
además que han sido objeto de fuertes ataques a través del portal de Las 2
Orillas, y de redes sociales como Facebook y Twitter a raíz de la
publicación del artículo. La nota fue publicada nuevamente por Las 2 Orillas el 28 de diciembre de
2014.
1.7. El 12 de noviembre de 2014, los accionantes solicitaron a la
directora del informativo digital Las 2 Orillas, María Elvira Bonilla, “la
rectificación de la información falsa y equivocada que contiene el artículo,
destacando y explicando en detalle los pasajes erróneos o falsos y los que, por
tanto, debían ser objeto de rectificación”.
1.8. El medio
de comunicación respondió mediante un oficio fechado el 5 de diciembre de 2014,
mediante el cual la directora del medio de comunicación reiteró la mayor parte
del contenido difundido, señalando que:
“Aceptamos la inexactitud en algunos apartes del artículo cuando
hace referencia a la Escuela Galán como Fundación y no como corporación. Si así
lo requieren se puede explicar en una nota aclaratoria la naturaleza jurídica
de la entidad, que si bien es una imprecisión, no cambia en nada el sentido de
la información.
Les ruego precisar los términos de la rectificación que solicitan
refiriéndose a datos tácticos y no a una lectura interpretativa, que entiendo
pueda haberles incomodado”.
La nota se
mantuvo en el portal de internet www.las2orillas.com, a pesar de la
solicitud de rectificación de los solicitantes.
1.9. Los
accionantes, mediante comunicación del 23 de febrero
de 2015, se dirigieron nuevamente a la directora del portal Las 2 Orillas,
María Elvira Bonilla, “para solicitar la rectificación de las informaciones
falsas y equivocadas que contiene el artículo "Los contratos de la Escuela
para la democracia Galán" firmado por el periodista Gustavo Rugeles,
poniendo de presente los hechos nuevos que dan fe del alcance (cada vez mayor)
que ha tenido el artículo y del perjuicio cierto, grave, continuo y actual que
nos ha producido el mismo”.
1.10. Días
después, Las 2 Orillas contestó la solicitud, reiterando su posición en torno a la
corrección de la información difundida, y consideró que la solicitud de
rectificación resultaba improcedente[3].
1.11. Los
accionantes manifestaron que “[h]asta la fecha, no se nos ha garantizado el
derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad (artículo 20
CP) sino que subsiste, desde el primer día, la afectación de los derechos
fundamentales invocados, máxime teniendo en cuenta que el artículo de Las 2
Orillas y las columnas de Abelardo De La Espriella siguen publicados en el
portal de internet www.las2orillas.co (el primero), en www.elheraldo.com y en www.kienvke.com (las segundas). De hecho, el perjuicio causado por los demandados
[es] cada vez mayor, teniendo en cuenta que
son cada vez más medios, periodistas [y] ciudadanos los que se basan en
la información falsa, malintencionada y tendenciosa que publicó www.las2orillas.co (pensando, tal vez, que el señor
Rugeles había escrito el artículo con el rigor periodístico que exige la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunque ello no fue así) para
atacarnos y mancillar nuestra honra y buen nombre, de manera injustificada; y
que sigue habilitada la herramienta tecnológica para que los lectores puedan
comentar el artículo de Las 2 Orillas (y de paso, seguir insultándonos y
calumniándonos, con la anuencia de este medio de comunicación)”.
1.12. A partir
de los anteriores hechos, los accionantes expusieron como pretensión la
siguiente:
“1. Que se ordene a los demandados, el informativo digital Las 2
Orillas [www.las2orillas.co]; a su directora, María Elvira Bonilla; y
al periodista Gustavo Rugeles, retirar de dicho portal el artículo ‘Los
contratos de la Escuela para la democracia Galán'[4], firmado
por el periodista Gustavo Rugeles; y rectificar los asuntos mencionados en
nuestras solicitudes del 12 de noviembre de 2014 y del 23 de febrero de 2015,
indicando con toda claridad:
(i)
Que ni JUAN MANUEL GALÁN ni CARLOS FERNANDO
GALÁN tenemos injerencia alguna en las actividades de la Corporación Escuela
Galán para el Desarrollo de la Democracia, ni en su funcionamiento, ni
mucho menos en los contratos que ella celebra; y que nuestra acción política no
ha tenido ni tiene ningún impacto en la posibilidad o no de la
Corporación para firmar convenios o contratos con entidades estatales, por lo
cual son FALSAS las aseveraciones o insinuaciones en sentido contrario, que
contiene el artículo aquí comentado.
(ii)
Que quien ha suscrito contratos con algunas
entidades estatales es una Corporación que tiene la calidad de entidad mixta,
de la cual el Estado detenta el 85.57%, y cuya junta directiva es presidida por
el Ministerio de Educación. No se trata (como errónea o equivocadamente lo
afirman los accionados) de un (sic) empresa familiar, de una empresa de fachada
ni de una fundación familiar. Además, la familia GALÁN PACHÓN no recibe ningún
beneficio económico ni de ninguna índole de (sic) los contratos que celebra la
Corporación, ni tiene participación alguna en el patrimonio de la Corporación.
(iii)
Que, por tanto, son falsas las afirmaciones en
el sentido de que ’El éxito político y contractual de la familia se
multiplicó en el gobierno Santos...’ y de que ‘su presencia en el
Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la
fundación’, pues ninguno de los contratos a los que se refiere la
publicación han sido celebrados por la FAMILIA GALÁN
PACHÓN, ni tiene esta familia vinculación legal, contractual o fáctica con la
Corporación (que no fundación) Escuela Galán para el Desarrollo de la
Democracia, ni existe relación alguna entre la posición política de la familia
Galán Pachón y la suerte de la Corporación.
(iv) Que no existe ningún elemento o prueba que permita atribuir a
la FAMILIA GALÁN PACHÓN un supuesto "éxito contractual" por cuenta
del desempeño de la Corporación Escuela Galán.
2. Que ordene al portal de internet ‘Las 2 Orillas’ (www.las2orillas.co)
a divulgar esta rectificación ‘en condiciones que aseguren la eficacia de la
misma’ (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en su numeral 7), es decir, que
tenga la aptitud de restablecer nuestros derechos. Si bien es cierto que ‘La
rectificación en sí, no contiene formulas sacramentales, pues la forma como
ésta debe realizarse depende de cada caso concreto’ (Sentencia T-684 de 2004),
la Corte ha estipulado unos parámetros o exigencias para que se considere que
la rectificación se ha hecho en condiciones de equidad, y que deben seguirse
aquí:
(...) es necesario cumplir con un grupo de exigencias: (i) que la
rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga
públicamente; (iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al
que tuvo la información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve
para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad. Cuando la obligación de rectificar la imponga una
autoridad judicial, ésta debe establecer en la respectiva providencia "los
lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior,
con el objeto de proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien fue
afectado con la información falsa divulgada y asegurar su efectivo
restablecimiento".
Para cumplir los anteriores requerimientos, la rectificación que
haga el medio de comunicación www.las2orillas.co tendría que hacerse,
cuando menos, mediante publicación en dicho portal de internet durante un
tiempo equivalente al que ha estado al aire el artículo titulado "Los
contratos de la Escuela para la democracia Galán' , firmado por el
periodista Gustavo Rugeles, en la misma ubicación dentro de tal página web; y
la nota de rectificación debe aparecer publicada en la portada o página de
inicio del medio digital durante el mismo número de días que lo estuvo el
artículo mencionado; y debe replicarse en las páginas de Facebook y Twitter de www.las2orillas.co
y en la cuenta de Twitter del periodista Gustavo Rugeles, para efectos [de] una
equivalencia en el despliegue y relevancia”.
2. Respuesta de los
accionados[5].
En documento
suscrito por los ciudadanos Gustavo Rugeles y María Elvira Bonilla Otoya, fue
contestada la acción de tutela, exponiendo los siguientes argumentos:
2.1. Que en
efecto el 12 de noviembre de 2014 se recibió la solicitud de rectificación de
parte de los accionantes frente al portal Las 2 Orillas. La solicitud de
rectificación se contestó el 5 de diciembre de 2014 negando sus pretensiones,
aunque se aceptó la emisión de una “nota aclaratoria” frente a la
verdadera naturaleza de la entidad a la que se refirió la emisión periodística,
señalando que la EGDD se trataba realmente de una corporación y no de una
fundación, lo que en cualquier caso no cambiaría el sentido de la nota.
Señalaron que el 23 de febrero de 2015 recibieron por parte de los accionantes
una segunda solicitud de rectificación que contestaron no accediendo a lo
solicitado, señalando que “[e]n el documento citado, del mes de febrero de
2015, se les indicó a los accionantes que la solicitud de rectificación era
improcedente, y en el mismo se concluyó señalando que: ‘...En el caso
que nos ocupa, tal como fue expresado anteriormente, la abundante contratación
de la ‘Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia’, su
elección como Senadores de la República y la coincidencia temporal entre
tales situaciones y el periodo presidencial de JUAN MANUEL SANTOS; son datos
ciertos, objetivos e incuestionables que no transgreden los límites de la
libertad de opinión y por tal motivo, ES IMPROCEDENTE LA RECTIFICACIÓN’ ”.
2.2. Argumentó la
oposición a la acción de tutela por la diferencia que existe entre el ejercicio
de la libertad de información y la de opinión, destacando que la jurisprudencia
constitucional ha diferenciado su fundamento, consecuencias y exigencias desde
el punto de vista del emisor. Recordó, citando las sentencias T-904/2013, T-219/2009
y C-417/2009 que el derecho a la información debe tener un respaldo en la
realidad y cumplir con los requisitos de veracidad e imparcialidad, mientras
que la opinión “es una idea, un parecer o forma de ver el mundo, que de
hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras opiniones o
pareceres”[6],
frente a la cual no se pueden exigir las cargas de veracidad e imparcialidad.
Se resaltó igualmente el papel de la libertad de expresión en la consolidación
de la democracia  y en la formación de la opinión pública.
2.3. En la
contestación de la demanda de tutela se insiste en que la nota periodística
corresponde al ejercicio de la libertad de opinión, y que por lo mismo, la
única exigencia predicable al periodista y al medio de comunicación consistiría
en verificar que la opinión se hubiere basado en hechos reales. En este sentido,
argumentan que no se buscó con la nota periodística relacionar a los hermanos
accionantes con la EGDD “por cuanto la crónica del señor GUSTAVO RUGELES lo
que afirmó era que existía una relación de la familia Galán Pachón y la
corporación en mención”.
Los demandados
destacaron que el establecimiento de esta relación se basó en los siguientes
hechos:
“a.
La razón social de la citada corporación, incluye el apellido GALÁN y
tiene como Representante Legal a una tía materna, la Señora MARUJA PACHÓN.
b.
Uno de sus miembros fundadores fue el señor CLAUDIO
MARIO GALAN PACHÓN, hermano de los
accionantes, como lo señala el ACTA
DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
DE LA CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA al
hacer alusión a los MIEMBROS FUNDADORES
indicando que serán: "Aquellas
personas jurídicas, públicas o privadas que firmen el acta de constitución de
la entidad y que paguen su aporte, si es del caso, en los términos y
condiciones que establezca la asamblea de constitución”.
Revisada
el acta de constitución se encontró que el señor CLAUDIO
MARIO GALÁN sí fue miembro
fundador de la Corporación, toda vez que en la página 16 de la referida Acta se
lee lo siguiente: ‘En
representación de los MIEMBROS
FUNDADORES, CLAUDIO MARIO GALÁN identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.772.752
de Bogotá, con
suplencia de LUIS
FERNANDO JIMENEZ GUZMAN identificado
con la cédula de ciudadanía No. I 7.125.277
de Bogotá’ (negrilla y
cursiva fuera del texto)”.
En conclusión,
para los demandados, “lo afirmado en el artículo publicado en el PORTAL
DE INTERNET ‘LAS 2 ORILLAS’ en nada dista de la realidad en cuanto a la ‘representación’
que la familia Galán Pachón ha tenido en la Corporación desde sus inicios, tal
como se observa en el Acta de constitución del 1 de junio de 2004”, pues
sostienen que, en efecto, la familia Galán Pachón ha tenido injerencia en la EGDD
desde su creación. De otro lado, descartaron que en la nota se sugiriera que la
organización corresponde a una “‘empresa familiar’, ‘empresa fachada’ o ‘fundación
familiar’, tal como [los accionantes] afirman en su solicitud”.
2.4. Destacaron
además que no es cierto que ninguno de los hermanos Galán Pachón hubiese tenido
participación o injerencia en la EGDD, pues verificaron que Claudio Mario Galán
Pachón había sido miembro fundador de la misma.
2.5. Otra base
sobre la que se fundamentó la nota periodística fue la que denominaron una prolífica
actividad contractual de la "Corporación Escuela Galán para el Desarrollo
de la Democracia" en el periodo 2008-2015. Señalaron que de acuerdo
con el Registro Único Empresarial hay anotación de 7 contratos millonarios,
publicados con la nota periodística (ver Anexo 1), correspondientes al periodo
del Presidente Santos. Al respecto manifestaron que:
“En
el caso que nos ocupa, tal como fue expresado anteriormente, la abundante
contratación de la "Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la
Democracia", su elección como Senadores de la República y la
coincidencia temporal entre tales situaciones y el periodo presidencial de JUAN
MANUEL SANTOS; son datos ciertos, objetivos e incuestionables que no
transgreden los límites de la libertad de opinión y por tal motivo, ES
IMPROCEDENTE LA RECTIFICACIÓN”.
2.6. En lo que
respecta a la naturaleza jurídica de la EGDD, señalaron que al principio de la
nota periodística se le denomina corporación, y aunque luego se refirió
a ella como una fundación, ello en nada cambia el sentido de la información, ni se genera afectación de
los derechos fundamentales de los accionantes, puesto que se trata del uso de
un vocablo eminentemente técnico-jurídico para referirse a entidades sin ánimo
de lucro. Al respecto argumentaron además que los accionantes carecerían de
legitimación para la interposición de la acción de tutela por el uso de estos
términos, pues tal actuación le correspondería
exclusivamente a la EGCC o su representante legal.
2.7. Los
demandados concluyeron su escrito así:
“Como conclusión, lo afirmado por los accionantes JUAN
MANUEL GALÁN PACHÓN Y CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN carece de toda validez, en la medida en que el medio fue
responsable y cumplió a cabalidad con el requisito de la veracidad, pues la
crónica presentada por el Señor GUSTAVO RUGELES tiene total respaldo en la realidad, y cumplió con los
requisitos constitucionales de la veracidad e imparcialidad, por tal razón
Señor JUEZ
no se deben amparar DERECHOS
FUNDAMENTALES presuntamente violados”.
3. Vinculación
de oficio ordenada por el juez de primera instancia[7].
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá, al admitir la demanda, dispuso la vinculación
oficiosa de las emisoras W Radio y Cadena Súper, de los periódicos ADN[8], Extra[9], El
Heraldo, Vanguardia Liberal[10],
y las propietarias de los portales de internet www.kienyke.com y www.elfrente.com.co,
Kieneskien Editorial S.A.S. y el diario El Frente, respectivamente[11]. En contra
de  esta decisión los accionantes formularon recurso de reposición[12]
solicitando la desvinculación de los medios de comunicación antes enlistados argumentando
que solo fueron nombrados en el escrito de tutela “para efectos de demostrar
el ‘efecto multiplicador’ que ha tenido el artículo de Las 2 Orillas”, y
reiterando que ninguna de las pretensiones expuestas en la acción de tutela se
refería a ellos.
3.1. Los medios
de comunicación Kieneskien Editorial S.A.S, propietario del portal www.kienyke.com[13], la
Casa Editorial El Tiempo S.A. como propietaria del diario ADN[14], El
Heraldo S.A., Galvis
Ramírez y Cia. S.A. editor del diario Vanguardia Liberal:
·
Manifestaron
que la demanda de tutela se refería a una columna de opinión elaborada y
fundamentada de manera libre y autónoma por el respectivo columnista, no estando
el medio de comunicación legitimado para alterar la opinión del columnista. En
este sentido, no serían directamente responsables del contenido de las mismas.
·
Solicitaron
su desvinculación del proceso con base en la ausencia de responsabilidad con
respecto a las vulneraciones alegadas por los accionantes en su escrito de
tutela y la falta de solicitud de rectificación previa por parte de los
accionantes.
3.2. Los medios
de comunicación W Radio y el Grupo Editorial El Periódico, como
propietario del Periódico Extra:
·
Manifestaron
que los accionantes no estaban haciendo cuestionamientos directos a sus notas
periodísticas, no solicitaron rectificación alguna frente a las mismas, y las
pretensiones plasmadas en el escrito de tutela no tenían relación alguna con
ellas.
·
Solicitaron
su desvinculación del proceso o bien que no se emitieran órdenes frente a ellos
como medios de comunicación.
4. Anexos a la
presente sentencia.
Dada su extensión, se incluirán como anexos a la presente decisión
los siguientes documentos:
·
El texto de la nota de prensa analizada, como
anexo 1.
·
El texto de la solicitud de rectificación del 12
de noviembre de 2014, suscrito por los accionantes como anexo 2.
·
El texto de la solicitud de rectificación del 23 de febrero de 2015, suscrito por los
accionantes como anexo 3.
5. Decisiones de
tutela objeto de revisión.
5.1. Primera
Instancia. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, sentencia del 25 de
marzo de 2015[15].
El juez de
primera instancia decidió conceder el amparo invocado por los accionantes. En
la decisión aclaró frente a la vinculación oficiosa de varios medios de
comunicación que “obedeció a la necesidad que se tenía de oírlos en el
trámite que se adelanta por la eventualidad de que pudieran verse afectados por
la decisión que aquí habría de tomarse”, pero que era claro que los
accionantes “no reclamaron la acción del juez constitucional sobre la
actuación de los mismos, sino que lo hicieron para mostrar el efecto
multiplicador que tuvo el artículo periodístico publicado en el portal ‘Las 2
orillas’, de la misma forma que en el mismo escrito allegado con posterioridad
por estos se insistió en la desvinculación de los referidos medios, por lo
cual, la decisión que aquí se tome no recaerá sobre ninguno de ellos”.
El a quo
fundamentó su decisión de la siguiente manera:
5.1.1. En primer
lugar estableció una diferenciación entre el Instituto para el Desarrollo de la
Democracia Luis Carlos Galán y la EGDD, destacando que el primero fue suprimido
por la Ley 75 de 1989, por lo que resultaba impropio afirmar que se trataba de
una misma entidad a la “que las hermanas Gloria y Maruja Pachón,
hayan decidido cambiarle el nombre, como lo expresó el artículo periodístico”.
5.1.2. Destacó cómo
los socios de la EGDD no son los accionantes, pues “no
eran titulares de ningún derecho ni participación en la Corporación”. Al
respecto manifestó:
“Consultado
el documento contentivo del Acta de Constitución, obrante en el plenario y
aportados por los accionantes, como anexo No. 1, se tiene que la misma tiene
dos miembros fundadores, el Ministerio de Educación, con un aporte del 85.57% y
la sociedad "Taller de Estrategia S.A.S." con un aporte de 14.43%.,
en la que por tanto se descarta prima facie, la presencia de los accionantes”.
Por esto,
consideró el a quo que la afirmación realizada por los accionantes
carecía de veracidad argumentando que el hecho de que la EGDD lleve en su razón
social el nombre ‘Galán’, “no dependió de los accionantes sino de la
voluntad del gobierno y no se podría predicar tampoco, que todos los sitios u
obras que lleven el nombre del líder inmolado, impliquen derechos en favor de
estos o que por los mismos deban responder”.
5.1.3. Argumentó
además que la razón expresada por los demandados al contestar la segunda
solicitud de rectificación y la propia acción de tutela, atando la supuesta
influencia de la familia Galán Pachón sobre la EGDD a la representación legal ejercida
por la señora Maruja Pachón Castro, resultaba carente de veracidad y
sinceridad, ya que “la representación no se deriva del parentesco”. Al
respecto argumentó que:
“Afirmar
que el parentesco entre los accionantes y la representante legal de la
Corporación, convierte a ésta última en vocera de los primeros, no pasa de ser
una suposición, que ninguna capacidad tiene para la demostración de que los
accionantes eran titulares de algún derecho o capacidad legal dentro de la
Corporación cuyo éxito contractual se predica”.
5.1.4. Sostuvo
que lo afirmado por los accionados en su contestación de la tutela en torno a
que Claudio Mario Galán habría sido un fundador de la entidad resultaba falso,
pues en el capítulo de ‘Elección Junta Directiva’ del Acta
de Constitución de la entidad consta “que Claudio Galán, [actuó]
en representación de los miembros fundadores, lo que bajo ningún punto de
vista lo convierte en socio fundador”. Al respecto manifestó:
“Dicho
razonamiento es utópico, pues implicaría que un miembro de junta directiva
arrebataría la calidad a quien lo ha designado como su representante, así como
los privilegios patrimoniales entre otros, lo cual además es temporal y depende
de quién otorga la representación. Tanto es así que ésta, según la informa la
certificación expedida por la Secretaría de la Corporación, visible en el anexo
No. 21, enseña que Claudio Mario Galán, fue miembro de la junta directiva,
hasta el 10 de agosto de 2006, lo que dicho sea de paso, muestra que su retiro
fue seis años antes del periodo que resalta el artículo como éxito contractual
de la Corporación”.
5.1.5. Frente a
la calidad de la persona jurídica de la EGDD, que corresponde a una Corporación
mixta y no a una Fundación como la calificó el artículo periodístico, destacó
la existencia de “una inexactitud admitida por los accionados”. A este
respecto, señaló que incluso si la afirmación resultase inocua frente al
sentido de la nota periodística –como afirman los accionados-, “ésta es una
aclaración que debe realizarse pues de lo expresado en la acción de tutela, se
obtiene que existió una entidad denominada ‘Fundación Luis Carlos Galán’, persona
jurídica distinta y con fines y propósitos diferentes, a los de la Corporación
‘Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia’ que si operó en la casona
de Teusaquillo y que hoy depende de la Universidad Javeriana, que al no hacerse
la aclaración permite inducir al lector desprevenido a creer que la entidad a
la cual se refiere el éxito contractual, es la referida fundación”.
5.1.6. Con base en las anteriores consideraciones se determinó la vulneración
de los derechos de los accionantes al buen nombre y a la honra, pues la nota
periodística publicada por Las 2 Orillas contenía “opiniones fundadas en hechos inexactos”, situación agravada por la amplia difusión que se le dio a la
columna del periodista Rugeles. Para el a quo, a los demandantes se les “juzgó
como responsables de los contratos que la citada corporación celebró, dando un
cauce a la información que ponía en tela de juicio la ética de los accionantes”,
lo que dio pie a la publicación de “improperios” de ciudadanos contra
ellos en las redes sociales.
5.1.7. Adicionalmente, el juez estimó que el periodista Rugeles
incumplió los requisitos de veracidad e imparcialidad que se predican del
ejercicio del derecho a la información pues “sin una investigación adecuada
respecto de la persona jurídica que analizaba, concluyó a priori la
participación de los accionantes en la misma, para luego significar que la
contratación desplegada por tal Corporación, con una participación del 85.57%
del Estado, era consecuencia de la acción política de los aquí demandantes”.
5.1.8. Ante la
verificación de la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes, el a quo determinó que para garantizar la rectificación de
la información en condiciones de eficacia, la misma debía realizarse en los
siguientes términos:
·
Debían
excluirse del título la expresión "El éxito político y contractual de
la familia se multiplicó en el gobierno Santos".
·
Debían
eliminarse los incisos 5º y 7º de la nota de prensa[16].
·
Ordenar
a los accionados efectuar la rectificación al artículo citado en la que se indicara:
“1.     -
Que ni Juan Manuel Galán ni Carlos Fernando Galán, tienen injerencia en las
actividades de la Corporación "Escuela Galán para el Desarrollo de la
Democracia" ni en su funcionamiento ni en los contratos que ella celebra.
2.      -
Que quien ha suscrito los contratos con algunas entidades estatales, es una
Corporación Mixta, en la que el Estado tiene el 85.57% de aportes y es
presidida por el Ministerio de Educación, en la que la familia Galán Pachón no
tiene ninguna participación.
3.      -
Que la afirmación en el sentido de que ’El éxito político y contractual de la
familia se multiplicó en el gobierno de Santos’, y de que ‘su presencia en el
Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la
fundación’, no tiene sustento en información cierta y veraz y se construyó a
partir de la creencia equivocada de que Juan Manuel Galán y Carlos Fernando
Galán, tenían participación en la ‘Escuela para la Democracia Galán’.
Se
dispondrá que se excluyan del título la expresión ‘El éxito político y
contractual de la familia se multiplicó en el gobierno Santos’”.
·
La
rectificación en los términos ordenados debía realizarse a través del portal de
internet del medio de comunicación accionado, publicándola durante un tiempo equivalente
al de la publicación de la nota de prensa, en la misma ubicación en la
respectiva página y replicarse en las páginas de Facebook y Twitter del medio
de comunicación.
5.2. Impugnación[17].
Mediante escrito
de impugnación, la Directora del portal de internet Las 2 Orillas se opuso
a la decisión destacando que:
5.2.1. Las
libertades de información y opinión son distintas
5.2.2. El
periodista Gustavo Rúgeles realizó una labor investigativa que permitió la
verificación de unos mínimos fácticos en los que basó su opinión. El medio
expresó que el periodista actuó “de manera profesional y luego de contar con
las pruebas pertinentes, procedió a elaborar la columna dando en ella sus
apreciaciones personales en relación con algunos aspectos que a la luz, pueden
ser interpretados de igual manera por cualquier persona, sin que con esto se
haya faltado a la verdad o se haya incurrido en calumnias en contra de los
accionantes”. Recordó que el sustento de la nota periodística proviene de averiguaciones
realizadas en el portal del Registro Empresarial y Social de la Red de Cámaras
de Comercio –RUES-, que interpretados en conjunto con  hechos igualmente de
conocimiento general -como son los nombramientos en distintos cargos que se le
han dado a familiares del Doctor Luis Carlos Galán-, permitieron la elaboración
de la nota.
5.2.3. Considera
que “los sucesos ocurridos desde la llegada al mandato del Presidente Juan
Manuel Santos y los avances políticos de los hermanos Galán Pachón son de
público conocimiento; la entrada al senado del segundo de los hermanos, haber
tomado la vocería del partido político al que pertenecen y que hace parte de la
coalición de gobierno no demuestra nada diferente a que lo afirmado por el
periodista es una realidad”, de manera que la solicitud de rectificación
ordenada carece de propósito, y por el contrario, implica una afectación de los
derechos de libre opinión y prensa. Se informó pues sobre hechos
incontrovertibles y no sobre conjeturas.
5.2.4. Se aclaró
que la nota periodística no apuntó a señalar que los accionantes “se
hubieran lucrado o hubieran obtenido alguna utilidad de los contratos
celebrados por la Corporación. Por esto no es pertinente aceptar que se deba
realizar una rectificación sobre algo que no se ha manifestado en la columna”.
5.2.5. Es
innegable que Claudio Mario Galán Pachón intervino en la constitución de la
institución y que “era uno de los miembros fundadores por cuanto
representaba a los miembros fundadores en la Junta Directiva que es el máximo
órgano de dirección de la Corporación”, como también que “Maruja Pachón
de Villamizar es la tía de los accionantes y es la representante legal de la
Corporación”. Destacaron a este respecto que:
“[E]n
el artículo nunca se indicó que fueran los accionantes los que tuvieran alguna
capacidad legal al interior de la Corporación como sí la tienen su tía, la
señora Maruja Pachón Galán y la tuvo en su momento su hermano Claudio Mario
Galán Pachón”.
5.2.6. No es
cierto que las opiniones derivadas de la información recolectada hubieren
partido de concepciones erradas sobre la misma. Al respecto manifestó:
“No
es cierto como dice la sentencia de primera instancia, que la afirmación que ‘el
éxito político y contractual de la familia se multiplicó en el gobierno Santos’
nazca de la creencia equivocada de la participación de los hermanos Galán en la
Corporación Escuela para la Democracia.
Lo
anterior, porque si bien desde el asesinato del Doctor Luis Carlos Galán su
familia ha ocupado un lugar privilegiado en el escenario nacional, en el
gobierno del Doctor Juan Manuel Santos dicho éxito se ha multiplicado, a juzgar
por el éxito político de los hermanos Galán Pachón en las últimas elecciones
parlamentarias, y por el valor de los contratos celebrados por la Corporación
con entidades del estado en los últimos 2 años que ascienden a los 140 mil
millones de pesos.
Adicionalmente,
lo que el periodista Gustavo Rúgeles afirmó es que "El efecto político de
Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal,
partidos claves de la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en
la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que
atraviesa por su mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados
por el gobierno", pero no que ellos participen directamente en la
Corporación Escuela Para La Democracia Luis Carlos Galán”.
5.2.7. Reiteró
que las columnas posteriores, publicadas en otros medios de comunicación, “no
son producto de lo leído en la columna de Gustavo Rugeles, sino en sus propias
investigaciones”.
5.2.8.
Finalmente señaló que “[e]l buen nombre y la honra de la familia Galán
Pachón no se afecta por opiniones personales ni del periodista Gustavo Rugeles
ni de otros columnistas, sino precisamente por considerar, como a través de la
acción de tutela que se impugna, que no pueden ser objeto de cuestionamientos e
investigaciones como todas las personas que por alguna razón hacen parte del
acontecer diario nacional”.
5.3. Segunda
Instancia. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Séptima de Decisión
Civil, sentencia del 14 de abril de 2015[18].
5.3.1. El ad
quem  estableció que el primer elemento a tener en cuenta para la solución
del presente caso, que se enmarca en el ejercicio de la libre expresión lato
sensu, consistía en determinar si la nota periodística correspondía al
desarrollo de la libertad de opinión o la libertad de información.
De acuerdo con
el análisis del texto de la nota periodística, el juez determinó que su
contenido correspondía a una opinión personal “soportad[a] en una
investigación respecto a la contratación de algunas entidades del Estado con la
referida corporación”, y por lo mismo estaba cobijada por las garantías
propias de la libertad de expresión stricto sensu.
5.3.2. Recordó
que la Corte Constitucional ha establecido que “[l]a información sobre
hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e
imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta
por la libertad de expresión stricto sensu, no está sujeta a estos parámetros.
Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección
constitucional que las acertadas y ecuánimes”[19].
5.3.3. El ad
quem puso de presente que los accionantes son personajes públicos que
ocupan destacadas posiciones en el Estado y representan sectores políticos, “condiciones
por las cuales la ciudadanía en general y los medios de comunicación en
particular, pueden ejercer vigilancia a sus actividades de la vida pública, por
lo cual, no en pocos casos, son objeto de un severo escrutinio, algunas de las
veces con opiniones equivocadas o parcializadas, pero que por las calidades
antes mencionadas, están sometidos a las mismas [opiniones] y deben
soportarlas, salvo graves desbordamientos o abusos que aquí no se avizoran”.
5.3.4. Se
concluyó la ausencia de vulneración por las siguientes razones:
“1) La existencia de un artículo periodístico soportado en una
investigación en la cual se expresan algunas opiniones que no son compartidas
por los accionantes, 2) En el mencionado texto no se afirma expresa ni
específicamente que los Senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Pachón
hayan tenido injerencia directa en la contratación de entidades Estatales con
la CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA  o que
hubieran intervenido de alguna manera para que se les adjudicara contrato
alguno, 3) Analizado el texto ‘El efecto político de Carlos Fernando y Juan
Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la
coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política
nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor
momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno’, la
Sala es del criterio que es una opinión personal del periodista y que como tal,
está amparada bajo el manto de la ‘libertad de expresión stricto sensu’,
4) Por tener los accionantes la calidad de ‘Senadores de la República’ están
expuestos a un escrutinio más severo de la comunidad y los medios de
comunicación, pues, no debe olvidarse que las actividades que desempeñan son de
interés público, y a que ‘tienen una amplia posibilidad de controvertir
públicamente las afirmaciones que los afectan’[20]”.
5.3.5. Se
mencionó que “el artículo de prensa mencionado involucra alguna
imprecisión en punto a la naturaleza jurídica de la Corporación, la cual, por
sí solo, no vulnera el buen nombre de las personas naturales aquí accionantes”.
5.3.6. Como
resultado del análisis anterior, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima
de Decisión Civil dispuso revocar la sentencia del a quo y, en su lugar,
negar el amparo solicitado por los accionantes.
6.  Insistencias
para la selección del caso[21].
6.1. Insistencia
presentada por la Procuraduría General de la Nación[22].
6.1.1. Señaló
que el proceso debía seleccionarse de acuerdo con el criterio subjetivo por
existir la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los accionantes.
6.1.2. En
opinión de la Procuraduría, la sentencia del ad quem  “limitó de manera
errónea e indebida el alcance de la protección de los derechos fundamentales de
los actores”. Para fundamentar lo anterior señaló que:
·
La
imprecisión frente a la naturaleza jurídica de la EGDD fue precisamente lo que “llevó
a los accionados a trazar una conexión inexistente entre la familia Galán
Pachón y la contratación de la citada Corporación”, lo que generaría la
vulneración del derecho al buen nombre de los actores.
·
Señaló
que la libertad de expresión e información “son derechos que deben ser ejercidos
con responsabilidad, es decir, deben cumplir con los requisitos de veracidad e
imparcialidad”.
·
Recordó
que la libertad de expresión está limitada por los derechos a la intimidad y al
buen nombre.
·
Consideró
que cuando existe un conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos
fundamentales, “se debe efectuar un juicio que permita establecer cuál de
las partes está haciendo un uso ilegítimo de su derecho”, juicio que echa
de menos la Procuraduría en el caso concreto.
·
Solicitó
específicamente “otorgar protección a los derechos fundamentales de los
señores Juan Manuel Galán Pachón y Carlos Fernando Galán Pachón, los cuales
considero que se están viendo afectados por los accionados”.
6.2. Insistencia
presentada por la Defensoría del Pueblo[23].
6.2.1. Consideró
que el problema jurídico a resolver en el presente caso sería del siguiente
tenor: “establecer si con la publicación del artículo ‘Los contratos de la
Escuela para la Democracia Galán’ en el portal de internet ‘www.las2orillas.co’
se trasgredieron límites constitucionales impuestos a al ejercicio del derecho
a la información y de opinión y por consiguiente, hay lugar a ordenar una
rectificación”.
6.2.2. Haciendo
un recuento de las reglas jurisprudenciales acerca del contenido del derecho a
la libre expresión, recordó que las libertades de opinión e información son
distintas, y están sometidas a límites diferentes. Frente al ejercicio de la
libertad de información son predicables los requisitos de veracidad e
imparcialidad, de especial relevancia si se tiene en cuenta que con ella no
solo se protege el interés del emisor de la información, sino también del
público receptor.
En cuanto a la
rectificación, señaló que esta procede respecto de informaciones inexactas o
erróneas, más no frente a opiniones, frente a las cuales procede el derecho de
réplica.
6.2.3. Recordó
la Defensoría que la rectificación procede cuando en ejercicio de la libertad
de información se lesionan los derechos a la honra y el buen nombre y que
constituye un derecho fundamental en sí misma.
6.2.4. En
opinión de la Defensoría, le asiste razón al juez de primera instancia en tanto
“el artículo acusado, induce al lector en confusión, en el aspecto
relacionado con la información contenida en él”. Sustentaron lo
anterior en que:
·
Los
accionantes no eran titulares de ningún derecho ni participación en la EGDD y
menos aún en el Instituto para el Desarrollo de la Democracia. No puede por
ello vinculárseles a la gestión de la entidad.
·
Existió
equívoco en cuanto a la naturaleza jurídica de la EGDD, pues esta corresponde a
una corporación mixta y no a una fundación.
·
La
EGDD no es la misma “Fundación Luis Carlos Galán”, pero el artículo de prensa
induce “al lector desprevenido a creer que la entidad a la cual se refiere
el éxito contractual es la referida fundación”.
·
Carece
de veracidad la información, pues la premisa principal del artículo se ubica en
esa supuesta participación y en el vínculo que habría entre ellos y los
contratos celebrados por la EGDD. La investigación a este respecto fue
deficiente.
·
“[S]e
concluye que el buen nombre y la honra de los accionantes y de su familia puede
verse vulnerado con la publicación que de dicho artículo se hizo en el portal
‘las2orillas’ pues no solo se expresaron opiniones fundadas en hechos inexactos,
sino que fue replicado en otros medios en los que se les juzgó como
responsables de los contratos que la citada corporación celebró”.
6.2.5. La
defensoría consideró necesario que la Corte Constitucional aclare el alcance
del derecho a la información y opinión, afirmando que “están siendo
usualmente justificados los artículos periodísticos bajo el argumento de ser
opiniones subjetivas y personales para con ello no realizar previamente una
investigación sobre la veracidad de los hechos, e imponer de manera tácita, un
derecho a la información de manera limitada”.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es
competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto de la Sala de Selección Número Ocho del 27 de agosto de
2015.
2. Problema
Jurídico y metodología de decisión.
De acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantea el
siguiente problema jurídico a resolver: ¿Un medio de comunicación vulnera el
derecho al buen nombre, a la honra y a la rectificación en condiciones de
equidad de unos personajes públicos cuando divulga un artículo en el que se ata
su éxito político con el éxito en la contratación de una entidad sobre la que
estos no tienen un control directo, y se ha negado a corregir dicha información
a solicitud de los presuntos afectados?
Para resolver la cuestión planteada, estima la Sala la necesidad de
ocuparse de los siguientes temas: (i) la libertad de expresión stricto sensu, (ii) el
derecho a la información;  (iii) la rectificación
en condiciones de equidad , y (iv) el contenido de los derechos a
la honra y al buen nombre.
3. Procedencia de la demanda de tutela contra medios de comunicación.
3.1. La Constitución
Política en su artículo 86 inciso 5° y el Decreto 2591 de 1991 en su artículo
42 numeral 7, señalan la procedencia de la acción de tutela contra particulares
“[c]uando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas”,
que derivan en el presente caso del desempeño de las funciones de un medio de
comunicación privado.
3.2. En el
presente caso los accionantes consideran que los derechos fundamentales a la
honra, al buen nombre, a la intimidad y a la rectificación en condiciones de
equidad fueron vulnerados precisamente por la publicación de los contenidos antes
referidos, por parte de un medio de comunicación privado como lo es el portal
Las 2 Orillas. Junto con el escrito de tutela presentado por los accionantes, estos
anexaron  copia de la publicación que consideraron vulneraba sus derechos
fundamentales, al igual que de las solicitudes de rectificación de la misma en
escritos remitidos al medio de comunicación el 12 de
noviembre de 2014 y el 23 de febrero de 2015, rectificaciones que no fueron
publicadas por el medio de comunicación.  Ante la negativa del medio de
comunicación, subscribieron la acción de tutela, que fue radicada el 9 de marzo
de 2015 menos de 2 semanas después de la última solicitud de rectificación.
3.3. Estas circunstancias
dan cuenta del cumplimiento de los requisitos de legitimación por pasiva, pues
se aprecia que la nota de prensa menciona a los accionantes, y de esta mención
derivan una afectación a sus derechos fundamentales. En este punto es
pertinente destacar que la intención de los accionantes es clara en enfocar la
acción de tutela a la protección de sus derechos fundamentales, no así la de
perseguir la protección de otros intereses jurídicos, resguardados por otros
mecanismos judiciales como la acción penal o civil. En cuanto a la legitimación
por pasiva, es claro que el accionado es un medio de comunicación privado que
en el ejercicio de sus actividad periodística divulgó la nota de prensa que
cuestionan los accionantes, y que se negó a realizar la rectificación
solicitada. Se encuentran cumplidos además los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, y se realizó la solicitud previa de rectificación la cual fue contestada
y por ende admitida su presentación por los accionados.
4. Libertad de
expresión stricto sensu. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. La libertad de expresión stricto
sensu es uno de los contenidos básicos del derecho a la libre expresión lato
sensu, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política[24]
que establece que “[s]e garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”.
4.2. La
sentencia T-391 de 2007 definió la libertad de expresión stricto sensu como
“[l]a libertad de expresar y difundir el propio
pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de
fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito,
impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se
expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas […] y tiene una doble
dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se
está expresando”[25],
y “[a]pareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su
pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales”. Como se puede
ver de las definiciones constitucional y jurisprudencial, la libertad de
expresión stricto sensu cobija la libertad de opinión.
4.3. La Corte
Constitucional delineó las características fundamentales del derecho de libre
expresión stricto sensu así:
“[E]xisten
ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que la Corte
considera indispensable resaltar con detalle, para efectos de llegar a una
decisión adecuada en el caso presente: (1) su titularidad es universal sin
discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos,
además de los intereses privados del emisor de la expresión;  (2) sin
perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la
libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión
respecto de los cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente
universal plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado
colombiano; (3) existen diferentes grados de protección constitucional en los
variados ámbitos de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto
senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más
reforzada que otros – lo cual tiene efectos directos sobre la regulación
estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de
sujetar las limitaciones; (4) la expresión protegida por esta libertad puede
ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de
conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión
puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa,
teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y
especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional
protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de
difusión;  (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones
socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo
cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes,
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas
mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de
la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y
responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones
constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los
particulares”[26].
4.4. La Corte
Constitucional ha resaltado circunstancias especiales que marcan el análisis de
situaciones concretas de ejercicio del derecho. Dentro de las más relevantes
para el caso analizado se tienen:
·
La
expresión de contenidos en los que se involucra el interés público. Al
respecto ha dicho la Corte que esta característica de la expresión resulta constitucionalmente
relevante “porque éste se entremezcla con el interés del receptor o la
audiencia de la emisión –caso en el cual opera como un refuerzo a la protección
de la libertad en comento”[27].
·
El
discurso político, dada su importancia, es la modalidad expresiva que requiere
el mayor grado de protección. Esto, por cuanto constituye la base para el
ejercicio de otros derechos fundamentales, para el desarrollo de un criterio
público sano y para el funcionamiento adecuado de una sociedad democrática[28]. Al respecto dijo la
Corte Constitucional:
“Las
expresiones de contenido político, o que contribuyen al debate abierto sobre
asuntos de interés público o general, reciben –y han recibido tradicionalmente-
un nivel especialmente alto de protección constitucional frente a todo tipo de
regulación. Es claro que el discurso de contenido político, o que forma parte
del debate público, no se agota en las publicaciones y discursos políticos
relacionados con temas electorales; esta categoría cubre toda expresión
relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que
contribuyan a la vida pública de la nación”[29].
·
Cuando
la expresión stricto sensu se da en el marco de una columna de opinión
difundida por los medios de comunicación. En esta situación, la Corte ha
considerado que:
“[S]iempre
ha llamado la atención que se alegue en materia de opiniones en medios de
comunicación, la exigencia de veracidad e imparcialidad, porque a priori se
considera contrario a la libertad plena de expresión que se afirme tal
posibilidad. De este modo, como se dijo en la sentencia T-213 de 2004, tales
exigencias no se predican de las columnas de opinión dado que la sociedad
debe asumir como parte del pluralismo que se reivindica, incluso las opiniones
y expresiones subjetivas que causen molestia o afecten el amor propio de las
personas. Por ende, desde esta perspectiva, es imposible exigir la
veracidad e imparcialidad de una columna de opinión”[30].
Para
esta situación se ha dicho que aunque prima facie las opiniones de un
columnista en un medio de comunicación no serían susceptibles de rectificación,
esta ha sido considerada procedente, excepcionalmente “en caso de
que la información en la que se soporta la columna de opinión, carezca de
veracidad o afecte, al generar confusión en la opinión pública de presentarse
como opinión información que es noticia, la vulneración de derechos
fundamentales”[31].
4.5. En tanto
faceta de la libertad de expresión lato sensu, la libertad de expresión
stricto sensu –y la libertad de opinión-, gozan de una presunción que las
favorece frente a un eventual conflicto con otros derechos fundamentales. Sin
embargo, y a pesar de la amplia protección que debe recibir la libertad de
expresión, no es un derecho absoluto, y conlleva responsabilidades y
limitaciones. Así, el ejercicio de la libre expresión stricto sensu “conlleva,
en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa. El alcance de
estos deberes y responsabilidades variará, dependiendo del tipo de discurso que
se exprese, el ámbito en el cual se haga uso de él y los medios utilizados.
Tales deberes y responsabilidades han de estar definidos con previsión en la
ley, sin perjuicio de la aplicación directa de los derechos fundamentales de
terceros, como el buen nombre y la intimidad”[32].
5. La libertad
de información. Reiteración de jurisprudencia[33].
5.1. La libertad de información es uno
de los contenidos básicos del derecho a la libre expresión lato sensu, contemplado
en el artículo 20 de la Constitución Política[34],
“que
cobija tanto información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones
de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad
de buscar información y la libertad de recibirla”[35].
5.2. La Corte
Constitucional ha destacado que “en la libertad de información el interés
del receptor de la misma es crucial”[36],
por lo que las cargas y exigencias a quienes la desarrollan son más estrictas
que las que aplican a la libertad de expresión stricto sensu. Al
respecto dijo la Corte Constitucional que:
“la libertad de información está sujeta a una mayor regulación por
parte de las autoridades que la libertad de expresión en sentido estricto, dada
la diferencia en los bienes e intereses jurídicamente protegidos por cada una
de ellas.[37]
[…] este mayor margen de regulación se traduce en la existencia de ciertas
características que ha de tener la información transmitida, así como en claros
deberes y responsabilidades para quien ejerce su libertad de informar, y
derechos correlativos del receptor de la información.
[…]
Las principales obligaciones que impone el ejercicio de esta
libertad, así como los derechos correlativos de los receptores de la
información, se refieren a las características de la información que se
transmite – dicha información ha de ser “veraz e imparcial”, y respetuosa de
los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la intimidad y al
buen nombre[38]”[39].
En este sentido,
el propio artículo 20 constitucional le impone los requisitos de imparcialidad
y veracidad en la emisión de los contenidos y sugiere la responsabilidad de
quien informa en su ejercicio.
5.3.
Simultáneamente, la Corte ha destacado la importancia de la libertad de
información para la preservación y estímulo del orden democrático y pluralista,
que se ha concretado en el énfasis en la garantía de los derechos de los
receptores de la información. Esto por cuanto el ejercicio de la libertad de
información supone no solamente una dimensión individual, sino también una
colectiva, pues es esencial para el informador que su mensaje llegue a un receptor.
Así, no es posible concebir el ejercicio informativo sin tener en cuenta el
interés de la comunidad, que construye un criterio social a partir de la
información, se ilustra e involucra en su contexto comunitario a través de los
contenidos que recibe, y que requiere para ello partir de una base equilibrada
que le permita conseguir estos propósitos de manera ecuánime y lo más objetiva
posible. A esto conduce no solo el desarrollo de la libertad de información,
sino también la responsabilidad de los medios de comunicación, establecida en
el mismo artículo 20 de la Carta[40].
Para esto, es
necesario que la información recibida por la colectividad sea veraz e
imparcial, como se verá a continuación.
5.4. Como ocurre con todos los derechos fundamentales, la libertad de
información no es absoluta. Por mandato expreso del
artículo 20 Superior, se exige que la información
transmitida atienda los requisitos de veracidad e imparcialidad, que se
garantice el derecho a la rectificación y que se haga una diferenciación entre
difusión de opiniones e informaciones. Por ser los dos primeros requisitos los
esenciales para la resolución del caso concreto, la Sala se concentrará en
ellos[41].
5.4.1. Frente al
requisito de veracidad en la difusión de informaciones, ha aclarado la Corte
que este no implica la verificación de la “verdad absoluta de los hechos que
se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística”[42], es decir que no
equivale a una exigencia de certeza frente a lo informado. En este sentido la
carga que implica para el medio de comunicación el cumplimiento del requisito
de veracidad no puede asimilarse al cumplimiento de una obligación de
resultado, en el sentido de exigir que todo lo informado sea en efecto cierto,
sino que está más cercano a la evaluación del cumplimiento de una obligación de
medio, que se entenderá cumplida cuando el proceso para afirmar la veracidad de
una determinada información ha sido razonable y adecuado: “el medio
satisface el estándar de veracidad cuando la información ha sido obtenida luego
de un proceso razonable de verificación y cuando no induce a error o confusión
al receptor. El medio será responsable cuando se demuestre que existió una
evidente negligencia en la tarea de verificar la información reportada o cuando
sea claro que existe mala fe o intención de daño al publicarla”[43].
Ha dicho la
Corte que “[l]a carga que se exige al periodista
en este aspecto es que haga un esfuerzo (a) previo y (b) razonable de
constatación de la información que pretende presentar como un hecho. El
comunicador ‘solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto de previo
contraste con datos objetivos’[44]”[45].
La razonabilidad en el proceso de verificación previo a la emisión de la
información tiene en cuenta la diligencia del periodista en pro de encontrar la
verdad, por lo cual “la Corte le da importancia a la actitud que el
periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha
sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta”[46];
se exige entonces el cumplimiento de cargas que la jurisprudencia ha resumido
así:
“[U]n deber de diligencia
razonable con base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó
un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó
sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró
sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la
intimidad y al buen nombre de otras personas.”[47]
En este
sentido, la Corte Constitucional tuvo en cuenta que la jurisprudencia
interamericana ha establecido que la exigencia de veracidad no
puede “interpretarse de modo tal que se reclame prueba incontrovertible
acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o imparcial. De ser
esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería el silencio y
significaría una clara amenaza para la democracia”[48].
De otro lado,
la jurisprudencia ha identificado situaciones en las cuales no se cumple esta
carga de razonabilidad en el procedimiento de verificación de la información,
que ha caracterizado de la siguiente manera:
“A partir de la jurisprudencia[49]
promulgada por esta corporación, es posible identificar tres casos
representativos en los que un medio de comunicación incumple las cargas mínimas
de veracidad que impone la Constitución Política: (i) Cuando el dato fáctico es
contrario a la realidad y fue publicado por (a) negligencia (soportado
solo en rumores, invenciones) o (b) mala intención del emisor. (ii)
Cuando la información emitida en realidad corresponde a un juicio de valor
u opinión pero se presenta como un hecho cierto. (iii) Cuando la información
pese a ser literalmente cierta, es presentada de manera tal que induce al
lector a conclusiones falsas o erróneas”[50].
5.4.2. El
requisito de imparcialidad fue encuadrado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-260 de 2010, de la siguiente manera:
“Ahora bien, en lo que respecta a la imparcialidad,
la exigencia es que el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin
de no aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que
pueda aportar variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La
información que le sea suministrada ha de ser, en consecuencia, contrastada con
versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o
expertos[51],
para plantear todas las aristas del debate. Además, “el comunicador está en
el deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a
evitar que sus preferencias y prejuicios afecten también su percepción de los
hechos”[52]
y sólo su posición particular, de manera inexacta, sea la que se presente”.
En
consecuencia, se ha destacado en la jurisprudencia que el Constituyente del 91 “optó
por vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio informativo, es
decir, al ‘derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no
recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios
expuestos objetivamente’”[53].
5.5. Por
integrar la libertad de expresión lato sensu, el derecho a la
información goza de una presunción que la favorece en caso de conflicto con
otros valores constitucionales o derechos fundamentales. Al respecto ha dicho
la jurisprudencia constitucional que “en caso de conflicto existe un mandato
constitucional de favorecer prima facie la preeminencia de la libertad de
expresión -en sentido lato o estricto- y con ello la libertad de información.
Ha admitido también que ello deberá fijarse siempre teniendo en cuenta las
características del asunto en concreto, pues es algo que no puede fijarse de
antemano, en abstracto y de manera general. Como también lo ha recordado la
Corte, ‘el caso más frecuente de conflicto se establece con los derechos
constitucionales a la honra, la intimidad y el buen nombre’[54]”[55].
En
el caso concreto de la tensión entre la libertad de información y los derechos
al buen nombre y a la honra, se ha defendido la prevalencia de la primera “salvo
que se demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al
presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o
amenazan sus derechos fundamentales”[56].
5.6. La Corte
Constitucional también ha destacado la responsabilidad que implica el ejercicio
de la libertad de información, pues es un “un derecho de doble vía, que
garantiza tanto la potestad de proveer información, como el derecho a recibir
una información veraz e imparcial”[57].
La exigencia de estas responsabilidades debe ser posterior a la emisión de la
información previa demostración de la omisión de los deberes del
periodista o medio de comunicación por parte de la persona que
alega la vulneración de sus derechos constitucionales[58]. Así, “la buena fe
del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a pesar de
que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues la misma
naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan
exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad
de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no
admita prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada
caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si,
existen elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena
fe del periodista”[59].
6. Los
derechos al buen nombre y a la honra. Reiteración de jurisprudencia[60].
6.1.
La Corte ha definido el buen nombre como “la buena opinión o fama adquirida
por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria
de las acciones protagonizadas por él”[61],
es decir, la reputación de la persona derivada de la exteriorización de sus
conductas[62].
El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución[63],
se relaciona entonces con la conducta que observe la persona dentro de la
sociedad[64],
“se configura como derecho
frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o
injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas […y…] se lesiona por las informaciones falsas o
erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo”[65].
En la sentencia T-015 de 2015, la Corte Constitucional
recordó que “[s]egún la Corte Interamericana de Derechos Humanos el buen
nombre ‘es un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la
aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la
persona en su desempeño dentro de la sociedad’[66]”.
Se ha dicho, igualmente, que el buen nombre “también tiene una cercana
relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la
reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente
la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”[67].
De lo dicho antes, se puede decir que “la
afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de
información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la
distorsión del concepto público”[68],
aunque se debe indicar que la protección del derecho se da con relación a la
estimación pública de la conducta del individuo “al punto de no ser posible el reclamo de su afectación
cuando el comportamiento de la persona misma es el que impide a los asociados ‘considerarla
digna o acreedora de un buen concepto o estimación’[69]”[70].
6.2. De otro
lado, la honra alude a la consideración que sobre la persona se haga en razón a
su condición de ser humano, por su valor intrínseco. Ha dicho la jurisprudencia
que:
“[L]a honra hace alusión al respeto que la persona
merece por su propia condición de tal[71],
“(…) entendiendo por ella, la estimación o deferencia con
la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana.
Es por consiguiente, un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la
adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”.[72]”[73]
La
Corte Constitucional estableció que la honra “se refiere a la valoración de comportamientos en
ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona […y…] a la apreciación de la sociedad
hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos
privados directamente ligados con ella”[74],
y que se afecta “tanto por la información errónea, como por las opiniones
manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o
sobre la persona en sí misma”[75].
6.3. Los intereses jurídicos derivados de la
realización de los derechos al buen nombre y a la honra “pueden ser
protegidos tanto en sede de tutela como mediante las instancias penales y
civiles[76],
cuando ello sea conducente”[77].
7. La rectificación en condiciones de equidad.
7.1. La Constitución Política
consagra en su artículo 20 el derecho a la rectificación “el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad”. La jurisprudencia ha resaltado
que la rectificación “[e]s la forma jurídica directamente adoptada por el
Constituyente de 1991 para dirimir conflictos entre las libertades de
expresión, información y prensa, y de éstos con otros derechos constitucionales”[78],
y ha sido reconocido como un derecho fundamental en sí mismo[79].
7.2. La Constitución cualifica la
rectificación para señalar que esta debe ser “en condiciones de equidad”,
esto con el fin de restablecer el equilibrio entre los medios de comunicación y
los periodistas, y el ciudadano, que se encuentra muchas veces en una posición
desventajosa frente a los mismos. La Corte Constitucional ha señalado algunos lineamientos
para la realización de la rectificación, a fin de garantizar  que esta se
realice en condiciones de equidad:
“(i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la
difundió; (ii) que se haga públicamente[80];
(iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la
información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve
para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[81].
Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe
establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos
bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de
proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien fue afectado con la
información falsa divulgada y asegurar su efectivo restablecimiento”[82]”[83].
8. Caso concreto.
8.1. La posición de los accionantes.
En
el asunto bajo examen los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán Pachón
solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al buen
nombre, a la honra, a la intimidad, a la dignidad y a la rectificación en
condiciones de equidad que consideran fueron vulnerados por el portal Las 2
Orillas, al haber difundido la nota de prensa titulada “Los contratos de la
Escuela para la democracia Galán”, publicada el 28 de diciembre de 2014. En
opinión de los accionantes, la nota los colocaría o bien como beneficiarios o
responsables del “éxito contractual” de la EGDD, en la cual no tienen
ninguna participación o injerencia, directa o indirecta, y que por otro lado es
una corporación mixta en la que tienen participación el Ministerio de Educación
Nacional, con el 85.57%, y la sociedad privada Taller de Estrategia con el
restante 14.43 %.
Las
pretensiones de la acción de tutela, dentro de las que expusieron los términos
en los que consideraban, debía realizarse la rectificación (Cfr. I. 1.14) se
dirigen a tres apartes concretos de la nota periodística:
a)
El subtítulo de la noticia: “El éxito político y contractual de la
familia se multiplicó en el gobierno Santos. Su directora Maruja Pachón firmó 7
contratos por $114 mil millones a través del DPS y la Unidad de Víctimas”.
b)
“El efecto político de Carlos
Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos
claves de la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena
política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su
mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno”.
c)
“Las dos hermanas, Gloria y
Maruja Pachón tomaron las riendas del Instituto para la democracia con el vigor
necesario para hacerlo despegar. El Instituto operó en una vieja casona en la
zona de Teusaquillo hasta que en el 2003 decidieron cambiarle el nombre a
Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y funcionan en
dos sedes en el barrio La Candelaria en Bogotá. Maruja Pachón de Villamizar fue
nombrada directora y representante legal de la nueva institución, una fundación
de carácter mixto, sin ánimo de lucro y que desde un comienzo se focalizó en la
capacitación de jóvenes en valores democráticos y con miras a preservar el
legado del inmolado líder liberal”.
8.2. La posición de los accionados.
De
otro lado, el medio de comunicación enfiló su defensa hacia la naturaleza de la
nota de prensa como una columna de opinión, lo que haría inviable la
rectificación solicitada. En este sentido, señaló que la opinión del periodista
estaría resguardada de lo pretendido por los accionantes en tanto las
afirmaciones contenidas en la nota de prensa parten de hechos verificados y
ciertos, como por ejemplo el reporte de contratación extraído del Registro
Único Empresarial – RUE, del que se evidencia el valor elevado de la
contratación a cargo de la EGDD, que coincide con la presidencia del Doctor
Juan Manuel Santos y la llegada de los accionantes al Congreso de la República,
ambos momentos y períodos de público conocimiento y notoriedad. Para el medio
de comunicación, la opinión del columnista frente a la influencia de los
accionantes y de la familia Galán Pachón en el devenir de la EGDD partió de
dichas circunstancias fácticas comprobadas, y por lo tanto no pueden ser objeto
de reproche. Como se dijo anteriormente, el medio de comunicación aceptó la
existencia de una imprecisión en cuanto a la naturaleza jurídica de la EGDD,
pero resaltó que dicha cuestión no altera de manera sustancial el propósito de
la columna, aunque estaría dispuesto a su modificación.
8.3. La naturaleza de la nota periodística analizada.
El
conflicto planteado en los términos antes reseñados requiere, en primera
instancia, dilucidar la naturaleza de la nota periodística, pues mientras los
accionantes enfilan su argumentación para tomarla como un ejercicio completamente
informativo, los accionados la analizan como una verdadera columna de opinión.
8.3.1.
Esta Sala, analizando el contenido y la estructura de la nota, encuentra que la
misma no tiene una naturaleza única, es decir, no es solamente informativa, ni
tampoco un contenido exclusivamente de opinión. Se trata entonces de un contenido
periodístico en el que coexisten opiniones e informaciones, por lo que no es
posible, de plano, ni afirmar ni descartar la viabilidad de la rectificación
solicitada, así como tampoco exigir las cargas específicas del ejercicio de una
sola de las libertades, de información u opinión.
8.3.2.
La mayor parte del artículo “Los contratos de la Escuela para la democracia Galán”
constituyen narración de hechos (ver Anexo 1):
·
La parte final del
subtítulo corresponde con un contenido informativo, pues sostiene que la
directora de la EGDD “Maruja Pachón firmó 7 contratos por $114 mil millones
a través del DPS y la Unidad de Víctimas”, situación que es sustentada más
adelante en el desarrollo de la nota periodística.
·
Los párrafos 1º al 6º de la nota
se ocupan de narrar la suerte de la familia Galán Pachón luego del asesinato de
Luis Carlos Galán, de la creación de la EGDD y el ascenso en la vida pública de
sus hijos. La redacción de estos párrafos, su forma y estilo sugieren que lo
que se presenta son hechos, y no se aprecia la expresión de opiniones o
valoraciones que rompan la naturaleza informativa de los mismos.
·
Los párrafos 8º al 10º, y la
reseña de los contratos (7 en total), hablan sobre la representación legal de
la EGDD, de la contratación con la entidad, y de los valores, fechas y el
estado de los contratos suscritos desde el 2012 con la misma. La presentación
de esta sección, su redacción y estilo sugieren que lo que se presenta son
hechos, y no se aprecia la expresión de opiniones o valoraciones que rompan la
naturaleza informativa de los mismos.
Estos
contenidos corresponden entonces al ejercicio del derecho a la información en
cabeza del periodista Rugeles y de Las 2 Orillas como medio de comunicación.
8.3.3.
De otro lado, los contenidos expresados en el subtítulo de la nota y en el párrafo
7º del artículo analizado denotan la expresión de opiniones del comunicador.
Dichos apartes son del siguiente tenor:
·
“El éxito político y
contractual de la familia [Galán Pachón] se multiplicó en el gobierno
Santos”.
·
“El efecto político de Carlos Fernando y Juan
Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la
coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política
nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor
momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno”.
En
ambos apartes, el periodista deja de narrar o describir acontecimientos y lanza
opiniones sobre la situación de la EGDD y la participación de la familia Galán
Pachón en la misma; en este sentido, las expresiones antes citadas constituyen
ejercicio de la libertad de opinión, es decir, de la libertad de expresión stricto
sensu. Frente a esta expresión de opiniones, es fácil encontrar en el resto
de la nota periodística el sustento fáctico que sirvió como base para la
formulación de las mismas, relacionando la cantidad y el monto de los contratos
suscritos por la EGDD durante el gobierno Santos, y la posición que en el
Estado ostentan los accionantes.
8.4. El cumplimiento de las cargas de veracidad e imparcialidad en el aparte
informativo de la nota periodística.
Desde
el punto de vista del ejercicio informativo, se aprecia cómo la nota difundida
por el portal Las 2 Orillas atiende los requisitos de veracidad e imparcialidad,
pues (i) se basó en una búsqueda juiciosa y razonable de fuentes que le
permitieron dilucidar un éxito significativo en la cantidad y el monto de los
contratos de la EGDD, presidida por la señora Maruja Pachón, durante el actual
gobierno, y (ii) la información fue presentada de manera equilibrada y permite al
público sacar sus propias conclusiones libremente.
8.4.1. La
situación fáctica presentada en la nota fue verificada por el periodista
Rugeles y el medio de comunicación accionado a partir de lo que denominaron
“registros oficiales”, específicamente el Registro Único Empresarial – RUE[84]. Los datos obtenidos
de esta fuente fueron presentados en el cuerpo de la nota periodística, y
sirvieron como sustento para la afirmación según la cual “[c]omo
representante legal de la Escuela Galán para la democracia, Maruja Pachón ha
firmado entre el año 2012 y 2014 siete contratos que suman $114 mil millones de
pesos para desarrollar diferentes actividades de capacitación con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-”. Se expuso en
la nota lo siguiente:
“Los contratos:
El primer contrato que figura en los registros oficiales se firmó el
22 de octubre de 2012 con el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social por valor de veinte ocho mil ochocientos ochenta y nueve
millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos. ($28.889.244.000)
El siguiente es del 06 de agosto de 2013. Fue un convenio firmado
entre La Escuela Galán y el Departamento de la Prosperidad Social (DPS por
valor de (dieciséis mil noventa y ocho millones pesos) $16.098.000.000.
El 15 de mayo de 2013 Maruja Pachón firmó en representación de la
Escuela Galán Pachón un contrato por (cuarenta y cuatro mil tres
millones ochocientos cuarenta mil pesos) $44,003,840,000 con el DPS,
en ese entonces bajo la dirección del actual presidente de la ANDI Bruce Mac
Master.
El 26 de agosto de 2013 se firmó otro contrato con la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas por
valor de $7.011.667.500 con el fin de identificar 95 casos de familias
desplazadas de sus tierras para hacer el proceso integral de reparación y
retorno a sus territorios.
El 8 de noviembre de 2013 Maruja Pachón firmo otro contrato por valor
de $640.188.000 con el fin de dictar 30 talleres en todas las
regiones del país para promover el liderazgo y la participación de los jóvenes en
la democracia.
El 23 de Enero de 204, a la Escuela Galán se ganó otro contrato con
el DPS por valor de$11.550.000.000
Y el último que aparece en los registros oficiales es por valor de
5.916.812.000 con la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de
a las Victimas para liderar un proceso de restitución y regreso a sus tierras
de un grupo piloto de familias víctimas del conflicto.
”.
Este ejercicio
de verificación previa y razonable de la información difundida da cuenta del
cumplimiento del requisito de veracidad de la información, pues es claro a
partir de lo citado que: (i) los contratos aludidos en el escrito periodístico
se suscribieron entre la EGDD y entidades públicas; (ii) los contratos corresponden
con el período de los gobiernos del Presidente Juan Manuel Santos, y (iii) los
contratos, en conjunto, ascienden a $114’109’751,500. De lo anterior se
despende además el hecho de que los contratos fueron suscritos por la señora
Maruja Pachón como representante legal de la EGDD, dada la fecha de su
adjudicación. Este sustento fáctico, presente en el propio cuerpo de la nota, da
cuenta del cumplimiento del requisito de veracidad para la presentación de la
información contenida en el subtítulo y los párrafos 8º al 10º.
De otro lado, las
afirmaciones con contenido histórico de los párrafos 1º al 6º de la nota no se
presentan tampoco como carentes de veracidad, y no fueron objeto de censura por
parte de los aquí accionantes. Tampoco aprecia la Sala afirmaciones o
contenidos carentes de veracidad en esta porción informativa de la nota
periodística.
Se aprecia
entonces un deber de diligencia adecuado pues se consultó una fuente de acceso
público, la noticia no buscó hacer pasar como ciertos hechos falsos situación
que se puede observar a partir del sustento adjunto a la nota. Tampoco se
aprecia en el contenido informativo la intención directa o maliciosa de
perjudicar los derechos de los accionantes, puesto que la información publicada
es cierta y su presentación adecuada.
8.4.2.  En
cuanto a la imparcialidad en la presentación de la información, el hecho de
haber sustentado la nota con el aporte de la fuente documental consultada,
facilita al lector de la información formar libremente su opinión sobre el
contenido difundido. La fuente consultada es razonablemente digna de confianza
y no se encuentra bajo el control del periodista o del medio de comunicación,
lo que da cuenta del esfuerzo del medio por ir más allá de una visión
exclusivamente individual de la información.
Además hay que
anotar que el medio de comunicación intentó aportar la otra perspectiva de la
historia a través de la comunicación con las directivas de la EGDD, sin que se
hubiere logrado obtener su versión de los hechos. Al respecto se  consignó en
la nota analizada:
“Las2Orillas intentó inútilmente obtener respuestas de los directivos de
la Escuela para la democracia y en particular con su directora Maruja Pachón de
Villamizar”.
Este aparte de
la nota no fue objeto de censura por parte de los aquí accionantes, de lo que se
colige que no derivan de esta circunstancia una afectación de los derechos cuya
protección se invoca.
8.4.3. Como conclusión frente al adecuado ejercicio del derecho a
la información por parte de los accionados, estima esta Sala que no se
vulneraron derechos de los accionantes a la intimidad, al buen nombre, la honra
o a la rectificación, puesto que la información presentada (i) no es falsa, por
lo que no tiene un impacto negativo frente al prestigio social y al
reconocimiento público del que gozan y que han construido los accionantes; (ii)
la nota periodística no se presenta de un modo que atente contra la dignidad de
los accionantes por lo que no lesiona su valor
intrínseco como  individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos;
(iii) tampoco afecta su derecho a la intimidad, pues se basa en hechos de libre
acceso y relacionados con la vida pública que han decidido llevar los
accionantes, y (iv) al no ser falsa o carente de imparcialidad no genera para
los demandantes el derecho a ser rectificada por el medio de comunicación.
8.5. Las opiniones del periodista como inferencias derivadas
razonablemente de la información adecuadamente presentada.
Para
la Sala, el contenido de opinión de la nota difundida por el portal Las 2
Orillas no afecta los derechos de los accionantes y se presenta como un
ejercicio razonable y adecuado de la libertad de expresión stricto sensu
por cuanto (i) se basó en unos hechos verificados de manera diligente y
presentados de manera imparcial, y (ii) la opinión del periodista es fácilmente
diferenciable de la información contenida en la nota.
8.5.1. En la
nota periodística analizada se dijo que (i) “El éxito político y contractual
de la familia [Galán Pachón] se multiplicó en el gobierno Santos” y
que (ii) “El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel liderando
Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la coalición de
gobierno y su presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha
tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa por su mejor momento en
términos de volumen de contratos adjudicados por el gobierno”. Estas
afirmaciones, como se precisó anteriormente, corresponden a opiniones del señor
Rugeles sobre la situación expuesta, adecuadamente presentada en la misma nota.
Así, es fácil ver cómo, de acuerdo con los cuadros antes citados, la
contratación de la EGDD, entidad representada por la señora Maruja Pachón,
alcanzó un monto de $114’109’751,500 durante los gobiernos del Presidente
Santos, y que varios de los contratos reseñados se dieron en un momento en que
los accionantes ya eran figuras públicas, ampliamente reconocidas y respetadas
en los círculos políticos del país;  además, resultaba notorio el impacto de
los accionantes como importantes figuras de sus respectivos partidos.  Estas
circunstancias sirvieron al periodista Rugeles para concluir lo antes citado y
comunicarlo al público como una opinión suya. Esta se construyó partir de
hechos verificables, muchos de ellos expuestos a los propios lectores en la
nota de prensa, por lo que no se aprecia desproporcionadamente alejada de los
hechos en los que claramente se basa.
Al respecto, hay
que anotar que las opiniones expresadas en la nota de prensa atañen a los
accionantes en tanto personajes públicos, especialmente relevantes en el
contexto político. Esta perspectiva implica que la información y la opinión
sobre ellos y sus actuaciones son relevantes desde el punto de vista de la
sociedad en general, que está interesada en conocer y escuchar opiniones sobre
personajes ubicados en el centro de atención de la comunidad. La importancia de
la opinión acerca de estos personajes es especialmente valorada desde el escenario
constitucional, pues los derechos a la información y a la libertad de expresión
cobran especial relevancia para la formación de una opinión pública informada y
en capacidad de discernir libremente sobre los asuntos de su interés.
Desde esta
perspectiva, se encuentra que la opinión expresada por el periodista Rugeles en
su nota busca relacionar un sustancial nivel de contratación de la EGDD,
representada por la señora Maruja Pachón, durante los gobiernos de Juan Manuel
Santos, con la notoriedad de la que gozan los accionantes en la coalición de
gobierno; en este sentido, pone de presente una coincidencia que puede ser relevante
desde el punto de vista político. En este caso, el discurso analizado
corresponde con la función social que cumple quien opina en temas políticos,
contribuyendo a resaltar una circunstancia que puede razonablemente
considerarse relevante para la comunidad.  En este punto, es necesario resaltar
que las inferencias y circunstancias expuestas por el periodista se basan
cercanamente con hechos que, como se estableció antes, fueron indagados y
presentados de manera abierta y adecuada, que fortalecen la valía de la opinión
presentada al público y alejan la posibilidad de impactar negativamente los
derechos de los accionantes.
Hay que destacar
en este punto que no se dice en la nota de prensa que los accionantes hubieran
tenido un papel directo en los procesos de contratación de la EGDD, que la
controlen o que les pertenezca. Simplemente se señala la coincidencia entre una
actividad contractual significativa y la posición política de los hermanos
Galán. Es claro a lo largo de la nota de prensa que la EGDD es una persona
jurídica independiente por completo de los accionantes y sus familiares, que el
comunicador caracteriza explícitamente como “de carácter mixto, sin ánimo de
lucro”[85]
y que de contera no es controlada ni en conjunto ni independientemente por
miembros de la familia Galán Pachón, aunque su representante legal sea la
señora Maruja Pachón. Es claro que tampoco se sugiere que los accionantes
hubiesen tenido un éxito contractual, ni es razonable interpretar las opiniones
contenidas en la nota en el sentido de creer que se acusa a los accionantes de
obtener réditos económicos o políticos de la exitosa contratación de la EGDD.
Por estas circunstancias, no se aprecia un impacto tangible de la opinión del
señor Rugeles frente a los derechos invocados por los accionantes, ni se
vislumbra necesidad de amparar derechos fundamentales por virtud del ejercicio
del derecho a la libre expresión stricto sensu del periodista.
8.5.2. Un
segundo elemento del análisis frente a las opiniones consignadas por los
accionados en la columna de prensa tiene que ver con el deber de diferenciar
las opiniones de la presentación de hechos. Al respecto, cabe destacar que para
la Sala fue posible aislar los contenidos, por lo que su diferenciación no
infringe las exigencias constitucionales sobre la libertad de expresión stricto
sensu, en tanto nunca se buscó presentar opiniones como hechos ciertos, ni
se pretendió engañar al lector induciéndolo a conclusiones descontextualizadas
o falsas.
Así, la opinión
es presentada como tal, y por lo mismo es posible para los lectores valorarla a
través de los filtros que su buen juicio les impongan, contribuyendo con ello a
la formación de una opinión pública libre y enterada de circunstancias que
atañen a personajes públicos como los accionantes, sin que esto implique una
vulneración de sus derechos fundamentales.
8.5.3. Como conclusión frente al adecuado ejercicio del derecho a la
libre expresión stricto sensu por parte de los accionados, estima esta
Sala que no se vulneraron derechos de los accionantes a la intimidad, al buen
nombre, la honra o a la rectificación, puesto que la opinión presentada (i) se
basa en hechos ciertos y verificables, por lo que no tiene la virtualidad de
generar un impacto negativo frente al prestigio social y al reconocimiento
público del que los accionantes gozan[86];
(ii) la opinión no se presenta de un modo tal que pretenda hacerse pasar como
un hecho cierto, por lo que tampoco busca engañar al lector; (iii) la presentación de las opiniones como tales permiten al público
tomarlas de acuerdo a su buen criterio y con ello conformar su opinión
libremente, (iv) por tratarse de una opinión razonable, no existiría la
posibilidad para los accionantes de solicitar una rectificación[87]. En suma, los
argumentos de los accionantes no consiguen desvirtuar la presunción de validez
de la opinión expresada por el periodista Rugeles.
9. La imprecisión acerca de la naturaleza jurídica de la EGDD.
9.
1. El tercer componente de la nota de prensa que generó controversia entre
accionantes y accionados fue la calificación de la EGDD como una fundación y no
una corporación y la confusión que el encuadramiento de la EGDD en dicha
categoría jurídica podría conllevar con una entidad denominada ‘Fundación Luis
Carlos Galán’, persona jurídica distinta y con fines y propósitos diferentes.
9.
2. Como se dijo antes, el contenido que refiere a la EGDD como fundación,
corresponde al desarrollo de la libertad de información, y por ello, de ella
son predicables los requisitos de veracidad e imparcialidad.  Sin embargo, y a
pesar de que la calificación de la EGDD como fundación no es estrictamente
preciso, la Corte ha admitido que obligar al medio de comunicación al uso
estricto del lenguaje científico podría implicar una limitación ilegítima de la
libertad de prensa. Al respecto ha dicho esta Corte:
“La jurisprudencia constitucional ha sido
respetuosa del empleo que los medios de comunicación hacen del lenguaje
tratando de no restringir esa libertad siempre que respeten los criterios de
veracidad e imparcialidad. En este sentido, ha reconocido que la necesidad de
divulgar una información a veces choca con la rigurosidad lingüística y ha
señalado que “existe una tensión natural entre la libertad de
información que ampara a los medios de comunicación, con su correlativa
necesidad de utilizar un lenguaje asequible a la generalidad de los receptores
de la información, por una parte, y, por la otra, la existencia de ámbitos
especializados con lenguaje técnico y profesional específico”[88]
Varias sentencias de esta Corporación se
han concentrado en examinar el uso científico del lenguaje periodístico
indicando que la prensa no puede ser inhibida en el ejercicio de la actividad
periodística y que por eso no puede exigírsele emplear siempre un lenguaje
técnico, científico y preciso. Así, la responsabilidad del medio de
comunicación o del informador en la utilización del lenguaje consiste en no
confundir al informado evitando utilizar términos que distorsionen la realidad
pero dicha obligación no puede llegar hasta el punto de exigirle emplear con
exactitud el lenguaje específico de cierta disciplina correspondiente al tema
de la noticia”[89]
9.
3. En el presente caso, a pesar de que existe una imprecisión, el sentido de la
nota y la información que transmite a la colectividad no se ven tergiversadas
por la utilización de la expresión fundación en lugar de corporación, por lo
que no se encuentra que de esta confusión se derive una afectación del derecho
a la información.
10. Conclusión.
En el presente caso se analizó la compatibilidad de
una nota de prensa de contenido mixto a la luz de los derechos a la información
y libre expresión stricto sensu, encontrando que el periodista y el medio
de comunicación cumplieron (i) las cargas de veracidad e imparcialidad en la
presentación de la información y (ii) presentaron una opinión relevante desde
el punto de vista político que no se confundió con hechos ni impactó
negativamente los derechos invocados por los accionantes. En este sentido, la
Sala confirmará la sentencia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, del 29 de abril de
2015, por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia
del  Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Séptima de Decisión
Civil, del 14 de abril de 2015, que revocó la sentencia del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, del 25 de marzo de 2015, en
acción de tutela promovida por Juan Manuel y
Carlos Fernando Galán Pachón contra la Fundación Las 2 Orillas, María
Elvira Bonilla Otoya y Gustavo Rugeles, por las consideraciones
expuestas en esta providencia.
Segundo.- Por
Secretaría General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Anexo 1. Contenido de la nota periodística.
La nota periodística
que dio lugar a la acción de tutela de los accionantes fue del siguiente tenor:
“Los contratos de la Escuela para la democracia Galán
El éxito político y contractual de la familia se multiplicó en el
gobierno Santos. Su directora Maruja Pachón firmó 7 contratos por $114 mil
millones a través del DPS y la Unidad de Víctimas.
Por: Gustavo
Rugeles | diciembre 28, 2014
Después del asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989 la
familia Galán Pachón se propuso que su nombre y su legado no fueran olvidados.
Su esposa Gloria Pachón y sus hijos Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio
viajaron a Francia donde ella fue nombrada por el presidente César Gaviria embajadora
ante la UNESCO. Allí concluyeron sus estudios, mientras en Colombia se había
creado y se fortalecía el Instituto Para la Democracia Luis Carlos Galán con el
apoyo del gobierno Gaviria, en quien han tenido un incondicional aliado; fue el
joven Juan Manuel quien en las honras fúnebres de su padre le entregó las
banderas de Luis Carlos Galán, momento en el cual nació la candidatura de
Gaviria que lo llevó a la presidencia en 1990.
La huella del asesinato de Galán con la arremetida del narcotráfico
acompañó los cuatro años del gobierno Gaviria y siguió siendo una amenaza para
los Galán Pachón así como para sus allegados y otros líderes políticos que
enfrentaron frontalmente a la mafia.
En noviembre de 1990 cuando Maruja Pachón, hermana de Gloria, se desempeñaba
como directora de Focine, fue secuestrada por orden de los extraditables
liderados por Pablo Escobar. Fue liberada siete meses después y en 1993 fue
nombrada Ministra de Educación por el presidente Gaviria. Alberto Villamizar,
su esposo, antiguo compañero de lucha del inmolado líder liberal, coordinaba la
campaña de Ernesto Samper a la Presidencia, quien una vez electo, lo nombró
embajador en Holanda a donde viajó con su familia.
Una vez concluidos los estudios de sus hijos, Gloria Pachón de Galán
regresó a Colombia. Dos de los tres hermanos Galán Pachón, Juan Manuel y Carlos
Fernando mostraron su vocación política aunque el segundo empezó su carrera
profesional como editor político en El Tiempo, pronto tomaría el camino de la
política. Ambos se sometieron exitosamente al escrutinio electoral en las
pasadas elecciones y en este momento son senadores de la República, mientras
que Claudio, el tercero, se inclinó por el sector privado después de trabajar
en la Gobernación de Cundinamarca de la mano del exgobernador Andrés Gonzalez
(sic). El primo hermano de los Galán, Andrés Villamizar Pachón, también
escogió el camino de la vida pública, como Carlos Fernando forma parte de
Cambio Radical y es el director de la Unidad de Protección desde su creación en
el año 2011.
Las dos hermanas, Gloria y Maruja Pachón tomaron las riendas del
Instituto para la democracia con el vigor necesario para hacerlo despegar. El
Instituto operó en una vieja casona en la zona de Teusaquillo hasta que en el
2003 decidieron cambiarle el nombre a Corporación Escuela Galán para el
Desarrollo de la Democracia y funcionan en dos sedes en el barrio La Candelaria
en Bogotá. Maruja Pachón de Villamizar fue nombrada directora y representante
legal de la nueva institución, una fundación de carácter mixto, sin ánimo de
lucro y que desde un comienzo se focalizó en la capacitación de jóvenes en
valores democráticos y con miras a preservar el legado del inmolado líder
liberal.
La fundación ha dictado talleres de capacitación desde sus inicios, un
ejercicio que ha repetido por todo el país y que se multiplicó de manera
significativa en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio
Radical y el Partido Liberal, partidos claves de la coalición de gobierno y su
presencia en el Congreso y en la escena política nacional ha tenido eco en la
suerte de la fundación que atraviesa por su mejor momento en términos de
volumen de contratos adjudicados por el gobierno.
Como representante legal de la Escuela Galán para la democracia,
Maruja Pachón ha firmado entre el año 2012 y 2014 siete contratos que suman
$114 mil millones de pesos para desarrollar diferentes actividades de
capacitación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-,
según información en el registro
único empresarial RUE
La mayoría de los contratos se han entregado de forma directa, sin
mediar licitación alguna y uno de ellos estaba incluido en el paquete de
denuncias que presentó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en el
debate contra el gobierno Santos por el derroche presupuestal de publicidad en
la campaña política.
Las2Orillas intentó inútilmente obtener respuestas de los directivos
de la Escuela para la democracia y en particular con su directora Maruja Pachón
de Villamizar.
Los contratos:
El primer contrato que figura en los registros oficiales se firmó el
22 de octubre de 2012 con el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social por valor de veinte ocho mil ochocientos ochenta y nueve
millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos. ($28.889.244.000)
El siguiente es del 06 de agosto de 2013. Fue un convenio firmado
entre La Escuela Galán y el Departamento de la Prosperidad Social (DPS por
valor de (dieciséis mil noventa y ocho millones pesos) $16.098.000.000.
El 15 de mayo de 2013 Maruja Pachón firmó en representación de la
Escuela Galán Pachón un contrato por (cuarenta y cuatro mil tres
millones ochocientos cuarenta mil pesos) $44,003,840,000 con el DPS,
en ese entonces bajo la dirección del actual presidente de la ANDI Bruce Mac
Master.
El 26 de agosto de 2013 se firmó otro contrato con la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas por valor de
$7.011.667.500 con el fin de identificar 95 casos de familias desplazadas de
sus tierras para hacer el proceso integral de reparación y retorno a sus
territorios.
El 8 de noviembre de 2013 Maruja Pachón firmo otro contrato por valor
de $640.188.000 con el fin de dictar 30 talleres en todas las
regiones del país para promover el liderazgo y la participación de los jóvenes
en la democracia.
El 23 de Enero de 204, a la Escuela Galán se ganó otro contrato con
el DPS por valor de$11.550.000.000
Y el último que aparece en los registros oficiales es por valor de
5.916.812.000 con la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de
a las Victimas para liderar un proceso de restitución y regreso a sus tierras
de un grupo piloto de familias víctimas del conflicto.
”.
Bogotá
D.C., 12 de noviembre de 2014
Señora
María Elvira Bonilla Directora
PORTAL
LAS 2 ORILLAS Ciudad
Apreciada
señora Bonilla:
Nos
dirigimos a usted raíz de la publicación del artículo "Los
contratos de la Escuela para la democracia Galán'*, firmado por el periodista Gustavo Rugeles y
publicado el pasado 5 de noviembre en el portal de internet "Las
2 Orillas" (www.las2orillas.co), que usted dirige. Dicho artículo, que ha sido
ampliamente divulgado, comentado y replicado en las redes sociales, hace
afirmaciones que carecen de veracidad y afectan nuestros derechos fundamentales
a la honra, al buen nombre y a la dignidad, así como los de nuestra familia.
En primera instancia, el subtítulo del artículo
empieza así: "El éxito
político y contractual de la familia se multiplicó en el gobierno
Santos...". Esa afirmación
da a entender, primero, que nuestra acción política tiene algún impacto en  la
posibilidad o no de la Corporación para firmar convenios o contratos con
entidades estatales, lo cual es completamente falso. Además, da a entender que
se trata  de contratos firmados entre el Estado y la familia Galán, lo cual es
también falso. Quien ha suscrito contratos con algunas entidades
estatales es una Corporación que tiene la calidad de entidad mixta, de la cual
el Estado es el propietario mayoritario, y cuya junta directiva es presidida
por el Ministerio de Educación. No se trata, pues, de un empresa familiar, de
una empresa de fachada ni de una fundación familiar. Ni Juan Manuel Galán ni
Carlos Fernando Galán tenemos injerencia alguna en las actividades de la
Corporación, ni en su funcionamiento, ni mucho menos en los contratos que
celebra.
Por eso rechazamos también la afirmación que hace
esta nota en el sentido de que:
El efecto político de Carlos Fernando y Juan Manuel llderando Cambio Radical y el Partido Liberal,
partidos claves de la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en
la escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación
que atraviesa por su mejor momento en términos de volumen de contratos
adjudicados por el gobierno. (Se destaca)
Nuevamente,
tal afirmación da a entender que es gracias a nosotros y a nuestra presencia en
el escenario político, en partidos que apoyan las políticas del presidente Juan
Manuel Santos, que la Corporación (que no "fundación", como de manera
errónea lo dice el artículo) ha firmado convenios y contratos con algunas
entidades estatales.
Esa
afirmación no sólo carece de sustento sino que, lo que es más grave aún,
trasgrede los límites constitucionales al ejercicio del derecho de información
y de opinión, pues desconoce la verdad y lleva a los lectores a creer que se
trata de una "fundación" o de una empresa familiar que ha accedido a
contratos del Estado a cambio (o como "recompensa") de un respaldo
político. Es decir, el artículo publicado por el portal a su cargo insinúa que
los firmantes habríamos participado en la comisión de delitos, insinuación que
no podemos aceptar. Todo esto es falso y, repetimos, afecta nuestra honra,
nuestro buen nombre y nuestra dignidad.
Por
lo tanto, como presumimos que los periodistas del portal a su cargo han incurrido
en estos errores y falsedades de buena fe, solicitamos de manera cordial que
esta información sea rectificada en condiciones que aseguren la eficacia de la
medida correctiva y que, cuando menos, reciban la misma divulgación que tuvo el
artículo con afirmaciones falsas, al que nos hemos referido.
Bogotá D.C., 23 de febrero de 2015
Señora
Miaría Elvira Bonilla Directora
PORTAL LAS 2 ORILLAS Ciudad
Apreciada señora Bonilla:
Nos dirigimos a usted, una vez más, a raíz de la
publicación del artículo "Los contratos de la Escuela para la democracia
Galán/A, firmado por el periodista Gustavo Rugeles y publicado desde
el pasado 5 de noviembre en el portal de internet "Las 2 Orillas"(www.
las2orillas.co), que usted dirige. Como usted sabe, el artículo -que ha
sido ampliamente divulgado, comentado y replicado en las redes sociales-
contiene una serie de afirmaciones falaces y erróneas que pusimos de presente
mediante comunicación del pasado 12 de noviembre de 2014, sin que hasta la
fecha se haya procedido a la rectificación de rigor.
La continuada publicación del artículo, su amplia
divulgación, la cita que de él han hecho otros periodistas y medios de
comunicación, y los comentarios y reacciones a los que ha llevado, han
ocasionado una continua transgresión a nuestros derechos fundamentales al
buen nombre (artículo 15 de la Carta Política), a la honra (artículo 21 CP), a
la dignidad humana (artículo 1 CP), a la intimidad personal y familiar
(artículo 15 CP), y a;;% k rectificación en condiciones de
equidad (artículo 20 CP), que rogamos a usted hacer cesar.
A raíz del texto aquí comentado, Julio Sánchez Cristo
entrevistó en la emisora La W Radio a la Directora de la Corporación, MARUJA
PACHÓN CASTRO, en fecha 7 de noviembre de 20142, para indagar sobre
la veracidad de las acusaciones que hizo el medio de comunicación a su cargo.
En la entrevista con La W Radio, se aclaró que nosotros, Carlos Fernando y Juan
Manuel Galán Pachón, no tenemos ninguna relación con la Corporación Escuela
Galán para el Desarrollo de la Democracia; que la Escuela Galán es una
Corporación Mixta, con participación mayoritaria del Estado a través del
Ministerio de Educación, creada para apoyar los proyectos sociales del gobierno
para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la cultura de
legalidad y de paz; que la Corporación (antes el Instituto para el desarrollo
de la Democracia Luis Carlos Galán) opera  desde hace 20 años proyectos no solo
del gobierno nacional, sino de la empresa privada y de la cooperación
internacional, y que ha trabajado con todos los gobiernos. Se explicó, con toda
claridad, que "la Familia Galán no ha tenido que ver nada (...)con
nosotros (Escuela Galán), ni ha recibido nada de nosotros".
También Fernando Londoño, en su programa "La hora
de la verdad", el día 14 de noviembre de 2014, entrevistó a la Directora
de la Corporación Escuela Galán para cuestionar la gestión contractual de la
Corporación a la luz de la publicación de www.las2orijlas.co.
En la edición del 18 de noviembre de 2014 del diario
ADN se publicó una columna de Gustavo Álvarez Gardeazabal, en la que se hacen
afirmaciones como "El portal Las 2 orillas acaba de publicar un estudio
sobre los contratos otorgados por el estado a la Escuela para la Democracia
Luis Carlos Galán, que manejan la viuda del líder y su hermana. Asombra la
cifra. Entre 2012 y 2014 han contratado 114 mil millones, sin licitación, para
realizar actividades creíbles pero no comprobables. (...". Esta columna
aparece replicada en el Blog "El Reverbero de Juan Paf del 20 de noviembre
de 20143.
El periódico Extra del sábado 22 de noviembre de 2014
publicó una nota replicando el contenido del artículo de Las 2 Orillas, en la
que se hacen aseveraciones falsas como las que a continuación se transcriben:
(...)
Y hoy qué pasa
Que con el mito [de Luis Carlos Galán] nadie se mete y
con esa familia menos y ahí está una parte oscura de la situación actual, según
un estudio publicado por el portal Las 2 orillas.
Sueldos
Nadie trabaja gratis y en los gastos se incluyen los
emolumentos de la viuda y la cuñada de Galán, natural y qué otros gastos se
declaran en plenos años electorales.
Gastos y más gastos
Se sabe que con tales fundaciones son muchos los
políticos que hacen gastos de fiesta y despilfarro y el pensamiento supone que
la familia del líder asesinado no es una excepción. (...) (Se subraya).
En el portal www.elfrente.com.co se publicó la nota de Gustavo Rugeles,
con idéntico contenido, el día 18 de diciembre de 20144. Además, se
han publicado columnas en el periódico Vanguardia Liberal y en el programa
radial La Luciérnaga de Caracol recogiendo esta información publicada por el
medio a su cargo. Las
-citando o repitiendo información FALSA publicada por
ustedes- muestran que ha habido un significativo "efecto
multiplicador".
Y, como si lo anterior no fuera suficiente, el día de
ayer, 22 de febrero de 2015, apareció publicada en el periódico El Heraldo la
columna titulada "Los Intocables", de autoría de Abelardo de la
Espriella5, en la cual se señala, entre otras cosas, que...
Si hay una familia que represente ese estilo de
aprovechamiento y ventajismo es la de los Galán Pachón. Desde que Luis Carlos Galán, el líder
del Nuevo Liberalismo, fue asesinado por los 'extraditables', su viuda,
hermanos vástagos, cuñadas y todo aquel que haya tenido parentesco con el
caudillo, hasta un sexto grado de consanguinidad, han pelechado del Estado
sin más pergaminos que el ADN en común con el inmolado político.
El asesinato de Galán nos ha costado mucho a los
colombianos, y no me refiero a la pérdida moral, sino al exorbitante gasto en
recursos públicos, que ha significado mantener a su numerosa familia en posiciones
privilegiadas de la estructura estatal: embajadas, consulados, ministerios,
consejerías, Congreso y ahora, para acabar de completar, contratos
multimillonarios que solo se les pueden adjudicar a dedo a los miembros de ese
'selecto' grupo.
(...) también hay grandes contratos. Los Galán
tienen una fundación' dirigida por Maruja Pachón, que ha firmado acuerdos con
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad adscrita
directamente a la Presidencia de la República, por la bicoca de $114 mil
millones, en los últimos años: contratos gue tienen por objeto desarrollar
distintas actividades de capacitación y, como era de esperarse, los mismos
fueron entregados sin gue mediara licitación pública. (...) (Subrayado
fuera de texto)
Incluso, según apareció anoche publicado en el portar www.las2orlllas.co, el abogado De La Espriella estaría preparándose para iniciar un
proceso de pérdida de investidura en contra de nosotros6, en buena
medida debido a la información falsa y errónea publicada en el portal de
internet a su cargo. A raíz de esta reciente columna, que sin duda se basa en
la información que ha publicado www.las2orilias.co, las reacciones en las redes sociales, una vez más,
han sido imparables y cada vez más agresivas.
A pesar de que hemos solicitado la rectificación de
este medio, la única respuesta que recibimos a nuestra comunicación del 12 de
noviembre de 2014, fue un oficio de un (1) folio, fechado el 5 de diciembre de
2014, mediante el cual usted manifestó lo siguiente:
Señores
Carlos Fernando Galán y Juan Manuel Galán
Senadores de la República
Bogotá
Procedo a responder la comunicación del día 12 de noviembre en la que solicitan
una rectificación. Resulta a todas luces incontrovertibles (sic) que la
contratación de la Escuela para la democracia Galán se multiplicó en el
gobierno de Juan Manuel Santos. Entre 2012 y 2014 se firmaron la
totalidad de los contratos con el Estado a los que hace referencia la nota,
según la información oficial que aparece publicada en el portal del registro
empresarial y social de la red de cámaras de comercio RUES. De allí la
afirmación "el éxito político y contractual de la familia se multiplicó
durante el gobierno Santos".
El ejercicio contractual de la Escuela coincide con el
ascenso político exitoso de Juan Manuel Galán Para llegar al Senado y de Carlos
Fernando Galán para perfilarse como figura nacional en Cambio Radical que lo
llevó a la presidencia del partido y luego al senado. Este es el otro soporte
para la afirmación en referencia.
Aceptamos la inexactitud en algunos apartes del
artículo cuando hace referencia a la Escuela Galán como Fundación y no como
corporación. Si así lo requieren se puede explicar en una nota aclaratoria la
naturaleza jurídica de la entidad, que si bien es una imprecisión, no cambia en
nada el sentido de la información.
Les ruego precisar los términos de la rectificación
que solicitan refiriéndose a datos tácticos y no a una lectura interpretativa,
que entiendo pueda haberles incomodado.
Cordial saludo,
María Elvira Bonilla www.ias2orillas.com (Anexo No. 12)
Pero, ni siquiera los errores y falsedades reconocidos
por usted han ¿i objeto de rectificación ni corrección. Pese a todas las
explicaciones y aclaraciones que realizó en diferentes medios informativos la
Directora de la Corporación, MARUJA PACHÓN, el medio digital www.las2oriilas.co no sólo mantuvo la nota en su portal, sino que la
subió nuevamente en primera página el 28 de diciembre de 2014. Su respuesta es,
para nosotros, inaceptable, puesto que...
(i) Usted
reitera la afirmación de que "el éxito político y contractual de la
familia se multiplicó durante el gobierno Santos" (se subraya), por el
solo hecho de que la contratación de la Escuela para la Democracia Galán
aumentó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero en su carta no se explica
cuál sería la supuesta conexión entre la Escuela Galán y la Familia Galán, ni
por qué el éxito de aquella puede atribuírsele a ésta última;
(ii) Se reitera que el ejercicio contractual de la
Escuela “coincide” con el ascenso político exitoso de Juan Manuel Galán para
llegar  al Senado y de Carlos Fernando Galán, como si hubiera alguna relación
entre lo uno y lo otro;
(iii) Se acepta "la inexactitud en algunos apartes del artículo cuando hace
referencia a ¡a Escuela Galán como Fundación y no como corporación" pero se niega que ello merezca algo más
que una nota aclaratoria de la naturaleza de la entidad, anticipando que ello "no cambia en nada el sentido de la
información" Ello
resulta inaceptable, puesto que todo el artículo gira en torno de la supuesta
relación (que no existe) entre nosotros y la Corporación, así como nuestra
incidencia en sus resultados, funcionamiento, contratación y utilidades;
(iv) Y, lo que es más grave aún, el oficio termina
requiriendo que precisemos "los
términos de la rectificación que solicitan refiriéndose a datos fácticos y no a
una lectura interpretativa" como si no hubiéramos presentado en nuestra
comunicación del 12 de noviembre la relación de hechos imprecisos y falsos, así
como nuestras objeciones en relación con la manera en la cual se presentó la
información y se insinuaron unas actuaciones o presiones indebidas de nuestra parte.
Por eso solicitamos en nuestra petición del 12 de noviembre, con toda claridad,
que "esta información sea
rectificada en condiciones que aseguren la eficacia de la medida^ correctiva y
que, cuando menos, reciban la misma divulgación que tuvo el artículo con
afirmaciones falsas, al que nos hemos referido”|
Hemos cumplido a cabalidad con el requisito de
claridad de lo que se solicitad rectificar, pues en nuestro escrito anterior
señalamos "cuál es la información... que considera[mos] errónea o
falsa" (Sentencia T-681/ 07), transcribiendo incluso los apartes
pertinentes y citando el hipervínculo dónde aparece el artículo concreto. No
hicimos, pues, una mera "lectura interpretativa" del artículo
periodístico, ni nos referirnos en términos generales a toda la publicación
-aunque, dicho sea de paso, su tono general ocasiona tanto perjuicio como las
frases puntuales que destacamos en nuestra comunicación-. Por el contrario, en
nuestra solicitud de rectificación destacamos hechos concretos y pasajes
específicos del documento que merecen reproche y rectificación. Por todo esto,
se trata de una solicitud jurídicamente adecuada y, por tanto, no pueden ser de
recibo los pretextos del medio de comunicación para negarse a atender nuestra
solicitud.
Hasta la fecha, no se nos ha garantizado el derecho
fundamental a la rectificación en condiciones de equidad (artículo0 20 CP) sino
que subsiste, desde el primer día, la afectación de nuestros derechos
fundamentales, máxime teniendo en cuenta que el artículo sigue publicado en el
portal de internet [www.las2orillas.co], y sigue habilitada la herramienta
tecnológica para que los lectores puedan comentar el artículo y de paso, seguir
insultándonos y calumniándonos, con la anuencia de este medio de comunicación.
Pero, a pesar de todo lo anterior, y dado el creciente
perjuicio que se nos ha producido, como nuestro verdadero interés es que se
restablezcan nuestros derechos, y no tener que involucrarnos en un proceso
judicial, y como partimos de la buena fe y asumimos que se ha tratado de una
equivocación causada por la ligereza del periodista Rugeles en la verificación
documental, insistimos nuevamente en nuestra petición del 12 de noviembre de
2014 en el sentido de que esta información sea rectificada en condiciones que
aseguren la eficacia de la medida correctiva y que, cuando menos, reciban la
misma divulgación que tuvo el artículo, al que nos hemos referido.
De acuerdo con lo indicado en nuestra solicitud
inicial, y los parámetros que ha sentado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el derecho de rectificación en condiciones de equidad, el
artículo de rectificación tendría que indicar con toda claridad:
(i) Que ni JUAN MANUEL GALAN ni CARLOS FERNANDO GALAN
tenemos injerencia alguna en las actividades de la Corporación, ni en su
funcionamiento, ni mucho menos en los contratos que ella celebra.
(ii) Que son falsas las afirmaciones en el sentido de
que "El éxito político y contractual de la familia se multiplicó en el
gobierno Santos..."y que "su presencia en el Congreso y en la escena
política nacional tenido eco en la suerte de la fundación" pues la
familia Gal Pachón no ha celebrado contrato alguno con el Estado durante
gobierno del Presidente Santos, ni tiene vinculación legal, contractuá o
fáctica con la Corporación (que no fundación) Escuela Galán para el Desarrollo
de la Democracia, ni existe relación alguna entre la posición política de la
familia Galán Pachón y la suerte de la Corporación.
(iii) Que quien ha suscrito contratos con algunas
entidades estatales es una Corporación que tiene la calidad de entidad mixta,
de la cual el Estado es el propietario mayoritario con el 85.57%, y cuya junta
directiva es presidida por el Ministerio de Educación. No se trata (como
errónea o equivocadamente lo afirma el artículo) de una empresa familiar, de
una empresa de fachada ni de una fundación familiar, puesto que ni GLORIA
PACHÓN DE GALÁN ni sus hijos, JUAN MANUEL, CLAUDIO MARIO Y CARLOS FERNANDO
tienen interés, injerencia ni participación alguna en la Corporación.
(iv) Que la acción política JUAN MANUEL GALÁN y CARLOS
FERNANDO GALÁN no ha tenido ningún impacto en la posibilidad o no de la
Corporación para firmar convenios o contratos con entidades estatales, por lo
cual son FALSAS las aseveraciones o insinuaciones en sentido contrario que
contiene el artículo aquí comentado.
Esta rectificación deberá publicarse en el portal de
internet "Las 2 Orillas" (www.las2orillas.com) "en condiciones que aseguren la eficacia de la misma" (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en
su numeral 7), es decir, que tenga la aptitud de restablecer nuestros derechos.
Si bien es cierto que "La rectificación en sí, no contiene formulas
sacramentales, pues la forma como ésta debe realizarse depende de cada caso
concreto "(Sentencia T-684 de 2004), la Corte ha estipulado unos
parámetros o exigencias para que se considere que la rectificación se ha hecho
en condiciones de equidad, y que deben seguirse aquí:
(...) es necesario cumplir con un grupo de exigencias:
(i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que
se haga públicamente; (iii) que tenga un despliegue y una relevancia
equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada y (iv) que la
rectificación conlleve para el medio de comunicación el entendimiento de su
equivocación, error, tergiversación o falsedad. Cuando la obligación de
rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la
respectiva providencia "los lineamientos precisos bajo los cuales ésta
deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los
derechos fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada
y asegurar su efectivo restablecimiento"7
Para cumplir los anteriores requerimientos, la
rectificación que hag' medio de comunicación www.las2orillas.co tendría que hacerse, cuando me mediante
publicación en dicho portal de internet durante un tiempo equivalente que ha
estado al aire el artículo titulado "los contratos de la Escuela para la
democracia Galán'B, firmado por el periodista Gustavo Rugeles, en la
misma ubicación dentro de tal página web; y la nota de rectificación debe
aparecer publicada también en la portada o página de inicio del medio digital
durante el mismo número de días que lo estuvo el artículo mencionado; y debe
replicarse en las páginas de Facebook y Twitter de www.ias2orillas.co y del periodista Gustavo Rugeles, para efectos de una
equivalencia en el despliegue y relevancia.
Atentamente
[…]
[1]
Cuaderno Principal, fl.165-203. La acción de tutela fue interpuesta el 9 de
marzo de 2015.
[2]
Los accionantes afirman haber solicitado la rectificación de la información al
columnista Abelardo De La Espriella, a la que este se negó, reiterando sus
argumentos.
[3] Cfr. Cuaderno Principal, fl.139-149.
[4] http://www.las2orillas.co/los-contratos-de-la-escuela-para-la-democracia-galan/.
[5]
Cuaderno Principal, fls. 267-294.
[6]
Sentencia C-417/2009.
[7]
Cuaderno Principal, fls. 234-266, 295-331 y 333-362.
[8]
La contestación del periódico ADN fue elaborada por la Casa Editorial El Tiempo
S.A., como su propietaria.
[9]
La contestación del periódico Extra fue elaborada por el Grupo Editorial El
Periódico, como su propietario.
[10] La contestación del diario Vanguardia Liberal fue elaborada por la
sociedad Galvis Ramírez y Cia. S.A., como editor del mismo.
[11] Cfr. Cuaderno Principal fl. 211.
[12] Cuaderno Principal, fl. 332.
[13] Kieneskien Editorial S.A.S solicitó la
vinculación del columnista Abelardo de la Espriella al proceso.
[14] La Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó
la vinculación del columnista Gustavo Álvarez Gardeazabal al proceso.
[15] Cuaderno Principal, fls. 363-375.
[16] Del siguiente texto: “Las dos hermanas, Gloria y Maruja Pachón
tomaron las riendas del Instituto para la democracia con el vigor necesario
para hacerlo despegar. El Instituto operó en una vieja casona de la zona de
Teusaquillo hasta que en el 2003 decidieron cambiarle el nombre a Corporación
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y funcionan en dos sedes en
el barrio La Candelaria en Bogotá. Maruja Pachón de Villamizar fue nombrada
directora y representante legal de la nueva institución, una fundación de
carácter mixto, sin ánimo de lucro y que desde un comienzo se focalizó en la
capacitación de jóvenes en valores democráticos y con miras a preservar el
legado del inmolado líder liberal” y “El efecto político de Carlos
Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos
claves para la coalición de gobierno y su presencia en el Congreso y en la
escena política nacional ha tenido eco en la suerte de la fundación que atraviesa
por su mejor momento en términos de volumen de contratos adjudicados por el
gobierno”.
[17] Cuaderno Principal, fls. 430-444.
[18] Segundo Cuaderno, fls.3-11.
[19] Sentencia T-256/2013, citada en el fl.9, Segundo Cuaderno.
[20] Se cita en la providencia (fl.10, Segundo Cuaderno), el caso un
aparte del caso Tristán Donoso vs. Panamá, resuelto mediante sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de enero de 2009, (Serie
C No. 193).
[21] De acuerdo con el Art. 57 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del
cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, en
caso de que el expediente al que se refiera una insistencia sea seleccionado,
en la sentencia se hará referencia al contenido de la misma.
[22] Cuaderno Corte Constitucional, fls. 3-6
[23] Cuaderno Corte Constitucional, fls. 9-20.
[24] Constitución Política, Art. 20, “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. || Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
(Subrayas fuera del texto original). Cfr. Sentencia T-391/2007.
[25] Negrilla fuera del texto original.
[26] Sentencia T-391/2007.
[27] Ibíd.
[28] En la sentencia T-391/2007 se dijo: “En una democracia, los
intereses de los que reciben el influjo de distintas expresiones son
primordiales, puesto que de ello depende la formación de sus preferencias como
ciudadanos”.
[29] Sentencia T-391/2007.
[30] Sentencia T-218/2009. (Subrayas fuera del texto original).
[31] Ibíd.
[32] Ibíd.
[33] Las consideraciones relacionadas con el derecho a la información se
retoman en gran medida de las plasmadas por esta Sala en la reciente sentencia
T-688 de 2015, en la que se reiteraron los elementos fundamentales del derecho
a la información, en tanto resultan aplicables al análisis del presente caso.
[34] Constitución Política, Art. 20, “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. || Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
(Subrayas fuera del texto original). Cfr. Sentencia T-391/2007.
[35] Sentencia T-391/2007.
[36] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-488
de 1993. En aquella ocasión la Corte indicó que el objeto de esta libertad
fundamental es la información veraz e imparcial: “El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna
distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial,
como lo consagra el artículo 20 de la Carta Política”.
[37] En la sentencia C-488 de 1993
también se señaló que la libertad de expresión es más amplia que la libertad de
información y admite menores limitaciones: “Es una figura jurídica más
amplia que la del derecho a la información. Abarca una generalidad que admite
múltiples especies y, en virtud de la libertad de opinión y de pensamiento, no
tiene tantas limitaciones como las que tienen el derecho a la información y el
derecho de informar.  Lo que el sujeto puede expresar no necesariamente tiene
que estar sometido a la imparcialidad ni contener una verdad, porque
perfectamente puede el ser humano expresar todo lo que su ingenio e imaginación
produzcan, mientras dicha expresión no lesione derechos ajenos, ni vaya contra
el orden público o el bien común”.
[38] Así, en la sentencia C-033 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero) la Corte explicó que el derecho a la
información de los usuarios o receptores exige que la información transmitida
sea cierta, objetiva y oportuna: “Para el usuario o receptor de la
información, la plena realización de su derecho constitucional fundamental se
garantiza en la medida en que la información reúna tres requerimientos: que
ella sea cierta, objetiva y oportuna. // - La información es cierta
cuando ella dice la verdad, esto es, cuando ella tiene sustento en la
realidad.   // - La información es objetiva cuando su forma de
transmisión o presentación no sea sesgada, tendenciosa o arbitraria. Como lo ha
establecido la Corte Constitucional, es necesario que la información "se
halle despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de
inclinación tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las
informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que
las configuran, considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio
para distorsionarlas" [Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de
Revisión. Sentencia N° T-512 de septiembre 9 de 1992]. // - Y la información
es oportuna cuando entre los hechos y su publicación existe inmediación, esto
es, que no medie un lapso superior al necesario para producir técnicamente la
información, o bien que entre el hecho y su publicación no transcurra un
período tal de tiempo que la noticia carezca de incidencia e interés, pasando
de ser "noticia" a ser historia.” En igual sentido, en la
sentencia SU-1723/00 la Corte aclaró que el derecho a informar sobre
hechos encuentra un límite en las actuaciones que menosprecian la verdad o
falsedad de lo que se comunica, o en la transmisión de hechos o situaciones no
constatados como ciertos, pues ello lesiona el derecho de los receptores a
recibir una información acertada. La constatación de los hechos no equivale a
una simple remisión a fuentes indeterminadas – debe cumplirse una tarea
cuidadosa de asegurarse sobre la verosimilitud de la información. Asimismo, se
explicó que el derecho a la información también encuentra un límite en la
protección de la vida privada de las personas, en ámbitos estrictamente
personales como cartas o diarios que forman parte del ámbito irreductible de
tal derecho: “De cualquier manera, la garantía esencial del derecho a la
información no puede cobijar a quienes actúan con menosprecio de la verdad o
falsedad de lo comunicado y con negligencia e irresponsabilidad al transmitir
como ciertos, hechos o situaciones carentes de constatación durante el proceso
comunicativo.  Ello vulnera el derecho de los sujetos pasivos a recibir una
información acertada. Naturalmente, esta verificación no se cumple con la pura
y simple remisión a fuentes indeterminadas, sino que es necesaria una tarea acuciosa
por parte del informador para asegurar la verosimilitud de la misma. (…) En
estos términos, una injerencia podrá alcanzar aspectos de la vida en ámbitos
usualmente reservados como la casa o el ambiente familiar: allí hay una intensa
protección constitucional pero eventualmente podrá haber una inspección
legítima.  Sin embargo, jamás será admisible una intromisión en la órbita de la
esfera privada mas íntima, esto es, pensamientos o sentimientos más personales
y autónomos del individuo que solo expresa a través de medios muy
confidenciales como cartas o diarios estrictamente privados, porque ello
constituye el ámbito irreductible de este derecho, no susceptible de ser
afectado”.
[39] Sentencia T-391/2007.
[40] Se dijo en la sentencia T-260 de 2010 que “Esa responsabilidad social de los medios de comunicación se
manifiesta de diversas maneras. Así respecto de la transmisión de informaciones
sobre hechos, los medios están particularmente sujetos a cumplir requisitos de:
(i) veracidad e imparcialidad; (ii) distinción entre informaciones y opiniones,
y (iii) garantía del derecho de rectificación”.
[41] Al respecto cabe destacar que el accionante no sostiene que hubiere
ocurrido confusión entre opiniones e información, así como tampoco argumenta el
incumplimiento por parte del medio de comunicación del deber de rectificar,
pues incluso prescindió del agotamiento del tiempo con el que contaba el medio
de comunicación para analizar la situación planteada en las solicitudes
elevadas a él en tal sentido  (ver supra II. 2.6.).
[42] Sentencia T-298/2009.
[43] Ibíd.
[44] Sentencia T-040 de 2013.
[45] Sentencia T-914/2014.
[46] Sentencias T-914/2014, T-135/2014, T-094/993, T-219/2009 y
T-260/2010.
[47] Sentencia T-260/2010.
[48] Sentencia T-260/2010.
[49] Ver, entre muchas otras sentencias,
T-259 de 1994, SU-1720 de 2000, T-298 de 2009, T-439 de 2009 y T-040 de 2013.
[50] Sentencia T-914/2014. Cfr. Sentencias T-135/2014, T-315/2015.
[51] Corte Constitucional. Sentencias T-080 de 1993 y T-219 de 2009.
[52] Corte Constitucional. Sentencias T-066 de 1998 y T-219 de 2009.
[53] Sentencia T-914/2014, citando la sentencia T-626/2007.
[54] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[55] Sentencia T-260/2010.
[56] Sentencia T-080/1993.
[57] Sentencia T-1198/2004.
[58] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
[59] Sentencia T-260/2010.
[60] Las consideraciones relacionadas con los derechos a la honra y el
buen nombre reproducen las expuestas  por esta Sala en la reciente sentencia
T-688 de 2015, en la que se reiteraron sus elementos, relevantes para el
análisis del presente caso.
[61] Sentencia T-411/1995.
[62] Cfr. Sentencia C-442/2011.
[63] Constitución Política, Art. 15 “Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
[…]” (subrayas fuera del texto original).
[64] Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de
2001.
[65] Sentencia C-489/2002.
[66] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y
D´Amico vs Argentina. Sentencia del 29 de noviembre de 2001.
[67] Sentencia C-442/2011.
[68] Ibíd.
[69] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de
1995.
[70] Sentencia T-260/2010.
[71] Sentencia T-411 de 1995 reiterada en la Sentencia C-442 de 2011.
[72] Sentencia T-411 de 1995.
[73] Sentencia T-914/2014.
[74] Sentencia C-442/2011.
[75] Ibíd.
[76] Ver Corte Constitucional. Sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de
2002, entre otras.
[77] Sentencia T-260/2010. Al respecto también se pueden consultar las
sentencias C-442/2011 y C-635/2014.
[78] Sentencia T-218/2009. Ver también, sentencia T-260/2010.
[79] Cfr. Sentencias T-074/1995, T-472/1996,
T-479/1993, T-066/1998, T-626/2007 y T-218/2009, entre otras. Este derecho
también es reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
-"Pacto de San José de Costa Rica" aprobado en la Ley 74 de 1968, en
su artículo 14.
[80] Corte Constitucional. Sentencia T-274 de
1993. Allí dijo la Corte que “la rectificación, en rigor, implica el
reconocimiento público del error”. Ver, además, la sentencia T-332 del 12 de
1994.
[81] Sobre la rectificación en condiciones de
equidad se pueden consultar las sentencias T-332 de1993; T-603 de 1992; T-274
de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T-381 de
1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; T- 1198 de 2004; T-626 de
2007; T-787 de 2004.
[82] Corte Constitucional. Sentencia T-684 de 2004. “La
rectificación en sí, no contiene formulas sacramentales, pues la forma como
ésta debe realizarse depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e
importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente”.
[83] Sentencia T-260/2010. Al respecto también referirse a la sentencia
T-626/2007.
[84] Varios de los cuadros presentados en la nota periodística pueden
consultarse en la página web http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRUP?codigo_camara_proponente=04&inscripcion=000000035018.
[85] Párrafo 5 de la nota periodística.
[86] Ver supra, II. num. 4.4.
[87] Ver supra, II. num. 4.4.
[88] Sentencia T-1198/2004.
[89] Sentencia T-934/2014.