C-309-09
Dado el incumplimiento de un contrato suscrito entre la Sociedad
Energética de Melgar (en adelante Sem) y la Electrificadora del Tolima (en
adelante Electrolima) en uso de la cláusula compromisoria se convocó un
Tribunal de Arbitramento que el 13 de febr
Sentencia C-309/09
INHIBICION DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de los requisitos de
pertinencia, especificidad, suficiencia y certeza en demandas contra
interpretaciones judiciales
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
excepcional de la Corte para conocer cargos sobre interpretación de normas
El carácter excepcional del control de
interpretaciones judiciales radica en la separación que la propia Constitución
ha establecido entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria, separación
en virtud de la cual son los jueces ordinarios los llamados a interpretar y
aplicar la ley en los casos concretos, sin que le corresponda al juez
constitucional fijar el sentido autorizado de los textos legales, pues, de
hacerlo sin las debidas precauciones, la Corte desconocería la mencionada separación,
invadiría la esfera de competencias atribuidas a la jurisdicción ordinaria y
comprometería la autonomía e independencia de los restantes jueces.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE INTERPRETACION LEGAL-Condiciones de procedibilidad
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Requisitos de carga argumentativa mayor a cargo del
demandante
La Corte ha señalado que todo cargo de
inconstitucionalidad resulta idóneo para dar lugar al juicio solicitado a la
Corte, siempre que el actor ofrezca razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes, pero la Corporación también ha puntualizado que en
relación con las demandas presentadas en contra de interpretaciones judiciales
“esos requisitos se mantienen inalterados, aunque con un enfoque algo
diferente” que se explica por la exigencia de una “mayor carga argumentativa”.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Criterio determinante
La Corte estima que el criterio determinante para
establecer la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una específica
interpretación de la ley no es la existencia de otra interpretación legal, sino
su comparación directa con la Constitución, comparación que no se puede evadir
y menos tratándose de una interpretación de los jueces, pues, en tal evento el
actor se debe esmerar por presentar fuertes razones de contradicción con la
Carta y demostrar que el significado judicialmente atribuido es, en sí mismo y
no por referencia a otro significado, tan arbitrario e irrazonable que no cabe
conciliarlo con la autonomía y la independencia de los jueces.
DERECHO VIVIENTE EN
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACIONES JUDICIALES-Alcance
En lo atinente a la teoría del derecho viviente el
fundamento que en ella encuentra el control constitucional de interpretaciones
judiciales radica en que la mencionada teoría propicia la realización de un
juicio de constitucionalidad basado en el contexto dentro del cual la
disposición “ha sido interpretada” o “ha vivido”, de modo que el
pronunciamiento de la Corte no se funde en los sentidos hipotéticos de la
disposición controlada, sino en su “sentido real” conferido por “la
jurisdicción responsable de aplicarla”, de modo que si ese sentido real está
“claramente establecido y ofrece rasgos de coherencia y unidad”, la Corte debe
admitirlo “como el sentido en que dicha preceptiva ha de ser interpretada, al
momento de decidir sobre su exequibilidad”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
INTERPRETACION JUDICIAL-Carácter
excepcional del control abstracto
Referencia: expediente D-7454
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los
artículos 340, inciso 2 (parcial), y 345 de la Ley 599 de 2000 (parcial), “Por
la cual se expide el Código Penal”, respectivamente modificados por los
artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006.
Demandante: Néstor Iván Osuna Patiño
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de
dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Néstor Iván Osuna Patiño presentó demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 340, inciso 2 (parcial), y 345
(parcial) de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal”,
respectivamente modificados por los artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006.
Mediante Auto de dos (2) de
octubre de dos mil ocho (2008) el Magistrado Sustanciador, doctor Rodrigo
Escobar Gil, resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y,
simultáneamente, corrió traslado al Procurador General de la Nación para los
efectos de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicarla al
Ministerio del Interior y de Justicia, a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las
Universidades del Rosario, Javeriana y Externado de Colombia, para que
intervinieran en caso de considerarlo conveniente.
Una vez cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda presentada.
II. LOS TEXTOS DEMANDADOS
A
continuación se transcriben los artículos demandados y se subrayan los apartes
acusados:
LEY 599 de 2000
Por la cual se expide el Código Penal
TITULO XII
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CAPITULO I
DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA
INSTIGACION
ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de
cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
(Inciso modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de
2006). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio,
desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio,
terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del
Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y
multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
ARTICULO 345. ADMINISTRACION DE RECURSOS RELACIONADOS
CON ACTIVIDADES TERRORISTAS. (Modificado por el
artículo 16 de la Ley 1121 de 2006). El que directa o indirectamente provea,
recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos,
bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice,
apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al
margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o
extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades
terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa
de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
III. LA DEMANDA
1. Las disposiciones que se consideran infringidas
El demandante considera que los apartes
subrayados “son inconstitucionales bajo el entendido que les ha conferido, como
orientación jurisprudencial dominante, la Sala de Casación Penal de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, según la cual, dado que la nueva redacción
del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal se refiere al concierto
para el ‘Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas’ debe entenderse que el concierto
para delinquir agravado se extiende a todos los verbos rectores del artículo
345 del Código Penal sobre administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, en particular al vertido en la expresión ‘o realice
cualquier otro acto que promueva […] económicamente a grupos armados al margen
de la ley o a sus integrantes”.
El ciudadano Osuna Patiño estima que los
apartes demandados, “a la luz de la interpretación que la Sala de Casación
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia les ha dado en las sentencias
de diciembre 19 de 2007, y mayo y agosto 1º de 2008, vulneran el principio de
legalidad, concretamente los principios de tipicidad, taxatividad y
favorabilidad penales (artículos 28, 29 y 150 de la CP) y, de contera, el
derecho fundamental al debido proceso”.
2. La procedencia de la demanda
Dedica el actor un aparte inicial a
explicar la “procedencia de la demanda” y al efecto señala que la acción es
procedente, “puesto que con ella se demanda la inconstitucionalidad de dos
artículos de una ley, la 599 de 2000, por su contenido material” que ha sido
fijado por la Corte Suprema de Justicia.
Apunta el libelista que los ciudadanos
“dirigen siempre sus demandas, más que contra un mero enunciado legal, en
contra de la norma que extraen, deducen o derivan de ese texto legal” y, en
sustento de esta tesis, trae a colación la distinción entre disposición y norma.
Según el demandante, con el primer vocablo se designa al conjunto de signos
lingüísticos vertidos en un documento que es fuente de derecho, mientras que el
segundo se refiere al significado que se otorga u obtiene al interpretar la
Constitución.
Precisa el actor que la norma es el
resultado de la interpretación de la disposición o texto normativo y reitera
que la demanda de inconstitucionalidad, en realidad, se dirige en contra de la
norma deducida del texto, prueba de lo cual encuentra el demandante en los
requisitos o cargas a las cuales la Corte ha condicionado la prosperidad de una
demanda y, especialmente, en la exigencia de exponer razones ciertas, esto es,
que “recaigan sobre una proposición jurídica real y existente” y no simplemente
sobre una deducida por el actor o implícita, de manera que, según se lee en el
libelo, “las demandas de inconstitucionalidad no sólo pueden”, sino que deben
dirigirse “en contra de una norma jurídica”.
Destaca también el actor que la Corte
Constitucional ha aceptado el control constitucional sobre normas jurídicas
producto de interpretaciones judiciales, en virtud de la teoría del derecho
viviente, de conformidad con la cual “la forma en que los jueces y magistrados
entienden y aplican una determinada disposición jurídica habrá de ser tenida en
cuenta por la Corte Constitucional en desarrollo del control de
constitucionalidad, en especial si tal interpretación judicial representa una
orientación jurisprudencial dominante prohijada por un órgano de cierre”, así
que “mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad en
contra de una interpretación judicial efectuada por un órgano de cierre no se
pretende que el texto normativo impugnado sea expulsado del ordenamiento
jurídico, sino que la norma derivada del mismo, es decir, la interpretación
judicial, sea declarada inexequible por vulnerar la Constitución”.
A juicio del libelista, como consecuencia
de todo lo anterior, la Corte tiene competencia para decidir demandas en contra
de normas legales producto de interpretaciones jurídicas realizadas por los
órganos judiciales de cierre, siempre que involucren un problema de
hermenéutica constitucional que se derive del texto de la disposición
impugnada.
A continuación el actor manifiesta que la
impugnación de una interpretación procede siempre y cuando la interpretación
cuestionada (i) sea consistente, pues si existen contradicciones o divergencias
significativas no cabe hablar de un sentido generalizado; (ii) cuando la
interpretación está consolidada, dado que, salvo casos especiales, un solo
fallo no representa una posición decantada y (iii) cuando la interpretación es
relevante para fijar el significado de la disposición demandada.
Asevera el actor que su demanda cumple cada
uno de los requisitos expuestos, ya que se impugna una norma legal que es producto
de una interpretación acogida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia; tal norma se deriva directamente de los apartes cuestionados y
representa una orientación jurisprudencial dominante, puesto que “es una
postura consolidada y consistente, por cuanto todas las sentencias proferidas
por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en contra
de congresistas, por presuntos vínculos con el paramilitarismo se han fundado
en esta tesis”, expuesta en las sentencias de 19 de diciembre de 2007, 16 de
mayo y 1º de agosto de 2008 “y, en ninguna de ellas, Magistrado alguno ha
salvado o aclarado voto”, tratándose, en consecuencia, de fallos adoptados por
unanimidad.
3. El concepto de la violación
3.1. El artículo 340, inciso segundo del
Código Penal
A continuación, el demandante expone el
concepto de la violación y, en primer lugar, se refiere a los apartes
demandados del artículo 340, inciso segundo, del Código Penal. Tras aludir a la
descripción típica del concierto para delinquir, indica que la referida
conducta punible requiere la intervención de varias personas, por cuanto es un
delito necesariamente plurisubjetivo, se consuma con un acuerdo, convenio o
conjura para delinquir y la finalidad del acuerdo debe consistir en cometer
delitos, a lo cual se suma el carácter permanente, porque el concierto “está
dirigido a cometer una serie indeterminada de delitos”.
Agrega el actor que el inciso segundo del
artículo 340 del Código Penal fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1121
de 2006 y que “mediante esta ley se excluyeron unos verbos rectores incluidos
en la versión original del Código y se tipificó el acuerdo o concierto para el
‘Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas’ ”.
Transcribe luego la disposición original de
la Ley 599 de 2000, así como la modificada por el artículo 19 de la Ley 1121 de
2006 y destaca la inclusión en esta última versión del “enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas” e indica que, aún cuando, a primera vista, la modificación parece
superflua y limitada sólo a un cambio de palabras, “reviste particular
importancia a la luz del principio constitucional de taxatividad o tipicidad
penal”, pues “a partir de una lectura detenida se infiere sin mayores esfuerzos
que el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006 tipificó el concierto para el ‘enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos’, que en la redacción
original de la Ley 599 de 2000 no se había incluido”.
Puntualiza el libelista que la modificación
“excluyó la conducta de quienes concierten ‘para organizar, promover, armar
o financiar grupos armados al margen de la ley’ y, en su lugar, se tipificó
el acuerdo o convenio para el “Financiamiento del Terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, de
modo que “el concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos
armados al margen de la ley, devino atípico a partir de la expedición de la Ley
1121 de 2006”.
Considera el demandante que, con
independencia de la discusión acerca de si los grupos armados al margen de la
ley constituyen grupos terroristas, “a la luz de una interpretación
sistemática, admitida con reserva en materia penal, el concierto para
organizar, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, se podría
entender subsumido en el aparte normativo ‘o Financiamiento del Terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas’, incluido
por la reforma de la Ley 1121 de 2006, en tanto que la organización y dotación
de armas, implican per se, el aporte de dinero o bienes a la
organización criminal”.
Añade el demandante que, “sin embargo, el
concierto para promover grupos armados al margen de la ley, tipificado
inicialmente en la Ley 599 de 2006, no puede entenderse subsumido en el ‘Financiamiento
del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas’, incluido por la reforma de la Ley 1121 de 2006, por cuanto el
acuerdo para la promoción no implica ni siquiera tácitamente un concierto para
financiar actividades o grupos terroristas”, pues “concertar para ‘promover’
es acordar que se ‘impulsará un proceso, procurando su logro’, lo cual,
a todas luces, no es concertar para ‘financiar’, es decir, convenir el ‘aporte
del dinero necesario para una empresa’ ”.
Así pues, según el demandante, “quienes
conciertan para resaltar las virtudes o celebrar los triunfos políticos o
militares de un grupo organizado al margen de la ley en un determinado espacio
social, incurrirían claramente en el delito de concierto para delinquir
agravado descrito en el artículo 340, inciso 2, de la Ley 599 de 2000, por
cuanto tal conducta implica la promoción de dichos grupos”, pero “si tal
proceso de adecuación típica se surtiera a la luz del concierto para delinquir
agravado modificado por el artículo 19 de la ley 1121 de 2006, la consecuencia
ineluctable sería la atipicidad de dicha conducta”.
En conclusión, el ciudadano demandante plantea
que la modificación de la versión original del artículo 340 del Código Penal
tiene dos rasgos peculiares, pues “tipificó el concierto para el ‘enriquecimiento
ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos’ que en la redacción de
la Ley 599 de 2000 no se había incluido y excluyó el ‘concierto para
promover grupos armados al margen de la ley’ tipificado en el texto
original, por lo cual esta conducta devino atípica”.
3.2. El artículo 345 del Código Penal
Después se ocupa el actor de los apartes
demandados del artículo 345 del Código Penal, referente a la financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y, refiriéndose a su modificación por el artículo 16 de la Ley 1121
de 2006, apunta que la disposición “contiene un tipo penal con sujeto activo
indeterminado y no es un tipo penal plurisubjetivo”, pues a diferencia del
concierto para delinquir, su consumación no requiere de la participación o
coautoría de varias personas, un solo individuo puede incurrir en este delito”.
Señala el ciudadano Osuna Patiño que “todos
los verbos rectores implican una forma de financiar o administrar recursos de
grupos terroristas, es decir, aportar o disponer, ordenar u organizar, bienes o
dinero que se utilizarán en actividades terroristas” y a continuación
puntualiza que una persona incurre en el tipo penal si efectivamente ha
realizado alguna de las conductas previstas en el precepto, que se refiere a
promover, organizar, apoyar o financiar económicamente a un grupo armado al
margen de la ley”.
Tratándose del verbo promover, anota el
libelista que es menester formular varias aclaraciones y al efecto indica que
el tipo penal no hace referencia a cualquier clase de promoción, pues el
legislador se refirió a cualquier acto que promueva “económicamente” a un grupo
armado al margen de la ley o a sus integrantes, de donde se desprende que “los
actos de promoción que no impliquen aporte de dinero, bienes o cualquier otro
tipo de beneficio económico a favor de grupos organizados al margen de la ley
son atípicos”.
Así las cosas, considera el demandante que,
“aún bajo la interpretación inconstitucional en virtud de la cual el artículo
340, inciso 2, del Código Penal, al hacer referencia al concierto para ‘Financiamiento
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas’ extiende el alcance del concierto para delinquir a todos los
verbos rectores del artículo 345, en razón a que tal enunciado corresponde al
título de dicho artículo, necesariamente habrá de entenderse que estarían
tipificadas las conductas de quienes concierten para proveer, recolectar,
entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o
recursos o, en general, promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o
sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes”, de manera que el concierto para promover, apoyar, mantener,
financiar o sostener tales organizaciones, únicamente estaría tipificado en
relación con el aporte de dinero o bienes”.
Por lo tanto, “todos aquellos que
concierten para promover grupos organizados al margen de la ley y dicha
promoción no llegare a manifestarse en aporte de dinero o bienes, no incurrirían
en tipo penal alguno”.
3.3. La interpretación de la Corte Suprema
de Justicia
Acto seguido el demandante aborda lo
referente a “la norma jurídica creada por la Sala Penal de la Honorable Corte
Suprema de Justicia a partir de los dos tipos penales estudiados” e
inicialmente destaca que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha concluido que la conducta relacionada con el concierto para
promover grupos armados al margen de la ley no ha desaparecido del catálogo de
conductas punibles, siendo que, de acuerdo con lo expuesto, ya no constituye
ilícito alguno.
Así mismo, informa el demandante que, según
la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, “dada la modificación
introducida por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, al extraer los verbos ‘o
para organizar, promover, armar o financiar, grupos armados al margen de la ley’
del texto original del artículo 340, inciso 2, de la Ley 599 de 2000 y, en su
lugar, introducir el aparte ‘o Financiamiento del Terrorismo y administración
de recursos relacionados con actividades terroristas’, y la tipificación
independiente de las conductas excluidas referidas en el artículo 345 del
Código Penal, bajo la rúbrica ‘Financiación del Terrorismo y administración
de recursos relacionados con actividades terroristas’ seguía tipificada la
conducta genérica de ‘concertarse para promover grupos armados al margen de
la ley’, sin consideración alguna a la naturaleza y evidentes diferencias
de estos tipos penales”.
Puntualiza el libelista que “para la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el solo hecho que el
artículo 340, inciso 2 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la
Ley 1121 de 2006, se refiera al concierto para el ‘Financiamiento del
Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas’, el alcance del concierto para delinquir agravado se extiende
a todos los verbos rectores del artículo 345 del Código Penal, en particular a
la expresión ‘o realice cualquier otro acto que promueva (…) económicamente
a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes’ ”.
Transcribe el demandante algunos apartes de
las providencias dictadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia y concluye que “a todas luces la posición acogida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en la cual se
profirieron las providencias referidas, resulta inconstitucional, por cuanto
desconoce los principios de favorabilidad, tipicidad o taxatividad penales y,
por consiguiente, la garantía constitucional al debido proceso”.
3.4. La vulneración del principio de
tipicidad o taxatividad penal
Para sustentar el cargo consistente en la
vulneración del debido proceso, el demandante alude a los diversos sentidos del
principio de legalidad penal y tras consignar que la taxatividad “consiste en
la descripción de los hechos que merecen reproche penal, de manera precisa y
delimitada en relación con una circunstancia o situación específica, abstracta
y objetiva” a tal punto que “la descripción típica debe establecer en forma
clara y precisa los sujetos, el verbo rector, los objetos material y jurídico y
la pena”, hace énfasis en que una situación contraria “propiciaría un atentado
contra la libertad individual, pues se dejaría al arbitrio de la autoridad que
debe aplicar la calificación de los actos, vulnerando la libertad y la
seguridad individuales”.
Sostiene el demandante que esto último
acontece con la interpretación demandada, porque la Sala de Casación Penal “ha
entendido que el tipo establecido en el artículo 340, inciso 2, del código
Penal, con todo y la modificación de la Ley 1121 de 2006, no excluye la
conducta de ‘concertarse para promover grupos armados al margen de la ley’,
sino que, por el contrario, el aparte incluido ‘Cuando el concierto sea para
(…) Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas’ hace remisión expresa al artículo 345, por lo cual
se extiende el contenido del concierto para delinquir agravado a todos los
verbos rectores allí tipificados, en especial a la expresión ‘o realice
cualquier otro acto  que promueva (…) económicamente a grupos armados al margen
de la ley o a sus integrantes’ ”.
El ciudadano Osuna Patiño estima que “el
marco de interpretación de un juez no puede llegar hasta la sanción de
conductas a las que supuestamente se refiere el tipo penal, pero que lo hace
por remisión”, pues el juez penal debe ceñirse estrictamente a lo que
expresamente establece el tipo penal” y le está “vedado hacer construcciones
argumentativas para adecuar una determinada conducta a una definición típica en
la que ni siquiera se menciona de manera expresa, clara e inequívoca”.
Asevera el demandante que la Sala de
Casación Penal “creó un tipo penal consistente en el ‘concierto para promover
grupos armados al margen de la ley’, a partir de una lectura conjunta e
inconstitucional de los artículos 340, inciso 2, y 345 del Código Penal”
tratándose, entonces, “de un delito de creación jurisprudencial” que vulnera el
principio de tipicidad y el derecho fundamental al debido proceso.
Continúa el libelista su exposición
indicando que, aún cuando existen tipos penales abiertos, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional el tipo penal abierto debe contener
“la determinación de la conducta prohibida, lo cual significa que la
descripción básica del comportamiento no puede confiarse al complemento” y que,
en el caso concreto, “la supuesta remisión que el artículo 340, inciso 2, del
Código Penal haría respecto del 345 ibídem, no cumpliría con el
requisito señalado, puesto que la conducta punible de promoción de grupos
organizados al margen de la ley estaría definida en la norma complementaria y no
en el tipo penal original, lo cual vulnera el principio de taxatividad o
legalidad en estricto sentido y, por consiguiente, el derecho fundamental al
debido proceso”.
Añade el actor que aún cuando se
considerara que la conducta consistente en “concertar para promover grupos
armados al margen de la ley”, todavía está tipificada en la ley penal, el
fundamento de esta posición no puede ser una lectura conjunta de los artículos
340 y 345 del Código Penal y considera que si la Corte Constitucional concluye
que el artículo 340, inciso 2, extiende el alcance del concierto para delinquir
a los verbos rectores incluidos en el artículo 345, también deberá concluir, en
aras de guardar el principio de taxatividad y el derecho al debido proceso, que
el concierto para promover tales organizaciones, únicamente estaría tipificado
en relación con el aporte de dinero o bienes, o la toma de decisiones sobre los
recursos económicos”.
3.5. La vulneración del principio de
favorabilidad
Como segundo cargo de inconstitucionalidad
el actor esgrime el desconocimiento del principio de favorabilidad en materia
penal, establecido en el artículo 29 de la Carta, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, principio de acuerdo
con el cual, tratándose “de la sucesión de leyes penales, sustanciales o
procesales, siempre se aplicará la más favorable, sea esta la disposición
derogada o la nueva”.
Sobre el particular afirma el demandante
que la conducta genérica que consistía en concertarse para promover grupos
armados al margen de la ley, contemplada en el artículo 340, inciso 2, de la
ley 599 de 2000, “devino atípica en virtud de la modificación introducida por
el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006”, motivo por el cual “necesariamente
habrá de aplicarse esta última norma y, por consiguiente, considerar atípica la
conducta referida”, cosa que no ha hecho la Corte Suprema de Justicia, pues
“sigue condenando a quienes de conformidad con el artículo 340, inciso 2, del
Código Penal, concertaron para promover grupos organizados al margen de la ley”
y, por no tener en cuenta que dicha conducta “devino atípica”, vulnera el
principio de favorabilidad penal.
4. La prosperidad de los cargos
La demanda termina con un acápite “sobre la
prosperidad de los cargos de inconstitucionalidad en los que se funda la
presente acción”, en el que se indica que la argumentación vertida en la
demanda cumple con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia,
especificidad y suficiencia, a cuyo cumplimiento la jurisprudencia
constitucional ha condicionado la prosperidad de los cargos de
inconstitucionalidad e igualmente se anexa copia simple de las 3 providencias
en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha vertido la
interpretación que se controvierte.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del ciudadano Hernán
Eugenio Yassín Marín
El ciudadano Hernán Eugenio Yassín Marín,
quien manifiesta ser Presidente de la Corporación Colegio Nacional de Abogados
“Conalbos”, Seccional Antioquia, intervine para apoyar la declaración de
inconstitucionalidad solicitada por el actor.
El interviniente considera que la acción
pública de inconstitucionalidad procede en contra de interpretaciones
judiciales y, después de analizar los preceptos parcialmente cuestionados,
concluye que no existe ninguna posibilidad de entender que el artículo 345 del
Código Penal en su actual redacción incorpore conductas relacionadas con los
“grupos al margen de la ley, que no tengan que ver con la estructuración o
apalancamiento económico”, pese a lo cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia todavía estima que la conducta relacionada con la promoción
de grupos armados al margen de la ley, que aparecía en la versión original del
artículo 340 del Código Penal, está vigente. Con argumentos similares a los
utilizados en la demanda, el interviniente señala que la interpretación
cuestionada vulnera el principio de taxatividad, amplía el marco normativo del
artículo 340 del Código Penal y desconoce el principio de favorabilidad.
2. Intervención del ciudadano Carlos Andrés
Molina López
El ciudadano Molina López señala en su
escrito de intervención que “a partir de la vigencia de la Ley 1121 de 2006 se
excluyó la conducta de concertar para ‘organizar, promover, armar o
financiar grupos armados al margen de la ley’ y, en su lugar, se tipificó
el acuerdo o convenio para el ‘Financiamiento del Terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas’, no
obstante lo cual la Corte Suprema de Justicia “subsume dentro del ‘Financiamiento
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas’ la actividad de concertar para ‘organizar, promover, armar
o financiar grupos armados al margen de la ley’” y extiende el alcance del
concierto para delinquir a todos  los verbos rectores del artículo 345 ibídem”.
Señala el interviniente que el concierto
para promover grupos armados al margen de la ley ya no es conducta punible y
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema lo considera como delito,
mediante una interpretación inconstitucional que viola los principios de legalidad,
favorabilidad y taxatividad, así como el debido proceso, por todo lo cual la
interpretación atacada es inconstitucional.
3. Intervención del ciudadano Guillermo
Otálora Lozano
El ciudadano Otálora Lozano intervino para
oponerse a las pretensiones de la demanda y solicita a la Corte que en relación
con el artículo 345 del Código Penal se declare inhibida por ineptitud
sustantiva de la demanda y, subsidiariamente, que lo declare exequible y que,
tratándose del artículo 340, lo declare exequible.
Según el ciudadano interviniente, “la
interpretación adoptada por la Corte Suprema de Justicia se deriva razonablemente
del texto de las disposiciones demandadas” y, por lo tanto, no hay vulneración
del principio de tipicidad ni del principio de favorabilidad.
El interviniente admite que la
interpretación objeto de tacha corresponde a una posición jurisprudencial dominante
y es derecho viviente, pero estima que los cargos dirigidos en contra de ella
no son pertinentes. Pone de presente que la Corte ha señalado que no todo cargo
dirigido contra una interpretación judicial debe ser admitido, pues puede
suceder que realmente se trate de una discusión puramente legal e indica que,
precisamente, un cargo incumple el requisito de pertinencia cuando, en lugar de
razones constitucionales, se aducen argumentos de índole legal, reglamentaria,
doctrinal o de simple conveniencia.
Según el interviniente, “el desacuerdo del
actor con la interpretación consolidada de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, sobre el artículo 345 del Código Penal, consiste en
que, mientras la Corte Suprema considera que el verbo rector de la conducta
punible consiste en ‘promover’ grupos armados al margen de la ley, el actor
considera que consiste en ‘promover económicamente’ a dichos grupos”, de  modo
que el desacuerdo radica en establecer si la palabra “económicamente” cualifica
todos los actos contenidos en la lista, o apenas el de sostener, con lo cual la
conducta “promover” sería un verbo rector independiente.
Para el ciudadano Otálora Lozano el debate
propuesto es de índole puramente legal y versa sobre el alcance que se le debe
dar a la disposición legal, luego el cargo carece de relevancia constitucional,
pues, en realidad, lo pretendido por el actor es que la Corte Constitucional
“determine que la interpretación de la Corte Suprema de Justicia no se ajusta
al Código Penal”.
Añade el interviniente que toda decisión
adoptada en materia penal afecta los derechos contenidos en los artículos 28 y
29 de la Constitución, pero, a su juicio, “no por ello puede afirmarse que todo
debate de carácter penal pueda o deba ser dirimido por la jurisdicción
constitucional, ya que esto tendría el efecto de vaciar las competencias de la
jurisdicción ordinaria”.
Puntualiza el ciudadano Otálora Lozano que
el actor no ha presentado cargos “contra la tipificación de la conducta de
promover ni la de promover económicamente a grupos armados al margen de la
ley”, que ninguna de las dos interpretaciones es inconstitucional en sí misma y
que, en últimas, se trata de un cargo de ilegalidad.
A continuación el interviniente señala que
la remisión hecha por el artículo 340, inciso 2º, del Código Penal al artículo
345 del mismo Código es identificada por el demandante “con la existencia de un
tipo penal abierto” y que eso lleva al actor a afirmar que no cumple con el
requisito consistente en que la determinación de la conducta prohibida no se
encuentra en la norma base sino en el complemento.
Sobre el particular el interviniente opina
que “es preciso distinguir entre los artículos del Código Penal que se remiten
a otros artículos del Código Penal y aquellos que se remiten a normas
extra-penales, incluso a actos administrativos”, pues es a la segunda clase de
norma penal a la que la Corte Constitucional se ha referido cuando ha decidido
sobre tipos penales en blanco, ya que sobre la primera categoría no existe
mayor debate.
El ciudadano Otálora Lozano apunta que una
remisión no es inconstitucional “por el sólo hecho de serlo” y que “es común
que en el Código Penal los tipos penales sean integrados por referencia a
varias disposiciones”, circunstancia que, por sí sola, “nunca ha sido considerada
violatoria del principio de tipicidad o el principio de taxatividad” que
únicamente exige sanción para las conductas establecidas en la ley”, sin exigir
la utilización “de una u otra técnica legislativa para establecerlas”.
En relación con el artículo 345 del Código
Penal el interviniente anota que “aún cuando puede haber argumentos en contra
de la interpretación adoptada por la Corte Suprema de Justicia, esa sola
circunstancia no torna inconstitucional la posición interpretativa que
controvierte el actor, dado que “se deriva razonablemente del texto del
artículo 345 del Código Penal”.
Asevera el interviniente que aún cuando
cabría pensar que el artículo 345 del Código Penal viola el artículo 29
superior por permitir más de una interpretación y porque la Constitución exige
un alto grado de certeza en la ley penal, tampoco cabe pretender que ésta se
encuentre libre de diferencias interpretativas, pues de otra manera no
establecería un órgano judicial encargado de unificar la jurisprudencia en esta
materia.
En cuanto a la alegada violación del
principio de favorabilidad, el ciudadano Otálora Lozano indica que, en su
criterio, la conducta no es atípica, “pues así lo ha establecido la Corte
Suprema de Justicia en una posición interpretativa que se deriva razonablemente
del texto de la disposición legal” y enfatiza que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia ha determinado que la legislación no cambió, “sino
que la prohibición ya existente sólo cambió de ubicación dentro del Código Penal”,
razón por la cual “no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad
en estos casos concretos, excepto para efectos de aplicación de la pena”.
4. Intervención de los ciudadanos Armando
Baena Cifuentes y Elkin Yesid Salar
Los ciudadanos intervinientes consideran
que la Corte Suprema de Justicia creó un tipo penal por remisión de normas, lo
que, a su juicio, vulnera el principio de tipicidad y el debido proceso, pues
el juez no puede sancionar conductas a las que supuestamente se refiere el tipo
penal y le está vedado efectuar construcciones argumentativas para adecuar una
determinada conducta a una definición típica en la que ni siquiera se menciona
de manera expresa, clara e inequívoca.
5. Intervención de la Corporación Nuevo
Arco Iris
El ciudadano León Valencia Agudelo, en su
calidad de representante legal de la Corporación Nuevo Arco Iris, intervino
para oponerse a las pretensiones de la demanda.
En primer lugar se indica en la
intervención que la interpretación del artículo 345 del Código Penal permite
concluir que la palabra “económicamente” se refiere únicamente al verbo
sostener y no a cada uno de los verbos rectores promover, organizar, apoyar,
mantener, financiar y sostener”, pues el legislador, al incluir distintos
verbos rectores, tuvo “la intención de cubrir diversas conductas delictivas de
diferente índole”, mas no la de “reducir las conductas mencionadas a un
carácter meramente económico”, fuera de lo cual no tiene sentido referir la
palabra “económicamente a cada verbo rector, ya que “financiar ya tiene un
carácter económico” y tampoco habría sido necesaria la utilización de varios
verbos rectores “si al final a la conducta delictiva se le atribuye un mero
carácter económico”.
A lo anterior agrega el representante de la
Corporación interviniente que si bien el título del artículo 345 se refiere a
la “Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas”, esto no significa que las conductas delictivas deban
limitarse al alcance gramatical del título, prueba de lo cual es la referencia
a grupos armados al margen de la ley, que no necesariamente son terroristas y,
en el mismo sentido, indica que la interpretación gramatical del artículo 340,
inciso segundo, del Código Penal permite concluir que la referencia al delito
de ‘Financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas’ hace alusión al artículo 345 del Código Penal en su
conjunto”.
Plantea luego la intervención una
interpretación histórica que tiene como punto de partida los motivos que
inspiraron al legislador a cambiar el texto de los artículos 340, inciso 2º y
345 de la Ley 599 de 2000 y al respecto se expresa que mediante la Ley 1121 de
2006 “el legislador quiso adaptar la legislación colombiana a las exigencias
legales derivadas de obligaciones internacionales consagradas en tratados
internacionales sobre la lucha contra el terrorismo, sobre todo en cuanto a la
prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del
terrorismo”, razón por la cual fueron ampliadas las conductas delictivas
contenidas en el artículo 345 del Código Penal mediante la inclusión de nuevas
conductas, luego el legislador no buscaba limitar las conductas a aquellas de
carácter económico.
Se sostiene en la intervención que las
obligaciones internacionales no se limitan a la prevención, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorismo y a la administración
de los recursos relacionados con las actividades terroristas, sino que se
extienden a otras medidas de prevención y represión relativas a formas de apoyo
al terrorismo que no necesariamente tienen un carácter económico, tal como
sucede con la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que establece la obligación de enjuiciar a toda persona que participe
en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de
terrorismo y, para finalizar, se precisa que las obligaciones internacionales
en relación con la prohibición de financiación son obligaciones mínimas y no
excluyen la posibilidad de que un estado adopte medidas adicionales que vayan
más allá de la criminalización del apoyo económico a un grupo terrorista o a un
grupo armado al margen de la ley.
De conformidad con una interpretación
sistemática, la intervención manifiesta que el inciso segundo del artículo 340 del
Código Penal hace referencia a todas las conductas contenidas en el artículo
345, como se desprende de la remisión, motivo por el cual “es erróneo pensar
que el artículo 340, inciso segundo, se refiere solamente a las dos conductas
de financiar el terrorismo o administrar bienes relacionados con actividades
terroristas y no a otras conductas mencionadas en el artículo 345” y, además,
“en cuanto a la conducta específica de promover grupos armados ilegales, el
legislador ahora sanciona tanto el concierto para promover, como la promoción
efectiva.
Se consigna en la intervención que, según
una interpretación teleológica, la penalización de las conductas consistentes
en promover, organizar, financiar o apoyar a grupos armados organizados al
margen de la ley es parte sustancial de la política criminal del Estado
colombiano, de modo que pensar en la limitación de las conductas “crearía
lagunas de punibilidad intolerables”, en contra de la intención que el
legislador tuvo al reformar los artículos parcialmente demandados.
También se expone en la intervención que la
interpretación defendida por el demandante “violaría los derechos de las
víctimas de grupos armados ilegales a la verdad, justicia y reparación, pues la
organización o pertenencia a grupos paramilitares ya no sería un delito común,
sino una conducta legal, siempre y cuando la actividad no tuviera un carácter
económico”. Así pues, no siendo posible interpretar el paramilitarismo como delito
político “a fortiori no es posible interpretar los artículos 340, inciso
segundo y 345 del Código Penal de una manera que garantizaría la impunidad”.
En lo atinente a la procedencia de la
demanda, el representante de la Corporación Nuevo Arco Iris estima que la Corte
Constitucional no tiene competencia para revisar una sentencia de última
instancia y que este principio no se puede invalidar mediante una demanda de
inconstitucionalidad. En este sentido se afirma que la Corte Constitucional no
es cuarta instancia en los procesos adelantados ante la justicia ordinaria, ni
segunda instancia tratándose del juzgamiento de los congresistas por la Corte
Suprema de Justicia y que carece de competencia en el caso de la demanda
impetrada, dado que la interpretación de la Corte Suprema de Justicia no viola
normas específicas de derecho constitucional como las de tipicidad y
favorabilidad, sino que se trata de una interpretación razonable, concordante
con el texto normativo y producto de una interpretación gramatical, histórica,
sistemática y teleológica, enmarcada en los requerimientos constitucionales.
Fuera de lo anterior, en la intervención se
destaca que la demanda es improcedente, porque “no explica de manera razonable
las supuestas inconsistencias” entre el ‘texto legal’ y la norma jurídica
surgida como consecuencia de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia
y porque, “sin dar explicaciones de carácter gramatical, histórico, sistemático
o teleológico, el demandante sólo se limita a sostener que la palabra
‘económicamente’ no se refiere solamente al verbo ‘sostener’ sino también al
verbo ‘promover’ ”.
A juicio del interviniente, al sustentar el
cargo de inconstitucionalidad en contra del artículo 340, en la demanda no se
explica de manera razonable por qué la expresión “financiamiento del terrorismo
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas” no puede
ser entendida con referencia al artículo 345 en su conjunto, incluyendo todas
las conductas delictivas mencionadas, inclusive la promoción de grupos armados
ilegales” y, en síntesis, se indica que “la demanda no hace ningún esfuerzo
argumentativo de refutar los argumentos adecuados, razonables y contundentes,
de la Corte Suprema de Justicia”.
6. Intervención de la Comisión Colombiana
de Juristas
El ciudadano Gustavo Gallón Giraldo,
obrando en nombre propio y como director y representante de la Comisión
Colombiana de Juristas, interviene para solicitar a la Corte Constitucional que
se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo y que, en caso de que
asuma el estudio material de la demanda presentada, declare “la exequibilidad
de los apartes demandados y la interpretación que de ellos ha hecho la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Es criterio del interviniente que la
demanda no cumple los requisitos de procedencia, pues el cuestionamiento de
interpretaciones judiciales de las leyes mediante la acción pública de
inconstitucionalidad es procedente en condiciones excepcionales, que en este
caso no se cumplen.
A juicio del ciudadano Gallón Giraldo el
control sobre interpretaciones surge cuando se estructura el denominado derecho
viviente, mas no sobre la aplicación de disposiciones legales a casos
concretos, siendo una carga del demandante demostrar que se está ante un caso
de derecho viviente y que ese derecho viviente contradice la Constitución.
Sostiene el representante de la Comisión
Colombiana de Juristas que no es posible diferenciar los requisitos de
procedencia de la acción, contenidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991,
de los requisitos que tornan prósperos los cargos e indica que “una cuestión
previa al estudio de la demanda la constituye el examen sobre la claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos”.
Refiriéndose al requisito de suficiencia,
el interviniente señala que el derecho viviente corresponde a una
interpretación judicial consistente y advierte que, en el caso de la demanda
presentada, la Corte Suprema de Justicia “está en el ejercicio de la práctica
judicial”, tratándose de supuestos “para los cuales la jurisprudencia de la
Corte tiene vocación y relevancia particular”.
Así pues, en opinión del ciudadano Gallón
Giraldo, el demandante no acredita que la interpretación demandada se haya
extendido dentro de la correspondiente jurisdicción y no logra demostrar “ni
argumentativa, ni tácticamente” que se está ante un caso de derecho viviente,
motivo por el cual la demanda “tiene por objeto provocar un pronunciamiento en
el que la Corte Constitucional controvierta la interpretación que la Sala Penal
ha construido sobre el tipo de concierto para delinquir agravado en tres casos
concretos”.
El interviniente pone de presente que el
control de constitucionalidad establecido en Colombia tiene carácter abstracto
y, por lo tanto, se reduce a una confrontación normativa, a diferencia del
control concreto que se orienta a determinar si una situación jurídica
específica respeta o no los mandatos constitucionales, razón por la cual en
ocasiones la Corte Constitucional exige que su análisis se efectúe teniendo en
cuenta el objetivo de la disposición examinada y en ningún caso la aplicación
concreta que ella tenga.
El ciudadano Gallón Giraldo estima que el
derecho viviente no priva de su carácter abstracto al control de
constitucionalidad, pues efectuar un control sobre una norma con un mayor grado
de concreción “es distinto a afirmar que dicho control se realice sobre
decisiones específicas proferidas por un juez ordinario en casos ya decididos”.
La demanda presentada, entonces, “persigue
que se declaren sin fundamento las consideraciones de fondo expuestas en los
tres fallos citados” y, siendo difícil que una decisión de fondo proferida por la
Corte Constitucional pueda ser reiterada en decisiones posteriores de la Sala
Penal, la sentencia que el juez constitucional llegara dictar podría “quedar
limitada en sus efectos a los tres casos mencionados, con lo cual su alcance merecería
ser más calificado como un supuesto de control concreto”.
Tratándose del requisito de claridad, el
interviniente anota que el actor “no presenta con claridad el contenido
normativo o norma que debe ser objeto de control por la Corte Constitucional,
pues aunque cuestiona la interpretación de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, “lo cierto es que en su escrito se desvía y plantea
una interpretación que se dirige contra la praxis judicial de la Sala Penal”,
ya que, en lugar de abordar la norma jurídica que surgiría de la interpretación
de la Sala Penal, se limita a explicar la manera como la Ley 599 de 2000 habría
sufrido una derogación por la Ley 1121 de 2006.
Añade la intervención que la demanda
plantea “un problema de aplicación de las leyes en el tiempo” y que, siendo
éste el verdadero objeto de impugnación, “resulta revelador que el demandante
rompa la continuidad necesaria para hacer claro su cargo y termine proponiendo
que el juez de constitucionalidad dirima un conflicto de aplicación de la ley
en el tiempo, que en el fondo constituye un elemento natural de la praxis
judicial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando en juicios
penales concretos está aplicando las disposiciones legales acusadas”.
En cuanto al requisito de certeza, en el
escrito de intervención se lee que no puede considerarse satisfecho cuando la
impugnación se sustenta en simples hipótesis hermenéuticas que no hallan
sustento en una real y cierta interpretación judicial y que, en el caso de la
demanda presentada, el libelista ataca la forma en que la Sala Penal realizó la
aplicación de los artículos 340 y 345 del Código Penal, es decir, su lectura
conjunta a la luz de casos concretos.
Sobre el requisito de especificidad el
interviniente advierte que no se cumple, pues, en su criterio, los argumentos
de la demanda son indirectos, “toda vez que no se orientan a impugnar la
constitucionalidad de una norma jurídica, originada en la interpretación de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino su praxis judicial y la forma
en que ha dado aplicación a los artículos 340 y 345 del Código Penal en casos
particulares”.
Con base en las anteriores razones el
interviniente considera que la demanda no plantea un problema de relevancia
constitucional y, como quiera que no se cuestiona una orientación
jurisprudencial generalizada, los cargos son de orden legal y particular, luego
el actor “no asume el nivel de carga argumentativa que la Corte exige en estos
casos”, bajo el entendido de que el control sobre interpretaciones judiciales
es excepcional, que busca armonizar la autonomía judicial con la función
encargada a la Corte Constitucional y que se funda sobre la base de no
desnaturalizar la acción pública de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de los anteriores
planteamientos, la intervención pasa a analizar la constitucionalidad de la
interpretación de la Corte Suprema de Justicia y, en primer término, se ocupa
de la pretendida despenalización del concierto para delinquir agravado en la
modalidad de promoción, organización y financiación de grupos armados al margen
de la ley.
Tras analizar la evolución del tipo penal,
el interviniente concluye que “desde los años ochentas ha sido relevante para
el legislador sancionar la conducta estudiada” y, a tal grado, que su
descripción “se ha ido especificando, de manera que es posible distinguir dos
clases distintas de concierto u acuerdo agravado: el que se hace con el fin de
cometer delitos graves o crímenes de lesa humanidad, y el que se realiza para
crear, favorecer o apoyar en distintas formas a grupos armados al margen de la
ley”.
Tratándose de delitos contra la seguridad
pública, según la intervención, “no parece haber hasta el momento ningún cambio
en la situación de seguridad y orden público nacionales que indique una razón para
que la decisión de penalizar el concierto para delinquir agravado en la
modalidad de promoción, organización y financiación de grupos armados al margen
de la ley se modifique”, sino que, por el contrario, “con motivo de los
procesos que se siguen contra miembros desmovilizados de los grupos
paramilitares y las declaraciones que estos están haciendo frente a las
autoridades judiciales sobre su origen, las fuentes de financiación y los
apoyos que recibieron durante su creación y desarrollo, parecería más vigente y
oportuna que nunca la penalización de esta conducta”.
Se ocupa luego la intervención de precisar
que “la Ley 1121 de 2006 fue aprobada en el Congreso para adecuar la
legislación nacional a los estándares internacionales sobre financiación de
grupos terroristas” e indica que, al interpretar los artículos 19 y 16, la
Corte Suprema de Justicia ha considerado que el concierto para delinquir
agravado en la modalidad de promoción, organización y financiación de grupos
armados al margen de la ley no fue despenalizado, sino reubicado mediante la
inclusión de la conducta de financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, en el artículo 340 del Código
Penal, que permite hacer una remisión al 345.
En apoyo de la interpretación prohijada por
la Corte Suprema de Justicia, el interviniente cita la voluntad del legislador
y en este sentido pone de presente que la expedición de la Ley 1121 de 2006
“respondía a la obligación internacional asumida por Colombia de combatir
actividades terroristas, para lo cual modificó disposiciones vigentes y
adicionó algunas normas nuevas, mas no derogó ninguna norma del ordenamiento
jurídico colombiano”, como, en su criterio, se desprende de la exposición de
motivos del proyecto de ley y de los informes de ponencia que demuestran la
inexistencia de “un interés del legislador en la despenalización del concierto
para delinquir agravado en la modalidad de organización, promoción y
financiación de grupos armados al margen de la ley”, así como “la intención de
fortalecer los instrumentos jurídicos nacionales para la lucha contra quienes
realizan o fomentan de cualquier manera las actividades de grupos terroristas
al margen de la ley”.
En relación con la forma como fue
modificado el artículo 345 del Código Penal, por el artículo 16 de la Ley 1121
de 2006, en la intervención se manifiesta que el delito allí tipificado tiene
un sujeto activo indeterminado, que el tipo describe varias conductas, “cada
una de las cuales podría conformar un tipo distinto, aunque se refieran todas
al mismo bien jurídico”, de modo que “el tipo penal parece ser cuidadoso y
minucioso en cuanto a las conductas que tipifica y al objetivo con el que estas
deben realizarse, para que se constituyan en delito”.
Sobre el artículo 345 del Código Penal, la
intervención añade que “no se puede caer en el facilismo de considerar que el
nombre del artículo o del tipo determina su tipicidad, pues para esto es
requisito valorar la descripción de cada conducta, no su título”. En este orden
de ideas la perspectiva económica a la cual el demandante condiciona la lectura
del artículo “es una interpretación forzada (…) que carece de lógica y
contradice la redacción y la estructura de la norma, la cual penaliza en una
primera parte el respaldo económico para estos grupos y en una segunda toda
otra forma de fomento a los mismos”, de tal modo que el legislador tipificó la
conformación y apoyo a los grupos armados al margen de la ley y a los grupos
terroristas, conducta que no estaba penada en la legislación nacional, lo que
demuestra que el Congreso reforzó su existencia “mediante la tipificación de
una conducta criminal autónoma e independiente, la cual es susceptible, pero no
necesariamente, de ser concertada entre varias personas”.
Acto seguido, la intervención se detiene a
analizar “la tipicidad del artículo 340” y, después de realizar un contraste
entre los tipos penales establecidos en los artículos 340 y 345 del Código
Penal, concluye que el artículo 340 contiene el concierto para delinquir
agravado y, que no obstante las diferencias referentes a los sujetos activos y
a las conductas reguladas en uno y otro artículo, “no vulnera ni el principio
de legalidad ni el principio de taxatividad penal que cada uno de los tipos
regule conductas diferentes con sujetos activos distintos”.
Añade el interviniente que en la demanda se
confunden los tipos penales abiertos con los tipos penales en blanco y, a
diferencia de lo que estima el actor, señala que “la conducta prohibida está
contenida en la norma original, en su numeral primero”, dado que el artículo
340 no prohíbe la conducta de promover, sino la de concertar y “para los
efectos de este tipo penal no importa si se ejecuta o no el delito, lo que se
pena es el acuerdo para cometerlo”, fuera de lo cual un tipo penal en blanco,
como el que aparece en el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal,
necesita de la concreción de ingredientes normativos jurídicos presentes en
otras disposiciones, entre las que se encuentra el artículo 345 del mismo
Código que, en el punto objeto de análisis, es norma no sólo clara y precisa,
sino nueva, autónoma y más garantista, “pues penaliza una conducta que antes no
era penalmente reprochable”.
Emprende luego el interviniente el análisis
de la interpretación que de los artículos 340 y 345 del Código Penal ha
efectuado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y para ello
transcribe extensos apartes de las providencias dictadas por esa Corporación
que le llevan a señalar que “la Corte Suprema de Justicia coincide con el
análisis realizado a los artículos 340 y 345 del Código Penal, en el sentido de
que el concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción,
organización y financiación de grupos armados al margen de la ley no ha sido
despenalizado en Colombia, aunque sí se modificó su tipificación, como
consecuencia de la penalización en el artículo 345 de cualquier acto que ‘promueva,
organice, apoye, mantenga, financie, o sostenga económicamente a grupos armados
al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades terroristas’, como parte del tipo penal
de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas”.
Según el interviniente, la interpretación
que hace la Corte Suprema de Justicia “obedece en primer término a la remisión
que el mismo artículo 340 hace al 345 del Código” y al “criterio de
interpretación sistemática de la ley, que como juez hace del conjunto de normas
que tiene a su disposición”, criterio en cuyo marco “decide continuar
procesando a las personas que incurren en la conducta de concierto para
delinquir agravado en la modalidad de promoción, organización y financiación de
grupos armados al margen de la ley, revisando y dando prioridad al bien
jurídico que los dos artículos en cuestión protegen”, cual es la seguridad
pública, lo que no le ha impedido a la Corporación aplicar, “en virtud de la
ultractividad penal, la pena que traía el texto anterior del artículo 340 del
Código Penal a quienes condena, pues esta es más baja que la actual”.
Respecto de la alusión al principio de
favorabilidad, en la intervención se anota que el concierto para delinquir
agravado, en la modalidad de promoción, organización y financiación de grupos
armados al margen de la ley no ha sido despenalizado, por lo cual “no se está
dejando de aplicar una norma más favorable”; que la verificación de la
aplicación o no de la norma más favorable se debe hacer en cada caso concreto,
de manera que las pretensiones relacionadas “se deben alegar en los procesos
propios de los casos concretos” y que el principio de favorabilidad se ha
respetado, pues se aplica la pena más baja, prevista en el numeral segundo del
artículo 340 del Código Penal antes de la reforma introducida mediante la Ley
1121 de 2006.
7. Intervención del Ministerio del Interior
y de Justicia
En representación del Ministerio del
Interior y de Justicia intervino el ciudadano Andrés Eduardo Ormaza Mejía,
quien solicitó a la Corte emitir pronunciamiento inhibitorio y declarar la
exequibilidad de los artículos parcialmente demandados.
El interviniente señala que un
pronunciamiento de fondo acerca de la interpretación que la Corte Suprema de
Justicia le ha dado a un precepto legal “desborda la naturaleza de la acción
pública de inconstitucionalidad, a la vez que desconoce postulados jurídicos
superiores, tales como la autonomía de la administración de justicia”.
El representante del Ministerio del Interior
y de Justicia se refiere a la fuerza vinculante de la doctrina probable y a su
fundamento en la buena fe que, en su criterio, constituye “el soporte de la
confianza que debe regir toda relación propia de un Estado con sus asociados y
de estos entre sí” y, a continuación, advierte que “la labor de interpretación
del ordenamiento jurídico en cabeza de la Corte Suprema de Justicia (…) es una
función inherente a la naturaleza y jerarquía funcional de ese Alto Tribunal”.
Sostiene el interviniente que la presunta
ilegalidad de una decisión judicial “debe ser planteada en el contexto de una
jurisdicción distinta a la que aborda la integridad de la Constitución”, razón
por la cual los reproches del demandante deberían ser analizados “en sede de la
presunta comisión de una conducta ilícita y no en relación con el marco
constitucional”.
Se detiene luego el interviniente en las
repercusiones que respecto de la seguridad jurídica tendría la admisión de toda
suerte de cuestionamientos contra las interpretaciones de la Corte Suprema de
Justicia, dado que los ciudadanos deben tener certeza acerca de la
interpretación uniforme que jueces y tribunales le dan a la ley y más aún
cuando se trata de tribunales “de cierre” que buscan “impartir una
interpretación uniforme de la normatividad vigente en las distintas áreas del
Derecho”.
Acto seguido, en la intervención se aborda
el alcance de los artículos parcialmente demandados y, a partir del análisis de
los antecedentes legislativos, se concluye que el haber dejado de mencionar la
conducta que el demandante echa de menos en el texto reformado no significa que
esa conducta haya perdido su carácter de delito y que “el legislador al
modificar la estructura del tipo penal de concierto para delinquir tuvo en
cuenta la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia como
referente para (…) avanzar en una construcción del tipo penal con una mejor
técnica legislativa, evitando así las dificultades propias del esquema de
asignación casuístico”.
Así pues, “el tipo penal de concierto para
delinquir agravado, previsto en el inciso segundo del artículo 340, remite necesariamente
a la descripción típica de las conductas que dan lugar a una mayor punibilidad”
y no cabe, como pretende el actor, “una interpretación fraccionada y aislada
dentro del mismo cuerpo normativo”, pues el reenvío a otra norma perteneciente
a la misma fuente es constitucional en la medida en que el complejo resultante
de ambas normas no viole principios tales como el de estricta legalidad o la
proscripción de la analogía, etc.
En este orden de ideas, el interviniente
puntualiza que “la descripción del concierto para delinquir agravado no se
agota en la relación taxativa de las conductas previstas en el segundo inciso”
y que, por lo tanto, el funcionario judicial debe “remitirse a tales delitos
para determinar el alcance del tipo penal base”, de donde se desprende que la
incorporación de un precepto que amplió la órbita del concierto para delinquir
haya despenalizado la acción de promover grupos armados al margen de la ley.
Agrega el interviniente que una lectura
somera del artículo 345 del Código Penal permite concluir que lo sancionado
mediante la inclusión de verbos rectores no se limita al sostenimiento
estrictamente económico y llama la atención acerca de que en la actualidad el
terrorismo ha evolucionado hacia formas más complejas, de modo tal que “las
opciones de sostenimiento de un grupo ilegal o de una organización terrorista
comprenden multiplicidad de posibilidades que van desde el soporte logístico
hasta facilitar su actividad proselitista”.
Para culminar, el interviniente indica que
las sentencias incorporadas como material probatorio contienen un estudio
dogmático y basado en los distintos métodos de hermenéutica jurídica, así como
en un análisis detallado de las pruebas allegadas a cada uno de los procesos,
motivos todos que avalan su compatibilidad con el marco constitucional.
8. Intervención de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia
En nombre de la Academia intervino el
ciudadano Fernando Arboleda Ripoll, quien asevera que la demanda no está
llamada a prosperar y sugiere la declaración de exequibilidad de las
“proposiciones normativas a partir de las cuales la Corte Suprema de Justicia
juzga casos de concierto para delinquir agravado por la promoción de grupos
armados al margen de la ley”.
A juicio del interviniente “los diversos
ejercicios hermenéuticos, llevados a cabo por el accionante, no hallan
verificación en los textos legales de los que se predica que la proposición
normativa derivada por la Corte Suprema es inconstitucional”, pues un examen de
las correspondientes disposiciones demuestra que en el marco de la
actualización y armonización normativa entre el ordenamiento interno y el
internacional en materia de prevención, detección, investigación y sanción de
la financiación del terrorismo, “como motivación explícita para la adopción de la
Ley 1121 de 2006, se produjo la recomposición de algunas disposiciones, entre
ellas algunos tipos penales, como el de concierto para delinquir que se discute
en esta acción, a efecto de ponerlos a tono con la pretensión político criminal
que se expresa en el texto de esta ley”.
El ciudadano Arboleda Ripoll señala que “por
ninguna parte, si se examina la ley en su integridad, se observa que haya
habido siquiera la insinuación de modificar algún tipo penal en el sentido de
derogarlo en todo o en parte” y cita el artículo 28 que establece la regla de
derogación “y en el que se opta por el señalamiento específico de las
disposiciones que resultan modificadas, sin que se haga mención a derogatoria
alguna, la que de haberse previsto, por elemental lógica en la técnica
legislativa, habría sido igualmente expresa o específica”.
Refiriéndose a los términos de la
modificación de los preceptos cuestionados el interviniente apunta que es claro
“que el legislador de 2006 a través de la modificación al artículo 345 de la
Ley 599 de 2000 (Código Penal) trajo a su comprensión el concierto para
delinquir en su modalidad de promover grupos armados al margen de la ley que se
hallaba consagrado en el inciso 2º del artículo 340 ibídem, recogiéndolo
junto con otros supuestos delictivos bajo la denominación genérica de
‘financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas’, misma denominación genérica a que alude la Ley 1121
en su artículo 19, para incrementar la punibilidad cuando el concierto para
delinquir se lleva a cabo para la comisión de los delitos allí relacionados, y,
entre ellos, el financiamiento del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas, nominación con la que la ley engloba
la gama de conductas definidas en el artículo 16 de la Ley 1121 por el cual se
modifica el artículo 345 del Código”.
Prosigue la intervención destacando que,
tratándose de la promoción de grupos armados al margen de la ley, “a través de la
Ley 1121 la figura se reubicó en busca de una mejor sistematización, lo cual no
corresponde, bajo ningún aspecto, a la predicada supresión en que se apoya la
demanda, pues bastaría con comparar la legislación antes y después de la
adopción de esta ley para comprobar la conservación de esta específica
modalidad delictiva”.
Según el representante de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, “no es cierto que el inciso 2º del artículo 340
del Código Penal, con la modificación que le introdujo el artículo 19 de la Ley
1121, haya dejado de señalar la promoción de grupos armados al margen de la ley
como motivo de agravación de pena para el concierto para delinquir, lo que
acontece es que lo menciona como hipótesis componente de la gama de delitos que
fueron englobados por el artículo 16 de la Ley 1121 bajo el concepto genérico
de ‘financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas”, siendo este “un criterio de técnica legislativa
empleado por el legislador de 2006, que no puede dar lugar a la lectura que
pretende sacar avante la demanda”.
De esta manera, no existe supresión de la
figura y “la referencia del artículo 19 de la Ley 1121 es a todas y cada una de
las hipótesis delictivas contenidas en el artículo 16 y agrupadas bajo la
denominación de ‘Financiamiento de terrorismo y administración, denominación
que en sí misma no es una hipótesis, sino que alberga todas las definidas en su
marco y a cada una en particular, entre ellas la promoción de grupos armados al
margen de la ley”.
En opinión del interviniente, tampoco
resulta acertado sostener que, de considerarse que no hubo supresión de la
agravante del concierto para delinquir consistente en la promoción de grupos
armados al margen de la ley, ha de entenderse que tal promoción únicamente es
económica”, pues el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 se refiere a la
realización de “cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, financie o
sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley”, luego “es claro
que si el legislador pune cualquier acto que promueva esta clase de grupos,
está descartando de entrada que la promoción se refiera a uno sólo de ellos,
como sería el de la promoción económica en los términos en que lo entiende el
accionante como entrega de dinero o bienes”. La exigencia de contenido
económico se refiere, entonces, “al sostenimiento como la última de las
hipótesis contempladas por el legislador a este respecto”.
Por último, la intervención destaca que el
actor no hace explícita la razón que habría tenido el legislador para suprimir
el agravante del concierto para delinquir cuestionado en la demanda, “ni abona
ningún motivo plausible para ello como no fuere la pura decisión legislativa o
la imprevisión”, que no resulta admisible, “en cuanto desemboca en la figura de
un legislador actuando a contracorriente de lo que es la política criminal
general del estado en la materia, cuya característica es precisamente contraria
a la que se aboga”, esto es, “de énfasis en el control penal de este tipo de
comportamientos, de lo cual, por si faltara un ejemplo, es muestra elocuente la
propia Ley 1121 de la que se sostiene consagró la supresión de la figura
delictiva aquí discutida”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación,
rindió en término el concepto de su competencia y en él solicitó a la Corte
“declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad de los artículos 340 inciso 2 y 345 de la Ley 599 de 2000
modificados por la Ley 1121 de 2006 en los artículos 19 y 16, respectivamente,
por ineptitud sustancial de la demanda”.
Considera el señor Procurador que el
demandante no ataca la constitucionalidad de los preceptos sujetos a estudio,
sino la interpretación que de estas disposiciones ha hecho la Sala Penal de
Casación de la Corte Suprema de Justicia, en tres fallos correspondientes a su
jurisdicción y que, por lo tanto, solicita a la Corte Constitucional excluir
esta interpretación del ordenamiento jurídico por vulnerar la Constitución y,
en particular, los principios de tipicidad, taxatividad y favorabilidad de las
penas, así como el derecho al debido proceso.
Señala el Procurador que el juicio de
inconstitucionalidad exige efectuar una confrontación entre la ley y la
Constitución y que, como resultado de ese cotejo, la Corte Constitucional debe
determinar si el precepto inferior se mantiene o no dentro del ordenamiento
jurídico e indica que “de
igual forma, el principio de autonomía judicial entendido como la
discrecionalidad interpretativa de la que gozan los jueces para examinar las
leyes, actúa en conjunto como límite competencial para la Corte Constitucional
a la hora de abordar como un asunto constitucional la interpretación de las
leyes hecha por los jueces”.
Estima el Jefe del Ministerio Público que la intervención
del juez constitucional “se encuentra restringida a la realización de un juicio
normativo” orientado a la depuración del ordenamiento jurídico y que, en razón
de lo anterior, “resulta exótico al objeto del control de constitucionalidad la
resolución de asuntos concretos propios de las decisiones que dentro de sus
competencias realizan los otros jueces, o el pronunciamiento sobre la
interpretación adecuada de las leyes que le corresponde a la rama judicial en
aplicación del derecho, o la suplantación de otras jurisdicciones en la
interpretación o aplicación de disposiciones de rango legal”.
La vista fiscal señala que, “en forma excepcional y
restringida, la Corte Constitucional ha admitido competencia para analizar la
constitucionalidad de una decisión judicial, ya sea porque el asunto albergue
la vulneración de un derecho fundamental”, como sucede en el caso de la acción
de tutela, o porque se trate de uno de los casos en los cuales opera la
doctrina del derecho viviente.
Según el Procurador “la admisión de dicha competencia
se encuentra delimitada a que el asunto a debatir encierre un problema jurídico
de carácter constitucional y no puramente legal de mera apariencia
constitucional, de modo que si lo demandado “es la interpretación legal hecha
por un juez, la impugnación debe ser considerada inepta y, en caso de ser
admitida, dicha falencia culminará con una decisión inhibitoria”.
Hace énfasis el Jefe del Ministerio Público en que, de
forma aún más precisa, la Corte Constitucional ha sostenido que las demandas
presentadas contra la interpretación de una disposición legal, son admisibles,
siempre y cuando la interpretación entrañe un problema de constitucionalidad
que se origine “directamente en el texto o contenido normativo de la
disposición” y, a la luz de estos criterios, puntualiza que “aunque el
demandante manifiesta que lo que busca es que la Corte Constitucional expulse
la norma que es producto de la interpretación y aplicación de los artículos 340
inciso 2 y 345 de la Ley 599 de 2000 modificados por la Ley 1121 de 2006, no
encuentra este Despacho que los argumentos de la demanda apunten directamente
a este fin, por cuanto, se trata de normas cuya interpretación busca aplicar un
precepto en casos concretos y cuya actividad encierra un debate no
necesariamente constitucional sino de interpretación legal”.
Para el Procurador, “la Corte Constitucional asume los
problemas constitucionales de interpretación únicamente cuando del texto
normativo se deriven contenidos normativos contrarios a la Constitución”,
es decir, “cuando de manera clara, evidente y directa, se pueda establecer la
relación de inferencia lógica entre: la norma legal y el contenido normativo
que por interpretación indebida deriva de ella la jurisprudencia y, con base en
esta consideración, concluye, que “aunque el accionante hace múltiples intentos
para señalar cuál es ese contenido normativo que se deriva directamente de la
interpretación de la disposición, hecha por parte de la Corte Suprema de
Justicia y que vulnera el ordenamiento constitucional, lo cierto es que, dada
la misma complejidad requerida para justificar el cargo, el mismo accionante
evidenció que no existe un único debate sino múltiples que fueron asumidos por
la alta Corporación para resolver un asunto propio de su jurisdicción y que lo
que se pretende, lejos de resolver un asunto de rango constitucional, lo que se
busca es mediante el control de constitucionalidad establecer una revisión de
tres casos concretos estudiados y decididos” por la Corte Suprema de Justicia.
Precisa el Procurador que lo solicitado por el
demandante es que la Corte Constitucional “resuelva un problema de aplicación
en el tiempo de las leyes penales que involucra múltiples preceptos normativos
contenidos en el Código Penal, entre otras disposiciones”, lo que, en su
criterio, demuestra que “la controversia no se deriva, como lo pretende el
demandante, del contenido normativo de los textos de los artículos 340 inciso 2
y 345 de la ley 599 de 2000 modificados por la Ley 1121 de 2006”
Considera la vista fiscal que “el objeto de la
acusación es incierto, por cuanto lo que pretende es obtener de la Corte
Constitucional una revisión de tres asuntos concretos de aplicación legal de
unos preceptos, ya debatidos dentro de la jurisdicción a la que le competía”, y
en la que hubo mecanismos de defensa, de manera que una decisión del juez
constitucional restringiría los efectos a los asuntos decididos “y no a una
orientación jurisprudencial consolidada”.
Recuerda el Procurador que, según el Decreto 2067 de
1991 y la jurisprudencia constitucional, “dentro de los requisitos de la acción
pública se encuentra precisar el objeto de la demanda” e indica que, en este
caso, “el texto legal acusado de vulnerar la Constitución y que se confronta
con la Constitución no ha sido determinado, al no constituir una norma de
carácter general, sino una interpretación de orden legal y particular, por lo
que tampoco existe exactitud sobre la decisión de fondo que debería tomar la
Corporación constitucional”.
Con fundamento en los anteriores argumentos el
Procurador concluye que no se plantea un debate que albergue una litis
constitucional y que, debido a ello, se impone la inhibición de la Corte para
pronunciarse de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
Competencia
1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir la demanda de la
referencia.
Planteamiento del asunto
2. Por considerar que la acción pública de
inconstitucionalidad procede en contra de determinadas interpretaciones
judiciales de las leyes, el actor demandó algunos apartes de los artículos 340
y 345 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”,
pues, en su criterio, son contrarios a los principios de tipicidad y
favorabilidad bajo la interpretación que les ha dado la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.
Los artículos que han dado lugar a la interpretación
controvertida fueron modificados por la Ley 1121 de 2006 y se ocupan,
respectivamente, del concierto para delinquir y de la administración de
recursos relacionados con actividades terroristas.
Respecto del artículo 340 del Código Penal el
demandante manifiesta que, en razón de la modificación operada por el artículo
19 de la Ley 1121 de 2006, el legislador excluyó algunos verbos rectores e
incluyó otros, de modo que la conducta de quienes se concierten para organizar,
promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley dejó de ser
típica y, en su reemplazo, se tipificó el financiamiento del terrorismo y la
administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
En cuanto al artículo 345 el libelista señala que,
según la reforma introducida por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, cada
uno de los verbos rectores denota una manera específica “de financiar o
administrar recursos de grupos terroristas” y, por lo tanto, la disposición se
refiere a promover, organizar, apoyar, financiar o sostener “económicamente” a
un grupo armado al margen de la ley o a sus integrantes, de tal forma que quien
los promueva o promocione sin llegar a aportar dinero o bienes no estaría
incurso en la conducta penalmente reprochada.
Agrega el demandante que, pese a lo anterior, a partir
de los dos preceptos mencionados, la Corte Suprema de Justicia ha concluido que
el concierto para promover grupos armados al margen de la ley todavía hace
parte del catálogo de conductas punibles, fuera de lo cual, con fundamento en
la referencia al financiamiento del terrorismo y a la administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, contenida en el inciso
segundo del artículo 340, la Sala de Casación Penal ha entendido que el alcance
del concierto para delinquir se extiende a todos los verbos rectores
contemplados en el artículo 345 y especialmente a la expresión “o realice
cualquier otro acto que promueva (…) económicamente a grupos armados al margen
de la ley o a sus integrantes”.
A juicio del actor, la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia desconoce el principio de tipicidad, ya que a partir de una
lectura conjunta de los artículos 340 y 345 del Código Penal creó un tipo y lo
hizo con base en una supuesta remisión que no cumple con las exigencias propias
de los tipos penales abiertos, porque la descripción básica del comportamiento
no se encuentra en el tipo penal original sino en el complementario e indica,
finalmente, que aún cuando se aceptara la extensión del concierto para
delinquir a todos los verbos rectores del artículo 345, la Corte Constitucional
debería concluir que la tipificación tan solo se refiere al aporte de dinero o
de bienes o a la toma de decisiones sobre los recursos económicos.
En lo atinente a la vulneración del principio de
favorabilidad, el demandante anota que, en virtud de la predicada atipicidad de
la conducta genérica consistente en concertarse para promover grupos armados al
margen de la ley, necesariamente debería aplicarse el artículo 19 de la Ley
1121 de 2006 y “considerar atípica la conducta referida”.
3. Algunos de los intervinientes y el Procurador
General de la Nación estiman que la Corte debería declararse inhibida para
fallar en el fondo la demanda presentada, por cuanto, a su juicio, adolece de
ineptitud sustancial, en la medida en que no plantea un problema dotado de
relevancia constitucional, sino una controversia de raigambre legal ajena al
ámbito de competencias del máximo juez constitucional, controversia que,
además, impide efectuar la comparación propia del juicio de constitucionalidad.
4. Dado que de comprobarse la ineptitud sustancial de
la demanda no habría lugar al examen material de las acusaciones formuladas en
la demanda, la Corte examinará, en primer término, las solicitudes de
inhibición y sólo si concluye que no procede el fallo inhibitorio abordará las
cuestiones de fondo y para ello determinará cuál es el problema jurídico
planteado y qué temas deberían tratarse para resolverlo.
Las solicitudes de inhibición
5. Inicialmente conviene anotar que la admisión de la
demanda implica una evaluación general de los requisitos establecidos en el
Decreto 2067 de 1991 y que, aún cuando a primera vista se consideren
satisfechos y se disponga la prosecución del trámite, ello no significa que
necesariamente la Corte deba  proferir sentencia de mérito, pues el análisis
más detenido que normalmente se cumple al momento de adoptar la decisión, bien
puede conducir a una conclusión contraria a la consignada en el auto admisorio[1].
6. Como ha quedado expuesto, la demanda cuestiona la
constitucionalidad de una interpretación de la ley realizada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a propósito de los artículos 340
y 345 de la Ley 599 de 2000 en la forma como fueron modificados por los
artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006. Tratándose de esta clase de demandas la
Corte Constitucional ha indicado que su procedencia es enteramente excepcional[2] y que el control sobre interpretaciones
“se explica si se tienen en cuenta los criterios trazados por la jurisprudencia
al respecto”[3].
7. El carácter excepcional del control de
interpretaciones judiciales radica en la separación que la propia Constitución
ha establecido entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria, separación
en virtud de la cual son los jueces ordinarios los llamados a interpretar y
aplicar la ley en los casos concretos, sin que le corresponda al juez
constitucional fijar el sentido autorizado de los textos legales, pues, de
hacerlo sin las debidas precauciones, la Corte desconocería la mencionada
separación, invadiría la esfera de competencias atribuidas a la jurisdicción
ordinaria y comprometería la autonomía e independencia de los restantes jueces[4].
Precisamente, en guarda de la separación entre las
distintas jurisdicciones y de la autonomía e independencia judiciales, en
reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha enfatizado que cuando un
ciudadano acusa por inconstitucional la interpretación de preceptos con fuerza
material de ley se debe “obrar con especial cautela para no invadir la esfera
de autonomía reservada a otras autoridades”[5].
8. En razón de la cautela exigida, para que sea
posible el examen de fondo, la demanda debe contener “una mayor profundidad y
solidez analítica en la sustentación de los cargos”[6], de modo que la carga de argumentación “es más
intensa” y, en consecuencia, el demandante ha de profundizar[7] “en la explicación de cómo respecto de
alguna o algunas de las disposiciones legales ha terminado por configurarse una
interpretación que contradice los postulados de la Constitución Política”[8].
En otros términos, la controversia que en relación con
la interpretación judicial de la ley plantee el demandante ha de tener
relevancia constitucional, para evitar que, con desbordamiento del ámbito de
sus propias competencias, el examen de la Corte se convierta en un juicio
“sobre la corrección hermenéutica de las decisiones judiciales que fijan el
sentido de la ley”[9].
Los requisitos generales previstos en el artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991
9. Según se deduce de lo expuesto, la interpretación
judicial cuestionada mediante el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad ha debido producirse en relación con determinados textos
legales y, ciertamente, en el libelo demandatorio que ahora se analiza se
encuentran señalados los apartes de los artículos 340 y 345 del Código Penal
que, en opinión del actor, han servido de base a la lectura prohijada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que es tachada de inconstitucionalidad.
10. Al especificar los referidos segmentos, el
demandante ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 2º, numeral 1º,
del Decreto 2067 de 1991 que exige como requisito de las demandas de
inconstitucionalidad el señalamiento de los textos acusados, su transcripción
literal o un ejemplar en el que se haya efectuado su publicación oficial. Pero,
el artículo citado establece otros requisitos entre los cuales se destacan, por
su importancia, la indicación de las disposiciones constitucionales que se
consideren infringidas y la exposición de “las razones por las cuales dichos
textos se estiman violados”, exigencia esta última que ubica en cabeza del
demandante la carga de sustentar el denominado concepto de la violación, que
bien puede estar conformado por diversos cargos de inconstitucionalidad, cuya
prosperidad depende del cumplimiento de varios requisitos suficientemente
precisados en la jurisprudencia de esta Corte.
11. El concepto de la violación y cada cargo en
particular se construyen a partir de un cierto entendimiento de los preceptos
constitucionales que se estimen violados y, sobre todo, de una interpretación
de los artículos o segmentos legales cuestionados que ha de ser susceptible de
comparación con los postulados superiores y corresponder al contenido de las
disposiciones acusadas, pues no cabe adelantar el juicio de constitucionalidad
con base en significados que de ningún modo puedan ser atribuidos a los textos
inferiores.
La acusación, entonces, debe estar construida de tal
modo que sea capaz de suscitar dudas sobre la constitucionalidad del precepto
demandado y cuando los cargos cumplen todos los requisitos y tienen, por ello,
la aptitud para generar el juicio de constitucionalidad, la Corte tiene la
posibilidad de interpretar la ley demandada, pues el juicio que de ella se
solicita no es “posible si no se establece previamente el significado de la
norma legal”[10].
12. La interpretación que de la ley hace la Corte ha
sido calificada como instrumental, pues, de una parte, su propósito exclusivo
es facilitar o posibilitar la realización del juicio de constitucionalidad y,
de la otra, en garantía de la separación de las jurisdicciones y de la
autonomía e independencia de los jueces, no busca fijar el sentido autorizado
de los textos legales.
13. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la demanda de
inconstitucionalidad recae sobre interpretaciones judiciales de las leyes, el
significado que sustenta la petición de declarar la inconstitucionalidad no depende
de la comprensión que de los preceptos cuestionados tenga el demandante, ya que
el proceso interpretativo lo ha cumplido el juez ordinario en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales que le hayan sido asignadas.
14. En ese contexto, la Corte Constitucional tampoco
debe adelantar labor interpretativa de los preceptos legales, por cuanto el
juicio de constitucionalidad tiene por objeto la interpretación que previamente
los jueces le han atribuido a las disposiciones de ley, de tal manera que,
cuando es hallada inconstitucional se neutraliza la respectiva interpretación,
separándola del ordenamiento, sin afectar los textos que sirvieron de base a los
jueces para formularla.
15. De conformidad con la jurisprudencia constitucional,
lo anterior es posible con fundamento en la distinción entre disposición y
norma, así como en la teoría del derecho viviente. Por virtud del primero de
los fundamentos se distingue entre “la disposición” que corresponde a los
textos proporcionados por el legislador e incardinados en artículos, incisos o
parágrafos pertenecientes a documentos normativos y “las normas” que designan
los significados que, como resultado de procesos interpretativos, se les
atribuyen a esos textos, habiéndose considerado, entonces, que es viable
solicitar a la Corte la expulsión de “una determinada o concreta interpretación
de una ley por ser contraria a la Constitución”, caso en el cual el control
“versa sobre las normas jurídicas (…) no sobre disposiciones”, porque “no se
pretende una sentencia que expulse del ordenamiento la disposición legal, el
texto de la ley”, sino una que expulse “una o algunas de las posibles
interpretaciones de la ley por considerarse contrarias a la Constitución”[11].
16. En lo atinente a la teoría del derecho viviente el
fundamento que en ella encuentra el control constitucional de interpretaciones
judiciales radica en que la mencionada teoría propicia la realización de un
juicio de constitucionalidad basado en el contexto dentro del cual la
disposición “ha sido interpretada” o “ha vivido”, de modo que el
pronunciamiento de la Corte no se funde en los sentidos hipotéticos de la disposición
controlada, sino en su “sentido real” conferido por “la jurisdicción
responsable de aplicarla”, de modo que si ese sentido real está “claramente
establecido y ofrece rasgos de coherencia y unidad”, la Corte debe admitirlo
“como el sentido en que dicha preceptiva ha de ser interpretada, al momento de
decidir sobre su exequibilidad”[12].
17. El demandante ha señalado, en su libelo, las
disposiciones constitucionales que estima infringidas y, además, ha invocado
tanto la distinción entre disposición y norma, como la teoría del derecho
viviente, para justificar la procedencia de su demanda. La Corte estima que los
reseñados aspectos acreditan que en este caso nada impide reiterar que la
acción pública de inconstitucionalidad también puede ser intentada en contra de
interpretaciones judiciales de las leyes, tal como lo ha considerado en otros
casos, con fundamento en la simple invocación de la distinción entre
disposición y norma y del derecho viviente[13].
El concepto de la violación y los requisitos de los
cargos de inconstitucionalidad
18. Sin embargo, conviene precisar que el hecho de
admitir el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad en contra de
interpretaciones judiciales de las leyes no es suficiente para desencadenar el
juicio de constitucionalidad, pues la realización de la confrontación en que
consiste el juicio depende de que el demandante exponga las razones por las
cuales estima que la interpretación judicial objeto de su cuestionamiento es
contraria a la Constitución y de que esas razones sean idóneas para suscitar el
análisis material de la cuestión y el consiguiente pronunciamiento de fondo.
Esa carga corresponde al demandante y no puede ser
trasladada a la Corte, porque el control sobre la interpretación judicial de
las leyes no es oficioso y necesita del ruego ciudadano respaldado por la
exposición de motivos de inconstitucionalidad que, conforme se ha expuesto, en
eventos como el presente han de plantearse con rigurosidad y profundidad
mayores que las exigidas tratándose de las demandas incoadas con base en la
lectura que el actor haga de los textos legales.
19. Con insistencia la Corte ha señalado que todo
cargo de inconstitucionalidad resulta idóneo para dar lugar al juicio
solicitado a la Corte, siempre que el actor ofrezca razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes[14], pero la Corporación también ha puntualizado que en relación con las
demandas presentadas en contra de interpretaciones judiciales “esos requisitos
se mantienen inalterados, aunque con un enfoque algo diferente” que se explica
por la exigencia de una “mayor carga argumentativa”[15].
La pertinencia de los cargos de inconstitucionalidad
20. Según lo expresado, en buena parte de las
intervenciones y en el concepto del Procurador General de la Nación se indica
que la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte no estructura un
auténtico cargo de inconstitucionalidad, puesto que el asunto planteado se
reduce a un debate estrictamente legal y por completo extraño al control
constitucional encomendado a esta Corporación.
21. Tanto los intervinientes que así opinan como el
Procurador sostienen que la acusación incumple el requisito de pertinencia que,
según decantada jurisprudencia de la Corte, es “elemento esencial” de las
razones consignadas en las demanda, dado que el reproche formulado “debe ser de
naturaleza constitucional” y plantear “al menos un problema” que, a la luz de
los contenidos superiores del ordenamiento jurídico, tenga evidente relevancia[16].
Los argumentos “que se limitan a expresar puntos de
vista subjetivos”, del tipo de aquellos que, en lugar de proyectarse sobre el
contenido de la disposición, pretenden la utilización de la acción pública
“para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación
de la disposición en un caso específico”, no satisfacen el requisito de
pertinencia y tampoco “los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales y doctrinarias” o los que, apoyándose en
análisis de conveniencia, califican la disposición “de inocua, innecesaria o
reiterativa, a partir de una valoración parcial de sus efectos”[17].
22. El requisito de pertinencia que, en suma, descarta
las razones “de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia”[18], adquiere especiales connotaciones en el
caso de las demandas contra interpretaciones judiciales, como que “la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa”[19] al examinarlo, a fin de mantener al máximo
juez de la constitucionalidad dentro del marco de sus competencias y de evitar
que, sin las cautelas requeridas, incida en “la resolución de debates
suscitados en torno al proceso de aplicación o interpretación de la ley”[20] o lleve a cabo una “corrección
hermenéutica de las decisiones judiciales que fijan el sentido de las leyes”[21].
La Corte Constitucional ha de asegurarse, entonces, de
que el cargo esgrimido en contra de una interpretación judicial de la ley
plantee un asunto de auténtica relevancia constitucional y no “un falso
problema de constitucionalidad basado en hipótesis hermenéuticas”, en simples
sospechas, “en interpretaciones eventuales”, en “situaciones individuales”, en
“cuestiones relativas a la praxis judicial” o en problemas prácticos originados
en la interpretación de una disposición procesal[22].
El requisito de pertinencia y la demanda examinada
23. Así las cosas, en razón del especial cuidado con
que se debe examinar si la demanda encaminada a cuestionar la
constitucionalidad de una interpretación judicial de la ley cumple o no el
requisito de pertinencia, en esta oportunidad la Corte se atendrá a la
estructura que el demandante ha utilizado para presentar sus argumentos
contrarios a la validez constitucional de la interpretación que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha hecho, con base en algunos
apartes de los artículos 340 y 345 de la Ley 599 de 2000, por la cual se
expidió el Código Penal.
24. El concepto de la violación está integrado por
varios apartados y el primero de ellos lo dedica al actor a exponer el alcance
que, en su criterio, se les ha de conferir al inciso segundo del artículo 340 y
al artículo 345 del Código Penal. Según la opinión del demandante, ese alcance
fue uno de conformidad con la redacción original de la ley 599 de 2000 y varió
en virtud de la modificación introducida por los artículos 19 y 16 de la Ley
1121 de 2006, modificación que les otorga su sentido actual.
Como se ha indicado, el demandante asevera que, en su
versión original, el Código Penal vigente tipificaba la conducta consistente en
concertarse para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al
margen de la ley y que esta conducta dejó de ser típica a partir de la expedición
de la Ley 1121 de 2006, cuyo artículo 19 modificó el inciso segundo del
artículo 340, para incluir, en su lugar, la tipificación del acuerdo o convenio
para el financiamiento del terrorismo y la administración de recursos
relacionados con actividades terroristas.
En cuanto hace al artículo 345 del Código Penal, el
ciudadano Osuna Patiño afirma que la modificación introducida en su texto por
el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 conduce a entender que cada uno de los
verbos rectores denota una especial forma de financiar o administrar recursos
de grupos terroristas, motivo por el cual lo efectivamente tipificado es la
organización, apoyo, mantenimiento, financiamiento o sostenimiento “económico”,
mas no otras conductas que carezcan de la connotación económica incorporada por
la reforma respecto de todos los verbos rectores.
25. A este primer apartado del concepto de la
violación sigue otro que el actor destina a comentar la interpretación de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la demanda, con
base en los dos artículos mencionados la Corte Suprema considera que aún
subsiste como delito el concierto para promover grupos armados al margen de la
ley, fuera de lo cual esa Corporación emplea la referencia que el artículo 340
hace del financiamiento del terrorismo y la administración de recursos
relacionados con las actividades terroristas a fin de extender el alcance del
concierto para delinquir agravado a la totalidad de los verbos rectores del
artículo 345.
26. En el planteamiento que el demandante consigna en
los dos apartados que se acaban de resumir se advierte un evidente contraste
entre dos interpretaciones de los segmentos destacados de los artículos 340 y
345 del Código Penal. Mientras que una de esas interpretaciones la formula el
actor, la otra es la interpretación judicial cuya declaración de inconstitucionalidad
se pretende y ambas lecturas giran alrededor del alcance que ha de conferírsele
a los referidos artículos después de la modificación efectuada por los
artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006.
27. El alcance de la aludida modificación es, en
consecuencia, el objeto de la disputa, que se ha planteado en sede de control
de constitucionalidad por la sencilla razón de que una de las interpretaciones
sobre ese alcance, la proveniente de la Corte Suprema de Justicia, es estimada
contraria a la Constitución y es objeto de la demanda de inconstitucionalidad.
28. Así pues, de conformidad con la estructura del
escrito de demanda, la inconstitucionalidad que se propone sólo resulta posible
a condición de que el alcance de los artículos 340 y 345 del Código Penal, en
su redacción actual fijada por la Ley 1121 de 2006, sea el que le atribuye el
actor en la primera parte del concepto de la violación.
29. En las anotadas condiciones, según el análisis
plasmado en el libelo demandatorio, la Corte tendría que ocuparse de verificar
que la lectura presentada por el demandante efectivamente se desprende del
tenor actual de los artículos 340 y 345 del Código Penal, pero ello no es
posible sin adelantar un proceso de interpretación que, a primera vista,
involucra la dilucidación de varios aspectos, no exentos de complejidad.
En efecto, la Corte debería establecer si, en realidad,
se produjo la derogación del concierto para promover grupos armados al margen
de la ley y, de conformidad con lo señalado en la intervención de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, tal análisis involucraría la fijación del alcance
del artículo 28 de la Ley 1121 de 2006, relativo a su vigencia, así como la
determinación de si la modificación a la cual se alude en ese artículo comporta
la derogación, no mencionada en ninguna de sus partes, o es incompatible con
ella.
La Corte también tendría que ocuparse de establecer si
el artículo 345 del Código Penal, en relación con las actividades terroristas
únicamente tipifica la promoción de tipo económico o si los verbos rectores
aluden a formas concretas de promoción distintas de las que se efectúan
mediante la entrega de dinero o bienes y, en fin, la Corporación debería
adentrarse en el estudio de los sujetos activos de los respectivos tipos
penales, determinar si estos tipos son autónomos o guardan alguna clase de
relación e involucrar todos los elementos de dogmática penal que resultaran
indispensables para saber si la interpretación que de los artículos 340 y 345
del Código Penal ofrece el actor es plausible o no a la luz de las
modificaciones que en los textos de los citados preceptos introdujeron los
artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006.
30. Con facilidad se observa que, hasta aquí, el
análisis propuesto en la demanda se mantiene dentro de coordenadas
estrictamente legales y, por lo tanto, todavía no aparecen las consideraciones
de orden constitucional que sustenten la solicitud de declaración de inconstitucionalidad
formulada, motivo por el cual, en lugar de emprender el estudio de índole legal
planteado en la primera parte del concepto de la violación, es menester
precisar si en los apartados siguientes existen cargos idóneos respecto de la
interpretación judicial cuya constitucionalidad se cuestiona.
31. La anotada precisión es indispensable, pues, de
conformidad con lo apuntado, cuando en acción pública de inconstitucionalidad
se demanda una interpretación judicial, tal interpretación ha de ser el objeto
de cuestionamiento por motivos constitucionales, ya que, igualmente, es el
objeto del juicio adelantado por la Corte y del pronunciamiento que emita la
Corporación.
En concordancia con lo anterior, los cargos de
inconstitucionalidad deben recaer directamente sobre la interpretación cuya
separación del ordenamiento se pretende, puesto que, como lo ha reiterado la
Corte en su jurisprudencia, en tal hipótesis no se efectúa “un juicio sobre la
corrección hermenéutica de las interpretaciones judiciales, sino que su
pronunciamiento recae, exclusivamente, sobre un contenido normativo, aquel que
resulta del proceso de interpretación o aplicación de la ley por los operadores
jurídicos autorizados”[23].
32. Además, la importancia de la formulación de cargos
directos de inconstitucionalidad en contra de la interpretación cuestionada
radica en que se debe demostrar el carácter irrazonable de la hermenéutica
acusada de contrariar la Carta, porque, según lo ha enfatizado la Corporación,
son las “aplicaciones normativas irrazonables que desborden el marco jurídico
que fija la Constitución” las que “en un Estado de Derecho no pueden subsistir”[24], por cuanto “la autonomía que la Corte
reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la
arbitrariedad e irrazonabilidad de sus respectivos resultados” y el control de
constitucionalidad es “una vía expedita para reivindicar el verdadero alcance
de la ley y de su validez frente a la Carta, cuando a la luz del derecho
viviente ésta entra en contradicción con el texto superior”[25].
33. En el caso que ahora se examina, según el
demandante, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al
estimar que “con la modificación introducida al inciso 2º del artículo 340 del
Código Penal (el legislador) no suprimió el concierto para organizar, promover,
armar o financiar grupos armados al margen de la ley, sino que englobó esas
conductas en el nomen iuris del tipo penal que les dio autonomía, es
decir, el de financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas”, así como al reiterar esa comprensión
en otras providencias, incurrió en un protuberante error que se traduce en la
inconstitucionalidad de la interpretación por vulneración de los principios de
tipicidad y favorabilidad y, por consiguiente, de la garantía constitucional
del debido proceso.
34. En la tercera parte del concepto de la violación
el actor explica que la orientación jurisprudencial impugnada desborda el marco
de interpretación, al sancionar conductas “a las que supuestamente se refiere
el tipo penal” y al hacerlo “por remisión”, pues, de tal modo, la Sala de
Casación Penal “creó un tipo penal consistente en el concierto para promover
grupos armados organizados al margen de la ley, a partir de una lectura
conjunta e inconstitucional de los artículos 340, inciso 2º y 345 del Código
Penal”.
El demandante estima que, adicionalmente, “la supuesta
remisión” que el artículo 340 haría al artículo 345 del Código Penal incumple
los requisitos propios de “los tipos penales abiertos” y, en particular, el
consistente en que la descripción básica del comportamiento no puede confiarse
al complemento, pues “la conducta punible de promoción de grupos organizados al
margen de la ley estaría definida en la norma complementaria y no en el tipo
original”.
Añade el demandante que “en caso de que la Corte
Constitucional descartara el anterior argumento” y concluyera que el artículo
340 extiende el alcance del concierto para delinquir a los verbos rectores
incluidos en el artículo 345 “deberá concluir, en aras de salvaguardar el
principio de taxatividad y el derecho al debido proceso, que el concierto para
promover tales organizaciones, únicamente estaría tipificado en relación con el
aporte de dinero o bienes, o la toma de decisiones sobre los recursos
económicos”.
En lo atinente al desconocimiento del principio de
favorabilidad, el libelista apunta que al devenir atípico el concierto para
promover grupos armados al margen de la ley, en virtud de la entrada en
vigencia de la Ley 1121 de 2006, necesariamente “habrá de aplicarse” el
artículo 340 del Código Penal en la forma como fue modificado por la mencionada
ley, dado que es posterior a la actuación de quienes han sido condenados porque
concertaron para promover grupos organizados al margen de la ley y es aplicable
“en cuanto excluyó la conducta referida del tipo de concierto para delinquir
agravado”.
35. Nuevamente se advierte que el actor le propone a la
Corte la interpretación de la preceptiva que ha servido de base al significado
que él juzga inconstitucional, lo cual, en este caso, llevaría a que la Corte
revisara, con criterios estrictamente legales, el proceso interpretativo
cumplido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin
de determinar que el resultado de su interpretación no corresponde a lo
previsto en la Ley 1121 de 2006 que modificó los artículos 340 y 345 del Código
Penal.
No de otro modo se explica que en la demanda se
manifieste que si la Corte Constitucional llega a concluir que, en lugar de la
interpretación suministrada por el actor, efectivamente el artículo 340 del
Código Penal vigente extiende el alcance del concierto para delinquir a todos
los verbos rectores incluidos en el artículo 345 de la misma codificación, esta
Corporación debería concluir que el concierto previsto en el artículo 345
únicamente se refiere al aporte de dinero o bienes o a la adopción de
decisiones sobre los recursos económicos.
De seguir la metodología propuesta en la demanda,
además de otros aspectos que no viene al caso mencionar, la Corte tendría que
ocuparse de determinar si la mención que del financiamiento del terrorismo y de
la administración de recursos relacionados con actividades terroristas contiene
el artículo 340 del Código Penal implica un reenvío al artículo 345, si se
trata de un tipo penal abierto, si la posible remisión cumple con los
requisitos de los tipos penales abiertos, o si, como lo sugiere uno de los
intervinientes, cabe diferenciar entre las remisiones hechas a disposiciones
que no son de índole penal y las que se hacen a otros artículos del Código
Penal.
Tratándose del artículo 345 de la Ley 599 de 2000, la
Corte tendría que determinar, por ejemplo, si el título condiciona el contenido
del precepto o si, como lo sostienen algunos de los intervinientes, no lo hace
en forma decisiva y, además, si la connotación económica se predica o no de
todos los verbos rectores incluidos en la disposición, todo lo cual gira en la
órbita de la interpretación de la ley.
36. Ahora bien, el demandante aduce la vulneración de
los principios de tipicidad o taxatividad y de favorabilidad, así como el
consecuente quebrantamiento del debido proceso, pero el examen atento de la
demanda permite afirmar que la vulneración de los preceptos constitucionales
que los contienen sólo se configuraría a condición de que a los artículos 340 y
345 del Código Penal se les atribuyera la interpretación que el actor presenta
en la primera parte del concepto de la violación.
Así, refiriéndose a la interpretación de la Corte
Suprema, de conformidad con la cual con la modificación introducida por la Ley
1121 de 2006 el concierto para promover grupos armados al margen de la ley no
ha desaparecido, el demandante apunta que nada hay “más alejado de la
realidad”, pues “tal como se analizó en el anterior acápite, a partir de 2006,
dicha conducta tal como fue tipificada originalmente desapareció del listado de
delitos, ya no constituye ilícito alguno” y, más adelante, al sustentar la
violación del principio de legalidad, insiste en que “el artículo 19 de la Ley
1121 de 2006, extrajo la conducta “Cuando el concierto sea para (…) promover
(…) grupos armados al margen de la ley” del texto original del artículo 340,
inciso 2 de la Ley 599 de 2000 y, en su lugar, introdujo “o financiamiento del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas”, lo cual, “sin duda alguna implica que la primera conducta, hoy
por hoy, es atípica y sin embargo, con fundamento en ésta, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia profiere sentencias condenatorias”.
La pretendida vulneración de los principios de
tipicidad y favorabilidad surgiría, entonces, de una comparación entre dos
interpretaciones de los artículos 340 y 345 en la forma como fueron
respectivamente modificados por los artículos 19 y 16 de la Ley 1121 de 2006,
una de las cuales es proporcionada por el actor, mientras que la otra
corresponde a la lectura efectuada por la Corte Suprema de Justicia, cuya
declaración de inconstitucionalidad se solicita.
37. En otros términos, a la inconstitucionalidad de la
interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia se pretende llegar por
intermedio de otra interpretación de la ley, que es la inicialmente planteada
por el demandante. De allí se desprende, con nitidez, que no hay cargo
directamente formulado, pues, en realidad, la acusación no versa sobre la
interpretación cuya separación del ordenamiento se pide, sino que se busca su
desplazamiento por otra lectura de la ley, asumida como correcta y a tal grado
ajustada a la Constitución que, incluso, sería susceptible de cumplir el papel
de parámetro de constitucionalidad.
38. La Corte estima que el criterio determinante para
establecer la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una específica
interpretación de la ley no es la existencia de otra interpretación legal, sino
su comparación directa con la Constitución, comparación que no se puede evadir
y menos tratándose de una interpretación de los jueces, pues, como se ha
expuesto, en tal evento el actor se debe esmerar por presentar fuertes razones
de contradicción con la Carta y demostrar que el significado judicialmente
atribuido es, en sí mismo y no por referencia a otro significado, tan
arbitrario e irrazonable que no cabe conciliarlo con la autonomía y la
independencia de los jueces.
39. Ciertamente, a propósito de las demandas de
inconstitucionalidad en contra de interpretaciones judiciales, la Corte ha
señalado que “si una preceptiva legal puede ser interpretada en más de un
sentido por parte de las autoridades judiciales que tienen a su cargo la
interpretación de la ley, y alguna de ellas entra en aparente contradicción con
los valores, principios, derechos y garantías que contiene y promueve la
Constitución Política, corresponde a la Corte adelantar el respectivo análisis
de constitucionalidad con el fin de establecer cuál es la regla normativa que,
consultando el espíritu del precepto, en realidad se ajusta o se adecua a la
Carta Política”[26].
Aún cuando una aproximación apresurada al anterior
párrafo podría dar lugar a pensar que cabe adelantar el juicio de
constitucionalidad de conformidad con la metodología propuesta en la demanda,
ya que, al fin y al cabo, se presentan dos interpretaciones, una asumida como
constitucional y otra cuya declaración de inconstitucionalidad se busca, la
Corte considera que el alcance de la doctrina citada no autoriza que se declare
la inconstitucionalidad de una interpretación con base en la comparación que de
ella se haga con otra interpretación de la ley y no con la Constitución.
En efecto, en contra del rigor que se exige del
concepto de la violación, extremadamente sencillo sería suscitar el juicio de
constitucionalidad mediante el simple recurso consistente en oponer a una
interpretación judicial de una ley cualquier otro significado de esa misma ley,
incluso uno descabellado, y aducir, de entrada y como una premisa inamovible e
incontrastable, que ese es el significado correcto y no el judicial que, además,
sería inconstitucional por contradecir la peculiar lectura aportada por el
demandante.
40. No es suficiente, entonces, la simple oposición de
una interpretación de la ley a otra atribuida a la misma ley y tampoco cabe
escudarse en esa oposición para omitir la aducción de las razones de índole constitucional
respecto de la interpretación judicial cuya declaración de inconstitucionalidad
se solicita, porque, según lo anotado, la constitucionalidad o, en su caso, la
inconstitucionalidad se predica de cada interpretación de la ley y ni la
contradicción ni la conformidad con la Carta  surgen de la comparación entre
las diversas lecturas de un mismo precepto legal, sino de la comparación de
cada una de esas lecturas con la Constitución.
41. La sentencia interpretativa ilustra muy bien la
anterior afirmación, pues, ante las distintas posibilidades interpretativas de
una misma disposición legal, sólo a partir de la confrontación de cada lectura
en particular con los contenidos de la Carta resulta viable afirmar que unos
significados se avienen a la Constitución y que otros significados son
inconstitucionales.
Nótese que, aún cuando derivadas de un mismo precepto,
las distintas interpretaciones son autónomas y separables la una de la otra y
que la inconstitucionalidad de algunas de ellas no depende de que haya otras
lecturas ajustadas a la Carta, sino de la circunstancia de que, al ser comparadas
con la Carta, se comprueba la existencia de una contradicción que no se
presenta en el caso de las lecturas constitucionales[27].
No hay, pues, comparación entre las distintas lecturas
de la ley, ya que la situación de cada una de ellas respecto de la Constitución
no está determinada por su relación con las otras lecturas, sino por el
resultado de la respectiva confrontación con los contenidos superiores,
resultado que, en últimas, determina cuáles significados se mantienen dentro
del ordenamiento y cuáles deben ser separados de ese ordenamiento[28].
42. Así las cosas, siempre que se pretenda la
declaración de inconstitucionalidad de una interpretación judicial de la ley, el
concepto de la violación ha de contener razones de inconstitucionalidad
directamente relacionadas con la interpretación acusada de contrariar la
Constitución, pues la simple alegación de que hay otra interpretación,
supuestamente constitucional, nada demuestra acerca de la situación de la
lectura judicial frente a la Carta y menos aún su inconstitucionalidad que, se
repite, sólo puede demostrarse con fundamento en su directa confrontación con la
Constitución, ya que, según lo ha estimado la Corporación, “aún cuando se
demande por la interpretación jurídica que la autoridad competente hace de la
norma atacada, el actor está obligado, como en cualquier otro evento, a
formular cargos precisos, concretos y directos de inconstitucionalidad, pues de
lo contrario no se podrá iniciar un juicio sobre el fondo del asunto”[29].
43. Conforme lo señaló la Corte en otra oportunidad, cuando
en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se demanda una
interpretación y el punto de partida de la demanda es otra interpretación
suministrada por el accionante, la Corporación no tiene por qué asumir esa
interpretación de manera perentoria, ni está obligada a tenerla por constitucional
o a emprender su análisis para determinar si esa particular lectura se ajusta o
no a la Carta, pues es el actor quien “debe brindar los elementos de juicio
necesarios para no trasladar al juez constitucional la labor de revisar la
totalidad del ordenamiento legal, con el fin de establecer si una determinada
interpretación es posible (o la más posible)”[30].
44. Los elementos de juicio que debe aportar el
demandante han de versar, ante todo, sobre la interpretación cuya declaración
de inconstitucionalidad se solicita y más aún si se trata de una interpretación
judicial, pues el análisis de su eventual arbitrariedad o irrazonabilidad no
puede hacerse al margen de las razones que sustentan la interpretación del
órgano judicial que la ha adoptado y, por lo tanto, lo menos que se espera del
demandante es que controvierta, con argumentos constitucionales, las razones
que sirven de soporte a la interpretación cuestionada o que demuestre que, en
definitiva, no existen tales razones o que, desde una perspectiva
constitucional, son evidentemente infundadas.
45. Al revisar las providencias que el actor adjuntó a
la demanda, la Corporación observa que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha fundado en distintos criterios la interpretación que
ahora se controvierte. En ese sentido, por ejemplo, ha estimado que “la
modificación introducida al inciso 2º del artículo 340 del Código Penal no
suprimió el concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados
al margen de la ley, sino que englobó esas conductas en el nomen iuris del
tipo penal que les dio autonomía, es decir, el de financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas”,
denominación que “no es determinante de la atipicidad de los comportamientos
porque no integra la definición típica sino que es apenas una guía de
interpretación”[31].
Además, la Corte Suprema señala que “ha tenido la
ocasión de trazar una línea jurisprudencial que con criterios historicistas
resalta la vigencia de la prohibición y la respuesta mucho más aguda desde el
punto de vista penológico que la Ley 1121 de 2006 delineó para ese tipo de
comportamientos”, a lo cual añade que “la propuesta dirigida a modificar los
artículos 340 y 345 del Código Penal estuvo signada por dos motivos
fundamentales: primero, acompasar la legislación penal a los compromisos
internacionales en la lucha contra el terrorismo y segundo, ampliar la
tipicidad ante posibles problemas que podría suscitar la lectura de los modelos
de comportamiento descritos en las normas mencionadas”[32], siendo de destacar, finalmente, que al determinar la
pena ha aplicado la prevista en el inciso 2º original del artículo 340 del
Código Penal, “por resultar más favorable que la disposición de la Ley 1121 que
la sustituyó”[33].
46. En suma, como se destaca en la intervención
presentada a nombre de la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corte Suprema de
Justicia ha justificado su posición valiéndose de argumentos históricos y de
otros provenientes del proceso formativo de la Ley 1121 de 2006, de referencias
al derecho internacional y a los compromisos adquiridos por el Estado
colombiano, así como de interpretaciones gramaticales, sistemáticas o
teleológicas[34] y, a pesar de ello, el demandante se
limita a fundar su cuestionamiento en la comparación de la hermenéutica
judicial con su propia lectura de las disposiciones, sin aportar razones de
índole constitucional que apunten directamente a controvertir las razones que
sustentan la interpretación de la Corte Suprema, a demostrar el carácter
irrazonable o arbitrario del significado demandado o a establecer por qué esa
interpretación desborda el marco de interpretaciones plausibles, como lo
sugiere en otra parte de su demanda.
47. El aportar copia de las sentencias en las que la
Corte Suprema ha vertido su lectura, si acaso constituye una simple constancia
de las razones que ha esgrimido la Corte Suprema de Justicia en apoyo de su
interpretación, mas no suple la carga de argumentación correspondiente al actor
ni le impone a la Corte la labor de emprender la revisión puntual de la
interpretación cuestionada, porque, en supuestos como el presente, el juez
constitucional carece de facultades oficiosas y no puede reemplazar al
demandante en lo que a él le atañe, enmendar sus errores o construir los cargos,
sin incurrir en el riesgo de desbordar sus competencias y de “asumir la doble
condición de juez y parte”[35].
48. Así pues, a falta de motivos de
inconstitucionalidad directamente esgrimidos en contra de la interpretación que
la Corte Suprema de Justicia ha hecho de los artículos 340 y 345 del Código Penal,
modificados por la Ley 1121 de 2006, queda en claro que el demandante pretende
demostrar la inconstitucionalidad que alega con base en una comparación entre
una interpretación particular, la suya, y la interpretación judicial demandada,
con lo cual mantiene la controversia en el plano de la legalidad e incumple el
requisito de pertinencia por no aportar razones dotadas de relevancia
constitucional.
49. Por lo demás, es de anotar que el contraste entre
las referidas interpretaciones no ha sido ajeno a la actividad que la Corte
Suprema de Justicia ha cumplido en ejercicio de sus funciones, pues en los
procesos que han dado lugar a la interpretación demandada los defensores de las
personas implicadas han aducido la atipicidad del concierto para promover
grupos armados al margen de la ley y, precisamente, la Sala de Casación Penal
ha enunciado su interpretación en respuesta a la hipótesis que aboga por la
comentada atipicidad de esa conducta.
Así por ejemplo, en los antecedentes de la sentencia
proferida el 16 de mayo de 2008 dentro del proceso No. 26.470, la Corte Suprema
de Justicia hace constar que la defensa adujo que “la conducta de concierto
agravado para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen
de la ley fue despenalizada por la Ley 1121 de 2006, al modificar los artículos
340 inciso 2º y 345 del Código Penal y consagrar tanto la asociación criminosa
como la conducta individual encaminada al financiamiento del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
respectivamente”.
En la parte considerativa de la misma providencia se
lee que “la Sala, en términos generales, no discute el análisis que desde el
punto de vista dogmático realiza el defensor acerca del tipo penal de concierto
para delinquir. Lo que si no acepta son sus particulares conclusiones,
tendientes a destacar que la Ley 1121 de 2006 despenalizó el concierto para
promover grupos armados al margen de la ley descrito en el artículo 340 del
Código Penal”.
Lo mismo acontece en la sentencia dictada el 1º de
agosto de 2008 dentro del proceso No. 26.470, en cuyas consideraciones aparece
que “como quiera que previamente la defensa (…) cuestionó la vigencia del
delito de concierto para delinquir agravado que se le imputa, conviene señalar
que la Sala en diferentes decisiones se ha ocupado de precisar que esa conducta
permanece vigente, pese a las modificaciones que la Ley 1121 de 2006 le
introdujo a los textos de los artículos 340 y 345 de la Ley 600 de 2000”.
50. En las anotadas condiciones, si la Corte
Constitucional emprendiera la realización del contraste entre las dos
interpretaciones relativas al alcance de las modificaciones operadas en los
artículos 340 y 345 del Código Penal, por los artículos 19 y 16 de la Ley 1121
de 2006 no haría cosa diferente a terciar en un debate de estirpe legal ya
desarrollado en su sede natural y, si optara por la interpretación contraria a
la de la Corte Suprema el resultado sería la imposición de una reorientación
jurisprudencial, so pretexto del ejercicio del control de constitucionalidad[36].
51. Con acierto la Corte ha indicado que cuando se
tramitan demandas en contra de interpretaciones judiciales no se trata de
establecer “el alcance de los dos preceptos acusados”, asunto que compete a la
jurisdicción respectiva y respecto del cual la Corporación “tendría que
declararse incompetente, sino de efectuar una interpretación de ellos acorde
con los principios, fines y valores que subyacen en la Constitución”[37], pero para ello es indispensable que en la
demanda se exponga de qué manera la interpretación cuestionada, que es el
objeto del control, desconoce esos principios, fines y valores.
52. En ausencia de cargos de inconstitucionalidad
directamente dirigidos a cuestionar la interpretación judicial que se pide
separar del ordenamiento, una declaración de inconstitucionalidad no tendría
“la finalidad primordial de hacer prevalecer los dictados constitucionales o de
depurar el ordenamiento de disposiciones legales susceptibles de albergar
contenidos reñidos con la Carta, sino que únicamente cumpliría el propósito de
resolver una disputa legal mediante el desplazamiento de una de las posibles
lecturas de la disposición censurada, seguido de la aplicación del sentido que
se estima apropiado”[38].
Semejante proceder desconocería la índole del juicio
de constitucionalidad que “se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política”[39] y desvirtuaría, además, las características del
control ejercido por la Corte, pues versaría sobre la aplicación de la ley y
tendría por finalidad juzgar si la aplicación que se ha hecho es debida o
indebida.
53. El control sobre interpretaciones judiciales de
las leyes ha de cumplirse de un modo tal que pueda conciliarse con los rasgos
característicos del control de constitucionalidad instaurado en Colombia, que
no es control de la aplicación de la ley ni instrumento orientado a producir
una eventual corrección de problemas suscitados en la praxis judicial[40], corrección que, incluso, cabría intentar ante
la autoridad competente y de conformidad con las reglas y oportunidades
procesales establecidas para cada tipo de procesos, mas no mediante el ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad[41].
54. La solución, en sede de control de
constitucionalidad, de debates surgidos a propósito de la interpretación de la
ley, también afectaría el carácter abstracto del control, carácter que, de una
parte, limita la posibilidad de enjuiciar la aplicación de la ley y, de otra,
indica que el juicio ha de proponerse y realizarse, “al margen de cualquier
litigio concreto, ya que cualquier ciudadano puede demandar cualquier ley, aún
cuando ésta no lo afecte directamente”[42].
Ciertamente, la Corte ha considerado que del carácter
abstracto del control de constitucionalidad no cabe inferir la incompetencia de
la Corporación para enjuiciar “interpretaciones de los funcionarios
judiciales”, pero también ha advertido que ese es uno de los rasgos que
contribuye a mostrar “que ese control es excepcional”[43] y que, por lo tanto, no puede ser extendido al punto
de tornarlo en mecanismo de resolución de conflictos legales suscitados a raíz
de la aplicación de la ley en casos concretos y sin que se aduzcan los motivos de
inconstitucionalidad que permitan entrar al análisis de la hermenéutica
controvertida.
Ya la Corte ha advertido que también “la pertinencia
hace referencia a las características propias de la acción pública de
inconstitucionalidad que deben ser respetadas por el actor, como es que se
trata de un proceso de control abstracto y no de un proceso concreto con
efectos inter partes, por lo cual no son de recibo argumentos dirigidos a
resolver conflictos personales sustentados en razones egoístas o meramente
subjetivas”[44].
Otros requisitos de los cargos de inconstitucionalidad
y la demanda examinada
55. La demanda que ahora se examina no cumple, pues,
el requisito de pertinencia y tampoco otros que, conforme se ha anotado, deben
cumplir los cargos de inconstitucionalidad para dar lugar al examen de la
cuestión de fondo.
56. En efecto, tratándose de las acusaciones dirigidas
en contra de interpretaciones judiciales de la ley, la Corte ha indicado que el
requisito de especificidad se cumple cuando las razones de inconstitucionalidad
son puntuales y recaen sobre el contenido normativo cuyo alcance específico ha
sido fijado por la interpretación acusada, pero no sobre la base de argumentos
vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales[45].
Si, como se ha explicado, la solicitud de
inconstitucionalidad no se funda en razones directamente sustentadas en la
interpretación cuestionada, sino que se busca su separación del ordenamiento
con base en su comparación con otra interpretación de la ley, es evidente que
las razones esgrimidas no recaen “sobre uno de los contenidos de la norma
sometida a examen: el que surge de la interpretación que en sentido general
hace la autoridad competente”[46] y que, en consecuencia, se incumple el
requisito de especificidad.
57. En lo atinente al requisito de suficiencia, la
Corporación ha señalado que en el caso de cuestionamientos de interpretaciones
judiciales “exige aportar los elementos fácticos y argumentativos para
demostrar que la interpretación no sólo existe, sino que plantea una verdadera
problemática constitucional”[47] y si bien en el presente evento la demanda
identifica la interpretación objeto de reproche, no puede decirse que en
relación con esa interpretación esté demostrada la existencia de un problema
constitucional, dado que no fueron aportadas las razones que sustenten esa
afirmación, tornándose evidente que los cargos no son suficientes.
58. En cuanto al requisito de certeza, la Corte ha
expuesto que la demanda en contra de una interpretación judicial lo incumple,
entre otros supuestos, cuando la hermenéutica acusada no conduce “a las
implicaciones reprochadas, sino que responden a una proposición jurídica
inferida por el actor”[48], lo cual sucede en la demanda examinada,
por cuanto el actor no logró demostrar que la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia tiene como consecuencia inexorable la creación
“jurisprudencial” de un delito, la sanción de una conducta que ya no está
tipificada o el desconocimiento del principio de favorabilidad, todo lo cual lo
deriva la demanda de la particular interpretación del libelista, mas no de la
interpretación supuestamente inconstitucional, cuyos fundamentos no fueron
controvertidos.
Así las cosas, se impone la inhibición de la Corte,
pues la demanda, en lugar de suscitar una duda, siquiera mínima, sobre la
inconstitucionalidad de la interpretación acusada, genera la convicción de que,
como en otros casos similares, en el ahora analizado no se puede pretender que
sea “el órgano encargado de la guarda y supremacía de la Constitución, en
ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, quien dirima asuntos
particulares y concretos, pues ello conlleva la desnaturalización de esta
acción pública”[49].
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, La Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARARSE INHIBIDA para proferir fallo de mérito, por ineptitud
sustancial de la demanda.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
Ausente con Excusa
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento Aceptado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 2008. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[2] Cfr. Corte
Constitucional, Auto No. 103 de 2005. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[3] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[4] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-496 de 1994. M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[5] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[6] Ibídem.
[7] Cfr. Corte
Constitucional, Auto No. 103 de 2005. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[8] Cfr.
Corte Constitucional, Auto No. 196 de 2005. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-496 de 1994. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[11] Cfr.
Corte Constitucional, Auto No. 103 de 2005. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[12] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[13] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[14] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[15] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[16] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[17] Ibídem.
[18] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-181 de 2005. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[19] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[20] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C.207 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[23] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[24] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2001. M. P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[25] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[27] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-690 de 1996. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[28]
En la Sentencia C-236 de 1997. M. P. Antonio Barrera
Carbonell, la Corte estimó que el enjuiciamiento de una norma legal sólo es
posible si se tiene como punto de referencia la Constitución.
[29] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-422 de 2006. M. P. Alvaro Tafur Galvis.
[30] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-158 de 2007. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[31]
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia de 19 de diciembre de 2007. Proceso No. 26.118.
[32]
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia de 16 de mayo de 2008. Proceso No. 26.470.
[33]
Véase, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 19 de
diciembre de 2007. Proceso No. 26.118.
[34]
La exposición de los distintos criterios se encuentra en el Auto de 14 de mayo
de 2007, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
dentro del proceso No. 26.942.
[35] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-229 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[36]
En la Sentencia C-403 de 1998. M. P. Fabio Morón Díaz, la
Corte consideró que mediante la acción pública de inconstitucionalidad no se
puede pretender una interpretación con autoridad de la ley.
[37] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-1436 de 2000. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[38] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-880 de 2008. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[39] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[40] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-048 de 2004. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-159 de 2007. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[42] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004. M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[43] Ibídem.
[44] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-803 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[45]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[46]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[47]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-802 de 2008. M. P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
Ibídem.
[49] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2004. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.