T-387-07
Sentencia T-
Sentencia T-387/07
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Recuento histórico de
la jurisprudencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA-Inmediatez
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Razonabilidad y proporcionalidad del
término
ACCION DE
TUTELA-Inaplicación excepcional de la inmediatez
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procede si se
utilizaron recursos de ley dentro del proceso/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos formales para la procedencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO
HIPOTECARIO-No procede por no haberse utilizado los
recursos de ley dentro del proceso ejecutivo
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Defectos
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo
VIA DE HECHO-Defecto sustantivo
Referencia:
expediente T-1455769
Acción de tutela
instaurada por Graciela Camacho de Carrero, Marlene Carrero, María Yolanda
Carrero, Patricia Carrero y Luís Alfonso Carrero contra el Juzgado Civil del
Circuito de la Mesa y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos
mil siete (2007).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido el 21 de junio de 2006 en primera instancia por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia y del fallo proferido el 23 de agosto de
2006 en segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia dentro de la acción de tutela instaurada por Graciela Camacho de
Carrero y otros contra el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa y la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
El 2 de julio de 1999 los señores Graciela
Camacho y Luis Alfonso Carrero celebraron contrato de compraventa sobre un bien
inmueble ubicado en la Mesa (Cundinamarca)[1] con Claudia
Lucy Valderrama y José González, el cual protocolizaron mediante escritura
pública 1137 de la Notaría Única de la Mesa de la misma fecha[2].
Sobre el inmueble en mención los aquí vendedores previamente habían constituido
hipoteca abierta a favor de la Caja Agraria[3].
1.2.
A raíz de las diferencias surgidas con
ocasión del contrato de compraventa, las partes celebraron acuerdo de
conciliación ante el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa el 2 de julio de
1999[4]
dentro del proceso ordinario de Graciela Camacho y otro contra Claudia Lucy
Valderrama y otro. Los compradores se obligaron a cancelar la suma de
$50,000.000 a los vendedores, y estos – a su turno – se obligaron a cancelar la
hipoteca que pesaba sobre el inmueble vendido. Para el cumplimiento de estas
obligaciones se fijo un plazo de 6 meses, por lo cual el mismo se vencía el 1
de enero de 2000[5]. En el acta de
conciliación se lee:
“…De acuerdo con lo anterior
las partes se comprometen a lo siguiente: los demandantes Graciela Camacho de
Guerrero y Luís Alfonso Carrero Martínez reciben el apartamento prometido en
venta ubicado en el Municipio de Anapoima, las partes suscribirán en esta misma
fecha ante la Notaría Única de Anapoima, la escritura que perfeccione la
compraventa de la casa No. 6 del Condominio La Victoria ubicado en el municipio
de La Mesa, se corrige que la escritura se suscribirá en la Notaría Única de la
Mesa, para lo cual concurrirán a las 2 pm. Los demandantes solicitarán a
terminación de los procesos ejecutivos que cursan en este mismo Juzgado,
reciben el apartamento que había sido prometido en venta en el Municipio de
Anapoima y se comprometen a cancelar la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000.oo) como saldo por el valor de la casa en el término de seis meses
contados a partir de la fecha. Se aclara que en el caso de producirse la venta
del apartamento en un término inferior se cancelarán a los vendedores los
$50.000.000.oo correspondientes al saldo del valor de la casa. Los vendedores
aquí demandados dejan constancia de que la casa se encuentra actualmente
hipotecada por la Caja Agraria y se comprometen a levantar la hipoteca tan
pronto reciban los $50.000.000.oo de manos de los compradores”[6].
1.3.
Los compradores acudieron ante la Caja
Agraria para solicitar la cancelación de la hipoteca, pues aducen que por la
época del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la conciliación los
vendedores no se encontraban en el país por lo cual no les pudieron efectuar el
pago a estos ni a su representante por no haber sido designado alguno[7].
1.4.
El 15 de septiembre de 2000 la Caja Agraria
respondió mediante comunicación No. 13092 a Graciela Camacho sus solicitudes
del 10 de marzo de 2000 y 27 de junio de 2000 en relación con la cancelación de
la hipoteca[8]. En la mencionada
comunicación la entidad de crédito informó que el Comité de Cartera aprobó la
solicitud de cancelación de la hipoteca siempre y cuando fuera pagada la suma
de $45’000,000 antes del 30 de septiembre de 2000[9].
Por esta razón, los compradores decidieron consignar el monto señalado el 27 de
septiembre de 2000 a favor de la Caja Agraria[10], dinero que
fue aplicado a la obligación No. 23207 a cargo de la señora Claudia Lucy
Valderrama[11], “con el fin de liberar
parcialmente el gravamen hipotecario constituido sobre la casa número 6 ubicada
en la Calle 4 A No. 30-89 de la Mesa” [12].
1.5.
La hipoteca fue cancelada el 26 de junio de
2004[13], para lo cual los
compradores aducen haber invertido más de $5’000.000, por las dificultades que
se presentaron para lograr dicha cancelación.
1.6.
El bien inmueble fue adjudicado dentro del
proceso de sucesión del señor Luis Alfonso Carrero a sus cuatro hijos Marlene
Carrero, María Yolanda Carrero, Patricia Carrero y Luís Alfonso Carrero, y se
constituyó derecho real de usufructo a favor de la señora Graciela Camacho de
Carrero.
1.7.
El 15 de junio de 2004 Claudia Lucy
Valderrama y José González (vendedores) instauraron demanda ejecutiva ante el
Juzgado Civil del Circuito de la Mesa (Cundinamarca) contra Graciela Camacho y
Luis Alfonso Carrero (compradores) con base en acta de conciliación del 2 de
julio de 1999 para solicitar el pago de la suma de $50’000,000 más los
intereses corrientes y moratorios que se hubieren causado. Dentro de este proceso
se registran las siguientes actuaciones:
1.7.1.
El siete (7) de julio de 2004 el Juzgado
Civil del Circuito de la Mesa libró mandamiento de pago por la suma señalada, y
ordenó el embargo y secuestro del inmueble[14]. El 30 de
julio de 2004 se procedió al embargo del bien inmueble. El 5 de noviembre de
2004 se realizó la diligencia de secuestro[15].
1.7.2.
Los ejecutados propusieron excepciones de
pago y compensación por el total adeudado. De una parte, la excepción de pago
la fundamentaron en la consignación que hiciera Graciela Camacho a favor de la
Caja Agraria por valor de $45’000.000, y que fue aplicada a la obligación No.
23207 a cargo de la señora Claudia Lucy Valderrama debido a la imposibilidad
aducida por los compradores de localizar a los vendedores para pagarles
directamente y precaviendo una posible acción ejecutiva en su contra por parte
de la entidad financiera. Por su parte, alegaron la excepción de compensación
por valor de $5’000.000 con base en “los gastos generados con todo lo
concerniente a la cancelación de la hipoteca”[16], lo cual se
produjo hasta el 25 de junio de 2004.
1.7.3.
Los vendedores al pronunciarse sobre las
excepciones propuestas manifestaron que la excepción de pago era improcedente
por cuanto el dinero adeudado nunca fue entregado a los vendedores y que nunca
autorizaron a los compradores a la cancelación de sus deudas con la Caja
Agraria. En relación con la compensación, los vendedores manifestaron que la
misma no era procedente por cuanto no detentaban el carácter de deudores de los
compradores, por lo cual no había lugar a la aplicación de esta figura
jurídica.
1.7.4.
El Juzgado Civil del Circuito de la Mesa en
sentencia de primera instancia del primero de julio de 2005[17]
declaró probada la compensación de la obligación por valor de $45’000,000, y
condenó a los ejecutados al pago de $5’000,000 más los intereses de mora
causados a partir del 2 de enero de 2000.[18]
1.7.5.
Los ejecutados apelaron la decisión de
primera instancia al considerar que no había lugar a que se les condenará por ninguna
suma puesto que dentro del trámite de cancelación de la hipoteca debieron
incurrir en gastos por un valor superior a $5’000,000.
1.8.
La Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca mediante sentencia del 16 de marzo de 2006[19]
reformó la sentencia de primera instancia y condenó a los ejecutados al pago de
$50’000.000 más los intereses civiles al considerar que el pago efectuado por
los compradores no se efectuó a quien se debía (los vendedores) y por lo tanto
no podía reputarse como válido[20]. En concepto de la
segunda instancia, la posible ausencia de los acreedores no justificaba el pago
efectuado a la Caja Agraria pues la ley dispone en ese tipo de casos la figura
jurídica del pago por consignación, regulado por el artículo 1656 y siguientes
del Código Civil.
2.
Acción de tutela[21]
La señora Graciela Camacho y sus cuatro
hijos, todos mayores de edad, instauraron acción de tutela contra el Juzgado
Civil del Circuito de la Mesa y la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, al considerar que en las sentencias de
primera instancia del primero de julio de 2005 y de segunda instancia del 16 de
marzo de 2006 proferidas por dichas instancias judiciales (respectivamente) se
configuraron sendas vía de hecho y, en consecuencia, se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.
En relación con la sentencia de primera
instancia del primero de julio de 2005, estiman los accionantes que la vía de
hecho se configura cuando el juzgado decide declarar de manera oficiosa la
excepción de compensación de la obligación por valor de $45’000.000 lo que no
es permitido a la luz del artículo 306 del CC puesto que este artículo prohíbe
la declaración de oficio de la compensación, por lo cual en la mencionada
providencia se constituyó un defecto procedimental. A partir de lo anterior,
concluyen los accionados que:
“(…) con el actuar del
a quo, se conculcó fragante y abiertamente el debido proceso y el derecho a la
igualdad, al contar no con el deber de brindar un manejo procedimental
igualitario a todos los asuntos puestos a su conocimiento y estudio para
administrar justicia dentro de los postulados de recta y adecuada impartición
de ésta”.
“Contrariando lo
estipulado expresamente en el artículo 306 inciso primero del estatuto procesal
civil, desligándose totalmente de la proscripción procesal preexistente en el
ordenamiento, sin motivación previa alguna, la cual de haberla hecho, en
procura de la VERDAD tanto real así como formal y especialmente en aras de
impartir RECTA JUSTICIA (…)”
Estiman los accionantes que la sentencia en
mención adolece de defecto sustantivo pues, en su concepto, el juez de primera
instancia interpretó de manera incorrecta los artículos 1625, 1626, 1635 y
1645, y el inciso segundo del artículo 1634 del CC, ya que en consideración a
las circunstancias particulares que rodearon la consignación de $45’000,000 a
favor de la Caja Agraria el juez debía reconocer que había operado el pago de
la obligación.
En criterio de los accionantes, en la
providencia de primera instancia se incurrió en un defecto fáctico puesto que
el juez no valoró adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente, pues “no
se percató del valor real de las pruebas, tales como connotar con la especial
importancia que reviste el hecho de la ausencia de los vendedores al
vencimiento del plazo pactado en la conciliación con las demás pruebas y hechos
conocidos”.
Agregan además los accionantes que en la
sentencia de primera instancia se incurrió en un “error inducido” por cuanto
“los ejecutantes impelieron a equívocos a la autoridad falladora, insistiendo
en el desconocimiento del pago efectuado a la CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN,
circunstancia que les convenía para llevar a error a la autoridad de
conocimiento y de hecho alcanzaron lo propuesto por cuanto la Señora Juez no
dio por probada en la parte resolutiva de la excepción de pago y de otras
particulares que finalmente significaron una posible apreciación errónea del
caso, todo ello como consecuencia obvia de la presunta comisión de las
conductas punibles de fraude procesal, falso testimonio y estafa en las que han
podido incurrí los demandantes y lo cual es materia de investigación por parte
de la autoridad instructora competente” (mayúsculas en el texto original).
En relación con la sentencia de segunda
instancia, los accionantes consideran que
“(…) la Sala desconoció
el prudente análisis crítico que debió ejercer sobre el acervo probatorio
existente en el expediente (…) se apartaron indebidamente los magistrados de
los claros precedentes jurídicos y fácticos del proceso ejecutivo e imponiendo un
tratamiento hermenéutico desconociendo la razonabilidad a que están sometidos
los jueces de la República en su relativa discrecionalidad interpretativa de
los textos legales en el instante de aplicar la ley al debate en particular”.
En su criterio, el Tribunal ha debido
convalidar el pago efectuado a la Caja Agraria por parte de los compradores
puesto que el artículo 1635 CC establece que el pago es válido a persona
diferente del acreedor si se efectúa a quien le sucede. En este caso, teniendo
en cuenta que los vendedores constituyeron hipoteca abierta a favor de dicha
entidad financiera era válido el pago que a ésta última hicieran los
compradores, como efectivamente ocurrió. En su criterio, es equivocada la
posición del Tribunal según la cual lo que correspondía era que ante la
ausencia de los vendedores en Colombia los compradores iniciaran proceso civil
de pago por consignación.
En concepto de los accionantes, el pago
efectuado a la Caja Agraria es válido por dos razones. En primer lugar por
cuanto el mismo fue reconocido de manera tácita por los vendedores en el
interrogatorio de parte que se llevara a cabo en el proceso ejecutivo. En
segundo lugar, porque el mismo se realizó a quien sucedía legítimamente en el
crédito “bajo título legítimo de entidad acreedora del derecho real de hipoteca
que habían constituido aquellos ciudadanos a su favor”. Estiman que
“(…) la vía mas
recomendable y acertada fue la seguida por los compradores del inmueble, al
pagar a la acreedora hipotecaria, decisión adoptada al fracasar las labores
encaminadas a la consecución de los vendedores por las razones conocidas
ampliamente hoy en día, evitando el peso de un proceso ejecutivo con título
hipotecario en contra de los propietarios inscritos del inmueble garante de la
hipoteca, a quien la ley procesal civil {artículo 554 del inciso cuarto y
parágrafo} autoriza a ser perseguido así no cuente con la calidad del
hipotecante, pero por ser nudo propietario se deberá demandar y responderá con
la garantía real, situaciones desapercibidas igualmente por la Sala de
conocimiento del Tribunal” (subraya en el texto original)
Igualmente, los accionantes estiman que en
la sentencia de segunda instancia se incurrió en un defecto fáctico “a causa de
la nula apreciación en conjunto del acervo probatorio dentro de las directrices
trazadas por nuestra jurisprudencia y doctrina jurídica, limitando su estudio
aun minúsculo numero de probatoria, dejando de lado el sometimiento debido al
riguroso análisis de todas las pruebas, procediéndose a su calificación y
valoración respectiva en derecho”.
Por las mismas razones que en el caso de la
sentencia de primera instancia, los accionantes estiman que en la sentencia de
segunda instancia se configura una vía de hecho por “error inducido”.
Con base en las anteriores consideraciones,
los accionantes solicitan que se declare que las sentencias de instancia
dictadas en el curso del proceso ejecutivo singular incurrieron en vías de
hecho por las causales antes mencionadas.
3. Sentencias de tutela objeto de
revisión
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia concedió el amparo invocado por los accionantes mediante
sentencia de primera instancia del 21 de junio de 2006[22],
al considerar que se incurrió en una vía de hecho en la sentencia proferida en
segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal, en la medida en que se limitó
a verificar que el pago efectuado por los compradores se había efectuado a
persona diferente del acreedor, y por ende no podía reputarse como válido. En
criterio de la Sala de Casación Civil correspondía a la segunda instancia
analizar las circunstancias que rodearon el pago que determinaron que la señora
Graciela Camacho efectuara el pago directamente a la Caja Agraria. En
consecuencia, la Sala de Casación Civil ordenó al Tribunal pronunciarse de
nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia de primera instancia en el curso del proceso ejecutivo singular, así:
“Conceder el amparo
constitucional  solicitado por Graciela Camacho de Carrero, Marlene Carrero de
Vargas, María Yolanda Carrero de López y Patricia y Luis Alfonso Carrero
Camacho en protección del derecho a la defensa y debido proceso frente al
tribunal superior de distrito judicial de Cundinamarca, sala civil-familia-
agraria.
“En consecuencia, revocase
el fallo del 16 de marzo del año en curso proferido por el tribunal accionado,
que a su turno modificó el de primera instancia, y en su lugar se ordena a la
citada corporación que provea nuevamente sobre el recurso de apelación a su
conocimiento, atendiendo a todas las circunstancias con algún influjo en la
resolución del asunto, según lo expuesto en la parte considerativa de este
proveído”. (Subraya por fuera del texto original).
Los accionados, Claudia Lucy Valderrama y
José González- obrando a través de apoderado judicial- interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia de tutela de primera instancia al considerar que
“la anterior decisión se basó principalmente, según las consideraciones de
dicho fallo, en apreciaciones puramente subjetivas de quienes integraron la
Sala que resolvió la acción de tutela, y no en el material probatorio aportado
al proceso ni en las normas legales aplicables al caso” en la medida en que la
Caja Agraria no era un diputado para el pago a favor de los aquí accionados.
Agregan que siendo parte del proceso ejecutivo singular en calidad de
ejecutantes “no se ve la razón para que mis mandantes no hubieran sido citados
al proceso [de tutela] para que hicieran valer sus derechos”, según lo cual
“esta omisión configura la causal de nulidad de lo actuado por violación del
debido proceso”. En este orden de ideas, los accionados solicitaron a la Sala
Laboral de la Corte “declarar la nulidad de  lo actuado en dicho proceso de
acción de tutela, a fin de dar oportunidad a la que parte que represento de
intentar su defensa”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia revocó mediante sentencia del 23 de agosto de 2006 la
sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que la tutela resulta
improcedente cuando con ella se persiga dejar sin validez una providencia
judicial, tal como acontece en la tutela promovida por Graciela Camacho de
Carrero y otros contra las sentencias proferidas por las entidades accionadas
en el proceso ejecutivo promovido en su contra por Claudia Lucy Valderrama y
José González.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2.
Problema jurídico
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia (en primera instancia) concedió la tutela de los derechos
fundamentales al estimar que se había configurado una vía de hecho en la
sentencia de segunda instancia, por cuanto en ella el análisis se limitó a
establecer si el pago era válido o no, sin tener en cuenta el acervo probatorio
obrante en el expediente que exigía tomar en consideración las circunstancias
en las cuales la señora Graciela Camacho efectuó la consignación a la Caja
Agraria por valor de $45’000.000. En consecuencia, la Sala de Casación Civil
dispuso dejar sin efectos la sentencia del 16 de marzo de 2006 proferida en
segunda instancia por el Tribunal y ordenó resolver el recurso de apelación
interpuesto por las dos partes contra la providencia proferida por el Juzgado
Civil del Circuito de la Mesa en primera instancia. Por su parte, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de tutela
al considerar que la acción resulta improcedente cuando con ella se persiga
dejar sin validez una providencia judicial.
A partir de estos antecedentes, como
cuestión previa esta Sala de Revisión deberá establecer si era necesaria la
vinculación de los accionados a la acción de tutela en primera instancia,
puesto que los mismos solicitaron la declaratoria de nulidad de todo lo actuado
a partir de la notificación de la acción. De no accederse a la solicitud de
nulidad, se entrará a determinar si en el asunto de la referencia es procedente
la acción de tutela contra las sentencias de primera y segunda instancia
dictadas dentro del proceso ejecutivo adelantado por Claudia Lucy Valderrama y
José González contra los accionantes.
Así, pues, en el presente proceso la Sala
de Revisión deberá resolver los siguientes interrogantes:
¿Constituye una vía de hecho la decisión
del Juzgado Civil del Circuito de la Mesa dentro del proceso ejecutivo
adelantado por Claudia Lucy Valderrama y José González contra Graciela Camacho
y Luis Alfonso Carrero según la cual (i) operó la compensación por $45’000,000
de la obligación a cargo de Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero por el pago
que estos efectuaran por dicho valor de la obligación de Claudia Lucy
Valderrama con la Caja Agraria; y (ii) se condenó a Graciela Camacho y otros al
pago de $5’000.000 más los intereses generados desde la constitución en mora
por no encontrarse debidamente demostrado que dicha suma hubiera sido cancelada
a Claudia Lucy Valderrama y José González?
¿Constituye una vía de hecho la decisión de
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
dentro del proceso ejecutivo adelantado por Claudia Lucy Valderrama y José
González contra Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero mediante la cual se
condenó a los ejecutados al pago de $50’000.000 más los intereses civiles al
considerar que el pago efectuado por los estos no se efectuó a quien se debía?
3.
Notificación de la tutela
La Corte Suprema de Justicia mediante auto
del ocho (8) de junio de 2006[23] ordenó tramitar la
acción de tutela de la referencia, y comunicarle a los señores Claudia Lucy
Valderrama y José González la instauración de dicha, demandantes dentro del
proceso ejecutivo No. 2004-0084, para que así pudieran ejercer sus derechos de
defensa y contradicción[24]. En cumplimiento de lo
dispuesto en el auto en mención, con fecha del 9 de junio de 2006 la Secretaria
de la Sala de Casación Civil envió telegrama a Claudia Lucy Valderrama y José
González con el fin de enterarlos de la instauración de la acción de tutela. No
obstante las anteriores comunicaciones, los ejecutantes no participaron en el
curso de la primera instancia.
Posteriormente, mediante telegrama[25]
la Secretaria de la Sala de Casación Civil informó a Claudia Lucy Valderrama y
José González la decisión adoptada en primera instancia, el cual fue recibido
en el domicilio de estos el 22 de junio de 2006.[26]
En virtud de la anterior comunicación
Claudia Lucy Valderrama y José González, mediante escrito recibido el 28 de
junio de 2006 en la Secretaria de la Sala de Casación Civil, interpusieron
recurso de apelación contra la sentencia de tutela de primera instancia.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala
queda claro que los señores Claudia Lucy Valderrama y José González,
ejecutantes dentro del proceso ejecutivo en el cual se profirieron las
providencias que mediante la presente acción de tutela se acusan, tuvieron
conocimiento de la misma desde la primera instancia, y por lo tanto no habrá
lugar a declarar la nulidad del proceso.
Sin perjuicio de lo
anterior, reitera la Sala que cuando la acción de
tutela ha sido presentada contra una providencia judicial, la Corte ha dicho
que no existe un deber de notificación a las partes del proceso dentro del cual
se profirió la providencia atacada por vía de tutela, puesto que en la tutela
el demandado es el órgano judicial que emitió la providencia acusada de ser una
vía de hecho[27]. Así, obsérvese como en
el presente caso Graciela Camacho de Carrero y otros promovieron la acción de
tutela solamente contra el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa y la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y no contra
Claudia Lucy Valderrama y José González, por lo cual no existía un deber por
parte de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia de ponerla en conocimiento de los ejecutantes. No obstante,
podía hacerlo, como en efecto sucedió.
4.
Reiteración de jurisprudencia: procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales.
Vistos los antecedentes, la Sala de
Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido
abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la
acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales? Es
necesario abordarlo en éste caso dado que la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia fundamentó su decisión de segunda instancia en que, a su juicio, la
acción de tutela es improcedente contra decisiones judiciales.
4.1.
Como ya fue dicho por esta Sala en otra
ocasión,[28] la sentencia C-543 de
1992[29] estudió la
constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas
que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas,
por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la
Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de la Sala Plena
de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues matizó sus
efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de
tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran
revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho.
Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992:
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Esta decisión ha sido interpretada por la
jurisprudencia constitucional, que desde entonces ha venido desarrollando el
tema. Así, en la sentencia T-079 de 1993[30] se consideró,
con base en la sentencia C-543 de 1992[31] lo siguiente:
“Una actuación de la
autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
“Carece de fundamento
objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley.
La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva
y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones
públicas (CP Art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP
Art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores
públicos (CP Arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional
solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo.
Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP Art. 13), principio que
le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un
verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos,
quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar
arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar
a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de
Derecho que les da su legitimidad”.[32]
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, han decidido aplicar en los casos
concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de
1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la
Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo solicitado por el
accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el
recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de
Procedimiento Civil[33]. Al respecto también es
preciso citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del
magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la sentencia C-543 de
1992–, se consideró lo siguiente,
“Siendo providencias
judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone
verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la luz
de las normas fundamentales.
“(…)
“Según la doctrina de
la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la
Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la
acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos
constitucionales en defensa de la persona.
“(…)
"Así, pues -ha
concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas
por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".
“Ha agregado que, por
tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción
la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros
llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los
derechos, es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a
la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción
de tutela".
“(…)
“No obstante, la regla
general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite
excepciones que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional
en la misma sentencia referida y en fallos posteriores.
“(…)
“En ese orden de ideas,
la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque
pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser
atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho”.
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia SU-1184 de
2001[34] se afirmó:
“La Corte
Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de
tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo
que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en
particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar
que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[35],
en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los
cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
4.2.
Por lo tanto, coincide parcialmente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando ésta configure una vía de
hecho.
En cambio, coincide plenamente esta Sala de
Revisión con la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso, la cual, en lugar de descartar de
manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, verificó si en el caso concreto ésta era procedente. La diferencia
entre la posición adoptada por la Sala de Casación  Laboral, por un lado, y la
Sala de Casación Civil, por otro, estriba en que mientras la primera sostiene
que la acción de tutela nunca procede contra providencias judiciales, la
segunda estima que en ciertos casos excepcionales, cuando se reúnen estrictos
requisitos, ella sí procede contra providencias judiciales[36],
acogiendo entonces la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
4.3.
El artículo 86 de la Constitución dice que
la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los
jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal
forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha
proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo
sentido[37].
No desconoce esta Sala de Revisión que una
sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia
Corte Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la
propia Corte Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al
alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 CP), constituye un derecho
viviente.[38]
4.4.
De igual forma, antes de pasar a analizar
los argumentos del accionante en contra de los proveídos del Juzgado Civil del
Circuito de la Mesa y de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, la Sala considera pertinente señalar que el concepto
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha
evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se
fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no
“(…) sólo se trata de
los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[39]
En este caso (T-1031 de 2001) la Corte
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”.
Este avance jurisprudencial ha llevado a la
Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho
por la de causales genéricas de procedibilidad.” Así, la regla
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
“Por lo anterior, todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad;
es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii)
error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”[40].
Esta posición fue reiterada en la sentencia
T-200 de 2004,[41] caso en el que se
confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de
conceder una tutela por haberse incurrido en una vía de hecho.[42]
4.5.
Adicionalmente, la sentencia C–590 de 2005[43],
declaró inconstitucional la expresión “ni acción” que hacía parte del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha
expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de
supremacía de la Constitución (Art. 4º CP), al restringir el alcance de un
mecanismo constitucional que como la acción de tutela fue diseñado para la
protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad
pública” (artículo 86 CP). La Corte distinguió en este fallo que tiene
efectos erga omnes que una cosa es que el legislador no permita la
utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso
extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de
configuración, y otra muy distinta es que excluya la procedencia de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de
los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad
pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades judiciales.
De esta manera, en una sentencia que
produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido
adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y
estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la
interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas
las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
Sin perjuicio
de lo anterior, considerar la Sala que es pertinente resaltar que la presente
acción de tutela no se pretende resolver un conflicto originados en relaciones
contractuales, caso en el cual la Corporación ha sostenido sobre la
improcedencia de la acción, sino determinar si en las sentencias de primera y
segunda instancia se configuraron sendas vías de hecho. En este orden de ideas,
la Sala reitera la jurisprudencia según la cual
"Las diferencias
surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un contrato no constituyen
materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por la vía de la
tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos toda vez que
quien se considere perjudicado o amenazado en sus derechos goza de otro medio
judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su
naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia estatuidas en la
ley"[44].
5.
Verificación de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela: inmediatez y subsidariedad.
La Corte encuentra que antes de analizar la cuestión de
fondo es preciso verificar la concurrencia de dos elementos en cada caso. De
una parte, la inmediatez de la acción de tutela. De otra parte, que el
accionante no cuente con otros medios de defensa judicial y que hubiese
ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de forma tal que la
acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir términos  u
oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las partes.[45]
Una vez constatado por parte del juez constitucional la
concurrencia de las condiciones mencionadas, corresponde a éste analizar la
cuestión de fondo, esto es, si la providencia que se ataca constituye una vía
de hecho. A continuación, se profundiza en cada una de las premisas
mencionadas.
5.1.
La inmediatez de la acción de tutela
El requisito de la inmediatez para la correcta
interposición de la acción de tutela exige que la acción sea presentada de
manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de
los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos.[46]
Sobre este aspecto, la Corporación sostuvo en sentencia T-778 de 2004[47]
que
“(…) se debe insistir
en la relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador
de los derechos fundamentales, atendiendo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad[48]. Al respecto, se ha
establecido que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales
cuando el paso del tiempo es tan significativo que resulta claramente
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía
de la acción de tutela[49]. En el presente caso se
ha cumplido el principio de inmediatez, en la medida en que la tutela se
interpuso a los pocos meses de proferida la sentencia del Tribunal”.
Ahora bien, dicha inmediatez no necesariamente significa
que la interposición de la acción de tutela debe efectuarse sin mediación de un
intervalo de tiempo entre la causa que da lugar a la interposición de la tutela
y ésta, ya que, por ejemplo, el accionante puede intentar por medios diversos a
la tutela que cese la vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales. Es
así como la Corte ha analizado que en ciertas ocasiones “existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes”,[50] y en consecuencia, ha admitido la
procedibilidad de la tutela cuando ha transcurrido un período de tiempo entre
las acciones u omisiones que dan lugar a la tutela y el momento de
interposición de ésta, siempre que el ejecutado haya acudido sin éxito a los
mecanismos procesales ordinarios:
“Cabe señalar que en el
presente caso la prosperidad de la acción de tutela no riñe con el principio de
inmediatez que rige este mecanismo de amparo constitucional, a pesar de que las
providencias judiciales controvertidas datan del 2 de octubre de 2001 y del 9
de septiembre de 2002, puesto que el proceso ejecutivo sigue en curso y desde
entonces la parte demandada ha intentado defender sus derechos fundamentales a
través de los mecanismos procesales ordinarios, sin ningún éxito; no es de
recibo este argumento que sirvió de base para que el juez de primera instancia
en sede de tutela denegara el amparo solicitado”.[51]
En el presente proceso de tutela se tiene
que los accionantes interpusieron la acción el ocho (8) de mayo de 2006, esto
es, alrededor dos meses después de proferida la sentencia de segunda instancia
del 16 de marzo de 2006, y que es precisamente una de las providencias en las
cuales – en concepto de los  accionantes – se configuró la vía de hecho que
vulnera sus derechos fundamentales. De acuerdo a lo expuesto, la acción de
tutela de la referencia cumplió con el requisito de inmediatez.
5.2.
La acción de tutela contra providencias
judiciales procede cuando el accionante ha ejercido los recursos legales
disponibles dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad,
la Corte de manera reiterada ha sostenido que es deber del accionante alegar
previamente la violación de derechos fundamentales en el curso del proceso.[52]
En relación con no la procedibilidad de
la acción de tutela cuando el accionante no ha ejercido los recursos previstos
en el respectivo proceso judicial, la Corte ha afirmado:
“De manera reiterada,
la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella,
se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la función estatal de
administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un
mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente
a la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos
y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas
personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica mediante un
proceso judicial” (Subraya por fuera del texto original).[53]
Por su parte, la Sala Novena de Revisión
en sentencia T-598 de 2003 reiteró la improcedencia de la acción de tutela
cuando el accionante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios para la
defensa de los sus derechos, así:
“En cuanto a los
requisitos formales, la procedibilidad de la acción está condicionada a una de
las siguientes hipótesis: a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión
que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos
de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo
de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de
enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades
vencidas al interior de un proceso judicial. b) Sin embargo, puede ocurrir que
bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la
persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la
rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción. c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional”[54] (Subraya por
fuera del texto original).
En particular, tratándose de procesos
ejecutivos hipotecarios, la Corte mediante sentencia T-112 de 2003 afirmó:[55]
“Es dentro del proceso
ordinario correspondiente en el cual se estudia la controversia jurídica en el
cual las partes pueden ejercer su derecho de contradicción manifestando, dentro
de los términos establecidos, sus argumentos y contra argumentos frente al
asunto de la litis. Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, la acción
de tutela no está contemplada para subsanar las eventuales negligencias de las
partes dentro del proceso. De lo contrario se estaría atentando con el derecho
de defensa de la contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro del
escenario natural los argumentos de su contrario y en esa medida no los
controvirtió” (Subraya por fuera del texto original).
En consecuencia, en dicho caso la Sala
Sexta de Revisión negó el amparo solicitado al considerar que (i) la tutela no
es el escenario natural de discusión de la reliquidación de los créditos
hipotecarios sino la justicia civil ordinaria[56]; (ii) el
accionante no hizo uso de los mecanismos ordinarios previstos para la
protección de los mencionados derechos, particularmente el de controvertir la
liquidación del crédito efectuada por Colmena, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil; (iii) no obstante habérsele
comunicado al demandado la existencia de un proceso ejecutivo en su contra, el
mismo no acudió a defender sus intereses, de forma tal que fue preciso el
nombramiento de un curador ad litem dentro del proceso ejecutivo. Por tanto,
concluyó la Corte que “no se puede utilizar la tutela como medio paralelo a la
justicia ordinaria”.
La Corte ha reiterado la jurisprudencia
relativa a la improcedibilidad de la acción cuando el demandado en un proceso
ejecutivo – accionante de la tutela – no ha utilizado los medios legales
disponibles dentro de esta clase de procesos.
“La jurisprudencia de
la Corte también ha sido enfática en sostener que la controversia en sede de
tutela de las providencias judiciales no puede convertirse en un recurso o en
una instancia adicional.  El principio de autonomía judicial contenido en los
artículos 228, 230 y 246 Superiores, impide que el juez constitucional adelante
un control de legalidad sobre el procedimiento judicial, por lo que su
competencia se encuentra limitada exclusivamente a los conflictos de rango
constitucional que surjan de la actividad judicial.
“Así mismo, la
procedencia de este amparo se encuentra supeditada a que el accionante haya
acudido previamente a los mecanismo procesales previstos en el ordenamiento
jurídico para subsanar las irregularidades en las que pueda haber incurrido el
juez. Como mecanismo residual y subsidiario, la acción de tutela no puede
remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus
derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso
de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello.
En efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que:
“(...) si existiendo el
medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio,
pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que
sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional". (Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
“Por todo lo anterior,
y frente a cada caso en concreto, resulta indispensable analizar si el
peticionario ejerció en debida forma los medios procesales establecidos en el
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales cuyo amparo
solicita a través de la acción de tutela”. [57]
De manera que la Corte ha concluido que
“La acción de tutela no
procede para revivir oportunidades procesales que hubieran sido aptas para
subsanar los eventuales errores judiciales. En efecto, la incuria del apoderado
de la persona natural o jurídica afectada por la decisión judicial cierra la
posibilidad de procedencia de la tutela. Cada proceso judicial tiene
establecidos sus propios recursos para garantizar el derecho de defensa y
permitir, entre otras, que los jueces conozcan los cuestionamientos a sus
actuaciones; en caso de que se desaprovechen, se cierra la vía de la tutela”[58].
Recordada la doctrina pertinente, pasa la
Sala a aplicarla al caso concreto.
Resulta claro para esta Sala de Revisión
que la accionante, demandada dentro del proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado Civil del Circuito de la Mesa ha desplegado, a través de sus apoderados
judiciales, una gran actividad procesal, y que acude a la acción de tutela
después de haber utilizado los recursos disponibles para la defensa de sus
intereses, a saber:
[i] Se tiene que realizada la
notificación de la demanda, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320
del Código de Procedimiento Civil, la accionante y su esposo propusieron
excepciones previas - según lo dispone el artículo 92 del CPC, modificado por
el artículo 1 numeral 43 del Decreto 2282 de 1989- , alegando que se había
producido el pago y la compensación de la obligación por valor de $50’000,000.
[ii] En el curso del proceso
ejecutivo los ejecutados hicieron uso de las oportunidades procesales previstas
para la defensa de sus intereses como la petición de pruebas.
[iii] Una vez proferida la
sentencia de primera instancia, parcialmente desfavorable a los intereses de
los ejecutados, estos interpusieron el recurso de apelación, el cual fue
sustentado en la oportunidad procesal prevista para el efecto.
Obsérvese
adicionalmente que contra la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que en
criterio del accionante constituye una vía de hecho, no procede ningún recurso[59].
De forma que en el presente caso el actor no cuenta con un recurso ordinario
para controvertir la decisión de segunda instancia del Tribunal.
6.
Configuración de una vía de hecho por defecto
sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia ha indicado en varias
oportunidades los casos excepcionales en que procede la acción de tutela,
indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno
de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable
que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustenta la decisión (dimensión negativa) o cuando
juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar (dimensión
positiva); (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los
que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En
criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su
descalificación como acto judicial”.[60]
Por la
naturaleza de las alegaciones específicas que se plantean en la demanda de
tutela, es relevante que la Sala se pronuncie brevemente sobre el alcance de la
llamada “vía de hecho por defecto sustantivo”. En varios fallos
anteriores, la Corte ha delimitado el campo de aplicación de esta figura,
señalando por ejemplo que se presenta
“cuando en una
providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso,
cuando se realiza una interpretación de la normatividad  que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de
una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico” [61].
En la sentencia
SU-159 de 2002[62] se sintetizaron con
mayor precisión los rasgos fundamentales de esta figura, así:
“La Corte
Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[63],
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[64], (iii) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional[65],
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional[66] o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
Posteriormente,
en la sentencia T-462 de 2003,[67] la Corte explicó que
“(…) una providencia
judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.[68]
7.
El caso concreto: análisis de la presunta
vulneración del derecho al debido proceso en el presente caso por configuración
de vías de hecho en las sentencias dictadas en el curso del proceso ejecutivo
singular.
En relación con la forma de extinguir las
obligaciones el artículo del Código Civil establece que:
“Artículo 1625. Modos
de extinción. Toda obligación
puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo
capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se
extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o
pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la
compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de
la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración
de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de
la condición resolutoria.
10.) Por la
prescripción.
De la transacción y la
prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición resolutoria se ha
tratado en el título De las obligaciones condicionales”.
En el caso que nos ocupa la discusión
presentada en las sentencias de las respectivas instancias gira en torno a
determinar si la obligación se extinguió por pago y si este puede reputarse
válido o no. En particular, en la segunda instancia la Sala Civil del Tribunal
sostiene que la consignación efectuada por Graciela Camacho (compradora) a la
Caja Agraria, y que fue aplicada a la obligación a cargo de Claudia Lucy
Valderrama, no puede reputarse como un pago válido en la medida en que se
efectuó a quien no correspondía, con fundamento en lo establecido en el
artículo 1634 del CC que prescribe:
“Artículo 1634. Persona
a quien se paga. Para que el
pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se
entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aún a título singular),
o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona
diputada por el acreedor para el cobro.
“El pago hecho de buena
fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque
después aparezca que el crédito no le pertenecía”.
Pues en este caso procedía dar aplicación a
la figura civil del pago con subrogación, en primera instancia, autorizada por
el artículo 2454 especialmente para el caso que dio origen a la controversia, y
que daba lugar a que Graciela Camacho sustituyera a la Caja Agraria como
acreedor de los señores Claudia Lucy Valderrama y José González. En este orden
de ideas, una vez operada la subrogación legal, correspondía proceder a
compensar las obligaciones a cargo de los ejecutantes y los ejecutados que
hubieran sido debidamente acreditadas en el curso del proceso ejecutivo
singular.
En efecto, hay lugar a la subrogación
siempre que una persona remplaza a otra en uno o más derechos u obligaciones,
conforme lo establece el articulo 1666 del Código Civil “la
subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le
paga”, constituyéndose entonces el pago por subrogación cuando el acreedor
original es remplazado por otro que paga por el deudor, lo cual puede darse con
el consentimiento del deudor (subrogación convencional) o por el ministerio de
la Ley (subrogación legal)[69], siendo este último caso
expresamente regulado por el artículo 1668 del Código Civil de la siguiente
forma:
“Artículo
1668. Subrogación Legal.
Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aún contra la voluntad
del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a
beneficio:
1o.) Del acreedor que
paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca.
2o.) Del que
habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes
el inmueble está hipotecado.
3o.) Del que paga una
deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente.
4o.) Del heredero
beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia.
5o.) Del que paga una
deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.
6o.) Del que ha
prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del
préstamo, y constando además en escritura pública del pago, haberse satisfecho
la deuda con el mismo dinero” (Subraya por fuera del texto original).
Y a su turno, el artículo 2453 del Código
Civil prescribe:
“Artículo
2453. Tercero poseedor reconvenido. El tercer poseedor reconvenido para el
pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con
este gravamen, no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores
personalmente obligados.
“Haciendo el pago se
subroga en los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador.
“Si fuere desposeído de
la finca o la abandonare, será plenamente indemnizado por el deudor, con
inclusión de las mejoras que haya hecho en ella”.
Como se observa, dentro de los casos
contemplados por la ley civil se incluyen aquellos en los cuales quien paga no
está vinculado a la obligación entre el acreedor original y su deudor, pero sus
bienes si están afectos al pago de la obligación, como sucede en la obligación
adquirida por Claudia Lucy Valderrama y José González con la Caja Agraria, cuya
garantía hipotecaria era el inmueble propiedad de Graciela Camacho y Luis
Alfonso Carrero. Si bien en este caso Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero
eran terceros frente a la obligación adquirida por sus vendedores con la
entidad financiera, sobre la casa comprada pesaba un derecho real de hipoteca
que garantizaba el pago a favor de la institución crediticia en virtud de la
cual podía perseguir el bien afectado para que con su remate se pagara la
obligación en caso de incumplimiento por parte de los deudores.
De forma que producida la subrogación legal
del acreedor, el artículo 1670 del Código Civil prevé los efectos así:
“Artículo
1670. Efectos de la subrogación. La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al
nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas
del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera
terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda.
“Si el acreedor ha sido
solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se
le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito”
(subraya por fuera del texto original)
De forma que el subrogante, en este caso
los accionantes, tiene derecho a hacerse rembolsar el mismo crédito del
acreedor subrogado, con todas su garantías y accesorios.
Así, correspondía determinar a las
instancias judiciales si el Banco Agrario fue subrogado totalmente o
parcialmente por el pago que hiciera Graciela Camacho el 27 de septiembre de
2000, y que fue aplicado a la obligación No. 23207 a cargo de la señora Claudia
Lucy Valderrama. Adicionalmente, los mismos debían determinar si la obligación
original estaba sujeta al pago de intereses y cuando era exigible por parte de
la Caja Agraria, pues una vez vencido el plazo la obligación vencida generaría
intereses. Entonces, la compensación posterior entre las obligaciones de los
vendedores y los compradores correspondía hacerla teniendo en cuenta el
traspaso de derechos accesorios que en virtud de la subrogación legal eran
exigibles por parte de Graciela Camacho a Claudia Lucy Valderrama y José
González.
Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, la Sala entrará a analizar las providencias cuestionadas
mediante la presente acción de tutela.
La sentencia de primera instancia
En la sentencia de primera instancia del
primero de julio de 2005, el problema jurídico abordado fue:
“Se trata en este caso
de establecer si la obligación surgida entre las partes en virtud del acuerdo
conciliatorio celebrado puede considerarse satisfecha al haber cancelado los
deudores directamente ante el acreedor hipotecario, en caso de haber existido
imposibilidad para hacer el pago a los demandantes directamente. Si el pago
hecho al acreedor hipotecario puede oponerse a los demandantes como compensación
por la obligación (sic) entre ellos existentes.
Con base en la valoración de las pruebas
obrantes en el expediente de tutela sobre la ausencia del país de Claudia Lucy
Valderrama y José González en el período en el cual debía efectuase el pago de
la obligación (2 de julio de 1999 a 2 de enero de 2000), concluye la primera
instancia:
“A la fecha de
vencimiento del plazo los demandantes no se encontraban en el país y no se
aprecia constancia de haber dejado indicación alguna a los demandados de la persona
facultada para recibir el pago, o medio idóneo para realizarlo, como tampoco
quien se encargaría de cumplir con su parte del compromiso.
“La demandada, sin
consultar a los acreedores procedió a realizar directamente el pago a la
entidad acreedora con el interés de lograr que por esa vía se liberara su
inmueble del gravamen hipotecario y realizó las gestiones tendientes para ello.
“No existiendo
prohibición a la demandada para realizar el pago le asiste el derecho para
reclamar de los demandantes la suma cancelada, en este caso $45’000.000 que la
entidad crediticia certifica haber abonado al crédito de la demandante
“Existiendo entonces
obligación clara de parte de los demandado a favor de los demandantes, y por
otra parte obligación clara y liquida a favor de los demandados, es procedente
para este juzgado compensar tales créditos hasta el menor valor, teniendo así
como próspera la excepción de compensación formulada por la parte demandada”.
En este orden de ideas, si bien en la
sentencia de primera instancia no se hace alusión alguna a la figura de la
subrogación, a pesar de ser este es el primer paso para originar la obligación
a cargo de Claudia Lucy Valderrama y José González y a favor de Graciela
Camacho, para de esta forma proceder a compensar las obligaciones mutuas
existentes, finalmente el Juzgado Civil del Circuito reconoció, como debió
hacerse, que había operado la compensación por dicho valor. Así, se tiene que a
pesar de la omisión de darle aplicación al inciso segundo del artículo 1668
(antes citado), la Sala no encuentra que dicha omisión revista la entidad de un
error sustantivo y en consecuencia una vía de hecho, pues como ya lo ha
señalado la jurisprudencia reiterada de esta Corporación para que la
irregularidad procesal detente la entidad de una vía de hecho debe tener un
efecto decisivo o determinante en la providencia que se ataca por vía de tutela[70].
Como se observa, a pesar de que el Juzgado Civil del Circuito no le dio
aplicación al inciso en mención dicha falta no modificó la decisión final de
declarar la compensación parcial de deudas mutuas entre los ejecutantes y
ejecutados.
Ahora bien, estiman los accionantes que en
la sentencia de primera instancia se incurrió en un defecto procedimental en la
medida en que el juzgado declaró de oficio la excepción de compensación con
respecto a la suma de $45’000.000, la cual no fue alegada en su momento por los
ejecutados, pues estos alegaron que respecto de dicha suma había operado el
pago puro y simple, que según el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil
no puede ser reconocida de oficio.
Sobre el punto relativo a la prohibición de
la declaratoria de oficio de excepciones en el curso del proceso ejecutivo la
Sala encuentra que en la jurisprudencia y la doctrina existen dos
interpretaciones sobre la materia. Para una mejor ilustración de la existencia
de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a exponer las tesis que respaldan
cada una de ellas, para luego determinar si la declaratoria de oficio que
hiciera el juzgado demandado sobre la extinción de la obligación por valor de
$45’000.000 constituye o no una vía de hecho.
(i) Para la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia y para los actores de la presente tutela, para
que el juez pueda proceder a declarar la ocurrencia de una excepción en el
curso de un proceso ejecutivo singular la misma debe haber sida alegada por los
ejecutados, existiendo por lo tanto una prohibición de que el juez las declare
oficiosamente. Así, por ejemplo en la sentencia del 26 de marzo de 1936 de la
Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia consideró[71]:
“Las irregularidades
del título ejecutivo habrían podido servir para fundar la revocatoria del auto
de mandamiento de pago;...”
“Con estas bases, las
excepciones que se propusieron han debido fundarse en hechos de los cuales
pudiera deducirse la razón que invocaba el excepcionante para atacar la
eficacia del titulo que sirvió de recaudo ejecutivo, porque el mandamiento de
pago quedo firme por su propia manifestación de desistimiento de la apelación
que interpuso contra el auto que negaba la revisión y revocación del proveído,
como queda expresado. Y solamente con la alegación de los hechos que se
hubieran comprobado habría podido demostrarse la razón del excepcionante para
combatir y destruir la eficacia del titulo ejecutivo, porque las excepciones en
este juicio, que es especial, deben consistir en hechos en virtud de los cuales
las leyes desconocen la obligación o la declaran extinguida; de donde se
desprende que el deudor debe preocuparse por formular los hechos antes que
dar denominación jurídica a las excepciones. Lo contrario se prestaría a
sorpresas, pues la contraparte ignoraría la manera como con el escrito de
excepciones venía a quedar finiquitado el campo del litigio, pues son los
hechos los que determinan éste. Tanto mas razonable es esta exigencia, cuanto
que el juicio ejecutivo se funda en una obligación clara, expresa y exigible.
“Si en el escrito de
excepciones en el juicio ejecutivo no se enuncian hechos que vayan a destruir
el derecho del ejecutante, el asunto quedaría, al trabarse la litis, como de
puro derecho, y el juzgador debería entrar a decidir a decidir, rastreando los
motivos o fundamentos de hecho de la excepción, cosa que no se aviene con la
naturaleza de dicho juicio, en el cual, una vez ejecutoriado el auto de
mandamiento de pago, se supone legalmente  cierto y eficaz el derecho del
ejecutante. Por eso dispone el artículo 1025 del Código Judicial “que si hay
hechos que probar, se abre a prueba el incidente” de excepciones, lo que quiere
decir que los hechos que habrán de probarse serán aquellos que se han enunciado
como base de excepción.
“Mientras en el juicio
ordinario, aunque no se hayan propuesto ni alegado excepciones perentorias, el
Juez debe reconocerlas siempre que encuentre comprobados los hechos que las
constituyen, a menos que sea obligatorio alegarlas o proponerla, como pasa con
la de prescripción, según el artículo 343 del Código Judicial, en el juicio ejecutivo,
que es de naturaleza especial, no puede suceder esto, porque la eficacia de la
excepción dependerá de la oportunidad en que se haya propuesto y de los hechos
en que se apoye y hasta de la forma en que se presente, sin que el Juzgados
pueda, de oficio, declarar ninguna excepción, pues a este juicio no le es
aplicable la disposición general del artículo 343 mencionado, ya que la materia
de las excepciones en él esta íntegramente reglamentada en las disposiciones
especiales que lo rigen.
“Por consiguiente, en
el juicio ejecutivo la excepción es infundada cuando carece de los fundamentos
que son causa o motivo de la enervación de la acción, esto es, de las bases de
hecho que destruyen o debilitan el derecho del ejecutante. En el caso
discutido no puede tenerse por legalmente propuestas las excepciones, porque en
el juicio ejecutivo no puede considerarse que la excepción se propuso
legalmente mientras no se enuncien los hechos que le sirven de basamento, los
cuales pueden ser aceptados por el ejecutante durante el escrito en que se
aducen, o pueden ser negados para que se prueben por el que excepciona. De modo
que en el incidente de excepciones en el juicio ejecutivo hay que aceptar que
se cumple el fenómeno jurídico de la litis contestatio, porque si el ejecutante
acepta todos los en que se apoya la excepción, y esos hechos son bastantes a
destruir la acción, el punto queda como de puro derecho, y el excepcionante
está relevado de la obligación de probar”.
Posición que fue reiterada mediante
providencia de la misma Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de mayo de
1940.
A la luz de la normatividad procesal civil
vigente, la jurisprudencia ha seguido el mismo análisis anterior, al considerar
que al momento de dictar sentencia dentro de un proceso ejecutivo el juez no
está autorizado para declarar de oficio las excepciones de merito que encuentre
probadas. De forma que para esta clase de procesos no es posible darle
aplicación al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil[72]
cuando el ejecutado no ha alegado expresamente determinada excepción, de forma
que no le queda otra alternativa al juez que dictar sentencia según lo
establecido en el artículo 507 del mismo estatuto.
Los argumentos que respaldan esta tesis
pueden resumirse así[73]:
"a.
Las excepciones
propuestas deben consistir en hechos en virtud de los cuales las leyes
desconocen o extinguen la obligación ejecutada.
"b.
Las excepciones
propuestas demarcan los hechos que necesitan ser probados para enervar el
derecho alegado por el demandante, por lo que no pueden reconocerse hechos
diferentes, ya que se encuentran fuera del litigio fijado.
"c.
A diferencia de lo que
acontece en los procesos ordinarios sobre la procedencia de la declaratoria de
oficio de excepciones de merito (Art. 343 del Código Judicial)[74],
en el proceso ejecutivo la excepción depende de la oportunidad y forma de su
presentación, así como de los hechos en que se funda. Adicionalmente, se
estimó que el tema de las excepciones dentro del proceso ejecutivo se
encontraba expresamente reglado, por lo que era una excepción a la regla
general de declaratoria oficiosa de excepciones inserta en el artículo 343 del
Código Judicial (actual Art. 306 C.P.C.)
"d.
Cuando se presentan
excepciones en el proceso ejecutivo, se deben enunciar los hechos que atacan el
derecho del actor” (Subraya por fuera del texto original).
(ii) De otra parte, la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[75]
y el juzgado demandado defienden la hipótesis contraria, esto es, que si el
juez encuentra probada una excepción que no ha sido alegada previamente por los
ejecutados es posible que sea declarada oficiosamente en la respectiva
sentencia. Sobre el particular, expone la Sección Tercera[76]:
“Frente a los
argumentos que fundamentan la prohibición para que el juez declare
oficiosamente la existencia de una excepción de merito dentro del proceso
ejecutivo, la Sala considera:
“a.       Si bien es
cierto que algunas de las excepciones propuestas dentro de un proceso ejecutivo
se dirigen a atacar el derecho u obligación ejecutada, también es cierto que el
objeto fundamental del proceso ejecutivo radica en el cumplimiento forzado de
una obligación, y no en la declaración o constitución de dicha obligación; sin
embargo, las excepciones que se pueden presentar en el proceso de ejecución, se
pueden referir tanto al derecho ejecutado, como a la solicitud de ejecución en
sí.
“Bajo el anterior
razonamiento, se advierte que dentro del proceso ejecutivo también cabe
excepcionar la pretensión del demandante referente a la ejecución pretendida,
puesto que este es el objeto de todo proceso ejecutivo. Al ser el asunto
central del proceso, la ejecución se torna materia de debate a lo largo del
proceso, por lo que desde la presentación de la demanda, el derecho del
demandante a recibir la tutela del Estado para que use su poder coercitivo en
la ejecución de la obligación, también se encuentra en análisis y puede ser
objeto de demostración o desvirtuación. En este orden de ideas, en el
transcurso del proceso puede surgir o evidenciarse algún hecho que afecte la
ejecución, hecho que puede ser percibido por las partes o por el Juez, por lo
que procede, si es un hecho que desvirtúa la ejecución, convertirse en una
excepción a la misma.
“(…) si bien el proceso
instaurado inicialmente como ejecutivo, se transforma en proceso de
conocimiento en virtud de la proposición de una excepción, el Juez debe resolver
todos los extremos de la litis, bien para declarar o negar la excepción, o para
aceptar o negar usar el poder de ejecución del Estado.
“De esta manera, la
Sala estima que el juez de ejecución analiza, al momento de dictar sentencia,
la existencia de dos tipos de derechos: i) en el evento de proposición de
excepciones, el juez estudia la existencia y titularidad del derecho que se
pretende ejecutar; y ii) aún en la ausencia de un ataque directo al derecho
que se pretende ejecutar, el juez de la ejecución debe tener certeza sobre los
requisitos de existencia del título, de tal manera que no exista equivoco en
que se trate de una obligación clara, expresa y exigible, que permita el
cumplimiento del derecho mediante la fuerza del Estado.
“(…) b.         No
existe en el ordenamiento procesal actual, ni en el Código Judicial que se
esgrimió como fundamento legal para prohibir la declaratoria oficiosa de
excepciones en un proceso ejecutivo, norma que impida la declaratoria oficiosa
de excepciones en un proceso ejecutivo.
“(…) el principio
general de congruencia faculta al juez para declarar excepciones en los
siguientes eventos:
“•        Cuando el
demandado las alega,  en aquellos eventos en que así lo exige la ley.
“•        Y de
oficio, cuando encuentre que los hechos, en que se fundan las mismas, están
probados.
“Se observa que el
enunciado es expreso respecto del poder oficioso del juez para la declaratoria
oficiosa de excepciones, enunciación que también es expresa respecto de los
casos en que la Ley exija que las excepciones tengan que ser alegadas, para ser
declaradas. De este modo, se observa que frente al caso de la procedencia de la
declaratoria de excepciones por parte del Juez,  siempre y cuando hayan sido
alegadas, el ordenamiento procesal indica que:
“•        El poder
oficioso del Juez para el reconocimiento y declaratoria de excepciones, es la
regla general para todo tipo de proceso, ya que es un enunciado expreso de los
artículos 305, 306 del C.P.C. y 164 C.C.A.
“•        La excepción
a este poder oficioso es previsto por la propia norma general, sometiendo su
ocurrencia a reserva legal.
“Los razonamientos
expuestos permiten concluir que la excepción al poder oficioso para el
reconocimiento de hechos exceptivos, debe ser establecida y limitada
expresamente por el legislador, pues la excepción a dicha regla quedó sometida
a reserva legal. Por lo anterior, la excepción a la regla general no puede
provenir de una interpretación restrictiva y equivocada, sobre el alcance de
los poderes oficiosos del Juez.
“En consecuencia, si
del debate del proceso ejecutivo, se llega a la demostración de un hecho que
afecte el derecho que se pretende, o que indique la falta de los requisitos de
existencia y validez del titulo de recaudo ejecutivo, la declaratoria de dicha
situación no atenta contra el principio de congruencia exigido en las
providencias judiciales, porque el fundamento de la declaratoria oficiosa, es
el resultado de los hechos demostrados en el debate procesal, situación que le
da al Juez la certeza necesaria para proferir un fallo que obedezca a la
realidad probatoria”. (Subraya por fuera del texto original)
Como ya se ha señalado previamente en esta
sentencia, el defecto sustantivo de las providencias judiciales se configura
cuando el operador jurídico aplica de manera arbitraria e infundada una norma,
y de tal aplicación, se sigue la vulneración de derechos fundamentales que no
es subsanable con los medios de defensa ordinarios.
De conformidad con la exposición hecha en
párrafos anteriores, el Juzgado al declarar de oficio que se había extinguido
la obligación a favor de Claudia Valderrama y otro por valor de $45’000.000, en
los términos en que la consignación a la Caja Agraria se produjo, sustentó su
decisión en una interpretación razonable de las normas civiles y de
procedimiento civil, que ha sido acogida por parte de la jurisprudencia y que
de manera alguna puede ser considera “arbitraria” y configurativa de una
vía de hecho. En este orden de ideas, estima la Sala que el alcance dado por el
Juzgado a las normas que regulan el procedimiento civil para reconocer que la
obligación por $45,000.000 se había extinguido no constituye una vía de hecho.
De otra parte, y como de manera reiterada
lo ha expresado esta Corporación, la Sala denota que en principio no le
corresponde definir controversias interpretativas de orden infraconstitucional,
pues tal función es propia de los jueces ordinarios[77],
en este caso la cuestión sobre la facultad oficiosa del juez para declarar una
excepción dentro del proceso ejecutivo que no haya sido alegada previamente por
el ejecutado.
En relación con la obligación por valor de
$5’000.000 considera esta Sala que correspondía a las instancias determinar si
la misma se extinguió con base en las pruebas obrantes en el expediente. La
Sala no observa que en la valoración que sobre el particular diera el Juzgado
de primera instancia se hubiera incurrido en un defecto fáctico que de lugar a
la constitución de una vía de hecho por defecto fáctico sobre este punto. En
efecto, de la argumentación seguida por el Juzgado no es dable concluir que el
juez apreció pruebas esenciales y determinantes que no ha debido admitir ni
valorar de lo cual concluyó que no había operado la extinción de la obligación
por valor de $5’000.0000. Sobre el particular, la Sala observa que, como lo
expuso el juzgado de primera instancia, no reposaba en el expediente ninguna prueba
fehaciente sobre los gastos alegados por los compradores en que debieron
incurrir para la cancelación de la hipoteca y los mismos fueron sustentados en
simples afirmaciones de la señora Graciela Camacho.
De forma que la interpretación del Juzgado
demandado no puede calificarse como caprichosa o injustificada, en tanto expone
como base de su decisión argumentos admisibles, de conformidad con la
normatividad vigente. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se
configuró una vía de hecho en la sentencia de primera instancia del primero de
julio de 2005 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa.
La sentencia de segunda instancia
En la sentencia de segunda instancia del 16
de marzo de 2006 el Tribunal resolvió modificar parcialmente la sentencia de
primera instancia, y ordenó continuar con la ejecución por $50’000.000.
En la sentencia de la Sala Civil del
Tribunal Superior se configuró un defecto sustancial, por estar fundamentada en
normas legales que eran inaplicables en el caso concreto.
En la medida en que la Sala Civil del
Tribunal en la sentencia de segunda instancia no dio aplicación a normas
civiles claramente aplicables se incurrió un defecto sustantivo que da lugar a
la configuración de una vía de hecho en dicha providencia, y en consecuencia a
una vulneración al debido proceso de los accionantes.
En efecto, en la sentencia promulgada por
la Sala Civil Tribunal Superior de Cundinamarca se aplicó la normatividad
equivocada, pues acudió a reglas que regulan el pago como modo de extensión de
las obligaciones y no aplicó, como lo ha debido hacer, la regulación
concerniente a la subrogación legal a pesar de reconocer expresamente que los
compradores realizaron una consignación a la Caja Agraria de la cual se
benefició la señora Claudia Valderrama. Esta equivocación constituye un defecto
sustantivo que vulneró el debido proceso de las demandantes. Así, el Tribunal,
tras hacer un recuento sobre los requisitos que debe reunir un título para
prestar mérito ejecutivo y analizar si en el caso sometido a su conocimiento el
acta de conciliación los reunía, concluye:
“El artículo 1625 del
Código Civil señala la solución o pago efectivo como uno de los modos de
extinguir las obligaciones, y las normas siguientes lo definen como “la
prestación de lo que se debe” y prescriben que se hará de conformidad al tenor
de la obligación.
“Por su parte, el
artículo 1634 señala como condición para que el pago sea válido, que se haga al
acreedor mismo, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él,
o a la persona diputada por el acreedor para recibirlo.
“De las alegaciones
y probanza recaudadas, es claro que en el presente asunto no se hizo el pago
alegado al acreedor, ni a persona diputada por el acreedor para recibirlos,
mucho menos a persona señalada por la ley o por el juez para el mismo efecto y
aunque se alega y demuestra el mismo respecto de la Caja Agraria en
Liquidación, lo cierto es que n dicha entidad como es evidente, no concurre
ninguna de las calidades.
“Se trata de un pago
a persona diversa a las que válidamente puede recibir, caso en el cual
devendría válido solamente si los acreedores lo ratificaran de modo expreso o
tácito, lo que no ha sucedido en el caso  de marras, donde no solamente
demandaron, sino que a lo largo del proceso han mantenido una actitud negatoria
del reconocimiento de dicha solución.
“Si bien la parte
demandada y con ella el Juzgado tornaron en asunto central del debate la real o
presunta ausencia de los acreedores para la época en que debió hacerse el pago,
ello resulta irrelevante, toda vez que la ley señala el camino a seguir en un
evento de esta naturaleza, el consiste en el pago por consignación, precedido
de la respectiva oferta de pago, conforme lo regula el artículo 1656 y
siguientes del Código Civil, en concordancia con el artículo 420 del Código de
Procedimiento Civil” (Subraya por fuera del texto original).
En la medida en que no operó el pago como
modo de extinción parcial de la obligación, no había lugar a exigir la convalidación
del pago o la ratificación del mismo por parte de Claudia Lucy Valderrama y
José González pues la figura jurídica aplicable en este caso no era la del pago
puro y simple sino la de la subrogación legal y a posteriori la compensación de
los créditos, según la cual, como se ha visto, es una transmisión de
obligaciones eminentemente legal en la cual no media la voluntad del deudor
original.
En este orden de ideas, la Sala comparte
las apreciaciones de la Sala de Casación Civil efectuadas en la sentencia de
tutela de primera instancia, en la cual se resolvió tutelar los derechos
invocados por los accionantes:
“(…) que aún cuando el
pago debía hacerse a los vendedores, quienes, por lo demás, cumplieron en tiempo
con otro de los compromisos adquiridos por cuenta de ésta, vale decir, otorgar
la escritura de venta del inmueble a la que aludió el acuerdo conciliatorio (…)
lo cierto es que esto no acaeció; el pago, está visto, lo hicieron los deudores
no a los vendedores sino al acreedor hipotecario, la Caja Agraria – en
liquidación- entidad que, según brota de la actuación correspondiente, por
cuenta de ese pago canceló el gravamen que pesaba sobre el bien materializado
en el proceso.
“Mas, en torno al pago
realizado al acreedor hipotecario hay otros elementos de juicio  que en un
estado de cosas como las que denota el litigio imponen su consideración; así,
amén de la afectación de los dineros a un fin específico, cumplidamente el de
cancelar lo adeudado a un tercero como en efecto lo es ese acreedor
hipotecario, aquello de que la ley establece un tipo de subrogación legal en el
artículo 1668 del código civil, cosas que no pueden desligarse de ninguna
manera del cuadro fáctico en que vino el pago, donde discutíase que los
acreedores del mismo ausentes se hallaban del país y tenían a su turno
obligaciones millonarias para con el mencionado acreedor hipotecario, generando
así, como insistentemente se dice en la tutela, una amenaza de ejecución frente
a ellos, habida cuenta de la existencia del gravamen.
“Pues bien, todo esto
quiere decir que si al juzgamiento del caso obraban cada una de estas cosas,
mal podía el tribunal en la definición de litigio desentenderse de las mismas,
por supuesto que de hacerlo, como finalmente ocurrió, la controversia no quedó
cabalmente desatada, sobre todo porque en fin de cuentas el problema a
dilucidar era el de si ese acreedor hipotecario, tercero en relación con las
partes del proceso, en las condiciones del acuerdo conciliatorio era, con
arreglo a todo el cuadro de las cosas descrito hasta hace un momento, el
destinatario final de esa suma de dinero, pasando a segundo plano la parte
operativa de cómo hácerselo llegar, lo que redundaría, en último resultado, en
que aquello de un indebido pago vendría no más que a título de exceso de
escrúpulos, desdeñoso de la verdad verdadera”.
Advierte esta Sala que la cuestión no se
limita a una discrepancia en torno a la interpretación de las leyes aplicables,
sino a la inaplicación de las normas pertinentes. Así, lejos de una mera
discrepancia interpretativa, en esta sentencia se presenta una vía de hecho
sustantiva consistente en la omisión de aplicar la norma determinante, y en su
lugar aplicar una norma equivocada, habida cuenta de los hechos del caso.
Constatada la procedibilidad de la acción,
la vulneración del derecho fundamental y la vía de hecho sustantiva, la Sala
revocará la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia porque contraría el artículo 86 de la Constitución y la jurisprudencia
constitucional al negar de manera absoluta la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Además, confirmará en todas sus partes
la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
la medida en que esta última decidió amparar el derecho fundamental al debido
proceso Graciela Camacho, Marlene Carrero, María Yolanda Carrero, Patricia
Carrero y Luis Alfonso Carrero.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 23 de agosto de 2006. En su lugar, CONFIRMAR
la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio de 2006 mediante la cual se
concedió la acción de tutela instaurada por Jeremías de Graciela Camacho,
Marlene Carrero, María Yolanda Carrero, Patricia Carrero y Luis Alfonso Carrero
contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
Tercero.- ORDENAR que, en aras de garantizar la efectividad de la acción de tutela,
se notifique este fallo a las partes dentro de los dos (2) días siguientes a su
recepción.
Cuarto.-DEVUÉLVASE el expediente original del proceso ejecutivo singular| No.
2004-0084 adelantado por Claudia Lucy Valderrama y José González contra
Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero y que consta de seis (6) cuadernos, al
Juzgado Civil del Circuito de la Mesa (Cundinamarca).
Quinto.- LÍBRESE
por secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y
publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ponente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Calle 4 A No. 30-89 Casa Lote No. 6.
[2] Folios 32 al 35 del cuaderno principal de la tutela.
[3] Mediante escritura pública No. 2065 del 30 de agosto de 1997,
otorgada en la Notaría Única de la Mesa se constituyó hipoteca abierta por
cuantía indeterminada a favor de la Caja de Crédito Agrario y Minero. Ver folio
de matricula inmobiliaria No. 166-0056718. Folio 4. Cuaderno de medidas
cautelares del proceso ejecutivo hipotecario.
[4] Folio 4. cuaderno principal del proceso ejecutivo hipotecario.
[5] Adicional a las obligaciones descritas, se acordó la terminación de
un proceso ordinario y de dos procesos ejecutivos que los compradores
adelantaban contra los vendedores.
[6] En el numeral sexto de la escritura pública de compraventa del
inmueble del 2 de julio de 1999 se establece: “Los vendedores garantizan que la
propiedad individual y demás derechos, objeto del presente gravamen  no ha sido
enajenada por acto anterior al presente, ni prometido en venta, y no soporta
limitaciones del dominio diferentes de las que provienen del régimen de
COPROPIEDAD y que en la actualidad lo poseen en forma regular, pacifica y
pública y se halla libre de demandas civiles, usufructo, habitación,
anticresis, arrendamiento por escritura pública, pleito pendiente, patrimonio
de familia, afectación a vivienda familiar, condiciones resolutorias y
limitaciones del dominio en general u que el único gravamen que afecta el
inmueble vendido es la hipoteca constituida por los VENDEDORES a la CAJA DE
CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, hipoteca que será levantada por los
vendedores una vez se cumplan los términos de la conciliación llevada a cabo
hoy 2 de julio de 1999 ante el Juzgado Civil de Circuito de la Mesa
(Cundinamarca)”. (Subraya por fuera del texto original).
[7] De acuerdo con la información obrante en la sentencia del Juzgado
Civil del Circuito de la Mesa en sentencia de primera instancia del primero de
julio de 2005, dentro del proceso ejecutivo adelantado por los vendedores
contra los compradores, la señora Claudia Valderrama salió del país el 27 de
octubre de 1999 y regresó el 8 de febrero de 2000, y volvió a salir del país el
17 de febrero de 2000 hasta el 4 de mayo de 2003. Por su parte, el señor Héctor
Gonzáles salió del país el 24 de diciembre de 1999 y regresó el 30 de abril de
2000; nuevamente salió del país el 4 de diciembre de 2000 y regresó el 25 de
mayo de 2003.
[8] Folio 65. Cuaderno principal del proceso ejecutivo hipotecario.
[9] Expresamente sobre este punto, en la mencionada comunicación se
lee: “Es de aclarar que en el evento de NO consignar los $45’000,000 de pesos
antes de la fecha mencionada en el párrafo anterior de esta carta (30 de
septiembre), quedara sin vigencia lo acordado en el comité sobre lo
solicitado”.
[10] A folio 67 del cuaderno principal del proceso ejecutivo hipotecario
se observa copia del desprendible de consignación del Banco de Bogotá No.
1871964 por parte de Graciela Camacho por valor de $45’000,000 a nombre de la
Caja Agraria.
[11] Folio 144. Comunicación enviada por la Caja Agraria en Liquidación
el 12 de noviembre de 2004 al apoderado judicial de los compradores. Cuaderno
principal del proceso ejecutivo hipotecario.
[12] Folio 144. Comunicación enviada por la Caja Agraria en Liquidación
el 12 de noviembre de 2004 al apoderado judicial de los compradores. Cuaderno
principal del proceso ejecutivo hipotecario.
[13] Matricula inmobiliaria No. 166-56718.
[14] Folio 49. Cuaderno principal del proceso ejecutivo hipotecario.
[15] Folio 28. Cuaderno de medidas cautelares del proceso ejecutivo
hipotecario.
[16] Folio 53. Escrito de excepciones. Cuaderno principal del proceso
ejecutivo hipotecario.
[17] Folios 199 al 206. Cuaderno principal del proceso ejecutivo
hipotecario.
[18] En la parte resolutiva, en lo pertinente, de esta sentencia se
dispone:
“Primero. DECLARAR la prosperidad de
la excepción de COMPENSACIÓN formulada por la parte demandada hasta la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45’000.000) conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
“Negar la excepción de PAGO al no
haber sido demostrada.
“Segundo. Ordenar  se siga adelanta
la ejecución en contra de la señora GRACIELA CAMACHO DE CARRERO, LUÍS ALFONSO,
PATRICIA CARRERO CAMACHO, MARLENE CARRERO DE VARGAS Y MARÍA YOLANDA CARRERO DE
LÓPEZ y a favor de JOSÉ HÉCTOR GONZÁLEZ RINCÓN y  CLAUDIA LUCY VALDERRAMA
SANTOS, por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5’000.000) mas los intereses
moratorios liquidados sobre esta suma desde el 2 de enero de 2000 hasta cuando
se verifique el pago, ala tasa vigente en el período” (Mayúsculas en el texto
original).
[19] Folios 56 al 75. Cuaderno de apelación del proceso ejecutivo
hipotecario.
[20] En la parte resolutiva de esta sentencia se dispone:
“Primero. REFORMAR los ordinales
primer, segundo y quinto de la sentencia proferida el 10 de julio de 2005 por
el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa dentro del proceso ejecutivo singular
adelantado por los señores José Héctor González Rincón y Claudia Lucy
Valderrama Santos contra la señora Graciela Camacho de Carrero, Luis Alfonso,
Patricia Carrero Camacho, Marlene Carrero de Vargas y María Yolanda Carrero de
López, en cuanto el primero dio prosperidad a una excepción de compensación no
propuesta respecto de la suma que se reconoció, el segundo ordenó pagar una
tasa de interés que no reconoció y el quinto efectuó una condena en costa de
sólo un 10%. En su lugar:
“a) Se ordena continuar la ejecución
por la suma de capital señalada en el mandamiento de pago, esto es , CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50’000.000).
“b) Se ordena liquidar sus intereses
legales sobre la anterior suma, a la tasa del 6% anual, desde el 3 de enero de
2000 hasta que se produzca el pago de la obligación.
“c) Se condena a la parte demandada a
pagar el 70% de las costas de primera instancia.
“SEGUNDO: CONFIRMAR los demás
aspectos de la sentencia recurrida.
“TERCERO: CONDENAR en costas de esta
instancia a la parte demandada. Tásense”.(Mayúsculas en el texto original).
[21] Folios 1 al 36 del
cuaderno No. 1 del expediente de tutela.
[22] Folios 123 al 130 del cuaderno principal de la tutela.
[23] Folio 80 del cuaderno principal de la tutela.
[24] La comunicación que aquí se señala reposa a folio 85 del cuaderno
principal de la tutela, fechada el 9 de junio de 2006.
[25] Folio 139 del cuaderno principal de la tutela.
[26] Como consta en la certificación expedida por Adpostal, que obra a
folio 141 del cuaderno principal de la tutela.
[27] Recientemente, la Corte
se ha pronunciado sobre el tema mediante auto 049 de 2006 y en la sentencia
T-906 de 2006 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[28] Corte Constitucional,
sentencia C-800A de 2002 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se
reitera la jurisprudencia constitucional sobre vía de hecho, en especial
las sentencias T-231 de 1994 y T-983 de 2001.
[29] M.P.:
José Gregorio Hernández Galindo.
[30] M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[31] M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
[32] En la sentencia T-079 de
1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidió confirmar
el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual
confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia
(Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil
fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso
acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como
versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las
exigencias de los artículos 175 CPC y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema
agregó, además, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante
auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera posible
ejercer el derecho de contradicción.
[33] En la sentencia T-158 de
1993 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque esta Corte declaró
inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por
esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela
cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de
hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa
enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto
existe en él evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de
una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…)
El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y
como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para
que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la
justicia;  Segunda, que proceda de la autoridad competente;  Tercera, que se
profiera  de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se
coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente
el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas
que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales.
Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será
vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de
justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque si
el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría
extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de
la razón jurídica.”
[34] M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
[35] M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[36] En efecto, sobre este
punto afirma la Sala de Casación Civil que “De tiempo atrás la jurisprudencia
de esta Sala ha precisado, que en tratándose de providencias judiciales
proferidas por los jueces de instancia, la acción de tutela tiene cabida
excepcional cuando el respectivo pronunciamiento califica como vía de hecho,
esto es, cuando se trata de una decisión arbitraria, caprichosa y marginada del
ordenamiento jurídico, a condición de acreditar que sus nocivos efectos no
pudieron ser evitados al interior del respectivo proceso, bien porque
interpuestos los respectivos recursos, los funcionarios judiciales competentes
preservaron en la irregularidad bien porque, por obra de ellos mismos, no le
fue permitido a la parte agraviada hacer uso de los mecanismos de defensa
reconocidos en la ley. || Y es eso, justamente, lo que evidencia en el caso
sometido a escrutinio de las Corte, pues el auto que profirió el Tribunal para
confirmar la providencia del juez de primer grado que liquidó los perjuicios
materiales en la suma de $15,820’621.597.oo y los morales en $15’000,000.oo –
ésta última fijada por el ad quem -, tuvo como respaldo central un medio
probatorio en cuya producción no se observaron las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil que regulan la materia y, en general, las reglas que dan
contenido al debido proceso, circunstancia que provocó una grave lesión del
derecho ala prueba del accionante”.
[37] Ver por ejemplo las
sentencias C-037 de 1996 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible
de manera condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la
que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas a que se
admitiera la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
[38] En la sentencia C-557 de
2001 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa) se consideró al respecto lo siguiente:
“Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto
porque no surge de su aplicación en un proceso particular, ello no significa
que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto
dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y
dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vivido). En fin: en buena
medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual
es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto
–bien sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la
sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la
actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella
contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos
son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada en la
norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos
judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo
ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal
supremo de lo contencioso administrativo” (Art. 237- 1 de la CP) y a la Corte
Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (Art.
234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un referente
indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas.
Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte
Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras
fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[39] Corte
Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett) En
este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los
medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela.
Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a
una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto,
habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma
se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del
procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo
sustancial (CP Art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación
de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende
que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los
derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de
defensa.”
[40] Corte Constitucional,
sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la
Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la
persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales”. Sobre la evolución que
se ha presentado en éste punto se puede consultar la sentencia T-774 de 2004
(M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] M.P.: Clara Inés Vargas.
[42] Dijo la Corte Suprema de
Justicia: “resulta evidente que la Superintendencia accionada incurrió en un
defecto procedimental constitutivo de vía de hecho, porque dejando de lado el
procedimiento que debe agotar cuando realiza actos de carácter jurisdiccional,
no sólo no resolvió sobre el recurso de apelación que se interpuso contra la
Resolución No. 04729, sino que ante el requerimiento de la interesada para que
realizara el respectivo pronunciamiento, decide hacerlo por medio de “oficio”,
situación que posteriormente utilizó para denegar el recurso de reposición y
las copias que de manera subsidiaria se habían solicitado para recurrir en
queja, argumentado, contrario a la realidad que muestra el proceso, que
mediante el mencionado oficio se había resuelto un derecho de petición, arbitrariedades
que remata con la decisión adoptada mediante la Resolución 30359 de 20 de
septiembre del año anterior, en cuanto se abstuvo de dar trámite al recurso de
queja propuesto en legal forma y ordenó la expedición de copias no con base en
lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Procedimiento
Civil, conforme se le había solicitado, sino con estribo en lo dispuesto en el
C.C.A. relativo al derecho de petición”.
[43] M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
[44] Sentencia T-594 de 1992
(M.P.: José Gregorio Hernández Galindo). En el mismo sentido ver, entre otras,
la sentencia T-219 de 1995 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz).
[45] Sobre estos elementos,
la Corte Constitucional en sentencia de unificación 961 de 1999 (M.P.:
Vladimiro Naranjo Mesa) afirmó: “La posibilidad de interponer la acción de
tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad.  La
consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el
paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.
Teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse
de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar
cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la
inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos
de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal
naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la
interposición oportuna y justa de la acción. Si la inactividad del accionante
para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección
eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un
término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la
tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo,
también es aplicable el principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime
en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”.
[46] Sentencia T-495 de 2005
(M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En el mismo sentido, véase las sentencias T-575 de
2002 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil), T-900 de 2004 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño),
y T-403 de 2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). Particularmente, en ésta
última se hace una reseña jurisprudencial sobre este tema.
[47] M.P.: Rodrigo Uprimny
Yepes.
[48] Sentencia T-606 de 2004.
M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
[49] Ibídem.
[50] Sentencia SU-961 de
1999. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[51] Sentencia T-282 de 2005
(M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En éste caso la Corte analizó si se configuró una
vía de hecho por las decisiones del 2 de octubre de 2001 y del 9 de
septiembre de 2002, dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por
CONAVI contra la señora María Eugenia Jaramillo Escalante desde octubre de
1998. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2000, el juzgado denegó las
excepciones propuestas, decretó la venta en pública subasta del bien gravado
con hipoteca y ordenó el archivo del proceso, la cual fue impugnada por la
parte demandada en el proceso ejecutivo. En segunda instancia, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 22 de febrero
de 2000 al considerar que el proceso debía continuar suspendido hasta que se
efectuara una reliquidación ajustada a los parámetros señalados en la Ley 546
de 1999, por lo cual CONAVI presentó ante el juzgado de primera instancia una
nueva reliquidación del crédito. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pereira ordenó la terminación del proceso y el levantamiento del embargo que
recaía sobre el inmueble como quiera que ya obraba dentro del proceso la
reliquidación del crédito. Contra dicha providencia, CONAVI interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto el 2 de octubre de 2001 por la Sala
Civil Unitaria del Tribunal Superior de Pereira, y ordenó continuar con el
proceso por cuanto el deudor se encontraba en mora y subsistía un saldo en su
contra. El 4 de diciembre de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pereira y profirió sentencia en la cual declaró no probadas las excepciones de
mérito y decretó la venta en pública subasta, providencia que fue apelada. El 9
de septiembre de 2002 la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Pereira confirmó la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2001 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. Posteriormente, el 30 de octubre
de 2002 la parte demandada presentó al juzgado la liquidación del crédito, la
cual fue objetada por parte demandante el 12 de noviembre de 2002. La Corte
accedió al amparo solicitado y en consecuencia, ordenó dejar sin efecto la
providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira el 2 de octubre de 2001, mediante la cual se revocó el auto
de fecha junio 13 de 2001 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Pereira. Así mismo, ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
que declarará la terminación y archivo del proceso ejecutivo.
[52] Sentencia T-778 de 2004
(M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes). Este requisito “tiene un doble propósito: (i)
fomentar la protección de los derechos fundamentales en el propio proceso
ordinario, lo cual no sólo estimula la constitucionalización del derecho sino
que además controla el incremento de la demanda de tutela; y (ii) evita que
aquellos que pierden un caso recurran a la tutela como un mecanismo último para
recomponer el proceso a su favor”.
[53] Sentencia T-083 de 1998
(M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta sentencia la Corte negó el amparo
solicitado, al considerar que el accionante pretendía mediante la acción de
tutela que se declarara la existencia de una vía de hecho configurada con base
en la ocurrencia de irregularidades dentro de un proceso laboral. La Corte
consideró que el mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses era el
recurso de apelación, el cual no había sido utilizado por el accionante.
[54] Sentencia T-598 de 2003
(M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). En este caso el accionante detentaba la
condición de propietario de una cosecha de plátano ubicada dentro de un predio
embargado dentro de un proceso ejecutivo singular, en el cual se libró
mandamiento de pago y se decretó el embargo y secuestro del bien inmueble en el
cual se encontraba la cosecha. En el curso de la diligencia de secuestro no se
presentó ninguna oposición y posteriormente no se propuso el incidente de
desembargo previsto en el numeral 8 del artículo 687 del Código de
Procedimiento Civil. En igual sentido, en la sentencia T-702 de 2003 (M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández), la Corte sostuvo que “al margen de una posible
falta de diligencia del apoderado, no puede olvidarse que la acción de tutela
no fue diseñada para enmendar errores o descuidos, ni constituye una forma de
recuperar oportunidades dejadas de utilizar en el curso de un proceso judicial,
debiendo la Corte reiterar la posición asumida en la citada sentencia T-598 de
2003. Así las cosas, desde esta perspectiva resulta improcedente acudir a la
tutela para controvertir la decisión del juzgado en el sentido de no tramitar
el incidente de desembargo”.
[55] Sentencia T-112 de 2003
(M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra). En esa ocasión la Sala Sexta de Revisión de
la Corte estudio la acción de tutela interpuesta por Jaime Humberto Olmos
Suárez contra el Banco Colmena, la Superintendencia Bancaria, el Juzgado 10
Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá y el
Ministerio de Hacienda, por considerar que la reliquidación efectuada por
Colmena no se ajustaba a los parámetros fijados por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Colmena inició proceso ejecutivo en contra del señor
Olmos ante el Juzgado 10 Civil de Circuito de Bogotá por mora en el pago de la
obligación hipotecaria, en el cual se dictó sentencia a favor de la entidad
financiera, falló que fue confirmado en segunda instancia. En consecuencia, se
ordenó el remate de la garantía hipotecaria, sin que a la fecha de
interposición de la tutela el juzgado hubiera fijado fecha para adelantar la
diligencia de remate. En dicha ocasión el accionante – demandado en el proceso
ejecutivo hipotecario-, “en virtud de tal proceso está corriendo el riesgo de
quedarse sin vivienda, careciendo en este momento de recursos para adquirir una
nueva, ni rentar un apartamento, en virtud de que vive con su pensión de
invalidez, la cual tiene el 50% embargado por deudas varias, y su esposa no
percibe salario alguno; a estas circunstancias se agrega el hecho de tener 63
años de edad”.
[56] Al respecto,
específicamente la Corte afirmó: “Como bien lo mencionan las entidades
accionadas en su respuesta, ha sido criterio uniforme de esta Corporación el
respetar la competencia de los jueces ordinarios para la resolución de
controversias relativas a los procesos de reliquidación de créditos de vivienda
de los usuarios del antiguo sistema UPAC. Por tanto, en este caso no se hará
excepción a tal criterio unificado”. Sentencia T-112 de 2003 (M.P.: Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[57] Sentencia T- 282 de
2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[58]Sentencia T-662 de 2002.
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[59] El proceso no es
susceptible de recurso de casación.
[60] Sentencia T-231 de 1994.
M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[61]  Sentencia T-1143 de
2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[62] M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[63] Sobre el particular,
además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse, entre
varias, las sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de
1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[64] Cfr. sentencia T-522 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Para la Corte “es evidente que se
desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una
disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que
se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se
adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual el juez, al constatar
su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[65] Cfr. sentencia SU-1722
de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por ejemplo de todas las
decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in
pejus”.
[66] Cfr., por ejemplo, las
sentencias T-804 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de 1999 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[67] M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
[68] Sentencia T-462 de 2003.
M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[69] El artículo 1667 del CC dispone: “Se subroga un
tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una
convención del acreedor”.
[70] Ver, entre otras, la sentencia C-590 de 2005 (M.P.: Jaime Córdoba
Triviño).
[71] Sentencia del 26 de marzo de 1936. Corte Suprema de Justicia. Sala
de Negocios Generales. Publicado en Gaceta Judicial Tomo XLIII Páginas.
481-482.
[72] Este artículo establece
que: “Artículo. 306.—Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla
oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y
nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.
[73] Sentencia del 12 de agosto de 2004. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra.
Radicación No. 200123310001999072701. Expediente 21177. Luis Fernando Guerra
Bonilla contra el Instituto de Seguros Sociales.
[74] El Artículo 343 del Código Judicial es homologo del actual artículo
306 del Código de Procedimiento Civil, donde se faculta al juez para declarar
oficiosamente excepciones de merito probadas, mas no alegadas.
[75] Sentencia del 12 de agosto de 2004. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra.
Radicación No. 200123310001999072701. Expediente 21177. Luis Fernando Guerra
Bonilla contra el Instituto de Seguros Sociales.
[76] Sentencia del 12 de agosto de 2004. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra.
Radicación No. 200123310001999072701. Expediente 21177. Luis Fernando Guerra
Bonilla contra el Instituto de Seguros Sociales.
[77] Al respecto, ver la sentencia C-1255 de 2001. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.