T-188-11
Sentencia T-188/11
Sentencia T-188/11
PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento y pago
Si
se trata del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el juez
constitucional debe aceptar la procedencia de la acción de tutela, manteniendo
racionalidad en razón de las circunstancias señaladas.
PENSION DE INVALIDEZ-Evolución normativa y jurisprudencial para su reconocimiento y pago
Referencia:
expediente T-2833228.
Acción de tutela incoada mediante apoderado por la
señora María Ivonny Hurtado Benítez, contra la Sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de
Medellín.
Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla.
Bogotá, D.
C., diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra
Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en
la revisión del fallo dictado en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Medellín en agosto 19 de 2010, dentro de la acción de tutela promovida
a través de apoderado por la señora María Ivonny Hurtado Benítez contra la
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., en
adelante Porvenir.
El
asunto llegó a esta Corte por remisión que hizo dicho Juzgado, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; la Sala de Selección N°
10 de la Corte lo eligió para su revisión, el 14 de octubre de 2010.
I.
ANTECEDENTES.
La señora
María Ivonny Hurtado Benítez instauró acción de tutela en julio 1° de 2010, que
fue repartida al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Medellín, contra Porvenir, aduciendo vulneración de sus derechos a
la dignidad humana, a la seguridad social, a la vida, a la salud y al mínimo
vital, por los hechos que a continuación son resumidos.
A.
Hechos y relato efectuado por la parte demandante.
l. Enunció el apoderado, debidamente constituido al
efecto (f. 16 cd. inicial), que la señora María Ivonny Hurtado Benítez se
afilió a Porvenir en enero de 2006 y cotizó ininterrumpidamente hasta noviembre
de 2008 (f. 1 ib.).
2. En abril 29 de 2009 fue calificada por el médico de
Seguros de Vida Alfa S. A., con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral
del 77.86%, con fecha de estructuración noviembre 6 de 2008, cuya denominación
de origen fue enfermedad común (f. 1 ib.).
3. Manifestó que la actora “tiene cuatro hijos bajo
su responsabilidad”, y además de estar desempleada, es a ella a quien “le
toca sufragar los gastos de su hogar, como arrendamiento, servicios, comida,
salud, estudio y vestuario; los anteriores gastos los cubre con las ayudas
económicas que le dan sus familiares, amigos y terceras personas” (f. 2
ib.).
4. En septiembre 18 de 2009 solicitó una pensión de
invalidez a Porvenir, que la empresa demandada negó, aduciendo en comunicado de
marzo 23 de 2010 el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos por el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003, cual es la “fidelidad” al sistema.
5. Refirió que tal requisito fue declarado inexequible
mediante la sentencia C-428 de julio 1° de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y, por ende, es violatoria tal denegación por la argüida falta
de “fidelidad”, cumpliendo los demás parámetros normativamente
exigidos, cuales son tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y
haber cotizado más de 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de su estado.
6. Agregó que la acción de tutela “es el medio más
eficaz, oportuno para el amparo de sus derechos fundamentales que se vienen
amenazando” (f. 3 ib.).
Por lo anterior, se pide el reconocimiento de la
pensión de invalidez, al estimar cumplidos los requisitos exigidos para el pago
de dicha prestación.
B.
Documentos cuya copia obra como prueba dentro del expediente.
1.
Notificación del dictamen de calificación de invalidez, emitido por Seguros de
Vida Alfa S. A., que determinó a la señora María Ivonny Hurtado Benítez una
pérdida de capacidad laboral del 77.86%, estructurada en noviembre 6 de 2008,
causada por enfermedad común (epilepsia, entre otras, fs. 17 a 19 ib.).
2.
Historia clínica de María Ivonny Hurtado Benítez (fs. 20 a 30 ib.).
3.
Formato de “Reclamación de
prestaciones económicas”, diligenciado por Porvenir en septiembre 18 de
2009 (fs. 31 y 32 ib.).
4.
Formato de “Relación Histórica de Movimientos”, expedido por Porvenir,
que enumera los periodos de cotización de la peticionaria (f. 33 ib.).
5.
Respuesta rendida por Porvenir a la
señora Hurtado Benítez, en donde se lee que “del tiempo transcurrido entre
el momento en que usted cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez, usted no alcanzó a efectuar por lo
menos el 20% de fidelidad de cotización al Sistema General de Pensiones,
razón por la cual Porvenir S. A. rechaza su solicitud pensional” (no está
en negrilla en el texto original, f. 34 ib.).
6.
Declaraciones juramentadas con fines extraprocesales de las señoras María
Ivonny Hurtado Benítez y María Ester Rivas (fs. 35 y 36 ib.).
7.
Registros civiles de nacimiento de Dalila Andrea, Yarleison y Luis Evelio
Hurtado Benítez y certificación de registro civil de nacimiento de Diana
Marcela Hurtado Benítez, que demuestran que ellos son hijos de María Ivonny
(fs. 37 a 40 ib.).
8.
Certificación de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures, que “hace
constar que Hurtado Benítez Dalila Andrea… se matriculó en este plantel para
cursar el Grado Décimo de Bachillerato Académico, durante el periodo escolar
del año 2010” (f. 41 ib.).
9.
Certificación emitida por el Instituto Tecnológico Metropolitano, que asegura
la inscripción de Luis Evelio Hurtado Benítez en el programa de tecnología en
electromecánica (f. 42 ib.).
10.
Documento expedido por el Programa de Formación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano de Ciudad Don Bosco en Medellín, que da fe de la capacitación recibida
por Yarleison Hurtado Benítez en 2010 (f. 43 ib.).
II.
ACTUACIÓN PROCESAL.
El
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Medellín, mediante constancia secretarial de julio 6 de 2010, avocó el
conocimiento de esta acción de tutela y, en consecuencia, corrió traslado a la
entidad demandada, para que en el término de 2 días hábiles rindiera informe
sobre los hechos expuestos como sustento de la petición de tutela (f. 44 ib.).
A.
Respuesta de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S. A..
Mediante
escrito presentado en julio 12 de 2010, el Subgerente de Servicios de dicha
Administradora de Fondos, afirmó que la accionante no cumple los requisitos
legales para acceder a la pensión de invalidez en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, debido a que “respecto del período mínimo de
fidelidad, observamos que la señora MARÍA IVONNY HURTADO no acredita
el requisito legal de haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió 20 años de edad (1987/09/13) y la fecha del dictamen que
determina la pérdida de capacidad laboral (2009/04/08)” (está en
negrilla, además de subrayado, en el texto original, f. 47 ib.).
Con
base en lo anterior, argumentó la empresa accionada no haber vulnerado ningún
derecho fundamental, más aún si se tiene en cuenta que al momento de
estructurarse la invalidez la norma vigente era el artículo 1° de la Ley 860 de
2003, precepto aplicado en este caso; recordó que si bien los requisitos de ley
fueron cambiados por la sentencia C-428 de 2009, lo cierto es que los efectos
de dicha providencia son hacia futuro, es decir, no tienen retroactividad (art.
45 L. 270/1996). De igual forma, destacó el carácter subsidiario de la tutela,
al existir otro medio de defensa judicial y no acreditarse un perjuicio
irremediable (f. 59 ib.).
B. Sentencia de primera instancia.
Mediante providencia de julio 16 de 2010, el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín negó “por
improcedente la tutela impetrada”, al considerar que “las controversias
originadas con ocasión del reconocimiento de derechos pensionales no le
corresponden a la jurisdicción constitucional en sede de tutela, ya que se
trata de pretensiones de orden legal para cuya definición existen en el
ordenamiento jurídico otras instancias, medios y procedimientos” (f. 64
ib.).
Así mismo, afirmó que la viabilidad o procedencia de
la tutela como mecanismo transitorio guarda estrecha conexión con el perjuicio
irremediable, situación no establecida en el presente caso, descartándose así
esta vía judicial.
C. Impugnación.
El apoderado de la parte actora impugnó la decisión en
julio 26 de 2010, sin expresar sustentación alguna.
D. Sentencia de segunda instancia.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín
confirmó el fallo impugnado, al considerar que la tutela no es el medio idóneo
para la solicitud de prestaciones pensionales. Adicionó que “en el caso
concreto, la situación que se presenta con respecto de la legislación aplicable
para estudiar la viabilidad de la pensión de invalidez… no es sencilla ni
pacífica”, por lo cual no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en
el fondo del asunto, en cuyo soporte citó la sentencia T-114 de febrero 10 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz (f. 73 ib.).
Así, concluyó que Porvenir obró conforme a las
disposiciones legales vigentes, sin provocar vulneración de derecho fundamental
alguno.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
Debe esta Sala de Revisión determinar si, en efecto, han sido
quebrantados los derechos de María Ivonny Hurtado Benítez a la dignidad humana, a la seguridad social, a la
vida, a la salud y al mínimo vital, en cuanto la Sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. no le ha reconocido la pensión de invalidez, aduciendo que no
cumple el requisito de “fidelidad al sistema”.
Con dicho fin, en primer lugar, se analizará la pensión de invalidez
como componente esencial del derecho fundamental a la seguridad social; en
segundo término, se estudiará la procedencia de la tutela para el
reconocimiento y pago de dicha pensión; como tercer punto, será evaluada la exigencia de la “fidelidad
al sistema” a la luz de la jurisprudencia constitucional; y finalmente, con esas bases, se resolverá el caso
concreto.
Tercera.
La pensión de invalidez como componente del derecho fundamental a la seguridad
social. Fundamentos.
Basado
en principios de solidaridad, igualdad y universalidad, el derecho a la
seguridad social, débil en sus comienzos, adquirió mayor desarrollo hacia la
mitad del Siglo XX[1]; a partir de esa positiva
evolución, emergió su reconocimiento internacional como un inalienable derecho
humano, de manera tal que la Organización Internacional del Trabajo, en su
Conferencia N° 89 de 2001, llegó a la conclusión de que “la seguridad social
es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias, y de
toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión
social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración
social”[2].
Afianzando
lo anterior y dando un vistazo a la legislación global, se encuentra que la
seguridad social tiene cabida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3] y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, estableciendo este último en su artículo 9°: “Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social,
incluso al seguro social.”
De igual forma, el artículo 16 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, estatuye (no está en negrilla en el texto
original): “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja
contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”
Así mismo, el artículo 9° del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), es del siguiente tenor, en
lo pertinente (no se encuentra en negrilla en el texto original): “Derecho a
la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la
proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de
seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.”
Por
último, recuérdese que son varios los documentos y convenios que la
Organización Internacional del Trabajo ha expedido en materias relativas a la
seguridad social, por ejemplo el N° 102 de 1952 (“Sobre las normas mínimas
de seguridad social”), el N° 128 de 1967 (“Sobre las prestaciones de
invalidez, vejez y sobrevivientes”) y el N° 157 de 1982 (“Sobre
la conservación de los derechos en materia de seguridad social.”)
Discurrido
lo anterior, claro queda que internacionalmente se protege el derecho a la
seguridad social, estableciéndose como uno de sus componentes esenciales la
protección de las personas que, por diversos motivos, caen en circunstancias de
discapacidad, condición que les dificulta o impide obtener los medios de
subsistencia propios de una vida digna.
Esa
salvaguardia internacional a favor de las personas discapacitadas, se refleja
al máximo nivel en el orden jurídico nacional; así, el artículo 48 de la Constitución
instituyó la obligatoriedad del servicio público de la seguridad social,
mandato desarrollado ampliamente en la Ley 100 de 1993 y disposiciones que la
complementan y reforman. Entre otros preceptos, el artículo 10° de dicha Ley
estableció como objeto del sistema pensional “garantizar a la población, el
amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte, mediante el reconocimiento de pensiones…” (no está en negrilla en
el texto original), desarrollando así la base jurídica de la pensión de
invalidez, más adelante especificada en los artículos 38 a 45 y 69 a 72 ejusdem.
De
este modo, adviértase que la pensión de invalidez como componente del derecho a
la seguridad social no es un simple derecho prestacional, sino que es además el
resultado de la idea de progreso universal de las sociedades y del desarrollo
internacional de valores jurídicos de gran trascendencia, como la igualdad, la
dignidad humana y la solidaridad, todos ellos presentes en nuestra carta
política.
Cuarta. Procedencia
de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Reiteración de jurisprudencia.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política,
la acción de tutela es una vía judicial que tiene toda persona para procurar la
protección de sus derechos fundamentales, la cual sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio idóneo de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un prejuicio irremediable,
entendiendo así que la tutela es un medio subsidiario.
En tal sentido, esta corporación ha dispuesto que “la
tutela adquiere el carácter de mecanismo subsidiario frente a los restantes
medios de defensa judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos de
protección judicial, ‘sino fungir como último recurso... para lograr la
protección de los derechos fundamentales’”[4].
Teniendo en cuenta lo anterior, el reconocimiento de
una prestación pensional mediante acción de tutela sería, en principio,
improcedente, pues el ordenamiento
jurídico nacional ha dispuesto medios judiciales específicos para la solución
de conflictos de ese origen, ya sea, en la jurisdicción laboral ordinaria o en
la contencioso administrativa, según el caso.
No obstante, la regla general de improcedencia de la tutela para el
pago de prestaciones económicas, en razón de la existencia de otros medios de
defensa judicial, tiene excepciones que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional. Así, en la sentencia T-063 de febrero 9 de 2009, M. P. Jaime Araújo Rentería, se expresó:
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del
principio de subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para ordenar el
reconocimiento de una pensión. Sin embargo,… el juez de tutela puede ordenar el
reconocimiento de dicha prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente
demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del
derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv)
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional
que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.”
En desarrollo de dichas excepciones, frente al
perjuicio irremediable y la afectación al mínimo vital, cabe anotar que si una
persona se encontraba trabajando y sufre una pérdida de su capacidad laboral,
por enfermedad o accidente, sus ingresos se reducirán consecuencialmente, en el
entendido de que la actividad laboral dejada de realizar era su medio de
subsistencia.
Se presume entonces que “la pensión de invalidez representa para quien ha
perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo
proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un derecho
esencial e irrenunciable”[5]. De esta forma, se colige la afectación al mínimo
vital, infiriéndose el perjuicio irreparable y la materialización de los
criterios jurisprudenciales (i) y (ii), recién citados[6].
Así mismo, es pertinente recordar que la Corte ha
catalogado como sujetos de especial protección a las personas discapacitadas,
como cuando solicitan una pensión de invalidez[7]. En este sentido, en la
sentencia T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell, se lee:
“La condición de disminuido físico, sensorial o
psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad
laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez
-, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la
hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en
circunstancias de debilidad manifiesta.”
También se ha resaltado la existencia de factores con
los cuales la concesión y pago de la pensión de invalidez adquiere un rango aún
más descollante, por su palmaria relación con derechos cardinales como el
mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, entre otros, realzándose así
su carácter fundamental[8] y permitiéndole al
afectado pedir su protección por vía de tutela.
A la par de lo anterior, cuando una entidad, obligada
al efecto dentro del sistema de seguridad social, se rehúsa a reconocer la
pensión de invalidez, a pesar de que la persona
cumple los requisitos constitucionales y legales respectivos, podría estar
incurriendo adicionalmente en conculcación de los derechos al debido proceso y
a la igualdad, lo cual así mismo hace procedente la acción de tutela, que es el
medio idóneo para la protección de dichos derechos fundamentales, más aún
tratándose de evitar un perjuicio irremediable, originado en la violación al
mínimo vital de quien goza de especial protección constitucional en razón a su
pérdida de capacidad laboral.
En
conclusión, si se trata del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
el juez constitucional debe aceptar la procedencia de la acción de tutela,
manteniendo racionalidad en razón de las circunstancias señaladas.
Quinta.
Requisitos para el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez. Evolución normativa y jurisprudencial.
Los requisitos para el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez han variado paulatinamente, desde su creación hasta la
actualidad. Originalmente, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 establecía que
quienes tuvieran una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y a
su vez, i) coticen al régimen y tuvieran aportes equivalentes a 26
semanas o más, al momento de producirse el estado de invalidez; o ii) acreditaran
aportes durante 26 semanas o más del año inmediatamente anterior al momento de
estructuración del estado de invalidez, tendrían acceso al derecho pensional en
cuestión.
Esta norma fue modificada por la Ley 797 de 2003,
instaurando en su artículo 11 otros requisitos para acceder a la pensión de
invalidez. Se estableció entonces que el afiliado que hubiera perdido el 50% o
más de su capacidad laboral por enfermedad común debía, i) acreditar 50 semanas
de cotización en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez; y ii) tener al menos un 25% de cotizaciones al sistema
entre el momento de cumplir 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez (“fidelidad”). Así mismo, dispuso
para el caso de invalidez originada en accidente de trabajo, el requisito de la
cotización mínima de 50 semanas.
Pero este artículo 11 de la Ley 797 de 2003 fue
declarado inexequible, debido a vicios de procedimiento en su formación[9].
Nuevamente,
los requisitos fueron modificados por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, disposición
que, i) disminuyó el porcentaje de fidelidad al sistema del 25% al 20% del
tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez; ii) extendió
ese requisito al reconocimiento de la pensión de invalidez originada por
accidente de trabajo; iii) continuó con las 26 semanas de cotización para
afiliados menores de 20 años, y iv) estipuló en el parágrafo 2°, que “cuando
el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas
en los últimos tres (3) años”.
El
artículo 1° de la Ley 860 de 2003, también fue objeto de demanda de
inconstitucionalidad[10], resuelta mediante sentencia
C-428 de julio 1° de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo, donde la Corte
analizó el principio de progresividad, definiéndolo como una carga[11]
impuesta al Estado por la Constitución Política y por diferentes instrumentos
internacionales.
A
la luz de tal principio, se estudió el requisito del aumento de semanas
exigidas, de 26 en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración
de la enfermedad o al hecho causante de la invalidez, a 50 en los últimos tres
años, argumentando que “este aspecto de la reforma no implica una regresión
en materia de exigibilidad de la pensión de invalidez, pues si bien se aumentó
el número de semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual manera aumentó el plazo para hacer valer las semanas de uno a tres años anteriores
a la estructuración de la invalidez. … En el actual régimen, el porcentaje
exigido es variable y en promedio se ubica en el 33% de la carga de cotización,
es decir, que supone cotizar en promedio 16.6 semanas en cada año durante los
últimos 3 años, siendo antes que regresiva, favorable a los intereses de muchos
cotizantes, sobre todo a los trabajadores que no poseen un empleo permanente”.
Igualmente,
se observó el requisito del 20% de fidelidad al sistema y se determinó que esta
exigencia sí era regresiva, porque no se advirtió “una conexión entre el fin
previsto en la norma -la promoción de la cultura de la afiliación a la
seguridad social y el control de los fraudes- con los efectos producidos por la
misma”.
Consecuencialmente,
el fallo citado declaró exequibles los numerales 1º y 2° del  artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, salvo las expresiones “y su fidelidad de cotización para
con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez”, declaradas inexequibles.
Así, esas exigencias fueron expulsadas del ordenamiento jurídico nacional.[12]
Imperioso
es advertir que en el entendido del artículo 45 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias de la Corte Constitucional
tienen efectos hacía el futuro, a menos que la propia corporación resuelva lo
contrario. No obstante, entre el lapso de la vigencia de la norma examinada y
su declaratoria parcial de inexequibilidad, se
comprobó, con el análisis de precedentes jurisprudenciales en tutela[13],
que efectivamente el requisito tornaba más difícil el acceso a la pensión de
invalidez, por lo cual, se venía aplicando la excepción de inconstitucionalidad
para conceder pensiones, otrora negadas al no satisfacerse tal “fidelidad”.
Así,
recuérdese lo formulado en la sentencia T-287 de marzo 28 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa:
“Por lo tanto, mientras no haya un pronunciamiento del
pleno de esta Corte sobre la exequibilidad del artículo 1° de la Ley 860 de
2003, en sede de tutela el juez podrá inaplicar dicho artículo y ordenar que se
aplique la norma anterior más favorable de la Ley 100 de 1993 (artículo 39),
cuando se constaten circunstancias de especial vulnerabilidad.”
Alegar
entonces que no se puede dar aplicación a la precitada sentencia C-428 de 2009,
en los eventos en que la fecha de estructuración de la invalidez fue antes de
julio 1° de 2009, no es posible debido a que el requisito siempre fue
inconstitucional y se inaplicó en muchas ocasiones concretas, porque como ya se
ha expresado varias veces, consagrar reformas que disminuían los derechos
ganados en esa materia, contrariaba abiertamente el principio de progresividad
que rige todo el Sistema General de Seguridad Social.
Igualmente,
en la sentencia T-609 de septiembre 2 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se expuso: “Esta posición resulta fácilmente refutable,
en el entendido que la sentencia de constitucionalidad lo único que hizo fue
corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a
la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar
el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la
Constitución, tanto así que la misma había sido, en no pocas ocasiones,
inaplicada por contravenir en casos concretos la norma fundamental, por
consiguiente el pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y
no constitutivo.”
En
consecuencia, si se impusiere la interpretación que exigía el requisito de la “fidelidad
al sistema” a personas cuya estructuración de la invalidez tuvo fecha
anterior a la vigencia del fallo de inconstitucionalidad parcial, se actuaría
en flagrante contraposición con los principios de igualdad y de favorabilidad
consagrados en la legislación nacional e internacional.
Sexta. El caso concreto.
6.1. La señora María Ivonny Hurtado Benítez, a través
de apoderado judicial, gestionó ante Porvenir el reconocimiento y pago de su
pensión de invalidez, aduciendo cumplir los requisitos exigidos por ley, al
haber perdido capacidad laboral en más del 50% y haber cotizado las 50 semanas
requeridas.
No obstante, Porvenir negó la solicitud, aseverando
que la actora no cumplió el 20% de fidelidad al sistema.
6.2.
Según lo expuesto a lo largo de la motivación precedente, el examen de
procedencia de la tutela para el reconocimiento de la pensión de la peticionaria
arroja conclusión favorable, en cuanto se evidencia la generación de un
perjuicio irremediable, al afectarse el mínimo vital en razón de la
discapacidad para trabajar de la demandante, lo que le impide percibir así
fuere el salario mínimo, resultando obvia la precariedad de los medios de
subsistencia de ella y de sus hijos.
Así
mismo, la señora es sujeto de especial protección, ya que con un porcentaje de
77.86% de pérdida de capacidad laboral, está imposibilitada para pervivir
dignamente, habiendo de otra parte acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el artículo 69 de la Ley 100 de 1993[14].
Determinado
como está que la pensión de invalidez, componente esencial de la seguridad
social, reafirma su rango fundamental por las dolorosas y frustrantes
circunstancias del caso, se impone además que la protección se conceda de
manera definitiva, por el rigor injustificado de obligar a una persona en
tamaña postración, a afrontar una acción ordinaria.
6.3.
En efecto, en las consideraciones precedentes se determinó que las exigencias
para el goce de la pensión de invalidez por enfermedad común, son actualmente
50 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración, y la pérdida de más del 50% de la capacidad laboral.
Con
relación a la capacidad laboral, se pudo constatar que el Grupo
Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Origen
de Seguros de Vida Alfa S. A., en abril 8 de 2009 (véase dictamen, fs. 17 a 19 cd. inicial), certificó a la actora un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 77.86%,
cuya calificación de origen fue enfermedad común, con fecha de estructuración
noviembre 6 de 2008, confirmándose el cumplimiento de este aspecto.
Acerca
de las semanas cotizadas, obra en el expediente la “Relación Histórica de
Movimientos”, documento emitido por Porvenir, del cual se desprende que en
el período comprendido entre noviembre 6 de 2005 y noviembre 6 de 2008, la
señora María Ivonny Hurtado Benítez cotizó a pensiones 162 semanas en los
últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,
entendiéndose así cumplida tal previsión.
En
cuanto al 20% de “fidelidad al sistema”, no existe en el ordenamiento
jurídico nacional, pues fue excluido por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-428 de julio 1° de 2009, y venía siendo objeto de excepciones de
inconstitucionalidad, de manera que Porvenir erró al exigir tal “fidelidad”.
Ya
quedó explicado que, independientemente de la fecha de estructuración de la invalidez,
la exigencia de ese 20% de “fidelidad” resulta inconstitucional en todo
caso y, por ende, no ha de ser requerida.
6.4.
Como corolario de la argumentación expuesta, en el presente proceso se constató
el cumplimiento cabal de los requisitos por parte de la actora, condición que
hace plenamente exigible la obligación del pago de la pensión solicitada a la
Administradora de Fondos Porvenir S. A..
De
manera tal, los derechos a la dignidad humana, a la seguridad social, a la
vida, a la salud y al mínimo vital, sí fueron vulnerados por Porvenir, al negar el reconocimiento de
la pensión de invalidez a la señora María Ivonny Hurtado Benítez.
6.5. Por ende, será revocada
la sentencia proferida en agosto 19 de 2010, por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Medellín[15], que confirmó la dictada
en julio 16 del mismo año por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la misma
ciudad, denegando la tutela impetrada,
cuando ha debido concederse.
En su lugar, se dispondrá que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, si no lo ha efectuado, expida
la resolución de reconocimiento y empiece a pagar la reclamada pensión de
invalidez a la señora María Ivonny Hurtado Benítez,
sin perjuicio de que en ese mismo término deba cubrir los valores causados
desde noviembre 6 de 2008, fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral.
III.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por  mandato  de la Constitución,
RESUELVE
Primero:
REVOCAR la sentencia proferida en agosto 19 de 2010, por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que confirmó la dictada en
julio 16 del mismo año, por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la misma
ciudad, que denegó la tutela impetrada
por la señora María Ivonny Hurtado Benítez.
Segundo: En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la dignidad humana, a la seguridad social, a la vida, a la salud y al
mínimo vital de María Ivonny Hurtado
Benítez, ordenando que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S. A., por conducto de su representante legal o quien haga
sus veces, si no lo ha efectuado, expida la resolución de reconocimiento y
empiece a pagar la reclamada pensión de invalidez a la señora Hurtado Benítez, debiendo cubrir en ese mismo
término los valores causados desde noviembre 6 de 2008, fecha de estructuración
de la pérdida de la capacidad laboral.
Tercero: Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]“La
seguridad social, para Jambu-Merlin, nace a partir de 1941 de los siguientes
factores: a) Una terminología. En 1935 es votada, en Estados Unidos, La Social Security Act. Esta expresión se introdujo rápidamente en los países angloparlantes y
después se extendió al mundo entero. b) Un acontecimiento político y militar.
La guerra de 1939 a 1945…  los gobiernos saben que una de las condiciones de un
esfuerzo bélico y un esfuerzo de reconstrucción será la implementación de una
sociedad más justa, más segura y de una democracia más social… la Carta del Atlántico del 12 de agosto de 1941, contiene, resultante de la petición de
Churchill, un parágrafo sobre la necesidad de extensión de la seguridad social
a todos. Lo mismo en la declaración de Filadelfia de la OIT, de 10 de mayo de 1944. c) Una necesidad social… las necesidades más vivas en materia de
seguridad y de salud… hacen posible que aparezca una idea completamente
ignorada a principio de siglo: la protección social debe extenderse a todos… d)
Un documento británico… es, en cierta medida, la conjunción de los tres
elementos precedentes, la que conduce al gobierno británico a confiar, en mayo
de 1941, a Sir William Beveridge la misión de estudiar la transformación de las
instituciones de protección social.” Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción
al Derecho Mexicano. Derecho de la Seguridad Social. Edit. Universidad Autónoma de México. México D. F., 1981, pág. 27.
[2] Seguridad Social. Un
nuevo Consenso. Conferencia N° 89 de la OIT, compilación de 2002, pág. 1.
[3]
Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.”
[4] SU-544 de mayo 24 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[5]
T-124 de marzo 29 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6]
Cfr. T-1291 de diciembre 7 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-138
de febrero 17 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
[7]
Cfr. T-442 de abril 30 de 2008, T-271 de abril 13 de 2009 y T-561 de julio 7 de
2010, en las tres M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[8]
Cfr., entre otras, T-1128 de noviembre 3 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1013 de octubre 16 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-442 de 2008, T-271 de 2009 y T-561 de 2010, precitadas.
[9]
C-1056 de noviembre 11 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, en la cual se
expuso: “Por lo que hace al artículo 11, no fue incluido en la ponencia
para Segundo Debate en el Senado (Gaceta del Congreso N° 616), ni… fue aprobado
en el Senado de la República, según el texto definitivo del proyecto publicado
en la Gaceta del Congreso N° 161 de 14 de abril de 2003 pagina 5. Este artículo
fue introducido… durante el debate en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, por el representante Manuel Enríquez Rosero
como Proposición Aditiva N° 22 (Cuaderno N° 4, pruebas enviadas por la Cámara de Representantes). Es decir, el citado artículo 11 de la ley 797 de 2003, tan solo
fue objeto de aprobación en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes y sobre él no se decidió ni por las Comisiones Séptimas en las sesiones conjuntas,
ni tampoco por Senado de la República, no obstante lo cual fue sometido a
conciliación y así se dio por aprobado en el texto de la ley…”
[10]
La demanda atacó los numerales 1° y 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, por considerar que contrariaban “el principio de progresividad contenido
en el artículo 48 de la CP, al establecer unos requisitos para acceder a la
pensión de invalidez más gravosos que los que exigía el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.” Además, se adujo que violaban “el artículo 53 de la Constitución pues la reforma se mostró regresiva frente a la protección otorgada por la
legislación anterior, sin que exista un propósito constitucional importante que
justifique la medida.”
[11]
Carga que consiste en propender hacia reformas cada vez más incluyentes y que
amplíen los niveles de cobertura y calidad de la seguridad social en el país,
por lo cual, en virtud de dicho principio, no pueden disminuirse derechos
ganados en materia de seguridad social, por lo general.
[12]
En conclusión, el estado actual de las exigencias para el reconocimiento y
consecuente pago de la pensión de invalidez, quedó así, a partir de la reforma
y de la declaratoria parcial de inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003: “Ley 860 de 2003, Artículo 1°.
El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener
la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado
al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. 2. Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. PARÁGRAFO
1. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. PARÁGRAFO
2. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
[13]
Cfr. T-069 de enero 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-974 de septiembre 23 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1291 de diciembre 7° de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-221 de marzo 23 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-043 de febrero 1° de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-699 A de septiembre 6° de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-580 de julio 30 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; y
T-628 de agosto 15 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[14]
“Art. 69 L. 100/93: Pensión de Invalidez. El estado de invalidez, los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su
calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por
las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente
ley.”
[15]
Confróntese que la sentencia T-114 de 2000, citada por dicho despacho en
sustento de sus consideraciones,  versa sobre nombramientos provisionales y, en
todo caso, se halla fuera del contexto analizado.